title: Asunto C-255/04: Recurso interpuesto el 14 de junio de 2004 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               28.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/12

         Recurso interpuesto el 14 de junio de 2004 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-255/04)
   (2004/C 217/24)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 14 de junio de 2004 un recurso contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. E. Traversa y la Sra. A.-M. Rouchaud-Joët, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE,

                           —

                           al someter la concesión de una licencia a una agencia de contratación de artistas establecida en otro Estado miembro al criterio del interés de la actividad de la agencia a la vista de las necesidades de contratación de artistas, y

                           —

                           al presumir la condición de trabajador por cuenta ajena de un artista reconocido como prestador de servicios en el Estado miembro de origen, donde presta habitualmente servicios similares.

               —

               Condene en costas a la República Francesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El régimen de concesión de licencias a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro y que no disponen de una licencia expedida en condiciones equivalentes en su Estado de origen consiste en una aplicación puramente mecánica del régimen aplicable a los prestadores establecidos en Francia y no tiene en cuenta las razones invocadas ni las garantías presentadas en el país de origen. La imposición del régimen francés de concesión de licencias en tales condiciones va más allá de lo necesario para salvaguardar los intereses de los artistas de que se trata. Por otra parte, el criterio del interés de la actividad de la agencia a la vista de las necesidades de contratación de artistas otorga al Ministerio de trabajo, competente para conceder o denegar tales licencias, una facultad totalmente discrecional de excluir a un prestador de servicios extranjero porque ya existen suficientes agencias francesas que poseen una licencia en Francia.
   La presunción de la condición de trabajador por cuenta ajena, aplicada a un artista al que su país de origen, donde presta habitualmente servicios similares, reconoce como prestador de servicios, constituye, por sí misma, una restricción a la libre circulación de servicios en la medida en que puede impedir o dificultar el ejercicio de las actividades del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, en el que presta servicios similares de forma legal y va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos que persigue. Por otra parte, la presunción es muy difícil de rebatir y tiene consecuencias no sólo respecto al régimen de seguridad social, sino también respecto a las vacaciones pagadas y el régimen de pensión complementaria. Aunque se aplica indistintamente a los artistas nacionales y a los de los demás Estados miembros, la presunción constituye una restricción que puede dificultar o hacer menos atractivas las actividades de los artistas establecidos en un Estado miembro en el que prestan legalmente servicios similares y que es desproporcionada respecto al objetivo perseguido.


title: Asunto C-547/11: Recurso interpuesto el 28 de octubre de 2011 — Comisión Europea/República Italiana

text:
               14.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/6

         Recurso interpuesto el 28 de octubre de 2011 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-547/11)
   2012/C 13/13
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: B. Stromsky y D. Grespan, agentes)

      Demandada: República Italiana

      Pretensiones de la parte demandante

   La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5 y 6 de la Decisión 2006/323/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005, relativa a la exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina en Gardanne, en la región de Shannon y en Cerdeña, ejecutada respectivamente por Francia, Irlanda e Italia (en lo sucesivo, «Decisión 2006/323»), y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no haber adoptado, dentro de los plazos previstos, todas las medidas necesarias para recuperar la ayuda de Estado declarada ilegal e incompatible con el mercado interior en virtud de la mencionada Decisión.

               —

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 6 de la Decisión 2007/375/CE de la Comisión, de 7 de febrero de 2007, relativa a la exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina en Gardanne, en la región de Shannon y en Cerdeña, ejecutada respectivamente por Francia, Irlanda e Italia (en lo sucesivo, «Decisión 2007/375»), y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no haber adoptado, dentro de los plazos previstos, todas las medidas necesarias para recuperar la ayuda de Estado declarada ilegal e incompatible con el mercado interior en virtud de la mencionada Decisión.

               —

               Condene en costas a la República Italiana.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo para ejecutar la Decisión 2006/323 expiró el 8 de febrero de 2006. El plazo para ejecutar la Decisión 2007/375 expiró el 8 de junio de 2007.
   A día de hoy la República Italiana aún no ha recuperado en su totalidad las ayudas declaradas ilegales en virtud de las Decisiones de que se trata o no ha informado a la Comisión de que las haya recuperado. Las dificultades jurídicas aducidas por Italia para justificar el retraso en la ejecución de dichas Decisiones no imposibilitan absolutamente la recuperación con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
   A continuación, la Comisión lamenta que Italia le haya informado con retraso del progreso de procedimiento nacional de ejecución de dichas Decisiones, incumpliendo la obligación de información que le imponen las mencionadas Decisiones.


title: Asunto T-15/10: Recurso interpuesto el 25 de enero de 2010 — Noko Ngele/Comisión

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/43

      Recurso interpuesto el 25 de enero de 2010 — Noko Ngele/Comisión
      (Asunto T-15/10)
      (2010/C 161/68)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: Mariyus Noko Ngele (Bruselas) (representante: F. Sabakunzi, abogado)

         Demandada: Comisión Europea

         Pretensiones de la parte demandante

                  —

                  Que se declare que el CDE nunca sustituyó al CDI y que no tiene existencia legal ni personalidad jurídica en Bélgica.

                  —

                  Que se condene solidariamente a la Comisión Europea, a uno de sus miembros y a algunos de sus agentes a pagar en concepto de reparación del perjuicio financiero la cantidad de doscientos mil euros, incrementada con los intereses legales al 10 % anual desde 1995 y con los intereses judiciales.

                  —

                  Que se condene solidariamente a la Comisión Europea, a uno de sus miembros y a algunos de sus agentes a pagar en concepto de reparación de los perjuicios moral y psicológico la cantidad de cinco millones de euros, incrementada con los intereses judiciales.

                  —

                  Que se declare que la sentencia que se dicte será ejecutoria sin perjuicio de que se interponga cualquier recurso.

                  —

                  Que se condene a la parte demandada en costas y al pago de una indemnización procesal estimada en treinta mil euros.

         Motivos y principales alegaciones

      Mediante el presente recurso, el demandante solicita la reparación del perjuicio supuestamente sufrido al no poder cobrar un crédito que tenía contra el «Centro para el desarrollo industrial (CDI)» a raíz de la sustitución de dicha organización por una institución conjunta de los Estados ACP (África, Caribe y Pacífico) y de la Unión Europea, denominada «Centro para el desarrollo de la empresa (CDE)».


title: Asunto T-4/08: Recurso interpuesto el 3 de enero de 2008 — EMSA/Portugal

text:
               19.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/21

         Recurso interpuesto el 3 de enero de 2008 — EMSA/Portugal
   (Asunto T-4/08)
   (2008/C 183/44)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) (representantes: E. Pache, Catedrático, y J. Menza, agente)

      Demandada: República de Portugal
   Pretensiones de la parte demandante
   La Agencia Europea de Seguridad Marítima solicita al Tribunal de Primera Instancia que dicte una sentencia, con arreglo al artículo 14, segunda frase, del Acuerdo de Sede, mediante la cual:

               —

               Se declare que el Gobierno portugués está vinculado por las disposiciones del Acuerdo de Sede, que es un instrumento de Derecho internacional público incluido en el ámbito del Derecho comunitario y que no puede ser modificado o cambiado unilateralmente por Portugal, en particular mediante su normativa interna.

               —

               Se declare que, en virtud del Acuerdo de Sede, el Gobierno portugués está obligado a garantizar que el personal de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y los miembros de sus familias tienen derecho a importar desde el Estado de su última residencia o desde el Estado de su nacionalidad, en franquicia y sin prohibiciones ni restricciones, en concepto de primera instalación, en un plazo de cinco años a contar desde su entrada en funciones en la Agencia y en un máximo de dos envíos, automóviles adquiridos en condiciones de mercado en el país de que se trate, y que la aplicación pasada y presente del Acuerdo de Sede por parte las autoridades portuguesas competentes incumple esta obligación.
               En particular, que el Gobierno portugués está obligado a matricular, previa solicitud, en un régimen especial de franquicia y sin prohibiciones ni restricciones, automóviles del personal de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y los miembros de sus familias adquiridos en condiciones de mercado en el Estado de su residencia anterior o en el Estado de su nacionalidad.

