title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 2 de junio de 2003 en el asunto T-276/02, Forum 187 asbl contra Comisión de las Comunidades Europeas (Ayudas de Estado — Régimen fiscal — Ayuda existente — Decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2 — Efectos jurídicos — Inexistencia — Inadmisibilidad)

text:
6.9.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                               C 213/35
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                objeto un recurso de anulación de la Decisión 2002/973/CE
                                                                           del Consejo, de 10 de diciembre de 2002, por la que se
                      de 2 de junio de 2003                                modifica la Decisión 89/688/CEE, relativa al régimen del
                                                                           «octroi de mer» en los departamentos franceses de ultramar
                                                                           (DO L 337, p. 83), el Tribunal de Primera Instancia (Sala
en el asunto T-276/02, Forum 187 asbl contra Comisión                      Primera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf, Presidente, y
               de las Comunidades Europeas (1)
                                                                           H. Legal y la Sra. E. Martins Ribeiro, Jueces; Secretario:
                                                                           Sr. H. Jung, ha dictado el 25 de junio de 2003 un auto en el
(Ayudas de Estado — Régimen fiscal — Ayuda existente —                     que se resuelve lo siguiente:
Decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88
CE, apartado 2 — Efectos jurídicos — Inexistencia —
                                                                           1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
                         Inadmisibilidad)
                                                                           2)    No procede resolver sobre las solicitudes de intervención de la
                         (2003/C 213/68)                                         República de Portugal, del Reino de España, de la Société
                                                                                Immobilière et de Service Boétie y otros, y de la Comisión.
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                           3)    Las partes demandantes soportarán sus propias costas y las del
                                                                                Consejo.
En el asunto T-276/02, Forum 187 asbl, con domicilio social                4)    Cada una de las partes que ha solicitado intervenir en el
en Bruselas, representada por los Sres. A. Sutton y J. Killick,                  procedimiento soportará sus propias costas.
Barristers, contra Comisión de las Comunidades Europeas
(agentes: Sres. R. Lyal y V. Di Bucci), que tiene por objeto un
recurso de anulación de la Decisión de la Comisión, de 27 de               (1 ) DO C 55, de 8.3.2003.
febrero de 2002, por la que se incoa el procedimiento previsto
en el artículo 88 CE, apartado 2, en relación con la normativa
belga relativa a los centros de coordinación, el Tribunal de
Primera Instancia (Sala Segunda ampliada), integrado por el
Sr. N. J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Pirrung, P. Mengozzi,
A.W.H. Meij y M. Vilaras, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha
dictado el 2 de junio de 2003 un auto resolviendo lo siguiente:            AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA
                                                                                INSTANCIA
1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
                                                                                de 31 de marzo de 2003
2)    La demandante cargará con la totalidad de las costas.
                                                                           en el asunto T-65/03 R, Fondation Alsace contra Comisión
( 1) DO C 289 de 23.11.2002.                                                                de las Comunidades Europeas
                                                                            (Procedimiento sobre medidas provisionales — Procedencia)
                                                                                (2003/C 213/70)
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                  (Lengua de procedimiento: francés)
                     de 25 de junio de 2003
                                                                           En el asunto T-65/03 R, Fondation Alsace, con domicilio social
en el asunto T-5/03, Ayassamy & Fils EURL contra                           en Estrasburgo (Francia), representada por el Sr. F. Ruhlmann,
                Consejo de la Unión Europea ( 1)                           abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                           (agentes: Sres. C. Giolito y G. Wilms), que tiene por objeto una
(Decisión 2002/973/CE — «Octroi de mer» — Recurso de                       demanda de suspensión de la ejecución de la decisión de la
                 anulación — Inadmisibilidad)                              Comisión, de 20 de diciembre de 2002, por la que se obliga a
                                                                           la Fondation Alsace a devolverle la cantidad de 18 000 euros
                                                                           como consecuencia del incumplimiento del convenio de
                         (2003/C 213/69)                                   subvención PSS*/0534, el Presidente del Tribunal de Primera
                                                                           Instancia ha dictado el 31 de marzo de 2003 un auto en el que
                 (Lengua de procedimiento: francés)                        se resuelve lo siguiente:
                                                                           1)    Desestimar la demanda de medidas provisionales.
En el asunto T-5/03, Ayassamy & Fils EURL, con domicilio
social en Saint François (Francia) y otros 23, representados por           2)    Reservar la decisión sobre las costas.
el Sr. J.S. Dagnon, abogado, contra Consejo de la Unión
Europea (agentes: Sr. J. Monteiro y Sra. M. Balta), que tiene por


title: Asunto T-275/11: Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre de 2013 — TF1/Comisión (Ayudas de Estado — Servicio público de radiodifusión — Ayuda prevista por las autoridades francesas en favor de France Télévisions — Subvención presupuestaria anual — Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior — Artículo 106 TFUE, apartado 2 — Vinculación obligatoria entre la recaudación de un impuesto y una medida de ayuda)

text:
               30.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 352/13

         Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre de 2013 — TF1/Comisión
   (Asunto T-275/11) (1)

   (Ayudas de Estado - Servicio público de radiodifusión - Ayuda prevista por las autoridades francesas en favor de France Télévisions - Subvención presupuestaria anual - Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior - Artículo 106 TFUE, apartado 2 - Vinculación obligatoria entre la recaudación de un impuesto y una medida de ayuda)
   2013/C 352/23
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia) (representantes: inicialmente J.P. Hordies y C. Smits, posteriormente J.P. Hordiez y J. Vogel, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: B. Stromsky y D. Grespan, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: Reino de España (representantes: inicialmente M. Muñoz Pérez, posteriormente S. Centeno Huerta, posteriormente N. Díaz Abad, Abogados del Estado); República Francesa (representantes: inicialmente G. de Bergues y J. Gstalter, posteriormente D. Colas y J. Rossi, agentes); France Télévisions (París, Francia) (representantes: J.P. Gunther y A. Giraud, abogados)

      Objeto

   Anulación de la Decisión 2011/140/UE de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a la ayuda estatal C-27/09 (ex N 34/B/09) — Subvención presupuestaria a France Télévisions que la República Francesa tiene previsto ejecutar en favor de France Télévisions (DO 2011, L 59, p. 44).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a Télévision française 1 (TF1) a cargar con sus propias costas y con las costas en que hayan incurrido la Comisión Europea y France Télévisions.

               3)

               El Reino de España y la República Francesa cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 232, de 6.8.2011.


title: Asunto T-537/13: Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2013 — Roeckl Sporthandschuhe/OAMI — Roeckl Handschuhe & Accessoires (representación de una mano)

text:
               14.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 367/33

         Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2013 — Roeckl Sporthandschuhe/OAMI — Roeckl Handschuhe & Accessoires (representación de una mano)
   (Asunto T-537/13)
   2013/C 367/58
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG (Múnich, Alemania) (representante: O. Baumann, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG (Múnich, Alemania)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 22 de julio de 2013, en la medida en que en ella se estimó parcialmente el recurso de la otra parte en el procedimiento y se denegó el registro para productos de la clase 18: cuero y cuero de imitación, en particular, monederos, billeteras, estuches para llaves, que estén comprendidos en la clase 18 y de la clase 25: prendas de vestir, en particular, guantes, que estén comprendidos en la clase 25.

               —

               Condene a la otra parte a cargar con las costas procesales de la demandante, incluidas las correspondientes a los procedimientos de oposición y recurso, y con sus propias costas.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa que representa una mano, para productos de las clases 18, 25 y 28, solicitud de marca comunitaria no6 961 965

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG

      Marca o signo invocado: La marca figurativa comunitaria y la marca figurativa alemana «Roeckl», que contienen la representación de una mano, para productos de las clases 18 y 25

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación parcial de la resolución de la División de Oposición

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-593/10: Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2010 — El Corte Inglés/OAMI — Ruan (B)

text:
               12.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/20

         Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2010 — El Corte Inglés/OAMI — Ruan (B)
   (Asunto T-593/10)
   2011/C 80/38
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: El Corte Inglés, SA (Madrid, España) (representantes: Sr. J. L. Rivas Zurdo y Sra. E. Seijo Veiguela, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Jian Min Ruan (Mem Martins, Portugal)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               La anulación de la decisión de la Segunda Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de fecha 4 de octubre de 2010, en el asunto R 576/2010-2, declarando que en aplicación del articulo 8.1, b) RMC, el Recurso del oponente ante la OAMI debiera haber sido estimado y revocada la resolución de la División de Oposición de concesión total de la marca comunitaria numero 6.379.721 «B» (MIXTA), y

               —

               la condenación en costas a la parte o partes contrarias que se opongan a este recurso.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Jian Min Ruan.

