title: Asunto C-551/03 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de diciembre de 2003 por General Motors Nederland BV y Opel Nederland BV contra la sentencia dictada el 21 de octubre de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-368/00, General Motors Nederland BV y Opel Nederland BV contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 71/8                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           20.3.2004
      b)   a los empleados a tiempo parcial con jornadas                  a tiempo parcial no debe ser peor que el que reciben quienes
           laborales inferiores a media jornada ordinaria en los          trabajan en jornada completa, a menos que la diferencia de
           Länder de                                                      trato esté justificada por motivos objetivos.
           —     Mecklemburgo — Antepomerania                             Sin embargo, no existen motivos objetivos que justifiquen la
                                                                          privación de la legitimación pasiva en las elecciones de
                                                                          representantes. La limitada presencia de dicho personal en el
           —     Sajonia                                                  lugar de trabajo puede compensarse a través de la organización
                                                                          flexible de la jornada laboral y con los modernos medios
           —     Schleswig-Holstein y                                     de comunicación. No existen restricciones parecidas en la
                                                                          Betriebsverfassungsgesetz, norma que regula en la empresa
                                                                          privada las elecciones a los comités de empresa. Estos comités
           —     Turingia;                                                tienen las mismas funciones que las representaciones de
                                                                          personal en la administración pública. Los problemas e
                                                                          intereses específicos de los grupos excluidos hacen absoluta-
      c)   a los empleados a tiempo parcial con jornadas                  mente necesario garantizar la presencia de éstos en el seno de
           inferiores a un tercio de la jornada laboral ordinaria         la representación de personal, pues de otra manera dichos
           en los Länder de                                               intereses no serían tenidos en cuenta.
           —     Baden-Württemberg                                        (1) DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70.
                                                                          (2) DO L 14, p. 9.
           —     Brandemburgo
           —     Renania-Palatinado y
           —     Sajonia-Anhalt;                                          Recurso de casación interpuesto el 29 de diciembre
                                                                          de 2003 por General Motors Nederland BV y Opel
                                                                          Nederland BV contra la sentencia dictada el 21 de octubre
      d)   a los empleados a tiempo parcial con jornadas                  de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera
           inferiores a 2/5 partes de la jornada laboral ordinaria        Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
           en el Land de Renania der Norte-Westfalia;                     T-368/00 (1), General Motors Nederland BV y Opel Neder-
                                                                            land BV contra Comisión de las Comunidades Europeas
      e)   a los empleados a tiempo parcial que, en el trans-
           curso de un año, hayan trabajado menos de 15 horas                                   (Asunto C-551/03 P)
           semanales en un período de hasta dos meses en el
           Land de Baja-Sajona.                                                                    (2004/C 71/12)
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
2.    Condene en costas a la República Federal de Alemania.               presentado el 29 de diciembre de 2003 un recurso de
                                                                          casación, formulado por General Motors Nederland BV y Opel
                                                                          Nederland BV, ambas con domicilio social en Sliedrecht
                                                                          (Países Bajos), representadas por los Sres. D. Vandermeersch,
                                                                          R. Snelders y T. Graf, abogados, que designan domicilio en
                                                                          Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 21 de octubre de
Motivos y principales alegaciones                                         2003 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                          las Comunidades Europeas en el asunto T-368/00, promovido
                                                                          por General Motors Nederland BV y Opel Nederland BVcontra
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas.
La privación de la legitimación pasiva en las elecciones a
representantes de personal en la Federación y en la práctica
totalidad de los Länder a que están sometidos los trabajadores            Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
a tempo parcial del sector público cuya jornada laboral normal
sea inferior a 18 horas semanas (en algunos Länder el número              1)    Anule la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de
de horas es ligeramente inferior) supone una discriminación                     Primera Instancia, de 21 de octubre de 2003, en el asunto
indirecta de las mujeres, puesto que éstas constituyen la gran                  T-368/00, General Motors y Opel Nederland contra
mayoría de los empleados a tiempo parcial. Se trata por tanto                   Comisión de las Comunidades Europeas, en cuanto se
de una infracción de la Directiva 76/207/CEE. Este régimen es,                  refiere a la supuesta estrategia de exportación de Opel
además, incompatible con la Directiva 97/81/CE, puesto que,                     Nederland y a su supuesta política de primas y en cuanto
conforme a dicha Directiva, el trato dispensado a los empleados                 confirma la imposición de una multa por este motivo.
 ---pagebreak--- 20.3.2004              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                                 C 71/9
2)   Anule la Decisión de la Comisión C (2000) 2707, de                 obtener un margen de beneficio en las exportaciones con
     20 de septiembre de 2000 (2) (asunto COMP/36.653 —                 independencia de las campañas de promoción especiales. La
     Opel), dirigida a General Motors Nederland BV y Opel               política de primas por campañas de Opel Nederland, además,
     Nederland BV, en cuanto no haya sido ya anulada por la             se distinguía del sistema diferencial de precios objeto del
     sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Primera               asunto Distillers y otros similares, en el que se exigía a los
     Instancia, de 21 de octubre de 2003, en el asunto T-368/           distribuidores una garantía del destino de las mercancías a
     00, General Motors y Opel Nederland contra Comisión                cambio de un precio favorable.
     de las Comunidades Europeas, y en cuanto se refiere a la
     supuesta estrategia de exportación de Opel Nederland y a
     su supuesta política de primas e impone una multa por              La organización, por parte de un fabricante de vehículos,
     ese motivo.                                                        de campañas temporales de primas, limitadas a las ventas
                                                                        nacionales de determinados modelos de automóviles que
3)   Independientemente de lo que el Tribunal de Justicia               atraviesan dificultades (y diseñadas con carácter temporal
     decida sobre los puntos 1 y 2, reduzca la cuantía de la            para estimular las ventas nacionales de dichos modelos en
     multa de 35 475 000 euros impuesta a General Motors                competencia con otras marcas), sin combinar dichas campañas
     Nederland BV y Opel Nederland BV por haber sido                    de primas con ninguna otra medida —como una limitación
     erróneamente confirmada mediante la sentencia de la                del abastecimiento o la exigencia de una garantía sobre
     Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia, de 21 de           el destino de los vehículos— no debería considerarse una
     octubre de 2003, en el asunto T-368/00, General Motors             restricción «por su objeto» con arreglo al artículo 81 CE,
     y Opel Nederland contra Comisión de las Comunidades                independientemente de (y sin necesidad de examinar) si dicha
     Europeas.                                                          política de primas restringe de hecho la competencia. Las
                                                                        recurrentes alegan que no puede considerarse que una política
                                                                        de primas como la aplicada por ellas tenga por objeto restringir
                                                                        la competencia.
Con carácter subsidiario,
                                                                        En opinión de las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia
4)   Devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para           incurrió en un error de Derecho al afirmar que una política de
     que éste lo examine nuevamente con arreglo a la sentencia          primas como la aplicada por ellas «podía, por su propia
     del Tribunal de Justicia.                                          naturaleza, influir negativamente en las ventas de exportación,
                                                                        aunque el abastecimiento no estuviera limitado». En vez de
                                                                        ello, el Tribunal de Primera Instancia debería haber examinado
                                                                        si la política de primas en su propio contexto jurídico y
Y, en ambos casos,                                                      económico tenía como único propósito objetivo o como
                                                                        única consecuencia obvia el restringir significativamente la
5)   Condene a la Comisión al pago de las costas de las                 competencia que razonablemente cabía esperar que hubiese
     recurrentes con arreglo al artículo 69 del Reglamento de           existido de no haberse adoptado la medida controvertida. El
     Procedimiento del Tribunal de Justicia.                            Tribunal de Primera Instancia no podía eludir dicho examen
                                                                        señalando simplemente «la posibilidad» puramente teórica «de
                                                                        que el volumen de las ventas de exportación habría sido mayor
                                                                        de no haberse adoptado la medida controvertida».
Motivos y principales alegaciones                                       Por lo que se refiere a la cuantía de la multa, la sentencia
                                                                        vulnera el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17,
                                                                        puesto que está basada en conclusiones manifiestamente
                                                                        erróneas con respecto a la supuesta estrategia general para
Las recurrentes alegan que, al confirmar la existencia de               restringir las exportaciones y a la política de primas. Por otra
una estrategia general de las recurrentes para restringir las           parte, la sentencia incurre en un error de Derecho al declarar
exportaciones, la sentencia malinterpreta de forma manifiesta           que las medidas correctoras de Opel Nederland, incluidas las
las pruebas y carece de motivación adecuada. Este error vicia           relativas a la prohibición directa de las exportaciones que afectó
la apreciación del Tribunal sobre la política de primas y la            a nueve distribuidores, no pueden considerarse circunstancias
cuantía de la multa.                                                    atenuantes.
                                                                        (1) DO C 61 de 24.2.2001, p. 17.
La política de primas de las recurrentes difería en ciertos
                                                                        (2) 2001/146/CEE: Decisión de la Comisión, de 20 de septiembre de
aspectos esenciales del sistema de primas que fue objeto del                2000, relativa a un procedimiento incoado en virtud del ar-
asunto Volkswagen, en particular porque el pago de las primas               tículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/36.653 — Opel) (Texto
estaba limitado a campañas temporales de promoción de                       pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C (2000)
determinados modelos de automóviles que atravesaban dificul-                2707] (DO 2001, L 59, p. 1).
tades en el mercado nacional; porque la política de primas no se
combinaba con una política de restricción del abastecimiento y
porque las tarifas aplicadas permitían a los distribuidores


