title: Asunto T-286/10: Recurso interpuesto el 30 de junio de 2010 — Fondation de l’Institut de Recherche Idiap/Comisión

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/57

         Recurso interpuesto el 30 de junio de 2010 — Fondation de l’Institut de Recherche Idiap/Comisión
   (Asunto T-286/10)
   ()
   2010/C 221/91
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Fondation de l’Institut de Recherche Idiap (representante: G. Chapus-Rapin, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Con carácter previo, que se reconozca efecto suspensivo al presente recurso.

               —

               Con carácter principal,

                           —

                           que se declare la admisibilidad del recurso,

                           —

                           que se admita a trámite el recurso.

               —

               En consecuencia,

                           —

                           que se anule la Decisión de 11 de mayo de 2010 dictada por la Comisión Europea,

                           —

                           que se declare que pueden tomarse en consideración para ser atendidos con fondos externos de la Unión Europea los costes de los investigadores de IDIAP a favor de los que se haya otorgado un contrato por tiempo indefinido y que trabajen en los programas AMIDA, BACS y DIRAC,

                           —

                           que se declare que IDIAP no tiene la obligación de devolver 98 042,45 euros respecto a DIRAC y 251 505,76 euros respecto a AMIDA,

                           —

                           que se condene a la Comisión a cargar con todas las costas procesales,

                           —

                           que se imponga a la Comisión el pago de los gastos y honorarios del abogado de IDIAP.

               —

               Con carácter subsidiario,

                           —

                           que se declare la admisibilidad del recurso,

                           —

                           que se admita a trámite el recurso.

               —

               En consecuencia,

                           —

                           que se anule la Decisión de 11 de mayo de 2010 dictada por la Comisión Europea,

                           —

                           que se requiera a la Comisión para que encargue la elaboración de una nueva auditoría de IDIAP y para que se encomiende tal tarea a una institución que no sea Treureva,

                           —

                           que se condene a la Comisión a cargar con el pago de todas las costas procesales,

                           —

                           que se imponga a la Comisión al pago de los gastos y honorarios del abogado de IDIAP.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, basado en una cláusula compromisoria, la demandante pide esencialmente al Tribunal que declare que pueden tomarse en consideración los costes desembolsados por los investigadores a favor de los que se han otorgado contratos de trabajo por tiempo indefinido en ejecución de los contratos AMIDA, BACS y DIRAC, que se inscriben en el marco de los programas específicos de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración titulados «Integrar y reforzar el Espacio europeo de la investigación (2002-2006)» y «Tecnologías para la sociedad de la información (2000-2006)».
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que:

               —

               La interpretación de la Comisión Europea de los contratos AMIDA, BACS y DIRAC, según la cual los costes inherentes a los contratos de trabajo de investigadores por tiempo indefinido son costes de funcionamiento ordinarios que no pueden ser tenidos en cuenta y no costes adicionales vinculados a los proyectos es arbitraria o, como mínimo, infundada, en la medida en que:

                           —

                           el modelo de contrato en el que se basan los contratos AMIDA, BACS y DIRAC no excluye, a su juicio, los costes que pueden ser tenidos en cuenta de los contratos de trabajo por tiempo indefinido;

                           —

                           según alega, la relación entre los contratos de trabajo de los investigadores y los proyectos AMIDA, BACS y DIRAC se menciona expresamente en los contratos de trabajo;

                           —

                           los contratos de trabajo de los investigadores, en su opinión, sólo existen en razón de los proyectos, toda vez que la demandante carece de fondos propios para pagar a los investigadores al margen de los proyectos;

                           —

                           la mejor manera de asegurarse que se podrá prescindir de los investigadores al final de un proyecto es, al decir de la demandante, el contrato por tiempo indefinido, ya que, con arreglo al Derecho suizo (lugar de establecimiento de la demandante), éste puede resolverse en todo momento, sin justificación, mediante preaviso de corta duración.

               —

               La interpretación de la Comisión va en contra del principio de buena fe y del de confianza legítima, dado que dicha interpretación se ha modificado progresivamente.

               —

               Con carácter subsidiario, el procedimiento de auditoría objeto de la Decisión impugnada adolece de vicios insubsanables que deben llevar a su anulación.


               12.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/1

         2011/C 46/01
   Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 38 de 5.2.2011

      Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 30 de 29.1.2011

      DO C 13 de 15.1.2011

      DO C 346 de 18.12.2010

      DO C 328 de 4.12.2010

      DO C 317 de 20.11.2010

      DO C 301 de 6.11.2010

   Estos textos se encuentran disponibles en:
   EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto C-124/10 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de marzo de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 15 de diciembre de 2009 en el asunto T-156/04, Électricité de France (EDF)/Comisión

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/16

      Recurso de casación interpuesto el 8 de marzo de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 15 de diciembre de 2009 en el asunto T-156/04, Électricité de France (EDF)/Comisión
      (Asunto C-124/10 P)
      (2010/C 161/23)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Recurrente: Comisión Europea (representantes: E. Gippini Fournier, B. Stromsky y D. Grespan, agentes)

         Otras partes en el procedimiento: Électricité de France (EDF), República Francesa, Iberdrola, S.A.

         Pretensiones de la parte recurrente

                  —

                  Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Tercera) de 15 de diciembre de 2009, notificada a la Comisión el 16 de diciembre de 2009, en el asunto T-156/04, EDF/Comisión, en cuanto dicha sentencia:

                              —

                              Anuló los artículos 3 y 4 de la Decisión (C 2003/4637) de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas (C 68/2002, N 504/2003 y C 25/2003).

                              —

                              Condenó a la Comisión Europea a cargar con sus costas así como con las de Électricité de France (EDF).

                  —

                  Devuelva el asunto al Tribunal General para su nuevo examen;

                  —

                  Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones

      La Comisión Europea invoca dos motivos en apoyo de su recurso.
      Mediante su primer motivo la Comisión alega que el Tribunal General apreció de forma manifiestamente errónea los hechos que han dado lugar al litigio. En contra de lo que señala la sentencia recurrida, la República Francesa no procedió efectivamente a la conversión de un crédito fiscal en capital sino que concedió a EDF una ayuda en forma de exención del impuesto de sociedades. La recapitalización de EDF, en sí misma, no fue considerada por la Decisión anulada como una ayuda de Estado; la Comisión sólo calificó como tal su incidencia fiscal.
      Mediante su segundo motivo, que comprende cuatro partes, la demandante sostiene que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar las actuaciones del Gobierno francés en el caso del que se trata como el comportamiento de un inversor privado diligente en una economía de mercado.
      En primer lugar, la demandante refuta la apreciación del Tribunal General de que la distinción entre el Estado accionista y el Estado que ejerce el poder público depende principalmente del objetivo perseguido por el Estado — en el caso del que se trata, la recapitalización de EDF —, y no de elementos objetivos y verificables. En efecto, el Tribunal de Justicia ha recordado reiteradamente que el artículo 87 CE, apartado 1, no distingue según las causas y los objetivos de las intervenciones estatales, por una parte. Por otra, un criterio apoyado en la intención del Estado es particularmente inapropiado para apreciar la existencia de una ayuda de Estado ya que ese criterio es por su propia naturaleza subjetivo y sujeto a interpretación.
      En segundo lugar, la Comisión reprocha al Tribunal General no haber basado su análisis en el estudio comparativo del comportamiento que habría adoptado en parecidas circunstancias un operador privado diligente, carente de privilegios, por una parte, y por otra el comportamiento seguido en el caso del que se trata por el Estado francés, investido de sus prerrogativas de poder público.
      En tercer lugar, la demandante sostiene que la sentencia recurrida ha vulnerado el principio de igualdad de trato entre empresas públicas y empresas privadas, y permite así un trato fiscal más favorable del Estado, incluso en sociedades en las que el Estado no es el único accionista.
      Por último, según la Comisión el Tribunal General vulneró las reglas que rigen el reparto de la carga de la prueba en lo que atañe a la aplicabilidad del principio del inversor privado diligente en una economía de mercado, y al mismo tiempo tuvo en cuenta elementos posteriores a la fecha de adopción de la Decisión anulada.


title: Asunto F-89/14: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 21 de octubre de 2015 — Arsène/Comisión [Función pública — Retribución — Indemnización por expatriación — Requisito previsto en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto — Período decenal de referencia — Inicio del cómputo — Neutralización de los períodos desempeñados en una organización internacional — Aplicación por analogía de las disposiciones del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto — Residencia habitual fuera del Estado de destino antes del desempeño de funciones en una organización internacional — Artículo 81 del Reglamento de Procedimiento — Recurso manifiestamente infundado]

text:
               30.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 398/78

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 21 de octubre de 2015 — Arsène/Comisión
   (Asunto F-89/14) (1)

   ([Función pública - Retribución - Indemnización por expatriación - Requisito previsto en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto - Período decenal de referencia - Inicio del cómputo - Neutralización de los períodos desempeñados en una organización internacional - Aplicación por analogía de las disposiciones del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto - Residencia habitual fuera del Estado de destino antes del desempeño de funciones en una organización internacional - Artículo 81 del Reglamento de Procedimiento - Recurso manifiestamente infundado])
   (2015/C 398/93)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Maria Lucia Arsène (Bucarest, Rumania) (representante: M.-A. Lucas, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y T.S. Bohr, agentes)

      Objeto

   Pretensión de que se anule la decisión de la Comisión de denegar la indemnización por expatriación y que se la condene a pagarla, junto con los intereses correspondientes, desde el ingreso en el servicio de la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso por ser manifiestamente infundado.

