title: Asunto C-546/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 31 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anteriormente Nachalnik na Mitnitsa Sofia ( «Código aduanero — Derechos de aduana — Deuda aduanera de importación — Intereses de demora — Período de percepción de los intereses de demora — Intereses compensatorios» )

text:
               21.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 152/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 31 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anteriormente Nachalnik na Mitnitsa Sofia
   (Asunto C-546/09) (1)

   (Código aduanero - Derechos de aduana - Deuda aduanera de importación - Intereses de demora - Período de percepción de los intereses de demora - Intereses compensatorios)
   2011/C 152/12
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Varhoven administrativen sad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Aurubis Balgaria AD

      Demandada: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anteriormente Nachalnik na Mitnitsa Sofia

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Varhoven Administrativen Sad — Interpretación de los artículos 214, apartado 3, 222, apartado 1, letra a), y 232, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), así como del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 (DO L 253, p. 1) — Liquidación por la autoridades nacionales de intereses de demora sobre el importe de los derechos de aduana adicionales devengados durante el período posterior a la contracción inicial de los derechos de aduana — Liquidación de intereses compensatorios con respecto al período de tiempo comprendido entre la declaración en aduana y el momento en que se efectúe la contracción a posteriori del importe debido — Posibilidad de aplicar un aumento, en caso de contracción a posteriori de los derechos de aduana, equivalente al importe de los intereses de demora calculados desde el origen de la deuda hasta la contracción a posteriori.

      Fallo

               1)

               El artículo 232, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que, en virtud de dicho precepto, sólo podrán percibirse intereses de demora sobre el importe aún no ingresado de los derechos de aduana con respecto al período de tiempo posterior a la finalización del plazo de pago de dicho importe.

               2)

               Dado que el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 214/2007 de la Comisión, de 28 de febrero de 2007, no contiene ninguna regulación al respecto, el artículo 214, apartado 3, del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 1791/2006, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades nacionales no pueden, sobre la base de dicho precepto, imponer al deudor de la deuda aduanera intereses compensatorios con respecto al período de tiempo comprendido entre la declaración en aduana inicial y el momento en que se efectúe la contracción a posteriori de dicha deuda.

               3)

               Los principios generales del Derecho de la Unión y, en concreto, el principio de legalidad de los delitos y las penas se oponen a que las autoridades nacionales apliquen a una infracción aduanera una sanción no prevista expresamente en la normativa nacional.

      (1)  DO C 80, de 27.3.2010.


title: Asunto C-212/99: Recurso interpuesto el 4 de junio de 1999 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
7.8.1999                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 226/21
3. Los aranceles que corresponde pagar por los referidos                     — C(1999)544, que suprime la subvención concedida a
    servicios, ¿deben calcularse teniendo en cuenta los costes                    FLORESUROP PRODUTOS FLORESTAIS LDA
    inherentes a la prestación del servicio?                                     mediante Decisión no C(96)2211 de la Comisión, de
                                                                                13 de septiembre de 1996, relativa a la concesión de
4. ¿Son tales costes los originados por la realización del acto                  ayudas del FEOGA, Sección Orientación, al amparo del
    y por el mantenimiento de los servicios necesarios para la                    Reglamento (CEE) no 4256/88 del Consejo, en relación
    realización del mismo?                                                       con el proyecto no 94.PT.06.015, titulado «Proyecto de
                                                                                demostración para acelerar la diversificación agrı́cola
                                                                                en la madera mediante la introducción de producciones
5. Para calcular la cantidad que corresponde pagar por la                         destinadas a la industria farmacéutica (tea tree oil)»,
    realización del acto, ¿cabe utilizar un criterio que se base
    en la ventaja económica que el usuario obtenga del acto?
                                                                             en la parte en que designan como destinataria a la
                                                                             República Portuguesa.
(1) DO L 249, de 3 de octubre de 1969, p. 25; EE 09/01, p. 22.
                                                                         — Condene en costas a la Comisión.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
                                                                         — Incumplimiento del deber de motivación (artı́culo 253 CE).
                                                                         — Infracción del tercer guión del apartado 1 del artı́culo 23 y
                                                                             del artı́culo 24 del Reglamento (CEE) no 4253/88 (2), en la
Recurso interpuesto el 1 de junio de 1999 contra la                          medida en que, según una correcta interpretación y
Comisión de las Comunidades Europeas por la República                      aplicación de esta disposiciones a los proyectos objeto de
                            Portuguesa                                       examen, únicamente las empresas beneficiarias deben ser
                                                                             responsables de la devolución de las cantidades percibidas:
                                                                             las ayudas de que se trata fueron concedidas y controladas
                        (Asunto C-208/99)                                    directamente por la Comisión Europea, sin intervención
                                                                             alguna por parte de las entidades nacionales de gestión y
                         (1999/C 226/34)                                     control. No se puede considerar como participación en el
                                                                             control el mero hecho de que las autoridades nacionales
                                                                             hayan acompañado a la misión de inspección llevada a
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 cabo por la Comisión. No cabe responsabilizar el Estado
presentado el 1 de junio de 1999 un recurso contra la                        miembro por las irregularidades que se produzcan en la
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la                       ejecución de los referidos proyectos, de modo que el
República Portuguesa, representada por Luı́s Fernandes,                     Estado miembro tampoco puede ser destinatario de las
Angelo Seiça Neves y Paula Fragão, en calidad de Agentes, que               decisiones de devolución de las cantidades indebidamente
designa como domicilio en Luxemburgo la Embajada de                          utilizadas.
Portugal, 33, allée Scheffer, Luxemburgo.
                                                                         (1) DO L 374 de 31.12.1988, p. 25.
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                      (2) DO L 394 de 31.12.1988, p. 14.
— Estime el presente recurso y, en consecuencia, anule las
    siguientes Decisiones:
    — C(1999)543, que suprime la subvención concedida a
        Belgravia Lda mediante Decisión no C(93) 3403 de la
        Comisión, de 26 de noviembre de 1993, relativa a la
        concesión de ayudas del FEOGA, Sección Orientación,           Recurso interpuesto el 4 de junio de 1999 contra la
        al amparo del Reglamento (CEE) no 4256/88 (1) del                República Italiana por la Comisión de las Comunidades
        Consejo, en relación con el proyecto no 93.PT.06.023,                                        Europeas
        titulado «Proyecto de demostración sobre la introduc-
        ción del cultivo de col marina»,                                                       (Asunto C-212/99)
    — C(1999)545, que suprime la subvención concedida a
        Ordinal-Gestão de Investimentos Lda mediante Deci-                                       (1999/C 226/35)
        sión no C(93) 1606 de la Comisión, de 21 de junio de
        1993, relativa a la concesión de ayudas del FEOGA,              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
        Sección Orientación, al amparo del Reglamento (CEE)            presentado el 4 de junio de 1999 un recurso contra la
        no 4256/88 del Consejo, en relación con el proyecto             República Italiana formulado por la Comisión de las Comuni-
        no 93.PT.06.002, titulado «Proyecto-piloto y de demos-           dades Europeas, representada por los Sres. Pieter Jan Kuijper y
        tración relativo a la valorización de tres plantas medite-     Enrico Traversa, Consejeros Jurı́dicos, en calidad de Agentes,
        rráneas (hinojo, citronela y perejil) a través de la            que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
        extracción de aceites esenciales destinados a la industria      Sr. Carlos Gómez de la Cruz, rue Alcide de Gasperi, edificio
        agroalimentaria»,                                                «Wagner».
 ---pagebreak--- C 226/22                  ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      7.8.1999
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               S e g u n d a c u e s t i ó n
— Declare que la República Italiana ha incumplido las                  Dado que el procedimiento administrativo aduanero nacional
     obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 39            recoge el procedimiento relativo a las mercancı́as que sobrepa-
     (antiguo artı́culo 48) del Tratado constitutivo de la Comu-        sen los plazos de almacenamiento, destinado exclusivamente a
     nidad Europea, en lo que respecta a la práctica administra-       la venta de éstas, como única medida que las Autoridades
     tiva y contractual llevada a cabo por algunas universidades        aduaneras nacionales pueden adoptar (automáticamente, como
     públicas y que lleva a no reconocer los derechos adquiridos       se ha dicho), ¿puede considerarse que tal medida es despropor-
     por los antiguos lectores de lengua extranjera, mientras ese       cionada, infringe los derechos de defensa de los contribuyentes
     reconocimiento se garantiza a todos los demás trabajadores        y constituye un obstáculo a la libre circulación de mercancı́as,
      nacionales.                                                       tanto más cuanto que, por tratarse de una medida automática,
                                                                        puede ser adoptada de inmediato, es decir, el dı́a siguiente al
— Condene en costas a la República Italiana.                           término del plazo legal de almacenamiento, sin que se avise o
                                                                        advierta al importador de esta circunstancia?
Motivos y principales alegaciones
                                                                        T e r c e r a c u e s t i ó n
Del conjunto de los datos facilitados por las autoridades
italianas resulta que no se ha suprimido la infraccı́on del             El procedimiento administrativo aduanero nacional, al prever
artı́culo 48 del Tratado CE (actualmente, tras su modificación,        la venta inmediata de las mercancı́as que se encuentren en las
artı́culo 39 CE) descrita con detalle por la Comisión en el            circunstancias mencionadas, sin que exista notificación previa
escrito complementario enviado con arreglo al artı́culo 169             alguna, ¿infringe lo dispuesto en el apartado 3 del artı́culo 6
(actualmente 226) de 9 de julio de 1998 y en el dictamen                del Código Aduanero Comunitario?
motivado complementario de 28 de enero de 1999.
                                                                        C u a r t a c u e s t i ó n
En lo que se refiere a seis de las nueve universidades
mencionadas en el pliego de cargos y en el referido dictamen            El procedimiento administrativo aduanero nacional, al no
motivado, el Gobierno italiano no ha facilitado a la Comisión          prever la obligación de proceder a ninguna notificación en el
pruebas documentales que demuestren que a los «colaborado-              ámbito del procedimiento relativo a las mercancı́as que
res lingüı́sticos» se les han reconocido, en términos de retribu-       sobrepasen los plazos de almacenamiento, tal como se recoge
ción y de Seguridad Social, los años de servicio como lectores        en los artı́culos 638 y siguientes del Regulamento das Alfânde-
de lengua extranjera cumplidos antes de la entrada en vigor de          gas, ¿infringe lo dispuesto en el artı́culo 243 del Código
la Ley no 236/1995.                                                     Aduanero comunitario?
                                                                        Q u i n t a c u e s t i ó n
                                                                        En el caso de que la tasa percibida por el incumplimiento del
                                                                        plazo máximo de almacenamiento, prevista en los artı́-
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            culos 638 y siguientes del Regulamento das Alfândegas, sea
lución del Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, de fecha                calificada de sanción administrativa procesal (tal como viene
11 de mayo de 1999, en el asunto entre José Teodoro de                  siendo considerada por la jurisprudencia nacional), ¿está sujeta
         Andrade y Director da Alfândega de Leixões                    al IVA?
                          (Asunto C-213/99)                             S e x t a c u e s t i ó n
                             (1999/C 226/36)                            Admitiendo la hipótesis formulada en la quinta cuestión
                                                                        (basada en la naturaleza de sanción administrativa de la tasa),
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               ¿puede considerarse que la naturaleza ad valorem (objetiva) de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           la tasa, que no se refiere en modo alguno a la culpa del agente,
resolución del Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, dictada el          ni a las cargas soportadas, en particular, por las Autoridades
11 de mayo de 1999, en el asunto entre José Teodoro de                  aduaneras como consecuencia de medidas preventivas de
Andrade y Director da Alfândega de Leixões, y recibida en la           vigilancia, de almacenamiento u otras, infringe el principio de
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 4 de junio de 1999. El          proporcionalidad?
Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto solicita al Tribunal de
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                                                                        S é p t i m a c u e s t i ó n
P r i m e r a c u e s t i ó n                                          Admitiendo, por el contrario, que la tasa mencionada no tenga
                                                                        naturaleza sancionadora, sino remunerativa de los servicios
El procedimiento administrativo aduanero nacional, tal como             prestados por las Autoridades aduaneras, ¿quedará justificada
éste ha sido descrito supra, en la medida en que establece que          su sujeción al IVA?
las mercancı́as que hayan rebasado los plazos legales de
almacenamiento serán objeto, de forma automática y sin                (1) Reglamento no2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992,
notificación previa, de un procedimiento destinado a su venta,             por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (DO
¿es compatible con lo dispuesto en el artı́culo 53 del Código              L 302, de 19 de octubre de 1992, p. 1).
Aduanero (1), en particular con lo establecido en el apartado 1
de este artı́culo?


