title: Asunto C-302/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts (Letonia) el 3 de junio de 2013 — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, declarada en concurso de acreedores/VAS «Starptautiskā lidosta Riga» , AS «Air Baltic Corporation»

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 226/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts (Letonia) el 3 de junio de 2013 — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, declarada en concurso de acreedores/VAS «Starptautiskā lidosta Riga», AS «Air Baltic Corporation»
   (Asunto C-302/13)
   (2013/C 226/10)
   Lengua de procedimiento: letón

      Órgano jurisdiccional remitente

   Augstākās tiesas Senāts

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: AS flyLAL-Lithuanian Airlines, declarada en concurso de acreedores

      Demandadas: VAS «Starptautiskā lidosta Riga», AS «Air Baltic Corporation»

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Ha de considerarse un asunto en materia civil o mercantil, en el sentido del Reglamento, (1) un litigio, en el que se solicita que se conceda una indemnización por daños y perjuicios y que se declare la ilicitud del comportamiento de las demandadas consistente en un acuerdo ilícito y en un abuso de posición dominante, y que se basa en la aplicación de actos normativos de alcance general de otro Estado miembro, habida cuenta de que los acuerdos ilícitos son nulos desde el momento de su conclusión, y de que, en cambio, la adopción de una norma es un acto del Estado en el ámbito del Derecho público (acta iure imperii), al que se aplican las normas de Derecho internacional público relativas a la inmunidad de jurisdicción de un Estado frente a los órganos jurisdiccionales de otros Estados?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta (el asunto es un asunto en materia civil o mercantil, en el sentido del Reglamento), ¿ha de considerarse que el procedimiento de reclamación de indemnización es un litigio en materia de validez de las decisiones de los órganos de sociedades, en el sentido del artículo 22, apartado 2, del Reglamento, lo que permite no reconocer la resolución con arreglo al artículo 35, apartado 1, del Reglamento?

               3)

               Si el objeto del recurso en el procedimiento de reclamación de indemnización se inscribe en el ámbito de aplicación del artículo 22, apartado 2, del Reglamento (competencias exclusivas), ¿tiene el órgano jurisdiccional del Estado en el que se solicita el reconocimiento la obligación de verificar que concurren las circunstancias enumeradas en el artículo 35, apartado 1, del Reglamento en relación con el reconocimiento de una resolución mediante la que se acuerda la adopción de medidas cautelares provisionales?

               4)

               ¿Puede entenderse la cláusula de orden público contenida en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento en el sentido de que el reconocimiento de una resolución mediante la que se acuerda la adopción de medidas cautelares provisionales es contraria al orden público de un Estado miembro si, en primer lugar, el fundamento principal para la adopción de las medidas cautelares provisionales es la magnitud considerable de la cantidad solicitada sin que se haya realizado un cálculo fundado y justificado, y en segundo lugar, si al reconocer y ejecutar dicha resolución se puede causar un perjuicio a las partes demandadas, que la parte demandante, una sociedad declarada en concurso de acreedores, no podrá reparar en caso de que se desestime el recurso en el procedimiento de reclamación de indemnización, lo que podría afectar a los intereses económicos del Estado en el que se solicita el reconocimiento, poniendo en consecuencia en riesgo la seguridad del Estado, toda vez que la República de Letonia es titular del 100 % de las acciones de Lidosta Rīga y del 52,6 % de las acciones de AS Air Baltic Corporation?

      (1)  Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1).


title: Asunto C-97/16: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social n° 3 de Barcelona (España) el 17 de febrero de 2016 — José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide S.L., Transportes Saripod S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/29

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (España) el 17 de febrero de 2016 — José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide S.L., Transportes Saripod S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
   (Asunto C-97/16)
   (2016/C 156/38)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: José María Pérez Retamero

      Demandadas: TNT Express Worldwide S.L., Transportes Saripod S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿La definición de «trabajador móvil» establecida en el artículo 3, apartado d), de la Directiva 2002/15/CE (1), debe ser interpretado en el sentido de que se opone a una norma legal interna como el artículo 1.3.g) del Estatuto de los Trabajadores, que establece que no pueden ser considerados como «trabajadores móviles»«las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada,…, con vehículos… cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten,…»?

               2)

               ¿El párrafo segundo del artículo 3.e) de la Directiva («A los efectos de la presente Directiva, los conductores que no cumplan estos criterios estarán sometidos a los mismos derechos y obligaciones previstos por la presente Directiva para los trabajadores móviles»), debe interpretarse en el sentido que si no concurre alguno o uno solo de los criterios establecidos para ser considerados como «conductores autónomos», debe entenderse que se trata de un «trabajador móvil»?

      (1)  Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera DO L 80, p. 35


title: Asunto F-90/09: Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2009 — Ernotte/Comisión

text:
               16.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/41

         Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2009 — Ernotte/Comisión
   (Asunto F-90/09)
   2010/C 11/78
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Frédéric Ernotte (Bruselas) (representante: L. Defalque, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Objeto y descripción del litigio

   Condena de la Comisión a reparar el perjuicio material y moral sufrido por el demandante por el modo en que fue tramitado su expediente relativo al reconocimiento del origen accidental del infarto que padeció.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar al demandante la cantidad de 96 579,175 euros (más los intereses de demora, cuyo importe debe calcularse al tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo para las principales operaciones de refinanciación, incrementado en dos puntos, a partir del 1 de enero de 2006) en concepto de reparación del perjuicio material sufrido por culpa de la ligereza y del retraso excesivo con el que la Comisión tramitó su expediente relativo al reconocimiento del origen accidental del infarto que padeció el 28 de agosto de 2002.

               —

               Que se conceda una indemnización por daños y perjuicios por el daño moral sufrido por el demandante, valorado provisionalmente ex aequo et bono en 5 000 euros, sin perjuicio de su incremento o disminución durante la sustanciación del proceso.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 21 de julio de 2005, en el asunto C-207/04 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Novara): Paolo Vergani contra Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona («Política social — Igualdad de retribución y de trato entre hombres y mujeres — Indemnización por cese — Tributación fijada en función de la edad — Ventaja fiscal»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/20

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 21 de julio de 2005
   en el asunto C-207/04 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Novara): Paolo Vergani contra Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona (1)

   («Política social - Igualdad de retribución y de trato entre hombres y mujeres - Indemnización por cese - Tributación fijada en función de la edad - Ventaja fiscal»)
   (2005/C 217/39)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto C-207/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Commissione tributaria provinciale di Novara (Italia), mediante resolución de 26 de abril de 2004, registrada en el Tribunal de Justicia el 10 de mayo de 2004, en el procedimiento entre Paolo Vergani y Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric (Ponente) y los Sres. K. Schiemann, E. Juhász y E. Levits, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 21 de julio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición como la controvertida en el asunto principal, que concede a los trabajadores que hayan cumplido los 50 años de edad, si se trata de mujeres, y los 55 años, si se trata de hombres, como incentivo a la dimisión del trabajador, una ventaja consistente en la tributación a un tipo reducido a la mitad de las cantidades que les sean abonadas con motivo de la extinción de la relación laboral.

      (1)  DO C 179, de 10.7.2004.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 26 de mayo de 2005, en el asunto C-297/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Sozialhilfeverband Rohrbach contra Arbeitterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund («Articulo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Directiva 2001/23/CE — Transmisión de empresas — Posibilidad de invocar una directiva contra un particular — Oposición del trabajador a la transmisión de su contrato al cesionario»)

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/19

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 26 de mayo de 2005
   en el asunto C-297/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Sozialhilfeverband Rohrbach contra Arbeitterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund (1)

   («Articulo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Directiva 2001/23/CE - Transmisión de empresas - Posibilidad de invocar una directiva contra un particular - Oposición del trabajador a la transmisión de su contrato al cesionario»)
   (2005/C 182/35)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-297/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberster Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 4 de junio de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de Julio de 2003, en el procedimiento entre Sozialhilfeverband Rohrbach y Arbeitterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, y la Sra. N. Colneric (Ponente) y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 26 de mayo de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Una sociedad de responsabilidad limitada de Derecho privado cuyo único accionista es una mancomunidad de servicios sociales de Derecho público figura entre las entidades contra las que se pueden invocar los artículos 3, apartado 1, y 1, apartado 1, letra c), primera frase, de la Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.

               2)

               Un organismo estatal que cede un centro de actividad no puede invocar los artículos 3, apartado 1, y 1, apartado 1, letra c), de la Directiva 2001/23 contra un trabajador para imponerle la continuidad de su relación laboral con el cesionario.

