title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 21 de septiembre de 2004, en el asunto T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Condonación de derechos de importación — Artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 3319/94 — Concepto de «situación especial» en el sentido del artículo 905 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 — Derecho antidumping que grava las importaciones de mezcla de urea con nitrato de amonio en disolución originaria de Polonia — Facturación directa al importador)

text:
               20.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 284/15

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 21 de septiembre de 2004
   en el asunto T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Condonación de derechos de importación - Artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) no 3319/94 - Concepto de «situación especial» en el sentido del artículo 905 del Reglamento (CEE) no 2454/93 - Derecho antidumping que grava las importaciones de mezcla de urea con nitrato de amonio en disolución originaria de Polonia - Facturación directa al importador)
   (2004/C 284/30)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA, con domicilio social en París (Francia), representada por Me M. Famchon, avocat, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. C. Durand, Sres. B. Stromsky y X. Lewis, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión C(2002) 24 final de la Comisión, de 14 de enero de 2002, por la que se hace constar que no está justificada la condonación de los derechos de importación en un caso particular, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada), integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, P. Mengozzi y la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 21 de septiembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La demandante cargará con sus propias costas y con las de la Comisión.

      (1)  DO C 156 de 29.6.2002.


title: Asunto C-584/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 19 de noviembre de 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre Warranty SpA/Mapfre asistencia compañía internacional de seguros y reaseguros, Directeur Général des finances publiques

text:
               1.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 31/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 19 de noviembre de 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre Warranty SpA/Mapfre asistencia compañía internacional de seguros y reaseguros, Directeur Général des finances publiques
   (Asunto C-584/13)
   2014/C 31/05
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Directeur général des finances publiques, Mapfre Warranty SpA

      Demandada: Mapfre asistencia compañía internacional de seguros y reaseguros, Directeur Général des finances publiques

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los artículos 2 y 13, parte B, letra a), de la Sexta Directiva 77/388/CEE (1) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en el sentido de que la prestación consistente en cubrir las averías mecánicas que puedan afectar a determinadas piezas de un vehículo de ocasión llevada a cabo por un operador económico independiente del revendedor de vehículos de ocasión a cambio del pago de una cantidad a tanto alzado está comprendida en la categoría de operaciones de seguro exentas del pago del impuesto sobre el valor añadido o si, por el contrario, está comprendida en la categoría de prestaciones de servicio?

      (1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 45, p. 1; EE 09/01, p. 54).


title: Asunto C-694/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 21 de diciembre de 2015 — Vigilanza Privata Turris Srl/Questore di Napoli

text:
               21.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 21 de diciembre de 2015 — Vigilanza Privata Turris Srl/Questore di Napoli
   (Asunto C-694/15)
   (2016/C 106/24)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Vigilanza Privata Turris Srl

      Recurrida: Questore di Napoli

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿La sentencia del Tribunal de Justicia Comisión/Italia, C-465/05, EU:C:2007:781, que determinó que el Estado Italiano vulneró los principios consagrados en los artículos 43 CE y 49 CE (libertad de establecimiento y de prestación de servicios) al haber establecido que:

                           a)

                           la actividad de guarda privado únicamente puede ejercerse previa prestación de un juramento de fidelidad a la República Italiana;

                           b)

                           la actividad de seguridad privada únicamente puede ser ejercida por los prestadores de servicios domiciliados en otro Estado miembro previa concesión de una autorización del Prefetto de alcance territorial, sin que se tengan en cuenta las obligaciones a las que dichos prestadores están sujetos ya en el Estado miembro de origen;

                           c)

                           dicha autorización tiene una validez territorial limitada y que su concesión está supeditada a que se tengan en cuenta el número y la importancia de las empresas de seguridad privada que operan ya en el territorio de que se trate;

                           d)

                           las empresas de seguridad privada deben tener un establecimiento de explotación en cada provincia en la que ejerzan su actividad;

                           e)

                           el personal de las empresas debe ser autorizado individualmente para ejercer la actividad de seguridad privada, sin que se tengan en cuenta los controles y las verificaciones ya realizados en el Estado miembro de origen;

                           g)

                           las empresas de seguridad privada deben disponer de una plantilla mínima y/o máxima para ser autorizadas;

                           h)

                           las mismas empresas deben depositar una fianza en la Caja de Depósitos y Préstamos;

                           i)

                           los precios de los servicios de seguridad privada se fijan en la autorización del Prefetto con relación a un margen de variación previamente establecido
                           [puede] excluir por sí misma la facultad de la autoridad provincial de seguridad pública (Questore) para adoptar prescripciones de servicio como las impugnadas [que] obligan a la utilización de un número mínimo de agentes (dos) para las operaciones relativas a determinados servicios?

               2)

               Pese a tratarse de una nueva cuestión, ¿presenta nuevos elementos de analogía en modo tal que lleve a la misma solución, con referencia a los mencionados artículos 43 CE y 49 CE?


title: Asunto C-208/14: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial Navarra (España) el 25 de abril de 2014 – Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia S.A.

text:
               14.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/6

         Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial Navarra (España) el 25 de abril de 2014– Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia S.A.
   (Asunto C-208/14)
   2014/C 223/08
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Audiencia Provincial Navarra

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Antonia Valdivia Reche

      Otra parte: Banco de Valencia S.A.

      Cuestión prejudicial

   Si el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE (1), apreciado el carácter abusivo de la cláusula que fijó el tipo del interés de demora en el 29 %, obliga al tribunal nacional a declarar su ineficacia sin posibilidad de moderar el tipo de interés pactado aunque haya sido solicitado expresamente por uno de los consumidores demandados

      (1)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores DO L 95, p. 29


title: Asunto T-211/11: Recurso interpuesto el 11 de abril de 2011 — Timab Industries y CFPR/Comisión

text:
               18.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/18

         Recurso interpuesto el 11 de abril de 2011 — Timab Industries y CFPR/Comisión
   (Asunto T-211/11)
   2011/C 179/31
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Timab Industries (Dinard, Francia) y Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (representante: N. Lenoir, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión.

               —

               Condene a la Comisión al pago de todas las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   Las demandantes solicitan la anulación de la Decisión de la Comisión de 1 de febrero de 2011 por la que deniega el acceso a determinados documentos de la Comisión relativos a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en relación con una práctica concertada en el mercado europeo de los fosfatos para la alimentación animal (asunto COMP/38.866).
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación en relación con el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento no 1049/2001, (1) en la medida en que, en su opinión, los documentos solicitados no son dictámenes sino decisiones, con respecto a las cuales no está demostrado que la comunicación pueda constituir un perjuicio grave al proceso de toma de decisiones.

               2)

               Segundo motivo, basado en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación en relación con el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento no 1049/2001, en la medida en que, en su opinión, los documentos solicitados no contienen ningún dato comercial sensible que pudiera impedir su comunicación incluso parcial.

               3)

               Tercer motivo, basado en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación en relación con el artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, tercer guión, del Reglamento no 1049/2001, ya que la Comisión invocó un perjuicio a las actividades de inspección, investigación y auditoría.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).


title: Archivo del asunto T-174/03

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/60

         Archivo del asunto T-174/03 (1)

   (2004/C 262/111)

      (Lengua de procedimiento: francés)

   Mediante auto de 6 de julio de 2004, el Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-174/03, Franco cosan contra Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 184 de 2.8.2003.


title: Asunto C-542/12: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 8 de mayo de 2013 — (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Pordenone — Italia) — Proceso penal contra Fidenato Giorgio [Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento — Directiva 2002/53/CE — Catálogo común de variedades de las especies de plantas agrícolas — Organismos modificados genéticamente (OMG) admitidos en el catálogo común — Reglamento (CE) n ° 1829/2003 — Artículo 20 — Productos existentes — Directiva 2001/18/CE — Artículo 26 bis — Medidas para evitar la presencia accidental de organismos modificados genéticamente]

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/52

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 8 de mayo de 2013 — (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Pordenone — Italia) — Proceso penal contra Fidenato Giorgio
   (Asunto C-542/12) (1)

   (Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento - Directiva 2002/53/CE - Catálogo común de variedades de las especies de plantas agrícolas - Organismos modificados genéticamente (OMG) admitidos en el catálogo común - Reglamento (CE) no 1829/2003 - Artículo 20 - Productos existentes - Directiva 2001/18/CE - Artículo 26 bis - Medidas para evitar la presencia accidental de organismos modificados genéticamente)
   2013/C 225/93
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Pordenone

      Parte/en el proceso penal principal

   Fidenato Giorgio

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale de Pordenone — Interpretación de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 marzo 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 106, p. 1) — Normativa nacional que supedita el cultivo de OMG, incluidos en el catálogo común europeo de variedades, a un procedimiento de autorización para impedir la presencia accidental de organismos modificados genéticamente en otros productos (principio de coexistencia).

