title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de noviembre de 2001 en el asunto C-228/99 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile e penale di Cagliari): Silos e Mangimi Martini SpA contra Ministero delle Finanze ("Agricultura — Organización común de mercados — Restituciones a la exportación — Supresión — Interpretación y validez de los Reglamentos (CE) nos 1521/95 y 1576/95 — Falta de motivación")

text:
C 3/6                      ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              5.1.2002
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Quinta)                                                              (Sala Segunda)
                     de 8 de noviembre de 2001                                                   de 8 de noviembre de 2001
                                                                             en el asunto C-228/99 (petición de decisión prejudicial
en el asunto C-143/99 (petición de decisión prejudicial
                                                                             planteada por el Tribunale civile e penale di Cagliari):
planteada por el Verfassungsgerichtshof): Adria-Wien
                                                                             Silos e Mangimi Martini SpA contra Ministero delle
Pipeline GmbH y Wietersdorfer & Peggauer Zement-
                                                                                Finanze (1)
werke GmbH contra Finanzlandesdirektion für
                                Kärnten (1)
                                                                             («Agricultura — Organización común de mercados —
                                                                             Restituciones a la exportación — Supresión — Interpretación
(«Impuesto sobre la energı́a — Devolución limitada a las                    y validez de los Reglamentos (CE) nos 1521/95 y 1576/95 —
empresas productoras de bienes corporales — Ayuda de                                                  Falta de motivación»)
                                 Estado»)
                                                                                (2002/C 3/09)
                              (2002/C 3/08)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                    (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la           «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                             En el asunto C-228/99, que tiene por objeto una petición
                                                                             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
En el asunto C-143/99, que tiene por objeto una petición
                                                                             por el Tribunale civile e penale di Cagliari (Italia), destinada a
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                             obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Verfas-
                                                                             entre Silos e Mangimi Martini SpA y Ministero delle Finanze,
sungsgerichtshof (Austria), destinada a obtener, en los litigios
                                                                             una decisión prejudicial sobre la interpretación y la validez de
pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre Adria-
                                                                             los Reglamentos (CE) nos 1521/95 de la Comisión, de 29 de
Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke
                                                                             junio de 1995, y 1576/95 de la Comisión, de 30 de junio de
GmbH y Finanzlandesdirektion für Kärnten, una decisión
                                                                             1995, por los que se fijan las restituciones aplicables a la
prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 92 del Tratado
                                                                             exportación de piensos compuestos a base de cereales (DO
CE (actualmente artı́culo 87 CE, tras su modificación), el
                                                                             L 147, p. 65, y DO L 150, p. 64), el Tribunal de Justicia (Sala
Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. A. La
                                                                             Segunda), integrado por la Sra. N. Colneric, Presidenta de Sala,
Pergola, Presidente de Sala, M. Wathelet (Ponente), P. Jann,
                                                                             y los Sres. R. Schintgen (Ponente) y V. Skouris, Jueces;
L. Sevón y C.W.A. Timmermans, Jueces; Abogado General:
                                                                             Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra. L. Hewlett,
Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal,
                                                                             administradora, ha dictado el 8 de noviembre de 2001 una
ha dictado el 8 de noviembre de 2001 una sentencia cuyo fallo
                                                                             sentencia cuyo fallo es el siguiente:
es el siguiente:
                                                                             1)    El Reglamento (CE) no 1521/95 de la Comisión, de 29 de
1)     Unas medidas nacionales que prevén la devolución parcial de                junio de 1995, por el que se fijan las restituciones aplicables a
       los impuestos sobre la energı́a que gravan el gas natural y la              la exportación de piensos compuestos a base de cereales, era
       energı́a eléctrica no constituyen ayudas de Estado en el sentido            aplicable a las operaciones de exportación para las que los
       del artı́culo 92 del Tratado CE (actualmente artı́culo 87 CE,               servicios de aduanas competentes aceptaron, el dı́a de su
       tras su modificación), cuando se aplican a todas las empresas              publicación, la declaración de exportación en la que se señalaba
       situadas en el territorio nacional, independientemente del objeto           que se iba a solicitar una restitución a la exportación y para las
       de su actividad.                                                            que no se habı́a solicitado ninguna fijación anticipada de la
                                                                                restitución a la exportación.
2)     Deben ser consideradas como ayudas de Estado en el sentido del
       artı́culo 92 del Tratado unas medidas nacionales que prevén la        2)    El Reglamento (CE) no 1576/95 de la Comisión, de 30 de
       devolución parcial de los impuestos sobre la energı́a que gravan           junio de 1995, por el que se fijan las restituciones aplicables a
       el gas natural y la energı́a eléctrica únicamente en favor de las          la exportación de piensos compuestos a base de cereales, no
       empresas respecto a las cuales conste que se dedican con carácter          revocó el Reglamento no 1521/95 y, por consiguiente, no tuvo
       principal a la producción de bienes corporales.                            influencia alguna en la aplicabilidad de éste último el 30 de
                                                                                junio de 1995.
(1) DO C 188 de 3.7.1999.                                                    3)    El Reglamento no 1521/95 no se ajusta a la obligación de
                                                                                motivación establecida en el artı́culo 190 del Tratado CE
                                                                                (actualmente artı́culo 253 CE), y, por lo tanto, es inválido.
 ---pagebreak--- 5.1.2002                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                 C 3/7
4)    La invalidez del Reglamento no 1521/95 tiene por efecto que          por los Sres. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, C. Gulmann,
      las restituciones a la exportación de piensos a base de cereales,   A. La Pergola (Ponente), M. Wathelet y V. Skouris, Presidentes
      cuya solicitud se anunció en las declaraciones de exportación      de Sala, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón y
      aceptadas por los servicios de aduanas competentes el 30 de          R. Schintgen y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General:
      junio de 1995 y para las que no se habı́a solicitado                 Sr. S. Alber; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto,
      ninguna fijación anticipada, deben ser calculadas con arreglo al    ha dictado el 27 de septiembre de 2001 una sentencia cuyo
      Reglamento (CE) no 1415/95 de la Comisión, de 22 de junio           fallo es el siguiente:
      de 1995, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
      exportación de piensos compuestos a base de cereales.               1)    El artı́culo 45, apartado 1, del Acuerdo europeo por el que se
                                                                                crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus
                                                                                Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria,
(1) DO C 246 de 28.8.1999.                                                       por otra, celebrado y aprobado en nombre de la Comunidad
                                                                                mediante la Decisión 94/908/CECA, CE, Euratom del Consejo
                                                                                y de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994, debe
                                                                                interpretarse en el sentido de que establece, en el ámbito de
                                                                                aplicación del Acuerdo, un principio preciso e incondicional
                                                                                suficientemente operativo para ser aplicado por un juez nacional
                                                                                y que, por consiguiente, puede regir la situación jurı́dica de los
                                                                                particulares. El efecto directo que, por tanto, debe reconocerse a
                                                                                dicha disposición implica que los nacionales búlgaros que la
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                      aleguen pueden invocarla ante los órganos jurisdiccionales del
                                                                                Estado miembro de acogida, aunque las autoridades de éste
                                                                                siguen siendo competentes para aplicar a dichos nacionales
                   de 27 de septiembre de 2001                                   la normativa nacional en materia de entrada, estancia y
                                                                                establecimiento, conforme al artı́culo 59, apartado 1, de dicho
                                                                                Acuerdo.
en el asunto C-235/99 (petición de decisión prejudicial
planteada por la High Court of Justice (England & Wales),                  2)    El derecho de establecimiento, tal como está definido en el
Queen’s Bench Division (Divisional Court)): The Queen                            artı́culo 45, apartado 1, de dicho Acuerdo de asociación,
contra Secretary of State for the Home Departement, ex                           implica que se confiere un derecho de entrada y un derecho de
              parte: Eleanora Ivanova Kondova (1)                                estancia, como corolarios de aquél, a los nacionales búlgaros
                                                                                que deseen ejercer actividades de carácter industrial, comercial y
(«Relaciones exteriores — Acuerdo de asociación Comunida-                       artesanal o profesiones liberales en un Estado miembro. Sin
des/Bulgaria — Libertad de establecimiento — Autorización                       embargo, del artı́culo 59, apartado 1, de dicho Acuerdo se
de entrada obtenida fraudulentamente — Obligación de un                         desprende que estos derechos de entrada y de estancia no
Estado miembro de indemnizar el perjuicio causado a un                           constituyen prerrogativas absolutas, ya que, en su caso, las
particular que invoca un derecho de establecimiento directa-                     normas del Estado miembro de acogida relativas a la entrada,
   mente aplicable basándose en el Acuerdo de asociación»)                     estancia y establecimiento de los nacionales búlgaros pueden
                                                                                limitar su ejercicio.
                            (2002/C 3/10)                                  3)    El artı́culo 45, apartado 1, de dicho Acuerdo, en relación con
                                                                                el artı́culo 59, apartado 1, del mismo Acuerdo, no se opone en
                                                                                principio a un sistema de control previo que supedite la
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                             expedición, por parte de las autoridades competentes en materia
                                                                                de inmigración, de un permiso de entrada y de residencia al
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la          requisito de que el solicitante pruebe que tiene realmente la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)              intención de iniciar una actividad laboral por cuenta propia, sin
                                                                                ejercer simultáneamente un trabajo por cuenta ajena ni recurrir
                                                                                a los fondos públicos, y que dispone desde un primer momento
                                                                                de recursos económicos suficientes y tiene posibilidades razona-
                                                                                bles de conseguir sus objetivos. Requisitos materiales como los
En el asunto C-235/99, que tiene por objeto una petición                        establecidos en los artı́culos 217 y 219 de las United Kingdom
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,               Immigration Rules (House of Commons Paper 395) permiten
por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench                    precisamente a las autoridades competentes realizar tal compro-
Division (Divisional Court) (Reino Unido), destinada a obtener,                  bación y son adecuados para garantizar la consecución de dicho
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre                  objetivo.
The Queen y Secretary of State for the Home Department, ex
parte: Eleanora Ivanova Kondova, una decisión prejudicial                 4)    El artı́culo 59, apartado 1, de dicho Acuerdo de asociación debe
sobre la interpretación de los artı́culo 45 y 59 del Acuerdo                    interpretarse en el sentido de que las autoridades competentes del
europeo por el que se crea una asociación entre las Comunida-                   Estado miembro de acogida pueden denegar una solicitud
des Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la                         presentada con arreglo al artı́culo 45, apartado 1, de este
República de Bulgaria, por otra, celebrado y aprobado en                        Acuerdo por el mero hecho de que, al presentar esta solicitud, el
nombre de la Comunidad mediante la Decisión 94/908/CECA,                        nacional búlgaro residı́a ilegalmente en el territorio de ese
CE, Euratom del Consejo y de la Comisión, de 19 de diciembre                    Estado a consecuencia de falsas declaraciones emitidas ante
de 1994 (DO L 358, p. 1), el Tribunal de Justicia, integrado                     dichas autoridades o de la ocultación de hechos pertinentes con


