title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de enero de 2001 en el asunto C-172/99 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus): Oy Liikenne Ab contra Pekka Liskojärvi y Pentti Juntunen ("Directiva 77/187/CEE — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas — Directiva 92/50/CEE — Contratos públicos de servicios — Servicios de transporte público no marítimo")

text:
C 173/2                    ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            16.6.2001
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                            contrato público de servicios organizado de conformidad
                                                                                con la Directiva 92/50, un servicio de transporte público
                               (Sala Sexta)                                             no marı́timo, como es la explotación de lı́neas locales
                                                                                regulares de autobuses;
                        de 25 de enero de 2001
                                                                                —     en una situación como la del litigio principal, la Directiva
en el asunto C-172/99 (petición de decisión prejudicial                               77/187 no se aplica cuando no existe transmisión de
planteada por el Korkein oikeus): Oy Liikenne Ab contra                                 elementos materiales significativos entre las dos empresas
              Pekka Liskojärvi y Pentti Juntunen (1)                                    antes mencionadas.
(«Directiva 77/187/CEE — Mantenimiento de los derechos                      (1) DO C 281 de 2.10.1999.
de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas —
Directiva 92/50/CEE — Contratos públicos de servicios —
          Servicios de transporte público no marı́timo»)
                            (2001/C 173/02)
                      (Lengua de procedimiento: finés)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                              de 30 de enero de 2001
En el asunto C-172/99, que tiene por objeto una petición                   en el asunto C-36/98: Reino de España contra Consejo
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          de la Unión Europea, apoyado por República Francesa,
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Korkein                   República Portuguesa, República de Finlandia, y por
oikeus (Finlandia), destinada a obtener, en el litigio pendiente                      Comisión de las Comunidades Europeas (1)
ante dicho órgano jurisdiccional entre Oy Liikenne Ab y Pekka
Liskojärvi, Pentti Juntunen, una decisión prejudicial sobre la             [«Base jurı́dica — Medio ambiente — Decisión del Consejo
interpretación del artı́culo 1, apartado 1, de la Directiva                por la que se aprueba el Convenio sobre la cooperación
77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la                  para la protección y el uso sostenible del Danubio —
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros                  Artı́culo 130 S, apartados 1 y 2, del Tratado CE (actualmente
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores              artı́culo 175 CE, apartados 1 y 2, tras su modificación) —
en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de                       Concepto de gestión de los recursos hı́dricos»]
partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26; EE 05/02,
p. 122), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los
Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala; V. Skouris, J.-P. Puissochet                                    (2001/C 173/03)
(Ponente), R. Schintgen y la Sra. N. Colneric, Jueces; Abogado
General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario
adjunto, ha dictado el 25 de enero de 2001 una sentencia cuyo                                (Lengua de procedimiento: español)
fallo es el siguiente:
1)    La reanudación, por parte de una empresa, de las actividades de      En el asunto C-36/98, Reino de España (agente: Sr. S. Ortiz
      transporte público no marı́timo — como es la explotación de         Vaamonde) contra Consejo de la Unión Europea (agentes:
      lı́neas locales regulares de autobuses — ejercidas hasta ese          Sres. G. Houttuin y D. Canga Fano) apoyado por República
      momento por otra empresa, a raı́z de un procedimiento de              Francesa (agentes: Sra. K. Rispal-Bellanger y Sr. R. Nadal),
      adjudicación de un contrato público de servicios previsto por la    República Portuguesa (agentes: Sr. L. Fernandes, Sra. M. Telles
      Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,              Romão y Sr. P. Canelas de Castro), República de Finlandia
      sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los     (agentes: Sr. H. Rotkirch y Sra. T. Pynnä) y por Comisión de
      contratos públicos de servicios, puede estar comprendida en el       las Comunidades Europeas (agentes: Sres. R. Gosalbo Bono y
      ámbito de aplicación material de la Directiva 77/187/CEE del        F. de Sousa Fialho), que tiene por objeto un recurso de
      Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación             anulación de la Decisión 97/825/CE del Consejo, de 24 de
      de las legislaciones de los Estados miembros relativas al             noviembre de 1997, relativa a la celebración del Convenio
      mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de          sobre la cooperación para la protección y el uso sostenible del
      traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de         Danubio (DO L 342, p. 18), el Tribunal de Justicia, integrado
      centros de actividad, como lo enuncia su artı́culo 1, apartado 1.     por el Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, los Sres. C. Gul-
                                                                            mann, A. La Pergola, M. Wathelet y V. Skouris, Presidentes de
2)    El artı́culo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187 debe               Sala, los Sres. D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón
      interpretarse en el sentido de que:                                   (Ponente) y R. Schintgen y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado
                                                                            General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau,
      —      esta Directiva puede aplicarse a falta de relación contrac-   jefe de división, ha dictado el 30 de enero de 2001 una
             tual directa entre dos empresas a las que una persona          sentencia cuyo fallo es el siguiente:
             jurı́dica de Derecho público haya concedido sucesivamente,
             al término de un procedimiento de adjudicación de un          1)    Se desestima el recurso.


title: Asunto C-213/06 P: Recurso de casación interpuesto el  9 de mayo de 2006  por Agencia Europea para la Reconstrucción (AER) contra la sentencia dictada el  23 de febrero de 2006  por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) en el asunto T-471/04: Georgios Karatzoglou/Agencia Europea de Reconstrucción

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/19

         Recurso de casación interpuesto el 9 de mayo de 2006 por Agencia Europea para la Reconstrucción (AER) contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2006 por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) en el asunto T-471/04: Georgios Karatzoglou/Agencia Europea de Reconstrucción
   (Asunto C-213/06 P)
   (2006/C 178/30)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Agencia Europea de Reconstrucción (AER) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados y N. Kiafas, agente)

      Otra parte en el procedimiento: Georgios Karatzoglou
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que el Tribunal de Justicia anule completamente la sentencia de la Sala cuarta del Tribunal de Primera Instancia, de 23 de febrero de 2006, dictada en el asunto T-471/04 (Georgios Karatzoglou/Agencia Europea de Reconstrucción).

               —

               Que resuelva el asunto por sí mismo.

               —

               Que desestime la pretensión de que se anule la decisión de la Agencia Europea de Reconstrucción (AER), de 26 de febrero de 2004, por la que se resuelve el contrato del demandante.

               —

               Que condene al demandante en primera instancia y parte adversa a la casación al pago de las costas del recurso de casación.

         Motivos y principales alegaciones
   La parte recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en error de Derecho cuando, tras calificar el contrato suscrito por la demandada como contrato de trabajo de duración indeterminada, declaró que la Agencia Europea de Reconstrucción (en lo sucesivo, la «AER») sólo podía resolverlo en dos supuestos — en el caso de reducción esencial o de suspensión de las misión de la AER — lo que supondría considerar que el contrato es un contrato de trabajo de duración determinada, cuya vigencia depende de tales criterios.
   La recurrente alega, además, que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al resolver en ese sentido puesto que el Reglamento (CE) no 2667/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, (1) relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción, que establece las normas relativas al funcionamiento de la AER le prohíbe contraer tal obligación, al obligarla a limitar la contratación de personal a lo estrictamente preciso para cubrir sus necesidades.
   Por último, la recurrente alega que si hubiera generado una expectativa legítima de no rescindir el contrato del demandado excepto en el supuesto específico de reducción significativa de su cometido, tal expectativa sería ilegal por incumplir las obligaciones que le incumben con arreglo a las condiciones de contratación de otros agentes de las Comunidades Europeas y los reglamentos del Consejo que regulan la creación y el funcionamiento de la AER.

