title: Asunto C-141/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Hof van Beroep te Gent, de fecha 13 de abril de 1999, en el asunto entre nv Algemene Maatschappij van Verzekeringen en Grondkrediet, actualmente Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening (AMID), y el Estado belga

text:
3.7.1999                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 188/17
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Franck Benyon,            2) Condene en costas a Irlanda.
Consejero Jurı́dico, en calidad de Agente, que designa como
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez               Motivos y principales alegaciones
de la Cruz, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Luxemburgo.
                                                                        La Comisión considera que, al recaudar de las compañı́as
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               aéreas un impuesto indirecto por cada billete expedido por
                                                                        servicios con destino a otros Estados miembros (excepto los
(1) Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido              vuelos con destino a Irlanda del Norte), y no por los vuelos
     las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva         con destinos nacionales (e Irlanda del Norte), la normativa
     94/56/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, por              irlandesa es incompatible con el principio de libre prestación
     la que se establecen los principios fundamentales que rigen        de servicios enunciado en los artı́culos 59 y 62 del Tratado y
     la investigación de los accidentes e incidentes de aviación      en el apartado 1 del artı́culo 3 del Reglamento no 2408/92, de
     civil (1), al no adoptar todas las disposiciones legislativas,     23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañı́as aéreas
     reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a        de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias.
     dicha Directiva.
                                                                        Respecto a la alegación de Irlanda según la cual el Reglamento
(2) Condene en costas a el Gran Ducado de Luxemburgo.                   no 2408/92 no resulta infringido porque el impuesto indirecto
                                                                        no es discriminatorio por razón de la nacionalidad, la Comisión
                                                                        estima que los principios que rigen la libre prestación de
Motivos y principales alegaciones                                       servicios van más allá de la mera prohibición de cualquier
                                                                        discriminación por razón de la nacionalidad. Aunque las
El artı́culo 12 de la citada Directiva establece que los Estados        medidas nacionales restrictivas de dicha libertad se apliquen
miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, regla-            sin distinción a los prestadores de servicios nacionales y a los
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento            de otros Estados miembros, siguen siendo inadmisibles si no
a lo dispuesto en la Directiva, a más tardar, el 21 de noviembre       se justifican por razones imperativas relativas al interés general,
de 1996 y que informarán de ello inmediatamente a la                   o si el mismo resultado puede alcanzarse mediante normas
Comisión.                                                              menos restrictivas (principio de proporcionalidad).
Aunque, en sus respuestas al escrito de requerimiento y al              (1) DO L 240, de 24.8.1992, p. 8.
dictamen motivado, el Gran Ducado de Luxemburgo indicó
que se estaban elaborando las medidas necesarias, hasta la
fecha la Comisión no ha recibido ninguna información relativa
a la adopción de dichas medidas.
                                                                        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
(1) DO L 319, de 12.12.94, p. 14.                                       lución del Hof van Beroep te Gent, de fecha 13 de abril de
                                                                        1999, en el asunto entre nv Algemene Maatschappij van
                                                                        Verzekeringen en Grondkrediet, actualmente Algemene
                                                                        Maatschappij voor Investering en Dienstverlening
                                                                                (AMID), y el Estado belga
                                                                                (Asunto C-141/99)
Recurso interpuesto el 19 de abril de 1999 contra Irlanda
        por la Comisión de las Comunidades Europeas                                             (1999/C 188/40)
                        (Asunto C-139/99)                               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        resolución del Hof van Beroep te Gent, dictada el 13 de abril
                          (1999/C 188/39)                               de 1999, en el asunto entre nv Algemene Maatschappij
                                                                        van Verzekeringen en Grondkrediet, actualmente Algemene
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            Maatschappij voor Investering en Dienstverlening (AMID), y el
presentado el 19 de abril de 1999 un recurso contra Irlanda             Estado belga, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                 el 21 de abril de 1999. El Hof van Beroep te Gent solicita al
representada por el Sr. Franck Benyon, Consejero Jurı́dico, en          Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo             cuestión:
el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de
dicho Servicio Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.                     ¿Se opone el artı́culo 52 del Tratado de 25.3.1957 Constitutivo
                                                                        de la Comunidad Europea a una regulación legal de un Estado
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               miembro según la cual, a efectos de la declaración del impuesto
                                                                        sobre sociedades, las pérdidas de explotación sufridas en un
1) Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le            Estado miembro por una sociedad de dicho Estado miembro
     incumben en virtud del apartado 1 del artı́culo 3 del              durante el perı́odo impositivo anterior sólo pueden deducirse
     Reglamento (CEE) no 2408/2 (1) del Consejo, al prever, en          de los beneficios de dicha sociedad en un perı́odo impositivo
     el artı́culo 65 de la Finance Act 1982 (en su versión             posterior en la medida en que dichas pérdidas de explotación
     modificada) que los vuelos de Irlanda con destino a otros          no pueden ser compensadas con los beneficios de un estableci-
     Estados miembros (a excepción de Irlanda del Norte)               miento permanente de dicha sociedad en otro Estado miembro
     estáran sujetos al pago de tasas de cuantı́as superiores que      en ese perı́odo impositivo anterior, y elle tiene como conse-
     los vuelos nacionales.                                             cuencia que las pérdidas de explotación ası́ compensadas no
 ---pagebreak--- C 188/18               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        3.7.1999
pueden deducirse ni en este ni en otro Estado miembro de los            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
ingresos imponibles de dicha sociedad con vistas a al declara-
ción del impuesto sobre sociedades, mientras que si el                 a) Declare que la República Italiana ha incumplido las
establecimiento permanente se encontrase en el mismo Estado                 obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos 52
miembro que la sociedad, las mencionadas pérdidas de explota-               y 59 del Tratado CE y de la Directiva 89/48/CEE:
ción sı́ podrı́an ser deducidas de los ingresos imponibles de
dicha sociedad?
                                                                            — Al mantener, infringiendo lo dispuesto en el artı́culo 59
                                                                                del Tratado CE, una prohibición general impuesta a los
                                                                                Abogados establecidos en otros Estados miembros y
                                                                                que ejercen en Italia en régimen de libre prestación
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                     de servicios, de disponer en dicho Estado de la
lución del Verfassungsgerichtshofes (Österreich), de fecha                     infraestructura necesaria para la realización de su
10 de marzo de 1999, en el asunto entre, Adria-Wien                              prestación de servicios.
Pipeline GmbH y Wietersdorfer & Peggauer Zement-
werke GmbH, por una parte, y Finanzlandesdirektion für                      — Al supeditar, infringiendo lo dispuesto en el artı́culo 52
                     Kärnten, por otra parte                                     del Tratado, la inscripción en una lista de colegiados
                                                                                italiana a la posesión de la nacionalidad italiana y de
                       (Asunto C-143/99)                                         cualificaciones adquiridas exclusivamente en Italia, ası́
                                                                                como al mantenimiento de la residencia en una
                         (1999/C 188/41)                                         circunscripción judicial italiana.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante               — Al aplicar de forma discriminatoria, respecto a los
resolución del Verfassungsgerichtshofes (Österreich), dictada                  Abogados procedentes de otros Estados miembros, las
el 10 de marzo de 1999, en el asunto entre, Adria-Wien                           «medidas compensatorias» (prueba de aptitud) previstas
Pipeline GmbH y Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke                             en el artı́culo 4 de la Directiva del Consejo 89/48/CEE,
GmbH, por una parte, y Finanzlandesdirektion für Kärnten,                        de 21 de diciembre de 1988 (1).
por otra parte, y recidiba en la Secretarı́a del Tribunal de
Justicia el 21 de abril de 1999. El Tribunale Amministrativo                — Al adaptar de manera incompleta su Derecho interno
Regionale per la Lombardia — Milano solicita al Tribunal de                      a lo dispuesto en la citada Directiva 89/48/CEE, dada
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                       la inexistencia de un Reglamento de desarollo que
1) ¿Debe considerarse que constituyen ayudas otorgadas por                       establezca las modalidades de la prueba de aptitud para
     los Estados a efectos del artı́culo 92 del Tratado CE las                   los Abogados procedentes de otros Estados miembros.
     medidas legislativas de un Estado miembro que establecen
     una bonificación parcial de los impuestos sobre la energı́a       b) Condene en costas a la República Italiana.
     que gravan el gas natural y la energı́a eléctrica, si bien sólo
     otorgan dicha bonificación a aquellas empresas cuya
     actividad principal consiste de forma demostrable en la
     producción de bienes materiales?                                  Motivos y principales alegaciones
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,
     ¿debe considerarse una medida legislativa de este tipo
     como ayuda de conformidad con el artı́culo 92 del Tratado          a) Un Abogado establecido en otro Estado miembro y que
     CE asimismo en el caso de que se otorgue a todas las                   ejerza en régimen de libre prestación de servicios, debe
     empresas, independientemente de si su actividad principal              tener la posibilidad de disponer en Italia de una infraestruc-
     consiste de forma demostrable en la producción de bienes              tura que le permita realizar la prestación requerida por su
     materiales?                                                            cliente. La prohicición recogida en el artı́culo 2 de la Ley
                                                                            no 31/1982, dado su carácter absoluto y general, es por lo
                                                                            tanto incompatible con el principio de libertad de presta-
                                                                            ción de servicios recogido y definido en los artı́culos 59 y
                                                                            60 del Tratado e interpretado por el Tribunal de Justicia,
Recurso interpuesto el 21 de abril de 1999 contra la                        en particular en su sentencia Gebhard (2).
República Italiana por la Comisión de las Comunidades
                            Europeas
                                                                        b) La Comisión señala que la persistencia en la Ley profesional
                       (Asunto C-145/99)                                    italiana de una disposición como el articulo 17.1.7), que
                                                                            establece como requisito para la inscripción en la lista de
                         (1999/C 188/42)                                    colegiados la residencia en la circunscripción del Tribunal
                                                                            del correspondiente Colegio de Abogados, pese a la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                recomendacı́on de que no se aplique tal disposición
presentado el 21 de abril de 1999 un recurso contra la                      efectuada por el Consiglio nazionale forense a los Colegios
República Italiana formulado por la Comisión de las Comuni-               de Abogados locales mediante su dictamen de
dades Europeas, representada por los Sres. Enrico Traversa,                 29 de abril de 1994, es exactamente lo contrario de las
Consejero Jurı́dico, y Bernard Mongin, miembro del Servicio                 «situaciones precisas, claras y transparentes» que el Tribunal
Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio                de Justicia exige a los Estados miembros para que los
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                 Abogados puedan «conocer los derechos» que les confiere
Centre Wagner, Kirchberg.                                                   el artı́culo 52 del Tratado e «invocarlos».


