title: Asunto T-402/14: Sentencia del Tribunal General de 25 de febrero de 2016 — FCC Aqualia/OAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa AQUALOGY — Marca comunitaria denominativa anterior AQUALIA y marca nacional figurativa anterior aqualia — Motivos de denegación relativos — Artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               4.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/25

         Sentencia del Tribunal General de 25 de febrero de 2016 — FCC Aqualia/OAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)
   (Asunto T-402/14) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa AQUALOGY - Marca comunitaria denominativa anterior AQUALIA y marca nacional figurativa anterior aqualia - Motivos de denegación relativos - Artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 118/27)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: FCC Aqualia, S.A. (Madrid) (representantes: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, N. González-Alberto Rodríguez y C. Sueiras Villalobos, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: V. Melgar y J. Crespo Carrillo, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (Barcelona) (representantes: J. Grau Mora, C. Viola Zendrera y A. Torrente Tomás, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 13 de marzo de 2014 (asunto R 1209/2013-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., y FCC Aqualia, S.A.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a FCC Aqualia, S.A.

      (1)  DO C 261 de 11.8.2014.


title: Asunto C-401/08: Recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/9

         Recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria
   (Asunto C-401/08)
   (2008/C 327/15)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y A. Sipos, agentes)

      Demandada: República de Austria
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               La República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996 (1), relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, al no haber adoptado las autoridades austriacas competentes planes de emergencia externos para todos los establecimientos comprendidos en el artículo 9 de dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas a la República de Austria.

         Motivos y principales alegaciones
   El artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE exige a los Estados miembros que garanticen que las autoridades competentes adopten planes de emergencia externos de medidas que deben tomarse fuera del establecimiento para todos los establecimientos comprendidos en el artículo 9 de dicha Directiva. Dichos planes de emergencia externos no sólo han de contener información sobre medidas paliativas dentro del perímetro del establecimiento así como fuera de éste, sino que también preverán la información del público y el comportamiento adecuado. Además, han de incluirse en los planes de emergencia externos, entre otros, datos para los servicios de emergencia de otros Estados miembros en caso de un accidente grave con posibles consecuencias transfronterizas.
   Es objeto del presente recurso la declaración de que la República de Austria ha infringido el artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE, al no haber adoptado planes de emergencia externos para todos los establecimientos comprendidos en el artículo 9 de dicha Directiva.

      (1)  DO L 10, p. 13.


title: Asunto F-40/13: Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de abril de 2016 — Sommier/Comisión

text:
               20.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 222/46

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de abril de 2016 — Sommier/Comisión
   (Asunto F-40/13) (1)

   (2016/C 222/63)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 207 de 20.7.2013, p. 60.


title: Asunto T-369/05: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de junio de 2009 — España/Comisión [ FEOGA — Sección Garantía — Gastos excluidos de la financiación comunitaria — Ayudas a la reestructuración y a la reconversión en el sector vitivinícola — Ayudas para la mejora de la producción y de la comercialización de la miel — Concepto de pérdidas de ingresos sufridas en el marco de la aplicación del plan — Artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n o  1493/1999 — Concepto de intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrícolas — Artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n o  1258/1999 ]

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/43

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de junio de 2009 — España/Comisión
   (Asunto T-369/05) (1)

   («FEOGA - Sección “Garantía” - Gastos excluidos de la financiación comunitaria - Ayudas a la reestructuración y a la reconversión en el sector vitivinícola - Ayudas para la mejora de la producción y de la comercialización de la miel - Concepto de pérdidas de ingresos sufridas en el marco de la aplicación del plan - Artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1493/1999 - Concepto de intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrícolas - Artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1258/1999»)
   2009/C 180/78
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Reino de España (representante: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: F. Jimeno Fernández, agente)

      Objeto

   Solicitud de anulación parcial de la Decisión 2005/555/CE de la Comisión, de 15 de julio de 2005, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (DO L 188, p. 36), en la medida en que excluye determinados gastos efectuados por el Reino de España en los sectores vitivinícola y de la miel.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 296, de 26.11.2005.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 14 de octubre de 2004, en el asunto T-256/02: I contra Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Recurso de indemnización — Exposición al amianto — Enfermedad profesional — Perjuicio)

text:
               18.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/16

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 14 de octubre de 2004
   en el asunto T-256/02: I contra Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (1)

   (Funcionarios - Recurso de indemnización - Exposición al amianto - Enfermedad profesional - Perjuicio)
   (2004/C 314/41)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-256/02, I, funcionario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con domicilio en Luxemburgo (Luxemburgo), representado por Mes J. Iturriagagoitia Bassas y K. Delvolvé, abogados, contra Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (agente: Sr. M. Schauss, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto una demanda de indemnización de los perjuicios físico, moral, profesional y económico supuestamente sufridos por el demandante, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal, ha dictado el 14 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 274 de 9.11.2002.


title: Archivo de los asuntos acumulados T-321/94 y T-343/94

text:
7.10.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 285/21
—     Violación de los principios de igualdad de trato y de no         Archivo de los asuntos acumulados T-321/94 y
      discriminación, de seguridad jurı́dica, ası́ como de los                                   T-343/94 (1)
      aplicables a la revocación de los actos administrativos.
                                                                                (2000/C 285/38)
La demandante recuerda que al admitirla a las pruebas de los
concursos EUR/A/123 y COM/A/12, los respectivos tribunales
reconocieron implı́citamente que, desde el 20 de diciembre de
1986 (fecha en la que la Universidad de New-Mexico le otorgó                          (Lengua de procedimiento: alemán)
un «Bachelor of Arts»), poseı́a un tı́tulo que le daba derecho a
la categorı́a A. Pues bien, la demandante sostiene que, con             Mediante auto de 10 de abril de 2000, el Presidente de la Sala
arreglo al artı́culo 3 de la Decisión relativa a los criterios         Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
aplicables al nombramiento en grado y a la clasificación en            Europeas ha decidido archivar los asuntos acumulados
escalón con motivo de la selección y a su Anexo II, tiene             T-321/94 y T-343/94, Helmut Rodermann y Peter Bach contra
derecho por dicho motivo a 48 meses de bonificación sobre la           Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades
base de la experiencia profesional que habı́a adquirido antes           Europeas.
de iniciar su actividad como funcionaria de categorı́a A.
                                                                        (1) DO C 351 de 10.12.94.


title: Asunto C-380/03: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2003 (fax de 9 de septiembre de 2003) contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea por la República Federal de Alemania

