title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2003 en el asunto C-15/00: Comisión de las Comunidades Europeas contra Banco Europeo de Inversiones ("Banco Europeo de Inversiones (BEI) — Decisión del Comité de Dirección — Recurso de anulación — Competencia del Tribunal de Justicia — Artículo 237 CE — Protección de los intereses financieros de las Comunidades — Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Reglamentos (CE) n° 1073/1999 y (Euratom) n° 1074/1999 — Aplicabilidad al BEI — Excepciones de ilegalidad — Autonomía del BEI — Bases jurídicas — Artículos 280 CE y 203 EA — Proporcionalidad — Motivación")

text:
6.9.2003                ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                   C 213/1
                                                                        I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                            TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  1)     Anular la Decisión 1999/726/CE del Banco Central Europeo,
                                                                                de 7 de octubre de 1999, sobre prevención del fraude (BCE/
                                                                                1999/5).
                      de 10 de julio de 2003
                                                                             2)     Condenar en costas al Banco Central Europeo.
en el asunto C-11/00: Comisión de las Comunidades
          Europeas contra Banco Central Europeo ( 1)                         3)     El Reino de los Países Bajos, el Parlamento Europeo y el Consejo
                                                                                de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.
(«Banco Central Europeo (BCE) — Decisión 1999/726/CE
sobre prevención del fraude — Protección de los intereses                    (1 ) DO C 122 de 29.4.2000.
financieros de las Comunidades — Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) — Reglamento (CE) no 1073/1999
— Aplicabilidad al BCE — Excepciones de ilegalidad —
Admisibilidad — Independencia del BCE — Artículo 108 CE
— Base jurídica — Artículo 280 CE — Consulta al BCE —
      Artículo 105 CE, apartado 4 — Proporcionalidad»)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                          (2003/C 213/01)
                                                                                de 10 de julio de 2003
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                             en el asunto C-15/00: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Banco Europeo de Inversiones ( 1)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                             («Banco Europeo de Inversiones (BEI) — Decisión del Comité
                                                                             de Dirección — Recurso de anulación — Competencia del
                                                                             Tribunal de Justicia — Artículo 237 CE — Protección de los
                                                                             intereses financieros de las Comunidades — Oficina Europea
En el asunto C-11/00, Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                             de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Reglamentos (CE)
(agentes: Sres. C.W.A. Timmermans, H.P. Hartvig y U. Wölker,                 no 1073/1999 y (Euratom) no 1074/1999 — Aplicabilidad
y posteriormente Sres. J.-L. Dewost, H.P. Hartvig y U. Wölker)
                                                                             al BEI — Excepciones de ilegalidad — Autonomía del BEI
apoyada por Reino de los Países Bajos (agentes: Sres. M.A. Fiers-
                                                                             — Bases jurídicas — Artículos 280 CE y 203 EA —
tra, y posteriormente Sra. J. van Bakel) por el Parlamento                                   Proporcionalidad — Motivación»)
Europeo (agentes: Sres. J. Schoo y H. Duintjer Tebbens) y por
el Consejo de la Unión Europea (agentes: Sra. J. Aussant y
Sres. F. van Craeyenest y F. Anton) contra Banco Central                                                (2003/C 213/02)
Europeo (agentes: Sr. A. Sáinz de Vicuña y Sra. C. Zilioli,
asistidos por el Sr. A. Dashwood, Barrister) que tiene por                                     (Lengua de procedimiento: francés)
objeto la anulación de la Decisión 1999/726/CE del Banco
Central Europeo, de 7 de octubre de 1999, sobre prevención                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
del fraude (BCE/1999/5) (DO L 291, p. 36), el Tribunal de                          «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente,
los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet y R. Schintgen, Presiden-
tes de Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola
(Ponente), P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric,          En el asunto C-15/00, Comisión de las Comunidades Europeas
los Sres. S. von Bahr y A. Rosas, Jueces; Abogado General:                   (agentes: Sres. C.W.A. Timmermans, H.P. Hartvig y C. Gómez
Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 10 de               de la Cruz, y posteriormente Sres. J.-L. Dewost, H.P. Hartvig y
julio de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                      C. Gómez de la Cruz) apoyada por Reino de los Países Bajos
 ---pagebreak--- C 213/2                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                  6.9.2003
(agente: Sr. M.A. Fierstra, y posteriormente Sra. J. van Bakel)              por la High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench
Parlamento Europeo (agentes: Sres. J. Schoo y H. Duintjer                    Division (Commercial Court) (Reino Unido), destinada a
Tebbens) y por el Consejo de la Unión Europea (agentes:                      obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
Sra. J. Aussant y Sres. F. van Craeyenest y F. Anton) contra                 entre Joseph Lennox, que actúa con el nombre comercial
Banco Europeo de Inversiones (agentes: Sr. A. Morbilli, y                    «R. Lennox & Son», y Industria Lavorazione Carni Ovine, una
posteriormente Sr. E. Uhlmann, asistidos por el Sr. A. Barav),               decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 9 de la
que tiene por objeto la anulación de la Decisión del Comité de               Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991,
Dirección del Banco Europeo de Inversiones, de 10 de                         relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los
noviembre de 1999, relativa a la cooperación con la Oficina                  intercambios intracomunitarios de animales de las especies
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de                     ovina y caprina (DO L 46, p. 19), así como de otras
Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente,          disposiciones comunitarias, el Tribunal de Justicia (Sala Quin-
los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet y R. Schintgen, Presiden-            ta), integrado por el Sr. D.A.O. Edward, en funciones de
tes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La                    Presidente de la Sala Quinta, y A. La Pergola, P. Jann,
Pergola (Ponente), P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y               S. von Bahr y A. Rosas (Ponente), Jueces; Abogado General:
N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y A. Rosas, Jueces; Abogado              Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora
General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el            principal, ha dictado el 3 de julio de 2003 una sentencia cuyo
10 de julio de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                fallo es el siguiente:
1)     Anular la Decisión del Comité de Dirección del Banco Europeo
       de Inversiones, de 10 de noviembre de 1999, relativa a la
       cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
       (OLAF).                                                               1)    Un Estado miembro no puede oponerse a la importación de
                                                                                ovinos destinados a ser sacrificados al llegar a su territorio
2)     Condenar en costas al Banco Europeo de Inversiones.                         únicamente porque éstos vayan acompañados de un certificado
                                                                                sanitario conforme al modelo II, previsto para los intercambios
3)     El Reino de los Países Bajos, el Parlamento Europeo y el Consejo            entre Estados miembros de ovinos o de caprinos de engorde y
       de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.                        recogido en el anexo E de la Directiva 91/68/CEE del Consejo,
                                                                                de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía
( 1) DO C 122 de 29.4.2000.
                                                                                sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de
                                                                                animales de las especies ovina y caprina.
                                                                             2)    En el momento de los hechos del litigio principal, el Derecho
                                                                                comunitario, y, en concreto, la Directiva 91/68 así como el
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                       artículo 10 de la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de
                                                                                junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos
                             (Sala Quinta)                                         aplicables en los intercambios intracomunitarios de determina-
                                                                                dos animales vivos y productos con vistas a la realización del
                                                                                mercado interior, no se oponían a que un Estado miembro,
                        de 3 de julio de 2003                                      mediante una normativa nacional como la Orden italiana
                                                                                no 600.3/VET/340/2/8920, de 24 de diciembre de 1996,
en el asunto C-220/01 (Petición de decisión prejudicial                            cuyo contenido se precisaba en la circular aclaratoria n o 600.3/
planteada por la High Court of Justice (England & Wales)                           340/2/73, de 3 de enero de 1997, exigiera que, al importar
Queen’s Bench Division Commercial Court): Joseph Len-                              bovinos u ovinos procedentes de Francia, Irlanda, Portugal o el
nox, que actúa con el nombre comercial «R. Lennox                                  Reino Unido destinados al sacrificio, a la reproducción o al
    & Son», contra Industria Lavorazione Carni Ovine (1)                           engorde, el certificado sanitario del que fuesen acompañados
                                                                                estos animales incluyera una mención especificando que éstos
(«Agricultura — Policía sanitaria — Importación de ovinos                          habían nacido y habían sido criados en explotaciones en las
— Certificado sanitario — Medidas cautelares nacionales                            que no se había registrado ningún caso de encefalopatía
      contra la encefalopatía espongiforme transmisible»)                          espongiforme transmisible en los últimos seis años.
                           (2003/C 213/03)
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                             (1 ) DO C 200 de 14.7.2001.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-220/01, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,


