title: Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 1998 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Michael Cendrowicz (Asunto T-143/98)

text:
7.11.98              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 C 340/27
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-            Por uÂltimo, la demandante senÄala que el objetivo perse-
tancia que:                                                         guido por la concesión de los fondos comunitarios se ha
                                                                    conseguido en el marco presupuestario previsto a tal fin y
Ð Anule la Decisión adoptada por la Comisión Europea                que, por consiguiente, el intereÂs de la demandada no
    el 10 de junio de 1998, enviada por correo certificado          puede verse menoscabado por el mantenimiento de los
    el 7 de julio de 1998 y recibida el 9 de julio de 1998          pagos efectuados a la sazón. De ello deduce que la anula-
    por la demandante, en la que exige la devolución de la          ción de eÂstos en la Decisión, imprevisible, de reclamar la
    cantidad de 135 548 ECU y, en la medida de lo nece-             devolución de determinadas cantidades maÂs de cinco anÄos
    sario, anule las medidas de ejecución de esta Decisión.         despueÂs de clausurado el proyecto, se produjo violando de
                                                                    forma flagrante el principio de proporcionalidad.
Ð Condene en costas a la demandada.
Motivos y principales alegaciones
La demandante expone que, en 1990, la Comisión le con-              Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 1998 contra
cedió, en el marco del programa de acciones para el AnÄo            la Comisión de las Comunidades Europeas por Michael
Europeo del Turismo (AET), una contribución comunitaria                                     Cendrowicz
para su proyecto «Europuzzle Ð pays de l'Est». En 1991                                   (Asunto T-143/98)
se efectuó un primer pago, equivalente al 80 % del importe
de la contribución, y el 20 % restante se abonó el 13 de                                   (98/C 340/52)
marzo de 1992, tras el informe que le demandante remitió
a la Comisión sobre la utilización de la contribución eco-                       (Lengua de procedimiento: franceÂs)
nómica de que se trata.
                                                                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
La demandante senÄala que, desde el pago de la cantidad             Europeas se ha presentado el 11 de septiembre de 1998 un
restante, la Comisión no le manifestó ninguna observación           recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
relativa a la regularidad de los pagos correspondientes al          formulado por Michael Cendrowicz, con domicilio en Bru-
proyecto. Sin embargo, en julio de 1998 recibió un escrito          selas, representado por el Sr. Lucas Vogel, Abogado de
de la Comisión en el que le reclamaba la devolución par-            Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
cial de la subvención comunitaria. Dicho escrito es la              de la Fiduciaire Myson SARL, 30 rue de Cessange.
Decisión impugnada en el presente asunto.
                                                                    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
La demandante afirma que la Decisión impugnada se                   tancia que:
adoptó violando los derechos de la defensa, en la medida
en que, al no haber sido informada nunca de los motivos
que la Comisión Europea formulaba contra la regularidad             Ð Anule la decisión sin fecha de la Comisión de no elegir
del pago de la medida económica de la que era beneficia-                la candidatura del demandante al puesto COM/98/97
ria, le fue imposible comunicar debidamente las observa-                de Jefe de la Unidad «India, Nepal, Butan, Sri-Lanka»
ciones a este respecto.                                                 (DGIB/C1), de la que acusó recibo el 16 de septiembre
                                                                        de 1997.
La demandante sostiene, ademaÂs, que la Decisión impug-
nada viola los principios de seguridad jurídica y de con-           Ð Anule la decisión de 9 de agosto de 1997 de la Comi-
fianza legítima. En efecto, senÄala que, conforme a la Deci-            sión de nombrar a otra persona para proveer esta
sión de concesión de la ayuda financiera y la Declaración               plaza.
del beneficiario de una contribución financiera, se compro-
metió a conservar los documentos justificativos, con fines          Ð Condene a la Comisión a pagar al demandante la can-
de control, durante cinco anÄos. Pasado este plazo de cinco             tidad de 100 000 BFR, en concepto de indemnización
anÄos, que comenzó a transcurrir, como maÂs tarde, cuando               del perjuicio moral sufrido a consecuencia de la ilegali-
se clausuró el proyecto (esto es, en la fecha del pago de la            dad de las decisiones impugnadas, sin perjuicio de una
cantidad restante), dejó de estar obligada a conservar los              modificación en el procedimiento.
documentos justificativos y, por tanto, la Comisión ya no
tenía derecho a efectuar controles. Puesto que los controles
                                                                    Ð Condene en costas a la Comisión.
constituyen la base de una impugnación eventual de la
cantidad, o de una parte de la cantidad concedida, trans-
curridos esos cinco anÄos, es decir, el 12 de marzo de 1997,        Motivos y principales alegaciones
la demandada ya no podía solicitar ninguÂn reembolso y la
demandante podía confiar en la apariencia de legalidad de           El demandante, funcionario de grado A4, se opone al
los pagos y conservar las cantidades abonadas.                      rechazo de su candidatura a cubrir la referida plaza. A
                                                                    este respecto precisa que la casi totalidad de su carrera se
La demandante tambieÂn considera que la Decisión impug-             ha desarrollado en funciones relativas a los países de Asia,
nada adolece de un error de motivación, en la medida en             y que ha desempenÄado las funciones de Jefe de la Unidad
que los cargos en que se basa no coinciden con la reali-            1 B/C/1 tras la jubilación de su superior jeraÂrquico y Jefe
dad.                                                                de la Unidad, a la sazón funcionario de grado A3.
 ---pagebreak--- C 340/28             ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      7.11.98
Respecto al candidato finalmente nombrado por la AFPN               Ð En cualquier caso, condene a la parte demandada al
para cubrir el puesto vacante, el demandante insiste en su               pago de la totalidad de las costas.
falta de experiencia profesional en el aÂmbito de que se
trata y en el hecho de que su nombramiento fue resultado
de presiones políticas ejercidas al maÂs alto nivel.                Motivos y principales alegaciones
En apoyo de sus pretensiones, alega los motivos siguientes:         El demandante impugna la negativa de la AFPN a seleccio-
                                                                    nar su candidatura para el puesto mencionado. A este res-
Ð Ilegalidad de la decisión que fija el nivel de la plaza           pecto, afirma que, seguÂn la información que se le ha dado,
    vacante en el grado A5/A4, en la medida en que no se            el examen del expediente personal de los candidatos a una
    adoptó teniendo en cuenta la importancia de las tareas          primera convocatoria para proveer la plaza vacante con-
    de la Unidad, sino el grado del funcionario nombrado.           trovertida mostraba claramente que la candidatura del
                                                                    demandante respondía a las necesidades del puesto en
Ð Infracción del apartado 3 del artículo 27 del Estatuto.           cuestión y al intereÂs del servicio. Por otra parte, el Direc-
                                                                    tor General y el Secretario General entonces competentes
Ð Inexistencia o insuficiencia del examen comparativo de            le apoyaban incondicionalmente. Sin embargo, el deman-
    capacitación y meÂritos de los candidatos por parte del         dante fue nombrado para el puesto controvertido uÂnica-
    ComiteÂ Consultivo de Nombramientos, que no exa-                mente ad interim con efecto de 1 de febrero de 1997. El 9
    minó sus expedientes personales.                                de enero de 1998, la AFPN puso fin a ese ínterin. Mien-
                                                                    tras tanto, se había publicado, con arreglo a la letra c) del
Ð Falta de toma en consideración de los criterios de                apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, una convocatoria
    experiencia y competencia profesionales a que se refe-          para proveer plaza vacante que recogía las calificaciones y
    ría el anuncio de vacante de que se trata.                      conocimientos exigidos por la primera convocatoria.
Ð Insuficiencia de motivación de la decisión impugnada.             En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega, en pri-
                                                                    mer lugar, la infracción de los artículos 4 y 29 del Esta-
Ð Existencia, en el presente asunto, de desviación de               tuto, la vulneración del principio de igualdad de trato y el
    poder y error manifiesto de apreciación.                        incumplimiento del deber de asistencia y protección, por
                                                                    cuanto la Institución demandada decidió recurrir al proce-
                                                                    dimiento de transferencia contemplado en la letra c) del
                                                                    apartado 1 del artículo 29 del Estatuto sin haber exami-
                                                                    nado previamente las posibilidades de convocar un con-
Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 1998 contra              curso interno de la Institución.
         Parlamento Europeo por Dino Cantoreggi
                     (Asunto T-144/98)                              Alega tambieÂn la infracción del apartado 1 del artículo 7 y
                        (98/C 340/53)                               del paÂrrafo del artículo 27, la vulneración de los principios
                                                                    de no discriminación y de protección de la confianza legí-
                                                                    tima y la existencia en el presente asunto de desviación de
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                    poder, en la medida en que la AFPN nombró un candi-
                                                                    dato, sin tener en cuenta uÂnicamente el intereÂs del servicio,
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              sobre la base de una cuota de nacionalidad y con el fin de
Europeas se ha presentado el 14 de septiembre de 1998 un            reservar el puesto a un candidato que resulta ser de la
recurso contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr.           misma nacionalidad que el Presidente del Parlamento
Dino Cantoreggi, con domicilio en Bruselas, representado            Europeo, que actuó en calidad de AFPN en este marco.
por Me Eric Boigelot, Abogado de Bruselas, que designa
como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Louis
Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim.                                 En uÂltimo lugar, el demandante estima que cumplía todos
                                                                    y cada uno de los requisitos necesarios para ser nombrado
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-            para el puesto controvertido, y que la decisión impugnada
tancia que:                                                         se adoptó sobre la base de consideraciones inexactas o que
                                                                    no tenían en cuenta uÂnicamente el intereÂs del servicio. Por
Ð Anule la decisión de 12 de febrero de 1998, adoptada              consiguiente, dicha decisión estaÂ viciada por una motiva-
    por la AFPN, de nombrar a otra persona para el                  ción basada en criterios inexactos e infringe el artículo 7,
    puesto de Jefe de División en el grado A 3, escalón 1,          el paÂrrafo segundo del artículo 25, el artículo 27, el
    en la DG Administración, con destino en Bruselas, que           apartado 1 del artículo 29 y el artículo 45, y vulnera deter-
    siguió a la convocatoria para proveer plaza vacante             minados principios generales de Derecho, como el del res-
    no 8045 (puesto no VI/A/1297) y a la convocatoria de            peto de la confianza legítima y el de no discriminación. A
    transferencia no PE/A/208.                                      este respecto, el demandante senÄala que, ademaÂs de sus
                                                                    calificaciones específicas, tenía, a efectos de un posible
                                                                    nombramiento, la ventaja de conocer el historial de los
Ð Anule la decisión adoptada por la AFPN de rechazar
                                                                    edificios, así como la propia Institución, y de poseer una
    la candidatura del demandante a dicho puesto seguÂn
                                                                    calificación extremadamente elevada en la gestión teÂcnica.
    nota no 6006 dirigida al demandante el 25 de febrero
    de 1998 por la Sra. HeÂleÁne Puech, Jefe del Servicio
    «Contratación y Gestión de Personal».