text:
15.11.2003            ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 275/31
     de la categoría D con un permiso de categoría C contra-             septiembre de 2003) un recurso contra el Parlamento Europeo
     dice claramente lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1,          y el Consejo de la Unión Europea formulado por la República
     quinto guión, de la Directiva.                                      Federal de Alemania, representada por Wolf Dieter Plessing,
                                                                         Ministerialrat, y Moritz Lumma, Regierungsdirektor, del Bun-
—    Edad mínima para la obtención de permisos de las                    desministerium der Finanzen, y Jochim Sedemund, Rechtsan-
     categorías C1 y C1+E                                                walt, que designa como domicilio el Bundesministerium der
     El FeV permite en su artículo 10, apartado 2, primera               Finanzen, Berlin.
     frase, obtener el permiso para las categorías C1 y C1+E a
     la edad de 17 años, en la medida en que se trate de
     personas que sigan una formación de transportistas                  La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     profesionales. Esta norma contradice lo dispuesto en el
     artículo 6, apartado 1, letra b), tercer guión, de la
     Directiva, en relación —por lo que se refiere a los                 1)    Anule los artículos 3 y 4, de la Directiva 2003/33/CE del
     vehículos de las categorías C1 y C1+E de más de                           Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de
     7,5 toneladas— con el artículo 5, apartado 1, letra b),                   2003, relativa a la aproximación de las disposiciones
     segundo guión, del Reglamento (CEE) no 3820/85.                           legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
                                                                               miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los
—    Registro de permisos de conducción expedidos en otros                     productos del tabaco (1).
     Estados miembros
     El procedimiento sistemático de registro previsto en el             2)    Condene en costas a la parte demandada.
     artículo 29, apartado 1, del FeV, así como la disposición
     sancionadora contenida en artículo 75, número 11, del
     FeV, vulneran el principio de reconocimiento mutuo
     establecido en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva.
—    Canje de permisos de conducción expedidos en otros                  Motivos y principales alegaciones
     Estados miembros
     El canje de permisos de conducción regulado en el artí-
     culo 29, apartado 3, del FeV a efectos de inscribir un
                                                                         La Bundesregierung considera que el Parlamento y el Consejo,
     período de validez nacional eventualmente más corto es
                                                                         al adoptar las disposiciones impugnadas de la Directiva,
     contrario al Derecho comunitario vigente. El canje de per-
                                                                         excedieron los límites de la competencia del legislador comuni-
     misos de conducción previsto en el artículo 47, apartado 2,
                                                                         tario definidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de
     del FeV en caso de que no sea posible la inscripción de
                                                                         octubre de 2000, en el asunto C-376/98 (Rec. p. I-8419), e
     limitaciones o condiciones, debido a la calidad del permiso,
                                                                         ignoraron los requisitos fácticos de la competencia comunitaria
     es posible por las razones mencionadas en el artículo 8,
                                                                         definidos por el Tribunal de Justicia. Los preceptos impugnados
     apartado 2, de la Directiva (que comprende también la
                                                                         regulan casi exclusivamente supuestos de hecho sin efectos
     inscripción de limitaciones médicas); sin embargo, la
                                                                         transfronterizos. En consecuencia, no existen obstáculos
     inscripción de otras observaciones de carácter administra-
                                                                         comerciales reales ni distorsiones sensibles de la competencia,
     tivo (por ejemplo, la aplicación de las disposiciones relati-
                                                                         cuya eliminación constituye, con arreglo a la sentencia del
     vas al permiso de conducción provisional) no queda com-
                                                                         Tribunal de Justicia en el asunto C-376/98, requisitos fácticos
     prendida en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva, de
                                                                         necesarios para la competencia comunitaria del artículo 95 CE.
     modo que ni el propio canje ni tales inscripciones son
                                                                         Por esos motivos, el artículo 95 CE no puede ser la base de
     conformes con el Derecho comunitario.
                                                                         una competencia del legislador comunitario en relación con
                                                                         los artículos impugnados. Dado que, ante la inexistencia de
(1) DO L 237, p. 1.                                                      obstáculos comerciales y de distorsiones sensibles de la
                                                                         competencia, las normas impugnadas no persiguen en realidad
                                                                         el objetivo de mejora del mercado interior, sino el de la
                                                                         protección de la salud, existe también una infracción de la
                                                                         prohibición de armonización del artículo 152 CE, apartado 4,
                                                                         letra c).
Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2003 (fax de
9 de septiembre de 2003) contra el Parlamento Europeo
y el Consejo de la Unión Europea por la República Federal
                          de Alemania                                    Con carácter subsidiario, la Bundesregierung alega falta de
                                                                         motivación. El legislador comunitario no ha expuesto motivos
                                                                         suficientes para demostrar la concurrencia de los requisitos
                      (Asunto C-380/03)                                  fácticos que justifiquen la competencia del artículo 95 CE, en
                                                                         especial, la existencia real de obstáculos comerciales. Ni
                        (2003/C 275/46)                                  siquiera ha mencionado en la exposición de motivos la
                                                                         concurrencia de distorsiones sensibles de la competencia en
                                                                         relación con los productos de prensa y los programas de radio,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             de manera que, en dicha medida, la Directiva infringe en
presentado el 10 de septiembre de 2003 (fax de 9 de                      cualquier caso la obligación de motivación del artículo 253 CE.
 ---pagebreak--- C 275/32               ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                         15.11.2003
Por otra parte, las modificaciones materiales de la Directiva                Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
adoptadas por el Consejo tras pronunciarse el Parlamento son                 lución del Bundesfinanzhof, de fecha 30 de julio de 2003,
motivo para alegar con carácter cautelar que, de ese modo, fue               en el asunto entre Hauptzollamt Hamburg-Jonas y Käserei
infringido el derecho de codecisión del Parlamento con arreglo                        Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG
al artículo 251 CE.
                                                                                (Asunto C-385/03)
Por último, la Bundesregierung alega con carácter subsidiario
una violación del principio de proporcionalidad, ya que la                                           (2003/C 275/48)
prohibición total de publicidad en la prensa y en toda
publicación impresa, así como en radio e internet, prevista en
los artículos 3 y 4, comprende, de manera consciente y
selectiva, casi exclusivamente supuestos de hecho locales o                  Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
regionales, sin que muestren ninguna relación transfronteriza,               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
de manera que las extensas normas de prohibición en el                       resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 30 de julio de 2003,
sentido del artículo 14 CE, apartado 1, no son necesarias                    en el asunto entre Hauptzollamt Hamburg-Jonas y Käserei
para la mejora del mercado interior y, por tanto, no son                     Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, y recibida en la
proporcionadas. Dicha violación del principio de proporciona-                Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de septiembre de 2003.
lidad resulta aún más grave habida cuenta de que la prohibición              El Bundesfinanzhof solicita al Tribunal de Justicia que se
lesiona en esencia los derechos fundamentales de libertad de                 pronuncie sobre la siguiente cuestión:
expresión y de prensa, en razón de la definición extremada-
mente amplia e indefinida del concepto «publicidad» en el                    «El artículo 11, apartado 1, párrafos primero y segundo, del
artículo 2, letra b), y «prensa y otras publicaciones impresas»              Reglamento (CEE) no 3665/87 (1) de la Comisión, de 27 de
en los artículos 1, letra a), y 3, de la Directiva.                          noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades
                                                                             comunes de aplicación del régimen de restituciones a la
(1) DO L 152, p. 16.                                                         exportación para los productos agrícolas, en su versión
                                                                             modificada por el Reglamento (CE) no 2945/94 (2) de la
                                                                             Comisión, de 2 de diciembre de 1994, ¿debe interpretarse
                                                                             —teniendo igualmente en cuenta el principio de proporcionali-
                                                                             dad— en el sentido de que la consignación, en relación con
                                                                             determinados productos, de datos falsos en la declaración de
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                    exportación que puedan dar lugar a una restitución a la
lución de la Supreme Court, Irlanda, de fecha 2 de abril                     exportación superior a la aplicable, implica por sí sola la
 de 2003, en el asunto entre Ryanair Ltd y Aer Rianta cpt                    reducción de la restitución a la exportación en el importe de la
                                                                             sanción allí establecido, aunque en la solicitud especial de pago
                                                                             que debe presentarse de conformidad con el Derecho nacional
                       (Asunto C-382/03)
                                                                             se manifieste expresamente que no se solicita el pago de la
                                                                             restitución a la exportación por dichos productos mencionados
                         (2003/C 275/47)                                     en la declaración?»
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    (1) DO L 351 de 14.12.1987, p. 1.
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  (2) DO L 310 de 3.12.1994, p. 57.
resolución de la Supreme Court, Irlanda, dictada el 2 de abril de
2003, en el asunto entre Ryanair Ltd y Aer Rianta cpt, y recibida
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de septiembre de
2003. La Supreme Court, Irlanda, solicita al Tribunal de Justicia
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
A)    ¿Los mostradores de facturación de un aeropuerto son                   Recurso interpuesto el 5 de septiembre de 2003 contra la
      «instalaciones aeroportuarias» en el sentido del artí-                 Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
      culo 16, apartado 3, de la Directiva (1)?                                                       los Países Bajos
B)    En caso afirmativo, ¿la renta pagada como contrapresta-                                       (Asunto C-388/03)
      ción por el derecho exclusivo a ocupar un mostrador de
      facturación determinado durante un período de un año
                                                                                (2003/C 275/49)
      o superior es una remuneración por el acceso a las
      instalaciones aeroportuarias en el sentido del artículo 16,
      apartado 3, de la Directiva?
                                                                             En el Tribunal de Justicia se ha presentado el 5 de septiembre
(1) Directiva 96/67/CE del Consejo de 15 de octubre de 1996 relativa         de 2003 un recurso contra la Comisión de las Comunidades
    al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de       Europeas formulado por el Reino de los Países Bajos, represen-
    la Comunidad (DO L 272 de 25.10.1996, p. 36).                            tado por la Sra. H. G. Sevenster, jefe del departamento de
                                                                             Derecho europeo del Ministerio de Asuntos Exteriores, de La
                                                                             Haya.


