title: Asunto C-362/01: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2001 contra Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 317/20               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     10.11.2001
Recurso de casación interpuesto el 21 de septiembre de               Motivos y principales alegaciones
2001 por British Sugar plc contra la sentencia dictada el
12 de julio de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de                La recurrente alega que los hechos en que se basó el Tribunal
Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los                  de Primera Instancia no acreditan que el acuerdo o práctica
asuntos acumulados T-202/98, T-204/98 y T-207/98 (1),                 concertada de que se trata pudiera afectar al comercio entre
promovidos contra la Comisión de las Comunidades                     Estados. El Tribunal de Primera Instancia no prestó tampoco
Europeas por Tate & Lyle plc, British Sugar plc y Napier              suficiente atención a la estructura del mercado de referencia,
                       Brown & Co. Ltd.                               factor que, a juicio de la recurrente, habrı́a debido tomarse en
                                                                      consideración como circunstancia atenuante. La recurrente
                                                                      alega por tanto que, a la vista de los antecedentes de hecho y
                                                                      de los fundamentos de Derecho de la sentencia del Tribunal de
                     (Asunto C-359/01 P)                              Primera Instancia, dicho Tribunal hubiera debido declarar
                                                                      que la multa impuesta por la Comisión era totalmente
                                                                      desproporcionada.
                        (2001/C 317/36)
                                                                      (1) DO C 48 de 20.2.1999, pp. 29-30.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 21 de septiembre de 2001 un recurso de
casación formulado por British Sugar plc, representada por los
Sres. Thomas Sharpe, QC, Daniel Jowell, Barrister y Alex              Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2001 contra
Nourry, Solicitor, que designa domicilio en Luxemburgo,                  Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas
contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2001 por la Sala
Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                   (Asunto C-362/01)
Europeas en los asuntos acumulados T-202/98, T-204/98 y
T-207/98, promovidos contra la Comisión de las Comunidades                                    (2001/C 317/37)
Europeas por Tate & Lyle plc, British Sugar plc y Napier Brown
& Co. Ltd.                                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                      presentado el 24 de septiembre de 2001 un recurso contra
                                                                      Irlanda formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                      Europeas, representada por la Sra. Karen Banks, en calidad de
                                                                      agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que declare que:                                 La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                      1.     Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que
1)   El acuerdo o práctica concertada no podı́a afectar al                  le incumben en virtud de la Directiva 98/5/CE del
     comercio entre los Estados miembros o, con carácter                    Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de
     subsidiario, que                                                        1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la
                                                                             profesión de abogado en un Estado miembro distinto de
                                                                             aquel en el que se haya obtenido el tı́tulo (1), al no
2)   La multa impuesta fue desproporcionada,                                 haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
                                                                             y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
                                                                             dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no
y que dicte una sentencia en la que:                                         haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.
                                                                      2.     Condene en costas a Irlanda.
1)   Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, y
                                                                      Motivos y principales alegaciones
2)   Anule la Decisión impugnada en su totalidad o, subsidia-        El artı́culo 249 CE, de conformidad con el cual una directiva
     riamente, en parte, o bien, con carácter subsidiario,           obliga a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba
                                                                      conseguirse, implica la obligación, por parte de los Estados
                                                                      miembros, de respetar el plazo que la directiva establece para
3)   Anule los artı́culos 3 y 4 de la Decisión impugnada o           su cumplimiento. El plazo de que se trata expiró el 14 de marzo
     reduzca el importe de la multa, y                                de 2000, sin que Irlanda hubiera dictado las disposiciones
                                                                      necesarias para dar cumplimiento a la Directiva a que se
                                                                      refieren las pretensiones de la Comisión.
4)   Condene a la Comisión a abonar las costas en que incurra
     British Sugar plc en el presente procedimiento de casación      (1) DO L 77, 14.03.1998, pp. 36-43.
     y las costas del asunto T-204/98, incluidas las correspon-
     dientes al procedimiento de medidas provisionales.


title: Asunto C-536/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 4 de diciembre de 2008 — Staatssecretaris van Financiën/X

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/33

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 4 de diciembre de 2008 — Staatssecretaris van Financiën/X
   (Asunto C-536/08)
   (2009/C 44/55)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hoge Raad der Nederlanden
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Staatssecretaris van Financiën

      Recurrida: X
   Cuestión prejudicial
   ¿Deben interpretarse los artículos 17, apartados 2 y 3, y 28 ter, parte A, apartado 2, de la Sexta Directiva (1) en el sentido de que si, en virtud del párrafo primero de la disposición citada en último lugar, tiene la consideración de lugar de adquisición intracomunitaria de bienes el territorio del Estado miembro que ha atribuido el número de identificación a efectos del IVA bajo el cual el adquirente ha efectuado esta adquisición, dicho adquirente tiene derecho a deducir directamente el IVA así adeudado en el Estado miembro?

      (1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54


title: Asunto T-174/02: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2002 por Micole Wieme contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 180/34                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    27.7.2002
Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2002 contra la                      Recurso interpuesto el 4 de junio de 2002 por Micole
Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Laurent                 Wieme contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                               Druet
                                                                                (Asunto T-174/02)
                        (Asunto T-172/02)
                                                                                (2002/C 180/59)
                         (2002/C 180/58)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 4 de junio de 2002 un recurso
                                                                         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   por Micole Wieme, con domicilio en Bruselas, representada
Europeas se ha presentado el 30 de mayo de 2002 un recurso               por Me Eric Boigelot, abogado, que designa domicilio en
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                Luxemburgo.
por el Sr. Laurent Druet, con domicilio en Bruselas, represen-
tado por Mes Jean-Noël Louis, Etienne Marchal y Albert Coolen,
abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.                           La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                         —    Anule la Decisión de la AFPN de 13 de julio de 2001 por
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                 la que se desestimó la candidatura de la demandante para
que:                                                                          el puesto de jefe de la Unidad DG TAXUD/A/3.
                                                                         —    Anule la Decisión expresa por la que se desestimó su
—      Anule las decisiones respectivas del Comité de Promoción              reclamación, notificada a la demandante el 8 de marzo
       de no mencionar el nombre del demandante en la lista de                de 2002.
       los funcionarios considerados con mayores méritos y de
       la Comisión de no promoverlo al grado B 4 en el marco
       del ejercicio de promoción de 2001, que resultan de la           —    Anule el nombramiento para el puesto de jefe de la
       publicación de la lista de los funcionarios considerados              Unidad DG TAXUD/A/3, que implicaba, en particular, la
       con mayores méritos en las Informaciones administrativas               desestimación de la candidatura de la demandante para el
       no 71/2001 de 10 de agosto de 2001 y de la lista de los                puesto vacante.
       funcionarios promovidos a dicho grado en las Informa-
       ciones administrativas no 72/2001 de 14 de agosto de              —    Condene, en cualquier caso, en costas a la parte deman-
       2001.                                                                  dada.
—      Condene en costas a la parte demandada.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones                                        La demandante alega en apoyo de su recurso una violación de
                                                                         los artı́culos 29, apartado 1, letra a), y 45, apartado 1, del
                                                                         Estatuto; una irregularidad en el procedimiento; una desviación
                                                                         de poder, ası́ como la violación de principios generales del
En apoyo de su recurso, el demandante invoca el incumpli-                Derecho como la protección de la confianza legı́tima, la
miento de la obligación de motivación, la infracción del              aptitud para la carrera, la igualdad de oportunidades y la
artı́culo 45 del Estatuto y la violación de los principios de           igualdad entre hombres y mujeres.
igualdad de trato, de aptitud para la carrera, de buena
administración y de buena gestión.
                                                                         La demandante alega, en particular, que al desestimar su
                                                                         candidatura y, en especial, al nombrar a otra persona, la
Según el demandante, la demandada decidió promover en su               demandada no aplicó correctamente las disposiciones estatuta-
lugar a determinados funcionarios cuyos méritos son neta-                rias y los principios generales del Derecho mencionados,
mente inferiores a los suyos.                                            basando su decisión en una motivación inexacta desde el
                                                                         punto de vista tanto jurı́dico, como de los hechos.