title: Recurso interpuesto el 15 de octubre de 1998 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Anastasios Bisopoulos (Asunto T-168/98)

text:
19.12.98              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 397/31
Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en                tal, se dirigió a la demandada para tomar parte en el con-
Luxemburgo el de Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de                 curso de adjudicación del proyecto denominado FD RUS
Cessange, contra Comisión de las Comunidades Europeas              9603, que tenía por objeto el perfeccionamiento y rees-
(Agente: Sra. Ana Maria Alves Vieira), que tiene por               tructuración de la explotación de ganado bovino de carne
objeto una demanda de suspensión de la ejecución de la             y de ganado lechero rusos por un volumen financiero de
Decisión de la Comisión de 18 de enero de 1995, por la             3,7 millones de ECU. En el marco del procedimiento de
que se impone al demandante la sanción disciplinaria de            adjudicación tuvieron lugar dos fases de evaluación de los
separación del servicio, el Presidente del Tribunal de Pri-        oferentes que habían superado una selección previa. Tras
mera Instancia ha dictado el 21 de octubre de 1998 un              la primera evaluación se consideró a la demandante mejor
auto resolviendo lo siguiente:                                     oferente, mientras que tras la segunda sólo se la clasificó
                                                                   como segunda mejor oferente.
Sobreseer la demanda de medidas provisionales.
                                                                   El resultado de esta segunda fase de la adjudicación, que
                                                                   se impugna mediante el presente recurso, fue comunicado
                                                                   a la demandante mediante escrito de 26 de junio de 1998.
                                                                   En eÂl se expone que su oferta no prosperó en la segunda
                                                                   fase de evaluación porque la experiencia del equipo y las
Recurso interpuesto contra la Comisión de las Comunida-            condiciones económicas eran peores que las de la oferta de
des Europeas por ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsge-           la empresa considerada mejor oferente. En el marco del
meinschaft Deutscher Tierzüchter mbH, presentado en la             procedimiento de adjudicación en su conjunto se produje-
Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de septiembre            ron sin embargo graves violaciones del principio de com-
de 1998 y transmitido, de conformidad con el paÂrrafo              petencia leal en el que ha de basarse toda adjudicación,
primero del artículo 47 del Estatuto (CE) del Tribunal de          causadas tanto por la demandada como por la empresa
 Justicia, a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia       seleccionada en la segunda fase, por lo que debería decla-
                      (Asunto T-145/98)                            rarse la nulidad de la adjudicación de este proyecto.
                         (98/C 397/61)
             (Lengua de procedimiento: alemaÂn)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             Recurso interpuesto el 15 de octubre de 1998 contra la
Europeas se ha presentado el 11 de septiembre de 1998 un           Comisión de las Comunidades Europeas por Anastasios
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                                       Bisopoulos
formulado por ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Tierzüchter mbH, con domicilio                                      (Asunto T-168/98)
social en Bonn (RepuÂblica Federal de Alemania), represen-                                 (98/C 397/62)
tada por el Sr. Andreas Hansen, Abogado, con domicilio
en Uelzener Straûe 8, Bienenbüttel (RepuÂblica Federal Ale-
mania).                                                                          (Lengua de procedimiento: franceÂs)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
tancia que:                                                        Europeas se ha presentado el 15 de octubre de 1998 un
                                                                   recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
1. Declare que la decisión de la demandada de 26 de                formulado por el Sr. Anastasios Bisopoulos, con domicilio
    junio de 1998, recibida por la demandante el 6 de              en Bruselas, representado por el Sr. Eric Boigelot, Abogado
    julio de 1998, es contraria a Derecho.                         de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo
                                                                   el despacho del Sr. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheins-
                                                                   heim.
2. Declare asimismo que la demandada estaba obligada a
    encargar la realización del proyecto no FD RUS 9603
    a la demandante.                                               El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                   que:
3. Condene a la demandada a pagar a la demandante
    una indemnización de 550 000 DM en concepto de                 Ð Anule la decisión de 12 de febrero de 1998, con efec-
    danÄos y perjuicios.                                                tos a partir del 16 de febrero de 1998 y notificada al
                                                                        demandante el 27 de febrero de 1998, adoptada por la
4. Con caraÂcter subsidiario, condene a la demandada a                  Autoridad Facultada para Proceder a los Nombra-
    pagar a la demandante una indemnización de                          mientos (en lo sucesivo, «AFPN»), en la medida en
    225 250 DM en concepto de danÄos y perjuicios.                      que lo clasifica en el grado A 5, escalón 5, con anti-
                                                                        güedad de escalón desde el 1 de mayo de 1997.
Motivos y principales alegaciones
                                                                   Ð Anule la denegación presunta de la reclamación de 25
La demandante, que realiza labores de asesoramiento para                de mayo de 1998, registrada el 27 de mayo de 1998
la producción animal en el aÂmbito de toda Europa orien-                con el nuÂmero R 492/98.
 ---pagebreak--- C 397/32              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   19.12.98
Ð En la medida en que resulte necesario, anule la denega-          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
    ción presunta de la solicitud del demandante, regis-           tancia que:
    trada el 27 de mayo de 1998, de clasificación en el
    grado A 4 con la antigüedad de escalón bonificada con          Ð Declare la ilegalidad del procedimiento aplicable, en
    arreglo al Estatuto.                                                caso de ausencia debida a enfermedad, en vigor en el
                                                                        Consejo desde el 18 de septiembre de 1997.
Ð En cualquier caso, condene en costas a la demandada.
                                                                   Ð Anule la Decisión del Consejo que considera irregular
                                                                        la ausencia de la demandante durante el período com-
Motivos y principales alegaciones                                       prendido entre el 9 y el 22 de febrero de 1998 y
                                                                        computa esta ausencia dentro de su período de vaca-
                                                                        ciones anuales.
