title: Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 1996 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Federal de Alemania (Asunto C-293/96)

text:
 N° C 318/6              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     26 . 10 . 96
 El Amtsgericht Reutlingen solicita al Tribunal de Justicia             Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 1996 contra la
 que se pronuncie sobre la cuestión siguiente :                         Comisión de las Comunidades Europeas por la República
                                                                                Federal de Alemania
 ¿ Es compatible con el Derecho comunitario o infringe la                                      (Asunto C-293/96 )
 prohibición de discriminación impuesta en el artículo 6 del
                                                                                ( 96/C 318/ 11 )
 Tratado de la Unión Europea el hecho de que, en un escrito
 de calificación redactado por el Fiscal y que debe ser firmado
 a continuación por el Juez, dicho Fiscal deniegue expresa
 mente el uso de la fórmula de cortesía « Herr » frente a un           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 trabajador extranjero ( en el sentido de los artículos 48 a 51        ha presentado el 9 de septiembre de 1996 un recurso contra
 del Tratado de la Unión Europea ) nacional de un Estado               la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
 miembro de la Unión Europea, cuando además, ello                      República Federal de Alemania, representada por el Sr .
 contradice la práctica habitual de la Fiscalía e, incluso, la de      Ernst Róder, Ministerialrat en el Bundesministerium für
 dicho Fiscal ?                                                        Wirtschaft, D-53107 Bonn, y por el Sr. Alfred Dittrich,
                                                                       Regierungsdirektor en el Bundesministerium der Justiz,
                                                                       D-53175 Bonn .
 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
 lución del Finanzgericht Düsseldorf, de fecha 14 de agosto
 de 1996, en el asunto entre Góritz Intransco International
               GmbH y Hauptzollamt Düsseldorf                          — declare nulo el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
                       ( Asunto C-292/96 )                                  ( CE ) n° 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1996 ,
                            96/C 318/ 10 )
                                                                            relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las
                                                                            denominaciones de origen con arreglo al procedimiento
                                                                            establecido en el artículo 17 del Reglamento ( CEE )
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                            n° 2081 /92 del Consejo ( J ), en la medida en que en el
 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                            Anexo de dicha disposición se establece que la indica
resolución del Finanzgericht Düsseldorf —Sala Cuarta—,
                                                                            ción « feta » se registrará como denominación de origen
dictada el 14 de agosto de 1996 , en el asunto entre Góritz
                                                                            protegida ( DOP ) en el « Registro de las indicaciones
Intransco International GmbH y Hauptzollamt Düsseldorf,
                                                                            geográficas y de las denominaciones de origen protegi
y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de
                                                                            das » para quesos procedentes de Grecia,
septiembre de 1996 .
El Finanzgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia           — condene en costas a la demandada .
que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes :
 1 ) ¿ Constituye el apartado 1 del artículo 76 del Regla
       mento ( CEE ) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre          Motivos y principales alegaciones
       de 1992 , por el que se aprueba el Código aduanero
       comunitario ^), en relación con los artículos 398 y
       siguientes del Reglamento ( CEE ) n° 2454/93 de la              La designación « feta » no constituye una denominación de
       Comisión, de 2 de julio de 1993 , por el que se fijan           origen en el sentido del apartado 3 del artículo 2 del
       determinadas disposiciones de aplicación del Regla             Reglamento ( CEE ) n° 2081 /92 del Consejo ( 2 ). « Feta » no es
       mento ( CEE ) n° 2913/92 del Consejo, por el que se             una indicación geográfica . Tampoco es una denominación
       establece el Código aduanero comunitario ( 2 ), la base         tradicional que designe un producto agrícola o alimenticio
       jurídica de la concesión del estatuto de « expedidor            originario de una región determinada ; el queso comerciali
       autorizado » o tal concesión se rige, en virtud del             zado como « feta » se produce desde hace tiempo en
       apartado 4 del artículo 76 del Reglamento ( CEE )               numerosos países aparte de Grecia , como, por ejemplo, en
       n° 2913/92, exclusivamente por los artículos 398 y              Dinamarca , Alemania, Francia , en los Balcanes , en Irán y en
       siguientes ?                                                    Estados Unidos de América . Además, el queso « feta » no es
                                                                       un producto cuya calidad o características se deban funda
2 ) ¿ Excluye el artículo 398 del Reglamento ( CEE ) n° 2454/          mental o exclusivamente al medio geográfico con sus
       93 de la Comisión, por el que se fijan determinadas             factores naturales y humanos, y cuya producción, transfor
       disposiciones de aplicación del Reglamento ( CEE )              mación y elaboración se realicen en la zona geográfica
      n° 2913/92 del Consejo, por el que se establece el               delimitada . Según la especificación aportada por la autori
       Código aduanero comunitario, la concesión del estatuto          dad competente griega, la comarca administrativa de Lesbos
      de « expedidor autorizado » cuando, por haberse produ           es la única posible región de origen en el mar Egeo; en virtud
      cido ya la presentación, ha dejado de ser posible la             del Reglamento ( CEE ) n° 2019/93 del Consejo ( 3 ), se prevén
      exención de la obligación de presentar las mercancías            ayudas comunitarias a la producción de « feta » en determi
      prevista en dicha disposición ?                                  nadas islas no mencionadas en la referida especificación .
(') DO n" L 302 de 19 . 10 . 1992 , p . 1 .
( 2 ) DO n" L 253 de 11 . 10 . 1993 , p . 1 .                          El Gobierno federal considera que la designación « feta » es
                                                                       una denominación genérica que, con arreglo a la tercera
                                                                       frase del apartado 2 del artículo 17 del Reglamento
 ---pagebreak--- 26 . 10 . 96            Ies                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N° C 318/7
( CEE ) n° 2081 /92 , no puede ser registrada en el Registro de        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
denominaciones protegidas .
                                                                       — declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
(>) DO n" L 148 de 21 . 6 . 1996 , p . 1 .                                   obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
(2 ) DO n" L 208 de 24 . 7. 1992 , p . 1 .                                   93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993 ,
( 3 ) DO n° L 184 de 27. 7 . 1993 , p . 1 .                                  relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de
                                                                             carbono mediante la mejora de la eficacia energética
                                                                             ( SAVE )( 1 ), al no haber adoptado dentro del plazo
                                                                             señalado, las disposiciones legislativas, reglamentarias y
                                                                             administrativas necesarias para atenerse a dicha Direc
Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 1996 contra el                     tiva y, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades                          Comisión ,
                               Europeas                                — condene en costas al Reino de Bélgica .
                         (Asunto C-294/96 )
                            ( 96/C 318/ 12 )                           Motivos y principales alegaciones
                                                                       Los motivos y principales alegaciones son análogos a los
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              expuestos en el asunto C-294/96 ( 2 ); el plazo establecido en
ha presentado el 9 de septiembre de 1996 un recurso contra             la Directiva expiró el 31 de diciembre de 1994 .
el Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por los Sres . Hendrik              (') DO n° L 273 de 22 . 9 . 1993 , p . 28 .
van Lier y Jean-Francis Pasquier, en calidad de Agentes, que           ( 2 ) Véase la página 7 del presente Diario Oficial .
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.
Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                       lución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
— declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                    distaccata di Tivoli— de fecha 9 de junio de 1995 , en el
      obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE                    proceso penal seguido contra Giancarlo Pezzola
      al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las
      disposiciones legislativas, reglamentarias y administrati                                ( Asunto C-296/96 )
      vas necesarias para atenerse a la Directiva 93/42/CEE del                                    ( 96/C 318/14 )
      Consejo, de 14 de junio de 1993 , relativa a los productos
      sanitarios ( ! ),                                                Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
— condene en costas al Reino de Bélgica .                              resolución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
                                                                       distaccata di Tivoli— dictada el 9 de junio de 1995 , en el
Motivos y principales alegaciones                                      proceso penal seguido contra Giancarlo Pezzola y recibida
                                                                       en la Secretaría del Tribunal de justicia el 9 de septiembre de
El carácter vinculante del párrafo tercero del artículo 189            1996 .
del Tratado CE obliga a los Estados miembros a adoptar las
medidas necesarias para ejecutar las Directivas de las que             La Pretura Circondariale solicita al Tribunal de Justicia que
sean destinatarios antes de expirar el plazo que les ha sido           se pronuncie sobre cuestiones prejudiciales idénticas a las de
señalado para ello . El plazo establecido en la Directiva              los asuntos acumulados C-58/95 y otros (').
93/42/CEE expiró el 1 de julio de 1994 sin que el Reino de
Bélgica hubiera adoptado las medidas necesarias .                      (') DO n° C 119 de 13 . 5 . 1995 , p . 6 .
(') DO n° L 169 de 12 . 7 . 1993 , p . 1 .
                                                                       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                       lución de un Social Security Commissioner, de fecha 2 de
                                                                       septiembre de 1996, en el asunto entre Vera A. Partridge y
Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 1996 contra el                                       Adjudication Officer
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
                               Europeas                                                         ( Asunto C-297/96 )
                         ( Asunto C-295 /96 )                                                      ( 96/C 318/ 15 )
                            ( 96/C 318/ 13 )                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              resolución de un Social Security Commissioner, dictada el 2
ha presentado el 9 de septiembre de 1 996 un recurso contra            de septiembre de 1996 , en el asunto entre Vera A. Partridge
el Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las                   y Adjudication Officer, y recibida en la Secretaría del
Comunidades Europeas, representada por los Sres . Hendrik              Tribunal de Justicia el 11 de septiembre de 1996 .
van Lier y Jean-Francis Pasquier, en calidad de Agentes, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.               El Social Security Commissioner solicita al Tribunal de
Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                     Justicia que se pronuncie sobre la cuestión siguiente :


title: Asunto C-354/06: Recurso interpuesto el 25 de agosto de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo

text:
               14.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 249/6

