title: Asunto C-43/01 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de febrero de 2001 por el Dr. Sandro Cognigni contra el auto dictado el 30 de noviembre de 2000 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-314/00 promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
24.3.2001              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 95/5
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            ¿Debe interpretarse la expresión «uso efectivo», que figura en
lución del Kilpailuneuvosto, de fecha 14 de diciembre de               el artı́culo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE(1) del
2000, en el asunto entre Arkkitehtuuritoimisto Riitta                   Consejo, Primera Directiva relativa a la aproximación de las
Korhonen Oy y Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy y                   legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
Vilho Tervomaa, empresa de construcción, por una parte,                de la forma que se ha expuesto anteriormente en el apar-
              y Varkauden Taitotalo Oy, por otra                        tado 3.4, (2) y, en caso de respuesta negativa, qué (otro) criterio
                                                                        ha de seguirse para determinar el significado de «uso efectivo»?
                        (Asunto C-18/01)
                                                                        ¿Cabe hablar también de «uso efectivo» en el sentido antes
                          (2001/C 95/07)                                mencionado, si no se comercializan nuevos productos con la
                                                                        marca, pero sı́ se realizan otras actividades como las descritas
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               anteriormente en el apartado 3.1, (v) y (vi)? (3)
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Kilpailuneuvosto, dictada el 14 de diciembre de
2000, en el asunto entre Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korho-            (1) DO L 40 de 11.02.1989, p. 1.
nen Oy y Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy y Vilho                  (2) «Sólo se puede responder a la cuestión de si cierto uso puede ser
Tervomaa, empresa de construcción, por una parte, y Varkau-                considerado «uso efectivo», (i) tomando en cuenta todos los
den Taitotalo Oy, por otra, y recibida en la Secretarı́a del                hechos y circunstancias especı́ficas del caso, para lo cual (ii) es
Tribunal de Justicia el 16 de enero de 2001. El Kilpailuneuvosto            decisivo si el conjunto de los hechos y circunstancias especı́ficos
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las                 del caso, considerados en mutua relación y en relación con lo que
siguientes cuestiones:                                                      en el correspondiente sector del tráfico económico se tiene por
                                                                            habitual y comercialmente justificado, da la impresión de que la
¿Puede una sociedad anónima, de cuyo capital social un                     finalidad del uso es buscar o conservar un mercado para los
municipio sea el titular único, y en la que el municipio ostenta           productos y servicios de la marca y no única y exclusivamente
                                                                            mantener en vigor la marca, y para lo cual (iii), por lo que respecta
la facultad de decisión, intervenir en los procedimientos de               a estos hechos y circunstancias, por lo general hay que prestar
adjudicación de contratos públicos como entidad adjudicadora              atención al carácter, a la magnitud, a la frecuencia y a la
en el sentido del artı́culo 1, apartado b), de la mencionada                regularidad, ası́ como a la duración del uso en relación con la
Directiva 92/50/CEE (1), si la sociedad obtiene servicios de                naturaleza del producto o del servicio y con la naturaleza e
proyección y de construcción al objeto de construir edificios             importancia de la empresa».
destinados a oficinas de alquiler a favor de empresas?                  (3) Venta de piezas y composiciones extintoras (sin marca) para
                                                                            extintores de la marca MINIMAX a empresas que realizaban el
Además, el kilpailuneuvosto pide que se dilucide si influye en             mantenimiento de tales aparatos. Mantener, controlar, calibrar de
el análisis del asunto el hecho de que el objetivo del proyecto            nuevo, reparar y revisar extintores provistos de la marca MINI-
de construcción del municipio sea crear las condiciones                    MAX, utilizando adhesivos «Gebruiksklaar Minimax» (Minimax
necesarias para actividades comerciales en la ciudad.                       listo para usar).
En segundo lugar, el kilpailuneuvosto pide asimismo que se
dilucide si influye en el análisis del asunto el hecho de que el
destino de las oficinas que deben construirse sea su arriendo a
favor de empresas privadas.
(1) DO L 209, de 24.07.1992, p. 1.
                                                                        Recurso de casación interpuesto el 1 de febrero de 2001
                                                                        por el Dr. Sandro Cognigni contra el auto dictado el
                                                                        30 de noviembre de 2000 por la Sala Primera del Tribunal
                                                                        de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                        asunto T-314/00 promovido contra la Comisión de las
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                                  Comunidades Europeas
lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 26 de
enero de 2001, en el asunto entre Ansul B.V. y Ajax
                      Brandbeveiliging B.V.                                                     (Asunto C-43/01 P)
                        (Asunto C-40/01)                                                           (2001/C 95/09)
                          (2001/C 95/08)
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               presentado el 1 de febrero de 2001 un recurso de casación
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           formulado por el Dr. Sandro Cognigni, representado por el Sr.
resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dictada el 26 de             Walter Massucci, abogado de Fermo (AP), con despacho en
enero de 2001, en el asunto entre Ansul B.V. y Ajax                     Pedaso, via Giovanni XXIII, no 5, contra el auto dictado el
Brandbeveiliging B.V., y recibida en la Secretarı́a del Tribunal        30 de noviembre de 2000 por la Sala Primera del Tribunal de
de Justicia el 31 de enero de 2001. El Hoge Raad der                    Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
Nederlanden solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie           T-314/00, promovido contra la Comisión de las Comunidades
sobre las siguientes cuestiones:                                        Europeas.
 ---pagebreak--- C 95/6                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      24.3.2001
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                    disposiciones legales, reglamentarias o administrativas
Comunidades Europeas que:                                                      necesarias para atenerse a la Directiva 95/63/CE del
                                                                               Consejo, de 5 de diciembre de 1955 (1), por la que
—      Anule el auto recurrido y devuelva el asunto al juez                    se modifica la Directiva 89/655/CEE (2), relativa a las
       competente para conocer del fondo.                                      disposiciones mı́nimas de seguridad y de salud para la
                                                                               utilización por los trabajadores en el trabajo de los
—      Condene en costas a la parte adversa.                                   equipos de trabajo, o al no notificar la adopción de tales
                                                                               disposiciones a la Comisión, y
Motivos y principales alegaciones                                        —     condene en costas a Irlanda.
1)      Sobre la definición jurı́dica del recurso relativo a la         Motivos y principales alegaciones
        primera instancia
                                                                         El artı́culo 249 CE, según el cual, la Directiva obligará al
        Teniendo en cuenta el recurso relativo a la primera              Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
        instancia, y considerando que la cuestión formal de su          conseguirse, supone la obligación de los Estados miembros
        nome iuris no debe condicionar la admisibilidad de un            de observar el plazo establecido en la Directiva para dar
        recurso, parece lógico sostener que procede revocar             cumplimiento a la misma. Dicho plazo expiró el 5 de diciembre
        en su integridad la fundamentación jurı́dica del auto           de 1998 sin que Irlanda promulgara las disposiciones necesa-
        recurrido.                                                       rias para dar cumplimiento a la Directiva evocada en las
                                                                         pretensiones de la Comisión.
2)      Sobre la competencia del Tribunal de Primera Instancia           (1) DO L 335 de 30.12.1995, p. 28.
                                                                         (2) DO L 393 de 30.12.1989, p. 13.
        Resulta patente que, por tratarse de un litigio entre una
        Institución comunitaria y el miembro de una comisión
        consultiva creada por esa Institución, el Tribunal de
        Primera Instancia es competente para conocer del litigio.
                                                                         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
        Por otra parte, debe ponerse de relieve que, con arreglo         lución del Tribunale di Siena, de fecha de 26 de enero de
        al artı́culo 91 del Estatuto de los funcionarios de              2001, en el asunto entre Milena Castellani e Istituto
        las Comunidades Europeas, el Tribunal de Justicia es                        nazionale della previdenza sociale (INPS)
        competente para resolver sobre los litigios que se
        susciten entre la Comunidad y «alguna de las apersonas                                   (Asunto C-50/01)
        a quienes se aplica el presente Estatuto». Si el Tribunal
        de Primera Instancia hubiera declinado su propia compe-                                    (2001/C 95/11)
        tencia a favor de la de este último órgano jurisdiccional,
        deberı́a haber procedido de oficio a la remisión del            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
        recurso al órgano competente.                                   sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución del Tribunale di Siena, dictada el 26 de enero de
                                                                         2001, en el asunto entre Milena Castellani e Istituto nazionale
                                                                         della previdenza sociale (INPS), y recibida en la Secretarı́a del
                                                                         Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 2001. El Tribunale di
                                                                         Siena solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2001 contra                       siguientes cuestiones:
  Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                         La prohibición de acumulación del valor contable de la
                         (Asunto C-48/01)                                paga extraordinaria de garantı́a salarial con las retribuciones
                                                                         abonadas al trabajador durante el perı́odo de referencia
                          (2001/C 95/10)                                 (art. 2, párr. 4, del Decreto Legislativo no 80/1992) ¿resulta
                                                                         compatible —también a la luz de los anteriores fallos del
                                                                         Tribunal de Justicia sobre el referido Decreto Legislativo— con
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         la Directiva 80/987/CEE? (1) En el presente caso:
presentado el 5 de febrero de 2001 un recurso contra Irlanda
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                  1)    La citada prohibición de acumulación, ¿puede conside-
representada por la Sra. Nicola Yerrell, miembro de su Servicio                rarse conforme con la finalidad de la Directiva que (según
Jurı́dico, en su calidad de agente, que designa como domicilio                 su art. 3, ap. 1) es asegurar el pago de los créditos
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                    impagados que se refieran a la retribución correspon-
asimismo miembro de su Servicio Jurı́dico, Centre Wagner,                      diente al perı́odo anterior a una fecha determinada (art. 3,
Kirchberg.                                                                     ap. 2) y relativa a un determinado perı́odo (art. 4, aps. 1
                                                                               y 2)? o bien
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                         2)    la citada prohibición de acumulación, ¿responde a un
—      Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que                  criterio asistencial, que no se ajusta a la finalidad social
       le incumben en virtud del Tratado CE al no adoptar las                  que inspira a la Directiva 80/987?