title: Asunto T-204/05: Recurso interpuesto el 23 de mayo de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Giorgio Lebedef y otros

text:
               6.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/34

         Recurso interpuesto el 23 de mayo de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Giorgio Lebedef y otros
   (Asunto T-204/05)
   (2005/C 193/57)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de mayo de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Giorgio Lebedef, con domicilio en Luxemburgo, Armand Imbert, con domicilio en Bruselas, Jean-Marie Rousseau, con domicilio en Bruselas, y María Rosario Domenech Cobo, con domicilio en Bruselas, representados por los Sres. Gilles Bounéou y Frédéric Frabetti, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo.
   Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión de 12 de julio de 2004 por la que se desestima expresamente la solicitud D/393/04, mediante la cual los demandantes pedían que el servicio competente pusiera a su disposición el sistema operativo y todos los programas necesarios para el funcionamiento de sus ordenadores personales en su lengua materna o, subsidiariamente, en otra lengua oficial de la Unión Europea elegida por ellos.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Los demandantes, todos ellos funcionarios de la Comisión, presentaron a sus respectivos jefes una solicitud por la que pedían que se pusieran a su disposición el sistema operativo y todos los programas necesarios para el funcionamiento de sus ordenadores personales en su lengua materna o, subsidiariamente, en otra lengua oficial de la Unión Europea elegida por ellos. Dado que se desestimaron sus solicitudes y sus reclamaciones subsiguientes, los demandantes interpusieron el presente recurso. Afirman que la práctica de instalar toda la configuración de los ordenadores en inglés, cuando los programas utilizados están disponibles en varias lenguas, viola el principio de no discriminación, dado que el dominio perfecto del ordenador requiere un conocimiento no menos perfecto de la lengua inglesa, más allá del nivel que cabe razonablemente esperar de un funcionario europeo que no sea anglófono de nacimiento.
   Los demandantes invocan asimismo un supuesto incumplimiento del deber de asistencia y protección, de la prohibición de arbitrariedad y de la obligación de motivación, así como un supuesto abuso de poder.


title: Asunto T-314/14: Recurso interpuesto el 29 de abril de 2014 — Borde y Carbonium/Comisión

text:
               11.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/24

         Recurso interpuesto el 29 de abril de 2014 — Borde y Carbonium/Comisión
   (Asunto T-314/14)
   2014/C 261/46
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Alexandre Borde (París, Francia) y Carbonium (París) (representante: A. Herzberg, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule las decisiones de la demandada de los días 19 y 20 de febrero de 2014 que pusieron fin a la misión del primer demandante en relación con los programas de evaluación de la AMCC global y de la AMCC Intra-ACP.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos:

               1.

               Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma, incluyendo la vulneración del derecho de los demandantes a ser oídos y el incumplimiento de la obligación de motivar las decisiones.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del Tratado de la Unión Europea, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por cuanto la demandada vulneró los derechos de los demandantes a ser tratados de manera justa, equitativa y no arbitraria y a la protección de su reputación.

               3.

               Tercer motivo, basado en que las decisiones impugnadas constituyen una desviación de poder por parte de la demandada.


title: Asunto T-37/13: Auto del Tribunal General de 12 de julio de 2013 — Exakt Advanced Technologies/OAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT) ( «Marca comunitaria — Solicitud de nulidad — Retirada de la solicitud de nulidad — Sobreseimiento» )

text:
               12.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 298/6

         Auto del Tribunal General de 12 de julio de 2013 — Exakt Advanced Technologies/OAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT)
   (Asunto T-37/13) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de nulidad - Retirada de la solicitud de nulidad - Sobreseimiento)
   2013/C 298/09
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Alemania) (representante: A. von Bismarck, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Reino Unido)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 29 de octubre de 2012 (asunto R 1764/2011-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Exakt Advanced Technologies GmbH y Exakt Precision Tools Ltd.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               La parte demandante cargará con sus propias costas y con las costas de la parte demandada.

      (1)  DO C 86, de 23.3.2013.


title: Asunto C-313/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) el 28 de junio de 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

text:
               29.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 295/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) el 28 de junio de 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana
   (Asunto C-313/12)
   2012/C 295/29
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Giuseppa Romeo

      Demandada: Regione Siciliana

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede un órgano jurisdiccional nacional interpretar y aplicar, en virtud de una normativa nacional que, para situaciones puramente internas, remite al Derecho europeo, las normas y principios de dicho Derecho, apartándose o aplicándolos erróneamente con respecto a la interpretación que de ellos hace la jurisprudencia del Tribunal de Justicia?

               2)

               De conformidad con el artículo 3 de la Ley no 241/1990 y el artículo 3 de la Ley regional de Sicilia no 10/1991, en relación con el artículo 1 de la Ley no 241/90, que obliga a la Administración italiana a aplicar los principios del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, en congruencia con la obligación de motivación de los actos de la Administración pública prevista en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿es compatible con el Derecho de la Unión Europea la interpretación y la aplicación de las citadas normas nacionales, según las cuales los actos singulares, es decir, que atañen a derechos subjetivos, y en cualquier caso reglados, en materia de pensiones, pueden sustraerse a la obligación de motivación? ¿Constituye tal caso un vicio sustancial de forma de la resolución administrativa?

               3)

               El artículo 21 octies, apartado 2, párrafo primero, de la Ley no 241/1990, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia contencioso-administrativa, en relación con la obligación de motivación de los actos administrativos consagrada en el artículo 3 de la citada Ley no 241/1990 y de la Ley regional de Sicilia no 10/1991, concordante con la obligación de motivación de los actos de la Administración pública prevista en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿es compatible con el artículo 1 de la Ley no 241/1990, en el que se establece la obligación de la Administración de aplicar los principios del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por consiguiente, son compatibles y admisibles la interpretación y la aplicación de la posibilidad de que la Administración complete la motivación de la resolución administrativa en sede jurisdiccional?


title: Asunto T-350/00: Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Free Trade Foods NV

text:
10.2.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 45/21
Motivos y principales alegaciones                                         4.    Condene a la Comisión a pagar las costas del procedi-
                                                                                miento.
El demandante impugna la decisión de la Comisión, de 17 de
agosto de 2000, de cesar el pago de la asignación familiar y de
retener sobre la pensión mensual del demandante, desde abril             Motivos y principales alegaciones
de 2000 hasta enero de 2001, la asignación familiar pagada
indebidamente, según la Comisión, desde el 24 de septiembre             FTF NV tiene una fábrica de azúcar en Curaçao. Tenı́a la
de 1998, fecha de defunción de la esposa del demandante.                 intención de transformar en el año 2000 aproximadamente
                                                                          50 000 toneladas.
El demandante alega que desde el fallecimiento de su esposa se
encuentra en una situación como la contemplada en el                     FTF depende totalmente de la transformación de azúcar C
artı́culo 1, letra c), del Anexo VII del Estatuto de los Funciona-        originario de la Comunidad, azúcar que, como consecuencia
rios y que, por tanto, sigue teniendo derecho a la asignación            de la acumulación de origen CE/PTU, obtiene el origen PTU y,
familiar.                                                                 por tanto, puede ser importado en la Comunidad libre de
                                                                          exacciones.
                                                                          En virtud de la Tercera Medida de Salvaguardia rige una cuota
                                                                          muy restringida de 4 848 toneladas.
Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2000 contra
                                                                          FTF alega los cuatro motivos siguientes con objeto de obtener
la Comisión de las Comunidades Europeas por Free Trade
                                                                          la anulación de la Tercera Medida de Salvaguardia y una
                              Foods NV
                                                                          indemnización:
                         (Asunto T-350/00)                                1.    Infracción del artı́culo 109 de la Decisión PTU.
                           (2001/C 45/45)                                 2.    Vulneración de la jerarquı́a establecida a favor de las
                                                                                mercancı́as PTU por el Tratado CE.
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                          3.    Infracción del artı́culo 7, apartado 5, del Acuerdo sobre
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                          Salvaguardias (celebrado en el marco de la OMC), ası́
Europeas se ha presentado el 17 de noviembre de 2000 un                         como del artı́culo 300 CE, apartado 7.
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por Free Trade Foods NV, con domicilio social en                4.    Ilegalidad del Reglamento no 2553/97.
Curaçao (Antillas Neerlandesas), representada por M.M. Slot-
boom y N.J. Helder, abogados del bufete Trenité Van Doorne,               (1) Reglamento (CE) no 2081/2000 de la Comisión, de 29 de
de Rotterdam y de Bruselas, que designa como domicilio en                     septiembre de 2000, por el que se continúan aplicando medidas
Luxemburgo el despacho de De Bandt, Van Hecke, Lagae &                        de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los
Loesch, abogados, Rue Goethe 11.                                              paı́ses y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar
                                                                              de origen acumulado CE-PTU (DO 246 de 30.9.2000, p. 64).
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
1.     Acuerde la admisión del recurso de FTF.
2.     Anule el Reglamento no 2081/2000, de 29 de septiembre
       de 2000, por el que se establecen medidas de salvaguardia          Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2000 por
       respecto a las importaciones procedentes de los paı́ses y          la Organización de Productores Asociados de Grandes
       territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar        Atuneros Congeladores (Opagac) contra la Comisión de
       de origen acumulado CE-PTU (en lo sucesivo, «Tercera                                     las Comunidades Europeas
       Medida de Salvaguardia») (1).
3.     Declare a la Comunidad responsable de los daños sufridos                                     (Asunto T-359/00)
       por FTF como consecuencia de la Tercera Medida de
       Salvaguardia; disponga que las partes deberán llegar a un                                      (2001/C 45/46)
       entendimiento acerca de los daños de la demandante y
       que, a falta de acuerdo al respecto, se proseguirá el
       procedimiento para determinar la cuantı́a de los daños en                             (Lengua de procedimiento: español)
       el plazo que establezca el Tribunal de Primera Instancia;
       al menos, que condene a la Comunidad a pagar los daños            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       estimados provisionalmente o todavı́a por estimar; con             europeas se ha presentado, el 24 de noviembre de 2000 un
       carácter más subsidiario, condene a la Comunidad a pagar         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
       la indemnización de daños y perjuicios que el Tribunal           formulado por la Organización de Productores Asociados de
       de Primera Instancia determine en equidad, incrementada            Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), con domicilio en
       con el interés aplicable desde la fecha del presente recurso       Madrid, representado por los letrados en ejercicio D. Jesús
       hasta la fecha del pago ı́ntegro.                                  Casas Robla y Dña. Vanessa Arrastia de la Sierra.