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa en rojo y blanco conteniendo el vocablo «B» para productos de la clase 25.

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Demandante.

      Marca o signo invocado: Marca figurativa conteniendo el vocablo «B» para productos de la clase 25.

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) dado que existiría riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto T-590/14: Recurso interpuesto el 7 de agosto de 2014 — Zuffa/OAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP

text:
               6.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 351/23

         Recurso interpuesto el 7 de agosto de 2014 — Zuffa/OAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP
   (Asunto T-590/14)
   2014/C 351/29
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Zuffa, LLC (Las Vegas, Estados Unidos) (representantes: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert y C. Balme, Solicitors)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 19 de mayo de 2014 en el asunto R 1425/2013-2.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP» para bienes y servicios de las clases 9, 16, 28 y 41

      Resolución del examinador: Denegación parcial de la solicitud de marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria.


title: Asunto C-133/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Tribunale Ordinario di Torino —Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari—, de fecha 25 de febrero de 2003, en el proceso penal contra Alessandro Nizza y Giacomo Pizzi

text:
C 135/12                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             7.6.2003
       autoridades españolas a la Comisión, se desprende que en             Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
       varios municipios situados en el área del Baix Ter se han            lución del Tribunale Ordinario di Torino —Sezione del
       infringido reiteradas veces los parámetros máximos de                Giudice per le Indagini Preliminari—, de fecha
       nitratos fijados por la Directiva 80/778/CEE, con concen-            25 de febrero de 2003, en el proceso penal contra
       traciones, en algunos casos, extremadamente elevadas.                              Alessandro Nizza y Giacomo Pizzi
( 1) del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos DO                               (Asunto C-133/03)
     L 194 de 25.7.1975, p. 39 EEE: Capítulo 15, Tomo 1, p. 129.
( 2) del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la                                  (2003/C 135/17)
     Directiva 75/442/CEE DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
( 3) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
     las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
     sobre el medio ambiente DO L 175 de 5.7.1985, p. 40 EEE:               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     Capítulo 15, Tomo 6, p. 9.                                             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
( 4) del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la          resolución del Tribunale Ordinario di Torino —Sezione del
     Directiva 85/337/CEE DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.                       Giudice per le Indagini Preliminari—, dictada el 25 de febrero
( 5) del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección      de 2003, en el proceso penal contra Alessandro Nizza y
     de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por          Giacomo Pizzi, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
     determinadas sustancias peligrosas DO L 20 de 26.1.1980, p. 43
                                                                            Justicia el 25 de marzo de 2003. El Tribunale Ordinario di
     EEE: Capítulo 15, Tomo 2, p. 162.
( 6) del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las
                                                                            Torino —Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari—
     aguas destinadas al consumo humano DO L 229 de 30.8.1980,              solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
     p. 11 EEE: Capítulo 15, Tomo 2, p. 174.                                siguientes cuestiones:
                                                                            1)    El artículo 6 de la Directiva 68/151/CEE (1), ¿puede
                                                                                interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados
                                                                                miembros a establecer sanciones apropiadas no sólo en
                                                                                caso de falta de publicidad del balance y de la cuenta de
                                                                                pérdidas y ganancias de las sociedades mercantiles, sino
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                         también en caso de publicación no fiel del mismo, de las
lución del Consiglio di Stato, actuando con carácter                              otras comunicaciones sociales dirigidas a los socios o al
jurisdiccional (Sala Cuarta), de fecha 28 de enero de 2003,                       público, o de cualquier información sobre la situación
en el asunto entre el Ministero della Salute y Codacons                           económica, patrimonial o financiera que la sociedad tenga
y Federconsumatori, con intenvención de Lega delle                                la obligación de proporcionar sobre la propia sociedad o
                            Cooperativa                                           sobre el grupo al que ésta pertenezca?
                         (Asunto C-132/03)                                  2)    En relación con la obligación de los Estados miembros
                                                                                de adoptar «sanciones apropiadas» por las infracciones
                          (2003/C 135/16)                                         previstas en las Directivas Primera y Cuarta (Directivas
                                                                                68/151/CEE y 78/660/CEE ( 2), las propias Directivas y,
                                                                                en particular, lo dispuesto en los artículos 44 CE,
                                                                                apartado 3, letra g), en los artículos 2, apartado 1, letra f),
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                       y 6 de la citada Primera Directiva (68/151/CEE) y en el
                                                                                artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de la citada Cuarta Directiva
resolución del Consiglio di Stato, actuando con carácter
                                                                                (78/660/CEE, tal como fue completada por las Directivas
jurisdiccional (Sala Cuarta), dictada el 28 de enero de 2003, en
el asunto entre el Ministero della Salute y Codacons y                            83/349/CEE (3) y 90/605/CEE ( 4), ¿deben interpretarse (o
                                                                                no) en el sentido de que tales normas se oponen a
Federconsumatori, con intervención de Lega delle Cooperativa,
y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de                     una legislación de un Estado miembro que excluye la
marzo de 2003. El Consiglio di Stato, actuando con carácter                       punibilidad del incumplimiento de las obligaciones de
                                                                                publicidad y de información fiel de la sociedad, que prevé
jurisdiccional (Sala Cuarta), solicita al Tribunal de Justicia que
se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                         un sistema de sanciones que no responde de manera
                                                                                concreta a los criterios de efectividad, proporcionalidad y
                                                                                carácter disuasorio de las sanciones establecidas para
¿Debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2,                        garantizar dicha protección?
letra b), del Reglamento (CE) no 1139/98 (1), en su versión
modificada por el artículo 1 del Reglamento (CE) no 49/                     3)    Las citadas Directivas y, en particular, lo dispuesto en el
2000 (2), también a los alimentos para lactantes y para niños                     artículo 44 CE, apartado 2, letra g), en los artículos 2,
de hasta tres años, y debe indicarse, en el etiquetado de                         apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
tales productos, la contaminación accidental por materiales                       CEE, antes citada) y en el artículo 2, apartados 2, 3 y
procedentes de organismos modificados genéticamente en una                        4, de la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue
proporción no superior al 1 %?                                                    completada por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/
                                                                                CEE), antes citada, ¿deben interpretarse (o no) en el
( 1) DO L 159 de 3.6.1998, p. 4.                                                  sentido de que (tales normas) se oponen a una legislación
( 2) DO L 6 de 11.1.2000, p. 13.                                                  de un Estado miembro que, en relación con los incumpli-
                                                                                mientos de las obligaciones de publicidad y de informa-
                                                                                ción fiel que recaen sobre las sociedades, establecidas para
 ---pagebreak--- 7.6.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 135/13
      proteger los «intereses de socios y terceros», atribuye                   competente (que no está prevista en el ordenamiento
      únicamente a los socios y acreedores la facultad de instar                jurídico austriaco) con arreglo al artículo 9, apartado 1,
      la imposición de la sanción, con la consiguiente exclusión                de la Directiva, cuando contra su decisión sólo quepa
      de una protección generalizada y efectiva de los terceros?                interponer recursos ante los órganos jurisdiccionales
                                                                                superiores de Derecho público con las limitaciones que a
4)    Las citadas Directivas y, en particular, lo dispuesto en el               continuación se especifican: dichos recursos no tienen,
      artículo 44 CE, apartado 2, letra g), en los artículos 2,                 en principio, efectos suspensivos; los órganos jurisdiccio-
      apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/                nales superiores no pueden adoptar una decisión basada
      CEE, antes citada) y en el artículo 2, apartados 2, 3 y                   en el principio de oportunidad y tan sólo pueden
      4, de la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue                       anular la resolución impugnada, y uno de los órganos
      completada por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/                        jurisdiccionales (el Verwaltungsgerichtshof) debe limitar
      CEE), antes citada, ¿deben interpretarse (o no) en el                     su control, en relación con la apreciación de los hechos,
      sentido de que (tales normas) se oponen a una legislación                 al examen su coherencia interna, mientras que el otro
      de un Estado miembro que, en relación con los incumpli-                   órgano jurisdiccional (el Verfassungsgerichtshof) debe
      mientos de las obligaciones de publicidad y de informa-                   limitarlo, además, al examen de la violación de derechos
      ción fiel que recaen sobre las sociedades, establecidas para              constitucionalmente garantizados?
      proteger los «intereses de socios y terceros», establece
      mecanismos de persecución de las infracciones y sistemas            2)    Las garantías de tutela judicial establecidas en los ar-
      de sanciones especialmente diferenciados, reservando la                   tículos 8 y 9 de la Directiva citada en la primera cuestión,
      punibilidad a instancia de parte y la imposición de                       ¿son aplicables a los nacionales turcos cuya situación
      sanciones más graves y efectivas exclusivamente para las                  jurídica está regulada por los artículos 6 o 7 de la Decisión
      infracciones que perjudiquen a los socios y acreedores?                   del Consejo de Asociación —constituido mediante el
                                                                                Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica
                                                                                Europea y Turquía— no 1/80, de 19 de septiembre de
( 1) DO L 65 de 14.3.1968, p. 8; EE 17/01, p. 3.                                1980, relativa al desarrollo de la Asociación?
( 2) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11; EE 17/01, p. 55.
( 3) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1; EE 17/01, p. 119.
( 4) DO L 317 de 16.11.1990, p. 60.                                       (1 ) DO L 56 de 4.4.1964, p. 850; EE 05/01, p. 36.
                                                                          Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2003 contra la
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                 Comisión de las Comunidades Europeas por la República
lución del Verwaltungsgerichtshof, de fecha 18 de marzo                                                 Italiana
de 2003, en los recursos interpuestos por Georg Dörr y
                           Ibrahim Ünal                                                          (Asunto C-138/03)
                       (Asunto C-136/03)                                                           (2003/C 135/19)
                         (2003/C 135/18)
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 27 de marzo de 2003 un recurso contra la
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                 Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por la
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante               República Italiana, representada por el Profesor Umberto
resolución del Verwaltungsgerichtshof, dictada el 18 de marzo             Leanza, en calidad de agente, asistido por los avvocati dello
de 2003, en los recursos interpuestos por Georg Dörr y                    Stato Sres. Ivo Maria Braguglia y Antonio Cingolo.
Ibrahim Ünal, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia
el 26 de marzo de 2003. El Verwaltungsgerichtshof solicita al             La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
cuestiones:                                                               —     Anule la nota no 100629, de 20 de enero de 2003
                                                                                (anexo 19), recibida el 21 de enero de 2003, en la que la
1)    Los artículos 8 y 9 de la Directiva 64/221/CEE del                        Comisión Europea, Dirección General de Política Regional
      Consejo, de 25 de febrero de 1964 (1), para la coordina-                  — Intervenciones regionales en Francia, Grecia e Italia,
      ción de las medidas especiales para los extranjeros en                    comunicó su decisión de deducir una parte de las
      materia de desplazamiento y de residencia, justificadas                   cantidades solicitadas para los regímenes de ayudas en
      por razones de orden público, seguridad y salud pública                   el marco del programa operativo «Ricerca, Sviluppo
      (en lo sucesivo, «Directiva»), ¿deben interpretarse en el                 Tecnologico e Alta Formazione 2000-2006» («Investiga-
      sentido de que, salvo en caso de urgencia, las autoridades                ción, Desarrollo Tecnológico y Formación Avanzada
      administrativas no pueden adoptar —con independencia                      2000-2006»); la nota no 102627, de 3 de marzo de 2003
      de la existencia de un procedimiento de recurso interno a                 (anexo 21), en la que se calculó el importe de la deducción
      la propia autoridad— la decisión de expulsión del territo-                antes mencionada, y todos los actos previos y conexos a
      rio sin recabar previamente el dictamen de una autoridad                  las mismas.


