title: Asunto T-40/11: Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015 — Latam Airlines Group y Lan Cargo/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo del transporte aéreo de mercancías — Acuerdos y prácticas concertadas sobre diversos elementos de los precios de los servicios de transporte aéreo de mercancías (establecimiento de recargos por combustible y recargos por seguridad y negativa a pagar una comisión sobre los recargos) — Artículo 101 TFUE, artículo 53 del Acuerdo EEE y artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad y Suiza sobre el transporte aéreo — Obligación de motivación»)

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/34

         Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015 — Latam Airlines Group y Lan Cargo/Comisión
   (Asunto T-40/11) (1)

   ((«Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo del transporte aéreo de mercancías - Acuerdos y prácticas concertadas sobre diversos elementos de los precios de los servicios de transporte aéreo de mercancías (establecimiento de recargos por combustible y recargos por seguridad y negativa a pagar una comisión sobre los recargos) - Artículo 101 TFUE, artículo 53 del Acuerdo EEE y artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad y Suiza sobre el transporte aéreo - Obligación de motivación»))
   (2016/C 048/38)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Latam Airlines Group, S.A., anteriormente Lan Airlines, S.A. (Santiago de Chile), y Lan Cargo, S.A. (Santiago de Chile) (representantes: B. Hartnett, Barrister, y O. Geiss, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente, S. Noë, N. von Lingen y G. Koleva y, posteriormente, G. Koleva y A. Dawes, agentes, asistidos por G. Peretz, Barrister)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: F. Florindo Gijón y M. Simm, agentes)

      Objeto

   Pretensión de que se anule la Decisión C(2010) 7694 final de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto COMP/39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que se refiere a las demandantes, y, con carácter subsidiario, de que se reduzca la multa impuesta a estas últimas.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión C(2010) 7694 final de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto COMP/39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que se refiere a Latam Airlines Group, S.A., anteriormente Lan Airlines, S.A., y Lan Cargo, S.A.

               2)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que hayan incurrido Latam Airlines Group y Lan Cargo.

               3)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 80, de 12.3.2011.


title: Asunto C-264/06: Recurso interpuesto el 16 de junio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo

text:
               12.8.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/12

         Recurso interpuesto el 16 de junio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-264/06)
   (2006/C 190/20)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Maidani y R. Vidal Puig, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, (1) al no haber establecido sanciones para las infracciones de dicho Reglamento.

               —

               Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

         Motivos y principales alegaciones
   El artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 dispone: «Las sanciones establecidas por los Estados miembros por los incumplimientos del presente Reglamento serán eficaces, proporcionadas y disuasorias». El artículo 19 establece que dicho Reglamento entrará en vigor el 17 de febrero de 2005. Según la información de que dispone la Comisión, el Gran Ducado de Luxemburgo no ha cumplido aún su obligación de establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para las infracciones de dicho Reglamento.

      (1)  Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de septiembre de 2003 en el asunto C-109/01 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Immigration Appeal Tribunal): Secretary of State for the Home Department contra Hacene Akrich ("Libre circulación de trabajadores — Nacional de un país tercero cónyuge de un nacional de un Estado miembro — Cónyuge sometido a una prohibición de entrada y de residencia en ese Estado miembro — Establecimiento temporal de los cónyuges en otro Estado miembro — Establecimiento destinado a conferir al cónyuge un derecho de entrada y de residencia en el primer Estado miembro en virtud del Derecho comunitario — Abuso")

text:
15.11.2003               ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                     C 275/9
3)    Los artículos 454 y 455 del Reglamento n o 2454/93 no                   personas y de derecho de residencia de un nacional de un país
      imponen al Estado miembro que detecte una infracción o una              tercero, cónyuge de un nacional de un Estado miembro, el
      irregularidad en un transporte efectuado al amparo de un                Tribunal de Justicia, integrado por los Sres. G.C. Rodríguez
      cuaderno TIR la obligación de investigar, sin limitarse a cursar        Iglesias, Presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen
      las notificaciones previstas en el artículo 455, apartado 1, de         y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, D.A.O. Edward,
      dicho Reglamento y a dirigir una solicitud de información a la          A. La Pergola y P. Jann, las Sras. F. Macken y N. Colneric
      aduana de destino, el lugar en que se ha cometido efectivamente         (Ponente) y el Sr. S. von Bahr, Jueces; Abogado General: Sr.
      la infracción o la irregularidad y la identidad de los obligados        L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora
      al pago de los derechos de aduana, mediante la presentación de          principal, ha dictado el 23 de septiembre de 2003 una
      una petición de asistencia administrativa a otro Estado miembro         sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      para el esclarecimiento de los hechos.
(1) DO C 118 de 21.4.2001.                                                    1)    Para poder disfrutar, en una situación como la del litigio
                                                                                principal, de los derechos contemplados en el artículo 10 del
                                                                                Reglamento (CEE) n o 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre
                                                                                de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores
                                                                                dentro de la Comunidad, el nacional de un país tercero, cónyuge
                                                                                de un ciudadano de la Unión, debe residir legalmente en un
                                                                                Estado miembro cuando se traslada a otro Estado miembro al
                                                                                que emigra o ha emigrado el ciudadano de la Unión.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   2)    El artículo 10 del Reglamento no 1612/68 no es aplicable si
                                                                                el nacional de un Estado miembro y el nacional de un país
                                                                                tercero han celebrado un matrimonio de conveniencia para
                  de 23 de septiembre de 2003                                       eludir las disposiciones relativas a la entrada y a la residencia
                                                                                de los nacionales de países terceros.
en el asunto C-109/01 (Petición de decisión prejudicial
planteada por el Immigration Appeal Tribunal): Secretary                      3)    En caso de matrimonio auténtico entre un nacional de un
of State for the Home Department contra Hacene                                      Estado miembro y un nacional de un país tercero, el hecho de
                              Akrich (1)                                            que los cónyuges se hayan instalado en otro Estado miembro
                                                                                con el fin de poder ejercitar los derechos conferidos por el
                                                                                Derecho comunitario al regresar al Estado miembro del que es
(«Libre circulación de trabajadores — Nacional de un país                           nacional el primero carece de pertinencia a efectos de la
tercero cónyuge de un nacional de un Estado miembro —                               apreciación de su situación jurídica por las autoridades compe-
Cónyuge sometido a una prohibición de entrada y de                                  tentes de este Estado.
residencia en ese Estado miembro — Establecimiento tem-
poral de los cónyuges en otro Estado miembro — Estableci-
miento destinado a conferir al cónyuge un derecho de entrada
y de residencia en el primer Estado miembro en virtud del                     4)    Si, en el momento en que un nacional de un primer Estado
                 Derecho comunitario — Abuso»)                                      miembro, casado con un nacional de un país tercero con el que
                                                                                convive en un segundo Estado miembro, regresa al Estado
                                                                                miembro del que es nacional para ejercer en él un trabajo por
                          (2003/C 275/15)                                           cuenta ajena, su cónyuge no disfruta de los derechos contempla-
                                                                                dos en el artículo 10 del Reglamento no 1612/68 por no haber
                                                                                residido legalmente en el territorio de un Estado miembro, las
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                                autoridades competentes del primer Estado miembro, al apreciar
                                                                                la solicitud del cónyuge de entrar y residir en su territorio, deben
                                                                                tener en cuenta, no obstante, el derecho al respecto de la vida
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                familiar en el sentido del artículo 8 del Convenio Europeo para
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                  la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
                                                                                Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950,
                                                                                toda vez que el matrimonio es auténtico.
En el asunto C-109/01, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,             (1) DO C 150 de 19.5.2001.
por el Immigration Appeal Tribunal (Reino Unido), destinada a
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
entre Secretary of State for the Home Department y Hacene
Akrich, una decisión prejudicial sobre la interpretación del
Derecho comunitario en materia de libre circulación de