El demandante sostiene que la AFPN, al clasificarlo en el
grado A 5, escalón 5, en lugar de en el grado A 4 con la           Ð Condene en costas a la parte demandada.
antigüedad de escalón bonificada, no tomó en considera-
ción ni su experiencia profesional ni su especialización y         Motivos y principales alegaciones
se abstuvo de todo examen concreto de su situación, por
lo que infringió el paÂrrafo segundo del apartado 1 del
artículo 5, el apartado 3 del artículo 5, el paÂrrafo segundo      La demandante alega, en primer lugar, que la demandada
del artículo 25 y los artículos 31 y 32 del Estatuto, así          no respetó en el presente asunto «el procedimiento que
como su Anexo I.                                                   debe seguirse en caso de ausencia debida a enfermedad o
                                                                   accidente», que ella misma instauró y comunicó al perso-
                                                                   nal mediante la Comunicación no 117/97, de 18 de sep-
                                                                   tiembre de 1997.
AdemaÂs considera que la decisión impugnada infringe la
decisión de aplicación de 1983, relativa a los criterios apli-
cables a la clasificación en grado y escalón en el momento         Adicionalmente, la demandante impugna la legalidad de
de selección, tal como fue modificada el 7 de febrero de           esta disposición de ejecución, en la medida en la que
1986.                                                              preveÂ, en caso de discrepancia con las conclusiones del
                                                                   examen meÂdico de control, un «procedimiento de arbi-
                                                                   traje» que no respeta el derecho de defensa del interesado,
Alega que los principios generales del Derecho tambieÂn            puesto que no le permite designar libremente un meÂdico
imponen a la AFPN la obligación de respetar la igualdad            para salvaguardar con su presencia sus derechos e intere-
de trato en la situación de los funcionarios y de adoptar          ses.
decisiones administrativas basadas en motivos legítimos, es
decir, no viciados por errores manfiestos de hecho o de            En opinión de la demandante, cuando se plantea ante la
Derecho.                                                           Administración una discrepancia de este tipo, eÂsta debe
                                                                   convocar la Comisión de invalidez, conforme a lo dispu-
                                                                   esto en el apartado 3 del artículo 59 del Estatuto.
El demandante invoca, por uÂltimo, la violación del princi-
pio de confianza legítima así como desviación de poder.
                                                                   Por uÂltimo, la demandante alega que las decisiones recurri-
                                                                   das adolecen de una falta total de motivación.
Recurso interpuesto el 15 de octubre de 1998 contra el
 Consejo de la Unión Europea por Maria Adelina Biasutto            Recurso de anulación interpuesto el 26 de octubre de
                                                                   1998 contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la
                      (Asunto T-171/98)                            Unión Europea por Zino Davidoff SA y Davidoff & Cie
                        (98/C 397/63)                                                           SA
                                                                                (Asunto T-177/98)
                                                                                (98/C 397/64)
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemaÂn)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 15 de octubre de 1998 un              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado            Europeas se ha presentado el 26 de octubre de 1998 un
por Maria Adelina Biasutto, con domicilio en Bruselas,             recurso contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la
representada por los Sres. Jean-NoeÈl Louis y FrancËoise           Unión Europea formulado por Zino Davidoff SA y Davi-
Parmentier, Abogados de Bruselas, que designa como                 doff & Cie SA, con domicilio social en Friburgo y Ginebra
domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson SARL,               (Suiza), representadas por el Profesor Dr. Rolf Wägenbaur,
30, rue de Cessange.                                               Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 8 de junio de 2005, en el asunto T-299/03, Nuova fabbrica utensili diamantati Srl (Nuova Fa. U. Di) contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de anulación — Acceso a documentos — Reglamento (CE) n° 1049/2001 — No divulgación de documentos que emanen de un Estado miembro sin su acuerdo previo)

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/20

      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 8 de junio de 2005
   en el asunto T-299/03, Nuova fabbrica utensili diamantati Srl (Nuova Fa. U. Di) contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Recurso de anulación - Acceso a documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - No divulgación de documentos que emanen de un Estado miembro sin su acuerdo previo)
   (2005/C 229/43)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto T-299/03, Nuova fabbrica utensili diamantati Srl (Nuova Fa. U. Di), con domicilio en Marcellina (Italia), representada por el Sr. Calabrese, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. V. Di Bucci y P. Aalto, asistidos por el Sr. A. Abate, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de la Comisión por la que se deniega a la demandante el acceso a determinados documentos relativos a un régimen de ayudas de Estado declarado compatible con el mercado común mediante la Decisión de la Comisión de 12 de julio de 2000 [SG (2000) D/105754 — Ayuda no 715/99], el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y D. Sváby, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 8 de junio de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 264, de 1.11.2003.


20150731067617172015/C 270/568212014TC27020150817ES01ESINFO_JUDICIAL20150619424215Asunto T-821/14: Auto del Tribunal General de 19 de junio de 2015 — Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C./Comisión
 ---documentbreak--- C2702015ES4250120150619ES0056425421Auto del Tribunal General de 19 de junio de 2015 — Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C./Comisión
   (Asunto T-821/14) (
         1
      )2015/C 270/56Lengua de procedimiento: italianoEl Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.
   (
         1
      )	DO C 65, de 23.2.2015.


title: Asunto T-281/04: Recurso interpuesto el 9 de julio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Paola Staboli

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/34

         Recurso interpuesto el 9 de julio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Paola Staboli
   (Asunto T-281/04)
   (2004/C 262/65)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 9 de julio de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Paola Staboli, con domicilio en Saint-Gilles (Bélgica), representada por el Sr. Lucas Vogel, abogado.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule las decisiones adoptadas por la AFPN, el 12 de marzo de 2004 y el 6 de abril de 2004, de rechazar su reclamación de 29 de agosto de 2003, en la que criticaba una decisión de 9 de mayo de 2003 que le negaba reconocer en concepto de acción de formación su participación en dos conferencias que tuvieron lugar en Melbourne y en Perth, entre el 26 de junio y el 5 de julio de 2003, y también le negaba el permiso de formación para ello.