title: Asunto T-119/16: Auto del Tribunal General de 26 de enero de 2017 — Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión RHYTHMVIEW — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter distintivo — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»]

text:
               13.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/31

         Auto del Tribunal General de 26 de enero de 2017 — Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW)
   (Asunto T-119/16) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca denominativa de la Unión RHYTHMVIEW - Motivos de denegación absolutos - Falta de carácter distintivo - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»])
   (2017/C 078/43)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Topera, Inc. (Abbott Park, Illinois, Estados Unidos) (representante: H. Sheraton, Solicitor)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: H. O’Neill, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de enero de 2016 (asunto R 1368/2015-4) relativa a un procedimiento de registro del signo denominativo RHYTHMVIEW como marca de la Unión Europea.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Topera, Inc.

      (1)  DO C 200 de 6.6.2016.


title: Asunto T-314/08: Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2008 — Euromar di Ganesio Pietro/Comisión

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/34

         Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2008 — Euromar di Ganesio Pietro/Comisión
   (Asunto T-314/08)
   (2008/C 272/62)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Euromar di Ganesio Pietro & C. Snc (Aci Castello, Italia) (representantes: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento (CE) no 530/2008 de la Comisión, de 12 de junio de 2008, publicado en el DO L 155 de 13 de junio de 2008.

               —

               Que se condene a la demandada al pago de todos los gastos, costas y honorarios del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son similares a los invocados en el asunto T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc/Comisión.


title: Asunto C-295/09: Recurso interpuesto el 28 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               24.10.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/10

         Recurso interpuesto el 28 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-295/09)
   2009/C 256/18
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Braun y E. Adsera Ribera, agentes)

      Demandada: Reino de España

      Pretensiones

               —

               Que se declare que, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la Directiva 2006/43/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoria legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la directiva 2006/43/CE finalizó el 28 de junio de 2008.

      (1)  DO L 157, p. 87


title: Asunto F-63/13: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 2 de julio de 2014  — Psarras/ENISA [Función pública — Agente temporal — Rescisión de contrato — Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a ser oído — Perjuicio moral — Resolución consecuentemente ilegal — Perjuicio excesivo de los derechos de tercero — Condena a indemnizar de oficio — Inejecución de una sentencia de anulación]

text:
               6.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 351/30

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 2 de julio de 2014 — Psarras/ENISA
   (Asunto F-63/13) (1)

   ([Función pública - Agente temporal - Rescisión de contrato - Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Derecho a ser oído - Perjuicio moral - Resolución consecuentemente ilegal - Perjuicio excesivo de los derechos de tercero - Condena a indemnizar de oficio - Inejecución de una sentencia de anulación])
   2014/C 351/39
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Aristidis Psarras (Heraclión, Grecia) (representante: V. Christianos, abogado)

      Demandada: Agencia de la Unión Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (representantes: inicialmente P. Empadinhas en calidad de agente, posteriormente S. Purser en calidad de agente, asistido por C. Meidanis, abogado)

      Objeto

   Pretensión de anulación, por una parte, de la resolución de separación del servicio del demandante, por otra parte, de la resolución, adoptada tras la sentencia del TFP en el asunto F-118/10, de nombrar a otro agente en el puesto de contable y, por último, la indemnización del perjuicio moral sufrido.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de 4 de septiembre de 2012 del Director Ejecutivo de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad de las Redes y de la Información por la que se rescinde el contrato de agente temporal del Sr. Psarras.

               2)

               Condenar a la Agencia de la Unión Europea de Seguridad de las Redes y de la Información a pagar al Sr. Psarras el importe de 40  000 euros.

               3)

               Desestimar el recurso en lo demás.

               4)

               La Agencia de la Unión Europea de Seguridad de las Redes y de la Información cargará con sus propias costas y con las soportadas por el Sr. Psarras.

      (1)  DO C 336, de 16.11.2013, p. 31.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2004 enel asunto T-320/02, Monika Esch-Leonhardt y otros contra Banco Central Europeo(«Funcionario — Expedientepersonal — Escrito referente a la difusión de informaciones sindicales a travésdel correo electrónico — Negativa a retirar de los expedientes personalesde los demandantes»)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/61

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
   de 18 de febrero de 2004
   en el asunto T-320/02, Monika Esch-Leonhardt y otros contra Banco Central Europeo (1)

   («Funcionario - Expediente personal - Escrito referente a la difusión de informaciones sindicales a través del correo electrónico - Negativa a retirar de los expedientes personales de los demandantes»)
   (2004/C 106/122)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-320/02, Monika Esch-Leonhardt, Tillmann Frommhold y Emmanuel Larue, miembros del personal del Banco Central Europeo, con domicilio en Frankfurt amMain (Alemania) y Karben (Alemania), respectivamente, representados por el Sr. B. Karthaus, abogado, que designan domicilio en Luxemburgo, contra Banco Central Europeo (agentes: Sres. T. Gilliams, G. Gruber y B. Wägenbaur), que tiene por objeto, por un lado, un recurso de anulación de la decisión de incluir en el expediente personal de los demandantes un escrito referente a su utilización del sistema de correo electrónico interno para difundir informaciones sindicales así como, por otro lado, una pretensión de indemnización por daños y perjuicios, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 18 de febrero de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada una de las partes cargará con sus propias costas, incluidas las efectuadas en el procedimiento sobre medidas provisionales T320/02 R.

