title: Asunto T-198/09: Recurso interpuesto el 20 de mayo de 2009 — UOP/Comisión

text:
               18.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 167/19

         Recurso interpuesto el 20 de mayo de 2009 — UOP/Comisión
   (Asunto T-198/09)
   2009/C 167/38
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: UOP Ltd (Brimsdown, Reino Unido) (representantes: B. Hartnett, Barrister, y O. Geiss, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el artículo 2, apartado 2 de la Decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008, relativa a la medida de ayuda ejecutada por Francia en favor del grupo IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)]. (1)

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante solicita la anulación parcial de la Decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008, relativa a la medida de ayuda ejecutada por Francia en favor del grupo Institut Français du Pétrol [C 51/05 (ex NN 84/05], [notificada con el número C(2008) 1330], en la medida en que ésta había declarado la ayuda compatible con el mercado común, siempre que se cumplieran determinadas condiciones, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 3, letra c). La demandante es una empresa competidora de la entidad beneficiaria de la ayuda estatal y de sus empresas filiales Axens y Prosernat.
   La demandante formula cuatro motivos en apoyo de sus pretensiones.
   En primer lugar, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error manifiesto de hecho y de Derecho, contraviniendo así el artículo 87 CE, apartado 3 y el Encuadramiento de Investigación y Desarrollo de 1996, al haber desnaturalizado la índole de la Investigación y Desarrollo llevados a cabo por el IFP al amparo del anexo I del Encuadramiento de Investigación y Desarrollo de 1996 y, por lo tanto, al haber determinado erróneamente la intensidad ponderada de la ayuda máxima. La demandante fundamenta este motivo en las siguientes razones: las actividades de Axens y Prosernat relativas a los procesos no constituyen investigación y desarrollo y todo el desarrollo precompetitivo es llevado a cabo por el IFP; el propio IFP se encargó al menos de la parte del desarrollo precompetitivo relativa a la tecnología de procesos y a los catalizadores que exige el uso de plantas piloto, así como de la parte del desarrollo precompetitivo comprendida en su cartera de patentes.
   En segundo lugar, la demandante aduce que la Comisión ha incurrido en un error manifiesto de hecho y de Derecho, contraviniendo así el artículo 87 CE, apartado 3, y el Encuadramiento de Investigación y Desarrollo de 1996, al no haber tenido en cuenta la ayuda operativa concedida a Axens y a Prosernat, empresas filiales del IFP. La demandante fundamenta su motivo en tres razones y afirma que: no se tuvieron en cuenta los beneficios directos obtenidos por Axens mediante el uso continuado de las plantas piloto ni tampoco los beneficios indirectos que obtuvo de las becas para la educación concedidas por el IFP y de la cooperación internacional en materia de investigación proporcionada por el propio IFP.
   En tercer lugar, la demandante afirma que la Comisión incurrió en un error manifiesto de hecho y de Derecho al afirmar que la ayuda concedida al IFP y a sus empresas filiales, Axens y Prosernat, tiene un efecto incentivador.
   En cuarto lugar, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error manifiesto de hecho y de Derecho al no haber proporcionado una motivación y/o al no haber considerado plenamente las pruebas que se le habían presentado.

      (1)  DO 2009, L 53, p. 13.


title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de enero de 2004 en el asunto T-252/03 R, Fédération nationale d l'industrie et des commerces en gros de viandes (FNICGV) apoyada por República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/43

      AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 21 de enero de 2004
   en el asunto T-252/03 R, Fédération nationale d l'industrie et des commerces en gros de viandes (FNICGV) apoyada por República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Competencia - Pago de multa - Garantía bancaria - Admisibilidad - Urgencia - Inexistencia)
   (2004/C 94/122)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-252/03 R, la Fédération nationale d l'industrie et des commerces en gros de viandes (FNICGV), con sede en París (Francia), representada por el Sr. P. Abegg, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, apoyada por la República Francesa, representada por los Sres. G. de Bergues y F. Million, en calidad de Agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. P. Oliver y F. Lelièvre, en calidad de Agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, que tiene por objeto una demanda dirigida a la suspensión, por un lado, de la ejecución de la Decisión 2003/600/CE de la Comisión, de 2 de abril de 2003, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (Asunto COMP/C.38.279/F3 — Carnes de vacuno francesas) (DO L 209, p. 12), en cuanto impone a la demandante una multa de 720 000 euros, y por otro la de la obligación de constituir una garantía bancaria como requisito para no recaudar esa multa, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 21 de enero de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-45/14: Recurso interpuesto el 20 de enero de 2014 — HTTS y Bateni/Consejo

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/27

      Recurso interpuesto el 20 de enero de 2014 — HTTS y Bateni/Consejo
      (Asunto T-45/14)
      (2014/C 71/50)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Partes

         Demandantes: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburgo, Alemania) y Naser Bateni (Hamburgo) (representantes: M. Schlingmann y F. Lautenschlager, Rechtsanwälte)

         Demandada: Consejo de la Unión Europea

         Pretensiones

      La primera demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la Decisión 2013/661/PESC del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán, en la medida en que afecta a la primera demandante.

                  —

                  Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1154/2013 del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 sobre medidas restrictivas contra Irán, en la medida en que afecta a la primera demandante.

                  —

                  Condene al Consejo a cargar con las costas del procedimiento, en particular, con las de la primera demandante.

            El segundo demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la Decisión 2013/661/PESC del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán, en la medida en que afecta al segundo demandante.

                  —

                  Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1154/2013 del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 sobre medidas restrictivas contra Irán, en la medida en que afecta al segundo demandante.

                  —

                  Condene al Consejo a cargar con las costas del procedimiento, en particular, con las del segundo demandante.

         Motivos y principales alegaciones

      En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

                  1)

                  Primer motivo, basado en el carácter contrario a Derecho e inaplicable de la versión modificada de la Decisión 2010/413/PESC y del Reglamento (UE) no 267/2012 (1) en virtud del artículo 277 TFUE
                  En este contexto, los demandantes alegan, entre otros, que el Consejo modificó la base jurídica para la inclusión de los demandantes en la lista de personas sancionadas con el fin de poder imponerles una sanción. Por lo tanto, al modificar la base jurídica, el Consejo se excedió manifiestamente de su facultad discrecional.

                  2)

                  Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva y de la obligación de motivación
                  Los demandantes alegan a este respecto, esencialmente, que el Consejo no ha motivado suficientemente su inclusión en las listas de personas sancionadas. Algunos elementos de hecho esenciales en los que se basa el Consejo en su Decisión carecen de toda motivación.

                  3)

                  Tercer motivo, basado en la falta de base para incluir a los demandantes en las listas de personas sancionadas
                  En el marco de este motivo, los demandantes alegan que la motivación del Consejo no es base suficiente en cuanto a su contenido para volver a incluir a los demandantes en las listas de personas sancionadas.

                  4)

                  Cuarto motivo, basado en la violación de la propiedad privada, del derecho a la libertad de empresa, del derecho al respeto de la vida familiar y del principio de proporcionalidad
                  En último lugar, los demandantes alegan que su nueva inclusión en las listas de personas sancionadas vulnera el derecho a la propiedad y a la libertad de empresa, así como el derecho al respeto de la vida familiar del segundo demandado. Consideran que su inclusión en las listas de personas sancionadas constituye una injerencia desproporcionada, es manifiestamente inapropiada para alcanzar los objetivos que con los actos impugnados se persiguen y, en cualquier caso, excede de lo que es necesario para alcanzar dichos objetivos.

         (1)  Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).


title: Asunto F-57/12: Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2012 — ZZ/Comisión

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/37

         Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2012 — ZZ/ Comisión
   (Asunto F-57/12)
   2012/C 227/63
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: G. Cipresa, abogado)

      Demandada Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión de reducir la asignación por invalidez del demandante correspondiente a los meses de junio a septiembre de 2011.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión y en la medida en que, ultraque incerta sunt, exista, de desestimación de la solicitud de 19 de octubre de 2011.

