title: Asunto F-85/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 28 de octubre de 2010 — Sørensen/Comisión (Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Funcionarios que acceden a un grupo de funciones superior mediante oposición general — Candidatos inscritos en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Disposiciones transitorias sobre la clasificación en grado en el momento del nombramiento — Clasificación en grado con arreglo a nuevas disposiciones menos favorables — Artículo 5, apartado 2, y artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto)

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/59

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 28 de octubre de 2010 — Sørensen/Comisión
   (Asunto F-85/05) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Nombramiento - Funcionarios que acceden a un grupo de funciones superior mediante oposición general - Candidatos inscritos en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto - Disposiciones transitorias sobre la clasificación en grado en el momento del nombramiento - Clasificación en grado con arreglo a nuevas disposiciones menos favorables - Artículo 5, apartado 2, y artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto)
   2010/C 346/117
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Susanne Sørensen (Bruselas) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y H. Krämer, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Arpio Santacruz y M. Simm, agentes)

      Objeto

   Anulación de la decisión de la Comisión relativa a la clasificación de la demandante, inscrita en una lista de reserva B con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Estatuto, por la que se le aplican las disposiciones menos favorables de éste [artículo 12 del anexo XIII del Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios], así como de la decisión de suprimir los puntos de promoción adquiridos por la demandante como funcionaria de la categoría C.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de la Sra. Sørensen.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 296, de 26.11.2005, p. 26 (asunto inicialmente registrado en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-335/05 y remitido al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15.12.2005).


title: Asunto C-461/02: Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2002 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
22.2.2003              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                               C 44/15
Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2002 contra el                Reino de Dinamarca, formulado por la Comisión de las
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las                        Comunidades Europeas, representada por N.B. Rasmussen y
                    Comunidades Europeas                                D. Martin, en calidad de agentes, que designa domicilio en
                                                                        Luxemburgo.
                       (Asunto C-461/02)
                          (2003/C 44/28)                                La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que, con
                                                                        arreglo al artículo 226 CE:
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            —     Declare que, con su legislación y su práctica administra-
presentado el 20 de diciembre de 2002 un recurso contra el                    tiva, el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligacio-
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de                        nes que le incumben en virtud del artículo 39 CE en
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. H. Støvlbæk                 relación con el artículo 10 CE, al no autorizar a los
y la Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa                    trabajadores que ejercen un empleo del otro lado de la
domicilio en Luxemburgo.                                                      frontera y están domiciliados en Dinamarca a utilizar,
                                                                              con fines profesionales y privados, un automóvil de
                                                                              empresa matriculado en un Estado vecino donde su
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                              empresario tiene el domicilio social.
—     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud del              —     Declare que, con su legislación y su práctica administra-
      artículo 9 de la Directiva 93/76/CEE del Consejo, de                    tiva, el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligacio-
      13 de septiembre de 1993 (1), relativa a la limitación de               nes que le incumben en virtud del artículo 39 CE en
      las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora                  relación con el artículo 10 CE, al autorizar a los trabajado-
      de la eficacia energética (SAVE), al no haber informado                 res que ejercen un empleo en otro Estado miembro de la
      cada dos años a la Comisión de los resultados de las                    Unión europea y están domiciliados en Dinamarca a
      medidas adoptadas para la aplicación de los programas                   utilizar con fines profesionales y privados un automóvil,
      previstos en dicha Directiva.                                           y en particular un automóvil de empresa, matriculado en
                                                                              otro Estado miembro donde el empresario tiene su
—     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.                         domicilio social o un establecimiento estable, únicamente
                                                                              cuando se cumpla un doble requisito consistente en que,
                                                                              por una parte, el empleo en la empresa extranjera
Motivos y principales alegaciones                                             constituya la actividad principal del interesado y que, por
                                                                              otra parte, se abone un tributo.
Habida cuenta del plazo fijado para la adaptación del ordena-
miento jurídico nacional a la Directiva, el 31 de diciembre             —     Condene en costas al reino de Dinamarca.
de 1996 debería haberse comunicado a la Comisión un primer
informe sobre los resultados de las medidas adoptadas para la
aplicación de los programas previstos en la Directiva y el
31 de diciembre de 1998, un segundo informe. La falta de
medios de la administración luxemburguesa no puede ser                  Motivos y principales alegaciones
invocada para justificar el incumplimiento de una obligación
que deriva de la Directiva.
                                                                        Las normas danesas objeto del presente recurso han sido
( 1) DO L 237 de 22.09.1993, p. 28.                                     modificadas durante el procedimiento administrativo. Según
                                                                        el «régimen anterior» (véase la Orden no 18 del Ministro de
                                                                        Justicia de 10 de enero de 1992, posteriormente Orden no 592
                                                                        del Ministro de Transportes de 24 de junio de 1996),
                                                                        los residentes daneses sólo podían utilizar un automóvil
                                                                        matriculado por un empresario en el extranjero si el vehículo
                                                                        se matriculaba en Dinamarca o si obtenían una autorización.
Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2002 contra el                En el caso de matriculación, debía pagarse un impuesto de
Reino de Dinamarca por la Comisión de las Comunidades                   matriculación con arreglo a la Ley del Impuesto de Matricula-
                             Europeas                                   ción. La práctica las autoridades danesas al aplicar esta
                                                                        normativa consistía en denegar las autorizaciones que se
                       (Asunto C-464/02)                                solicitaban con el fin de efectuar «viajes de negocios a
                                                                        Dinamarca, en particular, para visitar a clientes». No obstante,
                                                                        se podían autorizar los trayectos directos entre la frontera
                          (2003/C 44/29)
                                                                        entre Dinamarca y Alemania y el domicilio de la persona de
                                                                        que se tratara, pero únicamente para los fines de semanas y los
                                                                        días festivos. En cualquier caso, no se permitía utilizar un
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            automóvil de empresa con fines privados, por ejemplo, fuera
presentado el 23 de diciembre de 2002 un recurso contra el              del horario de trabajo.


title: Archivo del asunto T-409/03

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/53

         Archivo del asunto T-409/03 (1)

   (2004/C 118/116)

      (Lengua de procedimiento: francés)

   Mediante auto de 27 de abril de 2004, el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-409/03, Manuel Simões dos Santos contra Oficina de Armonización del Mercado Interior.

      (1)  DO C 59 de 6.3.2004.


title: Asunto C-376/06: Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/16

         Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-376/06)
   (2006/C 261/30)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Caeiros y J.-B. Laignelot, agentes)

      Demandada: República Portuguesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare, con carácter principal, que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2001/42/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               —

               Que se declare, con carácter subsidiario, que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 de la mencionada Directiva 2001/42/CE, al no haber informado inmediatamente a la Comisión acerca de tales disposiciones.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 21 de julio de 2004.

      (1)  DO L 197, p. 30


title: Asunto C-19/06: Recurso interpuesto el  17 de enero de 2006  contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/28

         Recurso interpuesto el 17 de enero de 2006 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-19/06)
   (2006/C 60/54)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de enero de 2006 un recurso contra la República Francesa formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. M. Nolin, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de Directiva 2002/89/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, por la que se modifica la Directiva 2000/29/CE relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, al menos, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               2)

               Condene en costas a República Francesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva 2002/89 finalizó el 31 de diciembre de 2004.

      (1)  DO L 355, de 30.12.2002, p. 45.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 17 de septiembre de 2003 en el asunto T-54/98: Aruba contra Comisión de las Comunidades Europeas (Asociación de los países y territorios de Ultramar — Importación en la Comunidad de azúcar originario de Aruba — Reglamento (CE) n° 2553/97 — Recurso de anulación — Inadmisibilidad)