         Recurso interpuesto el 25 de agosto de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-354/06)
   (2006/C 249/13)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Hottiaux y F. Simonetti, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo
   Pretensiones de la parte demandante
   Mediante su recurso, la parte demandante solicita al Tribunal de Justicia:

               —

               Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para adaptar el ordenamiento jurídico a la Directiva 2003/35/CE expiró el 25 de junio de 2005.

      (1)  DO L 156, p. 17.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 26 de mayo de 1998 en el asunto T-205/96, Roland Bieber contra Parlamento Europeo (Funcionarios - Reincorporación tardía - Responsabilidad - Perjuicio)

text:
25.7.98                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 234/25
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                  DE PRIMERA INSTANCIA                                              DE PRIMERA INSTANCIA
                     de 17 de junio de 1998                                            de 26 de mayo de 1998
en el asunto T-174/95, Svenska Journalistförbundet contra          en el asunto T-205/96, Roland Bieber contra Parlamento
                Consejo de la Unión Europea (1)                                               Europeo (1)
(Acceso a la información Ð Decisión 93/731/CE del Con-             (Funcionarios Ð Reincorporación tardía Ð Responsabili-
sejo Ð Denegación de una solicitud de acceso a documen-                                   dad Ð Perjuicio)
tos del Consejo Ð Recurso de anulación Ð Admisibilidad
                                                                                (98/C 234/49)
Ð Título VI del Tratado de la Unión Europea Ð Alcance
de la excepción relativa a la protección de la seguridad
puÂblica Ð Secreto de las deliberaciones del Consejo Ð                           (Lengua de procedimiento: franceÂs)
Motivación Ð Publicación del escrito de contestación en
          la red Internet Ð Abuso de procedimiento)                En el asunto T-205/96, Roland Bieber, funcionario del Par-
                                                                   lamento Europeo, con domicilio en Bruselas, representado
                         (98/C 234/48)                             por el Sr. Georges Vandersanden, Abogado de Bruselas,
                                                                   que designa como domicilio en Luxemburgo el de fidu-
               (Lengua de procedimiento: ingleÂs)                  ciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contra Parla-
                                                                   mento Europeo (Agente: Sra. Evelyn Waldherr), que tiene
En el asunto T-174/95, Svenska Journalistförbundet, con            por objeto, por una parte, la anulación de la decisión
domicilio en Estocolmo, representada por el Sr. Onno W.            implícita de desestimación de la solicitud presentada por el
Brouwer, Abogado de Amsterdam, y el Sr. FreÂdeÂric P.              demandante, de 18 de octubre de 1995, destinada a su
Louis, Abogado de Bruselas, asistidos por la Sra. Deirdre          reincorporación despueÂs de una excedencia sin derecho a
Curtin, Profesora de la Universidad de Utrecht, que                sueldo por intereÂs personal y a la indemnización del per-
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de                juicio pretendidamente debido a su no reincorporación y,
los Sres. Loesch y Wolter, 11, rue Goethe, apoyada por             por otra parte, la indemnización del perjuicio pretendida-
Reino de Suecia (Agente: Sra. Lotty Nordling), Reino de            mente causado por su reincorporación tardía, el Tribunal
Dinamarca (Agentes: Sres. Peter Biering y Laurids Mikael-          de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por los
sen) y Reino de los Países Bajos (Agentes: Sres. Marc              Sres.: J. Azizi, Presidente; R. García Valdecasas y M. Jae-
Fierstra y Johannes Steven van den Oosterkamp), contra             ger, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio GonzaÂlez, administra-
Consejo de la Unión Europea (Agentes: Sres. Giorgio                dor, ha dictado el 26 de mayo de 1998 una sentencia cuyo
Maganza y Diego Canga Fano), apoyado por RepuÂblica                fallo es el siguiente:
Francesa (Agentes: Sra. Catherine de Salins y Sr. Denys
Wibaux) y Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del               1) Se anula la decisión implícita de desestimación de la
Norte (Agente: Sr. John Collins), que tiene por objeto la              solicitud de reincorporación y de indemnización pre-
anulación de la decisión del Consejo de 6 de julio de 1995             sentada por el demandante el 18 de octubre de 1995.
por la que se deniega a la demandante el acceso a determi-
nados documentos relativos a la Oficina Europea de Poli-           2) Se condena al Parlamento a indemnizar al demandante
cía (Europol), solicitados con arreglo a la Decisión 93/               el perjuicio material que ha sufrido por no haberse
731/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativa               reincorporado el 1 de enero de 1995 en el grado A 3,
al acceso del puÂblico a los documentos del Consejo (DO                escalón 6, en el puesto de Consejero Jurídico del Parla-
L 340 de 31.12.1993, p. 43), el Tribunal de Primera                    mento, que fue objeto de la convocatoria no 7580, de
Instancia (Sala Cuarta ampliada), integrado por el Sr. K.              5 de diciembre de 1994, para proveer plaza vacante.
Lenaerts, Presidente, y por la Sra. P. Lindh y los Sres. J.
Azizi, J. D. Cooke y M. Jaeger, Jueces, Secretario: Sr. H.
Jung, ha dictado el 17 de junio de 1998 una sentencia              3) La cantidad que debe abonarse al demandante para
cuyo fallo es el siguiente:                                            compensar su peÂrdida de ingresos profesionales equi-
                                                                       vale a la diferencia entre, por una parte, las retribucio-
                                                                       nes netas que habría percibido entre el 1 de enero de
1) Se anula la decisión del Consejo de 6 de julio de 1995,             1995 y el 8 de marzo de 1996 y, por otra parte, la
     por la que se deniega a la demandante el acceso a                 totalidad de ingresos profesionales netos que ha obte-
     determinados documentos relativos a la Oficina Euro-              nido en el ejercicio de otras actividades.
     pea de Policía (Europol).
                                                                   4) A esta cantidad se anÄadiraÂ la cantidad correspondiente
2) El Consejo cargaraÂ, ademaÂs de con sus propias costas,             a la peÂrdida resultante de la falta de ascenso automaÂ-
     con dos tercios de las costas de la demandante.                   tico de escalón.
3) El Reino de Dinamarca, la RepuÂblica Francesa, el               5) Al total de las cantidades fijadas en los puntos 3 y 4
     Reino de los Países Bajos, el Reino de Suecia y el                de este fallo se le anÄadiraÂn los intereses a un tipo anual
     Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte car-             del 4,5 % a partir del 12 de diciembre de 1996 hasta
     garaÂn con sus propias costas.                                    su pago al demandante.
(1) DO C 299 de 11.11.1995.                                        6) Se condena al Parlamento a restablecer los derechos de
                                                                       pensión del demandante, de forma que se compense la
                                                                       diferencia entre los derechos de pensión de debían
 ---pagebreak--- C 234/26                ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   25.7.98
     habeÂrsele reconocido si se hubiera reincorporado efec-          2) Se condena en costas a las partes demandantes.
     tivamente el 1 de enero de 1995 y los que se fueron
     efectivamente reconocidos.                                       (1) DO C 94 de 22.3.1997.
7) A las cantidades adeudadas con arreglo al punto 6 se
     le anÄadiraÂn los intereses a partir de su devengo, al tipo
     de 4,5 %.
                                                                         AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
8) Antes de pronunciarse sobre la cantidad de la indemni-                                de 4 de mayo de 1998
     zación adeudada al demandante por el demandado:                  en el asunto T-84/97: Bureau europeÂen des unions de con-
     a) las partes comunicaraÂn al Tribunal de Primera Ins-           sommateurs (BEUC) contra Comisión de las Comunidades
     tancia, en un plazo de tres meses tras el pronuncia-                                     Europeas (1)
     miento de esta sentencia, el acuerdo a que hayan lle-
     gado, en primer lugar, sobre la cuantía precisa de la            (Procedimiento antidumping Ð Parte interesada Ð Nega-
     indemnización adeudada al demandante y, en segundo               tiva Ð Recurso de anulación Ð Acto confirmatorio Ð
     lugar, sobre el restablecimiento de sus derechos a pen-                            Plazo Ð Inadmisibilidad)
     sión y los intereses adeudados a este respecto; b) a                                    (98/C 234/51)
     falta de acuerdo, las partes remitiraÂn al Tribunal de
     Primera Instancia, en el mismo plazo, sus pretensiones                         (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
     cuantificadas, indicando las razones precisas por las
     que rechazan la propuesta de la parte contraria.                 En el asunto T-84/97, Bureau europeÂen des unions de con-
                                                                      sommateurs (BEUC), con domicilio en Bruselas, represen-
9) Se condena en costas al Parlamento.                                tado por el Sr. Bernard O'Connor, Solicitor, asistido por el
                                                                      Sr. Bonifacio García Porras, Abogado del Ilustre Colegio
                                                                      de Salamanca, que designa como domicilio en Luxem-
(1) DO C 54 de 22.2.1997.
                                                                      burgo el despacho del Sr. ArseÁne Kronshagen, 22, avenue
                                                                      Marie-Adelaïde, contra Comisión de las Comunidades
                                                                      Europeas (Agente: Sr. Nicholas Khan), que tiene por
                                                                      objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comi-
                                                                      sión, de 3 de febrero de 1997, por la que esta Institución
                                                                      se niega a considerar a la demandante como parte intere-
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               sada en el marco de un procedimiento antidumping rela-
                  DE PRIMERA INSTANCIA                                tivo a las importaciones de tejidos de algodón en rama ori-
                      de 9 de junio de 1998                           ginarios de la RepuÂblica Popular China, Egipto, India,
en los asuntos acumulados T-10/97 y T-11/97, Unifrigo                 Indonesia, PaquistaÂn y Turquía, el Tribunal de Primera
Gadus srl y CPL Imperial 2 SpA contra Comisión de las                 Instancia (Sala Cuarta ampliada), integrado por la Sra. P.
                    Comunidades Europeas (1)                          Lindh, Presidente, y los Sres.: R. García-Valdecasas, K.
                                                                      Lenaerts, J. Cooke y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr. H.
(Recaudación a posteriori de derechos de aduana Ð                     Jung; ha dictado el 4 de mayo de 1998 un auto resol-
Reglamento (CEE) no 1697/79 Ð Reglamento (CEE)                        viendo lo siguiente:
                           no 2454/93)
                                                                      1) Se declara la inadmisibilidad del recurso.
                          (98/C 234/50)
                                                                      2) Se condena en costas a la parte demandante.
              (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                      (1) DO C 181 de 14.6.1997.
En los asuntos acumulados T-10/97 y T-11/97, Unifrigo
Gadus Srl, con domicilio social en NaÂpoles (Italia), y CPL
Imperial 2 SpA, con domicilio social en Pescara (Italia),
representadas por el Sr. Giuseppe Celona, Abogado de
MilaÂn, que designan como domicilio en Luxemburgo el                                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
despacho del Sr. Georges Margue, 20, rue Philippe II,                                  DE PRIMERA INSTANCIA
contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes:                                    de 11 de junio de 1998
inicialmente por los Sres. Fernando Castillo de la Torre y
                                                                      en el asunto T-167/97, Kyriakos Skrikas contra Parla-
Paolo Stancanelli, y posteriormente por el Sr. Stancanelli),
                                                                                mento Europeo (1)
que tienen por objeto la anulación de la Decisión de la
Comisión C(96) 2780 final, de 8 de octubre de 1996, por               (Funcionarios Ð Decisión de no ascender a un funcionario
la que se ordena la recaudación a posteriori de derechos              Ð Recurso de anulación Ð Admisibilidad Ð Acto lesivo
de aduana, y la reparación del danÄo supuestamente sufrido            Ð Examen comparativo de meÂritos Ð Transferencia inte-
por las demandantes, el Tribunal de Primera Instancia                    rinstitucional Ð Artículo 45, apartado 1 del Estatuto)
(Sala Tercera), integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y
                                                                                (98/C 234/52)
por los Sres. C. P. BrieÈt y A. Potocki, Jueces; Secretario: Sr.
J. Palacio GonzaÂlez, administrador, ha dictado el 9 de                            (Lengua de procedimiento: franceÂs)
junio de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                      En el asunto T-167/97, Kyriakos Skrikas, funcionario del
1) Se desestiman los recursos.                                        Parlamento Europeo, con domicilio en Luxemburgo,