      (1)  DO C 323, de 21.12.02.


title: Asunto C-72/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, de fecha 29 de febrero de 2000, en el procedimiento de recurso en el que son partes Neubau Gesellschaft mbH, Wiesinger-Hohensinner OEG, Grundvekehrsbeauftragter des Landes Salzburg, Grundverkehrslandeskommission des Landes Salzburg

text:
C 135/6               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    13.5.2000
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-           Recurso de casación interpuesto el 2 de marzo de 2000
lución del Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, de                 por Falck SpA contra la sentencia dictada el 16 de diciem-
fecha 29 de febrero de 2000, en el procedimiento de                    bre de 1999 por la Sala Quinta ampliada del Tribunal de
recurso en el que son partes Neubau Gesellschaft mbH,                  Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
Wiesinger-Hohensinner OEG, Grundvekehrsbeauftragter                    asunto T-158/96, promovido contra la Comisión de las
des Landes Salzburg, Grundverkehrslandeskommission                     Comunidades Europeas por Acciaierie di Bolzano SpA,
                     des Landes Salzburg                               con la intervención como coadyuvantes de la República
                       (Asunto C-72/00)                                                      Italiana y de Falck SpA
                        (2000/C 135/10)                                                        (Asunto C-74/00 P)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                                        (2000/C 135/12)
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, dic-           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
tada el 29 de febrero de 2000, en el procedimiento de recurso          presentado el 2 de marzo de 2000 un recurso de casación
en el que son partes Neubau Gesellschaft mbH, Wiesinger-               formulado por Falck SpA, asistida y representada por los
Hohensinner OEG, Grundvekehrsbeauftragter des Landes Salz-             Abogados Sres. Giulio Macrı̀, Massimo Condinanzi y Franco
burg, Grundverkehrslandeskommission des Landes Salzburg y              Colussi, que designa como domicilio en Luxemburgo el
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 2 de marzo      despacho de este último, 36, rue de Wiltz, contra la sentencia
de 2000. El Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg solicita            dictada el 16 de diciembre de 1999 por la Sala Quinta
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente            ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
cuestión:                                                             Europeas en el asunto T-158/96, promovido contra la Comi-
¿Las disposiciones de los artı́culos 56 y ss. del Tratado CE           sión de las Comunidades Europeas por Acciaierie di Bolzano
deben interpretarse en el sentido de que son contrarias a              SpA, con la intervención como coadyuvantes de la República
la aplicación de los artı́culos 12 a 14 de la Salzburger              Italiana y de Falck SpA.
Grundverkehrgesetz 1997 (Ley de Transmisión de Bienes
Inmuebles de Salzburgo) en la versión publicada en el LGBl            La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
no 11/1999, según la cual quien desee adquirir una parcela            Comunidades Europeas que:
edificable en el Bundesland de Salzburgo debe someter dicha
adquisición inmobiliaria a un procedimiento de notificación y        1. Anule la sentencia dictada el 16 de diciembre de 1999 por
aprobación, y de que con ello se vulnera en el presente                    el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
caso alguna de las libertades fundamentales del adquirente
                                                                            Europeas en el asunto T-158/96, promovido contra la
garantizadas por la legislación de la Unión Europea?
                                                                            Comisión de las Comunidades Europeas por Acciaierie di
                                                                            Bolzano SpA, con la intervención como coadyuvantes de
                                                                            la República Italiana y de Falck SpA.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, de
fecha 29 de febrero de 2000, en el procedimiento de                    2. En consecuencia, anule la Decisión 96/617/CECA de la
recurso en el que son partes Hans Oppitz, Alcalde de                        Comisión de 17 de julio de 1996(1).
la Landeshauptstadt Salzburg, Grundvekehrsbeauftragter
                     des Landes Salzburg                               Con carácter subsidiario:
                       (Asunto C-73/00)
                                                                       3. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que
                        (2000/C 135/11)                                     el estado del litigio no le permite resolverlo definitiva-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   mente, anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante               de 16 de diciembre de 1999 y devuelva el asunto a otra
resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, dic-                Sala de dicho Tribunal, precisando las cuestiones de
tada el 29 de febrero de 2000, en el procedimiento de                       derecho dirimidas al acoger los motivos del recurso.
recurso en el que son partes Hans Oppitz, Alcalde de
la Landeshauptstadt Salzburg, Grundvekehrsbeauftragter des             En todo caso:
Landes Salzburg y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
Justicia el 2 de marzo de 2000. El Unabhängiger Verwal-                4. Adopte cualquier otra resolución lógicamente derivada de
tungssenat Salzburg solicita al Tribunal de Justicia que se                 las anteriores o que estime oportuna o justa.
pronuncie sobre la siguiente cuestión:
¿Las disposiciones de los artı́culos 56 y ss. del Tratado CE           5. Condene en costas a la Comisión
deben interpretarse en el sentido de que son contrarias a la
aplicación de los artı́culos 12, 36 y 43 de la Salzburger
Grundverkehrgesetz 1997 (Ley de Transmisión de Bienes                 Motivos y principales alegaciones
Inmuebles de Salzburgo) en la versión publicada en el LGBl
no 11/1999, según la cual quien desee adquirir una parcela
edificable en el Bundesland de Salzburgo debe someter dicha            Procede anular la sentencia impugnada por los siguientes
adquisición inmobiliaria a un procedimiento de notificación y        motivos:
aprobación, y de que con ello se vulnera en el presente
caso alguna de las libertades fundamentales del adquirente             — Falta de reconocimiento de la violación de los derechos de
garantizadas por la legislación de la Unión Europea?                      la defensa en el procedimiento administrativo y naturaleza
                                                                            contradictoria de la decisión a este respecto.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de abril de 2002 en el asunto C-62/01 P: Anna Maria Campogrande contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de casación — Funcionarios — Acoso sexual — Deber de asistencia de la Comisión — Responsabilidad")