title: Asunto C-560/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados — Solicitud de protección subsidiaria — Regularidad del procedimiento nacional de examen de una solicitud de protección subsidiaria presentada tras la denegación de una solicitud de concesión del estatuto de refugiado — Derecho a ser oído — Alcance — Derecho a una audiencia oral — Derecho a designar y a repreguntar a testigos)

text:
               3.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 104/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
   (Asunto C-560/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Directiva 2004/83/CE - Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados - Solicitud de protección subsidiaria - Regularidad del procedimiento nacional de examen de una solicitud de protección subsidiaria presentada tras la denegación de una solicitud de concesión del estatuto de refugiado - Derecho a ser oído - Alcance - Derecho a una audiencia oral - Derecho a designar y a repreguntar a testigos))
   (2017/C 104/17)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Supreme Court

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: M

      Demandadas: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

      Fallo

   El derecho a ser oído, tal como se aplica en el marco de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, no exige en principio que, cuando una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal establece sendos procedimientos distintos y sucesivos para examinar la solicitud que tiene por objeto la obtención del estatuto de refugiado y la solicitud de protección subsidiaria, el solicitante de protección subsidiaria tenga derecho a una audiencia oral relativa a su solicitud ni a designar o a repreguntar a testigos con ocasión de dicha audiencia.
   No obstante, deberá celebrarse una audiencia oral cuando concurran circunstancias concretas, relativas a los elementos de que dispone la autoridad competente o a la situación personal o general en la que se inscribe la solicitud de protección subsidiaria, que la hagan necesaria para examinar dicha solicitud con pleno conocimiento de causa, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 81 de 9.3.2015.


title: Asunto C-193/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 19 de abril de 2010 — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg

text:
               31.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/11

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 19 de abril de 2010 — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg
   (Asunto C-193/10)
   ()
   2010/C 209/17
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: KMB Europe BV

      Demandada: Hauptzollamt Duisburg

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse la partida 8521 de la Nomenclatura Combinada, incluida en el anexo 1 del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, (1) en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, (2) en el sentido de que quedan excluidos de la misma aparatos como los MP3/Media-Player descritos a continuación, porque debe tenerse en cuenta su función principal de reproducción de sonido o porque su capacidad para reproducir imágenes y vídeos está limitada por su pequeña pantalla, de baja resolución y baja frecuencia de imagen?

      (1)  DO L 256, p. 1.

      (2)  Reglamento por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 301, p. 1).


title: Asunto C-510/11 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de septiembre de 2011 por Kone Oyj, Kone GmbH y Kone BV contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 13 de julio de 2011 en el asunto T-151/07, Kone Oyj, Kone GmbH y Kone BV/Comisión Europea

text:
               10.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 362/13

         Recurso de casación interpuesto el 29 de septiembre de 2011 por Kone Oyj, Kone GmbH y Kone BV contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 13 de julio de 2011 en el asunto T-151/07, Kone Oyj, Kone GmbH y Kone BV/Comisión Europea
   (Asunto C-510/11 P)
   2011/C 362/20
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Kone Oyj, Kone GmbH y Kone BV (representantes: T. Vinje, Solicitor, D. Paemen, Advocaat, A. Tomtsis, Dikigoros y A. Morfey, Solicitor)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule en su totalidad la sentencia del Tribunal General.

               —

               Que se anule el artículo 2, apartado 2, de la Decisión de la Comisión de 21 de febrero de 2007 relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 TFUE (Asunto COMP/E-1/38.823 — PO/Ascensores y escaleras mecánicas) (en lo sucesivo, «Decisión»), en la medida en que impone una multa a Kone Oyj y a Kone GmbH, no imponiéndose multa alguna o imponiéndose una multa de cuantía inferior a la establecida en la Decisión.

               —

               Que se anule el artículo 2, apartado 4, de la Decisión en la medida en que impone una multa a Kone Oyj y a Kone BV, imponiéndose una multa de cuantía inferior a la establecida en la Decisión.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Las recurrentes en casación alegan que la sentencia recurrida debe anularse por los siguientes motivos:

               Por lo que se refiere a la infracción cometida en Alemania, según ellas, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho por considerar que la Comisión no rebasó de forma manifiesta su margen de apreciación al valorar en la Decisión la contribución de Kone a la apertura de la investigación y al descubrimiento de la infracción. El error de Derecho del Tribunal General supuso la exclusión de la posibilidad de conceder a Kone una dispensa al amparo de la Comunicación de la Comisión de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (en lo sucesivo, «Comunicación de 2002»).

               Asimismo, las recurrentes en casación sostienen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al afirmar que la inobservancia por la Comisión de la Comunicación de 2002 no vulneró el principio de confianza legítima.

               En cuanto a la infracción cometida en los Países Bajos, las recurrentes en casación señalan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al respaldar la negativa de la Comisión a conceder a Kone una reducción de la multa al amparo de la Comunicación de 2002, negativa que se basó en la calificación que hizo la propia Kone de la información facilitada en su solicitud de clemencia. En consecuencia, el Tribunal General confirmó la Decisión de la Comisión en la medida en que denegó a Kone cualquier reducción de la multa en relación con el cártel en los Países Bajos.

               Las recurrentes añaden que el Tribunal General también incurrió en un error de Derecho al considerar que la Comisión no vulneró el principio de igualdad de trato cuando concluyó que las declaraciones de Kone relativas al cártel en los Países Bajos no eran comparables a las declaraciones de ThyssenKrupp relativas al cártel en Bélgica.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de junio de 2002 en el asunto T-325/99, Generale Conserve SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Arancel Aduanero Común — No recaudación a posteriori de derechos de importación — Sobreseimiento)

