title: Asunto C-168/03: Recurso interpuesto el 11 de abril de 2003 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 135/20               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                                  7.6.2003
dades Europeas, representada por el Sr. B. Stromsky, en calidad                  ha incumplido las obligaciones que le incumben con
de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.                                  arreglo a los Artículos 10 y 249 CE y a la letra b) del
                                                                                apartado 1 del Artículo 4 de la Directiva 89/655/CEE (1)
                                                                                del Consejo de 30 de noviembre de 1989, modificada
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                        por la Directiva 95/63/CE (2) de 5 de diciembre de 1995,
                                                                                relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
—     Declare que la República Francesa ha incumplido las                        salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28                     de los equipos de trabajo.
      del Tratado CE al reservar la denominación «oro» a los
      objetos con una ley de 750/000, mientras que los
      que tienen una ley de 375 o de 585/000 llevan la                   2.      condene en costas al Reino de España
      denominación «aleación de oro».
—     Condene en costas a la República Francesa.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones
                                                                         En el párrafo primero del apartado 1 de su Disposición
                                                                         Transitoria Única, el Real Decreto concedió un período de
La normativa controvertida prohíbe comercializar bajo la
                                                                         doce meses desde la entrada en vigor del mismo para ajustar
denominación «oro» aquellos objetos que contienen oro con
una ley de 585 o de 375 milésimas que pueden acogerse a                  los equipos que ya se utilizaran en la empresa a los requisitos
                                                                         de su anexo I (que se corresponde con el anexo I de la
dicha apelación en su Estado miembro de procedencia y
dificulta por tanto la comercialización de dichos objetos.               Directiva). Como el Real Decreto entró en vigor el 27 de agosto
                                                                         de 1997, dicho plazo otorgó a los empresarios españoles un
                                                                         período transitorio mucho más largo que el establecido en la
Dicha prohibición no encuentra justificación en la protección            letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.
de los consumidores ni en la lealtad en las transacciones
comerciales, puesto que un etiquetado adecuado es suficiente.
                                                                         En los párrafos segundo, tercero y cuarto del apartado 1 de la
                                                                         Disposición Transitoria Única se establece que, cuando en
                                                                         determinados sectores, por situaciones específicas objetivas,
                                                                         no puedan adaptarse los equipos de trabajo en el plazo de
                                                                         doce meses, la autoridad laboral, a petición razonada de las
                                                                         organizaciones empresariales más representativas del sector y
Recurso interpuesto el 11 de abril de 2003 contra el                     previa consulta a las organizaciones sindicales más representa-
Reino de España por la Comisión de las Comunidades                       tivas en el mismo, podrá autorizar excepcionalmente un Plan
                             Europeas                                    de Puesta en Conformidad de los equipos de trabajo con el
                                                                         anexo I del Real Decreto (que se corresponde con el anexo I de
                       (Asunto C-168/03)                                 la Directiva) de duración no superior a cinco años y teniendo
                                                                         en cuenta la gravedad, transcendencia e importancia de la
                                                                         situación objetiva alegada. La solicitud de aprobación de un
                         (2003/C 135/30)                                 plan de esa clase debía presentarse de acuerdo con esa
                                                                         disposición, en un plazo máximo de nueve meses tras la
                                                                         entrada en vigor del Real Decreto (es decir, el 27 de junio de
                                                                         1998 a más tardar), y la autoridad laboral competente debía
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             tomar su decisión al respecto en los tres meses posteriores.
presentado el 11 de abril de 2003 un recurso contra el Reino
de España formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por la Sra. Isabel Martínez del Peral,
miembro de su Servicio Jurídico, que designa domicilio en                La Comisión entiende que este período de adaptación adicional
Luxemburgo.                                                              es incompatible con la obligación que impone la letra b) del
                                                                         apartado 1 del artículo 4 de la Directiva y es totalmente
                                                                         injustificado.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1.    declare que, al establecer en el apartado 1 de la Disposi-         (1 ) Relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para
      ción Transitoria Única del Real Decreto no 1215/1997 de                 la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de
      18 de julio de 1997, por el que se establecen las                       trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al apartado 1 del
      disposiciones mínimas de seguridad y salud para la                      artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), DO L 393 de 30.12.1989,
      utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,             p. 13.
      un período de adaptación adicional para los equipos de             (2 ) Del Consejo, DO L 335 de 30.12.1995, p. 28.
      trabajo que ya han sido puestos a disposición de los
      trabajadores en la empresa y/o el establecimiento con
      anterioridad al 27 de agosto de 1997, el Reino de España


title: Asunto C-607/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Reino de Suecia (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 2008/1/CE — Prevención y control integrados de la contaminación — Requisitos de autorización de las instalaciones existentes — Obligación de garantizar la explotación de dichas instalaciones con arreglo a los requisitos previstos en la Directiva)

text:
               26.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Reino de Suecia
   (Asunto C-607/10) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2008/1/CE - Prevención y control integrados de la contaminación - Requisitos de autorización de las instalaciones existentes - Obligación de garantizar la explotación de dichas instalaciones con arreglo a los requisitos previstos en la Directiva)
   2012/C 151/14
   Lengua de procedimiento: sueco

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: A. Alcover San Pedro y K. Simonsson, agentes)

      Demandada: Reino de Suecia (representante: A. Falk, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 24, p. 8) — Requisitos de autorización de las instalaciones existentes — Obligación de garantizar que dichas instalaciones sean explotadas con arreglo a los requisitos previstos en la Directiva.

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (versión codificada), al no adoptar las medidas necesarias para que sus autoridades competentes velaran, mediante autorizaciones extendidas de conformidad con los artículos 6 y 8 o, de forma adecuada, mediante la revisión de las condiciones y, en su caso, su actualización, por que todas las instalaciones existentes fueran explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, 14, letras a) y b), y 15, apartado 2, de dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Suecia.

      (1)  DO C 89, de 19.3.2011.


title: Asunto C-135/06 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2007 — Roderich Weißenfels/Parlamento Europeo (Recurso de casación — Retribución — Asignación por hijo a cargo — Deducción del importe de un complemento del mismo tipo percibido de otra fuente — Competencia jurisdiccional plena — Litigios de carácter pecuniario)

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2007 — Roderich Weißenfels/Parlamento Europeo
   (Asunto C-135/06 P) (1)

   (Recurso de casación - Retribución - Asignación por hijo a cargo - Deducción del importe de un complemento del mismo tipo percibido de otra fuente - Competencia jurisdiccional plena - Litigios de carácter pecuniario)
   (2008/C 51/20)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: Roderich Weißenfels (representante: G. Maximini, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo (representantes: L.G. Knudsen, M. Ecker y U. Rösslein, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 25 de enero de 2006 en el asunto T-33/04 Roderich Weißenfels/Parlamento, por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por la que aquél solicitaba que se anulase la decisión del Parlamento de 26 de junio de 2003, por la que se dedujo del importe de la doble asignación por hijo a cargo, concedida al recurrente en virtud del artículo 67, apartado 3, del Estatuto de los Funcionaros, el importe de un subsidio del mismo tipo percibido de otra fuente — Requisitos de aplicación de la norma que prohíbe la acumulación, establecida en el artículo 67, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios — Concepto de «complementos del mismo tipo»
   Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 25 de enero de 2006, Weißenfels/Parlamento Europeo (T-33/04).

               2)

               Anular las decisiones del Parlamento Europeo de 26 de julio de 2003 y de 28 de abril de 2004.

               3)

               El Parlamento Europeo abonará al Sr. Weißenfels los atrasos de la asignación por hijo a cargo que hubiera debido abonarle desde el 1 de julio de 2003, más los intereses legales correspondientes.

               4)

               El Parlamento Europeo soportará sus propias costas y las costas en que haya incurrido el Sr. Weißenfels ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 108 de 6.5.2006.


title: Asunto T-577/15: Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2015 — Uribe-Etxebarría Jiménez/OAMI — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)

text:
               7.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 406/39

         Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2015 — Uribe-Etxebarría Jiménez/OAMI — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)
   (Asunto T-577/15)
   (2015/C 406/40)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez (Erandio, España) (representante: M. Esteve Sanz, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Núcleo de comunicaciones y control, SL (Tres Cantos (Madrid), España)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «SHERPA» — Marca comunitaria no 1 0 0 00  339

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 17 de julio de 2015 en el asunto R 1135/2014-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la resolución impugnada.