title: Asunto T-514/09: Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre de 2011 — bpost/Comisión ( «Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación de la OP — Transporte y entrega diarios del Diario Oficial, libros, y otras revistas y publicaciones — Desestimación de la oferta de un licitador y resolución de adjudicar el contrato a otro licitador — Criterios de adjudicación — Obligación de motivación — Error manifiesto de apreciación — Responsabilidad extracontractual» )

text:
               14.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/12

         Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre de 2011 — bpost/Comisión
   (Asunto T-514/09) (1)

   (Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación de la OP - Transporte y entrega diarios del Diario Oficial, libros, y otras revistas y publicaciones - Desestimación de la oferta de un licitador y resolución de adjudicar el contrato a otro licitador - Criterios de adjudicación - Obligación de motivación - Error manifiesto de apreciación - Responsabilidad extracontractual)
   2012/C 13/22
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: bpost NV van publiek recht, anteriormente De Post NV van publiek recht (Bruselas) (representantes: R. Martens, B. Schutyser y A. Van Vaerenbergh, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: E. Manhaeve y N. Bambara, agentes, asistidos por P. Wytinck, abogado)

      Objeto

   Por una parte, pretensión de anulación de la resolución de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, comunicada mediante escrito de 17 de diciembre de 2009, por la que se desestima la oferta presentada por la parte demandante en relación con el procedimiento de licitación no 10.234 «Transporte y entrega diarios del Diario Oficial, libros, y otras revistas y publicaciones» (DO 2009/S 176 253034) y se adjudica el contrato al licitador seleccionado y, por otra parte, reclamación de indemnización por daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a bpost NV van publiek recht, incluidas las correspondientes al procedimiento de medidas provisionales.

      (1)  DO C 51, de 27.2.2010.


title: Asunto C-158/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Circuit Court, County of Cork (Irlanda) de fecha 9 de marzo de 2001, en el asunto entre Catherine Withers y Samantha Delaney

