title: Asunto C-75/17 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de febrero de 2017 por Fiesta Hotels & Resorts, S.L. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 30 de noviembre 2016 en el asunto T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)

text:
               15.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/17

         Recurso de casación interpuesto el 9 de febrero de 2017 por Fiesta Hotels & Resorts, S.L. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 30 de noviembre 2016 en el asunto T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)
   (Asunto C-75/17 P)
   (2017/C 151/23)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Fiesta Hotels & Resorts, S.L. (representantes: J.-B. Devaureix y J. C. Erdozain López, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Residencia Palladium S.L.

      Pretensiones

               —

               La anulación total de la resolución del Tribunal General en el asunto T-217/15, de 30 de noviembre de 2016.

               —

               Estimación total de las pretensiones aducidas en primera instancia.

               —

               Condena en costas a la recurrida y coadyuvante.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               El primer motivo de recurso consiste en que la Sentencia recurrida incurre en el error de Derecho de considerar que, a los efectos del art. 8.4 del Reglamento no 207/2009 del Consejo (1), de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea («el Reglamento»), el requisito del alcance «no únicamente local» se cumple al margen de la dimensión geográfica en que el titular de la marca invocada ejerce su actividad. Esta interpretación desvirtúa el sentido literal del término «local», así como la finalidad que subyace en el art. 8.4 del Reglamento.
               La resolución recurrida ha incurrido en el error de Derecho alegado, en la medida en que, a la hora de determinar el alcance meramente local o no del supuesto nombre comercial no registrado, ha tenido en cuenta documentos con eficacia fuera del territorio español.
               Por otra parte, del hecho de que los servicios prestados por el establecimiento para cuya designación se utiliza la marca o nombre comercial se presten a un público internacional no cabe inferir que el uso del signo sea supra local.
               La conclusión a la que llega la Sentencia, en relación con el requisito del «no únicamente local» vulnera, pues, la finalidad del art. 8.4 del Reglamento. Así, la Sentencia admite que ese requisito aplicado al nombre comercial que se opone a la solicitud de una marca de la Unión Europea no depende del alcance local del establecimiento que lo emplee, sino de la «dispersión geográfica de su clientela o al renombre de que goce entre el público en un ámbito nacional o incluso internacional». Con esta tesis, la Sentencia desborda la finalidad restrictiva del art. 8.4 del Reglamento, ya que permite una prueba fácil de la ruptura de lo estrictamente local mediante el mero uso del signo no registrado en Internet o, dadas las circunstancias del caso examinado, del factor internacional de los huéspedes que se alojan en el establecimiento concernido.

               2.

               El segundo motivo de recurso viene a sostener que la Sentencia incurre en el error de Derecho de considerar que, a los efectos del artículo 8.4 del Reglamento, en relación con el art. 9.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, vigente en España, no es exigible el carácter notorio del signo no registrado invocado, cuando la Jurisprudencia mayoritaria dictada sobre esta cuestión en España parte justamente de lo contrario, es decir, de exigir no solamente un uso del signo invocado, sino también que dicho uso sea notorio en una parte sustancial del territorio español.

               3.

               El tercer motivo de recurso se basa en que la sentencia recurrida incurre en error de derecho al considerar cumplido el apartado b) del artículo 8.4 del Reglamento sobre marcas de la UE con base en la sentencia LAGUIOLE (apartado 37), cuando la misma no es de aplicación al caso, pues en el presente asunto se interpreta el derecho español, y no el derecho francés como sucedió en la sentencia LAGUIOLE, y cuando esta parte ha puesto de manifiesto sentencias del Tribunal Supremo español que claramente prohíben a un nombre comercial no registrado impedir el uso de una marca posterior, sin que la parte recurrida haya aportado la Ley de Competencia desleal española que supuestamente ampara esa posibilidad, que esta parte ha negado fundadamente.

               4.

               Finalmente, el cuarto motivo del recurso de casación defiende que la Sentencia recurrida incurre en error de Derecho en la interpretación del concepto de «marcas intermedias», acuñado conforme a la Ley de Marcas española, y concretamente, que la Sentencia recurrida incurre en error de Derecho en relación con el art. 65 del Reglamento.
               Esta parte encuentra que la Sentencia recurrida incurre en error de Derecho por cuanto el referido art. 65 del Reglamento no impide stricto sensu examinar la quaestio iuris que se le plantee a la luz de la argumentación jurídica alegada por las partes. Al contrario de lo que afirma la Sentencia, no pretende esta parte alterar la base fáctica que la Sala de Recurso tuvo en consideración a la hora de resolver, sino solo alegar un fundamento jurídico que ponga de manifiesto el error de Derecho padecido por la resolución de la EUIPO objeto de demanda.
               Se apela al principio iura novit curia, por el cual el juez a la hora de resolver ha de aplicar las normas jurídicas que estime procedentes, así como a modificar el fundamento jurídico en que se basan las pretensiones de las partes, siempre y cuando la decisión sea acorde con las cuestiones de hecho y de derecho de los litigantes y no se altere la causa de pedir esgrimida, ni transformar el problema en otro distinto. En este sentido, el Tribunal tenía que haber entrado a valorar lo argumentado por mi representada, toda vez que de no hacerlo se estaría coartando su derecho a la defensa y privándole de sus derechos registrales.

      (1)
         DO 2009 L 78, p. 1


title: Asunto C-9/13: Recurso interpuesto el 7 de enero de 2013 — Comisión Europea/República de Eslovenia

text:
               2.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/15

         Recurso interpuesto el 7 de enero de 2013 — Comisión Europea/República de Eslovenia
   (Asunto C-9/13)
   2013/C 63/25
   Lengua de procedimiento: esloveno

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Kukovec, P. Hetsch y O. Beynet)

      Demandada: República de Eslovenia

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 54, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, (2) al no haber adoptado todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para transponer dicha Directiva o, en su caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene a la República de Eslovenia, en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 3, al pago de una multa coercitiva equivalente a 10 287,36 euros diarios, con efectos a partir del día en que se pronuncie la sentencia en el presente asunto.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo para transponer la Directiva expiró el 3 de marzo de 2011.

      (1)  DO L 211, p. 94.

      (2)  DO L 176, p. 57.


title: Asunto T-297/15 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de junio de 2015 por Ángel Coedo Suárez contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 26 de marzo de 2015 en el asunto F-38/14, Coedo Suárez/Consejo

text:
               27.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/44

         Recurso de casación interpuesto el 8 de junio de 2015 por Ángel Coedo Suárez contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 26 de marzo de 2015 en el asunto F-38/14, Coedo Suárez/Consejo
   (Asunto T-297/15 P)
   (2015/C 245/53)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Ángel Coedo Suárez (Bruselas, Bélgica) (representantes: S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare admisible el presente recurso de casación.

               —

               Anule la Sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 26 de marzo de 2015, Coedo Suárez/Consejo (F-38/14, EU:F:2015:25).

               —

               Estime las pretensiones de anulación presentadas por esta parte en primera instancia.

               —

               Condene al Consejo al pago de las costas en las dos instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en una desnaturalización de los hechos y pruebas y en un error de Derecho, ya que el Tribunal de la Función Pública declaró que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no había cometido un error manifiesto de apreciación al considerar que el mal estado de salud de la parte recurrente no constituía una circunstancia atenuante.

               2.