text:
C 202/26                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           24.8.2002
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                y M. Merola, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
                                                                           contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
                      de 12 de junio de 2002                               R. Tricot y M. Moretto), que tiene por objeto la anulación de la
                                                                           Decisión nº C(1999) 1050 de la Comisión de 27 de abril
en el asunto T-187/01, Arnaldo Mellone contra Comisión                    de 1999 (REC 1/98), mediante la cual se deniega la solicitud
                de las Comunidades Europeas (1)                            de no recaudación a posteriori o de condonación de los
                                                                           derechos de aduana relativos a la importación, por parte de la
(Funcionarios — Informe de calificación — Recurso de                      demandante, de atún enlatado procedente de Turquı́a, el
            anulación — Recurso de indemnización)                        Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el
                                                                           Sr. M. Vilaras, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi,
                          (2002/C 202/39)                                  Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 14 de junio
                                                                           de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           1)    Se sobresee el presente recurso.
En el asunto T-187/01, Arnaldo Mellone, funcionario de la
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                    2)    La Comisión cargará con la totalidad de las costas.
Bruselas, representado por el Sr. E. Boigelot, abogado, que
designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las                   (1) DO C 281 de 2.10.99.
Comunidades Europeas (agentes: Sra. M. Langer y Sr. J. Currall),
que tiene por objeto que, en primer lugar, la anulación de la
decisión de 10 de julio de 2000, por la que el Director General
de la Dirección General «Empleo y asuntos sociales» dio
carácter definitivo a la calificación del demandante correspon-
diente al perı́odo comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el
30 de junio de 1997 y, si fuere necesario, de la nota rectificativa            AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
de 18 de julio de 2000, ası́ como de la decisión de 24 de abril
de 2001 del Vicepresidente de la Comisión por la que
desestima su reclamación; en segundo lugar, solicita que el                                     de 14 de junio de 2002
Tribunal de Primera Instancia declare que su informe de
calificación 1995-1997 no ha sido establecido de manera                   en el asunto T-325/99, Generale Conserve SpA contra
definitiva y que debe ser retirado de su expediente y, en tercer                     Comisión de las Comunidades Europeas (1)
lugar, una indemnización de 10.000 euros por el perjuicio
profesional y moral sufrido por el demandante, el Tribunal de              (Arancel Aduanero Común — No recaudación a posteriori
Primera Instancia (juez único: Sr. H. Legal); Secretario: Sr.                     de derechos de importación — Sobreseimiento)
J. Palacio González, administrador, ha dictado el 12 de junio
de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                                    (2002/C 202/41)
1)    Se desestima el recurso.
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
(1) DO C 289 de 13.10.01.                                                  En el asunto T-325/99, Generale Conserve SpA, con domicilio
                                                                           social en Assago (Italia), representada por los Sres. C. Cigolini,
                                                                           G. Durazzo y M. Hengel, abogados, que designa domicilio en
                                                                           Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                           (agentes: Sres. R. Tricot y M. Moretto), que tiene por objeto la
                                                                           anulación de la Decisión nº C(1999) 1596 de la Comisión de
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                 17 de junio de 1999 (REC 6/98), mediante la cual se deniega
                                                                           la solicitud de no recaudación a posteriori de los derechos de
                      de 14 de junio de 2002                               aduana relativos a la importación, por parte de la demandante,
                                                                           de atún enlatado procedente de Turquı́a, el Tribunal de
en el asunto T-179/99, Sud Pesca SpA contra Comisión de                   Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. M. Vilaras,
                  las Comunidades Europeas (1)                             Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretario:
                                                                           Sr. H. Jung, ha dictado el 14 de junio de 2002 un auto
(Arancel Aduanero Común — No recaudación a posteriori                    resolviendo lo siguiente:
de derechos de importación — Condonación de derechos de
                 importación — Sobreseimiento)
                                                                           1)    Se sobresee el presente recurso.
                          (2002/C 202/40)
                                                                           2)    La Comisión cargará con la totalidad de las costas.
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           (1) DO C 63 de 4.3.00.
En el asunto T-179/99, Sud Pesca SpA, con domicilio social
en Aspra Bagheria (Italia), representada por los Sres. G. Amenta


title: Asunto C-134/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg (Alemania) el 18 de marzo de 2011 — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG

text:
               18.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg (Alemania) el 18 de marzo de 2011 — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG
   (Asunto C-134/11)
   2011/C 179/13
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Hamburg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Jürgen Blödel-Pawlik

      Demandada: HanseMerkur Reiseversicherung AG

      Cuestión prejudicial

   ¿Se aplica el artículo 7 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, (1) de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158, p. 59), también en el supuesto en que el organizador se declare insolvente por haber utilizado para otros fines la totalidad de las cantidades abonadas por los viajeros con un propósito fraudulento ya desde el principio sin haber tenido nunca la intención de llevar a cabo el viaje?

      (1)  Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158, p. 59).


title: Asunto T-151/05: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de mayo de 2009 — NVV y otros/Comisión (Competencia — Concentraciones — Mercados de la compra de cerdos y cerdas vivos destinados al sacrificio — Decisión por la que se declara la compatibilidad de la concentración con el mercado común — Definición del mercado geográfico de referencia — Obligación de diligencia — Obligación de motivación)

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/33

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de mayo de 2009 — NVV y otros/Comisión
   (Asunto T-151/05) (1)

   (Competencia - Concentraciones - Mercados de la compra de cerdos y cerdas vivos destinados al sacrificio - Decisión por la que se declara la compatibilidad de la concentración con el mercado común - Definición del mercado geográfico de referencia - Obligación de diligencia - Obligación de motivación)
   2009/C 153/63
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandantes: Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) (Lunteren, Países Bajos); Marius Schep (Lopik, Países Bajos), y Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) (La Haya, Países Bajos) (representantes: inicialmente J. Kneppelhout y M. van der Kaden y posteriormente J. Kneppelhout, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente A. Whelan y S. Noë y posteriormente A. Bouquet y S. Noë, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Sovion NV (Best, Países Bajos) (representantes: J. de Pree y W. Geursen, abogados)

      Objeto

   Solicitud de anulación de la Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2004 por la que se declara la compatibilidad de una operación de concentración con el mercado común y con el funcionamiento del acuerdo EEE (asunto COMP/M.3605).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), al Sr. Marius Schep y a Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) a cargar con sus propias costas, así como con las costas en que hayan incurrido la Comisión y Sovion NV.

      (1)  DO C 171, de 9.7.2005.


title: Asunto C-198/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de marzo de 2010 — Comisión Europea/República de Austria (Incumplimiento de Estado — Directiva 95/59/CE — Impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco — Artículo 9, apartado 1 — Libre determinación, por fabricantes e importadores, de los precios máximos de venta al por menor de sus productos — Normativa nacional que fija un precio mínimo de venta al por menor de cigarrillos y un precio mínimo de venta al por menor de picadura fina de tabaco — Justificación — Protección de la salud pública — Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco)

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de marzo de 2010 — Comisión Europea/República de Austria
   (Asunto C-198/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 95/59/CE - Impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco - Artículo 9, apartado 1 - Libre determinación, por fabricantes e importadores, de los precios máximos de venta al por menor de sus productos - Normativa nacional que fija un precio mínimo de venta al por menor de cigarrillos y un precio mínimo de venta al por menor de picadura fina de tabaco - Justificación - Protección de la salud pública - Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco)
   2010/C 113/08
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: W. Mölls y R. Lyal, agentes)

      Demandada: República de Austria (representantes: E. Riedl, J. Bauer y C. Pesendorfer, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco (DO L 291, p. 40) — Determinación por las autoridades públicas de los precios mínimos de venta al por menor de las labores del tabaco.

      Fallo

               1)

               Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco, en su versión modificada por la Directiva 2002/10/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2002, al haber adoptado y mantenido vigente una legislación por la cual los poderes públicos fijan precios mínimos para la venta al por menor de cigarrillos y de picadura fina de tabaco destinada a liar cigarrillos.

               2)

               Condenar en costas a la República de Austria.

      (1)  DO C 197, de 2.8.2008.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de junio de 2001 en el asunto C-206/99 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Tributário de Primeira Instância do Porto): SONAE — Tecnologia de Informação SA contra Direcção-Geral dos Registos e Notariado ("Concentración de capitales — Directiva 69/335/CEE — Derechos de carácter remunerativo — Derechos de inscripción en el Registro Mercantil")

