title: Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Italiana (Asunto C-295/98)

text:
24.10.98              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 327/5
tor de los transportes por ferrocarril, por carretera y por         del Tratado CE, por el tribunal de premieÁre instance de
vía navegable (DO L 156 de 28.6.1969, p. 1; EE 08/01,               Namur (BeÂlgica), destinada a obtener, en el litigio pen-
p. 131), modificado por el Reglamento (CEE) no 1893/91              diente ante dicho órgano jurisdiccional entre Ermanno
del Consejo, de 20 de junio de 1991 (DO L 169 de                    Agostini, Emanuele Agostini y Ligue francophone de judo
29.6.1991, p. 1), y, particularmente, de lo dispuesto en el         et disciplines associeÂes ASBL, Ligue belge de judo ASBL,
apartado 3 del artículo 1 en relación con el artículo 4, el         una decisión prejudicial sobre la interpretación de los
Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres.:         artículos 6, 48 y 59 del Tratado CE, del Reglamento
H. Ragnemalm, Presidente de Sala; R. Schintgen, G. F.               (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968,
Mancini, P. J. G. Kapteyn (Ponente) y G. Hirsch, Jueces;            relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de
Abogado General: Sr. P. LeÂger; Secretario: Sr. H. von Hols-        la Comunidad (DO L 257 de 19.10.1968, p. 2; EE 05/01,
tein, Secretario adjunto, ha dictado el 17 de septiembre de         p. 77), y de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de
1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                      mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones
                                                                    al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comuni-
                                                                    dad, de los nacionales de los Estados miembros en materia
El Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de
                                                                    de etablecimiento y de prestación de servicios (DO L 172
junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miem-
                                                                    de 28.6.1973, p. 14; EE 06/01, p. 132), el Tribunal de
bros en materia de obligaciones inherentes a la noción del
                                                                    Justicia, integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias,
servicio puÂblico en el sector de los transportes por ferroca-
                                                                    Presidente; C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet y
rril, por carretera y por vía navegable, modificado por el
                                                                    R. Schintgen, Presidente de Sala; G. F. Mancini (Ponente),
Reglamento (CEE) no 1893/91 del Consejo, de 20 de junio
                                                                    J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray,
de 1991, y especialmente el apartado 3 de su artículo 1 y
                                                                    D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L.
su artículo 4, debe interpretarse en el sentido de que no
                                                                    Sevón y K. M. Ioannou, Jueces; Abogado General: Sr. G.
obliga a los Estados miembros a acceder a una solicitud
                                                                    Cosmas; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el 8 de julio
de una empresa de transporte de obtener la supresión par-
                                                                    de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:
cial de su obligación de servicio puÂblico, ni siquiera si esa
empresa demuestra que su mantenimiento le ocasiona des-
ventajas económicas. No obstante, tal negativa sólo puede
estar motivada por la necesidad de garantizar servicios de          Se declara la inadmisibilidad de la petición de decisión
transporte suficientes. Con arreglo al artículo 3 del Regla-        prejudicial presentada por el tribunal de premieÁre instance
mento (CEE) no 1191/69, este concepto se aprecia en fun-            de Namur mediante resolución de 5 de enero de 1998.
ción del intereÂs general, de las posibilidades de recurrir a
otras teÂcnicas de transporte y de la capacidad de eÂstas           (1) DO C 72 de 7.3.1998.
para satisfacer las necesidades de transporte consideradas,
así como de los precios y condiciones de transporte que
puedan ser ofrecidos a los usuarios. Cuando, en condicio-
nes anaÂlogas, varias soluciones garanticen la provisión de
servicios de transporte suficientes, las autoridades compe-
tentes elegiraÂn la que implique el menor costo para la
colectividad.
                                                                    Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 contra la
                                                                    Comisión de las Comunidades Europeas por la RepuÂblica
(1) DO C 74 de 8.3.1997.                                                                        Italiana
                                                                                (Asunto C-295/98)
                                                                                (98/C 327/09)
           AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                     de 8 de julio de 1998                          ha presentado el 23 de julio de 1998 un recurso contra la
                                                                    Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
en el asunto C-9/98: Ermanno Agostini y Emanuele                    RepuÂblica Italiana, representada por el Sr. Umberto
Agostini contra Ligue francophone de judo et disciplines            Leanza, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Danilo
        associeÂes ASBL, Ligue belge de judo ASBL (1)               del Gaizo, avvocato dello Stato, que designa como domici-
          (Remisión prejudicial Ð Inadmisibilidad)                  lio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Italia, rue
                                                                    Marie-Adelaïde, 5.
                         (98/C 327/08)
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
                                                                    Anule la Decisión 98/358/CE de la Comisión (1), en la
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                    medida en que excluye de la imputabilidad al FEOGA, en
                          de Justicia»)
                                                                    la liquidación de las cuentas presentadas por la RepuÂblica
                                                                    Italiana para el ejercicio 1994, las cantidades indicadas en
En el asunto C-9/98, que tiene por objeto una petición              el epígrafe, por las razones que allí se exponen, y que con-
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177       dene en costas a la Comisión.
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Motivos y principales alegaciones                                  C. Cereales, arroz, semillas y azuÂcar
                                                                      1. PeÂrdida identificable de trigo duro Ð Desastre
A. Restituciones a la exportación Ð Investigación sobre                  natural
   la financiación previa de carne de vacuno
                                                                         La Comisión adoptó la rectificación de que se trata
                                                                         «a la espera de la decisión específica, del informe
   El Gobierno italiano considera que, al efectuar la recti-             sobre el desastre natural y de los importes de las
   ficación global, habría sido maÂs correcto aplicar el                 peÂrdidas sufridas» que había que transmitir al
   porcentaje mínimo (el 2 % en lugar del 5 %), teniendo                 FEOGA.
   en cuenta lo siguiente:
                                                                         El Gobierno italiano considera que la rectificación
   1) Como ha reconocido tambieÂn el órgano de conci-                    es ilegal por infracción de Ley y por vicios sustan-
        liación, no hay datos ciertos sobre la existencia de             ciales de forma. SeguÂn lo dispuesto en la segunda
        un riesgo notable para el FEOGA, habida cuenta                   frase del apartado 5 del artículo 5 y en el artículo 8
        del reducido nuÂmero de controles efectuados y las               del Reglamento (CEE) no 3492/90 del Consejo (4),
        irregularidades comprobadas.                                     en relación con la letra b) del apartado 3 del
                                                                         artículo 2 del Reglamento (CEE) no 3597/90 de la
                                                                         Comisión (5), esta uÂltima debería haber adoptado
   2) El hecho de que la carne de vacuno fuese sometida                  una decisión específica, con arreglo al procedi-
        a cocción antes del control aduanero no implicaba                miento previsto por el artículo 13 del Reglamento
        de por sí la existencia de irregularidades sustancia-            (CEE) no 729/70, tambieÂn para fijar el valor de las
        les desde el momento en que tambieÂn la fase de                  cantidades de que se trata.
        cocción se realizaba bajo el control de un orga-
        nismo puÂblico, concretamente el Istituto Nazionale
        per le Conserve Alimentari (INCA), al que había               2. Cantidad de trigo duro que faltaba en el momento
        sido atribuida tal función mediante D.M. de 5 de                 de las ventas y de las transferencias de los cereales
        julio de 1989.                                                   en depósito en un «organismo adjudicatario»
                                                                         Únicamente en el mes de diciembre de 1994, la
B. Restituciones a la exportación Ð Controles a poste-                   AIMA pudo efectivamente comprobar y determi-
   riori en el marco del Reglamento (CEE) no 4045/89                     nar la cantidad de trigo duro que faltaba y, por
   del Consejo (2)                                                       tanto, sólo a partir de entonces pudo legítima-
                                                                         mente descargar de las existencias comunitarias la
                                                                         cantidad de 80 948,394 toneladas de trigo duro.
   El Gobierno italiano considera ilegal la corrección glo-
   bal del 2 % aplicada por la Comisión, dado que fue                    Considerando ademaÂs que el nuevo mes de des-
   calculada sobre el importe total del gasto efectuado.                 carga del producto estaÂ comprendido dentro del
   Tal meÂtodo de caÂlculo es incompatible con lo dispu-                 ejercicio financiero siguiente, de ello se desprende
   esto en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento                   que ninguna de las rectificaciones negativas a
   (CEE) no 729/70 del Consejo (3), en el que la propia                  cargo de la Administración italiana puede aplicarse
   Comisión ha basado el ejercicio de la facultad de recti-              al ejercicio financiero 1994.
   ficación. Efectivamente, dicha disposición establece
   que las consecuencias financieras de las irregularidades
   o de las negligencias seraÂn costeadas por la Comuni-                 La decisión de la Comisión de deducir de las exis-
   dad, salvo las que resulten de irregularidades o de                   tencias de febrero de 1994 las cantidades que falta-
   negligencias imputables a las Administraciones o a los                ban se basa en meras suposiciones, mientras que
   organismos de los Estados miembros.                                   la comprobación de la falta en el momento del
                                                                         vaciado en los depósitos es un dato faÂctico indiscu-
                                                                         tible.
   Por tanto, es evidente que la Comisión debería haber
   calculado la corrección uÂnicamente sobre el importe               3. Salida de las existencias sin peÂrdidas
   que debía someterse a control, ya que sólo con res-
   pecto a eÂste se senÄalaban los incumplimientos imputa-
   dos al Estado italiano.                                               En cambio, por lo que respecta al ejercicio finan-
                                                                         ciero 1994, debe indicarse que el no haberse senÄa-
                                                                         lado peÂrdidas ulteriores se debe a que eÂstas estaÂn
                                                                         comprendidas totalmente dentro del límite de tole-
