title: Archivo del asunto C-304/99

text:
8.3.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 55/17
      el Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la                                 Archivo del asunto C-304/99 (1)
      Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
      Fundamentales, de 20 de marzo de 1952, un impedi-
      mento para que se prohíba presentar una solicitud de                                        (2003/C 55/31)
      participación o formular una oferta para un contrato
      público de obras, de suministros o de servicios a una
      persona que se haya encargado de la investigación, la
      experimentación, el estudio o el desarrollo de tales obras,         Mediante auto de 15 de noviembre de 2002, el Presidente del
      suministros o servicios, sin que se conceda a esa persona           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
      la posibilidad de demostrar que, en las circunstancias del          archivar el asunto C-304/99 (petición de decisión prejudicial
      caso concreto, la experiencia adquirida por ella no ha              del Tribunale di Brescia): F. Apollonio & C. SpA contra
      podido falsear la competencia?                                      Ministero delle Finanze.
2.    ¿Sería diferente la respuesta a la cuestión anterior si se
      interpretara que las Directivas antes citadas, interpretadas        (1 ) DO C 333 de 20.11.1999.
      conjuntamente con el principio, la libertad y el derecho
      mencionados, se refieren únicamente a las empresas
      privadas o que hayan realizado prestaciones a título
      oneroso?
3.    ¿Puede interpretarse la Directiva 92/13/CEE del Consejo,
      de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de
      los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
      referentes a la aplicación de las normas comunitarias en                           Archivo del asunto C-305/99 (1)
      los procedimientos de formalización de contratos de las
      entidades que operen en los sectores del agua, de la                                        (2003/C 55/32)
      energía, de los transportes y de las telecomunicaciones,
      en particular sus artículos 1 y 2, en el sentido de que la
      entidad adjudicadora puede, hasta el final del procedi-
      miento de examen de las ofertas, denegar a la empresa
      vinculada a una persona que se haya encargado de la                 Mediante auto de 15 de noviembre de 2002, el Presidente del
      investigación, la experimentación, el estudio o el desarro-         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
      llo de obras, suministros o servicios la participación en el        archivar el asunto C-305/99 (petición de decisión prejudicial
      procedimiento o la presentación de una oferta, cuando,              del Tribunale di Brescia): Leglerdata SpA contra Ministero delle
      al ser preguntada al respecto por la entidad adjudicadora,          Finanze.
      dicha empresa afirma que no dispone por ello de una
      ventaja injustificada que pueda falsear las condiciones
      normales de la competencia?                                         (1 ) DO C 333 de 20.11.1999.
                Archivo del asunto C-303/99 (1)                                          Archivo del asunto C-358/99 (1)
                         (2003/C 55/30)                                                           (2003/C 55/33)
Mediante auto de 15 de noviembre de 2002, el Presidente del               Mediante auto de 19 de noviembre de 2002, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido              Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-303/99 (petición de decisión prejudicial             archivar el asunto C-358/99 (petición de decisión prejudicial
del Tribunale di Brecia): Markfactor SpA contra Ministero delle           del Tribunale di Brescia): Tecnologie Meccaniche Avanzate Srl
Finanze.                                                                  (TMA), Federchemicals Srl contra Ministero delle Finanze.
( 1) DO C 333 de 20.11.1999.                                              (1 ) DO C 352 de 4.12.1999.


title: AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 3 de marzo de 1998 en el asunto T-610/97 R: Hanne Norup Carlsen y otros contra Consejo de la Unión Europea (Decisión por la que se deniega el acceso a determinados documentos - Dictamen del Servicio Jurídico - Protección del interés público - Demanda de medidas provisionales - Solicitud de transmisión de documentos a un Juez nacional)

