title: Recurso de casación interpuesto el 24 de julio de 1998 por Mo och Domsjö Aktiebolag contra la sentencia dictada el 14 de mayo de 1998 por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-352/94: Mo och Domsjö Aktiebolag contra Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-283/98 P)

text:
C 299/16              ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        26.9.98
Recurso de casación interpuesto el 24 de julio de 1998 por        Ð consideró indebidamente que su propia conclusión,
Mo och Domsjö Aktiebolag contra la sentencia dictada el                seguÂn la cual la Comisión no había probado todos los
14 de mayo de 1998 por la Sala Tercera ampliada del Tri-               efectos alegados de la infracción, no podía afectar
bunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                 materialmente a su apreciación de la gravedad de la
en el asunto T-352/94: Mo och Domsjö Aktiebolag contra                 infracción y, por tanto, no podía dar lugar a una
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                      reducción de la multa.
                     (Asunto C-283/98 P)
                                                                  (1) DO L 392 de 31.12.1994, p. 8.
                        (98/C 299/26)                             (2) DO L 243 de 19.9.1994, p. 1.
                                                                  (3) Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Pri-
                                                                      mer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tra-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se             tado (DO 13 de 21.2.1962, p. 204/62; EE 08/01, p. 22).
ha presentado el 24 de julio de 1998 un recurso de casa-
ción formulado por Mo och Domsjö Aktiebolag, con
domicilio social en S-89180 Örnsköldsvik, Suecia, repre-
sentada por los Sres. Antony Woodgate y Martin Smith,
Solicitors, de Simmons & Simmons, Londres, que designa
como domicilio en Luxemburgo el despacho de Arendt &
                                                                  Recurso de casación interpuesto el 27 de julio de 1998 por
Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, contra la sentencia
                                                                  Stora Kopparbergs Bergslags AB contra la sentencia dic-
dictada el 14 de mayo de 1998 por la Sala Tercera
                                                                  tada el 14 de mayo de 1998 por la Sala Tercera ampliada
ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comu-
                                                                  del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
nidades Europeas en el asunto T-352/94: Mo och Domsjö
                                                                  Europeas, en el asunto T-354/94: Stora Kopparbergs
Aktiebolag contra Comisión de las Comunidades
                                                                  Bergslags AB contra Comisión de las Comunidades
Europeas.
                                                                                Europeas (1)
                                                                                (Asunto C-286/98 P)
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que:                                                                    (98/C 299/27)
Ð anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia,           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
    de 14 de mayo de 1998, en el asunto T-352/94, al              ha presentado el 27 de julio de 1998 un recurso de casa-
    menos en parte;                                               ción formulado por Stora Kopparbergs Bergslags AB, con
                                                                  domicilio social en S-79180 Falun, Suecia, representada
Ð anule la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de            por los Sres. Alexander Riesenkampff y Stefan Lehr,
    julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplica-         Rechtsanwälte, de Hasche Eschenlohr Peltzer Riesen-
    ción del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 Ð            kampff Fischötter, Bruselas, que designa como domicilio
    Cartoncillo) (2), al menos en parte, en la medida en          en Luxemburgo el despacho de ReneÂ Faltz, Faltz & Kre-
    que se refiere a la recurrente;                               mer, 6, rue Heinrich Heine, contra la sentencia dictada el
                                                                  14 de mayo de 1998 por la Sala Tercera ampliada del Tri-
                                                                  bunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
Ð suprima o, por lo menos, reduzca la cuantía de la               en el asunto T-354/94: Stora Kopparbergs Bergslags AB
    multa impuesta a la recurrrente;                              contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Ð condene a la Comisión a pagar las costas de la recu-            La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
    rrente en los procedimientos ante el Tribunal de Justi-       Comunidades Europeas que:
    cia y el Tribunal de Primera Instancia.
                                                                  Ð anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia,
Motivos y principales alegaciones                                      de 14 de mayo de 1998, en el asunto T-354/94 y anule
                                                                       la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio
La parte recurrente aduce motivos de recurso basados en                de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del
la infracción del Derecho comunitario, en particular de los            artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 Ð Cartonci-
artículos 85, 172, 173 y 190 del Tratado CE, y del Regla-              llo (2), porque las conclusiones del Tribunal de Primera
mento no 17 del Consejo (3), así como en la violación de               Instancia se basaron en errores sustanciales de Derecho
los principios generales del Derecho comunitario.                      comunitario que:
                                                                       i)   infringen el artículo 85 del Tratado y el apartado 2
La parte recurrente formula motivos de recurso seguÂn los                   del artículo 15 del Reglamento no 17 del Con-
cuales el Tribunal de Primera Instancia:                                    sejo (3) en tanto que se tiene a la recurrente por res-
                                                                            ponsable del comportamiento de sus filiales Kop-
Ð consideró indebidamente que la omisión de la Comi-                        parfors, Feldmühle y CBC, haciendo caso omiso de
    sión de exponer en la Decisión los elementos que había                  los criterios legales elaborados por los Tribunales
    tenido en cuenta sistemaÂticamente al fijar la multa                    Europeos y la Comisión a efectos de imputación
    impuesta a la recurrente no constituía un incumpli-                     de infracciones cometidas por sociedades filiales;
    miento de la obligación de motivación que justificaría
    la anulación, en todo o en parte, de la Decisión y de la           ii) infringen las normas relativas a la carga de la
    multa impuesta; y                                                       prueba en la medida en que, en relación con la


title: Asunto T-105/07: Recurso interpuesto el 2 de abril de 2007 — MarketTools/OAMI — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG)

text:
               9.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/19

         Recurso interpuesto el 2 de abril de 2007 — MarketTools/OAMI — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG)
   (Asunto T-105/07)
   (2007/C 129/33)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: MarketTools, Inc. (San Francisco, Estados Unidos) (representantes: W. von der Osten-Sacken y A. González Hähnlein, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Optimus-Telecomunicações, S.A. (Maia, Portugal)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 25 de enero de 2007 (Recurso no R 253/2006-2).

               —

               Que se condene en costas a Optimus-Telecomunicações S.A.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria afectada: La marca denominativa «ZOOMERANG »para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35 y 42 — solicitud no 1.603.950

      Titular de la marca o del signo citado en el procedimiento de oposición: Optimus-Telecomunicações, SA

      Marca o signo citado: Las marcas denominativa y gráfica nacionales «BOOMERANG »para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 35, 37, 38 y 42

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición en su integridad

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 del Consejo, dado que la Sala de Recurso no apreció correctamente la similitud de los productos y servicios ni la semejanza de las marcas controvertidas.


title: Asunto C-310/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de diciembre de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty’s revenue & Customs (Fiscalidad — IVA — Directiva 67/228/CEE — Artículo 8, letra a) — Directiva 77/388/CEE — Entrega de bienes — Base imponible — Comisión pagada por una sociedad de venta por correo a su agente — Compras efectuadas por clientes terceros — Reducción del precio después del devengo del impuesto — Efecto directo)

text:
               16.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de diciembre de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty’s revenue & Customs
   (Asunto C-310/11) (1)

   (Fiscalidad - IVA - Directiva 67/228/CEE - Artículo 8, letra a) - Directiva 77/388/CEE - Entrega de bienes - Base imponible - Comisión pagada por una sociedad de venta por correo a su agente - Compras efectuadas por clientes terceros - Reducción del precio después del devengo del impuesto - Efecto directo)
   2013/C 46/10
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   First-tier Tribunal (Tax Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Grattan plc

      Demandada: The Commissioners of Her Majesty's revenue & Customs

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretación del artículo 8, letra a), de la Directiva 67/228/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, Segunda Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Estructura y modalidades de aplicación del sistema común de impuesto sobre el valor añadido (DO 71, p. 1303; EE 09/01, p. 6) — Base imponible — Entrega de bienes — Comisión pagada por una sociedad de venta por correo a su agente, que interviene como intermediario en la entrega de bienes al consumidor final — Comisión en forma bien de pago en metálico o bien de crédito deducible de importes debidos a la sociedad por bienes comprados por el agente para su uso personal — Reducción retroactiva de la base imponible de las entregas de bienes realizadas antes de 1/1/1978 en virtud del efecto directo de l artículo 8, letra a), de la Directiva y/o de la aplicación de los principios de neutralidad fiscal o de igualdad de trato.

