title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 29 de enero de 1998 en el asunto T-113/96: Edouard Dubois et Fils contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas (Responsabilidad extracontractual - Acta Única Europea - Comisionista de aduanas)

text:
28.3.98                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 94/21
Kinshasa, representado por el Sr. Nicolas Decker, Abogado           29 de enero de 1998 una sentencia cuyo fallo es el
de Luxemburgo, que designa como domicilio en Luxem-                 siguiente:
burgo el despacho de eÂste, 16, avenue Marie-TheÂreÁse,
contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes:
inicialmente, el Sr. Gianluigi Valsesia y la Sra. Ana Maria         1) Se desestima el recurso.
Alves Vieira y, posteriormente, el Sr. Valsesia y la Sra. Flo-
rence Duvieusart-Clotuche), que tiene por objeto, en pri-           2) Se condena en costas a la parte demandante.
mer lugar, la anulación de la «decisión» del ComiteÂ de
dirección del Servicio exterior contenida en una nota de
30 de abril de 1996, y, en segundo lugar, la anulación de           (1) DO C 318 de 26.10.1996
la decisión de la Comisión de 31 de mayo de 1996 por la
que se adjudica al demandante un nuevo destino en la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera),
integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta; los Sres. C. P.
BrieÈt y A. Potocki, Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor, admi-
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
nistradora principal, ha dictado el 22 de enero de 1998
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                                de 6 de febrero de 1998
1) Se desestima el recurso.                                         en el asunto T-124/96: Interporc Im- und Export GmbH
                                                                          contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.                      [Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión
                                                                    sobre el acceso del puÂblico a los documentos de la Comi-
(1) DO C 233 de 10.8.1996.                                          sión Ð Decisión por la que se deniega el acceso a unos
                                                                    documentos Ð Protección del intereÂs puÂblico (procedi-
                                                                                mientos judiciales)]
                                                                                (98/C 94/55)
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                           (Lengua de procedimiento: alemaÂn)
                 DE PRIMERA INSTANCIA
                    de 29 de enero de 1998                          En el asunto T-124/96, Interporc Im- und Export GmbH,
en el asunto T-113/96: Edouard Dubois et Fils contra                con domicilio social en Hamburgo (Alemania), represen-
Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comuni-               tada por el Sr. Georg M. Berrisch, Abogado de Hamburgo,
                      dades Europeas (1)                            que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
                                                                    del Sr. Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt, contra Comi-
(Responsabilidad extracontractual Ð Acta Única Europea              sión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. Ulrich
                 Ð Comisionista de aduanas)                         Wölker), que tiene por objeto un recurso de anulación de
                          (98/C 94/54)                              la Decisión de la Comisión, de 29 de mayo de 1996, por
                                                                    la que confirma su negativa a conceder a la demandante el
                                                                    acesso a algunos de sus documentos, el Tribunal de Pri-
              (Lengua de procedimiento: franceÂs)
                                                                    mera Instancia (Sala Tercera ampliada), integrado por el
                                                                    Sr. B. Vesterdorf, Presidente; el Sr. C. P. BrieÈt, la Sra. P.
En el asunto T-113/96, Edouard Dubois et Fils, con domi-            Lindh, el Sr. A. Potocki y el Sr. J. D. Cooke, Jueces; Secre-
cilio social en Roubaix (Francia), representada por los             tario: Sr. A. Mair, administrador, ha dictado el 6 de
Sres. Pierre Ricard y Alain Crosson du Cormier, Abogados            febrero de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho del Sr. Marc Feiler, 67, rue Ermesinde, contra
Consejo de la Unión Europea (Agentes: Sr. Guus Houttuin             1) Se anula la Decisión de la Comisión, de 29 de mayo
y Sra. Maria Cristina Giorgi) y Comisión de las Comuni-                  de 1996, por la que se deniega a la demandante el
dades Europeas (Agentes: Sres. Hendrik van Lier y Fer-                   acceso a determinados documentos que obran en
nando Castillo de la Torre), que tiene por objeto un                     poder de la Comisón.
recurso de indemnizacióÏn interpuesto con arreglo al
artículo 178 y al paÂrrafo segundo del artículo 215 del Tra-
                                                                    2) Se declara la inadmisibilidad del recurso, en la medida
tado CE, por el que se solicita que se condene a la Comu-
                                                                         en que tiene por objeto que se dicten órdenes conmina-
nidad a reparar el perjuicio supuestamente sufrido por la
                                                                         torias dirigidas a la Comisión.
demandante debido al establecimiento del mercado inte-
rior, a partir del 1 de enero de 1993, de conformidad con
el Acta Única Europea, y a la consiguiente supresión de la          3) Se condena en costas a la Comisión.
actividad de comisionista de aduanas que ejercía hasta
entonces en el territorio franceÂs, el Tribunal de Primera
                                                                    (1) DO C 318 de 26.10.1996
Instancia (Sala Quinta), integrado por los Sres. R. García-
Valdecasas, Presidente; J. Azizi y M. Jaeger, Jueces; Secre-
tario: Sr. J. Palacio GonzaÂlez, administrador, ha dictado el


title: Asunto C-498/06: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras (España) el 7 de diciembre de 2006 — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

text:
               10.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/13

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras (España) el 7 de diciembre de 2006 — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
   (Asunto C-498/06)
   (2007/C 56/23)
   Lengua de procedimiento: español
   Órgano jurisdiccional remitente
   Juzgado de lo Social Único de Algeciras
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Maira María Robledillo Núñez

      Demandada: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
   Cuestión prejudicial
   ¿Desde la perspectiva del principio general de igualdad y no discriminación, la diferencia de trato que realiza el art. 33.2 del Estatuto de los Trabajadores [ET] (en su versión actual y la inmediata anterior que ha regido hasta el 14 de junio de 2006) no está justificada objetivamente, y, por consecuencia, cabe incluir a las indemnizaciones por despido a favor del trabajador reconocidas en una conciliación extrajudicial del ámbito de aplicación de la Directiva 80/987/CEE (1), [del Consejo, de 20 de octubre de 1980] sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su Redacción operada por la Directiva 2002/74/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, siendo así que, el art. 33.1 ET, admite este tipo de conciliaciones para el abono por la institución de garantía de los salarios de tramitación que sean también consecuencia de dicho despido?

      (1)  DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219.

      (2)  DO L 270, p. 10.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 26 de abril de 2005, en el asunto C-149/04 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte Suprema di Cassazione): Ugo Fava contra Comune di Carrara («Impuesto percibido sobre el mármol extraído en el territorio de un municipio cuando es transportado fuera de los límites del territorio municipal — Artículos 92, apartado 1, y 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Inadmisibilidad parcial — Cuestión idéntica a otra sobre la que el Tribunal de Justicia ya ha resuelto»)

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/20

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 26 de abril de 2005
   en el asunto C-149/04 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte Suprema di Cassazione): Ugo Fava contra Comune di Carrara (1)

   («Impuesto percibido sobre el mármol extraído en el territorio de un municipio cuando es transportado fuera de los límites del territorio municipal - Artículos 92, apartado 1, y 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Inadmisibilidad parcial - Cuestión idéntica a otra sobre la que el Tribunal de Justicia ya ha resuelto»)
   (2005/C 182/37)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto C-149/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Corte Suprema di Cassazione, mediante resolución de 27 de octubre de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de marzo de 2004, en el procedimiento entre Ugo Fava (comisario de la quiebra de IMEG Srl) y Comune di Carrara, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. K. Lenaerts (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 26 de abril de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               La petición de decisión prejudicial es inadmisible en la medida en que se refiere a la interpretación de los artículos 81 CE, 85 CE y 86 CE.

               2)

               Un impuesto proporcional al peso de una mercancía, percibido solamente en un municipio de un Estado miembro y que grava una categoría de mercancías por el hecho de que éstas son transportadas fuera de los límites territoriales del municipio, constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la exportación en el sentido del artículo 23 CE, con independencia de que el impuesto grave también aquellas mercancías cuyo destino final se halle en el interior del Estado miembro de que se trate.

