title: Asunto C-519/08: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 24 de abril de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Política social — Directiva 1999/70/CE — Cláusulas 5 y 8 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada — Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público — Contratos sucesivos — Regresión del nivel general de protección de los trabajadores — Medidas tendentes a prevenir los abusos — Sanciones — Prohibición absoluta de transformar los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo indefinido en el sector público — Consecuencias de la adaptación incorrecta del Derecho interno a una Directiva — Interpretación conforme)

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/17

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 24 de abril de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio
   (Asunto C-519/08) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Política social - Directiva 1999/70/CE - Cláusulas 5 y 8 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada - Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público - Contratos sucesivos - Regresión del nivel general de protección de los trabajadores - Medidas tendentes a prevenir los abusos - Sanciones - Prohibición absoluta de transformar los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo indefinido en el sector público - Consecuencias de la adaptación incorrecta del Derecho interno a una Directiva - Interpretación conforme)
   2009/C 205/31
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Monomeles Protodikeio Athinon

      Partes

      Demandante: Archontia Koukou

      Demandada: Elliniko Dimosio

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Monomeles Protodikeio Athinon — Interpretación de las cláusulas 5 y 3, del Anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43) — Razones objetivas que justifican la renovación ilimitada de una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada — Obligación, impuesta por una normativa nacional, de celebrar dichos contratos — Prohibición de adoptar una normativa de adaptación del Derecho interno que menoscabe el nivel de protección de los trabajadores — Concepto de menoscabo

      Fallo

               1)

               La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en anexo a la Directiva 1999/70/CΕ del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada cuando ésta únicamente esté justificada por el hecho de que esté prevista en una disposición legal o reglamentaria general de un Estado miembro. Por el contrario, el concepto de «razones objetivas», en el sentido de la mencionada cláusula, exige que el recurso a este tipo particular de relaciones laborales, como se establece en la normativa nacional, esté justificado por la existencia de elementos concretos relativos, concretamente, a la actividad en cuestión y a las condiciones de su ejercicio.

               2)

               La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que, al imponer –dentro de las medidas preventivas de la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada– el respeto de una duración máxima total de dichos contratos, establece excepciones a esta limitación en lo que respecta a determinadas categorías de trabajadores, ya que éstos se benefician de al menos una de las medidas preventivas de la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada sucesivos enunciadas en dicha cláusula.

               3)

               La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que –dentro de las medidas que castigan la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada– impone el pago del salario y de una indemnización así como sanciones penales y disciplinarias, siempre que –extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente– los requisitos de aplicación y la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno constituyan una medida adecuada para sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada por parte de la Administración Pública.

               4)

               La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, en la medida en que el ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate no incluya otras medidas efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público –extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente– se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, dado que ésta no se aplica ratione temporis a los contratos de trabajo de duración determinada sucesivos que se hayan celebrado o renovado una vez transcurrido el plazo previsto por la Directiva 1999/70 para la adaptación del Derecho interno cuando ya no estaban en vigor en la fecha de entrada en vigor de dicha normativa o en un momento cualquiera durante el período de tres meses anterior a esa fecha.

               5)

               En circunstancias como las del litigio principal, la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate incluya otras medidas efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector considerado, en el sentido de dicho apartado 1, no se opone a la aplicación de una norma de Derecho nacional que prohíba de manera absoluta, únicamente en el sector público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada que, al haber tenido por objeto la provisión de necesidades permanentes y duraderas del empresario, deben considerarse abusivos. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar hasta qué punto constituyen una medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada por parte de la Administración Pública los requisitos de aplicación y la efectiva puesta en práctica de las disposiciones pertinentes de Derecho interno.

               6)

               La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a que los litigios relativos a la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada en el sector público sean de la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales administrativos. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente velar por que se garantice el derecho a una protección judicial efectiva dentro del respeto de los principios de efectividad y de equivalencia.

               7)

               La cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que establece requisitos adicionales a los que establecía el Derecho interno anterior a efectos de la determinación de la existencia de la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada, como, en particular, el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920 sobre la resolución obligatoria del contrato de trabajo de los empleados del sector privado, siempre que dichos requisitos afecten a una categoría limitada de trabajadores que hayan celebrado un contrato de trabajo de duración determinada o sean compensadas a través de la adopción de medidas preventivas de la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo-marco –extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

               8)

               Corresponde al órgano jurisdiccional remitente, en la medida de lo posible, dar a las disposiciones pertinentes del Derecho interno una interpretación conforme con las cláusulas 5, apartado 1, y 8, apartado 3, del Acuerdo-marco sobre el trabajo de duración determinada, así como determinar, en ese contexto, si una disposición de Derecho interno como el artículo 8, apartado 3, de Ley 2112/1920 debe aplicarse al litigio principal en lugar de otras disposiciones determinadas de ese Derecho.

      (1)  DO C 44 de 21.2.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de mayo de 2003 en el asunto C-335/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo ("Incumplimiento de Estado — Adaptación incompleta del Derecho interno a la Directiva 89/391/CEE — Seguridad y salud de los trabajadores")

text:
C 171/8                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                19.7.2003
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Primera)
                                                                                (Sala Cuarta)
                     de 22 de mayo de 2003
                                                                                de 22 de mayo de 2003
en el asunto C-56/02 (Petición de decisión prejudicial
del Bundesfinanzhof): IHW Rebmann GmbH contra
                     Hauptzollamt Weiden (1)                                 en el asunto C-335/02: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)
(«Libre circulación de mercancías — Intercambios con países
terceros — Régimen de mercancías de retorno — Ar-
                                                                             («Incumplimiento de Estado — Adaptación incompleta del
tículo 187 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — Reimporta-
                                                                             Derecho interno a la Directiva 89/391/CEE — Seguridad y
ción de productos compensadores inicialmente reexportados
                                                                                salud de los trabajadores»)
después de un régimen de perfeccionamiento activo —
Determinación de los derechos de importación legalmente
adeudados — Carga de la prueba de la parte del valor de los                                             (2003/C 171/11)
productos reimportados correspondiente al perfecciona-
                            miento activo»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                           (2003/C 171/10)
                                                                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                             En el asunto C-335/02, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                             peas (agentes: Sres. H. Kreppel y D. Martin) contra Gran
En el asunto C-56/02, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,            Ducado de Luxemburgo (agente: Sr. S. Schreiner), que tiene
                                                                             por objeto que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo
por el Bundesfinanzhof (Alemania), destinada a obtener, en el
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre IHW                 ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de
                                                                             los artículos 10 CE y 249 CE así como del artículo 7,
Rebmann GmbH y Hauptzollamt Weiden, una decisión preju-
                                                                             apartado 8, de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de
dicial sobre la interpretación del artículo 187, párrafo segundo,
del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de                        12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para
                                                                             promover la mejora de la seguridad y de la salud de los
octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero
comunitario (DO L 302, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala                  trabajadores en el trabajo (DO L 183, p. 1), al no haber
Primera), integrado por el Sr. M. Wathelet, Presidente de Sala,              definido las capacidades y aptitudes necesarias de las personas
                                                                             designadas para hacerse cargo de las actividades de protección
y los Sres. P. Jann y A. Rosas (Ponente), Jueces; Abogado
General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria: Sra. L. Hewlett,            y prevención de riesgos profesionales, el Tribunal de Justicia
                                                                             (Sala Cuarta), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans,
administradora principal, ha dictado el 22 de mayo de 2003
                                                                             Presidente de Sala, y los Sres. D.A.O. Edward y S. von
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                             Bahr (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;
                                                                             Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 22 de mayo de 2003 una
El artículo 187, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 2913/              sentencia cuyo fallo es el siguiente:
92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el
Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que,
cuando un importador ha probado que las mercancías importadas                1)     Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido
son productos compensadores a los que puede aplicarse el régimen de                 las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7,
mercancías de retorno, con arreglo al artículo 848 del Reglamento                   apartado 8, de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de
(CEE) n o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el                     12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para
que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento                promover la mejora de la seguridad y de la salud de los
n o 2913/92, pero no puede proporcionar todos los elementos                         trabajadores en el trabajo, al no haber definido las capacidades
necesarios para el cálculo de los derechos legalmente adeudados, las                y aptitudes necesarias de las personas designadas para hacerse
autoridades aduaneras competentes para admitir la declaración han                   cargo de las actividades de protección y prevención de riesgos
de seguir el procedimiento de cooperación administrativa regulado en                profesionales.
los artículos 611, apartado 2, letra b), y 613 del Reglamento
n o 2454/93. Por lo tanto, dichas autoridades deben dirigirse a la
                                                                             2)     Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
aduana de control mediante el boletín INF 1 para que ésta les
comunique el importe de los derechos legalmente adeudados.
                                                                             (1 ) DO C 261 de 26.10.2002.
( 1) DO C 109 de 4.5.2002.