      (1)  DO C 226, de 20.9.2003.


title: Asunto T-339/03: Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Gabrielle Clotuche

text:
C 289/34                 ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                          29.11.2003
En el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia                     —    Anule la decisión de la Comisión de 1 de octubre de
desestime los motivos alegados en contra del Reglamento                         2003 por la que se establece el nuevo organigrama de la
impugnado con carácter principal, las demandantes solicitan                     DG ESTAT en cuanto no incluye ninguna medida de
subsidiariamente que declare ilegítimo e inaplicable el artí-                   asignación de nuevo destino a la demandante en ese
culo 2 del Reglamento no 1260/2001, en la medida en que                         marco, mientras que, por otro lado, se ha adoptado otra
permite a la Comisión, a efectos de fijar el precio de interven-                medida individual de asignación de nuevo destino.
ción derivado, no tener en cuenta la incidencia de las
importaciones sin arancel y sin cuotas máximas en la evolución             —    Condene a la Comisión a pagarle 25 000 euros, en
de los mercados.                                                                concepto de indemnización del perjuicio moral sufrido
                                                                                por esos actos irregulares.
En segundo lugar, las demandantes afirman que la motivación
                                                                           —    Condene a la Comisión al abono de todas las costas.
del Reglamento impugnado es manifiestamente insuficiente y
contradictoria, habida cuenta de que con dicho acto la
Comisión modifica la práctica que había seguido los años
anteriores —en los cuales Italia no figuraba entre los países              Motivos y principales alegaciones
afectados por la regionalización— sin que dicho cambio esté
justificado de algún modo tras un examen objetivo y sin que
se haya tomado en consideración la situación particular creada             La demandante, funcionaria de la Comisión, fue trasladada el
como consecuencia de las citadas importaciones sin arancel de              16 de enero de 2003 a Eurostat, como Directora de la
azúcar blanco de los Balcanes.                                             Dirección de Estadísticas Sociales. El 9 de julio de 2003, habida
                                                                           cuenta de las graves irregularidades al parecer producidas en el
                                                                           seno de Eurostat, la Comisión decidió trasladar a todos los
En tercer lugar, y con carácter subsidiario, las demandantes               Directores de Eurostat, incluida la demandante, a funciones de
consideran que aunque no se hubieran tenido en cuenta las                  Consejeros principales. El 1 de octubre de 2003, la Comisión
importaciones sin arancel de los Balcanes al calcular el                   adoptó la nueva estructura reformada de los servicios de la
abastecimiento interno, la Comisión no habría debido calificar             DG ESTAT y decidió, que en principio, iba a abrir las nuevas
a Italia de «zona deficitaria».                                            Direcciones tanto a candidatos externos como internos, sin
                                                                           adoptar ninguna iniciativa respecto a la demandante. La
(1) DO 2003, L 162, p. 24.                                                 demandante impugna estas dos decisiones alegando que las
(2) Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de            presuntas irregularidades en el seno de Eurostat tuvieron lugar
    2001, por el que se establece la organización común de mercados        hasta 2001 a más tardar, mientras que ella no fue destinada a
    en el sector del azúcar (DO L 178, p. 1).                              dicho organismo hasta 2003, y por tanto no tenía nada que
                                                                           ver con ellas. En apoyo de su recurso invoca la infracción de
                                                                           los artículos 4, 7, 24, 25 y 47 del Estatuto, la vulneración
                                                                           del principio de igualdad de trato y de la prohibición de
                                                                           discriminación, del principio de buena administración, de los
                                                                           principios «audi alteram partem» y «patere legem», un error
Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2003 contra la                      manifiesto de apreciación, la utilización de un procedimiento
Comisión de las Comunidades Europeas por Gabrielle                         inadecuado y una desviación de poder.
                              Clotuche
                         (Asunto T-339/03)
                          (2003/C 289/69)
                                                                           Recurso interpuesto el 2 de octubre de 2003 contra la
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       Comisión de las Comunidades Europeas por Wanadoo
                                                                                Interactive S.A.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                            (Asunto T-340/03)
Europeas se ha presentado el 6 de octubre de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                                            (2003/C 289/70)
por Gabrielle Clotuche, con domicilio en Bruselas, representada
por los Sres. Pierre-Paul Van Gehuchten, Gilbert Demez y
Jacques Sambon, abogados, que designa domicilio en Luxem-                                   (Lengua de procedimiento: francés)
burgo.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 2 de octubre de 2003 un recurso
—     Anule la decisión de la Comisión de 9 de julio de 2003               contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
      por la que se traslada en interés del servicio a la                  por Wanadoo Interactive S.A., con domicilio social en Issy-les-
      demandante de su puesto de Directora en la Dirección de              Moulineaux (Francia), representada por los Sres. Onno W.
      Estadísticas Sociales de Eurostat a un puesto de Consejera           Brouwer, Hugues Calvet, Marc Pittie y Jérôme Philippe, abo-
      principal en Eurostat.                                               gados.


title: Asunto C-271/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) el 31 de mayo de 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados y otros/Ypourgos Esoterikon, Dimosisias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonias, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) el 31 de mayo de 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados y otros/Ypourgos Esoterikon, Dimosisias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonias, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon
   (Asunto C-271/11)
   2011/C 232/32
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Symvoulio tis Epikrateias

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Techniko Epimelitirio Ellados (TEE), Sýllogos Ellínon Diplomatoúchon aeronafpigón michanikón (SEA), Aléxandros Tsiápas, Antónios Oikonomópoulos, Apóstolos Batatégas, Vasíleios Kouloúkis, Geórgios Oikonomópoulos, Ilías Iliádis, Ioánnis Tertígkas, Panellínios Sýllogos Aerolimenikón Ypiresías Politikís Aeroporías, Eléni Theodorídou, Ioánnis Karnesiótis, Alexándra Efthimíou y Eléni Saatsáki

      Demandadas: Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonias, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

      Cuestiones prejudiciales

               a)

               ¿Debe entenderse el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2042/2003, en relación con la disposición Μ.Β.902, letra b), punto 1, de la subparte I de la sección B del anexo I de dicho Reglamento, y habida cuenta de lo dispuesto en la disposición ΑΜC Μ.Β. 102, letra c), punto 1 (párrafos 1.1 a 1.4, 1.6, 1.7) de la subparte A de la sección B del anexo I de la Decisión 2003/19/RΜ, de la EASA de 28 de noviembre de 2003, sobre los medios aceptables de cumplimiento del mencionado Reglamento no 2042/2003, en el sentido de que el legislador nacional, al adoptar medidas adicionales para la aplicación de dicho Reglamento, tiene la facultad discrecional de asignar la tarea de inspección de las aeronaves para comprobar que se cumplen las exigencias vigentes en materia de aeronavegabilidad entre varias categorías o especialidades de inspectores, controlando cada una de ellas cuales controlará la aeronavegabilidad de la aeronave únicamente respecto de un ámbito concreto? Εn particular, ¿es conforme con el Reglamento no 2042/2003 una normativa nacional, como la controvertida en el presente asunto, que establece Inspectores de Aeronavegabilidad (Airworthiness and Avionics Inspectors), Inspectores de Operaciones de Vuelo (Flight Operations Inspectors), Inspectores de Seguridad de la Cabina de Pasajeros (Cabin safety Inspectors) e Inspectores de Titulaciones y Licencias (Licensing Inspectors)?

               b)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe entenderse la disposición Μ.Β.902, letra b), punto 1, de la subparte I de la sección B del anexo I del Reglamento (CE) no 2042/2003 en el sentido de que las personas a quienes se asignen funciones de inspección de la aeronavegabilidad de una aeronave únicamente respecto de un ámbito concreto, deben disponer de cinco años de experiencia en todas las materias relacionadas con el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave, o bastan cinco años de experiencia únicamente en las funciones que se le encomiendan y en su especialidad?

               c)

               Si la respuesta a la cuestión anterior es que bastan cinco años de experiencia respecto de las funciones concretas que se le asignan al personal competente para la inspección, ¿cumple las exigencias que establece la mencionada disposición Μ.Β.902, letra b), punto 1, de la subparte I de la sección B del anexo I del Reglamento (CE) no 2042/2003, que establece que el personal que lleva a cabo la revisión deberá haber adquirido «al menos cinco años de experiencia en mantenimiento de la aeronavegabilidad», una disposición nacional, como la controvertida en el presente asunto, que establece que los Inspectores de Aeronavegabilidad (Airworthiness and Avionics Inspectors), responsables de la supervisión y el control de los medios de vuelo, de los organismos de mantenimiento autorizados, así como de los operadores aéreos, de conformidad con lo establecido en el manual ΙCΑΟ doc. 9760, deberán contar con al menos cinco años de experiencia en un taller de mantenimiento de aeronaves y haber trabajado en el mantenimiento de aeronaves?