title: Asunto C-392/99: Recurso interpuesto el 13 de octubre de 1999 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
5.2.2000                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 34/9
Sra. M. Morales Isasi, Abogados de Vizcaya, que designa como               1) Se desestima el recurso de casación.
domicilio en Luxemburgo el despacho de Me G. Harles, 8-10,
rue Mathias Hardt, que tiene por objeto un recurso de casación            2) Se condena en costas a N.
interpuesto contra el auto dictado por el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) el                    (1) DO C 71 de 13.3.1999.
15 de septiembre de 1998, Infrisa/Comisión (T-136/95, Rec.
p. II-3301), por el que se solicita que se anule dicho auto, y en
el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las
Comunidades Europeas (Agente: Sr. J. Guerra Fernández), el
Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por los Sres.
L. Sevón (Ponente), Presidente de Sala; P. Jann y M. Wathelet,            Recurso interpuesto el 13 de octubre de 1999 contra la
Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr.                  República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
R. Grass, ha dictado el 14 de octubre de 1999 un auto                                                 des Europeas
resolviendo lo siguiente:
                                                                                (Asunto C-392/99)
1) Se desestima el recurso de casación.
                                                                                (2000/C 34/17)
2) Se condena en costas a Industria del Frı́o Auxiliar Conservera,
     S.A. (Infrisa).
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                           presentado el 13 de octubre de 1999 un recurso contra la
(1) DO C 20, de 23.1.1999.                                                 República Portuguesa formulado por la Comisión de las
                                                                           Comunidades Europeas, representada por Lena Ström y Antó-
                                                                           nio Caeiros, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
                                                                           en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                           Centre Wagner, Kirchberg.
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                            (Sala Tercera)                                 a) Declare que:
                     de 19 de octubre de 1999                                  — al no haber adoptado las disposiciones que establezcan
                                                                                que no podrá concederse autorización a las empresas
en el asunto C-21/99 P: N contra Comisión de las Comuni-                          que regeneren aceites usados o que los utilicen como
                         dades Europeas (1)                                        combustible más que cuando la autoridad competente
                                                                                se haya cerciorado de que se han tomado todas las
(«Recurso de casación — Antiguos funcionarios — Informe                           medidas apropiadas de protección de la salud en el
de calificación — Interés para ejercitar la acción — Inadmisi-                   ámbito del uso de aceites usados como combustible,
                               bilidad»)                                           incluida la utilización de la mejor tecnologı́a disponible
                                                                                que no implique costes excesivos en el ámbito de las
                           (2000/C 34/16)                                          actividades de regeneración de aceites usados y de
                                                                                utilización de aceites usados como combustibles;
                  (Lengua de procedimiento: francés)                           — al no haber establecido que los residuos de la combus-
                                                                                tión de los aceites usados sean eliminados de acuerdo
                                                                                con lo dispuesto en el artı́culo 9 de la Directiva
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                78/319/CEE (1) y, a partir del 27 de junio de 1995, de
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                acuerdo con el artı́culo 9 de la Directiva
                                                                                75/442/CEE (2), el cual, en la redacción que le dio la
En el asunto C-21/99 P, N, antiguo funcionario de la Comisión
                                                                                Directiva 91/156/CEE (3) y en virtud de lo dispuesto en
de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas
(Bélgica), representado por el Sr. G. Sakellaropoulos, Abogado                     la Directiva 91/689/CEE (4), sustituyó al artı́culo 9 de
                                                                                la Directiva 78/319/CEE;
de Atenas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho de Me A. May, 31, Grand-Rue, que tiene por objeto                     — al no haber dispuesto un control periódico de las
un recurso de casación interpuesto contra el auto dictado por                     empresas que regeneren aceites usados o que los
el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                       utilicen como combustible, ni tampoco el análisis de la
(Sala Quinta) el 30 de noviembre de 1998, N/Comisión                              evolución de la situación en el ámbito de la tecnologı́a
(T-97/94, RecFP, p. I-A-621 y p. II-1879), por el que se solicita                  y/o del medio ambiente con vistas a revisión, si resulta
la anulación de dicho auto y que se acojan las pretensiones                       necesario, de las autorizaciones concedidas a dichas
formuladas por el demandante en primera instancia, y en el                         empresas;
que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las
Comunidades Europeas (Agentes: Sr. G. Valsesia y F. Duvieu-                    — al no haber comunicado a la Comisión la información
sart-Clotuche), el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado                  relativa a los conocimientos técnicos, ni tampoco las
por los Sres.: J. C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala,                      experiencias y resultados adquiridos a través de la
C. Gulmann (Ponente) y J.-P. Puissochet, Jueces; Abogado                           aplicación de las disposiciones adoptadas en virtud de
General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el                  la Directiva 75/439/CEE, en la redacción que le dio la
19 de octubre de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:                            Directiva 87/101/CEE,
 ---pagebreak--- C 34/10                    ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         5.2.2000
la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le                   nacionales de un Estado tercero, si, con arreglo al Tratado
incumben en virtud de lo dispuesto, respectivamente, en el                       constitutivo de la Comunidad Europea de 25 de marzo de
apartado 2 del artı́culo 6 en la letra a) del apartado 2 del                     1957, en la versión del Tratado de la Unión Europea de
artı́culo 8, en el artı́culo 13 y en el artı́culo 17 de la Directiva             7 de febrero de 1992, éstos no tienen derecho a la libre
75/439/CEE (5), en la versión modificada por la Directiva                       circulación?
87/101/CEE (6), ası́ como en virtud de los artı́culos 10 CE,
párrafo primero, y 249 CE, párrafo tercero.                               2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,
b) Condene en costas a la República Portuguesa.                                 ¿por miembro de la familia en el sentido del artı́culo 1,
                                                                                letra f) i) del Reglamento (CEE) no 1408/71 debe entenderse
Motivos y principales alegaciones                                                también una persona que conviva maritalmente con un
El carácter imperativo de lo dispuesto en el artı́culo 10 CE,                   refugiado reconocido que desempeña una actividad por
párrafo primero, y en el artı́culo 249 CE, párrafo tercero,                    cuenta ajena y cuide y se ocupe de la crianza de un hijo
obliga a los Estados miembros a adoptar, dentro del plazo                        común?
establecido al respecto, las medidas necesarias para adaptar su
                                                                            3) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,
ordenamiento jurı́dico interno a las Directivas de las que son
destinatarios y a comunicar inmediatamente a la Comisión                        ¿se aplica también el Reglamento (CEE) no 1408/71 a
dichas medidas. El referido plazo, fijado en el artı́culo 2 de la                un refugiado que ha entrado en un Estado miembro
Directiva 87/101/CEE, finalizó el 1 de enero de 1990, sin que                   directamente desde un Estado tercero y no se ha desplazado
hasta la fecha haya adoptado Portugal las disposiciones                          dentro de la Comunidad?
mencionadas más arriba.
                                                                            4) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y
( 1) Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978,                   tercera y de respuesta negativa a la segunda cuestión,
     relativa a los residuos tóxicos y peligrosos (DO L 84, de
     31.03.1978, p. 43; EE 15/02, p. 98).                                        ¿se oponen las disposiciones comunitarias a una normativa
( 2) Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa          nacional conforme a la cual, aun en caso de reconoci-
     a los residuos (DO L 194, de 25.07.1975, p. 39; EE 15/01,                   miento como refugiado, el derecho a prestaciones familia-
     p. 129).                                                                    res no se genera con carácter retroactivo, sino a partir de
( 3) Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por               la concesión del permiso de residencia?
     la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos
     (DO L 78, de 26.03.1991, p. 32).
( 4) Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,          (1) DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98.
     relativa a los residuos peligrosos (DO L 377, de 31.12.1991,
     p. 20).
( 5) Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975,
     relativa a la gestión de aceites usados (DO L 194, de 25.7.1975,
     p. 23; EE 15/01, p. 91).
( 6) Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     por la que se modifica la Directiva 75/439/CEE relativa a la           lución del Bundessozialgericht, de fecha 5 de agosto
     gestión de aceites usados (DO L 42, de 12.02.1987, p. 43).
                                                                            de 1999, en el asunto entre Akhtar Seyed Abbasy y
                                                                                Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
                                                                                (Asunto C-425/99)
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Bundessozialgericht, de fecha 5 de agosto de
                                                                                (2000/C 34/19)
1999, en el asunto entre Vehtaranigam Pathminidevi y
     Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
                                                                            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                           (Asunto C-407/99)                                sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                            resolución del Bundessozialgericht, dictada el 5 de agosto de
                             (2000/C 34/18)                                 1999, en el asunto entre Akhtar Seyed Abbas y Landeskredit-
                                                                            bank Baden-Württemberg-Förderbank y recibida en la Secreta-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   rı́a del Tribunal de Justicia el 3 de noviembre de 1999. El
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante               Bundessozialgericht solicita al Tribunal de Justicia que se
resolución del Bundessozialgericht, dictada el 5 de agosto                 pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
de 1999 en el asunto entre Vehtaranigam Pathminidevi y
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank, y recibida                   1) El Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) del Consejo, de 14 de
en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 25 de octubre de                   junio de 1971, relativo a la aplicación de los regı́menes de
1999. El Bundesssozialgericht solicita al Tribunal de Justicia                   Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus
                                                                                familias que se desplazan dentro de la Comunidad, ¿se
1) El Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, (1) de 14 de                      aplica a los refugiados y a los miembros de sus familias,
      junio de 1971, relativo a la aplicación de los regı́menes de              nacionales de un Estado tercero, si, con arreglo al Tratado
      Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los                constitutivo de la Comunidad Europea de 25 de marzo de
      trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus                     1957, en la versión del Tratado de la Unión Europea de
      familias que se desplazan dentro de la Comunidad, ¿se                      7 de febrero de 1992, éstos no tienen derecho a la libre
      aplica a los refugiados y a los miembros de sus familias,                  circulación?


