title: Asunto C-196/11 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de abril de 2011 por Formula One Licensing BV contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 17 de febrero de 2011 en el asunto T-10/09, Formula One Licensing BV/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Global Sports Media Ltd

text:
               18.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/13

         Recurso de casación interpuesto el 27 de abril de 2011 por Formula One Licensing BV contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 17 de febrero de 2011 en el asunto T-10/09, Formula One Licensing BV/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Global Sports Media Ltd
   (Asunto C-196/11 P)
   2011/C 179/25
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Formula One Licensing BV (representantes: K. Sandberg y B. Klingberg, abogadas)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Global Sports Media Ltd

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia recurrida.

               —

               Estime la solicitud de la recurrente de que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 16 de octubre de 2008 en el asunto R 7/2008-1 o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que resuelva.

               —

               Condene a la OAMI y a la parte coadyuvante a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente, tanto en primera instancia como en casación.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente alega la infracción del Derecho de la Unión, a saber, la aplicación errónea del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento no 40/94 (1) (actualmente Reglamento no 207/09). En apoyo de su recurso, formula las siguientes alegaciones:

               1)

               El Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 en la medida en que:

                           1.1)

                           El Tribunal General incurrió en error de Derecho al apreciar el carácter distintivo de la designación «F 1». En primer lugar, el Tribunal General vulneró la regla establecida por la jurisprudencia reiterada según la cual el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación con los productos y servicios concretos que la marca designa. En segundo lugar, las respectivas conclusiones se basaban en una desnaturalización de los hechos. En tercer lugar, no aplicó la regla sentada por la jurisprudencia reiterada que considera que la adquisición del carácter distintivo de una marca pude resultar de su uso como parte de otra marca registrada. En cuarto lugar, las conclusiones del Tribunal General a este respecto llevaron a una anulación de facto inadmisible de la marcas registradas «F 1» de la recurrente en una tipografía ordinaria.

                           1.2)

                           El Tribunal General incurrió en error de Derecho al apreciar el riesgo de confusión al que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 en relación tanto por lo que se refiere a las marcas «F 1» de la oponente en una tipografía ordinaria como al logotipo «F1 Formula 1». En primer lugar, el Tribunal General no tomó en consideración el factor relevante de la existencia de una identidad o de una gran similitud entre los productos y servicios a pesar de su propia conclusión de que existía cierto grado de similitud entre los signos. En segundo lugar, se concentró en el factor relativo al carácter distintivo del término «F 1» excluyendo otros factores relevantes confirmados por la jurisprudencia reiterada. En tercer lugar, no apreció la similitud de los signos con arreglo al grado de semejanza entre ellos.

               2)

               El Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 en la medida en que:

                           2.1)

                           El Tribunal General excluyó erróneamente el renombre de la marca de la recurrente «F 1» en una tipografía ordinaria.

                           2.2)

                           Además, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al examinar la similitud entre los signos con respecto al logotipo «F1 Fomula 1» de la marca de la oponente en la medida en que consideró equivocadamente que el término «F 1» carecía de carácter distintivo.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).


title: Asunto F-39/08: Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2008 — Lebedef/Comisión

text:
               21.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 158/27

         Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2008 — Lebedef/Comisión
   (Asunto F-39/08)
   (2008/C 158/49)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburgo) (representante: F. Frabetti, avocat)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Objeto y descripción del litigio
   Anulación de varias decisiones relativas a la deducción de 32 días de los derechos de vacaciones del demandante durante el año 2007.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Anular las decisiones de 29.5.2007, 20.6.2007, 28.6.2007, 6.7.2007 así como dos decisiones de 26.7.2007 y la decisión de 2.8.2007, relativas a la deducción de 32 días de los derechos de vacaciones del demandante durante el año 2007.

               —

               Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.


title: Asunto T-50/06: Recurso interpuesto el  17 de febrero de 2006  — Irlanda/Comisión

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/40

         Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2006 — Irlanda/Comisión
   (Asunto T-50/06)
   (2006/C 86/79)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Irlanda (representantes: D. O'Hagan, agente, P. McGarry, Barrister)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule, total o parcialmente, conforme al artículo 230 del Tratado, la Decisión C[2005] 4436 final de la Comisión, de 7 de diciembre, en la medida en que se refiere a la exención del impuesto especial aplicable a los hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina en la región de Shannon aplicada por Irlanda.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   En 1970, se contrajo un compromiso con los promotores de Aughinish respecto de determinadas exenciones de impuestos de aduana sobre los hidrocarburos destinados a ser utilizados en la producción de alúmina en la entonces proyectada planta de Shannon, Irlanda. En 1983, la planta de Aughinish entró en funcionamiento y las autoridades irlandesas notificaron a la Comisión que tenían la intención de cumplir los compromisos relativos a la exención del impuesto especial. La demandante afirma que, además, la exención fue autorizada en virtud de ulteriores decisiones del Consejo. (1) En el año 2000, la Comisión planteó la cuestión de la ayuda estatal, que derivó en una investigación formal y, finalmente, en la adopción de la Decisión impugnada.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que la Comisión comete un error de Derecho al afirmar que la ayuda de que se trata es una nueva ayuda, y no una ayuda existente.
   Según la demandante, incluso aunque la ayuda constituyera una nueva ayuda y hubiera debido notificarse en el momento de su aplicación en 1983, la Comisión acepta que se notificó en ese momento. La falta de toma de decisiones por parte de la Comisión en los plazos previstos por ella misma, convirtieron la ayuda controvertida en ayuda existente. Con carácter subsidiario, la Comisión consideró la ayuda como ayuda existente en todo momento, y la inequívoca declaración que realizó en 1992 lo confirma.
   Además, en virtud del artículo 15, en relación con el artículo 1, letra b), inciso iv), del Reglamento 659/1999, (2) como la ayuda ha estado en vigor durante más de diez años y el plazo de prescripción previsto en dicho Reglamento ha expirado, la ayuda se ha transformado en ayuda existente y los acciones iniciadas por la Comisión respecto de la supervisión de la misma están viciadas.
   Respecto de su primer motivo, la demandante afirma también que la ayuda fue objeto de compromisos jurídicamente vinculantes contraídos por las autoridades irlandesas antes de la adhesión en 1973. Según la demandante, la ayuda debería haberse considerado como ayuda existente por esta sola razón.
   Como motivo adicional, la demandante alega que la Decisión vulnera el principio de seguridad jurídica en la medida en que se opone a la Decisión unánime del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión. La Decisión también se opone frontalmente a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, de la Directiva 92/81/CEE (3) relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre hidrocarburos, que exigía a la Comisión presentar al Consejo, para su aprobación unánime, una propuesta respecto de las distorsiones de la competencia o la incompatibilidad con el mercado interior.
   Además, afirma que la Comisión vulneró, al menos en lo que respecta al beneficiario de la medida de ayuda, el principio de la confianza legítima, ya que el Consejo había autorizado expresamente la excepción hasta el 31 de diciembre de 2006.
   Para terminar, Irlanda alega que la Comisión ha infringido una norma jurídica fundamental y ha incurrido en desviación de poder a causa de su conducta, en la que se incluye el retraso en adoptar la Decisión impugnada, habida cuenta, en especial, que se le notificó por primera vez la ayuda controvertida en 1983. Además, la Comisión incumplió los procedimientos previstos en la Directiva 92/81/CEE, y realizó declaraciones públicas respecto de la compatibilidad del régimen de ayudas de que se trata. En consecuencia, por razón de su actuación, la Comisión ha quedado en todo caso privada de la posibilidad de exigir la recuperación de la ayuda.