title: Recurso interpuesto el 31 de julio de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la sociedad Ittima Maremmana (Asunto T-154/95)

text:
N" C 333/ 14            ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    9 . 12 . 95
del Tratado CE, del perjucio supuestamente sufrido por la            lado por la sociedad íttima Maremmana , con domicilio
demandante como consecuencia de la adopción de la                    social en Roma , representada por los Sres . Sergio Barenghi y
decisión objeto de litigio, el Tribunal de Primera Instancia         Alessandro Pallotino , Abogados de Roma , que designa
( Sala Cuarta ), integrado por los Sres .: K. Lenaerts, Presi       como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr . Nico
dente ; R. Schintgen y R. García-Valdecasas , Jueces; Secre         Schaeffer, 12 , rué de la Porte Neuve .
tario : Sra . B. Pastor, Administradora ; ha dictado el 26 de
octubre de 1995 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
                                                                     Instancia que :
1 ) Se desestima el recurso en su totalidad.
                                                                     — Revoque y anule la resolución dictada por la Comisión
2 ) La parte demandante cargará con todas las costas,                     de las Comunidades Europeas con fecha 12 de mayo de
     incluidas las del procedimiento sobre medidas provisio              1995 , notificada el 25 de mayo de 1995 , por la que se
     nales .                                                              suprimió la ayuda del FEOGA que le había sido
                                                                          concedida ;
(') DO n" C J 88 de 9 . 7 . 1994 .
                                                                     — Con carácter subsidiario, que declare contraria a Dere
                                                                          cho la exigencia de devolución de la suma de
                                                                          314 741 984 liras italianas ;
                                                                     y pide la condena en costas y honorarios con arreglo al
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                            Reglamento de procedimiento
                    de 11 de octubre de 1995
                                                                     Motivos y principales alegaciones
en el asunto T-302/94 , Dimitrios Coussios contra Comision
                de las Comunidades Europeas (')                      La demandante obtuvo de la Comisión, mediante Decisión
                         (Inadmisibilidad)                           de 28 de noviembre de 1984, una ayuda por importe de
                           ( 95/C 333/27 )                           494 946 104 liras italianas, cantidad a cuyo cargo recibió el
                                                                     24 . 7. 1987 , la suma de 314 741 984 liras italianas . La
                                                                     ayuda se concedió para la construcción de una unidad de
              (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                     producción de acuicultura en Orbetello ( Toscana ) a partir
                                                                     de un proyecto presentado por la demandante . Cuando se
En el asunto T-302/94 , Dimitrios Coussios, antiguo funcio
                                                                     realizaba el proyecto, surgieron dificultades no para llevar a
nario de la Comisión de las Comunidades Europeas,
                                                                     cabo la instalación productiva de acuicultura , sino para
representado por el Sra . Georges Sakellaropoulos , Abogado
                                                                     construir una cubierta que era imprescindible para terminar
de Atenas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                     el proyecto , por lo que la sociedad demandante solicitó que
despacho de la Sra . Aloyse May , 31 , Grand-rue , contra
                                                                     se considerase concluido el proyecto cuando se había
Comisión de las Comunidades Europeas ( Agente : Sra . Ana            concluido el 70 % del mismo , renunciando a las cantidades
Maria Alves Vieira ), que tiene por objeto la anulación de la
                                                                     que le habrían correspondido por encima de las recibidas
decisión de la Comisión por la que se nombra al Sr . Claude
                                                                     314 741 984 liras italianas , hasta alcanzar el importe
Probst para el cargo de Jefe de unidad VII/C/93 a partir del         inicialmente concedido . El Ministero della Marina Mercan
1 de diciembre de 1993 , el Tribunal de Primera Instancia
                                                                     tile italiano informó a la demandante de que no se podía
( Sala Cuarta ), integrado por los Sres . D. P. M. Barrington,
                                                                     aceptar semejante pretensión , por cuanto la sociedad
Presidente ; K. Lenaerts y la Sra . P. Lindh , Jueces; Secretario :
                                                                     interesada no había conseguido el certificado que acreditara
Sr. FL Jung, ha dictado el 11 de octubre de 1995 un auto
                                                                     la operatividad de la instalación que definía como « condi
resolviendo lo siguiente :
                                                                     ción indispensable para el pago de la ayuda ». Mediante
                                                                     escrito de 14 de abril de 1994, la Comisión advirtió a la
1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso .
                                                                     demandante de que , a falta de dicho certificado, se
2 ) Cada parte cargará con sus propias costas.                       procedería a instruir el procedimiento de supresión de la
                                                                     ayuda . La ayuda del FEOGA concedida a la demandante fue
(') DO n" C 351 de 10 . 12 . 1994 .                                  suprimida mediante Decisión de la Comisión de 12 de mayo
                                                                     de 1995 , que constituye el objeto del presente recurso .
                                                                     El recurso se funda en los siguientes motivos :
                                                                     a ) Infracción de Reglamentos comunitarios :
Recurso interpuesto el 31 de julio de 1995 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por la sociedad                      — En la resolución de la concesión de la ayuda no se
                       Ittima Maremmana                                       hace mención de la designación preventiva de la
                                                                              Administración nacional interesada [ apartado 2 del
                       ( Asunto T-154/95 )                                    artículo 18 del Reglamento ( CEE ) n° 2908/83 del
                           ( 95/C 333/28 )                                    Consejo]. Es en el curso del procedimiento cuando
                                                                               « emerge » la presencia del Ministero della Marina
              (Lengua de procedimiento: italiano)                             Mercantile . Este órgano de la Administración nacio
                                                                              nal central , sin que nadie sepa cuándo, cómo y por
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                        quién ha sido designado, carece en todo caso de
Europeas se ha>presentado el 31 de julio de 1995 un recurso                   competencia para la función establecida por el
contra la Comisión de las Comunidades Europeas , formu                       citado Reglamento; por todo lo cual , su « entrada »
 ---pagebreak--- 9 . 12 . 95          I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 333/ 15
         en el procedimiento da lugar a una infracción del           Recurso interpuesto el 28 de agosto de 1995 contra el
         repetidamente citado Reglamento .                                Parlamento Europeo por Hedwig Kuchlenz-Winter
                                                                                ( Asunto T-164/95 )
     — La resolución de supresión de la ayuda se emitió en
         base a decisiones erróneas de la Administración                                       ( 95 /C 333 /29 )
         italiana que infringieron la resolución de concesión y
         son contrarias al Reglamento ( CEE ) n" 2908/83 del                       (Lengua de procedimiento: alemán)
         Consejo . En efecto : en la resolución de concesión la
         condición prevista y declarada para la supresión de         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
         la ayuda era sólo que el proyecto no hubiera                Europeas se ha presentado el 28 de agosto de 1995 un
         comenzado a realizarse en el plazo de dos años . La         recurso contra el Parlamento Europeo formulado por la Sra .
         Comisión , en lugar de « someterse » a la opinión           Hedwig Kuchlenz-Winter, con domicilio en Kehlen ( Lu
         expresada por el Ministero della Marina Mercantile          xemburgo ), representada por el Sr . Dieter Rogalla , Abo
         sobre la ( pretendida ) necesidad de obtener el certi      gado, Sprockhóvel ( República Federal de Alemania ), que
         ficado de operatividad, hubiera debido, con arreglo         designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.
         al artículo 18 del Reglamento , antes de suprimir la        Armin Machmer, 1 , rué Roger Barthel , Bereldingen .
         ayuda , comprobar si la concesión de este certificado
         constituía una de las « condiciones impuestas » para        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
         el proyecto .                                               Instancia que :
     — Del mismo modo , la decisión de concesión y el                — Declare que el Parlamento Europeo ha incurrido en una
         Reglamento ( CEE ) n" 2908/83 del Consejo [ igual                omisión ilegal respecto de la demandante, cuando por
          que el Reglamento ( CE ) n" 378/84 de la Comisión ]             efecto de la nivelación de pensiones (« Versorgungsaus
          resultan infringidos e ignorados si se tiene en cuenta          gleich ») establecida en favor de la demandante según lo
         que el certificado de operatividad no sólo no era                previsto en el artículo 1587 y siguientes del BGB ( Código
          « condición impuesta » en la resolución de concesión            civil alemán ), ésta no podía ser excluida del régimen de
          de la ayuda , sino que no se trataba de ningún modo             Seguro de Enfermedad , lo que la parte demandada ha
          de acto funcional , vinculado por consiguiente a la             impedido al abstenerse ilegalmente de proponer, en el
         comprobación de la realización de la instalación .               marco de sus competencias en la materia , las correspon
                                                                          dientes modificaciones del Estatuto de los Funcionarios
     — Se ha infringido la resolución de concesión y el                   a las Instituciones comunitarias competentes .
          Reglamento que la regula , porque no se tuvo en
          cuenta , no se consideró y no se pidió información         — Condene en costas a la parte demandada .
          respecto a la realización por parte de la demandante
          de las finalidades específicas que determinaron la
                                                                     Motivos y principales alegaciones
          concesión de ayudas para los programas de orienta
          ción . En efecto, la realización del proyecto, incluso     La demandante, antigua funcionaría del Tribunal de Justicia
          con ayuda de la Comunidad , permitió la creación de        y de la Comisión de las Comunidades Europeas, es
          puestos de trabajo : se creó riqueza , se inició y se      ex-cónyuge de un funcionario del Parlamento . Alega que el
          prosigue una actividad productiva , todo ello dentro       apartado 1 bis del artículo 72 del l^statuto no le permite
          de las finalidades de la Comunidad .
                                                                     seguir beneficiándose del Seguro de Enfermedad comunita
                                                                     rio después del 1 de abril de 1995 , ya que dicha disposición
b ) Violación del principio de proporcionalidad                      del Estatuto reconoce esta posibilidad al cónyuge divorciado
                                                                     de un funcionario que acredite no recibir ningún reembolso
     La sanción de la supresión de la ayuda por un aspecto,          de otro Seguro de Enfermedad público sólo por un período
     más que formal , formalista y, puede decirse , fabricado        de un año desde el momento en que el divorcio es firme .
     mediante su personalización , más allá y en contradic
     ción con las normas legales, en una situación de                Al contraer matrimonio, la demandante cesó en sus funcio
     imposibilidad jurídica de conseguir el documento for           nes, tras un período de servicio de siete años y medio en la
     mal , pero en la posición sustancial de una realización         Función Pública Europea . Durante todo el tiempo que duró
     positiva conseguida de la instalación y en la creación           su matrimonio tuvo derecho , como cónyuge de funcionario,
     efectiva y satisfactoria de una empresa y de riqueza ,           a las prestaciones del régimen de Seguro de Enfermedad
     constituye una violación del principio de proporciona           comunitario . Tras su divorcio , la demandante se vio
     lidad .                                                          obligada a seguir residiendo en el Gran Ducado de Luxem
                                                                      burgo, a fin de no perder la cobertura del Seguro de
c ) Desviación de poder                                               Enfermedad , dado que en Alemania , su país de origen, no
                                                                      podía asegurarse contra el riesgo de enfermedad ni en un
     La resolución de supresión queda también viciada de              Seguro de Enfermedad legal ni en uno privado . Esta
     desviación de poder, en el sentido de que se ha utilizado        situación fue especialmente difícil para ella pues padecía una
     una determinada medida apartándose de la finalidad a la          enfermedad grave .
     que debía responder ésta y, por otra parte, incursa en
     una aplicación del Derecho comunitario que se aparta de          La demandante imputa al Parlamento el hecho de no haber
     su finalidad y de sus objetivos .                                tomado ninguna iniciativa en el marco de sus competencias
                                                                      para colmar la laguna legal que aparece en la disposición del
                                                                      Estatuto de que se trata .


