title: Asunto C-177/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 21 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Directiva 2001/42/CE — Evaluación de las incidencias de determinados planes y programas en el medio ambiente — Artículo 3, apartado 2, letra b) — Margen de apreciación de los Estados miembros)

text:
               18.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 250/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 21 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis
   (Asunto C-177/11) (1)

   (Directiva 2001/42/CE - Evaluación de las incidencias de determinados planes y programas en el medio ambiente - Artículo 3, apartado 2, letra b) - Margen de apreciación de los Estados miembros)
   2012/C 250/11
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Symvoulio tis Epikrateias

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton

      Demandadas: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Symvoúlio tis Epikrateías — Interpretación del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197, p. 30) y de los artículos 6 y 7 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7) — Requisito, para evaluar el impacto medioambiental de un plan o de un programa concretos, de tener un eventual impacto significativo en una zona especial de conservación — Margen de apreciación de los Estados miembros.

      Fallo

   El artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, debe interpretarse en el sentido de que supedita la obligación de someter un plan determinado a una evaluación medioambiental a que en dicho plan concurran los requisitos que hagan necesario que dicho plan se someta a una evaluación en el sentido de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en su versión modificada por la Directiva 2006/105/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, incluido el requisito de que el plan puede afectar al lugar de que se trata de forma apreciable. El examen efectuado para comprobar si se cumple dicho requisito se limita necesariamente a saber si puede excluirse, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecta al lugar de que trata de forma apreciable.

      (1)  DO C 194, de 2.7.2011.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 9 de diciembre de 2004, en el asunto C-333/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo («Incumplimiento de Estado — Directiva 1999/92/CE — Protección de los trabajadores — Exposición a los riesgos derivados de atmósferas explosivas — No adaptación del Derecho interno»)

text:
               5.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 31/4

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 9 de diciembre de 2004
   en el asunto C-333/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 1999/92/CE - Protección de los trabajadores - Exposición a los riesgos derivados de atmósferas explosivas - No adaptación del Derecho interno»)
   (2005/C 31/09)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-333/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 2 de agosto de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. D. Martin y H. Kreppel) contra Gran Ducado de Luxemburgo (agente: Sr. S. Schreiner), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. A. Borg Barthet, Presidente de Sala (Ponente), y los Sres. J. Malenovský y U. Lõhmus, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 9 de diciembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas (Decimoquinta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      (1)  DO C 228, de 11.9.2004.


title: Asunto T-549/16: Auto del Tribunal General de 6 de septiembre de 2017 — Papathanasiou/EUIPO

text:
               23.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 357/32

         Auto del Tribunal General de 6 de septiembre de 2017 — Papathanasiou/EUIPO
   (Asunto T-549/16) (1)

   (2017/C 357/42)
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 221 de 6.7.2015 (asunto registrado inicialmente en el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea con el número F-64/15 y transferido al Tribunal General de la Unión Europea el 1.9.2016).


title: Asunto C-347/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de septiembre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Feldkirch — Austria) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG [Reglamento (CE) n o  44/2001 — Artículos 9, apartado 1, letra b), y 11, apartado 2 — Competencia en materia de seguros — Accidente de circulación — Subrogación ex lege en los derechos de la víctima en beneficio de un organismo de seguridad social — Acción de reembolso contra el asegurador de la persona supuestamente responsable — Objetivo de protección de la parte más débil]

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/22

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de septiembre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Feldkirch — Austria) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG
   (Asunto C-347/08) (1)

   (Reglamento (CE) no 44/2001 - Artículos 9, apartado 1, letra b), y 11, apartado 2 - Competencia en materia de seguros - Accidente de circulación - Subrogación ex lege en los derechos de la víctima en beneficio de un organismo de seguridad social - Acción de reembolso contra el asegurador de la persona supuestamente responsable - Objetivo de protección de la parte más débil)
   2009/C 267/38
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landesgericht Feldkirch

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Vorarlberger Gebietskrankenkasse

      Demandada: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Landesgericht Feldkirch — Interpretación de los artículos 9, apartado 1, letra b), y 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1) — Competencia en materia de seguros — Acción interpuesta en virtud de una subrogación legal por un organismo de la seguridad social ante un tribunal del lugar de establecimiento de dicho organismo contra un asegurador establecido en el territorio de otro Estado miembro

      Fallo

   La remisión que realiza el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, al artículo 9, apartado 1, letra b), de éste debe interpretarse en el sentido de que un organismo de seguridad social, subrogado ex lege en los derechos de la persona directamente perjudicada en un accidente de circulación, no puede entablar una acción directa ante los tribunales del Estado miembro en que está sito su establecimiento contra la entidad aseguradora de la persona supuestamente responsable del citado accidente, que tiene su domicilio en otro Estado miembro.

      (1)  DO C 272, de 25.10.2008.


title: Asunto C-125/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — VW Audi Forhandlerforeningen, en representación de Vulcan Silkeborg A/S/Skandinavisk Motor Co. A/S (Competencia — Acuerdo de distribución de vehículos automóviles — Exención por categoría — Reglamento (CE) n o  1475/95 — Artículo 5, apartado 3 — Resolución por el proveedor — Entrada en vigor del Reglamento (CE) n o  1400/2002 — Necesidad de reorganizar la red de distribución — Plazo de preaviso — Motivación — Carga de la prueba)

text:
               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — VW Audi Forhandlerforeningen, en representación de Vulcan Silkeborg A/S/Skandinavisk Motor Co. A/S
   (Asunto C-125/05) (1)

   (Competencia - Acuerdo de distribución de vehículos automóviles - Exención por categoría - Reglamento (CE) no 1475/95 - Artículo 5, apartado 3 - Resolución por el proveedor - Entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1400/2002 - Necesidad de reorganizar la red de distribución - Plazo de preaviso - Motivación - Carga de la prueba)
   (2006/C 261/08)
   Lengua de procedimiento: danés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Østre Landsret
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: VW-Audi Forhandlerforeningen, en representación de Vulcan Silkeborg A/S

      Demandada: Skandinavisk Motor Co. A/S
   Objeto
   Petición de decisión Prejudicial — Østre Landsret — Interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO L 145, p. 25) — Resolución del contrato por el proveedor en caso de que resulte necesario reorganizar toda la red o una parte sustancial de la misma — Obligación de motivación y alcance de tal obligación
   Fallo
   El artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, debe interpretarse en el sentido de que:

               —

               La existencia de la «necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red» presupone una modificación significativa, tanto desde una perspectiva material como geográfica, de las estructuras de distribución del proveedor de que se trate, modificación que debe justificarse de modo plausible por motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas internas o externas a la empresa del proveedor, las cuales, habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este último y a falta de una rápida reorganización de la red de distribución del mismo, podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras existentes de dicha red. A este respecto, son pertinentes las posibles consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría sufrir en el supuesto de que resolviera el acuerdo de distribución con un preaviso de dos años. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen, si se cumplen estos requisitos.

               —

               Cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales nacionales o ante los órganos de arbitraje la legalidad de una resolución con un preaviso de un año, incumbe al proveedor probar que se han cumplido los requisitos establecidos en esta disposición para la aplicación del derecho de resolución con un preaviso de un año. Las modalidades de aportación de esta prueba están reguladas por el Derecho nacional.

               —

               No impone al proveedor que resuelve un acuerdo de distribución con arreglo a esta disposición la obligación de motivar formalmente la decisión de resolución ni la de elaborar, con anterioridad a ésta, un plan de reorganización.

               —

               La entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, no hizo necesario, por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento no 1475/95. Sin embargo, en función de la organización específica de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran unos cambios de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es el caso en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen.

