title: Asunto T-636/15: Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2015 — Infratel Italia y otros/Comisión

text:
               18.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/49

         Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2015 — Infratel Italia y otros/Comisión
   (Asunto T-636/15)
   (2016/C 016/59)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Roma, Italia), Ericsson telecomunicazioni SpA (Roma, Italia), Italdata SpA (Avellino, Italia), Linea Com Srl (Cremona, Italia) (representantes: G.M. Roberti, I. Perego, M.S. Serpone y M. Serpone, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule, total o parcialmente, la Decisión.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso tiene por objeto la decisión contenida en el escrito [Ref. Ares(2015) 3551496] de la Comisión Europea, de 28 de agosto de 2015, Termination of grant agreement 621078 project VIRGO.

   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa, en la violación del principio de buena administración, en la infracción de los artículos 41 y 48 de la Carta y de los arts. 135 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298, p. 1) y 208 del Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362, p. 1) y en el incumplimiento de la obligación de motivación.

                           —

                           Las demandantes alegan que no fueron oídas por la Comisión antes de que ésta adoptara la Decisión de resolución del grant agreement y ordenase el reembolso de las cantidades percibidas en concepto de financiación anticipada. A su juicio, la Comisión vulneró su derecho de defensa e infringió el artículo 135 del Reglamento no 966/2012, el artículo 208 del Reglamento no 1268/2012 y los artículos 41 y 48 de la Carta. También aducen que la Comisión basó su Decisión únicamente en valoraciones efectuadas por expertos externos, a las que se remitió sin formular una motivación independiente. Sostienen que, en consecuencia, la Comisión violó el principio de buena administración e incumplió la obligación de motivar adecuadamente su Decisión.

               2.

               Segundo motivo, basado en el error de apreciación, en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la violación del principio de no discriminación y en la infracción del artículo 135 del Reglamento no 966/2012 y del artículo 208 del Reglamento no 1268/2012.

                           —

                           Las demandantes alegan que las valoraciones efectuadas por la Comisión y por sus expertos externos en las que se basó la Decisión adoptada son fruto de una apreciación errónea de hecho y de Derecho y no están respaldadas por una motivación coherente y apropiada. A su juicio, la Comisión infringió asimismo el artículo 135, apartados 3 y 4, del Reglamento no 966/2012.

               3.

               Tercer motivo, basado en errores de apreciación, en la violación de los principios de proporcionalidad y de buena administración, en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la infracción del artículo 135 del Reglamento no 966/2012, del artículo 208 del Reglamento no 1268/2012 y de la Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement.

                           —

                           Según las demandantes, la Comisión no apreció debidamente el distinto grado de importancia de los deliverables que integraban el proyecto, por lo que incumplió la obligación de buena administración y las normas establecidas al respecto en la Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement. Alegan que la Comisión ni siquiera formuló al respecto una motivación específica y adecuada.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 135 del Reglamento no 966/2012 y del artículo 208 del Reglamento no 1268/2012, en la violación del principio de proporcionalidad y en el incumplimiento de la obligación de motivación.

                           —

                           Las demandantes sostienen que la Comisión ordenó el reembolso de la totalidad del importe objeto de la financiación anticipada, sin tener debidamente en cuenta la importancia que tenía el proyecto para las políticas de la Unión y la posibilidad de volver a utilizar el trabajo efectuado por el consorcio. A su juicio, al actuar de este modo, la Comisión infringió el artículo 135 del Reglamento no 966/2012 y el artículo 208 del Reglamento no 1268/2012 y violó el principio de proporcionalidad.


title: Asunto C-422/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 18 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria (Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/35/CE — Responsabilidad medioambiental — Prevención y reparación de daños medioambientales — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/22

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 18 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria
   (Asunto C-422/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2004/35/CE - Responsabilidad medioambiental - Prevención y reparación de daños medioambientales - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)
   2009/C 180/37
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: U. Wölker y B. Schöfer, agentes)

      Demandada: República de Austria (representante: E. Rield, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143, p. 56).

      Fallo

               1)

               Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas requeridas para adaptar el Derecho interno a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República de Austria.

      (1)  DO C 301, de 22.11.2008.


title: Asunto C-384/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano (Artículos 43 CE y 48 CE — Normativa regional que establece distancias mínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes — Competencia del Tribunal de Justicia y admisibilidad de la petición de decisión prejudicial — Libertad de establecimiento — Restricción)

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano
   (Asunto C-384/08) (1)

   (Artículos 43 CE y 48 CE - Normativa regional que establece distancias mínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes - Competencia del Tribunal de Justicia y admisibilidad de la petición de decisión prejudicial - Libertad de establecimiento - Restricción)
   2010/C 113/14
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Attanasio Group Srl

      Demandada: Comune di Carbognano

      En el que participa: Felgas Petroli Srl

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) — Compatibilidad con los artículos 43, 48, 49 y 56 CE y con los principios comunitarios de competencia económica y de no discriminación de una normativa nacional que establece distancias mínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes.

      Fallo

   El artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, debe interpretarse en el sentido de que una normativa de Derecho nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece distancias mínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes constituye una restricción a la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado CE. En circunstancias como las del litigio principal, no parece que tal restricción pueda justificarse por los objetivos de seguridad vial, de protección de la salud y del medio ambiente así como de racionalización del servicio prestado a los usuarios, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 301, de 22.11.2008.


title: Asunto T-65/17: Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2017 — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

text:
               20.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/32

         Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2017 — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)
   (Asunto T-65/17)
   (2017/C 086/42)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: Westbrae Natural, Inc. (Delaware, Estados Unidos) (representante: D. McFarland, Barrister)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Alemania)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante: Parte recurrente

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «COCONUT DREAM» — Solicitud de registro n.o 13599501

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de noviembre de 2016 en el asunto R 182/2016-2

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la recurrida.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 3 de marzo de 2005, en el asunto C-499/03 P, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH y Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar–Produkte mbH contra Comisión de las Comunidades Europeas («Recurso de casación — Arancel aduanero común — Recaudación a posteriori de derechos de importación — Renuncia al derecho a recaudar — Requisitos — Artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) n° 2913/92 — Error de las autoridades aduaneras — Error detectable — Nomenclatura combinada — Menciones — Alcance»)

text:
               30.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/8

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 3 de marzo de 2005
   en el asunto C-499/03 P, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH y Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar–Produkte mbH contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Recurso de casación - Arancel aduanero común - Recaudación a posteriori de derechos de importación - Renuncia al derecho a recaudar - Requisitos - Artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) no 2913/92 - Error de las autoridades aduaneras - Error detectable - Nomenclatura combinada - Menciones - Alcance»)
   (2005/C 106/14)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-499/03 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 25 de noviembre de 2003, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, con domicilio social en Francfort del Meno (Alemania), Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar–Produkte mbH, con domicilio social en Langen (Alemania), (abogados: Sres. K. Landry y L. Harings), y en el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. X. Lewis y J. Schieferer), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. A. Borg Barthet, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y J. Malenovský (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 3 de marzo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 17 de septiembre de 2003, Biegi Nahrungsmittel y Commonfood/Comisión (asuntos acumulados T-309/01 y T-239/02 ).

               2)

               Anular la Decisión C(2001) 2533 de la Comisión, de 14 de agosto de 2001 (REC 4/00), en la medida en que ordena contraer a posteriori derechos de importación adeudados por Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH por un importe de 218 605,64 DEM.

               3)

               Anular la Decisión C(2002) 857 de la Comisión, de 5 de marzo de 2002 (REC 4/01), que ordena contraer a posteriori derechos de importación adeudados por Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH por un importe de 222 116,06 DEM.

