title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 2000 en el asunto C-34/98: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa (Seguridad Social — Financiación — Legislación aplicable)

text:
29.4.2000                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 122/3
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 2. Una empresa de trabajo temporal ejerce normalmente sus
                                                                                actividades en el Estado miembro en el que está establecida
                      de 10 de febrero de 2000                                    cuando efectúa habitualmente actividades significativas en el
                                                                                territorio de dicho Estado.
en el asunto C-202/97 (petición de decisión prejudicial
planteada por Arrondissementsrechtbank te Amsterdam):                        3. El artı́culo 11, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE)
Fitzwilliam Executive Search Ltd, que actúa con el nombre                        no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que
comercial «Fitzwilliam Technical Services (FTS)», contra                          se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento
Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekerin-                           no 1408/71, en su versión consolidada y actualizada, hasta la
                                   gen (1)                                        época de los hechos, por el Reglamento no 2001/83, debe
                                                                                interpretarse en el sentido de que el certificado expedido por la
(«Seguridad Social de los trabajadores migrantes — Determi-                       institución designada por la autoridad competente de un Estado
nación de la legislación aplicable — Trabajadores temporales                    miembro es vinculante para las instituciones de Seguridad Social
               desplazados en otro Estado miembro»)                               de los demás Estados miembros en la medida en que acredite la
                                                                                afiliación de los trabajadores desplazados por una empresa de
                                                                                trabajo temporal al régimen de Seguridad Social del Estado
                             (2000/C 122/04)
                                                                                miembro en el que ésta está establecida. No obstante, cuando las
                                                                                instituciones de los demás Estados miembros aduzcan dudas
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)                            sobre la exactitud de los hechos en los que se basa el certificado o
                                                                                sobre la apreciación jurı́dica de estos hechos y, en consecuencia,
                                                                                sobre la conformidad de las menciones de dicho certificado con el
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la           Reglamento no 1408/71 y, en particular, con su artı́culo 14,
       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)             apartado 1, letra a), la institución expedidora está obligada a
                                                                                reexaminar su fundamentación y, en su caso, a retirarlo.
En el asunto C-202/97, que tienen por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Arrondisse-               (1) DO C 212 de 12.7.1997.
mentsrechtbank te Amsterdam (Paı́ses Bajos), destinada a
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
entre Fitzwilliam Executive Search Ltd, que actúa con el
nombre comercial «Fitzwilliam Technical Services (FTS)», y
Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, una
decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 14,
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del
Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de
los regı́menes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta                                   de 15 de febrero de 2000
ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros
de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y del               en el asunto C-34/98: Comisión de las Comunidades
artı́culo 11, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE)                                   Europeas contra República Francesa (1)
no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que
se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento                   (Seguridad Social — Financiación — Legislación aplicable)
no 1408/71, en su versión consolidada y actualizada, hasta la
época de los hechos, por el Reglamento (CEE) no 2001/83 del                                              (2000/C 122/05)
Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03,
p. 53), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:
G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida,                                 (Lengua de procedimiento: francés)
L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G. Kapteyn, C.
Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch (Ponente), y M. Wathelet,
Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H.A.               (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
Rühl, administrador, ha dictado el 10 de febrero de 2000 una                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                             En el asunto C-34/98, Comisión de las Comunidades Europeas
1. El artı́culo 14, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE)               (Agentes: Sr. P. Hillemkamp y Sra. H. Michard) contra Repú-
     no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la           blica Francesa (Agentes: Sra. K. Rispal-Bellanger y Sr. C. Cha-
     aplicación de los regı́menes de Seguridad Social a los trabajadores    vance) que tiene por objeto que se declare que la República
     por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los          Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en
     miembros de sus familias que se desplazan dentro de la                  virtud de los artı́culos 48 y 52 del Tratado CE (actualmente
     Comunidad, en su versión consolidada y actualizada, hasta la           artı́culos 39 CE y 43 CE, tras su modificación), ası́ como del
     época de los hechos, por el Reglamento (CEE) no 2001/83 del             artı́culo 13 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de
     Consejo, de 2 de junio de 1983, debe interpretarse en el sentido        14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regı́menes
     de que, para beneficiarse de la ventaja ofrecida por esta               de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
     disposición, una empresa de trabajo temporal que, desde un             trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus
     primer Estado miembro, pone trabajadores a disposición de              familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su
      empresas situadas en el territorio de otro Estado miembro debe         versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE)
     ejercer normalmente sus actividades en el primer Estado.                no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997,
 ---pagebreak--- C 122/4                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            29.4.2000
L 28, p. 1), al aplicar la contribución para el reembolso de la            artı́culos 39 CE y 43 CE, tras su modificación), ası́ como del
deuda social a los rendimientos del trabajo y a las prestaciones            artı́culo 13 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de
sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena y de los                 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regı́menes
trabajadores por cuenta propia que residen en Francia pero                  de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
trabajan en otro Estado miembro y que, en virtud del citado                 trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus
Reglamento, no están sometidos a la legislación francesa en               familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su
materia de Seguridad Social, el Tribunal de Justicia, integrado             versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE)
por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho          no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997,
de Almeida (Ponente), D.A.O. Edward, L. Sevón y R. Schintgen,              L 28, p. 1), al aplicar la contribución social generalizada a los
Presidentes de Sala; C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,               rendimientos del trabajo y a las prestaciones sustitutorias de
P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces; Abogado                        los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por
General: Sr. A. La Pergola; Secretario: Sr. H. von Holstein,                cuenta propia que residen en Francia pero que, en virtud del
Secretario adjunto, ha dictado el 15 de febrero de 2000 una                 citado Reglamento, no están sometidos a la legislación francesa
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                       en materia de Seguridad Social, el Tribunal de Justicia, inte-
                                                                            grado por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J.C.
1. Se declara que la República Francesa ha incumplido las obligacio-       Moitinho de Almeida (Ponente), D.A.O. Edward, L. Sevón y R.
     nes que le incumben en virtud artı́culo 13 del Reglamento (CEE)        Schintgen, Presidentes de Sala; C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G.
     no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la          Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces; Abogado
     aplicación de los regı́menes de Seguridad Social a los trabajadores   General: Sr. A. La Pergola; Secretario: Sr. H. von Holstein,
     por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los         Secretario adjunto, ha dictado el 15 de febrero de 2000 una
     miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad,      sentencia cuyo fallo es el siguiente:
     en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE)
     no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, ası́ como de         1. Se declara que la República Francesa ha incumplido las
     los artı́culos 48 y 52 del Tratado CE (actualmente artı́culos 39            obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 13 del
     CE y 43 CE, tras su modificación), al aplicar la contribución para        Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de
     el reembolso de la deuda social a los rendimientos del trabajo y a          1971, relativo a la aplicación de los regı́menes de Seguridad
     las prestaciones sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena          Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por
     y de los trabajadores por cuenta propia que residen en Francia pero          cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan
     trabajan en otro Estado miembro y que, en virtud del citado                  dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada
     Reglamento, no están sometidos a la legislación francesa en               por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de
     materia de Seguridad Social.                                                diciembre de 1996, ası́ como de los artı́culos 48 y 52 del
                                                                                Tratado CE (actualmente artı́culos 39 CE y 43 CE, tras su
2. Se condena en costas a la República francesa.                                modificación), al aplicar la contribución para el reembolso de la
                                                                                deuda social a los rendimientos del trabajo y a las prestaciones
(1) DO C 94 de 28.3.1998.                                                        sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena y de los
                                                                                trabajadores por cuenta propia que residen en Francia pero
                                                                                trabajan en otro Estado miembro y que, en virtud del citado
                                                                                Reglamento, no están sometidos a la legislación francesa en
                                                                                materia de Seguridad Social.
                                                                            2. Se condena en costas a la República francesa.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                            (1) DO C 278 de 5.9.1998.
                      de 15 de febrero de 2000
en el asunto C-169/98: Comisión de las Comunidades
              Europeas contra República Francesa (1)                                     AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
 (Seguridad Social — Financiación — Legislación aplicable)                                             (Sala Tercera)
                             (2000/C 122/06)                                                     de 16 de diciembre de 1999
                                                                            en el asunto C-170/99 P: Clauni SA y otros contra
                    (Lengua de procedimiento: francés)                                 Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                            («Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                   y en parte manifiestamente infundado»)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (2000/C 122/07)
En el asunto C-169/98, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (Agentes: Sr. P. Hillemkamp y Sra. H. Michard) contra
República Francesa (Agentes: Sra. K. Rispal-Bellanger y Sr. C.                                 (Lengua de procedimiento: francés)
Chavance) que tiene por objeto que se declare que la República
Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en                  En el asunto C-170/99 P, Clauni SA, con domicilio social en
virtud de los artı́culos 48 y 52 del Tratado CE (actualmente                Le Passage (Francia), Jean-Marie Bissières, con domicilio en La


title: Asuntos acumulados C-478/11 P a C-482/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de abril de 2013 — Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P)/Consejo de la Unión Europea (Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra personas y entidades — Artículo 263 TFUE, párrafo sexto — Plazo para recurrir — Fuerza mayor — Conflicto armado)

