title: Asunto C-332/04: Recurso interpuesto el 28 de julio de 2004 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/16

         Recurso interpuesto el 28 de julio de 2004 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-332/04)
   (2004/C 262/29)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 28 de julio de 2004 un recurso contra el Reino de España formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por D. Gregorio Valero Jordana, miembro de su Servicio Jurídico, y por Dña Florence Simonetti, experta nacional destacada en dicho Servicio, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               a)

               declare que:

                           —

                           al haber transpuesto de forma incompleta el artículo 3 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo (1), de 27 de junio de 1985 modificada, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE (2),

                           —

                           al no haber transpuesto el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE modificada,

                           —

                           al haber incumplido el régimen transitorio establecido por el artículo 3 de la Directiva 97/11/CE

                           —

                           al no haber transpuesto de manera correcta el punto 10, b) del anexo II de la Directiva 85/337/CEE modificada, en relación con el artículo 2, apartado 1, y el artículo 4, apartado 2, y

                           —

                           al no haber sometido al procedimiento de evaluación de impacto el proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna (Valencia), y, consiguientemente, al no haber aplicado lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 3, 4 apartado 2, 8 y 9 de la Directiva 85/337/CEE modificada,

                     el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichas Directivas.

               b)

               que se condene en costas al Reino de España

         Motivos y principales alegaciones:
   La normativa española de adaptación del Derecho interno a la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE, compuesta esencialmente por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, no obliga a que el estudio de impacto ambiental evalúe los efectos previsibles derivados de la interacción de los distintos factores ambientales entre sí, contrariamente a lo exigido por el artículo 3 de la Directiva 85/337/CEE modificada.
   La normativa española no recoge la obligación de hacer pública la resolución administrativa de conceder o denegar la autorización de desarrollo del proyecto así como el contenido de la decisión y las condiciones que lleve aparejadas, contrariamente a lo exigido por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE modificada.
   El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 97/11/CE señala que las disposiciones de dicha Directiva deben aplicarse a los nuevos proyectos para los cuales se solicitara una autorización a partir del 14 de marzo de 1999. La normativa española ha incumplido esta disposición comunitaria, puesto que dicha normativa no se aplica a los proyectos privados en trámite de autorización administrativa y a los proyectos públicos ya sometidos a información pública o ya aprobados antes del 8 de octubre de 2000.
   El anexo II de la Directiva 85/337/CEE modificada recoge en su apartado 10 b), entre los proyectos que pueden tener que ser objeto de una evaluación de impacto, los proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos. La normativa española reduce dicha exigencia a los proyectos situados fuera de las zonas urbanas. La Comisión considera que tal reducción, que excluye de manera general que se tomen en consideración criterios o umbrales relativos a las dimensiones y a la naturaleza de los proyectos, sobrepasa el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros en virtud de los artículos 2, apartado 1 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE modificada. Además, el análisis de la legislación estatal y autonómica sobre urbanismo y de la legislación autonómica sobre evaluación de impacto ambiental permite constatar que los proyectos de urbanización sobre suelo urbano y urbanizable no se someten, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, a evaluación de impacto ambiental.
   Como consecuencia de la incorrecta adaptación del Derecho interno al apartado 10 b) del anexo II de la Directiva 85/337/CEE modificada, las autoridades españolas no realizaron una evaluación de impacto ambiental de un centro de ocio en Paterna (Valencia), con la única justificación de que su construcción se realizaba en zona urbana.

      (1)  DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; EE 15/6, p. 9.

      (2)  Del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).


title: Asunto T-417/16: Recurso interpuesto el 28 de julio de 2016 — Achemos Grupė y Achema/Comisión

text:
               10.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 371/14

         Recurso interpuesto el 28 de julio de 2016 — Achemos Grupė y Achema/Comisión
   (Asunto T-417/16)
   (2016/C 371/16)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Lituania) y Achema AB (Jonava, Lituania) (representantes: R. Martens y C. Maczkovics, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 20 de noviembre de 2013 relativa a la ayuda estatal SA.36740 (2013/NN) — Lituania, Ayuda a Klaipedos Nafta — «LNG Terminal», Bruselas, C(2013) 7884 final (DO 2016, C 161, p. 1).

               —

               Condene a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción de las normas de procedimiento contempladas en el artículo 108 TFUE, apartado 2, y en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.o 2015/1589, (1) así como en la violación del principio de buena administración, al haberse basado la Comisión únicamente en un examen preliminar de las medidas de ayuda estatales, pese a que dicha institución estaba obligada, dadas las grandes dificultades que implica apreciar la compatibilidad de las medidas en cuestión con el mercado interior, a incoar el procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 2 y del artículo 6 del Reglamento n.o 2015/1589.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), por cuanto que la Comisión no ha aplicado correctamente los criterios de apreciación previstos en el considerando 135 de la decisión impugnada, dado que:

                           —

                           En primer lugar, respecto de la oportunidad y la necesidad de las medidas, la Comisión debería haber examinado éstas de modo específico para determinar si podían adoptarse otras medidas más idóneas.

                           —

                           En segundo lugar, la Comisión debería haber declarado que no existía un efecto incentivador, habida cuenta de que KN está legalmente obligada a ejecutar el proyecto «LNG Terminal».

                           —

                           En tercer lugar, la Comisión debería haber evaluado si el volumen del proyecto objeto de la subvención «LNG Terminal» era proporcionado con respecto al objetivo perseguido y no daba lugar a un exceso de capacidad.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, y del Marco SIEG, (2) en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima y en la infracción de las normas reguladoras de la contratación establecidas en la Directiva 2004/18 (3) y la infracción del artículo 14 de la misma Directiva, puesto que la Comisión, al aceptar que se atribuyera la prestación directamente a KN para un período de 55 años con el beneficio correspondiente a la tasa de rentabilidad interna del proyecto, aplicó erróneamente el Marco SIEG, dado que:

                           —

                           En primer lugar, el período de atribución debe estar justificado en función de criterios objetivos, sin exceder el período de amortización (financiera) de los principales activos necesarios para prestar el SIEG.

                           —

                           En segundo lugar, no cabía dejar de aplicar las normas de procedimiento a la adjudicación a KN basándose en la protección de intereses esenciales (de seguridad) en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/18, pues existen, en el presente caso, medios alternativos de carácter menos restrictivo que una adjudicación directa.

                           —

                           En tercer lugar, habida cuenta del grado de riesgo asumido por KN, el beneficio de ésta debería haberse limitado al tipo swap pertinente (evaluado de nuevo, en su caso, en función del vencimiento) más 100 puntos básicos.

      (1)  Reglamento (UE) n.o 2015/1589, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).

      (2)  Comunicación de la Comisión. Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011) (DO 2012, C 8, p. 15) (en lo sucesivo, «Marco SIEG»)

      (3)  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114).


title: Asunto C-389/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad [Comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE (Directiva marco ) — Artículos 2, letra g), 3 y 4 — Autoridad nacional de reglamentación — Intervención del legislador nacional en condición de autoridad nacional de reglamentación — Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal ) — Redes y Servicios — Artículo 12 — Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal — Componente social del servicio universal — Artículo 13 — Financiación de las obligaciones de servicio universal — Determinación de la carga injusta]

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad
   (Asunto C-389/08) (1)

   (Comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/21/CE (Directiva «marco») - Artículos 2, letra g), 3 y 4 - Autoridad nacional de reglamentación - Intervención del legislador nacional en condición de autoridad nacional de reglamentación - Directiva 2002/22/CE (Directiva «servicio universal») - Redes y Servicios - Artículo 12 - Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal - Componente social del servicio universal - Artículo 13 - Financiación de las obligaciones de servicio universal - Determinación de la carga injusta)
   2010/C 328/03
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Grondwettelijk Hof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV

      Demandada: Ministerraad

      En el que participa: Belgacom NV

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Grondwettelijk Hof — Bélgica — Interpretación del artículo 12 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51) — Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal — Inexistencia de evaluación caso por caso.

      Fallo

               1)

               La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal»), no se opone, en principio, por sí misma, a que el legislador nacional intervenga en condición de autoridad nacional de reglamentación en el sentido de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), siempre que en el ejercicio de dicha función cumpla con los requisitos de competencia, independencia, imparcialidad y transparencia establecidos por dichas Directivas y que las decisiones que adopte en el marco de dicha función puedan ser objeto de un recurso efectivo ante un organismo independiente de las partes implicadas, lo que corresponde verificar al Grondwettelijk Hof.