               4)

               Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 21, de 24.1.2004.


title: Asunto T-610/17: Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2017 — ICL-IP Terneuzen e ICL Europe Coöperatief/Comisión

text:
               23.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 357/30

         Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2017 — ICL-IP Terneuzen e ICL Europe Coöperatief/Comisión
   (Asunto T-610/17)
   (2017/C 357/39)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Países Bajos) e ICL Europe Coöperatief UA (Ámsterdam, Países Bajos) (representantes: R. Cana y E. Mullier, abogadas)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Acuerde la admisión del presente recurso y lo declare fundado.

               —

               Anule el Reglamento (UE) 2017/999 de la Comisión, de 13 de junio de 2017, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DO 2017, L 150, p. 7) en la medida en que incluye el nPB en el anexo XIV del Reglamento REACH.

               —

               Condene en costas a la demandada.

               —

               Adopte cualquier otra medida que en Derecho proceda.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la Comisión Europea incurrió en un error manifiesto de apreciación, al no tener en cuenta todos los hechos relevantes, y en que vulneró el principio de buena administración.

                           —

                           Los demandantes alegan que la Comisión Europea incurrió en un error manifiesto de apreciación, al no haber analizado de manera detenida e imparcial la información relevante que las demandantes presentaron a la Comisión Europea, la cual demostraba que la sustancia no cumplía los criterios de priorización e inclusión en el anexo XIV del Reglamento REACH. Según las demandantes, si la Comisión Europea hubiera tenido en cuenta la información, la puntuación obtenida por la sustancia habría sido inferior o similar a la puntuación de otras sustancias no priorizadas en la misma ronda de priorización y la sustancia no habría sido incluida por el Reglamento impugnado en el anexo XIV del Reglamento REACH.

               2.

               Segundo motivo, basado en que el Reglamento impugnado infringe el artículo 55 del Reglamento REACH, es contrario al objetivo del Reglamento REACH de aumentar la competitividad e interfiere con el derecho al comercio.

                           —

                           Las demandantes alegan que el Reglamento impugnado es contrario a los objetivos de aumentar la competitividad del Reglamento REACH y, en particular, a su título VII de autorización, por lo que afecta a la situación competitiva de las demandantes y obstaculiza los derechos de las demandantes al comercio, al priorizar la sustancia a pesar de la existencia de información que demuestra que la sustancia no cumplía los criterios de priorización e inclusión en el anexo XIV.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Comisión Europea vulneró los derechos de defensa de las demandantes e incumplió su obligación de motivación.

                           —

                           Las demandantes alegan que la Comisión Europea vulneró sus derechos de defensa e incumplió su obligación de motivación, al no facilitar las razones por las que «agrupó» la sustancia junto con el tricloroetileno, pese al reconocimiento expreso por parte de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (en la guía de priorización) de que, en caso de que se tomen en consideración factores como el «agrupamiento», que no forman parte formalmente de los criterios del artículo 58, apartado 3, han de establecerse claramente las razones de priorización y éstas tienen que ser conformes con la función y el propósito de la fase de recomendación en el proceso de autorización.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que el Reglamento impugnado vulnera las expectativas legítimas del demandante.

                           —

                           Las demandantes alegan que la adopción del Reglamento impugnado vulnera sus expectativas legítimas en la medida en que es incompatible con la guía de priorización. En concreto, las demandantes señalan que la priorización e inclusión del nPB en el anexo XIV vulnera sus expectativas legítimas de que el criterio del volumen y las consideraciones de agrupamiento se aplicarían tal como está previsto en la guía de priorización y la guía general.

               5.

               Quinto motivo, basado en que el Reglamento impugnado vulnera el principio de proporcionalidad.

                           —

                           Las demandantes señalan que la Comisión Europea debía haber considerado adecuado aplazar la inclusión del nPB en el anexo XIV en el Reglamento impugnado, y que esto hubiera sido menos oneroso, puesto que las demandantes no tenían que haber sufrido las consecuencias de la inclusión en el anexo XIV en este momento, sino tan sólo a partir del momento en el que el nPB se hubiera incluido acertadamente en el anexo XIV ante una prioridad relativa realmente elevada.

               6.

               Sexto motivo, basado en que el Reglamento impugnado es contario al principio de igualdad de trato y no discriminación.

                           —

                           Las demandantes alegan que el Reglamento impugnado vulnera el principio de igualdad de trato y no discriminación al tratar la sustancia de manera diferente —incluyéndola en el anexo XIV del Reglamento REACH— de otras sustancias, incluido el amarillo de antimonio-plomo. Según las demandantes, ambas sustancias se encontraban en una situación similar: se consideraban parte de la misma ronda de priorización, ambas recibieron (o debían haber recibido) una puntuación total de priorización de 17, y en ambos casos la valoración de su prioridad incluía consideraciones de agrupamiento. Las demandantes alegan que, no obstante, la ECHA y la Comisión las trataron de manera diferente, al recomendar y posteriormente incluir la sustancia en el anexo XIV, mientras que el amarillo de antimonio-plomo no se recomendó para su inclusión, por lo que no fue incluido en el anexo XIV.


title: Asunto C-120/09: Recurso interpuesto el 1 de abril de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/28

         Recurso interpuesto el 1 de abril de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-120/09)
   2009/C 141/50
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. van Beek y J.-B. Laignelot, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, (1) al no haber adaptado el Derecho valón al artículo 2, puntos f), j) y k), y al anexo III, punto 4, letra c), de la citada Directiva.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión Europea ha formulado dos imputaciones en apoyo de su recurso.
   Por una parte, la Comisión reprocha a la parte demandada no haber adaptado el Derecho de la Región valona a los conceptos de «almacenamiento subterráneo», «gases de vertedero» y «eluato», previstos en el artículo 2, puntos f), j) y k), de la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos. La Comisión ha insistido en la importancia de dichos conceptos que, por ser elementos clave para la aplicación de la Directiva, figuran asimismo en otras disposiciones adoptadas sobre la base y en cumplimiento de esta última.
   Por otra parte, la demandante ha puesto de manifiesto el hecho de que el Derecho valón no contiene disposición alguna en materia de niveles de intervención a partir de los cuales cabe considerar que el lugar de vertido tiene un efecto nefasto importante sobre la calidad de las aguas subterráneas. Pues bien, lo dispuesto en el punto 4, letra c), del anexo III de la Directiva, que prevé la elaboración de tales disposiciones, reviste una importancia crucial para garantizar un control efectivo de la calidad de las aguas subterráneas y, por consiguiente, para garantizar la protección del medio ambiente, que constituye el objetivo esencial de la Directiva.

      (1)  DO L 182, p. 1.


title: Asunto T-445/05: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 4 de marzo de 2009 — Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management/Comisión ( Ayudas de Estado — Régimen de ayudas establecido por las autoridades italianas a favor de determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común — Recurso de anulación — Afectación directa e individual — Admisibilidad — Obligación de motivación — Carácter selectivo de la medida — Obligación de recuperación )

text:
               18.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 90/24

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de marzo de 2009 — Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management/Comisión
   (Asunto T-445/05) (1)

   («Ayudas de Estado - Régimen de ayudas establecido por las autoridades italianas a favor de determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización - Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común - Recurso de anulación - Afectación directa e individual - Admisibilidad - Obligación de motivación - Carácter selectivo de la medida - Obligación de recuperación»)
   2009/C 90/38
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management SpA (Roma, Italia) (representantes: G. Escalar, G. Cipolla y V. Giordano, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Di Bucci y E. Righini, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión 2006/638/CE de la Comisión, de 6 de septiembre de 2005, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Italia para determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en mercados regulados (DO 2006, L 268, p. 1).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a las demandantes.