      Fallo

   El Derecho de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que el cultivo de organismos modificados genéticamente como las variedades del maíz MON 810 no puede supeditarse a un procedimiento nacional de autorización cuando la utilización y la comercialización de estas variedades están autorizadas en virtud del artículo 20 del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, y dichas variedades han sido admitidas en el catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas previsto por la Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas, modificada por el Reglamento no 1829/2003. El artículo 26 bis de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 marzo 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2008/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros oponerse al cultivo en su territorio de tales organismos modificados genéticamente ya que la obtención de una autorización nacional constituye una medida de coexistencia destinada a evitar la presencia accidental de organismos modificados genéticamente en otros cultivos.

      (1)  DO C 63, de 2.3.2013.


title: Asunto C-449/07: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

text:
               7.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/22

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-449/07) (1)

   (2008/C 142/39)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 283 de 24.11.2007.


title: Asunto C-125/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) el 10 de marzo de 2017 — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

text:
               3.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) el 10 de marzo de 2017 — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma
   (Asunto C-125/17)
   (2017/C 213/21)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione tributaria provinciale di Roma

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Luigi Bisignani

      Recurrida: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

      Cuestión prejudicial

   «¿Se oponen el artículo 64 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en relación con el artículo 63 TFUE y el artículo 65 TFUE, y la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, (1) en la medida en que permiten mantener en la legislación nacional las restricciones, vigentes a 31 de diciembre de 1993, a los movimientos de capitales procedentes de terceros países o con destino a ellos, para evitar la pérdida potencial de ingresos de los Estados miembros y recabar elementos probatorios sobre la irregularidad o la ilegalidad de operaciones que parezcan contravenir o infringir la normativa fiscal y, sobre la base de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad consagrados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, establecer a tales efectos una distinción entre sujetos pasivos que no se encuentran en la misma situación en lo que respecta al lugar de residencia o al lugar en el que hayan invertido su capital, a una normativa nacional que, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letras c) y d), de la Ley n.o 97, de 6 de agosto de 2013 (Ley europea 2013), al menos según la interpretación que han propuesto ambas partes, ha derogado con carácter definitivo (más que reformularla) la infracción tributaria prevista y sancionada por los artículos 4 y 5 del Decreto-Ley n.o 167, de 28 de junio de 1990, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.o 227, de 4 de agosto de 1990, y no establece una distinción entre los distintos supuestos de circulación de capitales entre los Estados miembros de la Unión y entre éstos y otros Estados o territorios sujetos a un régimen fiscal privilegiado?»

      (1)  Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64, p. 1).


title: Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 1997 por C contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-248/97)

text:
C 318/34             F ES I               Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 18 . 10 . 97
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado            Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 1997 por C
por la Comunidad Autónoma de Cantabria con domicilio                     contra la Comisión de las Comunidades Europeas
en España, representado por el letrado en ejercicio D.                                   ( Asunto T-248/97)
Juan Ignacio Sáez Bereciartu del Ilustre Colegio de Aboga
dos de Cantabria .                                                                           ( 97/C 318/65 )
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
tancia que se anule la referencia a Astander de ) conside
rando decimoprimero del Reglamento ( CE ) n° 1013/97 del           Europeas se ha presentado el 8 de septiembre de 1997 un
Consejo, y no se condicionen las ayudas previstas en los           recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
artículos 1 y 2 a la limitación de actividad de transforma        formulado por C, representado por el letrado en ejercicio
ción naval en el citado astillero .                                D. Valeriano Hernández Martín, del Ilustre Colegio de
                                                                   Abogados de Madrid, con domicilio en Madrid, calle
                                                                   Conde de la Cimera, 2 .
Motivos y principales alegaciones
                                                                   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
                                                                   tancia que:
La demandante se opone a que el Reglamento ( CE)
n° 1013/97, del Consejo, de 2 de junio de 1997, sobre              — declare la nulidad radical o inexistencia de la decisión
ayudas a determinados astilleros en curso de reestructura              de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nom
ción ( l ) recoja, en su considerando decimoprimero, la afir           bramientos de la Comisión Europea, de 30 de marzo
mación de que no se llevarán a cabo transformaciones                    de 1992, por la que se acepta y se tiene por definitiva
navales en el astillero de Astander. Se afirma, a este res             la dimisión ofrecida por C,
pecto, que si bien es cierto que dicha afirmación no se
refleja expresamente en el articulado del referido Regla          — se reconocza al recurrente su condición actual de fun
mento, no lo es menos que la misma se erige en condicio                cionario en la Comisión, y alternativamente: a ) se le
nante para la obtención de las ayudas que, con carácter                 abonen los salarios devengados y no cobrados desde el
excepcional , se establecen en sus artículos 1 y 2 . Así, el            1 de abril de 1992; o b) se reconozca que la pensión
punto 4 del artículo 1 se refiere a la posibilidad de consi            de invalidez, que habrá de concederse a C tras la tra
derar compatibles con el mercado común las ayudas a la                  mitación del oportuno procedimiento, debe tener
reestructuración de los astilleros españoles de titularidad             efecto desde el 1 de abril de 1992 ,
pública, hasta un importe y en una forma que el mismo
precepto concreta, condicionándose, sin embargo, dichas            — se impongan las costas procesales a la Comisión de las
ayudas, en el considerando que directamente se impugna,                 Comunidades Europeas.
a que en el astillero de Astander, y mientras siga siendo de
                                                                   Motivos y principales alegaciones
titularidad pública, no se lleven a cabo actividades de
transformación naval .
                                                                   Los motivos y principales alegaciones son los ya invocados
                                                                   en el asunto T-27/97, C/Comisión ( ! ).
 La demandante alega que la referencia a Astander reali
zada en el Reglamento impugnado incumple la reserva                (') DO C 181 de 14 . 6 . 1997, p. 15 .
material del artículo 189 del Tratado de Roma, en la
 medida en que se incorpora al considerando de un Regla
 mento una auténtica Decisión, que debería haber tenido
 un reflejo normativo autónomo, y no una inclusión inespe
 cífica en una disposición general . Utilizando la forma de
 Reglamento, el Consejo condiciona su eficacia al cumpli          Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 1997 por C
 miento de una Decisión, también obligatoria, pero que                   contra la Comisión de las Comunidades Europeas
 afecta a destinatarios concretos .                                                       (Asunto T-249/97)
                                                                                ( 97/C 318/66 )
 Por otro lado, la demandante invoca una violación del                           (Lengua de procedimiento: español)
 deber de motivación de los actos, en la medida en que, en
 su opinión, no se alcanza a comprender por qué se condi          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
 ciona un régimen generalizado de ayudas al respeto de              Europeas se ha presentado el 8 de septiembre de 1997 un
 una limitación referida a un astillero concreto y determi         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
 nado; todo ello sin fundamentación alguna en el acuerdo o         formulado por C, representado por el letrado en ejercicio
 toma de voluntades que suponga el origen de una decisión          D. Valeriano Hernández Martín, del Ilustre Colegio de
 de tanta incidencia, tanto para el astillero afectada como         Abogados de Madrid, con domicilio en Madrid, calle
 para el ámbito territorial más cercano en que el mismo se          Conde de la Cimera, 2 .
 sitúa .
                                                                    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
 H DO L 148 de 6 . 6 . 1997, p. 1 .                                 tancia que se estime el presente recurso y, en su virtud, se
                                                                    le conceda una pensión de invalidez, en los términos
                                                                    expresados en el cuerpo de este escrito. Con imposición de
                                                                    costas .