      (1)  92/510/CEE: Decisión del Consejo de 19 de octubre de 1992, por la que se autoriza a los Estados miembros a seguir aplicando, a determinados hidrocarburos utilizados para fines específicos los tipos reducidos existentes del impuesto especial o exenciones del mismo, con arreglo al procedimiento del apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE (DO L 316, p. 16) y otras decisiones ulteriores.

      (2)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).

      (3)  Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre hidrocarburos (DO L 316, p. 12).


title: Sentencia del Tribunal, de 31 de marzo de 2016, en el caso E-4/15, Asociación Islandesa de Servicios Financieros/Órgano de Vigilancia de la AELC (Recurso de anulación de una Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC — Ayuda estatal — Admisibilidad — Legitimación activa — Estatuto de asociación)

text:
               2.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 33/6

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 31 de marzo de 2016
   en el caso E-4/15,
   Asociación Islandesa de Servicios Financieros/Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Recurso de anulación de una Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC — Ayuda estatal — Admisibilidad — Legitimación activa — Estatuto de asociación)
   (2017/C 33/05)
   En el caso E-4/15: Asociación Islandesa de Servicios Financieros/Órgano de Vigilancia de la AELC — SOLICITUD de anulación de la Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 298/14/COL, de 16 de julio de 2014, notificada en el DO C 400 de 13.11.2014, p. 13 y en el Suplemento EEE n.o 66, 13.11.2014, p. 1 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), a fin de archivar el expediente relativo a las ayudas existentes para el Fondo Islandés de Financiación de la Vivienda (Íbúðalánasjóður), el Tribunal, integrado por: Carl Baudenbacher, Presidente y Juez Ponente, y Per Christiansen y Páll Hreinsson, Jueces, dictó un auto de 31 de marzo de 2016, cuyo fallo es el siguiente:

               1.

               Declarar que la solicitud es inadmisible.

               2.

               La Asociación Islandesa de Servicios Financieros se hará cargo de sus propias costas y de las costas en que haya incurrido el Órgano de Vigilancia de la AELC.

               3.

               El Gobierno de Islandia deberá hacerse cargo de sus propias costas.


title: Asunto T-344/07: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2007 — O2 (Germany)/OAMI (Homezone)

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/60

         Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2007 — O2 (Germany)/OAMI (Homezone)
   (Asunto T-344/07)
   (2007/C 269/108)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Munich, Alemania) (representantes: A. Fottner y M. Müller, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 5 de julio de 2007 (asunto R 1583/2006-4), en la medida en que desestima el recurso.

               —

               Que se condene a la OAMI al pago de las costas de esta instancia y de las ocasionadas en el procedimiento ante la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «Homezone» para productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 (Solicitud no 4 677 506)

      Resolución del examinador: Denegación parcial del registro solicitado

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 3, del Reglamento (CE) no 40/94 (1).

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto F-29/10: Auto del Tribunal de la Función Pública de 21 de diciembre de 2010 — Lorenzo/Comité Económico y Social Europeo

text:
               12.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/16

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 21 de diciembre de 2010 — Lorenzo/Comité Económico y Social Europeo
   (Asunto F-29/10) (1)

   2011/C 46/30
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 179, de 3.7.2010, p. 59.


title: Asunto C-265/13: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social n o  2 de Terrassa (España) el 15 de mayo de 2013 — Emiliano Torralbo Marcos/Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial

text:
               20.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 207/29

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (España) el 15 de mayo de 2013 — Emiliano Torralbo Marcos/Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial
   (Asunto C-265/13)
   2013/C 207/47
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Emiliano Torralbo Marcos

      Demandadas: Korota S.A. y Fondo de Garantía Salarial

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se oponen los artículos 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 y 8.2 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (1) en cuanto no permiten al órgano jurisdiccional interno la posibilidad: a) de modulación de las tasas judiciales o de apreciación de razones de proporcionalidad (en la justificación del Estado en imponer las tasas y en la cuantía establecida de las mismas como obstáculo de acceso a la tutela judicial efectiva) para su exención; b) de tener en cuenta el principio de efectividad de aplicación de normas del Derecho de la Unión; c) de apreciar la importancia del proceso para las partes atendidas las circunstancias; y sin cuyo abono no se da trámite al recurso de suplicación presentado?

               2)

               ¿Se oponen los artículos 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 y 8.2 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ala artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en cuanto es de aplicación a un procedimiento especial como es el ámbito social de la jurisdicción, dónde es habitual la aplicación del Derecho de la Unión, como elemento fundamental de un desarrollo económico y social equilibrado en la Comunidad?

               3)

               Y en el sentido de las cuestiones anteriores ¿Podría un órgano jurisdiccional como el que remite la cuestión inaplicar una normativa como la cuestionada que no permitiera al órgano jurisdiccional interno la posibilidad: a) de modulación de las tasas judiciales o de apreciación de razones de proporcionalidad (en la justificación del Estado en imponer las tasas y en la cuantía establecida de las mismas como obstáculo de acceso a la tutela judicial efectiva) para su exención; b) de tener en cuenta el principio de efectividad de aplicación de normas del Derecho de la Unión; c) de apreciar la importancia del proceso para las partes atendidas las circunstancias; y sin cuyo abono no se da trámite al recurso de suplicación presentado?

      (1)  DO 2000, C 364, p. 1


title: Asunto T-118/12: Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2012 — ANKO/Comisión

text:
               12.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/19

         Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2012 — ANKO/Comisión
   (Asunto T-118/12)
   2012/C 138/36
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atenas) (representante: V. Christianos, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare que la Comisión ha incumplido sus obligaciones contractuales, al no haber abonado a la demandante la parte restante de la financiación por el contrato de la obra «PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)», que asciende a 6 752,74 euros.

               —

               Obligue a la Comisión a pagar a la demandante la cantidad de 6 752,74 euros, por los gastos en los que incurrió la demandante durante la cuarta fase de referencia de la obra PERSONA, junto con el interés previsto en la cláusula II.28, apartado 7, del anexo II del contrato principal, a partir de la comunicación del presente recurso.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso tiene por objeto la responsabilidad de la Comisión derivada del contrato no045 459 para la ejecución de la obra «PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)», con arreglo al artículo 272 TFUE.
   En particular, la demandante sostiene que, pese a que cumplió por completo y debidamente sus obligaciones contractuales, la Comisión, sin estar facultada para ello y vulnerando los contratos antedichos y el principio de buena fe, suspendió los pagos a ANKO. En consecuencia, ANKO sostiene que la Comisión debe abonarle la cantidad de 6 752,74 euros, junto con el interés previsto en la cláusula II.28, apartado 7, del anexo II del contrato principal.


title: Asunto C-315/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de noviembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Monselice — Italia) — Lidl Italia Srl/Comune di Arcole (VR) (Directiva 2000/13/CE — Etiquetado de los productos alimenticios destinados a ser entregados, sin ulterior transformación, al consumidor final — Alcance de las obligaciones derivadas de los artículos 2, 3 y 12 — Indicación obligatoria del grado alcohólico volumétrico para determinadas bebidas alcohólicas — Bebida alcohólica elaborada en un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el distribuidor — Amaro alle erbe — Grado alcohólico volumétrico real inferior al indicado en la etiqueta — Superación del margen de tolerancia — Multa de carácter administrativo — Responsabilidad del distribuidor)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de noviembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Monselice — Italia) — Lidl Italia Srl/Comune di Arcole (VR)
   (Asunto C-315/05) (1)

