title: Asunto C-466/04: Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social, dictado el 1 de octubre de 2004, en el asunto entre Manuel Acereda Herrera y el Servicio Cántabro de Salud

text:
               22.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/12

         Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social, dictado el 1 de octubre de 2004, en el asunto entre Manuel Acereda Herrera y el Servicio Cántabro de Salud
   (Asunto C-466/04)
   (2005/C 19/25)
   Lengua de procedimiento: español
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social, dictado el 1 de octubre de 2004, en el asunto entre Manuel Acereda Herrera y el Servicio Cántabro de Salud, y recibido en la Secretaría del Tribunal el 3 de noviembre de 2004.
   El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1.

               ¿Han de interpretarse los artículos 22.1.c, 22.2 y 36 del Reglamento (CEE) no 1408/1971 del Consejo, de 14 de junio de 1971, en la versión del mismo dada por el texto consolidado aprobado por Reglamento (CE) 118/1997 (1), también del Consejo, en el sentido de que la concesión por la institución competente de la autorización para desplazarse al territorio de otro Estado miembro para recibir en el mismo la asistencia sanitaria apropiada conlleva el derecho del beneficiario al reembolso de los gastos de desplazamiento, estancia y/o manutención en el territorio del Estado miembro al que se desplaza por cuenta de la institución que concedió al autorización?

               2.

               En el caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Resulta del Derecho comunitario alguna norma o criterio con arreglo a los cuáles hayan de fijarse los gastos objeto de compensación y su importe?

               3.

               En el caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Es compatible con la distribución de competencias entre los Estados miembros y las Instituciones de la Comunidad previstas en el Tratado de la Comunidad Europea y, en concreto, con su artículo 10 (antiguo artículo 5), así como con la naturaleza jurídica de los Reglamentos comunitarios prevista en el artículo 249 del Tratado (antiguo artículo 189), el que un Estado miembro desarrolle mediante su normativa nacional las disposiciones de un Reglamento comunitario, dictando normas adicionales que complementan el contenido del mismo, mediante las cuales introduce una regulación diferenciada en relación con supuestos que en el Reglamento tienen el mismo régimen jurídico, de forma que desincentiva el recurso de los ciudadanos a determinadas facultades y derechos que les ofrece la norma comunitaria?. En concreto: ¿Es compatible con el Tratado de la Comunidad Europea y con el Reglamento (CEE) no 1408/71, del Consejo, el que el Reino de España mantenga disposiciones de Derecho interno que concedan a los beneficiarios de la Seguridad Social derechos prestacionales adicionales sobre los conferidos en el artículo 22 de dicho Reglamento, pero diferenciando entre los distintos supuestos contenidos en el mismo, de forma que sólo se dejen de conceder dichas prestaciones adicionales en el caso de la letra c del número 1, sin que parezca existir una justificación objetiva, proporcionada y razonable de dicha diferenciación?.

               4.

               En todo caso:

                           a)

                           ¿Es compatible con la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad establecida por el artículo 12 del Tratado de la Comunidad Europea una norma nacional como la contenida en el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, que, al derogar el artículo 18.3 del Decreto 2766/1967, suprime la posibilidad de los beneficiarios del sistema público de Seguridad Social español de obtener el reembolso de gastos de la prestación de asistencia sanitaria por empresas o profesionales sanitarios establecidos en territorio español en el caso de que la prestación a la que tengan derecho no les sea prestada por el sistema público en un plazo razonable, habida cuenta de su estado y de la evolución probable de su enfermedad, mientras que la entidad gestora del Sistema de Seguridad Social está obligada a autorizar que el beneficiario reciba esa prestación en tales casos de empresas o profesionales sanitarios establecidos en el territorio de otros Estados miembros distintos a España?

                           b)

                           ¿Es compatible con la libre prestación de servicios garantizada por los artículos 49 y siguientes del Tratado de la Comunidad Europea una norma nacional como la contenida en el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, que, al derogar el artículo 18.3 del Decreto 2766/1967, suprime la posibilidad de los beneficiarios del sistema público de Seguridad Social español de obtener el reembolso de gastos de la prestación de asistencia sanitaria por empresas o profesionales sanitarios establecidos en territorio español en el caso de que la prestación a la que tengan derecho no les sea prestada por el sistema público en un plazo razonable, habida cuenta de su estado y de la evolución de su enfermedad, mientras que la entidad gestora del sistema de Seguridad Social está obligada a autorizar que el beneficiario reciba esa prestación en tales casos de empresas o profesionales sanitarios establecidos en el territorio de otros Estados miembros distintos a España?

                           c)

                           ¿Es compatible con las normas sobre competencia de los artículos 81, 82 y 87 del Tratado de la Comunidad Europea una norma nacional como la contenida en el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, que, al derogar el artículo 18.3 del Decreto 2766/1967, suprime la posibilidad de los beneficiarios del sistema público de Seguridad Social español de obtener el reembolso de gastos de la prestación de asistencia sanitaria por empresas o profesionales sanitarios establecidos en territorio español en el caso de que la prestación a la que tengan derecho no les sea prestada por el sistema público en un plazo razonable, habida cuenta de su estado y de la evolución probable de su enfermedad, mientras que la entidad gestora del sistema de Seguridad Social está obligada a autorizar que el beneficiario reciba esa prestación en tales casos de empresas o profesionales sanitarios establecidos en el territorio de otros Estados miembros distintos a España?

      (1)  De 2 de diciembre de 1996 por el que se modifica y actualiza el Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) no 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71, DO L 28, de 30.1.1997, p. 1.


title: Asunto T-155/15: Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2015 — Kaddour/Consejo

text:
               8.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/23

         Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2015 — Kaddour/Consejo
   (Asunto T-155/15)
   (2015/C 190/27)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (representantes: A. Boesch, D. Amaudruz y M. Ponsard, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Ordene incorporar al presente procedimiento los autos del procedimiento T-654/11.

               —

               Reserve al demandante el derecho de presentar escrito de réplica y el de aportar nuevos documentos y proponer testigos en ese momento.

               —

               Anule, en la medida en que dichos actos se refieren a la parte demandante:

                           —

                           El Reglamento de Ejecución (UE) no 2015/108 del Consejo, de 26 de enero de 2015.

                           —

                           La Decisión de Ejecución (PESC) no 2015/117 del Consejo, de 26 de enero de 2015.

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos que son esencialmente idénticos o similares a los invocados en el asunto T-653/11, Jaber/Consejo (1).

      (1)  DO 2012, C 58, p. 12.


title: Asunto C-518/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Cour d'appel de Bruxelles, de fecha 22 de diciembre de 1999, en el asunto entre Richard Gaillard y Alaya Chekili