text:
C 304/28               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                           13.12.2003
Rijn y X. Lewis), Reino de España (agente: Sra. N. Díaz Abad)              1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
y República francesa (agentes: Sra. K. Rispal-Bellanger y Sr.
C. Chavance), que tiene por objeto un recurso de anulación de              2)    La parte demandante cargará con sus propias costas y las del
la Decisión 97/803/CE del Consejo, de 24 de noviembre de                         Consejo.
1997, por la que se efectúa una revisión intermedia de la
Decisión 91/482/CEE relativa a la asociación de los países y
territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea                   3)    Las partes coadyuvantes soportarán sus propias costas.
(DO L 329, p. 50), el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Tercera), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, y los Sres.
J. Azizi y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado          (1) DO C 137 de 2.5.98.
el 17 de septiembre de 2003 un auto en el que se resuelve lo
siguiente:
1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2)    La parte demandante cargará con sus propias costas y las del
      Consejo, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre
      medidas provisionales.
                                                                               AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
3)    Las partes coadyuvantes soportarán sus propias costas.
                                                                                de 17 de septiembre de 2003
(1) DO C 55 de 20.2.1998.
                                                                           en el asunto T-54/98: Aruba contra Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas (1)
                                                                           (Asociación de los países y territorios de Ultramar —
                                                                           Importación en la Comunidad de azúcar originario de Aruba
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                 — Reglamento (CE) no 2553/97 — Recurso de anulación —
                                                                                Inadmisibilidad)
                  de 17 de septiembre de 2003
                                                                                (2003/C 304/52)
en el asunto T-36/98, Aruba contra Consejo de la Unión
                            Europea (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
(Asociación de países y territorios de Ultramar — Decisión
   97/803/CE — Recurso de anulación — Inadmisibilidad)
                                                                           En el asunto T-54/98, Aruba, representada por los Sres.
                         (2003/C 304/51)                                   P. Bos y M. Slotboom, abogados, que designa domicilio en
                                                                           Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                        (agente: Sr. T. van Rijn), apoyada por Consejo de la Unión
                                                                           Europea (agentes: Sres. J. Huber y G. Houttuin) y por Reino
                                                                           Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (agente: Sra.
                                                                           R. Magrill), que tiene por objeto un recurso de anulación del
En el asunto T-36/98, Aruba, representada por los Sres.                    Reglamento (CE) no 2553/97 de la Comisión, de 17 de
P.V.F. Bos y M. Slotboom, abogados, que designa domicilio en               diciembre de 1997, relativo a las disposiciones de expedición
Luxemburgo, contra Consejo de la Unión Europea (agentes:                   de los certificados de importación de determinados productos
Sres. J. Huber y G. Houttuin), apoyado por la Comisión de las              de los códigos NC 1701, 1702, 1703 y 1704 con acumulación
Comunidades Europeas (agentes: Sres. T. Van Rijn y X. Lewis),              del origen ACP/PTU (DO L 349, p. 26), el Tribunal de Primera
y Reino de España (agente: Sra. N. Díaz Abad), que tiene por               Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. K. Lenaerts,
objeto un recurso de anulación de la Decisión 97/803/CE del                Presidente, y los Sres. J. Azizi y M. Jaeger, Jueces; Secretario:
Consejo, de 24 de noviembre de 1997, por la que se efectúa                 Sr. H. Jung, ha dictado el 17 de septiembre de 2003 un auto
una revisión intermedia de la Decisión 91/482/CEE relativa a               en el que se resuelve lo siguiente:
la asociación de los países y territorios de Ultramar a la
Comunidad Económica Europea (DO L 329, p. 50), el Tribunal
de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. K.               1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
Lenaerts, Presidente, y los Sres. J. Azizi y M. Jaeger, Jueces;
Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 17 de septiembre de 2003            2)    La parte demandante soportará sus propias costas, así como las
un auto en el que se resuelve lo siguiente:                                      de la Comisión.
 ---pagebreak--- 13.12.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 304/29
3)    Las partes coadyuvantes soportarán sus propias costas.                   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(1) DO C 166 de 30.05.1998.                                                                  de 30 de septiembre de 2003
                                                                           en el asunto T−182/02, Uni−Pharma — Kléon Tsetis
                                                                           Pharmakeutika Ergastiria Anonimos Viomihaniki kai
                                                                           Emboriki Eteria (Uni−Pharma ABEE) contra la Oficina de
                                                                           Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
                                                                                modelos) (OAMI) (1)
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                           («Marca comunitaria — Oposición — Solución amistosa —
                  de 29 de septiembre de 2003                                                        Sobreseimiento»)
en el asunto T-183/01, Alza Corporation contra Oficina                                               (2003/C 304/54)
de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
                       modelos) (OAMI) (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(Marca comunitaria — Oposición — Acuerdo transaccional
                         — Sobreseimiento)
                          (2003/C 304/53)                                  En el asunto T-182/02, Uni−Pharma — Kléon Tsetis Pharma-
                                                                           keutika Ergastiria Anonimos Viomihaniki kai Emboriki Eteria
                                                                           (Uni-Pharma ABEE), con domicilio social en Kato Kifissia,
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                       Attiki (Grecia), representada por las Sras. M. Bra y E. Gioti-
                                                                           Manthou, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
                                                                           contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                           (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. O. Mon-
En el asunto T-183/01, Alza Corporation, con domicilio social              talto, E. Joly y O. Waelbroeck), con la intervención ante el
en Mountain View, California (Estados Unidos), representada                Tribunal de Primera Instancia de BIOFARMA S.A., con domici-
por el Sr. M. Edenborough, abogado, que designa domicilio en               lio social en Neuilly-Sur-Seine (Francia), representada por los
Luxemburgo, contra Oficina de Armonización del Mercado                     Sres. V. Gil Vega y A. Ruiz López, abogados, que tiene por
Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agente: Sra.                  objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala
S. Laitinen), con la intervención ante el Tribunal de Primera              Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado
Instancia de Hexal AG, con domicilio social en Holzkirchen                 Interior (marcas, dibujos y modelos) de 27 de febrero de 2002
(Alemania), representada por el Sr. A. Spranger, abogado, que              (Asunto R 725/2000-4), relativa a un procedimiento de
tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de            oposición entre Uni-Pharma — Kléon Tsetis Pharmakeutika
la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del               Ergastiria Anonimos Viomihaniki kai Emboriki Eteria (Uni-
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 23 de mayo                 Pharma ABEE) y BIOFARMA S.A., el Tribunal de Primera
de 2001 (Asunto R 321/1999-2), relativa a un procedimiento                 Instancia (Sala Cuarta), integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta,
de oposición entre Alza Corporation y Hexal AG, el Tribunal                y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras, Jueces; Secretario: Sr.
de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por la Sra. V. Tiili,        H. Jung, ha dictado el 30 de septiembre de 2003 un auto en el
Presidenta, y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras, Jueces;                  que se resuelve lo siguiente:
Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 29 de septiembre de 2003
un auto en el que se resuelve lo siguiente:
                                                                           1)    Sobreseer el presente recurso.
1)    Sobreseer el presente recurso.
                                                                           2)    La demandante soportará sus propias costas así como las de la
2)    La parte demandante cargará con sus propias costas, así como               Oficina.
      con las de la parte demandada.
                                                                           3)    La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.
3)    La parte coadyuvante soportará sus propias costas.
                                                                           (1) DO C 202 de 24.8.2002.
(1) DO C 317, de 10.11.2001.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de julio de 2001 en el asunto T-351/99, Christian Brumter contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Convocatoria para proveer plaza vacante — Nombramiento — Obligación de motivación — Examen comparativo de los méritos de los candidatos — Facultad de apreciación de la AFPN — Informe de calificación — Solicitud de traslado)