title: Asunto F-20/07: Recurso interpuesto el 27 de junio de 2007 — Marcuccio/Comisión

text:
               22.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/19

         Recurso interpuesto el 27 de junio de 2007 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto F-20/07)
   (2007/C 223/34)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Luigio Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule, en la medida necesaria, la decisión denegatoria de la solicitud de fecha 31 de marzo de 2006 y enviada el 4 de abril de 2006, en la medida en que dicha decisión se refiere a la solicitud presentada por el demandante, al objeto de que en la determinación y consiguiente pago del reembolso correspondiente a un reconocimiento efectuado el 28 de septiembre de 2005, se aplique lo dispuesto en el punto 4 del artículo XV del anexo I de la reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «reglamentación»).

               —

               Que se anule la decisión mediante la cual se denegó la solicitud de fecha 31 de marzo de 2006.

               —

               Que se anule, en la medida necesaria, el cálculo no 58, lista no 30001052, de fecha 24 de mayo de 2006.

               —

               Que se anule, en la medida necesaria, la nota ADMIN.B.2/MB/nb D(06) 27556 de fecha 30 de noviembre de 2006, que contiene, entre otras cosas, la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en respuesta a la reclamación de fecha 7 de agosto de 2006 y que tiene fundamentalmente el mismo objeto que el presente recurso.

               —

               Que se condene a la demandada a abonar al demandante, en concepto de reembolso del complemento hasta el 100 % de los gastos médicos por él efectuados y cuyo reembolso solicitó al régimen común mediante la solicitud de fecha 31 de marzo de 2006, de la diferencia entre la cantidad de 720,45 EUR abonada al demandante y la cantidad de 396,36 EUR que le ha sido reembolsada, o bien aquella cantidad menor que el Tribunal considere justa y equitativa en este concepto, diferencia a la que habrán de añadirse los intereses a partir del 8 de abril de 2006, al tipo del 10 % anual y con capitalización anual, o en la medida, con la capitalización y con el dies a quo que el Tribunal considere adecuados.

               —

               Que se condene a la demandada, en la medida necesaria, a abonar al demandante cuanto se le adeuda y no le ha sido pagado, con arreglo y a los efectos de lo dispuesto en el punto 4 del artículo XV del anexo I de la reglamentación, en relación con el reconocimiento efectuado el 28 de septiembre de 2005, más los intereses correspondientes a partir del 4 de abril de 2006, al tipo del 10 % anual y con capitalización anual, o en la medida, con la capitalización y con el dies a quo que el Tribunal considere adecuados.

               —

               Que se condene en costas a la demandada

         Motivos y principales alegaciones
   El recurso se interpone en relación con la denegación por parte de la demandada al demandante del reembolso del complemento hasta el 100 % de determinados gastos médicos por él efectuados, y de la aplicación, en la determinación del reembolso en relación con un reconocimiento médico efectuado el 28 de septiembre 2005, del punto 4 del artículo XV del anexo I de la reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
   El demandante aduce, en apoyo de sus alegaciones, los tres motivos de recurso siguientes:

               1)

               Falta absoluta de motivación, también por carencia absoluta de instrucción, por cuanto no se entiende por qué la demandada nunca opuso al demandante la denegación de que se trata.

               2)

               Error manifiesto de apreciación e infracción de Ley, ya que el demandante se encontraba en tal estado de salud que le facultaba, con arreglo y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 del Estatuto de los Funcionarios, a que se le reembolsase el 100 % de los gastos médicos.

               3)

               Vulneración de los deberes de asistencia y protección y de buena administración, dado que la demandada no ha tenido en cuenta los intereses del demandante y ha realizado varios actos y hechos conexos gravemente ilegales.


title: Asuntos C-285/99 y C-286/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resoluciones del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), de fechas 27 de abril y 26 de mayo de 1999, en los asuntos entre 1) Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni y ANAS - Ente Nazionale per le Strade, en el que participa Società Italiana per le Condotte d'Acqua, y 2) Impresa Ing. Mantovani SpA y ANAS - Ente Nazionale per le Strade

