title: Recurso interpuesto el 16 de junio de 1998 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-221/98)

text:
5.9.98                  ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 278/13
Ð La opinión del Tribunal de Primera Instancia de que la                 de la Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de
     Comisión dispuso de un plazo de tres meses para ejer-               marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumulado-
     cer su control no es compatible ni con el Código de                 res que contengan determinadas materias peligrosas (1),
     ayudas ni con el imperativo de celeridad reconocido                 al no haber adoptado, o no haber comunicado a la
     por la jurisprudencia.                                              Comisión dentro del plazo senÄalado, los programas
                                                                         previstos por el artículo 6 de dicha Directiva;
Ð Infracción del apartado 6 del artículo 6 del Código de
     ayudas y de los principios generales de la normativa           Ð condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.
     sobre ayudas estatales: al basarse en la premisa jurídi-
     camente errónea de una competencia ratione temporis            Motivos y principales alegaciones
     limitada de la Comisión, el Tribunal de Primera Ins-
     tancia pasó por alto la jurisprudencia del Tribunal de         Con arreglo al paÂrrafo tercero del artículo 189 del Tratado
     Justicia, seguÂn la cual una orden de devolución defini-       constitutivo de la Comunidad Europea, la Directiva obli-
     tiva requiere una decisión definitiva de la Comisión           garaÂ al Estado miembro destinatario en cuanto al resul-
     sobre la ilegalidad de la ayuda. El Tribunal de Primera        tado que deba conseguirse. En virtud del paÂrrafo primero
     Instancia confunde de modo improcedente los aspectos           del artículo 5 del Tratado, los Estados miembros adopta-
     formales con los aspectos de fondo del procedimiento           raÂn todas las medidas generales o particulares apropiadas
     en materia de ayudas de Estado, al estimar que el              para asegurar el cumplimiento de las obligaciones deriva-
     incumplimiento de un plazo, que ni siquiera la Comi-           das de dicho Tratado o resultantes de los actos de las insti-
     sión considera plazo de caducidad sino que en innume-          tuciones de la Comunidad.
     rables casos similares se ha utilizado como plazo admi-
     nistrativo de notificación, supone la ilegalidad de la         EstaÂ fuera de duda que, hasta la interposición del presente
     ayuda.                                                         recurso, la RepuÂblica HeleÂnica ni había establecido auÂn
                                                                    programas para el período comprendido entre el 18 de
Ð Violación de la prohibición de discriminación: el Tri-            marzo de 1993 y el 18 de marzo de 1997, seguÂn establece
     bunal de Primera Instancia, en su extremadamente               el artículo 6 de la Directiva, ni comunicado a la Comisión
     escueto anaÂlisis de este motivo, hizo caso omiso de la        programas que garanticen los objetivos previstos en el
     comparación realizada por la recurrente entre su pro-          referido artículo.
     pia situación y el caso de la ayuda a EKO Stahl.
                                                                    En vista de lo expuesto, la Comisión se ve obligada a con-
Ð Violación del principio de confianza legítima.                    siderar que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las obli-
                                                                    gaciones que le incumben en virtud del Tratado y de la
                                                                    Directiva 91/157/CEE.
Ð Incumplimiento del deber de motivación.
                                                                    (1) DO L 78 de 26.3.1991, p. 38.
(1) DO C 166 de 30.5.1998, p. 14.
(2) Decisión no 3855/91/CECA de la Comisión (DO L 362 de
    31.12.1991, p. 57).
                                                                    Recurso interpuesto el 16 de junio de 1998 contra la
                                                                    RepuÂblica Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
Recurso interpuesto el 10 de junio de 1998 contra la                                      (Asunto C-221/98)
RepuÂblica HeleÂnica por la Comisión de las Comunidades
                            Europeas                                                         (98/C 278/23)
                       (Asunto C-215/98)
                                                                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                          (98/C 278/22)                             ha presentado el 16 de junio de 1998 un recurso contra la
                                                                    RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión de las
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se           Comunidades Europeas, representada por D.a Marie Wolf-
ha presentado el 10 de junio de 1998 un recurso contra la           carius, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de
RepuÂblica HeleÂnica formulado por la Comisión de las               Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
Comunidades Europeas, representada por D.a Maria Kon-               despacho de D. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
tou-Durande, miembro del Servicio Jurídico de la Comi-              Kirchberg.
sión, que designa como domicilio en Luxemburgo el des-
pacho de D. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servi-             La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
cio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.              bunal de Justicia que:
                                                                    1) Declare que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                         Ð al no permitir a los estudiantes, nacionales de los
Ð declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las                      demaÂs Estados miembros, que soliciten que se
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y                    reconozca su derecho de residencia en Francia,
 ---pagebreak--- C 278/14              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     5.9.98
        garantizar a las autoridades que disponen de recur-           nes, la exigencia de que el estudiante declare que dis-
        sos uÂnicamente mediante la declaración prevista              pone al menos de una determinada cantidad fijada por
        por dicha Directiva, o a elección del estudiante,             el Decreto va maÂs allaÂ de lo permitido por la Direc-
        por cualquier otro medio que sea cuando menos                 tiva: la Directiva 93/96/CEE deja al estudiante la res-
        equivalente;                                                  ponsabilidad de juzgar queÂ importe necesitaraÂ para
                                                                      poder vivir y estudiar, sin convertirse en una carga
   Ð al limitar el tipo y las características de los recur-           para la asistencia social del país de acogiada.
        sos que pueden ser tenidos en cuenta para acre-
        ditar que los beneficiarios de la Directiva 90/364/        Ð Adaptación incorrecta del Derecho interno a la Direc-
        CEE del Consejo (1) cumplen el requisito de dispo-            tiva 90/364/CEE:
        ner de recursos suficientes;
                                                                      Si bien los Estados miembros pueden fijar, con arreglo
   Ð al limitar los tipos de seguro de enfermedad que
                                                                      a los apartados 2 y 3 del artículo 1 de la Directiva, el
        son tenidos en cuenta para justificar que los benefi-
                                                                      nivel mínimo necesario para poder beneficiarse del
        ciarios de las Directivas 90/364/CEE, 90/365/
                                                                      derecho de residencia, no les estaÂ permitido fijar las
        CEE (2) y 93/96/CEE (3) del Consejo cumplen los
                                                                      características ni la naturaleza de los recursos. La exi-
        requisitos relativos al seguro de enfermedad; y
                                                                      gencia de recursos regulares parece excluir la toma en
                                                                      consideración de elementos como:
   Ð al disponer que las autoridades competentes com-
        prueben si los beneficiarios de las Directivas 90/            Ð la ocupación de una casa en concepto de propieta-
        364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE siguen estando                     rio o puesta gratuitamente a disposición por el
        en condiciones de facilitar un certificado de afilia-              propietario;
        ción a un reÂgimen de seguro de enfermedad,
        cuando la validez del primer certificado sea de una
                                                                      Ð el ejercicio de una actividad retribuida (pero que
        duración inferior a la de la autorización de resi-
                                                                           en sí misma es demasiado marginal o accesoria
        dencia,
                                                                           para poder constituir un trabajo por cuenta ajena
                                                                           en el sentido del artículo 48 del Tratado);
   la RepuÂblica Francesa ha incumplido las obligaciones
   que le incumben en virtud de las Directivas 90/364/                Ð el acceso a recursos irregulares (por ejemplo, dere-
   CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.                                            chos de autor) o a recursos procedentes de un
                                                                           padre, companÄero more uxorio o amigo que pueda
2) Condene en costas a la RepuÂblica Francesa.                             actuar como fiador;
                                                                      Ð el acceso a un pequenÄo capital (que no produzca
Motivos y principales alegaciones                                          rentas);
Ð Adaptación incorrecta del Derecho interno a la Direc-               Ð la ausencia durante una parte del anÄo para vivir en
   tiva 93/96/CEE:                                                         el extranjero.
   La Directiva 93/96/CEE prohíbe a los Estados miem-                 La Comisión es consciente de que tales situaciones
   bros exigir otras pruebas o documentos relativos a los             pueden ofrecer dificultades cuando se trata de calcular
   recursos mientras el estudiante extranjero decida efec-            el valor de los diferentes recursos con el fin de exami-
   tuar la declaración prevista en su artículo 1. Esta inter-         nar si su importe es superior al nivel mínimo fijado
   pretación Ðque no es otra cosa que el propio texto                 con arreglo a los apartados 2 y 3 de la Directiva 90/
   del pasaje que interesa de la disposición de que se                364/CEE. No obstante, se trata de una dificultad praÂc-
   trataÐ resulta confirmada por la estructura y la geÂne-            tica que no permite por sí sola descartar determinados
   sis de la Directiva y por la comparación con las Direc-            recursos por su tipo o sus características.
   tivas 90/364/CEE y 90/365/CEE.
                                                                   Ð Adaptación incorrecta del Derecho interno a las tres
                                                                      Directivas por lo que se refiere al requisito de disponer
   Si bien una «declaración por el honor» siguiendo el
                                                                      de un seguro de enfermedad que cubra todos los ries-
   modelo fijado por las autoridades, no es contraria en
                                                                      gos en el Estado miembro de acogida:
   sí misma a la Directiva 93/96/CEE, la exigencia de que
   el estudiante declare que dispone «de recursos suficien-
   tes, regulares y cuya percepción no puede quedar sus-              Sin duda, los tres tipos de documentos justificativos
   pendida ni reducida por el traslado de residencia», va             que preveÂ la normativa francesa cubren una gran parte
   claramente maÂs allaÂ de lo permitido por la Directiva.            de los casos posibles. AdemaÂs, los beneficiarios pueden
   AdemaÂs, es una declaración que algunos estudiantes                afiliarse, en determinadas situaciones, a regímenes
   no siempre podraÂn hacer, por ejemplo cuando tienen                franceses de seguro de enfermedad. La Comisión
   la intención de completar sus recursos con alguna acti-            estima, sin embargo, que dichas disposiciones, que
   vidad retribuida. A fortiori, es contrario a la Directiva          enumeran con caraÂcter taxativo los posibles seguros de
   que la normativa francesa limite auÂn maÂs los tipos de            enfermedad, no permiten cubrir la totalidad de las
   recurso que pueden ser tenidos en cuenta para la reno-             situaciones posibles y son, por tanto, demasiado res-
   vación de la tarjeta de residencia. Por las mismas razo-           trictivas.
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Ð Adaptación incorrecta del Derecho interno a las tres                        al igual que en los litigios sobre igualdad de retri-
     Directivas por lo que se refiere a la comprobación del                   bución.
     mantenimiento de un seguro de enfermedad:
                                                                              Para la respuesta a esta cuestión, puede considerarse
     Si bien es cierto que con arreglo al artículo 3 de las                   que el modelo de transformación/convenio a que se
     Directivas 90/364/CEE y 90/365/CEE y en virtud del                       refiere el presente asunto, examinado en su conjunto y
     artículo 4 de la Directiva 93/96/CEE, puede ponerse                      como un todo, es neutral con respeto al sexo tanto en
     fin al derecho de residencia cuando la persona de que                    su efecto como en su objetivo.
     se trate no responda ya a los requisitos, en particular
                                                                              Asimismo, cabe considerar que el modelo de transfor-
     cuando no responda ya al requisito relativo al seguro
                                                                              mación/convenio contiene disposiciones que, contem-
     de enfermedad, dicha disposición no puede entenderse
                                                                              pladas de forma aislada, producen el efecto de una
     en el sentido de que permite un control activo y per-
                                                                              desigualdad de trato entre los sexos, al tiempo que se
     manente, por parte de las autoridades competentes
                                                                              observa que, en algunas disposiciones, dicha desigual-
     para la expedición de las tarjetas de residencia, de la
                                                                              dad de trato la sufren principalmente los meÂdicos espe-
     situación de los beneficiarios de las Directivas 90/364/
                                                                              cialistas de sexo femenino, mientras que en otras,
     CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. Otra interpretación
                                                                              afecta principalmente a los meÂdicos especialistas de
     sería no solamente contraria a dichas Directivas, sino
                                                                              sexo masculino.
     ademaÂs a los principios del artículo 8 A del Tratado
     CE.                                                                 2) Si la respuesta a la primera cuestión fuera afirmativa,
                                                                              se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
(1) Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,                 sobre en queÂ medida consideraciones relativas a la
    relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26).                      seguridad presupuestaria, al ahorro y a la planificación
(2) Directiva 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,                 de la actividad profesional pueden ser consideradas
    relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta          razones objetivas y pertinentes por las cuales es acep-
    ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su acti-
                                                                              table que el nuÂmero de mujeres afectadas por la refe-
    vidad profesional (DO L 180, p. 28).
(3) Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993,                rida disposición parcial sea relativamente superior al
    relativa al derecho de residencia de los estudiantes (DO L 317,           de hombres.
    p. 59).
                                                                         3) La remuneración por el fondo de comercio que la
                                                                              demandante puede obtener con ocasión de la transmi-
                                                                              sión de su consulta a raíz de su jubilación por razón
                                                                              de la edad, si se tiene en cuenta la edad de la deman-
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                    dante (nacida en 1939), ¿puede equipararse al ahorro
lución del éstre Landsret de 4 de junio de 1998, en el                        realizado con vistas a una pensión en el caso de un tra-
asunto promovido por Speciallñge Birgitte Jùrgensen                           bajador por cuenta ajena?
contra Foreningen af Speciallñger y Sygesikringens
                                                                         4) Si la respuesta del Tribunal de Justicia de la CE a la
                       Forhandlingsudvalg
                                                                              tercera cuestión fuese afirmativa, se desea dilucidar
                        (Asunto C-226/98)                                     queÂ importancia tiene, a efectos de la respuesta a la
                           (98/C 278/24)                                      primera cuestión, el hecho de que una parte de la des-
                                                                              ventaja sufrida como consecuencia de la disposición de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le                        que se trata consista en que la remuneración obtenida
ha sido sometida una petición de decisión prejudicial                         por el fondo de comercio en el momento de la trans-
mediante resolución del éstre Landsret dictada el 4 de                        misión seraÂ menor, y, como consecuencia de ello, se
junio de 1998, en el asunto entre Speciallñge Birgitte Jùr-                   produciraÂ un deterioro de la pensión de jubilación, si
gensen contra Foreningen af Speciallñger y Sygesikringens                     se tiene en cuenta que en la sentencia del Tribunal de
Forhandlingsudvalg y recibida en la Secretaría del Tribunal                   Justicia de la CE de 13 de diciembre de 1994, Grau-
de Justicia el 24 de junio de 1998.                                           Hupka (C-297/93) (3), apartado 27, se declaró que los
                                                                              Estados miembros no estaÂn obligados a conceder ven-
El éstre Landsret solicita al Tribunal de Justicia que se                     tajas en materia de seguro de vejez a las personas que
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                    se hayan ocupado de sus hijos o a estableer derechos a
                                                                              prestaciones como consecuencia de períodos de inte-
1) Se solicita al Tribunal de Justicia de la CE que dilucide                  rrupción de la actividad debidos a la educación de los
     cóme debe apreciarse una discriminación indirecta por                    hijos.
     razón de sexo en un litigio sobre igualdad de trato con
     arreglo a la Directiva 76/207/CEE del Consejo (1) y la              (1) Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976,
     Directiva 86/613/CEE del Consejo (2).                                   relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
                                                                             hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empeo, a la
     Dado que se parte de la base de que, de conformidad                     formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones
     con una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justi-                 de trabajo (DO L 39 de 14.2.1976, p. 40; EE 05/02, p. 70).
     cia de la CE, en los litigios sobre igualdad de retribu-            (2) Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de
     ción debe efectuarse una comparación punto por                          1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
     punto, se desea dilucidar si la comparación de la situa-                entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma,
                                                                             incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protec-
     ción económica que ha de efectuarse en un litigio                       ción de la maternidad (DO L 359 de 19.12.1986, p. 56).
     sobre igualdad de trato debe realizarse mediante una                (3) Rec. 1994, p. I-5535.
     apreciación global de todos los elementos en su con-
     junto o mediante una comparación punto por punto,