title: Asunto T-215/10: Recurso interpuesto el 11 de mayo de 2010 — República Helénica/Comisión

text:
               17.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 195/23

         Recurso interpuesto el 11 de mayo de 2010 — República Helénica/Comisión
   (Asunto T-215/10)
   2010/C 195/38
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: República Helénica (representantes: I. Chalkiás, G. Skiáni y E. Leftheriótou)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se estime el recurso y que se anule en su conjunto la Decisión impugnada.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso, la República Helénica solicita la anulación de la Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2010, «por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)», notificada con el número C(2010) 1317 y publicada el 12 de marzo de 2010 con el número 2010/152/UE (DO L 63, p. 7), en la medida en que le impone correcciones financieras en los siguientes sectores: a) algodón; b) medidas de desarrollo rural y c) distribución de ayudas alimentarias a los indigentes.
   En relación con las correcciones en el sector del algodón, la demandante alega en primer lugar que la Comisión realizó una apreciación incorrecta de los hechos y no motivó suficientemente la Decisión impugnada respecto del sistema de control y la compatibilidad del régimen de ayudas al algodón con el SIGC, por un lado, y a los controles sobre el terreno de las superficies y al análisis del riesgo, por otro.
   En segundo lugar, la demandante aduce que la Comisión apreció incorrectamente los hechos e interpretó y aplicó de modo erróneo los artículos 13, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1591/2001 (1) y 17 del Reglamento (CE) no 1051/2001 (2) en relación con las medidas medioambientales y las deficiencias del sistema de control así como con el seguimiento de los controles de las superficies cultivadas con algodón y de las medidas medioambientales. En particular, la demandante sostiene que la acusación de la Comisión según la cual la demandante no aplicó las sanciones preceptivas carece de fundamentos de hecho y de Derecho, no encuentra apoyo en las disposiciones de los Reglamentos nos 1051/2001 y 1591/2001 ni en ninguna de las disposiciones en vigor en el período controvertido, y no puede justificar válidamente la corrección impuesta mediante la Decisión impugnada.
   En tercer lugar, la demandante deplora la interpretación y la aplicación incorrectas de las directrices sobre las correcciones a tanto alzado, así como la violación del principio de igualdad, ya que no existía ningún riesgo de pérdida para el FEAGA y la situación del sistema de control no era la misma en las tres campañas controladas –las campañas 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006– de modo que la corrección también debería haber sido graduada.
   En cuarto lugar, la demandante pone de manifiesto la interpretación incorrecta que dio la Comisión al artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1051/2001 y a las disposiciones del artículo 1 de los Reglamentos (CE) nos 1123/2004, (3) 905/2005, (4) 871/2006 (5) y 1486/2002, (6) que establecen cada año la cantidad de algodón efectivamente admisible para la ayuda, en relación con las correcciones globales de los ejercicios 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006, por haber superado supuestamente las cantidades establecidas, con el consiguiente pago indebido.
   En quinto lugar, la demandante sostiene que la justificación de las correcciones que consta en la Decisión impugnada es contradictoria y que las propias correcciones adolecen de errores de cálculo, ya que existen discordancias e incongruencias en relación con las campañas de comercialización de que se trata.
   En lo que respecta a las medidas de desarrollo rural, la demandante alega en primer lugar la nulidad del procedimiento de liquidación de cuentas por infracción de requisitos formales esenciales del artículo 8, apartado 1, tercera frase, primera parte, del Reglamento (CE) no 1663/1995, (7) puesto que no se convocó una discusión bilateral para tratar la imposición de la corrección financiera sobre las medidas de desarrollo rural.
   En segundo lugar, la demandante aduce que la Comisión incurrió en un error material, realizó una apreciación incorrecta de los hechos, no motivó su Decisión de modo suficiente y violó el principio de igualdad en relación con las supuestas deficiencias del SICG, de los controles primarios y de los adicionales.
   En lo que atañe al sector de la distribución de las ayudas alimentarias, la demandante observa que la actuación de la Comisión le hizo confiar legítimamente en que no se le cobrarían los costes del programa de suministro gratuito de arroz y que el cambio posterior de la política de la Comisión vulnera los principios de las expectativas legítimas, de seguridad jurídica y de confianza legítima, y constituye un exceso de discrecionalidad, cuando no un abuso de poder.
   En segundo lugar, la demandante señala un error, en su perjuicio, en el cálculo de los gastos de transporte.
   En tercer lugar, la demandante sostiene que la Comisión interpretó y aplicó incorrectamente las disposiciones del Derecho de la Unión, concretamente el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 3149/92, (8) violó el principio de igualdad e incurrió en un exceso de discrecionalidad.

      (1)  Reglamento (CE) no 1591/2001 de la Comisión, de 2 de agosto de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de ayuda del algodón (DO L 210, p. 10).

      (2)  Reglamento (CE) no 1051/2001 del Consejo, de 22 de mayo de 2001, sobre la ayuda a la producción de algodón (DO L 148, p. 3).

      (3)  Reglamento (CE) no 1123/2004 de la Comisión, de 17 de junio de 2004, por el que se fija, para la campaña de comercialización 2003/04, la producción efectiva de algodón sin desmotar y la reducción del precio de objetivo resultante (DO L 218, p. 3).

      (4)  Reglamento (CE) no 905/2005 de la Comisión, de 16 de junio de 2005, por el que se fija, para la campaña de comercialización de 2004/05, la producción efectiva de algodón sin desmotar y la consiguiente reducción del precio de objetivo (DO L 154, p. 3).

      (5)  Reglamento (CE) no 871/2006 de la Comisión, de 15 de junio de 2006, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2005/06, la producción efectiva de algodón sin desmotar y la consiguiente reducción del precio de objetivo (DO L 164, p. 3).

      (6)  Reglamento (CE) no 1486/2002 de la Comisión, de 19 de agosto de 2002, que modifica el Reglamento (CE) n 1591/2001 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de ayuda del algodón (DO L 223, p. 3).

      (7)  Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (DO L 159, p. 6).

      (8)  Reglamento (CEE) no 3149/92 de la Comisión, de 29 de octubre de 1992, por el que se establecen las disposiciones de aplicación para el suministro de alimentos procedentes de las existencias de intervención en beneficio de las personas más necesitadas de la Comunidad.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 8 de diciembre de 1995, en el asunto entre Van Uden Maritime BV, que actúa bajo el nombre de Van Uden Africa Line, y 1) Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line, Peter Determann KG, 2) Peter Determann (Asunto C-391/95)