text:
C 63/18                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          4.3.2000
de asignaciones de asistencia) está incluida en su ámbito de          El Gobierno francés sostiene que la Comisión no respetó el
aplicación y, consiguientemente, constituye una prestación            principio de precaución, limitándose a citar las conclusiones
especial no contributiva en el sentido del artı́culo 4, aparta-         del CCD sin examinar siquiera la necesidad de nuevas medidas
do 2 a) del reglamento, de forma que procede aplicar exclusiva-         y confundiendo «la evaluación del riesgo» con «la gestión del
mente el régimen de coordinación creado por el artı́culo 10            riesgo». El Gobierno francés sostiene que la Comisión no
bis de dicho Reglamento al supuesto de una persona que,                 analizó aquellos informes cientı́ficos relativos a la encefalopatı́a
como sucede en el caso de la demandante, cumple desde el 1              espongiforme bovina (EEB) que, aun siendo minoritarios,
de junio de 1992 los requisitos para la concesión de dicha             reflejaban la incertidumbre en cuanto a la existencia o alcance
asignación?                                                            de los riesgos para la salud de las personas (y especialmente el
                                                                        dictamen de la Agence française pour la sécurité sanitaire des
                                                                        aliments (AFSSA) y el documento de los expertos sobre las
(1) DO L 149, 5.7.1971, p. 2; EE 05/01, p. 98.                          encefalopatı́as espongiformes subagudas transmisibles (EEST)
(2) DO L 230, 22.8.1983, p. 6; EE 05/03, p. 53.                         que se adjuntaba); que la Comisión no tomó las medidas de
(3) DO L 136, 19.5.1992, p. 1.                                          protección adecuadas, que procedı́a adoptar sin esperar a
                                                                        que hubieran sido plenamente demostradas la realidad y la
                                                                        gravedad de los referidos riesgos; que, al negarse a modificar o
                                                                        a revocar su decisión de levantar el embargo sobre la carne de
                                                                        bovino británica a partir del 1 de agosto de 1999, la Comisión
                                                                        violó el principio de precaución, tal como resulta del Tratado
                                                                        y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por consiguiente,
                                                                        la decisión de la Comisión infringe los Tratados, incurre en
Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 1999 contra la                irregularidades de procedimiento y adolece de un defecto de
Comisión de las Comunidades Europeas por la República                 motivación.
                             Francesa
                                                                        (1) DO L 195 de 28.07.1999: Decisión 1999/514/CE de la Comisión,
                        (Asunto C-514/99)                                   de 23 de julio de 1999, por la que se fija la fecha en la que, de
                                                                            conformidad con el apartado 5 del artı́culo 6 de la Decisió-
                                                                            n 98/256/CE, puede iniciarse la expedición desde el Reino Unido
                          (2000/C 63/33)                                    de productos bovinos con arreglo al régimen de exportación
                                                                            basado en una fecha (DO L 113, p. 33).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 29 de diciembre de 1999 un recurso contra la
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
República Francesa, representada por el Sr. Rony Abraham,
directeur des affaires juridiques del ministère des Affaires
étrangères, y por las Sras. Kareen Rispal-Bellanger, sous-direc-
tor y Régine Loosli-Surrans, chargé de mission, de ese mismo            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Ministerio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio           lución de la Cour d’appel de Bruxelles, de fecha 22 de
en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 8 b,                   diciembre de 1999, en el asunto entre Richard Gaillard y
boulevard Joseph II.                                                                              Alaya Chekili
La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que:                                   (Asunto C-518/99)
— Anule la decisión de la Comisión por la que ésta se negó a                                  (2000/C 63/34)
     modificar o a revocar la Decisión 1999/514/CE (1).
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidas Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Motivos y principales alegaciones                                       resolución de la Cour d’appel de Bruxelles, dicatada el 22 de
                                                                        diciembra de 1999, en el asunto entre Richard Gaillard y Alaya
                                                                        Chekili, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 31
El recurso se dirige contra una decisión de la Comisión que se        de dicembre de 1999. La Cour d’appel de Bruxelles solicita al
conoció en virtud de la declaración del Comisario Byrne de            Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
29 de octubre de 1999, en la que éste estimó que, a raı́z del          cuestión:
dictamen del Comité Cientı́fico Director (CCD) emitido ese
mismo dı́a, no resultaba necesario «volver a examinar la
                                                                        La acción de resolución de la venta de un inmueble y de
decisión de levantar el embargo sobre las exportaciones de
                                                                        indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por esta
carne de bovino británica», y sobre todo en virtud de la
                                                                        resolución, constituye una acción «en materia de derechos
decisión de 17 de noviembre de 1999, por la cual la Junta de
                                                                        reales immobiliarios», en el sentido del artı́culo 16 del Conve-
Comisarios requirió a Francia para que se atuviera a la
                                                                        nio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
Decisión 1999/514/CE y levantara el embargo. El recurso se
                                                                        resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en
basa, con carácter principal, en la violación del principio de
                                                                        Bruselas el 26 de septiembre de 1968.
precaución por parte de la Comisión, y, con carácter subsidia-
rio, en el carácter inadecuado del procedimiento seguido y en
la motivación insuficiente de la decisión impugnada.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de enero de 2004 en los asuntos acumulados T-146/02 a T-153/02: Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

text:
               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/39

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 28 de enero de 2004
   en los asuntos acumulados T-146/02 a T-153/02: Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   (Marca comunitaria - Marca tridimensional - Forma de un envase de bebida - Bolsa que se tiene en pie - Motivos de denegación absolutos - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no<HT TYPE="SUP">o</HT> 40/94 - Imperativo de disponibilidad del signo)
   (2004/C 94/112)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En los asuntos acumulados T-146/02 a T-153/02, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, con domicilio social en Eppelheim (Alemania), representada por el Sr. A. Franke, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agente: Sr. G. Schneider), que tienen por objeto sendos recursos de anulación de las resoluciones de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 28 de febrero de 2002 (asuntos R 719/1999-2 a R 724/1999-2, R 747/1999-2 y R 748/1999-2), relativas al registro de marcas tridimensionales (bolsas que se tienen en pie), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 28 de enero de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar los recursos.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 180 de 27.7.2002.


title: Asunto T-712/13: Sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2014  — Monster Energy/OAMI (REHABILITATE) [ «Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa REHABILITATE — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/52

         Sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2014 — Monster Energy/OAMI (REHABILITATE)
   (Asunto T-712/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria denominativa REHABILITATE - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 046/66)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Monster Energy Company (Corona, California, Estados Unidos) (representante: P. Brownlow, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 17 de octubre de 2013 (asunto R 609/2013-1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo REHABILITATE como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Monster Energy Company.

      (1)  DO C 61, de 1.3.2014.


title: Asunto C-546/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de enero de 2010 — Comisión Europea/República Federal de Alemania (Incumplimiento de Estado — Libre prestación de servicios — Artículo 49 CE — Anexo XII al Acta de adhesión — Lista contemplada en el artículo 24 del Acta de adhesión: Polonia — Capítulo 2, apartado 13 — Posibilidad de que la República Federal de Alemania establezca una excepción al artículo 49 CE, apartado 1 — Cláusula de statu quo — Convenio intergubernamental de 31 de enero de 1990 entre la República Federal de Alemania y la República de Polonia relativo al desplazamiento de trabajadores de empresas polacas para la ejecución de contratos de obra — Exclusión de la posibilidad de que empresas establecidas en otros Estados miembros celebren con empresas polacas contratos de obra relativos a obras que deben efectuarse en Alemania — Extensión de las restricciones en la fecha en que se firmó el Tratado de adhesión en relación con el acceso de los trabajadores polacos al mercado laboral alemán)

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de enero de 2010 — Comisión Europea/República Federal de Alemania
   (Asunto C-546/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Libre prestación de servicios - Artículo 49 CE - Anexo XII al Acta de adhesión - Lista contemplada en el artículo 24 del Acta de adhesión: Polonia - Capítulo 2, apartado 13 - Posibilidad de que la República Federal de Alemania establezca una excepción al artículo 49 CE, apartado 1 - Cláusula de statu quo - Convenio intergubernamental de 31 de enero de 1990 entre la República Federal de Alemania y la República de Polonia relativo al desplazamiento de trabajadores de empresas polacas para la ejecución de contratos de obra - Exclusión de la posibilidad de que empresas establecidas en otros Estados miembros celebren con empresas polacas contratos de obra relativos a obras que deben efectuarse en Alemania - Extensión de las restricciones en la fecha en que se firmó el Tratado de adhesión en relación con el acceso de los trabajadores polacos al mercado laboral alemán)
   2010/C 63/04
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Traversa y P. Dejmek, agentes)

      Demandada: República Federal de Alemania (representantes: J. Möller, M. Lumma y C. Blaschke, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandante: República de Polonia (representante: M. Dowgielewicz, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Incumplimiento del artículo 49 CE y del anexo XII (Lista contemplada en el artículo 24 del Acta de adhesión: Polonia), capítulo 2 (Libre circulación de personas), punto 13, del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003, L 236, p. 875) — Interpretación y aplicación, por las autoridades administrativas nacionales, del Convenio de 31 de enero de 1990, celebrado entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Polonia, relativo al desplazamiento de trabajadores de empresas polacas para la ejecución de contratos de empresas — Exclusión de la posibilidad de las empresas establecidas en otros Estados miembros de celebrar contratos de empresas con empresas polacas en relación con obras que deban realizarse en Alemania — Extensión de las restricciones existentes en la fecha de la firma del Tratado de adhesión en relación con el acceso al mercado de trabajo de los trabajadores polacos con un contrato de duración determinada («Werkvertragsarbeitnehmer»).

