title: Asunto T-241/09: Recurso interpuesto el 16 de junio de 2009 — Nikoláou/Tribunal de Cuentas

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/41

         Recurso interpuesto el 16 de junio de 2009 — Nikoláou/Tribunal de Cuentas
   (Asunto T-241/09)
   2009/C 205/76
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Kalliópi Nikoláou (Atenas) (representante: V. Christianós, abogado)

      Demandada: Tribunal de Cuentas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se condene al Tribunal de Cuentas a reparar el daño moral de la señora Nikoláou mediante los siguientes medios:

                           —

                           Que proceda a la notificación formal –respecto de cuyo contenido contará con la colaboración de la señora Nikoláou, a la que también se le comunicará– dirigida a todas las autoridades comunitarias, y especialmente al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, y al resto de instituciones y organismos comunitarios, de la exculpación de la señora Nikoláou de las acusaciones que pesaban en su contra.

                           —

                           Que proceda a publicar oficialmente en los mismos periódicos de Luxemburgo, Alemania, Grecia, Francia, España y Bélgica que publicaron los comentarios desfavorables relativos a la señora Nikoláou, que tenían como fuente al Tribunal de Cuentas, así como en el «European Voice», la exculpación de la demandante de las acusaciones que pesaban en su contra.

               —

               Con carácter subsidiario, si el Tribunal de Cuentas no restaura la imagen pública de la señora Nikoláou con los medios arriba señalados, que se le condene a abonar a esta última, en concepto de indemnización para reparar el daño moral la suma de cien mil euros (100 000 euros), más los intereses desde la comunicación a éste del «Request for compensation» de 14 de abril de 2009, hasta la liquidación, suma que la propia señora Nikoláou se compromete a utilizar para llevar a cabo las publicaciones y notificaciones arriba señaladas.

               —

               Que se condene al Tribunal de Cuentas a abonar a la señora Nikoláou, en concepto de indemnización para reparar el daño moral sufrido como consecuencia de los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales luxemburgueses, la suma de cuarenta mil euros (40 000 euros), más los intereses desde la comunicación a éste del «Request for compensation» de 14 de abril de 2009, hasta la liquidación.

               —

               Que se condene al Tribunal de Cuentas a abonar a la señora Nikoláou, en concepto de indemnización para reparar el perjuicio material sufrido por esta última como consecuencia de los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales luxemburgueses, y en especial ante el «Juge d'instruction» y el «Tribunal d'arrondissement de Luxembourg», la suma de cincuenta y siete mil setecientos setenta y un euros con cuarenta céntimos (57 771,40 euros), en concepto de honorarios del abogado Maître Hoss en su comparecencia ante los órganos arriba citados, y la suma de cuatro mil euros (4 000 euros), en concepto de gastos de desplazamiento a Luxemburgo para las comparecencias ante los órganos arriba citados, y en especial la suma de mil quinientos euros (1 500 euros) por la comparecencia ante el «Juge d'instruction» y 2 500 euros ante el «Tribunal d'arrondissement de Luxembourg», todas ellas aumentadas con los intereses desde la comunicación al Tribunal de Cuentas del «Request for compensation» de 14 de abril de 2009, hasta la liquidación.

               —

               Que se condene al Tribunal de Cuentas al pago de las costas en que incurrió la señora Nikoláou en el marco del presente asunto.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante sostiene que el Tribunal de Cuentas cometió una violación suficientemente caracterizada tanto de normas especiales que confieren derechos a los particulares, como de derechos fundamentales, que debe respetar en el ejercicio de sus competencias.
   En primer lugar, la demandante sostiene que el Tribunal de Cuentas infringió de modo suficientemente caracterizado el artículo 4 del Reglamento 45/2001, (1) el artículo 2 de la Decisión 99/50 del Tribunal de Cuentas y el deber de asistencia, ya que permitió que se difundieran a terceras personas las acusaciones que pesaban contra la señora Nikoláou antes de emprender cualquier tipo de investigación oficial. En opinión de la demandante, el Tribunal de Cuentas no llevó a cabo ninguna actuación para impedir tal difusión, ni, además, en ningún momento posterior se interesó por verificar las acusaciones y retirarlas, de modo que provocó un grave daño moral a la demandante.
   En segundo lugar, en el transcurso de la investigación preliminar contra la demandante, el Tribunal de Cuentas infringió de modo suficientemente caracterizado los artículos 2 y 4 de la Decisión 99/50, el derecho de defensa de la demandante y el principio de imparcialidad de la investigación en relación con el principio de buena administración. Como resultado de dicho comportamiento se provocó a la demandante un daño moral, así como un perjuicio material importante, ya que según los datos de la investigación, la demandante fue conducida ante los órganos jurisdiccionales de Luxemburgo y soportó gastos elevados.
   En tercer lugar, el Tribunal de Cuentas vulneró de modo suficientemente caracterizado el deber de asistencia y el principio de buena administración, ya que no facilitó a los órganos jurisdiccionales de Luxemburgo datos que tenía a su disposición y que eran determinantes para la exculpación de la demandante de las acusaciones que pesaban en su contra. La demandante señala a continuación que dichos datos se referían al asunto de los permisos del personal del Tribunal de Cuentas, y si este último los hubiera facilitado, habrían impedido que la demandante fuera conducida ante la policía judicial y el tribunal penal de Luxemburgo y habrían restaurado su imagen y su reputación.
   En cuarto lugar, en opinión de la demandante, el Tribunal de Cuentas vulneró de modo suficientemente caracterizado el principio de imparcialidad y el principio de buena administración al formular su juicio acerca del envío del caso de la demandante ante los órganos jurisdiccionales. Tal comportamiento provocó a la demandante un daño moral aún mayor.
   En quinto lugar, la demandante alega que el Tribunal de Cuentas vulneró de modo suficientemente caracterizado el deber de asistencia, al no adoptar una decisión oficial de exculpación de la demandante y al no reintegrar el honor de la señora Nikoláou tras la sentencia por la que se declaraba su inocencia. Como resultado de dicha omisión, persistieron dudas acerca de la inocencia de la señora Nikoláou, lo cual incrementó el daño moral de la demandante.

      (1)  Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001 L 8, p. 1).


title: Asunto C-310/04: Recurso interpuesto el 22 de julio de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea por el Reino de España

text:
               11.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/30

         Recurso interpuesto el 22 de julio de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea por el Reino de España
   (Asunto C-310/04)
   (2004/C 228/63)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 22 de julio de 2004 un recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por el Reino de España, representado por D. Miguel Muñoz Pérez, Abogado del Estado, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               anule el capítulo 10 bis, del Título IV, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, introducido por el apartado 20, del artículo 1 del Reglamento (CE) no 864/2004 del Consejo por el que se modifica, y se adapta, con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia a la Unión Europea, el Reglamento (CE) no 1782/2003 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (1) y

               —

               condene en costas a la institución demandada.

         Motivos y principales alegaciones:

               —

               Violación del Tratado o de normas relativas a su ejecución, puesto que el Consejo ha vulnerado el apartado 3 del Protocolo no 4 anejo al Acta de Adhesión de la República Helénica a las Comunidades Europeas, dado que el nuevo artículo 110 ter del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, introducido por el Reglamento (CE) no 864/2004, no prevé una ayuda a la producción de algodón.

               —

               Vicio sustancial de forma, puesto que el Consejo no ha motivado la elección, en el nuevo artículo 110 ter del Reglamento (CE) no 1782/2003, de la fase de apertura de las cápsulas como momento determinante para la concesión de la ayuda.

               —

               Desviación de poder, puesto que el Consejo ha utilizado la competencia que le atribuye el apartado 6 del Protocolo no 4, antes citado, es decir, el procedimiento de adaptación del régimen de ayudas al algodón previsto en dicho Protocolo, para un fin diferente al que en éste se prevé.