text:
30.10.1999             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 314/1
                                                                      I
                                                              (Comunicaciones)
                                              TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                        TRIBUNAL DE JUSTICIA
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             c) ¿Pueden, acumuladas, las diferentes medidas administrati-
lución del Trimeles dioikitiko protodikeio Irakleiou (Sala                  vas —incluida la formulación de una acusación de contra-
Primera), de fecha 30 de junio de 1999, en el asunto entre                   bando— que, por considerarlas adecuadas en el ámbito de
                P. Luludakis y Eliniko Dimosio                               las infracciones aduaneras, adopta el Estado miembro B
                                                                             competente al efecto (habida cuenta de la falta de armoni-
                       (Asunto C-262/99)                                     zación de las legislaciones nacionales) dar lugar a sanciones
                         (1999/C 314/01)                                     que ascienden a un múltiplo (el décuplo) del valor inicial
                                                                             de adquisición del bien en el Estado miembro A, sin por
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    ello obstaculizar la libre circulación de mercancı́as y
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                personas?
resolución del Trimeles dioikitiko protodikeio Irakleiou, dic-
tada el 30 de junio de 1999, en el asunto entre P. Luludakis y               En caso de respuesta negativa, ¿existen criterios referentes
Eliniko Dimosio, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de                a los lı́mites de lo estrictamente necesario para la consecu-
Justicia el 19 de julio de 1999. El Trimeles dioikitiko protodi-             ción de los fines perseguidos?
keio Irakleiou solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
                                                                         d) ¿Se deriva de la Directiva 83/182 o de otra disposición una
sobre las siguientes cuestiones:
                                                                             obligación de los Estados miembros de tener en cuenta,
a) ¿Debe interpretarse el artı́culo 7, apartado 1, párrafo                  con ocasión de la imposición de sanciones administrativas
    segundo, de la Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de                en los casos a que se refiere la Directiva antes citada, la
    marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables            buena fe de los interesados y la inexistencia de ánimo
    en el interior de la Comunidad en materia de importación                defraudatorio (por ejemplo, ignorancia)?
    temporal de determinados medios de transporte, (1) en el
    sentido de que la residencia normal de un nacional del paı́s         (1) DO L 105, p. 59; EE 09/01 p. 156.
    A se encuentra en dicho paı́s A, en el que desde hace
    muchos años ejerce con éxito actividades tanto en su
    condición de arquitecto como de carácter comercial
    mediante una sociedad personalista (sociedad comandita-
    ria), donde mantiene una vivienda y consume la mayor
    parte de su tiempo productivo, o se encuentra en el                  Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
    paı́s B, del cual también es nacional y en el que (paı́s B),         luciones del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
    paralelamente, trata de iniciar una actividad autónoma con          (Sezione Quarta), de fechas 27 de abril y 26 de mayo de
    igual o similar objeto, donde tiene una vivienda en alquiler         1999, en los asuntos entre 1) Impresa Lombardini SpA
    y comienza a pasar una parte de su tiempo, cumpliendo                — Impresa Generale di Costruzioni y ANAS — Ente
    también sus obligaciones fiscales y asistido por su cónyuge,        Nazionale per le Strade, en el que participa Società Italiana
    la cual participa en todas las actividades antes mencionadas         per le Condotte d’Acqua, y 2) Impresa Ing. Mantovani
    en ambos Estados, A y B, y es titular de participaciones en                  SpA y ANAS — Ente Nazionale per le Strade
    dichas empresas?
    Además de la disposición antes citada, ¿existen otros                              (Asuntos C-285/99 y C-286/99)
    criterios a la luz de los cuales, en los casos en que existe
    dificultad a la hora de determinar la residencia normal,                                      (1999/C 314/02)
    puede efectuarse dicha determinación?
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
b) ¿Es conforme con el principio comunitario de proporcio-               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
    nalidad prever, en caso de posesión o circulación de               resoluciones del Consiglio di Stato in sede guirisdizionale
    vehı́culos de uso privado por parte de una persona que no            (Sezione Quarta), dictadas el 27 de abril y el 26 de mayo de
    es titular de una franquicia temporal, circunstancia que             1999 en los asuntos entre 1) Impresa Lombardini SpA —
    con arreglo al Derecho nacional constituye una mera                  Impresa Generale di Costruzioni y ANAS — Ente Nazionale
    infracción aduanera, la imposición, como sanción adminis-         per le Strade, en el que participa Società Italiana per le
    trativa especı́fica, en particular, de una multa (como la            Condotte d’Acqua, y 2) Impresa Ing. Mantovani SpA y ANAS
    prevista en el artı́culo 88, apartado 2, letra f) de la Ley          — Ente Nazionale per le Strade, y recibido en la Secretarı́a del
    2127/1993) por importe de 1 a 5 millones de DR por                   Tribunal de Justicia el 30 de julio de 1999. El Consiglio di
    vehı́culo, exclusivamente en función del criterio de la             Stato in sede guirisdizionale (Sezione Quarta) solicita al
    cilindrada, multa que supera el valor comercial actual del           Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
    vehı́culo, en especial habida cuenta de su antigüedad?               cuestiones:
 ---pagebreak--- C 314/2                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      30.10.1999
1) ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de la        El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
    Directiva no 93/37 (1), la previsión de cláusulas de anuncios
    de licitación para la adjudicación de contratos públicos          — Prive al Dr. Bangemann del derecho a pensión que le
    que impidan la participación de empresas que no adjunten                 corresponde como antiguo miembro de la Comisión o de
    a sus ofertas justificaciones del precio indicado, por un                 cualesquiera otras bonificaciones concedidas en su lugar,
    valor por lo menos igual al 75 % del valor mı́nimo exigido?               en particular la indemnización transitoria que en todo caso
                                                                              le corresponde con arreglo al artı́culo 7 del Reglamento
2) ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de la             no 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consejo, de 25 de julio
    Directiva no 93/37 la previsión de un mecanismo de                       de 1967(1); el Consejo deja la duración y el alcance de esta
    incremento automático del umbral de anomalı́a de las                     privación a la sabia discreción del Tribunal de Justicia;
    ofertas que deben someterse a verificación de congruencia,
    basado en un criterio casuı́stico y en una media aritmética,         — Declare que esta privación no se aplicará a las personas a
    de tales caracterı́sticas que no permite a los empresarios                las que en caso de fallecimiento del Dr. Bangemann
    conocer preventivamente tal umbral?                                       correspondan cualesquiera derechos con arreglo al Regla-
                                                                              mento no 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consejo, de
3) ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de la             25 de julio de 1967;
    Directiva no 93/37 la previsión de un procedimiento
    contradictorio anticipado, sin que la empresa que haya               — Condene en costas al Dr. Bangemann.
    presentado una oferta anómala tenga la posibilidad de
    hacer valer sus razones después de la apertura de plicas y
    antes de la adopción de la medida de exclusión?                    Motivos y principales alegaciones
4) ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de la        El Consejo fundamenta su recurso en el artı́culo 213, apar-
    Directiva no 93/37 la previsión que la entidad adjudicadora         tado 2, párrafo tercero CE, el artı́culo 9, apartado 2, párrafo
    pueda adoptar en consideración a justificaciones que hagan          tercero, del Tratado CECA y el artı́culo 126, apartado 2,
    referencia exclusivamente a la economı́a del procedimiento           párrafo tercero, del Tratado CEEA, y exclusivamente en la
    de construcción, o a las soluciones técnicas que se hayan           vulneración del deber de discreción. En opinión del Consejo,
    adoptado, o a las condiciones excepcionalmente favorables            el cumplimiento de este deber implica, más allá de la observan-
    de que disfrute el licitador?                                        cia de las leyes y disposiciones vigentes, la obligacón de
                                                                         apreciar y valorar con circunspección cuál es el comporta-
5) ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de la        miento adecuado en una determinada situación, en particular
    Directiva no 93/37 la exclusión de justificaciones relativas        con objeto de no poner en peligro la reputación de la Comisión
    a elementos cuyos valores mı́nimos puedan ser señalados             como órgano independiente e imparcial. Mediante el inicio
    por catálogos oficiales?                                            por parte del demandado de una actividad profesional en la
                                                                         sociedad Telefónica el Consejo considera vulnerado el deber
                                                                         de discreción que incumbe al Sr. Bangemann porque
(1) Directiva del Consejo de 14.6.93; DO L 199, de 9.8.93, p. 54.
                                                                         — se trata de un polı́tico de notoriedad pública;
                                                                         — desde 1992 se ocupaba en el seno de la Comisión de
                                                                              las áreas de Tecnologı́as de la Información y de las
                                                                              Telecomunicaciones, y, ahora ha aceptado una actividad
                                                                              en una de las mayores empresas precisamente de este
                                                                              sector;
Recurso interpuesto el 3 de agosto de 1999 contra el                     — hizo pública la aceptación de esta actividad cuando aún
Dr. Martin Bangemann por el Consejo de la Unión Euro-                        era miembro de la Comisión y ello con la intencón
                                 pea                                          declarada de iniciar inmediatamente su nueva actividad;
                        (Asunto C-290/99)                                — en aquel momento la Comisión se encontraba en una
                                                                              situación extremadamente delicada y su reputación habı́a
                                                                              quedado dañada;
                         (1999/C 314/03)
                                                                         — habida cuenta de estas circunstancias, era claramente
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  previsible la reacción de los ciudadanos, los medios de
presentado el 3 de agosto de 1999 un recurso contra el Dr.                    comunicación, los cı́rculos polı́ticos, ası́ como de la
Martin Bangemann formulado por el Consejo de la Unión                        opinión pública.
Europea, representado por el Sr. Jean-Claude Piris, Director
General del Servicio Jurı́dico del Consejo, y por el Sr. Martin          (1) Reglamento no 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consejo, de 25 de
Bauer, miembro del Servicio Jurı́dico, asistidos por el Prof. Dr.            julio de 1967, por el que se establece el régimen pecuniario del
Hans-Jürgen Rabe, Abogado de Hamburgo y del bufete                           Presidente y de los Miembros de la Comisión, del Presidente, los
Gaedertz de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem-                   Jueces, los Abogados Generales y el Secretario del Tribunal de
burgo el despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Director General              Justicia (DO 187, p. 1; EE 01/01, p. 123).
de la Dirreción de Asuntos Jurı́dicos del Banco Europeo de
Inversiones, 100, bd. Konrad Adenauer, L-2920 Luxemburgo-
Kirchberg.


title: Asunto C-95/04 P: Recursode casación interpuesto el 26 de febrero de 2004 porBritish Airways plc, contra la sentencia dictada el 17de diciembre de 2003 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instanciade las Comunidades Europeas en el asunto T-219/99 entre BritishAirways plc y la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por VirginAtlantic Airways, Ltd

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/22

         Recurso de casación interpuesto el 26 de febrero de 2004 por British Airways plc, contra la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2003 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-219/99 entre British Airways plc y la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Virgin Atlantic Airways, Ltd
   (Asunto C-95/04 P)
   (2004/C 106/40)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 26 de febrero de 2004 un recurso de casación formulado por British Airways plc (en lo sucesivo, «BA»), con domicilio social en Waterside (Reino Unido), representada por R. Subiotto y J. Temple Lang, Solicitors, y por R. O'Donoghue y W. Wood QC, Barristers, contra la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2003 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-219/99 (1) entre British Airways plc y la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Virgin Atlantic, Ltd.
   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule, total o parcialmente, la sentencia dictada en el asunto British Airways plc/Comisión, T-219/99.

