title: Asunto T-138/04: Recurso interpuesto el 7 de abril de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Cementir Cementerie del Tirreno spa

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/51

         Recurso interpuesto el 7 de abril de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Cementir Cementerie del Tirreno spa
   (Asunto T-138/04)
   (2004/C 118/111)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 7 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Cementir Cementerie del Tirreno spa, representada por los Sres. Denis Fosselard y Piero Fattori, abogados.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión contenida en el escrito de 28 de enero de 2004 en la medida en que fija en 4 770 949,89 euros los intereses de demora de la multa que está obligada a pagar la demandante.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante la decisión impugnada la Comisión aplicó un tipo fijo del 7,25 % para calcular los intereses de demora adeudados como consecuencia de la multa impuesta a Cementir en la Decisión de 30 de noviembre de 1994, en el importe fijado por el Tribunal de Primera Instancia mediante sentencia de 15 de marzo de 2000, confirmado posteriormente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas mediante sentencia de 7 de febrero de 2004.
   La demandante impugna la decisión y basa su pretensión en dos motivos.
   Mediante el primer motivo alega la vulneración de los principios generales del Derecho comunitario y, en concreto, del derecho a una tutela judicial efectiva, dado que la aplicación de un tipo fijo del 7,25 % durante un período de nueve años dio como resultado la fijación de un importe de los intereses exorbitante y especialmente gravoso. Según la demandante, recurrir a un tipo fijo, calculado a partir de la situación de mercado existente en 1995 resulta absolutamente irrazonable si se aplica a un período tan amplio como un plazo de nueve años. Por otra parte, en el período que se examina los tipos de mercado disminuyeron considerablemente, circunstancia que determinó una situación en la que el derecho de Cementir a la tutela judicial efectiva quedó sujeto a condiciones especialmente gravosas.
   Mediante el segundo motivo la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule la decisión contenida en el escrito de 28 de enero de 2004 por vulneración del principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 3, letra b), del Tratado CE. En efecto, Cementir considera que la aplicación de un tipo de interés variable (cuyo margen de incremento sea razonable) constituye una medida igualmente eficaz para alcanzar los objetivos perseguidos por la Comisión sin imponer restricciones injustificadas al derecho a una plena tutela judicial.


title: Asunto C-680/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Alemania) el 17 de diciembre de 2015 — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja

text:
               4.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Alemania) el 17 de diciembre de 2015 — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja
   (Asunto C-680/15)
   (2016/C 118/06)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesarbeitsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH

      Demandada: Ivan Felja

      Cuestiones prejudiciales

   I.

               1)

               ¿Se opone el artículo 3 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, (1) a una normativa nacional que establece que, en caso de transmisión de una empresa o de un centro de actividad, todas las condiciones de trabajo acordadas individualmente y en virtud de la autonomía privada en el contrato de trabajo entre el cedente y el trabajador se transmitan en los mismos términos al cesionario, como si éste las hubiese acordado él mismo individualmente en el contrato con el trabajador, cuando el Derecho nacional prevé la posibilidad de que el cesionario pueda adaptarlas tanto de común acuerdo como de manera unilateral?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión en su conjunto o respecto a un grupo concreto de condiciones laborales acordadas individualmente en el contrato de trabajo entre el cedente y el trabajador:
               ¿Se desprende de la aplicación del artículo 3 de la Directiva 2001/23/CE que determinadas condiciones del contrato de trabajo acordadas en virtud de la autonomía privada entre el cedente y el trabajador se han de excluir de la transmisión en los mismos términos al cesionario y se han de adaptar por el mero hecho de la transmisión de la empresa o del centro de actividad?

               3)

               Si, conforme a los criterios aplicados por el Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones primera y segunda, la remisión acordada en el contrato individual, por la que determinadas disposiciones de un convenio colectivo se incorporan de modo dinámico y en virtud de la autonomía privada al contrato de trabajo, no se transmite en los mismos términos al cesionario:

                           a)

                           ¿Sucede lo mismo cuando ni el cedente ni el cesionario son partes del convenio colectivo ni pertenecen a una de tales partes, es decir, cuando las disposiciones del convenio colectivo, antes de la transmisión de la empresa o del centro de actividad, no se habrían aplicado a la relación laboral con el cedente si no se hubiese acordado en virtud de la autonomía privada la cláusula contractual de remisión?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión:

         ¿Sucede lo mismo cuando cedente y cesionario son empresas del mismo grupo?
   II.
   ¿Se opone el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a una normativa nacional, adoptada para transponer la Directiva 77/187/CEE (2) o la Directiva 2001/23/CE, con arreglo a la cual, en caso de transmisión de una empresa o de un centro de actividad, el cesionario queda vinculado a las condiciones laborales acordadas individualmente y en virtud de la autonomía privada entre el cedente y el trabajador antes de la transmisión, como si las hubiese acordado él mismo, aunque dichas condiciones incorporen al contrato de trabajo, de modo dinámico, determinadas disposiciones de un convenio colectivo que en caso contrario no serían aplicables a la relación laboral, habida cuenta de que el Derecho nacional prevé la posibilidad de que el cesionario pueda adaptarlas tanto de común acuerdo como de manera unilateral?

      (1)  Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82, p. 16).

      (2)  Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26).


title: Asunto C-54/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de julio de 2010 — República Helénica/Comisión Europea [Recurso de casación — Agricultura — Organización común del mercado vitivinícola — Ayudas a la reestructuración y a la reconversión de viñedos — Reglamento (CE) n ° 1493/1999 — Fijación de las asignaciones financieras definitivas concedidas a los Estados miembros — Reglamento (CE) n ° 1227/2000 — Artículo 16, apartado 1 — Plazo — Carácter imperativo]

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de julio de 2010 — República Helénica/Comisión Europea
   (Asunto C-54/09 P) (1)

   (Recurso de casación - Agricultura - Organización común del mercado vitivinícola - Ayudas a la reestructuración y a la reconversión de viñedos - Reglamento (CE) no 1493/1999 - Fijación de las asignaciones financieras definitivas concedidas a los Estados miembros - Reglamento (CE) no 1227/2000 - Artículo 16, apartado 1 - Plazo - Carácter imperativo)
   2010/C 246/07
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Recurrente: República Helénica (representantes: I. Chalkias y M. Tassopoulou, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: H. Tserepa-Lacombe y F. Jimeno Fernández, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 11 de diciembre de 2008, Grecia/Comisión (T-339/06), mediante la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó un recurso de anulación de la Decisión 2006/669/CE de la Comisión, de 4 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio financiero de 2006 las asignaciones financieras definitivas a los Estados miembros, para un determinado número de hectáreas, con vistas a la reestructuración y reconversión de viñedos en virtud del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo [notificada con el número C(2006) 4348] (DO L 275, p. 62), en la medida en que fija las hectáreas y las asignaciones financieras definitivas relativas a Grecia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 82, de 4.4.2009.


title: Asunto C-443/16: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 9 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 8 de Madrid) — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público — Reestructuración de la organización universitaria — Normativa nacional — Integración de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad — Requisito — Obtención del título de doctor — Transformación de puestos a tiempo completo en puestos a tiempo parcial — Aplicación únicamente a los profesores funcionarios interinos — Principio de no discriminación)

text:
               24.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/4

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 9 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 8 de Madrid) — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid
   (Asunto C-443/16) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Directiva 1999/70/CE - Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada - Cláusula 4 - Sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público - Reestructuración de la organización universitaria - Normativa nacional - Integración de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad - Requisito - Obtención del título de doctor - Transformación de puestos a tiempo completo en puestos a tiempo parcial - Aplicación únicamente a los profesores funcionarios interinos - Principio de no discriminación))
   (2017/C 129/05)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 8 de Madrid

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Francisco Rodrigo Sanz

      Demandada: Universidad Politécnica de Madrid

      Fallo

   La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que autoriza, en el marco de medidas de reestructuración de la organización universitaria, a las administraciones competentes del Estado miembro de que se trata a reducir a la mitad la jornada laboral de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que sean funcionarios interinos, debido a que no poseen el título de doctor, mientras que los Profesores Titulares de Escuela Universitaria funcionarios de carrera que tampoco poseen el título de doctor no son objeto de la misma medida.