title: Asunto C-609/13 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de enero de 2017 — Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Mercados belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco de los productos y accesorios para cuartos de baño — Coordinación de los precios e intercambio de información comercial sensible — Reglamento (CE) n.° 1/2003 — Artículo 31 — Obligación de motivación)

text:
               3.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 104/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de enero de 2017 — Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-609/13 P) (1)

   ((Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercados belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco de los productos y accesorios para cuartos de baño - Coordinación de los precios e intercambio de información comercial sensible - Reglamento (CE) n.o 1/2003 - Artículo 31 - Obligación de motivación))
   (2017/C 104/03)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrentes: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (representantes: U. Soltész y C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre y L. Malferrari, agentes, asistidos por A. Böhlke, Rechtsanwalt), Consejo de la Unión Europea

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Duravit AG, Duravit SA y Duravit BeLux SPRL/BVBA.

      (1)  DO C 71 de 8.3.2014.


title: Asunto T-30/14: Recurso interpuesto el 13 de enero de 2014 — Laverana/OAMI (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

text:
               22.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 85/22

         Recurso interpuesto el 13 de enero de 2014 — Laverana/OAMI (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)
   (Asunto T-30/14)
   2014/C 85/39
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Alemania) (representante: J. Wachinger y M. Zöbisch, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 11 de noviembre de 2013 en el asunto R 1749/2013-4 y autorice la publicación de la solicitud de marca comunitaria no11 642 527 para productos y servicios de las clases 3, 5 y 35.

               —

               Con carácter subsidiario, anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 11 de noviembre de 2013 en el asunto R 1749/2013-4 y devuelva el asunto a la Oficina para que vuelva a pronunciarse.

               —

               Con carácter subsidiario, anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 11 de noviembre de 2013 en el asunto R 1749/2013-4.