title: Asunto C-127/99: Recurso interpuesto el 14 de abril de 1999 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 204/22                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      17.7.1999
             AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 «El artı́culo 79 del Reglamento (CEE) no 259/68 (1), con sus
                                                                           posteriores modificaciones, en la medida en que prevé que las
                      de 21 de abril de 1999                               condiciones de empleo de los agentes locales, en particular en
                                                                           lo relativo a:
en los asuntos acumulados C-28/98 y C-29/98 (peticiones
de decisión prejudicial planteadas por el tribunal de                     a) formas de contratación y restricción de contrato,
grande instance de Thionville): Marc Charreire (C-28/98),
Jean Hirstmann (C-29/98) contra Directeur des services                     b) licencias, y
                      fiscaux de la Moselle (1)
                                                                           c) retribución,
   («Peticiones de decisión prejudicial — Inadmisibilidad»)
                                                                           se determinarán por cada Institución en virtud de la reglemen-
                          (1999/C 204/42)                                  tación y de las costumbres existentes en el lugar donde
                                                                           el agente sea nombrado para ejercer sus funciones, ¿debe
                                                                           interpretarse en el sentido de que la Institución europea puede
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           no atenerse a la legislación nacional, con la consiguiente
                                                                           aplicación exclusiva de la normativa comunitaria, o exige de
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    todos modos la observancia de la ley nacional, sobre todo
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        cuando tiene carácter imperativo y vinculante?»
En los asuntos acumulados C-28/98 y C-29/98, que tienen por
objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con            (1) Reglamento del Consejo, de 29.2.68 (DO L 56, de 4.3.68, p. 1).
arreglo al artı́culo 177 del Tratado CE, por el tribunal de
grande instance de Thionville (Francia), destinadas a obtener,
en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
Marc Charreire (C-28/98) y Jean Hirstmann (C-29/98) contra
Directeur des services fiscaux de la Moselle, una decisión
prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 95 del Tratado
CE, el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.: G.C.
Rodrı́guez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet,
G Hirsch y P. Jann, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C.
Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Ed-                   Recurso interpuesto el 14 de abril de 1999 contra la
ward, H. Ragnemalm, L. Sevón y M. Wathelet (Ponente), Jueces;             República Italiana por la Comisión de las Comunidades
Abogado General: Sr. N. Fennelly; Secretario: Sr. R. Grass, ha                                           Europeas
dictado el 21 de abril de 1999, un auto resolviendo lo
siguiente:                                                                                (Asunto C-127/99)
Se declara la inadmisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial
presentadas por el tribunal de grande instance de Thionville mediante                                 (1999/C 204/44)
resoluciones de 21 de marzo de 1997.
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
(1) DO C 94 de 28.3.1998.                                                  presentado el 14 de abril de 1999 un recurso contra la
                                                                           República Italiana formulado por la Comisión de las Comuni-
                                                                           dades Europeas, representada por el Sr. Paolo Stancanelli,
                                                                           miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, que
                                                                           designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.
                                                                           Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución de la Pretura circondariale di Torino, de fecha                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
30 de marzo de 1999, en el asunto entre Roberto Vitari y
                 European Training Foundation                              — Declare que, al no haber establecido uno o varios progra-
                                                                                mas de acción con los caracteres, y en las condiciones
                         (Asunto C-126/99)                                      previstas en el artı́culo 5 de la Directiva 91/676/CEE (1) del
                                                                                Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protec-
                           (1999/C 204/43)                                      ción de las aguas contra la contaminación producida por
                                                                                nitratos utilizados en la agricultura, al no establecer de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; le ha                      manera completa y correcta los controles previstos en el
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                   artı́culo 6 de la Directiva y al no elaborar y presentar un
resolución de la Pretura circondariale di Torino, dictada el                   informe completo, en el sentido del artı́culo 10 de la
30 de marzo de 1999, en el asunto entre Roberto Vitari y                        misma Directiva, la República Italiana ha incumplido las
European Training Foundation, y recibida en la Secretarı́a del                  obligaciones que le incumben en virtud del Derecho
Tribunal de Justicia el 14 de abril de 1999. La Pretura                         comunitario.
circondariale di Torino solicita al Tribunal de Justicia que se
pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                    — Condene en costas a la República Italiana.
 ---pagebreak--- 17.7.1999                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 204/23
Motivos y principales alegaciones                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                            — Anule las decisiones de la Comisión 99/186/CE(1), y
I n f r a c c i ó n d e l a r t ı́ c u l o 1 0 d e l a D i r e c t i v a       99/187/CE(2), de 3 de febrero de 1999, en cuanto a las
91/676                                                                          correcciones financieras impuestas al Reino de España, y
La República Italiana no ha cumplido la obligación especı́fica-           — condene en costas a la Institución demandada.
mente prevista en el artı́culo 10 de la Directiva 91/676 en lo
que se refiere a la elaboración y presentación a la Comisión del
informe relativo al perı́odo comprendido entre el 20 de
diciembre de 1991 y el 20 de diciembre de 1995, es decir, el                Motivos y principales alegaciones
primer perı́odo de cuatro años a partir de la modificación de
la Directiva, y que contiene precisamente toda la información              El Reino de España recurre
indicada en el Anexo V de la Directiva.
                                                                            — la decisión de la Comisión de 3 de febrero de 1999, por la
I n f r a c c i ó n d e l a r t ı́ c u l o 5 d e l a D i r e c t i v a         que se excluyen de la financiación comunitaria determina-
91/676                                                                          dos gastos efectuados por los Estados miembros
                                                                                (1999/186/CE) y
El apartado 1 del artı́culo 5 impone a los Estados miembros la
                                                                            — la decisión de la Comisión de 3 de febrero de 1999 sobre
obligación de establecer programas de acción en las zonas
                                                                                la liquidación de las cuentas presentadas por los Estados
vulnerables en un plazo de dos años a partir de la designación
                                                                                miembros con relación a los gastos de 1995 de la sección
inicial de dichas zonas o en el plazo de un año en el caso de
                                                                                de Garantı́a del Fondo Europeo de Orientación y Garantı́a
las zonas designadas como consecuencia del examen de la
                                                                                Agrı́cola (1999/187/CE)
situación efectuado cada cuatro años con arreglo del apartado
4 del artı́culo 3.                                                          en lo relativo a las correcciones financieras impuestas en los
                                                                            siguientes sectores:
Las autoridades italianas aún no han elaborado ningún pro-
grama de acción completo, coherente, orgánico y destinado,
en el transcurso de un perı́odo de cuatro años, a cumplir los
objetivos especı́ficos de la Directiva, en contra de lo que prevé           a) cultivos herbáceos
expresamente el artı́culo 5.
                                                                            — 1 471 398 749 ptas correspondientes al 5 % de los gastos
                                                                                efectuados por la Comunidad Autónoma de Aragón en
I n f r a c c i ó n d e l a r t ı́ c u l o 6 d e l a D i r e c t i v a         relación con determinados aspectos relativos a los contro-
91/676                                                                          les sobre el terreno de las solicitudes de ayudas por
                                                                                superficie gestionadas por la referida Comunidad Autó-
La Comisión considera que la República Italiana ha incumplido                 noma.
también la obligación impuesta por el artı́culo 6 de la Directiva,
                                                                                El porcentaje mı́nimo de un 5 % de controles a realizar
al no efectuar de manera completa y correcta los controles de
                                                                                sobre el terreno respecto del número de solicitudes presen-
la concentración de nitratos en las aguas dulces, destinados a
                                                                                tadas debe ser satisfecho a nivel de Estado miembro y no a
determinar las aguas contaminadas a fin de designar las zonas
                                                                                nivel provincial, ni siquiera a nivel de Comunidad Autó-
vulnerables.
                                                                                noma, según se establece en el art. 6 apdo. 3 del
                                                                                Reglamento 3887/92/CEE de la Comisión(3). La Comuni-
(1) DO L 375, de 31.12.91, p. 1.                                                dad Autónoma de Aragón efectuó los controles adecuados,
                                                                                de acuerdo con la normativa comunitaria y tanto los
                                                                                porcentajes de control aplicados como las superficies
                                                                                controladas son superiores a las exigencias comunitarias.
                                                                                De hecho, un total de 3 024 expedientes (7,4 % del total
                                                                                de las solicitudes) fueron controlados con un criterio
Recurso interpuesto el 15 de abril de 1999 contra la                            similar al de la teledetección (al menos el 80 % de la
Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de                           superficie de la explotación incluida en la zona de control).
                                   España                                      En términos de superficie controlada, la cobertura total fue
                                                                                de unas 11 500 ha (8,7 % del total de la superficie para la
                          (Asunto C-130/99)                                     que se presentaron solicitudes).
                                                                                Los casos de presunta falta de rigor constatados en las
                           (1999/C 204/45)                                      inspecciones «in situ» realizadas por los controladores del
                                                                                FEOGA deben ser valorados en su justa medida.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 15 de abril de 1999 un recurso contra la                      — 215 011 390 ptas: la corrección financiera determinada
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el                          por la Comisión se apoya en que España no efectuó las
Reino de España, representado por la Sra. Mónica López-Monı́s                diligencias necesarias, ni en los controles administrativos
Gallego, Abogado del Estado de la Abogacı́a del Estado ante el                  ni sobre el terreno, para cerciorarse de la plausibilidad de
Tribunal de Justicia, que designa como domicilio en Luxem-                      las previsiones de los rendimientos declarados y la veraci-
burgo el de la Embajada de España, 4-6, boulevard E. Servais.                  dad de los rendimientos reales obtenidos.