title: Asunto T-177/00: Recurso interpuesto el 30 de junio de 2000 contra el Consejo de la Unión Europea por Koninklĳke Philips Electronics N.V.

text:
23.9.2000                ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 273/13
gado de Düsseldorf, que designa como domicilio en Luxem-                     Recurso interpuesto el 30 de junio de 2000 contra el
burgo el bufete de abogados Bonn & Schmitt, 7, Val Sainte-                   Consejo de la Unión Europea por Koninklijke Philips
Croix, contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agen-                                            Electronics N.V.
tes: Sres. H. Støvlbæk et B. Wägenbauer), que tiene por objeto
una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión de                                       (Asunto T-177/00)
la Comisión de 9 de marzo de 2000 relativa a la retirada de las
autorizaciones de comercialización de medicamentos de uso
humano que contengan anfepramona [C (2000) 453], el Presi-                                            (2000/C 273/23)
dente del Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 28 de
junio de 2000 un auto cuyo fallo es el siguiente:
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
1)    Por lo que se refiere a la parte demandante, se suspende la
      ejecución de la Decisión de la Comisión de 9 de marzo de 2000       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      relativa a la retirada de las autorizaciones de comercialización      Europeas se ha presentado el 30 de junio de 2000 un recurso
      de medicamentos de uso humano que contengan «anfepramona»              contra el Consejo de la Unión Europea formulado por
      [C (2000) 453].                                                        Koninklijke Philips Electronics N.V., representada por los Sres.
                                                                             Clive Stanbrook Q.C. y Filip Ragolle, de Stanbrook-Hooper,
                                                                             Bruselas.
2)    Se reserva la decisión sobre las costas.
                                                                             La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                             que:
                                                                             —     Anule, con arreglo a los artı́culos 230 y 231 CE, la
                                                                                decisión del Consejo por la que se rechaza la propuesta
                                                                                de Reglamento de la Comisión, destinada a imponer un
                                                                                derecho antidumping definitivo a las importaciones de
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA                                        determinados componentes de cámaras de televisión
                              INSTANCIA                                            procedentes de Japón.
                                                                             —     Ordene, conforme a los artı́culos 235 y 288, apartado 2,
                       de 18 de mayo de 2000                                       CE, que el Consejo repare cualquier daño sufrido por el
                                                                                demandante por el rechazo ilegal de la propuesta de
en el asunto T-75/00 R: Augusto Fichtner contra Comisión                          Reglamento de la Comisión o, subsidiariamente, por no
                  de las Comunidades Europeas                                      haber impuesto medidas cautelares adecuadas antes de la
                                                                                expiración del plazo de 15 meses.
(«Procedimiento sobre medidas provisionales — Urgencia —                     —     Condene en costas al Consejo.
                             Inexistencia»)
                           (2000/C 273/22)                                   Motivos y principales alegaciones
                                                                             La presente demanda surge del rechazo por el Consejo de la
                  (Lengua de procedimiento: italiano)                        propuesta de Reglamento de la Comisión, de fecha 7 de abril
                                                                             de 2000, destinada a imponer un derecho antidumping
                                                                             definitivo a las importaciones de determinados componentes
En el asunto T-75/00 R, Augusto Fichtner, funcionario de la                  de cámaras de televisión procedentes de Japón (COM(2000)
Comisión de las Comunidades Europeas, con destino en Ispra,                 195 final). Según el demandante, el hecho de que la propuesta
en el Centro Común de Investigación (CCI), con domicilio en                de la Comisión no obtuviera el voto favorable de la mayorı́a
Besozzo (Italia), representado por el Sr. V. Salvatore, Abogado              simple del Consejo, junto con la expiración del plazo de
de Pavı́a, via Speroni, 14, Varese, contra Comisión de las                  15 meses contemplado en el artı́culo 6, apartado 9, del Regla-
Comunidades Europeas (Agente: Sr. G. Valsesia), que tiene por                mento de base (1), equivale a una decisión denegatoria de
objeto una solicitud de medidas cautelares destinada a obtener               carácter definitivo, decisión que el demandante impugna en el
la suspensión de la ejecución de la decisión por la que se separa         presente procedimiento.
del servicio al demandante, adoptada el 30 de septiembre de
1999 por la Comisión, el Presidente del Tribunal de Primera
                                                                             La petición de anulación planteada por el demandante se basa
Instancia ha dictado el 18 de mayo de 2000 un auto resol-
                                                                             en dos argumentos de carácter subsidiario. Por una parte, el
viendo lo siguiente:
                                                                             demandante sostiene que, una vez transcurrido el plazo de
                                                                             15 meses, el Consejo dejó de estar facultado, en última
1.    Se desestima la demanda de medidas provisionales.                      instancia, para rechazar la propuesta de la Comisión, ya que
                                                                             no habı́a participado previamente en la comprobación de los
2.    Se reserva la decisión sobre las costas.                              hechos ni en la tramitación procesal del asunto. Con arreglo al
                                                                             actual Reglamento de base, el Consejo sólo tiene la posibilidad
                                                                             de modificar algunos elementos de la propuesta, siempre y
                                                                             cuando se circunscriba a los hechos comprobados por la
 ---pagebreak--- C 273/14               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   23.9.2000
Comisión. Por otra parte, en el supuesto de que el Consejo              —    Anule la decisión de la Comisión de nombrar a otro
estuviera facultado para rechazar la propuesta, semejante                     candidato para este empleo.
rechazo serı́a, en el presente caso, contrario a Derecho, ya que
supone:                                                                  —    En la medida necesaria, anule la decisión presunta de la
                                                                              AFPN de desestimar el recurso administrativo previo
—     La ignorancia deliberada de los hechos comprobados por                  presentado por el demandante.
      la Comisión o un manifiesto error en la apreciación de
      los mismos.
                                                                         —    Conceda una indemnización de daños y perjuicios por
—     El desconocimiento de los derechos procesales y las                     un importe de 120 000 EUR, sin perjuicio de su modifica-
      expectativas legı́timas de la parte demandante.                         ción en el curso del proceso, como reparación del
                                                                              perjuicio moral sufrido por el demandante en razón de la
—     El incumplimiento de la obligación de motivación que                  información irregular o incompleta recabada por la
      impone el artı́culo 253 CE.                                             demandada sobre el expediente individual del deman-
                                                                              dante y el estado de incertidumbre e inquietud de este
                                                                              último respecto de su futuro profesional.
Por último, el demandante alega que el Consejo ha incurrido
en responsabilidad, con arreglo al artı́culo 288, apartado 2,
                                                                         —    Conceda una indemnización de daños y perjuicios por
CE, por no haber adoptado medidas cautelares, lo que
                                                                              un importe de 25 000 EUR, sin perjuicio de su modifica-
constituye una conducta ilegal que ha perjudicado, y continúa
                                                                              ción en el curso del proceso, como reparación del
perjudicando, al demandante.
                                                                              perjuicio material sufrido por el demandante como
                                                                              consecuencia de no haber sido designado para cubrir
(1) Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de              dicho puesto y, por consiguiente, de la pérdida de toda
    1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean             posibilidad de promoción.
    objeto de dumping por parte de paı́ses no miembros de la
    Comunidad Europea (DO 1996 L 56, p. 1), en su versión modifi-       —    Condene en costas a la demandada.
    cada en último término por el Reglamento (CE) no 905/98 del
    Consejo, de 27 de abril de 1998 (DO L 128, p. 18).
                                                                         Motivos y principales alegaciones
                                                                         Los motivos y principales alegaciones son similares a los
                                                                         invocados en los asuntos T-135/00, T-136/00 y T-164/00.
Recurso interpuesto el 6 de julio de 2000 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Carmelo
                              Morello
                        (Asunto T-181/00)
                          (2000/C 273/24)
                                                                         Recurso interpuesto el 13 de julio de 2000 contra el
                                                                         Consejo de la Unión Europea por S.A. Strabag Benelux
                  (Lengua de procedimiento: francés)                                                    N.V.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 6 de julio de 2000 un recurso                                      (Asunto T-183/00)
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Carmelo Morello, con domicilio en Bruselas, representado
por Mes Jacques Sambon y Pierre Paul Van Gehuchten,                                               (2000/C 273/25)
Abogados de Bruselas.
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                              (Lengua de procedimiento: francés)
—     Anule la decisión de la Comisión de no admitir la
      candidatura del demandante para el empleo COM/090/99               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      IV/C/1 de Jefe de unidad encargado de dirigir y coordinar          Europeas se ha presentado el 13 de julio de 2000 un recurso
      los trabajos de la unidad «Correos y telecomunicaciones»           contra el Consejo de la Unión Europea formulado por S.A.
      de la Dirección «Información, Comunicación y Multime-           Strabag Benelux N.V., con domicilio social en Stabroek
      dios», y todos los actos preparatorios de dicha decisión          (Bélgica), representada por Me André Delvaux, Abogado de
      que resulten ellos mismos irregulares.                             Bruselas.