title: Asunto C-520/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 8 de noviembre de 2010 — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 8 de noviembre de 2010 — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
   (Asunto C-520/10)
   ()
   2011/C 30/29
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   First-tier Tribunal (Tax Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Lebara Ltd

      Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Cuando un sujeto pasivo («comerciante A») vende tarjetas telefónicas que representan el derecho a una prestación de servicios de telecomunicaciones suministrados por ese sujeto pasivo, ¿debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Sexta Directiva IVA, (1) en el sentido de que el comerciante A realiza dos prestaciones a efectos del IVA: una en el momento de la primera venta de la tarjeta telefónica por el comerciante A a otro sujeto pasivo («comerciante B») y otra en el momento de utilización de la tarjeta (es decir, la realización de llamadas por una persona, el «usuario final»)?

               2)

               En caso afirmativo, ¿cómo debe aplicarse el IVA (de acuerdo con la normativa de IVA de la UE) respecto a la cadena de transacciones, cuando el comerciante A vende la tarjeta telefónica al comerciante B, el comerciante B la revende en el Estado miembro B, donde es adquirida por el usuario final, y este la utiliza para realizar llamadas?

      (1)  Directiva 77/388/CEE, Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1).


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 23 de septiembre de 2004, en los asuntos acumulados C-435/02 y C-103/03 (Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Landgericht Essen y el Landgericht Hagen): Axel Springer AG contra Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG y Hans-Jürgen Weske (Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Derecho de sociedades — Directiva 90/605/CEE por la que se modifica el ámbito de aplicación de las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE — Artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado CE [actualmente artículo 44 CE, apartado 2, letra g), tras su modificación] — Sociedad que reviste la forma de una sociedad comanditaria simple en la que todos los socios con responsabilidad ilimitada están constituidos bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada GmbH & Co. KG — Publicidad de las cuentas anuales — Posibilidad de que terceros consulten dichos documentos — Concepto de tercero — Inclusión, en particular, de los competidores — Validez — Base jurídica — Principios de libre ejercicio de las actividades profesionales, de libertad de prensa y de igualdad de trato)

text:
               18.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/2

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 23 de septiembre de 2004
   en los asuntos acumulados C-435/02 y C-103/03 (Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Landgericht Essen y el Landgericht Hagen): Axel Springer AG contra Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG y Hans-Jürgen Weske (1)

   (Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Derecho de sociedades - Directiva 90/605/CEE por la que se modifica el ámbito de aplicación de las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE - Artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado CE [actualmente artículo 44 CE, apartado 2, letra g), tras su modificación] - Sociedad que reviste la forma de una sociedad comanditaria simple en la que todos los socios con responsabilidad ilimitada están constituidos bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada GmbH & Co. KG - Publicidad de las cuentas anuales - Posibilidad de que terceros consulten dichos documentos - Concepto de tercero - Inclusión, en particular, de los competidores - Validez - Base jurídica - Principios de libre ejercicio de las actividades profesionales, de libertad de prensa y de igualdad de trato)
   (2004/C 314/03)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En los asuntos acumulados C-435/02 y C-103/03, que tienen por objeto peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por el Landgericht Essen (Alemania) y el Landgericht Hagen (Alemania), mediante resoluciones de 25 de noviembre de 2002 y 11 de febrero de 2003, recibidas el 2 de diciembre de 2002 y el 5 de marzo de 2003, respectivamente, en los procedimientos entre: Axel Springer AG y Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG (asunto C-435/02), y entre Axel Springer AG y Hans-Jürgen Weske (asunto C-103/03), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y R. Schintgen, las Sras. F. Macken y N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 23 de septiembre de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               La Directiva 90/605/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, por la que se modifican las directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE, relativas, respectivamente, a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas, en lo relativo a su ámbito de aplicación, en la medida que de ella se desprende que cualquier persona tiene la posibilidad de consultar las cuentas anuales y el informe de gestión de las formas de sociedades en ella previstas sin tener que justificar un derecho o un interés que necesite protección, pudo ser adoptada válidamente con arreglo al artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado CE [actualmente artículo 44 CE, apartado 2, letra g), tras su modificación].