title: Asunto C-526/07 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de noviembre de 2007 por Philippe Combescot contra la sentencia dictada el  12 de septiembre de 2007 en el asunto T-250/04, Combescot/Comisión

text:
               9.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/12

         Recurso de casación interpuesto el 27 de noviembre de 2007 por Philippe Combescot contra la sentencia dictada el 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-250/04, Combescot/Comisión
   (Asunto C-526/07 P)
   (2008/C 37/16)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Recurrente: Philippe Combescot (representantes: A. Maritati y V. Messa, abogados)

      Recurrida: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que el Tribunal de Justicia, reformando la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-250/04, declare que el ilícito rechazo de la solicitud de participación en el concurso para la atribución del puesto de Jefe de la Delegación en Colombia presentada por el Sr. Combescot le causó un perjuicio profesional y afectó a su salud; que defina además de otro modo el daño moral, procediendo por consiguiente a una determinación apropiada de la indemnización que le corresponde; que estime, a estos efectos, las pretensiones ya presentadas en primera instancia y así redactadas: «reconozca que el Sr. Combescot ha sufrido daños en su imagen y en su profesionalidad, con graves repercusiones para su equilibrio psicológico, causados por la decisión ilegítima de excluirlo del concurso; conceda al Sr. Combescot una cantidad de 100 000 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios».

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   El recurso de casación impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-250/04, relativo a un recurso del funcionario Sr. Philippe Combescot contra la Comisión de las Comunidades Europeas.
   Dicho recurso se refiere a la exclusión del Sr. Philippe Combescot, en aquel momento Consejero Residente en Guatemala, del concurso COM/091/03 para la atribución del puesto de Jefe de la Delegación en Colombia (en lo sucesivo, la decisión de exclusión).
   El Tribunal de Primera Instancia ha estimado que dicha decisión era ilícita y, en consecuencia, justificaba la solicitud de indemnización de perjuicios presentada por el recurrente, pero ha negado la existencia de perjuicios profesionales y para la salud de este último, limitándose a reconocer un daño moral, sin mayores precisiones, por el que atribuye al funcionario una cantidad de 3 000 euros.
   En el presente recurso, los defensores del Sr. Combescot solicitan al Tribunal de Justicia que reforme la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la medida en que ésta niega la existencia de perjuicios profesionales y para la salud del recurrente, determinando así el importe de la indemnización únicamente en función del mencionado daño moral; y que por consiguiente declare que, a raíz de su ilícita exclusión del concurso, dicho funcionario sufrió evidentes perjuicios en su carrera y en su reputación profesional; y que, en cualquier caso, la decisión de exclusión provocó un sufrimiento y un padecimiento interior que posteriormente llevaron al recurrente a un grave estado depresivo, documentado en los autos y, sobre todo, constatado por la institución a través de sus especialistas de confianza. En cualquier caso, el recurrente solicita al Tribunal de Justicia que valore globalmente las circunstancias de hecho que han caracterizado los acontecimientos, considerándolas todas relevantes a efectos de valorar el daño moral — aunque sea con criterios de equidad — en una cantidad claramente superior, directamente proporcional tanto a las perspectivas de carrera de las que la decisión de exclusión privó al funcionario como a las graves consecuencias imaginables derivadas de ello.
   El recurrente reitera, por tanto, su pretensión de indemnización de daños y perjuicios, tal como había sido formulada en las pretensiones que expuso en la demanda inicial.
   El recurrente impugna las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la falta de concreción del perjuicio profesional, poniendo de relieve, por lo demás, que en ningún momento le fue comunicada la información solicitada por él sobre los criterios de selección aplicados por la Comisión para elegir al Jefe de la Delegación en Colombia.
   En lo que respecta a la indemnización de los perjuicios físicos, la prueba de la repercusión de la conducta ilícita en el estado de salud del Sr. Combescot resulta de la conexión temporal existente entre ellos. La exclusión del concurso es, por otra parte, el último de una serie de comportamientos vejatorios de la Comisión para con el funcionario. Por último, en lo que respecta a la determinación del daño moral, se solicita una valoración adecuada del mismo, basada en el principio de determinación del daño mediante criterios de equidad, que tenga en cuenta las consecuencias nocivas en términos de ansiedad, estrés y desasosiego sufridas por el funcionario a raíz de su exclusión del concurso.


title: Asunto T-129/08: Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2008 — Sahlstedt y otros/Comisión

text:
               24.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 128/35

         Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2008 — Sahlstedt y otros/Comisión
   (Asunto T-129/08)
   (2008/C 128/75)
   Lengua de procedimiento: finés
   Partes

      Demandantes: Markku Sahlstedt (Karkkila, Finlandia), Juha Kankkunen (Laukaa, Finlandia), Mikko Tanner (Vihti, Finlandia), Toini Tanner (Helsinki, Finlandia), Liisa Tanner (Helsinki, Finlandia), Eeva Jokinen (Helsinki, Finlandia), Ali Oskanen (Helsinki, Finlandia), Olli Tanner (Lohja, Finlandia), Leena Tanner (Helsinki, Finlandia), Aila Puttonen (Ristina, Finlandia), Risto Tanner (Espoo, Finlandia), Tom Järvinen (Espoo, Finlandia), Runo K. Kurto (Espoo, Finlandia), Maa- ja metsätalaoustuottajain keskusliito MTK ry (Helsinki, Finlandia), Maataloustuottajain Keskusliiton Säätiö (representante: K. Marttinen, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión impugnada, en la medida en que afecta a todos los LIC de la República de Finlandia a que se refiere la misma.

               —

               Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considere que no es posible acceder a lo pedido anteriormente, que se anule la Decisión en su parte relativa a los LIC especificados en la parte 6.2.2.7 del recurso.

               —

               Pretensiones y diligencias de prueba:
               Si el recurso requiere no sólo fundarse en la prueba propuesta en la demanda, en el sentido de los apartados relativos a las pretensiones principales anteriores a favor de las demandantes, que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la Comisión de las Comunidades Europeas que:

                           1)

                           facilite a las demandantes en soporte CD-rom todas las propuestas que Finlandia le había remitido con inclusión de toda la información referida en el considerando 7 de la Decisión incluida en la propuesta, sobre los lugares a que se refiere la Decisión controvertida,

                           2)

                           facilite a las demandantes, en soporte CD-rom, la información sobre hábitats y de cualquier otro tipo que obre en su poder en relación con los lugares de la República de Finlandia a que se refiere la Decisión controvertida en el considerando 8, así como, en soporte papel, los mapas y la información referida en el considerando 9,

                           3)

                           facilite a las demandantes, en soporte CD-rom, toda la documentación relativa a los lugares de la República de Finlandia elaborada durante la cooperación o puesta a disposición de la Comisión citada en el considerando 10 de la Decisión controvertida, así como los mapas en papel, y

                           4)

                           facilite a las demandantes el dictamen del Comité «Hábitats» citado en el considerando 15 de la Decisión controvertida.

               —

               Que se imponga a la Comisión el pago de las costas causadas concretamente por las demandantes más los intereses devengados al tipo legalmente aplicable.

