title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 20 de febrero de 1997 en el asunto C-135/96: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado - Directiva 91/659/CEE - No adaptación del Derecho interno)

text:
5 . 4. 97             LES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           N° C 108/7
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                         ocupan un puesto de trabajo de una duración mí
                             ( Sala Sexta)                                      nima de un año dos certificaciones sucesivas de re
                                                                                gistro en vez de la tarjeta de residencia de nacional
                    de 20 de febrero de 1997
                                                                                de un Estado miembro, exigiendo el pago de di
en el asunto C-344/95 : Comisión de las Comunidades                             chas certificaciones, y
              Europeas, contra Reino de Bélgica (*)
                                                                            — al expedir a los trabajadores por cuenta ajena y a
(Incumplimiento — Artículo 48 del Tratado CE — Directi                         los trabajadores de temporada, cuaya actividad
                          va 68/360/CEE)                                        tenga una duración prevista inferior a tres meses,
                           ( 97/C 108/11                                        un documento relativo a su residencia, exigiendo el
                                                                                pago de dicho documento.
               (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                      2 ) Se condena en costas al Reino de Bélgica.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal           0 ) DO n° C 333 de 9 . 12 . 1995 .
                             de Justicia»)                            ( 2 ) DO n° L 257 de 19 . 10 . 1968 , p . 13 ; EE 05/01 , p. 88 .
En el asunto C-344/95 , Comisión de las Comunidades Eu
ropeas ( Agente : Sr. Pieter van Nuffel ) contra Reino de Bél
gica ( Agente: Sr. Jan Devadder ), que tiene por objeto que
se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obli
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
gaciones que le incumben en virtud del artículo 48 del
Tratado CE y de la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de                                           ( Sala Sexta)
15 de octubre de 1968 , sobre supresión de las restricciones                              de 20 de febrero de 1997
al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de
los Estados miembros y de sus familias dentro de la Co               en el asunto C-135/96: Comisión de las Comunidades
munidad (2 ),                                                                        Europeas contra Reino de Bélgica (')
                                                                      (Incumplimiento de Estado — Directiva 91/659/CEE —
— al obligar a los nacionales de los demás Estados miem                             No adaptación del Derecho interno)
     bros que buscan empleo en Bélgica a abandonar el te
                                                                                97/C 108/ 12 )
     rritorio tras un plazo de tres meses,
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
— al expedir, durante los seis primeros meses de su estan
     cia, a los trabajadores por cuenta ajena que ocupan un
     puesto de trabajo con una duración mínima de un año              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
     dos certificaciones sucesivas de registro, en vez de la          cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
     tarjeta de residiencia de nacional de un Estado miem                                        de Justicia»)
     bro, exigiendo el pago de dichas certificaciones, y
                                                                      En el asunto C-135/96, Comisión de las Comunidades Eu
— al expedir a los trabajadores por cuenta ajena y a los              ropeas ( Agentes: Sres . Hendrik van Lier y Jean-Francis
     trabajadores de temporada, cuaya actividad tenga una             Pasquier) contra Reino de Bélgica (Agente: Sr. Jan Devad
     duración prevista inferior a tres meses, un documento            der ) que tiene por objeto que se declare que el Reino de
     relativo a su residencia, exigiendo el pago de dicho do         Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en
     cumento ,
                                                                      virtud del Tratado CE, al no adoptar, en el plazo señalado,
                                                                       las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
el Tribunal de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres .      necesarais para atenerse a lo dispuesto en la Directiva 91/
G. F. Mancini, Presidente de Sala (Ponente ); C. N. Kakou             659/CEE de la Comisión, de 3 de diciembre de 1991 , por
ris, G. Hirsch, H. Ragnemalm y R. Schintgen, Jueces; Abo              la que se adapta por primera vez al progreso técnico el
 gado General: Sr. C. O. Lenz; Secretario: Sr. R. Grass, ha            Anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa
 dictado el 20 de febrero de 1997 una sentencia cuyo fallo             a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta
 es el siguiente:                                                      rias y administrativas de los Estados miembros que limitan
                                                                       la comercialización y el uso de determinadas sustancias y
 1 ) Se declara que el Reino de Bélgica ha incumplido las              preparados peligrosos ( amianto ) (2 ), el Tribunal de Justicia
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 48           ( Sala Sexta ), integrado por los Sres.: G. F. Mancini, Presi
      del Tratado CE y de la Directiva 68/360/CEE del Con             dente de Sala; J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch
      sejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de res          (Ponente ) y H. Ragnemalm Jueces; Abogado General: Sr.
      tricciones al desplazamiento y a la estancia de los tra         F. G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 20 de
      bajadores de los Estados miembros y de sus familias              febrero de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      dentro de la Comunidad,
                                                                        1 ) Se declara que el Reino de Bélgica ha incumplido las
      — al obligar a los nacionales de los demás Estados                     obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1
           miembros que buscan empelo en Bélgica a abando                   del artículo 2 de la Directiva 91 /659/CEE de la Comi
           nar el territorio tras un plazo de tres meses,                    sión, de 3 de diciembre de 1991 , por la que se adapta
                                                                             por primera vez al progreso técnico el Anexo I de la
      — al expedir, durante los seis primeros meses de su                    Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproxi
           estancia, a los trabajadores por cuenta ajena que                 mación de las disposiciones legales, reglamentarias y
 ---pagebreak--- N° C 108/8             I ES I                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       5 . 4 . 97
      administrativas de los Estados miembros que limitan                     efectiva del tráfico comercial en las aguas territoriales
       la comercialización y el uso de determinadas sustancais                de la República Federal de Yugoslavia, sino también
      y preparados peligrosos (amianto), al no haber adop                    los comportamientos en alta mar que induzcan razona
       tado, dentro del plazo señalado, las disposiciones lega               blemente a pensar que el buque de que se trata se en
       les, reglamentarais y administrativas necesarias para                  cuentra en ruta hacia dichas aguas territoriales con fi
      atenerse a dicha Directiva.                                             nes de tráfico comercial.
2 ) Se condena en costas al Reino de Bélgica.                           2 ) Una norma nacional que prevé, en caso de infracción
                                                                             probada de una de las prohibiciones recogidas en el
(') DO n° C 180 de 22 . 6 . 1996 .                                           artículo 1 del citado Reglamento, la confiscación de la
( 2 ) DO n° L 363 de 31 . 12 . 1991 , p . 36 .                                carga transportada por uno de los medios de transpor
                                                                              te indicados en el párrafo segundo del artículo 10 del
                                                                              mismo Reglamento, es compatible con este último y,
                                                                              en particular, con su artículo 1 0.
                                                                        (') DO n° C 208 de 12 . 8 . 1995 .
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                (2 ) DO n° L 102 de 28 . 4. 1993 , p. 14.
                      de 27 de febrero de 1997                          ( 3) DO n° L 102 de 28. 4. 1993, p. 17.
en el asunto C-l 77/95 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Consiglio di Stato): Ebony Maritime SA y
Loten Navigation Co. Ltd contra Prefetto della provincia
                        di Brindisi y otros H
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
 (Sanciones contra la República Federal de Yugoslavia —
Comportamiento en alta mar — Confiscación de un buque                                              ( Sala Quinta)
                            y de su carga)                                                  de 27 de febrero de 1997
                            ( 97/C 108/13 )                             en el asunto C-220/95 ( petición de decisión prejudicial
                                                                        planteada por el Arrondissementsrechtbank te Amster
                (Lengua de procedimiento: italiano)                     dam): Antonius van den Boogaard contra Paula Lau
                                                                                men (')
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal             (Convenio de Bruselas — Interpretación del párrafo segun
                              de Justicia »)                            do del artículo 1 — Concepto de regímenes matrimoniales
                                                                             — Concepto de obligación en materia de alimentos)
En el asunto C-l 77/95 , que tiene por objeto una petición                                        ( 97/C 108/14 )
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
del Tratado CE, por el Consiglio di Stato (Italia ), destina                        (Lengua de procedimiento: neerlandés)
da a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano ju
risdiccional entre Ebony Maritime SA, Loten Navigation                  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
Co. Ltd y Prefetto della provincia di Brindisi y otros, una             cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
decisión prejudicial sobre la interpretación de las letras c )                                      de Justicia»)
y d ) del apartado 1 del artículo 1 y del artículo 10 del Re
glamento ( CEE) n° 990/93 del Consejo, de 26 de abril de                En el asunto C-220/95 , que tiene por objeto una petición
 1993 , relativo al comercio entre la Comunidad Económica               dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo
Europea y la República Federal de Yugoslavia ( Serbia y                 de 3 de junio de 1971 , relativo a la interpretación por el
Montenegro ) (2 ) y de las letras c ) y d) del artículo 1 y del         Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de
 artículo 10 de la Decisión 93/235/CECA de los represen                 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de reso
tantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos               luciones judiciales en materia civil y mercantil, por el
 en el seno del Consejo, de 26 de abril de 1993 , relativa al           Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, destinada a ob
 comercio entre la Comunidad Europea del Carbón y del                   tener en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccio
 Acero y la República Federal de Yugoslavia ( Serbia y                   nal entre Antonius van den Boogaard y Paula Laumen,
 Montenegro ) (3 ), el Tribunal de Justicia, integrado por los           una decisión prejudicial sobre la interpretación del párrafo
 Sres . G. C. Rodríguez, Presidente; G. F. Mancini , J. L. Mu           segundo del artículo 1 del Convenio de 27 de septiembre
 rray y L. Sevón, Presidentes de Sala; C. N. Kakouris,                   de 1968 , antes citado (2), en su versión modifidada por el
 P. J. G. Kapteyn (Ponente ), C. Gulmann, D. A. O. Ed                   Convenio de 9 de octubre de 1978 , relativo a la adhesión
 ward, J. P. Puissochet, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jue                del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de
 ces; Abogado General : Sr. F. G. Jacobs; Secretaria: Sra. L.            Gran Bretaña e Irlanda del Norte ( 3 ), y por el Convenio de
 Hewlett, administradora; ha dictado el 27 de febrero de                 25 de octubre de 1982, relativo a la adhesión de la Repú
  1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                         blica Helénica (4 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ), in
                                                                         tegrado por los Sres .: J. C. Moitinho de Almeida, Presiden
  1 ) Las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 1 del Re           te de Sala; C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.P. Puissochet
        glamento (CEE) n° 990/93 del Consejo, de 26 de abril             y P. Jann ( Ponente ), Jueces; Abogado General : Sr. F. G. Ja
        de 1 993, relativo al comercio entre la Comunidad Eco           cobs; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
        nómica Europea y la República Federal de Yugoslavia              ha dictado el 27 de febrero de 1997 una sentencia cuyo
        (Serbia y Montenegro), prohíben no sólo la entrada               fallo es el siguiente:


title: Asunto T-109/06: Recurso interpuesto el  12 de abril de 2006  — Vodafone España y Vodafone Group/Comisión

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/46

         Recurso interpuesto el 12 de abril de 2006 — Vodafone España y Vodafone Group/Comisión
   (Asunto T-109/06)
   (2006/C 131/85)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: Vodafone España, SA (Madrid, España) y Vodafone Grupo plc (Newbury, Reino Unido) (representantes: J. Flynn, QC, E. McKnight y K. Fountoukakos-Kyriakakos, Solicitors)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión contenida en su escrito de 30 de enero de 2006 dirigida a la CMT española.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas de Vodafone en el presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes solicitan que se anule una decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas contenida en un escrito remitido el 30 de enero de 2006 a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones español (en lo sucesivo, «CMT»), adoptada con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco). (1)

   En la Decisión impugnada, la Comisión aprobó, una vez concluida la primera fase de investigación a la que se refiere el artículo 7 de la Directiva Marco y sin iniciar una investigación posterior de dos meses de duración con arreglo al artículo 7, apartado 4, segundo párrafo, el proyecto notificado a la Comisión por la CMT, mediante el que la CMT había decidido provisionalmente:

               i)

               declarar que Vodafone y otras dos empresas (Telefónica y Amena) poseen un peso significativo en el mercado al detentar, en conjunto, una posición de dominio colectiva en el mercado mayorista en el acceso y establecimiento de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil en España, e

               ii)

               imponer a las tres empresas la obligación de atender a las solicitudes razonables de acceso a sus redes y ofrecer condiciones razonables para proporcionar los servicios de acceso.