               2)

               El examen de las dos primeras cuestiones en el asunto C-435/02 y de la segunda y tercera cuestiones en el asunto C-103/03 en relación con los principios generales del Derecho comunitario de libre ejercicio de una actividad profesional y de libertad de expresión no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de la Directiva 90/605/CEE.

               3)

               El examen de la tercera cuestión en el asunto C-435/02 y de la cuarta cuestión en el asunto C-103/03 en relación con el principio de igualdad de trato no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de la Directiva 90/605/CEE.

      (1)  DO C 191 de 10.8.2002.


title: Asunto C-42/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Dunajská Streda (Eslovaquia) el 2 de febrero de 2015 — Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Dunajská Streda (Eslovaquia) el 2 de febrero de 2015 — Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová
   (Asunto C-42/15)
   (2015/C 155/10)
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Okresný súd Dunajská Streda

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Home Credit Slovakia a.s.

      Demandada: Klára Bíróová

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse las expresiones «en papel» y «cualquier otro soporte duradero» recogidas en el artículo 10, apartado 1 [en relación con el artículo 3, letra m)] de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133, p. 66; en lo sucesivo, «Directiva 2008/48») en el sentido de incluir

                           —

                           no sólo el texto (físico, «hard copy») del documento firmado por las partes del contrato, que debe contener los elementos (datos) exigidos por el artículo 10, apartado 2, letras a) a v), de la Directiva, sino también

                           —

                           cualquier otro documento al que se haga referencia en ese texto y que, con arreglo al Derecho interno, forme parte integrante del acuerdo contractual (por ejemplo, un documento que contenga «condiciones generales de contratación», «condiciones del crédito», una «lista de costes», un «calendario de pago», redactado por el acreedor), aun cuando dicho documento no cumpla el requisito de la «forma escrita» en el sentido del Derecho nacional (por ejemplo, por no haber sido firmado por las partes del contrato)?

               2)

               A la luz de la respuesta a la primera cuestión:
               ¿debe interpretarse el artículo 10, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/48, en relación con su artículo 1, según el cual la Directiva tiene por objeto lograr una armonización total en el ámbito al que resulta aplicable, en el sentido de que se opone a una normativa o práctica nacional que

                           —

                           exige que todos los elementos del contrato enumerados en el artículo 10, apartado 2, letras a) a v), estén reflejados en un único documento, que cumpla el requisito de la «forma escrita» en el sentido del Derecho del Estado miembro interesado (o, en general, en un documento firmado por las partes del contrato), y

                           —

                           no reconoce plenos efectos jurídicos al contrato de crédito al consumo por el mero hecho de que algunos de los elementos antes citados no consten en ese documento firmado, incluso en el caso de que dichos elementos (o parte de ellos) figuren en un documento independiente (que, por ejemplo, contenga «condiciones generales de contratación», «condiciones del crédito», una «lista de costes», un «calendario de pago», redactado por el acreedor), cuando: (i) el propio contrato escrito remita a ese documento, (ii) se cumplan los requisitos establecidos por el Derecho interno para que ese documento se considere incorporado al contrato y (iii) por consiguiente, el contrato de crédito al consumo negociado reúna, en su conjunto, el requisito de estar establecido en «cualquier otro soporte duradero» en el sentido del artículo 10, apartado 1, de la Directiva?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra h), de la Directiva 2008/48 en el sentido de que los datos que exige dicha norma (en particular, la «periodicidad de los pagos»)

                           —

                           deben estar expresamente indicados en las condiciones del contrato concreto de que se trate [por lo general, estableciendo fechas concretas (día, mes, año) de vencimiento de las correspondientes cuotas], o

                           —

                           basta con que el contrato contenga una referencia genérica a criterios objetivamente identificables de los cuales puedan deducirse esos datos (por ejemplo, mediante la cláusula «las cuotas mensuales deberán abonarse antes del día 15 de cada mes natural», «la primera cuota deberá abonarse dentro del mes siguiente a la firma del contrato y las posteriores cuotas vencerán transcurrido un mes desde el vencimiento de la cuota anterior», o mediante otras fórmulas análogas)?

               4)

               En caso de que la interpretación contenida en el segundo guión de la tercera cuestión sea correcta:
               ¿debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra h), de la Directiva 2008/48 en el sentido de que cualquier dato exigido por dicha disposición (en particular, la «periodicidad de los pagos») puede estar contenido en un documento independiente al que se remita el contrato que cumple el requisito de la forma escrita (en el sentido del artículo 10, apartado 1, de la Directiva), pero que a su vez no debe necesariamente cumplir de por sí ese requisito (es decir, que no haya sido firmado por las partes del contrato; por ejemplo, un documento que contenga «condiciones generales de contratación», «condiciones del crédito», una «lista de costes», un «calendario de reembolsos», redactado por el acreedor)?

               5)

               ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra i), en relación con la letra h), de la Directiva 2008/48 en el sentido de que

                           —

                           no es imprescindible que el contrato de crédito por plazo determinado, en virtud del cual el reembolso/la amortización del principal prestado se efectúe mediante el pago de cuotas, contenga, en el momento de su firma, la indicación concreta de la parte de cada cuota que se destina a reembolsar el principal prestado y de la parte que se destina a pagar intereses ordinarios y gastos (es decir, si es imprescindible que el calendario de reembolsos/amortización constituya parte integrante del contrato), y que esos datos pueden figurar en un calendario de reembolsos/amortización que el acreedor facilita al deudor a su solicitud o en el sentido de que

                           —

                           el artículo 10, apartado 2, letra h), garantiza al deudor el derecho adicional a exigir un extracto del cuadro de amortización en relación con un día identificado de forma concreta del período de vigencia del contrato de crédito, derecho que, no obstante, no exonera a las partes del contrato de su obligación de incluir en el propio contrato el desglose de las cuotas programadas (adeudadas sobre la base del contrato de crédito durante su período de vigencia) indicando la parte destinada a reembolsar el principal y la parte correspondiente al pago de intereses ordinarios y gastos, de forma personalizada en relación con el contrato concreto de que se trate?

               6)

               En caso de que la interpretación contenida en el primer guión de la quinta cuestión sea correcta:
               ¿está comprendida esa cuestión en el ámbito de la armonización total que persigue la Directiva 2008/48, de forma que el Estado miembro no puede exigir, en virtud del artículo 22, apartado 1, de dicha Directiva, que el contrato de crédito contenga la indicación exacta de la parte de cada cuota que se destina al reembolso del principal y al pago de intereses ordinarios y gastos (es decir, que el calendario de reembolsos/amortización constituya parte integrante del contrato)?

               7)

               ¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 1 de la Directiva 2008/48, según el cual la Directiva tiene por objeto lograr una armonización total en el ámbito al que resulta aplicable, o del artículo 23 de esa misma Directiva, conforme al cual las sanciones deben ser proporcionadas, en el sentido de que tal Directiva se opone a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual la omisión de la mayor parte de los elementos del contrato de crédito que exige el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48 supone que dicho contrato se considere exento de intereses y gastos, de forma que el deudor únicamente quede obligado a reembolsar al acreedor el principal recibido con arreglo a ese contrato?


title: Asunto C-6/11: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) el 5 de enero de 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

text:
               26.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) el 5 de enero de 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents
   (Asunto C-6/11)
   2011/C 63/42
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (Chancery Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Daiichi Sankyo Company

      Demandada: Comptroller-General of Patents

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Entre otros objetivos especificados en los considerandos, el Reglamento 469/2009 (en lo sucesivo, «Reglamento») reconoce, en los considerandos séptimo y octavo, la necesidad de que los Estados miembros de la Comunidad concedan certificados complementarios de protección a los titulares de patentes nacionales o europeas en las mismas condiciones. Habida cuenta de que no se ha armonizado el Derecho de patentes en la Comunidad, ¿cómo debe entenderse el artículo 3, letra a), del Reglamento, a tenor del cual «el producto está protegido por una patente de base en vigor» y qué criterios deben aplicarse para decidir si es así?