text:
29.6.2002               ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 156/1
                                                                         I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                 TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                            TRIBUNAL DE JUSTICIA
      DICTAMEN 1/00 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                      de 18 de abril de 2002
(«Dictamen emitido con arreglo al artı́culo 300 CE, apar-                                                 (Sala Tercera)
tado 6 — Proyecto de Acuerdo referente a la creación del
Espacio Europeo Aéreo Común entre la Comunidad Europea                                             de 23 de abril de 2002
                         y paı́ses terceros»)
                          (2002/C 156/01)                                    en el asunto C-62/01 P: Anna Maria Campogrande contra
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas (1)
Mediante solicitud presentada el 13 de octubre de 2000(1) con
                                                                             («Recurso de casación — Funcionarios — Acoso sexual —
arreglo al artı́culo 300 CE, apartado 6, la Comisión de las
                                                                                Deber de asistencia de la Comisión — Responsabilidad»)
Comunidades Europeas ha recabado el dictamen del Tribunal
de Justicia sobre la compatibilidad con las disposiciones del
Tratado CE de un proyecto de Acuerdo referente a la creación                                           (2002/C 156/02)
del Espacio Europeo Aéreo Común (en lo sucesivo, «Acuerdo
EEAC») que concluirán la República de Bulgaria, la República
Checa, la República de Estonia, la Comunidad Europea, la                                       (Lengua de procedimiento: francés)
República de Hungrı́a, la República de Islandia, la República
de Letonia, la República de Lituania, el Reino de Noruega, la
República de Polonia, Rumania, la República Eslovaca y la                  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
República de Eslovenia (en lo sucesivo, «partes contratantes»),                   «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
y en particular del sistema de vigilancia jurı́dica previsto en el
mismo.
El Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. M. G. C. Rodrı́guez            En el asunto C-62/01 P, Anna Maria Campogrande, funcionaria
Iglesias, Presidente, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et          de la Comisión de las Comunidades Europeas, domiciliada en
M. S. von Bahr, Presidentes de Sala, MM. C. Gulmann,                         Bruselas (Bélgica), representada por Me A. Krywin, avocat, que
D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen,                tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la
V. Skouris, J. N. Cunha Rodriguez y C. W. A. Timmermans, Jueces,             sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
oı́dos los Sres. S. Alber, Primer Abogado General, F. G. Jacobs,             Europeas (Sala Cuarta) de 5 de diciembre de 2000, Campo-
P. Léger, D. Ruiz-Jarabo Colomer, J. Mischo, A. Tizzano, L. A. Geel-         grande/Comisión (T-136/98, RecFP pp. I-A-267 y II-1225),
hoed et Mme C. Stix-Hackl, Abogados Generales, emite el siguiente            por el que se solicita que se anule parcialmente dicha sentencia,
dictamen: El sistema de vigilancia jurı́dica que el Acuerdo referente a      se reconozca la existencia de un acto de acoso sexual y se
la creación del Espacio Europeo Aéreo Común pretende establecer            condene a la Comisión de las Comunidades Europeas a
mediante sus artı́culos 17, 23 y 27 y su Protocolo IV es compatible          indemnizarle el perjuicio moral que resulta de dicho comporta-
con el Tratado CE.                                                           miento culpable, y en el que la otra parte en el procedimiento
                                                                             es: Comisión de las Comunidades Europeas (agente:
                                                                             Sra. C. Berardis-Kayser, asistida por Me D. Waelbroeck, avocat),
(1) DO C 355 de 9.12.2000.                                                   el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por la Sra.
                                                                             F. Macken, Presidenta de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet
                                                                             (Ponente) y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:
                                                                             Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 23 de abril
                                                                             de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- C 156/2                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          29.6.2002
1)    Desestimar el recurso de casación.                                  3)    La República Federal de Alemania cargará con sus propias
                                                                                costas.
2)    Condenar a la Sra. Campogrande a cargar con las costas del
      recurso de casación.
                                                                           (1) DO C 355 de 9.12.2000.
(1) DO C 134 de 5.5.2001.
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Segunda)
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 30 de enero de 2002
                             (Sala Quinta)
                                                                           en el asunto C-151/01 P: La Conqueste SCEA contra
                      de 25 de abril de 2002                                         Comisión de las Comunidades Europeas (1)
en el asunto C-323/00 P: DSG Dradenauer Stahlgesell-                       («Protección comunitaria de las indicaciones geográficas
schaft mbH contra Comisión de las Comunidades Euro-                       — Reglamento (CE) nº 1338/2000 — Registro de la
                                peas (1)                                   denominación “canard à foie gras du Sud-Ouest” — Inadmi-
                                                                           sibilidad del recurso de anulación — Recurso de casación
                                                                                manifiestamente infundado»)
(«Recurso de casación — CECA — Ayudas de Estado a
                      empresas siderúrgicas»)
                                                                                (2002/C 156/04)
                           (2002/C 156/03)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           En el asunto C-151/01 P, La Conqueste SCEA, con domicilio
                                                                           social en Morlaas (Francia), representada por Mes A. Lyon-
En el asunto C-323/00 P, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft                  Caen, F. Fabiani y F. Thiriez, avocats, que tiene por objeto un
mbH, representada por los Sres. U. Theune y M. Luther, que                 recurso de casación interpuesto contra el auto dictado por el
tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la             Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las              (Sala Quinta) el 30 de enero de 2001, en el asunto La
Comunidades Europeas (Sala Quinta ampliada) el 29 de junio                 Conqueste/Comisión (T-215/00, Rec. p. II-181), por el que se
de 2000, en el asunto DSG/Comisión (T-234/95, Rec. p. II-                 solicita que se anule dicho auto, y en el que la otra parte en el
2603), por el que se solicita que se anule dicha sentencia, y en           procedimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas
el que las otras partes en el procedimiento son: Comisión de              (agentes: Sra. A.-M. Rouchaud y Sr. X. Lewis), el Tribunal de
las Comunidades Europeas (agente: Sr. K.-D. Borchardt, asistido            Justicia (Sala Segunda), integrado por la Sra. N. Colneric,
por el profesor M. Hilf), República Federal de Alemania (agente:          Presidenta de Sala, y los Sres. R. Schintgen (Ponente) y
Sr. W.-D. Plessing, asistido por los Ser S. W. Kirchhoff y                 V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo
M. Schütte) y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,            Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 30 de enero de
el Tribunal de Justcia (Sala Quinta), integrado por los Sres.              2002 un auto cuyo fallo es el siguiente:
P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, D.A.O. Edward, M. Wa-
thelet, C.W.A. Timmermans y A. Rosas, Jueces; Abogado
                                                                           1)    Desestimar el recurso de casación.
General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass,
ha dictado el 25 de abril de 2002 un auto resolviendo lo
siguiente:                                                                 2)    Condenar en costas a La Conqueste SCEA.
1)    Desestimar el recurso de casación.                                  (1) DO C 173 de 16.6.2001.
2)    Condenar a DSG Stahlwerke mbH al pago de las costas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 7 de julio de 2005, en el asunto C-227/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te Amsterdam): A.J. van Pommeren-Bourgondiën contra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank («Seguridad social — Reglamento (CEE) n° 1408/71 — Ámbito de aplicación — Pensión de invalidez — Conservación del derecho a las prestaciones después de un traslado de residencia a otro Estado miembro»)

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/2

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 7 de julio de 2005
   en el asunto C-227/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te Amsterdam): A.J. van Pommeren-Bourgondiën contra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (1)

   («Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Ámbito de aplicación - Pensión de invalidez - Conservación del derecho a las prestaciones después de un traslado de residencia a otro Estado miembro»)
   (2005/C 229/04)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-227/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Rechtbank te Amsterdam (Países Bajos), mediante resolución de 21 de mayo de 2003, registrada en el Tribunal de Justicia el 26 de mayo de 2003, en el procedimiento entre A.J. van Pommeren-Bourgondiën y Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet (Ponente), S. von Bahr, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 7 de julio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El artículo 39 CE se opone a la legislación de un Estado miembro según la cual una persona que ha dejado de trabajar en su territorio sólo conserva la afiliación obligatoria a determinadas ramas de la seguridad social si mantiene su residencia en ese Estado, mientras que dicha persona, en virtud de la legislación de dicho Estado miembro, sigue afiliada con carácter obligatorio a otras ramas de la seguridad social, aunque resida en otro Estado miembro, cuando las condiciones de la afiliación voluntaria, para las ramas en las que ha cesado la afiliación obligatoria, son más desfavorables que las de la afiliación obligatoria.

      (1)  DO C 171, de 19.7.2003.


title: Asuntos acumulados T-515/14 P y T-516/14 P: Sentencia del Tribunal General de 12 de noviembre de 2015 — Alexandrou/Comisión [«Recurso de casación — Función pública — Selección — Convocatoria de oposición EPSO/AD/231/12 — Inadmisión a las pruebas de evaluación — Obligación de motivación — Acceso a los documentos — Denegación de la solicitud de acceso a las preguntas de respuesta múltiple formuladas en los test de acceso — Secreto de las actuaciones del tribunal calificador — Reglamento (CE) n° 1049/2001 — Ámbito de competencia del Tribunal de la Función Pública — Artículo 270 TFUE — Concepto de acto lesivo — Artículo 90, apartado 2, del Estatuto»]

text:
               11.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/25

         Sentencia del Tribunal General de 12 de noviembre de 2015 — Alexandrou/Comisión
   (Asuntos acumulados T-515/14 P y T-516/14 P) (1)

   ([«Recurso de casación - Función pública - Selección - Convocatoria de oposición EPSO/AD/231/12 - Inadmisión a las pruebas de evaluación - Obligación de motivación - Acceso a los documentos - Denegación de la solicitud de acceso a las preguntas de respuesta múltiple formuladas en los test de acceso - Secreto de las actuaciones del tribunal calificador - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Ámbito de competencia del Tribunal de la Función Pública - Artículo 270 TFUE - Concepto de acto lesivo - Artículo 90, apartado 2, del Estatuto»])
   (2016/C 007/34)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Christodoulos Alexandrou (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: R. Duta, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y G. Gattinara, agentes)

      Objeto

   Dos recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera) de 14 de mayo de 2014, Alexandrou/Comisión (F-34/13, RecFP, EU:F:2014:93 y F-140/12, RecFP, EU:F:2014:94), mediante los que se solicita la anulación de dichas sentencias.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación en el asunto T-516/14 P.