text:
17 . 2 . 96              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N° C 46/7
      mente importancia decisiva a una medida de las Antillas           2 ) ¿ Importa para responder a la cuestión 1 que el contrato
      neerlandesas .                                                        entre las partes contenga una cláusula de arbitraje y, en
                                                                            caso de respuesta firmativa , cuál es según esta cláusula el
— Infracción y/o aplicación errónea del artículo 190 y/o                    lugar en que deba celebrarse el arbitraje ?
      215 del Tratado, por lo menos de los principios
      generales del Derecho comunitario, porque el Tribunal             3 ) En caso de que deba responderse a la cuestión 1 que,
      de Primera Instancia consideró y declaró tal como se                  para que el Juez de medidas provisionales sea compe
      expone en el apartado 207 de la sentencia impugnada, en               tente, se requiere asimismo que la medida que se le
      especial porque dicho Tribunal relacionó con el dato de               solicita deba ( poder ) surtir efecto en el referido Estado
      que los referidos daños no eran en absoluto imprevisi                contratante , ¿ significa ello que se deba poder ejecutar en
      bles la conclusión de que el perjuicio de los recurrentes             dicho país la condena solicitada y es preciso que se
      no excede de los riesgos económicos que son inherentes a              cumpla este requisito en el momento de presentar la
      las actividades en este sector .                                      demanda de medidas provisionales o basta con que
                                                                            pueda esperarse que en el futuro se cumplirá dicho
(') DO n° C 286 de 28 . 10 . 1995 , p . 10 .                                requisito ?
( 2 ) DO n° C 171 de 22 . 6 . 1993 , pp . 11 y 12 .
(-1 ) Decisión 91 /482/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1991 ( DO     4 ) ¿ Está comprendida en el concepto de « medidas provi
      n° L 263 de 1991 , p . 1 ).                                           sionales o cautelares » del artículo 24 del Convenio de
                                                                            Bruselas la posibilidad, prevista en los artículos 289 y
                                                                            siguientes del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
                                                                            ( Ley neerlandesa de enjuiciamiento civil ), de solicitar
                                                                            provisionalmente al Presidente del Arrondissements
                                                                            rechtbank una medida de inmediata ejecución por razón
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                  de suma urgencia ?
lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 8 de
diciembre de 1995 , en el asunto entre Van Uden Maritime                5 ) ¿ Importa para responder a la cuestión 4 que esté
BV, que actúa bajo el nombre de Van Uden Africa Line, y                     pendiente o pueda iniciarse un procedimiento sobre el
1 ) Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line, Peter Deter                  fondo y, en caso de respuesta afirmativa, hace al caso
                  mann KG, 2 ) Peter Determann                              que en el presente asunto estuviera pendiente un
                        ( Asunto C-391 /95 )                                procedimiento de arbitraje ?
                             ( 96/C 46/ 11
                                                                        6 ) ¿ Importa para responder a la cuestión 4 que la medida
                                                                            solicitada en el procedimiento sobre medidas provisio
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   nales sea una condena a cumplir una obligación de pago,
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                 como se expone en la cuestión 1 ?
resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dictada el 8 de
diciembre de 1995 , en el asunto entre Van Uden Maritime                7 ) En caso de que deba responderse afirmativamente a la
BV, que actúa bajo el nombre de Van Uden Africa Line, y                     cuestión 4 , si « en virtud del presente Convenio, un
 1 ) Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line , Peter Deter                tribunal de otro Estado cotratante fuere competente
mann KG, 2 ) Peter Determann, y recibida en la Secretaría                   para conocer sobre el fondo » ( artículo 24 ) y, en
del Tribunal de Justicia el 14 de diciembre de 1995 .                       particular, la referencia que se hace en este artículo a las
                                                                             « medidas provisionales o cautelares previstas por la ley
El Hoge Raad solicita al Tribunal de Justicia que se                        de un Estado contratante » ¿ deben entenderse en el
pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                                 sentido de que el Juez de medidas provisionales es
                                                                            competente ( sin más ) cuando sus reglas nacionales de
 1 ) Cuando en un Estado contratante se debe cumplir la                     competencia le otorgan competencia , aunque se trate de
       obligación de pagar lo que se debe en virtud de un                   reglas a las que se refiere el párrafo segundo del
       contrato, de forma que, con arreglo al punto 1 del                   artículo 3 del Convenio de Bruselas, o que su compe
       artículo 5 del Convenio de Bruselas , el acreedor puede              tencia, en este último caso, depende de que se cumplan
       demandar a su deudor moroso ante los tribunales de                   requisitos más concretos, por ejemplo que la medida que
       dicho Estado para exigir el cumplimiento, aunque el                  se solicite al Juez de medidas provisionales deba ( poder )
       deudor resida en el territorio de otro Estado contra                surtir efecto en el referido Estado contratante ?
       tante, ¿ son competentes asimismo ( sin más ) los tribu
       nales del primer Estado mencionado para conocer de               8 ) En caso de que deba responderse a la cuestión 7 que,
       una demanda de medidas provisionales, presentada por                 para que el Juez de medidas provisionales sea compe
       el acreedor contra su deudor, que tenga por objeto que               tente , se requiere asimismo que la medida que se solicita
       como medida urgente se condene provisionalmente a                    deba ( poder ) surtir efecto en el referido Estado contra
       éste a pagar lo que, a juicio del Juez competente para               tante , ¿ significa ello que se deba poder ejecutar en dicho
       adoptar medidas provisionales, con alto grado de                     país la condena solicitada y es preciso que se cumpla este
       probabilidad se adeuda al acreedor o, en tal caso, rigen             requisito en el momento de presentar la demanda de
       en materia de competencia del Juez de medidas provi                 medidas provisionales o basta con que pueda esperarse
       sionales requisitos más concretos, por ejemplo que la                que en el futuro se cumplirá dicho requisito ?
       medida que se solicite a dicho Juez deba ( poder ) surtir
       efecto en el referido Estado contratante ?


title: Asunto T-179/16: Recurso interpuesto el 22 de abril de 2016 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY)

text:
               20.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 222/26

         Recurso interpuesto el 22 de abril de 2016 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY)
   (Asunto T-179/16)
   (2016/C 222/32)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés

      Partes

      Demandante: L’Oréal (París, Francia) (representantes: T. de Haan y P. Péters, abogados)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Guinot SAS (París, Francia)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Titular de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «MASTER SMOKY» — Solicitud de registro n.o 11567104

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de febrero de 2016 en el asunto R 2905/2014-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la EUIPO a cargar con las costas, incluidos los gastos de la demandante en el procedimiento ante la Quinta Sala de Recurso de la Oficina.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-84/17 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de febrero de 2017 por Société des produits Nestlé SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

text:
               6.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/4

         Recurso de casación interpuesto el 15 de febrero de 2017 por Société des produits Nestlé SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
   (Asunto C-84/17 P)
   (2017/C 178/04)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Société des produits Nestlé SA (representante: G.S.P. Vos, advocaat)

      Otras partes en el procedimiento: Mondelez UK Holdings & Services Ltd y Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2016, en el asunto T-112/13, debido a que el Tribunal General infringió los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, «RMUE»). (1)

               —

               Que se condene a la otra parte en el procedimiento, demandante ante el Tribunal General, Mondelez UK Holdings & Services Ltd. al pago de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   Nestlé recurre en casación la sentencia dictada por el Tribunal General con fundamento en que el Tribunal General infringió los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 2015/2424, (2) también denominado RMUE.
   Más en concreto, el recurso de casación de Nestlé se dirige contra la sentencia del Tribunal General en relación con la extensión del territorio en la que es necesario acreditar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca, debiendo acreditarse el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca en la totalidad del territorio de la Unión Europea, esto es, en todos los Estados miembros afectados.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

      (2)  Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21).


title: Asunto F-7/13: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 18 de septiembre de 2014  — Radelet/Comisión Europea (Función pública — Funcionarios destinados en un país tercero — Artículos 5 y 23 del anexo X del Estatuto — Puesta a disposición de un alojamiento por la institución — Autorización al funcionario para que alquile un alojamiento — Recurso de indemnización — Perjuicio moral — Asignación de un alojamiento incómodo e insalubre — Inexistencia de prueba)

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/50

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 18 de septiembre de 2014 — Radelet/Comisión Europea
   (Asunto F-7/13) (1)

   ((Función pública - Funcionarios destinados en un país tercero - Artículos 5 y 23 del anexo X del Estatuto - Puesta a disposición de un alojamiento por la institución - Autorización al funcionario para que alquile un alojamiento - Recurso de indemnización - Perjuicio moral - Asignación de un alojamiento incómodo e insalubre - Inexistencia de prueba))
   2014/C 421/69
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Luc Radelet (Antananarivo, Madagascar) (representante: É. Boigelot, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: B. Eggers y C. Ehrbar, agentes)

      Objeto

   Función pública — Anulación de la decisión que desestima la reclamación contra la decisión adoptada en respuesta a la solicitud del demandante, destinado a la Delegación de la Comisión en Antananarivo, Madagascar, de que se le indemnice por las dificultades halladas con ocasión de su instalación en la ciudad antes mencionada.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Radelet cargará con sus propias costas y con las soportadas por la Comisión Europea.