text:
28.7.2001                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 212/7
     res, lleven un contraste aprobado por el Assay Master                    3)     El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará
     designado por la corporación de orfebres de la ciudad de                       con sus propias costas.
     Dublı́n, y
                                                                              (1) DO C 86 de 27.3.1999.
—    al establecer diferencias entre los contrastes aprobados
     estampados en objetos manufacturados en Irlanda y
     aquellos contrastes del mismo tipo marcados en produc-
     tos importados de otros Estados miembros, el Tribunal
     de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. A. La
     Pergola, Presidente de Sala, M. Wathelet, D.A.O. Edward,
     P. Jann (Ponente) y C.W.A. Timmermans, Jueces; Abogado                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
     General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra. D. Louterman-
     Hubeau, jefa de división, ha dictado el 21 de junio de                                               (Sala Segunda)
     2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                                de 21 de junio de 2001
                                                                              en el asunto C-206/99 (petición de decisión prejudicial
1)   Se declara que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le             planteada por el Tribunal Tributário de Primeira Instância
     incumben en virtud del artı́culo 30 del Tratado CE (actualmente          do Porto): SONAE — Tecnologia de Informação SA contra
     artı́culo 28 CE, tras su modificación)                                            Direcção-Geral dos Registos e Notariado (1)
     —      al prohibir la comercialización en Irlanda de objetos            («Concentración de capitales — Directiva 69/335/CEE —
            elaborados con metales preciosos (oro, plata y platino),          Derechos de carácter remunerativo — Derechos de inscrip-
            con la denominación e indicación de la ley que llevan en                           ción en el Registro Mercantil»)
            su paı́s de origen, manufacturados y comercializados
            legalmente en otros Estados miembros pero que no se                                           (2001/C 212/11)
            atienen a las normas irlandesas relativas a la ley, salvo
            que los contrastes con los que se hayan marcado los
            productos importados se sustituyan por los correspondien-                          (Lengua de procedimiento: portugués)
            tes a la inferior ley oficial irlandesa;
                                                                              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     —      al exigir que los objetos elaborados con metales preciosos              «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
            importados de otro Estado miembro y comercializados en
            Irlanda lleven un contraste de identificación de origen que
                                                                              En el asunto C-206/99, que tiene por objeto una petición
            indique el fabricante, el artesano o el distribuidor de tales
                                                                              dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
            artı́culos, registrado por la corporación de orfebres de la
                                                                              Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Tribunal
            ciudad de Dublı́n que designa al Assay Master que ha de
                                                                              Tributário de Primeira Instância do Porto (Portugal), destinada a
            marcar dichos artı́culos con el contraste aprobado, cuando
                                                                              obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano Jurisdiccional
            esos objetos ya llevan un contraste de identificación de
                                                                              entre SONAE — Tecnologia de Informação SA y Direcção-
            origen de conformidad con la legislación del Estado
                                                                              Geral dos Registos e Notariado, una decisión prejudicial sobre
            miembro de origen;
                                                                              la interpretación de los artı́culos 10 y 12 de la Directiva
                                                                              69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los
     —      al exigir que los objetos elaborados con metales preciosos        impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales
            importados de otro Estado miembro y comercializados en            (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22), en su versión modificada
            Irlanda, que han sido marcados legalmente en otro Estado          por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de
            miembro con un contraste estampado por una institución           1985 (DO L 156, p. 23; EE 09/01, p. 171), el Tribunal de
            que ofrece garantı́as de independencia e información             Justicia (Sala Segunda), integrado por los Sres. V. Skouris,
            adecuada a los consumidores, lleven un contraste aprobado         Presidente de Sala, R. Schintgen (Ponente) y la Sra. N. Colneric,
            por el Assay Master designado por la corporación de              Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secreta-
            orfebres de la ciudad de Dublı́n o un contraste internacio-       rio: Sr. R. Grass, ha dictado el 21 de junio de 2001 una
            nal notificado con arreglo al Convenio sobre el control y         sentencia cuyo fallo es el siguiente:
            el contraste de los objetos elaborados con metales preciosos,
            y                                                                 El artı́culo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 69/335/CEE del
                                                                              Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos
     —      al establecer diferencias entre los contrastes aprobados          que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada
            estampados en objetos elaborados con metales preciosos            por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985,
            fabricados en Irlanda y los contrastes del mismo tipo             debe interpretarse en el sentido de que los derechos percibidos por la
            marcados en objetos elaborados con metales preciosos              inscripción en un Registro Mercantil de un aumento del capital social
            importados de otros Estados miembros.                             de una sociedad de capital, cuyo importe aumenta directamente y sin
                                                                              lı́mites en proporción al capital nominal suscrito y no se calcula sobre
                                                                              la base del coste del servicio prestado, como los controvertidos en el
2)   Se condena en costas a Irlanda.                                          procedimiento principal, no tienen un carácter remunerativo.
 ---pagebreak--- C 212/8                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          28.7.2001
El hecho de que exista un lı́mite máximo que dichos derechos no           1)    Se declara que la República Francesa ha incumplido las
pueden superar no les otorga, por sı́ solo, un carácter remunerativo si         obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/7/CE
dicho lı́mite no se establece de forma razonable respecto al coste del           del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de
servicio cuya contrapartida constituyen los derechos.                            1998, por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE del
                                                                                Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
Además, un Estado miembro no puede, sin que los derechos de que                 ción de contratos en los sectores del agua, de la energı́a, de los
se trate pierdan su carácter remunerativo, introducir en el arancel de          transportes y de las telecomunicaciones, al no haber adoptado
los derechos que se perciben como contrapartida de un servicio                   todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
prestado un elemento de solidaridad entre sociedades grandes y                   necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
pequeñas, estableciendo para un mismo servicio un derecho más
                                                                           2)    Se condena en costas a la República Francesa.
elevado para las sociedades que tengan un capital social considerable
que para aquellas que tengan un capital social menor, sin que tal
diferencia en el importe de los derechos tenga relación alguna con el     (1) DO C 28 de 27.1.2001.
coste del servicio.
(1) DO C 226 de 7.8.1999.
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 29 de mayo de 2001
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                             (Sala Cuarta)                                 en el asunto C-1/00 SA: Cotecna Inspection SA contra
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                       de 21 de junio de 2001
                                                                           («Petición de autorización para practicar una retención
en el asunto C-439/00: Comisión de las Comunidades                        de bienes en poder de la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas»)
             Europeas contra República Francesa (1)
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 98/4/CE — No                                                   (2001/C 212/13)
adaptación del Derecho interno a una Directiva dentro del
                           plazo señalado»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                           (2001/C 212/12)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                    (Lengua de procedimiento: francés)                          «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           En el asunto C-1/00 SA, Cotecna Inspection SA, con domicilio
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    social en Ginebra (Suiza), representada por Me J.H.J. Bourgeois,
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        avocat, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agen-
                                                                           tes: Sres. M. De Pauw y B. Martenczuk), que tiene por objeto
En el asunto C-439/00, Comisión de las Comunidades Euro-                  una petición de autorización para practicar una retención de
peas (agente: Sr. M. Nolin) contra República Francesa (Agentes:           bienes en poder de la Comisión de las Comunidades Europeas,
Sres. G. Bergues y S. Pailler), que tiene por objeto que se declare        el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres. G.C. Rodrı́guez
que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que              Iglesias, Presidente; C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet y
le incumben en virtud de la Directiva 98/4/CE del Parlamento               V. Skouris, Presidentes de Sala; D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet,
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, por la                    P. Jann, L. Sevón y R. Schintgen, y las Sras. F. Macken y
que se modifica la Directiva 93/38/CEE del Consejo sobre                   N. Colneric, y los Sres. S. von Bahr (Ponente), J.N. Cunha
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contra-            Rodrigues y C.W.A. Timmermans, Jueces; Abogado General:
tos en los sectores del agua, de la energı́a, de los transportes y         Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado
de las telecomunicaciones (DO L 101, p. 1), al no haber                    el 29 de mayo de 2001 un auto resolviendo lo siguiente:
adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a la mencio-              1)    Se desestima la petición.
nada Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado
dichas disposiciones a la Comisión, el Tribunal de Justicia (Sala         2)    Se condena en costas a Cotecna Inspection SA.
Cuarta), integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de
Sala, S. von Bahr (Ponente) y C.W.A. Timmermans, Jueces;                   (1) DO C 45 de 10.2.2001.
Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass, ha
dictado el 21 de junio de 2001 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:


title: Asunto C-140/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Halduskohus (República de Estonia) el 7 de abril de 2008 — Rakvere Lihakombinaat AS contra Põllumajandusminister y Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Halduskohus (República de Estonia) el 7 de abril de 2008 — Rakvere Lihakombinaat AS contra Põllumajandusminister y Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
   (Asunto C-140/08)
   (2008/C 171/23)
   Lengua de procedimiento: estonio
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tallinna Halduskohus
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Rakvere Lihakombinaat AS

      Demandada: Põllumajandusminister y Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               Debe clasificarse la carne separada mecánicamente (el concepto de carne separada mecánicamente se define por primera vez en el número 1.14 del anexo I del Reglamento (CE) no 853/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal) congelada obtenida mediante el deshuesado por medios mecánicos de carne de pollo, conforme a la versión aplicable a 1 de mayo de 2004 de la Nomenclatura Combinada en el código 0207 14 10 o en el código 0207 14 99 del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 (2) el Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común?