      (1)  DO C 48, de 25.2.2006.


title: Asunto C-414/00: Recurso interpuesto el 10 de noviembre de 2000 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 28/16                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      27.1.2001
Motivos y principales alegaciones                                          Recurso interpuesto el 10 de noviembre de 2000 contra
                                                                           la República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
Los motivos y principales alegaciones son análogos a los del                                           des Europeas
asunto C-407/00 (4). Los plazos para la adaptación del Derecho
interno a las Directivas expiraron, respectivamente, el 13 de                                       (Asunto C-414/00)
febrero de 1999, el 31 de marzo de 1999 y el 30 de abril de                                            (2001/C 28/29)
1999.
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
( 1) DO L 208 de 24.7.1998, p. 49.                                         presentado el 10 de noviembre de 2000 un recurso contra la
(2) DO L 261 de 24.9.1998, p. 32.                                          República Portuguesa, formulado por la Comisión de las
(3) DO L 290 de 29.10.1998, p. 25.                                         Comunidades Europeas, representada por la Sra. Ana Maria
(4) Véase página 13 del presente Diario Oficial.                          Alves Vieira, miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de
                                                                           Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                           despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
                                                                           Kirchberg.
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                           —     Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2000 contra                             obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no
el Reino de los Paı́ses Bajos por la Comisión de las                            haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las
                     Comunidades Europeas                                        medidas necesarias para dar ı́ntegro cumplimiento a la
                                                                                Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de
                        (Asunto C-413/00)                                        1997, por la que se establecen los principios relativos a
                                                                                la organización de controles veterinarios de los productos
                                                                                que se introduzcan en la Comunidad procedentes de
                          (2001/C 28/28)                                         paı́ses terceros (1).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               —     Condene en costas a la República Portuguesa.
presentado el 9 de noviembre de 2000 un recurso contra el
Reino de los Paı́ses Bajos por la Comisión de las Comunidades             Motivos y principales alegaciones
Europeas, representada por B. Mongin y H.M.H. Speyart,
miembros de su Servicio Jurı́dico, que designa como domicilio              Los motivos y principales alegaciones son análogos a los del
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                asunto C-407/00 (2). El plazo para la adaptación del Derecho
miembro del Servicio Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.                  interno a la Directiva expiró el 1 de junio de 1999.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                  (1) DO L 24 de 30.01.1998, p. 9.
                                                                           (2) Véase página 13 del presente Diario Oficial.
1.    Declare que el Reino de los Paı́ses Bajos ha incumplido
      las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
      98/41/CE del Consejo (1), de 18 de junio de 1998, sobre
      el registro de las personas que viajan a bordo de los
      buques de pasajes procedentes de puertos de los Estados              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      miembros de la Comunidad o con destino a los mismos,                 lución del Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, de
      al no haber tomado las disposiciones legales, reglamenta-            fecha 9 de noviembre de 2000, en el procedimiento
      rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a            de recurso en el que son partes Dr. Herbert Pflanzl,
      lo establecido en la Directiva o, en todo caso, al no haber          Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg, Grundver-
      comunicado dichas disposiciones a la Comisión.                      kehrsbeauftragter des Landes Salzburg, Grundver-
                                                                                kehrslandeskommission des Landes Salzburg
2.    Condene al Reino de los Paı́ses Bajos a pagar las costas
      del procedimiento.                                                                            (Asunto C-415/00)
                                                                                (2001/C 28/30)
Motivos y principales alegaciones
                                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Los motivos y las principales alegaciones son análogos a los              resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, dic-
del asunto C-407/00 (2); el plazo para adaptar el Derecho                  tada el 9 de noviembre de 2000, en el procedimiento de
interno expiró el 1 de enero de 1999.                                     recurso en el que son partes Dr. Herbert Pflanzl, Bürgermeister
                                                                           der Landeshauptstadt Salzburg, Grundverkehrsbeauftragter des
(1) DO 1998, L 188, p. 35.
                                                                           Landes Salzburg, Grundverkehrslandeskommission des Landes
(2) Véase página 13 del presente Diario Oficial.                          Salzburg, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
                                                                           13 de noviembre de 2000. El Unabhängiger Verwaltungssenat
                                                                           Salzburg solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
                                                                           la siguiente cuestión:


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de junio de 2002 en el asunto C-159/00 (Petición de decisión prejudicial del Cour de cassation): Sapod Audic contra Eco-Emballages SA ("Directiva 83/189/CEE — Procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas — Obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos — Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE — Residuos — Obligación de informar sobre las medidas proyectadas — Normativa nacional en materia de eliminación de residuos de envases — Obligación de los productores e importadores de identificar los envases de los que debe hacerse cargo una empresa homologada — Obligación de la empresa homologada de garantizar que los envases de los que se hace cargo cumplen las prescripciones técnicas")