text:
C 331/20                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       24.11.2001
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              Bruselas, representado por Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier y
                                                                         V. Peere, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
                      de 12 de julio de 2001                             contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
                                                                         Sras. C. Berardis-Kayser y F. Clotuche-Duvieusart), que tiene
en el asunto T-204/99, Olli Mattila contra Consejo de la                 por objeto un recurso de anulación, por una parte de la
Unión europea y Comisión de las Comunidades Euro-                      decisión de la Comisión de 29 de enero de 1999 denegatoria
                               peas (1)                                  de la candidatura del demandante al puesto a que se refiere la
                                                                         convocatoria para proveer plaza vacante COM/173/98 y, por
(Acceso a los documentos — Decisiones 93/731/CE y                        otra, la decisión de 27 de enero de 1999 de nombrar al
94/90/CECA, CE, Euratom — Excepción relativa a la                       Sr. Gérard Zahlen para dicho puesto, el Tribunal de Primera
protección del interés público en materia de relaciones                Instancia (Juez único: Sr. J Azizi); Secretaria: Sra. B. Pastor,
                internacionales — Acceso parcial)                        administradora principal, ha dictado el 20 de julio de 2001
                                                                         una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                          (2001/C 331/32)
                                                                         1)    Se anula la decisión de la Comisión de nombrar al Sr. Zahlen
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                           para el puesto al que se refiere la convocatoria para proveer
                                                                               plaza vacante COM/173/98, y la decisión denegatoria de la
                                                                               candidatura del Sr. Brumter para dicho puesto.
En el asunto T-204/99, Olli Mattila, con domicilio en Hyvinkää
(Finlandia), representado por los Sres. Z. Sundström y M. Kaup-          2)    Se condena en costas a la parte demandada.
pi, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo, contra
Consejo de la Unión Europea (agentes: Sra. J. Aussant y                 (1) DO C 63 de 4.3.2000.
Sr. M. Bauer) y Comisión de las Comunidades Europeas
(agentes: Sres. U. Wölker y X. Lewis), que tiene por objeto un
recurso de anulación contra las decisiones de la Comisión y
del Consejo, de 5 y 12 de julio de 1999 respectivamente, por
las que se deniega al demandante el acceso a determinados
documentos, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta),              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. Garcı́a-
Valdecasas y J.D. Cooke, Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor,                                  de 12 de julio de 2001
administradora principal, ha dictado el 12 de julio de 2001
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                         en el asunto T-131/00: Robert Charles Schochaert contra
                                                                                Consejo de la Unión Europea (1)
1)    Se desestima el recurso.
2)    El demandante cargará con sus propias costas y con las del        (Funcionarios — Denegación de la promoción — Motivación
      Consejo y la Comisión.                                            — Examen comparativo de los méritos — Recurso de
                                                                                anulación)
(1) DO C 333 de 20.11.1999.
                                                                                (2001/C 331/34)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              En el asunto T-131/00, Robert Charles Schochaert, funcionario
                                                                         del Consejo de la Unión Europea, con domicilio en Bruselas,
                      de 20 de julio de 2001                             representado por Me J. A. Martin, abogado, contra Consejo de
                                                                         la Unión Europea (agentes: Sres. F. Anton y A. Pilette), que
en el asunto T-351/99, Christian Brumter contra Comisión                tiene por objeto una pretensión de anulación de la decisión del
                de las Comunidades Europeas (1)                          Consejo de no ascender al demandante al grado B 1 en el
                                                                         ejercicio de promoción de 1999, el Tribunal de Primera
(Funcionarios — Convocatoria para proveer plaza vacante                  Instancia (Sala Quinta), integrado por la Sra. P. Lindh, Presi-
— Nombramiento — Obligación de motivación — Examen                     denta, y los Sres. R. Garcı́a-Valdecasas y J. D. Cooke, Jueces;
comparativo de los méritos de los candidatos — Facultad de               Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el
apreciación de la AFPN — Informe de calificación —                     12 de julio de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                       Solicitud de traslado)
                                                                         1)    Se anula la decisión del Consejo de no ascender al demandante
                          (2001/C 331/33)                                      al grado B 1 en el ejercicio de promoción de 1999.
                  (Lengua de procedimiento: francés)                     2)    Se condena en costas al Consejo.
                                                                         (1) DO C 285 de 7.10.2000.
En el asunto T-351/99, Christian Brumter, funcionario de la
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en


title: Asunto T-224/12: Recurso interpuesto el 23 de mayo de 2012 — Accorinti y otros/BCE

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/19

         Recurso interpuesto el 23 de mayo de 2012 — Accorinti y otros/BCE
   (Asunto T-224/12)
   2012/C 243/37
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia), Michael Acherer (Bressanone, Italia), Giuliano Agostinetti (Mestre, Italia), Marco Alagna (Milán, Italia), Riccardo Alagna (Milán, Italia), Agostino Amalfitano (Forio, Italia), Emanuela Amsler (Turín, Italia), Francine Amsler (Turín, Italia), Alessandro Anelli (Bellinzago Novarese, Italia), Angelo Giovanni Angione (Potenza, Italia), Giancarlo Antonelli (Verona, Italia), Giuseppe Aronica (Licata, Italia), Elisa Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Pasquale Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Luigi Azzano (Concordia Sagittaria, Italia), Giovanni Baglivo (Lecce, Italia), Stefano Baldoni (Matera, Italia), Giulio Ballini (Lonato, Italia), Antonino Barbara (Nápoles, Italia), Armida Baron (Cassola, Italia), Paolo Baroni (Roma), Lucia Benassi (Scandiano, Italia), Michele Benelli (Madignano, Italia), Erich Bernard (Lana, Italia), Flaminia Berni (Roma), Adriano Bianchi (Omegna, Italia), Massimiliano Bigi (Montecchio Emilia, Italia), Daniele Fabrizio Bignami (Milán, Italia), Sergio Borghesi (Coredo, Italia), Borghesi Srl (Cles, Italia), Sergio Bovini (Cogoleto, Italia), Savino Brizzi (Turín, Italia), Annunziata Brum (Badiola, Italia), Christina Brunner (Laives, Italia), Giovanni Busso (Caselette, Italia), Fabio Edoardo Cacciuttolo (Milán, Italia), Vincenzo Calabrò (Roma), Carlo Cameranesi (Ancona, Italia), Giuseppe Campisciano (Besana in Brianza, Italia), Allegra Canepa (Pisa, Italia), Luca Canonaco (Como, Italia), Piero Cantù (Vimercate, Italia), Fabio Capelli (Tortona, Italia), Gianluca Capello (Sanremo, Italia), Sergio Capello (Sanremo, Italia), Mario Carchini (Carrara, Italia), Filippo Carosi (Roma), Elena Carra (Roma), Claudio Carrara (Nembro, Italia), Ivan Michele Casarotto (Verona, Italia), Anna Maria Cavagnetto (Turín, Italia), Gabriele Lucio Cazzulani (Segrate, Italia), Davide Celli (Rímini, Italia), Antonio Cerigato (Ferrara, Italia), Paolo Enrico Chirichilli (Roma), Celestino Ciocca (Roma), Mariagiuseppa Civale (Milán, Italia), Roberto Colicchio (Milán, Italia), Edoardo Colli (Trieste, Italia), Nello Paolo Colombo (Casatenovo, Italia), Mario Concini (Tuenno, Italia), Marika Congestrì (S. Onofrio, Italia), Luigi Corsini (Pistoia, Italia), Maria Chiara Corsini (Génova, Italia), Aniello Cucurullo (Civitavecchia, Italia), Roberto Cugola (Melara, Italia), Roberto Cupioli (Rímini, Italia), Giuseppe D’Acunto (Lucca — S. Anna, Italia), Stefano D’Andrea (Ancona, Italia), Nazzareno D’Amici (Roma), Michele Damelon (Gruaro, Italia), Piermaria Carlo Davoli (Milán, Italia), Iole De Angelis (Roma), Roberto De Pieri (Treviso, Italia), Stefano De Pieri (Martellago, Italia), Ario Deasti (Sanremo, Italia), Stefano Marco Debernardi (Aosta, Italia), Gianfranco Del Mondo (Casoria, Italia), Salvatore Del Mondo (Gaeta, Italia), Gianmaria Dellea (Castelveccana, Italia), Gianmarco Di Luigi (Sant’Antimo, Italia), Alessandro Di Tomizio (Reggello, Italia), Donata Dibenedetto (Altamura, Italia), Angela Dolcini (Pavía, Italia), Denis Dotti (Milán, Italia), Raffaele Duino (San Martino Buon Albergo, Italia), Simona Elefanti (Montecchio Emilia, Italia), Maurizio Elia (Roma), Claudio Falzoni (Besnate, Italia), Enrico Maria Ferrari (Roma), Giuseppe Ferraro (Pago Vallo Lauro, Italia), Fiduciaria Cavour Srl (Roma), Giorgio Filipello (Caccamo, Italia), Giovanni Filipello (Caccamo, Italia), Dario Fiorin (Venecia, Italia), Guido Fortunati (Verona, Italia), Achille Furioso (Agrigento, Italia), Monica Furlanis (Concordia Sagittaria, Italia), Vitaliano Gaglianese (San Giuliano Terme, Italia), Antonio Galbo (Palermo, Italia), Gianluca Gallino (Milán, Italia), Giandomenico Gambacorta (Roma), Federico Gatti (Besana in Brianza, Italia), Raffaella Maria Fatima Gerardi (Lavello, Italia), Mauro Gini (Bressanone, Italia), Barbara Giudiceandrea (Roma), Riccardo Grillini (Lugo, Italia), Luciano Iaccarino (Verona, Italia), Vittorio Iannetti (Carrara, Italia), Franz Anton Inderst (Marlengo, Italia), Hermann Kofler (Merano, Italia), Alessandro Lepore (Giovinazzo, Italia), Fabio Lo Presti (Ponte S. Pietro, Italia), Silvia Locatelli (Brembate, Italia), Nicola Lozito (Grumo Appula, Italia), Rocco Lozito (Grumo Appula, Italia), Fabio Maffoni (Soncino, Italia), Silvano Maffoni (Orzinuovi, Italia), Bruno Maironi Da Ponte (Bérgamo, Italia), Franco Maironi Da Ponte (Bérgamo, Italia), Michele Maironi Da Ponte (Bérgamo, Italia), Francesco Makovec (Lesmo, Italia), Concetta Mansi (Matera, Italia), Angela Marano (Melito di Napoli, Italia), Bruno Marchetto (Milán, Italia), Fabio Marchetto (Milán, Italia), Sergio Mariani (Milán, Italia), Lucia Martini (Scandicci, Italia), Alessandro Mattei (Treviso, Italia), Giorgio Matterazzo (Seregno, Italia), Mauro Mazzone (Verona, Italia), Ugo Mereghetti (Brescia, Italia) y en representación de Fulvia Mereghetti (Casamassima, Italia), Vitale Micheletti (Brescia, Italia), Giuseppe Mignano (Génova, Italia), Fabio Mingo (Ladispoli, Italia), Giovanni Minorenti (Guidonia Montecelio, Italia), Filippo Miuccio (Roma), Fulvio Moneta Caglio de Suvich (Milán, Italia), Giancarlo Monti (Milán, Italia), Angelo Giuseppe Morellini (Besana in Brianza, Italia), Barbara Mozzambani (San Martino Buon Albergo, Italia), Mario Nardelli (Gubbio, Italia), Eugenio Novajra (Udine, Italia), Giorgio Omizzolo (Baone, Italia), Patrizia Paesani (Roma), Luigi Paparo (Volla, Italia), Davide Pascale (Milán, Italia), Salvatore Pasciuto (Gaeta, Italia), Sergio Pederzani (Ossuccio, Italia), Aldo Perna (Nápoles, Italia), Marco Piccinini (San Mauro Torinese, Italia), Nicola Piccioni (Soncino, Italia), Mauro Piliego (Bolzano, Italia), Vincenzo Pipolo (Roma), Johann Poder (Silandro, Italia), Giovanni Polazzi (Milán, Italia), Santo Pullarà (Rímini, Italia), Patrizio Ragusa (Roma), Rosangela Raimondi (Arluno, Italia), Massimo Ratti (Milán, Italia), Gianni Resta (Imola, Italia), Giuseppe Ricciarelli (San Giustino, Italia), Enrica Rivi (Scandiano, Italia), Maria Rizescu (Pesaro, Italia), Alessandro Roca (Turín, Italia), Mario Romani (Milán, Italia), Claudio Romano (Nápoles, Italia), Gianfranco Romano (Pisticci, Italia), Ivo Rossi (Nettuno, Italia), Alfonso Russo (Scandiano, Italia), Iginio Russolo (San Quirinino, Italia), Francesco Sabato (Barcelona), Giuseppe Salvatore (Silvi, Italia), Luca Eudilio Sarzi Amadé, (Milán, Italia), Tiziano Scagliola (Terlizzi, Italia), Antonio Scalzullo (Avellino, Italia), Liviano Semeraro (Gavirate, Italia), Laura Liliana Serpente (Ancona, Italia), Maria Grazia Serpente (Ancona, Italia), Luciana Serra (Milán, Italia), Giuseppe Silecchia (Altamura, Italia), Paolo Sillani (Bérgamo, Italia), Vincenzo Solombrino (Nápoles, Italia), Patrizia Spiezia (Casoria, Italia), Alberto Tarantini (Roma), Halyna Terentyeva (Concordia Sagittaria, Italia), Vincenzo Tescione (Caserta, Italia), Riccardo Testa (Cecina, Italia), Salvatore Testa (Pontinia, Italia), Nadia Toneatti (Trieste, Italia), Giuseppe Ucci (Como, Italia), Giovanni Urbanelli (Pescara, Italia), Giuseppina Urciuoli (Avellino, Italia), Amelia Vaccaro (Chiavari, Italia), Maria Grazia Valentini (Tuenno, Italia), Giancarlo Vargiu (Bolonia, Italia), Salvatore Veltri Barraco Alestra (Marsala, Italia), Roberto Vernero (Milán, Italia), Vincenza Vigilia (Castello d’Agogna, Italia), Celso Giuliano Vigna (Castel San Pietro Terme, Italia), Roberto Vignoli (Santa Marinella, Italia), Georg Weger (Merano, Italia), Albino Zanichelli (Busana, Italia), Andrea Zecca (Roma) y Maurizio Zorzi (Ora, Italia) (representantes: S. Sutti y R. Spelta, abogados)