   Por las mismas razones, el meÂtodo de caÂlculo aplicado               rancia para la conservación previsto por la norma-
   es tambieÂn contrario al principio de proporcionalidad.               tiva comunitaria vigente (el 2 %).
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        En consecuencia, es totalmente ilegal e injustifi-         E. Vino Ð Destilación obligatoria
        cada la pretensión del FEOGA de sacar de las exis-
        tencias comunitarias la cantidad de 4 963,651
        toneladas de trigo duro que resulta de una «esti-             El Gobierno italiano impugna el principio mismo de la
        mación volumeÂtrica» del producto que había en                nueva corrección financiera en la medida en que no
        los distintos almacenes en la fecha de la comproba-           existen bases jurídicas para considerar a los Estados
        ción por parte del CCIA.                                      miembros directamente responsables del resultado de
                                                                      la destilación que es obligatoria exclusivamente para
                                                                      los productos intervenidos.
        El Reglamento (CEE) no 618/90 de la Comisión (6),
        en el que se basan tales comprobaciones, preveÂ que           AdemaÂs impugna los modos de reparto de las cantida-
        sólo en caso de que se supere el límite de toleran-           des obligatorias entre los países miembros y de elabo-
        cia previsto para la citada estimación volumeÂtrica           ración del cuadro en el que se indican los porcentajes
        (el 5 % maÂs o menos) se podraÂ sacar de las existen-         de vino que cada productor debe reservar a la destila-
        cias comunitarias toda la cantidad de trigo duro              ción obligatoria.
        que se estime que falta.
                                                                      Considera tambieÂn que del incumplimiento de las obli-
                                                                      gaciones de destilación obligatoria no se deriva ninguÂn
    4. Ayuda alimentaria de trigo duro a Argelia                      danÄo para el FEOGA, porque la cantidad no destilada
                                                                      resulta insignificante y porque el FEOGA no concedió
                                                                      por dicha cantidad ayuda alguna ni para las operacio-
        De los documentos que obran en poder de la                    nes de destilación ni para la adquisición del alcohol ni
        AIMA y del FEOGA no se desprende que se hayan                 para el almacenamiento.
        dispuesto cantidades de trigo duro comunitario
        para ser enviadas como ayuda alimentaria a Arge-
        lia. Así pues, las cantidades del producto de que se       F. Carne y pescado
        trata no son de origen comunitario (intervención)
        sino nacional y, por tanto, no pueden ser objeto de           1. Adaptaciones contables de las existencias de carne
        correcciones financieras.                                         de vacuno sin deshuesar en la declaración de gas-
                                                                          tos anual.
                                                                      2. Declaración de gastos errónea para la segunda
D. Vino Ð Abandono definitivo de superficies vitícolas                    quincena de octubre de 1994 (carne de vacuno sin
                                                                          deshuesar).
    El anaÂlisis de la Comisión puso de manifiesto, en parti-         Los deÂbitos en cuestión relativos a 1994, resultan de
    cular, errores de supravaloración o de infravaloración            una verificación efectuada en la contabilidad de las
    de algunas superficies aptas para la prima. Los orga-             existencia el 30 de septiembre de 1993, en la que la
    nismos comunitarios senÄalaron que el porcentaje de no            Comisión cuestionó una peÂrdida de producto de 1 204
    conformidad de los importes pagados, calculados                   toneladas.
    sobre la base del dato de superficie liquidado respecto
    al admisible, era del 5 %. A continuación, la Comisión
    precisó que dicho porcentaje debía extenderse a la                La referida propuesta de deÂbito para 1993 pretendía
    totalidad de las primas concedidas en Italia en la cam-           recuperar el valor del producto considerado como peÂr-
    panÄa 1992/1993 teniendo en cuenta el hecho de que                dida.
    las faltas senÄaladas eran suficientemente numerosas y
    similares como para ser consideradas representativas              Un resumen de la contabilidad de 1991 a 1995, con
    de la realidad italiana.                                          indicación de las disminuciones de peso imputadas,
                                                                      presentado por la AIMA, demuestra que, dichas dismi-
                                                                      nuciones de peso, si bien no se imputaban exactamente
                                                                      a los anÄos de referencia, cubrían en conjunto la su-
    El Gobierno italiano estima ilegal la retificación en lo
                                                                      puesta peÂrdida de 1 204 toneladas y resultaban muy
    que respecta:
                                                                      inferiores a las peÂrdidas admitidas por la normativa
                                                                      comunitaria.
    Ð a la representatividad de la muestra;
                                                                   G. Recortes 1992 Ð Plantaciones ilícitas de vinÄedos en
                                                                      Apulia
    Ð al meÂtodo de caÂlculo del porcentaje de no confor-
        midad;                                                        La rectificación que siguió a dos recortes consecutivos
                                                                      de los gastos en cuestión relativos a los ejercicios 1992
                                                                      y 1993 estaÂ justificada sobre la base de la comparación
    Ð a las modalidades de extensión en el territorio del             de los datos relativos a las superficies vitícolas para
        resultado obtenido.                                           1989 y para 1992.
 ---pagebreak--- C 327/8                  ES               Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       24.10.98
     SeguÂn la Comisión, dicha comparación sigue sin expli-        El Bundesgerichtshof solicital al Tribunal de Justicia que
     car la replantación de 2 446 hectaÂreas de vinÄedos.          se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
     De la posterior constatación de que las autoridades ita-      ¿Se opone lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2081/
     lianas no habían aclarado este punto, la Comisión             92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la pro-
     deduce «la existencia de plantaciones ilícitas que hacen      tección de las indicaciones geograÂficas y de las denomina-
     inuÂtiles desde el punto de vista económico los gastos        ciones de origen de los productos agrícolas y alimenti-
     para el arrancamiento en esas mismas superficies»             cios (1), a la aplicación de una normativa nacional que
     y calcula la cuantía de la rectificación en                   prohíbe el empleo de una denominación simple de origen
     31 861 816 140 liras, multiplicando el nuÂmero de hec-        que induzca a error, es decir, de una indicación que no
     taÂreas que se suponían ilícitamente plantadas por el         implica conexión entre las propiedades del producto y su
     importe de una prima media de arrancamiento de                origen geograÂfico?
     vinÄas pagada en la región de Apulia en los anÄos 1989-
     1992, de conformidad con el Reglamento (CEE)                  (1) DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.
     no 1482/88 del Consejo (7).
     El Gobierno italiano considera ilegal la rectificación
     porque el Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo (8),
     por el que se establece la organización comuÂn del mer-       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     cado vitivinícola, no preveÂ nada en materia de sancio-       lución del Oberlandesgericht Köln, de fecha 4 de agosto
     nes financieras aplicables a este caso concreto, sino         de 1998, en el procedimiento en materia de multas
     que se limita a disponer, en lo que respecta a vinÄas                         entablado contra Arnold Claasen
     plantadas o replantadas sin autorización, la obligación
                                                                                (Asunto C-313/98)
     de destilar el producto obtenido de las uvas proceden-
     tes de dichas vinÄas de modo que se obtenga un alcohol                                    (98/C 327/11)
     con un grado alcohólico volumeÂtrico efectivo mínimo
     del 80 % vol. (apartado 3 del artículo 6 y apartado 4         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     del artículo 7).                                              sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                   mediante resolución del Oberlandesgericht Köln, dictada
     En cualquier caso, no parece adecuado deducir el              el 4 de agosto de 1998, en el procedimiento en materia de
     importe de la corrección del pagado por el arranca-           multas entablado contra Arnold Claasen, y recibida en la
     miento con prima, con arreglo al Reglamento (CEE)             Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de agosto de
     no 1442/88, habida cuenta de que esos importes se             1998.
     pagaron por el arrancamiento efectivo de vinÄedos exis-
     tentes.                                                       El Oberlandesgericht Köln solicita al Tribunal de Justicia
                                                                   que se pronuncie sobre la siguiente cuestión (1):
(1) DO   L  163 de 6.6.1998, p. 28.
(2) DO   L  388 de 30.12.1989, p. 18.                              ¿La cuantía del derecho de uso que se ha de pagar con
(3) DO   L  94 de 28.4.1970, p. 13.                                arreglo al apartado 1 del artículo 8 del Acuerdo depende
(4) DO   L  337 de 4.12.1990, p. 3.                                uÂnicamente del nuÂmero de ejes que tiene un vehículo o
(5) DO   L  350 de 14.12.1990, p. 43.                              conjunto de vehículos acoplados con independencia de la
(6) DO   L  67 de 15.3.1990, p. 21.                                distancia que exista entre ellos y de que los ejes se hayan
(7) DO   L  132 de 28.5.1988, p. 3.                                utilizado o hayan permanecido elevados durante el tra-
(8) DO   L  84 de 27.3.1987, p. 1.                                 yecto, o no deben computarse los ejes dobles o elevables
                                                                   para el caÂlculo de los derechos de uso?
                                                                   (1) Relativa a la interpretación del apartado 1 del artículo 8 del
                                                                       Acuerdo sobre le percepción de un derecho de uso por la utili-
                                                                       zación de determinadas infraestructuras por parte de vehículos
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             comerciales pesados, de 9 de febrero de 1994 (Bundesgesetz-
lución del Bundesgerichtshof, de fecha 2 de julio de 1998,             blatt, Parte II, p. 1768).
en el asunto entre Schutzverband gegen Unwesen in der
Wirtschaft e.V. y Warsteiner Brauerei Haus Cramer
                        GmbH & Co. KG
                        (Asunto C-312/98)
                           (98/C 327/10)                           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                   lución del Nederlandse Raad van State, de fecha 10 de
                                                                   agosto de 1998, en el asunto entre Snellers Auto's BV, y
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                  Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer
sido sometida una petición de decisión prejudicial                                          (Asunto C-314/98)
mediante resolución del Bundesgerichtshof, dictada el 2 de
julio de 1998, en el asunto entre Schutzverband gegen                                          (98/C 327/12)
Unwesen in der Wirtschaft e.V. y Warsteiner Brauerei
Haus Cramer GmbH & Co. KG, y recibida en la Secreta-               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
ría del Tribunal de Justicia el 12 de agosto de 1998.              sido sometida una petición de decisión prejudicial