               —

               Condene en costas a la Oficina demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa en blanco y negro que contiene los elementos denominativos «BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION», para productos y servicios de las clases 3, 5 y 35 — Solicitud de marca comunitaria no11 642 527

      Resolución del examinador: Desestimación parcial de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 207/2009.


title: Asunto C-234/06 P: Recurso de casación interpuesto el  24 de mayo de 2006  por Il Ponte Finanziaria SpA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de  23 de febrero de 2006  en el asunto T-194/03, Il Ponte Financiaria SpA/OAMI y Marine Enterprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/23

         Recurso de casación interpuesto el 24 de mayo de 2006 por Il Ponte Finanziaria SpA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 23 de febrero de 2006 en el asunto T-194/03, Il Ponte Financiaria SpA/OAMI y Marine Enterprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl
   (Asunto C-234/06 P)
   (2006/C 178/37)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Recurrente: Il Ponte Finanziaria SpA (representantes: P. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina y M. Boletto, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) y Marine Enterprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi
   Pretensiones de la parte recurrente

               1.

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 23 de febrero de 2006 en el asunto T-194/03 por la que se desestima el recurso presentado por la recurrente y se condena a ésta en costas.

               2.

               Que se estime el recurso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, ordenando:

                           a)

                           la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 17 de marzo de 2003 en el procedimiento R 1015/2001-4, por el hecho de que, al desestimar el recurso de la recurrente, concede la marca comunitaria no 940007 BAINBRIDGE (figurativa) para productos comprendidos en las clases 18 y 25;

                           b)

                           la condena a la OAMI y a la parte interviniente al pago de las costas del procedimiento en primera instancia y del presente recurso de casación.

         Motivos y principales alegaciones
   La parte recurrente sostiene que la sentencia recurrida incurre en:

               1)

               Aplicación errónea del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, por cuanto existe posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto.

                           —

                           El Tribunal de Primera Instancia se equivocó al considerar que no existe un quantum mínimo de semejanza entre la marca de la interviniente BAINBRIDGE y la familia de marcas con el elemento THE BRIDGE de la recurrente, cuando el propio Tribunal ha reconocido que la marca opuesta BAINBRIDGE presenta una semejanza fonética «significativa» con algunas marcas de la recurrente; semejanza que no resulta contrarrestada por una diferencia contractual entre las marcas en conflicto, dado que el «postulado» sobre el que se ha basado el Tribunal, según el cual el consumidor medio italiano tiene un conocimiento de la lengua inglesa suficiente como para permitirle reconocer el significado del término «BRIDGE», es seguramente erróneo.

                           —

                           Por lo tanto, si las marcas en conflicto presentan al menos un mínimo de semejanza, la identidad de los productos y el elevado carácter distintivo de las marcas de la recurrente deberían haber llevado a apreciar la existencia de la posibilidad de confusión.

               2)

               Aplicación errónea del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento 40/94, por cuanto el Tribunal no ha tomado en consideración la marca denominativa no 642952 THE BRIDGE de la recurrente.

                           —

                           Por lo que se refiere a la marca denominativa THE BRIDGE, la recurrente ha aportado pruebas suficientes del uso para demostrar el uso real y efectivo de la marca en cuestión en el sentido de la regla 22.2 del Reglamento no 2868/95.

                           —

                           El Tribunal de Primera Instancia aplicó erróneamente lo dispuesto en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento 40/94, por cuanto no examinó la idoneidad de los documentos aportados por la recurrente para acreditar el uso de su marca, sino que se limitó a afirmar que la Sala de Recurso actuó acertadamente al no tomar en consideración tal marca dado que la recurrente no ha demostrado un uso continuado de la misma a lo largo de los cinco años de referencia, requisito éste no exigido por la ley.

               3)

               Aplicación errónea de los artículos 15, apartado 2, letra a), y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento 40/94, por cuanto el Tribunal de Primera Instancia no ha tomado en consideración la marca figurativa no 370836 BRIDGE de la recurrente.

                           —

                           Las pruebas del uso de la recurrente para demostrar el uso efectivo de la marca THE BRIDGE deberían haber sido consideradas suficientes para demostrar también el uso de la marca BRIDGE.

                           —

                           En todo caso, la marca figurativa BRIDGE de la recurrente ha de considerarse marca «defensiva» en el sentido de la Ley italiana sobre marcas y, como tal, excluida de la prueba del uso.

                           —

                           El Tribunal de Primera Instancia se equivocó al acoger la argumentación expuesta por la OAMI por primera vez en su escrito de contestación (y por ello mismo, en cualquier caso inadmisible), según la cual la categoría de la marca defensiva es incompatible con el sistema de protección de la marca comunitaria. En realidad, existen varios argumentos favorables a la compatibilidad de la categoría de las marcas «defensivas» con el sistema comunitario.

               4)

               Aplicación errónea del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, por cuanto el hecho de que la recurrente sea titular de varias marcas centradas todas ellas en el término «bridge» (marcas de serie) aumenta la posibilidad de confusión entre estas marcas consideradas conjuntamente y la marca BAINBRIDGE.

                           —

                           El Tribunal de Primera Instancia, pese a reconocer que el hecho de que la recurrente sea titular de una «familia» de marcas de serie centradas en el signo «Bridge» sería en principio relevante a efectos de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión, en este caso concreto, no ha considerado estas marcas porque sólo han sido registradas y no utilizadas, cuando en realidad el uso de estas marcas es una circunstancia ajena al hecho de que deban ser consideradas «de serie».


title: Asunto T-705/14: Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 2014 — Unichem Laboratories/Comisión

text:
               15.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 448/31

         Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 2014 — Unichem Laboratories/Comisión
   (Asunto T-705/14)
   (2014/C 448/40)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, India) (representantes: S. Mobley, H. Sheraton y K. Shaw, Solicitors)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule en su totalidad la Decisión de la Comisión de 9 de julio de 2014 relativa a un procedimiento de los artículos 101 y 102 TFUE [asunto Comp/AT. 39 612 — perindopril (Servier)] y, en cualquier caso, anule o reduzca la multa impuesta, en la medida en que afecta a Unichem.

               —

               Condene a la Comisión al pago de sus propias costas y al pago de las costas de Unichem en relación con este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca doce motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la Comisión no es competente para dirigir una decisión a Unichem con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Comisión no ha aplicado el correcto criterio jurídico de «necesidad objetiva» para determinar si el acuerdo de transacción en materia de patentes se encuentra dentro del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Comisión ha violado el principio de igualdad de trato al no aplicar las directrices del Reglamento de exención por categorías de transferencia de tecnología al acuerdo de transacción de Unichem.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que la Comisión ha cometido un error de Derecho al calificar el acuerdo de infracción «por el objeto» del artículo 101 TFUE, apartado 1.

               5.

               Quinto motivo, basado en que la Comisión ha aplicado incorrectamente su propio y alegado criterio jurídico de infracción «por el objeto» del artículo 101 TFUE, apartado 1, a la específica situación de hecho de Unichem.

               6.

               Sexto motivo, basado en que la Comisión ha cometido un error de Derecho al concluir que el acuerdo de transacción tuvo efectos contrarios a la competencia.

               7.

               Séptimo motivo, basado en que la Comisión ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 296 TFUE de indicar las razones por las que estima que se puede considerar a Unichem directamente responsable por una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando no es competidor potencial de Servier.

               8.

               Octavo motivo, con carácter subsidiario, basado en que la Comisión ha cometido un error de Derecho al no admitir que el acuerdo de transacción cumple los criterios de exención del artículo 101 TFUE, apartado 3.

               9.

               Noveno motivo, basado en que la Comisión ha vulnerado el derecho de defensa, violado el principio de buena administración e incumplido su obligación de no actuar de manera opresiva para obtener documentos amparados por el secreto profesional con la intención de usarlos contra Unichem.

               10.

               Décimo motivo, basado en que la Comisión ha violado el principio general del Derecho de la Unión de igualdad de trato al calcular la multa otorgando a Unichem un trato distinto del otorgado a Servier sin justificación objetiva.

               11.

               Undécimo motivo, basado en que, al imponer una multa a Unichem, la Comisión ha violado el principio general del Derecho de la Unión de proporcionalidad, sus propias directrices en materia de multas y su práctica establecida anteriormente.

