title: Asunto C-86/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, Manchester (Reino Unido) el 27 de febrero de 2009 — Future Health Technologies LTD/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

text:
               1.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, Manchester (Reino Unido) el 27 de febrero de 2009 — Future Health Technologies LTD/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs
   (Asunto C-86/09)
   2009/C 102/27
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   VAT and Duties Tribunal, Manchester

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Future Health Technologies LTD

      Demandada: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En los casos en los que un Estado miembro acepta que se presten servicios en un establecimiento considerado como un establecimiento debidamente reconocido de la misma naturaleza que un establecimiento hospitalario o un centro de cuidados médicos y de diagnóstico, que figuran en el artículo 132, apartado 1, letra b), de la Directiva principal en materia de IVA (1), ¿debe interpretarse la expresión «hospitalización y asistencia sanitaria» del artículo 132, apartado 1, letra b), en el sentido de que incluye el conjunto, o con carácter subsidiario, uno o más (y en tal caso cuáles), de los servicios comprendidos en las descripciones siguientes (descritos a mayor abundamiento en la Declaración de Hechos no Controvertidos):

                           a)

                           La entrega a los futuros padres de un nasciturus de un kit del equipo médico necesario para permitir a un profesional médico independiente que asista al nacimiento extraer sangre del cordón umbilical del niño poco después del nacimiento;

                           b)

                           El análisis de la sangre así extraída en una instalación adecuada a tal efecto con el objeto de asegurarse de que no está contaminada con gérmenes de ninguna enfermedad que pudiera trasmitirse a través de la sangre o a través de un extracto de células madre de la sangre en el caso de uso terapéutico de dichas células (un análisis similar ha de llevarse nuevamente a cabo trascurridos 6 meses);

                           c)

                           El procesamiento de dicha sangre por y bajo la supervisión de profesionales médicos adecuadamente cualificados para extraer una muestra de células madre apta para el uso médico terapéutico;

                           d)

                           La conservación de la sangre y de las células madre en condiciones científicamente controladas diseñadas para mantener y preservar la sangre y las células madre en perfectas condiciones; y/o

                           e)

                           La entrega de la sangre a petición de los padres (hasta que el niño alcance los 18 años) para su uso en el tratamiento médico?

               2)

               Con carácter subsidiario, ¿debe interpretarse el concepto prestaciones «relacionadas directamente» con servicios de hospitalización y asistencia sanitaria que figura en el artículo 132, apartado 1, letra b), de la Directiva principal en materia de IVA en el sentido de que incluye todos o algunos (y en tal caso, cuáles) de los servicios mencionados en la pregunta anterior?

               3)

               En los casos en los que un Estado miembro acepta que dichos servicios sean realizados por o bajo la supervisión de uno o más profesionales médicos adecuadamente cualificados, ¿debe interpretarse la expresión «asistencia a personas físicas» que figura en el artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva principal en materia de IVA en el sentido de que incluye el conjunto o, con carácter subsidiario, uno o más (y en tal caso cuáles), de los servicios comprendidos en las descripciones siguientes (descritos a mayor abundamiento en la Declaración de Hechos no Controvertidos):

                           f)

                           La entrega a los futuros padres de un nasciturus de un kit del equipo médico necesario para permitir a un profesional médico independiente que asista al nacimiento extraer sangre del cordón umbilical del niño poco después del nacimiento;

                           g)

                           El análisis de la sangre así extraída en una instalación adecuada a tal efecto con el objeto de asegurarse de que no está contaminada con gérmenes de ninguna enfermedad que pudiera trasmitirse a través de la sangre o a través de un extracto de células madre de la sangre en el caso de uso terapéutico de dichas células (un control similar ha de llevarse nuevamente a cabo trascurridos 6 meses);

                           h)

                           El procesamiento de dicha sangre por y bajo la supervisión de profesionales médicos cualificados para extraer una muestra de células madre apta para el uso médico terapéutico;

                           i)

                           La conservación de la sangre y de las células madre en condiciones científicamente controladas diseñadas para mantener y preservar la sangre y las células madre en perfectas condiciones; y/o

                           j)

                           La entrega de la sangre a petición de los padres (hasta que el niño alcance los 18 años) para su uso en el tratamiento médico?

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).


title: Asunto F-31/14: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 11 de diciembre de 2014  — Colart y otros/Parlamento (Función pública — Representación del personal — Comité de personal — Elecciones al comité de personal — Normativa relativa a la representación del personal en el Parlamento Europeo — Competencia del colegio de escrutadores — Procedimiento de reclamación ante el colegio de escrutadores — Publicación de los resultados de las elecciones — Reclamación presentada ante el colegio de escrutadores — Artículo 90, apartado 2, del Estatuto — Inexistencia de reclamación previa ante la AFPN — Recurso directo ante el Tribunal General — Inadmisibilidad)

text:
               2.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 34/48

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 11 de diciembre de 2014 — Colart y otros/Parlamento
   (Asunto F-31/14) (1)

   ((Función pública - Representación del personal - Comité de personal - Elecciones al comité de personal - Normativa relativa a la representación del personal en el Parlamento Europeo - Competencia del colegio de escrutadores - Procedimiento de reclamación ante el colegio de escrutadores - Publicación de los resultados de las elecciones - Reclamación presentada ante el colegio de escrutadores - Artículo 90, apartado 2, del Estatuto - Inexistencia de reclamación previa ante la AFPN - Recurso directo ante el Tribunal General - Inadmisibilidad))
   (2015/C 034/57)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Philippe Colart (Bastogne, Bélgica) y otros (representante: A. Salerno, abogado)

      Demandado: Parlamento Europeo (representante: O. Caisou-Rousseau y S. Alves, agentes)

      Objeto

   Solicitud de anulación de las elecciones al Comité de personal del Parlamento Europeo celebradas en otoño de 2013 y cuyos resultados se publicaron el 28 de noviembre de 2013.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               El Sr. Colart y los demás demandantes cuyos nombres figuran en anexo cargarán con la mitad de sus propias costas.

               3)

               Condenar al Parlamento Europeo a cargar con sus propias costas y con la mitad de las costas de los demandantes.

      (1)  DO C 184, de 16.6.2014, p. 45.


title: Asunto T-645/16 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 6 de febrero de 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/JUR («Procedimiento sobre medidas provisionales — Junta Única de Resolución — Fondo Único de Resolución — Contribuciones ex ante — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»)

text:
               10.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/38

         Auto del Presidente del Tribunal General de 6 de febrero de 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/JUR
   (Asunto T-645/16 R)
   ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Junta Única de Resolución - Fondo Único de Resolución - Contribuciones ex ante - Demanda de suspensión de la ejecución - Inexistencia de urgencia»))
   (2017/C 112/53)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank (Bregenz, Austria) (representante: G. Eisenberger, abogado)

      Demandada: Junta Única de Resolución (JUR) (representantes: B. Meyring y S. Schelo, abogados)

      Objeto

   Demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE para la concesión de medidas provisionales consistentes, por una parte, en la suspensión de la ejecución de la decisión de la sesión ejecutiva de la JUR (SRB/ES/SRF/2016/06) de 15 de abril de 2016, relativa a las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución para el año 2016, y, por otra parte, en la adopción de una orden conminatoria dirigida a la JUR para que reembolse las contribuciones ex ante abonadas por la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-140/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Genova (Italia) el 17 de abril de 2009 — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana/Presidenza del Consiglio dei Ministri

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/24

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Genova (Italia) el 17 de abril de 2009 — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana/Presidenza del Consiglio dei Ministri
   (Asunto C-140/09)
   2009/C 153/44
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Genova

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana

      Demandada: Presidenza del Consiglio dei Ministri

      Cuestión prejudicial

   ¿Es compatible con los principios del Derecho comunitario –en particular, con las normas previstas en los artículos 86, 87 y 88 y en el Título V (anteriormente Título IV) del Tratado– una norma nacional en materia de ayudas de Estado, como la contenida en la Ley no 684/1974, en particular en su artículo 19, que prevé la posible concesión de ayudas de Estado –aun cuando sólo tengan carácter de anticipo– sin existir convenios y sin establecer previamente criterios precisos y estrictos que permitan evitar que la concesión de la ayuda pueda ocasionar una distorsión de la competencia, y es pertinente a tal efecto que el beneficiario deba aplicar tarifas impuestas por la autoridad administrativa?


title: Asunto T-34/10: Recurso interpuesto el 26 de enero de 2010 — Hairdreams/OAMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)

text:
               17.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 100/46