title: Asunto T-452/09 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de noviembre de 2009 por Eckehard Rosenbaum contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 10 de septiembre de 2009 en el asunto F-9/08 Rosenbaum/Comisión

text:
               16.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/35

         Recurso de casación interpuesto el 11 de noviembre de 2009 por Eckehard Rosenbaum contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 10 de septiembre de 2009 en el asunto F-9/08 Rosenbaum/Comisión
   (Asunto T-452/09 P)
   2010/C 11/65
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Alemania) (representante: H.-J. Rüber, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas y Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 10 de septiembre de 2009 en el asunto Rosenbaum/Comisión.

               —

               Que se anule la decisión de clasificación de la demandada de 13 de febrero de 2007.

               —

               Que se ordene a la demandada clasificar al demandante de forma no discriminatoria y conforme a su experiencia profesional, y adoptar las demás medidas oportunas que se deriven de la sentencia.

               —

               Que se condene a la demandada a cargar con las costas de la totalidad del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurso de casación va dirigido contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 10 de septiembre de 2009 en el asunto F-9/08, Rosenbaum/Comisión, por la que se desestimó la demanda presentada por el recurrente.
   Para fundamentar su recurso de casación, el recurrente alega, en primer lugar, que el Tribunal de la Función Pública examinó de forma incompleta el primer motivo de su demanda. Además, el recurrente expone que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error de Derecho al desestimar los otros tres motivos de su demanda, puesto que éstos, contrariamente a las afirmaciones del tribunal sentenciador, eran adecuados para conducir a la anulación de la medida impugnada. Finalmente, el recurrente opina que la inexistencia de un procedimiento de selección de mayor calidad era relevante para la cuestión de la conformidad a Derecho de la decisión impugnada y que, por ello, la no admisión de la prueba presentada al respecto es contraria a Derecho.


title: Asuntos acumulados C-422/11 P y C-423/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de septiembre de 2012 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, República de Polonia/Comisión Europea (Recursos de casación — Recurso de anulación — Inadmisibilidad del recurso — Representación ante los órganos jurisdiccionales de la Unión — Abogado — Independencia)

text:
               17.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de septiembre de 2012 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, República de Polonia/Comisión Europea
   (Asuntos acumulados C-422/11 P y C-423/11 P) (1)

   (Recursos de casación - Recurso de anulación - Inadmisibilidad del recurso - Representación ante los órganos jurisdiccionales de la Unión - Abogado - Independencia)
   2012/C 355/11
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Recurrentes: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (representantes: D. Dziedzic-Chojnacka y D. Pawłowska, radcowie prawni), República de Polonia (representantes: M. Szpunar, A. Kraińska y D. Lutostańska, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: G. Braun y A. Stobiecka-Kuik, agentes)

      Objeto

   Recursos de casación interpuestos contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 23 de mayo de 2011, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Comisión (T-226/10), por el que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej solicitando la anulación de la Decisión C(2010) 1234 de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, adoptada sobre la base del artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 108, p. 33), mediante la que se ordena a la autoridad reguladora polaca en el ámbito de los servicios de comunicaciones electrónicas y servicios postales retirar dos proyectos de medidas relativas al mercado nacional al por mayor de intercambio de datos IP (IP-Transit) (asunto PL/2009/1019) y al mercado al por mayor de IP-Peering con la red de Telekomunikacja Polska S.A. (TP) (asunto PL/2009/1020) — Interpretación errónea del artículo 19, párrafos tercero y cuarto, en relación con el artículo 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, así como en relación con el artículo 254 TFUE, párrafo sexto, y con el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento — Infracción del artículo 67 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento — Infracción del artículo 5 TUE, apartados 1 y 2, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 1, y con el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento — Infracción del artículo 5 TUE, apartado 4, en relación con el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento — Falta de motivación — Inadmisibilidad del recurso en caso de representación por abogados que mantengan una relación laboral con la parte.

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos de casación.

               2)

               Condenar en costas al Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej y a la República de Polonia.

      (1)  DO C 311, de 22.10.2011.


title: Asunto T-183/05: Recurso interpuesto el 4 de mayo de 2005 por Julie Samnadda contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               9.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/33

         Recurso interpuesto el 4 de mayo de 2005 por Julie Samnadda contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-183/05)
   (2005/C 171/54)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 4 de mayo de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Julie Samnadda, con domicilio en Bruselas, representada por Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Nöel Louis y Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión por la que se le nombra funcionaria de las Comunidades Europeas en la medida en que fija su grado de reclutamiento con arreglo al artículo 12 del anexo XIII del Estatuto.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones invocados son idénticos a los de los asuntos T-130/05, T-160/05, T-162/05 y T-170/05 y similares a los de los asuntos T-58/05 y T-164/05.


title: Asunto F-105/15: Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de noviembre de 2015 — FM y FO/CEPOL

text:
               21.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 429/31

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de noviembre de 2015 — FM y FO/CEPOL
   (Asunto F-105/15) (1)

   (2015/C 429/44)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 320, de 28.9.2015, p. 53.


title: Asunto T-604/15: Recurso interpuesto el 27 de octubre de 2015 — Ertico — Its Europe/Comisión

text:
               14.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 414/38

         Recurso interpuesto el 27 de octubre de 2015 — Ertico — Its Europe/Comisión
   (Asunto T-604/15)
   (2015/C 414/49)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruselas, Bélgica) (representantes: M. Wellinger y K. T’Syen, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión del comité de validación de la Comisión Europea, de 18 de agosto de 2015, por la que se declara que la demandante no es una microempresa, pequeña ni mediana empresa en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124, p. 36).

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca ocho motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la decisión impugnada vulnera el artículo 22, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento no 58/2003, (1) dado que el comité de validación adoptó la decisión impugnada más de dos meses después de la fecha en que se inició el procedimiento con el comité de validación.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la decisión controvertida: i) vulnera el artículo 22, apartado 1, del Reglamento no 58/2003; ii) vulnera el derecho de defensa de la demandante; e iii) viola el principio de buena administración, dado que el comité de validación no escuchó las alegaciones de la demandante antes de adoptar la decisión impugnada.

               3.