   (Directiva 2000/13/CE - Etiquetado de los productos alimenticios destinados a ser entregados, sin ulterior transformación, al consumidor final - Alcance de las obligaciones derivadas de los artículos 2, 3 y 12 - Indicación obligatoria del grado alcohólico volumétrico para determinadas bebidas alcohólicas - Bebida alcohólica elaborada en un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el distribuidor - «Amaro alle erbe» - Grado alcohólico volumétrico real inferior al indicado en la etiqueta - Superación del margen de tolerancia - Multa de carácter administrativo - Responsabilidad del distribuidor)
   (2006/C 331/23)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Giudice di pace di Monselice
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Lidl Italia Srl

      Demandada: Comune di Arcole (VR)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Giudice di pace di Monselice (Italia) — Interpretación de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO L 129, p. 29) — Alcance de las obligaciones derivadas de los artículos 2, 3 y 12 de la Directiva — Bebida alcohólica producida y embotellada en otro Estado miembro que tiene una graduación alcohólica inferior a la que figura en la etiqueta — «Amaro alle erbe»
   Fallo
   Los artículos 2, 3 y 12 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la que se discute en el litigio principal, que establece la posibilidad de que un comerciante, establecido en ese Estado miembro, que distribuye una bebida alcohólica destinada a ser entregada, sin ulterior transformación, en el sentido del artículo 1 de dicha Directiva, y elaborada por un fabricante establecido en otro Estado miembro puede ser obligado a asumir la responsabilidad por una infracción de la referida normativa, denunciada por una autoridad pública y consistente en una inexactitud del grado alcohólico volumétrico indicado por el fabricante en la etiqueta del mencionado producto, y, en consecuencia, ser sancionado con una multa de carácter administrativo, aunque se limite, en su condición de mero distribuidor, a comercializar ese producto tal como le ha sido entregado por el fabricante.

      (1)  DO C 281, de 12.11.2005.


title: Asunto C-560/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšším soudem České republiky (República Checa) el 4 de noviembre de 2016 — Michael Dědouch y otros/Jihočeská plynárenská, a.s., a E.ON Czech Holding AG

text:
               23.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšším soudem České republiky (República Checa) el 4 de noviembre de 2016 — Michael Dědouch y otros/Jihočeská plynárenská, a.s., a E.ON Czech Holding AG
   (Asunto C-560/16)
   (2017/C 022/17)
   Lengua de procedimiento: checo

      Órgano jurisdiccional remitente

   Nejvyšší soud České republiky

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

      Demandada: Jihočeská plynárenská, a.s.; E.ON Czech Holding AG

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 44/2001, (1) de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I») en el sentido de que se aplica también al procedimiento de revisión del carácter equitativo de la compensación que el accionista mayoritario debe abonar a los titulares de las acciones cedidas, y que corresponde al valor representativo de las mismas, en un supuesto en el que se produce la cesión forzosa de dichas acciones al accionista mayoritario («squeeze out») en virtud de un acuerdo adoptado por la junta general de la sociedad anónima, el cual también fija el importe de la compensación equitativa que posteriormente fue objeto de modificación mediante una resolución judicial que es vinculante para el accionista mayoritario y la sociedad, con respecto a la base del importe, así como para los demás accionistas?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento Bruselas I en el sentido de que se aplica también al procedimiento de revisión del carácter equitativo de la compensación que se describe en la cuestión anterior?

               3)

               En caso de respuesta negativa a las dos cuestiones anteriores, ¿debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento Bruselas I en el sentido de que se aplica también al procedimiento de revisión del carácter equitativo de la compensación que se describe en la primera cuestión?

      (1)  DO 2001, L 12, p. 1.


title: Asunto T-207/07: Recurso interpuesto el 7 de junio de 2007 — Eurallumina/Comisión

text:
               4.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/36

         Recurso interpuesto el 7 de junio de 2007 — Eurallumina/Comisión
   (Asunto T-207/07)
   (2007/C 183/71)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (representantes: L. Martin Alegi, R. Denton y E. Cormack, Solicitors)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               O bien:

                           —

                           Que se anule en su totalidad la Decisión impugnada, o:

                           —

                           Que se declare conforme a Derecho hasta el 31 de diciembre de 2006 la exención autorizada mediante la Decisión 2001/224/CE del Consejo y que no se considerarán ayudas de Estado indebidamente concedidas ninguna de las cantidades a las que renunció el Estado italiano o, por lo menos, que tales cantidades no habrán de reembolsarse, o:

                           —

                           Que se anule en su totalidad la Decisión impugnada y que se resuelva que la exención autorizada mediante la Decisión 2001/224/CEE del Consejo fue conforme a Derecho hasta el 31 de diciembre de 2006 y que no se considerarán ayudas de Estado indebidamente concedidas ninguna de las cantidades a las que renunció el Estado italiano o, por lo menos, que tales cantidades no habrán de reembolsarse, o:

                           —

                           Que se resuelva que deberá reembolsarse un máximo de 3 euros por tonelada.

               —

               O bien:

                           —

                           Que se anulen los artículos 1, 4, 5 y 6 de la Decisión impugnada, en la medida en que afectan a Eurallumina, o:

                           —

                           Que se resuelva que la exención autorizada mediante la Decisión 2001/224/CEE del Consejo fue conforme a Derecho hasta el 31 de diciembre de 2006 y que no se considerarán ayudas de Estado contrarias a Derecho ninguna de las cantidades a las que renunció el Estado italiano o, por lo menos que dichas cantidades no deberán reembolsarse, o:

                           —

                           Que se anulen los artículos 1, 4, 5 y 6 de la Decisión impugnada, en la medida en que atañen a Eurallumina y que se resuelva que la exención autorizada por la Decisión 2001/224/CEE del Consejo fue conforme a Derecho, hasta el 31 de diciembre de 2006 y que no se considerarán como ayudas de Estado ilegales ninguna de las cantidades a las que renunció el Estado italiano o, por lo menos, que no deberán reembolsarse tales cantidades, o:

                           —

                           Que se resuelva que deberá reembolsarse un máximo de 3 euros por tonelada.

                           —

                           Con carácter subsidiario, que se modifiquen los artículos 5 y 6 de la Decisión impugnada, en la medida en que afectan a Eurallumina, con el fin de que, de conformidad con la exención, hasta el 31 de diciembre de 2006, no tenga que reembolsarse ninguna de las cantidades a las que renunció el Estado italiano, y:

                           —

                           Que se condene a la Comisión al pago de todas las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita la anulación de la Decisión C(2007) 286 final de 7 de febrero de 2007, en la cual la Comisión declaró que las exenciones del impuesto especial concedidas por Francia, Irlanda e Italia a los hidrocarburos utilizados en la producción de alúmina a partir del 1 de enero de 2004 constituían ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, y que una parte de tal ayuda era incompatible con el mercado común.
   En apoyo de su recurso, la demandante afirma que el mantenimiento de la exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos utilizados como combustible en la producción de alúmina en Cerdeña incluso después de la entrada en vigor de la Directiva 2003/96/CE (1) del Consejo, el 1 de enero de 2004, no constituye una ayuda de Estado, en la medida en que el artículo 18, apartado 1, de la Directiva y su anexo II señalan expresamente que dichas exenciones, que fueron aprobadas mediante la Decisión 2001/224/CE del Consejo (2) siguieron en vigor hasta el 31 de diciembre de 2006. De esta forma, según la demandante, la Directiva 2003/96/CE revalida expresamente la exención concreta del impuesto especial concedida a la demandante hasta el 31 de diciembre de 2006.
   Además, la demandante señala que, aun cuando la exención aprobada mediante la Decisión 2001/224/CE del Consejo, es, a primera vista, una medida selectiva, ésta se halla justificada por la «naturaleza conjunta y lógica» tanto de las normas comunitarias como del sistema tributario italiano y, por tanto, no constituye una ayuda de Estado.
   Además, la demandante afirma que, aun cuando la exención aprobada mediante la Decisión 2001/224/CE se considerase una ayuda de Estado, puede aplicársele una excepción o la prohibición establecida en el artículo 87 CE, apartado 1, según las Directrices comunitarias sobre el medio ambiente (3).
   Para terminar, la demandante afirma que la Comisión vulneró los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, presunción de validez, lex specialis, efecto útil y buena administración al señalar que la aplicación de la exención del impuesto especial a los hidrocarburos utilizados para la producción de alúmina en Cerdeña, entre otros lugares, era una ayuda de Estado recuperable a partir del 1 de enero de 2004, ya que la demandante podía confiar fundadamente en que la exención aprobada mediante la Decisión 2001/224/CE del Consejo hasta el 31 de diciembre de 2006 era una norma comunitaria plenamente válida y que cualquier medida adoptada por las autoridades italianas y la demandante para ejecutar las Decisiones y fundamentarse en ellas no habría de conducir a un resultado contrario a Derecho.

      (1)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO 2003, L 283, p. 51).

      (2)  Decisión 2001/224/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, relativa a los tipos reducidos y a las exenciones del impuesto especial aplicable a determinados hidrocarburos utilizados con fines específicos (DO 2001, L 84, p. 23).

      (3)  Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (DO 2001, C 37, p. 3), en particular, apartado 51, apartado 1, letras a) y b).


title: Asunto C-175/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München (Alemania) el 13 de abril de 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg

text:
               30.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 194/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München (Alemania) el 13 de abril de 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg
   (Asunto C-175/12)
   2012/C 194/17
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht München

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sandler AG

      Demandada: Hauptzollamt Regensburg

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 889, apartado 1, párrafo primero, segundo guión, del RACAC (1) en el sentido de que únicamente regula el supuesto de una solicitud de devolución en que inicialmente la mercancía hubiera sido despachada a libre práctica en aplicación del tipo de derecho del tercer país y sólo posteriormente se constata que en realidad en el momento de admitir la declaración en aduana seguía en vigor el derecho reducido o nulo (aquí: tipo de derecho preferencial), que, sin embargo, ya había expirado en el momento de presentar la solicitud de devolución, con la consecuencia de que no se pueda oponer a un interesado la expiración de un régimen preferencial limitado en el tiempo con motivo de la presentación de una solicitud de devolución si con ocasión del despacho se hubiera concedido el tipo de derecho preferencial y sólo en el marco de una recaudación a posteriori por la administración se hubiera denegado la preferencia y aplicado el tipo de derecho del tercer país?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 16, apartado 1, letra b), y el artículo 32 del Protocolo no 1 del Anexo V del Acuerdo de Cotonú (2) en el sentido de que, cuando el Estado de exportación ha provisto un certificado de circulación de mercancías EUR.1 con un sello distinto al modelo comunicado a la Comisión, en caso de duda, las autoridades aduaneras del Estado de importación deben tratar dicha anomalía como defecto técnico en el sentido del artículo 16, apartado 1, letra b), del Protocolo no 1 del Anexo V del Acuerdo de Cotonú, de modo que puedan declarar la nulidad del certificado de circulación de mercancías EUR.1 sin intervención de las autoridades aduaneras del Estado de exportación?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:

                           a)

                           ¿Debe aplicarse el artículo 16, apartado 1, letra b), del Protocolo no 1 del Anexo V del Acuerdo de Cotonú aún cuando el defecto técnico no se descubre inmediatamente con ocasión de la importación, sino en una comprobación a posteriori de la autoridad aduanera?

                           b)

                           ¿Puede interpretarse el artículo 16, apartados 4 y 5, del Protocolo no 1 del Anexo V del Acuerdo de Cotonú en el sentido de que se tiene por subsanado un defecto técnico cuando en un certificado de circulación de mercancías EUR.1 expedido a posteriori en la casilla «Observaciones» no se hace constar literalmente ninguna de las indicaciones previstas en el artículo 16, apartado 4, del Protocolo no 1 del Anexo V del Acuerdo de Cotonú, sino únicamente una expresión que, en definitiva, revela que el certificado preferencial ha sido expedido a posteriori?

               4)

               En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:
               En el caso de que los certificados de circulación de mercancías EUR.1 inicialmente utilizados no pudieran ser anulados por la autoridad aduanera del país de importación sin la intervención de las autoridades aduaneras del país de exportación, ¿debe interpretarse el artículo 236, apartado 1, del CAC en el sentido de que los derechos de importación no eran legalmente debidos y, por tanto, fueron recaudados a posteriori de forma injusta al amparo del artículo 220, apartado 1, del CAC?

               5)

               ¿También en el caso de que se aporte posteriormente un certificado de circulación de mercancías EUR.1 expedido a posteriori con arreglo al artículo 16 del Protocolo no 1 del Anexo V del Acuerdo de Cotonú, la devolución de derechos de importación recaudados a posteriori y ya satisfechos, en virtud del artículo 889 del RACAC, únicamente sería admisible si el tipo de derecho preferencial aún fuera aplicable en el momento de presentación de la solicitud de devolución?

      (1)  Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1), en su versión modificada del Reglamento (CE) no 214/2007 de la Comisión, de 28 de febrero de 2007, que modifica el Reglamento (CEE) no 2454 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario (DO L 62, p. 6).

      (2)  2000/483/CE: Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (DO L 317, p. 3).


title: Asunto T-73/14: Auto del Tribunal General de 12 de mayo de 2015 — Red Bull/OAMI — Automobili Lamborghini (Representación de dos toros) («Marca comunitaria — Solicitud de caducidad — Retirada del registro — Sobreseimiento»)

text:
               6.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/17

         Auto del Tribunal General de 12 de mayo de 2015 — Red Bull/OAMI — Automobili Lamborghini (Representación de dos toros)
   (Asunto T-73/14) (1)

   ((«Marca comunitaria - Solicitud de caducidad - Retirada del registro - Sobreseimiento»))
   (2015/C 221/23)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (representantes: inicialmente A. Renk, V. von Bomhard y J. Fuhrmann, abogados, e I. Fowler, Solicitor, posteriormente A. Renk e I. Fowler)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Walicka, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Automobili Lamborghini SpA (Sant’Agata Bolognese, Italia) (representante: M. Hartmann, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución del Primera Sala de Recurso de la OAMI de 14 de noviembre de 2013 (asunto R 1263/2012-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Automobili Lamborghini SpA y Red Bull GmbH.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar a la demandante y a la coadyuvante a cargar cada una con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido la parte demandada.

