title: Asunto C-250/15: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de septiembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Vivium SA/Belgische Staat (Procedimiento prejudicial — Contexto fáctico y normativo del litigio principal — Inexistencia de precisiones suficientes — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/11

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de septiembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Vivium SA/Belgische Staat
   (Asunto C-250/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Contexto fáctico y normativo del litigio principal - Inexistencia de precisiones suficientes - Inadmisibilidad manifiesta))
   (2015/C 381/13)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Vivium SA

      Demandada: Belgische Staat

      Fallo

   La petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Bélgica), mediante resolución de 13 de mayo de 2015 (asunto C-250/15), es manifiestamente inadmisible.

      (1)  DO C 262, de 10.8.2015.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de septiembre de 2003 en el asunto C-114/01 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus): AvestaPolarit Chrome Oy, anteriormente Outokumpu Chrome Oy ("Aproximación de las legislaciones — Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE — Concepto de residuo — Residuo de producción — Mina — Utilización — Almacenamiento — Artículo 2, apartado 1, letra b) — Concepto de otra legislación — Legislación nacional no comprendida dentro del ámbito de aplicación de las Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE")

text:
1.11.2003                 ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                 C 264/7
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         del artículo 1, letra d), de la propia Directiva 75/442, y si
                                                                                conduce a un nivel de protección del medio ambiente por lo
                              (Sala Sexta)                                          menos equivalente al que persigue la citada Directiva y ello con
                                                                                independencia de su fecha de entrada en vigor.
                   de 11 de septiembre de 2003
                                                                              (1) DO C 173 de 16.6.2001.
en el asunto C-114/01 (Petición de decisión prejudicial
planteada por el Korkein hallinto-oikeus): AvestaPolarit
  Chrome Oy, anteriormente Outokumpu Chrome Oy (1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(«Aproximación de las legislaciones — Directivas 75/442/
CEE y 91/156/CEE — Concepto de “residuo” — Residuo de                                                      (Sala Quinta)
producción — Mina — Utilización — Almacenamiento —
Artículo 2, apartado 1, letra b) — Concepto de “otra                                             de 18 de septiembre de 2003
legislación” — Legislación nacional no comprendida dentro
del ámbito de aplicación de las Directivas 75/442/CEE y 91/                   en el asunto C-125/01 (Petición de decisión prejudicial
                               156/CEE»)                                      planteada por el Sozialgericht Leipzig): Peter Pflücke
                                                                                contra Bundesanstalt für Arbeit (1)
                           (2003/C 264/10)
                                                                              («Protección de los trabajadores — Insolvencia del empresa-
                                                                              rio — Garantía del pago de créditos salariales — Normativa
                    (Lengua de procedimiento: finés)
                                                                              nacional que establece un plazo de preclusión de dos meses
                                                                              para la solicitud de pago así como la posibilidad de reapertura
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                                      de dicho plazo»)
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (2003/C 264/11)
En el asunto C-114/01, que tiene por objeto una petición                                         (Lengua de procedimiento: alemán)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
                                                                              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), destinada a obtener,
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
en un procedimiento incoado por AvestaPolarit Chrome
Oy, anteriormente Outokumpu Chrome Oy, una decisión
prejudicial sobre la interpretación de los artículos 1, letra a), y           En el asunto C-125/01, que tiene por objeto una petición
2, apartado 1, letra b), de la Directiva 75/442/CEE del Consejo,              dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194,                    por el Sozialgericht Leipzig (Alemania), destinada a obtener,
p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la                     en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991                      Peter Pflücke y Bundesanstalt für Arbeit, una decisión prejudi-
(DO L 78, p. 32), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado             cial sobre la interpretación del artículo 9 de la Directiva 80/
por el Sr. J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala, y los              987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la
Sres. R. Schintgen y V. Skouris, la Sra. F. Macken y el Sr.                   aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;               relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado                de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02,
el 11 de septiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el                    p. 219), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el
siguiente:                                                                    Sr. M. Wathelet, Presidente de Sala, y los Sres. C.W.A. Timmer-
                                                                              mans, D.A.O. Edward (Ponente), P. Jann y A. Rosas, Jueces;
1)    En una situación como la del asunto principal, el poseedor de           Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass, ha
      ganga y de arena residual de operaciones de enriquecimiento del         dictado el 18 de septiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo
      mineral procedentes de la explotación de una mina se desprende          es el siguiente:
      o tiene intención de desprenderse de tales sustancias, las cuales
      deben, por consiguiente, calificarse de residuos en el sentido de       1)    La Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de
      la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975,                  1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los
      relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva            Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores
      91/156/CE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, salvo si el                    asalariados en caso de insolvencia del empresario, no se opone
      poseedor las utiliza legalmente para rellenar las galerías de la              a la aplicación de un plazo de preclusión establecido en el
      mina y da garantías suficientes sobre la identificación y la                  Derecho nacional para la presentación de la solicitud de un
      utilización efectivas de las sustancias empleadas para tal fin.               trabajador asalariado destinada a obtener el pago de una
                                                                                indemnización compensatoria por créditos salariales impagados
2)    En la medida en que no constituya una medida de aplicación de                 debido a la insolvencia del empresario, según las normas
      la Directiva 75/442, en su versión modificada por la Directiva                establecidas en dicha Directiva, a condición de que tal plazo no
      91/156, y, en particular, de su artículo 11, una legislación                  sea menos favorable que los correspondientes a reclamaciones
      nacional debe considerarse «otra legislación» en el sentido del               similares de carácter interno (principio de equivalencia), ni esté
      artículo 2, apartado 1, letra b), de esta Directiva, que cubre                articulado de tal manera que haga imposible en la práctica el
      una categoría de residuos mencionada en la referida disposición,              ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico
      si regula la gestión de los citados residuos como tales, a efectos            comunitario (principio de efectividad).


title: Asunto T-160/11: Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2011 — Petroci/Consejo

text:
               7.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 139/26

         Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2011 — Petroci/Consejo
   (Asunto T-160/11)
   2011/C 139/49
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Petroci Holding (Abiyán, Costa de Marfil) (representante: M. Ceccaldi, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión 2011/18/PESC y el Reglamento (UE) no 25/2011 del Consejo, de 14 de enero de 2011, que imponen medidas restrictivas contra determinadas personas, en particular, por lo que se refiere a la sociedad PETROCI.

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones invocados por la parte demandante son en lo esencial idénticos o similares a los invocados en el marco del asunto T-142/11, SIR/Consejo.


title: Asunto C-343/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de abril de 2011 — Comisión Europea/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Directiva 91/271/CEE — Contaminación y otros efectos nocivos — Tratamiento de las aguas residuales urbanas — Artículos 3 y 4)

text:
               18.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de abril de 2011 — Comisión Europea/Reino de España
   (Asunto C-343/10) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 91/271/CEE - Contaminación y otros efectos nocivos - Tratamiento de las aguas residuales urbanas - Artículos 3 y 4)
   2011/C 179/08
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: S. Pardo Quintillán, agente)

      Demandada: Reino de España (representante: F. Díez Moreno, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135, p. 40).

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no haber adoptado las medidas necesarias en relación con:

                           —

                           la recogida de las aguas residuales urbanas de las aglomeraciones, de más de 15 000 e-h, de Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre y Cariño, de conformidad con el artículo 3 de la citada Directiva, y

                           —

                           el tratamiento de las aguas residuales urbanas de las aglomeraciones, de más de 15 000 e-h, de Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irún (Hondarribia), de conformidad con los apartados 1, 3 y, en su caso, 4 del artículo 4 de dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 234, de 28.8.2010.


title: Asunto T-174/04: Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea por Petrotub S.A.

text:
               10.7.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/16

         Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea por Petrotub S.A.
   (Asunto T-174/04)
   (2004/C 179/32)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 6 de mayo de 2004 un recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por Petrotub S.A., con domicilio social en Roman (Rumania), representada por A. L. Merckx, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule el artículo 1 del Reglamento (CE) no 235/2004 del Consejo, de 10 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2320/97 por el que se establecen derechos antidumping definitivos con respecto a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, originarios, entre otros países, de Rumania, en lo que se refiere a las importaciones a la Comunidad Europea de productos fabricados por Petrotub S.A. y Republica S.A (1).