title: Asunto C-288/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 19 de mayo de 2017 — Fédération des fabricants de cigares y otros/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

text:
               7.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 19 de mayo de 2017 — Fédération des fabricants de cigares y otros/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
   (Asunto C-288/17)
   (2017/C 256/09)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement, Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), British American Tobacco France

      Recurridas: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

      Partes coadyuvantes: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 13, apartados 1 y 3, de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, (1) en el sentido de que prohíbe la utilización, en las unidades de envasado, en los embalajes exteriores y en los productos del tabaco, de cualquier nombre de marca que evoque determinadas cualidades, con independencia de su notoriedad?

               2)

               En función de la interpretación que proceda dar al artículo 13, apartados 1 y 3, de dicha Directiva, y en la medida en que se aplican a los nombres y a las marcas, ¿respetan estas disposiciones el derecho de propiedad, la libertad de expresión, la libertad de empresa y los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿en qué condiciones puede un Estado miembro, sin vulnerar el derecho de propiedad, las libertades de expresión y de empresa y el principio de proporcionalidad, hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 24, apartado 2, de dicha Directiva de imponer a los fabricantes e importadores la neutralidad y la normalización de las unidades de envasado y embalajes exteriores?

      (1)  Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (DO 2014, L 127, p. 1.


title: Asunto T-30/06: Recurso interpuesto el  24 de enero de 2006  — Procter & Gamble/OAMI

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/34

         Recurso interpuesto el 24 de enero de 2006 — Procter & Gamble/OAMI
   (Asunto T-30/06)
   (2006/C 86/69)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, EE. UU.) (representante: G. Kuipers, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 21 de noviembre de 2005 (asunto R 1072/2004-1), notificada a P&G mediante escrito de 5 de diciembre de 2005, en la medida en que declara que la marca no cumple los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca tridimensional consistente en una pastilla cuadrada blanca que muestra un diseño floral azul de cuatro pétalos para productos de la clase 3 (Preparaciones para lavar y blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones para el lavado, la limpieza y el cuidado de vajillas; jabones) — Solicitud no 1 683 408

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud.
   Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 del Consejo.


title: Asunto C-448/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Svea hovrätt (Suecia) el 13 de octubre de 2008 — Procedimiento penal contra Anders Gerdin

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Svea hovrätt (Suecia) el 13 de octubre de 2008 — Procedimiento penal contra Anders Gerdin
   (Asunto C-448/08)
   (2008/C 327/29)
   Lengua de procedimiento: sueco
   Órgano jurisdiccional remitente
   Svea hovrätt
   Partes en el procedimiento principal

      Parte inculpada: Anders Gerdin

      Demandada: Åklagaren
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede admitirse en determinadas circunstancias por razones imperiosas de interés general una discriminación, basada en la nacionalidad, en los mercados nacionales de juegos y loterías?

               2)

               Si la política restrictiva que se aplica en un mercado nacional de juegos y loterías tiene varios objetivos y uno de ellos es la financiación de actividades sociales, ¿puede afirmarse que esto constituye un beneficio accesorio de dicha política? En caso de respuesta negativa a esta cuestión, ¿puede en todo caso ser admisible esta política restrictiva cuando no pueda afirmarse que el objetivo de financiar actividades sociales sea el principal objetivo de dicha política?

               3)

               ¿Puede un Estado invocar razones imperiosas de interés general para justificar una política restrictiva en materia de juego, cuando las empresas controladas por el Estado comercializan juegos y loterías cuyos ingresos percibe parcialmente el Estado y uno de los objetivos de esta comercialización es la financiación de actividades sociales? En caso de respuesta negativa a esta cuestión, ¿puede en todo caso ser admisible esta política restrictiva cuando no se considere que la financiación de actividades sociales sea el principal objetivo de la comercialización?

               4)

               Una prohibición total de hacer publicidad de juegos y loterías organizados en otro Estado miembro por una empresa de juegos establecida allí, que está controlada por las autoridades de dicho Estado miembro, ¿puede ser proporcionada en relación con el objetivo de controlar y ejercer vigilancia sobre las actividades de juego, cuando, al mismo tiempo, no existen restricciones para la publicidad de juegos y loterías organizados por empresas de juegos establecidas en el Estado miembro que aplica la política restrictiva? ¿Cuál es la respuesta a la cuestión si el objetivo de tal regulación es limitar el juego?