         Las demandantes alegan que la Decisión impugnada infringe el artículo 7 de la Directiva Marco en la medida en que la Comisión debería haber incoado la segunda fase de investigación ya que

               i)

               debería haber constatado que la CMT, basándose en los datos y en el razonamiento contenido en la medida propuesta, no podía afirmar justificadamente la existencia de una posición de dominio colectiva;

               ii)

               debería haber experimentado serias dudas sobre si la CMT aplicó el concepto de posición de dominio en el mercado de que se trata de una manera correcta habida cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia; y

               iii)

               debería haber experimentado serias dudas sobre si la CMT había comprobado y examinado todos los datos relevantes.

         Las demandantes añaden que la Decisión impugnada dispensa un trato desigual a empresas que se encuentran en situaciones comparables y crea obstáculos al mercado único en la medida en que es incoherente con otras decisiones adoptadas con arreglo al artículo 7 de la Directiva Marco.
   Por último, las demandantes afirman que la Comisión ha violado los derechos de defensa de las demandantes al no incoar la segunda fase de investigación y al privarles de la posibilidad de formular observaciones, en la primera fase de investigación de la Comisión, sobre los datos complementarios que la Comisión obtuvo de la CMT.

      (1)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco) (DO L 108, p. 33).


title: Asunto T-13/10: Recurso interpuesto el 20 de enero de 2010 — Goutier/OAMI — Rauch (ARANTAX)

text:
               27.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/35

         Recurso interpuesto el 20 de enero de 2010 — Goutier/OAMI — Rauch (ARANTAX)
   (Asunto T-13/10)
   2010/C 80/58
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Klaus Goutier (Fráncfort del Meno, Alemania) (representante: E.E. Happe, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Alemania)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 10 de noviembre de 2009 (en el asunto R 1769/2008-4), en la medida en que anuló la resolución recurrida y desestimó la solicitud de marca comunitaria para los siguientes servicios:

                           —

                           clase 35: servicios de asesoramiento fiscal, elaboración de declaraciones fiscales, contabilidad, servicios de auditoría, asesoramiento en materia de administración de empresas, asesoramiento de empresas.

                           —

                           clase 36: elaboración de peritajes y evaluaciones fiscales, operaciones de fusión y adquisición, en concreto asesoramiento financiero en materia de compraventa de empresas y participaciones en empresas.

                           —

                           clase 43: prestación de servicios legales, investigación legal.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «ARANTAX» para servicios de las clases 35, 36 y 42 (solicitud no4 823 084)

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Norbert Rauch

      Marca o signo invocados en oposición: La marca figurativa alemana «atarax» no30 168 707 para productos y servicios de las clases 9, 35, 37, 41 y 42

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación parcial de la resolución de la División de Oposición y desestimación parcial de la solicitud de marca comunitaria

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, (1) por considerar que entre las marcas en conflicto no existe ningún riesgo de confusión.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto T-7/16: Recurso interpuesto el 8 de enero de 2016 — La tarte tropézienne/OAMI (LA TARTE TROPÉZIENNE 1995. SAINT-TROPEZ)

text:
               7.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 90/22

         Recurso interpuesto el 8 de enero de 2016 — La tarte tropézienne/OAMI (LA TARTE TROPÉZIENNE 1995. SAINT-TROPEZ)
   (Asunto T-7/16)
   (2016/C 090/30)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: La tarte tropézienne (Cogolin, Francia) (representante: T. Cuche, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca comunitaria figurativa que incluye el elemento denominativo «LA TARTE TROPÉZIENNE 1995. SAINT-TROPEZ» — Solicitud de protección del registro no 1212405

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 26 de octubre de 2015 en el asunto R 720/2015-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare admisible el presente recurso.

               —

               Declare que la protección en la Unión Europea del Registro Internacional no 1212405 es válido para designar los siguientes productos: «harinas y preparaciones a base de cereales; azúcar; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; especias; masas para productos de pastelería y repostería; pasteles; pasteles congelados; creps (filloas)».

               —

               Como consecuencia de ello, anule parcialmente la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 26 de octubre de 2015 por haber denegado la protección en la Unión Europea del registro internacional no 1212405 para los siguientes productos: «harinas y preparaciones a base de cereales; azúcar; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; especias; masas para productos de pastelería y repostería; pasteles; pasteles congelados; creps (filloas)».

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-501/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — proceso penal contra Raffaele Russo (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia)

text:
               26.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/12

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — proceso penal contra Raffaele Russo
   (Asunto C-501/10) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por parte de la normativa nacional - Procedencia)
   2012/C 151/20
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

      Parte en el proceso penal principal

   Raffaele Russo

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que condiciona el ejercicio de dicha actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias a través de procedimientos de adjudicación que hubieran excluido ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE.

      Fallo

               1)

               Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

               2)

               Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

               3)

               De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 346, de 18.12.2010.


title: Asunto T-83/10: Recurso interpuesto el 19 de febrero de 2010 — Riva Fire/Comisión

text:
               17.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 100/65

         Recurso interpuesto el 19 de febrero de 2010 — Riva Fire/Comisión
   (Asunto T-83/10)
   2010/C 100/96
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Riva Fire SpA (Milán, Italia) (representantes: M. Merola, M. Pappalardo y T. Ubaldi, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

   Con carácter principal:

               —

               Que se anule totalmente la Decisión en el supuesto de que la instrucción ponga de manifiesto que, a efectos de su adopción, no se presentaron ante el colegio de comisarios todos los elementos fácticos y de Derecho que subyacen a dicha Decisión.

               —

               Que se anule, en cualquier caso, el artículo 1 de la Decisión en la medida en que declara que la demandante participó en un acuerdo continuado o en prácticas concertadas en relación con los redondos para cemento armado en barras o en rodillos, que tienen por objeto o por efecto la fijación de los precios y la limitación o el control de la producción o de las ventas en el mercado común.

               —

               Que se anule, consiguientemente, el artículo 2 de la Decisión de la Comisión en la medida en que impone a la demandante una multa de 26.9 millones de euros.

         Con carácter subsidiario:

               —

               Que se reduzca el importe de la multa de 26,9 millones de euros impuesta a la demandante en el artículo 2 de la Decisión y se proceda a efectuar una nueva determinación de dicha multa.