      Demandada: Banco Central Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare el recurso admisible.

               —

               Anule la Decisión del Banco Central Europeo 2012/153/UE, de 5 de marzo de 2012, sobre la admisibilidad de instrumentos de renta fija negociables emitidos o plenamente garantizados por la República Helénica en el contexto de la oferta de canje de deuda de la República Helénica.

               —

               Condene en costas al BCE.

      Motivos y principales alegaciones

   La Decisión impugnada en el presente asunto concede a los Bancos Centrales Nacionales un refuerzo de la garantía por parte de la República Helénica en forma de recompra que constituye un quid pluris, así como el requisito imprescindible, para que los instrumentos de renta fija emitidos o plenamente garantizados por la República Helénica puedan considerarse admisibles en el contexto de la oferta de canje de deuda de la República Helénica, al menos mientras permanezca dicho refuerzo de la garantía adicional por parte del citado Estado miembro, que constituyen un tipo de créditos, se supeditan a las condiciones de un mecanismo de recompra dirigido unilateralmente por el Consejo Directivo del BCE en favor de los Bancos Centrales Nacionales. En opinión de los demandantes, en la Decisión impugnada no se hace ninguna mención a los inversores privados, los llamados adquirente minoristas de obligaciones griegas.
   En apoyo de su recurso, los demandantes invocan tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en vicios sustanciales de forma (motivación defectuosa e identificación errónea de la base jurídica).

                           —

                           A este respecto, se afirma en particular que en la Decisión impugnada no se motiva, entre otras cosas, la razón por la que el BCE decidió considerar admisibles las obligaciones griegas, por qué es la República Helénica quien debe conceder el refuerzo de la garantía únicamente en beneficio de todos los Bancos Centrales Nacionales, y por qué los inversores privados minoristas deben soportar las consecuencias del trato preferente de determinados sujetos.

                           —

                           Por lo que atañe a la base jurídica, la Decisión impugnada no guarda ninguna relación con la política monetaria y la estabilidad de los precios que persigue el artículo 127 TFUE.

               2)

               Segundo motivo, basado en la infracción del Tratado o de norma jurídica relativa a su aplicación (vulneración del principio de igualdad de trato. vulneración del principio de buena administración, vulneración del principio de la deuda soberana, infracción de los artículos 123 TFUE y 21 del Estatuto del Banco Central Europeo, vulneración del principio de proporcionalidad).

                           —

                           En opinión de los demandantes, en el presente asunto se vulnera manifiestamente el principio de igualdad de trato, toda vez que todos ellos son, al igual que el BCE y los Bancos Centrales Nacionales, acreedores del Estado griego dado que poseen los títulos correspondientes, y que el perjuicio sufrido por éstos puede provocar efectos sistémicos por la misma cuantía en la economía europea.

                           —

                           Además, se vulnera el principio de la deuda soberana, tal como se desprende de la propia estructura de la Unión Europea en cuya virtud cada Estado miembro soporta, precisamente, su propia deuda y, en cualquier caso, la deuda de un Estado concreto no puede perjudicar las finanzas y la estabilidad de la moneda única. La propia estructura de la unión económica y monetaria, como establece el Tratado de Maastricht, no permite poner en común las deudas sino que, al contrario, obliga a cada Estado miembro a mantener las cuentas públicas en orden y a hacer frente a sus propias responsabilidades.

                           —

                           En consecuencia, el BCE vulneró en varias ocasiones mediante la Decisión impugnada el régimen establecido por el Derecho primario y el Derecho derivado relativo a la concesión de ayudas financieras, en particular, infringiendo el artículo 123 TFUE.

               3)

               Tercer motivo, basado en una desviación de poder.

                           —

                           Los demandantes albergan dudas acerca de que una decisión que supedita la admisibilidad de instrumentos de renta fija de un Estado miembro al requisito de que dicho Estado miembro ponga en marcha un programa de recompra en favor de los Bancos Centrales Nacionales persiga el objetivo antiinflacionista recogido en el artículo 127 TFUE, disposiciones que sirven de fundamento jurídico para la Decisión impugnada.

                           —

                           Además, mediante la Decisión objeto del presente recurso el BCE ha dado forma a la enésima ayuda financiera indirecta a la República Helénica suspendiendo el umbral de calidad crediticia del Eurosistema en relación con los títulos de Estado griegos objeto de la cobertura proporcionada por el refuerzo de la garantía y extralimitándose en consecuencia en sus poderes estatutarios, que no contemplan ningún tipo de créditos.


title: Asunto T-20/07 P: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007 — Comisión/Chatziioannidou ( Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Pensiones — Anulación en primera instancia de decisiones de la Comisión por las que se calcularon anualidades de pensión — Transferencia de derechos a pensión nacionales )

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/34

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007 — Comisión/Chatziioannidou
   (Asunto T-20/07 P) (1)

   («Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Pensiones - Anulación en primera instancia de decisiones de la Comisión por las que se calcularon anualidades de pensión - Transferencia de derechos a pensión nacionales»)
   (2007/C 247/55)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Martin y K. Herrmann, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Bélgica) (representante: S. Pappas, abogado)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera), de 14 de noviembre de 2006, Chatziioannidou/Comisión (F-100/05, Rec. II-0000), destinada a la anulación de esta sentencia.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión.