               2)

               En un caso como el presente, que tiene por objeto un medicamento que se compone de varios principios activos, ¿existen criterios diferentes para determinar si «el producto está protegido por una patente de base» con arreglo al artículo 3, letra a), del Reglamento y, en caso afirmativo, en qué consisten estos criterios?

               3)

               Para que una combinación de varios principios activos citada en una autorización de comercialización de un medicamento sea objeto de un CCP, y considerando el tenor literal del artículo 4 del Reglamento, ¿se cumple el requisito de que «el producto esté protegido por una patente de base», en el sentido de los artículos 1 y 3 del Reglamento, cuando el producto infringe la patente de base con arreglo a la legislación nacional?

               4)

               Para que una combinación de varios principios activos citada en una autorización de comercialización de un medicamento sea objeto de un CCP, y considerando el tenor literal del artículo 4 del Reglamento, ¿depende el cumplimiento del requisito de que el producto «esté protegido por una patente de base», en el sentido de los artículos 1 y 3 del Reglamento, de si la patente de base incluye unas reivindicaciones que mencionen específicamente una combinación de: 1) una clase de componentes que incluya uno de los principios activos de dicho producto; 2) una clase de otros principios activos que puede no estar especificada, pero que incluya el otro principio activo de dicho producto? ¿O basta que la patente de base incluya una (o más) reivindicaciones que: 1) reivindiquen una clase de componentes que incluya uno de los principios activos de dicho producto; 2) empleen términos concretos en su redacción que, conforme al Derecho nacional, amplíen el ámbito de protección de modo que se incluya la presencia de otros principios activos no especificados que comprendan el otro principio activo de dicho producto?


title: Asunto C-106/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Eneco Holding N.V.

text:
               26.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Eneco Holding N.V.
   (Asunto C-106/12)
   2012/C 151/27
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Staat der Nederlanden

      Recurrida: Eneco Holding N.V.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 345 TFUE en el sentido de que el «régimen de la propiedad en los Estados miembros» también incluye el régimen de que se trata en el presente asunto de prohibición absoluta de privatización tal como se establece en el Besluit aandelen netbeheerders (Decreto sobre participaciones en el capital de gestores de redes), en relación con el artículo 93 de la Elektriciteitswet 1998 (Ley de la electricidad de 1998) y el artículo 85 de la Gaswet (Ley del gas), que implica que las participaciones en el capital de un gestor de red sólo pueden transmitirse dentro del ámbito de las administraciones públicas?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿tiene ello como consecuencia que las normas relativas a la libre circulación de capitales no se aplican a la prohibición de grupos, o cuando menos que no corresponde examinar la prohibición de grupos a la luz de las normas sobre libre circulación de capitales?

               3)

               Los objetivos en que se basa la Won (Ley sobre gestión independiente de redes), que consisten en establecer la transparencia en el mercado de la energía y evitar distorsiones de la competencia impidiendo las subvenciones cruzadas en sentido amplio (incluido el intercambio de información estratégica), ¿son intereses puramente económicos o pueden también considerarse intereses de naturaleza no económica, en el sentido de que, en determinadas circunstancias, pueden constituir, como razones imperiosas de interés general, una justificación de una restricción a la libre circulación de capitales?


title: Asunto T-511/17: Recurso interpuesto el 7 de agosto de 2017 — Corra González y otros/JUR

text:
               23.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 357/19

         Recurso interpuesto el 7 de agosto de 2017 — Corra González y otros/JUR
   (Asunto T-511/17)
   (2017/C 357/25)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandantes: José María Francisco Corra González (Madrid, España) y otros 7 demandantes (representantes: C. de Santiago Álvarez y J. Redondo Martin, abogados)

      Demandada: Junta Única de Resolución

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General:

               —

               Que se declare la vulneración del Derecho europeo por la JUR al dictar la decisión SRB/EES/2017/08 adoptada en sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017 y por la que se adopta el dispositivo financiero de resolución en relación con la entidad financiera Banco Popular Español, S.A.;

               —

               Que, por consiguiente, se anule dicho acto, así como los posteriores actos de ejecución que la JUR haya podido adoptar, todo ello con efectos ex tunc.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones son similares a los alegados en los asuntos T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Junta Única de Resolución, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Junta Única de Resolución, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisión y Junta Única de Resolución, T-483/17, García Suárez y otros/Comisión y Junta Única de Resolución, T-484/17, Fidesban y otros/Junta Única de Resolución, T-497/17, Sáchez del Valle y Calatrava Real State 2015/Comisión y Junta Única de Resolución, y T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisión y Junta Única de Resolución.


title: Asunto C-432/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículo 2, apartado 1, letra c) — Concepto de «prestaciones de servicios a título oneroso» — Puesta a disposición de un caballo por parte de un sujeto pasivo a favor de un organizador de carreras hípicas — Valoración de la contraprestación — Derecho a deducir gastos vinculados a la preparación para las carreras de los caballos del sujeto pasivo — Gastos generales vinculados al conjunto de la actividad económica — Anexo III, número 14 — Tipo reducido del IVA aplicable al derecho de utilización de instalaciones deportivas — Aplicabilidad a la explotación de una instalación hípica para caballos de carreras — Operación conformada por una única prestación o por varias prestaciones independientes]

text:
               16.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 14/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová
   (Asunto C-432/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículo 2, apartado 1, letra c) - Concepto de «prestaciones de servicios a título oneroso» - Puesta a disposición de un caballo por parte de un sujeto pasivo a favor de un organizador de carreras hípicas - Valoración de la contraprestación - Derecho a deducir gastos vinculados a la preparación para las carreras de los caballos del sujeto pasivo - Gastos generales vinculados al conjunto de la actividad económica - Anexo III, número 14 - Tipo reducido del IVA aplicable al derecho de utilización de instalaciones deportivas - Aplicabilidad a la explotación de una instalación hípica para caballos de carreras - Operación conformada por una única prestación o por varias prestaciones independientes])
   (2017/C 014/18)
   Lengua de procedimiento: checo

      Órgano jurisdiccional remitente

   Nejvyšší správní soud

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Odvolací finanční ředitelství

      Demandada: Pavlína Baštová

      Fallo

               1)

               El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no constituye una prestación de servicios realizada a título oneroso, en el sentido de esa disposición, la puesta a disposición de un caballo por parte de su propietario, sujeto al impuesto sobre el valor añadido, a favor del organizador de una carrera hípica para que participe en la misma, en el supuesto de que esa puesta a disposición no dé lugar al pago de una cantidad derivada del hecho de que la participación del caballo da un mayor caché a la carrera o de otra remuneración directa, y cuando sólo los propietarios de los caballos que obtengan una determinada clasificación al llegar a la meta obtienen un premio, aunque éste haya quedado determinado a priori. Por el contrario, tal puesta a disposición de un caballo constituye una prestación de servicios realizada a título oneroso en el supuesto de que dé lugar al pago, por parte del organizador, de una remuneración con independencia de la clasificación que el caballo en cuestión logre en la carrera.

               2)

               La Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que existe el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado en el contexto de las operaciones relativas a la preparación para las carreras hípicas o a la participación en las mismas de los caballos pertenecientes al sujeto pasivo, quien cría y entrena tanto sus propios caballos de carrera como los de terceras personas, por formar los gastos correspondientes a esas operaciones parte de los gastos generales vinculados a su actividad económica, siempre que los gastos derivados de cada una de las operaciones en cuestión tengan una relación directa e inmediata con esta actividad en su conjunto. Ese podría ser el caso si los gastos en que se ha incurrido guardan relación con los caballos de carrera efectivamente destinados a la venta, o si su participación en carreras hípicas constituye, desde un punto de vista objetivo, un medio de promocionar la actividad económica, lo cual debe ser comprobado por el órgano jurisdiccional remitente.
               En el supuesto de que exista ese derecho a deducir, el premio que pueda eventualmente ganar el sujeto pasivo por la clasificación de uno de sus caballos al llegar a la meta de una carrera hípica no debe incluirse en la base imponible del impuesto sobre el valor añadido.