               —

               Anule o reduzca la multa impuesta a BA, en la cuantía que el Tribunal de Justicia considere adecuada según su criterio.

               —

               Adopte cualquier otra medida que el Tribunal de Justicia estime oportuna.

         Motivos y principales alegaciones

               A)

               El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al aplicar una definición errónea para evaluar el carácter excluyente de las comisiones de BA
               El Tribunal de Primera Instancia declaró que las comisiones de BA son de «fidelización», y, por ello, excluyentes. Sin embargo, la definición del Tribunal de Primera Instancia de «fidelización» no distingue entre la obtención de la fidelidad de los clientes mediante comportamientos excluyentes abusivos y la fidelidad resultante de una legítima competencia de precios. Si se acepta la definición del Tribunal de Primera Instancia de la «fidelización», se estará creando una inseguridad jurídica importante en cuanto al ámbito de la legítima competencia de precios, que desincentivará el que las empresas hagan uso de ella, frustrándose el principal objetivo del Derecho comunitario de la competencia.

               B)

               El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al ignorar las pruebas presentadas por BA de que las comisiones no afectan de forma significativa a los competidores
               El segundo motivo alegado por BA se refiere a las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia en relación con los efectos de las comisiones de BA. Se presentaron pruebas concluyentes de que, durante el período de la supuesta infracción, la cuota de ventas de los competidores aumentó y la cuota de ventas de BA en las agencias de viajes disminuyó. El Tribunal de Primera Instancia rechazó estas pruebas, argumentando que la conducta de BA «no pudo dejar de producir» un efecto en perjuicio de sus competidores, y que éstos habrían progresado aún más si no hubiera sido por las prácticas de BA. El Tribunal de Primera Instancia añadió que, cuando una empresa en posición dominante aplica una práctica que tiende a eliminar a sus competidores, la circunstancia de que no se alcance el resultado no puede bastar para descartar la calificación de abuso.
               Los argumentos del Tribunal de Primera Instancia no son correctos. En primer lugar, con arreglo al Derecho de la competencia, el Tribunal de Primera Instancia debe examinar los efectos reales o potenciales del comportamiento supuestamente abusivo. Dicho examen era particularmente relevante en el presente asunto, ya que las prácticas de BA habían durado el tiempo suficiente como para poder evaluar sus efectos. En segundo lugar, en el caso de autos se presentaron pruebas concluyentes de que las prácticas de BA no habían tenido un efecto significativo. BA no está sugiriendo que en todos los casos haya que demostrar la existencia de efectos reales. Pero ello no significa que puedan ignorarse pruebas concluyentes de la ausencia de cualquier efecto, como sugiere el Tribunal de Primera Instancia. Si se admiten las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia a este respecto, se estará declarando que los sistemas de incentivos como el del presente asunto son per se abusivos, cualesquiera que sean sus efectos actuales o potenciales. Lo anterior es contrario al artículo 82 CE, que requiere que se examinen «todas las circunstancias» para determinar si se produce una limitación significativa de las oportunidades de los competidores.

               C)

               El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al no examinar si existía un «perjuicio de los consumidores» conforme al artículo 82 CE, letra b)
               Las prácticas que «limitan» el mercado de los competidores de una empresa en posición dominante sólo están prohibidas por el artículo 82 CE, letra b), si operan «en perjuicio de los consumidores». El artículo 82 CE, letra b), protege claramente la competencia y a los consumidores, no a los competidores. El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al no examinar si las comisiones de BA en favor de las agencias de viajes que conseguían sus objetivos dañaban a los consumidores. La sentencia recurrida no analiza el cumplimiento de este requisito, limitándose a estudiar la situación de los competidores de BA.

               D)

               Incluso en el supuesto de que las comisiones de BA pudieran en principio haber «limitado» los mercados de los competidores, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al no analizar sus efectos
               El cuarto motivo alegado por BA sólo debe examinarse si, a pesar de lo expuesto en los motivos primero, segundo y tercero, se considera que sus programas de incentivos pudieran en principio haber limitado los mercados de los competidores en perjuicio de los consumidores, de forma contraria a lo prescrito en el artículo 82 CE, letra b). La sentencia recurrida se abstiene de analizar y cuantificar el grado en que las comisiones de BA limitan los mercados de sus competidores en dos aspectos: (i) el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al atribuir el mismo efecto a los MAs (acuerdos de mercadotecnia) y a los PRS (programas de remuneración del rendimiento), ya que cada uno de ellos contenía condiciones contractuales diferentes y estuvo vigente en fechas distintas, y al menos uno de ellos (el PRS) no puede calificarse como excluyente en ningún caso; (ii) el Tribunal de Primera Instancia no analizó «todas las circunstancias» para determinar cómo afectaban los programas de comisiones de BA a sus competidores.

               E)

               El Tribunal de Primera Instancia aplicó erróneamente el artículo 82 CE, letra c), en relación con el efecto discriminatorio de las comisiones de BA
               El Tribunal de Primera Instancia aplicó erróneamente el artículo 82 CE, letra c), al establecer que las comisiones de BA discriminaban entre agencias de viajes. El artículo 82 CE, letra c), no requiere que todos los clientes se beneficien de los mismos precios y condiciones. Sólo prohíbe las diferencias si: (i) las prestaciones comparadas son equivalentes; (ii) las condiciones que se aplican a las transacciones son desiguales; y (iii) dicha desigualdad ocasiona a una parte contratante una desventaja competitiva frente a la otra. En vez de aplicar el tenor literal del artículo 82 CE, letra c), el Tribunal de Primera Instancia simplemente asumió que la mera circunstancia de que dos agencias recibiesen porcentajes de comisión distintos afectaba «naturalmente» y de forma significativa a su capacidad para competir entre sí.

      (1)  DO C 20, de 22.1.2000, p. 21.


title: Asunto F-47/06: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 13 de diciembre de 2006 — Aimi y otros/Comisión (Funcionarios — Promoción — Desarrollo de la carrera — Estatuto en su versión aplicable el 1 de mayo de 2004 — Transición hacia una nueva estructura de carrera — Acto de alcance general — Igualdad de trato — Interés en ejercitar la acción)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/49

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 13 de diciembre de 2006 — Aimi y otros/Comisión
   (Asunto F-47/06) (1)

   (Funcionarios - Promoción - Desarrollo de la carrera - Estatuto en su versión aplicable el 1 de mayo de 2004 - Transición hacia una nueva estructura de carrera - Acto de alcance general - Igualdad de trato - Interés en ejercitar la acción)
   (2006/C 331/109)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandantes: Nicola Aimi (Evere, Bélgica) y otros (representantes: A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Berardis-Kayser y K. Herrmann, agentes)
   Objeto
   Que se anulen las decisiones individuales por las que se desestiman las solicitudes de los demandantes recabando la adopción por la AFPN de medidas transitorias dirigidas a garantizar, en el marco del ejercicio de promoción de 2005 y sucesivos, la igualdad de trato y sus derechos adquiridos
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 154, de 1.7.2006.