               2)

               La Sra. Arsène cargará con sus propias costas y se la condena a cargar con las costas en que incurrió la Comisión Europea.

      (1)  DO C 421, de 24.11.2014, p. 62.


title: Asunto T-466/12: Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2012 — RFA International/Comisión

text:
               15.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/7

         Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2012 — RFA International/Comisión
   (Asunto T-466/12)
   2012/C 389/12
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: RFA International, LP (Calgary, Canadá) (representante: B. Evtimov, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule parcialmente las Decisiones C(2012) 5577 final, C(2012) 5585 final, C(2012) 5588 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final y C(2012) 5611 final de la Comisión, de 10 de agosto de 2012, en la medida en que deniegan la devolución de los importes de los derechos antidumping aplicados, salvo para aquellos importes cuyas solicitudes han sido declaradas inadmisibles por haber sido presentadas una vez expirado el plazo legal.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en un error de Derecho y en un manifiesto error de apreciación en la conclusión de la Comisión de que estaba justificada la deducción íntegra de los gastos de venta, generales y administrativos y del beneficio procedente del precio de exportación del CHEMK Group, y en la conclusión vinculada de la Comisión de que una entidad económica única es irrelevante para el cálculo del precio de exportación (incluidos los ajustes al precio de exportación), de conformidad con el artículo 2, apartado 9 del Reglamento de Base. (1) En la medida en que la Comisión puede haberse basado en la desestimación de la alegación de la demandante de que existe una entidad económica única, la demandante sostiene que dicha desestimación está también viciada por un error de Derecho y/o por un error manifiesto de apreciación.

               2)

               Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en la conclusión de la Comisión de que hubo un cambio de circunstancias en el sentido del artículo 11, apartado 9, del Reglamento de Base, que garantizaba la aplicación de una metodología distinta para el cálculo del margen de dumping final. La demandante invoca también la consiguiente vulneración del artículo 11, apartado 9 del Reglamento de Base al aplicar la Comisión una nueva metodología, que es distinta de la metodología respectiva empleada en la investigación inicial.

      (1)  Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).


title: Asunto C-179/10: Auto del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de 28 de septiembre de 2011 — Comisión Europea/República Francesa

text:
               28.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 25/45

      Auto del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de 28 de septiembre de 2011 — Comisión Europea/República Francesa
      (Asunto C-179/10) (1)

      (2012/C 25/85)
      Lengua de procedimiento: francés
      El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

         (1)  DO C 161, de 19.6.2010.


title: Asunto C-34/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de los Países Bajos (Incumplimiento de Estado — Licencias de pesca — Reglamento (CE) n o  3690/93 — Buques Wiron III y Wiron IV — Traspaso definitivo de éstos a Argentina)

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de los Países Bajos
   (Asunto C-34/04) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Licencias de pesca - Reglamento (CE) no 3690/93 - Buques Wiron III y Wiron IV - Traspaso definitivo de éstos a Argentina)
   (2007/C 82/02)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: T. van Rijn y C. Diderich, agentes)

      Demandada: Reino de los Países Bajos (representante: H.G. Sevenster, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Reglamento (CE) no 3690/93 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se establece un régimen comunitario que determina las normas relativas a la información mínima que deberán contener las licencias de pesca (DO L 341, p. 93) — No retirada de las licencias de pesca de los buques WIRON III y WIRON IV después de su traspaso definitivo a Argentina
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 71, de 20.3.2004.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 24 de febrero de 2005, en el asunto C-318/02: Reino de los Países Bajos contra Comisión de las Comunidades Europeas («FEOGA — Decisión 2002/524/CE — Correcciones económicas aplicadas a los gastos neerlandeses en concepto de medidas excepcionales de apoyo del mercado de la carne de porcino en los Países Bajos — Reglamento (CE) n° 413/97»)

text:
               30.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 24 de febrero de 2005
   en el asunto C-318/02: Reino de los Países Bajos contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («FEOGA - Decisión 2002/524/CE - Correcciones económicas aplicadas a los gastos neerlandeses en concepto de medidas excepcionales de apoyo del mercado de la carne de porcino en los Países Bajos - Reglamento (CE) no 413/97»)
   (2005/C 106/05)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-318/02, que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto, con arreglo al artículo 230 CE, el 4 de septiembre de 2002, Reino de los Países Bajos (agentes: Sras. H.G. Sevenster y S. Terstal, y Sr. N.A.J. Bel) contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. T. van Rijn), el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y el Sr. K. Schiemann (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 24 de febrero de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Reino de los Países Bajos.

      (1)  DO C 305, de 7.12.2002.


title: Asunto T-10/06: Recurso interpuesto el  11 de enero de 2006  — PORTELA & Ca, S.A./OAMI

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/47

         Recurso interpuesto el 11 de enero de 2006 — PORTELA & Ca, S.A./OAMI
   (Asunto T-10/06)
   (2006/C 60/89)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: portugués
   Partes

      Demandante: PORTELA & Ca, S.A. (São Mamede do Coronado, Portugal) (representante: Sr. J.M. Pimenta, abogado).

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).

      Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Sres. J. Torres Quadrado y J. Gilbert Sanz.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución adoptada el 14 de septiembre de 2005 en el asunto R 897/2004-1 por la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y se admita el registro de la marca comunitaria no 1.400.183 para los siguientes productos:

                           —

                           Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; productos para la destrucción de animales dañinos.

                           —

                           Clase 42: servicios médicos, servicios relacionados con laboratorios farmacéuticos; investigación médica, investigación de laboratorio.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: PORTELA & Ca, S.A.

      Marca comunitaria solicitada: marca figurativa Bial (número de solicitud 1.400.183).

      Titular de la marca o signo invocados en el procedimiento de oposición: Sres. J. Torres Quadrado y J. Gilbert Sanz.

      Marca o signo invocados en el procedimiento de oposición: marca española Bial.

      Resolución de la División de Oposición: estimación parcial de la oposición.

      Resolución de la Sala de Recurso: confirmación íntegra de la resolución de la División de Oposición.

      Motivos invocados: La demandante alega que la OAMI interpretó erróneamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 y que la decisión impugnada incurre en vicios sustanciales de forma (la marca no fue debidamente invocada en la reclamación; no se facilitaron a la demandante, dentro del plazo legal establecido, los datos pertinentes sobre la marca anterior en que se fundó la oposición; es errónea la decisión sobre las costas).


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 19 de marzo de 1997 en el asunto T-21/96, Antonio Giannini contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Nombramiento - Convocatoria para proveer plaza vacante - Interés del servicio)