      (1)  DO C 69 de 24.3.2007.


title: Asunto T-735/15: Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2015 — The Art Company B & S/OAMI — Manifatture Daddato y Laurora (SHOP ART)

text:
               22.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 68/37

         Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2015 — The Art Company B & S/OAMI — Manifatture Daddato y Laurora (SHOP ART)
   (Asunto T-735/15)
   (2016/C 068/47)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: The Art Company B & S, S.A. (Quel, La Rioja) (representantes: L. Sánchez Calderón y J. Villamor Muguerza, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italia), Sabina Laurora (Trani, Italia)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante de la marca controvertida: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca figurativa que incluye los elementos denominativos «SHOP ART» — Solicitud de registro no 12030921

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 8 de octubre de 2015 en el asunto R 3050/2014-1

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-286/04: Recurso interpuesto el 9 de julio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

text:
               9.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/25

         Recurso interpuesto el 9 de julio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
   (Asunto T-286/04)
   (2004/C 251/46)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 9 de julio de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por el Sr. R. Thompson, QC, y el Sr. S. Grodzinski, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule el artículo 2 de la Decisión 2004/451/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativa a la liquidación de cuentas de los Estados miembros, correspondientes a los gastos financiados por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) en el ejercicio financiero de 2003, notificada con el número C(2004) 1669 (1), en la medida en que se refiere a las cuentas de la Rural Payments Agency, el Department of Agriculture and Rural Development, la Forestry Commission y el Countryside Council for Wales.

               —

               Declare que la decisión de disociar las cuentas del Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department es ilegal, en la medida en que se basa en el incumplimiento del método de muestreo establecido en la Directriz 8, adoptada por la Dirección General VI (Agricultura) en julio de 1998.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La Decisión 2004/451/CE fue adoptada en el marco del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo (2), de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común. Mediante el artículo 2 controvertido, la Comisión decidió disociar de la referida Decisión las cuentas de, entre otros, los organismos pagadores mencionados por el demandante, y tratarlas en una futura decisión de liquidación.
   El demandante alega que, por lo que se refiere a dichos organismos, la decisión de disociar sus cuentas se basa únicamente en que el método de «muestreo» utilizado por la United Kingdom's Nacional Audit Office para preparar su informe de auditoría y certificados para las cuentas del año 2003 era diferente del método de muestro especial que se proponía en la Directriz 8.
   En apoyo de su pretensión, el demandante, en primer lugar, alega que la Comisión no tiene competencia jurídica para exigir a los organismos nacionales de certificación que se ajusten a los métodos establecidos en una directriz, cuando reconoce que se han satisfecho los criterios fijados tanto en el Reglamento (CE) no 1258/1999 como en el Reglamento (CE) no 1663/95 (3). El demandante sostiene asimismo que la Comisión ha cometido un error de Derecho al interpretar su propia Directriz como una norma jurídica vinculante. Aun cuando se considerase, contrariamente a las pretensiones del demandante, que la Directriz puede en principio establecer una norma jurídica vinculante, el demandante sostiene que es cuando menos ambigua y que la interpretación realizada por la Comisión es contraria al principio de seguridad jurídica. El demandante alega también que, a la luz de los antecedentes del asunto, la conducta de la Comisión, al tratar de imponer su interpretación de la Directriz 8, es contraria al principio de protección de la confianza legítima. Además, el intento de la Comisión de controlar la forma en que la United Kingdom's Nacional Audit Office lleva a cabo su auditoría es, según el demandante, contraria al principio de subsidiaridad consagrado por el artículo 5 CE y recogido en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1663/95. Por último, el demandante alega, para el caso de que la Comisión aduzca que la Decisión impugnada se basó en otras consideraciones, que dicha Decisión adolece de un error manifiesto de apreciación.

      (1)  DO L 155 de 30.4.2004, p. 142.

      (2)  DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.

      (3)  Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (DO L 158 de 8.7.1995, p. 6).


title: Asunto F-74/06: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 24 de abril de 2008 — Pavlos Longinidis/Cedefop (Función pública — Agentes temporales — Cambio de destino — Comisión de recursos — Composición y Reglamento interno — Comportamiento desleal — Despido — Motivación — Error manifiesto de apreciación — Desviación de poder)

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/70

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 24 de abril de 2008 — Pavlos Longinidis/Cedefop
   (Asunto F-74/06) (1)

   (Función pública - Agentes temporales - Cambio de destino - Comisión de recursos - Composición y Reglamento interno - Comportamiento desleal - Despido - Motivación - Error manifiesto de apreciación - Desviación de poder)
   (2008/C 209/127)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Pavlos Longinidis (Panorama, Grecia) (representantes: N. Korogiannakis y N. Keramidas, abogados)

      Demandada: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) (representantes: M. Fuchs, agente, asistido por P. Anestis, abogado)
   Objeto
   Por una parte, la anulación de la decisión de la Dirección del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) de poner fin al contrato por tiempo indefinido del demandante, así como de una serie de decisiones relativas a la comisión de recursos del Cedefop y, por otra parte, una pretensión de indemnización por daños y perjuicios.
   Fallo

               1)

               Acordar la inadmisión parcial del recurso, y desestimarlo por infundado en cuanto al resto.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 237 de 30.9.2006, p. 15.


title: Asunto C-259/09: Recurso interpuesto el 10 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/24

         Recurso interpuesto el 10 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
   (Asunto C-259/09)
   2009/C 220/48
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Marghelis y P. Van den Wyngaert, agentes)

      Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/21/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva, o, en todo caso, al no haber notificado tales disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva finalizó el 1 de mayo de 2008.

      (1)  DO L 102, p. 15.


title: Asunto C-386/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Oberster Gerichtshof, de fecha  28 de septiembre de 2005 , en el asunto entre Color Drack GmbH y LEXX International Vertriebs GmbH

text:
               14.1.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 10/11

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Oberster Gerichtshof, de fecha 28 de septiembre de 2005, en el asunto entre Color Drack GmbH y LEXX International Vertriebs GmbH
   (Asunto C-386/05)
   (2006/C 10/22)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Oberster Gerichtshof dictada el 28 de septiembre de 2005, en el asunto entre Color Drack GmbH y LEXX International Vertriebs GmbH, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de octubre de 2005.
   El Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
   El artículo 5, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16 de enero de 2001, p. 1) ¿debe interpretarse en el sentido de que el vendedor de mercaderías domiciliado en un Estado miembro que, conforme a lo acordado, las entrega en varios lugares de otro Estado miembro a un comprador domiciliado en este último, puede ser demandado por el comprador, en ejercicio de una acción deducida del contrato y que afecta a todas las entregas (parciales), ante los tribunales de uno de estos lugares (de cumplimiento), en función, llegado el caso, de la elección del demandante?


title: Asunto C-12/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile di Genova (Italia) el 18 de enero de 2007 — Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile di Genova (Italia) el 18 de enero de 2007 — Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
   (Asunto C-12/07)
   (2007/C 82/24)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunale civile di Genova
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade

      Demandada: Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               Una entidad con forma de sociedad anónima y que tiene los objetivos, funciones y facultades de intervención en el mercado otorgados por el legislador italiano a ANAS s.p.a. (en virtud, en particular, de los actos de constitución de la nueva entidad, de los Estatutos aprobados mediante Decreto interministerial de 18 de diciembre de 2002, de la nueva normativa prevista en el artículo 2, apartados 82 a 90, del Decreto Ley de 3 de octubre de 2006, transformado en ley con las modificaciones introducidas por el Gobierno en la enmienda de la Ley presupuestaria de 2007, artículo 1, apartado 1034), ¿puede ser considerada una empresa, si bien pública, en el sentido y a los efectos del ordenamiento comunitario, sujeta en cuanto tal al régimen de la competencia (artículo 86 del Tratado CE)?
               En caso de respuesta afirmativa, se plantean al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones interpretativas:

               2)

               Habida cuenta del derecho fundamental de propiedad, protegido por el ordenamiento comunitario, ¿es compatible con el ordenamiento comunitario una normativa con características análogas a la que aquí se examina, tal como ha sido transformada por la Ley 286/2006, que prevé -frente a una facultad sustancial de expropiación atribuida a una empresa pública competidora como ANAS s.p.a.- un «eventual derecho de indemnización»?