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de abril de 2013 — Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P)/Consejo de la Unión Europea
   (Asuntos acumulados C-478/11 P a C-482/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra personas y entidades - Artículo 263 TFUE, párrafo sexto - Plazo para recurrir - Fuerza mayor - Conflicto armado)
   2013/C 171/12
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrentes: Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P) (representante: L. Bourthoumieux, abogada)

      Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: B. Driessen y M.-M. Joséphidès, agentes)

      Objeto

   Recursos de casación interpuestos contra los autos del Tribunal General de 13 de julio de 2011, Gbagbo/Consejo (T-348/11), Koné/Consejo (T-349/11), Boni-Claverie/Consejo (T-350/11), Djédjé/Consejo (T-351/11) y N’Guessan/Consejo (T-352/11), mediante los que dicho Tribunal declaró la manifiesta inadmisibilidad de los recursos a través de los cuales el recurrente solicitaba, por una parte, la anulación de las Decisiones 2011/17/PESC del Consejo, de 11 de enero de 2011 (DO L 11, p. 31), 2011/18/PESC del Consejo, de 14 de enero de 2011 (DO L 11, p. 36), y 2011/221/PESC del Consejo, de 6 de abril de 2011 (DO L 93, p. 20), que modifican la Decisión 2010/656/PESC del Consejo por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil y, por otra parte, la anulación de los Reglamentos (UE) no 25/2011 del Consejo, de 14 de enero de 2011 (DO L 11, p. 1), y (UE) no 330/2011 del Consejo, de 6 de abril de 2011 (DO L 93, p. 10), que modifican el Reglamento (CE) no 560/2005 del Consejo, por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil, en la medida en que se refieren a las partes recurrentes — Falta de notificación individual de dicha Decisión — Caso de fuerza mayor.

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos de casación.

               2)

               Condenar en costas a los Sres. Laurent Gbagbo y Katinan Justin Koné, la Sra. Akissi Danièle Boni-Claverie y los Sres. Alcide Djédjé y Affi Pascal N’Guessan.

      (1)  DO C 6, de 7.1.2012.


title: Asunto C-1/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof (Bélgica) el 2 de enero de 2014 — KPN Group Belgium NV & Mobistar NV/Ministerraad

text:
               7.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof (Bélgica) el 2 de enero de 2014 — KPN Group Belgium NV & Mobistar NV/Ministerraad
   (Asunto C-1/14)
   2014/C 102/16
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Grondwettelijk Hof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: KPN Group Belgium NV & Mobistar NV

      Demandada: Ministerraad

      Parte coadyuvante: Belgacom NV

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la Directiva 2002/22/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), y en particular sus artículos 9 y 32, en el sentido de que la tarifa social del servicio universal y el mecanismo de compensación previsto en el artículo 13, apartado 1, letra b), de dicha Directiva son aplicables no sólo a las comunicaciones electrónicas por medio de una conexión telefónica desde una ubicación fija en una red de comunicaciones disponible al público, sino también a las comunicaciones electrónicas por medio de servicios de comunicación móvil y/o abonos a Internet?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 3, de la Directiva servicio universal en el sentido de que permite a los Estados miembros añadir al servicio universal opciones de tarifas específicas para servicios distintos de los descritos en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva servicio universal?

               3)

               En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda, ¿son compatibles las correspondientes disposiciones de la Directiva servicio universal con el principio de igualdad reconocido, entre otros, en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2)?

      (1)  DO L 108, p. 51.

      (2)  DO 2000, C 364, p. 1.