         Motivos y principales alegaciones
   Según las demandantes, la Decisión (1) viola el Derecho comunitario, concretamente, los artículos 3 y 4 de la Directiva sobre los hábitats y el anexo III citado en el último de los referidos artículos. La no conformidad de la Decisión con el Derecho comunitario obedece a cuatro motivos principales:

               a)

               La Directiva sobre los hábitats no permite que las decisiones anteriores sobre listas de lugares de importancia comunitaria (en lo sucesivo, «LIC») sean derogadas por decisiones nuevas, tal como se denuncia en el presente caso, y sobre la base de los motivos aquí referidos. También la Comisión está sometida a las normas de procedimiento de la Directiva sobre los hábitats. Cualquier otra interpretación es causa de incertidumbre jurídica en relación con las normas nacionales de desarrollo y la protección jurídica de los terratenientes.

               b)

               Según el artículo 3 de la Directiva sobre los hábitats, la red Natura 2000 es la única red de zonas protegidas europea que tiene por objeto la consecución de un nivel de conservación favorable, tal como establece la Directiva. La coherencia de la red se garantiza y el objetivo de un grado de protección favorable se alcanza por el hecho de que el artículo 4 y el anexo III de la Directiva relativos a la clasificación de los lugares son fundamentalmente simples normas de carácter técnico y disposiciones de aplicación que obligan tanto a los Estados miembros como a la Comisión. No es posible que puedan clasificarse como LIC los lugares con respecto a los que no se observen ambas etapas, según lo previsto en dichas disposiciones. Los lugares se clasifican en los respectivos Estados miembros, para alcanzar coherentemente el objetivo inherente al grado de conservación favorable, con arreglo a los criterios previstos en el artículo 4 y en el anexo III de la Directiva sobre los hábitats.

               c)

               La etapa 1 (etapa de los Estados miembros) y la etapa 2 (etapa de la Comisión) del anexo III forman un conjunto que consiste en acciones que producen efectos jurídicos. El procedimiento al que se refiere la etapa 2 y la Decisión sobre los lugares de importancia comunitaria no son conformes a la Directiva sobre los hábitats en el supuesto de que la propuesta de la fase 1 no cumpla las exigencias establecidas en la Directiva.

               d)

               Durante la redacción, la propuesta de Finlandia sobre los LIC de la región geográfica boreal no se atuvo a lo establecido en el artículo 4 de la Directiva sobre los hábitats ni a las normas relativas a la etapa 1 contenidas en su anexo III. Dado que la propuesta de Finlandia se acepta sin modificaciones para todos los lugares, sólo por este motivo la Decisión de la Comisión sobre los LIC infringe también la Directiva.

      (1)  Decisión 2008/24/CE de la Comisión, de 12 de noviembre de 2007, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal (DO L 12, p. 118).


title: Asunto T-109/10: Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2010 — Luxemburgo/Comisión

text:
               22.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 134/39

         Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2010 — Luxemburgo/Comisión
   (Asunto T-109/10)
   2010/C 134/67
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Gran Ducado de Luxemburgo (representantes: C. Schiltz, agente, y P. Kinsch, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión impugnada, en la medida en que se aplica al Gran Ducado de Luxemburgo.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante solicita la anulación, en la medida en que le afecta, de la Decisión C(2009) 10712 de la Comisión, adoptada el 23 de diciembre de 2009, y relativa a la reducción de la ayuda financiera concedida al programa de iniciativa comunitaria Interreg II C «Inondation Rhin-Meuse» del Reino de Bélgica, de la República Federal de Alemania, de la República Francesa, del Gran Ducado de Luxemburgo y del Reino de los Países Bajos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en virtud de la Decisión C(97) 3742 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1997 (FEDER no 9700100008).
   En apoyo de su recurso, la demandante alega dos motivos.
   Mediante el primer motivo, la demandante sostiene que, en el supuesto de que se acojan los recursos de anulación interpuestos por las autoridades neerlandesas y alemanas, el Gran Ducado de Luxemburgo debe beneficiarse de ello como consecuencia. Si se decide que los errores o puntos débiles, supuestamente sistemáticos, que la auditoría de la Comisión creyó descubrir en el funcionamiento del programa en cuestión en los Países Bajos y en Alemania, no existieron en realidad, el propio razonamiento de la Decisión caería por su propio peso y con él la corrección financiera lineal aplicada a los proyectos ejecutados en Luxemburgo.
   El segundo motivo de recurso se basa en la ilegalidad de la extensión al Gran Ducado de Luxemburgo de una corrección financiera que sólo puede justificarse, en su caso, respecto de otros Estados miembros. Afirma que no se constató ninguna anomalía en el funcionamiento del programa en el Gran Ducado de Luxemburgo. Considera que el que Luxemburgo hubiera aceptado participar en un proyecto conjunto con Alemania, Bélgica, Francia y los Países Bajos no justifica sufrir los efectos negativos, en términos de corrección financiera de sus propios proyectos, de los errores o los puntos débiles que se descubrieron durante la auditoría de los proyectos neerlandeses o alemanes y que consisten casi exclusivamente en un supuesto incumplimiento de las normas relativas al procedimiento de adjudicación de contratos públicos. Pues bien, alega que, a pesar de que se trata de una actuación conjunta de cinco Estados miembros en el mismo programa, los procedimientos de adjudicación de contratos públicos son competencia exclusiva de las autoridades nacionales de los Estados miembros de que se trata.


title: Asunto T-108/01: Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Free Trade Foods NV

text:
11.8.2001               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 227/25
Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2001 contra la                              17 de diciembre de 1997 (2), cuyas disposiciones también
Comisión de las Comunidades Europeas por Free Trade                             las declara aplicables el Reglamento impugnado.
                              Foods NV
                                                                          (1) Reglamento (CE) no 396/2001 de la Comisión, de 27 de febrero de
                        (Asunto T-108/01)                                     2001, por el que se continúan aplicando medidas de salvaguardia
                                                                              respecto a las importaciones procedentes de los paı́ses y territorios
                                                                              de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen
                          (2001/C 227/48)                                     acumulado CE/PTU para el perı́odo comprendido entre el 1 de
                                                                              marzo y el 30 de junio de 2001 (DO L 58 de 28.2.2001, p. 13-
                                                                              15).
                                                                          (2) Reglamento (CE) no 2553/97 de la Comisión, de 17 de diciembre
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)                        de 1997, relativo a las disposiciones de expedición de los
                                                                              certificados de importación de determinados productos de los
                                                                              códigos NC 1701, 1702, 1703 y 1704 con acumulación del
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                        origen ACP/PTU (DO L 349 de 19.12.1997, pp 26-30).
Europeas se ha presentado el 10 de mayo de 2001 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Free Trade Foods NV, con domicilio social en Curação
(Antillas Neerlandesas), representada por M.M. Slotboom y
N.J. Helder, abogados de Rotterdam.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2001 contra la
que:
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas por Fleuren
1.    Anule el Reglamento no 396/2001, de 27 de febrero de                                           Compost N.V.
      2001, por el que se establecen medidas de salvaguardia
      respecto a las importaciones procedentes de los paı́ses y                                   (Asunto T-109/01)
      territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar
      de origen acumulado CE/PTU.                                                                   (2001/C 227/49)
2.    Declare a la Comunidad responsable de los daños sufridos
      por Free Trade Foods como consecuencia del Reglamento                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
      no 396/2001, de 27 de febrero de 2001.
3.    Condene a la Comisión a pagar los gastos del procedi-              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      miento.                                                             Europeas se ha presentado el 18 de mayo de 2001 un recurso
                                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                          por Fleuren Compost N.V., con domicilio social en Middelhar-
                                                                          nis (Paı́ses Bajos), representada por Jules Stuyck, abogado de
Motivos y principales alegaciones                                         Bruselas.
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
Free Trade Foods NV tiene una fábrica de azúcar en Curação             que:
dedicada a la transformación de azúcar C originario de la
Comunidad y que, como consecuencia de la acumulación de                  —      Anule la Decisión de la Comisión , de 13 de diciembre de
origen CE/PTU, obtiene el origen PTU. Por tanto, este azúcar                    2000, relativa al régimen de ayudas que el Reino de los
puede ser importado en la Comunidad libre de exacciones.                         Paı́ses Bajos puso en vigor en favor de seis empresas
                                                                                transformadoras de abonos orgánicos, al menos en la
                                                                                medida en que esta Decisión afecta a la demandante.
Sin embargo, en virtud de la Cuarta Medida de Salvaguardia
(Reglamento no 396/2001 de la Comisión, de 27 de febrero                 —      Condene a la Comisión a pagar los gastos del procedi-
de 2001 (1)), se aplica una cuota de 3 878 toneladas.                            miento.
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega los                     Motivos y principales alegaciones
siguientes motivos:
—     infracción del artı́culo 109 de la Decisión PTU;                  La demandante, en su condición de fábrica transformadora
                                                                          de abonos orgánicos percibió subsidios de las autoridades
—     vulneración de la jerarquı́a establecida a favor de las            neerlandesas, según la propia demandante, en el marco del
      mercancı́as PTU por el Tratado CE;                                  régimen de ayudas «Bijdrageregeling Proefprojecten Mestver-
                                                                          werking» (BPM) (Régimen de aportaciones a proyectos pilotos
—     infracción del artı́culo 7, apartado 5, del Acuerdo sobre          de transformación de abonos orgánicos).Sin embargo, la
      Salvaguardias celebrado en el marco de la OMC, ası́ como            Comisión, mediante la Decisión C(2000)4070, de 13 de
      del artı́culo 300 CE, apartado 7;                                   diciembre de 2000, dirigida a las autoridades neerlandesas,
                                                                          exigió la devolución de los subsidios pagados a la demandante
—     ilegalidad del Reglamento no 2553/97 de la Comisión, de            y a otras empresas.