               —

               Se declare que, de acuerdo con el Acuerdo de Sede, el Gobierno portugués está obligado a garantizar que el personal de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y los miembros de sus familias gozan de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades concedidos por Portugal a los miembros de una categoría comparable de personal diplomático en la República Portuguesa, y que la aplicación pasada y presente del Acuerdo de Sede por parte las autoridades portuguesas competentes incumple esta obligación.
               En particular, que el Gobierno portugués está obligado a aplicar las reglas y disposiciones en vigor hasta julio de 2007 relativas a la matriculación y gravamen de los vehículos del personal diplomático al personal de la Agencia Europea de Seguridad Marítima que haya entrado en funciones antes de dicha fecha y a los miembros de sus familias.
               Que el Gobierno portugués está obligado a aplicar las reglas y disposiciones en vigor hasta julio de 2007 relativas a la matriculación y gravamen de los vehículos del personal diplomático al resto de supuestos.
               Que el Gobierno portugués está obligado a garantizar que el personal de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y los miembros de sus familias gozan de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades concedidos por Portugal a los miembros de una categoría comparable de personal diplomático en la República Portuguesa, y que la aplicación pasada y presente del Acuerdo de Sede por parte las autoridades portuguesas competentes está en contradicción con esta obligación.

               —

               Se declare que las disposiciones del Acuerdo de Sede no deben interpretarse y aplicarse de manera que el personal de la EMSA no disfrute, como mínimo, de los derechos de cualquier nacional de la Unión Europea que traslade su residencia a Portugal en relación con la matriculación de vehículos

               —

               Se declare que, con arreglo al Acuerdo de Sede, el plazo razonable para tramitar las solicitudes de matriculación de automóviles del personal de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y los miembros de sus familias no puede superar los dos meses.

               —

               Se condene en costas a la República Portuguesa, en virtud del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   La Agencia Europea de Seguridad Marítima («EMSA» o «Agencia»), se creó mediante el Reglamento (CE) no 1406/2002 (1), y tiene su sede en Lisboa. El 28 de julio de 2004 Portugal y la Agencia Europea de Seguridad Marítima firmaron el Protocolo relativo a los Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas («Acuerdo de Sede») (2). El Acuerdo de Sede regula las relaciones entre EMSA y Portugal como Estado anfitrión y se aplica a la Agencia y a su personal.
   La demandante alega que el Gobierno portugués propuso, sin que mediara solicitud o sugerencia previas de la EMSA, que se celebrara dicho Acuerdo de Sede, que establece una serie de privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades para la Agencia, recogiendo ampliamente las disposiciones del Protocolo relativo a los Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas («Protocolo»), pero concediendo también facilidades adicionales. También alega que el texto del acuerdo de sede propuesto era similar al texto del Acuerdo de Sede firmado entre Portugal y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) el 26 de junio de 1996, en particular por lo que se refiere a la matriculación de automóviles.
   En septiembre de 2005, se creó un grupo de trabajo compuesto por representantes del Gobierno portugués, por una parte, y representantes de EMSA y OEDT, por otra, a fin de redactar las disposiciones administrativas detalladas necesarias para ejecutar los dos Acuerdos de Sede o Protocolos.
   La demandante alega que la administración portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al Acuerdo de Sede que clarifica las obligaciones que resultan del Protocolo aplicable a la EMSA en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1406/2002, al no tramitar las solicitudes de matriculación de automóviles presentadas por el personal de la EMSA. Además, la demandante alega que las autoridades portuguesas no aplicaron la normativa portuguesa relevante en vigor en relación con el personal de la EMSA y los miembros de sus familias, mientras que si lo hizo para la OEDT y para las misiones diplomáticas. Según la demandante, estas acciones causaron serios impedimentos para el funcionamiento de EMSA, dado que los automóviles adquiridos con la expectativa legítima de que se aplicaría la normativa existente siguen sin estar matriculados. Asimismo, automóviles del personal transportados desde el lugar de residencia anterior o desde el Estado de su nacionalidad siguen teniendo las matrículas del Estado miembro en el que residían anteriormente, a pesar de la normativa de dicho Estado relativa a la obligación de desmatricularse. En resumen, la demandante alega que la decisión de las autoridades portuguesas de no tramitar las solicitudes de matriculación de automóviles ha creado una serie de graves dificultades legales y administrativas para el personal, que no tiene más opción que conducir un automóvil incumpliendo las obligaciones relativas a la matriculación, seguro e inspección técnica.
   En relación con la jurisdicción del Tribunal de Justicia, la demandante sostiene que el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) 1406/2002 establece que el Tribunal de Justicia es competente para juzgar en virtud de las cláusulas compromisorias contenidas en los contratos celebrados por la EMSA y que el artículo 14 del Acuerdo de Sede, las controversias relativas a la aplicación del Acuerdo serán examinadas por un grupo ad hoc compuesto de cuatro miembros y que las controversias que no se resuelvan de este modo se someterán al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
   Según la demandante, el proceso de arreglo de controversias previsto en el artículo 14 del Acuerdo de Sede resultó infructuoso y por lo tanto, el Tribunal de Justicia es competente para conocer del presente asunto en virtud del artículo 238 CE, que establece que el Tribunal de Justicia será competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Comunidad o por su cuenta, el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) 1406/2002, que declara que la Agencia será un órgano de la Comunidad y el artículo 225 CE, que establece que Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer en primera instancia de los recursos contemplados en el artículo 238 CE.
   Además, la demandante afirma que desea que el Tribunal de Justicia confirme que el Acuerdo de Sede es un instrumento de Derecho internacional público incluido en el ámbito del Derecho comunitario que vincula a las autoridades portuguesas y que no puede ser modificado unilateralmente. Solicita también que se dicte una sentencia que declare que la tramitación de las solicitudes de matriculación de los vehículos de motor de su personal es contraria a las disposiciones del Protocolo y que las autoridades portuguesas están obligadas a ejecutar las disposiciones relevantes del Protocolo en un plazo razonable. Por último, alega que el Acuerdo de Sede no debe interpretarse de manera que el personal de la EMSA no disfrute, como mínimo, de los derechos de cualquier nacional de la Unión Europea que traslade su residencia a Portugal en relación con la matriculación de vehículos.

      (1)  Reglamento (CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO L 208, p. 1).

      (2)  Publicado en el Diario Oficial portugués no 224, de 22.9.2004, p. 6073, disponible en la página web de la EMSA: http://www.emsa.europa.eu/Docs/legis/protocol%20pt%20government%20and%20emsa.pdf.


title: Recurso interpuesto el 28 de febrero de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Aker SA (Asunto T-70/95)

text:
3 . 6 . 95             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 137/27
Gran Ducado de Luxemburgo para no perder la correspon                   5 ) No se dieron a conocer las respuestas al pliego de
diente cobertura .                                                           cargos de otros destinatarios .
La demandante estima que ello infringe el principio de la                6 ) desarrollo inadecuado de la audiencia .
libre circulación de personas .
                                                                         7 ) Utilización de pruebas aportadas por la deman
Alega además que la disposición del Estatuto antes citada                    dante en su contra .
infringe el principio de igualdad de trato .
                                                                         8 ) Nueva formulación de los argumentos jurídicos de
En opinión de la demandante , las Instituciones comunitarias                 la Comisión y conclusión de los procedimientos
están obligadas a poner fin, en ejercicio de su deber de                     contra determinadas empresas alemanas y españo
protección del ciudadano , a la laguna normativa contenida                   las .
en las correspondientes disposiciones del Estatuto.
                                                                    II . Errores manifiestos de motivación e injerencia
                                                                   La demandante expone que la Decisión se basa en la
                                                                   consideración de que existe un « acuerdo único y continuo »
                                                                   en la industria cementera de Europea occidental . Esta tesis,
Recurso interpuesto el 28 de febrero de 1995 contra la             que la demandante impugna , ha llevado a la Comisión a
   Comisión de las Comunidades Europeas por Aker SA                cometer errores de apreciación e interpretación en relación
                        (Asunto T-70/95 )                          con la demandante , acerca de :
                          ( 95/C 137/64 )
                                                                         1 ) Su supuesta participación en el acuerdo Cembu
                                                                             reau ; y
                (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                         2 . su supuesta participación en la European Task
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                       Forcé .
Europeas se ha presentado el 28 de febrero de 1995 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,                  La demandante mantiene que no hay base alguna para
formulado por Aker s.a ., representada por los Sres . Nicholas           afirmar que era culpable de un comportamiento que
Forwood y John Cook, que designa como domicilio en                       pudiera constituir una infracción dolosa del apartado 1
Luxemburgo el despacho Arendt & Medernach, Boite                         del artículo 85 del Tratado CE .
Póstale 39 , L-2010 Luxemburgo .
                                                                   III . Incompetencia y discriminación
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
Instancia que :                                                          1 ) La demandante mantiene que, dado que es una
                                                                             empresa establecida fuera de la Comunidad Euro
— Anule en todo o, con carácter subsidiario, en parte, la
     Decisión de la Comisión de 30 de noviembre de 1994 en
                                                                             pea , la Comisión estaba obligada a hacer constar
                                                                             claramente en el pliego de cargos y en la Decisión
     la medida en que a ella se refiere.                                     las bases sobre las que reclama su competencia
                                                                             respecto a ella . El hecho de que la Comisión no
— Anule o, con carácter subsidiario, reduzca la multa
                                                                             explique su postura en esta cuestión constituye una
     impuesta en el artículo 9 .                                             infracción del derecho a ser oído y del artículo 190
                                                                             del Tratado CE .
— Condene en costas a la demandada .
                                                                         2 ) La demandante también sostiene que la Comisión
Motivos y principales alegaciones                                            no cumplió su obligación de ejercer sus competen
                                                                             cias de manera uniforme y no discriminatoria en
Los motivos en que se basa la impugnación de la legalidad de                 relación con todas las empresas no comunitarias
la Decisión pueden resumirse del modo siguiente :                            que interviene en los procedimientos .
   I. Infracción de requisitos esenciales del procedimiento        IV. Multas
        1 ) No se dio a conocer la totalidad del pliego de               1 ) La demandante insiste en que la Comisión no ha
            cargos .
                                                                             probado que su conducta pueda considerarse
                                                                             deliberada o negligente , con arreglo al apartado 2
        2 ) No se tradujeron a la lengua de procedimiento los                del artículo 15 de Reglamento 17/62 .
            documentos en que se basaba .
                                                                         2 ) La demandante mantiene que la Comisión no ha
        3 ) Citas incorrectas de documentos .
                                                                             explicado los fundamentos individuales de la multa
                                                                             que se le impone .
        4   No se permitió a la demandante examinar en su
            integridad el expediente de la Comisión y otros
            expedientes relevantes .