title: Asunto C-465/99 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de diciembre de 1999 por PARTEX — Companhia Portuguesa de Serviços, S.A., contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 1999 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-182/96, promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
19.2.2000              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 47/21
— Condene en costas a la República Helénica.                           inmediatamente a la Comisión dichas medidas. Dicho plazo
                                                                        venció el 16 de marzo de 1998 sin que la República Helénica
                                                                        hubiera comunicado a la Comisión las medidas de adaptación
Motivos y principales alegaciones                                       de su Derecho interno a la mencionada Directiva.
El carácter vinculante de las disposiciones de los artı́culos 249,
                                                                        (1) DO L 243, de 24.9.1996, p. 31.
párrafo tercero, y 10 CE (antiguos artı́culos 189, párrafo
tercero, y 5 del tratado CE) impone a los Estados miembros la
obligación de adoptar las medidas necesarias para adaptar su
ordenamiento jurı́dico interno a las Directivas antes de expirar
el plazo señalado al efecto y de comunicar inmediatamente a
la Comisión dichas medidas. Dicho plazo venció el 21 de mayo
de 1998 sin que la República Helénica hubiera comunicado a             Recurso de casación interpuesto el 3 de diciembre de
la Comisión las medidas de adaptación de su Derecho interno           1999 por PARTEX — Companhia Portuguesa de Serviços,
a la mencionada Directiva.                                              S.A., contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de
                                                                        1999 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia
                                                                        de las Comunidades Europeas en el asunto T-182/96, (1)
(1) DO L 296, de 21.11.1996, p. 55.
                                                                        promovido contra la Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                                peas
                                                                                (Asunto C-465/99 P)
                                                                                (2000/C 47/35)
Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 por la
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                           blica Helénica                               presentado el 3 de diciembre de 1999 un recurso de casación
                                                                        formulado por PARTEX — Companhia Portuguesa de Serviços,
                       (Asunto C-464/99)                                S.A., representada por los Sres. Rui Chancerelle de Machete,
                                                                        Pedro Machete y Miguel Pena Machete, Abogados de Lisboa,
                                                                        que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
                          (2000/C 47/34)
                                                                        Me Louis Schiltz, rue du Fort Rheinsheim, 2, contra la sentencia
                                                                        dictada el 16 de septiembre de 1999 por la Sala Tercera del
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
presentado el 1 de diciembre de 1999 un recurso contra                  en el asunto T-182/96, promovido contra la Comisión de las
la República Helénica formulado por la Comisión de las                Comunidades Europeas.
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Lena Ström,
Consejera de su Servicio Jurı́dico, y el Sr. Panagiotis Panagiotó-     La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
poulos, experto en Derecho nacional, adscrito al mismo, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del                    1. Anule la sentencia recurrida, con base en un error de
Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de             Derecho derivado de la aplicación indebida de la normativa
la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.                                     aplicable al FSE (Fondo Social Europeo) y/o con base en un
                                                                            error en la decisión sobre la existencia de abuso de
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                   Derecho, violación de los derechos de defensa y violación
                                                                            de los principios de buena fe, protección de la confianza
— Declare que la República Helénica ha incumplido las                      legı́tima y protección de los derechos adquiridos, ası́ como
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y de la             en la decisión sobre la existencia de desviación de poder,
     Directiva 96/59/CE (1) del Consejo, de 16 de septiembre de             en la medida en que dichas decisiones se fundaron
     1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y           en conclusiones de hecho materialmente incorrectas o
     de los policloroterfenilos (PCB/PCT), al no adoptar, y,                inexactas, exceptuando, sin embargo, la parte de la senten-
     subsidiariamente, no comunicar a la Comisión, dentro del              cia en que se estima parcialmente el recurso que PARTEX
     plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y           interpuso en el asunto T-182/96.
     administrativas necesarias para atenerse plenamente a
     dicha Directiva.                                                   2. En consecuencia, y con base en la infracción por parte de
                                                                            la Comisión de la mencionada normativa aplicable al FSE,
— Condene en costas a la República Helénica.                               anule la Decisión C(96)1184 de la Comisión, de 14 de
                                                                            agosto de 1996, que fue objeto del recurso interpuesto en
                                                                            el asunto T-182/96.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        3. En caso de que el Tribunal de Justicia desestime las
El carácter vinculante de las disposiciones de los artı́culos 249,         pretensiones formuladas en los puntos anteriores, anule la
párrafo tercero, y 10 CE (antiguos artı́culos 189, párrafo                sentencia recurrida, exceptuando, sin embargo, la parte de
tercero, y 5 del tratado CE) impone a los Estados miembros la               la sentencia en que se estima parcialmente el recurso que
obligación de adoptar las medidas necesarias para adaptar su               PARTEX interpuso en el asunto T-182/96, por haberse
ordenamiento jurı́dico interno a las Directivas antes de expirar            pronunciado dicho Tribunal sólo parcialmente sobre el
antes de expirar el plazo señalado al efecto y de comunicar                fondo del asunto.
 ---pagebreak--- C 47/22                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       19.2.2000
4. En caso de que el Tribunal de Justicia desestime las               — La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia
   pretensiones formuladas en los puntos anteriores, anule la             no se pronunció, como era su deber, sobre un segundo
   sentencia recurrida, en la parte en que dicha sentencia                motivo adicional de anulación de la Decisión de la
   confirma la validez de la decisión, adoptada por la                   Comisión impugnada en el asunto T-182/96, basado en la
   Comisión en el proyecto no 880412/P3, de considerar que               violación de la normativa aplicable al FSE (inexistencia de
   incumplen los requisitos, en su totalidad, las cantidades              potestad discrecional), que la demandante alegó en su
   solicitadas en las subpartidas 14.1.4, 14.2.6, 14.2.7,                 réplica en aquel asunto.
   14.3.1, letra b), 14.3.1, letra c), 14.3.3 y 14.3.5 del
   proyecto relativo a Pirites Alentejanas, en las subpartidas        — La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia
   14.3.8, 14.3.11 y 14.9 del proyecto relativo a Tintas                  incurrió en error en la aplicación del artı́culo 253 CE
   Robbialac y en la subpartida 14.3.9 del proyecto relativo a            (antiguo artı́culo 190) en relación con las subpartidas
   Sapec, pretensión de anulación que se fundamenta en los              14.1.4, 14.2.6, 14.2.7, 14.3.1, letra b), 14.3.1, letra c),
   siguientes motivos:                                                    14.3.3 y 14.3.5 del proyecto relativo a Pirites Alentejanas,
                                                                          en relación con las subpartidas 14.3.8, 14.3.11 y 14.9 del
   — inexactitud material de los hechos declarados probados               proyecto relativo a Tintas Robbialac y en relación con la
        por el Tribunal de Primera Instancia;                             subpartida 14.3.9 del proyecto relativo a Sapec, en la
                                                                          medida en que tal aplicación se basó en conclusiones de
   — error de Derecho derivado de incongruencia en la                     hecho materialmente incorrectas o inexactas.
        motivación.
                                                                      — La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia
5. En consecuencia, y con base en los mismos motivos, anule
                                                                          erró en su decisión sobre la existencia de abuso de Derecho,
   la Decisión C(96)1184 de la Comisión, de 14 de agosto de
                                                                          violación de los derechos de defensa y violación de los
   1996, en la parte en que la misma considera que incumplen
                                                                          principos de buena fe, protección de la confianza legı́tima
   los requisitos, en su totalidad, las cantidades referentes a
                                                                          y protección de los derechos adquiridos, en la medida en
   las subpartidas 14.1.4, 14.2.6, 14.2.7, 14.1, letra b),
                                                                          que dicha decisión se basó en conclusiones de hecho
   14.3.1, letra c), 14.3.3 y 14.3.5 del proyecto relativo a
                                                                          materialmente incorrectas o inexactas.
   Pirites Alentejanas, 14.3.8, 14.3.11 y 14.9 del proyecto
   relativo a Tintas Robbialac y 14.3.9 del proyecto relativo a       — La recurrente mantiene que la inexactitud de los hechos
   Sapec.                                                                 declarados probados por el Tribunal de Primera Instancia
6. Anule el punto 3) del fallo de la sentencia recurrida, en la           llevó a dicho Tribunal a incurrir en error en la aplicación
   medida en que determina que PARTEX cargue con sus                      del Derecho al caso concreto, al considerar improcedente
   propias costas en el asunto T-182/96.                                  la existencia efectiva de un vicio de desviación de poder en
                                                                          la decisión impugnada en el asunto T-182/96.
7. Condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las
   costas.
                                                                      (1) DO C 26, de 25.1.1997, p. 9.
8. Declare procedente y debidamente probada la solicitud del
   beneficio de justicia gratuita y, en consecuencia, conceda
   al demandante dicho beneficio de justicia gratuita en la
   presente instancia.
Motivos y principales alegaciones                                     Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 1999 contra la
— La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia         República Helénica por la Comisión de las Comunidades
   incurrió en error de Derecho, por infracción de la norma-                                     Europeas
   tiva aplicable al FSE, al haber considerado que, en un caso
   como el presente — en que un Estado miembro ya certificó                                  (Asunto C-467/99)
   la exactitud fáctica y contable de la solicitud de pago del
   saldo —, ese mismo Estado puede modificar su apreciación                                    (2000/C 47/36)
   de la solicitud de que se trate si considera que se encuentra
   ante irregularidades que no se habı́an puesto de relieve con       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
   anterioridad.                                                      presentado el 3 de diciembre de 1999 un recurso contra
— La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia         la República Helénica formulado por la Comisión de las
   incurrió en error de Derecho al declarar la inadmisibilidad       Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Kontou
   del motivo adicional del recurso que PARTEX invocó en la          Durande, miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión, en
   réplica del asunto T-182/96, basado en la violación de las        calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo
   normas de reparto de competencias entre los Estados                el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de
   miembros y la Comisión.                                           dicho Servicio Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.
— La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia         La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
   incurrió en error de Derecho, por violación de la normativa      de Justicia que:
   aplicable al FSE, al considerar que no se habı́a producido
   una violación de las normas de reparto de competencias            — Declare que la República Helénica ha incumplido las
   entre los Estados miembros y la Comisión.                             obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva


title: Asunto T-97/00: Recurso interpuesto el 20 de abril de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Anastassia Vakalopoulou