      Fallo

   El artículo 8, letra a), de la Directiva 67/228/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, Segunda Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Estructura y modalidades de aplicación del sistema común de impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no confiere a un sujeto pasivo el derecho a considerar a posteriori una reducción de la base imponible correspondiente a una entrega de bienes cuando, con posterioridad a dicha entrega de bienes, un agente obtuvo del proveedor un crédito que optó por percibir bien en forma de pago en efectivo, bien en forma de crédito deducible de los importes debidos al proveedor por entregas de bienes ya efectuadas.

      (1)  DO C 282, de 24.9.2011.


title: Asunto C-442/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat (Austria) el 27 de septiembre de 2007 — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft  Feldmarschall Radetzky

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat (Austria) el 27 de septiembre de 2007 — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»
   (Asunto C-442/07)
   (2007/C 283/40)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Oberster Patent- und Markensenat
   Partes en el procedimiento principal

      Solicitante de cancelación: Verein Radetzky-Orden

      Titular de las marcas cuya cancelación se solicita: Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»
   Cuestión prejudicial
   ¿Ha de interpretarse el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE (1) en el sentido de que se hace uso (efectivo) de una marca para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas cuando una asociación sin ánimo de lucro utiliza la marca en los anuncios de actos públicos, en su correspondencia oficial y en el material publicitario, y sus miembros la exhiben en insignias que utilizan durante la colecta y distribución de donaciones?

      (1)  Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1).


title: Asunto C-133/07 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de marzo de 2007 por Raiffeisen Zentralbank Österreich AG contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2006 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-259/02 a T-264/02 y T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG y otros/Comisión de las Comunidades Europeas, referido al asunto T-259/02

text:
               26.5.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 117/11

         Recurso de casación interpuesto el 6 de marzo de 2007 por Raiffeisen Zentralbank Österreich AG contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2006 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-259/02 a T-264/02 y T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG y otros/Comisión de las Comunidades Europeas, referido al asunto T-259/02
   (Asunto C-133/07 P)
   (2007/C 117/18)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (representantes: S. Völcker y G. Terhorst, Rechtsanwälte)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 2006, dictada en los asuntos acumulados T-259/02 a T-264/02 y T-271/02 (1), en la medida en que desestima el recurso de Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (en lo sucesivo, «RZB»).

               —

               Que se anule el artículo 3 de la Decisión de la Comisión de 11 de junio de 2002 [C(2002) 2091 final], por lo que respecta a RZB.

               —

               Con carácter subsidiario, que el Tribunal de Justicia reduzca discrecionalmente la multa establecida contra RZB en el artículo 3 de la Decisión recurrida.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   El Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 81 CE al admitir que la Comisión puede inferir la aptitud para obstaculizar los intercambios intracomunitarios de la mera extensión de las mesas redondas interbancarias al territorio de un Estado miembro.
   El Tribunal de Primera Instancia realizó una calificación jurídica errónea de las mesas redondas interbancarias como infracciones «muy graves »a efectos de las Directrices para el cálculo de las multas. Aplicó incorrectamente los criterios para determinar la gravedad de la infracción mencionados en dichas Directrices (naturaleza de la infracción, repercusiones concretas sobre el mercado, dimensión del mercado geográfico de referencia), no tuvo en cuenta la selectividad de las medidas disciplinarias de la Comisión y no llevó a cabo al final una apreciación global de todos los factores que él mismo solicitaba.
   El Tribunal de Primera Instancia imputó erróneamente a RZB las cuotas de mercado de todo el sector de Raiffeisen. Al hacerlo, limitó indebidamente su criterio de análisis únicamente a las diferencias de trato «manifiestas »con otros bancos. Para una imputación total faltaba la base jurídica necesaria.
   El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error Derecho al valorar la cooperación de RZB. Aplicó el criterio del «valor añadido considerable »vulnerando el principio de irretroactividad; no apreció el carácter voluntario de diversas contribuciones de RZB a efectos de cooperación; partió indebidamente de una inversión de la carga de la prueba del valor de la cooperación; rechazó ilícitamente la exposición conjunta de los hechos como una forma inútil de cooperación y, erróneamente, no estimó como contribución a efectos de cooperación el reconocimiento por RZB de la finalidad contraria a la competencia que inspiraba los acuerdos.

      (1)  DO C 331, p. 29.


title: Asunto C-369/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Países Bajos) — Proceso penal contra N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom [Procedimiento prejudicial — Precursores de drogas — Vigilancia del comercio entre los Estados miembros — Reglamento (CE) n ° 273/2004 — Vigilancia del comercio entre la Unión Europea y terceros países — Reglamento (CE) n ° 111/2005 — Concepto de «sustancia catalogada»  — Sustancia «alfa-fenilacetoacetonitrilo» (APAAN) — Sustancia catalogada «1-fenil-2-propanona» (BMK)]

text:
               13.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Países Bajos) — Proceso penal contra N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom
   (Asunto C-369/13) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Precursores de drogas - Vigilancia del comercio entre los Estados miembros - Reglamento (CE) no 273/2004 - Vigilancia del comercio entre la Unión Europea y terceros países - Reglamento (CE) no 111/2005 - Concepto de «sustancia catalogada» - Sustancia «alfa-fenilacetoacetonitrilo» (APAAN) - Sustancia catalogada «1-fenil-2-propanona» (BMK)])
   (2015/C 118/07)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

      Partes en el proceso penal principal

   N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C.Pruijmboom, A.A. Pruijmboom.

      Fallo

   Los artículos 2, letra a), de los Reglamentos (CE) no 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas, y no 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, deben interpretarse en el sentido de que la calificación de «sustancia catalogada», en el sentido de estas disposiciones, no se aplica a una sustancia, como el alfa-fenilacetoacetonitrilo, que no figura en el anexo I del Reglamento no 273/2004 ni en el anexo del Reglamento no 111/2005, y ello aun suponiendo que pudiera transformarse fácilmente en una sustancia prevista en dichos anexos por medios de fácil aplicación o económicamente viables en el sentido de estos Reglamentos.

      (1)  DO C 260, de 7.9.2013.


title: Asunto T-306/08 P: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 15 de enero de 2009 — Kurt-Wolfgang Braun-Neumann/Parlamento ( Recurso de casación — Función pública — Pensiones — Pensión de supervivencia — Abono del 50 % debido a la existencia de un segundo cónyuge supérstite — Acto lesivo — Reclamación extemporánea )

text:
               18.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 90/27

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2009 — Kurt-Wolfgang Braun-Neumann/Parlamento
   (Asunto T-306/08 P) (1)

   («Recurso de casación - Función pública - Pensiones - Pensión de supervivencia - Abono del 50 % debido a la existencia de un segundo cónyuge supérstite - Acto lesivo - Reclamación extemporánea»)
   2009/C 90/43
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Lohr am Mainz, Alemania) (representante: P. Ames, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo (representantes: K. Zejdová y S. Seyr, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 23 de mayo de 2008, Braun-Neumann/Parlamento (F-79/07, aún no publicado en la Recopilación), y por el que se solicita que se anule el citado auto.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Cada parte cargará con las costas en que haya incurrido en el marco del presente procedimiento.

      (1)  DO C 247, de 27.9.2008.


title: Asunto C-298/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 22 de junio de 2007 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Internet Versicherung AG

text:
               22.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 22 de junio de 2007 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Internet Versicherung AG
   (Asunto C-298/07)
   (2007/C 223/03)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Bundesgerichtshof
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

      Demandada: Deutsche Internet Versicherung AG
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Está obligado un prestador de servicios, con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (1), a facilitar un número de teléfono antes de celebrar un contrato con el usuario del servicio, a fin de que éste pueda ponerse en contacto rápidamente con el prestador de servicios y establecer una comunicación directa y efectiva con él?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la cuestión número 1:

                           a)

                           ¿Está obligado un prestador de servicios, con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva, a facilitar un segundo medio de comunicación con el usuario, además de la dirección de correo electrónico, con anterioridad a la celebración el contrato?

                           b)

                           En caso afirmativo: ¿es suficiente como segundo medio de comunicación que el prestador de servicios facilite un formulario de consulta mediante el cual el usuario pueda dirigirse por Internet al prestador de servicios, y que la respuesta de éste al usuario se produzca por medio del correo electrónico?