         Recurso interpuesto el 26 de enero de 2010 — Hairdreams/OAMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)
   (Asunto T-34/10)
   2010/C 100/71
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante:«Hairdreams» HaarhandelsgmbH (Graz, Austria) (representante: G. Kresbach, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Rüdiger Bartmann (Gladbeck, Alemania)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se modifique la resolución impugnada de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 18 de noviembre de 2009 en el asunto R 656/2008-4 de modo que se estime en su totalidad el recurso de la demandante y se condene a la demandada al pago de las costas de la demandante en el procedimiento de oposición, en el procedimiento ante la Sala de Recurso y en el presente procedimiento.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la resolución impugnada y se devuelva el asunto a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «MAGIC LIGHT» para productos de las clases 3, 8, 10, 21, 22, 26 y 44 (Solicitud no5 196 597)

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Rüdiger Bartmann

      Marca o signo invocados en oposición: La marca denominativa alemana «MAGIC LIFE» no30 415 611 para productos de la clase 3

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación parcial del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, (1) dado que la Sala de Recurso ha incurrido en errores de Derecho al apreciar el riesgo de confusión.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto T-707/16: Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2016 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/57

         Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2016 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)
   (Asunto T-707/16)
   (2016/C 419/74)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandantes: Enoitalia, Corte Vigna, Baldo, Belvino, Ca' del Lago, Invino, Vinuva, Cantine Borsari, Ca' Montini, E.I., Enoi, V.E.B., Cbe, Ca.Pi SpA (Enoitalia SpA) (Calmasino di Bardolino, Italia) (representante: S. Rizzo, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda (Capital Federal, Argentina)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Titular de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «ANTONIO RUBINI» — Marca de la Unión n.o 9526955

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 28 de junio de 2016 en el asunto R 1085/2015-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 53, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-644/15 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de diciembre de 2015 por Hungría contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 15 de septiembre de 2015 en el asunto T-346/12, Hungría/Comisión

text:
               25.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 27/28

         Recurso de casación interpuesto el 2 de diciembre de 2015 por Hungría contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 15 de septiembre de 2015 en el asunto T-346/12, Hungría/Comisión
   (Asunto C-644/15 P)
   (2016/C 027/32)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Recurrente: Hungría (representante: Z. Fehér, agente)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-346/12.

               —

               Resuelva definitivamente el asunto, conforme a la posibilidad prevista en el artículo 61 de su Estatuto.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Según el Gobierno húngaro, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la Comisión, en su decisión sobre el reembolso parcial comunitario de la ayuda financiera nacional concedida —conforme al artículo 103 sexies del Reglamento (CE) no 1234/2007 (1) — a las organizaciones de productores operativas en el sector de las frutas y hortalizas disponía de base jurídica para supeditar el importe del reembolso de la Unión a los importes de ayuda notificados.
   El Gobierno húngaro afirma que, conforme a la interpretación conjunta de las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) no 1234/2007 y del Reglamento (CE) no 1580/2007, (2) la Comisión, en su decisión sobre el reembolso parcial comunitario de la ayuda financiera nacional concedida a las organizaciones de productores, no estaba facultada para acceder únicamente al reembolso de aquellos importes que habían sido indicados por el Gobierno húngaro en su petición de autorización para la concesión de ayuda nacional, donde constan como importes estimados, previsibles o provisionales.
   Con arreglo al artículo 103 sexies del Reglamento no 1234/2007, la autorización de la Comisión sobre la ayuda nacional se refiere a la concesión de ayuda y no al establecimiento, por parte de la Comisión, de un límite máximo a la ayuda que puede otorgarse. Tal límite máximo se prevé de manera inequívoca en el Reglamento no 1234/2007, que establece que la ayuda nacional no puede sobrepasar el 80 % de las contribuciones financieras a los fondos operativos de los miembros o de las organizaciones de productores. Las normas relativas al reembolso parcial comunitario de la ayuda nacional tampoco posibilitan que la Comisión, al autorizar dicho reembolso parcial, fije como límite máximo del rembolso el importe que el Estado miembro haya comunicado a la Comisión en su petición de autorización, bien como importe total de la ayuda, bien como importe de la ayuda prevista para ciertas organizaciones de productores.
   En el texto del artículo 94, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no 1580/2007, el uso del término «importe» —tomando en consideración conjuntamente el límite de la ayuda del 80 % al que se refiere el artículo 103 sexies del Reglamento no 1234/2007 y el límite del 25 % relativo al aumento del fondo operativo al que se refiere el artículo 67 del Reglamento no 1580/2007— tiene como objetivo que la Comisión, ya en el momento de la autorización, pueda cuantificar de antemano el importe de las ayudas nacionales que potencialmente pueden pagarse, y de este modo, en su caso, también el porcentaje del reembolso. Así, la finalidad de la notificación de los importes no es en ningún caso la aprobación de los importes notificados, sino que quede claro para la Comisión cuál es la cuantía de la ayuda que, potencialmente, puede pagase conforme a la normativa contenida en el Reglamento de base y en el Reglamento de la Comisión.

      (1)  Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (DO L 299, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (DO L 299, p. 1).


title: Asunto C-411/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgerichts Baden-Württemberg (Alemania) el 22 de septiembre de 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/11

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgerichts Baden-Württemberg (Alemania) el 22 de septiembre de 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen
   (Asunto C-411/08)
   (2008/C 327/18)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Finanzgerichts Baden-Württemberg
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Swiss Caps AG

      Demandada: Hauptzollamt Singen
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la regla general 5 para la interpretación de la Nomenclatura Combinada [anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987 — Nomenclatura Combinada (NC)] (1) en el sentido de que el encapsulado de fécula granulada que contiene suplementos alimenticios debe considerarse un envase?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
               ¿debe interpretarse la partida 1515 de la Nomenclatura Combinada en el sentido de que el encapsulado de fécula granulada para cápsulas que contienen 580 mg de aceite de germen de trigo concentrado determina el carácter de la mercancía de tal manera que la misma queda excluida de la partida 1515 de la Nomenclatura Combinada?

      (1)  DO L 256, p. 1.


title: Asunto F-133/15: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez Único) de 10 de junio de 2016 — HI/Comisión (Función pública — Funcionarios — Artículo 11 del Estatuto — Deber de lealtad — Artículo 11 bis — Conflicto de intereses — Funcionario a cargo del seguimiento de un proyecto financiado por la Unión — Vínculo familiar entre dicho funcionario y un empleado contratado para cubrir las necesidades del proyecto por la sociedad a cargo de dicho proyecto — Procedimiento disciplinario — Sanción disciplinaria — Descenso de grado — Legalidad de la composición del consejo de disciplina — Obligación de motivación — Duración del procedimiento — Plazo razonable — Violación del derecho de defensa — Principio non bis in idem — Error manifiesto de apreciación — Proporcionalidad de la sanción — Circunstancias atenuantes)

text:
               25.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 270/69

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez Único) de 10 de junio de 2016 — HI/Comisión
   (Asunto F-133/15) (1)

   ((Función pública - Funcionarios - Artículo 11 del Estatuto - Deber de lealtad - Artículo 11 bis - Conflicto de intereses - Funcionario a cargo del seguimiento de un proyecto financiado por la Unión - Vínculo familiar entre dicho funcionario y un empleado contratado para cubrir las necesidades del proyecto por la sociedad a cargo de dicho proyecto - Procedimiento disciplinario - Sanción disciplinaria - Descenso de grado - Legalidad de la composición del consejo de disciplina - Obligación de motivación - Duración del procedimiento - Plazo razonable - Violación del derecho de defensa - Principio non bis in idem - Error manifiesto de apreciación - Proporcionalidad de la sanción - Circunstancias atenuantes))
   (2016/C 270/76)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: HI (representante: M. Velardo, abogada)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: C. Ehrbar y F. Simonetti, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Decisión de la Comisión mediante la que se impone una sanción de descenso de dos grados con carácter permanente al demandante a raíz de una investigación sobre una situación de conflicto de intereses y de reparación del daño moral supuestamente sufrido.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               HI cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 414 de 14.12.2015, p. 45.