      (1)  DO C 410 de 7.11.2016.


title: Asunto C-98/08: Auto del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid) — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/Sogecable, S.A., Canal Satélite Digital, S.L.

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/28

         Auto del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid) — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/Sogecable, S.A., Canal Satélite Digital, S.L.
   (Asunto C-98/08) (1)

   2009/C 113/54

      Lengua de procedimiento: español

   El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 128, de 24.5.2008.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Nederlandse Raad van State, de fecha 17 de junio de 1997, en el asunto entre Ing. AML van Rooij y Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel (Asunto C-231/97)

text:
N° C 252/ 18            ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           16 . 8 . 97
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4, en el artículo 5                   que sea titular de un permiso de conducir nacional o
o en la nota de pie de página n° 10 del Anexo I de la                            de un permiso de conducir de modelo comunitario
Directiva .                                                                      expedido por un Estado miembro y que, previa entrega
                                                                                de su permiso había podido obtener un permiso de
O DO n° L 271 de 29 . 10 . 1979 , p . 44 ; EE 15/02 , p . 146 .                  conducir del Estado miembro de acogida, pero que a
( 2 ) DO n° L 302 de 15 . 11 . 1985 ; EE de 15 . 11 . 1985 .                     27 de julio de 1993 no lo había hecho en el plazo
                                                                                señalado, sea asimilada a la conducción sin permiso y
                                                                                por tal motivo sea sancionada con una pena de priva
                                                                                ción de libertad o con una multa ?
                                                                          H DO n° L 375 de 31 . 12 . 1980, p . 1 .
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                ( 2 ) DO n° L 237 de 24 . 8 . 1991 , p. 1 .
lución del Hof vaft Cassatie van Belgié, de fecha 17 de
junio de 1997, en el asunto entre Awoyemi Ibiyinka y
                       Openbaar Ministerie
                        (Asunto C-230/97 )
                           ( 97/C 252/35 )
                                                                          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                          lución del Nederlandse Raad van State, de fecha 17 de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                          junio de 1997, en el asunto entre Ing. AML van Rooij y
sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                                Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel
mediante resolución del Hof van Cassatie van Belgié, dic
tada el 17 de junio de 1997, en el asunto entre Awoyemi                                           ( Asunto C-231/97)
Ibiyinka y Openbaar Ministerie, y recibida en la Secretaría                                          ( 97/C 252/36 )
del Tribunal de Justicia el 24 de junio de 1997.
El Hof van Cassatie solicita al Tribunal de Justicia que se               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                          mediante resolución del Nederlandse Raad van State, dic
1 . ¿ Se oponen las disposiciones de la Directiva 80/1263/                tada el 17 de junio de 1997 en el asunto entre Ing. AML
       CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1980, Primera                van Rooij y Dagelijks bestuur van het waterschap de
       Directiva relativa al establecimiento de un permiso de             Dommel , y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justi
       conducir comunitario ( ] ), en especial el artículo 8 , a          cia el 25 de junio de 1997.
       que la conducción de un vehículo por un conductor
       que no tenga la condición de ciudadano de la Unión                 El Raad van State solicita al Tribunal de Justicia que se
       Europea, pero que sea titular de un permiso de condu              pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
      cir nacional o de un permiso de conducir de modelo
       comunitario expedido por un Estado miembro y que,                  1 . ¿ Debe interpretarse el concepto de « vertido », que
      previa entrega de su permiso habría podido obtener un                     figura en la letra d) del apartado 2 del artículo 1 de la
      permiso de conducir del Estado miembro de acogida,                        Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de
      pero que no lo hizo en el plazo señalado, sea asimilada                    1976, relativa a la contaminación causada por deter
      a la conducción sin permiso y por tal motivo sea san                     minadas sustancias peligrosas vertidas en el medio
      cionada con una pena de privación de libertad o con                       acuático de la Comunidad (') en el sentido de que
      una multa ?                                                               comprende el depósito de vapor contaminado en las
                                                                                aguas superficiales ? ¿ Tiene para ello importancia la
2 . El apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 91 /439/                       distancia a la que dicho vapor se deposita en las aguas
      CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991 , sobre el per                   superficiales ?
      miso de conducción (2 ), según el cual se reconocerán
      recíprocamente los permisos de conducir expedidos                   2 . ¿ Está comprendido en el concepto de « vertido » el
      por los Estados miembros, y el derecho a canje estable                   vapor que primero se deposita en terrenos y tejados y
      cido en el apartado 1 del artículo 8 de esta Directiva                    luego, a través de una conducción de aguas al aire
      ¿ tienen como consecuencia que, incluso a falta de                        libre, llega a las aguas superficiales, bien desde la ins
      regulación nacional en la materia , un conductor, que                     talación de que se trate, bien desde las casas y otros
      no tenga la condición de ciudadano de la Unión Euro                      edificios ? Para responder a esta cuestión, ¿ tiene impor
      pea, pero que sea titular de un permiso de conducir                       tancia que el vapor contaminado llegue a las aguas
      nacional o de un permiso de conducir de modelo                            superficiales a través de una conducción al aire libre
      comunitario expedido por un Estado miembro y que                          de la referida instalación o a través de una conducción
      haya adquirido su residencia normal en otro Estado                        de terceros ?
      miembro, puede invocar desde el 1 de julio de 1996
      ante el Juez la aplicación de dichas disposiciones ?                3 . En caso de respuesta negativa a las cuestiones 1 y/o 2,
                                                                                ¿ es admisible que en la legislación nacional se dé al
3 . En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión,                      concepto de « vertido » un significado más amplio, que
      ¿ tienen efecto retroactivo el apartado 2 del artículo 1                  en la Directiva ?
      y el apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 91/439/
      CEE, en el sentido de que se oponen a que la conduc                0 ) DO n° L 129 de 18 . 5 . 1976, p. 23 ; EE 15/01 , p . 165 .
      ción de un vehículo por un conductor que no tenga la
      condición de ciudadano de la Unión Europea, pero


title: Asunto T-410/13: Auto del Tribunal General de 30 de septiembre de 2014  — Bitiqi y otros/Comisión y otros [ «Recurso de anulación — Política exterior y de seguridad común — Misión “Estado de Derecho” llevada a cabo por la Unión Europea en Kosovo (Eulex Kosovo) — Personal contractual — Decisiones del jefe de la misión de no renovar contratos de trabajo — Incompetencia manifiesta» ]

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/43

         Auto del Tribunal General de 30 de septiembre de 2014 — Bitiqi y otros/Comisión y otros
   (Asunto T-410/13) (1)

   ([«Recurso de anulación - Política exterior y de seguridad común - Misión “Estado de Derecho” llevada a cabo por la Unión Europea en Kosovo (Eulex Kosovo) - Personal contractual - Decisiones del jefe de la misión de no renovar contratos de trabajo - Incompetencia manifiesta»])
   2014/C 421/60
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Burim Bitiqi (Londres, Reino Unido); Arlinda Gjebrea (Pristina, Kosovo); Anna Gorska (Varsovia, Polonia); Agim Hajdini (Londres); Josefa Martínez Estéve (Valencia); Denis Vasile Miron (Bucarest, Rumanía); James Nicholls (Swindon, Reino Unido); Zornitsa Popova Glodzhani (Varna, Bulgaria); Andrei Mihai Popovici (Bucarest); y Amaia San José Ortiz (Llodio, Álava) (representantes: inicialmente A. Coolen, D. de Abreu Caldas, É. Marchal y J.-N. Louis, posteriormente D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas y J.-N. Louis, abogados)

      Demandadas: Comisión Europea (representantes: F. Erlbacher y A.-C. Simon, agentes); Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (representantes: S. Marquardt, É. Chaboureau y M. Silva, agentes); y Eulex Kosovo (representantes: B. Borchardt, agente, asistido por A. Fouquet Dörte, abogado)

      Parte coadyuvante en apoyo de las demandadas: Consejo de la Unión Europea (Representantes: A. Vitro y M. Bauer, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de las decisiones del jefe de la misión «Estado de Derecho» llevada a cabo por la Unión Europea en Kosovo (Eulex Kosovo) de 27 de mayo y 2 de julio de 2013 de no renovar los contratos de trabajo de los demandantes.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar al Sr. Burim Bitiqi, a las Sras. Arlinda Gjebrea y Anna Gorska, al Sr. Agim Hajdini, a la Sra. Josefa Martínez Estéve, a los Sres. Denis Vasile Miron y James Nicholls, a la Sra. Zornitsa Popova Glodzhani, al Sr. Andrei Mihai Popovici y a la Sra. Amaia San José Ortiz a cargar con las costas de la Comisión Europea, del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de Eulex Kosovo.