      (1)  DO L 305, de 7.12.2000, p. 7.


title: Asunto F-64/08: Recurso interpuesto el 29 de julio de 2008 — Nijs/Tribunal de Cuentas

text:
               27.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/25

         Recurso interpuesto el 29 de julio de 2008 — Nijs/Tribunal de Cuentas
   (Asunto F-64/08)
   (2008/C 247/52)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburgo) (representante: F. Rollinger y A. Hertzog, abogados)

      Demandada: Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
   Objeto y descripción del litigio
   Anulación de la decisión del Tribunal de Cuentas por la que se designa al evaluador y al evaluador de control del demandante e indemnización por el daño sufrido a raíz de la adopción de esta decisión
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del Secretario General del Tribunal de Cuentas de designar evaluador del demandante al Director de la Traducción y de ser él mismo su evaluador de control.

               —

               Que se condene al Tribunal de Cuentas a indemnizar al demandante por el daño moral sufrido, que asciende a 25 000 euros.

               —

               Que se condene en costas al Tribunal de Cuentas.


title: Asunto C-195/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 4 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG (Procedimiento prejudicial — Directiva 2000/13/CE — Etiquetado y presentación de los productos alimenticios — Artículos 2, apartado 1, letra a), inciso i), y 3, apartado 1, punto 2 — Etiquetado de tal naturaleza que induce a error al comprador sobre la composición de los productos alimenticios — Lista de ingredientes — Utilización de la mención «aventura frambuesa-vainilla» y de imágenes de frambuesas y de flores de vainilla en el envase de una infusión de frutas que no contiene estos ingredientes)

text:
               20.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/16

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 4 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG
   (Asunto C-195/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Directiva 2000/13/CE - Etiquetado y presentación de los productos alimenticios - Artículos 2, apartado 1, letra a), inciso i), y 3, apartado 1, punto 2 - Etiquetado de tal naturaleza que induce a error al comprador sobre la composición de los productos alimenticios - Lista de ingredientes - Utilización de la mención «aventura frambuesa-vainilla» y de imágenes de frambuesas y de flores de vainilla en el envase de una infusión de frutas que no contiene estos ingredientes))
   (2015/C 236/22)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

      Demandada: Teekanne GmbH & Co. KG

      Fallo

   Los artículos 2, apartado 1, letra a), inciso i), y 3, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el etiquetado de un producto alimenticio y las modalidades según las cuales aquél se realiza puedan suscitar, mediante el aspecto, la descripción o una representación figurativa de un ingrediente determinado, la impresión de que tal ingrediente está presente en ese producto alimenticio, cuando en realidad no es así, infiriéndose ello únicamente de la lista de ingredientes que figura en el envase del producto alimenticio.

      (1)  DO C 245, de 28.7.2014.


title: Asunto C-237/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 12 de mayo de 2010 — Miguel Remy/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidación

text:
               31.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 12 de mayo de 2010 — Miguel Remy/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidación
   (Asunto C-237/10)
   ()
   2010/C 209/30
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Miguel Remy

      Recurrida: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidación

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (1) en el sentido de que se aplican a un cese de operaciones a raíz de una declaración de quiebra del empresario o de una resolución judicial que ordena la disolución y la liquidación del establecimiento de crédito empresario por insolvencia sobre la base del artículo 61.(1), letras a) y b) de la Ley modificada, de 5 de abril de 1993, relativa al sector financiero, ceses para los que la ley nacional prevé la resolución con efecto inmediato del contrato de trabajo?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, ¿deben interpretarse los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 98/59/CE en el sentido de que el administrador concursal o el liquidador debe asimilarse a un empresario que haya previsto despidos colectivos y que pueda llevar a cabo, con esta finalidad, los actos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Directiva y efectuar los despidos (asunto C-323/08, apartados 39, 40 y 41)? (2)

      (1)  DO L 225, p. 16.

      (2)  Sentencia de 10 de diciembre de 2009, Rodríguez Mayor y otros, aún no publicada en la Recopilación.


title: Asunto C-36/14: Recurso interpuesto el 24 de enero de 2014 — Comisión Europea/República de Polonia

text:
               22.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 85/18

         Recurso interpuesto el 24 de enero de 2014 — Comisión Europea/República de Polonia
   (Asunto C-36/14)
   2014/C 85/33
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Herrmann y M. Patakia)

      Demandada: República de Polonia

      Pretensiones de la parte demandante

   La Comisión solicita,

               —

               Que se declare que la República de Polonia aplica una medida desproporcionada y contraria al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, (1) incumpliendo, a su vez, las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 1, en relación con el artículo 3, apartado 2, de la referida Directiva al llevar a cabo una intervención estatal no limitada en el tiempo (i) que obliga a las empresas energéticas a aplicar los precios para el suministro de gas natural aprobados por el Presidente de la Autoridad reguladora de la energía, siendo así que el Derecho nacional no impone a las autoridades administrativas nacionales la obligación de examinar periódicamente la necesidad y las modalidades de aplicación de la referida medida en el sector del gas en atención al estado de desarrollo de este sector y (ii) que se aplica a un grupo ilimitado de usuarios sin diferenciar según los destinatarios ni distinguir según la situación de los individuos en el marco de cada categoría.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

      Motivos y principales alegaciones

   La obligación establecida en el artículo 47 de la Ley de la Energía so pena de multa de someter a la aprobación del Presidente de la Autoridad reguladora de la energía los precios para el suministro de gas natural, constituye una intervención estatal consistente en la fijación de precios regulados, en la media en que se aplica a todas las empresas energéticas para el suministro a clientes distintos de los hogares, intervención que es incompatible con las exigencias del principio de proporcionalidad y que infringe, a su vez, el artículo, apartados 1 y 2 de la Directiva 2009/73/CE.
   En efecto, la intervención estatal controvertida no satisface los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia Federutility y otros (C-265/08), puesto que el Derecho nacional en vigor (la Ley de la energía de 10 de abril de 1997) establece una obligación de aplicar precios regulados que va más allá de lo necesario para la realización de un interés económico general (protección frente a los precios del gas excesivos). En particular, la obligación de solicitar la aprobación de los precios para el suministro de gas natural no está limitada en el tiempo y no está sometida a la verificación de la situación imperante en el mercado del gas que pudiera justificar tal intervención. Asimismo todas las empresas energéticas que no son objeto de una exención expresa otorgada por el Presidente de la Autoridad reguladora de la energía están sometidas a dicha obligación en iguales condiciones, independientemente de su posición en el mercado y sin que se distinga en función de la categoría de clientes de los suministros: los clientes finales industriales, los mayoristas y los hogares reciben todos el mismo trato.

      (1)  DO L 211, p. 94.


title: Asunto C-127/10: Recurso interpuesto el 10 de marzo de 2010 — Comisión Europea/República Helénica

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/36

         Recurso interpuesto el 10 de marzo de 2010 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-127/10)
   2010/C 113/56
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Karanásou-Apostolopoúlou y G. Zavvos)

      Demandada: República Helénica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Helénica.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2006/42/CE expiró el 29 de de 2008.

      (1)  DO L 157, de 9.6.2006, p. 24.


title: Asunto C-558/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts (República de Letonia) el 7 de noviembre de 2011 — SIA «Kurcums Metal» /Valsts ieņēmumu dienests

text:
               14.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts (República de Letonia) el 7 de noviembre de 2011 — SIA «Kurcums Metal»/Valsts ieņēmumu dienests
   (Asunto C-558/11)
   2012/C 13/16
   Lengua de procedimiento: letón

      Órgano jurisdiccional remitente

   Augstākās tiesas Senāts

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: SIA «Kurcums Metal»

      Recurrida: Valsts ieņēmumu dienests

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Están incluidos los cabos compuestos de polipropileno y de hilo de acero, como los del caso de autos, en la subpartida 5607 49 11 de la Nomenclatura Combinada del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, (1) de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común?