               2)

               En el asunto T-515/14 P anular parcialmente la sentencia del Tribunal de la Función Pública, de 14 de mayo de 2014, Alexandrou/Comisión (F-34/13), debido a que:

                           —

                           no se dio respuesta al primer motivo en la medida en que se basaba en la falta de motivación en lo que concierne a la existencia de circunstancias particulares que podrían haber justificado el acceso del Sr. Christodoulos Alexandrou a las cuestiones controvertidas;

                           —

                           se desestimó el cuarto motivo.

               3)

               Desestimar el recurso de casación en el asunto T-515/14 P en todo lo demás.

               4)

               Desestimar el recurso del asunto F-34/13, en la medida en que se basa, por un lado, en la motivación insuficiente de las resoluciones impugnadas en lo que concierne a la alegación por el Sr. Alexandrou de circunstancias particulares que justificaban su acceso a las cuestiones controvertidas y, por otro lado, en la vulneración del derecho a un juicio justo y a un recurso efectivo.

               5)

               En el asunto T-516/14 P, cada parte cargará con sus propias costas.

               6)

               En el asunto T-515/14 P, cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 292, de 1.9.2014.


title: Asunto C-246/03: Recurso interpuesto el 6 de junio de 2003 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 184/24                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                            2.8.2003
En aplicación del artículo 6, apartado 3, del Protocolo, las                Recurso interpuesto el 6 de junio de 2003 contra la
descargas en la laguna de las sustancias previstas en el                    República Helénica por la Comisión de las Comunidades
artículo 6, apartado 1, están sujetas a dos requisitos acumula-                                            Europeas
tivos: por un lado, debe existir una autorización de descarga
expedida por las autoridades nacionales competentes y, por otro                                      (Asunto C-246/03)
lado, esta autorización debe tener debidamente en cuenta todas
las disposiciones pertinentes del anexo III del Protocolo. La                                          (2003/C 184/43)
República Francesa no ha cumplido ninguno de estos dos
requisitos.
                                                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                            presentado el 6 de junio de 2003 un recurso contra la
(1) DO L 67 de 12.3.1983, p. 3; EE 15/04, p. 115.                           República Helénica formulado por la Comisión de las Comu-
(2) Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la conta-       nidades Europeas, representada por el Sr. Minas Konstantinidis,
    minación (Convenio de Barcelona), DO L 240 de 19.9.1977, p. 3;
    EE 15/02, p. 5.
                                                                            miembro de su Servicio Jurídico.
(3) Decisión del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la
    celebración del Convenio para la protección del mar Mediterráneo        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
    contra la contaminación, así como del Protocolo sobre la preven-
    ción de la contaminación del mar Mediterráneo causada por               —     Declare que, al no adoptar y, en todo caso, al no notificar
    vertidos desde buques y aeronaves (DO L 240, de 19.9.1977, p. 1;              a la Comisión las disposiciones legales, reglamentarias y
    EE 15/02, p. 3).                                                              administrativas necesarias para atenerse a la Directiva
(4) Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 1983, relativa a la                 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
    celebración del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo            18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final
    contra la contaminación de origen terrestre (DO L 67 de 12.3.1983,            de su vida útil (1), la República Helénica ha incumplido las
    p. 1; EE 15/04, p. 1).                                                        obligaciones que le incumben en virtud de dicha Direc-
                                                                                tiva.
                                                                            —     Condene en costas a la República Helénica.
                                                                            Motivos y principales alegaciones
                                                                            Con arreglo al artículo 249 CE, párrafo tercero, la Directiva
Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolu-                 obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado
ción de la Cour Administrative (Gran Ducado de Luxem-                       que deba conseguirse.
burgo), de fecha 3 de junio de 2003, en el asunto entre
Ministro de Hacienda y Jean-Claude Weidert y Elisabeth                      Según el artículo 10 CE, párrafo primero, los Estados miem-
                                Paulus                                      bros adoptarán todas las medidas generales o particulares
                                                                            apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
                         (Asunto C-242/03)                                  derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las
                                                                            instituciones de la Comunidad.
                           (2003/C 184/42)                                  La República Helénica no niega que debe adoptar algunas
                                                                            medidas para atenerse a la Directiva mencionada.
                                                                            La Comisión señala que hasta el momento la República Helé-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido              nica no ha adoptado las medidas apropiadas para adaptar
sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolu-              completamente el ordenamiento jurídico griego a la Directiva.
ción de la Cour Administrative (Gran Ducado de Luxemburgo),
dictada el 3 de junio de 2003, en el asunto entre Ministro de
Hacienda y Jean-Claude Weidert y Elisabeth Paulus, y recibida               (1) DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de junio de 2003.
La Cour Administrative (Gran Ducado de Luxemburgo) solicita
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
cuestión:
                                                                            Recurso interpuesto el 6 de junio de 2003 contra la
«¿El artículo 129 C de la Ley de 4 de diciembre de 1967 del                 República Helénica por la Comisión de las Comunidades
impuesto sobre la renta, en su versión aplicable al ejercicio                                              Europeas
fiscal 2000, que concede, con determinados requisitos y
límites, una deducción fiscal a los contribuyentes que sean                                          (Asunto C-247/03)
personas físicas y adquieran acciones o participaciones sociales
representativas de aportaciones en metálico en sociedades de                                           (2003/C 184/44)
capital residentes, plenamente sujetas a tributación, es compa-
tible con el principio de libre circulación de capitales dentro de
la Comunidad Europea establecido en el artículo 56 CE,                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
apartado 1, habida cuenta de las restricciones a este principio             presentado el 6 de junio de 2003 un recurso contra la
introducidas en particular por el artículo 58 CE, apartado 1,               República Helénica formulado por la Comisión de las Comu-
letra a)?»                                                                  nidades Europeas, representada por los Sres. Michel van Beek,
                                                                            Consejero Jurídico, y Minas Konstantinidis, miembro del
                                                                            Servicio Jurídico.


title: Asunto T-560/08 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de diciembre de 2008 contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 14 de octubre de 2008 en el asunto F-74/07, Meierhofer/Comisión

text:
               7.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/36

         Recurso de casación interpuesto el 19 de diciembre de 2008 contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 14 de octubre de 2008 en el asunto F-74/07, Meierhofer/Comisión
   (Asunto T-560/08 P)
   (2009/C 55/66)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y B. Eggers)

      Otra parte en el procedimiento: S. Meierhofer (Múnich, Alemania)
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 14 de octubre de 2008, Meierhofer/Comisión (asunto F-74/07).

               —

               Que cada parte cargue con sus propias costas.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso de casación se ha interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 14 de octubre de 2008, Meierhofer/Comisión (F-74/07), por la que dicho Tribunal anuló, por incumplimiento de la obligación de motivación, la decisión adoptada el 19 de junio de 2007 por el tribunal calificador de la oposición EPSO/AD/26/05.
   Mediante dicha decisión se denegaba la petición presentada por el candidato al objeto de que se reexaminara la decisión del tribunal calificador por la que se declaraba que no había superado la prueba oral de la oposición. En esta prueba, el resultado obtenido por el candidato era inferior en medio punto a la puntuación mínima requerida. De conformidad con la convocatoria de la oposición, la prueba oral recibió una nota global única.
   El recurso de casación versa sobre los requisitos de la obligación de motivación que incumbe al tribunal calificador y sobre los criterios que rigen el control del juez comunitario. En particular, el recurrente censura la conclusión, alcanzada por el Tribunal de la Función Pública, de que en «determinadas circunstancias», como, por ejemplo, cuando la nota se queda muy cerca del mínimo requerido, no basta para satisfacer la obligación de motivación con la simple comunicación al candidato excluido de la puntuación eliminatoria obtenida en la prueba oral.
   En apoyo de su recurso, el recurrente alega que esta conclusión conduce a inseguridad jurídica por cuanto:

               —

               En primer lugar, la obligación de motivación, conforme a reiterada jurisprudencia, debe ponerse en relación con la necesidad de garantizar el secreto de las actuaciones del tribunal calificador, impuesta por el artículo 6 del anexo III del Estatuto de los Funcionarios, que prohíbe que se divulguen las opiniones emitidas por los diferentes miembros de dicho tribunal y que se proporcionen detalles sobre la valoración del candidato bien individualmente considerado, bien en comparación con otros candidatos.