               2)

               El artículo 12 de la Directiva 2002/22 no se opone a que la autoridad nacional de reglamentación considere con carácter general y sobre la base del cálculo de los costes netos del prestador del servicio universal que era anteriormente el único prestador de este servicio, que la prestación de dicho servicio puede suponer una carga injusta para las empresas designadas en adelante como proveedores del servicio universal.

               3)

               El artículo 13 de la Directiva 2002/22 se opone a que dicha autoridad declare del mismo modo y sobre la base del mismo cálculo que dichas empresas están efectivamente sujetas a una carga injusta debido a dicha prestación, sin llevar a cabo un examen particular de la situación de cada una de ellas.

      (1)  DO C 285, de 8.11.2008.


title: Asunto T-75/01: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2001 por Systems-Europe S.A. contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
2.6.2001               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 161/25
El demandante estima que estos hechos justificaban la presenta-         A este respecto, recuerda que, como consecuencia del trabajo
ción de una denuncia contra «X» ante el órgano jurisdiccional         de una consultor, que determinó, entre otros, las grandes lı́neas
luxemburgués competente.                                                de modernización del sector afectado, la Comisión encargó a
                                                                        la sociedad demandante, en una primera fase, que la asistiera
La AFPN no dio su autorización a la solicitud del demandante           en la redacción de la proposición de financiación de los
para permitirle presentar ante el Juez penal luxemburgués               diversos elementos del programa ESSP. Cuando la proposición
todos los documentos recogidos en anexo a esta solicitud, ası́          de financiación fue aceptada, en una segunda fase, fue encar-
como cualquier otro documento pertinente que no se le                   gada de la redacción de las condiciones relativas a los diferentes
hubiere comunicado. Esta decisión denegatoria es el objeto del         elementos del programa ESSP, ası́ como de asistir a los
presente procedimiento.                                                 beneficiarios sirios en la evaluación de los expedientes de
                                                                        precualificación y de las ofertas recibidas. La responsabilidad
                                                                        final de la adopción de las condiciones, la evaluación de las
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega:
                                                                        ofertas y de la redacción de los contratos incumbı́a a las
—     La infracción de los artı́culos 19 y 24 del Estatuto.            autoridades sirias, bajo el control de la Comisión. Como
                                                                        consecuencia del desarrollo posterior de las especificaciones
—     La infracción de los artı́culos 6 y 13 del Convenio              detalladas de un sistema adaptado a las condiciones sirias, las
      Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y             autoridades sirias abrieron una licitación dirigida a la instala-
      Libertades Fundamentales.                                         ción de un sistema informático OPS (Operation Planning
                                                                        System). Dos ofertas se presentaron a esta licitación, una de las
                                                                        cuales, con un precio muy inferior al de la oferta del
                                                                        competidor, presentada por la demandante misma. La elección
                                                                        recayó finalmente sobre ésta.
                                                                        La demandante añade, no obstante, que, más de un mes
Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2001 por Systems-                 después de la firma del contrato, se le advirtió, sin ninguna
Europe S.A. contra la Comisión de las Comunidades                      motivación, de que la Comisión ya no podı́a aprobar el
                             Europeas                                   contrato. De hecho, no tuvo conocimiento de las supuestas
                                                                        motivaciones de la Comisión más que en el transcurso del
                        (Asunto T-75/01)                                procedimiento iniciado ante el Defensor del Pueblo.
                         (2001/C 161/49)                                En apoyo de sus pretensiones, la sociedad demandante alega
                                                                        que en el caso de autos el comportamiento culpable de la
                                                                        Comisión resulta de diversos actos, actuaciones y abstenciones
                 (Lengua de procedimiento: francés)                     acaecidos a lo largo del procedimiento de adjudicación del
                                                                        contrato controvertido y, posteriormente, tras la firma del
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  mencionado contrato por parte de las autoridades sirias.
Europeas se ha presentado el 29 de marzo de 2001 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Systems-Europe S.A., establecida en Bruselas, representada
por los Sres. Bernard Jamoulle, Frédéric Louis y la Sra. Anne
Vallery, abogados.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                                Archivo del asunto T-349/99 (1)
—     Condene a la Comunidad Europea, representada por la
      Comisión, a pagar a Systems-Europe S.A. la suma de
      921 750 Euros.                                                                            (2001/C 161/50)
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
Motivos y principales alegaciones
                                                                        Mediante auto de 6 de marzo de 2001, el Presidente de la Sala
La sociedad demandante, que en la época de los hechos era               Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
una empresa mediana independiente constituida conforme al               Europeas ha decidido archivar el asunto T-349/99, Miroslav
Derecho belga, especializada en la consultorı́a de ingenierı́a,         Miskovic contra Consejo de la Unión Europea.
en especial informática, en el ámbito de la electricidad,
pretende obtener reparación del perjuicio sufrido a causa de
supuestos actos culpables de la Comisión en el marco de un             (1) DO C 79 de 18.3.2000.
programa de apoyo financiero a la modernización de la
producción y distribución de la electricidad en Siria (Programa
ESSP).


title: Asunto C-373/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württenberg (Alemania) el 2 de julio de 2013 — H.T./Land Baden-Württenberg

text:
               9.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württenberg (Alemania) el 2 de julio de 2013 — H.T./Land Baden-Württenberg
   (Asunto C-373/13)
   2013/C 325/14
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof Baden-Württenberg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: H.T.

      Demandada: Land Baden-Württenberg

      Cuestiones prejudiciales

               1)

                           a)

                           ¿Debe observarse la normativa contenida en el artículo 24, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2004/83/CE, (1) relativa al deber de los Estados miembros de expedir un permiso de residencia al beneficiario del estatuto de refugiado, aun en caso de retirada de un permiso de residencia que ya había sido concedido?

                           b)

                           ¿Debe interpretarse esta normativa en el sentido de que es contraria a la retirada o finalización del permiso de residencia (por ejemplo, en caso de expulsión con arreglo al Derecho nacional) de un beneficiario del estatuto de refugiado si no se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 21, apartado 3, en relación con el apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE o no concurren «motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público» en el sentido del artículo 24, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2004/83/CE?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones formuladas bajo el guarismo 1:

                           a)

                           ¿Cómo debe interpretarse la causa de exclusión constituida por «motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público» contemplada en el artículo 24, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2004/83/CE respecto a los riesgos que emanan del apoyo a una asociación terrorista?

                           b)

                           ¿Pueden concurrir «motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público» en el sentido del artículo 24, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2004/83/CE, cuando un beneficiario del estatuto de refugiado ha apoyado al PKK colaborando, entre otras cosas, en la colecta de donativos y participando de forma continuada en actos organizados por simpatizantes de dicha organización, aun cuando no se cumplan los requisitos a los que queda supeditada la excepción a la prohibición de expulsión y devolución prevista en el artículo 33, apartado 2, de la Convención de Ginebra y, por ende, tampoco los requisitos previstos en el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE?

               3)

               Para el caso de respuesta negativa a la cuestión formulada en el epígrafe 1a):
               ¿Admite el Derecho de la Unión la retirada o finalización del permiso de residencia (por ejemplo, en caso de expulsión con arreglo al Derecho nacional) de un beneficiario del estatuto de refugiado únicamente cuando concurren los requisitos previstos en el artículo 21, apartado 3, en relación con el apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE (o, en su caso, en la normativa de sucesión, de idéntico contenido, recogida en la Directiva 2011/95/UE)?