         Y, en cualquier caso:

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente solicita la anulación de la Decisión C(2009) 7492 final de la Comisión Europea, de 30 de septiembre de 2009, relativa a un procedimiento incoado con arreglo al artículo 65 CA (COMP/37.956 — Redondos para cemento armado, Nueva Decisión), completada y modificada por la Decisión C(2009) 9912 final de la Comisión Europea, de 8 de diciembre de 2009. En apoyo de su recurso, la sociedad invoca ocho motivos de anulación:

               Mediante el , la demandante invoca la incompetencia de la Comisión para declarar una infracción del artículo 65 CA, apartado 1, en relación con supuestos de hecho que están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha norma incluso después de la expiración del Tratado CA y para imponerle una sanción sobre la base de los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado 2, del Reglamento 1/2003, (1) a pesar de que dichas normas se refieren únicamente a las infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE (actualmente artículos 101 TFUE y 102 TFUE).

               Mediante el , la demandante sostiene que la Decisión controvertida infringe el artículo 10, apartados 3 y 5, del Reglamento (CEE) no 17/62 (2) y el artículo 14, apartados 1 y 3, del Reglamento (CE) no 1/2003 por cuanto de dicha Decisión no resulta que la Comisión haya procedido a realizar la consulta regular al comité consultivo prescrita en los citados artículos y que dicho comité haya recabado toda la información necesaria para poder llevar a cabo la plena apreciación, en cuanto al fondo, de la infracción reprochada a las empresas destinatarias de la Decisión.

               Mediante el , la recurrente sostiene que la Comisión infringió el artículo 36 CA, párrafo primero, dado que, al negarse a divulgar los criterios que utilizó para determinar la multa que les impuso, limitó la facultad de los destinatarios de las imputaciones de presentar observaciones.

               Mediante el , la demandante afirma que la Decisión controvertida infringe los artículos 10 y 11 del Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión, (3) en su versión completamente modificada por la Comisión, y el derecho de defensa de las empresas interesadas ya que, a raíz de la anulación de la Decisión originaria de la Comisión por parte del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión procedió a adoptar de nuevo la Decisión controvertida sin enviar a las empresas un nuevo pliego de cargos.

               Mediante el , la demandante impugna la falta de motivación de la Decisión, así como el carácter contradictorio de la misma en la medida en que, por un lado, la Comisión limita al territorio de la República Italiana el mercado geográfico de referencia y, por otro, sostiene que el presunto acuerdo puede tener consecuencias en los intercambios comunitarios a efectos de la aplicación del principio de lex mitior.

               Mediante el , la recurrente alega que el examen de la Comisión, tal como se expone en la Decisión, incurre en algunos errores de apreciación de los hechos, que dieron lugar a una aplicación incorrecta del artículo 65 CA en relación con diversos aspectos de la infracción reprochada y, en particular, con las partes del acuerdo que se refieren a la fijación del precio base de los redondos para cemento armado, la fijación de los precios de los suplementos por dimensión así como la limitación o el control de la producción de las ventas.

               Mediante el , la recurrente sostiene que la Decisión controvertida adolece de errores y está insuficientemente motivada (también debido a un defecto de instrucción) en cuanto a la imputación a la demandante de la infracción .

               Mediante el , la demandante alega una infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, de la Comunicación sobre la clemencia de 1996 y de las Directrices de la Comisión para el cálculo de las multas de 1998.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).

      (2)  CEE Consejo: Reglamento no 17: Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, L 13, p. 204; EE 08/01, p. 22).

      (3)  Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO L 123, p. 18).


title: Asunto C-323/02: Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2002 contra Sàrl Hydrowatt por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
23.11.2002              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 289/11
1.     Los artículos 16 y 18 del Sozialgesetzbuch —Gesetzliche           realización del proyecto «Nuevo grupo con turbina y generador
       Krankenversicherung— (SGB IV), que, en el presente                adaptado a pequeñas alturas de caída», que fue resuelto por la
       asunto, supeditan, por principio, el reembolso de los             Comisión en virtud de su artículo 8. El contrato se rige por el
       gastos de la asistencia odontológica prestada por un              Derecho francés y las partes acordaron someter al Tribunal de
       odontólogo en otro Estado miembro a la autorización del           Justicia de las Comunidades Europeas cualquier litigio que
       organismo de seguridad social del asegurado, ¿vulneran            pudiera surgir.
       los artículos 59 y 60 del Tratado CE cuando el sistema
       nacional de seguro obligatorio de enfermedad se caracte-
       riza por el principio de la prestación en especie (y no,
       como en la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril
       de 1998, Kohll, C-158/96 ( 1), por el principio de reem-
       bolso de los gastos?)
                                                                         Recurso de casación interpuesto el 18 de septiembre
2.     Si, en función de la respuesta a la primera cuestión,             de 2002 (fax de 12.9.2002) por SAT.1 SatellitenFernsehen
       la demandada estuviera obligada, por consideraciones
                                                                         GmbH contra la sentencia dictada el 2 de julio de 2002
       basadas en el Derecho comunitario, a reembolsar los               por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia
       gastos de la asistencia odontológica (en el presente              de las Comunidades Europeas en el asunto T-323/00,
       asunto, en la República de Austria), el importe del derecho       promovido por SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contra
       al reembolso, ¿corresponde a los gastos efectivamente             la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
       producidos y abonados o bien se limita a los baremos del
                                                                                dibujos y modelos) (OAMI)
       sistema nacional de seguro de enfermedad?
                                                                                (Asunto C-329/02 P)
( 1) Rec. 1998, p. I-1931.
                                                                                (2002/C 289/19)
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 18 de septiembre de 2002 (fax de 12.9.2002) un
Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2002 contra                   recurso de casación formulado por SAT.1 SatellitenFernsehen
Sàrl Hydrowatt por la Comisión de las Comunidades                        GmbH, representada por el Sr. Reinhard Schneider, abogado
                             Europeas                                    del despacho Büsing, Müffelmann & Theye, abogados,
                                                                         Marktstraße 3, D-28195 Bremen, que designa domicilio en
                        (Asunto C-323/02)                                Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 2 de julio de 2002
                                                                         por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                         Comunidades Europeas en el asunto T-323/00, promovido
                          (2002/C 289/18)                                por SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contra la Oficina de
                                                                         Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y mode-
                                                                         los) (OAMI).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 16 de septiembre de 2002 un recurso contra Sàrl            La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
Hydrowatt formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por el Sr. H. Støvlbæk, en calidad de
                                                                         1.    Anule la sentencia impugnada ( 1) en la medida en que
agente, y por el Sr. E. Cabau, en calidad de abogado, que
                                                                               desestimó la demanda presentada ( 2).
designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                         2.    Condene en costas a la OAMI.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que condene a Hydrowatt:
—      A pagar a la Comisión la cantidad de 25 109 euros más             Motivos y principales alegaciones
       intereses de demora por importe de 23 422,91 euros, es
       decir, una cantidad total de 48 531,91 euros.
                                                                         —     Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Regla-
                                                                               mento (CE) no 40/94 del Consejo, sobre la marca
—      A pagar las costas causadas a la Comisión por el presente
                                                                               comunitaria (en lo sucesivo, «RMC»): el Tribunal de
       procedimiento.
                                                                               Primera Instancia erró al admitir que el artículo 7,
                                                                               apartado 1, letra b), del RMC persigue el objetivo,
                                                                               derivado del interés general, de que los signos contempla-
Motivos y principales alegaciones                                              dos en este artículo puedan ser utilizados libremente por
                                                                               todas las personas. No existe ningún motivo claro para
                                                                               admitir que las indicaciones que únicamente carecen de
El recurso tiene por objeto la devolución de la parte de la                    idoneidad para distinguir las mercancías o las prestaciones
subvención concedida en virtud de un contrato para la                          de servicios según su procedencia sean de libre utilización.