text:
C 186/6               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            30.6.2001
(Ayuda a la producción de aceite de oliva)                                   nes de los anticipos mensuales), pero todavı́a no recauda-
                                                                              das de los compradores de leche responsables del rebasa-
—    España se remite a la posición mantenida en los asuntos                miento producido.
     C-349/97 (4) y C-130/99 (5).
                                                                       ( 1) 2001/137/CE — DO L 050, de 21.02.2001, p. 9.
—    Además, los defectos que la Comisión encuentra en el
                                                                       ( 2) DO L 196, de 24.07.1997, p. 18.
     sistema no ocasionan ningún perjuicio al presupuesto             ( 3) DO L 106, de 11.05.1995, p. 4.
     comunitario, dado que el total de aceite producido en             ( 4) DO C 370 de 6.12.1997, p. 1.
     España en las campañas en cuestión es igual o mayor que        ( 5) DO C 204 de 17.7.1999, p. 23.
     el aceite que ha recibido ayudas.                                 ( 6) de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las
                                                                            disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del
—    (Subsidiariamente) La Comisión debe rebajar el porcentaje             Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de
     de corrección financiera, dado que ha reconocido que la               cuentas de la sección de Garantı́a del FEOGA (DO L 158 de
     situación ha mejorado.                                                8.7.1995, p. 6).
                                                                       (7) EE: Capı́tulo 3, Tomo 3, p. 220.
(Ayuda al consumo de aceite de oliva)
—    España se remite a la posición mantenida en el asunto
     C-374/99.
—    (Subsidiariamente) En ningún escrito dirigido a las autori-      Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     dades españolas anteriormente a la carta fechada el              lución de la Circuit Court, County of Cork (Irlanda) de
     17 de agosto de 1998 se les indicaba, para el ejercicio           fecha 9 de marzo de 2001, en el asunto entre Catherine
     1996 que, en aplicación del artı́culo 8 del Reglamento                              Withers y Samantha Delaney
     (CE) no 1663/95 (6), se preveı́a excluir una parte del gasto
     de la financiación según las disposiciones aplicables en la                               (Asunto C-158/01)
     materia, tal como establece la nueva redacción del
     artı́culo 5.2.c) del Reglamento (CEE) no 729/70 del                                          (2001/C 186/10)
     Consejo (7).
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
(Tasa suplementaria sobre la leche)                                    resolución de la Circuit Court, Cork (Irlanda), dictada el 9 de
                                                                       marzo de 2001 en el asunto entre Catherine Withers y
—    El recurso se dirige contra una corrección de                    Samantha Delaney, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
     2 426 259 870 pts. en concepto de intereses de demora,            Justicia el 17 de abril de 2001. La Circuit Court solicita al
     no habiendo hecho efectiva España, por parte de los              Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
     compradores afectados, antes del 1 de septiembre de               cuestiones:
     1996, la tasa suplementaria de la leche correspondiente al
     perı́odo 1995/96. La Comisión exige al Estado miembro            I.     ¿Deben interpretarse las disposiciones de las Directivas de
     intereses de demora sobre cantidades no recaudadas de                    24 de Abril de 1972 (72/166/CEE) (1) y de 30 de
     los compradores de leche responsables del rebasamiento                   diciembre de 1983 (84/5/CEE) (2) en el sentido de que el
     producido. España defiende que sólo debe recaudar                      23 de julio de 1995 Irlanda estaba facultada para
     diligentemente la tasa suplementaria y entregar las canti-               mantener una normativa (el artı́culo 65 de la Road Traffic
     dades efectivamente recibidas a la Comisión. Pues bien,                 Act 1961 y los Road Traffic (Compulsory Insurance)
     las cantidades pendientes de pago por los productores                    Regulations de 1962) que no imponı́a un seguro obligato-
     han sido reclamadas por las autoridades españolas a los                 rio para los ocupantes heridos en una «parte de un
     interesados, pero éstos han interpuesto recursos judiciales              vehı́culo, distinto de un gran vehı́culo de servicio público,
     y los Tribunales nacionales han suspendido la ejecución                 a menos que dicha parte del vehı́culo esté diseñada y
     (exigiendo garantı́a de pago del principal con sus intereses             fabricada con asientos para ocupantes»?
     hasta la fecha de pago). Por lo tanto no hay negligencia          II.    En caso de que se responda a la primera cuestión en el
     por parte de la Administración nacional, que no puede                   sentido de que Irlanda no estaba facultada para ello y
     impedir que los deudores hagan uso de los recursos                       que incumplió sus obligaciones a este respecto, ¿es
     jurisdiccionales establecidos a nivel interno contra el                  responsable Irlanda de indemnizar a la demandante por
     requerimiento administrativo de pago. Además, la dila-                  la muerte del fallecido si ésta no logra obtener una
     ción de los procesos judiciales no causa perjuicio a la                 indemnización del MIBI, que es el organismo autorizado
     Comisión, ya que la normativa española establece para                  por Irlanda, con arreglo al artı́culo 1, apartado 4 de la
     estos casos que la suspensión de la resolución administra-             Directiva del Consejo 84/5/CEE?
     tiva en que se reclama el pago sólo se concede si se
     presenta aval bancario o garantı́a equivalente que cubra          III. En caso de que se responda a la primera cuestión que
     el principal con sus intereses hasta la resolución final.               Irlanda incumplió sus obligaciones, ¿puede la Cork Circuit
                                                                              Court condenar directamente al Estado al pago de una
—    (Subsidiariamente) La Comisión no puede exigir al Estado                indemnización de daños y perjuicios conforme a la
     miembro intereses de demora sobre cantidades ya liquida-                 sentencia Francovich, aplicando la Directiva en contra del
     das por éste al FEOGA (injustamente, mediante reduccio-                  órgano incumplidor que es una emanación del Estado, o
 ---pagebreak--- 30.6.2001                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 186/7
      sólo puede hacerlo una vez que se haya decidido que no                En primer lugar, las conclusiones del Tribunal de Primera Instan-
      se puede invocar la Directiva contra el demandado (por                 cia sobre la admisibilidad suponen virtualmente la anulación del
      ejemplo, por no reunir los requisitos necesarios para                  requisito de que el demandante acredite que resulta individual-
      producir efecto directo)?                                              mente afectado. El Tribunal de Primera Instancia distorsiona los
                                                                             hechos pertinentes y aplica un criterio jurı́dico incorrecto. Si el
(1) Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa
                                                                             Tribunal de Justicia ratificara el razonamiento del Tribunal de
    a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros,         Primera Instancia, especialmente a la vista de las conjeturas y de
    sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la            la distorsión de los hechos que lo caracterizan, difı́cilmente
    circulación de vehı́culos automóviles, ası́ como del control de la     podrı́a declararse que un demandante carece de legitimación.
    obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 103 de                Todo criterio diferenciador que apenas excluye a alguien es un
    02.05.1972, p. 1; EE 13/02 p. 113).                                      mal criterio jurı́dico, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
(2) Segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de            no apoya este tipo de criterios.
    1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
    Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de         En segundo lugar, por lo que respecta al fondo del asunto, el
    la circulación de los vehı́culos automóviles (DO L 008 de              Tribunal de Primera Instancia ha declarado que, en los procedi-
    11.01.1984, p. 17; EE 13/15 p. 244).                                     mientos en materia de fusión de empresas regulados por el
                                                                             artı́culo 66, apartado 2, del Tratado CECA (que se refiere princi-
                                                                             palmente a un poder que permitirı́a determinar los precios,
                                                                             controlar o limitar la producción u obstaculizar el manteni-
                                                                             miento de una competencia efectiva), la Comisión está obligada
                                                                             a analizar si el precio realmente pagado por la empresa adquirida
Recurso de casación interpuesto el 19 de abril de 2001                      es adecuado o suficiente y a apreciar, dentro del procedimiento
por RAG Aktiengesellschaft contra la sentencia dictada el                    relativo a la autorización de la fusión y en los plazos que éste
31 de enero de 2001 por la Sala Primera del Tribunal de                      establece, si dicho precio constituye una ayuda de Estado.
Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
asunto T-156/98 (1), promovido por RJB Mining plc contra                     Esto supone un cambio fundamental en la valoración de las
la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por                        fusiones y constituye una mezcla ilı́cita de dos procedimientos
RAG Aktiengesellschaft y la República Federal de Alema-                     distintos, con plazos y derechos de representación, de consulta
                                   nia                                       y de recurso diferentes. El Tribunal de Primera Instancia no
                                                                             explica por qué cabrı́a pensar que el precio pagado puede consti-
                        (Asunto C-169/01 P)                                  tuir una ayuda de Estado. No expone tampoco razón alguna
                                                                             para explicar por qué el hecho de que el precio constituya una
                           (2001/C 186/11)                                   ayuda de Estado debe dar lugar a la anulación de la autorización
                                                                             de la fusión, cuando no se dan ninguno de los criterios mencio-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 nados en el artı́culo 66, apartado 2, del Tratado CECA.
presentado el 19 de abril de 2001 un recurso de casación,
formulado por RAG Aktiengesellschaft, con domicilio social                   No existe prescripción ni autorización legal alguna que justifi-
en Essen (Alemania), representada por los Sres. Thomas                       que que, al valorar las fusiones con arreglo al Tratado CECA
Sharpe, QC, y Andreas Weitbrecht y Sven Völker, Rechts-                      [o, en la medida en que resulte aplicable, con arreglo al
anwälte, contra la sentencia dictada el 31 de enero de 2001                  Reglamento (CEE) no 4064/89 (2), en su versión modificada],
por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las                 se añadan criterios no pertinentes, tales como el hecho de que
Comunidades Europeas en el asunto T-156/98, promovido                        la contraprestación sea o no adecuada y de que exista o no una
por RJB Mining plc contra la Comisión de las Comunidades                    ayuda de Estado. Si la sentencia recurrida fuera confirmada, el
Europeas, apoyada por RAG Aktiengesellschaft y la República                 procedimiento en materia de fusiones dependerı́a de factores
Federal de Alemania.                                                         ajenos al análisis de las condiciones del mercado, y las
                                                                             empresas se verı́an sometidas a una grave incertidumbre
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                  jurı́dica en lo relativo a los criterios que deben emplearse
Comunidades Europeas que:                                                    en dicho procedimiento. Tal incertidumbre no contribuirı́a
                                                                             tampoco a garantizar una aplicación coherente de las normas
—     Anule en su totalidad la sentencia y condene en costas a               en materia de competencia y de ayudas de Estado.
      RJB. Con carácter subsidiario, la recurrente solicita que se
      anule la sentencia en la medida en que afecta a la                     El Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en otro grave
      aprobación de la fusión parcial entre RAG y Preussag                 error de Derecho al anular en su totalidad la Decisión por lo
      Anthrazit.                                                             que se autoriza la fusión, en vez de anular sólo la parte de la
                                                                             misma relativa a la aprobación de la fusión entre RAG y SBW.
Motivos y principales alegaciones                                            La anulación de la aprobación de la fusión entre RAG y Preusag
                                                                             Anthrazit resulta injustificable, y la sentencia carece por
                                                                             completo de motivación a este respecto.
La sentencia recurrida establece unos criterios totalmente
nuevos en lo que respecta, primero, a la valoración de las
fusiones por parte de la Comisión y, segundo, a la subsiguiente             (1) DO 1998 C 358, p. 23.
impugnación de las decisiones en materia de fusiones. El                    (2) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre
análisis realizado por el Tribunal de Primera Instancia es                       de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración
fundamentalmente erróneo.                                                        entre empresas (DO 1989 L 395, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal, de 24 de septiembre de 2014, en el asunto E-4/14 — Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia (Incumplimiento por una parte contratante de sus obligaciones — No incorporación al ordenamiento jurídico nacional — Directiva 2007/23/CE sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos)

text:
               23.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/7

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 24 de septiembre de 2014
   en el asunto E-4/14
   Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia
   (Incumplimiento por una parte contratante de sus obligaciones — No incorporación al ordenamiento jurídico nacional — Directiva 2007/23/CE sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos)
   (2015/C 131/07)
   En el asunto E-4/14, Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia — SOLICITUD de declaración de que, al no haber adoptado o notificado inmediatamente al Órgano de Vigilancia de la AELC, en el plazo previsto a tal efecto, todas las disposiciones necesarias para la plena incorporación al ordenamiento jurídico nacional del acto al que se hace referencia en el punto 4 del capítulo XXIX del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos), adaptado al Acuerdo EEE mediante el Protocolo 1 del mismo, Islandia ha incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 21 de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente y ponente, y Per Christiansen y Páll Hreinsson, jueces, dictó el 24 de septiembre de 2014 una sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que, al no haber adoptado, en el plazo previsto a tal efecto, todas las disposiciones necesarias para incorporar a su ordenamiento jurídico el acto al que se hace referencia en el punto 4 del capítulo XXIX del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 21 de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo EEE.

               2.