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión y en la medida en que, ultraque incerta sunt, exista, de desestimación de la solicitud de 20 de octubre de 2011.

               —

               Que se anule cada una de las decisiones, en caso de que y en la medida en que existan, ultraque incerta sunt, sobre cuya base la Comisión detrajo ilegalmente, de cada mensualidad de la asignación por invalidez correspondiente al demandante por los meses de junio a septiembre de 2011, importes por un total de 1 661 euros y que se anulen las decisiones, en caso de que y en la medida en que existan, de efectuar las siguientes detracciones.

               —

               Que se condene a la Comisión a abonar al demandante la cantidad de 1 661 euros, junto con los intereses de 15 % anuales sobre dicha cantidad y con capitalización anual con efectos a partir del 27 de octubre de 2011 y hasta el día en que tenga lugar el pago arriba mencionado.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-298/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Varna (Bulgaria) el 14 de junio de 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Varna (Bulgaria) el 14 de junio de 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite
   (Asunto C-298/11)
   2011/C 232/35
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Varna

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

      Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 80, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, (1) relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que en las entregas entre personas vinculadas, siempre que la contraprestación sea inferior al valor normal de mercado, la base imponible estará constituida solamente por el valor normal de mercado de la operación si el proveedor o el destinatario no disfrutan plenamente del derecho a deducción del impuesto que grava la compra o la fabricación de los bienes que constituyen el objeto de la entrega?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 80, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2006/112 en el sentido de que si el proveedor ha ejercido el derecho a deducción plena del impuesto que grava los bienes y servicios, que son objeto de posteriores entregas entre personas vinculadas por un valor inferior al valor normal de mercado, y este derecho a deducción no ha sido regularizado conforme a los artículos 173 a 177 de la Directiva y la entrega no está sujeta a la exención según los artículos 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378 apartado 2 o 380 a 390 de la Directiva, el Estado miembro no puede adoptar medidas en virtud de las cuales se establezca como base imponible exclusivamente el valor normal de mercado?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 80, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2006/112 en el sentido de que si el destinatario ha ejercido el derecho a deducción plena del impuesto que grava los bienes y servicios, que son objeto de posteriores entregas entre personas vinculadas por un valor inferior al valor normal de mercado, y este derecho a deducción no ha sido regularizado conforme a los artículos 173 a 177 de la Directiva, el Estado miembro no puede adoptar medidas en virtud de las cuales se establezca como base imponible exclusivamente el valor normal de mercado?

               4)

               ¿Enumera el artículo 80, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2006/112 con carácter taxativo los casos que constituyen los requisitos que, de concurrir, permiten al Estado miembro adoptar medidas en virtud de las cuales la base imponible de las entregas está constituida por el valor normal de mercado de la operación?

               5)

               ¿Es lícita en circunstancias distintas de las enumeradas en el artículo 80, apartado 1, letras a), b) y c), de la Directiva 2006/112 una norma jurídica nacional como la recogida en el artículo 27, apartado 3, número 1, de la Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (Ley búlgara del IVA)?

               6)

               En un caso como el de autos, ¿tiene efecto directo el artículo 80, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2006/112, y puede el órgano jurisdiccional nacional aplicarlo directamente?

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto C-288/11 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de junio de 2011 por Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 24 de marzo de 2011 en los asuntos acumulados T-443/08 y T-455/08, Freistaat Sachsen y otros/Comisión Europea

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/16

         Recurso de casación interpuesto el 8 de junio de 2011 por Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 24 de marzo de 2011 en los asuntos acumulados T-443/08 y T-455/08, Freistaat Sachsen y otros/Comisión Europea
   (Asunto C-288/11 P)
   2011/C 252/30
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrentes: Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH (representantes: M. Núñez-Müller y J. Dammann, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Freistaat Sachsen, Land de Sajonia-Anhalt, República Federal de Alemania, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. (ADV), Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anulen el punto 4 del fallo de la sentencia impugnada, según el cual se desestima el recurso en el asunto T-455/08 en todo lo demás, y la correspondiente imposición de costas en el punto 6.

               —

               Que se resuelva a continuación sobre el fondo del asunto y que se estime el recurso en el asunto T-455/08 también por cuanto con él se pretende la anulación de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión Europea declaró en ella que la medida de aportación de capital concedida por Alemania para la construcción de una nueva pista sur de aterrizaje y despegue y de las infraestructuras aeroportuarias correspondientes en el aeropuerto de Leipzig/Halle constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 (antiguo artículo 87 CE, apartado 1).

               —

               Que se condene a la Comisión Europea a cargar tanto con las costas del recurso de casación como con las correspondientes al procedimiento de primera instancia en el asunto T-455/08 –completando lo dispuesto en el punto 7 del fallo de la sentencia impugnada–.

      Motivos y principales alegaciones

   Objeto del presente recurso de casación es la sentencia del Tribunal General por la que dicho órgano jurisdiccional desestimó parcialmente la demanda de las recurrentes para que se anulase parcialmente la Decisión 2008/948/CE de la Comisión, de 23 de julio de 2008, relativa a las medidas concedidas por Alemania a DHL y al aeropuerto de Leipzig/Halle.
   El recurso de casación es limitado desde el punto de vista del contenido. Con el recurso de casación no se impugna el punto 3 del fallo de la sentencia, mediante el que el Tribunal anuló parcialmente el artículo 1 de la Decisión contra la que se recurría, sino simplemente el punto 4, por el cual el Tribunal desestimó el recurso en todo lo demás. Así, tampoco se impugna la autorización concedida conforme al artículo 107 TFUE, apartado 3, en el artículo 1, segunda parte, de la Decisión contra la que se recurre, sino solamente la calificación de las medidas financieras controvertidas de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
   Las recurrentes invocan los siguientes motivos en apoyo de su recurso de casación:

               La sentencia impugnada infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1. Frente a la postura del Tribunal General, en el caso de Flughafen Leipzig/Halle GmbH no se está ante una empresa a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1, por lo que respecta a las medidas controvertidas en materia de infraestructuras y a su financiación. La construcción de infraestructuras en un aeropuerto regional no representa una actividad económica. Por consiguiente, las disposiciones en materia de ayudas de Estado no son aplicables al presente supuesto.

               La sentencia impugnada vulnera, además, el principio de irretroactividad, la exigencia de seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima. En la Decisión impugnada, la Comisión aplicó retroactivamente la Comunicación relativa a las Directrices comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales, adoptada el 9 de diciembre de 2005, a las medidas en materia de infraestructuras aprobadas el 4 de noviembre de 2004. El Tribunal niega la aplicación retroactiva de las llamadas «Directrices de 2005» y mantiene con ello una situación jurídica contradictoria y objetivamente incorrecta creada por la Comisión vulnerando los principios antes mencionados. Además, ignora que seguían siendo aplicables las llamadas «Directrices del sector de la aviación de 1994», según las cuales la financiación estatal de infraestructuras aeroportuarias se considera una medida de carácter general y no está, por tanto, sujeta al control en materia de ayudas estatales.

               Según las recurrentes, la sentencia impugnada infringe también el artículo 1, letra b), inciso v), o los artículos 17 y 18 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, (1) porque el Tribunal no aplicó las disposiciones de dicho Reglamento en materia de ayudas existentes a la aportación de capital de 4 de noviembre de 2004, considerada por él mismo ayuda estatal.

               Por último, la sentencia impugnada vulnera también el reparto de competencias que realiza el Tratado FUE. Con su interpretación del concepto de empresa del artículo 107 TFUE, apartado 1, el Tribunal General infringe el Derecho primario, al someter medidas de un Estado miembro al control de las ayudas estatales cuando, en realidad, tales medidas no están sometidas a la normativa en materia de ayudas.