title: Asunto T-277/11: Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2011 — Hotel Reservation Service Robert Ragge/OAMI — Promotora Imperial (iHotel)

text:
               13.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 238/19

         Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2011 — Hotel Reservation Service Robert Ragge/OAMI — Promotora Imperial (iHotel)
   (Asunto T-277/11)
   2011/C 238/35
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH (Colonia, Alemania) (representante: M. Koch, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Promotora Imperial, S.A. (Pozuelo de Alarcón, Madrid)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Modifique la resolución de la Primera Sala de Recurso de 24 de febrero de 2011 (asunto R 832/2010-1), de tal forma que se estime el recurso principal y se desestime la oposición (no B 1458571); condene a la parte que formuló oposición al pago de las costas del procedimiento de recurso y del procedimiento de oposición, y mantenga la resolución en todo lo demás.

               —

               Condene a la demandada al pago de las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «iHotel» para servicios de las clases 35, 39, 41, 42 y 43 — Solicitud no 6.912.877

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Promotora Imperial, S.A.

      Marca o signo invocado: Marca denominativa comunitaria «i-hotel» para productos y servicios de las clases 16, 41 y 43

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, por no existir riesgo alguno de confusión entre las marcas enfrentadas. Según la demandante, la Sala de Recurso afirmó erróneamente la similitud de las marcas enfrentadas y de los correspondientes productos y servicios.


title: Asunto C-92/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 3 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Judecătoria Câmpulung — Rumanía) — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL (Procedimiento prejudicial — Directivas 93/13/CEE y 2008/48/CE — Aplicación ratione temporis y ratione materiae — Hechos anteriores a la adhesión de Rumanía a la Unión Europea — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Aplicación del Derecho de la Unión — Inexistencia — Incompetencia manifiesta — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/33

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 3 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Judecătoria Câmpulung — Rumanía) — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL
   (Asunto C-92/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Directivas 93/13/CEE y 2008/48/CE - Aplicación ratione temporis y ratione materiae - Hechos anteriores a la adhesión de Rumanía a la Unión Europea - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Aplicación del Derecho de la Unión - Inexistencia - Incompetencia manifiesta - Artículos 49 TFUE y 56 TFUE - Inadmisibilidad manifiesta))
   2014/C 315/53
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Judecătoria Câmpulung

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran

      Demandada: SC Suport Colect SRL

      Fallo

   La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo no son aplicables al litigio principal.
   Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a la tercera cuestión prejudicial planteada por la Judecătoria Câmpulung (Rumanía) por resolución de 25 de febrero de 2014, y la quinta cuestión prejudicial planteada por el mismo tribunal es manifiestamente inadmisible.

      (1)  DO C 142, de 12.5.2014.


title: Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 31 de 8.2.2003

text:
C 44/46       ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                          22.2.2003
                                                          III
                                                    (Informaciones)
                                                   (2003/C 44/84)
               Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea
        DO C 31 de 8.2.2003
        Recopilación de las publicaciones anteriores
        DO C 19 de 25.1.2003
        DO C 7 de 11.1.2003
        DO C 323 de 21.12.2002
        DO C 305 de 7.12.2002
        DO C 289 de 23.11.2002
        DO C 274 de 9.11.2002
                                     Estos textos se encuentran disponibles en:
                                       EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex
                                         CELEX: http://europa.eu.int/celex


title: Asunto C-120/06 P: Recurso de casación interpuesto el  27 de febrero de 2006  por Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) y Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) contra la sentencia dictada el  14 de diciembre de 2005  por del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-69/00, Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) y Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               6.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/6

         Recurso de casación interpuesto el 27 de febrero de 2006 por Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) y Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2005 por del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-69/00, Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) y Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-120/06 P)
   (2006/C 108/10)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Recurrentes: Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) (representantes: I. Van Bael, F. Di Gianni y A. Cevese, abogados)

      Otras partes del procedimiento: Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 2005.

               —

               Que, en la medida en que el estado del litigio lo permita, se resuelva sobre el fondo, y se reconozca que las recurrentes tienen derecho al resarcimiento del perjuicio derivado de la responsabilidad de los demandados por un acto ilícito o por un acto lícito.

               —

               Que, en cualquier caso, se imponga a los demandados el pago de las costas del procedimiento, tanto las correspondientes a este trámite como las causadas en primera instancia ante el Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Que, con carácter subsidiario, se fije una indemnización razonable a favor de las recurrentes en atención a la duración excesiva del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Que se acuerden cualesquiera otras medidas y se adopten cualesquiera otras decisiones que deban considerarse necesarias con arreglo a la equidad.

         Motivos y principales alegaciones
   Las recurrentes sostienen que la sentencia recurrida adolece de un vicio por no estar en absoluto motivada en relación con una de las principales alegaciones formuladas, a saber, que en las específicas situaciones de hecho que caracterizan el caso de autos, a dichas recurrentes les asiste el derecho a invocar la decisión adoptada por el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio, para probar, a efectos del recurso de indemnización, que el comportamiento de la Comunidad es contrario a Derecho.


title: Asunto C-2/08: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte Suprema di Cassazione (Italia) el 2 de enero de 2008 — Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl

text:
               29.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte Suprema di Cassazione (Italia) el 2 de enero de 2008 — Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl
   (Asunto C-2/08)
   (2008/C 79/26)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Corte Suprema di Cassazione
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

      Recurrida: Fallimento Olimpiclub Srl
   Cuestión prejudicial
   «¿Se opone el Derecho comunitario a la aplicación de una disposición de Derecho nacional como la prevista en el artículo 2909 del codice civile, dirigida a sancionar el principio de fuerza de cosa juzgada, cuando tal aplicación consagra un resultado contrario al Derecho comunitario, frustrando la aplicación del mismo, en sectores distintos del de las ayudas de Estado (véase al respecto la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2007, Lucchini, C-119/05) y, en particular, en materia de IVA y de abuso del Derecho consumado para obtener ahorros fiscales indebidos, habida cuenta, en particular, del principio de Derecho nacional, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia de esta Corte, según el cual en los litigios tributarios, la cosa juzgada externa, cuando las apreciaciones amparadas por ella versan sobre un punto fundamental común a otros asuntos, tiene, respecto a éstos, fuerza vinculante aunque la sentencia se haya dictado en relación con un período impositivo distinto?»


               11.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/2

         Adscripción del Sr. O'Higgins a las Salas
   (2008/C 260/02)
   El 17 de septiembre de 2008, a raíz de la entrada en funciones como Juez del Sr. O'Higgins, el Pleno del Tribunal de Primera Instancia decidió modificar como se indica a continuación las decisiones del Pleno de 25 de septiembre de 2007 y de 8 de julio de 2008, relativas a la adscripción de los Jueces a las Salas.
   Durante el período comprendido entre el 17 de septiembre de 2008 y el 30 de septiembre de 2008 y, posteriormente, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de agosto de 2010, estarán adscritos:
   a la Sala Tercera ampliada, integrada por cinco Jueces:
   el Sr. Azizi, Presidente de Sala, la Sra. Cremona, la Sra. Labucka, el Sr. Frimodt Nielsen y el Sr. O'Higgins, Jueces;
   a la Sala Cuarta ampliada, integrada por cinco Jueces:
   el Sr. Czúcz, Presidente de Sala, la Sra. Cremona, la Sra. Labucka, el Sr. Frimodt Nielsen y el Sr. O'Higgins, Jueces;
   a la Sala Cuarta, integrada por tres Jueces:
   el Sr. Czúcz, Presidente de Sala;
   la Sra. Labucka, Juez;
   el Sr. O'Higgins, Juez.


title: Asunto C-50/15 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de febrero de 2015 por Kurt Hesse contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 27 de noviembre de 2014 en el asunto T-173/11, Kurt Hesse y Lutter & Partner GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               27.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/33

         Recurso de casación interpuesto el 6 de febrero de 2015 por Kurt Hesse contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 27 de noviembre de 2014 en el asunto T-173/11, Kurt Hesse y Lutter & Partner GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-50/15 P)
   (2015/C 138/45)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Kurt Hesse (representante: M. Krogmann, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

      Pretensiones

   El recurrente solicita que:

               —

               Se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2014 (asunto T-173/11).