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE al interpretar, en su práctica administrativa, el concepto «empresa de la otra parte», empleado en el artículo 1, apartado 1, del Convenio de 31 de enero de 1990 entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Polonia relativo al desplazamiento de trabajadores de empresas polacas para la ejecución de contratos de obra, en su versión modificada el 1 de marzo y el 30 de abril de 1993, en el sentido de «empresa alemana».

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión Europea y la República Federal de Alemania cargarán con sus propias costas.

               4)

               La República de Polonia cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 64, de 8.3.2008.


title: Asunto C-66/07: Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda

text:
               24.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/14

         Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda
   (Asunto C-66/07)
   (2007/C 69/33)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Stromsky y D. Lawunmi, agentes)

      Demandada: Irlanda
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3 de la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a Irlanda.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva finalizó el 30 de octubre de 2005.

      (1)  DO L 136, p. 34.


title: Asunto C-387/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — VAEX Varkens- en Veehandel BV/Productschap Vee en Vlees [Procedimiento prejudicial — Agricultura — Reglamento (CE) n ° 612/2009 — Restituciones por exportación — Reglamento (CE) n ° 376/2008 — Régimen de certificados de exportación — Declaración de exportación presentada antes de la expedición del certificado de exportación — Exportación realizada durante el período de validez del certificado de exportación — Rectificación de las irregularidades]

text:
               22.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — VAEX Varkens- en Veehandel BV/Productschap Vee en Vlees
   (Asunto C-387/13) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Agricultura - Reglamento (CE) no 612/2009 - Restituciones por exportación - Reglamento (CE) no 376/2008 - Régimen de certificados de exportación - Declaración de exportación presentada antes de la expedición del certificado de exportación - Exportación realizada durante el período de validez del certificado de exportación - Rectificación de las irregularidades])
   (2014/C 462/14)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   College van Beroep voor het bedrijfsleven

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: VAEX Varkens- en Veehandel BV

      Demandada: Productschap Vee en Vlees

      Fallo

               1)

               Las disposiciones del Reglamento (CE) no 612/2009 de la Comisión, de 7 de julio de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, y de los Reglamentos (CE) no 376/2008 de la Comisión, de 23 de abril de 2008, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, y (CE) no 382/2008 de la Comisión, de 21 de abril de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importación y exportación en el sector de la carne de vacuno, deben interpretarse en el sentido de que se oponen, en principio, al pago de una restitución por exportación y a la devolución de la garantía constituida a este respecto cuando el exportador de que se trate no dispusiera de un certificado de exportación válido en el momento de la aceptación de la declaración de exportación aunque la exportación efectiva de las mercancías en cuestión haya tenido lugar durante el período de validez de un certificado de exportación expedido a dicho exportador.

               2)

               Las disposiciones del Reglamento no 612/2009 y de los Reglamentos nos 376/2008 y 382/2008, en relación con el artículo 78 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a una regularización a posteriori de la declaración de exportación que permita la imputación de la operación de que se trate al certificado de exportación, el pago de la restitución por exportación sobre la base de éste y, en su caso, la devolución de la garantía constituida.

      (1)  DO C 274, de 21.9.2013.


title: Asunto C-325/02: Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2002 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
26.10.2002             ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 261/9
2.    Condene en costas a Irlanda.                                    La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                      de Justicia que:
                                                                      —     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
                                                                            plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
Motivos y principales alegaciones                                           Directiva 98/81/CE del Consejo, de 26 de octubre de
                                                                            1997, por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE
La Comisión alega que:                                                      relativa a la utilización confinada de microorganismos
                                                                            modificados genéticamente (1), al haberse limitado a
                                                                            adaptar el Derecho interno a una parte del artículo 1 y a
—     Irlanda ha infringido el artículo 9, apartado 2, del                  los anexos IV y V de dicha Directiva, o, en cualquier caso,
      Reglamento no 3760 al no haber adoptado disposiciones                 al no haber comunicado a la Comisión otras medidas de
      detalladas para la utilización adecuada de la cuota que se            adaptación.
      le había atribuido. Tales disposiciones deberían haber
      permitido a Irlanda garantizar que no se pescaba en
      exceso y que se respetaban las cuotas en todo momento.          —     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
—     Irlanda no veló por el cumplimiento de las normas
      comunitarias en materia de control, en contra de lo
      dispuesto en el artículo 2 del Reglamento no 2487/93.           Motivos y principales alegaciones
—     Irlanda no cumplió la obligación impuesta en el artí-
      culo 21 del Reglamento no 2487/93 de prohibir la pesca          El artículo 249 CE, a tenor del cual una Directiva obliga al
      provisionalmente cuando se consideró agotada la cuota           Estado destinatario en cuanto al resultado que debe conseguir-
      que se le había atribuido.                                      se, implica la obligación de los Estados miembros de atenerse
                                                                      a los plazos de adaptación del Derecho interno fijados en las
                                                                      Directivas.
—     Al no incoar procedimientos penales o administrativos
      contra los capitanes de buques u otros responsable con el
      fin de impedir que se rebasaran las cuotas, Irlanda no ha
                                                                      La Comisión constata que, a pesar de la expiración de los
      cumplido completamente las obligaciones impuestas en
                                                                      plazos fijados, el Gran Ducado de Luxemburgo sólo ha llevado
      el artículo 31 del Reglamento no 2847/93.
                                                                      a cabo una adaptación parcial de su Derecho interno a la
                                                                      Directiva mencionada en las conclusiones de la Comisión,
                                                                      limitada a una parte de su artículo 1 y a sus anexos IV y V.
( 1) DO L 389 de 31.12.1992, p. 1.
( 2) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
                                                                      (1 ) DO L 330, de 5.12.1998.
Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2002 contra
el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las                   Recurso interpuesto el 18 de septiembre de 2002 contra
                    Comunidades Europeas                              la República Helénica por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                       (Asunto C-325/02)
                                                                                (Asunto C-328/02)
                         (2002/C 261/14)                                                       (2002/C 261/15)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 16 de septiembre de 2002 un recurso contra el           presentado el 18 de septiembre de 2002 un recurso contra
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de                la República Helénica, formulado por la Comisión de las
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. U. Wölker           Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Con-
y la Sra. F. Simonetti, en calidad de agente, que designa             dou-Durande, consejero jurídico del Servicio Jurídico de la
domicilio en Luxemburgo.                                              Comisión, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de septiembre de 2000 en los asuntos C-441/98 y C-442/98 (petición de decisión prejudicial planteada por Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis): Kapniki Michaïlidis EA contra Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) ("Exacciones de efecto equivalente — Exportaciones de tabacos — Cotización en favor de un fondo social")