      (1)  DO C 114, de 20.4.2013, p. 47.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Tribunale civile e penale di Firenze, de fecha 8 de octubre de 1997, en el proceso penal seguido contra Massimo y Paolo Romanelli (Asunto C-366/97)

text:
C 370/4                     ES |                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   6 . 12 . 97
Petición de decisión prejudicial presentada mediante                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
resolución del Centrale Raad van Beroep, de fecha 24 de                    — declare que la República de Irlanda ha incumplido las
septiembre de 1997, en el asunto entre H. Nijhuis y                             obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE
              Landelijk instituut sociale verzekeringen                         al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias
                           ( Asunto C-360/97 )                                  y administrativas necesarias para atenerse a lo dis
                               ( 97/C 370/07)                                   puesto en la Directiva 93/103/CEE del Consejo, de
                                                                                23 de noviembre de 1993 , relativa a las disposiciones
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                       mínimas de seguridad y de salud en el trabajo a bordo
 sido sometida una petición de decisión prejudicial                             de los buques de pesca ('), y/o al no informar de ello a
                                                                                la Comisión,
mediante resolución del Centrale Raad van Beroep, dic
tada el 24 de septiembre de 1997, en el asunto entre H.                    — condene en costas a la República de Irlanda.
Nijhuis y Landelijk instituut sociale verzekeringen, y reci               Motivos y principales alegaciones
bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de octu
 bre de 1997 .                                                             El artículo 189 del Tratado CE, según el cual las Directi
                                                                           vas obligarán a los Estados miembros destinatarios en
El Centrale Raad van Beroep solicita al Tribunal de Justi                 cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la obli
cia que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes:                      gación de los Estados miembros de respetar el plazo de
                                                                           ejecución establecido en ellas. En el presente asunto, este
 1 ) ¿ Debe interpretarse lo dispuesto en la letra a ) del                 plazo expiró el 23 de noviembre de -1995 sin que la Repú
       punto 4 de la sección J del anexo VI del Reglamento                 blica de Irlanda haya adoptado las disposiciones necesarias
       ( CE) n° 1408/71 del Consejo (') ( tal como estaba                  para atenerse a lo dispuesto en la Directiva mencionada en
       redactado en la época que aquí interesa ) en el sentido             las pretensiones de la Comisión .
       de que, en relación con una persona que trabajó en los
       Países Bajos exclusivamente en el período del 15 de                 (') DO L 307 de 13 . 12 . 1993 , p . 1 .
       octubre de 1968 al 1 de abril de 1974 y que durante
       todo este período estuvo asegurada contra la invalidez
       con arreglo a un régimen especial de funcionarios,
       para la aplicación del apartado 2 del artículo 46 en
       relación con el apartado 4 del artículo 45 del Regla               Petición de decisión prejudicial presentada mediante
       mento ( CEE ) n° 1408/71 , habida cuenta asimismo de                resolución del Tribunale civile e penale di Firenze, de fecha
       los artículos 48 y 51 del Tratado CE, también se debe               8 de octubre de 1997, en el proceso penal seguido contra
                                                                                Massimo y Paolo Romanelli
       tomar en consideración el mencionado período, con
       arreglo a la mencionada sección del anexo, para deter                                     ( Asunto C-366/97 )
       minar las prestaciones por invalidez ?                                                        ( 97/C 370/09 )
2 ) En caso de respuesta afirmativa, ¿ debe designarse                     Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
       como institución competente, para determinar las pres              sido sometida una petición de decisión prejudicial
       taciones en base a dichos períodos a la institución                 mediante resolución del Tribunale civile e penale di
       designada en la letra b) del punto 2 de la sección J del            Firenze, dictada el 8 de octubre de 1997, en el proceso
       anexo 2 del Reglamento ( CE ) n° 574/72 del Con                    penal seguido contra Massimo y Paolo Romanelli, y reci
       sejo (2 ) o a la institución competente, según el Derecho           bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de octu
       nacional, en materia de prestaciones de invalidez para              bre de 1997 .
       los funcionarios, pese a que esta última institución no
       figura en el mencionado anexo ?                                     El Tribunale civile e penale di Firenze solicita al Tribunal
                                                                           de Justicia que se pronuncie sobre la cuestión siguiente :
H DO L 149 de 5 . 7. 1971 , p . 2; EE 05/01 , p . 98 .                     La expresión « fondos reernbolsables » que figura en la.
( 2 ) DO L 74 de 27. 3 . 1972, p . 1 ; EE 05/01 , p . 156 .                Directiva 89/646/CEE del Consejo (') ¿ se refiere única
                                                                           mente a los instrumentos financieros que tienen intrínseca
                                                                           mente carácter reembolsable, o dicha expresión se refiere
                                                                           también a los instrumentos financieros que, aun cuando
                                                                           no posean dicho carácter intrínseco, son objeto de un
Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1997 por la                        acuerdo contractual de reembolso de la cantidad pagada ?
        Comisión de las Comunidades Europeas contra la
                         República de Irlanda                              (') DO L 386 de 30 . 12 . 1989 , p. 1 .
                          ( Asunto C-364/97)
                              ( 97/C 370/08 )
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                  Recurso interpuesto el 24 de octubre de 1997 por la
ha presentado el 22 de octubre de 1997 un recurso contra                   Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino
la República de Irlanda formulado por la Comisión de las                                         de los Países Bajos
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Pieter Jan                                         ( Asunto C-367/97 )
Kuijper, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que                                               ( 97/C 370/ 10
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurí                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
dico, Centre Wagner, Kirchberg.                                            ha presentado el 24 de octubre de 1997 un recurso contra


title: Asunto C-257/15: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover — Alemania) — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

text:
               26.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 354/28

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover — Alemania) — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH
   (Asunto C-257/15) (1)

   (2015/C 354/30)
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 279, de 24.8.2015.


title: Asunto F-22/10: Recurso interpuesto el 1 de abril de 2010 — Bombín Bombín/Comisión

text:
               5.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 148/54

         Recurso interpuesto el 1 de abril de 2010 — Bombín Bombín/Comisión
   (Asunto F-22/10)
   2010/C 148/96
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Luis María Bombín Bombín (Roma, Italia) (representante: R. Pardo Pedernera, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   La anulación de la decisión de la Comisión Europea, en respuesta a la reclamación del demandante, por la que solamente se reconoce compensación económica por 12 días y no por los 29 días de vacaciones madurados que aún no había tomado en el momento de iniciar su excedencia.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Anular la decisión de la Comisión Europea, emitida el 4 de enero de 2010, por la que se ha reconocido y pagado al demandante solamente la compensación económica por 12 días.

               —

               Reconocer al demandante (a efectos de cálculo y relativa compensación económica) todos los días de vacaciones que (en un total de 29 días) había madurado y aún no había tomado en el momento de iniciar la excedencia.

               —

               En cuanto a las costas, el demandante no presenta pretensión alguna al considerar que la resolución del presente asunto por parte del Tribunal es importante para las partes, ambas de buena fe, y el caso no justifica pretensiones en cuanto a las mismas.


title: Asunto C-627/11: Petición de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumanía) el 6 de diciembre de 2011 — S.C. «AUGUSTUS» S.R.L. Iași/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

text:
               3.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumanía) el 6 de diciembre de 2011 — S.C. «AUGUSTUS» S.R.L. Iași/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
   (Asunto C-627/11)
   2012/C 65/09
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Înalta Curte de Casație și Justiție

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: S.C. «AUGUSTUS» S.R.L. Iași

      Demandada: Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los Reglamentos del Consejo de la Unión Europea no 1260/1999 (1) y no 1268/1999 (2) en el sentido de que la actividad económica desempeñada por los beneficiarios de los fondos SAPARD concedidos en el período de preadhesión de Rumanía a la Unión Europea debe desarrollarse cumpliendo los requisitos de su concesión, de conformidad con el principio de eficiencia económica y de rendimiento del beneficiario, habida cuenta además del contexto concreto, invocado, de desastres naturales locales?

      (1)  Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 1268/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión (DO L 161, p. 87).


title: Asunto C-499/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) el 16 de septiembre de 2013 — Marian Macikowski — Komornik Sądowy en calidad de agente judicial del Sąd Rejonowy w Chojnicach/Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

text:
               14.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 367/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) el 16 de septiembre de 2013 — Marian Macikowski — Komornik Sądowy en calidad de agente judicial del Sąd Rejonowy w Chojnicach/Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku
   (Asunto C-499/13)
   2013/C 367/38
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Naczelny Sąd Administracyjny

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Marian Macikowski — Komornik Sądowy en calidad de agente judicial del Sąd Rejonowy w Chojnicach

      Demandada: Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A la luz del sistema del impuesto sobre el valor añadido basado en la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 p. 1), en particular, de los artículos 9 y 193 en relación con el artículo 199, apartado 1, letra g), ¿es admisible una norma de Derecho nacional como el artículo 18 de la ustawa o podatku od towarów i usług (Ley del impuesto sobre bienes y servicios) de 11 de marzo de 2004 (Dz. U. 2011, no 177, pda. 1054 en su versión modificada; en lo sucesivo, «Ley del IVA»), que introduce excepciones a los principios generales del impuesto sobre el valor añadido, sobre todo en relación con los sujetos jurídicos obligados a liquidar y recaudar el impuesto, mediante la creación de la figura del obligado al pago, es decir, de un sujeto jurídico obligado a determinar en nombre del sujeto pasivo la cuota del impuesto, a cobrarla de tal sujeto pasivo y a ingresarlo dentro de un plazo determinado a favor de la autoridad tributaria?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

                           a)

                           A la luz del principio de proporcionalidad como principio general del Derecho de la Unión, ¿es admisible una norma de Derecho nacional como el artículo 18 de la Ley del IVA, con arreglo al cual, en particular, el impuesto que grava la entrega de inmuebles mediante la ejecución forzosa de bienes propiedad del deudor o que se encuentran en su poder contraviniendo la legislación aplicable es liquidado, recaudado y abonado por el agente judicial encargado de llevar a cabo la ejecución forzosa y que responde en concepto de obligado al pago del impuesto en caso de que éste no sea satisfecho?