               —

               Condene en costas al demandado.

         Motivos y principales alegaciones
   El Reglamento impugnado fue adoptado por el Consejo con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de enero de 2003, en el asunto C-76/00 P. Esta sentencia anuló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de diciembre de 1999, en los asuntos acumulados T-33/98 y T-34/98, Petrotub y Republica/Consejo (2), y el Reglamento (CE) no 2320/97 del Consejo, de 17 de noviembre de 1997, por el que se establecen derechos antidumping definitivos con respecto a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, en lo que se refiere a Petrotub S.A. y Republica S.A.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que el Consejo sobrepasó la facultad de apreciación que le confiere el artículo 233 CE al ejecutar la sentencia infringiendo los artículos 6, apartados 1 y 9, y 2, apartado 11, del Reglamento (CE) no 384/96 (3). En concreto, la demandante alega que se infringió el artículo 6, apartado 9, en la medida en que el Reglamento impugnado fue adoptado sobre la base de la investigación inicial, a pesar de que habían transcurrido más de 15 meses desde la apertura de la misma. Es más, se infringió el artículo 6, apartado 1, puesto que las medidas antidumping adoptadas ya no se basaban en información relativa a un período de al menos seis meses inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento. La demandante aduce también que la motivación del Reglamento impugnado es inadecuada por lo que respecta a las razones por las que se rechazaron los dos métodos de cálculo del margen de dumping, previstos en el artículo 2, apartado 11, del Reglamento (CE) no 384/96 en favor del tercer método. Por estos motivos, la demandante alega que el Reglamento impugnado infringió también el artículo 2, apartado 11, del Reglamento (CE) no 384/96, así como el artículo 253 CE.

      (1)  DO L 40 de 12.2.2004, p. 11.

      (2)  Rec. 1999, p. II-3837.

      (3)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1.


title: Asunto C-314/11 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de junio de 2011 por la Comisión Europea contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) dictado el 13 de abril de 2011 en el asunto T-320/09, Planet AE/Comisión

text:
               13.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 238/12

         Recurso de casación interpuesto el 24 de junio de 2011 por la Comisión Europea contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) dictado el 13 de abril de 2011 en el asunto T-320/09, Planet AE/Comisión
   (Asunto C-314/11 P)
   2011/C 238/18
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: F. Dintilhac y D. Triantafyllou)

      Otra parte en el procedimiento: Planet AE

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule el auto del Tribunal General de 13 de abril de 2011 dictado en el asunto T-320/09.

               —

               Que se declare la inadmisibilidad del recurso de la demandante.

               —

               Que se condene en costas a la recurrida.

      Motivos y principales alegaciones

   —   Interpretación errónea de la Decisión 2008/969
   La Comisión afirma que la categoría de inscripción de la recurrida en el SAR que, contrariamente a otras inscripciones, se basa en meras sospechas, no tiene más consecuencia que la adopción de medidas de control reforzadas (artículo 16 de la Decisión), que no producen efectos vinculantes para la parte recurrida en casación. Las inscripciones controvertidas se confunden erradamente en el auto con otra categoría de inscripciones, que tiene distintos efectos.
   —   Inexistencia de modificación esencial de la situación jurídica mediante las inscripciones controvertidas
   A juicio de la Comisión, es evidente que el mero control de la entidad inscrita no modifica por sí mismo la situación legal de ésta.
   —   Inexistencia de influencia directa de las inscripciones controvertidas sobre la recurrida en casación
   La Comisión sostiene que las medidas adoptadas fueron adoptadas libremente por el ordenador competente tras haber consultado y negociado con la recurrida en casación y su banco. Afirma que no constituyen consecuencias directas y automáticas de las inscripciones. Sin embargo, afirma que es requisito necesario para la admisibilidad del recurso que quien lo interpone esté afectado directamente (artículo 263 TFUE, apartado 4).
   —   Falta de examen de las alegaciones relacionadas y las pruebas por lo que se refiere a la afectación directa
   Según la Comisión, aunque el recurso describe las deliberaciones y negociaciones mencionadas anteriormente, el Tribunal General las ignoró, vulnerando los principios de imparcialidad y de contradicción.
   —   Falta de motivación
   La Comisión alega que la recurrida en casación no aclara qué constituye la «modificación desfavorable» de su situación, ya que ésta no se ha visto privada de ventajas económicas, sino que se la ha liberado de la obligación de distribuir los pagos.
   Aduce la Comisión que lo mismo puede predicarse de los efectos de las inscripciones controvertidas, cuyo carácter vinculante no se explica en modo alguno.
   —   Existencia de confusión de las vías de recurso
   La Comisión sostiene que la posición de la recurrida en casación en el consorcio responde a las cláusulas del Acuerdo. Como parte inseparable del marco contractual, ésta podía ser objeto de un recurso basado en una cláusula compromisoria (artículo 272 TFUE), no de un recurso de anulación, habida cuenta de que los respectivos motivos de recurso existen de manera paralela y autónoma.
   —   Vulneración de la libertad contractual y del principio consensual
   La Comisión afirma que, por un lado, no está obligada a contratar sin adoptar ninguna medida prudencial, y, por otro, que la recurrida en casación había dado su acuerdo al marco contractual definitivo. Además, el Tribunal General exigió erradamente la existencia de una base jurídica, de audiencia, etc …, lo cual es exigible en caso de «sanciones» y no se corresponde con la igualdad de las partes contratantes.
   —   Calificación errónea de las inscripciones como decisiones
   A juicio de la Comisión, las inscripciones en el SAR constituyen medidas de orden interno, adoptadas conforme al principio de buena gestión financiera (artículo 27 del Reglamento financiero), que están previstas en la Decisión 2008/969 como reglas internas de la Comisión (véase el artículo 51 del Reglamento financiero) para información y uso de todos los ordenadores delegados de dicha institución. La Comisión asevera que no es preciso que las inscripciones controvertidas estén conexas, entre otras, con la inscripción que conduce a la exclusión del procedimiento, ya que en este asunto se celebró el contrato con la recurrida en casación.
   —   Dependencia de la admisibilidad del recurso de su fundamento jurídico
   La Comisión sostiene que el Tribunal General basó su auto en la necesidad de examinar la competencia de la Comisión para adoptar la Decisión 2008/969. Sin embargo, la cuestión de la competencia concierne a la fundamentación del recurso y no puede determinar su admisibilidad.


title: Asunto T-297/11: Sentencia del Tribunal General de 14 de marzo de 2014 — Buzzi Unicem/Comisión ( «Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de solicitud de información — Necesidad de la información solicitada — Principio de buena administración — Obligación de motivación — Proporcionalidad» )

text:
               5.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 135/31

         Sentencia del Tribunal General de 14 de marzo de 2014 — Buzzi Unicem/Comisión
   (Asunto T-297/11) (1)

   ((«Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de solicitud de información - Necesidad de la información solicitada - Principio de buena administración - Obligación de motivación - Proporcionalidad»))
   2014/C 135/37
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Buzzi Unicem SpA (Casale Monferrato, Italia) (representantes: C. Osti y A. Prastaro, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente B. Gencarelli, L. Malferrari y C. Hödlmayr, posteriormente L. Malferrari y C. Hödlmayr, agentes, asistidos por M. Merola, abogado)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión C(2011) 2356 final de la Comisión, de 30 de marzo de 2011, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo (Asunto 39.520 — Cemento y productos relacionados con el cemento).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Buzzi Unicem SpA.