title: Asunto T-53/00: Recurso interpuesto el 9 de marzo de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Serena Angioli

text:
C 135/24                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      13.5.2000
La demandante alega asimismo un defecto de motivación y                 En apoyo de sus pretensiones, alega lo siguiente:
una ausencia de instrucción, en la medida en que el escrito
impugnado da lugar a que Ancona Merci no incurra ya en un                — Violación del principio general de igualdad de trato e
abuso de posición dominante por el hecho de que el muelle                    infracción del artı́culo 30 y del Anexo III del Estatuto, en
no 25 no constituye una infraestructura esencial con arreglo a                la medida en que, en el concurso controvertido, hubo una
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.                                   segunda serie de pruebas escritas para cinco nuevos
                                                                              candidatos. Además, dicho concurso estaba abierto a todos
                                                                              los agentes temporales, independientemente de que su
(1) DO L 354, de 30.12.1998, p. 18.                                           retribución se hubiera realizado con cargo a fondos de
                                                                              «investigación» o de «funcionamiento». Ahora bien, un
                                                                              procedimiento de nombramiento definitivo no puede
                                                                              organizarse de la misma forma para agentes que se
                                                                              encuentren en situaciones presupuestarias diferentes.
                                                                         — Infracción del artı́culo 5, párrafo 5, del Anexo III del
                                                                              Estatuto y violación de los principios de asistencia y de
                                                                              buena gestión y sana administración, y desconocimiento
Recurso interpuesto el 9 de marzo de 2000 contra la                           del interés del servicio. A este respecto la demandante
Comisión de las Comunidades Europeas por Serena                              afirma que el tribunal calificador del concurso aprobó a un
                               Angioli                                        número de candidatos inferior al de los puestos disponibles
                                                                              y que, en el presente asunto, dicho tribunal calificador no
                          (Asunto T-53/00)                                    respetó el objetivo perseguido por un procedimiento de
                                                                              selección y de nombramiento definitivo: el nombramiento
                                                                              de personas que pueden permitir a la Institución cumplir
                           (2000/C 135/43)                                    su misión.
                                                                         La demandante también alega el incumplimiento del deber
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         de motivación y la existencia de un error manifiesto de
                                                                         apreciación.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 9 de marzo de 2000 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Serena Angioli, con domicilio en Bruselas, representada
por los Sres. Georges Vandersanden y Laure Levi, Abogados
de Bruselas.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2000 por la
que:
                                                                         Federación de Cofradı́as de Pescadores de Guipúzcoa, la
                                                                         Federación de Cofradı́as de Pescadores de Vizcaya, la
— Anule la decisión del tribunal calificador del concurso               Federación de Cofradı́as de Pescadores de Cantabria y
     interno de nombramiento definitivo de agentes temporales                     otros contra el Consejo de la Unión europea
     de categorı́a COM/TA/2/98 de no incluir a la demandante
     en la lista de aptitud;
                                                                                (Asunto T-54/00)
— anule todos los demás actos subsiguientes adoptados por el
     tribunal calificador del citado concurso y por la Autoridad                                    (2000/C 135/44)
     Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN);
— en la medida de lo necesario, anule la decisión de la
     AFPN, de 1 de diciembre de 1999, desestimatoria de la                                 (Lengua de procedimiento: español)
     reclamación de la demandante, notificada el 7 de diciembre
     de 1999;                                                            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         europeas se ha presentado, el 11 de marzo de 2000 un recurso
— condene en costas a la demandada.                                      contra el Consejo de la Unión europea formulado por la
                                                                         Federación de Cofradı́as de Pescadores de Guipúzcoa, la
                                                                         Federación de Cofradı́as de Pescadores de Vizcaya, la Federa-
Motivos y principales alegaciones                                        ción de Cofradı́as de Pescadores de Cantabria y otros, con
                                                                         domicilio en San Sebastián, Bilbao y Santander, respectiva-
                                                                         mente, representadas por los letrados en ejercicio D. Ramón
La demandante se opone a su exclusión de la lista de aptitud            Garcı́a-Gallardo y Dña. Ma Dolores Domı́nguez Pérez, de los
elaborada tras su participación en las pruebas del concurso             Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y La Coruña,
COM/TA/99.                                                               respectivamente, en Bruselas, Square de Meeûs, no 19.


title: Asunto C-483/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Hungría) el 6 de septiembre de 2016 — Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt.

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/32

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Hungría) el 6 de septiembre de 2016 — Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt.
   (Asunto C-483/16)
   (2016/C 419/43)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Törvényszék

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Zsolt Sziber

      Demandada: ERSTE Bank Hungary Zrt.

      Otra parte: Mónika Szeder

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Las siguientes normas de Derecho de la Unión, a saber, el artículo 129A, apartados 1 y 2, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Roma), en relación con el apartado 3 del mismo artículo; el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2012, C 362, p. 2); el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (1) en relación con el artículo 8 de la misma Directiva, así como el considerando 47 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, (2) ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional (y a la aplicación de ésta) que establece requisitos adicionales en perjuicio de aquella parte procesal (demandante o demandado) que, entre el 1 de mayo de 2004 y el 26 de julio de 2014, haya celebrado un contrato de crédito, en calidad de consumidor, en el que se incluya una cláusula contractual abusiva que permita un incremento unilateral de los intereses, de los gastos o de las comisiones o que incorpore un diferencial comprador-vendedor, por el hecho de que, con arreglo a dichos requisitos adicionales, para que puedan ejercitarse ante los tribunales los derechos derivados de la invalidez de los referidos contratos celebrados con consumidores y, en particular, para que el tribunal pueda llegar a conocer del fondo del asunto, se exige la presentación de un escrito procesal civil (principalmente una demanda, una modificación de demanda o una excepción de invalidez del demandado —contra la condena del consumidor— o una modificación de esta excepción, una demanda reconvencional del demandado o una modificación de esta demanda reconvencional) con un contenido obligatorio, mientras que otra parte procesal que no haya celebrado un contrato de crédito, en calidad de consumidor, o que haya celebrado en el mismo período, en calidad de consumidor, un contrato de crédito de un tipo distinto del arriba mencionado no tiene que presentar tal escrito con un contenido determinado?

               2)

               Tanto si el Tribunal de Justicia responde afirmativamente como si lo hace negativamente a la primera cuestión planteada, formulada en términos más generales que esta segunda cuestión, ¿deben interpretarse las disposiciones de Derecho de la Unión enumeradas en la primera cuestión en el sentido de que se oponen a que los siguientes requisitos adicionales obligatorios [a) a c)] se apliquen a la parte procesal que ha celebrado, en calidad de consumidor, un contrato de crédito en el sentido de la primera cuestión:

                           a)

                           en el procedimiento judicial la demanda, modificación de demanda o excepción de invalidez del demandado —contra la condena del consumidor— o modificación de esta excepción, demanda reconvencional del demandado o modificación de esta demanda reconvencional que debe presentar la parte del proceso (demandante o demandado) que haya celebrado, en calidad de consumidor, un contrato de crédito en el sentido de la primera cuestión sólo será admisible —esto es, sólo podrá examinarse en cuanto al fondo—, si en tal escrito la parte procesal no solicita únicamente que el órgano jurisdiccional declare la invalidez total o parcial del contrato de crédito celebrado con consumidores en el sentido de la primera cuestión, sino también que aplique las consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez total, mientras que otra parte procesal que no haya celebrado un contrato de crédito, en calidad de consumidor, o que haya celebrado en el mismo período, en calidad de consumidor, un contrato de crédito de un tipo distinto del arriba mencionado no tiene que presentar tal escrito con un contenido determinado;

                           b)

                           en el procedimiento judicial la demanda, modificación de demanda o excepción de invalidez del demandado —contra la condena del consumidor— o modificación de esta excepción, demanda reconvencional del demandado o modificación de esta demanda reconvencional que debe presentar la parte del proceso (demandante o demandado) que haya celebrado, en calidad de consumidor, un contrato de crédito en el sentido de la primera cuestión sólo será admisible —esto es, sólo podrá examinarse en cuanto al fondo— si en tal escrito, además de la declaración judicial de la invalidez total del contrato celebrado con consumidores en el sentido de la primera cuestión, no solicita, entre las consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez total, el restablecimiento judicial de la situación existente con anterioridad a la celebración del contrato, mientras que otra parte procesal que no haya celebrado un contrato de crédito, en calidad de consumidor, o que haya celebrado en el mismo período, en calidad de consumidor, un contrato de crédito de un tipo distinto del arriba mencionado no tiene que presentar tal escrito con un contenido determinado;

                           c)

                           en el procedimiento judicial la demanda, modificación de demanda o excepción de invalidez del demandado —contra la condena del consumidor— o modificación de esta excepción, demanda reconvencional del demandado o modificación de esta demanda reconvencional que debe presentar la parte del proceso (demandante o demandado) que haya celebrado, en calidad de consumidor, un contrato de crédito en el sentido de la primera cuestión sólo será admisible —esto es, sólo podrá examinarse en cuanto al fondo— si en tal escrito, por lo que respecta al período comprendido entre el comienzo de la relación jurídica contractual y la interposición de la demanda, figura una liquidación de cuentas, extremadamente compleja desde el punto de vista matemático (tal como determinan las disposiciones nacionales), que ha de realizarse teniendo en cuenta también las normas reguladoras de la conversión en forintos y que debe incluir un desarrollo detallado, desglosado de modo que pueda controlarse aritméticamente, en el que se indiquen las cuotas vencidas que han de ser abonadas con arreglo al contrato, las cuotas satisfechas por el demandante, las cuotas vencidas que han de ser abonadas, establecidas sin tener en cuenta la cláusula nula, y el importe de la diferencia entre ellas, y debe indicar, en forma de suma total, a cuánto ascienden la deuda que la parte procesal que haya celebrado, en calidad de consumidor, un contrato de crédito en el sentido de la primera cuestión tiene pendiente con la entidad de crédito o el eventual sobrepago, mientras que otra parte procesal que no haya celebrado un contrato de crédito, en calidad de consumidor, o que haya celebrado en el mismo período, en calidad de consumidor, un contrato de crédito de un tipo distinto del arriba mencionado no tiene que presentar tal escrito con un contenido determinado?