               —

               condene en costas a la OAMI y, en su caso, a la parte coadyuvante.

      Motivos invocados

               —

               Infracción de los artículos 63, apartado 1, 64, apartado 1, y 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009 y de la regla 22 del Reglamento no 2868/95.

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letras a) y b) del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-2/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen Sad (Bulgaria) el 6 de enero de 2009 — Peter Dimitrov Kalinchev/Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv

text:
               7.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen Sad (Bulgaria) el 6 de enero de 2009 — Peter Dimitrov Kalinchev/Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv
   (Asunto C-2/09)
   (2009/C 55/31)
   Lengua de procedimiento: búlgaro
   Órgano jurisdiccional remitente
   Varhoven administrativen Sad (Bulgaria)
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Peter Dimitrov Kalinchev

      Demandada: Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 92/12/CEE (1) del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, una normativa sobre la recaudación del impuesto sobre el consumo relativo a los vehículos usados por su introducción en el territorio del Estado miembro correspondiente, con arreglo a la cual no debe satisfacerse directamente ese impuesto por la segunda adquisición de los vehículos que ya se encuentran en el territorio nacional y respecto a los que ya se ha pagado el impuesto sobre el consumo con motivo de su primera introducción en el territorio nacional?

               2)

               ¿En qué sentido ha de entenderse la expresión «productos nacionales similares» del artículo 90 CE, párrafo primero:

                           a)

                           son aquellos que tienen su origen en el Estado miembro que establece determinados impuestos nacionales, o

                           b)

                           aquellos que, con independencia de su origen, ya se encuentran en el territorio de ese Estado miembro?

               3)

               En función de las respuestas a las dos cuestiones anteriores: ¿Deben entenderse los artículos 25 CE y 90 CE, párrafo primero, como una prohibición del régimen diferenciado del impuesto sobre el consumo relativo a los vehículos, establecido por la República de Bulgaria en los artículos 30 y 40 de la ZADS y basado en el año de fabricación y en el número de kilómetros del vehículo?

      (1)  DO L 76, p. 1.


title: Asunto T-325/02: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Michel Soubies

text:
C 19/36                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   25.1.2003
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, el            A este respecto, considera que, al no haber adoptado las
Presidente del Tribunal ha dictado el 17 de octubre de 2002             normas generales que autorizan que las funciones de gestión
un auto resolviendo lo siguiente:                                       sean reversibles, el Secretario General adoptó ilegalmente la
                                                                        decisión impugnada. Además, las tareas que realiza efectiva-
1)   Desestimar la demanda de medidas provisionales.                    mente el demandante desde la adopción de dicha decisión son
                                                                        manifiestamente inferiores a las que ejerce normalmente un
                                                                        funcionario del grado A3.
2)   Reservar la decisión sobre las costas.
                                                                        Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2002 contra el
                                                                        Consejo de la Unión Europea por la asociación Gestoras
Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2002 contra
                                                                        Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano y Julen Zelarain
la Comisión de las Comunidades Europeas por Michel
                                                                                Errasti
                              Soubies
                                                                                (Asunto T-333/02)
                        (Asunto T-325/02)
                                                                                (2003/C 19/70)
                          (2003/C 19/69)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 31 de octubre de 2002 un
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por
Europeas se ha presentado el 14 de octubre de 2002 un                   la asociación Gestoras Pro Amnistía, con sede en Hernani
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  (España), Juan Mari Olano Olano, con domicilio en Gainza
formulado por Michel Soubies, con domicilio en Bruselas,                (España), y Julen Zelarain Errasti, con domicilio en San
representado por los Sres. Albert Coolen, Jean-Noël Louis y             Sebastián (España), representados por Me Didier Rouget,
Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxem-              abogado.
burgo.
                                                                        Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:            que:
—    Anule la decisión de 26 de noviembre de 2001 del                   —    Condene a la parte demandada a pagar a la asociación
     Secretario General de la Comisión, por la que se destina al             Gestoras Pro Amnistía una indemnización de
     demandante a la unidad SG/F.2 «Asuntos institucionales»                 1 000 000 EUR y a cada uno de los dos demandantes,
     como consejero personal de grado A3.                                    Juan Mari Olano Olano y Julen Zelarain Errasti, una
                                                                             indemnización de 1 000 000 EUR.
—    Condene en costas a la parte demandada.
                                                                        —    Declare que tales cantidades han producido intereses de
                                                                             demora calculados al 4,5 % anual a partir de la fecha en
                                                                             que el Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia hasta
Motivos y principales alegaciones                                            su pago efectivo.
                                                                        —    Condene a la parte demandada a cargar con sus propias
El demandante, funcionario de grado A3, se opone a la                        costas, así como con las de los demandantes.
decisión de la AFPN de nombrarlo consejero personal en la
unidad SG/F.2 «Asuntos institucionales», a cuyo jefe le ha sido
reconocido el grado A5.                                                 Motivos y principales alegaciones
En apoyo de sus pretensiones, el demandante invoca:                     La asociación Gestoras Pro Amnistía, así como sus dos
                                                                        portavoces, pretenden obtener la reparación del perjuicio
—    el incumplimiento de la obligación de motivación;                  supuestamente sufrido como consecuencia de la inclusión de
                                                                        dicha asociación en la lista de personas, grupos y entidades
—    la infracción del procedimiento de selección para los              implicados en actos de terrorismo, en virtud de la Posición
     puestos de dirección intermedios y de los artículos 4, 5,          común 2001/931/PESC ( 1), adoptada el 27 de diciembre de
     27 y 29 del Estatuto y violación de los principios de              2001 y confirmada por las Posiciones comunes 2002/340/
     buena gestión y buena administración y de vocación de              PESC ( 2) del Consejo, de 2 de mayo de 2002, y 2002/940/
     carrera.                                                           PESC ( 3) del Consejo, de 17 de junio de 2002.


title: Asunto T-339/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de marzo de 2007 — France Télécom/Comisión ( Competencia — Decisión por la que se ordena una inspección — Cooperación leal con los órganos jurisdiccionales nacionales — Cooperación leal con las autoridades nacionales de la competencia — Artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) n o  1/2003 — Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia — Motivación — Proporcionalidad )

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/38

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de marzo de 2007 — France Télécom/Comisión
   (Asunto T-339/04) (1)

   («Competencia - Decisión por la que se ordena una inspección - Cooperación leal con los órganos jurisdiccionales nacionales - Cooperación leal con las autoridades nacionales de la competencia - Artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2003 - Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia - Motivación - Proporcionalidad»)
   (2007/C 95/76)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: France Télécom SA, anteriormente Wanadoo SA (París) (representantes: H. Calvet y M.-C. Rameau, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: É. Gippini Fournier y O. Beynet, agentes)
   Objeto
   Anulación de la Decisión C (2004) 1929 de la Comisión, de 18 de mayo de 2004, en el asunto COMP/C 1/38.916, por la que se ordena a France Télécom SA y a todas las empresas que controla directa o indirectamente, incluida Wanadoo SA y todas las empresas directa o indirectamente controladas por Wanadoo SA, que se sometan a una inspección con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1).
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 262, de 23.10.2004.