title: Asunto T-418/17: Recurso interpuesto el 4 de julio de 2017 — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

text:
               21.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 277/55

         Recurso interpuesto el 4 de julio de 2017 — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)
   (Asunto T-418/17)
   (2017/C 277/79)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: Eduard Meier GmbH (Múnich, Alemania) (representantes: S. Schicker y M. Knitter, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Italia)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «Safari Club» — Solicitud de registro n.o 13186036

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de mayo de 2017 en el asunto R 1158/2016-4

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto T-65/00: Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2000 contra el Consejo de la Unión Europea por Angeliki Ioannou

text:
13.5.2000              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 135/29
— Violación del principio de subsidiariedad, en la medida en           Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2000 contra la
    que la posibilidad de que la demandante disfrute el                     Comisión de las Comunidades Europeas por la «B»
    mencionado permiso requerirı́a modificar la normativa
    danesa al respecto.                                                                         (Asunto T-66/00)
                                                                                (2000/C 135/51)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 20 de marzo de 2000 un recurso
Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2000 contra el                    contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
    Consejo de la Unión Europea por Angeliki Ioannou                   por «B», con domicilio en Tervueren (Bélgica), representada por
                                                                        Mes Jean-Noël Louis, Greta-Françoise Parmentier y Véronique
                                                                        Peere, Abogados de Bruselas.
                        (Asunto T-65/00)
                                                                        La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                         (2000/C 135/50)
                                                                        — Declare la inexistencia de la decisión de 4 de marzo de
                                                                            1999 y restituya sus derechos a la demandante.
                 (Lengua de procedimiento: francés)                     — Con carácter subsidiario, anule las decisiones mediante las
                                                                            que se suprimieron las asignaciones por hijo a cargo, en
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                      favor del hijo de la demandante, y reduzca la asignación de
Europeas se ha presentado el 20 de marzo de 2000 un recurso                 expatriación con efecto al 1 de septiembre de 1997.
contra el Consejo de la Unión Europea formulado por la
Sra. Angeliki Ioannou, con domicilio en Bruselas, representada          — Con carácter subsidiario, anule la decisión mediante la que
por Me Jean van Rossum, Abogado de Bruselas.                                se suprimieron las asignaciones escolares a favor del
                                                                            mismo hijo, con efecto al 1 de septiembre de 1997.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           — Condene en costas a la parte demandada.
que:
                                                                        Motivos y principales alegaciones
— Anule la decisión del Consejo de 21 de mayo de 1999 por
    la que se deniega a la demandante al nombramiento como
    funcionaria en prácticas de la Institución.                       La demandante se opone a que le sean revocadas las asignacio-
                                                                        nes «hijos a cargo» y «escolar», e impugna la decisión de la
                                                                        AFPN de recuperar una determinada cantidad por tal concepto.
— Condene en costas a la parte demandada.                               La revocación de que se trata se basa en la Conclusión de los
                                                                        Jefes de Administración 188/89, de 30 de enero de 1990, de
                                                                        la que la demandante sólo pudo enterarse en febrero de 1999,
Motivos y principales alegaciones                                       y que fija un umbral de ingresos más allá del cual no puede
                                                                        considerarse que un hijo esté a cargo de su progenitor
                                                                        funcionario.
La demandante, antigua empleada de la Unión Económica del
Benelux, destinada en la Secretarı́a encargada de la aplicación        Alega, en apoyo de sus pretensiones:
del Acuerdo de Schengen, impugna la denegación por parte de
la AFPN de su nombramiento como funcionaria en prácticas,              — Infracción de la decisión de 21 de enero de 1998, relativa
en el marco de la integración de la Secretarı́a de Schengen en             al ejercicio de las facultades que el Estatuto reconoce a la
la Secretarı́a General del Consejo.                                         Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos,
                                                                            en la medida en que las decisiones de concesión y
                                                                            de revocación de las asignaciones controvertidas no se
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:
                                                                            adoptaron por la misma Autoridad que aplicó el artı́culo
                                                                            85 del Estatuto.
— La infracción del artı́culo 25, apartado 2, del Estatuto y la
    violación del principio de los derechos de defensa.                — Infracción del artı́culo 2 del Anexo VII del Estatuto.
— La existencia, en el presente caso, de un error manifiesto            — Inaplicabilidad y, con carácter subsidiario, ilegalidad de la
    de apreciación.                                                        Conclusión 188/89 de los Jefes de Administración.
                                                                        — Infracción del artı́culo 85 del Estatuto.
                                                                        — Incumplimiento del deber de motivación, ası́ como,