               Tercer motivo, en el que se alega que la decisión impugnada viola los principios de: i) seguridad jurídica; ii) buena administración; iii) protección de la confianza legítima de la demandante; y iv) cosa juzgada, dado que el comité de validación, al admitir que son correctas las alegaciones formuladas por la demandante el 7 de febrero de 2014, sustituyó, no obstante, íntegramente la nueva motivación por su motivación inicial, sin que haya hechos sustancialmente nuevos.

               4.

               Cuarto motivo, en el que se alega que la decisión impugnada vulnera la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (en lo sucesivo, «Recomendación PYME») en la medida en que su conclusión de que la demandante no es una empresa se basa en criterios no previstos en la Recomendación PYME sino, en cambio, en el apartado 1.1.3.1, punto 6, letra c), de la Decisión 2012/838/UE de la Comisión. (2)

               5.

               Quinto motivo, basado en que la conclusión de la decisión impugnada de que la demandante no es una PYME ignora el tenor claro e inequívoco de la Recomendación PYME y se basa en una interpretación arbitraria y meramente subjetiva de dicha Recomendación.

               6.

               Sexto motivo, en el que se alega que la decisión impugnada concluye erróneamente que la demandante no es una PYME en el sentido de la Recomendación PYME: la demandante es una «empresa» y la demandante es «autónoma» en el sentido del anexo a la Recomendación PYME.

               7.

               Séptimo motivo, basado en que la decisión impugnada viola el principio de trato más favorable establecido en la Decisión 2012/838/UE de la Comisión e infringe la disposición equivalente del Programa Horizonte 2020.

               8.

               Octavo motivo, basado en que la decisión impugnada está viciada por una motivación contradictoria e inadecuada, al haber incumplido el comité de validación su deber de motivar debidamente su decisión.

      (1)  Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (DO L 11, p. 1).

      (2)  Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, sobre la adopción de las normas que aseguran una verificación coherente de la existencia y el régimen jurídico, así como de la capacidad operativa y financiera, de los participantes en acciones indirectas financiadas en forma de subvención con cargo al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración y al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (DO L 359, p. 45).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de  2 de febrero de 2006 , en el asunto C-143/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica ( Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/84/CE — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido )

text:
               22.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Quinta)
   de 2 de febrero de 2006
   en el asunto C-143/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/84/CE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido»)
   (2006/C 96/01)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-143/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 29 de marzo de 2005, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. K. Simonsson y W. Wils) contra Reino de Bélgica (agente: Sr. M. Wimmer), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. J. Makarczyk, Presidente de Sala, y los Sres. R. Schintgen y J. Klučka (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 2 de febrero de 2006 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por la que se modifican las Directivas relativas a la seguridad marítima y a la prevención de la contaminación por los buques, al no haber adoptado dentro del plazo establecido las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 143, de 11.6.2005.


title: Asunto C-536/14: Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2014 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo

text:
               2.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 34/14

         Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2014 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-536/14)
   (2015/C 034/16)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: J. Hottiaux, L. Nicolae, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que:

                           —

                           al no haber efectuado y notificado los análisis de mercados 7 y 14 de la Recomendación 2003/311/CE (1) y de los mercados 1 y 6 de la Recomendación 2007/879/CE (2) en los tres años siguientes a la adopción de medidas precedentes relativas a los mercados en cuestión y al no haber notificado a la Comisión una propuesta motivada de prórroga de ese plazo, y

                           —

                           al no haber solicitado la asistencia del ORECE para completar los análisis de los mercados de que se trata,

                     el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16, apartados 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE (4) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.

               —

               Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      Motivos y principales alegaciones

   En primer lugar, la Comisión sostiene que el Gran Ducado de Luxemburgo no efectuó ni notificó los análisis de los mercados 7 y 14 de la Recomendación 2003/311/CE, por un lado, y de los mercados 1 y 6 de la Recomendación 2007/879/CE, por otro lado, en los tres años siguientes a la adopción de las medidas precedentes relativas a los mercados en cuestión.
   En segundo lugar, la Comisión afirma que el Gran Ducado de Luxemburgo no solicitó la asistencia del ORECE dentro de los plazos señalados para completar los análisis de los mercados de que se trata y adoptar las medidas reglamentarias que se imponen.

      (1)  Recomendación 2003/311/CEE de la Comisión, de 11 de febrero de 2003, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 114, p. 45).

      (2)  Recomendación 2007/879/CE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2007, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 344, p. 65).

      (3)  DO L 108, p. 33.

      (4)  DO L 337, p. 37.


title: Asunto C-272/06: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel d'Angers (Francia) el 26 de junio de 2006 — EARL Mainelvo/Denkavit France SARL

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel d'Angers (Francia) el 26 de junio de 2006 — EARL Mainelvo/Denkavit France SARL
   (Asunto C-272/06)
   (2006/C 212/30)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Cour d'appel d'Angers (Francia)
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: EARL Mainelvo

      Demandada: Denkavit France SARL
   Cuestión prejudicial
   «La retrocesión inmediata por el ganadero, en cumplimiento de un contrato de integración celebrado con una sociedad francesa, filial de un grupo internacional fabricante y proveedor de alimentos para terneros, del 67 %, de entre el 63 % y el 71 %, o el 35 % de la prima por sacrificio establecida por el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, (1) dentro de los límites fijados por un acuerdo interprofesional interno concluido entre las organizaciones profesionales nacionales que representan a las empresas integradoras y a los ganaderos del sector de producción bovino, ¿es compatible con los objetivos de regulación del mercado y de garantía de un nivel de vida equitativo a la población agrícola anunciados por dicho Reglamento, así como con las medidas relativas al mercado interior que éste estableció a tal fin y precisadas por el Reglamento (CE) no 2342/1999 de la Comisión, de 28 de octubre de 1999? (2)»

      (1)  Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (DO L 160, p. 21)

      (2)  Reglamento (CE) no 2342/1999 de la Comisión, de 28 de octubre de 1999, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno, en lo relativo a los regímenes de primas (DO L 281, p. 30)


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de septiembre de 2000 en el asunto C-408/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda ("Incumplimiento de Estado — Directivas 94/55/CE y 96/86/CE — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado")