title: Recurso interpuesto el 9 de junio de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Lars Bo Rasmussen (Asunto T-130/95)

text:
12. 8 . 95          PI                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                               N° C 208/35
producido en el marco de procedimientos de atribución de           — Condene en costas a la Comisión .
contratos públicos llamados a recibir una importante
financiación comunitaria , que constituyen por añadidura el        Motivos y principales alegaciones
requisito necesario para su realización.
                                                                   Los motivos y alegaciones son idénticos a los invocados en el
En cuanto al fondo, la demandante alega los siguientes             asunto T-126/95 .
motivos :
a ) Falta de motivación : La demandante considera que la
     decisión impugnada no ha sido motivada conforme a los
     requisitos del artículo 190 del Tratado CE.
                                                                   Recurso interpuesto el 3 de junio de 1995 contra la
b ) Infracción del artículo 155 del Tratado CE: La deman          Comisión de las Comunidades Europeas por la sociedad
     dante considera que al abstenerse de actuar en el caso de                      Aéroports de París (ADP)
     autos, la Comisión ha incumplido la misión de velar por                           (Asunto T-128/95 )
     la aplicación del Derecho comunitario por parte de
     Grecia , que le impone el artículo 155 del Tratado .                                  ( 95/C 208/73 )
     Error de Derecho y error manifiesto de apreciación : La                   (Lengua de procedimiento: francés)
     demandante sostiene que la Comisión ha cometido , bien
     un error de Derecho, si ha considerado que no procedía        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     demandar al Estado griego debido a que no existe              Europeas se ha presentado el 3 de junio de 1995 un recurso
     infracción del Derecho comunitario, o un error mani          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
     fiesto de apreciación, si ha considerado que estas            lado por la sociedad Aéroports de Paris ( ADP ), con
     infracciones no eran suficientes para justificar la aper     domicilio en París, representada por Me Hugues Calvet,
     tura de un procedimiento por incumplimiento contra la         Abogado de París, que designa como domicilio en Luxem
     República Helénica . En efecto, subraya que es difícil       burgo el despacho de Me Aloyse May, 31 , Grand Rué .
     mente discutible que el principio de igualdad de trato
     entre licitadores ha sido violado de múltiples maneras y
                                                                   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
     que las autoridades griegas han conculcado manifiesta
                                                                   Instancia que:
     mente las disposiciones de los artículos 30 y 59 del
     Tratado CE, así como las Directivas del Consejo               — Anule la Decisión de la Comisión de 29 de marzo de
     relativas a la adjudicación de los contratos públicos .           1995 conforme a la cual ha renunciado a ejercitar
                                                                       acciones judiciales contra la República Helénica por
                                                                       incumplimiento del Derecho comunitario en la adjudi
                                                                       cación del contrato público del aeropuerto de Atenas.
Recurso interpuesto el 5 de junio de 1995 contra la                — Con carácter subsidiario, declare la omisión de la
Comisión de las Comunidades Europeas por la Société                    Comisión .
                  Auxiliaire d'Entreprises SAE
                      ( Asunto T-127/95 )                          — Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las
                                                                       costas en que incurra ADP en el marco del presente
                          95/C 208/72 )                                recurso de anulación .
              (Lengua de procedimiento: francés)                   Motivos y principales alegaciones
 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades            Los motivos y alegaciones son similares a los invocados en el
 Europeas se ha presentado el 5 de junio de 1995 un recurso        asunto T-126/95 .
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
 lado por la Société Auxiliaire d'Entreprises SAE, con
 domicilio en Issy-les Moulineaux ( Francia ), representada
 por Mc Alexandre Carnelutti, Abogado de París.
 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera               Recurso interpuesto el 9 de junio de 1995 contra la
 Instancia que :                                                   Comisión de las Comunidades Europeas por Lars Bo
                                                                                Rasmussen
— Anule la Decisión de la Comisión de 29 de marzo de                                    ( Asunto T-130/95 )
      1995 .
                                                                                ( 95/C 208/74 )
 — Con carácter subsidiario, declare que la Comisión se ha
     abstenido ¡legalmente de iniciar un procedimiento por                      (Lengua de procedimiento: francés)
     incumplimiento contra el Gobierno griego como conse
     cuencia de las infracciones graves y reiteradas del            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     Derecho comunitario que ha cometido en el marco del            Europeas se ha presentado el 9 de junio de 1995 un recurso
     procedimiento de adjudicación de la concesión del             contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
     futuro aeropuerto de la ciudad de Atenas.                      lado por Lars Bo Rasmussen, con domicilio en Dalheim
 ---pagebreak--- N° C 208/36           ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    12 . 8 . 95
( Luxemburgo ), representado por Me Carlo Revoldini,               domicilio en Luxemburgo el de la Sàrl Fiduciaire Myson,
Abogado de Luxemburgo, que designa como domicilio en               1 , rué Glesener.
Luxemburgo su despacho, 180 route de Longwy.
                                                                   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                que :
Instancia que:
                                                                   — Anule la decisión de la Comisión mediante la que se fija
— Anule la decisión de la Comisión de no promocionarle al               Bruselas como lugar de selección del demandante, así
    grado A 4 para el ejercicio de promoción 1992 y, en la              como todas las decisiones subsiguientes.
    medida en que fuere necesario, la respuesta denegatoria
    adoptada el 3 de marzo de 1995 por la Comisión                 — Condene en costas a la parte demandada .
    respecto a su reclamación, así como la decisión de la
    Comisión de promocionar al grado A 4 a los funciona
    rios inscritos en la lista publicada en las Informaciones      Motivos y principales alegaciones
    administrativas n° 859 de 8 de septiembre de 1994 .
                                                                   Los motivos y principales alegaciones son similares a los
— Condene a la Comisión a la indemnización de daños y              invocados en el asunto T-33/95 ( M.
    perjuicios, como compensación por los perjuicios mate
    riales y morales sufridos, cuya especificación realizará el    (') DO n° C 101 de 22 . 4 . 1995 .
    demandante en el transcurso del procedimiento .
— Condene en costas a la parte demandada .
Motivos y principales alegaciones
                                                                   Recurso interpuesto el 3 de julio de 1995 contra el Consejo
En apoyo de su recurso, el demandante invoca la infracción         de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades
del párrafo primero del artículo 45 del Estatuto de los                           Europeas por Friedrich Engelking
Funcionarios .
                                                                                ( Asunto T-138/95 )
Afirma a este respecto que la parte demandada no ha podido                                  ( 95/C 208/76 )
tomar en consideración sus méritos como funcionario A 5 ,
debido a la ausencia de su informe de calificación corres                       (Lengua ae procedimiento: alemán)
pondiente al período 1991-1993 .
                                                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Subraya en segundo lugar, que la parte demandada se ha
limitado a comparar sus méritos solamente con los de los           Europeas se ha presentado el 3 de julio de 1995 un recurso
funcionarios de la Directiva General V, y no con los de todos      contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las
los funcionarios de grado A 5 de la Institución que pueden         Comunidades Europeas formulado por Friedrich Engel
optar a la promoción.
                                                                   king, con domicilio en Raddestorf ( República Federal de
                                                                   Alemania ), representado por Bernd Meisterernst, Mechtild
Alega finalmente que las promociones al grado A 4 no se            Düsing, Dietrich Manstetten, Dr. Frank Schulze y Dr .
hacen previo examen comparativo de los méritos de los              Winfried Haneklaus, Abogados de Münster, que designa
funcionarios que pueden optar a la promoción, sino en              como domicilio en Luxemburgo el despacho Dupong &
función de los puntos de prioridad de que dispone cada             Associés, 14 a , rué des Bains , Luxemburgo .
Dirección General según el número de personas que pueden
ser promovidas y que puede atribuir discrecionalmente .            La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
                                                                   Instancia que :
                                                                   1 ) Condene a los demandados a pagar al demandante una
                                                                         indemnización SLOM-II correspondiente al período
                                                                         comprendido entre el 2 de abril de 1984 y el 13 de junio
 Recurso interpuesto el 19 de junio de 1995 contra la                    de 1991 de un importe de 110 021,93 marcos alemanes,
Comisión de las Comunidades Europeas por Peter Gammel                   más el 8 % de intereses a partir del 19 de marzo de 1992
                               toft
                                                                         y al pago de las costas .
                      ( Asunto T-132/95 )
                         ( 95/C 208/75 )                           2 . Acumule el presente asunto al asunto T-77/93 , Hülse
                                                                         berg ya pendiente ante ese Tribunal y otros/Consejo y
             (Lengua de procedimiento: francés)                          Comisión, y suspenda asimismo el procedimiento.
 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades            Motivos y principales alegaciones
 Europeas se ha presentado el 19 de junio de 1995 un recurso
 contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu             Los motivos y alegaciones esenciales son idénticos a los del
                                                                   asunto T-20/94 .
 lado por Peter Gammeltoft, con domicilio en Bruselas,
 representado por Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure y
 Ariane Tornel, Abogados de Bruselas, que designan como