title: Asunto T-371/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 24 de julio de 2006 — AITEC y otros/Comisión

text:
               30.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 237/14

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 24 de julio de 2006 — AITEC y otros/Comisión
   (Asunto T-371/05) (1)

   (2006/C 237/25)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 296, de 26.11.2005.


title: Asunto T-320/13: Recurso interpuesto el 13 de junio de 2013 — DelSolar (Wujiang)/Comisión

text:
               27.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 215/19

         Recurso interpuesto el 13 de junio de 2013 — DelSolar (Wujiang)/Comisión
   (Asunto T-320/13)
   2013/C 215/27
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang, China) (representantes: L. Catrain González, abogado, E. Wright y H. Zhu, Barristers)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento (UE) no 513/2013 de la Comisión (1) en la medida en que se aplique a la demandante.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la Comisión Europea incurrió en un manifiesto error de Derecho al ampliar el ámbito de aplicación del tercer guión del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51) (en lo sucesivo, «Reglamento de base») y revisar las presuntas distorsiones significativas que, al no haber sido heredadas del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado, quedaban claramente excluidas del ámbito del tercer guión del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la Comisión Europea concluyó erróneamente que los costes de producción y la situación financiera en general de la demandante estaban sometidas a distorsiones significativas heredadas del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado en los términos previstos en el tercer guión del Reglamento de base.

               3)

               Tercer motivo, en el que invoca que la Comisión Europea ha incurrido en un error de apreciación a la luz del hecho de que ni las ayudas insignificantes recibidas ni el régimen fiscal preferencial recibido por la demandante y su filial Delta Greentech (China) Co. Ltd. (en lo sucesivo, conjuntamente, «Grupo DelSolar») estaban «heredadas del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado».

               4)

               Cuarto motivo, basado en que la decisión de la Comisión Europea de desestimar la solicitud de trato de economía de mercado (en lo sucesivo, «TEM») de la demandante basándose únicamente en un régimen fiscal preferencial y en ayudas insignificantes es desproporcionada e innecesaria.

      (1)  Reglamento (UE) no 513/2013 de la Comisión, de 4 de junio de 2013, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China y se modifica el Reglamento (UE) no 182/2013, por el que se someten a registro las importaciones de dichos productos originarios o procedentes de la República Popular China (DO L 152, p. 5).


title: Asunto C-457/04: Recurso interpuesto el 29 de octubre de 2004 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/30

         Recurso interpuesto el 29 de octubre de 2004 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-457/04)
   (2005/C 6/55)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 29 de octubre de 2004 un recurso contra la República Portuguesa formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. A. Caeiros y G. Valero Jordana, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 2003/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               —

               Declare, con carácter subsidiario, que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 2003/17/CE, al no haber informado inmediatamente a la Comisión sobre dichas disposiciones.

               —

               Condene en costas a la República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 30 de junio de 2003.

      (1)  DO L 76. p. 10.


title: Asunto C-472/15 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de septiembre de 2015 por Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) y por Sace BT SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 25 de junio de 2015 en el asunto T-305/13, SACE y Sace BT/Comisión

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/19

         Recurso de casación interpuesto el 4 de septiembre de 2015 por Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) y por Sace BT SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 25 de junio de 2015 en el asunto T-305/13, SACE y Sace BT/Comisión
   (Asunto C-472/15 P)
   (2015/C 381/23)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrentes: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA (representantes: M. Siragusa y G. Rizza, avvocati)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República Italiana

      Pretensiones de las partes recurrentes

   SACE solicita al Tribunal de Justicia que estime el presente recurso de casación, anulando la resolución del Tribunal General contenida en el fallo de la sentencia recurrida, y estime, sin que resulte necesario devolver el asunto al Tribunal General, las pretensiones formuladas por las recurrentes en primera instancia, y en consecuencia:

               —

               Que se anule en su integridad la Decisión C(2013) 1501 final de la Comisión Europea, de 20 de marzo de 2013, relativa a las medidas SA.23425 ejecutadas por Italia en 2004 y en 2009 en favor de SACE BT S.p.A.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule en parte, en lo relativo a los motivos de casación que se estimen.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento, incluidas las relativas al procedimiento sobre medidas provisionales T-305/13 R.