               d)

               En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión, ¿es conforme con el Reglamento (CE) no 2042/2003 una disposición nacional, como la controvertida en el presente asunto, que equipara a los titulares de una licencia de mantenimiento de aeronaves de conformidad con la Parte-66 (anexo III) de dicho Reglamento con los que han obtenido una titulación superior de contenido aeronáutico, y establece que las personas incluidas en ambas categorías deberán haber adquirido experiencia en un taller de mantenimiento de aeronaves para poder obtener la certificación de Inspector de Aeronavegabilidad?

               e)

               ¿Debe entenderse como cinco años de experiencia en el sentido de la disposición Μ.Β.902, letra b), punto 1, de la subparte I de la sección B del anexo I del Reglamento no 2042/2003, habida cuenta de lo dispuesto en la disposición ΑΜC Μ.Β. 102, letra c), punto 1, párrafos 1.4 y 1.5, de la subparte A de la sección B del anexo I de la Decisión 2003/19/RΜ, de la EASA de 28 de noviembre de 2003, sobre los medios aceptables de cumplimiento del mencionado Reglamento no 2042/2003, la experiencia práctica eventualmente adquirida en el marco de los estudios para la obtención del correspondiente título académico o únicamente la experiencia adquirida en un ámbito laboral efectivo, independiente de los estudios y, en especial, tras la finalización de éstos y la obtención del título correspondiente?

               f)

               En el sentido de la disposición anterior del Reglamento no 2042/2003, ¿debe entenderse también como cinco años de experiencia en el mantenimiento de la aeronavegabilidad la experiencia adquirida en el eventual ejercicio, en el pasado e incluso antes de la entrada en vigor del Reglamento en cuestión, de funciones de inspección de la aeronavegabilidad de las aeronaves?

               g)

               ¿Debe entenderse la disposición Μ.Β.902, letra b), punto 2, de la subparte I de la sección B del anexo I del Reglamento no 2042/2003, en el sentido de que el titular de una licencia de mantenimiento de aeronaves con arreglo a la Parte-66 (anexo III del Reglamento no 2042/2003) debe haberse sometido a una formación adicional en asuntos relacionados con la aeronavegabilidad de las aeronaves antes de ser seleccionado inicialmente como Inspector o basta con seguir dicha formación tras la selección inicial y antes de asumir las funciones de Inspector?

               h)

               ¿Debe entenderse la disposición Μ.Β.902, letra b), punto 3, de la subparte I de la sección B del anexo I del Reglamento no 2042/2003, que establece que el personal que efectúa la revisión deberá haber adquirido «formación oficial en mantenimiento aeronáutico», en el sentido de que puede considerarse que constituye dicha formación un sistema de formación establecido por el legislador nacional con las siguientes características: i) la formación se imparte tras la selección inicial de una persona como Inspector sobre la base únicamente de requisitos formales, ii) dicha formación no difiere en función de los requisitos formales de los seleccionados inicialmente como Inspectores y iii) en el marco de dicho sistema de formación no se establecen procedimientos y criterios de valoración de la persona que sigue la formación, ni un examen final para certificar su suficiencia tras concluir su formación?

               i)

               ¿Debe entenderse la disposición Μ.Β.902, letra b), punto 4, de la subparte I de la sección B del anexo I del Reglamento no 2042/2003, que establece que el personal de inspección deberá haber adquirido «un cargo con las debidas responsabilidades» en el sentido de que el cargo constituye un requisito para poder obtener la certificación de Inspector, en el sentido de que debía ocupar un cargo superior en su ocupación anterior? ¿O debe entenderse dicha disposición del Reglamento no 2042/2003 en el sentido de que, habida cuenta de lo establecido en la disposición ΑΜC Μ.Β. 902, letra b), punto 3, de la subparte A de la sección B del anexo I de la Decisión no 2003/19/RΜ de la EASA de 28 de noviembre de 2003, tras la selección inicial de una persona como Inspector debe dársele un cargo en la autoridad competente para la inspección de la aeronavegabilidad de las aeronaves con poder para vincular con su firma a dicha autoridad?

               j)

               Si se interpreta la mencionada disposición Μ.Β.902, letra b), punto 4, de la subparte I de la sección B del anexo I del Reglamento en el segundo de los sentidos formulados, ¿puede considerarse que, habida cuenta de dicho sentido, se cumple el requisito del Reglamento mediante una regulación de Derecho interno que establece que se concederá la certificación de Inspector al concluir la formación teórica y práctica, en cuyo caso el interesado podrá ya efectuar inspecciones de la aeronavegabilidad de las aeronaves, vinculando a la autoridad competente con su firma en los documentos relativos a la inspección?

               k)

               Además, si se interpreta la mencionada disposición Μ.Β.902, letra b), punto 4, de la subparte I de la sección B del anexo I del Reglamento no 2042/2003 en el segundo de los sentidos formulados, ¿es conforme con ésta una disposición de Derecho nacional, como la que se examina, que establece que resulta preferible que para que una persona sea seleccionada inicialmente como Inspector de Aeronavegabilidad debe haber ascendido anteriormente «en la jerarquía y en los puestos de responsabilidad de un taller de mantenimiento de aeronaves»?

               l)

               ¿Debe entenderse el Reglamento (CE) no 2042/2003, que no regula si y bajo qué condiciones quienes ejercían antes de su entrada en vigor funciones de Inspector, en relación con el control de la aeronavegabilidad de aeronaves, están facultados para continuar ejerciendo dichas funciones tras la entrada en vigor del citado Reglamento, en el sentido de que el legislador nacional está obligado a establecer que quienes ejercían funciones de Inspector en el momento de entrada en vigor del mencionado Reglamento (o eventualmente en un momento anterior) deben obtener automáticamente la certificación de inspectores, sin someterse previamente al procedimiento de selección y valoración? ¿O debe entenderse dicho Reglamento no 2042/2003, cuya finalidad es mejorar la seguridad del transporte aéreo y no la protección de los derechos profesionales de los empleados en la autoridad competente en el Estado miembro para la inspección de la aeronavegabilidad de las aeronaves, en el sentido de que concede simplemente a los Estados miembros la facultad discrecional, si lo consideran oportuno, de que continúen ejerciendo como Inspectores para la comprobación de la aeronavegabilidad de las aeronaves quienes ejercían ese tipo de inspecciones antes de la entrada en vigor del mencionado Reglamento, incluso si dichas personas no reúnen los requisitos que exige dicho Reglamento, habida cuenta de lo dispuesto en la disposición ΑΜC Μ.Β. 902, letra b), punto 4, de la subparte A de la sección B del anexo I de la Decisión 2003/19/RΜ, de la EASA de 28 de noviembre de 2003?

               m)

               En el supuesto en que se establezca que el Reglamento no 2042/2003 debe entenderse en el sentido de que obliga a los Estados miembros a volver a dar automáticamente la certificación, sin someterse a un proceso de selección, a quienes ejercían funciones de Inspector antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento, ¿es conforme con dicho Reglamento una disposición de Derecho nacional, como la que se examina, que establece que para volver a dar automáticamente la certificación de Inspector dichas personas debían ejercer efectivamente funciones de Inspector no en el momento de la entrada en vigor del mencionado Reglamento, sino en el momento posterior de la entrada en vigor de dicha disposición de Derecho nacional?


title: Asunto T-373/08: Auto del Tribunal General de 24 de mayo de 2011 — Nuova Agricast/Comisión ( «Responsabilidad extracontractual — Régimen de ayudas establecido por la legislación italiana — Régimen declarado compatible con el mercado común — Medida transitoria — Exclusión de determinadas empresas — Principio de protección de la confianza legítima — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Inexistencia — Incompetencia manifiesta — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno» )

text:
               23.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/16

         Auto del Tribunal General de 24 de mayo de 2011 — Nuova Agricast/Comisión
   (Asunto T-373/08) (1)

   (Responsabilidad extracontractual - Régimen de ayudas establecido por la legislación italiana - Régimen declarado compatible con el mercado común - Medida transitoria - Exclusión de determinadas empresas - Principio de protección de la confianza legítima - Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Inexistencia - Incompetencia manifiesta - Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno)
   2011/C 219/23
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Nuova Agricast Srl (Cerignola, Italia) (representante: M.A. Calabrese, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci y E. Righini, agentes)

      Objeto

   Demanda de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por la demandante como consecuencia de la adopción por la Comisión de la decisión de 12 de julio de 2000 de no formular objeciones contra un régimen de ayudas a la inversión en las regiones desfavorecidas de Italia [ayuda de Estado N 715/99 — Italia (SG 2000 D/105754)] y del comportamiento de la Comisión durante el procedimiento que precedió la adopción de la citada decisión.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Nuova Agricast Srl.