               —

               Se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 11 de enero de 2011 (asunto R0306/2014-4) y se desestime la oposición formulada contra la solicitud de marca comunitaria no 5723 432 de 16 de febrero de 2007.
               Con carácter subsidiario:

               —

               Que se devuelva el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

         Además el recurrente solicita que:

               —

               Se condene en costas a la parte recurrida.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurrente basa su recurso de casación en los siguientes motivos:

               1.

               No consideración, errónea, de factores relevantes para la apreciación de la similitud con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC) (1)

               El recurrente impugna la apreciación del Tribunal General según la cual la Sala de Recurso estimó acertadamente que «los aparatos de navegación móviles, en particular aparatos de navegación móviles asistidos por satélite», por un lado, y los productos cubiertos por la marca oponente, por otro lado, son similares. Según el recurrente, el Tribunal General no tomó en consideración, a la hora de valorar la similitud, factores esenciales como la naturaleza de los productos de que se trata y su fabricación, comercialización, canales de distribución y puntos de venta. El recurrente alega que, si se hubieran tenido plenamente en cuenta y se hubieran ponderado debidamente todos los factores relevantes, se habría declarado que los productos no son similares.

               2.

               Desnaturalización de los hechos y error de Derecho en la aplicación del criterio de la notoriedad con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC
               Según el recurrente, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al admitir la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la marca «Carrera» era notoriamente conocida para una parte significativa del público. El recurrente indica que la Sala de Recurso basó su apreciación en particular en algunos aspectos de un dictamen sobre el uso y añade que la Sala de Recurso y el Tribunal General consideraron infundadamente que algunos resultados esenciales del dictamen «carecían de valor» e ignoraron totalmente algunos otros resultados esenciales. Por tanto, la decisión del Tribunal General se basa en una considerable desnaturalización de los hechos y las pruebas.

               3.

               Error de Derecho al apreciar una «transferencia de imagen» con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC
               El recurrente alega que el Tribunal General admitió infundadamente la apreciación de la Sala de Recurso según la cual existe el riesgo de una «transferencia de imagen» en favor de la marca «Carrera» solicitada por el recurrente. La Sala de Recurso supuso que todos los bienes cubiertos por la marca solicitada podían «incorporarse en vehículos y utilizarse en ellos». De lo anterior la Sala de Recurso dedujo una «percepción social» conforme a la cual el uso de la marca solicitada, por un lado, y los vehículos, por otro, «coinciden». En realidad, según el recurrente, el mero hecho de que los bienes para los que se solicita la marca puedan incorporarse en los vehículos y utilizarse en ellos no puede crear en modo alguno una «percepción social» ni implicar una transferencia de imagen. En esta medida, la Sala de Recurso y el Tribunal General omitieron fundamentar sus decisiones de modo comprensible.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto C-220/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración General del Estado (Contratación pública — Liberalización de los servicios postales — Directivas 92/50/CEE y 97/67/CE — Artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE — Normativa nacional que permite que las Administraciones públicas celebren, al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, convenios relativos a la prestación de servicios postales, tanto reservados como no reservados, con una empresa pública, a saber, el proveedor del servicio postal universal en el Estado miembro de que se trate)

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración General del Estado
   (Asunto C-220/06) (1)

   (Contratación pública - Liberalización de los servicios postales - Directivas 92/50/CEE y 97/67/CE - Artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE - Normativa nacional que permite que las Administraciones públicas celebren, al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, convenios relativos a la prestación de servicios postales, tanto reservados como no reservados, con una empresa pública, a saber, el proveedor del servicio postal universal en el Estado miembro de que se trate)
   (2008/C 51/25)
   Lengua de procedimiento: español
   Órgano jurisdiccional remitente
   Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

      Demandada: Administración General del Estado
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Interpretación de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14), en su versión modificada por la Directiva 2002/39/CE (DO L 176, p. 21) — Convenio celebrado sin aplicación de las normas sobre contratación pública entre un órgano de la Administración del Estado y una sociedad de capital público que se refiere, en particular, a la prestación de servicios postales, incluidos servicios no reservados al operador que presta el servicio postal universal.
   Fallo

               1)

               El Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que permite que las Administraciones públicas, actuando al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, encarguen la prestación de servicios postales reservados, con arreglo a la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, a una sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal universal en dicho Estado miembro.

               2)

               La Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en su versión modificada por la Directiva 2001/78/CE de la Comisión, de 13 de septiembre de 2001, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que permite que las Administraciones públicas, actuando al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, encarguen la prestación de servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67 a una sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal universal en dicho Estado, siempre que los convenios a los que tal normativa se aplique

                           —

                           alcancen el umbral pertinente según lo previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 92/50 y

                           —

                           constituyan, con arreglo al artículo 1, letra a), de la Directiva 92/50, en su versión modificada por la Directiva 2001/78, contratos celebrados por escrito y a título oneroso,

                     extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.

               3)

               Tanto los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE como los principios de igualdad de trato, no discriminación por razón de la nacionalidad y transparencia deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que permite que las Administraciones públicas, actuando al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, encarguen la prestación de servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67 a una sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal universal en dicho Estado, siempre que los convenios a los que tal normativa se aplique

                           —

                           no alcancen el umbral pertinente según lo previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 92/50, en su versión modificada por la Directiva 2001/78, y

                           —

                           no constituyan, en realidad, un acto administrativo unilateral que imponga obligaciones exclusivamente a cargo del proveedor del servicio postal universal y que se aparte sensiblemente de las condiciones normales de la oferta comercial de este último,

                     extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 178 de 29.7.2006.


title: Asuntos acumulados C-231/11 P a C-233/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014 — Comisión Europea/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Recurso de casación — Competencia — Práctica colusoria — Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas — Responsabilidad solidaria para el pago de la multa — Concepto de empresa — Principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y de las sanciones — Competencia jurisdiccional plena del Tribunal General — Principio ne ultra petita — Principios de proporcionalidad y de igualdad de trato)

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014 — Comisión Europea/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA
   (Asuntos acumulados C-231/11 P a C-233/11 P) (1)

   ((Recurso de casación - Competencia - Práctica colusoria - Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas - Responsabilidad solidaria para el pago de la multa - Concepto de empresa - Principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y de las sanciones - Competencia jurisdiccional plena del Tribunal General - Principio ne ultra petita - Principios de proporcionalidad y de igualdad de trato))
   2014/C 175/02
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrentes: Comisión Europea (representantes: A. Antoniadis, R. Sauer y N. von Lingen, agentes) (C-231/11 P), Siemens Transmission & Distribution Ltd (C-232/11 P), Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (C-233/11 P) (representantes: H. Wollmann y F. Urlesberger, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (representantes: H. Wollmann y F. Urlesberger, Rechtsanwälte), Comisión Europea (representantes: A. Antoniadis, R. Sauer y N. von Lingen, agentes)

      Objeto

   Recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 3 de marzo de 2011, Siemens Österreich y otros/Comisión (asuntos acumulados T-122/07 a T-124/07), mediante los que se solicita, con carácter principal, la anulación parcial de la Decisión C(2006) 6762 final de la Comisión, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 81 CE y 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 — Conmutadores con aislamiento de gas), y, con carácter subsidiario, la reducción de la multa impuesta a las demandantes.