title: Asunto T-346/11: Recurso interpuesto el 7 de julio de 2011 — Gollnisch/Parlamento

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/42

         Recurso interpuesto el 7 de julio de 2011 — Gollnisch/Parlamento
   (Asunto T-346/11)
   2011/C 252/92
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) (representante: G. Dubois, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión del Parlamento Europeo de suspender la inmunidad parlamentaria del demandante, adoptada el 10 de mayo de 2011, por la que se aprobó el informe no A7-0155/2011.

               —

               Satisfaga al Sr. Gollnisch un importe de 8 000 euros en concepto de reparación del daño moral.

               —

               Satisfaga al Sr. Gollnisch un importe de 8 000 euros en concepto de gastos de asesoría y de preparación del presente recurso.

      Motivos y principales alegaciones

   La parte demandante solicita, por una parte, la anulación de la decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2011, por la que se aprobó el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0155/2011) y se desestimó la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y de los privilegios de Bruno Gollnisch [2010/2284 (IMM)], y, por otra, la indemnización del daño moral supuestamente sufrido por la parte demandante a consecuencia de la adopción de la decisión impugnada.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea de 8 de abril de 1965.

               2)

               Segundo motivo, basado en la necesaria aplicación del artículo 9 del Protocolo al caso de autos.

               3)

               Tercer motivo, basado en la vulneración de la práctica reiterada de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica contenido en el Derecho de la Unión y del principio de protección de la confianza legítima.

               5)

               Quinto motivo, basado en el menoscabo de la independencia del diputado.

               6)

               Sexto motivo, basado en la infracción de las normas del Parlamento Europeo relativas al procedimiento que puede conducir a la anulación del mandato de un diputado.

               7)

               Séptimo motivo, basado en la vulneración del principio de contradicción y del derecho de defensa de la parte demandante.


title: Asunto T-182/08: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2009 — Comisión/Atlantic Energy ( Cláusula compromisoria — Contrato de ayuda financiera celebrado en el marco de un programa específico en el ámbito de la energía no nuclear — Incumplimiento del contrato — Reembolso de las cantidades pagadas a cuenta — Compensación legal — Procedimiento en rebeldía )

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/35

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2009 — Comisión/Atlantic Energy
   (Asunto T-182/08) (1)

   («Cláusula compromisoria - Contrato de ayuda financiera celebrado en el marco de un programa específico en el ámbito de la energía no nuclear - Incumplimiento del contrato - Reembolso de las cantidades pagadas a cuenta - Compensación legal - Procedimiento en rebeldía»)
   2009/C 205/63
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente A.-M. Rochaud-Joët y S. Lejeune, posteriormente A.-M. Rochaud-Joët y F. Mirza, agentes, asistidos por M. Jarvis, Barrister)

      Demandada: Atlantic Energy Ltd (Truro, Cornualles, Reino Unido)

      Objeto

   Recurso interpuesto por la Comisión al amparo del artículo 238 CE para que se condene a la demandada a devolver un anticipo pagado por la Comunidad Europea, más los intereses, en el marco del contrato BU 183/95 UK/AT.

      Fallo

               1)

               Condenar a Atlantic Energy Ltd a devolver a la Comisión de las Comunidades Europeas la cantidad de 226 010 euros, más los intereses previstos en el artículo 23.1 de las condiciones generales del contrato BU 183/95 UK/AT, para los períodos comprendidos, por una parte, entre el 1 de junio de 1996 y el 28 de febrero de 2002 y, por otra, entre el 16 de julio de 2002 y el 31 de mayo de 2008, deducida la cantidad de 3 610,53 euros, viéndose esta cantidad final aumentada en los intereses previstos en el artículo 23.1 de las condiciones generales antes citadas a contar desde el 1 de junio de 2008 y hasta el pago total de la deuda.

               2)

               Condenar en costas a Atlantic Energy.

      (1)  DO C 171, de 5.7.2008.


title: Asunto C-443/07 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de diciembre de 2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M.S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis/Comisión de las Comunidades Europeas, Consejo de la Unión Europea (Recurso de casación — Estatuto de los Funcionarios — Excepción de ilegalidad del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII sobre la clasificación en grado de los funcionarios que se hayan incorporado a partir del 1 de mayo de 2004 — Consulta al Comité del Estatuto — Inexistencia de vulneración de los derechos adquiridos y del principio de igualdad de trato)

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de diciembre de 2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M.S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis/Comisión de las Comunidades Europeas, Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-443/07 P) (1)

   (Recurso de casación - Estatuto de los Funcionarios - Excepción de ilegalidad del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII sobre la clasificación en grado de los funcionarios que se hayan incorporado a partir del 1 de mayo de 2004 - Consulta al Comité del Estatuto - Inexistencia de vulneración de los derechos adquiridos y del principio de igualdad de trato)
   (2009/C 44/29)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrentes: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M.S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (representantes: G. Vandersanden y L. Levi, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y H. Krämer, agentes), Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Arpio Santacruz y M. Bauer, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 11 de julio de 2007, Centeno Mediavilla y otros/Comisión (T-58/05), mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó los recursos interpuestos por los demandantes para obtener la anulación de las decisiones por las que se les nombra funcionarios en prácticas, en la medida en que fijan su clasificación en grado con arreglo a las disposiciones transitorias del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004 (DO L 124, p. 1) — Repercusiones de la entrada en vigor, el 1 de mayo de 2004, del nuevo Estatuto de los Funcionarios sobre la situación de las personas que, habiendo sido inscritas en una lista de aptitud o de reserva antes de dicha fecha, han sido contratadas después — Principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad de trato — Alcance de la obligación de motivación.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar a las Sras. Centeno Mediavilla, Fumey, Gerhards y Hamilton, a los Sres. Hill, Huby, Klein, Lombardi, Millar y Moraitis, a las Sras. Palmer y Robinson, al Sr. Rouxel, a la Sra. Silva Mendes y a los Sres. Van den Hul, Von Nordheim Nielsen y Zouridakis al pago de las costas del recurso de casación.