               Por último, las recurrentes estiman que la sentencia impugnada vulnera la obligación de motivación de las sentencias del artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General debido a que los fundamentos de la sentencia son incompletos.

      (1)  DO L 83, p. 1.


title: Asunto T-559/10: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2010 — Laboratoire Garnier/OAMI (natural beauty)

text:
               5.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/16

         Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2010 — Laboratoire Garnier/OAMI (natural beauty)
   (Asunto T-559/10)
   2011/C 38/30
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Laboratoire Garnier et Cie (París) (representantes: R. Dissmann y A. Steegmann, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 23 de septiembre de 2010 en el asunto R 971/2010-1.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa «natural beauty» para productos de la clase 3 — Solicitud de registro de marca comunitaria no 8.294.233

      Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud de marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, en la medida en que la Sala de Recurso estimó erróneamente que dichos motivos de denegación absolutos se aplican a la marca controvertida.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de  15 de diciembre de 2005 , en el asunto C-67/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania ( Incumplimiento de Estado — Directiva 2000/60/CE — Actuación comunitaria en el ámbito de la política de aguas — No adaptación del Derecho interno a la Directiva dentro del plazo señalado )

text:
               11.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 36/17

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 15 de diciembre de 2005
   en el asunto C-67/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/60/CE - Actuación comunitaria en el ámbito de la política de aguas - No adaptación del Derecho interno a la Directiva dentro del plazo señalado»)
   (2006/C 36/32)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-67/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 11 de febrero de 2005, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. U. Wölker y Sra. S. Pardo Quintillán) contra República Federal de Alemania (agente: Sr. U. Forsthoff), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J. Malenovský, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y A. Ó Caoimh (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 15 de diciembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 82, de 2.4.2005.


title: Asunto C-383/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 5 de julio de 2013 — M. G., N. R., otra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 5 de julio de 2013 — M. G., N. R., otra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
   (Asunto C-383/13)
   2013/C 260/62
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: M. G., N. R.

      Otra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Da lugar sin más y en todos los casos al levantamiento del internamiento la violación por el órgano administrativo nacional del principio general de respeto del derecho de defensa, que también está consagrado en el artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (1) en la adopción de una decisión de prórroga en el sentido del artículo 15, apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular?

               2)

               ¿Permite el principio general de respeto del derecho de defensa proceder a una ponderación de intereses en la que, además de la gravedad de la violación de dicho principio y de los intereses del extranjero afectados por la misma, se tengan en cuenta los intereses del Estado miembro atendidos mediante la prórroga del internamiento?

      (1)  DO 2000, C 364, p. 1.

      (2)  DO L 348, p. 98.


title: Asunto T-436/12: Sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI — Cerámicas del Foix (Rock & Rock) [«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa Rock & Rock — Marcas nacionales denominativas anteriores MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK y CEILROCK — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009»]

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/30

         Sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI — Cerámicas del Foix (Rock & Rock)
   (Asunto T-436/12) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria figurativa Rock & Rock - Marcas nacionales denominativas anteriores MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK y CEILROCK - Motivo de denegación relativo - Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 279/37)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Alemania) (representante: J. Krenzel, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: L. Rampini, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, coadyuvante ante el Tribunal General: Cerámicas del Foix, S.A. (Barcelona) (representantes: M. Pérez Serres y R. Guerras Mazón, abogados)

      Objeto

   Recurso contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 10 de julio de 2012 (asunto R 495/2011-2), sobre un procedimiento de nulidad entre Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG y Cerámicas del Foix, S.A.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG.

      (1)  DO C 379, de 8.12.2012.


title: Asunto F-132/14: Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2014  — ZZ/Parlamento Europeo

text:
               2.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 34/52

         Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2014 — ZZ/Parlamento Europeo
   (Asunto F-132/14)
   (2015/C 034/64)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: L. Levi, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 12 de diciembre de 2013, F-129/12, CH/Parlamento, por las que se rechaza el inicio de una investigación administrativa relativa a la denuncia por acoso de la parte demandante, el pago a la parte demandante de un importe adicional en concepto de compensación económica y el reconocimiento a favor de la parte demandante del conjunto de beneficios y complementos vinculados a la existencia de su contrato de asistente parlamentario acreditada cuya resolución fue anulada por el Tribunal de la Función Pública en la citada sentencia, y pretensión de una indemnización de los daños materiales y morales supuestamente sufridos.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen las resoluciones del Parlamento Europeo de 3 de marzo de 2014, en la medida en que rechaza el inicio de una investigación administrativa relativa a la denuncia por acoso de la parte demandante, y de 2 de abril de 2014, en la medida en que niega el pago a la parte demandante de una cantidad de 5  686 euros, siendo estas resoluciones las que contienen las medidas adoptadas por dicha institución con el fin, según ella sostiene, de ejecutar la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 12 de diciembre de 2013, en el asunto F-129/12, CH/Parlamento.

               —

               Que se anule la resolución del Parlamento Europeo de fecha 4 de agosto de 2014, recibida el 7 de agosto de 2014, por la que se desestima la reclamación de la parte demandante de 16 de abril de 2014 al rechazar el pago a la parte demandante de una cantidad de 5  686 euros, la reparación del perjuicio sufrido por la parte demandante por la obtención tardía de una tarjeta de identificación de asistente parlamentario acreditado, de una dirección de correo electrónico profesional y de un acceso a la intranet del Parlamento Europeo, el inicio de una investigación administrativa relativa a su denuncia por acoso, y la reparación del perjuicio moral que le acarreó a la parte demandante este último rechazo.

               —

               Que se condene a la parte demandada al pago de una indemnización de 1 44  000 euros en concepto de reparación del perjuicio material de la parte demandante.

               —

               Que se condene a la parte demandada al pago de una indemnización, fijada ex aequo et bono en 60  000 euros, en concepto de reparación del perjuicio moral de la parte demandante.

               —

               Que se condene a la parte demandada al pago de intereses de demora, calculados a partir del tipo del Banco Central Europeo más 2 puntos, sobre las cantidades de 5  686 euros y 1 44  000 euros, antes mencionadas.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.


title: Asunto T-441/11: Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2014  — Peftiev/Consejo ( «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Belarús — Congelación de fondos — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Derecho a ser oído — Error de apreciación» )

text:
               2.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 34/31

         Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2014 — Peftiev/Consejo
   (Asunto T-441/11) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Belarús - Congelación de fondos - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Derecho a ser oído - Error de apreciación»))
   (2015/C 034/34)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Vladimir Peftiev (Minsk, Belarús) (representantes: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte y T. Milašauskas, abogados, y M. Shenk, Solicitor)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y F. Naert, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Comisión Europea (representantes: T. Scharf y E. Paasivirta, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión 2011/357/PESC del Consejo, de 20 de junio de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús (DO L 161, p. 25), del Reglamento (UE) no 588/2011 del Consejo, de 20 de junio de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 765/2006 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas contra el Presidente Lukashenko y determinados funcionarios de Belarús (DO L 161, p. 1), de la Decisión 2011/666/PESC del Consejo, de 10 de octubre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO L 265, p. 17), del Reglamento de Ejecución (UE) no 1000/2011 del Consejo, de 10 de octubre de 2011, por el que aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto a Belarús (DO L 265, p. 8), de la Decisión 2012/642/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO L 285, p. 1), del Reglamento de Ejecución (UE) no 1017/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO L 307, p. 7), de la Decisión 2013/534/PESC del Consejo, de 29 de octubre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2012/642 (DO L 288, p. 69), y del Reglamento de Ejecución (UE) no 1054/2013 del Consejo, de 29 de octubre de 2013, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO L 288, p. 1), en la medida en que afectan al demandante.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión 2011/357/PESC del Consejo, de 20 de junio de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús, el Reglamento (UE) no 588/2011 del Consejo, de 20 de junio de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 765/2006 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas contra el Presidente Lukashenko y determinados funcionarios de Belarús, la Decisión 2011/666/PESC del Consejo, de 10 de octubre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús, el Reglamento de Ejecución (UE) no 1000/2011 del Consejo, de 10 de octubre de 2011, por el que aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto a Belarús, la Decisión 2012/642/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús, y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1017/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús, en la medida en que afectan al Sr. Vladimir Peftiev.