title: Asunto T-349/02: Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2002 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior por Société Sephora

text:
25.1.2003              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 19/41
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           Motivos y principales alegaciones
que :
—     anule la Decisión de la comisión de 14 de agosto de 2002          Solicitante de la marca        INTER SERVICE S.r.l.
      por la que se remite el caso no COM/m.2845 —                      comunitaria:
      Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital a las autorida-
      des competentes del Reino de España de conformidad                Marca        comunitaria       SEPHORA (solicitud de registro
      con el artículo 9 del Reglamento del Consejo no 4064/             objeto de la solicitud:        no 593.806 para productos inclui-
      89; y                                                                                dos en las clases 9, 18 y 25).
—     condene en costas a la Comisión.                                  Titular de la marca o          La demandante.
                                                                        signo invocado en el
                                                                        procedimiento de oposi-
                                                                        ción:
Motivos y principales alegaciones
                                                                        Marca o signo que se           Marca denominativa francesa
Los motivos y principales argumentos son fundamentalmente               opone:                         SEPHORA para productos de las
los ya invocados en el asunto T-346/02 CABLEUROPA y                                                    clases 35 y 42.
otros/Comisión.
                                                                        Decisión de la División        Desestimación de la demanda.
Se alega, en particular, la violación del principio de buena            de oposición:
administración, en la medida en que la Comisión, no sólo ha
abandonado una práctica y una política ya consolidadas en               Decisión de la Sala de         Desestimación del recurso.
decisiones referidas a los mercados afectados por la operación          Recurso:
de que se trata, sino que no ha tenido en cuenta un asunto
estrechamente relacionado con la operación de concentración             Alegaciones:                   Aplicación incorrecta del artí-
y en el que intervienen las mismas partes. En cualquier caso, la                                       culo 8, apartado 4, del Regla-
Comisión se encuentra mejor situada que las autoridades                                                mento no 40/94.
nacionales para analizar la referida operación, entre otras
razones, por las importantes cuestiones de interés comunitario
que la misma plantea.
                                                                        Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2002 contra
Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2002 contra                   el Consejo de la Unión Europea por Ikegami Electronics
la Oficina de Armonización del Mercado Interior por                                              (Europe) GmbH
                         Société Sephora
                                                                                (Asunto T-350/02)
                       (Asunto T-349/02)
                          (2003/C 19/77)                                                          (2003/C 19/78)
                 (Lengua de procedimiento: francés)                                      (Lengua de procedimiento: inglés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 22 de noviembre de 2002 un                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado                   Europeas se ha presentado el 26 de noviembre de 2002 un
Interior formulado por Société Sephora, con domicilio social            recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado
en Levallois-Perret (Francia), representada por el Sr. Michel-          por Ikegami Electronics (Europe) GmbH, Neuss, Alemania,
Paul Escande, abogado.                                                  representada por el Sr. Laurent Ruessmann, abogado, que
                                                                        designa domicilio en Luxemburgo.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                        La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—     Anule la Decisión de la Sala Segunda de Recurso de la
      Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
      dibujos y modelos) de 9 de septiembre de 2002 (Asunto             —     Anule el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1696/2002
      R 425/2000-2).                                                          del Consejo.
—     Condene en costas a la parte demandada.                           —     Condene en costas al Consejo.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de marzo de 2001 en el asunto C-68/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania ("Incumplimiento de Estado — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Seguridad social — Reglamento (CEE) n° 1408/71 — Financiación del régimen de seguridad social de artistas y periodistas que trabajan por cuenta propia — Contribución exigida a las empresas que comercializan las obras de artistas y periodistas, calculada a partir de la retribución satisfecha a éstos — Cómputo de las retribuciones abonadas a artistas y periodistas sujetos a la legislación de seguridad social de otro Estado miembro")

text:
30.6.2001                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 186/1
                                                                          I
                                                                   (Comunicaciones)
                                                  TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                              TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   Federal de Alemania y que, en consecuencia, en relación
                                                                              con los regı́menes de seguridad social, están exclusivamente
                              (Sala Sexta)                                    sometidos a la legislación del Estado miembro en cuyo
                                                                              territorio residen, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado
                       de 8 de marzo de 2001                                  por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala, V. Skouris,
en el asunto C-68/99: Comisión de las Comunidades                            J.-P. Puissochet (Ponente), R. Schintgen y la Sra. F. Macken,
                                                                              Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secreta-
      Europeas contra República Federal de Alemania (1)
                                                                              rio: Sr. R. Grass, ha dictado el 8 de marzo de 2001 una
(«Incumplimiento de Estado — Libertad de establecimiento                      sentencia cuyo fallo es el siguiente:
— Libre prestación de servicios — Seguridad social —
                                                                              1)     Se desestima el recurso.
Reglamento (CEE) no 1408/71 — Financiación del régimen
de seguridad social de artistas y periodistas que trabajan por                2)     Se condena en costas a la Comisión de las Comunidades
cuenta propia — Contribución exigida a las empresas que                             Europeas.
comercializan las obras de artistas y periodistas, calculada a
partir de la retribución satisfecha a éstos — Cómputo de las                (1) DO C 121, de 1.5.1999.
retribuciones abonadas a artistas y periodistas sujetos a la
   legislación de seguridad social de otro Estado miembro»)
                            (2001/C 186/01)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                                    (Sala Primera)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                de 8 de marzo de 2001
En el asunto C-68/99, Comisión de las Comunidades Europeas
(agentes: Sres. P. Hillenkamp y A. Buschmann) contra Repú-                   en el asunto C-240/99 (petición de decisión prejudicial
blica Federal de Alemania (agentes: Sres. W.-D. Plessing y                    planteada por el Regeringsrätten): Procedimiento enta-
C.-D. Quassowski), que tiene por objeto que se declare que la                      blado por Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (1)
República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de los artı́culos 51, 52 y/o 59 del                 («Sexta Directiva sobre el IVA — Exenciones — Operaciones
Tratado CE (actualmente artı́culos 42 CE, 43 CE y/o 49 CE,                                           de seguro y reaseguro»)
tras su modificación), ası́ como del Tı́tulo II, especialmente del
artı́culo 13, apartados 1 y 2, letra b), en relación con el                                              (2001/C 186/02)
artı́culo 14 bis, apartado 2, primera frase, del Reglamento
(CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo
                                                                                (Lengua de procedimiento: sueco)
a la aplicación de los regı́menes de seguridad social a los
trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta
propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro               (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre
de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), al aplicar los artı́culos 23 y                 En el asunto C-240/99, que tiene por objeto una petición
siguientes de la Künstlersozialversicherungsgesetz (Ley del                   dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
régimen de seguridad social de los artistas y periodistas) a los              por el Regeringsrätten (Suecia), destinada a obtener, en un
artistas y periodistas que residen en otro Estado miembro de la               procedimiento entablado por Försäkringsaktiebolaget Skandia
Unión Europea y ejercen, normalmente, una actividad por                      (publ), una decisión prejudicial sobre la interpretación del
cuenta propia tanto en ese Estado como en la República                       artı́culo 13, parte B, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del


title: Asunto T-742/14: Recurso interpuesto el 3 de noviembre de 2014 — Alpha Calcit/OAMI — Materis Paints Italia (CALCILITE)

text:
               22.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/29

         Recurso interpuesto el 3 de noviembre de 2014 — Alpha Calcit/OAMI — Materis Paints Italia (CALCILITE)
   (Asunto T-742/14)
   (2014/C 462/42)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Colonia, Alemania) (representante: F. Hauck, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Materis Paints Italia SpA (Novate Milanese, Italia)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa «CALCILITE» — Marca comunitaria no 5 0 74  745

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 4 septiembre de 2014 en el asunto R 753/2013-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada en lo que respecta a los siguientes productos: colores, barnices, lacas, pinturas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto (clase 2); yesos (clase 19).