title: Asunto T-122/13: Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2013 — Laboratoires Polive/OAMI — Arbora & Ausonia (dodie)

text:
               27.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 123/20

         Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2013 — Laboratoires Polive/OAMI — Arbora & Ausonia (dodie)
   (Asunto T-122/13)
   2013/C 123/33
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Francia) (representante: A. Sion, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Arbora & Ausonia, S.L. (Barcelona)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada, dictada por la Segunda Sala de Recurso el 28 de noviembre de 2012.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa (en color) «dodie», para productos de las clases 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25 y 28 — Solicitud de marca comunitaria no 9.037.821

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocado: Las marcas denominativas española y portuguesa «DODOT» para productos de las clases 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 y 44

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución impugnada, estimación de la oposición y denegación de la marca solicitada respecto de determinados productos de las clases 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 25 y 28

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo.


title: Asunto T-355/06: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 — Koninklijke BAM Groep/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado neerlandés del betún para el recubrimiento de carreteras — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Imputabilidad del comportamiento infractor — Duración de la infracción» )

text:
               17.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/16

         Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 — Koninklijke BAM Groep/Comisión
   (Asunto T-355/06) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado neerlandés del betún para el recubrimiento de carreteras - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE - Imputabilidad del comportamiento infractor - Duración de la infracción)
   2012/C 355/31
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Países Bajos) (representantes: M. Biesheuvel y J. de Pree, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet, A. Nijenhuis y F. Ronkes Agerbeek, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión C(2006) 4090 final de la Comisión, de 13 de septiembre de 2006, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] [Asunto COMP/F/38.456 — Betún (NL)], en la medida en que afecta a la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Koninklijke BAM Groep NV.

      (1)  DO C 20, de 27.1.2007.


title: Asunto T-649/11: Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 2011 — Cham/Consejo

text:
               11.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/20

         Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 2011 — Cham/Consejo
   (Asunto T-649/11)
   2012/C 39/38
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Admita la demanda de la demandante.

               —

               En consecuencia, anule la Decisión 2011/628/PESC, de 23 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC, de 9 de mayo de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, y el Reglamento (UE) no 950/2011 del Consejo, de 23 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 442/2011, de 9 de mayo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en cuanto estos actos afecten a la demandante, pues establecen su inclusión en la lista de entidades contempladas en el artículo 5 del Reglamento (UE) no 442/2011, de 9 de mayo de 2011, y en los artículos 3 y 4 de la Decisión 2011/273/PESC, de 9 de mayo de 2011.

               —

               Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos que son, en esencia, idénticos o similares a los invocados en el asunto T-433/11, Makhlouf/Consejo. (1)

      (1)  DO 2011, C 290, p. 14.


title: Asunto C-121/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de diciembre de 2013 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Artículo 108 TFUE, apartados 1 y 2 — Ayuda concedida por Hungría para la compra de tierras agrícolas — Competencia del Consejo de la Unión Europea — Régimen de ayudas existente — Medidas apropiadas — Carácter indisociable de dos regímenes de ayudas — Variación de las circunstancias — Circunstancias excepcionales — Crisis económica — Error manifiesto de apreciación — Principio de proporcionalidad)

text:
               15.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de diciembre de 2013 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-121/10) (1)

   (Recurso de anulación - Ayudas de Estado - Artículo 108 TFUE, apartados 1 y 2 - Ayuda concedida por Hungría para la compra de tierras agrícolas - Competencia del Consejo de la Unión Europea - Régimen de ayudas existente - Medidas apropiadas - Carácter indisociable de dos regímenes de ayudas - Variación de las circunstancias - Circunstancias excepcionales - Crisis económica - Error manifiesto de apreciación - Principio de proporcionalidad)
   2014/C 45/05
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik y K. Walkerová, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: É. Sitbon y F. Florindo Gijón, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: República de Lituania (representantes: D. Kriaučiūnas y L. Liubertaitė, agentes), Hungría (representantes: G. Koós, M. Fehér y K. Szíjjártó, agentes), República de Polonia (representante: M. Szpunar, agente)

      Objeto

   Recurso de anulación — Anulación de la Decisión 2009/1017/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, relativa a la concesión de ayuda pública por parte de las autoridades de la República de Hungría para la compra de tierras agrícolas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 (DO L 348, p. 55) — Falta de competencia — Desviación de poder — Violación del principio de cooperación leal entre Estados miembros e instituciones — Error manifiesto de apreciación.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión Europea.

               3)

               La República de Lituania, Hungría y la República de Polonia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 134, de 22.5.2010.


title: Asunto F-112/12: Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2012 — ZZ y otros/Comisión

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/35

         Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2012 — ZZ y otros/Comisión
   (Asunto F-112/12)
   2012/C 379/59
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: ZZ y otros (representantes: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal y S. Orlandi, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las decisiones relativas a la transferencia de los derechos a pensión de los demandantes en el régimen de pensión de la Unión que aplican las nuevas DGA relativas a los artículos 11 y 12 del anexo VIII al Estatuto de los Funcionarios.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anulen las decisiones de transferencia de los derechos a pensión de los demandantes en virtud del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, adquiridos antes de su entrada en servicio a la Comisión.

               —

               En la medida en que resulte necesario, que se anulen las decisiones que desestiman sus reclamaciones, que son idénticas, dirigidas contra las decisiones de transferencia de sus derechos a pensión.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto T-330/02: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2006 — Wagenborg/Comisión

text:
               16.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 224/53

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2006 — Wagenborg/Comisión
   (Asunto T-330/02) (1)

   (2006/C 224/113)

      Lengua de procedimiento: neerlandés

   El Presidente de la Sala Tercera ampliada ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 323, de 21.12.2002.


title: Asunto C-689/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) el 24 de diciembre de 2014 — PFE/Airgest

text:
               14.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) el 24 de diciembre de 2014 — PFE/Airgest
   (Asunto C-689/13)
   2014/C 112/28
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

      Recurrida: Airgest SpA

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 4 de julio de 2013, asunto C-100/12, respecto al supuesto específico, objeto de remisión prejudicial en dicho asunto, en el que sólo dos empresas participaban en un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, ¿son también aplicables –en virtud de la analogía formal sustancial con el presente litigio– al asunto sometido al examen de este Consiglio, en el que todas las empresas participantes en la licitación, si bien inicialmente más de dos, fueron excluidas por la entidad adjudicadora, a pesar de lo cual dicha exclusión no ha sido impugnada por otras empresas aparte de las participantes en el presente procedimiento, de suerte que el litigio del que actualmente se ocupa este Consiglio queda limitado de hecho a tan sólo dos empresas?