      (1)  DO C 143 de 11.6.2005.


title: Asunto C-132/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 14 de marzo de 2017 — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

text:
               3.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 14 de marzo de 2017 — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV
   (Asunto C-132/17)
   (2017/C 213/22)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente en casación: Peugeot Deutschland GmbH

      Recurrida en casación: Deutsche Umwelthilfe eV

      Cuestión prejudicial

   ¿Explota un servicio de comunicación audiovisual en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2010/13/UE (1) una persona que mantiene un canal de vídeo en el servicio de internet YouTube desde el cual los usuarios de internet pueden visualizar breves vídeos publicitarios de nuevos modelos de automóvil?

      (1)  Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (DO 2010, L 95, p. 1).


title: Asunto C-30/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Prešov — Eslovaquia) — Valeria Marcinová/Pohotovost’ s.r.o.

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/14

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Prešov — Eslovaquia) — Valeria Marcinová/Pohotovost’ s.r.o.
   (Asunto C-30/12) (1)

   2013/C 101/29
   Lengua de procedimiento: eslovaco
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 98, de 31.3.2012.


title: Asunto T-513/15: Sentencia del Tribunal General de 16 de febrero de 2017— Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión Limbic® Map — Falta de carácter descriptivo — Motivo de denegación absoluto — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               3.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 104/46

         Sentencia del Tribunal General de 16 de febrero de 2017— Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map)
   (Asunto T-513/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca denominativa de la Unión Limbic® Map - Falta de carácter descriptivo - Motivo de denegación absoluto - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2017/C 104/64)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Múnich, Alemania) (representantes: R. Kunze y G. Würtenberger, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: M. Fischer, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de junio de 2015 (asunto R 1973/2014-1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo Limbic® Map como marca de la Unión Europea.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 23 de junio de 2015 (asunto R 1973/2014-1).

               2)

               La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Gruppe Nymphenburg Consult AG.

      (1)  DO C 354 de 26.10.2015.


title: Asunto T-519/13: Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2014 — Leder & Schuh International/OAMI — Epple (VALDASAAR) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa VALDASAAR — Marca comunitaria denominativa anterior Val d’Azur — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               2.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 34/38

         Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2014 — Leder & Schuh International/OAMI — Epple (VALDASAAR)
   (Asunto T-519/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa VALDASAAR - Marca comunitaria denominativa anterior Val d’Azur - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 034/44)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Leder & Schuh International AG (Salzburgo, Austria) (representante: S. Korn, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representantes: A. Pohlmann, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Valerie Epple (Bronnen, Alemania)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 9 de julio de 2013 (asunto R 719/2012-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Valerie Epple y Leder & Schuh International AG.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Leder & Schuh International AG.

      (1)  DO C 334, de 23.11.2013.


title: Asuntos acumulados C-57/09 y C-101/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Bundesrepublik Deutschland/B (C-57/09), D (C-101/09) (Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria — Artículo 12 — Exclusión del estatuto de refugiado — Artículo 12, apartado 2, letras b) y c) — Concepto de grave delito común — Concepto de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas — Pertenencia a una organización implicada en actos de terrorismo — Inscripción ulterior de dicha organización en la lista de personas, grupos y entidades que constituye el anexo de la Posición Común 2001/931/PESC — Responsabilidad individual por una parte de los actos cometidos por dicha organización — Requisitos — Derecho de asilo en virtud del Derecho constitucional nacional — Compatibilidad con la Directiva 2004/83/CE)

text:
               15.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Bundesrepublik Deutschland/B (C-57/09), D (C-101/09)
   (Asuntos acumulados C-57/09 y C-101/09) (1)

   (Directiva 2004/83/CE - Normas mínimas relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria - Artículo 12 - Exclusión del estatuto de refugiado - Artículo 12, apartado 2, letras b) y c) - Concepto de «grave delito común» - Concepto de «actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas» - Pertenencia a una organización implicada en actos de terrorismo - Inscripción ulterior de dicha organización en la lista de personas, grupos y entidades que constituye el anexo de la Posición Común 2001/931/PESC - Responsabilidad individual por una parte de los actos cometidos por dicha organización - Requisitos - Derecho de asilo en virtud del Derecho constitucional nacional - Compatibilidad con la Directiva 2004/83/CE)
   2011/C 13/07
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesverwaltungsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Bundesrepublik Deutschland

      Demandadas: B (C-57/09), D (C-101/09)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesverwaltungsgericht (Alemania) — Interpretación de los artículos 3 y 12, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO L 304, p. 12) — Nacional de un país tercero que ha apoyado activamente, en su país de origen, la lucha armada de una organización que figura en la lista de las organizaciones terroristas incluidas en el anexo a la Posición común 2002/340/PESC del Consejo, de 17 de junio de 2002 (DO L 160, p. 32) y que ha sido torturado y condenado dos veces a cadena perpetua en ese país — Aplicación de las disposiciones de la Directiva 2004/83/CE que permiten denegar el estatuto de refugiado a un solicitante que haya desarrollado actividades terroristas en su país de origen — Facultad de los Estados miembros de conceder el estatuto de refugiado sobre la base de sus normas constitucionales en el caso de que concurra un motivo de exclusión de este estatuto previsto por la citada Directiva.

      Fallo

               1)

               El artículo 12, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           El hecho de que una persona haya pertenecido a una organización incluida en la lista que figura en el anexo a la Posición común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, como consecuencia de su implicación en actos de terrorismo y de que haya apoyado activamente la lucha armada emprendida por esta organización no constituye automáticamente un motivo fundado para pensar que esa persona ha cometido un «grave delito común» o «actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas».

                           —

                           En ese contexto, para concluir que hay motivos fundados para pensar que una persona ha cometido un crimen de ese tipo o se ha hecho culpable de tales actos es preciso, habida cuenta del nivel de prueba exigido por el mencionado artículo 12, apartado 2, llevar a cabo una apreciación caso por caso de los hechos concretos con el fin de determinar si los actos cometidos por la organización de que se trata reúnen los requisitos establecidos en las citadas disposiciones y si puede imputarse a la persona de que se trata una responsabilidad individual por la comisión de esos actos.

               2)

               La exclusión del estatuto de refugiado con arreglo al artículo 12, apartado 2, letras b) o c), de la Directiva 2004/83 no presupone que la persona interesada represente un peligro actual para el Estado miembro de acogida.

               3)

               La exclusión del estatuto de refugiado prevista en el artículo 12, apartado 2, letras b) o c), de la Directiva 2004/83 no exige que se realice un examen de proporcionalidad en el caso concreto.

               4)

               El artículo 3 de la Directiva 2004/83 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros pueden reconocer el derecho de asilo en virtud de su Derecho nacional a una persona excluida del estatuto de refugiado con arreglo al artículo 12, apartado 2, de dicha Directiva siempre que ello no suponga un riesgo de confusión entre esa otra clase de protección y el estatuto de refugiado en el sentido de la Directiva.

      (1)  DO C 129, de 6.6.2009.


title: Asunto F-104/06: Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2006 — Arpaillange y otros/Comisión

text:
               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/35

         Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2006 — Arpaillange y otros/Comisión
   (Asunto F-104/06)
   (2006/C 261/73)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chile, Chile) y otros (representantes: S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anulen las decisiones de la autoridad competente para celebrar los contratos (ACCC), por las que se fijaron las condiciones de contratación de los demandantes, tal como resultan de sus contratos de agentes contractuales, en la medida en que el número de años de experiencia profesional que les reconoce la ACCC es inferior al número de años de experiencia profesional efectivamente acumulados por los demandantes.

               —

               Que se señalen a la ACCC los efectos que conlleva la anulación de las decisiones impugnadas y, en particular, una nueva clasificación de los demandantes en grado y escalón que tenga en cuenta su experiencia profesional efectiva y su antigüedad como expertos individuales.

