title: Asunto T-301/07: Recurso interpuesto el 5 de agosto de 2007 — Lumenis/OAMI (FACES)

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/35

         Recurso interpuesto el 5 de agosto de 2007 — Lumenis/OAMI (FACES)
   (Asunto T-301/07)
   (2007/C 247/58)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Lumenis Ltd (Yokneam, Israel) (representantes: S. Malynicz, Barrister, B. Gerber, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de fecha 1 de junio de 2007, dictada en el asunto R 1532/2006-2.

               —

               Que se condene a la Oficina a soportar sus propias costas y a pagar las de la demandante.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa internacional «FACES» para bienes comprendidos en la clase 10 — Registro internacional no W0874799.

      Resolución del examinador: Denegación del registro en su totalidad.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: En apoyo de sus pretensiones, la demandante formula los siguientes motivos.
   En primer lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso no analizó el carácter distintivo en relación con todos los bienes cuyo registro se solicitaba.
   En segundo lugar, según la demandante, la apreciación de la Sala de Recurso de que la promoción y el marketing en el comercio emplean habitualmente fotografías de caras no estaba motivada y, en cualquier caso, era propia, si acaso, del artículo 7, apartado 1, letra b), o del artículo 7, apartado 1, letra c).
   En tercer lugar, la demandante afirma que la Sala de Recurso no analizó la aptitud del término FACES como indicación descriptiva en relación con los bienes para los que se solicitaba el registro.
   En cuarto lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al imponer el requisito de que la marca fuera llamativa, imaginativa o creativa para evitar el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.


title: Asunto T-308/03: Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Valérie Wiame

text:
C 264/38               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           1.11.2003
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:              Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 2003 contra la
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas por Valérie
                                                                                Wiame
—     Anule la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la
      Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,                                       (Asunto T-308/03)
      dibujos y modelos), de 12 de mayo de 2003 en el asunto
      no R 52/2002-4, en la medida en que en el punto 2 de la
      resolución se desestimó el recurso en relación con los                                       (2003/C 264/67)
      productos de «bisutería» y las «bolsas para aparatos de
      deporte, adaptadas a los objetos que deben contener».                                 (Lengua de procedimiento: francés)
—     Condene en costas a la demandada.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 8 de septiembre de 2003 un
                                                                          recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          formulado por Valérie Wiame, con domicilio en Enghien
                                                                          (Bélgica), representada por el Sr. Sébastien Orlandi, el Sr. Albert
                                                                          Coolen, el Sr. Jean-Noël Louis y el Sr. Etienne Marchal,
Motivos y principales alegaciones
                                                                          abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
Solicitante de la marca        Kaufring AG.
comunitaria:
                                                                          —     Anule la decisión de la Comisión de 22 de julio de 2002
                                                                                por la que se establecen las condiciones de contratación
Marca comunitaria soli-        Marca figurativa «UNICA», para                   de la demandante como agente temporal puesto que el
citada:                        productos clasificados, entre                    contrato se basa ilegalmente en el artículo 2, letra b) del
                               otras, en las clases 14, 22, 23,                 RAA por un período determinado comprendido entre el
                               24 y 28 — Solicitud de registro                  1 de julio de 2002 y el 31 de marzo de 2003.
                               no 41244
                                                                          —     Condene en costas a la demandada.
Titular de la marca o          La demandante
signo que se invoca en el
procedimiento de oposi-                                                   Motivos y principales alegaciones
ción:
                                                                          La demandante ha prestado servicios para la Comisión como
Marca o signo que se           Marca denominativa alemana                 agente temporal hasta el 31 de marzo de 2002. Indica que,
invoca en el procedi-          «UNI CAT» (no 2070 215) para               habida cuenta de las garantías precisas que le dieron sus
miento de oposición:           productos clasificados en la               superiores acerca de la prórroga de su contrato, continuó
                               clase 25 (vestidos, sombrería)             desempeñando las tareas permanentes del servicio público
                                                                          europeo que le fueron confiadas desde el 1 de abril al 30 de
                                                                          junio de 2002. El 22 de julio de 2002, la Comisión le ofreció
Resolución de la Divi-         Desestimación parcial de la oposi-         un nuevo contrato de agente temporal para el período
sión de Oposición:             ción                                       comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de marzo de
                                                                          2003. Este contrato se basaba en el artículo 2, letra b), del
                                                                          Régimen aplicable a los otros agentes.
Resolución de la Sala de       Anulación de la resolución res-
Recurso:                       pecto de las «fibras sintéticas para
                               aplicaciones textiles» (clase 22) e        A raíz de la reclamación de la demandante, la Comisión le
                               «hilos para uso textil» (clase 23).        concedió una cantidad equivalente a tres meses de sueldo en
                               Desestimación del resto del                concepto de indemnización, pero desestimó ofrecerle un
                               recurso de la demandante                   contrato de duración indeterminada sobre la base del ar-
                                                                          tículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los otros agentes.
Motivos invocados:             Infracción del artículo 8, apartado
                               1, letra b), del Reglamento (CE)           Para fundamentar su recurso la demandante invoca una
                               no 40/94.                                  infracción de los artículos 2 y 8 del Régimen aplicable a los
                                                                          otros agentes, una vulneración del principio de confianza
                                                                          legítima y un incumplimiento del deber de diligencia.


title: Asunto T-254/13: Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2013 — Stayer Ibérica/OAMI — Korporaciya Masternet (STAYER)

text:
               20.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 207/40

         Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2013 — Stayer Ibérica/OAMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER)
   (Asunto T-254/13)
   2013/C 207/68
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Stayer Ibérica, S.A. (Pinto, Madrid) (representante: S. Rizzo, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: ZAO Korporaciya «Masternet» (Moscú, Rusia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada en la medida en que estima en parte el recurso y declara la nulidad de la marca comunitaria registrada con el no 4.675.881 para los siguientes productos:

                           —

                           Clase 7: Equipos y herramientas; piezas de máquinas para cortar y pulir diamantes; puntas y máquinas cortadoras para las siguientes producciones: mármol, granito, piedra, arcilla, baldosas, tejas y ladrillos y, en general, útiles para cortar como piezas del equipo comprendido en la clase 7.

                           —

                           Clase 8: Herramientas e instrumentos impulsados manualmente (ruedas y muelas).

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto de la que se interpuso un recurso de anulación: La marca gráfica «STAYER» — Marca comunitaria registrada con el no 4.675.881

      Titular de la marca comunitaria: La demandante

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Motivación de la solicitud de nulidad: El motivo para solicitar la declaración de nulidad era el previsto en el artículo 53, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 del Consejo

      Resolución de la División de Anulación: Desestimación de la solicitud de nulidad en su integridad

      Resolución de la Sala de Recurso: Estimación parcial del recurso.

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 76, apartado 2, 15 y 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 del Consejo.


title: Asunto C-464/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículos 63 TFUE a 65 TFUE — Acuerdo de Asociación CE-Túnez — Artículos 31, 34 y 89 — Acuerdo de Asociación CE-Líbano — Impuesto sobre sociedades — Dividendos percibidos de una sociedad domiciliada en el Estado miembro de la sociedad beneficiaria — Dividendos percibidos de una sociedad domiciliada en un país tercero que es parte del Acuerdo de Asociación — Diferencia de trato — Restricción — Justificación — Eficacia de los controles fiscales — Posibilidad de invocar el artículo 64 TFUE, existiendo los Acuerdos de Asociación CE-Túnez y CE-Líbano)

text:
               30.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública
   (Asunto C-464/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Libre circulación de capitales - Artículos 63 TFUE a 65 TFUE - Acuerdo de Asociación CE-Túnez - Artículos 31, 34 y 89 - Acuerdo de Asociación CE-Líbano - Impuesto sobre sociedades - Dividendos percibidos de una sociedad domiciliada en el Estado miembro de la sociedad beneficiaria - Dividendos percibidos de una sociedad domiciliada en un país tercero que es parte del Acuerdo de Asociación - Diferencia de trato - Restricción - Justificación - Eficacia de los controles fiscales - Posibilidad de invocar el artículo 64 TFUE, existiendo los Acuerdos de Asociación CE-Túnez y CE-Líbano))
   (2017/C 030/05)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Tributário de Lisboa

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA

      Demandada: Fazenda Pública

      Fallo

               1)

               Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           Una sociedad domiciliada en Portugal que percibe dividendos de sociedades domiciliadas, respectivamente, en Túnez y en el Líbano, puede acogerse al artículo 63 TFUE para impugnar el tratamiento fiscal dispensado a esos dividendos en dicho Estado miembro, tratamiento basado en una normativa que no tiene por objeto aplicarse exclusivamente a las situaciones en que la sociedad beneficiaria ejerce una influencia decisiva en la sociedad distribuidora.