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivo invocado

               —

               Infracción de los artículos 53, apartado 1, letra a), y 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-138/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven, Países Bajos) — Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Autorización de comercialización de productos fitosanitarios y biocidas — Directiva 91/414/CEE — Artículo 8 — Directiva 98/8/CE — Artículo 16 — Facultad de los Estados miembros durante el período transitorio)

text:
               18.11.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven, Países Bajos) — Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
   (Asunto C-138/05) (1)

   (Autorización de comercialización de productos fitosanitarios y biocidas - Directiva 91/414/CEE - Artículo 8 - Directiva 98/8/CE - Artículo 16 - Facultad de los Estados miembros durante el período transitorio)
   (2006/C 281/21)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   College van Beroep voor het bedrijfsleven
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie

      Demandada: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

      Coadyuvante: LTO Nederland
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretación de los artículos 4, 8, apartados 2 y 3, y 23 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 230, p. 1) — Interpretación del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (DO L 123, p. 1) — Autorización previa de comercialización — Expiración del plazo para la adaptación del Derecho interno — Aplicación por el juez nacional — Autorización de comercialización de productos ya comercializados dos años después de la notificación de la Directiva — Revisión de los productos
   Fallo

               1)

               El artículo 16, apartado 1, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas, tiene el mismo significado que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios.

               2)

               El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414 no constituye una obligación de «standstill». Sin embargo, los artículos 10 CE, párrafo segundo, y 249 CE, párrafo tercero, así como la Directiva 91/414 exigen que durante el período transitorio previsto en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, los Estados miembros se abstengan de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por ésta. Más concretamente, los Estados miembros no pueden modificar, durante el período transitorio, la normativa aplicable de tal forma que les resulte posible autorizar un producto fitosanitario comprendido en el ámbito de aplicación de dicha disposición sin considerar debidamente los efectos que ese producto puede tener en la salud humana y animal y en el medio ambiente. Asimismo, la decisión relativa a una autorización únicamente puede adoptarse basándose en un expediente que incluya los elementos necesarios para que dichos efectos puedan efectivamente evaluarse.

               3)

               El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414 debe interpretarse en el sentido de que, si un Estado miembro autoriza la comercialización en su territorio de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas no incluidas en el anexo I de dicha Directiva, ya comercializadas dos años después de la fecha de notificación de ésta, no debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 u 8, apartado 3, de esa misma Directiva.

               4)

               Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si el control efectuado al aplicar el artículo 16aa de la Ley sobre pesticidas (Bestrijdingsmiddelenwet) de 1962, modificada por la Ley de 6 de febrero de 2003, responde a todas las características de una revisión en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 91/414, y, en particular, a las que se especifican en los apartados 53 y 54 de la presente sentencia.

               5)

               El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 91/414 debe interpretarse en el sentido de que sólo contiene normas relativas a la aportación de datos que se deben proporcionar con anterioridad a una revisión.

      (1)  DO C 143, de 11.6.2005.


title: Asunto C-413/08 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de junio de 2010 — Lafarge SA/Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea (Recurso de casación — Práctica colusoria — Paneles de yeso — Desnaturalización de las pruebas — Carga de la prueba — Falta de motivación — Reglamento n ° 17 — Artículo 15, apartado 2 — Sanción — Reincidencia — Momento en que se toma en consideración el efecto disuasorio de la multa)

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de junio de 2010 — Lafarge SA/Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-413/08 P) (1)

   (Recurso de casación - Práctica colusoria - Paneles de yeso - Desnaturalización de las pruebas - Carga de la prueba - Falta de motivación - Reglamento no 17 - Artículo 15, apartado 2 - Sanción - Reincidencia - Momento en que se toma en consideración el efecto disuasorio de la multa)
   2010/C 221/07
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Lafarge SA (representantes: A. Winckler, F. Brunet, E. Paroche, H. Kanellopoulos y C. Medina, avocats)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre y N. von Lingen, agentes), Consejo de la Unión Europea

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 8 de julio de 2008, Lafarge/Comisión (T-54/03) por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de la demandante dirigido a la anulación de la Decisión de la Comisión, de 27 de noviembre de 2002, por la que se impone a ésta una multa de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE — Práctica colusoria relativa a la fijación de precios en el sector de las paneles de yeso — Incumplimiento de la obligación de motivación e infracción de las normas en materia de carga de la prueba — Vulneración de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad por lo que respecta al cálculo del importe de la multa — Concepto de reincidencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Lafarge SA.

      (1)  DO C 327, de 20.12.2008.


title: Asunto C-575/15 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de noviembre de 2015 por Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 9 de septiembre de 2015 en el asunto T-584/14, INDITEX/OAMI — ANSELL (ZARA)

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/27

         Recurso de casación interpuesto el 9 de noviembre de 2015 por Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 9 de septiembre de 2015 en el asunto T-584/14, INDITEX/OAMI — ANSELL (ZARA)
   (Asunto C-575/15 P)
   (2016/C 038/40)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) (representante: C. Duch Fonoll, abogada)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

      Pretensiones

               —

               Que se anule la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que desestimó el recurso interpuesto por esta parte contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 19 de mayo de 2014 (asunto R 1118/2013-2) y que se anule en consecuencia la resolución controvertida y la anterior resolución de la División de Anulación de la OAMI de 30 de abril de 2013 que estimó la solicitud de caducidad del registro de la marca comunitaria ZARA no. 112.755 para los servicios comprendidos en la clase 39.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               En el presente recurso se impugnan, a través de la articulación de seis motivos de casación, los Fundamentos de Derecho desarrollados en los apartados 32 a 37 de la sentencia recurrida.

               2.

               En el primer motivo del recurso de casación se alega que el Tribunal General incurrió en infracción del artículo 65.3 RMC 207/2009 (1) por cuanto, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, se excedió de los límites del recurso que se le sometió desde el momento en que puso en entredicho la utilización en sí de la marca ZARA no. 112755 para los servicios de la clase 39, cuando ésta era una cuestión fuera de controversia y no sometida al recurso.

               3.

               El objeto del recurso sometido a la Sala de Recurso se ceñía a determinar si el uso llevado a cabo por Inditex de la marca ZARA para los servicios de transporte y distribución de los productos prestados por esta compañía a sus franquiciados podía considerarse o no un uso público en contraposición a uso privado en el seno de la propia empresa y, por consiguiente, si podía considerarse un uso efectivo o no. Por tanto, la existencia del uso en sí de la marca ZARA para los servicios de transporte y distribución prestados por la titular de la marca era un hecho no controvertido y fuera de discusión en sede administrativa.

               4.

               En el segundo motivo del recurso de casación Inditex alega que el Tribunal General, en los apartados 32 y 33 de la sentencia recurrida, incurrió en error de Derecho en la aplicación del artículo 51.1.a) RMC 207/2009 al confundir los conceptos de «integración comercial», propia de la empresa franquiciada al integrarse en el método comercial del franquiciador con el concepto de «integración económica» o «unidad económica», en el sentido del nivel de dependencia económica.

               5.

               El Tribunal General consideró, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que el hecho de que los franquiciados de Inditex sigan un modelo de negocio integrado comercialmente en el método comercial del franquiciador supone para aquellos perder su condición de unidades económicas independientes, esto es, de terceros ajenos a la organización interna del franquiciador. Esta apreciación no es correcta a juicio de esta parte por ser contraria a Derecho.

               6.

               En el tercer motivo de casación se alega que el Tribunal General, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, desnaturalizó los términos de la declaración jurada de 7 de mayo de 2012 de D. Antonio Abril (Anexo 4 del recurso), al transcribir de manera parcial parte de las declaraciones realmente efectuadas por aquél, lo que llevó al Tribunal a interpretar dicho documento de manera incorrecta y afectó a la conclusión del Tribunal General en lo que se refiere a reputar el uso de la marca ZARA público.

               7.