               2)

               Si se responde que el producto descrito en la primera cuestión debe clasificarse en el código de la NC 0207 14 10, se solicita una decisión prejudicial sobre las siguientes cuestiones:

                           2.1)

                           ¿Es compatible con el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1972/2003 (3) de la Comisión, determinar la cuantía de los excedentes de un agente económico de forma que se deduzcan automáticamente de los excedentes (como existencias de enlace) las existencias medias de dicho agente, multiplicadas por el factor 1,2, existentes a 1 de mayo de los últimos cuatro años de actividad anteriores al 1 de mayo de 2004?
                           Si se responde afirmativamente a esta cuestión, ¿será diferente la respuesta si al determinar el volumen de las existencias de enlace y de los excedentes se puede tener en cuenta también un aumento del volumen de producción, de transformación o de ventas del agente económico, el tiempo de maduración del producto agrícola, el tiempo de creación de las existencias y otras circunstancias independientes del agente económico?

                           2.2)

                           ¿Es compatible con el objetivo perseguido por el Reglamento (CE) no 1972/2003 de la Comisión, recaudar el gravamen sobre los excedentes cuando se haya constatado que el agente económico tenía excedentes a 1 de mayo de 2004, pero éste demuestre no haber obtenido ninguna ventaja efectiva de la comercialización de los excedentes después del 1 de mayo de 2004 en forma de una diferencia de precio?

      (1)  DO L 139, p. 55.

      (2)  DO L 256, p. 1.

      (3)  Reglamento (CE) no 1972/2003 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2003, sobre las medidas transitorias que deben adoptarse en relación con el comercio de productos agrícolas con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia (DO L 293, p. 3).


title: Asunto T-108/14: Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2014 — Burazer y otros/Unión Europea

text:
               12.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/37

         Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2014 — Burazer y otros/Unión Europea
   (Asunto T-108/14)
   2014/C 142/49
   Lengua de procedimiento: croata

      Partes

      Demandantes: Drago Burazer (Zagreb, Croacia), Nikolina Nežić (Zagreb), Blaženka Bošnjak (Sv. Ivan Zelina, Croacia), Bosiljka Grbašić (Križevci, Croacia), Tea Tončić (Pula, Croacia), Milica Bijelić (Dubrovnik, Croacia), Marijana Kruhoberec (Varaždin, Croacia) (representante: Mato Krmek, abogado)

      Demandada: Unión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Dicte sentencia por la que se declare que la Unión Europea ha de indemnizar a los demandantes por los perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Comisión Europea de la obligación de supervisar la ejecución del Tratado de Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, que le incumbe en virtud del artículo 36 del Acta de adhesión (anexo VII, punto 1), en la parte referente a la introducción del servicio de los agentes públicos de ejecución en el ordenamiento jurídico de la República de Croacia.

               —

               Suspenda las deliberaciones sobre la cuantía de la pretensión hasta que adquiera firmeza la sentencia que recaiga en el presente asunto.

               —

               Reserve la decisión sobre las costas para la ulterior sentencia.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos:

               1.

               Primer motivo, basado en que la Comisión Europea ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 36 del Acta de adhesión (anexo VII, punto 1), que forma parte integrante del Tratado de Adhesión a la Unión Europea celebrado entre la República de Croacia y los Estados miembros de la Unión Europea [Narodne novine — Međunarodni ugovori no 2/12 (Diario Oficial — Tratados internacionales)], al no haber impedido la derogación de la normativa por la que se crea y regula la profesión de los agentes públicos de ejecución, que la República de Croacia había adoptado durante las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. El artículo 36 del Acta de adhesión encomienda a la Comisión la supervisión (monitoring) de todos los compromisos adquiridos por la República de Croacia durante las negociaciones de adhesión a la Unión Europea y, por lo tanto, de las obligaciones jurídicas asumidas por la República de Croacia de establecer un servicio de agentes públicos de ejecución y crear todas las condiciones necesarias para la plena implantación de dicho servicio en el ordenamiento jurídico croata como muy tarde el 1 de enero de 2012. No obstante, la Comisión Europea no es competente para admitir cualquier modificación unilateral de la obligación así contraída por la República de Croacia.

               2.

               Segundo motivo, basado en que, mediante la infracción señalada, la Comisión Europea ha causado directamente un daño a los demandantes, que habían sido nombrados para cubrir los puestos de agentes públicos de ejecución y que tenían expectativas legítimas de entrar en funciones el 1 de enero de 2012.

               3.

               Tercer motivo, basado en que, al haber incumplido sus obligaciones, la Comisión ha excedido manifiesta y gravemente los límites de la facultad discrecional de que dispone y, al haber frustrado las expectativas legítimas de los demandantes (nombrados agentes públicos de ejecución), ha causado a éstos daños materiales y morales considerables que la Unión Europea debe indemnizar de conformidad con el artículo 340 TFUE, apartado 2.


title: Asunto T-386/04: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Eridania Sadam S.p.A. y otras

text:
               20.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 284/28

         Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Eridania Sadam S.p.A. y otras
   (Asunto T-386/04)
   (2004/C 284/55)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 27 de septiembre de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Eridania Sadam S.p.A. y otras, representadas y defendidas por los Sres. Gualtiero Pittalis, Ivano Vigliotti, Gian Michele Roberti, Paolo Ziotti y la Sra. Alessandra Franchi, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule el artículo 1, letra d), del Reglamento (CE) no 1216/2004 de la Comisión, de 30 de junio de 2004, por el que se fijan los precios de intervención derivados del azúcar blanco para la campaña de comercialización 2004/05 para todas las zonas de Italia.

               —

               Con carácter subsidiario, declare, con arreglo al artículo 241 CE, que el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo es ilegal e inaplicable, en la medida en que no permite que la Comisión tome en consideración la existencia de importaciones libres de derechos y no sujetas a cuota para la fijación del precio de intervención derivado.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante el presente recurso Eridania Sadam S.p.A., Italia Zuccheri S.p.A., Zuccherificio del Molise S.p.A., Cooperativa Produttori Bieticoli a.r.l. (CO.PRO.B) y Società Fondiaria Romagnola S.p.A. (SFIR) impugnan, con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, el Reglamento (CE) no 1216/2004 de la Comisión, de 30 de junio de 2004, por el que se fijan los precios de intervención derivados del azúcar blanco para la campaña de comercialización 2004/05 (DO L 232 de 1 de julio de 2004, p. 25).
   En apoyo de su recurso las demandantes invocan los motivos que se señalan a continuación.
   En primer lugar, las demandantes sostienen que, desde diversos puntos de vista, el Reglamento impugnado infringe la normativa de base establecida por el Consejo mediante el Reglamento (CE) no 1620/2001, de 19 de junio de 2001. Concretamente, alegan que el Reglamento impugnado califica a Italia indebidamente como «zona deficitaria» con respecto al abastecimiento del azúcar, aplicando, por consiguiente, a la misma el régimen de precios derivados (conocido como «regionalización»).
   Tal calificación, basada, a juicio de las demandantes, en un análisis incorrecto de la situación económica, supone un perjuicio para éstas, dado que el establecimiento de los precios derivados determina un aumento de los costes de producción de las industrias del azúcar cuya actividad se desarrolla en territorio italiano. En particular, según las demandantes, para calcular el aprovisionamiento interno italiano, la Comisión no tuvo en cuenta las cantidades de azúcar blanco importadas en régimen de libres de derechos de los Estados balcánicos, importaciones que modifican sensiblemente las condiciones de funcionamiento de la organización común del mercado, ocasionando en éste desequilibrios significativos, que se intensifican a raíz de la aplicación de la regionalización al mercado italiano.
   Por consiguiente, las demandantes consideran que el artículo 1, letra d), del Reglamento impugnado adolece de un vicio en las condiciones y, en cuanto a sus efectos, es potencialmente contrario a los principios comunitarios en los que se basa la política agrícola común, infringe las normas que regulan la OCM del azúcar, y viola los principios de proporcionalidad y no discriminación.
   En el improbable caso de que el Tribunal de Primera Instancia no acoja los motivos formulados con carácter principal contra el Reglamento impugnado, las demandantes piden, con carácter subsidiario, que, incidentalmente, declare que el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1260/2001 es ilegal, y que no procede su aplicación, en la medida en que permite a la Comisión no tener en cuenta la influencia de las importaciones libres de derechos y no sujetas a cuota, a efectos de la fijación del precio de intervención derivado en el desarrollo de los mercados.