               3)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 325, de 9.11.2013.


title: Asunto T-325/99: Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Generale Conserve s.p.a.

text:
C 63/24                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        4.3.2000
Recurso interpuesto el 15 de noviembre de 1999 contra                     — Condene a la Comisión a abonarle la cantidad de 20 000 FF
la Comisión de las Comunidades Europeas por Garage en                         en concepto de gastos no comprendidos en las costas que
                     Tankstation Milder V.O.F.                                 tuvo que efectuar para la defensa de sus intereses.
                         (Asunto T-321/99)                                Motivos y principales alegaciones
                           (2000/C 63/47)                                 El demandante afirma que la Comisión, de una forma contraria
                                                                          a Derecho, se abstuvo de responder a la solicitud que él le
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)                    presentó con el fin de tener acceso a determinados documen-
                                                                          tos, contraviniendo de esta forma tanto el artı́culo 175 del
                                                                          Tratado CE (actualmente, artı́culo 232 CE) como la Decisión
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          94/90/CECA/CE/Euratom (1) de la Comisión, de 8 de febrero
Europeas se ha presentado el 15 de noviembre de 1999 un
                                                                          de 1994, relativa al acceso del público a los documentos de la
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          Comisión.
formulado por Garage en Tankstation Milder V.O.F., de Gendt
(Paı́ses Bajos), representado por el Sr. M.J.C. Deriks, Abogado
de Rotterdam.                                                             (1) DO L 46, de 18.2.94, p. 58.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
a) Anule la Decisión [C(1999) 2539 final (1) de la Comisión,
     de 20 de julio de 1999, relativa a una ayuda de Estado de            Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 1999 contra
     los Paı́ses Bajos a 633 estaciones de servicio neerlandesas          la Comisión de las Comunidades Europeas por Generale
     de la zona fronteriza con Alemania.                                                            Conserve s.p.a.
b) Condene en costas a la Comisión.                                                             (Asunto T-325/99)
Motivos y principales alegaciones                                                                   (2000/C 63/49)
Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los de                              (Lengua de procedimiento: italiano)
los asuntos T-273/99 a T-278/99.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
(1) DO L 280, de 30.10.1999, p. 87.
                                                                          Europeas se ha presentado el 17 de noviembre de 1999 un
                                                                          recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          formulado por Generale Conserve s.p.a., representada por los
                                                                          Sres. Carlo Cigolini y Giuseppe Durazzo, Abogados de Génova,
                                                                          y por Me Mathis Hengel, Abogado de Luxemburgo, que designa
                                                                          como domicilio en Luxemburgo el bufete de éste, 12, av. de la
                                                                          Porte Neuve.
Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 1999 contra
la Comisión de las Comunidades Europeas por Karl                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                              L. Meyer                                    que:
                         (Asunto T-322/99)                                — Anule la Decisión impugnada.
                                                                          — Condene a la Comisión al pago de las costas del presente
                           (2000/C 63/48)                                      procedimiento.
                   (Lengua de procedimiento: francés)                     Motivos y principales alegaciones
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    El presente recurso se dirige contra la decisión de la Comisión,
Europeas se ha presentado el 16 de noviembre de 1999 un                   de fecha 17 de junio de 1999, por la que deniega la solicitud
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                   del demandante de que no se recaudaran a posteriori los
formulado por Karl L. Meyer, con domicilio en Raiatea (Poline-            derechos aduaneros que, en su caso, pudieran liquidarse en
sia Francesa), representado por Me Jean-Dominique des Arcis,              relación con los nueve boletines IM4, por un total de
Abogado de Papeete, que designa como domicilio en Luxem-                  330 517 600 LIT, correspondientes a otras tantas partidas de
burgo el del Sr. Pakowski, 20-22, avenue Emile Reuter.                    atún elaborado y envasado, obtenido de materia prima decla-
                                                                          rada como de origen turco, pero considerada posteriormente
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia             originaria de paı́ses terceros, debido a que, al parecer, el
que:                                                                      proveedor turco no almacenaba por separado la materia prima
                                                                          turca o comunitaria y aquella originaria de paı́ses terceros, por
— Declare que la DG VIII de la Comisión ha infringido el                 lo que no pudieron emitirse los correspondientes certificados
     artı́culo 175 del Tratado CE.                                        ATR 1.
 ---pagebreak--- 4.3.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 63/25
Según la demandante, esta decisión es errónea por los motivos         Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 1999 por
ya expuestos en otro recurso de anulación de una decisión              Anthony Goldstein contra la Comisión de las Comunida-
análoga, el que ha dado lugar al asunto T-179/99, Sud                                              des Europeas
Pesca SRL (1). Respecto al presente asunto, en particular, la
demandante alega además los siguientes motivos:                                                (Asunto T-328/99)
                                                                                (2000/C 63/50)
— Vicio de procedimiento. Alega que la Aduana de Génova
     emitió directamente nueve liquidaciones para proceder a                              (Lengua de procedimiento: inglés)
     la recaudación de los derechos sin oı́r a los interesados y
     sin efectuar ningún control a posteriori a través de las
     autoridades turcas. Simultáneamente, la Aduana comunicó           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     que tales liquidaciones se entendı́an efectuadas sólo a            Europeas se ha presentado el 22 de noviembre de 1999 un
     efectos de interrupción de la prescripción, y la Dirección       recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
     regional de aduanas requirió a los operadores a presentar          formulado por Anthony Goldstein, representado por Raymond
     solicitudes de no recaudación a posteriori y dio instruccio-       St John Murphy, Solicitor, con domicilio en Fleet Street, 61,
     nes a los servicios dependientes de despachar las sucesivas         Londres EC4Y 1JU, Reino Unido.
     importaciones similares sólo cuando mediara una garantı́a,
     según el procedimiento de suspensión de derechos, en              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
     espera a la resolución de dichas solicitudes. La demandante        que:
     considera que, al actuar ası́, la Aduana italiana vulneró,
     además, el derecho a recurrir ante las autoridades aduaneras       — Ordene a la demandada adoptar las medidas necesarias
     la nueva liquidación.                                                   para proteger la reputación profesional del demandante;
                                                                         — condene a la demandada a pagar 400 000 EUR al deman-
                                                                              dante en concepto de daños y perjuicios;
— Inoponibilidad de las verificaciones realizadas por los
     inspectores de la Comisión, por lo que respecta al origen          — condene en costas a la demandada.
     de paı́ses terceros en el que se basa la deuda aduanera, en
     la medida en que estas verificaciones fueron unilaterales y,        Motivos y principales alegaciones
     además, fueron impugnadas por el exportador.
                                                                         En 1995 el demandante presentó a la Comisión, con arreglo al
                                                                         artı́culo 3, apartado 2, del Reglamento del Consejo no 17, una
— Inexistencia de prueba directa, o siquiera indirecta o                 solicitud con el fin de que se declarara que el General Council
     presunta, del origen no turco de los productos importados           of the Bar, una autoridad en el ámbito de la prestación de
     por la demandante.                                                  servicios jurı́dicos en el Reino Unido, habı́a infringido los
                                                                         artı́culos 81 y 82 del Tratado CE. Asimismo, pedı́a a la
                                                                         Comisión la adopción de medidas provisionales. El deman-
                                                                         dante solicita ahora la indemnización de los daños que le
— Subsistencia de los presupuestos de la no recaudación a               ocasionó la no adopción por la Comisión de las mencionadas
     posteriori, por lo que respecta a la buena fe del importador,       medidas provisionales en violación del ordenamiento jurı́dico.
     su respeto de la normativa vigente, ası́ como la comisión
     de un error, aunque será de forma meramente pasiva, por
     parte de las autoridades aduaneras.
                                                                         Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 1999 contra
En apoyo de sus alegaciones, la demandante impugna asi-
                                                                               el Parlamento Europeo por Emma Bonino y otros
mismo la referencia al concepto de riesgo comercial contenida
en la decisión impugnada.
                                                                                (Asunto T-329/99)
                                                                                (2000/C 63/51)
(1) DO C 281, de 2.10.1999, p. 29.                                                        (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 22 de noviembre de 1999 un
                                                                         recurso contra el Parlamento Europeo formulado por la
                                                                         Sra. Emma Bonino y otros, representados por los Sres. Antonio
                                                                         Tizzano y Gian Michele Roberti, Abogados de Nápoles, que
                                                                         designan como domicilio Place du Grand Sablon, 36, Bruselas.