text:
  26 . 4 . 97         ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 131/15
  en Dalheim ( Gran Ducado de Luxemburgo), representado             da económica del Fondo Social Europeo para una acción
  por el Sr. Cario Revoldini, Abogado de Luxemburgo, que            de formación, el Tribunal de Primera Instancia de las Co
  designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de               munidades Europeas ( Sala Primera ), integrado por el Sr.
  este último, 180, route de Longwy, contra Comisión de las         A. Saggio, Presidente; la Sra. V. Tiili y el Sr. R. M. Moura
  Comunidades Europeas (Agentes: Sra. Ana Maria Alves               Ramos, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, admi
  Vieira y Sres . Julián Currall y Alberto Dal Ferro), que tie     nistrador, ha dictado el 19 de marzo de 1997 una senten
  ne por objeto, por una parte, la pretensión de que se anule       cia cuyo fallo es el siguiente :
  la decisión de la Comisión de anular el procedimiento de
  convocatoria de plaza vacante COM/1 16/94 y, si resulta           1 ) Se desestima el recurso.
' necesario, la decisión de la Comisión de reservar el puesto
  de trabajo objeto de dicha convocatoria de plaza vacante          2 ) Se condena a la Comisión al pago de todas las costas.
  a los nacionales de los nuevos Estados miembros y de pu
  blicar una convocatoria de concurso general COM/A/929             (•) DO n° C 119 de 13 . 5 . 1995 .
  (Jefe de la Unidad V/F/3 ), así como la decisión de la Comi
  sión de 14 de diciembre de 1995 por la que se desestima
  la reclamación de la demandante de 14 de julio de 1995,
  y, por otra parte, la pretensión de que se condene a la Co
  misión a pagar una indemnización como reparación por el                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL
  daño moral sufrido, el Tribunal de Primera Instancia ( Sala                        DE PRIMERA INSTANCIA
  Quinta ), integrado por los Sres.: R. García-Valdecasas,
                                                                                de 19 de marzo de 1997
  Presidente; J. Azizi y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr. J.
  Palacio González, administrador, ha dictado el 18 de mar         en el asunto T-21/96, Antonio Giannini contra Comisión
  zo de 1997 una sentencia cuya fallo es el siguiente:                             de las Comunidades Europeas (')
  1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso en la medida        (Funcionarios — Nombramiento — Convocatoria para
       en que pretende la anulación de la decisión de la Co                 proveer plaza vacante — Interés del servicio)
       misión de publicar la convocatoria de concurso general                                  ( 97/C 131/38 )
       COM/A/929 (Jefe de la Unidad V/F/3).
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
  2 ) Se desestima por infundado el recurso en todo lo de
       más.                                                         En el asunto T-21/96, Antonio Giannini, funcionario de la
                                                                    Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
  3 ) Cada parte cargará con sus propias costas.                    Bruselas, representado por los Sres . Marc Dallemagne y
                                                                    Cario Locchi, Abogados de Bruselas, que designa como
  O DO n° C 145 de 18 . 5 . 1996.                                   domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Jeannot Bi
                                                                    ver, 3 , rué de la Loge, contra Comisión de las Comunida
                                                                    des Europeas (Agentes: Sres . Gianluigi Valsesia y Julián
                                                                    Currall ), que tiene por objeto, por una parte, la anulación
                                                                    de las decisiones por las que se nombra al Sr. X, Jefe de la
                                                                    Unidad « negociaciones y gestión de los acuerdos sobre
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                             productos textiles; zapatos; diversos » y por la que se de
                   DE PRIMERA INSTANCIA                             sestima la candidatura del demandante a dicho puesto de
                     de 19 de marzo de 1997                         trabajo, y, por otra parte, la obtención de una indemniza
                                                                    ción por daños y perjuicios en reparación del daño mate
  en el asunto T-73/95 , Estabelecimentos Isidoro M. Olivei        rial y moral que el demandante alega haber sufrido como
   ra SA contra Comisión de las Comunidades Europeas f 1 )          consecuencia de dichas decisiones, el Tribunal de     Primera
  (Política social — Fondo Social Europeo — Ayudas para             Instancia ( Sala Primera ), integrado por el Sr. A.    Saggio,
  financiar acciones de formación profesional — Nueva De           Presidente; la Sra . V. Tiili y el Sr. R. M. Moura    Ramos,
  cisión adoptada a raíz de una sentencia del Tribunal de           Jueces; Secretario: Sr. A. Mair, administrador, ha    dictado
 Justicia — Seguridad jurídica — Confianza legítima —               el 19 de marzo de 1997 una sentencia cuyo fallo       es el si
   Prohibición de 1a reformado in peius — Plazo razonable)          guiente:
                          ( 97/C 131/37)                            1 ) Se anulan la decisión por la que se nombra al Sr. X,
                                                                        Jefe de la Unidad «negociaciones y gestión de los
              (Lengua de procedimiento: portugués)
                                                                         acuerdos sobre productos textiles; zapatos; diversos»
  En el asunto T-73/95 , Establecimentos Isidoro M. Oliveira             tras la publicación de la convocatoria para proveer
  SA, con domicilio social en Montijo (Portugal), represen              plaza vacante COM/1 S1 /94 y la decisión por la que se
  tada por el Sr. Joaquim Marques de Ascensão, Abogado                   desestima la candidatura del demandante a dicho pues
  de Lisboa, que designa como domicilio en Luxemburgo el                 to de trabajo.
  despacho del Sr. Alberto de Sousa, União de Bancos Portu         2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.
  gueses SA, 12, rué de la Grève, contra Comisión de las
  Comunidades Europeas (Agentes : Sra . Ana Maria Alves             3 ) La Comisión cargará con la totalidad de las costas.
  Vieira y Sr. Günter Wilms), que tiene por objeto un recur
  so de anulación parcial de la Decisión C(94 ) 1410/9 de la        (') DO n° C 133 de 4 . 5 . 1996 .
  Comisión, de 12 de julio de 1994, notificada a la parte de
  mandante el 28 de diciembre de 1994, relativa a una ayu


title: Asunto T-394/14: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2014 — Turon & Ros/Comisión

text:
               28.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/29

         Recurso interpuesto el 4 de junio de 2014 — Turon & Ros/Comisión
   (Asunto T-394/14)
   2014/C 245/40
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Inmobiliaria Turon & Ros, SL (Barcelona, España) (representantes: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz y J. Corral García, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión impugnada.

               —

               Condene a la Comisión a la totalidad de las costas que se deriven del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones son los ya invocados en el asunto T-392/14.


title: Asunto C-454/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Bélgica) — Proximus SA, anteriormente Belgacom SA/Comuna de Etterbeek (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/CE — Artículos 12 y 13 — Tasas administrativas — Cánones por derechos de instalación de recursos — Ámbito de aplicación — Ordenanza municipal — Tasa que grava las antenas de telefonía móvil)

text:
               22.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 68/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Bélgica) — Proximus SA, anteriormente Belgacom SA/Comuna de Etterbeek
   (Asunto C-454/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/20/CE - Artículos 12 y 13 - Tasas administrativas - Cánones por derechos de instalación de recursos - Ámbito de aplicación - Ordenanza municipal - Tasa que grava las antenas de telefonía móvil))
   (2016/C 068/02)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Proximus SA, anteriormente Belgacom SA

      Demandada: Comuna de Etterbeek

      Fallo

   Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una tasa como la controvertida en el litigio principal se aplique a toda persona física o jurídica que sea titular de un derecho real o de un derecho de explotación sobre una antena de telefonía móvil.

      (1)  DO C 313 de 26.10.2013.


title: Asunto T-143/17: Recurso interpuesto el 6 de marzo de 2017 — Ilunga Luyoyo/Consejo

text:
               24.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/32

         Recurso interpuesto el 6 de marzo de 2017 — Ilunga Luyoyo/Consejo
   (Asunto T-143/17)
   (2017/C 129/49)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kasa-Vubu, República Democrática del Congo) (representante: O. Okito, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento (UE) 2016/2230 por el que se aplica la Decisión (PESC) 2016/2231 del Consejo, de 12 de diciembre de 2016, que establece determinadas medidas restrictivas específicas contra las personas que actúan en violación del embargo de armas impuesto a la República Democrática del Congo y modifica la Decisión 2010/788/PESC, en la medida en que se refiere al Sr. Ferdinand Ilunga Luyoyo.

               —

               Condene al Consejo a cargar, además de con sus propias costas, con las del demandante y las de todos los coadyuvantes.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos que son sustancialmente idénticos o similares a los invocados en el asunto T-139/17, Kibelisa/Consejo.


title: Asunto C-64/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Primera Instancia de Praga 3 (Obvodní Soud pro Prahu 3) el  6 de febrero de 2006  — Český Telecom a.s./Czech On Line a.s.

text:
               20.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Primera Instancia de Praga 3 (Obvodní Soud pro Prahu 3) el 6 de febrero de 2006 — Český Telecom a.s./Czech On Line a.s.
   (Asunto C-64/06)
   (2006/C 121/03)
   Lengua de procedimiento: checo
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunal de Primera Instancia de Praga 3 (Obvodní Soud pro Prahu 3).
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Český Telecom a.s.

      Demandada: Czech On Line a.s.
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Estaba facultado el organismo regulador nacional en materia de telecomunicaciones (Instituto Checo de Telecomunicaciones) para imponer, mediante resolución administrativa dictada después del 1 de mayo de 2004, y, por lo tanto, con posterioridad a la adhesión de la República Checa a las Comunidades Europeas, a una sociedad de telecomunicaciones con un peso significativo (dominante) en el mercado la obligación de celebrar un contrato sobre la interconexión de su red con otro operador?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta, ¿estaba facultado el organismo nacional regulador para obrar de dicho modo sólo con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva acceso), es decir, sobre la base de un análisis previo de mercado efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y a la luz del procedimiento anterior descrito en los artículos 6 y 7 de la Directiva marco 2002/21/CE, o podía actuar de ese modo aun cuando no hubiera un análisis previo de mercado (por ejemplo, con arreglo al considerando 15 y a los artículos 3, 4, apartado 1, 5, apartados 1, letra a) y 4, y 10, apartados 1 y 2 de la Directiva acceso)?