      (1)  Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO L 304, p. 12)


title: Asunto T-359/09: Auto del Tribunal General de 17 de junio de 2010 — Jurašinović/Consejo [ «Recurso de anulación — Acceso a documentos — Reglamento (CE) n ° 1049/2001 — Informes de los observadores enviados por la Unión Europea a la región de Knin (Croacia) — Medida intermedia — Inadmisibilidad — Denegación de acceso presunta — Legitimación — Decisión expresa adoptada con posterioridad a la interposición del recurso — Sobreseimiento» ]

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/45

         Auto del Tribunal General de 17 de junio de 2010 — Jurašinović/Consejo
   (Asunto T-359/09) (1)

   (Recurso de anulación - Acceso a documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Informes de los observadores enviados por la Unión Europea a la región de Knin (Croacia) - Medida intermedia - Inadmisibilidad - Denegación de acceso presunta - Legitimación - Decisión expresa adoptada con posterioridad a la interposición del recurso - Sobreseimiento)
   2010/C 221/75
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (representante: A. Beguin, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: C. Fekete y K. Zieleśkiewicz, agentes)

      Objeto

   Por una parte, petición de anulación de la decisión del Consejo de la Unión Europea de 17 de junio de 2009 por la que se deniega al demandante el acceso a los informes de los observadores de la Unión Europea presentes en Croacia, en la zona de Knin, del 1 al 31 de agosto de 1995 y a los documentos con referencia «ECMM RC Knin Log reports», y de la decisión denegatoria presunta de la segunda solicitud y, por otra parte, petición de que se condene al Consejo a autorizar el acceso telemático a los documentos solicitados.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso por lo que se refiere a las pretensiones de Ivan Jurašinović de que se anule la decisión presunta del Consejo de la Unión Europea por la que se deniega su segunda solicitud de acceso a los informes de los observadores de la Unión Europea presentes en Croacia, en la zona de Knin, del 1 al 31 de agosto de 1995 y a los documentos con referencia «ECMM RC Knin Log reports».

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009.


title: Recurso interpuesto el 16 de enero de 1996 contra el Consejo de la Unión Europea por Thémistocle Contargyris (Asunto T-6/96)

text:
N° C 77/ 16           ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      16 . 3 . 96
del apartado 2 del artículo 73 del Estatuto, el apartado 2 del      Motivos y principales alegaciones
artículo 3 y el apartado 2 del artículo 12 de la Reglamen
                                                                    El demandante, Director de la Dirección 1 de la Dirección
tación, así como el baremo de los porcentajes de invalidez
que figuran como Anexo a esta última , al tener en cuenta           General G del Consejo, cuyas responsabilidades asumió
para el cálculo de la prestación de que se trata un porcentaje      durante más de diez años, se opone a la desestimación de su
del 6% .                                                            candidatura al puesto vacante de Director General de la
                                                                    DG J. Una razón por la que no se admitió su candidatura fue
Según la parte demandante, los dictámenes de la comisión            la necesidad de tener en cuenta un determinado equilibrio
médica son ilegales, en la medida en que dicha comisión             geográfico en los puestos directivos de la Institución .
agotó su misión con la determinación de la existencia de una
relación directa entre la enfermedad y el ejercicio de una          El demandante invoca , en primer lugar, la infracción del
actividad profesional; el desglose que realiza, en términos de      artículo 4 y del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto,
porcentaje, entre los distintos factores que contribuyeron a        alegando el hecho de que las decisiones controvertidas
que se produjera la enfermedad de la parte demandante               fueron adoptadas sin previa consulta al Comité de Repre
excede del marco de la cuestión que se le planteó y no se           sentantes Permanentes ( Coreper ). En el caso de autos, sólo
corresponde con ningún concepto del Estatuto .                      se sometió al Consejo la propuesta del Secretario General
                                                                    que se limita a hacer referencia a la plantilla de personal para
Por último, la parte demandante afirma que el sistema de            el ejercicio presupuestario de 1995 , y a la oportunidad de
cálculo utilizado por la demandada viola el principio de            nombrar al candidato finalmente elegido en el grado A 1 ,
igualdad. En primer lugar, se le discrimina en relación con         con efectos a 1 de junio de 1995 , sin hacer referencia a
otras personas menos vulnerables a determinadas condicio           ningún empleo concreto . Resulta de ello que:
nes de trabajo, cuando todo funcionario debe ser declarado          — la autoridad facultada para proceder a los nombramien
apto para el trabajo mediante el examen médico previo a la              tos ( AFPN ), que no fue informada de la lista de
contratación. Además, la falta de previsión en la normativa             funcionarios candidatos al empleo objeto de litigio ni de
comunitaria aplicable en cuanto al método que debe                      la capacitación exigida para el ejercicio de éste, ni
utilizarse para evaluar los factores que han podido llevar a            siquiera tuvo la posibilidad de proceder al examen
que se produzca la enfermedad profesional constituye, en sí,            comparativo de méritos establecido por el artículo 45 del
una fuente de discriminación .
                                                                        Estatuto;
                                                                    — el Consejo adoptó una decisión de nombramiento que
                                                                        no tiene por objeto proveer, en las condiciones previstas
Recurso interpuesto el 16 de enero de 1996 contra el                    en el Estatuto, la vacante de un empleo concreto;
Consejo de la Unión Europea por Thémistocle Contargy               — las decisiones desestimatorias de la candidatura y de la
                                ns
                                                                        reclamación del demandante fueron adoptadas ilegal
                       ( Asunto T-6/96 )                                mente por el Secretario General, siendo así que el único
                          ( 96/C 77/35 )                                que puede ejercer legalmente las facultades de la AFPN
                                                                        pafa proveer el empleo objeto de litigio es el Consejo .
              (Lengua de procedimiento: francés)                    El demandante considera , en segundo lugar, que la convo
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              catoria de puesto de trabajo vacante de que se trata estaba
Europeas se ha presentado, el 16 de enero de 1996 , un              redactada en términos generales, por lo que no permitía a la
recurso contra el Consejo de la Unión Europea, formulado            AFPN proceder a un examen comparativo de los méritos de
por el Sr. D. Thémistocle Contargyris, con domicilio en             los diferentes candidatos. Además, el Secretario General, al
Bruselas, representado por los Sres . D. Jean-Noél Louis, D.        adoptar como criterio determinante la necesidad de estable
Thierry Demaseure y Dña . Ariane Tornel, Abogados de                cer un determinado equilibrio geográfico, infringe lo dis
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de            puesto en los artículos 7 y 27 del Estatuto .
la Fiduciaire Myson Sari, 1 , rué Glesener.                         Invoca , por último, un incumplimiento del deber de
                                                                    motivación, así como la existencia en el caso de autos de una
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                 desviación de poder .
Instancia que :
— anule la decisión desestimatoria de la candidatura del
     demandante al puesto de grado A 1 de la DG J
     « Cohesión económica y social , Política regional, Política    Recurso interpuesto el 22 de enero de 1996 contra la
     social, Empleo, Diálogo social, Educación y Juventud,          Comisión de las Comunidades Europeas por Antonia
     Cultura y Audiovisual »;                                                                    Carparelli
— anule la decisión del Consejo por la que se nombra Ala                                   ( Asunto T-8/96 )
     otro candidato;                                                                          ( 96/C 77/36 )
— anule la decisión por la que se destina a ese otro                             (Lengua de procedimiento: francés)
     candidato al puesto de Director General de la DG J;
                                                                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
— anule la decisión del Secretario General del Consejo, de 7
     de noviembre de 1995 , por la que se desestima la              Europeas se ha presentado, el 22 de enero de 1996 , un
     reclamación del demandante;                                    recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                    formulado por la Sra . Dña . Antonia Carparelli , con domi
— condene en costas a la parte demandada .                          cilio en Bruselas, representada por los Sres . D. Jean-Noél


title: Asunto T-422/03: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Enviro Tech Europe, Ltd., y Enviro Tech International Inc.