               5)

               Un organizador de juegos que ha obtenido una autorización para ejercer determinadas actividades de juego en un Estado y que es controlado por la autoridad competente de dicho Estado, ¿tiene derecho a hacer publicidad de su oferta de juegos en otros Estados miembros, a través, por ejemplo, de anuncios en periódicos, sin solicitar previamente autorización a las autoridades competentes de ese Estado miembro? En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, ¿implica esto que una normativa de un Estado miembro que tiene por objeto sancionar penalmente el fomento de la participación en loterías organizadas en el extranjero constituye un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios que nunca puede justificarse invocando razones imperiosas de interés general? ¿Tiene alguna relevancia en la respuesta a la primera cuestión que el Estado miembro en el que el organizador de los juegos esté establecido invoque la misma razón de interés general que el Estado en el que dicho organizador quiere hacer publicidad de sus actividades de juego?


title: Asunto C-496/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Alemania) el 22 de septiembre de 2015 — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit

text:
               21.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 429/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Alemania) el 22 de septiembre de 2015 — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit
   (Asunto C-496/15)
   (2015/C 429/12)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Alphonse Eschenbrenner

      Demandada: Bundesagentur für Arbeit

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con las disposiciones del Derecho primario y/o derivado de la Unión Europea [en particular, el artículo 45 TFUE, anteriormente artículo 39 CE, y el artículo 7 del Reglamento (UE) no 492/2011] (1) que, en el caso de un trabajador inicialmente empleado en Alemania, que reside en otro Estado miembro, que no es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en Alemania y que, conforme a las disposiciones que le son aplicables, no debe tributar por la indemnización por insolvencia, al incurrir su empresario en insolvencia, se deduzca de modo ficticio, del salario pertinente para el cálculo de la indemnización por insolvencia que le corresponde, el impuesto que habría sido recaudado sobre el salario si el trabajador hubiera sido sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en Alemania, cuando ya no pueda invocar frente al empresario el crédito correspondiente al salario bruto restante?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿existiría compatibilidad con las disposiciones del Derecho primario y/o derivado de la Unión Europea si el trabajador que se encuentra en la situación antes descrita sí pudiera invocar frente al empresario el crédito correspondiente al salario bruto restante?

      (1)  Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO L 141, p. 1).


title: Asunto T-399/05: Recurso interpuesto el  21 de octubre de 2005  — Wils/Parlamento Europeo

text:
               14.1.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 10/28

         Recurso interpuesto el 21 de octubre de 2005 — Wils/Parlamento Europeo
   (Asunto T-399/05)
   (2006/C 10/56)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Dieter Wils (Altrier, Luxemburgo) (representantes: G. Vandersanden, C. Ronzi, abogados)

      Demandado: Parlamento Europeo
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la hoja de haberes del demandante correspondiente al mes de enero de 2005 –con efectos retroactivos a 1 de julio de 2004–, en la medida en que eleva al 9,75 % la cuota destinada al régimen de pensiones, y, por consiguiente, que se le devuelva la parte de la cuota correspondiente al incremento de la misma. En consecuencia, que se restablezca –en las ulteriores hojas de haberes– la cuota al nivel fijado con anterioridad al 1 de julio de 2004.

               —

               Que se condene en costas al demandado.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su recurso, el demandante, funcionario del Parlamento Europeo, cuestiona la elevación al 9,75 % de la cuota destinada al régimen de pensiones, efectuada en virtud del anexo XII del Estatuto, que entró en vigor el 1 de mayo de 2004. Para fundamentar sus pretensiones, el demandante alega la ilegalidad de dicho anexo, en relación con el artículo 83, apartado 4, del Estatuto, en su versión aplicable con anterioridad al 1 de mayo de 2004. Esta última disposición tan sólo autoriza que se modifique la cuota controvertida si la modificación tiene por objeto garantizar el equilibrio actuarial. Ahora bien, el demandante considera que el incremento en cuestión fue decidido por otras razones, a saber, para cubrir un déficit preexistente en el régimen comunitario de pensiones.
   Por otro lado, el demandante alega que los criterios utilizados por Eurostat para calcular el equilibrio actuarial se fundan en parámetros que condujeron a cálculos erróneos. A continuación invoca la violación del principio de proporcionalidad, en la medida en que el incremento en cuestión excedía de lo que resultaba estrictamente necesario para restablecer el equilibrio actuarial. Por último, el demandante alega la vulneración de la confianza legítima que había adquirido por el hecho de que el Parlamento hubiera dado a entender, sin ningún género de dudas, que tan sólo permitiría la modificación de la cuota en aras de la estricta observancia del equilibrio actuarial.


title: Asunto C-305/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 30 de mayo de 2016 — Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

text:
               25.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 270/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 30 de mayo de 2016 — Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
   (Asunto C-305/16)
   (2016/C 270/38)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   First-tier Tribunal (Tax Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Avon Cosmetics Ltd

      Recurrida: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si un vendedor directo vende bienes (en lo sucesivo, «ayudas a las ventas») a un distribuidor no registrado como sujeto pasivo del impuesto o, si este distribuidor compra bienes y servicios a un tercero (en lo sucesivo, «bienes y servicios de terceros») que, en ambos casos son utilizados por los distribuidores no registrados como sujetos pasivos como apoyo en su actividad económica de venta de otros bienes que también son adquiridos al vendedor directo y el objeto de acuerdos administrativos adoptados en virtud de una excepción autorizada muy recientemente mediante la Decisión 89/534/CEE del Consejo de 24 de mayo de 1989 (1) (en lo sucesivo, «excepción»), ¿vulneran las autorizaciones pertinentes, la legislación de desarrollo y/o los acuerdos administrativos disposiciones y/o principios pertinentes de Derecho de la Unión en la medida en que obligan al vendedor directo a declarar el IVA repercutido en el precio de venta de los distribuidores no registrados como sujetos pasivos de los demás bienes, sin reducción del IVA soportado por el distribuidor no registrado como sujeto pasivo por tales ayudas a las ventas y/o bienes o servicios de terceros?

               2)

               ¿Estaba sujeto el Reino Unido a la obligación de informar a la Comisión en el momento de solicitar una autorización del Consejo para la excepción, de que los distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto soportaron el IVA por las compras de ayuda a las ventas y/o bienes y servicios de terceros utilizados para las necesidades de sus actividades económicas y de que, por consiguiente, debe introducirse en la excepción un ajuste que refleje tal impuesto soportado no recuperable?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y/o segunda:

                           a)

                           ¿Pueden y deben interpretarse cualquiera de las autorizaciones pertinentes, legislación de desarrollo o acuerdos administrativos en el sentido de que establecen un derecho respecto i) al IVA no recuperable por las ayudas a las ventas o por bienes y servicios de terceros soportado por distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto y utilizados por dichos distribuidores no registrados como sujetos pasivos para las necesidades de sus actividades económicas, o ii) al importe del IVA pagado en exceso sobre el impuesto evadido percibido por los HMRC, o iii) a la potencial competencia desleal que se establezca entre vendedores directos, sus distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto y las operaciones de venta no directas?

                           b)

                                       i)

                                       ¿Era legal la autorización de la excepción británica al artículo 11, parte A, número 1, letra a), de la [Directiva 77/388]?

                                       ii)

                                       ¿Resulta necesaria una excepción al artículo 17 de la [Directiva 77/388] junto a la excepción al artículo 11, parte A, número 1, letra a? En caso de respuesta afirmativa, ¿actuó ilegalmente el Reino Unido al no solicitar a la Comisión o al Consejo autorización para establecer una excepción al artículo 17?

                                       iii)

                                       ¿Actúa ilegalmente el Reino Unido al no gestionar el IVA de forma tal que se permita a los vendedores directos reclamar un crédito por el IVA aplicado a las ayudas a las ventas o a los bienes y servicios de terceros, soportado por distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto para las necesidades de sus actividades económicas?

                                       iv)

                                       ¿Son, por consiguiente, inválidos y/o ilegales todas o parte de las autorizaciones pertinentes, legislación de desarrollo o acuerdos administrativos?

                           c)

                           ¿Constituye una solución adecuada recabar, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del juzgado o tribunal nacional:

                                       i)

                                       una orden por la que se obligue al Estado miembro a dar efecto a la excepción en el Derecho interno introduciendo un ajuste adecuado por a) el IVA no recuperable por las ayudas a las ventas o por bienes y servicios de terceros soportado por distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto y utilizados por dichos distribuidores no registrados como sujetos pasivos para las necesidades de sus actividades económicas, o ii) el importe del IVA pagado en exceso sobre el impuesto evadido percibido por los HMRC, o iii) la potencial competencia desleal que se establezca entre vendedores directos, sus distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto y las operaciones de venta no directa o

                                       ii)

                                       una declaración según la cual la autorización de la excepción, y por extensión la excepción en sí, son inválidas, o

                                       iii)

                                       una declaración de que la normativa nacional es inválida, o

                                       iv)

                                       una declaración de que la notificación de la Orden es inválida, o

                                       v)

                                       una declaración según la cual el Reino Unido está obligado a solicitar la autorización para una ulterior excepción al objeto de introducir un ajuste adecuado respecto a) al IVA no recuperable por las ayudas a las ventas o por bienes y servicios de terceros soportado por distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto y utilizados por dichos distribuidores no registrados como sujetos pasivos para las necesidades de sus actividades económicas, o ii) al importe del IVA pagado en exceso sobre el impuesto evadido percibido por los HMRC, o iii) a la potencial competencia desleal que se establezca entre vendedores directos, sus distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto y las operaciones de venta no directas.