               3)

               ¿Puede afectar a la respuesta a la pregunta 2 el hecho de que la solicitud de un operador privado de que se adoptara una decisión sobre la interconexión obligatoria de su red con la red de un operador con un peso significativo (dominante) en el mercado se haya presentado ante el organismo nacional regulador y de que la parte decisoria del procedimiento que resuelve sobre esa solicitud tuviera lugar ante dicho órgano antes del 1 de mayo, es decir, antes del ingreso de la República Checa en las Comunidades Europeas?

               4)

               En la medida en que durante ese período relevante –del 1 de mayo de 2004 al 30 de abril de 2005– la República Checa no había adaptado suficientemente el Derecho nacional a las referidas Directivas, ¿es posible aplicar directamente la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva acceso)?, y, por consiguiente,

                           a)

                           ¿son dichas Directivas (o al menos una de ellas) incondicionales y suficientemente precisas para ser aplicadas (por un tribunal) en lugar del Derecho nacional?;

                           b)

                           ¿puede un operador con un peso significativo (dominante) en el mercado de las telecomunicaciones (que goza individualmente de legitimación activa), a raíz de una adaptación incorrecta del Derecho interno a las Directivas 2012/19/CE y 2002/21/CE, alegar la eficacia directa de las mismas, en relación con la cuestión de si tales Directivas (o una de ellas) protegen en cualquier caso los intereses de dicha persona que se niega a celebrar un acuerdo de interconexión (en el ámbito del servicio ADSL) con otros operadores nacionales de comunicaciones (y que, en opinión del organismo nacional regulador en materia de telecomunicaciones, que el Tribunal de Justicia también debe tener en cuenta, actúa por consiguiente, en contra de los objetivos del nuevo marco regulador)?;

                           c)

                           ¿puede el operador invocar la eficacia directa de las Directivas a las que no se ha adaptado debidamente el Derecho nacional (o de una de ellas), si (aun cuando se cumplan los requisitos establecidos en las Directivas) en el procedimiento decisorio del organismo nacional regulador en materia de telecomunicaciones, las decisiones se adoptan siempre en relación con los requisitos concretos para la interconexión de los sitios de los operadores, es decir, implica la imposición de obligaciones concretas a los particulares?


title: Asunto C-690/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Efeteio Thrakis (Grecia) el 27 de diciembre de 2013 — Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos

text:
               15.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Efeteio Thrakis (Grecia) el 27 de diciembre de 2013 — Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos
   (Asunto C-690/13)
   2014/C 78/09
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Monomeles Efeteio Thrakis

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente en apelación: Trapeza Eurobank Ergasias AE

      Recurridas en apelación: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos

      Cuestiones prejudiciales

               1)

                           a)

                           ¿Están comprendidos o no en el ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1, los privilegios sustantivos y procesales que conceden a «Α.Τ.Ε. Α.Ε.» [Banco de Crédito Agrícola] las disposiciones de los artículos 12 y 13, apartado 1, de la Ley 4332/1929 en relación con el artículo 26, apartado 1, de la Ley 1914/1990?

                           b)

                           ¿Rige la misma limitación aunque se considere que «Α.Τ.Ε. Α.Ε.» sigue desempeñando, conforme a su Estatuto, una actividad «de utilidad pública»?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones 1.a) y 1.b), ¿debería Grecia seguir el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 3 para mantener en vigor dichos privilegios?

               3)

               ¿Debe el órgano jurisdiccional remitente dejar de aplicar en este caso lo dispuesto en los artículos 12 y 13, apartado 1, de la Ley 4332/1929, por ser potencialmente contrarios a las disposiciones de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 3?


title: Asunto T-226/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de septiembre de 2008 — Prana Haus/OAMI (PRANAHAUS) ( Marca comunitaria — Solicitud de marca denominativa comunitaria PRANAHAUS — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n o  40/94 )

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/39

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de septiembre de 2008 — Prana Haus/OAMI (PRANAHAUS)
   (Asunto T-226/07) (1)

   («Marca comunitaria - Solicitud de marca denominativa comunitaria PRANAHAUS - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2008/C 285/72)
   Lengua de procedimiento: Alemán
   Partes

      Demandante: Prana Haus GmbH (Friburgo de Brisgovia, Alemania) (representante: N. Hebeis, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Weberndörfer, agente)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Primera Sala de Recurso de la OAMI el 18 de abril de 2007 (asunto R 1611/2006-1) en relación con la solicitud de registro del signo denominativo PRANAHAUS como marca comunitaria.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Prana Haus GmbH.

      (1)  DO C 211 de 8.9.2007.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de abril de 2000 en el asunto C-465/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Köln): Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV contra Adolf Dardo AG ("Etiquetado y presentación de productos alimenticios — Directiva 79/112/CEE — Confitura de fresas — Riesgo de engaño")

text:
10.6.2000                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 163/5
2) Al calcular el salario que servirá de base para la comparación de                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
     las retribuciones, en el sentido del artı́culo 119 del Tratado y de
     la Directiva 75/117, no se debe tener en cuenta la reducción de
     la jornada de trabajo con respecto a la jornada normal diurna,                                      (Sala Primera)
     prevista en un régimen de rotación de tres turnos, o el valor que
     se atribuya a dicha reducción de jornada. Sin embargo, tal                                     de 4 de abril de 2000
     reducción puede constituir una razón objetiva y ajena a cualquier
     discriminación por razón de sexo capaz de justificar una diferencia
     de retribución. Corresponde al empresario demostrar que éste es        en el asunto C-465/98 (petición de decisión prejudicial
     efectivamente el caso.                                                  planteada por el Oberlandesgericht Köln): Verein gegen
                                                                             Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV contra Adolf
                                                                                Dardo AG (1)
(1) DO C 278 de 5.9.1998.
                                                                             («Etiquetado y presentación de productos alimenticios —
                                                                             Directiva 79/112/CEE — Confitura de fresas — Riesgo de
                                                                                engaño»)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                            (2000/C 163/08)
                        de 4 de abril de 2000
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
en el asunto C-269/97: Comisión de las Comunidades
       Europeas contra Consejo de la Unión Europea (1)
                                                                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
        («Reglamento (CE) no 820/97 — Base jurı́dica»)                            «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                           (2000/C 163/07)
                                                                             En el asunto C-465/98, que tiene por objeto una petición
                                                                             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                   (Lengua de procedimiento: francés)                        Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Oberlandes-
                                                                             gericht Köln (Alemania), destinada a obtener, en el litigio
                                                                             pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Verein gegen
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la      Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV y Adolf Darbo AG,
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         una decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 2,
                                                                             apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 79/112/CEE del
En el asunto C-269/97, Comisión de las Comunidades Euro-                    Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproxima-
peas (Agentes: Sres. P. van Nuffel y G. Berscheid), apoyada por              ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia
Parlamento Europeo (Agentes: Sr. J. Schoo y Sra. E. Waldherr),               de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
contra Consejo de la Unión Europea (Agentes: Sres. J.-C. Piris,             alimenticios destinados al consumidor final (DO 1979 L 33,
J. Carbery y Sra. M. Sims), que tiene por objeto que se anule el             p. 1; EE 13/09, p. 162), el Tribunal de Justicia (Sala Primera),
Reglamento (CE) no 820/97 del Consejo, de 21 de abril de                     integrado por los Sres. L. Sevón, Presidente de Sala, P. Jann y
1997, por el que se establece un sistema de identificación y                M. Wathelet (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger;
registro de los animales de la especie bovina y relativo al                  Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 4 de
etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de                abril de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
carne de vacuno (DO L 117, p. 1), el Tribunal de Justicia,
integrado por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente;
D.A.O. Edward y L. Sevón (Ponente), Presidentes de Sala;                    El artı́culo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 79/112/
P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragne-             CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la
malm y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio;                  aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 4 de abril de 2000 una               de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                        destinados al consumidor final, no se opone a la utilización de la
                                                                             mención puramente natural para designar una confitura de fresas que
1) Se desestima el recurso.                                                  contiene el gelificante pectina y restos o residuos de plomo, cadmio y
                                                                             plaguicidas, en las siguientes cantidades: 0,01 mg/kg de plomo,
2) Se condena en costas a la Comisión de las Comunidades                    0,008 mg/kg de cadmio, 0,016 mg/kg de procimidona y
     Europeas.                                                               0,005 mg/kg de vinclozolina.
3) El Parlamento Europeo cargará con sus propias costas.
                                                                             (1) DO C 71 de 13.3.1999.
( 1) DO C 295 de 27.9.1997.