title: Asunto C-570/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Karoline Gruber/Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2011/92/UE — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente — Construcción de un centro comercial — Efecto vinculante de una resolución administrativa por la que se decide no llevar a cabo una evaluación de las repercusiones — Falta de participación del público)

text:
               15.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 198/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Karoline Gruber/Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
   (Asunto C-570/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 2011/92/UE - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente - Construcción de un centro comercial - Efecto vinculante de una resolución administrativa por la que se decide no llevar a cabo una evaluación de las repercusiones - Falta de participación del público))
   (2015/C 198/10)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Karoline Gruber

      Demandada: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

      Fallo

   El artículo 11 de la Directiva 2011/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una decisión administrativa por la que se declara que para un determinado proyecto no es preciso realizar una evaluación de impacto ambiental, tiene también efectos vinculantes para los vecinos que no están legitimados para recurrir contra la citada decisión administrativa, siempre que dichos vecinos, que forman parte del «público interesado» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva, reúnan los criterios previstos por el Derecho nacional en cuanto al «interés suficiente» o al «menoscabo de un derecho». Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si se cumple dicho requisito en el asunto pendiente ante él. En caso de respuesta afirmativa, debe declarar que una decisión administrativa de no efectuar esa evaluación carece de efecto vinculante respecto a tales vecinos.

      (1)  DO C 24, de 25.1.2014.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 5 de mayo de 1998 en el asunto C-180/96: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Consejo de la Unión Europea (Agricultura - Policía sanitaria - Medidas de emergencia contra la encefalopatía espongiforme bovina - Enfermedad denominada «de las vacas locas»)

text:
4.7.98                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 209/9
Se declara que el examen de la cuestión prejudicial no ha         4) El Consejo de la Unión Europea cargaraÂ con sus pro-
revelado ninguÂn elemento que pueda afectar a la validez               pias costas.
del artículo 1 de la Decisión 96/239/CE de la Comisión,
de 27 de marzo de 1996, por la que se adoptan determina-          (1) DO C 197 de 6.7.1996.
das medidas de emergencia en materia de protección
contra la encefalopatía espongiforme bovina.
(1) DO C 197 de 6.7.1996.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                de 5 de mayo de 1998
                                                                  en el asunto C-386/96 P: SocieÂteÂ Louis Dreyfus & Cie
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                  contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                    de 5 de mayo de 1998
                                                                  (Ayuda de urgencia de la Comunidad a los Estados de la
en el asunto C-180/96: Reino Unido de Gran BretanÄa e             antigua Unión SovieÂtica Ð PreÂstamo Ð CreÂdito documen-
Irlanda del Norte contra Comisión de las Comunidades              tario Ð Recurso de anulación Ð Admisibilidad Ð Requi-
  Europeas, apoyada por Consejo de la Unión Europea (1)           sito de que la decisión comunitaria afecte directamente al
(Agricultura Ð Policía sanitaria Ð Medidas de emergencia                                   demandante)
contra la encefalopatía espongiforme bovina Ð Enferme-                                    (98/C 209/18)
            dad denominada «de las vacas locas»)
                         (98/C 209/17)                                          (Lengua de procedimiento: franceÂs)
               (Lengua de procedimiento: ingleÂs)                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
                                                                  caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                                de Justicia»)
                          de Justicia»)
                                                                  En el asunto C-386/96 P, SocieÂteÂ Louis Dreyfus & Cie,
En el asunto C-180/96, Reino Unido de Gran BretanÄa e             sociedad francesa, con domicilio social en París, represen-
Irlanda del Norte (Agente: Sra. Lindsey Nicoll, asistida          tada por el Sr. Robert Saint-Esteben, Abogado de París,
por los Sres. Nicholas Lyell, Paul Lasok y David Ander-           que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
son) contra Comisión de las Comunidades Europeas                  del Sr. Aloyse May, 31, Grand-Rue, que tiene por objeto
(Agentes: Sres. Dierk Booû y James Macdonald Flett), apo-         un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del
yada por Consejo de la Unión Europea (Agentes: Sr. Art-           Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
hur Brautigam y Sra. Moyra Sims), que tiene por objeto            Europeas (Sala Tercera), de 24 de septiembre de 1996,
que se anule la Decisión 96/239/CE de la Comisión, de 27          Dreyfus/Comisión (T-485/93, Rec. p. II-1101), por el que
de marzo de 1996, por la que se adoptan determinadas              se solicita que se anule dicha sentencia, y en el que la otra
medidas de emergencia en materia de protección contra la          parte en el procedimiento es: Comisión de las Comunida-
encefalopatía espongiforme bovina (DO L 78 de                     des Europeas (Agentes: Sra. Marie-JoseÂ Jonczy y Sr. Nicho-
20.3.1996, p. 47), así como algunos otros actos de la             las Khan), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:
Comisión, el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:       G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann, H. Rag-
G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann, H. Rag-         nemalm, M. Wathelet (Ponente) y R. Schintgen, Presiden-
nemalm, M. Wathelet y R. Schintgen, Presidentes de Sala;          tes de Sala; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida,
G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray,           P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P.
D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y L.        Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón y K. M. Ioannou,
Sevón (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. G. Tesauro;         Jueces; Abogado General: Sr. A. La Pergola; Secretaria:
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora; ha dictado el        Sra. D. Loutermann-Hubeau, administradora principal; ha
5 de mayo de 1998 una sentencia cuyo fallo es el                  dictado el 5 de mayo de 1998 una sentencia cuyo fallo es
siguiente:                                                        el siguiente:
1) Se declara la inadmisibilidad del recurso del Reino            1) Se anula la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
     Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte en cuanto              de 24 de septiembre de 1996, Dreyfus/Comisión
     tiene por objeto las tomas de posición de la Comisión             (T-485/93) en la medida en que declara la inadmisibili-
     de los días 10 de abril, 13 de abril y 8 de mayo de               dad del recurso de anulación interpuesto por la socie-
     1996.                                                             dad Louis Dreyfus & Cie.
2) Se desestima el recurso del Reino Unido de Gran Bre-
                                                                  2) Se devuelve el asunto al Tribunal de Primera Instancia
     tanÄa e Irlanda del Norte en cuanto tiene por objeto la
                                                                       para que resuelva sobre el fondo.
     anulación de la Decisión 96/239/CE de la Comisión,
     de 27 de marzo de 1996, por la que se adoptan deter-
     minadas medidas de emergencia en materia de protec-          3) Se reserva la decisión sobre las costas.
     ción contra la encefalopatía espongiforme bovina.
                                                                  (1) DO C 40 de 8.2.1997.
3) Se condena en costas al Reino Unido de Gran BretanÄa
     e Irlanda del Norte.