      (1)  DO C 285, de 8.11.2008.


title: Asunto C-350/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile di Trieste — Italia) — Florin Lazar/Allianz SpA [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n° 864/2007 — Artículo 4, apartado 1 — Conceptos de «país en el que se produce el daño», «daños» y «consecuencias indirectas del hecho dañoso» — Daños sufridos personalmente por un familiar de una persona fallecida en accidente de tráfico — Ley aplicable]

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile di Trieste — Italia) — Florin Lazar/Allianz SpA
   (Asunto C-350/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 864/2007 - Artículo 4, apartado 1 - Conceptos de «país en el que se produce el daño», «daños» y «consecuencias indirectas del hecho dañoso» - Daños sufridos personalmente por un familiar de una persona fallecida en accidente de tráfico - Ley aplicable])
   (2016/C 048/03)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale civile di Trieste

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Florin Lazar

      Demandada: Allianz SpA

      Fallo

   El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), debe interpretarse, a efectos de determinar la ley aplicable a una obligación extracontractual resultante de un accidente de tráfico, en el sentido de que los perjuicios relacionados con el fallecimiento de una persona en dicho accidente ocurrido en el Estado miembro del foro y sufridos por los familiares próximos de ésta que residen en otro Estado miembro deben calificarse como «consecuencias indirectas» de ese accidente, en el sentido de dicha disposición.

      (1)  DO C 351 de 6.10.2014.


title: AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 17 de diciembre de 1996 en el asunto T-164/96 R, Moccia Irme SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas (CECA - Ayudas de Estado - Decisión individual por la que se deniega la autorización para conceder una ayuda de Estado a una empresa siderúrgica - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales necesarias - Interés en obtener las medidas provisionales solicitadas - Desestimación de la demanda)

text:
26 . 4 . 97          IES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                              N° C 131 / 17
         AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
                 DE PRIMERA INSTANCIA                              tancia que:
                  de 17 de diciembre de 1996
                                                                   — Anule la Decisión de la Comisión de 20 de noviembre
en el asunto T-164/96 R, Moccia Irme SpA contra Comi
              sión de las Comunidades Europeas                         de 1996, adoptada en el marco del expediente Kesko/
                                                                       Tuko (IV/M.784 ).
(CECA — Ayudas de Estado — Decisión individual por la
que se deniega la autorización para conceder una ayuda             — Condene en costas la Comisión.
de Estado a una empresa siderúrgica — Suspensión de la
ejecución — Medidas provisionales necesarias — Interés
en •obtener las medidas provisionales solicitadas — Deses         Motivos y principales alegaciones
                    timación de la demanda)
                         ( 97/C 131 /42                            La demandante es una de las principales empresas finlan
                                                                   desas del sector de venta al por mayor. Distribuye produc
             (Lengua de procedimiento: italiano)                   tos de consumo diario ( alimentación, bebidas, productos
                                                                   del tabaco y productos de consumo del hogar que forman
                                                                   parte de una gama que los consumidores pueden encontrar
En el asunto T-164/96 R, Moccia Irme SpA, con domicilio
                                                                   en los supermercados) así como productos más especializa
social en Nápoles (Italia), representada por los Sres. Emi
                                                                   dos (calzado, vestido, artículos deportivos, electrónica do
lio Cappelli, Paolo de Caterini y Andrea Bandini, Aboga
                                                                   méstica y útiles para la construcción y la agricultura ). El
dos de Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo
                                                                   27 de mayo de 1996, Kesko pasó a controlar de forma ex
el despacho del Sr. Charles Turk, 13 b, avenue Guillaume,
                                                                   clusiva a Tuko Oy, una sociedad que distribuye el mismo
contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes:
                                                                   tipo de productos como mayorista y como minorista . El
Sr. Paul F. Nemitz, Sra . Laura Pignataro, y Sr. Massimo
                                                                   26 de junio de 1996, la Comisión recibió de la Oficina
Moretto), que tiene por objeto una demanda, interpuesta
                                                                   Finlandesa de la Libre Competencia ( OFLC ) una denuncia
con arreglo al artículo 39 del Tratado CECA, con el fin de
conseguir que el Presidente del Tribunal de Primera Instan
                                                                   basada en el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento
                                                                   ( CEE) n° 4064/89 del Consejo (Reglamento sobre concen
cia ordene la suspensión de la ejecución de la Decisión de
                                                                   traciones ). La Comisión inició un procedimiento de exa
la Comisión de 30 de julio de 1996, doc. C(96 ) 2385 final,
                                                                   men de la operación y, el 20 de noviembre de 1996, adop
así como de los actos previos a la misma, y disponga que
la Comisión habrá de instar a las autoridades italianas a          tó la Decisión impugnada, mediante la que declaró que la
                                                                   concentración entre Kesko OPy y Tuko Oy era incompati
que suspendan, hasta el momento en que se dicte una reso
                                                                   ble con el mercado común y con el funcionamiento del
lución sobre el fondo del asunto, el pago de las ayudas
                                                                   Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo .
para el cierre a que se refiere el Decreto Ley n° 396, de 20
de junio de 1994, convalidado en la Ley n° 481 , de 3 de
agosto de 1994, y, con carácter subsidiario, que la Comi          La demandante solicita que se anule dicha Decisión basán
sión reanude el procedimiento contradictorio de examen             dose en los siguientes motivos:
de la ayuda con la sociedad demandante, el Presidente del
Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 17 de diciem          a ) La Comisión no comprobó adecuadamente si era com
bre de 1996 un auto cuyo fallo es el siguiente :                       petente para conocer del asunto pese a que la deman
                                                                       dante impugnó tal competencia alegando que la OFLC
1 ) Se desestima la demanda de medidas provisionales.                  no estaba facultada para solicitar a la Comisión que
                                                                       iniciara un procedimiento con arreglo al apartado 3
2 ) Se reserva la decisión sobre las costas.                           del artículo 22 del Reglamento sobre concentraciones.
                                                                       La Comisión tampoco motivó porqué se consideraba
                                                                       competente y desestimó las alegaciones de la deman
                                                                       dante .
                                                                       Con ello vulneró el apartado 3 del artículo 22 del Re
Recurso interpuesto el 31 de enero de 1997 por Kesko Oy                glamento sobre concentraciones, el artículo 190 del
      contra la Comisión de las Comunidades Europeas                   Tratado CE así como el principio de la buena adminis
                                                                       traciones .
                       (Asunto T-22/97)
                         ( 97/C 131/43 )
                                                                   b ) Al considerar que la concentración de que se trata po
                                                                       día afectar al comercio entre los Estados miembros la
              (Lengua de procedimiento: inglés)                        Comisión incurrió en un manifiesto error de aprecia
                                                                       ción de los hechos relevantes y del Derecho aplicable.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 31 de enero de 1997 un re
curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                   Dicho error se halla en contradicción con lo dispuesto
formulado por Kesko Oy, representada por el Sr. Gerwin                 en el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento sobre
Van Gerven, Abogado de Bruselas, y por la Sra . Sarah                  concentraciones y en el artículo 190 del Tratado CE.
Beeston, Abogada de Inglaterra y del País de Gales, que
designa como domicilio en Luxemburgo el gabinete Cham             c ) Al considerar que la demandante y los minoristas inde
bers Loesch & Wolter, 11 , rué Goethe.                                 pendientes de Kesko Oy (y los minoristas de Tuko Oy)