               —

               En la medida necesaria, anule también la decisión, antes mencionada, de 9 de mayo de 2003, adoptada por el Director General del Servicio de Traducción de la Comisión.

               —

               Condene a la Comisión al pago de 5 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante se opone a la decisión de la AFPN de denegarle el permiso de formación que solicitó para participar, en calidad de conferenciante, en unas conferencias que tuvieron lugar en Melbourne y Perth (Australia), entre el 26 de junio y el 5 de julio de 2003.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega lo siguiente:

               —

               Infracción del artículo 24, párrafo tercero, del Estatuto; infracción de la decisión adoptada por el colegio de Comisarios el 7 de mayo de 2002, en particular, de sus artículos 1, 2 y 3, así como de la decisión por la que se aprueba el programa de formación para 2003 de la demandante, al negársele el permiso de formación controvertido por considerarlo una actividad de interés personal, a pesar de que constaba explícitamente en concepto de acción de formación dentro de su programa de formación para 2003, por un lado, y que, además, uno de los objetivos de la formación permanente de los funcionarios consiste precisamente en asegurar el desarrollo personal de los trabajadores, así como su participación en dar a conocer y mejorar la Comisión.

               —

               Vulneración del principio de no discriminación y existencia de un error manifiesto de apreciación, al negarse la AFPN a admitir que la materia tratada en las conferencias controvertidas (la Literatura en la Edad Media y, en especial, la obra de Dante) se incluye en la formación permanente de la demandante, puesto que tiene un nexo directo con sus actividades en el Servicio de Traducción y que, además, se conceden regularmente permisos de formación a otros funcionarios para actividades análogas.


title: Asunto T-2/11: Sentencia del Tribunal General de 7 de junio de 2013 — Portugal/Comisión [ «FEOGA — Sección de Garantía — FEAGA y FEADER — Gastos excluidos de la financiación — Gastos realizados en el marco de la medida POSEI (ejercicios 2005, 2006 y 2007)» ]

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/65

         Sentencia del Tribunal General de 7 de junio de 2013 — Portugal/Comisión
   (Asunto T-2/11) (1)

   (FEOGA - Sección de Garantía - FEAGA y FEADER - Gastos excluidos de la financiación - Gastos realizados en el marco de la medida POSEI (ejercicios 2005, 2006 y 2007))
   2013/C 225/144
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo y J. Saraiva de Almeida, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Guerra e Andrade y P. Rossi, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión 2010/668/UE de la Comisión, de 4 de noviembre de 2010, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), sección «Garantía», al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 288, p. 24), en la medida en que aplica una corrección financiera a la República Portuguesa en el marco de la medida POSEI correspondiente a los ejercicios de 2005 a 2007 por un importe total de 743 251,25 euros.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión 2010/668/UE de la Comisión, de 4 de noviembre de 2010, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 288, p. 24), en la medida en que aplica a la República Portuguesa una corrección financiera relativa a la medida POSEI para los ejercicios financieros 2006 y 2007.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 89, de 19.3.2011.


title: Asunto C-366/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 1 de julio de 2013 — Profit Investment SIM SpA, en liquidación/Stefano Ossi y Commerzbank AG

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/30

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 1 de julio de 2013 — Profit Investment SIM SpA, en liquidación/Stefano Ossi y Commerzbank AG
   (Asunto C-366/13)
   2013/C 260/55
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte suprema di cassazione

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Profit Investment SIM SpA, en liquidación

      Recurridas: Stefano Ossi, Commerzbank AG

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede considerarse existente la relación de conexión entre demandas distintas, prevista en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 44/2001, (1) cuando sean distintos el objeto de las pretensiones formuladas en las dos demandas y el título en virtud del cual se formulan las pretensiones, y no exista entre ellas una relación de subordinación o incompatibilidad lógico-jurídica, si bien la eventual estimación de una de ellas puede reflejarse, en la práctica, en la magnitud del interés para cuya protección se ha presentado la otra demanda?

               2)

               ¿Puede considerarse satisfecho el requisito de forma escrita de la cláusula de prórroga de la competencia, previsto en el artículo 23, apartado 1, letra a), del citado Reglamento, en caso de que dicha cláusula se incluya en el documento («Information memorandum») elaborado unilateralmente por la entidad emisora de un empréstito de obligaciones, con el efecto de que resulte aplicable la prórroga de la competencia a los litigios surgidos con cualquier posterior adquirente de dichas obligaciones acerca de su validez? ¿O cabe considerar de otro modo que la inclusión de la cláusula de prórroga en el documento que regula un empréstito de obligaciones destinado a tener una circulación transfronteriza se ajusta a una forma conforme a los usos del comercio internacional, en el sentido del artículo 23, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento?

               3)

               ¿Debe entenderse la expresión «materia contractual» que figura en el artículo 5, apartado 1, del citado Reglamento en el sentido de que se refiere únicamente a los litigios en los que se pretenda invocar en juicio la relación jurídica derivada de un contrato, así como las que dependan estrechamente de dicha relación, o ha de extenderse también a los litigios en los que la parte demandante, en lugar de invocar el contrato, niegue la existencia de una relación contractual jurídicamente válida y pretenda conseguir la restitución de los importes abonados en virtud de un título carente, en su opinión, de todo valor jurídico?

      (1)  Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).


title: Asunto T-344/15 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 1 de septiembre de 2015 — Francia/Comisión [«Procedimiento sobre medidas provisionales — Acceso a los documentos de las instituciones — Reglamento (CE) n° 1049/2001 — Documentos transmitidos por las autoridades francesas en el marco del procedimiento previsto por la Directiva 98/34/CE — Oposición de Francia a la divulgación de los documentos — Decisión de permitir el acceso a un tercero a los documentos — Demanda de suspensión de la ejecución — Urgencia — Fumus boni iuris — Ponderación de los intereses»]

text:
               19.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/30

         Auto del Presidente del Tribunal General de 1 de septiembre de 2015 — Francia/Comisión
   (Asunto T-344/15 R)
   ([«Procedimiento sobre medidas provisionales - Acceso a los documentos de las instituciones - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Documentos transmitidos por las autoridades francesas en el marco del procedimiento previsto por la Directiva 98/34/CE - Oposición de Francia a la divulgación de los documentos - Decisión de permitir el acceso a un tercero a los documentos - Demanda de suspensión de la ejecución - Urgencia - Fumus boni iuris - Ponderación de los intereses»])
   (2015/C 346/36)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: República Francesa (representantes: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas y F. Fize, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Baquero Cruz y F. Clotuche-Duvieusart, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión GESTDEM 2014/6064, de 21 de abril de 2015, relativa a la solicitud confirmatoria de acceso a determinados documentos en virtud del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), mediante la que la Comisión permitió el acceso a dos documentos originarios de las autoridades francesas que le habían sido transmitidos en el marco del procedimiento previsto por la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204, p. 37).

      Fallo

               1)

               Suspender la ejecución de la Decisión GESTDEM 2014/6064 de la Comisión Europea, de 21 de abril de 2015, relativa a la solicitud confirmatoria de acceso a determinados documentos en virtud del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, mediante la que la Comisión permitió el acceso a dos documentos originarios de las autoridades francesas que le habían sido transmitidos en el marco del procedimiento previsto por la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Archivo del asunto C-118/04

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/32

         Archivo del asunto C-118/04 (1)

   (2005/C 6/63)

      (Lengua de procedimiento: italiano)

   Mediante auto de 6 de julio de 2004, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-118/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana.

