title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 23 de febrero de 1995 en los asuntos acumulados C-358/93 y C-416/93 (peticiones de decisión prejudicial presentadas por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional): Aldo Bordessa y Vicente Marí Mellado, Concepción Barbero Maestre (Directiva 88/361/CEE - Autorización nacional para la transferencia de billetes de banco)

text:
 N° C 87/2             ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        8 . 4 . 95
 en particular del Protocolo n° 3 anejo a éste, relativo a la           la ayuda concedida por el Gobierno italiano a Aluminia y
 definición de la noción de « productos originarios » y a los           Comsal, dos empresas públicas de la industria del alumi
métodos de cooperación administrativa, el Tribunal de                   nio (2), al dejar de exigir el reembolso de las ayudas
Justicia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres .: C. Gulmann,         indebidamente pagadas en 1987 a la sociedad Aluminia y a
Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida y D.A.O.                   la sociedad Comsal, pertenecientes al grupo EFIM, el
 Edward ( Ponente ), Jueces; Abogado General : Sr. C.O. Lenz;          Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres .:
 Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; ha                F.A. Schockweiler (Ponente ), Presidente de Sala; G.F.
 dictado el 23 de febrero de 1995 una sentencia cuyo fallo es          Mancini, C.N. Kakouris y J.L. Murray, y G. Hirsch, Jueces;
el siguiente:                                                          Abogado General : Sr. F.G. Jacobs; Secretario : Sr. R. Grass,
                                                                       ha dictado el 9 de febrero de 1995 una sentencia cuyo fallo
                                                                       es el siguiente :
Es posible prescindir de la presentación de los documentos
mencionados en el Título II del Protocolo del Acuerdo entre
la Comunidad Económica Europea y la República de                        1 ) Se declara que la República Italiana ha incumplido las
Austria, en su redacción resultante del Reglamento (CEE)                     obligaciones que le incumben en virtud del Tra
n° 1598/88 del Consejo, de 14 de mayo de 1 988, relativo a la                tado CEE y, en particular, de la Decisión 90/224/CEE
aplicación de la Decisión n° 1 /88 del Comité Mixto                         de la Comisión, de 24 de mayo de 1 989, sobre la ayuda
 CEE-Austria que modifica el Protocolo n° 3 relativo a la                    concedida por el Gobierno italiano a Aluminia y
definición de la noción de «productos originarios » y a los                  Comsal, dos empresas públicas de la industria del
métodos de cooperación administrativa, cuando el origen de                  aluminio (2), al dejar de exigir el reembolso de las ayudas
las mercancías se haya determinado con certeza mediante                     indebidamente pagadas en 1987 y la sociedad Aluminia
pruebas objetivas, que no puedan haber sido manipuladas ni                  y a la sociedad Comsal, pertenecientes al grupo
falsificadas por los interesados, se haya comprobado que                    EFIM.
tanto el importador como el exportador han empleado la
diligencia necesaria para conseguir los documentos mencio
nados en el Protocolo y no puedan presentar estos docu                2 ) Se condena en costas a la República Italiana.
mentos por razones que les son ajenas, como, especialmente,
un comportamiento contrario a la competencia por parte de              (!) DO n° C 231 de 27. 8 . 1993 .
otras personas interesadas, que infringe tanto la finalidad            (2 ) DO n° L 118 de 9 . 5 . 1990 , p . 42 .
como el texto del Acuerdo.
(M DO n° C 215 de 10 . 8 . 1993 .
(2 ) DO n° L 300 de 31 . 12 . 1972, p . 1 ; EE 11 /03 , p . 3 .
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                de 23 de febrero de 1995
                                                                       en los asuntos acumulados C-358/93 y C-416/93 (peticio
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                  nes de decisión prejudicial presentadas por el Juzgado
                                                                       Central de lo Penal de la Audiencia Nacional): Aldo
                            ( Sala Sexta)                              Bordessa y Vicente Mari Mellado, Concepción Barbero
                   de 23 de febrero de 1995                                                         Maestre (*)
en el asunto C-349/93 : Comisión de las Comunidades                    (Directiva 88/361/CEE — Autorización nacional para la
            Europeas contra República Italiana í 1 )                                 transferencia de billetes de banco)
(Ayudas de Estado — Decisión de la Comisión por la que se                                         ( 95/C 87/04
          ordena la restitución — Incumplimiento)
                          ( 95/C 87/03 )                                            (Lengua de procedimiento: español)
             (Lengua de procedimiento: italiano)                       En los asuntos acumulados C-358/93 y C-416/93 , que
                                                                       tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi           Justicia de las Comunidades Europeas, con arreglo al
cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal             artículo 177 del Tratado CEE, por el Juzgado Central de lo
      de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia»)                Penal de la Audiencia Nacional, en los procesos penales
                                                                       seguidos ante dicho órgano jurisdiccional contra Aldo
                                                                       Bordessa (asunto C-358/93 ) y Vicente Mari Mellado,
En el asunto C-349/93 , Comisión de las Comunidades                    Concepción Barbero Maestre (asunto C-416/93 ), con el fin
Europeas (Agentes: Sres. Antonino Abate y Vittorio Di                  de obtener una decisión prejudicial sobre la interpretación
Bucci ) contra República Italiana (Agente : Sr. Luigi Ferrari          de los artículos 30 y 59 del Tratado CEE, así como de los
Bravo ) que tiene por objeto que se declare que la República           artículos 1 y 4 de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de
Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en             24 de junio de 1988 , para la aplicación del artículo 67 del
virtud del Tratado CEE y, en particular, de la Decisión                Tratado (2 ), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres .:
90/224/CEE de la Comisión, de 24 de mayo de 1989, sobre                G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; F.A. Schockweiler y
 ---pagebreak--- 8 . 4 . 95             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 87/3
P.J.G. Kapteyn (Juez Ponente ), Presidentes de Sala; G.F.           plaguicidas en determinados productos de origen vegetal,
Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida y J.L.             incluidas las frutas y hortalizas (2 ), el Tribunal de Justicia
Murray, Jueces; Abogado General: Sr. G. Tesauro; Secreta           ( Sala Cuarta ), integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn,
ria: Sra. L. Hewlett, administradora principal; ha dictado el       Presidente de Sala; C.N. Kakouris (Ponente ) y J.L. Murray,
23 de febrero de 1995 una sentencia cuyo fallo es el                Jueces; Abogado General: Sr. C.O. Lenz; Secretario : Sr. R.
siguiente :                                                         Grass; ha dictado el 23 de febrero de 1995 una sentencia
                                                                    cuyo fallo es el siguiente:
1 ) Una normativa que supedita la exportación de mone
      das, billetes de banco o cheques al portador a una            La Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre
      autorización administrativa o a una declaración previa y      de 1 990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de
      que apareja sanciones penales a dicha exigencia no está       residuos de plaguicidas en determinados productos de
      comprendida en el ámbito de aplicación de los artícu         origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, no se opone a
      los 30 y 59 del Tratado.                                      una normativa nacional que fija contenidos máximos
                                                                    autorizados para los residuos de clorprofam y profam en las
2 ) Los artículos 1 y 4 de la Directiva 88/361 /CEE del             patatas así como las modalidades de control de la obser
      Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del       vancia de dichos contenidos, sin perjuicio de las disposicio
      artículo 67 del Tratado, se oponen a que la exportación       nes de los artículos 30 y 36 del Tratado CE.
      de monedas, billetes de banco o cheques al portador se
      supedite a una autorización previa, pero, por el contra      (M DO n° C 103 de 11 . 4 . 1994 .
      rio, no se oponen a que dicha operación se supedite a         ( 2 ) DO n° L 350 de 14 . 12 . 1990, p . 71 .
      una declaración previa.
3 ) Las disposiciones del artículo 1 , en relación con el
      artículo 4 de la Directiva 88/361 /CEE, pueden invo
      carse ante el órgano jurisdiccional nacional y dar lugar a                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL
      la inaplicabilidad de las normas nacionales contrarias a                           de 7 de marzo de 1995
      dichas disposiciones.                                         en el asunto C-68/93 (petición de decisión prejudicial
f 1 ) DO n° C 235 de 31 . 8 . 1993 ,
                                                                    presentada por la House of Lords ): Fiona Shevill, Ixora
      DO n° C 298 de 4 . 11 . 1993 .                                Trading Inc., Chequepoint Sàrl, Chequepoint International
(2 ) DO n° L 178 de 8 . 7. 1988 , p. 5 .                                            Ltd contra Presse Alliance SA ( ! )
                                                                     (Convenio de Bruselas — Artículo 5, número 3 — Lugar
                                                                     donde se hubiere producido el hecho dañoso — Difamación
                                                                                mediante artículo de prensa)
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                                         ( 95/C 87/06 )
                           (Sala Cuarta)                                           Lengua de procedimiento: inglés)
                    de 23 de febrero de 1995
                                                                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
en los asuntos acumulados C-54/94 y C-74/94 (peticiones
                                                                     cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de decisión prejudicial presentadas por la Pretura circonda               de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia»)
riale de Macerata: procesos penales contra Ulderico Cac
                 chiarelli y Gino Stanghellini ( x )                 En el asunto C-68/93 , que tiene por objeto una petición
 (Directivas 76/895/CEE y 90/642/CEE del Consejo —                   dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3
Contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las                 de junio de 1971 , relativo a la interpretación por el Tribunal
                               patatas)                              de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre
                            ( 95/C 87/05 )                           la competencia judicial y la ejecución de resoluciones
                                                                    judiciales en materia civil y mercantil, por la House of Lords,
              (Lengua de procedimiento: italiano)                    destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
                                                                     órgano jurisdiccional entre Fiona Shevill, Ixora Trading
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi          Inc., Chequepoint Sàrl, Chequepoint International Ltd y
cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal           Presse Alliance SA, una decisión prejudicial sobre la
       de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia»)             interpretación del número 3 del artículo 5 del Convenio
                                                                     antes mencionado, de 27 de septiembre de 1968 ( 2 ), en su
En los asuntos acumulados C-54/94 y C-74/94, que tienen              versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de
por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de                1978 , relativo a la adhesión del Reino dé Dinamarca, de
Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el         Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Juez encargado de las investigaciones preliminares en la             Norte ( 3 ) y por el Convenio de 25 de octubre de 1982,
Pretura circondariale di Macerata ( Italia ), destinadas a           relativo a la adhesión de la República Helénica (4), el
obtener, en los procedimientos de instrucción penal segui          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, inte
dos ante dicho órgano jurisdiccional contra Ulderico                 grado por los Sres .: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; F.A.
Cacchiarelli ( asunto C-54/94 ) y Gino Stanghellini ( asunto         Schockweiler (Ponente ); P.J.G. Kapteyn y C. Gulmann,
C-74/94 ), una decisión prejudicial sobre la interpretación de       Presidentes de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C.
la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de           Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P.
1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de            Puissochet y G. Hirsch, Jueces; Abogado General, Sr. M.