               3)

               El artículo 23 CE no puede ser invocado en apoyo de solicitudes de devolución de cantidades percibidas antes del 16 de julio de 1992 en concepto del impuesto sobre el mármol, salvo por aquellos solicitantes que, antes de la citada fecha, hayan interpuesto un recurso judicial o hayan presentado una reclamación equivalente.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto F-29/09: Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2009 — Lebedef y Jones/Comisión

text:
               6.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/21

         Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2009 — Lebedef y Jones/Comisión
   (Asunto F-29/09)
   2009/C 129/36
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburgo) y Trevor Jones (Ernzen, Luxemburgo) (representante: F. Fabretti, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Objeto y descripción del litigio

   Pretensión de anulación de la decisión por la que se deniega elevar el poder adquisitivo de las retribuciones en Luxemburgo hasta un nivel equivalente al del poder adquisitivo de las retribuciones en Bruselas y, con carácter subsidiario, pretensión de anulación de las hojas de haberes de los demandantes emitidas a partir del 15 de junio de 2008.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la decisión tácita por la que se deniega elevar el poder adquisitivo de las retribuciones en Luxemburgo hasta un nivel equivalente al del poder adquisitivo de las retribuciones en Bruselas.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anulen las hojas de haberes de los demandantes emitidas en el período que comienza el 15 de junio de 2008.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.


title: Asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2011 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesgerichtshof (Alemania) y el Tribunal de grande instance de Paris (Francia)] — eDate Advertising GmbH/X, Olivier Martinez, Robert Martinez/MGN Limited [ «Reglamento (CE) n ° 44/2001 — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Competencia “en materia delictual o cuasidelictual” — Directiva 2000/31/CE — Publicación de información en Internet — Lesión de los derechos de la personalidad — Lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso — Derecho aplicable a los servicios de la sociedad de la informaciónl» ]

text:
               17.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 370/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2011 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesgerichtshof (Alemania) y el Tribunal de grande instance de Paris (Francia)] — eDate Advertising GmbH/X, Olivier Martinez, Robert Martinez/MGN Limited
   (Asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10) (1)

   (Reglamento (CE) no 44/2001 - Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil - Competencia “en materia delictual o cuasidelictual” - Directiva 2000/31/CE - Publicación de información en Internet - Lesión de los derechos de la personalidad - Lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso - Derecho aplicable a los servicios de la sociedad de la informaciónl)
   2011/C 370/13
   Lenguas de procedimiento: alemán y francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantess: eDate Advertising GmbH, Olivier Martinez, Robert Martinez

      Demandadas: X, MGN Limited

      Objeto

   (C-509/09)
   Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1) y del artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO L 178, p. 1) — Determinación de la competencia judicial y de la ley aplicable a una acción ejercitada por vulneración de los derechos de la personalidad que pueda haberse cometido a través de la publicación de información en Internet — Criterios para determinar el «lugar donde pudiere producirse el hecho dañoso».
   (C-161/10)
   Petición de decisión prejudicial — Tribunal de grande instance de Paris — Interpretación de los artículos 2 y 5, punto 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1) — Tribunal competente para conocer de un recurso basado en una violación de la vida privada y del derecho a la imagen a raíz de la puesta en línea de informaciones y/o fotografías en un sitio de Internet difundido a partir de un servidor situado en el territorio de un Estado miembro diferente del Estado del domicilio del demandante — Determinación del lugar en el que se produjo el hecho dañoso — Pertinencia, para la determinación de dicho lugar, del número de conexiones a la página de Internet controvertida efectuadas a partir del Estado del domicilio del demandante, de la nacionalidad de éste y, en su caso, de la lengua en la que se difundió la información en cuestión.

      Fallo

               1)

               El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una lesión de los derechos de la personalidad mediante el contenido publicado en un sitio de Internet, la persona que se considera lesionada puede ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de establecimiento del emisor de esos contenidos, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra su centro de intereses. Esa persona puede también, en vez de ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado, ejercitar su acción ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio el contenido publicado en Internet sea, o haya sido, accesible. Dichos órganos son competentes únicamente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se haya acudido.

               2)

               El artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que no impone una transposición que revista la forma de norma específica de conflicto de leyes. Sin embargo, por lo que se refiere al ámbito coordinado, los Estados miembros deben garantizar que, sin perjuicio de las excepciones permitidas con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31, el prestador de un servicio de comercio electrónico no esté sujeto a requisitos más estrictos que los previstos por el Derecho material en vigor en el Estado miembro de establecimiento de dicho prestador.

      (1)  DO C 134, de 22.5.2010.

      DO C 148, de 5.6.2010.


title: Asunto C-587/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) el 12 de noviembre de 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras /Gintaras Dockevičius y Jurgita Dockevičienę

text:
               25.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 27/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) el 12 de noviembre de 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras /Gintaras Dockevičius y Jurgita Dockevičienę
   (Asunto C-587/15)
   (2016/C 027/21)
   Lengua de procedimiento: lituano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

      Recurrida: Gintaras Dockevičius y Jurgita Dockevičienė

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 2, 10, apartados 1 y 4, y 24, apartado 2, de la Directiva 2009/103, (1) los artículos 3, apartado 4, 5, apartados 1 y 4, 6, apartado 1, y 10 del Reglamento General (2) y el artículo 47 de la Carta (de forma conjunta o por separado, si bien sin limitarse a las disposiciones antes citadas) en el sentido de que cuando:

                           —

                              una oficina nacional de seguros (Oficina A) abona una indemnización al perjudicado en un accidente de tráfico en el Estado miembro de establecimiento de dicha oficina porque el nacional del otro Estado miembro responsable del daño no contaba con un seguro de responsabilidad civil;

                           —

                              en virtud de dicha indemnización, la Oficina A se subroga en los derechos del perjudicado y solicita el reembolso de los gastos soportados en relación con la liquidación del siniestro a la oficina nacional de seguros de la persona responsable (Oficina B);

                           —

                              la Oficina B, sin realizar una investigación independiente ni solicitar información adicional, accede a la solicitud de reembolso formulada por la Oficina A;

                           —

                              la Oficina B inicia un procedimiento judicial contra los demandados (la persona responsable y el titular del vehículo) para exigir que le indemnicen los gastos que ha soportado,

                     el demandante en dicho procedimiento (Oficina B) puede basar su demanda contra los demandados (la persona responsable y el titular del vehículo) exclusivamente en el hecho de que ha pagado los costes generados a la Oficina A y (el demandante) no está obligado a comprobar si concurrieron los requisitos para generar la responsabilidad civil del demandado/persona responsable (culpa, actuación ilegal, vínculo causal e importe del daño) ni a verificar que la legislación extranjera se aplicó correctamente en el momento en que se indemnizó al perjudicado?