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de febrero de 2004 en el asunto C-95/01 (petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de grande instance de Paris): John Greenham contra Léonard Abel ("Libre circulación de mercancías — Artículos 28 CE y 30 CE — Prohibición de comercialización de productos alimenticios a los que se hayan añadido vitaminas y minerales — Justificación — Proporcionalidad")

text:
C 85/4                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                 3.4.2004
Para apreciar si una marca de este tipo incurre en la causa de              Por una parte, el procedimiento de autorización previa debe ser
denegación del registro enunciada en el artículo 3, apartado 1,             fácilmente accesible, debe poder concluirse dentro de un plazo
letra c), de la Directiva 89/104, es irrelevante que existan o no           razonable y, si desemboca en una decisión denegatoria, ésta debe ser
sinónimos que permitan designar las mismas características de los           recurrible judicialmente. Por otra parte, la denegación de la autoriza-
productos o servicios mencionados en la solicitud de registro.              ción de comercialización debe basarse en un análisis detenido del
                                                                            riesgo para la salud pública, realizado a partir de los datos científicos
                                                                            más fiables de que se disponga y de los resultados más recientes de la
                                                                            investigación internacional.
(1) DO C 233 de 12.8.2000.
                                                                            (1) DO C 108 de 7.4.2001.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Sexta)
                     de 5 de febrero de 2004
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
en el asunto C-95/01 (petición de decisión prejudicial
planteada por el tribunal de grande instance de Paris):                                                  (Sala Sexta)
            John Greenham contra Léonard Abel (1)
                                                                                de 12 de febrero de 2004
(«Libre circulación de mercancías — Artículos 28 CE y 30 CE
— Prohibición de comercialización de productos alimenticios
a los que se hayan añadido vitaminas y minerales —                          en el asunto C-218/01 (petición de decisión prejudicial
               Justificación — Proporcionalidad»)                             planteada por el Bundespatentgericht): Henkel KGaA (1)
                          (2004/C 85/04)                                    (Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva
                                                                            89/104/CEE — Artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e) —
                                                                            Causas de denegación del registro — Marca tridimensional
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                            constituida por el envase del producto — Carácter distintivo)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                                     (2004/C 85/05)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto C-95/01, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
por el tribunal de grande instance de Paris (Francia), destinada                 «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
a obtener, en el proceso penal seguido ante dicho órgano
jurisdiccional contra John Greenham y Léonard Abel, una
decisión prejudicial sobre la interpretación de los ar-
tículos 28 CE y 30 CE, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),                En el asunto C-218/01, que tiene por objeto una petición
integrado por el Sr. V. Skouris, en funciones de Presidente de              dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
la Sala Sexta, y los Sres. C. Gulmann y J.-P. Puissochet y las              por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en
Sras. F. Macken (Ponente) y N. Colneric, Jueces; Abogado                    el procedimiento incoado por Henkel KGaA una decisión
General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario         prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1,
adjunto, ha dictado el 5 de febrero de 2004 una sentencia                   letras b), c) y e), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de
cuyo fallo es el siguiente:                                                 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la
                                                                            aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
Los artículos 28 CE y 30 CE deben interpretarse en el sentido de que        materia de marcas (DO L 40 de 1989, p. 1), el Tribunal de
no se oponen a que un Estado miembro prohíba, salvo autorización            Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. C. Gulmann, en
previa, la comercialización de productos alimenticios legalmente            funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. J.N. Cunha
fabricados y comercializados en otro Estado miembro cuando se les           Rodrigues, J.-P. Puissochet y R. Schintgen, y la Sra. F. Macken
hayan añadido sustancias nutritivas, como vitaminas y minerales,            (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colo-
distintas de aquellas cuya utilización se haya declarado lícita en el       mer; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha
primer Estado miembro, siempre que se cumplan determinados                  dictado el 12 de febrero de 2004 una sentencia cuyo fallo es el
requisitos.                                                                 siguiente:


title: Asunto T-207/01: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Gobierno de Gibraltar

text:
27.10.2001             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 303/27
Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2001 contra la                conculcado los derechos de defensa del Reino Unido, cuyo
Comisión de las Comunidades Europeas por el Gobierno                   respeto es una exigencia procesal esencial.
                           de Gibraltar
                                                                        Por otra parte, el demandante sostiene que la Decisión es
                                                                        incompatible con el artı́culo 88 del Tratado CE y que la
                       (Asunto T-207/01)
                                                                        Comisión ha infringido los principios de proporcionalidad,
                                                                        seguridad jurı́dica y confianza legı́tima, y que no ha obrado
                         (2001/C 303/42)                                con la debida diligencia.
                 (Lengua de procedimiento: inglés)                      A juicio del demandante, la normativa de que se trata no puede
                                                                        calificarse de ayuda nueva no notificada. La normativa sobre
                                                                        empresas beneficiarias de un tipo impositivo reducido existe
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  desde hace 18 años. Además, en 1998 el Gobierno del Reino
Europeas se ha presentado el 7 de septiembre de 2001 un                 Unido notificó dicha normativa en el marco del Grupo
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                 Primarolo, que tiene por objeto el estudio de las relaciones
formulado por el Gobierno de Gibraltar, representado por los            entre los regı́menes fiscales y la normativa en materia de
Sres. Alastair Sutton, Michael Llamas y Walter Schuster, de             ayudas de Estado. El procedimiento incoado por la Comisión
White & Case, Bruselas (Bélgica).                                       es una consecuencia de las conclusiones de dicho grupo. Por
                                                                        consiguiente, la normativa controvertida deberı́a considerarse
                                                                        más bien una ayuda existente, en el sentido del artı́culo 88 CE,
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:            apartado 1.
—     Anule la Decisión de la Comisión de incoar el procedi-          Iniciar ahora el procedimiento previsto para las ayudas nuevas
      miento previsto en el artı́culo 88 CE, apartado 2, adoptada       no notificadas, serı́a imponer una carga injustificada que podrı́a
      mediante escrito de 11 de julio de 2001 dirigido al Reino         acarrear graves consecuencias, tanto más cuanto que, en opinión
      Unido.                                                            del demandante, una investigación con arreglo al artı́culo 88
                                                                        CE, apartado 1, tendrı́a un efecto equivalente y consecuencias
—     Adopte las demás medidas que estime oportunas en                 menos severas. Además, habida cuenta del tiempo transcurrido
      Derecho.                                                          desde que se aprobó el régimen controvertido, el demandante
                                                                        estima que la Decisión es desproporcionada.
—     Condene en costas a la parte demandada.
                                                                        Por lo demás, el demandante alega que desde que se aprobó el
                                                                        régimen, se ha producido una evolución en la interpretación
                                                                        de las «ayudas de Estado» con arreglo al Derecho comunitario,
Motivos y principales alegaciones                                       especialmente en lo que respecta a las medidas fiscales. El
                                                                        demandante sostiene que, por regla general, en aquel momento
En 1983 el Gobierno de Gibraltar aprobó un régimen fiscal              no se consideraba que este tipo de medida entrase dentro del
que, bajo ciertas condiciones, sometı́a a determinadas empresas         ámbito de las normas del Tratado CE en materia de ayudas de
a un tipo reducido del impuesto sobre sociedades (normativa             Estado. Por consiguiente, en esa época no habı́a ningún motivo
sobre empresas beneficiarias de un tipo impositivo reducido).           para notificar la normativa. La consideración actual de dicha
                                                                        normativa como ayuda nueva supondrı́a una violación de los
                                                                        principios de seguridad jurı́dica y de confianza legı́tima del
La Comisión ha decidido incoar el procedimiento previsto en            demandante. Éste invoca el artı́culo 1, letra b), inciso v), del
el artı́culo 82 CE, apartado 2, por considerar que la normativa         Reglamento (CE) no 659/1999, que establece que, cuando se
de que se trata constituye una ayuda nueva no notificada. El            produzcan cambios en la legislación, las medidas aplicadas
demandante pone en tela de juicio dicha Decisión.                      antes de que tales cambios tuvieran lugar se considerarán
                                                                        ayudas existentes.
En su opinión, la Comisión ha vulnerado los derechos de               Finalmente, el demandante sostiene que la investigación llevada
defensa de Gibraltar, al motivar insuficientemente la Decisión         a cabo por la Comisión con anterioridad a la Decisión se
impugnada y al no haber oı́do en debida forma al Gobierno de            prolongó de forma excesiva, por lo que constituye una
Gibraltar en su calidad de parte directa e individualmente              infracción del deber de diligencia de la Comisión y del principio
afectada por la Decisión. Del mismo modo, la Comisión ha              de buena administración.