               3)

               ¿Deben interpretarse las disposiciones de Derecho de la Unión enumeradas en la primera cuestión en el sentido de que la infracción de tales normas mediante el establecimiento de los requisitos adicionales anteriormente indicados (en las cuestiones primera y segunda) implica al mismo tiempo la infracción de los artículos 20, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2012, C 326, p. 2), teniendo en cuenta asimismo (en parte también en las cuestiones primera y segunda) que los tribunales de los Estados miembros deben aplicar el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores incluso a hechos que no revisten carácter transfronterizo, esto es, puramente internos, con arreglo a las sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 2000, Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663), apartado 23, y de 10 de mayo de 2012, Duomo Gpa y otros (C-357/10 a C-359/10, EU:C:2012:283), apartado 28, y al auto de 3 de julio de 2014, Tudoran (C-92/14, EU:C:2014:2051), apartado 39? ¿O debe considerarse, en la medida en que los contratos de crédito a los que se refiere la primera cuestión prejudicial son «contratos de crédito basados en una moneda extranjera», que, sólo por esta circunstancia, se trata de un asunto de carácter transfronterizo?

      (1)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).

      (2)  Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66).


title: Asunto C-519/07 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-348/03 Koninklijke Friesland Foods NV (anteriormente Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               9.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/9

         Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-348/03 Koninklijke Friesland Foods NV (anteriormente Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-519/07 P)
   (2008/C 37/11)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas. (representantes: H. van Vliet y S. Noë, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Koninklijke Friesland Foods NV (anteriormente Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida, se desestime el recurso de anulación de la Decisión (1) y se condene a Koninklijke Friesland Foods NV (KFF) a pagar las costas de procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y las del presente recurso.

               —

               Con carácter subsidiario: que se anule la sentencia recurrida en la medida en que confiere derechos a operadores económicos distintos de Koninklijke Friesland Foods NV que el 11 de julio de 2001 habían formulado a la administración tributaria neerlandesa una solicitud para acogerse al régimen de ayudas de que se trata, y se desestime el recurso de anulación de la Decisión en la medida en que está dirigido a la concesión de derechos a operadores económicos distintos de KFF que el 11 de julio de 2001 había formulado a la administración tributaria neerlandesa una solicitud para acogerse al régimen de ayudas de que se trata.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión sostiene que el Tribunal de Primera Instancia conculcó el Derecho comunitario:

               i)

               al estimar que KFF tiene interés para ejercitar la acción porque, si se hubiera acogido al recurso, habría podido formular frente a la administración tributaria neerlandesa determinadas pretensiones en relación con el régimen de actividades de financiación internacional (sentencia recurrida, apartados 58 a 73);

               ii)

               al estimar que la Decisión afecta directa e individualmente a KFF (sentencia recurrida, apartados 93 a 101);

               iii)

               al anular la Decisión basándose en hechos que la Comisión no conocía ni tampoco tenía por qué conocer en el momento en que adoptó la Decisión, a saber, la situación concreta de KFF (sentencia recurrida, en particular apartados 141 a 143);

               iv)

               parte 1: al considerar que un elemento de interés esencial para el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia manifiestamente no había sido debidamente impugnado y que por tanto era probado (por suponer erróneamente que la Comisión no habría impugnado el hecho de que la demandante hubiera adoptado medidas contables y decisiones financieras y económicas que no pueden ser modificadas en un plazo de 15 meses; (decisión recurrida, apartado 137);
               parte 2: al estimar que una empresa que solamente ha formulado una solicitud para acogerse a un régimen de ayudas puede invocar la confianza legítima (sentencia recurrida, en particular, apartados 125 a 140);

               v)

               al estimar que KFF puede invocar fundadamente el principio de igualdad de trato (sentencia recurrida, apartados 149 y 150);

               vi)

               con carácter subsidiario: al anular la sentencia recurrida en la medida en la medida en que confiere derechos a operadores económicos distintos de KFF (sentencia recurrida, punto 1 del fallo).

      (1)  Decisión 2003/515/CE de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por los Países Bajos a favor de las actividades de financiación internacional (DO L 180, p. 52).


title: Asuntos T-128/08 y T-241/08: Auto del Tribunal General de 5 de mayo de 2010 — CBI y Abisp/Comisión (Ayudas de Estado — Subvenciones concedidas por las autoridades belgas a los hospitales públicos — Servicio de interés económico general — Denuncia — Supuesta decisión de archivar la denuncia — Adopción posterior de una decisión que declara la ayuda compatible con el mercado común — Sobreseimiento)

text:
               17.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 195/17

         Auto del Tribunal General de 5 de mayo de 2010 — CBI y Abisp/Comisión
   (Asuntos T-128/08 y T-241/08) (1)

   (Ayudas de Estado - Subvenciones concedidas por las autoridades belgas a los hospitales públicos - Servicio de interés económico general - Denuncia - Supuesta decisión de archivar la denuncia - Adopción posterior de una decisión que declara la ayuda compatible con el mercado común - Sobreseimiento)
   2010/C 195/27
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Coordination Bruxelloise d’Institutions Sociales et de Santé (CBI) (Bruselas) y Association Bruxelloise des Institutions de Soins Privées (Abisp) (Bruselas) (representantes: D. Waelbroeck, abogado, y D. Slater, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: C. Giolito, J.-P. Keppenne y B. Stromsky, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de una supuesta decisión de la Comisión, expresada a través de sus cartas de 10 de enero y 10 de abril de 2008, de no incoar el procedimiento establecido en el artículo 88 CE, apartado 2, y de archivar la denuncia presentada por las demandantes relativa a las supuestas ayudas de Estado concedidas por las autoridades belgas en el marco de la financiación de los hospitales públicos de la red Iris (Interhospitalière régionale des infrastructures de soins) de la región de Bruselas-Capital.

      Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-128/08 y T-241/08 a efectos del auto.

               2)

               Sobreseer los recursos.

               3)

               Sobreseer las demandas de intervención presentadas por el municipio de Saint-Gilles (Bélgica), el municipio de Etterbeek (Bélgica), el municipio de Ixelles (Bélgica), el municipio de Anderlecht (Bélgica), la Región de Bruselas-Capital, la ciudad de Bruselas, y la República de Finlandia.

               4)

               Condenar en costas a la Comisión Europea.

      (1)  DO C 142 de 7.6.2008.


title: Asunto T-166/07: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2007 — Italia/Comisión

text:
               7.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/39

         Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2007 — Italia/Comisión
   (Asunto T-166/07)
   (2007/C 155/71)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: República Italiana (representante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la convocatoria de concurso general EPSO/AD/94/07 para la confección de una lista de aptitud para proveer 125 puestos de administrador (AD 5) en el sector de la información, de la comunicación y de los medios audiovisuales.

               —

               Que se anule la convocatoria de concurso general EPSO/AST/37/07 para la confección de una lista de aptitud para proveer 110 puestos de asistente (AST3) en el sector de la comunicación y de la información.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son similares a los formulados en el asunto T-156/07, España/Comisión.


title: Asunto C-215/12 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de mayo de 2012 por Grazer Wechselseitige Versicherung AG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 28 de febrero de 2012 en el asunto T-282/08, Grazer Wechselseitige Versicherung AG/Comisión Europea

text:
               23.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/7

         Recurso de casación interpuesto el 9 de mayo de 2012 por Grazer Wechselseitige Versicherung AG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 28 de febrero de 2012 en el asunto T-282/08, Grazer Wechselseitige Versicherung AG/Comisión Europea
   (Asunto C-215/12 P)
   2012/C 184/13
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Grazer Wechselseitige Versicherung AG (representante: H. Wollmann, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               1)

               Que se anule la sentencia recurrida.