               En el cuarto motivo se alega error de Derecho por parte del Tribunal General en la aplicación del artículo 51.1a) RMC 207/2009 al haber infringido, en el apartado 35 de la sentencia recurrida, las normas relativas a que en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de sus explotación comercial. En concreto, se alega que el Tribunal General negó que Inditex estuviera presente en el mercado de los servicios de transporte de mercancías con su marca ZARA al carecer esta compañía de volumen de negocio generado por la prestación de los servicios comprendidos en la clase 39.

               8.

               El Tribunal General vino a negar que Inditex ofreciera servicios de transporte de mercancías a terceros externos a su unidad económica dado que es una empresa dedicada a la confección y venta de productos de moda y no una empresa transportista. Ese enfoque del Tribunal General, a juicio de esta parte, es incorrecto y vulnera el Derecho y jurisprudencia de la Unión conforme se cita en el motivo correspondiente.

               9.

               En el quinto motivo Inditex alega que el Tribunal General, en el apartado 35 de la sentencia recurrida, desnaturalizó los términos de la declaración jurada de 7 de mayo de 2012 de D. Antonio Abril, al interpretar los datos cuantificados en el apartado 18 de la declaración como acreditativos de la realidad de la explotación comercial de la marca controvertida por lo que respecta a la comercialización de los productos, cuando, en realidad, las cantidades que aparecen en dicho documento se refieren únicamente a las cantidades ingresadas por Inditex de sus franquiciados por la prestación de servicios de transporte por parte de aquella compañía a estos últimos.

               10.

               Por último, en el sexto motivo se alega error de Derecho por infracción del artículo 51.1.a) RMC 207/2009, en relación con la Regla 22 del Reglamento 2868/1995 (2), por cuanto, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General exigió a Inditex una probatio diabólica al negar que se hubiera aportado pruebas sobre el volumen de negocio en la medida en que no se aportaron facturas y ello pese a que el Tribunal General era consciente de la imposibilidad de Inditex de aportar tales facturas por tratarse de documentos inexistentes a causa de los motivos que se apuntan en el citado motivo del recurso.

      (1)  Reglamento (CE) no. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) DO L 78, p. 1.

      (2)  Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas, de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria DO L 303, p. 1.


title: Asunto C-95/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017 — H&R ChemPharm GmbH/Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo de las ceras de parafina y mercado alemán de la slack wax — Fijación de los precios y reparto de mercados — Obligación de motivación — Prueba de la infracción — Desnaturalización de las pruebas — Reglamento (CE) n.° 1/2003 — Artículo 23, apartado 3 — Cálculo del importe de la multa — Directrices de 2006 para el cálculo del importe de las multas — Principio de proporcionalidad)

text:
               10.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017 — H&R ChemPharm GmbH/Comisión Europea
   (Asunto C-95/15 P) (1)

   ((Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo de las ceras de parafina y mercado alemán de la slack wax - Fijación de los precios y reparto de mercados - Obligación de motivación - Prueba de la infracción - Desnaturalización de las pruebas - Reglamento (CE) n.o 1/2003 - Artículo 23, apartado 3 - Cálculo del importe de la multa - Directrices de 2006 para el cálculo del importe de las multas - Principio de proporcionalidad))
   (2017/C 112/07)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: H&R ChemPharm GmbH (representantes: M. Klusmann, Rechtsanwalt, S. Thomas, Professor)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: R. Sauer, C. Vollrath y L. Wildpanner, agentes, asistidos por A. Böhlke, Rechtsanwalt)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a H&R ChemPharm GmbH.

      (1)  DO C 138 de 27.4.2015.


title: Asunto C-205/14: Recurso interpuesto el 24 de abril de 2014  — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               7.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/18

         Recurso interpuesto el 24 de abril de 2014 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-205/14)
   2014/C 212/20
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Guerra e Andrade y F. Wilman, agentes)

      Demandada: República Portuguesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) no 95/93 (1), al no haber garantizado la independencia funcional y financiera de la entidad coordinadora de las franjas horarias.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

      Motivos y principales alegaciones

   En Portugal, la entidad coordinadora de las franjas horarias es la sociedad ANA, sociedad mercantil privada gestora de los aeropuertos, por lo que no reúne los requisitos de independencia previstos en el Reglamento (CEE) no 95/93.
   Dado que la División de coordinación nacional de franjas horarias está integrada en ANA y depende exclusivamente de esta sociedad, no se da la situación de independencia funcional ni de independencia financiera que exige la normativa de la Unión.

      (1)  Reglamento (CEE) no 95/93, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO L 14, p. 1).


title: Asunto C-480/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Minister van Financiën/X BV [Código aduanero comunitario — Ámbito de aplicación de los artículos 203 y 204, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) n ° 2913/92 — Régimen de tránsito externo — Nacimiento de la deuda aduanera como consecuencia del incumplimiento de una obligación — Presentación tardía de las mercancías en la oficina de destino — Sexta Directiva IVA — Artículo 10, apartado 3 — Relación entre el nacimiento de la deuda aduanera y la deuda del IVA — Concepto de hecho imponible]

text:
               7.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Minister van Financiën/X BV
   (Asunto C-480/12) (1)

   ([Código aduanero comunitario - Ámbito de aplicación de los artículos 203 y 204, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 2913/92 - Régimen de tránsito externo - Nacimiento de la deuda aduanera como consecuencia del incumplimiento de una obligación - Presentación tardía de las mercancías en la oficina de destino - Sexta Directiva IVA - Artículo 10, apartado 3 - Relación entre el nacimiento de la deuda aduanera y la deuda del IVA - Concepto de hecho imponible])
   2014/C 212/06
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Minister van Financiën

      Demandada: X BV

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación de los artículos 203 y 204 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (DO L 302, p. 1), de los artículos 356, apartado 1, y 859, apartado 2, letra c), del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1), y del artículo 7 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Superación del plazo fijado por la oficina de partida para la presentación de las mercancías en la oficina de destino que supone el nacimiento sujeto a condición de una deuda aduanera de importación y no su nacimiento automático — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Operaciones gravadas — Concepto de importación.

      Fallo

               1)

               Los artículos 203 y 204 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, en relación con el artículo 859, número 2, letra c), del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 444/2002 de la Comisión, de 11 de marzo de 2002, deben interpretarse en el sentido de que la mera superación del plazo de presentación, establecido de conformidad con el artículo 356, apartado 1, del Reglamento no 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento no 444/2002, no da lugar a una deuda aduanera como consecuencia de la sustracción de las mercancías en cuestión a la vigilancia aduanera en el sentido del artículo 203 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 648/2005, sino a una deuda aduanera sobre la base del artículo 204 de este último Reglamento y que no es necesario, para que se origine una deuda aduanera en virtud de dicho artículo 204, que los interesados faciliten a las autoridades aduaneras información sobre las razones por las que se sobrepasó el plazo establecido de conformidad con el artículo 356 del Reglamento no 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento no 444/2002, o sobre el lugar donde han permanecido las mercancías durante el período transcurrido entre la expiración de este plazo y la fecha de la presentación efectiva de estas mercancías en la oficina de aduanas de destino.

               2)

               El artículo 7, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2004/66/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, debe interpretarse en el sentido de que se devenga el impuesto sobre el valor añadido cuando las mercancías de que se trata han abandonado los regímenes aduaneros previstos en dicho artículo, aun cuando se origine una deuda aduanera exclusivamente en virtud del artículo 204 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 648/2005.