title: Asunto C-486/13: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n ° 2 de Marchena (España) el 10 de septiembre de 2013 — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez

text:
               30.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 352/6

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (España) el 10 de septiembre de 2013 — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez
   (Asunto C-486/13)
   2013/C 352/10
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Caixabank SA

      Demandada: Antonio Galán Rodríguez

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo (1), de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular con el artículo 6.1 de la Directiva, y a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad, cuando un Juez Nacional aprecie la existencia de una cláusula abusiva relativa a interés moratorio en préstamos hipotecarios debe proceder a declarar la nulidad de la cláusula y su carácter no vinculante o por el contrario debe proceder a moderar la cláusula de intereses dando traslado al ejecutante o prestamista para que recalculen los intereses

               2)

               Si la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013 de 14 de Mayo, no supone sino una limitación clara a la protección del interés del consumidor, al imponer implícitamente al órgano jurisdiccional la obligación de moderar una cláusula de interés de demora que haya incurrido en abusividad, recalculando los intereses estipulados y manteniendo la vigencia de una estipulación que tenía un carácter abusivo, en lugar de declarar la nulidad de la cláusula y la no vinculación del consumidor a la misma.

               3)

               Si la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013 de 14 de Mayo, contraviene la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular el artículo 6.1 de la mencionada directiva, al impedir la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad en materia de protección al consumidor y evitar la aplicación de la sanción de nulidad y no vinculación sobre las cláusulas de interés de demora incursas en abusividad estipuladas en préstamos hipotecarios concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 de 14 de Mayo.

      (1)  DO L 95, p. 29


title: Asunto F-81/14: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez Único) de 27 de octubre de 2015 — Labiri/Comité de las Regiones (Función Pública — Funcionarios — Ejercicio de promoción 2013 — Decisión de no promover a la demandante — Artículo 45, apartado 1, del Estatuto — Comparación de méritos)

text:
               7.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 406/44

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez Único) de 27 de octubre de 2015 — Labiri/Comité de las Regiones
   (Asunto F-81/14) (1)

   ((Función Pública - Funcionarios - Ejercicio de promoción 2013 - Decisión de no promover a la demandante - Artículo 45, apartado 1, del Estatuto - Comparación de méritos))
   (2015/C 406/45)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Vassilliki Labiri (Bruselas, Bélgica) (representantes: inicialmente J.-N. Louis, D. de Abreu Caldas y R. Metz, abogados, posteriormente J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke y T. Van Lysebeth, abogados)

      Demandada: Comité de las Regiones de la Unión Europea (representantes: J.C. Cañoto Argüelles y S. Bachotet, agentes, asistidos inicialmente por B. Cambier y G. Ladrière, abogados, y posteriormente por B. Cambier y T. Cambier, abogados)

      Objeto

   Anulación de la decisión de no promover a la demandante al grado siguiente (AD 13) en el ejercicio de promoción del año 2013 del Comité de las Regiones (CdR).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La Sra. Labiri cargará con sus propias costas y con las del Comité de las Regiones de la Unión Europea.

      (1)  DO C 388, de 3.11.2014, p. 32.


title: Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 1998 por el Sr. Anthony Goldstein contra la sentencia dictada el 16 de marzo de 1998 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-235/95, promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-199/98 P)