               Segundo motivo, basado en un incumplimiento de la obligación de motivación.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, de fecha 8 de julio de 1997, en el asunto entre HI Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH y Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (Asunto C-258/97)

text:
6 . 9. 97            I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 271/9
     mercado ni aumentar su capital, deben considerarse                  Tribunal de Justicia para obtener la indemnización del
     ayudas de Estado en el sentido de dicho artículo ?                  daño consistente por ahora en la cantidad expuesta en
                                                                         la factura más los intereses devengados desde la fecha
— ¿ En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,               de expiración del plazo de dos meses hasta la del
     ¿ debe interpretarse el artículo 92 del Tratado en el sen          pago, sin perjuicio de otras cargas mayores que tuvie
     tido de que dicha ayuda es compatible con el mercado                ren lugar mientras tanto .
     común ?
                                                                     b ) Sobre la interrupción de la relación
                                                                         El contrato suscrito entre las partes prevé, en princi
                                                                         pio, que tendrá una duración de dos años, pero su eje
                                                                         cución se divide en dos fases .   *
Recurso interpuesto el 16 de julio de 1997 por la sociedad
colectiva E-Quattro, con domicilio social en Laveno                     Es cierto que la Comisión se reserva la facultad de no
Mombello (Varese-Italia) contra la Comisión de las                       proceder a la segunda fase, pero también es cierto que
                     Comunidades Europeas                                dicha facultad no puede ser indiscriminada y arbitraria
                       ( Asunto C-257/97 )                               y que, en todo caso, es preciso tener en cuenta las cir
                                                                         cunstancias en que se ejerce.
                          ( 97/C 271 /13 )
                                                                         En definitiva, la demandante opina que la resolución
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                de que se trata debe ser motivada, notificada a las par
ha presentado el 16 de julio de 1997 un recurso contra la                tes con suficiente antelación y en circunstancias tales
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la                    que no vulnere la confianza legítima en la continua
sociedad colectiva E-Quattro, con domicilio social en                    ción normal de la relación .
Laveno-Mombello (Varese-Italia ), representada por el Sr.
Giuseppe Marchesini, Abogado ante la Corte di Cassa
zione della Repubblica Italiana, que designa como domici
lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest Arendt, 8
10, rué Mathias Hardt.
                                                                     Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:            lución del Unabhángiger Verwaltungssenat für Kárnten, de
                                                                     fecha 8 de julio de 1997, en el asunto entre HI Hospital
1 ) Condene a la Comisión a indemnizar el daño que ha                Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft
     sufrido y que va a sufrir la demandante a causa del                 mbH y Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft
     persistente retraso en el pago del saldo de las pres                                 (Asunto C-258/97)
     taciones descritas en la factura impagada .
                                                                                ( 97/C 271 /14 )
2 ) Condene asimismo a la Comisión a indemnizar el
     daño causado a la demandante por la resolución no               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     motivada del contrato y por su comunicación efec               sido sometida una petición de decisión prejudicial
     tuada en el último momento .                                    mediante resolución del Unabhángiger Verwaltungssenat
                                                                     für Kárnten, dictada el 8 de julio de 1997, en el asunto
3 ) Todo ello por los importes respectivamente indicados             entre HI Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Pla
     en el recurso , o con intereses desde la fecha de venci        nungs-Gesellschaft mbH y Landeskrankenanstalten
     miento hasta la del pago.                                       Betriebsgesellschaft, y recibida en la Secretaría del Tribu
                                                                     nal de Justicia el 17 de julio de 1997.
4 ) Condene en costas a la parte demandada .
                                                                     El Unabhángiger Verwaltungssenat für Kárnten solicita al
Motivos y principales alegaciones                                    Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                     cuestiones :
a ) Sobre el pago de las prestaciones reali
     zadas
                                                                     1 . ¿ Debe interpretarse el apartado 8 del artículo 2 de la
                                                                         Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
     El apartado 2 del artículo 7 del contrato establece que
     la Comisión realizará el pago contra presentación de                de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones
     factura y en el plazo de dos meses a partir de la fecha             legales, reglamentarias y administrativas referentes a la
     en que le fuere presentada dicha factura .                          aplicación de los procedimientos de recurso en materia
                                                                         de adjudicación de los contratos públicos de suminis
     Las prestaciones de la primera fase se agotaron en el               tros y de obras ('), en el sentido de que el Unabhángi
     mes de marzo de 1997 y la factura por el saldo fue                  ger Verwaltungssenat für Kárnten cumple los requisi
     extendida el 6 de marzo de 1997.                                    tos para actuar como organismo responsable de los
                                                                         procedimientos de recurso en relación con prestaciones
     Han transcurrido ya cuatro meses sin que se haya                    de servicios ?
     liquidado la cantidad consignada y sin la menor acla
     ración o impugnación oficiales.                                 2 . Estas u otras disposiciones de la Directiva 89/665/
                                                                         CEE, de las que se deduce un derecho individual a la
     A falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas,               sustanciación de un procedimiento de recurso ante
     de una explicación oficial y de todo contacto, la                   organismos o tribunales que cumplan los requisitos del
     demandante se ve obligada a someter el asunto al                    apartado 8 del artículo 2 de la misma Directiva,
 ---pagebreak---  C 271 /10                 ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          6 . 9 . 97
        ¿ deben interpretarse en el sentido de que son suficien           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
        temente determinadas y concretas, de forma que, en el              lución de la Cour d'appel de Douai (Sala de lo Social), de
        caso de que el Estado miembro no haya adaptado su                  fecha 27 de junio de 1997, en el asunto entre Karl Heinz
        ordenamiento jurídico a la citada Directiva, tal dere                                   Baumann y URSSAF Lille
        cho puede ser invocado por un particular frente al                                            (Asunto C-261/97)
        Estado miembro en un procedimiento ?
                                                                                ( 97/C 271/15 )
 3 . Las disposiciones del artículo 41 de la Directiva 92/50/             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
        CEE (2 ), en relación con la Directiva 89/665/CEE, que             sido sometida una petición de decisión prejudicial
        son el fundamento del derecho de los particulares a                mediante resolución de la Cour d'appel de Douai ( Sala de
        recurrir contra las decisiones de adjudicación, ¿ deben            lo Social ), dictada el 27 de junio de 1997 en el asunto
        interpretarse en el sentido de que un Tribunal nacional           entre Karl Heinz Baumann y URSSAF Lille, y recibida en
        con las atribuciones del Unabhángiger Verwaltungsse              la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de julio de 1997.
        nat für Kárnten, en la sustanciación de un procedi               La Cour d'appel de Douai ( Sala de lo Social ) solicita al
        miento de recurso basado en el Derecho nacional,
                                                                          Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
        artículos 59 y siguientes de la Kárntner Auftragsverga           cuestión :
        begesetz y sus reglamentos de desarrollo, puede no
        aplicar dichas normas nacionales si la Kárntner Auf               ¿ Ha de interpretarse el número 2 del artículo 14 bis del
        tragsvergabegesetz excluye el procedimiento de recurso            Reglamento ( CEE ) n° 1408/71 (') en el sentido de que,
        en el caso de adjudicaciones de contratos de servicios,           para estar exento de cotizar en Francia, el trabajador autó
        de manera que, a pesar de ello, dicho órgano nacional             nomo que trabaje en dos Estados miembros y esté domici
        puede sustanciar un procedimiento de recurso con                 liado en un tercer Estado miembro debe haberse inscrito
        forme al capítulo 8 de la Kárntner Auftragsvergabege             en un régimen obligatorio de trabajadores por cuenta pro
        setz ?                                                            pia en el tercer Estado miembro ?
                                                                           (') Reglamento ( CEE) n° 1408/71 , de 14 de junio de 1971 , rela
4 . ¿ Los servicios citados en la presente resolución ( 3 )                    tivo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los
        deben clasificarse como servicios de la categoría 12 del               trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta
        Anexo 1 A de la Directiva 92/50/CEE ( Servicios de                     propia y a los miembros de sus familias que se desplazan den
        arquitectura, servicios de ingeniería y servicios integra             tro de la Comunidad (DO L 149 de 5 . 7. 1971 , p. 2; EE 05/
        dos de ingeniería . Servicios de planificación urbana y                01 , p . 98 ).
        servicios de arquitectura paisajística . Servicios conexos
        de consultores en ciencia y tecnología . Servicios de
        ensayos y análisis técnicos ), teniendo en cuenta el
        artículo 10 de la misma Directiva ?                               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                          lución del Tribunale Amministrativo per la Sardegna, de
5 . ¿ Deben interpretarse las disposiciones de la Directiva               fecha 15-17 de abril de 1997, en el asunto entre Societá
        92/50/CEE en el sentido de que cumplen los requisitos             Appia Srl, por una parte, y 1 ) Comune di Cagliari y
        enunciados en el duodécimo considerando de la sen                               2 ) Societá Cagliari Calcio SpA, por otra
        tencia dictada en el asunto van Duyn, 41/74, para la                                         ( Asunto C-264/97 )
        aplicación directa de una Directiva comunitaria, de                                             ( 97/C 271/16 )
        manera que los servicios enumerados en el Anexo 1 A
        de la Directiva deben adjudicarse siguiendo el procedi           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
        miento en ella establecido, o de que las correspondien           sido sometida una petición de decisión prejudicial
       tes disposiciones de la Directiva aplicables a los servi          mediante resolución del Tribunale Amministrativo per la
       cios enumerados en el Anexo 1 A pueden cumplir los                 Sardegna, dictada entre el 15 y el 17 de abril de 1997, en
       requisitos enunciados en la citada sentencia ?                     el asunto entre Societá Appia Srl, por una parte, y
                                                                          1 ) Comune di Cagliari y 2 ) Società Cagliari Calcio SpA,
0 ) DO L 395 de 30 . 12 . 1989 , p. 33 .                                  por otra, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justi
( 2 ) DO L 209 de 24 . 7. 1992, p . 1 .                                   cia el 21 de julio de 1997.
( 3 ) Prestaciones de servicios de gabinetes de ingenieros para el ase
      soramiento y la realización de proyectos relativos a la cons       El Tribunale Amministrativo per la Sardegna solicita al
      trucción de una clínica infantil ( Eltern-Kind-Zentrum ) depen     Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
      diente de la Landeskrankenhaus Klagenfurt y equipada con las        cuestión :
      correspondientes instalaciones ambulatorias, quirófano, labo
      ratorio de radiología y cinco unidades de internamiento pediá
                                                                          Si una Administración pública ( en el presente caso, un
      trico y una unidad de cirugía pediátrica con un total de ciento     municipio ) que tiene la intención de otorgar en concesión
      treinta y dos camas y una superficie útil de, aproximadamente,      una infraestructura (en el presente caso, el estadio munici
      8 100 m2; servicios para la realización de proyectos de instala    pal ) a terceros especialmente calificados, con vistas a una
      ciones sanitarias, de calefacción y ventilación por sistema de      gestión unitaria de la misma, está obligada, en virtud del
      aire acondicionado, para la aplicación de instalaciones eléctri    artículo 8 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo i 1 ) y de
      cas de corriente fuerte y corriente débil, para la mecanización     las disposiciones de la misma a las que dicho artículo se
      estática y dinámica y para la realización de proyectos de las       remite, a adjudicar con arreglo a los procedimientos men
      instalaciones médicas .
                                                                          cionados en dicho artículo 8 , sin preferencia en favor del
                                                                          concesionario, los servicios contemplados en dicha Direc
                                                                          tiva (en el presente caso, servicios de publicidad ) que


