title: Asunto C-392/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 25 de julio de 2011 — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 25 de julio de 2011 — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
   (Asunto C-392/11)
   2011/C 282/27
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   First-tier Tribunal (Tax Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Field Fisher Waterhouse LLP

      Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               La cuestión principal en el presente asunto es si los servicios prestados (en adelante, «servicios») por los propietarios en virtud de lo dispuesto en un contrato de arrendamiento con sus inquilinos deberían considerarse un elemento de una única prestación exenta de un arrendamiento de inmueble, bien porque los servicios forman, objetivamente, una sola prestación económica indisociable con el arrendamiento, o bien porque son «accesorios» al arrendamiento, el cual forma la prestación principal (en adelante, «prestación principal»). Para determinar esta cuestión, y en vista de la resolución emitida por el Tribunal de Justicia en el asunto
                     Tellmer
                   (C-572/07), ¿en qué medida es relevante que los servicios pudieran ser (aunque, de hecho, no lo sean) prestados por personas distintas de los propietarios, si bien, en virtud de lo previsto en las condiciones de los presentes contratos de arrendamiento en cuestión, los arrendatarios no tenían otra opción que recibir los servicios de los propietarios?

               2)

               Para determinar si existe una única prestación ¿es relevante el hecho de que el impago del importe correspondiente a los gastos comunes por parte del inquilino faculte al propietario no solo a negarse a prestar los servicios, sino, además, a resolver el contrato de arrendamiento con el primero?

               3)

               Si la respuesta a la primera cuestión es que la posibilidad de que los servicios sean prestados por un tercero directamente al inquilino resulta relevante, ¿se trata, meramente, de un factor que contribuye a determinar si los servicios constituyen bien una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial, bien una prestación meramente accesoria al servicio principal, o se trata de un factor determinante? En caso de que se trate meramente de un factor que contribuye a aclarar si los servicios constituyen una prestación meramente accesoria, o de que no resulte en absoluto relevante, ¿qué otros factores lo son para determinar el carácter accesorio de la prestación? En particular, ¿qué relevancia tiene que los servicios se presten en los locales objeto del alquiler o respecto de estos, o en otras partes del inmueble?

               4)

               Si la posibilidad de que sea un tercero quien preste los servicios fuese relevante, ¿es lo relevante, más concretamente, el que los servicios los pueda prestar legalmente un tercero, incluso en el caso de que resultase complicado en la práctica organizarlo o acordarlo con el propietario, o es, más bien, la posibilidad práctica o la práctica común en la prestación de dichos servicios lo que ha de tenerse en cuenta como aspecto relevante?

               5)

               Los servicios en el presente asunto representan una gama cuya prestación tiene lugar como contraprestación a un único pago. En el supuesto de que algunos de estos servicios (por ejemplo, los de limpieza de las partes comunes, o de prestación de servicios de seguridad) no formen parte de una sola prestación económica indisociable o deban considerarse accesorios al servicio principal, pero otros servicios sí formen parte de una sola prestación económica indisociable, ¿sería correcto prorratear el total de la contraprestación entre los diversos servicios al objeto de determinar la parte de la contraprestación que está sujeta al impuesto de la parte no sujeta? ¿O sería correcto considerar que dicha gama de servicios prestados se encuentran tan estrechamente ligados entre sí que forman «una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial», constituyendo por sí mismos una sola prestación independiente del arrendamiento del inmueble?


title: Asunto T-330/12: Recurso interpuesto el 19 de julio de 2012 — Hut.com/OAMI — Intersport France (THE HUT)

text:
               29.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 295/27

         Recurso interpuesto el 19 de julio de 2012 — Hut.com/OAMI — Intersport France (THE HUT)
   (Asunto T-330/12)
   2012/C 295/48
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: The Hut.com Ltd (Northwich, Reino Unido) (representante: S. Malynicz, Barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Intersport France (Longjumeau, Francia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 27 de abril de 2012 en el asunto R 814/2011-2.

               —

               Condene a la demandada y a la otra parte ante la Sala de Recurso a cargar con sus propias costas y con las de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «THE HUT», para, entre otros, servicios de la clase 35 — Solicitud de marca comunitaria no 8.394.091

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocados en oposición: Registro de marca francesa no 33.228.708 de la marca denominativa «LA HUTTE» para productos de las clases 3, 5, 18, 22, 25 y 28

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición en su totalidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación parcial de la resolución impugnada

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-224/12: Auto del Tribunal General de 25 de junio de 2014  — Accorinti y otros/BCE ( «Recurso de anulación — Política económica y monetaria — BCE — Bancos centrales nacionales — Reestructuración de la deuda pública griega — Admisibilidad de los instrumentos de renta fija negociables emitidos o totalmente garantizados por Grecia a efectos de las operaciones de política monetaria del Eurosistema — Conservación del umbral de calidad crediticia para el mantenimiento de la admisibilidad — Refuerzo de la garantía en forma de un programa de recompra de títulos en beneficio de los bancos centrales nacionales — Acreedores privados — Imputabilidad de determinados efectos jurídicos al acto impugnado — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad» )

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/49

         Auto del Tribunal General de 25 de junio de 2014 — Accorinti y otros/BCE
   (Asunto T-224/12) (1)

   ((«Recurso de anulación - Política económica y monetaria - BCE - Bancos centrales nacionales - Reestructuración de la deuda pública griega - Admisibilidad de los instrumentos de renta fija negociables emitidos o totalmente garantizados por Grecia a efectos de las operaciones de política monetaria del Eurosistema - Conservación del umbral de calidad crediticia para el mantenimiento de la admisibilidad - Refuerzo de la garantía en forma de un programa de recompra de títulos en beneficio de los bancos centrales nacionales - Acreedores privados - Imputabilidad de determinados efectos jurídicos al acto impugnado - Inexistencia de interés en ejercitar la acción - Inexistencia de afectación directa - Inadmisibilidad»))
   2014/C 315/83
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia) y los demás demandantes cuyos nombres figuran en anexo al auto (representantes: S. Sutti y R. Spelta, abogados)

      Demandada: Banco Central Europeo (BCE) (representantes: inicialmente A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Bening y P. Papapaschalis, posteriormente S. Bening y P. Papapaschalis, agentes, asistidos por E. Castellani, T. Lübbig y B. Kaiser, abogados)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión del Banco Central Europeo 2012/153/UE, de 5 de marzo de 2012, sobre la admisibilidad de instrumentos de renta fija negociables emitidos o plenamente garantizados por la República Helénica en el contexto de la oferta de canje de deuda de la República Helénica (BCE/2012/3) (DO L 77, p. 19).

      Fallo

               1)

               Declarar el recurso inadmisible.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Alessandro Accorinti y a los demás demandantes cuyos nombres figuran en el anexo.