title: Asunto C-215/03: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Rechtbank 's-Gravenhage de fecha 12 de mayo de 2003, en el asunto entre Salah Oulane y Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

text:
19.7.2003                 ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                         C 171/15
       d.     el artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE carece de                        dicha persona invoca su derecho de estancia no
              validez debido a los principios mencionados en la                         imponga a sus propios nacionales una obligación
              cuestión 2, letras a), c) y h), ¿deben interpretarse que                  general de identificación?
              dichos principios prohíben asimismo la medida
              nacional de que se trata?                                            c.   En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2a,
                                                                                ¿establece el estado actual del Derecho comunitario
                                                                                requisitos al período en el que dicho Estado miembro
( 1) Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de                      debe ofrecer la posibilidad de presentar una tarjeta
     5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones
                                                                                de identidad válida o un pasaporte válido antes de
     legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
     en materia de fabricación, presentación y venta de los productos
                                                                                imponer una sanción administrativa, en forma de
     del tabaco — Declaraciones de la Comisión (DO L 194 de                             una medida, por la presunta estancia ilegal?
     18.7.2001, p. 26).
( 2) Directiva 89/622/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de                       d.   Una sanción administrativa en forma de una medida
     1989, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,                     como la mencionada en la cuestión 2c y que consiste
     reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en                        en imponer una medida de internamiento con fines
     materia de etiquetado de los productos del tabaco (DO L 359 de                     de expulsión, con arreglo a lo expuesto en el
     8.12.1989, p. 1).                                                                  artículo 59 de la Vw 2000, antes de que expire el
                                                                                plazo mencionado en la cuestión 2c, ¿es una sanción
                                                                                que constituye una infracción, de magnitud despro-
                                                                                porcionada, a la libre circulación de servicios?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Rechtbank ’s-Gravenhage de fecha 12 de mayo                         3.  a.   En caso de respuesta negativa a la cuestión 1, ¿se
de 2003, en el asunto entre Salah Oulane y Minister voor                                produce en el estado actual del Derecho comunitario
                 Vreemdelingenzaken en Integratie                                       un obstáculo a la libre circulación de servicios, si a
                                                                                una persona, que afirma ser nacional de otro Estado
                          (Asunto C-215/03)                                             miembro y turista, durante el período en el que no
                                                                                ha probado su derecho de estancia y mientras no lo
                           (2003/C 171/21)                                              pruebe mediante la presentación de una tarjeta de
                                                                                identidad válida o de un pasaporte válido, se le
                                                                                impone una medida de internamiento con fines de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                               expulsión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59
                                                                                de la Vw 2000, en interés del orden público, aunque
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Rechtbank ’s-Gravenhage, dictada el 12 de mayo                           no conste la existencia de una amenaza actual y
                                                                                grave para dicho orden público?
de 2003, en el asunto entre Salah Oulane y Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie, y recibida en la Secretaría                      b.   En caso de producirse un obstáculo como el mencio-
del Tribunal de Justicia el 19 de mayo de 2003. El Rechtbank                            nado en la cuestión 3a, ¿tiene importancia, para
’s-Gravenhage solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie                         responder a la cuestión de si el obstáculo está
sobre las siguientes cuestiones:                                                        justificado, el período en el que dicho Estado
                                                                                miembro ofreció la posibilidad de presentar una
Respecto al primer procedimiento                                                        tarjeta de identidad válida o un pasaporte válido?
1.     Como consecuencia de la supresión de los controles de                       c.   En caso de existir un obstáculo como el mencionado
       entrada en las fronteras interiores ¿debe interpretarse lo                       en la cuestión 3a, ¿tiene importancia, para responder
       dispuesto en el artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de                      a la cuestión de si el obstáculo está justificado, el
       la Directiva 73/148 CEE en el sentido de que el derecho                          hecho de que posteriormente el Estado miembro, tal
       de estancia, concedido en dicha disposición, de una                              como hace habitualmente en caso de internamientos
       persona que afirma ser nacional de un Estado miembro y                           ilegales de extranjeros, conceda o no una indemniza-
       turista debe ser reconocido por las autoridades del Estado                       ción de daños y perjuicios por el período durante el
       miembro en el que invoca su derecho de estancia,                                 cual la persona estuvo internada y todavía no había
       solamente y desde el momento en que dicha persona                                probado su nacionalidad mediante la presentación
       presenta una tarjeta de identidad válida o un pasaporte                          de un pasaporte válido o de una tarjeta de identidad
       válido?                                                                          válida?
2.     a.     En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, el              4.  En caso de que en un Estado miembro no exista una
              estado actual del Derecho comunitario, en particular                 obligación general de identificación, ¿se opone el estado
              por lo que respecta al principio de no discriminación                actual del Derecho comunitario, en particular teniendo
              y a la libre circulación de servicios, ¿constituye                   en cuenta la prohibición de discriminación, a que un
              motivo para hacer una excepción al mismo, de                         Estado miembro, en el marco de la vigilancia interior de
              modo que las autoridades de un Estado miembro                        extranjeros en relación con una persona que afirma
              deben ofrecer a dicha persona la posibilidad de                      ser turista, proceda a imponer una medida como el
              presentar su tarjeta de identidad válida o su pasa-                  internamiento de extranjeros con fines de expulsión, con
              porte válido?                                                        arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Vw 2000,
                                                                                durante el período en el que dicha persona no pruebe su
       b.     ¿Es pertinente para responder a la cuestión 2a. que                  presunto derecho de estancia mediante la presentación de
              el Derecho nacional del Estado miembro en el que                     una tarjeta de identidad válida o de un pasaporte válido?
 ---pagebreak--- C 171/16              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            19.7.2003
Respecto al segundo procedimiento                                             —     en lo referente a la Región Valona, al no haber
                                                                                adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
5.   ¿Se opone el estado actual del Derecho comunitario a                           y administrativas ni haber tomado las medidas
     que, mientras el propio nacional de un Estado miembro                          necesarias para adaptar enteramente el derecho
     no invoque el derecho de estancia en calidad de destinata-                     interno a los artículos 3, apartados 1 y 2, y 5 de la
     rio de servicios frente al Estado miembro en cuyo                              Directiva 91/676/CEE y para aplicar éstos plena-
     territorio se encuentra, este Estado miembro no considere                      mente.
     a esa persona como un ciudadano amparado por el
     derecho de estancia con arreglo al Derecho comunitario?            —     Condene en costas al Reino de Bélgica.
6.   ¿Debe entenderse el concepto de destinatario de servicios
     al que se refiere la libre circulación de servicios en el
     sentido de que, aunque alguien permanezca en otro                  Motivos y principales alegaciones
     Estado miembro durante un largo período, posiblemente
     más de seis meses, sea detenido en dicho Estado miembro
     por un hecho punible, no pueda acreditar residencia o              La Directiva 91/676/CEE establece un procedimiento progre-
     domicilio fijo y, además, no tenga dinero ni equipaje, la          sivo que los Estados miembros deben seguir para reducir y
     estancia en otro Estado miembro ya constituye motivo               prevenir la contaminación de las aguas provocada o inducida
     suficiente para tener que presumir que se reciben servicios        por los nitratos utilizados en la agricultura. A tal efecto, deben
     turísticos u otros servicios relacionados con una breve            determinar, en primer lugar, cuales son las aguas dulces
     estancia, como, por ejemplo, alojamiento y consumo de              subterráneas, costeras y superficiales de su territorio que están
     comidas?                                                           contaminadas o que podrían verse contaminadas por nitratos
                                                                        de origen agrario (artículo 3, apartado 1). Una vez determina-
                                                                        das dichas aguas, los Estados miembros deben designar, en
                                                                        segundo lugar, las «zonas vulnerables» (artículo 3, apartado 2).
                                                                        Además, tienen que elaborar uno o más códigos de prácticas
                                                                        agrarias correctas que podrán poner en efecto los agricultores
                                                                        de forma voluntaria (artículo 4). Por último, los Estados
                                                                        miembros han de establecer programas de acción respecto de
                                                                        todas las zonas vulnerables que consistan en determinadas
Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2003 contra el                     medidas exigidas por la Directiva (artículo 5). La Directiva
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades                     prevé que los Estados miembros presenten a la Comisión un
                            Europeas                                    informe cada cuatro años (artículo 10).
                      (Asunto C-221/03)
                                                                        Según la Comisión, Bélgica considera que en Derecho belga
                                                                        forma parte de las competencias regionales adaptar el Derecho
                        (2003/C 171/22)                                 interno a la Directiva y desarrollar ésta. Las autoridades belgas
                                                                        alegan que la autoridad federal es competente únicamente para
                                                                        la designación de las aguas costeras y de las aguas marinas
                                                                        contempladas en el artículo 3, apartado 1, y en el punto 3,
                                                                        apartado A, del anexo I de la Directiva. Dicha tesis no es
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        pertinente en Derecho comunitario. En efecto, incumbe a las
presentado el 22 de mayo de 2003 un recurso contra el Reino
                                                                        autoridades competentes de cada Estado miembro garantizar
de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades                 la adaptación completa de su Derecho interno a la Directiva.
Europeas, representada por el Sr. G. Valero Jordana, en calidad
                                                                        Además, en lo que se refiere a la autoridad federal, la Comisión
de agente, asistido por los Sres. M. van der Woode y                    no tiene constancia de que se haya adoptado ninguna medida
Th. Cellingsworth, abogados, que designa domicilio en Luxem-
                                                                        para designar las aguas marinas ni las aguas costeras. En lo
burgo.
                                                                        referente a la legislación de la Región Flamenca y de la Región
                                                                        Valona de adaptación del Derecho interno a la Directiva, la
                                                                        Comisión señala que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                        —     la Región Flamenca no ha adoptado ninguna disposición
—    Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                        que designe las aguas contaminadas o que podrían verse
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                   contaminadas, en contra de lo dispuesto en el artículo 3,
     91/676/CEE (1):                                                          apartado 1, de la Directiva. En cuanto a las zonas
                                                                              vulnerables, no tuvo en cuenta el procedimiento ni los
     —     en lo referente a la Región Flamenca, al no haber                  criterios establecidos en el artículo 3 cuando designó las
           adoptado las disposiciones legales, reglamentarias                 de su territorio. Además, el código flamenco de prácticas
           y administrativas ni haber tomado las medidas                      agrarias correctas no cumple las exigencias del artículo 4
           necesarias para adaptar enteramente el derecho                     ni las del anexo II de la Directiva y el programa de
           interno a los artículos 3, apartados 1 y 2, 4, 5, y 10             acción flamenco no satisface tampoco los requisitos del
           de la Directiva 91/676/CEE y para aplicar éstos                    artículo 5 ni los del anexo III de la Directiva, habida
           plenamente;                                                        cuenta de que no es aplicable a todas las zonas vulnerables