               2)

               ¿Es necesario, para clasificar los cabos como los del presente asunto, aplicar la regla 3, letra b), de las reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura Combinada del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común?

               3)

               Si los cabos combinados, compuestos de polipropileno y de hilo de acero, y cuyo corte transversal en su mayor dimensión es superior a 3 mm, como los del caso de autos, están incluidos no obstante en la subpartida 7312 90 98 de la Nomenclatura Combinada del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, ¿están incluidos dichos cabos también en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1601/2001 del Consejo, (2) de 2 de agosto de 2001, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho antidumping provisional establecido sobre las importaciones de determinados cables de hierro o de acero originarias de la República Checa, Rusia, Tailandia y Turquía?

               4)

               ¿Están incluidas las abrazaderas onduladas, con extremos redondeados conectados mediante una clavija, en la subpartida 7317 00 90 de la Nomenclatura Combinada del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común?

      (1)  DO L 256, p. 1.

      (2)  DO L 211, p. 1.


title: Asunto C-414/03: Recurso interpuesto el 2 de octubre de 2003 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
15.11.2003              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 275/39
Recurso interpuesto el 2 de octubre de 2003 contra la                     Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2003 contra la
República Federal de Alemania por la Comisión de las                      República Helénica por la Comisión de las Comunidades
                     Comunidades Europeas                                                              Europeas
                        (Asunto C-414/03)                                                        (Asunto C-416/03)
                         (2003/C 275/59)                                                           (2003/C 275/60)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 2 de octubre de 2003 un recurso contra la                   presentado el 3 de octubre de 2003 un recurso contra
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de                la República Helénica, formulado por la Comisión de las
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Klaus                   Comunidades Europeas, representada por el Sr. M. Konstantini-
Wiedner, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, que                dis, miembro del Servicio Jurídico.
designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                          —     Declare que la República Helénica ha incumplido las
—      Declare que República Federal de Alemania ha incumplido                  obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
       las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva               2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
       92/50 (1) al adjudicar un contrato de eliminación de                     12 de marzo de 2001 (1), sobre la liberación intencional
       desperdicios celebrado por el Landkreis Friesland sin                    en el medio ambiente de organismos modificados genéti-
       observar las disposiciones relativas a publicidad previstas              camente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE
       en el artículo 8 en relación con los Títulos III a VI de                 del Consejo, al no haber adoptado las disposiciones
       dicha Directiva.                                                         legales, reglamentarias y administrativas necesarias par
                                                                                dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva y,
—      Condene en costas a la República Federal de Alemania.                    en cualquier caso, al no haber comunicado las referidas
                                                                                disposiciones a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones                                         —     Condene a la República Helénica al pago de las costas del
                                                                                procedimiento.
Aunque la parte demandada ha reconocido las infracciones que
se le imputan y asegura que tramitará las futuras licitaciones de
servicios de eliminación de desperdicios de acuerdo con las               Motivos y principales alegaciones
normas comunitarias sobre licitación, no ha hecho nada para
rescindir el contrato actualmente existente, cuya vigencia no
                                                                          El plazo para la adaptación del ordenamiento jurídico interno
expira hasta el 31 de diciembre de 2004.
                                                                          a la Directiva expiró el 17 de octubre de 2002.
Tampoco afirma que rescindir dicho contrato sea imposible
con arreglo al Derecho alemán. Se limita a señalar que una                (1) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
rescisión anticipada del contrato podría generar derechos de
indemnización de daños. Sin embargo, para la eficacia de la
normativa comunitaria sobre contratos públicos es muy útil
precisamente que la entidad adjudicadora tenga que hacer
frente a eventuales indemnizaciones.
                                                                          Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2003 contra el
La obligación de cesar en las infracciones de la normativa                Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
comunitaria sobre contratación pública, incluso mediante la                                            Europeas
rescisión de contratos ya celebrados, tampoco puede ponerse
en entredicho invocando el artículo 2, apartado 6, de la
Directiva 89/665 (2), que se refiere al control de las posibles                                  (Asunto C-417/03)
infracciones de la normativa comunitaria sobre contratación
pública. Únicamente cabe considerar que se ha puesto fin a una                                     (2003/C 275/61)
infracción cuando el Estado miembro reconoce la ilegalidad de
la actuación y, además, cesa completamente en la acción ilegal.
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
(1) DO L 209, p. 1.                                                       presentado el 3 de octubre de 2003 un recurso contra el Reino
(2) DO L 395, p. 33.                                                      de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                          Europeas, representada por el Sr. B. Stromsky, en calidad de
                                                                          agente, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto T-83/15: Auto del Tribunal General de 16 de junio de 2016 — Swatch/EUIPO — L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

text:
               22.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 305/53

         Auto del Tribunal General de 16 de junio de 2016 — Swatch/EUIPO — L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)
   (Asunto T-83/15) (1)

   (2016/C 305/73)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 127 de 20.4.2015.


title: Asunto T-69/00: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de  14 de diciembre de 2005  — FIAMM y FIAMM Technologies/Consejo y Comisión ( Responsabilidad extracontractual de la Comunidad — Incompatibilidad del régimen comunitario de importación de plátanos con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) — Establecimiento por los Estados Unidos de América de una medida de retorsión que consiste en un recargo aduanero exigido a las importaciones procedentes de la Comunidad en virtud de una autorización de la OMC — Resolución del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC — Efectos jurídicos — Responsabilidad de la Comunidad cuando no existe un comportamiento ilícito de sus órganos — Relación de causalidad — Perjuicio anormal y especial )

text:
               25.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/22

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 2005 — FIAMM y FIAMM Technologies/Consejo y Comisión
   (Asunto T-69/00) (1)

   («Responsabilidad extracontractual de la Comunidad - Incompatibilidad del régimen comunitario de importación de plátanos con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) - Establecimiento por los Estados Unidos de América de una medida de retorsión que consiste en un recargo aduanero exigido a las importaciones procedentes de la Comunidad en virtud de una autorización de la OMC - Resolución del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC - Efectos jurídicos - Responsabilidad de la Comunidad cuando no existe un comportamiento ilícito de sus órganos - Relación de causalidad - Perjuicio anormal y especial»)
   (2006/C 48/40)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandantes: Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) (Montecchio Maggiore, Italia) y Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies, Inc. (FIAMM Technologies) (East Haven, Delaware, Estados Unidos) (representantes: I. Van Bael, A. Cevese y F. Di Gianni, abogados)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: G. Maganza, J. Huber, F. Ruggeri Laderchi y S. Marquardt, agentes) y Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente P. Kuijper, L. Gussetti, V. Di Bucci, C. Brown y E. Righini, posteriormente P. Kuijper, L. Gussetti, V. Di Bucci y E. Righini, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de las demandadas: Reino de España (representantes: inicialmente R. Silva de Lapuerta, posteriormente E. Braquehais Conesa, agentes)
   Objeto
   Recurso de indemnización del perjuicio presuntamente derivado del recargo aduanero cuya exacción por los Estados Unidos de América sobre las importaciones de acumuladores estacionarios de las demandantes había sido autorizada por el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a raíz de la comprobación de la incompatibilidad del régimen comunitario de importación de plátanos con los acuerdos y los entendimientos anexos al Acuerdo por el que se establece la OMC.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Las partes demandantes cargarán, además de con sus propias costas, con las del Consejo y la Comisión.