               3)

               El Consejo de la Unión Europea soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 22 de 26.1.2008.


title: Asunto T-270/16 P: Sentencia del Tribunal General de 14 de febrero de 2017 — Kerstens/Comisión («Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Desestimación del recurso en primera instancia — Actos contrarios a la dignidad de la función pública — Difusión de comentarios injuriosos sobre otro funcionario — Procedimiento disciplinario — Investigación bajo la forma de un examen de los hechos — Sanción disciplinaria de amonestación — Irregularidad procedimental — Consecuencias de la irregularidad»)

text:
               27.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/12

         Sentencia del Tribunal General de 14 de febrero de 2017 — Kerstens/Comisión
   (Asunto T-270/16 P) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Desestimación del recurso en primera instancia - Actos contrarios a la dignidad de la función pública - Difusión de comentarios injuriosos sobre otro funcionario - Procedimiento disciplinario - Investigación bajo la forma de un examen de los hechos - Sanción disciplinaria de amonestación - Irregularidad procedimental - Consecuencias de la irregularidad»))
   (2017/C 095/20)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Petrus Kerstens (Overijse, Bélgica) (representante: C. Mourato, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: T. Bohr y C. Ehrbar, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 18 de marzo de 2016, Kerstens/Comisión (F-23/15, EU:F:2016:65), en el que se solicita la anulación de esta sentencia.

      Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 18 de marzo de 2016, Kerstens/Comisión (F-23/15, EU:F:2016:65), en la medida en que desestimó la pretensión de anulación de la decisión de la Comisión Europea de 15 de abril de 2014 por la que se impuso una amonestación al Sr. Petrus Kerstens.

               2)

               Anular la decisión de la Comisión de 15 de abril de 2014 por la que se impuso una amonestación al Sr. Petrus Kerstens.

               3)

               Condenar a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de casación y del procedimiento en primera instancia.

      (1)  DO C 260 de 18.7.2016.


Avis juridique important

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E1994P0005

Petición de dictamen consultivo formulada por el Marknadsdomstolen mediante resolución de dicho Tribunal de 30 de agosto de 1994 en el asunto entre Konsumentombudsmannen y TV-Shop i Sverige AB (Asunto E-5/94)

Diario Oficial n° C 347 de 08/12/1994 p. 0013 - 0013

Petición de dictamen consultivo formulada por el Marknadsdomstolen mediante resolución de dicho Tribunal de 30 de agosto de 1994 en el asunto entre Konsumentombudsmannen y TV-Shop i Sverige AB (Asunto E-5/94) (94/C 347/12)Mediante resolución de 30 de agosto de 1994 del Marknadsdomstolen (Tribunal de Comercio) de Suecia, recibida en la Secretaría del Tribunal de la AELC el 12 de septiembre de 1994, se solicitó un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC en el asunto entre Konsumentombudsmannen (Ombudsman de los consumidores) y TV-Shop i Sverige AB, sobre la siguiente cuestión:¿El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo (Directiva televisión sin fronteras) o el principio del Estado emisor en él recogido, impide al Estado receptor actuar contra un anuncio distribuido por un anunciante a través de emisiones televisivas a partir de otros Estados del EEE?


title: Asunto C-261/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Stuttgart — Alemania) — Ejecución de una orden de detención europea cursada contra Gaetano Mantello (Procedimiento de remisión prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión marco 2002/584/JAI — Artículo 3, punto 2 — Non bis in idem — Concepto de los mismos hechos — Posibilidad de que la autoridad judicial de ejecución deniegue la ejecución de una orden de detención europea — Sentencia firme en el Estado miembro emisor — Posesión de estupefacientes — Tráfico de estupefacientes — Organización delictiva)

text:
               15.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Stuttgart — Alemania) — Ejecución de una orden de detención europea cursada contra Gaetano Mantello
   (Asunto C-261/09) (1)

   (Procedimiento de remisión prejudicial - Cooperación judicial en materia penal - Orden de detención europea - Decisión marco 2002/584/JAI - Artículo 3, punto 2 - Non bis in idem - Concepto de los «mismos hechos» - Posibilidad de que la autoridad judicial de ejecución deniegue la ejecución de una orden de detención europea - Sentencia firme en el Estado miembro emisor - Posesión de estupefacientes - Tráfico de estupefacientes - Organización delictiva)
   2011/C 13/20
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Stuttgart

      Parte en el procedimiento principal

   Gaetano Mantello

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretación del artículo 3, punto 2, de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1) — Principio de non bis in idem en el ámbito nacional — Posibilidad de que la autoridad judicial de ejecución deniegue la ejecución de una orden de detención europea emitida a efectos del ejercicio de las diligencias penales ligadas a hechos que en parte ya han sido juzgados en el Estado miembro de emisión — Concepto de «mismos hechos» — Situación en la que todos los hechos que dieron lugar a la orden de detención europea eran conocidos por los servicios de investigación del Estado miembro emisor durante el primer procedimiento penal, pero no se utilizaron por razones de estrategia de la investigación.

      Fallo

   A efectos de emisión y de ejecución de una orden de detención europea, el concepto de los «mismos hechos», recogido en el artículo 3, punto 2, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, es un concepto autónomo del Derecho de la Unión.
   En circunstancias como las del proceso principal, en el que, en respuesta a una solicitud de información en el sentido del artículo 15, apartado 2, de dicha Decisión marco, formulada por la autoridad judicial de ejecución, la autoridad judicial emisora, de conformidad con su Derecho nacional y respetando las exigencias derivadas del concepto de los «mismos hechos» recogido en ese mismo artículo 3, punto 2, de la Decisión marco, declaró expresamente que la sentencia anterior dictada en su sistema jurisdiccional no era una sentencia firme que contemplara los mismos hechos mencionados en su orden de detención y que, por lo tanto, no impedía la práctica de las diligencias mencionadas en dicha orden de detención, la autoridad judicial de ejecución no tiene razón alguna para aplicar, en relación con tal sentencia, el motivo de no ejecución obligatoria establecido en dicho artículo 3, punto 2.

      (1)  DO C 220, de 12.9.2009.


title: Asunto T-397/02: Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Arla Foods y otros