               2)

               ¿Deben interpretarse el artículo 24, apartado 1, párrafo quinto, letra c), de la Directiva 2009/103 y el artículo 3, apartados 1 y 4, del Reglamento General (de forma conjunta o por separado, si bien sin limitarse a las disposiciones antes citadas) en el sentido de que, antes de adoptar la decisión definitiva de abonar una indemnización por el perjuicio sufrido por el perjudicado, la Oficina A debe informar de forma clara y comprensible (incluso en lo que respecta al idioma en que dicha información se facilita) a la persona responsable y al titular del vehículo (si no fuera la misma persona) sobre el hecho de que se ha iniciado un proceso de tramitación de una reclamación y otorgarle un plazo suficiente para presentar observaciones u objeciones a la decisión adoptada de abonar una indemnización o al importe de dicha indemnización?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión [es decir, que los demandados (la persona responsable y el titular del vehículo) pueden exigir al demandante (Oficina B) que aporte pruebas o pueden formular objeciones o cuestionar, entre otras cosas, las circunstancias del accidente de tráfico, la aplicación de la normativa sobre responsabilidad civil a la persona responsable, el importe de los daños y la forma de calcularlos], ¿deben interpretarse los artículos 2, 10, apartado 1, y 24, apartado 2, de la Directiva 2009/103 y el artículo 3, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento General (de forma conjunta o por separado, si bien sin limitarse a las disposiciones antes citadas) en el sentido de que, pese a que la Oficina B no solicitó a la Oficina A, antes de que ésta adoptara una decisión definitiva, que le facilitase información sobre la interpretación de la legislación aplicable en el país en el que se produjo el accidente y sobre la liquidación del siniestro, la Oficina A debe facilitar en todo caso dicha información a la Oficina B, si ésta se la solicita posteriormente, junto con cualquier otra información de la que la Oficina B precise para justificar su pretensión [de indemnización] contra los demandados (la persona responsable y el titular del vehículo)?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión (es decir, si la Oficina A está obligada a informar al responsable y al titular del vehículo sobre el procedimiento de tramitación de una reclamación y a ofrecerles la oportunidad de formular objeciones sobre su responsabilidad o el importe del daño), ¿qué consecuencias se derivarán de que la Oficina A no cumpla su obligación de información con respecto a:

                           a)

                           la obligación de la Oficina B de aceptar la solicitud de reembolso presentada por la Oficina A;

                           b)

                           la obligación de la persona responsable y del titular del vehículo de indemnizar a la Oficina B por los gastos que haya soportado?

               5)

               ¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, y 10 del Reglamento General en el sentido de que el importe que la Oficina A haya satisfecho en concepto de indemnización al perjudicado debe considerarse un riesgo no sujeto a reembolso asumido por la propia Oficina A (salvo que tal riesgo sea asumido por la Oficina B) y no una obligación pecuniaria de la otra persona involucrada en el mismo accidente de tráfico, teniendo en cuenta, sobre todo, las circunstancias del presente asunto, en el que:

                           —

                              inicialmente, el órgano de indemnización (Oficina A) rechazó la reclamación de indemnización del perjudicado;

                           —

                              por ese motivo, el perjudicado ejercitó una acción judicial de indemnización;

                           —

                              la acción interpuesta contra la Oficina A fue desestimada por los tribunales de primera instancia por ser infundada y no estar probada;

                           —

                              el perjudicado y la Oficina A llegaron a un acuerdo amistoso únicamente ante un tribunal superior, a raíz de que éste señalara que, si las partes se negaban a alcanzarlo, deberían devolverse los autos del procedimiento para que éste volviera a sustanciarse de nuevo;

                           —

                              la Oficina A justificó su decisión de celebrar un acuerdo amistoso básicamente en que ello evitaría costes adicionales derivados de un dilatado procedimiento judicial;

                           —

                              en el presente procedimiento, ningún tribunal ha declarado la responsabilidad (culpa) del demandado involucrado en el accidente de tráfico?

      (1)  Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 263, p. 1).

      (2)  Reglamento General del Consejo de Bureaux, adoptado mediante Acuerdo de 30 de mayo de 2002 entre oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de otros Estados asociados, adjunto a la Decisión de la Comisión, de 28 de julio de 2003, sobre la aplicación de la Directiva 72/166/CEE del Consejo relativa a los controles sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles (DO L 192, p. 23).


title: Asunto T-492/11: Sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2013 — «Rauscher» Consumer Products/OAMI (Representación de un tampón) [ «Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa que representa un tampón para la menstruación — Motivo de denegación absoluto — Inexistencia de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               26.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/24

         Sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2013 — «Rauscher» Consumer Products/OAMI (Representación de un tampón)
   (Asunto T-492/11) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria figurativa que representa un tampón para la menstruación - Motivo de denegación absoluto - Inexistencia de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2013/C 313/47
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante:«Rauscher» Consumer Products GmbH (Viena, Austria) (representante: M. Stütz, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Walicka, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 20 de julio de 2011 (asunto R 2168/2010-1), relativo a una solicitud de registro del signo figurativo que representa un tampón para la menstruación como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a «Rauscher» Consumer Products GmbH.

      (1)  DO C 355, de 3.12.2011.


title: Asunto C-617/12: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de noviembre de 2013 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Astrazeneca AB/Comptroller General of Patents [Medicamentos para uso humano — Certificado complementario de protección — Reglamento (CE) n ° 469/2009 — Artículo 13, apartado 1 — Concepto de «primera autorización de comercialización en la Comunidad»  — Autorización expedida por el Instituto suizo de productos terapéuticos (Swissmedic) — Reconocimiento automático en Liechtenstein — Autorización expedida por la Agencia Europea de Medicamentos — Duración de la validez de un certificado]

text:
               7.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/7

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de noviembre de 2013 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Astrazeneca AB/Comptroller General of Patents
   (Asunto C-617/12) (1)

   ([Medicamentos para uso humano - Certificado complementario de protección - Reglamento (CE) no 469/2009 - Artículo 13, apartado 1 - Concepto de «primera autorización de comercialización en la Comunidad» - Autorización expedida por el Instituto suizo de productos terapéuticos (Swissmedic) - Reconocimiento automático en Liechtenstein - Autorización expedida por la Agencia Europea de Medicamentos - Duración de la validez de un certificado])
   2014/C 102/08
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (Chancery Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Astrazeneca AB

      Demandada: Comptroller General of Patents

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court — Reino Unido — Interpretación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152, p. 1) — Concepto de primera autorización de comercialización — Autorización suiza reconocida automáticamente por Liechtenstein, pero que no ha sido concedida siguiendo el procedimiento administrativo previsto por la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.

      Fallo

   En el marco del Espacio Económico Europeo (EEE), el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que una autorización administrativa, expedida para un medicamento por el Instituto suizo de productos terapéuticos (Swissmedic) y reconocida automáticamente en Liechtenstein, debe considerarse la primera autorización de comercialización de dicho medicamento en el Espacio Económico Europeo en el sentido de esta disposición, cuando esta autorización es anterior a las autorizaciones de comercialización expedidas para este medicamento, bien por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), bien por las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea con arreglo a los requisitos que figuran en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, así como por las autoridades de la República de Islandia y el Reino de Noruega. A este respecto, el que, sobre la base de datos clínicos análogos, la Agencia Europea de Medicamentos, contrariamente a la autoridad suiza, denegara la expedición de una autorización de comercialización para este mismo medicamento tras el examen de estos mismos datos clínicos, o incluso el que la autorización suiza fuera suspendida por el Instituto suizo de productos terapéuticos y que la suspensión no hubiera sido levantada por éste hasta que el titular de la autorización le presentó datos adicionales, carece de pertinencia.

      (1)  DO C 86, de 23.3.2013.


title: Asunto C-453/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de enero de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Voralberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer/Landeshauptmann von Vorarlberg [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n° 883/2004 — Artículo 5 — Concepto de «prestaciones equivalentes» — Asimilación de las prestaciones de vejez de dos Estados miembros del Espacio Económico Europeo — Normativa nacional que para el cálculo del importe de las cotizaciones sociales tiene en cuenta las prestaciones de vejez percibidas en otros Estados miembros]

text:
               14.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de enero de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Voralberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer/Landeshauptmann von Vorarlberg
   (Asunto C-453/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE) no 883/2004 - Artículo 5 - Concepto de «prestaciones equivalentes» - Asimilación de las prestaciones de vejez de dos Estados miembros del Espacio Económico Europeo - Normativa nacional que para el cálculo del importe de las cotizaciones sociales tiene en cuenta las prestaciones de vejez percibidas en otros Estados miembros])
   (2016/C 098/15)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Voralberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

      Demandada: Landeshauptmann von Vorarlberg

      En el que participa: Rudolf Mathis

      Fallo

   El artículo 5, letra a), del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que, en unas circunstancias como las que se examinan en el litigio principal, las prestaciones de vejez abonadas por un régimen profesional de pensiones de un Estado miembro y las abonadas por un régimen legal de pensiones de otro Estado miembro, estando ambos regímenes comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, constituyen prestaciones equivalentes a efectos de esa disposición, dado que ambos tipos de prestaciones persiguen un mismo objetivo, el de permitir que sus beneficiarios mantengan un nivel de vida acorde con el nivel de que disfrutaban antes de su jubilación.