text:
C 163/34               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    10.6.2000
Recurso interpuesto el 20 de abril de 2000 contra la                    Recurso interpuesto el 20 de abril de 2000 contra el
Comisión de las Comunidades Europeas por Anastassia                               Parlamento Europeo por Ignacio Samper
                          Vakalopoulou
                                                                                (Asunto T-99/00)
                        (Asunto T-97/00)
                                                                                (2000/C 163/68)
                         (2000/C 163/67)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  Europeas se ha presentado el 20 de abril de 2000 un recurso
Europeas se ha presentado el 20 de abril de 2000 un recurso             contra el Parlamento Europeo formulado por Ignacio Samper,
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado               con domicilio en Madrid, representado por Me Eric Boigelot,
por Anastassia Vakalopoulou, con domicilio en Bruselas,                 Abogado de Bruselas.
representada por Mes Jean-Noël Louis y Véronique Peere,
Abogados de Bruselas.                                                   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           — anule la decisión de la AFPN de 9 de junio de 1999, en la
que:                                                                         medida en que establece como fecha a partir de la cual
                                                                             surte efectos la promoción del demandante al grado A4 el
                                                                             1 de enero de 1998, y no el 1 de enero de 1997;
— Anule la decisión de la Comisión, de 15 de noviembre de
     1999, por la que se acuerda no prorrogar el contrato de
                                                                        — en cualquier caso, condene al Parlamento Europeo al pago
     agente temporal de la parte demandante más allá del 30 de
                                                                             de la totalidad de las costas.
     septiembre de 1999.
— Condene a la parte demandada a pagar a la demandante la               Motivos y principales alegaciones
     retribución que deberı́a haber percibido desde el 1 de
     octubre de 1999, con deducción de las indemnizaciones y
     retribuciones percibidas.                                          Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de
                                                                        1999 en el asunto C-304/97 P, que anuló el nombramiento
— Condene en costas a la parte demandada.                               del demandante como Jefe de División en la Oficina de
                                                                        Información del Parlamento en Madrid, éste fue clasificado en
                                                                        el grado A5 a partir del 1 de abril de 1995. Mediante la
                                                                        decisión impugnada, la AFPN lo ascendió al grado A4 con
Motivos y principales alegaciones                                       efectos a partir del 1 de enero de 1998. Por consiguiente, no
                                                                        ha podido admitirse su candidatura para el puesto de Jefe de la
                                                                        Oficina de Información de Madrid, al no tener los dos años de
La demandante señala que la Comisión decidió, tras un acuerdo        antigüedad en el grado exigidos el 7 de mayo de 1999, fecha
en el marco del convenio técnico sobre personal contratado,             lı́mite para la presentación de candidaturas.
celebrar contratos con determinados agentes temporales con
la condición de que éstos hayan presentado su candidatura en
oposiciones generales o cumplan los requisitos para la admi-            El demandante cuestiona la fecha a partir de la cual debe
sión en oposiciones futuras.                                           producir efectos la decisión impugnada. La correcta aplicación
                                                                        del artı́culo 45 del Estatuto, ası́ como de las disposiciones
                                                                        generales de aplicación sobre la base del artı́culo 110 del
La demandante estima que cumplı́a los requisitos previstos por          Estatuto, deberı́a haber conducido a que se le reconociese el
el acuerdo y que, por lo tanto, tenı́a derecho a que se                 grado A4 a partir del 1 de enero de 1997 a más tardar.
prorrogase su contrato. De este modo, la decisión impugnada
se ha adoptado en violación del principio de igualdad de trato         En apoyo de sus pretensiones, el demandante sostiene, en
entre agentes temporales.                                               particular, que la parte demandada infringió los artı́culos 24,
                                                                        apartados 3 y 4, y 45 del Estatuto, y vulneró varios principios
                                                                        generales del Derecho, entre otros el de igualdad de trato entre
Además, la Comisión ha infringido el artı́culo 25 del Estatuto
                                                                        los funcionarios. Señala que la AFPN habı́a reconstituido su
y el principio de los derechos de defensa al no proporcionar
                                                                        carrera de manera errónea, y no habı́a tenido suficientemente
ningún elemento que permita a la demandante comprender
                                                                        en cuenta su movilidad como Jefe de División de una Oficina
las razones por las que no se ha prorrogado su contrato.
                                                                        exterior.


title: Asunto C-189/03: Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2003 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
5.7.2003                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 158/11
Recurso de casación interpuesto el 25 de abril de 2003                    progresiva y degenerativa de su patología. Por otro lado, el
por el Sr. A. Nardone contra la sentencia dictada el 26 de                Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que el
febrero de 2003 por la Sala Primera del Tribunal de                       recurrente goza en la actualidad del derecho a una pensión de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el                       invalidez permanente parcial, que tiene un efecto determinado
asunto T-59/01, promovido por el Sr. A. Nardone contra                    sobre el cálculo de su pensión de jubilación.
           la Comisión de las Comunidades Europeas
                       (Asunto C-181/03 P)
                         (2003/C 158/19)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 25 de abril de 2003 un recurso de casación                  Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2003 contra el Reino
formulado por el Sr. A. Nardone, representado por el                      de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades
Sr. J.R. Iturriagagoitia y la Sra. K. Delvolvé, abogados, contra la                                    Europeas
sentencia dictada el 26 de febrero de 2003 por la Sala Primera
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
                                                                                (Asunto C-189/03)
en el asunto T-59/01, promovido entre el Sr. A. Nardone y la
Comisión de las Comunidades Europeas. La parte recurrente
solicita al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas                                       (2003/C 158/20)
que:
Con carácter principal:
—     Declare el recurso admisible y fundado.                             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 5 de mayo de 2003 un recurso contra el
—     Anule en su totalidad la sentencia dictada por el Tribunal          Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de las
      de Primera Instancia el 26 de febrero de 2003 en el                 Comunidades Europeas, representada por W. Wils, en calidad
      asunto T-59/01.                                                     de agente.
Con carácter subsidiario:
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
—     Anule la decisión explícita de la autoridad facultada para
      proceder a los nombramientos de 15 de diciembre de                  —     Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido
      2000, en la medida en que desestima la reclamación                        las obligaciones que le incumben en virtud del artículo
      del recurrente de 23 de mayo de 2000, relativa al                         49 CE y de las Directivas 89/49/CEE (1) y 92/51/CEE (2),
      reconocimiento de la pensión de invalidez con arreglo                     relativas al sistema general de reconocimiento de forma-
      al artículo 78, párrafo segundo, del Estatuto de los                      ciones profesionales, al haber adoptado, en relación con
      Funcionarios.                                                             la Ley sobre empresas de seguridad y agencias de
                                                                                investigación privadas, disposiciones que establecen que:
—     En la medida en que sea necesario, anule la decisión
      explícita de la AFPN de 20 de marzo de 2000, por cuanto
      desestima la petición del recurrente de 18 de noviembre                   —     las empresas que quieran prestar servicios en el
      de 1999, relativa al reconocimiento de la pensión de                            territorio de los Países Bajos deben disponer de
      invalidez con arreglo al artículo 78, párrafo segundo, del                      una autorización, sin tomar en consideración las
      Estatuto de los Funcionarios.                                                   obligaciones que el prestador de servicios extranjero
                                                                                debe cumplir en el Estado miembro en el que
                                                                                está establecido y exigiendo un pago por dicha
En cualquier caso:                                                                    autorización,
—     Se pronuncie sobre las costas conforme a las disposiciones
      aplicables del Reglamento de Procedimiento.                               —     los directores de dichas empresas de seguridad deben
                                                                                disponer también de una autorización que entraña
                                                                                costes,
Motivos y principales alegaciones
                                                                                —     el personal de la empresa debe estar en posesión de
El recurrente rebate la apreciación del Tribunal de Primera                           un diploma otorgado por un organismo neerlandés,
Instancia según la cual aquél no cumplía los requisitos                               al tiempo que a los instaladores de alarmas se
acumulativos que exige el artículo 13 del anexo VIII del                              les imponen requisitos relativos a su formación
Estatuto de los Funcionarios para tener derecho a una pensión                         profesional sin tener en cuenta los conocimientos
de invalidez. En efecto, por un lado, no podía invocar sus                            adquiridos en otros Estados miembros.
derechos en 1981, fecha de su dimisión, debido a su ignorancia
en cuanto a su estado de salud a causa de la naturaleza                   —     Condene en costas al Reino de los Países Bajos.
 ---pagebreak--- C 158/12               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           5.7.2003
Motivos y principales alegaciones                                              La obligación de pago por la expedición de tal documento
                                                                               constituye, además, una carga financiera complementaria
                                                                               incompatible con el artículo 49 CE.
—    Motivos primero y segundo: autorizaciones obligatorias
     para las empresas y su personal
                                                                         —     Cuarto motivo: reconocimiento de la formación profe-
                                                                               sional
     El requisito de autorización para la prestación de servicios
     por una empresa de seguridad privada que quiere prestar                   En el reglamento neerlandés se exige el diploma «Alge-
     servicios en los Países Bajos constituye una restricción a                meen Beveiligingsmedewerker» expedido por un orga-
     la libre prestación de servicios de las empresas afectadas.               nismo neerlandés para los miembros del personal de las
     Tal restricción sólo está justificada si existe una razón                 empresas de seguridad. Además, se exige determinada
     imperiosa de interés general, si dicho interés no está                    formación a los «instaladores de alarmas» sin que se
     garantizado en el Estado miembro en el que está estable-                  tengan en cuenta los diplomas conseguidos en otros
     cida la empresa y si la medida nacional no va más allá de                 Estados miembros. En dicho reglamento no se prevé
     lo necesario para conseguir el objetivo perseguido.                       expresamente un procedimiento para el reconocimiento
                                                                               de los diplomas obtenidos y la formación adquirida para
     Sin embargo, por lo que se refiere, en primer lugar, a la                 el ejercicio de las profesiones de que se trata en otros
     idoneidad de la medida para la consecución del objetivo                   Estados miembros. El reglamento objeto de litigio no
     de interés general perseguido, que podría ser la protección               parece incluir disposición alguna que se refiera a los
     de los destinatarios de los servicios, no existen elementos               mecanismos de reconocimiento de la formación profesio-
     que permitan concluir que la obligación de disponer de                    nal, como están establecidos en la correspondiente legisla-
     una autorización, como la existente en los Países Bajos,                  ción nacional. Esta situación es incompatible con el
     constituya una medida adecuada.                                           Derecho comunitario, en especial con la Directiva 89/48/
                                                                               CEE y la Directiva 92/51/CEE que establecen, conjunta-
     Además, el reglamento neerlandés no tiene en cuenta los                   mente, un sistema general de reconocimiento de la
     requisitos que el prestador de servicios extranjero ya debe               formación profesional adquirida en otros Estados miem-
     cumplir en su Estado miembro de establecimiento, en                       bros.
     especial, cuando ya dispone de una autorización para
     ejercer sus actividades en dicho Estado miembro.
                                                                         (1 ) DO 1989, L 19, p. 16.
                                                                         (2 ) DO 1992, L 209, p. 25.
     Por otro lado, el sistema de autorización entraña costes
     para las empresas extranjeras. Dichos costes constituyen
     una carga financiera complementaria para las empresas
     extranjeras que ya están obligadas, en su país de origen, a
     solicitar una autorización y a abonar los importes asocia-
     dos a ésta. Los costes anteriormente mencionados tam-
     bién parecen incompatibles con el artículo 49 CE.
     Al igual que la obligación de las empresas de disponer de           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     una autorización, el requisito de que los directivos deban          lución de la Labour Court, de fecha 14 de abril de 2003,
     obtener un permiso especial tampoco parece constituir               en el asunto entre North Western Health Board y Margaret
     una medida adecuada que pueda estar justificada por una                                         McKenna
     de las razones invocadas por las autoridades neerlandesas.
     En cualquier caso, dado que la propia empresa debe
     obtener una autorización en los Países Bajos, el requisito                                 (Asunto C-191/03)
     de que los directivos deban disponer de un permiso
     constituye una medida doble innecesaria. Por tanto, el                                       (2003/C 158/21)
     permiso especial exigido a los directivos es contrario al
     principio de proporcionalidad y, en consecuencia, al
     artículo 49 CE.
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
—    Tercer motivo: documento de identidad                               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución de la Labour Court, dictada el 14 de abril de 2003,
     Las empresas extranjeras están obligadas a garantizar que           en el asunto entre North Western Health Board y Margaret
     los empleados que han sido destinados a los Países Bajos            McKenna, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
     desde el Estado de establecimiento dispongan de un                  12 de mayo de 2003. La Labour Court solicita al Tribunal de
     documento de identidad expedido por las autoridades                 Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
     neerlandesas. Este requisito también es aplicable en caso
     de prestaciones de servicios temporales. Dado que el                1.    ¿Está comprendido en el ámbito de aplicación de la
     personal desplazado ya debe estar en posesión, con                        Directiva 76/207 (1) un régimen de baja por enfermedad
     arreglo a la normativa comunitaria, de un carnet de                       que depara a las trabajadoras que sufren enfermedades
     identidad o de un pasaporte, no es proporcionado exigir                   relacionadas con el embarazo el mismo trato que a los
     un documento de identidad.                                                trabajadores que sufren enfermedades patológicas?