               12.

               Duodécimo motivo, basado en que la Comisión ha incumplido la obligación de motivación que le incumbe en virtud del artículo 296 TFUE con respecto al cálculo de la multa y a su apreciación de la gravedad de la supuesta infracción de Unichem.


title: Asunto T-373/10: Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 2010 — Villeroy & Boch Austria/Comisión

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/36

         Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 2010 — Villeroy & Boch Austria/Comisión
   (Asunto T-373/10)
   ()
   2010/C 301/61
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Villeroy & Boch Austria GmbH (Mondsee, Austria) (representantes: A. Reidlinger y S. Dethof, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión impugnada en cuanto afecta a la demandante.

               —

               Que, con carácter subsidiario, reduzca adecuadamente el importe de la multa impuesta a la demandante en la Decisión impugnada.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante impugna la Decisión de la Comisión, C(2010) 4185 final, de 23 de junio de 2010 (Asunto COMP/39.092) — Instalaciones sanitarias para baños. En la Decisión impugnada se impusieron multas a la demandada y a otras empresas por la infracción del artículo 101 TFUE y del artículo Art. 53 del Acuerdo EEE. Según la Comisión, la demandante habría participado en un acuerdo continuado o en prácticas concertadas en el sector de las instalaciones sanitarias para baños en Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Austria.
   En apoyo de su recurso, la demandante invoca siete motivos.
   Como primer motivo, la demandante censura la infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE por la declaración de una única infracción compleja y duradera. Mediante esta perspectiva global inadmisible, la demandada ha incumplido su obligación de valorar jurídicamente las conductas individuales de los particulares destinatarios de la Decisión y realiza una imputación jurídicamente inadmisible de actos no imputables de terceros.
   Como segundo motivo, la demandante alega, con carácter subsidiario, la infracción de la obligación de motivación, recogida en el artículo 296 TFUE, apartado 2, por faltar una motivación individualizada de la Decisión.
   Además, la demandante alega como tercer motivo que debe anularse la Decisión impugnada porque ella no participó en las infracciones imputadas en los mercados relevantes, de productos y geográficos, considerados en la Decisión y no se ha demostrado que cometió la infracción.
   Como cuarto motivo, la demandante manifiesta que se impuso ilegalmente una multa a ella y a su sociedad matriz solidariamente. Tal multa solidaria vulnera el principio nulla poena sine lege recogido en el artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el principio de proporcionalidad de la pena conforme al artículo 49, apartado 3, en relación con el artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 23 del Reglamento (CE) no 1/2003. (1)

   La demandante alega, en el marco del quinto motivo, el cálculo erróneo de la multa. Al respecto, expone que la demandada incluyó en su cálculo operaciones de la demandante que a priori no pueden relacionarse con las imputaciones formuladas.
   Como sexto motivo, la demandante esgrime la duración excesiva del procedimiento y no haber tomado en consideración este hecho en el cálculo de la multa como infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
   Como séptimo motivo, se alegan errores de apreciación en el cálculo de la multa al apreciar la supuesta participación de la demandante en la infracción. En este contexto, la demandante declara que, aun suponiendo una infracción del artículo 101 TFUE conforme a lo declarado por la demandada, la multa sería irrazonablemente alta y desproporcionada. A juicio de la demandante, la demandada ha vulnerado el principio de proporcionalidad de la pena recogido en el artículo 49, apartado 3, en relación con el artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Asunto C-2/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Arbeidshof te Brussel, de fecha 23 de diciembre de 2004, en el asunto entre Rijksdienst voor Sociale Zekerheid y Herbosch Kiere N.V.

text:
               2.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/6

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Arbeidshof te Brussel, de fecha 23 de diciembre de 2004, en el asunto entre Rijksdienst voor Sociale Zekerheid y Herbosch Kiere N.V.
   (Asunto C-2/05)
   (2005/C 82/14)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Arbeidshof te Brussel, dictada el 23 de diciembre de 2004, en el asunto entre Rijksdienst voor Sociale Zekerheid y Herbosch Kiere N.V., y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de enero de 2005.
   El Arbeidshof te Brussel solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
   ¿Puede un órgano jurisdiccional del Estado de acogida examinar y/o apreciar la existencia del vínculo orgánico entre la empresa de envío y el trabajador desplazado, dado que el concepto de «empresa de la que dependa normalmente», contenido en el artículo 14, punto 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71, (1) exige (de conformidad con la Decisión no 128) el mantenimiento de un vínculo orgánico durante el tiempo de desplazamiento?
   ¿Puede un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto de aquel que ha expedido el mencionado certificado (E 101) hacer caso omiso de este certificado y/o declararlo nulo, si de las circunstancias de hecho que se le someten a su apreciación consta que el vínculo orgánico entre la empresa de envío y el trabajador desplazado no existió durante el tiempo de desplazamiento?
   ¿Está vinculada la institución competente del Estado de envío por la decisión del órgano jurisdiccional del Estado de acogida el cual, en circunstancias como las indicadas anteriormente, hace caso omiso y/o declara nulo el mencionado certificado (E 101)?

      (1)  Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).


title: Asunto C-472/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Cour d'appel de Bruxelles, de fecha 20 de diciembre de 2002, en el asunto entre SIOMAB SA y Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement, en abreviatura IBGE