title: Asunto T-393/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de  3 de mayo de 2006  –Klaas/Parlamento ( Funcionarios — Promoción — Artículo 45 del Estatuto — Atribución de los puntos de promoción al nuevo grado después de la promoción — Medidas transitorias — Principio de igualdad de trato )

text:
               1.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 154/15

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de mayo de 2006 –Klaas/Parlamento
   (Asunto T-393/04) (1)

   («Funcionarios - Promoción - Artículo 45 del Estatuto - Atribución de los puntos de promoción al nuevo grado después de la promoción - Medidas transitorias - Principio de igualdad de trato»)
   (2006/C 154/41)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Dirk Klaas (Heidelberg, Alemania) (representante: R. Moos, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: L. Knudsen y U. Rösslein, agentes)
   Objeto
   Recurso por el que se solicita, por una parte, que se anule la decisión del Parlamento, de 12 de febrero de 2004, por la que se suprimen dos puntos de promoción concedidos al demandante durante el período anterior al año 1999, así como la decisión del Parlamento, de 30 de junio de 1994, por la que se desestima la reclamación del demandante a este respecto y, por otra parte, que se ordene atribuir los dos puntos de promoción controvertidos a los años posteriores.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 6, de 8.1.2005.


title: Asunto T-57/15: Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2015  — Trajektna luka Split/Comisión Europea

text:
               13.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/35

         Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2015 — Trajektna luka Split/Comisión Europea
   (Asunto T-57/15)
   (2015/C 118/44)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croacia) (representantes: M. Bauer, H.—J. Freund y S. Hankiewicz, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión C(2013) 7285 Final — Croacia — Presunta ayuda a Jadrolinija de 15 de octubre de 2014.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las del demandante.