      (1)  DO C 462 de 22.12.2014.


title: Asunto C-246/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 10 de mayo de 2017 — Ibrahima Diallo/Estado belga

text:
               17.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 231/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 10 de mayo de 2017 — Ibrahima Diallo/Estado belga
   (Asunto C-246/17)
   (2017/C 231/24)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Ibrahima Diallo

      Recurrida: Estado belga

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (1) en el sentido de que exige que la decisión relativa al reconocimiento del derecho de residencia se adopte y se notifique en el plazo de seis meses, o bien en el sentido de que permite que la decisión se adopte en dicho plazo y se notifique posteriormente? En el supuesto de que la decisión antes mencionada pueda notificarse posteriormente, ¿en qué plazo ha de hacerse la notificación?

               2)

               ¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, en relación con el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2003/86/CE, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (2) y con los artículos 7, 20, 21 y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que basta con que la decisión adoptada con ese fundamento legal se tome en el plazo de seis meses que establece, sin que exista ningún plazo para su notificación, ni se prevea repercusión alguna en el derecho de residencia para el supuesto de que la notificación se efectúe fuera de plazo?

               3)

               A efectos de garantizar la efectividad del derecho de residencia de un familiar de un ciudadano de la Unión, ¿se opone el principio de efectividad a que la autoridad nacional recupere, como consecuencia de la anulación de una decisión relativa al derecho antes citado, la totalidad del plazo de seis meses de que disponía con arreglo al artículo 10, apartado 1 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué plazo dispone todavía la autoridad nacional tras anularse su decisión de denegar el reconocimiento del derecho de que se trata?

               4)

               ¿Son compatibles los artículos 5, 10 y 31 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, en relación con los artículos 8 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, los artículos 7, 24, 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con una jurisprudencia y con unas disposiciones nacionales, tales como los artículos 39/2, apartado 2, 40, 40 bis, 42 y 43 de la Ley de 15 de diciembre de 1980, y el artículo 52, apartado 4 del Real Decreto de 8 de octubre de 1981, sobre la entrada en territorio belga, la estancia, la residencia permanente y la expulsión de extranjeros, cuya aplicación conduce a que una sentencia que anule una decisión de denegación de residencia basada en las disposiciones mencionadas, pronunciada por el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del contencioso de extranjería), interrumpa y no suspenda el plazo de obligado cumplimiento de seis meses establecido en el artículo 10 de la Directiva 2004/38/CE, en el artículo 42 de la Ley de 15 de diciembre de 1980 y en el artículo 52 del Real Decreto de 8 de octubre de 1981?

               5)

               ¿Exige la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que el incumplimiento del plazo de seis meses establecido en su artículo 10, apartado 1, lleve aparejada alguna consecuencia? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál ha de ser dicha consecuencia? ¿Exige o permite esa misma Directiva 2004/38/CE que la consecuencia que lleve aparejada el incumplimiento de dicho plazo sea la concesión automática de la tarjeta de residencia solicitada sin haber comprobado si el solicitante reúne efectivamente los requisitos exigidos para poder beneficiarse del derecho de residencia que reclama?

      (1)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77).

      (2)  DO L 251, p. 12.


title: Asunto C-44/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Finlandia) el 8 de febrero de 2008 — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry y otros/Fujitsu Siemens Computers Oy

text:
               26.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 107/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Finlandia) el 8 de febrero de 2008 — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry y otros/Fujitsu Siemens Computers Oy
   (Asunto C-44/08)
   (2008/C 107/20)
   Lengua de procedimiento: finés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Korkein oikeus
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry, Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry, Uusi Insinööriliitto UIL ry (anteriormente, Insinööriliitto IL ry), Metallityöväen Liitto ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry, Suomen Ekonomiliitto — Finlands Ekonomförbund SEFE ry, Ammattiliitto SUORA ry, Suomen Valtiotieteilijöitten Liitto SVAL ry -Statsvetarnas Förbund i Finland rf, Sähköalojen Ammattiliitto ry, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Toimihenkilöunioni TU ry

      Demandada: Fujitsu Siemens Computers Oy
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE (1) en el sentido de que la obligación de iniciar las consultas «en tiempo hábil» cuando el empresario «tenga la intención de efectuar despidos colectivos» exige que las consultas se inicien cuando de las decisiones estratégicas o de los cambios de la actividad empresarial se desprenda la necesidad de efectuar despidos colectivos, o debe interpretarse esta disposición en el sentido de que la obligación de llevar a cabo consultas surge ya en el momento en que el empresario tenga la intención de adoptar tales medidas o realizar tales cambios de la actividad empresarial, como modificar la capacidad productiva o concentrar la producción, de los que quepa esperar que resulte necesario efectuar despidos colectivos?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva, tomando en consideración la referencia hecha en el artículo 2, apartado 3, primer párrafo, de la Directiva a la obligación de proporcionar durante el transcurso de las consultas y en tiempo hábil toda la información, en el sentido de que la obligación de iniciar consultas «en tiempo hábil» cuando se «tenga la intención» de efectuar despidos colectivos exige que las consultas se inicien ya antes de que los proyectos del empresario estén lo suficientemente consolidados como para que el empresario pueda concretar las informaciones enumeradas en el artículo 2, apartado 3, letra b), y comunicarlas a los trabajadores?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva, en relación con el artículo 2, apartado 4, de la misma, en el sentido de que, en caso de que el empresario sea una empresa sobre la que otra empresa ejerce su control, la obligación del empresario de realizar consultas con los representantes de los trabajadores nace cuando o bien el empresario o bien la sociedad matriz que ejerce su control sobre él tenga la intención de efectuar un despido colectivo de trabajadores contratados por el empresario?

               4)

               Tratándose de consultas en una empresa filial perteneciente al consorcio, y debiéndose apreciar, observando lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, de la Directiva, la obligación recogida en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva de comenzar con las consultas «en tiempo hábil» en caso de que se tenga la «intención» de efectuar un despido colectivo, ¿nace ya la obligación de iniciar las consultas cuando los directivos del consorcio o de la sociedad matriz tengan la intención de efectuar un despido colectivo pero este proyecto aún no se haya concretado respecto a los trabajadores de una filial determinada, o esta obligación de iniciar las consultas en la filial sólo nace en la fase en la que los directivos del consorcio o de la sociedad matriz tengan la intención expresa de efectuar el despido colectivo en la filial afectada?

               5)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva, cuando el empresario es una empresa (una filial que pertenece al consorcio) sobre la cual otra empresa (la sociedad matriz o los directivos del consorcio) ejerce el control en los términos del artículo 2, apartado 4, de la Directiva, en el sentido de que el procedimiento de consultas previsto debe haber concluido antes de que la sociedad matriz o los directivos del consorcio tomen una decisión sobre los despidos colectivos que debe efectuar la empresa filial?

               6)

               En caso de que la Directiva deba interpretarse en el sentido de que el procedimiento de consultas que debe realizarse en la sociedad filial debe haber concluido antes de que la sociedad matriz o los directivos del consorcio tomen una decisión que conduzca a la adopción de despidos colectivos, ¿debe entenderse a este respecto que sólo es importante una decisión cuya consecuencia inmediata sean los despidos colectivos en la empresa filial, o el procedimiento de consultas ya debe haber concluido antes de que la sociedad matriz o los directivos del consorcio tomen una decisión empresarial o estratégica sobre cuya base es probable que se produzcan despidos colectivos en la empresa filial, pero aún no es definitivamente seguro?