      (1)  DO C 26 de 26.1.2013.


title: Archivo del asunto C-377/95

text:
28 . 6 . 97         1 ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                              N° C 199/ 19
              Archivo del asunto C- 18 7/95 (')                                  Archivo del asunto C-3 63/95 (M
                         ( 97/C 199/39 )                                                      ( 97/C 199/43
Mediante auto de 7 de marzo de 1997, el Presidente del             Mediante auto de 7 de marzo de 1997, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci
dido archivar el asunto C-l 87/95 ( petición de decisión pre      dido archivar el asunto C-363/95 ( petición de decisión pre
judicial de la Pretura circondariale di Roma, sezione dis         judicial de la Pretura circondariale di Roma, sezione dis
taccata di Tivoli ): Proceso penal seguido contra Angelo           taccata di Tivoli ): Proceso penal seguido contra Giuseppe
Deodati y Aldo Luchini .                                           Tancredi .
(>) DO n° C 208 de 12 . 8 . 1995 .                                 (M DO n° C 16 de 20 . 1 . 1996 .
              Archivo del asunto C-331/95 ( : )
                                                                                Archivo del asunto C-3 77/95 (')
                         ( 97/C 199/40 )
                                                                                97/C 199/44 )
Mediante auto de 7 de marzo de 1997, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci          Mediante auto de 7 de marzo de 1997, el Presidente del
dido archivar el asunto C-331 /95 ( petición de decisión pre      Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci
judicial de la Pretura circondariale di Roma, sezione dis         dido archivar el asunto C-377/95 (petición de decisión pre
taccata di Tivoli ): Proceso penal seguido contra Giuseppe         judicial de la Pretura circondariale di Roma, sezione dis
Piccolo .                                                          taccata di Tivoli ): Proceso penal seguido contra Tersilio
                                                                   Onorati .
(') DO n° C 333 de 9 . 12 . 1995 .
                                                                   (M DO n° C 31 de 3 . 2 . 1996 .
              Archivo del asunto C-332/95 (')
                         ( 97/C 199/41 )                                         Archivo del asunto C-3 78/95 (')
                                                                                97/C 199/45
Mediante auto de 7 de marzo de 1997, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci          Mediante auto de 7 de marzo de 1997, el Presidente del
dido archivar el asunto C-332/95 (petición de decisión pre        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci
judicial de la Pretura circondariale di Roma, sezione dis         dido archivar el asunto C-378/95 ( petición de decisión pre
taccata di Tivoli ): Proceso penal seguido contra Mario            judicial de la Pretura circondariale di Roma, sezione dis
Corbo y otros .                                                    taccata di Tivoli ): Proceso penal seguido contra Palma
                                                                   Mariulli .
(') DO n° C 333 de 9 . 12 . 1995 .
                                                                   (') DO n° C 31 de 3 . 2 . 1996 .
              Archivo del asunto C-342/95 (')
                         ( 97/C 199/42                                           Archivo del asunto C-l/96 SA (M
                                                                                97/C 199/46
Mediante auto de 7 de marzo de 1997, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci
dido archivar el asunto C-342/95 ( petición de decisión pre       Mediante auto de 24 de abril de 1997, el Presidente del
judicial de la Pretura circondariale di Roma, sezione dis         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci
taccata di Tivoli ): Proceso penal seguido contra Miranda          dido archivar el asunto C-l /96 SA: Must Interim SA con
Viola .                                                            tra Comisión de las Comunidades Europeas.
(') DO n° C 333 de 9 . 12 . 1995 .                                 o DO n° C 269 de 14 . 9 . 1996 .


title: Asunto C-473/10: Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2010 — Comisión/Hungría

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/19

         Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2010 — Comisión/Hungría
   (Asunto C-473/10)
   ()
   2010/C 328/36
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: H. Støvlbæk y B.D. Simon, agentes)

      Demandada: República de Hungría

      Pretensiones de la parte demandante

               1)

               Que se declare que la República de Hungría:

                           —

                           ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE, (1) en su versión modificada, así como en virtud del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE, (2) al no haber garantizado la independencia de la adjudicación de franjas con respecto a las empresas ferroviarias;

                           —

                           ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440, en su versión modificada, así como en virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado la independencia de la tarifación con respecto a las empresas ferroviarias;

                           —

                           ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado el equilibrio financiero de los administradores de infraestructuras;

                           —

                           ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2001/14, al no haber incentivado a los administradores a reducir los costes de la puesta a disposición de infraestructura y la cuantía de los cánones de acceso;

                           —

                           ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado que el canon por utilización de acceso mínimo y acceso por la vía a instalaciones de servicio sea equivalente al coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario;

                           —

                           ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 2001/14, al no haber adoptado un sistema para incentivar a las empresas ferroviarias y al administrador de infraestructuras a reducir al mínimo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria.

               2)

               Que se condene en costas a la República de Hungría.

      Motivos y principales alegaciones

   Las Directivas 91/440 y 2001/14 tienen por objetivo garantizar a las empresas ferroviarias el acceso equitativo y no discriminatorio a las infraestructuras ferroviarias. Para la consecución de este objetivo, las Directivas citadas disponen que los organismos que presten servicios de transporte ferroviario no pueden tomar decisiones relacionadas con la adjudicación de franjas y que un organismo independiente debe encargarse de la adjudicación de capacidad de infraestructura. Si una empresa ferroviaria lleva a cabo la gestión del tráfico, obtiene necesariamente una ventaja competitiva, porque, para el cumplimiento de esas tareas de gestión, debe contar con información detallada sobre los servicios que prestan las empresas ferroviarias, su volumen y su horario.
   La interposición del presente recurso viene motivada, entre otras razones, por el hecho de que en Hungría, en contra de lo establecido en las Directivas mencionadas, la gestión del tráfico ferroviario queda a cargo de organismos que prestan servicios de transporte ferroviario.
   No puede considerarse que la gestión del tráfico sea una actividad de administración de la infraestructura no relacionada con la adjudicación de franjas o de capacidad, dado que quien la lleva a cabo necesariamente participa en los procedimientos decisorios relativos a tal adjudicación. Por un lado, el gestor del tráfico debe estar al tanto de las decisiones de adjudicación de capacidad para poder desarrollar su actividad de gestión; por otro lado, en caso de perturbación del tráfico o de emergencia ha de ejecutar las medidas que resulten necesarias para el restablecimiento de la circulación en los términos programados, lo que implica necesariamente una nueva adjudicación de la capacidad de red y las franjas disponibles.
   Se infringe el principio de independencia de la gestión del tráfico en la medida en que en Hungría las empresas ferroviarias expiden facturas detalladas sobre los cánones por utilización de infraestructuras. Dado que las facturas detalladas se refieren necesariamente, entre otros extremos, a los servicios utilizados por determinadas empresas ferroviarias, así como a su volumen y horario, proporcionan a las empresas que las expiden una ventaja competitiva.
   Además del incumplimiento de la exigencia de independencia de la adjudicación de franjas, la República de Hungría también ha incumplido las obligaciones derivadas de las Directivas 91/440 y 2001/14, en la medida en que:

               —

               no ha establecido los requisitos necesarios para garantizar el equilibrio financiero de los administradores de infraestructuras;

               —

               no ha adoptado las medidas necesarias para obligar a los administradores de infraestructuras a reducir los cánones de acceso a la red y los costes de gestión;

               —

               no ha adoptado las medidas de ejecución necesarias para garantizar la aplicación del principio de coste directo en la determinación de los cánones de acceso por la vía a instalaciones de servicio y, por último,

               —

               no ha adoptado un sistema de medidas para incentivar a las empresas ferroviarias y al administrador de infraestructuras a reducir al mínimo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria.

      (1)  Directiva del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25).

      (2)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75, p. 29).


title: Asunto C-252/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de mayo de 2007 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — Thames Water Utilities Ltd, Regina/South East London Division, Bromley Magistrates' Court (Residuos — Directivas 75/442/CEE, 91/156/CEE y 91/271/CEE — Aguas residuales procedentes de fugas en una red de alcantarillado — Calificación — Ámbito de aplicación de las Directivas 75/442/CEE y 91/271/CEE)

text:
               23.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 140/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de mayo de 2007 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — Thames Water Utilities Ltd, Regina/South East London Division, Bromley Magistrates' Court
   (Asunto C-252/05) (1)

   (Residuos - Directivas 75/442/CEE, 91/156/CEE y 91/271/CEE - Aguas residuales procedentes de fugas en una red de alcantarillado - Calificación - Ámbito de aplicación de las Directivas 75/442/CEE y 91/271/CEE)
   (2007/C 140/04)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Thames Water Utilities Ltd, Regina

      Demandada: South East London Division, Bromley Magistrates' Court

      En el que participa: Environment Agency
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretación de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135, p. 40) y de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32) — Concepto de residuos — Aguas procedentes de fugas en la red de alcantarillado.
   Fallo

               1)

               Constituyen residuos en el sentido de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, las aguas residuales procedentes de fugas en una red de alcantarillado gestionada por una empresa pública de tratamiento de aguas residuales con arreglo a la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y a la normativa por la que se adaptó el Derecho interno a esta última Directiva.

