title: Asunto T-436/12: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2012 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI — Cerámicas del Foix (Rock & Rock)

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/25

         Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2012 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI — Cerámicas del Foix (Rock & Rock)
   (Asunto T-436/12)
   2012/C 379/43
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Alemania) (representante: J. Krenzel, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Cerámicas del Foix, S.A. (Barcelona)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 10 de julio de 2012 en el asunto R 495/2011-2.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto de la que se interpuso un recurso de anulación: La marca figurativa «Rock & Rock», para productos de las clases 2, 19 y 27 — Registro de marca comunitaria no 3.468.774

      Titular de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: La demandante

      Motivación de la solicitud de nulidad: La solicitud de nulidad se basaba en motivos de denegación relativos en virtud del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), de este mismo Reglamento. La solicitante de la nulidad invocó los derechos anteriores siguientes: marca denominativa alemana «Rock» registrada con el no 30.229.274, para productos y servicios de las clases 1, 6, 7, 8, 17, 19, 37 y 42; marca denominativa alemana «MASTERROCK» registrada con el no 30.212.141, para productos y servicios de las clases 17, 19 y 37; marca denominativa alemana «FIXROCK» registrada con el no 39.920.622, para productos y servicios de las clases 6, 17 y 19; marca denominativa alemana «FLEXIROCK» registrada con el no 2.078.534, para productos de la clase 19; marca denominativa alemana «COVERROCK» registrada con el no 39.732.094, para productos de las clases 17 y 19; marca denominativa alemana «CEILROCK» registrada con el no 30.306.452, para productos de las clases 6, 17 y 19

      Resolución de la División de Anulación: Denegación de la solicitud de nulidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo.


title: Asunto T-18/04: Recurso interpuesto el 16 de enero de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Luigi Marcuccio

text:
C 71/38                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           20.3.2004
Recurso interpuesto el 16 de enero de 2004 contra                         Recurso interpuesto el 19 de enero de 2004 por Metso
la Comisión de las Comunidades Europeas por Luigi                         Paper Automation Oy contra la Oficina de Armonización
                            Marcuccio                                     del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)
                                                                                (Asunto T-19/04)
                        (Asunto T-18/04)
                                                                                (2004/C 71/67)
                          (2004/C 71/66)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 19 de enero de 2004 un recurso
                                                                          contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                          (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) formulado por Metso
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    Paper Automation Oy, Tampere, Finlandia, representada por
Europeas se ha presentado el 16 de enero de 2004 un recurso               el Sr. J. Tanhuanpää, abogado.
contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
por Luigi Marcuccio, representado por el Sr. Alessandro
Distante, abogado.                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          que:
                                                                          —     Anule parcialmente la resolución impugnada (1) en la
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                    medida en que deniega el registro de la marca PAPERLAB
                                                                                en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Regla-
                                                                                mento sobre la marca comunitaria (primera parte de la
—    Anule la decisión de la AFPN por la que se desestimó su                    resolución). La apelación no tiene por objeto la segunda
     solicitud.                                                                 parte de la resolución, en la que la Sala de Recurso
                                                                                devuelve el caso al examinador para que resuelva sobre
                                                                                éste con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento
—    Declare que el demandante tiene derecho, con arreglo al                    sobre la marca comunitaria.
     artículo 72 del Estatuto y a efectos del mismo, a que se le
     reembolsen al 100 % todos los gastos médicos soportados
     por él, desde el 4 de enero de 2002 y hasta su curación              —     Condene en costas a la Oficina de Armonización del
     completa.                                                                  Mercado Interior.
—    Condene en costas a la CE.
                                                                          Motivos y principales alegaciones
                                                                          Marca comunitaria de           Marca denominativa «PAPERLAB»
                                                                          que se trata:                  — Solicitud no 2575009.
Motivos y principales alegaciones
                                                                          Productos o servicios de       Productos comprendidos en la
                                                                          que se trata:                  clase 9 (Equipos informáticos e
                                                                                instalaciones de control para la
El demandante en el presente asunto impugna la negativa de                                               supervisión y análisis de papel.
la demandada a reembolsarle al 100 % los gastos médicos
soportados por él a fin de curar la patología que padece                  Resolución impugnada           Denegación del registro por el
actualmente.                                                              ante la Sala de Recurso:       examinador.
                                                                          Resolución de la Sala de       La resolución impugnada fue con-
                                                                          Recurso:                       firmada en la medida en que dene-
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega una                                                    gaba la solicitud en virtud del
infracción del artículo 72 del Estatuto, así como una carencia                                           artículo 7, apartado 1, letra c), del
absoluta de motivación.                                                                                Reglamento (CE) no 40/94. El caso
                                                                                se devolvió al examinador para
                                                                                que resolviera con arreglo al ar-
                                                                                tículo 7, apartado 3, del Regla-
                                                                                mento (CE) no 40/94.


title: Asunto T-87/15: Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2015 — Aston Martin Lagonda/OAMI (Representación de una rejilla colocada delante de un vehículo a motor)

text:
               27.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/59

         Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2015 — Aston Martin Lagonda/OAMI (Representación de una rejilla colocada delante de un vehículo a motor)
   (Asunto T-87/15)
   (2015/C 138/76)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Reino Unido) (representante: D. Farnsworth, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Marca comunitaria indicada como «otra» que representa una rejilla colocada delante de un vehículo a motor — Solicitud de registro no 11 867 215

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 11 de diciembre de 2014 en el asunto R 1797/2014-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada en la medida en que estimó la conclusión del examinador de que la marca solicitada carecía a primera vista de carácter distintivo para los productos y servicios en cuestión.

               —

               Autorice la publicación de la solicitud de marca comunitaria no 11 867 215.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-406/13: Recurso interpuesto el 29 de julio de 2013 — Gossio/Consejo

text:
               26.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/28

         Recurso interpuesto el 29 de julio de 2013 — Gossio/Consejo
   (Asunto T-406/13)
   2013/C 313/54
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Marcel Gossio (Casablanca, Marruecos) (representante: S. Zokou, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule

                           —

                           La Decisión 2010/656/PESC y el Reglamento (CE) no 560/2005 del Consejo así como la Decisión de Ejecución 2012/144/PESC del Consejo, de 8 de marzo de 2012, que establecen medidas restrictivas debido a la situación en Costa de Marfil en la medida en que afectan y se dirigen contra el demandante.

                           —

                           La Decisión de 17 de mayo de 2013 por la que se confirman y prorrogan las medidas restrictivas anteriormente citadas en la medida en que implican que el demandante debe seguir figurando en la lista de las personas y entidades mencionadas en el anexo II de la Decisión 2010/656/PESC y en el anexo IA del Reglamento (CE) no 560/2005 relativos a las medidas restrictivas establecidas habida cuenta de la situación en Costa de Marfil.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en el abuso de poder y en un error manifiesto de apreciación, en la medida en que:

                           —

                           Los hechos reprochados al demandante no tienen ninguna base objetiva y no se apoyan en ninguna prueba tangible.

                           —

                           No se puede establecer una relación objetiva entre los motivos invocados para justificar las medidas restrictivas adoptadas respecto al demandante y la situación general en Costa de Marfil.

                           —

                           Las bases jurídicas que originaron las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante contradicen los últimos motivos invocados para justificar dichas medidas.

                           —

                           Las decisiones del Consejo suponen la utilización de un procedimiento inadecuado y una desviación de poder.