               3)

               El Reino de España cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 135, de 13.5.2000.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Crown Side), de fecha 29 de noviembre de 1995, en el asunto entre Norbrook Laboratories Ltd y Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Asunto C-29/96)

text:
N° C 95/8               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      30 . 3 . 96
      bros sobre normas y protocolos analíticos, toxicofarma           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
      cológicos y clínicos en materia de pruebas de medica             lución de la High Court of Justice in Northern Ireland,
      mentos ,                                                          Queen's Bench División ( Crown Side ), de fecha 29 de
                                                                        noviembre de 1995 , en el asunto entre Norbrook Labora
— condene en costas a la República Francesa .                            tories Ltd y Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Los motivos y principales alegaciones son análogos a los del                                    ( Asunto C-29/96 )
asunto C-18/96 ( 3 ).                                                                              ( 96/C 95/ 13 )
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
(') DO n° L 270 de 26 . 9 . 1991 , p . 32.
( 2 ) DO nH L 147 de 9 . 6 . 1975 , p . 1 .
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
( 3 ) DO n " C 77 de 16 . 3 . 1996, p. 8 .                              resolución de la High Court of Justice in Northern Ireland,
                                                                        Queen's Bench División ( Crown Side ) dictada el 29 de
                                                                        noviembre de 1995 en el asunto entre Norbrook Labora
                                                                        tories Ltd y Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, y
                                                                        recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso              febrero de 1996 .
lución del Lánsrátten i Jónkópings lán de fecha 26 de enero             La High Court of Justice in Northern Ireland , Queen's
de 1996, en el asunto entre Danisco Sugar AB y Allmánna                 Bench División ( Crown Side ) solicita al Tribunal de Justicia
                                ombudet
                                                                        que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
                         ( Asunto C-27/96 )                             1 ) ¿ Debe interpretarse que las Directivas 81 /851 /CEE del
                             ( 96/C 95/ 12 )                                 Consejo, de 28 de septiembre de 1981 , relativa a la
                                                                             aproximación de las legislaciones de los Estados miem
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    bros sobre medicamentos veterinarios (') y 81 /852/CEE
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  del Consejo, de 28 de septiembre de 1981 , relativa a la
resolución del Lánsrátten i Jónkópings lán dictada el 26 de                  aproximación de las legislaciones de los Estados miem
enero de 1996 , en el asunto entre Danisco Sugar AB y                        bros sobre las normas y protocolos analíticos, tóxico
Allmánna ombudet, y recibida en la Secretaría del Tribunal                   farmacológicos y clínicos en materia de pruebas de
de Justicia el 30 de enero de 1996 .                                         medicamentos veterinarios ( 2 ) ( y, en particular, los
                                                                             artículos 5 , 8 , 9, 11 , 14 , 29 a 31 , 35 , 40 y 41 de la
El Lánsrátt i Jónkópings lán solicita al Tribunal de Justicia                Directiva 81 /851 /CEE y la primera parte del Anexo a la
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                           Directiva 81 /852/CEE en su versión original no modi
                                                                             ficada ) permiten a la autoridad competente de un
1 ) ¿ El Acta de adhesión de Suecia , dé Finlandia y de                      Estado miembro, en circunstancias como las descritas
      Austria (') y, en particular, el apartado 2 de su artícu              con anterioridad :
      lo 137, el apartado 2 de su artículo 145 y el apartado 1
      de su artículo 149 deben ser interpretados en el sentido               a ) Exigir a un solicitante de una autorización de
      de que la imposición a nivel nacional de exacciones                        comercialización relativa a un medicamento veteri
      sobre las existencias normales de enlace de azúcar, tal                    nario ( en lo sucesivo, « medicamento ») que identifi
      como se establecen conforme a la ley sueca sobre el                        que o que se ocupe de que se identifiquen los
      azúcar y a su posterior modificación, ha de considerarse                   nombres y las direcciones de todos los fabricantes de
      como una medida transitoria prohibida ?                                     la sustancia que el solicitante pretende comprar para
                                                                                utilizarla como uno de los principios activos ( en lo
      En el caso de que la respuesta a la cuestión 1 sea                         sucesivo, « principio activo ») para fabricar el medi
      negativa                                                                   camento, y que proporcione o se encargue de que se
                                                                                proporcionen a la autoridad competente los detalles
2 ) ¿ La organización común de mercados en el sector del                         del ( de los ) lugar(es ) en los que se producirá el
      azúcar, y en particular los artículos 39 y 40 del Tratado                  principio activo y de los métodos de fabricación y de
      de Roma, el Reglamento ( CEE ) n° 1785/81 del Consejo                      control utilizados por el fabricante del principio
      de 30 de junio de 1981 , relativo a la organización común                   activo .
      de mercados en el sector del azúcar ( 2 ) y el Reglamento
       ( CEE ) n° 3300/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de              b ) Exigir al solicitante ( ya sea mediante requisitos
       1994 , por el que se establecen medidas transitorias en el                específicos para la licencia o mediante la denegación
      sector del azúcar como consecuencia de la adhesión de                      de la concesión de una autorización de comerciali
      Austria , Finlandia y Suecia ( 3 ) deben ser interpretados en              zación, o de otro modo ) que cumpla los requisitos
      el sentido de que la imposición a nivel nacional de                         antes mencionados, o bien que comercialice el
      exacciones sobre las existencias normales de enlace de                     medicamento sólo cuando se haya preparado utili
       azúcar , tal como se establecen conforme a la ley sueca                   zando suministros del principio activo comprados a
                                                                                determinadas terceros .
       sobre el azúcar y a su posterior modificación, ha de
      considerarse como una intervención prohibida en la                     c ) Suspender los plazos para la concesión de una
      organización común de mercados ?                                           autorización de comercialización establecidos en el
                                                                                artículo 8 de la Directiva 81 /851 /CEE hasta que el
(!) DO n° C 241 de 29 . 8 . 1994 .                                                solicitante haya accedido a aportar la información a