               Condena en costas a Islandia.


title: Asunto T-319/99: Recurso interpuesto el 10 de noviembre de 1999 por la Federación Nacional de Empresas, Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) contra la Comisión de las Comunidades europeas

text:
C 79/28                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       18.3.2000
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              domicilio en Madrid, representada por los letrados en ejercicio
                                                                        D. Ramón Garcı́a-Gallardo y D. Gerard Pérez Olmo, de los
                   de 6 de diciembre de 1999                            Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona, respecti-
                                                                        vamente, en Bruselas, Square de Meeûs, no 19.
en el asunto T-178/99, Sonia Marion Elder y Robert Dale
  Elder contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                        que:
(Transparencia — Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom, de                  — anule la Decisión de la Comisión de 26 de agosto de 1999
8 de febrero de 1994, sobre el acceso del público a los                    (SG (99) D/7040);
documentos de la Comisión — Comité consultivo del
Impuesto sobre el Valor Añadido — Decisión por la que se              — condene a la Comisión europea al pago de la totalidad de
deniega el acceso a documentos — Revocación del acto                       las costas.
                 impugnado — Sobreseimiento)
                         (2000/C 79/62)                                 Motivos y principales alegaciones
                                                                        La demandante en el presente litigio es una federación española
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                        que agrupa a la práctica totalidad de la empresas productoras,
                                                                        importadoras y distribuidoras de productos sanitarios en
En el asunto T-178/99, Sonia Marion Elder y Robert Dale                 España. La caracterı́stica común de todas estas empresas es que
Elder, con domicilio en Dundee, Escocia (Reino Unido),                  suministran productos sanitarios a todos los centros sanitarios
representados por el Sr. Scott Crosby, Solicitor, 9, rond-point         españoles, tanto públicos como privados.
Schuman, Bruselas, contra Comisión de las Comunidades
Europeas (Agentes: Sres. Ulrich Wölker y Xavier Lewis), que
                                                                        La demandante impugna la decisión por la que la Comisión
tienen por objeto una demanda de anulación de la decisión de
                                                                        archivó la denuncia por ella presentada, relativa a supuestos
la Comisión, de 8 de junio de 1999 por la que se deniega a los
                                                                        abusos de posición dominante de los Entes Gestores del
demandantes el acceso a las actas del comité consultivo del
                                                                        Sistema Nacional de Salud (SNS), principalmente motivados
Impuesto sobre el Valor Añadido, el Tribunal de Primera
                                                                        por los retrasos en los pagos adeudados a los suministradores
Instancia (Sala Primera), integrado por el Sr.: B. Vesterdorf,
                                                                        de productos sanitarios. En su denuncia, la demandante
Presidente; y Sres. C. W. Bellamy y M. Vilaras, Jueces; Secreta-
                                                                        señalaba igualmente otros abusos, tales como la solicitud de
rio: Sr. H. Jung; ha dictado el 6 de diciembre de 1999 un auto
                                                                        prestaciones suplementarias sin relación alguna con el objeto
cuyo fallo es el siguiente:
                                                                        del contrato y la imposición de precios máximos de compra
                                                                        en perjuicio del desarrollo técnico del sector.
1) Se sobresee el presente recurso.
2) Se condena a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.     Se resalta a este respecto que las ventas al SNS de las empresas
                                                                        asociadas en FENIN representan más del 80 % de su volumen
                                                                        de negocios, lo que confiere al SNS unaposición de dominio
(1) DO C 281 de 2.10.1999.                                              como comprador.
                                                                        En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:
                                                                        — La violación de los derechos de la defensa que, en su
                                                                            opinión, supone no haber incoado el correspondiente
                                                                            expediente de investigación, tras un análisis en profundidad
Recurso interpuesto el 10 de noviembre de 1999 por                          de la denuncia presentada;
la Federación Nacional de Empresas, Instrumentación
Cientı́fica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) contra la                 — La existencia, en el caso de autos, de un error manifiesto
           Comisión de las Comunidades europeas                            en la apreciación de los elementos fácticos y jurı́dicos
                                                                            relevantes, especialmente por lo que respecta al carácter de
                       (Asunto T-319/99)                                    actividad económica de la gestión del servicio público de
                                                                            la seguridad Social. Se afirma, a este respecto, que la
                                                                            demandada ha enjuiciado erróneamente los supuestos de
                         (2000/C 79/63)                                     aplicación de los arts. 82 y 86 del Tratado, partiendo de
                                                                            una lectura sesgada de la sentencia dictada en los asuntos
                                                                            acumulados C-159 y 160/91 Poucet & Pistre (1), que,
                 (Lengua de procedimiento: español)                        por otro lado, no tiene en cuenta otros desarrollos
                                                                            jurisprudenciales más recientes, que aplican el criterio
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                      funcional a la hora de analizar los comportamientos
europeas se ha presentado, el 10 de noviembre de 1999 un                    anticompetitivos protagonizados por operadores de carác-
recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas                     ter público, con una clara posición de dominio en sectores
formulado por la Federación Nacional de Empresas, Instrumen-               económicos tan delicados como las telecomunicaciones,
tación Cientı́fica, Médica, Técnica y Dental (FENIN), con                  los servicios postales o la energı́a eléctrica.
 ---pagebreak--- 18.3.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 79/29
Critica igualmente la demandante la asociación, a su juicio            Resolución       recurrida     Denegación del registro por parte
errónea, que efectúa la Comisión entre los principios de             ante la Sala de Recurso:        de la examinadora
solidaridad y redistribución en la sanidad pública, por un
lado, y la demanda de suministros a operadores terceros                 Motivos invocados:              — Infracción del artı́culo 7, apar-
independientes, por otro lado. En su opinión, extender el                                                  tado 1, letra b), del Regla-
alcance de la distribución, como elemento fundamental del                                                  mento (CE) no 40/94
principio de solidaridad, hasta justificar el sacrificio de terceros
suministradores supone hacer recaer sobre éstos una carga tan                                           — Aplicación incorrecta del artı́-
discriminatoria como injustificada.                                                                         culo 7, apartado 1, letra c), del
                                                                                Reglamento (CE) no 40/94
(1) Rec 1993; p. I-637.
                                                                        Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 1999 contra
                                                                         el Banco Central Europeo por el Sr. Kasper Lund Nielsen
Recurso interpuesto el 23 de noviembre de 1999 contra
la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,                                        (Asunto T-333/99)
dibujos y modelos) por Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld
                              GmbH
                                                                                (2000/C 79/65)
                        (Asunto T-331/99)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
                          (2000/C 79/64)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el 25 de
                                                                        noviembre de 1999 un recurso contra el Banco Central
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                     Europeo formulado por el Sr. Kasper Lund Nielsen, Frankfurt
                                                                        am Main (RFA), representado por los Abogados Norbert
                                                                        Pflüger, Regina Steiner y Silvia Mittländer, Frankfurt am
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  Main (RFA), que designa como domicilio en Luxemburgo el
Europeas se ha presentado el 23 de noviembre de 1999 un                 despacho del Sr. Aloyse Schiltz, Association Luxembourgeoise
recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado                  des Employés de Banques y d’Assurances, 29, Avenue Monte-
Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por Mitsubishi           rey, Luxemburgo.
HiTec Paper Bielefeld GmbH (RFA) (antiguamente: Stora
Carbonless Paper GmbH), representada por la Abogada Ulrike
Alice Ulrich, del bufete de Abogados Cohausz & Florack,                 El demandante solicita que:
Düsseldorf, que designa como domicilio en Luxemburgo la
Office Ernest T. Freylinger, S. A., 234, route d’Arlon.                 1. Se declare que el despido (dismissal) del demandante
                                                                             declarado conforme al artı́culo 41 de las Condiciones de
                                                                             contratación (Conditions of Employment for Staff of the
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                 European Central Bank, en lo sucesivo «CoE») es ineficaz y
                                                                             que la relación laboral entre el demandante y la demandada
— Anule la resolución de la Sala Tercera de Recurso, de 8 de                no se resolvió mediante el despido sino que continúa
     septiembre de 1999, en el procedimiento de recurso R                    existiendo sin denuncia del contrato.
     175/1999-3 y ordene a la Oficina que publique la solicitud
     de marca comunitaria con arreglo al artı́culo 40 del RMC.          2. Se condene a la demandada a seguir empleando al
                                                                             demandante según las condiciones de contratación con-
— Condene en costas a la demandada.                                          forme al contrato como documentalista (documentalist).
                                                                        3. Se condene a la demandada a abonar el sueldo base
                                                                             retenido conforme al artı́culo 44 CoE.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        4. Se declare que la Decisión del Consejo de Gobierno
Marca objeto de la solici-     Marca denominativa «Giroform»                 comunicada al demandante mediante escrito de 9 de
tud:                           — Solicitud no 533406                         noviembre de 1999 es ineficaz.
Producto o servicio:           Papel, cartón y artı́culos de estas     5. Se declare que el procedimiento disciplinario incoado
                               materias comprendidos en la                   contra el demandante conforme al artı́culo 43 CoE era
                               clase 16; productos de imprenta               contrario a Derecho.