title: Asunto T-167/04: Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2004 contra Comisión de las Comunidades Europeas por Asklepios Kliniken GmbH

text:
               7.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 201/16

         Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2004 contra Comisión de las Comunidades Europeas por Asklepios Kliniken GmbH
   (Asunto T-167/04)
   (2004/C 201/36)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 13 de mayo de 2004 un recurso contra Comisión de las Comunidades Europeas por Asklepios Kliniken GmbH, representada por el Sr. K. Füßer, abogado.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Declare que la Comisión ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 88 CE y de los artículos 10, apartado 1, y 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, al no adoptar, a raíz de la denuncia presentada por la demandante mediante escrito de 20 de enero de 2003, ninguna decisión en el sentido del artículo 4, apartados 2, 3 o 4, de dicho Reglamento.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante es una sociedad de Derecho privado especializada en la gestión de hospitales y que es propiedad exclusiva de particulares. Desde enero de 2003 intenta que la Comisión adopte una decisión con arreglo al artículo 4, apartados 2, 3 o 4, del Reglamento (CE) no 659/1999, en relación con lo que considera una práctica en la concesión de ayudas favorable a los hospitales gestionados por organismos públicos en la República Federal de Alemania.
   La demandante alega que los hospitales gestionados por particulares deben financiarse esencialmente con las retribuciones que les garantizan los contratos de asistencia concluidos con las cajas de enfermedad competentes y con sus órganos gestores y, en su caso, con las ayudas directas concedidas en los respectivos Länder con cargo a las partidas presupuestadas para financiar la construcción de hospitales. En cambio, los hospitales gestionados públicamente pueden contar además con que el respectivo gestor público cubre normalmente las frecuentes pérdidas. En opinión de la demandante, este proceder constituye una ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, que, por una parte, debe ser notificada con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3, y, por otra parte, es incompatible con el mercado común.
   La demandante alega, además, que la demanda está fundada puesto que la Comisión no actuó en ningún sentido, a pesar de estar obligada a hacerlo en el momento en que es requerida para ello.


title: Asunto C-184/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de diciembre de 2007 — Reino de España/Consejo de la Unión Europea (Pesca — Reglamento (CE) n°  51/2006 — Reparto de las cuotas de capturas entre los Estados miembros — Acta de adhesión del Reino de España — Fin del período transitorio — Exigencia de estabilidad relativa — Principio de no discriminación — Nuevas posibilidades de pesca)

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de diciembre de 2007 — Reino de España/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-184/06) (1)

   (Pesca - Reglamento (CE) no 51/2006 - Reparto de las cuotas de capturas entre los Estados miembros - Acta de adhesión del Reino de España - Fin del período transitorio - Exigencia de estabilidad relativa - Principio de no discriminación - Nuevas posibilidades de pesca)
   (2008/C 51/22)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Reino de España (representante: N. Díaz Abad, agente)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. de Gregorio Merino y A. Westerhof Löfflerova, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: T. van Rijn y F. Jimeno Fernández, agentes)
   Objeto
   Anulación del Reglamento (CE) no 51/2006 del Consejo, de 22 de diciembre de 2005, por el que se establecen, para 2006, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (DO L 16 de 20.1.2006, p. 1) — Discriminación — Aplicación del artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358, p. 59).
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

               3)

               La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 154 de 1.7.2007.


title: Asunto T-173/07: Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2007 — Reno Shuhcentrum GmbH/OAMI

text:
               21.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 170/30

         Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2007 — Reno Shuhcentrum GmbH/OAMI
   (Asunto T-173/07)
   (2007/C 170/59)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: Reno Shuhcentrum GmbH (Thaleischweiler-Fröschen, Alemania) (representante: S. Schäffner, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Payless ShoeSource Worldwide, Inc. (Topeka, Estados Unidos)
   Pretensiones de la parte demandante
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia:

               —

               Que anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 28 de febrero de 2007 (asunto R 1209/2005-1), por la que se desestimó el recurso relativo al procedimiento de caducidad no 731C 0000 186 163/1 (marca comunitaria no 186.163 — Payless ShoeSource).

               —

               Que condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de caducidad: La marca comunitaria figurativa «Payless ShoeSource» para bienes y servicios comprendidos en las clases 25, 35 y 42 — solicitud no 186.163.

      Titular de la marca comunitaria: Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

      Parte que solicita la caducidad de la marca comunitaria: Reno Shuhcentrum GmbH.

      Resolución de la División de Anulación: Denegación parcial de la solicitud de caducidad, manteniendo el registro para los bienes y servicios comprendidos en la clase 25.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso interpuesto contra los bienes y servicios restantes, comprendidos en la clase 25.

      Motivos invocados: La demandante alega que la resolución impugnada adolece de un vicio sustancial de forma en relación con el artículo 74 del Reglamento sobre la marca comunitaria y con la carga de la prueba. De acuerdo con la demandante, en los procedimientos de caducidad la carga de la prueba del uso efectivo recae en el titular de la marca. Además, la demandante afirma que la Oficina no puede examinar los hechos de oficio, sino que el examen debe limitarse a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. Por consiguiente, la demandante alega que debe declararse la inadmisibilidad de la comunicación de la Sala de Recurso de 18 de octubre de 2006 mediante la que se requirió al titular de la marca que presentara los originales de determinadas declaraciones legales, en especial dado que la Sala había declarado con anterioridad que la prueba inicial presentada por el titular de la marca era insuficiente para demostrar el uso efectivo.
   Además, la demandante alega que dichos originales no se presentaron en el plazo establecido, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria y que por lo tanto no deben admitirse.
   Más aún, la demandante alega que la Sala de Recurso interpretó erróneamente el concepto de uso efectivo, infringiendo de este modo el artículo 15 del Reglamento sobre la marca comunitaria.


title: Asunto C-387/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Bélgica) el 17 de julio de 2015 — Hilde Orleans y otros/Vlaams Gewest; otra parte: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

text:
               26.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 354/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Bélgica) el 17 de julio de 2015 — Hilde Orleans y otros/Vlaams Gewest; otra parte: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
   (Asunto C-387/15)
   (2015/C 354/20)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers

      Demandada: Vlaams Gewest

      Parte coadyuvante: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

      Cuestión prejudicial

   El plan regional de ordenación territorial comprende disposiciones en materia urbanística en las que se establece con carácter imperativo que el desarrollo de zonas (en particular, para empresas portuarias y empresas vinculadas a los recursos hídricos, un parque logístico, infraestructuras de vías acuáticas e infraestructuras de tráfico y transporte) con determinadas características ecológicas (superficie de un tipo de hábitat natural o ecosistema de una especie que haya motivado la designación de zona especial de conservación), que contribuyen a los objetivos de conservación de las zonas especiales de conservación, sólo es posible tras la creación de un hábitat sostenible de lugares ecológicos esenciales (designadas en la red Natura 2000) y tras una decisión del Gobierno flamenco adaptada previo dictamen del organismo flamenco competente en materia de protección de la naturaleza —que debe formar parte de una solicitud para la obtención de una licencia urbanística con vistas a la realización de los objetivos mencionados— en el sentido de que se ha logrado la creación sostenible de los lugares ecológicos esenciales.
   ¿Pueden tenerse en cuenta estas disposiciones en materia urbanística, junto con los desarrollos positivos del lugar ecológico esencial que persiguen, a la hora de determinar los posibles efectos apreciables o de realizar una evaluación adecuada, o bien dichas disposiciones en materia urbanística han de tener únicamente la consideración de «medidas compensatorias» en el sentido del apartado 4 del artículo 6 de la Directiva hábitats (1), siempre en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en esta disposición?

      (1)  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7).


title: Asunto T-169/17: Recurso interpuesto el 17 de marzo de 2017 — Pethke/EUIPO

text:
               15.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/40

         Recurso interpuesto el 17 de marzo de 2017 — Pethke/EUIPO
   (Asunto T-169/17)
   (2017/C 151/52)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Ralph Pethke (Alicante) (representante: H. Tettenborn, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión PERS-AFFECT-16-134 de 17 de octubre de 2016, con la cual el demandante fue trasladado del puesto de Director del Departamento Operaciones con efectos a partir de 17 de octubre de 2016 a un puesto en el Observatorio y fue degradado en el Consejo de Administración.