               —

               Que los contratos de los demandantes se transformen, en su caso, en contratos de duración indefinida.

               —

               Que se condene a la demandada a pagar a los demandantes la diferencia entre el sueldo correspondiente al grado y escalón en que se les clasificó y el sueldo correspondiente al grado y escalón en que hubieran debido ser clasificados, incrementado con intereses de demora.

               —

               Con carácter subsidiario, que se condene a la demandada a reparar el perjuicio sufrido por los demandantes, en términos de pérdida de ingresos, debido a su paso de la situación de experto individual a la de agente contractual, mediante el pago de una indemnización compensatoria mensual, por una parte, y a abonar a los demandantes la diferencia entre el sueldo que perciben desde su entrada en funciones como agentes contractuales y el salario incrementado con la indemnización antes citada, más los intereses de demora, por otra.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Tras haber trabajado durante varios años en delegaciones de la Comisión fuera de la Comunidad como expertos individuales, los demandantes fueron contratados como agentes contractuales, a raíz de la desaparición del otro Estatuto.
   Al clasificar a los demandantes en grado y escalón, la Comisión les reconoció una experiencia profesional inferior a la que ellos estiman haber acumulado efectivamente y, en cualquier caso, inferior a la que se les habría reconocido en el momento de su contratación como expertos individuales.
   En apoyo de su recurso, los demandantes invocan la violación del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (ROA), en la medida en que el artículo 2 de las Disposiciones Generales de Ejecución de 7 de abril de 2004 (DGE), por las que se regula la contratación y el empleo de los agentes contractuales, impone un requisito para la contratación de los agentes contractuales –un año de experiencia profesional adecuada- que no está previsto en el artículo 82 del ROA.
   Asimismo, los demandantes estiman que, al valorar su experiencia profesional, la Comisión vulneró los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, el deber de asistencia y protección y cometió un error manifiesto de apreciación.
   Además, los demandantes invocan la vulneración de principio de igualdad de trato y de no discriminación en la medida en que: en primer lugar, las DGE disponen que un agente con casi veinte años de experiencia sea clasificado en el mismo grado que un agente con sólo siete años de experiencia; en segundo lugar, los agentes contractuales a los que se refiere el artículo 3 bis del ROA, como los demandantes, y aquéllos a los que se refiere el artículo 3 ter del ROA reciben un tratamiento diferente, en términos de posibilidades de clasificación en grado en el momento de la contratación, de valoración de su experiencia profesional y de evolución de carrera, cuando su situación es parecida; en tercer lugar, no se ha previsto para los antiguos expertos individuales una compensación por pérdida de ingresos, como la prevista para los antiguos agentes locales.
   Para terminar, los demandantes alegan una violación del principio del respeto de los derechos adquiridos, por el hecho de una correspondiente reducción de su salario para funciones idénticas, por una parte, y porque no se tuvieron en cuenta los años prestados en su condición de expertos individuales a los efectos de su clasificación en grado y de la transformación de sus contratos de agente contractual de duración definida en contratos de duración indefinida, por otra.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2003 en el asunto T-20/00, Ivo Camacho-Fernandes contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Enfermedad profesional — Exposición al amianto y a otras sustancias — Irregularidad del informe de la comisión médica — Procedimiento en rebeldía)

text:
10.5.2003              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 112/25
Europeas (agentes: los Sres. W. Wils, É. Gippini-Fournier y              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
J. Rivas Andrés), que tiene por objeto un recurso de anulación
de la Decisión de la Comisión, de 26 de agosto de 1999
[SG(99) D/7.040], por la que se desestima una denuncia con                                    de 6 de marzo de 2003
arreglo al artículo 82 CE, Tribunal de Primera Instancia
(Sala Primera ampliada), integrado por el Sr. B. Vesterdorf,
Presidente, y los Sres K. Lenaerts, J. Azizi, N.J. Forwood y             en el asunto T-56/00: Dole Fresh Fruit International Ltd
H. Legal, Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers, administrador; ha         contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las
dictado el 4 de marzo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el                                Comunidades Europeas ( 1)
siguiente:
1)    Desestimar el recurso.                                             («Plátanos — Organización común de mercados — Decisión
                                                                         94/800/CE — Reglamento (CE) no 478/95 — Régimen de
2)    La demandante cargará con sus propias costas y con las de la
                                                                           certificados de exportación — Recurso de indemnización»)
      Comisión.
( 1) DO C 79 de 18.03.2000.                                                                       (2003/C 112/46)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                   de 27 de febrero de 2003                              En el asunto T-56/00, Dole Fresh Fruit International Ltd, con
                                                                         domicilio social en San José (Costa Rica), representada por el Sr.
en el asunto T-20/00, Ivo Camacho-Fernandes contra                       B. O’Connor, Solicitor, que designa domicilio en Luxemburgo,
          Comisión de las Comunidades Europeas (1)                       contra Consejo de la Unión Europea (agentes: los Sres.
                                                                         S. Marquardt y J.-P. Hix) y Comisión de las Comunidades
(Funcionarios — Enfermedad profesional — Exposición al                   Europeas (agentes: inicialmente los Sres. P. Oliver y C. Van der
amianto y a otras sustancias — Irregularidad del informe de              Hauwaert, y, posteriormente, los Sres. L. Visaggio y K. Fitch),
       la comisión médica — Procedimiento en rebeldía)                   que tiene por objeto un recurso de indemnización del perjuicio
                                                                         que la demandante afirma haber sufrido como consecuencia
                         (2003/C 112/45)                                 del establecimiento del régimen de certificados de exportación
                                                                         por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de
                (Lengua de procedimiento: francés)                       1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad
                                                                         Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia,
                                                                         de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales
En el asunto T-20/00, Ivo Camacho-Fernandes, funcionario de              de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), y por el
la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                Reglamento (CE) no 478/95 de la Comisión, de 1 de marzo de
Overijse (Bélgica), representado por Me N. Lhoëst, abogado de            1995, por el que se establecen disposiciones complementarias
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede               de aplicación del Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo en
de la fiduciaria Becker et Cahen, 3, rue des Foyers, contra              lo que se refiere al régimen del contingente arancelario para la
Comisión de las Comunidades Europeas, que tiene por objeto               importación de plátanos en la Comunidad y por el que se
un recurso de anulación de la decisión de la Comisión, de                modifica el Reglamento (CEE) no 1442/93 (DO L 49, p. 13),
10 de febrero de 1999, por la que se deniega el reconocimiento           Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el
del origen profesional del cáncer de pulmón que causó la                 Sr. J.D. Cooke, Presidente, y el Sr. R. García-Valdecasas y la
muerte de la esposa del demandante, el Tribunal de Primera               Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González,
Instancia (Sala Primera), integrado por el Sr. B. Vesterdorf,            administrador principal; ha dictado el 6 de marzo de 2003
Presidente, y los Sres. M. Vilaras y N.J. Forwood, Jueces;               una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 27 de febrero de 2003
una sentencia cuyo fallo es el siguiente: Anular la Decisión de
la Comisión de 10 de febrero de 1999, por la que se deniega              1)    Desestimar el recurso.
el reconocimiento del origen profesional de la enfermedad de
Arlette Fernandes-De Corte.                                              2)    La demandante soportará sus propias costas y las del Consejo y
                                                                               de la Comisión.
1)    Desestimar el recurso en todo lo demás.
2)    Condenar en costas a la Comisión.
                                                                         (1 ) DO C 135 de 13.05.2000.
( 1) DO C 122 de 29.4.00.


title: Asunto C-399/07: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               12.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 92/25

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-399/07) (1)

   (2008/C 92/51)

      Lengua de procedimiento: portugués

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 247 de 20.10.2007.


title: Asunto T-306/06: Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2006 — Air Products and Chemicals/OAMI — Messer Group (INOMIX)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/62

         Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2006 — Air Products and Chemicals/OAMI — Messer Group (INOMIX)
   (Asunto T-306/06)
   (2006/C 326/133)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: Air Products and Chemicals Inc. (Allentown, USA) (representante: S. Heurung, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Messer Group GmbH (Sulzbach, Alemania)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución dictada el 12 de diciembre de 2006 por la Segunda Sala de Recurso de la OAMI en los asuntos R 1226/2005-2 y R 1398/2005-2.