( 2 ) DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p . 4 ( EE 03/22 , p . 80 ).                   que se refiere la letra a ) descrita más arriba ?
( 3 ) DO n° L 341 de 30 . 12 . 1994 , p . 39 .
                                                                        2 ) ¿ Sería relevante para responder a las letras a ) a c ) de la
                                                                             cuestión 1 que no le fuera razonablemente posible a un
 ---pagebreak--- 30 . 3 . 96                  ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° C 95/9
       solicitante obtener la información mencionada en la                 Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante
       letra a ) de la cuestión 1 , y, si es así, qué consecuencias        autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
       tendría en la respuesta a dichas cuestiones ?                       Extremadura, dictados los dos primeros el 17 de enero de
                                                                           1996 y el tercero el 15 de enero de 1996, en los asuntos entre
3 ) a ) ¿ Si cabe exigir las peticiones de información adicio             Antonio Naranjo Arjona y el Instituto Nacional de la
           nal y los otros requisitos mencionados en la cues              Seguridad Social el primero, entre Francisco Vicente Mateos
           tión 1 , o alguno de ellos, prima facie con arreglo a las       y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería
           Directivas 81 /851 /CEE y 81 /852/CEE, deben ate               General de la Seguridad Social el segundo, y entre el Instituto
           nerse dichas peticiones y requisitos al principio de            Nacional de la Seguridad Social y Laura García Lázaro el
           proporcionalidad del Derecho comunitario ?                                                   tercero
       b ) ¿ Si fuese afirmativa la respuesta a la letra a ), deben                   ( Asuntos C-31/96, C-32/96 y C-33/96 )
           ser aplicados en este caso dichos principios por el                                      ( 96/C 95/14 )
           órgano jurisdiccional nacional o por el Tribunal de
           Justicia ?                                                      Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han
                                                                           sido sometidas unas peticiones de decisión prejudicial
      c)     i ) ¿ Si deben ser aplicados por el Tribunal de               mediante autos del Tribunal Superior de Justicia de la
                   Justicia, infringen el principio de proporcionali
                                                                           Comunidad de Extremadura dictados los dos primeros el 17
                   dad dichas exigencias y requisitos, o alguno de
                   ellos ?
                                                                           de enero de 1996 y el tercero el 15 de enero de 1996 , en los
                                                                           asuntos entre Antonio Naranjo Arjona y el Instituto
           ii ) ¿ Si deben ser aplicados por el órgano jurisdic           Nacional de la Seguridad Social el primero, entre Francisco
                   cional nacional, conforme a qué criterios y             Vicente Mateos y el Instituto Nacional de la Seguridad
                   consideraciones debe apreciarse la proporciona         Social y la Tesorería General de la Seguridad Social el
                   lidad de las exigencias y requisitos ?                  segundo, y entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social
                                                                           y Laura García Lázaro el tercero, y recibidos en la Secretaría
4 ) ¿ Debe interpretarse que los artículos 30 a 36 del                     del Tribunal de Justicia el 7 de febrero de 1996 .
      Tratado CE prohiben todas o algunas de las exigencias y
       requisitos descritos más arriba ?                                   El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
                                                                           Extremadura ( Sala de lo Social ) solicita al Tribunal de
5 ) a ) ¿ Debe interpretarse que el artículo 40 de la Directiva            Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión :
            81 /85 1 /CEE es aplicable a las exigencias y requisitos
           descritos más arriba ?
                                                                           La letra c ) del apartado 1 del artículo 47 del Reglamento
       b ) ¿ Si es así, en que circunstancias y con arreglo a qué          ( CEE ) n° 1408/71 í 1 ) —en la actualidad letra g ) del
           criterios deben considerarse inadecuados a efectos              apartado 1 del artículo 47—, cuando habla : « determinará
           del artículo 40 los motivos para imponer dichas                 dicha base media en función, únicamente, de los períodos de
           exigencias y requisitos, y fueron debidamente moti             seguro cumplidos bajo la legislación de dicho Estado », ha de
                                                                           entenderse :
           vadas, en el presente asunto, tales exigencias y
           requisitos ?
                                                                           1 ) Ala teórica base máxima, mínima o media, que en cada
6 ) a ) ¿ Está obligado un Estado miembro, en Derecho                           momento establece la legislación de un Estado para el
           comunitario, a indemnizar a una empresa por las                      abono de las cuotas correspondientes a la Seguridad
           pérdidas irrogadas como consecuencia de la impo                     Social; o,
           sición de exigencias y requisitos como los descritos
           más arriba que :                                                2 ) A la media de las bases reales, de lo realmente cotizado
                                                                                por el individuo afectado, con independencia de lo que
               i ) son incompatibles con las disposiciones de las               hubiera tenido que cotizar en los períodos trabajados en
                   Directivas 81 /851 y/o 81 /852 ;                             España con arreglo a la legislación de este Estado .
            ii ) violan el principio de proporcionalidad;                  (') DO n° L 149 de 5 . 7. 1971 , p . 2 .
           iii ) están prohibidas por los artículos 30 a 36 del
                   Tratado CE;
           iv) no han sido suficientemente motivadas en el
                   sentido del artículo 40 de la Directiva 81 /
                   851 ?                                                   Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                           lución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
       b ) ¿ Si la respuesta a los incisos i ), ii ), iii ) y iv ) de la   distaccata di Tivoli— de fecha 24 de enero de 1996 en el
           letra a ) de la cuestión 6 , o a alguno de ellos, fuera               proceso penal seguido contra Maria Paolantoni
           afirmativa, qué circunstancia daría lugar a dicha                                     ( Asunto C-34/96 )
           responsabilidad ?                                                                        ( 96/C 95/ 15 )
(!) DO n° L 317 de 6 . 11 . 1981 , p . 1 ( EE 13/ 12 , p . 3 ).
( 2 ) DO n° L 317 de 6 . 11 . 1981 , p . 16 ( EE 13/ 12 , p . 18 ).        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                           resolución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002 en el asunto C-299/99 (Petición de decisión prejudicial de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division): Koninklĳke Philips Electronics NV contra Remington Consumer Products Ltd ("Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b) — Signos que pueden constituir una marca — Signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto")