               3)

               El artículo 98 de la Directiva 2006/112, interpretado en relación con el número 14 del anexo III de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que una prestación de servicios compleja única, compuesta por varios elementos relacionados, en particular, con el entrenamiento de los caballos, la utilización de instalaciones deportivas, el alojamiento de caballos en cuadras, la alimentación y otros cuidados dispensados a los caballos, no puede quedar sujeta a un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido en caso de que la utilización de instalaciones deportivas en el sentido del número 14 del anexo III de esa Directiva y el entrenamiento de los caballos constituyan dos elementos equivalentes de esta prestación compleja, o en caso de que el entrenamiento de los caballos constituya el elemento principal de dicha prestación, extremos que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 371 de 9.11.2015.


title: Archivo del asunto T-113/97

text:
15.6.2002               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 144/63
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega que la                                Archivo del asunto T-30/98 (1)
Comisión ha infringido el art. 81 del Tratado CE, ası́ con el
art. 53 del Acuerdo EEE, al no haber tenido en cuenta, o
                                                                                (2002/C 144/122)
apreciar erróneamente las caracterı́sticas y la actuación de la
empresa demandante, ni acreditado su participación en las
supuestas reuniones o en los supuestos contactos colusorios                               (Lengua de procedimiento: inglés)
en el ámbito del mercado español, ni en el conjunto de
acuerdos y prácticas concertadas contemplados en la decisión
recurrida.
                                                                         Mediante auto de 16 de enero de 2002, el Presidente de la Sala
                                                                         Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Se afirma a este respecto que la demandante es una pequeña              Europeas ha decidido archivar el asunto T-30/98, Dr. Peter
empresa de tipo familiar dedicada a la distribución y transfor-         Stott contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las
mación de papeles autocopiativos, que ni fabricó ni exportó a         Comunidades Europeas.
otros mercados diferentes del español durante le periodo de
la infracción. Por otra parte, se subrayan sus dimensiones              (1) DO C 184 de 13.6.1998.
económicas modestas y su escaso margen de negocio respecto
al resto de los imputados.
Por lo que respecta a la multa impuesta, se estima que la
fijación de su importe supone:
                                                                                Archivo del asunto T-370/00 (1)
—      La violación de los principios de proporcionalidad y de
       igualdad de trato.
                                                                                (2002/C 144/123)
—      La incorrecta atribución de un periodo de infracción.
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
—      La falta de apreciación de circunstancias atenuantes que
       concurren en la situación de la demandante.
                                                                         Mediante auto de 5 de febrero de 2002, el Presidente de la Sala
                                                                         Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
(1) Aún no publicado en el DOCE.                                        Europeas ha decidido archivar el asunto T-370/00, N.V. Master
                                                                         Foods S.A. contra Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                         (1) DO C 79 de 10.3.2001.
                 Archivo del asunto T-113/97 (1)
                                                                                Archivo del asunto T-42/01 (1)
                         (2002/C 144/121)
                                                                                (2002/C 144/124)
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 21 de febrero de 2002, el Presidente de
la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las                 Mediante auto de 24 de enero de 2002, el Presidente de la Sala
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-113/               Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
97, Pierre Tomarchio contra Tribunal de Cuentas de las                   Europeas ha decidido archivar el asunto T-42/01, Syndicat de
Comunidades Europeas.                                                    employés, techniciens et cadres de Bélgica de la F.G.T.B. contra
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas.
(1) DO C 199 de 28.6.1997.
                                                                         (1) DO C 118 de 21.4.2001.


title: Asunto T-32/01: Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2001 por El Territorio Histórico de Bizkaia — La Diputación Foral de Bizkaia contra la Comisión de las Comunidades europeas

text:
7.4.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 108/27
La parte demandante funda esencialmente su recurso en la                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
infracción del procedimiento legalmente establecido en el               que:
artı́culo 88 CE y en el Reglamento n. 650/1999 (1) para el
supuesto de regı́menes de ayudas exisentes y, consiguiente-              —     anule la Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de
mente, la violación de los principios de seguridad jurı́dica,                 2000, que incoa el procedimiento previsto en el apar-
confianza legı́tima y audiencia.                                               tado 2 del artı́culo 88 CE en relación con el artı́culo 14
                                                                               de la Norma Foral 11/1993; y
Se afirma, a este respecto, que la Comisión conocı́a, ya desde
1994, la existencia de la Norma Foral de autos, el conjunto de
                                                                         —     condene en costas a la Comisión.
cuyas disposiciones, y no solo su artı́culo 14, fue objeto de
una denuncia solicitando su declaración de incompatibilidad
con arreglo al artı́culo 87 del Tratado CE.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
A raı́z de la referida denuncia, la Comisión procedió a realizar el
examen previo en materia de ayudas de Estado, dándose traslado
de dicha denuncia al Reino de España. En ningún momento,               La medida a la que se refiere la decisión impugnada se consagra
sostiene la demandante, la Comisión comunicó que abrı́a o              en el art. 14 de la Norma Foral 11/1993 de 26 de junio del
que hubiera abierto el procedimiento de investigación formal            Territorio Histórico de Guipuzkoa, de medidas fiscales urgentes
previsto en el apartado 2 del artı́culo 88 del Tratado CE.               de apoyo a la inversión e impulso de la actividad económica,
                                                                         que prevé una exención del impuesto sobre sociedades aplica-
                                                                         ble a determinadas empresas de nueva creación.
El hecho de que en noviembre de 2000 la Comisión proceda a
abrir el procedimiento contradictorio previsto en el apartado 2
del artı́culo 88, en relación con uno de los artı́culos de la           Los motivos y principales alegaciones son similares a los
Normal Foral 18/1993, implica, a juicio de la parte deman-               invocados en le asunto T-30/01.
dante que la Comisión ha violado el procedimiento legalmente
establecido para el examen y evaluación de los regı́menes de
ayudas existentes.
Para dicha parte, en caso de que la Comisión tuviera dudas, bien
sobre el carácter de ayuda de la exención fiscal prevista, bien
sobre su compatibilidad con el mercado común, la Comisión no
puede calificarla como ayuda nueva, sino como ayuda existente,
debiendo proceder, en buena administración, a su análisis y            Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2001 por El
control, con arreglo al examen permanente previsto para este             Territorio Histórico de Bizkaia — La Diputación Foral de
tipo de ayudas en el apartado 1 del art. 88 CE.                          Bizkaia contra la Comisión de las Comunidades europeas
(1) Reglamento (CE) n. 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de
     1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del                             (Asunto T-32/01)
     Tratado CE (DOCE L 83, de 27.3.99, p. 1).
                                                                                (2001/C 108/50)
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2001 por El
Territorio Histórico de Gipuzkoa — La Diputación Foral                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
de Gipuzkoa contra la Comisión de las Comunidades                       europeas se ha presentado, el 9 de febrero de 2001 un recurso
                             europeas                                    contra la Comisión de las Comunidades europeas formulado
                                                                         por El Territorio Histórico de Bizkaia — La Diputación Foral
                         (Asunto T-31/01)                                de Bizkaia, con domicilio en Bizkaia (España), representado
                                                                         por los letrados en ejercicio Dña. Marta Morales Isasi y
                                                                         D. Ignacio Sáenz-Cortabarrı́a Fernández.
                          (2001/C 108/49)
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                  (Lengua de procedimiento: español)
                                                                         que:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado, el 9 de febrero de 2001 un recurso            —     anule la Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de
contra la Comisión de las Comunidades europeas formulado                      2000, que incoa el procedimiento previsto en el apar-
por El Territorio Histórico de Gipuzkoa — La Diputación                      tado 2 del artı́culo 88 CE en relación con el artı́culo 14
Foral de Gipuzkoa, con domicilio en Gipuzkoa (España),                        de la Norma Foral 5/1993; y
representado por los letrados en ejercicio Dña. Marta Morales
Isasi y D. Ignacio Sáenz-Cortabarrı́a Fernández.                       —     condene en costas a la Comisión.
 ---pagebreak--- C 108/28               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      7.4.2001
Motivos y principales alegaciones                                       Motivos y principales alegaciones
La medida a la que se refiere la decisión impugnada se consagra        La demandante, funcionaria de grado C 1, escalón 8, manifiesta
en el art. 14 de la Norma Foral 5/1993 de 24 de junio del               su disconformidad con la negativa del tribunal del concurso
Territorio Histórico de Bizkaia, de medidas fiscales urgentes de       interno para el paso de la categorı́a C a la categorı́a B,
apoyo a la inversión e impulso de la actividad económica, que         COM/PB/99, a admitirla a la prueba oral del citado concurso.
prevé una exención del impuesto sobre sociedades aplicable a
determinadas empresas de nueva creación.
                                                                        Debe recordarse, a este respecto, que el Presidente del tribunal
Los motivos y principales alegaciones son similares a los               del concurso informó a la demandante, mediante escrito de
invocados en le asunto T-30/01.                                         8 de marzo de 2000, que no habı́a sido admitida a tomar parte
                                                                        en la prueba oral, debido a la nota que habı́a obtenido en la
                                                                        prueba escrita, la cual, aun cuando era superior al mı́nimo
                                                                        requerido (30 sobre 50), no hacı́a que se hallara entre los
                                                                        170 candidatos más aptos, que eran los únicos que podı́an
                                                                        participar en la prueba oral. En efecto, para figurar entre los
                                                                        citados 170 candidatos más aptos,era preciso haber obtenido
Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2001 contra la                  como mı́nimo 30,250 puntos en total.
Comisión de las Comunidades Europeas por Anna Maria
                  Roccato (señora de Pinson)
                                                                        En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:
                        (Asunto T-34/01)
                                                                        —    El incumplimiento de la obligación de motivación, ası́
                         (2001/C 108/51)                                     como la violación del principio general de transparencia.
                                                                             Sobre este particular, conviene precisar que el principio
                                                                             de transparencia se opone a la negativa a comunicar
                 (Lengua de procedimiento: francés)                          determinados documentos ası́ como a que no se responda
                                                                             a las solicitudes de un candidato a un concurso relativas
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                       a elementos ajenos a la apreciación comparativa de los
Europeas se ha presentado el 14 de febrero de 2001 un recurso                candidatos.
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por la Sra. Anna Maria Roccato (señora de Pinson), con                 —    La infracción de las normas que regulan las actividades
domicilio en Bruselas, representada por Mes Georges Vander-                  del tribunal del concurso, ası́ como la existencia en
sanden y Laure Levi, abogados.                                               el presente caso de una apreciación manifiestamente
                                                                             errónea.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                    —    La violación del principio de no discriminación ası́ como
—    Anule la decisión del tribunal del concurso COM/PB/99                  la existencia en el presente caso de una desviación de
     de 8 de marzo de 2000 por la que se le denegó a la                     poder. A este respecto, la demandante, que alcanzó el
     demandante la admisión a la prueba oral del concurso.                  último escalón de su carrera el 1 de febrero de 1988, se
                                                                             pregunta si su exclusión de la prueba oral puede deberse
—    Anule el conjunto de las operaciones y actuaciones                      a que el tribunal del concurso haya pretendido favorecer
     posteriores del concurso.                                               a los funcionarios de menos antigüedad y que, por lo
                                                                             tanto, tienen ante sı́ unas perspectivas de carrera más
—    Condene en costas a la demandada.                                       largas que la suya.