title: Asunto T-239/10: Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2011 — Italia/Comisión ( FEDER — Reducción de una ayuda económica — Retirada de la nota de adeudo impugnada — Desaparición del objeto del litigio — Sobreseimiento )

text:
               12.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/21

         Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2011 — Italia/Comisión
   (Asunto T-239/10) (1)

   (FEDER - Reducción de una ayuda económica - Retirada de la nota de adeudo impugnada - Desaparición del objeto del litigio - Sobreseimiento)
   2011/C 331/41
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Prete y A. Steiblytė, agentes)

      Objeto

   Anulación de la nota de adeudo no 3241001630, de 26 de febrero de 2010, relativa a la Decisión C(2009) 10350 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, en virtud de la cual se reducen las ayudas económicas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedida en aplicación de la Decisión C(2000) 2349 de la Comisión, de 8 de agosto de 2000, por la que se aprueba el programa operativo POR Puglia, incluido en el Objetivo 1, para el período 2000-2006.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 195, de 17.7.2010.


title: Asunto C-467/09 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y otros/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               13.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/6

         Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y otros/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-467/09 P)
   2010/C 37/09
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (representantes: I. Sáenz-Cortabarría Fernández y M. Morales Isasi, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Comisión de las Comunidades Europeas y Comunidad Autónoma de la Rioja

      Pretensiones

               —

               Que se declare admisible y fundado el recurso de casación.

               —

               Que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Que se estime la demanda presentada en primera instancia.

               —

               Que, con carácter subsidiario, se devuelva el asunto al Tribunal al Tribunal de Primera Instancia y, en su caso, le ordene practicar la prueba rechazada.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y en casación.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               Error de Derecho en la motivación de la sentencia recurrida relativa a la pérdida de objeto del asunto T-31/01.

               2)

               Error de Derecho al considerar el TPI que la finalización de un procedimiento previo de examen respecto de la medida fiscal controvertida, con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 659/1999 (1), requería la existencia de una decisión explícita de la Comisión en tal sentido (dirigida al Estado miembro).

               3)

               Desnaturalización de la decisión de 28 de noviembre de 2000 al considerar el TPI que dicha decisión puso fin a un procedimiento previo de examen de la medida fiscal controvertida que traería su origen de una denuncia registrada en abril de 1994. Error de Derecho al no considerar el TPI que el reexamen de la medida fiscal controvertida, en el año 2000, había de realizarse en el marco del procedimiento establecido para las ayudas existentes.

               4)

               Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesarles de carga y valoración de la prueba, en particular respecto de la prueba documental que constituye la decisión de 28 de noviembre de 2000 (su credibilidad y fuerza probatoria). Infracción del derecho a un proceso justo.

               5)

               Error de Derecho al infringir el TPI las normas procesales de valoración y carga de la prueba con relación a los indicios objetivos, pertinentes, concordantes y concluyentes que obran en autos y que acreditan que, con anterioridad a la decisión de 28 de noviembre de 2000, la Comisión había examinado preliminarmente la medida fiscal controvertida y había cerrado ese examen. Error de Derecho al no considerar el TPI que el reexamen de la medida fiscal controvertida, en el año 2000, había de realizarse en el marco del procedimiento establecido para las ayudas existentes.

               6)

               Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales en materia de práctica de la prueba y decidir no practicar la prueba propuesta por el demandante relativa a la exhibición de determinados documentos de la Comisión que, a la luz de los argumentos empleados por el TPI para desestimar la pretensión del demandante, se revela esencial en la defensa de sus intereses. Violación del derecho a un proceso justo, del principio de igualdad de armas y del derecho de defensa.

      (1)  Del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE
   DO L 83, p. 1


title: Recurso interpuesto el 3 de marzo de 1997 por Georges Martins contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-45/97)