title: Asunto C-385/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Mokestinių Ginčų Komisija Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (República de Lituania) el 29 de septiembre de 2009 — Nidera Handelscompagnie B.V./Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerios

text:
               19.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 312/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Mokestinių Ginčų Komisija Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (República de Lituania) el 29 de septiembre de 2009 — Nidera Handelscompagnie B.V./Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerios
   (Asunto C-385/09)
   2009/C 312/28
   Lengua de procedimiento: lituano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Mokestinių Ginčų Komisija Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Nidera Handelscompagnie B.V.

      Demandada: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerios

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se ajusta a las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE (1) que regulan el derecho a deducir el IVA una normativa en virtud de la cual el derecho a deducir el IVA únicamente se reconoce a los sujetos pasivos del IVA, es decir, únicamente a los sujetos pasivos que se hayan registrado como sujetos pasivos del IVA en el Estado miembro de que se trata (en este caso, Lituania) con arreglo a los procedimientos allí vigentes?

               2)

               En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea afirmativa, ¿se ajusta a los principios generales del derecho a deducir el IVA establecidos en la Directiva 2006/112/CE la citada normativa, en el caso de que disponga que un sujeto pasivo del IVA únicamente tendrá derecho a deducir el IVA soportado o el IVA a la importación que gravó los bienes o servicios adquiridos antes de la fecha en que se registró como sujeto pasivo del IVA si esos bienes o servicios van a ser utilizados en una actividad de ese sujeto pasivo que esté sujeta a IVA, es decir, que el IVA soportado o el IVA a la importación que gravó los bienes y servicios adquiridos antes de la fecha de su registro como sujeto pasivo del IVA no será deducible si esos bienes ya han sido utilizados en la citada actividad?

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).


title: Asunto C-308/07 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de julio de 2007 por Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) dictado el 24 de abril de 2007 en el asunto T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento Europeo

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/23

         Recurso de casación interpuesto el 5 de julio de 2007 por Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) dictado el 24 de abril de 2007 en el asunto T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento Europeo
   (Asunto C-308/07 P)
   (2007/C 211/43)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (representante: D. Rouget, avocat)

      Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se declare fundado el recurso de casación y, en consecuencia, que se anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de 24 de abril de 2007.

               —

               Que se resuelva definitivamente el litigio y que se anule la decisión del Secretario General del Parlamento Europeo, de 22 de marzo de 2006, por la que se ordena al recurrente el reembolso de 118 360,18 euros y se procede a retener diversas dietas parlamentarias adeudadas por el Parlamento al recurrente.

               —

               Que se condene a la parte demandada a soportar sus propias costas y las del recurrente.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca seis motivos.
   Mediante su primer motivo, el recurrente cuestiona la aplicación del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, lo que en su opinión le privó del derecho a un proceso justo, puesto que no fue oído previamente por el Tribunal de Primera Instancia ni tampoco pudo responder a las alegaciones del Parlamento.
   Mediante su segundo motivo, el recurrente alega la vulneración del principio de imparcialidad, debido a que los mismos jueces conocieron del fondo de los dos recursos que interpuso de manera consecutiva en los asuntos T-146/04 y T-132/06, que dieron lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2005 y al auto de 24 de abril de 2007, respectivamente. Ahora bien, el principio antes mencionado establece que un mismo juez no puede conocer, ni siquiera en la misma instancia, de un asunto que se basa en los mismos hechos o en hechos suficientemente vinculados a los de un asunto en el que se haya pronunciado anteriormente.
   Mediante su tercer motivo, el recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia evaluó erróneamente el alcance de la sentencia de 22 de diciembre de 2005. En efecto, toda vez que se anuló la decisión adoptada por el Secretario General del Parlamento el 24 de febrero de 2004 por falta de competencia, el recurrente no tenía por qué interponer un recurso de casación contra dicha sentencia ante el Tribunal de Justicia, dado que la declaración de la falta de competencia por parte del juez entraña la inexistencia de la decisión que adolece de dicho vicio.
   Mediante su cuarto motivo, el recurrente critica que el Tribunal de Primera Instancia denegara sistemáticamente tomar en consideración las alegaciones formuladas para obtener la anulación de la decisión del Secretario General del Parlamento de 22 de marzo de 2006. A juicio del recurrente, esta última decisión constituye una decisión nueva, distinta de la decisión de 24 de febrero de 2004 y, por tanto, el Tribunal de Primera Instancia tenía la obligación de examinar todos los motivos de fondo y de forma que había alegado para impugnarla.
   Mediante su quinto motivo, el recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no hubiera examinado el motivo basado en la existencia de fuerza mayor, mientras que dicho motivo no se había planteado en el recurso interpuesto contra la decisión de 24 de febrero de 2004.
   Finalmente, mediante su sexto motivo, el recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no hubiera tenido en cuenta el principio de buena administración, en particular al no realizar ninguna referencia al Código de Buena Conducta Administrativa adoptado por el Parlamento el 6 de septiembre de 2001.


title: Asunto T-135/12: Recurso interpuesto el 2 de marzo de 2012 — Francia/Comisión

text:
               16.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 174/24

         Recurso interpuesto el 2 de marzo de 2012 — Francia/Comisión
   (Asunto T-135/12)
   2012/C 174/41
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: República Francesa (representantes: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter y J. Rossi, agentes)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión impugnada en su totalidad.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su escrito de interposición del recurso, la parte demandante solicita la anulación de la Decisión C(2011) 9403 final de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, por la que se declara incompatible con el mercado interior, bajo determinadas condiciones, la ayuda aplicada por la República Francesa en favor de France Télécom relativa a la reforma del modo de financiación de las jubilaciones de los funcionarios del Estado adscritos a France Télécom [ayuda de Estado no C 25/2008 (anteriormente NN 23/2008)].
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, dividido en dos partes, basado en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, dado que la Comisión consideró que la reforma del modo de financiación de las jubilaciones de los funcionarios del Estado adscritos a France Télécom era constitutiva de una ayuda de Estado. La parte demandante alega que:

                           —

                           la Comisión incurrió en error al considerar que la reducción de la contraprestación que debía abonar France Télécom al Estado no libera a France Télécom de la desventaja estructural soportada por dicha empresa tras la entrada en vigor de la Ley de 1990 y que la medida da una ventaja a la citada empresa;

                           —

                           con carácter subsidiario, la Comisión incurrió en error al considerar que France Télécom disfrutó de una ventaja a partir de 1996 pese al pago de una contribución a tanto alzado excepcional por parte de dicha empresa.