text:
C 335/8                   ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        25.11.2000
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                       imponga al operador de que se trate la carga de probar que los
                                                                                tributos indebidamente pagados no han sido repercutidos sobre
                              (Sala Quinta)                                        otras personas y que le impida aportar elementos de prueba
                                                                                para negar una supuesta repercusión.
                   de 21 de septiembre de 2000
                                                                             (1) DO C 33 de 6.2.1999.
en los asuntos C-441/98 y C-442/98 (petición de decisión
prejudicial planteada por Dioikitiko Protodikeio Thessalo-
nikis): Kapniki Michaïlidis EA contra Idryma Koinonikon
                         Asfaliseon (IKA) (1)
(«Exacciones de efecto equivalente — Exportaciones de
      tabacos — Cotización en favor de un fondo social»)                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                           (2000/C 335/14)                                                               (Sala Quinta)
                   (Lengua de procedimiento: griego)                                            de 21 de septiembre de 2000
                                                                             en el asunto C-462/98 P: Mediocurso — Estabelecimento
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la      de Ensino Particular Ld.a contra Comisión de las Comuni-
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                                  dades Europeas (1)
En los asuntos C-441/98 y C-442/98, que tienen por objeto                    («Recurso de casación — Fondo Social Europeo — Acción de
sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo             formación — Reducción de la ayuda financiera — Derechos
al artı́culo 177 del Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE),                  de defensa — Derecho de los interesados a ser oı́dos»)
por el Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia), destinadas
a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano                                               (2000/C 335/15)
jurisdiccional entre Kapniki Michaïlidis AE e Idryma Koinoni-
kon Asfaliseon (IKA), una decisión prejudicial sobre la interpre-
tación de los artı́culos 9 y 12 del Tratado CE (actualmente
                                                                                (Lengua de procedimiento: portugués)
artı́culos 23 y 25 CE, tras su modificación) y 16 del Tratado
CE (derogado por el Tratado de Amsterdam), relativos a la
exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana, y
sobre las condiciones de devolución de un tributo recaudado                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
vulnerando el Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Sala Quinta), integrado por los Sres. D.A.O. Edward, Presi-
dente de Sala; P.J.G. Kapteyn (Ponente), P. Jann, H. Ragnemalm               En el asunto C-462/98 P, Mediocurso — Estabelecimento de
y M. Wathelet, Jueces, Abogado General: Sr. N. Fennelly,                     Ensino Particular Ld.a, con domicilio social en Lisboa (Portu-
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora; ha dictado el 21 de             gal), representada por el Sr. C. Botelho Moniz, Abogado de
septiembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                 Lisboa, que designa como domicilio en Luxemburgo el despa-
                                                                             cho de Me A. May, 398, route d’Esch, que tiene por objeto un
1)     Un tributo ad valorem sobre los productos de tabaco exportados,       recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal
       que no grava ni los mismos productos de tabaco que se                 de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala
       distribuyen en el mercado interno ni aquellos que se importan         Tercera) de 15 de septiembre de 1998, Mediocurso/Comisión
       procedentes de otro Estado miembro, debe calificarse, a pesar         (asuntos acumulados T-180/96 y T-181/96, Rec. p. II-3477),
       del objetivo social que persigue, como exacción de efecto            por el que se solicita la anulación parcial de dicha sentencia, y
       equivalente a derechos de aduana de exportación, incompatible        en el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las
       con los artı́culos 9 y 12 del Tratado CE (actualmente artı́-          Comunidades Europeas (Agentes: Sra. M.T. Figueira y Sr. K. Si-
       culos 23 y 25 CE, tras su modificación) y 16 del Tratado CE          monsson), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por
       (derogado por el Tratado de Amsterdam), salvo que el gravamen         los Sres.: D.A.O. Edward, Presidente de Sala; L. Sevón, P. Jann,
       supuestamente comparable percibido sobre los productos nacio-         H. Ragnemalm (Ponente) y M. Wathelet, Jueces; Abogado
       nales se aplique con igual tipo impositivo, en la misma fase de       General: Sr. J. Mischo, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el
       comercialización y en razón de idéntico hecho imponible que un      21 de septiembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el
       tributo sobre las exportaciones como el establecido por la Ley        siguiente:
       helénica no 2348/1953.
                                                                             1)    Se anula la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
2)     Aunque el Derecho comunitario no se opone a que un Estado                   las Comunidades Europeas de 15 de septiembre de 1998,
       miembro deniegue la devolución de los tributos recaudados                  Mediocurso/Comisión (asuntos acumulados T-180/96 y
       vulnerando sus disposiciones cuando esté demostrado que dicha               T-181/96, con excepción del punto 2 del fallo, el cual estimó
       devolución producirı́a un enriquecimiento sin causa, excluye la            parcialmente el recurso de Mediocurso — Estabelecimento de
       aplicación de cualquier presunción o regla de prueba que                  Ensino Particular Ld.a en el asunto T-180/96.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de mayo de 2001 en el asunto T-60/00, Paraskevi Liaskou contra Consejo de la Unión Europea (Funcionarios — Retribución — Indemnización por expatriación — Artículo 4, apartado 1, letra a), del Anexo VII del Estatuto)

text:
11.8.2001                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 227/17
Múnich (Alemania), representado por los Sres. R. Collin y                    1)    Se desestima el recurso.
M.-C. Mitchell, abogados, que designa domicilio en Luxem-
burgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente:                  2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
Sr. E. Gippini Fournier), que tiene por objeto la anulación de
la Decisión 1999/267/CE de la Comisión, de 7 de abril de
1999, relativa a un procedimiento de aplicación del artı́culo 85             (1) DO C 135 de 13.5.2000.
del Tratado CE [IV/36147 — Código de conducta del IAA
(EPI)] (DO L 106, p. 14), el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Segunda), integrado por los Sres. A.W.H. Meij, Presidente,
A. Potocki y J. Pirrung, Jueces; Secretario: Sr. G. Herzig,
administrador, ha dictado el 28 de marzo de 2001 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Se anula el artı́culo 1 de la Decisión 1999/267/CE de la
      Comisión, de 7 de abril de 1999, relativa a un procedimiento
      de aplicación del artı́culo 85 del Tratado CE [IV/36147 —              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      Código de conducta del IAA (EPI)], en cuanto se refiere al
      artı́culo 2, letra b), punto 3, y al artı́culo 5, letra c), del código
                                                                                de 5 de abril de 2001
      de conducta del Instituto de Agentes Autorizados ante la
      Oficina Europea de Patentes.
2)    Se desestima el recurso en todo lo demás.                              en el asunto T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG
                                                                              contra Oficina de Armonización del Mercado Interior
3)    Cada parte cargará con sus propias costas, incluidas las                                (marcas, dibujos y modelos) (1)
      ocasionadas por el procedimiento de medidas provisionales.
                                                                              (Marca comunitaria — Vocablo EASYBANK — Motivos de
(1) DO C 281 de 2.10.1999.                                                    denegación absolutos — Artı́culo 7, apartado 1, letras b)
                                                                                y c), del Reglamento (CE) nº 40/94)
                                                                                (2001/C 227/33)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
                        de 3 de mayo de 2001
                                                                              En el asunto T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, con
en el asunto T-60/00, Paraskevi Liaskou contra Consejo                        domicilio social en Viena, representada por el Sr. G. Kucsko,
                        de la Unión Europea (1)                              abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Ofi-
                                                                              cina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
(Funcionarios — Retribución — Indemnización por expatria-                   modelos) (OAMI), (agentes: Sres. A. von Mühlendahl y
ción — Artı́culo 4, apartado 1, letra a), del Anexo VII del                  J.F. Crespo Carrillo y Sra. S. Laitinen), que tiene por objeto un
                                Estatuto)                                     recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la
                                                                              Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del
                            (2001/C 227/32)                                   Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31 de enero
                                                                              de 2000 (asunto R 316/1999-3), por la que se denegó el
                                                                              registro del vocablo EASYBANK como marca comunitaria, el
                   (Lengua de procedimiento: francés)                         Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por
                                                                              los Sres. A.W.H. Meij, Presidente, A. Potocki y J. Pirrung,
En el asunto T-60/00, Paraskevi Liaskou, funcionaria del                      Jueces; Secretario: Sra. D. Christensen, administradora, ha
Consejo de la Unión Europea, con domicilio en Bruselas,                      dictado el 5 de abril de 2001 una sentencia cuyo fallo es el
representada por Me E. Boigelot, abogado, que designa domici-                 siguiente:
lio en Luxemburgo, contra Consejo de la Unión Europea
(agentes: Sr. F. Anton y Sra. D. Zahariou), que tiene por objeto,             1)    Se anula la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la
por una parte, una solicitud de anulación de la decisión del                      Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
Consejo de 5 de julio de 1999, por la que se deniega a la                           y modelos) de 31 de enero de 2000 (asunto R 316/1999-3).
demandante la concesión de la indemnización por expatriación
contemplada en el artı́culo 4 del Anexo VII del Estatuto de los               2)    Se condena en costas a la parte demandada.
funcionarios de las Comunidades Europeas y, por otra parte,
una petición de pago de dicha indemnización con los intereses
de demora correspondientes, el Tribunal de Primera Instancia                  (1) DO C 163 de 10.6.2000.
(Sala Cuarta), integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente; la
Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces; Secretaria:
Sra. B. Pastor, administradora principal, ha dictado el 3 de
mayo de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto C-572/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles (Bélgica) el 8 de noviembre de 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL

text:
               25.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles (Bélgica) el 8 de noviembre de 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL
   (Asunto C-572/13)
   2014/C 24/11
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour d’appel de Bruxelles