title: Archivo del asunto C-255/92 P

text:
C 102/16               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       8.4.2000
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                                   Archivo del asunto C-399/95 (1)
1) Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le                                  (2000/C 102/29)
    incumben en virtud de la Directiva 98/21/CE de la
    Comisión, de 8 de abril de 1998(1), por la que se modifica        Mediante auto de 13 de diciembre de 1999, el Presidente del
    la Directiva 93/16/CEE (2) del Consejo destinada a facilitar       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
    la libre circulación de los médicos y el reconocimiento           archivar el asunto C-399/95: República Federal de Alemania
    mutuo de sus diplomas, certificados y otros tı́tulos, al no        contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
    administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha
    Directiva, o al no haber notificado dichas medidas.                (1) DO C 77 de 16.3.1996.
2) Condene en costas a irlanda.
Motivos y principales alegaciones
El artı́culo 249 CE (antiguo artı́culo 189 del Tratado CE), según                    Archivo del asunto C-195/96 (1)
el cual la Directiva obligará al Estado miembro destinatario en
cuanto al resultado que deba conseguirse, incluye implı́cita-                                 (2000/C 102/30)
mente la obligación de los Estados miembros de atenerse al
plazo que haya impuesto la Directiva para su cumplimiento.             Mediante auto de 13 de diciembre de 1999, el Presidente del
Dicho plazo finalizó el 31 de diciembre de 1998 sin que               Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Irlanda haya adoptado las disposiciones necesarias para dar            archivar el asunto C-195/96: República Federal de Alemania
cumplimiento a la Directiva a la que se hace referencia en las         contra Comisión de las Comunidades Europeas.
pretensiones de la Comisión.
                                                                       (1) DO C 247 de 24.8.1996.
(1) DO L 119, de 22.04.98, p. 15.
(2) DO L 165, de 07.07.93, p. 1.
                                                                                Archivo del asunto C-333/98 (1)
               Archivo del asunto C-255/92 P (1)                                              (2000/C 102/31)
                         (2000/C 102/27)                               Mediante auto de 17 de enero de 2000, el Presidente del
                                                                       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                       archivar el asunto C-333/98 (pétición de decisión prejudicial de
Mediante auto de 9 de diciembre de 1999, el Presidente del
                                                                       la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                       Italiano Brevetti e Marchi): Merck & Co. Inc. contra Ufficio
archivar el asunto C-255/92 P: BASF AG contra Comisión de
                                                                       Italiano Brevetti e Marchi.
las Comunidades Europeas.
                                                                       (1) DO C 327 de 24.10.1998.
(1) DO C 187 de 24.7.1992.
                                                                                Archivo del asunto C-291/99 (1)
                Archivo del asunto C-129/99 (1)
                                                                                (2000/C 102/32)
                         (2000/C 102/28)
                                                                       Mediante auto de 18 de enero de 2000, el Presidente del
Mediante auto de 10 de diciembre de 1999, el Presidente del            Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido           archivar el asunto C-291/99 (petición de decisión prejudicial
archivar el asunto C-129/99: República Federal de Alemania            del Tribunal di Trieste, Prima Sezione Civile): Crossbow Srl
contra Comisión de las Comunidades Europeas.                          contra Ministero delle Finanze.
(1) DO C 188 de 3.7.1999.                                              (1) DO C 314 de 30.10.1999.


title: Asunto C-496/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de septiembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Portugal Telecom SGPS, SA/Fazenda Pública [IVA — Sexta Directiva — Artículos 17, apartado 2, y 19 — Deducciones — Impuesto devengado o ingresado en concepto de servicios adquiridos por una sociedad de cartera (holding) — Servicios relacionados directa, inmediata e inequívocamente con operaciones gravadas en fases posteriores]

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/12

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de septiembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Portugal Telecom SGPS, SA/Fazenda Pública
      (Asunto C-496/11) (1)

      (IVA - Sexta Directiva - Artículos 17, apartado 2, y 19 - Deducciones - Impuesto devengado o ingresado en concepto de servicios adquiridos por una sociedad de cartera (holding) - Servicios relacionados directa, inmediata e inequívocamente con operaciones gravadas en fases posteriores)
      (2012/C 331/18)
      Lengua de procedimiento: portugués

         Órgano jurisdiccional remitente

      Tribunal Central Administrativo Sul

         Partes en el procedimiento principal

         Recurrente: Portugal Telecom SGPS, SA

         Recurrida: Fazenda Pública

         Otra parte en el procedimiento: Ministério Público

         Objeto

      Petición de decisión prejudicial — Tribunal Central Administrativo Sul — Interpretación del artículo 17, apartado 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Deducciones — Impuesto devengado o pagado por los servicios adquiridos por una sociedad de cartera (holding) — Servicios que presentan una relación directa, inmediata e inequívoca con operaciones gravadas en fases posteriores.

         Fallo

      El artículo 17, apartados 2 y 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que una sociedad de cartera (holding) como la del litigio principal que, con carácter accesorio a su actividad principal, consistente en la gestión de participaciones sociales en sociedades cuyo capital social posee en su totalidad o en parte, adquiere bienes y servicios que posteriormente factura a dichas sociedades, podrá deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado siempre que los servicios adquiridos en fases anteriores estén relacionados directa e inmediatamente con operaciones económicas posteriores que den derecho a deducción. Cuando tales sociedades utilicen los mencionados bienes y servicios para realizar indistintamente operaciones económicas con derecho a deducción y operaciones económicas que no conlleven tal derecho, únicamente podrá deducirse la parte del impuesto sobre el valor añadido que sea proporcional a la cuantía de las operaciones mencionadas en primer lugar y la Administración tributaria nacional estará facultada para prever la aplicación de uno de los métodos de determinación del derecho a deducción enumerados en el citado artículo 17, apartado 5. Cuando los bienes y servicios se utilicen indistintamente para actividades económicas y para actividades no económicas, el artículo 17, apartado 5, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva, no resultará aplicable y los métodos de deducción y de reparto serán definidos por los Estados miembros, los cuales, en el ejercicio de dicha facultad, deberán tener en cuenta la finalidad y la estructura de la Directiva 77/388, Sexta Directiva, y, con ese objeto, habrán de establecer un método de cálculo que refleje objetivamente la parte de los gastos soportados que sea realmente imputable a cada una de esas dos actividades.

         (1)  DO C 362, de 10.12.2011.


title: Asunto F-110/12: Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2012 — ZZ/EMA

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/34

         Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2012 — ZZ/EMA
   (Asunto F-110/12)
   2012/C 379/57
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: S. Orlandi, J.-N. Louis y D. Abreu Caldas, abogados)

      Demandada: Agencia Europea de Medicamentos

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de rechazar la petición del demandante de que se recalificara su contrato de agente auxiliar como contrato de agente temporal.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión desestimatoria adoptada el 21 de noviembre de 2011 por la autoridad facultada para celebrar los contratos en respuesta a la petición del demandante de que se recalificara su contrato de agente auxiliar como contrato de agente temporal.

               —

               Que se condene en costas a la AEM.


title: Asunto C-188/13: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2013 — Comisión Europea/República de Eslovenia

text:
               7.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/30

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2013 — Comisión Europea/República de Eslovenia
   (Asunto C-188/13) (1)

   2014/C 102/45
   Lengua de procedimiento: esloveno
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 156, de 1.6.2013.


title: Asunto C-475/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de septiembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen — Alemania) — Kostas Konstantinides (Libre prestación de servicios médicos — Prestador que se desplaza a otro Estado miembro para prestar el servicio — Aplicabilidad de las normas deontológicas del Estado miembro de acogida y, en particular, las relativas a honorarios y publicidad)

text:
               9.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de septiembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen — Alemania) — Kostas Konstantinides
   (Asunto C-475/11) (1)

   (Libre prestación de servicios médicos - Prestador que se desplaza a otro Estado miembro para prestar el servicio - Aplicabilidad de las normas deontológicas del Estado miembro de acogida y, en particular, las relativas a honorarios y publicidad)
   2013/C 325/04
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen

      Partes en el procedimiento principal

   Kostas Konstantinides

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) — Interpretación de los artículos 5, apartado 3, y 6, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22) — Libre prestación de servicios médicos — Situación en la que el prestador se desplaza a otro Estado miembro con el fin de prestar el servicio — Aplicabilidad de las normas deontológicas del Estado miembro de acogida y, en particular, las relativas a los honorarios y la publicidad.

      Fallo

               1)

               El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, debe interpretarse en el sentido de que no están comprendidas en su ámbito de aplicación material disposiciones nacionales como las contenidas, por una parte, en el artículo 12, apartado 1, del Código de deontología médica del Land de Hesse, según el cual los honorarios deben ser adecuados y, sin perjuicio de disposiciones legales en contrario, calculados sobre la base del Reglamento oficial de honorarios por actos médicos, y, por otra parte, en el artículo 27, apartado 3, de dicho Código, que prohíbe a los médicos efectuar toda forma de publicidad contraria a la ética profesional. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, teniendo en cuenta las indicaciones facilitadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si la normativa de que se trate constituye una restricción en el sentido del artículo 56 TFUE y, en caso afirmativo, si persigue un objetivo de interés general, es adecuada para garantizar la realización de éste y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.