      Fallo

               1)

               Anular el punto 2 del fallo de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 3 de marzo de 2011, Siemens Österreich y otros/Comisión (T-122/07 a T-124/07), en la medida en que anula el artículo 2, letras j) y k), de la Decisión C(2006) 6762 final de la Comisión, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo [81 CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 — Conmutadores con aislamiento de gas).

               2)

               Anular el punto 3, primer guión, del fallo de la sentencia del Tribunal General de 3 de marzo de 2011, Siemens Österreich y otros/Comisión (T-122/07 a T-124/07).

               3)

               Anular el punto 3, guiones segundo a cuarto, del fallo de la sentencia del Tribunal General de 3 de marzo de 2011, Siemens Österreich y otros/Comisión (T-122/07 a T-124/07) en la medida en que implica la fijación de las cuotas de las demandantes en primera instancia de los importes de la multa a los que fueron condenadas solidariamente.

               4)

               Desestimar los recursos de casación en todo lo demás.

               5)

               Condenar a Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA y Nuova Magrini Galileo SpA a cargar con las costas del recurso de casación en el asunto C-231/11 P.

               6)

               Condenar a Siemens Transmission & Distribution Ltd a cargar con las costas del recurso de casación en el asunto C-232/11 P.

               7)

               Condenar a la Comisión Europea a cargar con las costas del recurso de casación en el asunto C-233/11 P.

               8)

               Se mantiene el reparto de las costas relativas al procedimiento de primera instancia establecido en los puntos 5 a 7 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 3 de marzo de 2011, Siemens Österreich y otros/Comisión (T-122/07 a T-124/07).

      (1)  DO C 204, de 9.7.2011.


title: Asunto F-38/13: Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de abril de 2016 — Zajdel- Syryczyńska/Comisión

text:
               20.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 222/46

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de abril de 2016 — Zajdel- Syryczyńska/Comisión
   (Asunto F-38/13) (1)

   (2016/C 222/62)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 207 de 20.7.2013, p. 59.


title: Asunto C-324/14: Petición de decisión prejudicial planteada por la Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) el 7 de julio de 2014 — PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

text:
               29.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 339/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) el 7 de julio de 2014 — PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta
   (Asunto C-324/14)
   2014/C 339/03
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Krajowa Izba Odwoławcza

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: PARTNER Apelski Dariusz

      Recurrida: Zarząd Oczyszczania Miasta

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (1) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/18/CE») en el sentido de que, cuando señala que «en su caso» el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, se refiere a todos los casos en los que el operador económico en cuestión no disponga de la cualificación exigida por el poder adjudicador y quiera valerse de las capacidades de otras entidades? O debe entenderse la indicación de que el operador económico podrá basarse únicamente «en su caso» en las capacidades de otras entidades como una restricción, en el sentido de que tal referencia sólo es admisible excepcionalmente y no como norma en el marco de la prueba de la cualificación de los operadores económicos en el procedimiento de adjudicación?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, en el sentido de que basarse en las capacidades de otras entidades «independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas» por parte del operador económico y «disponer de los medios» de estas entidades significa que el operador económico puede no tener vínculos o tenerlos muy escasos e indeterminados con estas entidades al ejecutar el contrato, es decir, que puede ejecutar el contrato por sí mismo (sin participación de otra entidad) o que tal participación puede consistir en un «asesoramiento», una «consulta» o una «formación», etc.? ¿O debe interpretarse el artículo 48, apartado 3 de la Directiva 2004/18/CE en el sentido de que la entidad en cuyas capacidades se basa el operador económico debe ejecutar efectiva y personalmente el contrato en la medida en que se hayan indicado sus capacidades?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE en el sentido de que el operador económico que tenga experiencia propia, pero menor de la que desea indicar al poder adjudicador (por ejemplo, insuficiente para poder presentar una oferta para la ejecución de la totalidad del contrato), puede utilizar las capacidades de otras entidades para mejorar sus perspectivas en el procedimiento de adjudicación?

               4)

               ¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE en el sentido de que el poder adjudicador puede (o incluso, debe) establecer en el anuncio del contrato o en el pliego de condiciones los principios en virtud de los cuales el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, por ejemplo, la forma en que debe participar la otra entidad en la ejecución del contrato, la manera en que pueden unirse las capacidades del operador económico y las de la otra entidad, si la otra entidad responde solidariamente con el operador económico de la ejecución correcta del contrato en la medida en que el operador económico se haya basado en las capacidades de la otra entidad?

               5)

               ¿Permite el principio de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos, recogido en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, una remisión a las capacidades de otra entidad con arreglo al artículo 48, apartado 3, de la Directiva, en virtud de la cual se suman las capacidades de dos o más entidades que, en cuanto a conocimientos técnicos y experiencia, no tienen las capacidades exigidas por el poder adjudicador?

               6)

               ¿Permite de este modo el principio de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos, recogido en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, una interpretación de los artículos 44 y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE, en el sentido de que los requisitos establecidos por el poder adjudicador para la participación en el procedimiento de adjudicación sólo necesitan cumplirse formalmente a los efectos de poder participar en el procedimiento, independientemente de las cualificaciones reales del operador económico?

               7)

               ¿Permite el principio de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos, recogido en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, que el operador económico, en la medida en que sea lícita la presentación de una oferta para una parte del contrato, indique después de la presentación de las ofertas, por ejemplo en el marco de una ampliación o una aclaración de los documentos, a qué parte del contrato se refieren las capacidades especificadas por él para probar el cumplimiento de los requisitos de participación en el procedimiento?

               8)

               ¿Permiten los principios de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos y de transparencia recogidos en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE que se declare nula una subasta ya efectuada y que se repita una subasta electrónica cuando no se llevó a cabo debidamente en algún aspecto elemental, cuando, por ejemplo, no todos los operadores económicos que habían presentado ofertas válidas fueron invitados a participar?

               9)

               ¿Permiten los principios de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos y de transparencia, recogidos en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, que se adjudique el contrato a un operador económico, cuya oferta resultó seleccionada en una subasta no realizada debidamente y que no se repitió, cuando no pueda comprobarse si la participación del operador económico no tenido en cuenta hubiese alterado el resultado de la subasta?

               10)

               ¿Pueden utilizarse para la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2004/18/CE el contenido de las disposiciones y de los considerandos de la Directiva 2004/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE como guía interpretativa, aunque no haya finalizado el plazo para su transposición, en la medida en que aclara algunas presunciones e intenciones del legislador de la Unión y no contradice las disposiciones de la Directiva 2004/18/CE?

      (1)  DO L 134, p. 114.


title: Recurso interpuesto el 10 de marzo de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Italiana (Asunto C-69/95)