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Hewlett-Packard Belgium SPRL

      Recurrida: Reprobel SCRL

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe darse a la expresión «compensación equitativa» recogida en el artículo 5, apartado 2, letra a), y en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE (1) una interpretación diferente en función de si la reproducción realizada sobre papel u otro soporte similar en la que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares la realiza cualquier usuario o la realiza una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales? En caso de respuesta afirmativa, ¿sobre qué criterios ha de basarse esta diferencia de interpretación?

               2)

               ¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 2, letra a), y 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE en el sentido de que autorizan a los Estados miembros a fijar la compensación equitativa correspondiente a los titulares de derechos en forma:

                           1)

                           de una remuneración a tanto alzado abonada por el fabricante, el importador o el adquirente intracomunitario de aparatos que permitan realizar copias de obras protegidas, al comercializarse estos aparatos en el territorio nacional, cuyo importe se calcula exclusivamente en función de la velocidad con la que el aparato de reproducción puede realizar un número de copias por minuto, sin atender a ningún otro dato relacionado con el perjuicio, en su caso, causado a los titulares de derechos, y,

                           2)

                           de una remuneración proporcional, determinada únicamente mediante un precio unitario multiplicado por el número de copias realizadas, que varía en función de si el deudor ha cooperado o no en el cobro de esta remuneración, cuyo pago corresponde a las personas físicas o jurídicas que realizan copias de obras o, en su caso, liberando a estas últimas, a las que pongan a disposición de terceros, a título oneroso o gratuito, un aparato de reproducción?

                     En caso de respuesta negativa a esta cuestión, ¿cuáles son los criterios pertinentes y coherentes que los Estados miembros deben seguir para que, conforme al Derecho de la Unión, la compensación pueda considerarse equitativa y para que se instaure el «justo equilibrio» entre las personas implicadas?

               3)

               ¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 2, letra a), y 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE en el sentido de que autorizan a los Estados miembros a atribuir la mitad de la compensación equitativa que corresponde a los titulares de derechos a los editores de las obras creadas por los autores, sin que los editores estén en ningún modo obligados a hacer partícipes, siquiera indirectamente, a los autores de una parte de la compensación de la que éstos se ven privados?

               4)

               ¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 2, letra a), y 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE en el sentido de que autorizan a los Estados miembros a establecer un sistema indiferenciado de percepción de la compensación equitativa que corresponde a los titulares de derechos, en forma de una cantidad a tanto alzado y de un importe por copia realizada que cubra parcial e implícitamente, pero sin duda, la copia de partituras musicales y las reproducciones ilícitas?

      (1)  Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).


title: Asunto T-303/13: Auto del Tribunal General de 14 de enero de 2014 — Miettinen/Consejo [ «Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n ° 1049/2001 — Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo — Denegación de acceso — Divulgación tras haberse interpuesto el recurso — Desaparición del objeto del litigio — Falta de interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento» ]

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/22

      Auto del Tribunal General de 14 de enero de 2014 — Miettinen/Consejo
      (Asunto T-303/13) (1)

      (Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo - Denegación de acceso - Divulgación tras haberse interpuesto el recurso - Desaparición del objeto del litigio - Falta de interés en ejercitar la acción - Sobreseimiento)
      (2014/C 71/40)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (representantes: O. Brouwer y E. Raedts, abogados, y A. Villette, Solicitor)

         Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: K. Pellinghelli y É. Sitbon, agentes)

         Objeto

      Anulación de la Decisión del Consejo de 25 de marzo de 2013 por la que se deniega al demandante el acceso al dictamen completo del Servicio Jurídico del Consejo con la referencia 15309/12.

         Fallo

                  1)

                  Sobreseer el recurso.

                  2)

                  Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

                  3)

                  Sobreseer las demandas de intervención del Reino de Suecia y de la República de Finlandia.

         (1)  DO C 215, de 27.7.2013.


title: Asunto C-115/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Koblenz (Alemania) el 11 de marzo de 2014 — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Koblenz (Alemania) el 11 de marzo de 2014 — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau
   (Asunto C-115/14)
   2014/C 175/26
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Koblenz

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: RegioPost GmbH & Co. KG

      Recurrida: Stadt Landau

      Partes coadyuvantes: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 56, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, (1) sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, en el sentido de que se opone a una normativa nacional que obliga a la entidad adjudicadora a contratar solamente a empresas que al presentar la oferta se comprometan por escrito, tanto ellas como sus subcontratistas, a pagar a los trabajadores que dediquen a la ejecución del contrato un salario mínimo establecido por el Estado únicamente para los contratos públicos, pero no para los privados, cuando no exista un salario mínimo general legalmente establecido ni un convenio colectivo de validez general que vincule a los potenciales contratistas y a los eventuales subcontratistas?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
               ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión en materia de contratación pública, especialmente el artículo 26 de la Directiva 2004/18/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en el sentido de que se opone a una disposición nacional como el artículo 3, apartado 1, tercera frase, de la LTTG, que dispone la exclusión obligatoria de una oferta en caso de que el operador económico no se haya comprometido mediante una declaración específica al presentar su oferta a hacer algo a lo que estaría contractualmente obligado aun sin dicha declaración si se le adjudicase el contrato?

      (1)  DO L 18, p. 1.

      (2)  DO L 134, p. 114.


title: Asunto C-416/05: Recurso interpuesto el  24 de noviembre de 2005  contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               14.1.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 10/17

         Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2005 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-416/05)
   (2006/C 10/33)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 24 de noviembre de 2005 un recurso contra el Gran Ducado de Luxemburgo promovido por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por las Sras. C.F. Durand y F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 228, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2 de octubre de 2003, recaída en el asunto C-89/03, relativa a la no adaptación del Derecho luxemburgués a la Directiva 93/15/CEE. (1)

               2)

               Ordene al Gran Ducado de Luxemburgo ingresar en la cuenta de la Comisión de las Comunidades Europeas «recursos propios de la Comunidad Europea» una multa coercitiva de 9 000 € por día de retraso en la ejecución de la sentencia recaída en el asunto C-89/03, desde el día en que se dicte sentencia en el presente asunto hasta el día en que se haya ejecutado dicha sentencia.

               3)

               Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su sentencia de 2 de octubre de 2003, recaída en el asunto C-89/03, Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia decidió «declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles, al no haber puesto en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.»