      (1)  Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 225, p. 16).


title: Archivo del asunto T-219/94

text:
8.4.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 102/31
— Nulidad de la Decisión de creación y del Reglamento                                Archivo del asunto T-219/94 (1)
     Los demandantes interponen, con arreglo al artı́culo 241
                                                                                (2000/C 102/62)
     CE, un recurso de nulidad contra los actos jurı́dicos en los
     que se basa la Decisión impugnada. Son nulos tanto la
     Decisión de creación de la Comisión respecto de la OLAF,
     de 28 de abril de 1999, (1) como el Reglamento (CE)                                (Lengua de procedimiento: alemán)
     no 1073/1999 del Parlamento y del Consejo, de 25 de
     mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas             Mediante auto de 27 de enero de 2000, el Presidente de la Sala
     por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (2).               Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                         Comunidades Europeas ha decidido archivar el asun-
La Comisión basó al Decisión de creación en el artı́culo 162         to T-219/94, Hans-Hinrich Fürstenwerth contra Consejo de la
del Tratado CE (actualmente, artı́culo 218 CE), por tanto, en            Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.
una disposición destinada a regular la facultad de organización
interna, es decir el Reglamento. Con base en tal disposición
no se puede crear ninguna Agencia que, en realidad, está                (1) DO C 218 de 6.8.94.
jurı́dicamente separada de la facultad de organización de la
Comisión.
Mediante la Decisión de creación, además, la Comisión se
desprendió indebidamente de parte de sus facultades de control
que posee con arreglo al artı́culo 211 CE. También transfirió a
la OLAF competencias que no posee.
                                                                                Archivo del asunto T-206/95 (1)
Por último, el Reglamento en que se basa la Decisión se apoya
en una base jurı́dica insuficiente, pues el artı́culo 280 CE tan                                 (2000/C 102/63)
sólo se refiere a la lucha contra el fraude en los Estados
miembros. En consecuencia, no se incluyen los órganos
comunitarios. Además, la función de investigación de la OLAF                         (Lengua de procedimiento: alemán)
excede las dimensiones necesarias para la investigación de
delitos en el Parlamento.                                                Mediante auto de 27 de enero de 2000, el Presidente de la Sala
                                                                         Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
(1) DO 1999, L 136, p. 20.                                               Europeas ha decidido archivar el asunto T-206/95, Josef Gierse
(2) DO 1999, L 136, p. 1.                                                contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las
                                                                         Comunidades Europeas.
                                                                         (1) DO C 351 de 30.12.95.
Archivo parcial de los asuntos acumulados T-530/93 y
                              otros (1)
                         (2000/C 102/61)
                                                                                Archivo del asunto T-15/98 (1)
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                                (2000/C 102/64)
Mediante auto de 24 de enero de 2000, el Presidente de la Sala
Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas ha decidido suprimir los nombres de                                 (Lengua de procedimiento: francés)
los demandantes M.A.M. Nijenhuis y J.I.M. y W. Spikker de la
lista de demandantes en el asunto T-533/93 — asuntos                     Mediante auto de 19 de enero de 2000, el Presidente de la Sala
acumulados T-530/93 y otros, R. Bathoorn y otros contra                  Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades              Europeas ha decidido archivar el asunto T-15/98 — Centre
Europeas.                                                                d’Action Culturelle du Sart-Tilman ASBL contra Comisión de
                                                                         las Comunidades Europeas.
(1) DO C 334 de 9.12.93, C. 27 de 28.1.94, C 43 de 12.2.94, C 59
    de 26.2.94, C 90 de 26.3.94, C 103 de 11.4.94, C 120 de 30.4.94,
    C 132 de 14.5.94, C 233 de 20.8.94 y C 370 de 24.12.94.              (1) DO C 94 de 28.3.98.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de septiembre de 1999 en el asunto C-355/97 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Landesgrundverkehrsreferent der Tiroler Landesregierung contra Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH, Bergdorf Wohnbau GmbH («Artículo 70 del Acta de adhesión de Austria - Residencias secundarias - Procedimiento de adquisición de bienes inmuebles en Tirol - Concepto de «legislación vigente»»)

text:
C 352/2                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            4.12.1999
Directiva en materia de armonización de las legislaciones de               Europea (DO 1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1, p. 1), el
los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el                     Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado par los Sres.:
volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el                  J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala; J.C. Moitinho de
Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE                 Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward y M. Wathelet, Jueces;
09/01, p. 54), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:            Abogado General: Sr. A. La Pergola; Secretario: Sr. R. Grass, ha
G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch             dictado el 7 de septiembre de 1999 una sentencia cuyo fallo
(Ponente) y P. Jann, Presidentes de Sala; J.C. Moitinho de                  es el siguiente:
Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm y
R. Schintgen, Jueces; Abogado General: Sr. G. Cosmas; Secreta-              El concepto de legislación vigente, a efectos del artı́culo 70 del Acta
ria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 7 de septiem-           relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de
bre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                       la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones
                                                                            de los Tratados en los que se basa la Unión Europea, incluye
El artı́culo 13, A, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del              disposiciones adoptadas con posterioridad a la fecha de adhesión y
Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de               que, esencialmente, sean idénticas a la legislación en vigor en aquella
armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a      fecha o que se limiten a reducir o suprimir un obstáculo al ejercicio
los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del             de los derechos y de las libertades comunitarias que figurase en dicha
Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, debe             legislación.
interpretarse en el sentido de que las expresiones «otros establecimien-
tos de la misma naturaleza legalmente reconocidos» y «otros                 (1) DO C 370 de 6.12.1997.
organismos a los que el Estado miembro de que se trate reconozca su
carácter social», utilizadas respectivamente en las letras b) y g) de
dicha disposición, no excluyen del ámbito de aplicación de la exención
a las personas fı́sicas que explotan una empresa.
(1) DO C 228 de 26.7.1997.                                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
                                                                                de 7 de septiembre de 1999
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                en el asunto C-61/98 (petición de decisión prejudicial
                                                                            planteada por la Tariefcommissie): De Haan Beheer BV
                             (Sala Quinta)                                  contra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te
                                                                                Rotterdam (1)
                    de 7 de septiembre de 1999
                                                                            («Derechos de aduana — Tránsito externo — Fraude —
en el asunto C-355/97 (petición de decisión prejudicial                          Nacimiento y recaudación de la deuda aduanera»)
planteada por el Oberster Gerichtshof): Landesgrundver-
kehrsreferent der Tiroler Landesregierung contra Beck                                                   (1999/C 352/04)
Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH, Bergdorf
                          Wohnbau GmbH (1)                                                   (Lengua de procedimiento: neerlandés)
(«Artı́culo 70 del Acta de adhesión de Austria — Residencias
secundarias — Procedimiento de adquisición de bienes                       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
  inmuebles en Tirol — Concepto de “legislación vigente”»)                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            En el asunto C-61/98, que tiene por objeto una petición
                           (1999/C 352/03)
                                                                            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                            Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por la Tariefcom-
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                       missie (Paı́ses Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente
                                                                            ante dicho órgano jurisdiccional entre De Haan Beheer BV e
                                                                            Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     una decisión prejudicial sobre la interpretación del Derecho
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        comunitario relativo al nacimiento y a la recaudación de una
                                                                            deuda aduanera, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado
En el asunto C-355/97, que tiene por objeto una petición                   por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de Sala; J.C. Moitinho
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          de Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward y M. Wathelet
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Oberster                 (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria:
Gerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el litigio pen-              Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 7 de
diente ante dicho órgano jurisdiccional entre Landesgrundver-              septiembre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
kehrsreferent der Tiroler Landesregierung y Beck Liegen-
schaftsverwaltungsgesellschaft mbH, Bergdorf Wohnbau                        1) El Derecho comunitario no impone a las autoridades aduaneras,
GmbH, en liquidación, con la participación de: Karl Hacker,                    que estén informadas de la posible comisión de un fraude en el
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 70              marco del régimen de tránsito externo, ninguna obligación de
del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República                advertir al obligado principal que, a causa de ese fraude, podrı́a
de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia                  adeudar derechos de aduana, a pesar de haber actuado de buena
y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión                fe.


title: Asunto C-180/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság) — Hungría] — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft (Directiva 2004/48/CE — Reglas que rigen el examen de las pruebas en un litigio ante el juez nacional que conoce de un recurso de anulación de la protección de un modelo de utilidad — Facultades del juez nacional — Convenio de París — Acuerdo ADPIC)

text:
               12.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság) — Hungría] — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft
   (Asunto C-180/11) (1)

   (Directiva 2004/48/CE - Reglas que rigen el examen de las pruebas en un litigio ante el juez nacional que conoce de un recurso de anulación de la protección de un modelo de utilidad - Facultades del juez nacional - Convenio de París - Acuerdo ADPIC)
   2013/C 9/19
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Bericap Záródástechnikai bt

      Demandada: Plastinnova 2000 kft

      con intervención de: Magyar Szabadalmi Hivatal

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Fővárosi Bíróság — Interpretación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que figura como anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, y de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45) — Reglas de apreciación de las pruebas en un litigio ante el juez nacional que conoce de un recurso de anulación de un modelo de utilidad — Facultades del juez nacional.