               2)

               Que resuelva definitivamente el litigio y anule la Decisión 2008/719/CE de la Comisión, de 30 de abril de 2008, relativa a la ayuda estatal C 56/06 (ex NN 77/06) de Austria para la privatización del Bank Burgenland (DO L 239, p. 32) y condene a la Comisión Europa al pago de las costas de los procedimientos ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.

               3)

               Con carácter subsidiario a la pretensión formulada en el apartado 2, que devuelva el asunto al Tribunal General y se reserve la decisión sobre las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia del Tribunal General de 28 de febrero de 2012 en el asunto T-282/08, Bank Burgenland. La recurrente impugna la sentencia del Tribunal General en su totalidad. Alega que la sentencia recurrida adolece, entre otros, de vicios de procedimiento que han menoscabado sus intereses. Añade que en la sentencia, el Tribunal General ha infringido de varias maneras el Derecho de la Unión. La recurrente formula los siguientes motivos de casación:

               Mediante el primer motivo de casación Grazer Wechselseitige Versicherung AG censura la infracción de normas de Derecho de la Unión. Alega que el Tribunal General afirma que, durante el proceso de privatización, el Land Burgenland no debería haber tenido en cuenta la garantía prestada por el Land Burgenland para el supuesto de impago de las obligaciones existentes del Bank Burgenland. Entiende que dicho razonamiento es erróneo desde el punto de vista del Derecho puesto que el Tribunal General aplicó erróneamente el criterio de inversor privado que actúa en una economía de mercado y no tuvo en cuenta que, la garantía del Land Burgenland constituía una obligación asumida por el Land en su condición de propietario del banco. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la práctica del Tribunal General en otros asuntos, como por ejemplo en el asunto Ryanair, (1) las garantías asumidas por un Estado miembro en el ámbito de una actividad económica han de ser tenidas en cuenta al aplicar el criterio de inversor privado. Además, la tesis del Tribunal General es incompatible con el principio de efecto útil del Derecho comunitario en materia de ayudas de Estrado. El principio formulado por el Tribunal General, conforme al cual, en caso de privatización de bancos, los Estados miembros de la Unión Europea no deben tener en cuenta el hecho de que el adquirente exonere al Estado miembro de las garantías públicas existentes, puede dar lugar a obstáculos considerables en la gestión de la actual crisis financiera y de deuda soberana en Europa.

               Mediante el segundo motivo la recurrente alega que la sentencia recurrida adolece de un error de procedimiento en la medida en que el Tribunal General no llevó a cabo consideraciones propias respecto a un motivo esencial de recurso, limitándose a remitirse en bloque a las observaciones de la Comisión. Se trata de la apreciación errónea de la Comisión, conforme a la cual las deficiencias de las que (presumiblemente) adolecían las condiciones de licitación del Land no ejercieron ninguna influencia sobre la magnitud de las ofertas presentadas. Añade que, al asumir sin más esta apreciación jurídica errónea, el propio Tribunal General ha infringido el Derecho de la Unión. Alega que el tribunal General ha hecho caso omiso de que las erróneas condiciones de licitación pudieron dar lugar a que los licitadores presentaran ofertas mayores a las que habrían presentado en caso de que la licitación no hubiera estrado sometida a condición alguna. Al parecer, en la privatización del Bank Burgenland el consorcio excluido hizo una oferta de compra por un precio excesivo para compensar las deficiencias cualitativas de su oferta (en concreto, el peligro de que el Land tuviera que hacer efectiva su garantía en caso de venta al consorcio). Si el Tribunal General considera inadmisible, por ser constitutivo de ayuda de Estrado, el criterio cualitativo de «exención de la garantía», no debería considerar al mismo tempo que la oferta del consorcio constituía un buen valor aproximativo para el precio de mercado (sin ayudas) del Bank Burgenland.

               Mediante el tercer motivo la recurrente alega que se ha vulnerado su derecho de defensa. Afirma que el Tribunal General no analizó un motivo esencial del recurso. Entiende que las partes procesales estaban de acuerdo en que, antes de concluir la privatización e incluso en el supuesto de venta al consorcio, el Bank Burgenland había emitido participaciones suplementaria por valor de 320 millones de euros. Afirma que dichos títulos se beneficiarios de la garantía del Land. A este respecto, la recurrente alegó expresamente en su demanda de 17 de julio de 2008 que dicha medida benefició mucho más al consorcio que a ella. Añade que la Comisión no tuvo en cuenta este hecho al comparar las dos ofertas y que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General no analizó el motivo de recurso relativo a estos hechos, por lo que el Tribunal General no trato exhaustivamente los motivos de recurso y privó al juez comunitario de la posibilidad de ejercer el control jurisdiccional que le ha sido conferido.

      (1)  Sentencia del Tribunal General, de 17 de diciembre de 2008, Ryanair/Comisión, T-196/04, Rec. p. II-3643.


title: Asunto C-133/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de julio de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/81/CE — Transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas — Empresa obligada a llevar cuentas separadas — No transposición dentro del plazo señalado)

text:
               8.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 298/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de julio de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-133/10) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2005/81/CE - Transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas - Empresa obligada a llevar cuentas separadas - No transposición dentro del plazo señalado)
   2011/C 298/11
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Peere y K. Walkerová, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica (representantes: M. Jacobs y J.-C. Halleux, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo previsto, de todas las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2005/81/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas así como a la transparencia entre determinadas empresas (DO L 312, p. 47)

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/81/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas así como a la transparencia, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 148, de 5.6.2010.