               —

               Le indemnice por los daños materiales y perjuicios morales que derivan del menoscabo a sus derechos.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción de las disposiciones del Reglamento Disciplinario del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»)
               El demandante sostiene que su degradación del puesto de director de un departamento al Consejo de Administración sin posibilidad de carrera no constituye un traslado legal, sino una degradación punitiva que habría requerido, a falta de otros fundamentos de Derecho, un procedimiento disciplinario. La Oficina demandada infringió con sus actos el artículo 86 del Estatuto y el anexo IX del mismo.

               2.

               Segundo motivo, basado en un traslado contrario a Derecho/abuso de poder
               El demandante alega que no se cumplen los requisitos de un traslado ordinario. La degradación y el traslado del demandante no se produjeron en interés del servicio, las distintas razones alegadas (cambiantes) para el traslado del demandante apuntan a la existencia de un abuso de poder y no se cumplió el principio de equivalencia, necesario a efectos de un traslado regular.

               3.

               Tercer motivo, basado en un incumplimiento de la prohibición de arbitrariedad y de discriminación por razón de sexo
               El demandante sostiene a este respecto que la degradación y el traslado para aumentar la cuota femenina en los puestos de dirección constituyen una discriminación inmediata basada en el género.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad
               El demandante aduce que su traslado disciplinario es una medida desproporcionada respecto de la reorganización interna de la Oficina.

               5.

               Quinto motivo, basado en la vulneración del derecho a una buena administración y con el deber de asistencia y protección — Lesión de la integridad física y psíquica del demandante — mobbing
               En el marco del quinto motivo el demandante alega que su degradación «repentina» constituye una lesión a su integridad física y moral y menoscaba cualquier nivel mínimo de la buena administración.
               De las acciones y omisiones de la Oficina se desprende para el demandante una pretensión de resarcimiento económico por el daño material e inmaterial ocasionado.


title: Asunto F-132/07: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 20 de enero de 2011 — Strack/Comisión (Función pública — Funcionarios — Artículos 17, 17 bis y 19 del Estatuto — Solicitud de autorización para divulgar documentos — Solicitud de autorización para publicar un texto — Solicitud de autorización para utilizar actas levantadas ante las autoridades judiciales nacionales — Admisibilidad)

text:
               5.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 72/34

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 20 de enero de 2011 — Strack/Comisión
   (Asunto F-132/07) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Artículos 17, 17 bis y 19 del Estatuto - Solicitud de autorización para divulgar documentos - Solicitud de autorización para publicar un texto - Solicitud de autorización para utilizar actas levantadas ante las autoridades judiciales nacionales - Admisibilidad)
   2011/C 72/54
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Guido Strack (Colonia, Alemania) (representante: H. Tettenborn)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y B. Eggers, agentes, asistidos por B. Wägenbaur, abogado)

      Objeto

   Función Pública — Anulación de varias decisiones de la Comisión que deniegan la solicitud del demandante de autorizar, por una parte, la publicación de determinados documentos y, por otra, la presentación de una denuncia contra los (ex)comisarios y agentes de la Comisión — Solicitud de indemnización de daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar al pago de la totalidad de las costas al Sr. Strack.

      (1)  DO C 107, de 26.4.2008, p. 44.


title: Recurso interpuesto el 15 de marzo de 1996 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Luftfartsfunktionærerne (Asunto T-37/96)

text:
18 . 5 . 96         LES                    Diário Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 145/ 11
licencia por enfermedad, ya que, en su debido momento,              La demandante explica su postura basándose en las
había dirigido a su Institución un certificado de su médico de      informaciones que la Comisión hizo públicas en el Diaro
cabecera en el que éste prescribía una interrupción de su           Oficial de las Comunidades Europeas, de acuerdo con el
trabajo del 3 al 5 de mayo .                                        párrafo 2 del artículo 5 y con el párrafo 3 del artículo 16 del
                                                                    Reglamento ( CEE) n° 3975/87 del Consejo, de 14 de
La Institución podía someterla a un control médico, pero no         diciembre de 1987, por el que se establecen las normas de
estaba facultada para no tener en cuenta el certificado             desarrollo de las reglas de competencia para empresas del
médico ni para ordenar a la demandante que reanudara su             sector del transporte aéreo ( 2 ) . A este respecto, alega que la
trabajo, ni siquiera en el supuesto de que el médico                Comisión debería haber sometido la exención con arreglo al
encargado del control cuestionara la validez del certificado        apartado 3 del artículo 85 al requisito de que el porcentaje
médico que había presentado . Efectivamente, el apartado 3          de trabajadores de las dos empresas no se redujera , durante
del artículo 59 precisa que, en caso de discrepancia, se            un período de dos años, en más de un 1 % . Posteriormente
solicitará un dictamen de la comisión de invalidez . De ello se
                                                                    la demandante tuvo conocimiento, a través de la prensa, de
desprende que la decisión que se impugna es contraria a             que la Comisión había decidido declarar inaplicable el
Derecho en la medida en que fue adoptada sin que la                 apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE de acuerdo con el
comisión de invalidez emitiera un dictamen que confirmara           apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE, aunque sin
las afirmaciones del médico designado por la Institución            imponer ningún requisito relativo a los puestos de trabajo
para ejercer el control .                                           dentro de las dos empresas, a pesar de la solicitud de la
                                                                    demandante .
Finalmente, la demandante señala que el médico de control
no efectuó ningún examen clínico con el fin de anular la
decisión de su médico de cabecera por la que se la declaraba        La demandante alega que, si bien la Decisión está dirigida a
incapacitada para el trabajo entre el 3 y el 5 de mayo . De ello    SAS y a Lufthansa, los miembros de la organización están
deduce que dicho dictamen, que no se funda en ningún                directa e individualmente afectados por ella y, por ese
diagnóstico médico, carece de todo valor científico, por lo         motivo, la demandante, que salvaguarda los intereses de sus
que adolece de un manifiesto error de apreciación .                 miembros , está legitimada para interponer un recurso con
                                                                    arreglo al artículo 173 del Tratado CE .
                                                                    La demandante alega además que la Decisión infringe el
                                                                    artículo 190 del Tratado puesto que no menciona en qué
Recurso interpuesto el 15 de marzo de 1996 contra la                medida la adopción de la Decisión tuvo en cuenta los
Comisión de las Comunidades Europeas por Luftfartsfunk             aspectos relativos al empleo .
                             tionaererne
                       ( Asunto T-37/96 )                           Respecto a la realidad del litigio la demandante alega que la
                                                                    Decisión viola el Tratado CE y los derechos fundamentales,
                          ( 96/C 145/21 )                           que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario,
                                                                    puesto que, en su Decisión, la Comisión no impuso ningún
               (Lengua de procedimiento : danés)                    requisito relativo al mantenimiento de puestos de trabajo en
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                    SAS y en Lufthansa . La Comisión, que, con arreglo al
                                                                    artículo 155 del Tratado CE, está encargada de velar por la
Europeas se ha presentado el 15 de marzo de 1996 un                 aplicación de las disposiciones del Tratado, debe tener en
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas              cuenta, al aplicar el apartado 3 del artículo 85 , los objetivos
formulado por Luftfartsfunktionasrerne , con domicilio en           de la Comunidad, tal y como están descritos en el Tratado .
Kastrup ( Dinamarca ), representado por el Sr . C. Harlang,         Con arreglo al artículo 2 del Tratado la Comunidad tiene,
Abogado de Copenhague .                                             entre otras misiones, la de promover un alto nivel de empleo
                                                                    y, conforme a la letra i ) del artículo 3 , la acción de la
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                 Comunidad implica , entre otras, una política en el ámbito
Instancia que:
                                                                    social . Tal y como se deduce de la jurisprudencia del
— Anule la Decisión de la Comisión de 16 de enero de                Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia y se
     1996 , mediante la que declara inaplicable el apartado 1       contempla en el apartado 2 del artículo F del Tratado de la
     del artículo 85 del Tratado CE, conforme al apartado 3         Unión Europea, los derechos fundamentales forman parte
     del mismo artículo, al acuerdo de cooperación entre            de los principios generales del Derecho comunitario . En las
     Scandinavian Airliens System y Deutsche Lufthansa              Constituciones de los Estados miembros se consagra y de los
     AG .                                                           Tratados internacionales se puede deducir directamente que
                                                                    el derecho al trabajo es un derecho general fundamental . Al
— Condene en costas a la Comisión .                                 adoptar la Decisión impugnada la Comisión, violando los
                                                                    derechos fundamentales reconocidos por el Derecho comu
Motivos y principales alegaciones                                   nitario, no tuvo en cuenta el mantenimiento del nivel de
                                                                    empleo . De esta forma ha violado el derecho al trabajo de los
La demandante, una organización sindical de empleados de            miembros de la demandante .
los aeropuertos de Copenhague, la casi totalidad de cuyos
miembros trabajan al servicio de Scandinavian Airlines
System ( SAS ), impugna la Decisión 96/180/CEE de la                (>) DO n" L 54 de 5 . 3 . 1996 , p . 28 .
                                                                    ( 2 ) DO n" L 374 de 31 . 12 . 1987, p . 1 .
Comisión, de 16 de enero de 1996 , relativa a un procedi
miento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE y del
artículo 53 del Acuerdo EEE ( IV/35 545 LH/SASW 1 ).