                           b)

                           A la luz de los artículos 206, 250 y 252 de la Directiva 2006/112 y del principio de neutralidad derivado de la misma, ¿es admisible una norma de Derecho nacional como el artículo 18 de la Ley del IVA, que da lugar a que el obligado al pago que allí se menciona esté obligado a liquidar, recaudar y abonar el impuesto sobre el valor añadido que grava la entrega de bienes que son propiedad del sujeto pasivo o que se encuentran en su poder contraviniendo la legislación aplicable, en el período impositivo aplicable al sujeto pasivo y por el importe resultante de restar al precio obtenido de la venta del bien el impuesto sobre el valor añadido al correspondiente tipo impositivo, pero sin descontar el importe del impuesto soportado por el sujeto pasivo desde el inicio del período impositivo hasta la fecha de su recaudación?

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto T-443/09 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 20 de enero de 2010 — Agriconsulting Europe/Comisión ( Procedimiento sobre medidas provisionales — Contratos públicos — Procedimiento de licitación — Desestimación de una oferta — Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales — Pérdida de una oportunidad — Inexistencia de perjuicio grave e irreparable — Inexistencia de urgencia )

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/47

         Auto del Presidente del Tribunal General de 20 de enero de 2010 — Agriconsulting Europe/Comisión
   (Asunto T-443/09 R)
   («Procedimiento sobre medidas provisionales - Contratos públicos - Procedimiento de licitación - Desestimación de una oferta - Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales - Pérdida de una oportunidad - Inexistencia de perjuicio grave e irreparable - Inexistencia de urgencia»)
   2010/C 63/83
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Agriconsulting Europe SA (Bruselas) (representantes: F. Sciaudone, R. Sciaudone y A. Neri, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Bordes y L. Prete, agentes)

      Objeto

   Demanda de medidas provisionales relativa al procedimiento de licitación EuropeAid/127054/C/SER/Multi, que tiene por objeto la prestación de servicios a corto plazo exclusivamente en favor de países terceros beneficiarios de la ayuda exterior de la Comisión.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-450/13: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de junio de 2014 — Donaldson Filtration Deutschland GmbH/ultra air GmbH, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca denominativa ultrafilter international — Solicitud de nulidad — Abuso de derecho)

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/29

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de junio de 2014 — Donaldson Filtration Deutschland GmbH/ultra air GmbH, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-450/13) (1)

   ((Recurso de casación - Marca comunitaria - Marca denominativa ultrafilter international - Solicitud de nulidad - Abuso de derecho))
   2014/C 315/45
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (representantes: N. Siebertz, M. Teworte-Vey y A. Renvert, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: ultra air GmbH (representante: C. König, Rechtsanwalt), Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider, agente)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Donaldson Filtration Deutschland GmbH.

      (1)  DO C 313, de 26.10.2013.


title: Asunto C-191/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Sociedad Rastelli Davide e C. Snc/Jean-Charles Hidoux, que actúa en calidad de liquidador judicial de la sociedad Médiasucre international [Reglamento (CE) n ° 1346/2000 — Procedimientos de insolvencia — Competencia internacional — Ampliación de un procedimiento de insolvencia, incoado respecto a una sociedad establecida en un Estado miembro, a una sociedad cuyo domicilio social está situado en otro Estado miembro, debido a la confusión de los patrimonios]

text:
               11.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Sociedad Rastelli Davide e C. Snc/Jean-Charles Hidoux, que actúa en calidad de liquidador judicial de la sociedad Médiasucre international
   (Asunto C-191/10) (1)

   (Reglamento (CE) no 1346/2000 - Procedimientos de insolvencia - Competencia internacional - Ampliación de un procedimiento de insolvencia, incoado respecto a una sociedad establecida en un Estado miembro, a una sociedad cuyo domicilio social está situado en otro Estado miembro, debido a la confusión de los patrimonios)
   2012/C 39/04
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sociedad Rastelli Davide e C. Snc

      Demandada: Jean-Charles Hidoux, que actúa en calidad de liquidador judicial de la sociedad Médiasucre international

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Cour de cassation — Interpretación del artículo 3, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160, p. 1) — Competencia internacional de los órganos jurisdiccionales franceses para ampliar un procedimiento de insolvencia, incoado respecto a una sociedad establecida en el territorio nacional, a una sociedad cuyo domicilio está situado en otro Estado miembro, debido a la confusión de los patrimonios — Conceptos de «incoación» y de «ampliación» de un procedimiento de insolvencia — Determinación del centro de los intereses principales.

      Fallo

               1)

               El Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que el tribunal de un Estado miembro que ha incoado un procedimiento principal de insolvencia respecto a una sociedad, basándose en que el centro de sus intereses principales está situado en el territorio de dicho Estado, sólo podrá ampliar tal procedimiento, en virtud de una norma de su Derecho nacional, a una segunda sociedad cuyo domicilio social esté situado en otro Estado miembro cuando se demuestre que el centro de los intereses principales de esta última se encuentra en el primer Estado miembro.

               2)

               El Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que una sociedad cuyo domicilio social está situado en el territorio de un Estado miembro sea objeto de una acción tendente a que se amplíen a ella los efectos de un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro respecto a otra sociedad establecida en el territorio de este último Estado, la mera constatación de la confusión de los patrimonios de estas sociedades no es suficiente para demostrar que el centro de los intereses principales de la sociedad objeto de dicha acción se encuentra también en este último Estado. Para destruir la presunción según la cual ese centro se encuentra en el lugar del domicilio social, es necesario que la apreciación global de todos los elementos pertinentes permita acreditar que, de modo comprobable por terceros, el centro efectivo de dirección y de control de la sociedad a que se refiere la solicitud de ampliación se sitúa en el Estado miembro en que se ha incoado el procedimiento de insolvencia inicial.

      (1)  DO C 161, de 19.6.2010.


title: Asunto T-491/13: Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015 — Perfetti Van Melle Benelux/OAMI — Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa TRIDENT PURE — Marcas comunitarias, nacionales, internacional y Benelux figurativas y denominativa anteriores PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH y mentos PURE WHITE — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009»]

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/46

         Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015 — Perfetti Van Melle Benelux/OAMI — Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE)
   (Asunto T-491/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa TRIDENT PURE - Marcas comunitarias, nacionales, internacional y Benelux figurativas y denominativa anteriores PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH y mentos PURE WHITE - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2016/C 048/51)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Perfetti Van Melle Benelux BV (Breda, Países Bajos) (representantes: P. Perani, G. Ghisletti y F. Braga, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: L. Rampini, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Intercontinental Great Brands LLC (East Hanover, Nueva Jersey, Estados Unidos) (representante: M. Haak, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 9 de julio de 2013 (asunto R 06/2012-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Perfetti Van Melle Benelux BV y Kraft Foods Global Brands LLC.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Perfetti Van Melle Benelux BV.