title: Asunto T-675/13: Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2013 — K Chimica/ECHA

text:
               15.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/41

         Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2013 — K Chimica/ECHA
   (Asunto T-675/13)
   2014/C 45/72
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: K Chimica Srl (Mirano, Venecia, Italia) (representantes: R. Buizza y M. Rota, abogados)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión ECHA no (2013) 3665, de 15 de octubre de 2013, y reconozca a K Chimica el estatuto de PYME.

               —

               Le aplique las tarifas reducidas previstas para las PYMES.

               —

               Anule la factura no10 029 302 por un importe de 9 300 euros, exigidos en concepto de la diferencia adeudada por la tarifa plena aplicada a K Chimica.

               —

               Anule la sanción administrativa impuesta por la ECHA por un importe de 19 900 euros, en relación con la cual se emitió la factura no10 043 954.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la interpretación de la Recomendación CE no 2003/361, en relación con los criterios para la calificación de las PYMES.

                           —

                           A este respecto se alega que, para clasificar a una empresa dentro de la categoría PYME, debe determinarse si dicha empresa es una empresa autónoma o si se trata de una empresa perteneciente a un grupo empresarial. Dependiendo de la función que desempeñe la empresa examinada, será necesario tomar en consideración los datos económicos de las empresas del grupo y, en particular, los de las empresas «asociadas» y «vinculadas».

                           —

                           Sobre este punto se expone que la regla de base para apreciar la dimensión de la empresa examinada es aquella según la cual a los datos de ésta deben añadirse:

                                       i)

                                       Los datos de las posibles empresas asociadas a la empresa examinada situadas inmediatamente por encima o por debajo de la empresa examinada, en una medida equivalente a la participación en el capital o al porcentaje de derechos de votos que se posean. A los datos con que se cuente relativos a las empresas asociadas a la empresa examinada calculados de ese modo debe añadirse el 100 % de los datos relativos a las posibles empresas «vinculadas» a dichas empresas «asociadas».

                                       ii)

                                       El 100 % de los datos relativos a las posibles empresas «vinculadas» directa o indirectamente a la empresa examinada. Al 100 % de los datos relativos a las empresas vinculadas a la empresa examinada deben añadirse, en una medida equivalente a la participación en el capital o al porcentaje de derechos de votos que se posean, los datos de las posibles empresas asociadas a las empresas vinculadas a la empresa examinada situadas inmediatamente por encima o por debajo de estas últimas.

               2)

               Segundo motivo, basado en el hecho de que no se reconociera a K Chimica el estatuto de PYME.

                           —

                           En este sentido se alega que, conforme al artículo 6 del anexo a la Recomendación, los datos pertinentes para la posible clasificación de K Chimica como PYME son los siguientes:

                                       i)

                                       100 % de los datos relativos a K Chimica;

                                       ii)

                                       100 % de los datos relativos a I.C.B. S.r.l;

                                       iii)

                                       40 % de los datos relativos a Medini Ltd;

                                       iv)

                                       36,66 % de los datos relativos a ALO Inmobilien GmbH.


24 . 8 . 96        ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                              N° C 247/ 1
                                                                     I
                                                           f Comunicaciones)
                                       TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                       TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                 Juramento de un nuevo miembro del Tribunal de Justicia
                                                              ( 96/C 247/01 )
            Nombrado Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas mediante decisión de los
            representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas de 8 de julio
            de 1996 ('), el Sr. Romain Schintgen prestó juramento ante el Tribunal de Justicia el 11 de julio de
            1996 .
            (') DO n" L 178 de 17. 7 . 1996 , p . 31 .
                                      Decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia
                                                        el 12 de julio de 1996
                                                              ( 96/C 247/02 )
            El 12 de julio de 1996 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas adoptó las siguientes
            decisiones :
            Afectación del Juez Sr. Schintgen .
            El Tribunal de Justicia decidió afectar al Juez Sr . Schintgen a las Salas Segunda y Sexta .
            Composición de las Salas Segunda y Sexta
            1 . La composición de las Salas Segunda y Sexta para el período comprendido entre el 12 de julio de
                1996 y el 6 de octubre de 1996 se ha acordado que sea la siguiente :
                Sala Segunda
                Presidente de Sala : Sr . Hirsch ;
                Jueces :               Sres . Mancini y Schintgen .
                Sala Sexta
                Presidente de Sala : Sr. Kakouris ;
                Jueces :               Sres . Hirsch, Mancini , Kapteyn , Murray, Ragnemalm y Schintgen .


title: Asunto F-44/11: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 28 de junio de 2013 — Marcuccio/Comisión (Función pública — Artículo 34, apartados 1 y 6, del Reglamento de Procedimiento — Demanda presentada por fax dentro del plazo de recurso, ampliado en diez días por razón de la distancia — Demanda presentada por correo dentro de los diez días siguientes — Falta de identidad entre ambos escritos — Extemporaneidad del recurso)

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/85

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 28 de junio de 2013 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto F-44/11) (1)

   (Función pública - Artículo 34, apartados 1 y 6, del Reglamento de Procedimiento - Demanda presentada por fax dentro del plazo de recurso, ampliado en diez días por razón de la distancia - Demanda presentada por correo dentro de los diez días siguientes - Falta de identidad entre ambos escritos - Extemporaneidad del recurso)
   2013/C 225/196
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: C. Berardis-Kayser y J. Baquero Cruz, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)

      Objeto

   Pretensión de que se condene a la Comisión a abonar al demandante una cantidad en reparación del perjuicio supuestamente sufrido por éste a raíz de la petición de información remitida por el médico asesor de la Comisión al médico del demandante para obtener cierta información sobre los tratamientos médicos seguidos por este último.

      Fallo

               1)

               Se desestima el recurso por ser, en parte, manifiestamente inadmisible y, en parte, manifiestamente infundado.

               2)

               El Sr. Marcuccio cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea.