text:
C 137/16             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    2.5.98
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                         demanda de medidas provisionales en la que se solicita
                  de 20 de marzo de 1998                          que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ordene,
                                                                  con determinadas condiciones, la suspensión de la ejecu-
en el asunto T-301/97: Pierre-Alexis Feral contra ComiteÂ         ción parcial de la Decisión 97/803/CE del Consejo, de 24
                     de las Regiones (1)                          de noviembre de 1997, por la que se efectuÂa una revisión
(Funcionarios Ð Plazo para presentar una reclamación Ð            intermedia de la Decisión 91/482/CEE relativa a la asocia-
           Inadmisibilidad manifiesta del recurso)                ción de los países y territorios de Ultramar a la Comuni-
                                                                  dad Económica Europea (DO L 329 de 29.11.1997, p. 50),
                        (98/C 137/34)                             el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha dictado
                                                                  el 2 de marzo de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)
En el asunto T-301/97, Pierre-Alexis Feral, funcionario del       1) Se desestima la demanda de medidas provisionales.
ComiteÂ de las Regiones, con domicilio en Bruselas, repre-
sentado por el Sr. Georges Vandersanden, Abogado de
                                                                  2) Se reserva la decisión sobre las costas.
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo la
Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contra
ComiteÂ de las Regiones (Agentes: Sres. Jordi Garcia-Petit y
Denis Waelbroeck), que tiene por objeto que se anule la
Decisión del ComiteÂ de las Regiones de 2 de septiembre de
1997, por la que se deniega al demandante la indemniza-
ción diaria prevista en la letra b) del paÂrrafo primero del             AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
apartado 2 del artículo 10 del anexo VII del Estatuto de                           DE PRIMERA INSTANCIA
los Funcionarios de las Comunidades Europeas, el Tribu-
nal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por la                              de 3 de marzo de 1998
Sra. P. Lindh, Presidenta; los Sres. K. Lenaerts y J. D.          en el asunto T-610/97 R: Hanne Norup Carlsen y otros
Cooke, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 20 de                   contra Consejo de la Unión Europea
marzo de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:
                                                                  (Decisión por la que se deniega el acceso a determinados
1) Se desestima el recurso por manifiestamente inadmisi-          documentos Ð Dictamen del Servicio Jurídico Ð Protec-
     ble.                                                         ción del intereÂs puÂblico Ð Demanda de medidas provisio-
                                                                  nales Ð Solicitud de transmisión de documentos a un Juez
                                                                                nacional)
2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
                                                                                (98/C 137/36)
(1) DO C 26 de 24.1.1998.
                                                                                (Lengua de procedimiento: daneÂs)
                                                                  En el asunto T-610/97 R, Hanne Norup Carlsen, con
                                                                  domicilio en Kokkedal (Dinamarca), Ingeborg Fangel, con
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                         domicilio en Copenhague, Nicolas Fischer, con domicilio
                   de 2 de marzo de 1998                          en Copenhague, Jùrgen Erik Hansen, con domicilio en Fre-
                                                                  deriksberg (Dinamarca), Marianne Henriksen, con domici-
en el asunto T-310/97 R: Gobierno de las Antillas Neer-           lio en Karrebñksminde (Dinamarca), Ole Donbñk Jensen,
        landesas contra Consejo de la Unión Europea               con domicilio en Copenhague, Yvonne Petersen, con domi-
(ReÂgimen de asociación de los países y territorios de Ultra-     cilio en Copenhague, Yver Reedtz-Thott, con domicilio en
mar Ð Decisión por la que se efectuÂa una revisión inter-         Copenhague, Lars Ringholm, con domicilio en Ringsted
media de la Decisión PTU Ð Procedimiento sobre medi-              (Dinamarca) y Arne Würgler, con domicilio en Hellerup
das provisionales Ð Demanda de medidas provisionales              (Dinamarca), representados por la Sra. Karen Dyekjñr-
                 Ð Urgencia Ð Inexistencia)                       Hansen, y, durante la vista, por la Sra. Katja Hùegh, Abo-
                                                                  gados de Copenhague, que designan como domicilio en
                        (98/C 137/35)                             Luxemburgo el despacho de Aloyse May, 31, Grand-rue,
                                                                  contra Consejo de la Unión Europea (Agentes: Sres.Jean-
              (Lengua de procedimiento: ingleÂs)                  Claude Piris, Bjarne Hoff-Nielsen y Martin Bauer), que
                                                                  tiene por objeto una demanda de medidas provisionales
En el asunto T-310/97 R, Gobierno de las Antillas Neer-           encaminada, de una parte, a que se conmine al Consejo a
landesas, representado por los Sres. Pierre Vincent Fran-         comunicar al Hùjesteret y a las partes en un asunto pen-
cËois Bos y Marco Marinus Slotboom, Abogados de Rotter-           diente ante dicho órgano jurisdiccional los documentos
dam, que designa como domicilio en Luxemburgo el des-             DOK.R/2026/77 (ENV. 118) (AGRI 563) y DOK.R/1867/
pacho del Sr. Marc Loesch, 11, rue Goethe, contra                 77 (JUR. 95) (ENV. 106) y, de otra, a que se obligue al
Consejo de la Unión Europea (Agentes: Sres. Jürgen Huber          Hùjesteret y a las partes en el asunto a no revelar, en una
y Guus Houttuin), apoyado por Comisión de las Comuni-             vista puÂblica, el contenido de los documentos comunica-
dades Europeas (Agentes: Sres. Thomas van Rijn y Xavier           dos, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha dic-
Lewis) y RepuÂblica Italiana (Agentes: Sr. Umberto Leanza         tado el 3 de marzo de 1998 un auto resolviendo lo
y Sra. Francesca Quadri), que tiene por objeto una                siguiente:
 ---pagebreak--- 2.5.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 137/17
1) Se desestima la demanda de medidas provisionales.              midad con el paÂrrafo primero del artículo 47 del Estatuto
                                                                  (CE) del Tribunal de Justicia.
2) Se reserva la decisión sobre las costas.
                                                                  La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
                                                                  tancia que:
                                                                  Ð anule la Decisión C(97) 3620 de la Comisión de las
                                                                      Comunidades Europeas, de 25 de noviembre de 1997;
       AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                           Ð declare que el caso de la demandante es de rigor exce-
                DE PRIMERA INSTANCIA                                  sivo en el sentido del artículo 30 del Reglamento
                   de 2 de marzo de 1998                              (CEE) no 404/93.
en el asunto T-24/98 R: Antonio Pernice contra Comisión
                                                                  Motivos y principales alegaciones
               de las Comunidades Europeas
(Agente temporal Ð Suspensión de funciones Ð Suspen-              En 1991, la demandante realizó inversiones en un centro
          sión de la ejecución Ð Sobreseimiento)                  de maduración de plaÂtanos. En su opinión, no había en
                                                                  aquel momento motivo alguno que permitiera suponer que
                        (98/C 137/37)
                                                                  el mercado de los plaÂtanos pudiera verse afectado en un
                                                                  futuro por la intervención de la Comisión ni por otras
            (Lengua de procedimiento: franceÂs)                   medidas reguladoras. Cuando se formuló la propuesta de
                                                                  organización comuÂn del mercado del plaÂtano, la deman-
En el asunto T-24/98 R, Antonio Pernice, agente temporal          dante ya había realizado todas sus inversiones. Los anÄos
de la Comisión de las Comunidades Europeas, represen-             de referencia tomados como base, que irrogaron fuertes
tado por los Sres. Ariane Tornel y Jean-NoeÈl Louis, Abo-         peÂrdidas a la demandante, le perjudicaron injustificada-
gados de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem-           mente.
burgo el de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Ces-
sange, contra Comisión de las Comunidades Europeas                AdemaÂs, la organización comuÂn del mercado perturbó ile-
(Agentes: Sres. Gianluigi Valsesia y Julian Currall), que         gítimamente la actividad comercial de la demandante, ya
tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecu-           que se exigió a eÂsta un especial sacrificio, en contraste con
ción de la decisión de la Comisión de las Comunidades             otros empresarios. AdemaÂs, de ello se deduce, al propio
Europeas, de 12 de noviembre de 1997, encaminada a                tiempo, que se negó tanto a la demandante como a sus
mantener en vigor la medida de suspensión impuesta al             accionistas y a sus órganos directivos la facultad de elegir
demandante con arreglo al artículo 88 del Estatuto de los         libremente su aÂmbito de actividad, sin que se aprecien
funcionarios y al paÂrrafo segundo del apartado 1 del             razones que puedan justificar tal diferencia de trato.
artículo 49 del ReÂgimen aplicable a otros agentes, el Presi-
dente del Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 2 de
marzo de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:
1) Se sobresee la demanda de medidas provisionales.
                                                                  Recurso interpuesto el 2 de marzo de 1998 por Aruba
                                                                            contra el Consejo de la Unión Europea
2) Se reserva la decisión sobre las costas.
                                                                                (Asunto T-36/98)
                                                                                (98/C 137/39)
                                                                               (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
                                                                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Recurso interpuesto el 3 de febrero de 1998 por Herma-            Europeas se ha presentado el 2 de marzo de 1998 un
nek & Rademacher GmbH contra la Comisión de las                   recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado
                  Comunidades Europeas                            por Aruba, representada por los Sres. P. V. F. Bos y M.
                      (Asunto T-26/98)                            Slotboom, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                  despacho de abogados Loesch & Wolter, 11, rue Goethe.
                        (98/C 137/38)
                                                                  La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
            (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                    tancia que:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades            Ð anule la Decisión 97/803/CE del Consejo, de 24 de
Europeas se ha presentado el 3 de febrero de 1998 un                  noviembre de 1997 (DO L 329 de 29.11.1997, p. 50),
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                con arreglo a los artículos 173 y 174 del Tratado CE;
formulado por Hermanek & Rademacher GmbH, con
domicilio social en Colonia, representada por el Prof.                o, subsidiariamente,
Hubert Weber, Abogado, 14 Zülpicher Platz, Colonia. El
recurso fue transmitido a la Secretaría del Tribunal de Pri-      Ð anule los apartados 31 y 32, 53 (en la medida en que
mera Instancia de las Comunidades Europeas, de confor-                se refiere a los guiones primero y segundo del


title: Asunto T-228/02: Recurso interpuesto el 26 de julio de 2002 contra el Consejo de la Unión Europea por la Organización Mujahedin del Pueblo de Irán (OMPI)