                           —

                           Una normativa como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual una sociedad domiciliada en un Estado miembro puede practicar la deducción íntegra o parcial de los dividendos en su base imponible cuando éstos son distribuidos por una sociedad domiciliada en ese mismo Estado miembro, pero que no puede llevar a cabo tal deducción cuando la sociedad distribuidora está domiciliada en un país tercero, constituye una restricción de los movimientos de capitales entre los Estados miembros y terceros países que, en principio, está prohibida por el artículo 63 TFUE.

                           —

                           La negativa a conceder una deducción íntegra o parcial de la base imponible de los dividendos obtenidos, de acuerdo con el artículo 46, apartados 1 y 8, del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código del Impuesto sobre sociedades), en su versión vigente en el año 2009, puede estar justificada por razones imperiosas de interés general basadas en la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales, cuando las autoridades tributarias del Estado miembro en que está domiciliada la sociedad beneficiaria encuentran imposible conseguir la información del país tercero en que está domiciliada la sociedad que distribuye esos dividendos, a fin de poder comprobar que se cumple el requisito de sujeción al impuesto de esta segunda sociedad.

                           —

                           La negativa a conceder una deducción parcial de acuerdo con el artículo 46, apartado 11, del Código del Impuesto sobre sociedades, en la citada versión, no puede estar justificada por razones imperiosas de interés general basadas en la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales cuando ese precepto puede aplicarse a situaciones en que no puede comprobarse la sujeción al impuesto de la sociedad distribuidora en el Estado en que se encuentra domiciliada, extremo que debe determinar el tribunal remitente.

               2)

               El artículo 64 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           En la medida en que la aprobación del régimen de beneficios fiscales para la inversión de naturaleza contractual, establecido en el artículo 41, apartado 5, letra b), del Estatuto de Benefícios Fiscais (Ley de Beneficios Fiscales), en su versión vigente en el año 2009, y del régimen relativo a los dividendos procedentes de los países africanos de lengua oficial portuguesa y de Timor Oriental, establecido en el artículo 42 de dicha Ley, no modificó el marco jurídico relativo al tratamiento de los dividendos procedentes de Túnez y del Líbano, la aprobación de dichos regímenes no ha afectado a la calificación como restricción vigente de la consistente en la exclusión de los dividendos abonados por las sociedades domiciliadas en esos terceros países de la posibilidad de disfrutar de una deducción íntegra o parcial.

                           —

                           Un Estado miembro renuncia a la facultad establecida en el artículo 64 TFUE, apartado 1, cuando, sin derogación o modificación formal de la normativa vigente, celebra un acuerdo internacional como un acuerdo de asociación que establece, en una cláusula con efecto directo, la liberalización de una de las categorías de capitales contempladas en dicho artículo 64 TFUE, apartado 1. Por consiguiente, tal modificación del marco jurídico debe equipararse, en cuanto a sus repercusiones en la posibilidad de invocar el artículo 64 TFUE, apartado 1, con la aprobación de una nueva legislación basada en una lógica diferente de la del Derecho vigente.

               3)

               El artículo 34, apartado 1, del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17 de julio de 1995 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero mediante la Decisión 98/238/CE, CECA del Consejo y de la Comisión, de 26 de enero de 1998, debe interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           Tiene efecto directo y puede ser invocado en una situación como la debatida en el litigio principal, en la que una sociedad domiciliada en Portugal percibe dividendos de una sociedad domiciliada en Túnez debido a la inversión directa que aquella realizó en la sociedad distribuidora, con objeto de oponerse al tratamiento fiscal reservado a estos dividendos en Portugal.

                           —

                           Una normativa como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual una sociedad domiciliada en un Estado miembro puede practicar la deducción íntegra o parcial de su base imponible de los dividendos obtenidos, cuando son distribuidos por una sociedad domiciliada en el mismo Estado miembro, pero no puede practicar tal deducción cuando la sociedad distribuidora está domiciliada en Túnez, constituye una restricción a la libre circulación de capitales, prohibida, en principio, en lo referido a las inversiones directas y, en particular, a la repatriación de los rendimientos de esas inversiones, por el artículo 34, apartado 1, del Acuerdo.

                           —

                           Los efectos de este precepto no están limitados, en una situación como la debatida en el litigio principal, por lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo.

                           —

                           La negativa a conceder, con arreglo al artículo 46, apartados 1 y 8, del Código del Impuesto sobre sociedades, en su versión vigente en el año 2009, la deducción íntegra o parcial de los dividendos obtenidos de la base de imposición de la sociedad beneficiaria puede estar justificada por razones imperiosas de interés general basadas en la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales, cuando resulta imposible, para las autoridades tributarias del Estado miembro en que está domiciliada la sociedad beneficiaria, conseguir de la República de Túnez, Estado en el que está domiciliada la sociedad distribuidora de dichos dividendos, la información que permita comprobar que se cumple el requisito de sujeción al impuesto de la sociedad distribuidora de dichos dividendos.

                           —

                           La negativa a conceder dicha deducción parcial, con arreglo al artículo 46, apartado 11, del Código del Impuesto sobre sociedades, en la citada versión, no puede justificarse por razones imperiosas de interés general basadas en la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales, cuando este precepto puede aplicarse a situaciones en las que no puede comprobarse la sujeción al impuesto de la sociedad distribuidora en Túnez, Estado en que se encuentra domiciliada esta sociedad, extremo que corresponde determinar al tribunal remitente.

               4)

               El artículo 31 del Acuerdo euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, firmado en Luxemburgo el 17 de junio de 2002 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2006/356/CE del Consejo, de 14 de febrero de 2006, debe interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           Tiene efecto directo.

                           —

                           Una situación como la debatida en el litigio principal, que afecta al tratamiento fiscal de los dividendos procedentes de inversiones directas realizadas en el Líbano por una persona jurídica domiciliada en Portugal, está comprendida en el supuesto contemplado en el artículo 33, apartado 2, de dicho Acuerdo. Por consiguiente, el artículo 33, apartado 1, del citado Acuerdo no se opone a que se invoque en el caso de autos el artículo 31 del Acuerdo.

                           —

                           Una normativa como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual una sociedad domiciliada en un Estado miembro puede practicar una deducción íntegra o parcial de su base imponible integrada por los dividendos obtenidos, cuando éstos son distribuidos por una sociedad domiciliada en el mismo Estado miembro, pero no puede practicar la misma deducción cuando la sociedad distribuidora está domiciliada en el Líbano, constituye una restricción a la libre circulación de capitales, prohibida, en principio, por el artículo 31 del Acuerdo euromediterráneo de asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra.

                           —

                           Los efectos de este precepto no están limitados, en una situación como la debatida en el procedimiento principal, por lo dispuesto en el artículo 85 de dicho Acuerdo.

                           —

                           La negativa a conceder, de acuerdo con el artículo 46, apartados 1 y 8, del Código del Impuesto sobre sociedades, en su versión vigente en el año 2009, una deducción íntegra o parcial, de los dividendos percibidos, en la base imponible de la sociedad beneficiaria puede estar justificada por razones imperiosas de interés general basadas en la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales, cuando resulta imposible para las autoridades tributarias del Estado miembro en que está domiciliada la sociedad beneficiaria obtener información de la República Libanesa —Estado en el que se encuentra domiciliada la sociedad distribuidora de dichos dividendos— que permita comprobar que se cumple el requisito de sujeción al impuesto de la sociedad distribuidora de los citados dividendos.