      Motivos y principales alegaciones

         Primer motivo, relativo a la imputabilidad al Estado italiano de las medidas controvertidas: infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, según la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Stardust Marine (asunto C-482/99); error manifiesto de interpretación del punto 177, letra b), inciso i), de la Decisión; determinación de hechos cuya inexactitud material se desprende de la documentación del expediente y desnaturalización del contenido de la Decisión; motivación ilógica; motivación de la Decisión impugnada completada en modo indebido; aplicación incorrecta del principio de que la licitud de una decisión en materia de ayudas de Estado debe valorarse a la luz de la información que obra en poder de la Comisión en el momento en que la adoptó, en relación con los dos escritos del Ministerio de Economía y Hacienda (en lo sucesivo, «MEF») a SACE S.p.A presentados por el Gobierno italiano adjuntos a su escrito de intervención

               —

               La sentencia recurrida estableció el siguiente principio: el hecho de que la operación controvertida persiga intereses de la empresa pública coincidentes con un objetivo de interés general no significa necesariamente que dicha empresa haya podido adoptar su decisión sin tener en cuenta las exigencias de los poderes públicos. En opinión del Tribunal General, nada se opone a que el Estado pueda obligar a una empresa pública a llevar a cabo una operación de índole empresarial que, pese a poder ser conforme con el criterio del inversor privado en una economía de mercado (PIEM), será en cualquier caso imputable al Estado. Y, en consecuencia, no se exige que la Comisión demuestre, para que se cumpla el requisito de la imputabilidad, que el comportamiento de la empresa habría sido distinto si ésta hubiera actuado autónomamente. Con ese razonamiento, el Tribunal General se ha apartado de los principios establecidos en la sentencia Stardust Marine. De su sentencia se desprende que el mero hecho de que una empresa pública esté controlada por el Estado y sujeta a un régimen organizativo peculiar basta en sí mismo para llegar a la conclusión de que las autoridades públicas están siempre, y en todo caso, por definición, implicadas en la adopción de decisiones de intervención a favor de las empresas controladas por la citada empresa. En un supuesto como el que nos ocupa, la imputabilidad al Estado únicamente podrá excluirse cuando se demuestre que el Consejo de Administración de la sociedad matriz ha adoptado una decisión de contenido tal que no permita perseguir paralelamente también intereses de alcance general. En el presente asunto, esa decisión no podía ser otra que la liquidación de SACE BT, contra la que por otra parte por definición la Comisión no habría formulado ninguna objeción. Por el contrario, aunque la medida adoptada por la empresa pública pueda en abstracto responder a un objetivo de interés general o fuera adoptada teniendo en cuenta también dicho interés, debe presumirse que el Consejo de Administración haya llegado a esa resolución porque al tomar la decisión no podía no tomar en consideración las exigencias de los poderes públicos, y no se permite, ni resulta posible, aportar la prueba en contrario.

               —

               Los indicios generales de la imputabilidad utilizados por la Comisión y aprobados por el Tribunal General no mencionan el grado de autonomía con el cual el Consejo de Administración de SACE S.p.A. gestionaba y gestiona la empresa: y ello no solo considerados cada uno de ellos de modo aislado del resto, sino también considerados en su conjunto. Esos indicios únicamente permitían demostrar el hecho de que el 2009 el Estado italiano controlaba SACE S.p.A. al ser propietario de la totalidad de las acciones. La sentencia Stardust Marine exige no obstante, que los indicios que puedan utilizarse para demostrar la implicación del Estado estén estrechamente relacionados con las medidas en cuestión, habida cuenta de su amplitud, de su contenido y de las condiciones que implican. La sentencia recurrida reconoce expresamente que los indicios de imputabilidad utilizados en la decisión —todos, excepto uno, relativos a la actividad de SACE en el seguro de los riesgos no de mercado, sector en el que SACE BT no está presente— se refieren por el contrario al contexto general en el que SACE S.p.A. opera, y no a las circunstancias concretas y al contexto en el que se adoptaron las medidas controvertidas. No obstante, el Tribunal General no declaró que dichos indicios fueran por su naturaleza inadecuados para servir de fundamento a la presunción de que el Estado está en concreto implicado en la adopción de las medidas en cuestión. De ese modo, el Tribunal General, al examinar la imputabilidad, centró su atención en el conjunto de las relaciones entre el Estado y las empresas que responden al modelo organizativo de las empresas públicas participadas —calificadas expresamente por la ley como società per azioni, en el ordenamiento italiano— con el resultado de privar de toda relevancia al objeto específico, a la naturaleza específica y al contenido específico de las medidas en cuestión así como a las motivaciones concretas que sirvieron de fundamento a su adopción. En realidad, los indicios que utiliza la Comisión señalan que es muy improbable que haya habido implicación alguna del Estado en la adopción de las medidas controvertidas.

               —

               Por el contrario, al analizar el requisito de la imputabilidad, el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho acreditado de que por ley el MEF no dirige ni coordina las sociedades participadas, como SACE alegó en su recurso, citando las normas pertinentes. Además, el Tribunal General aplicó erróneamente el principio de que la licitud de una decisión en materia de ayudas de Estado debe valorarse a la luz de la información que obraba en poder de la Comisión en el momento de su adopción, por lo que respecta a los dos escritos de MEF a SACE S.p.A. presentados por el Gobierno italiano en anexo a su escrito de intervención. En efecto, dichos escritos confirman el principio de la autonomía de gestión en la relación MEF/SACE S.p.A., extremo que conocía la Comisión, ya que en repetidas ocasiones el Gobierno italiano había informado al respecto a la Comisión durante el procedimiento de examen profundo con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2. Por tanto, ambos documentos solo fueron invocados para confirmar las alegaciones anteriores, sin aportar ninguna modificación significativa a los elementos esenciales de la medida objeto del examen.