               2)

               En relación únicamente con las cuestiones que pueden resolverse mediante la aplicación del Derecho de la Unión Europea, ¿se opone a la interpretación de este Derecho, y en particular del artículo 267 TFUE, el artículo 99, apartado 3, del Codice del processo amministrativo, en la parte en que dicha disposición procesal establece el carácter vinculante, para todas las Secciones y Salas del Consiglio di Stato, de todos los principios del Derecho formulados por el Pleno, aun cuando resulte evidente que el Pleno haya afirmado o pueda haber afirmado un principio contrario o incompatible con el Derecho de la Unión Europea? En particular:

               3)

               Si la Sección o la Sala del Consiglio di Stato encargadas de examinar el asunto albergan dudas sobre la conformidad o la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de un principio del Derecho ya formulado por el Pleno, ¿están obligadas a remitir al Pleno, mediante auto motivado, la decisión del recurso, eventualmente incluso antes de poder realizar una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar la conformidad y compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea del principio del Derecho controvertido, o bien, en cambio, la Sección o la Sala del Consiglio di Stato, en cuanto órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia, pueden, o más bien deben, plantear de forma autónoma, en su condición de órganos jurisdiccionales ordinarios del Derecho de la Unión Europea, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la correcta interpretación del Derecho de la Unión Europea?

               4)

               En el supuesto de que se responda a la cuestión planteada en el párrafo anterior en el sentido de que se reconoce a cada una de las Secciones y Salas del Consiglio di Stato la facultad o la obligación de plantear directamente cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o bien, en todos los casos en los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya manifestado, máxime después de celebrado el Pleno del Consiglio di Stato, declarando la existencia de una falta de conformidad total o parcial entre la correcta interpretación del Derecho de la Unión Europea y el principio de Derecho interno enunciado por el Pleno, ¿puede o debe cada una de las Secciones y Salas del Consiglio di Stato, en cuanto órganos jurisdiccionales ordinarios de última instancia de Derecho de la Unión Europea, aplicar de forma inmediata la interpretación correcta del Derecho de la Unión Europea tal y como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, en cambio, en esos casos también están obligadas a remitir al Pleno, mediante auto motivado, la decisión del recurso, de modo que se deje a la exclusiva valoración de este último y a su facultad jurisdiccional discrecional la aplicación del Derecho de la Unión Europea, declarado anteriormente con carácter vinculante por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

               5)

               Por último, ¿se opone una interpretación del sistema procesal administrativo de la República Italiana, en el sentido de que somete a la apreciación exclusiva del Pleno la eventual decisión sobre la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea –o únicamente la resolución del litigio, cuando ésta se derive directamente de la aplicación de los principios de Derecho de la Unión Europea ya formulados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, además de a los principios de duración razonable del procedimiento y de rápida interposición de un recurso en materia de procedimientos de adjudicación de contratos públicos, a la exigencia de que el Derecho de la Unión Europea sea aplicado íntegra y escrupulosamente por todos los órganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros, de un modo conforme y vinculado a su correcta interpretación, tal y como ha sido determinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de lograr la más amplia aplicación de los principios del denominado «efecto útil» y de primacía del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho (no sólo sustantivo, sino también procesal) interno de cada uno de los Estados miembros (en el caso de autos, sobre el artículo 99, apartado 3, del Código de procedimiento administrativo de la República Italiana)?


title: Archivo del asunto T-208/99

text:
18.3.2000            ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 79/43
              Archivo del asunto T-196/98 (1)                                        Archivo del asunto T-208/99 (1)
                        (2000/C 79/91)                                                         (2000/C 79/93)
               (Lengua de procedimiento: español)                                    (Lengua de procedimiento: alemán)
Mediante auto de 26 de noviembre de 1999, el Presidente de             Mediante auto de 27 de enero de 2000, el Presidente de la Sala
la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las               Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto                    Europeas ha decidido archivar el asunto T-208/99, Martin
T-196/98, Eduardo Peña Abizanda y otros contra Comisión              Bangemann contra Consejo de la Unión Europea.
de las Comunidades Europeas.
                                                                       (1) DO C 314 de 30.10.99.
(1) DO C 48 de 20.2.99.
              Archivo del asunto T-101/99 (1)                                        Archivo del asunto T-324/99 (1)
                        (2000/C 79/92)                                                         (2000/C 79/94)
               (Lengua de procedimiento: italiano)                                     (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 25 de enero de 2000, el Presidente de la Sala         Mediante auto de 11 de enero de 2000, el Presidente de la Sala
Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades           Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas ha decidido archivar el asunto T-101/99, Adolfo               Europeas ha decidido archivar el asunto T-324/99, Association
Kind contra Comisión de las Comunidades Europeas.                     des Fonctionnaires Indépendants pour la Défense de la Fonc-
                                                                       tion Publique Européenne (TAO/AFI) y Rosario De Simone
(1) DO C 204 de 17.7.99.                                               contra Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                       (1) DO C 34 de 5.2.2000.


title: Asunto T-326/06: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2007 — Total/OAMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/57

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2007 — Total/OAMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)
   (Asunto T-326/06) (1)

   (2007/C 211/106)

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 326 de 30.12.2006.


title: Asunto C-595/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de diciembre de 2015 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Sustitución durante la sustanciación del proceso de la decisión impugnada — Objeto del recurso — Cooperación policial y judicial en materia penal — Aplicación de medidas de control a una nueva sustancia psicotrópica — Marco jurídico aplicable desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa — Disposiciones transitorias — Consulta al Parlamento Europeo)

text:
               22.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 68/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de diciembre de 2015 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-595/14) (1)

   ((Recurso de anulación - Sustitución durante la sustanciación del proceso de la decisión impugnada - Objeto del recurso - Cooperación policial y judicial en materia penal - Aplicación de medidas de control a una nueva sustancia psicotrópica - Marco jurídico aplicable desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa - Disposiciones transitorias - Consulta al Parlamento Europeo))
   (2016/C 068/21)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Parlamento Europeo (representantes: F. Drexler, A. Caiola y M. Pencheva, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: K. Pleśniak y K. Michoel, agentes)

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión de Ejecución 2014/688/UE del Consejo, de 25 de septiembre de 2014 , por la que se someten a medidas de control las sustancias 4-yodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibencil)fenetilamina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamida (AH-7921), 3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV) y 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanona (metoxetamina).

               2)

               Mantener en vigor los efectos de la Decisión de Ejecución 2014/688.

               3)

               Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

      (1)  DO C 138, de 27.4.2015.