      (1)  DO C 102, de 7.4.2014.


title: Asunto C-59/06 P: Recurso de casación interpuesto el  3 de febrero de 2006  por Luigi Marcuccio contra la sentencia dictada el  24 de Noviembre de 2005  por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-236/02, Luigi Marcuccio contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               22.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/4

         Recurso de casación interpuesto el 3 de febrero de 2006 por Luigi Marcuccio contra la sentencia dictada el 24 de Noviembre de 2005 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-236/02, Luigi Marcuccio contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-59/06 P)
   (2006/C 96/06)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 3 de febrero de 2006 un recurso de casación formulado por Luigi Marcuccio, representado por el Sr. L. Garofalo, abogado, contra la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2005 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-236/02, Luigi Marcuccio contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
   Anule la sentencia recurrida y estime sus demás pretensiones.
   Motivos y principales alegaciones
   La parte recurrente sostiene que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia adolece de:

               1)

               Desnaturalización y tergiversación de los hechos y de las afirmaciones realizadas por el recurrente en sus escritos, como consecuencia de la inexactitud material de las comprobaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia.

               2)

               No resolución de diversos puntos fundamentales del asunto de quo.

               3)

                  Errore in procedendo de tal gravedad que perjudica irremediablemente los intereses del recurrente.

               4)

               Falta absoluta de motivación acerca de diferentes puntos decisivos del asunto de quo, por falta de instrucción, confusión, contradicción, insuficiencia, falta de racionalidad, tautología, arbitrariedad, falta de convicción y de lógica, tanto primarias como derivadas, de las razones presuntamente aducidas a tal fin.

               5)

               Interpretación y aplicación erróneas y falsas del artículo 26, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

               6)

               Interpretación y aplicación erróneas y falsas del concepto de derecho de defensa y desconocimiento no motivado e ilógico de la jurisprudencia correspondiente.

               7)

               Interpretación y aplicación erróneas y falsas del concepto de motivación, y desconocimiento no motivado e ilógico de la jurisprudencia correspondiente.

               8)

               Interpretación y aplicación erróneas y falsas del concepto de contrarictoriedad de la motivación.

               9)

               Interpretación y aplicación erróneas y falsas del concepto de impugnabilidad de los actos de trámite.

               10)

               Interpretación y aplicación erróneas y falsas del concepto de dictamen.

               11)

               Interpretación y aplicación erróneas y falsas del concepto de modificación de una decisión ya adoptada.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de septiembre de 2002 en el asunto T-92/01: Marie-Claude Girardot contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Selección — Selección de agentes temporales — No inclusión en la lista de reserva — Composición del Comité de selección — Igualdad de trato)

text:
C 305/22                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          7.12.2002
(agentes: Sres. J. Currall y D. Waelbroeck), que tiene por objeto,        1)     Anular la decisión del Comité de selección, contenida en un
de un lado, un recurso de anulación de la decisión de la                         escrito de 13 de julio de 2000, de no incluir a la demandante
Comisión, de 19 de junio de 2000, por la que se descendió al                     en la lista de reserva resultante del procedimiento de selección
demandante del grado A 3 al grado A 6, y, de otro lado, una                      COM/R/A/01/1999.
pretensión de reparación del perjuicio supuestamente sufrido
por el demandante debido a esta decisión, el Tribunal de                  2)     Condenar en costas a la Comisión.
Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el
Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y por los Sres. J. Pirrung y
A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 11 de         (1 ) DO C 186 de 30.6.2001.
septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Se anula la decisión de la Comisión de 19 de junio de 2000,
      por la que se descendió al demandante del grado A 3 al
      grado A 6.
2)    Se condena a la Comisión a pagar al demandante la cantidad
      de un euro en concepto de reparación del perjuicio moral sufrido
                                                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      por éste.
3)    Se condena en costas a la Comisión.                                                    de 24 de septiembre de 2002
( 1) DO C 227 de 11.8.2001.                                               en el asunto T-102/01: Orlando Pérez-Díaz contra Comi-
                                                                                sión de las Comunidades europeas (1)
                                                                          («Funcionarios — Selección — Selección de agentes tempora-
                                                                          les — No inclusión en la lista de reserva — Competencias
                                                                               lingüísticas de los miembros del Comité de selección»)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (2002/C 305/48)
                  de 24 de septiembre de 2002
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
en el asunto T-92/01: Marie-Claude Girardot contra Comi-
             sión de las Comunidades Europeas ( 1)
                                                                          En el asunto T-102/01, Orlando Pérez-Díaz, con domicilio en
(Funcionarios — Selección — Selección de agentes tempora-                 Bruselas, representado por Me M.-A. Lucas, abogado, contra
les — No inclusión en la lista de reserva — Composición del               Comisión de las Comunidades europeas (agentes: Sras. F. Clo-
           Comité de selección — Igualdad de trato)                       tuche-Duvieusart y H. Tserepa-Lacombe), que tiene por objeto
                                                                          la anulación de la decisión del Comité de selección, contenida
                         (2002/C 305/47)                                  en un escrito de 14 de julio de 2000, de no incluir al
                                                                          demandante en la lista de reserva de agentes temporales
                                                                          resultante del procedimiento de selección COM/R/A/01/1999,
                  (Lengua de procedimiento: francés)                      el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), integrado por
                                                                          los Sres. B. Vesterdorf, Presidente, y N.J. Forwood y H. Legal,
                                                                          Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador, ha
                                                                          dictado el 24 de septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo
En el asunto T-92/01, Marie-Claude Girardot, agente temporal              es el siguiente:
de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
en Bruselas, representada por el Sr. J.-N. Louis y la Sra. V. Peere,
abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra                     1)     Se anula la decisión del Comité de selección, contenida en el
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sras.                             escrito de 14 de julio de 2000, de no incluir al demandante en
F. Clotuche-Duvieusart y H. Tserepa-Lacombe), que tiene por                      la lista de reserva resultante del procedimiento de selección de
objeto un recurso de anulación de la decisión del Comité de                      agentes temporales COM/R/A/01/1999.
selección, contenida en un escrito de 13 de julio de 2000, de
no incluir a la demandante en la lista de reserva de agentes              2)     Se condena en costas a la Comisión.
temporales resultante del procedimiento de selección COM/R/
A/01/1999, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera),
integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y los Sres.               (1 ) DO C 186 de 30.6.2001.
N.J. Forwood y H. Legal, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio
González, administrador, ha dictado el 24 de septiembre de
2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Recurso interpuesto el 5 de enero de 1996 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-3/96)