         Segundo motivo, basado en la inexistencia de la ventaja que se afirma que fue concedida a SACE BT por la segunda medida controvertida: infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y aplicación errónea del PIEM; determinación de hechos cuya inexactitud material se desprende de los documentos del expediente; desnaturalización de la alegación de que SACE S.p.A se benefició de hecho de un incremento implícito de 5/12 del tipo de la comisión percibida respecto a la abonada por SACE BT a los aseguradores privados, error en la calificación de tal alegación como motivo nuevo inadmisible

               —

               El Tribunal General —haciendo gala, al igual que anteriormente la Comisión, de conocimientos y comprensión limitados de las dinámicas de la industria de los seguros, con particular referencia al reaseguro del tipo de exceso de pérdida [Excess of Loss (Xol)]— incurrió en errores graves y manifiestos, determinando hechos cuya inexactitud material resulta de la documentación del expediente. La exposición a los riesgos del reasegurador en exceso de siniestro no aumenta si la participación del reasegurador a la cobertura es muy elevada: y ello debido a que a la mayor cuota de participación en el convenio XoL corresponde una comisión percibida proporcional. Además, el riesgo para el reasegurador no aumenta en el supuesto en que el cedente se encuentre en dificultades económicas ya que en un convenio XoL el riesgo de pérdida principal para el reasegurador no está relacionado con las dificultades de la compañía cedente, sino con el riesgo de insolvencia de los adquirentes de los asegurados. Debe añadirse que el riesgo de default de la cedente SACE BT, incluso en el supuesto de dificultades económicas, era completamente inexistente, toda vez que el pago a la sociedad controlante de la comisión por la suscripción del tratado de reaseguro se producía en un único plazo y de modo anticipado, y en caso de impago no se activaba dicha cobertura reaseguradora. El convenio XoL en cuestión no se refería únicamente al 25 % de los riesgos reasegurados por SACE BT y, por tanto, es falso que un segundo tratado, con previsión de una comisión distinta, pudiera haberse negociado con SACE S.p.A. por lo que respecta al saldo de la cobertura de reaseguro, como se afirma en la sentencia. Por último, el Tribunal General desnaturalizó por completo la alegación de que —al no haber entrado SAE S.p.A. en el tratado, y por tanto en la cobertura de reaseguro de los riesgos, hasta el 5 de junio de 2009, pese a haber recibido como contraprestación una comisión calculada sobre una base anual— la citada sociedad se benefició, de hecho, de un incremento implícito de 5/12 del tipo de la comisión percibida respecto al de la comisión abonada por SACE BT a los reaseguradores privados, teniendo en cuenta el período de riesgo ya transcurrido sin que se produjeran siniestros. Como esas circunstancias se desprenden de la decisión impugnada, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al afirmar que aquéllas no se pusieron en conocimiento de la Comisión durante el procedimiento administrativo. Al limitarse SACE a formular —en el contexto, y como ampliación, de segundo motivo de recurso propiamente dicho— una alegación adicional de prueba de la inexistencia del requisito sustancial de la ventaja, el Tribunal General incurrió en error al califica la alegación en cuestión de motivo nuevo inadmisible.

         Tercer motivo, relativo a la falta de ventaja afirmada concedida a SACE BT por las medidas controvertidas tercera y cuarta: infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y aplicación incorrecta del PIEM; integración indebida de la motivación de la decisión impugnada

               —

               El Consejo de Administración de SACE S.p.A. actuó de modo análogo a la dirección de otros operadores privados que, debido al elevado nivel de incertitud y de urgencia que presentaba el contexto del mercado de 2009, procedieron a análogas inyecciones de capital en sociedades que controlaban, pese a la falta de previsiones relativas a flujos de caja futuros que fundamentasen desde un punto de vista contable la expectativa de la rentabilidad adecuada de las mismas al menos a largo plazo. Esa constatación objetiva, que se desprendía de la mera observación de las dinámicas existentes en el mercado en un momento histórico concreto, debería haber prevalecido sobre cualquier observación de carácter teórico o especulativo de la Comisión al aplicar el PIEM. Además, la Decisión no cita ni un solo caso concreto de sociedad privada, que opere en condiciones normales de mercado que, ante graves dificultades determinadas por la crisis, haya sido liquidada por sus accionistas en lugar de ser recapitalizada. No puede entenderse, y en ningún caso ha explicado el Tribunal General, por qué SACE continúa obligada a valorar con carácter previo la rentabilidad futura de SACE BT y a transmitir a la Comisión los elementos de valoración preliminares adecuados, pese a que de los datos del mercado se desprendiese que los inversores privados no lo habían hecho. Por último, ya que la Comisión consideró durante su examen profundizado que no debía valorar con la debida atención las alegaciones formuladas por SACE con vistas a la aplicación del criterio empírico en el contexto del PIEM, el Tribunal General incurrió en error al declarar que aquélla estaba facultada para rechazarlas, debido a la probabilidad abstracta de que la operaciones sobre el capital efectuadas por los operadores privados se consideraran a su vez no conformes con el PIEM al contener elementos de ayuda.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de septiembre de 2001 en el asunto T-95/01: Gérald Coget y otros contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Puesto de Secretario General — Convocatoria de candidaturas — Experiencia de "alto nivel" — Amplia facultad de apreciación de la institución — Convocatoria para una entrevista)