title: Recurso interpuesto el 26 de mayo de 1998 por la Sociedad Eugénio Branco L.da contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-83/98)

text:
5.9.98                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 C 278/37
de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por los             recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Sres.: J. Azizi, Presidente; R. García-Valdecasas y M. Jae-       formulado por la Sociedad EugeÂnio Branco L.da, con
ger, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 25 de         domicilio social en Lisboa (Portugal), representada por el
junio de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:                   Sr. Bolota Belchior, Abogado de Vila Nova de Gaia, que
                                                                  designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
1) Se declara la inadmisibilidad de los recursos.                 abogados Faltz & AssocieÂs, 6, rue Heine.
2) Se condena en costas a las partes demandantes, que
     soportaraÂn solidariamente las efectuadas por el Con-        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
     sejo. La Comisión cargaraÂ con sus propias costas.           tancia que:
(1) DO C 94 de 22.3.1997.
                                                                  Ð anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
                                                                      Europeas, de fecha 17 de febrero de 1998, comunicada
                                                                      y notificada a la demandante el 17 de marzo de 1998
                                                                      por el DAFSE (Departamento de Asuntos del Fondo
                                                                      Social Europeo) mediante carta enviada el 16 de
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                             marzo de 1998, por la que se decide la suspensión
                                                                      de la Ayuda del Fondo Social Europeo en los expe-
                    de 11 de junio de 1998
                                                                      dientes 87301 P1 (43 550 366 ESC) y 870302 P3
en el asunto T-173/97: Augusto Fichtner contra Comisión               (5 809 712 ESC) concedida a la demandante mediante
               de las Comunidades Europeas (1)                        Decisión de la Comisión no C(87) 860 de 30 de abril
(Funcionarios Ð Informe de calificación elaborado con                 de 1987;
retraso Ð Promoción Ð Examen comparativo de los meÂri-
tos Ð Reparación del perjuicio Ð Pretensiones viciadas de         Ð condene en costas a la Comisión.
inadmisibilidad manifiesta o carentes de todo fundamento
                            jurídico)
                                                                  Motivos y principales alegaciones
                         (98/C 278/82)
             (Lengua de procedimiento: italiano)                  A. Violación del principio de confianza legítima y de
                                                                      seguridad jurídica
En el asunto T-173/97, Augusto Fichtner, funcionario de la
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
Besozzo (Va) (Italia), representado por el Sr. Vincenzo Sal-          La Decisión de la Comisión, a pesar de no tener fijado
vatore, Abogado de Pavía, contra Comisión de las Comu-                un plazo cierto, ha de atenerse, sin embargo, a un
nidades Europeas (Agente: Sr. Gianluigi Valsesia), que                plazo razonable de ejecución.
tiene por objeto, por una parte, un recurso de anulación
de la decisión de la Comisión publicada el 13 de septiem-             Es evidente que el plazo de diez anÄos, transcurridos
bre de 1996, en la medida en que deniega la inclusión del             desde entonces hasta la fecha de hoy, es exagerado y
demandante en la lista de funcionarios considerados con               sobrepasa los límites del buen sentido y de la normali-
mayores meÂritos en el marco del ejercicio de promoción               dad.
1996, y, por otra, una petición de indemnización, el Tribu-
nal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por la
Sra. P. Lindh, Presidente, y los Sres. K. Lenaerts y J. D.            El transcurso de dicho plazo fue creando y reforzando
Cooke, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung; ha dictado el 11 de           la legítima expectativa de la demandante de que se iba
junio de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:                       a adoptar una Decisión concordante con la certifica-
                                                                      ción del DAFSE, concordante con la solicitud de pago
1) Se desestima el recurso.                                           del saldo presentada.
2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
                                                                      Considerando que la Comisión debería haber aplicado
(1) DO C 271 de 6.9.1997.                                             la Decisión despueÂs de tener conocimiento de la certifi-
                                                                      cación del DAFSE, es evidente que el plazo de diez
                                                                      anÄos (1988-1998) es excesivo y sobrepasó el límite del
                                                                      buen sentido y de la normalidad.
Recurso interpuesto el 26 de mayo de 1998 por la                      La Comisión sobrepasó ampliamente las normas de
Sociedad EugeÂnio Branco L.da contra la Comisión de las               una buena administración.
                    Comunidades Europeas
                       (Asunto T-83/98)                               Si el Estado miembro debe presentar ante la Comisión
                                                                      las solicitudes de pago en un plazo de diez meses a
                         (98/C 278/83)
                                                                      partir del fin de las acciones so pena de ser excluido
            (Lengua de procedimiento: portugueÂs)                     del pago de la ayuda de que se trate, la Comisión
                                                                      deberaÂ, como mínimo, adoptar en el mismo plazo una
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                decisión de aprobación de dicha solicitud de pago del
Europeas se ha presentado el 26 de mayo de 1998 un                    saldo.
 ---pagebreak--- C 278/38             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    5.9.98
   La ejecución de las acciones de formación, como se                tos «de personal teÂcnico no docente, dirección y secre-
   demostraraÂ a continuación, se llevó a cabo respetando            tariado de la acción» sino como trabajos especializa-
   y cumpliendo estrictamente los requisitos establecidos            dos que, por su propia naturaleza, son realizados por
   en la Decisión inicial de aprobación.                             terceros.
B. Infracción de Ley Ð Ilegalidad Ð Error en los presu-              La Decisión se funda en la divergencia de criterios y
   puestos de hecho                                                  en el derecho al lucro legítimo obtenido por una enti-
                                                                     dad subcontratada, la «E. B., L.da».
   La demandante cumplió, íntegramente y con rigor,
                                                                     El DAFSE y la Comisión siempre aceptaron, a traveÂs
   todos los requisitos impuestos por la Comisión y reco-
                                                                     de la utilización de un criterio discrecional para el
   gidos en la Decisión de aprobación de la candidatura y
                                                                     período comprendido entre 1986 y 1989, un lucro
   en el Reglamento y, en particular, el de impartir forma-
                                                                     calculado sobre los gastos efectuados por los subcon-
   ción profesional a 36 y 300 personas (en los dos expe-
                                                                     tratados del 50 % de los mismos, por lo que dicho
   dientes, respectivamente) insuficientemente cualificadas
                                                                     lucro de E B. L.da se encuentra dentro de los límites
   para acceder al mercado laboral.
                                                                     aceptados por el DAFSE y por la Comisión.
   La Decisión recurrida imputa al demandante el hecho
   de que ciertos gastos no respetaron los requisitos fija-
   dos en la Decisión de aprobación.
   Por este motivo, propone la suspensión del pago de las        Recurso interpuesto el 28 de mayo de 1998 por Marie
   solicitudes de saldo, por los motivos recogidos en el               Costigan contra el Consejo de la Unión Europea
   informe de auditoría efectuado por la InspeccËaÄo-Geral                            (Asunto T-84/98)
   de FinancËas.
                                                                                (98/C 278/84)
   Así, la Decisión recurrida, por remisión, se funda-                         (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
   mentó exclusivamente en el informe de la InspeccËaÄo-
   -Geral de FinancËas.
                                                                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                 Europeas se ha presentado el 28 de mayo de 1998 un
   Por ello, existe un error en los presupuestos de hecho        recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado
   de la Decisión recurrida, toda vez que la Comisión, al        por la Sra. Marie Costigan, representada por el Sr. SeÂamas
   fundarse exclusivamente en dicho informe, incurrió en         O'Tuathail, nombrado por el bufete Lehane & Hogan,
   los mismos errores respecto a los presupuestos de             Solicitors, 1 Upper Ormond Quay, Dublín 7, Irlanda.
   hecho que eÂste.
                                                                 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
   La demandante utilizó la concesión de recompensas             que:
   por aplicación y aprovechamiento a los alumnos para
   mantenerlos interesados y obtener el mayor rendi-             Ð anule la decisión no 677/97 del Secretario General del
   miento de los conocimientos impartidos, política que              Consejo de la Unión Europea de 11 de julio de 1997;
   dio resultados óptimos, que se tradujeron en una
   mayor participación y que en nada contraría la Deci-
   sión inicial de aprobación.                                   Ð reincorpore a Marie Costigan a su puesto de trabajo
                                                                     en el Consejo de la Unión Europea sin peÂrdida ni dis-
                                                                     minución de su condición laboral, salario u otras pres-
   La demandante contrató los servicios de una entidad               taciones;
   especializada con el fin de que le ayudase y de propor-
   cionar una mayor calidad a los cursos impartidos.
                                                                 Ð anule todas las decisiones posteriores que apliquen,
                                                                     resulten o emanen de la mencionada decisión no 677/
   La demandante se sirvió de la ayuda de dicha entidad              97 y que hayan sido adoptadas por el Secretario Gene-
   en reÂgimen de subcontratación, contratando personal              ral del Consejo de la Unión Europea, sus funcionarios
   docente y trabajos de asesoría teÂcnica y pedagógica y            o agentes, o en nombre de eÂstos;
   orientación vocacional y trabajos de gestión y control
   presupuestario.                                               Ð anule la decisión adoptada el 14 de junio de 1996 por
                                                                     el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
                                                                     de someter el caso de la demandante a la Comisión de
   Dicha subcontratación, permitida por el Reglamento y
                                                                     invalidez;
   por la Decisión de aprobación de la Comisión, figu-
   raba ya en la solicitud de candidatura, al menos implí-
   citamente, en la medida en que los costes derivados de        Ð anule el dictamen de la Comisión de invalidez de 9 de
   tales trabajos no aparecían presupuestados como gas-              julio de 1997;