                           —

                           La negativa a conceder esa deducción parcial, de acuerdo con el artículo 46, apartado 11, del Código del Impuesto sobre sociedades, en la citada versión, no puede estar justificada por razones imperiosas de interés general basadas en la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales cuando ese precepto puede aplicarse a situaciones en que no puede comprobarse la sujeción al impuesto de la sociedad distribuidora en el Líbano —Estado en el que se encuentra domiciliada dicha sociedad—, extremo que debe determinar el tribunal remitente.

               5)

               En lo que se refiere a las consecuencias para el asunto principal resultantes de la interpretación de los artículos 63 TFUE a 65 TFUE, así como del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra parte, y del Acuerdo euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra:

                           —

                           Cuando las autoridades del Estado miembro en que está domiciliada la sociedad beneficiaria pueden conseguir información de la República de Túnez, Estado en el que se encuentra domiciliada la sociedad distribuidora de los dividendos, que permita comprobar que se cumple el requisito de sujeción al impuesto de dicha sociedad distribuidora, los artículos 63 TFUE y 65 TFUE, así como el artículo 34, apartado 1, del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, se oponen a la negativa a conceder, de acuerdo con el artículo 46, apartados 1 u 8, del Código del Impuesto sobre sociedades, en su versión vigente en el año 2009, una deducción íntegra o parcial de la base imponible de la sociedad beneficiaria de los dividendos distribuidos, sin que la República Portuguesa pueda invocar, a estos efectos, el artículo 64 TFUE, apartado 1.

                           —

                           Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE, así como el artículo 34, apartado 1, del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, y el artículo 31 del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, se oponen a la negativa a conceder, de acuerdo con el artículo 46, apartado 11, del Código del Impuesto sobre sociedades, en la citada versión, una deducción parcial en la base imponible de la sociedad beneficiaria de los dividendos distribuidos, cuando este precepto puede aplicarse a situaciones en las que no puede comprobarse la sujeción al impuesto de las sociedades distribuidoras en Túnez y en el Líbano, Estados en que están domiciliadas estas sociedades, extremo que debe determinar el tribunal remitente, sin que la República Portuguesa pueda invocar, a estos efectos, el artículo 64 TFUE, apartado 1.

                           —

                           Los importes percibidos infringiendo el Derecho de la Unión han de reembolsarse al contribuyente con sus intereses.

      (1)  DO C 34 de 2.2.2015.


title: Asunto C-561/08 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de diciembre de 2008 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) dictada el 15 de octubre de 2008 en el asunto T-160/04, Potamianos/Comisión

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/37

         Recurso de casación interpuesto el 19 de diciembre de 2008 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) dictada el 15 de octubre de 2008 en el asunto T-160/04, Potamianos/Comisión
   (Asunto C-561/08 P)
   (2009/C 44/62)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: J. Currall y D. Martin, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Sr. Gerasimos Potamianos
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de octubre de 2008 en el asunto T-160/04.

               —

               Que se declare la inadmisibilidad del recurso del Sr. Potamianos.

               —

               Que se decida que cada una de las partes cargue con sus propias costas relativas a la presente instancia y al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su recurso de casación, la Comisión rechaza la calificación dada por el Tribunal de Primera Instancia a la notificación remitida a la parte demandada para comunicarle que su contrato de trabajo en calidad de agente temporal no sería renovado. A juicio de la Comisión, dicha notificación fue interpretada por el Tribunal de Primera Instancia como una decisión específica de la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo. Ahora bien, según esta institución, de la jurisprudencia del Tribunal y, más en concreto, de la sentencia de 14 de septiembre de 2006, Fernández Gómez (C-417/05 P), resulta que una notificación de esta índole tiene carácter meramente informativo, siendo únicamente la estipulación contractual en la que se indica que el contrato no será renovado cuando llegue a su vencimiento la constitutiva de un acto lesivo. La Comisión concluye que al no haber sido impugnado este contrato dentro de los plazos contemplados en el Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia debería haber estimado que no procedía admitir el recurso.
   La Comisión añade que, al apartarse de esta jurisprudencia, el Tribunal de Primera Instancia genera inseguridad jurídica tanto para el Tribunal de la Función Pública como para la Comisión y el resto de instituciones que hayan concluido contratos similares a aquellos de que se trata en el presente asunto.


title: Asunto C-416/14: Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italia) el 3 de septiembre de 2014 — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Uficcio Controlli Vicenza

text:
               1.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 431/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italia) el 3 de septiembre de 2014 — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Uficcio Controlli Vicenza
   (Asunto C-416/14)
   (2014/C 431/19)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

      Partes en el proceso principal

      Recurrentes: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA

      Recurridas: Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Uficcio Controlli Vicenza

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En relación con los equipos terminales para el servicio de radiocomunicación móvil terrestre, ¿es compatible con el Derecho de la Unión [Directivas 1999/5 (1), 2002/19 (2), 2002/20 (3), 2002/21 (4) y 2002/22 (5)] la normativa nacional contenida en:

                           —

                           el artículo 2, apartado 4, del D. L. no 4/2014, posteriormente convalidado mediante la Ley no 50/2014;

                           —

                           el artículo 160 del Decreto Legislativo no 259/2003; y

                           —

                           el artículo 21 de la Tarifa adjunta al DPR. no 641/1972;

                     que, al asimilar los equipos terminales a las estaciones radioeléctricas, obliga al usuario a obtener una autorización general así como la correspondiente licencia de estación radioeléctrica, que se invoca como hecho imponible?
               Por consiguiente, en concreto, en lo que respecta a la utilización de los equipos terminales, ¿es compatible con el Derecho de la Unión la pretensión del Estado italiano de imponer al usuario la obligación de obtener una autorización general y una licencia de estación radioeléctrica cuando la comercialización, libre circulación y puesta en servicio de los equipos terminales están ya completamente reguladas por fuentes comunitarias (Directiva 1999/5), que no exigen autorización general o licencia alguna, teniendo en cuenta que la legislación italiana exige una autorización general y una licencia:

                           —

                           a pesar de que la autorización general es un acto que no afecta al usuario de los equipos terminales, sino exclusivamente a las empresas que se dedican al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (artículos 1, 2 y 3 de la Directiva de autorización 2002/20);

                           —

                           a pesar de que la concesión está prevista para los derecho individuales de uso de radiofrecuencias y para los derechos de uso de los números, situaciones que ciertamente no guardan relación con la utilización de equipos terminales;

                           —

                           a pesar de que la normativa de la Unión no contempla obligación alguna de obtener una autorización o una licencia por los equipos terminales;

                           —

                           a pesar de que el artículo 8 de la Directiva 1999/5 dispone que los Estados miembros «no prohibirán, restringirán u obstaculizarán la puesta en el mercado ni la puesta en servicio en su territorio de los aparatos que lleven el marcado CE», y

                           —

                           a pesar de las diferencias sustanciales y reglamentarias y de la falta de homogeneidad que existen entre una estación radioeléctrica y los equipos terminales que se utilizan en el marco del servicio de radiocomunicación móvil terrestre?

               2)

               ¿Es compatible con el Derecho de la Unión (Directiva 1999/5 y Directiva 2002/20, y en particular el artículo 20 de ésta) la normativa nacional contenida en:

                           —

                           el artículo 2, apartado 4, del D. L. no 4/2014, posteriormente convalidado mediante la Ley no 50/2014;

                           —

                           el artículo 160 del Decreto Legislativo no 259/2003;

                           —

                           el artículo 21 de la Tarifa adjunta al DPR. no 641/1972, y

                           —

                           el artículo 3 del DM no 33/1990,

                     con arreglo a la cual

                           —

                           el contrato contemplado en el artículo 20 de la Directiva 2002/22 —celebrado entre el gestor y el usuario y destinado a regular las relaciones comerciales entre los consumidores y usuarios finales, por una parte, y una o varias empresas que proporcionan la conexión y los servicios correspondientes —, puede valer también «por sí mismo» como documento sustitutivo de la autorización general y/o de la licencia de estación radioeléctrica sin intervención, actuación o control algunos por parte de la Administración;

                           —

                           dicho contrato debe recoger también los datos relativos al tipo de equipo terminal y a su homologación (no contemplada en el artículo 8 de la Directiva 1999/5)?