title: Asunto T-373/00: Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2000 contra el Banco Central Europeo por Carmine Salvatore Tralli

text:
24.2.2001              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 61/19
Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2000 contra el                Motivos y principales alegaciones
   Banco Central Europeo por Carmine Salvatore Tralli
                                                                        El demandante trabaja como agente en el Banco Central
                       (Asunto T-373/00)                                Europeo. Solicita la anulación de la resolución de su contrato
                                                                        laboral y la declaración de que esta relación se mantiene
                                                                        inalterada. En este contexto el demandante impugna una
                          (2001/C 61/36)                                prolongación del perı́odo de prueba, decidida unilateralmente
                                                                        por el BCE, cuya duración se habı́a convenido inicialmente en
                                                                        tres meses. Basándose en los derechos de la personalidad que
                                                                        le corresponden, pretende continuar en el empleo en las
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                     condiciones pactadas. Pretende asimismo que se condene al
                                                                        BCE a seguir pagándole la retribución convenida más allá del
                                                                        31 de diciembre de 2000 y, a este respecto, invoca la mora
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  accipiendi por parte del BCE.
Europeas se ha presentado el 12 de diciembre de 2000 un
recurso contra el Banco Central Europeo formulado por el
Sr. Carmine Salvatore Tralli, con domicilio en Nidderau
(Alemania), representado por el Sr. Norbert Pflüger y las Sras.
Regina Steiner y Silvia Mittländer, abogados de Fránckfort del
Meno (Alemania).
                                                                        Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2000 contra la
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por Verband der
que:
                                                                        freien Rohrwerke e.V., Eisen- und Metallwerke Ferndorf
                                                                                GmbH y Rudolf Flender GmbH & Co. KG
1.     Anule la resolución de su contrato de trabajo con efectos
       de 31 de diciembre de 2000.                                                             (Asunto T-374/00)
2.     Anule la prolongación del perı́odo de prueba.                                             (2001/C 61/37)
3.     Declare que la relación laboral existente entre las partes
       no ha quedado resuelta por virtud del cese.                                      (Lengua de procedimiento: alemán)
4.     Declare que la prolongación unilateral del perı́odo de          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       prueba es nula.                                                  Europeas se ha presentado el 11 de diciembre de 2000 un
                                                                        recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                        formulado por Verband der freien Rohrwerke e.V., Düsseldorf
5.     Declare que la relación laboral existente entre las partes      (Alemania), Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH, Kreuztal-
       no ha sido resuelta y subsiste con posterioridad al 31 de        Ferndorf (Alemania), y Rudolf Flender GmbH & Co. KG, Siegen
       diciembre de 2000.                                               (Alemania), representadas por Hans Hellmann, Abogado de
                                                                        Colonia (Alemania).
6.     Condene al BCE a continuar después del 31 de diciembre
       de 2000, empleando al demandante, en las condiciones             Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
       laborales pactadas, como vigilante (Security Guard).             Instancia que:
                                                                        —     Anule las Decisiones de la demandada de 5 y 14 de
7.     Condene al BCE a seguir pagando al demandante después                  septiembre de 2000 recaı́das en los asuntos sobre control
       del 31 de diciembre de 2000 el salario base, de                        de concentraciones no COMP/M. 2045 y no COMP/EGKS
       32 304 Euros anuales más las asignaciones y otros                     1336 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke.
       emolumentos previstos en las Conditions of Employment
       del BCE.
                                                                        —     Condene en costas a la parte demandada.
En una serie de pretensiones subsidiarias el demandante solicita
el mantenimiento de su relación laboral y de las consecuencias         Motivos y principales alegaciones:
jurı́dicas que de él se derivan al menos hasta que expire el
plazo aplicable a la conclusión de las relaciones laborales de         La primera parte demandante afirma ser una asociación que
duración indefinida en el BCE.                                         representa los intereses de varias empresas de estructura media
                                                                        que fabrican en Alemania tubos de acero soldados de bandas
                                                                        anchas en caliente o de chapa quarto. Las demás partes
Por último solicita que se condene en costas al BCE.                   demandantes son miembros de la primera parte demandante.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de  17 de noviembre de 2005 , en el asunto C-22/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica ( Incumplimiento de Estado — Directiva 93/104/CE — Condiciones laborales — Ordenación del tiempo de trabajo — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido )

text:
               11.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 36/16

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 17 de noviembre de 2005
   en el asunto C-22/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 93/104/CE - Condiciones laborales - Ordenación del tiempo de trabajo - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido»)
   (2006/C 36/30)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-22/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 25 de enero de 2005, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. G. Rozet y Sra. N. Yerrell) contra Reino de Bélgica (agente: Sr. M. Wimmer), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. S. von Bahr y A. Borg Barthet (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 17 de noviembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1, apartado 3, y 17 de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, al excluir a los empleados en ferias del ámbito de aplicación de las medidas nacionales mediante las que se adapta el ordenamiento jurídico interno a la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 82, de 2.4.2005.


title: Asunto C-206/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb (Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior — Normativa de un Estado miembro conforme a la cual los anuncios de rebajas requieren de autorización previa)

text:
               2.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb
   (Asunto C-206/11) (1)

   (Protección de los consumidores - Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior - Normativa de un Estado miembro conforme a la cual los anuncios de rebajas requieren de autorización previa)
   2013/C 63/03
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberster Gerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Georg Köck

      Demandada: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberster Gerichtshof — Interpretación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (DO L 149, p. 22) y, en particular, sus artículos 3, apartado 1, y 5, apartado 5 — Normativa de un Estado miembro que prevé una autorización previa para el anuncio de liquidaciones.

      Fallo

   La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales), debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional ordene el cese de una práctica comercial no comprendida en el anexo I de dicha Directiva por el único motivo de que la citada práctica no ha sido objeto de una autorización previa de la administración competente, sin haber procedido no obstante él mismo a una apreciación del carácter desleal de la práctica de que se trata a la luz de los criterios establecidos en los artículos 5 a 9 de dicha Directiva.

      (1)  DO C 226, de 30.7.2011.


title: Asunto F-1/13: Recurso interpuesto el 3 de enero de 2013 — ZZ/Europol

text:
               16.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/33

         Recurso interpuesto el 3 de enero de 2013 — ZZ/Europol
   (Asunto F-1/13)
   2013/C 79/56
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: J.-J. Ghosez, abogado)

      Demandada: Oficina Europea de Policía (Europol)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de Europol de no renovar el contrato de la parte demandante por tiempo indefinido y condena a Europol a abonar la diferencia entre la remuneración que la parte demandante podría haber continuado percibiendo en Europol y cualquier otra indemnización que haya percibido efectivamente.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión adoptada por la parte demandada el 29 de febrero de 2012, por la que ésta comunica a la demandante que no renovará su contrato temporal que expirará el 31 de mayo de 2012.

               —

               Que se condene a la parte demandada a abonar a la demandante la diferencia entre, por una parte, el importe de la remuneración que habría percibido si hubiera permanecido en sus funciones en Europol y, por otra parte, el importe de la remuneración, honorarios, indemnizaciones por despido o cualquier otra indemnización sustitutiva que haya percibido efectivamente desde el 1 de junio de 2012 en vez de la remuneración que percibía como agente temporal.