               26.6.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 168/5

         Adscripción de los Jueces a las Salas y composición de la Gran Sala
   (2004/C 168/09)
   En su reunión de 13 de mayo de 2004, el Pleno del Tribunal de Primera Instancia decidió, a raíz de la entrada en funciones como Jueces de la Sra. Cremona, el Sr. Czúcz, la Sra. Wiszniewska-Bialecka, la Sra. Pelikánová, el Sr. Šváby, el Sr. Vadapalas, la Sra. Jürimäe, la Sra. Labucka y el Sr. Papasavvas, así como de la modificación, de 21 de abril de 2004, del artículo 10, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, modificar como se indica a continuación la decisión de 2 de julio de 2003 sobre la adscripción de los Jueces a las Salas y la composición de la Gran Sala:
   Estarán adscritos para el período comprendido entre el 13 de mayo de 2004 y el 31 de agosto de 2004
   A la Sala Primera, cuando actúa con tres Jueces:
   El Sr. Vesterdorf, Presidente, y el Sr. Mengozzi y las Sras. Martins Ribeiro y Labucka, Jueces.
   A la Sala Primera ampliada, cuando actúa con cinco Jueces:
   El Sr. Vesterdorf, Presidente, y los Sres. Jaeger y Mengozzi, la Sra. Martins Ribeiro, el Sr. Dehousse y la Sra. Labucka, Jueces.
   A la Sala Segunda, cuando actúa con tres Jueces:
   El Sr. Pirrung, Presidente de Sala, y los Sres. Meij y Forwood, la Sra. Pelikánová y el Sr. Papasavvas, Jueces.
   A la Sala Segunda ampliada, cuando actúa con cinco Jueces:
   El Sr. Pirrung, Presidente de Sala, y los Sres. Meij y Forwood, la Sra. Pelikánová y el Sr. Papasavvas, Jueces.
   A la Sala Tercera, cuando actúa con tres Jueces:
   El Sr. Azizi, Presidente de Sala, y los Sres. Jaeger y Dehousse, la Sra. Cremona y el Sr. Czúcz, Jueces.
   A la Sala Tercera ampliada, cuando actúa con cinco Jueces:
   El Sr. Azizi, Presidente de Sala, y los Sres. Jaeger y Dehousse, la Sra. Cremona y el Sr. Czúcz, Jueces.
   A la Sala Cuarta, cuando actúa con tres Jueces:
   El Sr. Legal, Presidente de Sala, y la Sra. Tiili, el Sr. Vilaras, la Sra. Wiszniewska-Białecka y el Sr. Vadapalas, Jueces.
   A la Sala Cuarta ampliada, cuando actúa con cinco Jueces:
   El Sr. Legal, Presidente de Sala, y la Sra. Tiili, el Sr. Vilaras, la Sra. Wiszniewska-Białecka y el Sr. Vadapalas, Jueces.
   A la Sala Quinta, cuando actúa con tres Jueces:
   La Sra. Lindh, Presidente de Sala, y los Sres. García-Valdecasas, Cooke y Šváby y la Sra. Jürimäe, Jueces.
   A la Sala Quinta ampliada, cuando actúa con cinco Jueces:
   La Sra. Lindh, Presidente de Sala, y los Sres. García-Valdecasas, Cooke y Šváby y la Sra. Jürimäe, Jueces.
   En la medida en que una de dichas Salas contenga un número de Jueces superior al establecido en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el Presidente de Sala determinará, en el momento de la presentación del informe preliminar mencionado en el artículo 52 del Reglamento de Procedimiento, qué Juez o Jueces que no sean Juez Ponente se abstendrán de participar en la resolución de cada asunto por rotación, teniendo en cuenta el orden por antigüedad en el cargo de los Jueces adscritos a la Sala, establecido en el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
   La Gran Sala estará integrada, para el período comprendido entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de agosto de 2004, por el Sr. Vesterdorf, Presidente, por la Sra. Lindh y los Sres. Azizi, Pirrung y Legal, Presidentes de Sala, por los Jueces de la Sala ampliada que habrían debido juzgar el asunto de que se trate si éste se hubiera atribuido a una Sala integrada por cinco Jueces y por otros cuatro Jueces designados por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia por rotación entre los Jueces de cada una de las demás Salas siguiendo el orden del rango que corresponda a dichos Jueces dentro de sus Salas según la antigüedad en el cargo, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
   Por lo que respecta a los asuntos cuya fase escrita haya finalizado antes del 13 de mayo de 2004 y cuya vista correspondiente a la fase oral ya se haya celebrado o fijado en dicha fecha, las Salas seguirán actuando con su composición anterior en la fase oral, en la deliberación y en la sentencia.


title: Asunto T-520/13: Auto del Tribunal General de 3 de septiembre de 2015 — Philip Morris Benelux/Comisión [«Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Proyecto de informe de evaluación de impacto elaborado en el marco de la propuesta de revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco — Denegación de acceso — Divulgación tras la interposición del recurso — Sobreseimiento»]

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/27

         Auto del Tribunal General de 3 de septiembre de 2015 — Philip Morris Benelux/Comisión
   (Asunto T-520/13) (1)

   ([«Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Proyecto de informe de evaluación de impacto elaborado en el marco de la propuesta de revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco - Denegación de acceso - Divulgación tras la interposición del recurso - Sobreseimiento»])
   (2015/C 381/29)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Philip Morris Benelux (Amberes, Bélgica) (representantes: K. Nordlander, abogado, P. Harrison, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Baquero Cruz y F. Clotuche-Duvieusart, agentes)

      Objeto

   Solicitud de anulación de la Decisión de la Comisión de 15 de julio de 2013 por la que se deniega el acceso a los trabajos preparatorios del informe de evaluación de impacto que acompaña la propuesta de la Comisión de una Directiva revisada sobre los productos del tabaco.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas y con las de Philip Morris Benelux.

      (1)  DO C 334, de 23.11.2013.


title: Asunto T-454/13: Recurso interpuesto el 26 de agosto de 2013 — SNCM/Comisión

text:
               9.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/41

         Recurso interpuesto el 26 de agosto de 2013 — SNCM/Comisión
   (Asunto T-454/13)
   2013/C 325/69
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsella, Francia) (representantes: A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard y S. Mabile, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión C(2013) 1926 de la Comisión, de fecha 2 de mayo de 2013.

               —

               Subsidiariamente, anule parcialmente la Decisión en la medida en que considera que el importe de la ayuda incluye los elementos citados en el apartado 218 de la Decisión.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su demanda, la parte demandante solicita la anulación de la Decisión C(2013) 1926 final de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por la que la Comisión, en primer lugar, calificó de ayudas estatales las compensaciones financieras abonadas a la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) y a la Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) por los servicios de transporte marítimos prestados entre Marsella y Córcega correspondientes a los años 2007 a 2013 en el marco de un convenio de servicio público. La Comisión declaró también compatible con el mercado interior las compensaciones abonadas a la SNCM y a la CNM por los servicios de transporte prestados durante todo el año (en lo sucesivo, el «servicio denominado “básico”», pero declaró incompatible con el mercado interior las compensaciones abonadas en concepto de servicios prestados durante los períodos de pico, que son los períodos de Navidad, febrero, primavera-otoño y/o verano (en lo sucesivo, «servicio denominado “adicional”»). Por último, la Comisión ordenó la recuperación de las ayudas declaradas incompatibles con el mercado interior [asunto ayuda estatal SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].
   En apoyo del recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en errores de Derecho y de hecho y en errores manifiestos de apreciación en la medida en que sostiene que la Comisión consideró indebidamente que el servicio «adicional» no era un servicio económico de interés general. La demandante alega que, de este modo, la Comisión:

                           —

                           Incurrió en un error de Derecho al limitar el amplio margen de apreciación reconocido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los Estados en la definición de sus servicios públicos.

                           —

                           Aplicó un examen erróneo e inaplicable al caso de autos de «necesidad real» de servicio público.

                           —

                           Incurrió en un error de Derecho, un error de hecho y un error manifiesto de apreciación al analizar por separado el servicio «básico» y el servicio «adicional».

                           —

                           Incurrió en un error manifiesto de apreciación en cuanto a la ausencia de iniciativa privada para el servicio «adicional».

               2)

               Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en la medida en que sostiene que la Comisión consideró indebidamente que la adjudicación del convenio de servicio público no respondía al cuarto criterio fijado en la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747), aunque estima que dicha adjudicación resulta de una licitación abierta y transparente.

               3)

               Tercer motivo, basado, subsidiariamente y para el supuesto de que la compensación del servicio «adicional» sea una ayuda (quod non), en vulneración de los artículos 106 TFUE, apartado 2, y 107 TFUE, en violación de los principios de proporcionalidad y de prohibición del enriquecimiento sin causa y en un error manifiesto de apreciación al evaluar el importe de la ayuda que se debe recuperar, pues, a su juicio, el cálculo de la ayuda que se debe recuperar no tiene en cuenta ni los costes adicionales reales en que incurrió la SNCM por el servicio «adicional» ni la subcompensación relativa al servicio «básico» y se fundamenta, en todo caso, en una apreciación errónea de la parte de compensación concedida al servicio “básico” y de la parte concedida al servicio «adicional».

               4)

               Cuarto motivo, basado en violación del principio de confianza legítima, al haber contradicho la Comisión su práctica decisoria y haber aplicado la Comunicación SIEG (1) que no había sido adoptada en la fecha de la firma del convenio de servicio público. La parte demandante alega además que la duración del procedimiento pudo generar una confianza legítima que impide a la Comisión obligar a las autoridades nacionales a recuperar las ayudas.

               5)

               Quinto motivo, basado en violación del principio de igualdad de trato al establecer una diferencia de trato injustificada entre la SNCM y otras compañías marítimas.