               2)

               Segundo motivo, basado en la violación de los derechos fundamentales del demandante y, en particular, del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la libertad de empresa, del derecho de propiedad, del principio de proporcionalidad, así como del derecho al respeto de la vida privada y familiar y del derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de septiembre de 2003 en los asuntos acumulados C-292/01 y C-293/01 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato): Albacom SpA (C-292/01), Infostrada SpA (C-293/01) contra Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Ministero delle Comunicazioni ("Servicios de telecomunicaciones — Autorizaciones generales y licencias individuales — Directiva 97/13/CE — Cánones y gravámenes sobre las licencias individuales")

text:
C 264/12                  ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                                 1.11.2003
      efectos de aplicar el artículo 3, párrafo primero, letra a), de        con arreglo al artículo 234 CE, por el Consiglio di Stato (Italia),
      dicha Directiva, si un diploma obtenido en otro Estado miembro         destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho
      por un nacional de un Estado miembro que aspira a ejercer una          órgano jurisdiccional entre Albacom SpA (C-292/01), Info-
      profesión regulada en el Estado miembro de acogida puede               strada SpA (C-293/01) y Ministero del Tesoro, del Bilancio e
      calificarse de título en virtud de la norma citada y, en su caso,      della Programmazione Economica, Ministero delle Comunica-
      examinar en qué medida las formaciones sancionadas por                 zioni, una decisión prejudicial sobre la interpretación de la
      dichos títulos son equiparables por lo que se refiere tanto a su       Directiva 97/13/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo,
      duración como a las materias que abordan. Si de estas                  de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia
      comprobaciones resulta que se trata en los dos casos de un título      de autorizaciones generales y licencias individuales en el
      en el sentido de la Directiva y que ambos títulos sancionan            ámbito de los servicios de telecomunicaciones (DO L 117,
      formaciones equiparables, la citada Directiva se opone a que las       p. 15), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr.
      autoridades del Estado miembro de acogida supediten el acceso          M. Wathelet, Presidente de Sala, y los Sres. C.W.A. Timmer-
      de dicho nacional de un Estado miembro a la profesión de               mans, A. La Pergola, P. Jann y S. von Bahr (Ponente), Jueces;
      director de un hospital público al requisito de que curse la           Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr.
      formación impartida en la École nationale de la santé publique         R. Grass, ha dictado el 18 de septiembre de 2003 una sentencia
      y se someta al examen final de dicha formación.                        cuyo fallo es el siguiente:
2)    Cuando un nacional de un Estado miembro está en posesión de
                                                                             La Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
      un título, obtenido en un Estado miembro, equiparable al
                                                                             10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de
      exigido en otro Estado miembro para acceder a un empleo en
                                                                             autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los
      un hospital público, el Derecho comunitario se opone a que
                                                                             servicios de telecomunicaciones, y en particular su artículo 11, prohíbe
      las autoridades del último Estado miembro supediten la
                                                                             a los Estados miembros imponer a las empresas titulares de licencias
      incorporación de dicho nacional al citado empleo a la superación
                                                                             individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, por
      de un procedimiento de selección como las pruebas de acceso a
                                                                             el mero hecho de poseer tales licencias, cargas pecuniarias, como la
      la École nationale de la santé publique.
                                                                             controvertida en los asuntos principales, distintas de las autorizadas
                                                                             por dicha Directiva y que se añaden a éstas.
(1) DO C 275 de 29.9.2001.
                                                                             (1) DO C 275 de 29.9.2001 y DO C 289 de 13.10.2001.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                             (Sala Quinta)                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                   de 18 de septiembre de 2003                                                          (Sala Primera)
en los asuntos acumulados C-292/01 y C-293/01 (Petición                                         de 11 de septiembre de 2003
de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di
Stato): Albacom SpA (C-292/01), Infostrada SpA (C-293/
01) contra Ministero del Tesoro, del Bilancio e della                        en el asunto C-331/01: Reino de España contra Comisión
Programmazione Economica, Ministero delle Comunica-                                           de las Comunidades Europeas (1)
                                zioni (1)
                                                                             («FEOGA — Liquidación de cuentas — Pagos adicionales
(«Servicios de telecomunicaciones — Autorizaciones genera-                   concedidos a ganaderos de vacuno en 1996 — Retraso de la
les y licencias individuales — Directiva 97/13/CE — Cáno-                          notificación de los resultados de las verificaciones»)
      nes y gravámenes sobre las licencias individuales»)
                                                                                (2003/C 264/20)
                           (2003/C 264/19)
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
                        (Lengua original: italiano)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)           En el asunto C-331/01, Reino de España (agente: inicialmente
                                                                             por la Sra. M. López-Monís Gallego posteriormente por la Sra.
                                                                             L. Fraguas Gadea) contra Comisión de las Comunidades
                                                                             Europeas (agente: Sra. S. Pardo Quintillán), que tiene por
En los asuntos acumulados C-292/01 y C-293/01, que tienen                    objeto la anulación, en la parte que afecta al Reino de España,
por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia,              de la Decisión 2001/557/CE de la Comisión, de 11 de julio de


title: Asunto C-153/01: Recurso interpuesto el 9 de abril de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de España