text:
C 247/20               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     12.10.2002
Recurso interpuesto el 26 de julio de 2002 contra el                    En apoyo de sus pretensiones la demandante alega:
Consejo de la Unión Europea por la Organización Mujahe-
                 din del Pueblo de Irán (OMPI)                          —    La vulneración de sus derechos de defensa, en la medida
                                                                             en que no se la oyó con anterioridad a su inclusión en las
                       (Asunto T-228/02)                                     listas que se impugnan.
                         (2002/C 247/31)                                —    Con carácter subsidiario, la conculcación del derecho a
                                                                             sublevarse contra la tiranía y la opresión, como norma
                                                                             superior de Derecho. Sobre este particular, la demandante
                 (Lengua de procedimiento: francés)                          observa que desarrolla una acción de resistencia legítima
                                                                             contra el régimen iraní, respetando los principios funda-
                                                                             mentales de la democracia y los derechos humanos. Por
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                       otra parte, su acción de resistencia se ve apoyada por la
Europeas se ha presentado el 26 de julio de 2002 un recurso                  Comunidad internacional.
contra el Consejo de la Unión Europea formulado por la
Organización Mujahedin del Pueblo de Irán (OMPI), con sede              —    Con carácter aún más subsidiario, la violación del princi-
en Auvers sur Oise (Francia), representada por Me Jean Pierre                pio de no discriminación, tanto por lo que atañe a las
Spitzer, abogado.                                                            organizaciones que figuran en la lista como en lo que se
                                                                             refiere a las que no figuran en la misma, como por
                                                                             ejemplo Al-Quaida. La demandante señala a este respecto
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                que, a diferencia de la casi totalidad de las organizaciones
que:                                                                         incluidas en la lista, ella no se enfrenta a un régimen
                                                                             democrático, que nunca ha realizado acciones contra los
—    Anule parcialmente la Decisión 460/2002/CE del Con-                     civiles y que es el único movimiento de resistencia que
     sejo, de 17 de junio de 2002, relativa a la aplicación del              actúa dentro de las fronteras iraníes y que defiende la paz
     apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/                  en la región.
     2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a
     determinadas personas y entidades con el fin de luchar
     contra el terrorismo, y por la que se deroga la Decisión
     2002/334/CE.
—    Anule parcialmente la posición común 462/2002/PESC,
     de 17 de junio de 2002, por la que se actualiza la posición
     común 2001/931/PESC, sobre la aplicación de medidas
     específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la          Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2002 contra la
     posición común 2002/340/PESC.                                           Comisión de las Comunidades Europeas por «X»
—    Anule parcialmente la posición común 340/2002/PESC,
     de 2 de mayo de 2002, por la que se actualiza la posición                                (Asunto T-230/02)
     común 2001/931/PESC, sobre la aplicación de medidas
     específicas de lucha contra el terrorismo, que actualiza la
     lista de las personas afectadas.                                                          (2002/C 247/32)
—    Declare inaplicables a la demandante la totalidad de estas                         (Lengua de procedimiento: francés)
     normas.
—    Condene al Consejo de la Unión Europea a pagar al OMPI
     la cantidad de 1 euro en concepto del perjuicio sufrido.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—    Condene al Consejo de la Unión Europea a pagar todas               Europeas se ha presentado el 2 de agosto de 2002 un recurso
     las costas.                                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                        por «X», representado por el Sr. Gilles Bounéou, abogado, que
                                                                        designa domicilio en Luxemburgo.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
La organización demandante solicita la anulación de las
normas que son objeto del presente recurso, en la medida en             —    Condene a la demandada al pago de una indemnización
que se la menciona expresamente. Afirma a este respecto que                  de 75 000 EUR o de cualquier otro importe que el
su inclusión en las listas que se impugnan constituye una                    Tribunal de Primera Instancia fije ex aequo et bono.
sanción que le irroga un perjuicio considerable, aunque no sea
más que por la asimilación a las organizaciones terroristas             —    Condene a la demandada al pago de la totalidad de las
denunciadas por ella.                                                        costas.


title: Asunto T-105/99: Recurso interpuesto el 28 de abril de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Conseil des Communes et Régions d'Europe

text:
C 246/34                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   28.8.1999
Recurso interpuesto el 24 de abril de 1999 contra la                       Recurso interpuesto el 28 de abril de 1999 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Campina                          Comisión de las Comunidades Europeas por el Conseil
                            Melkunie B.V.                                               des Communes et Régions d’Europe
                         (Asunto T-100/99)                                                        (Asunto T-105/99)
                                                                                (1999/C 246/70)
                           (1999/C 246/69)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 28 de abril de 1999 un recurso
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Europeas se ha presentado el 24 de abril de 1999 un recurso
                                                                           por el Conseil des Communes et Régions d’Europe, «CCRE»,
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                           asociación con sede en Parı́s, representada por Me Francis
por Campina Melkunie B.V., con domicilio social en Rosmalen
                                                                           Herbert, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en
(Paı́ses Bajos), representado por P. Glazener y G.W.A. van de
                                                                           Luxemburgo en despacho de Me Katia Manhaeve, 56-58, rue
Meent, Abogados de Amsterdam, que designa como domicilio
                                                                           Charles Martel.
en Luxemburgo el despacho de Loeff Claeys Verbeke, rue
Charles Martel 58.
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                           que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                       — Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
                                                                               Europeas, contenida en la nota de adeudo 97002489N, de
— Anule la Decisión de la Comisión, de 3 de febrero de 1999,                 15 de febrero de 1999, de no abonar determinadas
     relativa a la aprobación de las cuentas presentadas por los              cantidades al «CCRE».
     Estados miembros por el año presupuestario de 1995 en
     relación con los gastos financiados por el Fondo Europeo             — Condene en costas a la Comisión.
     de Orientación y de Garantı́a Agrı́cola, sección Garantı́a;
                                                                           Motivos y principales alegaciones
— condene a la Comunidad a indemnizar el daño sufrido por
     Campina Melkunie, que, provisionalmente, asciende a
                                                                           La Asociación demandante, el Conseil des Communes et
     9 108 538 HFL;
                                                                           Régions d’Europe, impugna la Decisión de la Comisión,
                                                                           contenida en la nota de adeudo 97002489N, de 15 de febrero
— condene en costas a la Comisión.                                        de 1999, mediante la cual ésta efectuó una compensación
                                                                           entre, por una parte, la cantidad de 195 991,00 EUR que
                                                                           presuntamente se le adeudaba en concepto de los programas
Motivos y principales alegaciones                                          MED-URBS 1994, MED-URBS 1995 y MED-URBS MIGRA-
                                                                           TION 1995 y, por otra parte, las cantidades que reconoce que
La parte demandante produce una determinada clase de                       debı́a al CCRE en concepto de:
caseinatos que, según la Decisión impugnada, no pueden
beneficiarse de ayudas comunitarias por incompatibilidad con               1. Los documentos de concesión siguientes:
la Directiva 83/417/CEE (1) y con el Reglamento                                — Seminarios regionales en las zonas objetivo 2 (DG XVI)
no 2921/90 (2).                                                                     por importe de 39 447,39 EUR.
Alega que la relación establecida por la Comisión entre los                  — Declaración B4-3040/98/208/jnb/d3 (DG XI) por
dos actos antes citados es incompatible con los distintos                           importe de 82 800,00 EUR.
fundamentos jurı́dicos de dichos actos y equivale a otorgar
efecto directo a los requisitos de la Directiva en perjuicio de            2. La subvención concedida al CCRE por el Parlamento
particulares. Además, alega la violación del principio de                    Europeo denominada «Subvención Programa 1998» (Secre-
confianza legı́tima y del principio de seguridad jurı́dica, pues               tarı́a General) por importe de 50 000,00 EUR.
la Comisión no hizo público con anterioridad su punto de                 3. El convenio SC 98 101185 05D05 (DG V) por importe de
vista a este respecto, y asimismo alega el incumplimiento del                  23 743,00 EUR (de un total de 31 405,08 EUR).
deber de motivación.
                                                                           En apoyo de sus pretensiones, la Asociación demandante alega,
                                                                           en primer lugar, que la Decisión impugnada debe ser anulada
(1) Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1983, relativa a la
    aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre
                                                                           por falta de base jurı́dica para denegar el pago de las ayudas
    determinadas lactoproteı́nas (caseı́nas y caseinatos) destinados a     comunitarias en ella contempladas. Se afirma sobre este punto
    la alimentación humana (DO L 237, p. 25; EE: 13/14, p. 154).          que la existencia de posibles créditos de la Comisión frente a
(2) Reglamento de la Comisión, de 10 de octubre de 1990, referente        la demandante, en el marco de los programas MED, no
    a la concesión de ayudas para la leche desnatada a la fabricación    constituye una de las causas admitidas de suspensión del pago
    de caseı́na y de caseinatos (DO L 279, p. 22).                         de las subvenciones de que se trata. A su juicio, no existe
                                                                           ninguna regla general en la que pueda fundarse la Comisión.
                                                                           En cualquier caso, no puede admitirse que la Comisión efectúe
                                                                           compensaciones entre, por una parte, deudas derivadas de
 ---pagebreak--- 28.8.1999              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 246/35
obligaciones reglamentarias no contractuales, y por otra parte,          Según la parte demandante, los mencionados artı́culos 115 y
créditos contractuales que se rigen por el Derecho de un Estado          1, apartado 1, letra j) son nulos y no vinculantes por infringir
miembro, en este caso el Derecho belga, al que se remiten los            el artı́culo 12 CE (antiguo artı́culo 6) y el artı́culo 1 del
contratos MED-URBS.                                                      Reglamento no 1 del Consejo (2). Si bien es cierto que la marca
                                                                         comunitaria puede registrarse en lengua neerlandesa, durante
La parte demandante alega asimismo la violación de los                  la posterior tramitación, ası́ como en procedimientos de
principios de seguridad jurı́dica y de protección de la confianza       oposición, debe utilizarse una de las cinco lenguas de trabajo
legı́tima, ası́ como el incumplimiento de la obligación de              de la Oficina. Este regulación lingüı́stica la coloca en una
motivación de los actos.                                                posición de desventaja con respecto a representantes en
                                                                         materia de marcas de los Estados miembros cuyas lenguas
                                                                         pertenecen a las lenguas de trabajo oficiales de la Oficina.
                                                                         (1) Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre
                                                                             de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del
                                                                             Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria
                                                                             (DO L 303, p. 1).
Recurso interpuesto el 19 de mayo de 1999 contra la                      (2) Reglamento no 1 por el que se fija el régimen lingüı́stico de la
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,                       Comunidad Económica Europea, (DO 17, p. 385; EE: 01/01, p. 8).
                 Dibujos y Modelos) por C. Kik
                       (Asunto T-120/99)
                         (1999/C 246/71)
                                                                         Recurso interpuesto el 21 de mayo de 1999 por D.
                                                                         Enrique Gutiérrez de Quijano y Llorens contra Parla-
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)                                             mento Europeo
                                                                                (Asunto T-125/99)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 19 de mayo de 1999 un recurso                                        (1999/C 246/72)
contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) formulado por C. Kik, represen-
tante en materia de marcas, con domicilio en La Haya (Paı́ses                             (Lengua de procedimiento: español)
Bajos), representado por G.L. Kooy, Abogado de La Haya, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de N.                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Decker, Abogado, avenue Marie-Thérèse 16.                                europeas se ha presentado, el 21 de mayo de 1999, un recurso
                                                                         contra el Parlamento Europeo formulado por D. Enrique
                                                                         Gutiérrez de Quijano y Llorens, con domicilio en Luxemburgo,
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            representado por el letrado en ejercicio D. Juan Ramón
que:                                                                     Iturriagagoitia Bassas, que designa como domicilio en Luxem-
                                                                         burgo el del abogado Sr. Stephan Le Goueff, av. Guillaume 9,
1. Declare fundado su recurso.                                           1651 Luxemburgo.
2. Anule o reforme la resolución de la Tercera Sala de                  La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
     Recurso que desestima su solicitud de registro de la marca          que:
     (comunitaria) KIK y, pronunciándose de nuevo, anule la
     resolución de la Oficina de 19 de marzo de 1999.                   — suspenda parcialmente la convocatoria de oposición gene-
                                                                              ral PE/215/LA de la Secretarı́a General del Parlamento
3. Con carácter subsidiario, declare que se cumplen todos los                Europeo —concretamente la «opción 2»— publicada en el
     requisitos de forma relativos a la solicitud de la marca KIK.            Diario Oficial de las Comunidades Europeas no C-53 A, de
                                                                              24 de febrero de 1999;
4. Con carácter más subsidiario, declare que la parte deman-
     dante no está obligada a indicar sólo una de las lenguas de       — condene en costas al Parlamento Europeo
     trabajo de la Oficina como segunda lengua.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
5. Condene en costas a la Oficina.
                                                                         El demandante, funcionario del Tribunal de Justicia y antiguo
                                                                         funcionario del Parlamento Europeo, se opone a la convocato-
Motivos y principales alegaciones                                        ria de la oposición general PE/215/LA en tanto que, en una de
                                                                         sus opciones, dicha oposición prevé la constitución de una
La solicitud de la parte demandante para la inscripción de la           lista de aptitud de intérpretes de lengua española. Se recuerda
marca «KIK» para «asesoramiento relativo a situaciones de                a este respecto, que en sentencia de 22 de mayo de 1996 (1),
competencia desleal en el mercado común Europeo (clase 42)»             confirmada mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 19
fue presentada en neerlandés. Como segunda lengua se indicó             de noviembre de 1998 (2), el Tribunal de Primera Instancia
asimismo el neerlandés. La solicitud se desestimó por inobser-          anuló la decisión de la institución demandada denegatoria de
vancia de la Regla 1, apartado 1, letra j), del Reglamento               la reclamación del demandante contra la desestimación de su
no 2868/95 (1) y del artı́culo 115, apartado 3, del Reglamento           candidatura a ocupar el puesto objeto de la convocatoria
no 40/94, por lo que respecta a la segunda lengua. La Sala de            PE/LA19, para la provisión, mediante traslado, de un puesto
Recurso confirmó la resolución del examinador.                         de intérprete de lengua española.