text:
C 234/18                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          25.7.98
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:            El Industrial Tribunal, Bristol, solicita al Tribunal de Justi-
                                                                     cia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
Ð Declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del artículo 171         «Cuando
     del Tratado CE al no haber dispuesto las medidas                i)   un trabajador por cuenta ajena trabaja en un Estado
     necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribu-              miembro para un empresario constituido como socie-
     nal de Justicia, de 23 de marzo de 1995, en el asunto                dad en otro Estado miembro;
     C-365/93 (1) y, en particular, al no haber adoptado y,
     con caraÂcter subsidiario, no haber comunicado a la             ii) el empresario tiene una sucursal en el Estado miembro
     Comisión las disposiciones legislativas, reglamentarias              en que ejerce su actividad el trabajdor por cuenta
     y administrativas necesarias para atenerse a la totali-              ajena, y dicha sucursal estaÂ registrada con arreglo a las
     dad de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de                  disposiciones nacionales de adaptación del Derecho
     diciembre de 1988, relativa a un sistema general de                  interno a la Directiva 89/666/CEE (1) del Consejo
     reconocimiento de los títulos de ensenÄanza superior                 (UndeÂcima Directiva sobre Derecho de sociedades),
     que sancionan formaciones profesionales de una dura-                 aunque no estaÂ constituida como sociedad ni tiene per-
     ción mínima de tres anÄos (2).                                       sonalidad jurídica independiente de la del empresario
                                                                          en dicho Estado miembro, y
Ð Condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.
                                                                     iii) tanto el empresario como el trabajador estaÂn obligados
Motivos y principales alegaciones                                         a pagar cotizaciones a la Seguridad Social en el Estado
                                                                          miembro en que ejerce su actividad el trabajador;
Conforme al artículo 171 del Tratado CE, si el Estado
miembro no adoptare, dentro del plazo establecido por la             con arreglo al artículo 3 de la Directiva 80/987/CEE (2) del
Comisión, las medidas necesarias para la ejecución de la             Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación
sentencia mediante la cual el Tribunal de Justicia declaró           de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la
que dicho Estado miembro ha incumplido las obligaciones              protección de los trabajadores asalariados en caso de
que le incumben en virtud del Tratado, la Comisión podraÂ            insolvencia del empresario, ¿queÂ institución de garantía
someter el asunto al Tribunal de Justicia. La Comisión               responde de las correspondientes cantidades adeudadas?
indicaraÂ el importe que considere adecuado a las circuns-           a) ¿la institución de garantía del Estado miembro en el
tancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva                 que se solicitó la apertura del procedimiento concur-
que deba ser pagada por el Estado miembro afectado. La                    sal? o bien
no adaptación del ordenamiento jurídico griego a la Direc-
                                                                     b) ¿la institución de garantía del Estado miembro en el
tiva 89/48/CEE constituye una violación de los principios
                                                                          que ejerce su actividad el trabajador y en el que el
fundamentales de la libre circulación de personas y de la
                                                                          empresario tiene una presencia comercial perma-
libre prestación de servicios, habiendo transcurrido ya tres
                                                                          nente?»
anÄos desde que recayó sentencia del Tribunal de Justicia
en el asunto C-365/93. Teniendo en cuenta la gravedad y
                                                                     (1) Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
la duración de la infracción, así como la necesidad de
                                                                         1989, UndeÂcima Directiva relativa a la publicidad de las socie-
garantizar el efecto disuasorio de la sanción, la Comisión               dades constituidas en un Estado miembro por determinadas
solicita al Tribunal de Justicia que imponga una multa                   formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado
coercitiva por importe de 41 000 ECU por cada día de                     (DO L 395 de 30.12.1989, p. 36).
demora, calculada a partir del día en que se notificó a la           (2) DO L 283 de 20.10.1980, p. 23; EE 05/02, p. 219.
RepuÂblica HeleÂnica la sentencia del Tribunal de Justicia en
el citado asunto y hasta el día en que cese la infracción.
(1) Rec. p. I-499.                                                   Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 1998
(2) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.
                                                                     por el Sr. Anthony Goldstein contra la sentencia dictada el
                                                                     16 de marzo de 1998 por la Sala Tercera del Tribunal de
                                                                     Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                     asunto T-235/95, promovido contra la Comisión de las
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                               Comunidades Europeas
lución del Industrial Tribunal Bristol, de fecha 6 de mayo                                (Asunto C-199/98 P)
de 1998, en el asunto entre 1) G. Everson y 2) T. J.                                          (98/C 234/36)
Barrass y 1) Secretary of State for Trade and Industry y 2)
                 Bell Lines Ltd. (in liquidation)                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                       (Asunto C-198/98)                             ha presentado el 25 de mayo de 1998 un recurso de casa-
                                                                     ción formulado por el Sr. Anthony Goldstein, meÂdico,
                          (98/C 234/35)
                                                                     representado por el Sr. Raymond St John Murphy, Solici-
                                                                     tor, de Merriman White, Solicitors, 3 King's Bench Walk,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                     Inner Temple, London EC4Y 7DJ, contra el auto dictado
sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                     el 16 de marzo de 1998 por la Sala Tercera del Tribunal
mediante resolución del Industrial Tribunal Bristol, dictada
                                                                     de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
el 6 de mayo de 1998 en el asunto entre 1) G. Everson y
                                                                     asunto T-235/95, promovido contra la Comisión de las
2) T. J. Barrass y 1) Secretary of State for Trade and
                                                                     Comunidades Europeas.
Industry y 2) Bell Lines Ltd. (in liquidation), y recibida en
la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de mayo de              La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
1998.                                                                Comunidades Europeas que:
 ---pagebreak--- 25.7.98              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 234/19
Ð Anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de 16           Reino de BeÂlgica formulado por la Comisión de las Comu-
    de marzo de 1998 en el asunto T-235/95, Goldstein/            nidades Europeas, representada por la Sra. Maria Patakia,
    Comisión (no publicado en la Recopilación de Juris-           miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que
    prudencia del Tribunal de Justicia), mediante el cual el      designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
    Tribunal de Justicia declaró la inadmisibilidad de un         Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
    recurso por el que se solicitaba la anulación de la
    Decisión de la Comisión de 16 de octubre de 1995,
                                                                  La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
    por la que se deniega la adopción de medidas provisio-
                                                                  bunal de Justicia que:
    nales para proteger los legítimos intereses del deman-
    dante.
                                                                  1. Declare que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las
Ð Condene en costas a la Comisión, incluidas las del                  obligaciones que le incumben en virtud de los
    procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.              artículos 6, 52 y 59 del Tratado CE, al exigir a los
                                                                      operadores comunitarios un período de residencia o de
Motivos y principales alegaciones                                     establecimiento en BeÂlgica de un anÄo para matricular
                                                                      allí aeronaves, en virtud de las letras c) y d) del
La parte recurrente afirma que el Tribunal de Primera Ins-
                                                                      paÂrrafo segundo del apartado 3 del artículo 3 del Real
tancia no oyó a ninguÂn Abogado General, infringiendo de
                                                                      Decreto de 15 de marzo de 1954 por el que se regula
esta forma lo dispuesto en los artículos 111 y 114 de su
                                                                      la navegación aeÂrea y al denegar a los operadores
Reglamento de Procedimiento.
                                                                      comunitarios las autorizaciones de vuelo solicitadas
Mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de              por eÂstos, obstaculizando así de manera injustificada o
marzo de 1997, la decisión sobre la excepción de inadmisi-            excesiva determinadas prestaciones de servicios con
bilidad se reservó para la sentencia definitiva, basaÂndose           caraÂcter temporal o permanente, en el sector de la
en que en las circunstancias del presente caso debía conti-           navegación aeÂrea, distintas de las de transporte.
nuarse el procedimiento sobre el fondo antes de adoptar
una decisión sobre la excepción de inadmisibilidad pro-           2. Condene en costas al Reino de BeÂlgica.
puesta por la parte demandada.
La parte recurrente afirma que el Tribunal de Primera Ins-        Motivos y principales alegaciones
tancia no estaÂ facultado para invalidar una decisión del
Tribunal de Primera Instancia a menos que concurran cir-          Ð Infracción del artículo 59 del Tratado CE: Las solicitu-
cunstancias excepcionales y que, al pronunciarse sobre la             des de autorizaciones de vuelo presentadas por algunos
excepción de inadmisibilidad sin examinar el fondo del                operadores comunitarios que desean realizar la activi-
asunto, el Tribunal de Primera Instancia le privó de una              dad de fotografía aeÂrea en el territorio belga acabaron
vista y de un informe del Juez Ponente que recogiese los              siendo denegadas sistemaÂticamente por las autoridades
hechos y fundamentos de Derecho, lo que constituye una                competentes tras haber especificado eÂstas que, en cual-
denegación de justicia, en la medida en que tenía con-                quir caso, la autorización sólo podría concederse por
fianza legítima en obtener una sentencia acorde con las               un período limitado y para fines bien precisos. La jus-
oblicaciones del Tribunal de Primera Instancia derivadas              tificación basada en la inexistencia de reciprocidad
del Tratado.                                                          revela ante todo una actitud administrativa contraria
                                                                      al principio comunitario de no discriminación. Ade-
AdemaÂs, la parte recurrente alega que el auto impugnado
                                                                      maÂs, el principio de la libre prestación de servicios
distorsionó el claro sentido de las pruebas con el fin de
                                                                      exige que la valoración de la capacidad moral, finan-
ocultar la existencia de un fraude en materia de titulación
                                                                      ciera y teÂcnica, con arreglo al artículo 51 del Real
meÂdica. El recurrente alega asimismo que el auto impug-
                                                                      Decreto de 15 de marzo de 1954, de un particular o
nado demuestra que el Tribunal de Primera Instancia incu-
                                                                      de una empresa no nacional sea efectuada por el
rrió en desviación de poder.
                                                                      Estado miembro de origen y que, por consiguiente, la
La parte recurrente afirma que el razonamiento recogido               apreciación por parte de las autoridades del Estado
en el auto impugando es jurídicamente defectuoso y no se              miembro de destino no puede no tener en cuenta las
basa en una situación de hecho y de Derecho determinada               prescripciones que ese mismo operador respete ya en
objetivamente.                                                        su país de origen.
                                                                  Ð Infracción de los artículos 6 y 52 del Tratado CE: Las
                                                                      disposiciones del Real Decreto de 1954 citadas en las
                                                                      pretensiones no son conformes a los artículos 6 y 52
                                                                      del Tratado CE en la medida en que tratan de manera
Recurso interpuesto el 28 de mayo de 1998 contra el                   discriminatoria a las personas físicas y jurídicas
Reino de BeÂlgica por la Comisión de las Comunidades                  extranjeras y constituyen obstaÂculos al establecimiento
                          Europeas                                    de eÂstas, excluyendo categóricamente toda matricula-
                     (Asunto C-203/98)                                ción de un avión que pertenezca a una persona o a
                       (98/C 234/37)                                  una sociedad extranjera durante su primer anÄo de resi-
                                                                      dencia en BeÂlgica.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 28 de mayo de 1998 un recurso contra el


title: Asunto T-202/10 RENV: Auto del Tribunal General de 12 de mayo de 2015 — Stichting Woonlinie y otros/Comisión («Ayudas de Estado — Vivienda de protección oficial — Régimen de ayudas concedidas en favor de entidades promotoras de vivienda de protección oficial — Ayudas existentes — Decisión que acepta los compromisos del Estado miembro — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»)

text:
               6.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/15

         Auto del Tribunal General de 12 de mayo de 2015 — Stichting Woonlinie y otros/Comisión
   (Asunto T-202/10 RENV) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Vivienda de protección oficial - Régimen de ayudas concedidas en favor de entidades promotoras de vivienda de protección oficial - Ayudas existentes - Decisión que acepta los compromisos del Estado miembro - Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»))
   (2015/C 221/21)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandantes: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Países Bajos), Stichting Allee Wonen (Roosendaal, Países Bajos), Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Países Bajos), Stichting WoonInvest (Leidschendam-Voorburg, Países Bajos), Stichting Woonstede (Ede, Países Bajos) (representantes: inicialmente P. Glazener y E. Henny, posteriormente P. Glazener, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: P.-J. Loewenthal y S. Noë, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de las demandantes: Reino de Bélgica (representantes: inicialmente T. Materne y J.-C. Halleux, posteriormente J.-C. Halleux, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Países Bajos) (representante: M. Meulenbelt, abogado)

      Objeto

   Anulación parcial de la Decisión C(2009) 9963 final de la Comisión, de 15 de diciembre de 2009, relativa a las ayudas de Estado E 2/2005 y N 642/2009 — Países Bajos — Ayuda existente y ayuda específica por proyecto concedida a entidades promotoras de vivienda de protección oficial.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest y Stichting Woonstede cargarán con sus propias costas y con las soportadas por la Comisión Europea.