text:
C 70/24                  ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                           22.3.2003
        —    el acceso, así como la autorización para hacer                   Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2002 contra la
             copias y presentarlas ante los tribunales, a todos los           Comisión de las Comunidades Europeas por Arla Foods y
             documentos relacionados con el proyecto PRO-                                                    otros
             DCOM que afecten directa o indirectamente a
             Eurogramme Ltd y, en particular, a los que se
             reproducen en la lista anexa a la petición originaria,                                   (Asunto T-397/02)
             así como a todos los documentos del expediente
             relativo a la investigación interna realizada por el
             Jefe de la Unidad DG EUROSTAT/R.1 «Asuntos                                                 (2003/C 70/40)
             administrativos y de personal», incluido el informe
             de auditoría de 21 de diciembre de 2000;
                                                                                (Lengua de procedimiento: danés)
        —    asistencia financiera que le permita hacer frente a
             todos los gastos de defensa en que incurra con vistas
             a obtener la indemnización de los daños morales,
             profesionales y materiales sufridos como consecuen-
             cia de las afirmaciones y escritos difamatorios profe-           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
             ridos contra ella.                                               Europeas se ha presentado el 19 de diciembre de 2002 un
                                                                              recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
—       Condene en costas a la parte demandada.                               formulado por Arla Foods, Viby J (Dinamarca) y otros ocho
                                                                              productores de queso daneses, representados por el Sr. Georg
                                                                              Lett, abogado.
Motivos y principales alegaciones
                                                                              Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
La demandante es funcionaria de la Comisión, en la                            que:
DG EUROSTAT. Es responsable del proyecto PRODCOM, en
relación con el cual Eurogramme Ltd celebró un contrato de
                                                                              —     Anule el Reglamento (CE) no 1829/2002, (1) en lo que se
prestación de servicios estadísticos.
                                                                                refiere al registro de la denominación feta con arreglo al
                                                                                procedimiento establecido en el artículo 17 del Regla-
Según la demandante, Eurogramme Ltd ha formulado a este                             mento (CEE) no 2081/92.
respecto graves acusaciones contra ella. Posteriormente, la
demandante presentó ante los tribunales del Reino Unido una                   —     Condene en costas a la Comisión.
querella por difamación contra Eurogramme Ltd.
En este marco, la demandante presentó una petición, al amparo
del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, con objeto de obtener
el acceso, así como la autorización para hacer copias y                       Motivos y principales alegaciones
presentarlas ante los tribunales del Reino Unido, a todos
los documentos relacionados con el proyecto PRODCOM.
También era objeto de la referida petición obtener la asistencia              El Reglamento no 2081/92 (2) estableció normas en el ámbito
financiera que le permitiera hacer frente a todos los gastos de               comunitario sobre las denominaciones de los productos
defensa en que incurriera con vistas a obtener la indemnización               alimenticios. Mediante el Reglamento (CE) no 1107/96 (3), se
de los daños sufridos como consecuencia de las afirmaciones                   registró, entre otras, la denominación feta. Mediante sentencia
escritas difamatorias proferidas por Eurogramme Ltd. Mediante                 de 16 de marzo de 1999 (4), el Tribunal de Justicia anuló el
la decisión impugnada se denegó dicha petición.                               Reglamento no 1107/96 en la parte en que se refiere a la
                                                                              denominación feta. Por el Reglamento impugnado en el
                                                                              presente asunto, la Comisión registró de nuevo la denomina-
Para fundamentar su recurso, la demandante invoca la vulnera-                 ción feta como denominación de origen protegida en favor de
ción de la Decisión 94/90 ( 1), sobre el acceso del público a los             Grecia.
documentos de la Comisión, así como la infracción del
artículo 19 del Estatuto. La demandante indica que la decisión
impugnada no facilita justificación alguna para denegar el
acceso al expediente y la autorización para presentar los                     Las demandantes, empresas danesas productoras de queso feta,
referidos documentos ante los tribunales.                                     solicitan que se anule el Reglamento impugnado, alegando que
                                                                              concurren en él vicios sustanciales de forma, que implican su
                                                                              nulidad. En opinión de las demandantes, no puede registrarse
( 1) 94/90/CECA, CE, Euratom: Decisión de la Comisión, de 8 de                la denominación feta conforme al artículo 17 del Reglamento
     febrero de 1994, sobre el acceso del público a los documentos de         no 2081/92, por haberse aprobado demasiado tarde la legisla-
     la Comisión (DO L 46, p. 58).                                            ción griega. Además, no se publicaron los puntos más
                                                                              importantes de la solicitud de Grecia ni el pliego de condiciones
                                                                              relativo al feta.
 ---pagebreak--- 22.3.2003                 ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 70/25
Las demandantes alegan también que el feta no reúne los                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
requisitos para su registro con arreglo al Reglamento no 2081/                  que:
92. La denominación feta es genérica y, por tanto, no puede
obtener protección de conformidad con lo dispuesto en dicho                     —     Acuerde la admisión del presente recurso.
Reglamento. Se trata de una denominación general de un
determinado producto lácteo. La evolución de la normativa
griega revela asimismo que la denominación feta ha venido                       —     Anule la Decisión de la Comisión que condujo a la
considerándose una denominación genérica, al tiempo que las                           interposición de la tercera demanda ( 1) contra las deman-
normas adoptadas por el Consejo y la Comisión reconocen el                            dantes ante la New York District Court el 30 de octubre
carácter genérico de dicho producto. Por otro lado, el feta                           de 2002, tal como anunció públicamente la Comisión en
griego no tiene características comunes y uniformes. Se trata,                        el comunicado de prensa IP/05/1592 de 31 de octubre
en realidad, de proteger el queso griego como tal.                                    de 2002.
                                                                                —     Imponga a la Comisión las costas del presente procedi-
Por último, las demandantes alegan que el registro del feta
                                                                                miento, incluidas las de las demandantes y las de cualquier
viola el principio establecido en el artículo 7, apartado 4, del                      parte coadyuvante.
Reglamento no 2081/92, determinados principios fundamen-
tales del Derecho comunitario y, por tanto, también el Tratado
—en particular, los artículos 12 CE y 34 CE, apartado 3—, así
como el principio de protección de la confianza legítima y el
principio de proporcionalidad.                                                  Motivos y principales alegaciones
( 1) Reglamento de la Comisión, de 14 de octubre de 2002, por el que
     se modifica el anexo del Reglamento (CE) no 1107/96 en lo que              Las demandantes son partes demandadas en un procedimiento
     se refiere a la denominación «Feta» (DO L 277, p. 10).                     entablado por la Comisión en nombre de la Comunidad
( 2) Reglamento del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la              Europea y de varios Estados miembros ante un órgano
     protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones         jurisdiccional de Estados Unidos, en el que solicita una
     de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208,             indemnización de carácter ejemplar, que cubra el triplo de los
     p. 1).                                                                     perjuicios y la adopción de medidas de equidad y distintos tipos
( 3) Reglamento de la Comisión, de 12 de junio de 1996, relativo al             de medidas coercitivas en razón de la alegada participación de
     registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones           las demandantes en operaciones de blanqueo de dinero.
     de origen con arreglo al procedimiento establecido en el ar-
     tículo 17 del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo (DO
     L 148, p. 1).
( 4) Asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96, Dina-                    Las demandantes sostienen que la Comunidad Europea, repre-
     marca y otros/Comisión, Rec. p. I-1541.                                    sentada por la Comisión, carece de competencia para adoptar
                                                                                el acto impugnado en su propio nombre y en nombre de los
                                                                                Estados miembros por las razones siguientes:
                                                                                —     El artículo 2 CE no confiere a las Instituciones poderes
                                                                                específicos y autónomos.
Recurso interpuesto el 9 de enero de 2003 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por R.J. Reynolds                          —     El artículo 281 CE solamente establece que la Comunidad
Tobacco Holdings, Inc., R.J. Reynolds Tobacco Company,                                Europea tiene personalidad jurídica, sin pronunciarse
R.J. Reynolds Tobacco International, Inc. y RJR Acquisi-                              sobre la cuestión de la competencia.
                               tion Corp
                                                                                —     El artículo 282 CE no confiere a la Comunidad Europea,
                           (Asunto T-6/03)                                            representada por la Comisión, competencia para interpo-
                                                                                ner recursos ante los órganos jurisdiccionales de un
                            (2003/C 70/41)                                            Estado tercero.
                     (Lengua de procedimiento: inglés)                          —     El artículo 280 CE no reconoce a la Comunidad Europea,
                                                                                representada por la Comisión, competencia para interpo-
                                                                                ner recursos con objeto de proteger los intereses económi-
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                cos de la Comunidad. El artículo 280 CE solamente
Europeas se ha presentado el 9 de enero de 2003 un recurso                            otorga a la Comunidad una competencia limitada para
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                              garantizar que los Estados miembros adopten medidas
por R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., Winston-Salem,                              que sean efectivas para proteger el interés económico de
Estados Unidos, R.J. Reynolds Tobacco Company, Winston-                               la Comunidad y para ayudar a los Estados miembros en
Salem, Estados Unidos, R.J. Reynolds Tobacco International,                           esta tarea.
Inc.,Winston-Salem, Estados Unidos y RJR Acquisition Corp.,
Wilmington, Estados Unidos, representadas por el Sr. Eric                       —     Aun admitiendo que el artículo 280 CE otorga dicha
Morgan de Rivery y por la Sra. Francesca Marchini Camia,                              competencia a la Comunidad Europea, el acto impugnado
abogados.                                                                             no cumple los requisitos del artículo 280 CE, apartado 1,


