title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de octubre de 2002 en el asunto C-190/02 (Petición de decisión prejudicial del Giudice di pace de Genova-Voltri): Viacom Outdoor Srl contra Giotto Immobilier SARL ("Remisión prejudicial — Inadmisibilidad")

text:
C 305/8                  ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          7.12.2002
              AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                              AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Primera)
                                                                                (Sala Primera)
                     de 14 de octubre de 2002
en el asunto C-158/01 (Petición de decisión prejudicial del                                       de 8 de octubre de 2002
Circuit Court, County of Cork): Catherine Withers contra
Samantha Delaney, Motor Insurers Bureau of Ireland                           en el asunto C-190/02 (Petición de decisión prejudicial del
                               (MIBI) (1)                                    Giudice di pace de Genova-Voltri): Viacom Outdoor Srl
(«Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento                                 contra Giotto Immobilier SARL ( 1)
— Respuesta que puede deducirse claramente de la jurispru-
dencia — Aproximación de las legislaciones — Directivas 72/                            («Remisión prejudicial — Inadmisibilidad»)
166/CEE y 84/5/CEE — Seguro obligatorio de responsabili-
 dad civil de automóviles — Daños causados a los ocupantes»)                                            (2002/C 305/12)
                           (2002/C 305/11)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-158/01, que tiene por objeto una petición diri-
gida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la
                                                                             En el asunto C-190/02, que tiene por objeto una petición
Circuit Court, County of Cork (Irlanda), por la que se solicita,
                                                                             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
en el litigio pendiente ante este órgano jurisdiccional entre
                                                                             por el Giudice di pace di Genova-Voltri (Italia), destinada a
Catherine Withers y Samantha Delaney, Motor Insurers Bureau
                                                                             obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
of Ireland (MIBI), una decisión prejudicial sobre la interpretación
                                                                             entre Viacom Outdoor Srl y Giotto Immobilier SARL, una
de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972,
                                                                             decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 2
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
                                                                             CE, 3 CE, apartado 1, letras a), b) y c), 23 CE, 27 CE, letras a),
miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta
                                                                             b) y d), 31 CE, apartados 1 y 3, 49 CE, 50 CE, 81 CE, 82 CE,
de la circulación de vehículos automóviles, así como del control
                                                                             86 CE y 87 CE, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado
de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 103,
                                                                             por los Sres.: M. Wathelet, Presidente de Sala, y P. Jann y
p. 1; EE 13/02, p. 113), y de la Directiva 84/5/CEE del Consejo,
                                                                             A. Rosas (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber;
de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la
                                                                             Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 8 de octubre de 2002 un
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
                                                                             auto resolviendo lo siguiente:
sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circula-
ción de los vehículos automóviles (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/
15, p. 244), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por           Declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial
los Sres. M. Wathelet, Presidente de Sala, y P. Jann (Ponente) y             formulada por el Giudice di pace di Genova-Voltri, mediante
A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario:                 resolución de 9 de abril de 2002.
Sr. R. Grass; una vez informado el órgano jurisdiccional remi-
tente de que el Tribunal de Justicia se propone resolver mediante            (1 ) DO C 169 de 13.7.2002.
auto motivado, con arreglo al artículo 104, apartado 3, de
su Reglamento de Procedimiento; habiéndose instado a los
interesados a los que se refiere el artículo 20 del Estatuto CE
del Tribunal de Justicia para que, en su caso, presentaran sus
observaciones al respecto, ha dictado el 14 de octubre de 2002
un auto resolviendo lo siguiente:                                            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
La Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972,                 lución del Oberster Gerichtshof (República de Austria),
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros      de fecha 11 julio de 2002, en el recurso interpuesto por el
sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación                         menor Nils Laurin Effing
de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de
asegurar esta responsabilidad, y la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de                                (Asunto C-302/02)
30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproxima-
ción de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de                                    (2002/C 305/13)
responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos
automóviles, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a
que se mantenga en vigor una normativa nacional que sólo exige que el
                                                                             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
seguro obligatorio de la responsabilidad civil derivada de la circulación
                                                                             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
de vehículos automóviles cubra los daños corporales de los ocupantes
                                                                             resolución del Oberster Gerichtshof (República de Austria),
transportados en una parte de un vehículo que no sea un gran vehículo
                                                                             dictada el 11 de julio de 2002, en el recurso interpuesto por el
de servicio público cuando dicha parte del vehículo haya sido diseñada
                                                                             menor Nils Laurin Effing, y recibida en la Secretaría del
y fabricada con asientos para los ocupantes.
                                                                             Tribunal de Justicia el 26 de agosto de 2002. El Oberster
( 1) DO C 186 de 30.6.2001.                                                  Gerichtshof (República de Austria) solicita al Tribunal de
                                                                             Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:


title: Asunto T-419/15: Sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2017 — Cofely Solelec y otros/Parlamento («Contratos públicos de obras — Procedimiento de licitación — Ampliación y nivelación del edificio Konrad Adenauer en Luxemburgo — Anulación del procedimiento de licitación — Obligación de motivación — Valor del contrato — Error manifiesto de apreciación»)

text:
               27.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/26

         Sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2017 — Cofely Solelec y otros/Parlamento
   (Asunto T-419/15) (1)

   ((«Contratos públicos de obras - Procedimiento de licitación - Ampliación y nivelación del edificio Konrad Adenauer en Luxemburgo - Anulación del procedimiento de licitación - Obligación de motivación - Valor del contrato - Error manifiesto de apreciación»))
   (2017/C 063/35)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxemburgo), Cofely Fabricom (Bruselas, Bélgica) (representante: S. Marx, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: L. Chrétien y M. Mraz, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE en el que se solicita la anulación de las decisiones contenidas en los escritos con las referencias D(2015) 24297 y D(2015) 28116 de la Dirección General de Infraestructuras y Logística del Parlamento Europeo, de 29 de mayo y 11 de junio de 2015, respectivamente, por los que se notifica a las demandantes la anulación del procedimiento de licitación INLO-D-UPIL-T-14-A04, en lo que respecta a la atribución del lote n.o 75, titulado «Electricidad — Corriente alta», relativo al proyecto de ampliación y nivelación del edificio Konrad Adenauer en Luxemburgo (Luxemburgo).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA y Cofely Fabricom.

      (1)  DO C 337 de 12.10.2015.


title: Asunto T-98/01: Recurso interpuesto el 4 de mayo de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Filippos Pierros