               3)

               El Reino de Bélgica y el Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 179, de 3.7.2010.


title: Asunto C-280/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundesverwaltungsgericht de fecha 6 de abril de 2000, en el asunto entre, por una parte, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidiums Magdeburg y, por otra, Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, en el que interviene el Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht

text:
C 273/8                  ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             23.9.2000
      El préstamo del Land de Brandenburg por importe de                     —      Violación del principio de seguridad jurı́dica: la Decisión
      70,3 millones de DEM no puede ser tratado de manera                           no es suficientemente precisa, en la medida en que con
      distinta a prestaciones equivalentes del Treuhandanstalt.                     ella se exige la recuperación de ayudas de cualquier
      El Land de Brandenburg habı́a prometido, como parte                           empresa «a la que se hayan transferido o se transfieran los
      integrante del contrato de privatización, una financiación                  bienes de SMI, SiMI o MD&D con el fin de eludir las
      por importe de 35 millones de DEM. Esta medida adop-                          consecuencias de la Decisión».
      tada en el marco de la privatización está justificada, con
      arreglo al régimen del Treuhand, porque la promesa era
      parte integrante y presupuesto del contrato de privatiza-              Violación del principio de proporcionalidad.
      ción, y no puede ser relevante la fuente estatal de la
      que procedan efectivamente las cantidades admisibles
      conforme al régimen del Treuhand. Tras la adquisición de
      la participación por parte del Treuhandanstalt, el Land de
      Brandenburg concedió otros 35,3 millones de DEM de
      préstamo. Este préstamo constituı́a una medida de ejecu-
      ción del contrato por parte del Land de Brandenburg, que
      era admisible con arreglo al régimen del Treuhand, pero
      que en cualquier caso podı́a ser autorizada. En este                   Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      contexto, la Comisión no realizó, sin embargo, ningún               lución del Bundesverwaltungsgericht de fecha 6 de abril
      examen de la compatibilidad del préstamo.                              de 2000, en el asunto entre, por una parte, Altmark Trans
                                                                             GmbH y Regierungspräsidiums Magdeburg y, por otra,
                                                                             Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, en el que inter-
S o b r e l a r e c u p e r a c i ó n d e l a s a y u d a s
                                                                             viene el Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungs-
                                                                                gericht
—     Incompetencia de la Comisión y extralimitación en sus
      facultades: la imposición de la obligación de recuperar las
      ayudas de terceros, que no las recibieron y que no tuvieron                                     (Asunto C-280/00)
      ninguna posibilidad de participar en el procedimiento,
      constituye una extralimitación de la Comisión en sus
      competencias. La Comisión no es competente para                                                 (2000/C 273/12)
      imponer esta obligación (incompetencia de la Comisión,
      artı́culo 230 CE, párrafo segundo). Según el artı́culo 88            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      CE, la competencia para llevar a cabo la recuperación                 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      corresponde exclusivamente a los Estados miembros, por                 resolución del Bundesverwaltungsgericht, dictada el 6 de abril
      lo que con arreglo al artı́culo 5 CE, párrafo segundo, la             de 2000, en el asunto entre, por una parte, Altmark Trans
      Comisión carece de competencia.                                       GmbH y Regierungspräsidiums Magdeburg y, por otra, Nah-
                                                                             verkehrsgesellschaft Altmark GmbH, en el que interviene el
      Además, mediante la Decisión impugnada la Comisión                  Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, y recibida
      interviene de manera inadmisible en el ordenamiento                    en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 14 de julio de 2000.
      jurı́dico de los Estados miembros, porque la obligación               El Bundesverwaltungsgericht solicita al Tribunal de Justicia que
      de recuperar ayudas de terceras personas supone la                     se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
      inaplicación de las disposiciones relativas al procedi-
      miento de quiebra supervisado judicialmente.
                                                                             Los artı́culos 73 CE y 87 CE, en relación con el Reglamento
      La Decisión es, además, ilı́cita, porque la Comisión no             (CEE) no 1191/69 (1), en la versión del Reglamento (CEE)
      establece qué comportamiento concreto o qué medidas                    no 1893/91 (2), ¿se oponen a la aplicación de una normativa
      constituyen una elusión de la obligación de devolución,             nacional que permite la adjudicación de licencias de transporte
      limitándose más bien a suposiciones, presunciones y                  de lı́nea para el transporte público de cercanı́as de personas en
      sospechas infundadas. La Comisión ignora además la                   el caso de servicios de transporte que dependen ineludible-
      naturaleza del procedimiento de quiebra alemán, que,                  mente de las subvenciones públicas, sin tener en cuenta lo
      sobre la base de un control judicial, no permite comporta-             dispuesto en las Secciones II, III y IV de dicho Reglamento?
      mientos ilı́citos sin sanción nacional. En el presente caso,
      no puede sostenerse que el sı́ndico haya realizado las
      enajenaciones de patrimonio que le imputa la Comisión                 (1) Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de
      (y que por tanto no sólo se haya expuesto a responsabili-                 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de
      dad civil, sino posiblemente también a responsabilidad                     obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector
      penal).                                                                    de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vı́a navegable
                                                                                (DO L 156 de 28.6.1969, p. 1; EE 08/01, p. 131).
                                                                             (2) Reglamento (CEE) no 1893/91 del Consejo, de 20 de junio de
—     Ampliación ilı́cita del número de destinatarios porque
                                                                                1991, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1191/69
      supuestamente no se recuperaron las ayudas: la Decisión                   (DO L 169 de 29.6.1991, p. 1).
      impugnada vulnera también el artı́culo 87 CE, apartado 1,
      porque no se favoreció a empresas que no participaron
      en el procedimiento, y mucho menos se pasó por alto un
      posible uso irregular de las ayudas.


title: Decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia en su reunión de 10 de octubre de 2000