               —

               Devuelva el asunto a la Comisión Europea para que complete la investigación y adopte una nueva decisión, y

               —

               Que se acuerden cualesquiera otras medidas que procedan en Derecho.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en un manifiesto error de apreciación y error de Derecho por infracción del artículo 107 TFUE al resolver que la medida controvertida no constituye ayuda de Estado porque se aplicó un examen erróneo para determinar si se emplearon recursos estatales.

               2.

               Segundo motivo, basado en un manifiesto error de apreciación y error de Derecho por infracción del artículo 107 TFUE al resolver que la medida controvertida no constituye ayuda de Estado debido a que no se emplearon recursos estatales.

               3.

               Tercer motivo, basado en un manifiesto error de Derecho por infracción del concepto recogido en el artículo 107 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 106 TFUE, apartado 1, al no haber tomado en consideración el artículo 106 TFUE, apartado 1.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la vulneración de una garantía procesal esencial al infringir el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999 (1) al no hacer uso suficientemente de las facultades de investigación reconocidas en dicha norma.

               5.

               Quinto motivo, basado en un manifiesto error de apreciación por no incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, y en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999.

               6.

               Sexto motivo, basado en la vulneración de una garantía procesal esencial al no proporcionar razones suficientes conforme al artículo 296 TFUE, apartado 2, con respecto a la falta de recursos estatales y al concepto recogido en el artículo 106 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 107 TFUE, apartado 1.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de junio de 2002 en el asunto C-80/00 (Petición de decisión prejudicial del Bundesgerichtshof): Italian Leather SpA contra WECO Polstermöbel GmbH & Co. ("Convenio de Bruselas — Artículo 27, número 3 — Concepto de resolución inconciliable — Modalidades de ejecución en el Estado requerido")

text:
C 180/2                   ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          27.7.2002
arreglo al artı́culo 234 CE, por el Raad van State (Paı́ses Bajos),           que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
destinada a obtener, en los litigios pendientes ante dicho                    incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo,
órgano jurisdiccional entre Inspecteur van de Belastingdienst                de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
Douane, district Rotterdam, y Sea-Land Service Inc. (Asunto                   repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
C-430/99), Nedlloyd Lijnen BV (Asunto C-431/99), una deci-                    sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), al
sión prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 92, 59           no haber adoptado las medidas necesarias para incorporar
y 56 del Tratado CE (actualmente artı́culos 87 CE, 49 CE y                    correctamente a su Derecho interno la obligación derivada de
46 CE, tras su modificación), ası́ como del Reglamento (CEE)                 las disposiciones de los artı́culos 2, apartado 1, y 4, apartado 2,
no 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo                  en relación con el anexo II de esta Directiva, y al mantener en
a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al           vigor una normativa que, en infracción de dichas disposiciones,
transporte marı́timo entre Estados miembros y entre Estados                   no permite efectuar en todo el territorio nacional una evalua-
miembros y paı́ses terceros (DO L 378, p. 1), el Tribunal de                  ción de las repercusiones ambientales de determinadas clases
Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra. F. Macken, Presidenta            de proyectos del anexo II de dicha Directiva y, en gran parte
de Sala, y los Sres. C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puissochet,                  del territorio, de muchas otras clases de proyectos del mismo
R. Schintgen y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:                 anexo, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra.
Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora; ha                 F. Macken, Presidenta de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet
dictado el 13 de junio de 2002 una sentencia cuyo fallo es el                 (Ponente) y V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geel-
siguiente:                                                                    hoed; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora; ha dictado el
                                                                              13 de junio de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
El Reglamento (CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre
de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de      1)    Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
servicios al transporte marı́timo entre Estados miembros y entre                    que le incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE del
Estados miembros y paı́ses terceros, en relación con los artı́culos 56 y           Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
59 del Tratado CE (actualmente artı́culos 46 CE y 49 CE, tras su                    las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
modificación), no se opone, respecto a las situaciones comprendidas                sobre el medio ambiente, al no haber adoptado en el plazo
en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, a un sistema de                   señalado todas las medidas legales, reglamentarias y adminis-
regulación del tráfico marı́timo, como el «verkeersbegeleidingssysteem»           trativas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de
controvertido en los asuntos principales, que impone el pago de una                 los artı́culos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, en relación con el
tarifa a los buques de navegación marı́tima de eslora superior a                   anexo II de dicha Directiva.
41 metros que participan obligatoriamente en tal sistema, mientras
que otros buques, como los barcos de navegación interior, están             2)    Condenar en costas al Reino de España.
exentos de esta tarifa, siempre que exista una correlación efectiva
entre el importe de ésta y el coste que representa el servicio del que
                                                                              (1) DO C 47 de 19.2.2000.
disfrutan los buques de navegación marı́tima.
(1) DO C 20 de 22.1.2000.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                (Sala Sexta)                                                          de 6 de junio de 2002
                        de 13 de junio de 2002                                en el asunto C-80/00 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                              Bundesgerichtshof): Italian Leather SpA contra WECO
                                                                                Polstermöbel GmbH & Co. (1)
en el asunto C-474/99: Comisión de las Comunidades
              Europeas contra Reino de España (1)
                                                                              («Convenio de Bruselas — Artı́culo 27, número 3 —
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 85/337/CEE —                           Concepto de resolución inconciliable — Modalidades de
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos                                      ejecución en el Estado requerido»)
públicos y privados sobre el medio ambiente — Adaptación
                  incompleta del Derecho interno»)                                                       (2002/C 180/04)
                            (2002/C 180/03)                                                      (Lengua de procedimiento: alemán)
                   (Lengua de procedimiento: español)                        (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-474/99, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agente: Sr. G. Valero Jordana) contra Reino de España                  En el asunto C-80/00, que tiene por objeto una petición
(agente: Sra. N. Dı́az Abad), que tiene por objeto que se declare             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de
 ---pagebreak--- 27.7.2002                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 180/3
junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de                       SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la
competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en                                         (Sala Sexta)
materia civil y mercantil, por el Bundesgerichtshof (Alemania),
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano                                    de 13 de junio de 2002
jurisdiccional entre Italian Leather SpA y WECO Polstermöbel
GmbH & Co., una decisión prejudicial sobre la interpretación
del tı́tulo III, titulado «Reconocimiento y ejecución», del                en el asunto C-117/00: Comisión de las Comunidades
Convenio de 27 de septiembre de 1968, antes citado (DO                                           Europeas contra Irlanda (1)
1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990,
C 189, p. 2), en su versión modificada por el Convenio de 9 de             («Incumplimiento de Estado — Directivas 79/409/CEE y 92/
octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca,             43/CEE — Conservación de las aves silvestres — Zonas de
de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del                                          protección especial»)
Norte (DO L 304, p. 1, y —texto modificado— p. 77; texto en
español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de                                            (2002/C 180/05)
octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica
(DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54)                                   (Lengua de procedimiento: inglés)
y por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la
adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(DO L 285, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
por los Sres. P. Jann, Presidente de Sala, D.A.O. Edward, A. La
Pergola, M. Wathelet (Ponente) y C.W.A. Timmermans, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H.A. Rühl,
administrador principal; ha dictado el 6 de junio de 2002 una               En el asunto C-117/00, Comisión de las Comunidades Euro-
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                       peas (agente: Sr. R. Wainwright) contra Irlanda (agente: Sr.
                                                                            D. J. O’Hagan, asistido por el Sr. C. Mac Eochaidh, BL), que
                                                                            tiene por objeto que se declare que, al no haber adoptado
                                                                            todas las medidas necesarias para atenerse al artı́culo 3 de la
                                                                            Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
1)    El artı́culo 27, número 3, del Convenio de 27 de septiembre de       relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103, p. 1;
      1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de            EE 15/02, p. 125), por lo que respecta al lagópodo escandinavo,
      resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión  y al artı́culo 4, apartado 4, primera frase, de dicha Directiva y
      modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a         al artı́culo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE del
      la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino           Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
      Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de        los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206,
      25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República        p. 7), por lo que respecta a la zona de protección especial del
      Helénica y por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a           Owenduff-Nephin Beg Complex, Irlanda no se ha atenido a
      la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa,      dichas Directivas y ha incumplido las obligaciones que le
      debe interpretarse en el sentido de que una resolución extranjera    incumben en virtud del Tratado CE, el Tribunal de Justicia (Sala
      de medidas provisionales mediante la que se impone al deudor          Sexta), integrado por la Sra. F. Macken, Presidenta de Sala, y
      determinadas obligaciones de no hacer es inconciliable con una        los Sres. C. Gulmann (Ponente) y V. Skouris, Jueces; Abogado
      resolución de medidas provisionales mediante la que se deniegan      General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;
      tales medidas dictada en un litigio entre las mismas partes en        ha dictado el 13 de junio de 2002 una sentencia cuyo fallo es
      el Estado requerido.                                                  el siguiente:
                                                                            1)    Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
                                                                                incumben en virtud del artı́culo 3 de la Directiva 79/409/CEE
2)    Cuando constata el carácter inconciliable de una resolución de            del Consejo, de 2 de abril de 1979, sobre la conservación de las
      un tribunal de otro Estado contratante con una resolución                  aves silvestres, y del artı́culo 6, apartado 2, de la Directiva 92/
      dictada en un litigio entre las mismas partes por un tribunal               43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
      del Estado requerido, éste está obligado a denegar el reconoci-            conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
      miento de la resolución extranjera.                                        silvestres, al no haber adoptado las medidas necesarias para
                                                                                salvaguardar una diversidad y una superficie suficientes de
                                                                                hábitats para el logópedo escandinavo y al no haber adoptado
                                                                                las medidas apropiadas para evitar, en la zona de protección
                                                                                especial del Owenduff-Nephin Beg Complex, el deterioro de los
                                                                                hábitats de especies que han motivado la designación de dicha
(1) DO C 147 de 27.5.2000.                                                        zona de protección especial.
                                                                            2)    Condenar en costas a Irlanda.
                                                                            (1) DO C 163 de 10.6.2000.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de marzo de 1999 en el asunto C-103/98 P: Smanor SA, Hubert Ségaud y Monique Ségaud contra Comisión de las Comunidades Europeas («Recurso de casación - Negativa a iniciar un procedimiento sobre incumplimiento - Inadmisibilidad manifiesta»)