text:
C 186/18                   ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        30.6.2001
—     Violación del principio de igualdad de trato                      —     Condene a la demandada a pagar el saldo de la retribución
                                                                               que consiste en la diferencia entre la retribución que
      a)    violación debida a las modificaciones introducidas
                                                                               corresponde a una clasificación en el grado A 5, escalón 3,
            en la composición del tribunal calificador del con-
                                                                               y la retribución que corresponde a una clasificación en el
            curso y a la imposibilidad de éste de proceder a un
                                                                               grado superior, debiéndose añadir a dicho saldo los
            examen comparativo idóneo de los candidatos;
                                                                               intereses de demora calculados a razón del 8 % anual a
      b)    violación debida al tiempo transcurrido desde el                  partir del 1 de marzo de 2000.
            momento en que comenzaron las pruebas en diciem-
            bre de 1997;
                                                                         —     Condene a la demandada a pagar una indemnización de
      c)    violación debida al hecho de que la prueba del                    daños y perjuicios evaluada, ex aequo et bono, con
            demandante (y únicamente de éste) fue examinada                   carácter provisional, en 1 EUR.
            por el conjunto de los miembros titulares y suplentes
            del tribunal calificador del concurso;
                                                                         —     Condene en costas a la demandada.
      d)    violación provocada por la proporción existente en
            el seno del tribunal calificador del concurso entre
            los miembros representantes de la AFPN y los
            representantes del Comité del Personal;
—     Infracción de las normas que regulan la actuación de los
      tribunales calificadores de los concursos                          Motivos y principales alegaciones
      a)    infracción debida a las modificaciones introducidas
            en la composición del tribunal calificador del con-
            curso;
                                                                         El demandante impugna la decisión por la que Autoridad
      b)    infracción debida a la participación simultánea en el     Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) lo
            seno del tribunal calificador del concurso de los            clasificó en el grado A 5, escalón 3. El demandante afirma que
            miembros titulares y suplentes del mismo;                    la AFPN no aplicó el artı́culo 31, apartado 2, y el artı́culo 32
      c)    infracción por falta de la imparcialidad exigible.          del Estatuto. Según el demandante, al efectuar su clasificación
                                                                         en grado o al determinar su escalón, la AFPN no tuvo en
                                                                         cuenta ni su experiencia, ni sus aptitudes excepcionales, ni las
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a p r e t e n s i ó n d e
                                                                         necesidades especı́ficas del servicio.
i n d e m n i z a c i ó n
La cantidad que reclama el demandante en concepto de
indemnización asciende a 50 000 euros.
                                                                         El demandante alega también que la AFPN violó el principio
                                                                         de no discriminación. En efecto, pese a sus aptitudes excepcio-
                                                                         nales, fue clasificado en el grado A 5, escalón 3, mientras que,
                                                                         sin poseer aptitudes excepcionales, otras personas fueron
                                                                         clasificadas en dicho grado A 5, escalón 3. Del mismo modo,
Recurso interpuesto el 4 de mayo de 2001 contra la                       se produjo una discriminación entre el demandante y las otras
Comisión de las Comunidades Europeas por Filippos                       personas a quienes la AFPN aplicó el artı́culo 32, apartado 2,
                                 Pierros                                 del Estatuto, aun cuando dichas personas presentaban un perfil
                                                                         menos excepcional. Según el demandante, los artı́culos 31 y
                            (Asunto T-98/01)                             32 del Estatuto tampoco se atienen al principio de no
                                                                         discriminación. El demandante alega que se produce una
                             (2001/C 186/27)                             discriminación, en cuanto a la clasificación en grados y a la
                                                                         determinación del escalón, entre las personas que han adqui-
                                                                         rido experiencia en las Instituciones y las que han adquirido
                  (Lengua de procedimiento: francés)                     experiencia fuera de las Comunidades.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 4 de mayo de 2001 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                El demandante alega, a continuación, la vulneración del deber
por Filippos Pierros, con domicilio en Bruselas, representado            de asistencia y protección, la infracción de las normas sobre la
por Mes Georges Vandersanden y Laure Levi, abogados.                     libre circulación de los trabajadores y, por último, la infracción
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            de la obligación de motivación.
que:
—     Anule la decisión de la Autoridad Facultada para Proceder
      a los Nombramientos (AFPN), de 23 de junio de 2000, de
      clasificar al demandante en el grado A 5, escalón 3, y, en
      la medida de lo necesario, anule la decisión denegatoria
      presunta de la reclamación del demandante.


title: Asunto C-265/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel (Bélgica) el 29 de mayo de 2012 — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)

text:
               25.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 258/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel (Bélgica) el 29 de mayo de 2012 — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)
   (Asunto C-265/12)
   2012/C 258/15
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hof van beroep te Brussel

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Citroën Belux NV

      Recurrida: Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe el artículo 3, apartado 9, de la Directiva 2005/29/CE (1) interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición, como el artículo 72 de la WMPC, (2) que — sin perjuicio de los supuestos enumerados en la Ley con carácter limitativo — prohíbe de manera general toda oferta conjunta al consumidor siempre que por lo menos una parte de ésta constituya un servicio financiero?

               2)

               ¿Debe el artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios, interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición, como el artículo 72 de la WMPC, que — sin perjuicio de los supuestos enumerados en la Ley con carácter limitativo — prohíbe de manera general toda oferta conjunta al consumidor siempre que por lo menos una parte de ésta constituya un servicio financiero?

      (1)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149, p. 22).

      (2)  Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Ley relativa a las prácticas comerciales y a la protección del consumidor).


title: Asunto T-271/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 22 de julio de 2010 — H/Consejo y otros ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Funcionario nacional adscrito a la Misión de Policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina — Decisión de cambio de destino y de descenso de grado — Demanda de suspensión de la ejecución — Admisibilidad — Falta de urgencia» )

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/36

         Auto del Presidente del Tribunal General de 22 de julio de 2010 — H/Consejo y otros
   (Asunto T-271/10 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Política exterior y de seguridad común - Funcionario nacional adscrito a la Misión de Policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina - Decisión de cambio de destino y de descenso de grado - Demanda de suspensión de la ejecución - Admisibilidad - Falta de urgencia)
   2010/C 246/62
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: H (Catania, Italia) (representantes: C. Mereu y M. Velardo, abogados)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. Vitro y G. Marhic, agentes) y Comisión Europea (representantes: F. Erlbacher y B. Eggers, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión de 7 de abril de 2010 del jefe de la Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina por la que se desciende de grado y se cambia de destino a la demandante.

      Fallo

               1)

               Considerar partes demandadas únicamente al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea.

               2)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               3)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-280/02: Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. J.J. Pikaart y otros

text:
23.11.2002             ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 289/29
recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado                     recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por Dyson                  formulado por el Sr. J.J. Pikaart y otros, representados por los
Limited, con domicilio social en Malmesbury, Wiltshire (Reino             Sres. M.J. van Dam y R.D. Ouwerling.
Unido), representada por los abogados Sres. D. Barron, C. Jones
y C. Loweth.                                                              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                      1.     Anule la decisión de la Comisión Europea, de 16 de julio
                                                                                de 2002, con la referencia E1/L 02157 D(2002) 11796.
—     Anule la resolución impugnada no R 655/2001-1, de la
      Sala Primera de Recurso, de 2 de julio de 2002.                     2.     Condene en costas a la demandada.
—     Devuelva el asunto a la Sala de Recurso para que proceda
      de nuevo al examen de los motivos de denegación                     Motivos y principales alegaciones
      absolutos invocados por el examinador con arreglo a los
      artículos 7, apartado 1, letra b) y 7, apartado 3, del              Los demandantes son propietarios del buque de navegación
      Reglamento no 40/94.                                                interior denominado «Factotum». En 1997 fueron reemplaza-
                                                                          dos el cuerpo central y la proa del «Factotum». Al mismo
—     Condene en costas a la Oficina.                                     tiempo, se aumentó el tonelaje de capacidad de carga del
                                                                          «Factotum» mediante la prolongación de su cuerpo central y
                                                                          de su proa. Los demandantes desecharon el cuerpo central y la
Motivos y principales alegaciones                                         proa antiguos. Los planes iniciales de fabricar una batea con
                                                                          dicho segmento no se llevaron a cabo, debido a las posibles
Marca comunitaria soli-          «Feature of goods» consistente en        obligaciones derivadas de la regla «viejo por nuevo» impuestas
citada:                          «un cubo transparente o recipiente       por el Reglamento no 1101/89 (1).
                                 de recolección que forma parte
                                 de la superficie externa de una          No obstante, el Fondo neerlandés exigió una contribución a
                                 aspiradora» — solicitud de regis-        los demandantes de acuerdo con la regla «viejo por nuevo» que
                                 tro no 522144                            recoge el Reglamento no 1101/89. En este contexto, según
Productos o servicios            Aparatos para limpiar, pulir y           los demandantes, el «Factotum» fue considerado un buque
para los que se solicita:        enjabonar suelos y alfombras;            autopropulsado de nueva construcción.
                                 aspiradoras; enjabonadoras (espu-
                                 mas) para alfombras; pulidoras de        Los demandantes solicitaron entonces a la Comisión que se
                                 suelos; partes y piezas para todos       aplicara correctamente el artículo 8 del Reglamento no 1101/
                                 los productos mencionados com-           89 a la situación concreta. Mediante el presente recurso,
                                 prendidos en la Clase 7 de la            los demandantes impugnan la interpretación dada por la
                                 clasificación de Niza                    Comisión.
Resolución impugnada             Resolución del examinador por la
                                                                          Los demandantes alegan que en el caso de la remodelación del
ante la Sala de Recurso:         que se denegaba la solicitud de
                                                                          «Factotum» no se trataba de un buque de nueva construcción, ni
                                 registro
                                                                          de otro supuesto contemplado en el artículo 8 del Reglamento
Motivos invocados:               Interpretación errónea del ar-           no 1101/89. Según los demandantes, la sustitución del referido
                                 tículo 7, apartado 1, letra a), del      segmento del «Factotum» sólo supuso el aumento de la
                                 Reglamento 40/94                         capacidad global de navegación interior, en la medida en que
                                                                          se prolongó el «Factotum». En otras palabras, las obligaciones
                                                                          derivadas de la regla «viejo por nuevo» deben quedar circunscri-
                                                                          tas a la capacidad de carga añadida mediante la remodelación.
                                                                          Los demandantes alegan además que si se transformara el
Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2002 contra                    cuerpo central y la proa antiguos en una batea, no habría
la Comisión de las Comunidades Europeas por el                            razón alguna para imponer obligaciones derivadas de la regla
                      Sr. J.J. Pikaart y otros                            «viejo por nuevo» sobre el tonelaje de buque autopropulsado
                                                                          del «Factotum». Según los demandantes, la ampliación se
                       (Asunto T-280/02)                                  refiere al tonelaje de batea y, en este sentido, las obligaciones
                                                                          derivadas de la regla «viejo por nuevo» resultan menos
                                                                          gravosas para el tonelaje de batea que para el de los buques
                         (2002/C 289/54)
                                                                          autopropulsados.
               (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                          (1 ) Reglamento (CEE) no 1101/89 del Consejo, de 27 de abril
                                                                               de 1989, relativo al saneamiento estructural de la navegación
                                                                               interior (DO L 116, p. 25).
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 15 de septiembre de 2002 un