               4)

               De conformidad con el artículo 27 de [la Directiva 77/388] (actual artículo 395 de [la Directiva 2006/112]), ¿debe calcularse la «evasión o elusión fiscal» como la pérdida neta de ingresos fiscales (teniendo en cuenta el impuesto repercutido pagado y el impuesto soportado recuperable en el sistema que da lugar a la evasión o elusión fiscal) para el Estado miembro o bien la pérdida bruta de ingresos fiscales (teniendo únicamente en cuenta el impuesto repercutido en la operación que da lugar a la evasión o elusión fiscal) para el Estado miembro?

      (1)  Decisión 89/534/CEE del Consejo, de 24 de mayo de 1989, por la que se autoriza al Reino Unido a que aplique, en relación con determinadas entregas efectuadas a distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto, una excepción al artículo 11, punto A.1.a) de la Directiva 77/388/CEE en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (DO L 280, p. 54).


title: Recurso de casación interpuesto por la Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) el 26 de febrero de 1998 contra la resolución dictada el 18 de diciembre de 1997 por la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-178/94 entre Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) y la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-57/98 P)

text:
C 137/10              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        2.5.98
1) ¿Deben interpretarse los artículos 48, 59 y 60 del              4) ¿Debe interpretarse la letra b) del apartado 1 del
   Tratado CE en el sentido de que los infringe una dis-                artículo 3 de la Directiva 96/71/CE del Parlamento
   posición de Derecho nacional Ðprimera frase del                      Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996,
   apartado 3 del artículo 1 de la AEntGÐ que extiende                  sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en
   a un empresario establecido en el extranjero, y a sus                el marco de una prestación de servicios (2), en el sen-
   trabajadores enviados en reÂgimen de desplazados al                  tido de que, en cualquier caso, a la luz de la interpre-
   territorio que constituye el aÂmbito de aplicación terri-            tación correcta de los artículos 48, 59 y 60 del
   torial de determinados convenios colectivos, la aplica-              Tratado CE, ni requieren ni autoriza la normativa a la
   ción de las normas jurídicas contenidas en dichos con-               que se refieren las dudas arriba expuestas en las cues-
   venios colectivos, declarados de aplicación general,                 tiones primera a tercera?
   relativas al ingreso de cotizaciones y a la concesión,
   por parte de instituciones comunes de las partes del            (1) DO L 307 de 13.12.1993, p. 18.
   convenio colectivo, de prestaciones derivadas del dere-         (2) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
   cho a vacaciones de los trabajadores, extendiendo tam-
   bieÂn, de este modo, el aÂmbito de aplicación de las nor-
   mas jurídicas contenidas en dichos convenios colecti-           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
   vos para regular el sistema aplicado a tal fin?                 lución del Hùjesteret de fecha 18 de febrero de 1998, en el
2) ¿Deben interpretarse los artículos 48, 59 y 60 del                     asunto entre Skatteministeriet y Bent Vestergaard
   Tratado CE en el sentido de que los infringen las dis-                                  (Asunto C-55/98)
   posiciones contenidas en la segunda frase del
   apartado 1 y en la primera frase del apartado 3 del                                       (98/C 137/20)
   artículo 1 de la AEntG, que entranÄan la aplicación de
                                                                   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
   disposiciones jurídicas contenidas en convenios colecti-
                                                                   sido sometida una petición de decisión prejudicial
   vos declarados de aplicación general que:
                                                                   mediante resolución del Hùjesteret dictada el 18 de
   a) establecen una duración de vacaciones que rebasa
                                                                   febrero de 1998 en el asunto entre Skatteministeriet y Bent
        la duración mínima de las vacaciones anuales esta-
                                                                   Vestergaard y recibida en la Secretaría del Tribunal de Jus-
        blecida en la Directiva 93/104/CE del Consejo, de
                                                                   ticia el 24 de febrero de 1998.
        23 de noviembre de 1993, relativa a determinados
        aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (1); o     El Hùjesteret solicita al Tribunal de Justicia que se pro-
   b) confieren a los empresarios establecidos en Alema-           nuncie sobre las siguientes cuestiones:
        nia un derecho de reembolso de los gastos ocasio-          1) ¿Es conforme con los artículos 6 y 59 del Tratado CE
        nados por la retribución por vacaciones y la paga               la existencia, en la jurisprudencia danesa (veÂase la sen-
        extraordinaria de vacaciones frente a instituciones             tencia del Hùjesteret de 19 de octubre de 1994; repro-
        comunes de las partes de los convenios colectivos,              ducida en la Ugeskrift for Retsveñsen 1994, p. 970),
        mientras que no establecen tal derecho en favor de              de la presunción de que un curso, siempre que se
        los empresarios establecidos en el extranjero, sino             imparte en un emplazamiento habitualmente turístico
        que, en su lugar, atribuyen a los trabajadores des-             en el extranjero, y cuando dicho emplazamiento, como
        plazados un derecho directo frente a dichas institu-            tal, no se justifica por motivos profesionales, lleva aso-
        ciones comunes; o                                               ciado un componente turístico tan importante que el
   c) al regular el sistema de fondos sociales aplicable                gasto en concepto del curso no puede considerarse un
        con arreglo a estos convenios colectivos establecen,            gasto de explotación deducible?
        a cargo de los empresarios establecidos en el
                                                                   2) De lo contrario, el estado del Derecho nacional en el
        extranjero, obligaciones de facilitar a las institucio-
                                                                        aÂmbito tributario, ¿puede justificarse a la luz de la
        nes comunes información cuyo contenido supera al
                                                                        jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CE, en
        de la que deben proporcionar los empresarios esta-
                                                                        particular la sentencia Bachmann (C-204/90) (1) y la
        blecidos en Alemania?
                                                                        sentencia Futura Participations SA y Singer (C-250/
3) ¿Deben interpretarse los artículos 48, 59 y 60 del                   95) (2)?
   Tratado CE en el sentido de que los infringe la disposi-
   ción contenida en el apartado 4 de la AEntG, con arre-          (1) Sentencia de 28 de enero de 1992, Rec. p. I-249.
   glo a la cual, para la inclusión en el aÂmbito de aplica-       (2) Sentencia de 15 de mayo de 1997, Rec. p. I-2492.
   ción sectorial de un convenio colectivo declarado de
   aplicación general, que, en virtud de la primera frase
   del apartado 3 del artículo 1 de la AEntG, es tambieÂn
                                                                   Recurso de casación interpuesto por la Asociación Telefó-
   aplicable a los empresarios establecidos en el extran-
                                                                   nica de Mutualistas (ATM) el 26 de febrero de 1998
   jero y a los trabajadores por ellos enviados como des-
                                                                   contra la resolución dictada el 18 de diciembre de 1997
   plazados al aÂmbito de aplicación territorial de dicho
                                                                   por la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Ins-
   convenio colectivo, se considera centro de trabajo el
                                                                   tancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-178/