text:
17.7.1999                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 204/21
Segunda), integrado por los Sres.: G. Hirsch (Ponente), Presi-                           AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
dente de Sala, G.F. Mancini y R. Schintgen, Jueces; Abogado
General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 3
de marzo de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:                                                        (Sala Cuarta)
1) Se desestima el recurso de casación.
2) Se condena solidariamente a los recurrentes al pago de las costas                              de 11 de marzo de 1999
     del presente recurso.
                                                                            en el asunto C-249/98 P: Mario Costacurta contra Comi-
(1) DO C 331 de 1.11.1997.                                                                sión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                            («Funcionarios — Retribución — Coeficiente corrector —
                                                                            Violación de los principios de equivalencia del poder adquisi-
                                                                            tivo y de igualdad de trato — Recurso de casación manifiesta-
                                                                                mente inadmisible e infundado»)
             AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                             (Sala Cuarta)
                                                                                (1999/C 204/41)
                      de 11 de marzo de 1999
en el asunto C-103/98 P: Smanor SA, Hubert Ségaud y
Monique Ségaud contra Comisión de las Comunidades                                             (Lengua de procedimiento: francés)
                              Europeas (1)
(«Recurso de casación — Negativa a iniciar un procedimiento
    sobre incumplimiento — Inadmisibilidad manifiesta»)                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                           (1999/C 204/40)
                                                                            En el asunto C-249/98 P, Mario Costacurta, funcionario de la
                   (Lengua de procedimiento: francés)                       Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
                                                                            Luxemburgo, representado por Me Albert Rodesch, Abogado
                                                                            de Luxemburgo, que designa como domicilio el despacho de
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     este último, 7-11, route d’Esch, que tiene por objeto un recurso
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justitia»)        de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el
                                                                            Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
En el asunto C-103/98 P, Smanor SA, sociedad francesca, con                 (Sala Quinta) el 26 de mayo de 1998, en el asunto Costacurta/
domicilio social en Saint-Martin-d’Écublei (Francia), Hubert               Comisión (T-177/96, RecFP p. I-A-225 y II-705), en el que se
Ségaud y Monique Ségaud, con domicilio en Saint-Martin-                     solicita la anulación de dicha sentencia, y en el que la otra
d’Écublei, representados por Me Laurence Roques, Abogado de                parte en el procedimiento es: Comisión de las Comunidades
Val-de-Marne, 7-9, rue du Général de Larminat, Créteil (Fran-               Europeas (Agentes: Sr. Gianluigi Valsesia y Sra. Florence
cia), que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto              Duvieusart-Clotuche), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta),
contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia de              integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn, Presidente de Sala
las Comunidades Europeas (Sala Segunda) el 16 de febrero de                 J.L. Murray y H. Ragnemalm (Ponente), Jueces; Abogado
1998, en el asunto Smanor y otros/Comisión (T-182/97, Rec.                 General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el
p. II-271), en el que se solicita la anulación de dicho auto, y en         11 de marzo de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:
el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las
Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Richard Wainwright y
Olivier Couvert-Castéra), el Tribunal de Justitia (Sala Cuarta),            1) Se desestima el recurso de casación.
integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn (Ponente), Presidente de
Sala, J.L. Murray y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado General:
Sr. A. Saggio; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 11 de                2) Se condena al Sr. Costacurta al pago de las costas del presente
marzo de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:                                  recurso.
1) Se desestima el recurso de casación.
2) Se condena en costas a Smanor SA, ası́ como al Sr. y a la Sra.
     Ségaud.                                                                (1) DO C 278 de 5.9.1998.
(1) DO C 166 de 30.5.1998.


title: Asunto T-94/13 P: Sentencia del Tribunal General de 14 de enero de 2016 — Ntouvas/ECDC («Recurso de casación — Función pública — Agente contractual — Calificación — Informe de evolución de carrera — Ejercicio de evaluación 2010 — Desestimación del recurso en primera instancia — Plazo de presentación del escrito de contestación — Prórroga — Circunstancias excepcionales — Artículo 39, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública — Regularidad del ejercicio de evaluación»)

text:
               29.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/14

         Sentencia del Tribunal General de 14 de enero de 2016 — Ntouvas/ECDC
   (Asunto T-94/13 P) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Agente contractual - Calificación - Informe de evolución de carrera - Ejercicio de evaluación 2010 - Desestimación del recurso en primera instancia - Plazo de presentación del escrito de contestación - Prórroga - Circunstancias excepcionales - Artículo 39, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública - Regularidad del ejercicio de evaluación»))
   (2016/C 078/22)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Ioannis Ntouvas (Agios Stefanos, Grecia) (representante: V. Kolias, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) (representantes: inicialmente R. Trott, posteriormente J. Mannheim y A. Daume, agentes, asistidos por D. Waelbroeck y A. Duron, abogados)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 11 de diciembre de 2012, Ntouvas/ECDC (F-107/11, RecFP, EU:F:2012:182), cuyo objeto es su anulación.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Ioannis Ntouvas.

      (1)  DO C 114 de 20.4.2013.


title: Asunto T-41/04: Auto del Tribunal de Primera Instancia de  25 de noviembre de 2005  — Pérez-Díaz/Comisión ( Funcionarios — Recurso de anulación — Litispendencia — Extemporaneidad de la reclamación administrativa previa — Recurso de indemnización estrechamente vinculado a las pretensiones de anulación — Inadmisibilidad manifiesta )

text:
               25.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/31

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 25 de noviembre de 2005 — Pérez-Díaz/Comisión
   (Asunto T-41/04) (1)

   («Funcionarios - Recurso de anulación - Litispendencia - Extemporaneidad de la reclamación administrativa previa - Recurso de indemnización estrechamente vinculado a las pretensiones de anulación - Inadmisibilidad manifiesta»)
   (2006/C 48/60)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Orlando Pérez-Díaz (Bruselas, Bélgica) (representante: M.-A. Lucas, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: H. Tserepa-Lacombe y L. Lozano Palacios, agentes)
   Objeto
   Por un lado, un recurso de anulación de la decisión de la Comisión de 21 de enero de 2003 de no incluir al demandante en la lista de reserva de agentes temporales a raíz del procedimiento de selección COM/R/A/01/1999 y, por otro lado, un recurso de indemnización por el perjuicio supuestamente irrogado por la citada decisión
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 94, de 17.4.2004.


title: Asunto T-604/13: Sentencia del Tribunal General de 3 de junio de 2015 — Levi Strauss/OAMI — L&O Hunting Group (101) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa 101 — Marca comunitaria denominativa anterior 501 — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusion — Similitud de los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»]

text:
               20.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/38

         Sentencia del Tribunal General de 3 de junio de 2015 — Levi Strauss/OAMI — L&O Hunting Group (101)
   (Asunto T-604/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa 101 - Marca comunitaria denominativa anterior 501 - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusion - Similitud de los signos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 236/50)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Levi Strauss & Co. (New Castle, California, Estados Unidos) (representantes: inicialmente V. von Bomhard y J. Schmitt, posteriormente V. von Bomhard, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: G. Schneider y M. Fischer, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: L&O Hunting Group GmbH (Isny im Allgäu, Alemania) (representantes: K. Kuck, K. Landes y G. Müllejans, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 6 de septiembre de 2013 (asunto R 1538/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Levi Strauss & Co. y L&O Hunting Group GmbH.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 6 de septiembre de 2013 (asunto R 1538/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Levi Strauss & Co. y L&O Hunting Group GmbH.