               —

               Que se desestime en su totalidad la solicitud de registro impugnada de la marca «INOMIX» CTM 3 190 031.

               —

               Que se comunique la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia a la OAMI.

               —

               Que se condene a Messer Group al pago de todos los gastos y costas.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Messer Group GmbH

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «INOMIX» para productos incluidos en las clases 1 y 4 — solicitud no CTM 3 190 031

      Titular de la marca o signo invocados en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocados en el procedimiento de oposición: Marca denominativa comunitaria «INOMAXX» para productos incluidos en la clase 1

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición respecto de todos los productos incluidos en la clase 1; desestimación de la oposición respecto de todos los productos incluidos en la clase 4

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso presentado por la demandante (R 1226/2005-2); estimación del recurso presentado por Messer Group GmbH (R 1398/2005-2)

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 del Consejo en la medida en que la Sala de Recurso, entre otros:

               —

               sobreestimó el conocimiento y conciencia de los consumidores no profesionales de gases de soldadura;

               —

               asumió erróneamente que la marca «INOMAXX» era intrínsecamente débil;

               —

               no prestó suficiente atención al hecho de que los bienes en cuestión son en parte idénticos, en parte muy parecidos; y

               —

               no tomó en consideración la impresión global de las marcas en conjunto.


title: Asunto C-262/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de mayo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Neamț — Rumanía) — Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD)/Ministerul Finanțelor Publice (Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículos 2, 3, apartado 1, y 6 — Prohibición de discriminación por razón de la edad — Discriminación operada en función de la pertenencia a una categoría socioprofesional o del lugar de trabajo — Legislación nacional que prohíbe, con ciertos límites, la acumulación de una pensión de jubilación con ingresos salariales derivados del ejercicio de una actividad profesional en el sector público — Cese de oficio de la relación laboral o de la relación de servicio)

text:
               20.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/17

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de mayo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Neamț — Rumanía) — Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD)/Ministerul Finanțelor Publice
   (Asunto C-262/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Directiva 2000/78/CE - Artículos 2, 3, apartado 1, y 6 - Prohibición de discriminación por razón de la edad - Discriminación operada en función de la pertenencia a una categoría socioprofesional o del lugar de trabajo - Legislación nacional que prohíbe, con ciertos límites, la acumulación de una pensión de jubilación con ingresos salariales derivados del ejercicio de una actividad profesional en el sector público - Cese de oficio de la relación laboral o de la relación de servicio))
   (2015/C 236/23)
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Neamț

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD)

      Demandada: Ministerul Finanțelor Publice

      Fallo

   Los artículos 2, apartado 2, y 3, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, no son aplicables a una legislación nacional como la controvertida en el litigio principal, que dispone la cesación de pleno Derecho de la relación laboral o de la relación se servicio de los empleados del sector público que perciban, además, una pensión de jubilación mayor que el salario medio bruto y que no hayan optado, en un plazo determinado, por prorrogar dicha relación laboral o de servicio.

      (1)  DO C 315, de 15.9.2014.


title: Asunto C-354/05: Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2005 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               12.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/13

         Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2005 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-354/05)
   (2005/C 281/26)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 22 de septiembre de 2005 un recurso contra el Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por Muriel Heller y Bernhard Schima, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/55/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, al menos, al no haber informado de ello a la Comisión.

               2)

               Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 1 de julio de 2004.

      (1)  DO L 176, de 15.7.2003, p. 57.


title: Asunto T-376/14: Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2014 —Yassin/Consejo

text:
               28.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/26

         Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2014 —Yassin/Consejo
   (Asunto T-376/14)
   2014/C 245/35
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (El Cairo, Egipto) (representantes: J.-F. Bellis, R. Luff, A Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe y A. Yehia, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Admita el recurso y lo declare fundado.

               —

               Anule la Decisión 2014/153/PESC por cuanto prorroga, hasta el 22 de marzo de 2015, las medidas restrictivas dirigidas contra la demandante y que se recogen en la Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto.

               —

               Condene al Consejo de la Unión Europea a abonar las costas de la instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos que son esencialmente idénticos o similares a los invocados en el marco del asunto T-375/14, Al Naggar/Consejo.


title: Asunto T-332/12: Recurso interpuesto el 23 de julio de 2012 — ING Groep/Comisión

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/35

         Recurso interpuesto el 23 de julio de 2012 — ING Groep/Comisión
   (Asunto T-332/12)
   2012/C 287/65
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: ING Groep NV (Ámsterdam, Países Bajos) (representantes: O. Brouwer, J. Blockx y N. Lorjé, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea C(2012) 3150 final, de 11 de mayo de 2012 [Ayuda SA.28.855 (N 373/2009) (ex C 10/2009 y ex N 528/2008) — Países Bajos/ING — ayuda a la reestructuración].

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración del principio de buena administración y del derecho a ser oído

                           —

                           Mediante el primer motivo alega que la demandada vulneró el principio de buena administración y el derecho a ser oído al no consultar al Estado neerlandés ni a ING respecto de los hechos y de sus opiniones y planteamientos que eran pertinentes en relación con su conclusión de que la modificación de las condiciones de la aportación de capital de base de categoría 1 (core-tier 1 capital) constituía una ayuda en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 10.

               2)

               Segundo motivo, basado en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación

                           —

                           Mediante el segundo motivo alega que la demandada incurrió en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación al aplicar el principio del inversor en una economía de mercado («PIEM») y no efectuó una motivación suficiente al calificar la modificación de la aportación de capital de base de categoría 1 (core-tier 1 capital) como una ayuda de Estado y una circunstancia agravante a efectos de la apreciación de las medidas compensatorias.

               3)

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), de los principios de buena administración, de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de igualdad de trato y de la obligación de motivación

                           —

                           Mediante el tercer motivo alega que la demandada infringió el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), los principios de buena administración, de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de igualdad de trato y la obligación de motivación al no tener en cuenta el importe de la ayuda cuando apreció las medidas compensatorias, y al calcular erróneamente el importe de la ayuda y las circunstancias en que ésta se concedió cuando apreció las medidas compensatorias.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la violación del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), de los principios de buena administración y de proporcionalidad y de la obligación de motivación

                           —

                           Mediante el cuarto motivo alega que la demandada violó el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), los principios de buena administración y de proporcionalidad y la obligación de motivación al hacer jurídicamente vinculantes para ING las prohibiciones de liderazgo de los precios.


title: Asunto T-136/17: Recurso interpuesto el 2 de marzo de 2017 — Cotecnica/EUIPO — Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)

text:
               24.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/29

         Recurso interpuesto el 2 de marzo de 2017 — Cotecnica/EUIPO — Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)
   (Asunto T-136/17)
   (2017/C 129/43)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: Cotecnica, SCCL (Bellpuig, Lleida) (representante: J. Erdozain López, J. Galán López y J. Devaureix, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Mignini & Petrini SpA (Petrignano di Assisi, Italia)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante: Parte recurrente

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «cotecnica MAXIMA» — Solicitud de registro n.o 13292495

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 17 de noviembre de 2016 en el asunto R 853/2016-2

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto T-418/11 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de agosto de 2011 por Carlo De Nicola contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 28 de junio de 2011 en el asunto F-49/10, De Nicola/BEI

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/42

         Recurso de casación interpuesto el 3 de agosto de 2011 por Carlo De Nicola contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 28 de junio de 2011 en el asunto F-49/10, De Nicola/BEI
   (Asunto T-418/11 P)
   2011/C 282/79
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representante: L. Isola, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Banco Europeo de Inversiones

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Case la sentencia dictada el 28 de junio de 2011 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-49/10, relativa a la anulación de la decisión contenida en el e-mail de 11 de mayo de 2010, en la medida en que el BEI no permitió que se finalizara el procedimiento administrativo e impidió que se intentara llegar a un arreglo amistoso de la controversia, negándose implícitamente a reembolsar un gasto médico de 3 000,00 EUR.