text:
N° C 142/20            ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  10 . 5 . 97
Leo Geboers y David Hollister, con domicilio en Nueva             partir del 1 de julio de 1994, del 1 de enero de 1995 y del
York, y por Monique Weygandt, con domicilio en Larch             1 de julio de 1995, respectivamente, lo que condujo a una
mont ( Estados Unidos de América ), representados por los         disminución brutal de la retribución de los demandantes
Sres. Jean-Noél Louis y Thierry Demaseure y la Sra . Aria        de un 15% aproximadamente . En efecto, el artículo 13
ne Tornel , Abogados de Bruselas, que designan como do           del Anexo X del Estatuto impone, cuando la variación del
micilio en Luxemburgo la sede de la Fiduciaire Myson              coste de la vida resulte superior al 5 % desde la última
Sárl, 30, rué de Cessange .                                       adaptación efectuada para un país determinado, la adop
                                                                  ción de medidas intermedias de adaptación del coeficiente
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera           corrector. Ahora bien, en el presente asunto no se ha to
Instancia que:                                                    mado ninguna medida de adaptación .
— anule las hojas de haberes de los demandantes del mes           Los demandantes invocan también el hecho de que en el
     de mayo de 19 96, en la medida en que aplican, por           presente caso la Comisión presentó al Consejo, dentro de
     primera vez, los Reglamentos ( Euratom, CECA, CE)            plazo, sus propuestas para la adaptación de las retribucio
     nos 577/96 , 578/96 y 579/96 del Consejo, de 25 de           nes con efectos a partir del 1 de julio de 1994, del 1 de
     marzo de 1996, por los que se fijan los coeficientes co     enero de 1995 y del 1 de julio de 1995 para los funciona
     rrectores aplicables, respectivamente, a partir del 1 de     rios afectados en los países terceros, pero, por motivos que
     julio de 1994, del 1 de enero de 1995 y del 1 de julio       los demandantes consideran de naturaleza política, el Con
     de 1995 a las retribuciones de los funcionarios de las       sejo no adoptó los Reglamentos objeto de litigio hasta el
     Comunidades Europeas destinados en los países terce         25 de marzo de 1996 . Según los demandantes, este retraso
     ros O ;                                                      prueba que el objetivo que debían alcanzar dichos Regla
                                                                  mentos no exigía en modo alguno que su aplicación tem
— anule las hojas de haberes de los demandantes del mes           poral se retrotrayese a una fecha anterior a su publicación .
     de junio de 1996 , en la medida en que contienen una         En cualquier caso, los demandantes consideran que no tu
     retención en concepto de recuperación del sueldo, con        vieron conocimiento, ni posibilidad de tenerlo, de la supu
     arreglo a los citados Reglamentos,                           esta irregularidad de las retribuciones abonadas antes de
                                                                  la fecha de publicación de los Reglamentos de que se tra
                                                                  ta .
— condene en costas a la parte demandada .
Motivos y principales alegaciones                                 En último lugar, los demandantes alegan que se ha infrin
                                                                  gido el artículo 12 del Anexo X del Estatuto el privarles
Los demandantes, funcionarios cuyo lugar de destino está          de su derecho a examinar si procedía solicitar a la Autori
situado fuera del territorio comunitario, se oponen a las
                                                                  dad Facultada para Proceder a los Nombramientos que se
modalidades de cálculo del coeficiente corrector aplicable,       les pagase toda o una parte de su retribución en su lugar
                                                                  de destino, sujeta al coeficiente corrector establecido para
a partir de determinadas fechas, a sus retribuciones, así
                                                                  el mismo y convertido de acuerdo con el tipo de cambio
como a las retenciones efectuadas en concepto de repeti
ción de lo indebido .                                             correspondiente .
                                                                   (') DO n° L 83 de 2 . 4 . 1996 , pp. 1 , 4 y 7.
El 25 de marzo de 1996, el Consejo adoptó los Reglamen
tos ( Euratom, CECA, CE) nos 577/96, 578/96 y 579/96
por los que se fijan los coeficientes correctores aplicables,
 respectivamente, a partir del 1 de julio de 1994, del 1 de
 enero de 1995 y del 1 de julio de 1995 a las retribuciones
 de los funcionarios de las Comunidades Europeas destina
                                                                  Recurso interpuesto el 3 de marzo de 1997 por Georges
 dos en los países terceros . La Comisión elaboró, conforme
                                                                   Martins contra la Comisión de las Comunidades Europeas
 a dichos Reglamentos, las hojas de haberes para el mes de
 mayo de 1996 de sus funcionarios destinados en los países                                  ( Asunto T-45/97 )
 terceros .                                                                                ( 97/C 142/44 )
 En apoyo de su recurso, los demandantes alegan, en pri                        (Lengua de procedimiento: francés)
 mer lugar, la violación de los principios de seguridad jurí
 dica, de los derechos adquiridos y de la irretroactividad de      En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
 las disposiciones reglamentarias, así como un incumpli           Europeas se ha presentado el 3 de marzo de 1997 un re
 miento de lo obligación de motivación. A este respecto, se       curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
 ñalan que su institución elaboró, conforme a los Regla           formulado por el Sr. Georges Martins, con domicilio en
 mentos entonces vigentes, las hojas de haberes relativas a        Bruselas, representado por el Sr. Nicolás Lhoést, Abogado
 los seis meses anteriores a la adopción de los tres Regla        de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo
 mentos impugnados y que, por consiguiente, dichas hojas           la sede de la Fiduciaire Myson Sárl, 30, rué de Cessange.
 constituyen « actos legales » que han otorgado derechos
 subjetivos. Pues bien, conforme a la doctrina y a una juris      La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
 prudencia consolidada, no se puede revocar un acto legal          tancia que:
 que ha creado derechos subjetivos.
                                                                   — anule la decisión denegatoria expresa adoptada por la
 Además, consideran que el Consejo decidió, de modo ile                Comisión el 22 de noviembre de 1996 en respuesta a
 gal, fijar los efectos de los Reglamentos impugnados, a                la reclamación del demandante,
 ---pagebreak--- ío . 5 . 97          IES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 142/21
— en cuanto sea necesario, anula la decisión denegatoria            Las imputaciones de SIC tienen fundamentalmente por ob
     presunta adoptada por la Comisión en respuesta a la            jeto dos grandes temas autónomos derivados de la relación
     petición del demandante,                                       entre el Estado portugués y la RTP. Por un lado, la materia
                                                                    relativa a la concesión del servicio público de televisión en
— condene a la parte demandada al pago de todas las                 favor de RTP y, en particular, la materia de las indemniza
     costas del procedimiento.                                      ciones compensatorias que, en virtud de tal concesión, el
                                                                    Estado paga anualmente a RTP; en este tema, SIC cuestio
Motivos y principales alegaciones                                   na, en primer lugar, que puedan calificarse de remunera
                                                                    ción de un servicio público determinadas cantidades paga
                                                                    das en virtud de la indemnización compensatoria; en
Los motivos y principales alegaciones son similares a los           segundo lugar cuestiona los criterios que sirven de base
invocados en el asunto T-16/97 ( ] ).
                                                                    para el cálculo de dichas indemnizaciones compensatorias;
                                                                    y, en tercer lugar, a través de las anteriores condiseracio
(') DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, p. 27.                              nes, cuestiona los importes de las indemnizaciones com
                                                                    pensatorias que el Estado portugués pagó a RTP durante
                                                                    los años comprendidos entre 1992 y 1996 . Por otra lado,
                                                                    las imputaciones de SIC tienen por objeto algunas otras
                                                                    fórmulas a través de las cuales el Estado portugués ha es
                                                                    tado financiando, directa o indirectamente, a la RTP du
Recurso interpuesto el 3 de marzo de 1997 por SIC —                 rante los últimos años; se trata, en particular, de la exen
Sociedade Independente de Comunicado, SA contra la                  ción fiscal, del acuerdo con Portugal Telecom, del régimen
            Comisión de las Comunidades Europeas                    de pago de determinadas cotizaciones a la Seguridad So
                        (Asunto T-46/97)                            cial, del aumento de capital y del emprésito de obligacio
                                                                    nes .
                           ( 97/C 142/45 )
             (Lengua de procedimiento: portugués)                   Para fundamentar su recurso, la demandante invoca :
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              — la violación del principio de audiencia previa de los in
Europeas se ha presentado el 3 de marzo de 1997 un re                    teresados, en la medida en que las decisiones impugna
curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                      das fueron adoptadas sin haber dado a la demandante
formulado por SIC —Sociedade Independente de Comuni                      la oportunidad de pronunciarse sobre su respectivo
cagáo, SA, con domicilio social en la Estrada da Outurela,                contenido y sobre los más importantes documentos de
n° 119, Carnaxide, Linda-a-Velha ( Portugal ), representada               la instrucción, en particular el detallado estudio sobre
por el Sr. Carlos Botelho Moniz y la Sra. Ana Santos Reis,                la materia encargado por la Comisión y las observacio
Abogados pertenecientes al Colegio de Abogados portu                  • nes y documentos facilitados por el Estado portugués;
gueses, que designa como domicilio en Luxemburgo el des
pacho del Sr. Aloyse May, Abogado, 31 , Grand-Rue .                 — el incumplimiento del deber de motivación, con arre
                                                                          glo al artículo 190 del Tratado CE, y de las normas de
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                  procedimiento relativas a la fase preliminar de aprecia
tancia que :                                                              ción de las denuncias, efectuada con arreglo y a efectos
                                                                          del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE;
— anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
     Europeas, de 7 de noviembre de 1996 , referencia               — la infracción del apartado 1 del artículo 92 del Tra
     SG(96)D/9555, bajo el epígrafe « Ayuda de Estado NN                  tado CE, en la medida en que consideró compatibles
     141/95 — Financiación de las cadenas públicas de tele               con esta disposición determinadas medidas adoptadas
     visión », notificada a la demandante mediante escrito                por el Estado portugués que son incompatibles con la
     n° 54333 , con fecha de 20 de diciembre de 1996;                     misma ;
— anule la decisión de la Comisión de las Comunidades               — la falta de motivación de las decisiones impugnadas,
     Europeas, bajo el epígrafe « Denuncia de SIC contra                  como consecuencia del incumplimiento de la obliga
     RTP », notificada a la demandante mediante escrito de                ción de proceder a un examen minucioso e imparcial
     la Comisión n° 54365 , con fecha de 20 de diciembre                  del expediente .
     de 1996 ;
                                                                    En lo que atañe concretamente a las indemnizaciones com
— condene a la demandada a la totalidad de las costas .             pensatorias, es importante, según la demandante, tener
                                                                    presente lo siguiente:
Motivos y principales alegaciones
                                                                    — la Comisión no explicita el concepto de servicio públi
La demandante, la misma que en el asunto T-231/95 , SIC                   co que adoptó;
contra Comisión f 1 ), impugna dos decisiones referentes a
un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en fa             — la Comisión no analiza los criterios para la determina
vor de RTP, operador público titular de la concesión del                  ción de la indemnización compensatoria que el Estado
servicio público de televisión, que en esa condición explota              portugués paga a la RTP como contrapartida por la
las cadenas 1 y 2 de la televisión portuguesa .                           prestación del servicio público;


title: Asunto C-669/15: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 30 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Versailles — Francia) — Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF)/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Procedimiento prejudicial — Inexistencia de marco jurídico — Inadmisibilidad manifiesta — Artículo 53, apartado 2, y artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia)

text:
               19.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 343/16

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 30 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Versailles — Francia) — Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF)/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS
   (Asunto C-669/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Inexistencia de marco jurídico - Inadmisibilidad manifiesta - Artículo 53, apartado 2, y artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia))
   (2016/C 343/25)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour d’appel de Versailles

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF)

      Demandada: Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

      Fallo

   La petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Versailles (Francia), mediante resolución de 8 de diciembre de 2015, es manifiestamente inadmisible.

      (1)  DO C 78 de 29.2.2016.


title: Asunto F-74/09: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 14 de diciembre de 2010 — Gowitzke/Europol (Función pública — Personal de Europol — Artículo 27 del Estatuto del personal de Europol — Artículo 4 de la política de determinación de grados y escalones del personal de Europol — Nueva evaluación de un puesto de trabajo en la que se le atribuye un grado superior — Clasificación en escalón)

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/60

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 14 de diciembre de 2010 — Gowitzke/Europol
   (Asunto F-74/09) (1)

   (Función pública - Personal de Europol - Artículo 27 del Estatuto del personal de Europol - Artículo 4 de la política de determinación de grados y escalones del personal de Europol - Nueva evaluación de un puesto de trabajo en la que se le atribuye un grado superior - Clasificación en escalón)
   2011/C 30/115
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Werner Siegfried Gowitzke (La Haya, Países Bajos) (representante: D.C. Coppens, abogado)

      Demandada: Oficina Europea de Policía (Europol) (representantes: D. Neumann y D. El Khoury, agentes, asistidos por B. Wägenbaur, abogado)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión de Europol de 5 de junio de 2009 por la que se desestimó la solicitud del demandante de que se modificara su clasificación en el grado 5, escalón 1.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El demandante cargará con la totalidad de las costas.