               2)

               La OAMI y a L&O Hunting Group cargarán con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido Levi Strauss & Co.

      (1)  DO C 24, de 25.1.2014.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Arbeitsgericht München, de fecha 3 de julio de 1997, en el asunto entre Andrea Krüger y Kreiskrankenhaus Ebersberg (Asunto C-281/97)

text:
c 295 /20             IES                        Diario- Oficial de las Comunidades Europeas                                       27 . 9 . 97
exigir que el tercero cese de utilizar la marca para mercan               mediante resolución de la Sala Decimonovena del Arbeits
cías que hayan sido comercializadas con dicha marca en                     gericht München, dictada el 3 de julio de 1997, en el
un Estado que no es Estado signatario ?                                    asunto entre Andrea Krüger y Kreiskrankenhaus Eber
                                                                           sberg, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
( ! ) DO L 40 de 11 . 2 . 1989 , p . 1 .                                   1 de agosto de 1997.
                                                                           El Arbeitsgericht München solicita al Tribunal de Justicia
                                                                           que se pronuncie sobre la cuestión siguiente :
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                 ¿ Una norma de Derecho nacional , en este caso el
lución del Finanzgericht Düsseldorf, de fecha 22 de julio                  artículo 3 n del Bundes-Angestelltentarifvertrag ( Convenio
de 1997, en el asunto entre ROSE Elektrotechnik GmbH                       colectivo federal de los empleados de la Administración
             & Co. KG y Oberfinanzdirektion Kóln                           Pública; en lo sucesivo, « BAT ») en relación con el Zuwen
                          ( Asunto C-280/97 )                              dungs-Tarifvertrag ( Convenio colectivo sobre prestaciones )
                               ( 97/C 295/30 )                             de 12 de octubre de 1993 , es compatible con la Directiva
                                                                           76/207/CEE del Consejo ('), relativa a la aplicación del
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                  principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
sido sometida una petición de decisión prejudicial                         lo que se refiere a las condiciones de trabajo, así como con
mediante resolución del Finanzgericht Düsseldorf, de fecha                 el artículo 119 del Tratado CE, si prevé que los trabajado
22 de julio de 1997, en el asunto entre ROSE Elektrotech                  res que durante el permiso de crianza realicen una activi
 nik GmbH & Co. KG y Oberfinanzdirektion Kóln y reci                      dad que no está sujeta a afiliación a un régimen de la
 bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de agosto             Seguridad Social no reciban una prestación especial anual
 de 1997 .                                                                 con arreglo al Convenio colectivo correspondiente, al con
                                                                           trario de lo que ocurre con los trabajadores sujetos a la
 El Finanzgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia              Seguridad Social ? En particular, esta medida ¿ es compati
 que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes :                        ble con las normas citadas cuando los trabajadores que
 1 ) El arancel aduanero común , en la versión del Anexo I                 disfrutan de un permiso de crianza , pero que no trabajan,
       del Reglamento ( CE ) n° 1734/96 de la Comisión, de 9               sí reciben en el primer año la prestación especial contem
       de septiembre de 1996 , por el que se modifica el                   plada en el Convenio colectivo ?
       Anexo I del Reglamento ( CEE ) n° 2658/87 relativo a
       la nomencaltura arancelaria y estadística y al Arancel              (') DO L 39 de 14 . 2. 1976 , p. 40; EE 05/02, p . 70 .
       Aduanero Común (') ( nomenclatura combinada de
       1997 ), ¿ debe interpretarse en el sentido de que un
       artículo designado como « Schaltverbindungskasten »
       (caja de empalme, de conmutación ), integrado por un
       receptáculo rectangular con una tapa lacada fabricada               Recurso interpuesto el 1 de agosto de 1997 por la Comi
       mediante aluminio moldeado a presión ( aleación de                  sión de las Comunidades Europeas contra la República
       aluminio y silicio con un contenido en peso en el que                                             Francesa
       predomina el aluminio ), con cuatro tornillos de unión                                     ( Asunto C-282/9 7 )
       fabricados de acero y cuatro tornillos de toma de tie
       rra fabricados de acero chapado en cobre ( que se                                             ( 97/C 295/32 )
       encuentran en el artículo embalados por separado y
       deben ser aún enroscados en los orificios roscados pre              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
       vistos al efecto ), debe clasificarse en la partida 8538 ?           ha presentado el 1 de agosto de 1997 un recurso contra la
                                                                            República Francesa formulado por la Comisión de las
 2 ) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión , el               Comunidades Europeas, representada por el Sr. Fernando
       arancel aduanero común ( nomenclatura combinada de                   Castillo de la Torre, miembro del Servicio Jurídico, y el Sr.
        1997) ¿ debe interpretarse en el sentido de que dicho               O. Couvert-Castera, funcionario nacional adscrito a dicho
       artículo debe clasificarse, con arreglo a la primera                 Servicio, en calidad de Agentes, que designa como domici
       frase de la letra a ) de la regla general para la interpre          lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la
       tación de la nomenclatura combinada n° 2, en la                      Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
       partida 8536 ?
                                                                            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
  (>) DO L 238 de 19 . 9 . 1996 , p . 1 .
                                                                            — declare que la República Francesa ha incumplido las
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud del Tratado
                                                                                CE y de la Directiva 92/73/CEE del Consejo ( J ), que
  Petición de decisión prejudicial presentada mediante                           amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/
  resolución del Arbeitsgericht München, de fecha 3 de                           CEE ( 2 ) y 75/319/CEE ( 3 ) relativas a la aproximación
  julio de 1997, en el asunto entre Andrea Krüger y                              de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis
                    Kreiskrankenhaus Ebersberg                                   trativas sobre medicamentos y por la que se adoptan
                                                                                disposiciones complementarias para los medicamentos
                            ( Asunto C-281 /97 )
                                                                                homeopáticos, al no adoptar las disposiciones legales,
                                 ( 97/C 295/31 )                                 reglamentarias y administrativas necesarias para ate
                                                                                nerse a dicha Directiva;
  Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le
  ha sido sometida una petición de decisión prejudicial                     — condene en costas a la República Francesa .


title: Asunto C-216/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, de fecha 30 de septiembre de 2002, en el asunto entre DLD Trading Company Import — Export, spol. s.r.o. y República de Austria