               2)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto, por una parte, la Decisión 2013/534/PESC del Consejo, de 29 de octubre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2012/642, y, por otra, el Reglamento de Ejecución (UE) no 1054/2013 del Consejo, de 29 de octubre de 2013, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús.

               3)

               El Consejo de la Unión Europea cargará, además de con sus propias costas, con las soportadas por el Sr. Peftiev.

               4)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 290, de 1.10.2011.


title: Asunto T-421/09: Recurso interpuesto el 19 de octubre de 2009 — DEI/Comisión

text:
               16.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/28

         Recurso interpuesto el 19 de octubre de 2009 — DEI/Comisión
   (Asunto T-421/09)
   2010/C 11/55
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Dimósia Epichírisi Ilektrismoú A.E. (DEI) (Atenas) (representante: P. Anéstis, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

      Motivos y principales alegaciones

   El 5 de marzo de 2008, la Comisión adoptó la Decisión C(2008) 824, relativa a la concesión o el mantenimiento por la República Helénica de los derechos de extracción de lignito en favor de Dimósia Epichírisi Ilektrismoú A. E. (en lo sucesivo, «demandante»), en la que se declaraba que la República Helénica había infringido el artículo 86 CE, apartado 1, leído conjuntamente con el artículo 82 CE, en la medida en que había concedido y mantenido derechos con carácter preferente en favor de la demandante para la extracción de lignito en Grecia, creando como resultado una diferencia de oportunidades entre los operadores económicos por lo que se refiere al acceso a combustibles primarios para la producción de electricidad, y permitiendo a la demandante mantener o reforzar su posición dominante en el mercado de la electricidad al por mayor.
   La demandante interpuso un recurso de anulación contra dicha Decisión, de la que conoce el Tribunal General, registrado con el número T-169/08 y que aún está pendiente.
   El presente recurso tiene por objeto que se anule, con arreglo al artículo 230 CE, apartado 4, la Decisión de la Comisión de 4 de agosto de 2009, notificada con el número C(2009) 6244 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada») «relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 86, apartado 3, del Tratado CE por la que se establecen medidas específicas para corregir los efectos anticompetitivos de la infracción señalada en la Decisión de la Comisión de 5 de marzo de 2008 relativa a la concesión y mantenimiento por la República Helénica de los derechos a la extracción de lignito en favor de Dimósia Epichírisi Ilektrismoú A.E.».
   De acuerdo con su primer motivo de anulación, la demandante alega que la Comisión incurrió en error de Derecho, así como en un error manifiesto de apreciación de los hechos, debido a que, en primer lugar, delimitó equivocadamente el mercado de que se trata, al no tener en cuenta que para la producción de electricidad compiten lignito y otros combustibles, como el gas natural, que son sucedáneos del lignito, y que consecuentemente, acceden al mismo mercado, y, en segundo lugar, a que evaluó equivocadamente la dimensión geográfica del mercado de suministro de lignito en Grecia para la producción de electricidad y, finalmente, a que el mercado de suministro de lignito se extiende a una amplia zona de los Balcanes.
   Con arreglo a su segundo motivo de anulación, la demandante sostiene que la Decisión impugnada incurre en error de Derecho, así como en un error manifiesto de apreciación de los hechos en relación con la imposición necesaria de medidas correctoras. En primer lugar, la demandante afirma que la Comisión se equivocó porque no tuvo en cuenta, al calcular las medidas correctoras, las alegaciones y los hechos contenidos en el procedimiento administrativo y en el recurso de anulación relativo a la Decisión de marzo de 2008. En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión desestimó indebidamente las nuevas e importantes pruebas que presentó DEI en relación con la apertura posterior del mercado de producción de electricidad al por mayor, porque presuntamente no suponían hechos nuevos y sustanciales. En tercer lugar, la Decisión impugnada, según la demandante, se basa en un cálculo erróneo de la cantidad de lignito que debe proporcionarse a los competidores para corregir la supuesta infracción de que se trata.
   En virtud de su tercer motivo de anulación, la demandante sostiene que la Decisión impugnada no cumple el requisito de motivación, sino que simplemente reitera de manera sucinta los intentos de la demandante de discutir las conclusiones, sin responderlas. Del mismo modo, los considerandos de la Decisión relativos a la dimensión geográfica del mercado del lignito no permiten comprender al destinatario de la Decisión los parámetros de la demandada en dicho acto. Para finalizar de acuerdo con las alegaciones de la demandante, la Decisión no explica por qué motivo considera que es preciso poner el 40 % de la cantidad necesaria de las reservas de lignito explotables conocidas a disposición de las competidoras de DEI.
   Por último, con arreglo a su cuarto motivo de anulación, la demandante afirma que la Decisión impugnada vulnera los principios de libertad contractual y de proporcionalidad. En la medida en que la Decisión impone la prohibición a los particulares que adquirirán en el futuro mediante licitación derechos de extracción de yacimientos de lignito de las regiones de Dráma, Elassoná, Vegóra y Vévi de vender cantidades de lignito extraído a DEI, limita automáticamente de manera desmedida la libertad contractual tanto de la demandante como de los terceros particulares. Además, visto el importante desarrollo que supone la apertura progresiva del mercado griego de la electricidad, la exclusión de DEI de las licitaciones de concesión de los derechos de todos los nuevos yacimientos de lignito y la limitación injustificada de su actividad empresarial no constituyen medidas necesarias ni son proporcionadas con respecto de la infracción cometida.


title: Asunto C-383/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de junio de 2011 — Comisión Europea/República Francesa [Incumplimiento de Estado — Directiva sobre los hábitats — Medidas insuficientes para proteger la especie Cricetus cricetus (hámster europeo) — Deterioro de los hábitats]

text:
               30.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 226/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de junio de 2011 — Comisión Europea/República Francesa
   (Asunto C-383/09) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva sobre los hábitats - Medidas insuficientes para proteger la especie Cricetus cricetus (hámster europeo) - Deterioro de los hábitats)
   2011/C 226/04
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: O. Beynet y D. Recchia, agentes)

      Demandada: República Francesa (representantes: G. de Bergues y S. Menez, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — No adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7) — Insuficiencia de las medidas adoptadas para proteger la especie Cricetus Cricetus (hámster europeo) — Deterioro de los hábitats.

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en su versión modificada por la Directiva 2006/105/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, al no haber adoptado un programa de medidas que permitan una protección rigurosa de la especie del hámster europeo (Cricetus cricetus).

               2)

               Condenar en costas a la República Francesa.

      (1)  DO C 312, de 19.12.2009.


title: Asunto C-234/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 4 de mayo de 2017 — XC y otros

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/27

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 4 de mayo de 2017 — XC y otros
   (Asunto C-234/17)
   (2017/C 239/33)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberster Gerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Solicitante: XC, YB y ZA

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con los principios de equivalencia y de efectividad que del mismo se deducen, en el sentido de que obliga al Oberster Gerichtshof a revisar, a instancia de parte interesada, una resolución firme de un tribunal penal por la presunta infracción del Derecho de la Unión (en este caso, del artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen), cuando el Derecho nacional (artículo 363a de la Ley de enjuiciamiento criminal austriaca) sólo prevé tal revisión en caso de presunta infracción del Convenio Europeo de Derechos Humanos o de alguno de sus Protocolos Adicionales?


title: Asunto C-472/09 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-227/01 a T-229/01 y T-265/01, T-266/01 y T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco y otros/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               13.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/12

         Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-227/01 a T-229/01 y T-265/01, T-266/01 y T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco y otros/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-472/09 P)
   2010/C 37/14
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (representantes: I. Sáenz-Cortabarría Fernández y M. Morales Isasi, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Comisión de las Comunidades Europeas, Comunidad Autónoma de la Rioja

      Pretensiones

               —

               Que se declare admisible y fundado el presente recurso de casación.