               —

               Violación del Tratado o de normas relativas a su ejecución, puesto que el Consejo ha vulnerado, al adoptar las disposiciones impugnadas, los principios generales del Derecho comunitario de proporcionalidad, ya que los instrumentos de reforma del régimen de ayudas al algodón van manifiestamente en contra de los fines que el propio Consejo se marca y, además, existían otros instrumentos menos onerosos para alcanzar dichos fines, y de confianza legítima.

      (1)  DO L 161 de 30.04.2004, p. 48; Corrección de errores de dicho reglamento en el DO L 206 de 9.6.2004, p. 20.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio de fecha 11 de marzo de 1998, en el asunto entre A.T.B. - Agricola Tabacchi Bonavicina snc de Mercati Federica y otros y Ministero per le Politiche Agricole y A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo y el Sr. Mario Pittaro (Asunto C-402/98) (1999/C 1/15)

text:
4.1.1999              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 1/9
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-         1) Una persona que tiene una relación de trabajo con una
lución del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio                empresa (aquí: una sociedad de responsabilidad limi-
de fecha 11 de marzo de 1998, en el asunto entre A.T.B.                tada neerlandesa), la cual tiene su domicilio social en
Ð Agricola Tabacchi Bonavicina snc de Mercati Federica                 un Estado miembro (aquí: los Países Bajos) y mantiene
y otros y Ministero per le Politiche Agricole y A.I.M.A. Ð             en eÂl una oficina, pero que opera fundamentalmente
Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo y             en el territorio de otro Estado miembro y que en el
                     el Sr. Mario Pittaro                              pasado operó exclusivamente en dicho Estado miem-
                     (Asunto C-402/98)                                 bro (aquí: ejecución de proyectos de construcción en
                                                                       Alemania), ¿ejerce una actividad en el territorio del
                        (1999/C 1/15)                                  primer Estado miembro (CEE) (letra a) del apartado 2
                                                                       del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1408/71, en
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha              la redacción de 2 de junio de 1983 [DO L 230 de
sido sometida una petición de decisión prejudicial                     22.8.1983, p. 8]?
mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regio-
nale del Lazio, dictada el 11 de marzo de 1998 en el
                                                                   2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,
asunto entre A.T.B. Ð Agricola Tabacchi Bonavicina snc
                                                                       ¿existe un desplazamiento, en el sentido de la letra a)
de Mercati Federica y otros y Ministero per le Politiche
                                                                       del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento citado
Agricole y A.I.M.A. Ð Azienda di Stato per gli Interventi
                                                                       en el apartado anterior, cuando una empresa de cons-
sul Mercato Agricolo y el Sr. Mario Pittaro, y recibida en
                                                                       trucción con domicilio social en un Estado miembro
la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de noviembre
                                                                       emplea a sus trabajadores fundamentalmente en pro-
de 1998.
                                                                       yectos de construcción en otro Estado miembro y en el
                                                                       pasado los ocupó durante varios anÄos exclusivamente
El Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio solicita               en dicho Estado, pero la duración previsible del tra-
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente            bajo correspondiente a cada proyecto de construcción,
cuestión prejudicial:                                                  sin embargo, no supera los doce meses?
«Si el artículo 2 del Reglamento (CE) no 711/95 del Con-
sejo, de 27 de marzo de 1995 (1), así como el artículo 20
del Reglamento (CE) no 1066/95 de la Comisión, de 12 de
mayo de 1995 (2), y el artículo 2 del Reglamento (CE)
no 1067/95 de la Comisión, de 12 de mayo de 1995 (3), al
introducir una disposición novedosa en el reÂgimen de pri-         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
mas a la producción de tabaco, en un momento en que se             lución del Stockholms tingsrätt, de fecha 18 de septiembre
ha efectuado ya la plantación y los productores han inver-         de 1998, en el asunto entre Konsumentombudsmannen y
tido conforme a criterios de razonable apreciación basada              Gourmet International Products Aktienbolag (GIP)
en la normativa comunitaria vigente en el momento de la                                  (Asunto C-405/98)
siembra y el trasplante al campo, violan el principio de
organización conforme del mercado agrícola en el sector                                    (1999/C 1/17)
del tabaco, así como el principio de confianza legítima.»
(1) DO L 73 de 1.4.1995, p. 13.                                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
(2) DO L 108 de 13.5.1995, p. 5.                                   sido sometida una petición de decisión prejudicial
(3) DO L 108 de 13.5.1995, p. 11.                                  mediante resolución del Stockholms tingsrätt, dictada el
                                                                   18 de septiembre de 1998, en el asunto entre Konsumen-
                                                                   tombudsmannen y Gourmet International Products
                                                                   Aktienbolag (GIP), y recibida en la Secretaría del Tribunal
                                                                   de Justicia el 16 de noviembre de 1998.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                   El Stockholms tingsrätt solicita al Tribunal de Justicia que
lución del Bundesgerichtshof, de fecha 29 de octubre de
1998, en el asunto entre Josef Plum y AOK Rheinland,               se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                   Regionaldirektion Köln
                     (Asunto C-404/98)                             1. ¿Deben interpretarse los artículos 30 o 59 del Tratado
                                                                       de Roma en el sentido de que se oponen a una legisla-
                        (1999/C 1/16)
                                                                       ción nacional que contenga una prohibición general de
                                                                       la publicidad sobre el alcohol, como la que figura en
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha              el artículo 2 de la ley de publicidad sobre el alcohol?
sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución del Bundesgerichtshof, dictada el 29
de octubre de 1998, en el asunto entre Josef Plum y AOK            2. Si se responde afirmativamente a la pregunta: ¿Puede
Rheinland, Regionaldirektion Köln, y recibida en la Secre-             considerarse que tal prohibición estaÂ justificada en
taría del Tribunal de Justicia el 16 de noviembre de 1998.             aras de la protección de la salud y la vida de las perso-
                                                                       nas y que guarda proporción con dicho objetivo?
El Bundesgerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:


title: Asunto T-100/03: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 2 de abril de 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Comisión ( Recurso de anulación — Creación de un puesto de información Europa — Resolución de un convenio celebrado entre la Comisión y la demandante — Inadmisibilidad manifiesta )

text:
               24.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 128/33

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 2 de abril de 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Comisión
   (Asunto T-100/03) (1)

   («Recurso de anulación - Creación de un puesto de información Europa - Resolución de un convenio celebrado entre la Comisión y la demandante - Inadmisibilidad manifiesta»)
   (2008/C 128/71)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Maison de l'Europe Avignon Méditerranée (Avignon, Francia) (representante: F. Martineau, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: J.-F. Pasquier, agente)
   Objeto
   Solicitud de anulación de la decisión de la Comisión de 24 de enero de 2003 de resolver el convenio relativo a la creación de un puesto de información Europa en Avignon celebrado entre la Comisión y la demandante.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Maison de l'Europe Avignon Méditerranée.

      (1)  DO C 112 de 10.5.2003.


title: Asunto C-25/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA./Fazenda Pública ( «Fiscalidad — Sexta Directiva IVA — Deducción del impuesto soportado — Artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 — “Subvenciones” utilizadas para la compra de bienes y servicios — Limitación del derecho a deducción» )

text:
               31.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA./Fazenda Pública
   (Asunto C-25/11) (1)

   («Fiscalidad - Sexta Directiva IVA - Deducción del impuesto soportado - Artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 - “Subvenciones” utilizadas para la compra de bienes y servicios - Limitación del derecho a deducción»)
   2012/C 98/11
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Supremo Tribunal Administrativo

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA.

      Demandada: Fazenda Pública

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretación de los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Deducción del impuesto soportado — Limitaciones del derecho a deducción.