title: Asunto C-460/02: Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2002 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
8.3.2003               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                               C 55/9
Puesto que, conforme al artículo 10, apartado 2, de la Directiva,               —    no fija el período, cuya duración máxima es de siete
productores y artistas intérpretes o ejecutantes deber ser                           años, por el que se seleccionarán los agentes de
tratados en igualdad de condiciones que los autores, el                              asistencia en tierra, conforme al artículo 11, apar-
Reino Unido no puede excluir el derecho a reclamar una                               tado 1, letra d), de la Directiva en cuestión;
remuneración equitativa cuando un programa transmitido por
radiodifusión o por cable que contiene una grabación es vista
                                                                                —    su artículo 14 introduce una medida social incompa-
u oída por un público que no paga por él, como se ha
                                                                                tible con el artículo 18 de la Directiva;
establecido en el apartado 18 del anexo 2 de la 1988
Copyright, Designs and Patents Act (Ley de derechos de autor,
dibujos y patentes de 1988).                                                    —    en su artículo 20 prevé disposiciones de carácter
                                                                                transitorio no autorizadas por la citada Directiva.
En opinión de la Comisión, el criterio de un público que                 b)     Condene en costas a la República Italiana.
no paga según se define en la disposición anteriormente
mencionada va mucho más lejos que las excepciones al
derecho permitidas conforme al artículo 10 de la Directiva.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
Por lo tanto, la Comisión considera que el Reino Unido ha
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
Derecho comunitario, en particular del artículo 8, apartado 2,
de la Directiva 92/100/CEE, al prever excepciones al derecho a           El artículo 11 del Decreto no 18, de 13 de enero de 1999, no
una remuneración equitativa concedido a los artistas intérpre-           fija la duración máxima del período por el que se seleccionarán
tes o ejecutantes cuando una emisión o comunicación al                   los agentes de asistencia en los aeropuertos en los que el
público de una obra protegida es vista u oída por un público             acceso al mercado se produce mediante un procedimiento de
que no paga por ella.                                                    selección. El artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva
                                                                         96/67/CE prevé expresamente una duración máxima, que fija
                                                                         en siete años. La Comisión considera, por tanto, que la falta de
( 1) DO L 346 de 27.11.1992, p. 61.                                      un límite en la duración de los contratos de servicios de
                                                                         asistencia en tierra en los aeropuertos italianos resulta incom-
                                                                         patible con las obligaciones impuestas por la Directiva.
                                                                         El artículo 18 de la Directiva 96/67/CE permite a los Estados
                                                                         miembros adoptar las medidas necesarias para garantizar la
                                                                         protección de los derechos de los trabajadores. No obstante,
                                                                         estas medidas se adoptarán sin perjuicio de la aplicación de la
Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2002 contra la                 propia Directiva y respetando las demás disposiciones de
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                    Derecho comunitario. En otras palabras, la protección de los
                             Europeas                                    derechos de los trabajadores se admite, conforme al artículo 18
                                                                         de la Directiva, siempre que no sea contraria a la aplicación de
                       (Asunto C-460/02)                                 la Directiva en lo que se refiere a los servicios de asistencia en
                                                                         tierra. El artículo 14, apartado 1, del Decreto 18/99 establece
                                                                         como objetivo la adopción de medidas para garantizar el
                          (2003/C 55/17)                                 mantenimiento de los niveles de ocupación del personal
                                                                         dependiente del gestor anterior y la continuidad de la relación
                                                                         laboral. En consecuencia, el apartado 2 de la disposición
                                                                         controvertida impone la obligación de transferir el personal
                                                                         cada vez que se produzca un «traspaso de actividad» relativo a
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             una o más categorías de servicios de asistencia en tierra
presentado el 19 de diciembre de 2002 un recurso contra
                                                                         enumerados en los anexos A y B. Una disposición de este tipo
la República Italiana formulado por la Comisión de las                   excede manifiestamente la protección garantizada ya por la
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Mikko
                                                                         Directiva 77/187/CEE del Consejo (2), de 14 de febrero de
Huttunen y Antonio Aresu, en calidad de agentes.
                                                                         1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
                                                                         miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los
                                                                         trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                      actividad o de partes de centros de actividad, en su versión
                                                                         modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo (3) y codifi-
a)    Declare que la República Italiana ha incumplido las                cada por la Directiva 2001/23/CE del Consejo ( 4), de 12 de
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             marzo de 2001. En consecuencia, la Comisión estima que el
      96/67/CE del Consejo (1), de 15 de octubre de 1996,                artículo 14 del Decreto 18/99 excede las medidas que pueden
      relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los       considerarse admisibles para garantizar la tutela de los dere-
      aeropuertos de la Comunidad, en la medida en que el                chos de los trabajadores conforme al artículo 18 de la Directiva
      Decreto legislativo no 18, de 13 de enero de 1999:                 96/67/CE.
 ---pagebreak--- C 55/10                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              8.3.2003
El artículo 20 del Decreto 18/99 se refiere a los contratos                     sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme ( 1), al
de trabajo que prevén diversos regímenes organizativos o                        no gravar con el impuesto sobre el valor añadido la ayuda
contractuales en vigor el 19 de noviembre de 1998. Estos                        abonada en virtud del Reglamento (CE) no 603/95 del
contratos afectan al personal de los usuarios que efectúan                      Consejo, de 21 de febrero de 1995, por el que se establece
servicios de autoasistencia, distinto del definido en la Directiva.             la organización común de mercados en el sector de los
Estos contratos continuarán en vigor y sin cambios hasta su                     forrajes desecados ( 2).
expiración; no obstante, no pueden durar más de seis años. En
realidad, las empresas con «diversos regímenes organizativos»             2.    Condene en costas a Suecia.
están autorizadas, en la práctica, para desempeñar funciones
de operadores de autoasistencia junto a otros operadores de
autoasistencia y agentes de asistencia.
                                                                          Motivos y principales alegaciones
La Directiva proporciona definiciones claras de los operadores
de servicios de asistencia en tierra, de los agentes de servicios a
terceros y de los usuarios que efectúan la autoasistencia. Los            Se reúnen los tres requisitos para que una subvención esté
sujetos que no cumplan los requisitos para la autoasistencia              incluida en la base imponible. Del Reglamento no 603/95
establecidos en el artículo 2, letra f), pueden operar sólo en            se deduce claramente que únicamente las empresas que
cuanto agentes de servicios a terceros. Además, los artículo 7,           transforman forraje fresco pueden obtener la ayuda y no los
apartado 2, y 11, apartado 2, de la Directiva establecen los              productores de forraje fresco y que las empresas transformado-
procedimientos específicos que deben seguirse para la selección           ras suscriben contratos de compraventa con empresas que
de los operadores de autoasistencia y los agentes de servicios a          consumen forraje desecado (entrega de mercancías) y contratos
terceros. A la luz de estas consideraciones, lo dispuesto en el           de transformación con los productores de forraje fresco
artículo 20 parece contravenir estas obligaciones.                        (prestación de servicios). En el presente caso no cabe duda de
                                                                          que el organismo de intervención que paga la ayuda en virtud
                                                                          del Reglamento no 603/95 es un tercero en relación con la
( 1) DO L 272 de 25.10.1996, p. 36.                                       empresa de transformación y el comprador, y de que su
( 2) DO L 61 de 05.03.1977, p. 26.                                        intervención tiene lugar con arreglo a un procedimiento de
( 3) DO L 201 de 17.01.1998, p. 88.                                       concesión de subvenciones públicas.
( 4) DO L 82 de 22.03.2001, p. 16.
                                                                          Sería restrictivo de modo exagerado interpretar el artículo 11,
                                                                          parte A, apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva si únicamente
                                                                          se incluyera en la base imponible del impuesto sobre el valor
                                                                          añadido los tipos de ayudas que se calculan al margen
                                                                          del precio del producto. Con su referencia general a las
                                                                          «subvenciones directamente vinculadas al precio de [las]
                                                                          operaciones [imponibles]», el legislador comunitario pretendía
Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2002 contra el
                                                                          de hecho incluir en la base imponible del impuesto sobre el
Reino de Suecia por la Comisión de las Comunidades
                                                                          valor añadido todas las ayudas que estén directamente vincula-
                            Europeas                                      das al precio de mercancías o servicios, es decir, las subvencio-
                                                                          nes que influyan directamente en la magnitud de la retribución
                       (Asunto C-463/02)                                  del proveedor. Tales subvenciones, a su vez, deben estar
                                                                          directamente vinculadas o en relación de causalidad con
                                                                          entregas de bienes o prestaciones de servicios precisas y
                         (2003/C 55/18)                                   cuantificables, es decir, que la ayuda se paga si las mercancías
                                                                          o los servicios se venden efectivamente en el mercado y en la
                                                                          medida en que esto suceda. De lo anterior se deduce la
                                                                          influencia directa de la subvención en el precio de venta y, de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              modo manifiesto, la idea subyacente de incluir la subvención
presentado el 23 de diciembre de 2002 un recurso contra el                en la base imponible del impuesto sobre el valor añadido,
Reino de Suecia, formulado por la Comisión de las Comunida-               según una interpretación no restrictiva del artículo 11, parte A,
des Europeas, representada por E. Traversa y K. Simonsson, en             apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva y de conformidad
calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.                  con el objetivo general del artículo, es decir, la sujeción de
                                                                          todo el valor que, total o parcialmente, paga una persona, con
                                                                          independencia de quién sea, y que recibe efectivamente el
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:                         proveedor como consecuencia de haber vendido productos o
                                                                          servicios.
1.    Declare que Suecia ha incumplido las obligaciones que le
      incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 77/
                                                                          (1 ) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54.
      388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta                   (2 ) DO L 63 de 21 de marzo de 1995, p. 1.
      Directiva en materia de armonización de las legislaciones
      de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre
      el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto


title: Asunto T-268/17: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

text:
               17.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 231/31

         Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale
   (Asunto T-268/17)
   (2017/C 231/39)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (representantes: B. Mastantuono, agente, y M. Velardo, abogada)

      Demandada: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Condene a la parte demandada a abonarle el importe de 101 370,94 euros en relación con el convenio de subvención n.o 632462 «EASIER-Experimental Acoustic Subsonic wind tunnel Investigation of the advanced geared turbofan Regional aircraft integrating HLD innovative low-noise design» más un importe de 524,91 euros en concepto de intereses de demora calculados al 3,5 % por el período del 7 de febrero al 1 de abril de 2017.

               —

               Condene a la parte demandada a abonar un importe de 9,72 euros diarios en concepto de intereses a contar desde el 2 de abril de 2017 hasta la fecha del completo pago de la cantidad adeudada.