text:
21.2.2004            ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 47/35
Resolución de la Sala de     Desestimación del recurso.                  —     Condene a la Comisión al pago de todas las costas y
Recurso:                                                                       gastos causados en el presente procedimiento.
Motivos invocados:           Infracción del artículo 8, apar-
                             tado 1, letra b), apartado 2, letra c)
                             y apartado 5 del Reglamento (CE)
                             no 40/94.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
                                                                         Las demandantes pretenden que se anulen las Decisiones de la
                                                                         Comisión por las que se deniega la solicitud de las demandantes
                                                                         de no clasificar el bromuro n-propyl entre las sustancias
                                                                         fácilmente inflamables (frase de riesgo R11) y los tóxicos para
                                                                         reproducción de categoría 2 (frase de riesgo R60), y clasificarlos
                                                                         en una categoría 3/62 como sustancia tóxica para reproduc-
Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2003 contra la                 ción y R18 como sustancia inflamable. De modo alternativo,
Comisión de las Comunidades Europeas por Enviro Tech                     las demandantes solicitaron a la Comisión excluir el bromuro
       Europe, Ltd., y Enviro Tech International Inc.                    n-propyl de la 29a Adaptación al progreso técnico de la
                                                                         Directiva 67/548/CEE (1) hasta que la Comisión hubiera hecho
                                                                         una evaluación apropiada y completa de todos los datos
                     (Asunto T-422/03)                                   científicos.
                       (2004/C 47/67)
                                                                         En apoyo de su demanda, las demandantes alegan que la
                                                                         Comisión infringió lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE
                (Lengua de procedimiento: inglés)                        respecto a los métodos de prueba aplicables y a los criterios de
                                                                         clasificación de las sustancias químicas. Según las demandan-
                                                                         tes, la Comisión ha cometido un error de apreciación mani-
                                                                         fiesto y una aplicación incorrecta de los métodos de prueba de
                                                                         las propiedades físico-químicas establecidos en el anexo V,
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   punto A.9, de la Directiva 67/548/CEE, de los criterios de
Europeas se ha presentado el 23 de diciembre de 2003 un                  clasificación de las propiedades toxicológicas establecidos en
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                   el anexo IV, punto 4.2.3, de la Directiva, y del criterio de la
formulado por Enviro Tech Europe, Ltd., Kingston-upon-                   manipulación o uso normal establecido en el anexo VI,
Thames (Reino Unido), y Enviro Tech International Inc.,                  punto 1.1, de dicha Directiva.
Chicago (EE.UU.), representadas por los Sres. C. Mereu y K. Van
Maldegem, abogados.
                                                                         Las demandantes alegan también que la Comisión vulneró su
                                                                         confianza legítima en que la Comisión apreciaría los datos por
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera                  ellas proporcionados de conformidad con sus obligaciones
Instancia que:                                                           derivadas de la Directiva 67/548/CEE, con diligencia, imparcia-
                                                                         lidad y acorde con los criterios relevantes de la Directiva 67/
—    Anule las Decisiones de la Comisión D(2003)430307 y                 548 CEE.
     D(2003)430309, de 4 de noviembre de 2003.
—    Declare a la Comisión responsable por los daños sufridos            Además, las demandantes invocan una infracción del artí-
     por las demandantes hasta la fecha y durante el procedi-            culo 95 CE, apartado 3. En su opinión, la Comisión no
     miento como consecuencia de la conducta ilícita de la               consideró ni apreció todos los datos científicos disponibles así
     Comisión, incluidas su denegación de la solicitud de la             como los nuevos conocimientos basados en hechos científicos.
     demandante y la correspondiente adopción de la Decisión
     impugnada, sin que ello sirva de límite, y que se compense
     a las demandantes por dichos daños con la suma
     provisional de 350 000 euros.
                                                                         Las demandantes exponen que las Decisiones impugnadas se
                                                                         basan en el principio de cautela. A su juicio, este principio se
—    Declare a la Comisión responsable por el lucro cesante y            aplica solamente a la apreciación del riesgo y no puede
     los daños que se prevean con suficiente certeza, aun                utilizarse en la apreciación de accidentes. Por otra parte, aun
     cuando el lucro cesante y los daños no puedan evaluarse             cuando este principio fuese aplicable en este caso, sólo sería
     con precisión.                                                      posible en el supuesto de incertidumbre científica.
 ---pagebreak--- C 47/36                  ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                             21.2.2004
Por último, las demandantes alegan que la Comisión violó                      La demandante alega que la Decisión impugnada no está
principios fundamentales del Derecho comunitario, como el                     debidamente motivada y que vulnera el principio general de
principio de seguridad jurídica y el de confianza legítima, el                buena administración según el cual las Decisiones deben estar
principio de independencia y el de excelencia de los dictámenes               motivadas. La demandante alega, además, una infracción del
científicos, el principio de proporcionalidad, el principio de                artículo 5 del apéndice 2 del Estatuto del personal de
igualdad de trato y el principio de buena administración. Las                 Europol (1) y una vulneración del principio de diligencia.
demandantes también alegan la falta de competencia de la
Comisión y el abuso de poder por parte de la Comisión.
                                                                              (1) Acto del Consejo, de 3 de diciembre de 1998, por el que se adopta
                                                                                el Estatuto del personal de Europol (DO C 26 de 30.01.1999,
                                                                                p. 23).
(1) Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967,
    relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
    rias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y
    etiquetado de las sustancias peligrosas (DO 148, p. 1; EE 13/01,
    p. 50).
                                                                              Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2003 contra la
                                                                              Comisión de las Comunidades Europeas por Gerhard
                                                                                Keinhorst
                                                                                (Asunto T-428/03)
Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2003 contra
                Europol por Elisabeth Saskia Smit                                                       (2004/C 47/69)
                         (Asunto T-423/03)                                                      (Lengua de procedimiento: francés)
                           (2004/C 47/68)
                                                                              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                              Europeas se ha presentado el 20 de diciembre de 2003 un
                  (Lengua de procedimiento: neerlandés)                       recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                              formulado por Gerhard Keinhorst, residente en Overijse
                                                                              (Bélgica), representado por el Sr. Nicolas Lhoëst, abogado, que
                                                                              designa domicilio en Luxemburgo.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 23 de diciembre de 2003 un                       La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
recurso contra Europol formulado por la Sra. Elisabeth Saskia                 que:
Smit, representada por los Sres. P. de Casparis y F. Baltussen.
                                                                              —     Anule la decisión de la AFPN de 23 de diciembre de 2002,
                                                                                en la medida en que no ha concedido al demandante
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                        ninguna bonificación de antigüedad y, por tanto, lo ha
                                                                                reclasificado en el grado A6, escalón 1, en lugar de en el
1)     Anule la Decisión implícita de desestimación por parte de                    grado A6, escalón 3.
       Europol de la reclamación presentada por la demandante
       contra la Decisión de 19 de mayo de 2003, así como la                  —     Anule la decisión de la AFPN de 14 de abril de 2003 por
       anulación de dicha Decisión de 19 de mayo de 2003.                           cuanto:
2)     Condene a Europol a abonar una indemnización a la                            —     No ha fijado la clasificación del demandante en
       demandante que incluya, en cualquier caso, los costes del                          el grado A6, escalón 3, en el momento de la
       presente procedimiento.                                                            incorporación.
                                                                                —     No ha reconstituido la carrera del demandante en
                                                                                cuanto al grado avanzando la fecha de su promoción
                                                                                a A5 o concediéndole, en su caso, la promoción
Motivos y principales alegaciones                                                         a A4.
                                                                                —     Ha fijado el 5 de octubre de 1995 como fecha de
Mediante la Decisión impugnada se desestimó la candidatura                                entrada en vigor de la decisión de reclasificación por
de la demandante para el puesto de «asistente administrativo»                             lo que se refiere a sus efectos económicos, limitando
en Europol.                                                                               así su retroactividad.


title: Asunto T-196/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 2008 — Ryanair/Comisión ( Ayudas de Estado — Convenios celebrados por la Región Valona y el aeropuerto de Charleroi Bruselas Sur con la compañía aérea Ryanair — Existencia de una ventaja económica — Aplicación del criterio del inversor privado en una economía de mercado )

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/25

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 2008 — Ryanair/Comisión
   (Asunto T-196/04) (1)

   («Ayudas de Estado - Convenios celebrados por la Región Valona y el aeropuerto de Charleroi Bruselas Sur con la compañía aérea Ryanair - Existencia de una ventaja económica - Aplicación del criterio del inversor privado en una economía de mercado»)
   (2009/C 32/45)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Ryanair Ltd (Dublín) (representantes: inicialmente D. Gleeson, A. Collins, SC, V. Power y D. McCann, Solicitors, y posteriormente V. Power y D. McCann, Solicitors, J. Swift, QC, J. Holmes, Barrister, y G. Berrisch, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: N. Kahn, agente)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Association of European Airlines (AEA) (representantes: S. Völcker, F. Louis y J. Heithecker, abogados)
   Objeto
   Recurso de anulación de la Decisión 2004/393/CE de la Comisión, de 12 de febrero de 2004, relativa a las ventajas otorgadas por la Región Valona y Brussels South Charleroi Airport a la compañía aérea Ryanair con ocasión de su instalación en Charleroi (DO L 137, p. 1).
   Fallo

               1)

               Anular la Decisión 2004/393/CE de la Comisión, de 12 de febrero de 2004, relativa a las ventajas otorgadas por la Región Valona y Brussels South Charleroi Airport a la compañía aérea Ryanair con ocasión de su instalación en Charleroi.