text:
C 335/14                   ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          25.11.2000
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   4)    El artı́culo 10 de la Directiva 69/335, en su versión modificada
                                                                                por la Directiva 85/303, confiere derechos que los particulares
                               (Sala Quinta)                                         pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
                    de 26 de septiembre de 2000
                                                                               (1) DO C 188 de 3.7.1999.
en el asunto C-134/99 (petición de decisión prejudicial del
Supremo Tribunal Administrativo): IGI — Investimentos
            Imobiliários SA contra Fazenda Pública (1)
(«Directiva 69/335/CEE — Impuestos indirectos que gravan
la concentración de capitales — Derechos de inscripción en
un Registro nacional de personas jurı́dicas — Derechos de                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                        carácter remunerativo»)
                             (2000/C 335/26)                                                                (Sala Quinta)
                  (Lengua de procedimiento: portugués)                                            de 26 de septiembre de 2000
                                                                               en el asunto C-408/99: Comisión de las Comunidades
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                Europeas contra Irlanda (1)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-134/99, que tiene por objeto una petición                      («Incumplimiento de Estado — Directivas 94/55/CE y
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del             96/86/CE — No adaptación del Derecho interno dentro del
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Supremo                                                 plazo señalado»)
Tribunal Administrativo (Portugal), destinada a obtener, en el
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre IGI —                                           (2000/C 335/27)
Investimentos Imobiliários SA y Fazenda Pública, en el que
interviene: Ministério Público, una decisión prejudicial sobre la
interpretación de los artı́culos 4, 10 y 12, apartado 1, de la                                    (Lengua de procedimiento: inglés)
Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969,
relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración
de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22), en su versión                (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
junio de 1985 (DO L 156, p. 23; EE 09/01, p. 171), el Tribunal
de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. D.A.O. Edward,              En el asunto C-408/99, Comisión de las Comunidades Euro-
Presidente de Sala; L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm (Ponente)                 peas (agente: Sra. M. Wolfcarius) contra Irlanda (agente:
y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. G. Cosmas; Secre-                  Sr. M.A. Buckley), que tiene por objeto que se declare que
tario: Sr. R. Grass, ha dictado el 26 de septiembre de 2000 una                Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                          virtud de las Directivas 94/55/CE del Consejo, de 21 de
                                                                               noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones
1)     La Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de                  de los Estados con respecto al transporte de mercancı́as
       1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la                 peligrosas por carretera (DO L 319, p. 7), y 96/86/CE de la
       concentración de capitales, en su versión modificada por la           Comisión, de 13 de diciembre de 1996, para la adaptación al
       Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985,               progreso técnico de la Directiva 94/55 (DO L 335, p. 43), al
       debe interpretarse en el sentido de que los derechos percibidos         no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
       por la inscripción en un Registro nacional de personas jurı́dicas      administrativas necesarias para dar cumplimiento a las citadas
       del aumento del capital social de una sociedad de capital, como         Directivas o, en cualquier caso, al no haber informado a la
       los controvertidos en el litigio principal, constituyen un impuesto     Comisión acerca de las referidas disposiciones, el Tribunal de
       en el sentido de dicha Directiva.                                       Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.: D.A.O. Edward,
2)     Los derechos devengados por la inscripción en un Registro              Presidente de Sala, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm
       nacional de personas jurı́dicas del aumento del capital social de       (Ponente) y M. Wathelet, Jueces, Abogado General: Sr. A. Sag-
       una sociedad de capital, cuando constituyen un impuesto en el           gio, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 26 de septiembre de
       sentido de la Directiva 69/335, en su versión modificada por           2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       la Directiva 85/303, están, en principio, prohibidos por el
       artı́culo 10, letra c), de la misma Directiva.                          1)    Se declara que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
                                                                                incumben en virtud de las Directivas 94/55/CE del Consejo,
3)     No tienen carácter remunerativo, con arreglo al artı́culo 12,                de 21 de noviembre de 1994, sobre aproximación de las
       apartado 1, letra e), de la Directiva 69/335, en su versión                  legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte
       modificada por la Directiva 85/303, los derechos que se                       de mercancı́as peligrosas por carretera, y 96/86/CE de la
       perciban por la inscripción en un Registro nacional de personas              Comisión, de 13 de diciembre de 1996, para la adaptación al
       jurı́dicas del aumento del capital social de una sociedad de                  progreso técnico de la Directiva 94/55, al no haber adoptado,
       capital, como los controvertidos en el procedimiento principal,               dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamenta-
       cuyo importe aumente directamente y sin lı́mites en proporción               rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las
       al capital social suscrito.                                                   citadas Directivas.
 ---pagebreak--- 25.11.2000               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 335/15
2)    Se condena en costas a Irlanda.                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(1) DO C 6 de 8.1.2000.                                                                                (Sala Cuarta)
                                                                                de 3 de octubre de 2000
                                                                           en el asunto C-371/97 (petición de decisión prejudicial
                                                                           planteada por el Tribunale civile e penale di Venezia):
                                                                           Cinzia Gozza y otros contra Università degli Studi di
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                           Padova y otros (1)
                            (Sala Primera)                                 («Derecho de establecimiento — Libre prestación de servicios
                                                                           — Médicos — Especialidades médicas — Perı́odos de forma-
                  de 28 de septiembre de 2000                                           ción — Remuneración — Efecto directo»)
en el asunto C-193/99 (petición de decisión prejudicial de                                           (2000/C 335/29)
la Sedgefield Magistrates’ Court): Proceso penal contra
                     Graeme Edgar Hume (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
(Disposiciones en materia social en el sector de los transpor-
     tes por carretera — Descanso semanal — Traslado)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                          (2000/C 335/28)                                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                        En el asunto C-371/97, que tiene por objeto una petición
                                                                           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                           Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Tribunale
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    civile e penale di Venezia (Italia), destinada a obtener, en el
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Cinzia
                                                                           Gozza y otros y Università degli Studi di Padova y otros, una
                                                                           decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva
En el asunto C-193/99, que tiene por objeto una petición                  82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982, por la que se
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,         modifica la Directiva 75/362/CEE referente al reconocimiento
por la Sedgefield Magistrates’ Court (Reino Unido), destinada a            mutuo de diplomas, certificados y otros tı́tulos de médico, y
obtener, en el proceso penal contra Graeme Edgar Hume, una                 en la que se establecen medidas destinadas a facilitar el ejercicio
decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 8,            efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación
apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, de                de servicios, ası́ como la Directiva 75/363/CEE referente a la
20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de                    coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
determinadas disposiciones en materia social en el sector de               administrativas relativas a las actividades de los médicos (DO
los transportes por carretera (DO L 370, p. 1; EE 07/04, p. 21),           L 43, p. 21; EE 06/02, p. 128), el Tribunal de Justicia (Sala
el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por los Sres.:           Cuarta), integrado por los Sres. D.A.O. Edward (Ponente),
L. Sevón, Presidente de Sala, P. Jann (Ponente) y M. Wathelet,            Presidente de Sala, A. La Pergola y H. Ragnemalm, Jueces;
Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass,           Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H. von Holstein,
ha dictado el 28 de septiembre de 2000 una sentencia cuyo                  Secretario adjunto, ha dictado el 3 de octubre de 2000 una
fallo es el siguiente:                                                     sentencia cuyo fallo es el siguiente:
El artı́culo 8, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3820/85 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de        El artı́culo 2, apartado 1, letra c), ası́ como el punto 1 del Anexo de
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los           la Directiva 75/363/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975,
transportes por carretera, debe interpretarse en el sentido de que un      referente a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
conductor que opta por trasladar su perı́odo de descanso semanal a la      y administrativas relativas a las actividades de los médicos, en su
semana siguiente a aquella que corresponda al descanso, debe               versión modificada por la Directiva 82/76/CEE del Consejo, de
tomar en esa segunda semana dos perı́odos de descanso semanales            26 de enero de 1982, por la que se modifica la Directiva
consecutivos sin interrupción entre ellos.                                75/362/CEE referente al reconocimiento mutuo de diplomas, certifi-
                                                                           cados y otros tı́tulos de médico, y en la que se establecen medidas
                                                                           destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento
(1) DO C 204 de 17.7.1999.                                                 y de libre prestación de servicios, ası́ como la Directiva 75/363, y el
                                                                           artı́culo 3, apartado 2, ası́ como el punto 2 del Anexo de la Directiva
                                                                           75/363, en su versión modificada por la Directiva 82/76, deben ser
                                                                           interpretados en el siguiente sentido:


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Pretura Circondariale di Roma -Sezione distaccata di Tivoli- de fecha 3 de abril de 1996, en el proceso penal promovido contra Amerigo Alari (Asunto C-190/96)