title: Asunto T-235/00: Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Cooperative Codess Sociale Cooperative Sociale a.r.l. y otros

text:
C 4/6                    ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        6.1.2001
Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2000 contra la                  Recurso interpuesto el 16 de octubre de 2000 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Cooperative                     Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,
       Codess Sociale Cooperative Sociale a.r.l. y otros                  Dibujos y Modelos) por SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH
                                                                                (Asunto T-323/00)
                         (Asunto T-235/00)
                                                                                (2001/C 4/09)
                            (2001/C 4/08)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                      En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 16 de octubre de 2000 un
                                                                          recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado
                                                                          Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) formulado por SAT.1
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    SatellitenFernsehen GmbH, Maguncia y Berlı́n (Alemania),
Europeas se ha presentado el 6 de septiembre de 2000 un                   representada por Reinhard Schneider, Abogado, bufete Büsing,
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                   Müffelmann, & Theye, Bremen (Alemania).
formulado por Cooperative Codess Sociale Cooperative Sociale
a.r.l. y otros, representados por las Sras. Franca Gajulli e
Isabella Gianniotti, Abogadas de Venecia.                                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          que:
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia                —     Anule la Decisión de la Sala Segunda de Recurso de 2 de
que:                                                                            agosto de 2000 recaı́da en el procedimiento de recurso R
                                                                                312/99-2.
—      Anule los artı́culos 1, 2, 5 y 6 de la Decisión 2000/394/CE
       de la Comisión, notificada con el no C (1999) 4268, de            —     Condene en costas a la parte demandada.
       fecha 25.11.1999, declarando que no tienen carácter de
       ayudas las medidas adoptadas a favor de los territorios de
       Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997
       y no 206/1995, o bien anule los artı́culos 1, 2, 5 y 6 de          Motivos y principales alegaciones
       la misma Decisión, declarando la aplicabilidad a la
       demandante de la excepción recogida en el artı́culo 86,
       apartado 2, del Tratado (servicios de interés económico           Marca objeto de la solici-     marca denominativa «SAT.2» —
       general).                                                          tud:                           Solicitud no 513135
                                                                          Mercancı́a o servicio:         mercancı́as y servicios de las clases
—      Condene en costas a la Comisión.                                                                 35, 38, 41, 42 (difusión de pro-
                                                                                gramas de radio y de televisión,
                                                                                producción de pelı́culas y progra-
                                                                                mas, explotación de los derechos
                                                                                de pelı́culas, desarrollo de soft-
Motivos y principales alegaciones                                                                        ware, entre otros)
                                                                          Resolución      recurrida     denegación del registro por parte
Los motivos y principales alegaciones son similares a los                 ante la Sala de Recurso:       del examinador
invocados en el asunto T-234/00 Fondazione Opera S. Maria
della Carità/Comisión. (1)                                               Motivos invocados:             — aplicación errónea del artı́-
                                                                                culo 7, apartado 1, letra b), del
                                                                                Reglamento (CE) no 40/94
                                                                                — aplicación errónea del artı́-
(1) Véase página 5 del presente Diario Oficial.                                                             culo 7, apartado 1, letra c), del
                                                                                Reglamento (CE) no 40/94