      Fallo

   Los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, cuando un Estado miembro autoriza a los sujetos pasivos mixtos a efectuar la deducción prevista en las citadas disposiciones según el procedimiento de afectación real de la totalidad o de una parte de los bienes y servicios, dicho Estado miembro proceda a calcular, respecto de todos los sectores en los que tales sujetos pasivos realicen únicamente operaciones sujetas a gravamen, el importe deducible incluyendo las «subvenciones» no sujetas a gravamen en el denominador de la fracción que sirve para determinar la prorrata de deducción.

      (1)  DO C 103, de 2.4.2011.


title: Asunto T-285/03: Recurso interpuesto el 18 de agosto de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Agraz S.A. y otras 110 sociedades

text:
C 251/18               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            18.10.2003
apartado 3 del Estatuto), así como una posible violación del             A este respecto, se precisa que, para la campaña 2000/01, la
principio de igualdad de trato y de no discriminación.                   Comisión utilizó, como base de cálculo de la ayuda a la
                                                                         producción, los precios de exportación de los tomates de los
                                                                         Estados Unidos, de Israel y de Turquía. De ello se desprende
                                                                         que la demandada no tuvo en cuenta los precios de
                                                                         exportación de China, que, sin embargo, era el segundo pro-
                                                                         ductor mundial de tomates en 1999. Esta base de cálculo
                                                                         provocó una disminución importante de la ayuda a la
                                                                         producción.
Recurso interpuesto el 18 de agosto de 2003 contra la                    Para fundamentar sus pretensiones, las demandantes alegan
Comisión de las Comunidades Europeas por Agraz S.A. y                    que en el presente caso se reúnen los requisitos de la jurispru-
                      otras 110 sociedades                               dencia Bergadem.
                       (Asunto T-285/03)
                         (2003/C 251/34)                                 Las demandantes alegan que esta omisión constituye una
                                                                         infracción de lo dispuesto en el Reglamento de base en la
                                                                         materia (2), que este Reglamento confiere derechos a los parti-
                                                                         culares y que las facultades de la Comisión a la hora de adoptar
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         el Reglamento no 1519/2000, antes citado, eran muy limita-
                                                                         das, en el sentido de que consistían únicamente en identificar
                                                                         los países de referencia para calcular el importe de la ayuda.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 18 de agosto de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Agraz S.A. y otras 110 sociedades, representadas por el              Por último, las demandantes sostienen que la Comisión
Sr. José Luís da Cruz Vilaça, el Sr. Ricardo Oliveira, la                vulneró los principios de buena administración y de confianza
Sra. Maria João Melícias y la Sra. Dorothée Choussy, abogados.           legítima al no haber realizado los esfuerzos necesarios para
                                                                         obtener los precios chinos y al haberse negado, una vez que le
                                                                         fueron comunicados dichos precios, a modificar su
                                                                         Reglamento.
Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                         (1) DO L 174 de 13.7.2000, p. 29.
—     Condene a la parte demandada al pago a cada sociedad               (2) DO L 297 de 21.11.1996, p. 29.
      demandante del saldo de la ayuda a la producción junto
      con los intereses al tipo que determine el Tribunal de
      Primera Instancia, a partir del 12 de julio de 2000 (o,
      subsidiariamente, a partir del 13 de julio de 2000, o, con
      carácter subsidiario de segundo grado, a partir del 16 de
      julio de 2000) y hasta el día del pago efectivo.
                                                                         Recurso interpuesto el 15 de agosto de 2003 contra la
                                                                         Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
—     Condene en costas a la Comisión, incluyendo aquellas en                   dibujos y modelos) por The Gillette Company
      las que han incurrido las partes demandantes.
                                                                                (Asunto T-286/03)
Motivos y principales alegaciones                                                                (2003/C 251/35)
                                                                         (Lengua de procedimiento: deberá determinarse con arreglo al
                                                                         artículo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento —
El presente recurso tiene por objeto que se declare la respon-                   Lengua en la que se ha redactado el recurso: alemán)
sabilidad extracontractual de la Comunidad por el perjuicio
presuntamente sufrido por las demandantes a consecuencia del
método de cálculo del importe de la ayuda a la producción                En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el 15 de
para los productos transformados a base de tomates para la               agosto de 2003 un recurso contra la Oficina de Armonización
campaña 2000/01 establecido por el Reglamento (CE)                       del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado
no 1519/2000 de la Comisión, de 12 de julio de 2000, por                 por The Gillette Company, Boston (EE.UU.), representada por
el que se fijan el precio mínimo y el importe de la ayuda para           el Sr. L. Kouker, abogado. Wilkinson Sword GmbH, Solingen
los productos transformados a base de tomate para la                     (Alemania) fue asimismo parte en el procedimiento ante la Sala
campaña 2000/01 (1).                                                     de Recurso.


title: Asunto T-390/03: Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2003 por CM Capital Markets Holding, S.A., contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

text:
C 21/46                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          24.1.2004
Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2003 por                        Resolución de la Divi-      Estimación de la oposición y des-
CM Capital Markets Holding, S.A., contra la Oficina de                    sión de Oposición:          estimación de la solicitud para
        Armonización del Mercado Interior (OAMI)                                                      los siguientes servicios: gestión de
                                                                                negocios comerciales, administra-
                       (Asunto T-390/03)                                                              ción comercial, trabajos de ofici-
                                                                                nas (clase 35), seguros y negocios
                                                                                financieros, monetarios, banca-
                          (2004/C 21/91)                                                              rios e inmobiliarios (clase 36),
                                                                                telecomunicaciones (clase 38),
                 (Lengua de procedimiento: español)                                                   servicios jurídicos e investigación
                                                                                científica e industrial (clase 42).
                                                                          Resolución de la Sala de    Estimación del recurso interpue-
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    Recurso:                    sto por la solicitante.
europeas se ha presentado el 24 de noviembre de 2003 un
recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado                     Motivos invocados:          Aplicación incorrecta del artí-
Interior (OAMI) formulado por CM Capital Markets Holding,                                             culo 8, apartado 1, letra b) del
S.A., con domicilio en Madrid, representada por el letrado en                                         Reglamento (CE) no 40/94 (riesgo
ejercicio Da. Natalia Moya Fernández, abogado del Ilustre                                             de confusión).
Colegio de Madrid.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
—     se anule la decisión de la OAMI (Sala Primera de Recurso)
      de fecha 23 de septiembre de 2003, dictada en el
      asunto R-244/2003, con la consiguiente estimación en su
                                                                          Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2003 contra
      totalidad de la oposición presentada en el procedimiento
                                                                          la Comisión de las Comunidades Europeas por Ives
      B348914;
                                                                                Franchet y Daniel Byk
—     se estimen las alegaciones de la recurrente acordando a la
      División de Oposición de la OAMI que proceda a la                                        (Asunto T-391/03)
      denegación del registro de la marca afectada, y
—     condene en costas a la parte demandada y desestime sus                                     (2004/C 21/92)
      pretensiones.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
Motivos y principales alegaciones
Solicitante de la marca        Caja de Ahorros de Murcia.                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
comunitaria:                                                              Europeas se ha presentado el 27 de noviembre de 2003 un
                                                                          recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Marca         comunitaria      Marca figurativa con reivindica-           formulado por los Sres. Yves Franchet y Daniel Byk, con
objeto de la solicitud:        ción de colores, constituido por la        domicilio en Luxemburgo, representados por Me Georges
                               imagen de un cuadrado de color             Vandersanden y Me Laure Levi, abogados.
                               rojo, con la mención «CM» en su
                               interior — Solicitud no 1.413.061
                               para productos y servicios en las          Las partes demandantes solcitan al Tribunal de Primera
                               clases 1 a 42.                             Instancia que:
Titular de la marca o          La demandante.
signo que se invoca en el                                                 —    Anule la Decisión de la Comisión Europea de 18 de
procedimiento de oposi-                                                        agosto de 2003 por la que se denegó la solicitud de los
ción:                                                                          demandantes de tener acceso a distintos documentos que
                                                                               obran en poder de dicha institución, decisión notificada
Marca o signo que se           Marca figurativa española «CAPI-                el 21 de agosto de 2003, así como la Decisión de la
opone:                         TAL MARKETS CM», registrada                     Comisión de 1 de octubre de 2003 por la que se
                               bajo los números 2.000.040,                     denegó la solicitud de confirmación formulada por los
                               2.000.041,       2.000.042        y             demandantes, el 8 de septiembre de 2003.
                               2.000.043 para servicios en las
                               clases 35, 36, 38 y 42.                    —    Condene a la demandada al pago de todas las costas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 1 de julio de 2004, en el asunto C-169/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Regeringsrätten): Florian W. Wallentin contra Riksskatteverket (Libre circulación de personas — Trabajadores — Impuesto sobre la renta — Sujeción por obligación real de un contribuyente que percibe una escasa parte de sus ingresos en un Estado miembro y que reside en otro Estado miembro)