title: Asunto C-23/10: Recurso interpuesto el 14 de enero de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               17.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 100/15

         Recurso interpuesto el 14 de enero de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-23/10)
   2010/C 100/24
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: A. Caeiros, agente)

      Demandada: República Portuguesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 68 y siguientes del Reglamento no 2913/92, (1) del artículo 290 bis y del anexo 38 ter del Reglamento no 2454/93 (2) y de los artículos 2, 6, 9, 10 y 11 de los Reglamentos nos 1552/89 (3) y 1150/2000, (4) al haber aceptado sistemáticamente sus autoridades aduaneras declaraciones de despacho a libre práctica de plátanos frescos, pese a tener conocimiento efectivo o razonablemente presumible de la falta de correspondencia entre el peso declarado y el peso real de los plátanos, y al no haber procedido las autoridades portuguesas a la puesta a disposición de los recursos propios correspondientes a la pérdida de ingresos y de los intereses de demora devengados.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

      Motivos y principales alegaciones

   El artículo 290 bis del Reglamento no 2454/93 prevé:

      «El examen de los plátanos del código NC 0803 00 19 para el control de la masa neta en la importación debe afectar a un número mínimo de declaraciones de despacho a libre práctica equivalente al 10 % por año y por aduana.
      El examen de los plátanos se efectuará en el momento del despacho a libre práctica, de conformidad con las normas establecidas en el Anexo 38 ter.»

   El anexo 38 ter establece:

                  «1)

                  Para la aplicación del artículo 290 bis, las autoridades aduaneras de la aduana en la que se haya presentado la declaración de despacho a libre práctica de plátanos frescos determinarán la masa neta basándose en una muestra de unidades de envase de plátanos para cada tipo de envase y para cada origen.
                  […]»

   Habida cuenta de la normativa comunitaria y, en particular, de las mencionadas disposiciones del artículo 290 bis y del anexo 38 ter del Reglamento no 2454/93, aplicables en el período de que aquí se trata, la Comisión considera que no pueden aceptarse los argumentos por los que las autoridades portuguesas pretenden justificar su negativa a poner a su disposición los recursos propios e intereses de demora adeudados en virtud del artículo 11 del Reglamento no 1150/2000 y que no puede negarse la absoluta claridad con que las citadas disposiciones establecen el peso que debe servir de base para la aplicación de los derechos aduaneros.
   El artículo 290 bis y el anexo 38 ter del Reglamento no 2454/93 determinan inequívocamente que en la declaración de despacho a libre práctica de plátanos debe indicarse la «masa neta», es decir, el «peso real» de los plátanos y que, por tanto, este «peso real» es el que debe servir de base para la aplicación de los derechos aduaneros.
   La Comisión no tenía ninguna obligación jurídica de publicar, en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, un aviso para que los importadores no indiquen un peso de 18,14 kilos o un peso medio a tanto alzado en las declaraciones aduaneras.
   Dado que el artículo 290 bis y el anexo 38 ter del Reglamento no 2454/93 regulan claramente la cuestión del peso que debe tenerse en cuenta para el cálculo de los derechos aduaneros, los operadores económicos que desarrollan habitualmente sus actividades en el sector de la importación de plátanos y que, por tanto, conocen la normativa aplicable a esta actividad pueden fácilmente averiguar que la declaración aduanera que tienen que presentar debe indicar la «masa neta», es decir, el peso real de los plátanos, y no un peso «comercial» que, como se ha demostrado en la gran mayoría de los casos, es un peso ficticio.
   Las autoridades portuguesas no pueden imputar a la Comisión el incumplimiento de una supuesta obligación de alertar a los Estados miembros a raíz de la información recibida de las autoridades italianas. No cabe duda de que las autoridades aduaneras portuguesas que gestionaban el despacho en aduana de los plátanos importados podían detectar, sin necesidad de recibir ninguna información de la Comisión, que las declaraciones aduaneras no se correspondían con la realidad, dado que, en la gran mayoría de los casos, el peso real era superior al peso «patrón» declarado. Por lo tanto, era exclusivamente responsabilidad de las autoridades portuguesas, dentro de su ámbito de acción y de control, la comprobación de la exactitud de tales declaraciones.
   El artículo 13 del Código Aduanero Comunitario confiere a las administraciones aduaneras la facultad de adoptar «cualquier medida de control que juzguen necesaria para la correcta aplicación de la normativa aduanera».
   Las autoridades portuguesas sabían que se había convertido en práctica corriente la presentación por los operadores económicos de declaraciones de despacho a libre práctica de plátanos en las que se tomaba como base el peso comercial de 18,14 kilos por caja.
   En este contexto, no les es posible alegar que el artículo 290 bis mencionado las obligaba únicamente a examinar el 10 % de las declaraciones de despacho a libre práctica de plátanos.
   La facultad de que disfrutan las autoridades aduaneras para efectuar controles adicionales sobre el peso de los plátanos que vayan más allá del 10 % exigido por el citado artículo 290 bis pasa a ser una obligación, en aras de la protección eficaz de los recursos propios comunitarios, cuando se comprueba, a raíz de los controles realizados, que existe el riesgo de que se acepten declaraciones incorrectas.
   Siempre que las autoridades aduaneras constaten que el peso declarado no se corresponde con el peso real y que existe el riesgo de que se acepten declaraciones incorrectas, deben efectuar controles de peso antes de autorizar el despacho a libre práctica de plátanos, aunque ya hayan cumplido con el porcentaje mínimo de control del 10 % por aduana y año.
   La declaración de un peso «patrón» comercial basta por sí sola para poner en entredicho la realidad del peso declarado y justifica, por tanto, el control de las autoridades aduaneras al objeto de determinar el peso real.
   Corresponde a los Estados miembros, en virtud del artículo 8 de la Decisión 94/728 (5) y de la responsabilidad que les incumbe en la recaudación de los recursos propios comunitarios, prever la creación de una infraestructura adecuada que permita llevar a cabo los controles necesarios para el correcto despacho en aduana de los plátanos admitidos a libre práctica, lo que implica que se tome como base su peso real.
   La práctica de aceptar sistemáticamente las declaraciones aduaneras, que, sin realizar ningún control, han venido siguiendo las autoridades portuguesas, pese a tener conocimiento efectivo o razonablemente presumible de la falta de correspondencia entre el peso indicado en la declaración aduanera y el peso real de los plátanos importados, y su negativa a asumir la consiguiente responsabilidad sobre las consecuencias financieras para el presupuesto comunitario resultan contrarias a la protección eficaz de los recursos propios y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

      (1)  Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).

      (2)  Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92 (DO L 253, p. 1).

      (3)  Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1).

      (4)  Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1).

      (5)  Decisión 94/728/CE, Euratom del Consejo, de 31 de octubre de 1994, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 293, p. 9).


title: Asunto C-645/13: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (España) el 5 de diciembre de 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena y otros

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/7

      Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (España) el 5 de diciembre de 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena y otros
      (Asunto C-645/13)
      (2014/C 71/12)
      Lengua de procedimiento: español

         Órgano jurisdiccional remitente

      Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

         Demandada: Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Senas, Victoriana Pérez Bicéntez

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  ¿Debe interpretarse que no se ofrecen medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores y que no se está respetando el derecho a acudir a los órganos judiciales competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo, y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas, cuando la legislación de un Estado miembro no prevé el acceso al recurso ante un tribunal superior en caso de rechazarse la petición de inaplicación de una cláusula contractual por su carácter abusiva, en el marco de un proceso de ejecución hipotecaria?