title: Asunto T-299/02: Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2002 por Carles Dedeu i Fontcuberta contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 289/38                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    23.11.2002
Además, la Decisión impugnada vulnera a su juicio los                    —     La violación del principio de no discriminación, dado
principios de confianza legítima y de proporcionalidad en la                   que se otorga un trato discriminatorio a situaciones
medida en que ordena al Estado italiano recuperar las supuestas                personales sustancialmente idénticas, pues a determina-
ayudas.                                                                        dos funcionarios que se incorporaron de Oficinas de
                                                                               Länders alemanes o de Federaciones del Reino Unido en
                                                                               Bruselas no se les ha tenido en cuenta el periodo de
                                                                               trabajo anterior a su incorporación a los efectos del
                                                                               cómputo del periodo de referencia.
Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2002 por Anna                     La parte demandante alega igualmente la violación del deber
Romero Romeu contra la Comisión de las Comunidades                       de motivación.
                             Europeas
                        (Asunto T-298/02)
                         (2002/C 289/68)
                  (Lengua de procedimiento: español)                     Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2002 por
                                                                         Carles Dedeu i Fontcuberta contra la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado, el 1 de octubre de 2002 un recurso                                    (Asunto T-299/02)
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Anna Herrero Romeu, con domicilio en Bruselas, represen-
tada por los letrados en ejercicio D. Ramón García-Gallardo                                       (2002/C 289/69)
Gil-Fournier y D. Javier Guillem-Carrau.
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
—     Anule la decisión de la AIPN de 10 de junio de 2002 en             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      la que no se le reconoce el derecho al beneficio de la             europeas se ha presentado, el 30 de septiembre de 2002 un
      indemnización por expatriación y, por lo tanto, de las             recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas
      otras indemnizaciones asociadas conforme a la jurispru-            formulado por Carles Dedeu i Fontcuberta, con domicilio en
      dencia Lozano;                                                     Bruselas, representado por los letrados en ejercicio D. Ramón
                                                                         García-Gallardo Gil-Fournier y D. Javier Guillem-Carrau.
—     condene a la parte demandada al pago de la totalidad de
      las costas.
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         que:
Motivos y principales alegaciones
                                                                         —     Anule la decisión de rechazo implícito a fecha de
                                                                               23 de septiembre de 2002 que se produce por el silencio
Mediante el presente recurso, la demandante, funcionaria de la                 de la comisión ante la Reclamación 275/02, y por la
demandada, se opone a la Decisión de la AFPN contraria a                       que no se le reconoce el derecho al beneficio de la
reconocere el derecho a la indemnización por expatriación                      indemnización por expatriación y, por lo tanto, de las
(art. 4 del Anexo VII del Estatuto), que, en su opinión, le                    otras indemnizaciones asociadas conforme a la jurispru-
corresponde, dado que su residencia habitual y centro de                       dencia Lozano;
intereses durante el periodo de referencia estatutario fue
Barcelona y no Bruselas.                                                 —     condene a la parte demandada al pago de la totalidad de
                                                                               las costas.
En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante alega:
—     La comisión de un error manifiesto en la apreciación de
      los hechos, en la medida en que la Decisión impugnada,             Motivos y principales alegaciones
      por un lado, no considera el trabajo realizado para una
      Representación de una Comunidad Autónoma española
      en Bruselas como «servicios efectuados para otro Estado»,          Los motivos y principales alegaciones son los ya invocados en
                                                                         el asunto T-298/02 Ana Herrero Romeu/Comisión.
      y, por otro lado, no tiene en cuenta la situación personal
      del demandante respecto de los lazos duraderos con el
      país de afectación.


title: Asunto T-447/07: Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2007 — Scovill Fasteners/Comisión

text:
               9.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/31

         Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2007 — Scovill Fasteners/Comisión
   (Asunto T-447/07)
   (2008/C 37/48)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Scovill Fasteners, Inc. (Clarkesville, Estados Unidos) (representante: O. Dugardyn, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de 19 de septiembre de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (asunto COMP/E-1/39.168 — Artículos de mercería: cierres).

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule o se reduzca la multa impuesta a la demandante.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de sus propias costas y de las efectuadas por la demandante.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita la anulación de la Decisión C(2007) 4257 final de la Comisión, de 19 de septiembre de 2007, en el asunto COMP/E-1/39.168 — Artículos de mercería: cierres, en la cual la Comisión entendió que la entidad filial de la demandante, junto con otras empresas, había infringido el artículo 81 CE, al haberse puesto de acuerdo sobre ciertos incrementos coordinados de precios y al haberse intercambiado información confidencial sobre los precios y la aplicación de los incrementos de precios.
   En apoyo de su recurso, la demandante sostiene que la Comisión consideró erróneamente que la demandante formaba una única entidad económica con su sociedad filial y que no se le debe considerar tampoco a la demandante solidaria del pago de la multa impuesta a su sociedad filial por los incumplimientos en que hubiera podido incurrir la propia sociedad filial.
   Además, la demandante afirma que la Comisión no ha acreditado en la medida necesaria que la entidad filial de la demandante participara en el acuerdo entre las empresas con posterioridad a 1997.
   Con carácter subsidiario la demandante alega que la Comisión:

               —

               incurrió en varios errores manifiestos al calcular la multa;

               —

               no tuvo en cuenta todas las circunstancias determinantes al determinar la duración y la gravedad de las infracciones;

               —

               no examinó las circunstancias atenuantes, como es el hecho del papel secundario jugado por la filial de la demandante.


title: Asunto T-149/09: Recurso interpuesto el 10 de abril de 2009 — Dover/Parlamento

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/53

         Recurso interpuesto el 10 de abril de 2009 — Dover/Parlamento
   (Asunto T-149/09)
   2009/C 141/108
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Densmore Ronald Dover (Borehamwood, Reino Unido) (representantes: D. Vaughan, QC Barrister, M. Lester, Barrister, y M. French, Solicitor)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión impugnada.

               —

               Que, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, se acuerden las diligencias de ordenación del procedimiento que se especifican en la demanda.