      (1)  DO C 243, de 11.8.2012.


title: Asunto T-742/16 RENV: Sentencia del Tribunal General de 16 de mayo de 2017 — CW/Parlamento («Función pública — Funcionarios — Acoso moral — Artículo 12 bis del Estatuto — Obligación de asistencia — Normas internas relativas al comité consultivo sobre el acoso y su prevención en el puesto de trabajo — Artículo 24 del Estatuto — Solicitud de asistencia — Desestimación — Decisión de desestimación de la reclamación — Contenido autónomo — Carácter prematuro de la reclamación — Inexistencia — Papel y prerrogativas del comité consultivo sobre el acoso y su prevención en el puesto de trabajo — Consulta facultativa por parte del funcionario — Responsabilidad no contractual»)

text:
               10.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/25

         Sentencia del Tribunal General de 16 de mayo de 2017 — CW/Parlamento
   (Asunto T-742/16 RENV) (1)

   ((«Función pública - Funcionarios - Acoso moral - Artículo 12 bis del Estatuto - Obligación de asistencia - Normas internas relativas al comité consultivo sobre el acoso y su prevención en el puesto de trabajo - Artículo 24 del Estatuto - Solicitud de asistencia - Desestimación - Decisión de desestimación de la reclamación - Contenido autónomo - Carácter prematuro de la reclamación - Inexistencia - Papel y prerrogativas del comité consultivo sobre el acoso y su prevención en el puesto de trabajo - Consulta facultativa por parte del funcionario - Responsabilidad no contractual»))
   (2017/C 221/35)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: CW (representante: C. Bernard-Glanz, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: E. Taneva y M. Dean, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 270 TFUE por el que se solicita, por un lado, la anulación de la decisión del Parlamento Europeo de 8 de abril de 2013, desestimatoria de la solicitud de asistencia presentada por la demandante debido al supuesto acoso psicológico del que se considera víctima por parte de sus superiores jerárquicos, y la anulación de la decisión del Secretario General del Parlamento de 23 de octubre de 2013, desestimatoria de la reclamación de la demandante de 9 de julio de 2013, y, por otro lado, la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por la demandante.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de 23 de octubre de 2013 del Secretario General del Parlamento Europeo por la que desestimó, en su calidad de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, la reclamación de CW de 9 de julio de 2013.

               2)

               Declarar la inadmisibilidad de la pretensión de anulación de la decisión del Parlamento de 8 de abril de 2013, desestimatoria de la solicitud de asistencia presentada por CW.

               3)

               Condenar al Parlamento a abonar a CW, en concepto del daño moral sufrido, un importe de 2 000 euros más los intereses de demora, a partir de la fecha de pronunciamiento de la presente sentencia, al tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para las operaciones principales de refinanciación.

               4)

               Desestimar la pretensión de indemnización en todo lo demás.

               5)

               Condenar al Parlamento a cargar con sus propias costas y con las de CW en el procedimiento inicial ante el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea a raíz del recurso en el asunto F-124/13, en el procedimiento de casación en el asunto T-309/15 P y en el presente procedimiento de devolución en el asunto T-742/16 RENV.

      (1)  DO C 52 de 22.2.2014 (asunto registrado inicialmente en el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea con el número F-124/13).


title: Asunto C-117/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 9 de marzo de 2015 — Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

text:
               15.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 198/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 9 de marzo de 2015 — Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)
   (Asunto C-117/15)
   (2015/C 198/23)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Köln

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

      Demandada: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿La cuestión de si tiene lugar una comunicación al público conforme al artículo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29 (1) y/o conforme al artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 (2) se ha de valorar siempre en función de los mismos criterios, es decir:

                           —

                           si un usuario actúa en pleno conocimiento de las consecuencias de su actuación facilitando a terceros el acceso a una obra protegida, a la cual no accederían sin dicha actuación;

                           —

                           si el «público» comprende un número indeterminado de destinatarios potenciales de un servicio e incluye al mismo tiempo un número muy amplio de personas, donde la indeterminación radica en que se trata de «personas en general» y no de personas que forman parte de un grupo determinado, y donde un «número muy amplio de personas» significa que tiene que sobrepasar un umbral mínimo, por lo que un número demasiado pequeño o insignificante de personas afectadas no cumple el criterio, si bien en este sentido ha de considerarse no solamente cuántas personas tienen acceso a la misma obra al mismo tiempo, sino también cuántas de ellas tendrán acceso a la obra en un futuro;

                           —

                           si se trata de un público nuevo al cual se comunica la obra, es decir, un público que el autor de la obra no tomó en consideración cuando permitió su uso mediante la comunicación al público, salvo que la comunicación posterior se realice por un procedimiento técnico específico diferente al de su comunicación original, y

                           —

                           que no resulta irrelevante si la utilización en cuestión tiene carácter lucrativo y si el público es receptivo a esta comunicación y no ha sido «captado» de manera casual, sin que esto sea una condición obligatoria para que exista una comunicación al público?

               2)

               En casos como el del procedimiento principal, en el cual el empresario de un centro de rehabilitación instala televisores en sus dependencias, haciéndoles llegar una señal que permite ver programas de televisión, ¿debe la cuestión de si se está proporcionando una comunicación al público valorarse conforme al concepto de «comunicación al público» que recogen el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 o el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, si al hacer visibles los programas de televisión se ven afectados los derechos de autor y derechos afines de una serie de participantes, especialmente compositores, letristas y editores musicales, pero también intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y autores de obras literarias y sus editores?

               3)

               En casos como el del procedimiento principal, en el cual el empresario de un centro de rehabilitación instala televisores en sus dependencias, haciéndoles llegar una señal que permite ver programas de televisión a sus pacientes, ¿se considera que existe una «comunicación al público» conforme al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 o al artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115?

               4)

               Si en casos como el del procedimiento principal se considera que existe comunicación al público, ¿mantiene el Tribunal de Justicia su jurisprudencia según la cual en el caso de comunicación de fonogramas protegidos en el marco de emisiones radiofónicas recibidas por pacientes en una consulta odontológica (véase la sentencia de 15 de marzo de 2012 SCF, C-135/10 (3)) o instalaciones similares no se considera que exista comunicación al público?

      (1)  Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).

      (2)  Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 376, p. 28).

      (3)  EU:C:2012:140.


title: Asunto C-430/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 2 de septiembre de 2010 — Hristo Aleksandrov Gaydarov/Direktor na Glavna direktsia Ohranitelna politsia pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 2 de septiembre de 2010 — Hristo Aleksandrov Gaydarov/Direktor na Glavna direktsia Ohranitelna politsia pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
   (Asunto C-430/10)
   ()
   2010/C 301/21
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Hristo Aleksandrov Gaydarov

      Demandada: Direktor na Glavna direktsia Ohranitelna politsia pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 27, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, (1) en las circunstancias del procedimiento principal, en el sentido de que es de aplicación cuando se prohíbe a un nacional de un Estado miembro abandonar el territorio de su propio Estado por haber cometido en un tercer Estado un delito relacionado con estupefacientes, siempre que se den las siguientes circunstancias:

                           1.1

                           Que el Derecho interno no haya sido expresamente adaptado a las mencionadas disposiciones de la Directiva para los nacionales del propio Estado miembro;

                           1.2

                           Que las razones del legislador nacional para establecer los fines que justifican la limitación de la libre circulación de los nacionales búlgaros se basen en el Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras de Schengen), (2) y

                           1.3

                           Que la aplicación de las medidas administrativas se realice conforme al artículo 71 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 y al quinto y al vigésimo considerandos del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras de Schengen)?

               2)

               ¿Se deduce de las limitaciones y condiciones previstas para el ejercicio de la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y de las medidas adoptadas para su aplicación conforme al Derecho de la Unión, entre ellas el artículo 71, apartados 1, 2 y 5, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen en relación con el quinto y el vigésimo considerandos del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras de Schengen), en las circunstancias del procedimiento principal, que es admisible una normativa nacional que dispone que un Estado miembro imponga la medida administrativa coercitiva de «no permitirle abandonar el país» a uno de sus nacionales por la comisión de un delito relacionado con estupefacientes, si dicho nacional ya ha sido condenado por un órgano jurisdiccional de un tercer Estado por esos mismos hechos?