text:
3 . 6 . 95            ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 137/9
Recurso interpuesto el 28 de junio de 1993 contra la                  Motivos y principales alegaciones
Comisión de las Comunidades Europeas por Hanseatische
               Industrie Beteiligungen GmbH                           Los motivos y las principales alegaciones se contienen en
                      (Asunto C-62/95 )                               una comunicación publicada en el DO n° C 222 de 18 de
                                                                      agosto de 1993 , p . 10 .
                          ( 95/C 137/15 )
                                                                      (M DO n° L 144 de 16 . 6 . 1993 , p . 21 .
El recurso interpuesto contra la Comisión de las Comuni              ( 2 ) DO n° C 222 de 18 . 8 . 1993 , p . 8 .
dades Europeas por Hanseatische Industrie Beteiligungen
GmbH ( asunto C-335/93 ), remitido al Tribunal de Primera
Instancia mediante auto del Tribunal de Justicia de 27 de
septiembre de 1993 con arreglo al artículo 4 de la Decisión
93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo de 8 de junio de
                                                                      Recurso interpuesto el 10 de marzo de 1995 contra la
1993 por la que se modifica la Decisión 88/591 /CECA,
CEE, Euratom, por la que se crea el Tribunal de Primera               Comisión de las Comunidades Europeas por la República
                                                                                Italiana
Instancia de las Comunidades Europeas ( ] ), está pendiente
desde el 8 de marzo de 1995 ante el Tribunal de Justicia de                                 (Asunto C-69/95 )
las Comunidades Europeas, una vez que el Tribunal de                                            ( 95/C 137/17 )
Primera Instancia, mediante auto, se declarara incompe
tente para conocer de ese asunto, que se había inscrito en el         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
Registro del Tribunal de Primera Instancia con el n° T               ha presentado el 10 de marzo de 1995 un recurso contra la
488/93 , y remitiera el asunto al Tribunal de Justicia con            Comisión de las Comunidades Europeas , formulado por la
objeto de que éste pueda decidir sobre el mismo junto con el          República Italiana , representada por el Prof. Umberto
asunto C-329/93 ( 2 ).                                                Leanza, en calidad de Agente, asistido por el Sr . Oscar
                                                                      Fiumara , avvocato dello Stato, que designa como domicilio
Motivos y principales alegaciones                                     en Luxemburgo la sede de la Embajada de Italia, 5 , rué
                                                                      Marie-Adélaide .
Los motivos y las principales alegaciones se contienen en
una comunicación publicada en el DO n° C 222 de 18 de                 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
agosto de 1993 , p . 9 .
                                                                      — Anule la Decisión de la Comisión de fecha 21 de
                                                                            diciembre de 1994 n° C ( 94 ) 3308 def., relativa a la
(M DO n" L 144 de 16 . 6 . 1993 , p . 21 .                                  liquidación de cuentas presentadas por los Estados
( 2 ) DO n° C 222 de 18 . 8 . 1993 , p . 8 .
                                                                            miembros correspondientes a los gastos del ejercicio de
                                                                            1991 financiados por el Fondo Europeo de Orientación
                                                                            y de Garantía Agrícola —Sección Garantía— en la
                                                                            medida en que excluye de la imputabilidad al FEOGA la
                                                                            cantidad de 103 161 493 560 liras italianas, en la
                                                                            liquidación de cuentas presentadas por la República
                                                                            Italiana .
Recurso interpuesto el 1 de julio de 1993 contra la Comisión
de las Comunidades Europeas por Bremer Vulkan Verbund                 — Condene a la parte demandada al pago de las costas del
                                 AG                                         procedimiento .
                      (Asunto C-63/95 )
                           ( 95/C 137/16 )                            Motivos y principales alegaciones
                                                                      Infracción y aplicación errónea de los artículos 1 , 3 y 5 del
El recurso interpuesto contra la Comisión de las Comuni              Reglamento ( CEE ) n° 729/70 del Consejo ('), del artículo 8
dades Europeas por Bremer Vulkan Verbund AG ( asunto                  del Reglamento ( CEE) n° 1723/72 de la Comisión ( 2 ) y de las
C-339/93 ), remitido al Tribunal de Primera Instancia                 normas reguladoras del sector lácteo [art. 4 del Reglamento
mediante auto del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre             ( CEE ) n° 857/84 del Consejo ( 3 ) y sus sucesivas modifica
de 1993 con arreglo al artículo 4 de la Decisión 93/                  ciones; Reglamento ( CEE ) n° 1546/88 de la Comisión (4 )].
350/Euratom, CECA, CEE del Consejo de 8 de junio de                    Causa de nulidad . Defecto de motivación: Italia ha respe
 1993 por la que se modifica la Decisión 88/591 /CECA,                tado plenamente la normativa comunitaria en lo que se
CEE, Euratom, por la que se crea el Tribunal de Primera               refiere a la nueva adquisición de las cantidades de referencia ,
Instancia de las Comunidades Europeas ('), está pendiente             en tanto que ha suspendido la nueva asignación de las
desde el 8 de marzo de 1995 ante el Tribunal de Justicia de           citadas cantidades, cumpliendo plenamente los objetivos
las Comunidades Europeas, una vez que el Tribunal de                  comunitarios , debido a la especial situación con que aún se
Primera Instancia, mediante auto, se declarara incompe                enfrenta . A lo largo de 1991 , coincidiendo, por consi
tente para conocer de ese asunto, que se había inscrito en el          guiente, con la expiración del plazo señalado para la nueva
Registro del Tribunal de Primera Instancia con el n°                   asignación de las cantidades nuevamente adquiridas, que la
T-490/93 , y remitiera el asunto al Tribunal de Justicia con           normativa comunitaria había fijado en el 1 dejuniode 1991 ,
objeto de que éste pueda decidir sobre el mismo junto con el           comenzó a manifestarse una clara divergencia entre la
asunto C-329/93 ( 2 ).                                                 producción real de leche y la cantidad nacional garantizada .
 ---pagebreak--- N° C 137/ 10             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     3 . 6 . 95
Posteriormente, comprobada más claramente la gravedad                      Motivos y principales alegaciones
del problema , Italia puso en conocimiento de la Comisión,
en febrero de 1992 , la citada situación, dando su comienzo                La recurrente alega infracción de Derecho sustantivo en la
de esta forma la negociación para el incremento de la propia               aplicación del artículo 85 ( mantenimiento y compartimen
cantidad global de referencia ( incremento que, como se                    tación de varios mercados nacionales mediante la política de
sabe , ha sido concedido recientemente con un limitado                     remisión de pedidos practicada por Parker; trato desigual de
efecto retroactivo ). En diciembre de 1992 , en el momento en              VIHO en cuanto a los precios y condiciones de venta ).
que el Consejo de Ministros de Agricultura de la CEE
alcanzó un primer acuerdo en lo relativo a la solicitud de                 (>) DO n" C 54 de 4 . 3 . 1995 , p. 15 .
incremento de la cantidad concedida a Italia , se decidió
financiar un programa de abandono de la producción con el
fin de permitir que Italia redujera su producción nacional . Es
de todo punto singular, sintomático de una evidente causa
de nulidad , el que, en este momento, la Comisión reproche a
Italia no haber asignado de nuevo las cantidades adquiridas
con arreglo al Reglamento ( CEE ) n" 857/84 , mientras, al                Recurso interpuesto el 20 de marzo de 1995 contra la
propio tiempo, el Consejo decidía una financiación comu                  República Helénica por la Comisión de las Comunidades
nitaria con objeto de reducir la producción italiana . En estas                                        Europeas
circunstancias, la nueva asignación de las 164 000 toneladas
nuevamente adquiridas con arreglo al Reglamento ( CEE )                                          (Asunto C-82/95 )
n° 857/84 habría conducido evidentemente a un empeora                                              ( 95/C 137/ 19 )
miento de la situación. Por lo tanto, Italia prefirió suspender
la nueva asignación, que se hallaba en contradicción con las              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
verdaderas exigencias comunitarias .                                      ha presentado el 20 de marzo de 1995 un recurso contra la
                                                                          República Helénica formulado por la Comisión de las
(')  DO  n" L 94 de 28 . 4 . 1970 , p . 13 ; EE 03/03 , p . 220 .         Comunidades Europeas, representada por el Sr. Dimitrios
(2)  DO  n" L 186 de 16 . 8 . 1972 , p . 1 ; EE 03/06 , p . 70 .
(■') DO  n° L 90 de 1 . 4 . 1984 , p . 13 ; EE 03/30 , p . 64 .
                                                                          Gouloussis, Consejero Jurídico de la Comisión, que designa
(4)  DO  n" L 139 de 4 . 6 . 1988 , p . 12 .                              como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Geor
                                                                          gios Kremlis, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión,
                                                                          Centre Wagner, Kirchberg .
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Recurso de casación interpuesto el 14 de marzo de 1995 por
VIHO Europe BV contra la sentencia dictada el 12 de enero                  1 ) Declare que la República Helénica ha incumplido las
de 1995 por la Sala Primera del Tribunal de Primera                            obligaciones que le incumben en virtud del Tra
Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto                            tado CEE, al no adoptar y, subsidiariamente, al no
T-l 02/92 promovido contra la Comisión de las Comuni                          comunicar a la Comisión, dentro del plazo señalado, las
        dades Europeas , apoyada por Parker Pen Ltd                            disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
                       ( Asunto C-73 /95 P )
                                                                               necesarias para atenerse plenamente a la Directiva
                                                                               91 /308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991 ('),
                            95 /C 137/ 18 )                                    relativa a la prevención de la utilización del sistema
                                                                               financiero para el blanqueo de capitales .
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 14 de marzo de 1995 un recurso de                        2 ) Condene a la República Helénica al pago de las costas
casación formulado por VIHO Europe BV, con domicilio                           del procedimiento .
social en Maastricht ( Países Bajos ), representada por los
Abogados Gleiss Lutz Hootz Hirsch und Partner, de
Stuttgart, que designa como domicilio en Luxemburgo el                    Motivos y principales alegaciones
despacho del Sr. Marc Loesch, Abogado del despacho
Loesch & Wolter, 11 , rué Goethe, contra la sentencia                     El artículo 16 de la Directiva 91 /308/CEE establece que los
dictada el 12 de enero de 1995 por la Sala Primera del                    Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Euro                    legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
peas en el asunto T-102/92 promovido contra la Comisión                   cumplimiento a la Directiva antes del 1 de enero de 1993 y
de las Comunidades Europeas .                                             que informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las               Al no haber recibido comunicación alguna del Gobierno
Comunidades Europeas que :                                                griego acerca de las medidas que éste debería haber
                                                                          adoptado para adaptar su Derecho interno a la citada
1 ) Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de               Directiva, la Comisión envió al citado Gobierno, el 12 de
     12 de enero de 1995 ( T-102/92 ) (') y anule la Decisión             marzo de 1993 , un escrito de requerimiento . Dado que el
     de la Comisión de 30 de septiembre de 1992 .                         Gobierno griego no respondió a dicho escrito, la Comisión
                                                                          le dirigió el 4 de julio de 1994 un dictamen motivado,
2 ) Condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas                concediéndole un plazo de dos meses para que adaptara su
     las de la parte interviniente, Parker Pen Ltd .                      Derecho interno a la Directiva .