text:
30.6.2001              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 186/5
     de la factura sobre el precio neto de la mercancı́a, de la              necesitan poca agua. Que la finalidad y espı́ritu del
     que no se deduce expresamente ni puede deducirse de                     Derecho comunitario aplicable no han sido vulnerados se
     forma concluyente — como tampoco, por otra parte, de                    confirma por la normativa que vio la luz poco después,
     la declaración de valor en aduana — que, en el marco                   a la luz de la experiencia (Reglamento 1422/97 del
     del contrato de compraventa que debe valorarse, el                      Consejo (2)).
     comprador también ha pagado intereses al vendedor?
2.   Si se responde negativamente a la primera cuestión,
                                                                             En cuanto a la no aplicación de la retirada extraordinaria
                                                                             en cultivos herbáceos de regadı́o, invocan las circunstan-
     ¿forman parte los intereses del valor en aduana de la                   cias de hecho (sequı́a y Acta de adhesión) que acoge el
     mercancı́a?                                                             Reglamento de la Comisión 1040/95 (3), ası́ como un
                                                                             acuerdo que, por desgracia, sólo quedará probado si la
(1) DO L 154, de 21 de junio de 1980, p. 14; EE 02/06, p. 246.               Comisión lo reconoce.
(2) DO L 134, de 31 de mayo de 1980, p. 1; EE 02/06, p. 224.
(3) DO L 25, de 30 de enero de 1985, p. 7; EE 02/13, p. 21.
                                                                        —    (Subsidiariamente) El importe de la corrección financiera
                                                                             incluye conceptos equivocados y resulta de un cálculo
                                                                             contrario a la normativa aplicable. Aunque se incluyan
                                                                             en la corrección los conceptos que pretende la Comisión,
                                                                             su cálculo es incorrecto.
Recurso interpuesto el 9 de abril de 2001 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de                   (Cultivos herbáceos: insuficiencia en la calidad y cantidad de
                              España                                   los controles realizados en la Comunidad Autónoma de
                                                                        Andalucı́a en las cosechas 1996 y 1997)
                       (Asunto C-153/01)
                                                                        —    Los controles realizados superan ampliamente el mı́nimo
                         (2001/C 186/09)                                     exigido por la normativa. Los supuestos retrasos en
                                                                             los controles por métodos clásicos no deben tener
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 consecuencias, pues los controles por teledetección
presentado el 9 de abril de 2001 un recurso contra la Comisión              superan por sı́ solos ya ese mı́nimo obligatorio. Además,
de las Comunidades Europeas formulado por el Reino de                        no es de extrañar que los controles adicionales por
España, representado por el Sr. Santiago Ortiz Vaamonde,                    métodos clásicos se hicieran en parte después del
Abogado del Estado, en calidad de agente, que designa como                   31 de agosto, pues se trata de controles adicionales, que
domicilio en Luxemburgo el de la Embajada de España, 4-6                    siguen en el tiempo a los controles iniciales. La Comisión
bvd. E. Servais.                                                             mantuvo un silencio reiterado cuando se le preguntó
                                                                             dos veces si la realización de controles suplementarios
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    después del 31 de agosto era incorrecta. Es incoherente
                                                                             aumentar la corrección en proporción al número de
—    declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de                   controles adicionales, pues ello equivale a sancionar más
     5 de febrero de 2001 (1), por la que se excluyen de la                  cuanto más se controla.
     financiación determinados gastos efectuados por los
     Estados miembros con cargo a la sección de garantı́a del
     FEOGA, en la parte que es objeto del presente recurso, y                Las autoridades españolas consideran que la corrección
                                                                             relativa a los controles por teledetección y por métodos
—    condene en costas a la Institución demandada.
                                                                             clásicos en Andalucı́a en la cosecha 1997 es nula por dos
                                                                             motivos que se añaden a los antes expuestos:
Motivos y principales alegaciones
                                                                             1.     los datos que manejó la Comisión para valorar la
                                                                                cosecha 1997 son erróneos, ya que se refieren a la
(Cultivos herbáceos: insuficiente retirada extraordinaria en la                    cosecha 1996. Existe por tanto un manifiesto error
cosecha 1995)                                                                       de hecho.
—    Inexistencia de incumplimiento que permita aplicar una
     corrección financiera: Las autoridades españolas conside-             2.     la corrección relativa a la cosecha de 1997 produce
     ran que no han infringido el derecho comunitario.                              indefensión por infracción del principio de audien-
                                                                                cia.
     En cuanto a la no aplicación de la retirada extraordinaria
     en secano, hacen valer una interpretación material y
     finalista del derecho aplicable, basada en un hecho                     Aun en el caso de que el Tribunal considerara que procede
     reconocido por la Comisión: la sequı́a extraordinaria de               imponer una corrección financiera, el importe fijado por
     1994 llevó a los agricultores a acudir a cultivos que                  la Comisión carece de justificación.
 ---pagebreak--- C 186/6               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            30.6.2001
(Ayuda a la producción de aceite de oliva)                                   nes de los anticipos mensuales), pero todavı́a no recauda-
                                                                              das de los compradores de leche responsables del rebasa-
—    España se remite a la posición mantenida en los asuntos                miento producido.
     C-349/97 (4) y C-130/99 (5).
                                                                       ( 1) 2001/137/CE — DO L 050, de 21.02.2001, p. 9.
—    Además, los defectos que la Comisión encuentra en el
                                                                       ( 2) DO L 196, de 24.07.1997, p. 18.
     sistema no ocasionan ningún perjuicio al presupuesto             ( 3) DO L 106, de 11.05.1995, p. 4.
     comunitario, dado que el total de aceite producido en             ( 4) DO C 370 de 6.12.1997, p. 1.
     España en las campañas en cuestión es igual o mayor que        ( 5) DO C 204 de 17.7.1999, p. 23.
     el aceite que ha recibido ayudas.                                 ( 6) de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las
                                                                            disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del
—    (Subsidiariamente) La Comisión debe rebajar el porcentaje             Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de
     de corrección financiera, dado que ha reconocido que la               cuentas de la sección de Garantı́a del FEOGA (DO L 158 de
     situación ha mejorado.                                                8.7.1995, p. 6).
                                                                       (7) EE: Capı́tulo 3, Tomo 3, p. 220.
(Ayuda al consumo de aceite de oliva)
—    España se remite a la posición mantenida en el asunto
     C-374/99.
—    (Subsidiariamente) En ningún escrito dirigido a las autori-      Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     dades españolas anteriormente a la carta fechada el              lución de la Circuit Court, County of Cork (Irlanda) de
     17 de agosto de 1998 se les indicaba, para el ejercicio           fecha 9 de marzo de 2001, en el asunto entre Catherine
     1996 que, en aplicación del artı́culo 8 del Reglamento                              Withers y Samantha Delaney
     (CE) no 1663/95 (6), se preveı́a excluir una parte del gasto
     de la financiación según las disposiciones aplicables en la                               (Asunto C-158/01)
     materia, tal como establece la nueva redacción del
     artı́culo 5.2.c) del Reglamento (CEE) no 729/70 del                                          (2001/C 186/10)
     Consejo (7).
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
(Tasa suplementaria sobre la leche)                                    resolución de la Circuit Court, Cork (Irlanda), dictada el 9 de
                                                                       marzo de 2001 en el asunto entre Catherine Withers y
—    El recurso se dirige contra una corrección de                    Samantha Delaney, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
     2 426 259 870 pts. en concepto de intereses de demora,            Justicia el 17 de abril de 2001. La Circuit Court solicita al
     no habiendo hecho efectiva España, por parte de los              Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
     compradores afectados, antes del 1 de septiembre de               cuestiones:
     1996, la tasa suplementaria de la leche correspondiente al
     perı́odo 1995/96. La Comisión exige al Estado miembro            I.     ¿Deben interpretarse las disposiciones de las Directivas de
     intereses de demora sobre cantidades no recaudadas de                    24 de Abril de 1972 (72/166/CEE) (1) y de 30 de
     los compradores de leche responsables del rebasamiento                   diciembre de 1983 (84/5/CEE) (2) en el sentido de que el
     producido. España defiende que sólo debe recaudar                      23 de julio de 1995 Irlanda estaba facultada para
     diligentemente la tasa suplementaria y entregar las canti-               mantener una normativa (el artı́culo 65 de la Road Traffic
     dades efectivamente recibidas a la Comisión. Pues bien,                 Act 1961 y los Road Traffic (Compulsory Insurance)
     las cantidades pendientes de pago por los productores                    Regulations de 1962) que no imponı́a un seguro obligato-
     han sido reclamadas por las autoridades españolas a los                 rio para los ocupantes heridos en una «parte de un
     interesados, pero éstos han interpuesto recursos judiciales              vehı́culo, distinto de un gran vehı́culo de servicio público,
     y los Tribunales nacionales han suspendido la ejecución                 a menos que dicha parte del vehı́culo esté diseñada y
     (exigiendo garantı́a de pago del principal con sus intereses             fabricada con asientos para ocupantes»?
     hasta la fecha de pago). Por lo tanto no hay negligencia          II.    En caso de que se responda a la primera cuestión en el
     por parte de la Administración nacional, que no puede                   sentido de que Irlanda no estaba facultada para ello y
     impedir que los deudores hagan uso de los recursos                       que incumplió sus obligaciones a este respecto, ¿es
     jurisdiccionales establecidos a nivel interno contra el                  responsable Irlanda de indemnizar a la demandante por
     requerimiento administrativo de pago. Además, la dila-                  la muerte del fallecido si ésta no logra obtener una
     ción de los procesos judiciales no causa perjuicio a la                 indemnización del MIBI, que es el organismo autorizado
     Comisión, ya que la normativa española establece para                  por Irlanda, con arreglo al artı́culo 1, apartado 4 de la
     estos casos que la suspensión de la resolución administra-             Directiva del Consejo 84/5/CEE?
     tiva en que se reclama el pago sólo se concede si se
     presenta aval bancario o garantı́a equivalente que cubra          III. En caso de que se responda a la primera cuestión que
     el principal con sus intereses hasta la resolución final.               Irlanda incumplió sus obligaciones, ¿puede la Cork Circuit
                                                                              Court condenar directamente al Estado al pago de una
—    (Subsidiariamente) La Comisión no puede exigir al Estado                indemnización de daños y perjuicios conforme a la
     miembro intereses de demora sobre cantidades ya liquida-                 sentencia Francovich, aplicando la Directiva en contra del
     das por éste al FEOGA (injustamente, mediante reduccio-                  órgano incumplidor que es una emanación del Estado, o


title: Asunto C-384/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht de fecha 28 de agosto de 2000, en el asunto entre Heinrich Bredemeier y Landwirtschaftskammer; partes intervinientes: Wilhelm Wieggrebe e Irmtraut Bredemeier