title: Recurso interpuesto el 10 de agosto de 1998 contra el Parlamento Europeo por Francis Panichelli (Asunto T-130/98)

text:
24.10.98              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 C 327/31
Recurso interpuesto el 10 de agosto de 1998 contra el               boraron los informes de calificación correspondientes a los
          Parlamento Europeo por Francis Panichelli                 períodos 1993-1994 y 1995-1996.
                      (Asunto T-130/98)
                        (98/C 327/54)                               SeguÂn el demandante, la primera imputación se basa en
                                                                    que, al no promoverle al grado A 4, la demandada
                                                                    incumplió manifiestamente los requisitos establecidos para
              (Lengua de procedimiento: franceÂs)                   la contratación del demandante, así como las normas que
                                                                    ella misma se impuso.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                    La segunda imputación se basa en que la AFPN no ela-
Europeas se ha presentado el 10 de agosto de 1998 un
                                                                    boró, infringiendo las normas y principios mencionados,
recurso contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr.
                                                                    los informes de calificación del demandante, no permi-
Francis Panichelli, con domicilio en Wezembeek-Oppem
                                                                    tiendo de esta forma al comiteÂ encargado de decidir las
(BeÂlgica), representado por Me Eric Boigelot, Abogado de
                                                                    promociones examinar el expediente del demandante de
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                    manera objetiva, garantizando una comparación real de
despacho de Me Louis Schiltz, 2 rue du Fort Rheinsheim.
                                                                    los meÂritos de cada uno de los agentes, privando así al
                                                                    demandante de muÂltiples oportunidades de carrera en la
                                                                    Institución.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
tancia que:
                                                                    El demandante afirma que dichas irregularidades procedi-
                                                                    mentales le causan un perjuicio material importante dado
Ð Anule la decisión denegatoria presunta de la petición             que, por una parte, su nivel retributivo es inferior al que
     formulada por el demandante el 11 de julio de 1997,            legítimamente hubiera podido esperar y que, por otra
     en virtud de la cual no se le concedió el grado A 4 con        parte, se ve privado de toda promoción, maÂs importante
     efectos de 1 de enero de 1993, ni tampoco la promo-            auÂn a partir del nuevo grado y escalón que hubiera podido
     ción que solicitaba, ni se elaboraron los informes de          ocupar. Ex aequo et bono, dicho perjuicio, tanto material
     calificación correspondientes a los períodos 1993-1994         como moral, se estima razonablemente en 250 000 BFR.
     y 1995-1996.
Ð Anule la decisión desestimatoria presunta de la recla-
     mación que presentó contra dicha decisión denegatoria
     presunta de sus peticiones respectivas de 11 de julio de
     1997, mediante escrito de 26 de enero de 1998.                 Recurso interpuesto el 12 de agosto de 1998 contra el
                                                                             Parlamento Europeo por Francis Panichelli
                                                                                (Asunto T-131/98)
Ð Condene a la parte demandada a pagarle, sin perjuicio
     de cualquier modificación en el transcurso del proceso,                                (98/C 327/55)
     la suma de 250 000 BFR, en concepto de indemniza-
     ción por danÄos y perjuicios, como reparación del per-
     juicio material y moral por eÂl sufrido.                                     (Lengua de procedimiento: franceÂs)
                                                                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Ð Condene a la parte demandada, en cualquier caso, al
                                                                    Europeas se ha presentado el 12 de agosto de 1998 un
     pago de la totalidad de las costas.
                                                                    recurso contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr.
                                                                    Francis Panichelli, con domicilio en Wezembeek-Oppem
                                                                    (BeÂlgica), representado por Me Eric Boigelot, Abogado de
Motivos y principales alegaciones                                   Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                    despacho de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim.
El demandante, agente temporal de grado A 5, había soli-
citado la revalorización de su puesto al grado A 4 con              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
efectos de 1 de enero de 1993 y, en su defecto, que se              tancia que:
comunicasen por escrito las razones y motivos para no
cumplir el compromiso asumido en este sentido por el
Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en el                 Ð Anule la decisión de la Mesa del Grupo del Partido de
momento de su contratación y, con caraÂcter subsidiario,                 los Socialistas Europeos de poner fin al contrato de
que se revisasen las propuestas de promoción para el anÄo                agente temporal del demandante con efectos de 2 de
1997, las cuales fueron formuladas infringiendo lo dis-                  octubre de 1998 por la noche, comunicada al deman-
puesto en el artículo 6.1.2 de las normas internas de la                 dante el 2 de julio de 1998 mediante escrito de la Pre-
Secretaría del Grupo debido, en particular, a que no se ela-             sidenta del Grupo Parlamentario del Partido de los


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 23 de octubre de 1997 en el asunto C-150/95: República Portuguesa contra Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Consejo de la Unión Europea [Política agraria común - Reglamento (CE) no 307/95 de la Comisión - Semillas oleaginosas - Cantidades de referencia definitivas - Exclusión de los productores portugueses de la compensación de los porcentajes en que se haya sobrepasado la superficie máxima garantizada y las superficies no utilizadas en el conjunto de la Comunidad - Recurso de anulación]