               2)

               Condenar a la Comisión a soportar sus propias costas y a cargar con las costas de Ryanair Ltd.

               3)

               La Association of European Airlines (AEA) soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 228 de 11.9.2004.


title: Asunto T-461/12: Recurso interpuesto el 19 de octubre de 2012 — Flughafen Lübeck/Comisión

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/29

         Recurso interpuesto el 19 de octubre de 2012 — Flughafen Lübeck/Comisión
   (Asunto T-461/12)
   2012/C 379/50
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Flughafen Lübeck GmbH (Lübeck, Alemania) (representantes: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto y T. Becker, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 22 de febrero de 2012 de incoar el procedimiento formal de investigación establecido en el artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación con las ayudas de Estado SA.27585 (2012/C) (2012/NN) y SA.31149 (2012/C) (ex 2012/NN) (DO C 241, p. 56) en la medida en que dicha Decisión incoa el procedimiento formal de investigación por lo que respecta a la normativa sobre tasas aeroportuarias de la demandante del año 2006.

               —

               Anule la Decisión mencionada en el punto anterior en la medida en que obliga a la República Federal de Alemania, con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999, (1) a responder al requerimiento de información de la Comisión por lo que respecta a la normativa sobre tasas de la demandante del año 2006.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa de la República Federal de Alemania
               En el marco del primer motivo, la demandante alega que la Comisión ha vulnerado el derecho de defensa de la República Federal de Alemania al incoar el procedimiento formal de investigación por lo que respecta a la normativa sobre tasas sin que ésta haya sido objeto del procedimiento de examen previo. La demandante señala en este punto que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal General, puede invocar la vulneración del derecho de defensa de la República Federal de Alemania, que supone la nulidad (parcial) de la Decisión impugnada.

               2)

               Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de llevar a cabo un examen diligente e imparcial
               Mediante su segundo motivo, la demandante alega que la Comisión ha incumplido su obligación de llevar a cabo un examen diligente e imparcial al haber incoado el procedimiento formal de investigación por lo que respecta a la normativa sobre tasas sin dar la oportunidad a la República Federal de Alemania o a la demandante de manifestar en el procedimiento de examen previo su postura acerca de su supuesta violación del Derecho en materia de ayudas de Estado.

               3)

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 108 TFUE, apartados 2 y3, y de los artículos 4, 6 y 13, apartado 1, del Reglamento no 659/1999
               En su tercer motivo señala la demandante que la Comisión ha infringido el artículo 108 TFUE, apartados 2 y 3, y los artículos 4, 6 y 13, apartado 1, del Reglamento no 659/1999 puesto que, por lo que respecta a la normativa sobre tasas, no ha desarrollado el procedimiento en dos fases en materia de ayudas de Estado previsto en dichos preceptos, consistente en un procedimiento de examen previo y un procedimiento formal de investigación.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1
               En el marco del cuarto motivo, la demandante señala que la Comisión ha infringido el artículo 107 TFUE, apartado 1, al defender la tesis de que la normativa sobre tasas supone la concesión de ayudas de Estado. A juicio de la demandante, la Comisión no ha podido derivar la selectividad de la normativa sobre tasas del hecho de que ésta se aplique sólo a los usuarios del aeropuerto. Además, la demandante considera que la Comisión no podía afirmar que la normativa sobre tasas tenía carácter estatal porque la demandante, al aprobarse dicha normativa, estaba mayoritariamente en manos privadas.

               5)

               Quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
               A juicio de la demandante, la Comisión ha infringido además el artículo 296 TFUE, apartado 2, al no haber motivado suficientemente la incoación del procedimiento formal de investigación por lo que respecta a la normativa sobre tasas del año 2006.

               6)

               Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 10, apartados 2 y 3, del Reglamento no 659/1999
               En el marco del sexto motivo, la demandante señala que la Comisión ha infringido el artículo 10, apartados 2 y 3, del Reglamento no 659/1999 al haber adoptado frente a la República Federal de Alemania, por lo que respecta a la normativas sobre tasas, un requerimiento de información en el sentido del artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999 sin haber dirigido anteriormente a dicho Estado miembro una simple solicitud de información en el sentido del artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 659/1999.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 26 de octubre de 2004, en el asunto C-406/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda (Incumplimiento de Estado — Reglamento (CE) n° 2037/2000 — Sustancias que agotan la capa de ozono — Adaptación incompleta del Derecho interno)

text:
               18.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Quinta)
   de 26 de octubre de 2004
   en el asunto C-406/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda (1)

   (Incumplimiento de Estado - Reglamento (CE) no 2037/2000 - Sustancias que agotan la capa de ozono - Adaptación incompleta del Derecho interno)
   (2004/C 314/02)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-406/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 29 de septiembre de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. U. Wölker y M. Shotter) contra Irlanda (agentes: Sres. F. O'Dubhghaill y D. O'Hagan, asistidos por el Sr. D. McGrath), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. C. Gulmann y J. Makarczyk, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 26 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, al no haber presentado los informes a que se refieren los artículos 16, apartados 5 y 6, y 17, apartado 1, de dicho Reglamento, y al no haber adoptado, con arreglo al artículo 17, apartado 2, del mismo Reglamento, todas las medidas de prevención posibles para prevenir y reducir al mínimo cualquier escape de bromuro de metilo y para establecer los requisitos mínimos de cualificación del personal implicado.

               2)

               Condenar en costas a Irlanda.

      (1)  DO C 289 de 29.11.2003.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2000 en los asuntos acumulados T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 a T-607/97, T-1/98, T-3/98 a T-6/98 y T-23/98, Alzetta Mauro y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas [Transportes de mercancías por carretera — Ayudas de Estado — Recurso de anulación — Perjuicio para los intercambios comerciales entre los Estados miembros y distorsión de la competencia — Requisitos para una excepción a la prohibición establecida en el artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) — Ayudas nuevas o ayudas existentes — Principio de protección de la confianza legítima — Principio de proporcionalidad — Motivación]