text:
N° C 77/6              ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       16 . 3 . 96
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                luego los créditos derivados de los préstamos con la
                                                                         compensación de pérdidas proyectada por el Estado
1 ) Anule la Decisión de la Comisión, de 18 de octubre de                federado de Baviera en el marco de la venta de las
     1995 , relativa a una ayuda de Estado concedida por el              participaciones al empresario Max Aicher. Dado que la
     Estado federado de Baviera a las empresas siderúrgicas              privatización de las participaciones en NMH, prevista en
     CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach                       los contratos entre el Estado federado de Baviera y
     Rosenberg [ COM(95 ) 2828 final .].                                 Aicher es económicamente plausible, también es econó
                                                                         micamente razonable la concesión de los censurados
2 ) Condene en costas a la parte demandada .                             préstamos a NMH . La renuncia del Estado federado de
                                                                         Baviera a los préstamos, por importe de 49 985 millones
Motivos y principales alegaciones                                        de marcos alemanes formaba parte, en definitiva, de las
— Vicio sustancial de forma ( obligación de motivación con               medidas de privatización de NMH . En buena lógica, no
    arreglo al artículo 15 del Tratado CECA ):                           cabe calificar como ayudas los préstamos concertados
                                                                         entre el Estado federado de Baviera y NMH si la
    — Fundamentación global de la Decisión con el                        asunción de pérdidas por parte del Estado federado de
          supuesto carácter de inyección de capital de los               Baviera con ocasión de la privatización de sus partici
         préstamos concedidos como socio por el Estado                   paciones en NMH es irreprochable desde el punto de
          federado de Baviera .                                          vista de las normas relativas a las ayudas .
    — Afirmación global de que ni cabía esperar ni se                    Al negar de entrada al Estado federado de Baviera el
          esperaba una devolución de los préstamos .                     derecho a vender una sociedad de su grupo con asunción
                                                                         parcial de las pérdidas, la Comisión infringe, también, el
    — Negativa global a dejar de adoptar, por litispenden               artículo 83 del Tratado CECA . Dicho precepto garan
         cia de los asuntos C-158/95 ( j ) y T-129/95 ( 2 ), la          tiza el derecho de los poderes públicos a participar en la
          Decisión impugnada .                                           vida económica y prohibe discriminar la actividad
                                                                         pública empresarial .
— Aplicación indebida de la letra c ) del artículo 4 y del
    artículo 83 del Tratado CECA : los referidos préstamos         — Violación del principio de lealtad : la Comisión tendría
    del Estado federado de Baviera no constituyen una                    que haber suspendido la adopción de la Decisión
    ayuda de Estado, sino que deben calificarse como                     impugnada hasta que se dilucidara si el proyecto de
    aportaciones de socio, que también un inversor privado               privatización relativo a las participaciones sociales
    habría lógicamente realizado en una situación similar. El            poseídas por el Estado federado es conforme con el
    hecho de que la crisis de subsistencia de la empresa se              Derecho comunitario ( litispendencia de los asuntos
    haya estabilizado y quepa esperar beneficios en el futuro            C-158/95 y T-129/95 ).
    es prueba de que existía y existe la previsión real de una     (>) DO n° C 362 de 1995 , p . 57 .
    devolución del préstamo . Si, no obstante, el Estado           ( 2 ) DO n° C 229 de 1995 , p . 21 .
    federado decidió a posteriori no exigir la devolución de
    los préstamos, lo hizo, exclusivamente, para compensar
    los, al vender su participación, con la compensación de
    pérdidas a cargo del Estado federado prevista en los           Recurso interpuesto el 5 de enero de 1996 contra el Reino de
    contratos de privatización . La compensación de los            los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades
    préstamos vinculada a la venta de sus participaciones era                                     Europeas
    económicamente correcta y razonable, ya que permitió                                     (Asunto C-3/96 )
    al Estado federado de Baviera reorganizar la política de
    su grupo de empresas y proteger su imagen empresa                                         ( 96/C 77/12 )
    rial .
                                                                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
    En cualquier caso, la Comisión, en aplicación del              ha presentado el 5 de enero de 1996 un recurso contra el
    principio de proporcionalidad, no podría haber exigido         Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de las
    que se devolviera el préstamo, sino únicamente que se          Comunidades Europeas, representada por el Sr . W. Wils,
    modificara en el sentido de que la devolución tenía que        miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que
    ser independiente de las perspectivas de beneficios .          designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.
                                                                   C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la
    Es incorrecto comparar, como hace la Comisión, la              Comisión de las Comunidades Europeas, Centre Wagner.
    conducta del Estado federado de Baviera con la de los
    socios privados minoritarios, suponiendo que éstos             La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
    últimos se encontrarían en una situación similar. En           1 ) Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido
    efecto, sus posibilidades económicas, intereses y objeti             las obligaciones que le incumben en virtud de la
    vos empresariales eran diferentes; en especial, carecían             Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
    de toda influencia en la orientación empresarial del                  1979 , relativa a la conservación de las aves silvestres, y
    grupo Maxhütte.                                                      en virtud de los artículos 5 y 189 del Tratado CE, al no
                                                                         clasificar en suficiente medida zonas de protección
    En todo caso, las concesiones de préstamos por parte del             especial con arreglo al apartado 1 del artículo 4 de la
    Estado federado de Baviera también eran lógicas, ya que              Directiva .
    con ellas se pretendía hacer posible la privatización de
    Neue Maxhütte ( NMH ). Se proyectaba compensar                 2 ) Condene en costas al Reino de los Países Bajos.
 ---pagebreak---  16 . 3 . 96           ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         N° C 77/7
Motivos y principales alegaciones                                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
Del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE             1 ) Declare que el Reino de España ha incumplido las
resulta que la clasificación de zonas de protección especial               obligaciones que le impone el Tratado Constitutivo de la
constituye por excelencia el medio con el que los Estados                  Comunidad Europea en sus artículos 5 y 189, al no
miembros deben ( velar por) garantizar que las especies de                 haber adoptado y puesto en vigor o, subsidiariamente al
aves mencionadas en el Anexo I puedan asegurar su                          no haber comunicado, en el plazo prescrito, las medidas
supervivencia y reproducción. El hecho de que en un Estado                 legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias
miembro algunas poblaciones de estas especies estén en                     para conformarse a las disposiciones de la Directiva
regresión justifica la presunción de que dicho Estado                      90/658/CEE del Consejo ( ] ), de 4 de diciembre de 1990,
miembro no ha cumplido su obligación de resultado .                        y, en particular, su artículo 8 , así como las necesarias
Realmente, en los Países Bajos la población de nueve                       para conformarse a las disposiciones de la Directiva
especies de aves mencionadas en el Anexo I padece una                      93/16/CEE ( 2 ), de 5 de abril de 1993 , y, en particular, sus
regresión superior al 50% .                                                artículos 3 y 9, apartados 3 y 4, correspondientes a los
                                                                           artículos 3 y 9 bis, apartados 1 y 2 respectivamente, de la
Según el último párrafo del apartado 1 del artículo 4 , los                Directiva 75/362/CEE ( 3 ), modificados por el artículo 1
Estados miembros deben clasificar como zonas de protec                    de la Directiva 90/658/CEE .
ción especial los territorios más adecuados en número y en
superficie . Con miras a crear una red coherente de zonas de        2 ) Condene en costas a la parte demandada .
protección especial, la Comisión encargó un estudio cientí
fico al « Secrétariat de la Flore et de la Faune » del « Musée      Motivos y principales alegaciones
national d'Histoire naturelle » de París, que hizo un inven        El carácter obligatorio del párrafo tercero del artículo 189 y
tario de hábitats que, siguiendo criterios ornitológicos,           del párrafo primero del artículo 5 del Tratado CE obliga a
deberían ser clasificados como zonas de protección especial ;       los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para
en 1989 y 1994 el « International Conseil of Bird Preserva         dar cumplimiento a las directivas de las que sean destina
tion » actualizó esta lista (« Inventory of Important Bird          tarios antes de la expiración del plazo fijado para hacerlo. El
Areas in the European Community » — IBA89 e IBA94 ). Por            referido plazo finalizó ya el 1 de julio de 1991 sin que España
lo que se refiere a la relevancia jurídica de los inventa          haya aplicado las disposiciones necesarias .
rios IBA89 e IBA94 , la Comisión estima que la mejor forma
de contribuir a los fines del apartado 1 del artículo 4 sería       f 1 ) DO n° L 353 de 17. 12 . 1990, p. 73 .
que los Estados miembros clasificaran como zonas de                 ( 2 ) DO n° L 165 de 7 . 7. 1993 , p. 1 .
protección especial todas las zonas mencionadas en los              ( 3 ) DO n° L 167 de 30 . 6 . 1975, p. 1 ( EE 06 V 1 , p. 186 ).
inventarios . Sin embargo, dado que los Estados miembros
disponen de cierta facultad discrecional en esta materia, la
Comisión opina que jurídicamente no es posible imponer
coercitivamente este resultado máximo. Por el contrario, sí         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
cabe hablar de incumplimiento de la obligación de clasificar        lución del Bundesverwaltungsgericht de fecha 31 de agosto
cuando un Estado miembro hace caso omiso manifiesta
                                                                    de 1995 , en el asunto entre Badische Erfrischungs-Getránke
mente del número y superficie de las zonas IBA89 e IBA94 .                     GmbH & Co y Land Baden-Württemberg
Sin más, éste es el caso cuando un Estado miembro clasifica
como zonas de protección especial menos de la mitad, tanto                                    ( Asunto C- 17/96 )
en número de zonas como en superficie total, de las zonas                                         96/C 77/ 14 )
catalogadas en IBA89 e IBA94 . Por otra parte, las zonas de
protección especial deben ser suficientemente variadas y            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
representativas para ofrecer protección a todas las especies        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
de aves recogidas en el Anexo I. El número y la superficie de       resolución del Bundesverwaltungsgericht, Sala Tercera,
las zonas de protección especial clasificadas por los Países        dictada el 31 de agosto de 1995 en el asunto entre Badische
Bajos no reúnen estos requisitos .                                  Erfrischungs-Getránke GmbH & Co y Land Baden-Würt
                                                                    temberg, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
                                                                    19 de enero de 1996 .
                                                                    El Bundesverwaltungsgericht solicita al Tribunal de Justicia
Recurso interpuesto el 11 de enero de 1996 contra el Reino          que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
de España por la Comisión de las Comunidades Euro
                               peas
                                                                    1 . El apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 80/777/CEE
                                                                          del Consejo ( J ), de 15 de julio de 1980, en relación con la
                       ( Asunto C-5/96 )                                  primera definición del Anexo I de la Directiva, ¿ debe
                          ( 96/C 77/ 13 )                                 interpretarse en el sentido de que, al margen de los
                                                                          supuestos a que se refiere el párrafo segundo del
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                 apartado 2 de la parte I del Anexo I, un agua sólo puede
ha presentado el 11 de enero de 1996 un recurso contra el                 ser reconocida como agua mineral natural si tiene
Reino de España formulado por la Comisión de las                          propiedades salutíferas ? En caso afirmativo, ¿ deben
Comunidades Europeas, representada por D. B. J. Drijber y                 demostrarse tales propiedades ?
D. J. R. Vidal Puig, miembros de su Servicio Jurídico, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de D.              2 . Las propiedades salutíferas que, en su caso, sean
C. Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio .                         necesarias, ¿ pueden resultar de la inexistencia o del bajo