               3)

               A la vista de la normativa controvertida, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas mediante la transformación en ley y las aportadas por las enmiendas a la Ley Presupuestaria de 2007, ¿se oponen el ordenamiento comunitario y, en particular, las normas en materia de competencia y mercado interior (artículos 43 y ss., y 81 y ss. del Tratado CE) a que se atribuya a una empresa, con participación pública al cien por cien y con características análogas a las de ANAS s.p.a., la gestión -con carácter temporal pero sin fijar un plazo final de carácter definitivo- de servicios públicos o infraestructuras públicas, sin la realización de una licitación?

               4)

               ¿El Derecho comunitario en materia de procedimientos de adjudicación de contratos públicos se opone a que un Estado miembro extienda el régimen previsto en las directivas relativas a los contratos públicos de suministros y servicios, también a las operaciones «verticales »realizadas por empresas privadas concesionarias adjudicatarias, reservándose además el Estado miembro el derecho de nombrar a los miembros de las Comisiones Adjudicadoras de los contratos públicos convocados por los concesionarios?

               5)

               En la medida en que confieren ventajas no otorgadas a los competidores privados y en la medida en que no están sujetas a una contabilidad separada, ¿constituyen ayudas de Estado, prohibidas por los artículos 87 y ss. del Tratado CE, unas medidas de financiación como las otorgadas a favor de ANAS en virtud del artículo 7, apartado 12, del Decreto Ley 138/2002 y el artículo 7, apartado 1 quater, del Decreto Ley 138/2002, así como con arreglo al artículo 1, apartado 453, de la Ley Presupuestaria de 2005 (Ley no 311 de 30 de diciembre de 2004), que permiten a ANAS s.p.a. percibir préstamos facilitados por la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., y medidas como las previstas en el artículo 1, apartado 299, letra c), y apartado 453, de la Ley 311/2004 (Ley Presupuestaria de 2005), o en el artículo 76, apartado 2, de la Ley 289/2003, que destinan a ANAS s.p.a. considerables aportaciones públicas, destinadas expresamente a obras de infraestructura, pero sin la obligación de llevar una contabilidad separada? ¿Constituye además una ayuda de Estado una medida como la prórroga de la concesión a favor de ANAS s.p.a., que permite a ésta no convocar un procedimiento de licitación y una norma como la prevista en el artículo 2, apartados 87 y 88, de la Ley 286/2006 (de transformación del Decreto Ley 262/2006), en el que se prevé la subrogación automática -si bien con carácter temporal, pero sin ningún plazo final- de ANAS s.p.a. en los concesionarios privados cuya concesión haya caducado?


title: Asunto T-204/00: Recurso interpuesto el 31 de julio de 2000 por CCBB Vervoer- en Distributiecentrum BV contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
21.10.2000             ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 302/29
Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2000 contra la                     Recurso interpuesto el 31 de julio de 2000 por CCBB
Comisión de las Comunidades Europeas por Beemster-                      Vervoer- en Distributiecentrum BV contra la Comisión
                  boer Coldstore Services B.V.                                            de las Comunidades Europeas
                       (Asunto T-203/00)                                                         (Asunto T-204/00)
                         (2000/C 302/69)                                                          (2000/C 302/70)
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)                                    (Lengua de procedimiento: neerlandés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 1 de agosto de 2000 un recurso              Europeas se ha presentado el 31 de julio de 2000 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Beemsterboer Coldstore Services B.V., con domicilio social           por CCBB Vervoer- en Distributiecentrum BV, con domicilio
en Harderwijk (Paı́ses Bajos), representada por K.H.L. van               social en Rotterdam, representada por el Sr. R.G. Snouckaert
Waasbergen, del despacho de Abogados Den Hollander Advo-                 van Schauburg, Abogado de Amsterdam. La parte demandante
caten, de Hellevoetsluis (Paı́ses Bajos), que designa como               solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
domicilio en Luxemburgo el despacho de J.-J. Soisson, de Ernst
& Young SA, Rue Richard Coudenhove Kalergi, Kirchberg.                   Con carácter principal:
                                                                         —     Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                  Europeas, de 4 de febrero de 1998, por la que se deniega
que:
                                                                               la solicitud de los Paı́ses Bajos de renunciar en favor de la
—     Anule la Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2000               demandante a recaudar a posteriori los derechos de
      (REM 34/99), relativa a una solicitud de condonación de                 importación o de condonarlos en relación con la importa-
      derechos de importación, dirigida al Reino de los Paı́ses               ción de televisores originarios de Turquı́a que tuvo lugar
      Bajos.                                                                   en noviembre de 1993 [Decisión C(98) 241].
—     Condene a la Comisión a pagar las costas del procedi-             —     Condene a la Comisión a pagar las costas de este
      miento.                                                                  procedimiento.
                                                                         Con carácter subsidiario, en caso de que no se anule la
Motivos y principales alegaciones                                        Decisión:
El recurso se refiere a la declaración de importación de               —     Condene, no obstante, a la Comisión a pagar las costas
carne de pavo sacrificado y preparada de forma kosher. La                      del presente procedimiento (sus propias costas y las de la
demandante declaró esta carne bajo el código de mercancı́a                   demandante).
1602 3111, mientras que, según las autoridades de Aduanas,
debı́a haber sido declarada bajo el código 0207 2710. Sin               Con carácter más subsidiario:
embargo, dichas autoridades tardaron más de un año en                  —     Condene a la Comisión a pagar sus propias costas.
señalárselo a la demandante y en reclamar los derechos de
importación. Con la Decisión impugnada se deniega la solici-
tud de condonación de derechos de importación presentada               Motivos y principales alegaciones
por Beemsterboer.
                                                                         En 1993, la demandante presentó en la aduana de Rotterdam
En apoyo de su recurso de anulación, la demandante alega dos            una declaración de importación de 640 televisores de color
motivos:                                                                 para su despacho directo a consumo. Dado que, al declarar
                                                                         dichos televisores, se presentó un certificado de circulación de
—     Infracción o aplicación incorrecta del artı́culo 239 del         mercancı́as modelo A.TR.1 expedido por las autoridades
      Código Aduanero Comunitario. Según la demandante,                turcas, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión no 5/72
      la Comisión, aplicando criterios indebidos y sin dar              del Consejo de Asociación CEE-Turquı́a, no se adeudó derecho
      explicación alguna sobre el hecho de que hubiera transcu-         de importación alguno.
      rrido más de medio año entre el descubrimiento del
      código, según las autoridades de Aduanas, inexacto y el          En 1995, la aduana de Rotterdam notificó a la demandante
      inicio de una investigación a fondo al respecto, concluyó        que, con motivo de una investigación llevada a cabo por la
      que no se daba una «situación especial» en el sentido del         Comisión Europea, habı́a resultado que las autoridades turcas
      artı́culo 239 del Código Aduanero Comunitario.                    habı́an expedido indebidamente el certificado A.TR.1 que la
                                                                         demandante habı́a presentado a la sazón. En consecuencia, se
—     Violación del principio de motivación. Las razones alega-        reclamaron los derechos de importación.
      das por la Comisión no están motivadas o se apoyan en
      motivaciones basadas en inexactitudes de hecho y de                La aduana transmitió el asunto a la Comisión Europea, que el
      derecho que no pueden justificar dichas razones.                   4 de febrero de 1998 adoptó una Decisión según la cual no
                                                                         estaba justificada la devolución de los derechos de importación
                                                                         recaudados. El presente recurso impugna dicha Decisión.
 ---pagebreak--- C 302/30                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     21.10.2000
La demandante alega cuatro motivos:                                     Recurso interpuesto el 8 de agosto de 2000 contra el
                                                                             Parlamento Europeo por Nuno Antas de Campos
Primer motivo: Vicios sustanciales de forma en el sentido del
artı́culo 173 del Tratado CE (actualmente artı́culo 230 CE, tras                                (Asunto T-207/00)
su modificación):
                                                                                (2000/C 302/71)
En contra de lo dispuesto en el artı́culo 16 del Reglamento
interno de la Comisión vigente a la sazón, la Decisión no iba
firmada por el Miembro de la Comisión responsable ni por un
delegado del Secretario General de la Comisión.                                         (Lengua de procedimiento: portugués)
Segundo motivo: Infracción o aplicación indebida de los               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
artı́culos 905 a 909 inclusive del Reglamento no 2454/93 de             Europeas se ha presentado el 8 de agosto de 2000 un recurso
la Comisión por el que se fijan determinadas disposiciones de          contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr. Nuno
aplicación del Código Aduanero Comunitario (CAC), ası́ como           Antas de Campos, con domicilio en Lisboa, representado por
violación del principio de seguridad jurı́dica:                        el Sr. Carlos Botelho Moniz, Abogado de Lisboa.
La Decisión fue adoptada el 4 de febrero de 1998 y tan sólo el        El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
6 de junio de 2000, es decir, 28 meses después, la aduana la
puso en conocimiento de la demandante.                                  —     Declare la ilegalidad del Reglamento de aplicación de la
                                                                              polı́tica de movilidad, adoptado por la Mesa del Parla-
                                                                              mento Europeo el 16 de diciembre de 1998.
Tercer motivo: Infracción o aplicación indebida del artı́-
culo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento no 2913/92 por
el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (CAC):                —     Anule la decisión de la Dirección General de Personal,
                                                                              que le fue comunicada mediante escrito no 107854 de
                                                                              3 de marzo de 2000, en virtud de la cual se encuentra
Según esta disposición, no se procederá a la contracción a                sujeto al régimen de movilidad en el ejercicio 2000.
posteriori cuando los derechos adeudados no se hayan contraı́do
como consecuencia de un error de las propias autoridades                —     Condene en costas a la Institución demandada.
aduaneras que razonablemente no pudiera ser conocido por el
deudor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena
fe.
                                                                        Motivos y principales alegaciones
Las autoridades turcas y la Comisión Europea discutieron
largamente esta cuestión.                                              El recurso del demandante, interpuesto con arreglo al artı́-
                                                                        culo 91, apartado 4, del Estatuto de los Funcionarios de las
                                                                        Comunidades Europeas, se dirige contra la decisión de la
A partir de 1994 la cuestión quedó solucionada cuando las             Dirección General de Personal del Parlamento Europeo, que le
autoridades turcas adaptaron sus disposiciones en materia de            fue comunicada mediante escrito no 107854 de 3 de marzo
exportación a los deseos de la Comisión.                              de 2000, en virtud de la cual se encuentra sujeto al régimen de
                                                                        movilidad en el ejercicio 2000.
El artı́culo 220 del Reglamento no 2913/92 ya no queda
limitado a errores de las autoridades aduaneras de los Estados          El demandante alega que el acto impugnado:
miembros de la Unión Europea. También deben estar compren-
didos en esta disposición los errores de las autoridades
aduaneras de paı́ses terceros, dentro del ámbito de aplicación        —     Viola el principio de seguridad jurı́dica
de acuerdos celebrados con la Unión Europea.
                                                                              La garantı́a de que la ciudad de Lisboa serı́a el lugar de
                                                                              ejercicio de las funciones para las que fue contratado
Cuarto motivo: Infracción o aplicación indebida del artı́-                  constituyó un elemento esencial para que el demandante
culo 239 del Reglamento no 2913/92:                                           aceptara la oferta de empleo efectuada por el Parlamento
                                                                              Europeo.
Según la demandante, la Comisión pasó por alto, sin razón, el
hecho de que en el presente caso se da una situación especial,               El Parlamento tiene que cumplir los compromisos que
a la que se refiere el artı́culo 239 del Reglamento no 2913/92,               asumió respecto del lugar de ejercicio de las funciones
tal como ha sido desarrollado por el artı́culo 905 del Regla-                 para las que el demandante fue contratado, so pena de
mento no 2454/93, que resulta de circunstancias que no                        incurrir en violación del principio de protección de la
impliquen ni maniobra ni manifiesta negligencia.                              confianza legı́tima.
                                                                        —     Viola el principio de irretroactividad de las normas
                                                                              jurı́dicas