               2)

               Segundo motivo, basado, con carácter subsidiario, en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), dado que la Comisión supeditó la compatibilidad de la medida controvertida al cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 2 de la decisión impugnada. Este segundo motivo se divide en dos partes.

                           —

                           Mediante la primera parte, la demandante sostiene que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), al considerar que no se alcanzaba el tipo de equidad competitiva debido a que no se habían tomado en consideración los riesgos no comunes en el cálculo de la contraprestación abonada por France Télécom tras la entrada en vigor de la Ley de 1996.

                           —

                           Mediante la segunda parte, la parte demandante sostiene, con carácter subsidiario, que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), al no apreciar la insuficiencia del tipo de equidad competitiva habida cuenta del pago de una contribución a tanto alzado excepcional por parte de France Télécom y al llegar a la conclusión que dicha empresa no había sido colocada en situación de equivalencia completa con sus competidores hasta 2043.

               3)

               Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación ya que la Comisión no consideró el tipo de 7 % como tipo de actualización de la contribución excepcional a tanto alzado.


title: Asunto T-360/06: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 — Heijmans/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado neerlandés del betún para el recubrimiento de carreteras — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Imputabilidad del comportamiento infractor» )

text:
               17.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/18

         Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 — Heijmans/Comisión
   (Asunto T-360/06) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado neerlandés del betún para el recubrimiento de carreteras - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE - Imputabilidad del comportamiento infractor)
   2012/C 355/35
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Heijmans (Rosmalen, Países Bajos) (representantes: inicialmente M. Smeets y A. Van den Oord, y posteriormente M. Smeets, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente A. Bouquet y A. Nijenhuis, agentes, asistidos inicialmente por F. Wijckmans, F. Tuytschaever y L. Gyselen, y posteriormente por A. Bouquet, A. Nijenhuis y F. Ronkes Agerbeek, agentes, asistidos por F. Wijckmans y F. Tuytschaever, abogados)

      Objeto

   Con carácter principal, una pretensión de anulación de la Decisión C(2006) 4090 final de la Comisión, de 13 de septiembre de 2006, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] [Asunto COMP/F/38.456 — Betún (NL)], en la medida en que afecta a la demandante, y, con carácter subsidiario, una pretensión de reducción del importe de la multa que se impuso a la demandante en dicha Decisión.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Heijmans NV.

      (1)  DO C 20, de 27.1.2007.


title: Asunto C-491/15 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de septiembre de 2015 por Rainer Typke contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 2 de julio de 2015 en el asunto T-214/13, Rainer Typke/Comisión Europea

text:
               25.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 27/2

         Recurso de casación interpuesto el 18 de septiembre de 2015 por Rainer Typke contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 2 de julio de 2015 en el asunto T-214/13, Rainer Typke/Comisión Europea
   (Asunto C-491/15 P)
   (2016/C 027/03)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Rainer Typke (representante: C. Cortese, abogada)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anulen los puntos 2 y 3 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 2 de julio de 2015, dictada en el asunto T-214/13, Typke/Comisión Europea.

               —

               Que se anule la decisión adoptada por el Secretario General de la Comisión Europea en el procedimiento GESTDEM 2012/3258.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con las costas en que haya incurrido el recurrente tanto en primera como en segunda instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca un único motivo, articulado en dos partes principales.
   En primer lugar, el Tribunal General incurrió en error al interpretar el Reglamento no 1049/2001, (1) y en particular sus artículos 3, letra a), y 4, apartado 6, por considerar que la aplicación de los artículos pertinentes para las bases de datos relacionales normalizadas requiere distinguir entre el acceso parcial a los documentos almacenados en una base de datos relacional y el mero acceso a la información contenida en ésta. Arguye que este último no está cubierto por las disposiciones del Reglamento relativas al acceso, ya que ello supondría la creación de un nuevo documento. En particular, el Tribunal General incurrió en error al concluir esencialmente que el Reglamento no 1049/2001 excluye de su ámbito de aplicación la solicitud de acceso a una base de datos relacional normalizada que exija la formulación de búsquedas del tipo de las consultas SQL que no ha utilizado previamente la institución requerida «de manera más o menos habitual para la base de datos en cuestión» y «preprogramadas», porque ello no implicaría una búsqueda que pueda realizarse utilizando los dispositivos de búsqueda disponibles para la base de datos en cuestión, conllevando por tanto la creación de un nuevo documento.
   En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en error al declarar que la solicitud del demandante no se refería a un documento existente, y en cualquier caso que no se incardinaba en el ámbito de aplicación del Reglamento no 1049/2001, sobre la base de las siguientes premisas erróneas:

               —

               la institución requerida no podría responder positivamente a la solicitud de acceso porque los documentos existentes no corresponderían a la solicitud (sentencia en primera instancia, apartado 73) o el acceso a los mismos no habría sido solicitado por el demandante (sentencia en primera instancia, apartado 67).

               —

               La solicitud del demandante habría sido delimitada según una clasificación no prevista en la base de datos en cuestión, debido concretamente al tratamiento de datos que habría requerido (sentencia en primera instancia, apartados 58, 66, 68, 62 y 63).

               —

               Ello implicaría la creación de un nuevo documento con información en un nuevo formato y de acuerdo con criterios de selección especificados por el demandante (sentencia en primera instancia, apartados 61 y 67).

         Además, al efectuar todas las declaraciones que se reprochan en el presente apartado, el Tribunal General desnaturalizó el sentido evidente de las pruebas que se le aportaron. Lo mismo sucede con lo afirmado por el Tribunal General en el sentido de que la presunción de legalidad es aplicable en este caso a la declaración de la institución requerida en la que manifiesta que no existen los documentos a los que se ha solicitado tener acceso (sentencia en primera instancia, apartado 66).

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).


title: Asunto C-409/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH [Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 12, apartado 2, letra a) — Caducidad — Marca que se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada — Percepción del signo denominativo «KORNSPITZ» por los vendedores, por una parte, y por los usuarios finales, por otra — Pérdida de carácter distintivo exclusivamente desde el punto de vista de los usuarios finales]

text:
               28.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH
   (Asunto C-409/12) (1)

   ([Marcas - Directiva 2008/95/CE - Artículo 12, apartado 2, letra a) - Caducidad - Marca que se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada - Percepción del signo denominativo «KORNSPITZ» por los vendedores, por una parte, y por los usuarios finales, por otra - Pérdida de carácter distintivo exclusivamente desde el punto de vista de los usuarios finales])
   2014/C 129/03
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberster Patent- und Markensenat

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

      Demandada: Pfahnl Backmittel GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretación del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25) — Causas de caducidad — Marca denominativa registrada que se ha convertido para los consumidores en la designación usual del producto en cuestión como consecuencia de la falta de aportación de información sobre la existencia de la marca por parte de los intermediarios — Ausencia de designaciones alternativas para describir el producto en cuestión — Inactividad del titular de la marca

      Fallo

               1)

               El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, el titular de una marca se arriesga a su caducidad en la parte que concierne a un determinado producto para el que dicha marca esté registrada cuando la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de ese titular, en la designación usual de tal producto exclusivamente desde el punto de vista de los usuarios finales del producto.

               2)

               El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que existe «inactividad» en el sentido de dicha disposición cuando el titular de la marca no induzca a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al comercializar un producto para el que la misma está registrada.

               3)

               El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para poder declarar la caducidad de una marca que se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto, no es necesario determinar si existen otras designaciones para éste.

      (1)  DO C 399, de 22.12.2012.


title: Asunto T-166/09 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de abril de 2009 por Luigi Marcuccio contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 18 de febrero de 2009 en el asunto F-70/07, Marcuccio/Comisión

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/56

         Recurso de casación interpuesto el 27 de abril de 2009 por Luigi Marcuccio contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 18 de febrero de 2009 en el asunto F-70/07, Marcuccio/Comisión
   (Asunto T-166/09 P)
   2009/C 141/114
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule in toto y sin excepción alguna el auto de 18 de febrero de 2009 dictado en el asunto F-70/07 (en lo sucesivo, «asunto en el que se dictó el auto objeto de recurso de casación»), Marcuccio/Comisión, por la Sala Primera del Tribunal de la Función Pública.

               —

               Que se declare que el recurso en primera instancia, en relación con el que se emitió el auto recurrido, era perfectamente admisible in toto y sin excepción alguna.