title: Asunto T-258/15: Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2015 — Axa Mediterranean Holding/Comisión

text:
               27.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/39

         Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2015 — Axa Mediterranean Holding/Comisión
   (Asunto T-258/15)
   (2015/C 245/46)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Axa Mediterranean Holding, S.A. (Palma de Mallorca, España) (representante: J. Buendía Sierra, D. Armesto Macías y A. Balcells Cartagena, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el artículo 1 de la Decisión, en la medida en que declara que la nueva interpretación administrativa del artículo 12 TRLIS adoptada por la administración española debe considerarse una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior;

               —

               anule el apartado 1 del artículo 4 de la Decisión, en la medida en que requiere al Reino de España que ponga fin a lo que considera un régimen de ayudas tal y como descrito en el artículo 1;

               —

               anule los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 4 de la Decisión, en la medida en que imponen al reino de España la recuperación de los importes considerados por la Comisión como una ayuda de Estado;

               —

               subsidiariamente limite el alcance de la obligación de recuperación impuesta al reino de España por el apartado 2 del artículo 4 de la Decisión en los mismos términos que en las Decisiones primera y segunda, y

               —

               condene a la Comisión a las costas de este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   La Decisión impugnada en el presente procedimiento es la misma que en los asuntos T-12/15, Banco de Santander y Santusa/Comisión, y T-252/15 Ferrovial SA y otros/Comisión.
   Los motivos y principales argumentos invocados son similares a los ya alegados en estos asuntos.


title: Asunto T-181/05: Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2005 por Citicorp y Citibank, N.A. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
               9.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/33

         Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2005 por Citicorp y Citibank, N.A. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   (Asunto T-181/05)
   (2005/C 171/53)
   Lengua en la que se redactó la demanda: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 10 de mayo de 2005 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) promovido por Citicorp, con domicilio social en Nueva York (USA), y Citibank, N.A., con domicilio social en Nueva York (USA), representadas por los Sres. V. v. Bomhard, A. Renk y A. Pohlmann, abogados.
   Citi, S.L., con domicilio social en Algete, Madrid (España), fue también parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), adoptada el 1 de marzo de 2005 en el asunto R 173/2004-1.

               —

               Condene a la demandada a pagar las costas del presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria

               Citi, S.L.

               Marca de que se trata:

               La marca gráfica CITI para servicios comprendidos en la clase 36 (agencias de aduanas, tasadores de bienes, agentes de la propiedad inmobiliaria, valoración y administración de ajuares) — solicitud no 1.430.750.

               Titular de la marca o signo reivindicado en el procedimiento de oposición:

               Citicorp y Citibank, N.A.

               Marca o signo reivindicado en la oposición:

               Sus marcas denominativa y gráfica, nacional y comunitaria, respectivamente, para servicios comprendidos en la clase 36 (servicios financieros y servicios relacionados con la propiedad inmobiliaria).

               Resolución de la División de Oposición:

               Denegación de la solicitud de marca comunitaria.

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Anulación de la resolución de la División de Oposición; aceptación de la oposición en relación con «tasadores de bienes, agentes de la propiedad inmobiliaria, valoración y administración de ajuares» y desestimación de la oposición en relación con «agencias de aduanas».

               Motivos de recurso:

               Infracción del artículo 73 del Reglamento no 40/94 del Consejo, y conculcación del derecho a ser oído. Infracción de los artículos 73 y 74, apartado 1, del Reglamento no 40/94 del Consejo, e infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94.


title: Asunto C-120/14 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de marzo de 2014 por Christoph Klein contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 21 de enero de 2014 en el asunto T-309/10, Christoph Klein/Comisión Europea

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/12

         Recurso de casación interpuesto el 29 de marzo de 2014 por Christoph Klein contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 21 de enero de 2014 en el asunto T-309/10, Christoph Klein/Comisión Europea
   (Asunto C-120/14 P)
   2014/C 184/16
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Christoph Klein (representantes: H.-J. Ahlt y M. Ahlt, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República Federal de Alemania

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General dictada el 21 de enero de 2014 en el asunto T-309/10.

               —

               Que se declare que la Comisión ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva 93/42 y del Derecho de la Unión al no haber adoptado una decisión en el procedimiento de cláusula de salvaguardia que se sustancia desde 1998 en relación con los productos sanitarios controvertidos, causando con ello un perjuicio directo al demandante.