text:
C 180/4                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            27.7.2002
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
                             (Sala Quinta)
                                                                                de 6 de junio de 2002
                      de 13 de junio de 2002                               en el asunto C-159/00 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                           Cour de cassation): Sapod Audic contra Eco-Emballages
en el asunto C-158/00: Gran Ducado de Luxemburgo                                                              SA (1)
     contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                           («Directiva 83/189/CEE — Procedimiento de información en
                                                                           materia de normas y reglamentaciones técnicas — Obliga-
(«Liquidación de cuentas — FEOGA — Ejercicios 1996 a                      ción de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos
1998 — Cultivos herbáceos — Procedimiento que debe                        — Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE — Residuos —
                        seguir la Comisión»)                              Obligación de informar sobre las medidas proyectadas —
                                                                           Normativa nacional en materia de eliminación de residuos de
                                                                           envases — Obligación de los productores e importadores de
                           (2002/C 180/06)                                 identificar los envases de los que debe hacerse cargo una
                                                                           empresa homologada — Obligación de la empresa homolo-
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       gada de garantizar que los envases de los que se hace cargo
                                                                                cumplen las prescripciones técnicas»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                                 (2002/C 180/07)
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-158/00, Gran Ducado de Luxemburgo (agente:
Sr. M. F. Hoffstetter, asistido por el Sr. R. Nothar) contra
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.                      En el asunto C-159/00, que tiene por objeto una petición
P. Oliver y G. Berscheid), que tiene por objeto la anulación              dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
parcial de la Decisión 2000/216/CE de la Comisión, de 1 de               por la Cour de cassation (Francia), destinada a obtener, en el
marzo de 2000, por la que se excluyen de la financiación                  litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Sapod
comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados                 Audic y Eco-Emballages SA, una decisión prejudicial sobre la
miembros con cargo a la sección de Garantı́a del Fondo                    interpretación de los artı́culos 1 y 10 de la Directiva 83/189/
Europeo de Orientación y de Garantı́a Agrı́cola (FEOGA) (DO               CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se
L 67, p. 37), en la medida en que excluye de la financiación              establece un procedimiento de información en materia de
comunitaria, para los ejercicios financieros de 1996 a 1998,               normas y reglamentaciones técnicas (DO L 109, p. 8; EE 13/
unos gastos de un importe de 56 106 800 LUF efectuados por                 14, p. 34), en su versión modificada por la Directiva 88/182/
el Gran Ducado de Luxemburgo en el sector de los cultivos                  CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988 (DO L 81, p. 75),
herbáceos, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por           del artı́culo 3, apartado 2, de la Directiva 75/442/CEE del
los Sres. P. Jann, Presidente de Sala, S. von Bahr (Ponente),              Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO
D.A.O. Edward, A. La Pergola y M. Wathelet, Jueces; Abogado                L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por
General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el           la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991
13 de junio de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:              (DO L 78, p. 32), y del artı́culo 30 del Tratado CE (actualmente
                                                                           artı́culo 28 CE, tras su modificación), el Tribunal de Justicia
                                                                           (Sala Quinta), integrado por los Sres. P. Jann, Presidente de
1)    Anular la Decisión 2000/216/CE de la Comisión, de 1 de             Sala, y S. von Bahr y C.W.A. Timmermans (Ponente), Jueces;
      marzo de 2000, por la que se excluyen de la financiación            Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von
      comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados           Holstein, Secretario adjunto; ha dictado el 6 de junio de 2002
      miembros con cargo a la sección de Garantı́a del Fondo Europeo      una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      de Orientación y de Garantı́a Agrı́cola (FEOGA), en la medida
      en que excluye de la financiación comunitaria gastos efectuados     1)     Una disposición nacional como el artı́culo 4, párrafo segundo,
      por el Gran Ducado de Luxemburgo en el sector de los cultivos               del Decreto no 92-377, de 1 de abril de 1992, sobre la aplica-
      herbáceos con anterioridad al 26 de mayo de 1996.                          ción, para los residuos resultantes del abandono de envases, de la
                                                                                Ley no 75-633, de 15 de julio de 1975, modificada, relativa a
2)    Desestimar el recurso en todo lo demás.                                    la eliminación de residuos y a la recuperación de materiales, sólo
                                                                                puede constituir un reglamento técnico con arreglo a la Directiva
3)    Cada una de las partes cargará con sus propias costas.                     83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que
                                                                                se establece un procedimiento de información en materia de
                                                                                normas y reglamentaciones técnicas, en su versión modificada por
(1) DO C 176 de 24.6.2000.                                                        la Directiva 88/182/CEE del Consejo, de 22 de marzo de
                                                                                1988, si el órgano jurisdiccional nacional decide que debe ser
                                                                                interpretada en el sentido de que implica una obligación de
                                                                                marcado o de etiquetado.
 ---pagebreak--- 27.7.2002                ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 180/5
2)   El artı́culo 10 de la Directiva 83/189, en su versión modificada                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
     por la Directiva 88/182, debe interpretarse en el sentido de
     que, en el supuesto de que una disposición nacional como el
     artı́culo 4, párrafo segundo, del Decreto no 92-377 deba                                            (Sala Quinta)
     entenderse en el sentido de que implica una obligación de
     marcado o de etiquetado, dicha disposición no está exenta de la
     notificación exigida por el artı́culo 8 de la Directiva 83/189.                              de 25 de abril de 2002
3)   Un particular puede invocar la falta de notificación, conforme         en el asunto C-183/00 (Petición de decisión prejudicial del
     al artı́culo 8 de la Directiva 83/189, de una disposición              Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de
     nacional como el artı́culo 4, párrafo segundo, del Decreto             Oviedo): Marı́a Victoria González Sánchez contra Medi-
     no 92-377, en caso de que esta última disposición deba                                       cina Asturiana, S.A. (1)
     interpretarse en el sentido de que implica una obligación de
     marcado o de etiquetado. El juez nacional debe negarse, en tal
     caso, a aplicar dicha disposición, pues se ha señalado que la         («Aproximación de las legislaciones — Directiva 85/374/
     cuestión de saber qué conclusiones cabe extraer de la inaplicabili-    CEE — Responsabilidad por los daños causados por produc-
     dad de dicha disposición nacional respecto al tipo de sanción         tos defectuosos — Relación con los demás regı́menes de
     prevista por el Derecho nacional aplicable, tal como la nulidad                                    responsabilidad»)
     o la inoponibilidad de un contrato, se rige por el Derecho
     nacional. No obstante, esta conclusión está supeditada a la
     condición de que las normas de Derecho nacional aplicables no                                     (2002/C 180/08)
     sean menos favorables que las aplicables a reclamaciones
     similares de carácter interno, ni estén articuladas de tal manera
     que hagan imposible en la práctica el ejercicio de los derechos                          (Lengua de procedimiento: español)
     conferidos por el ordenamiento jurı́dico comunitario.
4)   En caso de que no se aplicara la Directiva 83/189 a las
     disposiciones del Decreto no 92-377, el Estado miembro                  En el asunto C-183/00, que tiene por objeto una petición
     afectado debı́a informar a la Comisión sobre el proyecto de            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
     dichas disposiciones nacionales, en virtud del artı́culo 3,             por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de
     apartado 2, de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de            Oviedo (España), destinada a obtener, en el litigio pendiente
     julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada       ante dicho órgano jurisdiccional entre Marı́a Victoria González
     por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de              Sánchez y Medicina Asturiana, S.A., una decisión prejudicial
     1991.                                                                   sobre la interpretación del artı́culo 13 de la Directiva 85/374/
                                                                             CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la
5)   El artı́culo 3, apartado 2, de la Directiva 75/442 debe                 aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias
     interpretarse en el sentido de que no confiere a los particulares       y administrativas de los Estados miembros en materia de
     ningún derecho que puedan invocar ante los órganos jurisdiccio-       responsabilidad por los daños causados por productos defec-
     nales nacionales para obtener la anulación o la inaplicación de       tuosos (DO L 210, p. 29; EE 13/19, p. 8), el Tribunal de
     una normativa nacional comprendida en el ámbito de aplicación         Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. P. Jann (Ponente),
     de esta disposición, porque esta normativa haya sido adoptada          Presidente de Sala, S. von Bahr y C.W.A. Timmermans, Jueces;
     sin haber sido previamente comunicada a la Comisión.                   Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. H. von
                                                                             Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 25 de abril de 2002
6)   Una disposición nacional como el artı́culo 4, párrafo segundo,        una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
     del Decreto no 92-377, en caso de que el órgano jurisdiccional
     remitente la interprete en el sentido de que no implica una
     obligación de marcado o de etiquetado, sino que se limita a            El artı́culo 13 de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de
     imponer una obligación general de identificar los envases de los       julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
     que una empresa homologada se hace cargo para su eliminación,          reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia
     puede calificarse de modalidad de venta. Corresponde al órgano         de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos,
     jurisdiccional remitente comprobar si se reúnen los requisitos         debe interpretarse en el sentido de que los derechos que los perjudicados
     establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en          por los daños causados por productos defectuosos tuvieran reconocidos
     este sentido para excluir tal obligación del ámbito de aplicación    conforme a la legislación de un Estado miembro, en virtud de un
     del artı́culo 30 del Tratado (actualmente artı́culo 28 CE, tras         régimen general de responsabilidad que tenga el mismo fundamento
     su modificación), a saber, que la disposición de que se trata se      que el establecido por esta Directiva, pueden verse limitados o
     aplique a todos los operadores afectados que ejerzan su actividad       restringidos como consecuencia de la adaptación del ordenamiento
     en el territorio nacional y que afecte del mismo modo, de hecho         jurı́dico interno de dicho Estado a lo dispuesto en la mencionada
     y de Derecho, a la comercialización de los productos nacionales        Directiva.
     y a la de los procedentes de otros Estados miembros.
                                                                             (1) DO C 192 de 8.7.2000.
(1) DO C 176 de 24.6.2000.


title: Asunto F-93/10: Auto del Tribunal de la Función Pública de 25 de mayo de 2011 — AL/Parlamento

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/43

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 25 de mayo de 2011 — AL/Parlamento
   (Asunto F-93/10) (1)

   2011/C 232/79
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto, después de haberse llegado a una solución amistosa del litigio.

      (1)  DO C 328, de 4.12.2010, p. 61.


title: Asunto T-461/08: Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2008 — Evropaïki Dynamiki/BEI

text:
               24.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/30

         Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2008 — Evropaïki Dynamiki/BEI
   (Asunto T-461/08)
   (2009/C 19/57)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas, Grecia) (representantes: N. Korogiannakis y P. Katsimani, abogados)

      Demandada: Banco Europeo de Inversiones
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del Banco Europeo de Inversiones de no seleccionar la oferta de la demandante y de adjudicar el contrato al contratista seleccionado.