      Fallo

   Puesto que las disposiciones de los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, interpretados en relación con los artículos 2, apartado 1, del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, y 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que figura en el Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), no son aplicables a un procedimiento de invalidación, como el controvertido en el litigio principal, no puede considerarse que estas disposiciones se opongan a que, en tal procedimiento jurisdiccional, el juez:

               —

               no esté vinculado por las pretensiones y demás declaraciones de las partes y pueda ordenar de oficio la presentación de pruebas que estime necesarias;

               —

               no esté vinculado ni por una resolución administrativa pronunciada en relación con una solicitud de invalidación ni por los hechos que se declaran en aquélla, y

               —

               no pueda examinar de nuevo pruebas que ya fueron presentadas con ocasión de una solicitud de invalidación anterior.

      (1)  DO C 232, de 6.8.2011.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 28 de abril de 2004, en el asunto C-3/03 P: Matratzen Concord GmbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) («Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n° 40/94 — Similitud entre dos marcas — Riesgo de confusión — Solicitud de marca comunitaria gráfica que contiene el vocablo “Matratzen” — Marca denominativa anterior Matratzen»)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/28

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 28 de abril de 2004
   en el asunto C-3/03 P: Matratzen Concord GmbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   («Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Similitud entre dos marcas - Riesgo de confusión - Solicitud de marca comunitaria gráfica que contiene el vocablo “Matratzen” - Marca denominativa anterior Matratzen»)
   (2004/C 118/49)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-3/03 P, Matratzen Concord GmbH, antes denominada Matratzen Concord AG, con domicilio social en Colonia (Alemania), (abogado: Sr. W.-W. Wodrich), que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (Matratzen) (T-6/01, Rec. p. II-4335), por el que se solicita que se anule dicha sentencia, por la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso promovido contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 31 de octubre de 2000, por la que se deniega el registro de una marca figurativa como marca comunitaria (asuntos acumulados R 728/1999-2 y R 792/1999-2), y en el que la otra parte en el procedimiento es: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), (agentes: Sres. A. von Mühlendahl y G. Schneider), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, la Sra. F. Macken (Ponente), y el Sr. K. Lenaerts, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 28 de abril de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la recurrente.

      (1)  DO C 70 de 22.3.2003.


title: Asunto F-127/05: Auto del Tribunal de la Función Pública de 19 de junio de 2006 — Nanbru/Parlamento

text:
               12.8.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/38

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 19 de junio de 2006 — Nanbru/Parlamento
   (Asunto F-127/05) (1)

   (2006/C 190/73)

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto, después de haberse llegado a una solución amistosa del litigio.

      (1)  DO C 60, de 11.3.2006.


title: Asunto C-128/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL [Procedimiento prejudicial — Agricultura — Reglamento (CEE) n ° 3665/87 — Artículos 4, apartado 1, y 13 — Reglamento (CEE) n ° 2220/85 — Artículo 19, apartado 1, letra a) — Restituciones a la exportación — Anticipo de la restitución — Requisitos de liberación de la garantía constituida para asegurar el rembolso del anticipo]

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
   (Asunto C-128/13) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Agricultura - Reglamento (CEE) no 3665/87 - Artículos 4, apartado 1, y 13 - Reglamento (CEE) no 2220/85 - Artículo 19, apartado 1, letra a) - Restituciones a la exportación - Anticipo de la restitución - Requisitos de liberación de la garantía constituida para asegurar el rembolso del anticipo])
   (2015/C 046/04)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal da Relação de Lisboa

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Cruz & Companhia Lda

      Demandadas: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL

      Fallo

   El artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3403/93 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1993, debe interpretarse en el sentido de que la garantía prestada por un exportador para asegurar el rembolso del anticipo percibido a cuenta de la restitución a la exportación no debe considerarse extinguida aunque se demuestre que el exportador ha presentado los documentos relativos a la aceptación de la declaración de exportación, la prueba de que los productos han salido del territorio aduanero de la Unión en un plazo máximo de sesenta días desde dicha aceptación, así como la prueba del despacho en aduana de tales productos en el país tercero importador, si no concurren los demás requisitos para la concesión de la restitución, en particular el requisito de la calidad sana, cabal y comercial de los productos exportados, previsto en el artículo 13 del Reglamento no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1829/94 de la Comisión, de 26 de julio de 1994.

      (1)  DO C 171, de 15.6.2013.


title: AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 12 de mayo de 1997 en el asunto T-561/93 (92): Tiercé Ladbroke SA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Tasación de costas)

text:
12 . 7 . 97            ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 212/27
     decisión de 27 de junio de 1995, por la que se deses             AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
     tima la reclamación de 6 de abril de 1995, y, por otro                            de 15 de mayo de 1997
     lado, del dictamen de la Comisión de invalidez de 13
     de septiembre de 1 994.                                       en el asunto T-175/96, Georges Berthu contra Comisión
                                                                                de las Comunidades Europeas ( 1 )
                                                                   (Política económica y monetaria — Propuesta de la Comi
2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.                      sión — Recurso de anulación — Sustitución de la denomi
                                                                   nación «ecu» prevista en el artículo 109 G del Tratado
                                                                   CE por la denominación «euro» — Inadmisibilidad
3 ) Cada parte cargará con sus propias costas.                                                   manifiesta)
                                                                                ( 97/C 212/53 )
(') DO n° C 333 de 9 . 12 . 1995 .
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                   En el asunto T-175/96, Georges Berthu, diputado del Par
                                                                   lamento Europeo de las Comunidades Europeas, represen
                                                                   tado por el Sr. Alexandre Varaut, Abogado de París, con
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                          tra Comisión de las Comunidades Europeas (Agente : Sr.
                                                                   Ulrich Wölker ), que tiene por objeto la anulación de la
                   de 12 de mayo de 1997                           « decisión » de la Comisión contenida en una propuesta de
en el asunto T-561/93 ( 92 ): Tiercé Ladbroke SA contra            Reglamento, sometida al Consejo el 16 de octubre de
          Comisión de las Comunidades Europeas ( ] )               1996 , sobre determinadas disposiciones relativas a la
                                                                   introducción del euro [COM(96 ) 499 final], el Tribunal de
                     (Tasación de costas)                          Primera Instancia ( Sala Segunda ), integrado por los Sres .
                                                                   C. W. Bellamy, Presidente; A. Kalogeropoulos y J. Azizi,
                         ( 97/C 212/52 )                           Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 15 de mayo
                                                                   de 1997 un auto resolviendo lo siguiente:
              (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                   1 ) Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso .
En el asunto T-561/93 ( 92), Tiercé Ladbroke SA, con               2 ) Se condena en costas al demandante.
domicilio en Bruselas, representada por los Sres. Jeremy
Lever, « QC », y Christopher Vajda, « Barrister », Abogado         (') DO n° C 9 de 11 . 1 . 1997 .
de Inglaterra y del País de Gales, y por el Sr. Stephan Kon,
« Solicitor » de Londres, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho de los Sres. Winandy y Err, 60,
avenue Gaston Diderich, contra Comisión de las Comuni
dades Europeas (Agentes: Sres. Francisco Enrique Gonzá
lez Díaz y Richard Lyal ) apoyada por Pari mutuel unifié           Recurso interpuesto el 28 de marzo de 1997 por Starway
belge, con domicilio en Bruselas, Société coopérative auxi                  SA contra el Consejo de la Unión Europea
liaire PMU belge, con domicilio en Bruselas, representadas
por el Sr. Thomas Delahaye, Abogado ante la Cour de                                        (Asunto T-80/97)
Cassation de Bélgica, que designan como domicilio en                                          ( 97/C 212/54 )
Luxemburgo el despacho del Sr. Charles Turk, 13 B, ave
nue Guillaume, que tiene por objeto una solicitud de tasa                      (Lengua de procedimiento: francés)
ción de las costas que debe reembolsar la parte deman
dante a las partes coadyuvantes como consecuencia del              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
auto de archivo del Presidente de la Sala Segunda
                                                                   Europeas se ha presentado el 28 de marzo de 1997 un
ampliada de 6 de octubre de 1995 , dictado en el asunto
                                                                   recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado
T-561/93 , el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ),
                                                                   por Starway SA, con domicilio social en Luynes ( Francia ),
integrado por los Sres . C. W. Bellamy, Presidente; A. Kalo
geropoulos y J. Azizi, Jueces; Secretario : Sr. H. Jung, ha        representada por los Sres . Jean-Frangois Bellis y Philippe
                                                                   De Baere, Abogados de Bruselas, que designa como domi
dictado el 12 de mayo de 1997 un auto resolviendo lo
                                                                   cilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Freddy Brausch,
siguiente:                                                         11 , rué Goethe .
El importe total de las costas que debe reembolsar la parte        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
demandante a las partes coadyuvantes se fija en 170 000            tancia que :
francos belgas.
                                                                   — declare la nulidad del artículo 2 del Reglamento ( CE)
H DO n° C 334 de 9 . 12 . 1993 .                                        n° 71 /97 del Consejo en la medida en que se aplica a
                                                                        la demandante,
                                                                   — condene en costas a la parte demandada.