               —

               Que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Que se estime la demanda presentada en primera instancia, en concreto, la petición subsidiaria de anulación del artículo 3 de la decisión controvertida.

               —

               Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia y, en su caso, le ordene practicar la prueba rechazada.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y en casación, y a la parte coadyuvante, Comunidad Autónoma de la Rioja, al pago de las costas del procedimiento de primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               Error de Derecho al apreciar el TPI que, en el caso concreto, no concurren circunstancias excepcionales que justifican una confianza legítima en la regularidad de la medida fiscal controvertida que impide ordenar la recuperación de las ayudas con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 659/1999 (1) en conexión con el principio de protección de la confianza legítima. Desnaturalización de los términos del debate en instancia e infracción del principio de contradicción. Vulneración de la jurisprudencia sobre motivación. Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales de valoración de pruebas al prescindir del contenido material de documentos obrantes en autos.
               Ni la diferencia formal entre la medida fiscal controvertida y la medida objeto de la Decisión 93/337 (2), ni el hecho de que la Comisión hubiera podido motivar el criterio de selectividad en otro elemento del que figura explícitamente en la Decisión 93/337, ni la declaración de incompatibilidad que figura en la Decisión 93/337, constituyen razones suficientes en Derecho para que el TPI no aprecie la existencia de una circunstancia excepcional que, por sí o en combinación con otras circunstancias que concurren en el caso de autos, impide a la Comisión ordenar la recuperación de las ayudas a que se refiere la decisión controvertida.
               Al considerar que las medidas controvertidas en los asuntos acumulados T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02 no son análogas a la medida fiscal controvertida por razones de técnica fiscal y de amplitud de la bonificación, el TPI ha cometido una desnaturalización de los términos del debate entre las partes litigantes, ha ignorado el principio de contradicción, y ha incurrido, además, en una manifiesta infracción de determinada jurisprudencia sobre motivación.
               El TPI ha incurrido en un error de Derecho al considerar que la actitud de la Comisión respecto a la exención fiscal y/o al crédito fiscal de 1993 -según resulta de la documentación de los autos, la cual no ha sido valorada por el TPI, infringiendo normas procesales- no constituye una circunstancia excepcional que haya podido justificar algún tipo de confianza legítima en la regularidad de la medida fiscal controvertida que impediría la recuperación de las ayudas en virtud del artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 659/1999 por ser contraria al principio de protección de la confianza legítima.

               2)

               Error de Derecho al inobservar el TPI el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento no 659/1999 en conexión con el principio de proporcionalidad que impide ordenar la recuperación de las ayudas a la inversión que no exceden de los límites máximos de ayuda regional.
               El TPI ha vulnerado el principio general de proporcionalidad al no apreciar que la Comisión infringió dicho principio al exigir la recuperación de todas las cantidades concedidas con arreglo al crédito fiscal del 45 % de las inversiones, en lugar de sólo las que excedieran del límite máximo de ayuda regional en el País Vasco.

               3)

               Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales en materia de práctica de la prueba y decidir no practicar la prueba propuesta por el demandante relativa a la exhibición de determinados documentos de la Comisión que, a la luz de los argumentos empleados por el TPI para desestimar la pretensión del demandante, se revela esencial en la defensa de sus intereses. Violación del derecho a un proceso justo, del principio de igualdad de armas y del derecho de defensa.
               El TPI, al no practicar la prueba solicitada, ha violado el derecho fundamental a un proceso justo que asiste al demandante, puesto que ha rechazado la práctica de una prueba que se revela esencial para el demandante, vulnerando así su derecho de defensa, dado que su pretensión se ha visto desestimada con el argumento de que no ha probado lo que, precisamente, pretendía acreditar con la prueba no practicada: si no ya la explícita postura definitiva de la Comisión respecto de la denuncia de 1994 contra normas fiscales de 1993 (incluido un crédito fiscal), que son medidas sustancialmente idénticas a la controvertida, desestimándola, al menos la actitud de la Comisión que constituiría una circunstancia excepcional por cuanto tal conducta habría causado la confianza legítima en la regularidad de las medidas fiscales de 1993, lo que condujo a adoptar la medida fiscal controvertida.

      (1)  Del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE
   DO L 83, p. 1

      (2)  De la Comisión, de 10 de mayo de 1993, relativa a un sistema de ayudas a la inversión en el País Vasco
   DO L 134, p. 25


title: Asunto T-564/14: Recurso interpuesto el 28 de julio de 2014 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/OAMI

text:
               27.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 380/15

         Recurso interpuesto el 28 de julio de 2014 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/OAMI
   (Asunto T-564/14)
   2014/C 380/20
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co. (Jeddah, Arabia Saudí) (representante: M. Vanhegan, Barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 19 de mayo de 2014 dictada en el asunto R 687/2014-2.

               —

               Condene a la demandada al pago de las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de caducidad: Marca denominativa «TEAVANA» para servicios de la clase 35 — Marca comunitaria no 4 0 98  588

      Titular de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, Teavana Corporation

      Parte que solicita la caducidad de la marca comunitaria: La demandante

      Resolución de la División de Anulación: Declaración de caducidad del derecho del titular en lo que se refiere a la marca comunitaria no 4 0 98  588 en su totalidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Declaración de inadmisibilidad del recurso

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 51, apartado 1, letra a), 59 y 75 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.


title: Asunto T-352/05: Sentencia del Tribunal General de 28 de septiembre de 2011 — Grecia/Comisión ( FEOGA — Sección Garantía — Gastos excluidos de la financiación comunitaria — Medidas específicas para determinados productos agrícolas en favor de las islas menores del Mar Egeo — Frutas y hortalizas — Tabaco — Carnes ovina y caprina — incumplimiento de los plazos de pago — Proporcionalidad — Aumento de los índices de corrección financiera en caso de reincidencia en el incumplimiento )

text:
               12.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/16

         Sentencia del Tribunal General de 28 de septiembre de 2011 — Grecia/Comisión
   (Asunto T-352/05) (1)

   (FEOGA - Sección “Garantía” - Gastos excluidos de la financiación comunitaria - Medidas específicas para determinados productos agrícolas en favor de las islas menores del Mar Egeo - Frutas y hortalizas - Tabaco - Carnes ovina y caprina - incumplimiento de los plazos de pago - Proporcionalidad - Aumento de los índices de corrección financiera en caso de reincidencia en el incumplimiento)
   2011/C 331/27
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: República Helénica (representantes: inicialmente G. Kanellopoúlos y S. Charitáki, posteriormente I. Chalkiás y S. Papaïoannou, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: H. Tserepa-Lacombe y L. Visaggio, agentes, asistidos por N. Korogiannákis, abogado)

      Objeto

   Anulación parcial de la Decisión de la Comisión no 2005/579/CE, de 20 de julio de 2005, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (DO L 199, p. 84), en la medida en que excluye determinados gastos efectuados por la República Helénica en el marco de las medidas específicas para determinados productos agrícolas en favor de las islas menores del Mar Egeo y en los sectores de las frutas y hortalizas, el tabaco y las carnes ovina y caprina.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 296, de 26.11.2005.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 14 de julio de 2005, en el asunto C-142/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias): Maria Aslanidou contra Ypourgos Ygeias & Pronoias («Directiva 92/51/CEE — Trabajadores — Reconocimiento de títulos — Terapeuta ocupacional»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/18