text:
23.12.2000             ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 372/5
La Ley aprobada por las autoridades italianas el 18 de mayo de         Motivos y principales alegaciones
1989 se limita a regular la actividad de las entidades y de los
organismos en orden a la elaboración, aprobación y aplicación
de planes de cuenca para el saneamiento de las aguas                   Los motivos y principales alegaciones son similares a los
superficiales, ası́ como a redactar, a aprobar y a aplicar los         expuestos en el asunto C-335/00; (2) el plazo para llevar a cabo
programas de intervención que tengan la misma finalidad,              la adaptación del Derecho interno expiró el 3 de febrero
pero no adopta directamente ningún plan especı́fico. Por              de 1999 sin que los Länder de Mecklenburg-Vorpommern,
consiguiente, la citada Ley constituye tan sólo un presupuesto        Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt y
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artı́-          Schleswig-Holstein hubieran adoptado hasta entonces las
culo 4, apartado 2, de la Directiva y no un cumplimiento de            medidas necesarias, según el artı́culo 11 de la Directiva, para
las mismas obligaciones.                                               la elaboración de los planes de emergencia.
                                                                       (1) DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
                                                                       (2) DO C 316 de 4.11.2000, p. 16.
(1) DO L 194 de 25.07.75, p. 26; EE 15/01, p. 123.
                                                                       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                       lución del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht de
                                                                       fecha 28 de agosto de 2000, en el asunto entre Heinrich
                                                                       Bredemeier y Landwirtschaftskammer; partes intervi-
                                                                            nientes: Wilhelm Wieggrebe e Irmtraut Bredemeier
Recurso interpuesto el 18 de octubre de 2000 contra la
República Federal de Alemania por la Comisión de las
                     Comunidades Europeas                                                     (Asunto C-384/00)
                                                                                (2000/C 372/09)
                       (Asunto C-383/00)
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                        (2000/C 372/08)                                sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                       resolución del Bundesfinanzhof dictada el 28 de agosto de
                                                                       2000, en el asunto entre Heinrich Bredemeier y Land-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           wirtschaftskammer; partes intervinientes: Wilhelm Wieggrebe
presentado el 18 de octubre de 2000 un recurso contra la               e Irmtraut Bredemeier, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de           de Justicia el 20 de octubre de 2000. El Niedesächsiches
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Götz zur             Oberverwaltungsgericht solicita al Tribunal de Justicia que se
Hausen, Consejero Jurı́dico de la Comisión de las Comunidades         pronuncie sobre la siguiente cuestión:
Europeas, en calidad de Agente, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,            ¿Existe una adquisición de una explotación agrı́cola a través de
miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión Europea, Centre         «vı́as análogas» a efectos del artı́culo 3 bis del Reglamento
Wagner C 254, Kirchberg, Luxemburgo.                                   (CEE) no 857/84 del Consejo, (1) de 31 de marzo de 1984 (DO
                                                                       L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64), en la versión resultante del
                                                                       Reglamento (CEE) no 1639/91 del Consejo (2) de 13 de junio
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              de 1991 (DO L 150, p. 35), cuando la explotación fue
                                                                       arrendada por el productor al esposo de su presumible
                                                                       heredera con posterioridad a la expiración del compromiso de
1)   Declare que la República Federal de Alemania ha incum-           no comercialización contraı́do con arreglo al Reglamento
     plido las obligaciones que le incumben en virtud del              (CEE) no 1078/77 (3) y con anterioridad al 29 de junio de 1989
     Tratado CE, al no haber adoptado, en el plazo señalado,          en unas condiciones más favorables que las condiciones
     todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la           normales de mercado?
     Directiva 96/82/CE del Consejo, (1) de 9 de diciembre de
     1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los
     accidentes graves en los que intervengan sustancias               (1) DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64.
     peligrosas y, especialmente, a su artı́culo 11.                   (2) DO L 150, p. 35.
                                                                       (3) DO L 131, p. 1; EE 03/12, p. 12.
2)   Condene a la República Federal de Alemania al pago de
     las costas del procedimiento.


title: Asunto T-68/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de octubre de 2008 — SGL Carbon/Comisión (Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de productos eléctricos y mecánicos de carbono y grafito — Directrices para el cálculo de las multas — Gravedad y duración de la infracción — Principio de proporcionalidad — Principio de igualdad de trato — Límite máximo del 10 % del volumen de negocios — Intereses de demora)

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/30

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de octubre de 2008 — SGL Carbon/Comisión
   (Asunto T-68/04) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado de productos eléctricos y mecánicos de carbono y grafito - Directrices para el cálculo de las multas - Gravedad y duración de la infracción - Principio de proporcionalidad - Principio de igualdad de trato - Límite máximo del 10 % del volumen de negocios - Intereses de demora)
   (2008/C 301/46)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: SGL Carbon AG (Wiesbaden, Alemania) (representantes: M. Klusmann y A. von Bonin, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: F. Castillo de la Torre y W. Mölls, agentes, asistidos por H.-J. Freund, abogado)
   Objeto
   Anulación de la decisión de la Comisión 2004/420/CE, de 3 de diciembre de 2003, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE] y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto C.38.359 — Productos eléctricos y mecánicos de carbono y grafito) y, con carácter subsidiario, que se reduzca el importe de la multa impuesta a la demandante por esta Decisión.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a SGL Carbon AG.

      (1)  DO C 106 de 30.4.2004.


title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 29 de septiembre de 1999 en el asunto T-44/98 R II, Emesa Sugar (Free Zone) NV contra Comisión de las Comunidades Europeas (Régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar - Decisiones 91/482/CEE y 97/803/CE - Reglamento (CE) no 2553/97 - Procedimiento sobre medidas provisionales - Prórroga de medidas provisionales)