      (1)  DO C 106 de 30.4.2004.


title: Asunto C-227/05: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de  6 de abril de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerisches Verwaltungsgericht München, Alemania) — Daniel Halbritter/Freistaat Bayern (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Directiva 91/439/CEE — Reconocimiento mutuo de los permisos de conducción — Retirada del permiso en un primer Estado miembro acompañada de una prohibición temporal de obtener un nuevo permiso — Permiso expedido en un segundo Estado miembro después del término del período de prohibición temporal — Reconocimiento y canje de dicho permiso en el primer Estado miembro — Presentación de un informe de aptitud para conducir exigido por la normativa nacional)

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/13

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de abril de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerisches Verwaltungsgericht München, Alemania) — Daniel Halbritter/Freistaat Bayern
   (Asunto C-227/05) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Directiva 91/439/CEE - Reconocimiento mutuo de los permisos de conducción - Retirada del permiso en un primer Estado miembro acompañada de una prohibición temporal de obtener un nuevo permiso - Permiso expedido en un segundo Estado miembro después del término del período de prohibición temporal - Reconocimiento y canje de dicho permiso en el primer Estado miembro - Presentación de un informe de aptitud para conducir exigido por la normativa nacional)
   (2006/C 178/22)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Bayerisches Verwaltungsgericht München
   Partes

      Demandante: Daniel Halbritter

      Demandada: Freistaat Bayern (representante: Landesanwaltschaft Bayern)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Bayerisches Verwaltungsgericht München — Interpretación del artículo 1, apartado 2, y del artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237, p. 1) — Denegación del reconocimiento de la validez o del canje de un permiso de conducción expedido, después de la expiración del período de prohibición, por otro Estado miembro, enfrentado al titular del permiso nacional, al cual se le retiró dicho permiso a causa del uso de estupefacientes — Obligación de someterse a pruebas de aptitud
   Fallo

               1)

               Las disposiciones del artículo 1, apartado 2, en relación con las del artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por la Directiva 97/26/CE del Consejo, de 2 de junio de 1997, prohíben que un Estado miembro deniegue el reconocimiento, en su territorio, del derecho de conducir que se deriva de un permiso de conducción expedido en otro Estado miembro y, por tanto, de la validez de dicho permiso, porque el titular del mismo, que fue sancionado en el territorio del primer Estado miembro con la retirada de un permiso obtenido anteriormente, no se sometió a la prueba de control de aptitud para conducir que exige la normativa de dicho Estado miembro para la expedición de un nuevo permiso después de la retirada, cuando la prohibición temporal de obtener un nuevo permiso que acompañaba a esa retirada había expirado en el momento de la expedición del permiso de conducción en el otro Estado miembro.

               2)

               Las disposiciones del artículo 1, apartado 2, en relación con las del artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, en su versión modificada por la Directiva 97/26, prohíben que, en circunstancias como las del caso de autos, un Estado miembro al que se solicita el canje de un permiso de conducción válido, expedido en otro Estado miembro, pueda supeditar dicho canje al requisito de que el solicitante se someta a una nueva prueba de control de aptitud para conducir, exigida por la normativa del primer Estado miembro con el fin de despejar las dudas existentes a este respecto a causa de circunstancias anteriores a la obtención del permiso en el otro Estado miembro.

      (1)  DO C 182, de 23.7.2005.


title: Asunto T-360/07 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de septiembre de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 5 de julio de 2007 en el asunto F-24/06, Abarca Montiel y otras/Comisión

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/31

         Recurso de casación interpuesto el 19 de septiembre de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 5 de julio de 2007 en el asunto F-24/06, Abarca Montiel y otras/Comisión
   (Asunto T-360/07 P)
   (2007/C 283/58)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Martin y L. Lozano Palacios, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: S. Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Bélgica), K. Adams (Wavre, Bélgica), M. Álvarez y Bejerano (Sint-Pieters-Leeuw, Bélgica), C. Baesens (Bruselas, Bélgica), C. Blancke (Bruselas, Bélgica), V. Bruneel (Kampenhout, Bélgica), G. Butera (Rebecq, Bélgica), C. Clarie (Denderhoutem, Bélgica), G. Gallo (Zellik-Asse, Bélgica), C. Gilis (Ganshoren, Bélgica), I. Gillard (Gingelom, Bélgica), C. Kremer (Laeken, Bélgica), D. Maris (Schaerbeek, Bélgica), M. Menacho y Sánchez (Zellik-Asse, Bélgica), R. Thiry (Herstal, Bélgica). S. Timmermans (Bruselas, Bélgica), R. Tuts (Boutersem, Bélgica), E. Tzikas (Anderlecht, Bélgica), C. Van Droogenbroeck (Eghezee, Bélgica), C. Willems (Liernu, Bélgica)
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 5 de julio de 2007 dictada en el asunto F-24/06.

               —

               Que se devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública.

               —

               Que se reserve la decisión sobre las costas.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública, de 5 de julio de 2007, dictada en el asunto F-24/06 y que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el litigio acogiendo las conclusiones presentadas por la demandada en primera instancia y, por tanto, desestime el recurso en el asunto F-24/06 y que se condene en costas a la parte recurrida.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante sentencia de 5 de julio de 2007, dictada en el asunto Abarca Montiel y otros/Comisión (F-24/06), el Tribunal de la Función Pública (en lo sucesivo, «TFP») anuló las decisiones por las que la Comisión fijó la clasificación y la remuneración de los demandantes en virtud de contratos de agentes contractuales. Las demandantes, antiguas trabajadoras asalariadas de Derecho belga, fueron contratadas en calidad de puericultoras tras una modificación del régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades.
   El primer motivo invocado por la Comisión en apoyo de su recurso se basa en un error de Derecho en la medida en que el Tribunal de la Función Pública vulneró el alcance del principio de igualdad de trato mediante su interpretación de las disposiciones aplicables, en particular, en lo relativo al concepto admitido por la Comisión que consiste en incluir los complementos familiares en el concepto de remuneración.
   El segundo motivo se basa en la vulneración del principio de motivación en la medida en que el Tribunal de la Función Pública no se pronunció sobre el concepto de remuneración.


title: Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 1996 por el Sr. Eric Banda contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-184/96)