text:
4.11.2000              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 316/1
                                                                    I
                                                            (Comunicaciones)
                                             TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                       TRIBUNAL DE JUSTICIA
Juramento de los nuevos Miembros del Tribunal de                       Decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia en su
                              Justicia                                               reunión de 10 de octubre de 2000
                        (2000/C 316/01)
                                                                                (2000/C 316/03)
Los Sres. von Bahr, da Cunha Rodrigues y Timmermans,
nombrados Jueces del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas por decisión de los Representantes de los Gobiernos          El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas de                 reunión de 10 de octubre de 2000, adoptó las decisiones
26 de julio de 2000 (1), para el perı́odo comprendido entre el         siguientes:
7 de octubre de 2000 y el 6 de octubre de 2006, prestaron
juramento ante el Tribunal de Justicia el 6 de octubre de 2000.
Los Sres. Tizzano y Geelhoed y la Sra. Stix-Hackl, nombrados           Adscripción de los Jueces Sres. von Bahr, da Cunha
Abogados Generales del Tribunal de Justicia de las Comunida-           Rodrigues y Timmermans
des Europeas por decisión de los Representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros de las Comunidades
Europeas de 26 de julio de 2000 (1), para el perı́odo compren-         El Tribunal de Justicia decidió adscribir a los Jueces Sres. von
dido entre el 7 de octubre de 2000 y el 6 de octubre de 2006,          Bahr y Timmermans a las Salas Cuarta y Quinta, y al Juez
prestaron juramento ante el Tribunal de Justicia el 6 de octubre       Sr. da Cunha Rodrigues, a las Salas Tercera y Sexta.
de 2000.
(1) DO L 199, p. 81, de 5 de agosto de 2000.
                                                                       Designación de los Presidentes de Sala
                                                                       El Tribunal de Justicia designó, de conformidad con el artı́-
                                                                       culo 10, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, para
                                                                       un perı́odo de un año a partir del 7 de octubre de 2000:
      Elección del Presidente del Tribunal de Justicia
                                                                       —     Al Juez Sr. Wathelet, Presidente de la Sala Primera,
                        (2000/C 316/02)
En su reunión de 10 de octubre de 2000, los Jueces del                —     al Juez Sr. Skouris, Presidente de la Sala Segunda,
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas eligieron, de
conformidad con el artı́culo 7, apartado 1, del Reglamento de
Procedimiento, Presidente del Tribunal de Justicia al Juez             —     al Juez Sr. La Pergola, Presidente de las Salas Cuarta y
Sr. Rodrı́guez Iglesias para el perı́odo comprendido entre el                Quinta,
7 de octubre de 2000 y el 6 de octubre de 2003.
                                                                       —     al Juez Sr. Gulmann, Presidente de la Salas Tercera y
                                                                             Sexta.
 ---pagebreak--- C 316/2                 ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      4.11.2000
Composición de las Salas                                              b)     los Jueces de la otra Sala pequeña, por el mismo orden.
                                                                       Para cada asunto, la Sala grande estará integrada por:
1.    La composición de las Salas para ese mismo perı́odo se
estableció de la siguiente manera:                                    —      el Presidente,
—    Sala Primera                                                      —      el Juez Ponente,
     Sr. Wathelet, Presidente de Sala,                                 —      tres Jueces designados siguiendo el orden de la lista
                                                                              correspondiente, desplazándose el punto de partida un
     Sres. Jann y Sevón, Jueces                                              nombre en cada reunión general.
—    Sala Segunda                                                      En caso de impedimento de uno o varios Jueces, la sustitución
                                                                       se hará siguiendo el orden de la lista. No obstante, en caso de
     Sr. Skouris, Presidente de Sala,                                  impedimento del Presidente de una Sala grande, éste deberá
                                                                       ser sustituido, preferentemente, por el Presidente de la Sala
     Sr. Schintgen y Sra. Colneric, Jueces                             pequeña.
—    Sala Tercera                                                      Cuando el Tribunal de Justicia o la Sala estime que varios
                                                                       asuntos deben ser examinados conjuntamente (hayan sido
     Sr. Gulmann, Presidente de Sala,                                  acumulados formalmente o no), la composición del Tribunal
                                                                       o de la Sala será la fijada para el primero de los asuntos
     Sr. Puissochet, Sra. Macken y Sr. da Cunha Rodrigues,             tratados en reunión general.
     Jueces
—    Sala Cuarta                                                       4.      Para el perı́odo que finalizará el 6 de octubre de 2001,
                                                                       las listas anteriormente mencionadas quedarán establecidas de
     Sr. La Pergola, Presidente de Sala,                               la siguiente forma:
     Sres. Edward, von Bahr y Timmermans, Jueces                       —      Sala Tercera
                                                                              (Presidente: Juez Sr. Gulmann)
—    Sala Quinta
                                                                              Sr. Puissochet, Sra. Macken y Sr. da Cunha Rodrigues,
     Sr. La Pergola, Presidente de Sala,                                      Jueces
     Sres. Wathelet, Edward, Jann, Sevón, von Bahr y Timmer-          —      Sala Cuarta
     mans, Jueces
                                                                              (Presidente: Juez Sr. La Pergola)
—    Sala Sexta
                                                                              Sres. Edward, von Bahr y Timmermans, Jueces
     Sr. Gulmann, Presidente de Sala,
                                                                       —      Sala Quinta
     Sres. Skouris, Puissochet, Schintgen, Sras. Macken, Colne-
     ric y Sr. da Cunha Rodrigues, Jueces                                     (Presidente: Juez Sr. La Pergola)
                                                                              Sres. Edward, von Bahr, Timmermans, Jann, Sevón y
2.    Para cada asunto que les sea atribuido, las Salas Tercera               Wathelet, Jueces
y Cuarta (a las que están adscritos cuatro Jueces), estarán
integradas por el Presidente, el Juez Ponente y un tercer Juez         —      Sala Sexta
designado siguiendo el orden de una lista confeccionada por
orden de antigüedad, cuyo punto de partida irá desplazándose                (Presidente: Juez Sr. Gulmann)
un nombre en cada reunión general.
                                                                              Sr. Puissochet, Sra. Macken, Sres. da Cunha Rodrigues,
                                                                              Schintgen, Skouris y Sra. Colneric, Jueces
3.    A efectos de determinar los cinco Jueces que conocerán          Designación del Primer Abogado General
de cada asunto atribuido a una Sala grande, a saber, las Salas
Quinta y la Sexta (a cada una de las cuales están adscritos siete
                                                                       Conforme al artı́culo 10, apartado 1, del Reglamento de Proce-
Jueces), se elaborará una lista para cada año judicial. Esta lista
                                                                       dimiento, el Tribunal de Justicia designó Primer Abogado
comprenderá a todos los Jueces que formen parte de la Sala, a
                                                                       General al Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer, para un perı́odo de un
excepción del Presidente, por el siguiente orden:
                                                                       año a partir del 7 de octubre de 2000.
a)   en primer lugar los Jueces de la Sala pequeña de cuatro
     miembros, por orden de antigüedad;


title: Asunto T-356/15: Recurso interpuesto el 6 de julio de 2015 — Austria/Comisión

text:
               12.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 337/14

         Recurso interpuesto el 6 de julio de 2015 — Austria/Comisión
   (Asunto T-356/15)
   (2015/C 337/17)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: República de Austria (representantes: C. Pesendorfer y H. Kristoferitsch, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión (UE) 2015/658 de la Comisión, de 8 de octubre de 2014, relativa a la medida de ayuda SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que el Reino Unido tiene previsto ejecutar en favor de la central nuclear de Hinkley Point C [notificada con el número C(2014) 7142] (DO 2015, L 109, p. 44).

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca diez motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la aplicación errónea del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) — Definición incorrecta del mercado y errónea suposición de deficiencias en el mercado
               La demandante alega que la Comisión autorizó indebidamente, a la luz del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), la ayuda proyectada, al considerar erróneamente que existe un mercado propio de la energía nuclear y que dicho mercado adolece de deficiencias.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) — Errónea consideración de la central nuclear como «nueva tecnología»
               Se alega con este motivo que la Decisión incurre también en nulidad por cuanto la Comisión invoca indebidamente que la tecnología de que se trata constituye una tecnología emergente.

               3.

               Tercer motivo, basado en la incorrecta aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) — Errónea suposición de una ayuda a la inversión
               En el marco del tercer motivo, la demandante alega que la Comisión supuso indebidamente que las medidas proyectadas constituyen una mera ayuda a la inversión. En realidad, la ayuda va más allá de una mera ayuda a la inversión y constituye una ayuda de funcionamiento, que es ilegal, conforme a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la incorrecta aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) — Inexistencia de un objetivo de interés común
               La demandante alega que la Decisión impugnada también adolece de nulidad, por cuanto, a diferencia de la interpretación efectuada por la Comisión, no concurre el interés común que requiere el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), para la autorización de la ayuda.

               5.

               Quinto motivo, basado en la insuficiente definición de la ayuda
               La República de Austria alega también en apoyo de su recurso que la definición de la ayuda por parte de la Comisión fue totalmente insuficiente.

               6.

               Sexto motivo, basado en la incorrecta aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) — Falta de adecuación de las medidas
               En opinión de la demandante, las apreciaciones de la Comisión sobre la adecuación de la ayuda no son exactas ni comprensibles, lo que también vicia de nulidad la Decisión.

               7.

               Séptimo motivo, basado en el incumplimiento de los requisitos básicos del procedimiento de adjudicación
               En el marco de este motivo, la demandante alega que la ayuda tampoco debería haberse autorizado, por cuanto el Reino Unido no tramitó un procedimiento público de adjudicación, vulnerando lo principios de igualdad de trato y de transparencia, previstos por el Derecho de la Unión.

               8.

               Octavo motivo, basado en la infracción de la Comunicación sobre las garantías (1)

               La demandante alega a este respecto que la garantía estatal autorizada como parte de la ayuda de Estado no se ha examinado conforme a los criterios de la Comunicación sobre las garantías.

               9.

               Noveno motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE, apartado 2
               Se alega asimismo que la Comisión ha incurrido en un incumplimiento de su obligación de motivación, en repetidas ocasiones y de manera grave.

               10.

               Décimo motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oído
               Por último, se invoca la vulneración del derecho a ser oído.

      (1)  Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 [CE] y 88 [CE] a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DO 2008, C 155, p. 10).