   conjunto de los trabajadores desplazados a Alemania,
                                                                   94 entre Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) y la
   y sólo ellos, mientras que con respecto a empresarios
                                                                              Comisión de las Comunidades Europeas
   establecidos en Alemania se aplica un concepto dife-
   rente de centro de trabajo que, en determinados su-                                    (Asunto C-57/98 P)
   puestos, conduce a una delimitación distinta de los                                       (98/C 137/21)
   centros de trabajo incluidos en el aÂmbito de aplicación
   del convenio colectivo declarado de aplicación gene-            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
   ral?                                                            ha presentado el 26 de febrero de 1998 un recurso de
 ---pagebreak--- 2.5.98                  ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 137/11
casación interpuesto por la Asociación Telefónica de                 Petición de decisión prejudicial mediante resolución del
Mutualistas (ATM), representada por los Sres. D. Juan                Amtsgericht Heinsberg, de fecha 13 de febrero de 1998,
Eugenio Blanco Rodríguez y D. Bernardo Vicente HernaÂn-              en un procedimiento sancionador contra el Sr. Josef
dez Bataller, Abogados del Colegio de Abogados de                                                Corsten
Madrid, que designa como domicilio en Luxemburgo el                                         (Asunto C-58/98)
del Sr. AndreÂ Serebriacoff, Despacho Loesch & Wolter,
11, rue Goethe, contra la resolución dictada el 18 de                                         (98/C 137/22)
diciembre de 1997 por la Sala Primera ampliada del Tribu-
nal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
el asunto T-178/94 entre Asociación Telefónica de Mutua-             sido sometida una petición de decisión prejudicial
listas (ATM) y la Comisión de las Comunidades Europeas.              mediante resolución del Amtsgericht Heinsberg, dictada el
                                                                     13 de febrero de 1998, en un procedimiento sancionador
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                     contra el Sr. Josef Corsten, y recibida en la Secretaría del
Ð anule la sentencia del Tribunal de Primera Instan-                 Tribunal de Justicia el 27 de febrero de 1998.
     cia (1);
Ð se estimen totalmente las pretensiones aducidas en pri-            El Amtsgericht Heinsberg solicita al Tribunal de Justicia
     mera instancia.                                                 que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
Motivos y principales alegaciones                                    ¿Es compatible con las normas del Derecho comunitario
Ð Incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, por               relativas a la libre prestación de servicios que una empresa
     exceso en el ejercicio de la jurisdicción: la sentencia         neerlandesa que reuÂne en los Países Bajos todos los requi-
     impugnada efectuÂa una serie de consideraciones res-            sitos para el ejercicio de una actividad industrial se vea
     pecto al derecho nacional espanÄol que, a juicio de la          obligada a satisfacer requisitos adicionales, aunque solo
     parte demandante, ni estaÂn ajustadas a derecho, ni             tengan caraÂcter formal (en el caso que nos ocupa, la ins-
     estaÂn acreditadas en los autos, ni le corresponde efec-        cripción en el registro de oficios industriales), para poder
     tuar al Tribunal de Primera Instancia, en ejercicio de          ejercer su actividad en Alemania?
     su función jurisdiccional, dichos razonamientos jurídi-
     cos.
Ð Existencia de irregularidades del procedimiento ante el
     Tribunal de Primera Instancia que lesionan los intere-
     ses de la parte recurrente (falta de motivación).
                                                                     Petición de decisión prejudicial mediante resolución del
Ð Existencia de una violación del Derecho comunitario                Tribunale ordinario di Milano, de fecha 12 de febrero de
     por parte del Tribunal de Primera Instancia, consis-            1998, en el asunto entre Butterfly Music srl, por un lado,
     tente en una interpretación errónea del apartado 4 del          y Carosello Edizione Musicali e Discografiche CEMED srl
     artículo 173 del Tratado CE: no existe ninguna «falta           y FIMI Ð Federazione Industria Musicale Italiana, por
     de intereÂs a la acción» por parte de ATM, ya que la                                          otro
     calificación de la intervención financiera del Reino de
                                                                                (Asunto C-60/98)
     EspanÄa en favor de CompanÄía Telefónica de EspanÄa,
     SA («TESA»), como ayuda de Estado incompatible                                           (98/C 137/23)
     con el mercado comuÂn, y una eventual orden de reem-
     bolso, indudablemente beneficia a ATM Ðcomo enti-               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     dad que actuÂa en sustitución procesal de sus asocia-           sido sometida una petición de decisión prejudicial
     dosÐ puesto que las cargas sociales aminoradas ten-             mediante resolución del Tribunale ordinario di Milano dic-
     drían que reembolsarse seguÂn lo establecido en el              tada el 12 de febrero de 1998 en el asunto entre Butterfly
     derecho interno espanÄol, es decir, primero de TESA a           Music srl, por un lado, y Carosello Edizione Musicali e
     la administración puÂblica espanÄola, para despueÂs rever-      Discografiche CEMED srl y FIMI Ð Federazione Industria
     tir desde eÂsta a la Institución Telefónica de Previsión, y     Musicale Italiana, por otro, y recibida en la Secretaría del
     en definitiva beneficiar a los asociados de ATM que             Tribunal de Justicia el 2 de marzo de 1998.
     han actuado procesalmente sustituidos a traveÂs de
     eÂsta.                                                          El Tribunale ordinario di Milano solicita al Tribunal de
Ð Existencia de una violación del Derecho comunitario                Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
     por parte del Tribunal de Primera Instancia, consis-
                                                                     El artículo 10 de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de
     tente en la existencia de un vicio de una interpretación
                                                                     29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del
     errónea e incongruencia en el fallo con respecto a la
                                                                     plazo de protección del Derecho de autor y de determina-
     pretensión del recurrente acerca de la posible infrac-
                                                                     dos derechos afines (1), especialmente en la parte que esta-
     ción del artículo 92 del Tratado CE: para dilucidar la
                                                                     blece la adopción de las «disposiciones necesarias para
     existencia o no de la afectación debería haberse decla-
                                                                     proteger en particular los derechos adquiridos de terceros»
     rado la existencia o no de las ayudas, como infracción
                                                                     ¿es compatible con lo dispuesto en el apartado 4 del
     del artículo 92 del Tratado CE, con caraÂcter previo a
                                                                     artículo 17 de la Ley 52 de 6 de febrero de 1996, en la
     la determinación de una falta de legitimación activa de
                                                                     versión introducida por la Ley 650 de 23 de diciembre de
     la ahora recurrente, lo que a juicio de esta parte es
                                                                     1996?
     una incongruencia de la sentencia impugnada.
                                                                     (1) DO L 290 de 24.11.1993, p. 9.
(1) DO C 55 de 20.2.1998, p. 25.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de septiembre de 2000 en el asunto C-478/98: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica ("Empréstitos emitidos en el extranjero — Prohibición de adquisición por residentes belgas")