               —

               Que se condene al Parlamento a cargar con las costas del demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, el demandante solicita la anulación de la Decisión del Parlamento D(2009) 4639, de 29 de enero de 2009, relativa a la recuperación de la dietas de asistencia parlamentaria.
   Para fundamentar su recurso, el demandante invoca cinco motivos.
   En primer lugar, el demandante alega que el Parlamento interpretó y aplicó erróneamente el artículo 14 de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados (en lo sucesivo, «Reglamentación GDD»), inter alia, al intentar imponerle, con efecto retroactivo, estrictos requisitos que nunca se exigieron a los miembros del Parlamento Europeo en el momento pertinente, y al no haber identificado con precisión qué concepto de los gastos se considera indebidamente pagado.
   En segundo lugar, afirma que el Parlamento invocó un supuesto «conflicto de intereses», vulnerando el principio de seguridad jurídica al obrar de una forma que es incompatible con su práctica anterior y que no se ajusta a sus reglas publicadas, y al no establecer criterios claros y transparentes. El demandante alega que la decisión del Parlamento carece por completo de base fáctica y jurídica.
   En tercer lugar, el demandante sostiene que el Parlamento no respetó los requisitos procedimentales básicos del artículo 27 de la Reglamentación GDD, entre otros, los relativos a la previa consulta de los Cuestores, a la justificación de la calificación de «caso excepcional», a la audiencia del demandante previa a la adopción de una decisión, así como el requisito de que sea la Mesa quien adopte una decisión.
   En cuarto lugar, el demandante afirma que la institución demandada le ha exigido la restitución del IVA sin tener base jurídica para ello.
   Por último, el demandante alega que el Parlamento ha remitido su caso a la OLAF prematuramente, lesionando su derecho de defensa y sin base jurídica ni justificación alguna.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, de fecha 2 de marzo de 1995, en el asunto entre Sodemare SA y otros, parte coadyuvante: Fermabel ASBL, y Regione Lombardia (Asunto C-70/95)

text:
N° C 159/ 12             ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     24 . 6 . 95
      examen de una autoridad competente independiente,                     [Se trata de los casos en los que el Estado miembro tiene
      con arreglo al apartado 2 del artículo 9 , si después ese             la « obligación » ( que, según la Corte Costituzionale
      nacional vuelve o pretende volver al territorio del Estado            italiana, es una « obligación concreta »: véase la sentencia
      miembro de que se trate, en relación con :                            de la Corte Costituzionale de (4 de julio ) 11 de julio de
                                                                            1989 , n° 389 , en el último párrafo del apartado 4 ), de
      a ) la denegación de una solicitud de permiso de                      eliminar de su propio ordenamiento las disposiciones
          estancia ; o                                                      incompatibles con el ordenamiento comunitario . ( En
                                                                            relación con dicha obligación de eliminación de normas,
      b ) la denegación de una solicitud de entrada; o                      véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de marzo
      c ) una decisión de expulsión ?                                       de 1988 , 104/86, Rec . p. 1799 ). El Tribunal comunitario
                                                                            se ha referido a esta obligación « en varias ocasio
                                                                            nes »].
5 . ¿ Varían las respuestas a la cuestión 4 según:
      a ) el demandante haya entrado en el territorio del                — Si una norma nacional que reserva ( de forma inmoti
          Estado miembro antes de solicitar un permiso de                   vada ) a las « sociedades » sin ánimo de lucro la prestación
          estancia ;                                                        de toda una categoría de servicios, importantes incluso
                                                                            desde el punto de vista económico, es contraria al
      b ) el demandante haya sido expulsado del Estado                      artículo 58 del Tratado CEE, en la medida en que éste
          miembro antes de haber solicitado un permiso de                   establece la summa divisio entre « sociedades que persi
          estancia , o nunca haya solicitado dicho permiso;                 guen un fin lucrativo » y « sociedades que no persiguen un
                                                                            fin lucrativo ».
      c ) la anterior salida del territorio fuese el resultado de
          una decisión de expulsión, o de una amenaza de
          detención y expulsión y fuese seguida por una                  — Si los artículos 52, 58 y 59 del Tratado son incompati
          decisión de impedir el acceso al territorio ?                     bles con una normativa nacional que obstaculiza el
                                                                            ejercicio de una actividad empresarial imponiendo a una
( ! ) DO n" 56 de 4 . 4 . 1964 , p . 850 ; EE 05/01 , p . 36 .              empresa establecida en un Estado miembro determinado
                                                                            y que quiera establecerse en otro Estado miembro a
                                                                            efectos del Tratado la alternativa entre el ejercicio de la
                                                                            misma actividad de manera no económica —adoptando
                                                                            en este caso formas jurídicas taxativamente indicadas
                                                                            que son distintas de las que permiten el estableci
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                  miento— o —si pretende ejercer la actividad de manera
lución del Tribunale Amministrativo Regionale per la                        económica— asumir la carga de prestación que debería
Lombardia, de fecha 2 de marzo de 1995 , en el asunto entre                 suministrar el servicio público de sanidad.
Sodemare SA y otros, parte coadyuvante: Fermabel ASBL,
                       y Regione Lombardia
                                                                         — Si el artículo 59 del Tratado es compatible con una
                          (Asunto C-70/95 )                                 normativa nacional que, en relación con determinadas
                            ( 95/C 159/24 )                                 modalidades definidas por el ordenamiento interno,
                                                                            dirige a los usuarios de servicios asistenciales —a los que
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   el propio ordenamiento reconozca la libre elección de la
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                 persona del prestador— exclusivamente a empresas a las
resolución del Tribunale Amministrativo Regionale per la                    que, sólo en función de su forma jurídica, el Estado
Lombardia , dictada el 2 de marzo de 1995 en el asunto entre                reembolsa los costes de las prestaciones sanitarias, que
Sodemare SA y otros, parte coadyuvante : Fermabel ASBL, y                   todas las empresas autorizadas están obligadas a sumi
Regione Lombardia, y recibida en la Secretaría del Tribunal                 nistrar, con la consecuencia de que, por un lado, se
de Justicia el 10 de marzo de 1 995 .                                       canaliza la demanda de servicios hacia determinados
                                                                            prestadores y, por otro, se priva al usuario de una
El Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia                      libertad de elección real .
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
siguientes cuestiones :                                                  — Si la letra f) del artículo 3 y los artículos 5 , 85 y 86, en
                                                                            relación, en su caso, con el artículo 90 del Tratado, son
— Si , conforme al artículo 190 del Tratado CEE, debe                       compatibles con la normativa de que se trata que, a
      considerarse contraria al Derecho comunitario una
                                                                            través del mecanismo previsto por el ordenamiento
      norma nacional que carece completamente de motiva                    interno, permite:
      ción , a pesar de que regula una materia comprendida « en
      el ámbito de aplicación » de los Tratados comunitarios,
      con el resultado de que los órganos jurisdiccionales                  a ) solamente a las empresas que adoptan una forma
      nacionales no aplicarán la norma nacional carente de                       jurídica determinada suministrar, sin cargas que
      motivación, únicamente en los casos en que —como                           pesen sobre la empresa, prestaciones que son acce
      parece suceder en el presente asunto— la norma                             sorias a los servicios que la misma ofrece mediante
      nacional crea una situación de hecho ambigua, en la                        retribución;
      medida en que mantiene a los interesados en un estado
      de incertidumbre respecto a sus posibilidades de recurrir             b ) presentarse en el mercado como una categoría de
      al Derecho comunitario .                                                   empresas que, teniendo características cualitativas y
 ---pagebreak--- 24. 6 . 95             | ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 159/ 13
           cuantitativas similares, se presentan a los usuarios        — Incompetencia : En relación con los tres países interesa
           como una entidad unitaria en una amplia medida;                 dos el Reglamento ( CEE) n0 3303/94 adopta medidas
                                                                           que difieren del Reglamento ( CEE ) n0 404/93 . Con
     c ) canalizar hacia las empresas a las que se refiere la              arreglo al apartado 3 del artículo 149 del Acta de
           letra b ) la demanda de prestación de los servicios             Adhesión, esta competencia correspondía al Consejo y
           ofrecidos en el sector de la asistencia a ancianos;             no a la Comisión .
      d ) imponer a las empresas la obligación de suministrar,         — Motivación insuficiente .
           a su cargo, prestaciones accesorias a los servicios que
           ofrecen mediante retribución;                               (!) DO n" L 341 de 30 . 12 . 1994 , p . 46 .
      e ) dar lugar a acuerdos que producen el efecto de
           imponer a las empresas no participantes la obliga
           ción de suministrar a su cargo prestaciones acceso
           rias al servicio ofrecido, repercutiendo su coste en los    Recurso interpuesto el 13 de marzo de 1995 contra SA
           usuarios ;                                                  Royale belge y otras por la Comisipn de las Comunidades
                                                                                Europeas
      f) crear así la exigencia de transferir a estos últimos la                             (Asunto C-76/95 )
           carga económica de tales prestaciones, que en otro                                   ( 95/C 159/26 )
           caso serían gratuitas, cuando los usuarios utilicen
           los servicios de las empresas participantes en el           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
           acuerdo .
                                                                       ha presentado el 13 de marzo de 1995 un recurso contra SA
                                                                       Royale belge, que actúa tanto en nombre propio como en
                                                                       calidad de mandataria y testaferro de las compañías de
                                                                       seguros siguientes : 1 ) SA Assurances générales de France ;
                                                                       2 ) Caisse nationale de prévoyance; 3 ) Les Mutuelles du
                                                                       Mans; 4 ) SA Assurantie van de belgische Boerenbond; 5 ) SA
Recurso interpuesto el 14 de marzo de 1995 contra la                   Hannover; 6 ) AG-Securitas, y 7) Condor, formulado por la
Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de                   Comisión de las Comunidades Europeas, representada por
                                 Bélgica                               Julián Currall, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de
                           (Asunto C-71 /95 )                          Agente, asistido por Me Jean-Luc Fagnart, Abogado de
                             ( 95/C 159/25 )                           Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                       despacho de Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirch
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              berg.
ha presentado el 14 de marzo de 1995 un recurso contra la
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el                  La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al
Reino de Bélgica, representado por el Sr . J. Devadder,                Tribunal de Justicia que condene a la parte demandada :
bestuursdirecteur del ministerie van Buitenlandse zaken,               — al pago del capital que la Comisión debe o debería pagar
Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, en                        con arreglo al artículo 73 del Estatuto de los Funciona
calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxem                     rios de las Comunidades Europeas, a raíz de la enfer
burgo la sede de la Embajada de Bélgica, rue des Giron                     medad profesional del Sr. L. , antiguo funcionario de la
dins 4 .
                                                                            Comisión;
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              — al pago de los intereses de demora, de conformidad con
                                                                            el apartado 2 del artículo 1 del Convenio y ello a partir
Anule el Reglamento ( CE ) n° 3303/94 de la Comisión, de 21                 del 6 de mayo de 1994, fecha en que la Comisión aceptó
de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas                      el requerimiento a los aseguradores;
transitorias para la importación de plátanos en Austria ,
Finlandia y Suecia , (*) y condene a la Comisión en cos               — al pago de las costas, de conformidad con el apartado 2
tas .                                                                       del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento del
                                                                            Tribunal de Justicia .
Motivos y principales alegaciones                                      Motivos y principales alegaciones
— Discriminación: El artículo 4 del Reglamento ( CE)                   El Tribunal de Justicia conoce del presente asunto sobre la
      n° 3303/94 difiere claramente del artículo 19 del                 base de una cláusula compromisoria que figura en un
      Reglamento ( CEE) n° 404/93 del Consejo; a cada uno de           contrato de seguro cuyo objeto es cubrir las consecuencias
      los países interesados se le asigna un contingente aparte,       pecuniarias de las obligaciones estatutarias que las Comu
      sin el reparto contenido en el artículo 19 del Reglamento        nidades asumen por los accidentes y enfermedades profe
       ( CEE) n0 404/93 . Con el establecimiento de tal sistema         sionales de que fueran víctimas los miembros de su personal.
      específico se causa una discriminación entre los diferen         Las partes disienten sobre si el contrato de seguro permite a
      tes operadores según estén establecidos en un Estado             los aseguradores impugnar la regularidad del dictamen
      miembro originario de la Unión Europea o en un Estado            emitido por la comisión médica .
      miembro que se haya adherido el 1 de enero de
       1995 .