               —

               Que se condene a la Comisión a indemnizar al demandante por el perjuicio causado, cuya cuantía aún debe determinarse.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

               —

               Subsidiariamente: que se anule la sentencia del Tribunal General dictada el 21 de enero de 2014 en el asunto T-309/10 y se devuelva el asunto al Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurrente alega que el Tribunal General ha infringido el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia al aplicar erróneamente las disposiciones relativas a la prescripción de las acciones contra la Unión en materia de responsabilidad extracontractual, dado que no tuvo en cuenta que, a efectos de interrupción de la prescripción, una solicitud del beneficio de justicia gratuita que prospere equivale a la interposición de una demanda.
   Asimismo, aduce que el Tribunal General ha infringido los artículos 8 y 18 de la Directiva 93/42, (1) al considerar que dichos preceptos se excluyen mutuamente. Por el contrario, el recurrente afirma que ambos preceptos resultan aplicables paralelamente. Además, considera que el Tribunal General no motivó suficientemente su consideración.
   Por otro lado, alega que el Tribunal General ha infringido el Derecho de la Unión al entender, mediando error de Derecho, que el procedimiento incoado por las autoridades alemanas no era un procedimiento de cláusula de salvaguardia.
   Afirma que la duración del procedimiento ante la Comisión, de más de diez años, constituye una vulneración del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y del principio de buena administración. Considera que el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho al no apreciar este extremo.
   Finalmente, aduce que el procedimiento tramitado ante el Tribunal General adolece de vicios procesales. Concretamente, afirma que no se han tenido en cuenta varios documentos que confirman los argumentos del demandante. Asimismo, señala que se han ignorado sin más el informe y los razonamientos jurídicos del Parlamento Europeo que el demandante había alegado a su favor.

      (1)  Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169, p. 1).


title: Asunto T-378/08: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2008 — Portugal/Comisión

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/51

         Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2008 — Portugal/Comisión
   (Asunto T-378/08)
   (2008/C 285/91)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: República Portuguesa (representante: L.I. Fernandes y J. de Oliveira, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Con carácter principal, declarar la nulidad del acto de liquidación remitido por escrito del Director General de la Dirección General «Mercado Interior y Servicios» de 15 de julio de 2008 [MARKT/C2/PMS/bmg D(2008) 13692] con el título «reclamación del pago de la multa coercitiva adeudada por la República Portuguesa en ejecución de la sentencia Comisión/República Portuguesa (C-70/06)».

               —

               Con carácter subsidiario, declarar la nulidad del mencionado acto, en la medida en que despliega efectos con posterioridad al 29 de enero de 2008.

               —

               Condenar en costas a la Comisión o, en el caso de que el Tribunal de Primera Instancia reduzca el importe de la multa, condenar a cada una de las partes al pago de sus propias costas.

         Motivos y principales alegaciones
   La República Portuguesa alega que ejecutó plenamente las sentencias del Tribunal de Justicia mediante la Ley 67/2007, por la que se derogó expresamente el Decreto-ley no 48051.
   La República Portuguesa afirma asimismo que el Director General de la Dirección General «Mercado Interior y Servicios» carece de competencia para la adopción del acto impugnado, en el que se ha obviado el derecho de defensa de la República Portuguesa, se han incumplido las exigencias de motivación y se ha incurrido en vicios sustanciales de forma.


title: Asuntos acumulados C-124/13 y C-125/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de diciembre de 2015 — Parlamento Europeo y Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea [Recurso de anulación — Reglamento (UE) n° 1243/2012 — Elección de la base jurídica — Artículo 43 TFUE, apartados 2 y 3 — Decisión política — Plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao]

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de diciembre de 2015 — Parlamento Europeo y Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea
   (Asuntos acumulados C-124/13 y C-125/13) (1)

   ([Recurso de anulación - Reglamento (UE) no 1243/2012 - Elección de la base jurídica - Artículo 43 TFUE, apartados 2 y 3 - Decisión política - Plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao])
   (2016/C 038/03)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Parlamento Europeo (representantes: I. Liukkonen, L.G. Knudsen y R. Kaškina, agentes) y Comisión Europea (representantes: A. Bouquet, K. Banks y A. Szmytkowska, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: E. Sitbon, A. de Gregorio Merino y A. Westerhof Löfflerová, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de España (representantes: M. Sampol Pucurull y N. Díaz Abad, agentes), República Francesa (representantes: G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme y C. Candat, agentes) y República de Polonia (representantes: B. Majczyna, M. Nowacki y A. Miłkowska, agentes)

      Fallo

               1)

               Anular el Reglamento (UE) no 1243/2012 del Consejo, de 19 de diciembre de 2012, que modifica el Reglamento (CE) no 1342/2008 por el que se establece un plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao y las pesquerías que las explotan.

               2)

               Mantener los efectos del Reglamento no 1243/2012 hasta la entrada en vigor, dentro de un plazo razonable, que no podrá sobrepasar doce meses a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se dicta la presente sentencia, de un nuevo Reglamento cuya base jurídica sea la apropiada, es decir, el artículo 43 TFUE, apartado 2.

               3)

               Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

               4)

               El Reino de España, la República Francesa y la República de Polonia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 156 de 1.6.2013.


title: Asunto C-24/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 18 de enero de 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

text:
               25.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 18 de enero de 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
   (Asunto C-24/16)
   (2016/C 145/19)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Nintendo Co. Ltd

      Demandada: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En un procedimiento de reclamación de derechos derivados de un dibujo o modelo comunitario, el tribunal de un Estado miembro cuya competencia en relación con un demandado se fundamenta únicamente en el artículo 79, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, (1) en relación con el artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (2) debido a que dicho demandado, que reside en otro Estado miembro, suministró al demandado residente en el Estado miembro del tribunal productos que posiblemente vulneren los derechos de propiedad intelectual, ¿puede ordenar contra el demandado mencionado en primer lugar diligencias que tengan validez en toda la Unión y que no se limiten a las relaciones de suministro en que se fundamenta la competencia?

               2)

               ¿Debe interpretarse el Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en particular su artículo 20, apartado 1, letra c), en el sentido de que un tercero puede reproducir un dibujo o modelo comunitario con fines comerciales si desea distribuir accesorios para productos del titular conformes con el dibujo o modelo comunitario? Si es así, ¿qué criterios se han de aplicar?

               3)

               ¿Cómo se ha de determinar el lugar «en el que se haya cometido la infracción» a efectos del artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, (3) en los casos en que el infractor:

                           a)

                           ofrece en un sitio de Internet productos que vulneran un dibujo o modelo comunitario y dicho sitio de Internet está dirigido (también) a otros Estados miembros distintos de aquel en que está establecido el infractor, y

                           b)

                           hace transportar dichos productos a otro Estado miembro distinto de aquel en que está establecido?

         ¿Debe interpretarse el artículo 15, letras a) y g), del mencionado Reglamento en el sentido de que la ley así determinada es aplicable también a los actos de colaboración de otras personas?

      (1)  DO L 3, p. 1.

      (2)  DO L 12, p. 1.

      (3)  DO L 199, p. 40.


title: Asunto C-93/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de junio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia (Agricultura — Autonomía procesal de los Estados miembros — Política agrícola común — Ayudas — Examen de litigios contencioso-administrativos — Determinación del órgano jurisdiccional competente — Criterio nacional — Tribunal de lo contencioso-administrativo en cuya demarcación radica la autoridad que ha adoptado el acto impugnado — Principio de equivalencia — Principio de efectividad — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea)

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/28

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de junio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia
   (Asunto C-93/12) (1)

   (Agricultura - Autonomía procesal de los Estados miembros - Política agrícola común - Ayudas - Examen de litigios contencioso-administrativos - Determinación del órgano jurisdiccional competente - Criterio nacional - Tribunal de lo contencioso-administrativo en cuya demarcación radica la autoridad que ha adoptado el acto impugnado - Principio de equivalencia - Principio de efectividad - Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea)
   2013/C 225/45
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov

      Demandada: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretación del principio de efectividad y del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del principio de equivalencia — Régimen de ayudas de la política agrícola común — Disposición procesal nacional en cuya virtud los litigios contencioso-administrativos relacionados con la ejecución de la política agrícola común son de la competencia exclusiva del tribunal contencioso-administrativo en cuya demarcación se encuentre la sede de la autoridad administrativa que adoptó el acto administrativo impugnado, pero que establece en cambio que los litigios nacionales similares son de la competencia de tribunal en cuya demarcación se encuentre el terreno agrícola en cuestión.