title: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 1995 contra el Comité de las Regiones por Santo Picciolo (Asunto T-178/95)

text:
25 . 11 . 95            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 315/21
De igual modo , el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto            las candidaturas , los posibles terceros interesados proceden
establece que toda variación importante del coste de la vida          tes de las demás instituciones comunitarias no pudieron
debe dar lugar, en un plazo máximo de dos meses, a medidas            tener conocimiento de dicha convocatoria hasta una vez
de adaptación de los coeficientes correctores . Además , el           expirado el plazo para la presentación de las candidaturas o ,
legislador ha previsto que la adaptación anual de las                 en el mejor de los casos , algunas horas antes de expirar
retribuciones debe decidirse antes del final de cada año con          éste .
efectos del 1 de julio anterior. Así, el legislador ha permitido
al Consejo proceder a una sola adaptación anual de las                El demandante alega :
retribuciones de los funcionarios, en su caso con efectos
retroactivos . En cambio, ha impuesto al Consejo un plazo             — Desviación de poder, así como violación del principio de
                                                                           igualdad de trato y de no discriminación entre los
particularmente breve para adoptar las medidas necesarias                  funcionarios .
para eliminar cualquier variación del poder adquisitivo
entre los funcionarios . Según los demandantes , esta toleran        — Infracción del artículo 25 del Estatuto, en la medida en
cia es comprensible , en la medida en que dicha adaptación ,               que , aun cuando la decisión por la que se desestimaba la
con arreglo al artículo 85 del Estatuto y al principio de                  candidatura del demandante había sido adoptada el 5 de
confianza legítima , no puede implicar la reducción de                     diciembre de 1994, la Institución demandada la comu
retribuciones .                                                            nicó mediante una mera carta , carente de toda motiva
                                                                           ción , de fecha 10 de febrero de 1 995 y sellada el 13 y que
Así, al adoptar el Reglamento controvertido con efectos                    no llegó a conocimiento del demandante hasta el 16 de
retroactivos , el Consejo ha violado los principios de                     febrero siguiente .
confianza legítima , de igualdad de trato , de no discrimina
ción entre funcionarios y de los derechos adquiridos .                — Infracción del artículo 45 del Estatuto , en la medida en
                                                                           que AFPN no efectuó el examen comparativo de los
                                                                           méritos que exige esta disposición .
Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 1995 contra el
          Comité de las Regiones por Santo Picciolo
                      ( Asunto T-l 78/95 )
                                                                      Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 1995 contra el
                           ( 95/C 315/40 )                                     Comité de las Regiones por Giuseppe Calo
                                                                                ( Asunto T-l 79/95 )
             ( Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                ( 95 /C 315/41 )
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 28 de septiembre de 1995 un                             ( Lengua de procedimiento : francés)
recurso contra el Comité de las Regiones formulado por el
Sr . Santo Picciolo , con domicilio en Itzig ( Luxemburgo ),          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
representado por los Sres . Jean-Noél Louis , Thierry Dema           Europeas se ha presentado el 28 de septiembre de 1995 un
seure y Ariane Tornel, Abogados de Bruselas, que designan             recurso contra el Comité de las Regiones formulado por el
como domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson sari ,            Sr . Giuseppe Calo con domicilio en Luxemburgo , represen
1 , rué Glesener .                                                    tado por los Sres . Jean-Noél Louis , Thierry Demaseure y
                                                                      Ariane Tornel , Abogados de Bruselas , que designan como
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                   domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson sari , 1 , rué
Instancia que :                                                       Glesener .
— Anule las decisiones por las que se desestima la                    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
     candidatura del demandante para el puesto Cdr/ 1 /94 de          Instancia que :
     Director (A 2 ) en la Dirección de la Secretaría , de la
     Administración y del Presupuesto del CdR y se nombra a           — Anule las decisiones por las que se desestima la
     otra persona para dicho puesto .                                      candidatura del demandante para el puesto Cdr/ 1 /94 de
                                                                           Director (A 2 ) en la Dirección de la Secretaría , de la
— Condene en costas a la parte demandada .                                 Administración y del Presupuesto del CdR y se nombra a
                                                                           otra persona para dicho puesto .
Motivos y principales alegaciones
                                                                      — Condene en costas a la parte demandada .
El demandante , funcionario del Parlamento Europeo,
impugna la forma en que se desarrolló el procedimiento de
nombramiento de un Director de la Administración y de la              Motivos y principales alegaciones
Secretaría en el seno del Comité de las Regiones . E,xpone que
la convocatoria para promover puesto vacante correspon               Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los
diente a dicho nombramiento había sido redactada por el               expuestos en el marco del asunto T-l 78/95 Santo Picciolo
servicio que dirigía el candidato seleccionado y que, además,         contra Comité de las Regiones .
había sido previamente elegido . Dado que se abrevió
deliberadamente el plazo señalado para la presentación de