title: Archivo del asunto T-96/96

text:
C 79/42                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    18.3.2000
Motivos y principales alegaciones                                             Archivo de los asuntos T-317/97 a T-508/97 (1)
El demandante, condenado por delito, se opone a la sanción                                     (2000/C 79/88)
de separación del servicio que le ha impuesto la AFPN, sin
reducción o supresión del derecho a pensión de jubilación.
                                                                                (Lengua de procedimiento: portugués)
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega:
                                                                        Mediante auto de 14 de diciembre de 1999, el Presidente de
— La violación de los principios generales aplicables a los            la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las
    procedimientos disciplinarios y, en concreto, del derecho           Comunidades Europeas ha decidido archivar los asuntos
    de defensa. A este respecto, estima que la decisión de que         T-317/97 a T-508/97, David Manuel Abreu y otros contra
    se trata emana, en particular, del Director General del             Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades
    Personal y de la Administración, quien, como tal, habı́a           Europeas.
    incoado el procedimiento disciplinario y elaborado el
    informe dirigido al Consejo de disciplina, aunque él mismo
    formaba parte del mismo Comité de disciplina. Pues bien,            (1) DO C 166 de 30.5.98.
    no es compatible con los principios antes citados que un
    mismo órgano acumule, a la vez, la función de juzgar, la
    iniciativa del procedimiento disciplinario y la instrucción
    previa a la decisión. Por otra parte, durante los debates
    mantenidos en dicho procedimiento disciplinario, se
    denegó sistemáticamente al demandante su publicidad.
— El carácter arbitrario de la sanción disciplinaria o, al menos,                   Archivo del asunto T-125/98 (1)
    el error manifiesto de apreciación que contiene, en la
    medida en que, para considerar probados los hechos
                                                                                (2000/C 79/89)
    censurados al demandante, el Consejo de disciplina, y
    posteriormente la AFPN, se limitaron a referirse a las
    sentencias condenatorias pronunciadas por los órganos
    jurisdiccionales belgas, cuando corresponde a las autorida-                         (Lengua de procedimiento: francés)
    des disciplinarias verificar por sı́ mismas la realidad en los
    hechos censurados al demandante.                                    Mediante auto de 7 de diciembre de 1999, el Presidente de la
                                                                        Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunida-
— La composición incompleta del Consejo de disciplina,                 des Europeas ha decidido archivar el asunto T-125/98, Luc
    puesto que algunos de los miembros que debı́an participar           Veron contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    en el dictamen dado a la AFPN no pudieron participar
    activamente en todos los debates.
                                                                        (1) DO C 312 de 10.10.98.
                Archivo del asunto T-96/96 (1)
                                                                                Archivo del asunto T-189/98 (1)
                          (2000/C 79/87)
                                                                                (2000/C 79/90)
                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
Mediante auto de 31 de enero de 2000, el Presidente de la Sala
Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las                Mediante auto de 14 de diciembre de 1999, el Presidente de
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto                     la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
T-96/96, Telecom Italia SpA (antes, Società Finanziaria Telefo-         Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
nica per Azioni) contra Comisión de las Comunidades Euro-              T-189/98, Commune de Sassuolo contra Comisión de las
peas.                                                                   Comunidades Europeas.
(1) DO C 233 de 10.8.96.                                                (1) DO C 20 de 23.1.99.


title: Asunto C-536/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de junio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien — Austria) — Bundeswettbewersbehörde/Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, anteriormente Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, anteriormente Ashland Südchemie Hantos GmbH (Competencia — Acceso al expediente — Procedimiento judicial relativo a multas que sancionan una infracción del artículo 101 TFUE — Empresas terceras que desean ejercitar una acción por daños y perjuicios — Normativa nacional que supedita el acceso al expediente al consentimiento de todas las partes en el procedimiento — Principio de efectividad)

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de junio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien — Austria) — Bundeswettbewersbehörde/Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, anteriormente Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, anteriormente Ashland Südchemie Hantos GmbH
   (Asunto C-536/11) (1)

   (Competencia - Acceso al expediente - Procedimiento judicial relativo a multas que sancionan una infracción del artículo 101 TFUE - Empresas terceras que desean ejercitar una acción por daños y perjuicios - Normativa nacional que supedita el acceso al expediente al consentimiento de todas las partes en el procedimiento - Principio de efectividad)
   2013/C 252/16
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Wien

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Bundeswettbewersbehörde

      Demandadas: Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, anteriormente Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, anteriormente Ashland Südchemie Hantos GmbH

      con intervención de: Bundeskartellanwalt, Verband Druck & Medientechnik

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Wien — Interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de cárteles — Acceso al expediente — Normativa nacional que supedita, en el procedimiento administrativo en materia de competencia, el acceso de los terceros al expediente al acuerdo de todas las partes en el procedimiento sin que sea posible ponderar todos los intereses en juego, mientras que en los procedimientos civiles y penales comparables sí se realiza esta ponderación.

      Fallo

   El Derecho de la Unión, en concreto, el principio de efectividad, se opone a una disposición del Derecho nacional en virtud de la cual el acceso a los documentos que figuran en el expediente relativo a un procedimiento nacional de aplicación del artículo 101 TFUE, incluido el acceso a los documentos comunicados en un programa de clemencia, de terceros que no son parte en dicho procedimiento que se plantean interponer recursos por daños y perjuicios contra partícipes en una conducta colusoria se supedita únicamente al consentimiento de todas las partes en dicho procedimiento, sin que se deje a los órganos jurisdiccionales nacionales posibilidad alguna de ponderar los intereses en juego.

      (1)  DO C 13, de 14.1.2012.


title: Asunto C-349/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Sopropé — Organizações de Calçado, L. da /Fazenda Pública (Código aduanero comunitario — Principio del respeto del derecho de defensa — Recaudación a posteriori de derechos de aduana aplicables a la importación)

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/16

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Sopropé — Organizações de Calçado, L.da/Fazenda Pública
   (Asunto C-349/07) (1)

   (Código aduanero comunitario - Principio del respeto del derecho de defensa - Recaudación a posteriori de derechos de aduana aplicables a la importación)
   (2009/C 44/25)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Órgano jurisdiccional remitente
   Supremo Tribunal Administrativo
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sopropé — Organizações de Calçado, L.da

      Demandada: Fazenda Pública

      En el que participa: Ministério Público
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilidad con el Derecho comunitario, y con el principio de respeto del derecho de defensa, de disposiciones nacionales en materia de procedimiento administrativo fiscal que establecen los plazos para el ejercicio del derecho de audiencia por el contribuyente — Procedimiento administrativo para el pago a posteriori de los derechos de importación de mercancías procedentes de Extremo Oriente.
   Fallo

               1)

               Por lo que respecta al cobro de una deuda aduanera con el fin de recuperar a posteriori los derechos de aduana aplicables a la importación, un plazo de ocho a quince días concedido al importador sospechoso de haber cometido una infracción aduanera para presentar sus observaciones es, en principio, conforme con las exigencias del Derecho comunitario.

               2)

               Corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto determinar, habida cuenta de las circunstancias particulares del asunto, si el plazo efectivamente concedido a este importador le ha permitido ser oído eficazmente por las autoridades aduaneras.

               3)

               El juez nacional debe comprobar además si, habida cuenta del plazo transcurrido entre el momento en que la administración de que se trata recibió las observaciones del importador y la fecha en la que adoptó su decisión, es posible o no considerar que se tuvieron debidamente en cuenta las observaciones que se le habían transmitido.

      (1)  DO C 235 de 6.10.2007.


title: Asunto T-291/09: Sentencia del Tribunal General de 1 de febrero de 2012 — Carrols/OAMI — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa comunitaria Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Motivo de denegación absoluto — Falta de mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               10.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/26

         Sentencia del Tribunal General de 1 de febrero de 2012 — Carrols/OAMI — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL)
   (Asunto T-291/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa comunitaria Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL - Motivo de denegación absoluto - Falta de mala fe - Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2012/C 73/51
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Carrols Corp. (Dover, Delaware, Estados Unidos) (representante: I. Temiño Ceniceros, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que interviene ante el Tribunal General: Giulio Gambettola (Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife) (representante: F. Brandolini Kujman, abogado)

      Objeto

   Recurso de anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 7 de mayo de 2009 (asunto R 632/2008-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Carrols Corp. y el Sr. Giulio Gambettola.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Carrols Corp.

      (1)  DO C 220, de 12.9.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 5 de octubre de 2004, en el asunto T-45/01: Stephen Sanders y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (Personal empleado en la Empresa Común JET — Igualdad de trato — Inaplicación del estatuto de agente temporal — Artículo 152 CEEA — Plazo razonable — Perjuicios materiales sufridos)

text:
               18.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/12

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 5 de octubre de 2004
   en el asunto T-45/01: Stephen Sanders y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Personal empleado en la Empresa Común JET - Igualdad de trato - Inaplicación del estatuto de agente temporal - Artículo 152 CEEA - Plazo razonable - Perjuicios materiales sufridos)
   (2004/C 314/31)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto T-45/01, Stephen Sanders, con domicilio en Oxon (Reino Unido), y los 94 demandantes cuyos nombres figuran en anexo, representados por los Sres. P. Roth, QC, e I. Hutton, y la Sra. A. Howard, Barristers, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. J. Currall y L. Escobar Guerrero, designa domicilio en Luxemburgo), apoyada por Consejo de la Unión Europea (agentes: inicialmente Sres. J.-P. Hix y A. Pilette, y posteriormente Sres. Hix y B. Driessen), que tiene por objeto una solicitud de indemnización de los perjuicios materiales supuestamente sufridos por el hecho de no haber sido contratados como agentes temporales de las Comunidades para ejercer su actividad en el seno de la Empresa Común Joint European Torus (JET), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf, Presidente, y M. Jaeger y H. Legal, Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el 5 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Condenar a la Comisión a reparar el perjuicio financiero sufrido por cada uno de los demandantes por no haber sido contratado como agente temporal de las Comunidades para ejercer su actividad en la Empresa Común Joint European Torus (JET).

               2)

               Las partes comunicarán al Tribunal de Primera Instancia, dentro de un plazo de seis meses a partir de la presente sentencia, el importe que hayan acordado en concepto de reparación de este perjuicio.