title: Recurso interpuesto el 24 de febrero de 1995 contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Reinhard Lassek (Asunto T-67/95)

text:
13 . 5 . 95          LIS                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N0 C 119/25
       2 ) porque la Decisión de 23 de septiembre de 1993 de           Michael Esser-Wellié, Abogados de Düsseldorf, que designa
           concluir el procedimiento contra doce empresas              como domicilio en Luxemburgo el despacho Bonn &
           alemanas y seis empresas españolas carece total            Schmitt, 62, Avenue Guillaume .
           mente de motivación .
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
IV. Con carácter subsidiario, la demandante mantiene que               Instancia que:
       la multa impuesta debería reducirse, por infringir el
       apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n0 17/62 en           — Anule la Decisión de la Comisión de 30 de noviembre de
       lo que se refiere :                                                 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del
                                                                           artículo 85 del Tratado CE ( asuntos IV/33.126 y 33.322
       1 ) a la determinación de la duración y de la gravedad              — Cemento ), notificada a la demandante el 3 de febrero
           de la infracción, y                                             de 1 995 , en la medida en que a ésta se refiere .
       2 ) al cálculo del importe de la multa .                        — Con carácter subsidiario :
f 1 ) DO n0 L 343 de 30 . 12 . 1994 , p . 1 .                              Reduzca la multa impuesta a la demandante a un
                                                                           importe determinado con arreglo al criterio del Tribu
                                                                           nal .
                                                                       — Condene en costas a la demandada .
   Recurso interpuesto el 24 de febrero de 1995 contra el
      Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las
                                                                       Motivos y principales alegaciones
      Comunidades Europeas por el Sr. Reinhard Lassek
                        (Asunto T-67/95 )                               I. La demandante alega la violación del Derecho formal
                           ( 95/C 119/48 )                                  1 ) La demandada ha infringido normas esenciales del
                                                                                procedimiento en la medida en que sólo ha permi
              (Lengua de procedimiento: alemân)                                  tido a la demandante examinar tan sólo parcial
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                           mente el expediente durante el procedimiento admi
Europeas se ha presentado el 24 de febrero de 1995 un                            nistrativo, denegándoselo en absoluto tras la adop
recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la                               ción de la Decisión, y ha basado su Decisión en
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por                               documentos de los que la demandante no tenía
Reinhard Lassek con domicilio en Grefrath-Mülhausen                              conocimiento. No ha traducido documentos proba
( República Federal de Alemania ), representado por el Dr.                       torios redactados en lenguas extranjeras.
Lukanow, Abogado de Euskirchen, que designa como                            2 ) La demandada ha ignorado los requisitos de la
domicilio en Luxemburgo el despacho de Abogados                                  prueba en Derecho comunitario y ha efectuado
Dupong & Associés, 14a, rue des Bains .                                          comprobaciones fácticas relativas a grupos de
                                                                                acciones y períodos que no están sustentadas por
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                              pruebas o, en cualquier caso, tan sólo por pruebas
Instancia que:                                                                   insuficientes .
— Condene a las partes demandadas a abonar a la parte                       3 ) La demandada ha motivado la Decisión de manera
      demandante una indemnización por el período corres                        incompleta y contradictoria y la ha basado en
      pondiente a cinco campañas lecheras, a partir del 1 de                     afirmaciones inmotivadas e ininteligibles .
      abril de 1988 , por importe de 46 412,01 marcos
      alemanes, incrementada en los intereses devengados al                 4 ) La multa se ha evaluado erróneamente, porque la
      8% a partir del 1 de julio de 1985 .                                       demandada toma arbitrariamente como base una
                                                                                infracción particularmente grave, presume una
Motivos y principales alegaciones                                                duración excesiva para la supuesta infracción y basa
Son similares a los formulados en el asunto T-20/94 .                            la multa en una cifra de negocios y un período de
                                                                                referencia erróneos .
                                                                                Al cometer estas infracciones, la Comisión ha
                                                                                vulnerado el principio de igualdad en el procedi
Recurso interpuesto el 25 de febrero de 1995 contra la                           miento, el derecho a ser oído, así como el principio
Comisión de las Comunidades Europeas por Holderbank                              del procedimiento justo.
              Financière Glarus Aktiengesellschaft
                                                                       II. La demandante alega la violación del Derecho mate
                       (Asunto T-68/95 )                                    rial
                           ( 95/C 119/49
                                                                            1 ) a ) La demandante niega las imputaciones de la
              (Lengua de procedimiento: alemân)                                      demandada sobre la European Task Force y su
                                                                                incompatibilidad con el apartado 1 del artícu
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                               lo 85 del Tratado CE. En particular, la deman
Europeas se ha presentado el 25 de febrero de 1995 un                                dante niega la suposición de la demandada,
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                               según la cual la European Task Force ha
formulado por la sociedad Holderbank Financière Glarus                               permanecido activa hasta la actualidad . Es más,
Aktiengesellschaft, con domicilio social en Joña ( Suiza ),                          ésta puso término a su actividad a finales de
representada por los Doctores Cornelis Canenbley y                                   mayo de 1987.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 23 de febrero de 1995 en el asunto C-349/93: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana (Ayudas de Estado - Decisión de la Comisión por la que se ordena la restitución - Incumplimiento)