text:
C 211/18                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            22.7.2000
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               1) Se anula el artı́culo 2 de la Decisión 98/182/CE de la Comisión,
                                                                               de 30 de julio de 1997, relativa a las ayudas concedidas por la
                      de 15 de junio de 2000                                   Región de Friuli-Venezia Giulia (Italia) a las empresas de
                                                                               transporte de mercancı́as por carretera de la región, en la medida
en los asuntos acumulados T-298/97, T-312/97, T-313/97,                        en que declara ilegales las ayudas concedidas a partir del 1 de
T-315/97, T-600/97 a T-607/97, T-1/98, T-3/98 a T-6/98 y                       julio de 1990 a las empresas que se dedican exclusivamente al
T-23/98, Alzetta Mauro y otros contra Comisión de las                         transporte local, regional o nacional.
                    Comunidades Europeas (1)
[Transportes de mercancı́as por carretera — Ayudas de                     2) Se anula el artı́culo 5 de la Decisión 98/182, en la medida en
Estado — Recurso de anulación — Perjuicio para los                            que obliga a la República Italiana a recuperar dichas ayudas.
intercambios comerciales entre los Estados miembros y
distorsión de la competencia — Requisitos para una excep-                3) Se desestima el recurso en todo lo demás.
ción a la prohibición establecida en el artı́culo 92, apartado
1, del Tratado CE (actualmente artı́culo 87 CE, apartado 1,               4) Cada una de las partes cargará con sus propias costas.
tras su modificación) — Ayudas nuevas o ayudas existentes
— Principio de protección de la confianza legı́tima —
           Principio de proporcionalidad — Motivación]                   (1) DO C 55 de 20.2.98, C 72 de 7.3.98 y C 113 de 11.4.98.
                          (2000/C 211/36)
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
En los asuntos acumulados T-298/97, T-312/97, T-313/97,
T-315/97, T-600/97 a T-607/97, T-1/98, T-3/98 a T-6/98 y
T-23/98, Alzetta Mauro, con domicilio social en Montereale
Valcellina (Italia), y otros 31 demandantes, representados por            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
la Sra A. Pili, Abogada de Pordenone, y por los Sres. A. Barone
y G. Pezzano, Abogados de Roma, que designan como
domicilio en Luxemburgo el despacho de Me L. Schiltz, 2, rue                                     de 15 de junio de 2000
du Fort Rheinsheim; Masotti Srl, con domicilio social en Feletto
Umberto (Italia), y otras treinta demandantes, representadas
por el Sr. R. Petiziol y la Sra. A. Pergolese, Abogados de Udine,         en el asunto T-211/98, F contra Comisión de las Comuni-
via Ginnasio Vecchio 6, Udine (Italia); Anna Maria Baldo, con                                       dades Europeas (1)
domicilio en Cervignano del Friuli (Italia), y otros cincuenta y
tres demandantes, Musso Amedeo, con domicilio en Rivignano
(Italia), representados por el Sr. V. Cinque y la Sra. L. Candriella,     (Funcionarios — Suspensión — Inexistencia de audición
Abogados de Udine, via Morpurgo 34, Udine; Sutes SpA, con                      previa — Recursos de anulación y de indemnización)
domicilio social en Udine, y otras treinta y tres demandantes,
Fabris Carlo & C. Snc, con domicilio social en Pavia di Udine
(Italia), Franco D’Odorico, con domicilio en Capoformido                                             (2000/C 211/37)
(Italia), Fiorindo Birri, con domicilio en Manzano (Italia),
Maria Cecilia Framalicco, con domicilio en Ampezzo (Italia),
Autotrasporti di Viola Claudio & CSNC, con domicilio social
en Cerpeneto-Pozzuolo del Friuli (Italia), representados por el                             (Lengua de procedimiento: francés)
Sr. C. Mussato, Abogado de Udine, via Dante 4, Udine, y Pietro
Stagno, con domicilio en Trieste (Italia), Fabrizio Cernecca,
con domicilio en Trieste, Trasporti e Spedizioni Internazionali           En el asunto T-211/98, F, funcionario de la Comisión de las
Cossutta Snc, con domicilio social en Trieste, Giuseppe                   Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas, represen-
Camaur, con domicilio en Cormons (Italia), Cointra Transport              tado por Mes G. Vandersanden y L. Levi, Abogados de Bruselas,
and Trade Co. Srl, con domicilio social en Ronchi dei Legionari           que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
(Italia), Autotrasporti Silvano Zottich, con domicilio social en          Société de gestion fiduciaire, 2-4, rue Beck, contra Comisión
Trieste, Zootrans Snc, con domicilio social en Passagio di                de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres. G. Valsesia y
Betona (Italia), Pauletic Antonio Succ. di Pauletic Igor, con             J. Currall), que tiene por objeto, por una parte, una solicitud de
domicilio en Trieste, representados por los Sres. M. Clarich y            anulación de la decisión de 16 de diciembre de 1998,
A. Giadrossi, Abogados de Trieste, via XXX Ottobre 17, Trieste,           mediante la cual la Autoridad Facultada para Proceder a los
apoyados por República Italiana (Agentes: Sres. U. Leanza,
O. Fiumara y, durante la fase oral, G. Aiello) contra Comisión           Nombramientos suspendió de sus funciones al demandante y,
de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres. P.F. Nemitz,                  por otra, una solicitud de reparación del perjuicio material
P. Stancanelli y M. Moretto), que tienen por objeto un recurso            y moral supuestamente sufrido por el demandante como
de anulación de la Decisión 98/182/CE de la Comisión, de               consecuencia de dicha decisión, el Tribunal de Primera Instan-
30 de julio de 1997, relativa a las ayudas concedidas por la              cia (Sala Segunda), integrado por los Sres.: J. Pirrung, Presidente;
Región de Friuli-Venezia Giulia (Italia) a las empresas de               A. Potocki y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. G. Herzig,
transporte de mercancı́as por carretera de la región (DO 1998,           administrador, ha dictado el 15 de junio de 2000 una sentencia
L 66, p. 18), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta               cuyo fallo es el siguiente:
ampliada), integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente,
el Sr. R. Garcı́a-Valdecasas, las Sras. V. Tiili y P. Lindh y el
Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González,            1) Se anula la decisión de 16 de diciembre de 1998, mediante la
administrador, ha dictado el 15 de junio de 2000 una sentencia                 cual la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos
cuyo fallo es el siguiente:                                                    suspendió de sus funciones al demandante.


title: Asunto C-108/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Baranya Megyei Bíróság — República de Hungria) — Ker-Optika Bt./ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete (Libre circulación de mercancías — Salud pública — Comercialización de lentes de contacto por Internet — Normativa nacional que reserva la venta de lentes de contacto únicamente a establecimientos especializados en instrumentos médicos — Directiva 2000/31/CE — Sociedad de la información — Comercio electrónico)

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Baranya Megyei Bíróság — República de Hungria) — Ker-Optika Bt./ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
   (Asunto C-108/09) (1)

   (Libre circulación de mercancías - Salud pública - Comercialización de lentes de contacto por Internet - Normativa nacional que reserva la venta de lentes de contacto únicamente a establecimientos especializados en instrumentos médicos - Directiva 2000/31/CE - Sociedad de la información - Comercio electrónico)
   2011/C 30/03
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Baranya Megyei Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ker-Optika Bt.

      Demandada: ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Baranya Megyei Bíróság — Interpretación de los artículos 28 y 30 CE y de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO L 178, p. 1) — Comercialización de lentes de contacto por Internet — Normativa nacional que reserva la venta de lentes de contacto a los establecimientos especializados en instrumentos médicos

      Fallo

   Las normas nacionales relativas a la comercialización de lentes de contacto están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), en la medida en que se refieren a la venta de tales lentes de contacto por Internet. En cambio, las normas nacionales relativas a la entrega de esas lentes de contacto no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.
   Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, así como la Directiva 2000/31 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que autoriza la comercialización de lentes de contacto exclusivamente en establecimientos especializados en instrumentos médicos.

      (1)  DO C 141, de 20.6.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de noviembre de 2000 en el asunto C-421/98: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España ("Incumplimiento de Estado — Artículos 2 y 10 de la Directiva 85/384/CEE — Restricciones al ejercicio de la actividad de arquitecto en función de la definición de la profesión en el Estado miembro de origen del título")

text:
24.3.2001               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                   C 95/1
                                                                       I
                                                               (Comunicaciones)
                                                TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                         TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                               1989 (BOE no 214, de 7 de septiembre de 1989, p. 28449),
                                                                          que los titulados en arquitectura por otros Estados miembros
                                                                          cuyo tı́tulo hubiere sido reconocido en el marco de dicha
                                                                          Directiva «no podrán ejercer en España facultades distintas de
                           (Sala Quinta)                                  las que conforme a la titulación del paı́s de origen podrı́an
                                                                          desarrollar en éste, salvo que actúen en colaboración con
                                                                          otro profesional capacitado para ejercerlas y con titulación
                   de 23 de noviembre de 2000                             asimismo reconocida según la legislación española», el Tribunal
                                                                          de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres A. La Pergola,
                                                                          Presidente de Sala, D.A.O. Edward (Ponente) y P. Jann, Jueces;
                                                                          Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass, ha
en el asunto C-421/98: Comisión de las Comunidades                       dictado el 23 de noviembre de 2000 una sentencia cuyo fallo
              Europeas contra Reino de España (1)                        es el siguiente:
(«Incumplimiento de Estado — Artı́culos 2 y 10 de la                      1)    Se declara que el Reino de España ha incumplido las obligacio-
Directiva 85/384/CEE — Restricciones al ejercicio de la                         nes que le incumben en virtud de los artı́culos 2 y 10 de la
actividad de arquitecto en función de la definición de la                     Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985,
      profesión en el Estado miembro de origen del tı́tulo»)                   para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros
                                                                                tı́tulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas
                                                                                destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de
                                                                                establecimiento y de la libre prestación de servicios, al establecer
                          (2001/C 95/01)                                        en el artı́culo 10, apartado 2, del Real Decreto 1081/1989,
                                                                                de 28 de agosto de 1989, que los titulados en arquitectura por
                                                                                otros Estados miembros cuyo tı́tulo hubiere sido reconocido en
                                                                                el marco de dicha Directiva no podrán ejercer en España
                                                                                facultades distintas de las que conforme a la titulación del paı́s
                  (Lengua de procedimiento: español)                           de origen podrı́an desarrollar en éste, salvo que actúen en
                                                                                colaboración con otro profesional capacitado para ejercerlas
                                                                                y con titulación asimismo reconocida según la legislación
En el asunto C-421/98, Comisión de las Comunidades Euro-                       española.
peas (agentes: Sra. I. Martı́nez del Peral y Sr. B. Mongin) contra
Reino de España (agente: Sra. M. López-Monı́s Gallego), que
tiene por objeto que se declare que el Reino de España ha                2)    Se condena en costas el Reino de España.
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los
artı́culos 2 y 10 de la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de
10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de
diplomas, certificados y otros tı́tulos en el sector de la
arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar y              (1) DO C 20, de 23.1.1999.
otros tı́tulos en el sector de la arquitectura, y que incluye
medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho
de establecimiento y de la libre prestación de servicios (DO
L 223, p. 15; EE 06/03, p. 9), al establecer en el artı́culo 10,
apartado 2, del Real Decreto 1081/1989, de 28 de agosto de