title: Asuntos acumulados T-84/14 y T-97/14: Sentencia del Tribunal General de 18 de febrero de 2016 — Harrys Pubar y Harry’s New York Bar/OAMI — Harry’s New York Bar y Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa HARRY’S NEW YORK BAR — Marca nacional figurativa anterior PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Denegación parcial del registro — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               29.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 111/19

         Sentencia del Tribunal General de 18 de febrero de 2016 — Harrys Pubar y Harry’s New York Bar/OAMI — Harry’s New York Bar y Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)
   (Asuntos acumulados T-84/14 y T-97/14) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa HARRY’S NEW YORK BAR - Marca nacional figurativa anterior PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Denegación parcial del registro - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 111/23)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Harrys Pubar AB (Göteborg, Suecia) (representante: L.-E. Ström, abogado) (asunto T-84/14) y Harry’s New York Bar SA (París, Francia) (representante: S. Arnaud, abogado) (asunto T-97/14)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: V. Melgar, agente)

      Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Harry’s New York Bar SA (asunto T-84/14) y Harrys Pubar AB (coadyuvante ante el Tribunal General en el asunto T-97/14)

      Objeto

   Dos recursos interpuestos contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 14 de noviembre de 2013 (asuntos acumulados R 1038/2012-1 y R 1045/2012-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Harrys Pubar AB y Harry’s New York Bar SA.

      Fallo

               1)

               En el asunto T-84/14, anular los puntos 1 del fallo de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 14 de noviembre de 2013 (asuntos acumulados R 1038/2012-1 y R 1045/2012-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Harrys Pubar AB y Harry’s New York Bar SA.

               2)

               En el asunto T-97/14, desestimar el recurso de Harry’s New York Bar.

               3)

               Condenar a Harry’s New York Bar a cargar con sus propias costas, dos tercios de las costas de Harrys Pubar en el procedimiento ante el Tribunal General, y las costas de Harrys Pubar en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI. La OAMI cargará con sus propias costas y con un tercio de las costas de Harrys Pubar en el procedimiento ante el Tribunal General.

      (1)  DO C 135 de 5.5.2014.


title: Asunto C-354/04 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de febrero de 2007 — Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti/Consejo de la Unión Europea, Reino de España, Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte ( Recurso de casación — Unión Europea — Cooperación policial y judicial en materia penal — Posiciones comunes 2001/931/PESC, 2002/340/PESC y 2002/462/PESC — Medidas relativas a personas, grupos y entidades implicados en actos de terrorismo — Recurso de indemnización — Competencia del Tribunal de Justicia )

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de febrero de 2007 — Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti/Consejo de la Unión Europea, Reino de España, Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte
   (Asunto C-354/04 P) (1)

   («Recurso de casación - Unión Europea - Cooperación policial y judicial en materia penal - Posiciones comunes 2001/931/PESC, 2002/340/PESC y 2002/462/PESC - Medidas relativas a personas, grupos y entidades implicados en actos de terrorismo - Recurso de indemnización - Competencia del Tribunal de Justicia»)
   (2007/C 95/05)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrentes: Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti (representante: D. Rouget, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: E. Finnegan y M. Bauer, agentes), Reino de España, Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte
   Objeto
   Recurso de casación contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 7 de junio de 2004, Gestoras Pro-Amnistía y otros/Consejo (T-333/02), por el que se desestima el recurso dirigido a obtener la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes por la inclusión de Gestoras Pro-Amnistía en la lista elaborada con arreglo a la normativa reguladora de la lucha contra el terrorismo
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Gestoras Pro Amnistía y a los Sres. Olano Olano y Zelarain Errasti.

               3)

               El Reino de España cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 251, de 9.10.2004.


title: Asunto C-65/15: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de abril de 2016 — (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bari — Italia) — Proceso penal contra Vito Santoro (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Cuestiones prejudiciales idénticas — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Normativa nacional — Reorganización del sistema de concesiones mediante la equiparación de las fechas de vencimiento — Nueva licitación — Concesiones con una duración inferior a las concesiones anteriores — Cesión a título gratuito del uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y de recogida de apuestas — Restricción — Razones imperiosas de interés general — Proporcionalidad)

text:
               25.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 270/11

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de abril de 2016 — (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bari — Italia) — Proceso penal contra Vito Santoro
   (Asunto C-65/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Cuestiones prejudiciales idénticas - Artículos 49 TFUE y 56 TFUE - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Normativa nacional - Reorganización del sistema de concesiones mediante la equiparación de las fechas de vencimiento - Nueva licitación - Concesiones con una duración inferior a las concesiones anteriores - Cesión a título gratuito del uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y de recogida de apuestas - Restricción - Razones imperiosas de interés general - Proporcionalidad))
   (2016/C 270/14)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Bari

      Parte en el proceso penal principal

   Vito Santoro

      Fallo

               1)

               Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

               2)

               Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 138 de 27.4.2015.


title: Asunto T-137/02: Recurso interpuesto el 29 de abril de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG

text:
13.7.2002               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 169/39
Sugar. La demandante alega a este respecto que la sentencia               —     Con carácter subsidiario, declare la nulidad de la Decisión
del Tribunal de Primera Instancia de 7 de octubre de 1999 en                    C (2001) 4447 final de la Comisión de las Comunidades
el asunto T-228/97, Irish Sugar /Comisión (1), redujo en                       Europeas, de 15 de enero de 2002, en la medida en que
916.674 euros la multa que la Decisión 97/624/CE de la                         el importe del reembolso reclamado que establece el
Comisión, de 14 de mayo de 1997, relativa a un procedimiento                   artı́culo 1 supera los 2 803 319,95 euros.
de aplicación del artı́culo 86 del Tratado CE, habı́a impuesto a
Irish Sugar. La demandada se ha negado a pagar intereses                  —     Condene en costas a la demandada.
sobre dicha cantidad.
Según la Comisión, la decisión implı́cita de no pagar intereses,       Motivos y principales alegaciones
es decir, el pago del principal de la deuda sin intereses
efectuado el 4 de enero de 2000, ha adquirido firmeza, al no
haberla impugnado la demandante dentro del plazo de dos                   En el artı́culo 1 de la Decisión impugnada la Comisión declara
meses previsto en el artı́culo 230 del Tratado CE.                        que la ayuda por un importe de 3 650 860 euros que
                                                                          Alemania ha decidido otorgar a Pollmeier GmbH, Malchow, es
                                                                          incompatible con el mercado común. La demandante impugna
La demandante alega al respecto que este razonamiento es                  la Decisión y alega que la declaración de incompatibilidad
sustancialmente incorrecto. En primer lugar, lo que se pedı́a             parcial con el mercado común de las ayudas otorgadas a la
en la solicitud inicial no era el pago en sı́, sino la confirmación      demandante es contraria al Derecho comunitario. La funda-
de que se pagarı́an intereses, información sobre la cuantı́a de          mentación de la Decisión se basa en errores de Derecho o en
los mismos y colaboración en esta materia. En segundo lugar,             la apreciación manifiestamente desacertada de los hechos.
no existe ninguna regla en Derecho comunitario según la cual
el silencio deba interpretarse en sentido negativo, a menos que
alguna disposición ası́ lo establezca expresamente. En tercer            La demandante aduce que en el momento de otorgarse la
lugar, no sólo el pago de 916 674 euros en concepto de                   ayuda cumplı́a los criterios para las PYMES contenidos en la
reembolso no constituye un rechazo de la solicitud inicial de             Recomendación de la demandada, de 3 de abril de 1996, sobre
que se confirmara el pago de intereses, sino que además no               la definición de pequeñas y medianas empresas (1). En lo
constituye un acto susceptible de recurso con arreglo al                  sucesivo, la demandante habı́a seguido cumpliéndolos.
artı́culo 230 CE. De ello se deduce que la alegación de la
Comisión de que la demandante deberı́a haberlo impugnado
dentro de plazo es jurı́dicamente errónea.                               La demandante indica asimismo que en el caso concreto el
                                                                          examen de la integración económica, independiente de los
                                                                          criterios para las PYMES, es contrario a Derecho porque dichos
(1) Rec. p. II-2969.                                                      criterios tienen por objeto precisamente comprobar si hay o no
                                                                          integración económica. En cualquier caso, no hay integración
                                                                          económica.
                                                                          Con carácter subsidiario, la demandante también manifiesta
                                                                          que el importe del reembolso reclamado es excesivo y que el
Recurso interpuesto el 29 de abril de 2002 contra la                      cálculo del mismo es poco claro.
Comisión de las Comunidades Europeas por Pollmeier
                    Malchow GmbH & Co. KG
                                                                          (1) DO L 107, p. 4.
                        (Asunto T-137/02)
                          (2002/C 169/69)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                          Recurso interpuesto el 26 de abril de 2002 contra el
                                                                          Consejo de la Unión Europea por Nanjing Metalink
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                           International Co. Ltd.
Europeas se ha presentado el 29 de abril de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                                          (Asunto T-138/02)
por Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG, Malchow (Alemania),
representada por los Sres. S. Völcker y J. Heithecker, abogados.                                    (2002/C 169/70)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                                (Lengua de procedimiento: inglés)
que:
—      Declare que la Decisión C(2001) 4447 final de la
       Comisión de las Comunidades Europeas, de 15 de enero              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       de 2002, adolece de nulidad absoluta.                              Europeas se ha presentado el 26 de abril de 2002 un recurso


title: Asunto F-5/16: Recurso interpuesto el 24 de enero de 2016 — ZZ/Comisión

text:
               25.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/37

         Recurso interpuesto el 24 de enero de 2016 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-5/16)
   (2016/C 145/45)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: O. Mader, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión de no recalificar el contrato del demandante como contrato de agente temporal o, con carácter subsidiario, indemnización por el perjuicio sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 9 de abril de 2015 de la Comisión de no recalificar el contrato del demandante y, en su caso, la decisión de 13 de octubre de 2015 (R/513/15) por la que se desestimó la reclamación del demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, que se condene a la Comisión a indemnizar al demandante por el perjuicio que le irrogó la denegación de la solicitud de recalificación del contrato.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.


title: Asunto C-451/10 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de septiembre de 2010 por Télévision française 1 SA (TF1) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 1 de julio de 2010 en los asuntos acumulados T-568/08 y T-573/08, M6 y TF1/Comisión

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/15

         Recurso de casación interpuesto el 15 de septiembre de 2010 por Télévision française 1 SA (TF1) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 1 de julio de 2010 en los asuntos acumulados T-568/08 y T-573/08, M6 y TF1/Comisión
   (Asunto C-451/10 P)
   ()
   2010/C 328/27
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Télévision française 1 SA (TF1) (representante: J.-P. Hordies, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Métropole télévision (M6), Canal +, Comisión Europea, República Francesa, France Télévisions

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se declare admisible y fundado el presente recurso de casación.

               —

               Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea el 1 de julio de 2010 en los asuntos acumulados T-568/08 y T-573/08, M6 y TF1/Comisión.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   La parte recurrente invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación.
   Télévision française 1 SA (TF1) alega que el Tribunal General, confirmando la postura de la Comisión, hizo caso omiso de la existencia de dificultades serias para apreciar la compatibilidad con el mercado común de la ayuda recibida por France Télévisions, dificultades que hubieran debido dar lugar a la incoación del procedimiento de investigación formal contemplado en el artículo 108 TFUE, apartado 2. Así, en su primer motivo de casación, la recurrente invoca la violación de las normas relativas a la carga de la prueba y a la práctica de la prueba, en la medida en que el Tribunal General pidió a los demandantes que aportasen la prueba de que existían dudas serias en cuanto al destino real de la aportación de fondos notificada, sin darse por satisfecho con la prueba de que las ayudas no habían recibido una afectación específica.
   En su segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho en la aplicación del artículo 106 TFUE, apartado 2, por una parte al considerar que la reducción de los ingresos publicitarios de France Télévisions podía ser compensada mediante ayudas de Estado, aunque hubiera sido causada por errores de gestión, y por otra parte al precisar que para aplicar el citado artículo no era preciso valorar la eficacia con la que funcionaba el servicio público.


title: Asunto C-475/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Protodikeio Rethymnis (Grecia) el 17 de agosto de 2016 — Proceso penal contra K.

text:
               21.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 428/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Protodikeio Rethymnis (Grecia) el 17 de agosto de 2016 — Proceso penal contra K.
   (Asunto C-475/16)
   (2016/C 428/10)
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Protodikeio Rethymnis (Monomeles Plimmeleiodikeio Rethymnis)

      Parte en el proceso principal

   K.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Con arreglo a los artículos 19 TUE y 263 TFUE, 266 TFUE y 267 TFUE y al principio de cooperación leal (artículo 4 TUE, apartado 3) sobre cuya base los Estados miembros y sus autoridades competentes adoptarán todas las medidas generales o particulares para subsanar la infracción del Derecho de la Unión, y adecuarse a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular por lo que atañe a la validez de los actos de los órganos de la Unión, que producen efectos erga omnes, ¿están obligados los Estados miembros a derogar o a modificar en consecuencia el instrumento legislativo con el que se ha transpuesto una Directiva, que ha sido invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por ser contraria o (infringir) disposiciones de los Tratados o de la Carta, con el fin de garantizar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de ese modo subsanar y evitar en el futuro la infracción de los Tratados o de la Carta?

               2)

               Como consecuencia de la cuestión prejudicial anterior, ¿puede interpretarse el artículo 266 TFUE (anteriormente artículo 233 TUE) en el sentido de que en el concepto de «órgano u organismo» está comprendido también (según interpretación extensiva o analógica) el Estado miembro que transpuso a su ordenamiento jurídico nacional una Directiva que fue invalidada por infringir los Tratados o la Carta o, en un tal caso, puede aplicarse por analogía el artículo 260 TFUE, apartado 1?

               3)

               En caso de que la respuesta a las anteriores cuestiones prejudiciales sea afirmativa, es decir, si los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas generales y particulares para subsanar la infracción del Derecho primario de la Unión derogando o modificando en consecuencia el instrumento legislativo con el que se transpuso una Directiva que fue invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por infringir la Carta o los Tratados, ¿se extiende dicha obligación a los órganos jurisdiccionales nacionales, en el sentido de que éstos están obligados a no aplicar la medida legislativa con la que se transpuso la Directiva anulada, en el presente caso, la Directiva 2006/24/CE, (1) (al menos en la parte) que infringe la Carta o los Tratados, y en consecuencia a no tener en cuenta los medios de prueba obtenidos sobre la base de aquéllas (Directiva y medida nacional de transposición)?