text:
C 387/2                                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 20 . 12 . 97
Cooke y la Sra . Jennifer Payne ), que tiene por objeto que          virtud de los artículos 30, 34 y 37 del Tratado CE, al esta
se declare que la República Italiana ha incumplido las               blecer derechos exclusivos de importación y exportación
obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 30,          de gas y de electricidad, el Tribunal de Justicia, integrado
34 y 37 del Tratado CE, al estabelecer y al mantener,                por los Sres. G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gul
frente a los demás Estados miembros, en el marco de un               mann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Presidentes de Sala;
monopolio nacional de carácter comercial, derechos exclu            G. F. Mancini , J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kap
sivos de importación y exportación en el sector de la elec          teyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward ( Ponente ), J.-P. Puis
tricidad, el Tribunal de Justicia , integrado por los Sres.          sochet, G. Hirsch, P. Jann y L. Sevón, Jueces; Abogado
G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann, H. Rag            General : Sr. G. Cosmas; Secretarios : Sr. H. von Holstein,
nemalm y M. Wathelet, Presidentes de Sala ; G. F. Mancini ,          Secretario adjunto, y Sra . D. Louterman-Hubeau, adminis
J. C. Moitinho de Almeida , P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray,          tradora principal, ha dictado el 23 de octubre de 1997
D. A. O. Edward ( Ponente ), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P.         una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Jann y L. Sevón, Jueces; Abrogado General : Sr. G. Cos
mas; Secretarios : Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, y        1 ) Se desestima el recurso .
Sra . D. Louterman-Hubeau, administradora principal, ha
dictado el 23 de octubre de 1997 una sentencia cuyo fallo
es el siguiente :                                                    2 ) Se condena en costas a la Comisión de las Comunida
                                                                         des Europeas.
1 ) Se desestima el recurso.                                         3 ) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
                                                                         así como Irlanda, partes coadyuvantes, cargarán con
2 ) Se condena en costas a la Comisión de las Comunida                   sus propias costas.
     des Europeas.
                                                                     (M DO C 202 de 23 . 7 . 1994 .
3 ) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
     la República Francesa e Irlanda, partes coadyuvantes,
     cargarán con sus propias costas.
(') DO C 202 de 23 . 7 . 1994 .                                                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                ( Sala Sexta )
                                                                                de 23 de octubre de 1997
                                                                     en el asunto C- 15 0/95 : República Portuguesa contra
                                                                     Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                              Consejo de la Unión Europea (')
                   de 23 de octubre de 1997                          [Política agraria común — Reglamento (CE) n° 307/95 de
en el asunto C-159/94 : Comisión de las Comunidades                  la Comisión — Semillas oleaginosas — Cantidades de refe
Europeas, apoyada por Reino Unido de Gran Bretaña e                  rencia definitivas — Exclusión de los productores portu
Irlanda del Norte, contra República Francesa, apoyada                gueses de la compensación de los porcentajes en que se
                          por Irlanda ( 1 )                          haya sobrepasado la superficie máxima garantizada y las
                                                                     superficies no utilizadas en el conjunto de la Comunidad
 (Incumplimiento de Estado — Derechos exclusivos de                                    — Recurso de anulación]
       importación y exportación de gas y electricidad)                                       ( 97/C 387/04 )
                           97/C 387/03 )
                                                                                (Lengua de procedimiento: portugués)
              (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                     cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi                                     de Justicia »)
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                           de Justicia »)
                                                                     En el asunto C- 150/95 , República Portuguesa ( Abogado :
                                                                     Sr. João Mota de Campos, Agente : Sr. Luís Fernandes )
En el asunto C-159/94, Comisión de las Comunidades                   contra Comisión de las Comunidades Europeas ( Agentes :
Europeas ( Agentes: Sres. Richard B. Wainwright y Hendrik            Sres . Antonio Caeiro y Gérard Rozet ), apoyada por Con
van Lier), apoyada por Reino Unido de Gran Bretaña e                 sejo de la Unión Europea ( Agentes: Sres . Jan-Peter Hix y
Irlanda del Norte ( Agente : Sra . Lindsey Nicoll, asistida          Paulo Borges ), que tiene por objeto que se anule el Regla
por el Sr. David Anderson ), contra República Francesa               mento ( CE ) n° 307/95 de la Comisión, de 14 de febrero de
 (Agentes : Sra . Catherine de Salins y Sr. Jean-Marc Belor          1995 , por el que se establecen las cantidades de referencia
gey ), apoyada por Irlanda ( Agente : Sr. Michael A. Buckley,        regionales definitivas corregidas para los productores de
asistido por el Sr. John D. Cooke y Sra. Jennifer Payne ),           habas de soja, semillas de colza y nabina y semillas de
que tiene por objeto que se declare que la República Fran           girasol para la campaña de comercialización 1994/95 ( 2 ),
cesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en               en la medida en que reduce en un 20 % las cantidades de
 ---pagebreak--- 20. 12. 97           I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 387/3
referencia regionales definitivas para las semillas de girasol       D. A. O. Edward y J.-P. Puissochet ( Ponente ), Jueces; Abo
producidas en Portugal, el Tribunal de Justicia ( Sala               gado General: Sr. A. La Pérgola; Secretaria: Sra . L. Hew
Sexta ), integrado por los Sres. H. Ragnemalm, Presidente            lett, administradora, ha dictado el 23 de octubre de 1997
de Sala; R. Schintgen, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn               una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
( Ponente ) y G. Hirsch, Jueces; Abogado General: Sr. C. O.
Lenz; Secretario : Sr. IT. A. Rühl, administrador principal,         1 ) Se declara que la República Helénica ha incumplido
ha dictado el 23 de octubre de 1997 una sentencia cuyo                    las obligaciones que le incumben en virtud del
fallo es el siguiente:                                                    artículo 95 del Tratado CE, al determinar, a efectos
                                                                          del impuesto especial sobre el consumo y el impuesto
1 ) Se desestima el recurso.                                              especial adicional único, el valor fiscal de los automó
                                                                          viles de ocasión importados mediante la reducción del
2 ) Se condena en costas a la República Portuguesa.                       precio de venta de los automóviles nuevos correspon
                                                                          dientes en un 5% por año de antigüedad, porcentaje
3 ) El Consejo de la Unión Europea cargará con sus pro                   que no puede superar, en principio, el 20% , y al
      pias costas.                                                        excluir los automóviles de ocasión importados provis
                                                                          tos de tecnología anticontaminación de la ventaja de
(') DO C 208 de 12 . 8 . 1995 .
                                                                          los tipos reducidos aplicables a este tipo de vehículos
(2 ) DO L 36 de 16 . 2 . 1995 , p . 2 .
                                                                          en el impuesto especial sobre le consumo.
                                                                     2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.
                                                                     3 ) Se condena en costas a la República Helénica.
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               (') DO C 31 de 3 . 2 . 1996 .
                            ( Sala Quinta)
                   de 23 de octubre de 1997
en el asunto C-375/95 : Comisión de las Comunidades
            Europeas contra República Helénica (')
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
(Incumplimiento — Tributación de los automóviles — Dis
                             criminación)                                              de 4 de noviembre de 1997
                           ( 97/C 387/05 )                           en el asunto C-337/95 (petición de decisión prejudicial
                                                                     planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Parfums
               (Lengua de procedimiento: griego)                     Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV contra
                                                                                Evora BV (')
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi          (Derecho de marca y derecho de autor — Acción del titu
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal          lar de estos derechos que pretende que se prohiba a un
                             de Justicia »)                          comerciante hacer publicidad para la comercialización
                                                                                ulterior del producto — Perfume)
En el asunto C-375/95 , Comisión de las Comunidades                                             97/C 387/06 )
Europeas ( Agente : Sr. Dimitrios Gouloussis ) contra Repú
blica Helénica ( Agentes: Sr. Panagiotis Mylonopoulos          y                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)
Sra . Anna Rokofyllou ), que tiene por objeto que            se
declare, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, que      la
República Helénica ha incumplido las obligaciones que         le     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
incumben en virtud del artículo 95 del Tratado CE, al ins           cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
taurar y mantener en vigor, en el ámbito de la fiscalidad                                       de Justicia »)
de los automóviles de ocasión importados, disposiciones
que, en primer lugar, a los efectos de la determinación de           En el asunto C-337/95 , que tiene por objeto una petición
la base imponible del impuesto especial sobre el consumo,            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
sólo permiten deducir del precio de venta de los corres             del Tratado CE, por el Hoge Raad der Nederlanden, desti
pondientes automóviles nuevos un 5 % por año de utiliza             nada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
ción, porcentaje que no puede superar el 20 % del valor de           jurisdiccional entre Parfums Christian Dior SA y Parfums
dichos automóviles nuevos; que, en segundo lugar, regulan            Christian Dior BV por una parte, y Evora BV, por otra,
la recaudación del impuesto especial adicional único sin             una decisión prejudicial sobre la interpretación de los
prever reducción alguna para los automóviles de ocasión,             artículos 30 y 36 y del párrafo tercero del artículo 177 del
y que, en tercer lugar, prevén ventajas fiscales ( reducción         Tratado CE, así como de los artículos 5 y 7 de la Directiva
del impuesto especial sobre el consumo ), únicamente para            89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Pri
los automóviles nuevos provistos de tecnología anticonta            mera Directiva relativa a la aproximación de lás legislacio
minación y no para los automóviles de ocasión importados             nes de los Estados miembros en materia de marcas (2 ), el
que cuentan con dicha tecnología, el Tribunal de Justicia            Tribunal de Justicia, integrado por los Sres. G. C. Rodrí
( Sala Quinta ), integrado por los Sres. C. Gulmann, Presi          guez Iglesias, Presidente; C. Gulmann ( Ponente ), H. Rag
dente de Sala; M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida,               nemalm, R. Schintgen, Presidentes de Sala ; G. F. Mancini,


title: Asunto T-387/12: Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2012 — Italia/Comisión

text:
               20.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/15

         Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2012 — Italia/Comisión
   (Asunto T-387/12)
   2012/C 319/28
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule, en la parte objeto del presente recurso, Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de junio de 2012, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) [notificada con el número C(2012) 3838].