      Fallo

   El Derecho de la Unión –y, en particular, los principios de equivalencia y de efectividad y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea– no se opone a una regla de competencia judicial nacional, como la prevista en el artículo 133, apartado 1, del Administrativnoprotsesualen kodeks (Código de procedimiento contencioso-administrativo), que tiene como consecuencia atribuir a un solo órgano judicial todo el contencioso relativo a las resoluciones de una autoridad nacional encargada del pago de ayudas agrícolas en virtud de la política agrícola común de la Unión Europea, siempre que los recursos destinados a salvaguardar los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables no sean ejercidos en condiciones menos favorables que las previstas para los recursos destinados a proteger los derechos que confieran eventuales regímenes de ayuda a los agricultores establecidos por el Derecho interno, y siempre que una regla de competencia de este tipo no cause a los justiciables inconvenientes procesales, concretamente en lo que respecta a la duración del procedimiento, que puedan hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el Derecho de la Unión, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 133, de 5.5.2012.


title: Asunto C-57/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) el 4 de febrero de 2013 — Marina da Conceição Pacheco Almeida/Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) el 4 de febrero de 2013 — Marina da Conceição Pacheco Almeida/Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP
   (Asunto C-57/13)
   2013/C 108/35
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Central Administrativo Norte

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Marina da Conceição Pacheco Almeida

      Recurridas: Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión en el ámbito concreto de la garantía de los créditos salariales por insolvencia del empresario –en especial, los artículos 4 y 10 de la Directiva 80/987/CEE– (1) en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que únicamente garantiza los créditos devengados dentro de los seis meses anteriores al ejercicio de la acción por insolvencia del empresario aun en el caso de que los trabajadores hayan actuado contra aquél ante el Tribunal do Trabalho al objeto de obtener la determinación judicial del importe adeudado y su cobro coercitivo?

      (1)  Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219).


title: Asunto T-228/09: Recurso interpuesto el 11 de junio de 2009 — United States Polo Association/OAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/62

         Recurso interpuesto el 11 de junio de 2009 — United States Polo Association/OAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)
   (Asunto T-228/09)
   2009/C 180/114
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: United States Polo Association (Lexington, United States) (representantes: P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Textiles CMG, S.A. (Onteniente, Valencia)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 20 de marzo de 2009 en el asunto R 886/2008-4.

               —

               Que se condene a la demandada al pago de sus propias costas y de las de la demandante y, en el supuesto de que interviniese en el procedimiento la otra parte ante la Sala de Recurso, que se la condene al pago de sus propias costas.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «U.S. POLO ASSN.» para productos de las clases 9, 20, 21, 24 y 27

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocados en oposición: Registro como marca española de la marca denominativa «POLO-POLO» para productos de la clase 24; registro como marca comunitaria de la marca denominativa «POLO-POLO» para productos de las clases 24, 25 y 39

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición para todos los productos de que se trata

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del Recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 (actualmente, artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009) en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en un error cuando afirmó que existía riesgo de confusión entre las marcas de que se trata.


title: Asunto C-62/08: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de febrero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België — Bélgica) — UDV North America Inc/Brandtraders NV [Artículo 104, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n o  40/94 — Artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d) — Derecho del titular de una marca registrada a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico a la marca — Concepto de uso — Utilización de un signo idéntico a la marca por un intermediario comercial en sus documentos mercantiles — Intermediario que actúa en su propio nombre pero por cuenta de un vendedor]

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/16

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de febrero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België — Bélgica) — UDV North America Inc/Brandtraders NV
   (Asunto C-62/08) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d) - Derecho del titular de una marca registrada a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico a la marca - Concepto de «uso» - Utilización de un signo idéntico a la marca por un intermediario comercial en sus documentos mercantiles - Intermediario que actúa en su propio nombre pero por cuenta de un vendedor)
   2009/C 113/31
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hof van Cassatie van België

      Partes del procedimiento principal

      Demandante: UDV North America Inc

      Demandada: Brandtraders NV

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hof van Cassatie van België — Interpretación del artículo 9, apartados 1 y 2, letra d), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) — Derecho del titular de una marca a oponerse a su uso por un tercero — Concepto de uso de la marca.

      Fallo

   El concepto de «uso», a efectos del artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, se refiere a una situación, como la controvertida en el asunto principal, en la que un intermediario comercial, que actúa en nombre propio pero por cuenta del vendedor y que, por lo tanto, no es parte interesada en una venta de mercancías en la que en sí mismo es parte vinculada, utiliza, en sus documentos mercantiles, un signo idéntico a una marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta hubiera sido registrada.

      (1)  DO C 107, de 26.4.2008.


title: Asunto T-523/15: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2015 — Italmobiliare y otros/Comisión

text:
               26.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 354/53

         Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2015 — Italmobiliare y otros/Comisión
   (Asunto T-523/15)
   (2015/C 354/64)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Italmobiliare SpA (Milán, Italia), Sirap-Gema SpA (Verolanuova, Italia), Sirap France SAS (Noves, Francia), Petruzalek GmbH (Tattendorf, Austria), Petruzalek kft (Budapest, Hungría), Petruzalek s.r.o. (Bratislava, Eslovaquia), Petruzalek s.r.o. (Břeclav, República Checa) (representantes: M. Siragusa, F. Moretti y A. Bardanzellu, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Con carácter preliminar, designe un perito para que efectúe un análisis económico del asunto.

               —

               Anule la Decisión en la medida en que considera que Linpac puede beneficiarse de una dispensa de las sanciones con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel («Comunicación»).

               —

               Anule la Decisión en la medida en que también imputa a Italmobiliare las conductas sancionadas y la condena solidariamente al pago de las multas.

               —

               Reduzca el importe de las sanciones impuestas.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso tiene por objeto la misma Decisión impugnada en el asunto T-522/15, CCPL y otros/Comisión.
   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción de la Comunicación y en la violación del principio de igualdad de trato, al haber concedido la Comisión la dispensa de las sanciones a Linpac a pesar de que no se cumplían las condiciones exigidas por la propia Comunicación.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 101 TFUE, en la violación de los principios de seguridad jurídica, personalidad de la pena y presunción de inocencia recogidos en los artículos 6, apartado 2, y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos («Convenio») y en los artículos 48 y 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta de Niza»), en la violación del derecho fundamental de la propiedad contemplado en el artículo 1 del Protocolo adicional al Convenio, en el artículo 14 del Convenio y en los artículos 17 y 21 de la Carta de Niza, así como en la violación de los principios de no discriminación y de igualdad de trato, al haber atribuido erróneamente la Comisión a Italmobiliare la responsabilidad solidaria, en cuanto sociedad matriz, por actos de las filiales.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo art. 101 TFUE, del artículo 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1), de las Directrices para el cálculo del importe de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 («Directrices»), y en la violación de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato, en relación con la determinación de los siguientes elementos/parámetros de cálculo de las sanciones: (i) valor de las ventas; (ii) importe en función de la gravedad; (iii) entry fee; (iv) ajustes del importe básico (en particular, por no haberse tenido en cuenta la situación de crisis del sector); (v) límite máximo con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento 1/2003; (vi) reducción insuficiente de las sanciones por la larga duración del procedimiento y, en último lugar, infracción del artículo 101 TFUE, de las Directrices e incumplimiento de la obligación de motivación respecto a la denegación de la solicitud de aplicación del apartado 35 de dichas Directrices.

               4.