                  2)

                  En caso de responderse afirmativamente la anterior pregunta, para conseguir la adecuada y eficaz protección del consumidor frente a cláusulas abusivas, ¿puede el juez nacional de oficio conceder al consumidor el derecho a que una instancia superior revise la resolución del tribunal de primera instancia que haya rechazado la inaplicación de una cláusula contractual por su invocado carácter abusivo?


title: Asunto T-619/14: Auto del Tribunal General de 16 de septiembre de 2015 — Bionorica/Comisión [«Recurso por omisión — Protección de los consumidores — Declaraciones de propiedades saludables en los alimentos — Reglamento (CE) no 1924/2006 — Materias vegetales — Plazo para recurrir — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»]

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/32

         Auto del Tribunal General de 16 de septiembre de 2015 — Bionorica/Comisión
   (Asunto T-619/14) (1)

   ([«Recurso por omisión - Protección de los consumidores - Declaraciones de propiedades saludables en los alimentos - Reglamento (CE) no 1924/2006 - Materias vegetales - Plazo para recurrir - Inexistencia de interés en ejercitar la acción - Acto no recurrible - Inadmisibilidad»])
   (2015/C 381/36)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Bionorica SE (Neumark, Alemania) (representantes: M. Weidner, T. Guttau y N. Hußmann, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: M. Wilderspin y S. Grünheid, agentes)

      Objeto

   Pretensión de que se declare que la Comisión ha incurrido en omisión al haberse abstenido ilegalmente de encomendar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la evaluación de las declaraciones de propiedades saludables de las materias vegetales como requisito previo a la adopción de la lista definitiva de las declaraciones de propiedades saludables autorizadas conforme al artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9).

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a Bionorica SE.

      (1)  DO C 409, de 17.11.2014.


title: Asunto T-28/02: Auto del Tribunal de Primera Instancia de  17 de octubre de 2005  — First Data y otros/Comisión ( Competencia — Artículo 81 CE — Sistema de tarjetas de pago Visa — Regla de no habrá adhesión sin emisión — Certificación negativa — Regla suprimida durante el procedimiento — Interés en el ejercicio de la acción — Sobreseimiento )

text:
               14.1.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 10/20

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 17 de octubre de 2005 — First Data y otros/Comisión
   (Asunto T-28/02) (1)

   («Competencia - Artículo 81 CE - Sistema de tarjetas de pago Visa - Regla de no habrá adhesión sin emisión - Certificación negativa - Regla suprimida durante el procedimiento - Interés en el ejercicio de la acción - Sobreseimiento»)
   (2006/C 10/40)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: First Data Corp. (Wilmington, Delaware, Estados Unidos), FDR Ltd (Dover, Delaware, Estados Unidos) y First Data Merchant Services Corp. (Sunrise, Florida, Estados Unidos) (representantes: inicialmente P. Bos y M. Nissen, posteriormente P. Bos, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente R. Wainwright, W. Wils y V. Superti, posteriormente R. Wainwright y T. Christoforou, agentes)
   Objeto
   Anulación del artículo 1, quinto guión, de la Decisión 2001/782/CE de la Comisión, de 9 de agosto de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 del Tratado CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/29.373 — Visa Internacional) (DO L 293, p. 24)
   Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Las demandantes y la Comisión soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 109, de 4.5.2002.


title: Recurso interpuesto el 2 de febrero de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Nuno Do Paço Quesado (Asunto T-15/95)

text:
N° C 87/14          PES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       8 . 4 . 95
    un error manifiesto de apreciación que rebasa el ámbito         — En cuanto sea necesario, anule la decisión de la
    de su facultad discrecional conferida en virtud de la               Comisión de 19 de octubre de 1994 por la que se deniega
    letra c) del apartado 3 del artículo 92 y actuando de               expresamente su reclamación.
    modo contrario a sus propias directrices sobre reestruc
    turación de empresas en dificultades;                           — Condene en costas a la Comisión.
— al declarar, en contra de lo dispuesto en el apartado 1 del       Motivos y principales alegaciones
    artículo 92, que la tercera aportación no constituía una
                                                                    El demandante, funcionario de categoría LA destinado en la
    ayuda de Estado, aplicando erróneamente el concepto de          Comisión, impugna la decisión de la AFPN por la que se le
    « inversor privado » de forma contraria a sus propias           clasifica en el grado LA 5 , escalón 1 , a raíz de su
    directrices y al comportamiento de un verdadero inver
                                                                    reincorporación, el 1 de abril de 1994, a su servicio de
    sor privado, Union Carbide Corporation;
                                                                    origen, después de haber sido puesto, a petición propia, a
                                                                    disposición del Centro Europeo para el desarrollo de la
— al no iniciar el procedimiento previsto en el apartado 2          formación profesional ( Cedefop ), durante un plazo de siete
    del artículo 93 en lo que respecta a la tercera aportación,     años .
    privando así a las partes afectadas de las garantías
    procesales que les confieren los apartados 2 y 3 del            A este respecto, debe recordarse que, durante dicho período
    artículo 93 , tal como han sido interpretados en una            en comisión de servicio, superó un concurso convocado
    jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia;              para la constitución de una lista de reserva para la selección
                                                                    de traductores principales-revisores, habiendo sido nom
— al no comprobar e inspeccionar la información y las               brado en el grado LA 5 , escalón 1 , con efectos 1 de octubre
    propuestas presentadas por las autoridades italianas, no        de 1990. Por consiguiente, su reincorporación en el esca
    aplicando correctamente, por tanto, el criterio de              lón 1 del grado A5 no tuvo en cuenta, en lo relativo a la
    « inversor privado » y no garantizando que las supuestas        antigüedad en escalón, el período durante el cual prestó
    reducciones de capacidad habían tenido o tendrían               servicios en el Cedefop .
    carácter permanente y eran de suficiente entidad como
                                                                    Alega, en particular, una infracción de las disposiciones del
    para ser en interés de la Comunidad.
                                                                    Estatuto sobre la comisión de servicio y, más en particular,
                                                                    del artículo 37 de este cuerpo legal, en cuanto este precepto
(!) DO n° C 151 de 2 . 6 . 1994 , p . 3 .                           establece que el funcionario en comisión de servicio conti
                                                                    nuará gozando de todos sus derechos, en las condiciones
                                                                    previstas en los artículos 38 y 39 . A este respecto, se precisa
                                                                    que el artículo 39 del Estatuto, que regula la comisión de
                                                                    servicio de un funcionario, a petición propia, no contiene
                                                                    ninguna disposición especial en lo referente a sus derechos al
                                                                    ascenso y a su candidatura para la promoción. Ahora bien,
                                                                    dado que este precepto es una disposición que introduce una
Recurso interpuesto el 2 de febrero de 1995 contra la               excepción en el régimen general, debe ser objeto de una
Comisión de las Comunidades Europeas por Nuno Do Pago               interpretación restrictiva .
                            Quesado
                       (Asunto T-15/95 )
                                                                    De lo anterior se desprende que, al no haber sido excluidos
                                                                    expresamente por esta disposición, los funcionarios que se
                           95/C 87/31                               hallan en comisión de servicio a petición propia deben
                                                                    continuar gozando de la subida automática de escalón. De
                                                                    hecho, una interpretación distinta violaría el principio de la
             (Lengua de procedimiento: francés)                     « continuidad de carrera ».
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 2 de febrero de 1995 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por el Sr. Nuno Do Pago Quesado, con domicilio            Recurso interpuesto el 7 de febrero de 1995 contra la
en Tréveris (Alemania ), representado por Me Jean-Noél              Comisión de las Comunidades Europeas por SA Adia
Louis y Me Véronique Leclercq, Abogados de Bruselas, que                                         Intérim
designan como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire
                                                                                (Asunto T-19/95 )
Myson Srl, 1 , rué Glesener.
                                                                                ( 95/C 87/32 )
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                             (Lengua de procedimiento: francés)
Instancia que :
                                                                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
— Anule la decisión de la Comisión de 1 de marzo de 1994,           Europeas se ha presentado el 7 de febrero de 1995 un
    en la medida en que clasifica al demandante en el grado         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
    LA 5 , escalón 1 , con antigüedad en grado y escalón de 1       formulado por SA Adia Intérim, con domicilio social en
    de abril de 1994 .                                              Bruselas, representada por Me Vincent Thiry, Abogado de


title: Asunto T-160/11 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 13 de julio de 2011 — Petroci/Consejo ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Costa de Marfil — Congelación de fondos — Demanda de suspensión de la ejecución — Sobreseimiento en el procedimiento principal — Sobreseimiento» )

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/49

         Auto del Presidente del Tribunal General de 13 de julio de 2011 — Petroci/Consejo
   (Asunto T-160/11 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Costa de Marfil - Congelación de fondos - Demanda de suspensión de la ejecución - Sobreseimiento en el procedimiento principal - Sobreseimiento)
   2011/C 269/110
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Costa de Marfil) (representante: M. Ceccaldi, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: B. Driessen y A. Vitro, agentes)

      Objeto

   Demanda de medidas provisionales destinada a obtener, con arreglo al artículo 278 TFUE, la suspensión de la ejecución de, por una parte, la Decisión 2011/18/PESC del Consejo, de 14 de enero de 2011, que modifica la Decisión 2010/656/PESC del Consejo por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil (DO L 11, p. 36) y, por otra parte, del Reglamento (UE) no 25/2011 del Consejo, de 14 de enero de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 560/2005 del Consejo, por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (DO L 11, p. 1).