               —

               Que se condene al Banco Europeo de Inversiones a resarcir a la demandante de los daños que ésta sufrió como consecuencia del procedimiento de licitación de que se trata, por importe de 1 940 000 euros.

               —

               Que se condene al Banco Europeo de Inversiones a pagar las costas y los demás gastos en que la demandante incurrió en relación con el presente recurso, incluso aunque éste sea desestimado.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su demanda, interpuesta con arreglo a los artículos 230 CE y 235 CE, la demandante solicita, por un lado, la anulación de la decisión del Banco Europeo de Inversiones de 26 de julio de 2008 por la que se rechazó la oferta de la demandante, presentada en respuesta a la licitación «EIB–Assistance in the Maintenance Support and Development of the loans front Office system (SERAPIS) at the European Investment Bank» (DO 2007/S 176-215155) y, por otro, una indemnización por daños y perjuicios.
   La demandante alega que no se le comunicó el resultado de la licitación y que sólo supo casualmente que se había publicado el anuncio de adjudicación del contrato en el Diario Oficial de 26 de julio de 2008 (1). La demandante sostiene que la demandada adoptó la decisión impugnada infringiendo los principios de transparencia y de igualdad de trato, así como las disposiciones relevantes de la Guía de contratación del BEI y la normativa comunitaria en materia de contratos públicos. Además, afirma que la demandada supuestamente no garantizó una competencia sin distorsiones mediante una infracción reiterada de las obligaciones de transparencia y de igualdad de trato, al no notificar su decisión de adjudicación a la demandante, al no aportar una justificación suficiente de su decisión de adjudicar el contrato a otro licitador, al establecer criterios que han dado como resultado una desigualdad de trato, al confundir los criterios de selección y de concesión y al emplear una fórmula de evaluación discriminatoria de una ratio 75 %-25 %.
   A mayor abundamiento, la demandante afirma que, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia declare que la demandada infringió la normativa comunitaria de contratación pública y/o los principios de transparencia legal y de igualdad de trato, solicita una indemnización pecuniaria por importe del 50 % de 3 880 000 euros (1 940 000 euros) del BEI, que corresponden al margen de beneficios estimado de la mencionada licitación pública, que se habría obtenido si se hubiese adjudicado el contrato a la demandante.
   La demandante solicita también al Tribunal de Primera Instancia que condene en costas a la demandada aunque éste desestime el recurso, con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda vez que considera que la evaluación deficiente por parte de la demandada de la oferta de la demandante, así como el no haber declarado los motivos ni informado a la demandante en el momento oportuno sobre las ventajas de la oferta del adjudicatario obligaron a la demandante a solicitar la tutela judicial ante este Tribunal.

      (1)  DO S 144-192307.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), de 6 de julio de 2004, en el asunto T-117/02: Grupo El Prado Cervera, S.L., contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa CHUFAFIT — Marcas nacionales anteriores denominativa y figurativa CHUFI — Riesgo de confusión — Riesgo de asociación — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94)

text:
               25.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/18

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   (Sala Primera)
   de 6 de julio de 2004
   en el asunto T-117/02: Grupo El Prado Cervera, S.L., contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa CHUFAFIT - Marcas nacionales anteriores denominativa y figurativa CHUFI - Riesgo de confusión - Riesgo de asociación - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94)
   (2004/C 239/36)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-117/02, Grupo El Prado Cervera, S.L., con domicilio social en Valencia (España), representada por el Sr. Koch Moreno, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. J.F. Crespo Carrillo y G. Schneider), en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia es Helene Debuschewitz y otros, en calidad de herederos de Johann Debuschewitz, con domicilio en Rösrath-Forsbach (Alemania), representados por el Sr. E. Krings, abogado, que tiene por objeto un recurso de anulación contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 2002 (asunto R 798/2001-1), relativa al procedimiento de oposición entre Grupo El Prado Cervera, S.L., y J. Debuschewitz, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y el Sr. P. Mengozzi y la Sra. M.E. Martins de Ribeiro, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 6 de julio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 156 de 29.6.2002.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) de 20 de febrero de 1997 en el asunto C-107/95 P: Bundesverband der Bilanzbuchhalter eV contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación - Recurso de anulación - Admisibilidad - Negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento por incumplimiento de Estado - Negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento en base al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE)

text:
5. 4. 97             | ES 1                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 108/5
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                           ( Sala Quinta)                                                       ( Sala Segunda)
                   de 20 de febrero de 1997                                             de 20 de febrero de 1997
en el asunto C-107/95 P: Bundesverband der Bilanzbuch              en el asunto C-128/95 (petición de decisión prejudicial
halter eV contra Comisión de las Comunidades Euro                  planteada por Tribunal de commerce de Lyon ): Fontaine
                               peas ( 1 )                                  SA y otros contra Aqueducs Automobiles SARL (')
                                                                    (Competencia — Distribución de automóviles — Impor
(Recurso de casación — Recurso de anulación — Admisi
                                                                    taciones paralelas — Reglamento (CEE) n" 123/85 —
bilidad — Negativa de la Comisión a iniciar un procedi             Oponibilidad a terceros — Revendedor independiente —
miento por incumplimiento de Estado — Negativa de la                     Concepto de vehículo nuevo y de vehículo de ocasión)
Comisión a iniciar un procedimiento en base al apartado 3
                del artículo 90 del Tratado CE)                                                   97/C 108/08
                          ( 97/C 108/07 )
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
              (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                    cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                                de Justicia »)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                            de Justicia »)                          En el asunto C-128/95 , que tiene por objeto una petición
                                                                    dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                                                                    del Tratado CE, por el tribunal de commerce de Lyon
                                                                    ( Francia ), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
En el asunto C-107/95 P, Bundesverband der Bilanzbuch              dicho órgano jurisdiccional entre Fontaine SA, Garage La
halter eV, asociación alemana con sede en Bonn ( Alema             val SA, Fahy SA, Renault Lyon Ouest FLB Automobiles
nia ), representada por el Sr. Joachim Müller, Abogado do           SA, Diffusion Vallis Auto SA y Horizon Sud SA, y Aque
Munich, que designa como domicilio en Luxemburgo el                 ducs Automobiles SARL, una decisión prejudicial sobre la
despacho del Sr. Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la             interpretación del Reglamento ( CEE) n° 123/85 de la Co
Foire, parte recurrente, que tiene por objeto un recurso de         misión, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplica
casación interpuesto contra el auto del Tribunal de Prime          ción del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a de
ra Instancia de las Comunidades Europeas ( Sala Caurta )            terminadas categorías de acuerdos de distribución y de
de 23 de enero de 1995 , Bilanzbuchhalter/Comisión (T-84/           servicio de venta y de posventa de vehículos automóvi
94, Rec . p. 11-101 ), por el que se solicita que se anule di      les (2 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Segunda ), integrado
cho auto, y en el que la otra parte en el procedimiento es:         por los Sres.: G. F. Mancini, Presidente de Sala; G. Hirsch
Comisión de las Comunidades Europeas, ( Agentes : Sra.              y R. Schintgen ( Ponente ), Jueces; Abogado General : Sr. D.
Marie-José Jonczy y Sr. Norbert Lorenz ), el Tribunal de            Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hu
Justicia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres.: L. Sevón,        beau, administradora principal; ha dictado el 20 de febre
Presidente de la Sala Primera, en funciones de Presidente           ro de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
de la Sala Quinta ( Ponente); C. Gulmann, D. A. O. Ed
ward, J.-P. Puissochet y P. Jann, Jueces; Abogado General :
Sr. A. La Pérgola; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 20       Se declara que el Reglamento (CEE) n° 123/85 de la Co
de febrero de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguien          misión, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplica
te :                                                                ción del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a de
                                                                    terminadas categorías de acuerdos de distribución y de
                                                                    servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles,
                                                                    debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que
1 ) Se desestima el recurso de casación.                            un operador, que no es revendedor autorizado de la red de
                                                                    distribución del constructor de una determinada marca de
                                                                    automóviles ni intermediario con mandato en el sentido
                                                                    del punto 1 1 del artículo 3 de dicho Reglamento, ejerza
2 ) Se condena en costas a la Bundesverband der Bilanz             una actividad de importación paralela y de reventa inde
     buchhalter eV.                                                 pendiente de vehículos nuevos de dicha marca.
(») DO n° C 174 de 8 . 7. 1995 .                                    (') DO n° C 159 de 24 . 6 . 1995 .
                                                                    ( 2 ) DO n°.L 15 de 18 . 1 . 1985 , p . 16 .