text:
22.2.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 44/17
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
de Justicia que:                                                          lución de la Cour d’appel de Bruxelles, de fecha 20 de
                                                                          diciembre de 2002, en el asunto entre SIOMAB SA y
—     Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                   Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement, en
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 39                                       abreviatura IBGE
      del Tratado CE, del artículo 7 del Reglamento (CEE)
      no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968,
      relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro
      de la Comunidad (1), así como, más en concreto, por lo                                      (Asunto C-472/02)
      que atañe a la interrupción de carrera en el marco de un
      permiso parental, del artículo 73 del Reglamento (CEE)
      no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo                                      (2003/C 44/31)
      a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los
      trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por
      cuenta propia y a sus familiares que se desplazan dentro
      de la Comunidad (2), al haber supeditado la concesión y
      el pago de un subsidio en el marco del régimen de la
      interrupción de carrera ..., a la condición de que la               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      persona de que se trata tenga su residencia o su domicilio          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      en Bélgica.                                                         resolución de la Cour d’appel de Bruxelles, dictada el 20 de
                                                                          diciembre de 2002, en el asunto entre SIOMAB SA y Institut
—     Condene en costas al Reino de Bélgica.                              Bruxellois pour la gestion de l’environnement, en abreviatura
                                                                          IBGE, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
                                                                          27 de diciembre de 2002. La Cour d’appel de Bruxelles solicita
Motivos y principales alegaciones                                         al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                          cuestiones:
(por lo que atañe a la cláusula de residencia): Las autoridades
belgas anuncian la supresión de la cláusula de residencia y
reconocen de esta forma la fundamentación de la alegación de
la Comisión. Sin embargo, aún no ha finalizado el trabajo de              En el supuesto de que un Estado miembro recurra al meca-
adecuación.                                                               nismo de notificación de un documento de seguimiento por la
                                                                          autoridad competente de expedición en virtud del artículo 3,
(por lo que se refiere a las cláusulas del pago en Bélgica): La           apartado 8, y del artículo 6, apartado 8, del Reglamento
exigencia de que las personas a las que se concede el subsidio            no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la
dispongan de una cuenta bancaria en Bélgica puede, en                     vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior,
determinados casos, poner en entredicho pura y simplemente                a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea ( 1), los
los efectos de la modificación de la legislación de que se trata.         artículos 3, apartado 8; 4, apartado 3; 6, apartado 8; 7,
En efecto, ocurre que algunas entidades bancarias exigen un               apartado 4 y artículo 26 del Reglamento ¿han de interpretarse
certificado de residencia para la apertura de una cuenta o para           en el sentido
su mantenimiento.
                                                                          a)    de que la autoridad competente de expedición a efectos
(por lo que se refiere al destino de las antiguas decisiones                    de este Reglamento, habilitada para verificar si un plan de
denegatorias): En orden a la seguridad jurídica, es esencial que                traslado clasificado en la notificación como «traslado
los derechos reales de los particulares se hallen protegidos                    de residuos destinados a la valorización» corresponde
contras las consecuencias perjudiciales de un comportamiento                    efectivamente a esta clasificación, puede, cuando estime
de las autoridades públicas que se fundamente en normas                         que esta clasificación es incorrecta,
incompatibles con el Derecho comunitario. El incumplimiento
de un Estado miembro no debe traducirse en ningún caso en
un beneficio financiero para éste último. Pues bien, si bien es                 1.    negarse a enviar el documento de seguimiento en
cierto que las autoridades belgas aclaran que cualquier persona                       razón de esta clasificación incorrecta, invitando al
a quien se le hayan denegado los subsidios por interrupción de                        notificante a enviarle un nuevo documento de
carrera sobre la base de la antigua normativa puede presentar                         seguimiento,
una nueva solicitud basándose en la nueva, no se ha previsto
que vuelvan a examinarse automáticamente los expedientes
correspondientes y no se ha facilitado precisión alguna acerca                  2.    proceder al envío del documento de seguimiento
de los requisitos de información y sobre las formas de pago                           tras haber realizado una nueva clasificación del plan
retroactivo de las prestaciones a las personas que quedaron                           de traslado como «traslado de residuos destinados a
privadas de ellas por el hecho de no residir en el territorio                         la eliminación»,
nacional.
( 1) DO L 257 de 15.10.1968, p. 2; EE 05/01, p. 77.
                                                                                3.    proceder al envío del documento de seguimiento
( 2) DO L 149, de 5.7.1971, p. 2; EE 05/01, p. 98.                                    que incluye la clasificación incorrecta, adjuntando
                                                                                inmediatamente a este envío una objeción basada en
                                                                                este error de clasificación,
 ---pagebreak--- C 44/18                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           22.2.2003
b)    o, por el contrario, que la autoridad competente de                ¿Debe considerarse, por el contrario, que la calificación jurídica
      expedición está obligada a dirigir la notificación así             de residuo en el sentido de las citadas disposiciones sólo resulta
      clasificada por el notificante a la autoridad competente           de aplicación cuando se ha procedido a la excavación de las
      de destino, conservando la facultad, si considera que la           tierras contaminadas en la forma indicada?
      finalidad del traslado fue incorrectamente clasificada, de
      oponer por otra parte simultáneamente o a posteriori una           (1 ) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.
      objeción motivada basada en este error de clasificación?           (2 ) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
( 1) DO L 30 de 6.2.1993, p. 1.                                          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                         lución del Tribunal de premeère instance de Bruxelles,
                                                                         Sala 32a, de fecha 24 de diciembre de 2002, en el asunto
                                                                         entre S.A. Banque Bruxelles Lambert, abreviadamente
                                                                         B.B.L. y Estado Belga, Ministère des Finances, administra-
                                                                              tion de la TVA, de l’enregistrement et des domaines
                                                                                (Asunto C-8/03)
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                                        (2003/C 44/33)
lución de la Cour d’appel de Bruxelles, Sala 11, de fecha
3 de diciembre de 2002, en el asunto entre Ministerio
Fiscal — actor civil: Región de Bruselas-capital y 1. Van                Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
de Walle, Paul, 2. Laurent, Daniel, 3. Mersch, Thierry —                 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
             responsable civil: Texaco Belgium SA                        resolución del Tribunal de premeère instance de Bruxelles,
                                                                         Sala 32a, dictada el 24 de diciembre de 2002, en el asunto
                                                                         entre S.A. Banque Bruxelles Lambert, abreviadamente B.B.L. y
                         (Asunto C-1/03)                                 Estado Belga, Ministère des Finances, administration de la TVA,
                                                                         de l’enregistrement et des domaines, y recibida en la Secretaría
                          (2003/C 44/32)                                 del Tribunal de Justicia el 10 de enero de 2003. El Tribunal de
                                                                         premeère instance de Bruxelles, Sala 32a, solicita al Tribunal
                                                                         de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                                                                         «Las sociedades de inversión de capital variable (SICAV)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         establecidas en un Estado miembro, cuyo objeto exclusivo es
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante              la inversión colectiva en valores mobiliarios de los fondos
resolución de la Cour d’appel de Bruxelles, Sala 11, dictada el
                                                                         recibidos del público, con arreglo a la Directiva 85/611/CEE
3 de diciembre de 2002, en el asunto entre Ministerio Fiscal             del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se
— actor civil: Región de Bruselas-capital y 1. Van de Walle,             coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
Paul, 2. Laurent, Daniel, 3. Mersch, Thierry — responsable
                                                                         trativas sobre determinados organismos de inversión colectiva
civil: Texaco Belgium SA, y recibida en la Secretaría del                en valores mobiliarios (OICVM) (1), ¿tienen la condición de
Tribunal de Justicia el 3 de enero de 2003. La Cour d’appel de
                                                                         sujetos pasivos del IVA en el sentido del artículo 4 de la Sexta
Bruxelles, Sala 11, solicita al Tribunal de Justicia que se              Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                               en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
                                                                         Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
                                                                         negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor
¿Deben interpretarse el artículo 1, letra a), de la Directiva 75/        Añadido: base imponible uniforme ( 2), de modo que los
442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los
                                                                         servicios contemplados por el artículo 9, apartado 2, letra e),
residuos (1), modificada por la Directiva 91/156/CEE, de 18 de           de la misma Directiva que les sean prestados se consideran
marzo de 1991 ( 2), que define el concepto de residuo como
                                                                         realizados en el lugar donde dichas SICAV tienen su domicilio
«cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor          social?»;
o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las
disposiciones nacionales en vigor», y el artículo 1, letras b) y         «En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, la
c), de la misma Directiva, que definen al productor de residuos          solución del litigio principal requiere determinar qué clases de
como «cualquier persona cuya actividad produzca residuos                 servicios prestados a las SICAV pueden beneficiarse de la
(“productor inicial”) y/o cualquier persona que efectúe opera-           exención prevista por el artículo 13, parte B, letra d), punto 6,
ciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que               de la Sexta Directiva: ¿debe diferenciarse en ese aspecto entre
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos               los servicios de asistencia y de asesoramiento de gestión, por
residuos» y al poseedor como «el productor de los residuos o             una parte, y los servicios de gestión en sentido propio, por
la persona física o jurídica que los tenga en su posesión», en el        otra, dado que los últimos se distinguirían de los primeros por
sentido de que pueden aplicarse a una empresa petrolera que              el hecho de que implican una facultad de decisión del gestor
produce hidrocarburos y los vende a un expendedor que                    sobre la administración y la disposición de los activos de cuya
explota una de sus estaciones de servicio en virtud de un                gestión se trata?»
contrato de arrendamiento de industria independiente, que
excluye todo vínculo de subordinación con esa empresa,
                                                                         (1 ) DO L 375 de 31.12.1985, p. 3.
cuando tales hidrocarburos se infiltran en el suelo contami-             (2 ) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.
nando, de este modo, las tierras y las aguas subterráneas?


title: Asunto C-455/11 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de septiembre de 2011 por Solvay SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) dictada el 16 de junio de 2011 en el asunto T-186/06, Solvay SA/Comisión Europea

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/11

         Recurso de casación interpuesto el 2 de septiembre de 2011 por Solvay SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) dictada el 16 de junio de 2011 en el asunto T-186/06, Solvay SA/Comisión Europea
   (Asunto C-455/11 P)
   2011/C 347/16
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Solvay SA (representantes: O.W. Brouwer, advocaat, M. O’Regan, Solicitor)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anulen los apartados 121 a 170 de la sentencia recurrida.

               —

               Que se anulen los apartados 394, 395 y 402 a 427 de la sentencia recurrida.