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de julio de 2003 en el asunto C-220/01 (Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division Commercial Court): Joseph Lennox, que actúa con el nombre comercial "R. Lennox & Son", contra Industria Lavorazione Carni Ovine ("Agricultura — Policía sanitaria — Importación de ovinos — Certificado sanitario — Medidas cautelares nacionales contra la encefalopatía espongiforme transmisible")

text:
C 213/2                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                  6.9.2003
(agente: Sr. M.A. Fierstra, y posteriormente Sra. J. van Bakel)              por la High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench
Parlamento Europeo (agentes: Sres. J. Schoo y H. Duintjer                    Division (Commercial Court) (Reino Unido), destinada a
Tebbens) y por el Consejo de la Unión Europea (agentes:                      obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
Sra. J. Aussant y Sres. F. van Craeyenest y F. Anton) contra                 entre Joseph Lennox, que actúa con el nombre comercial
Banco Europeo de Inversiones (agentes: Sr. A. Morbilli, y                    «R. Lennox & Son», y Industria Lavorazione Carni Ovine, una
posteriormente Sr. E. Uhlmann, asistidos por el Sr. A. Barav),               decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 9 de la
que tiene por objeto la anulación de la Decisión del Comité de               Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991,
Dirección del Banco Europeo de Inversiones, de 10 de                         relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los
noviembre de 1999, relativa a la cooperación con la Oficina                  intercambios intracomunitarios de animales de las especies
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de                     ovina y caprina (DO L 46, p. 19), así como de otras
Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente,          disposiciones comunitarias, el Tribunal de Justicia (Sala Quin-
los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet y R. Schintgen, Presiden-            ta), integrado por el Sr. D.A.O. Edward, en funciones de
tes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La                    Presidente de la Sala Quinta, y A. La Pergola, P. Jann,
Pergola (Ponente), P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y               S. von Bahr y A. Rosas (Ponente), Jueces; Abogado General:
N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y A. Rosas, Jueces; Abogado              Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora
General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el            principal, ha dictado el 3 de julio de 2003 una sentencia cuyo
10 de julio de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                fallo es el siguiente:
1)     Anular la Decisión del Comité de Dirección del Banco Europeo
       de Inversiones, de 10 de noviembre de 1999, relativa a la
       cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
       (OLAF).                                                               1)    Un Estado miembro no puede oponerse a la importación de
                                                                                ovinos destinados a ser sacrificados al llegar a su territorio
2)     Condenar en costas al Banco Europeo de Inversiones.                         únicamente porque éstos vayan acompañados de un certificado
                                                                                sanitario conforme al modelo II, previsto para los intercambios
3)     El Reino de los Países Bajos, el Parlamento Europeo y el Consejo            entre Estados miembros de ovinos o de caprinos de engorde y
       de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.                        recogido en el anexo E de la Directiva 91/68/CEE del Consejo,
                                                                                de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía
( 1) DO C 122 de 29.4.2000.
                                                                                sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de
                                                                                animales de las especies ovina y caprina.
                                                                             2)    En el momento de los hechos del litigio principal, el Derecho
                                                                                comunitario, y, en concreto, la Directiva 91/68 así como el
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                       artículo 10 de la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de
                                                                                junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos
                             (Sala Quinta)                                         aplicables en los intercambios intracomunitarios de determina-
                                                                                dos animales vivos y productos con vistas a la realización del
                                                                                mercado interior, no se oponían a que un Estado miembro,
                        de 3 de julio de 2003                                      mediante una normativa nacional como la Orden italiana
                                                                                no 600.3/VET/340/2/8920, de 24 de diciembre de 1996,
en el asunto C-220/01 (Petición de decisión prejudicial                            cuyo contenido se precisaba en la circular aclaratoria n o 600.3/
planteada por la High Court of Justice (England & Wales)                           340/2/73, de 3 de enero de 1997, exigiera que, al importar
Queen’s Bench Division Commercial Court): Joseph Len-                              bovinos u ovinos procedentes de Francia, Irlanda, Portugal o el
nox, que actúa con el nombre comercial «R. Lennox                                  Reino Unido destinados al sacrificio, a la reproducción o al
    & Son», contra Industria Lavorazione Carni Ovine (1)                           engorde, el certificado sanitario del que fuesen acompañados
                                                                                estos animales incluyera una mención especificando que éstos
(«Agricultura — Policía sanitaria — Importación de ovinos                          habían nacido y habían sido criados en explotaciones en las
— Certificado sanitario — Medidas cautelares nacionales                            que no se había registrado ningún caso de encefalopatía
      contra la encefalopatía espongiforme transmisible»)                          espongiforme transmisible en los últimos seis años.
                           (2003/C 213/03)
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                             (1 ) DO C 200 de 14.7.2001.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-220/01, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,


title: Asunto T-641/11 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de diciembre de 2011 por Harald Mische contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 29 de septiembre de 2011 en el asunto F-70/05, Mische/Comisión

text:
               18.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 49/30

         Recurso de casación interpuesto el 8 de diciembre de 2011 por Harald Mische contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 29 de septiembre de 2011 en el asunto F-70/05, Mische/Comisión
   (Asunto T-641/11 P)
   2012/C 49/54
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Harald Mische (Bruselas) (representantes: R. Holland, J. Mische y M. Velardo, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública Europea, de 29 de septiembre de 2011, dictada en el asunto F-70/05 y, en la medida en que sea posible, basándose en los hechos acaecidos antes de que el Tribunal dictara sentencia.