text:
               28.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/7

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 1 de julio de 2004
   en el asunto C-169/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Regeringsrätten): Florian W. Wallentin contra Riksskatteverket (1)

   (Libre circulación de personas - Trabajadores - Impuesto sobre la renta - Sujeción por obligación real de un contribuyente que percibe una escasa parte de sus ingresos en un Estado miembro y que reside en otro Estado miembro)
   (2004/C 217/12)
   Lengua de procedimiento: sueco
   En el asunto C-169/03, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Regeringsrätten (Suecia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Florian W. Wallentin y Riksskatteverket, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 39 CE, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. A. La Pergola y S. von Bahr, la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. K. Lenaerts, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 1 de julio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El artículo 39 CE se opone a que la legislación de un Estado miembro disponga que las personas físicas que no tengan su domicilio fiscal en ese Estado miembro, pero que perciban en él rendimientos del trabajo,

               —

               tributen mediante una retención en la fuente configurada de tal modo que excluya la concesión de la reducción general o de cualesquiera otras reducciones o deducciones vinculadas a la situación personal del contribuyente,

               —

               pese a que los contribuyentes domiciliados en ese mismo Estado tienen derecho a tales reducciones o deducciones en la tributación general de los ingresos que hayan percibido en ese mismo Estado y en el extranjero,

               —

               cuando los no residentes en el Estado de imposición sólo hayan percibido en su propio Estado de residencia ingresos que, por su naturaleza, están exentos del impuesto sobre la renta.

      (1)  DO C 158 de 5.7.2003.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 13 de julio de 1995 en el asunto C-156/93: Parlamento Europeo contra Comisión de las Comunidades Europea (Normativa sobre la producción agrícola ecológica - Competencias respectivas del Consejo y de la Comisión - Prerrogativas del Parlamento)

text:
N° C 268/2               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    14 . 10 . 95
n° 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992 , relativo a la        2 ) Se condena en costa al Parlamento Europeo. El Consejo
creación de un certificado complementario de protección                     cargará con sus propias costas.
para los medicamentos, el Tribunal de Justicia, integrado
por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; F. A.            (') DO n" C 159 de 11 . 6 . 1993 .
Schockweiler y P. J. G. Kapteyn, Presidentes de Sala ; G. F.
Mancini , C. N. Kakouris, J. L. Murray, D. A. O. Edward,
J.-P. Puissochet, G. Hirsch (Ponente ), H. Ragnemalm y L.
Sevón, Jueces; Abogado General : Sr . F. G. Jacobs; Secreta
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
rio : Sr . R. Grass , ha dictado el 13 de julio de 1995 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente :                                                      de 13 de julio de 1995
                                                                      en el asunto C-341/93 [petición de decisión prejudicial
1 ) Se desestima el recurso.                                          planteada por el Vestre Landsret ( Dinamarca)]: Danvaern
                                                                      Production A/S contra Schuhfabriken Otterbeck GmbH &
2 ) Se condena en costas al Reino de España.                                                         Co . r )
3 ) La República Helénica, la República Francesa y la                 (Convenio de Bruselas — Competencias especiales —
       Comisión cargarán con sus propias costas.                      Punto 3 del artículo 6 — Concepto de reconvención —
                                                                                Compensación)
(M DO n° C 260 de 9 . 10 . 1992 .                                                               ( 95/C 268/04 )
                                                                                (Lengua de procedimiento: danés)
                                                                       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                      cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                                           de Justicia »)
                       de 13 de julio de 1995
                                                                      En el asunto C-341 /93 , que tiene por objeto una petición
 en el asunto C- 1 5 6/93 : Parlamento Europeo contra Comi            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3
              sión de las Comunidades Europea ( ] )                    de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal
 (Normativa sobre la producción agrícola ecológica —                   de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre
 Competencias respectivas del Consejo y de la Comisión —               la competencia judicial y la ejecución de resoluciones
                  Prerrogativas del Parlamento)                        judiciales en materia civil y mercantil, por el Vestre Landsret
                            ( 95/C 268/03 )                            ( Dinamarca ), destinada a obtener, en el litigio pendiente
                                                                       ante dicho órgano jurisdiccional entre Danvaern Production
                (Lengua de procedimiento : inglés)                     A/S y Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co ., una decisión
                                                                       prejudicial sobre la interpretación del punto 3 del artículo 6
                                                                       y del artículo 22 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 ,
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi           antes citado ( DO n° L 299 de 1972 , p. 32; texto codificado
 cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal            en español en el DO n0 C 189 de 1990, p . 2 ), en su versión
                              de Justicia »)                           modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo
                                                                       a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino
 En el asunto C-156/93 , Parlamento Europeo ( Agente: Sr .             Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ( DO n° L 304 de
 Jorge Campignos) contra Comisión de las Comunidades                    1978 , p. 1 y — texto modificado — p. 77; texto en español
 Europeas (Agentes: Sres. Christiaan Timmermans, David                 en el DO n" L 285 de 1989 , p . 41 ) y por el Convenio de 25 de
 Gilmour y José Luis Iglesias Buhigues ), apoyada por el                octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República
 Consejo de la Unión Europea, ( Agentes: Sres. Jean-Claude              Helénica ( DO n" L 388 de 1982, p . 1 ; texto en español en el
 Piris y Michael Bishop), que tiene por objeto un recurso de            DO n" L 285 de 1989 , p . 54 ), el Tribunal de Justicia,
 anulación del Reglamento ( CEE ) n° 207/93 de la Comisión,             integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente;
  de 29 de enero de 1993, por el que se define el contenido del         F. A. Schockweiler, C. Gulmann y P. Jann, Presidentes de
  Anexo VI del Reglamento ( CEE) n° 2092/91 del Consejo                 Sala; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L.
  sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los         Murray, D. A. O. Edward ( Ponente), J.-P. Puissochet, G.
  productos agrarios y alimenticios y por el que se establecen          Hirsch y L. Sevón, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger;
  las disposiciones particulares de aplicación del apartado 4           Secretario : Sr . R. Grass; ha dictado el 13 de julio de 1995
  del artículo 5 de dicho Reglamento ( DO n° L 25 , p . 5 ), o, con     una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
  carácter subsidiario, de anulación de las partes impugnadas
  de dicho Reglamento, el Tribunal de Justicia, integrado por           El número 3 del artículo 6 del Convenio de 27 de septiembre
  los Sres .: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; F. A.               de 1 968 relativo a la competencia judicial y ala ejecución de
  Schockweiler, P. J. G. Kapteyn ( Ponente ) y P. Jann,                 resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su
  Presidentes de Sala; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C.              versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978
  Moitinho de Almeida, J. L. Murray, G. Hirsch, H. Ragne                relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y
  malm y L. Sevón, Jueces; Abogado General: Sr. F. G. Jacobs;            del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y por
  Secretaria : Sra . L. Hewlett, administradora; ha dictado el 13        el Convenio de 25 de octubre de 1 982 relativo a la adhesión
  de julio de 1995 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:             de la República Helénica, únicamente se refiere a las
                                                                         pretensiones formuladas por los demandados con el objeto
   1 ) Se desestima el recurso.                                          de obtener una condena distinta de la desestimación de la


title: Asunto C-280/12 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de junio de 2012 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 21 de marzo de 2012 en los asuntos acumulados T-439/10 y T-440/10, Fulmen/Consejo

text:
               4.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 235/10