               3)

               A falta de acuerdo, darán a conocer al Tribunal de Primera Instancia, dentro del mismo plazo, sus pretensiones expresadas en cifras.

               4)

               Se reserva la decisión sobre las costas.

      (1)   DO C 134 de 5.5.2001.


title: Recurso de casación interpuesto por la Sra. Anne Hogan contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 1995 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-497/93, Anne Hogan contra Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Asunto C-173/95 P)

text:
12 . 8 . 95          I ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 208/9
Recurso de casación interpuesto por la Sra. Anne Hogan              profesión de Abogado ( inscripción en el Colegio de Aboga
contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 1995 por el           dos luxemburgués ).
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Euro
peas, en el asunto T-497/93 , Anne Hogan contra Tribunal            Declare que el artículo 24 del Estatuto impone a las
           de Justicia de las Comunidades Europeas                  Comunidades la obligación de asistir a los funcionarios y de
                      (Asunto C-173/95 P)                           no perjudicarles; que, por consiguiente, los servicios del
                          ( 95/C 208/ 18                            Tribunal de Justicia han incumplido estas obligaciones; que
                                                                    de ello se sigue la ilegalidad de la decisión de retener el
                                                                    importe de 43 811 francos , así como de la decisión de pagar
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se           dicho importe .
ha presentado el 3 de junio de 1995 un recurso de casación
formulado por la Sra . Anne Hogan, representada por el Sr .
Giancarlo Lattanzi, Abogado de Massa-Carrara , que desig           Por consiguiente, anule la sentencia impugnada y todos los
na como domicilio en Luxemburgo el n° 33 de la rué                  actos previos a ella, vinculados y consiguientes .
Godchaux, contra la sentencia dictada el 29 de marzo de
1995 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comuni            Remita el asunto al Pleno del Tribunal de Primera Instancia
dades Europeas en el asunto T-497/93 .                              y, con carácter subsidiario, a una Sala de al menos cinco
                                                                    miembros, que en ningún caso incluya al Juez recusado .
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que:                                           En su caso, ejercite la facultad de avocación .
— Declare la admisibilidad del presente recurso .
                                                                    Con carácter subsidiario, declare que las resoluciones de los
— Lo considere fundado en cuanto al fondo .                         Jueces extranjeros, autos incluidos, no son directamente
                                                                    ejecutivas en Derecho comunitario, sin un examen previo
                                                                    por parte del Tribunal de Justicia y sin una previa
Con tal fin :
                                                                    verificación del respeto de los principios de orden público
                                                                    internacionales y comunitarios .
Estime las mencionadas pretensiones y, en particular, las
formuladas en el escrito de interposición del recurso
presentado el 6 de agosto de 1993 ( ref. ahritce 5.893 ), y en      Adopte cualquier otra medida que considere necesaria .
los distintos actos previos, vinculados y consiguientes, y en
especial las recogidas expresamente en el resumen de los            Condene en costas a la demandada .
principales hechos al inicio del presente recurso .
Declare que el recurso se dirige contra la AFPN del Tribunal        Motivos y principales alegaciones
de Justicia, y no contra « Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas », es decir, no se dirige contra el              I. Incompetencia .
órgano jurisdiccional que conoce del presente recurso .
Declare que tal motivo de nulidad es por sí mismo suficiente         II. Irregularidad del procedimiento :
para absorber todos los demás motivos .
                                                                         — Cambio del nombre de la parte demandada ( esta
Declare explícitamente la irrelevancia en Derecho comuni                    anomalía puede por sí sola implicar la nulidad de
tario de las « Ordonnances » luxemburguesas por falta de                     dicha sentencia ).
legitimación pasiva del Tribunal de Justicia y de las demás
Instituciones comunitarias en materia de resoluciones pro               — Incumplimiento de las normas relativas a :
visionales ante causam .
Declare que los Servicios de Personal y/o las Instituciones                  A ) el aplazamiento ( artículo 55 RPTPI); la modi
comunitarias no son empleadores sujetos a las normas del                         ficación de las diligencias de ordenación ( ar
Derecho nacional luxemburgués .                                                  tículo 49 y apartado 21 del artículo 64 ); la
                                                                                designación de un Abogado General ad boc ( en
Declare que A. Hogan es funcionaría del Parlamento                               particular, artículo 18 ); la acumulación ( artícu
Europeo y no del Tribunal de Justicia ; declare que el                           lo 50 ); la posibilidad de atribuir el asunto al
Tribunal de Primera Instancia yerra cuando dice que el                           Pleno en cualquier momento ( artículos 11 , 14 y
empleador es el Tribunal de Justicia después de haber dicho                      última frase del artículo 51 RPTPI ); apartado 1
en el apartado 1 de la sentencia que es « funcionaría de grado                   del artículo 25 RPTPI ( restitución abusiva de
 ( Cl ) en el Parlamento Europeo ».                                              los documentos procesales ); 65 C ( admisión de
                                                                                las diligencias de prueba );
Declare que el jefe de personal no tiene las facultades
necesarias para representar al Tribunal de Justicia ante los                 B ) remisión inhabitual del asunto de la Sala
Jueces nacionales y que únicamente los agentes de las                            Tercera ( de tres miembros ) a la Sala Cuarta
Instituciones comunitarias dotados de facultades formales                         ( también de tres miembros ), nuevamente con la
ad hoc pueden hacerlo con arreglo a las normas previstas ,                        presencia del Juez luxemburgués R. Schintgen,
por ejemplo, en la Ley de 10 de agosto de 1991 sobre la                           ya repetidamente cuestionado;
 ---pagebreak--- N° C 208/ 10             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       12 . 8 . 95
           C ) la recusación del Juez R. Schintgen («Juez » y         las mismas el mero comportamiento consistente en la
                « parte »), párrafo segundo del artículo 4, párra    entrada efectiva en aguas territoriales de la República
                fo primero del artículo 16 y artículo 44 del          Federal de Yugoslavia de un buque u otro medio de
                Estatuto CEE del Tribunal de Justicia ; en            transporte que lleve mercancías destinadas al tráfico comer
                cualquier caso, falta de serenidad de dicho           cial en dichas aguas territoriales, o si, por el contrario, está
                Juez, con independencia de la eventual perti         comprendido también dentro del ámbito de dichas normas
                nencia de los motivos de recusación .                 un comportamiento llevado a cabo en aguas internacionales
                                                                      que, por sus formas concretas de concepción y realización ,
III . Violación del Derecho comunitario, así como del                 induce fundadamente a la presunción de que el buque u otro
       artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Huma              medio de transporte se encuentra en ruta hacia dichas aguas
       nos y de protección de datos informáticos en la medida         territoriales , con fines de tráfico comercial ?
       en que la sentencia impugnada :
                                                                      2 . a Cuestión: La letra d ) del artículo 1 de la Decisión y del
       — infringe las normas relativas al respeto del derecho         Reglamento citados anteriormente , en la parte en que
           de defensa ;                                               prohibe cualquier actividad que tenga por objeto o efecto
                                                                      favorecer, directa o indirectamente, las transacciones men
       — no toma en consideración la falta de legitimación            cionadas en la letra c ), ¿ incluye o no dentro de la propia
           pasiva del Tribunal de Justicia ante los Jueces            disposición también la navegación en aguas internacionales
           nacionales ;                                               de un buque u otro medio de transporte que lleve mercancías
                                                                      destinadas presumiblemente al tráfico comercial en aguas
       — yerra al declarar legítimas en Derecho comunitario           territoriales de la República Federal de Yugoslavia ?
           determinadas « Ordonnances » condicionales ante
           causam, sólo existentes en Derecho extranjero;             3 .a Cuestión: ¿ Es o no compatible con la normativa
                                                                      comunitaria y, en particular, con los párrafos primero y
       — se equivoca al considerar regulares las flagrantes           segundo del artículo 10 de la Decisión y del Reglamento
           infracciones del artículo 24 del Estatuto de los
                                                                      citados anteriormente, una norma nacional que prevé
           Funcionarios por parte del Servicio de Personal del        expresamente, en caso de infracción comprobada de alguna
           Tribunal de Justicia , que no ha garantizado a sus         de las prohibiciones recogidas en el referido artículo 1 , la
           propios funcionarios, en particular a la deman            confiscación —obligatoria o facultativa— de la carga
           dante , la asistencia a que expresamente le obliga el      transportada por alguno de los medios de transporte
           Estatuto de los Funcionarios .
                                                                      indicados en el párrafo segundo del propio artículo 10 ?
                                                                      (') DO n" L 102 de 28 . 4 . 1993 , p . 17.
                                                                      ( 2 ) DO n" L 102 de 28 . 4 . 1993 , p . 14 .
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
lución del Consiglio di Stato de fecha 11 de abril de 1995 , en
el asunto entre: 1 ) Ebony Maritime SA, 2 ) LotenNavigation
Company Ltd . y Prefetto della Provincia di Brindisi y                Recurso interpuesto el 9 de junio de 1995 contra el Consejo
                                 otros                                         de la Unión Europea por el Reino de España
                        ( Asunto C-177/95 )                                                    (Asunto C-179/95 )
                            ( 95/C 208/ 19 )                                                      ( 95/C 208/20 )
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           ha presentado el 9 de junio de 1995 un recurso contra el
resolución del Consiglio di Stato, dictada el 11 de abril de          Consejo de la Unión Europea formulado por el Reino de
1995 , en el asunto entre : 1 ) Ebony Maritime SA, 2 ) Loten          España , representado por D. Alberto Navarro González,
Navigation Company Ltd . y Prefetto della Provincia di                Director General de Coordinación Jurídica e Institucional
Brindisi y otros, recibida en la Secretaría del Tribunal de           Comunitaria , y por Da Rosario Silva de Lapuerta , Abogada
Justicia el 6 de junio de 1995 . El Consiglio di Stato solicita al    del Estado, en calidad de agentes, que designa como
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes            domicilio en Luxemburgo el de la Embajada de España ,
cuestiones prejudiciales :                                            4-6 , boulevard E. Serváis .
]/' Cuestión: La letra c ) del artículo 1 de la Decisión              La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
93/235/CECA (') de los representantes de los Gobiernos de
los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de             — Anule la última frase del subapartado i ), del apar
26 de abril de 1993 , relativa al comercio entre la Comunidad               tado 1.1 , del Anexo IV, del Reglamento ( CE ) n° 685/
Europea del Carbón y del Acero y de la República Federal de                 95 ( 1 ) del Consejo, de 27 de marzo de 1995 , relativo a la
Yugoslavia ( Serbia y Montenegro), y la letra c ) del artícu               gestión de los esfuerzos pesqueros referentes a determi
lo 1 ) del Reglamento ( CEE ) n° 990/93 ( 2 ) del Consejo, de 26            nadas zonas y recursos pesqueros comunitarios .
de abril de 1993 , relativo al comercio entre la Comunidad
Económica Europea y la República Federal de Yugoslavia                — Anule el apartado 5 , relativo a la anchoa , del Anexo I del
( Serbia y Montenegro ), ¿ deben interpretarse en el sentido de             Reglamento ( CE ) n° 746/95 (2 ) del Consejo, de 31 de
que constituye una infracción de la prohibición recogida en                 marzo de 1995 , por el que se modifica el Reglamento