               3)

               ¿Son compatibles con las normas del Derecho de la Unión antes citadas el artículo 2, apartado 4, del D. L. no 4/2014, posteriormente convalidado mediante la Ley no 50/2014, puesto en relación con el artículo 160 del D. Lgs. no 259/2003 y con el artículo 21 de la Tarifa adjunta al DPR. no 641/1972, que únicamente establecen la obligación de disponer de una autorización general y de la correspondiente licencia de estación radioeléctrica para una categoría particular de usuarios, titulares de un contrato que formalmente se denomina de abono, mientras que no se exige autorización general ni licencia alguna para otros usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas en virtud de un contrato simplemente porque éste tiene otra denominación (servicio de prepago o de recarga)?

               4)

               ¿Se opone el artículo 8 de la Directiva 1999/5 a una normativa nacional, como la contenida en el artículo 2, apartado 4, del D. L. no 4/2014, posteriormente convalidado mediante la Ley no 50/2014, el artículo 160 del D. Lgs. no 259/2003, y en el artículo 21 de la Tarifa adjunta al DPR. no 641/1972, que establecen:

                           —

                           una actividad administrativa destinada a la expedición de la autorización general y de la licencia de estación radioeléctrica, y

                           —

                           el pago de una tasa de concesión gubernativa en relación con dichas actividades,

                     en cuanto comportamientos que pueden constituir una limitación a la puesta en servicio, utilización y libre circulación de los equipos terminales?

      (1)  Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (DO L 91, p. 10).

      (2)  Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7).

      (3)  Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21).

      (4)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33).

      (5)  Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51).


title: Asunto T-581/11: Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2013 — Dimian/OAMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa Baby Bambolina — Marca nacional anterior no registrada Bambolina — Motivo de denegación relativo — Falta de uso en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no sólo es local — Artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               7.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 359/9

         Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2013 — Dimian/OAMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina)
   (Asunto T-581/11) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria figurativa Baby Bambolina - Marca nacional anterior no registrada Bambolina - Motivo de denegación relativo - Falta de uso en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no sólo es local - Artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2013/C 359/14
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Dimian AG (Núremberg, Alemania) (representantes: P. Pozzi y G. Ghisletti, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Bullock, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, coadyuvante ante el Tribunal General: Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG (Michelau, Alemania) (representante: J. Pröll, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 3 de agosto de 2011 (asunto R 1822/2010-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Dimian AG y Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Dimian AG.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.


title: Asunto C-205/06: Recurso interpuesto el  5 de mayo de 2006  — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria

text:
               15.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/17

         Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria
   (Asunto C-205/06)
   (2006/C 165/30)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante/s: H. Støvlbæk y B. Martenczuk, agentes)

      Demandada: República de Austria
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 307 CE, párrafo segundo, al no adoptar las medidas necesarias para eliminar las incompatibilidades relacionadas con las disposiciones de transferencias en los convenios bilaterales de inversiones con Corea, Cabo Verde, China, Malasia, la Federación Rusa y Turquía.

               —

               Que se condene en costas República de Austria.

         Motivos y principales alegaciones
   El artículo 307 del Tratado CE impone a los Estados miembros la obligación de recurrir a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se observen entre el Tratado CE y los convenios celebrados por ellos con anterioridad al 1 de enero de 1958 o con anterioridad a la fecha de su adhesión a las Comunidades Europeas.
   La Comisión considera que las disposiciones relativas a la libre transferencia de pagos relacionados con inversiones contenidas en convenios bilaterales de inversión celebrados por la República de Austria, antes de su adhesión a las Comunidades Europeas, con Corea, Cabo Verde, China, Malasia, la Federación Rusa y Turquía, son incompatibles con el Tratado CE. En efecto, dichas disposiciones no permitirían a la República de Austria aplicar las restricciones de la libre circulación de capitales y pagos que el Consejo de la Unión Europea pudiera adoptar con arreglo a los artículos 57, apartado 2, 59 y 60, apartado 1, del Tratado CE.
   La alegación del Gobierno austriaco en el sentido de que los convenios no prejuzgan el sentido de su voto en el Consejo, carece de relevancia. Lo único importante es averiguar si, en su caso, la República de Austria puede aplicar las medidas restrictivas de acuerdo con las obligaciones que ha asumido a través de los convenios internacionales. Ello no es posible conforme a las disposiciones de los convenios de inversión firmados por Austria y controvertidos en el presente asunto. Por el mismo motivo carece de relevancia el hecho, alegado por Austria, de que ella sola no podría impedir una decisión del Consejo adoptada por mayoría cualificada.
   Puesto que, en el presente asunto, existe una incompatibilidad con el Tratado CE, Austria está obligada a adoptar las medidas adecuadas para eliminarla. No obstante, si no tuviera otro modo para hacerlo, podría existir, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una obligación de denunciar el convenio de que se trate.


title: Asunto C-38/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco) — Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa — Extranjería/Samir Zaizoune (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2008/115/CE — Normas y procedimientos comunes en materia de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 1 — Normativa nacional que, en caso de situación irregular, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión)

text:
               22.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco) — Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa — Extranjería/Samir Zaizoune
   (Asunto C-38/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Directiva 2008/115/CE - Normas y procedimientos comunes en materia de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular - Artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 1 - Normativa nacional que, en caso de situación irregular, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión))
   (2015/C 205/11)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

      Partes en el procedimiento principal

      Demandant: Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa — Extranjería

      Demandada: Samir Zaizoune

      Fallo

   La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en particular sus artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 1, en relación con su artículo 4, apartados 2 y 3, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí.

      (1)  DO C 93, de 29.3.2014.


title: Asunto C-278/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de enero de 2007 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Carol Marilyn Robins, John Burnett/Secretary of State for Work and Pensions (Protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario — Directiva 80/987/CEE — Adaptación del Derecho interno — Artículo 8 — Regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales — Prestaciones de vejez — Protección de los derechos adquiridos — Amplitud de la protección — Responsabilidad de un Estado miembro por la adaptación incorrecta de su Derecho interno a una directiva — Requisitos)

text:
               10.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de enero de 2007 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Carol Marilyn Robins, John Burnett/Secretary of State for Work and Pensions
   (Asunto C-278/05) (1)

   (Protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Adaptación del Derecho interno - Artículo 8 - Regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales - Prestaciones de vejez - Protección de los derechos adquiridos - Amplitud de la protección - Responsabilidad de un Estado miembro por la adaptación incorrecta de su Derecho interno a una directiva - Requisitos)
   (2007/C 56/09)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   High Court of Justice (Chancery Division)
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Carol Marilyn Robins, John Burnett

      Demandada: Secretary of State for Work and Pensions
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice, Chancery Division (Reino Unido) — Interpretación del artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219) — Alcance de la obligación de proteger los derechos adquiridos en lo relativo a las prestaciones de vejez
   Fallo

               1)

               El artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de insolvencia del empresario y de insuficiencia de los recursos patrimoniales de los planes de pensiones complementarios, profesionales o interprofesionales, la financiación de los derechos adquiridos a prestaciones de vejez no debe obligatoriamente estar a cargo de los propios Estados miembros ni ser íntegra.

               2)

               El artículo 8 de la Directiva 80/987 se opone a un sistema de protección como el controvertido en el litigio principal.

               3)

               En caso de adaptación incorrecta del Derecho interno al artículo 8 de la Directiva 80/987, la responsabilidad del Estado miembro de que se trate está supeditada a la constatación de una inobservancia manifiesta y grave, por parte de dicho Estado, de los límites impuestos a su facultad de apreciación.