               Cuarto motivo, basado en el artículo 31 del Reglamento 1/2003, con arreglo al cual las demandantes piden que el Tribunal General de la Unión Europea, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, incluso en caso de que se desestimen los motivos anteriormente invocados en apoyo del recurso, sustituya la apreciación de la Comisión por la suya propia y reduzca el importe total de las multas impuestas en la Decisión.


title: Asunto C-344/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Kościanie (República de Polonia) el 24 de julio de 2008 — Proceso penal contra Tomasz Rubach

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Kościanie (República de Polonia) el 24 de julio de 2008 — Proceso penal contra Tomasz Rubach
   (Asunto C-344/08)
   (2008/C 272/17)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Órgano jurisdiccional remitente
   Sąd Rejonowy w Kościanie
   Parte en el proceso penal
   Tomasz Rubach
   Cuestión prejudicial
   Que se interprete el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (1), con respecto a la manera en que el propietario de los animales enunciados en el anexo B (distintos de los batracios, reptiles, aves o mamíferos) puede demostrar en el sentido del Derecho comunitario, en el caso de autos ante el tribunal de lo penal, que adquirió sus especímenes, o los introdujo en el territorio de la Comunidad, de conformidad con las disposiciones normativas relativas a las especies de la fauna y flora silvestres, si las disposiciones del Derecho nacional no regulan dicha cuestión.

      (1)  DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.


title: Asunto T-262/12: Recurso interpuesto el 12 de junio de 2012 — Banco Central de Irán/Consejo

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/27

         Recurso interpuesto el 12 de junio de 2012 — Banco Central de Irán/Consejo
   (Asunto T-262/12)
   2012/C 243/48
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Banco Central de Irán (Teherán, Irán) (representante: M. Lester, Barrister)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión 2012/35/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, (1) y el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, (2) en cuanto sean de aplicación al demandante las medidas adoptadas mediante tales actos legislativos.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que el demandado se equivocó manifiestamente al considerar que se cumplía alguno de los criterios para la inclusión en la lista de la Decisión 2012/35/PESC y del Reglamento (UE) no 267/2012.

               2)

               Segundo motivo, basado en que el demandado no fundamentó adecuada ni suficientemente la inclusión del demandante en la lista de personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas.

               3)

               Tercer motivo, basado en que el demandado no garantizó el derecho de defensa ni a la tutela judicial efectiva del demandante.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que el demandado vulneró, injustificada o desproporcionadamente, los derechos fundamentales del demandante, incluidos sus derechos a la protección de sus bienes y de su honor.

      (1)  Decisión 2012/35/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 19, p. 22).

      (2)  Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).


title: Asunto F-1/08: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 27 de junio de 2008 — Nijs/Tribunal de Cuentas (Función pública — Funcionarios — Artículo 35, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento — Exposición de motivos y alegaciones — Plazo para presentar la reclamación — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/72

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 27 de junio de 2008 — Nijs/Tribunal de Cuentas
   (Asunto F-1/08) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Artículo 35, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento - Exposición de motivos y alegaciones - Plazo para presentar la reclamación - Inadmisibilidad manifiesta)
   (2008/C 209/133)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburgo) (representante: F. Rollinger, abogado)

      Demandada: Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (representantes: T. Kennedy, J.-M. Stenier y G. Corstens, agentes)
   Objeto
   Función pública — Por una parte, la anulación de la decisión del Comité de Apelación de no promover al demandante al grado A*11 en el marco del ejercicio de promoción de 2005 y, por otra parte, una solicitud de indemnización por daños y perjuicios.
   Fallo

               1)

               Declarar el recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Nijs.

      (1)  DO C 64 de 8.3.2008, p. 68.


title: Asunto T-47/09: Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2009 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/OAMI (diegesellschafter.de)

text:
               1.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/18

         Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2009 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/OAMI (diegesellschafter.de)
   (Asunto T-47/09)
   2009/C 102/29
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch eV (Mainz, Alemania) (representantes: V. Töbelmann y A. Piltz, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 27 de noviembre de 2008, referencia R 1094/2008-1.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: la marca denominativa «diegesellschafter.de» para servicios comprendidos en las clases 35 y 41 (solicitud no4 606 372)

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 40/94, (1) en la medida en que la marca solicitada tiene el necesario carácter distintivo y no existe ningún imperativo de disponibilidad.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1)


title: Asunto T-275/07: Recurso interpuesto el 18 de julio de 2007 — Ebro Puleva/OAMI — Berenguel (BRILLO'S)

text:
               6.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 235/13

         Recurso interpuesto el 18 de julio de 2007 — Ebro Puleva/OAMI — Berenguel (BRILLO'S)
   (Asunto T-275/07)
   (2007/C 235/24)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español
   Partes

      Demandante: Ebro Puleva, SA (Madrid) (Representante: Sr. P. Casamitjana Lleonart, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Luis Berenguel, SL
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 21 de mayo de 2007, dictada en el asunto R 493/2006-2 (relativo al procedimiento de oposición no B 705 790).

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: LUIS BERENGUEL, S.L.

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «BRILLO'S» para productos de las clases 29, 30 y 31 (solicitud no 2.984.995).

      Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: La demandante.

      Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marca figurativa española «brillante» (marca no 922.772) para productos de la clase 30 y marca figurativa española «brillante» (marca no 2.413.459) para productos de la clase 29.

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Violación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 (1) al estimar que los signos en pugna son fonéticamente, conceptualmente y visualmente distintos.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto C-97/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del College van Beroep voor het bedrĳfsleven, de fecha 7 de enero de 2003, en el asunto entre el Sr. y la Sra. T.H.J.M. van Schaĳk y Directeur van de Rĳksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

text:
24.5.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 124/3
2.     condene en costas al Reino de España.                               2)    La Directiva 85/511/CEE ( 1), en la versión modificada por
                                                                                la Directiva 90/423/CEE ( 2), ¿deja a los Estados miembros
                                                                                margen para la adopción de medidas nacionales comple-
                                                                                mentarias de lucha contra la fiebre aftosa?
Motivos y principales alegaciones
—      Transposición incorrecta del Artículo 5 de la Directiva:            3)    ¿Qué límites establece el Derecho comunitario a un
       La ley que incorpora al Derecho español el Artículo 5 de                  Estado miembro por lo que respecta a la adopción de
       la Directiva 93/13/CEE omite la mención de que la norma                   medidas nacionales complementarias distintas de las
       de interpretación más favorable para el consumidor no                     previstas en la Directiva 85/511/CEE, en la versión
       será aplicable en el marco de los procedimientos que                      modificada por la Directiva 90/423/CEE?
       establece el apartado 2o del Artículo 7 de la Directiva
       (acciones de cesación). Así se crea una situación en la
                                                                           (1 ) DO L 315, p. 11; EE 03/39, p. 33.
       que el consumidor corre el riesgo de que la regla de                (2 ) DO L 224, p. 13.
       interpretación se vuelva contra sus intereses, en la medida
       en que le impedirá la eliminación de los contratos a
       celebrar con los consumidores, a través de una acción de
       cesación, de las cláusulas oscuras que de acuerdo con una
       interpretación «normal» tengan carácter abusivo.
—      Transposición incorrecta del apartado 2o del Artículo 6
       de la Directiva: Al remitirse a lo establecido «en el               Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
       Artículo 5 del Convenio de Roma de 1980 sobre la Ley                lución del College van Beroep voor het bedrijfsleven, de
       aplicable a las obligaciones contractuales» la Ley española         fecha 7 de enero de 2003, en el asunto entre el Sr. y la Sra.
       limita la protección conferida por la Directiva a los               T.H.J.M. van Schaijk y Directeur van de Rijksdienst voor
       consumidores, introduciendo una doble restricción. Así,                               de keuring van Vee en Vlees
       la Directiva prevé la protección de todos los consumidores
       en todos los contratos con un profesional, mientras que
       la Ley española prevé dicha protección sólo para ciertos                                    (Asunto C-97/03)
       tipos de contratos y sólo cuando se cumplan ciertas
       condiciones, doble restricción prohibida por la Directiva.                                   (2003/C 124/06)
( 1) del Consejo, DO L 095 de 21.4.1993, p. 29.
                                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                           resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven,
                                                                           dictada el 7 de enero de 2003, en el asunto entre el Sr. y la Sra.
                                                                           T.H.J.M. van Schaijk y Directeur van de Rijksdienst voor de
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                  keuring van Vee en Vlees, y recibida en la Secretaría del
lución del College van Beroep voor het bedrijfsleven, de                   Tribunal de Justicia el 4 de marzo de 2003. El College van
fecha 7 de enero de 2003, en el asunto entre A. Tempel-                    Beroep voor het bedrijfsleven solicita al Tribunal de Justicia
man y Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van                     que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                            Vee en Vlees
                                                                           1)    ¿Puede un Estado miembro deducir del Derecho comuni-
                                                                                tario la facultad de ordenar el sacrificio de animales
                         (Asunto C-96/03)
                                                                                sospechosos de estar infectados con el virus de la fiebre
                                                                                aftosa?
                          (2003/C 124/05)
                                                                           2)    La Directiva 85/511/CEE ( 1), en la versión modificada por
                                                                                la Directiva 90/423/CEE ( 2), ¿deja a los Estados miembros
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                        margen para la adopción de medidas nacionales comple-
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                      mentarias de lucha contra la fiebre aftosa?
resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven,
dictada el 7 de enero de 2003, en el asunto entre A. Tempelman             3)    ¿Qué límites establece el Derecho comunitario a un
y Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en                        Estado miembro por lo que respecta a la adopción de
Vlees, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de              medidas nacionales complementarias distintas de las
marzo de 2003. El College van Beroep voor het bedrijfsleven                      previstas en la Directiva 85/511/CEE, en la versión
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las                      modificada por la Directiva 90/423/CEE?
siguientes cuestiones:
1)     ¿Puede un Estado miembro deducir del Derecho comuni-                (1 ) DO L 315, p. 11; EE 03/39, p. 33.
       tario la facultad de ordenar el sacrificio de animales              (2 ) DO L 224, p. 13.
       sospechosos de estar infectados con el virus de la fiebre
       aftosa?