title: Asunto C-500/03: Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2003 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
24.1.2004               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 21/25
1.    Puede recurrirse a otras versiones lingüísticas de la Sexta          Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
      Directiva 77/388/CEE (1) para aclarar el significado de la
      expresión «carácter social» que aparece en el artículo 13,           —    Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
      parte A, apartado 1, letras g) y h), o dicha expresión debe               17 de septiembre de 2003 (1) y
      tener el mismo significado que en el Derecho nacional?
                                                                           —    1)    en el asunto T-309/01,
2.    Si el artículo 13, parte A, apartado 1, letras g) y h), debe                    anule la Decisión de la Comisión Europea de 14 de
      interpretarse en el sentido de que es aplicable a una                           agosto de 2001 (REC 4/00), en la medida en que
      organización a la que se reconoce un carácter social,                           ordena recaudar a posteriori derechos de importación
      ¿debe interpretarse que es aplicable a una entidad con                          por un importe de 218 605,65 DEM, y condene en
      ánimo de lucro como el consorcio Kingscrest Residential                         costas a la Comisión;
      Care?
                                                                                2)    en el asunto T-239/02,
3.    ¿Debe interpretarse que el artículo 13, parte A, apartado 1,
      letras g) y h), de la Sexta Directiva confiere a los Estados                    anule la Decisión de la Comisión, de 5 de marzo
      miembros una facultad discrecional para reconocer, a los                        de 2002 (REC 4/01), que ordena recaudar a posteriori
      efectos de dicho artículo, a una organización dada de alta                      derechos de importación por un importe de
      con arreglo a la Care Standards Act 2000 (o la Registered                       222 116,06 DEM, y condene en costas a la Comi-
      Homes Act 1984 o la Children Act 1989), que no sea un                           sión.
      organismo regido por el Derecho público y no tenga la
      condición de entidad benéfica con arreglo al Derecho
      nacional del Estado miembro de que se trata?                         Motivos y principales alegaciones
                                                                           Las partes recurrentes invocan los siguientes motivos contra la
(1) Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
    en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
                                                                           Sentencia del Tribunal de Primera Instancia:
    Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios
    — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base              —    Vulneración del artículo 220, apartado 2, letra b), del
    imponible uniforme (DO L 145 de 13.6.1977, p. 1).                           Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
                                                                                octubre de 1992, por el que se aprueba el Código
                                                                                aduanero comunitario (2). Consideran que el Tribunal
                                                                                de Primera Instancia estableció erróneamente que las
                                                                                recurrentes podían conocer el error de las autoridades
                                                                                aduaneras competentes. En la sentencia recurrida, el
                                                                                Tribunal de Primera Instancia exagera el deber de diligen-
Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre                              cia exigible a los agentes económicos afectados. Además,
de 2003 (fax: 25.11.03) por Peter Biegi Nahrungsmittel                          ignora la complejidad de la normativa aplicable.
GmbH y Commonfood Handesgesellschaft für Agrar-
Produkte contra la sentencia dictada el 17 de septiembre                   —    Procedimiento viciado, en la medida en que el Tribunal
de 2003 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera                              de Primera Instancia no oyó a los testigos citados por las
Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos                            demandantes. Por el contrario, basó la sentencia en
acumulados T-309/01 y T-239/02, Peter Biegi                                     declaraciones contra las demandantes.
Nahrungsmittel GmbH y Commonfood Handesgesell-
schaft für Agrar-Produkte contra la Comisión de las                        (1) Aún no publicada en la Recopilación.
                     Comunidades Europeas                                  (2) DO L 302, p. 1.
                       (Asunto C-499/03 P)
                          (2004/C 21/46)
                                                                           Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2003 contra
                                                                           la República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                                          des Europeas
presentado el 26 de noviembre de 2003 (fax: 25.11.03) un
recurso de casación formulado por Peter Biegi Nahrungsmittel                                      (Asunto C-500/03)
GmbH y Commonfood Handesgesellschaft für Agrar-Produkte,
representados por los Sres. Klaus Landry y Lothar Harings,
abogados, Sozietät Graf von Westphalen Bappert & Modest,                                             (2004/C 21/47)
Große Bleichen 21, D-20354 Hamburgo (Alemania), contra la
sentencia dictada el 17 de septiembre de 2003 por la Sala
Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Europeas en los asuntos acumulados T-309/01 y T-239/02,                    presentado el 26 de noviembre de 2003 un recurso contra la
Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH y Commonfood Handesge-                     República Portuguesa formulado por la Comisión de las
sellschaft für Agrar-Produkte contra la Comisión de las Comu-              Comunidades Europeas, representada por António Caeiros, en
nidades Europeas.                                                          calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- C 21/26                ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                                            24.1.2004
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
—     Declare que la República Portuguesa ha incumplido las            1)    Declare que Suecia ha incumplido las obligaciones que le
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8 de               incumben en virtud de la Directiva 2001/12/CE (1) del
      la Directiva 98/34/CE (1) del Parlamento Europeo y del                 Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
      Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece               de 2001, por la que se modifica la Directiva del Consejo
      un procedimiento de información en materia de las                      91/440/CEE (2) sobre el desarrollo de los ferrocarriles
      normas y reglamentaciones técnicas, en la versión vigente              comunitarios, de la Directiva 2001/13/CE (3) del Parla-
      en el momento de los hechos, al haber aprobado el                      mento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001,
      Reglamento no 783/98 sin haberlo notificado en la fase                 por la que se modifica la Directiva del Consejo 95/
      de proyecto.                                                           18/CE (4) sobre concesión de licencias a las empresas
                                                                             ferroviarias, y de la Directiva 2001/14/CE (5) del Parla-
—     Condene en costas a la República Portuguesa.                           mento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001,
                                                                             relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestruc-
                                                                             tura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización
                                                                             y certificación de la seguridad, al no haber adoptado las
Motivos y principales alegaciones                                            disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
                                                                             necesarias para dar cumplimiento a dichas Directivas o,
                                                                             en todo caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.
El artículo 2 del Reglamento de Navegación en lagos y
pantanos (Reglamento no 783/98, de 19 de septiembre
de 1998) contiene normas técnicas en el sentido de la                  2)    Condene en costas al Reino de Suecia.
legislación comunitaria. En efecto, se trata de una disposición
de naturaleza normativa adoptada por el Gobierno de la
República Portuguesa, que es jurídicamente obligatoria y que
establece las características técnicas (dimensiones y potencia
                                                                       Motivos y principales alegaciones
de propulsión) que han de poseer las embarcaciones de recreo
para poder ser utilizadas en Portugal en la navegación de
recreo en los lagos y pantanos de aguas públicas destinadas al
servicio público situadas en el territorio portugués, con una          El plazo de adaptación del Derecho nacional a las Directivas
única excepción, a saber, los lagos y pantanos situados en el          finalizó el 15 de marzo de 2003.
río Duero. Así pues, es evidente que el artículo en cuestión se
aplica en Portugal o, cuando menos, en una parte importante
de este Estado. Por consiguiente, con arreglo al artículo 8,           (1 ) DO L 75 de 15.3.2001, p. 1.
apartado 1, de la Directiva 98/34/CE, la República Portuguesa          (2 ) De 29 de julio de 1991 (DO L 237 de 29.7.1991, p. 25).
debería haber comunicado a la Comisión el proyecto de texto            (3 ) DO L 75 de 15.3.2001, p. 26.
legal que el Gobierno portugués adoptó como Reglamento                 (4 ) De 19 de junio de 1995 (DO L 143 de 27.6.1995, p. 70).
no 783/98.                                                             (5 ) DO L 75 de 15.3.2001, p. 29.
(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
                                                                       Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2003 contra
                                                                       el Reino de España por la Comisión de las Comunidades
Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2003 contra
                                                                                Europeas
el Reino de Suecia por la Comisión de las Comunidades
                             Europeas
                                                                                (Asunto C-503/03)
                       (Asunto C-501/03)
                                                                                (2004/C 21/49)
                          (2004/C 21/48)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 26 de noviembre de 2003 un recurso contra el             presentado el 27 de noviembre de 2003 un recurso contra el
Reino de Suecia formulado por la Comisión de las Comunida-             Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
des Europeas, representada por los Sres. W. Wils y K. Simons-          des Europeas, representada por Dña. Carmel O’Reilly y por
son, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxem-            D. Luis Escobar Guerrero, en calidad de agentes, que designa
burgo.                                                                 domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto C-259/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 31 de enero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Suecia (Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/51/CE — Contratos públicos — Procedimientos de adjudicación de contratos — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
               29.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 31 de enero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Suecia
   (Asunto C-259/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2005/51/CE - Contratos públicos - Procedimientos de adjudicación de contratos - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)
   (2008/C 79/15)
   Lengua de procedimiento: sueco
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: D. Kukovec y K. Nyberg, agentes)

      Demandada: Reino de Suecia (representante: A. Falk, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, en el plazo previsto, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/51/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública (DO L 257, p. 127).
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/51/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Suecia.

      (1)  DO C 183 de 4.8.2007.


title: Recurso interpuesto el 4 de marzo de 1997 por Onno Plug contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-47/97)