      (1)  DO L 178, p. 1.


title: Asunto C-638/11 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de diciembre de 2011 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 27 de septiembre de 2011 en el asunto T-199/04, Gul Ahmed/Consejo de la Unión Europea, apoyado por la Comisión Europea

text:
               3.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/5

         Recurso de casación interpuesto el 12 de diciembre de 2011 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 27 de septiembre de 2011 en el asunto T-199/04, Gul Ahmed/Consejo de la Unión Europea, apoyado por la Comisión Europea
   (Asunto C-638/11 P)
   2012/C 65/10
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-P. Hix, agente, G Berrisch, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia recurrida (sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2011 en el asunto T-199/04 en la medida en que el Tribunal General (i) anuló el Reglamento (CE) no 397/2004 (1) por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de Pakistán («Reglamento impugnado») y (ii) condenó al Consejo a pagar sus propias costas y las de la demandante).

               —

               Desestime la tercera parte del quinto motivo de la demanda.

               —

               Devuelva el asunto al Tribunal General en lo que respecta al resto de la demanda.

               —

               Condene a la demandante al pago de las costas del recurso de casación.

               —

               Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   El Consejo alega que el Tribunal General incurrió en un error al declarar que la supresión de los derechos antidumping anteriores sobre la ropa de cama originaria de Pakistán y la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas a favor de Pakistán a principios de 2002 constituyeron «otros factores» en el sentido del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base. Por lo tanto, el Tribunal General incurrió en un error al declarar que, en el presente asunto, las instituciones infringieron el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base al no separar y distinguir los efectos perjudiciales alegados de esos factores.

      (1)  Reglamento (CE) no 397/2004 del Consejo, de 2 de marzo de 2004, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de Pakistán (DO L 66, p. 1).


title: Asunto T-646/14: Recurso interpuesto el 2 de septiembre de 2014  — Micula y otros/Comisión

text:
               8.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 439/29

         Recurso interpuesto el 2 de septiembre de 2014 — Micula y otros/Comisión
   (Asunto T-646/14)
   (2014/C 439/40)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Ioan Micula (Oradea, Rumanía), S.C. European Food SA (Drăgăneşti Rumanía), S.C. Starmill Srl (Drăgăneşti), S.C. Multipack Srl (Drăgăneşti) y Viorel Micula (Oradea) (representantes: K. Hobér, J. Ragnwaldh, T. Pettersson, E. Gaillard e Y. Banifatemi, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Los demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C (2014) 3192 final de la Comisión, de 26 de mayo de 2014, en el asunto sobre ayudas de Estado SA.38517 (2014/NN) — Micula v Rumanía (laudo arbitral del CIADI), por la que se ordena a Rumanía la suspensión de cualquier actuación con vistas a la ejecución o a la aplicación del laudo arbitral de 11 de diciembre de 2013, dictado por un tribunal arbitral constituido al amparo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en el asunto Ioan Micula, Viorel Micula y otros v. Rumanía (ICSID Case No. ARB/05/20), al considerar la Comisión que la ejecución de dicho laudo representa una ayuda de Estado ilegal, hasta que la Comisión se pronuncie con carácter definitivo sobre la compatibilidad de dicha ayuda de Estado con el mercado interior.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, los demandantes invocan dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la falta de competencia.

                           —

                           El Derecho de la Unión no es aplicable al asunto y la Comisión carece de competencia para adoptar una Decisión con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento no 659/1999. La Decisión de la Comisión ignora que el Derecho internacional obliga a Rumanía a ejecutar el laudo arbitral del CIADI sin demora así como que las obligaciones de Derecho internacional de Rumanía priman sobre el Derecho de la Unión. La Decisión de la Comisión infringe el artículo 351 TFUE, apartado 1, y el artículo 4 TUE, apartado 3, que reconocen y protegen las obligaciones de Rumanía conforme al Convenio CIADI y al Tratado Bilateral sobre Inversiones entre Rumanía y Suecia.

               2.

               Segundo motivo, basado en un error manifiesto de Derecho y de apreciación.

                           —

                           La Comisión incurrió en un error de Derecho al calificar equivocadamente la ejecución del laudo del CIADI de ayuda de Estado nueva y violó la confianza legítima de los demandantes. La Decisión de la Comisión se basa íntegramente en la premisa errónea de que la ejecución del laudo del CIADI constituye una ayuda de Estado con arreglo al Derecho de la Unión. El laudo del CIADI no confiere una ventaja económica a los demandantes y no constituye una medida selectiva ni una medida voluntaria que sea imputable a Rumanía, ni falsea o amenaza falsear la competencia.


title: Asunto C-288/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa — Letonia) — «L.Č.» IK/Valsts ieņēmumu dienests [Procedimiento prejudicial — Directiva 2006/112/CE — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Artículo 146, apartado 1, letra e) — Exenciones relativas a las exportaciones — Prestaciones de servicios directamente relacionadas con las exportaciones o con las importaciones de bienes — Concepto]

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa — Letonia) — «L.Č.» IK/Valsts ieņēmumu dienests
   (Asunto C-288/16) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Directiva 2006/112/CE - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Artículo 146, apartado 1, letra e) - Exenciones relativas a las exportaciones - Prestaciones de servicios directamente relacionadas con las exportaciones o con las importaciones de bienes - Concepto])
   (2017/C 283/12)
   Lengua de procedimiento: letón

      Órgano jurisdiccional remitente

   Augstākā tiesa

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente:«L.Č.» IK

      Recurrida: Valsts ieņēmumu dienests

      Fallo

   El artículo 146, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que la exención establecida en ese precepto no se aplica a una prestación de servicios relativa a una operación de transporte de bienes con destino a un país tercero, como la controvertida en el litigio principal, cuando esos servicios no se prestan directamente al expedidor o al destinatario de dichos bienes.

      (1)  DO C 260 de 18.7.2016.


title: Asunto C-168/04: Recurso interpuesto el 5 de abril de 2004 contra la República de Austria por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               29.5.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 146/2

         Recurso interpuesto el 5 de abril de 2004 contra la República de Austria por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-168/04)
   (2004/C 146/03)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 5 de abril de 2004 un recurso contra la República de Austria formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Barbara Eggers y el Sr. Enrico Traversa, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE, al restringir de manera desproporcionada, mediante el artículo 18, apartados 12 a 16, de la Ausländerbeschäftigungsgesetz y el artículo 10, apartado 1, número 3, de la Fremdengesetz, el desplazamiento de trabajadores de terceros países en el marco de prestaciones de servicios.

               —

               Condene en costas a la República de Austria.