               —

               En la medida en que sea necesario, que se declare que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error de Derecho al calificar algunas pretensiones del escrito de interposición del recurso en primera instancia del asunto en el que se dictó el auto objeto de recurso de casación como «solicitud de tasación de costas» (sic en el apartado 16 del auto recurrido).

               —

               En la medida en que sea necesario, que se declare que el Tribunal de la Función Pública era competente para pronunciarse, como juez de primera instancia, sobre todos los extremos, sin exclusión, del petitum del demandante (en lo sucesivo, «petitum») en el asunto en el que se dictó el auto objeto de recurso de casación y, además,

         con carácter principal:

               —

               Que se acoja in toto y sin excepción alguna el petitum, el cual debe darse aquí por expresamente reproducido a todos los efectos legales.

               —

               Que se condene a la recurrida al pago, a favor del recurrente, de todos los gastos, derechos y honorarios a los que éste haya tenido que hacer frente inherentes tanto a la primera instancia como a la presente casación del asunto en el que se dictó el auto objeto de recurso de casación, o

         con carácter subsidiario:

               —

               Que se devuelva el asunto en el que se dictó el auto objeto de recurso de casación al Tribunal de la Función Pública, con una formación distinta, a fin de que se pronuncie nuevamente sobre el fondo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de sus pretensiones el recurrente alega:

               —

               No conformidad a Derecho de la remisión del asunto en el que se dictó el auto objeto de recurso de casación, en parte qua al Tribunal de Primera Instancia, también por interpretación y aplicación erróneas e incorrectas del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto de los Funcionarios») y total falta de motivación.

               —

               Violación, interpretación y aplicación erróneas e incorrectas del principio del juez legalmente determinado, así como del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

               —

               No conformidad a Derecho de la desestimación, por supuesta inadmisibilidad de las mismas, de las pretensiones distintas de aquellas por las cuales el Tribunal de la Función Pública se declaró incompetente para pronunciarse, también por interpretación y aplicación erróneas e incorrectas del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios y del concepto de pretensión judicial de resarcimiento de perjuicios accesoria a una petición judicial de anulación de una decisión adoptada por una institución comunitaria, así como por total falta de motivación y desnaturalización de los hechos.

               —

                  Error in procedendo, que puede afectar gravemente a los intereses del recurrente, por incumplimiento de la obligación de no tener en cuenta el contenido del escrito al que se refiere el apartado 11 del auto impugnado, dado que fue presentado fuera de plazo, así como por requerir a las partes para que presentaran escritos extra ordinem, y su ulterior unión a los autos, que puede afectar gravemente a los intereses del demandante.

               —

               Infracción de las normas sobre el proceso justo contenidas en el artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y en el artículo 47 de la Carta.


title: Asunto T-27/14: Recurso interpuesto el 10 de enero de 2014 — República Checa/Comisión

text:
               22.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 85/22

         Recurso interpuesto el 10 de enero de 2014 — República Checa/Comisión
   (Asunto T-27/14)
   2014/C 85/38
   Lengua de procedimiento: checo

      Partes

      Demandante: República Checa (representantes: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agentes)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C(2013) 7221 final de la Comisión Europea, de 4 de noviembre de 2013, por la que se ordena la retirada de la resolución del Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Ministerio checo de comercio e industria) que concede una excepción a las instalaciones de almacenamiento de gas en Dambořice en la legislación nacional de transposición de lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE (1) en cuanto a la normativa para el acceso de terceros.

               —

               Condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 266 TFUE, apartado 1.

                           —

                           A este respecto, la demandante plantea que la Comisión, al adoptar la Decisión impugnada, actuó directamente de modo contrario a la sentencia de 6 de septiembre de 2013 del Tribunal General, Globula/Comisión (T-465/11).

               2)

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 22, apartado 4, de la Directiva 2003/55/CE.

                           —

                           En este motivo, la demandante plantea que la Comisión adoptó la Decisión impugnada una vez expirado el plazo límite establecido en el artículo 22, apartado 4, de la Directiva 2003/55/CE.

      (1)  Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57).


title: Asunto C-95/09: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 1 de julio de 2010 — Comisión Europea/Irlanda

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/37

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 1 de julio de 2010 — Comisión Europea/Irlanda
   (Asunto C-95/09) (1)

   ()
   2010/C 346/65
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 113, de 16.5.2009.


title: Asunto C-276/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — The Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH ( Marca — Producto farmacéutico — Reenvasado — Importación paralela — Cambio sustancial en la presentación del envase — Obligación de advertencia previa )

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — The Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
   (Asunto C-276/05) (1)

   («Marca - Producto farmacéutico - Reenvasado - Importación paralela - Cambio sustancial en la presentación del envase - Obligación de advertencia previa»)
   (2009/C 44/02)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Oberster Gerichtshof
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: The Wellcome Foundation Ltd

      Demandada: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1) — Reenvasado de un producto farmacéutico que ha sido objeto de una importación paralela — Modificación sustancial de la apariencia del envase — Alcance de la obligación de comunicación previa.
   Fallo

               1)

               El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo debe interpretarse en el sentido de que, cuando se demuestra que el reenvasado del producto farmacéutico, mediante un nuevo envase de éste, es necesario para su posterior comercialización en el Estado miembro de importación, la forma de presentación de dicho envase sólo debe apreciarse en relación con el requisito de que no debe causar un perjuicio a la reputación de la marca ni a la de su titular.

               2)

               El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que corresponde al importador paralelo facilitar al titular de la marca la información necesaria y suficiente para permitir a éste comprobar que el reenvasado del producto con dicha marca es necesario para comercializarlo en el Estado miembro de importación.

      (1)  DO C 217 de 3.9.2005.


title: Asunto C-318/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fövaltningsrätten i Falun (Suecia) el 27 de junio de 2011 — Daimler AG/Skatteverket

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/29

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Fövaltningsrätten i Falun (Suecia) el 27 de junio de 2011 — Daimler AG/Skatteverket
   (Asunto C-318/11)
   2011/C 269/54
   Lengua de procedimiento: sueco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fövaltningsrätten i Falun

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Daimler AG

      Demandada: Skatteverket

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Cómo debe interpretarse la expresión «establecimiento permanente desde el que se realizan operaciones económicas» a la luz de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión Europea en este asunto? (1)

               2)

               ¿Debe considerarse que un sujeto pasivo, que tiene la sede de su actividad económica en otro Estado miembro, cuya actividad consiste principalmente en la fabricación y venta de automóviles y que ha realizado pruebas de sus modelos de automóviles en condiciones invernales en instalaciones situadas en Suecia, tiene un establecimiento permanente en Suecia desde el que se han realizado operaciones económicas, cuando ese sujeto pasivo ha adquirido bienes y servicios, que se recibieron y utilizaron en las instalaciones para la realización de las pruebas en Suecia, sin tener personal propio destinado de forma permanente en Suecia y siendo la realización de dichas pruebas necesaria para el desempeño de su actividad económica en otro Estado miembro?

               3)

               ¿A efectos de la respuesta a la segunda cuestión, tiene relevancia el hecho de que el sujeto pasivo tenga una filial sueca, que le pertenece al cien por cien, cuyo objeto consiste casi exclusivamente en prestar a dicho sujeto pasivo varios servicios relativos a la realización de las pruebas?

      (1)  Artículos 170 y 171 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1), artículos 1 y 2 de la Octava Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del Impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país (DO L 331, p. 11; EE 09/01, p. 116) y artículos 2, 3 y 5 de la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de la devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (DO L 44, p. 23).


title: Asunto C-24/05 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de enero de 2005 (fax de 24.1.05) por August Storck KG contra la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2004 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-396/02, August Storck KG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
               19.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/9

         Recurso de casación interpuesto el 26 de enero de 2005 (fax de 24.1.05) por August Storck KG contra la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2004 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-396/02, August Storck KG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   (Asunto C-24/05 P)
   (2005/C 69/20)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 26 de enero de 2005 (fax de 24.1.05) un recurso de casación formulado por August Storck KG, representada por las Sras. Ilse Rohr y Heide Wrage-Molkenthin y el Sr. Tim Reher, abogados del bufete CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1-3, D-20355 Hamburgo, contra la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2004 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-396/02, August Storck KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1.

               Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) el 10 de noviembre de 2004, en el asunto T-396/02. (1)

               2.

               Estime las pretensiones formuladas en primera instancia y resuelva definitivamente el asunto o, subsidiariamente, lo devuelva al Tribunal de Primera Instancia.