title: Asunto C-262/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de noviembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland (Sector de las telecomunicaciones — Servicio universal y derechos de los usuarios — Concepto de obligaciones que han de mantenerse provisionalmente — Artículos 27, párrafo primero, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco ) y 16, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal ) — Tarificación de la prestación de los servicios de telefonía vocal — Obligación de obtener una autorización administrativa copiar descriptores; para comillas, imitar el original copiar descriptores; para comillas, imitar el original)

text:
               26.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de noviembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland
   (Asunto C-262/06) (1)

   (Sector de las telecomunicaciones - Servicio universal y derechos de los usuarios - Concepto de «obligaciones» que han de mantenerse provisionalmente - Artículos 27, párrafo primero, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva «marco») y 16, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/22/CE (Directiva «servicio universal») - Tarificación de la prestación de los servicios de telefonía vocal - Obligación de obtener una autorización administrativa copiar descriptores; para comillas, imitar el original copiar descriptores; para comillas, imitar el original)
   (2008/C 22/15)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Bundesverwaltungsgericht
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Deutsche Telekom AG

      Demandada: Bundesrepublik Deutschland
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Bundesverwaltungsgericht — Interpretación del artículo 27, párrafo primero, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33) y del artículo 16, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51) — Concepto de «obligaciones» que los Estados miembros deben mantener con carácter transitorio — Régimen preexistente de autorización del cobro por la prestación de servicios telefónicos a consumidores finales por parte de una empresa con posición dominante en el correspondiente mercado
   Fallo
   Los artículos 27, párrafo primero, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), y 16, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), deben interpretarse en el sentido de que ha de mantenerse provisionalmente en vigor una obligación legal de obtener una autorización en relación con las tarifas de los servicios telefónicos suministrados a consumidores finales por empresas que se encuentran en posición dominante en el correspondiente mercado, como la obligación prevista en el artículo 25 de la Telekommunikationsgesetz (Ley de telecomunicaciones), de 25 de julio de 1996, establecida con anterioridad al nuevo marco reglamentario resultante de las citadas Directivas, así como los actos administrativos declarativos dictados sobre esa base

      (1)  DO C 212 de 2.9.2006.


title: Asunto C-478/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg — Alemania) — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen (Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — Igualdad de trato — Impuesto sobre la renta — Exención de los rendimientos derivados del ejercicio de una actividad docente de forma accesoria al servicio de una persona jurídica de Derecho público establecida en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado en el que se aplica el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992 — Legislación de un Estado miembro que excluye de la exención a los rendimientos derivados del ejercicio de tal actividad al servicio de una persona jurídica de Derecho público establecida en Suiza)

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/22

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg — Alemania) — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen
   (Asunto C-478/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra - Igualdad de trato - Impuesto sobre la renta - Exención de los rendimientos derivados del ejercicio de una actividad docente de forma accesoria al servicio de una persona jurídica de Derecho público establecida en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado en el que se aplica el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992 - Legislación de un Estado miembro que excluye de la exención a los rendimientos derivados del ejercicio de tal actividad al servicio de una persona jurídica de Derecho público establecida en Suiza))
   (2016/C 419/29)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Baden-Württemberg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Peter Radgen, Lilian Radgen

      Demandada: Finanzamt Ettlingen

      Fallo

   Las disposiciones del Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre circulación de personas, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, relativas a la igualdad de trato de los trabajadores por cuenta ajena, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el asunto principal, que no confiere a un nacional residente sujeto al impuesto sobre la renta por la totalidad de sus ingresos el derecho a la exención respecto de los rendimientos que ha obtenido por el ejercicio con carácter accesorio, y haciendo uso de su derecho a la libre circulación, de una actividad docente por cuenta ajena al servicio de una persona jurídica de Derecho público establecida en Suiza, siendo así que la mencionada exención se habría concedido si esa actividad se hubiera ejercido al servicio de una persona jurídica de Derecho público establecida en aquel Estado miembro, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado en cuyo territorio se aplique el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992.