               —

               Que se condene a Europol a cargar con la totalidad de las costas.


title: Asunto T-392/03: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Regione Siciliana

text:
C 35/14                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            7.2.2004
Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2003 contra                     En su decisión la Comisión no tuvo en cuenta que La Poste
la Comisión de las Comunidades Europeas por Deutsche                      seguirá manteniendo los bienes inmobiliarios destinados a su
            Post AG y DHL International N.V./S.A.                         actividad que le fueron cedidos como compensación por la
                                                                          provisión de fondos que tuvo que crear, a pesar de haberse
                       (Asunto T-388/03)                                  suprimido los fondos de provisión para cubrir las pensiones
                                                                          que adeudara al personal de correos entre los años 1972
                                                                          y 1992.
                          (2004/C 35/22)
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                        En cuanto a la posibilidad legal de utilizar garantías estatales
                                                                          para tomar préstamos, la Comisión se equivoca al no conside-
                                                                          rarla una ayuda estatal a favor de La Poste mientras no la
                                                                          utilice.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 27 de noviembre de 2003 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    La Decisión impugnada es ilegal porque la Comisión no ha
formulado por Deutsche Post AG, Bonn (Alemania), y por                    tomado en consideración las medidas mencionadas al realizar
DHL International N.V./S.A., Diegem (Bélgica), representadas              las cuentas resultantes entre las ventajas financieras otorgadas
por J. Sedemund y T. Lübbig, abogados.                                    a La Poste y los costes adicionales netos del servicio universal.
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera                   La Comisión calculó los gastos adicionales netos por prestar
Instancia que:                                                            servicios de interés general y la correspondiente compensación
                                                                          global sin examinar si la compensación correspondía también
—     Anule la Decisión de la Comisión de 23 de julio de 2003             al período en que se produjeron los costes adicionales netos
      (ayudas estatales no N 763/02).                                     controvertidos.
—     Condene en costas a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
La demanda se dirige contra la decisión adoptada por la                   Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2003 contra la
Comisión Europea en un procedimiento con arreglo al artí-                 Comisión de las Comunidades Europeas por la Regione
culo 88 CE, apartado 3, de no presentar ninguna objeción                                               Siciliana
contra la compatibilidad de una aportación de capital en la
empresa de correos belga La Poste, por un importe de                                             (Asunto T-392/03)
297,5 millones de euros, así como de otorgarle una exención
respecto al impuesto sobre sociedades y al impuesto sobre
bienes inmuebles por lo que se refiere a los negocios inmobilia-                                   (2004/C 35/23)
rios que realice en relación con el servicio que presta; ni contra
la posibilidad de La Poste de utilizar garantías estatales para los                       (Lengua de procedimiento: italiano)
préstamos que solicite; ni contra la supresión de un fondo de
pensiones; ni contra la compensación en exceso a favor de La
Poste para su gestión, ni contra dos aportaciones de capital no
notificadas a la Comisión por un importe total de 62 millones             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
de euros.                                                                 Europeas se ha presentado el 4 de diciembre de 2003 un
                                                                          recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Las demandantes alegan que la Decisión impugnada es incom-                formulado por la Regione Siciliana, representada por el Sr.
patible con los artículos 87 CE, apartado 1, y 253 CE.                    Giacomo Aiello, avvocato dello Stato.
La única razón por la que la Comisión no calificó de ayuda                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
estatal la exención del impuesto sobre sociedades de la que se            que:
beneficia La Poste fue que ésta sufrió pérdidas netas entre
1992 y 2002 y, en consecuencia, no tuvo que abonar el                     —     Anule la nota BUDG/C5/ME/jlsD(2003)358046, de
impuesto sobre sociedades aun cuando no disfrutase de la                        6 de octubre de 2003, de la Comisión de las Comunidades
exención. De este modo, la Comisión no apreció la circunstan-                   Europeas, relativa al procedimiento de recuperación de la
cia de que la exención tributaria, en tanto que norma abstracta,                ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER,
otorgaría a La Poste una ventaja financiera frente a otras                      «Diga Gibbesi», suprimida por la Decisión de la Comisión
empresas, automáticamente al menos cuando La Poste obtu-                        C(2002) 4905, de 11 de diciembre de 2002, con la
viese beneficios sujetos a imposición y, entonces, pudiese                      consiguiente condena en costas a la Comisión de las
eludir la obligación de declaración tributaria.                                 Comunidades Europeas.
 ---pagebreak--- 7.2.2004                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 35/15
Motivos y principales alegaciones                                            Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2003 por Jean-
                                                                             Pierre Castets contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
La Regione Siciliana ha impugnado ante el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas la nota BUDG/C5/ME/                                           (Asunto T-398/03)
jlsD(2003)358046, de 6 de octubre de 2003, de la Comisión
de las Comunidades Europeas, relativa al procedimiento de
recuperación de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo                                               (2004/C 35/24)
Regional, FEDER, «Diga Gibbesi», suprimida por la Decisión de
la Comisión C(2002) 4905, de 11 de diciembre de 2002, así
como todos los actos previos y los de ejecución (1).                                          (Lengua de procedimiento: francés)
En apoyo de su recurso la Regione Siciliana alega:
                                                                             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
1)     Infracción o aplicación incorrecta de los artículos 73 y              Europeas se ha presentado el 12 de diciembre de 2003 un
       186 del Reglamento no 1605/2002 del Consejo, de                       recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,
       25 de junio de 2002 (2), y del artículo 83 del Reglamento             formulado por Jean-Pierre Castets, con domicilio en Saint
       no 2342 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, de                Victor Des Oules (Francia), representado por Me Grégory
       desarrollo (3), en la medida en que la nota impugnada                 Crétin, abogado.
       estableció la recuperación de la ayuda comunitaria supri-
       mida y se opuso a la compensación con otros créditos,
       de los cuales es acreedora la Regione Siciliana frente a la           El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
       Comisión, con la consiguiente aplicación de los intereses
       de demora.                                                            —    Anule la decisión de 4 de septiembre de 2003, mediante
                                                                                la cual la autoridad facultada para proceder a los nombra-
2)     Infracción y aplicación incorrecta del artículo 24 del                     mientos desestimó la reclamación R/311/03 formulada
       Reglamento no 4253/88 del Consejo, de 19 de julio                          por el demandante el 16 de junio de 2003.
       de 1988, en su versión modificada por el Reglamento
       (CEE) no 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (4),             —    Ordene a la Oficina de gestión y liquidación de los
       en la medida en que la nota impugnada no consideró                         derechos individuales de la Comisión Europea que calcule
       directamente aplicable al presente caso el principio de la                 nuevamente, y con efectos retroactivos desde el 1 de mayo
       compensación.                                                              de 2003, el importe de la pensión de invalidez que debe
                                                                                liquidarse al demandante tomando como base la pensión
3)     Desviación de poder por contradicción entre varios actos                   de jubilación que se le habría liquidado a los 65 años si
       y vulneración del principio de confianza legítima, en la                   hubiese permanecido en funciones hasta dicha edad.
       medida en que la Comisión contradice sus propias
       resoluciones precedentes, adoptadas también frente a la               —    Condene en costas a la Comisión.
       Regione Siciliana, en relación con la admisibilidad en el
       presente caso del recurso a la compensación con el fin de
       extinguir obligaciones pecuniarias.
                                                                             Motivos y principales alegaciones
(1) Decisión ya impugnada en el asunto T-60/03, Regione Siciliana/
    Comisión (DO C 101 de 26.4.2003, p. 50).
(2) Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de                    El demandante fue jubilado y se le reconoció una pensión de
    25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento                 invalidez con efectos desde el 1 de mayo de 2003.
    financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
    Europeas (DO L 248, p. 1).
(3) Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de                 Según el demandante, la Comisión, en el momento de
    23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del                  calcular su pensión de invalidez, realizó una interpretación
    Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que            manifiestamente errónea del artículo 78 del Estatuto, al tomar
    se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto
    general de las Comunidades Europeas (DO L 357, p. 1).
                                                                             como porcentaje de la pensión de invalidez el porcentaje de
(4) Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo, de 20 de julio                  la pensión de jubilación a que hubiera tenido derecho el
    de 1993, que modifica el Reglamento (CEE) no 4253/88 por el              demandante a los 65 años de haber continuado prestando
    que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)         servicio hasta dicha edad y, como sueldo base, el que percibiría
    no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las      si aún prestara servicio. El demandante pretende, por el
    intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas         contrario, que la pensión de invalidez debe calcularse tomando
    con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás          como base la pensión de jubilación que se le habría liquidado
    instrumentos financieros existentes (DO L 193, p. 20).                   si hubiese permanecido en funciones hasta la edad de 65 años.


title: Asunto C-60/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vrchní soud v Praze — República Checa) — procedimiento relativo a la ejecución de una sanción pecuniaria impuesta a Marián Baláž (Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión marco 2005/214/JAI — Aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias — «Órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales» — El «Unabhängiger Verwaltungssenat» de Derecho austriaco — Naturaleza y alcance del control por parte del órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución)

text:
               11.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vrchní soud v Praze — República Checa) — procedimiento relativo a la ejecución de una sanción pecuniaria impuesta a Marián Baláž
   (Asunto C-60/12) (1)

   (Cooperación policial y judicial en materia penal - Decisión marco 2005/214/JAI - Aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias - «Órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales» - El «Unabhängiger Verwaltungssenat» de Derecho austriaco - Naturaleza y alcance del control por parte del órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución)
   2014/C 9/07
   Lengua de procedimiento: checo

      Órgano jurisdiccional remitente

   Vrchní soud v Praze

      Parte el procedimiento principal

   Marián Baláž

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Vrchní soud v Praze — Interpretación del artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (DO L 76, p. 16) — Concepto de órgano jurisdiccional que tiene competencia, en particular, en asuntos penales — «Unabhängiger Verwaltungssenat» en Derecho austriaco — Concepto de «posibilidad de que el caso sea juzgado» ante un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión marco — Alcance.