text:
10.8.2002                ES                           Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 191/1
                                                                         I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                  TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                             TRIBUNAL DE JUSTICIA
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   C.W.A. Timmermans, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-
                                                                             Jarabo Colomer; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de
                                                                             división, ha dictado el 18 de junio de 2002 una sentencia cuyo
                     de 18 de junio de 2002                                  fallo es el siguiente:
en el asunto C-299/99 (Petición de decisión prejudicial de
la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division):
Koninklijke Philips Electronics NV contra Remington                          1)    No existe una categorı́a de marcas cuyo registro no esté excluido
                    Consumer Products Ltd (1)                                      por el artı́culo 3, apartado 1, letras b) a d), y apartado 3, de la
                                                                                Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
(«Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva                          1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las
89/104/CEE — Artı́culos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1,                         legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
y 6, apartado 1, letra b) — Signos que pueden constituir una                       cuya inscripción, no obstante, esté prohibida por el artı́culo 3,
marca — Signos constituidos exclusivamente por la forma                            apartado 1, letra a), de la misma por no ser apropiada para
                          de un producto»)                                         distinguir los productos del titular de los de otras empresas.
                          (2002/C 191/01)
                                                                             2)    Para ser apropiada para distinguir un producto a efectos del
                                                                                artı́culo 2 de la Directiva 89/104, la forma del producto para
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                                el que se ha registrado el signo no precisa ninguna adición
                                                                                arbitraria, como un adorno que no tenga finalidad funcional.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                             3)    Cuando un operador es el único en suministrar al mercado
                                                                                determinados productos, el uso prolongado de un signo, que
                                                                                consiste en la forma de dichos productos, puede ser suficiente
En el asunto C-299/99, que tiene por objeto una petición                          para otorgar al signo carácter distintivo a efectos del artı́culo 3,
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,                 apartado 3, de la Directiva 89/104 en circunstancias en las
por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)                          que, como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los
(Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente                        sectores interesados asocia esa forma con dicho operador y con
ante dicho órgano jurisdiccional entre Koninklijke Philips                        ninguna otra empresa, o cree que los productos que tienen esa
Electronics NV y Remington Consumer Products Ltd, una                              forma provienen de dicho operador. No obstante, por lo que
decisión prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 3,                respecta a las circunstancias en que concurre la condición
apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b), de la                   exigida por dicha disposición, corresponde al juez nacional
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de                            verificar que éstas han quedado demostradas sobre la base de
1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las                         datos concretos y fiables, que se ha tomado en consideración la
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas                         percepción de la categorı́a de productos o servicios de que se
(DO 1989, L 40, p. 1), el Tribunal de Justicia (), integrado por                   trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente
el Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, el Sr. P. Jann, las Sras.             informado y razonablemente atento y perspicaz, y que la
F. Macken (Ponente) y N. Colneric y el Sr. S. von Bahr,                            identificación del producto por los sectores interesados del
Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward,                        producto, atribuyéndole una procedencia empresarial determi-
A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues y                            nada, se produce gracias al uso de la marca como tal.
 ---pagebreak--- C 191/2                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                10.8.2002
4)     El artı́culo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la          (CEE) no 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992,
       Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que un          por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de
       signo constituido exclusivamente por la forma de un producto         la leche y de los productos lácteos (DO L 405, p. 1), en su
       no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se           versión modificada por el Reglamento (CEE) no 1560/93 del
       demuestra que sus caracterı́sticas funcionales esenciales sólo son  Consejo, de 14 de junio de 1993 (DO L 154, p. 30), el Tribunal
       atribuibles a un resultado técnico. Asimismo, la prueba de la        de Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra. N. Colneric,
       existencia de otras formas que permitan obtener el mismo             Presidenta de la Sala Segunda, en funciones de Presidenta de la
       resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa de      Sala Sexta, y los Sres. C. Gulmann y V. Skouris (Ponente),
       denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha           Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr.
       disposición.                                                        H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 20 de junio
                                                                            de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
(1) DO C 299 de 16.10.1999.
                                                                            1)    Cuando determina, en virtud del artı́culo 7, apartado 1, del
                                                                                Reglamento (CEE) no 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre
                                                                                de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el
                                                                                sector de la leche y de los productos lácteos, en su versión
                                                                                modificada por el Reglamento (CEE) no 1560/93 del Consejo,
                                                                                de 14 de junio de 1993, el procedimiento con arreglo al cual,
                                                                                en caso de venta o arrendamiento de una explotación lechera, se
                                                                                transfiere con dicha explotación la cantidad de referencia
                                                                                correspondiente, un Estado miembro puede establecer, conforme
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                      a dicha disposición, que parte de tal cantidad de referencia no
                                                                                se transmita con la explotación a los productores que se hagan
                                                                                cargo de ella, sino que se añada a la reserva nacional mediante
                              (Sala Sexta)                                        una medida de recuperación («claw back»). Tal medida ha de
                                                                                adoptarse y aplicarse:
                        de 20 de junio de 2002
                                                                                —      sin poner en peligro la consecución de los objetivos de la
                                                                                polı́tica agrı́cola común y, en particular, de la organización
en el asunto C-313/99 (Petición de decisión prejudicial de                             común de mercados en el sector de la leche;
la High Court): Gerard Mulligan, Tim O’Sullivan, Tom
Power, Hugh Duncan contra Minister for Agriculture and
                Food, Irlanda, Attorney General (1)                               —      tomando como base criterios objetivos, y
                                                                                —      observando los principios generales del Derecho comunita-
(«Tasa suplementaria en el sector de la leche y de los
                                                                                rio como, en especial, los principios de seguridad jurı́dica
productos lácteos — Reglamento (CEE) no 3950/92 —
                                                                                y de protección de la confianza legı́tima, de proporcionali-
Transferencia de la cantidad de referencia en caso de venta o
                                                                                dad, de no discriminación y de respeto de los derechos
arrendamiento de la explotación — Facultad de un Estado
                                                                                fundamentales.
miembro de recuperar parte de la cantidad de referencia y
                   añadirla a la reserva nacional»)
                                                                            2)    El principio de seguridad jurı́dica no se opone, como principio
                                                                                general del Derecho comunitario, a que un Estado miembro
                           (2002/C 191/02)                                        elija, a efectos de la adopción de medidas nacionales en virtud
                                                                                del artı́culo 7, apartado 1, del Reglamento no 3950/92, un
                                                                                procedimiento conforme al cual un instrumento legislativo
                     (Lengua de procedimiento: inglés)                            faculta a la autoridad competente, por ejemplo un ministro,
                                                                                para establecer dichas medidas mediante decisión. En lo que se
                                                                                refiere a la publicidad de tales medidas, el referido principio
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la           exige que permita informar a las personas fı́sicas o jurı́dicas
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)              afectadas por las medidas adoptadas de sus derechos y obligacio-
                                                                                nes derivados de éstas. Corresponde al órgano jurisdiccional
                                                                                nacional determinar, sobre la base de los datos de que disponga
                                                                                en relación con los hechos, si tal es el caso en el litigio principal.
En el asunto C-313/99, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
por la High Court (Irlanda), destinada a obtener, en el                     (1) DO C 299 de 16.10.1999.
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Gerard
Mulligan, Tim O’Sullivan, Tom Power, Hugh Duncan y Minister
for Agriculture and Food, Irlanda, Attorney General, una
decisión prejudicial sobre la interpretación del Reglamento