      (1)  DO C 226, de 30.7.2011.


title: Asuntos acumulados C-14/15 y C-116/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de septiembre de 2016 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Cooperación policial y judicial en materia penal — Intercambio automatizado de datos — Matriculación de vehículos — Datos dactiloscópicos — Marco jurídico aplicable tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa — Disposiciones transitorias — Base jurídica derivada — Distinción entre actos legislativos y medidas de ejecución — Consulta al Parlamento Europeo — Iniciativa de un Estado miembro o de la Comisión Europea — Normas de votación)

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de septiembre de 2016 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea
   (Asuntos acumulados C-14/15 y C-116/15) (1)

   ((Recurso de anulación - Cooperación policial y judicial en materia penal - Intercambio automatizado de datos - Matriculación de vehículos - Datos dactiloscópicos - Marco jurídico aplicable tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa - Disposiciones transitorias - Base jurídica derivada - Distinción entre actos legislativos y medidas de ejecución - Consulta al Parlamento Europeo - Iniciativa de un Estado miembro o de la Comisión Europea - Normas de votación))
   (2016/C 419/13)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Parlamento Europeo (representantes: F. Drexler, A. Caiola y M. Pencheva, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M.-M. Joséphidès, K. Michoel y K. Pleśniak, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y A. Lippstreu, agentes) y Reino de Suecia (representantes: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson y L. Swedenborg, agentes)

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión 2014/731/UE del Consejo, de 9 de octubre de 2014, relativa al establecimiento de un intercambio automatizado de datos por lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos (DMV) en Malta; la Decisión 2014/743/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2014, relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos por lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos (DMV) en Chipre; la Decisión 2014/744/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2014, relativa al establecimiento de un intercambio automatizado de datos por lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos (DMV) en Estonia, y la Decisión 2014/911/UE del Consejo, de 4 de diciembre de 2014, relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Letonia.

               2)

               Mantener los efectos de las Decisiones 2014/731, 2014/743, 2014/744 y 2014/911 hasta que entren en vigor nuevos actos destinados a sustituirlas.

               3)

               Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

               4)

               La República Federal de Alemania y el Reino de Suecia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 96 de 23.3.2015.

      DO C 146 de 4.5.2015.


title: Asunto C-321/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 14 de junio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/14/CE — Información y consulta a los trabajadores — No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado)

text:
               4.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 14 de junio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-321/06) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/14/CE - Información y consulta a los trabajadores - No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado)
   (2007/C 183/22)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Enegren y G. Rozet, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo (representante: C. Schiltz, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, en el plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea — Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a la representación de los trabajadores (DO L 80, p. 29).
   Fallo

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, al no haber adoptado, en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      (1)  DO C 212, de 2.9.2006.


title: Asunto C-160/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 7 de abril de 2015 — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV y otros

text:
               22.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 7 de abril de 2015 — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV y otros
   (Asunto C-160/15)
   (2015/C 205/26)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: GS Media BV

      Recurridas: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

      Cuestiones prejudiciales

               l.a

               ¿Existe una «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 (1), cuando una persona distinta del titular de los derechos de autor remite, mediante un hipervínculo colocado en un sitio de Internet administrado por él, a un sitio de internet gestionado por un tercero, que es accesible para el público de Internet en general, en el que la obra se ha puesto a disposición sin la autorización del titular de los derechos de autor?

               l.b

               ¿Resulta relevante saber si, anteriormente, la obra se había comunicado al público de otro modo sin la autorización del titular de los derechos de autor?

               l.c

               ¿Resulta relevante saber si la «persona que ha colocado el hipervínculo» conoce o debe conocer la falta de autorización del titular de los derechos de autor para publicar la obra en el sitio de Internet de un tercero mencionado en la primera cuestión, letra a), y, en su caso, el hecho de que la obra no se haya comunicado al público anteriormente por otro medio con la autorización del titular de los derechos de autor?

               2.a

               En caso de que la respuesta a la primera cuestión, letra a), sea negativa: ¿Se trata en este supuesto, pese a todo, de una comunicación al público o puede tratarse de ella, si el sitio de Internet al que remite el hipervínculo, y por lo tanto la obra, puede encontrarse por el público en general, aunque ello no sea fácil, de modo que la colocación del hipervínculo facilita en gran medida encontrar la obra?

               2.b

               ¿Resulta relevante para responder a la segunda cuestión, letra a) saber si la «persona que ha colocado el hipervínculo» conoce o debe conocer el hecho de que el sitio de Internet al que remite el hipervínculo no puede encontrarse fácilmente por el público de internet general?

               3.

               ¿Existen otras circunstancias que han de tenerse en cuenta al responder a la cuestión de si existe una comunicación al público, cuando, mediante un hipervínculo, se permite el acceso a una obra que no ha sido comunicada anteriormente al público con la autorización del titular de los derechos de autor?

      (1)  Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).


title: Asunto C-602/13: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander — España) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García (Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Relación contractual entre un profesional y un consumidor — Contrato de préstamo hipotecario — Cláusula sobre intereses moratorios — Cláusula de devolución anticipada — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Moderación de la cuantía de los intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional)

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/2

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander — España) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García
   (Asunto C-602/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Directiva 93/13/CEE - Relación contractual entre un profesional y un consumidor - Contrato de préstamo hipotecario - Cláusula sobre intereses moratorios - Cláusula de devolución anticipada - Procedimiento de ejecución hipotecaria - Moderación de la cuantía de los intereses - Competencias del órgano jurisdiccional nacional))
   (2015/C 320/02)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

      Demandadas: Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García

      Fallo

               1)

               Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a normas nacionales que prevean la facultad de moderar los intereses moratorios en el marco de un contrato de préstamo hipotecario, siempre que la aplicación de tales normas nacionales:

                           —

                           no prejuzgue la apreciación del carácter «abusivo» de la cláusula sobre intereses moratorios por parte del juez nacional que conozca de un procedimiento de ejecución hipotecaria relacionado con dicho contrato, y

                           —

                           no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que llegue a la conclusión de que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.

               2)

               La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» —en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13— de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión.

      (1)  DO C 31, de 1.2.2014.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2000 en el asunto T-24/99, Claudio d'Aloya contra Consejo de la Unión Europea (Funcionarios — Promoción — Recurso de anulación — Recurso de indemnización)