         Recurso de casación interpuesto el 6 de junio de 2012 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 21 de marzo de 2012 en los asuntos acumulados T-439/10 y T-440/10, Fulmen/Consejo
   (Asunto C-280/12 P)
   2012/C 235/19
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y R. Liudvinaviciute, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule la sentencia dictada el 21 de marzo de 2012 por el Tribunal General (Cuarta Sala) en los asuntos acumulados T-439/10 y T-440/10.

               —

               Que se resuelva con carácter definitivo el ligio y se desestimen los recursos de Fulmen y el Sr. Mahmoudian contra los actos del Consejo impugnados.

               —

               Que se condene a Fulmen y al Sr. Mahmoudian a las costas en que haya incurrido el Consejo en primera instancia y en el marco del presente recurso de casación.

      Motivos y principales alegaciones

   El Consejo considera que la sentencia del Tribunal General recaída en los asuntos antes citados adolece de errores de Derecho y, por consiguiente, debe ser anulada por el Tribunal de Justicia.
   El Consejo alega que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al considerar que la demandante debía aportar las pruebas para demostrar los motivos invocados en relación con la imposición de medidas restrictivas a la sociedad Fulmen, a saber, que dicha sociedad participó en la instalación de equipos electrónicos en el sitio nuclear de Quom/Fordoo (Irán).
   A este respecto, el Consejo estima, en primer lugar, que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al considerar que debía exigir, al Estado miembro que propuso la designación de Fulmen, que presentara pruebas e información, cuando dichos elementos proceden de fuentes confidenciales. En segundo lugar, el Consejo sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el Tribunal podía tener en cuenta elementos confidenciales que no se hubieran comunicado a los abogados de las partes interesadas, mientras que el artículo 67, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no prevé esta posibilidad.


title: Asunto T-76/13: Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2013 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OAMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO)

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/30

         Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2013 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OAMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO)
   (Asunto T-76/13)
   2013/C 108/77
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Suiza) (representante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Staccata Srl (Como, Italia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución dictada el 26 de noviembre de 2012 (Asunto R 62/2012-5) puesto que se cumple efectivamente el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo.

               —

               Condene a la OAMI y a STACCATA S.r.l. al pago de las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene un emblema de alas extendidas y el elemento denominativo «QUARTODIMIGLIO» para productos de las clases 9, 14, 16, 18 y 25 — Solicitud de marca comunitaria no 9.260.597

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado: Marcas figurativas que contienen un emblema de alas extendidas y algunas de ellas el elemento denominativo «LONGINES» — Registro de marca comunitaria no 225.714, registros internacionales no 401.319, no 529.334, no 610.902 y no 298.063 para productos de las clases 9 y 14

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento no 207/2009 del Consejo.


title: Asunto T-128/99: Recurso interpuesto el 25 de mayo de 1999 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por Signal Communications Ltd.