title: Asunto T-127/00: Recurso interpuesto el 11 de mayo de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Michael Nevin

text:
24.6.2000              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 176/31
— Ilegalidad del Reglamento (CE) no 2553/97 de la Comisión,            Debe señalarse que la Comisión deniega la solicitud de
     de 17 de diciembre de 1997, relativo a las disposiciones           los productores comunitarios basándose esencialmente en el
     de expedición de los certificados de importación de              artı́culo 27 del Reglamento no 2820/98, que establece que «el
     determinados productos de los códigos NC 1701, 1702,              beneficio preferente se concederá normalmente a productos
     1703 y 1704 con acumulación de origen CE/PTU (3), como            que sean objeto de medidas […] antisubvenciones».
     consecuencia del cual también es ilegal el artı́culo 2,
     apartado 2, del Acuerdo sobre Salvaguardias, en el que se
     declaran aplicables mutatis mutandis las disposiciones del         En apoyo de su recurso, los demandantes alegan:
     Reglamento no 2553/97.
                                                                        La decisión impugnada es ilegal en la medida en que contra-
(1) DO L 56, de 1.3.2000, p. 39.
                                                                        viene el Derecho comunitario derivado. El Reglamento
(2) DO 1991, L 263, p. 1, modificada en último lugar por la Decisión
    2000/168/CE.
                                                                        no 2820/98 no dispone que la aplicación de medidas antisub-
(3) DO L 349, p. 26.                                                    vención impida la apertura de una investigación destinada a
                                                                        retirar los beneficios del régimen de SPG. Lo que dicho
                                                                        Reglamento establece es que normalmente los beneficios del
                                                                        SPG no son incompatibles con la existencia de medidas
                                                                        antisubvención o antidumping, pero que dichos beneficios
                                                                        pueden retirarse en casos manifiestos de percepción de subsi-
Recurso interpuesto el 2 de mayo de 2000 contra la                      dios u otras prácticas comerciales desleales. La decisión
Comisión de las Comunidades Europeas por DuPont                        impugnada, conforme a la cual no es posible retirar el beneficio
Teijin Films Luxembourg S.A., Mitsubishi Polyester Film                 preferente si se aplican medidas antisubvención, se basa,
             GmbH y Toray Plastics Europe S.A.                          por tanto, en una interpretación errónea del Reglamento
                                                                        no 2820/98. La interpretación que de este Reglamento realizan
                       (Asunto T-113/00)                                los productores comunitarios es también coherente con la
                                                                        polı́tica comercial, en la medida en que permitirı́a a la
                         (2000/C 176/54)                                Comisión examinar la posibilidad de retirar los beneficios
                                                                        preferentes a un socio comercial que infringiera de forma
                                                                        persistente o notoria sus obligaciones internacionales o las
                 (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                        normas de la OMC.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 2 de mayo de 2000 un recurso               La Comisión no ha motivado adecuadamente la decisión por
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado               la que deniega la solicitud de los productores comunitarios.
por DuPont Teijin Films Luxembourg S.A. (Luxemburgo),
Mitsubishi Polyester Film GmbH (Wiesbaden, Alemania) y
Toray Plastics Europe S.A. (Miribel Cedex, Francia), representa-
dos por los Sres. Ian S. Forrester, QC, y James Killick, del bufete     (1) DO L 357 de 30.12.1998, p. 1.
White & Case LLP, Bruselas.
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
Instancia que:
— Anule la decisión impugnada.
— Condene en costas a la Comisión.
— Adopte cualquier otra medida que proceda en Derecho.
                                                                        Recurso interpuesto el 11 de mayo de 2000 contra la
Motivos y principales alegaciones                                       Comisión de las Comunidades Europeas por Michael
                                                                                Nevin
El 17 de septiembre de 1998 los productores comunitarios
solicitaron a la Comisión de las Comunidades Europeas que                                     (Asunto T-127/00)
investigara la pertinencia de retirar los beneficios arancelarios
del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) a las láminas
de politereftalato de etileno (láminas de «PET») procedentes de                                (2000/C 176/55)
la India, debido a que los subsidios que percibı́an los producto-
res indios de láminas de PET constituı́an un «caso manifiesto
de prácticas comerciales desleales», con arreglo al artı́culo 22                        (Lengua de procedimiento: francés)
del Reglamento (CE) no 2820/98 del Consejo, de 21 de
diciembre de 1998, relativo a la aplicación de un plan
plurianual de preferencias arancelarias generalizadas durante           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
el perı́odo comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de          Europeas se ha presentado el 11 de mayo de 2000 un recurso
diciembre de 2001 (1). El presente recurso, interpuesto por los         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
tres principales productores europeos de láminas de PET, se            por el Sr. Michael Nevin, con domicilio en Tervuren (Bélgica),
dirige contra la decisión por la que se deniega tal solicitud.         representado por Me Nicolas Lhoëst, Abogado de Bruselas.
 ---pagebreak--- C 176/32               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    24.6.2000
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia         jurı́dicos. Además sus contratos de interino se celebraron
que:                                                                  contraviniendo el código de conducta que regula las relaciones
                                                                      entre la Comisión y el personal interino. De ello se desprende
— Anule la Decisión de la Comisión de 9 de abril de 1999,           que los citados contratos deben calificarse de nuevo de
    por la que se le denegó al demandante la concesión de la        contratos de trabajo de duración indeterminada con la Comi-
    indemnización por expatriación.                                 sión.
— Condene a la Comisión a pagar al demandante la indemni-
                                                                      Con carácter subsidiario, el demandante alega que el concepto
    zación por expatriación a partir del 1 de abril de 1999,
                                                                      de actividad profesional prestada a favor de una organización
    más los intereses de demora a razón del 8 % anual.
                                                                      internacional en el sentido del artı́culo 4 del Anexo VII no
— Condene a la Comisión al pago de todas las costas del              exige un vı́nculo contractual directo con la Comisión.
    procedimiento.
Motivos y principales alegaciones
El demandante invoca principalmente la infracción del artı́-
culo 4 del Anexo VII del Estatuto. Alega que el trabajo que                          Archivo del asunto T-289/97 (1)
desempeñó como interino en la Comisión debe considerarse
como una actividad profesional prestada a una organización                                   (2000/C 176/56)
internacional en el sentido del artı́culo 4, apartado 1, letra a)
del Anexo VII del Estatuto. De ello se desprende que deben
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
neutralizarse los perı́odos de actividad como interino para
calcular el perı́odo durante el cual el demandante desempeñó
una actividad profesional en el paı́s de destino antes de su          Mediante auto de 9 de marzo de 2000, el Sr. B. Vesterdorf que
entrada en funciones. Por consiguiente, el demandante tenı́a          actúa como órgano unipersonal, ha decidido archivar el
derecho a percibir la indemnización por expatriación.               asunto T-289/97, Peter Cain contra Comisión de las Comuni-
                                                                      dades Europeas.
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega en
particular que le unen a la Comisión numerosos vı́nculos             (1) DO C 26 de 24.1.98.


title: Asunto C-69/12 P: Recurso de casación interpuesto el 10 de febrero de 2012 por Noscira SA contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima) dictado el 28 de noviembre de 2011 en el asunto T-307/11, Noscira SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               15.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/3

         Recurso de casación interpuesto el 10 de febrero de 2012 por Noscira SA contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima) dictado el 28 de noviembre de 2011 en el asunto T-307/11, Noscira SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-69/12 P)
   2012/C 389/03
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Noscira SA (representante: A. Sirimarco, advocate)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Mediante auto de 21 de septiembre de 2012, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declaró la inadmisibilidad del recurso.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 30 de noviembre de 2000 en el asunto C-384/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica ("Incumplimiento de Estado — Telecomunicaciones — Interconexión de las redes — Interoperabilidad de los servicios — Prestación de un servicio universal")