   Mediante escrito de 7 de noviembre de 2003 la Comisión llamó la atención de las autoridades luxemburguesas sobre la sentencia de 2 de octubre de 2003 y pidió que le fueran comunicadas las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esa sentencia.
   Las autoridades luxemburguesas respondieron indicando que un proyecto de Reglamento gran ducal podía estar ultimado a más tardar en noviembre de 2004.
   El 14 de noviembre de 2004 la Comisión emitió un dictamen motivado requiriendo al Gran Ducado de Luxemburgo para que en un plazo de dos meses adoptara las medidas necesarias para atenerse al mismo.
   En un escrito de 19 de septiembre de 2005 las autoridades luxemburguesas pusieron de relieve que, en un dictamen de 12 de octubre de 2004, el Conseil d'État había considerado que, según la Constitución, existía una reserva de ley en relación con el ámbito de aplicación del proyecto de Reglamento.
   Según la información de que dispone la Comisión, el Gran Ducado de Luxemburgo aún no ha adaptado su ordenamiento jurídico interno a la Directiva de que se trata.
   De conformidad con el artículo 228 CE, apartado 2, párrafo segundo, segunda frase, la Comisión debe indicar en la demanda el importe que considere adecuado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado.
   En el caso de autos, la Comisión considera que una multa coercitiva de 9 000 euros por día se ajusta a la gravedad y a la duración de la infracción y tiene en cuenta la necesidad de dar a dicha multa el efecto disuasorio necesario.

      (1)  Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles (DO L 121, de 15.5.1993, p. 20).


title: Asunto T-47/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2007 — Sison/Consejo ( Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Congelación de fondos — Competencia de la Comunidad — Recurso de anulación — Derecho de defensa — Motivación — Derecho a una tutela judicial efectiva — Recurso de indemnización )

text:
               25.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/27

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2007 — Sison/Consejo
   (Asunto T-47/03) (1)

   («Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo - Congelación de fondos - Competencia de la Comunidad - Recurso de anulación - Derecho de defensa - Motivación - Derecho a una tutela judicial efectiva - Recurso de indemnización»)
   (2007/C 199/49)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: José María Sison (Utrecht, Países Bajos) (representantes: J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gurses y T. Olsson, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Vitsentzatos y M. Bishop, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandante: Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (Utrecht); Luis G. Jalandoni (Utrecht); Fidel V. Agcaoili (Utrecht); María Consuelo K. Ledesma (Utrecht) (representante: B. Tomlow, abogado)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: Reino de los Países Bajos (representante: H. Sevenster, agente) y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: inicialmente R. Caudwell y posteriormente C. Gibbs, agentes, asistidos por S. Moore, barrister)
   Objeto
   Por un lado, un recurso de anulación parcial de la Decisión 2002/974/CE del Consejo de 12 de diciembre de 2002, relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2002/848/CE (DO L 337, p. 85) y, por otro lado, una pretensión de indemnización.
   Fallo

               1)

               Anular la decisión 2006/379/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2006 relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2005/930/CE, en la medida en que afecta al demandante.

               2)

               Desestimar el recurso de indemnización.

               3)

               Condenar al Consejo a cargar, además de con sus propias costas, con las costas del demandante, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales, y con las costas de Negotiating Panel of the Nacional Democratic Front of the Philippines, de los Sres. Luis G. Jalandoni y Fidel V. Agcaoili y de la Sra. María Consuelo K. Ledesma.

               4)

               El Reino de los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 101 de 26.4.2003.


title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 11 de abril de 2003 en el asunto T-392/02 R, Solvay Pharmaceuticals BV contra Consejo de la Unión Europea ("Procedimiento sobre medidas provisionales — Directiva 70/524/CEE — Retirada de la autorización de comercialización de un aditivo en la alimentación de los animales — Reglamento (CE) n° 1756/2002 — Demanda de suspensión de la ejecución — Admisibilidad — Fumus boni iuris — Urgencia — Ponderación de intereses")

text:
C 171/28                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           19.7.2003
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA                                B. Calzia, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
                            INSTANCIA                                      contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sras.
                                                                           L. Pignataro-Nolin y O. Beynet), que tiene por objeto una
                      de 11 de abril de 2003                               demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión de la
                                                                           Comisión de 30 de octubre de 2002, relativa a un procedi-
en el asunto T-392/02 R, Solvay Pharmaceuticals BV                         miento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53
             contra Consejo de la Unión Europea                            del Acuerdo EEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/
                                                                           35.706 PO Nintendo Distribution y COMP/36.321 Omega —
(«Procedimiento sobre medidas provisionales — Directiva                    Nintendo), en la medida en que impone a la demandante una
70/524/CEE — Retirada de la autorización de comercializa-                  multa de 1,5 millón de euros, el Presidente del Tribunal de
ción de un aditivo en la alimentación de los animales —                    Primera Instancia ha dictado el 27 de marzo de 2003 un auto
Reglamento (CE) no 1756/2002 — Demanda de suspensión                       en el que se resuelve lo siguiente:
de la ejecución — Admisibilidad — Fumus boni iuris —
            Urgencia — Ponderación de intereses»)                          1)    Desestimar la demanda de medidas provisionales.
                          (2003/C 171/47)                                  2)    Reservar la decisión sobre las costas.
                  (Lengua de procedimiento: francés)
En el asunto T-392/02 R, Solvay Pharmaceuticals BV, con
domicilio social en Weesp (Países Bajos), representada por los
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Srs. C. Meijer, F. Herbert y M.L. Struys, abogados, que designa
domicilio en Luxemburgo, contra Consejo de la Unión Europea
(agentes: Sra. M. Balta y Sr. Ruggeri Laderchi), apoyado por                                     de 28 de abril de 2003
Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. A. Bordes),
que tiene por objeto una demanda dirigida a obtener la                     en el asunto T-15/03, José Luis Zuazaga Meabe contra
suspensión de la ejecución del Reglamento (CE) no 1756/2002                Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, por el que se                                     dibujos y modelos) (OAMI) ( 1)
modifica la Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los
aditivos en la alimentación animal en lo que respecta a la
                                                                           («Marca comunitaria — Anulación — Plazos — Inadmisibi-
retirada de la autorización de un aditivo y el Reglamento (CE)
                                                                                lidad manifiesta»)
no 2430/1999 de la Comisión (DO L 265, p. 1), el Presidente
del Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 11 de abril
de 2003 un auto en el que se resuelve lo siguiente:                                                  (2003/C 171/49)
1)    Desestimar la demanda de medidas provisionales.                                       (Lengua de procedimiento: español)
2)    Reservar la decisión sobre las costas.
                                                                           En el asunto T-15/03, José Luis Zuazaga Meabe, con domicilio
                                                                           en Bilbao (España), contra Oficina de Armonización del
                                                                           Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), y en el
                                                                           que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA                                es: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio social
                            INSTANCIA                                      en Madrid, que tiene por objeto un recurso contra la resolución
                                                                           de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización
                     de 27 de marzo de 2003                                del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), de
                                                                           24 de octubre de 2002, en el asunto R 918/2001-2, en
                                                                           relación con un procedimiento de oposición entre José Luis
en el asunto T-398/02 R: Linea GIG Srl contra Comisión
                                                                           Zuazaga Meabe y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., el
                 de las Comunidades Europeas
                                                                           Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda, integrado por los
                                                                           Sres. N.J. Forwood, Presidente, J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces,
(Procedimiento sobre medidas provisionales — Competencia                   Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 28 de abril de 2003 un
— Pago de la multa — Garantía bancaria — Urgencia —                        auto en el que se resuelve lo siguiente:
  Circunstancias excepcionales — Ponderación de intereses)
                          (2003/C 171/48)                                  1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
                                                                           2)    La parte demandante cargará con sus propias costas.
                 (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           (1 ) DO C 70 de 22.3.2003.
En el asunto T-398/02 R, Linea GIG Srl, con domicilio social
en Florencia (Italia), representada por los Sres. L. D’Amario y


title: Asunto T-316/07: Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2007 — Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)

text:
               6.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 235/26

         Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2007 — Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)
   (Asunto T-316/07)
   (2007/C 235/49)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán
   Partes

      Demandante: Commercy AG (Weimar, Alemania) (representante: F. Jaschke, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: easyGroup IP Licensing Limited
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la nulidad de la marca comunitaria no 1.866.706 «easyHotel».