title: Recurso interpuesto el 29 de mayo de 1998 contra la República de Austria por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-205/98)

text:
C 234/20               ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    25.7.98
Recurso interpuesto el 29 de mayo de 1998 contra la                RepuÂblica de Austria formulado por la Comisión de las
RepuÂblica HeleÂnica por la Comisión de las Comunidades            Comunidades Europeas, representada por la Sra. Laura
                           Europeas                                Pignataro, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión,
                      (Asunto C-204/98)                            y el Sr. Andreas Buschmann, perito nacional del Servicio
                                                                   Jurídico de la Comisión, que designa como domicilio en
                         (98/C 234/38)                             Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                   miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se          Centre Wagner C 254, Kirchberg.
ha presentado el 29 de mayo de 1998 un recurso contra la
RepuÂblica HeleÂnica formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Patakia y el Sr. Bernard Mongin, miembros de su Servicio
Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domici-
lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la           1) Declare que, al aumentar, el 1 de julio de 1995 y el 1
Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                                        de febrero de 1996, el peaje de toda la autopista del
                                                                       BreÂnner, un tramo a traveÂs de Austria por el que tran-
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              sitan predominantemente camiones de carga de maÂs de
                                                                       12 toneladas procedentes de otros Estados miembros,
Ð Declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las                la RepuÂblica de Austria ha infringido la letra b) del
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado                artículo 7 de la Directiva 93/89/CEE (1).
     CE y de la Directiva 94/38/CE de la Comisión, de 26
     de junio de 1994, por la que se modifican los
                                                                   2) Declare que la RepuÂblica de Austria ha infringido la
     Anexos C y D de la Directiva 92/51/CEE del Consejo,
                                                                       letra h) del artículo 7 de la Directiva 93/89/CEE, al
     relativa a un segundo sistema general de reconoci-
                                                                       percibir el citado peaje no solamente para cubrir los
     miento de formaciones profesionales (1), al no haber
                                                                       costes de construcción, explotación y ampliación de la
     adoptado y, con caraÂcter subsidiario, al no haber
                                                                       autopista del BreÂnner.
     comunicado a la Comisión, dentro del plazo senÄalado,
     las disposiciones legales, reglamentarias y administrati-
     vas necesarias para cumplir dicha Directiva.                  3) Condene en costas a la RepuÂblica de Austria.
Ð Condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.
                                                                   Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones
Conforme al paÂrrafo tercero del artículo 189 del Tratado          Mediante sentencia de 5 de julio de 1995 en el asunto
CE, las Directivas obligaraÂn al Estado miembro destinata-         C-21/94 (2) el Tribunal de Justicia declaró nula la Directiva
rio en cuanto al resultado que deba conseguirse. SeguÂn el         93/89/CEE, pero mantuvo sus efectos hasta la adopción de
paÂrrafo primero del artículo 5 del Tratado CE, los Estados        otra Directiva del Consejo.
miembros adoptaraÂn todas las medidas generales o parti-
culares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Tratado o resultantes de los            Ð Infracción de la letra b) del artículo 7 de la Directiva:
actos de las Instituciones de la Comunidad. Las citadas                La percepción de peaje solamente para todo el reco-
disposiciones imponen a los Estados miembros la obliga-                rrido de la autopista del BreÂnner (Insbruck-Brenner-
ción de establecer su normativa de acuerdo con las Directi-            grenze) y sólo para camiones de maÂs de tres ejes, mien-
vas comunitarias dentro del plazo que eÂstas imponen. El               tras se mantienen los tipos del peaje de trayectos par-
plazo previsto en el apartado 1 del artículo 3 de la Direc-            ciales y cortos así como para camiones de hasta tres
tiva 94/38/CE expiró el 1 de octubre de 1994, sin que la               ejes constituye una discriminación indirecta por razón
RepuÂblica HeleÂnica haya adoptado las medidas legales,                de la nacionalidad de los usuarios. Dicho reÂgimen
reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar el            afecta fundamentalmente al traÂnsito transalpino, lle-
ordenamiento jurídico griego a la citada Directiva.                    vado a cabo en un 94 % por camiones extranjeros y
                                                                       sólo en un 6 % por camiones con matrícula austriaca.
(1) DO L 217 de 23.8.1994, p. 8.                                       SeguÂn datos del Goberno austriaco, el 82 % de los
                                                                       camiones afectados por la eliminación de las rebajas
                                                                       de recorrido completo eran, en la primera subida de
                                                                       peajes, camiones con matrícula de otros Estados miem-
                                                                       bros. En el caso de traÂfico de camiones de carga pesa-
                                                                       dos (traÂnsito y traÂfico bilateral), un 84 % de los
Recurso interpuesto el 29 de mayo de 1998 contra la                    camiones pesados afectados por el aumento de las tari-
RepuÂblica de Austria por la Comisión de las Comunidades               fas de peaje son, seguÂn los datos proporcionados por
                           Europeas                                    Austria, vehículos extranjeros. Por el contrario, los tra-
                      (Asunto C-205/98)                                yectos parciales de la autopista del BreÂnner y el tra-
                                                                       yecto de ida y vuelta Innsbruck-Matrei, que no se han
                         (98/C 234/39)                                 visto afectados por los aumentos de peaje, son utiliza-
                                                                       dos lógicamente de forma predominante por camiones
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              de transportes regionales y locales, con matricula de
ha presentado el 29 de mayo de 1998 un recurso contra la               Austria. Es significativo que en esos trayectos parciales
 ---pagebreak--- 25.7.98                 ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 234/21
     ni siquiera se haya llevado a cabo un aumento del               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     peaje correspondiente a la inflación.                           lución del Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpom-
                                                                     mern, de fecha 16 de abril de 1998, en el asunto entre
                                                                      Silke-Karin Mahlburg y Land Mecklenburg-Vorpommern
     TambieÂn constituye una discriminación indirecta por                                  (Asunto C-207/98)
     razón de la nacionalidad del usuario el hecho de que                                    (98/C 234/40)
     los dos aumentos de peaje afecten en conjunto uÂnica-
     mente a camiones de maÂs de tres ejes, mientras que los
     camiones de hasta tres ejes no han soportado ninguÂn            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     aumento de peaje, ni siquiera para el trayecto total de         sido sometida una petición de decisión prejudicial
     la autopista del BreÂnner. Efectivamente, en este uÂltimo       mediante resolución de la Sala Primera del Landesarbeits-
     grupo predominan claramente los vehículos con matrí-            gericht Mecklenburg-Vorpommern, dictada el 16 de abril
     cula austriaca. La diferencia de trato no se puede justi-       de 1998, en el asunto entre Silke-Karin Mahlburg y Land
     ficar alegando el mayor desgaste de las vías, puesto            Mecklenburg-Vorpommern, y recibida en la Secretaría del
     que eÂste no sólo depende del nuÂmero de ejes, sino tam-        Tribunal de Justicia el 2 de junio de 1998.
     bieÂn de factores que, como la relación entre el peso y
     el nuÂmero de ejes, el peso por ejes y el sistema de sus-       El Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern solicita
     pensión del eje motor, desempenÄan un papel funda-              al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
     mental.                                                         cuestión:
                                                                     ¿Constituye una discriminación ilegal por razón del sexo
     Por uÂltimo, el sistema de peaje de la autopista del            en el sentido del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva
     BreÂnner implica una discriminación indirecta por               76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976 (1), el hecho de que
     razón de los puntos de partida y de destino de los              una empresa no contrate a una candidata apta, en princi-
     camiones. El sometimiento a un peaje desproporciona-            pio, para desempenÄar la actividad de que se trata por estar
     damente alto para el trayecto total en relación con los         embarazada y no poder ocupar desde el primer momento
     trayectos parciales afecta especialmente al traÂnsito, es       y durante el embarazo el puesto de trabajo, de caraÂcter
     decir, al traÂfico cuyos puntos de partida y de destino         indefinido, debido a una prohibición de desempenÄar dicha
     estaÂn situados fuera del territorio austriaco. Lo mismo        actividad laboral impuesta por la Mutterschutzgesetz?
     cabe decir, a sensu contrario, para la excepción del
     aumento de peaje que se aplica a los camiones de                (1) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40; EE 05/02, p. 70.
     hasta tres ejes.
Ð Infracción de la letra h) del artículo 7 de la Directiva:
     Conforme a la letra h) del artículo 7 de la Directiva,
     los importes de los peajes estaraÂn relacionados con los        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     costes de la red de que se trate. En el presente asunto         lución del Landgericht Potsdam, de fecha 27 de abril de
     esto sucede evidentemente sólo de una forma muy                 1998, en el asunto entre Berliner Kindl Brauerei AG y
     limitada. SeguÂn datos comunicados por el Gobierno                                      Andreas Siepert
     austriaco, en los uÂltimos anÄos los gastos que soporta la                            (Asunto C-208/98)
     empresa que gestiona la autopista del BreÂnner han dis-
     minuido en parte considerablemente, sin embargo, en                                     (98/C 234/41)
     el mismo período, los ingresos procedentes del peaje
     aumentaron claramente. El Gobierno austriaco alega              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     indebidamente los costes de la sociedad de financia-            sido sometida una petición de decisión prejudicial
     ción ASFINAG correspondientes a otras autopistas y              mediante resolución de la Sala Segunda para asuntos mer-
     autovías austriacas. En el marco de las disposiciones           cantiles del Landgericht Potsdam, dictada el 27 de abril de
     que se refieren al peaje, el concepto de «red de infraes-       1998, en el asunto entre Berliner Kindl Brauerei AG y
     tructuras» que emplea la letra h) del artículo 7 de la          Andreas Siepert, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
     Directiva sólo puede referirse a las vías para cuyo uso         Justicia el 2 de junio de 1998.
     se percibe legalmente un peaje. Puesto que Austria per-
     cibe por vehículos con un peso total de carga autori-
                                                                     La Sala Segunda para asuntos mercantiles del Landgericht
     zado igual o superior a 12 toneladas (cuarto guión del
                                                                     Potsdam solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
     artículo 2 de la Directiva) un derecho de uso general,
                                                                     sobre la siguiente cuestión:
     dichas vías sólo pueden ser, en el presente asunto, la
     autopista del BreÂnner, en el sentido de sucesión de
     «puentes, tuÂneles y pasos de montanÄa».                        ¿EstaÂ comprendido en el aÂmbito de aplicación de la Direc-
                                                                     tiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,
                                                                     relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
(1) DO L 279 de 12.11.1993, p. 32.                                   reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
(2) Rec. p. I-1827.                                                  en materia de creÂdito al consumo (DO L 42 de 12.2.1987,
                                                                     p. 48) un contrato de fianza celebrado por una persona
                                                                     física que actuÂa fuera del marco de una actividad econó-
                                                                     mica, cuando garantiza el pago de una deuda que el deu-