text:
C 251/2                ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                                           18.10.2003
Hervé como Secretario General de la institución, y en el que la               negocios y los impuestos sobre consumos específicos en
otra parte en el procedimiento es: Tribunal de Cuentas de las                 los Estados miembros, liberalizar y facilitar el tráfico de
Comunidades Europeas (agentes: Sr. J.-M. Stenier y                            viajeros con países terceros y crear una equivalencia entre
Sras. M. Bavendamm e I. Ní Riagáin Düro), el Tribunal de                      las franquicias de impuestos y las franquicias aduaneras en
Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. M. Wathelet,                    el tráfico de viajeros?
Presidente de Sala, los Sres. P. Jann y A. Rosas (Ponente),
Jueces, Abogado General: Sr. F. G. Jacobs, Secretario:
                                                                        ( 1) DO L 350,  p. 12.
Sr. R. Grass, ha dictado el 10 de julio de 2003 un auto en el
                                                                        ( 2) DO L 345,  p. 9.
que se resuelve lo siguiente:
                                                                        ( 3) DO L 105,  p. 1.
                                                                        ( 4) DO L 133,  p. 6.
1)   Desestimar el recurso de casación.
2)   Condenar en costas al Sr. Giuseppe Di Pietro.
                                                                        Petición de decisión prejudicial planteada mediante
                                                                        resolución del College voor de toelating van bestrijdings-
(1) DO C 19 de 25.1.2003.                                               middelen, de fecha 26 de junio de 2003, en el asunto
                                                                        entre 1. Cindu Chemicals B.V., 2. Rütgers VFT AG,
                                                                        3. Touwen & Co. B.V., 4. Pearl Paint Holland B.V., 5. Elf
                                                                        Atochem Nederland B.V., 6. Zijlstra & Co. Verf B.V.,
                                                                        7. B.V. Chemische Producten Struyk & Co., 8. Van Swaay
                                                                        Schijndel B.V., 9. Houtbereiding G. Rozendaal B.V. y
                                                                             College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
Petición de decisión prejudicial planteada mediante
                                                                                (Asunto C-281/03)
resolución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien,
de fecha 30 de septiembre de 2002, en el asunto entre
                                                                                (2003/C 251/04)
DLD Trading Company Import — Export, spol. s.r.o. y
                      República de Austria                              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
                                                                        sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                       (Asunto C-216/03)                                resolución del College voor de toelating van bestrijdingsmid-
                                                                        delen, dictada el 26 de junio de 2003, en el asunto entre 1.
                         (2003/C 251/03)                                Cindu Chemicals B.V., 2. Rütgers VFT AG, 3. Touwen & Co. B.
                                                                        V., 4. Pearl Paint Holland B.V., 5. Elf Atochem Nederland B.V.,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido          6. Zijlstra & Co. Verf B.V., 7. B.V. Chemische Producten Struyk
sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  & Co., 8. Van Swaay Schijndel B.V., 9. Houtbereiding
resolución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, dic-           G. Rozendaal B.V. y College voor de toelating van bestrijdings-
tada el 30 de septiembre de 2002, en el asunto entre DLD                middelen, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
Trading Company Import — Export, spol. s.r.o. y República de            30 de junio de 2003. El College voor de toelating van bestrij-
Austria, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el        dingsmiddelen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
19 de mayo de 2003. El Landesgericht für Zivilrechtssachen              sobre la siguiente cuestión:
Wien solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
siguientes cuestiones:                                                  ¿Permite la Directiva sobre sustancias peligrosas que un Estado
                                           o                            miembro establezca requisitos complementarios para la
1)   Las normas del Reglamento (CE) n 3316/94 (1) y del
                                                                        comercialización y utilización de un biocida cuya sustancia
     Reglamento (CE) no 2744/98 (2), ¿son compatibles con las           activa está incluida en el anexo I de dicha Directiva?
     normas comunitarias en materia de franquicias aduaneras,
     especialmente las del Reglamento (CEE) no 918/83 (3), así
     como con el principio de la unión aduanera?
2)   En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
     Mediante la entrada en vigor con carácter retroactivo del
     Reglamento (CE) no 2744/98, ¿se violaron los principios            Petición de decisión prejudicial planteada mediante
     de seguridad jurídica o de protección de la confianza              resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven,
     legítima?                                                          de fecha 26 de junio de 2003, en el asunto entre Arch
                                                                        Timber Protection B.V. y College voor de toelating van
3)   La normativa del artículo 5, apartado 8, de la Directiva           bestrijdingsmiddelen, parte coadyuvante: Stichting
     69/169/CEE (4) y las disposiciones nacionales                               Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal
     de ejecución contenidas en el artículo 3a del
     Verbrauchssteuerbefreiungsverordnung (Reglamento rela-                                     (Asunto C-282/03)
     tivo a las exenciones de los impuestos sobre el consumo)
     y en el Umsatzsteuerverordnung (Reglamento del                                               (2003/C 251/05)
     impuesto sobre el volumen de negocios) publicado en el
     BGBl. II no 326/1997, ¿son contrarias al objetivo consis-          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
     tente en armonizar los impuestos sobre el volumen de               sometida una petición de decisión prejudicial mediante


title: Asunto T-555/14: Recurso interpuesto el 25 de julio de 2014  — Estonia/Comisión

text:
               20.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 372/17

         Recurso interpuesto el 25 de julio de 2014 — Estonia/Comisión
   (Asunto T-555/14)
   2014/C 372/22
   Lengua de procedimiento: estonio

      Partes

      Demandante: República de Estonia (representante: N. Grünberg)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C(2014) 3271 final de la Comisión Europea, de 14 de mayo de 2014, relativa a la suspensión de los pagos intermedios a Estonia procedentes del Fondo Europeo de Pesca (FEP) en el marco del programa operativo de apoyo para el período 2007-2013.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la aplicación incorrecta de los artículos 25, apartado 2, y 89 del Reglamento no 1198/2006 (1) por parte de la Comisión.
               La demandante alega que la interpretación del artículo 25 efectuada por la Comisión, según la cual sólo está justificado el apoyo a inversiones que sirvan para mejorar las características técnicas afectadas de un buque pesquero más allá del restablecimiento del estado inicial del buque, no responde al tenor ni al sentido y finalidades de dicho precepto. El tenor del artículo 25, apartado 2, concede un amplio margen de apreciación a la hora de decidir qué inversiones pueden recibir un apoyo en el marco del FEP. Dado que la demandante ha respetado lo dispuesto en el artículo 25, apartado 2, la aplicación del artículo 89 y la suspensión de los pagos intermedios que procede efectuar en fomento del primer eje prioritario del programa operativo no se ajustan a los hechos.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 88 del Reglamento no 1198/2006 por parte de la Comisión.
               Según la demandante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión acerca de la suspensión de los pagos dentro del plazo de seis meses desde la comunicación de la interrupción del plazo para el pago intermedio. De este modo, la Comisión ha infringido el artículo 88 del Reglamento no 1198/2006 y ha ignorado sus propios principios orientativos relativos a la interrupción del plazo para el pago, a la suspensión de los pagos y a las correcciones financieras.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de buena administración por parte de la Comisión.
               La demandante aduce que la Comisión ha vulnerado el principio de buena administración mediante la adopción de la Decisión impugnada, dado que, en primer lugar, no ha valorado y tenido en cuenta diligentemente todos los datos aportados por la demandante; en segundo lugar, no ha controlado si concurren todos los requisitos invocados para la adopción de su Decisión; en tercer lugar, ha computado automáticamente como gastos corrientes de mantenimiento todas las inversiones efectuadas para mejorar el estado de buques pesqueros amortizados, y, en cuarto lugar, ha considerado erróneamente que dichas inversiones no contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del artículo 25, apartado 2.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de confianza legítima por parte de la Comisión.
               La demandante afirma que, a pesar del punto de vista expuesto de un modo claro y preciso en el escrito de la Comisión y que, por consiguiente, generaba una expectativa legítima, conforme al cual los gastos destinados a la renovación/reparación de un motor pueden estar incluidos en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento no 1198/2006, siempre y cuando no se aumente con ello la capacidad pesquera de un buque, la Comisión ha decidido posteriormente que tales gastos no contribuyen a la mejora de las características técnicas del buque, sino al restablecimiento o mantenimiento del estado inicial de éste, por lo que no son subvencionables. La demandante no tenía conocimiento de este planteamiento, el cual no se desprende del artículo 25 del Reglamento no 1198/2006 ni de la respuesta escrita remitida por la Comisión ante una pregunta planteada al efecto por la demandante.

               5.

               Quinto motivo, basado la vulneración del principio de seguridad jurídica por parte de la Comisión.
               Según la demandante, el hecho de que la Comisión no haya adoptado una decisión definitiva acerca de la suspensión de un pago intermedio solicitado hasta pasados más de tres años desde la interrupción del plazo para el pago de la primera solicitud de pago intermedio, incumpliendo de este modo el plazo de seis meses previsto en el artículo 88, apartado 1, del Reglamento no 1198/2006, vulnera claramente el principio de seguridad jurídica. Esta actuación de la Comisión no era previsible para los receptores de ayudas del FEP.