      Fallo

               1)

               Sobreseer la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.


title: Asunto C-470/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd de Svidník (República Eslovaca) el 19 de octubre de 2012 — Pohotovosť, s.r.o./Miroslav Vašuta

text:
               16.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd de Svidník (República Eslovaca) el 19 de octubre de 2012 — Pohotovosť, s.r.o./Miroslav Vašuta
   (Asunto C-470/12)
   2013/C 46/21
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Okresný súd de Svidník

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Pohotovosť, s.r.o.

      Demandada: Miroslav Vašuta

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 6, apartado 1, 7, apartado 1, y 8 de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo [de 5 de abril de 1993] sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como el artículo 47 en relación con el artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a una disposición de Derecho nacional, como el artículo 37, apartados 1 y 3, del Código de ejecuciones, que no permite a una asociación para la defensa de los derechos de los consumidores intervenir en el procedimiento ejecutivo?

               2)

               En caso de que se responda a la primera cuestión que la citada disposición legislativa no es contraria al Derecho [de la Unión], ¿debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 37, apartados 1 y 3, del Código de ejecuciones en el sentido de que no se oponen a que un juez nacional, en virtud de los artículos 6, apartado 1, 7, apartado 1, y 8 [de dicha Directiva], reconozca a una asociación para la defensa de los derechos de los consumidores la condición del interviniente en el procedimiento ejecutivo?

      (1)  DO L 95, p. 29.


title: Asunto C-314/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberste Gerichtshof (República de Austria), de fecha 11 de mayo de 2000, en el asunto entre Kraft Jacobs Suchard Österreich GesmbH y 1) Eduard Mitsche, 2) Maria Mitsche, 3) Peter Roman

text:
21.10.2000              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 302/19
4.    En la medida en que sea necesario, devuelva el asunto al           2)    En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
      Tribunal de Primera Instancia a fin de que prosiga el
      procedimiento en cuanto al fondo.                                        a)    El Reglamento (CEE) no 1984/83 de la Comisión, de
                                                                                22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del
5.    Condene a los recurridos en casación y a las partes                           apartado 3 del artı́culo 85 del Tratado a determina-
      coadyuvantes que los apoyan a soportar solidariamente                          das categorı́as de acuerdos de compra exclusiva (DO
      las costas del procedimiento.                                                  L 173 de 30 de junio de 1983, p. 5; EE 08/02,
                                                                                p. 114), ¿es aplicable también, en general, a los
                                                                                acuerdos descritos en la primera cuestión supra?
Motivos y principales alegaciones
                                                                               b)    ¿Debe admitirse también su aplicabilidad cuando se
—     Apreciación errónea del alcance del concepto de «afecta-
                                                                                produce una transformación del producto antes de
      ción directa» del artı́culo 230 CE, apartado 4: en la senten-
                                                                                su reventa, de modo que el café tostado adquirido se
      cia recurrida se afirma erróneamente que una Directiva
                                                                                vende como café para beber?
      no puede, por sı́ misma, antes de la adopción de medidas
      estatales de adaptación del ordenamiento interno y con            3)    En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
      independencia de las mismas, afectar directamente a la
      situación jurı́dica de los operadores económicos. A la                 ¿Debe interpretarse el artı́culo 3, letra d), del Reglamento
      vista del artı́culo 230, apartado 4, del Tratado lo único               no 1984/83 en el sentido de que también los acuerdos
      relevante es si la Directiva, como tal, produce efectos                  descritos en la primera cuestión supra, en los que las
      directos sobre la situación jurı́dica de una empresa                    partes contratantes estiman que la cantidad global vendida
      (sin necesidad de esperar que el Estado miembro haya                     se comprará en un plazo inferior a cinco años, están
      adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en esa                        comprendidos en la exención que establece el Regla-
      Directiva).                                                              mento, o esta exención sólo procede cuando existe
                                                                               también una correspondencia objetiva con dichas expec-
—     Apreciación errónea de las repercusiones de la Directiva               tativas?
      en la situación de la recurrente en casación y, por lo
      tanto, motivación insuficiente de la sentencia impugnada:         4)    ¿Debe interpretarse el artı́culo 85, apartados 1 y 2, del
      la Directiva 98/43 constituye por sı́ misma un proceso                   Tratado CE (artı́culo 81 CE) en el sentido de que los
      que desemboca en una expropiación (la posibilidad de                    acuerdos descritos en la primera cuestión supra también
      hacer publicidad de la marca desaparece, con lo cual el                  son nulos de pleno derecho en la medida en que prevén
      valor de los productos de diversificación se reduce a cero).            que, en caso de rescisión anticipada del contrato, debe
      Esto incide sobre la situación jurı́dica de la recurrente en            devolverse una cantidad pagada por el vendedor al
      casación y no sólo sobre su «situación fáctica».                     comprador al comienzo del contrato, en concepto de
                                                                               descuento, en función de la cuantı́a global del contrato,
                                                                               de modo que, conforme a este artı́culo, no existe derecho
                                                                               a reclamar dicha cantidad?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Oberste Gerichtshof (República de Austria), de
fecha 11 de mayo de 2000, en el asunto entre Kraft
Jacobs Suchard Österreich GesmbH y 1) Eduard Mitsche,                   Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                2) Maria Mitsche, 3) Peter Roman                         lución del Bundesfinanzhof, de fecha 25 de mayo de
                                                                         2000, en el asunto entre Rudolf Maierhofer y Finanzamt
                        (Asunto C-314/00)                                                          Augsburg-Land
                          (2000/C 302/36)                                                       (Asunto C-315/00)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la ha                                         (2000/C 302/37)
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Oberste Gerichtshof (República de Austria),             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
dictada el 11 de mayo de 2000, en el asunto entre Kraft Jacobs           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Suchard Österreich GesmbH y 1) Eduard Mitsche, 2) Maria                 resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 25 de mayo de
Mitsche, 3) Peter Roman, y recibida en la secretarı́a del Tribunal       2000, en el asunto entre Rudolf Maierhofer y Finanzamt
de Justicia el 21 de agosto de 2000. El Oberste Gerichtshof              Augsburg-Land, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las              Justicia el 21 de agosto de 2000. El Bundesfinanzhof solicita
siguientes cuestiones:                                                   al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                         cuestiones:
1)    El artı́culo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente
      artı́culo 81 CE), ¿es aplicable también a los acuerdos de          1)    ¿Está comprendido en el concepto de «arrendamiento de
      compra de varios años de duración en los que la cosa                   bienes inmuebles» del artı́culo 13, parte B, letra b), de la
      vendida debe ser pedida por el comprador y pagada al                     Directiva 77/388/CEE (1) la cesión a tı́tulo oneroso de un
      «precio de catálogo», pero en los que las cantidades                    edificio construido con piezas prefabricadas que debe
      mı́nimas anuales predeterminadas pueden oscilar en                       desmontarse una vez finalizado el contrato y que puede
      función de las necesidades globales del comprador?                      volver a utilizarse en otro terreno?


title: Asunto C-20/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht — Alemania) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, antes denominada BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz (Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Otras causas de denegación o de nulidad — Marca denominativa — Mismo grupo de letras que una marca anterior — Adición de una combinación de palabras descriptiva — Existencia de un riesgo de confusión)

text:
               14.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 414/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht — Alemania) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, antes denominada BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz
   (Asunto C-20/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Marcas - Directiva 2008/95/CE - Otras causas de denegación o de nulidad - Marca denominativa - Mismo grupo de letras que una marca anterior - Adición de una combinación de palabras descriptiva - Existencia de un riesgo de confusión))
   (2015/C 414/03)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundespatentgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, antes denominada BGW Marketing- & Management-Service GmbH

      Demandada: Bodo Scholz

      Fallo

   El artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, puede existir un riesgo de confusión para el público pertinente entre una marca anterior formada por un grupo de letras con carácter distintivo y que es el elemento dominante de dicha marca, que es medianamente distintiva, y una marca posterior que reproduce ese grupo de letras al que se añade una combinación de palabras descriptiva compuesta de palabras cuyas iniciales se corresponden con las letras del referido grupo, de modo que éste se percibe por dicho público como la abreviatura de esa combinación de palabras.