text:
C 335/12                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         25.11.2000
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Landesar-                p. 8; EE 13/14, p. 34), en su versión modificada por la Directiva
beitsgericht Hamburg (Alemania), destinada a obtener, en el                 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Bärbel            marzo de 1994, por la que se modifica por segunda vez de
Kachelmann y Bankhaus Hermann Lampe KG, una decisión                       forma sustancial la Directiva 83/189 (DO L 100, p. 30), el
prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 5, apartado 1,           Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.: G.C. Rodrı́guez
de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de                  Iglesias, Presidente; L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato          Sala; P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puissochet,
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al                   H. Ragnemalm, M. Wathelet y V. Skouris, Jueces; Abogado
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las            General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau,
condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70), el                administradora principal, ha dictado el 26 de septiembre de
Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.:                2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
D.A.O Edward, Presidente de Sala; L. Sevón, P.J.G. Kapteyn
(Ponente), H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces; Abogado                      Incumbe al Juez nacional, en un proceso civil entre particulares sobre
General: Sr. A. Saggio; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administra-            derechos y obligaciones contractuales, negarse a aplicar un reglamento
dora, ha dictado el 26 de septiembre de 2000 una sentencia                  técnico nacional adoptado durante un perı́odo de aplazamiento de la
cuyo fallo es el siguiente:                                                 adopción previsto en el artı́culo 9 de la Directiva 83/189/CEE del
                                                                            Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece
Los artı́culos 2, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva              un procedimiento de información en materia de las normas y
76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la              reglamentaciones técnicas, en su versión modificada por la Directiva
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres      94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la            1994, por la que se modifica por segunda vez de forma sustancial la
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, deben             Directiva 83/189.
interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una disposición
nacional como el artı́culo 1, apartado 3, de la Küngdigungsschutzge-
                                                                            (1) DO C 33, de 6.2.1999.
setz, en su versión vigente hasta el 30 de septiembre de 1996,
reciba una interpretación que considera de manera general que los
trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo
no son comparables a efectos de la selección social que el empresario
debe efectuar en caso de supresión de un empleo a tiempo parcial por
causas económicas.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
( 1) DO C 312 de 10.10.1998.
                                                                                de 26 de septiembre de 2000
                                                                            en el asunto C-478/98: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Reino de Bélgica (1)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                            («Empréstitos emitidos en el extranjero — Prohibición de
                   de 26 de septiembre de 2000                                             adquisición por residentes belgas»)
en el asunto C-443/98 (petición de decisión prejudicial                                              (2000/C 335/23)
planteada por el Pretore di Milano): Unilever Italia SpA
                    contra Central Food SpA (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(«Normas y reglamentaciones técnicas — Obligaciones de
notificar y de aplazar la adopción — Aplicabilidad en
                       procedimientos civiles»)                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                           (2000/C 335/22)
                                                                            En el asunto C-478/98, Comisión de las Comunidades euro-
                                                                            peas (Agentes: Sra. H. Michard y Sr. B. Mongin) contra Reino
                  (Lengua de procedimiento: italiano)                       de Bélgica (Agente: Sra. A. Snoecx, asistida por Me B. van de
                                                                            Walle de Ghelcke), que tiene por objeto que se declare que el
(Traducción provisional: la traducción definitiva se publicará en la     Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        incumben en virtud del artı́culo 73 B del Tratado CE (actual-
                                                                            mente artı́culo 56 CE), al prohibir que personas residentes en
En el asunto C-443/98, que tiene por objeto una petición                   su territorio adquieran tı́tulos de un empréstito emitido en el
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          extranjero, el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Pretore di                G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida,
Milano (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante          D.A..O. Edward, L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala;
dicho órgano jurisdiccional entre Unilever Italia SpA y Central            P.J.G. Kapteyn (Ponente), C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puis-
Food SpA, una decisión prejudicial sobre la interpretación de             sochet, P. Jann y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado General:
la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983,                Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. C. Louterman-Hubeau, adminis-
por la que se establece un procedimiento de información en                 tradora principal, ha dictado el 26 de septiembre de 2000 una
materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 109,                sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- 25.11.2000                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 335/13
1)     Se declara que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligacio-                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
       nes que le incumben en virtud del artı́culo 73 B del Tratado CE
       (actualmente artı́culo 56 CE), al prohibir, con arreglo al
       artı́culo 3, párrafo segundo, del Real Decreto de 4 de octubre                          de 26 de septiembre de 2000
       de 1994, que personas residentes en su territorio adquieran
       tı́tulos de un empréstito emitido en el extranjero.                   en el asunto C-23/99: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra República Francesa (1)
2)     Se condena en costas al Reino de Bélgica.
(1) DO C 48 de 20.2.1999.                                                    («Incumplimiento de Estado — Libre circulación de mercan-
                                                                             cı́as — Procedimientos de retención en aduana — Mercancı́as
                                                                             en tránsito — Derecho de propiedad industrial — Piezas de
                                                                                recambio para la reparación de vehı́culos automóviles»)
                                                                                (2000/C 335/25)
           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                               (Sala Quinta)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                     de 26 de septiembre de 2000
en el asunto C-22/99 (petición de decisión prejudicial                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
planteada por el Pretore di Pinerolo): Cristoforo Berti-                           «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                      netto contra Biraghi SpA (1)
[«Agricultura — Organización común de mercados — Leche                     En el asunto C-23/99, Comisión de las Comunidades Europeas
y productos lácteos — Precio de la leche — Artı́culo 3 del                  (Agentes: Sres. R.B. Wainwright y O. Couvert-Castéra) contra
                    Reglamento (CEE) no 804/68»]                             República Francesa (Agentes: Sras. K. Rispal-Bellanger y
                                                                             R. Loosli-Surrans), que tiene por objeto que se declare que la
                             (2000/C 335/24)                                 República Francesa ha incumplido las obligaciones que le
                                                                             incumben en virtud del artı́culo 30 del Tratado CE (actual-
                                                                             mente artı́culo 28 CE, tras su modificación), al aplicar, basán-
                    (Lengua de procedimiento: italiano)                      dose en el code de la propriété intellectuelle, procedimientos
                                                                             de retención por las autoridades aduaneras dirigidos contra
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la      mercancı́as legalmente fabricadas en un Estado miembro de la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         Comunidad Europea y destinadas, después de haber transitado
                                                                             por el territorio francés, a ser comercializadas en otro Estado
En el asunto C-22/99, que tiene por objeto una petición                     miembro en el que su venta es legal, el Tribunal de Justicia,
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del           integrado por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente;
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Pretore di                 J.C. Moitinho de Almeida y L. Sevón, Presidentes de Sala;
Pinerolo (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente              P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm
ante dicho órgano jurisdiccional entre Cristoforo Bertinetto y              (Ponente), M. Wathelet y V. Skouris, Jueces; Abogado General:
Biraghi SpA, una decisión prejudicial sobre la interpretación              Sr. J. Mischo; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, adminis-
del artı́culo 3 del Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo, de               tradora principal, ha dictado el 26 de septiembre de 2000 una
27 de junio de 1968, por el que se establece la organización                sentencia cuyo fallo es el siguiente:
común de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (DO L 148, p. 13; EE 03/02, p. 146), el Tribunal de                 1)     Se declara que la República Francesa ha incumplido las
Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.: D.A.O. Edward,                     obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 30 del
Presidente de Sala; L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm (Ponente) y                    Tratado CE (actualmente artı́culo 28 CE, tras su modificación),
M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria:                     al aplicar, basándose en el code de la propriété intellectuelle,
Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal, ha dic-                         procedimientos de retención por las autoridades aduaneras
tado el 26 de septiembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es                        dirigidos contra mercancı́as legalmente fabricadas en un Estado
el siguiente:                                                                       miembro de la Comunidad Europea y destinadas, después de
                                                                                haber transitado por el territorio francés, a ser comercializadas
El artı́culo 3 del Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo, de 27 de                 en otro Estado miembro en el que su venta es legal.
junio de 1968, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, se opone
a una legislación nacional, como la controvertida en el procedimiento       2)     Se condena en costas a la República Francesa.
principal, que tiene por objeto fomentar y favorecer la fijación de un
precio uniforme de la leche en la fase de producción.
                                                                             (1) DO C 86, de 27.3.1999.
(1) DO C 86 de 27.3.1999.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 20 de abril de 2005, en el asunto T-211/03, Faber Chimica Srl contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (Marca comunitaria — Solicitud de marca figurativa Faber — Oposición del titular de las marcas nacionales denominativa y figurativas NABER — Denegación de registro)