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: la marca denominativa «easyHotel» para productos y servicios de la clases 16, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 41 y 42 (marca comunitaria no 1.866.706)

      Titular de la marca comunitaria: easyGroup IP Licensing Limited

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: Bettina Breitenbücher, Sozietät Kübler

      Marca o signo del solicitante de la nulidad: la marca denominativa alemana «EASYHOTEL» para productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 (no 30.043.724)

      Resolución de la División de Anulación: denegación de la solicitud de declaración de nulidad

      Resolución de la Sala de Recurso: desestimación del recurso en el asunto R 1295/2006-2

      Motivos invocados: infracción del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 (1), por cuanto se ha interpretado esta disposición de forma demasiado restrictiva. A pesar de que los productos y servicios guarden una similitud lejana, se produce riesgo de confusión debido a la identidad de los signos.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto C-152/05: Recurso interpuesto el 5 de abril de 2005 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               28.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 132/18

         Recurso interpuesto el 5 de abril de 2005 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-152/05)
   (2005/C 132/33)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 5 de abril de 2005 un recurso contra la República Federal de Alemania formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. R. Lyal y K. Gross, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 18 CE, 39 CE y 43 CE, al haber dispuesto en el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, de la Eigenheimzulagengesetz que no se concederá la bonificación por vivienda propia a los sujetos pasivos por obligación personal cuando se trate de inmuebles sitos en otros Estados miembros, todo ello independientemente de que en estos Estados se tenga derecho a una bonificación análoga.

               2)

               Condene en costas a la República Federal de Alemania.

         Motivos y principales alegaciones
   A juicio de la Comisión Europea la bonificación por vivienda de propiedad concedida por el Estado alemán muestra trazos de discriminación. Tienen derecho a la bonificación por vivienda propia los sujetos pasivos por obligación personal en Alemania que adquieran en este Estado una vivienda (piso, apartamento, casa) para habitar en ella. En cambio, los sujetos pasivos por obligación personal en Alemania que residen fuera de este Estado y quieren adquirir un bien inmueble, también fuera de Alemania, para habitar en él, no tienen derecho a la bonificación por vivienda propia.
   La normativa alemana perjudica a tres grupos de personas: 1) los funcionarios y otros empleados públicos que residen en el extranjero; 2) los trabajadores fronterizos cuyos ingresos están sujetos al impuesto alemán sobre la renta en una proporción mínima del 90 %, y 3) los diplomáticos y funcionarios europeos de nacionalidad alemana.
   Según la Comisión, dicha normativa vulnera, dependiendo del estatuto del grupo de personas afectado, la libre circulación de trabajadores (art. 39 CE), la libertad de establecimiento (art. 43 CE) y la libre circulación con arreglo al artículo 18 CE. Todos los supuestos tienen suficiente carácter transfronterizo para justificar la aplicación de las correspondientes disposiciones del Tratado.
   La Comisión considera que puede extrapolarse a este caso la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Schumacker (sentencia de 14 de febrero de 1995, C-279/93, Rec. p. I-225). Todo sujeto que tenga obligación personal de contribuir en Alemania, que, por tanto, sea gravado en Alemania por la totalidad de sus rentas universales, y que, de ese modo, contribuye a la financiación del fisco alemán, debe ser poder disfrutar de las ventajas fiscales de la misma manera que los residentes en Alemania. Debe evitarse que los afectados no disfruten de ventajas ligadas a su situación personal ni en su lugar de residencia ni en el de su actividad.
   En la práctica, es poco probable que un sujeto pasivo por obligación personal en Alemania lo sea al mismo tiempo en algún otro Estado. Se puede tener en cuenta esta situación excepcional prohibiendo la acumulación de la bonificación alemana por vivienda propia y de alguna bonificación extranjera análoga.
   No está justificado que la bonificación por vivienda propia se limite a los bienes inmuebles sitos en Alemania. El problema de la vivienda en Alemania también puede mejorarse, por ejemplo, si los trabajadores fronterizos adquiriesen viviendas propias en la zona fronteriza extranjera en vez de en Alemania. En el procedimiento administrativo previo, el Gobierno alemán no ha expuesto de modo suficiente con qué finalidad última se limita la bonificación a su propio territorio estatal. Aunque fuese lícito que un Estado miembro pudiese favorecer la construcción de viviendas en su territorio, la normativa alemana no es pertinente en si misma. En el caso de que la República Federal de Alemania quisiera promover cualquier tipo de construcción de viviendas en Alemania, no se puede entender por qué la bonificación se limita a los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir en Alemania. Los sujetos pasivos por obligación real de contribuir en Alemania también pueden adquirir viviendas en este Estado y favorecer así la construcción de viviendas.
   El Derecho comunitario no exige de ningún modo ayudar financieramente a la adquisición de residencias secundarias en otros Estados miembros. Incumbe únicamente al legislador nacional delimitar el alcance de la bonificación. Sin embargo, su libre arbitrio está limitado por las libertades fundamentales establecidas en el Tratado CE.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2001 en el asunto C-1/00: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa ("Incumplimiento de Estado — Negativa a poner fin al embargo de carne de bovino británica")