text:
C 259/18                  ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       9.9.2000
G.M. Berrisch), apoyado por Comisión de las Comunidades                      de indemnización del perjuicio moral sufrido, el Tribunal de
Europeas (Agentes: Sres. V. Kreuschitz y N. Khan), que tiene                  Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por los Sres.
por objeto un recurso de anulación parcial del Reglamento                    J. Pirrung, Presidente; A. Potocki y A.W.H. Meij, Jueces; Secreta-
(CE) no 2380/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, que                   rio: Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 13 de
modifica el Reglamento (CE) no 1567/97, por el que se                         julio de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importa-
ciones de bolsos de cuero originarios de la República Popular                1)     Se desestima el recurso.
de China (DO L 296, p. 1), el Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas (Sala Cuarta ampliada), integrado                    2)     Cada parte cargará con sus propias costas.
por la Sra. V. Tiili, Presidenta; y por la Sra. P. Lindh y los
Sres. R.M. Moura Ramos, J.D. Cooke y P. Mengozzi, Jueces,
Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora principal, ha dictado              (1) DO C 86 de 27.3.99.
el 29 de junio de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Se anula el artı́culo 2 del Reglamento (CE) no 2380/98 del
      Consejo, de 3 de noviembre de 1998, que modifica el
      Reglamento (CE) no 1567/97 por el que se establece un derecho
      antidumping definitivo sobre las importaciones de bolsos de
      cuero originarios de la República Popular de China, en la
      medida en que el Consejo no ha extraı́do todas las conclusiones         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      de la investigación de reconsideración relativas a las importacio-
      nes de los productos de Lucci Creation Ltd por la demandante.                                 de 27 de junio de 2000
2)    Se mantiene en vigor la modificación de los tipos de los derechos
      hasta que las Instituciones competentes hayan adoptado las              en el asunto T-67/99, K contra Comisión de las Comunida-
      medidas que implica la ejecución de la presente sentencia.                                        des Europeas (1)
3)    El Consejo cargará con sus propias costas y con las costas de la       (Funcionarios — Obligación de asistencia que incumbe a la
      demandante.                                                             Administración — Artı́culo 24 del Estatuto — Alcance —
                                                                                Lı́mites)
4)    La Comisión cargará con sus propias costas.
                                                                                (2000/C 259/30)
(1) DO C 86, de 27.3.1999.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                              En el asunto T-67/99, K, funcionario de la Comisión de las
                                                                              Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas, represen-
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                   tado por Me E. Boigelot, Abogado de Bruselas, que designa
                                                                              como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me L. Schiltz,
                       de 13 de julio de 2000                                 2, rue du Fort Rheinsheim, contra Comisión de las Comunida-
                                                                              des Europeas (Agentes: Sr. G. Valsesia y Sra. F. Clotuche-
en el asunto T-24/99, Claudio d’Aloya contra Consejo de                       Duvieusart), que tiene por objeto un recurso de anulación de
                         la Unión Europea (1)                                la decisión de la Comisión, de 15 de mayo de 1998, por la
                                                                              que se deniega la solicitud de asistencia formulada por el
                                                                              demandante con arreglo al artı́culo 24 del Estatuto de los
(Funcionarios — Promoción — Recurso de anulación —                          Funcionarios de las Comunidades Europeas con el fin de
                     Recurso de indemnización)                               conseguir la asunción de los gastos derivados de un proceso
                                                                              penal a raı́z de la transmisión de una denuncia a la Fiscalı́a de
                           (2000/C 259/29)                                    Bruselas, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta),
                                                                              integrado por el Sr. R. Garcı́a Valdecasas, Presidente; la Sra.
                                                                              P. Lindh y el Sr. J.D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                              González, administrador, ha dictado el 27 de junio de 2000
                                                                              una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
En el asunto T-24/99, Claudio d’Aloya, funcionario del Consejo
de la Unión Europea, con domicilio en Bruselas, representado                 1)     Se desestima el recurso.
por los Sres. W. Viscardini Donà y G. Donà, Abogados de
Padua, que designa como domicilio en Luxemburgo el despa-                     2)     Cada parte cargará con sus propias costas.
cho de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contra Consejo
de la Unión Europea (Agentes: Sres. G. Maganza y M. Bauer),
que tiene por objeto, en primer lugar, una pretensión de                     (1) DO C 160 de 5.6.99.
anulación de dos decisiones del Consejo adoptadas en el marco
del procedimiento para la provisión de un puesto de grado
A 2 en su Servicio Jurı́dico y, en segundo lugar, una pretensión


title: Asunto T-178/16: Recurso interpuesto el 22 de abril de 2016 — Policolor/EUIPO — CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)

text:
               13.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/65

      Recurso interpuesto el 22 de abril de 2016 — Policolor/EUIPO — CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)
      (Asunto T-178/16)
      (2016/C 211/80)
      Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

         Partes

         Demandante: Policolor SA (Bucarest, Rumanía) (representante: M. Comanescu, abogado)

         Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

         Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG (Düren-Merken, Alemania)

         Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

         Solicitante: la demandante

         Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «Policolor» — Solicitud de registro n.o 10277176

         Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

         Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de enero de 2016 (asunto R 346/2015-1)

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Modifique la resolución impugnada en su totalidad.

                  —

                  En consecuencia, anule la resolución impugnada.

                  —

                  Anule la resolución de la División de Oposición de la EUIPO de 16 de diciembre de 2014, dictada en la oposición n.o B 1991457.

                  —

                  Desestime la oposición formulada por la parte interviniente en relación con el registro de la marca de la Unión n.o 10277176.

                  —

                  Condene a la EUIPO y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso al pago de las costas, incluidas aquellas en que se haya incurrido durante el procedimiento ante la Sala de Recurso.

         Motivos invocados

                  —

                  Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

                  —

                  Infracción del artículo 75, apartado 1, del Reglamento n.o 2015/2424.


title: Asunto T-128/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2008 — Japan Tobacco/OAMI — Torrefacção Camelo (CAMELO) ( Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa CAMELO — Marca nacional figurativa anterior CAMEL — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca anterior e inexistencia de riesgo de perjuicio para éstos — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n°  40/94 — Inexistencia de infracción de las normas del procedimiento de recurso — Artículo 74 del Reglamento (CE) n°  40/94 )

text:
               8.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/36

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2008 — Japan Tobacco/OAMI — Torrefacção Camelo (CAMELO)
   (Asunto T-128/06) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa CAMELO - Marca nacional figurativa anterior CAMEL - Motivo de denegación relativo - Inexistencia de riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca anterior e inexistencia de riesgo de perjuicio para éstos - Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 40/94 - Inexistencia de infracción de las normas del procedimiento de recurso - Artículo 74 del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2008/C 64/58)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Japan Tobacco, Inc. (Tokio, Japón) (representantes: A. Ortiz López, S. Ferrandis González y E. Ochoa Santamaría, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (representantes: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: Torrefacção Camelo Lda (Campo Maior, Portugal) (representantes: A. de Sampaio, I. Carvalho Franco y C. de Almeida Carvalho, abogados)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 22 de febrero de 2006 (asunto R 669/2003-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Japan Tobacco, Inc. y Torrefacção Camelo Lda.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Japan Tobacco, Inc. soportará sus propias costas y las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

               3)

               Torrefacção Camelo Lda soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 154 de 1.7.2006.


title: Asunto C-622/16 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2016 por Scuola Elementare Maria Montessori Srl contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 15 de septiembre de 2016 en el asunto T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión

text:
               6.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/16

         Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2016 por Scuola Elementare Maria Montessori Srl contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 15 de septiembre de 2016 en el asunto T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión
   (Asunto C-622/16 P)
   (2017/C 038/21)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (representantes: E. Gambaro y F. Mazzocchi, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República Italiana

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia que desestimó el recurso interpuesto por Scuola Elementare Maria Montessori y, en consecuencia, que se anule la Decisión 2013/284/UE de la Comisión (1) en la parte en que consideró que no procedía acordar la recuperación de la ayuda concedida en forma de exención del impuesto municipal sobre bienes inmuebles así como en la parte en que consideró que las medidas relativas a la exención IMU no estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo l07 TFUE, apartado 1.

               —

               En cualquier caso, que se anule la sentencia en las partes relativas a los motivos del recurso de casación que el Tribunal de Justicia considere fundados y admisibles.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               Con el primer motivo, que consta de cuatro partes, Scuola Elementare Maria Montessori denuncia la infracción y la aplicación errónea del artículo 108 TFUE, del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 659/1999 (2) y el incumplimiento de la obligación de cooperación leal contenida en el artículo 4 TUE, apartado 3, así como la interpretación incorrecta del concepto de imposibilidad absoluta, el error en la calificación jurídica de los hechos, la desnaturalización de algunas pruebas y la motivación contradictoria, al haber considerado el Tribunal General que la Comisión no incurrió en error al no ordenar a la República Italiana que recuperara los importes correspondientes a las exenciones fiscales a las que se acogieron las entidades no comerciales para fines específicos al amparo de la normativa del impuesto municipal sobre bienes inmuebles, que la Comisión ha considerado ilegales e incompatibles con el mercado interior.