title: Asunto C-330/12: Recurso interpuesto el 9 de julio de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/23

         Recurso interpuesto el 9 de julio de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia
   (Asunto C-330/12)
   2012/C 287/43
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Hetsch, L. Nicolae y J. Hottiaux, agentes)

      Demandada: República de Polonia

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declara que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, (1) al no haber aprobado las normas legales y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene a la República de Polonia a pagar una multa coercitiva por un importe diario de 56 095,20 euros, a partir del día en que se dicte la sentencia en el caso de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 TFUE, apartado 3, por inobservancia del deber de comunicar las medidas de transposición de la Directiva.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo para la transposición de la Directiva expiró el 25 de mayo de 2011.

      (1)  DO L 337, p. 37.


title: Asunto T-445/07: Sentencia del Tribunal General de 27 de junio de 2012 — Berning & Söhne/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercados de las cremalleras y de “los demás tipos de cierres” , así como de la maquinaria para fijarlos — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Subidas coordinadas de precios, fijación de precios mínimos, reparto de la clientela y de los mercados e intercambio de otra información comercial — Prueba — Derecho de defensa — Infracción única y continua — Prescripción — Multas — Duración y gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Igualdad de trato — Proporcionalidad» )

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/12

         Sentencia del Tribunal General de 27 de junio de 2012 — Berning & Söhne/Comisión
   (Asunto T-445/07) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercados de las cremalleras y de “los demás tipos de cierres”, así como de la maquinaria para fijarlos - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Subidas coordinadas de precios, fijación de precios mínimos, reparto de la clientela y de los mercados e intercambio de otra información comercial - Prueba - Derecho de defensa - Infracción única y continua - Prescripción - Multas - Duración y gravedad de la infracción - Circunstancias atenuantes - Igualdad de trato - Proporcionalidad)
   2012/C 243/21
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Berning & Söhne GmbH & Co. KG (Wuppertal, Alemania) (representantes: P. Niggemann y K. Gaßner, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: K. Mojzesowicz y R. Sauer, agentes)

      Objeto

   Con carácter principal, anulación de la Decisión C(2007) 4257 final de la Comisión, de 19 de septiembre de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 (CE) (Asunto COMP/39.168 — PO/Artículos de mercería metálicos y plásticos: Cierres), y, con carácter subsidiario, petición de reducción de la multa impuesta a la demandante por esta Decisión.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Berning & Söhne GmbH & Co. KG.

      (1)  DO C 37, de 9.2.2008.


title: Asunto T-9/15: Recurso interpuesto el 9 de enero de 2015 — Ball Europe/OAMI — Crown Hellas Can

text:
               16.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 89/32

         Recurso interpuesto el 9 de enero de 2015 — Ball Europe/OAMI — Crown Hellas Can
   (Asunto T-9/15)
   (2015/C 089/39)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Ball Europe GmbH (Zúrich, Suiza) (representante: A. Renck, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Crown Hellas Can SA (Atenas, Grecia)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular del dibujo o modelo controvertido: La demandante

      Dibujo o modelo controvertido: Dibujo comunitario no 230 990-0006

      Resolución impugnada: Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 8 de septiembre de 2014 en el asunto R 1408/2012-3

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas, incluidas las de la demandante, a la demandada y, en caso de que intervenga como coadyuvante, también a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 25, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 6 del Reglamento no 6/2002.

               —

               Infracción del artículo 62 del Reglamento no 6/2002.


title: Asunto C-553/08 P: Recurso de casación interpuesto el 16 de diciembre de 2008 por Powerserv Personalservice GmbH, anteriormente Manpower Personalservice GmbH, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 15 de octubre de 2008 en el asunto T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/19

         Recurso de casación interpuesto el 16 de diciembre de 2008 por Powerserv Personalservice GmbH, anteriormente Manpower Personalservice GmbH, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 15 de octubre de 2008 en el asunto T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-553/08 P)
   (2009/C 69/35)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: Powerserv Personalservice GmbH, anteriormente Manpower Personalservice GmbH (representante: B. Kuchar, Rechtsanwältin)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Manpower Inc.
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia de 15 de octubre de 2008 en el asunto T-405/05 y que se anule igualmente la marca comunitaria no 76059 para todos los productos y servicios.

               —

               Que se anule la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia de 15 de octubre de 2008 en el asunto T-405/05, en la medida en que no se aportó la prueba del carácter distintivo adquirido por la marca comunitaria, y que se devuelvan los autos al Tribunal de Primera Instancia.

               —

               En cualquier caso, que se condene a la OAMI y a la titular de la marca comunitaria a cargar con sus propias costas y con las de la parte demandante correspondientes a los procedimientos ante la Sala de Recurso de la OAMI, ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia por la que se desestimó la demanda de la recurrente solicitando la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en lo sucesivo, «OAMI»), de 22 de julio de 2005, relativa a la anulación de la marca comunitaria «MANPOWER». Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la marca comunitaria «MANPOWER» únicamente era descriptiva, respecto a los productos para los que se había registrado, en el Reino Unido, en Irlanda, en Alemania y en Austria, y confirmó la resolución de la Sala de Recurso a cuyo tenor la marca en cuestión había adquirido carácter distintivo en los Estados miembros en los que es descriptiva mediante su uso.
   Como motivos de casación, se alegan la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), y del artículo 51, apartado 2, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra c), y el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
   Contrariamente a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, la recurrente afirma que —como acertadamente declaró la Sala de Recurso de la OAMI— el signo «MANPOWER» es también descriptivo en los Países Bajos, en Suecia, en Dinamarca y en Finlandia, así como en todos los demás Estados que eran miembros de la Comunidad antes del 1 de mayo de 2004. Según ella, si el Tribunal de Primera Instancia hubiese tenido en cuenta el hecho de que, con arreglo a una estadística de la Comisión Europea, el 47 % de la población de referencia en la Comunidad habla inglés, debería haber llegado a la conclusión de que la marca denominativa «MANPOWER», además de en Alemania y en Austria, también es descriptiva en otros Estados miembros de la Unión Europea, en particular, los Países Bajos, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Asimismo señala que, en lo que respecta a los demás Estados que eran miembros de la Comunidad antes del 1 de mayo de 2004, el Tribunal de Primera Instancia ignora que el público relevante, debido a su formación escolar obligatoria en cada uno de esos Estados miembros, dispone de unas nociones de inglés suficientes sobre vocabulario básico, como las palabras «MAN» y «POWER», para comprender su significado y por lo tanto también para percibir la palabra «MANPOWER» como descriptiva con respecto a los productos y servicios del titular de la marca. La recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia, sin embargo, no sólo no proporciona ninguna fundamentación de por qué a la población, excepto a la del Reino Unido e Irlanda, no deberían reconocérsele unos conocimientos siquiera básicos de inglés, sino que contradice además su jurisprudencia anterior, con arreglo a la cual también al conjunto de la población fuera del Reino Unido e Irlanda se le reconocen ciertos conocimientos de inglés en relación con la percepción de una marca.
   La recurrente alega que, en relación con la prueba del carácter distintivo adquirido mediante el uso, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error en la medida en que amplió el público relevante con respecto a la resolución de la Sala de Recurso, sin apreciar nuevamente las pruebas existentes del carácter distintivo. Aun cuando se aceptase la tesis del Tribunal de Primera Instancia, según la cual la prueba de la notoriedad únicamente debe aportarse con respecto al Reino Unido, Irlanda, Alemania y Austria, dicho órgano jurisdiccional, a la vista de la ampliación del mercado de referencia, debería haber anulado en ese punto la resolución de la Sala de Recurso y devuelto el asunto a ésta. Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia incurrió también en un error al confirmar la tesis de la Sala de Recurso relativa a un «efecto de propagación» de la eventual notoriedad de la marca denominativa controvertida del Reino Unido a Irlanda, pese a que no cabe admitir una «propagación» de la notoriedad de una marca en el mercado ni de un Estado miembro a otro, ni de un producto o servicio a otro.