title: Asunto C-269/99: Recurso interpuesto el 3 de noviembre de 1999 por el Territorio Histórico de Gipuzkoa y Gipuzkoako Foru Aldundia — Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Comisión de las Comunidades europeas

text:
19.2.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 47/29
no 1189/93 y por el que se da por concluido el procedimiento            Recurso interpuesto el 14 de octubre de 1999 contra la
relativo a dichas importaciones originarias de la República de         Comisión de las Comunidades Europeas por Direcks
Croacia (DO L 322, p. 1), en la medida en que dicho Regla-                                Service Station Bocholtz B.V.
mento afecta a las demandantes, el Tribunal de Primera
Instancia (Sala Segunda ampliada), integrado por los Sres.: A.                                 (Asunto C-236/99)
Potocki, Presidente; K. Lenaerts, C.W. Bellamy, J. Azizi y
A.W.H. Meij, Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora,                                  (2000/C 47/50)
ha dictado el 15 de diciembre de 1999 una sentencia cuyo
fallo es el siguiente:
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
1) Se desestima el recurso.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
2) Se condena en costas a las partes demandantes.                       Europeas se ha presentado el 14 de octubre de 1999 un
                                                                        recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
3) La Comisión cargará con sus propias costas.                        formulado por Direcks Service Station Bocholtz B.V., de
                                                                        Bocholtz (Paı́ses Bajos), representada por el Sr. Th. J.M. Oost-
                                                                        dijk, Abogado de Maastricht.
(1) DO C 113, de 11.4.98.
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                        que:
                                                                        — Anule la Decisión [C(1999)2539 final] (1) de la Comisión,
                                                                            de 20 de julio de 1999, relativa a una ayuda de Estado de
                                                                            los Paı́ses Bajos a 633 estaciones de servicio neerlandesas
Recurso interpuesto el 14 de octubre de 1999 contra                         de la zona fronteriza con Alemania, y disponga que no
la Comisión de la Comunidades Europeas por Garage                          habrá lugar a acción de reembolso, o, al menos, decida
                          Bergsteyn B.V.                                    como el Tribunal de Primera Instancia estime que procede
                                                                            en justicia.
                        (Asunto C-235/99)
                                                                        — Decida en costas conforme a derecho.
            (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                        Motivos y principales alegaciones
                          (2000/C 47/49)
                                                                        Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los del
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  asunto T-210/99.
Europeas de ha presentado el 14 de octubre de 1999 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                 (1) DO L 280, de 30.10.1999, p. 87.
formulado por Garage Bergsteyn B.V., de Terblijt (Paı́ses
Bajos), representada por el Sr. Th. J.M. Oostdijk, Abogado de
Maastricht.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                    Recurso interpuesto el 3 de noviembre de 1999 por el
                                                                        Territorio Histórico de Gipuzkoa y Gipuzkoako Foru
— Anule la Decisión [C(1999)2539 final] (1) de la Comisión,           Aldundia — Diputación Foral de Gipuzkoa contra la
     de 20 de julio de 1999, relativa a una ayuda de Estado de                    Comisión de las Comunidades europeas
     los Paı́ses Bajos a 633 estaciones de servicio neerlandesas
     de la zona fronteriza con Alemania, y disponga que no                                     (Asunto C-269/99)
     habrá lugar a acción de reembolso, o, al menos, decida
     como el Tribunal de Primera Instancia estime que procede
                                                                                (2000/C 47/51)
     en justicia.
— Decida en costas conforme a derecho.                                                   (Lengua de procedimiento: español)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                       europeas se ha presentado, el 3 de noviembre de 1999 un
                                                                        recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas
Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los del           formulado por el Territorio Histórico de Gipuzkoa y Gipuzko-
asunto T-210/99.                                                        ako Foru Aldundia — Diputación Foral de Gipuzkoa, con
                                                                        domicilio en Gipuzkoa (España), representado por los letrados
                                                                        en ejercicio D. Antonio Creus Carreras y Dña. Begoña Uriarte
(1) DO L 280, de 30.10.1999, p. 87.
                                                                        Valiente, de los Ilustres Colegios de Abogados de Barcelona y
                                                                        Madrid, respectivamente, en Bruselas, Cuatrecasas Abogados,
                                                                        60 Av. de Cortenbergh,
 ---pagebreak--- C 47/30                  ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    19.2.2000
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           Recurso interpuesto el 3 de noviembre de 1999 por el
que:                                                                    Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia —
                                                                        Diputación Foral de Alava, contra la Comisión de las
— anule la Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 1999,                               Comunidades europeas
    en la medida en que califica de ayuda de estado en el
    sentido del artı́culo 87 CE el crédito fiscal previsto en la                               (Asunto T-271/99)
    Norma Foral de Gipuzkoa no 7/1997, de 22 de diciembre
    de 1997;                                                                                (2000/C 47/52)
— condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas
    que se deriven del procedimiento.                                                   (Lengua de procedimiento: español)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        europeas se ha presentado, el 3 de noviembre de 1999 un
Motivos y principales alegaciones                                       recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas
                                                                        formulado por el Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru
                                                                        Aldundia — Diputación Foral de Alava, con domicilio en
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega que, en la            Alava (España), representado por los letrados en ejercicio
decisión impugnada, la Comisión:                                      D. Antonio Creus Carreras y Dña. Begoña Uriarte Valiente, de
                                                                        los Ilustres Colegios de abogados de Barcelona y Madrid,
— interpreta erróneamente el concepto de ayuda de Estado               respectivamente, en Bruselas, Cuatrecasas Abogados, 60 Av.
    contemplado en el apartado 1 del artı́culo 87 CE, al                de Cortenbergh,
    considerar que el crédito fiscal previsto en la Norma Foral
    de Gipuzkoa arriba mencionata constituye una medida de              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
    carácter selectivo y, por lo tanto, una ayuda de Estado: para      que:
    la demandante, el crédito fiscal constituye una medida de
    carácter general, ya que se aplica por igual a todos               — anule la Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 1999,
    los operadores económicos, siempre que cumplan los                     en la medida en que califica de ayuda de Estado en el
    requisitos previstos en la norma, que son de carácter                  sentido del artı́culo 87 CE el crédito fiscal previsto en la
    objetivo y no discriminatorio; aun suponiendo que la                    Norma Foral de Alava no 22/1994, de 20 de diciembre de
    medida en cuestión tuviese un cierto carácter selectivo,              1999, y sus posteriores modificaciones:
    éste estarı́a justificado por la naturaleza o la economı́a del
    sistema, ya que el ámbito de aplicación de la misma es de         — condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas
    carácter no discriminatorio, al basarse en condiciones o               que se deriven del procedimiento.
    criterios objetivos y horizontales y, además, contribuye a
    la eficacia del sistema fiscal en que se encuadra;
                                                                        Motivos y principales alegaciones
— interpreta erróneamente el artı́culo 87 CE, al considerar
    que existe una ayuda de Estado sin haber quedado acredi-            Los motivos invocados son los mismos que los alegados en el
    tado el falseamiento de la competencia y la afectación de          asunto T-269/99.
    los intercambios comerciales entre Estados miembros, tal
    y como exige dicha disposición;
— considera erróneamente que las autoridades españolas
    han violado la obligación de notificación prevista en el
    apartado 3 del artı́culo 88 CE;
                                                                        Recurso interpuesto el 3 de noviembre de 1999 por el
                                                                        Territorio Histórico de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia
— incurre en una desviación de poder, al utilizar la vı́a del
                                                                        — Diputación Foral de Bizkaia, contra la Comisión de las
    procedimiento de ayudas de Estado en lugar del cauce
                                                                                Comunidades europeas
    procedimental previsto por el legislador comunitario
    (armonización fiscal), ámbito en el que sus competencias
    son considerablemente inferiores, ya que son compartidas                                   (Asunto T-272/99)
    con el Consejo de la Unión europea;
                                                                                (2000/C 47/53)
— vulnera la obligación de motivación, ya que no deja claros
    los elementos de hecho y de derecho que la han conducido
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
    a calificar la medida fiscal cuestionada como ayuda de
    Estado, en el sentido del artı́culo 87 CE.
                                                                        En el Tribunal     de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        europeas se ha    presentado, el 3 de noviembre de 1999 un
                                                                        recurso contra    la Comisión de las Comunidades europeas
                                                                        formulado por     el Territorio Histórico de Bizkaia, Bizkaiko