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 14 de julio de 2005
   en el asunto C-142/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias): Maria Aslanidou contra Ypourgos Ygeias & Pronoias (1)

   («Directiva 92/51/CEE - Trabajadores - Reconocimiento de títulos - Terapeuta ocupacional»)
   (2005/C 217/35)
   Lengua de procedimiento: griego
   En el asunto C-142/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), mediante resolución de 30 de diciembre de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 2004, en el procedimiento entre Maria Aslanidou y Ypourgos Ygeias & Pronoias, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y el Sr. K. Schiemann (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado una sentencia el 14 de julio de 2005 cuyo fallo es el siguiente:
   Si no se han adoptado medidas para adaptar el Derecho interno a la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE, en el plazo señalado en el artículo 17 de ésta, un nacional de un Estado miembro puede invocar el artículo 3, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva para obtener, en el Estado miembro de acogida, la habilitación para ejercer una profesión regulada como la de terapeuta ocupacional.
   Esta posibilidad no puede supeditarse a la homologación de los títulos del interesado por las autoridades nacionales competentes.
   Las medidas de compensación a las que se refiere el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/51 sólo pueden imponerse al interesado en la medida en que estén previstas por la normativa nacional vigente en el momento de la tramitación de la solicitud de que se trata.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto C-560/14: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 5 de diciembre de 2014 — MM/Minister for Justice and Equality, Ireland y the Attorney General

text:
               9.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 81/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 5 de diciembre de 2014 — MM/Minister for Justice and Equality, Ireland y the Attorney General
   (Asunto C-560/14)
   (2015/C 081/06)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Supreme Court, Irlanda

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: MM

      Recurrida: Minister for Justice and Equality, Ireland y the Attorney General

      Cuestión prejudicial

               1.

               ¿Requiere el «derecho a ser oído» establecido en el Derecho de la Unión que se celebre con respecto a un solicitante de protección subsidiaria con arreglo a la [Directiva 2004/83] (1) una audiencia para examinar su solicitud, que incluya el derecho a realizar preguntas y repreguntas a testigos, cuando la solicitud se haya formulado en circunstancias en las que el Estado miembro de que se trata aplica dos procedimientos independientes y sucesivos para examinar solicitudes para la concesión del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria, respectivamente?

      (1)  Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO L 304, p. 12).


title: Asunto T-12/06: Recurso interpuesto el  19 de enero de 2006  — Deltafina/Comisión

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/49

         Recurso interpuesto el 19 de enero de 2006 — Deltafina/Comisión
   (Asunto T-12/06)
   (2006/C 60/91)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Deltafina (Roma, Italia) (representantes: Sres. F. Di Gianni, R. Jacchia, A. Terranova, I. Van Bael y J.F. Bellis, abogados).

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la multa o, con carácter subordinado, se reduzca el importe la multa que le ha sido impuesta por el artículo 2 de la Decisión.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante en el presente asunto solicita la anulación de la multa de 30 millones de euros que le ha sido impuesta en el artículo 2 de la Decisión impugnada, la misma que en el asunto T-11/06 Romana Tabacchi/Comisión, alegando que la Comisión la ha privado ilegítimamente de la dispensa del pago de la multa que le había otorgado con arreglo al punto 8 (b) de la Comunicación de la Comisión de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (1).
   A este respecto se precisa que la demandada revocó la dispensa condicionada que había otorgado a la demandante a causa de una intervención de esta última en una reunión del Consejo Directivo de la asociación profesional APTI, en la que informó de que había presentado a la Comisión una solicitud de trato favorable.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega que:

               —

               había advertido previamente a la Comisión de que resultaba imposible no revelar que se había presentado una solicitud de trato favorable;

               —

               la Comisión había reconocido que sería imposible para Deltafina no revelar que había presentado una solicitud de trato favorable;

               —

               los funcionarios de la Comisión no informaron a Deltafina de que revelar que había presentado una solicitud de trato favorable supondría la pérdida de la dispensa condicionada;

               —

               Deltafina no presentó su propia solicitud de trato favorable de concierto con sus principales competidores;

               —

               la revelación por parte de Deltafina de que había presentado una solicitud de trato favorable no perjudicó en absoluto a las investigaciones de la Comisión.

         En cuanto a la reducción del importe de la multa, la demandante afirma que:

               —

               El importe de base de la multa de la Comisión resulta manifiestamente excesivo y desproporcionado, habida cuenta del modesto valor del mercado afectado, de la escasa facturación de Deltafina y de la falta de repercusión de la infracción en el mercado.

               —

               La Comisión ha imputado erróneamente el comportamiento de Deltafina a su sociedad matriz.

               —

               La reducción del importe de la multa y la apreciación de las circunstancias atenuantes no reflejan adecuadamente las circunstancias específicas del asunto, en particular a la vista de las novedades interpretativas aparecidas en la Comunicación de 2002.

      (1)  DO C 45, de 19.2.2002, p. 3.


title: Asunto T-672/14: Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014  — August Wolff y Remedia/Comisión

text:
               8.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 439/31

         Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014 — August Wolff y Remedia/Comisión
   (Asunto T-672/14)
   (2014/C 439/42)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Alemania), Remedia d.o.o. (Zagreb, Croacia) (representantes: P. Klappich, C. Schmidt y P. Arbeiter, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de Ejecución C (2014) 6030 final de la Comisión Europea, de 19 de agosto de 2014, relativa a las autorizaciones de comercialización, con arreglo al artículo 31 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de medicamentos de uso tópico para uso humano con una alta concentración de estradiol, en la medida en que impone a los Estados miembros el cumplimiento de las obligaciones que establece con respecto a los medicamentos de uso tópico que figuran en el anexo I de dicha Decisión de Ejecución y aquellos que no figuran en ese anexo que contengan un 0,01 % de estradiol, con excepción de la restricción consistente en que los medicamentos de uso tópico con un 0,01 % de estradiol mencionados en ese anexo I sólo podrán aplicarse por vía intravaginal.

               —

               Condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 31 y siguientes de la Directiva 2001/83/CE (1)

                           —

                           Se alega a este respecto que la Decisión de Ejecución impugnada se basa en un procedimiento incoado y sustanciado sin ajustarse a Derecho desde el punto de vista formal. En este sentido, las demandantes sostienen en particular que, en contra de lo dispuesto en artículo 31, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2001/83/CE, el procedimiento no fue incoado antes, sino después, de que se adoptara una decisión sobre la solicitud de renovación de la autorización del medicamento, y que tampoco se trataba de un caso especial de interés de la Unión. La incoación del procedimiento supone además, con respecto a la demandante no 1, soslayar la normativa vigente en Alemania sobre la renovación de autorización de medicamentos.

                           —

                           Las demandantes aducen asimismo que el comité científico de evaluación de riesgos no participó en el procedimiento y además se nombró como ponente del comité científico de medicamentos para uso humano, que sí participó en el procedimiento, a un miembro parcial.

                           —

                           Además, la demandante no 1 alega que no fue debidamente oída sobre un aspecto esencial en el marco del procedimiento de revisión del dictamen.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 116, primera frase, y del artículo 126, primera frase, de la Directiva 2001/83/CE

                           —

                           Las demandantes aducen a este respecto que la Decisión de Ejecución se basa en una ponderación errónea de la relación riesgo/beneficio del medicamento. En especial, no se tuvo en cuenta el hecho de que, durante más de 45 años de presencia en el mercado, la demandante no 1 no tuvo noticia de riesgos graves por el uso del medicamento con un 0,01 % de estradiol.

                           —

                           Además, la Comisión, a la que incumbía alegar y probar al respecto, no aportó nuevos datos científicos ni nueva información científica de donde pudiera deducirse un nuevo riesgo por el uso del medicamento.