      (1)  DO C 344, de 23.11.2013.


title: Sentencia del Tribunal, de 31 de marzo de 2015, en el asunto E-21/14 — Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia (Incumplimiento por un Estado AELC/EEE de sus obligaciones — No incorporación — Directiva 2010/30/UE sobre información relativa al consumo de energía de los productos)

text:
               22.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 350/7

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 31 de marzo de 2015
   en el asunto E-21/14
   Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia
   (Incumplimiento por un Estado AELC/EEE de sus obligaciones — No incorporación — Directiva 2010/30/UE sobre información relativa al consumo de energía de los productos)
   (2015/C 350/10)
   En el asunto E-21/14, Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia — SOLICITUD de declaración de que, al no haber adoptado o notificado al Órgano de Vigilancia de la AELC, en el plazo previsto a tal efecto, las disposiciones necesarias para incorporar el acto al que se hace referencia en el anexo II, capítulo IV, punto 4 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, dentro del tiempo previsto al efecto, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7 de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher (presidente), Per Christiansen (juez ponente) y Páll Hreinsson (juez), dictó una sentencia el 31 de marzo de 2015, cuyo fallo es el siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto a que se hace referencia en el anexo II, capítulo IV, punto 4, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2010/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 de dicho Acuerdo, al no haber adoptado, en el plazo previsto a tal efecto, las disposiciones necesarias para aplicar dicho Acto.

               2.

               Condena en costas a Islandia.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) de 11 de julio de 1996 en el asunto C-306/94 (petición de decisión prejudicial planteada por la cour d'appel de Lyon): Régie Dauphinoise - Cabinet A. Forest sàrl contra Ministre du Budget (Impuesto sobre el valor añadido - Interpretación del apartado 2 del artículo 19 de la sexta Directiva 77/388/CEE - Deducción del impuesto soportado - Operaciones accesorias financieras - Cálculo de la prorrata de deducción)

text:
23 . 11 . 96            ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           N° C 354/ 1
                                                                     I
                                                              (Comunicaciones)
                                            TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                          TRIBUNAL DE JUSTICIA
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                  remuneración de depósitos, efectuados por su propia
                           ( Sala Quinta)                                cuenta, de fondos entregados por los propietarios o los
                                                                         arrendatarios , deben incluirse en el denominador de la
                      de 11 de julio de 1996                             fracción que se utiliza para el cálculo de la prorrata de
en el asunto C-306/94 ( petición de decisión prejudicial                 deducción .
planteada por la cour d'appel de Lyon ): Régie Dauphinoise
  — Cabinet A. Forest sari contra Ministre du BudgetO                    (') DO n" C 380 de 31 . 12 . 1994 .
                                                                         ( 2 ) DO n° L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE 09/01 , p . 54 .
(Impuesto sobre el valor añadido — Interpretación del
apartado 2 del artículo 19 de la sexta Directiva 77/388/CEE
— Deducción del impuesto soportado — Operaciones
accesorias financieras — Cálculo de 1a prorrata de                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                              deducción)
                                                                                de 10 de septiembre de 1996
                           ( 96/C 354/01 )
                                                                         en el asunto C-61 /94 : Comisión de las Comunidades
              (Lengua de procedimiento: francés)                               Europeas contra República Federal de Alemania (')
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi              (Incumplimiento de Estado — Acuerdo internacional de los
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                                       productos lácteos)
                             de Justicia »)                                                         ( 96/C 354/02 )
En el asunto C-306/94 , que tiene por objeto una petición                                (Lengua de procedimiento: alemán)
dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177
del Tratado CE, por la cour administrative d'appel de Lyon                (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
( Francia ), destinada a obtener en el litigio pendiente ante            cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
dicho órgano jurisdiccional entre Régie Dauphinoise —                                                 de Justicia »)
Cabinet A. Forest sárl y Ministre du Budget, una decisión
                                                                          En el asunto C-61 /94, Comisión de las Comunidades
prejudicial sobre la interpretación del apartado 2 del
artículo 19 de la sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de              Europeas ( Agente : Sr. Jórn Sack ) contra República Federal
 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las                    de Alemania ( Agente : Sr . Bernd Kloke ) que tiene por objeto
 legislaciones de los Estados miembros relativas a los                    que se declare que la República Federal de Alemania ha
 impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común                   incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
 del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible                     Tratado CE al autorizar la importación de productos lácteos
 uniforme ( 2 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ), integrado       en el marco del régimen de perfeccionamiento activo, siendo
 por los Sres .: D. A. O. Edward, Presidente de Sala ; J.-P'.             así que su valor en aduana era inferior a los precios mínimos
 Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida ( Ponente ), C.                    fijados conforme al Acuerdo internacional de los productos
 Gulmann y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr.                      lácteos, aprobado por la Comunidad mediante la Decisión
 C. O. Lenz; Secretaria : Sra . L. Hewlett, administradora ; ha           80/271 /CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1979 ,
                                                                          referente a la celebración de los Acuerdos multilaterales
 dictado el 11 de julio de 1996 una sentencia cuyo fallo es el
 siguiente :                                                              resultantes de las negociaciones comerciales de 1973
                                                                           1979 ( 2 ), y al no tomar en consideración, de este modo, en
 El apartado 2 del artículo 19 de la sexta Directiva                      primer lugar, la obligación de cooperar a que se refieren la
 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en                        letra a ) del apartado 1 del artículo 6 del Anexo I y la letra a )
 materia de armonización de las legislaciones de los Estados              del artículo 6 de los Anexos II y III del Acuerdo; en segundo
 miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de                    lugar, la obligación a que se refiere el apartado 1 del
 negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor                     artículo 3 de los tres Anexos citados, y, por último, en
 Añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el               cuanto a las condiciones económicas relativas a la concesión
 sentido de que los rendimientos financieros percibidos por                de la autorización del régimen aduanero, los artículos 5 a 8
 una empresa de administración de fincas en concepto de                    del Reglamento ( CEE ) n° 19 99/85 del Consejo, de 16 de


title: Asunto C-455/02 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de diciembre de 2002 por Sgaravatti Mediterranea Srl contra la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2002 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-199/99, promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Sgaravatti Mediterranea Srl

text:
22.2.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 44/13
3)    La Directiva 90/605/CEE, ¿es compatible con el principio            sí solo para demostrar la pretendida irregularidad de su
      general de igualdad en la medida en que da lugar a una              comportamiento. Según la recurrente, la Guardia di Finanza
      discriminación de las sociedades comanditarias cuyo                 únicamente está facultada para plasmar en sus actas de los
      socio colectivo es una sociedad de responsabilidad limi-            elementos de hecho constatados durante sus investigaciones,
      tada frente a las sociedades comanditarias cuyo socio               mientras que carece por completo de una facultad de aprecia-
      colectivo es una persona física, aunque los acreedores de           ción específica de tales elementos, y la Comisión hubiera
      las sociedades comanditarias cuyo socio colectivo es una            debido proceder a un examen propio y autónomo del asunto.
      sociedad de responsabilidad limitada gozan de mayor                 Sostiene pues que, al reconocer un valor probatorio suficiente
      protección, en virtud de la obligación de publicidad de la          al informe de la Guardia di Finanza, el Tribunal de Primera
      sociedad de responsabilidad limitada, que los acreedores            Instancia incurrió en una valoración jurídica errónea que
      de una sociedad comanditaria cuyo socio colectivo, por              invalida su sentencia.
      ser una persona física, no está sujeto a ninguna obligación
      de publicidad?
                                                                          La recurrente alega además que la sentencia del Tribunal de
( 1) DO L 317 de 16.11.1990, p. 60.                                       Primera Instancia es inválida por no haber tenido en cuenta el
( 2) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.                                        elemento subjetivo como criterio decisivo para valorar la
                                                                          licitud de una decisión de supresión de una ayuda. Según la
                                                                          recurrente, el Tribunal de Primera Instancia hubiera debido
                                                                          distinguir el supuesto de incumplimiento culposo y no fraudu-
                                                                          lento de los requisitos financieros, que únicamente justifica
                                                                          una reducción o una suspensión de la ayuda, y el supuesto de
Recurso de casación interpuesto el 13 de diciembre de                     incumplimiento doloso de dicho requisitos, en el que la
2002 por Sgaravatti Mediterranea Srl contra la sentencia                  Comisión está autorizada para suprimir la ayuda en su
dictada el 26 de septiembre de 2002 por la Sala Quinta                    totalidad.
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas en el asunto T-199/99, promovido contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Sgaravatti                       Por último, la recurrente impugna la afirmación del Tribunal
                         Mediterranea Srl                                 de Primera Instancia en el sentido de que no se produjo
                                                                          violación alguna del principio de «non bis in idem», porque la
                      (Asunto C-455/02 P)                                 sanción impuesta mediante el requerimiento nacional fue
                                                                          posterior a la Decisión comunitaria. Según la recurrente,
                          (2003/C 44/25)                                  cuando la Comisión decidió suprimir la ayuda, sabía o hubiera
                                                                          debido saber que iba a imponérsele una sanción administrativa
                                                                          nacional.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 13 de diciembre de 2002 un recurso de casación
formulado por Sgaravatti Mediterranea Srl, con domicilio
social en Capoterra (CA), Italia, representada por los Sres.
Massimo Merola y Piero A.M. Ferrari, abogados, contra la
sentencia dictada el 26 de septiembre de 2002 por la Sala
Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas en el asunto T-199/99, promovido contra la Comi-
sión de las Comunidades Europeas por Sgaravatti Mediterranea              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Srl.                                                                      lución del Tribunal du travail de Bruxelles, de fecha
                                                                          21 de noviembre de 2002, en el asunto entre Michel
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:                 Trojani y Centre public d’aide sociale de Bruxelles,
                                                                                C.P.A.S.
—     Con carácter principal, anule la sentencia del Tribunal de
      Primera Instancia de 26 de septiembre de 2002 en el
      asunto T-199/99, y                                                                        (Asunto C-456/02)
—     Anule la Decisión C (1999) 1502 de la Comisión, de 4 de
      junio de 1999, o, con carácter subsidiario, devuelva el                                     (2003/C 44/26)
      asunto al Tribunal de Primera Instancia conforme al
      artículo 54 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia.
—     En cualquier caso, condene a la Comisión al pago de las
                                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      costas en ambas instancias.                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                          resolución del Tribunal du travail de Bruxelles, dictada el
                                                                          21 de noviembre de 2002, en el asunto entre Michel Trojani y
Motivos y principales alegaciones                                         Centre public d’aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S., y recibida en
                                                                          la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de diciembre
La recurrente impugna la utilización inapropiada del acta de la           de 2002. El Tribunal du travail de Bruxelles solicita al Tribunal
Guardia di Finanza como medio de prueba suficiente por                    de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:


title: Asunto C-61/12: Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2012 — Comisión Europea/República de Lituania

text:
               21.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/12

         Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2012 — Comisión Europea/República de Lituania
   (Asunto C-61/12)
   2012/C 118/20
   Lengua de procedimiento: lituano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Steiblytė, G. Wilms y G. Zavvos)

      Demandada: República de Lituania

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Lituania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 70/311/CEE del Consejo, (1) de 8 de junio de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los mecanismos de dirección de los vehículos a motor y de sus remolques, la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (2) de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, y el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al prohibir la matriculación de vehículos de pasajeros cuyo volante está instalado en la parte derecha y/o al exigir, antes de proceder a la matriculación, que el volante instalado en la parte derecha de un vehículo nuevo de pasajeros o de un vehículo matriculado con anterioridad en otro Estado miembro se traslade a la parte izquierda.

               —

               Que se condene en costas a la República de Lituania.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               La Comisión alega que, en virtud de la normativa de la República de Lituania, no se permite matricular vehículos nuevos de pasajeros con el mecanismo de dirección a la derecha, aunque estos vehículos cumplen todos los requisitos establecidos en la Directiva Marco 2007/46/CE y en las Directivas específicas mencionadas en su anexo IV. El 29 de abril de 2009, la Directiva 2007/46/CE anuló y modificó la Directiva 70/156/CEE. (3) Los Estados miembros debían adaptar su Derecho interno a las disposiciones de la Directiva 2007/46/CE antes del 29 de abril de 2009.

               2)

               La demandante sostiene que, con arreglo al artículo 4, apartado 3 de la Directiva marco 2007/46/CE, las autoridades competentes de un Estado miembro deben matricular un nuevo vehículo de pasajeros si satisface los requisitos técnicos establecidos en esta Directiva y en las Directivas específicas. La Directiva 2007/46/CE no recoge la posibilidad de que se deniegue la matriculación de un vehículo nuevo de pasajeros debido al lado en el que se instala el mecanismo de dirección. Confirman también esta conclusión las disposiciones de la Directiva 70/311/EEC que se especifican en el anexo IV a la Directiva marco. El artículo 2 bis de la Directiva 70/311/CEE prohíbe a un Estado miembro que deniegue la matriculación de un vehículo de pasajeros basándose en su mecanismo de dirección si éste cumple los requisitos establecidos en esta Directiva. No se especifica en los anexos a la Directiva 70/311/CEE en qué lado ha de montarse el mecanismo de dirección, ni tampoco se especifica que el carril de la calzada en el que ha de conducirse el vehículo determine el lado del mecanismo de dirección en el vehículo.

               3)

               A juicio de la Comisión, cuando un vehículo de pasajeros satisface todos los requisitos de la Directivas mencionadas, no existen motivos que puedan permitir a los Estados miembros en los que se circula por la derecha de la calzada que exijan que el volante se traslade al lado derecho para matricular el vehículo. Para garantizar la seguridad vial, la adaptación, con arreglo a la Directiva marco y a las Directivas específicas, de un vehículo con el volante a la derecha a la circulación por la vía de la derecha no requiere que se transfiera el volante al lado izquierdo.

               4)

               La Comisión considera que la normativa lituana tampoco permite matricular vehículos de pasajeros matriculados con anterioridad en otro Estado miembro cuyo mecanismo de dirección esté en el lado derecho. Ha de señalarse que en la normativa de la República de Lituania no se realiza ninguna distinción dependiendo de si tal vehículo había sido matriculado con anterioridad en un Estado miembro en el que se circula por la vía de la izquierda o en un Estado miembro en el que se circula por la vía de la derecha.

               5)

               Según la demandante, el artículo 34 TFUE, que prohíbe las restricciones cuantitativas al comercio y todas las medidas de efecto equivalente, es de aplicación a estas prohibiciones. Sobre la base de jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, las medidas legislativas de los Estados miembros que puedan obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio en la Unión Europea deben considerarse medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas al comercio.

               6)

               Afirma la Comisión que la prohibición aplicada por la República de Lituania, que impide la matriculación de vehículos de pasajeros con el mecanismo de dirección en el lado derecho, cuando dichos coches han sido matriculados anteriormente en otro Estado miembro, tiene un efecto equivalente a las restricciones cuantitativas en el sentido del artículo 34 TFUE, ya que las mercancías de otro Estado (vehículos de pasajeros producidos y matriculados en otro Estado miembro) no pueden comercializarse en el mercado lituano a menos que se traslade su mecanismo de dirección al otro lado. La negativa a matricular vehículos con el mecanismo de dirección en la parte derecha obliga a los dueños de tales vehículos a llevar a cabo el traslado (comparativamente costoso) del mecanismo de dirección y disuade la importación de tales vehículos en la República de Lituania.

               7)

               Para la demandante, la negativa a matricular vehículos de pasajeros con el volante en el lado derecho en la República de Lituania no es un medio apropiado de asegurar la seguridad vial. En opinión de la Comisión, un coche con el volante en el lado derecho no genera problemas de seguridad vial, sino que el conductor ha de acostumbrarse a conducir un vehículo con el mecanismo de dirección en el lado derecho circulando por la vía de la derecha, de modo que la conducción de tal vehículo no suponga un riesgo para otros usuarios de la carretera. La Comisión desea llamar la atención del Tribunal de Justicia sobre la incongruencia de la postura de la República de Lituania: las personas que ocasionalmente conducen vehículos de pasajeros con el volante en el lado derecho (por ejemplo, turistas), que no están acostumbrados a las características particulares de la circulación por la vía de la derecha, generan un mayor riesgo para la seguridad vial que los conductores que conducen habitualmente tales coches por la vía de la derecha. Con el transcurso del tiempo, los conductores que conducen habitualmente vehículos con el volante en el lado derecho se acostumbran a la circulación por la vía de la derecha y no generan ningún riesgo para la seguridad vial.

      (1)  Directiva 70/311/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los mecanismos de dirección de los vehículos a motor y de sus remolques (DO L 133, p. 10; EE 13/01, p. 221).

      (2)  Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263, p. 1).

      (3)  Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques (DO L 42, p. 1; EE 13/01, p. 174).