text:
 N° C 87/2             ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        8 . 4 . 95
 en particular del Protocolo n° 3 anejo a éste, relativo a la           la ayuda concedida por el Gobierno italiano a Aluminia y
 definición de la noción de « productos originarios » y a los           Comsal, dos empresas públicas de la industria del alumi
métodos de cooperación administrativa, el Tribunal de                   nio (2), al dejar de exigir el reembolso de las ayudas
Justicia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres .: C. Gulmann,         indebidamente pagadas en 1987 a la sociedad Aluminia y a
Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida y D.A.O.                   la sociedad Comsal, pertenecientes al grupo EFIM, el
 Edward ( Ponente ), Jueces; Abogado General : Sr. C.O. Lenz;          Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres .:
 Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; ha                F.A. Schockweiler (Ponente ), Presidente de Sala; G.F.
 dictado el 23 de febrero de 1995 una sentencia cuyo fallo es          Mancini, C.N. Kakouris y J.L. Murray, y G. Hirsch, Jueces;
el siguiente:                                                          Abogado General : Sr. F.G. Jacobs; Secretario : Sr. R. Grass,
                                                                       ha dictado el 9 de febrero de 1995 una sentencia cuyo fallo
                                                                       es el siguiente :
Es posible prescindir de la presentación de los documentos
mencionados en el Título II del Protocolo del Acuerdo entre
la Comunidad Económica Europea y la República de                        1 ) Se declara que la República Italiana ha incumplido las
Austria, en su redacción resultante del Reglamento (CEE)                     obligaciones que le incumben en virtud del Tra
n° 1598/88 del Consejo, de 14 de mayo de 1 988, relativo a la                tado CEE y, en particular, de la Decisión 90/224/CEE
aplicación de la Decisión n° 1 /88 del Comité Mixto                         de la Comisión, de 24 de mayo de 1 989, sobre la ayuda
 CEE-Austria que modifica el Protocolo n° 3 relativo a la                    concedida por el Gobierno italiano a Aluminia y
definición de la noción de «productos originarios » y a los                  Comsal, dos empresas públicas de la industria del
métodos de cooperación administrativa, cuando el origen de                  aluminio (2), al dejar de exigir el reembolso de las ayudas
las mercancías se haya determinado con certeza mediante                     indebidamente pagadas en 1987 y la sociedad Aluminia
pruebas objetivas, que no puedan haber sido manipuladas ni                  y a la sociedad Comsal, pertenecientes al grupo
falsificadas por los interesados, se haya comprobado que                    EFIM.
tanto el importador como el exportador han empleado la
diligencia necesaria para conseguir los documentos mencio
nados en el Protocolo y no puedan presentar estos docu                2 ) Se condena en costas a la República Italiana.
mentos por razones que les son ajenas, como, especialmente,
un comportamiento contrario a la competencia por parte de              (!) DO n° C 231 de 27. 8 . 1993 .
otras personas interesadas, que infringe tanto la finalidad            (2 ) DO n° L 118 de 9 . 5 . 1990 , p . 42 .
como el texto del Acuerdo.
(M DO n° C 215 de 10 . 8 . 1993 .
(2 ) DO n° L 300 de 31 . 12 . 1972, p . 1 ; EE 11 /03 , p . 3 .
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                de 23 de febrero de 1995
                                                                       en los asuntos acumulados C-358/93 y C-416/93 (peticio
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                  nes de decisión prejudicial presentadas por el Juzgado
                                                                       Central de lo Penal de la Audiencia Nacional): Aldo
                            ( Sala Sexta)                              Bordessa y Vicente Mari Mellado, Concepción Barbero
                   de 23 de febrero de 1995                                                         Maestre (*)
en el asunto C-349/93 : Comisión de las Comunidades                    (Directiva 88/361/CEE — Autorización nacional para la
            Europeas contra República Italiana í 1 )                                 transferencia de billetes de banco)
(Ayudas de Estado — Decisión de la Comisión por la que se                                         ( 95/C 87/04
          ordena la restitución — Incumplimiento)
                          ( 95/C 87/03 )                                            (Lengua de procedimiento: español)
             (Lengua de procedimiento: italiano)                       En los asuntos acumulados C-358/93 y C-416/93 , que
                                                                       tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi           Justicia de las Comunidades Europeas, con arreglo al
cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal             artículo 177 del Tratado CEE, por el Juzgado Central de lo
      de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia»)                Penal de la Audiencia Nacional, en los procesos penales
                                                                       seguidos ante dicho órgano jurisdiccional contra Aldo
                                                                       Bordessa (asunto C-358/93 ) y Vicente Mari Mellado,
En el asunto C-349/93 , Comisión de las Comunidades                    Concepción Barbero Maestre (asunto C-416/93 ), con el fin
Europeas (Agentes: Sres. Antonino Abate y Vittorio Di                  de obtener una decisión prejudicial sobre la interpretación
Bucci ) contra República Italiana (Agente : Sr. Luigi Ferrari          de los artículos 30 y 59 del Tratado CEE, así como de los
Bravo ) que tiene por objeto que se declare que la República           artículos 1 y 4 de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de
Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en             24 de junio de 1988 , para la aplicación del artículo 67 del
virtud del Tratado CEE y, en particular, de la Decisión                Tratado (2 ), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres .:
90/224/CEE de la Comisión, de 24 de mayo de 1989, sobre                G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; F.A. Schockweiler y


title: Archivo del asunto T-285/97

text:
10.10.98              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 C 312/21
Ð declare que existe un perjuicio de las demandantes en            demandantes subrayan, por otro lado, que la Comisión
     relación de causalidad con dicha culpa;                       fue juez y parte en dicho expediente. Y llegan a la conclu-
                                                                   sión de que la Institución demandada infringió el artículo 6
                                                                   del Convenio europeo de Derechos Humanos.
Ð declare que la Unión debe reparar dicho perjuicio;
Ð estime la valoración efectuada por el Groupe Perry,              Las demandantes alegan que, como consecuencia de este
     que cifra su perjuicio en la cantidad de 10 000 000 de        comportamiento culpable, la sociedad Groupe Perry no
     ecus;                                                         puede continuar trabajando con la Comisión, la cual era
                                                                   su uÂnico cliente, y que tampoco puede encontrar otros
                                                                   clientes a causa de la publicidad negativa de que fue
Ð estime la valoración efectuada por Isibiris, que cifra su        objeto en la prensa internacional. Así pues, se ha arrui-
     perjuicio en la cantidad de 500 000 ecus;                     nado y reclama la cantidad de 10 000 000 de ecus por el
                                                                   perjuicio sufrido, tanto material como moral.
Ð condene a la Unión a cargar con todas las costas del
     proceso.                                                      En cuanto a la sociedad Isibiris, reclama la cantidad de
                                                                   500 000 ecus en concepto de reparación del danÄo moral,
Motivos y principales alegaciones aducidos                         así como una declaración que establezca que no estaÂ obli-
                                                                   gada a devolver la cantidad de 540 000 ecus que le
                                                                   reclama la Comisión.
Las sociedades demandantes solicitan la reparación del
perjuicio que consideran haber sufrido como consecuencia
de las medidas adoptadas contra ellas por la Comisión en
razón de las irregularidades supuestamente cometidas por
ellas en la ejecución de determinados contratos celebrados
en el marco de los programas relativos a la ayuda humani-
taria de la Unión Europea destinada a Bosnia y a la región
africana de los Grandes Lagos. SeguÂn las demandantes, la                         Archivo del asunto T-285/97 (1)
Comisión sancionó a las dos sociedades al no reembolsar
                                                                                (98/C 312/49)
las facturas vencidas, al prohibir a sus servicios celebrar
contratos con ellas y al destinar a los trabajadores del
Groupe Perry a otras sociedades, así como al exigir a Isibi-                    (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
ris la devolución de una cantidad importante.
                                                                   Mediante auto de 7 de julio de 1998, el Presidente de la
Las demandantes mantienen que la Comisión actuó de                 Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
esta manera basaÂndose en un informe de la Unidad de               Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
coordinación de la lucha contra el fraude (UCLAF), adop-           T-285/97: Kuljetusliike R. Pynnönen Oy contra Comisión
tado tras una investigación efectuada por dicho servicio,          de las Comunidades Europeas.
sin oír previamente a las sociedades afectadas, a las que
incluso se negó a comunicar el mencionado informe. Las             (1) DO C 7 de 10.1.1998.