               3.

               Tercer motivo, basado en la violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato

                           —

                           En relación con el tercer motivo, las demandantes alegan que las advertencias en la información relativa al producto que prevé la Decisión de Ejecución y las restricciones adicionales a la autorización de comercialización del medicamento, así como las obligaciones derivadas de ello, son desproporcionadas y violan el principio de igualdad de trato. En particular, la limitación de la duración de uso junto a la exclusión de un uso reiterado del medicamento, que se añade a las modificaciones previstas de la información relativa al producto, son desproporcionadas. En cualquier caso, se debería haber ordenado, en lugar de la limitación de la duración de uso junto a la exclusión de un uso reiterado, así como de las obligaciones derivadas de ello, la realización de un estudio como medio menos estricto para analizar las pretendidas preocupaciones sobre la seguridad.

      (1)  Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67).


title: Asunto C-127/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Raad van State, de fecha 27 de marzo de 2002, en el asunto entre Landelĳke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (Asociación nacional para la conservación del Waddenzee) y otros y Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ (Subsecretario de agricultura, conservación de la naturaleza y pesca)

text:
C 156/4                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      29.6.2002
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
lución del Oberwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen, de fecha 14 de marzo de 2002, en el asunto                 —      Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
entre Kohlpharma GmbH y Bundesrepublik Deutschland                           obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto
                                                                             en el artı́culo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE
                       (Asunto C-112/02)                                     del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
                                                                             evaluación de las repercusiones de determinados proyec-
                         (2002/C 156/07)                                     tos públicos y privados sobre el medio ambiente (1)? al
                                                                             posibilitar la aprobación de un proyecto relativo a un
                                                                             complejo turı́stico que incluye urbanizaciones, hoteles y
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    campos de golf situados en la zona de Ponta do Abano,
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                sin que se haya procedido a una evaluación adecuada de
resolución del Oberwaltungsgericht für das Land Nordrhein-                  sus repercusiones sobre el medio ambiente.
Westfalen, dictada el 14 de marzo de 2002, en el asunto entre
Kohlpharma GmbH y Bundesrepublik Deutschland, y recibida              —      Condene en costas a la República Portuguesa.
en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 27 de marzo
de 2002. El Oberwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie           Motivos y principales alegaciones
sobre la siguiente cuestión:
¿Justifica el artı́culo 30 CE u otra disposición de Derecho          La Comisión considera que la República Portuguesa no puede
comunitario que la autoridad competente alemana obstaculice,          invocar que el Derecho interno se ha adaptado correctamente
en contra de lo dispuesto en el artı́culo 28 CE, la importación      a lo dispuesto en el artı́culo 2, apartado 1, y en el artı́culo 4,
paralela de un medicamento al denegar la autorización de             apartado 2, de la Directiva 85/337 para exceptuar de la
comercialización mediante procedimiento simplificado,                obligación de evaluación prevista en el mencionado artı́culo 2,
cuando, por una parte, dicha autoridad reconoce que el                apartado 1, un proyecto concreto, como el relativo a las
medicamento («Jumex») que se pretende importar, autorizado            construcciones efectuadas en la zona de Ponta do Abano, que,
en Italia respecto de la empresa Chiesi Farmaceutici S.p.A., es       a pesar de estar incluido en el anexo II de dicha Directiva,
idéntico en cuanto al principio activo «clorhidrato de selegilina»    puede tener repercusiones significativas en el medio ambiente
a un medicamento comercializado en Alemania («Movergan»)              como consecuencia de su naturaleza, dimensiones y localiza-
de la empresa Orion Pharma GmbH, titular de autorización de          ción.
comercialización alemana, siendo ası́ que la empresa produc-
tora establecida en Hungrı́a suministra el principio activo a la
empresa italiana mediante un contrato de licencia, mientras           (1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; EE 15/06, p. 9.
que a la empresa alemana sólo lo hace mediante un acuerdo
de suministro (supply agreement) con Orion Corp. Finland,
bien directamente bien a través de Finlandia, y cuando,
por otra parte, la autoridad alemana no alega de forma
circunstanciada que ni respecto del principio médico activo ni
respecto del excipiente, que en opinión de dicha autoridad son
diferentes cualitativa y cuantitativamente en el presente caso,       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
ambos medicamentos no sean idénticos, en particular que no            lución del Raad van State, de fecha 27 de marzo de 2002,
se hayan fabricado según la misma fórmula y utilizando el           en el asunto entre Landelijke Vereniging tot Behoud van
mismo principio activo o que tengan efectos terapéuticos              de Waddenzee (Asociación nacional para la conservación
diferentes?                                                           del Waddenzee) y otros y Staatssecretaris van Landbouw,
                                                                      Natuurbeheer en Visserij (Subsecretario de agricultura,
                                                                                conservación de la naturaleza y pesca)
                                                                                (Asunto C-127/02)
Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2002 contra la
                                                                                (2002/C 156/09)
República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                           des Europeas
                       (Asunto C-117/02)                              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                      sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                         (2002/C 156/08)                              resolución del Raad van State, dictada el 27 de marzo de 2002,
                                                                      en el asunto entreLandelijke Vereniging tot Behoud van de
                                                                      Waddenzee (Asociación nacional para la conservación del
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha          Waddenzee) y otros y Staatssecretaris van Landbouw, Natuur-
presentado el 27 de marzo de 2002 un recurso contra la                beheer en Visserij (Subsecretario de agricultura, conservación
República Portuguesa formulado por la Comisión de las               de la naturaleza y pesca) , y recibida en la Secretarı́a del
Comunidades Europeas, representada por el Sr. António                Tribunal de Justicia el 8 de abril de 2002. El Raad van State
Caeiros, en calidad de agente, que designa domicilio en               solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
Luxemburgo.                                                           siguientes cuestiones:
 ---pagebreak--- 29.6.2002             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 156/5
1.   a.  ¿Deben interpretarse los conceptos de «plan o pro-                   b.    ¿Según qué criterios debe apreciarse si un plan o
         yecto» recogidos en el artı́culo 6, apartado 3, de la                      proyecto en el sentido del artı́culo 6, apartado 3, de
         Directiva sobre los hábitats (1) en el sentido de que                     la Directiva sobre los hábitats, que sin guardar
         engloben una actividad que se practica desde hace                          relación directa con la gestión del lugar o sin ser
         años, pero para la que, en principio, se concede                          necesario para la gestión del mismo, puede, de
         anualmente una licencia válida para un perı́odo                           manera individual o en combinación con otros
         limitado, evaluándose de nuevo si está permitido                         planes o proyectos, tener consecuencias apreciables
         realizar dicha actividad, y en caso afirmativo, en qué                     para el lugar?
         partes del lugar?
     b.  En caso de respuesta negativa a la cuestión 1a: ¿debe        4.     a.    ¿Según qué criterios debe determinarse, en el marco
         calificarse la actividad en cuestión como «plan o                         de la aplicación del artı́culo 6 de la Directiva
         proyecto» si la intensidad de esa actividad aumentó                       sobre los hábitats, si puede hablarse de «medidas
         a lo largo de los años o si las licencias facilitaron el                  apropiadas» y «evaluación adecuada», respectiva-
         aumento de la misma?                                                       mente, tal como aparecen en el apartado 2 de dicha
                                                                                disposición, en relación con la seguridad requerida
                                                                                para autorizar un plan o proyecto como establece el
                                                                                apartado 3?
2.   a.  En caso de que de la respuesta a la cuestión 1 resulte
         que se trata de un «plan o proyecto» en el sentido
         del artı́culo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los
         hábitats: ¿Debe interpretarse el artı́culo 6, apar-                 b.    ¿Tienen los conceptos de «medidas apropiadas» y
         tado 3, de la Directiva sobre los hábitats como                           «evaluación adecuada», respectivamente, un signifi-
         una particularización de las reglas recogidas en el                       cado autónomo o debe tenerse en cuenta, al exami-
         apartado 2, o como una disposición con un tenor                           narlos, el artı́culo 174, apartado 2, del Tratado CE y,
         individual y autónomo, esto último en el sentido de                      en especial, el principio de cautela allı́ mencionado?
         que, por ejemplo:
         i)    el apartado 2 se refiere al uso existente y el 3 a             c.    Si debe tomarse en consideración el principio de
               planes o proyectos nuevos, o                                         cautela, recogido en el artı́culo 174, apartado 2, del
                                                                                Tratado CE, ¿implica lo anterior que una actividad
                                                                                determinada, como por ejemplo la recogida de
                                                                                berberechos, puede autorizarse si no hay dudas
         ii)   el apartado 2 se refiere a las medidas de gestión                   manifiestas sobre la ausencia de posibles consecuen-
               y el 3 a otras decisiones, o                                         cias apreciables o sólo puede autorizarse si no hay
                                                                                dudas sobre la ausencia de tales consecuencias o si
                                                                                tal ausencia puede establecerse con certeza?
         iii)  el apartado 3 se refiere a planes o proyectos y
               el 2 a otras actividades?
                                                                       5.     ¿Tiene el artı́culo 6, apartado 2, respectivamente, apar-
                                                                              tado 3, de la Directiva sobre los hábitats efecto directo,
     b.  En caso de que el artı́culo 6, apartado 3, de la                     en el sentido de que los particulares puedan invocarlo
         Directiva sobre los hábitats deba considerarse como                 ante el juez nacional y, como ya se declaró en el asunto
         una particularización de las reglas recogidas en el                 Peterbroeck (ya citado), éste debe ofrecer a los justiciables
         apartado 2, ¿pueden aplicarse ambos apartados                        la protección jurı́dica que se deriva de su efecto directo?
         acumulativamente?
3.   a.  ¿Debe interpretarse el artı́culo 6, apartado 3, de la
         Directiva sobre los hábitats en el sentido de que ya         (1) Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa
         puede hablarse de un «plan o proyecto» si una                     a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
         actividad determinada puede tener consecuencias                   silvestres (DO 1992, L206, p. 7).
         para el lugar de que se trate (y luego deberá realizarse
         una «evaluación adecuada» para averiguar si esas
         consecuencias son «apreciables») o significa esta
         disposición que sólo debe realizarse una «evaluación
         adecuada» si es (suficientemente) plausible que un
         «plan o proyecto» puede tener consecuencias apre-
         ciables?