text:
C 95/2                    ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           24.3.2001
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 3)     Cuando un Estado miembro debe computar, para calcular la
                                                                                retribución de los profesores y de los profesores ayudantes
                              (Sala Quinta)                                         contratados, los perı́odos de empleo cubiertos en instituciones
                                                                                de otros Estados miembros comparables a las instituciones
                    de 30 de noviembre de 2000                                      austriacas enumeradas en el artı́culo 26, apartado 2, de la
                                                                                Vertragsbedienstetengesetz 1948, tales perı́odos deben tenerse
                                                                                en cuenta sin ningún lı́mite de tiempo.
en el asunto C-195/98 (petición de decisión prejudicial del
Oberster Gerichtshof): Österreichischer Gewerk-
schaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, contra                        (1) DO C 234 de 25.7.1998.
                       Republik Österreich (1)
[Artı́culo 177 del Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE)
— Concepto de «órgano jurisdiccional de uno de los Estados
miembros» — Libre circulación de personas — Igualdad de
trato — Ascenso por antigüedad — Carrera realizada en
                        parte en el extranjero]
                             (2001/C 95/02)                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                                                     (Sala Tercera)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                          de 30 de noviembre de 2000
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                             en el asunto C-384/99: Comisión de las Comunidades
En el asunto C-195/98, que tiene por objeto una petición                                   Europeas contra Reino de Bélgica (1)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Oberster
Gerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el litigio pen-               («Incumplimiento de Estado — Telecomunicaciones — Inter-
diente ante dicho órgano jurisdiccional entre el Österreichis-             conexión de las redes — Interoperabilidad de los servicios —
cher Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, y                                  Prestación de un servicio universal»)
la Republik Österreich, una decisión prejudicial sobre la
interpretación de los artı́culos 48 del Tratado CE (actualmente                                         (2001/C 95/03)
artı́culo 39 CE, tras su modificación) y 177 del Tratado CE
(actualmente artı́culo 234 CE), ası́ como del artı́culo 7 del
Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre
de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores                                   (Lengua de procedimiento: francés)
dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), el
Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el
Sr. D.A.O. Edward (Ponente), en funciones de Presidente de la                (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
Sala Quinta, P. Jann y L. Sevón, Jueces; Abogado General:                         «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 30 de
noviembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                             En el asunto C-384/99, Comisión de las Comunidades Euro-
1)     Al ejercer funciones como las previstas en el artı́culo 54,           peas (Agente: Sr. B. Doherty) contra Reino de Bélgica (Agente:
       apartados 2 a 5, de la Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (Ley         Sra. A. Snoecx), que tiene por objeto que se declare que el
       de Tribunales de lo Social), el Oberster Gerichtshof constituye       Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le
       un órgano jurisdiccional en el sentido del artı́culo 177 del         incumben en virtud de lo dispuesto en la Directiva 97/33/CE
       Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE).                            del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de
                                                                             1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones
2)     Los artı́culos 48 del Tratado CE (actualmente artı́culo 39 CE,        en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la
       tras su modificación) y 7, apartados 1 y 4, del Reglamento           interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la
       (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968,               oferta de red abierta (ONP) (DO L 199, p. 32), y del Tratado
       relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la     CE, al no haber adaptado correctamente su Derecho interno al
       Comunidad, se oponen a una disposición nacional, como el             artı́culo 5 de la citada Directiva, en relación con el Anexo I de
       artı́culo 26 de la Vertragsbedienstetengesetz 1948 (Ley federal       ésta, y al no haber adoptado todas las medidas necesarias para
       de 1948 sobre el personal contratado), relativa al cómputo de        dar cumplimiento a dicho artı́culo 5, en relación con los
       los perı́odos de empleo anteriores con el fin de determinar la        Anexos I y III de la Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala
       retribución de los profesores y de los profesores ayudantes          Tercera), integrado por el Sr. C. Gulmann (Ponente), Presidente
       contratados, cuando las exigencias que se aplican a los perı́odos     de Sala; el Sr. J.-P. Puissochet y la Sra. F. Macken, Jueces;
       cubiertos en otros Estados miembros son más estrictas que las        Abogado General; Sr. F.G. Jacobs, Secretario: Sr. R. Grass, ha
       aplicables a los perı́odos cubiertos en instituciones comparables     dictado el 30 de noviembre de 2000 una sentencia cuyo fallo
       del Estado miembro de que se trata.                                   es el siguiente:
 ---pagebreak--- 24.3.2001                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                  C 95/3
1)    Se declara que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligacio-      transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199, p. 84), el
      nes que le incumben en virtud de la Directiva 97/33/CE del           Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. V. Skouris
      Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997,            (Ponente), Presidente de la Sala Segunda, en funciones de
      relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que     Presidente de la Sala Sexta, el Sr. J.-P. Puissochet y la
      respecta a garantiza el servicio universal y la interoperabilidad    Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General: Sr. N. Fennelly;
      mediante la aplicación de los principios de la oferta de la red     Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 7 de
      abierta (ONP), al no haber adoptado, dentro del plazo señalado,     enero de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
      necesarias para dar cumplimiento al artı́culo 5, en relación con
      los Anexos I, III, de la citada Directiva.                           1)   —      Está contemplado en la Directiva 93/38/CEE del Consejo,
                                                                                de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los
2)    Se condena en costas al Reino del Bélgica.                                       procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores
                                                                                del agua, de la energı́a, de los transportes y de las
                                                                                telecomunicaciones, un contrato a tı́tulo oneroso, celebrado
(1) DO C 6 de 8.1.2000.                                                                por escrito entre, por una parte, una empresa a la que la
                                                                                legislación de un Estado miembro ha confiado especı́fica-
                                                                                mente la explotación de un servicio de telecomunicaciones
                                                                                y cuyo capital social pertenece en su totalidad a los poderes
                                                                                públicos de dicho Estado miembro y, por otra parte, una
                                                                                empresa privada, cuando mediante dicho contrato la
                                                                                primera empresa encarga a la segunda la elaboración y
                                                                                publicación de repertorios de abonados al teléfono, impre-
                                                                                sos y en formato electrónico (guı́as telefónicas), con vistas
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                            a su distribución pública;
                              (Sala Sexta)
                                                                                —      pese a estar contemplado en la Directiva 93/38, un
                                                                                contrato de esta naturaleza resulta excluido, en el estado
                    de 7 de diciembre de 2000                                          actual del Derecho comunitario, del ámbito de aplicación
                                                                                de esta última, principalmente debido a que la contra-
en el asunto C-324/98 (petición de decisión prejudicial                              prestación que la primera empresa ofrece a la segunda
planteada por el Bundesvergabeamt): Telaustria Verlags                                 consiste en que esta última obtiene el derecho de explotar
GmbH, Telefonadress GmbH contra Telekom Austria AG,                                    su propia prestación, para conseguir ası́ una retribución.
              antes Post & Telekom Austria AG (1)
                                                                           2)   Pese a que, en el estado actual del Derecho comunitario, tales
(«Contratos públicos de servicios de servicios — Directiva                     contratos se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la
92/50/CEE — Contratos públicos de servicios en el sector de                    Directiva 93/38, las entidades contratantes que los celebren
las telecomunicaciones — Directiva 93/38/CEE — Concesión                       están obligadas no obstante a respetar, en general, las normas
                       de servicios públicos»)                                 fundamentales del Tratado CE y, en especial, el principio de no
                                                                                discriminación por razón de la nacionalidad, principio que
                                                                                implica, en particular, una obligación de transparencia que
                           (2001/C 95/04)
                                                                                permite que la entidad adjudicadora se asegure de que dicho
                                                                                principio es respetado.
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           3)   Esta obligación de transparencia que recae sobre la entidad
                                                                                adjudicadora consiste en garantizar, en beneficio de todo
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)             a la competencia el mercado de servicios y controlar la
                                                                                imparcialidad de los procedimientos de adjudicación.
En el asunto C-324/98, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del         4)   Corresponde al órgano jurisdiccional nacional pronunciarse
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Bundesverga-                  sobre la cuestión de si en el asunto examinado en el litigio
beamt (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente                   principal se ha respetado dicha obligación, ası́ como apreciar la
ante dicho órgano jurisdiccional entre Telaustria Verlags                      pertinencia de las pruebas aportadas al efecto.
GmbH, Telefonadress GmbH, y Telekom Austria AG, antes
Post & Telekom Austria AG, con intervención de: Herold
Business Data AG, una decisión prejudicial sobre la interpreta-
ción de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de             (1) DO C 327 de 24.10.1998.
1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1), y
de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de la energı́a, de los


title: Asunto T-5/09: Recurso interpuesto el 2 de enero de 2009 — Lind/Comisión

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/45

         Recurso interpuesto el 2 de enero de 2009 — Lind/Comisión
   (Asunto T-5/09)
   (2009/C 69/99)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Brigit Lind (Greve, Dinamarca) (representante: I. Anderson, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar a la demandante, personalmente, la cantidad de 50 000 euros, o bien el importe que el Tribunal de Primera Instancia considere justo y equitativo, en reparación del trauma y la angustia que sufrió la demandante debido al padecimiento e injusta muerte de su hermano como consecuencia de la negativa arbitraria e ilícita de la Comisión a exigir la implementación de la vigilancia médica prevista en la Directiva 96/29 en el caso de los antiguos trabajadores que participaron en la emergencia radiológica de Thule.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar a la masa hereditaria de John Erling Nochen, representada por la demandante, la cantidad de 250 000 euros, o bien el importe que el Tribunal de Primera Instancia considere justo y equitativo, en reparación de los dolores y padecimientos, incluido el ser consciente de la reducción de su esperanza de vida, sufridos por el Sr. Nochen desde 2006 hasta su fallecimiento en 2008 como consecuencia de la negativa arbitraria e ilícita de la Comisión a exigir la implementación de la vigilancia médica prevista en la Directiva 96/29 en el caso de los antiguos trabajadores que participaron en la emergencia radiológica de Thule y la cantidad de 6 000 euros en concepto de gastos funerarios.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar las costas y gastos en que incurra razonablemente la demandante en relación con el presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   En el caso de autos, la demandante plantea una reclamación de responsabilidad extracontractual derivada de los daños que afirma haber sufrido debido a la muerte de su hermano que, según alega, fue consecuencia de la negativa ilícita de la Comisión a cumplir con la resolución plenaria del Parlamento Europeo (1) y a exigir a Dinamarca la aplicación de lo dispuesto en la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes (2), en el caso de los trabajadores, incluido el hermano de la demandante, afectados por el accidente nuclear ocurrido en Thule, Groenlandia.

      (1)  Informe del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2007 sobre las consecuencias para la salud pública del accidente aéreo ocurrido en Thule en 1968 (Petición 720/2002) [2006/2012(INI)]

      (2)  DO L 159, p. 1