      (1)  DO C 243, de 1.10.2005.


title: Asunto C-129/14 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Nürnberg — Alemania) — Procedimiento penal contra Zoran Spasic (Petición de decisión prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación policial y judicial en materia penal — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 50 y 52 — Principio non bis in idem — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 54 — Conceptos de sanción que «se haya ejecutado» y «se esté ejecutando» )

text:
               4.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 253/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Nürnberg — Alemania) — Procedimiento penal contra Zoran Spasic
   (Asunto C-129/14 PPU) (1)

   ((Petición de decisión prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Cooperación policial y judicial en materia penal - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 50 y 52 - Principio non bis in idem - Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen - Artículo 54 - Conceptos de sanción que «se haya ejecutado» y «se esté ejecutando»))
   2014/C 253/17
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Nürnberg

      Parte en el procedimiento penal principal

   Zoran Spasic

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Nürnberg — Interpretación del artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen en relación con el artículo 54 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Principio «non bis in idem» — Requisito consistente en que se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena — Persona que ha sido condenada y sancionada con una pena privativa de libertad y con una multa por los mismos hechos en otro Estado miembro, pero que no ha cumplido la pena de prisión.

      Fallo

               1)

               El artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995, que somete la aplicación del principio non bis in idem a la condición de que, en caso de condena, la sanción «se haya ejecutado» o «se esté ejecutando», es compatible con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza el referido principio.

               2)

               El artículo 54 de ese Convenio debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que se haya pagado únicamente la multa penal impuesta a una persona, condenada por la misma resolución de un tribunal de otro Estado miembro a una pena privativa de libertad que no se ha ejecutado, no permite considerar que la sanción se haya ejecutado o se esté ejecutando, en el sentido de esa disposición.

      (1)  DO C 151, de 19.5.2014.


title: Asunto T-107/06: Recurso interpuesto el 5 de abril de 2006 — INET HELLAS — ILEKTRONIKI YPIRESIA PLIROFORION E.P.E /Comisión

text:
               12.8.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/22

         Recurso interpuesto el 5 de abril de 2006 — «INET HELLAS — ILEKTRONIKI YPIRESIA PLIROFORION E.P.E»/Comisión
   (Asunto T-107/06)
   (2006/C 190/40)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: INET HELLAS — ILEKTRONIKI YPIRESIA PLIROFORION E.P.E. (Atenas, Grecia) (representante: B. Chatzopoulos, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión Europea registrada con el número INFSO/A3/VS D(2006) 703641, de 31 de enero de 2006.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante alega que la Decisión impugnada es ilegal porque sostiene equivocadamente que el Derecho comunitario prohíbe el registro del dominio co.eu en Internet. Sin embargo, en realidad ninguna disposición comunitaria establece la prohibición del registro del dominio co.eu. Por el contrario, el Reglamento no 40/94 impone su registro.


title: Asunto T-323/14: Recurso interpuesto el 7 de mayo de 2014 — Bankia, S.A./OAMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

text:
               11.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/25

         Recurso interpuesto el 7 de mayo de 2014 — Bankia, S.A./OAMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)
   (Asunto T-323/14)
   2014/C 261/48
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Bankia, S.A. (Valencia, España) (representante: F. De Barba, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lisboa, Portugal)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 14 de febrero de 2014 en los asuntos R 649/2013-2 y R 744/2013-2, de manera que se admita la solicitud de marca comunitaria no 1 0 1 25  284«BANKIA» para todos los productos y servicios.

               —

               Condene al oponente y/o a la OAMI al pago de las costas de la demandante/recurrente en relación con este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene el elemento verbal «Bankia» para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 45 — Solicitud de marca comunitaria no 1 0 1 25  284

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Banco ActivoBank (Portugal), SA

      Marca o signo invocado: Marca nacional denominativa «BANKY» para servicios de la clase 36

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso de Bankia, S.A. y estimación parcial del recurso de Banco ActivoBank (Portugal), SA, con denegación de la marca solicitada para una gama más amplia de servicios

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-330/12: Sentencia del Tribunal General de 24 de junio de 2014 — Hut.com/OAMI — Intersport France (THE HUT) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa THE HUT — Marca nacional denominativa anterior LA HUTTE — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               4.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 253/26

         Sentencia del Tribunal General de 24 de junio de 2014 — Hut.com/OAMI — Intersport France (THE HUT)
   (Asunto T-330/12) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa THE HUT - Marca nacional denominativa anterior LA HUTTE - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   2014/C 253/36
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: The Hut.com Ltd (Northwich, Reino Unido) (representante: S. Malynicz, Barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: V. Melgar, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Intersport France (Longjumeau, Francia)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 27 de abril de 2012 (asunto R 814/2011-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Intersport France y The Hut.com Ltd.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a The Hut.com Ltd.

      (1)  DO C 295, de 29.9.2012.


title: Asunto T-505/13: Recurso interpuesto el 20 de septiembre de 2013 — Stichting Sona y Nao/Comisión

text:
               23.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 344/63

         Recurso interpuesto el 20 de septiembre de 2013 — Stichting Sona y Nao/Comisión
   (Asunto T-505/13)
   2013/C 344/117
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandantes: Stichting Sona (Curazao, antiguas Antillas Neerlandesas) y Nao NV (Curazao) (representantes: R. Martens, K. Beirnaert y A. Van Vaerenbergh, advocaten)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea de 28 de junio de 2013, de la que las demandantes no tuvieron conocimiento hasta finales de julio de 2013, de no designar a Stichting SONA como entidad delegada para las tareas de ejecución del documento único de programación para las antiguas Antillas Neerlandesas dentro del décimo Fondo Europeo de Desarrollo.

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea adjudicando las tareas de ejecución para ese documento de programación a International Management Group («IMG»).

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan siete motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración de la presunción de inocencia, del derecho de defensa, del derecho a la protección de los datos personales y del secreto o a la confidencialidad de la investigación, en los términos protegidos en los artículos 8 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los artículos 6 y 8 del CEDH y en el artículo 16 del TFUE.
               Las partes demandantes alegan que la demandada envió escritos al Gobierno neerlandés relativos a una investigación pendiente realizada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») en los que no se formulaba aún ningún informe (final) pero en los que menciona expresamente a las demandantes y en los que declara, o cuando menos sugiere muy claramente, que las demandantes están involucradas en irregularidades en la gestión del noveno proyecto del Fondo Europeo de Desarrollo y en los que decidió, a continuación, con arreglo a esa afirmación, que no se podía adjudicar a las demandantes la gestión del décimo Fondo Europeo de Desarrollo para los proyectos de las antiguas Antillas Neerlandesas. Y ello pese a que la OLAF nunca consideró a las demandantes «interesadas», a que, por consiguiente, éstas nunca han tenido conocimiento de que hubiesen debido defenderse como «interesadas» y a que, de este modo, se les imposibilitó defenderse, pues hasta la fecha siguen sin saber de cuáles de las supuestas acusaciones concretas que existen contra ellas deban defenderse.

               2)

               Segundo motivo, basado en la violación del principio de confianza al crear en las demandantes la expectativa legítima de que serían responsables de la ejecución del décimo Fondo Europeo de Desarrollo en lo relativo a las antiguas Antillas Neerlandesas.

               3)

               Tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad, puesto que la Comisión excluye a las demandantes única y exclusivamente porque existen unas «conclusiones provisionales» en una investigación de la OLAF que indican «posibles problemas».

               4)

               Cuarto motivo, basado en la vulneración del deber de audiencia.

               5)

               Quinto motivo, basado en la violación del principio de transparencia en los términos establecidos en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 215/2008 (1) y del principio de motivación.

               6)

               Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 18 del Reglamento (CE) no 2304/2002 (2) y del documento único de programación para el décimo Fondo Europeo de Desarrollo.

               7)

               Séptimo motivo, basado en la vulneración del artículo 29 del Reglamento (CE) no 215/2008, puesto que no se cumplen los requisitos para adjudicar a IMG la ejecución de la financiación en el marco de la gestión conjunta. Añaden que la segunda Decisión controvertida es, de acuerdo con ello, ilegal.