      (1)  DO C 16 de 18.1.2016.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2002 en el asunto T-74/01, Albano Ferrer de Moncada contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Artículo 19 del Estatuto — Solicitud de autorización para presentar documentos ante un tribunal nacional)

text:
24.8.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 202/25
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                     de 13 de junio de 2002
                                                                                de 13 de junio de 2002
en el asunto T-74/01, Albano Ferrer de Moncada contra
          Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                           en el asunto T-106/01, Noé Youssouroum contra Consejo
                                                                                de la Unión Europea (1)
(Funcionarios — Artı́culo 19 del Estatuto — Solicitud de
autorización para presentar documentos ante un tribunal
                               nacional)
                                                                           (Funcionarios — Pensiones — Transferencia del equivalente
                                                                           actuarial de derechos a pensión de jubilación adquiridos en
                                                                           actividades profesionales anteriores a la entrada en funciones
                           (2002/C 202/37)
                                                                                en las Comunidades Europeas)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (2002/C 202/38)
En el asunto T-74/01, Albano Ferrer de Moncada, funcionario                                  (Lengua de procedimiento: francés)
de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
en Luxemburgo, representado por Mes L. Misson y L. Wysen,
abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra.
C. Berardis-Kayser y Sr. D. Waelbroeck), que tiene por objeto,
por un lado, que se anule la decisión desestimatoria presunta
de la Comisión, de 19 de enero de 2001, de la reclamación                En el asunto T-106/01, Noé Youssouroum, funcionario del
presentada por el demandante contra la decisión de la Comi-               Consejo de la Unión Europea, con domicilio en Bruselas,
sión, de 28 de agosto de 2000, por la que se le deniega la                representado por Mes J.-N. Louis y V. Peere, abogados, que
autorización para presentar ciertos documentos ante un tribu-             designa domicilio en Luxemburgo, contra Consejo de la Unión
nal penal luxemburgués, y, por otro lado, una petición de                 Europea (agentes: Sres. F. Anton y A. Pilette), que tiene por
indemnización, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera),           objeto la pretensión de que se anule la decisión del Consejo de
integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y los Sres. K. Lenaerts        8 de junio de 2000 por la que se calcula la bonificación de las
y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers, administrador, ha         anualidades que resultan de la transferencia hacia el régimen
dictado el 13 de junio de 2002 una sentencia cuyo fallo es el              comunitario de los derechos a pensión de jubilación del
siguiente:                                                                 demandante, adquiridos en el régimen griego, el Tribunal de
                                                                           Primera Instancia (Sala Tercera) integrado por el Sr. M. Jaeger,
                                                                           Presidente, y los Sres. K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces; Secretario:
1)    Se anula la decisión desestimatoria presunta de la Comisión, de    Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el 13 de junio de 2002
      19 de enero de 2001, de la reclamación presentada por el            una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      demandante contra la decisión de la Comisión, de 28 de agosto
      de 2000, por la que se le deniega la autorización para presentar
      los documentos a que se refiere dicha reclamación ante un
      tribunal penal luxemburgués.                                         1)     Se desestima el recurso.
2)    Se desestima el recurso en todo lo demás.
                                                                           2)     Cada parte cargará con sus propias costas.
3)    La Comisión cargará con sus propias costas y con las del
      demandante.
                                                                           (1) DO C 227 de 11.8.01.
(1) DO C 161 de 2.6.2001.


title: Asunto C-107/02: Recurso interpuesto el 22 de marzo de 2002 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 191/14                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           10.8.2002
1)     Desestimar el recurso.                                               La petición de decisión prejudicial presentada por el Landesgericht für
                                                                            Zivilrechtssachen Wien, mediante resolución de 5 de noviembre
2)     Condenar en costas a la República Federal de Alemania.              de 2001, es inadmisible.
(1) DO C 348 de 8.12.2001.                                                  (1) DO C 84 de 6.4.2002.
                                                                            Recurso interpuesto el 22 de marzo de 2002 contra la
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   República Federal de Alemania por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
                              (Sala Sexta)
                                                                                (Asunto C-107/02)
                      de 21 de marzo de 2002
                                                                                (2002/C 191/25)
en el asunto C-447/01 (petición de decisión prejudicial del
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): DLD Trading
Company Import-Export, spol. s.r.o. contra República de
                                Austria (1)                                 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                            presentado el 22 de marzo de 2002 un recurso contra la
                                                                            República Federal de Alemania formulado por la Comisión de
          («Remisión prejudicial — Inadmisibilidad»)                       las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Götz zur
                                                                            Hausen, Consejero de la Comisión, que designa como domici-
                                                                            lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Luis Escobar Guerrero,
                            (2002/C 191/24)                                 miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner
                                                                            C 254, Kirchberg, Luxemburgo.
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(Traducción provisional; la traducción definitiva será publicada en la
      «Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        1.     Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
                                                                                plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
                                                                                Directiva 96/29/Euratom (1) del Consejo, de 13 de mayo
                                                                                de 1996, por la que se establecen las normas básicas
                                                                                relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de
En el asunto C-447/01, que tiene por objeto una petición
                                                                                la población contra los riesgos que resultan de las
dirigida al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
                                                                                radiaciones ionizantes, al no haber adoptado todas las
con arreglo al artı́culo 234 CE, por el Landesgericht für
                                                                                disposiciones legales y administrativas necesarias para dar
Zivilrechtssachen Wien (Austria), destinada a obtener, en el
                                                                                cumplimiento a la citada Directiva en el ámbito del
litigio pendiente ante este órgano jurisdiccional entre DLD
                                                                                saneamiento de los bienes y de las instalaciones de las
Trading Company Import-Export, spol. s.r.o. y República de
                                                                                minas de mineral de uranio y de la explotación de
Austria, una decisión prejudicial, por una parte, sobre si la
                                                                                aparatos de radiografı́a, o, en todo caso, al no haber
normativa austriaca se opone a una disposición del Derecho
                                                                                comunicado a la Comisión dichas disposiciones.
comunitario en la medida en que limita a 75 y 100 EUR la
franquicia aduanera aplicable a las mercancı́as contenidas en el
equipaje personal de los viajeros procedentes de determinados               2.     Condene en costas a la República Federal de Alemania.
paı́ses terceros, ası́ como determinadas restricciones cuantitati-
vas para la exención de los productos del tabaco del impuesto
sobre el volumen de negocios y de los impuestos especiales, y
por otra parte, sobre los requisitos conforme a los cuales puede            Motivos y principales alegaciones
exigirse la responsabilidad de un Estado miembro por los
perjuicios causados a los particulares por las infracciones del
Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),                  Del carácter vinculante que tienen las directivas con arreglo al
integrado por la Sra F. Macken, Presidenta de Sala, la                      artı́culo 161 EA, párrafo tercero, y del artı́culo 192 EA, párrafo
Sra. N. Colneric y los Sres. R. Schintgen (Ponente), V. Skouris             primero, resulta que los Estados miembros destinatarios de la
y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber;              Directiva tienen la obligación de adaptar su Derecho interno a
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 21 de marzo de 2002 un              las disposiciones de ésta de modo que sea plenamente eficaz al
auto resolviendo lo siguiente:                                              expirar el plazo de adaptación.
 ---pagebreak--- 10.8.2002              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 191/15
En virtud del artı́culo 55 de dicha Directiva, los Estados            Motivos y principales alegaciones
miembros tenı́an la obligación de dar cumplimiento a ésta
antes del 13 de mayo de 2000. Aunque la República Federal
de Alemania ha adaptado entretanto en gran parte su Derecho
interno a la Directiva mediante la Strahlenschutzverordnung
(Orden sobre protección contra las radiaciones) de 20 de julio       Desviación de poder, discriminación, no afectación de la
de 2001, faltan hasta el momento disposiciones para las               competencia empresarial y no afectación de los intercambios
actividades relativas al saneamiento de los bienes resultantes        comunitarios: ni al gobierno de La Rioja en su denuncia, ni a
de anteriores operaciones y trabajos, al cierre y saneamiento         la Comisión Europea en su recurrida Decisión, les ha impor-
de las instalaciones y explotaciones de la minerı́a de mineral        tado la distorsión de la competencia empresarial, habiendo
de uranio y al establecimiento y explotación de aparatos             sido otros los intereses que han movido la actuación contra
de radiografı́a y de radiaciones molestas con arreglo a la            Ramondı́n y la sentencia dictada ha analizado erróneamente
Röntgenverordnung (Orden sobre radiografı́a).                         los requisitos de las ayudas de estado. Se rechaza de plano el
                                                                      carácter especı́fico y selectivo de las ayudas cuestionadas,
                                                                      sentado por la Comisión y en la sentencia de instancia, en que
(1) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.                                      la Norma Foral cuestionada tiene este carácter, pues perjudica
                                                                      a aquellos sujetos pasivos a los que no le es de aplicación, por
                                                                      no ubicarse en el respectivo ámbito territorial de quien dictó
                                                                      la norma, sino en el superior del Estado miembro. Eso no
                                                                      puede ser admitido, pues los pueblos o regiones con capacidad
                                                                      normativa propia, actúan dentro de sus respectivos territorios,
                                                                      y dentro de sus competencias, como si de verdaderos miembros
                                                                      de pleno derecho se tratara, por lo que no es procedente el
Recurso de casación interpuesto el 17 de mayo de 2002                expediente de ayudas de estado, sino el de la propia armoniza-
contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2002 por la              ción fiscal, que claramente excede de la capacidad de actuación
Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia               de la Comisión.
de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados
T-92/00 y T-103/00 (aún no publicada en el Repertorio de
Jurisprudencia) entre Territorio Histórico de Álava —
Diputación Foral de Álava y otros y Comisión de las
                    Comunidades Europeas                              La Administración Foral carecı́a de discrecionalidad para
                                                                      incluir o excluir a Ramondı́n de la norma cuestionada, si
                      (Asunto C-186/02 P)                             cumplı́a los requisitos exigidos.
                        (2002/C 191/26)
                                                                      Subsidiariamente: en caso de apreciarse la selectividad de las
                                                                      medidas cuestionadas, las mismas estarı́an justificadas por la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha          naturaleza y economı́a del sistema.
presentado el 17 de mayo de 2002 un Recurso de casación
interpuesto por las empresas Ramondı́n SA y Ramondı́n
Cápsulas SA, representadas por el Sr. Javier Lazcano-Iturburu
Ayestaran, abogado, Gran Vı́a 55, Logroño (La Rioja), contra
la sentencia dictada el 6 de marzo de 2002 por la Sala Tercera        Se ha producido discriminación cuando se ha abierto un
ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades         procedimiento contra Ramondı́n de manera especı́fica, y no
Europeas en los asuntos acumulados T-92/00 y T-103/00                 contra las demás empresas afectadas por las mismas Normas
entre Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de          Forales alavesas, u otras similares de las restantes Diputaciones
Álava y otros y Comisión de las Comunidades Europeas,               Forales Vascas, y por ampliación navarras, y de muchos otros
                                                                      territorios en distintos paı́ses comunitarios.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1.    declare admitido a trámite el presente recurso y, en
      consecuencia:                                                   Ningún competidor ha impugnado el acto de concesión de las
                                                                      pretendidas ayudas de estado, ni se ha dirigido a organismo o
2.    revoque la sentencia dictada por el Tribunal de Primera         institución alguna para presentar queja ya sea de manera
      Instancia en fecha 6.3.2002, declarando la nulidad de la        formal o informal, para denunciar las hipotéticas ventajas
      decisión de la Comisión Europea de fecha 22.12.1999,          concedidas, ni se ha adherido a reclamación alguna presentada
      en la medida que declara incompatibles con el mercado           por tercero.
      común, las medidas fiscales previstas en las Normas
      Forales 22/94 y 24/96 aplicables a las recurrentes,
      Ramondı́n SA y Ramondı́n Cápsulas SA, y requiere al
      Estado Español a recuperarlas, condenando a la Comisión
      al pago de las costas del procedimiento.