text:
22 . 2 . 97             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 54/23
     en particular, que anule la sanción de descenso de esca        Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 1996 por el Sr.
     lón (tres ), con devolución de la parte del salario reteni     Eric Banda contra la Comisión de las Comunidades
     do;                                                                                Europeas
                                                                                (Asunto T-l 84/96 )
— se condene al Comité Económico y Social al pago a la
     Sra . Vela Palacios de :
                                                                                ( 97/C 54/38 )
     — las diferencias de salario dejadas de percibir desde                       (Lengua de procedimiento: francés)
          la fecha de la aplicación de la sanción, la cual es el
          29 de febrero de 1996, hasta la fecha en que el Tri       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
          bunal resuelva sobre el presente asunto;                   Europeas se ha presentado el 18 de noviembre de 1996 un
                                                                     recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,
     — un interés compuesto del 8 % en concepto de inte             formulado por el Sr. Eric Banda, con domicilio en Malawi ,
          reses de demora correspondientes al período referi        representado por el Sr. Marc-Albert Lucas, Abogado de
          do en el guión anterior;                                   Lieja, que designa como domicilio en Luxemburgo el des
                                                                     pacho de la Sra . Evelyne Korn , 21 , rué de Nassau .
     — de las costas que se deriven del presente procedi
          miento .
                                                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
                                                                     tancia que :
Motivos y principales alegaciones
                                                                     — Anule la decisión n° R532/95 de la Comisión, median
La demandante dirige su recurso contra la sanción de des                te la cual dicha Institución decidió anular las eleccio
censo de escalón, con devolución de la parte del salario re             nes de 12 de diciembre de 1994 en la zona geográfica
tenida, así como todos los demás efectos económicos sobre                número 11 , Colegio regional de agentes locales, y pro
su sueldo derivados de dicha sanción. El procedimiento                   ceder a organizar nuevas elecciones.
que dio lugar a esta última se incoó como consecuencia de
la contestación escrita dada por la demandante a la                  — Anule el Reglamento de la Comisión de 8 de marzo de
anotación marginal contenida en su informe de califica                  1990 denominado « Régimen transitorio de represen
ción, según la cual, aquélla se encontraba de permiso y au              tación del personal que ejerce sus actividades fuera de
sente de su puesto de trabajo. Según la propia demandan                 la Comunidad », publicado en las Informaciones admi
te, en la referida contestación realizó, en términos firmes,             nistrativas de 30 de marzo de 1990 .
algunas manifestaciones personales respecto de su califica
dor, solicitando al mismo tiempo la intervención del califi         — Anule las elecciones regionales celebradas en el colegio
cador de revisión .
                                                                         de agentes locales de la zona geográfica número 1 1 en
                                                                         tre el 4 y el 15 de noviembre de 1996, en applicación
En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca, en                   de la decisión recurrida y en base al Reglamento im
primer lugar, la violación de las formalidades sustanciales              pugnado.
del procedimiento administrativo, al no haberse producido
la audiencia previa a la incoación del procedimiento san            — Condene en costas a la Comisión .
cionado^ prevista en el artículo 87.2 del Estatuto .
                                                                     Motivos y principales alegaciones
En segundo lugar, la demandante imputa a la AFPN una
interpretación errónea de los artículos 12 y 21 del Estatu          Mediante la decisión recurrida, la Institución demandada
to, así como la comisión de desviación de poder. Se afir            anuló las elecciones en la zona geográfica número 11 del
ma, a este respecto, que el envío de una carta a título per         personal que ejerce sus actividades fuera de la Comunidad,
sonal no constituye « una expresión pública de opinión ».            y por tanto la elección del demandante, agente local en la
Por otra parte, no cabe afirmar que haya habido atentado             Delegación de la Comisión en Malawi, y anunció que vol
alguno a la dignidad de la función desempeñada por la de            verían a celebrarse elecciones de representante local para
mandante . En cualquier caso, afirma la demandante, las              el Colegio regional de agentes locales en la totalidad de di
opiniones por ella vertidas en el escrito controvertido están        cha zona, a fin de evitar que una nueva votación limitada
cubiertas por el derecho fundamental a la libertad de ex            a las tres delegaciones polémicas ( Mozambique, Namibia
presión .                                                            y Zambia ) se viera influida por la publicación de los resul
                                                                     tados de las demás delegaciones . Las irregularidades come
Se estima igualmente infringidos los principios generales            tidas en las tres zonas mencionadas consistieron, según se
de la función pública europea, tales como el principio de            afirma, en la utilización de papeletas de voto incompletas,
buena gestión y sana administración , así como el de inte           por no figurar en ellas el nombre del demandante .
rés del servicio .
                                                                     En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega en pri
Subsidiariamente, y en caso de que se constate la existen           mer lugar que no existió irregularidad que falseara el re
cia de una infracción a las normas del Estatuto y la legiti         sultado de la consulta electoral en las elecciones regionales
midad de la sanción, la demandante alega la violación del            celebradas en Mozambique, Namibia y Zambia, ni tampo
principio de proporcionalidad entre el comportamiento                co en las demás delegaciones de la zona geográfica
sancionado y la sanción impuesta .                                   número 11 . Considera además que la decisión recurrida
                                                                     vulnera el párrafo quinto del artículo 1 del Anexo II del
                                                                     Estatuto y viola el principio de proporcionalidad .
 ---pagebreak--- N° C 54/24             ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    22 . 2 . 97
El demandante subraya a este respecto que los resultados             Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
en las tres delegaciones polémicas no fueron falseados, en           Instancia que :
la medida en que reflejan la voluntad del cuerpo electoral .
En efecto, él habría resultado elegido en cualquier caso .           — Anule la Decisión de la Comisión que les fue notifica
Por otra parte, el único motivo que habría justificado la                 da el 26 de septiembre de 1996 por adolecer de errores
anulación de los resultados electorales válidos de ciertas
                                                                          manifiestos de Derecho y de hecho .
circunscripciones a causa de la irregularidad de los resulta
dos en otras circunscripciones habría sido una desposición
que exigiera un quorum de votos válidos para la validez              — Recuerde el litigio y las denuncias de las demandantes
de las elecciones y obligara a efectuar una segunda vuelta .              y declare que el contrato-marco VAG no cumple los
Ahora bien, según el demandante, la disposición mencio                   requisitos exigidos para poder acogerse a una exención
nada en el Anexo II del Estatuto únicamente exige un quo                 por categoría conforme al Reglamento ( CEE ) n° 123/
rum para la elección de un Comité de personal que no esté                 85 , por el que se autorizan determinadas categorías de
dividido en secciones locales o, cuando sí lo esté, para la               acuerdos de distribución de vehículos automóviles, ni
elección de las secciones locales . Se trata, además, de un               los requisitos para acogerse a una exención en base a
quorum de participación y no de un quorum de votos váli                  un examen individual en virtud del apartado 3 del
dos .                                                                     artículo 85 del Tratado CE, habida cuenta, en particu
                                                                          lar, del contexto del sector de que se trata en la Comu
                                                                          nidad, que se caracteriza por el efecto acumulativo de
Por otra parte, antes de anular las elecciones de que se tra             un conjunto de contratos análogos.
ta, la Comisión habría debido tener en cuenta, según el de
mandante, otros intereses imperiosos, como los derechos              — Condene en costas a la Comisión .
de los electores que emitieron votos válidos y de los candi
datos elegidos con tales votos, así como las exigencias del
propio principio de representatividad, de la libertad de             Motivos y principales alegaciones
voto y del secreto del voto .
                                                                     Mediante la Decisión impugnada, de 23 de septiembre de
En cuanto a las conclusiones presentadas con carácter sub           1996 , la Comisión desestimó la denuncia formulada por
sidiario, relativas al régimen electoral transitorio de marzo        las demandantes por la que se imputaba a VAG France
de 1990 y a las elecciones parciales de noviembre de                 ( importadora de vehículos automóviles nuevos de las mar
 1996 , el demandante invoca la vulneración de los párrafos          cas VW y Audi en Francia ) una infracción del apartado 1
primero, segundo, tercero y quinto del artículo 1 del                del artículo 85 del Tratado CE. Según las demandantes, di
Anexo II del Estatuto y del artículo 7 del Reglamento apli          cha infracción consistía en una política de negativa de ven
cable a otros agentes, así como la violación de los princi          ta, llevada a cabo en el marco de acuerdos de distribución
pios de democracia y de igualdad de trato.                           concluidos entre VAG France y sus distribuidores franceses
                                                                     y que tenía por objeto y por efecto excluir a las deman
                                                                     dantes del mercado de distribución de vehículos automóvi
                                                                     les de las citadas marcas . Las denunciantes estimaban que
                                                                     dicho sistema de distribución no satisface los requistitos
                                                                     exigidos para acogerse a la exención por categoría confor
                                                                     me al Reglamento ( CEE ) n° 123/85 , por el que se autori
                                                                     zan determinadas categorías de acuerdos en el sector de
Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 1996 contra                los vehículos automóviles, ni los requisitos para acogerse a
Comisión de las Comunidades Europeas por Max Labat                   una exención individual en base al apartado 3 del
    Automobiles 17 y Riviera Auto Service Ets Dalmasso               artículo 85 del Tratado CE .
                       ( Asunto T-l 85/96 )
                           ( 97/C 54/39 )
                                                                     En primer lugar, las demandantes estiman que la Decisión
                                                                     impugnada adolece de errores, tanto de hecho como de
                                                                     Derecho, y no cumple las obligaciones que incumben a la
              (Lengua de procedimiento: francés)                      Comisión en la aplicación de las normas que regulan la
                                                                     competencia, por un lado, al declarar que una parte de las
 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades               imputaciones comunicadas por la propia Comisión a VAG
                                                                      France no se refieren a las restricciones de la competencia
 Europeas se ha presentado el 22 de noviembre de 1996 un
                                                                      y, por otro, al omitir expresamente datos que constan en
 recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                      su expediente que demuestran las restricciones de compe
 formulado por las sociedades Max Labat Automobiles 17,               tencia indebidamente descartadas .
 representada por la Sra . Amauger, administradora judicial ,
 designada mediante resolución del Tribunal de Commerce
 de Marennes de 20 de marzo de 1992, y Riviera Auto Ser              Alegan además que, mediante la Decisión impugnada , la
 vice Ets Dalmasso, representada por la Sra . Héléne Cau             Comisión, también ilegalmente, intentó delegar sus obliga
 zette-Rey, administradora judicial, designada mediante re           ciones en materia de competencia en los órganos jurisdic
 solución del Tribunal de Commerce de Nice de 10 de                   cionales nacionales, aduciendo una supuesta falta de inte
 agosto de 1989, cuyo Abogado es el Sr. Christian Bour               rés comunitario y una concepción errónea del principio de
 geon, Abogado de París, que designan como domicilio en               subsidiariedad .
 Luxemburgo el despacho del Sr. Frangois Brouxel, 6 , rué
 Zithe .