               3.

               Condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones
   1.   Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94
   El Tribunal del Primera Instancia ha incurrido en un error de Derecho al exigir que la marca cuyo registro se solicitaba se distinguiera esencialmente de marcas similares del sector de mercancías de que se trata. Sin embargo, el carácter distintivo de la marca debe valorarse atendiendo a sus características intrínsecas e independientemente de la eventual presencia en el mercado de marcas similares.
   La marca cuyo registro se solicita tiene un carácter distintivo genuino. El hecho de que el consumidor reconozca la marca como un caramelo no impide que, al mismo tiempo, ésta pueda indicar el origen del producto. Precisamente en aquellos sectores, como el mercado de las golosinas, en los que el consumidor tiene ante sí una gran oferta, las marcas que consisten en determinadas formas y colores cumplen una función de indicación y reconocimiento de la mercancía.
   2.   Infracción del artículo 74, apartado 1, frase primera, del Reglamento no 40/94
   En contra el criterio del Tribunal de Primera Instancia, la Oficina debería haber investigado y demostrado qué marcas similares o de características idénticas existen, en su opinión, en el mercado, si quiere denegar con ese argumento el registro de la marca. La Oficina no puede basar su decisión en un hecho que no ha resultado probado y cuya existencia se basa en meras suposiciones. Si, en contra del criterio de la recurrente, la Oficina considera imprescindible medir el carácter distintivo de la marca por la forma de los caramelos que existen en el mercado, debe comprobar cuál es la situación del mercado.
   El Tribunal de Primera Instancia tampoco puede declarar la existencia de hechos que no han sido probados.
   3.   Infracción del artículo 73 del Reglamento no 40/94
   Al parecer, la Oficina invocó la similitud en la forma de los caramelos existentes en el mercado para justificar la carencia de carácter distintivo de la marca solicitada. La recurrente no tuvo ocasión de manifestarse respecto a esta forma de caramelos que, al parecer, existen en el mercado porque la Oficina no los aportó.
   De esta forma se violó su derecho de defensa.
   4.   Infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94
   La recurrente entiende que debe rechazarse la objeción del Tribunal de Primera Instancia de que la prueba del uso aportada no acredita la utilización de la marca solicitada porque ésta aparece acompañada de otras marcas. Por su propia naturaleza, las marcas tradicionales aparecen junto con otras marcas. Por tanto este mero hecho no permite negar su carácter distintivo.
   La doble función de una marca de forma o color, consistente en la propia forma del producto, no impide su utilización como marca, aunque proporcione al mismo tiempo información sobre la configuración del producto.
   Al probar el uso de la marca deben tenerse en cuenta todas las formas en que los consumidores entran en contacto con ella, y no sólo en qué medida percibe el consumidor la marca antes de decidirse a adquirir el producto o en el momento de tomar esa decisión. Las percepciones posteriores de la marca también contribuyen a darla a conocer, especialmente la percepción que de ella se hace al consumir el producto.

      (1)  DO C 19, de 22.1.2005.


title: Asunto C-265/06: Recurso interpuesto el 16 de junio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/15

         Recurso interpuesto el 16 de junio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-265/06)
   (2006/C 212/27)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: A. Caeiros, agente)

      Demandada: República Portuguesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 28 CE y 30 CE y a los artículos 11 y 13 del Acuerdo EEE, al prohibir, en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley no 40/2003, de 11 de marzo de 2003, la colocación de películas tintadas en los cristales de los vehículos automóviles, impidiendo de ese modo la comercialización en Portugal de películas tintadas legalmente fabricadas o comercializadas en otro Estado miembro o en un Estado signatario del Acuerdo EEE.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   La prohibición establecida en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley no 40/2003, de 11 de marzo de 2003, constituye una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación y es contraria al artículo 28 CE y al artículo 11 del Acuerdo EEE, puesto que impide en la práctica la comercialización en Portugal de películas tintadas legalmente fabricadas o comercializadas en otro Estado miembro o en un Estado signatario del Acuerdo EEE. Esta prohibición tampoco está justificada a la luz de los artículos 30 CE y 13 del Acuerdo EEE.


title: Asunto C-430/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bacău (Rumanía) el 21 de septiembre de 2012 — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

text:
               22.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 399/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bacău (Rumanía) el 21 de septiembre de 2012 — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău
   (Asunto C-430/12)
   2012/C 399/16
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Curtea de Apel Bacău

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Elena Luca

      Recurrida: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si el artículo 56 del [TFUE] (anteriormente artículo 49 CE) y el artículo 22 del Reglamento no 1408/71 (1) se oponen a normas nacionales como los artículos 40, apartado 1, letra b), 45 y 46 de la Orden 592/2008, que establecen que los trabajadores por cuenta ajena o propia o los miembros de sus familias sólo tendrán derecho al reembolso completo de los gastos por asistencia sanitaria realizados en el extranjero si previamente han obtenido una autorización para ello.

               2)

               Si el pago parcial de un tratamiento médico efectuado dentro de la Comunidad, calculado según los baremos del Estado miembro asegurador, en el caso de autos según el artículo 7 bis de la Orden 122/2007 (actualmente derogada por la Orden 729/2009) representa una restricción en el sentido del artículo 56 [TFUE] (anteriormente artículo 49 CE).

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión ¿cuál es el umbral para reembolsar los gastos efectuados por los asegurados cuando el importe de los pagos previstos por en la normativa del Estado miembro de residencia difiere del de las prestaciones previstas por la normativa del Estado miembro en que se ha efectuado el tratamiento?

      (1)  Reglamento (CEE) del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).


title: Asunto T-136/14: Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2014 — Tilda Riceland Private/OAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

text:
               5.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 135/55

         Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2014 — Tilda Riceland Private/OAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)
   (Asunto T-136/14)
   2014/C 135/71
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (representantes: S. Malynicz, Barrister, N. Urwin y D. Sills, Solicitors)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Tailandia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 18 de diciembre de 2013 adoptada en el asunto R 1086/2012-4.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa en blanco y negro que contiene los elementos denominativos «BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE» para productos de la clase 30 — Solicitud de marca comunitaria no 3 520 641

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado: La marca anterior no registrada y el signo anterior «BASMATI»«utilizado en el tráfico económico para designar una clase de productos» en el Reino Unido en relación con el «arroz»

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición en su totalidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento sobre la marca comunitaria.


title: Archivo del asunto T-188/96

text:
14 . 6 . 97        ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 181 /23
              Archivo del asunto T-187/96 í 1 )                                     Archivo del asunto T-139/95 ( 1 )
                          ( 97/C 181 /50 )                                                      ( 97/C 181 /53 )
            (Lengua de procedimiento: francés)                                    (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 19 de marzo de 1997, el Presidente de
                                                                    Mediante auto de 15 de abril de 1997, el Presidente de la
la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el                 Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Co
asunto T-187/96 : Salini Costruttori SpA contra Comisión            munidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-139/
                                                                    95 : Georges Cantone contra Comisión de las Comunida
de las Comunidades Europeas.
                                                                    des Europeas .
(M DO n° C 27 de 25 . 1 . 1997 .
                                                                    i 1 ) DO n° C 229 de 2 . 9 . 1995 .
              Archivo del asunto T-l 88/96 (')
                          ( 97/C 181 /51 )                                          Archivo del asunto T-213/96 (M
                                                                                ( 97/C 181 /54 )
            (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 19 de marzo de 1997, el Presidente de                            (Lengua de procedimiento: francés)
la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia
                                                                    Mediante auto de 18 de abril de 1997, el Presidente de la
de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el                 Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Co
asunto T-188/96 : Salini Costruttori SpA contra Comisión
de las Comunidades Europeas.                                        munidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-213/
                                                                    96 : Giorgio Lebedef contra Comisión de las Comunidades
(M DO n° C 40 de 8 . 2 . 1997 .                                     Europeas.
                                                                    (') DO n° C 54 de 22 . 2 . 1997.
              Archivo del asunto T-l 96/96 (M
                          ( 97/C 181 /52 )
                                                                                Archivo del asunto T-l 3 3/96 (')
            (Lengua de procedimiento: francés)                                                  ( 97/C 181 /55 )
Mediante auto de 10 de abril de 1997, el Presidente de la
Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Co                       (Lengua de procedimiento: neerlandés)
munidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-l 96/
                                                                    Mediante auto de 23 de abril de 1997, el Presidente de la
96 : Giorgio Lebedef contra Comisión de las Comunidades             Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Co
Europeas.
                                                                    munidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-l 33/
(') DO n° C 54 de 22 . 2 . 1997.
                                                                    96 : Michael Boessen contra Comité Económico y Social .
                                                                    (') DO n" C 318 de 26 . 10 . 1996 .