               —

               Anule la decisión de la Comisión de 11 de noviembre de 2004, en la medida en que determina la clasificación en grado del recurrente.

               —

               Condene a la Comisión a indemnizar todos los perjuicios causados (incluidos los perjuicios a su carrera, la percepción del salario legal y normal, los daños inmateriales, incrementados en los intereses, etc.).

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento y las causadas en el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que el Tribunal de la Función Pública erró al no examinar la alegación basada en la infracción del artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del apartado 3 de esta disposición, relativo a la reparación de los daños, concretamente de los requisitos de «equidad» y de «celeridad», al tratar los asuntos del recurrente en relación con un cierto número de situaciones fácticas, aunque tal motivo se formuló expresamente.

               2)

               Segundo motivo, basado en que el Tribunal de la Función Pública declaró inadmisible, erradamente, la alegación de la existencia de una infracción de los requisitos legales específicos establecidos en el artículo 5, apartado 5, del Estatuto de los funcionarios, (1) que disponen que «los funcionarios […] estarán sujetos a condiciones idénticas de reclutamiento y desarrollo de la carrera».

               3)

               Tercer motivo, basado en que el Tribunal de la Función Pública no examinó, equivocadamente, la continuidad de la carrera, legalmente adquirida, de los antiguos agentes temporales, clarificada por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia reciente (asunto C-170/09). Además, afirma que el Tribunal de la Función Pública declaró erradamente que la excepción de ilegalidad del artículo 5, apartado 4, del anexo XIII del Estatuto de los Funcionarios era inadmisible, al haber afirmado que el recurrente no había sido clasificado en grado con arreglo a esta disposición.

      (1)  Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 124, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 2000 en el asunto C-448/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de police de Belley): proceso penal contra Jean-Pierre Guimont ("Medidas de efecto equivalente a una restricción cuantitativa — Situación puramente interna — Fabricación y comercialización de queso emmenthal sin corteza")

text:
10.3.2001                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 79/5
Italiana (agente: Profesor U. Leanza, asistido por el Sr. I.M. Bra-          C. Gulmann (Ponente), M. Wathelet y V. Skouris, Presidentes
guglia), que tiene por objeto que se declare que la República               de Sala; D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón y
Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en                   R. Schintgen, Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretario:
virtud de la Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del                 Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 5 de
Consejo, de 6 de octubre de 1997, por la que se modifican las                diciembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo, a efectos de
su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las                  El artı́culo 30 del Tratado CE (actualmente artı́culo 28 CE, tras su
telecomunicaciones (DO L 295, p. 23), al no haber adoptado                   modificación) se opone a que un Estado miembro aplique a los
o, en cualquier caso, al no haber comunicado a la Comisión                  productos importados de otro Estado miembro, en el que se producen
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas                  y comercializan legalmente, una normativa nacional que prohı́be, en
necessarias para dar cumplimiento a la citada Directiva, el                  ese Estado miembro, la comercialización con la denominación
Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. C.                 «emmenthal» de un queso desprovisto de corteza.
Gulmann (Ponente), Presidente de Sala; el Sr. J.-P. Puissochet y
la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber;
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 30 de noviembre de                   (1) DO C 33 de 6.2.1999.
2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)     Se declara que la República Italiana ha incumplido las
       obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
       97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
       octubre de 1997, por la que se modifican las Directivas                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
       90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo a efectos de su
       adaptación a un entorno competitivo en el sector de las                                  de 5 de diciembre de 2000
       telecomunicaciones, al no haber adoptado, dentro del plazo
       señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administra-    en el asunto C-477/98 (petición de decisión prejudicial
       tivas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva.         planteada por la Court of Appeal in Northern Ireland:
                                                                             Eurostock Meat Marketing Ltd contra Department of
2)     Se condena en costas a la República Italiana.                                      Agriculture for Northern Ireland (1)
(1) DO C 20, de 22.1.2000.                                                   («Agricultura — Policı́a sanitaria — Medidas nacionales de
                                                                             emergencia contra la encefalopatı́a espongiforme bovina —
                                                                                Material especificado de riesgo»)
                                                                                (2001/C 79/09)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                      de 5 de diciembre de 2000                                                 (Lengua de procedimiento: inglés)
en el asunto C-448/98 (petición de decisión prejudicial
planteada por el tribunal de police de Belley): proceso                      (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
               penal contra Jean-Pierre Guimont (1)                               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(«Medidas de efecto equivalente a una restricción cuantita-                 En el asunto C-477/98, que tiene por objeto una petición
tiva — Situación puramente interna — Fabricación y                         dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
       comercialización de queso emmenthal sin corteza»)                    Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por la Court of
                                                                             Appeal in Northern Ireland (Reino Unido) destinada a obtener,
                             (2001/C 79/08)                                  en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
                                                                             Eurostock Meat Marketing Ltd y Department of Agriculture
                                                                             for Northern Ireland, una decisión prejudicial sobre la interpre-
                    (Lengua de procedimiento: francés)                       tación del artı́culo 9 de la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de
                                                                             11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la      aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         la realización del mercado interior (DO L 395, p. 13), de la
                                                                             Decisión 97/534/CE de la Comisión, de 30 de julio de 1997,
En el asunto C-448/98, que tiene por objeto una petición diri-              relativa a la prohibición de uso de los materiales de riesgo en
gida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del               relación con las encefalopatı́as espongiformes transmisibles
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el tribunal de                (DO L 216, p. 95), y del artı́culo 36 del Tratado CE
police de Belley (Francia), destinada a obtener, en el proceso               (actualmente artı́culo 30 CE, tras su modificación), el Tribunal
penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra Jean-                 de Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias,
Pierre Guimont, una decisión prejudicial sobre la interpretación           Presidente; los Sres. C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet y
del artı́culo 3, letra a), del Tratado CE [actualmente artı́culo 3           V. Skouris, Presidentes de Sala, y los Sres. D.A.O. Edward, J.-P.
CE, apartado 1, letra a), tras su modificación], ası́ como del              Puissochet, P. Jann, L. Sevón (Ponente) y R. Schintgen y la
artı́culo 30 del Tratado CE (actualmente artı́culo 28 CE, tras su            Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria:
modificación) y de los artı́culos siguientes, el Tribunal de Justicia,      Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 5 de diciembre
integrado por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente;               de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto C-323/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de marzo de 2017 — Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, Sitre Srl, Reino de los Países Bajos, Comisión Europea [«Recurso de casación — Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (Reglamento REACH) — Artículo 57, letra f) — Autorización — Sustancias extremadamente preocupantes — Identificación — Grado de preocupación equivalente — Anhídrido ciclohexano-1,2-dicarboxílico, anhídrido cis-ciclohexano-1,2-dicarboxílico y anhídrido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico»]

text:
               15.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de marzo de 2017 — Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, Sitre Srl, Reino de los Países Bajos, Comisión Europea
   (Asunto C-323/15 P) (1)

   ([«Recurso de casación - Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (Reglamento REACH) - Artículo 57, letra f) - Autorización - Sustancias extremadamente preocupantes - Identificación - Grado de preocupación equivalente - Anhídrido ciclohexano-1,2-dicarboxílico, anhídrido cis-ciclohexano-1,2-dicarboxílico y anhídrido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico»])
   (2017/C 151/06)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Polynt SpA (representantes: C. Mereu y M. Grunchard, avocats)

      Otras partes en el procedimiento: New Japan Chemical (representantes: C. Mereu y M. Grunchard, avocats), REACh ChemAdvice GmbH (representantes: C. Mereu y M. Grunchard, avocats), Sitre Srl (representantes: C. Mereu y M. Grunchard, avocats), Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (representantes: M. Heikkilä y C. Buchanan, W. Broere y T. Zbihlej, agentes, asistidos por J. Stuyck, advocaat), Reino de los Países Bajos (representantes: C. Schillemans y M. Bulterman, agentes), Comisión Europea (representantes: D. Kukovec y K. Mifsud-Bonnici, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar a Polynt SpA a cargar con sus propias costas y con las de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

               3)

               El Reino de los Países Bajos y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

               4)

               New Japan Chemical y REACh ChemAdvice GmbH cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 311 de 21.9.2015.


title: Asunto T-415/12: Auto del Tribunal General de 21 de enero de 2014 — Xeda International y otros/Comisión

text:
               15.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/18

         Auto del Tribunal General de 21 de enero de 2014 — Xeda International y otros/Comisión
   (Asunto T-415/12) (1)

   2014/C 78/38
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 355, de 17.11.2012.