               —

               Condene al BEI a reembolsar la cantidad de 3 000,00 EUR, pagada por el recurrente por un tratamiento láser que le fue prescrito y prestado en Italia; así como a pagar los intereses, reevaluación monetaria y costas procesales.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca los siguientes motivos:

               A.

               Sobre los hechos.

                           1)

                           El recurrente denuncia la distorsión de una pretensión y la ausencia de pronunciamiento sobre otra.

                           2)

                           Asimismo deplora la posición privilegiada reservada a la institución, que una vez más se limitó a afirmar determinados hechos que el Tribunal de la Función Pública consideró probados.

               B.

               Sobre la pretensión de anulación.

                           3)

                           El recurrente solicita que se anule la decisión que le fue comunicada mediante e-mail de 11 de mayo de 2010, en la medida en que el BEI declinó nombrar a un tercer médico, rehusó incoar el procedimiento de conciliación con arreglo al artículo 41 del Reglamento del Personal y se negó a reembolsarle los gastos de 3 000,00 EUR en que incurrió debido a un tratamiento con láser que le fue prescrito y prestado en Italia.

                           4)

                           En lo que respecta a la impugnación de la negativa a nombrar a un tercer médico, el Tribunal de la Función Pública declaró inadmisible la pretensión por estimar que el recurrente debería haber impugnado un acto inexistente de 24 de marzo de 2008, sin explicar el vínculo que unía el acto impugnado al que considera lesivo del derecho y sin declarar en virtud de qué reglas había pasado a ser un acto denegatorio del BEI el dictamen atribuido al fiduciario del BEI.

                           5)

                           El recurrente sostiene que, al ser un acto interno del procedimiento, el dictamen no lesiona el derecho y nunca es recurrible autónomamente.
                           En cambio, el Tribunal de.la Función Pública invirtió todos los precedentes jurisprudenciales y decidió introducir un plazo de tres meses para recurrir cualquier acto interno de un procedimiento, estableciendo que los plazos para recurrir ante el juez empiezan a contar a partir de la misma fecha en que el empleado presenta una solicitud, al margen de la adopción de un acto y sin conocer siquiera su motivación.

                           6)

                           El recurrente impugna todo el sistema de reglas que, a pesar de haber sido dictadas para las instituciones públicas, el Tribunal de.la Función Pública pretende aplicar al BEI, que se organizó como entidad bancaria privada y cuyos empleados tienen un contrato de trabajo de Derecho privado. Con la consecuencia de que los actos que les afectan no son actos administrativos, no representan el ejercicio de una potestas, no son actos de autoridad y no gozan de la presunción de legitimidad, de modo que no existe ninguna analogía con los empleados públicos, y tampoco hay necesidad de conferir una inmediata estabilidad a los actos organizativos adoptados a imagen de una entidad bancaria privada cualquiera.

                           7)

                           Asimismo, el recurrente deplora el carácter ilógico de la motivación en la medida en que excluyó su error excusable atribuyéndole el conocimiento de un acto que sólo fue notificado a su defensor.

                           8)

                           Por último, señala que en todos los ordenamientos el acto nulo es recurrible en cualquier momento, no sólo dentro del plazo de caducidad establecido para los actos anulables.

                           9)

                           En relación con el procedimiento de conciliación del artículo 41 del Reglamento del Personal, el recurrente sostiene que no se trata de un requisito procesal, y que sin embargo el Tribunal de la Función Pública pretende asimilarlo ilegalmente al recurso administrativo que están obligados a interponer todos los empleados públicos de la Unión, que sí que es obligatorio y marca el límite del sucesivo recurso judicial.

                           10)

                           Sobre la impugnación de la negativa a incoar el mencionado procedimiento de conciliación, el recurrente considera ilegal la decisión del Tribunal de la Función Pública porque el Banco no puede rechazarla nunca.
                           De ello se deriva, por una parte, que ninguna motivación puede sostener legítimamente esa negativa y, por otra, que si se estima la pretensión del empleado, deberá imputarse al Banco una responsabilidad agravada y condenarlo ineludiblemente al pago de las costas procesales.

                           11)

                           En lo que atañe a la negativa implícita a rembolsar el gasto del tratamiento láser, De Nicola sostiene que la inexistencia de motivación es un signo indudable de exceso de poder, dado que el reembolso sólo puede denegarse en tres casos, mientras que la inexistencia de un acto formal representa una nulidad absoluta, recurrible por ello en cualquier momento.

                           12)

                           Por último, debe considerarse necesariamente ilegal la decisión mediante la cual el Tribunal de la Función Pública no se pronunció por considerar que no contaba con los elementos precisos.

               C.

               Sobre la pretensión de condena.

                           13)

                           El Tribunal de la Función Pública declaró el recurso inadmisible por litispendencia, cuando el vicio de litispendencia no está previsto entre los vicios sustanciales de forma establecidos. Asimismo, no explicó cómo puede existir identidad de recursos entre un litigio que pende en primera instancia y uno pendiente en apelación, ni declaró cómo y quién probó los elementos fácticos en los que se basa esa decisión.

                           14)

                           Por último, el recurrente considera que la estimación del recurso y la casación de la sentencia exigen una nueva decisión sobre las costas, incluidas las correspondientes a la primera instancia.


title: Asunto T-497/09: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2009 — LG Electronics/OAMI (KOMPRESSOR PLUS)

text:
               13.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/45

         Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2009 — LG Electronics/OAMI (KOMPRESSOR PLUS)
   (Asunto T-497/09)
   2010/C 37/64
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: LG Electronics, Inc. (Seúl, República de Corea) (representante: J. Blanchard, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare admisible el presente recurso.

               —

               Que se anule parcialmente la resolución dictada el 23 de septiembre de 2009 por la Primera Sala de Recurso de la OAMI en la medida en que desestima parcialmente el recurso interpuesto por la sociedad LG ELECTRONICS contra la resolución de 5 de febrero de 2009, por la que se denegaba el registro de la solicitud de marca comunitaria no7 282 924 respecto a los «aspiradores eléctricos».

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «KOMPRESSOR PLUS» para productos de la clase 7 (solicitud no7 282 924)

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud de registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación parcial del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 sobre la marca comunitaria.


title: Asunto C-118/12 P: Auto del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 2013 — Enviro Tech Europe Ltd/Comisión Europea, Enviro Tech International Inc. (Recurso de casación — Directivas 67/548/CEE y 2004/73/CE — Clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas — Clasificación del bromuro de n-propilo)

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/9

         Auto del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 2013 — Enviro Tech Europe Ltd/Comisión Europea, Enviro Tech International Inc.
   (Asunto C-118/12 P) (1)

   (Recurso de casación - Directivas 67/548/CEE y 2004/73/CE - Clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas - Clasificación del bromuro de n-propilo)
   2013/C 108/17
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Enviro Tech Europe Ltd (representantes: C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: P. Oliver y E. Manhaeve, agentes), Enviro Tech International Inc.