title: Asunto T-57/01: Recurso interpuesto el 12 de marzo de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Solvay S.A.

text:
2.6.2001                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 161/21
Motivos y principales alegaciones                                       Recurso interpuesto el 12 de marzo de 2001 contra la
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas por Solvay S.A.
La demandante es una filial de la sociedad japonesa ASAHI
VET JAPAN Co. Ltd, que ha desarrollado ToyoCerin, un aditivo                                     (Asunto T-57/01)
para la alimentación animal, y es el único fabricante de dicha
sustancia en todo el mundo. La demandante prepara dicho                                           (2001/C 161/45)
aditivo en España para el mercado comunitario y lo vende en
Europa. En tal calidad, solicitó una autorización para vender el
aditivo ToyoCerin en el territorio comunitario, de acuerdo con
los artı́culos 3 y ss. de la Directiva 70/524/CEE del Consejo (1).                         (Lengua de procedimiento: francés)
La demandante solicitó por primera vez en 1991 la autoriza-            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
ción de venta de ToyoCerin en el territorio comunitario para           Europeas se ha presentado el 12 de marzo de 2001 un recurso
todas las categorı́as animales, y en 1994 se le concedió una           contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
autorización provisional de venta de ToyoCerin para las                por Solvay S.A., representada por los Sres. Lucien Simont, Paul
siguientes categorı́as animales: cerdos de engorde, cochinillos         Alain Foriers, Guy Block y Frédéric Louis y la Sra. Anne
y cerdas. Dicha autorización provisional fue regularmente              Vallery, abogados.
prorrogada hasta abril de 1999. Para otros animales, como
por ejemplo los pollos de engorde, los terneros y los conejos
                                                                        La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
de engorde, el ToyoCerin fue provisionalmente autorizado
por medio del Reglamento (CE) no 1411/1999 (2). Según la
demandante, no se volvió a conceder la prórroga de dicha              —     Declare caducadas las actuaciones en razón del tiempo
autorización temporal, y no se adoptó ninguna decisión sobre               transcurrido.
su solicitud de autorización indefinida de venta de ToyoCerin
para cerdos de engorde, cochinillos y cerdas.                           —     En cualquier caso, anule la Decisión de la Comisión de
                                                                              13 de diciembre de 2000, relativa a un procedimiento de
                                                                              aplicación del artı́culo 82 del Tratado (COMP/33.133-C:
El recurso se interpone contra la Decisión de la Comisión por
                                                                              Ceniza de sosa — Solvay).
la que se aplaza la decisión sobre la solicitud de la demandante
de autorización indefinida de venta de ToyoCerin para su
utilización por los cerdos y de prórroga de la autorización          —     Declare prescrito el poder de imponer multas.
provisional de venta para su utilización por otras categorı́as
animales. La demandante alega que, con arreglo al artı́culo 3 bis
                                                                        —     En cualquier caso, anule el artı́culo 2 de la Decisión
de la Directiva 70/524, tiene derecho a que se le conceda la
                                                                              impugnada, en la medida en que impone a la demandante
autorización solicitada, y que la Decisión de la Comisión de no
                                                                              una multa de 20 millones de euros.
proponer al Comité permanente de la alimentación animal la
concesión de la autorización, sino de aplazar la decisión
sobre la solicitud de la demandante, es contraria a la citada           —     Declare que no ha lugar a imponer una multa a la
disposición.                                                                 demandante, o al menos reduzca sustancialmente su
                                                                              importe.
Además, en el presente asunto la demandante podı́a confiar en
que el ToyoCerin obtendrı́a una nueva autorización para las            —     Condene en costas a la Comisión.
categorı́as animales distintas de los cerdos antes de que
expirase la autorización provisional. Por último, el procedi-
miento seguido por la Comisión infringe las disposiciones              Motivos y principales alegaciones
sobre los plazos de duración que debe cumplir el procedi-
miento de autorización, y la Decisión impugnada infringe el
principio de proporcionalidad y la exigencia de motivación             La demandante es una sociedad belga que opera en el sector
impuesta por la Directiva 70/524.                                       de la ceniza de sosa a través de unidades de comercialización
                                                                        instaladas en nueve paı́ses europeos.
(1) Directiva no 70/524/CEE del Consejo, de 23.11.1970, sobre los       El 19 de diciembre de 1990, la Comisión adoptó la Decisión
    aditivos en la alimentación animal (DO L 270, p. 1; EE 03/04,
                                                                        91/299/CEE (1), en la que se señalaba que la demandante
    p. 82), modificada por última vez por el Reglamento (CE)
    no 45/1999 de la Comisión, de 11.01.1999 (DO L 6, p. 3).           ocupaba una posición dominante en el mercado de la ceniza
(2) Reglamento (CE) no 1411/1999 de la Comisión a la autorización     de sosa en Europa continental y habı́a abusado de dicha
    de nuevos aditivos y de nueva utilizaciones de aditivos en la       posición, y se le imponı́a una multa de 20 millones de ecus.
    alimentación animal (DO L 164, p. 56).                             Esta Decisión inicial fue objeto de un recurso de anulación
                                                                        ante el Tribunal de Primera Instancia. Mediante sentencia de
                                                                        29 de junio de 1995, el Tribunal de Primera Instancia anuló la
                                                                        Decisión (2). El recurso de casación de la Comisión contra dicha
                                                                        sentencia fue desestimado por el Tribunal de Justicia (3).
 ---pagebreak--- C 161/22              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          2.6.2001
El 13 de diciembre de 2000, la Comisión ha adoptado una               En cuanto al fondo del asunto, la demandante alega que la
Decisión (4) en la que se imputa a la demandante haber                Comisión ha infringido el artı́culo 82 CE al definir como lo ha
infringido las disposiciones del artı́culo 86 del Tratado CEE          hecho el mercado geográfico, sin tener en cuenta las condicio-
mediante un comportamiento encaminado a excluir o limitar              nes en que realmente se desarrolla la competencia, y que ella
seriamente la competencia y consistente, entre otros actos, en         no ocupa una posición dominante, a efectos de dicho artı́culo,
celebrar con los clientes acuerdos en los que se les exige que se      en el mercado de la ceniza de sosa.
compren el producto a la demandante. En la Decisión, la
Comisión ha impuesto a la demandante una multa de
20 millones de euros.                                                  Por lo que respecta a la tesis de la Comisión de que la
                                                                       demandante adoptó diversos procedimientos orientados a
                                                                       excluir la competencia, la demandante alega que dicha tesis no
                                                                       se ajusta a los hechos y resulta errónea desde el punto de vista
                                                                       jurı́dico. Señala además que la Comisión no ha motivado su
La demandante solicita que se anule dicha Decisión.                   Decisión con arreglo a Derecho.
                                                                       Con carácter subsidiario, la demandante ha solicitado que se
En apoyo de su recurso, la demandante alega que la Comisión           anulen o reduzcan las multas que se le han impuesto. Alega
no ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido. El plazo de             que, como la facultad de la Comisión de imponerle multas
prescripción quinquenal, que se interrumpió mientras se              habı́a prescrito cuando se adoptó la Decisión impugnada,
desarrollaba el procedimiento de anulación ante el Tribunal de        dicha Institución ha vulnerado el artı́culo 15 del Reglamento
Primera Instancia, expiró en enero del 2000. Por lo tanto, la         no 17. Además, la Comisión ha apreciado erróneamente la
Comisión ha adoptado una Decisión muchos meses después               gravedad y la duración de la infracción, y no ha tomado en
de que hubiera prescrito su poder de imponer multas. La                consideración la existencia de circunstancias atenuantes. Por
demandante alega por otra parte que la Comisión ha violado            último, según la demandante, el importe de la multa resulta
su derecho a una duración razonable del procedimiento, ya             exorbitante y desproporcionado y no tiene en cuenta los
que los hechos que se le imputan se desarrollaron, según dicha        efectos del paso del tiempo.
Institución, entre 1983 y finales de 1990.
                                                                       (1) Decisión 91/299/CEE de la Comisión, de 19.12.1990
                                                                            (IV/33.133-C: Ceniza de sosa — Solvay), DO L 152, p. 21.
Según la demandante, la Decisión ha sido adoptada antes de           (2) Asunto T-32/91, Solvay/Comisión, Rec. p. II-1825.
que se reuniera la Junta de Comisarios. Invoca pues una                (3) Sentencia de 6.4.2000, asuntos acumulados C-287/95 P y
violación del principio de colegialidad y una violación del               C-288/95 P, Comisión/Solvay, Rec. p. I-2391.
principio de seguridad jurı́dica.                                      (4) Decisión de la Comisión de 13.12.2000, relativa a un procedi-
                                                                            miento de aplicación del artı́culo 82 CE (COMP/33.133-C: Ceniza
                                                                            de sosa — Solvay).
La demandante sostiene además que la Decisión impugnada
adolece de un vicio sustancial de forma por incumplimiento
de ciertos requisitos previos a la adopción de la misma y ha
violado sus derechos de defensa y su derecho a ser oı́da. La
demandante alega que la Comisión no puede basarse en el
procedimiento administrativo que precedió a la adopción de la
Decisión de 19 de diciembre de 1990, dado que dicho
procedimiento adolecı́a de numerosos vicios, y que ella habrı́a        Recurso interpuesto el 12 de marzo de 2001 contra la
debido ser oı́da a fin de tener la oportunidad de formular sus          Comisión de las Comunidades Europeas por Solvay S.A.
alegaciones.
                                                                                (Asunto T-58/01)
Según la demandante, la Comisión no ha abierto de nuevo el                                      (2001/C 161/46)
procedimiento administrativo que precedió a la adopción de
la Decisión 91/299, y ella no ha recibido un nuevo pliego de
cargos ni ha podido por tanto responder a esos cargos. A                                 (Lengua de procedimiento: francés)
su juicio, la Comisión ha violado los principios de buena
administración, de examen imparcial y de proporcionalidad al
volver a adoptar, prácticamente palabra por palabra, una              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Decisión fechada en 1990, sin tomar en consideración, entre          Europeas se ha presentado el 12 de marzo de 2001 un recurso
otras circunstancias, el tiempo transcurrido, las posturas             contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
contradictorias que sobre cuestiones esenciales para la valora-        por Solvay S.A., representada por los Sres. Lucien Simont,
ción del asunto adoptó dicha Institución, y los argumentos en       Paul Alain Foriers, Guy Block y Frédéric Louis y la Sra. Anne
su defensa que ella ha presentando entretanto.                         Vallery, abogados.