      (1)  DO C 186, de 25.6.2011, p. 34.


title: Petición de un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por el Fürstliches Obergericht, con fecha de 19 de mayo de 2010 , en el asunto del Dr. Joachim Kottke contra Präsidial Anstalt y Sweetlye Stiftung (Asunto E-5/10)

text:
               2.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/22

         Petición de un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por el Fürstliches Obergericht, con fecha de 19 de mayo de 2010, en el asunto del Dr. Joachim Kottke contra Präsidial Anstalt y Sweetlye Stiftung
   (Asunto E-5/10)
   2010/C 325/06
   Mediante carta de 19 de mayo de 2010, el Fürstliches Obergericht (Tribunal de Apelación del Principado) presentó al Tribunal de la AELC una petición, recibida en la Secretaría del Tribunal el 27 de mayo de 2010, de un dictamen consultivo en el asunto del Dr. Joachim Kottke contra Präsidial Anstalt y Sweetlye Stiftung, respecto de las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Constituye el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que entró en vigor en Liechtenstein el 1 de mayo de 1995, un tratado (multilateral) que, a resultas de la prohibición de discriminación contenida en particular en su artículo 4, prohíba que se imponga a los demandantes que residen en otro Estado miembro del EEE la obligación de constituir una caución para costas si los demandantes que residen en Liechtenstein no están obligados a constituir tal caución para costas?
               En caso de que la pregunta anterior reciba una respuesta negativa:

               2)

               ¿Es la disposición de la sección 57(2), punto 1, del Liechtenstein Zivilprozessordnung (Código de Enjuiciamiento Civil), por la que la dispensa de la obligación de los demandantes que residen en otro Estado de constituir una caución se condiciona a la posibilidad de ejecución en el país de residencia, compatible con el Acuerdo EEE, y en especial con la prohibición general de discriminación en virtud de su artículo 4, en la medida en que se aplique a los demandantes que residen en un Estado miembro del EEE?


title: Asunto C-286/03: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de  21 de febrero de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof) — Silvia Hosse/Land Salzburg (Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CEE) n o  1408/71 — Artículo 4, apartado 2 ter — Prestaciones especiales de carácter no contributivo — Prestación austriaca destinada a cubrir el riesgo de dependencia — Calificación de la prestación y licitud del requisito de residencia a la luz del Reglamento (CEE) n o  1408/71 — Beneficiario a cargo del titular asegurado)

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de febrero de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof) — Silvia Hosse/Land Salzburg
   (Asunto C-286/03) (1)

   (Seguridad social de los trabajadores migrantes - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Artículo 4, apartado 2 ter - Prestaciones especiales de carácter no contributivo - Prestación austriaca destinada a cubrir el riesgo de dependencia - Calificación de la prestación y licitud del requisito de residencia a la luz del Reglamento (CEE) no 1408/71 - Beneficiario a cargo del titular asegurado)
   (2006/C 131/07)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Oberster Gerichtshof
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Silvia Hosse

      Demandada: Land Salzburg
   Objeto
   Prejudicial — Oberster Gerichtshof — Interpretación de los artículos 4, apartado 2 ter, y 19 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE O5/01, p. 98) modificado por el Reglamento (CEE) no 1247/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992 (DO L 136, p. 1) — Legislación de un Bundesland (Salzburgo) en cuya virtud el derecho a las prestaciones que cubren la contingencia de dependencia de un hijo discapacitado, miembro de la familia de un trabajador, está sometido a un requisito de residencia — Concepto de «prestación especial de carácter no contributivo» — Interpretación del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257 p. 2; EE 05/01 p. 77) — Ventaja social
   Fallo

               1)

               Una asignación de asistencia como la prevista por la Salzburger Pflegegeldgesetz no constituye una prestación especial de carácter no contributivo en el sentido del artículo 4, apartado 2 ter, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, sino una prestación de enfermedad en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

               2)

               Cuando cumple los demás requisitos de concesión, el miembro de la familia de un trabajador empleado en el Land de Salzburgo, que reside con su familia en Alemania, puede reclamar a la institución competente del lugar de empleo del trabajador por cuenta ajena, el pago de una asignación de asistencia, como la abonada por la Salzburger Pflegegeldgesetz, en tanto que prestación de enfermedad en metálico, tal como prevé el artículo 19 del Reglamento no 1408/71, siempre que el miembro de la familia no tenga derecho a una prestación análoga en virtud de la legislación del Estado en cuyo territorio reside.

      (1)  DO C 226, de 20.9.2003.


title: Asunto T-536/11: Recurso interpuesto el 2 de octubre de 2011 — European Dynamics Luxembourg y otros/Comisión

text:
               3.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/27

         Recurso interpuesto el 2 de octubre de 2011 — European Dynamics Luxembourg y otros/Comisión
   (Asunto T-536/11)
   2011/C 355/48
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruselas) y Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas) (representantes: N. Korogiannakis y M. Dermitzakis, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea de seleccionar la oferta de las demandantes, presentada en respuesta a la licitación AO 10340 (lotes 1, 3 y 4) «Servicios informáticos — Desarrollo y mantenimiento de software, consultoría y asistencia para diferentes tipos de aplicaciones informáticas», (1) como tercer contratista en el mecanismo de cascada para los lotes 1 y 4 y como segundo contratista en el mecanismo de cascada para el lote 3, notificada a las demandantes mediante escrito de 22 de julio de 2001, y todas las decisiones de la Oficina relacionadas con ésta, incluidas las de concesión del contrato en cuestión a los primeros y segundos contratantes en cascada.

               —

               Ordene a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea que indemnice a las demandantes por los daños sufridos por el lucro cesante y por el menoscabo de la reputación y credibilidad de las demandantes mediante el abono de 3 450 000 euros.

               —

               Condene a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea al pago de las costas legales y de otro tipo en que hayan incurrido las demandantes en relación con el presente recurso.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos por los tres lotes en su conjunto.

               1)

               Primer motivo, basado en que la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea vulneró la obligación de motivación, no divulgó apropiadamente los méritos relativos de los licitadores seleccionados y, en general, en que no cumplió lo previsto en el artículo 100, apartado 2, del Reglamento Financiero.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea infringió las cláusulas del anuncio de licitación y aplicó un criterio de adjudicación contrario al artículo 97 del Reglamento Financiero y al artículo 138 de las Normas de Desarrollo.

               3)

               Tercer motivo, basado en errores manifiestos de apreciación, en comentarios vagos e insustanciales del comité de evaluación, en la modificación a posteriori de los criterios de adjudicación incluidos en la licitación, en la falta de notificación de los nuevos criterios a los licitadores en plazo y en la confusión de criterios de admisión y criterios de adjudicación.

      (1)  DO 2011/S 66 — 106099.


title: Asuntos acumulados C-241/04 y C-242/04: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de  11 de enero de 2006  (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria) — Acquedotto De Ferrari Galliera SpA/Provincia di Genova y otros (C-241/04) y Acquedotto Nicolay SpA/Provincia di Genova y otros (C-242/04)

text:
               1.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 154/12

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2006 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria) — Acquedotto De Ferrari Galliera SpA/Provincia di Genova y otros (C-241/04) y Acquedotto Nicolay SpA/Provincia di Genova y otros (C-242/04)
   (Asuntos acumulados C-241/04 y C-242/04) (1)

   (2006/C 154/27)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar los asuntos.

      (1)  DO C 217, de 28.8.2004.


title: Asunto F-47/15: Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2015 — ZZ/Comisión

text:
               8.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/35

         Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2015 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-47/15)
   (2015/C 190/41)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: É. Boigelot, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión por la que se deniega la solicitud de concesión retroactiva de la asignación por hijos a cargo en beneficio de los dos hijos de la cónyuge de la demandante, que residen en su domicilio una de cada dos semanas, desde la fecha de su matrimonio, así como el pago de una indemnización.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 9 de diciembre de 2014, notificada el 16 de diciembre de 2014, si bien únicamente en la medida en que la AFPN, después de haber estimado la reclamación sobre este extremo y de haber resuelto fundadamente anular la decisión de 19 de junio de 2014 y concederle por tanto la asignación por hijos a cargo y los beneficios derivados, decida no obstante no conceder las asignaciones controvertidas con carácter retroactivo desde la fecha de su matrimonio, concediéndole el derecho a la asignación por hijo a cargo y los beneficios derivados sólo desde el 1 de marzo de 2014, esto es, el primer día del mes en el que la demandante presentó su solicitud de revisión.