      (1)  Reglamento (CE) no 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo (DO L 78, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 2304/2002 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2002, por el que se aplica la Decisión 2001/822/CE del Consejo, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea («Decisión de Asociación Ultramar») (DO L 348, p. 82).


title: Asunto T-85/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2008 — Strack/Comisión ( Función pública — Funcionarios — Calificación — Informe de evolución de carrera — Ejercicio de evaluación 2001-2002 — Regularidad del procedimiento de calificación )

text:
               8.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/33

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2008 — Strack/Comisión
   (Asunto T-85/04) (1)

   («Función pública - Funcionarios - Calificación - Informe de evolución de carrera - Ejercicio de evaluación 2001-2002 - Regularidad del procedimiento de calificación»)
   (2008/C 64/51)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Guido Strack (Wasserliesch, Alemania) (representantes: inicialmente J. Mosar, posteriormente F. Gengler y P. Goergen, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: H. Krämer y A. Manville, agentes)
   Objeto
   Recurso de anulación, por un lado, del ejercicio de evaluación 2001/2002, en lo que atañe al demandante y, por otro lado, de la decisión por la que se aprobó el informe de evolución de carrera del demandante para el citado ejercicio.
   Fallo

               1)

               Anular la decisión por la que se aprobó el informe de evolución de carrera del Sr. Guido Strack correspondiente al ejercicio de evaluación 2001-2002.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión.

      (1)  DO C 106 de 30.4.2004.


title: Asunto T-336/05: Recurso interpuesto el  5 de septiembre de 2005  — De Soeten/Consejo

text:
               26.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/27

         Recurso interpuesto el 5 de septiembre de 2005 — De Soeten/Consejo
   (Asunto T-336/05)
   (2005/C 296/58)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Henders De Soeten (La Haya, Países Bajos) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, abogados)

      Demandado: Consejo de la Unión Europea
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del Consejo por la que se desestima su solicitud de disfrutar de una jubilación anticipada sin reducción de sus derechos a la pensión de jubilación.

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante es una antigua funcionaria del Consejo, jubilada desde el 1 de julio de 2004. Presentó una solicitud para poder disfrutar de la medida prevista en el artículo 9, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, por la que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, en interés del servicio y basándose en criterios objetivos y procedimientos transparentes establecidos mediante disposiciones generales de aplicación, puede no aplicar a los funcionarios que cesen en sus funciones antes de la edad de 63 años la reducción de la pensión de jubilación prevista en el apartado 1, letra b), del mismo artículo.
   Mediante su recurso, la demandante impugna la decisión por la que se le deniega tal beneficio. Sostiene que uno de los candidatos que se benefició de tal medida trabajaba en el mismo servicio que ella. Por consiguiente, considera que las necesidades del servicio eran las mismas en ambos casos y alega la infracción del artículo antes citado y de las disposiciones generales de aplicación adoptadas por el Consejo, dado que tanto su antigüedad como sus méritos superaban los del otro candidato.
   Además, invoca un error manifiesto de apreciación puesto que el Consejo consideró que la apreciación del criterio de necesidades del servicio implicaba tomar en consideración las cualidades individuales de los funcionarios.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 2002 en el asunto T-123/00: Dr. Karl Thomae GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Medicamentos para uso humano — Reglamento (CEE) n° 2309/93 — Autorización de comercialización comunitaria — Reglamento (CE) n° 542/95 — Modificación de los términos de la autorización — Denominación y presentación del embalaje del medicamento")

text:
C 44/22                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              22.2.2003
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                Comunidades Europeas (agentes: Sres. D. Triantafyllou y
                                                                           K.-D. Borchardt), apoyada por República Federal de Alemania
                    de 5 de diciembre de 2002                              (agentes: inicialmente los Sres. W.-D. Plessing y T. Jürgensen,
                                                                           y posteriormente los Sres. Plessing y M. Lumma), que tiene por
en el asunto T-70/00, Paul Edwin Hoyer contra Comisión                     objeto un recurso de anulación contra la Decisión de la
                de las Comunidades Europeas (1)                            Comisión de 22 de diciembre de 1999 relativa al proyecto de
                                                                           ayudas de Estado no 506/99, el Tribunal de Primera Instancia
(«Agentes temporales — Ejecución de una sentencia del                      (Sala Cuarta ampliada), integrado por el Sr. M. Vilaras,
                                                                           Presidente, y la Sra. V. Tiili y los Sres. J. Pirrung, P. Mengozzi y
          Tribunal de Primera Instancia — Despido»)
                                                                           A.W.H. Meij, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administra-
                                                                           dora, ha dictado el 5 de diciembre de 2002 una sentencia cuyo
                           (2003/C 44/38)                                  fallo es el siguiente:
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                           1)     Desestimar la excepción de inadmisibilidad.
                                                                           2)     Reservar la decisión sobre las costas.
En el asunto T-70/00, Paul Edwin Hoyer, antiguo agente
temporal de la Comisión de las Comunidades Europeas, con
domicilio en Hoeilaart (Bélgica), representado por Me G. van               (1 ) DO C 192 de 8.7.2000.
der Wal, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
inicialmente, Sres. G. Valsesia y C. Van der Hauwaert, y
posteriormente, Sra. F. Clotuche-Duvieusart y Sr. H. M. H. Spe-
yart), que tiene por objeto un recurso de anulación de la
decisión de la Comisión de 24 de enero de 2000 por la que se
resuelve el contrato de agente temporal del demandante, el                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el
Sr. M. Vilaras, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi,                             de 10 de diciembre de 2002
Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador princi-
pal, ha dictado el 5 de diciembre de 2002 una sentencia cuyo               en el asunto T-123/00: Dr. Karl Thomae GmbH contra
fallo es el siguiente:                                                               Comisión de las Comunidades Europeas (1)
1)    Desestimar el recurso.                                               («Medicamentos para uso humano — Reglamento (CEE)
                                                                           nº 2309/93 — Autorización de comercialización comunitaria
2)    Cada una de las partes soportará sus propias costas.
                                                                           — Reglamento (CE) no 542/95 — Modificación de los
                                                                           términos de la autorización — Denominación y presentación
( 1) DO C 149 de 27.5.2000.                                                                  del embalaje del medicamento»)
                                                                                (2003/C 44/40)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                    de 5 de diciembre de 2002
en el asunto T-114/00: Aktionsgemeinschaft Recht und                       En el asunto T-123/00, Dr. Karl Thomae GmbH, con domicilio
Eigentum eV contra Comisión de las Comunidades Euro-                       social en Biberach an der Riß (Alemania), representada por los
                               peas ( 1)                                   Sres. D. Waelbroeck y D. Brinckman, abogados, que designa
                                                                           domicilio en Luxemburgo, apoyada por European Federation
(«Ayudas de Estado — Programa de adquisición de tierras                    of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), con
agrícolas y forestales en la antigua República Democrática                 sede en Bruselas (Bélgica), representada por el Sr. D. Perkins,
Alemana — No iniciación del procedimiento formal de                        Solicitor, y el Sr. M. Van Kerckhove, abogado, que designa
examen previsto en el artículo 88 CE, apartado 2 — Régimen                 domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunida-
de ayudas — Recurso de anulación — Asociación —                            des Europeas (agentes: Sres. R. Wainwright y H. Støvlbæk),
                           Admisibilidad»)                                 apoyada por Consejo de la Unión Europea (agentes: Sra.
                                                                           M.-C. Giorgi y Sr. G. Houttuin), que tiene por objeto un
                                                                           recurso de anulación de la Decisión de 1 de marzo de 2000 de
                           (2003/C 44/39)
                                                                           la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos por
                                                                           la que se deniega la solicitud de modificación de determinados
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                        términos de la autorización de comercialización del medica-
                                                                           mento denominado «Daquiran», el Tribunal de Primera Instan-
                                                                           cia (Sala Quinta), integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y
En el asunto T-114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigen-                el Sr. R. García-Valdecasas y la Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario:
tum eV, con domicilio en Borken (Alemania), representada                   Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el 10 de diciembre de
por el Sr. M. Pechstein, profesor, contra Comisión de las                  2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- 22.2.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 44/23
1)    Anular la Decisión de la Agencia Europea de Evaluación de             3)     Condenar en costas a la Comisión.
      Medicamentos, de 1 de marzo de 2000, por la que se deniega
      la solicitud de modificación de determinados términos de la
      autorización de comercialización del medicamento denominado           (1 ) DO C 211 de 22.7.2000.
      «Daquiran».
2)    La Comisión cargará con sus propias costas, así como con las
      costas de la demandante y la EFPIA, parte coadyuvante.
3)    El Consejo soportará sus propias costas.
                                                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
( 1) DO C 192 de 8.7.2000.
                                                                                de 12 de diciembre de 2002
                                                                            en el asunto T-136/00, Carmelo Morello contra Comisión
                                                                                de las Comunidades Europeas (1)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                 («Funcionarios — Procedimiento de provisión de plazas
                                                                            vacantes — Motivación — Examen comparativo de las
                   de 12 de diciembre de 2002                               candidaturas e igualdad de trato de los funcionarios —
                                                                                Recurso de anulación — Recurso de indemnización»)
en el asunto T-135/00, Carmelo Morello contra Comisión
                de las Comunidades Europeas (1)                                                        (2003/C 44/42)
(«Funcionarios — Procedimiento de provisión de plazas                                        (Lengua de procedimiento: francés)
vacantes — Motivación — Examen comparativo de las
candidaturas e igualdad de trato de los funcionarios —
     Recurso de anulación — Recurso de indemnización»)
                                                                            En el asunto T-136/00, Carmelo Morello, funcionario de la
                          (2003/C 44/41)                                    Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
                                                                            Bruselas, representado por Mes J. Sambon y P.-P. Van Gehuch-
                                                                            ten, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra
                  (Lengua de procedimiento: francés)                        Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
                                                                            Sra. C. Berardis-Kayser y Sr. D. Waelbroeck), que tiene por
                                                                            objeto, por una parte, una demanda de anulación de la decisión
                                                                            de la Comisión de no nombrar al demandante para el puesto
En el asunto T-135/00, Carmelo Morello, funcionario de la                   de Jefe de la Unidad 2 «Automóviles, otros medios de
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                      transporte y construcción mecánica conexa», en la Dirección F
Bruselas, representado por M es J. Sambon y P.-P. Van Gehuch-               «Industrias de bienes de equipo y de consumo» de la Dirección
ten, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra                  General «Competencia» (COM/070/99), así como de la decisión
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:                              de nombrar a otro candidato para dicho empleo y, por otra
Sra. C. Berardis-Kayser y Sr. D. Waelbroeck), que tiene por                 parte, una reclamación de daños y perjuicios, el Tribunal de
objeto, por una parte, una demanda de anulación de la decisión              Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. M. Jaeger,
de la Comisión de no nombrar al demandante para el                          Presidente, y los Sres. K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces; Secretario:
puesto de Jefe de la Unidad 1 «Correos, telecomunicaciones y                Sr. J. Palacio González, administrador principal, ha dictado el
coordinación de los aspectos relacionados con la sociedad de                12 de diciembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el
la información», en la Dirección C «Información, comunicación               siguiente:
y multimedios » de la Dirección General «Competencia» (COM/
069/99), así como de la decisión de nombrar a otro candidato
para dicho empleo y, por otra parte, una reclamación de daños               1)     Condenar a la Comisión a pagar al demandante una cantidad
y perjuicios, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera),                     de 5 000 euros.
integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y los Sres. K. Lenaerts
y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administra-        2)     Desestimar el recurso en todo lo demás.
dor principal, ha dictado el 12 de diciembre de 2002 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                       3)     Condenar en costas a la Comisión.
1)    Condenar a la Comisión a pagar al demandante la cantidad de
      5 000 euros.                                                          (1 ) DO C 211 de 22.7.2000.
2)    Desestimar el recurso en todo lo demás.