               2)

               Con el segundo motivo, Scuola Elementare Maria Montessori denuncia la infracción y la aplicación errónea del artículo 107 TFUE, apartado 1, al haber considerado el Tribunal General que la exención del IMU, que sustituyó a la normativa del impuesto municipal sobre bienes inmuebles a partir de 2012, no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

      (1)  Decisión 2013/284/UE de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, relativa a la ayuda estatal SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Régimen de exención del impuesto municipal sobre bienes inmuebles concedido a entidades no comerciales por los bienes inmuebles utilizados para fines específicos ejecutado por Italia (DO 2013, L 166, p. 24).

      (2)  Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).


Avis juridique important

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E1994P0908(01)

Demanda interpuesta el 7 de mayo de 1994 por Alexander Flandorfer Friedman, Erna Flandorfer Friedman y GFG Bau Dachdecker Spengler GmbH contra la República de Austria

Diario Oficial n° C 250 de 08/09/1994 p. 0007 - 0007

Demanda interpuesta el 7 de mayo de 1994 por Alexander Flandorfer Friedman, Erna Flandorfer Friedman y GFG Bau Dachdecker Spengler GmbH contra la República de Austria (94/C 250/05)El 7 de mayo de 1994 se interpuso una demanda ante el Tribunal AELC contra la República de Austria por Alexander Flandorfer Friedman, ciudadano esloveno, Erna Flandorfer Friedman, ambos residentes en Viena (Austria), y GFG Bau Dachdecker Spengler GmbH, Viena. Los demandantes declaran que al primer demandante se le rechazó la concesión de un permiso de residencia permanente en Austria.Los demandantes interponen una acción contra la parte demandada por incumplimiento de:a) los artículos 6, 7, apartados 1 a 3 del artículo 28, artículos 31 y 34 del Acuerdo EEE, los artículos 10 y 11 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo y el apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 68/360/CEE del Consejo; yb) los derechos de libre circulación de personas de los demandantes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 34 del Acuerdo EEE y el apartado 1 del artículo 8 y el artículo 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.Los demandantes solicitan asimismo la concesión del beneficio de justicia gratuita, incluida la designación de un abogado.


title: Asunto C-20/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de abril de 2011 — Comisión Europea/República Portuguesa ( «Incumplimiento de Estado — Admisibilidad del recurso — Libre circulación de capitales — Artículo 56 CE — Artículo 40 del Acuerdo EEE — Títulos de deuda pública — Trato fiscal preferente — Justificación — Lucha contra el fraude fiscal — Lucha contra la evasión fiscal» )

text:
               28.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 160/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de abril de 2011 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-20/09) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Admisibilidad del recurso - Libre circulación de capitales - Artículo 56 CE - Artículo 40 del Acuerdo EEE - Títulos de deuda pública - Trato fiscal preferente - Justificación - Lucha contra el fraude fiscal - Lucha contra la evasión fiscal)
   2011/C 160/03
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y A. Caeiros, agentes)

      Demandada: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, C. Guerra Santos y J. Menezes Leitão, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 56 CE y 40 EEE — Títulos de deuda pública — Trato fiscal preferente de los títulos emitidos por el Estado portugués.

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE y del artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, al haber establecido, en el marco del «Regime excepcional de regularização tributária de elementos patrimoniais que não se encontrem no território português em 31 de Dezembro de 2004» (Régimen excepcional de regularización tributaria de elementos patrimoniales que no se encuentren en el territorio portugués a 31 de diciembre de 2004), instaurado por la Ley no 39–A/2005, de 29 de julio de 2005, un trato fiscal preferente para los títulos de deuda pública emitidos únicamente por el Estado portugués.

               2)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 82, de 4.4.2009.


title: Asunto T-311/08: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2009 — Fitoussi/OAMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC) [ Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa IBIZA REPUBLIC — Marca nacional figurativa anterior que representa una estrella de cinco puntas rodeada de un círculo — Motivo de denegación absoluto — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  207/2009] ]

text:
               15.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/21

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2009 — Fitoussi/OAMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC)
   (Asunto T-311/08) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa IBIZA REPUBLIC - Marca nacional figurativa anterior que representa una estrella de cinco puntas rodeada de un círculo - Motivo de denegación absoluto - Inexistencia de riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]»)
   2009/C 193/32
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Paul Fitoussi (Vincennes, Francia) (representantes: K. Manhaeve, T. van Innis y G. Glas, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: R. Bianchi, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza)

      Objeto

   Recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 7 de mayo de 2008 (asunto R 1135/2007–2) relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Paul Fitoussi y la Sra. Bernadette Nicole J. Loriot.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Paul Fitoussi.

      (1)  DO C 272, de 25.10.2008.


title: Asunto C-175/07, Asunto C-176/07, Asunto C-177/07, Asunto C-178/07, Asunto C-179/07, Asunto C-180/07, Asunto C-181/07, Asunto C-182/07, Asunto C-183/07, Asunto C-184/07: Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) el 2 de abril de 2007 — 1. S.A. SAFBA/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 2. S.A. Sucreries et Raffineries d'Erstein/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 3. SA Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 4. SA Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 5. Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 6. S.A. des Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 7. Cristal Union/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 8. S.A. Lesaffre Frères/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 9. Société Vermendoise Industries/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 10. S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

text:
               26.5.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 117/19

         Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) el 2 de abril de 2007 — 1. S.A. SAFBA/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 2. S.A. Sucreries et Raffineries d'Erstein/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 3. SA Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 4. SA Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 5. Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 6. S.A. des Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 7. Cristal Union/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 8. S.A. Lesaffre Frères/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 9. Société Vermendoise Industries/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 10. S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes/Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers
   (Asunto C-175/07 - Asunto C-176/07 - Asunto C-177/07 - Asunto C-178/07 - Asunto C-179/07 - Asunto C-180/07 - Asunto C-181/07 - Asunto C-182/07 - Asunto C-183/07 - Asunto C-184/07)
   (2007/C 117/32)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunal de grande instance de Nanterre
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: S.A. SAFBA (C-175/07), S.A. Sucreries et Raffineries d'Erstein (C-176/07), SA Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils (C-177/07), SA Sucrerie de Bourgogne (C-178/07), Sucrerie Bourdon (C-179/07), S.A. des Sucreries du Marquenterre (C-180/07), Cristal Union (C-181/07), S.A. Lesaffre Frères (C-182/07), Société Vermendoise Industries (C-183/07), S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes (C-184/07).

      Demandadas: Directeur général des douanes et droits indirects y Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers.
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es inválido el Reglamento no 314/2002 de la Comisión Europea (1) a la luz del artículo 15 del Reglamento no 1260/2001 del Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (2), y a la luz de los principios de proporcionalidad y de no discriminación, en la medida en que no prevé que, para el cálculo de las cotizaciones por producción, se excluyan de las necesidades de financiación las cantidades de azúcar contenidas en productos transformados, exportadas sin beneficiarse de una restitución a la exportación?

               2)

               En caso de respuesta negativa a esta cuestión:
               ¿Es inválido el Reglamento no 1686/2005 (3) a la luz del Reglamento no 314/2002 de la Comisión Europea y del artículo 15 del Reglamento no 1260/2001 del Consejo y del principio de proporcionalidad, en la medida en que fija una cotización por producción de azúcar calculada a partir de una «pérdida media »por tonelada exportada, que no tiene en cuenta las cantidades exportadas sin restitución, pese a que estas mismas cantidades se incluyen en el total considerado para evaluar la pérdida global que ha de financiarse?