title: Archivo del asunto C-98/00

text:
28.7.2001             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 212/21
               Archivo del asunto C-98/00 (1)                                    Archivo del asunto C-124/00 (1)
                       (2001/C 212/37)
                                                                                (2001/C 212/38)
Mediante auto de 28 de mayo de 2001, el Presitente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Mediante auto de 28 de mayo de 2001, el Presidente del
archivar el asunto C-98/00: Comisión de las Comunidades           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Europeas contra República Helénica.                               archivar el asunto C-124/00: Comisión de las Comunidades
                                                                   Europeas contra República Helénica.
(1) DO C 149 de 27.5.200.
                                                                   (1) DO C 163 de 10.6.2000.


title: Asunto F-54/10: Recurso interpuesto el 9 de julio de 2010 — Verheyden/Comisión

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/43

         Recurso interpuesto el 9 de julio de 2010 — Verheyden/Comisión
   (Asunto F-54/10)
   ()
   2010/C 246/75
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Luc Verheyden (Angera, Italia) (representante: E. Boigelot, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión desestimatoria de la solicitud del demandante de que se le tratara igual que a los demandantes de los asuntos F-5/05 y F-7/05.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión implícita desestimatoria de la solicitud presentada por el demandante el 16 de julio de 2009.

               —

               En la medida en que sea necesario, que se anule la decisión explícita desestimatoria de la reclamación presentada por el demandante el 28 de diciembre de 2009, adoptada el 29 de marzo de 2010.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de 3 000 euros en concepto de indemnización.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-98/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret (Dinamarca) el 27 de febrero de 2013 — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

text:
               4.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret (Dinamarca) el 27 de febrero de 2013 — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA
   (Asunto C-98/13)
   2013/C 129/17
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Højesteret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Martin Blomqvist

      Demandadas: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, (1) en el sentido de que se produce una «distribución al público» en un Estado miembro de productos protegidos por derechos de autor cuando una empresa celebra un contrato a través de un sitio web ubicado en un tercer país para la venta y el envío de los productos a un comprador particular con una dirección conocida por el vendedor ubicada en el Estado miembro en el que dichos productos están protegidos por derechos de autor, recibe el pago por los productos y realiza el envío al comprador a la dirección acordada, o bien constituye también un requisito en ese caso que los productos deban haber sido objeto, con anterioridad a la venta, de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a consumidores situados en el Estado miembro en el que se entregan los productos o mostrada en un sitio web destinado a tales consumidores?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (2) en el sentido de que se produce un «uso […] en el tráfico económico» de una marca en un Estado miembro cuando una empresa celebra un contrato a través de un sitio web ubicado en un tercer país para la venta y el envío de los productos que llevan la marca a un comprador particular con una dirección conocida por el vendedor ubicada en un Estado miembro en el que la marca está registrada, recibe el pago por los productos y realiza el envío al comprador a la dirección acordada, o bien constituye también un requisito en ese caso que los productos deban haber sido objeto, con anterioridad a la venta, de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a consumidores situados en el Estado miembro en cuestión o mostrada en un sitio web destinado a tales consumidores?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, (3) en el sentido de que se produce un «uso en el tráfico económico» de una marca en un Estado miembro cuando una empresa celebra un contrato a través de un sitio web ubicado en un tercer país para la venta y el envío de los productos que llevan la marca comunitaria a un comprador particular con una dirección conocida por el vendedor ubicada en un Estado miembro, recibe el pago por los productos y realiza el envío al comprador a la dirección acordada, o bien constituye también un requisito en ese caso que los productos deban haber sido objeto, con anterioridad a la venta, de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a consumidores situados en el Estado en cuestión o mostrada en un sitio web destinado a tales consumidores?

               4)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual (4) y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, en el sentido de que constituye un requisito para la aplicación en un Estado miembro de las disposiciones dirigidas a impedir el despacho a libre práctica y a la destrucción de «mercancías piratas» el que la «distribución al público» deba haberse producido en un Estado miembro con sujeción a los mismos criterios indicados en la respuesta a la cuestión 1?

               5)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, en el sentido de que constituye un requisito para la aplicación en un Estado miembro de las disposiciones dirigidas a impedir el despacho a libre práctica y a la destrucción de «mercancías falsificadas» que el «uso en el tráfico comercial» deba haberse producido en un Estado miembro con sujeción a los mismos criterios indicados en las respuestas a las cuestiones 2 y 3?

      (1)  DO L 167, p. 10.

      (2)  DO L 299, p. 25.

      (3)  DO L 78, p. 1.

      (4)  DO L 196, p. 7.


title: Archivo del asunto T-283/99

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/60

         Archivo del asunto T-283/99 (1)

   (2004/C 262/109)

      (Lengua de procedimiento: neerlandés)

   Mediante auto de 4 de mayo de 2004, el Presidente de la Sala Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-283/99, Vlutters Handelsonderneming B.V., apoyada por el Reino de los Países Bajos, contra Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 47 de 19.2.2000.


title: Asunto T-312/05: Sentencia del Tribunal General de 8 de septiembre de 2010 — Comisión/Alexiadou ( «Cláusula compromisoria — Contrato relativo a un proyecto de desarrollo de una tecnología para la producción de cueros impermeables — No ejecución del contrato — Devolución de cantidades pagadas anticipadamente — Intereses de demora — Devolución al Tribunal posteriormente a la anulación — Procedimiento en rebeldía» )

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/29

      Sentencia del Tribunal General de 8 de septiembre de 2010 — Comisión/Alexiadou
      (Asunto T-312/05) (1)

      (Cláusula compromisoria - Contrato relativo a un proyecto de desarrollo de una tecnología para la producción de cueros impermeables - No ejecución del contrato - Devolución de cantidades pagadas anticipadamente - Intereses de demora - Devolución al Tribunal posteriormente a la anulación - Procedimiento en rebeldía)
      (2010/C 288/54)
      Lengua de procedimiento: griego

         Partes

         Demandante: Comisión Europea (representante: D. Triantafyllou, agente)

         Demandada: Efrosyni Alexiadou (Salónica, Grecia) (representante: C. Matellas, abogado)

         Objeto

      Recurso interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 238 CE con el fin de obtener la devolución de la cantidad de 23 036,31 euros pagada por ésta, en méritos de un contrato relativo a un proyecto de desarrollo de una tecnología destinada a la producción de cueros impermeables (contrato G1ST-CT-2002-50227), más los intereses de demora.

         Fallo

                  1)

                  Condenar a Efrosini Alexiadou a devolver a la Comisión Europea la cantidad de 23 036,31 euros más los intereses de demora:

                              —

                              al tipo del 5,25 % anual a partir del 1 de marzo de 2003 hasta el 31 de agosto de 2005;

                              —

                              al tipo legal anual aplicado en virtud de la ley belga, con el límite del tipo del 5,25 % anual, a partir del 1 de septiembre de 2005 hasta el pago completo de la deuda.

                  2)

                  Condenar en costas a Efrosyni Alexiadou.