      (1)  DO C 129, de 28.4.2014.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de  9 de febrero de 2006 , en el asunto C-473/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie): Plumex contra Young Sports NV ( Cooperación judicial — Reglamento (CE) n o  1348/2000 — Artículos 4 a 11 y 14 — Notificaciones y traslados de los documentos judiciales — Notificación a través de organismos — Notificación por correo — Relaciones entre las formas de transmisión y de notificación — Prioridad — Plazo para recurrir en apelación )

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/9

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 9 de febrero de 2006
   en el asunto C-473/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie): Plumex contra Young Sports NV (1)

   («Cooperación judicial - Reglamento (CE) no 1348/2000 - Artículos 4 a 11 y 14 - Notificaciones y traslados de los documentos judiciales - Notificación a través de organismos - Notificación por correo - Relaciones entre las formas de transmisión y de notificación - Prioridad - Plazo para recurrir en apelación»)
   (2006/C 86/15)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-473/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hof van Cassatie (Bélgica), mediante resolución de 22 de octubre de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de noviembre de 2004, en el procedimiento entre Plumex y Young Sports NV, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský (Ponente), A. La Pergola, S. von Bahr y A. Borg Barthet, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 9 de febrero de 2006 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               El Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no establece jerarquía alguna entre la forma de transmisión y de notificación a que se refieren sus artículos 4 a 11 y la que contempla su artículo 14, por lo cual cabe notificar un documento judicial mediante una u otra de estas dos formas o bien por ambas acumulativamente.

               2)

               El Reglamento no 1348/2000 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de acumulación de una notificación a través de organismos y de una notificación por correo, para determinar con respecto al destinatario el punto de partida de un plazo procesal vinculado a una notificación, debe tomarse como referencia la fecha de la primera notificación debidamente efectuada.

      (1)  DO C 19, de 22.1.2005.


title: Asunto C-440/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 24 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (Fiscalidad — IVA — Juegos de azar o de dinero — Normativa de un Estado miembro que somete la explotación de máquinas tragaperras con premios limitados cumulativamente al IVA y a una tasa especial — Procedencia — Base imponible — Posibilidad que tiene el sujeto pasivo de repercutir el IVA)

text:
               14.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 367/19

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 24 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf
   (Asunto C-440/12) (1)

   (Fiscalidad - IVA - Juegos de azar o de dinero - Normativa de un Estado miembro que somete la explotación de máquinas tragaperras con premios limitados cumulativamente al IVA y a una tasa especial - Procedencia - Base imponible - Posibilidad que tiene el sujeto pasivo de repercutir el IVA)
   2013/C 367/33
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Hamburg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

      Demandada: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Hamburg — Interpretación de los artículos 1, apartado 2, primera frase, 73, 135, apartado 1, letra i), y 401 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Tributación de los juegos de azar o de dinero — Normativa de un Estado miembro que somete la explotación de máquinas tragaperras con premios limitados cumulativamente al IVA y a una tasa especial.

      Fallo

               1)

               El artículo 401 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en relación con el artículo 135, apartado 1, letra i), de la misma, debe interpretarse en el sentido de que cabe recaudar cumulativamente el impuesto sobre el valor añadido y un tributo especial nacional sobre los juegos de azar, siempre que este último tributo no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios.

               2)

               Los artículos 1, apartado 2, primera frase, y 73 de la Directiva 2006/112 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una disposición o a una práctica nacional conforme a la cual se toma como base imponible para la explotación de máquinas recreativas con posibilidad de premio el importe de los ingresos de caja de dichas máquinas una vez transcurrido un período determinado.

               3)

               El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un sistema nacional, que regula un impuesto no armonizado, de conformidad con el cual el impuesto sobre el valor añadido devengado se imputa exactamente a ese primer impuesto.

      (1)  DO C 389, de 15.12.2012.


title: Asunto C-498/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 14 de octubre de 2010 — X NV/Staatssecretaris van Financiën

text:
               15.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 14 de octubre de 2010 — X NV/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-498/10)
   ()
   2011/C 13/33
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: X NV

      Recurrida: Staatssecretaris van Financiën

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que existe una restricción de la libre prestación de servicios cuando el destinatario de un servicio, prestado por un proveedor establecido en otro Estado miembro, está obligado, en virtud de la legislación del Estado miembro en el que el destinatario del servicio tiene su domicilio y donde se presta el servicio, a practicar la retención sobre la remuneración adeudada por tal servicio, mientras que tal obligación de retención no existe si afecta a un prestador de servicios establecido en el mismo Estado miembro que el destinatario?

               2a)

               En caso de que la respuesta a la cuestión anterior implique que una normativa, que prevé que el destinatario de un servicio practique una retención, constituye un obstáculo a la libre prestación de servicios, ¿puede estar justificado tal obstáculo por la necesidad de garantizar la imposición y el cobro de un impuesto de entidades extranjeras que permanecen durante un breve período de tiempo en los Países Bajos y resultan difícilmente controlables, lo cual dificulta el ejercicio de la potestad tributaria atribuida a los Países Bajos?

               2b)

               En tal caso, ¿reviste alguna pertinencia el hecho de que la normativa haya sido modificada en un momento posterior respecto a situaciones como la del caso de autos, en el sentido de que se renuncia unilateralmente a la retención por no parecer que la realización de la misma sea sencilla y eficiente?

               3)

               ¿Va la normativa más allá de lo necesario a la vista de las posibilidades de asistencia mutua que, en particular, la Directiva 76/308/CEE (1) ofrece para el cobro de impuestos?

               4)

               ¿Tiene alguna importancia para responder a las anteriores cuestiones el hecho de que el impuesto, devengado por la remuneración en el Estado miembro en el que el destinatario del servicio tiene su domicilio, pueda deducirse del impuesto adeudado por dicha remuneración en el otro Estado miembro?

      (1)  Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana (DO L 73, p 18; EE 02/03, p. 46).