title: Asunto C-336/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de febrero de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Sonthofen — Alemania) — Proceso penal contra Sebat Ince («Libre prestación de servicios — Artículo 56 TFUE — Juegos de azar — Monopolio público en materia de apuestas deportivas — Autorización administrativa previa — Exclusión de los operadores privados — Recogida de apuestas por cuenta de un operador establecido en otro Estado miembro — Sanciones penales — Disposición nacional contraria al Derecho de la Unión — Exclusión — Transición a un régimen que establece la concesión de un número limitado de licencias a operadores privados — Principios de transparencia e imparcialidad — Directiva 98/34/CE — Artículo 8 — Reglamentos técnicos — Reglas relativas a los servicios — Obligación de notificación»)

text:
               21.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de febrero de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Sonthofen — Alemania) — Proceso penal contra Sebat Ince
   (Asunto C-336/14) (1)

   ((«Libre prestación de servicios - Artículo 56 TFUE - Juegos de azar - Monopolio público en materia de apuestas deportivas - Autorización administrativa previa - Exclusión de los operadores privados - Recogida de apuestas por cuenta de un operador establecido en otro Estado miembro - Sanciones penales - Disposición nacional contraria al Derecho de la Unión - Exclusión - Transición a un régimen que establece la concesión de un número limitado de licencias a operadores privados - Principios de transparencia e imparcialidad - Directiva 98/34/CE - Artículo 8 - Reglamentos técnicos - Reglas relativas a los servicios - Obligación de notificación»))
   (2016/C 106/05)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Amtsgericht Sonthofen

      Parte en el proceso penal principal

   Sebat Ince

      Fallo

               1)

               El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades sancionadoras de un Estado miembro sancionen la intermediación, sin autorización, en apuestas deportivas por un operador privado por cuenta de otro operador privado que no dispone de autorización para organizar apuestas deportivas en dicho Estado miembro pero que es titular de una licencia en otro Estado miembro, cuando la obligación de poseer una autorización para organizar apuestas deportivas o intermediar en ellas se inscribe en el marco de un régimen de monopolio público que los tribunales nacionales declararon contrario al Derecho de la Unión. El artículo 56 TFUE se opone a tal sanción incluso cuando un operador privado puede obtener, en teoría, una autorización para organizar apuestas deportivas o intermediar en ellas en la medida en que no está garantizado el conocimiento del procedimiento de concesión de tal autorización y que el régimen de monopolio público en materia de apuestas deportivas, que los tribunales nacionales declararon contrario al Derecho de la Unión, ha seguido existiendo pese a la adopción de tal procedimiento.

               2)

               El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que el proyecto de una legislación regional que mantiene en vigor, a escala de la región de que se trate, las disposiciones de una legislación común a las distintas regiones de un Estado miembro ya expirada, se encuentra sujeto a la obligación de notificación establecida en dicho artículo 8, apartado 1, en la medida en que ese proyecto contenga reglamentos técnicos en el sentido del artículo 1 de la citada Directiva, de modo que el incumplimiento de dicha obligación supone la imposibilidad de invocar esos reglamentos técnicos contra un particular en un proceso penal. Tal obligación no resulta cuestionada por la circunstancia de que dicha legislación común había sido previamente notificada a la Comisión en fase de proyecto conforme al artículo 8, apartado 1, de la citada Directiva y establecía expresamente la posibilidad de una prórroga, de la que no obstante no se hizo uso.

               3)

               El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro sancione la intermediación, sin autorización, en apuestas deportivas en su territorio por cuenta de un operador titular de una licencia para organizar apuestas deportivas en otro Estado miembro:

                           —

                           cuando la concesión de una autorización para organizar apuestas deportivas se supedita a la obtención de una licencia por dicho operador según un procedimiento de concesión de licencias, como aquel de que se trata en el litigio principal, siempre que el tribunal remitente constate que dicho procedimiento no respeta los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad e incumple la obligación de transparencia que de ellos se deriva, y

                           —

                           en la medida en que, pese a la entrada en vigor de una disposición nacional que permite la concesión de licencias a operadores privados, se han seguido aplicando de hecho disposiciones que crean un régimen de monopolio público en materia de organización de apuestas deportivas e intermediación en ellas que los tribunales nacionales declararon contrarias al Derecho de la Unión.

      (1)  DO C 339 de 29.9.2014.


title: Asunto C-509/06 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de diciembre de 2006 por Akzo Nobel NV contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 27 de septiembre de 2006 en el asunto T-330/01, Akzo Nobel NV/Comisión

text:
               10.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/15

         Recurso de casación interpuesto el 15 de diciembre de 2006 por Akzo Nobel NV contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 27 de septiembre de 2006 en el asunto T-330/01, Akzo Nobel NV/Comisión
   (Asunto C-509/06 P)
   (2007/C 56/27)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Recurrente: Akzo Nobel NV (representante: C. Swaak, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 27 de septiembre de 2006 en el asunto T-330/01.

               —

               Que se anulen los artículos 3 y 4 de la Decisión C(2001) 2931 final de la Comisión, de 2 de octubre de 2001.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones

               1)

               El TPI incurrió en un error de Derecho al declarar que la responsabilidad por una infracción cometida por una empresa común no sólo es imputable a las empresas matrices de la misma, sino también, de forma solidaria, a la sociedad de cartera de cabeza que posee indirectamente las acciones de una de las dos sociedades matrices.