text:
4.12.1999              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 352/35
contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes:                   Sugar/Comisión (T-44/98 R II, aún no publicado en la Recopi-
Sras. Florence Duvieusart-Clotuche y Christine Berardis-                    lación), y conforme al punto 1 del fallo de dicho auto, se suspende
Kayser), que tiene por objeto la anulación de la Decisión de              la ejecución del artı́culo 108 ter de la Decisión 91/482/CEE del
17 de octubre de 1997, por la que se liquidaba la dieta                     Consejo, de 25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los
concedida al demandante por la misión realizada por éste en                paı́ses y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica
Ispra (Italie) entre el 16 y el 20 de septiembre de 1997, el                Europea, del Reglamento (CE) no 2553/97 de la Comisión, de
Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el               17 de diciembre de 1997, relativo a las disposiciones de
Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y por la Sra. V. Tiili y el               expedición de los certificados de importación de determinados
Sr. M.P. Mengozzi, Jueces; Secretario: Sr. A. Mair, administra-             productos de los códigos NC 1701, 1702, 1703 y 1704 con
dor, ha dictado el 7 de octubre de 1999 una sentencia cuyo                  acumulación del origen ACP/PTU, y de la Decisión de la
fallo es el siguiente:                                                      Comisión de 23 de diciembre de 1997 (VI/51329) por lo que
                                                                            respecta a Emesa Sugar (Free Zone) NV.
1) Se desestima el recurso.
                                                                         2) Se autoriza a Emesa Sugar (Free Zone) NV a importar azúcar
2) Cada parte cargará con sus propias costas.                              molido originario de los paı́ses y territorios de Ultramar (PTU)
                                                                            en la Comunidad con arreglo al artı́culo 6 del Anexo II de la
                                                                            Decisión 91/482 y en las condiciones enunciadas en dicha
(1) DO C 312 de 10.10.1998.
                                                                            Decisión tal como estaba vigente hasta el 30 de noviembre de
                                                                            1997, con sujeción a las siguientes condiciones y restricciones:
                                                                            — las importaciones de este modo autorizadas estarán sometidas
                                                                                a las disposiciones de la Decisión 91/482 aplicables con
                                                                                anterioridad a la entrada en vigor de la Decisión 97/803/CE
                                                                                del Consejo, de 24 de noviembre de 1997, por la que se
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA                                      efectúa una revisión intermedia de la Decisión 91/482/CEE,
                           INSTANCIA                                             y, en particular, a la obligación de obtener un certificado de
                                                                                importación con arreglo al artı́culo 5, apartado 1, del
                                                                                Reglamento (CEE) no 3719/88 de la Comisión, de 16 de
                  de 29 de septiembre de 1999                                    noviembre de 1988, por el que se establecen disposiciones
                                                                                comunes de aplicación del régimen de certificados de importa-
en el asunto T-44/98 R II, Emesa Sugar (Free Zone) NV                            ción, de exportación y de fijación anticipada para los
       contra Comisión de las Comunidades Europeas                              productos agrı́colas, a la obligación de obtener un certificado
                                                                                EUR-1, y a la de constituir una garantı́a de 3 euros por
(Régimen de asociación de los paı́ses y territorios de Ultramar                 tonelada que quedará liberada si la importación se efectúa
— Decisiones 91/482/CEE y 97/803/CE — Reglamento (CE)                            de conformidad con lo establecido en el certificado de
no 2553/97 — Procedimiento sobre medidas provisionales —                         importación;
               Prórroga de medidas provisionales)
                                                                            — el volumen máximo de importaciones autorizadas será de
                         (1999/C 352/63)                                         7 500 toneladas durante el perı́odo comprendido entre el
                                                                                31 de octubre de 1999 y el 29 de febrero de 2000. Después
                                                                                del 29 de febrero de 2000, Emesa Sugar (Free Zone) NV
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)                            podrá continuar la importación en la Comunidad del azúcar
                                                                                que le hubiera sido entregado franco a bordo (FOB) antes de
                                                                                dicha fecha, i) dentro del lı́mite de 7 500 toneladas y ii) en
En el asunto T-44/98 R II, Emesa Sugar (Free Zone) NV, con                       las condiciones enunciadas en el presente apartado del fallo;
domicilio social en Oranjestad (Aruba), representada por el
Sr. Gerard van der Wal, Abogado ante el Hoge Raad der                       — el azúcar de origen PTU importado en la Comunidad deberá
Nederlanden, que designa como domicilio en Luxemburgo el                         venderse a un precio al menos igual al precio de intervención
despacho de Me Aloyse May, 31, Grand-rue, apoyada por                            establecido en el artı́culo 3, apartado 1, letra a), del Regla-
Gobierno de Aruba, representado por los Sres. Pierre V.F. Bos                    mento (CEE) no 1785/81 del Consejo, de 30 de junio de
y Marco M. Slotboom, Abogados de Rotterdam, que designa                          1981, por el que se establece la organización común de
como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Loesch et                        mercados en el sector del azúcar, modificado;
Wolter, 11, rue Goethe, contra Comisión de las Comunidades
Europeas (Agente: Sr. Thomas van Rijn), apoyada por Consejo
de la Unión Europea (Agentes: Sres. Jürgen Huber y Guus                    — Emesa Sugar (Free Zone) NV podrá importar en la
Houttuin), Reino de España (Agente: Sra. Mónica López-Monis                   Comunidad el azúcar de origen PTU a condición de constituir
Gallego) y República Francesa (Agente: Sr. Claude Chavance),                    una fianza en forma de aval bancario por un importe de
que tiene por objeto una solicitud de prórroga de las medidas                   28 USD por tonelada de azúcar que desee importar en
provisionales concedidas a la demandante por el Presidente del                   aplicación del presente auto. Esta fianza deberá quedar
Tribunal de Primera Instancia en su auto de 30 de abril de                       constituida como muy tarde en la fecha en que el azúcar se
1999, Emesa Sugar/Comisión (T-44/98 R II, aún no publicado                     presente en aduana para su despacho, y cubrir el tonelaje ası́
en la Recopilación), el Presidente del Tribunal de Primera                      presentado. La cuantı́a de la fianza que deberá constituirse
Instancia ha dictado el 29 de septiembre de 1999 un auto                         por cada tonelada de azúcar se aumentará o se reducirá:
resolviendo lo siguiente:
                                                                                — en función del aumento o la disminución del precio de
1) Por los motivos contenidos en el auto del Presidente del                           intervención establecido en el artı́culo 3, apartado 1,
     Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 1999, Emesa                      letra a), del Reglamento no 1785/81;
 ---pagebreak--- C 352/36                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      4.12.1999
        — en función de la disminución o el aumento del precio            formulado por P.E. Hoyer, con domicilio en Hoeilaart (Bélgica),
              garantizado establecido en el artı́culo 5, apartado 4, del    representado por el Sr. G. van der Wal, Abogado de La Haya,
              Protocolo no 8 del cuarto Convenio ACP-CE, firmado            que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
              en Lomé el 15 de diciembre de 1989.                           Sr. A. May, Abogado.
        La referencia para la reducción o el aumento de la cuantı́a de     La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
        la fianza la constituirá el precio de intervención o el precio    que:
        garantizado el dı́a 31 de octubre de 1999.
                                                                            — Acuerde la admisión del presente recurso.
    — el importe total de la fianza quedará liberado, mediante auto
        del Juez de medidas provisionales, a favor de la Comunidad si       — Anule la decisión de la parte demandada de 15 de julio de
        el Tribunal de Justicia declara durante el perı́odo comprendido          1999.
        entre el 31 de octubre de 1999 y el 29 de febrero de 2000,
        en la sentencia que debe dictar en el asunto C-17/98, que el        — Acoja la demanda de indemnización de daños y perjuicios
        artı́culo 108 ter no es inválido;                                       y condene a la demandada a pagarle la suma de
                                                                                7 323 594 BFR o, al menos la cantidad que el Tribunal de
    — durante la vigencia de la medida provisional ordenada,                     Primera Instancia determine conforme a equidad.
        Emesa Sugar (Free Zone) NV no podrá solicitar ningún              — Condene a la parte demandada a pagar las costas de este
        certificado de importación con arreglo al Reglamento                    procedimiento.
        no 2553/97.
3) Si, dentro del perı́odo comprendido entre el 31 de octubre de            Motivos y principales alegaciones
    1999 y el 29 de febrero de 2000, se dicta la sentencia del
    Tribunal de Justicia en el asunto C-17/98:                              El demandante, a la sazón agente (intérprete) temporal de la
                                                                            Comisión, no aprobó el concurso interno COM/LA/2/89 y fue
    — se reanudará el presente procedimiento sobre medidas provi-          despedido.
        sionales (registrado con el número T-44/98 R II) si el
        Tribunal de Justicia no declara la invalidez del artı́culo 108      Su recurso contra la decisión del tribunal de concurso fue
        ter de la Decisión 91/482 y se pedirá a las partes que            estimado (asunto T-43/91). La decisión de despido fue anulada
        formulen sus observaciones sobre la sentencia del Tribunal          por estar basada en una decisión ilegal del tribunal de concurso
        de Justicia. La tramitación que el Juez de medidas provisiona-     (asunto T-51/91).
        les se proponga dar al presente procedimiento quedará
        reflejada en un nuevo auto, señalándose que Emesa Sugar           El Tribunal de Primera Instancia no anuló el concurso interno
        (Free Zone) NV podrá continuar importando en la Comuni-            como tal, sino que en el apartado 65 de su sentencia en el
        dad el azúcar que le hubiera sido entregado franco a bordo         asunto T-43/91 declaró que se protegerán adecuadamente los
        (FOB) con anterioridad a la fecha en que se dicte la                derechos de Hoyer «si la Autoridad Facultada para Proceder a
        sentencia del Tribunal de Justicia i) dentro del lı́mite de         los Nombramientos busca una solución justa para él».
        7 500 toneladas, ii) durante el perı́odo que expira el 29 de
        febrero de 2000 y iii) en las condiciones enunciadas en el          Como consecuencia de que el Tribunal de Primera Instancia
        apartado 2 del fallo;                                               anulara la decisión de despido, el demandante sufrió daños
                                                                            tanto materiales como morales. Mediante escrito de 28 de
    — el presente auto seguirá surtiendo efectos hasta el 29 de            maya de 1998, el asesor del demandante señaló a la demandada
        febrero de 2000 si el Tribunal de Justicia declara que el           que sobre esta cuestión, entre otras, todavı́a no se habı́a
        artı́culo 108 ter de la Decisión 91/482 es inválido y si el       alcanzado un acuerdo entre el demandante y la demandada y
        Tribunal de Primera Instancia no ha dictado entretanto su           pidió a ésta que adoptara una determinada decisión con
        resolución en el procedimiento principal (registrado con el        respecto al demandante, con arreglo al artı́culo 90, apartado 1,
        número T-44/98).                                                   del Estatuto de los Funcionarios.
4) Se reserva la decisión sobre las costas.                                Mediante escrito de 1 de octubre de 1998, la demandada
                                                                            definió su postura al respecto. Posteriormente, mediante escrito
                                                                            de 31 de diciembre de 1998 el demandante presentó una
                                                                            reclamación con arreglo al artı́culo 90, apartado 2, del Esta-
                                                                            tuto. Mediante escrito de 15 de julio de 1999, la demandada
                                                                            desestimó la reclamación.
Recurso interpuesto el 17 de septiembre de 1999 contra                      A raı́z de las mencionadas sentencias del Tribunal de Primera
la Comisión de las Comunidades Europeas por P.E. Hoyer                     Instancia de 17 de marzo de 1994, las partes entablaron un
                                                                            proceso de negociaciones del que la demandada, con respecto
                         (Asunto T-209/99)                                  a un gran número de puntos, se retiró unilateralmente; la
                                                                            demandada, ahora, quiere llamar a esta retirada unilateral «acto
                          (1999/C 352/64)                                   lesivo» y lo invoca para alegar que la demanda de interposición
                                                                            del presente recurso es una «nueva demanda», de forma que el
                                                                            demandante ha presentado fuera de plazo su demanda de
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)                       indemnización de los daños que él ha sufrido como consecuen-
                                                                            cia de las decisiones anuladas en los asuntos T-43/91 y
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                      T-51/91.
Europeas se ha presentado el 17 de septiembre de 1999 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas


title: Recurso interpuesto el 19 de marzo de 1997 por Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España (Asunto C-114/97)

text:
3i . 5 . 97           lis                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N°C 166/5
      ¿ Es compatible con dicha disposición el criterio aplica        chos generadores en locales habitados en los casos de nue
      do hasta ahora por la jurisprudencia alemana, según el           va instalación o de reestructuración de las instalaciones de
      cual, en caso de denominaciones descriptivas cuyo                calefacción .
      libre uso sea necesario, se exige y debe demostrarse
      una implantación en el mercado que se extienda a más             Esa prohibición específica infringe el artículo 4 de la Di
      del 50% de los sectores interesados ?                            rectiva 90/396/CEE, en la medida en que constituye un
                                                                       obstáculo a la puesta en servicio de aparatos a los que se
      ¿ Resultan de dicha disposición exigencias relativas al          aplica la Directiva y que cumplen los requisitos esenciales
      modo en que debe comprobarse la adquisición de ca               previstos por ésta .
      rácter distintivo debido al uso ?
                                                                       La alegación de que el apartado 10 del artículo 5 del DPR
(') Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de            412/93 es compatible con la Directiva 90/396/CEE, por ra
     1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los     zón de las exigencias de seguridad en que se basa, es in
    Estados miembros en materia de marcas ( DO n° L 40 de 11 . 2 .     fundada . En efecto, los requisitos esenciales que prescribe
     1989 , p . 1 ).                                                   la Directiva en lo que respecta a la instalación y al uso de
                                                                       los aparatos de gas — incluidos los de tipo « abierto » —
                                                                       son exhaustivos, en la medida en que cumplen todas las
                                                                       exigencias de seguridad relevantes, y tienen carácter impe
                                                                       rativo . En este caso, las autoridades nacionales ya no tie
Recurso interpuesto el 18 de marzo de 1997 por Comisión                nen la posibilidad de mantener en vigor ni de adoptar dis
   de las Comunidades Europeas contra República Italiana               posiciones nacionales que prevean el cumplimiento de pos
                         ( Asunto C-l 12/97 )                          teriores requisitos, de otro modo la realización y el
                                                                       funcionamiento del mercado interno serían ilegítimamente
                            ( 97/C 166/08 )                            obstaculizados .
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              La alegación de que el apartado 10 del artículo 5 del DPR
ha presentado el 18 de marzo de 1997 un recurso contra                 412/93 debe considerarse como una excepción legítima al
la República Italiana , formulado por la Comisión de las               principio de la libre circulación de mercancías, en virtud
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Paolo                 del artículo 36 y del apartado 4 del artículo 100 A, o del
Stancanelli y Hans Stovlbaek, miembros del Servicio Jurí              artículo 129 A del Tratado CEE, también es infundada .
dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la                   (') DO n° L 196 de 26 . 7. 1990 , p . 15 .
Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que
tras desestimar cualquier demanda, excepción o alegación
en contrario,
                                                                       Recurso interpuesto el 19 de marzo de 1997 por Comisión
— Declare que la República Italiana ha incumplido las                      de las Comunidades Europeas contra Reino de España
      obligaciones que le incumben en virtud del Derecho                                      ( Asunto C-l 14/97 )
      comunitario, al establecer y mantener un régimen que                                       ( 97/C 166/09
      prescribe la instalación, en locales habitados, única
      mente de generadores de calor de tipo « estanco »,
      prohibiendo con ello implícitamente la instalación de            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Euroepas se
      generadores de calor de otro tipo conformes a la Di             ha presentado el 19 de marzo de 1997 un recurso formula
      rectiva 90/396/CEE del Consejo (').                              do por la Comisión de las Comunidades Europeas contra
                                                                       el Reino de España, representado por los Sres . A. Caeiro y
— Condene en costas a la República Italiana .                          E. Castillo de la Torre, en calidad de agentes, que designa
                                                                       como domicilio en Luxemburgo el del despacho del Sr. C.
Motivos y principales alegaciones                                      Gómez de la Cruz, Centre Wagner C 254 .
El apartado 10 del artículo 5 del Decreto del Presidente de            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que
la República de 26 de agosto de 1993 ( en lo sucesivo,                 declare :
 « DPR 412/93 ») prevé que en los casos de nueva instala
ción o de reestructuración de instalaciones de calefacción              1 ) que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
que impliquen la instalación de generadores de calor indi                   que le incumben en virtud del Tratado y, en particular,
vidual, con exclusión de los casos de mera sustitución,                      los artículos 48 , 52 y 59, al mantener en vigor los
pueden emplearse generadores aislados respecto al espacio                    artículos 7, 8 y 10 de la Ley 23/ 1992 ('), de 30 de julio
habitado o bien aparatos de cualquier tipo si están instala                 de 1992, en la medida en que supeditan la concesión
dos en el exterior o en locales técnicos adecuados .                         de autorización para ejercer las actividades de seguri
                                                                             dad privada, en el caso de las llamadas « empresas de
Si bien es cierto que el apartado 10 del artículo 5 del DPR                  seguridad », al requisito de tener nacionalidad española
412/93 no contiene una prohibición de comercialización                       y a que sus administradores y directores tengan su resi
de generadores de calor no aislados ( de tipo « abierto »), ni               dencia en España y, respecto del « personal de seguri
una prohibición general de instalación de estos, es igual                   dad », al hecho de tener la nacionalidad española;
mente cierto que la referida disposición prohibe específica
mente, aunque de manera implícita, la instalación de di               2 ) la condena en costas de la parte demandada .
 ---pagebreak--- N° c 166 /6        I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       31 . 5 . 97
Motivos y principales alegaciones                                  paratoria en el ejercicio del poder público no constituye
                                                                   una participación directa y específica en el ejercicio de di
En     lo referente     a  la   libertad     de   estableci       cho poder en el sentido del artículo 55 del Tratado.
miento :
                                                                   La posibilidad de portar armas, aunque excepcional, no es
Una condición de que los administradores de una sociedad           una prerrogativa exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Se
tengan la residencia en el Estado miembro en el que se es         guridad u otra instancia del poder público y por lo tanto
tablece la misma ( artículo 8 de la Ley ) equivale a una dis      no se puede alegar que tal circunstancia del personal de se
criminación según la nacionalidad .                                guridad indique en sí misma una participación en el ejerci
                                                                   cio del poder público . Así, el Reglamento de Armas, apro
La exigencia impuesta a las empresas de tener la nacionali        bado por Real Decreto 137/1993 , de 29 de enero 1993 ,
dad española ( artículo 7 de la Ley ) es explícitamente dis       contempla la posibilidad de expedir en circunstancias justi
criminatoria e implica una limitación del derecho de las           ficadas licencias de armas a particulares, incluso naciona
empresas a ejercer su actividad a través de una sucursal o         les de otro Estado miembro . Evidentemente, el personal de
agencia, tal y como está expresamente previsto en el               seguridad debe tener una licencia de armas para poder
artículo 52 del Tratado CE .
                                                                   prestar el servicio, como cualquier otro ciudadano .
En el caso de que el personal de seguridad trabaje por             En lo referente al artículo 56 del Tratado CE :
cuenta propria, la condición de nacionalidad prevista en el
apartado 3 del artículo 10 de la Ley también es contraria
al artículo 52 del Tratado .                                       La Comisión considera que no resulta claro porqué el he
                                                                   cho de que un detective o un guarda de campo ( ejerciendo
En lo referente a la libre circulación de servi                   la actividad como independientes ) no sea español, sino
cios :                                                             que tenga la nacionalidad de otro Estado miembro supone
                                                                   una amenaza real, actual y suficientemente grave que afec
La condición de nacionalidad de la empresa contenida en            ta a un interés fundamental de la sociedad .
el artículo 7 y la de residencia de los dirigentes contenida
en el artículo 8 de la Ley tiene por efecto excluir toda acti     La exclusión de todas las empresas cuyos administradores
vidad de seguridad privada por parte de empresas o de              y directores no tengan residencia en España y de todos los
personal de seguridad que no tengan un establecimiento             nacionales de otros Estados miembros parece esencialmen
en España . Tal exigencia constituye un obstáculo discrimi        te basada en consideraciones de orden administrativo .
natorio a la libre prestación de servicios.
                                                                   En lo referente a la libre circulación de tra
En lo referente al artículo 55 del Tratado CE :                    bajadores :
La Comisión considera que el simple hecho de que empre            Desde el momento en que el personal de seguridad no tie
sas privadas hayan sido encargadas con ciertos servicios de        ne el estatuto de funcionario público, no parece que la dis
seguridad, servicios que así han sido substraídos en su ma        posición del artículo 48 aparatado 4 pueda resultar apli
yor parte del ámbito del Estado, excluye la conclusión de          cable .
que « la seguridad privada [. . .] se integra funcionalmente
en el monopolio de la seguridad que corresponde al Es             Los motivos de orden público y de seguridad y salud pú
tado ». Además, en el propio texto de la Ley se especifica         blica, recogidos en el apartado 3 del artículo 48 , no permi
que las actividades de las empresas y el personal de seguri       ten substraer todo un sector de actividad de la libre circu
dad son complementarias y subordinadas respecto a las de           lación de trabajadores y de acceso al empleo.
seguridad pública, sin llegar a decir que forman parte de
la seguridad pública .                                             (') Boletín Oficial del Estado de 4 de agosto de 1992 .
La participación en el ejercicio del poder público no se de
riva de los efectos o el objectivo de ciertas actividades sino
de los poderes y facultades que han sido otorgados a las
empresas o personas que desarrollan estas actividades. La
prevención de delitos no supone una prerrogativa del po           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
der público, pudiendo los particulares en determinadas cir        lución de la Maaseutuelinkeinojen Valituslautakunta, de
cunstancias actuar con el objetivo de prevenir delitos . Ade      fecha 12 de marzo de 1997, en el asunto incoado por
más, a las empresas y el personal de seguridad no ha sido          Laura Pitkáranta, por quien comparece su representante
específicamente atribuida la prevención de delitos en gene                              legal Anne Pitkáranta
ral, sino que sólo en relación con el objeto de la protec                                 ( Asunto C-l 18/97 )
ción .
                                                                                ( 97/C 166/10 )
Tampoco la obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y
 Cuerpos de Seguridad que incumbe a las empresas y al              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de
personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones, de          ha sido sometida una petición de decisión prejudicial me
prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en         diante resolución de la Maaseutuelinkeinojen Valituslauta
 relación con el objeto de protección pueden llevar a la            kunta , dictada el 12 de marzo de 1997, en el asunto incoa
conclusión de que participan en el ejercicio del público.           do por Laura Pitkáranta, por quien comparece su repre
Tal obligación incumbe a todo ciudadano en determinadas             sentante legal Anne Pitkáranta , y recibida en la Secretaría
 circunstancias . Además, una participación auxiliar y pre         del Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 1997.