title: Adscripción de Jueces a las Salas

text:
5.2.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 34/21
                                                   TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
               Adscripción de Jueces a las Salas                       José Rivas Andrés), que tiene por objeto la anulación de la
                                                                        decisión de 1 de octubre de 1997 del tribunal del concurso-
                         (2000/C 34/39)                                 oposición general COM/A/1047, por la que se deniega la
                                                                        solicitud de participación del demandante en dicho concurso-
En su reunión de 13 de enero de 2000, el Pleno del Tribunal            oposición, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda),
de Primera Instancia, decidió de conformidad con el artı́culo 2,       integrado por los Sres.: A. Potocki, Presidente, C.W. Bellamy
apartado 4, de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de             y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González,
1988 y con el artı́culo 10 del Reglamento de Procedimiento              administrador, ha dictado el 9 de diciembre de 1999 una
del Tribunal de Primera Instancia, para el perı́odo que expira          sentencia cuyo fallo es el siguiente:
el 30 de septiembre del 2000, adscribir al Juez Sr. Forwood a
la Sala Primera, a la Sala Primera ampliada y a la Sala Quinta          1) Se anula la decisión de 1 de octubre de 1997 del tribunal del
ampliada.                                                                    concurso-oposición general COM/A/1047, por la que se deniega
                                                                             la solicitud de participación del demandante en dicho concurso-
                                                                             oposición.
Por consiguiente, la composición de las Salas adoptada el 6 de
julio de 1999 (DO C 226, de 26 de agosto de 1999, p. 28)                2) La Comisión cargará con sus propias costas, ası́ como con la
queda modificada como sigue:                                                 totalidad de las costas del demandante.
Sala Primera
                                                                        (1) DO C 41 de 7.2.98.
Sr. Vesterdorf, Presiente de Sala, Sr. Vilaras y Sr. Forwood,
Jueces.
Sala Primera ampliada
Sr. Vesterdorf, Presidente de Sala, Sr. Potocki, Sr. Meij, Sr.          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Vilaras y Sr. Forwood, Jueces.
                                                                                (órgano unipersonal)
Sala Quinte ampliada
                                                                                de 9 de diciembre de 1999
Sr. Garcı́a-Valdecasas, Presidente de Sala, Sra. Lindh, Sr. Cooke,
Sr. Vilaras y Sr. Forwood, Jueces.                                      en el asunto T-53/99, Nicolaos Progoulis contra Comisión
                                                                                de las Comunidades Europeas (1)
                                                                        (Función Pública — Informe de calificación — Descripción
                                                                                de funciones)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                         (2000/C 34/41)
                   de 9 de diciembre de 1999                                               (Lengua de procedimiento: inglés)
en el asunto T-299/97: Vicente Alonso Morales contra                    En el asunto T-53/99, Nicolaos Progoulis, funcionario de la
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                      Comisión de las Comunidades Europeas, representado por los
                                                                        Sres. Vassilios Akritidis, Abogado de Atenas, y Jonathan
(Funcionarios — Recurso de anulación — Requisitos de                   Branton; Solicitor, que designa como domicilio en Luxemburgo
admisión a un concurso-oposición — Estudios universitarios            el despacho de Abogados Ernest Arendt, 8-10 rue Mathias
completos sancionados por un tı́tulo — Estudios de ingenierı́a          Hardt, contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                  técnica realizados en España)                        (Agente: Sr. Julian Currall), que tiene por objeto la anulación
                                                                        de la Decisión de la Autoridad facultada para proceder a los
                         (2000/C 34/40)                                 nombramientos, de 17 de noviembre de 1998, por la que se
                                                                        desestima la petición de la demandante de 9 de junio de 1998,
                                                                        mediante la que solicitó la rectificación de su informe de
                 (Lengua de procedimiento: español)                    calificación correspondiente al perı́odo comprendido entre el
                                                                        1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1997, que se ordene a
En el asunto T-299/97, Vicente Alonso Morales, representado             la Comisión rectificar la valoración de la demandante y
por el Sr. Ramón Marés Salvador, Abogado del llustre Colegio           modificar la descripción de sus funciones recogidas en el
de Madrid, Doctor Esquerdo 136-1o, Madrid, contra Comisión             apartado 3(b) del informe, en el sentido indicado por la
de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Julian Currall y            demandante, y la concesión de una indemnización por los


title: Asunto T-472/17: Recurso interpuesto el 31 de julio de 2017 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — in-edit (Camele’on)

text:
               2.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 330/12

         Recurso interpuesto el 31 de julio de 2017 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — in-edit (Camele’on)
   (Asunto T-472/17)
   (2017/C 330/15)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, Alemania) (representante: H. Twelmeier, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: in-edit Sàrl (Mondorf-les-Bains, Luxemburgo)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye los elementos denominativos «Camele’on» — Solicitud de registro n.o 13317714

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 25 de mayo de 2017 en el asunto R 570/2016-4

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG.

               —

               Condene a in-edit Sàrl a cargar con sus costas en caso de que intervenga ante el Tribunal.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-515/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 3 de octubre de 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Bundesrepublik Deutschland

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 3 de octubre de 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Bundesrepublik Deutschland
   (Asunto C-515/11)
   2012/C 32/22
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Berlin

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Deutsche Umwelthilfe e.V.

      Demandada: Bundesrepublik Deutschland

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 2, punto 2, segunda frase, de la Directiva 2003/4/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, ¿debe interpretarse en el sentido de que también se está ante una actuación en calidad de órgano legislativo en el caso de las actuaciones de entidades e instituciones que afectan a la creación normativa del Ejecutivo en virtud de una habilitación contenida en una ley parlamentaria?

               2)

               En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea afirmativa: ¿están tales entidades e instituciones excluidas del concepto de «autoridades públicas» con carácter permanente o sólo hasta que concluya el procedimiento de aprobación de disposiciones normativas?

      (1)  DO L 41, p. 26.


title: Asunto C-301/08: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 7 de julio de 2008 — Irène Bogiatzi, apellido de casada Ventouras/Deutscher Luftpool, Société Luxair, Comunidades Europeas, État du grand-duché de Luxembourg, le Foyer Assurances SA

text:
               13.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 7 de julio de 2008 — Irène Bogiatzi, apellido de casada Ventouras/Deutscher Luftpool, Société Luxair, Comunidades Europeas, État du grand-duché de Luxembourg, le Foyer Assurances SA
   (Asunto C-301/08)
   (2008/C 236/14)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Cour de cassation
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente en casación: Irène Bogiatzi, apellido de casada Ventouras

      Recurridas en casación: Deutscher Luftpool, Société Luxair, Comunidades Europeas, État du grand-duché de Luxembourg, le Foyer Assurances SA
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Forma parte el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 y modificado en La Haya el 28 de septiembre de 1955, al que alude el Reglamento (CE) no 2027/97 (1), de las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación es competencia del Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 CE?

               2)

               ¿Debe interpretarse el Reglamento (CE) no 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, en su versión aplicable en el momento del accidente, esto es, el 21 de diciembre de 1998, en el sentido de que, respecto de las cuestiones no reguladas expresamente, siguen siendo de aplicación las disposiciones del Convenio de Varsovia, y, en concreto, su artículo 29, a un vuelo realizado entre Estados miembros de la Comunidad?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y segunda, ¿debe interpretarse el artículo 29 del Convenio de Varsovia, en relación con el Reglamento (CE) no 2027/97, en el sentido de que el plazo de dos años previsto en este artículo puede quedar suspendido o interrumpido, o de que el transportista o su aseguradora pueden renunciar a invocar dicho plazo, por un acto que el juez nacional considere como equivalente a un reconocimiento de responsabilidad?

      (1)  Reglamento (CE) no 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (DO L 285, p. 1).


title: Asunto C-351/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 4 de septiembre de 2014 — Comisión Europea/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 1999/74/CE — Artículos 3 y 5, apartado 2 — Cría de gallinas ponedoras — Jaulas no acondicionadas — Prohibición — Cría de gallinas ponedoras en jaulas que no cumplen los requisitos resultantes de la referida Directiva)

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/18

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 4 de septiembre de 2014 — Comisión Europea/República Helénica
      (Asunto C-351/13) (1)

      ((Incumplimiento de Estado - Directiva 1999/74/CE - Artículos 3 y 5, apartado 2 - Cría de gallinas ponedoras - Jaulas no acondicionadas - Prohibición - Cría de gallinas ponedoras en jaulas que no cumplen los requisitos resultantes de la referida Directiva))
      (2014/C 395/22)
      Lengua de procedimiento: griego

         Partes

         Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Marcoulli y B. Schima, agentes)

         Demandada: República Helénica (representantes: I.-K. Chalkias, E. Leftheriotou y M. Tassapoulou, agentes)

         Fallo

                  1)

                  Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 5, apartado 2, de la Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, al no haber garantizado que, a partir del 1 de enero de 2012, la cría de gallinas ponedoras no se realice en jaulas no acondicionadas.