               4)

               ¿La normativa nacional que transpone la Directiva 2006/24, invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante la sentencia de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros (2) (C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238), por infringir la Carta, está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, como requiere el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, por el mero hecho de que la normativa nacional transpone la Directiva 2006/24 y ello sin perjuicio de que posteriormente dicha Directiva fuera invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

               5)

               Dado que la Directiva 2006/24, invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue adoptada con el fin de que se aplicara a escala europea un marco armonizado con arreglo al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE para la conservación de datos por parte de los proveedores de servicios a efectos de prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, y así evitar la creación de obstáculos al mercado interno de comunicaciones electrónicas, ¿la normativa nacional que transpone la Directiva 2006/24 está incluida en el marco del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, de modo que está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, como requiere el artículo 51, apartado 1, de la Carta?

               6)

               Teniendo en cuenta que una eventual condena penal de un nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como sucede en el presente asunto, implicará inexorablemente limitaciones al ejercicio de los derechos de libre circulación de que disfruta en virtud del Derecho de la Unión Europea, aunque estén en principio justificadas, ¿basta esa circunstancia para considerar que los procedimientos penales correspondientes están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, como requiere el artículo 51, apartado 1, de la Carta?
               En caso de que la respuesta a las cuestiones prejudiciales anteriores sea que la Carta de los Derechos Fundamentales es de aplicación, en virtud del artículo 51, apartado 1, en ese caso:

               7)

               ¿Resulta compatible con los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta el hecho de que las autoridades policiales tengan acceso y puedan utilizar los datos conservados con arreglo a la Directiva 2006/24 y/o al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 durante las investigaciones penales en supuestos con carácter de urgencia y, en particular, en el marco de delitos flagrantes, sin previa autorización por parte de un órgano jurisdiccional [o un órgano administrativo independiente] sobre la base de requisitos sustanciales y de procedimiento concretos?

               8)

               Con arreglo a los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta, durante las investigaciones penales llevadas a cabo por autoridades policiales u otras no puramente jurisdiccionales, que solicitan tener acceso y hacer uso de los datos conservados en virtud de la Directiva 2006/24 y/o del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, cuando las investigaciones no tienen por objeto la prevención, la investigación y la persecución de delitos específicamente determinados calificados como graves por el legislador nacional, ¿el eventual consentimiento de la persona a la que se refieren los datos exime de la obligatoriedad de la autorización previa para el acceso y el uso de los datos por parte de un órgano jurisdiccional [u órgano administrativo independiente] sobre la base de determinados requisitos sustanciales y de procedimiento, habida cuenta de que los datos solicitados incluyen también datos de una tercera persona (p. ej. el autor y el destinatario de la llamada)?

               9)

               ¿La mera autorización por parte del fiscal para el acceso y el uso de los datos conservados con arreglo a la Directiva 2006/24 y/o al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 en el transcurso de investigaciones penales es conforme con los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta, cuando se concede sin la autorización previa por parte de un órgano jurisdiccional [o de un órgano administrativo independiente] sobre la base de determinados requisitos sustanciales y de procedimiento, si las investigaciones no tienen por objeto la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de delitos expresamente determinados calificados como graves por el legislador nacional?

               10)

               A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros (C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238, apartados 60 y 61) y el término «delitos graves» que contiene el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2006/24, ¿constituye ese término un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea y, en ese supuesto, cuál es su contenido esencial sobre cuya base un delito determinado puede considerarse bastante grave para justificar el acceso y el uso de los datos conservados con arreglo a la Directiva 2006/24?

               11)

               A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros (C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238, apartados 60 y 61) y con independencia de la naturaleza autónoma o no del término «delitos graves» contenido en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2006/24, ¿establecen los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta criterios generales con arreglo a los cuales un delito concreto debe considerarse bastante grave para justificar el acceso y el uso de los datos conservados con arreglo a la Directiva 2006/24 y/o al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, y en ese supuesto, cuáles son esos criterios?

               12)

               En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión prejudicial, ¿deberá ese control de proporcionalidad, finalmente, constar de una valoración de las características del delito investigado, a) por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exclusivamente o b) por el órgano jurisdiccional nacional, sobre la base de criterios generales determinados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

               13)

               A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros (C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238, apartados 58 a 68 y el fallo), ¿son compatibles con los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta el acceso y el uso de los datos conservados que tienen lugar en el marco de un proceso penal sobre la base de un régimen general de conservación de datos adoptado en aplicación de la Directiva 2006/24, y/o del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, que cumple los requisitos de los apartados 60, 61, 62, 67 y 68 de la citada sentencia, pero no los requisitos de los apartados 58, 59, 63 y 64 de la misma?
               [Cuando por tanto el régimen de conservación, por un lado, exige una autorización previa por parte de un órgano jurisdiccional sobre la base de determinados presupuestos sustanciales y de procedimiento y, en especial, a efectos de la prevención, la investigación y la persecución de delitos especialmente determinados contenidos en una lista elaborada por el legislador nacional y caracterizados por éste como graves, y garantiza la protección efectiva de los datos conservados del peligro de uso abusivo y frente a cualquier uso y acceso ilegítimos, véanse los apartados 60, 61, 62, 67 y 68 de la mencionada sentencia y, por otro lado, permite la conservación de datos a) indiscriminadamente, respecto del conjunto de personas que hacen uso de los servicios de comunicaciones electrónicas, sin datos previos que indiquen que la persona (acusado o sospechoso) cuyos datos almacenados se solicitan pudiera tener relación, aunque lejana, con un delito grave, antes de que ocurriera el suceso por el que se solicitaron los datos a los proveedores de los servicios de comunicación, b) sin que los datos solicitados guarden relación con la producción del suceso investigado (i) en un período de tiempo determinado y/o una determinada zona geográfica y/o a un círculo de personas determinadas que eventualmente hayan participado, de un modo u otro, en un delito grave, o (ii) personas que podrían, por otras razones, concurrir, con la conservación de sus datos, a la prevención, la investigación o la persecución de delitos graves, c) sobre la base de un período de tiempo (12 meses en el presente asunto) que se determina sin distinción alguna entre las categorías de datos que se establecen en el artículo 5 de la citada Directiva, a efectos de su probable utilización para el fin perseguido o de conformidad con las personas interesadas, véanse los apartados 58, 59, 63 y 64 de la citada sentencia].

               14)

               En caso de que la respuesta a la anterior cuestión prejudicial sea en esencia que el acceso y el uso de esos datos no es conforme con los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta, ¿debe entonces el órgano jurisdiccional nacional dejar de aplicar la medida nacional de transposición de la Directiva 2006/24 invalidada por el Tribunal de Justicia o la que se fundamenta en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, por ser contrarias a la Carta y de ese modo no tener en cuenta los datos conservados que se han obtenido en virtud de aquéllas?

               15)

               Teniendo en cuenta la Directiva 2006/24, y, en particular, su sexto considerando según el cual las «diferencias legales […] entre disposiciones nacionales sobre conservación de datos con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos crean obstáculos en el mercado interior» y su finalidad, contemplada en el artículo 1, apartado 1, que es «armonizar las disposiciones de los Estados miembros», los demás considerandos, en particular [3, 4, 5, 11 y 21], y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de febrero de 2009, Irlanda/Parlamento y Consejo (C-301/06, EU:C:2009:68, apartados 70 a 72), ¿constituye un obstáculo al establecimiento y funcionamiento del mercado interior el mantenimiento de la Ley que transpone en Derecho nacional la Directiva 2006/24, incluso después de la invalidación de ésta por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida en que no ha entrado aún en vigor ninguna nueva medida de Derecho de la Unión Europea?

               16)

               En particular, el mantenimiento de la Ley que transpone en Derecho interno la Directiva 2006/24, incluso tras la invalidación de ésta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o la ley nacional prevista en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, ¿constituyen un obstáculo para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, debido a que, acumulada o separadamente:

                           a)

                           la correspondiente normativa nacional establece criterios objetivos y requisitos sustanciales sobre cuya base las autoridades nacionales competentes pueden tener acceso y a continuación utilizar, entre otros, los datos conservados de tráfico y localización, a efectos de prevención, investigación, detección y persecución de delitos, criterios y requisitos que no obstante se refieren a una lista concreta de actividades delictivas que elabora el legislador nacional a su discreción y no está armonizada a escala de la Unión Europea,

                           b)

                           la correspondiente normativa nacional para la protección y la seguridad de los datos conservados establece requisitos y condiciones técnicas que no han sido armonizados a escala de la Unión Europea?