         Motivos y principales alegaciones
   Las empresas de servicios establecidas en otro Estado que envían a Austria trabajadores de países terceros deben someterse a tres procedimientos de control diferentes ante tres administraciones austriacas distintas. Así, la Ausländerbeschäftigungsgesetz (Ley de empleo de los extranjeros; en lo sucesivo, «AuslBG») exige obtener una «confirmación UE de desplazamiento» que expiden las oficinas regionales del servicio de empleo, además del correspondiente visado, que impone la Fremdengesetz (Ley de extranjería; en lo sucesivo, «FrG»), expedido por los consulados competentes, y del procedimiento de notificación, destinado a controlar las condiciones de salario y trabajo, que exige la Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (Ley de adaptación de la normativa sobre contratos laborales; en lo sucesivo, «AVRAG»).
   I.   Confirmación UE de desplazamiento, con arreglo al artículo 18, apartados 12 a 167, de la AuslBG
   El requisito de una confirmación UE de desplazamiento que impone el artículo 18, apartados 12 a 16, de la AuslBG produce restricciones sobre la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad.
   Exigir la confirmación UE de desplazamiento además del visado exigido por la FrG y del procedimiento de notificación con arreglo a la AVRAG no guarda proporción con los objetivos, perseguidos por la República de Austria, de combatir los abusos y proteger a los trabajadores.
   1.   Prevención de abusos
   La normativa austriaca viola el principio de proporcionalidad, ya que el objetivo de controlar eficazmente que se cumplan los requisitos de desplazamiento de personal en el marco de la libre prestación de servicios podría alcanzarse recurriendo a medidas menos restrictivas.
   El interés justificado del Estado miembro de comprobar que se cumplen los requisitos de desplazamiento de los trabajadores de una empresa de servicios nacionales de países terceros podría quedar debidamente salvaguardado exigiendo la presentación de un visado. Cualquier control adicional, como la confirmación UE de desplazamiento de que se trata en el presente asunto, que es expedida por otro organismo de la administración, carece de justificación.
   2.   Cumplimiento de las condiciones salariales y laborales.
   El requisito material que impone el artículo 18, apartado 13, no 2, de la AuslBG, conforme al cual únicamente se expide la confirmación UE de desplazamiento si se cumplen las condiciones salariales y laborales austriacas exigidas por la AVRAG, también da lugar a una duplicación de controles desproporcionada.
   El requisito de confirmación EU de desplazamiento y el consiguiente procedimiento no guardan proporción con el objetivo de protección de los trabajadores, puesto que la República de Austria ya dispone de instrumentos menos restrictivos.
   La República de Austria ha adaptado la normativa nacional a la Directiva de desplazamientos a través de la AVRAG, que establece la posibilidad de realizar controles a posteriori con el fin de comprobar si se abonan efectivamente los salarios exigidos.
   3.   Trabajadores fijos
   La exigencia, impuesta por el artículo 18, apartado 3, no 1, de la AuslBG como requisito previo de la confirmación UE de desplazamiento, de una relación laboral de al menos un año de duración, o de un contrato laboral por tiempo indefinido celebrado con la empresa de servicios constituye una restricción de la libre prestación de servicios que no tiene ninguna justificación. El objetivo de combatir los abusos también puede alcanzarse a través de medidas mucho menos restrictivas.
   II.   Denegación del permiso de residencia con arreglo al artículo 10, apartado 1, número 3, de la FrG
   Conforme al artículo 10, apartado 1, número 3, de la FrG el permiso de residencia debe denegarse cuando el trabajador haya entrado en el país sin visado. Esta disposición impide el desplazamiento, aunque la empresa de servicios pueda demostrar a posteriori la legalidad del desplazamiento, es decir, cuando ya haya presentado la solicitud sobre cuya base un Estado miembro pueda realizar los preceptivos controles.
   La denegación automática del permiso de residencia que impone el artículo 10, apartado 1, número 3, de la FrG no guarda proporción con el objetivo de control del cumplimiento de los requisitos del derecho de residencia y, por consiguiente, debe ser declarada contraria a Derecho.
   La denegación automática del visado, prevista por el artículo 10, apartado 3, de la FrG para el supuesto de entrada ilegal desde un punto de vista meramente formal, restringe considerablemente la libre prestación de servicios y la hace ilusoria para algunos sectores del mercado de servicios. En el estado actual del Derecho comunitario la República Austria dispone, con los controles realizados al conceder los visados anteriores a la entrada, de un medio igualmente eficaz pero menos restrictivo para comprobar si los nacionales de terceros países entran en el país únicamente con el fin de prestar determinado servicio.


title: Asunto C-396/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Satakunnan käräjäoikeus — Finlandia) — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna (Procedimiento prejudicial — Artículos 56 TFUE y 57 TFUE — Directiva 96/71/CE — Artículos 3, 5 y 6 — Trabajadores de una sociedad con domicilio en un Estado miembro A, desplazados para efectuar trabajos en un Estado miembro B — Salario mínimo previsto por los convenios colectivos del Estado miembro B — Legitimación activa de una organización sindical con domicilio en el Estado miembro B — Normativa del Estado miembro A que prohíbe la cesión a un tercero de créditos salariales)

text:
               13.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Satakunnan käräjäoikeus — Finlandia) — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna
   (Asunto C-396/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículos 56 TFUE y 57 TFUE - Directiva 96/71/CE - Artículos 3, 5 y 6 - Trabajadores de una sociedad con domicilio en un Estado miembro A, desplazados para efectuar trabajos en un Estado miembro B - Salario mínimo previsto por los convenios colectivos del Estado miembro B - Legitimación activa de una organización sindical con domicilio en el Estado miembro B - Normativa del Estado miembro A que prohíbe la cesión a un tercero de créditos salariales))
   (2015/C 118/08)
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Satakunnan käräjäoikeus

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sähköalojen ammattiliitto ry

      Demandada: Elektrobudowa Spółka Akcyjna

      Fallo

               1)

               En circunstancias como las del litigio principal, la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se opone a que una normativa del Estado miembro del domicilio de la empresa que ha desplazado trabajadores al territorio de otro Estado miembro, en cuya virtud se prohíbe la cesión de créditos que tengan su origen en las relaciones laborales, impida que un sindicato, como Sähköalojen ammattiliitto, interponga un recurso ante un órgano jurisdiccional del segundo Estado miembro en el que se ejecuta el trabajo, para cobrar en nombre de los trabajadores desplazados créditos salariales en relación con el salario mínimo en el sentido de la Directiva 96/71 y que le han sido cedidos de conformidad con el Derecho vigente en ese último Estado.

               2)

               El artículo 3, apartados 1 y 7, de la Directiva 96/71, a la luz de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           no se opone al cálculo del salario mínimo por hora y/o a destajo, basado en la clasificación de los trabajadores en grupos salariales, como prevén los convenios colectivos pertinentes del Estado miembro de acogida, siempre que el cálculo y la clasificación citados se efectúen conforme a reglas vinculantes y transparentes, extremo que debe comprobar el juez nacional;

                           —

                           una indemnización diaria, como la controvertida en el litigio principal, forma parte del salario mínimo en idénticas condiciones a aquellas a las que está sometida la inclusión de dicha indemnización en el mismo salario abonado a los trabajadores con ocasión de un desplazamiento en el interior del Estado miembro de que se trata;

                           —

                           un complemento de trayecto diario, abonado a los trabajadores siempre que la duración del trayecto de ida y vuelta diario efectuada por aquéllos sea superior a una hora, forma parte del salario mínimo de los trabajadores desplazados siempre que se cumpla ese requisito, extremo que debe comprobar el órgano jurisdiccional nacional;

                           —

                           el pago del alojamiento de dichos trabajadores no constituye un elemento de su salario mínimo;

                           —

                           un complemento que adopta la forma de cheques restaurante entregados a los citados trabajadores no forma parte de su salario mínimo, y

                           —

                           la paga de vacaciones que debe concederse al trabajador desplazado por la duración mínima de las vacaciones anuales remuneradas corresponde al salario mínimo al que tiene derecho durante el período de referencia.

      (1)  DO C 260, de 7.9.2013.


title: Asunto T-488/04: Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 2004 por Falcon Sporting Goods AG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

text:
               5.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 57/33

         Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 2004 por Falcon Sporting Goods AG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)
   (Asunto T-488/04)
   (2005/C 57/57)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 15 de diciembre de 2004 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) formulado por Falcon Sporting Goods AG, con domicilio social en Zug (Suiza), representada por el Sr. J. Weigell, abogado.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución R 177/2004-2 adoptada por la Sala Segunda de Recurso de la OAMI el 29 de septiembre de 2004.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

               Marca comunitaria solicitada:

               Marca figurativa «BIN LADIN», escrita en caracteres árabes, para productos y servicios de las clases 9, 12, 14, 18, 25, 28, 35 y 41 - Solicitud no 2.224.160.

               Resolución del examinador:

               Denegación del registro.

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso.

               Motivos invocados:

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo. El demandante alega que el registro de la marca de que se trata no es contrario ni al orden público ni a las buenas costumbres.


title: Asunto T-240/10: Recurso interpuesto el 27 de mayo de 2010 — Hungría/Comisión

text:
               31.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/46

         Recurso interpuesto el 27 de mayo de 2010 — Hungría/Comisión
   (Asunto T-240/10)
   ()
   2010/C 209/70
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Demandante: República de Hungría (representantes: M. Fehér, K. Szíjjártó, agentes)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión 2010/135/UE de la Comisión, de 2 de marzo de 2010, relativa a la comercialización, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un tipo de patata (línea EH92-527-1 de Solanum tuberosum L.) modificada genéticamente para aumentar el contenido de amilopectina de la fécula [notificada con el número C(2010) 1193].

               —

               Que se anule la Decisión 2010/136/UE de la Comisión, de 2 de marzo de 2010, por la que se autoriza la comercialización de piensos producidos a partir de la patata modificada genéticamente EH92-527-1 (BPS-25271-9) y la presencia accidental o técnicamente inevitable de esta patata en alimentos y piensos, con arreglo al Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2010) 1196].