title: Asunto C-463/02: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2002 contra el Reino de Suecia por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 55/10                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              8.3.2003
El artículo 20 del Decreto 18/99 se refiere a los contratos                     sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme ( 1), al
de trabajo que prevén diversos regímenes organizativos o                        no gravar con el impuesto sobre el valor añadido la ayuda
contractuales en vigor el 19 de noviembre de 1998. Estos                        abonada en virtud del Reglamento (CE) no 603/95 del
contratos afectan al personal de los usuarios que efectúan                      Consejo, de 21 de febrero de 1995, por el que se establece
servicios de autoasistencia, distinto del definido en la Directiva.             la organización común de mercados en el sector de los
Estos contratos continuarán en vigor y sin cambios hasta su                     forrajes desecados ( 2).
expiración; no obstante, no pueden durar más de seis años. En
realidad, las empresas con «diversos regímenes organizativos»             2.    Condene en costas a Suecia.
están autorizadas, en la práctica, para desempeñar funciones
de operadores de autoasistencia junto a otros operadores de
autoasistencia y agentes de asistencia.
                                                                          Motivos y principales alegaciones
La Directiva proporciona definiciones claras de los operadores
de servicios de asistencia en tierra, de los agentes de servicios a
terceros y de los usuarios que efectúan la autoasistencia. Los            Se reúnen los tres requisitos para que una subvención esté
sujetos que no cumplan los requisitos para la autoasistencia              incluida en la base imponible. Del Reglamento no 603/95
establecidos en el artículo 2, letra f), pueden operar sólo en            se deduce claramente que únicamente las empresas que
cuanto agentes de servicios a terceros. Además, los artículo 7,           transforman forraje fresco pueden obtener la ayuda y no los
apartado 2, y 11, apartado 2, de la Directiva establecen los              productores de forraje fresco y que las empresas transformado-
procedimientos específicos que deben seguirse para la selección           ras suscriben contratos de compraventa con empresas que
de los operadores de autoasistencia y los agentes de servicios a          consumen forraje desecado (entrega de mercancías) y contratos
terceros. A la luz de estas consideraciones, lo dispuesto en el           de transformación con los productores de forraje fresco
artículo 20 parece contravenir estas obligaciones.                        (prestación de servicios). En el presente caso no cabe duda de
                                                                          que el organismo de intervención que paga la ayuda en virtud
                                                                          del Reglamento no 603/95 es un tercero en relación con la
( 1) DO L 272 de 25.10.1996, p. 36.                                       empresa de transformación y el comprador, y de que su
( 2) DO L 61 de 05.03.1977, p. 26.                                        intervención tiene lugar con arreglo a un procedimiento de
( 3) DO L 201 de 17.01.1998, p. 88.                                       concesión de subvenciones públicas.
( 4) DO L 82 de 22.03.2001, p. 16.
                                                                          Sería restrictivo de modo exagerado interpretar el artículo 11,
                                                                          parte A, apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva si únicamente
                                                                          se incluyera en la base imponible del impuesto sobre el valor
                                                                          añadido los tipos de ayudas que se calculan al margen
                                                                          del precio del producto. Con su referencia general a las
                                                                          «subvenciones directamente vinculadas al precio de [las]
                                                                          operaciones [imponibles]», el legislador comunitario pretendía
Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2002 contra el
                                                                          de hecho incluir en la base imponible del impuesto sobre el
Reino de Suecia por la Comisión de las Comunidades
                                                                          valor añadido todas las ayudas que estén directamente vincula-
                            Europeas                                      das al precio de mercancías o servicios, es decir, las subvencio-
                                                                          nes que influyan directamente en la magnitud de la retribución
                       (Asunto C-463/02)                                  del proveedor. Tales subvenciones, a su vez, deben estar
                                                                          directamente vinculadas o en relación de causalidad con
                                                                          entregas de bienes o prestaciones de servicios precisas y
                         (2003/C 55/18)                                   cuantificables, es decir, que la ayuda se paga si las mercancías
                                                                          o los servicios se venden efectivamente en el mercado y en la
                                                                          medida en que esto suceda. De lo anterior se deduce la
                                                                          influencia directa de la subvención en el precio de venta y, de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              modo manifiesto, la idea subyacente de incluir la subvención
presentado el 23 de diciembre de 2002 un recurso contra el                en la base imponible del impuesto sobre el valor añadido,
Reino de Suecia, formulado por la Comisión de las Comunida-               según una interpretación no restrictiva del artículo 11, parte A,
des Europeas, representada por E. Traversa y K. Simonsson, en             apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva y de conformidad
calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.                  con el objetivo general del artículo, es decir, la sujeción de
                                                                          todo el valor que, total o parcialmente, paga una persona, con
                                                                          independencia de quién sea, y que recibe efectivamente el
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:                         proveedor como consecuencia de haber vendido productos o
                                                                          servicios.
1.    Declare que Suecia ha incumplido las obligaciones que le
      incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 77/
                                                                          (1 ) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54.
      388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta                   (2 ) DO L 63 de 21 de marzo de 1995, p. 1.
      Directiva en materia de armonización de las legislaciones
      de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre
      el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto


title: Asunto T-572/15: Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 2015 — Aldi/OAMI — Rouard (GOURMET)

text:
               23.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/64

         Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 2015 — Aldi/OAMI — Rouard (GOURMET)
   (Asunto T-572/15)
   (2015/C 389/72)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Alemania) (representantes: C. Fürsen y N. Bertram, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Pierre-André Rouard (Madrid)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular de la marca controvertida: La demandante

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa que incluye el elemento denominativo «GOURMET» — Solicitud de registro no 1 0 5 09  446

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 24 de julio de 2015 en el asunto R 1985/2013-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 63 del Reglamento no 207/2009, en relación con la regla 20, apartado 7, del Reglamento no 2868/95.