                  2)

                  Condenar en costas a la República Helénica.

         (1)  DO C 260, de 7.9.2013.


title: Asunto C-527/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Midden-Nederland, Países Bajos) — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, que también actúa bajo el nombre de Filmspeler «Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Directiva 2001/29/CE — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Venta de un reproductor multimedia — Extensiones (add-ons) — Publicación de obras sin autorización del titular — Acceso a sitios de Internet de difusión en flujo continuo (streaming) — Artículo 5, apartados 1 y 5 — Derecho de reproducción — Excepciones y limitaciones — Uso lícito»

text:
               19.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 195/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Midden-Nederland, Países Bajos) — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, que también actúa bajo el nombre de Filmspeler
   (Asunto C-527/15) (1)

   («Procedimiento prejudicial - Propiedad intelectual e industrial - Directiva 2001/29/CE - Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor - Artículo 3, apartado 1 - Comunicación al público - Concepto - Venta de un reproductor multimedia - Extensiones (add-ons) - Publicación de obras sin autorización del titular - Acceso a sitios de Internet de difusión en flujo continuo (streaming) - Artículo 5, apartados 1 y 5 - Derecho de reproducción - Excepciones y limitaciones - Uso lícito»)
   (2017/C 195/02)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank Midden-Nederland

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Stichting Brein

      Demandada: Jack Frederik Wullems, que también actúa bajo el nombre de Filmspeler

      Fallo

               1)

               El concepto de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que incluye la venta de un reproductor multimedia, como el controvertido en el litigio principal, en el que se han preinstalado extensiones, disponibles en Internet, que contienen hipervínculos que reenvían a sitios de Internet libremente accesibles al público en los que se ponen a su disposición obras protegidas por derechos de autor sin la autorización de los titulares de tales derechos.

               2)

               El artículo 5, apartados 1 y 5, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo los actos de reproducción temporal, en un lector multimedia como el controvertido en el litigio principal, de una obra protegida por derechos de autor obtenida en flujo continuo desde un sitio de Internet perteneciente a un tercero en el que la referida obra se ofrece sin autorización del titular de los derechos de autor.

      (1)  DO C 27 de 25.1.2016.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Finanzgericht München, de 20 de septiembre de 1995, en el asunto entre Elisabeth Blasi y Finanzamt München I (Asunto C-346/95)

text:
N° C 351 /8            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        30 . 12 . 95
    de las Comunidades », adoptada en Edimburgo el 12 de             2 ) Si se responde afirmativamente a la primera cuestión :
    diciembre de 1992 ( ! ): dicha Decisión forma parte del
    Derecho originario que obliga tanto a los Estados                    a ) ¿ Qué período de alojamiento debe considerarse , por
    miembros como a las Instituciones creadas por los                         regla general , como período de corta duración ?
    Tratados . Constituye una norma de Derecho relativa a la                  ¿ Deja de existir « alojamiento en el sector hotelero »
    aplicación de los Tratados cuyo respeto garantiza el                      cuando el empresario dispone de habitaciones des
    Tribunal de Justicia . Al decidir celebrar once períodos de               tinadas al alojamiento por períodos de larga dura
    sesiones plenarias en Estrasburgo y, paralelamente,                       ción, lo cual queda de manifiesto mediante la
    establecer en ocho el número de sesiones adicionales que                  conclusión de un contrato de alquiler por un
    han de celebrarse en Bruselas, el Parlamento no ha                        período de larga duración ( superior a seis meses )?
    respetado la letra de la Decisión de Edimburgo que le
    impone la obligación estricta de celebrar doce sesiones              b ) ¿ Existe la posibilidad de una exención pro rata
    plenarias en Estrasburgo, sede de la Institución . Además,                temporis conforme al n° 1 de la letra b ) de la Par
    la Decisión controvertida no respeta el equilibrio interno                te B del artículo 13 si consta que todas las habitacio
    de dicha Decisión y la vacía de contenido .                               nes se alquilaron, opcionalmente, por períodos de
— Incompetencia : en el ejercicio de su competencia de                        corta o de larga duración ?
    regular su organización interna, el Parlamento Europeo
    está obligado a respetar la competencia de los Estados           3 ) Si se responde negativamente a la primera cuestión :
    miembros de fijar la sede de las Instituciones . Permitir
                                                                          ¿ Qué criterios de naturaleza temporal, espacial o
    que el Parlamento Europeo celebre sesiones plenarias
                                                                         conceptual son determinantes de la existencia de « alo
    adicionales en Bruselas sin haber celebrado primera
                                                                         jamiento en el sector hotelero o en sectores que tengan
    mente las doce sesiones mensuales en Estrasburgo
                                                                         una función similar » y cuáles de ellos son imprescindi
    equivale a cuestionar la realidad de la sede de la                   bles ?
    Institución .
— Vicios sustanciales de forma : el Presidente del Parla            (') DO n" L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE 09/01 , p . 54 .
    mento Europeo no podía aceptar una enmienda contra
    ria a la Decisión adoptada en Edimburgo .
    ( Subsidiariamente ): el acuerdo controvertido debería
    haberse motivado a pesar de la inexistencia de disposi
    ción expresa alguna de los Tratados en tal sentido .             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                     lución del Supremo Tribunal Administrativo ( 2! Sec^áo —
(') DO n" C 341 de 23 . 12 . 1992 , p . 1 .                          Contencioso Tributário ), de 11 de octubre de 1995 , en el
                                                                     asunto entre Fazenda Pública y UCAL — Uniáo das
                                                                       Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL
                                                                                ( Asunto C-347/95 )
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                                     ( 95/C 351 / 13 )
lución del Finanzgericht München, de 20 de septiembre de
1995 , en el asunto entre Elisabeth Blasi y Finanzamt
                             München I                               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                     sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                      ( Asunto C-346/95 )                            resolución del Supremo Tribunal Administrativo ( 2 ? Sec^áo
                          ( 95/C 351 / 12 )                          — Contencioso Tributário ), dictada el 11 de octubre de
                                                                     1995 , en el asunto entre Fazenda Pública y UCAL — Uniáo
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha            das Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL,
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante          y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de
resolución de la Sala Tercera del Finanzgericht München,             noviembre de 1995 .
dictada el 20 de septiembre de 1995 , en el asunto entre
Elisabeth Blasi y Finanzamt München I, y recibida en la              El Supremo Tribunal Administrativo solicita al Tribunal de
Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de noviembre de             Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
1995 .
El Finanzgericht München solicita al Tribunal de Justicia            1 ) ¿ Son las « tasas » de referencia, con las características de
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                        los impuestos antes referidas ('), contrarias al artícu
                                                                          lo 95 del Tratado de Roma ?
1 ) ¿ Debe interpretarse el n° 1 de la letra b ) de la Parte B del
     artículo 13 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de          2 ) ¿ Pueden considerarse los citados gravámenes como
      17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las               exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana
     legislaciones de los Estados miembros relativas a los                de importación, prohibidos por los artículos 9 y 12 del
     Impuestos sobre el Volumen de Negocios ( Sexta Direc                citado Tratado ?
     tiva ) (') en el sentido de que « las operaciones de
     alojamiento que se efectuén en el marco del sector              3 ) ¿ Deben considerarse los citados gravámenes como
     hotelero o en sectores que tengan una función similar »              impuestos sobre el volumen de negocios a efectos del
     se limitan al concepto de alojamiento de huéspedes por               artículo 33 de la Sexta Directiva ( 2 ) antes citada , sin
     un período de corta duración ?                                       perjuicio de lo previsto en el artículo 378 del Acta Anexa


title: Asunto T-35/06: Recurso interpuesto el  30 de enero de 2006  — Honig Verband e. V./Comisión