               —

               Subsidiariamente, para el caso de que se desestime la pretensión de anulación de la Decisión 2010/136/UE, que se anule su artículo 2, letras b) y c).

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante impugna las Decisiones 2010/135/UE (1) y 2010/136/UE, (2) de la Comisión, de 2 de marzo de 2010.
   En los fundamentos de su recurso la demandante alega, como primer motivo de recurso, que la Comisión ha incurrido en un error manifiesto de apreciación y ha violado el principio de cautela al autorizar la comercialización de la patata modificada genéticamente denominada «Amflora» (en lo sucesivo, «patata MG») a pesar de que, al evaluar los riesgos, se plantearon objeciones fundadas en el sentido de que la autorización –en consideración de los objetivos de garantizar un elevado nivel de protección de la salud y del medio ambiente– podía ocasionar daños a la salud de las personas y los animales y al medio ambiente. En opinión de la demandante, la autorización de comercialización se basa en una evaluación de riesgos no fundada o deficiente desde muchos puntos de vista, lo que repercute en la legalidad de las Decisiones de la Comisión.
   En relación con los riesgos para la salud que ocasiona la patata MG controvertida, la demandante alega que el gen marcador de resistencia a los antibióticos presente en la patata MG y la transferencia de dicho gen de las plantas MG a bacterias suponen un riesgo tal para la salud humana y animal y para el medio ambiente que no resulta admisible, habida cuenta en especial de la obligación de proporcionar un elevado nivel de protección de la salud y del medio ambiente, y que existe cuando menos una incertidumbre científica significativa respecto a los riesgos, que la Comisión no ha eliminado de manera satisfactoria. La demandante deduce de ello que la autorización de comercialización viola el principio de cautela e infringe el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/18/CE, (3) que constituye su expresión legal concreta. Aparte de todo ello, el dictamen científico emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que sirve de base a las Decisiones de la Comisión también contradice los puntos de vista que mantienen a este respecto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal y la Agencia Europea de Medicamentos.
   En opinión de la demandante, la evaluación de los riesgos medioambientales de la patata MG es deficiente o no es adecuada habida cuenta de:

               —

               la inexistencia de exámenes en campo abierto relativos a todas las regiones biogeográficas de la Unión Europea;

               —

               la inexistencia de un examen de las repercusiones, en su caso acumuladas a largo plazo, sobre los organismos no objetivo, y de las repercusiones sobre la dinámica de la población de las especies y sobre la diversidad genética;

               —

               la insuficiencia del examen de las eventuales repercusiones sobre la salud de los animales y de las eventuales consecuencias sobre la cadena alimenticia.

         Como segundo motivo de recurso la demandante alega que la Comisión ha infringido el Reglamento 1829/2003/CE. (4) A este respecto, la demandante aduce que el artículo 2, letras b) y c), de la Decisión 2010/136/UE, que autoriza la presencia accidental o técnicamente inevitable, en alimentos o piensos, de organismos modificados genéticamente en una proporción que no supere el 0,9 %, es contrario a Derecho, dado que, por lo que se refiere a la autorización, el Reglamento 1829/2003/CE no contempla ningún margen de tolerancia, ni permite que la Comisión aplique ningún margen de tolerancia en el caso de presencia accidental o técnicamente inevitable de OMG.

      (1)  Decisión 2010/135/UE de la Comisión, de 2 de marzo de 2010, relativa a la comercialización, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un tipo de patata (línea EH92-527-1 de Solanum tuberosum L.) modificada genéticamente para aumentar el contenido de amilopectina de la fécula [notificada con el número C(2010) 1193] (DO L 53, p. 11).

      (2)  Decisión 2010/136/UE de la Comisión, de 2 de marzo de 2010, por la que se autoriza la comercialización de piensos producidos a partir de la patata modificada genéticamente EH92-527-1 (BPS-25271-9) y la presencia accidental o técnicamente inevitable de esta patata en alimentos y piensos, con arreglo al Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2010) 1196] (DO L 53, p. 15).

      (3)  Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 106, p. 1).

      (4)  Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO L 268, p. 1).


title: Asunto C-405/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de febrero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret — Dinamarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, en representación del Sr. Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, en representación de Babcock & Wilcox Vølund ApS (Política social — Información y consulta de los trabajadores — Directiva 2002/14/CE — Adaptación del Derecho interno a la Directiva mediante ley y mediante convenio colectivo — Efectos del convenio colectivo respecto a un trabajador no afiliado a la organización sindical firmante de dicho convenio — Artículo 7 — Protección de los representantes de los trabajadores — Exigencia de protección reforzada frente al despido — Inexistencia)

text:
               27.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de febrero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret — Dinamarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, en representación del Sr. Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, en representación de Babcock & Wilcox Vølund ApS
   (Asunto C-405/08) (1)

   (Política social - Información y consulta de los trabajadores - Directiva 2002/14/CE - Adaptación del Derecho interno a la Directiva mediante ley y mediante convenio colectivo - Efectos del convenio colectivo respecto a un trabajador no afiliado a la organización sindical firmante de dicho convenio - Artículo 7 - Protección de los representantes de los trabajadores - Exigencia de protección reforzada frente al despido - Inexistencia)
   2010/C 80/04
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Vestre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ingeniørforeningen i Danmark, en representación del Sr. Bertram Holst

      Demandada: Dansk Arbejdsgiverforening, en representación de Babcock & Wilcox Vølund ApS

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial del Vestre Landsret — Interpretación del artículo 7 de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea — (DO L 80, p. 29) — Adaptación del Derecho interno a la Directiva mediante convenio colectivo — Efectos del convenio colectivo respecto a un trabajador no afiliado a la organización sindical firmante de dicho convenio — Ley de adaptación que no comporta, para grupos de trabajadores no cubiertos por el convenio colectivo, un nivel reforzado de protección contra el despido respecto a la protección ya existente

      Fallo

               1)

               La Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el Derecho interno se adapte a ella mediante un convenio colectivo, cuyo efecto sea que una categoría de trabajadores quede incluida en el ámbito de aplicación de ese convenio aun cuando los trabajadores pertenecientes a dicha categoría no estén afiliados a la organización sindical firmante de dicho convenio y su sector de actividad no esté representado por esa organización, siempre que el convenio colectivo garantice a los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación la protección efectiva de los derechos que les concede la citada Directiva.

               2)

               El artículo 7 de la Directiva 2002/14 debe interpretarse en el sentido de que no exige que se conceda a los representantes de los trabajadores una protección reforzada frente al despido. No obstante, cualquier medida adoptada para adaptar el Derecho interno a dicha Directiva, sea mediante ley o mediante convenio colectivo, deberá respetar el nivel mínimo de protección previsto en el citado artículo 7.

      (1)  DO C 301, de 22.11.2008.


title: Asunto T-336/09: Sentencia del Tribunal General de 19 de enero de 2011 — Häfele/OAMI — Topcom Europe (Topcom) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa Topcom — Marcas comunitarias y del Benelux denominativas anteriores TOPCOM — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud de los productos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009]

text:
               26.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/26

         Sentencia del Tribunal General de 19 de enero de 2011 — Häfele/OAMI — Topcom Europe (Topcom)
   (Asunto T-336/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa Topcom - Marcas comunitarias y del Benelux denominativas anteriores TOPCOM - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Similitud de los productos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2011/C 63/50
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Alemania) (representantes: J. Dönch y M. Eck, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Topcom Europe (Heverlee, Bélgica) (representante: P. Maeyaert, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la OAMI de 5 de junio de 2009 (asunto R 1500/2008-2), sobre un procedimiento de oposición entre Topcom Europe NV y Häfele GmbH & Co. KG.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a Häfele GmbH & Co. KG a cargar con las costas, incluidos los gastos indispensables en los que haya incurrido Topcom Europe NV a los efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

      (1)  DO C 256, de 24.10.2009.


title: Asunto C-522/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 19 de noviembre de 2014 — Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten

text:
               23.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 19 de noviembre de 2014 — Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten
   (Asunto C-522/14)
   (2015/C 065/29)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesfinanzhof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sparkasse Allgäu

      Demandada: Finanzamt Kempten

      Cuestión prejudicial

   ¿Se opone la libertad de establecimiento (artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, anteriormente artículo 43 [del Tratado Constitutivo] de la Comunidad Europea) a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual una entidad de crédito con domicilio social en el territorio nacional, en caso de fallecimiento de un causante residente, también debe informar a la oficina tributaria competente para la gestión del impuesto de sucesiones en el interior del país de los bienes del causante que se custodian o administran en una sucursal dependiente de la entidad de crédito en otro Estado miembro, cuando en el otro Estado miembro no exista una obligación de información similar y las entidades de crédito estén sometidas allí a secreto bancario bajo responsabilidad penal?


title: Asunto C-300/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 27 de junio de 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg

text:
               6.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 235/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 27 de junio de 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg
   (Asunto C-300/07)
   (2007/C 235/13)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Oberlandesgericht Düsseldorf
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik

      Demandada: AOK Rheinland/Hamburg
   Cuestiones prejudiciales

               1.