               —

               Condene a la parte demandada a cargar con las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca el siguiente motivo:
   La demandante denuncia que la demandada ha incumplido sus obligaciones contractuales, al no cumplir el proyecto EASIER ni proporcionar a CSJU los resultados e informes pertinentes con arreglo al punto II.2 del Anexo II del convenio de subvención.
   Además, para la demandante, la demandada ha incumplido su obligación de ejecutar los conceptos descritos en el Anexo I y, por lo tanto, ha incumplido las obligaciones a su cargo establecidas en el punto II.3, letras a), e) y h), del Anexo II del convenio de subvención.
   Habida cuenta de lo anterior, la demandante rescindió el convenio de subvención y emitió una nota de adeudo por la financiación previa de 101 370,94 euros que había sido satisfecha por el coordinador a la demandada con arreglo a lo dispuesto en el convenio de subvención. La demandante, efectivamente, conserva sus derechos sobre el mencionado importe hasta el pago final.
   Los hechos de los que derivan las obligaciones que, dada su condición de beneficiaria en virtud del convenio, recaen sobre Revoind Industriale S.r.l., no han resultado controvertidos, y las razones aducidas por ésta son vagas e incompletas y no se apoyan en elementos de prueba suficientes, por lo que son manifiestamente infundadas.
   En consecuencia, la demandante puede reclamar con arreglo a Derecho el reintegro del importe satisfecho a la demandada en concepto de financiación previa, más los intereses de demora.


title: Asunto C-214/07: Recurso interpuesto el 23 de abril de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

text:
               21.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 170/10

         Recurso interpuesto el 23 de abril de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa
   (Asunto C-214/07)
   (2007/C 170/17)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: C. Giolito, agente)

      Demandada: República Francesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículo 5 y 6 de la Decisión 2004/343/CE de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Francia ligadas al salvamento de empresas en crisis [Ayuda de Estado C(2003) 4636] (1), del artículo 249, párrafo cuarto del Tratado CE, así como del artículo 10 del citado Tratado, al no haber ejecutado la referida Decisión dentro del plazo señalado.

               —

               Que se condene en costas a la República Francesa.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso, la Comisión sostiene que la parte demandada no ha desplegado la actividad necesaria para garantizar una ejecución rápida y eficaz de su Decisión ya que, más de tres años después de la adopción de ésta, no se había reembolsado en absoluto la ayuda ilegal concedida por el Estado francés. Una situación semejante contraviene claramente el tenor literal de los artículos 249 CE, párrafo cuarto y 14, apartados 1 y 3 del Reglamento (CE) no 659/99 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (2).
   Por lo que atañe al período posterior a 1993, la parte demandada tampoco puede alegar una imposibilidad absoluta de ejecutar la Decisión de 16 de diciembre de 2003. Efectivamente, por un lado, las autoridades francesas no llevaron a cabo las gestiones necesarias para recuperar las ayudas controvertidas, ya que ni siquiera se enviaron a los deudores las providencias de apremio. Por otro lado, dichas autoridades no pueden invocar la dificultad para identificar a los beneficiarios de las ayudas en cuestión, ya que dichas autoridades pueden cuantificar con facilidad, por su carácter de autoridades tributarias, los importes de las exenciones fiscales de que habían disfrutado los referidos beneficiarios.
   En cualquier caso, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que no se cumple el requisito de una imposibilidad absoluta de ejecución cuando el Estado demandado se limita a exponer a la Comisión las dificultades jurídicas, políticas o prácticas que conlleva la ejecución de la Decisión por la que se ordene la recuperación de la ayuda, sin haber efectuado una verdadera gestión ante las empresas afectadas, a fin de recuperar el importe de tal ayuda y sin haber propuesto tampoco a la Comisión modalidades alternativas de ejecución de la Decisión que hubieran permitido superar las dificultades.

      (1)  DO L 108 de 2004, p. 38.

      (2)  DO L 83, p. 1.


title: Asunto T-19/13: Recurso interpuesto el 11 de enero de 2013 — Ekologický právní servis/Comisión

text:
               16.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/25

         Recurso interpuesto el 11 de enero de 2013 — Ekologický právní servis/Comisión
   (Asunto T-19/13)
   2013/C 79/44
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Ekologický právní servis (Brno, República Checa) (representante: P. Černý, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C(2012) 8382 de la Comisión Europea, de 12 de noviembre de 2012, mediante la que se declara la inadmisibilidad de la solicitud, presentada por la demandante, de revisión interna de la Decisión C(2012) 4576 de la Comisión, de 6 de julio de 2012, relativa a la solicitud notificada por la República Checa, de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) sobre la concesión de una asignación transitoria gratuita de derechos de emisión para la modernización de instalaciones de generación de electricidad.

               —

               Anule la Decisión C(2012) 4576 de la Comisión, de 6 de julio de 2012, relativa a la solicitud notificada por la República Checa, de conformidad con el artículo 10 quater, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la concesión de una asignación transitoria gratuita de derechos de emisión para la modernización de instalaciones de generación de electricidad.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos:

               1)

               Primer motivo, basado en que la Decisión C(2012) 8382 de la Comisión Europea, de 12 de noviembre de 2012, es ilegal, por infringir el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los artículos 2, apartado 1, letra g), y 10 del Reglamento (CE) no 1367/2006. (2)

               2)

               Segundo motivo, basado en que la Decisión C(2012) 4576 de la Comisión, de 6 de julio de 2012, es ilegal, por infringir el artículo 263 TFUE; la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, en su versión modificada por la Directiva 2009/29/CE; (3) la Comunicación de la Comisión — Documento de orientación sobre la aplicación opcional del artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE (2011/C 99/03); y la Directiva 2001/42/CE, (4) relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

      (1)  Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.

      (2)  Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

      (3)  Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

      (4)  Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.


title: Recurso interpuesto el 12 de abril de 1996 contra el Consejo de la Unión Europea por Miwon Co. Ltd (Asunto T-51/96)