title: Asunto C-417/14 RX: Decisión del Tribunal de Justicia (Sala de Reexamen) de 9 de septiembre de 2014 de reexaminar la sentencia del Tribunal General (Sección de Casación) dictada el 10 de julio de 2014 en el asunto T-401/11, Livio Missier Mamachi di Lusignano/Comisión Europea

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/21

      Decisión del Tribunal de Justicia (Sala de Reexamen) de 9 de septiembre de 2014 de reexaminar la sentencia del Tribunal General (Sección de Casación) dictada el 10 de julio de 2014 en el asunto T-401/11, Livio Missier Mamachi di Lusignano/Comisión Europea
      (Asunto C-417/14 RX)
      (2014/C 395/26)
      Lengua de procedimiento: italiano

         Partes en el procedimiento ante el Tribunal General

         Parte recurrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano (representantes: Fabrizio di Gianni, Renato Antonini, Gabriele Coppo y Aldo Scalini, abogados)

         Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

         Cuestiones que serán objeto de reexamen

      El reexamen se referirá a la cuestión de si la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Missir Mamachi di Lusignano/Comisión (T-401/11 P, EU:T:2014:625) vulnera la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión en la medida en que dicho Tribunal, actuando como órgano jurisdiccional de casación, se ha declarado competente para pronunciarse, en calidad de órgano jurisdiccional de primera instancia, sobre un recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión

                  —

                  basado en el incumplimiento de la obligación de una institución de garantizar la protección de sus funcionarios,

                  —

                  interpuesto por terceros en su condición de derechohabientes de un funcionario fallecido, así como en su condición de miembros de la familia de dicho funcionario, y que

                  —

                  tiene por objeto la reparación del perjuicio moral sufrido por el propio funcionario fallecido y de los perjuicios materiales y morales sufridos por esos terceros.

            y se instan a los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a las partes en el procedimiento ante el Tribunal General de la Unión Europea a presentar sus observaciones escritas sobre dicha cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente decisión.


title: Asunto T-725/16: Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2016 — Palos Caravina/CdT

text:
               12.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/32

         Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2016 — Palos Caravina/CdT
   (Asunto T-725/16)
   (2016/C 462/42)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: María José Palos Caravina (Luxemburgo, Luxemburgo) (representantes: A. Salerno y P. Singer, abogados)

      Demandada: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la AFPN del CdT que desestima su pretensión de que se le comunique la resolución de nombramiento de la Sra. [X] en el equipo de traducción española anunciada en octubre de 2015 y, en la medida en que sea necesario, de la resolución de la misma AFPN de 5 de julio de 2016 por la que se desestima la reclamación dirigida contra esa denegación.

               —

               Se impongan a la demandada todas las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante formula un único motivo, basado en la infracción del artículo 25 del Estatuto de los Funcionarios.
   En efecto, considera que el anuncio de la «llegada» de una persona a un servicio en modo alguno cumple con la obligación de publicación de las resoluciones de nombramiento establecida por dicho artículo y, sin una publicación con arreglo a Derecho, todo el personal tiene derecho a exigir la comunicación de la resolución de nombramiento controvertida. Así pues, en el caso de autos, la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT) vulneró este derecho al adoptar la resolución impugnada, es decir, la resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se le deniega la comunicación de dicha resolución.
   La parte demandante también estima que el hecho de oponer a ese derecho, derivado del artículo 25 del Estatuto de los Funcionarios, el Reglamento n.o 45/2001, relativo a la protección de datos personales, es inoperante pues, incluso suponiendo que una resolución de nombramiento entrase en el ámbito de los datos protegidos por dicho Reglamento, el artículo 25 debe considerarse lex specialis que confiere a terceros el derecho de acceso.