                           a)

                           ¿Debe interpretarse que existe «financiación por el Estado» en el sentido del artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), primera alternativa, de la Directiva 2004/18/CE (1), cuando el Estado impone la afiliación a un seguro de enfermedad y la obligación de pago de aportaciones (cuya cuantía depende de los ingresos) a la correspondiente caja del seguro de enfermedad, siendo ésta quien determina el porcentaje de la aportación, si bien las cajas del seguro de enfermedad están vinculadas entre sí mediante un sistema de financiación solidaria (descrito con más detalle en los Fundamentos) y está garantizado el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de ellas?

                           b)

                           ¿Debe interpretarse el requisito del artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), segunda alternativa, de que la gestión del organismo «se halle sometida a un control por parte de estos últimos», en el sentido de que basta un control jurídico estatal ejercido tanto sobre operaciones en marcha como sobre futuras operaciones (en su caso, junto con otros mecanismos de intervención del Estado, descritos en los Fundamentos), para que se cumpla el requisito?

               2.

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión número 1), ya sea a la letra a) o a la b), ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, letras c) y d), de la Directiva en el sentido de que la puesta a disposición de mercancías que, en su forma, han sido fabricadas y adaptadas individualmente a las necesidades de cada cliente y sobre cuya utilización es preciso asesorar individualmente a cada cliente, ha de considerarse un «contrato de suministro» o bien un «contrato de servicios»? ¿Debe tenerse en cuenta para ello solamente el valor de cada prestación?

               3.

               En caso de que pueda o deba considerarse que la puesta a disposición a que se refiere la cuestión número 2) es un «servicio», ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 4, de la Directiva (en contraposición al acuerdo marco previsto en el artículo 1, apartado 5, de la Directiva), en el sentido de que también debe entenderse por «concesión de un servicio» la adjudicación de un contrato según el cual:

                           —

                           la decisión sobre si se realizan pedidos concretos al contratista, y en qué casos, no la toma el adjudicador, sino terceros;

                           —

                           el pago al contratista lo realiza el adjudicador, porque éste es, por imperativo legal, el único obligado a tal pago y el único obligado, frente a los terceros, a la prestación del servicio, y

                           —

                           el contratista, antes de ser requerido por los terceros, no tiene que prestar ni ofrecer ningún tipo de servicio?

      (1)  DO L 134, p. 114.


title: Asunto C-113/00: Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de España

text:
24.6.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 176/7
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                ¿Puede interpretarse el artı́culo 90 CE (antiguo artı́culo 95
lución del korkein hallinto-oikeus, de fecha 15 de marzo                   del Tratado CE) en el sentido de que una norma tributario
  de 2000, en el asunto entre Tulliasiamies y Antti Siilin                  nacional de este tipo no es discriminatoria, cuando especi-
                                                                            almente se tiene en cuenta que
                        (Asunto C-101/00)                                   — el punto de partida es el Impuesto de un automóvil
                                                                                nuevo similar,
                         (2000/C 176/12)
                                                                            — según la norma anteriormente vigente, la tasa de
                                                                                matriculación de vehı́culos no se rebajaba hasta des-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                        pués del plazo de seis meses, y
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del korkein hallinto-oikeus, dictada el 15 de marzo             — tanto en la norma anteriormente vigente, como en la
de 2000, en el asunto entre Tulliasiamies y Antti Siilin, y                      actual, el Impuesto se rebaja linealmente en la forma
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 17 de marzo               expuesta?
de 2000. El korkein hallinto-oikeus solicita al Tribunal de
                                                                        3. Además de las bases de cálculo reguladas en la legislación
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                                                                            tributario nacional, ¿deben examinarse las caracterı́sticas
                                                                            individuales del vehı́culo a fin de garantizar que el devengo
                                                                            del Impuesto en un caso particular no lleva a una
Sobre la tasa de matriculación de vehı́culos                               discriminación, contraria al artı́culo 90 CE (antiguo artı́-
                                                                            culo 95 del Tratado CE)?
1. A tenor del artı́culo 11 de la autoverolaki, el valor fiscal a
    efectos de determinar la cuantı́a de dicha tasa en un
    vehı́culo importado como una mercancı́a comunitaria, se             El Impuesto sobre el Valor Añadido que se detennina sobre la tasa de
    basa en el valor de adquisición del sujeto pasivo. Como            matriculación de vehı́culos
    valor de adquisición se toma, en aquello que le es aplicable,      4. ¿Puede interpretarse la Directiva del IVA en el sentido de
    el valor en aduana del vehı́culo, regulado en el Código                que el impuesto, denominado impuesto sobre el valor
    aduanero y en el Reglamento de aplicación.                             añadido determinado sobre la tasa de matriculación de
                                                                            vehı́culos, regulado en el apartado 1 del artı́culo 5 de la
    ¿Puede interpretarse el artı́culo 90 CE (antiguo artı́culo 95           autoverolaki y en el apartado 5 del artı́culo 1 de la Ley
    del Tratado CE) en el sentido de que una disposición                   reguladora del IVA, es un impuesto sobre el valor añadido
    nacional como ésta, a efectos de la determinación del valor            en el sentido de la Directiva del IVA, si se tiene en cuenta,
    fiscal en que se basa la tasa de matriculación de vehı́culos,          que según la normativa nacional el impuesto únicamente
    no es discriminatoria, teniendo especialmente en cuenta,                se devenga tomando como base la tasa de matriculación
    que el valor fiscal del vehı́culo se configura en distinta              de vehı́culos?
    cuantı́a, dependiendo en qué etapa comercial (fase de
    comercialización) actúa el importador del vehı́culo, es           5. Si la respuesta a la cuestión planteada en el núm. 4 es
    decir, si éste actúa en la fase de mayorista, de minorista o           negativa, ¿se podrá considerar no obstante a esta clase
    de consumidor?                                                          de impuesto como un impuesto, derecho o tasa cuya
                                                                            recaudación está permitida en el artı́culo 33 de la Directiva
                                                                            del IVA?
2. Según el apartado 1 del artı́culo 7 de la autoverolaki, la
    tasa de matriculación de un vehı́culo de ocasión importado        6. Si estas normas tributarias nacionales no se consideran
    se basa en la tasa correspondiente a un vehı́culo nuevo                 contrarias a la Directiva del IVA, ¿puede interpretarse el
    similar rebajado en la forma determinada en la disposición.            artı́culo 90 CE (antiguo artı́culo 95 del Tratado CE) en el
    Tal como ésta venı́a redactada en la Ley 1482/1994, un                  sentido de que estas normas tributarias no son discrimina-
    vehı́culo de ocasión importado devengaba el Impuesto de                torias en la forma señalada en dicho artı́culo?
    un vehı́culo nuevo similar rebajado en la cuantı́a del
    0,5 por ciento por cada mes completo del calendario,