               —

               En segundo lugar, es también errónea la comparación efectuada por el Tribunal de la Función Pública con casos de acceso a documentos, dado que el artículo 6 del anexo III del Estatuto de los Funcionarios no prevé excepciones ni ninguna ponderación de intereses.

               —

               En tercer lugar, el Tribunal de la Función Pública ha hecho caso omiso de la jurisprudencia conforme a la cual la obligación de motivación debe ser proporcional a la medida de que se trate, al tiempo que el juez comunitario tan sólo puede ejercer su control sobre la legalidad de dicha medida. Puesto que, por definición, le es imposible controlar a posteriori una prueba oral, el juez comunitario se ha limitado hasta ahora en lo esencial a controlar la observancia de las disposiciones de procedimiento y de la convocatoria de la oposición.

         La sentencia crea también inseguridad jurídica en la distinción entre distintos tipos de medidas procesales relativas al requerimiento a un órgano para que presente documentos confidenciales y a las circunstancias en que puede utilizarse contra el interesado la denegación de dicha presentación (diligencias de ordenación del procedimiento y diligencias de prueba). Además, en el presente caso, el Tribunal de la Función Pública ha interpretado erróneamente la postura de la Comisión, en la medida en que ésta no denegó en absoluto tal presentación. La Comisión aclaró que no podía facilitar los documentos correspondientes en respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento adoptada por el Tribunal de la Función Pública, sino que esperaba a que la Sala adoptara una diligencia de prueba.


title: Asunto C-363/09: Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/48

         Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-363/09)
   2009/C 267/80
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: L. Parpala y F. Jimeno Fernández, agentes)

      Demandada: Reino de España

      Pretensiones

               —

               Que se declare que al mantener en vigor el artículo 38 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de sanidad vegetal, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 13 de la Directiva 91/414/CEE (1)

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

      Motivos y principales alegaciones

   La Directiva 91/414/CEE obedece a la necesidad de armonizar las disposiciones nacionales relativas a la comercialización de productos fitosanitarios. Con tal fin establece normas uniformes sobre las condiciones y procedimientos para la autorización de tales productos.
   El artículo 13 de dicha Directiva determina la normativa relativa, por un lado, a los datos que deben ser suministrados por aquéllos que soliciten la autorización de un determinado producto fitosanitario y, por otro lado, al uso y protección de tales datos, garantizando, salvo concretas excepciones, la confidencialidad de los mismos.
   La Directiva constituye una armonización completa y, en consecuencia, un Estado miembro no puede adoptar una legislación a nivel nacional que obligue a los operadores económicos a compartir los datos suministrados por un primer solicitante de una autorización, salvo en las condiciones establecidas en el apartado 7 del artículo 13.
   A pesar de ello, el artículo 38 de la Ley 43/2002 permite el acceso a datos derivados de estudios y experimentos fuera de los casos expresamente previstos en la Directiva.
   La Comisión considera que dado que el Estado español no tenía margen de discrecionalidad alguno para la transposición al Derecho nacional del artículo 13 de la Directiva 91/414/CEE y que no inició procedimiento alguno para obtener la nulidad de dicho precepto, la introducción de una derogación del régimen de acceso a los datos obrantes en los expedientes de autorización de productos sanitarios, cuando dicha derogación no está prevista en la referida Directiva, constituye una violación del derecho comunitario.

      (1)  Del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de los productos fitosanitarios.
   DO L 230, p. 1


title: Asunto C-672/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 27 de abril de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Perpignan — Francia) — Proceso penal contra Noria Distribution SARL (Procedimiento prejudicial — Directiva 2002/46/CE — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios — Vitaminas y minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios — Cantidades máximas — Competencia de los Estados miembros — Normativa nacional que fija estas cantidades — Reconocimiento mutuo — Inexistencia — Procedimientos que han de seguirse y elementos que deben tenerse en cuenta para fijar estas cantidades)

text:
               26.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 202/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 27 de abril de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Perpignan — Francia) — Proceso penal contra Noria Distribution SARL
   (Asunto C-672/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Directiva 2002/46/CE - Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios - Vitaminas y minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios - Cantidades máximas - Competencia de los Estados miembros - Normativa nacional que fija estas cantidades - Reconocimiento mutuo - Inexistencia - Procedimientos que han de seguirse y elementos que deben tenerse en cuenta para fijar estas cantidades))
   (2017/C 202/07)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal de grande instance de Perpignan

      Parte en el proceso principal

   Noria Distribution SARL

      con intervención de: Procureur de la République, Union fédérale des consommateurs des P.O (Que choisir)

      Fallo

               1)

               Las disposiciones de la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, y las del Tratado FUE relativas a la libre circulación de mercancías deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que no establece un procedimiento relativo a la comercialización en ese Estado miembro de complementos alimenticios cuyo contenido en nutrientes excede de las cantidades diarias máximas fijadas por esa normativa y que se fabrican o comercializan legalmente en otro Estado miembro.

               2)

               Las disposiciones de la Directiva 2002/46 y las del Tratado FUE relativas a la libre circulación de mercancías deben interpretarse en el sentido de que las cantidades máximas a que se refiere el artículo 5 de esta Directiva deben fijarse caso por caso y teniendo en cuenta todos los factores que figuran en dicho artículo 5, apartados 1 y 2, en particular los niveles máximos de seguridad para los nutrientes de que se trate, tal como se hayan establecido mediante la evaluación científica detallada del riesgo para la salud pública a partir de datos científicos pertinentes y no de consideraciones generales o hipotéticas. Incumbe al tribunal remitente determinar si el método de fijación de dichas cantidades controvertido en el litigio principal cumple estos requisitos.

               3)

               Las disposiciones de la Directiva 2002/46 y las del Tratado FUE relativas a la libre circulación de mercancías deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la evaluación científica del riesgo prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), de esta Directiva, que ha de preceder al establecimiento de los niveles máximos de seguridad que deben especialmente tenerse en cuenta para fijar las cantidades máximas a que se refiere dicho artículo 5, se lleve a cabo únicamente sobre la base de dictámenes científicos nacionales cuando en la fecha en que se adopte la medida de que se trate también estén disponibles dictámenes científicos internacionales fiables y recientes en los que se concluye que existe la posibilidad de fijar niveles más elevados.

      (1)  DO C 90 de 7.3.2016.


title: Archivo del asunto C-262/04

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/30

         Archivo del asunto C-262/04 (1)

   (2005/C 143/55)

      (Lengua de procedimiento: alemán)

   Mediante auto de 10 de enero de 2005, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-262/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 201, de 7.8.04.


title: Asuntos T-122/13 y T-123/13: Sentencia del Tribunal General de 8 de octubre de 2014  — Laboratoires Polive/OAMI — Arbora & Ausonia (dodie) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa dodie — Marcas nacionales denominativas anteriores DODOT — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               17.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 409/36

         Sentencia del Tribunal General de 8 de octubre de 2014 — Laboratoires Polive/OAMI — Arbora & Ausonia (dodie)
   (Asuntos T-122/13 y T-123/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa dodie - Marcas nacionales denominativas anteriores DODOT - Motivo de denegación relativo - Inexistencia de riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   2014/C 409/52
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Laboratoires Polive (Levallois-Perret, Francia) (representante: A. Sion, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Geroulakos, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Arbora & Ausonia, S.L.U. (Barcelona) (representante: R.L. Guerras Mazón, abogado)

      Objeto

   Dos recursos interpuestos contra sendas resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 28 de noviembre de 2012 (asuntos R 2324/2011-2 y R 2325/2011-2) relativas a dos procedimientos de oposición entre Arbora & Ausonia, S.L.U., y Laboratoires Polive.

      Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-122/13 y T-123/13 a efectos de la sentencia.

               2)

               Anular las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 28 de noviembre de 2012 (asuntos R 2324/2011-2 y R 2325/2011-2).

               3)

               La OAMI cargará con sus propias costas y con las de Laboratoires Polive.