title: Asunto C-287/12 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de junio de 2013 — Ryanair Ltd/Comisión Europea, República Italiana, Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA (Recurso de casación — Ayudas de Estado — Préstamo concedido por la República Italiana en favor de la compañía aérea Alitalia — Decisión que declara la ayuda ilegal e incompatible — Venta de activos de Alitalia — Decisión que declara la inexistencia de ayuda al término de la fase de examen previo — Recurso de anulación — Legitimación — Parte interesada — Admisibilidad — Dificultades serias — Competencia — Obligación de motivación)

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/36

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de junio de 2013 — Ryanair Ltd/Comisión Europea, República Italiana, Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA
   (Asunto C-287/12 P) (1)

   (Recurso de casación - Ayudas de Estado - Préstamo concedido por la República Italiana en favor de la compañía aérea Alitalia - Decisión que declara la ayuda ilegal e incompatible - Venta de activos de Alitalia - Decisión que declara la inexistencia de ayuda al término de la fase de examen previo - Recurso de anulación - Legitimación - Parte interesada - Admisibilidad - Dificultades serias - Competencia - Obligación de motivación)
   2013/C 225/61
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Ryanair Ltd (representantes: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: L. Flynn y D. Grespan, agentes), República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, y P. Gentili, avvocato dello Stato), Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA (representante: G. Bellitti, avvocato)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 28 de marzo de 2012, Ryanair/Comisión (T-123/09), en cuya virtud el Tribunal desestimó un recurso por el que se solicitaba la anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2008) 6743, de 12 de noviembre de 2008, relativa al préstamo de 300 millones de euros concedido por Italia a la compañía aérea Alitalia [Ayuda C-26/08 (ex NN 31/08)] (DO 2009, L 52, p. 3), en la medida en que no ordena la recuperación de la ayuda de los sucesores de Alitalia, así como, por otra parte, la anulación de la Decisión de la Comisión C(2008) 6745 final, de 12 de noviembre de 2008, por la que se declara que el procedimiento de venta de los activos de Alitalia, en el marco del procedimiento de administración extraordinaria que debía desembocar en la liquidación de la mencionada compañía aérea, no constituye una ayuda de Estado, siempre que las autoridades italianas respeten sus compromisos para garantizar que las transacciones se efectuarán a precio de mercado (Ayuda N 510/2008, DO C 46, p. 6)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar a Ryanair Ltd a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea y de Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA.

               3)

               La República Italiana cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 303, de 6.10.2012


title: Asunto T-694/14: Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2014 — EREF/Comisión

text:
               17.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 409/56

         Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2014 — EREF/Comisión
   (Asunto T-694/14)
   2014/C 409/77
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: European Renewable Energies Federation (EREF) (Bruselas, Bélgica) (representante: U. Prall, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule las disposiciones de la Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014 — 2020, de 28 de junio de 2014 (DO C 200/1) relativas a la evaluación de la compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, previstas en el capítulo 3.3.2 sobre el diseño de regímenes de ayuda para energías renovables titulado «Ayudas de funcionamiento concedidas a la energía procedente de fuentes renovables».

               —

               Condene a la Comisión a cargar con las costas del procedimiento, incluidas las del demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la falta de competencia.

                           —

                           La Comisión carecía de la competencia para adoptar las Directrices, dado que el legislador Europeo tiene una competencia limitada en el ámbito de la energía. Conforme al artículo 194 TFUE, no pueden imponerse a los Estados miembros regímenes de ayudas de energías renovables que sean neutros en cuanto a la tecnología (no-discriminatorios) ya que tienen impacto en sus derechos soberanos en materia de energía. La Comisión Europea no es el legislador de la Unión y no puede utilizar directrices para adoptar «quasi legislación» que es contraria a lo dispuesto en el Derecho derivado de la Unión, i.e. la Directiva de Energías Renovables 2009/28/CE.

               2.

               Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

                           —

                           Con la adopción de las Directrices, la Comisión incumplió la obligación de motivación y con ello un requisito esencial del procedimiento. Ni en las propias Directrices ni en la Evaluación de Impacto se puede encontrar justificación suficiente para la opción de política legislativa consistente en requerir a todos los Estados miembros la adopción, en principio, de un procedimiento de licitación competitivo neutro en cuanto a la tecnología para establecer ayudas a las energías renovables.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad.

                           —

                           Mediante las Directrices, la Comisión vulnera además el principio de proporcionalidad, ya que las Directrices proponen instrumentos inadecuados para los fines declarados de promover los objetivos de energías renovables de la UE reduciendo a la vez los efectos distorsionadores. Tampoco son proporcionados dichos instrumentos, ya que crean cargas excesivas tanto para los Estados miembros, la gran mayoría de los cuales deberán reformar sus regímenes de ayudas de energías renovables, como para los individuos, que deberán soportar la carga administrativa adicional causada por la participación en los procedimientos competitivos de licitación.

               4.

               Cuarto motivo, basado en una desviación de poder.