         (1)  DO C 271, de 29.10.2005.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de febrero de 2003 en el asunto T-7/01, Norman Pyres contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agente temporal — Prórroga de contrato — Plazo)

text:
C 101/32                ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                          26.4.2003
                                                     TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                 T. Jestaedt, V. von Bomhard y A. Renck, abogados, contra
                                                                            Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
                     de 6 de febrero de 2003                                y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. A. von Mühlendahl y
                                                                            B. Weggenmann y Sra. C. Røhl Søberg), y en el que la parte
en el asunto T-7/01, Norman Pyres contra Comisión de                        coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia es Karlsberg
                  las Comunidades Europeas (1)                              Brauerei KG Weber, con domicilio social en Homburg (Alema-
                                                                            nia), representada por el Sr. R. Lange, abogado, que tiene por
      (Agente temporal — Prórroga de contrato — Plazo)                      objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala
                                                                            Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado
                                                                            Interior (marcas, dibujos y modelos) de 12 de febrero de
                          (2003/C 101/56)
                                                                            2001 (Asunto R-251/2000-3), relativa al registro del signo
                                                                            MYSTERY como marca comunitaria al cual se opuso la
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                        marca nacional Mixery, el Tribunal de Primera Instancia
                                                                            (Sala Segunda), integrado por los Sres. R.M. Moura Ramos,
                                                                            Presidente, J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; Secretaria: Sra.
En el asunto T-7/01, Norman Pyres, ex agente temporal de la                 D. Christensen, administradora, ha dictado el 15 de enero de
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                      2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Bruselas, representado por M es G. Vandersanden y L. Levi,
abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra la
Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall),              1)    Desestimar el recurso.
que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión
de prorrogar el contrato de agente temporal del demandante                  2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
por un plazo limitado de 6 meses, el Tribunal de Primera
Instancia (órgano unipersonal: Sr. P. Mengozzi); Secretario: Sr.
J. Plingers, administrador, ha dictado el 6 de febrero de 2003              (1 ) DO C 227 de 11.8.2001.
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)     Desestimar el recurso.
2)     Cada parte soportará sus propias costas.
( 1) DO C 95, de 24.3.2001.                                                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 13 de febrero de 2003
                                                                            en el asunto T-333/01: Karl L. Meyer contra Comisión de
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                 las Comunidades Europeas ( 1)
                      de 15 de enero de 2003
                                                                            («PTU — Recurso de indemnización — Obligación de
                                                                                publicidad y de control — Relación de causalidad»)
en el asunto T-99/01: Mystery drinks GmbH contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
                 dibujos y modelos) (OAMI) (1)                                                       (2003/C 101/58)
(«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición —                                           (Lengua de procedimiento: francés)
Marca nacional anterior Mixery — Solicitud de marca
comunitaria figurativa MYSTERY — Motivo de denegación
relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1,
               letra b) del Reglamento no 40/94»)
                                                                            En el asunto T-333/01, Karl L. Meyer, con domicilio en Uturoa
                                                                            (Polinesia francesa), representado por M e J.-D. des Arcis,
                          (2003/C 101/57)                                   abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comi-
                                                                            sión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. M.-J. Jonczy y
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                          Sr. B. Martenczuk), que tiene por objeto una petición de
                                                                            indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por el
                                                                            demandante como consecuencia de los actos lesivos que se
En el asunto T-99/01, Mystery drinks GmbH, con domicilio                    imputan a la Comisión en el marco de la aplicación de las
social en Eppertshausen (Alemania), representada por los Sres.              Decisiones de asociación de los países y territorios de ultramar,


title: Asuntos acumulados C-454/12 y C-455/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 27 de febrero de 2014 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Pro Med Logistik GmbH (C-454/12)/Finanzamt Dresden-Süd y Eckard Pongratz, que actúa en calidad de administrador concursal de Karin Oertel (C-455/12)/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (Procedimiento prejudicial — IVA — Sexta Directiva IVA — Artículo 12, apartado 3 — Anexo H, categoría 5 — Directiva 2006/112/CE — Artículo 98, apartados 1 y 2 — Anexo III, número 5 — Principio de neutralidad — Transporte de personas y de sus equipajes — Normativa de un Estado miembro que aplica un tipo de IVA diferente al transporte en taxi y al transporte en vehículo de alquiler con conductor)

text:
               14.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 27 de febrero de 2014 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Pro Med Logistik GmbH (C-454/12)/Finanzamt Dresden-Süd y Eckard Pongratz, que actúa en calidad de administrador concursal de Karin Oertel (C-455/12)/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt
   (Asuntos acumulados C-454/12 y C-455/12) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - IVA - Sexta Directiva IVA - Artículo 12, apartado 3 - Anexo H, categoría 5 - Directiva 2006/112/CE - Artículo 98, apartados 1 y 2 - Anexo III, número 5 - Principio de neutralidad - Transporte de personas y de sus equipajes - Normativa de un Estado miembro que aplica un tipo de IVA diferente al transporte en taxi y al transporte en vehículo de alquiler con conductor))
   2014/C 112/09
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesfinanzhof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Pro Med Logistik GmbH (C-454/12), Eckard Pongratz, que actúa en calidad de administrador concursal de Karin Oertel (C-455/12)

      Demandadas: Finanzamt Dresden-Süd (C-454/12), Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (C-455/12)

      Objeto

   Peticiones de decisión prejudicial — Bundesfinanzhof — Interpretación del artículo 98, apartado 1, en relación con el anexo III, número 5, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) y del artículo 12, apartado 3, letra a), párrafo tercero, en relación con el anexo H, categoría 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en sus versiones modificadas — Principio de neutralidad — Normativa de un Estado miembro que establece una diferencia de trato a efectos del IVA entre prestaciones de servicios idénticas desde el punto de vista del consumidor y que satisfacen las mismas necesidades — Diferencia de trato entre los transportes de enfermos en taxi y en vehículos de alquiler con conductor.

      Fallo

               1)

               El artículo 12, apartado 3, letra a), párrafo tercero, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2001/4/CE del Consejo, de 19 de enero de 2001, en relación con el anexo H, categoría 5, de ésta, y el artículo 98, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en relación con el anexo III, número 5, de ésta, considerando el principio de neutralidad fiscal, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que dos tipos de servicios de transporte urbano de personas y de sus equipajes, a saber, por una parte, en taxi y, por otra, en vehículo de alquiler con conductor, se graven con tipos de IVA distintos, uno reducido y el otro normal, en la medida en que, por un lado, en virtud de las diferentes exigencias legales a las que están sujetos estos dos tipos de transporte, la actividad de transporte urbano de personas en taxi constituya un aspecto concreto y específico de la categoría de servicios de transporte de personas y de sus equipajes, recogida en la categoría 5 y en el número 5 de los anexos indicados de dichas Directivas, y, por otro lado, dichas diferencias ejerzan una influencia determinante en la decisión del usuario medio de utilizar uno u otro tipo de transporte. Corresponde al tribunal nacional comprobar si sucede así en los litigios principales.

               2)

               Por el contrario, el artículo 12, apartado 3, letra a), párrafo tercero, de la Directiva 77/388, en su versión modificada por la Directiva 2001/4, en relación con el anexo H, categoría 5, de ésta, y el artículo 98, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/112, en relación con el anexo III, número 5, de ésta, considerando el principio de neutralidad fiscal, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que dos tipos de servicios de transporte urbano de personas y de sus equipajes, a saber, por una parte, en taxi y, por otra, en vehículo de alquiler con conductor, se graven con tipos de impuesto sobre el valor añadido distintos cuando, en virtud de un convenio especial que se aplica indistintamente a las compañías de taxis y a las empresas de alquiler de vehículos con conductor que son partes en el mismo, el transporte de personas en taxi no constituya un aspecto concreto y específico del transporte de personas y de sus equipajes y esa actividad realizada en el marco de dicho convenio se considere similar, desde el punto de vista del usuario medio, a la actividad de transporte urbano de personas en vehículo de alquiler con conductor, extremo que debe comprobar el tribunal nacional.

      (1)  DO C 399, de 22.12.2012.


title: Asunto C-338/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Montreuil (Francia) el 4 de julio de 2011 — Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A., en nombre de FIM Santander Top 25 Euro Fi/Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/33

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Montreuil (Francia) el 4 de julio de 2011 — Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A., en nombre de FIM Santander Top 25 Euro Fi/Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux
   (Asunto C-338/11)
   2011/C 269/64
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal administratif de Montreuil

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A., en nombre de FIM Santander Top 25 Euro Fi

      Demandada: Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe tenerse en cuenta la situación de los partícipes, además de la de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿qué requisitos deben concurrir para que pueda considerarse que la retención en origen controvertida es conforme con el principio de libre circulación de capitales?