    calculado desde la fecha en que el vehı́culo llevaba seis
    meses matriculado o usado, y se rebajaba el Impuesto
    sólo por los primeros 150 meses de uso. Según la Ley              Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2000 contra la
    1160/1998 actualmente vigente, un vehı́culo de ocasión             Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
    importado devenga el Impuesto de un vehı́culo nuevo                                                España
    similar, rebajado en la cuantı́a del 0,6 por ciento por cada
    mes de uso por cada uno de los cien primeros meses de                                        (Asunto C-113/00)
    uso y, de los cien meses de uso siguientes, se rebaja en la
    cuantı́a del 0,9 por ciento por cada mes de uso, calculado                                     (2000/C 176/13)
    del valor residual del Impuesto hasta el fin de cada mes
    anterior, y de estos meses de uso en adelante, a razón del         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
    0,4 por ciento del valor residual del Impuesto calculado            presentado el 27 de marzo de 2000 un recurso contra la
    hasta el fin de cada mes anterior. Se computan como                 Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
    meses de uso los meses completos del calendario transcu-            Reino de España, representado por el Sr. Santiago Ortiz
    rridos desde el primer uso del vehı́culo o desde su                 Vaamonde, que designa como domicilio en Luxemburgo el de
    matriculación.                                                     la Embajada de España, 4-6, boulevard E. Servais.
 ---pagebreak--- C 176/8                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         24.6.2000
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              — Infracción del artı́culo 87 CE, apartado 3, letra c: la Comi-
                                                                            sión razona que toda ayuda cuyo importe dependa de las
                                                                            cantidades producidas debe considerarse una ayuda de
1. declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de 22 de              funcionamiento incompatible con el mercado común ya
    diciembre de 1999, sobre ayudas a las producciones                      que no produce efecto duradero en el desarrollo del sector
    hortofrutı́colas en Extremadura en la campaña 1997/98                  en cuestión. Sin embargo, las ayudas no producen el efecto
                                                                            de estimular la producción de hortalizas, ni ésa es su
2. condene en costas a la Institución demandada.                           finalidad, dado que no se concedı́an por la cantidad de
                                                                            hortalizas producida, sino por la cantidad de hortalizas
                                                                            destinada a transformación industrial.
Motivos y principales alegaciones
— Infracción de los artı́culos 253 CE y 87 CE, apartado 1,
    por falta de motivación de la afectación al comercio entre
    Estados miembros y por no concurrir dicho requisito: la
    Decisión recurrida carece de la motivación mı́nimamente
    exigible acerca de la afectación de las ayudas al comercio
    entre Estados miembros de forma que falsee o amenace
    falsear la competencia en el mercado común.                       Recurso interpuesto el 7 de abril de 2000 contra la
                                                                       República Helénica por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
— Infracción del artı́culo 87 CE, apartado 3, letra a), en
    relación con el 253 CE: la Comisión entiende que no es
    aplicable la excepción del artı́culo 87 CE, apartado 3, letra                             (Asunto C-132/00)
    a), porque las ayudas no fueron concebidas como ayudas
    regionales sino como ayudas de funcionamiento para el
    sector agrı́cola. Pues bien, falta coherencia en el razona-                                 (2000/C 176/14)
    miento de la Comisión. Entre los fines que el Decreto 84/93
    asigna a la incentivación de las producciones hortı́colas
    con destino a transformación industrial, se señalan expresa-     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
    mente:                                                             presentado el 7 de abril de 2000 un recurso contra la República
                                                                       Helénica formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                       Europeas, representada por la Sra. Lena Ström, Consejero
    — adecuar las producciones a las exigencias del mercado,
                                                                       Jurı́dico del Servicio Jurı́dico de la Comisión, y el Sr. Panagiotis
         de forma que los recursos sean utilizados con la
                                                                       Panagiotopoulos, experto nacional, adscrito a dicho Servicio
         máxima eficacia,
                                                                       Jurı́dico, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                       despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
    — favorecer la diversificación de las alternativas de             mismo Servicio Jurı́dico, Centre Wagner.
         regadı́o,
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
    — fomentar el desarrollo de cultivos de gran proyección
         social.
                                                                       1. Declare que la República Helénica ha incumplido las
                                                                            obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE al
    Las ayudas van destinadas a favorecer el desarrollo econó-             no haber adoptado y, con carácter subsidiario, al no haber
    mico de una región con un nivel de vida bajo y una                     comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado, las
    gravı́sima situación de desempleo. Tenı́an una finalidad               medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le
    social evidente, ya que buscaban la implantación de                    incumben en virtud de lo dispuesto en el artı́culo 7 de la
    relaciones estables entre productor y transformador ampa-               Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975,
    rados en contratos homologados de compreventa de                        relativa a los residuos (DO L 194, de 25 de julio de 1975,
    materia prima, asegurando el aprovisionamiento de las                   p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la
    industrias de transformación y su localización en las zonas           Directiva 91/156/CE del Consejo, de 18 de marzo de 1991
    de producción.                                                         (DO L 78, de 26 de marzo de 1991, p. 32); en el artı́culo 6
                                                                            de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciem-
                                                                            bre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (DO L 377,
    Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión deberı́a haber
                                                                            de 31 de diciembre de 1991, p. 20), y en el artı́culo 14
    razonado que las ayudas no entran en el campo del
                                                                            de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del
    artı́culo 87 CE, apartado 3, letra a), pese a tratarse de
                                                                            Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases
    medidas especı́ficas y no generales. También deberı́a haber
                                                                            y residuos de envases (DO L 365, de 31 de diciembre de
    justificado mı́nimamente por qué decide discrecionalmente
                                                                            1994, p. 10).
    no autorizar ayudas de escasa cuantı́a, llamadas a paliar una
    situación anormalmente grave dentro de la Comunidad. No
    habiéndole hecho, infringe el artı́culo 253 CE.                    2. Condene en costas a la República Helénica.