text:
C 44/2                    ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             16.2.2002
(CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo              por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinada a obtener, en el
a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el             litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Georg
interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea                Heininger y Helga Heininger y Bayerische Hypo- und Vereins-
(DO L 30, p. 1), el Tribunal de Justicia, integrado por el                  bank AG, una decisión prejudicial sobre la interpretación de las
Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, la Sra. N. Colneric,              Directivas 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de
Presidenta de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward,                  1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de
A. La Pergola (Ponente), L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen,              contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales
V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues y C.W.A. Timmermans,                       (DO L 372, p. 31; EE 15/06, p. 131), y 87/102/CEE del Consejo,
Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H.A. Rühl,           de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las
administrador principal; ha dictado el 13 de diciembre de                   disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                              Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO 1987,
                                                                            L 42, p. 48), en su versión modificada por la Directiva 90/88/CEE
1)    Cuando una medida nacional que prohı́be de manera general la          del Consejo, de 22 de febrero de 1990 (DO L 61, p. 14), el
      exportación de residuos destinados a la eliminación esté            Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra. F. Macken,
      justificada por los principios de proximidad, de prioridad de la      Presidenta de Sala, y los Sres. C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puisso-
      valorización y de autosuficiencia, conforme al artı́culo 4,          chet, V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado Gene-
      apartado 3, letra a), inciso i), del Reglamento (CEE) no 259/93       ral: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de
      del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y      división, ha dictado el 13 de diciembre de 2001 una sentencia
      al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada  cuyo fallo es el siguiente:
      y a la salida de la Comunidad Europea, no es necesario
      comprobar además especialmente si esta medida nacional es            1)     La Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de
      conforme con los artı́culos 34 y 36 del Tratado CE (actualmente              1985, referente a la protección de los consumidores en el
      artı́culos 29 CE y 30 CE, tras su modificación).                            caso de contratos negociados fuera de los establecimientos
2)    El artı́culo 4, apartado 3, del Reglamento no 259/93 no permite              comerciales, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a
      que un Estado miembro que haya adoptado una normativa                        un contrato de crédito con garantı́a real, como el que dio lugar
      que obliga a ofrecer a un organismo autorizado los residuos                  al procedimiento principal, de modo que el consumidor que ha
      destinados a la eliminación establezca que, cuando éstos no                 celebrado un contrato de este tipo en uno de los casos
      sean entregados a un centro de tratamiento dependiente de este               contemplados en su artı́culo 1 dispone del derecho de revocación
      organismo, su traslado a instalaciones de tratamiento situadas               que reconoce su artı́culo 5.
      en otros Estados miembros sólo se autoriza a condición de que la    2)     La Directiva 85/577 se opone a que el legislador nacional
      eliminación prevista cumpla los requisitos de la normativa de este          aplique un plazo de un año a partir de la celebración del
      Estado miembro en materia de protección de medio ambiente.                  contrato para poder ejercitar el derecho de revocación que
3)    Los artı́culos 3 a 5 del Reglamento no 259/93 se oponen a                    establece el artı́culo 5 de dicha Directiva, cuando el consumidor
      que un Estado miembro aplique a los traslados entre Estados                  no ha recibido la información prevista en el artı́culo 4 de la
      miembros de residuos destinados a ser eliminados un procedi-                 mencionada Directiva.
      miento propio para la oferta y asignación de residuos, antes del
      procedimiento de notificación previsto por dicho Reglamento.         (1) DO C 79 de 18.3.2000.
(1) DO C 352 de 4.12.1999.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 13 de diciembre de 2001
                              (Sala Sexta)
                                                                            en el asunto C-1/00: Comisión de las Comunidades Euro-
                    de 13 de diciembre de 2001                                              peas contra República Francesa (1)
en el asunto C-481/99 (Petición de decisión prejudicial del
Bundesgerichtshof): Georg Heininger y Helga Heininger                       («Incumplimiento de Estado — Negativa a poner fin al
     contra Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG(1)                                        embargo de carne de bovino británica»)
(«Protección de los consumidores — Venta a domicilio —                                                   (2002/C 44/04)
Derecho de revocación — Contrato de crédito con garantı́a
                                  real»)                                                        (Lengua de procedimiento: francés)
                            (2002/C 44/03)                                  (Traducción provisional: la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     En el asunto C-1/00, Comisión de las Comunidades Europeas
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         (agentes: Sres. D. Booss y G. Berscheid), apoyada por Reino
                                                                            Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (agente:
En el asunto C-481/99, que tiene por objeto una petición                   Sr. J.E. Collins, asistido por los Sres. D. Anderson, QC, y
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,          M. Hoskins) contra República Francesa (agentes: inicialmente
 ---pagebreak--- 16.2.2002                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 44/3
Sra. K. Rispal-Bellanger y el Sr. J.-F. Dobelle, posteriormente                    al haberse negado a adoptar las medidas necesarias para dar
por la Sra. R. Loosli-Surrans y el Sr. J.-F. Dobelle, y finalmente                 cumplimiento a las disposiciones citadas, y en especial al
por la Sra. R. Loosli-Surrans y el Sr. G. de Bergues), que tiene                   haberse negado a permitir la comercialización en su territorio,
por objeto que se declare que la República Francesa ha                            después del 30 de diciembre de 1999, de los productos
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de                           sometidos a dicho régimen correctamente marcados o etique-
                                                                                tados.
—      la Decisión 98/256/CE del Consejo, de 16 de marzo de                 2)    Desestimar el recurso en todo lo demás.
       1998, relativa a medidas de emergencia en materia de
       protección contra la encefalopatı́a espongiforme bovina              3)    Condenar a la República Francesa a cargar con dos tercios de
       y por la que se modifica la Decisión 94/474/CE y se                        las costas y a la Comisión de las Comunidades Europeas con el
       deroga la Decisión 96/239/CE (DO L 113, p. 32), en su                      tercio restante.
       versión modificada por la Decisión 98/692/CE de la
       Comisión, de 25 de noviembre de 1998 (DO L 328,                      4)    El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará
       p. 28), en particular de su artı́culo 6 y de su anexo III, y                con sus propias costas.
       de
                                                                             (1) DO C 63 de 4.3.2000.
—      la Decisión 1999/514/CE de la Comisión, de 23 de julio
       de 1999, por la que se fija la fecha en la que, de
       conformidad con el apartado 5 del artı́culo 6 de la
       Decisión 98/256, puede iniciarse la expedición desde el
       Reino Unido de productos bovinos con arreglo al régimen
       de exportación basado en una fecha (DO L 195, p. 42),
       en particular de su artı́culo 1,                                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ası́ como del Tratado CE, en particular de los artı́culos 10 CE y                                        (Sala Sexta)
28 CE, al haberse negado a adoptar las medidas necesarias
para dar cumplimiento a las disposiciones citadas, y en especial                                de 13 de diciembre de 2001
al haberse negado a permitir la comercialización en su
territorio, después del 1 de agosto de 1999, de los productos                en el asunto C-79/00 (Petición de decisión prejudicial del
admisibles a dicho régimen contemplados en el artı́culo 6 y en               Tribunal Supremo): Telefónica de España, S.A., contra
el anexo III de la Decisión 98/256, en su versión modificada               Administración General del Estado, con intervención de:
por la Decisión 98/692, el Tribunal de Justicia, integrado por                                       Retevisión, S.A. (1)
el Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, el Sr. P. Jann, las Sras.
F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de
Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola,                    («Directiva 97/33/CE — Telecomunicaciones — Intercone-
J.-P. Puissochet, L. Sevón (Ponente), M. Wathelet, R. Schintgen             xión de redes — Obligaciones impuestas a los organismos
y V. Skouris, Jueces, Abogado General: Sr. J. Mischo Secretaria:                                  suministradores de redes»)
Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 13 de diciembre
de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                                      (2002/C 44/05)
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
1)     Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligacio-
       nes que le incumben en virtud de
                                                                             En el asunto C-79/00, que tiene por objeto una petición
       —     la Decisión 98/256/CE del Consejo, de 16 de marzo de           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
             1998, relativa a medidas de emergencia en materia de            por el Tribunal Supremo, destinada a obtener, en el litigio
             protección contra la encefalopatı́a espongiforme bovina y      pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Telefónica de
             por la que se modifica la Decisión 94/474/CE y se deroga       España, S.A., y Administración General del Estado, con
             la Decisión 96/239/CE, en su versión modificada por la        intervención de: Retevisión, S.A., una decisión prejudicial
             Decisión 98/692/CE de la Comisión, de 25 de noviembre         sobre la interpretación de los artı́culos 4, apartado 2, y 9,
             de 1998, en particular de su artı́culo 6 y de su anexo III,     apartado 2, de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo
             y de                                                            y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la
                                                                             interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a
                                                                             garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante
       —     la Decisión 1999/514/CE de la Comisión, de 23 de julio        la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)
             de 1999, por la que se fija la fecha en la que, de              (DO L 199, p. 32), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado
             conformidad con el apartado 5 del artı́culo 6 de la             por la Sra. F. Macken (Ponente), Presidenta de Sala, y los
             Decisión 98/256, puede iniciarse la expedición desde el       Sres. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris y J.N. Cunha
             Reino Unido de productos bovinos con arreglo al régimen         Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario:
             de exportación basado en una fecha, en particular de su        Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 13 de
             artı́culo 1,                                                    diciembre de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto F-76/11: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 5 de diciembre de 2012 — Grazyte/Comisión (Función pública — Remuneración — Indemnización por expatriación — Requisito previsto en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto — Período decenal de referencia — Punto de partida — Punto de expiración — Neutralización de los períodos al servicio de una organización internacional — Aplicación por analogía de las disposiciones del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto)

text:
               9.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/31

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 5 de diciembre de 2012 — Grazyte/Comisión
   (Asunto F-76/11) (1)

   (Función pública - Remuneración - Indemnización por expatriación - Requisito previsto en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto - Período decenal de referencia - Punto de partida - Punto de expiración - Neutralización de los períodos al servicio de una organización internacional - Aplicación por analogía de las disposiciones del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto)
   2013/C 38/58
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Diana Grazyte (Utena, Lituania) (representante: R. Guarino, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: D. Martin, agente, asistido por A. Dal Ferro, abogado, posteriormente por V. Joris, agente, asistido por A. Dal Ferro, abogado)

      Objeto

   Petición de anulación de la decisión de la AFPN por la que se desestima la solicitud de la demandante de obtener la indemnización por expatriación.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a la Sra. Grazyte a cargar con sus propias costas y con las costas de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 319, de 29.10.2011, p. 29.