               3)

               ¿Las limitaciones y condiciones previstas para el ejercicio de la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y de las medidas adoptadas para su aplicación conforme al Derecho de la Unión, entre ellas el artículo 71, apartados 1, 2 y 5, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen en relación con el quinto y el vigésimo considerandos del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras de Schengen), se han de interpretar en las circunstancias del procedimiento principal en el sentido de que con la condena del nacional de un Estado miembro por un órgano jurisdiccional de un tercer Estado por unos hechos que, con arreglo al Derecho de ese Estado miembro, constituyen un delito grave doloso relacionado con estupefacientes, por razones de prevención general y especial, incluida la garantía de una mayor protección de la salud de terceros, conforme al principio de cautela, ha quedado acreditado que la conducta personal de dicho nacional representa una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad, concretamente para un período de tiempo futuro precisado en la ley y no vinculado a la duración de la condena impuesta, pero que se inscribe en los límites del plazo de rehabilitación?

      (1)  DO L 158, p. 77.

      (2)  DO L 105, p. 1.


title: Asunto C-180/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 7 de abril de 2017 — X, Y/Staatsscretaris van Veiligheid en Justitie

text:
               26.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 202/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 7 de abril de 2017 — X, Y/Staatsscretaris van Veiligheid en Justitie
   (Asunto C-180/17)
   (2017/C 202/18)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: X, Y

      Demandada: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98; en lo sucesivo, «Directiva retorno»), en relación con los artículos 4, 18, 19, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, si el Derecho nacional prevé un recurso de apelación en procedimientos incoados contra una decisión que contiene una decisión de retorno en el sentido del artículo 3, punto 4, de la Directiva 2008/115/CE, el Derecho de la Unión obliga a que dicho recurso de apelación tenga automáticamente efecto suspensivo cuando el nacional de un tercer país alega que la ejecución de la decisión de retorno entraña un grave riesgo de que se vulnere el principio de no devolución? Dicho con otras palabras, ¿deberá en tal caso suspenderse la expulsión del nacional del tercer país de que se trate durante el plazo para la interposición de un recurso de apelación o, si ya se ha interpuesto tal recurso, hasta que se haya resuelto el mismo, sin que este nacional del tercer país tenga que presentar a tal fin una solicitud específica?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 46 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) (DO 2013, L 180, p. 60), en relación con los artículos 4, 18, 19, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, si el Derecho nacional prevé un recurso de apelación en procedimientos sobre la desestimación de una solicitud de concesión de protección internacional, el Derecho de la Unión obliga a que dicho recurso de apelación tenga automáticamente efecto suspensivo? Dicho con otras palabras, ¿deberá en tal caso suspenderse la expulsión del solicitante durante el plazo para la interposición de un recurso de apelación o, si ya se ha interpuesto tal recurso, hasta que se haya resuelto el mismo, sin que dicho solicitante tenga que presentar a tal fin una solicitud específica?

               3)

               Para que exista un efecto suspensivo automático en el sentido antes expuesto, ¿resulta pertinente que la solicitud de protección internacional, que dio lugar a los procedimientos de recurso y, a continuación, de apelación, haya sido desestimada por uno de los motivos mencionados en el artículo 46, apartado 6, de la Directiva 2013/32/UE? ¿O bien se aplica esta exigencia a todas las clases de decisiones sobre solicitudes de asilo mencionadas en dicha Directiva?


title: Asunto C-475/09 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-227/01 a T-229/01 y T-265/01, T-266/01 y T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco y otros/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               13.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/16

         Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-227/01 a T-229/01 y T-265/01, T-266/01 y T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco y otros/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-475/09 P)
   2010/C 37/17
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (representantes: I. Sáenz-Cortabarría Fernández y M. Morales Isasi, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Comisión de las Comunidades Europeas y Comunidad Autónoma de la Rioja

      Pretensiones

               —

               Que se declare admisible y fundado el presente recurso de casación.

               —

               Que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Que se estime la demanda presentada en primera instancia, en concreto, la petición subsidiaria de anulación del artículo 3 de la decisión controvertida.

               —

               Que con carácter subsidiario, se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia y, en su caso, le ordene practicar la prueba rechazada.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y en casación, y a la parte coadyuvante, Comunidad Autónoma de la Rioja, al pago de las costas del procedimiento de primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               Error de Derecho al apreciar el TPI que, en el caso concreto, no concurren circunstancias excepcionales que justifican una confianza legítima en la regularidad de la medida fiscal controvertida que impide ordenar la recuperación de las ayudas con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 659/1999 (1) en conexión con el principio de protección de la confianza legítima. Desnaturalización de los términos del debate en instancia e infracción del principio de contradicción. Vulneración de la jurisprudencia sobre motivación.
               Ni la diferencia formal entre la medida fiscal controvertida y la medida objeto de la Decisión 93/337 (2), ni el hecho de que la Comisión hubiera podido motivar el criterio de selectividad en otro elemento del que figura explícitamente en la Decisión 93/337, ni la declaración de incompatibilidad que figura en la Decisión 93/337, constituyen razones suficientes en Derecho para que el TPI no aprecie la existencia de una circunstancia excepcional que, por sí o en combinación con otras circunstancias que concurren en el caso de autos, impide a la Comisión ordenar la recuperación de las ayudas a que se refiere la decisión controvertida.
               Al considerar que las medidas controvertidas en los asuntos acumulados T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02 no son análogas a la medida fiscal controvertida por razones de técnica fiscal y de amplitud de la bonificación, el TPI ha cometido una desnaturalización de los términos del debate entre las partes litigantes, ha ignorado el principio de contradicción, y ha incurrido, además, en una manifiesta infracción de determinada jurisprudencia sobre motivación.
               El TPI ha incurrido en un error de Derecho al considerar que la actitud de la Comisión respecto a la exención fiscal de 1993, así como respecto a la bonificación fiscal de la Ley 22/1993, no constituye una circunstancia excepcional que haya podido justificar algún tipo de confianza legítima en la regularidad de la medida fiscal controvertida que impediría la recuperación de las ayudas en virtud del artículo 14, apartado 1 del Reglamento 659/1999 por ser contraria al principio de protección de la confianza legítima.

               2)

               Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales en materia de práctica de la prueba y decidir no practicar la prueba propuesta por el demandante relativa a la exhibición de determinados documentos de la Comisión que, a la luz de los argumentos empleados por el TPI para desestimar la pretensión del demandante, se revela esencial en la defensa de sus intereses. Violación del derecho a un proceso justo, del principio de igualdad de armas y del derecho de defensa.
               El TPI, al no practicar la prueba solicitada, ha violado el derecho fundamental a un proceso justo que asiste al demandante, puesto que ha rechazado la práctica de una prueba que se revela esencial para el demandante, vulnerando así su derecho de defensa, dado que su pretensión se ha visto desestimada con el argumento de que no ha probado lo que, precisamente, pretendía acreditar con la prueba no practicada: si no ya la explícita postura definitiva de la Comisión, respecto de la denuncia de 1994 contra una medida sustancialmente idéntica adoptada en 1993, desestimándola, al menos la actitud de la Comisión que constituiría una circunstancia excepcional por cuanto tal conducta habría causado la confianza legítima en la regularidad de las medidas fiscales de 1993, lo que condujo a adoptar la medida fiscal controvertida en 1996.