text:
7.8.1999                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 226/41
Recurso interpuesto el 25 de mayo de 1999 por El                             tributaria carece de la pretendida discrecionalidad que le
Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia                        atribuye la Comisión y los requisitos establecidos en la
— Diputacı́on Foral de Alava contra Comisión de las                         Norma están abiertos a todos los agentes económicos, sea
                      Comunidades Europeas                                   cual el sector en el que realicen su actividad;
                        (Asunto T-127/99)                                — la errónea apreciación de la excepción basada en la
                                                                             naturaleza y economı́a del sistema, que justificarı́a el
                                                                             eventual carácter selectivo, en el caso de que llegase a
                         (1999/C 226/72)                                     determinarse tal carácter. Se afirma a este respecto que los
                                                                             requisitos de aplicación de las Normas Forales 22/1994 y
                                                                             24/1996 son objetivos y transparentes, además de necesa-
                  (Lengua de procedimiento: español)                        rios para que el objetivo por ellas perseguido pueda
                                                                             lograrse.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado, el 25 de mayo de 1999, un recurso             En último lugar, la parte demandante invoca la violación del
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                deber de motivación de los actos.
por El Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia
— Diputación Foral de Alava, con domicilio en Vitoria
(España), representado por los letrados en ejercicio D. Antonio
Creus Carreras y Dña. Begoña Uriarte Valiente, con domicilio
en Cuatrecasas Abogado, Av. d’Auderghem 78, 1040 Bruselas.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            Recurso interpuesto el 25 de mayo de 1999 contra la
que:                                                                     Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)
                                                                                por Signal Communications Ltd.
— anule la decisión de la Comisión, de 24 de febrero de
    1999, relativa a la ayuda estatal concedida por España                                     (Asunto T-128/89)
    en favor de Daewoo Electronics Manufacturing España
    (DEMESA); en concreto las letras d) y e) del artı́culo 1, ası́
    como el apartado 1.b) del artı́culo 2 y, en la medida en que                                  (1999/C 226/73)
    se viera afectado, el apartado 2 del artı́culo 2;
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
— condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                        Europeas se ha presentado el 25 de mayo de 1999 un recurso
                                                                         contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                         formulado por Signal Communications Ltd., representada por
El presente recurso se dirige contra la decisión de la Comisión        los Sres. John Grayston y André Bywater, que designa como
que consideró ayudas de Estado incompatibles con el mercado             domicilio en Luxemburgo el bufete de Abogados Duro & Lang,
común las siguientes medidas fiscales aplicadas a la empresa            3, rue de la Chapelle.
Daewoo Electronics Manufacturing España SA (DEMESA):
— la ocupación gratuita de un terreno en el polı́gono                   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
    industrial de Júndiz durante un periodo de nueve meses,             que:
    hasta que fue abonado el precio del mismo;
                                                                         — Anule la resolución de la Sala Primera de Recurso de la
— la subvención a la inversión concedida por las autoridades               OAMI de 24 de marzo de 1999, por la que se desestimó el
    vascas en el marco del programa EKIMEN, por lo que                       recurso de la demandante.
    respecta al 5 % de la misma, no amparado por dicho
                                                                         — Ordene a la Oficina modificar la solicitud de marca
    régimen;
                                                                             comunitaria no 837096 i, sustituyendo TELEYE por
                                                                             TELEEYE.
— el beneficio de las medidas previstas en las Normas Forales
    22/1994 y 24/1996 del Territorio Histórico de Alava,                — Condene en costas a la Oficina.
    consistentes en un crédito fiscal del 45 % del coste de la
    inversión y una reducción de la base imponible que se
    concede a las empresas de nueva creación.                           Motivos y principales alegaciones
En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante alega:                 Marca objeto de la solicitud:     «TELEYE»        —      solicitud
                                                                                no 837096
— la errónea interpretación realizada por la Comisión del
    concepto de ayuda de Estado, al considerar que el crédito            Producto o servicio:              sistemas de alarma y vigilancia
    fiscal y la reducción de la base imponible para las empresas                                          (clase 9)
    de nueva creación constituyen medidas de carácter selec-
    tivo y, por lo tanto, ayudas de Estado. Se afirma a este             Resolución recurrida ante la     negativa del examinador a
    respecto que las medidas objeto del litigo revisten un               Sala de Recurso:                  modificar la solicitud de regis-
    carácter general y escapan por tanto, al ámbito de aplica-                                           tro de la marca sustituyendo
    ción del artı́culo 87 CE (ex artı́culo 92). La Administración                                        «TELEYE» por «TELEEYE»
 ---pagebreak--- C 226/42               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       7.8.1999
Motivos invocados:                Infracción del artı́culo 44 del          10 % de acuerdo con el artı́culo 10,1 del Decreto, un 5 %
                                  Reglamento (CEE) no 40/94;                como Proyecto Estratégico y un 5 % como Proyecto de
                                                                            Inversión con Generación Significativa de Empleo, de
                                  infracción del artı́culo 63,             acuerdo con el artı́culo 10,2 del Decreto y, finalmente, un
                                  apartado 2, del Reglamento                5 %, de conformidad con lo previsto en el artı́culo 10,4 del
                                  no 40/94;                                 Decreto;
                                  infracción de los artı́culos 74,
                                  apartado 1, y 76, apartado 1,         — la violación del derecho de la defensa de la Comunidad
                                  letra b),   del     Reglamento            Autónoma del Paı́s Vasco, al no haber tenido ésta conoci-
                                  no 40/94.                                 miento de la infracción que la Comisión le atribuye
                                                                            respecto del artı́culo 7, d) del Decreto, hasta la comunica-
                                                                            ción de la decisión impugnada.
                                                                        — interpretación errónea del artı́culo 87,3,c) CE (ex artı́-
                                                                            culo 92,3,c). Con este motivo, invocado a tı́tulo subsidiario
                                                                            para el supuesto en que el Tribunal declare la existencia de
                                                                            una ayuda de Estado, las demandantes alegan que, en
Recurso interpuesto el 26 de mayo de 1999 por Comuni-                       cualquier caso, la Comisión habrı́a debido calificar dicha
dad Autónoma del Paı́s Vasco y Gasteizko Industria Lurra,                  ayuda como regional, en el sentido de las disposiciones
   S.A. contra Comisión de las Comunidades Europeas                        arriba mencionadas.
                       (Asunto T-129/99)
                         (1999/C 226/74)
                (Lengua de procedimiento: español)                     Recurso interpuesto el 27 de mayo de 1999 contra el
                                                                        Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
                                                                                Profesional (CEDEFOP) por David Crabbe
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado, el 26 de mayo de 1999, un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                                       (Asunto T-130/99)
por la Comunidad Autónoma del Paı́s Vasco y Gasteizko
Industria Lurra, S.A., ambas con domicilio en Vitoria (España),                                 (1999/C 226/75)
representadas por los letrados en ejercicio D. Fernando Pombo
Garcı́a, D. Emiliano Garayar Gutiérrez y D. Juan Alonso Berbe-
rena, con domicilio en Gómez-Acebo & Pombo, rue de la Loi                               (Lengua de procedimiento: francés)
99/101, 1040 Bruselas.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           Europeas se ha presentado el 27 de mayo de 1999 un recurso
que:                                                                    contra el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
                                                                        Profesional formulado por el Sr. David Crabbe, con domicilio
— anule la decisión de la Comisión C(1999)498, de 24 de               en Salónica (Grecia), representado por Me Marc-Albert Lucas,
    febrero de 1999, relativa a la ayuda estatal concedida por          Abogado de Lieja, que designa como domicilio en Luxemburgo
    España en favor de Daewoo Electronics Manufacturing                el despacho de Fiduciaire Myson Sarl, 30, rue de Cessange.
    España, S.A. (DEMESA);
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
— condene a la Comisión en costas.                                     que:
                                                                        — Anule la decisión de la demandada por la que se desestimó
Motivos y principales alegaciones                                           su reclamación administrativa de 27 de octubre de 1998.
Los motivos y principales argumentos son similares a los                — Anule la decisión de la demandada por la que se denegó su
invocados en el asunto T-127/99 Territorio Histórico de Alava,             solicitud de 26 de junio de 1998.
Arabako Foru Aldundia — Diputación Foral de Alava contra
Comisión de las Comunidades Europeas.                                  — Condene en costas a la demandada.
Se insiste en particular sobre:
                                                                        Motivos y principales alegaciones
— la supuesta violación de los principios de seguridad jurı́dica
    y de confianza legı́tima, en la medida en que, realizando           El demandante era hasta el 1 de septiembre de 1997 funciona-
    una interpretación conforme de los criterios establecidos          rio de grado LA 6 del Parlamento Europeo en un puesto de
    en el artı́culo 10 del Decreto regulador del Programa               traductor perteneciente al servicio lingüı́stico previsto en el
    EKINEM, tal y como fue notificado a la Comisión, DEMESA            apartado 2 del artı́culo 5 del Estatuto. Presentó su candidatura
    tendrı́a derecho, en opinión de las demandantes, a recibir         para un puesto de traductor de lengua inglesa publicado por el
    un 25 % de subvención a fondo perdido: un tramo del                CEDEFOP.


title: Asunto C-89/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Bélgica) el 17 de febrero de 2010 — Q-Beef NV/Belgische Staat

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Bélgica) el 17 de febrero de 2010 — Q-Beef NV/Belgische Staat
   (Asunto C-89/10)
   2010/C 113/39
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Q-Beef NV

      Demandada: Belgische Staat

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el Derecho comunitario a que los jueces nacionales apliquen el plazo de prescripción de cinco años, previsto en el ordenamiento jurídico interno para los créditos frente al Estado, a las acciones de devolución de tributos que han sido pagados a un Estado miembro con arreglo a un régimen mixto de ayudas y tributos que no sólo parece ser parcialmente ilegal, sino también parcialmente incompatible con el Derecho comunitario, y que han sido abonados antes de la entrada en vigor de un nuevo régimen de ayudas y de cotizaciones obligatorias que sustituye al primer régimen, y que, en virtud de una decisión definitiva de la Comisión, fue declarado compatible con el Derecho comunitario, pero no en la medida en que tales cotizaciones fueron impuestas con carácter retroactivo para un período anterior a la fecha de tal decisión?

               2)

               ¿Se opone el Derecho comunitario a que un Estado miembro pueda invocar con éxito unos plazos de prescripción nacionales específicos y favorables para dicho Estado miembro en comparación con el Derecho común interno, en su condición de demandado en un procedimiento incoado contra él por un particular para la tutela de derechos que dicho particular deduce del Tratado CEE, en un caso como el sometido por el juez nacional, en el que estos plazos de prescripción específicos favorables tienen como consecuencia que se hace imposible la devolución de tributos que han sido pagados al Estado miembro con arreglo a un régimen mixto de ayudas y tributos que no sólo parece ser parcialmente ilegal, sino también parcialmente incompatible con el Derecho comunitario, mientras que su incompatibilidad con el Derecho comunitario fue comprobada por el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una vez expirados los plazos de prescripción nacionales específicos y favorables, aun cuando tal ilegalidad ya existía con anterioridad?


title: Asunto C-513/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Procedimiento incoado por «Agrodetalė» UAB (Procedimiento prejudicial — Mercado interior — Homologación CE — Directiva 2003/37/CE — Ámbito de aplicación — Tractores agrícolas o forestales — Comercialización y matriculación en la Unión Europea de vehículos de ocasión o usados importados desde un tercer país — Conceptos de «vehículo nuevo» y de «puesta en circulación»)

text:
               21.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 277/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Procedimiento incoado por «Agrodetalė» UAB
   (Asunto C-513/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Mercado interior - Homologación CE - Directiva 2003/37/CE - Ámbito de aplicación - Tractores agrícolas o forestales - Comercialización y matriculación en la Unión Europea de vehículos de ocasión o usados importados desde un tercer país - Conceptos de «vehículo nuevo» y de «puesta en circulación»))
   (2017/C 277/05)
   Lengua de procedimiento: lituano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

      Partes en el procedimiento principal

   «Agrodetalė» UAB

      Fallo

               1)

               La Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 74/150/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2014/44/UE de la Comisión, de 18 de marzo de 2014, debe interpretarse en el sentido de que la primera comercialización y la matriculación en un Estado miembro de tractores de ocasión o usados importados desde un tercer país están sujetas al cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en ella.