text:
 N° C 210/ 10             ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      20 . 7 . 96
pueden obstaculizar el ejercicio de las libertades fundamen                 adelantado las correcciones-tipo a las cuestiones de
 tales derivadas del Tratado .                                               contabilidad y quizás de auditoría, sea el tenor de estas
                                                                             preguntas o de algunas de ellas, sea las correcciones-tipo
 Por último, según la Comisión, el caso presente no afecta al                y las preguntas. No pueden invocarse los principios del
 acceso al empleo en la Administración pública, sino a la                    derecho de defensa y de que nadie está obligado a
 observancia del principio de la libre circulación, así como a               confesar su culpabilidad para justificar una falta total de
 la igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de              colaboración en la determinación de la verdad,
trabajo y, por consiguiente, no está comprendido en la
excepción establecida en el apartado 4 del artículo 48 .                — aprecia de forma errónea el grado de prueba exigido
                                                                             para acreditar una falta disciplinaria : la sentencia
 (') DO n" L 257 de 19 . 10 . 1968 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 77.              impugnada no reconoce a las autoridades disciplinarias
                                                                             la facultad de deducir la existencia de un hecho a partir
                                                                             de un conjunto de indicios concordantes y relevantes
                                                                             obtenidos en una investigación disciplinaria rigurosa .
                                                                         (>) DO n" C 133 de 1 . 5 . 1996 , p . 22 .
Recurso de casación interpuesto el 3 de junio de 1996 por la
Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia
dictada el 28 de marzo de 1996 por la Sala Quinta del
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Euro
                                                                        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
peas, en el asunto T-40/95 promovido en su contra por el                lución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
                         Sr. Philippe Guebels                           distaccata di Tivoli— de fecha 20 de marzo de 1996, en el
                       ( Asunto C-188/96 P )                              proceso penal promovido contra Rosalinda Marchionne
                             ( 96/C 210/22 )                                                  ( Asunto C-189/96 )
                                                                                ( 96/C 210/23 )
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 3 de junio de 1996 un recurso de casación              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                  sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
representada por la Sra . A. M. Alves Vieira y por el Sr. D.            resolución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
Waelbroek, que designa como domicilio en Luxemburgo el                  distaccata di Tivoli— dictada el 20 de marzo de 1996 , en el
despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, del Servicio                  proceso penal promovido contra Rosalinda Marchionne, y
Jurídico de la Comisión de las Comunidades Europeas,                    recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de junio
Centre Wagner, contra la sentencia dictada el 28 de marzo               de 1996 .
de 1996 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto                      La Pretura Circondariale di Roma —Sezione distaccata di
T-40/95 promovido en su contra por el Sr . Ph . Guebels .               Tivoli— solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
                                                                        sobre cuestiones idénticas a las planteadas en los asuntos
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las             acumulados C-58/95 y otrosí 1 ).
Comunidades Europeas que :
                                                                        (') DO n" C 119 de 13 . 5 . 1995 , p . 6 .
— Anule la sentencia dictada por la Sala Quinta del
     Tribunal de Primera Instancia el 28 de marzo de 1996 en
     el asunto T-40/95 : Philippe Guebels contra Comisión de
     las Comunidades Europeas ( ! ),                                    Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                        lución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
— resuelva sobre las costas como mejor proceda en                       distaccata di Tivoli— de fecha 3 de abril de 1996, en el
     Derecho .                                                                 proceso penal promovido contra Amerigo Alari
                                                                                ( Asunto C-190/96 )
Motivos y principales alegaciones
                                                                                ( 96/C 210/24 )
Violación del Derecho comunitario por cuanto la sentencia
impugnada :                                                             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
— Aprecia equivocadamente el alcance de la obligación de                resolución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
     motivación,                                                        distaccata di Tivoli— dictada el 3 de abril de 1 996 , en el
                                                                        proceso penal promovido contra Amerigo Alari , y recibida
— da una calificación jurídica errónea a los hechos                     en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de junio de
     considerados agravantes por la Autoridad Facultada                 1 996 .
     para Proceder a los Nombramientos, al considerar que
     éstos no permitían justificar la adopción de una sanción           La Pretura Circondariale di Roma —Sezione distaccata di
     más grave que la recomendada por el consejo de                     Tivoli— solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
     disciplina : el Tribunal de Primera Instancia se equivoca          sobre cuestiones idénticas a las planteadas en los asuntos
     al no apreciar ninguna circunstancia agravante en la               acumulados C-58/95 y otrosí 1 ).
     actitud del demandante, el cual, en lugar de presentar
     una defensa verosímil , se ha contentado con negar, en             (') DO n" C 119 de 13 . 5 . 1995 , p . 6 .
     contra de las pruebas existentes , que conociera por


title: Archivo del asunto C-433/99

text:
13.10.2001            ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 289/19
               Archivo del asunto C-433/99 (1)                       prejudicial del Oberster Gerichtshof (Austria)]: Margrith Peter-
                                                                     silge, de soltera Lackner, contra Sozialversicherungsanstalt der
                       (2001/C 289/37)                               gewerblichen Wirtschaft.
Mediante auto de 1 de junio de 2001, el Presidente del Tribunal      (1) DO C 63 de 4.3.2000.
de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar
el asunto C-433/99 (petición de decisión prejudicial de la
Commissione tributaria regionale di primo grado di Trento):
Panarotta 2002 Srl contra Ufficio delle Imposte Dirette di
Trento.
(1) DO C 34 de 5.2.2000.                                                              Archivo del asunto C-4/00 (1)
                                                                                (2001/C 289/41)
                                                                     Mediante auto de 21 de junio de 2001, el Presidente del
                                                                     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
               Archivo del asunto C-434/99 (1)                       archivar el asunto C-4/00: Comisión de las Comunidades
                                                                     Europeas contra República Francesa.
                       (2001/C 289/38)
                                                                     (1) DO C 122 de 29.4.2000.
Mediante auto de 1 de junio de 2001, el Presidente del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar
el asunto C-434/99 (petición de decisión prejudicial de la
Commissione tributaria regionale di primo grado di Trento):
NTB SpA contra Ufficio delle Imposte Dirette di Trento.
(1) DO C 34 de 5.2.2000.                                                              Archivo del asunto C-82/00 (1)
                                                                                (2001/C 289/42)
                                                                     Mediante auto de 30 de mayo de 2001, el Presidente del
                                                                     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
               Archivo del asunto C-501/99 (1)                       archivar el asunto C-82/00: Comisión de las Comunidades
                                                                     Europeas contra Reino de los Paı́ses Bajos.
                       (2001/C 289/39)
                                                                     (1) DO C 176 de 24.6.2000.
Mediante auto de 11 de junio de 2001, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-501/99: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República Francesa.
(1) DO C 79 de 18.3.2000.
                                                                                Archivo del asunto C-130/00 (1)
                                                                                (2001/C 289/43)
                                                                     Mediante auto de 5 de julio de 2001, el Presidente del Tribunal
               Archivo del asunto     C-511/99 (1)                   de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar
                                                                     el asunto C-130/00: Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                     contra República Federal de Alemania.
                       (2001/C 289/40)
Mediante auto de 25 de junio de 2001, el Presidente de la Sala       (1) DO C 163 de 10.06.2000.
Sexta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
decidido archivar el asunto C-511/99 [petición de decisión


title: Asunto T-327/07: Recurso interpuesto el 29 de agosto de 2007 — Patrick Holding/OAMI — Cassera (PATRICK EXCLUSIVE)

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/39

         Recurso interpuesto el 29 de agosto de 2007 — Patrick Holding/OAMI — Cassera (PATRICK EXCLUSIVE)
   (Asunto T-327/07)
   (2007/C 247/64)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Dinamarca) (representante: J. Løje, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Cassera SpA (Milán, Italia)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución adoptada por la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) el 28 de junio de 2007 en el asunto R 727/2006-2 y que se ordene a la demandada que proceda al registro de la marca controvertida.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: la demandante

      Marca comunitaria solicitada: la marca figurativa «PATRICK EXCLUSIVE» para productos de la clase 25 — solicitud no 3.063.427

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Cassera SpA

      Marca o signo invocados en oposición: marcas comunitarias, nacionales e internacionales figurativas y denominativas «G. PATRICK» para productos de las clases 24 y 25

      Resolución de la División de Oposición: estimación total de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: desestimación del recurso

      Motivos invocados: infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, al no existir riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.


title: Asunto C-358/16: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative (Luxemburgo) el 24 de junio de 2016 — UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, y otros

text:
               12.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 335/38

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative (Luxemburgo) el 24 de junio de 2016 — UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, y otros
   (Asunto C-358/16)
   (2016/C 335/51)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour administrative

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, y otros

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Más en concreto, sobre el telón de fondo del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta) que consagra el principio de una buena administración, ¿la excepción «de los supuestos contemplados por el Derecho penal», que figura tanto al final del apartado 1 del artículo 54 de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (1), como al comienzo del apartado 3 del mismo artículo 54, cubre un caso al que, con arreglo a la legislación nacional, corresponde una sanción administrativa, pero que considerado desde el punto de vista del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) forma parte del Derecho penal, como la sanción objeto del litigio principal, impuesta por el regulador nacional, autoridad nacional de supervisión, y consistente en ordenar a un miembro de un colegio de abogados nacional, que deje de ejercer en una entidad supervisada por dicho regulador una función de administrador u otra función sujeta a autorización al tiempo que le ordena que renuncie a todas sus funciones conexas a la mayor brevedad?