      (1)  Del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE
   DO L 83, p. 1

      (2)  De la Comisión, de 10 de mayo de 1993, relativa a un sistema de ayudas fiscales a la inversión en el País Vasco
   DO L 134, p. 25


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de  17 de enero de 2006 , en el asunto C-1/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof): Susanne Staubitz-Schreiber ( Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n o  1346/2000 — Ámbito de aplicación temporal — Órgano jurisdiccional competente )

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 17 de enero de 2006
   en el asunto C-1/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof): Susanne Staubitz-Schreiber (1)

   («Cooperación judicial en materia civil - Procedimientos de insolvencia - Reglamento (CE) no 1346/2000 - Ámbito de aplicación temporal - Órgano jurisdiccional competente»)
   (2006/C 60/06)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-1/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), mediante resolución de 27 de noviembre de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de enero de 2004, en el procedimiento Susanne Staubitz-Schreiber, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas y J. Malenovský, Presidentes de Sala, y los Sres. A. La Pergola, J.-P. Puissochet (Ponente) y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric y los Sres. S. von Bahr, J. Klučka, U. Lõhmus y E. Levits, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 17 de enero de 2006 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que el tribunal del Estado miembro en cuyo territorio se encuentra el centro de los intereses principales del deudor en el momento en que éste presenta la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia sigue siendo competente para incoar dicho procedimiento cuando el deudor traslade el centro de sus intereses principales al territorio de otro Estado miembro después de haber presentado tal solicitud, pero antes de la apertura del procedimiento.

      (1)  DO C 71, de 20.3.2004.


title: Asunto C-433/03: Recurso interpuesto el 10 de octubre de 2003 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
29.11.2003             ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 289/15
Además, en el presente caso, no concurren los motivos de                    negociar, concluir, ratificar y aplicar individualmente
exención de la obligación de recuperar la ayuda.                            acuerdos bilaterales sobre la navegación interior con
                                                                            Rumania, Polonia y Ucrania, y negarse a rescindirlos.
                                                                       —    Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
                                                                            plido las obligaciones que le incumben en virtud del
                                                                            Reglamento (CE) no 1356/96 (2), dado que los acuerdos
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                   bilaterales individuales con Rumania, Polonia, Ucrania,
lución del Giudice di Pace di Milazzo, de fecha 18 de abril                 República Checa y Hungría son incompatibles con dicho
                                                                            Reglamento y se ha negado a rescindirlos.
de 2003, en el asunto entre Provvidenza Regio y AXA
                       Assicurazioni SpA
                                                                       —    Condene en costas a la República Federal de Alemania.
                       (Asunto C-425/03)
                        (2003/C 289/29)
                                                                       Motivos y principales alegaciones
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha              —    La República Federal de Alemania ha vulnerado la
                                                                            competencia exclusiva de la Comunidad para celebrar
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Giudice di Pace di Milazzo, dictada el 18 de                 acuerdos internacionales en el sentido de la jurisprudencia
abril de 2003, en el asunto entre Provvidenza Regio y AXA                   «AETR» al negociar, concluir, ratificar y aplicar los
Assicurazioni SpA, y recibida en la Secretaría del Tribunal de              acuerdos bilaterales sobre navegación interior con Ruma-
                                                                            nia, Polonia y Ucrania, con repercusiones sobre las
Justicia el 6 de octubre de 2003. El Giudice di Pace di Milazzo
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la                  normas comunitarias aprobadas por la Comunidad
siguiente cuestión:                                                         mediante el Reglamento (CEE) no 3921/91. Este Regla-
                                                                            mento determina las condiciones de admisión de trans-
                                                                            portistas no residentes en los transportes nacionales de
¿Es compatible con el Derecho comunitario una disposición                   mercancías de personas por vía navegable en un Estado
nacional como la contenida en el artículo 1 del Decreto-ley                 miembro. Esta apertura tuvo lugar de forma gradual. El
no 18/03, que excluye del juicio de equidad los asuntos                     artículo 6 de los acuerdos celebrados con Polonia,
atribuidos a la competencia del Giudice di Pace relativos a                 Rumania y Ucrania, en virtud del cual las empresas de
contratos celebrados mediante impresos y formularios y cuyo                 transporte establecidas en países terceros tienen acceso al
valor no supere los 1 100 euros?                                            cabotaje en Alemania, quiebra el equilibrio obtenido
                                                                            mediante el Reglamento.
                                                                       —    La República Federal de Alemania ha incumplido las
                                                                            obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10
                                                                            CE al negociar, concluir, ratificar y aplicar los acuerdos
                                                                            bilaterales controvertidos después de que el Consejo
Recurso interpuesto el 10 de octubre de 2003 contra la
República Federal de Alemania por la Comisión de las                        otorgara a la Comisión un mandato de negociación; el
                    Comunidades Europeas                                    Gobierno alemán no pudo ignorar que se estaba nego-
                                                                            ciando un acuerdo multilateral.
                       (Asunto C-433/03)
                                                                       —    Los acuerdos internacionales celebrados por la República
                                                                            Federal de Alemania son incompatibles con el Regla-
                        (2003/C 289/30)                                     mento (CE) no 1356/96 del Consejo, de 8 de julio
                                                                            de 1996, relativo a las normas comunes aplicables al
                                                                            transporte de mercancías o personas por vía navegable
En el Tribunal de Justicia se ha presentado el 10 de octubre de             entre los Estados miembros con el fin de obtener la
2003 un recurso contra la República Federal de Alemania                     libre prestación de servicios en dicho transporte. Los
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                      particulares y empresas de navegación interior polacos,
representada por la Sra. Dra. Claudia Schmidt, el Sr. Wils                  ucranianos, rumanos, checos, eslovacos y húngaros que,
Wouter, miembros del Servicio Jurídico de la Comisión de las                con arreglo a los acuerdos controvertidos, pueden realizar
Comunidades Europeas, y el Sr. Andreas Manville, auxiliar del               transportes entre Alemania y el resto de Estados miem-
Servicio Jurídico de la Comisión de las Comunidades Europeas,               bros, no cumplen los requisitos exigidos en este Regla-
que designa domicilio en Luxemburgo.                                        mento.
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    (1) DO L 373, p. 1.
                                                                       (2) DO L 175, p. 7.
—     Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud del
      artículo 10 CE y del Reglamento (CEE) no 3921/91 (1), al


title: Asunto T-9/13: Sentencia del Tribunal General de 29 de abril de 2015 — National Iranian Gas Company/Consejo («Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán a fin de impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Excepción de ilegalidad — Error de Derecho — Proporcionalidad — Derecho de propiedad — Competencia del Consejo — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Revisión de las medidas restrictivas adoptadas — Derecho a la tutela judicial efectiva — Error de apreciación»)

text:
               15.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 198/31

         Sentencia del Tribunal General de 29 de abril de 2015 — National Iranian Gas Company/Consejo
   (Asunto T-9/13) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán a fin de impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Excepción de ilegalidad - Error de Derecho - Proporcionalidad - Derecho de propiedad - Competencia del Consejo - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Revisión de las medidas restrictivas adoptadas - Derecho a la tutela judicial efectiva - Error de apreciación»))
   (2015/C 198/41)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: The National Iranian Gas Company (Teherán, Irán) (representantes: E. Glaser y S. Perrotet, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. Vitro y M. Bishop, agentes)

      Objeto

   Por una parte, una pretensión de anulación parcial del artículo 1, apartado 8, de la Decisión 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 58), y, por otra parte, una pretensión de anulación de la Decisión 2012/635, del Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 16), y de la Decisión comunicada por carta del Consejo de 14 de marzo de 2014, en la medida en que se refiere a la inclusión del nombre de la demandante en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39), y en el anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a The National Iranian Gas Company.