               2)

               El artículo 23, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/37, en su versión modificada por la Directiva 2014/44/UE, debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones de ésta se aplican a los vehículos de ocasión pertenecientes a las categorías T1, T2 y T3 importados en la Unión Europea desde un tercer país, cuando se pongan en circulación en la Unión por primera vez a partir del 1 de julio de 2009.

      (1)  DO C 414 de 14.12.2015.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 1999 en el asunto C-378/97 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arrondissementsrechtbank te Rotterdam): proceso penal contra Florus Ariël Wijsenbeek («Libre circulación de personas - Derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a circular y residir libremente - Controles en las fronteras - Normativa nacional que obliga a las personas procedentes de otro Estado miembro a presentar un pasaporte»)

text:
C 366/10                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          18.12.1999
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                  de 21 de septiembre de 1999                                                           (Sala Primera)
                                                                                de 21 de septiembre de 1999
en el asunto C-378/97 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Arrondissementsrechtbank te Rotter-
  dam): proceso penal contra Florus Ariël Wijsenbeek (1)                    en el asunto C-362/98: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra República Italiana (1)
(«Libre circulación de personas — Derecho de los ciudadanos
de la Unión Europea a circular y residir libremente —                      («Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho
Controles en las fronteras — Normativa nacional que obliga                                  interno a la Directiva 93/103/CE»)
a las personas procedentes de otro Estado miembro a
                      presentar un pasaporte»)                                                         (1999/C 366/16)
                           (1999/C 366/15)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     En el asunto C-362/98, Comisión de las Comunidades Euro-
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         peas (Agentes: Sres. Pieter Jan Kuijper y Antonio Aresu) contra
                                                                            República Italiana (Agente: Profesor Umberto Leanza asistido
                                                                            por el Sr. Danilo del Gaizo), que tiene por objeto que se declare
En el asunto C-378/97, que tiene por objeto una petición                   que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          incumben en virtud del Tratado CE, al no haber adoptado y/o
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Arrondisse-
                                                                            no haber comunicado a la Comisión las disposiciones legales,
mentsrechtbank te Rotterdam (Paı́ses Bajos), destinada a                    reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumpli-
obtener, en el proceso penal seguido ante dicho órgano
                                                                            miento a lo establecido en la Directiva 93/103/CE del Consejo,
jurisdiccional contra Florus Ariël Wijsenbeek, una decisión
                                                                            de 23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones
prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 7 A y 8 A            mı́nimas de seguridad y de salud en el trabajo a bordo de los
del Tratado CE (actualmente artı́culos 14 CE y 18 CE, tras su
                                                                            buques de pesca (Decimotercera Directiva especı́fica con
modificación), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:
                                                                            arreglo al artı́culo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE)
G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puisso-         (DO L 307, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Primera),
chet, y P. Jann, Presidentes de Sala; J.C. Moitinho de Almeida,
                                                                            integrado por los Sres.: P. Jann (Ponente), Presidente de Sala;
C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm,
                                                                            L. Sevón y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo;
L. Sevón (Ponente) y M. Wathelet, Jueces; Abogado General:                 Secretario: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el
Sr. G. Cosmas; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, adminis-
                                                                            21 de septiembre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el
tradora principal, ha dictado el 21 de septiembre de 1999 una
                                                                            siguiente:
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                            1) Se declara que la República Italiana ha incumplido las obligacio-
En el estado del Derecho comunitario aplicable cuando se produjeron             nes que le incumben en virtud del artı́culo 13, apartado 1, de la
los hechos del asunto principal, ni el artı́culo 7 A ni el artı́culo 8 A        Directiva 93/103/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993,
del Tratado CE (actualmente artı́culos 14 CE y 18 CE, tras su                   relativa a las disposiciones mı́nimas de seguridad y de salud en el
modificación) se oponı́an a que un Estado miembro obligara, so pena            trabajo a bordo de los buques de pesca (Decimotercera Directiva
de sanción penal, a una persona, ciudadano de la Unión Europea o              especı́fica con arreglo al apartado 1 del artı́culo 16 de la
no, a probar su nacionalidad al entrar en el territorio de dicho Estado         Directiva 89/391/CEE), al no haber adoptado, dentro del plazo
miembro por una frontera interior de la Comunidad, siempre que las              señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrati-
sanciones fueran comparables a las establecidas para infracciones               vas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha
nacionales similares y no fueran desproporcionadas, creando con ello            Directiva.
un obstáculo a la libre circulación de personas.
                                                                            2) Se condena en costas a la República Italiana.
(1) DO C 387 de 20.12.1997.
                                                                            (1) DO C 358 de 21.11.1998.


               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/46

         Recurso interpuesto el 2 de febrero de 2004 contra el Parlamento Europeo por el Sr. Roderich Weißenfels
   (Asunto T-33/04)
   (2004/C 94/129)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 2 de febrero de 2004 un recurso contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr. Roderich Weißenfels, representado por el Sr. H. Arend, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión de la parte demandada, de 26 de junio de 2003, mediante la cual se dedujo de la doble asignación por hijo a cargo, establecida en el artículo 67, apartado 3, del Estatuto, otro tipo de complemento abonado en favor de su hijo, así como la decisión de la parte demandada, de 10 de noviembre de 2003, relativa a su reclamación.

               —

               Ordene a la parte demandada abonarle diversos elementos de su retribución estatutaria retenidos sin fundamento jurídico, más los intereses legales.

               —

               Condene a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, incluidos los gastos que el demandante ha necesitado realizar.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante recibe desde hace algunos años una doble asignación por hijo a cargo con arreglo al artículo 67, apartado 3, del Estatuto. Desde diciembre de 1998 su hijo, afectado de una discapacidad grave, recibe mensualmente una ayuda por discapacidad que le abona un Fondo luxemburgués. En 1999 el demandante comunicó dicho pago por precaución. Como consecuencia de ello, se dedujo de la doble asignación por hijo a cargo la prestación del Fondo que incrementaba regularmente la cantidad de la asignación mencionada, se le exigió su devolución con efectos retroactivos al momento en que se concedió la asignación especial luxemburguesa, y desde entonces no se le volvió a abonar.
   El demandante alega que no concurren los requisitos para la deducción prevista en el artículo 67, apartado 2, del Estatuto. Según la definición del artículo 67, apartado 3, esa doble asignación por hijo a cargo pretende aliviar al funcionario que tenga «excesivas cargas» derivadas de una disminución grave de su hijo. En cambio, la prestación del Fondo es una «asignación especial para personas con una discapacidad grave» según su propia definición. Se trata de una prestación autónoma que, además, no se concede al demandante sino al propio discapacitado, aunque sea pagada directamente al representante legal por la incapacidad jurídica del titular del derecho. De lo anterior se desprende que esta prestación no es un «complemento» ni lo es «del mismo tipo». En consecuencia, es ilegal practicar la deducción con arreglo al artículo 67, apartado 2, del Estatuto. Por otra parte, la deducción se practicó desde el principio de modo contrario a su propio saber.