title: Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de octubre de 2012 — Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)/José Manuel Baena Grupo, S.A. [Recurso de casación — Dibujo o modelo comunitario — Reglamento (CE) n ° 6/2002 — Artículos 6, 25, apartado 1, letras b) y e), y 61 — Dibujo o modelo comunitario registrado que representa un personaje sentado — Marca comunitaria figurativa anterior — Impresión general diferente — Grado de libertad del creador — Usuario informado — Alcance del control jurisdiccional — Falta de motivación]

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de octubre de 2012 — Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)/José Manuel Baena Grupo, S.A.
   (Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Dibujo o modelo comunitario - Reglamento (CE) no 6/2002 - Artículos 6, 25, apartado 1, letras b) y e), y 61 - Dibujo o modelo comunitario registrado que representa un personaje sentado - Marca comunitaria figurativa anterior - Impresión general diferente - Grado de libertad del creador - Usuario informado - Alcance del control jurisdiccional - Falta de motivación)
   2012/C 379/11
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrentes: Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel (representante: S. Míguez Pereira, abogada), Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representantes: J. Crespo Carrillo y A. Folliard-Monguiral, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: José Manuel Baena Grupo (representante: A. Canela Giménez, abogado)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima), de 16 de diciembre de 2010 — Baena Grupo/OAMI — Neuman y Galdeano del Sel (Personaje sentado) (T-513/09), mediante la cual el Tribunal General anuló la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 14 de octubre de 2009 (asunto R 1323/2008-3).

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos de casación.

               2)

               Los Sres. Neuman y Galdeano del Sel cargarán con sus propias costas y con las de José Manuel Baena Grupo, S.A., correspondientes al recurso de casación en el asunto C-101/11 P.

               3)

               La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) cargará con sus propias costas y con las de José Manuel Baena Grupo, S.A., correspondientes al recurso de casación en el asunto C-102/11 P.

      (1)  DO C 130, de 30.4.2011.


title: Archivo del asunto C-305/02

text:
               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/34

         Archivo del asunto C-305/02 (1)

   (2004/C 94/87)
   Mediante auto de 28 de enero de 2004, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-305/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

      (1)  DO C 247, de 12.10.02.


title: Asunto C-497/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 3 de diciembre de 2009 — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 3 de diciembre de 2009 — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog
   (Asunto C-497/09)
   2010/C 63/34
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesfinanzhof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Finanzamt Burgdorf

      Demandada: Manfred Bog

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿El despacho de comidas o platos preparados para el consumo inmediato constituye una entrega de bienes en el sentido del artículo 5 de la Directiva 77/388/CEE (1) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios?

               2)

               Para responder a la primera cuestión, ¿resulta decisivo el hecho de que se presten servicios adicionales (puesta a disposición del cliente de dispositivos para el consumo)?

               3)

               En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión, ¿ha de interpretarse el concepto de «productos alimenticios», citado en el anexo H, categoría 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en el sentido de que sólo incluye los productos alimenticios «para llevar», tal y como se venden habitualmente en los comercios de alimentación, o incluye también las comidas y platos preparados -cocinados, asados, horneados o preparados de cualquier otro modo– para su consumo inmediato

      (1)  DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.


title: Asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de abril de 2008 — Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P)/Irlanda, Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Medidas de conservación de los recursos — Reestructuración del sector de la pesca — Solicitudes de aumento de los objetivos del programa de orientación plurianual POP IV en materia de tonelaje — Denegación de la solicitud)

text:
               7.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de abril de 2008 — Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P)/Irlanda, Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P) (1)

   (Recurso de casación - Medidas de conservación de los recursos - Reestructuración del sector de la pesca - Solicitudes de aumento de los objetivos del programa de orientación plurianual «POP IV» en materia de tonelaje - Denegación de la solicitud)
   (2008/C 142/06)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrentes: Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P) (representantes: D. Barry, Solicitor, y M.A. Collins, SC (C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P), y por éstos últimos y P. Gallagher, SC (C-379/06 P)

      Otras partes en el procedimiento: Irlanda, Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Doherty y M. van Heezik, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 13 de junio de 2006, Boyle y otros/Comisión (asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03), mediante la que se anula la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total [notificada con el número C(2003) 1113] (DO L 90, p. 48) que no obstante desestima por inadmisibles los recursos interpuestos por las partes recurrentes — Personas (no) afectadas individualmente por la Decisión anulada.
   Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 13 de junio de 2006, Boyle y otros/Comisión (T-218/03 a T-240/03), por una parte, en la medida en que declaró inadmisibles los recursos de los Sres. Flaherty y Murphy, así como de la sociedad Ocean Trawlers Ltd, dirigidos a obtener la anulación de la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total, y, por otra parte, en la medida en que condenó a los recurrentes a soportar sus propias costas.

               2)

               Anular la Decisión 2003/245 en la medida en que se aplica a los buques de los Sres. Flaherty y Murphy, así como de la sociedad Ocean Trawlers Ltd.

               3)

               Condenar a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de las costas de los Sres. Flaherty y Murphy, así como de la sociedad Ocean Trawlers Ltd, tanto del procedimiento en primera instancia como de los presentes recursos de casación.

      (1)  DO C 281 de 18.11.2006.

      DO C 294 de 2.12.2006.