      (1)  DO C 79, de 16.3.2013.


               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/2

         Listas para la determinación de la composición de las formaciones del Tribunal de Justicia
   (2008/C 51/04)
   En su reunión de 15 de enero de 2008, el Tribunal de Justicia estableció como sigue la lista mencionada en el artículo 11 ter, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, a efectos de la determinación de la composición de la Gran Sala:

               Sr. Tizzano

               Sr. Kasel

               Sr. Cunha Rodrigues

               Sra. Toader

               Sra. Silva de Lapuerta

               Sr. Arabadjiev

               Sr. Schiemann

               Sr. von Danwitz

               Sr. Makarczyk

               Sr. Bonichot

               Sr. Kūris

               Sra. Lindh

               Sr. Juhász

               Sr. Bay Larsen

               Sr. Arestis

               Sr. Ó Caoimh

               Sr. Borg Barthet

               Sr. Levits

               Sr. Ilešič

               Sr. Lõhmus

               Sr. Malenovský

               Sr. Klučka

         En su reunión de 15 de enero de 2008, el Tribunal de Justicia estableció como sigue la lista mencionada en el artículo 11 quater, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, a efectos de la determinación de la composición de la Sala Primera:

               Sr. Tizzano

               Sr. Kasel

               Sr. Borg Barthet

               Sr. Levits

               Sr. Ilešič

         En su reunión de 15 de enero de 2008, el Tribunal de Justicia estableció como sigue la lista mencionada en el artículo 11 quater, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento, afectos de la determinación de la composición de la Sala Quinta:

               Sr. Borg Barthet

               Sr. Ilešič

               Sr. Levits

               Sr. Kasel


title: Asunto C-36/04: Recurso interpuesto el 2 de febrero de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea por el Reino de España

text:
20.3.2004              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 71/15
Recurso interpuesto el 30 de enero de 2004 contra el                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                    Comunidades Europeas
                                                                        —     anule los artículos 3, 4 y 6 del Reglamento (CE) no 1954/
                                                                              2003 (1) del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre
                        (Asunto C-35/04)
                                                                              la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a
                                                                              determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios,
                          (2004/C 71/24)                                      por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 y
                                                                              se derogan los Reglamentos (CE) no 685/95 y (CE)
                                                                              no 2027/95, y
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado un recurso, el 30 de enero de 2004, contra el Gran
                                                                        —     condene en costas a la institución demandada.
Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks, en
calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:                                                        Motivos y principales alegaciones
—     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud del
      artículo 13 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento             Violación del principio de no discriminación:
      Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa
      a la armonización de determinados aspectos de los
      derechos de autor y derechos afines a los derechos de             —     la utilización del período de referencia consagrado en los
      autor en la sociedad de la información (1) al no haber                  artículos 3, 4 y 6 del Reglamento impugnado, que se
      adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y               refiere a los años 1998 a 2002, supone una discrimina-
      administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva              ción de la flota española por razón de la nacionalidad,
      o, en cualquier caso, al no haber comunicado estas                      toda vez que en dichos años, en virtud de lo dispuesto en
      disposiciones a la Comisión.                                            el Acta de adhesión del Reino de España y de la República
                                                                              Portuguesa a las Comunidades Europeas, la flota española
—     Condene al Gran Ducado de Luxemburgo al pago de las                     tenía limitado su acceso a las zonas CIEM V b, VI, VII y
      costas del procedimiento.                                               VIII a, b, d y e.
                                                                        —     el establecimiento de la zona sensible a que se refiere el
Motivos y principales alegaciones                                             artículo 6 es igualmente discriminatorio para la flota
                                                                              española, teniendo en cuenta que la nueva zona sensible
                                                                              coincide en parte con el denominado «box irlandés» en el
El plazo señalado para adaptar la Directiva al Derecho interno                que se aplicaban restricciones para la flota española con
expiró el 22 de diciembre de 2002.                                            arreglo al Tratado de adhesión del Reino de España y de
                                                                              la República Portuguesa.
(1) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
                                                                        Desviación de poder: la protección de la zona sensible
                                                                        regulada en el artículo 6 debería haberse logrado aplicando los
                                                                        procedimientos previstos en el Reglamento (CE) no 850/1998,
                                                                        para la conservación de los recursos pesqueros a través de
Recurso interpuesto el 2 de febrero de 2004 contra el                   medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos
   Consejo de la Unión Europea por el Reino de España                   marinos, que establece medidas ligadas a determinados perío-
                                                                        dos del año, a determinadas zonas o a la utilización de
                                                                        determinados artes de pesca más selectivos para garantizar la
                        (Asunto C-36/04)                                supervivencia de estos juveniles. En cambio, bajo pretexto de
                                                                        conservación de la merluza, lo que el Reglamento impugnado
                          (2004/C 71/25)                                persigue es mantener la discriminación de la flota española en
                                                                        las aguas próximas a Irlanda.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 2 de febrero de 2004 (fax de 29 de enero de               (1) DO L 289 de 7.11.2003, p. 1.
2004) un recurso contra el Consejo de la Unión Europea
formulado por el Reino de España, representado por Dña.
Nuria Díaz Abad, Abogado del Estado, que designa domicilio
en Luxemburgo.


title: Asunto T-484/11: Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2012 — Skyhawke Technologies/OAMI — British Sky Broadcasting y Sky IP International (SKYCADDIE)

text:
               17.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/38

         Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2012 — Skyhawke Technologies/OAMI — British Sky Broadcasting y Sky IP International (SKYCADDIE)
   (Asunto T-484/11) (1)

   2012/C 355/80
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 319, de 29.10.2011.


title: Asunto T-199/06: Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2009 — Akzo Nobel y otros/Comisión

text:
               13.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/48

         Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2009 — Akzo Nobel y otros/Comisión
   (Asunto T-199/06) (1)

   2010/C 37/72

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 212, de 2.9.2006.


               15.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 467/26

         Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 2016 contra Islandia por el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-13/16)
   (2016/C 467/13)
   El 26 de septiembre de 2016, el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Carsten Zatschler, Audur Ýr Steinarsdóttir y Øyvind Bø, agentes de dicho Órgano con dirección en 35, Rue Belliard, B-1040 Bruselas, interpuso ante el Tribunal de la AELC un recurso contra Islandia.
   El Órgano de Vigilancia de la AELC solicita al Tribunal que:

               1.

               Declare que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en el punto 17h del capítulo II del anexo XIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2000/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2000, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en la Comunidad) por no haber introducido las inspecciones técnicas en carretera dispuestas en el artículo 3, apartado 1, del acto.

               2.

               Condene en costas a Islandia.