               —

               Que se condene, en cualquier caso, a la demandada, en concepto de indemnización y en ejercicio de la competencia jurisdiccional plena del Tribunal, al pago de la cantidad de 33  375,99 euros, sin perjuicio del derecho a aumentar esa cantidad durante el procedimiento, como reparación del daño causado por la actuación ilícita de la demandada, más los intereses de demora al tipo legal aplicado en Bélgica en los años de que se trata, desde el 1 de septiembre de 2011 hasta la fecha del pago íntegro.

               —

               Que se condene, en cualquier caso, a la demandada al pago de todas las costas, con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública.


title: Archivo del asunto C-163/00

text:
C 134/12              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    5.5.2001
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                        Archivo del asunto C-103/99 (1)
lución de la Cour administrative d’appel de Lyon (Sala
Segunda), de fecha 13 de marzo de 2001, en el asunto
Ministerio de Economı́a, Hacienda e Industria contra S.A.                                   (2001/C 134/22)
                             GEMO
                                                                     Mediante auto de 7 de noviembre de 2000, el Presidente del
                      (Asunto C-126/01)                              Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                     archivar el asunto C-103/99 (petición de decisión prejudicial
                       (2001/C 134/19)                               del Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis): P. Moskof AE contra
                                                                     Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA).
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial, mediante
resolución de la Cour administrative d’appel de Lyon (Sala
                                                                     (1) DO C 188 de 3.7.1999.
Segunda), dictada el 13 de marzo de 2001, en el asunto entre
Ministerio de Economı́a, Hacienda e Industria contra S.A.
GEMO, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
19 de marzo de 2001. La Cour administrative d’appel de
Lyon (Sala Segunda) solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que se pronuncie sobre la siguiente
cuestión:
¿La tasa sobre las compras de carne prevista en el artı́culo 302
bis ZD del code général des impôts forma parte de un régimen                        Archivo del asunto C-84/99 (1)
que puede considerarse una ayuda en el sentido del artı́culo 92
del Tratado de 25 de marzo de 1957 constitutivo de la
Comunidad Europea (actualmente artı́culo 87 CE)?                                            (2001/C 134/23)
                                                                     Mediante auto de 13 de febrero de 2001, el Presidente del
                                                                     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                     archivar el asunto C-84/99 (petición de decisión prejudicial
                                                                     del Hoge Raad der Nederlanden): Amsterdamsche Football
                                                                     Club «AJAX» y Langenberg Participaties BV, que actúa bajo el
                Archivo del asunto C-91/00 (1)                       nombre de «Fan Promotions» contra S.C. Reule y otros.
                       (2001/C 134/20)
                                                                     (1) DO C 136 de 15.5.1999.
Mediante auto de 29 de septiembre de 2000, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-91/00: Comisión de las Comunidades
Europeas contra Reino de los Paı́ses Bajos.
(1) DO C 176 de 24.6.2000.
                                                                                Archivo del asunto C-163/00 (1)
                                                                                (2001/C 134/24)
                Archivo del asunto C-90/00 (1)
                                                                     Mediante auto de 13 de febrero de 2001, el Presidente del
                       (2001/C 134/21)
                                                                     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                     archivar el asunto C-163/00: Comisión de las Comunidades
Mediante auto de 6 de octubre de 2000, el Presidente del             Europeas contra República Helénica.
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-90/00: Comisión de las Comunidades
Europeas contra Reino de los Paı́ses Bajos.
                                                                     (1) DO C 176 de 24.6.2000.
(1) DO C 176 de 24.6.2000.


title: Asunto C-264/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 19 de junio de 2008 — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV

text:
               27.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 19 de junio de 2008 — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV
   (Asunto C-264/08)
   (2008/C 247/05)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hof van Cassatie van België
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Belgische Staat

      Demandada: Direct Parcel Distribution Belgium NV
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es la contracción mencionada en el artículo 221 del Código aduanero comunitario (1) la contracción citada en el artículo 217 del mismo, que consiste en que el importe de derechos sea objeto de una anotación por parte de las autoridades aduaneras en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿cómo debe interpretarse la disposición del artículo 217 del Código aduanero comunitario que establece que el importe de derechos deberá «ser objeto de una anotación […] en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos»? ¿Es necesario respetar determinados requisitos mínimos técnicos o formales, o bien el artículo 217 atribuye en su integridad a los Estados miembros la adopción de las demás normas aplicables a la práctica de la contracción de importes de derechos, sin establecer ningún requisito mínimo? ¿Ha de diferenciarse la contracción de la anotación del importe de derechos en la contabilidad de los recursos propios, tal como se establece en el artículo 6 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo (2), de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1)?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 221, apartado 1, del Código aduanero comunitario en el sentido de que la comunicación, según modalidades apropiadas, del importe de derechos por las autoridades aduaneras al deudor puede tener la misma consideración que la comunicación, mencionada en el artículo 221, apartado 1, al deudor del importe de derechos, si dicho importe de derechos ha sido objeto de contracción por parte de las autoridades aduaneras antes de ser comunicado al deudor? ¿Qué debe entenderse además por la expresión «según modalidades apropiadas», recogida en el artículo 221, apartado 1?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión: ¿cabe establecer la presunción a favor del Estado de que la contracción del importe de derechos ha sido efectuada antes de la comunicación del mismo al deudor? ¿Puede el órgano jurisdiccional nacional partir de una presunción de veracidad relativa a la declaración de las autoridades aduaneras en el sentido de que se ha efectuado la contracción del importe de derechos antes de la comunicación del mismo al deudor o bien las autoridades deben presentar ante el órgano jurisdiccional nacional de forma sistemática la prueba escrita de la contracción del importe de derechos?

               5)

               ¿Debe efectuarse la contracción, exigida en el artículo 221, apartado 1, del Código aduanero comunitario, del importe de derechos antes de la comunicación del mismo al deudor, so pena de nulidad o caducidad del derecho al cobro o a la recaudación a posteriori de la deuda aduanera? Dicho con otras palabras: ¿debe interpretarse el artículo 221, apartado 1, en el sentido de que si las autoridades aduaneras comunican al deudor el importe de derechos según modalidades apropiadas, pero sin que se haya efectuado la contracción de dicho importe de derechos antes de la comunicación de tal importe por las autoridades aduaneras, no podrá cobrarse el importe de derechos, por lo que las autoridades aduaneras, para poder recaudar todavía dicho importe, deberán comunicar de nuevo el importe de derechos al deudor según modalidades apropiadas una vez que se haya procedido a la contracción de dicho importe y siempre que ello se efectúe dentro del plazo de prescripción establecido en el artículo 221 del Código aduanero comunitario?

               6)

               En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión, ¿cuál es la consecuencia del pago por el deudor del importe de derechos que se le haya comunicado sin haberse efectuado previamente la contracción del mismo? ¿Debe ser considerado como un pago no adeudado cuya devolución pueda reclamar al Estado?

      (1)  DO 1992, L 302, p. 1.

      (2)  DO L 130, p. 1.


title: Asunto C-411/06: Recurso interpuesto el 9 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea

text:
               2.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/34

         Recurso interpuesto el 9 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-411/06)
   (2006/C 294/59)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Konstantinidis y M. Huttunen, agentes)

      Demandadas: Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento (CE) no 1013/2006 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.

               —

               Que se declaren definitivos los efectos del Reglamento anulado en espera de su sustitución, dentro de un plazo razonable, por un acto adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la adecuada base jurídica de los artículos 175 CE, apartado 1, y 133 CE y motivado de forma consecuente en los considerandos.

               —

               Que se condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión alega que su elección de una doble base jurídica se realizó con arreglo a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que son el objetivo y el contenido del acto. Dicha elección se basó en la apreciación de que el Reglamento consta, tanto en lo que se refiere a los objetivos perseguidos como a su contenido, de dos aspectos relacionados, sin que ninguno de ellos pueda considerarse secundario o indirecto con respecto al otro, uno de ellos perteneciente al ámbito de la política comercial común y el otro al de la de protección del medio ambiente.
   La Comisión considera que al basar el Reglamento exclusivamente en el artículo 175 CE, apartado 1, y suprimir el artículo 133 CE como segunda base jurídica, el Parlamento Europeo y el Consejo infringieron el Tratado. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 231 CE, apartado 1, la anulación del Reglamento constituye la forma adecuada de subsanar dicha infracción.

      (1)  DO L 190, p. 1.