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2011, recaída en el asunto T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech Internacional, Inc./Comisión Europea, mediante la que el Tribunal General desestimó un recurso dirigido, por una parte, a la anulación parcial de la Directiva 2004/73/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por la que se adapta, por vigésima novena vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L 152, p. 1), en la medida en que clasifica el bromuro de n-propilo en la lista de sustancias «fácilmente inflamables» y, por otra parte, a la reparación de los perjuicios presuntamente sufridos por las demandantes — Interés en ejercitar la acción — Inexistencia de afectación individual.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Enviro Tech Europe Ltd.

      (1)  DO C 227, de 28.7.2012.


title: Asunto C-99/99: Recurso interpuesto el 17 de marzo de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Italiana

text:
C 188/6                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           3.7.1999
Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 1998 por                        Recurso interpuesto el 17 de marzo de 1999 contra la
Antillean Rice Mills NV, apoyada por el Reino de Los                     Comisión de las Comunidades Europeas por la República
Paı́ses Bajos, contra el Consejo de la Unión Europea,                                                   Italiana
apoyado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
el Reino de España, la República Francesa y la República
                               Italiana                                                             (Asunto C-99/99)
                                                                                (1999/C 188/13)
                        (Asunto C-451/98)
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 17 de marzo de 1999 un recurso contra la
                          (1999/C 188/11)                                Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
                                                                         República Italiana, representada por su Agente, Prof. Umberto
                                                                         Leanza, asistido por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             que designa como domicilio en Luxemburgo la Embajada de
presentado el 9 de diciembre de 1998 un recurso que Antillean            Italia, rue Marie-Adelaïde, 5.
Rice Mills NV habı́a interpuesto ante el Tribunal de Primera
Instancia. Dicho recurso, inscrito con el no T-41/97, llevó a su
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
declaración de inadmisión y el Tribunal de Primera Instancia
remitió el asunto al Tribunal de Justicia para que éste se
pronuncie sobre la solicitud de declaración de nulidad.                 — Anule el Reglamento (CE) no 2815/98 de la Comisión, de
                                                                              22.12.1998 (1), o, en cualquier caso, su artı́culo 1, el
                                                                              apartado 1 del artı́culo 2, el párrafo tercero del apartado 2
                                                                              del mismo artı́culo, el párrafo tercero del apartado 2 del
Los motivos y principales alegaciones figuran en una comunicación            artı́culo 3 y el apartado 3 de este último.
publicada en el Diario Oficial no C-108 de 5 de abril de 1997,
p. 23.
                                                                         — Condene en costas a la Comisión de las Comunidades
                                                                              Europeas.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
                                                                         1)      El Reglamento no precisa las normas con arreglo a las
                                                                         cuales ha sido adoptado.
                                                                         2)      El Reglamento preve una protección solamente por lo
Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 1998 por las
                                                                         que se refiere al aceite de oliva virgen extra y al aceite de oliva
Antillas Neerlandesas contra el Consejo de la Unión
                                                                         virgen. Esta limitación es injustificada e inaceptable. También
Europea, apoyado por la Comisión de las Comunidades
                                                                         el aceite de oliva (que no sea el virgen extra o el virgen) posee
                Europeas y el Reino de España
                                                                         o puede poseer caracterı́sticas diferentes según su procedencia
                                                                         geográfica. Una adecuada y correcta protección del producto y
                                                                         del consumidor requiere que se posibilite la designación de
                        (Asunto C-452/98)                                origen de tal producto.
                          (1999/C 188/12)                                3)      El criterio utilizado para definir el territorio de origen del
                                                                         producto es inaceptable. Este viene determinado por el lugar
                                                                         en que esté situada la almazara, sin tener para nada en cuenta
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             el lugar de producción de las propias aceitunas.
presentado el 9 de diciembre de 1998 un recurso que las
Antillas Neerlandesas habı́an interpuesto ante el Tribunal de
Primera Instancia. Dicho recurso, inscrito con el no T-179/97,           4)      El Reglamento exceptúa las solicitudes de registro del
llevó a su declaración de inadmisión y el Tribunal de Primera         nombre de la marca o de la empresa presentadas antes del
Instancia remitió el asunto al Tribunal de Justicia para que éste       1.1.1999, en supuesta conformidad con la Directiva. No sólo,
se pronuncie sobre la solicitud de declaración de nulidad.              a diferencia de lo previsto en la Directiva, no se hace referencia
                                                                         alguna a la buena fe, sino que además se concede la posibilidad
                                                                         de registrar solicitudes incluso después de la publicación del
                                                                         Reglamento, legitimando de esta forma auténticos y verdaderos
Los motivos y principales alegaciones figuran en una comunicación       posibles abusos.
publicada en el Diario Oficial no C-228 de 26 de julio de 1997,
p. 25.
                                                                         (1) DO L 349, de 24.12.1998, p. 56.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de septiembre de 1999 en el asunto T-110/98: RJB Mining plc contra Comisión de las comunidades Europeas (Tratado CECA - Ayudas de Estado - Ayudas de funcionamiento - Autorización retroactiva de una ayuda ya abonada - Mejora de la viabilidad de las empresas beneficiarias, en el sentido del artículo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA)

text:
C 314/8                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        30.10.1999
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                    de 9 de septiembre de 1999                                                de 9 de septiembre de 1999
en el asunto T-110/98: RJB Mining plc contra Comisión
                  de las comunidades Europeas (1)                          en el asunto T-127/98, UPS Europe SA contra Comisión
                                                                                de las Comunidades Europeas (1)
(Tratado CECA — Ayudas de Estado — Ayudas de funciona-
miento — Autorización retroactiva de una ayuda ya abonada                 (Competencia — Recurso por omisión — Obligación de
— Mejora de la viabilidad de las empresas beneficiarias, en                          investigar de la Comisión — Plazo razonable)
  el sentido del artı́culo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA)
                           (1999/C 314/18)                                                           (1999/C 314/19)
                    (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
En el asunto T-110/98, RJB Mining plc, con domicilio social
en Harworth (Reino Unido), representada por los Sres. Mark                 En el asunto T-127/98, UPS Europe SA, con domicilio social
Brealey, Barrister en Inglaterra y Paı́s de Gales, y Jonathan              en Bruselas, representada por el Me Tom R. Ottervanger,
Lawrence, Solicitor, que designa como domicilio en Luxem-                  Abogado de Rotterdam, y Me Dirk Arts, Abogado de Bruselas,
burgo el despacho de Mes Arendt y Medernach, 8-10, rue                     que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
Mathias Hardt, contra Comisión de las Comunidades Europeas                Mes Loeff, Claeys y Verbeke, 5, rue Charles Martel, contra
(Agentes: Sres. Paul F. Nemitz y Nicholas Khan), apoyada por               Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Barry
República Federal de Alemania (Agentes: Sres. Claus-Dieter                Doherty y Klaus Wiedner), que tiene por objeto un recurso,
Quassowski y Michael Schütte), Reino de España (Agente:                   con arreglo al artı́culo 175 del Tratado CE (actualmente,
Sra. Rosario Silva de Lapuerta) y RAG Aktiengesellschaft, con              artı́culo 232 CE), en el que se solicita que se declare la omisión
domicilio social en Essen (Alemania), representada por el                  de la Comisión consistente en no haber adoptado una decisión
Sr. Sven B. Völcker, Abogado de Berlı́n, que designa como                  sobre la denuncia presentada por la demandante en virtud del
domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Marc Loesch, 11,                 artı́culo 3, apartado 2, del Reglamento no 17 del Consejo, de
rue Goethe, que tiene por objeto una solicitud de anulación de            6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de
la Decisión 98/687/CECA de la Comisión, de 10 de junio de                los artı́culos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204),
1998, relativa a las intervenciones financieras de Alemania en             comunicando determinadas prácticas contrarias a la competen-
favor de la industria del carbón en 1997 (DO L 324, p. 30), el            cia de Deutsche Post AG, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                  Cuarta), integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y
(Sala Primera ampliada), integrado por los Sres.: B. Vesterdorf,           por la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretaria:
Presidente, C.W. Bellamy, J. Pirrung, A.W.H. Meij y M. Vilaras,            Sra. B. Pastor, administradora principal, ha dictado el 9 de
Jueces; Secretario: Sr. A. Mair, administrador, ha dictado el 9 de         septiembre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
septiembre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1) Carece de fundamento el motivo basado en una violación de la           1) Se declara que la Comisión ha incumplido las obligaciones que le
     pretendida prohibición de autorizar a posteriori ayudas abonadas          incumben en virtud del Tratado CE, al abstenerse o bien de
     sin aprobación previa.                                                    iniciar un procedimiento contra la persona a quien se refiere la
                                                                                denuncia presentada por la parte demandante el 7 de julio de
                                                                                1994 o bien de adoptar una decisión definitiva de archivo de
2) Carece de fundamento el motivo basado en una infracción del
                                                                                dicha denuncia, a raı́z de las observaciones de 2 de febrero de
     artı́culo 3 de la Decisión no 3632/93/CECA de la Comisión, de
                                                                                1998 sobre la comunicación dirigida a la parte demandante
     28 de diciembre de 1993, relativa al régimen comunitario de las
                                                                                conforme al artı́culo 6 del Reglamento no 99/63/CEE de la
     intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria
                                                                                Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias
     del carbón.
                                                                                previstas en los apartados 1 y 2 del artı́culo 19 del Reglamento
                                                                                no 17 del Consejo.
3) Se desestima el recurso en la medida en que se funda en estos dos
     motivos.
                                                                           2) Se declara la inadmisibilidad del recurso en todo lo demás.
4) Las partes deberán pronunciarse sobre la continuación del
     procedimiento en el plazo que fije el Presidente del Tribunal de
     Primera Instancia.                                                    3) Se condena en costas a la Comisión.
5) Se reserva la decisión sobre las costas.
                                                                           (1) DO C 340, de 7.11.1998.
(1) DO C 299 de 26.9.98.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Segunda) de 14 de noviembre de 1996 en el asunto C-305/94 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal du travail de Bruxelles): Claude Rotsart de Hertaing contra J. Benoidt SA, en liquidación, IGC Housing Service SA (Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad - Transferencia al cesionario de los derechos y obligaciones que resultan de un contrato de trabajo - Fecha de la transmisión)