               2)

               El TPI incurrió en un error de Derecho al considerar que argumentos no formulados durante el procedimiento administrativo ante la Comisión no pueden ser invocados por primera vez ante el TPI.


title: Asunto F-49/12: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 2 de diciembre de 2013 — Pachtitis/Comisión (Función pública — Oposición general EPSO/AD/77/06 — Acceso a los documentos — Solicitud de acceso a las respuestas a los test de acceso — Anulación de los resultados de los test — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento)

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/35

      Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 2 de diciembre de 2013 — Pachtitis/Comisión
      (Asunto F-49/12)
      (Función pública - Oposición general EPSO/AD/77/06 - Acceso a los documentos - Solicitud de acceso a las respuestas a los test de acceso - Anulación de los resultados de los test - Inexistencia de interés en ejercitar la acción - Sobreseimiento)
      (2014/C 71/68)
      Lengua de procedimiento: griego

         Partes

         Demandante: Demetrios Pachtitis (Atenas, Grecia) (representantes: inicialmente, P. Giatagantzidis y K. Kyriazi; posteriormente, P. Giatagantzidis y A. Féréti, abogados)

         Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente, J. Currall e I. Chatzigiannis; posteriormente, J. Currall y D. Traiantafyllou, agentes)

         Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandante: República Helénica (representantes: E.-M. Mamouna y K. Boskovits, agentes)
      Reino de Suecia (representantes: A. Falk y S. Johannesson, agentes)
      Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) (representante: H. Hijmans, agente)

         Fallo

                  1)

                  Sobreseer el recurso.

                  2)

                  El Sr. Pachtitis y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

                  3)

                  La República Helénica, el Reino de Suecia y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, partes coadyuvantes, cargarán con sus propias costas.


title: Composición del Tribunal de la AELC

text:
Avis juridique important

|

E1997J0320(01)

Composición del Tribunal de la AELC

Diario Oficial n° C 090 de 20/03/1997 p. 0023 - 0023

Composición del Tribunal de la AELC (97/C 90/08)Elección del Presidente del Tribunal conforme al Acuerdo sobre el régimen transitorioEl 5 de diciembre de 1996, los Jueces eligieron al Juez Bjørn Haug Presidente de la AELC, con arreglo al Acuerdo sobre el régimen transitorio y al artículo 30 del Acuerdo sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, por un período de tres años a partir del 1 de enero de


title: Asunto T-480/11: Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 2011 — Technion — Israel Institute of Technology y Technion Research & Development/Comisión

text:
               19.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/27

         Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 2011 — Technion — Israel Institute of Technology y Technion Research & Development/Comisión
   (Asunto T-480/11)
   2011/C 340/55
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) y Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (representantes: D. Grisay y D. Piccininno, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Acuerde el registro de la presente demanda de anulación basada en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

               —

               La declare admisible.

               —

               Declare el recurso fundado y en consecuencia

                           —

                           declare que la Comisión no realizó un examen concreto e individual de los documentos objeto de la solicitud de acceso,

                           —

                           declare que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación al aplicar las excepciones previstas por el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001,

                           —

                           declare que la Comisión vulneró el derecho de acceso parcial a los documentos conforme al artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1049/2001,

                           —

                           declare que la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad como consecuencia de la falta de ponderación de las excepciones invocadas con el interés público.

               —

               Con ese fundamento, anule la decisión del Secretariado General de la Comisión Europea de 30 de junio de 2011.

               —

               Condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la falta de examen concreto e individual de los documentos objeto de la solicitud de acceso y por ello en la insuficiente motivación de la decisión impugnada, ya que la Comisión hizo referencia a una categoría de documentos (documentos propios de una auditoría) en lugar de los elementos de información contenidos en esos documentos.

               2)

               Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación al aplicar las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001: (1)

                           —

                           ya que la Comisión consideró que la divulgación de los documentos cuyo acceso se solicitaba obstaculizaría el desarrollo de las auditorías, siendo así que i) el procedimiento de auditoría tenía como única finalidad verificar si los costes de ejecución de un contrato eran o no elegibles y ii) los datos contenidos en los documentos solicitados eran de carácter puramente fáctico;

                           —

                           ya que la Comisión consideró que la divulgación de los documentos solicitados perjudicaría la protección de la vida privada y de la integridad de las personas siendo así que las demandantes necesitaban disponer de esos documentos para poder defender eficazmente sus derechos en el marco del procedimiento contradictorio de auditoría.

               3)

               Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de acceso parcial a los documentos solicitados conforme al artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 1049/2001, al rehusar examinar de forma concreta e individual los documentos a los que se solicitaba acceso.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la infracción del principio de proporcionalidad como consecuencia de la falta de ponderación de las excepciones invocadas con el interés público, puesto que sirve al interés público permitir comprobar cómo tramita la Comisión sus procedimientos de auditoría e informar a los contratantes sobre los procedimientos que han de seguir para cumplir las exigencias formales.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 15 de septiembre de 2005, en el asunto C-140/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Antwerpen): United Antwerp Maritime Agencies NV contra Belgische Staat, y Seaport Terminals NV contra Belgische Staat, United Antwerp Maritime Agencies NV («Unión aduanera — Nacimiento de una deuda aduanera de importación — Mercancía en depósito temporal — Sustracción de una mercancía a la vigilancia aduanera — Deudor de la deuda aduanera»)

text:
               12.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 15 de septiembre de 2005
   en el asunto C-140/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Antwerpen): United Antwerp Maritime Agencies NV contra Belgische Staat, y Seaport Terminals NV contra Belgische Staat, United Antwerp Maritime Agencies NV (1)

   («Unión aduanera - Nacimiento de una deuda aduanera de importación - Mercancía en depósito temporal - Sustracción de una mercancía a la vigilancia aduanera - Deudor de la deuda aduanera»)
   (2005/C 281/07)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-140/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hof van Beroep te Antwerpen (Bélgica), mediante resolución de 11 de marzo de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de marzo de 2004, en el procedimiento entre United Antwerp Maritime Agencies NV contra Belgische Staat, y Seaport Terminals NV contra Belgische Staat, United Antwerp Maritime Agencies NV, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), E. Juhász y M. Ilešič, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria: Sra. M.M. Ferreira, administradora principal, ha dictado el 15 de septiembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El artículo 203, apartado 3, cuarto guión, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, ha de interpretarse en el sentido de que la «persona que deba cumplir las obligaciones que entrañe la permanencia en depósito temporal de la mercancía» se refiere a la persona que, después de la descarga de dicha mercancía, la posee para proceder a su traslado o almacenamiento.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 14 de abril de 2005, en el asunto T-88/01, Sniace, S.A., contra Comisión de las Comunidades Europeas (Ayudas de Estado — Recurso de anulación — Admisibilidad — Acto que afecta individualmente a la demandante)

text:
               25.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/11

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 14 de abril de 2005
   en el asunto T-88/01, Sniace, S.A., contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Ayudas de Estado - Recurso de anulación - Admisibilidad - Acto que afecta individualmente a la demandante)
   (2005/C 155/21)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto T-88/01, Sniace, S.A., con domicilio social en Madrid (España), representada por los Sres. J. Baró Fuentes, M. Gómez de Liaño y Botella y F. Rodríguez Carretero, abogados, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. D. Triantafyllou y J. Buendía Sierra), que designa domicilio en Luxemburgo, apoyada por República de Austria, (agentes: Sres. H. Dossi y M. Burgstaller), que designa domicilio en Luxemburgo, por Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, con domicilio social en Heiligenkreuz im Lafnitztal (Austria), y por Land de Burgenland (Austria), representados por el Sr. U. Soltész, abogado, que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2001/102/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2000, relativa a las ayudas estatales concedidas por Austria a Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (DO 2001, L 38, p. 33), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada), integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, P. Mengozzi y la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal, ha dictado el 14 de abril de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               La demandante soportará sus propias costas y las de la Comisión.

               3)

               Las partes coadyuvantes soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 186, de 30.6.2001.


title: Asunto C-236/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Bélgica) el 29 de junio de 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des Ministres

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/28

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Bélgica) el 29 de junio de 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des Ministres
   (Asunto C-236/09)
   2009/C 205/47
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour constitutionnelle

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

      Recurrida: Conseil des ministres

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, (1) con el artículo 6 UE, apartado 2, y, más concretamente, con el principio de igualdad y no discriminación cuyo respeto garantiza esta disposición?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿es el mismo artículo 5, apartado 2, de la Directiva asimismo incompatible con el artículo 6 UE, apartado 2, si su aplicación se limita únicamente a las pólizas de seguro de vida?

      (1)  DO L 373, p. 37.