title: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 1998 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-171/98)

text:
C 258/16               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     15.8.98
Este Acuerdo, por consiguiente, es un Acuerdo existente,             Reino de BeÂlgica formulado por la Comisión de las Comu-
sometido a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de dicho              nidades Europeas, representada por los Sres. Franck Ben-
Reglamento.                                                          yon, Consejero Jurídico, y Bernard Mongin, miembro del
                                                                     Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como
                                                                     domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
                                                                     Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg. La Comi-
Las uÂnicas excepciones a la aplicación de la libre pres-
                                                                     sión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de
tación de servicios que el apartado 1 del artículo 1 del
                                                                     Justicia que:
Reglamento preveÂ para el 1 de enero de 1987 se encuen-
tran en el artículo 2 en lo relativo a las restricciones unila-
terales, que constituye una excepción a «lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 1», y en la letra b) del apartado 1          1. Declare que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las
del artículo 4, en lo que se refiere al traÂfico no regulado              obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5
por el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas,                  del Reglamento (CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22
que concede un plazo hasta el 1 de enero de 1993.                         de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del prin-
                                                                          cipio de libre prestación de servicios al transporte
                                                                          marítimo entre Estados miembros y entre Estados
En lo que se refiere al traÂfico regulado por el Código de                miembros y países terceros (1), al establecer y mantener
Conducta de las Conferencias Marítimas, a que se refiere                  en vigor claÂusulas de reparto de cargamentos en el
la letra a) del apartado 1 del artículo 4, no se concede nin-             Acuerdo celebrado con la RepuÂblica de Togo, que fue
guÂn plazo para la adaptación prevista. No obstante, dado                 aprobado por BeÂlgica mediante Ley de 9.10.87 y entró
que el Código de Conducta entró en vigor el 6.10.83 para                  en vigor despueÂs del 1 de enero de 1987.
el Zaire y sólo el 30.3.88 para BeÂlgica, lo dispuesto en la
letra a) del apartado 1 del artículo 4 uÂnicamente pudo
aplicarse a dicho Acuerdo a partir del 30.3.88, de manera
que la adaptación habría debido finalizarse en dicha fecha           2. Condene en costas al Reino de BeÂlgica.
en lo referente al traÂfico regulado por el Código. Por con-
siguiente, tanto si el traÂfico se regula por la letra a) del
apartado 1 del artículo 4 como por la letra b), hace mucho
                                                                     Motivos y principales alegaciones
tiempo que finalizó cualquier plazo concedido para
adaptar las disposiciones en materia de reparto de carga-
mentos.
                                                                     El Acuerdo celebrado con Togo el 19.10.84, aprobado por
                                                                     BeÂlgica el 9.10.87 y que entró en vigor el 19.10.87 no es
Así pues, el Reino de BeÂlgica afirma erróneamente que no            un acuerdo «existente» en el sentido del artículo 3 del
se han incumplido los plazos para adaptar los acuerdos en            Reglamento no 4055/86. Contrariamente a lo que man-
materia de reparto de cargamentos en lo que atanÄe al traÂ-          tiene el Reino de BeÂlgica, es un Acuerdo «futuro», prohi-
fico regulado por el Código de Conducta de las Conferen-             bido por el artículo 5 de dicho Reglamento.
cias Marítimas de las Naciones Unidas y que la fecha de la
firma por BeÂlgica del Código de Conducta no era la fecha
límite para adaptar el acuerdo. La Comisión indica que,
                                                                     En su artículo 21, el Acuerdo preveÂ que «entraraÂ en vigor
en cualquier caso, 11 anÄos despueÂs de la entrada en vigor
                                                                     tan pronto como cada una de las Partes contratantes haya
del Reglamento y 5 anÄos despueÂs de que finalizara el
                                                                     notificado a la otra, por conducto diplomaÂtico, el cumpli-
uÂltimo plazo de adaptación fijado por eÂste, todavía no se
                                                                     miento de los procedimientos constitucionales requeridos».
ha llevado a cabo adaptación alguna.
                                                                     Así pues, el Acuerdo preveÂ que el consentimiento para
                                                                     obligarse se manifestaraÂ a traveÂs de un procedimiento ulte-
(1) DO L 378 de 31.12.1986, p. 1.                                    rior de aprobación o de ratificación. En tales circunstan-
(2) Acuerdo marítimo bilateral celebrado entre BeÂlgica y el Zaire.  cias, la firma de 1984 sólo fue una autenticación de los
                                                                     textos [veÂase la letra b) del artículo 10 del Convenio de
                                                                     Viena] y en modo alguno significa el consentimiento de
                                                                     BeÂlgica en quedar vinculada por el Acuerdo. BeÂlgica no
                                                                     asumió conforme al Acuerdo tal obligación hasta, como
                                                                     pronto, la notificación de 19.10.87 de la aprobación del
                                                                     Acuerdo por la Ley belga «por la que se aprueba el
                                                                     Acuerdo» de 19.10.84, es decir, mucho despueÂs de la
Recurso interpuesto el 8 de mayo de 1998 contra el Reino             entrada en vigor del Reglamento no 4055/86. Hasta esa
 de BeÂlgica por la Comisión de las Comunidades Europeas             fecha, y sobre todo a la vista de las nuevas obligaciones
                      (Asunto C-171/98)                              que le impuso el Reglamento no 4055/86, BeÂlgica era libre
                                                                     de no vincularse frente a Togo con obligaciones en materia
                         (98/C 258/28)                               de reparto de cargamentos contrarias al Reglamento.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se            La prohibición de concertar «en el futuro» acuerdos en
ha presentado el 8 de mayo de 1998 un recurso contra el              materia de reparto de cargamentos (artículo 5 del Regla-
 ---pagebreak--- 15.8.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 258/17
mento) tiene por objeto impedir aquellos efectos jurídicos         La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
sustanciales de tales acuerdos que vulneren el principio de        Comunidades Europeas que:
libre prestación de servicios aplicable a los transportes
marítimos en virtud del Reglamento no 4055/86. A fin de
garantizar la eficacia de tal prohibición, los Estados miem-       Ð Anule la sentencia impugnada (1).
bros estaraÂn obligados a no incluir claÂusulas en materia de
reparto de cargamentos en la negociación de los nuevos             Ð Anule la Decisión impugnada.
Acuerdos con países terceros.
                                                                      Con caraÂcter subsidiario, devuelva los autos al Tribu-
Así pues, el referido Acuerdo contiene claÂusulas en materia          nal de Justicia para que resuelva tomando en conside-
de reparto de cargamentos que, al tratarse de un acuerdo              ración la sentencia del Tribunal de Justicia.