               2)

               En cuanto que la antedicha sanción administrativa, considerada como tal por el Derecho nacional, exige un procedimiento administrativo, ¿en qué medida la obligación de guardar secreto profesional que una autoridad nacional de supervisión puede invocar al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Directiva 2004/39/CE, anteriormente citada, se halla condicionada por las exigencias de un proceso equitativo que comprende un recurso efectivo tal y como se desprende del artículo 47 de la Carta, y debe considerarse en conjunción con las exigencias derivadas de los artículos 6 y 13 del CEDH en materia de proceso equitativo y de efectividad del recurso y junto con las garantías previstas por el artículo 48 de la Carta, y más en concreto desde la perspectiva del acceso integral del administrado al expediente administrativo del autor de una sanción administrativa que es al mismo tiempo la autoridad nacional de supervisión con vistas a la defensa de los intereses y derechos civiles del administrado sancionado?

      (1)  DO L 145, p. 1.


title: Asunto T-559/14: Recurso interpuesto el 28 de julio de 2014  — Ackermann Saatzucht y otros/Parlamento y Consejo

text:
               3.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 388/18

         Recurso interpuesto el 28 de julio de 2014 — Ackermann Saatzucht y otros/Parlamento y Consejo
   (Asunto T-559/14)
   2014/C 388/22
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG (Irlbach, Alemania); Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG (Hohenmocker, Alemania); Deutsche Saatveredelung AG (Lippstadt, Alemania); Ernst Benary, Samenzucht GmbH (Hann. Münden, Alemania); Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH (Osterhofen, Alemania); Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG (Kleptow, Alemania); Klemm + Sohn GmbH & Co. KG (Stuttgart, Alemania); KWS Saat AG (Einbeck, Alemania); Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (Hohenlieth, Alemania); Nordsaat Saatzuchts GmbH (Halberstadt, Alemania); Peter Franck-Oberaspach (Schwäbisch Hall, Alemania); P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH (Grundhof, Alemania); Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG (Uffenheim, Alemania); Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG (Hamburgo, Alemania); Strube Research GmbH & Co. KG (Söllingen, Alemania); Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR (Südlohn-Oeding, Alemania) y W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (Leopoldshöhe, Alemania) (representantes: P. de Jong, P. Vlaemminck y B. Van Vooren, abogados)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare la admisibilidad del recurso de anulación.

               —

               Anule el Reglamento (UE) no 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre al acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión (DO L 150, p. 59).

               —

               Condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, en el que se alega que la UE es Parte contratante del Convenio internacional para la protección de obtenciones vegetales, aplicado en la UE mediante el Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. (1) El artículo 15, letra c), de este Reglamento reconoce la denominada exención de los obtentores, esto es, que la protección de las obtenciones vegetales no se extiende a «los actos que tengan por finalidad la obtención de otras variedades, o su descubrimiento y desarrollo». La medida impugnada es una grave restricción a la exención de los obtentores, por lo que se incumple una obligación internacional vinculante y con efecto directo de la UE. Además, la exención de los obtentores se reconoce en el artículo 27 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP). Aunque la UE no es Parte de dicho Acuerdo, la medida impugnada exige en esencia que los Estados miembros incumplan sus obligaciones internacionales derivadas del ATUP.

               2.

               Segundo motivo, en el que se alega que, como Parte contratante del Convenio sobre la Diversidad Biológica y con arreglo al artículo 3 TUE, apartado 5, la Unión Europea está obligada a favorecer la conservación de la biodiversidad del planeta. El Reglamento impugnado tendrá un considerable efecto disuasorio en todos los esfuerzos vinculados con la protección de la biodiversidad vegetal, incidiendo así en dicha obligación internacional.

               3.

               Tercer motivo, en el que se alega que la medida impugnada se basa únicamente en el artículo 192 TFUE, apartado 1. Conforme a reiterada jurisprudencia, la base jurídica de una medida debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control judicial. Dado que la medida de que se trata pretende organizar medidas de cumplimiento de los usuarios [del Protocolo de Nagoya] en el mercado interior de la UE, el Reglamento debería haberse basado en el artículo 114 TFUE. La elección de la base jurídica tiene ramificaciones por lo que respecta al contenido del acto, dado que los objetivos para los que pueden usarse las bases jurídicas son totalmente diferentes, afectando así sustancialmente al proceso legislativo.

               4.

               Cuarto motivo, en el que se alega que el Reglamento viola manifiestamente el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 TUE, apartado 4, en la medida en que: primero, el estudio de impacto no ofrecía vinculación entre los datos cuantitativos y las conclusiones, que se basaban meramente en argumentos «cualitativos»; segundo, no tuvo en cuenta manifiestamente que el sector de obtención de vegetales resultaba impactado de forma grave y evidente, debido a que los recursos genéticos son la verdadera esencia del sector y no una mera parte secundaria de sus actividades; tercero, el Reglamento impone restricciones manifiestamente desproporcionadas al artículo 16 de la Carta de la UE; cuarto, impone una obligación eterna de facto en el sector de obtención de vegetales de registrar y conservar información sobre sus actividades; finalmente, son posibles medidas menos onerosas, como se refleja en el «Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura».

               5.

               Quinto motivo, en el que se alega que el Reglamento impugnado crea una manifiesta situación de incertidumbre jurídica para los obtentores de vegetales en la medida en que: primero, su ámbito de aplicación depende de si los Estados eligen ejercer su soberanía sobre los recursos genéticos o no; segundo, se basa en definiciones abiertas que no permiten establecer cuándo se considera que se han «utilizado» recursos genéticos; tercero, su interpretación abierta lleva a una posible aplicación retroactiva de facto; finalmente, el desarrollo de mejores prácticas sólo «puede» reducir el riesgo de incumplimiento de los usuarios sujetos a la medida impugnada.

      (1)  Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1).