               2)

               La Directiva 91/271 no constituye «otra legislación» a efectos del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 75/442, en su versión modificada por la Directiva 91/156. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, de conformidad con los criterios definidos en la presente sentencia, si cabe considerar que la legislación nacional constituye «otra legislación» a efectos de dicha disposición. Éste será el caso cuando la legislación nacional contenga disposiciones precisas que regulen la gestión de los residuos de que se trate y pueda garantizar un nivel de protección del medio ambiente equivalente al garantizado por la Directiva 75/442, en su versión modificada por la Directiva 91/156, y más en particular por sus artículos 4, 8 y 15.

               3)

                  En lo que respecta a la gestión de las aguas residuales procedentes de fugas en una red de alcantarillado, la Directiva 91/271 no puede ser considerada lex specialis en relación con la Directiva 75/442, en su versión modificada por la Directiva 91/156, por lo que no resulta aplicable en virtud del artículo 2, apartado 2, de esta misma Directiva.

      (1)  DO C 205 de 20.8.2005.


title: Asunto T-339/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2008 — Grecia/Comisión ( Agricultura — Organización común del mercado vitivinícola — Ayudas a la reestructuración y a la reconversión de viñedos — Reglamento (CE) n o  1493/1999 — Fijación de las asignaciones financieras definitivas concedidas a los Estados miembros — Decisión 2006/669/CE — Carácter vinculante del plazo previsto en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) n o  1227/2000 — Principios de cooperación leal, de buena fe y de buena administración, de proporcionalidad y de efecto útil )

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/28

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2008 — Grecia/Comisión
   (Asunto T-339/06) (1)

   («Agricultura - Organización común del mercado vitivinícola - Ayudas a la reestructuración y a la reconversión de viñedos - Reglamento (CE) no 1493/1999 - Fijación de las asignaciones financieras definitivas concedidas a los Estados miembros - Decisión 2006/669/CE - Carácter vinculante del plazo previsto en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1227/2000 - Principios de cooperación leal, de buena fe y de buena administración, de proporcionalidad y de efecto útil»)
   (2009/C 32/52)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: República Helénica (representantes: I. Chalkias y S. Papaioannou, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: H. Tserepa-Lacombe, M. Konstantinidis y F. Jimeno Fernández, agentes)
   Objeto
   Anulación de la Decisión 2006/669/CE de la Comisión, de 4 de octubre de 2006, por la que se fijan para el ejercicio financiero de 2006 las asignaciones financieras definitivas a los Estados miembros, para un determinado número de hectáreas, con vistas a la reestructuración y reconversión de viñedos en virtud del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo (DO L 275, p. 62).
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 326 de 30.12.2006.


title: Asunto C-295/07 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de junio de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) el 29 de marzo de 2007 en el asunto T-369/00, Département du Loiret (Francia), apoyado por Scott SA/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/19

         Recurso de casación interpuesto el 20 de junio de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) el 29 de marzo de 2007 en el asunto T-369/00, Département du Loiret (Francia), apoyado por Scott SA/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-295/07 P)
   (2007/C 211/36)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: J. Flett, agente)

      Otras partes en el procedimiento: Département du Loiret y Scott SA
   Pretensiones

               —

               Que se estime el recurso de casación y, en consecuencia, se anule la sentencia impugnada en su totalidad.

               —

               Que se resuelva definitivamente el litigio, declarando que la Decisión 2002/14/CE (1) está suficientemente motivada en cuanto se refiere a la utilización de un tipo de interés compuesto, o, en su defecto, si el Tribunal de Justicia considerase que el estado del asunto no lo permite, que se remitan los autos al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie.

               —

               Que se condene a la demandante a soportar sus propias costas y las de la Comisión en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Que se condene a Scott SA a soportar sus propias costas en ambos procedimientos.

         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente invoca ocho motivos en apoyo de su recurso de casación, sosteniendo, con carácter preliminar, que la sentencia impugnada se basa en una visión errónea de las normas comunitarias en materia de ayudas estatales, que el Tribunal de Primera Instancia asimila, equivocadamente, a normas sobre competencia entre empresas, en el momento de la orden de recuperación de la ayuda ilegal, y no a normas sobre competencia entre Estados miembros en el momento de la concesión efectiva de dicha ayuda.
   Mediante su primer motivo, la recurrente alega que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia impugnada, una decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda ilegalmente concedida está suficientemente motivada si un simple cálculo matemático permite comprobar qué método de cálculo se ha empleado. Pues bien, según ella, esto es precisamente lo que ocurre en el caso de autos, puesto que todos los datos importantes relativos al importe de la ayuda concedida, al tipo de interés, a la duración y a la cantidad que había de recuperarse figuraban en su Decisión.
   Mediante su segundo motivo, la recurrente afirma que, en cualquier caso, la utilización de un tipo de interés compuesto se hallaba, cuando menos, implícita en la motivación de su Decisión, habida cuenta de los objetivos declarados de eliminar las ventajas resultantes de la ayuda y de restablecer la situación preexistente. Desde esta perspectiva, el tipo de interés aplicable a la cantidad por recuperar debería necesariamente ser un tipo de interés compuesto para tener en cuenta la inflación y la ventaja que acumula el beneficiario de la ayuda con el tiempo.
   Mediante su tercer motivo, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al invertir, en perjuicio suyo, la carga de la prueba. En efecto, según ella, es a la demandante en primera instancia a quien corresponde probar la modificación que alega de la práctica de la Comisión relativa al tipo de interés aplicable a las órdenes de recuperación de ayudas ilegales, y no a ésta probar la inexistencia de tal modificación.
   Mediante su cuarto motivo, la recurrente estima que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar que ella no precisó en qué aspecto la sociedad beneficiaria de la ayuda seguía manteniendo una ventaja en la fecha de la orden de recuperación de dicha ayuda. Según la recurrente, es en la fecha de concesión de la ayuda cuando ella debe probar la existencia de dicha ventaja, no en la fecha de su recuperación.
   Mediante sus motivos quinto y sexto, la Comisión reprocha al Tribunal de de Primera Instancia que se basase en especulaciones y no en pruebas en lo que respecta al precio de venta de la sociedad beneficiaria de la ayuda a otra sociedad, y que declarase que dicho precio de venta, 11 años después de la concesión de la ayuda, era un factor que la Comisión debería haber tenido en cuenta para fijar el importe a recuperar. Según ella, en efecto, en el ámbito de las ayudas estatales, el objetivo consiste en restablecer la situación anterior y el importe de la ayuda que ha de recuperarse corresponde, por lo tanto, necesariamente al importe inicialmente concedido más un interés anual compuesto hasta su recuperación efectiva, con independencia de lo que el beneficiario de la ayuda haya hecho de ésta durante ese intervalo de tiempo.
   Mediante su séptimo motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al declarar que la circunstancia de que la recuperación de la ayuda deba llevarse a cabo con arreglo a las normas nacionales implica necesariamente que los intereses deban calcularse a un tipo simple. Si bien es cierto que el principal y los intereses deben recuperarse con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, la imposición de un tipo de interés, al igual que la cuestión de si dicho tipo debe ser simple o compuesto, pertenecen al ámbito del Derecho comunitario y no al del Derecho nacional.
   Mediante su octavo motivo, la Comisión alega, por último, que la sentencia impugnada es totalmente desproporcionada en la medida en que anula íntegramente su Decisión, mientras que, según ella, podría haberse distinguido entre el importe principal y el importe correspondiente a los intereses, al igual que podría haberse distinguido entre la utilización de un tipo de interés simple y la de un tipo de interés compuesto.

      (1)  Decisión 2002/14/CE de la Comisión, de 12 de julio de 2000, sobre la ayuda estatal ejecutada por Francia en favor de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (DO 2002, L 12, p. 1).