text:
 22 . 6 . 96          \_JS                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 180/33
 — El Reglamento impugnado no estaba suficientemente                 Fue errónea la apreciación de la Comisión de que no se
      motivado en la medida en que el Consejo no tuvo en             habían cumplido los requisitos para la condonación de las
      cuenta el argumento de la demandante basado en la              exacciones reguladoras a la importación con arreglo al
      solicitud del fabricante tailandés de que el valor normal      artículo 13 del Reglamento ( CEE ) n° 1430/79 . La Comisión
      para Tailandia se estableciese sobre la base de las ventas     incurrió en errores inexcusables al realizar el control e
      efectuadas por la sociedad japonesa perteneciente al           inspección de las importaciones sometidas a contingente de
      mismo grupo de empresas que dicho fabricante .                 carne Hilton y fueron dichos errores los que hicieron posible
                                                                     que se produjeran importaciones con presentación de
 — Infracción del Reglamento de base, al efectuar una                certificados de autenticidad falsificados, con el volumen
     comparación entre el valor normal y el precio de                ahora comprobado y durante un período de dos años. La
     exportación contraria al inciso ii ) de la letra a ) del        Comisión no ha tenido presente en la Decisión impugnada la
     apartado 9 del artículo 2 de dicho Reglamento .                 magnitud de la anomalía de su comportamiento ni las
                                                                     consecuencias jurídicas de él derivadas .
                                                                     La Comisión ha infringido normas sustanciales del proce
 Recurso interpuesto el 12 de abril de 1996 contra la                dimiento, ya que no dio al representante alemán ocasión
 Comisión de las Comunidades Europeas por Primex Pro                para expresar oralmente su punto de vista en la reunión de
 dukte Import-Export GmbH & Co. KG, Gebr. Kruse                      expertos de los Estados miembros celebrada el 4 de
           GmbH e Interporc Im- und Export GmbH                      diciembre de 1995 .
                         ( Asunto T-50/96 )                          La Comisión vulneró los derechos de defensa de las
                            ( 96/C 180/83 )                          demandantes al no concederles derecho a ser oídos directa
                                                                     mente . La Comisión estaba obligada a ello, aunque las
               (Lengua de procedimiento: alemân)                     disposiciones en materia de procedimiento del Reglamento
                                                                     de aplicación del código aduanero comunitario no prevean
 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                     la participación directa de las reclamantes en el procedi
 Europeas se ha presentado el 12 de abril de 1996 un recurso         miento tramitado ante la Comisión .
 contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
 lado por Primex Produkte Import-Export GmbH & Co .                  Por último, la Decisión impugnada infringe el artículo 190
 KG, con domicilio social en Bad Homburg ( República                 del Tratado CE, por insuficiencia de su motivación .
 Federal de Alemania ), Gebr. Kruse GmbH, con domicilio
 social en Hamburgo ( República Federal de Alemania ), e
 Interporc Im- und Export GmbH, con domicilio social en
Hamburgo ( República Federal de Alemania ), representadas
por el Sr. Georg M. Berrisch, Abogado de Bruselas, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr .            Recurso interpuesto el 12 de abril de 1996 contra el Consejo
 Guy Harles, Abogado del despacho Arendt & Medernach,                          de la Unión Europea por Miwon Co. Ltd
 18-10, rue Mathias Hardt.                                                                 ( Asunto T-51 /96 )
                                                                                ( 96/C 180/84 )
Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
que :
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
— Anule, en la medida en que afecta a las demandantes, la
     decisión de la Comisión de 26 de enero de 1 996 ,               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     adoptada en el expediente REM 8/95 , 11 /95 y 12/95             Europeas se ha presentado el 12 de abril de 1996 un recurso
     [Doc . COM K(96 ) 180 final], y dirigida a la República         contra el Consejo de la Unión Europea formulado por
     Federal de Alemania .                                           Miwon Co . Ltd, representada por el Sr. Jean François Bellis,
                                                                     de Van Bael & Bellis, que designa como domicilio en
— Condene en costas a la Comisión .                                  Luxemburgo el despacho de Loesch & Wolters, 11 , rue
                                                                     Goethe .
Motivos y principales alegaciones
Mediante la Decisión impugnada, la Comisión resolvió que             La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
no procede condonar las exacciones reguladoras a la                  Instancia que :
importación en virtud de las solicitudes formuladas por las
demandantes y presentadas por Alemania a la Comisión con             — Anule el Reglamento ( CE ) n" 81 /96 del Consejo, de 19 de
arreglo al artículo 13 del Reglamento ( CEE) n° 1430/79 del              enero de 1996 , que modifica el Reglamento ( CEE )
Consejo . Las referidas solicitudes se referían a la importa            n" 2455/93 , por el que se establece derecho antidumping
ción de carne de vacuno de alta calidad , de la denominada               definitivo sobre las importaciones de glutamato mono
calidad « Hilton », procedente de Argentina, para la cual se             sódico originarias de Indonesia, la República de Corea y
aportaron a las autoridades aduaneras certificados de                    Taiwán y por el que se perciben definitivamente los
autenticidad falsificados de las autoridades argentinas .                derechos provisionales impuestos y se da por concluido
                                                                         el procedimiento relativo a Tailandia ('), en la medida en
La Decisión se apoya en una base jurídica errónea . La base              que impone a la demandante un derecho antidumping
jurídica correcta es el artículo 239 del código aduanero                 definitivo y dispone la percepción de derechos antidum
comunitario y no el artículo 13 del Reglamento ( CEE )                   ping provisionales sobre los productos exportados por la
n° 1430/79 .                                                             demandante .
 ---pagebreak---  N° C 180/34              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      22 . 6 . 96
— Imponga al Consejo las costas del procedimiento.                        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
                                                                          Instancia que :
 Motivos y principales alegaciones
                                                                          — Anule la decisión de la Comisión contenida en las cartas
 La demandante, sociedad de responsabilidad limitada cons                    de 6 y 7 febrero de 1996 dirigidas, la primera , a la
 tituida según las leyes de la República de Corea, produce una                demandante, y la segunda, al Tribunal de Defensa de la
 amplia gama de productos alimenticios y químicos, incluido                   Competencia de España , y hecha pública por la decla
 el glutamato monosódico ( en lo sucesivo , « GMS »), pro                    ración del portavoz del Comisario encargado de la
 ducto utilizado como potenciador del sabor en los produc                    Política de la Competencia el día 8 de febrero del mismo
 tos alimenticios . El 3 de noviembre de 1995 interpuso un                    año, por la que la Comisión concluyó que la operación
 recurso de anulación contra el Reglamento ( CE ) n° 1754/95                  de concentración consistente en la toma de control
 de la Comisión , de 18 de julio de 1995 , por el que se                      conjunto de la sociedad Cablevisión, SA constituye una
 establece un derecho antidumping provisional sobre las                       operación de concentración de dimensión comunita
 importaciones de glutamato monosódico originario de                          ria .
 Indonesia, la República de Corea, Taiwán y Tailandia ( 2 ). El
 acto impugnado en el presente recurso es el Reglamento                  — Condene a la demandada a las costas de este procedi
                                                                              mento .
 ( CE ) n° 81 /96 del Consejo ( 2 ) por el que se establece un
derecho antidumping definitivo sobre las importacionies de
glutamato monosódico originarias de Indonesia, la Repú                  Motivos y principales alegaciones
 blica de Corea y Taiwán .                                                La demandante expone que, el 26 de julio de 1995 ,
Los motivos por los que se cuestiona la legalidad del                    Telefónica de España , SA y su filial Telecartera, SA, por una
Reglamento impugnado pueden resumirse del siguiente                      parte, y Sociedad de gestión de cable, SA y Sociedad de
modo :                                                                   televisión Canal Plus, SA, ( dos sociedades que, desde enero
                                                                         de 1996 , constituyen una sola denominada , a partir de
 1 ) El Consejo ha determinado indebidamente el margen de                marzo del mismo año, Sogecable ) por otra, suscribieron
       dumping de la demandante y, por lo tanto, su derecho              acuerdos que supusieron la transformación de la Sociedad
       antidumping, por cuanto ha calculado el precio de                 General de Cablevisión, SA en una empresa en participación
       exportación de la demandante sobre la base de la letra b )        de carácter concentrativo destinada a prestar servicios de
       del apartado 8 del artículo 2 y de la letra b ) del               televisión y otros servicios multimedia , con exclusión de los
       apartado 7 del artículo 7 del Reglamento antidumping,             servicios de telecomunicación, a las operadores locales de
       cuando debería haber aplicado la letra a ) del apartado 8         cable . Dado que estos acuerdos implicaban la existencia de
       del artículo 2 exclusivamente .                                   una operación de concentración económica, las empresas
                                                                         firmantes examinaron si era de dimensión comunitaria, en el
2 ) La conclusión del Consejo de que las importaciones de                sentido del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento ( CEE )
       los países objeto de investigación, consideradas aislada         n° 4064/89 . Tras analizar los elementos pertinentes, dichas
       mente , habían seguido perjudicando de la industria               empresas llegaron a la conclusión de que la concentración
       comunitaria adolece de contradicciones fundamenta                tenía dimensión nacional, por lo que quedaba excluida del
       les .                                                             ámbito de aplicación del Reglamento . La Comisión, por el
                                                                         contrario , ha decidido mantener que la creación de Cable
(') DO n" L 15 de 20 . 1 . 1996 , p . 20 .                               visión es una concentración con dimensión comunitaria .
( 2 ) DO n" L 170 de 20 . 7 . 1995 , p . 4 . Asunto T-208/95 , DO n"
      C 351 de 30 . 12 . 1995 , p . 19 .                                 Esta decisión de la Comisión constituye el objeto del
                                                                         presente recurso, basado en la violación del apartado 4 del
                                                                         artículo 5 del Reglamento ( CEE ) n" 4064/89 .
                                                                         Según la demandante, el razonamiento de la Comisión es , en
                                                                         esencia , el siguiente : Sogecable está controlada conjunta
Recurso interpuesto el 16 de abril de 1996 por la sociedad               mente por dos de sus accionistas, Prisa ( Promotora de
Sogecable, SA contra la Comisión de las Comunidades                      Informaciones, SA ) y Canal Plus Francia ( Canal Plus,
                                Europeas                                 Société Anonyme ); en consecuencia , en aplicación del
                          ( Asunto T-52/96 )                             apartado 4 del artículo 5 del Reglamento ( CEE) n° 4064/89 ,
                                                                         a la cifra de negocios de Sogecable deben sumarse las cifras
                             ( 96/C 180/85 )
                                                                         de negocios de Prisa y de Canal Plus Francia ; de esta suma
                                                                         resulta la dimensión comunitaria .
               (Lengua de procedimiento: espanol)
                                                                         La demandante mantiene que únicamente Prisa se halla con
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   respecto a Sogecable en alguna de las situaciones enunciadas
Europeas se ha presentado, el 16 de abril de 1 996 un recurso            en el apartado 4 del artículo 5 del citado Reglamento, en
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu                    concreto, en la recogida en el último apartado ( tiene derecho
lado por la sociedad Sogecable, SA, con domicilio en                     a dirigir las actividades de la empresa ), pero que éste no es el
Madrid, representada por los letrados en ejercicio los Sres .            caso de Canal Plus Francia . Lo que en realidad ocurre es que
Santiago Martínez Lage y Rafael Allendesalazar Corcho, del               la Comisión, en los fundamentos de su decisión, trata de
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que designan como                 reemplazar los claros, taxativos y formales criterios del
domicilio en Luxemburgo el de la abogada Sra . Aloyse May,               apartado 4 del artículo 5 por los más vagos, imprecisos y
31 , Grand-rue .                                                         materiales criterios del apartado 3 del artículo 3 , que no