title: Asunto C-393/00: Recurso interpuesto el 25 de octubre de 2000 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 355/16               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      9.12.2000
Motivos y principales alegaciones                                     La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                      de Justicia que:
—    Vicio sustancial de forma: Las Decisiones controvertidas
     reposan en fundamentos jurı́dicos inadecuados. Desde
     que el artı́culo 255 CE consagra por primera vez en el           1.    Declare que, al no adoptar las disposiciones legales,
     Derecho originario el derecho de acceso a los documentos               reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar
     del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, el Consejo              su Derecho interno a la Directiva 97/79/CE (1) del Con-
     ya no está facultado para regular la materia en ejercicio             sejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se modifican
     de su poder de organización interna. El artı́culo 28,                 las Directivas 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE,
     apartado 1, y el artı́culo 41, apartado 1, TUE establecen              91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE y
     explı́citamente que el derecho de acceso se aplica asi-                92/118/CEE por lo que se refiere a la organización de
     mismo a los documentos correspondientes a la polı́tica                 controles veterinarios de los productos que se introduz-
     exterior y de seguridad común y a la cooperación policial            can en la Comunidad procedentes de paı́ses terceros, y la
     y judicial en materia penal.                                           Directiva 98/46/CE (2) del Consejo, de la 24 de junio de
                                                                            1998, por la que se modifican los anexos A, D (capı́tulo I)
     En realidad, la obligación de establecer los principios
                                                                            y F de la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de
     generales del derecho de acceso a los documentos y los
                                                                            policı́a sanitaria en materia de intercambios comunitarios
     lı́mites a tal derecho, según el procedimiento de codeci-
                                                                            de animales de las especies bovina y porcina, la República
     sión (art. 255, apartado 2, CE), debe concretarse dentro
                                                                            Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben
     del plazo de dos años. Sin embargo, ha sido efectiva desde
                                                                            en virtud del Tratado y de dichas Directivas.
     la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, lo
     que excluye necesariamente la adopción de todo acto
     unilateral por el que se establezcan los citados principios
     generales y limites.                                             2.    Condene en costas a la República Helénica.
—    Incumplimiento del deber de cooperación leal (artı́culo 10
     CE): a pesar de que la Comisión hubiera elaborado una
     propuesta de Reglamento, con arreglo al artı́culo 255,
     apartado 2, CE, y de que el Parlamento esperara colaborar
     estrechamente con el Consejo y la Comisión en el marco          Motivos y principales alegaciones
     del procedimiento de codecisión, el Consejo adoptó los
     actos controvertidos prescindiendo del Parlamento.
                                                                      Conforme al artı́culo 249, párrafo tercero, del Tratado consti-
—    Violación del principio de equilibrio institucional: al
                                                                      tutivo de la Comunidad Europea, las Directivas obligarán al
     adoptar su Decisión unilateralmente y sin atenerse a los
                                                                      Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
     procedimientos regulados por el Tratado, el Consejo, al
                                                                      conseguirse.
     mismo tiempo, ha violado el principio de equilibrio
     institucional.
(1) DO L 212, de 23.08.2000, p. 9.                                    Según el artı́culo 10, primer párrafo, del Tratado, los Estados
(2) DO C 239, de 23.08.2000, p. 1.                                    miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares
                                                                      apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
                                                                      derivadas del Tratado o resultantes de los actos de las
                                                                      Instituciones de la Comunidad.
                                                                      Consta que la República Helénica no ha adoptado las medidas
Recurso interpuesto el 25 de octubre de 2000 contra la                necesarias para atenerse a las mencionadas Directivas.
República Helénica por la Comisión de las Comunidades
                             Europeas
                       (Asunto C-393/00)                              La Comisión ha comprobado que, hasta ahora, la República
                                                                      Helénica no ha adoptado las medidas apropiadas para la total
                                                                      adaptación del ordenamiento jurı́dico griego a las citadas
                         (2000/C 355/32)                              Directivas.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 25 de octubre de 2000 un recurso contra
la República Helénica formulado por la Comisión de las              (1) DO L 24, de 30.1.1998, p. 1.
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Kon-
                                                                      (2) DO L 198, de 15.7.1998, p. 22.
dou-Durande, miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de
Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
mismo Servicio, Centre Wagner, Kirchberg.


title: Asunto T-545/12: Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2012 — Mory y otros/Comisión

text:
               9.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/23

         Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2012 — Mory y otros/Comisión
   (Asunto T-545/12)
   2013/C 71/36
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Mory SA (Pantin, Francia), Mory Team (Pantin), y Compagnie française superga d’investissement dans le service (CFSIS) (Miraumont, Francia) (representantes: B. Vatier y F. Loubières, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Las partes demandantes invocan cinco motivos en apoyo de su recurso contra la Decisión C(2012) 2401 final de la Comisión, de 4 de abril de 2012, por la que la Comisión precisa que la obligación de reembolsar las ayudas de Estado impuesta a las sociedades Sernam por el artículo 2 de la Decisión C(2012) 1616 de la Comisión, de 9 de marzo de 2012, no se extiende a los adquirentes potenciales de los activos del grupo Sernam. (1)

               1)

               Primer motivo, basado en la incompetencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada y el desvío de poder que resultó de ello, ya que la Comisión no tenía competencia para adoptar una Decisión que declara que el procedimiento seguido para ejecutar la Decisión de 9 de marzo de 2012 no constituye una desviación de ésta sin un nuevo examen detallado.

               2)

               Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de recurrir al procedimiento de investigación formal en el marco del control de las ayudas de Estado en caso de dudas serias.

               3)

               Tercer motivo, basado en el carácter contradictorio del objeto y de los motivos, en la medida en que, por una parte, el objeto de la Decisión invocada por la Comisión y el contenido real de ésta no son equivalentes y, por otra, la Decisión emplea criterios contradictorios para apreciar la falta de continuidad económica entre las actividades objeto de la ayuda y el adquirente de esas actividades.

               4)

               Cuarto motivo, basado en errores manifiestos de apreciación en relación con ii) el objeto de la venta, ii) el precio de la transmisión, iii) el momento en que se produce la transmisión, iv) el grado de independencia de los nuevos propietarios y accionistas y v) la lógica económica de la operación.

               5)

               Quinto motivo basado en la inexistencia de base jurídica, en la medida en que la Decisión fue adoptada sin comprobar que la cesión de los activos se había realizado por su valor de mercado y sin estudiar las consecuencias del hecho de que el adquirente perteneciera al mismo grupo que el que concedió las ayudas ilegales.

      (1)  Ayuda de Estado no SA.34547 (2012/N) — Francia, objeto de una comunicación al Diario Oficial de la Unión Europea (DO 2012, C 305, p. 10).


title: Asunto T-149/00: Recurso interpuesto el 2 de junio de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile (Innova)

text:
12.8.2000              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 233/33
Recurso interpuesto el 2 de junio de 2000 contra la                     Motivos y principales alegaciones
Comisión de las Comunidades Europeas por Centro
 Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile (Innova)                  Mediante la Decisión impugnada, la Comisión resuelve el
                                                                        contrato de subvención celebrado con la demandante, relativo
                       (Asunto T-149/00)                                a un proyecto en el marco del programa Euromed Héritage
                                                                        para la promoción del turismo cultural. La Comisión habı́a
                         (2000/C 233/61)                                detectado un incumplimiento crónico de las obligaciones
                                                                        contractuales ası́ como la incapacidad de la demandante
                                                                        para adoptar en debido tiempo las medidas de rectificación
                (Lengua de procedimiento: francés)                      necesarias. Si bien el contrato controvertido incluye una
                                                                        cláusula de sumisión en favor de los órganos jurisdiccionales
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  belgas, la demandante ha preferido interponer el presente
Europeas se ha presentado el 2 de junio de 2000 un recurso              recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, porque la
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado               Comisión se ha abstenido de indicar con precisión el órgano
por la asociación sin fines de lucro Centro Euromediterraneo           jurisdiccional competente ante el cual se podı́a impugnar la
per lo Sviluppo Sostenibile (Innova), con domicilio en Calatafi-        Decisión controvertida.
mi Segesta (Italia), representada por Me Denis Fosselard, Ab-
ogado de Bruselas.                                                      En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           —     La violación del principio de legalidad, al adoptarse la
que:                                                                          Decisión por un Jefe de Unidad sin delegación expresa de
                                                                              la Junta de Comisarios.
—     Con carácter principal, anule la Decisión de la Comisión,
      de 23 de marzo de 2000, por la que se resuelve el                 —     La violación de los principios fundamentales y del derecho
      contrato de subvención relativo al proyecto DIONYSOS.                  de defensa, al abstenerse ilı́citamente la Comisión de oı́r a
                                                                              la demandante antes de adoptar la Decisión controvertida.
—     Con carácter subsidiario, anule dicha Decisión de la
      Comisión por cuanto ésta impone a la demandante la               —     La violación del principio de proporcionalidad, al ser la
      devolución de la totalidad de las cantidades que ya habı́an            resolución del contrato una medida desproporcionada,
      sido abonadas, incluidas las ya invertidas legı́timamente               pues la mayorı́a de los motivos invocados se debı́an a
      por la demandante para la realización del proyecto.                    causas ajenas a la voluntad de la demandante.
—     Condene a la demandada a cargar con la totalidad de las           —     La falta de motivación, al contradecir la Decisión contro-
      costas.                                                                 vertida parcialmente un informe de auditorı́a previo.