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso tiene por objeto las correcciones financieras a tanto alzado relativas a la República Italiana en relación con el régimen de ayudas a los productores de tomates destinados a la transformación, correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo, basado en la infracción de los artículos 7, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 160, p. 103), y 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 209, p. 1).
   Mediante dicho motivo se impugna la aplicación de las correcciones financieras efectuadas mediante la decisión impugnada, calculadas al 2 % de los gastos efectuados, afirmando que éstos se llevaron a cabo pese a la prueba, admitida por la Comisión, de la falta de un perjuicio financiero apreciable.
   Además, la demandante impugna la cuantificación de las propias rectificaciones en cuanto su determinación concreta resulta desproporcionada y manifiestamente ilógica, siendo notablemente superior al perjuicio potencial ocasionado por los comportamientos imputados a las autoridades italianas.


title: AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 14 de julio de 1997 en el asunto C-388/96: Glasoltherm SARL contra Comisión de las Comunidades Europeas, Electricité de France y HLM «Colomiers Habitat» SA (Inadmisibilidad formal del recurso)

text:
27 . 9 . 97          1  ES    |              Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 295/9
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   financiero de 1993 , en la medida en que, según su
                           ( Sala Tercera)                                  artículo 2, no se computan con cargo al FEOGA, sino
                                                                            con cargo a la República Federal de Alemania , los
                     de 14 de julio de 1997                                 siguientes importes:
en el asunto C-388/96 : Glasoltherm SARL contra Comi
sión de las Comunidades Europeas, Electricité de France y                   — 608 503,40 marcos alemanes relativos a « gastos de
               HLM « Colomiers Habitat» SA ( 1 )                                 promoción de las ventas de leche », y
             (Inadmisibilidad formal del recurso)                           — 485 466,68 marcos alemanes, por « incumplimiento
                           { 97IC 295 / 14 )                                     de los plazos de pago ».
              (Lengua de procedimiento: francés)                      — Condene en costas a la parte demandada .
                                                                      Motivos y principales alegaciones
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                      — ( Gastos de promoción de las ventas de leche )
                             de Justicia »)
                                                                            La imputación, a cargo de Alemania, de los importes
En el asunto C-388/96, Glasoltherm SARL, sociedad en                        parciales indicados en el escrito de demanda resultan
liquidación, con domicilio judicial en Orsay, Francia con                  tes   de   dos  contratos celebrados      con   el entonces
tra Comisión de las Comunidades Europeas, Electricité de                    Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung
France, con domicilio social en París, y HLM « Colomiers                    ( BALM ), en nombre de la Comisión, con el fin de pro
Habitat » SA, con domicilio social en Colomiers, Francia,                   mover las ventas de leche y de productos lácteos en el
el Tribunal de Justicia ( Sala Tercera ), integrado por los                 marco de los Reglamentos ( CEE) n° 465/92 (') y
Sres . J. C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala; C.                     ( CEE ) n° 585/93 (2 ), es justificada por la Comisión por
Gulmann ( Ponente ) y J.-P. Puissochet, Jueces; Abogado                     el hecho de que el contenido de los informes provisio
General : Sr. G. Cosmas; Secretario : Sr. R. Grass; ha dic                 nales del adjudicatario incumplía una exigencia no
tado el 14 de julio de 1997 un auto resolviendo lo                          prevista en el Derecho comunitario aplicable . Según
siguiente:                                                                  los modelos de contrato entonces vigentes en virtud de
                                                                            los citados Reglamentos eran los informes finales, y no
Se declara la inadmisibilidad del recurso .                                  los provisionales, los que debían contener un análisis
                                                                            de costes y rendimiento. La inclusión de las correspon
                                                                            dientes cláusulas en los nuevos modelos de contrato
(') DO C 40 de 8 . 2 . 1997 .
                                                                            sólo se previo para los programas y medidas posterio
                                                                            res —es decir, para el mantenimiento de medidas de
                                                                            carácter publicitario a raíz de los Reglamentos ( CEE )
                                                                             n° 465/92 y ( CEE ) n° 585/93 .
                                                                      — ( Incumplimiento de los plazos para el pago de las ayu
Recurso interpuesto el 7 de julio de 1997 por la Repú                      das por retirada temporal de tierras de cultivo )
blica Federal de Alemania contra la Comisión de las
                    Comunidades Europeas
                                                                             Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 del
                        ( Asunto C-245 /97 )                                 Reglamento ( CEE ) n° 2069/91 ( 3 ), según el cual la
                           ( 97/C 295/ 15 )                                 cuantía de la ayuda debía pagarse, a más tardar, el 31
                                                                             de diciembre de 1992 , fue cumplido . No existe ningún
                                                                             fundamento jurídico para excluir de la financiación
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                   comunitaria el porcentaje correspondiente por el hecho
ha presentado el 7 de julio de 1997 un recurso contra la                     de que éste no se invocara ante la Comunidad hasta
Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por la                       mayo de 1993 , con el cuadro 104 . El documento de
República Federal de Alemania, representada por el Dr.                       trabajo de la Comisión de 4 de enero de 1993 ( docu
Ernst Röder, Ministerialrat, y por el Sr. Claus-Dieter Quas                 mento VI/488/92 DE ) sólo regula la denegación escalo
sowski , Regierungsdirektor del Bundesministerium für                        nada de aquellos importes que no hubieran sido paga
Wirtschaft, D-53107 Bonn .                                                   dos a su destinatario final dentro de los plazos previs
                                                                             tos por el Derecho comunitario. No prevé ninguna
                                                                             sanción por la dilación en comunicar a la Comunidad
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :                   importes pagados a los destinatarios finales dentro de
                                                                             los plazos previstos.
— Anule la Decisión 97/333/CE de la Comisión de 23 de
     abril de 1997 —C(97) 1180 final—, relativa a la liqui           O DO L 53 de 28 . 2 . 1992 , p. 8 .
     dación de cuentas de los Estados miembros, respecto              ( 2 ) DO L 61 de 13 . 3 . 1993 , p . 26 .
     de los gastos financiados por la sección de Garantía             (•') DO L 191 de 16 . 7. 1991 , p . 19,
     del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
     Agraria ( FEOGA ), y correspondientes al ejercicio


Aviso jurídico importante

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E2001P0005

Recurso interpuesto el 26 de abril de 2001 contra el Principado de Liechtenstein por el Órgano de Vigilancia de la AELC (Asunto E-5/01)

Diario Oficial n° C 242 de 30/08/2001 p. 0006 - 0006

Recurso interpuesto el 26 de abril de 2001 contra el Principado de Liechtenstein por el Órgano de Vigilancia de la AELC(Asunto E-5/01)(2001/C 242/10)En el Tribunal de la AELC se ha presentado el 26 de abril de 2001 un recurso contra el Principado de Liechtenstein formulado por el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Peter Dyrberg, agente de dicho Órgano, 74, Rue de Trèves, B-1040 Bruselas.La parte demandante solicita al Tribunal de la AELC que:1. Declare que, el Principado de Liechtenstein, al no haber adoptado, dentro del plazo prescrito, las disposiciones nacionales necesarias para cumplir con el apartado 1 del artículo 3, con los artículos 4, 6 y 7, en relación con el artículo 2, del Acto mencionado en el punto 6 del anexo IX del Acuerdo EEE (Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica), adaptado por el protocolo 1 del Acuerdo EEE, ha incumplido sus obligaciones respecto al artículo 10 de dicho Acto y al artículo 7 del Acuerdo EEE.2. Condene en costas al Principado de Liechtenstein.Motivos y principales alegaciones:- El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva dispone que la garantía de defensa jurídica deberá ser objeto de un contrato separado del establecido para los restantes ramos o bien de un capítulo aparte de una póliza única con indicación del contenido de la garantía de defensa jurídica y, si el Estado miembro lo requiere, de la prima correspondiente.- El artículo 4 de la Directiva dispone que todo contrato de defensa jurídica reconocerá de forma explícita que cuando se recurra a un abogado o a cualquier otra persona que posea las cualificaciones requeridas por la legislación nacional para defender, representar o servir los intereses del asegurado, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, el asegurado tendrá la libertad de elección.- El artículo 6 de la Directiva dispone que los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones útiles a fin de que, sin perjuicio de cualquier derecho de recurso a una instancia jurisdiccional que eventualmente hubiera previsto el derecho nacional, se prevea un procedimiento arbitral u otro procedimiento que ofrezca garantías comparables de objetividad, que permita decidir, en caso de divergencia de opiniones entre el asegurador de la defensa jurídica y su asegurado, respecto a la actitud que deba adoptarse para la solución del desacuerdo. Además, el contrato de seguro deberá mencionar el derecho del asegurador a recurrir a tal procedimiento.- El artículo 7 de la Directiva dispone que cada vez que surja un conflicto de intereses o que exista desacuerdo respecto a la solución de un litigio, el asegurador de la defensa jurídica o, en su caso, la entidad de liquidación de siniestros, deberá informar al asegurado del derecho contemplado en el artículo 4 y de la posibilidad de recurrir al procedimiento contemplado en el artículo 6.- Del artículo 10 del Acto, adaptado por el protocolo 1 al Acuerdo EEE, se deriva que el plazo para que Liechtenstein adoptara las medidas necesarias para cumplir con el Acto expiraba el 1 de mayo de 1995.- Al vencimiento del plazo mencionado, Liechtenstein no había tomado las medidas legislativas necesarias para cumplir con el Acto. Tampoco había adoptado dichas medidas al finalizar el plazo establecido por el Órgano de Vigilancia de la AELC en su dictamen motivado, en el que solicitaba a Liechtenstein que adoptase las medidas necesarias para cumplir el Acto. Liechtenstein, por lo tanto, no ha cumplido con sus obligaciones de conformidad con el artículo 10 del Acto y el artículo 7 del Acuerdo EEE.