title: Asunto T-532/15 P: Sentencia del Tribunal General de 1 de diciembre de 2016 — Z/Tribunal de Justicia de la Unión Europea («Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Informe de calificación — Imparcialidad del Tribunal de la Función Pública — Solicitud de recusación de la formación que ha de resolver el asunto — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva»)

text:
               23.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/26

         Sentencia del Tribunal General de 1 de diciembre de 2016 — Z/Tribunal de Justicia de la Unión Europea
   (Asunto T-532/15 P) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Informe de calificación - Imparcialidad del Tribunal de la Función Pública - Solicitud de recusación de la formación que ha de resolver el asunto - Derecho de defensa - Derecho a la tutela judicial efectiva»))
   (2017/C 022/33)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Z (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: F. Rollinger, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (representantes: inicialmente A. Placco, posteriormente J. Inghelram y Á. Almendros Manzano, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 30 de junio de 2015, Z/Tribunal de Justicia (F-64/13, EU:F:2015:72) que tiene por objeto la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la Sra. Z.

      (1)  DO C 16 de 18.1.2016.


title: Asunto C-399/08 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de septiembre de 2008 (fax: 12 de septiembre de 2008 ) por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2008 por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) en el asunto T-266/02, Deutsche Post AG, apoyada por la República Federal de Alemania/Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. (BIEK) y UPS Europe NV/SA

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/18

         Recurso de casación interpuesto el 15 de septiembre de 2008 (fax: 12 de septiembre de 2008) por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2008 por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) en el asunto T-266/02, Deutsche Post AG, apoyada por la República Federal de Alemania/Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. (BIEK) y UPS Europe NV/SA
   (Asunto C-399/08 P)
   (2008/C 301/33)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Kreuschitz, J. Flett, B. Martenczuk, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V., UPS Europe NV/SA, Deutsche Post AG, República Federal de Alemania
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida en su totalidad.

               —

               Con arreglo al art. 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, que se declare que la demandante en primera instancia no acreditó que la resolución infringiera el artículo 87 CE, apartado 1, y, por tanto, que se desestime el recurso. Con carácter subsidiario, la Comisión solicita que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Que se condene en costas a la demandante en primera instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   La otra parte en el procedimiento de casación es la Deutsche Post AG (DPAG), una gran empresa que ejerce su actividad en el ámbito de los servicios postales a nivel internacional, y que recibió considerables compensaciones de fondos estatales. En una resolución separada, adoptada con arreglo al artículo 82 CE, que no fue impugnada, la Comisión consideró que DPAG abusó de su posición dominante en el mercado del transporte de paquetes al practicar una política de venta a pérdida. Dado que DPAG en el período de que se trata tuvo numerosas pérdidas, sólo pudo financiar esta agresiva política de precios, con los fondos que la empresa recibió como compensación financiera.
   En el presente recurso la cuestión central es qué métodos de análisis debía utilizar la Comisión en las especiales circunstancias de este asunto para comprobar la existencia de ayudas ilegales a DPAG.
   Conforme al método utilizado por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida debían comprobarse todos los costes y los ingresos de la empresa durante el período a considerar relacionados con las obligaciones de servicio público para determinar si la empresa había percibido del Estado una compensación financiera excesiva. Si existe tal compensación excesiva, de ello podría deducirse que dichos recursos también se utilizaron para financiar una política de precios desleal en el mercado conexo de la paquetería puerta a puerta.
   Según el método utilizado en la resolución, se evaluaron los déficits producidos por la política de precios desleal en el mercado conexo y, posteriormente se comprobó si dichos déficits se compensaron o no mediante fondos estatales. Si se comprueba tal compensación y no existen otras fuentes de financiación (en forma de recursos propios de la empresa), se deducirá de ello que se han utilizado fondos estatales para financiar la política de precios desleal en el mercado conexo de la paquetería puerta a puerta.
   La Comisión considera que el método utilizado en su resolución es correcto. Con la ayuda de este método, mediante un razonamiento lógico, que incluye la consideración de que el dinero debe ciertamente proceder de algún sitio se puede concluir la existencia de una ayuda estatal ilegal. Ni el razonamiento ni los hechos sobre los que se basa se han cuestionado en la sentencia recurrida. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida parte del criterio de que sólo puede tomarse en consideración el primer método, sin dar más explicaciones.
   La Comisión invoca los siguientes motivos: la infracción del artículo 87 CE, apartado 1, y del artículo 86 CE, apartado 2, en la medida en que estas disposiciones se han interpretado incorrectamente en la sentencia recurrida ya que se consideró que excluían el método, no discutido en otras partes de la sentencia, que permitía, sobre la base de un razonamiento lógico y pertinente, concluir la existencia de una ayuda estatal incompatible con el mercado común. Además, la Comisión alega la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia y la infracción del artículo 230 CE en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia se ha excedido en su competencia, y de la facultad de control prevista por el artículo 230 CE, así como la infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia puesto que el Tribunal de Primera Instancia no motivó su conclusión sobre el carácter inapropiado del método aplicado en la decisión.