text:
               25.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/15

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 20 de abril de 2005
   en el asunto T-211/03, Faber Chimica Srl contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de marca figurativa Faber - Oposición del titular de las marcas nacionales denominativa y figurativas NABER - Denegación de registro)
   (2005/C 155/30)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto T-211/03, Faber Chimica Srl, con domicilio social en Fabriano (Italia), representada por los Sres. P. Tartuferi y M. Andreano, abogados, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sra. M. Capostagno y Sr. O. Montalvo) y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es Industrias Químicas Naber, S.A., Nabersa, con domicilio social en Valencia (España), que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 19 de marzo de 2003 (asunto R 620/2001-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Faber Chimica Srl e Industrias Químicas Naber, S.A., Nabersa, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y S. Papasavvas, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal, ha dictado el 20 de abril de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Anular la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 19 de marzo de 2003 (asunto R 620/2001-4) en la medida en que estima la oposición del titular de la marca denominativa española NABER.

               2)

               Condenar en costas a la demandada.

      (1)  DO C 200, de 23.8.2003.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de febrero de 2001 en el asunto C-238/00 P: Peter Reichert contra Parlamento Europeo ("Funcionarios — Artículo 4 del Anexo VII del Estatuto — Indemnización por expatriación — Lugar de ejercicio de la actividad profesional principal — Recurso de casación manifiestamente infundado")

text:
C 200/34                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             14.7.2001
Unión Europea (agentes: Sres. J. Carbery y G. Ramos Ruano),               1)    Se desestima el recurso de casación.
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
T. van Rijn, y J. Guerra Fernández), Asociación Nacional de              2)    Se condena en costas al Sr. Peter Reichert.
Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza
(Anamer), con sede en Vigo, Asociación Nacional de Armado-                (1) DO C 233, de 12.8.2000.
res de Buques Congeladores de Pesquerı́as Varias (Anavar), con
sede en Vigo, y Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas
(ASPE), con sede en Vigo, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta),
integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala,
D. A. O. Edward y C. W. A. Timmermans (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha
dictado el 1 de febrero de 2001 un auto resolviendo lo                     AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
siguiente:
                                                                                de 23 de febrero de 2001
1)    Se desestima el recurso de casación.
2)    Se condena en costas a Area Cova y otros.                            en el asunto C-445/00 R: República de Austria contra
                                                                                Consejo de la Unión Europea (1)
(1) DO C 314, de 30.10.1999.                                               [«Procedimiento sobre medidas provisionales — Sistema de
                                                                           ecopuntos para los camiones que transiten por Austria —
                                                                           Reglamento (CE) no 2012/2000 — Suspensión de la ejecu-
                                                                                ción — Urgencia»]
                                                                                (2001/C 200/62)
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
                            (Sala Primera)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                     de 8 de febrero de 2001                                    «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
en el asunto C-238/00 P: Peter Reichert contra Parlamento                  En el asunto C-445/00 R, República de Austria (agente:
                              Europeo (1)                                  Sr. H. Dossi) contra Consejo de la Unión Europea (agentes:
                                                                           Sres. A. Lopes Sabino y G. Houttuin), apoyado por la República
                                                                           Federal de Alemania (agente: Sr. W.-D. Plessing, asistido por
(«Funcionarios — Artı́culo 4 del Anexo VII del Estatuto —                  los Sres. J. Sedemund y T. Lübbig, Rechtsanwälte) y por
Indemnización por expatriación — Lugar de ejercicio de                   la Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sras.
la actividad profesional principal — Recurso de casación                  M. Wolfcarius y C. Schmidt), que tiene por objeto una
                   manifiestamente infundado»)                             demanda de suspensión de la ejecución del Reglamento (CE)
                                                                           no 2012/2000 del Consejo, de 21 de septiembre de 2000, por
                          (2001/C 200/61)                                  el que se modifica el anexo 4 del Protocolo no 9 del Acta de
                                                                           adhesión de 1994 y el Reglamento (CE) no 3298/94, con
                                                                           respecto al sistema de ecopuntos para los camiones que
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                       transiten por Austria (DO L 241, p. 18), ası́ como una
                                                                           demanda de medidas provisionales, el Presidente del Tribunal
                                                                           de Justicia ha dictado el 23 de febrero de 2001 un auto
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    disponiendo lo siguiente:
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           1)    Se suspende la ejecución del artı́culo 2, punto 1, del Reglamento
En el asunto C-238/00 P, Peter Reichert, agente temporal del                     (CE) no 2012/2000 del Consejo, de 21 de septiembre de
Grupo Socialista del Parlamento Europeo, representado por el                     2000, por el que se modifica el anexo 4 del Protocolo no 9 del
Sr. D. Rogalla, Rechtsanwalt, que tiene por objeto un recurso                    Acta de adhesión de 1994 y el Reglamento (CE) no 3298/94,
de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el                      con respecto al sistema de ecopuntos para los camiones que
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                        transiten por Austria, hasta que se dicte sentencia en el
(órgano unipersonal) de 13 de abril de 2000, Reichert/Parla-                    procedimiento principal.
mento (T-18/98, RecFP p. II-309), por el que se solicita que se            2)    Se desestima la demanda en todo lo demás.
anule dicha sentencia, y en el que la otra parte en el
procedimiento es: Parlamento Europeo (agentes: Sres. Y. Pan-               3)    Se reserva la decisión sobre las costas.
talis y M. Berger), el Tribunal de Justicia (Sala Primera),
integrado por los Sres. M. Wathelet, Presidente de Sala, P. Jann
                                                                           (1) DO C 45 de 10.2.2001.
(Ponente) y L. Sevón, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger;
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 8 de febrero de 2001 un
auto resolviendo lo siguiente:


title: Asunto T-302/16: Recurso interpuesto el 10 de junio de 2016 — Bay/Parlamento

text:
               1.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/40

         Recurso interpuesto el 10 de junio de 2016 — Bay/Parlamento
   (Asunto T-302/16)
   (2016/C 279/55)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Nicolas Bay (La Celle-Saint-Cloud, Francia) (representante: A. Cuignache, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

      in limine litis:

               —

               Anule la decisión del Presidente del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 2016.

               —

               Anule la decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 11 de abril de 2016.
               en cuanto al fondo:

               —

               Revoque la sanción contenida en la decisión de 11 de abril de 2016.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en irregularidades del procedimiento interno y en la nulidad de la decisión del Presidente del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 2016 y de la decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 11 de abril de 2016, por la que se impuso a la demandante la sanción de la pérdida del derecho a dietas por estancia durante cinco días. Para la demandante, la primera decisión impugnada vulnera el derecho a una buena administración y viola el principio de igualdad de armas. En cuanto a la segunda decisión impugnada, la demandante alega que vulnera su derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente, así como el derecho a un juicio justo.

               2.

               Segundo motivo, basado en la falta de pruebas materiales que demuestren los hechos imputados a la demandante, en particular, la utilización por esta última del carnet de voto de otro diputado europeo.

               3.

               Tercer motivo, basado en la inconsistencia y la inadmisibilidad de los testimonios en los que se funda la sanción impuesta a la demandante.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la imposibilidad material para la demandante de suplantar a otro diputado europeo para ejercer el voto.


title: Archivo del asunto T-444/93

text:
13 . 4. 96         LES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 108/ 13
              Archivo del asunto T-444/93Í )                                    Archivo del asunto T- 1 07/95 ( )
                        ( 96/C 108/27 )                                                   ( 96/C 108/30 )
           (Lengua de procedimiento: neerlandés)                               (Lengua de procedimiento : inglés)
Mediante auto de 13 de febrero de 1996 , el Presidente de la     Mediante auto de 12 de febrero de 1 996, el Presidente de la
Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de        Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las
las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto          Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
T-444/93 , Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazen      T-107/95 , Benjamin Laurence Lay contra Consejo de la
wassers- en Schoonmaakbedrijf contra Consejo de la Unión         Unión Europea y Comisión de las Comunidades Euro
Europea y Comisión de las Comunidades Europeas .                 peas .
(') DO n" C 24 de 31 . 1 . 1992 .
                                                                 (') DO n" C 208 de 12 . 8 . 1995 .
              Archivo del asunto T-355 /94 ( )
                        ( 96/C 108/28 )                                         Archivo del asunto T- 1 08/95 ( )
                                                                                ( 96/C 108/31 )
             (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                               (Lengua de procedimiento: inglés)
Mediante auto de 16 de febrero de 1996 , el Presidente de la
Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de       Mediante auto de 12 de febrero de 1996 , el Presidente de la
las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto          Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las
T-355/94 : Norsk Hydro A/S contra Comisión de las                Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
Comunidades Europeas .                                           T-108/95 , Donald George Gage y David John Gage contra
                                                                 Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comuni
(') DO n" C 380 de 31 . 12 . 1994 .
                                                                 dades Europeas .
                                                                 (') DO n" C 208 de 12 . 8 . 1995 .
               Archivo del asunto T-83/95 ( )
                        ( 96/C 108/29 )
             (Lengua de procedimiento: inglés)                                  Archivo del asunto T-182/95 ( )
                                                                                ( 96/C 108/32 )
Mediante auto de 29 de enero de 1996 , el Presidente de la
Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de                     (Lengua de procedimiento: francés)
las Comunidades Europèas ha decidido archivar el asunto
T-83/95 : Associaçâo dos Refinadores de Açucar Portugue         Mediante auto de 7 de febrero de 1996 , el Presidente de la
ses (ARAP ), Alcantara Refiniarias — Açucares SA y RAR           Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
Refinadas de Açucar Reunidas S. A. contra Comisión de las        Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
Comunidades Europeas .                                           T- 1 82/95 : Camping Qualité France contra Comisión de las
(M DO n" C 137 de 3 . 6 . 1995 .
                                                                 Comunidades Europeas .
                                                                 (') DO n° C 315 de 25 . 11 . 1995 .


title: Asunto F-139/11: Auto del Tribunal de la Función Pública de 28 de junio de 2012 — BJ/Comisión

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/42

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 28 de junio de 2012 — BJ/Comisión
   (Asunto F-139/11) (1)

   2012/C 287/79
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 65, de 3.3.2012, p. 25.