text:
N° C 26/4             I ES |                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     25 . 1 . 97
1 ) a ) Cuando la autoridad competente de un Estado                                        SENTENCIA DEL TRIBUNAL
          miembro llega a la conclusión de que una especia                                         ( Sala Segunda )
          lidad farmacéutica que goza de una autorización
          de comercialización en otro Estado miembro y una                                  de 14 de noviembre de 1996
          especialidad farmacéutica para la que ya se ba con
          cedido una autorización de comercialización son                  en el asunto C-305/94 ( petición de decisión prejudicial
          fabricadas por sociedades independientes como                    planteada por el Tribunal du travail de Bruxelles ): Claude
          consecuencia de acuerdos celebrados por un mismo                 Rotsart de Hertaing contra J. Benoidt SA, en liquidación,
          licenciante y que esas dos especialidades farmacéu                                IGC Housing Service SA ( ! )
          ticas, sin ser absolutamente idénticas, por lo menos             (Mantenimiento de ¡os derechos de los trabajadores en
          han sido fabricadas según la misma fórmula y utili              caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad
          zando el mismo ingrediente activo y que además                   o de partes de centros de actividad — Transferencia al ce
          tienen los mismos efectos terapéuticos, la autori               sionario de los derechos y obligaciones que resultan de un
          dad competente debe, a no ser que se opongan a                          contrato de trabajo — Fecha de la transmisión)
          ello consideraciones relacionadas con la protección
          eficaz de la vida y de la salud de las personas, in                                        ( 97/C 26/06
          cluir en dicha autorización de comerialización la
          especialidad farmacéutica importada.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
      b ) En el supuesto de que la autoridad competente lle
          gase a la conclusión de que la especialidad farma               (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
          céutica que se pretende importar no satisface los                cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
          criterios mencionados, sería necesaria una nueva                                            de Justicia »)
          autorización de comercialización. Esta sólo podría
          concederse si se cumplen las condiciones estableci
          das en los artículos 3 y 4 de la Directiva 65/65/                En el asunto C-305/94, que tiene por objeto una petición
          CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa                dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
          a la aproximación de las disposiciones legales, re              del Tratado CE, por el Tribunal du travail de Bruxelles,
          glamentarias y administrativas sobre especialidades              destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho ór
          farmacéuticas, tal como ha sido modificada espe                 gano jurisdiccional entre Claude Rotsart de Hertaing y J.
          cialmente por la Directiva 87/21 /CEE .                          Benoidt SA, en liquidación , IGC ' Housing Service SA, una
                                                                           decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva
                                                                           77/ 187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre
                                                                           la aproximación de las legislaciones de los Estados miem
                                                                           bros relativas al mantenimiento de los derechos de los tra
2 ) El hecho de que el licenciante para las dos especialida
      des farmacéuticas de que se trata esté situado fuera de              bajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de
      la Comunidad Europea no tiene ninguna incidencia so                 actividad o de partes de centros de actividad ( 2 ), el Tribu
      bre la respuesta anterior.                                           nal de Justicia ( Sala Segunda ), integrado por los Sres.: G. F.
                                                                           Mancini, Presidente de Sala ( Ponente ); J. L. Murray y G.
                                                                           Hirsch, Jueces; Abogado General : Sr. C. O. Lenz; Secreta
                                                                           rio: Sr. R. Grass; ha dictado el 14 de noviembre de 1996
3 ) El titular de una autorización de comercialización ori                una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      ginal concedida según el procedimiento .contemplado
      en la Directiva 65/65/CEE puede ampararse en las dis
                                                                           1 ) El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 77/187/
      posiciones de esta Directiva, tal como ha sido modifi
                                                                                CEE del Consejo , de 14 de febrero de 1977, sobre la
      cada especialmente por la Directiva 87/21 /CEE, y en
      particular en su artículo 5, en un procedimiento ante                     aproximación de las legislaciones de los Estados miem
                                                                                bros relativas al mantenimiento de los derechos de los
      un órgano jurisdiccional nacional con el fin de impug
      nar la validez de una autorización concedida por la                       trabajadores en caso de traspasos de empresas, de cen
      autoridad competente, sobre la base de dicha Directi                     tros de actividad o de partes de centros de actividad,
      va, a uno de sus competidores para una especialidad                       debe interpretarse en el sentido de que los contratos de
      patentada de igual denominación. Lo mismo ocurre                          trabajo y las relaciones laborales que, en la fecha de la
      cuando se trata de una autorización que, aunque haya                      transmisión de una empresa, existan entre el cedente y
      sido concedida en el marco de otro procedimiento es                      los trabajadores asignados a la empresa transmitida se
      tablecido a nivel nacional, debería haberse concedido                     transfieren de pleno derecho del cedente al cesionario
      sobre la base de la Directiva .                                           por el mero hecho de la transmisión de la empresa, a
                                                                                pesar de que el cedente o el cesionario se opongan a
                                                                                ello, y no obstante la negativa de este último a cumplir
(M DO n" C 275 de 1 . 10. 1994 .                                                sus obligaciones.
( 2 ) DO n° 22 de 9 . 2 . 1965 , p . 369/65 ; EE 13/01 , p . 18 .
( 3 ) DO n° L 15 de 17 . 1 . 1987, p . 36 .
                                                                            2 ) En virtud del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva,
                                                                                la transferencia de los contratos de trabajo y de las re
                                                                                laciones laborales tiene lugar necesariamente en la fe
                                                                                cha de la transmisión de la empresa y no puede ser
 ---pagebreak--- 25 . 1 . 97            ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° C 26/5
       fijada en una fecha distinta a elección del cedente o                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
       del cesionario.                                                                       de 26 de noviembre de 1996
                                                                           en el asunto C-68/95 ( petición de decisión prejudicial
í 1 ) DO n° C 386 de 31 . 12 . 1994 .
                                                                           planteada por el Hessischer Verwaltungsgerichtshof): T.
( 2 ) DO n° L 61 de 5 . 3 . 1977, p . 26 ; EE 05/02, p . 122 .             Port GmbH & Co . KG contra Bundesanstalt für Land
                                                                                wirtschaft und Ernáhrung ( ' )
                                                                           (Plátanos — Organización común de mercados — Régi
                                                                           men de importación — Caso de rigor — Apreciación de
                                                                                validez — Medidas provisionales)
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                                             ( 97/C 26/08 )
                              ( Sala Quinta)                                             (Lengua de procedimiento: alemán)
                   de 14 de noviembre de 1996                              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
en el asunto C-333 /94 P: Tetra Pak International SA con                  cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
          tra Comisión de las Comunidades Europeas C )                                               de Justicia »)
(Recurso de casación — Competencia — Posición domi                        En el asunto C-68/95 , que tiene por objeto una petición
nante — Definición de los mercados de los productos —                      dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
Aplicación del artículo 86 del Tratado a prácticas seguidas                del Tratado CE, por el Hessischer Verwaltungsgerichtshof
por una empresa dominante en un mercado distinto del                       ( Alemania ), destinada a obtener, en el litigio pendiente
mercado dominado — Ventas asociadas — Precios preda                       ante dicho órgano jurisdiccional entre T. Port GmbH &
                            torios — Multa)                                Co. KG y Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernáh
                                                                           rung, en el que participa Bundesrepublik Deutschland, una
                               ( 97/C 26/07 )                              decisión prejudicial sobre la interpretación de los
                                                                           artículos 16 y 30 del Reglamento ( CEE ) n° 404/93 del
                 (Lengua de procedimiento : inglés)                        Consejo, de 13 de febrero de 1993 , por el que se establece
                                                                           la organización común de mercados en el sector del pláta
                                                                           no (2 ), sobre la validez del artículo 19 de dicho Reglamen
(Traducción provisional,• la traducción definitiva se publi               to y sobre la interpretación del Tratado CE, más concreta
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                mente sobre la facultad del Juez nacional para ordenar
                                de Justicia »)                             medidas provisionales hasta que se regulen los casos de ri
                                                                           gor excesivo, el Tribunal de Justicia , integrado por los
                                                                           Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; G. F. Mancini,
En el asunto C-333/94 P, Tetra Pak International SA, con                   J. C. Moitinho de Almeida ( Ponente ), J. L. Murray y L.
domicilio social en Pully ( Suiza ), representada por los Sres .           Sevón, Presidentes de Sala; C. N. Kakouris, P. J. G. Kap
Michel Waelbroeck y Alexandre Vandencasteele, Aboga                       teyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J .-P. Puissochet, G.
dos de Bruselas, así como por la Sra . Vivien Rose, Barris                Hirsch , P. Jann y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado Gene
ter, que designa como domicilio en Luxemburgo el despa                    ral : Sr. M. B. Elmer; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secre
cho del Sr. Ernest Arendt, 8-10 , rué Mathias Hardt, que                   tario adjunto; ha dictado el 26 de noviembre de 1996 una
tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra                  sentencia cuyo fallo es el siguiente :
 la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas ( Sala Segunda ) el 6 de octu                  1 ) El apartado 3 del artículo 16 del Reglamento (CEE)
 bre de 1994, en el asunto Tetra Pak contra Comisión (T                         n° 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993 , por
 83/91 , Rec. 1994, p. 11-755 ), por el que se solicita que se                   el que se establece la organización común de mercados
 anule dicha sentencia, y en el que la otra parte en el proce                   en el sector del plátano, no permite a la Comisión re
 dimiento es la Comisión de las Comunidades Europeas                             gular los casos de rigor excesivo debidos a que unos
 (Agente: Sr. Julián Curral, asistido por el Sr. Nicholas For                   importadores de plátanos de países terceros o de pláta
 wood, QC), el Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ), integra                    nos no tradicionales ACP atraviesen dificultades que
 do por los Sres .: L. Sevón, Presidente de la Sala Primera,                     ponen en peligro su supervivencia, cuando les baya
 en funciones de Presidente de la Sala Quinta; C. Gulmann ,                      sido atribuido un contingente excepcionalmente bajo
 D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet y P. Jann ( Ponente ), Jue                   tomando como base los años de referencia que deben
 ces; Abogado General : Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secre                       tenerse en cuenta con arreglo al apartado 2 del
 taria : Sra . L. Hewlett, Administradora ; ha dictado el 14 de                  artículo 19 del Reglamento.
 noviembre de 1996 una sentencia cuyo fallo es el siguien
                                                                                El artículo 30 del Reglamento (CEE) n° 404/93 autori
  te :
                                                                                za a la Comisión y, en determinadas circunstancias, le
                                                                                obliga a regular los casos de rigor excesivo debidos al
  1 ) Se desestima el recurso de casación.                                       hecho de que unos importadores de plátanos de países
                                                                                terceros o de plátanos no tradicionales ACP atraviesen
                                                                                dificultades que ponen en peligro su supervivencia,
  2 ) Se condena en costas a la recurrente.
                                                                                cuando se les ba atribuido un contingente excepcional
                                                                                mente bajo basándose en los años de referencia que
  (') DO n° C 386 de 31 . 12 . 1994 .                                             deben ser tomados en consideración conforme al
                                                                                apartado 2 del artículo 19 del Reglamento, en el su
                                                                                puesto de que dichas dificultades sean inherentes al