text:
N° C 142/22           fis                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    10 . 5 . 97
— la Comisión, en particular, no da respuesta a los argu                 Recurso interpuesto el 4 de marzo de 1997 por Onno Plug
      mentos que SIC alega explícitamente en lo que atañe a                      contra la Comisión de las Comunidades Europeas
      la inobservancia del criterio del coste efectivo;                                           ( Asunto T-47/97 )
 — en el análisis concreto de las indemnizaciones compen                                            ( 97/C 142/46
      satorias relativas a cada uno de los años comprendidos                             (Lengua de procedimiento: francés)
      entre 1992 y 1996 , la Comisión facilita datos manifies
      tamente insuficientes y no instruye el procedimiento                En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      con pruebas que permitan llegar a la conclusión a la                Europeas se ha presentado el 4 de marzo de 1997 un re
      que llegó;                                                          curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          formulado por el Sr. Onno Plug, con domicilio en Thónex
 — la infracción del artículo 92 del Tratado, en la medida                ( Suiza ), representado por los Sres. Georges Vandersanden
      en que las medidas denunciadas por la demandante no                 y Laure Levy, Abogados de Bruselas, que designa como
      constituyen ayudas públicas. En cuanto a la fijación de             domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson Sari, 30,
      la indemnización compensatoria, la demandante esti                 rué de Cessange .
      ma que, aun admitiendo (como mera hipótesis ) que las
      obligaciones de RTP que dan lugar al pago de una in                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
      demnización pudieran calificarse de « obligaciones de               tancia que :
      servicio público », los criterios para fijar la retribución
      por la prestación de dicho « servicio público » imponen             — anule la decisión denegatoria presunta de la petición
      de inmediato la conclusión de que se trata de ayudas                     presentada por el demandante el 22 de febrero de
      públicas, en el sentido del artículo 92 del Tratado.                      1996 y, en cuanto sea necesario, anule la decisión de
                                                                               sestimatoria expresa de la reclamación del demandan
 La demandante subraya que la opción del legislador portu                     te, adoptada el 27 de noviembre de 1996 y notificada
 gués crea manifiestamente condiciones objetivas para la in                   el 2 de diciembre de 1996 , en la medida en que la Co
 fracción de las normas sobre la competencia :                                  misión se negó a adoptar la decisión prevista en el
                                                                                artículo 19 de la Reglamentación relativa a la cobertu
 — RTP está en competencia directa e inmediata con SIC                          ra de los riesgos de accidente y enfermedad profesional
      y con TVI (y compite con otros importante canalas —                       de los funcionarios de las Comunidades Europeas, sin
       especialmente canales europeos— ampliamente difun                       recabar nuevos dictámenes médicos;
       didos en Portugal vía satélite o a través de distribución
       por cable );                                                       — condene a la Comisión al pago de una cantidad equi
                                                                                valente a trece años de sueldo del demandante, enten
 — la actividad de RTP como concesionaria del servicio                          diéndose que debe tenerse en cuenta el importe de la
       público es una actividad accesoria, marginal, que cons                  retribución a la que el demandante habría tenido dere
       tituye una parte muy reducida de su programación ( es                   cho el día que se dicte la sentencia, debiendo añadirse
                                                                                a dicha cantidad los intereses de demora a razón del
       pecialmente de su programación en los períodos en
       donde se obtienen ingresos publicitarios relevantes );                    8 % anual calculados a partir de la fecha en que se dic
                                                                                te la sentencia;
 — la casi totalidad de la « programación de servicio públi
       co » la lleva a cabo exclusivamente la segunda cadena              — condene a la Comisión al pago de todas las costas.
       de la RTP, puesto que, en la práctica, la primera cade             Motivos y principales alegaciones
       na es exclusivamente comercial ( más comercial que las
       cadenas privadas de otros países europeos, como pudo                El demandante, antiguo agente temporal de la Comisión
       comprobar la Comisión ).                                            Europea, fue jubilado, siéndole reconocido el derecho a
                                                                           una pensión de invalidez con efectos de 1 de enero de
 Junto a la fijación de la indemnización compensatoria, la                 1985 . En 1989, interpuso un recurso contra la Comisión
  demandante menciona otras medidas del Estado en favor                    que tenía por objeto el procedimiento para la declaración
  de la RTP: exenciones de impuestos y tasas, renuncia de la               de invalidez, las relaciones entre los procedimientos regu
  Seguridad Social a recaudar 1 206 600 000 escudos portu                 lados en los artículos 73 y 78 del Estatuto, así como un re
  gueses, atrasos tolerados por Portugal Telecom (propieta                curso de indemnización . El Tribunal de Primera Instancia
  ria de la red de distribución de la señal televisa ), así como           de las Comunidades Europeas dictó sentencia el 27 de fe
  las condiciones del empréstito de obligaciones de 1994 .                 brero de 1992 ( asunto T-165/89, Rec . 1992, p. 11-367).
  Para la demandante es obvio que las ayudas otorgadas por                 El 22 de febrero de 1996 , el demandante presentó una pe
  el Estado a la RTP no están comprendidas en ninguna de                   tición, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Esta
  las exepciones previstas en el apartado 2 del artículo 92                tuto, con objeto, en particular, de que la Comisión adopta
. del     Tratado .  También      sería      infundado   invocar   el      ra una decisión relativa a la solicitud de reconocimiento
  artículo 90 del Tratado para intentar justificar la legalidad            del origen profesional de la enfermedad del demandante,
  comunitaria de las ayudas de que disfruta la RTP. En las                 conforme al artículo 73 del Estatuto y a la Reglamen
  decisiones impugnadas, por lo demás, la Comisión no in                  tación de cobertura, sin recabar nuevos dictámenes médi
  voca dicha disposición del Tratado .                                     cos .
  (') DO n° C 77 de 16 . 3 . 1996 , p . 14 .                               El demandante afirma que la Comisión no ha estimado la
                                                                           petición al supeditar la decisión a la que se refiere el
                                                                           artículo 19 de la Reglamentación de cobertura a un nuevo
 ---pagebreak--- 10 . 5 . 97           ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 142/23
dictamen médico . Ahora bien, los dictámenes médicos que           A-29 y 11-99 ). Todos ellos tenían por objeto el hecho de
figuran en el expediente del demandante contienen todos            haber nombrado, el 3 de julio de 1989, con efectos a 1 de
los datos necesarios para permitir a la Comisión adoptar           junio de 1989 ( y, a continuación, haber nombrado de nue
dicha decisión. Este planteamiento ignora la autoridad de          vo ), de una forma contraria a Derecho, a otro funcionario
cosa juzgada de la sentencia de 27 de febrero de 1992 así          distinto de él, para el puesto de Consejero lingüístico de la
como los artículos 18 y 19 de la Reglamentación de cober          División danesa, no obstante la circunstancia de reunir el
tura y el principio de buena gestión. Vistos los datos que '       demandante todos los requisitos que se exigían y de haber
constan en autos, puede afirmarse que ha incurrido asimis         sido propuesto su nombramiento.
mo en desviación de poder. Desde el 27 de febrero de
1992, la Comisión ha actuado sistemáticamente de una               El demandante imputa al Parlamento no haber ejecutado
forma que ignora los derechos del demandante y en un               correctamente las sentencias dictadas por el Tribunal de
sentido contrario a la Reglamentación, según había venido          Primera Instancia y por el Tribunal de Justicia, haber igno
haciendo antes de dicha fecha . La Comisión podía válida          rado las consecuencias de la referidas sentencias, no haber
mente recabar un nuevo dictamen médico antes de adoptar            admitido la ilegalidad de su comportamiento y haberse
la decisión a que se refiere el artículo 19 de la Reglamen        obstinado en perseverar en dicha ilegalidad.
tación de cobertura . Además, no se ha seguido en debida
forma el procedimiento administrativo previo, ya que la            El comportamiento del Parlamento ha perjudicado el desa
Comisión se pronunció sobre la reclamación sin convocar            rrollo de la carrera del demandante, el cual solicita, con
al grupo interservicios .                                          carácter provisional, debido al perjuicio material sufrido,
Por lo que se refiere a la solicitud de indemnización, el de      una cantidad de 6 millones de francos belgas, correspon
mandante considera que la persistencia de la Comisión en           diente a la diferencia entre su sueldo y las indemnizaciones
su comportamiento ilegal durante trece años, a partir de la        correspondientes al mismo, desde el primero de junio de
petición presentada el 24 de enero de 1984, o por lo me           1989 hasta la fecha en que se jubile al demandante .
nos durante cinco años, desde la sentencia de 27 de febre
ro de 1992, tuvo un efecto perjudicial sobre la salud física       Además, al demandante se la ha irrogado un perjuicio mo
y psíquica del demandante .                                        ral considerable, cifrado en 5 millones de francos belgas,
                                                                   debido a que el comportamiento del Parlamento ha afec
                                                                   tado muy gravemente a su estado de salud, ya que ha con
                                                                   traído tres enfermedades que la Autoridad Facultada para
                                                                   Proceder a los Nombramientos reconoce como graves en
                                                                   el sentido del apartado 1 del artículo 72 del Estatuto .
Recurso interpuesto el 4 de marzo de 1997 por Erik Dan
          Frederiksen contra el Parlamento Europeo
                      (Asunto T-48/97 )
                         ( 97/C 142/47)
              (Lengua de procedimiento: francés)                   Recurso interpuesto el 4 de marzo de 1997 por TAT Euro
                                                                   pean Airlines contra la Comisión de las Comunidades
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                          Europeas
Europeas se ha presentado el 4 de marzo de 1997 un re                                    ( Asunto T-49/97 )
curso contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr.
Erik Dan Frederiksen, con domicilio en Howald ( Luxem                                       ( 97/C 142/48 )
burgo ), representado por el Sr. Georges Vandersanden,
Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Ho                           (Lengua de procedimiento: francés)
wald ( Luxemburgo ) el despacho de la Fiduciaire Myson
Sárl, 30, rué de Cessange.                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                   Europeas se ha presentado el 4 de marzo de 1997 un re
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins           curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
tancia que :                                                       formulado por TAT European Airlines, con domicilio so
— conceda al demandante, con carácter provisiona, en               cial en Tours ( Francia ), representada por el Sr. Romano
     concepto de reparación del perjuicio material sufrido,        Subiotto, Law Society of England & Wales, y por el Sr.
     una cantidad de 6 millones de francos belgas;                 Nicholas Levy, Abogado de Inglaterra y País de Gales, que
                                                                   designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
— conceda al demandante una cantidad de 5 millones de              los Sres . Elvinger & Hoss, 15, Cote d'Eich.
     francos belgas, valorada con arreglo a la equidad, en
     concepto de reparación del perjuicio moral sufrido;           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
                                                                   tancia que:
— condene al Parlamento Europeo al pago de todas las
     costas .
                                                                   — anula la Comunicación controvertida con arreglo al
Motivos y principales alegaciones                                       artículo 173 del Tratado, con carácter principal, por la
                                                                        existencia de vicios sustanciales de forma, y, con carác
El demandante ya ha entablado varios procedimientos                     ter subsidiario, por error manifiesto de apreciación;
contra el Parlamento Europeo ( por ejemplo, asuntos
T-169/89, Rec . 1991 , p. 11-1403 ; T-106/92, Rec. FP, pp. I      — condene en costas a la Comisión .