      (1)  Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (DO 2012, C 8, p. 4).


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 28 de junio de 2005, en el asunto T-158/04, Erich Drazdansky contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) («Marca comunitaria — Solicitud de marca denominativa comunitaria “UUP'S” — Marcas denominativas nacionales anteriores UP — Desestimación de la petición de restitutio in integrum — Artículo 78, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/41

      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 28 de junio de 2005
   en el asunto T-158/04, Erich Drazdansky contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   («Marca comunitaria - Solicitud de marca denominativa comunitaria “UUP'S” - Marcas denominativas nacionales anteriores UP - Desestimación de la petición de restitutio in integrum - Artículo 78, apartado 1, del Reglamento (CE) no 40/94 - Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»)
   (2005/C 217/90)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-158/04, Erich Drazdansky, con domicilio en Wiener Neustadt (Austria), representado por el Sr. A.M. Leeb, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agente: Sr. G. Schneider), y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (Seven-Up International), con domicilio social en Hamilton (Bermudas), representada por el Sr. M. de Justo Bailey, abogado, que tiene por objeto un recurso formulado contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 3 de marzo de 2004 (asunto R 611/2003-2) relativa al procedimiento de oposición entre el Sr. Drazdansky y la sociedad The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta), integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. P. Lindh y el Sr. V. Vadapalas, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 28 de junio de 2005 un auto cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al demandante.

      (1)  DO C 217, de 28.8.2004


title: Recurso interpuesto el 29 de julio de 1998 por Ivar Langer Andersen contra el Consejo de la Unión Europea (Asunto T-118/98)

text:
C 312/16               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   10.10.98
responder a preguntas que pudieran abocar a una autoin-                   parte de los derechos a pensión transferidos al reÂgimen
culpación. La demandante tambieÂn sostiene a este respecto                de pensión comunitario que no fue tomada en conside-
que, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Convenio                ración al calcular las anualidades de pensión estatuta-
Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo denomi-                       ria que deben tenerse en cuenta con arreglo al
nado «CEDH» Ðcuyas garantías, en tanto que principios                     apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto;
jurídicos fundamentales del Derecho comunitario, prevale-
cen sobre las disposiciones meramente normativas del
                                                                     Ð condene en costas al Consejo.
Reglamento no 17Ð puede negarse lícitamente a realizar
una conducta activa que pueda autoinculparla directa-
mente en la investigación. AdemaÂs, la violación del dere-           Motivos y principales alegaciones
cho a no autoincriminarse tambieÂn se ha calificado de vio-
lación de la garantía de la presunción de inocencia del
                                                                     Los motivos y principales alegaciones son los ya formula-
apartado 2 del artículo 6 del CEDH o de la libertad nega-
                                                                     dos en el marco del asunto T-103/98, Kristensen/Con-
tiva de expresión, protegida por el artículo 10 del CEDH.
                                                                     sejo (1).
El derecho de la demandante a no incriminarse mediante
una conducta activa no sólo resulta del Derecho comunita-
rio, sino tambieÂn, y de forma paralela, del Derecho nacio-          (1) DO C 299 de 26.9.1998, p. 36.
nal alemaÂn, cuya aplicación no estaÂ excluida.
Mediante la imposición directa de multas, la demandada
no ha respetado el procedimiento en dos fases previsto a
este efecto y, en especial, no ha comunicado las imputacio-
nes que hace a la demandada ni ha respetado el derecho               Recurso interpuesto el 29 de julio de 1998 por Ivar Langer
de eÂsta a ser oída ni los demaÂs requisitos de procedi-                   Andersen contra el Consejo de la Unión Europea
miento, exigencias previas a la fijación de una multa dia-                                 (Asunto T-118/98)
ria. AdemaÂs, la adopción de la cantidad de 1 000 ecus, la
mayor posible, como base para el caÂlculo de la multa debe                                   (98/C 312/41)
considerarse desproporcionada y por tanto, adolece de
desviación de poder. La demandante ha respondido de                               (Lengua de procedimiento: franceÂs)
manera exhaustiva a siete de las once cuestiones plantea-
das. Respecto de las otras cuatro preguntas no estaba obli-
gada a responderlas ya que puede ampararse en el derecho             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
que le asiste a no autoinculparse.                                   Europeas se ha presentado el 29 de julio de 1998 un
                                                                     recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado
(1) Sentencia de 29 de junio de 1995 (T-30/91, Rec. p. II-1821).
                                                                     por Ivar Langer Andersen, con domicilio en Rungsted Kyst
(2) Sentencia de 29 de junio de 1995 (T-36/91, Rec. p. II-1847).     (Dinamarca), representado por Sres. Jean-NoeÈl Louis,
(3) Sentencia de 18 de octubre de 1989, Orkem (374/87, Rec. p.       VeÂronique Leclercq, Ariane Tornel y FrancËoise Parmentier,
    3282).                                                           Abogados de Bruselas, que designan como domicilio en
                                                                     Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de
                                                                     Cessange.
                                                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
                                                                     tancia que:
Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 por Peter Clau-
         sen contra el Consejo de la Unión Europea
                                                                     Ð anule la decisión del Consejo de 6 de octubre de 1997
                       (Asunto T-113/98)                                  por la que se deniega la solicitud de reembolso de la
                         (98/C 312/40)                                    parte de los derechos a pensión transferidos al reÂgimen
                                                                          de pensión comunitario que no fue tomada en conside-
              (Lengua de procedimiento: franceÂs)                         ración al calcular las anualidades de pensión estatuta-
                                                                          ria que deben tenerse en cuenta con arreglo al
                                                                          apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto;
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 23 de julio de 1998 un
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado              Ð condene en costas al Consejo.
por Peter Clausen, con domicilio en La Hulpe (BeÂlgica),
representado por los Sres. Jean-NoeÈl Louis, VeÂronique
                                                                     Motivos y principales alegaciones aducidos
Leclercq, Ariane Tornel y FrancËoise Parmentier, Abogados
de Bruselas, que designan como domicilio en Luxemburgo
el de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange.                 Los motivos y principales alegaciones son los ya formula-
                                                                     dos en el marco del asunto T-103/98, Kristensen/Con-
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-             sejo. (1)
tancia que:
                                                                     (1) DO C 299 de 26.9.1998, p. 36.
Ð anule la decisión del Consejo de 6 de octubre de 1997
     por la que se deniega la solicitud de reembolso de la


title: Asunto T-177/13: Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2013 — TestBioTech y otros/Comisión

text:
               22.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/11

         Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2013 — TestBioTech y otros/Comisión
   (Asunto T-177/13)
   2013/C 178/20
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: TestBioTech eV (Múnich, Alemania), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Alemania) y Sambucus eV (Vahlde, Alemania) (representantes: K. Smith, QC, y J. Stevenson, Barristers)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare la admisibilidad del recurso.

               —

               Anule la resolución de la Comisión, de 8 de enero de 2013, por la que se denegaron las solicitudes de revisión interna presentadas por las demandantes relativas a la Decisión de la Comisión 2012/347/UE, de 28 de junio de 2012, por la que se concede a Monsanto Europe S.A. una autorización de comercialización, con arreglo al Reglamento (CE) no 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, para sus productos de soja modificada genéticamente MON 87701 x MON 89788.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas de las demandantes.

               —

               Adopte cualquier otra medida que considere conveniente.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la apreciación de la EFSA de que Soybean es «sustancialmente equivalente» a los productos de comparación correspondientes es inaceptable, se basa en una evaluación científica que no se llevó a cabo con arreglo a sus directrices y/o se basa en un error manifiesto de apreciación.

               2)

               Segundo motivo, basado en que el hecho de que la EFSA no tuvo suficientemente en cuenta los efectos sinérgicos/combinatorios potenciales entre Soybean y otros factores, y/o no exigió que se llevara a cabo una evaluación de toxicidad adecuada contraviene sus propias directrices, obligaciones jurídicas y/o constituye un error manifiesto de apreciación.