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 14 de julio de 2005, en el asunto C-40/03 P, Rica Foods (Free Zone) NV contra Comisión de las Comunidades Europeas, Reino de los Países Bajos y Reino de España («Recurso de casación — Régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar — Importaciones de azúcar y de mezclas de azúcar y cacao — Reglamento (CE) n° 2081/2000 — Medidas de salvaguardia — Artículo 109 de la Decisión PTU — Facultad de apreciación de la Comisión — Principio de proporcionalidad — Motivación»)

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 14 de julio de 2005
   en el asunto C-40/03 P, Rica Foods (Free Zone) NV contra Comisión de las Comunidades Europeas, Reino de los Países Bajos y Reino de España (1)

   («Recurso de casación - Régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar - Importaciones de azúcar y de mezclas de azúcar y cacao - Reglamento (CE) no 2081/2000 - Medidas de salvaguardia - Artículo 109 de la Decisión PTU - Facultad de apreciación de la Comisión - Principio de proporcionalidad - Motivación»)
   (2005/C 229/01)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-40/03 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 49 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 29 de enero de 2003, Rica Foods (Free Zone) NV, con domicilio en Oranjestad (Aruba) (abogado: Sr. G. van der Wal), y en el que las otras partes en el procedimiento son: Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. T. van Rijn), Reino de los Países Bajos (agente: Sra. H. Sevenster), y Reino de España (agentes: Sra. N. Díaz Abad y Sr. M. Muñoz Pérez), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. R. Schintgen (Ponente), G. Arestis y J. Klučka, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal, ha dictado el 14 de julio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Rica Foods (Free Zone) NV.

               3)

               El Reino de los Países Bajos y el Reino de España soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 146, de 21.6.2003.