title: Asunto T-170/13: Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2013 — Benelli Q.J./OAMI — Demharter (MOTOBI)

text:
               25.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 147/27

         Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2013 — Benelli Q.J./OAMI — Demharter (MOTOBI)
   (Asunto T-170/13)
   2013/C 147/49
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italia) (representante: P. Lukácsi, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Demharter GmbH (Dillingen, Alemania)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Modifique la resolución de la demandada y ordene que se desestime la solicitud de declaración de caducidad presentada por el solicitante de la nulidad.

               —

               Anule la resolución de la demandada y devuelva el asunto a la OAMI para que se examine una vez más y se dicte una nueva resolución, en caso de que el Tribunal de Justicia considere que es inevitable realizar otro análisis en profundidad de la prueba del uso efectivo.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de caducidad: La marca denominativa «MOTOBI» para productos de la clase 12 — registro de marca comunitaria no 835.264

      Titular de la marca comunitaria: La demandante

      Parte que solicita la caducidad de la marca comunitaria: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Resolución de la División de Anulación: Caducidad de la marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009 del Consejo.


title: Asunto T-43/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2014 — Heidrick & Struggles International/OAMI (THE LEADERSHIP COMPANY) [ «Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa THE LEADERSHIP COMPANY — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/52

         Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2014 — Heidrick & Struggles International/OAMI (THE LEADERSHIP COMPANY)
   (Asunto T-43/14) (1)

   ([«Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria denominativa THE LEADERSHIP COMPANY - Motivos de denegación absolutos - Carácter descriptivo - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 046/67)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Heidrick & Struggles International, Inc. (Chicago, Illinois, Estados Unidos) (representante: A. Norris, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: I. Harrington, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 10 de octubre de 2013 (asunto R 338/2013-2), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo THE LEADERSHIP COMPANY como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Heidrick & Struggles International Inc.

      (1)  DO C 129, de 28.4.2014.


title: Asunto C-543/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 17 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Woningstichting Maasdriel/Staatsscretaris van Financiën (Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículo 135, apartado 1, letra k), en relación con el artículo 12, apartados 1 y 3 — Terreno no edificado — Terreno edificable — Conceptos — Obras de demolición al objeto de realizar una nueva — Exención del IVA)

text:
               2.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 17 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Woningstichting Maasdriel/Staatsscretaris van Financiën
   (Asunto C-543/11) (1)

   (Impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículo 135, apartado 1, letra k), en relación con el artículo 12, apartados 1 y 3 - Terreno no edificado - Terreno edificable - Conceptos - Obras de demolición al objeto de realizar una nueva - Exención del IVA)
   2013/C 63/07
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Woningstichting Maasdriel

      Demandada: Staatsscretaris van Financiën

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación del artículo 135, apartado 1, letra k), en relación con el artículo 12, apartados 1 y 3, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Exenciones establecidas en la Directiva — Entrega de un terreno no edificado.

      Fallo

   El artículo 135, apartado 1, letra k), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en relación con el artículo 12, apartados 1 y 3, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la exención del impuesto sobre el valor añadido prevista en esta primera disposición no comprende una operación, como la controvertida en el asunto principal, de entrega de un terreno no edificado tras la demolición del edificio que se levantaba en dicho terreno, ni siquiera cuando, en la fecha de esa entrega, no se habían realizado obras de acondicionamiento del terreno distintas de la demolición, ya que de una apreciación global de las circunstancias que rodean a esa operación y que concurrían en la fecha de la entrega, incluida la intención de las partes, siempre que ésta pueda deducirse a partir de elementos objetivos, se desprende que, en esa fecha, el terreno de que se trata estaba destinado efectivamente a una construcción, circunstancia que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.


title: Asunto C-231/06: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour du travail de Bruxelles (Bégica) el 22 de mayo de 2006 — Office national des pensions/Emilienne Jonkman

text:
               12.8.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour du travail de Bruxelles (Bégica) el 22 de mayo de 2006 — Office national des pensions/Emilienne Jonkman
   (Asunto C-231/06)
   (2006/C 190/16)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Cour du travail de Bruxelles
   Partes en el procedimiento principal

      Parte recurrente: Office national des pensions

      Parte recurrida: Emilienne Jonkman
   Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

               1)

               En relación con las cotizaciones para la regularización (artículo 4, apartado 2, del Real Decreto de 25 de junio de 1997):
               ¿Debe interpretarse la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, (1) en el sentido de que autoriza a un Estado miembro a adoptar una normativa al objeto de permitir que una categoría de personas de un determinado sexo, originariamente discriminadas, pueda acogerse al régimen de pensiones aplicable a la categoría de personas del otro sexo, previo abono retroactivo de unas cotizaciones (pago único de un capital considerablemente elevado) que, con arreglo a la legislación vigente en dicho Estado, han prescrito para esta última categoría de personas?
               En caso de respuesta afirmativa: ¿Ha de interpretarse la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, en el sentido de que exige que un Estado miembro adapte la legislación contraria a dicha norma desde el momento en que una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constate tal conflicto normativo y, a más tardar, dentro del plazo de prescripción aplicable a las cotizaciones debidas a raíz de la adopción de dicha normativa?

               2)

               En relación con los intereses de demora (artículo 4, apartado 4, párrafo tercero, del Real Decreto de 25 de junio de 1997):
               ¿Debe interpretarse la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, en el sentido de que autoriza a un Estado miembro a adoptar una normativa al objeto de permitir que una categoría de personas de un determinado sexo, originariamente discriminadas, pueda acogerse al régimen de pensiones aplicable a la categoría de personas del otro sexo, previo abono de unos elevados intereses de demora que, con arreglo a la legislación vigente en dicho Estado, han prescrito para esta última categoría de personas?
               En caso de respuesta afirmativa: ¿Ha de interpretarse la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, en el sentido de que exige que un Estado miembro adapte la legislación contraria a dicha norma desde el momento en que una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constate tal conflicto normativo y, a más tardar, dentro del plazo de prescripción aplicable a los intereses de demora devengados a raíz de la adopción de dicha normativa?

      (1)  Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174).