futuro, sólo pueden autorizarse en las circunstancias
excepcionales previstas en el apartado 1 del artículo 5 del        Ð Condene en costas a la Comisión.
Reglamento no 4055/86, a saber, cuando las companÄías
navieras de líneas regulares de la Comunidad no tengan,
de otra manera, la oportunidad efectiva de realizar un traÂ-       Motivos y principales alegaciones
fico regular con destino al país tercero de que se trate o en
procedencia de eÂste, y de conformidad con las disposicio-
nes del artículo 6 del Reglamento, que preveÂ una pro-             Ð Infracción de la Decisión 94/90/CECA, CE, Eura-
puesta de la Comisión al Consejo. En el caso presente no              tom (2) de la Comisión sobre el acceso del puÂblico a
se dan tales circunstancias y procedimientos.                         los documentos de la Comisión: El Tribunal de Pri-
                                                                      mera Instancia estimó indebidamente que se puede
                                                                      invocar la excepción del intereÂs puÂblico, establecida en
                                                                      la Decisión 94/90, para proteger la autonomía procesal
El Acuerdo de que se trata reserva el transporte entre las
                                                                      de los órganos jurisdiccionales nacionales. La Decisión
Partes a los buques que enarbolen sus pabellones o sean
                                                                      de la Comisión sobre la que se pronunció el Tribunal
explotados por «companÄías navieras nacionales». De ello
                                                                      de Primera Instancia en la sentencia impugnada no ver-
se deduce que los buques explotados por nacionales de
                                                                      saba sobre si el juez nacional estaÂ obligado o no a faci-
otros Estados miembros estaÂn excluidos del traÂfico. Por
                                                                      litar acceso a los documentos que obran en los autos
consiguiente, el Acuerdo es, desde su entrada en vigor,
                                                                      (nacionales) o, maÂs concretamente, en queÂ medida el
contrario al Reglamento. Los hechos son constitutivos de
                                                                      juez nacional debía facilitar el acceso a un escrito que
infracción, por maÂs que BeÂlgica tenga, al parecer, intención
                                                                      le había remitido la Comisión.
de hacerla cesar en el futoro. En cualquier caso, hasta la
fecha no se ha efectuado adaptación alguna.
                                                                      El Tribunal de Primera Instancia injustificadamente no
( ) DO L 378 de 31.12.1986, p. 1.
 1                                                                    examinó si procedía denegar, por razón del intereÂs
                                                                      puÂblico, el acceso a cada documento solicitado debido
                                                                      a su contenido concreto. Cuando el Tribunal de Pri-
                                                                      mera Instancia supedita el acceso a los documentos
                                                                      exclusivamente a la condición del destinatario, en este
                                                                      caso un juez nacional, emplea un criterio que no
                                                                      encuentra fundamento alguno en la Decisión 94/90/
                                                                      CECA, CE, Euratom.
Recurso de casación interpuesto el 11 de mayo de 1998
por el Reino de los Países Bajos contra la sentencia dic-
tada el 19 de marzo de 1998 por el Tribunal de Primera                El derecho a acceder a los documentos que obren en
Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto                   poder de la Comisión es un principio general de la
T-83/96 promovido por G. van der Wal, apoyado por el                  Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom. Las excepciones
Reino de los Países Bajos, contra la Comisión de las                  previstas a este principio deben ser interpretadas y
                   Comunidades Europeas                               aplicadas restrictivamente. La sentencia impugnada es
                                                                      contraria a esta interpretación, ya admitida anterior-
                    (Asunto C-174/98 P)
                                                                      mente (3), porque fueron excluidos de dicho principio
                        (98/C 258/29)                                 todos los documentos que la Comisión elaboró con
                                                                      miras a un determinado procedimiento, independiente-
                                                                      mente del contenido de dichos documentos. Así pues,
                                                                      se dio a la excepción una interpretación amplia, en
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se             contra de la Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom. Esta
ha presentado el 11 de mayo de 1998 un recurso de casa-               interpretación amplia tambieÂn es contraria a la finali-
ción formulado por el Reino de los Países Bajos, represen-            dad de la Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom, porque
tado por el Sr. Marc Fierstra y la Sra. Corinna Wissels, del          impide que se alcance la transparencia en la relaciones
Ministerio de Asuntos Exteriores, de La Haya, en calidad              entre la Comisión y el juez nacional.
de Agentes, contra la sentencia dictada el 19 de marzo de
1998 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
dades Europeas en el asunto T-83/96 promovido por G.                  La interpretación dada en la sentencia impugnada
van der Wal, apoyado por el Reino de los Países Bajos,                menoscaba la aplicación uniforme del Derecho comu-
contra la Comisión de las Comunidades Europeas.                       nitario y, en concreto, la de la Decisión 94/90/CECA,


title: Asunto T-258/08: Sentencia del Tribunal General de 24 de enero de 2017 — Rath/EUIPO — Portela & Ca. (Diacor) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión Diacor — Marca nacional figurativa anterior Diacol PORTUGAL — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.° 40/94 [actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.° 207/2009] — Pruebas redactadas en una lengua que no es la lengua de procedimiento — Regla 22, apartado 4, del Reglamento (CE) n.° 2868/95 (actualmente regla 22, apartado 6, del Reglamento n.° 2868/95, en su versión modificada) — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009»]

text:
               6.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 70/15

         Sentencia del Tribunal General de 24 de enero de 2017 — Rath/EUIPO — Portela & Ca. (Diacor)
   (Asunto T-258/08) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa de la Unión Diacor - Marca nacional figurativa anterior Diacol PORTUGAL - Uso efectivo de la marca anterior - Artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 40/94 [actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009] - Pruebas redactadas en una lengua que no es la lengua de procedimiento - Regla 22, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 2868/95 (actualmente regla 22, apartado 6, del Reglamento n.o 2868/95, en su versión modificada) - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009»])
   (2017/C 070/20)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Matthias Rath (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) (representantes: U. Vogt, C. Kleiner y S. Ziegler, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Portela & Ca., SA (São Mamede do Coronado, Portugal)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 30 de abril de 2008 (asunto R 1630/2006-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Portela & Ca. y el Sr. Rath.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Matthias Rath.

      (1)  DO C 223 de 30.8.2008.