      Fallo

               1)

               El concepto de «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», a que se refiere el artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión y debe interpretarse en el sentido de que está comprendido en él todo órgano jurisdiccional que aplique un procedimiento en el que concurran las características esenciales de un procedimiento penal. El Unabhängiger Verwaltungssenat in der Ländern (Austria) cumple tales criterios y, por consiguiente, debe considerarse comprendido en el ámbito de dicho concepto.

               2)

               El artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión marco 2005/214, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299, debe interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que una persona ha tenido la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales cuando, antes de interponer su recurso, ha debido agotar un procedimiento administrativo previo. Este órgano jurisdiccional debe tener plena competencia para examinar el asunto en lo que atañe tanto a la apreciación jurídica como a las circunstancias de hecho.

      (1)  DO C 109, de 14.4.2012.


title: Asunto F-127/14: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 10 de diciembre de 2014  — Turkington/Comisión (Función pública — Funcionarios — Pensiones — Transferencia de los derechos a pensión adquiridos en un régimen de pensión nacional — Propuesta de bonificación de anualidades no impugnada dentro de plazo — Inexistencia de hecho nuevo y sustancial — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               2.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 34/50

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 10 de diciembre de 2014 — Turkington/Comisión
   (Asunto F-127/14)
   ((Función pública - Funcionarios - Pensiones - Transferencia de los derechos a pensión adquiridos en un régimen de pensión nacional - Propuesta de bonificación de anualidades no impugnada dentro de plazo - Inexistencia de hecho nuevo y sustancial - Inadmisibilidad manifiesta))
   (2015/C 034/60)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Stephen Turkington (Tréveris, Alemania) (representante: A. Salerno, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Curral y G. Gattinara, agentes)

      Objeto

   Pretensión de que se anule la decisión de la Comisión por la que ésta se niega a proceder a un nuevo cálculo de la bonificación de los derechos a pensión adquiridos por el demandante en el régimen de pensiones de la Unión con arreglo a las nuevas disposiciones generales de ejecución relativas a los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

               2)

               El Sr. Turkington cargará con sus propias costas.


title: Asunto C-323/00 P: Recurso de casación interpuesto por DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH el 1 de septiembre de 2000 contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2000 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta ampliada) en el asunto T-234/95 entre DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH, apoyada por la República Federal de Alemania, contra la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

text:
C 355/6                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       9.12.2000
Solicitud de dictamen formulada por la Comisión de las                   que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de la
Comunidades Europeas con arreglo a lo dispuesto en el                     Sra. Lucy Dupong, Abogada del bufete Dupong & Dupong,
             artı́culo 300, apartado 6, del Tratado CE                    4-6, rue de la Boucherie, L-2014 Luxemburgo, contra la
                                                                          sentencia dictada el 29 de junio de 2000 por el Tribunal de
                          (Dictamen 2/00)                                 Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta
                                                                          ampliada) en el asunto T-234/95 entre DSG Dradenauer
                                                                          Stahlgesellschaft mbH, apoyada por la República Federal de
                          (2000/C 355/10)                                 Alemania, contra la Comisión de las Comunidades Europeas,
                                                                          apoyada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                 Norte.
sido sometida una solicitud de dictamen, con arreglo al
artı́culo 300, apartado 6, del Tratado CE, formulada por la               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Comisión de las Comisiones Europeas, representada por los
                                                                          1.    Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
Sres. Allan Rosas, Consejero Jurı́dico principal y la Sra. Marga-
                                                                                dictada el 29 de junio de 2000 en el asunto T-234/95 (1).
rida Afonso, miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de
Agentes, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el         2.    Anule los artı́culos 2, 3 y 4 de la Decisión
27 de octubre de 2000.                                                          96/236/CECA (2) de la Comisión, de 31 de octubre de
                                                                                1995.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que responda afirmativamente a las dos cuestiones             3.    Condene en costas a la Comisión.
siguientes:
                                                                          Motivos y principales alegaciones
1)     ¿Constituyen los artı́culos 133 y el apartado 4 del
       artı́culo 174, en relación con las disposiciones pertinentes      —     Infracción del artı́culo 4, letra c), del Tratado CECA: El
       del artı́culo 300 del Tratado CE, la base jurı́dica apropiada            Tribunal de Primera Instancia atribuye a la Comisión una
       del acto de conclusión, por la Comunidad Europea, del                   amplia facultad de apreciación por lo que respecta a la
       Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad?                            cuestión de si la Freie und Hansestadt Hamburg (en lo
                                                                                sucesivo, «ciudad de Hamburgo») y la Hamburgische
2)     En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿las             Landesbank Girozentrale (en lo sucesivo, «HLB») forman
       competencias que los Estados miembros mantienen en el                    una unidad económica. De hecho, se trata de una cuestión
       ámbito de la protección del medio ambiente, y que                      de Derecho comunitario que debe someterse a un control
       pueden justificar su participación en el Protocolo de                   jurisdiccional pleno. Por ello, el Tribunal de Primera
       Cartagena sobre la bioseguridad, tienen un carácter                     Instancia no deberı́a haber tenido en cuenta a la HLB
       residual frente a la competencia predominante de la                      como inversor de referencia en el marco de las compara-
       Comunidad para asumir compromisos internacionales en                     ciones entre inversores. Para valorar las ayudas, deberı́a
       cuanto a las materias tratadas en este Protocolo?                        haber considerado el compromiso global correspondiente
                                                                                a la ciudad de Hamburgo y a la HLB, en lugar de examinar
                                                                                por separado y de forma aislada los compromisos de
                                                                                cada una de ellas. De haber procedido ası́, las medidas
                                                                                financieras no habrı́an podido calificarse de ayudas, sino
                                                                                que constituirı́an una actuación dentro de la economı́a de
                                                                                mercado.
                                                                          —     Infracción del artı́culo 88 del Tratado CECA: El Tribunal
Recurso de casación interpuesto por DSG Dradenauer                             de Primera Instancia pasa por alto que, en virtud del
Stahlgesellschaft mbH el 1 de septiembre de 2000 contra                         artı́culo 88 del Tratado CECA, la facultad de actuación de
la sentencia dictada el 29 de junio de 2000 por el Tribunal                     la Comisión es limitada, y atribuye a ésta competencia,
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala                          no prevista en dicho Tratado, para obligar directamente a
Quinta ampliada) en el asunto T-234/95 entre DSG                                los Estados miembros a exigir la recuperación de ayudas
Dradenauer Stahlgesellschaft mbH, apoyada por la Repú-                         prohibidas conforme al artı́culo 4, letra c), del Tratado
blica Federal de Alemania, contra la Comisión de las                           CECA. Una correcta interpretación del artı́culo 88 del
Comunidades Europeas, apoyada por el Reino Unido de                             Tratado CECA, en relación con el artı́culo 6, apartado 4,
                  Gran Bretaña e Irlanda del Norte                             del Quinto Código de ayudas a la siderurgia, deberı́a
                                                                                haber llevado al Tribunal de Primera Instancia a declarar
                        (Asunto C-323/00 P)                                     que, en el marco de dicho Tratado, corresponde a los
                                                                                Estados miembros determinar de qué forma y en qué
                          (2000/C 355/11)                                       condiciones debe suprimirse una ayuda ilegal.
                                                                          —     Violación de principios generales del Derecho (vulnera-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                    ción de las leyes del pensamiento lógico).
presentado el 1 de septiembre de 2000 un recurso de casación
interpuesto por DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH, asis-               (1) Aún no publicada en la Recopilación.
tida y representada por los Sres. Ulrich Theune y Martin                  (2) DO 1996, L 78, p. 31.
Luther, Abogados del bufete Andersen Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH, Düsternstraße 1, D-20355 Hamburgo,