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Industrial Tribunal Bristol, de fecha 6 de mayo de 1998, en el asunto entre 1) G. Everson y 2) T. J. Barrass y 1) Secretary of State for Trade and Industry y 2) Bell Lines Ltd. (in liquidation) (Asunto C-198/98)

text:
C 234/18                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          25.7.98
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:            El Industrial Tribunal, Bristol, solicita al Tribunal de Justi-
                                                                     cia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
Ð Declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del artículo 171         «Cuando
     del Tratado CE al no haber dispuesto las medidas                i)   un trabajador por cuenta ajena trabaja en un Estado
     necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribu-              miembro para un empresario constituido como socie-
     nal de Justicia, de 23 de marzo de 1995, en el asunto                dad en otro Estado miembro;
     C-365/93 (1) y, en particular, al no haber adoptado y,
     con caraÂcter subsidiario, no haber comunicado a la             ii) el empresario tiene una sucursal en el Estado miembro
     Comisión las disposiciones legislativas, reglamentarias              en que ejerce su actividad el trabajdor por cuenta
     y administrativas necesarias para atenerse a la totali-              ajena, y dicha sucursal estaÂ registrada con arreglo a las
     dad de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de                  disposiciones nacionales de adaptación del Derecho
     diciembre de 1988, relativa a un sistema general de                  interno a la Directiva 89/666/CEE (1) del Consejo
     reconocimiento de los títulos de ensenÄanza superior                 (UndeÂcima Directiva sobre Derecho de sociedades),
     que sancionan formaciones profesionales de una dura-                 aunque no estaÂ constituida como sociedad ni tiene per-
     ción mínima de tres anÄos (2).                                       sonalidad jurídica independiente de la del empresario
                                                                          en dicho Estado miembro, y
Ð Condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.
                                                                     iii) tanto el empresario como el trabajador estaÂn obligados
Motivos y principales alegaciones                                         a pagar cotizaciones a la Seguridad Social en el Estado
                                                                          miembro en que ejerce su actividad el trabajador;
Conforme al artículo 171 del Tratado CE, si el Estado
miembro no adoptare, dentro del plazo establecido por la             con arreglo al artículo 3 de la Directiva 80/987/CEE (2) del
Comisión, las medidas necesarias para la ejecución de la             Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación
sentencia mediante la cual el Tribunal de Justicia declaró           de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la
que dicho Estado miembro ha incumplido las obligaciones              protección de los trabajadores asalariados en caso de
que le incumben en virtud del Tratado, la Comisión podraÂ            insolvencia del empresario, ¿queÂ institución de garantía
someter el asunto al Tribunal de Justicia. La Comisión               responde de las correspondientes cantidades adeudadas?
indicaraÂ el importe que considere adecuado a las circuns-           a) ¿la institución de garantía del Estado miembro en el
tancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva                 que se solicitó la apertura del procedimiento concur-
que deba ser pagada por el Estado miembro afectado. La                    sal? o bien
no adaptación del ordenamiento jurídico griego a la Direc-
                                                                     b) ¿la institución de garantía del Estado miembro en el
tiva 89/48/CEE constituye una violación de los principios
                                                                          que ejerce su actividad el trabajador y en el que el
fundamentales de la libre circulación de personas y de la
                                                                          empresario tiene una presencia comercial perma-
libre prestación de servicios, habiendo transcurrido ya tres
                                                                          nente?»
anÄos desde que recayó sentencia del Tribunal de Justicia
en el asunto C-365/93. Teniendo en cuenta la gravedad y
                                                                     (1) Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
la duración de la infracción, así como la necesidad de
                                                                         1989, UndeÂcima Directiva relativa a la publicidad de las socie-
garantizar el efecto disuasorio de la sanción, la Comisión               dades constituidas en un Estado miembro por determinadas
solicita al Tribunal de Justicia que imponga una multa                   formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado
coercitiva por importe de 41 000 ECU por cada día de                     (DO L 395 de 30.12.1989, p. 36).
demora, calculada a partir del día en que se notificó a la           (2) DO L 283 de 20.10.1980, p. 23; EE 05/02, p. 219.
RepuÂblica HeleÂnica la sentencia del Tribunal de Justicia en
el citado asunto y hasta el día en que cese la infracción.
(1) Rec. p. I-499.                                                   Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 1998
(2) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.
                                                                     por el Sr. Anthony Goldstein contra la sentencia dictada el
                                                                     16 de marzo de 1998 por la Sala Tercera del Tribunal de
                                                                     Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                     asunto T-235/95, promovido contra la Comisión de las
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                               Comunidades Europeas
lución del Industrial Tribunal Bristol, de fecha 6 de mayo                                (Asunto C-199/98 P)
de 1998, en el asunto entre 1) G. Everson y 2) T. J.                                          (98/C 234/36)
Barrass y 1) Secretary of State for Trade and Industry y 2)
                 Bell Lines Ltd. (in liquidation)                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                       (Asunto C-198/98)                             ha presentado el 25 de mayo de 1998 un recurso de casa-
                                                                     ción formulado por el Sr. Anthony Goldstein, meÂdico,
                          (98/C 234/35)
                                                                     representado por el Sr. Raymond St John Murphy, Solici-
                                                                     tor, de Merriman White, Solicitors, 3 King's Bench Walk,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                     Inner Temple, London EC4Y 7DJ, contra el auto dictado
sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                     el 16 de marzo de 1998 por la Sala Tercera del Tribunal
mediante resolución del Industrial Tribunal Bristol, dictada
                                                                     de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
el 6 de mayo de 1998 en el asunto entre 1) G. Everson y
                                                                     asunto T-235/95, promovido contra la Comisión de las
2) T. J. Barrass y 1) Secretary of State for Trade and
                                                                     Comunidades Europeas.
Industry y 2) Bell Lines Ltd. (in liquidation), y recibida en
la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de mayo de              La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
1998.                                                                Comunidades Europeas que:


title: Asunto C-79/05: Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               16.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/16

         Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-79/05)
   (2005/C 93/29)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de febrero de 2005 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. U. Wölker y A. Aresu, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, (1) al no haber adoptado todas las medidas de prevención factibles para prevenir y reducir al mínimo los escapes de sustancias reguladas, en particular, por lo que se refiere a la obligación de controlar anualmente los aparatos fijos cuya carga de fluido refrigerante sea superior a 3 kg para comprobar que no presentan escapes.

               2)

               Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   De la información disponible resulta que la República Italiana todavía no ha adoptado las medidas previstas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2037/2000.

      (1)  DO L 244, de 29.9.2000, p. 1.