      (1)  Reglamento (CE) no 314/2002 de la Comisión, de 20 de febrero de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de cuotas en el sector del azúcar (DO L 50, p. 40).

      (2)  Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 178, p. 1).

      (3)  Reglamento (CE) no 1686/2005 de la Comisión, de 14 de octubre de 2005, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2004/05, los importes de las cotizaciones por producción y el coeficiente de la cotización complementaria en el sector del azúcar (DO L 271, p. 12).


title: Asunto T-661/14: Sentencia del Tribunal General de 14 de julio de 2016 — Letonia/Comisión [«FEOGA, FEAGA y Feader — Gastos excluidos de la financiación — Corrección financiera a tanto alzado — Condicionalidad — Requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales — Normas — Artículo 5, apartado 1, y anexo IV del Reglamento (CE) n.° 1782/2003 — Artículo 6, apartado 1, y anexo III del Reglamento (CE) n.° 73/2009»]

text:
               22.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 305/29

         Sentencia del Tribunal General de 14 de julio de 2016 — Letonia/Comisión
   (Asunto T-661/14) (1)

   ([«FEOGA, FEAGA y Feader - Gastos excluidos de la financiación - Corrección financiera a tanto alzado - Condicionalidad - Requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales - Normas - Artículo 5, apartado 1, y anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 - Artículo 6, apartado 1, y anexo III del Reglamento (CE) n.o 73/2009»])
   (2016/C 305/40)
   Lengua de procedimiento: letón

      Partes

      Demandante: República de Letonia (representantes: I. Kalniņš y D. Pelše, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Sauka y D. Triantafyllou, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE al objeto de obtener la anulación de la Decisión de Ejecución 2014/458/UE de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2014, L 205, p. 62), en la medida en que dicha Decisión excluye de la financiación de la Unión determinados gastos de la República de Letonia, por un importe de 739 393,95 euros, por no ajustarse a las normas de la Unión.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión de Ejecución 2014/458/UE de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en la medida en que dicha Decisión excluye de la financiación de la Unión determinados gastos de la República de Letonia, por un importe de 739 393,95 euros, por no ajustarse a las normas de la Unión.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión Europea.

      (1)  DO C 395 de 10.11.2014.


title: Recurso interpuesto el 15 de julio de 1997 por Georges Berthu contra el Consejo de la Unión Europea (Asunto T-207/97)

text:
18 . io. 97         IES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 318/21
3 ) la exigencia a EPAC de invertir en obras de responsa             y valores de que se trata, vulnera los principios de
     bilidad del Estado;                                              buena fe y de confianza legítima de los operadores
                                                                      económicos afectados por ella y constituye una grave
                                                                      violación del principio de proporcionalidad.
4 ) la falta de pago por parte de Silopor, Empresa de Silos
     Portuários, SA, de su deuda a EPAC.
De este modo, mediante Despacho Governamental n° 887/
96 — SETF, de 17 de mayo, fue elaborado un Plan de via
bilidad económica y saneamiento financiero de EPAC que            Recurso interpuesto el 11 de julio de 1997 por Christop
sería aprobado por Despacho Governamental conjunto                her Atkin y otros contra la Comisión de las Comunidades
SETF/SEPAA de 26 de julio de 1996. Este Despacho con                                           Europeas
junto autoriza a EPAC a negociar un préstamo en las con                                 (Asunto T-205/97)
diciones del mercado por un importe máximo de 50 000
millones de escudos portugueses, de los cuales 30 000                                       ( 97/C 318/41 )
millones resultarían de una garantía del Estado.
                                                                               (Lengua de procedimiento: francés)
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega lo
siguiente:                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                  Europeas se ha presentado el 11 de julio de 1997 un
                                                                  recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
I.    La Decisión de la Comisión no está debidamente              formulado por el Sr. Christopher Atkin, con domicilio en
motivada . A este respecto, estima que la explicación de las      Bruselas, el Sr. David Cornwell, con domicilio en Kraai
razones que llevaron a la adopción de la Decisión impug          nem (Bélgica ), y el Sr. Paul Smeulders, con domicilio en
nada es tanto más necesaria cuanto es cierto que la facul        Sutton Courtney ( Gran Bretaña ), representados por el Sr.
tad extraordinaria que la jurisprudencia del Tribunal de          Marc-Albert Lucas, Abogado de Lieja , que designa como
Justicia ha conferido a la Comisión de imponer medidas            domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra . Evelyne
cautelares mediante decisión provisional hasta ahora con         Korn, 21 , rué de Nassau.
templó sólo la suspensión de pagos de Estado a empresas
beneficiarías de la ayuda y no la suspensión de una simple        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
garantía de Estado que no representa ninguna ayuda para           tancia que:
los bancos a los que fue prestada y que son terceros con
respecto a la empresa que disfrutó de la garantía del
Estado .                                                          — anule la decisión de la Comisión por la que se denegó
                                                                      su solicitud de que se revisara su clasificación,
II . En las condiciones en que fue adoptada, la Decisión
de la Comisión es ilegal :                                        — anule la decisión de la Comisión por la que se deses
                                                                      timó su reclamación administrativa,
a ) La garantía del Estado portugués no constituye una            — condene en costas a la Comisión .
     ayuda de Estado a efectos del artículo 92 del Tratado
     CE. La demandante señala, a este respecto, que la
     Comisión no alega que la garantía del Estado a una           Motivos y principales alegaciones
     mera operación de reestructuración del pasivo de
     EPAC —garantía que no implicó directa ni indirecta          Los motivos y principales alegaciones son similares a los
     mente transferencia alguna de recursos del Estado a la       invocados en el asunto T- 16/91 ( M.
     referida empresa pública— constituye una ayuda de
     Estado. Asimismo, la Decisión impugnada ignora el            (') DO C 74 de 8 . 3 . 1997, p . 27.
     derecho/deber del Estado portugués, en su calidad de
     tenedor de la totalidad del capital de la empresa, de
     prestarle esa forma de apoyo.
 b) Si debiera calificarse de ayuda, el Estado portugués
     tenía el derecho de concederla sin estar obligado a          Recurso interpuesto el 15 de julio de 1997 por Georges
     notificarlo a la Comisión .                                         Berthu contra el Consejo de la Unión Europea
                                                                                (Asunto T-207/97)
c ) Por consiguiente, no hubo infracción del apartado 3                                      ( 97/C 318/42 )
     del artículo 93 del Tratado CE .
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
 d) En cualquier caso, la Decisión provisional de la Comi
     sión, debido a su carácter radical y a su total menos       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     precio de las circunstancias del caso y de los intereses     Europeas se ha presentado el 15 de julio de 1997 un
 ---pagebreak--- c 318/22               Les                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       18 . 10 . 97
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado                Motivos y principales alegaciones
por Georges Berthu, con domicilio en Chelles ( Francia ),
representado por el Sr. Alexandre Varaut, Abogado de                   Los motivos y principales alegaciones de la demandante,
París, 9, rué Alfred de Vigny, París.
                                                                       que importó en el período comprendido entre el 1 de
                                                                       enero de 1991 y el 15 de enero de 1994 televisores en
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins               color procedentes de Turquía y que también impugna una
tancia que censure el Reglamento ( CE) n° 1103/97 del                  Decisión de la Comisión dirigida a Alemania conforme a
Consejo ( ] ).                                                         la cual la condonación de los derechos de importación
                                                                       también se considera injustificada en su caso, son similares
Motivos y principales alegaciones                                      a los invocados en los asuntos T-187/97 (') v T-192/97 (2 ).
                                                                       (') Véase la página 18 del presente Diario Oficial .
El demandante, Parlamentario Europeo, dirige su recurso                í 2 ) Véase la página 19 del presente Diario Oficial .
contra el Reglamento ( CE) n° 1103/97 que adopta deter
minadas disposiciones relativas a la introducción del euro
y, en particular, modifica en todos los instrumentos jurídi
cos la referencia al ecu para sustituirla por una referencia
al euro . Es consecuencia de un recurso anterior que el
demandante había dirigido contra la Decisión de la Comi
sión, adoptada el 16 de octubre de 1996 , por la que se                Recurso interpuesto el 15 de julio de 1997 por Hertie
proponía al Consejo el texto del Reglamento antes citado               Waren- und Kaufhaus GmbH contra la Comisión de las
[aspnto T-l 75/96 (2 )]. El Tribunal de Primera Instancia                                     Comunidades Europeas
declaró la inadmisibilidad manifiesta de este primer                                             ( Asunto T-21 1/97)
recurso. El demandante ya mencionó, en su primer escrito
de recurso, que si el Tribunal de Primera Instancia acogía                                          ( 97/C 318/44 )
la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión
repetiría su recurso contra el propio Reglamento. Por lo                                (Lengua de procedimiento: alemán)
tanto, los motivos y principales alegaciones son similares a
los invocados en el asunto T-l 75/96 .
                                                                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                       Europeas se ha presentado el 15 de julio de 1997 un
(') DO L 162 de 19 . 6 . 1997, p . 1 .                                 recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
i 1 ) DO C 9 de 11 . 1 . 1997, p . 19 .
                                                                       formulado por Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH, con
                                                                       domicilio social en Frankfurt am Main (Alemania ), repre
                                                                       sentada por los Sres. Ehle y Schiller, Abogados de Colonia,
                                                                       que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
                                                                       del Sr. Marc Lucius,. Abogado, 6, rué Michel Welter.
Recurso interpuesto el 15 de julio de 1997 por Grundig                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
      AG contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                       tancia que :
                          (Asunto T-21 0/97 )
                            ( 97/C 318/43 )                            — anule la Decisión de la Comisión de 19 de febrero de
                                                                               1997 ( referencia REM: 18/96 ), mediante la que se
               (Lengua de procedimiento: alemán)                               denegó la condonación de la cantidad de 593 110,16
                                                                               marcos alemanes,
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 15 de julio de 1997 un                    — condene en costas a la demandada .
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
 formulado por Grundig AG, con domicilio social en Fürth                Motivos y principales alegaciones
 ( Alemania ), representada por los Sres . Ehle y Schiller, Abo
gados de Colonia, que designa como domicilio en Luxem
 burgo el despacho del Sr. Marc Lucius, Abogado, 6 , rué                Los motivos y principales alegaciones de la demandante,
Michel Welter.                                                          que importó en el período comprendido entre el 1 de sep
                                                                        tiembre de 1992 y el 1 de marzo de 1993 televisores en
                                                                       color procedentes de Turquía y que también impugna una
 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins              Decisión de la Comisión dirigida a Alemania conforme a
 tancia que:                                                            la cual la condonación de los derechos de importación
                                                                        también se considera injustificada en su caso, son similares
— anule la Decisión de la Comisión de 19 de febrero de                  a los invocados en los asuntos T-l 86/97 ( J ) y T-191 /97 (2).
       1997 ( referencia REM: 17/96 ), mediante la que se
       denegó la condonación de la cantidad de 6 596 210,31             ( ! ) Véase la página 17 del presente Diario Oficial .
       marcos alemanes,                                                 ( 2 ) Véase la página 19 del presente Diario Oficial .
— condene en costas a la demandada .