title: Asunto C-28/01: Recurso interpuesto el 23 de enero de 2001 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 61/12                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       24.2.2001
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                2.    Condene en costas a República Federal de Alemania.
—     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud del
                                                                         Motivos y principales alegaciones
      artı́culo 19 de la Directiva 98/56/CE del Consejo, de
      20 de julio de 1998, relativa a la comercialización de los
      materiales de reproducción de las plantas ornamenta-              Si bien con arreglo al artı́culo 3, letra k) (versión antigua) del
      les (1), al no poner en vigor, en los plazos señalados, las       Tratado CE las actividades de la Comunidad Europea también
      disposiciones legales, reglamentarias y administrativas            incluyen la polı́tica de medio ambiente, ésta tan sólo es parte
      necesarias para atenerse a la mencionada Directiva.                de la misión citada en el artı́culo 2 (versión antigua) del
                                                                         Tratado CE consistente en establecer un mercado común, en la
—     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.                    medida en que en la realización de las citadas misiones debe
                                                                         conseguirse un crecimiento sostenido. De ello se deduce que
                                                                         en la realización de las polı́ticas comunitarias deben tenerse
Motivos y principales alegaciones                                        debidamente en cuenta aspectos de polı́tica medioambiental,
                                                                         pero no debe concederse prioridad a la polı́tica medioambien-
                                                                         tal sobre la realización de las demás polı́ticas. En el presente
Los motivos y principales alegaciones invocados son análogos            caso esto significa que en la adjudicación de un contrato de
a los del asunto C-26/01.                                                servicios, las grandes distancias del transporte o la evitación de
                                                                         éste no pueden dar lugar por adelantado a que ni siquiera se
                                                                         anuncie la licitación del servicio de que se trata invocando una
(1) DO L 226, de 13.08.1998, p. 16.                                      alegación fundada en razones medioambientales, obstaculi-
                                                                         zando de este modo el comercio de servicios dentro de la
                                                                         Comunidad. Por lo tanto, la Stadt Braunschweig no debı́a, con
                                                                         base en una alegación fundada en razones medioambientales,
                                                                         incumplir ilı́citamente la obligación europea de anunciar a
                                                                         nivel comunitario la licitación de un contrato para la evacua-
                                                                         ción de desechos.
                                                                         Es irrelevante que por parte de Alemania se haya reconocido
                                                                         la infracción de las disposiciones de Derecho comunitario en
                                                                         materia de contratos públicos y que las instancias competentes
Recurso interpuesto el 23 de enero de 2001 contra la                     hayan sido instruidas para que cumplan el Derecho comunita-
República Federal de Alemania por la Comisión de las                   rio en materia de contratos públicos, puesto que la Stadt
                     Comunidades Europeas                                Braunschweig sigue incumpliendo el Derecho comunitario al
                                                                         mantener en vigor y seguir aplicando dicho contrato.
                         (Asunto C-28/01)
                          (2001/C 61/21)                                 (1) DO L 209, p. 1.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 23 de enero de 2001 un recurso contra la
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Josef
Christian Schieferer, miembro del Servicio Jurı́dico de la
Comisión, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
Servicio Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner C 254,                 Recurso interpuesto el 24 de enero de 2001 contra el
Kirchberg.                                                               Reino de España por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                                (Asunto C-29/01)
1.    Declare que en la adjudicación de un contrato público de
      servicios, la República Federal de Alemania ha incumplido                                   (2001/C 61/22)
      los artı́culos 8 y 11, apartado 3, letra b), de la Directiva
      92/50/CEE (1), al adjudicar la Stadt Braunschweig en un
      procedimiento negociado sin anuncio de contratación un            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      contrato para la evacuación de desechos, a pesar de no            presentado el 24 de enero de 2001 un recurso contra el Reino
      cumplirse los requisitos establecidos en el artı́culo 11,          de España formulado por la Comisión de las Comunidades
      apartado 3, letra b), de la Directiva 92/50/CEE para la            Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana, que
      contratación directa sin licitación a nivel europeo.             designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto C-500/12: Recurso interpuesto el 6 de noviembre de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/26

         Recurso interpuesto el 6 de noviembre de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia
   (Asunto C-500/12)
   2013/C 26/52
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: J. Hottiaux y H. Støvlbaek)

      Demandada: República de Polonia

      Pretensiones de la parte demandante

   La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo Establecido en el artículo 2 de la Directiva 2011/18/UE de la Comisión, de 1 de marzo de 2011, por la que se modifican los anexos II, V y VI de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad, (1) al no haber aprobado o, en cualquier caso, notificado a la Comisión las disposiciones legales y administrativas exigibles para el cumplimiento de lo establecido en dicha Directiva.

               —

               Condene en costas a la República de Polonia.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo establecido para la transposición de la Directiva expiró el 31 de diciembre de 2011.

      (1)  DO L 57, p. 21.


title: Asunto T-432/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2009 — Francia/Comisión ( FEOGA — Sección Garantía — Gastos excluidos de la financiación comunitaria — Frutas y hortalizas — Requisitos para el reconocimiento de las organizaciones de productores )

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/42

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2009 — Francia/Comisión
   (Asunto T-432/07) (1)

   («FEOGA - Sección “Garantía” - Gastos excluidos de la financiación comunitaria - Frutas y hortalizas - Requisitos para el reconocimiento de las organizaciones de productores»)
   2009/C 282/79
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: República Francesa (representantes: G. de Bergues y A.-L. During, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: F. Clotuche-Duvieusart y F. Jimeno Fernández, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión 2007/647/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 2007, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), (DO L 261, p 28), en la medida en que excluye determinados gastos efectuados por la República Francesa a favor de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Francesa.