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009, p. 85.


title: Asunto T-242/10: Auto del Tribunal General de 27 de mayo de 2011 — Danzeisen/Comisión [ «Recurso de anulación — Reglamento (CE) n ° 271/2010 — Recurso que queda sin objeto — Sobreseimiento» ]

text:
               23.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/16

         Auto del Tribunal General de 27 de mayo de 2011 — Danzeisen/Comisión
   (Asunto T-242/10) (1)

   (Recurso de anulación - Reglamento (CE) no 271/2010 - Recurso que queda sin objeto - Sobreseimiento)
   2011/C 219/24
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Werner Danzeisen (Eichstetten, Alemania) (representante: H. Schmidt, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: G. von Rintelen, F.W. Bulst, M. Vollkommer, agentes)

      Objeto

   Demanda de anulación parcial del Reglamento (UE) no 271/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de producción ecológica de la Unión Europea (DO L 84, p. 19).

      Fallo

               1)

               Sobreseer el presente recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 221, de 14.8.2010.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 8 de mayo de 1996 en el asunto T-19/95: Adia interim SA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Contrato público de servicios - Trabajadores interinos - Oferta que adolece de un error de cálculo - Motivación de la decisión de no admisión - Inexistencia de obligación por parte de la entidad adjudicadora de ponerse en contacto con el licitador)

text:
N° C 180/28           ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     22 . 6 . 96
                                              TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               por el Sr. Eric Boigelot, Abogado de Bruselas, que designa
                  DE PRIMERA INSTANCIA                              como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Louis
                    de 8 de mayo de 1996                            Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contra Parlamento
en el asunto T-19/95 : Adia intérim SA contra Comisión de
                                                                    Europeo ( Agentes : Sres . Gregorio Garzón Clariana y Man
                                                                    fred Peter), que tiene por objeto la anulación de la decisión
                las Comunidades Europeas ( ] )                      por la que se cesa a la demandante en su puesto de trabajo,
(Contrato público de servicios — Trabajadores interinos —           con arreglo al artículo 50 del Estatuto de los Funcionarios de
Oferta que adolece de un error de cálculo — Motivación de           las Comunidades Europeas, el Tribunal de Primera Instan
la decisión de no admisión — Inexistencia de obligación por         cia ( Sala Tercera ), integrado por los Sres.: C. P. Briët,
parte de la entidad adjudicadora de ponerse en contacto con         Presidente; B. Vesterdorf y A. Potocki, Jueces; Secretario : Sr.
                            el licitador)                           H. Jung, ha dictado el 14 de mayo de 1996 una sentencia
                          ( 96/C 180/73 )                           cuyo fallo es el siguiente :
             (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                     1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso en la medida en
En el asunto T-19/95 , Adia intérim SA, con domicilio social              que tiene por objeto que se dirijan órdenes conminato
en Bruselas, representada por el Sr. Vincent Thiry, Abogado               rias al Parlamento Europeo.
de Lieja, por el Sr. Christian Jacobs, Abogado de Bremen, y
por los Sres . Hans Joachim Prieß y Klaus Heinemann,                2 ) Se anula la decisión por la que se cesa a la demandante en
Abogados de Colonia, que designa como domicilio en                        su puesto de trabajo, comunicada a ésta mediante
Luxemburgo el despacho del Sr. Tom M. Gilliams, 47,                       escritos del Presidente del Parlamento de 30 de noviem
Grand-rue , contra Comisión de las Comunidades Europeas                   bre y 19 de diciembre de 1 994.
( Agentes : Sres . Xenophon A. Yataganas y Hendrik van
Lier ), que tiene por objeto, por un lado, que se anule la
decisión de la Comisión, comunicada a la demandante el 5            3 ) Se condena en costas al Parlamento.
de diciembre de 1994 , por la que se le informaba de la
exclusión de la oferta que presentó a raíz del anuncio de           (') DO n" C 137 de 3 . 6 . 1995 .
concurso 94/21 /IX.C.1 , relativo a la prestación de servicios
mediante personal interino, y, por otro lado, que se anule la
decisión de la Comisión, comunicada a la demandante el 21
de diciembre de 1994, de adjudicar el contrato de que se
trata a las sociedades Ecco, Gregg y Manpower, el Tribunal
de Primera Instancia ( Sala Cuarta ), integrado por el Sr. K.
Lenaerts , Presidente, por la Sra . P. Lindh y por el Sr. J. D.
Cooke, Jueces; Secretaria: Sra . B. Pastor, administradora                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL
principal , ha dictado el 8 de Mayo de 1995 una sentencia                             DE PRIMERA INSTANCIA
cuyo fallo es el siguinete :                                                            de 15 de mayo de 1996
1 ) Se desestima el recurso.                                        en el asunto T-326/94 : Konstantinos Dimitriadis contra
                                                                        Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas { l )
2 ) Se condena en costas a la parte demandante.                     (Funcionario — Informe de calificación — Indemnización
(') DO n" C 87 de 8 . 4 . 1995 .
                                                                                de daños y perjuicios)
                                                                                ( 96/C 180/75 )
                                                                                (Lengua de procedimiento: griego)
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                  DE PRIMERA INSTANCIA
                   de 14 de mayo de 1996                            En el asunto T-326/94, Konstantinos Dimitriadis, funcio
                                                                    nario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
en el asunto T-82/95 : Carmen Gómez de Enterría y Sánchez           antiguo funcionario de Tribunal de Cuentas de las Comu
                contra Parlamento Europeo i 1 )                     nidades Europeas, domiciliado en Luxemburgo, represen
(Funcionarios — Cese en elpuesto de trabajo — Artículo SO           tado por el Sr . Markos Papazissis, Abogado de Tesalónica,
del Estatuto — Defensa de los intereses del funcionario             que designa como domicilio en Luxemburgo el del deman
                             afectado)                              dante, 4a, Boulevard G. -D. Charlotte, contra Tribunal de
                         ( 96/C 180/74 )                            Cuentas de las Comunidades Europeas (Agentes : Sres .
                                                                    Jean-Marie Stenier, Christos Komninos y Paolo Giusta ), que
             (Lengua de procedimiento: francés)                     tiene por objeto la anulación del informe de calificación del
                                                                    demandante, de 13 de julio de 1994, y el resarcimiento del
En el asunto T-82/95 , Carmen Gómez de Enterría y Sánchez,          perjuicio que alega haber sufrido, el Tribunal de Primera
antigua funcionaría del Parlamento Europeo, representada            Instancia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres .: R. Schint


title: Archivo del asunto C-195/01

text:
27.10.2001            ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 303/15
              Archivo del asunto C-431/00 (1)                                    Archivo del asunto C-195/01 (1)
                       (2001/C 303/24)                                                    (2001/C 303/25)
Mediante auto de 4 de septiembre de 2001, el Presidente del
                                                                   Mediante auto de 4 de septiembre de 2001, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                   Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-431/00: Comisión de las Comunidades
                                                                   archivar el asunto C-195/01 (petición de decisión prejudicial
Europeas contra República Portuguesa.
                                                                   de la House of Lords): Scandecor Development AB y Pan-
                                                                   ther+Scandecor Ltd contra Marketing AB y Scandecor Ltd.
(1) DO C 28 de 27.1.2001.
                                                                   (1) DO C 200 de 14.7.2001.


title: Asunto C-237/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 11 de octubre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 92/50/CEE — Contratos públicos de servicios — Servicios de asistencia a los agricultores para el año 2001 — Reglamento (CEE) n°  3508/92 — Aplicación en Grecia del sistema integrado de gestión y control (SIGC) — Falta de licitación — Inadmisibilidad del recurso)

text:
               8.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 11 de octubre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica
   (Asunto C-237/05) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 92/50/CEE - Contratos públicos de servicios - Servicios de asistencia a los agricultores para el año 2001 - Reglamento (CEE) no 3508/92 - Aplicación en Grecia del sistema integrado de gestión y control (SIGC) - Falta de licitación - Inadmisibilidad del recurso)
   (2007/C 297/06)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Patakia y X. Lewis, agentes)

      Demandada: República Helénica (representantes: G. Kanellopoulos y S. Charitaki, agentes)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 3, apartado 2, 7, 11, apartado 1, y 15, apartado 2, de la Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1).
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 193 de 6.8.2005.


title: Asunto C-240/16 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 1 de febrero de 2017 — Vedran Vidmar y otros/Comisión Europea (Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Recurso de indemnización — Acta de adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea — Compromisos relativos a una estrategia de reforma judicial — Creación seguida de la supresión de la función de agente público de ejecución — Perjuicio sufrido por las personas nombradas agentes públicos de ejecución — Ilicitud de la supervisión por la Comisión Europea de los compromisos de la República de Croacia — Desestimación del recurso — Recurso de casación manifiestamente inadmisible)

text:
               24.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/3

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 1 de febrero de 2017 — Vedran Vidmar y otros/Comisión Europea
   (Asunto C-240/16 P) (1)