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de octubre de 2003 en el asunto C-433/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica ("Incumplimiento de Estado — Directiva 92/100/CEE — Derechos de autor — Remuneración de los autores en caso de préstamo público de sus obras literarias o artísticas")

text:
C 289/10                 ES                               Diario Oficial de la Unión Europea                                            29.11.2003
1)     Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del                2)    Condenar en costas al Reino de Bélgica.
       Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
       del artículo 18 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de
       26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber        (1) DO C 19 de 25.1.2003.
       adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y
       administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto
       en la citada Directiva.
2)     Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
       del Norte.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(1) DO C 19 de 25.1.2003.                                                                                (Sala Tercera)
                                                                                de 16 de octubre de 2003
                                                                                en el asunto C-29/03: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Instituto Tecnológico para a Europa
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                          Comunitária (ITEC) (1)
                              (Sala Sexta)
                                                                                («Cláusula compromisoria — Incumplimiento de un contrato
                                                                                — Reembolso de cantidades anticipadas — Procedimiento en
                     de 16 de octubre de 2003                                                                 rebeldía»)
en el asunto C-433/02: Comisión de las Comunidades                                                        (2003/C 289/19)
               Europeas contra Reino de Bélgica (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: portugués)
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 92/100/CEE —
Derechos de autor — Remuneración de los autores en caso
   de préstamo público de sus obras literarias o artísticas»)                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                           (2003/C 289/18)
                   (Lengua de procedimiento: francés)                           En el asunto C-29/03, Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                                (agentes: Sres. G. Braga da Cruz y C. Giolito) contra Instituto
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la            Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC), estableci-
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)             miento privado con domicilio social en Lisboa (Portugal), que
                                                                                tiene por objeto un recurso interpuesto por la Comisión con
                                                                                arreglo al artículo 238 CE para obtener el reembolso de la
                                                                                cantidad de 62 236,65 euros abonada por ésta a la demandada
En el asunto C-433/02, Comisión de las Comunidades Euro-                        en cumplimiento del contrato no IN 10278I 20364/0, más los
peas (agente: Sra. K. Banks) contra Reino de Bélgica (agente:                   intereses de demora, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera),
Sra. A. Snoecx), que tiene por objeto que se declare que el                     integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, la Sra.
Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le                          F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), Jueces;
incumben en virtud de los artículos 1 y 5 de la Directiva 92/                   Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass, ha
100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre                          dictado el 16 de octubre de 2003 una sentencia cuyo fallo es
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los                   el siguiente:
derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO
L 346, p. 61), al no haber aplicado las disposiciones relativas
al derecho de préstamo público establecidas en dicha Direc-                     1)    Condenar al Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária
tiva, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el                          (ITEC) a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas la
Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, y los Sres. R. Schintgen,                   cantidad de 62 236,65 euros, más los intereses de demora al
C. Gulmann (Ponente), V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues,                              tipo legal portugués, calculados de conformidad con lo dispuesto
Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass,                      en las Portarias no 263/99, de 12 de abril de 1999, hasta el
ha dictado el 16 de octubre de 2003 una sentencia cuyo fallo                          30 de abril de 2003, y no 291/2003, de 8 de abril de 2003,
es el siguiente:                                                                      a partir del 1 de mayo de 2003 y hasta el pago total de la
                                                                                deuda.
1)     Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones          2)    Condenar en costas al Instituto Tecnológico para a Europa
       que le incumben en virtud de los artículos 1 y 5 de la Directiva               Comunitária (ITEC).
       92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre
       derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
       derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, al no        (1) DO C 70 de 22.3.2003.
       haber aplicado las disposiciones relativas al derecho de préstamo
       público establecidas en dicha Directiva.


title: Asunto C-249/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tartu Ringkonnakohus (Estonia) el 7 de julio de 2009 — Novo Nordisk A/S/Ravimiamet

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tartu Ringkonnakohus (Estonia) el 7 de julio de 2009 — Novo Nordisk A/S/Ravimiamet
   (Asunto C-249/09)
   2009/C 220/44
   Lengua de procedimiento: estonio

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tartu Ringkonnakohus (Estonia)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Novo Nordisk A/S

      Recurrida: Ravimiamet

      Cuestiones prejudiciales

               a)

               ¿Debe interpretarse el artículo 87, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (con modificaciones y suplementos), en el sentido de que comprende las citas de revistas médicas u otras obras científicas que figuran en la publicidad de un medicamento dirigida a las personas facultadas para prescribirlo?

               b)

               ¿Debe interpretarse el artículo 87, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (con modificaciones y suplementos), en el sentido de que prohíbe publicar en el anuncio de un medicamento afirmaciones contrarias al resumen de las características del medicamento, pero no exige que todas las afirmaciones que figuran en la publicidad de un medicamento vengan recogidas en el resumen de las características del medicamento o puedan deducirse de lo indicado en el resumen?

      (1)  DO L 311, p. 67.


title: Recurso interpuesto el 23 de junio de 1997 por Philippe Godts contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-185/97)

text:
 16 . 8 . 97               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 252/37
 medidas declaradas ilegales e incompatibles en diciembre                demandante que no podía darse ninguna garantía respecto
 de 1996 ( pero que siguen vigentes ). En consecuencia, Fran            a una ulterior prórroga de su contrato, dadas las orien
 cia está recaudando impuestos discriminatorios sobre la                 taciones que la Comisión se proponía adoptar en materia
 producción importada y, por consiguiente, no puede con                 de agentes temporales (compormisos de 23 de febrero y 16
 cederse al Régimen 1977 una exención conforme a la                      de marzo de 1994 ). El presente recurso se interpuso a raíz
 letra c ) del apartado 3 del artículo 92 .                              de la denegación de la solicitud del demandante de que se
                                                                         la aplicase el beneficio de la política anterior de la Comi
 Desde todos estos puntos de vista, la Comisión ha incum                sión a este respecto, contenida en la Decisión de 18 de
 plido también la obligación de motivar de forma suficien               marzo de 1992, que autoriza la prórroga de los contratos
 tes sus decisiones, establecida en el artículo 190 del Tra             de agentes temporales hasta completar un período máximo
 tado .                                                                  de cinco años .
 (') DO n° L 316 de 31 . 10 . 1992 , p . 12 .                            En apoyo de su recurso, el demandante alega los motivos
                                                                         siguientes :
                                                                         — el incumplimiento del deber de asistencia y protección;
                                                                         — la violación de los principios de confianza legítima y
 Recurso interpuesto el 23 de junio de 1997 por Philippe                      de no retroactividad, así como que no puede oponér
   Godts contra la Comisión de las Comunidades Europeas                       sele la Decisión de la Comisión de 16 de marzo de
                          ( Asunto T-l 85 /97 )                               1994 . Precisa sobre este particular que, según dicha
                             ( 97/C 252/79 )                                  Decisión, los nuevos contratos deben celebrarse, con
                                                                              carácter preventivo, y a la espera de una decisión defi
                (Lengua de procedimiento: francés)                            nitiva sobre la reorientación de conjunto de la política
                                                                              en materia de agentes temporales, por un período de
 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                       tres años, sin poder garantizar una prórroga de los
 Europeas se ha presentado el 23 de junio de 1997 un                          contratos o la posibilidad de participar en un con
 recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                       curso-oposición interno . Pues bien, en la medida en
 formulado por el Sr. Philippe Godt, con domicilio en Bru                    que reduce los derechos de los agentes temporales
 selas, representado por el Sr. Nicolás Lhoést, Abogado de                    reconocidos por la Comisión en sus anuncios de selec
 Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                        ción precedentes publicados en 1993 , dicha Decisión
 de Fiduciaire Myson SARL, 30, rué de Cessange.                               no puede oponerse al demandante;
 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                — la violación del principio de igualdad de trato, en el
tancia que :                                                                  sentido de que, en el caso de autos, los agentes tempo
                                                                             rales contratados antes del 16 de marzo de 1994, con
— anule la Decisión de la Comisión, de 1 de agosto de                        trariamente a los contratados después de dicha fecha ,
      1996, por la que se deniega expresamente la solicitud                  continúan disfrutando sin reservas de los principios
      del demandante de que se le conceda una prórroga                       contenidos en la Decisión de la Comisión de 18 de
      eventual de su contrato hasta completar un total de                    marzo de 1992 . Ahora bien, no podría negarse razona
      cinco años ,                                                           blemente que la situación objetiva de los agentes con
                                                                             tratados antes y después de dicha fecha sea idéntica .
— declare ilegal la Decisión de la Comisión adoptada el                      Én efecto, la mayoría de ellos presentaron su candida
      13 de noviembre de 1996, por cuanto limita todos los                   tura a raíz de los mismos anuncios de preselección que
      contratos de agentes temporales contemplados en la                     recogían la posibilidad de una prórroga del contrato
      letra a ) del artículo 2 del Régimen aplicable a los otros             hasta alcanzar una duración de cinco años;
      agentes a una duración determinada de tres años, con
      posibilidad de prórroga por un período máximo de un                — la infracción de los artículos 27 y 29 del Estatuto, en
      año ,                                                                  la medida en que, con su nueva política, la Comisión
                                                                             ha limitado la base de contratación de los concursos
— condene a la parte demandada al pago de la totalidad                       de nombramiento definitivo en sentido contrario al
     de las costas .                                                         interés del servicio;
Motivos y principales alegaciones                                       — la ilegalidad de la Decisión de la Comisión de 13 de
                                                                             noviembre de 1996 por la que se limita a tres años,
El demandante entró al servicio de la institución deman                     con una posibilidad de prórroga por un período
dada como agente temporal en octubre de 1995 . Tanto el                      máximo de un año, la duración de los contratos de los
anuncio de selección, publicado en las informaciones                         agentes temporales . El demandante considera que, al
administrativas de 10 de septiembre de 1993 y en la                          adoptar dicha Decisión, la institución demandada ha
prensa, como las informaciones que se le comunicaron                         renunciado a un derecho que le confiere el artículo 8
relativas al estatuto y a los criterios de contratación de los               del Régimen aplicable a los otros agentes de celebrar
agentes temporales, estipulaban expresamente que la dura                   contratos de incorporación por un período de duración
ción de los contratos, limitada a tres años, podía ser pro                  indeterminado .
rrogada hasta cinco años. No obstante, mediante escritos
de 23 y 30 de septiembre de 1994, la Comisión señaló al