title: Asunto C-205/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Bélgica) el 30 de abril de 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Bélgica) el 30 de abril de 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
   (Asunto C-205/12)
   2012/C 227/13
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

      Partes en el procedimiento principal

   Demandante: Essent Belgium NV
   Demandada: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
   Otra parte: Vlaams Gewest

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con los artículos 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y 11 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) o, en su caso, los artículos 36 TFUE y 13 del Acuerdo EEE, una norma nacional, como la que contiene el Vlaams Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Decreto flamenco de 17 de julio de 2000 relativo a la organización del mercado de la electricidad), a la que se dio aplicación mediante la Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2005 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (Orden del Gobierno Flamenco de 5 de marzo de 2004, en su versión modificada por la Orden del Gobierno Flamenco de 25 de febrero de 2005 relativa al fomento de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables), y mediante la Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (Orden del Gobierno Flamenco de 8 de julio de 2005 por la que se modifica la Orden del Gobierno Flamenco de 5 de marzo de 2004 relativa al fomento de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables y la Orden del Gobierno Flamenco de 29 de marzo de 2002 relativa a la obligación de servicio público de fomento del uso racional de la energía), habida cuenta de que:

                           —

                           se impone a los proveedores que suministran electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte la obligación de presentar anualmente al organismo regulador un número determinado de certificados verdes (artículo 23 de dicho Decreto);

                           —

                           se impone a los proveedores que suministran electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte una multa por parte del Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits en Gasmarkt (VREG) (Organismo Regulador Flamenco del Mercado de la Electricidad y del Gas), cuando dichos proveedores no hayan entregado suficientes certificados verdes con el fin de cumplir con la obligación de cuota establecida en materia de presentación de tales certificados (artículo 37, apartado 2, de dicho Decreto);

                           —

                           se establece expresamente que, bajo determinadas condiciones, pueden aceptarse las garantías de origen de otros países en cumplimiento de la obligación de cuota (artículo 15 quater, apartado 2, de la Orden del Gobierno Flamenco de 5 de marzo de 2004, en su versión aplicable al presente litigio);

                           —

                           el Organismo regulador no puede o no quiere tener en cuenta las garantías de origen de Noruega y Dinamarca en incumplimiento de las medidas de ejecución del Gobierno Flamenco, que ha reconocido la igualdad o equivalencia de dichos certificados (artículo 25 de dicho Decreto y artículo 15 quater, apartado 2, de la Orden de 5 de marzo de 2004), sin que la igualdad o equivalencia sea examinada in concreto por el Organismo regulador;

                           —

                           de hecho, durante todo el período en que estuvo en vigor el Decreto de 17 de julio de 2000, sólo se tuvieron en cuenta certificados de producción de electricidad verde generada en la Región Flamenca para comprobar si se había cumplido la obligación de cuota, mientras que los proveedores de electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte no tenían ninguna posibilidad de demostrar que las garantías de origen entregadas de otros Estados miembros de la Unión Europea cumplían el requisito de existencia de garantías iguales o equivalentes en materia de reconocimiento de tales certificados?

               2)

               ¿Es compatible con el artículo 5 de la anterior Directiva 2001/77/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, una norma nacional como la mencionada en la primera cuestión?

               3)

               ¿Es compatible con el principio de igualdad y con la prohibición de discriminación establecidos, en particular, en los artículos 18 TFUE y 3 de la anterior Directiva 2003/54/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de [2003], sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE, una norma nacional como la mencionada en la primera cuestión?

      (1)  DO L 283, p. 33.

      (2)  DO L 176, p. 37.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 14 de junio de 2005, en el asunto C-358/04 (petición de decisión prejudicial Tribunale di Vicenza): Caseificio Valdagnese Srl contra Regione Veneto («Remisión prejudicial — Inadmisibilidad»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/24

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 14 de junio de 2005
   en el asunto C-358/04 (petición de decisión prejudicial Tribunale di Vicenza): Caseificio Valdagnese Srl contra Regione Veneto (1)

   («Remisión prejudicial - Inadmisibilidad»)
   (2005/C 217/46)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto C-358/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale di Vicenza (Italia), mediante resolución de 2 de agosto de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de agosto de 2004, en el procedimiento entre Caseificio Valdagnese Srl y Regione Veneto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, la Sra. N. Colneric (Ponente) y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 14 de junio de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
   Declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunale di Vicenza mediante resolución de 2 de agosto de 2004.

      (1)  DO C 273, de 6.11.2004.


title: Asunto C-130/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de mayo de 2016 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited (Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Sexta Directiva 77/388/CEE — Exención — Artículo 13, parte B, letra d), punto 3 — Operaciones relativas a los pagos y giros — Concepto — Compra de entradas para espectáculos u otros eventos — Pago mediante tarjeta de débito o tarjeta de crédito — Servicios denominados «de gestión de pagos mediante tarjeta»)

text:
               18.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de mayo de 2016 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited
   (Asunto C-130/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Sexta Directiva 77/388/CEE - Exención - Artículo 13, parte B, letra d), punto 3 - Operaciones relativas a los pagos y giros - Concepto - Compra de entradas para espectáculos u otros eventos - Pago mediante tarjeta de débito o tarjeta de crédito - Servicios denominados «de gestión de pagos mediante tarjeta»))
   (2016/C 260/08)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

      Demandada: National Exhibition Centre Limited

      Fallo

   El artículo 13, parte B, letra d), punto 3, de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que la exención del impuesto sobre el valor añadido que allí se establece para las operaciones relativas a los pagos y giros no es aplicable a un servicio denominado «de gestión de pagos mediante tarjeta de débito o de crédito», como el que es objeto del litigio principal, realizado por un sujeto pasivo prestador de ese servicio, cuando una persona compra, a través de ese prestador, una entrada para un espectáculo u otro evento que éste vende en nombre y por cuenta de otra entidad, tanto si esa persona paga mediante tarjeta de débito como si lo hace mediante tarjeta de crédito.

      (1)  DO C 190 de 8.6.2015.


title: Asunto C-515/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik Deutschland (Acceso del público a la información medioambiental — Directiva 2003/4/CE — Facultad de los Estados miembros de excluir del concepto de «autoridad pública» previsto en dicha Directiva a las entidades que actúen en calidad de órgano legislativo — Límites)

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik Deutschland
   (Asunto C-515/11) (1)

   (Acceso del público a la información medioambiental - Directiva 2003/4/CE - Facultad de los Estados miembros de excluir del concepto de «autoridad pública» previsto en dicha Directiva a las entidades que actúen en calidad de órgano legislativo - Límites)
   2013/C 260/13
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Berlin

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Deutsche Umwelthilfe eV

      Demandada: Bundesrepublik Deutschland

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgericht Berlin — Interpretación del artículo 2, número 2, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41, p. 26) — Obligación de las autoridades públicas de poner a disposición de cualquier solicitante la información medioambiental que obre en su poder — Normativa nacional que libera de la obligación de información a las máximas autoridades federales en la medida en que actúen en el marco del procedimiento legislativo — Límites a la facultad de los Estados miembros para excluir del concepto de «autoridad pública» previsto por la Directiva 2003/4/CE a los órganos que actúen en el ejercicio de poderes legislativos.

      Fallo

   El artículo 2, número 2, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que la facultad que esta disposición otorga a los Estados miembros de no considerar como autoridades públicas, obligadas a conceder el acceso a la información medioambiental que se encuentre en su poder, a las «entidades o instituciones en la medida en que actúen en calidad de órgano […] legislativo» no puede atañer a los ministerios cuando elaboran y adoptan disposiciones normativas de rango inferior a la ley.

      (1)  DO C 32, de 4.2.2012.