title: Asunto F-31/09: Recurso interpuesto el 26 de marzo de 2009 — Noël/Consejo

text:
               6.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/22

         Recurso interpuesto el 26 de marzo de 2009 — Noël/Consejo
   (Asunto F-31/09)
   2009/C 129/38
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Bélgica) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión por la que se nombró a la demandante funcionaria en prácticas, en la medida en que la citada decisión afecta a su trayectoria profesional AST 1-7.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 13 de noviembre de 2006 por la que se nombró a la demandante funcionaria, en la medida en que afecta a su trayectoria profesional AST 1-7.

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 28 de octubre de 2004, en el asunto C-460/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda («Incumplimiento de Estado — Directiva 2000/53/CE — Vehículos al final de su vida útil — No adaptación del Derecho interno»)

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/16

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 28 de octubre de 2004
   en el asunto C-460/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/53/CE - Vehículos al final de su vida útil - No adaptación del Derecho interno»)
   (2005/C 6/29)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-460/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 31 de octubre de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. X. Lewis y M. Konstantinidis) contra Irlanda (agente: Sr. D. O'Hagan), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, en funciones de Presidente de la Sala Cuarta, los Sres. E. Juhász y E. Levits (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 28 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil, y en particular de su artículo 10, apartado 1, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a Irlanda.

      (1)  DO C 304 de 13.12.2003.


title: Asunto C-251/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Rennes — Francia) — Martial Huet/Université de Bretagne Occidentale (Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 5, apartado 1 — Contratos sucesivos de trabajo de duración determinada — Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de tales contratos — Transformación del último contrato de duración determinada en un contrato por tiempo indefinido — Obligación de reproducir de modo idéntico las principales cláusulas del último contrato de duración determinada)

text:
               28.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 126/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Rennes — Francia) — Martial Huet/Université de Bretagne Occidentale
   (Asunto C-251/11) (1)

   (Política social - Directiva 1999/70/CE - Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada - Cláusula 5, apartado 1 - Contratos sucesivos de trabajo de duración determinada - Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de tales contratos - Transformación del último contrato de duración determinada en un contrato por tiempo indefinido - Obligación de reproducir de modo idéntico las principales cláusulas del último contrato de duración determinada)
   2012/C 126/04
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal administratif de Rennes

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Martial Huet

      Demandada: Université de Bretagne Occidentale

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunal administratif de Rennes — Interpretación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43) — Contratos sucesivos de duración determinada en el sector público — Obligación de reproducir de modo idéntico las cláusulas principales del último contrato de duración determinada en caso de transformación en un contrato por tiempo indefinido — Principios de equivalencia y de prohibición de reducir el nivel de protección anterior.

      Fallo

   La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro, que establece en su normativa nacional la transformación de los contratos de trabajo de duración determinada en un contrato de trabajo por tiempo indefinido cuando los contratos de trabajo de duración determinada han alcanzado una cierta duración, no está obligado a exigir, en el contrato de trabajo por tiempo indefinido, que se reproduzcan de modo idéntico las cláusulas principales que figuran en el contrato anterior. No obstante, para no lesionar los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70 ni su efecto útil, dicho Estado miembro deberá velar por que la transformación de los contratos de trabajo de duración determinada en un contrato de trabajo por tiempo indefinido no vaya acompañada de modificaciones sustanciales de las cláusulas del contrato precedente en un sentido globalmente desfavorable para el interesado cuando los cometidos de éste y la naturaleza de sus funciones sigan siendo los mismos.

      (1)  DO C 238, de 13.8.2011.


title: Asunto C-39/05 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de febrero de 2005 por Reino de Suecia contra la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2004 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-84/03, promovido por Maurizio Turco, apoyado por República de Finlandia, Reino de Dinamarca y Reino de Suecia, contra Consejo de la Unión Europea, apoyado por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               30.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/13

         Recurso de casación interpuesto el 2 de febrero de 2005 por Reino de Suecia contra la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2004 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-84/03, promovido por Maurizio Turco, apoyado por República de Finlandia, Reino de Dinamarca y Reino de Suecia, contra Consejo de la Unión Europea, apoyado por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-39/05 P)
   (2005/C 106/27)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 2 de febrero de 2005 un recurso de casación formulado por Reino de Suecia, representado por K. Wistrand, en calidad de agente, contra la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2004 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-84/03, (1) Maurizio Turco, apoyado por República de Finlandia, Reino de Dinamarca y Reino de Suecia contra Consejo de la Unión Europea, apoyado por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Comisión de las Comunidades Europeas.
   El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Anule el primer punto del fallo de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de noviembre de 2004, recaída en el asunto Maurizio Turco/Consejo de la Unión Europea (T-84/03).

               2)

               Anule la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, en lo referente al acceso al dictamen del servicio jurídico del Consejo.

               3)

               Condene al Consejo al pago de las costas en que incurra el Reino de Suecia en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

         Motivos y principales alegaciones
   El Gobierno sueco alega que el Tribunal de Primera Instancia ha infringido el Derecho comunitario en la sentencia ahora recurrida.
   El Tribunal de Primera Instancia señaló, por un lado, que corresponde a las instituciones apreciar, en cada caso concreto, si los documentos cuya divulgación se solicita están comprendidos realmente en las excepciones previstas en el Reglamento (CE) no 1049/2001 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (en lo sucesivo, «Reglamento de apertura»).
   Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia confirmó la alegación del Consejo de que había una necesidad general de confidencialidad respecto de los dictámenes jurídicos en asuntos legislativos. Ello era así, en primer lugar, porque la divulgación de documentos de ese tipo podía dar lugar a poner en duda la legalidad de la legislación de que se trate y, en segundo lugar, porque el mantenimiento de la independencia de los dictámenes emitidos por el servicio jurídico del Consejo puede constituir un interés digno de protección. En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia declaró que el Consejo no había incurrido en error de apreciación al denegar el acceso al dictamen basándose en la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento de apertura.
   En opinión del Gobierno sueco, esa conclusión es incompatible con la obligación de apreciar la solicitud de divulgación a la luz del contenido del documento específico. Por lo tanto, dicha declaración del Tribunal de Primera Instancia infringe el Derecho comunitario.

      (1)  DO C 112, de 10.5.2003, p. 38.