               4)

               Arbora & Ausonia, S.L.U., cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 123, de 27.4.2013.


title: Asunto C-523/04: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2004 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               5.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 57/19

         Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2004 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-523/04)
   (2005/C 57/34)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de diciembre de 2004 un recurso contra el Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Mikko Huttunen y Wouter Wils, en calidad de agentes.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Tratado CE (actualmente artículo 10 CE), del artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) y de los Reglamentos (CEE) del Consejo nos 2409/92, (1) de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos, y 2299/89, (2) de 24 de julio de 1989, por el que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 3089/93 (3) del Consejo, de 29 de octubre de 1993, al haber contraído obligaciones internacionales con los Estados Unidos de América o al haber mantenido en vigor determinadas obligaciones a pesar de la renegociación del Acuerdo relativo al tráfico aéreo que se firmó el 3 de abril de 1957 entre el Reino de los Países Bajos y los Estados Unidos de América, en concreto, obligaciones

                           —

                           relativas a las tarifas de las compañías aéreas designadas por los Estados Unidos en las rutas intracomunitarias,

                           —

                           relativas a los sistemas informatizados de reserva ofrecidos o utilizados en territorio neerlandés, y

                           —

                           por las que se concede a los Estados Unidos el derecho de revocar, suspender o limitar los derechos de tráfico cuando las compañías aéreas designadas por el Reino de los Países Bajos no pertenecen a éste ni a nacionales neerlandeses.

               2)

               Condene en costas al Reino de los Países Bajos.

         Motivos y principales alegaciones
   A.   Existencia de un nuevo Acuerdo

               —

               Las modificaciones introducidas en 1992 en el Acuerdo de 1957 dieron lugar a la creación del marco para una mayor cooperación entre los Estados Unidos y el Reino de los Países Bajos, del que se derivan nuevas e importantes obligaciones internacionales para éste.

               —

               De las modificaciones introducidas en 1992 se desprende que el Acuerdo de 1957 se renegoció en su totalidad. En consecuencia, si bien algunas disposiciones de este Acuerdo no fueron formalmente objeto de las modificaciones introducidas en 1992 o sufrieron únicamente cambios marginales en su redacción, no es menos cierto que las obligaciones derivadas de estas disposiciones fueron confirmadas en la renegociación. Pues bien, en una situación como ésta, los Estados miembros tienen prohibido no sólo contraer nuevas obligaciones, sino también mantener en vigor dichas obligaciones si no respetan el Derecho comunitario.

         B.   Invasión de la competencia externa exclusiva de la Comunidad en el sentido de la sentencia AETR

               —

               En 1991, los Países Bajos y los Estados Unidos añadieron al Acuerdo de 1957 un anexo que contenía los principios del SIR (sistema informatizado de reserva), incluidos los principios del SIR ofrecido o utilizado en territorio neerlandés. En 1992, cuando se renegoció el Acuerdo de 1957, los Países Bajos mantuvieron en vigor dicho anexo. De este modo, el Reino de los Países Bajos ha invadido la competencia externa exclusiva de la Comunidad que se deriva del Reglamento no 2299/89.

         C.   Infracción del artículo 52 del Tratado

               —

               Siempre es posible excluir a las compañías aéreas neerlandesas comunitarias de la aplicación del Acuerdo relativo al transporte aéreo entre el Reino de los Países Bajos y los Estados Unidos, mientras que dicho Acuerdo se aplica automáticamente a las compañías aéreas neerlandesas. Por consiguiente, las compañías aéreas comunitarias sufren una discriminación por no disfrutar del beneficio del trato nacional en el Estado miembro de acogida, es decir, el Reino de los Países Bajos.

      (1)  DO L 240, p. 15.

      (2)  DO L 220, p. 1.

      (3)  DO L 278, p. 1.


               17.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 40/17

         Recurso interpuesto el 8 de noviembre de 2004 por el Órgano de Vigilancia de la AELC contra el Principado de Liechtenstein
   (Asunto E-8/04)
   (2005/C 40/10)
   El 8 de noviembre de 2004, el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Niels Fenger y Elisabethann Wright, agentes de dicho Órgano, 35, Rue Belliard, B-1040 Bruselas, interpuso ante el Tribunal de la AELC un recurso contra el Principado de Liechtenstein.
   La parte demandante solicita al Tribunal de la AELC que:

               1.

               Declare que el Principado de Liechtenstein, al mantener en vigor el artículo 25 de la Ley bancaria, en virtud del cual se exige que al menos un miembro del consejo de administración y de la dirección ejecutiva de las entidades bancarias establecidas en su territorio tengan su residencia en el Principado, ha incumplido el principio de libertad de establecimiento establecido en el artículo 31 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

               2.

               Condene en costas al Principado de Liechtenstein.

         Elementos de hecho y de derecho y principales alegaciones:

               —

               El artículo 31, apartado 1 del Acuerdo sobre el EEE exige la igualdad de trato de los ciudadanos del EEE que invoquen su derecho a la libertad de establecimiento y de los ciudadanos del país de establecimiento.

               —

               El artículo 33 del Acuerdo sobre el EEE prevé una exención al derecho de libertad de establecimiento.

               —

               El Tribunal de la AELC declaró en el asunto E-3/98 Rainford/Towning, EFTA Court Reports 1998, p. 205, y en el asunto E-2/01 Purcher, EFTA Court Reports 2002, p. 44, que «según jurisprudencia reiterada del TJCE las reglas de igualdad de trato prohíben no sólo las discriminaciones abiertas por motivos de nacionalidad, sino también cualquier fórmula disimulada de discriminación que a través de la aplicación de otros criterios de distinción, conduzcan de hecho al mismo resultado».

               —

               Tanto el Tribunal de la AELC como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han declarado que las «normas nacionales que establecen una distinción basada en el criterio de la residencia corren el riesgo de jugar principalmente en detrimento de los ciudadanos de otras Partes Contratantes, ya que los no residentes son, por regla general, extranjeros» (Asunto Rainford/Towning, apartado 29).

               —

               El Tribunal de la AELC consideró asimismo que «[por lo que se refiere a] la justificación por razones de orden público, en virtud de lo previsto en el artículo 33 del Acuerdo sobre el EEE, cabe declarar que en la medida en que pueda justificar un trato especial de los extranjeros sujetos al Acuerdo sobre el EEE, el recurso al concepto de orden público supone, en todos los casos, al margen de la alteración del orden social que representa toda infracción de la ley, la existencia de una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad». (Asunto Rainford/Towning, apartado 42).

               —

               El Tribunal de la AELC ha reconocido que la protección de la función y de la buena reputación del sector financiero es un objetivo público legítimo y que el hecho de que Liechtenstein no sea parte del Convenio de Lugano puede provocar algunas complicaciones.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 23 de septiembre de 2004, en el asunto C-107/03 P: Procter & Gamble Company contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (Recurso de casación — Marca comunitaria — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Forma tridimensional de una pastilla de jabón — Motivo de denegación absoluto de registro — Carácter distintivo)

text:
               20.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 284/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 23 de septiembre de 2004
   en el asunto C-107/03 P: Procter & Gamble Company contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   (Recurso de casación - Marca comunitaria - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 - Forma tridimensional de una pastilla de jabón - Motivo de denegación absoluto de registro - Carácter distintivo)
   (2004/C 284/06)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-107/03 P, que tiene por objeto un recurso de casación promovido el 27 de febrero de 2003, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, por Procter & Gamble Company, con domicilio social en Cincinnatti (Estados Unidos) (abogado: Sr. T. van Innis), siendo la otra parte en el procedimiento la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. O. Montalvo e I. de Medrano Caballero), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet y J.N. Cunha Rodrigues, y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 23 de septiembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Procter & Gamble.

      (1)   DO C 146 de 21.6.2003.


title: Asunto T-34/12: Recurso interpuesto el 25 de enero de 2012 — Herbacin cosmetic/OAMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

text:
               17.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/24

         Recurso interpuesto el 25 de enero de 2012 — Herbacin cosmetic/OAMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
   (Asunto T-34/12)
   2012/C 80/41
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Alemania) (representante: J. Eberhardt, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Laboratoire Garnier et Cie (París)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 22 de noviembre de 2011 en el asunto R 2255/2010-1.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Laboratoire Garnier et Cie

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «HERBA SHINE» para productos de la clase 3

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado: Marca denominativa nacional y comunitaria y registro internacional «HERBACIN» para productos de la clase 3

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Estimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 42, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento no 207/2009, dado que en el momento de la resolución de primera instancia sobre la oposición, ya no existía ninguna petición válida de documentos referentes al uso por parte de la solicitante; infracción del artículo 15, apartado 2, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n 207/2009, ya que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta el considerable volumen de las exportaciones efectuadas bajo la marca opuesta «HERBACIN»; infracción del artículo 15, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento no 207/2009, ya que las pruebas presentadas relativas al uso por lo que atañe a los clientes en el interior de la Comunidad fueron valoradas de modo incorrecto.