      Antecedentes de hecho y de derecho y motivos invocados:

               —

               La solicitud se refiere al hecho de que Islandia no había dado cumplimiento, a más tardar el 16 de septiembre de 2014, al dictamen motivado emitido el 16 de julio de 2014 por el Órgano de Vigilancia de la AELC relativo al incumplimiento por Islandia de las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en el punto 17h del capítulo II del anexo XIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2000/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2000, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en la Comunidad) por no haber introducido las inspecciones técnicas en carretera dispuestas en el artículo 3, apartado 1, del acto.


title: Asunto C-170/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Düsseldorf — Alemania) — Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH [Competencia — Artículo 102 TFUE — Empresa que es titular de una patente esencial para una norma con respecto a la cual se ha comprometido, ante un organismo de normalización, a conceder a terceros licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas «condiciones FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory») — Abuso de posición dominante — Acciones por violación de patente — Acción de cesación — Acción de retirada de productos — Acción con el fin de que se presenten datos contables — Acción de reparación — Obligaciones del titular de una patente esencial para una norma]

text:
               14.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 302/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Düsseldorf — Alemania) — Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH
   (Asunto C-170/13) (1)

   ([Competencia - Artículo 102 TFUE - Empresa que es titular de una patente esencial para una norma con respecto a la cual se ha comprometido, ante un organismo de normalización, a conceder a terceros licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas «condiciones FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory») - Abuso de posición dominante - Acciones por violación de patente - Acción de cesación - Acción de retirada de productos - Acción con el fin de que se presenten datos contables - Acción de reparación - Obligaciones del titular de una patente esencial para una norma])
   (2015/C 302/02)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Huawei Technologies Co. Ltd

      Demandadas: ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

      Fallo

               1)

               El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización, que se ha comprometido irrevocablemente frente a este organismo a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas «condiciones FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory»), no abusa de su posición dominante en el sentido del citado artículo al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, en tanto en cuanto:

                           —

                           antes de ejercitar la referida acción, por un lado, ha avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando esa patente y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, una vez que el supuesto infractor ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, transmite al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo, y

                           —

                           dicho infractor que continúa explotando la patente considerada no trata esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.

               2)

               El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe, en circunstancias como las concurrentes en el asunto principal, a una empresa, que se encuentra en posición dominante y es titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización con respecto a la cual se ha comprometido ante este organismo a conceder licencias en condiciones FRAND, ejercitar una acción por violación de patente dirigida contra el supuesto infractor de su patente para que se presenten datos contables relativos a los actos de utilización pasados de esa patente o para que se conceda una indemnización por daños y perjuicios en virtud de tales actos.

      (1)  DO C 215, de 27.7.2013.


title: Asunto T-514/11: Sentencia del Tribunal General de 4 de junio de 2013 — i-content/OAMI — Decathlon (BETWIN) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa BETWIN — Marca comunitaria gráfica anterior b’Twin — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/72

         Sentencia del Tribunal General de 4 de junio de 2013 — i-content/OAMI — Decathlon (BETWIN)
   (Asunto T-514/11) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa BETWIN - Marca comunitaria gráfica anterior b’Twin - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2013/C 225/158
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlín, Alemania) (representante: A. Nordemann, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Bullock, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Decathlon SA (Villeneuve-d’Ascq, Francia)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 30 de junio de 2011 (asunto R 1816/2010-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Decathlon SA e i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 30 de junio de 2011 (asunto R 1816/2010-1) en lo que atañe a los productos comprendidos en la clase 28, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, correspondientes a la descripción siguiente: «Piscinas hinchables para uso recreativo; estructuras de juego (equipos para jugar); animales de peluche (rellenos de paja); piscinas (artículos de juego); pistolas de aire (juguetes); videojuegos electrónicos portátiles; vehículos (juguetes); maquetas de juguete; equipos de juegos electrónicos portátiles; fichas para juegos; juegos de damas; aparatos de parque de recreo; juguetes de acción mecánicos; juguetes, excepto juguetes para anímales domésticos; juegos electrónicos; pelotas (juguetes); dados (juego); artículos de broma y fantasía; juegos electrónicos de mano; naipes; juegos del tipo de máquina del millón; cubiletes (para juego); juguetes de impresora; conjuntos de preguntas para juegos de mesa; cartones de bingo; maquetas de aviones; máquinas de billar; juegos de dominó; mangas de viento decorativas; máquinas del millón; juegos de habilidad y de acción; juegos de salón; juegos automáticos (máquinas) de previo pago; máquinas del millón (de previo pago o no); modelos de aviones (a escala); juegos de cartas; discos voladores; pelotas de juego; juegos; cubiletes para juegos de dados; muñecas; bolos (juego); vehículos con mando a distancia (juguetes); tejos; dardos; tiro al pichón; maquetas a escala de vehículos; toboganes (juego); máquinas automáticas de juego accionadas con monedas; Chess; máscaras de carnaval; puzzles; juguetes rellenos; juegos de ordenador portátiles; dardos; aviones de juguete; discos voladores (juguetes); platos de arcilla (objetivos); volteadores; ositos de peluche; videojuegos portátiles; vehículos electrónicos de juguete con motor; juguetes accionados con pilas; fichas para juegos de azar; blancos de tiro; osos (juguetes de peluche); juguetes hinchables; juegos de mesa; columpios; cometas; maquetas de vehículos.»

               2)

               Por lo que respecta a los productos mencionados en el artículo 1, anular la resolución de la División de Oposición de 21 de julio de 2010 y desestimar la oposición.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 355, de 3.12.2011.


title: Asunto C-262/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 15 de junio de 2006 — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 15 de junio de 2006 — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland
   (Asunto C-262/06)
   (2006/C 212/26)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Bundesverwaltungsgericht
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Deutsche Telekom AG

      Demandada: Bundesrepublik Deutschland
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el artículo 27, primera frase, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (1) y el artículo 16, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (2) en el sentido de que deben mantenerse provisionalmente un imperativo legal previsto en el anterior Derecho nacional, que imponía la necesidad de autorización del cobro por la prestación de servicios telefónicos a consumidores finales por parte de una empresa con posición dominante en el correspondiente mercado, y, por consiguiente, también el acto administrativo que estableció esa necesidad de autorización?

         En caso de contestarse negativamente a la cuestión número 1:

               2)

               ¿Se opone el Derecho comunitario a que el imperativo legal y el acto administrativo mencionados se mantengan con un alcance tan amplio?

      (1)  DO L 108, p. 33.

      (2)  DO L 108, p. 51.


title: Asunto T-401/12: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2012 — Klingel/OAMI — Develey (JUNGBORN)

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/31

      Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2012 — Klingel/OAMI — Develey (JUNGBORN)
      (Asunto T-401/12)
      (2012/C 331/60)
      Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

         Partes

         Demandante: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Alemania) (representante: T. Zeiher, abogada)

         Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

         Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Alemania)

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 9 de julio de 2012 en el asunto R 936/2011-4.

                  —

                  Desestime la oposición a la concesión de la protección del registro internacional W 1 002 323 — JUNGBORN.

                  —

                  Con carácter subsidiario, devuelva el asunto a la Sala de Recurso para que resuelva de nuevo.