      (2)  DO L 145, de 31.5.2001, p. 43.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 7 de noviembre de 1997 en el asunto T-218/95, Azienda Agricola «Le Canne» Srl contra Comisión de las Comunidades Europeas [Agricultura - Pesca - Acuicultura y acondicionamiento de las zonas marítimas protegidas - Ayuda financiera comunitaria - Declaración del carácter no subvencionable de determinados gastos - Recurso de anulación - Recurso de indemnización]

text:
20. 12. 97          Les                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 387/ 19
Europeas, con domicilio en Sterrebeek ( Bélgica ), represen                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
tada por los Sres. Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure y                               DE PRIMERA INSTANCIA
Ariane Tornel, Abogados de Bruselas, que designan como                                 de 7 de noviembre de 1997
domicilio en Luxemburgo la Fiduciaire Myson SARL,
30, rué de Cessange, contra Comisión de las Comunidades             en el asunto T-218/95 , Azienda Agrícola « Le Canne » Srl
Europeas ( Agentes: Sr. Gianluigi Valsesia y, al principio, la           contra Comisión de las Comunidades Europeas (')
Sra . Ana Maria Alves Vieira , y, posteriormente, la Sra .          [Agricultura — Pesca — Acuicultura y acondicionamiento
Florence Clotuche ), que tiene por objeto la pretensión de          de las zonas marítimas protegidas — Ayuda financiera
que se anule la decisión del tribunal del concurso-oposi           comunitaria — Declaración del carácter no subvenciona
ción COM/A/955 , de 26 de marzo de 1996 , de no admitir             ble de determinados gastos — Recurso de anulación —
a la demandante a la prueba oral del concurso-oposición,                               Recurso de indemnización]
y, si resulta necesario, que se anule la decisión inicial de                                  ( 97/C 387/35 )
ese mismo tribunal, de 16 de febrero de 1996 , el Tribunal
de Primera Instancia ( Sala Segunda ), integrado por el Sr.                        (Lengua de procedimiento: italiano)
C. W. Bellamy, Presidente; el Sr. A. Kalogeropoulos y la
Sra . P. Lindh, Jueces; Secretario : Sr. A. Mair, administra       En el asunto T-218/95 , Azienda Agricola « Le Canne » Srl,
dor, ha dictado el 6 de noviembre de 1997 una sentencia             con domicilio social en Porto Viro ( Italia ), representada
cuyo fallo es el siguiente :                                        por los Sres . Giulio Schiller y Giuseppe Carraro, y la Sra .
                                                                    Francesca Mazzonetto, Abogados de Padua , y el Sr. Guy
1 ) Se desestima el recurso .                                       Arendt, Abogado de Luxemburgo, que designan como
2 ) Se condena a la Comisión a cargar, además de con sus            domicilio en Luxemburgo el despacho de este último,
     propias costas, con un tercio de las costas de la              62, avenue Guillaume, contra Comisión de las Comunida
     demandante.                                                    des Europeas ( Agentes: Sres . Eugenio de March y Huber
                                                                    tus Van Vliet ), que tiene por objeto, por una parte , un
(') DO C 233 de 10 . 8 . 1996 .
                                                                    recurso de anulación dirigido contra la reducción, por
                                                                    parte de la Comisión, de una ayuda financiera comunitaria
                                                                    inicialmente concedida y, por otra parte, una demanda de
                                                                    indemnización por el perjuicio supuestamente causado a la
                                                                    demandante por dicha reducción, el Tribunal de Primera
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               Instancia ( Sala Tercera ), integrado por los Sres .: B. Vester
                 DE PRIMERA INSTANCIA                               dorf, Presidente; C. P. Briët y A. Potocki , Jueces ; Secreta
                 de 6 de noviembre de 1997                          rio: Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el
                                                                    7 de noviembre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el
en el asunto T-101 /96, Maria Elisabeth Wolf contra                 siguiente :
         Comisión de las Comunidades Europeas (')
                                                                    1 ) Se desestima el recurso.
 (Funcionarios — Concurso general — No admisión a las
        pruebas — Experiencia profesional requerida)                2 ) Se condena en costas a la parte demandante.
                           ( 97/C 387/34 )
                                                                    (') DO C 77 de 16 . 3 . 1996 .
             (Lengua de procedimiento: francés)
En el asunto T-101 /96 , Maria Elisabeth Wolf, agente auxi
liar de la Comisión de las Comunidades Europeas, repre
sentada por los Sres. Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure
y Ariane Tornel , Abogados de Bruselas, que designan                                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
como domicilio en Luxemburgo la Fiduciaire Myson                                       DE PRIMERA INSTANCIA
SARL, 30, rué de Cessange , contra Comisión de las                                     de 7 de noviembre de 1997
Comunidades Europeas ( Agentes : Sres. Julián Currall y
Bertrand Wägenbaur ), que tiene por objeto la anulación             en el asunto T-84/96, Cipeke — Comércio e Industria
de la decisión del tribunal del concurso COM/A/95 de no             de Papel, Lda, contra Comisión de las Comunidades
admitir a la demandante a dicho concurso, así como la                                            Europeas (')
indemnización del daño moral que alega haber sufrido                 (Fondo Social Europeo — Decisión de reducir una ayuda
como consecuencia de dicha decisión, el Tribunal de Pri                        financiera — Obligación de motivación)
 mera Instancia ( Sala Segunda ), integrado por los Sres.:
                                                                                ( 97/C 387/36 )
 C. W. Bellamy, Presidente; A. Kalogeropoulos y M. Jaeger,
Jueces; Secretario : Sr. A. Mair, administrador, ha dictado                       (Lengua de procedimiento: portugués)
el 6 de noviembre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el
 siguiente :                                                        En el asunto T-84/96 , Cipeke — Comércio e Industria de
 1 ) Se desestima el recurso .                                      Papel , Lda, con domicilio social en Lisboa , representada
                                                                    por el Sr. Miguel Ferrao Castelo Branco, y posteriormente
 2 ) Cada parte cargará con sus propias costas.                     por el Sr. João Canijo Gomes, Abogados de Lisboa , que
                                                                    designan como domicilio en Luxemburgo el despacho del
 (') DO C 233 de 10 . 8 . 1996 .                                    Sr. François Brouxel, 6 , rué Zithe, contra Comisión de las
                                                                    Comunidades Europeas ( Agentes : Sra . Maria Teresa
                                                                    Figueira y Sr. Knut Simonsson ), que tiene por objeto un


title: Asunto T-293/08: Recurso interpuesto el 24 de julio de 2008 — BASF Plant Science y otros/Comisión

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/28

         Recurso interpuesto el 24 de julio de 2008 — BASF Plant Science y otros/Comisión
   (Asunto T-293/08)
   (2008/C 272/55)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Alemania), Plant Science Sweden AB (Svalöv, Suecia), Amylogene HB (Svalöv, Suecia) y BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen, Alemania) (representantes: D. Waelbroeck, abogado, U. Zinsmeister, abogado y D. Slater, Solicitor)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se declare el presente recurso admisible y fundado.

               —

               Que se declare que la Comisión incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 de la Directiva 2001/18/CE, de 12 de marzo de 2001, y del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, al no tomar las medidas necesarias contempladas en estos artículos y al no adoptar la Decisión Amflora.

               —

               Subsidiariamente, que se anule la Decisión de la Comisión de conferir un mandato a la EFSA «para que elabore un dictamen consolidado sobre el uso de marcadores genéticos de resistencia a antibióticos (MRA) empleados como marcadores genéticos en plantas transgénicas», de 14 de mayo de 2008 y la suspensión del procedimiento conducente a la adopción de la Decisión Amflora, suspensión notificada a las demandantes mediante escrito de 19 de mayo de 2008.

               —

               Que se acuerden las diligencias de prueba solicitadas.

               —

               Que se condene a la demandada a pagar todas las costas y gastos derivados de este procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes sostienen que la Comisión, al no adoptar una decisión sobre la solicitud de autorización de comercialización de una patata genéticamente modificada (patata «Amflora») para uso industrial con arreglo a la Directiva 2001/18/CE (1), incumplió sus obligaciones con arreglo al artículo 18, apartado 1, de dicha Directiva y al artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE del Consejo («Decisión de comitología»), y, por tanto, se abstuvo de pronunciarse en el sentido del artículo 232 CE (2).
   Las demandantes alegan que la obligación de la Comisión de adoptar tal decisión en el marco temporal establecido en la Directiva 2001/18/CE se confirma además por una serie de elementos, a saber (a) la necesidad de preservar el equilibrio institucional, (b) una mayor consideración del fundamento jurídico de la solicitud a la Comisión y (c) los principios generales del Derecho comunitario.
   Las demandantes sostienen, no obstante, que en caso de que el Tribunal de Primera Instancia considere que el escrito de la Comisión de 19 de mayo de 2008 constituye una definición de la postura de la Comisión, y que, por tanto, su recurso por omisión es inadmisible, piden subsidiariamente al Tribunal de Justicia que anule la Decisión de la Comisión de 14 de mayo de 2008 de conferir un mandato a la EFSA para que elabore un dictamen consolidado y la suspensión, pendiente de una quinta evaluación científica, del procedimiento conducente a la adopción de la Decisión controvertida.
   Las demandantes sostienen que, al adoptar la Decisión impugnada y, con ello, al posponer la adopción de la Decisión Amflora, la Comisión infringió el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2001/18 y el artículo 5, apartado 6, subapartado 3 de la Decisión de comitología, que exigía que la Decisión Amflora se adoptase en los 120 días siguientes al inicio del procedimiento comunitario, así como los principios fundamentales del Derecho comunitario de proporcionalidad, buena administración, confianza legítima, seguridad jurídica y no discriminación.

      (1)  Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 106, p. 1).

      (2)  Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO C 184, p. 23).