title: Asunto C-398/02: Recurso interpuesto el 11 de noviembre de 2002 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
21.12.2002             ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 323/27
Recurso interpuesto el 8 de noviembre de 2002 contra la                La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                           des Europeas
                                                                       1.   declare que, al no haber adoptado las medidas necesarias
                       (Asunto C-393/02)                                    para asegurar, respecto al vertedero de La Bañeza, León,
                                                                            la aplicación de los artículos 4, 9 y 13 de la Directiva 75/
                         (2002/C 323/39)                                    442/CEE (1) del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa
                                                                            a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE (2)
                                                                            del Consejo, de 18 de marzo, el Reino de España ha
                                                                            incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                de la citada Directiva;
presentado el 8 de noviembre de 2002 un recurso contra la
República Portuguesa formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por la Sra. C. Tufvesson            2.   condene en costas al Reino de España.
y el Sr. M. França, en calidad de agentes, que designa domicilio
en Luxemburgo.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
—     Declare que la República Portuguesa ha incumplido las            Motivos y principales alegaciones:
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
      1999/42/CE ( 1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de
      7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo         —    Violación del artículo 9 de la directiva 75/442/CEE:
      de reconocimiento de títulos respecto de las actividades              Aunque las autoridades españolas en respuesta a la carta
      profesionales a que se refieren las Directivas de liberaliza-         de emplazamiento y al dictamen motivado, respectiva-
      ción y de medidas transitorias, al no haber adoptado las              mente, sostuvieron que el vertedero de La Bañeza estaba
      disposiciones legales, reglamentarias y administrativas               autorizado en los años 79/80 y que cumplía los requisitos
      necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha              establecidos, estas autoridades no han transmitido nunca
      Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado             copia de la citada autorización. Consiguientemente, la
      a la Comisión.                                                        Comisión considera que, en ausencia de notificación de
                                                                            dicha información, la autorización no existe o, en caso de
—     Condene en costas a la República Portuguesa.                          que existiera, que la misma no debe ser conforme con las
                                                                            prescripciones exigidas por el artículo 9 de la directiva
                                                                            75/442/CEE.
Motivos y principales alegaciones
                                                                            Por otra parte, la obligación de obtener una autorización
                                                                            termina únicamente con el cierre definitivo o sellado del
El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva
                                                                            vertedero, y en la fecha final del plazo concedido por el
expiró el 31 de julio de 2001.
                                                                            dictamen motivado el vertedero de La Bañeza seguía
                                                                            abierto, a la espera de la construcción del Centro de
( 1) DO L 201 de 31.7.1999, p. 77.                                          Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega.
                                                                       —    Violación del artículo 4 de la directiva 75/442/CEE: Si
                                                                            bien las autoridades españolas afirman haber realizado
                                                                            diferentes obras de acondicionamiento para «mejorar» las
                                                                            deficientes condiciones del vertedero en causa, éste sigue
Recurso interpuesto el 11 de noviembre de 2002 contra                       en funcionamiento y su deficiente situación sigue persis-
el Reino de España por la Comisión de las Comunidades                       tiendo en la actualidad, entrañando una paulatina degra-
                             Europeas                                       dación del medio ambiente y ocasionando serios proble-
                                                                            mas a la población que vive en su entorno.
                       (Asunto C-398/02)
                         (2002/C 323/40)                               —    Violación del artículo 13 de la directiva 75/442/CEE:
                                                                            Aunque, en virtud del artículo 14 de la directiva 1999/
                                                                            31/CE ( 3), el Anexo II de dicha directiva no sea inmediata-
                                                                            mente aplicable a los vertederos existentes, su contenido
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                sirve para comprender la naturaleza de las inspecciones
presentado el 11 de noviembre de 2002 un recurso contra el                  periódicas a las que hace referencia el artículo 13 de la
Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-                  directiva 75/442/CEE. Las autoridades españolas no han
des Europeas, representada por los Sres. G. Valero Jordana y                respondido a la solicitud de transmitir una información
M. Konstantinidis, que designa como domicilio en Luxem-                     detallada sobre las inspecciones efectuadas ni aportado
burgo.                                                                      pruebas al respecto, hasta el punto de que en su respuesta
 ---pagebreak--- C 323/28               ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       21.12.2002
      al dictamen motivado no hacen referencia alguna a esta              las autoridades francesas están obligadas a adoptar un procedi-
      cuestión.                                                           miento de reconocimiento mutuo de los títulos obtenidos en
                                                                          otros Estados miembros, como exigen estas dos Directivas.
( 1) D0 L 194 de 25.7.75, p. 39, EEE: capítulo 15, tomo 1, p. 129.
( 2) DO L 78 de 26.3.91, p. 32.                                           El mecanismo de asimilación organizado por los Decretos sin
( 3) DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
                                                                          tener en cuenta lo dispuesto en la Directivas 89/48 y 92/81 se
                                                                          basa únicamente en el examen de los títulos presentados por
                                                                          los candidatos y no prevé el cómputo de la experiencia
                                                                          eventualmente adquirida en el ejercicio de la profesión para
                                                                          compensar una eventual diferencia en la duración o el
                                                                          contenido de la formación sancionada con estos títulos. Ahora
Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2002 contra                     bien, os Estados miembros están obligados a tener en cuenta
la República Francesa por la Comisión de las Comunidades                  la experiencia profesional eventual del candidato a efectos de
                             Europeas                                     la asimilación del título obtenido en otro Estado miembro y el
                                                                          acceso a la profesión regulada de que se trate.
                       (Asunto C-402/02)
                                                                          (1 ) Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
                         (2002/C 323/41)
                                                                               relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de
                                                                               enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de
                                                                               una duración mínima de tres años (DO L 019, p. 16).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              (2 ) Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa
presentado el 12 de noviembre de 2002 un recurso contra                        a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones
                                                                               profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209,
República Francesa formulado por la Comisión de las Comuni-
                                                                               p. 25).
dades Europeas, representada por la Sra. M. Patakia y el
Sr. D. Martin, en calidad de agentes, que designa domicilio en
Luxemburgo.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:
—     Declare que República Francesa ha incumplido las obliga-            Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2002 contra
      ciones que le incumben en virtud de las Directivas 89/48/           el Reino Unido por la Comisión de las Comunidades
      CEE (1) y 92//51/CEE (2) y del artículo 39 CE, al no                                              Europeas
      adoptar un procedimiento de reconocimiento mutuo de
      títulos, a efectos del acceso a la profesión de educador                                     (Asunto C-405/02)
      especializado en la función pública hospitalaria, por una
      parte, y en la función pública territorial, por otra parte, y
      al mantener una normativa nacional y una práctica de la                                        (2002/C 323/42)
      comisión de asimilación de títulos que no tiene en cuenta
      la experiencia profesional de los trabajadores migrantes.
—     Condene en costas a República Francesa.                             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 12 de noviembre de 2002 un recurso contra el
                                                                          Reino Unido formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                          Europeas, representada por las Sras. Maria Patakia y Karen
Motivos y principales alegaciones
                                                                          Banks, en calidad de agentes, que designa domicilio en
                                                                          Luxemburgo.
A efectos de las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE se considera
que una profesión está regulada en un Estado miembro cuando
está autorizada en él y el acceso a ella o su ejercicio se                La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
reserva a las personas que cumplan los requisitos legales que
determinan, directa o indirectamente, el régimen de esta                  1.     Declare que el Reino Unido ha incumplido las obligacio-
profesión. A este respecto carece de pertinencia el hecho de                     nes que le incumben en virtud de la Directiva 1999/42/
que el acceso a una profesión similar en el sector privado o                     CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio
asociativo no esté supeditado al mismo requisito. Asimismo,                      de 1999, por la que se establece un mecanismo de
la afirmación hecha por las autoridades francesa en su                           reconocimiento de títulos respecto de las actividades
respuesta al dictamen motivado, en el sentido de que una                         profesionales a que se refieren las Directivas de liberaliza-
profesión únicamente está «regulada» si está sometida a un                       ción y de medidas transitorias ( 1), al no adoptar las
requisito de titulación que se desprenda de una disposición                      disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
general de carácter legislativo es jurídicamente erróneo. Puesto                 necesarias para atenerse a dicha Directiva, o, en todo
que las Directivas 86/48 y 92/51 se aplican en materia de                        caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.
acceso a la profesión regulada de educador especializado en la
función pública hospitalaria y en la función pública territorial,         2.     Condene en costas al Reino Unido.


title: Asunto T-2/07: Sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 — España/Comisión [ «Fondo de Cohesión — Reglamento (CE) n ° 1164/94 — Proyectos referentes al saneamiento de la cuenca hidrográfica del Júcar (España) — Supresión parcial de la ayuda financiera — Contratos públicos de obras — Criterios de adjudicación — Oferta más ventajosa económicamente — Igualdad de trato — Transparencia — Subvencionabilidad de los gastos — Determinación de las correcciones financieras — Artículo H, apartado 2, del anexo II del Reglamento (CE) n ° 1164/94 — Proporcionalidad» ]

text:
               9.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/19

         Sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 — España/Comisión
   (Asunto T-2/07) (1)

   (Fondo de Cohesión - Reglamento (CE) no 1164/94 - Proyectos referentes al saneamiento de la cuenca hidrográfica del Júcar (España) - Supresión parcial de la ayuda financiera - Contratos públicos de obras - Criterios de adjudicación - Oferta más ventajosa económicamente - Igualdad de trato - Transparencia - Subvencionabilidad de los gastos - Determinación de las correcciones financieras - Artículo H, apartado 2, del anexo II del Reglamento (CE) no 1164/94 - Proporcionalidad)
   2013/C 325/31
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Reino de España (representantes: inicialmente J.M. Rodríguez Cárcamo, posteriormente A. Rubio González, Abogados del Estado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente A. Steiblytė y L. Escobar Guerrero, agentes, asistidos por M. Canal Fontcuberta, abogado, posteriormente A. Steiblytė y S. Pardo Quintillán, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión C(2006) 5102 de la Comisión, de 20 de octubre de 2006, por la que se reduce la ayuda financiera concedida mediante el Fondo de Cohesión al grupo de proyectos con la referencia 2001.ES.16.C.PE.050 y que se refiere al saneamiento de la cuenca hidrográfica del Júcar (España).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Reino de España cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 56, de 10.3.2007.