               2)

               El artículo 6, letra a), de la Directiva 2005/36 debe interpretarse en el sentido de que no prescribe ni las normas de conducta ni los procedimientos disciplinarios a los que puede estar sujeto un prestador que se desplace al territorio del Estado miembro de acogida para ejercer su profesión de manera temporal y ocasional, sino que se limita a disponer que los Estados miembros podrán prever bien una inscripción temporal que se produzca automáticamente o una adhesión pro forma a una organización o un organismo profesionales, a fin de facilitar la aplicación de las disposiciones disciplinarias, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de dicha Directiva.

      (1)  DO C 355, de 3.12.2011.


title: Asunto T-644/16: Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 2016 — ClientEarth/Comisión

text:
               31.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 402/54

         Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 2016 — ClientEarth/Comisión
   (Asunto T-644/16)
   (2016/C 402/64)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: ClientEarth (Londres, Reino Unido) (representantes: O. Brouwer, abogado, y N. Frey, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de la demandada de denegar el acceso a los documentos solicitados al amparo del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, (1) comunicada a la demandante el 1 de julio de 2016 mediante escrito con la referencia C(2016) 4286 final.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con las costas de la demandante con arreglo al artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, incluidas las costas de cualquier parte coadyuvante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en errores de Derecho y en un error manifiesto de apreciación que dieron lugar a la aplicación errónea de la excepción de relaciones internacionales (artículo 4, apartado 1, letra a), tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001), y en la falta de motivación:

                           —

                           La Comisión no acreditó la aplicabilidad de la excepción de relaciones internacionales. En especial, no acreditó cómo la divulgación de documentos meramente jurídicos que contienen reflexiones sobre el Derecho de la Unión puede, en sí misma, revelar objetivos estratégicos perseguidos por la Unión Europea durante las negociaciones o debilita la posición negociadora de la Comisión. La Comisión está sujeta al Estado de Derecho y no puede negociar acuerdos internacionales que vulneren el Derecho de la Unión. Por otra parte, la demandante alega que el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1049/2001 (y otras excepciones) no pueden invocarse de manera perpetua, es decir, mientras la Comisión lleve a cabo en cualquier lugar negociaciones relativas a otros acuerdos internacionales. Además, la Comisión no motivó cómo la divulgación de los documentos solicitados podría suponer un perjuicio concreto y efectivo para el interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales.

               2.

               Segundo motivo, basado en errores de Derecho y en un error manifiesto de apreciación que dieron lugar a la aplicación errónea de la excepción de protección del asesoramiento jurídico (artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento n.o 1049/2001), y en la falta de motivación:

                           —

                           La Comisión no acreditó si existe un riesgo razonablemente previsible y no meramente hipotético de que la divulgación de los documentos solicitados suponga un perjuicio para su interés en recibir un asesoramiento jurídico sincero, objetivo y completo.

               3.

               Tercer motivo, basado en errores de Derecho y en un error manifiesto de apreciación que dieron lugar a la aplicación errónea de la excepción de protección del proceso de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1049/2001), y en la falta de motivación:

                           —

                           La Comisión no explicó cómo el acceso a los documentos solicitados podría suponer un perjuicio concreto y efectivo para el proceso de toma de decisiones.

               4.

               Cuarto motivo, basado en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación que dieron lugar a la aplicación incorrecta del criterio del interés público superior, y en la falta de motivación:

                           —

                           Existe un interés público superior, ya que la divulgación posibilitaría un debate sobre el acceso a la justicia, en particular el acceso a los tribunales nacionales y su papel, y la necesidad de preservar la unidad y la autonomía del Derecho de la Unión. Estos temas presentan un interés directo para los ciudadanos de la Unión y para las ONG como la demandante.

               5.

               Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001 (acceso parcial) y por el que se solicita una diligencia de prueba.

                           —

                           La demandante alega que la Comisión no examinó ni concedió acceso parcial a los documentos solicitados, o en cualquier caso no lo hizo de manera suficiente en Derecho.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).


title: Asunto C-14/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de Conseil d'Etat (Section du contentieux), de fecha 3 de diciembre de 2003, en el asunto entre Abdelkalder Dellas y otros y Secrétariat général du gouvernement

text:
6.3.2004              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                               C 59/19
3)   La Directiva 2002/2/CE, ¿debe interpretarse en el sentido                 establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud
     de que su aplicación y, por ende, su eficacia está                        en materia de ordenación del tiempo de trabajo, ¿debe
     supeditada a la adopción de la lista positiva de materias                 considerarse que la definición del tiempo de trabajo que
     primas indicadas con sus nombres específicos, tal como                    esta Directiva establece se aplica exclusivamente a los
     se precisa en el décimo considerando y en el informe de                   límites comunitarios que ella fija, o que es aplicable con
     la Comisión [COM(2003)178)] (2) de 24 de abril de 2003,                   carácter general y tiene por objeto asimismo los límites
     o bien la Directiva debe aplicarse en los Estados miembros                establecidos por los Derechos nacionales, en particular
     antes de la adopción de la lista positiva de materias primas              con el fin de garantizar la adaptación del Derecho interno
     prevista en la Directiva recurriendo a una enumeración de                 a dicha Directiva, aunque estos límites pueden, como en
     las materias primas contenidas en los piensos compuestos                  el caso de Francia y con vistas a la protección de los
     con los nombres y las definiciones genéricas correspon-                   trabajadores por cuenta ajena, haber sido fijados a un
     dientes a sus respectivas categorías comerciales?                         nivel más protector que el de la Directiva?
                                                                         2)    ¿En qué medida un régimen de equivalencia estrictamente
4)   La Directiva 2002/2/CE, ¿debe considerarse ilegal por                     proporcional que consiste en tener en cuenta todas
     incurrir en una violación del principio de igualdad de trato              las horas de presencia, aplicando un mecanismo de
     y de no discriminación en perjuicio de los productores de                 ponderación en lo que se refiere a la menor intensidad
     piensos en relación con los productores de alimentos                      del trabajo prestado durante los períodos de inactividad,
     para el consumo humano, en la medida en que están                         puede considerarse compatible con los objetivos de la
     sujetos a una normativa que impone indicaciones cuanti-                   Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de
     tativas de las materias primas contenidas en los piensos                  1993?
     compuestos?
                                                                         (1) Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993,
                                                                             relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de
(1) DO L 63 de 6.3.2002, p. 23.                                              trabajo (DO L 307 de 13.12.1993, p. 18).
(2) No publicado.
                                                                         Recurso interpuesto el 20 de enero de 2004 contra la
                                                                         República Federal de Alemania por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                                        (Asunto C-16/04)
lución de Conseil d’Etat (Section du contentieux), de fecha
3 de diciembre de 2003, en el asunto entre Abdelkalder                                             (2004/C 59/32)
   Dellas y otros y Secrétariat général du gouvernement
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                       (Asunto C-14/04)
                                                                         presentado el 20 de enero de 2004 un recurso contra la
                                                                         República Federal de Alemania formulado por la Comisión de
                                                                         las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Denis
                         (2004/C 59/31)                                  Martin y Horstpeter Kreppel, que designa domicilio en Luxem-
                                                                         burgo.
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante              1)    Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
resolución del Conseil d’État (Section du contentieux), dictada                plido las obligaciones que le incumben en virtud de los
el 3 de diciembre de 2003, en el asunto entre Abdelkalder                      artículos 3 y 10 de la Directiva 89/654/CEE (1) del
Dellas y otros y Secrétariat général du gouvernement, y                        Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de enero              disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los
de 2004. El Conseil d’État (Section du contentieux), solicita al               lugares de trabajo (primera Directiva específica con
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes                     arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/
cuestiones:                                                                    391/CEE),
                                                                               a)     al haber admitido las puertas correderas y giratorias
1)   Habida cuenta del objeto de la Directiva 93/104/CE del                           como puertas de emergencia
     Consejo, de 23 de noviembre de 1993 (1), relativa a
     determinados aspectos de la ordenación del tiempo de                             —    en el artículo 30, apartado 4, de la VBG 1/
     trabajo, que es, a tenor de su artículo 1, apartado 1,                                GUV.01,


title: Asunto C-429/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 5 de agosto de 2015 — Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland y the Attorney General

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 5 de agosto de 2015 — Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland y the Attorney General
   (Asunto C-429/15)
   (2015/C 320/31)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Appeal