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/35

         Recurso interpuesto el 30 de enero de 2006 — Honig Verband e. V./Comisión
   (Asunto T-35/06)
   (2006/C 86/71)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Honig Verband e. V. (Hamburgo, Alemania) (representantes: M. Hagenmeyer y T. Teufer, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento (CE) no 1854/2005 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2005, por el que se completa el anexo del Reglamento (CE) no 2400/96 en lo que respecta al registro de una denominación en el «Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas» (Miel de Provence) (IGP);

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna el Reglamento (CE) no 1854/2005, (1) por el que se inscribe la denominación de origen «Miel de Provence» como indicación geográfica protegida (IGP) en el anexo del Reglamento (CE) no 2400/96. (2) Con anterioridad a la adopción del Reglamento no 1854/2005, la demandante formuló oposición ante las autoridades alemanas competentes contra la solicitud de registro de la denominación «Miel de Provence».
   En apoyo de su recurso, la demandante formula tres alegaciones.
   En primer lugar, sostiene que procede declarar la nulidad del Reglamento impugnado dado que infringe las disposiciones especiales y exhaustivas relativas a la denominación de origen de la miel establecidas en la Directiva 2001/110/CE. (3) Además, alega que el Reglamento adoptado por la demandada constituye una restricción desproporcionada de la libre circulación de mercancías en el sentido del artículo 28 CE.
   En segundo lugar, la demandante fundamenta su recurso en el hecho de que el Reglamento impugnado resulte incompatible con las prescripciones del Reglamento (CEE) no 2081/92. (4) En este contexto, invoca una infracción de los artículos 2, 4 y 7, apartado 4, segundo guión, de este Reglamento.
   Por último, la demandante sostiene que el Reglamento no 1854/2005 se adoptó en virtud de un procedimiento irregular. A su juicio, la demandada no consideró suficientemente el argumento basado en el perjuicio económico causado a una denominación existente.

      (1)  Reglamento (CE) no 1854/2005 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2005, por el que se completa el anexo del Reglamento (CE) no 2400/96 en lo que respecta al registro de una denominación en el «Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas» (Miel de Provence) (IGP).

      (2)  Reglamento (CE) no 2400/96 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1996, relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

      (3)  Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la miel.

      (4)  Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.


title: Asunto T-222/11: Auto del Tribunal General de 6 de septiembre de 2012 — Rautenbach/Consejo y Comisión ( «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Zimbabue — Exclusión de la lista de las personas afectadas — Recurso de anulación — Sobreseimiento» )

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/24

      Auto del Tribunal General de 6 de septiembre de 2012 — Rautenbach/Consejo y Comisión
      (Asunto T-222/11) (1)

      (Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Zimbabue - Exclusión de la lista de las personas afectadas - Recurso de anulación - Sobreseimiento)
      (2012/C 331/46)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Muller Conrad Rautenbach (Harare, Zimbabue) (representantes: S. Smith, QC, M. Lester, Barrister, y W. Osmond, Solicitor)

         Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: B. Driessen y J. Herrmann, agentes); y Comisión Europea (representantes: E. Paasivirta, M. Konstantinidis y T. Scharf, agentes)

         Objeto

      Demanda de anulación de la Decisión 2011/101/PESC del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a medidas restrictivas contra Zimbabue (DO L 42, p. 6), así como del Reglamento (UE) no 174/2011 de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 314/2004 del Consejo, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabwe (DO L 49, p. 23), en la medida en que afectan al demandante.

         Fallo

                  1)

                  Sobreseer el presente recurso.

                  2)

                  Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Sr. Muller Conrad Rautenbach.

                  3)

                  La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

         (1)  DO C 186, de 25.6.2011.


title: Asunto C-446/16 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de agosto de 2016 por Kohrener Landmolkerei GmbH y DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) dictado el 8 de junio de 2016 en el asunto T-178/15, Kohrener Landmolkerei GmbH y DHG/Comisión

text:
               7.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 410/7

         Recurso de casación interpuesto el 9 de agosto de 2016 por Kohrener Landmolkerei GmbH y DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) dictado el 8 de junio de 2016 en el asunto T-178/15, Kohrener Landmolkerei GmbH y DHG/Comisión
   (Asunto C-446/16 P)
   (2016/C 410/07)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrentes: Kohrener Landmolkerei GmbH y DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (representante: A. Wagner, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule el auto del Tribunal General de 8 de junio de 2016 y que se condene a la parte recurrida en casación.

               —

               Que se admita la oposición formulada por las recurrentes en casación el 23 de diciembre de 2014 en el procedimiento con la referencia AT-TSG-0007-01035.

      Motivos y principales alegaciones

   Las recurrentes en casación afirman que, en el auto recurrido, el Tribunal General consideró que las alegaciones por ellas formuladas se referían únicamente a la transmisión extemporánea por parte de la autoridad nacional. Ahora bien, señalan que también alegaron haberse visto perjudicadas por lo dispuesto en el artículo 51, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1151/2012 (1) y que dicha norma es contraria a Derecho, al no establecer dentro de qué plazo tenía la autoridad nacional que transmitir a la Comisión Europea la oposición formulada por las recurrentes en casación. En relación con esto, afirman haber indicado la existencia de un defecto en dicha disposición que hacía que las recurrentes en casación, en el peor de los casos, no pudieran en absoluto llegar a formular su oposición. Según señalan, el Tribunal General no se pronunció al respecto.
   Afirman que, en el auto recurrido, el Tribunal General se limitó a declarar que las recurrentes en casación no habían invocado suficientemente la ilegalidad de la referida disposición. No obstante, señalan que en el propio escrito de demanda hicieron mención al problema que suponía la falta de determinación correcta del plazo en el artículo 51, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1151/2012. Esto supone, a su juicio, que sí formularon objeciones contra la norma recogida en el precepto mencionado y que partieron de la base de que no se habían garantizado de forma suficiente sus derechos en cuanto oponentes.

      (1)  Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2012, L 343, p. 1).


               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/1

         (2007/C 211/01)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 199 de 25.8.2007

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 183 de 4.8.2007

      DO C 170 de 21.7.2007

      DO C 155 de 7.7.2007

      DO C 140 de 23.6.2007

      DO C 129 de 9.6.2007

      DO C 117 de 26.5.2007

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto C-63/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Napoli (Italia) el 7 de febrero de 2013 — Fortuna Russo/Comune di Napoli

text:
               18.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Napoli (Italia) el 7 de febrero de 2013 — Fortuna Russo/Comune di Napoli
   (Asunto C-63/13)
   2013/C 141/22
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Napoli

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Fortuna Russo

      Demandada: Comune di Napoli

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Cuándo debe considerarse que una relación laboral constituye una prestación de servicios al «Estado», en el sentido de la cláusula 5 de la Directiva 1999/70 (1) y, en particular, de la mención «distintos sectores y/o categorías de trabajadores» y, por consiguiente, que justifica la aplicación de consecuencias distintas de las derivadas de relaciones laborales entre particulares?

               2)

               Habida cuenta de las explicaciones contenidas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78/CE (2) y en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54/CE, (3) ¿comprende el concepto de condiciones de empleo contenido en la cláusula 4 de la Directiva 1999/70/CE también las consecuencias de la interrupción ilícita de la relación laboral? En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: ¿están justificadas con arreglo a la cláusula 4 las diferencias entre las consecuencias previstas con carácter general en el ordenamiento jurídico interno para la interrupción ilícita de la relación laboral por tiempo indefinido y de duración determinada?

               3)

               ¿Prohíbe el principio de cooperación leal a un Estado presentar conscientemente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un procedimiento prejudicial de interpretación, un marco normativo que no se corresponde con la realidad, y obliga al juez, a falta de otra interpretación del Derecho interno que también cumpla las obligaciones inherentes a la pertenencia a la Unión Europea, a interpretar, cuando sea posible, el Derecho interno, con arreglo a la interpretación que de él realiza el Estado?

      (1)  Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43).

      (2)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16).

      (3)  Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Conejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) (DO L 204, p. 23).