               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/63

         Recurso interpuesto el 19 de febrero de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Yves Franchet y Daniel Byk
   (Asunto T-70/04)
   (2004/C 94/158)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 19 de febrero de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Yves Franchet y Daniel Byk, con domicilio en Luxemburgo, representados por Mes Georges Vandersanden y Laure Levi, abogados.
   Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión implícita de la Comisión Europea por la que se deniega la solicitud de acceso de los demandantes a diferentes documentos en posesión de dicha institución, y la decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2003, mediante la que se deniega la solicitud confirmatoria presentada por los demandantes el 2 de diciembre de 2003.

               —

               Condene a la demandada al pago de la totalidad de las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   Los demandantes se oponen a la negativa de la demandada a permitirles el acceso a determinados documentos relativos al expediente EUROSTAT. Se trata en particular, del informe final del Servicio de Auditoria Interna (SAI) y de los anexos al informe del SAI de 7 de julio de 2003.
   La parte demanda basa su negativa en la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (1), a saber, la protección de los objetivos de las actividades de inspección, investigación y auditoría.
   En apoyo de sus pretensiones, los demandantes alegan:

               —

               La infracción de los artículos 2 y 4 del Reglamento citado y la violación del derecho fundamental de acceso a los documentos y del principio de proporcionalidad.

               —

               La existencia de un error manifiesto de apreciación.

               —

               El incumplimiento del deber de motivación.

         Consideran a este respecto que la parte demandada:

               —

               Confiere, en la decisión impugnada, un alcance extensivo a las excepciones por ella invocadas.

               —

               Manifiestamente apreció de manera incorrecta los elementos del caso.

               —

               No apreció las solicitudes de acceso in concreto, a la luz de los elementos propios de los documentos con relación a dichas excepciones, aun suponiendo que sea posible invocar éstas. Además, la demandada no justificó los motivos por los que no se preveía la posibilidad de realizar una comunicación parcial.

               —

               No ponderó los intereses en juego.

      (1)  DOCE L 145, de 31 de mayo de 2001, p. 43.


title: Asunto T-284/02: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2002 contra el Consejo de la Unión Europea por Triantafyllia Dionyssopoulou

text:
C 289/30               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      23.11.2002
Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2002 contra                 contrato. La demandada vulneró el principio de protección
la Comisión de las Comunidades Europeas por Gemei-                     de la confianza legítima al no cumplir finalmente dichas
            nschaftskernkraftwerk Neckar GmbH                          expectativas. Además, la demandada provocó el fracaso de las
                                                                       negociaciones contractuales y, con ello, vulneró el principio de
                                                                       buena administración. Las vulneraciones de dichos principios
                       (Asunto T-283/02)                               causaron a la demandante un daño por importe de lo solicitado
                                                                       en su demanda.
                         (2002/C 289/55)
                (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                       Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2002 contra
                                                                       el Consejo de la Unión Europea por Triantafyllia Dio-
                                                                                nyssopoulou
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 23 de septiembre de 2002 un                                      (Asunto T-284/02)
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar, Neckar-                                        (2002/C 289/56)
westheim (Alemania), representada por el abogado S. Zickgraf.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—     Condene a la demandada a abonarle 332 083,60 euros,              Europeas se ha presentado el 10 de septiembre de 2002 un
      más 5,25 % de intereses desde el 12.06.2000 sobre un             recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado
      importe de 328 782,43 euros y 5,25 % de intereses desde          por Triantafyllia Dionyssopoulou, con domicilio en Bruselas
      el 21.08.2000 sobre un importe de 3 301,17 euros.                (Bélgica), representada por el Sr. Jean A. Martin, abogado.
—     Condene en costas a la demandada.                                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                       que:
                                                                       —    Anule la Decisión del Consejo de no promover a la
                                                                            demandante al grado C 2 durante el ejercicio de promo-
Motivos y principales alegaciones                                           ción de 2001.
                                                                       —    Condene al Consejo a pagar a la demandante la suma de
                                                                            300 000,00 EUR en reparación de todos los perjuicios
La demandante prestó servicios desde septiembre de 1994                     causados.
hasta julio de 1998, en el marco del Programa TACIS, en la
central nuclear ucraniana de Saporoshje. Las partes habían             —    Condene al Consejo en costas.
firmado direct agreements sobre estas prestaciones. Para la
ejecución de los contratos la demandante contrató a diversos
expertos y a un director de proyecto.
                                                                       Motivos y principales alegaciones
Según la demanda, el director de proyecto prestó «on-site-             En apoyo de su recurso, la demandante alega un error
assistance» en la central de nuclear de Saporoshje desde agosto        manifiesto de apreciación en la medida en que la parte
                                                                       demandada no tuvo en cuenta, ni siquiera con carácter
de 1998 hasta diciembre de 1999 aunque la demandante,
desde agosto de 1998, ya no estaba obligada contractualmente           subsidiario, la antigüedad de la demandante en su grado. La
                                                                       demandante alega, además, la infracción del artículo 5 del
a que se efectuara dicha prestación. También los expertos
siguieron trabajando en proyectos individuales en Saporoshje.          Estatuto, ya que existe una contradicción entre las capacidades
Las partes negociaban desde abril de 1998 un cuarto contrato           de la demandante y el mantenimiento de su grado. Según la
                                                                       demandante, la demandada tampoco respetó las resoluciones
que finalmente no llegó a celebrarse.
                                                                       de la Comisión paritaria de 16 de julio de 1993, puesto que
                                                                       no tuvo en cuenta el período de actividad efectiva de la
                                                                       demandante y el número de días de ausencia por enfermedad.
La demandante alega que ha sufrido un daño causado por un              Por último, la demandante señala que el Estatuto prescribe que
hecho extracontractual por importe de lo solicitado en su              el funcionario debe ser respetado, ayudado si es necesario, e
demanda y que la demandada está obligada a indemnizar                  incluso, objeto de asistencia. En el presente caso, la demandante
dicho daño con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo.            ha sido víctima de un acoso que ha supuesto el bloqueo de su
La demandada generó expectativas en favor de la demandante,            carrera.
al afirmar que ésta obtendría un contrato o sería retribuida de
otro modo, que la indujeron a trabajar para la demandada sin