title: Asunto C-285/05: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia)) — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou (Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Reglamento (CEE) n o  3577/92 — Cabotaje marítimo — Período transitorio — Aplicación directa — Directiva 98/18/CE — Reglas y normas de seguridad reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje — Compatibilidad de una normativa nacional que prohíbe la prestación de servicios de transporte marítimo a los buques de una antigüedad determinada)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/23

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia)) — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou
   (Asunto C-285/05) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Reglamento (CEE) no 3577/92 - Cabotaje marítimo - Período transitorio - Aplicación directa - Directiva 98/18/CE - Reglas y normas de seguridad reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje - Compatibilidad de una normativa nacional que prohíbe la prestación de servicios de transporte marítimo a los buques de una antigüedad determinada)
   (2006/C 326/45)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Symvoulio tis Epikrateias
   Partes

      Demandantes: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries

      Demandadas: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación de los artículos 1, apartado 2, 4 y 6, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3577/92, del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7) — Posibilidad de que los particulares invoquen el Reglamento para cuestionar la validez de una normativa nacional adoptada antes de que expirara la excepción establecida por aquél — Interpretación de los artículos 5, apartado 2, 6, apartado 3, letras a), b), c), f) y g), de la Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (DO L 144, p. 1) — Compatibilidad de una normativa nacional que prohíbe que presten servicios de transporte marítimo los buques que tengan una antigüedad determinada
   Fallo

               1)

               Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), éste debe interpretarse en el sentido de que no puede conferir derechos a los particulares, antes del 1 de enero de 2004, en el ámbito del cabotaje con las islas griegas para servicios regulares de transporte de pasajeros y de transbordadores así como para los servicios efectuados por buques que tengan una capacidad total inferior a 650 toneladas brutas.

               2)

               Debe interpretarse que los artículos 5, apartado 2, y 6, apartado 3, letras a) a c), f) y g), de la Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje, son incompatibles con una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, que prohíbe completamente que los buques que tienen una determinada antigüedad efectúen travesías nacionales, cuando el Estado miembro concernido no ha adoptado medidas para mejorar las normas de seguridad con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 7, apartado 4, de dicha Directiva.

      (1)  DO C 243, de 1.10.2005.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 19 de octubre de 2000 en el asunto T-58/00, Bond van de Fegarbel — Beroepsverenigingen y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de anulación — Reglamento (CE) n° 2790/1999 de la Comisión — Inadmisibilidad)