title: Asunto T-419/03: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por ARGEV Verpackungverwertungs-Gesellschaft mbH y Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft

text:
6.3.2004               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                               C 59/27
Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2003 contra la                 verticales y prácticas concertadas. Aun cuando los contratos
Comisión de las Comunidades Europeas por ARGEV                           de gestión celebrados por ARGEV contuvieran una cláusula de
Verpackungverwertungs-Gesellschaft mbH y Altstoff                        exclusividad (quod non), dichos acuerdos cumplen los requisi-
            Recycling Austria Aktiengesellschaft                         tos del Reglamento de exención por categorías.
                       (Asunto T-419/03)                                 No es lícito imponer obligaciones que exceden de lo dispuesto
                                                                         en el citado Reglamento. Además las demandantes alegan que
                          (2004/C 59/43)                                 las obligaciones impuestas son imposibles de cumplir y
                                                                         desproporcionadas. El artículo 3, letra b) de la Decisión exige
                (Lengua de procedimiento: alemán)                        que ARGEV o las empresas de eliminación de residuos con
                                                                         quien contrate dispongan de informaciones actualizadas sobre
                                                                         la cantidad total de los envases incluidos en el sistema que se
                                                                         encuentren en los hogares. Sin embargo, estas informaciones
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         no existen. Además, las cuotas de mercado sólo pueden
Europeas se ha presentado el 22 de diciembre de 2003 un
                                                                         determinarse a posteriori. Por ese motivo, la fórmula de
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,
                                                                         reparto propuesta por la Comisión para artículos que deben
formulado por ARGEV Verpackungverwertungs-Gesellschaft
                                                                         recogerse no puede llevarse a la práctica. Además, analizando
mbH y Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, con
                                                                         de manera realista del artículo 3, letra b), hay que llegar a la
domicilio social en Viena, representadas por el Sr. Hanno
                                                                         conclusión de que ARGEV no podría encargarse de las cuotas
Wollmann, abogado.
                                                                         de recogida y reciclado impuestas por la administración. En el
                                                                         peor de los casos ello daría lugar a la revocación de su
Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia               autorización. Por ese motivo, las condiciones de concesión son
que:                                                                     desproporcionadas, ya que existían medios menos severos
                                                                         para alcanzar el objetivo perseguido por la Comisión. En la
—     Anule los artículos 2 y 3 de la Decisión de la Comisión            Decisión impugnada las propuestas realizadas al respecto por
      de 16 de octubre de 2003 relativa a un procedimiento de            ARGEV no fueron tenidas en cuenta por la Comisión, que ni
      aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del                siquiera se detuvo a analizarlas.
      Acuerdo EEE (Asunto COMP D3/35470 — ARA, COMP/
      D3/35743-ARGEV, ARO).
                                                                         Por último, las demandantes alegan que entre la parte disposi-
—     Subsidiariamente, anule el artículo 3 de dicha Decisión.           tiva y los motivos de la Decisión impugnada existen contradic-
                                                                         ciones en aspectos centrales. La exposición de motivos con-
—     Condene en costas a la parte demandada.                            tiene limitaciones esenciales de las obligaciones impuestas, que
                                                                         luego no aparecen en la parte dispositiva de la Decisión.
Motivos y principales alegaciones                                        (1) Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de
                                                                             diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del
                                                                             artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos
En 1994 las demandantes notificaron algunos acuerdos y                       verticales y prácticas concertadas (DO L 336, p. 21).
solicitaron una declaración negativa o, en su defecto, una
decisión de exención de la prohibición de acuerdos restrictivos.
Mediante la Decisión impugnada la Comisión autorizó, some-
tiéndolos a determinados requisitos, el conjunto de contratos
de ARA, el sistema austriaco de recogida y reciclado de envases
que abarca todo el territorio austriaco.
                                                                         Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2003 por
Las demandantes impugnan los artículos 2 y 3 de la Decisión              European New Car Assessment Programme («Euro
y alegan que las restricciones de la competencia cuya existencia         NCAP») contra la Comisión de las Comunidades Europeas
afirma la Comisión no son ciertas. La Comisión basa el
artículo 2 de la Decisión en que ARGEV había prometido a las                                      (Asunto T-424/03)
empresas de eliminación de residuos con las que había
celebrado acuerdos de recogida y clasificación («contratos de
                                                                                (2004/C 59/44)
gestión de residuos») la exclusividad de dicha gestión en la
correspondiente región. Esta afirmación no es cierta. Los
contratos de gestión no contienen exclusividad o compromiso                                 (Lengua de procedimiento: inglés)
vinculante, ni a favor ni en contra de ARGEV. Por consiguiente,
la Comisión debería haber emitido a favor de los contratos de
gestión la declaración negativa solicitada con carácter principal,
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
en lugar de la exención de la prohibición.
                                                                         Europeas se ha presentado el 22 de diciembre de 2003 un
                                                                         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Las demandantes alegan, además, que el contrato de gestión               formulado por European New Car Assessment Programme
reúne los requisitos exigidos por el Reglamento (CE) no 2790/            («Euro NCAP»), Bruselas, Bélgica, representada por los
1999 (1) para eximir determinadas categorías de acuerdos                 Sres. S. Kinsella y K. Daly, Solicitors.


title: Asunto C-121/13: Auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Wedding — Alemania) — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd

text:
               11.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/18

         Auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Wedding — Alemania) — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd
   (Asunto C-121/13) (1)

   2014/C 261/28
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 164, de 8.6.2013.


title: Asunto T-350/16: Recurso interpuesto el 1 de julio de 2016 — Kinepolis Group/Comisión

text:
               16.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/39

         Recurso interpuesto el 1 de julio de 2016 — Kinepolis Group/Comisión
   (Asunto T-350/16)
   (2016/C 296/50)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Kinepolis Group (Bruselas, Bélgica) (representantes: H. Gilliams y J. Bocken, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 11 de enero de 2016 sobre el régimen de ayudas estatales de la exención de los beneficios excedentarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por el Reino de Bélgica.

               —

               Con carácter subsidiario, anule los artículos 2 a 4 de la Decisión.

               —

               En cualquier caso, anule los artículos 2 a 4 de la Decisión en la medida en que dichos artículos a) ordenan la recuperación de entidades distintas de las entidades que han sido objeto de «decisiones fiscales anticipadas relativas a los beneficios excedentarios» como se definen en la citada Decisión, y b) exigen la recuperación de una cantidad igual a la obtenida mediante la exención fiscal del beneficiario, sin permitir que Bélgica tenga en cuenta los ajustes al alza efectuados por otra administración tributaria.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo basado en un error manifiesto de apreciación, un abuso de poder y la falta de motivación en la medida en que la Decisión de la Comisión de 11 de enero de 2016 sobre el régimen de ayudas estatales de la exención de los beneficios excedentarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por el Reino de Bélgica sostiene que existía un régimen de ayudas.

               2.

               Segundo motivo basado en la infracción del artículo 107 TFUE y el incumplimiento de la obligación de motivación así como en un error manifiesto de apreciación al haberse calificado en la Decisión impugnada el supuesto régimen de medida selectiva.

               3.

               Tercer motivo basado en la infracción del artículo 107 TFUE y en un error manifiesto de apreciación al haberse afirmado en la Decisión impugnada que el supuesto régimen confiere una ventaja.

               4.

               Cuarto motivo basado en la infracción del artículo 107 TFUE, la violación de la confianza legítima, un error manifiesto de apreciación, un abuso de poder y la falta de motivación en la medida en que la Decisión impugnada ordena a Bélgica la recuperación de la ayuda.


title: Asunto C-455/14 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de septiembre de 2014 por H contra el auto del Tribunal General (Sala Novena) dictado el 10 de julio de 2014 en el asunto T-271/10, H/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Misión de Policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina ( «MPUE» )

text:
               15.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 448/10

         Recurso de casación interpuesto el 29 de septiembre de 2014 por H contra el auto del Tribunal General (Sala Novena) dictado el 10 de julio de 2014 en el asunto T-271/10, H/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Misión de Policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina («MPUE»)
   (Asunto C-455/14 P)
   (2014/C 448/13)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: H (representante: M. Velardo, avvocato)

      Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule el auto del Tribunal General dictado el 10 de julio de 2014 en el asunto T-271/10, H/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea y «MPUE», en la medida en que desestima la pretensión formulada por la parte demandante dirigida a obtener la anulación de la decisión de 7 de abril de 2010, firmada por el jefe del personal de la MPUE, por la que la demandante fue destinada al puesto de «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» en la oficina regional de Banja Luka (Bosnia y Herzegovina) y, en la medida en que resultara necesario, de la decisión de 30 de abril de 2010, firmada por el jefe de la misión contemplado en el artículo 6 de la Decisión 2009/906/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2009, relativa a la Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina (1), y, en segundo lugar, una indemnización de daños y perjuicios.

               —

               Devuelva el asunto al Tribunal General.

               —

               Condene a las partes demandadas en la primera instancia al pago de las costas de los procedimientos.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso de casación, el recurrente alega los siguientes motivos de casación:

               —

               Vulneración del derecho de defensa.

               —

               Infracción del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento.

               —

               Error de Derecho.

               —

               Infracción del Derecho de la Unión.

      (1)  DO L 322, p. 22.