               17)

               Si la respuesta a al menos una de las anteriores es afirmativa, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional de conformidad con el Derecho de la Unión Europea dejar de aplicar la medida nacional de transposición de la Directiva 2006/24 invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por ser contraria al establecimiento y funcionamiento del mercado interior y, en consecuencia, no tener en cuenta los datos que se conservan y a los que se tiene acceso en virtud de la Directiva 2006/24 o de la normativa nacional con arreglo al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58?

      (1)  Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO 2006 L 105, p. 54).

      (2)  EU:C:2014:238.


title: Asunto C-494/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky —República Checa) — Tommy Hilfiger Licensing LLC y otros/Delta Center a.s. (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Concepto de «intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual» — Arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los puestos de venta — Posibilidad de dictar un requerimiento contra dicho arrendatario — Artículo 11)

text:
               12.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 335/26

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky —República Checa) — Tommy Hilfiger Licensing LLC y otros/Delta Center a.s.
   (Asunto C-494/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Directiva 2004/48/CE - Respeto de los derechos de propiedad intelectual - Concepto de «intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual» - Arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los puestos de venta - Posibilidad de dictar un requerimiento contra dicho arrendatario - Artículo 11))
   (2016/C 335/35)
   Lengua de procedimiento: checo

      Órgano jurisdiccional remitente

   Nejvyšší soud České republiky

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd

      Demandada: Delta Center a.s.

      Fallo

               1)

               El artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.

               2)

               El artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que los requisitos a los que está sometido un requerimiento judicial, a efectos de esta disposición, dirigido a un intermediario que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados cubiertos, son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales que pueden dirigirse a los intermediarios en un mercado electrónico, enunciados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474).

      (1)  DO C 414 de 14.12.2015.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 2003 en el asunto C-291/00 (petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de grande instance de Paris): LTJ Diffusion SA contra Sadas Vertbaudet SA ("Marcas — Aproximación de las legislaciones — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5, apartado 1, letra a) — Concepto de signo idéntico a la marca — Uso del elemento distintivo de la marca, pero no de los demás elementos — Uso de todos los elementos que constituyen la marca, pero añadiendo otros elementos")

text:
10.5.2003                ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                   C 112/3
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 11 de marzo de 2003
                     de 20 de marzo de 2003
                                                                             en el asunto C-40/01 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                             Hoge Raad der Nederlanden): Ansul BV contra Ajax
en el asunto C-291/00 (petición de decisión prejudicial                                            Brandbeveiliging BV ( 1)
planteada por el tribunal de grande instance de Paris): LTJ
         Diffusion SA contra Sadas Vertbaudet SA( 1)
                                                                             («Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 12, apar-
                                                                             tado 1 — Caducidad de los derechos del titular de la marca
                                                                             — Concepto de uso efectivo de la marca — Actividad
(«Marcas — Aproximación de las legislaciones — Directiva
                                                                             consistente en el mantenimiento de productos ya comerciali-
89/104/CEE — Artículo 5, apartado 1, letra a) — Concepto
                                                                                zados, con venta de piezas de recambio y accesorios»)
de signo idéntico a la marca — Uso del elemento distintivo
de la marca, pero no de los demás elementos — Uso de todos
los elementos que constituyen la marca, pero añadiendo otros                                           (2003/C 112/05)
                             elementos»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                           (2003/C 112/04)                                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                             En el asunto C-40/01, que tiene por objeto una petición
                                                                             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada a
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)          obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
                                                                             entre Ansul BV y Ajax Brandbeveiliging BV, una decisión
                                                                             prejudicial sobre la interpretación del artículo 12, apartado 1,
                                                                             de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
                                                                             de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las
En el asunto C-291/00, que tiene por objeto una petición                     legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,            (DO 1989, L 40, p. 1), el Tribunal de Justicia, integrado por el
por el tribunal de grande instance de Paris (Francia), destinada a           Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional            (Ponente), M. Wathelet y C.W.A. Timmermans, Presidentes de
entre LTJ Diffusion SA y Sadas Vertbaudet SA, una decisión                   Sala, y los Sres. C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann y V. Skouris,
prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1,              las Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von Bahr, Jueces;
letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de                   Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria: Sra.
diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproxima-                 M.-F. Contet, administradora principal; ha dictado el 11 de
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia                 marzo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), el Tribunal de Justicia,
integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, y los
                                                                             1)    El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del
Sres. M. Wathelet y R. Schintgen, Presidentes de Sala, y los
                                                                                Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
Sres. C. Gulmann y P. Jann, las Sras. F. Macken (Ponente) y
                                                                                relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha Rodrigues,
                                                                                miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido
Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra.
                                                                                de que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en
D. Louterman-Hubeau, jefa de división, ha dictado el 20 de
                                                                                consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar
marzo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                                la identidad del origen de los productos o servicios para los
                                                                                cuales haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o
                                                                                conservar un mercado para tales productos o servicios, excluyén-
El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del
                                                                                dose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a
                                                                                mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
                                                                                apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse
materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un signo es
                                                                                en la totalidad de los hechos y de las circunstancias apropiados
idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones,
                                                                                para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta,
todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado
                                                                                en particular, los usos que se consideren justificados en el sector
en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden
                                                                                económico de que se trate para mantener o crear cuotas de
pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.
                                                                                mercado en beneficio de los productos o de los servicios
                                                                                protegidos por la marca, la naturaleza de tales productos o
                                                                                servicios, las características del mercado, la magnitud y la
( 1) DO C 273 de 23.9.2000.                                                        frecuencia del uso de la marca. La circunstancia de que el uso
                                                                                de la marca no tenga relación con productos recientemente
                                                                                ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados,
                                                                                no priva a tal uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza


title: Asunto T-291/04: Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2011 — Enviro Tech Europe y Enviro Tech International/Comisión [ «Medio ambiente y protección de los consumidores — Clasificación, embalaje y etiquetado del bromuro de n-propilo como sustancia peligrosa — Directiva 2004/73/CE — Directiva 67/548/CEE — Reglamento (CE) n ° 1272/2008 — Recurso de anulación — Solicitud tardía de adaptación de las pretensiones — Interés en ejercitar la acción — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad — Responsabilidad extracontractual — Sentencia del Tribunal de Justicia que se pronuncia sobre la validez de la Directiva 2004/73 — Identidad de objeto» ]

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/17

         Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2011 — Enviro Tech Europe y Enviro Tech International/Comisión
   (Asunto T-291/04) (1)

   (Medio ambiente y protección de los consumidores - Clasificación, embalaje y etiquetado del bromuro de n-propilo como sustancia peligrosa - Directiva 2004/73/CE - Directiva 67/548/CEE - Reglamento (CE) no 1272/2008 - Recurso de anulación - Solicitud tardía de adaptación de las pretensiones - Interés en ejercitar la acción - Inexistencia de afectación individual - Inadmisibilidad - Responsabilidad extracontractual - Sentencia del Tribunal de Justicia que se pronuncia sobre la validez de la Directiva 2004/73 - Identidad de objeto)
   2012/C 32/30
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Enviro Tech Europe Ltd (Kingston upon Thames, Reino Unido); y Enviro Tech International, Inc. (Melrose Park, Estados Unidos) (representantes: C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente X. Lewis, posteriormente P. Oliver y G. Wilms, agentes)

      Objeto

   Por una parte, demanda de anulación de la Directiva 2004/73/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por la que se adapta, por vigésima novena vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L 152, p. 1, corrección de errores DO L 216, p. 3), en la medida en que la Directiva 2004/73 clasificó el bromuro de n-propilo como una sustancia que tiene algunas propiedades peligrosas, y, por otra parte, una demanda de indemnización.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech International, Inc., incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

      (1)  DO C 273, de 6.11.2004.