   ((Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Recurso de indemnización - Acta de adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea - Compromisos relativos a una estrategia de reforma judicial - Creación seguida de la supresión de la función de agente público de ejecución - Perjuicio sufrido por las personas nombradas agentes públicos de ejecución - Ilicitud de la supervisión por la Comisión Europea de los compromisos de la República de Croacia - Desestimación del recurso - Recurso de casación manifiestamente inadmisible))
   (2017/C 129/03)
   Lengua de procedimiento: croata

      Partes

      Recurrentes: Vedran Vidmar, Saša Čaldarević, Irena Glogovšek, Gordana Grancarić, Martina Grgec, Ines Grubišić, Sunčica Horvat Peris, Zlatko Ilak, Mirjana Jelavić, Romuald Kantoci, Svjetlana Klobučar, Ivan Kobaš, Tihana Kušeta Šerić, Damir Lemaić, Željko Ljubičić, Gordana Mahovac, Martina Majcen, Višnja Merdžo, Tomislav Perić, Darko Radić, Damjan Saridžić (representante: D. Graf, odvjetnik)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: S. Ječmenica y G. Wils, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a los Sres. Vedran Vidmar y Saša Čaldarević, las Sras. Irena Glogovšek, Gordana Grancarić, Martina Grgec, Ines Grubišić y Sunčica Horvat Peris, el Sr. Zlatko Ilak, la Sra. Mirjana Jelavić, el Sr. Romuald Kantoci, la Sra. Svjetlana Klobučar, el Sr. Ivan Kobaš, la Sra. Tihana Kušeta Šerić, los Sres. Damir Lemaić y Željko Ljubičić, las Sras. Gordana Mahovac, Martina Majcen y Višnja Merdžo y los Sres. Tomislav Perić, Darko Radić y Damjan Saridžić.

      (1)  DO C 251 de 11.7.2016.


title: Asunto C-350/09 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de septiembre de 2009 por el Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) dictada el 30 de junio de 2009 en el asunto T-444/07, Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CEPM)/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               19.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 312/11

         Recurso de casación interpuesto el 2 de septiembre de 2009 por el Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) dictada el 30 de junio de 2009 en el asunto T-444/07, Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CEPM)/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-350/09 P)
   2009/C 312/19
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) (representante: C. Bonnefoi, abogado)

      Recurrida: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Que se estimen, en todo o en parte, las pretensiones presentadas en primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso la parte demandante invoca trece motivos relacionados con la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia de su demanda de anulación de la Decisión de 4 de octubre de 2007, por la que se suprime la ayuda concedida por el Fondo Social Europeo (FSE) mediante la Decisión C(1999) 2645, de 17 de agosto de 1999.
   En su primer motivo la demandante alega que el Tribunal de Primera Instancia ha vulnerado el principio de igualdad de trato al no atender a las exigencias de justo equilibrio entre las alegaciones de las partes. Al limitarse a indicar en varias ocasiones que la Comisión niega o refuta las alegaciones del CPEM el Tribunal de Primera Instancia no precisa en efecto las alegaciones de la Comisión, ni de qué forma éstas niegan o refutan las alegaciones de la demandante, lo que crea un desequilibrio en la presentación de los elementos del debate y como consecuencia en su examen por la sentencia.
   Con su segundo motivo el CPEM mantiene que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido un error de derecho al denegar el reconocimiento de la «corresponsabilidad» de la Comisión, ya que ésta había estado al corriente de los hechos imputados pero no tomó ninguna medida, con ocasión de sus controles periódicos de la realización del proyecto subvencionado, para bloquear los pagos de las cantidades a cuenta y del saldo de la subvención. La obligación a cargo del CPEM de devolver la totalidad de la ayuda financiera concedida es infundada por tanto, atendiendo a las alegaciones presentadas por el CPEM, que acreditan cuando menos una corresponsabilidad de la Comisión en la situación perjudicial creada.
   Mediante su tercer motivo la demandante afirma que el Tribunal de Primera Instancia, indebidamente, no examinó sus alegaciones sobre la elección de las bases jurídicas del control, que incurre en ilegalidad dado que se ejerció con fundamento en un Reglamento diferente de aquel sobre cuya base se ha practicado oficialmente ese control.
   En su cuarto motivo la demandante señala que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido un error de derecho al declarar inadmisibles sus pretensiones de indemnización por lesión de su reputación. En efecto, la OLAF dio a la prensa local informaciones a pesar de que el CPEM no había recibido la notificación de la Decisión de supresión. En tales circunstancias el hacer públicas esas informaciones lesionó gravemente la reputación de un organismo que tiene un objeto de interés general, que carece de tesorería y clientela y que únicamente obtiene financiación de aportaciones públicas y privadas.
   Con su quinto motivo el CPEM mantiene que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido un error de derecho y ha vulnerado el principio de proporcionalidad al inadmitir la pretensión de indemnización simbólica de su personal debido a la falta de habilitación específica conferida al abogado, siendo así que los errores señalados por la demandante acerca de las habilitaciones de los investigadores de la OLAF y del personal de la Comisión no fueron objeto de examen por el propio Tribunal.
   En el sexto motivo el CPEM reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber cometido un error de derecho al reducir el alcance de la denuncia y el examen del primer motivo únicamente al respeto del derecho de defensa, siendo así que hacía expresa referencia al derecho fundamental de defensa y a los principios generales del derecho.
   Mediante su séptimo motivo la demandante sostiene que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido además un error de derecho al reducir el ámbito del derecho de defensa sólo a la posibilidad de que los destinatarios de una decisión que afecte de manera apreciable sus intereses estén en condiciones de dar a conocer de modo eficaz su punto de vista. Ahora bien, el respeto del derecho de defensa tiene un alcance mucho más amplio. Por añadidura el carácter «eficaz» de la controversia con la OLAF y la Comisión y el examen de todos los elementos del presente caso «con atención e imparcialidad» son sumamente discutibles en este caso, al igual que la falta de comunicación por la OLAF del objeto de las denuncias presentadas contra el CPEM.
   Con su octavo motivo la demandante reprocha más en particular al Tribunal de Primera Instancia haber cometido un error de derecho al considerar que el hecho de informar a la prensa del contenido de una decisión administrativa que lleva consigo una sanción, antes incluso de que se haya notificado al destinatario, no constituye una vulneración del derecho de defensa.
   En su noveno motivo el CPEM imputa al Tribunal de Primera Instancia haber desestimado erróneamente su motivo referido a la inobservancia, en el marco de del procedimiento que llevó a la adopción de la decisión impugnada, del derecho de defensa y de los principios de presunción de inocencia, de seguridad jurídica, de equilibrio y de neutralidad de los controles. El respeto de esos principios generales del derecho debe garantizarse en efecto no sólo en los procedimientos administrativos que pueden dar lugar a sanciones sino también en el marco de los procedimientos de investigación previa.
   Mediante su décimo motivo la demandante alega que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error de derecho al no atender al concepto francés de organismo sin ánimo de lucro así como a las relaciones que tal organismo puede y debe mantener con las diversas entidades locales. El Tribunal confirmó de esa forma el error inicial de la Comisión y de la OLAF, que consideraron esos vínculos entre el CPEM y las entidades locales, entre ellas la ciudad de Marsella, como una irregularidad grave.
   Con su undécimo motivo la demandante reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber cometido un error de hecho al indicar que esa parte consideraba inoponible la «guía del promotor» y al desestimar sus alegaciones al respecto, siendo así en realidad que esa parte no consideraba inoponible la guía, sino que sólo censuraba la existencia de varias versiones diferentes, que conducía a una inseguridad jurídica y a la inobservancia del principio de contradicción.
   En su duodécimo motivo el CEPM afirma que el Tribunal de Primera Instancia interpretó indebidamente el concepto de «valorización», al acoger un argumento jurídicamente erróneo de la Comisión según el cual esa técnica de imputación de los gastos estaba autorizada en el marco «clásico» de los proyectos correspondientes al FSE, pero prohibida en el marco de los proyectos piloto con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento no 4255/88. (1)

   Con su decimotercer y último motivo la demandante imputa al Tribunal de Primera Instancia la vulneración del principio de seguridad jurídica, al haber eludido el debate sobre el motivo basado en la inaplicabilidad del Reglamento no 1605/2002 (2) en el que se basó la decisión de la OLAF y de la Comisión, siendo así que al tiempo de los hechos estaba en vigor el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977. (3) Por otra parte el CPEM solicita al amparo del artículo 47, apartado 1, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia la comprobación de los hechos mediante la declaración de testigos.

      (1)  Reglamento (CEE) no 4255/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo al Fondo Social Europeo (DO L 374, p. 21).

      (2)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1).

      (3)  Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356, p. 1; EE 01/02, p. 90) según su versión derivada del Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 del Consejo de 17 de diciembre de 1998 por el que se modifica el Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977 (DO L 347, p. 3).