                  —

                  Condene a la parte perdedora a pagar las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones

         Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

         Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «JUNGBORN» para productos de las clases 29, 30, 32 y 33 — Registro internacional que designa a la Unión Europea no W 1 002 323

         Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG

         Marca o signo invocado: Marca denominativa alemana «BORN» para productos de las clases 29, 30 y 32

         Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

         Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

         Motivos invocados: Infracción de los artículos 41, apartado 1, letra a), y 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-340/04: Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por France Télécom S.A.

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/53

         Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por France Télécom S.A.
   (Asunto T-340/04)
   (2004/C 262/98)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 11 de agosto de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la sociedad France Télécom S.A., con domicilio social en París, representada por los Sres. Christophe Clarenc y Javier Ruiz Calzado, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión de la Comisión no C(2004)1929, de 18 de mayo de 2004, por la que se ordena a France Télécom S.A. y a todas las empresas que controla directa o indirectamente que se sometan a una inspección con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2003 (asunto no COM/C-38.916).

               —

               Condene a la Comisión a pagar la totalidad de las costas soportadas por France Télécom en el marco del presente recurso de anulación.

         Motivos y principales alegaciones
   La inspección a la que se refiere la decisión controvertida tiene por objeto «una supuesta imposición de precios de venta no equitativos en el ámbito del acceso a Internet de alta velocidad por los particulares, contraria al artículo 82 del Tratado CE, con intención de aislar y expulsar a los competidores» (artículo 1 de la decisión impugnada) y afecta a la demandante y a su filial Wanadoo, así como a todas las empresas controladas directa o indirectamente por éstas (artículo 3). La Comisión estimó que el control de las prácticas supuestas requería una inspección, con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (1). Es precisamente la decisión por la que se ordena esta inspección la que se impugna en el caso de autos.
   En apoyo de sus alegaciones, en primer lugar, la demandante alega el incumplimiento de la obligación de motivación. A este respecto, precisa que no puede comprender que sea destinataria personal de la decisión impugnada y objeto de esta inspección. Se subraya que, conforme al razonamiento de su decisión «Wanadoo», de 16 de julio de 2003, en la que se reconoció la autonomía de Wanadoo respecto a la demandante en su política de fijación de precios en el mercado francés de los servicios de acceso a Internet de alta velocidad para los particulares, la Comisión, en su decisión, imputa a Wanadoo, y no a France Télécom, los precios de venta supuestamente no equitativos controvertidos, así como la supuesta estrategia de expulsión de los competidores. Por otra parte, la Comisión no justificó por qué consideraba necesario ordenar una inspección de las tarifas de las ofertas de Wanadoo, cuando estas tarifas ya están sometidas a su control en virtud de su decisión de 16 de julio de 2003 y, además, acababan de ser específicamente controladas y aprobadas por el Conseil de la concurrence francés.
   En segundo lugar, la demandante afirma que la decisión impugnada ignoró las exigencias del principio de cooperación leal que incumbe a la Comisión Europea en sus relaciones con las instituciones nacionales, tal como se establece en el artículo 10 del Tratado CE y se desarrolla en el Reglamento (CE) no 1/2003, por una parte, al no haber informado al órgano jurisdiccional nacional del conjunto de estos elementos de contexto y, por otra, al no haber consultado al Conseil de la concurrence francés, al que sin embargo había consultado en enero de 2004, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, apartado 6, de este Reglamento.
   En tercer y último lugar, la demandante alega el incumplimiento del principio de proporcionalidad, tanto respecto al objetivo aparente del control como a su contexto y a la ausencia de todo elemento que confirme la existencia de un riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.

      (1)  DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.


title: Asunto T-365/11 P: Auto del Tribunal General de 12 de diciembre de 2011 — AO/Comisión ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Plazo para recurrir en casación — Extemporaneidad — Original firmado de la demanda presentado fuera de plazo — Caso fortuito — Artículo 43, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General — Recurso de casación manifiestamente inadmisible» )

text:
               11.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/14

         Auto del Tribunal General de 12 de diciembre de 2011 — AO/Comisión
   (Asunto T-365/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Plazo para recurrir en casación - Extemporaneidad - Original firmado de la demanda presentado fuera de plazo - Caso fortuito - Artículo 43, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General - Recurso de casación manifiestamente inadmisible)
   2012/C 39/29
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: AO (Bruselas) (representante: P. Lewisch, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: J. Currall y J. Baquero Cruz, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 4 de abril de 2011, AO/Comisión (F-45/10, aún no publicado en la Recopilación), y mediante el que se solicita la anulación de dicho auto.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               AO cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 282, de 24.9.2011.


title: Asunto T-272/12: Recurso interpuesto el 12 de junio de 2012 — Energetický a průmyslový y EP Investment Advisors/Comisión

text:
               18.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 250/17

         Recurso interpuesto el 12 de junio de 2012 — Energetický a průmyslový y EP Investment Advisors/Comisión
   (Asunto T-272/12)
   2012/C 250/31
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, República Checa) y EP Investment Advisors s.r.o. (Praga) (representantes: K. Desai, Solicitor, J. Schmidt y M. Peristeraki, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2012, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 (1) del Consejo (negativa a someterse a una inspección) en el asunto COMP/39.793 — EPH y otros.

               —

               Con carácter subsidiario, anule el importe de la multa impuesta a los demandantes en su totalidad o la reduzca a un importe adecuado.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada fue adoptada vulnerando requisitos procesales esenciales. En particular, los demandantes alegan que la Decisión impugnada se adoptó vulnerando sus derechos de defensa, debido a irregularidades en el modo en que se llevó a cabo la inspección, en concreto dado que la Comisión no garantizó que se informara a las personas afectadas de sus obligaciones en el curso de la inspección ni de las consecuencias de su incumplimiento.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la conclusión a la que llegó la Comisión en el sentido de que los demandantes se habían negado a someterse a inspección carecía de fundamento y era desproporcionada. Los demandantes alegan que las pruebas presentadas por la Comisión respecto del desbloqueo de una cuenta de correo electrónico o el desvío de correos electrónicos al servidor de los demandantes en el presente asunto no eran suficientes para ser constitutivos de la infracción del artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo. Los demandantes también alegan que no obstaculizaron la inspección ni con dolo ni por negligencia.

               3)

               Tercer motivo, basado en que la Decisión impugnada se adoptó vulnerando el principio de la presunción de inocencia, ya que la Comisión abordó el asunto sin la suficiente diligencia y transparencia, mientras que existían indicios de que la Comisión actuaba con una predisposición negativa hacia los demandantes, por unos hechos que no guardan relación con este asunto que no pueden atribuirse a los demandantes.

               4)

               Cuarto motivo (subsidiario), formulado en apoyo de la segunda pretensión, para el supuesto en que el Tribunal General decida no anular la Decisión impugnada en su totalidad, basado en que la Comisión incurrió en error de Derecho, vulneró los principios de proporcionalidad e incumplió su obligación de motivación al determinar el importe de la multa.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Asunto C-350/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 28 de julio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimiento incoado por Nordea Pankki Suomi Oyj (Procedimiento prejudicial — Sexta Directiva IVA — Artículo 13, parte B, letra d), números 3 y 5 — Exenciones — Transferencias y pagos — Operaciones relativas a títulos valores — Servicios de mensajería electrónica para entidades financieras)

text:
               8.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 298/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 28 de julio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimiento incoado por Nordea Pankki Suomi Oyj
   (Asunto C-350/10) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Sexta Directiva IVA - Artículo 13, parte B, letra d), números 3 y 5 - Exenciones - Transferencias y pagos - Operaciones relativas a títulos valores - Servicios de mensajería electrónica para entidades financieras)
   2011/C 298/16
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Korkein hallinto-oikeus

      Parte en el procedimiento principal

   Nordea Pankki Suomi Oyj

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Korkein hallinto-oikeus — Interpretación del artículo 13, parte B, letra d), números 3 y 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/1, p. 54) — Exenciones por operaciones bancarias — Servicios SWIFT para bancos.