      (1)  DO C 22, de 26.1.2008.


title: Asunto C-313/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de abril de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 , por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de abril de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-313/06) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)
   (2007/C 96/30)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Lawunmi y D. Recchia, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: I.M. Braguglia y M. Fiorilli, agentes)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo previsto, de las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (DO L 146, p. 1).
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, al no hacer lo necesario para que entraran en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 212, de 2.9.2006.


title: Asunto C-602/12 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de diciembre de 2012 por Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 10 de octubre de 2012 en el asunto T-172/09, Gem-Year Industrial Co. Ltd/Consejo de la Unión Europea

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/6

         Recurso de casación interpuesto el 20 de diciembre de 2012 por Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 10 de octubre de 2012 en el asunto T-172/09, Gem-Year Industrial Co. Ltd/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-602/12 P)
   2013/C 101/12
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (representantes: Y. Melin, V. Akritidis, avocats)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

      Pretensiones de las partes recurrentes

               1)

               Que se anule en su totalidad la sentencia de la Sala Séptima del Tribunal General de 10 de octubre de 2012 en el asunto T-172/09, Gem-Year y Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consejo.

               2)

               Que se estimen, mediante sentencia definitiva del Tribunal de Justicia,

                           —

                           el tercer motivo del recurso en primera instancia, relativo a la inexistencia de perjuicio sufrido por la industria comunitaria, en contra de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de base, (1) y

                           —

                           el séptimo motivo en primera instancia, relativo a la compensación ilegal de una subvención a través de la denegación del trato de economía de mercado, infringiendo lo dispuesto en el Reglamento no 2026/97 (2) y el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base.
                           o, con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General.

               3)

               Que se condene al Consejo y a las coadyuvantes, además de a cargar con sus propias costas, al pago de todas aquellas en que hayan incurrido las recurrentes en el curso del presente procedimiento y del sustanciado ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   Las recurrentes alegan que la sentencia recurrida debe anularse por los siguientes motivos:

               En primer lugar, en vista de los hechos planteados ante el Tribunal General, es evidente que no existen pruebas de que la industria de los elementos de fijación de la Unión estuviera sufriendo un perjuicio como consecuencia de las importaciones objeto de dumping procedentes de China en el sentido del artículo 3, apartados 2, 5 y 6, del Reglamento antidumping de base. (3) Este primer motivo se divide en las dos partes siguientes:

                           i)

                           El Tribunal General desnaturalizó las pruebas que le fueron sometidas al considerar que el margen de beneficio obtenido por la industria de elementos de fijación de la Unión durante el período examinado (desde el 1 de enero de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2007) resultó sustancialmente perjudicado por las importaciones objeto de dumping procedentes de China, cuando las pruebas que constan en autos demuestran que los beneficios fluctuaron durante ese período y alcanzaron su segundo máximo nivel durante el último año (4,4 %), que es también cuando las importaciones objeto de dumping procedentes de China alcanzaron su nivel más alto y estuvieron cerca de su nivel histórico máximo del 4,7 % (en 2004), que se sitúa justo por debajo del objetivo de beneficio (5 %) utilizado por la Comisión para calcular el margen de subcotización.

                           ii)

                           Las pruebas aportadas al Tribunal muestran una industria de la Unión creciente y más próspera, especialmente durante el período de la investigación. No reflejan un supuesto de perjuicio sustancial, sino un supuesto de hipotética oportunidad perdida para aprovechar plenamente el creciente mercado interno de la UE. Al adoptar su decisión basándose en que las instituciones de la Unión tenían razón al considerar que existió un perjuicio sustancial ocasionado por las importaciones objeto de dumping, el Tribunal General incurrió en un error en la clasificación legal de los hechos que había acreditado, por lo que el artículo 3, apartados 2, 5 y 6, del Reglamento de base no se aplicó correctamente.

               En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que una solicitud de trato de economía de mercado al amparo del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base podía denegarse con base en la conclusión de que la industria proveedora estaba subvencionada. Ello equivale a compensar esas subvenciones en lugar de proseguir una investigación iniciada con arreglo al Reglamento no 2026/97 del Consejo (el Reglamento antisubvenciones de base aplicable en ese momento). Esa interpretación constituye una interpretación ilegal del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y una infracción del Reglamento no 2026/97 del Consejo.

      (1)  Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 56, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea.

      (3)  Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).


title: Asunto C-569/14: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil n ° 3 de Barcelona (España) el 9 de diciembre de 2014 — Jordi Carné Hidalgo y Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc, S.A.

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/35

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (España) el 9 de diciembre de 2014 — Jordi Carné Hidalgo y Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc, S.A.
   (Asunto C-569/14)
   (2015/C 046/41)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Jordi Carné Hidalgo y Anna Aracil Gracia

      Demandada: Catalunya Banc, S.A.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que impide al juez plantear a las partes una posible suspensión del procedimiento civil cuando se haya planteado por otro juzgado o tribunal una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no supondría una limitación clara a lo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE (1), en cuanto al deber de los Estados miembros de velar por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

               2)

               Si el artículo 721.2 de la LEC española, que impide al juez adoptar o sugerir de oficio la adopción de medidas cautelares en procedimientos individuales en los que se plantee la nulidad por abusiva de una condición general, no supondría una limitación clara a lo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE, en cuanto al deber de los Estados miembros de velar por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

               3)

               Si las medidas cautelares que pudieran adoptarse, bien de oficio bien a instancia de parte, en el marco de un procedimiento en el que se ejercite una acción individual, no debería extender sus efectos hasta que haya un pronunciamiento definitivo bien en el procedimiento individual, bien en un procedimiento colectivo que interfiriera en el ejercicio de las acciones individuales, con el fin de garantizar los medios adecuados y eficaces que prevé el mencionado artículo 7 de la citada directiva.

      (1)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. DO L 95, p. 29


title: Asunto C-129/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Nürnberg (Alemania) el 20 de marzo de 2014 — Proceso penal contra Zoran Spasic

text:
               19.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Nürnberg (Alemania) el 20 de marzo de 2014 — Proceso penal contra Zoran Spasic
   (Asunto C-129/14)
   2014/C 151/19
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Nürnberg.

      Parte en el proceso principal

   Zoran Spasic.

      Otra parte: Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS) (1) en la medida en que supedita la aplicación del principio non bis in idem a que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación del Estado de condena?

               2)

               ¿Se cumple también la mencionada condición del artículo 54 del CAAS cuando sólo se ha ejecutado una parte (en este caso, la multa) de la sanción impuesta en el Estado de condena, consistente en dos partes independientes (en este caso, pena privativa de libertad y multa)?

      (1)  DO 2000, L 239, p. 19.


title: Asunto T-231/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de enero de 2007 — Grecia/Comisión ( Recurso de anulación — Representación diplomática común en Abuja (Nigeria) — Cobro de una deuda mediante compensación — Reglamentos (CE, Euratom) n os  1605/2002 y 2342/2002 — Principio de buena fe en Derecho internacional público )

text:
               10.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/26

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de enero de 2007 — Grecia/Comisión
   (Asunto T-231/04) (1)

   («Recurso de anulación - Representación diplomática común en Abuja (Nigeria) - Cobro de una deuda mediante compensación - Reglamentos (CE, Euratom) nos 1605/2002 y 2342/2002 - Principio de buena fe en Derecho internacional público»)
   (2007/C 56/50)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: República Helénica (representantes: P. Mylonopoulos y V. Kyriazopoulos, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Triantafyllou y F. Dintilhac, agentes)
   Objeto
   Anulación del acto de 10 de marzo de 2004 en el que la Comisión procedió al cobro mediante compensación de las cantidades adeudadas por la República Helénica como consecuencia de su participación en una serie de proyectos inmobiliarios relativos a la representación diplomática de la Comisión y de determinados Estados miembros de la Unión Europea en Abuja (Nigeria).
   Fallo

               1)

               Retirar de los autos el dictamen del servicio jurídico del Consejo de 26 de junio de 1998, presentado por la República Helénica como anexo 12 del recurso.

               2)

               Desestimar el recurso.

               3)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 179, de 10.7.2004 (anteriormente asunto C-189/04).