               —

               Que se dicte una sentencia definitiva y se anule la Decisión impugnada en la medida en que declaró que: a) la recurrente había infringido el artículo 81 CE, apartado 1, entre mayo de 1995 y agosto de 1997 y b) la recurrente fue la tercera empresa en satisfacer los requisitos del punto 21 de la Comunicación sobre la Cooperación de 2002, y que se reduzca consiguientemente la multa impuesta a la recurrente o, con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General, y

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente alega dos motivos en apoyo de su recurso. En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó parcialmente el recurso interpuesto por la recurrente con el objeto de obtener la anulación parcial de la Decisión C(2006) 1766 final de la Comisión, de 3 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.620 — Peróxido de hidrógeno y perborato).
   Mediante su primer motivo, la recurrente impugna, con el debido respeto, la conclusión del Tribunal General de que el recurrente había participado en una infracción de los artículos 81 CE, apartado 1, y 53 EEE, apartado 1, entre mayo de 1995 y agosto de 1997. Sostiene que el Tribunal General excedió su facultad de revisión e incurrió en un error de Derecho al declarar que la recurrente había negociado y/o intercambiado información sobre los precios y su estrategia comercial con otras empresas: según la recurrente, esas asunciones no podían hacerse basándose en el texto de la Decisión impugnada. El Tribunal General cometió errores de Derecho al aceptar la afirmación contenida en la Decisión impugnada según la cual, al tener como objetivo restringir la competencia, las conversaciones, negociaciones e intercambios de información entre los productores de peróxido de hidrógeno (incluida la recurrente) -en un intento fallido de elaborar un acuerdo de reparto del mercado (que no condujo a la celebración de un acuerdo entre ellos)- constituían una infracción de los artículos 81 CE, apartado 1, y 53 EEE, apartado 1, determinando que eran, alternativamente, o bien negociaciones preparatorias del mismo acuerdo contrario a la competencia, del cual formaban parte dado que se reconoció que en agosto de 1997 empezó a funcionar un cártel de fijación de precios, o bien una práctica concertada para «preparar el terreno» a ese cártel posterior y/o constituir un intercambio de información prohibido entre empresas. Mediante su segundo motivo, la recurrente se opone, con el debido respeto, a la conclusión del Tribunal General según la cual la Comisión no había excedido su margen de apreciación al declarar en la Decisión impugnada que otra empresa, Arkema, había cumplido los requisitos del punto 21 de la Comunicación sobre la Cooperación de la Comisión de 2002 el 3 de abril de 2003. Aduce que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al definir y aplicar el concepto de «valor añadido significativo», distorsionó las pruebas y cometió errores manifiestos en la apreciación de éstas al declarar que los documentos enviados por fax por Arkema el 3 de abril de 2003 sin ninguna explicación que los acompañara representaban un valor añadido significativo con arreglo al punto 21 de la Comunicación sobre la Cooperación de 2002. La recurrente sostiene asimismo que el Tribunal General incurrió en errores manifiestos de Derecho y de procedimiento, y distorsionó las pruebas al declarar que la Comisión estaba autorizada a llegar en la Decisión impugnada a una conclusión diferente a la expuesta en la Decisión C(2006) 2098, de 31 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/F/38.645 — Metacrilatos), en la que declaró que el mismo fax de 3 de abril de 2003 enviado por Arkema (que se refería a las investigaciones de la Comisión sobre varios acuerdos sospechosos de ser cárteles, incluyendo el peróxido de hidrógeno y los metacrilatos) no reunió los requisitos del punto 21 de la Comunicación sobre la Cooperación de 2002 hasta que Arkema proporcionó posteriormente explicaciones al respecto.


title: Asunto C-154/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de mayo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa, Letonia) — «Latvijas dzelzceļš» VAS/Valsts ieņēmumu dienests [Procedimiento prejudicial — Código aduanero comunitario — Reglamento (CEE) n.° 2913/92 — Artículo 94, apartado 1, y artículo 96 — Régimen del tránsito comunitario externo — Responsabilidad del obligado principal — Artículos 203, 204 y 206, apartado 1 — Nacimiento de la deuda aduanera — Sustracción a la vigilancia aduanera — Incumplimiento de una de las obligaciones derivadas de la utilización de un régimen aduanero — Destrucción total o pérdida irremediable de la mercancía por causa inherente a la naturaleza misma de la mercancía o por caso fortuito o fuerza mayor — Artículo 213 — Pago de la deuda aduanera con carácter solidario — Directiva 2006/112/CE — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Artículo 2, apartado 1, y artículos 70 y 71 — Devengo y exigibilidad del impuesto — Artículos 201, 202 y 205 — Personas obligadas a pagar el impuesto — Comprobación por la oficina aduanera de destino de una pérdida de cargamento — Dispositivo de descarga inferior del vagón cisterna cerrado incorrectamente o deteriorado]

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de mayo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa, Letonia) — «Latvijas dzelzceļš» VAS/Valsts ieņēmumu dienests
   (Asunto C-154/16) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Código aduanero comunitario - Reglamento (CEE) n.o 2913/92 - Artículo 94, apartado 1, y artículo 96 - Régimen del tránsito comunitario externo - Responsabilidad del obligado principal - Artículos 203, 204 y 206, apartado 1 - Nacimiento de la deuda aduanera - Sustracción a la vigilancia aduanera - Incumplimiento de una de las obligaciones derivadas de la utilización de un régimen aduanero - Destrucción total o pérdida irremediable de la mercancía por causa inherente a la naturaleza misma de la mercancía o por caso fortuito o fuerza mayor - Artículo 213 - Pago de la deuda aduanera con carácter solidario - Directiva 2006/112/CE - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Artículo 2, apartado 1, y artículos 70 y 71 - Devengo y exigibilidad del impuesto - Artículos 201, 202 y 205 - Personas obligadas a pagar el impuesto - Comprobación por la oficina aduanera de destino de una pérdida de cargamento - Dispositivo de descarga inferior del vagón cisterna cerrado incorrectamente o deteriorado])
   (2017/C 239/19)
   Lengua de procedimiento: letón

      Órgano jurisdiccional remitente

   Augstākā tiesa

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente:«Latvijas dzelzceļš» VAS

      Recurrida: Valsts ieņēmumu dienests

      Fallo

               1)

               El artículo 203, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, debe interpretarse en el sentido de que este precepto no se aplica en caso de que no se haya presentado el volumen total de la mercancía en régimen de tránsito comunitario externo ante la aduana de destino establecida con arreglo a ese régimen debido a la destrucción total o pérdida irremediable de una parte de esa mercancía, demostrada adecuadamente.

               2)

               El artículo 204, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2913/1992, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el volumen total de la mercancía en régimen de tránsito comunitario externo no se ha presentado en la aduana de destino establecida con arreglo a dicho régimen, debido a la destrucción total o pérdida irremediable de una parte de esa mercancía, demostrada adecuadamente, tal situación, que constituye un incumplimiento de una de las obligaciones vinculadas al referido régimen, concretamente, la de presentar la mercancía intacta en la aduana de destino, origina, en principio, una deuda aduanera de importación por la parte de la mercancía que no se ha presentado en esa aduana. Corresponde al tribunal nacional comprobar si una circunstancia como el deterioro de un dispositivo de descarga cumple, en este caso, los criterios que caracterizan los conceptos de «fuerza mayor» y «caso fortuito», a efectos del artículo 206, apartado 1, del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, esto es, si tal circunstancia resulta anormal en el caso de un operador que ejerce su actividad en el ámbito del transporte de sustancias líquidas y si es ajena a éste, y si sus consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada. Al realizar esta comprobación, el tribunal nacional debe, en particular, tener en cuenta la observancia, por parte de operadores como el obligado principal y el transportista, de las normas y los requisitos vigentes en lo que respecta al estado técnico de las cisternas y la seguridad del transporte de sustancias líquidas, como es el caso de un disolvente.

               3)

               El artículo 2, apartado 1, letra d), y los artículos 70 y 71 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que este impuesto no se devenga por la parte totalmente destruida o irremediablemente perdida de una mercancía que se encuentra en régimen de tránsito comunitario externo.

               4)

               Lo dispuesto en el artículo 96, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 204, apartados 1, letra a), y 3, del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que el obligado principal es responsable del pago de la deuda aduanera originada por una mercancía en régimen de tránsito comunitario externo, aun cuando el transportista no haya cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 96, apartado 2, de este Reglamento, en particular la de presentar la mercancía intacta en la aduana de destino dentro del plazo establecido.

               5)

               El artículo 96, apartados 1, letra a), y 2, el artículo 204, apartados 1, letra a), y 3, y el artículo 213 del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad aduanera de un Estado miembro no tiene obligación de exigir la responsabilidad solidaria del transportista que, junto al obligado principal, debe considerarse responsable de la deuda aduanera.