               3)

               Tercer motivo, basado en que el hecho de que la EFSA no solicitara la realización de una evaluación inmunológica adecuada contraviene sus propias directrices, obligaciones jurídicas y/o constituye un error manifiesto de apreciación.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que la decisión de la EFSA de que no se supervise el consumo de Soybean con posterioridad a la autorización de comercialización incurre en error manifiesto y/o en los defectos indicados en los primeros tres motivos.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Arrondissementsrechtbank te Arnhem, de fecha 2 de abril de 1998, en el proceso penal seguido contra Berendse-Koenen MG y Berendse HD Maatschap (Asunto C-246/98)

text:
C 278/22                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      5.9.98
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-           Ð lo declare fundado en cuanto al fondo;
lución del Arrondissementsrechtbank te Arnhem, de fecha
2 de abril de 1998, en el proceso penal seguido contra               Ð anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera
      Berendse-Koenen MG y Berendse HD Maatschap                          Instancia (Sala Quinta) el 26 de mayo de 1998 en el
                       (Asunto C-246/98)                                  asunto T-177/96: Mario Costacurta contra Comisión
                                                                          de las Comunidades Europeas (1);
                          (98/C 278/37)
                                                                     Ð anule la decisión de la Autoridad Facultada para Pro-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                 ceder a los Nombramientos de la Comisión de las
sido sometida una petición de decisión prejudicial                        Comunidades Europeas de 22 de julio de 1996 por la
mediante resolución de la Sala Tercera de lo Penal del                    que se desestima expresamente la reclamación del
Arrondissementsrechtbanak te Arnhem, dictada el 2 de                      demandante relativa a sus solicitudes de aplicación de
abril de 1998, en el proceso penal seguido contra                         los coeficientes correctores correspondientes al Zaire;
Berendse-Koenen MG y Berendse HD Maatschap, y reci-
bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de julio
                                                                     Ð condene al pago de las costas de las dos instancias a la
de 1998.
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas;
El Arrondissementsrechtbank te Arnhem solicita al Tribu-
nal de Justicia que se pronuncie sobre las cuestiones                Ð reserve al recurrente todos los demaÂs derechos, sumas
siguientes:                                                               adeudadas, medios y acciones.
1) ¿Contiene el Verordening Stoffen met sympathico                   Motivos y principales alegaciones
     mimetische werking (PVV) de 1991 y, maÂs en con-
     creto, sus artículos 2 y 3, especificaciones tecnicas que,      Ð Contradicción manifiesta de los motivos de la senten-
     con arreglo al artículo 8 de la Directiva 83/189/CEE                 cia.
     del Consejo (1), tal como estaba redactada en la eÂpoca
     de entrada en vigor del Reglamento, debían ser notifi-          Ð Error fundamental-error de caÂlculo: tomando como
     cadas previamente a la Comisión?                                     base los anaÂlisis de los documentos utulizados por el
                                                                          Tribunal de Primera Instancia, el pago de la retribu-
2) ¿Contiene el Verordening Stoffen met sympathico                        ción del demandante en francos belgas durante el
     mimetische werking (PVV) de 1991 y, maÂs en con-                     período comprendido entre junio de 1994 y julio de
     creto, sus artículos 2 y 3, disposiciones que constituyen            1996 redujo su poder adquisitivo en un 4,1 %, contra-
     restricciones a la libre circulación de mercancías, en el            riamente a la apreciación jurídica del Tribunal, que
     sentido del artículo 30 del Tratado CE?                              senÄala que se incrementó en un 9 %.
(1) DO L 109 de 26.4.1983, p. 8; EE 13/14, p. 34.                    Ð Bases de razonamiento manifiestamente erróneas:
                                                                          admitiendo incluso la existencia de un paralelismo de
                                                                          los precios y una estabilización del poder adquisitivo
                                                                          (quod non) entre Kinshasa y Bruselas/Luxemburgo a
                                                                          partir de junio de 1994, ello no significa que haya una
                                                                          igualdad de precios y de poder adquisitivo, y en nin-
Recurso de casación interpuesto el 10 de julio de 1998 por                guÂn caso significa que lo mismo hubiera ocurrido entre
el Sr. Mario Costacurta contra la sentencia dictada el                    marzo de 1993 y mayo de 1994.
26 de mayo de 1998 por la Sala Quinta del Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                     (1) DO C 209 de 4.7.1998, p. 38.
asunto T-177/96 promovido contra la Comisión de las
                    Comunidades Europeas
                     (Asunto C-249/98 P)
                          (98/C 278/38)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se            Recurso interpuesto el 10 de julio de 1998 por la Comi-
ha presentado el 10 de julio de 1998 un recurso de casa-             sión de las Comunidades Europeas contra la RepuÂblica
ción formulado por el Sr. Mario Costacurta, representado                                         Francesa
por el Sr. Albert Rodesch, que designa como domicilio en                                    (Asunto C-250/98)
Luxemburgo el 7-11, route d'Esch, contra la sentencia dic-                                    (98/C 278/39)
tada el 26 de mayo de 1998 por la Sala Quinta del Tribu-
nal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en
el asunto T-177/96, promovido contra la Comisión de las              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
Comunidades Europeas.                                                ha presentado el 10 de julio de 1998 un recurso cotra la
                                                                     RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión de las
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las          Comunidades Europeas, representada por los Sres. Anto-
Comunidades Europeas que:                                            nio Caeiro, Consejero Jurídico, y Bernard Mongin, miem-
                                                                     bro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que
Ð declare la admisibilidad del presente recurso de casa-             designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
     ción;                                                           Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 22 de junio de 2005, en el asunto T-34/04, plus Warenhandelsgesellschaft mbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) («Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa que incluye el elemento denominativo “Turkish Power” — Marca denominativa anterior POWER — Procedimiento de oposición — Posible riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94»)

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/21

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 22 de junio de 2005
   en el asunto T-34/04, plus Warenhandelsgesellschaft mbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   («Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria figurativa que incluye el elemento denominativo “Turkish Power” - Marca denominativa anterior POWER - Procedimiento de oposición - Posible riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2005/C 205/37)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, con domicilio social en Mülheim (Alemania), representada por la Sra. B. Piepenbrink, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agente: Sr. G. Schneider), y en la que las otras partes del procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior fueron Joachim Bälz y Friedmar Hiller, con domicilio en Stuttgart (Alemania), que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 25 de noviembre de 2003 (asunto R 620/2002-2), relativa a un procedimiento de oposición entre la sociedad Tengelmann Warenhandelsgesellschaft y los Sres. Bälz y Hiller, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. P. Lindh y el Sr. V. Vadapalas, Jueces; Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora, ha dictado el 22 de junio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto T-448/04: Auto del Tribunal de Primera Instancia de  17 de febrero de 2006  — Comisión/Trends y otros ( Cláusula compromisoria — Excepción de inadmisibilidad — Recurso dirigido contra los socios de una sociedad )

text:
               6.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/21

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 17 de febrero de 2006 — Comisión/Trends y otros
   (Asunto T-448/04) (1)

   («Cláusula compromisoria - Excepción de inadmisibilidad - Recurso dirigido contra los socios de una sociedad»)
   (2006/C 108/39)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Patakia, agente, asistida por M. Bra, K. Kapoutzidou y S. Chatzigiannis, abogados)

      Demandadas: Transport Environment Development Systems (Trends) (Atenas, Grecia), (representante: V. Christianos, abogado), Marios Kontaratos (Atenas), Anastasios Tillis (Neo Irakelio, Grecia), (representante: V. Christianos, abogado), Georgios Argyrakos (Atenas), Konstantinos Petrakis (Cholargos, Grecia) y Fotini Koutroumpa (Glyfada, Grecia)
   Objeto
   Demanda de la Comisión mediante la que se solicita que los demandantes sean condenados a devolver el importe del excedente del pago efectuado por la Comunidad Europea según lo estipulado en dos contratos celebrados en el marco de la aplicación del programa comunitario «Telematics applications of commun interest».
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso por ser inadmisible, al estar dirigido contra los Sres. Tillis, Kontaratos, Argyrakos, Petrakis y la Sra. Koutroumpa.

               2)

               Condenar a la Comisión al pago de sus propias costas y de aquéllas en las que ha incurrido el Sr. Tillis en relación con su excepción de inadmisibilidad.