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Evelyn Danqua

      Demandadas: The Minister for Justice and Equality Ireland y the Attorney General

      Otra parte: The Refugee Legal Services

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Cabe estimar que una solicitud de asilo, regida por una normativa interna que refleja las obligaciones del Estado miembro derivadas de la [Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO L 304, p. 12)], constituye un elemento de comparación adecuado en relación con una solicitud de protección subsidiaria a efectos del principio de equivalencia?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión ¿resulta pertinente a estos efectos que el límite temporal impuesto a las solicitudes de protección subsidiaria sirva a la importante finalidad de garantizar que las solicitudes de protección internacional se tramiten dentro de un plazo razonable?


title: Asunto C-182/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), de fecha 3 de marzo de 2004, en el asunto ELMEKA N.E. contra Ypourgos Oikonomikon

text:
               7.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 201/7

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), de fecha 3 de marzo de 2004, en el asunto ELMEKA N.E. contra Ypourgos Oikonomikon
   (Asunto C-182/04)
   (2004/C 201/12)
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), dictada el 3 de marzo de 2004, en el asunto ELMEKA N.E. contra Ypourgos Oikonomikon, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de abril de 2004.
   Idéntica a la petición de decisión prejudicial C-181/04.


title: Asunto C-212/11: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 9 de mayo de 2011 — Jyske Bank Gibraltar Limited/Administración del Estado

text:
               30.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 226/11

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 9 de mayo de 2011 — Jyske Bank Gibraltar Limited/Administración del Estado
   (Asunto C-212/11)
   2011/C 226/21
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Supremo

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Jyske Bank Gibraltar Limited

      Demandada: Administración del Estado

      Cuestión prejudicial

   En aplicación del apartado 2 del artículo 22 de la Directiva 2005/60/CE (1), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, ¿puede un Estado miembro exigir que la información que han de suministrar las entidades de crédito que operan en su territorio sin establecimiento permanente sea facilitada de modo imperativo y directo a sus propias autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o, por el contrario, el requerimiento de información debe ir dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado miembro en cuyo territorio se encuentra ubicada la entidad de crédito requerida?

      (1)  DO L 309, p. 15


title: Asunto T-28/14: Auto del Tribunal General de 25 de junio de 2014 — José Manuel Baena Grupo/OAMI — Neuman (Representación de un personaje sentado)

text:
               8.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 303/58

         Auto del Tribunal General de 25 de junio de 2014 — José Manuel Baena Grupo/OAMI — Neuman (Representación de un personaje sentado)
   (Asunto T-28/14) (1)

   2014/C 303/70
   Lengua de procedimiento: español
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 78, de 15.3.2014.


title: Asuntos acumulados F-106/13 y F-25/14: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 8 de octubre de 2015 — DD/FRA [Función pública — Personal de la FRA — Agente temporal — Informe de evolución de carrera — Recurso interno — Denuncia de discriminación — Denuncia de represalias en el sentido de la Directiva 2000/43 — Investigación administrativa — Procedimiento disciplinario — Sanción disciplinaria — Amonestación — Artículos 2, 3 y 11 del anexo IX del Estatuto — Resolución del contrato de duración indeterminada — Artículo 47, letra c), inciso i), del RAA — Derecho a ser oído — Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/62

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 8 de octubre de 2015 — DD/FRA
   (Asuntos acumulados F-106/13 y F-25/14) (1)

   ([Función pública - Personal de la FRA - Agente temporal - Informe de evolución de carrera - Recurso interno - Denuncia de discriminación - Denuncia de represalias en el sentido de la Directiva 2000/43 - Investigación administrativa - Procedimiento disciplinario - Sanción disciplinaria - Amonestación - Artículos 2, 3 y 11 del anexo IX del Estatuto - Resolución del contrato de duración indeterminada - Artículo 47, letra c), inciso i), del RAA - Derecho a ser oído - Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea])
   (2015/C 381/87)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: DD (representantes: L. Levi y M. Vandenbussche, abogados)

      Demandada: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (representantes: M. Kjaerum, agente, P. Jenkinson, abogado)

      Objeto

      Asunto F-106/13: Anulación de la decisión del Director de la FRA de imponer una sanción disciplinaria al demandante en forma de amonestación.

      Asunto F-25/14: Anulación de la decisión por la que se pone término al contrato del demandante y de la decisión por la que se desestima su reclamación e indemnización de los perjuicios morales y materiales sufridos.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de 20 de febrero de 2013 por la que el Director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea amonesta a DD.

               2)

               Anular la decisión por la que el Director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea resuelve el contrato de agente temporal de duración indeterminada de DD.

               3)

               Desestimar en todo lo demás los recursos en los asuntos acumulados F-106/13 y F-25/14.

               4)

               La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido DD.

      (1)  DO C 45, de 15.2.2014, p. 46, y DO C 180, de 16.6.2014, p. 43.


title: Asunto C-644/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 15 de diciembre de 2016 — Synthon BV/Astellas Pharma Inc.

text:
               20.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 15 de diciembre de 2016 — Synthon BV/Astellas Pharma Inc.
   (Asunto C-644/16)
   (2017/C 086/11)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Synthon BV

      Demandada: Astellas Pharma Inc.

      Cuestiones prejudiciales

               1.

                           a)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 6 de la Directiva (1) relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual en el sentido de que en el criterio que haya de utilizarse para la estimación de una pretensión de presentación, debe hacerse una distinción en función de la parte a la que se exija la presentación, esto es, un (supuesto) infractor o un tercero?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión, ¿en qué se distinguen los criterios?

               2.

                           a)

                           En caso de que se oponga a una pretensión de presentación un motivo según el cual el derecho de propiedad intelectual en virtud del cual se exige la presentación es nulo (o ha caducado), ¿debe emplearse el mismo criterio para apreciar si este motivo de oposición está fundado que el que se emplea para apreciar el grado de verosimilitud de la supuesta violación (cuando se asume que el derecho de propiedad intelectual invocado está vigente)?

                           b)

                           En caso de respuesta negativa a esta cuestión, ¿en qué se distinguen los criterios?

                           c)

                           Para responder a las cuestiones 2 a) y 2 b), ¿debe establecerse una distinción en función de si el derecho de propiedad intelectual en cuestión ha sido concedido una vez que se ha examinado su legalidad (como una patente europea), o bien ha nacido en virtud de la ley (como un derecho de autor)?

      (1)  Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45).


title: Recurso interpuesto el 30 de agosto de 1995 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-289/95)