      Fallo

   El artículo 13, parte B, letra d), números 3 y 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que la exención del impuesto sobre el valor añadido establecida en dicha disposición no incluye los servicios de mensajería electrónica para entidades financieras como los que son objeto del procedimiento principal.

      (1)  DO C 246, de 11.9.2010.


title: Asunto T-498/04: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2004 por Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd contra el Consejo de la Unión Europea

text:
               5.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 57/35

         Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2004 por Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd contra el Consejo de la Unión Europea
   (Asunto T-498/04)
   (2005/C 57/60)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de diciembre de 2004 un recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd, Jiande City (Republica Popular China), representada por el Sr. D. Horovitz, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule el artículo 1 del Reglamento impugnado en la parte que afecta a la demandante.

               —

               Condene al Consejo a pagar las costas causadas por la demandante en el presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   La parte demandante pretende la anulación del Reglamento (CE) no 1683/2004 del Consejo, de 24 de septiembre de 2004, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de glifosato originarias de la República Popular China, (1) en la parte que le afecta. La demandante alega que las instituciones comunitarias no le aplicaron correctamente el criterio del trato de economía de mercado.
   En apoyo de su demanda, la parte demandante alega que se cometió un manifiesto error de apreciación en la aplicación del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento no 384/96, (2) en su versión modificada.
   La demandante sostiene que el Consejo no hizo constar en el Reglamento impugnado que había existido una considerable intromisión por parte del Estado en las decisiones en materia comercial de la demandante. Asimismo, a juicio de la demandante, el Consejo no aplicó el umbral adecuado para apreciar si se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c). La demandante refuta que el supuesto derecho del Estado a intervenir en las decisiones de la sociedad en materia comercial, sin materialización alguna ni ejercicio de tal supuesto derecho, sea un factor del que pueda deducirse que no se cumplió el primer requisito del artículo 2, apartado 7, letra c). Además, la demandante alega que la prueba aportada demostró claramente que las decisiones de la demandante sobre precios, costes e insumos respondían a las señales del mercado que reflejaban el suministro y la demanda, y que sobre el particular no hubo ninguna intromisión por parte del Estado.
   En segundo lugar, la demandante alega que se infringió el apartado 6 del anexo II del Acuerdo antidumping de la OMC y el artículo 18, apartado 4, del Reglamento no 384/96, y que se incumplió la obligación de proteger los derechos de la demandante legalmente reconocidos. Ésta sostiene que se vulneraron sus derechos legales y procesales al no informarle de los motivos por los que se rechazó su prueba, al no darle la posibilidad de facilitar más información y al no publicarse los motivos por los que no se acogieron las manifestaciones que realizó.
   Por último, la demandante alega que se violó su confianza legítima, dado que las instituciones comunitarias no tomaron una decisión rápida sobre su solicitud relativa al estatuto de economía de mercado de la misma.

      (1)  DO L 303, p. 1.

      (2)  Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996 L 56, p. 1).


title: Asunto T-705/15: Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Consejo

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/30

         Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Consejo
   (Asunto T-705/15)
   (2016/C 059/32)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare su acción admisible y fundada.

               —

               En consecuencia, condene a la Unión Europea a indemnizarla por la totalidad de los daños sufridos mediante la cantidad que equitativamente fije el Tribunal.

               —

               Con carácter subsidiario, ordene la designación de un perito para determinar la cuantía de los daños sufridos.

               —

               Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un motivo único, basado, por una parte, en el daño moral ocasionado por el perjuicio a su reputación y, por otra parte, en el daño material derivado de la ruptura de sus relaciones contractuales, de la pérdida de material y de la pérdida de ingresos que, según ella, sufrió como consecuencia directa de las medidas adoptadas por el Consejo y cuya responsabilidad incumbe a éste.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 26 de enero de 2005, en el asunto T-267/03, Anna Maria Roccato contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Concurso interno — No admisión al ejercicio oral — Facultad de apreciación del tribunal de concurso — Alcance del control jurisdiccional)

text:
               2.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/28

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 26 de enero de 2005
   en el asunto T-267/03, Anna Maria Roccato contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Funcionarios - Concurso interno - No admisión al ejercicio oral - Facultad de apreciación del tribunal de concurso - Alcance del control jurisdiccional)
   (2005/C 82/55)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-267/03, Anna Maria Roccato, antigua funcionaria de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representada por los Sres. G. Vandersanden y L. Levi, abogados, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. H. Tserepa-Lacombe y Sr. F. Clotuche-Duvieusart, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto, por una parte, la anulación de la decisión del tribunal del concurso COM/PB/99, de 24 de enero de 2003, y, por otra, una reclamación de daños y perjuicios, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. V. Vadapalas, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 26 de enero de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 239, de 4.10.2003.


title: Asunto C-135/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — Republik Griechenland/Grigorios Nikiforidis [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Derecho aplicable al contrato de trabajo — Reglamento (CE) n.° 593/2008 — Artículo 28 — Ámbito de aplicación ratione temporis — Artículo 9 — Concepto de «leyes de policía» — Aplicación de leyes de policía de Estados miembros distintos del Estado del foro — Normativa de un Estado miembro que establece una disminución de los salarios en el sector público debido a una crisis presupuestaria — Deber de cooperación leal]

text:
               19.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 475/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — Republik Griechenland/Grigorios Nikiforidis
   (Asunto C-135/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Derecho aplicable al contrato de trabajo - Reglamento (CE) n.o 593/2008 - Artículo 28 - Ámbito de aplicación ratione temporis - Artículo 9 - Concepto de «leyes de policía» - Aplicación de leyes de policía de Estados miembros distintos del Estado del foro - Normativa de un Estado miembro que establece una disminución de los salarios en el sector público debido a una crisis presupuestaria - Deber de cooperación leal])
   (2016/C 475/05)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesarbeitsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Republik Griechenland

      Demandada: Grigorios Nikiforidis

      Fallo

               1)

               El artículo 28 del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), debe interpretarse en el sentido de que una relación contractual nacida antes del 17 de diciembre de 2009 únicamente estará comprendida en el ámbito de aplicación del citado Reglamento si dicha relación ha sido objeto, como consecuencia del consentimiento mutuo de las partes contratantes manifestado con posterioridad a la referida fecha, de una modificación de tal envergadura que deba considerarse que se ha celebrado un nuevo contrato después de esa fecha, extremo que habrá de dilucidar el órgano jurisdiccional remitente.

               2)

               El artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 593/2008 debe interpretarse en el sentido de que excluye que el juez del foro pueda aplicar, como normas jurídicas, leyes de policía que no sean las del Estado del foro o las del Estado en el que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas, pero no se opone a que dicho juez tome en consideración esas otras leyes de policía como circunstancia de hecho en la medida en que el Derecho nacional aplicable al contrato en virtud de las disposiciones de ese Reglamento lo prevea. Esta interpretación no queda desvirtuada por el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3.

      (1)  DO C 198 de 15.6.2015.