title: Asunto C-83/06: Recurso interpuesto el  9 de febrero de 2006  contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/18

         Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2006 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-83/06)
   (2006/C 86/33)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 9 de febrero de 2006 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. C. Cattabriga, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/103/CE (1) de la Comisión, de 7 de octubre de 2004, relativa a los controles de identidad y fitosanitarios de vegetales, productos vegetales u otros objetos enumerados en la parte B del anexo V de la Directiva 2000/29/CE (2) del Consejo, que pueden llevarse a cabo en un lugar distinto del punto de entrada en la Comunidad o en un lugar cercano y por la que se determinan las condiciones relacionadas con dichos controles, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, al menos, al no haber informado de ello inmediatamente a la Comisión.

               2)

               Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 31 de diciembre de 2004.

      (1)  DO L 313, de 12.10.2004, p. 16.

      (2)  DO L 169, de 10.7.2000, p. 1.


title: Recurso de casación interpuesto el 16 de enero de 1998 por la Azienda Agricola «Le Canne» Srl, sociedad italiana, con domicilio social en Porto Viro, contra la sentencia dictada el 7 de noviembre de 1997 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-218/95, promovido por Azienda Agricola «Le Canne» contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-10/98 P)

text:
28.3.98                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 94/7
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    Carraro y la Sra. Francesca Mazzonetto, Abogados de
Europeas en el asunto T-244/94 promovido contra la                  Padua, así como por el Sr. Guy Arendt, Abogado de
Comisión de las Comunidades Europeas, en apoyo de la                Luxemburgo, que designan como domicilio en Luxem-
cual intervinieron el Consejo de la Unión Europea, la               burgo el despacho de este uÂltimo, 62, Avenue Guillaume,
RepuÂblica Italiana e ILVA Laminati Piani SpA.                      contra la sentencia dictada el 7 de noviembre de 1997 por
                                                                    el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las         Europeas en el asunto T-218/95 (1), promovido por la
Comunidades Europeas que:                                           Azienda Agricola «Le Canne» Srl contra la Comisión de
                                                                    las Comunidades Europeas.
Ð anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
     las Comunidades Europeas, de 24 de octubre de 1997,            La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
     en el asunto T-244/94 (Wirtschaftsvereinigung Stahl y
     otros contra Comisión);                                        Ð anule la sentencia impugnada del Tribunal de Primera
                                                                         Instancia y estime las pretensiones formuladas por la
Ð anule la Decisión 94/259/CECA de la Comisión, de                       recurrente en primera instancia;
     12 de abril de 1994, relativa a las ayudas que Italia
     tiene previsto conceder a las empresas sideruÂrgicas del       Ð declare nulo y sin efectos el documento no 12497 de la
     sector puÂblico (grupo sideruÂrgico Ilva) (DO L 112 de              Comisión, de 27 de octubre de 1995;
     3.5.1994);
                                                                    Ð condene a la Comisión a la indemnización de danÄos y
Ð condene a la Comisión al pago de las costas procesa-                   perjuicios, en la medida que se expone en el recurso;
     les.
                                                                    Ð condene a la Comisión en las costas de ambas instan-
Motivos y principales alegaciones                                        cias.
Infracción del Derecho comunitario por parte del Tribunal           Motivos y principales alegaciones
de Primera Instancia en la medida en que:
                                                                    La recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia
Ð hizo caso omiso de la vigencia y el alcance del quinto            consideró erróneamente que se respetó el principio de cole-
     Código de ayudas a la siderurgia;                              gialidad. Sostiene que, en la medida en que el Reglamento
                                                                    interno de la Comisión permitía al jefe de una unidad, en
Ð no tuvo suficientemente en cuenta que las subvencio-              funciones, adoptar en virtud de una facultad propia la
     nes estatales dejan de ser «imprescindibles» para la           decisión que se discute, el Tribunal de Primera Instancia
     consecución de los objetivos del Tratado CECA                  hubiera debido declarar que no era aplicable tal decisión.
     cuando se conceden maÂs de una vez;                            Sostiene tambieÂn que, acerca de la violación del principio
                                                                    de contradicción y de la obligación de motivación que
Ð no tuvo en cuenta que la Decisión de la Comisión                  incumbe a la Comisión, la motivación del Tribunal de Pri-
     impugnada pone de manifiesto una falta grave de apre-          mera Instancia fue errónea y contradictoria.
     ciación por el mero hecho de senÄalar como su objetivo
     el fortalecimiento de la industria sideruÂrgica italiana;      Afirma, por uÂltimo, que se ha producido una violación y
                                                                    una aplicación errónea por parte del Tribunal de Justicia
Ð parte de la suposición de que la letra c) del artículo 4          del nuÂmero 1 del artículo 44 y del artículo 47 del Regla-
     del Tratado CECA no contiene una prohibición                   mento (CEE) no 4028/86 (2) y del artículo 7 del Regla-
     estricta de ayudas, sino que permite a las Instituciones       mento (CEE) no 1116/88 (3).
     comunitarias autorizar todas las ayudas que puedan
     contribuir a alcanzar los fines del Tratado.                   (1) DO C 77 de 16.3.1996, p. 11.
                                                                    (2) DO L 376 de 31.12.1986, p. 7.
(1) DO C 387 de 20.12.1997, p. 16.                                  (3) DO L 112 de 30.4.1988, p. 1.
Recurso de casación interpuesto el 16 de enero de 1998              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
por la Azienda Agricola «Le Canne» Srl, sociedad italiana,          lución de la Commissione Tributaria Provinciale di
con domicilio social en Porto Viro, contra la sentencia dic-        Firenze, de fecha 23 de enero de 1997, en el asunto entre,
tada el 7 de noviembre de 1997 por el Tribunal de Primera           por una parte, CSAR Centro Servizi Acciai Rivestiti SpA,
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto                  y, por otra parte, Direzione Regionale per le Entrate della
T-218/95, promovido por Azienda Agricola «Le Canne»                       Toscana y Ufficio delle Imposte Dirette di Firenze
      contra la Comisión de las Comunidades Europeas                                       (Asunto C-13/98)
                      (Asunto C-10/98 P)                                                     (98/C 94/15)
                          (98/C 94/14)
                                                                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se           ha sido sometida una petición de decisión prejudicial
ha presentado, el 16 de enero de 1998, un recurso de casa-          mediante resolución de la Commissione Tributaria Provin-
ción formulado por Azienda Agricola «Le Canne» Srl,                 ciale di Firenze, de fecha 23 de enero de 1997, en el
representada por los Sres. Giulio Schiller y Giuseppe               asunto entre, por una parte, CSAR Centro Servizi Acciai


title: Asunto C-17/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Nancy — Francia) — Céline SARL/Céline SA ( Marcas — Artículos 5, apartado 1, letra a), y 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca registrada a oponerse a la utilización por un tercero de un signo idéntico a la marca — Utilización del signo como denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento — Derecho del tercero a usar su nombre )

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Nancy — Francia) — Céline SARL/Céline SA
   (Asunto C-17/06) (1)

   («Marcas - Artículos 5, apartado 1, letra a), y 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE - Derecho del titular de una marca registrada a oponerse a la utilización por un tercero de un signo idéntico a la marca - Utilización del signo como denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento - Derecho del tercero a usar su nombre»)
   (2007/C 269/21)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Cour d'appel de Nancy
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Céline SARL

      Demandada: Céline SA
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Cour d'appel de Nancy — Interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE: Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40 de 11 de febrero de 1989, p. 1) — Utilización como denominación social y rótulo de establecimiento de un signo idéntico a una marca denominativa registrada en el marco de la comercialización de productos idénticos.
   Fallo
   La utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca.
   Si éste es el caso, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 únicamente puede obstaculizar tal prohibición si la utilización por un tercero de su denominación social o de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

      (1)  DO C 74 de 25.3.2006.


title: Asunto C-613/13 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2013 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 16 de septiembre de 2013 en los asuntos acumulados T-379/10 y T-381/10, Keramag Keramische Werke y otros, Sanitec Europe/Comisión Europea

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/27

         Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2013 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 16 de septiembre de 2013 en los asuntos acumulados T-379/10 y T-381/10, Keramag Keramische Werke y otros, Sanitec Europe/Comisión Europea
   (Asunto C-613/13 P)
   2014/C 52/49
   Lengua de procedimiento: inglés.

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre y F. Ronkes Agerbeek, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Keramag Keramische Werke AG y otros, Sanitec Europe Oy

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida, en la medida en que anula el artículo 1 de la Decisión controvertida por lo que respecta a los hechos producidos en el seno de la AFICS y a la responsabilidad de Allia SAS, Produits Céramique de Touraine SA y Sanitec a este respecto.

               —

               Que se anule en su totalidad el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida.

               —

               En caso de que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, que se desestime el recurso de anulación en la medida en que atañe a los hechos producidos en el seno de la AFICS y se restablezcan las multas impuestas a Allia SAS, Produits Céramique de Touraine SA y Sanitec.

               —

               Que, en cualquier caso, se condene a las demandantes en primera instancia (actualmente, otras partes en el procedimiento) a cargar con las costas del presente recurso de casación, así como, en caso de que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el recuso de anulación, con las costas generadas en el marco de dicho recurso.

      Motivos y principales alegaciones

   Primer motivo: incumplimiento de la obligación de motivación y de las reglas de valoración de la prueba; el Tribunal General no examinó ciertas pruebas pertinentes y exigió un nivel probatorio demasiado elevado para las pruebas que sí fueron objeto de examen.
   Segundo motivo: existencia de una motivación contradictoria; la apreciación de las pruebas contradice frontalmente la efectuada en otras tres sentencias de la misma fecha, relativas a la misma Decisión y a los mismos hechos.


title: Asunto C-254/07: Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               21.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 170/16

         Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-254/07)
   (2007/C 170/29)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Alcover San Pedro y D. Kukovec, agentes)

      Demandada: Reino de España
   Pretensiones

               —

               Que se declare que, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la directiva 2004/17/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 (1), sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales y, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha directiva;

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la directiva 2004/17/CE finalizó el 31 de enero de 2006.

      (1)  DO L 134, p. 1.


title: Asunto T-579/10: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2010 — macros consult/OAMI — MIP Metro (makro)

text:
               19.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/30

         Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2010 — macros consult/OAMI — MIP Metro (makro)
   (Asunto T-579/10)
   2011/C 55/54
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie (Ottobrunn, Alemania) (representante: T. Raible, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Alemania)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 18 de octubre de 2010 en el asunto R 339/2009-4 en el sentido de que el recurso interpuesto por la demandante ante la Sala de Recurso es fundada, por lo que procede estimar su solicitud de declaración de la nulidad.

               —

               Que se condene a la OAMI y a MIP Metro Group a pagar las costas del procedimiento de anulación y del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: La marca figurativa que contiene el elemento denominativo «makro» para productos y servicios de las clases 1 a 42

      Titular de la marca comunitaria: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: La demandante

      Marca o signo del solicitante de la nulidad: Solicitud de declaración de la nulidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra c), y apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) dirigida contra los productos y servicios registrados en las clases 9, 35, 36 y 41

      Resolución de la División de Anulación: Desestimación de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 53, apartados 1, letra c), y 2, en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009, dado que la demandante usaba la denominación «macros consult» como denominación y razón social/nombre comercial antes de la fecha en que se solicitó la marca comunitaria objeto del litigio, por lo que disponía de un nombre comercial anterior en virtud del artículo 5, apartado 2, primera frase, de la Markengesetz (Ley sobre marcas) alemana.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).