      (1)  DO C 191 de 30.5.2016.


title: Asunto C-161/04: Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2006 — República de Austria/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea

text:
               2.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/35

         Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2006 — República de Austria/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-161/04) (1)

   (2006/C 294/61)

      Lengua de procedimiento: alemán

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto C-163/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 2 de abril de 2013 — Turbu.com BV, otra parte: Staatssecretaris van Financiën

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 2 de abril de 2013 — Turbu.com BV, otra parte: Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-163/13)
   2013/C 171/37
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Turbu.com BV

      Otra parte: Staatssecretaris van Financiën

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben denegar las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del Derecho de la Unión Europea, la exención del IVA por una entrega intracomunitaria cuando resulta acreditado, mediante datos objetivos, que se da un fraude o un abuso y el sujeto pasivo sabía o habría debido saber que participaba en ellos, si la legislación nacional no prevé en tales circunstancias la denegación de la exención?


title: Asunto F-32/13: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014 — Robert Walton/Comisión Europea (Función pública  — Agente temporal  — Indemnización por cese en el servicio  — Dimisión constatada mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas  — Determinación de la fecha de la dimisión  — Fuerza de cosa juzgada  — Decisiones de la AFPN convertidas en firmes a falta de recurso contencioso  — Incumplimiento del procedimiento administrativo previo  — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               12.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/56

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014 — Robert Walton/Comisión Europea
   (Asunto F-32/13) (1)

   ((Función pública - Agente temporal - Indemnización por cese en el servicio - Dimisión constatada mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas - Determinación de la fecha de la dimisión - Fuerza de cosa juzgada - Decisiones de la AFPN convertidas en firmes a falta de recurso contencioso - Incumplimiento del procedimiento administrativo previo - Inadmisibilidad manifiesta))
   2014/C 142/76
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Robert Walton (Oxford, Reino Unido) (representante: F. Moyse, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y A.-C. Simon, agentes)

      Objeto

   Petición de anulación de la desestimación de la solicitud de obtener el reembolso de la cantidad impagada que la Comisión debería haberle abonado en concepto de indemnización por cese en el servicio.

      Fallo

               1)

               Declarar el recurso manifiestamente inadmisible.

               2)

               El Sr. Walton cargará con sus propias costas y con las costas en que incurrió la Comisión Europea.

      (1)  DO C 207, de 20/7/2013, p. 58.


title: Asunto C-521/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — T.C. Briels y otros/Minister van Infrastructuur en Milieu (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 92/43/CEE — Artículo 6, apartados 3 y 4 — Conservación de los hábitats naturales — Zonas especiales de conservación — Evaluación del impacto de un plan o proyecto sobre un lugar protegido — Autorización de un plan o de un proyecto relativo a un lugar protegido — Medidas compensatorias — Lugar Natura 2000 «Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek»  — Proyecto sobre el trazado de la autopista A2 «’s-Hertogenbosch-Eindhoven» )

text:
               7.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — T.C. Briels y otros/Minister van Infrastructuur en Milieu
   (Asunto C-521/12) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 92/43/CEE - Artículo 6, apartados 3 y 4 - Conservación de los hábitats naturales - Zonas especiales de conservación - Evaluación del impacto de un plan o proyecto sobre un lugar protegido - Autorización de un plan o de un proyecto relativo a un lugar protegido - Medidas compensatorias - Lugar Natura 2000 «Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek» - Proyecto sobre el trazado de la autopista A2 «’s-Hertogenbosch-Eindhoven»))
   2014/C 212/07
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes T.C. Briels, M. Briels-Loermans, R.L.P. Buchholtz, Stichting A2-Plattform Boxtel e.o. y otros, H.W.G. Cox, G.P.A. Damman, P.A.M. Goevaers y otros, J.H. van Haaren, L.S.P. Dijkman, R.A.H.M. Janssen, M.M. van Lanschot, J.E.A.M. Lelijveld y otros, A. Mes y otros, A.J.J. Michels, VOF Isphording y otros, M. Peijnenborg, S. Peijnenborg-van Oers, G. Oude Elferink, W. Punte, P.M. Punte-Cammaert, Stichting Reinier van Arkel, E. de Ridder, W.C.M.A.J.G. van Rijckevorsel, M. van Rijckevorsel-van Asch van Wijck, Vereniging tot Behoud van het Groene Har van Brabant, Stichting Boom en Bosch, Stichting Overlast A2 Vught e.o., Streekraad Het Groene Woud en De Meijerij, A.C.M.W. Teulings, Stichting Bleijendijk, M. Tilman, Vereniging van Eigenaars Appatementengebouw De Heun I y otros, M.C.T. Veroude, E.J.A.M. Widlak, Van Roosmalen Sales BV y otros, M.A.A. van Kessel, Bricorma BV y otros

      Demandada: Minister van Infrastructuur en Milieu

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Raad van State — Interpretación del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7) — Autorización de un plan o de un proyecto en un lugar protegido — Requisitos — Concepto de «perjuicio a la integridad del lugar en cuestión».

      Fallo

   El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe interpretarse en el sentido de que un plan o un proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un lugar de importancia comunitaria o sin ser necesario para la misma, tenga repercusiones negativas en un tipo de hábitat natural existente en ésta y prevea medidas para la creación de un área de dimensión igual o mayor de este tipo de hábitat en dicho lugar afecta a la integridad de ese lugar. Tales medidas sólo podrían, en su caso, calificarse de «medidas compensatorias», en el sentido del apartado 4 de dicho artículo, en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en éste.

      (1)  DO C 55, de 23.2.2013.


title: Asunto T-442/08: Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2008 — CISAC/Comisión

text:
               4.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/25

         Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2008 — CISAC/Comisión
   (Asunto T-442/08)
   (2009/C 82/46)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Internacional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (representantes: J.-F. Bellis y K. Van Hove, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el artículo 3 de decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008 referente a un procedimiento en relación con el artículo 81 CE y el artículo 53 EEE (asunto COMP/C2/38.698 — CISAC).

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación, con arreglo al artículo 230 CE, del artículo 3 de la decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008 (asunto COMP/C2/38.698 — CISAC), en virtud de la cual se estableció que 24 de las sociedades pertenecientes a la CISAC, domiciliadas en el EEE, participaron en una práctica concertada infringiendo el artículo 81 CE y el artículo 53 EEE «al coordinar las delineaciones territoriales de los mandatos de representación recíproca otorgados entre sí de un modo que limita las licencias al territorio nacional de cada una de las entidades de gestión colectiva».
   La demandante alega que la decisión limita la conclusión de infracción a tres formas específicas de explotación de derechos de ejecución pública (Internet, satélite y cable), mientras que los acuerdos de representación recíproca generalmente cubren todas las formas de explotación de los derechos de ejecución pública.
   En apoyo de su recurso, la demandante invoca los dos siguientes motivos principales:

               i)

               Según la demandante, la Comisión incurrió en error de apreciación e infringió el artículo 81 CE así como el artículo 253 CE al determinar que la delineación territorial paralela que resulta de los acuerdos de representación recíproca celebrados por los miembros de la CISAC domiciliados en el EEE constituye una práctica concertada. La demandante considera que la presencia de una cláusula de delineación territorial en todos los acuerdos de representación recíproca celebrados por sus miembros no es resultado de una práctica concertada para restringir la competencia. Más bien al contrario, esa situación existe porque las sociedades consideran que la inclusión de dicha cláusula en sus acuerdos de representación recíproca se hace en interés de sus miembros.

               ii)

               Con carácter subsidiario, la demandante sostiene que si existiera una práctica concertada en las delineaciones territoriales, no restringiría la competencia en el sentido del artículo 81 CE por dos razones. En primer lugar, la supuesta práctica concertada no es ilegal porque se refiere a una forma de competencia que no es merecedora de protección. En segundo lugar, aun cuando se considerara que la práctica concertada restringe la competencia, no infringiría el artículo 81 CE, apartado 1, con arreglo a las alegaciones de la demandante puesto que es necesaria y proporcionada para la consecución de un objetivo legítimo.