title: Asunto C-57/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle — Bélgica) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (Directiva 2006/123/CE — Ámbito de aplicación ratione materiae — Servicios sanitarios — Servicios sociales — Centros de acogida diurna y nocturna que dispensan asistencia y cuidados a las personas de edad avanzada)

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle — Bélgica) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
   (Asunto C-57/12) (1)

   (Directiva 2006/123/CE - Ámbito de aplicación ratione materiae - Servicios sanitarios - Servicios sociales - Centros de acogida diurna y nocturna que dispensan asistencia y cuidados a las personas de edad avanzada)
   2013/C 252/19
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour constitutionnelle

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL

      Demandada: Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle — Interpretación del artículo 2, apartado 2, letras f) y j), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376, p. 36) — Ámbitos de aplicación ratione materiae — Servicios sanitarios — Servicios sociales — Inclusión de los centros de atención diurna, que dispensan asistencia y cuidados apropiados para la pérdida de autonomía de las personas de edad avanzada — Inclusión de los centros de atención nocturna, que dispensan a las personas de edad avanzada asistencia y cuidados sanitarios que no pueden garantizarles sus familiares de forma continuada.

      Fallo

               1)

               El artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que la exclusión de los servicios sanitarios del ámbito de aplicación de dicha Directiva abarca toda actividad destinada a evaluar, mantener o restablecer el estado de salud de los pacientes, siempre que tal actividad sea ejercida por profesionales reconocidos como tales con arreglo a la legislación del Estado miembro de que se trate, e independientemente de la organización, la forma de financiación y la naturaleza pública o privada del establecimiento en el que se dispensen los cuidados. Corresponde al juez nacional comprobar si los centros de acogida diurna y los centros de acogida nocturna están excluidos del ámbito de aplicación de la referida Directiva teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades que en ellos realizan los profesionales de la salud y el hecho de que tales actividades constituyan una parte principal de los servicios ofrecidos por tales centros.

               2)

               El artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2006/123 debe interpretarse en el sentido de que la exclusión de los servicios sociales del ámbito de aplicación de dicha Directiva se extiende a toda actividad relativa, en particular, a la ayuda y a la asistencia a las personas de edad avanzada, siempre que la realice un prestador de servicios privado por mandato del Estado mediante un acto que atribuya de manera clara y transparente una verdadera obligación de prestar tales servicios cumpliendo determinados requisitos específicos de ejercicio. Corresponde al juez nacional comprobar si los centros de acogida diurna y los centros de acogida nocturna están excluidos del ámbito de aplicación de la referida Directiva en función de la naturaleza de las actividades de ayuda y de asistencia a las personas de edad avanzada que en ellos se realizan con carácter principal y de su estatuto con arreglo a normativa belga aplicable.

      (1)  DO C 118, de 21.4.2012.


title: Asunto T-112/13: Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016 — Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de una tableta de chocolate) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca tridimensional — Forma de una tableta de chocolate — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Artículo 52, apartados 1 y 2, del Reglamento n.° 207/2009»]

text:
               6.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/23

         Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016 — Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de una tableta de chocolate)
   (Asunto T-112/13) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca tridimensional - Forma de una tableta de chocolate - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Carácter distintivo adquirido por el uso - Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Artículo 52, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 207/2009»])
   (2017/C 038/30)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Reino Unido) (representantes: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, Solicitors, y D. Byrne, Barrister)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suiza) (representantes: inicialmente G. Vos, M. Bakker y J. van den Berg, abogados, posteriormente G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield y T. Reid, Solicitors)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de diciembre de 2012 (asunto R 513/2011-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Cadbury Holdings y la Société des produits Nestlé.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 11 de diciembre de 2012 (asunto R 513/2011-2).

               2)

               La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

               3)

               La Société des produits Nestlé SA cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 123 de 27.4.2013.


title: Asunto T-71/12: Auto del Tribunal General de 17 de junio de 2013 — Meskarian/Consejo ( «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán a fin de impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Retirada de la lista de personas afectadas — Sobreseimiento» )

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/80

         Auto del Tribunal General de 17 de junio de 2013 — Meskarian/Consejo
   (Asunto T-71/12) (1)

   (Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán a fin de impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Retirada de la lista de personas afectadas - Sobreseimiento)
   2013/C 225/177
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Mohammed Reza Meskarian (Londres, Reino Unido) (representantes: S. Zaiwalla, P. Reddy y F. Zaiwalla, Solicitors, D. Wyatt, QC, y R. Blakeley, Barrister)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: B. Driessen e I. Rodios, agentes)

      Objeto

   Por una parte, la pretensión de que se anulen el apartado 13 del cuadro A del anexo a la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 71), el apartado 13 del cuadro A del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010, sobre medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 11), y el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010 (DO L 88, p. 1), en la medida en que se refieren al demandante, y, por otra parte, la pretensión de que se declare la inaplicabilidad al demandante del artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39), y del artículo 16, apartado 2, del Reglamento no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007 (DO L 281, p. 1).

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

      (1)  DO C 109, de 14.4.2012.


title: Asunto C-584/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de septiembre de 2016 — Comisión Europea/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 2006/12/CE — Directiva 91/689/CEE — Directiva 1999/31/CE — Gestión de los residuos — Sentencia del Tribunal de Justicia declarativa de un incumplimiento — Inejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Suma a tanto alzado)

text:
               31.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 402/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de septiembre de 2016 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-584/14) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2006/12/CE - Directiva 91/689/CEE - Directiva 1999/31/CE - Gestión de los residuos - Sentencia del Tribunal de Justicia declarativa de un incumplimiento - Inejecución - Artículo 260 TFUE, apartado 2 - Sanciones pecuniarias - Multa coercitiva - Suma a tanto alzado))
   (2016/C 402/05)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Patakia, E. Sanfrutos Cano y D. Loma-Osorio Lerena, agentes)

      Demandada: República Helénica (representante: E. Skandalou, agente)

      Fallo

               1)

               La República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber tomado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Grecia (C-286/08, no publicada, EU:C:2009:543).

               2)

               Condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», una multa coercitiva de 30 000 euros por día de demora en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Grecia (C-286/08, no publicada, EU:C:2009:543), desde la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia hasta la ejecución completa de la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Grecia (C-286/08, no publicada, EU:C:2009:543). Esa cantidad se divide en tres partes, correspondientes a las tres clases de infracción imputadas por la Comisión Europea, e iguales al 10 % del importe total de la multa coercitiva, 3 000 euros, para la primera infracción, y al 45 % del mismo importe, 13 500 euros, para la segunda y la tercera infracción, cada una de ellas, que será objeto, en relación con la buena gestión de los residuos llamados «históricos», de una reducción semestral a prorrata del volumen de esos residuos cuya debida gestión se haya alcanzado, reducción a la que se aplicará un límite máximo del 50 % del importe de la multa coercitiva correspondiente a esa infracción, esto es 6 750 euros.

               3)

               Condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión Europea, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», la suma a tanto alzado de 10 millones de euros.

               4)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 81 de 9.3.2015.