title: Asunto C-403/10 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de agosto de 2010 por Mediaset SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 15 de junio de 2010 en el asunto T-177/07, Mediaset SpA/Comisión Europea, apoyada por Sky Italia Srl

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/8

         Recurso de casación interpuesto el 6 de agosto de 2010 por Mediaset SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 15 de junio de 2010 en el asunto T-177/07, Mediaset SpA/Comisión Europea, apoyada por Sky Italia Srl
   (Asunto C-403/10 P)
   ()
   2010/C 301/11
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Mediaset SpA (representantes: K. Adamantopoulos, Dikigoros, y G. Rossi, avvocato)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Sky Italia Srl

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 15 de junio de 2010 en el asunto T-177/07.

               —

               Que se resuelva definitivamente el litigio, anulando la Decisión de la Comisión Europea impugnada en primera instancia, o, subsidiariamente, que se devuelva el asunto al Tribunal General, y

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               La recurrente alega que el Tribunal General (en lo sucesivo, «TG»), cometió un error de Derecho en dos conceptos, al declarar inadmisibles las referencias de la recurrente al ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, de la Ley italiana no 350/2003, así como la alegación de la recurrente sobre la diferencia entre los conceptos de i) selectividad con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1, y ii) discriminación, que es distinto de neutralidad tecnológica. Como resultado el TG cometió un error manifiesto de Derecho al calificar jurídicamente la Ley italiana como no neutral en términos tecnológicos.

               2)

               El TG cometió un error de Derecho en la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1, al presumir que la supuesta naturaleza «no neutral en términos tecnológicos» de la Ley italiana confería necesariamente una ventaja económica selectiva a la recurrente. Además, el TG cometió un error de Derecho al estimar que la demandada apreció fundadamente la existencia de un beneficio económico para Mediaset, ya que omitió, al igual que la demandada, la calificación jurídica como una ventaja económica específica para Mediaset de una «audiencia ampliada» y de una «penetración en el mercado a bajo coste», de carácter abstracto y sólo presuntas. El TG también expuso una motivación inadecuada, con infracción del artículo 36 del Estatuto, desnaturalizó manifiestamente los hechos y cometió un error de Derecho, al interpretar de forma errónea y distorsionada la Decisión impugnada en los apartados 62 a 68 y 74 a 79 de la sentencia recurrida. El TG cometió un error de Derecho al sustituir el razonamiento de la Decisión impugnada por el suyo propio en lo que respecta a la supuesta ventaja para Mediaset, y apreció la prueba presentada de forma incompatible con el texto y el análisis contenidos en los considerandos 82 a 95 de la Decisión impugnada, con desnaturalización de la prueba. El TG también cometió un error de Derecho en relación con el concepto de «beneficiario indirecto» y su aplicación y calificación jurídica en el presente caso.

               3)

               Además, el TG cometió un error de Derecho al no considerar en absoluto las diferentes alegaciones formuladas en los puntos 93 a 96 así como 121 a 129 de la demanda en relación con la apreciación de la compatibilidad de la Ley italiana conforme al artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c). Respecto a ello el TG no expuso una adecuada motivación. Además, el TG cometió un error de Derecho en la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), al declarar, como resultado, la incompatibilidad de la Ley italiana con el mercado común, y ello debido sólo a la supuesta inobservancia del principio de neutralidad tecnológica, derivada de la supuesta exclusión de sus beneficios de los descodificadores por vía satélite, quod non; y al aceptar la omisión por la demandada de la valoración jurídica de los efectos de distorsión de la medida en el mercado de la televisión de pago, a través de un apropiado test jurídico, económico y ponderado de: a) las distorsiones específicas de la competencia en el mercado de la televisión de pago, y b) la alegada eficiencia de la ventaja económica. Esta última fue sólo presumida, en primer lugar, y se consideró incompatible con el mercado común porque supuestamente no es neutra en términos tecnológicos. Además, el TG incurrió en un error de Derecho y en una motivación incorrecta al desestimar el tercer motivo de la demanda. El TG no sólo expuso e interpretó erróneamente el motivo y las alegaciones relevantes sobre la contradictoria motivación de la Decisión impugnada sino que también dejó de examinar tales alegaciones y por tanto las desestimó indebidamente como infundadas.

               4)

               Por último, el TG cometió un error de Derecho en la aplicación del artículo 14 del Reglamento no 659/1999 (1) al no considerar que las deficiencias de la Decisión impugnada en relación con la ventaja económica supuestamente concedida a la recurrente hacían imposible efectivamente la recuperación de la supuesta ayuda de Estado, con infracción del principio de seguridad jurídica. La Decisión impugnada carecía en consecuencia de un medio de subsanación eficiente y transparente y de una metodología de recuperación apropiada. Además, el TG interpretó erróneamente las alegaciones de la recurrente al respecto y cometió un error de Derecho al considerar que la Decisión impugnada permitía el restablecimiento de la situación anterior.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).


title: Asunto C-33/10: Recurso interpuesto el 20 de enero de 2010 — Comisión Europea/Reino de Dinamarca

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/16

         Recurso interpuesto el 20 de enero de 2010 — Comisión Europea/Reino de Dinamarca
   (Asunto C-33/10)
   2010/C 113/24
   Lengua de procedimiento: danés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Alcover San Pedro, H. Støvlbæk, agentes)

      Demandada: Reino de Dinamarca

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, (1) al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que todas las autorizaciones sean objeto de revisión antes del 30 de octubre de 2007 y, si fuera necesario, de actualización.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Dinamarca.

      Motivos y principales alegaciones

   El artículo 5, apartado 1, de la Directa exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para aplicar un procedimiento de autorización y revisión de las instalaciones existentes a más tardar el 30 de octubre de 2007. El plazo se aplica sin excepción y, con arreglo a la Directiva, los Estados miembros no pueden invocar ninguna circunstancia específica para justificar el incumplimiento de esa obligación.
   Resulta insuficiente que Dinamarca haya adoptado medidas para garantizar la solución de todos los casos relativos al incumplimiento del artículo 5, apartado 1, de la Directiva antes de acabar el año 2009. Al valorar si Dinamarca ha cumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 5, apartado 1, tampoco puede concederse ninguna importancia a los plazos que resultan de la reforma municipal de 1 de enero de 2007. El plazo de vencimiento fijado para la adecuación de las instalaciones expiró el 30 de octubre de 2007 y había sido notificado a los Estados miembros ya el 22 de septiembre de 2005. Por lo tanto, Dinamarca disponía de varios años para adoptar las medidas necesarias para adaptar su ordenamiento interno a la Directiva.
   Dinamarca no impugnó el incumplimiento de los requisitos para la concesión de autorizaciones en relación con las instalaciones existentes. Habida cuenta de que ha quedado acreditado que una parte importante de las ocho instalaciones danesas continúa siendo explotada sin disponer de las autorizaciones exigidas con arreglo a la Directiva, Dinamarca infringió el artículo 5, apartado 1, de la Directiva.

      (1)  DO 2008, L 24, p. 8.