title: Archivo del asunto C-350/01

text:
C 144/32              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    15.6.2002
              Archivo del asunto C-282/01 (1)                      archivar el asunto C-288/01 (petición de decisión prejudicial):
                                                                   Ulf Thomsen contra Finanzamt Flensburg.
                       (2002/C 144/66)
                                                                   (1) DO C 275 de 29.9.2001.
Mediante auto de 21 de marzo de 2002, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-282/01: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República portuguesa.
                                                                                Archivo del asunto C-350/01 (1)
(1) DO C 245 de 1.9.2001.
                                                                                (2002/C 144/69)
                                                                   Mediante auto de 6 de marzo de 2002, el Presidente del
              Archivo del asunto C-287/01 (1)                      Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                   archivar el asunto C-350/01: Comisión de las Comunidades
                       (2002/C 144/67)                             Europeas contra República italiana.
                                                                   (1) DO C 317 de 10.11.2001.
Mediante auto de 11 de abril de 2002, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-287/01: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República francesa.
(1) DO C 245 de 1.9.2001.                                                         Archivo del asunto C-409/01 (1)
                                                                                (2002/C 144/70)
              Archivo del asunto C-288/01 (1)                      Mediante auto de 22 de marzo de 2002, el Presidente del
                                                                   Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                       (2002/C 144/68)                             archivar el asunto C-409/01 (petición de decisión prejudicial
                                                                   del Tribunale Civile e Penale di L’Aquila): Rolando Salusest
                                                                   contra Giovanni Petrucci.
Mediante auto de 6 de marzo de 2002, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       (1) DO C 348 de 8.12.2001.


title: Asunto T-415/06 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de diciembre de 2006 por De Smedt contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-59/05, De Smedt/Comisión

text:
               24.2.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 42/43

         Recurso de casación interpuesto el 29 de diciembre de 2006 por De Smedt contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-59/05, De Smedt/Comisión
   (Asunto T-415/06 P)
   (2007/C 42/75)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Elisabeth De Smedt (Wezembeek-Oppem, Bélgica) (representantes: L. Vogel y R. Kechiche, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule íntegramente la sentencia impugnada, dictada el 19 de octubre de 2006, por la Segunda Sala del Tribunal de la Función Pública notificada por correo certificado de 19 de octubre de 2006, mediante la que se desestimó el recurso interpuesto por la demandante con fecha 8 de julio de 2005.

               —

               Que se estimen las pretensiones de la demandante en el citado recurso, que interpuso el 8 de julio de 2005.

               —

               Que se condene a la parte demandada y a la parte coadyuvante al pago de las costas, con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, incluidos los gastos necesarios efectuados con motivo del procedimiento, y en especial los gastos de domiciliación, desplazamiento y estancia así como los honorarios de abogados, de conformidad con el artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   En la sentencia de 19 de octubre de 2006, cuya anulación se solicita en el marco del presente recurso de casación, el Tribunal de la Función Pública desestimó el recurso interpuesto por la demandante que tenía por objeto, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión de 21 de marzo de 2005, por la que se fijó la clasificación y la remuneración de la demandante, antigua agente auxiliar contratada como agente contractual, así como, por otra parte, una indemnización de daños y perjuicios.
   En apoyo de la demanda de anulación de la citada sentencia, la demandante invoca dos motivos el primero de ellos se basa en la infracción del artículo 80, apartado 3, del régimen aplicable a otros agentes (RAA) (1), así como en un error manifiesto de apreciación. La demandante alega que, al desestimar el primer motivo de su recurso inicial porque la Comisión estaba obligada a respetar un calendario que había sido establecido, a tenor del Reglamento no 723/2004 (2), para la sustitución del antiguo estatuto de agente auxiliar por el nuevo estatuto de agente contractual, el Tribunal de la Función Pública permitía a la Comisión no respetar todos los procedimientos previos a las primeras contrataciones de agentes contractuales, infringiendo el artículo 80, apartado 3, RAA.
   El segundo motivo del recurso de casación está basado en la vulneración del principio de no discriminación, de falta de motivación y de falta de respuesta a los escritos de la demandante en el marco de la desestimación del segundo motivo de su recurso inicial, que se dedujo de la situación discriminatoria en la que la demandante estaba obligada a trabajar, en comparación con otras personas que ejercen funciones idénticas a las suyas, dentro del mismo servicio de la Comisión. La demandante reprocha al Tribunal de la Función Pública que no le diese una respuesta adecuada a sus explicaciones a este respecto y que se limitase a desestimar el motivo utilizando una fórmula abstracta.

      (1)  Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (RAA) fue definido por el artículo 3 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968 por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el RAA (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129).

      (2)  Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 124, p. 1).


title: Asunto T-271/05: Recurso interpuesto el 8 de julio de 2005 por Miriam Arana de la Cal contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/31

         Recurso interpuesto el 8 de julio de 2005 por Miriam Arana de la Cal contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-271/05)
   (2005/C 229/67)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de julio de 2005 un recurso contra Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Miriam Arana de la Cal, con domicilio en Saint-Gilles (Bélgica), representada por Me Lucas Vogel, abogado.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión adoptada por la autoridad facultada para proceder a la contratación (AFPC) el 21 de marzo de 2005, mediante la cual se desestimó la petición, recalificada como reclamación, presentada por la demandante el 30 de noviembre de 2004, contra la decisión por la que se establece la clasificación y la retribución asignadas a la demandante, en su condición de agente contractual, con arreglo al contrato que entró en vigor el 16 de septiembre de 2004.

               —

               En la medida en que resulte necesario, anule también dicha decisión anterior mediante la que se habían establecido la clasificación y la retribución de la demandante, en su condición de agente contractual, según el contrato que entró en vigor el 16 de septiembre de 2004.