text:
C 108/20                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            7.4.2001
Hordikj, abogado de La Haya, S.B. Noë, abogado de La Haya, y              1)    Se declara la inadmisibilidad del recurso.
M.S.H. de Ranitz, abogado de Amsterdam, que designa como
domicilio en Luxemburgo el bufete de Me M. Loesch, 11, rue                2)    Se condena en costas a las partes demandantes.
Goethe, contra Comisión de las Comunidades Europeas
(agente: Sr. W. Wils), que tiene por objeto una demanda de
suspensión parcial de la ejecución de la Decisión 2000/117/CE          (1) DO C 149 de 27.5.00.
de la Comisión, de 26 de octubre de 1999, relativa a un
procedimiento en virtud del artı́culo 81 del Tratado CE
[Asunto IV/33.884 — Nederlandse Federatieve Vereniging
voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische
Unie (FEG y TU)] (DO 2000, L 39, p. 1), el Presidente del
Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 14 de diciembre de
2000 un auto cuyo fallo es el siguiente:
                                                                          AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA
1)     Se admite la intervención de CEF City Electrical Factors BV y                                   INSTANCIA
       CEF Holdings Ltd en apoyo de las pretensiones de la parte
       demandada a los efectos del procedimiento de medidas provisio-
                                                                                de 31 de octubre de 2000
       nales.
2)     Se desestima la demanda de medidas provisionales.                  en el asunto T-76/00 R, Bruno Farmaceutici SpA y otros
                                                                                contra Comisión de las Comunidades Europeas
3)     Se reserva la decisión sobre las costas.
                                                                          (Procedimiento sobre medidas provisionales — Retirada de
                                                                          las autorizaciones de comercialización de medicamentos de
                                                                          uso humano que contengan la sustancia «anfepramona»
                                                                          — Directiva 75/319/CEE — Urgencia — Ponderación de
                                                                                intereses)
                                                                                (2001/C 108/37)
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                     de 19 de octubre de 2000                                               (Lengua de procedimiento: alemán)
en el asunto T-58/00, Bond van de Fegarbel — Beroeps-                     En el asunto T-76/00 R, Bruno Farmaceutici SpA, establecida
verenigingen y otros contra Comisión de las Comunidades                  en Roma, Essential Nutrition Ltd, establecida en Brough (Reino
                               Europeas (1)                               Unido), Hoechst Marion Roussel Ltd, establecida en Uxbridge
                                                                          (Reino Unido), Hoechst Marion Roussel SA, establecida en
                                                                          Bruselas, Marion Merrell SA, establecida en Puteaux (Francia),
(Recurso de anulación — Reglamento (CE) no 2790/1999 de                  Marion Merrell SA, establecida en Barcelona (España), Sanova
                  la Comisión — Inadmisibilidad)                         Pharma GmbH, establecida en Viena, Temmler Pharma GmbH
                                                                          & Co. KG, establecida en Marburg (Alemania), representadas
                            (2001/C 108/36)                               por el Sr. B. Sträter, abogado en Bonn, que designa como
                                                                          domicilio en Luxemburgo el bufete de abogados Bonn &
                                                                          Schmidt, 7, Val Sainte-Croix, contra Comisión de las Comuni-
                                                                          dades Europeas (agentes: Sres. H. Støvlbæk et B. Wägenbauer),
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)                    que tiene por objeto una demanda de suspensión de la
                                                                          ejecución de la Decisión de la Comisión, de 9 de marzo de
En el asunto T-58/00, Bond van de Fegarbel-Beroepsverenigin-              2000, relativa a la retirada de las autorizaciones de comerciali-
gen, con domicilio social en Bruselas, Jules Appeltants, con              zación de medicamentos de uso humano que contengan
domicilio en Grâce-Hollogne (Bélgica), Benny Corbeels, con                anfepramona [C (2000) 453], el Presidente del Tribunal de
domicilio en Lovaina (Bélgica), representados por Me J. Van               Primera Instancia ha dictado el 31 de octubre de 2000 un auto
Hoof, abogado de Bruselas, que designan como domicilio en                 cuyo fallo es el siguiente:
Luxemburgo el despacho de Me F. Brouxel, 6, rue Zithe, contra
Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. W. Wils),              1)    Por lo que se refiere a las partes demandantes, se suspende la
que tiene por objeto un recurso de anulación contra el                         ejecución de la Decisión de la Comisión de 9 de marzo de 2000
Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de                          relativa a la retirada de las autorizaciones de comercialización
diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del                 de medicamentos de uso humano que contengan «anfepramona»
artı́culo 81 del Tratado CE a determinadas categorı́as de                       [C (2000) 453].
acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 336, p. 21),
el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por            2)    Se reserva la decisión sobre las costas.
el Sr. J. Azizi, Presidente, y por los Sres. K. Lenaerts y M. Jaeger,
Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 19 de octubre de
2000 un auto resolviendo lo siguiente:


title: Asunto T-278/17: Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

text:
               3.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/36

         Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)
   (Asunto T-278/17)
   (2017/C 213/49)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: The Bank of New York Mellon Corp. (Nueva York, Nueva York, Estados Unidos) (representantes: A. Klett y K. Schlüter, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Nixen Partners (París, Francia)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «NEXEN» — Solicitud de registro n.o 13374152

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de febrero de 2017 en el asunto R 1570/2016-2

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada de 23 de febrero de 2017 en el asunto R 1570/2016-2 y desestime la oposición.

               —

               Condene en costas a la EUIPO en este procedimiento y en los procedimientos ante la Sala de Recurso y la División de Oposición, incluidos todos los gastos necesarios en que haya incurrido el recurrente en estos procedimientos.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-597/16: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 23 de noviembre de 2016 — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca

text:
               27.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 23 de noviembre de 2016 — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca
   (Asunto C-597/16)
   (2017/C 063/21)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte suprema di cassazione

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

      Recurrida: Antonio Zecca

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que la declaración firme de la inexistencia de una conducta constitutiva de infracción penal conlleva, sin necesidad de apreciación posterior alguna por parte del juez nacional, un efecto preclusivo con respecto a la apertura o a la prosecución de un procedimiento posterior por los mismos hechos, dirigido a la imposición de sanciones que por su naturaleza y gravedad deben considerarse de carácter penal.

               2)

               Si al valorar el carácter efectivo, proporcionado y disuasorio de las sanciones, a efectos de determinar si existe violación del principio non bis in idem establecido en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el juez nacional debe tener en cuenta los límites sancionatorios establecidos por la Directiva 2014/57/UE. (1)

      (1)  Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado) (DO 2014, L 173, p. 179).


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 2 de abril de 2004, en el asunto T-231/02: Piero Gonnelli y Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO) contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de anulación — Personas físicas y jurídicas — Actos que les afectan individualmente — Reglamento — Normas de comercialización del aceite de oliva — Inadmisibilidad)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/41

      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 2 de abril de 2004
   en el asunto T-231/02: Piero Gonnelli y Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO) contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Recurso de anulación - Personas físicas y jurídicas - Actos que les afectan individualmente - Reglamento - Normas de comercialización del aceite de oliva - Inadmisibilidad)
   (2004/C 118/88)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto T-231/02, Piero Gonnelli, con domicilio en Reggello (Italia) y Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO), con domicilio social en Roma (Italia), representados por el Sr. U. Scuro, abogado, contra la Comisión de las Comunidades Euroepas (agentes: Sra. C. Cattabriga y Sr. C. Loggi), que tiene por objeto la anulación del Reglamento (CE) no 1019/2002 de la Comisión, de 13 de junio de 2002, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva (DO L 155, p. 27), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y por los Sres. M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 2 de abril de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Los demandantes soportarán sus propias costas, así como las causadas por la demandada.

      (1)  DO C 331 de 24.11.2001.


title: Asunto C-572/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (Francia) el 8 de diciembre de 2010 — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

text:
               5.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 72/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (Francia) el 8 de diciembre de 2010 — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État
   (Asunto C-572/10)
   2011/C 72/07
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Clément Amedee

      Demandadas: Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede considerarse que el dispositivo establecido por el artículo L.12, letra b), del code des pensions civiles et militaires de retraite, en su versión modificada por el artículo 48 de la Ley de 21 de agosto de 2003, y por el artículo R.13 de dicho Código, en su versión modificada por el artículo 6 del Decreto de 26 de diciembre de 2003, da lugar a una discriminación indirecta, en el sentido del artículo 157 del Tratado de la Unión Europea, en perjuicio de los padres de hijos biológicos, a la vista de la proporción de hombres que pueden cumplir el requisito vinculado a la interrupción de su actividad durante un período continuo de al menos dos meses, en particular debido a la falta de un marco legal que les permita cumplir este requisito en el marco de un permiso remunerado?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede la discriminación indirecta así establecida estar legitimada por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 del acuerdo anexo al Protocolo no 14 sobre la política social?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿se oponen las disposiciones de la Directiva 79/7/CEE (1) al mantenimiento de las disposiciones de los artículos L.12, letra b), y R.13 del code des pensions civiles et militaires de retraite?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y de respuesta negativa a las cuestiones segunda y tercera, ¿debe la impugnación de las disposiciones de dichos artículos limitarse exclusivamente a la discriminación que entrañan o se traduce en la imposibilidad de que los funcionarios de ambos sexos puedan acogerse a ellas?

      (1)  Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174).


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 19 de abril de 2003, en el asunto T-321/01 DEP, Internationaler Hilfsfonds eV contra Comisión de las Comunidades Europeas («Procedimiento — Tasación de costas»)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/39

      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 19 de abril de 2003
   en el asunto T-321/01 DEP, Internationaler Hilfsfonds eV contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Procedimiento - Tasación de costas»)
   (2004/C 118/85)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-321/01 DEP, Internationaler Hilfsfonds eV, con domicilio en Rosbach (Alemania), representada por el Sr. H. Kaltenecker, abogado, contra la Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sras. M.-J. Jonczy y S. Fries), que tiene por objeto una solicitud de tasación de costas, presentada a raíz de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 2002, Internationaler Hilfsfonds/Comisión (T-321/01, aún no publicada en la Recopilación), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres. M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 19 de abril de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
   Se fija en 6.750 euros la cifra total de gastos que debe reembolsar la Comisión a la parte demandante en el asunto T-321/01.

      (1)  DO C 56 de 2.3.2002.