      (1)  DO C 184, de 2.8.2003.


title: Asunto C-219/03: Recurso interpuesto el 19 de mayo de 2003 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 184/20               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                           2.8.2003
Recurso interpuesto el 19 de mayo de 2003 contra el                             sujetas al impuesto sobre la renta español de invertir su
Reino de España por la Comisión de las Comunidades                              capital en acciones que cotizan en mercados distintos de
                              Europeas                                          los mercados regulados españoles y también es probable
                                                                                que dicha legislación obstaculice que las empresas cuyas
                                                                                acciones cotizan en dichos mercados obtengan capital en
                        (Asunto C-219/03)
                                                                                España. Además, la diferencia de trato influye en el
                                                                                comportamiento de las empresas que emiten acciones, en
                          (2003/C 184/35)                                       particular porque se incita a las empresas españolas, que
                                                                                tienen una mayor probabilidad de tener accionistas sujetos
                                                                                al impuesto sobre la renta español, a hacer que sus
                                                                                acciones coticen en un mercado regulado español para
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                    que sus accionistas puedan acogerse al régimen fiscal más
presentado el 19 de mayo de 2003 un recurso contra el Reino                     favorable.
de España formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representado por los Sres. M. Díaz-Llanos La Roche
y L. Escobar Guerrero, que designa domicilio en Luxemburgo.               Por otra parte, la legislación española de que se trata consti-
                                                                          tuye también un obstáculo a la libre prestación de servicios
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                 garantizada por el artículo 49 CE y el artículo 36 del Acuerdo
                                                                          sobre el EEE, porque dificulta que los mercados distintos de los
                                                                          mercados regulados españoles presten servicios a las empresas
1.    declare, en relación con la imposición de las plusvalías            españolas, al provocar una división del mercado europeo de
      obtenidas al transmitir, a partir del 1 de enero de 1997,           los servicios proporcionados por los mercados y las bolsas de
      acciones compradas antes del 31 de diciembre de 1994,               valores, creando un mercado cautivo en beneficio de los
      que el Reino de España ha incumplido las obligaciones               mercados regulados españoles. Así, tales empresas no pueden
      que le incumben con arreglo a los artículos 49 y 56 del             escoger libremente otra bolsa europea entre las que ofrecen un
      Tratado CE y los correspondientes artículos 36 y 40 del             mejor servicio.
      Acuerdo sobre el EEE, al establecer un régimen fiscal que
      es menos favorable a las acciones cotizadas en mercados
      distintos a los mercados regulados españoles que a las
      cotizadas en los mercados regulados españoles;
2.    condene en costas al Reino de España.
                                                                          Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2003 contra la
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas por la República
Motivos y principales alegaciones                                                                       Italiana
La Comisión sostiene que la legislación española relativa al
impuesto sobre la renta de las personas físicas es incompatible                                   (Asunto C-224/03)
con el Derecho comunitario y constituye un obstáculo a la
libre circulación de capitales y a la libre prestación de servicios
                                                                                (2003/C 184/36)
por lo que respecta a la imposición de las transmisiones, a
partir del 1 de enero de 1997, de acciones compradas antes del
31 de diciembre de 1994. En efecto, dicha legislación establece,
para las acciones que cotizan en los mercados regulados
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
españoles, un régimen fiscal más favorable que el aplicable a
                                                                          presentado el 22 de mayo de 2003 un recurso contra la
las que lo hacen en mercados distintos:
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
                                                                          República Italiana, representada por el Sr. Ivo Maria Braguglia,
a las acciones cotizadas en los mercados regulados españoles              abogado, en calidad de agente, asistido por el Sr. Maurizio
se les aplica, a la hora de calcular la reducción del importe de          Fiorilli, avvocato dello Stato.
la plusvalía imponible, un coeficiente más elevado que el
previsto para las acciones cotizadas en mercados distintos (el
25 % frente al 14,28 %). Así pues, estas últimas están sujetas a          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
una carga fiscal mayor.
                                                                          —     Declare que, en virtud del artículo 97 del Tratado consti-
—     para no estar sujetas a imposición, las acciones cotizadas                tutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
      en mercados distintos de los mercados regulados                           a partir del 24 de julio de 2002 se han extinguido las
      españoles deben haber estado en propiedad de su titular                   facultades y la competencia de la Comisión de las Comu-
      un período más largo (8 años en lugar de 5).                              nidades Europeas —constituida por el artículo 9 del
                                                                                Tratado de 8 de abril de 1965 (Tratado de fusión)— en
—     De esta forma, la legislación española es contraria al                    los sectores que, en virtud del propio Tratado, habían sido
      artículo 56 CE y al artículo 40 del Acuerdo sobre el                      atribuidos a la Alta Autoridad de la CECA, de modo que
      Espacio Económico Europeo (EEE) porque constituye un                      cualquier medida que haya adoptado o que adopte la
      obstáculo a la libre circulación de capitales. En efecto, al              Comisión en los citados sectores, siempre que no haya
      establecer este tratamiento fiscal menos favorable, la legis-             sido objeto de un nuevo acuerdo entre los Estados
      lación española parece disuadir a las personas físicas                    firmantes, debe considerarse nula y sin efecto.


title: Asunto F-119/07: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2007 — Strack/Comisión

text:
               19.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/32

         Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2007 — Strack/Comisión
   (Asunto F-119/07)
   (2008/C 183/63)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Guido Strack (Colonia, Alemania) (representante: H. Tettenborn, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen las decisiones de la Comisión Europea de 30 de mayo de 2005, 19 de diciembre de 2006, 12 de enero de 2007 y 20 de julio de 2007, en la medida en que se desestima en ellas la realización de un procedimiento de mediación independiente sobre todos los conflictos existentes entre el demandante y la demandada, así como la intervención inmediata de la demandada y la adopción de medidas para resolver los conflictos.

               —

               Que se anulen las decisiones de la Comisión Europea de 26 de febrero de 2007 y de 20 de julio de 2007, en la medida en que se rechaza en ellas el pago de una indemnización conforme al artículo 19, apartado 4, de la Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar al demandante una indemnización por un importe adecuado, como mínimo, 15 000 euros, en concepto de daños morales, inmateriales y perjuicios para la salud que le han causado las decisiones mencionadas en las pretensiones anteriores, más los intereses de demora al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a las operaciones principales de refinanciación incrementado en dos puntos anuales para el período de que se trata, a partir de la interposición del recurso.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante basa sus dos primeras pretensiones en el incumplimiento del deber de asistencia y protección que incumbe a la demandada frente al demandante, en el principio de buena administración y en la prohibición de la desviación de poder o el carácter discrecional de las decisiones impugnadas de la Comisión. Por otra parte, el demandante alega, por lo que respecta a las dos primeras pretensiones, que las decisiones infringen el artículo 25, párrafo segundo, segunda frase, del Estatuto de los Funcionarios europeos (en lo sucesivo, Estatuto de los Funcionarios) y vulneran sus derechos fundamentales a la integridad física y al respeto de la vida privada, que se mencionan en el artículo 3, apartado 1, y en el artículo 7 (respecto de la segunda pretensión, adicionalmente en los artículos 41 y 47) de la Carta de los derechos fundamentales, así como en el artículo 8 (respecto de la segunda pretensión, adicionalmente en el artículo 13) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
   Por lo que se refiere a la segunda pretensión del recurso, el demandante alega, además, que las decisiones impugnadas infringen el artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios, así como la infracción de las normas de procedimiento que figuran en las reglamentaciones relativas a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional, en particular, los artículos 15 y siguientes.
   En su tercera pretensión, el demandante invoca su derecho a una indemnización adecuada, conforme al artículo 288, párrafo segundo, del Tratado CE y a los principios generales del Derecho, por los daños morales sufridos debido, en su opinión, a la actuación ilícita de la demandada.
   Mediante su cuarta pretensión, el demandante solicita la condena en costas de la demandada, al ser ésta la que ha provocado el presente recurso mediante las declaraciones presuntamente falsas, contenidas en la decisión por la que desestima su reclamación, respecto de lo supuestamente manifestado en el dictamen de la comisión médica.