               —

               Condene a la parte demandada a satisfacer una indemnización de 25 000 euros, sin perjuicio de su eventual incremento, disminución o precisiones ulteriores.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los invocados en el asunto T-253/05, Fernández Tunon/Comisión.


title: Asunto C-145/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Eva-Maria Painer/Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG [Competencia judicial en materia civil — Reglamento (CE) n ° 44/2001 — Artículo 6, número 1 — Pluralidad de demandados — Directiva 93/98/CEE — Artículo 6 — Protección de fotografías — Directiva 2001/29/CE — Artículo 2 — Reproducción — Utilización de un retrato fotográfico como modelo para elaborar un retrato-robot — Artículo 5, apartado 3, letra d) — Excepciones y limitaciones para citas — Artículo 5, apartado 3, letra e) — Excepciones y limitaciones con fines de seguridad pública — Artículo 5, apartado 5]

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Eva-Maria Painer/Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG
   (Asunto C-145/10) (1)

   (Competencia judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 44/2001 - Artículo 6, número 1 - Pluralidad de demandados - Directiva 93/98/CEE - Artículo 6 - Protección de fotografías - Directiva 2001/29/CE - Artículo 2 - Reproducción - Utilización de un retrato fotográfico como modelo para elaborar un retrato-robot - Artículo 5, apartado 3, letra d) - Excepciones y limitaciones para citas - Artículo 5, apartado 3, letra e) - Excepciones y limitaciones con fines de seguridad pública - Artículo 5, apartado 5)
   2012/C 32/11
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Handelsgericht Wien

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Eva-Maria Painer

      Demandadas: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Handelsgericht Wien — Interpretación del artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), y de los artículos 1, apartado 1, 5, apartado 3, letras d) y e) y apartado 5, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10) — Publicación de fotografías en varios periódicos sin autorización del autor y sin mención correcta — Competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de varios recursos interpuestos, debido a la misma violación de los derechos de autor, contra diferentes demandados y basados en normas jurídicas sustancialmente idénticas del Derecho de dos Estados miembros — Violación de derechos de autor justificada por objetivos de seguridad pública.

      Fallo

               1)

               El artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no impide su aplicación el mero hecho de que las demandas presentadas contra varios demandados por violaciones sustancialmente idénticas de derechos de autor se basen en legislaciones nacionales diferentes, según los Estados miembros. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional, a la luz de todos los elementos obrantes en autos, apreciar si existe el riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si las demandas fueran juzgadas por separado.

               2)

               El artículo 6 de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, debe interpretarse en el sentido de que un retrato fotográfico puede ser protegido por derechos de autor, en virtud de dicha disposición, siempre que sea una creación intelectual del autor que refleje su personalidad y que se manifieste por las decisiones libres y creativas del mismo al realizarlo, lo cual corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional en cada caso concreto. Dado que se ha acreditado que el retrato fotográfico de que se trata constituye una obra, su protección no es inferior a aquélla de que goza cualquier otra obra, incluidas las obras fotográficas.

               3)

               El artículo 5, apartado 3, letra e), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en relación con el artículo 5, apartado 5, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que un medio de comunicación, como una editora de prensa, no puede utilizar por su propia iniciativa una obra protegida por derechos de autor invocando un objetivo de seguridad pública. No obstante, no cabe excluir que tal medio pueda contribuir puntualmente al logro de un objetivo de esa naturaleza publicando una fotografía de una persona a la que se busca. Debe exigirse que esta iniciativa, por una parte, se inscriba en el contexto de una decisión adoptada o de una acción llevada a cabo por las autoridades nacionales competentes con objeto de garantizar la seguridad pública y, por otra, se tome de acuerdo y de forma coordinada con dichas autoridades, para evitar el riesgo de ir contra las medidas adoptadas por éstas, sin que sea necesario un llamamiento concreto, actual y expreso de las autoridades de seguridad para la publicación de una fotografía con fines de búsqueda.

               4)

               El artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29, en relación con el artículo 5, apartado 5, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no impide su aplicación el hecho de que un artículo de prensa que cita una obra o prestación protegida no sea una obra literaria protegida por derechos de autor.

               5)

               El artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29, en relación con el artículo 5, apartado 5, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que su aplicación está supeditada a la obligación de indicar la fuente, con inclusión del nombre del autor o del intérprete, de la obra o prestación protegida citada. No obstante, si, conforme al artículo 5, apartado 3, letra e), de la referida Directiva, no se ha indicado el nombre, tal obligación debe considerarse cumplida aunque se haya indicado solamente la fuente.

      (1)  DO C 148, de 5.6.2010.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de septiembre de 2002 en el asunto C-221/01: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica ("Directiva 97/33/CE — Telecomunicaciones — Interconexión de las redes — Interoperabilidad de los servicios")

text:
C 274/14                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            9.11.2002
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Sexta)                                                               (Sala Sexta)
                   de 19 de septiembre de 2002                                                de 19 de septiembre de 2002
                                                                           en el asunto C-221/01: Comisión de las Comunidades
en el asunto C-433/00 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                                Europeas contra Reino de Bélgica ( 1)
Landgericht Köln): Aventis Pharma Deutschland GmbH
contra Kohlpharma GmbH, MTK Pharma Vertriebs-
                                GmbH (1)                                   («Directiva 97/33/CE — Telecomunicaciones — Intercone-
                                                                                xión de las redes — Interoperabilidad de los servicios»)
(«Derecho de marcas — Medicamentos — Autorización
       centralizada de comercialización — Reenvasado»)                                                (2002/C 274/23)
                           (2002/C 274/22)                                                    (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           En el asunto C-221/01, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                           peas (agente: Sr. H. van Lier) contra Reino de Bélgica (agente:
                                                                           inicialmente el Sr. F. van de Craen, y posteriormente la Sra.
                                                                           A. Snoecx), que tiene por objeto que se declare que el Reino de
En el asunto C-433/00, que tiene por objeto una petición                   Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,          virtud de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del
por el Landgericht Köln (Alemania), destinada a obtener, en el             Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Aventis           en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el
Pharma Deutschland GmbH y Kohlpharma GmbH, MTK                             servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación
Pharma Vertriebs-GmbH, una decisión prejudicial sobre la                   de los principios de la oferta de red abierta (ONP) (DO L 199,
interpretación del Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo,                p. 32), al no haber adoptado todas las disposiciones legales,
de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos            reglamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a
comunitarios para la autorización y supervisión de medica-                 dicha Directiva y, en particular, a sus artículos 7, apartado 5,
mentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la                 9, apartado 3, y 14, apartados 1 y 2, el Tribunal de Justicia
Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO                     (Sala Sexta), integrado por la Sra. F. Macken, Presidenta de
L 214, p. 1), así como de las normas de Derecho comunitario                Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. C. Gulmann (Ponente),
relativas a la libre circulación de medicamentos, el Tribunal de           R. Schintgen y V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr.
Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra. F. Macken, Presidenta         F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 19 de
de Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. C. Gulmann (Ponente),           septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
J.-P. Puissochet y V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr.
F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal,
ha dictado el 19 de septiembre de 2002 una sentencia cuyo                  1)     El Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le
fallo es el siguiente:                                                            incumben en virtud de la Directiva 97/33/CE del Parlamento
                                                                                Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la
                                                                                interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a
El Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de                     garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante
1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la                la aplicación de los principios de la oferta de red abierta
autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y                        (ONP), al no haber adoptado todas las disposiciones legales,
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación            reglamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a
de Medicamentos, se opone a que un medicamento, que es objeto de                  los artículos 7, apartado 5, y 9, apartado 3, de la Directiva,
dos autorizaciones centralizadas de comercialización diferentes para,             así como a su artículo 14, apartado 1, en relación con el
respectivamente, la caja de cinco unidades y la caja de diez unidades,            artículo 12, apartado 4.
sea comercializado en un embalaje constituido por dos cajas de cinco
unidades, unidas y reetiquetadas.                                          2)     Condenar en costas al Reino de Bélgica.
( 1) DO C 45 de 10.2.2001.                                                 (1 ) DO C 227 de 11.8.2001.