title: Asunto C-167/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 11 de mayo de 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Otra parte: E.On Benelux en Burgemeester en Wethouders Rotterdam

text:
               15.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 11 de mayo de 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Otra parte: E.On Benelux en Burgemeester en Wethouders Rotterdam
   (Asunto C-167/09)
   2009/C 193/04
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stischting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

      Demandada: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

      Otra parte: E.On Benelux en Burgemeester en Wethouders Rotterdam

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Implica la obligación de hacer una interpretación conforme con la Directiva que las obligaciones establecidas en la Wet milieubeheer, en virtud de la cual se adapta el Derecho neerlandés a la Directiva 96/61/CE, (1) relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (actualmente, Directiva 2008/1/CE, (2) relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación), pueden y deben interpretarse en el sentido de que, al resolver sobre una solicitud de concesión de un permiso, deben tomarse en consideración plenamente los techos nacionales de emisión de SO2 y NOx establecidos en la Directiva 2001/81/CE, (3) sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (en lo sucesivo, «Directiva NEC»), en particular, en lo que se refiere a las obligaciones contenidas en el artículo 9, apartado 4, de la Directiva 96/61/CE, actualmente Directiva 2008/1/CE?

               2)

                           a.

                           La obligación de los Estados miembros de abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer seriamente el resultado prescrito por una Directiva, ¿resulta también aplicable al período de 27 de noviembre de 2002 a 31 de diciembre de 2010 al que se refiere el artículo 4, apartado 1, de la Directiva NEC?

                           b.

                           En caso de que al término del referido período de 27 de noviembre de 2002 a 31 de diciembre de 2010 se superen o exista el riesgo de superarse los techos nacionales de emisión de SO2 y/o NOx establecidos en la Directiva NEC, ¿el Estado miembro de que se trate está obligado a cumplir durante dicho período determinadas obligaciones positivas que se añaden o sustituyen al deber de abstención antes mencionado?

                           c.

                           Para responder a las cuestiones 2.a y 2.b, ¿es relevante que de una solicitud de permiso medioambiental para una instalación que contribuye a superar o a superar inminentemente los techos nacionales de emisión de SO2 y/o NOx establecidos en la Directiva NEC se desprenda que la instalación entrará en funcionamiento como muy pronto en el año 2011?

               3)

                           a.

                           Las obligaciones a las que se refiere la cuestión 2, ¿implican que, a falta de garantías de que la instalación para la cual se solicitó un permiso medioambiental no contribuya a sobrepasar o sobrepasar inminentemente los techos nacionales de emisión de SO2 y/o NOx establecidos en la Directiva NEC, el Estado miembro debe denegar el permiso medioambiental solicitado o supeditarlo al cumplimiento de requisitos o restricciones adicionales? Para responder a esta cuestión, ¿es relevante en qué medida la instalación contribuye a sobrepasar o sobrepasar inminentemente dichos techos de emisión?

                           b.

                           ¿O se desprende de la Directiva NEC que, aunque se sobrepasen o se sobrepasen inminentemente los techos nacionales de emisión de SO2 y/o NOx, el Estado miembro dispone de un margen de apreciación para conseguir el resultado prescrito por la Directiva sin denegar el permiso y sin supeditarlo a requisitos o restricciones adicionales, pero tomando, en lugar de ello, otras medidas, como compensaciones en otros lugares?

               4)

               ¿Puede un particular, en la medida en que al Estado miembro le incumben obligaciones como las referidas en las cuestiones 2 y 3, invocar el cumplimiento de dichas obligaciones ante el juez nacional?

               5)

                           a.

                           ¿Puede un particular invocar directamente el artículo 4 de la Directiva NEC?

                           b.

                           En caso de respuesta afirmativa, ¿es posible invocarlo directamente a partir del 27 de noviembre de 2002 o sólo a partir del 31 de diciembre de 2010? Para responder a esta cuestión, ¿es relevante que de la solicitud del permiso medioambiental se desprenda que la instalación entrará en funcionamiento como muy pronto en 2011?

               6)

               Cuando, más en particular, la concesión de un permiso medioambiental y/o la adopción de otra medidas contribuyen a sobrepasar o sobrepasar inminentemente los techos nacionales de emisión de SO2 y/o NOx establecidos en la Directiva NEC,

                           a.

                           ¿puede un particular, en virtud del artículo 4 de la Directiva NEC, invocar un derecho general a que el Estado miembro de que se trate adopte un conjunto de medidas con las que se reduzcan, a más tardar en 2010, las emisiones nacionales anuales de SO2 y NOx a cantidades que no superen los techos nacionales de emisión establecidos en la Directiva NEC o a que, de fracasar tales medidas, adopte un conjunto de medidas con las que se reduzcan dichas emisiones, en el plazo más breve posible después de 2010, a las referidas cantidades?

                           b.

                           ¿puede un particular, en virtud del artículo 4 de la Directiva NEC, invocar unos derechos concretos a que el Estado miembro de que se trate adopte medidas específicas con respecto a una determinada instalación, por ejemplo denegando un permiso o supeditándolo a requisitos o restricciones adicionales, que contribuyan a que se reduzcan, a más tardar en 2010, las emisiones nacionales anuales de SO2 y NOx a cantidades que no superen los techos nacionales de emisión establecidos en la Directiva NEC o a que, de fracasar tales medidas, adopte medidas específicas que contribuyan a reducir dichas emisiones, en el plazo más breve posible después de 2010, a las referidas cantidades?

                           c.

                           Para responder a las cuestiones 6.a y 6.b., ¿es relevante en qué medida la instalación contribuye a sobrepasar o sobrepasar inminentemente dichos techos?

      (1)  Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 257, p. 26).

      (2)  Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Versión codificada) (DO L 24, p. 8).

      (3)  Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (DO L 309, p. 22).