title: Asunto C-345/07: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica

text:
               8.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/32

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica
   (Asunto C-345/07) (1)

   (2008/C 64/49)

      Lengua de procedimiento: griego

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 211 de 8.9.2007.


title: Asunto F-3/05 R: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de  15 de mayo de 2006  — Schmit/Comisión (Funcionarios — Promoción — Evaluación — Plazo de reclamación — Interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad)

text:
               15.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/33

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 15 de mayo de 2006 — Schmit/Comisión
   (Asunto F-3/05 R) (1)

   (Funcionarios - Promoción - Evaluación - Plazo de reclamación - Interés en ejercitar la acción - Inadmisibilidad)
   (2006/C 165/65)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Nadine Schmit (Ispra, Italia) (representante: P.-P. Van Gehuchten, P. Jadoul y Ph. Reyniers, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y L. Lozano Palacios, agentes)
   Objeto
   En primer lugar, una pretensión de anulación de la decisión de 3 de diciembre de 2003, por la que la Comisión no incluyó a la demandante entre los funcionarios promovidos para el ejercicio 2003; en segundo lugar, una pretensión de anulación de la decisión según la cual la competencia, el rendimiento y la conducta en el servicio de la demandante no fueron objeto de un informe de evolución de la carrera para el período 2001-2002; en tercer lugar, un pretensión de indemnización por el perjuicio que pudiera resultar de dichas decisiones
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Cada una de las partes cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 6, de 8.1.2005 (asunto inicialmente registrado en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-419/04 y remitido al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15.12.2005).


title: Asunto T-235/09: Recurso interpuesto el 17 de junio de 2009 — Comisión/Edificios Inteco

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/33

         Recurso interpuesto el 17 de junio de 2009 — Comisión/Edificios Inteco
   (Asunto T-235/09)
   2009/C 220/70
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: G. Valero Jordana, agente)

      Demandada: Edificios Inteco, SL (Valladolid, España)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se condene a la parte demandada a restituir a la parte demandante la cantidad de 157 238,07 EUR, incrementada con la cantidad de 81 686,22 EUR de intereses debidos hasta la fecha de 1 de junio de 2009 y con los intereses por día de retraso, por un importe de 21,73796 EUR/día, devengados a partir del 2 de junio de 2009 hasta que se cumpla con el reembolso total de la deuda.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión Europea solicita la restitución parcial de las cantidades adelantadas a la sociedad Edificios Inteco, S.L. en el marco de un contrato relativo al proyecto «Energy — Comfort 2000 Phase I», que tenía por objeto la construcción de un edificio de negocios y comercial en la ciudad de Valladolid (España), y que fue rescindido por la Comisión.
   En apoyo de sus pretensiones la parte demandante alega el incumplimiento por la parte demandada de sus obligaciones contractuales.


title: Asunto C-240/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd (Eslovaquia) el 3 de julio de 2009 — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

text:
               26.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 233/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd (Eslovaquia) el 3 de julio de 2009 — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
   (Asunto C-240/09)
   2009/C 233/05
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Najvyšší súd

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Lesoochranárske zoskupenie VLK

      Demandada: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A la luz del objetivo principal perseguido por el Convenio de Aarhus, a saber, reformar el concepto clásico de legitimación activa reconociendo la posición de parte procesal al público, o bien al público interesado, ¿puede reconocerse al artículo 9 de dicho tratado internacional, y en particular a su apartado 3, la eficacia autoejecutiva de los tratados internacionales, puesto que la Unión Europea se adhirió a dicho Convenio el 17 de febrero de 2005, pero no ha adoptado todavía normas para adaptar el ordenamiento jurídico comunitario a aquél?

               2)

               ¿Puede reconocerse al artículo 9 del Convenio de Aarhus, en particular a su apartado 3, una vez integrado en el ordenamiento jurídico comunitario, la aplicabilidad inmediata o la eficacia directa del Derecho comunitario de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda, ¿puede interpretarse el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aahrus, a la luz del objetivo principal perseguido por dicho convenio internacional, en el sentido de que por «acci[ón] de autoridades públicas» debe entenderse también la adopción de una decisión? Es decir, el derecho del público a participar en un procedimiento judicial, ¿comprende el derecho a impugnar las decisiones de una autoridad pública cuya ilegalidad repercute en el medio ambiente?


title: Asunto C-144/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 9 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Maramureș — Rumanía) — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș [Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículos 273 y 287 — Obligación de registrar de oficio a un sujeto pasivo a efectos del IVA — Carácter imponible de los servicios de medicina veterinaria — Principio de seguridad jurídica — Principio de protección de la confianza legítima]

text:
               7.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 9 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Maramureș — Rumanía) — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
   (Asunto C-144/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículos 273 y 287 - Obligación de registrar de oficio a un sujeto pasivo a efectos del IVA - Carácter imponible de los servicios de medicina veterinaria - Principio de seguridad jurídica - Principio de protección de la confianza legítima])
   (2015/C 294/09)
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Maramureș

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

      Demandada: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

      Fallo

               1)

               El artículo 273, párrafo primero, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, no obliga a los Estados miembros a registrar de oficio a un sujeto pasivo con vistas a la recaudación del impuesto sobre el valor añadido únicamente sobre la base de declaraciones fiscales distintas de las relativas a ese impuesto, aun cuando éstas hayan permitido constatar que el sujeto pasivo ha sobrepasado el límite máximo exento de dicho impuesto.

               2)

               Los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima no se oponen a que una autoridad fiscal decida que los servicios de medicina veterinaria están sujetos al impuesto sobre el valor añadido en circunstancias como las del litigio principal cuando esa decisión se base en normas claras y la práctica de esa autoridad no haya generado en un operador económico prudente y diligente una confianza razonable en que este impuesto no se aplica a tales servicios, extremo que debe verificar el órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 212, de 7.7.2014.