      (1)  Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (DO L 223, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 29 de abril de 2004, en el asunto C-106/01 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)]: The Queen, a instancia de: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd contra The licensing Authority established by the Medicines Act 1968 (representada por The Medicines Control Agency), con intervención de: SangStat UK Ltd e Imtix-SangStat UK Ltd («Medicamentos — Autorización de comercialización — Procedimiento relativo a productos esencialmente similares»)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/7

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 29 de abril de 2004
   en el asunto C-106/01 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)]: The Queen, a instancia de: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd contra The licensing Authority established by the Medicines Act 1968 (representada por The Medicines Control Agency), con intervención de: SangStat UK Ltd e Imtix-SangStat UK Ltd (1)

   («Medicamentos - Autorización de comercialización - Procedimiento relativo a productos esencialmente similares»)
   (2004/C 118/13)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-106/01, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre The Queen, a instancia de: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, y The licensing Authority established by the Medicines Act 1968 (representada por The Medicines Control Agency), con intervención de: SangStat UK Ltd e Imtix-SangStat UK Ltd, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 4, párrafo tercero, número 8, letra a), de la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre medicamentos (DO 1965, 22, p. 369; EE 13/01, p. 18), en su versión modificada por las Directivas 87/21/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO 1987, L 15, p. 36), 89/341/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989 (DO L 142, p. 11), y 93/39/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993 (DO L 214, p. 22), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. V. Skouris, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. C. Gulmann (Ponente), J.-N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet y R. Schintgen, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 29 de abril de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Los productos que no sean bioequivalentes no pueden considerarse esencialmente similares a efectos del artículo 4, párrafo tercero, número 8, letra a), incisos i) o iii), de la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre medicamentos, en su versión modificada por las Directivas 87/21/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, 89/341/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, y 93/39/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993.

               2)

               En el marco del procedimiento establecido en el artículo 4, párrafo tercero, número 8, letra a), incisos i) o iii), de la Directiva 65/65, en su versión modificada, ha de tenerse en cuenta para determinar la forma farmacéutica de un medicamento, la forma en la que se presenta y la forma en la que es administrado, incluida la forma física. En este contexto se debe considerar que medicamentos como los controvertidos en el procedimiento principal, que se presentan en forma de solución destinada a ser diluida en bebidas para su administración al paciente y que, tras su disolución, forman, respectivamente, una macroemulsión, una microemulsión y una nanodispersión, tienen la misma forma farmacéutica, siempre que las diferencias relativas a la forma de administración no sean significativas desde un punto de vista científico.

               3)

               La reserva, a saber, el procedimiento abreviado híbrido previsto en el artículo 4, párrafo tercero, número 8, letra a), último párrafo, de la Directiva 65/65, en su versión modificada, se aplica a las solicitudes de autorización de comercialización presentadas en virtud del número 8, letra a), incisos i) o iii), de dicha disposición.
               Una solicitud de autorización de comercialización de un medicamento puede presentarse en virtud de la reserva, refiriéndose a un medicamento autorizado, siempre que el medicamento para el que se solicita la autorización de comercialización sea esencialmente similar al medicamento autorizado, a excepción, en su caso, de una o varias diferencias mencionadas en la reserva.

               4)

               Para conceder la autorización de comercialización, la autoridad competente de un Estado miembro, al examinar una solicitud de autorización de comercialización para un nuevo producto C, presentada al amparo del artículo 4, párrafo tercero, número 8, letra a), inciso iii), de la Directiva 65/65, en su versión modificada, haciendo referencia a un producto A autorizado desde hace más de seis o diez años, puede referirse, sin el consentimiento del responsable de la comercialización, a datos presentados en apoyo de un producto B autorizado en los últimos seis o diez años, en virtud del procedimiento abreviado híbrido previsto en el artículo 4, párrafo tercero, número 8, letra a), de la Directiva 65/65, en su versión modificada, por referencia al producto A, aun cuando dichos datos consistan en pruebas clínicas proporcionadas para demostrar que el producto B es seguro aunque suprabiodisponible respecto al producto A cuando se administra en la misma dosis.

               5)

               Al examinar dos solicitudes híbridas de autorización de comercialización para los productos B y C, presentadas al amparo del artículo 4, párrafo tercero, número 8, letra a), último párrafo, de la Directiva 65/65, en su versión modificada, y que se refieren a un producto A, la autoridad competente de un Estado miembro no vulnera el principio general de no discriminación si exige los datos clínicos completos relativos a la biodisponibilidad para el producto B como requisito para la concesión de la autorización de comercialización, no exigiendo los mismos datos para el producto C por haber examinado ya los datos presentados en apoyo del producto B.

      (1)  DO C 173 de 16.6.2001.


title: Asunto T-340/10: Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2010 — CTG Luxembourg PSF/Tribunal de Justicia

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/48

      Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2010 — CTG Luxembourg PSF/Tribunal de Justicia
      (Asunto T-340/10)
      ()
      (2010/C 288/91)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF) (Bertrange, Luxemburgo) (representante: M. Thewes, abogado)

         Demandada: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

         Pretensiones de la parte demandante

                  —

                  Que se acuerde la acumulación del presente asunto con el asunto pendiente ante la Sala Octava del Tribunal General con el número T-170/10.

                  —

                  Que se anule la decisión del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2010 de adjudicar el contrato «AO 008/2009: Apoyo a los usuarios de los sistemas IT y telefónico de 1o y 2o nivel, call center, gestión hardware end user» a otro licitador.

                  —

                  Que se declare la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea y condenar al Tribunal de Justicia a indemnizar a la parte demandante por la totalidad del perjuicio sufrido a causa de la decisión impugnada, y designar un perito para evaluar ese perjuicio.

                  —

                  Que se condene en costas al Tribunal de Justicia.

         Motivos y principales alegaciones

      Los motivos y las principales alegaciones invocados por la demandante son idénticos a los expuestos en el asunto T-170/10, CTG Luxembourg PSF/Tribunal de Justicia (1) relativo a la misma licitación.

         (1)  DO 2010, C 161, p. 48.


title: Asunto C-419/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 23 de agosto de 2010 — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 23 de agosto de 2010 — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern
   (Asunto C-419/10)
   ()
   2010/C 301/16
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Wolfgang Hofmann

      Demandada: Freistaat Bayern

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126/CE (1) en el sentido de que un Estado miembro debe denegar el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro a favor de una persona fuera del período de prohibición si su permiso de conducción le fue retirado en el territorio del primer Estado miembro citado y dicha persona, en el momento de la expedición del título de conducción, tenía su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de expedición?

      (1)  DO L 403, p. 18.


title: Recurso interpuesto el 25 de mayo de 1998 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-202/98)