title: Asunto T-139/06: Sentencia del Tribunal General de 19 de octubre de 2011 — Francia/Comisión ( «No ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento de Estado — Multa coercitiva — Adopción de determinadas medidas por el Estado miembro — Requerimiento de pago — Competencia de la Comisión — Competencia del Tribunal General» )

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/27

         Sentencia del Tribunal General de 19 de octubre de 2011 — Francia/Comisión
   (Asunto T-139/06) (1)

   (No ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento de Estado - Multa coercitiva - Adopción de determinadas medidas por el Estado miembro - Requerimiento de pago - Competencia de la Comisión - Competencia del Tribunal General)
   2011/C 347/39
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: República Francesa (representantes: inicialmente E. Belliard, G. de Bergues y S. Gasri, posteriormente E. Belliard, G. de Bergues y B. Cabouat, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: T. van Rijn, K. Banks y F. Clotuche-Duvieusart, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: S. Behzadi-Spencer, T. Harris y C. Murrell, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Decisión C(2006) 659 final de la Comisión, de 1 de marzo de 2006, por la que dicha institución requirió el pago de la multa coercitiva impuesta mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia (C-304/02, Rec. p. I-6263).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La República Francesa cargará con sus propias costas y con las costas de la Comisión Europea.

               3)

               El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 165, de 15.7.2006.


title: Asunto C-268/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de abril de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por la Labour Court — Irlanda) — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport ( Directiva 1999/70/CE — Cláusulas 4 y 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada — Empleos de duración determinada en la administración pública — Condiciones de trabajo — Retribución y pensiones — Renovación de contratos de duración determinada por un período de hasta ocho años — Autonomía procesal — Efecto directo )

text:
               7.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de abril de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por la Labour Court — Irlanda) — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport
   (Asunto C-268/06) (1)

   («Directiva 1999/70/CE - Cláusulas 4 y 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada - Empleos de duración determinada en la administración pública - Condiciones de trabajo - Retribución y pensiones - Renovación de contratos de duración determinada por un período de hasta ocho años - Autonomía procesal - Efecto directo»)
   (2008/C 142/05)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Labour Court
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Impact

      Demandadas: Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Labour Court (Irlanda) — Interpretación de las cláusulas 4, apartado 1, (principio de no discriminación) y 5, apartado 1, (medidas para evitar el abuso en la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada) del anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43) — Recurso en el que se invoca el efecto directo de dichas disposiciones — Incompetencia del órgano jurisdiccional nacional con arreglo al Derecho interno — Competencia en virtud del Derecho comunitario, especialmente en virtud de los principios de equivalencia y de efectividad.
   Fallo

               1)

               El Derecho comunitario, en particular el principio de efectividad, exige que un tribunal especializado, que, en el marco de la competencia que le ha sido conferida, aunque sólo sea con carácter facultativo, por la normativa de adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, conozca de una demanda basada en la violación de dicha normativa, se declare competente para conocer también de las pretensiones del demandante basadas directamente en la propia Directiva para el período comprendido entre la fecha de expiración del plazo de adaptación a dicha Directiva y la fecha de entrada en vigor de aquella normativa, si se comprueba que la obligación del demandante de someter paralelamente ante un tribunal ordinario una demanda distinta basada directamente en dicha Directiva entraña inconvenientes procesales que pueden hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico comunitario. Incumbe al órgano jurisdiccional realizar las comprobaciones necesarias a tal fin.

               2)

               La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como anexo de la Directiva 1999/70, es incondicional y lo suficientemente precisa para que un particular pueda invocarla ante un tribunal nacional, lo que, en cambio, no sucede en el caso de la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco.

               3)

               Los artículos 10 CE y 249 CE, párrafo tercero, y la Directiva 1999/70 deben interpretarse en el sentido de que una autoridad de un Estado miembro que actúe como empleador público no está autorizada a adoptar medidas, contrarias al objetivo perseguido por dicha Directiva y el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada respecto a la prevención de la utilización abusiva de contratos de duración determinada, que consisten en renovar tales contratos por una duración anormalmente larga en el período comprendido entre la fecha en que expira el plazo de adaptación a dicha Directiva y la de entrada en vigor de la Ley mediante la que se lleva a cabo dicha adaptación.

               4)

               En la medida en que el Derecho nacional aplicable contenga una norma que excluya la aplicación retroactiva de una ley a falta de indicación clara e inequívoca en sentido contrario, un tribunal nacional ante el que se ha interpuesto una demanda basada en la violación de una disposición de la Ley nacional por la que se adapta el Derecho interno a la Directiva 1999/70 sólo está obligado, en virtud del Derecho comunitario, a conferir a dicha disposición un efecto retroactivo a la fecha de expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a dicha Directiva si existe, en ese Derecho interno, una indicación de esta naturaleza, que permita conferir a esta disposición tal efecto retroactivo.

               5)

               La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que las condiciones de trabajo a las que se refiere dicha disposición incluyen las condiciones relativas a la retribución y a las pensiones que dependen de la relación de trabajo, con exclusión de las condiciones relativas a las pensiones que se derivan de un régimen legal de seguridad social.

      (1)  DO C 212 de 2.9.2006.


title: Asunto T-671/11: Sentencia del Tribunal General de 10 de abril de 2013 — IPK International/Comisión ( «Ayuda para la financiación de un proyecto de turismo ecológico — Reembolso de los importes recuperados — Decisión adoptada a raíz de la anulación por el Tribunal General de una decisión anterior relativa a la supresión de la ayuda — Intereses compensatorios — Intereses de demora — Cálculo» )

text:
               25.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 147/18

         Sentencia del Tribunal General de 10 de abril de 2013 — IPK International/Comisión
   (Asunto T-671/11) (1)

   (Ayuda para la financiación de un proyecto de turismo ecológico - Reembolso de los importes recuperados - Decisión adoptada a raíz de la anulación por el Tribunal General de una decisión anterior relativa a la supresión de la ayuda - Intereses compensatorios - Intereses de demora - Cálculo)
   2013/C 147/32
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Múnich, Alemania) (representante: C. Pitschas, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: F. Dintilhac, G. Wilms y G. Zavvos, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación parcial de la Decisión de la Comisión de 14 de octubre de 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa — entre.r.l(2011)1183091] por la que abonó a la demandante un importe total de 720 579,90 euros, incluidos 158 618,27 euros en concepto de intereses compensatorios.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión de la Comisión de 14 de octubre de 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa — entre.r.l(2011)1183091] en la medida en que el importe recogido en la misma de los intereses que deben abonarse a IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH se limita a 158 618,27 euros.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión Europea.

      (1)  DO C 65, de 3.3.2012.