                           —

                           Las Directrices constituyen una desviación de poder por parte de la Comisión. Mediante las Directrices, la Comisión parece pretender legislar en ámbitos en los que el legislador de la Unión no es competente y sugiere que unas medidas que van dirigidas intrínsecamente a la armonización del apoyo a la energía renovable en la UE tendrían como objetivo asegurar la compatibilidad de ciertas medidas en materia de ayuda de estado con el mercado interior.


title: Asunto T-169/08 RENV: Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016 — DEI/Comisión («Competencia — Abuso de posición dominante — Mercados griegos del suministro de lignito y de la electricidad al por mayor — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 86 CE, apartado 1, en relación con el artículo 82 CE — Concesión o mantenimiento de derechos de explotación de yacimientos públicos de lignito a favor de una empresa pública — Delimitación de los mercados en cuestión — Existencia de una desigualdad de oportunidades — Obligación de motivación — Confianza legítima — Desviación de poder — Proporcionalidad»)

text:
               6.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/21

         Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016 — DEI/Comisión
   (Asunto T-169/08 RENV) (1)

   ((«Competencia - Abuso de posición dominante - Mercados griegos del suministro de lignito y de la electricidad al por mayor - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 86 CE, apartado 1, en relación con el artículo 82 CE - Concesión o mantenimiento de derechos de explotación de yacimientos públicos de lignito a favor de una empresa pública - Delimitación de los mercados en cuestión - Existencia de una desigualdad de oportunidades - Obligación de motivación - Confianza legítima - Desviación de poder - Proporcionalidad»))
   (2017/C 038/28)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atenas, Grecia) (representante: P. Anestis, abogado)

      Parte coadyuvante en apoyo a la demandante: República Helénica (representantes: P. Mylonopoulos y K. Boskovits, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: T. Christoforou, agente, asistido por A. Oikonomou, abogado)

      Parte coadyuvante en apoyo a la demandada: Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), anteriormente Energeiaki Thessalonikis AE (Marousi, Grecia) y Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA) (Kifisia, Grecia) (representantes: P. Skouris y E. Trova, abogados) y Mytilinaios AE (Atenas), Protergia AE (Atenas) y Alouminion tis Ellados VEAE, anteriormente Alouminion AE (Atenas) (representantes: N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos y E. Chrisafis, abogados)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE a fin de obtener la anulación de la Decisión C(2008) 824 final de la Comisión, de 5 de marzo de 2008, relativa a la concesión y mantenimiento por la República Helénica de los derechos a la extracción de lignito en favor de DEI.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) cargará, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea, de Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), de Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA), de Mytilinaios AE, de Protergia AE y de Alouminion tis Ellados VEAE.

               3)

               La República Helénica cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 183 de 19.7.2008.


title: Asunto C-467/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Gießen (Alemania) el 28 de septiembre de 2010 — Proceso penal contra Baris Akyüz

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Gießen (Alemania) el 28 de septiembre de 2010 — Proceso penal contra Baris Akyüz
   (Asunto C-467/10)
   ()
   2010/C 328/33
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Gießen

      Parte en el proceso principal

   Baris Akyüz

      Cuestiones prejudiciales

   ¿Deben interpretarse

               a)

               el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva 91/439») (1)

               b)

               el artículo 2, apartado 1, en relación con el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Refundición) (DO L 403, p. 18; en lo sucesivo, «Directiva 2006/126») (2)

         en el sentido de que

               1)

               impiden a un Estado miembro (Estado de acogida) denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro (Estado de expedición) si antes de obtenerse el permiso de conducción en el Estado de expedición se denegó el permiso de conducción en el Estado de acogida por incumplirse los requisitos físicos y mentales para la conducción segura de un vehículo?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿impiden [dichas disposiciones] a un Estado miembro (Estado de acogida) denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro (Estado de expedición) si antes de obtenerse el permiso de conducción en el Estado de expedición se denegó el permiso de conducción en el Estado de acogida por incumplirse los requisitos físicos y mentales para la conducción segura de un vehículo
                     y
                   sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción, de otras informaciones incontestables procedentes del Estado miembro de expedición o de otras conclusiones incuestionables, especialmente de la información proporcionada por el propio titular del permiso de conducción u de otras conclusiones seguras del Estado de acogida, se constata que se ha incumplido la regla de la residencia del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439 y del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/126?
               En caso de que fueran insuficientes las otras conclusiones incuestionables, especialmente la información proporcionada por el propio titular del permiso de conducción u otras conclusiones seguras del Estado de acogida, ¿la información también procede del Estado miembro de expedición en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si no ha sido transmitida directamente, sino sólo de forma indirecta, a través de una comunicación de terceros basada en dicha información, especialmente de la embajada del Estado de acogida en el Estado de expedición?

               3)

               ¿Impiden [dichas disposiciones] a un Estado miembro (Estado de acogida) denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro (Estado de expedición) si, a pesar de que se cumplieron los requisitos formales para la obtención de un permiso de conducción en el Estado de expedición, se ha constatado que el único objetivo de la estancia fue la obtención del permiso de conducción («turismo del permiso de conducción») y no ninguna otra finalidad amparada por el Derecho de la Unión, especialmente las libertades fundamentales del TFUE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales?

      (1)  DO L 237, p. 1.

      (2)  DO L 403, p. 18.


title: Asunto T-186/12: Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2015 — Copernicus-Trademarks/OAMI — Maquet (LUCEA LED) («Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa LUCEA LED — Marca comunitaria denominativa anterior LUCEO — Falta de anterioridad — Reivindicación de prioridad — Fecha de prioridad inscrita en el registro — Documentos de prioridad — Examen de oficio — Derecho de defensa»)

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/16

         Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2015 — Copernicus-Trademarks/OAMI — Maquet (LUCEA LED)
   (Asunto T-186/12) (1)

   ((«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa LUCEA LED - Marca comunitaria denominativa anterior LUCEO - Falta de anterioridad - Reivindicación de prioridad - Fecha de prioridad inscrita en el registro - Documentos de prioridad - Examen de oficio - Derecho de defensa»))
   (2015/C 262/21)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Reino Unido) autorizada a sustituir a Verus EOOD (representantes: inicialmente S. Vykydal, posteriormente F. Henkel, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Maquet SAS (Ardon, Francia) (representante: N. Hebeis, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 13 de febrero de 2012 (asunto R 67/2011 4) relativa a un procedimiento de oposición entre Capella EOOD y Maquet SAS.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Copernicus-Trademarks Ltd cargará con sus propias costas, con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y con las de Maquet SAS.

      (1)  DO C 200, de 7.7.2012.


title: Asunto C-306/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune) ( Información de los trabajadores — Directiva 91/533/CEE — Artículo 8, apartados 1 y 2 — Ámbito de aplicación — Trabajadores cubiertos por un convenio colectivo — Concepto de contrato o relación laboral temporal )

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune)
   (Asunto C-306/07) (1)

   («Información de los trabajadores - Directiva 91/533/CEE - Artículo 8, apartados 1 y 2 - Ámbito de aplicación - Trabajadores “cubiertos’ por un convenio colectivo - Concepto de contrato o relación laboral temporal»)
   (2009/C 44/21)
   Lengua de procedimiento: danés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Højesteret
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ruben Andersen

      Demandada: Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Højesteret (Dinamarca) — Interpretación del artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (DO L 288, p. 32) — Aplicación de un convenio colectivo destinado a adaptar el Derecho nacional a la Directiva a un trabajador que no esté afiliado a ninguna de las organizaciones sindicales que suscribieron dicho convenio — Derecho de los trabajadores que se consideran perjudicados por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Directiva.
   Fallo

               1)

               El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional que establece que un convenio colectivo destinado a adaptar el Derecho nacional a las prescripciones de dicha Directiva será aplicable a un trabajador aunque no esté afiliado a ninguna de las organizaciones sindicales que suscribieron dicho convenio.

               2)

               El artículo 8, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 91/533 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que pueda considerarse que un trabajador que no esté afiliado a ninguna de las organizaciones sindicales que suscribieron un convenio colectivo que regula la relación laboral de dicho trabajador esté «cubierto» por ese convenio, en el sentido de dicho precepto.

               3)

               La expresión «contrato o relación laboral temporal» utilizada en el artículo 8, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 91/533 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a los contratos y relaciones laborales de corta duración. En el supuesto de que un Estado miembro no haya adoptado una norma a estos efectos, corresponderá a los órganos judiciales nacionales determinar dicha duración en cada caso y en función de las particularidades de determinados sectores o de determinadas ocupaciones y actividades. No obstante, dicha duración deberá determinarse de forma que garantice la protección efectiva de los derechos que la Directiva 91/533 confiere a los trabajadores.

      (1)  DO C 211 de 8.9.2007.