text:
C 258/22               ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    15.8.98
Recurso interpuesto el 25 de mayo de 1998 contra el Gran           Reglamento, dichos acuerdos deberían ser eliminados o
Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comuni-                ajustados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.
                        dades Europeas
                      (Asunto C-202/98)                            Los traÂficos regulados por el Código de Conducta de las
                         (98/C 258/35)                             Conferencias Marítimas que contempla la letra a) del
                                                                   apartado 1 del artículo 4 del Reglamento no disponen de
                                                                   ninguÂn plazo de gracia para la adaptación prevista. En
                                                                   cuanto a los demaÂs traÂficos, el uÂltimo plazo para efectuar
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se          ajustes concedido por la letra b) del apartado 1 del
ha presentado el 25 de mayo de 1998 un recurso contra el
                                                                   artículo 4 expiró el 1 de enero de 1993. Por tanto, es irre-
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión                levante que los traÂficos estuvieran regulados por la letra a)
de las Comunidades Europeas, representada por los Sres.            o la letra b) del apartado 1 del artículo 4, ya que cual-
Franck Benyon, Consejero Jurídico, y Bernard Mongin,               quiera de los plazos ha expirado ya hace mucho tiempo.
miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que          La Comisión no dispone de información que le permita
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
                                                                   llegar a la conclusión de que el Gran Ducado de Luxem-
Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.             burgo ya ha ajustado o eliminado los acuerdos contenidos
                                                                   en los convenios celebrados con Senegal y Costa de Mar-
                                                                   fil.
La de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de
Justicia que:
                                                                   El artículo 3 del Reglamento no 4055/86 se refiere a acuer-
                                                                   dos celebrados por los Estados miembros. A pesar de que
Ð Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha                      Luxemburgo alega la no publicación de los convenios, no
     incumplido las obligaciones que le incumben en virtud         parece que niegue el hecho de que los acuerdos hayan sido
     del Reglamento (CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22            celebrados vaÂlidamente por BeÂlgica en nombre de la Unión
     de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del prin-      Económica Belgo-Luxemburguesa (UEBL) en virtud del
     cipio de libre prestación de servicios al transporte          apartado 1 del artículo 31 del Tratado UEBL y que, por
     marítimo entre Estados miembros y entre Estados               tanto, estaÂ obligado por ellos frente a los países terceros.
     miembros y países terceros (1), y en especial el              El artículo 3 del Reglamento precisa a continuación de
     artículo 3 y el apartado 1 del artículo 4 en el caso de       forma imperativa que los acuerdos se eliminaraÂn o se ajus-
     Senegal y Costa de Marfil, y el artículo 5 en el caso de      taraÂn. No se limita a pedir a los Estados miembros que
     Malí y Togo, al haber celebrado o mantenido en vigor          negocien en este sentido sino que impone a los Estados
     los convenios celebrados con Malí y Togo que incluyen         miembros un resultado imperativo.
     acuerdos de reparto de cargamentos, y al no haber
     adaptado los convenios celebrados con Senegal y
     Costa de Marfil de forma que prevean un acceso justo,         No puede aceptarse la negativa de Luxemburgo a denun-
     libre y no discriminatorio de todos los ciudadanos de         ciar los convenios con el argumento de que contienen
     la Comunidad a los repartos de cargamento que                 otras disposiciones importantes que sí se atienen al Dere-
     correspondan a Luxemburgo o al no haber denunciado            cho comunitario. Esta posición supondría privar de efecto
     estos convenios.                                              jurídico al principio de primacía del Derecho comunitario
                                                                   sobre el Derecho nacional en materia de prestación de ser-
                                                                   vicios. La denuncia de los acuerdos bilaterales contrarios
Ð Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.                  al Derecho comunitario no impide en absoluto a Luxem-
                                                                   burgo la celebración de nuevos acuerdos en las materias
                                                                   que no estaÂn cubiertas por el Derecho comunitario.
Motivos y principales alegaciones
                                                                   El argumento de que los acuerdos son en gran medida ino-
Convenios ya existentes antes de la entrada en vigor del           perantes en lo que atanÄe a Luxemburgo o que no se ha
Reglamento no 4055/86 (UEBL ÐCosta de Marfil,                      demostrado que companÄías navieras luxemburguesas
UEBLÐ Senegal)                                                     hayan estado implicadas tambieÂn carece de pertinencia en
                                                                   relación tanto con el artículo 3 como con el artículo 5 del
                                                                   Reglamento no 4055/86, que se refieren ambos a los
Los convenios celebrados con Senegal y Costa de Marfil             «acuerdos en materia de reparto de cargamentos conteni-
entraron en vigor el 3 de septiembre de 1984 y el 25 de            dos en los acuerdos». Aunque ninguna companÄía luxem-
octubre de 1979, es decir, antes de la entrada en vigor del        burguesa se haya beneficiado de estos derechos, lo que
Reglamento no 4055/86. Se trata de acuerdos ya existentes          cuenta es la existencia del acuerdo y la consecuencia de
antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento, que              que los nacionales de otros Estados miembros no pueden
estaÂn sometidos a lo dispuesto en sus artículos 3 y 4.            beneficiarse de ellos.
Ambos convenios contienen acuerdos en materia de                   En estas circunstancias, la Comisión considera que, en lo
reparto de cargamentos que reservan el traÂfico, hasta un          que respecta a los acuerdos ya existentes antes de la
40 %, a companÄías navieras belgas o luxemburguesas con            entrada en vigor del Reglamento no 4055/86, Luxemburgo
exclusión de las companÄías navieras de los demaÂs Estados         no se ha atenido a las obligaciones que le incumben en vir-
miembros de la Comunidad. Con arreglo al artículo 3 del            tud de dicho Reglamento.
 ---pagebreak--- 15.8.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 258/23
Convenios celebrados con posterioridad a la entrada en             Declare que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las obliga-
vigor del Reglamento no 4055/86 (UEBL ÐMalí, UEBLÐ                 ciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/49/
Togo)                                                              CEE (1) del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordi-
                                                                   nación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
                                                                   nistrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de
La prohibición de concertar en el futuro acuerdos en mate-         vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/
ria de reparto de cargamentos con países terceros                  CEE (2) y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distin-
(artículo 5 del Reglamento) tiene por objeto impedir los           tos del seguro de vida) (3), así como en virtud del Tratado
efectos jurídicos sustanciales de dichos acuerdos que violen       CE, al adoptar y mantener en vigor el artículo 2 de la Ley
el principio de libre prestación de servicios aplicable al         de 9 de julio de 1975, relativa al control de las empresas
transporte marítimo en virtud del Reglamento no 4055/86.           de seguros, en la versión modificada por el Real Decreto
Con el fin de garantizar el efecto uÂtil de esta prohibición,      de 12 de agosto de 1994.
los Estados miembros estaÂn obligados a no incluir acuer-
dos en materia de reparto de cargamentos en la negocia-
ción de nuevos acuerdos con países terceros.                       Motivos y principales alegaciones
Los convenios celebrados con Malí y Togo contienen
acuerdos en materia de reparto de cargamentos que, al tra-         Al excluir del aÂmbito de aplicación de la ley nacional de
tase de acuerdos posteriores a la entrada en vigor del men-        adaptación a la Directiva a toda mutualidad o companÄía
cionado Reglamento, no pueden autorizarse salvo en las             de seguros que cubra los accidentes de trabajo, aun
circunstancias excepcionales previstas en el apartado 1 del        cuando tales empresas persigan fines lucrativos asumiendo
artículo 5 del Reglamento no 4055/86, a saber, cuando las          riesgos, el artículo 2 de la Ley belga de 9 de julio de 1975,
companÄías navieras de la Comunidad no tengan, de otra             en la versión modificada por el Real Decreto de 12 de
manera, la oportunidad efectiva de participar en el traÂfico       agosto de 1994, no resulta conforme con la Directiva 92/
con destino al país tercero de que se trate o en procedencia       49/CEE. La Comisión no niega que el reÂgimen belga de
de eÂste, y siempre de conformidad con el artículo 6 del           base en materia de accidentes de trabajo esteÂ comprendido
Reglamento, que preveÂ una propuesta de la Comisión al             en la excepción en materia de Seguridad Social. No obs-
Consejo. Estas circunstancias y procedimientos no concu-           tante, cuando seguÂn la legislación de un Estado miembro
rren en el presente asunto. El acuerdo de que se trata             las operaciones que forman parte del reÂgimen de Seguridad
reserva el transporte entre las partes a las naves que lleven      Social obligatorio puedan ser practicadas por companÄías
su pabellón o que sean explotadas por «companÄías navie-           de seguros que persigan fines lucrativos asumiendo riesgos,
ras nacionales». De ello resulta que las naves explotadas          como sucede en el caso de BeÂlgica, tales operaciones esta-
por nacionales de otros Estados miembros estaÂn excluidas          raÂn incluidas en el aÂmbito de aplicación de la Directiva
del traÂfico.                                                      92/49/CEE.
El Gran Ducado de Luxemburgo no ha acreditado, en lo               La uÂnica interpretación de la Directiva 92/49/CEE que per-
que le atanÄe, que dichos acuerdos hayan sido denunciados.         mite conciliar el apartado 2 del artículo 2 con el
                                                                   artículo 55 es la que consiste en incluir en el aÂmbito de
(1) DO L 378 de 31.12.1986, p. 1.                                  aplicación de la Directiva la actividad de seguros de acci-
                                                                   dentes de trabajo cuando tal actividad la ejerce una com-
                                                                   panÄía de seguros con fines lucrativos que asume riesgos.
                                                                   La declaración comuÂn del Consejo y de la Comisión que
                                                                   figura como anexo al acta que levantó el Consejo con
Recurso interpuesto el 2 de junio de 1998 contra el Reino          motivo de la adopción de la Directiva 88/357/CEE hace
 de BeÂlgica por la Comisión de las Comunidades Europeas           referencia al paÂrrafo segundo del apartado 2 del
                                                                   artículo 12 de dicha Directiva, disposición que fue supri-
                     (Asunto C-206/98)
                                                                   mida por el artículo 37 de la Directiva 92/49/CEE con
                        (98/C 258/36)                              efectos de 1 de julio de 1994; la referida declaración no
                                                                   puede prevalecer sobre las disposiciones claras de una
                                                                   Directiva ulterior que modifica la Directiva que fue objeto
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se          de la declaración.
ha presentado el 2 de junio de 1998 un recurso contra el
Reino de BeÂlgica formulado por la Comisión de las Comu-
nidades Europeas, representada por la Sra. Christina Tuf-          Por uÂltimo, el Gobierno belga invoca erróneamente el
vesson, Consejero Jurídico, y el Sr. Bernard Mongin,               artículo 55 del Tratado CE. La Directiva 92/49/CEE tiene
miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que         como fundamento jurídico el apartado 2 del artículo 57 y
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del               el artículo 66 del Tratado CEE y su objeto es realizar el
Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.             mercado interior en el sector del seguro directo distinto
                                                                   del seguro de vida, en el doble aspecto de la libertad de
                                                                   establecimiento y de la libre prestación de servicios. De
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-           ello se deduce que, en lo que atanÄe a las materias armoni-
bunal de Justicia que:                                             zadas por dicha Directiva (y, en particular, el control del