text:
14. io. 95         Les                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                              N0 C 268/19
    cerse como períodos de trabajo legal en el sentido del        que las declaraciones efectuadas por la Comisión a las que se
    apartado 1 del artículo 6 de la Decisión n° 1 /80 del         hace referencia pueden constituir por sí mismas un hecho
    Consejo del Asociación CEE-Turquía ?                          nuevo a efectos del apartado 2 del artículo 48 del Regla
2 ) Si se responde afirmativamente a la primera cuestión,         mento de procedimiento .
    ¿ Es compatible con el apartado 1 del artículo 14 de          Segunda parte del motivo:
    dicha Decisión la finalización del período de permanen       El Tribunal de Primera Instancia infringió también el
    cia de tal trabajador por cuenta ajena debida a la            Derecho comunitario al declarar, en los apartados 84 y 85
    expulsión, motivada exclusivamente por razones de             de la sentencia, que no existen límites temporales para
    prevención general con objeto de disuadir a otros             formular un nuevo motivo con arreglo al apartado 2 del
    extranjeros ?
                                                                  artículo 48 de su Reglamento de procedimiento.
                                                                  Tercera parte del motivo :
Recurso de casación interpuesto el 30 de agosto de 1995 por       Al ordenar a la Comisión que presentara el texto de la
la Comisión de las Comunidades Europeas contra la                 Decisión tal como fue autenticado en su momento, el
sentencia dictada el 29 de junio de 1995 por la Sala Primera      Tribunal de Primera Instancia infringió el Derecho comu
ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comu           nitario, por cuanto su mandamiento se basó en una
nidades Europeas en el asunto T-37/91 , promovido contra          interpretación errónea de las normas de procedimiento y de
la Comisión de las Comunidades Europeas por Imperial              las normas relativas a la prueba . El Tribunal de Primera
                   Chemical Industries pie                        Instancia incurrió asimismo en un error de motivación, en la
                    ( Asunto C-286/95 P )                         medida en que se abstuvo de explicar, tanto en el auto de 25
                        ( 95/C 268/41                             de octubre de 1994 como en la sentencia, por qué había
                                                                  llegado a la conclusión de que debía ordenar a la Comisión
              (Lengua de procedimiento: inglés)                   que presentara dicho texto.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                  Segundo motivo para que se anule la sentencia: infracción
Europeas se ha presentado el 30 de agosto de 1995 un
recurso de casación formulado por la Comisión de las              del Derecho comunitario y falta de motivación con respecto
                                                                  a la finalidad de la autenticación y a las consecuencias de
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Julián           abstenerse de autenticar la Decisión en el momento de su
Curral y Berend Jan Drijber, miembros de su Servicio
                                                                  adopción.
Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la              Primera parte del motivo :
Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, contra la sentencia               El Tribunal de Primera Instancia infringió el Derecho
dictada el 29 de junio de 1995 por la Sala Primera ampliada       comunitario al declarar, concretamente en el apartado 91 de
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                  la sentencia, que la autenticación constituye un requisito
Europeas, en el asunto T-37/91 , promovido contra la              formal que debe observarse con independencia de que exista
Comisión de las Comunidades Europeas por Imperial                 o no algún tipo de pruebas capaz de suscitar dudas sobre la
Chemical Industries pie .                                         autenticidad del texto notificado .
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las       Segunda parte del motivo :
Comunidades Europeas que:
                                                                  El Tribunal de Primera Instancia infringió el Derecho
1 ) Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de       comunitario e incurrió en error de razonamiento al declarar,
    29 de junio de 1995 en el asunto T-37/91 , Imperial           en los apartados 88 , 90 y 92, que la autenticación debe
    Chemical Industries contra Comisión de las Comunida          efectuarse, so pena de nulidad, antes de notificar el acto al
    des Europeas .                                                destinatario, y que la autenticación efectuada en el caso de
2 ) Declare improcedente el motivo de anulación de la             autos fue defectuosa .
    Decisión de la Comisión basado en la falta de autenti
                                                                  Tercera parte del motivo :
    cación .
                                                                  El Tribunal de Primera Instancia infringió el Derecho
3 ) Disponga que, con arreglo al artículo 54 del Estatuto         comunitario e incumplió incidentalmente su obligación de
    ( CE ) del Tribunal de Justicia, se remitan los autos al      motivar la sentencia al abstenerse de considerar si el vicio
    Tribunal de Primera Instancia para que éste resuelva          alegado era de tal naturaleza que pudiera afectar a los
    sobre los restantes motivos de anulación alegados             intereses del destinatario de la Decisión .
    contra la Decisión de la Comisión .
4 ) Condene a ICI a cargar con las costas del recurso de
    apelación.
                                                                  Recurso interpuesto el 30 de agosto de 1995 contra la
Motivos y principales alegaciones                                 República Italiana por la Comisión de las Comunidades
Primer motivo para que se anule la sentencia: infracción del                                 Europeas
Derecho comunitario y falta de motivación con respecto a la                            (Asunto C-289/95 )
admisibilidad del nuevo motivo de anulación de ICI, la                                    ( 95/C 268/42 )
ordenación del procedimiento y las normas relativas a la
prueba .                                                                      (Lengua de procedimiento: italiano)
Primera parte del motivo:                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
El Tribunal de Primera Instancia infringió el Derecho             ha presentado el 30 de agosto de 1995 un recurso contra la
comunitario al declarar, en el apartado 82 de la sentencia,       República Italiana formulado por la Comisión de las
 ---pagebreak--- N° C 268/20             ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   14 . 10 . 95
Comunidades Europeas, representada por el Sr . Antonio                 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
Aresu, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de
Agente , que designa como domicilio en Luxemburgo el                   1 ) Anule los artículos 1 y 2 de la Decisión de la Comisión de
despacho del Sr . Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,                  las Comunidades Europeas, de 28 de junio de 1995 ,
Kirchberg.                                                                 adoptada con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del
                                                                           Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :                 relativa al sistema de descuentos sobre el canon de
                                                                           aterrizaje aplicables en el aeropuerto de Bruxelles
— Declare que la República Italiana , al haber adoptado el                 National .
     Decreto Ministerial de 13 de marzo de 1992 , sin haberlo
     notificado a la Comisión en su fase de proyecto, ha               2 ) Condene en costas a la parte demandada .
     incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
     del artículo 8 de la Directiva 83/1 89/CEE del Consejo, de        Motivos y principales alegaciones
     28 de marzo de 1983 , por la que se establece un                  1 ) A tenor de la Decisión impugnada, el sistema de
     procedimiento de información en materia de las normas                 descuentos sobre el canon de aterrizaje instituido por el
     y reglamentaciones técnicas ( ! ).                                    apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto de 22 de
— Condene en costas a la República Italiana .                              diciembre de 1989 , constituye una medida incompatible
                                                                           con el apartado 1 del artículo 90 del Tratado CE en
Motivos y principales alegaciones                                          relación con el artículo 86 del mismo Tratado .
La Comisión tiene constancia de que el Decreto ministerial             2 ) Según la Comisión, el sistema de descuentos establecido
de 13 de marzo de 1992 no fue comunicado en su fase de                     por el Real Decreto tiene por efecto aplicar a las
proyecto, lo que constituye un caso claro de incumplimiento                compañías aéreas usuarias del aeropuerto de Bruselas
de las obligaciones establecidas en la Directiva 83/1 89/CEE.              condiciones distintas a prestaciones equivalentes . La
Además, como se precisa en la Comunicación 86/C 245/95                     Comisión afirma que la demandante instituyó el sistema
( DO n° C 245 de 1 . 10 . 1986 , p . 4 ), la Comisión afirma que           de descuentos impugnado con el fin de favorecer al
dicha inobservancia del procedimiento previsto en la Direc                transportista aéreo nacional , es decir, a Sabena .
tiva 83/1 89/CEE tiene como consecuencia que la reglamen
                                                                           Dichos descuentos litigiosos, establecidos por el Estado
tación técnica no puede producir efectos jurídicos y no es,
                                                                           belga en el Real Decreto, son aplicados por la Régie des
por tanto, oponible a terceros; en efecto, según la Comisión,
                                                                           Voies Aériennes ( en lo sucesivo, « RVA »). RVA dispone
la prohibición de adoptar disposiciones nacionales sin
                                                                           de derechos exclusivos de explotación del aeropuerto de
comunicación previa, produce un efecto directo y atribuye al
                                                                           Bruxelles-National y la Comisión considera que, por
particular derechos que los órganos jurisdiccionales nacio
                                                                           consiguiente, RVA ocupa una posición dominante en
nales están obligados a tutelar.
                                                                           este mercado de servicios . La aplicación de descuentos
En particular, a juicio de la Comisión, las autoridades                    pretendidamente discriminatorios constituye un abuso
italianas han infringido la disposición concreta recogida en               de posición dominante . No obstante, como RVA no
el párrafo primero del apartado 1 del artículo 8 de la citada              dispone de ninguna facultad discrecional en la materia ,
Directiva , que prevé la notificación de todo proyecto de                  limitándose a aplicar el Real Decreto, la Comisión
reglamento técnico .                                                       considera que la demandante ha incumplido las obliga
                                                                           ciones que le incumben con arreglo al apartado 1 del
(') DO n" L 109 de 26 . 4 . 1993 , p . 8 ; EE 13/ 14, p . 34 .             artículo 90 del Tratado CE en relación con el artículo 86
                                                                           del mismo Tratado, en la medida en que obliga a RVA a
                                                                           aplicar dicho sistema discriminatorio de descuentos .
                                                                       3 ) La demandante considera que la Comisión ha adoptado
Recurso interpuesto el 5 de septiembre de 1995 contra la                   la Decisión impugnada vulnerando su derecho de
Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de                       defensa . Mantiene que no ha sido debidamente oída
                               Bélgica                                     durante el procedimiento y que no ha tenido acceso a
                                                                           ningún expediente de la Comisión .
                       ( Asunto C-291 /95 )
                           ( 95/C 268/43 )                                 El Gobierno belga alega igualmente que la Decisión fue
                                                                           adoptada incumpliendo lo dispuesto en los artículos 86
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                  y 90 del Tratado CE. Por otra parte, según la deman
ha presentado el 5 de septiembre de 1 995 un recurso contra                dante, la Decisión impugnada ha sido adoptada sin la
la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el                   competencia necesaria . Además, la demandante estima
Reino de Bélgica , representado por el Sr. Jan Devadder, en                que el análisis fáctico y jurídico en que se basa la
calidad de Agente, asistido por el Sr . Jacques H. J.                      Decisión es erróneo y que, por consiguiente, infringe el
Bourgeois , Abogado de Bruselas , que designa como domi                   artículo 190 del Tratado CE . Por último, el Gobierno
cilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Bélgica , rue                belga mantiene que la Decisión impugnada adolece de
de Girondins 4 .                                                           desviación de poder .