text:
5.1.2002                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 3/31
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                  de 20 de septiembre de 2001
                                                                                de 20 de septiembre de 2001
en el asunto T-171/00: Peter Spruyt contra Comisión de
                  las Comunidades Europeas (1)
                                                                           en el asunto T-95/01: Gérald Coget y otros contra Tribunal
(Funcionarios — Cobertura de los riesgos de accidente y de                          de Cuentas de las Comunidades Europeas (1)
enfermedad profesional — Concesión de las prestaciones
previstas en el artı́culo 73 del Estatuto — Accidente de
                              parapente)                                   (Funcionarios — Puesto de Secretario General — Convocato-
                                                                           ria de candidaturas — Experiencia de «alto nivel» — Amplia
                            (2002/C 3/53)                                  facultad de apreciación de la institución — Convocatoria
                                                                                para una entrevista)
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (2002/C 3/54)
En el asunto T-171/00, Peter Spruyt, funcionario de la
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                                      (Lengua de procedimiento: francés)
Arolo di Leggiuno (Italia), representado por Me E. Boigelot,
abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comi-
sión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall), que
tiene por objeto una solicitud de anulación de la decisión de la
Comisión de 13 de septiembre de 1999, por la que se deniega
al demandante la aplicación del artı́culo 73 del Estatuto de los
Funcionarios de las Comunidades Europeas, el Tribunal de                   En el asunto T-95/01, Gérald Coget, funcionario del Tribunal
Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. J. Azizi,           de Cuentas de las Comunidades Europeas, con domicilio
Presidente; los Sres. K. Lenaerts y M. Jaeger, Jueces; Secretario:         en Hettange-Grande (Francia), Pierre Hugé, funcionario del
Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 20 de               Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, con
septiembre de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:               domicilio en Bonnevoie (Luxemburgo), Emmanuel Gabolde,
                                                                           funcionario del Tribunal de Cuentas de las Comunidades
                                                                           Europeas, con domicilio en Metz (Francia), representados
1)    Se anula la decisión de la Comisión de 13 de septiembre de         por el Sr. A. Soulier, abogado, que designan domicilio en
      1999, por la que se deniega al demandante de la aplicación del      Luxemburgo, contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades
      artı́culo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades     Europeas (agentes: Sres. J.-M. Steniery P. Giusta, Sra. B. Schäfer
      Europeas.                                                            y Sr. D. Waelbroeck), que tiene por objeto una pretensión de
                                                                           anulación de la decisión del Tribunal de Cuentas de 22 de
                                                                           febrero de 2001 por la que se nombra al Sr. Michel Hervé para
2)    Se condena a la Comisión a reembolsar al demandante los             ocupar el puesto de Secretario General de la institución con
      gastos médicos derivados de su accidente de parapente de 9 de        efectos de 1 de julio de 2001, el Tribunal de Primera Instancia
      mayo de 1999 que sobrepasen los que le fueron reembolsados           (Sala Tercera), integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y los
      con arreglo al artı́culo 72 del Estatuto más unos intereses de      Sres. K. Lenaerts y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers,
      demora del 6,25 % a partir del 13 de septiembre de 1999.             administrador, ha dictado el 20 de septiembre de 2001 una
                                                                           sentencia cuyo fallo es el siguiente:
3)    Se condena a la Comisión a hacerse cargo de las incapacidades
      temporales total y parcial ası́ como de la incapacidad perma-
      nente parcial del demandante, causadas por dicho accidente, en
      las condiciones fijadas por el artı́culo 73 del Estatuto y por la    1)    Se desestima el recurso.
      normativa relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y de
      enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades
      Europeas.                                                            2)    Cada parte soportará sus propias costas, incluidas las relativas
                                                                                a los dos procedimientos sobre medidas provisionales.
4)    Se condena en costas a la Comisión.
                                                                           (1) DO C 186 de 30.6.2001.
(1) DO C 247 de 26.8.2000.


title: Asunto C-274/01: Recurso interpuesto el 12 de julio de 2001 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
1.9.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 245/15
Recurso interpuesto el 12 de julio de 2001 contra el Reino               Recurso de casación interpuesto el 13 de julio de 2001
de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas                  por el Parlamento Europeo contra la sentencia dictada el
                                                                         3 de mayo de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de
                                                                         Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                        (Asunto C-274/01)                                asunto T-99/00, promovido en su contra por Ignacio
                                                                                Samper
                         (2001/C 245/27)                                                       (Asunto C-277/01 P)
                                                                                (2001/C 245/28)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 12 de julio de 2001 un recurso contra el Reino
de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades                 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Europeas, representada por la Sra. M. Wolfcarius, en calidad             presentado el 13 de julio de 2001 un recurso de casación
de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.                          formulado por el Parlamento Europeo, representado por los
                                                                         Sres. H. von Hertzen y D. Moore, que designa domicilio en
                                                                         Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 3 de mayo por la
                                                                         Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunida-
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal            des Europeas en el asunto T-99/00, promovido en su contra
de Justicia que:                                                         por Ignacio Samper.
1)    Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
      98/76/CE del Consejo, de 1 de octubre de 1998, por la
      que se modifica la Directiva 96/26/CE relativa al acceso a         —     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
      la profesión de transportista de mercancı́as y de transpor-             recurrida.
      tista de viajeros por carretera, ası́ como al reconocimiento
      recı́proco de los diplomas, certificados y otros tı́tulos
      destinados a favorecer el ejercicio de la libertad de              —     Se pronuncie definitivamente sobre el litigio y desestime
      establecimiento de estos transportistas en el sector de los              el recurso de anulación del Sr. Samper por infundado.
      transportes nacionales e internacionales (1), al no haber
      adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y admi-         —     Subsidiariamente, devuelva el asunto al Tribunal de
      nistrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispue-                Primera Instancia para que se pronuncie de nuevo sobre
      sto en dicha Directiva.                                                  el recurso de anulación del Sr. Samper.
2)    Condene en costas al Reino de Bélgica.                             —     Decida sobre las costas como mejor proceda en derecho.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones
                                                                         El Parlamento alega que el Tribunal de Primera Instancia ha
                                                                         desvirtuado los elementos de prueba y se ha extralimitado en
El artı́culo 2, apartado 1, de la Directiva de que se trata              el ejercicio de su control jurisdiccional.
establece que los Estados miembros pondrán en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesa-
rias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a            Desvirtuación de los elementos de prueba:
más tardar el 1 de octubre de 1999, e informarán de ello a la
Comisión.
                                                                         El Tribunal de Primera Instancia yerra al declarar, e el
                                                                         apartado 40 de la sentencia, que para el ejercicio de 1997, el
Bélgica aún no ha adoptado las medidas necesarias.                      criterio «determinante» debı́a ser, según la decisión de la
                                                                         autoridad facultada para proceder a los nombramientos
                                                                         (AFPN), el nivel de las responsabilidades ejercidas, el grado de
                                                                         compromiso personal y la constancia del esfuerzo desplegado
(1) DO L 277 de 14.10.1998, p. 17.                                       en tales responsabilidades. Sin embargo, la decisión impugnada
                                                                         sólo tiene en cuenta los datos resultantes de los informes de
                                                                         calificación y sólo se refiere a una comparación de las
                                                                         responsabilidades ejercidas par justificar su decisión de no
                                                                         seguir las propuestas del Comité de promoción.


title: Asunto T-131/12: Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2012 — Spa Monopole/OAMI — Orly International (SPARITUAL)

text:
               9.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/24

         Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2012 — Spa Monopole/OAMI — Orly International (SPARITUAL)
   (Asunto T-131/12)
   2012/C 165/41
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés

      Partes

      Demandante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Bélgica) (representantes: L. De Brouwer, E. Cornu y É. De Gryse, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Orly International, Inc (Van Nuys, Estados Unidos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 9 de enero de 2012, en el asunto R 2396/2010-1.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «SPARITUAL» para bienes de la clase 3 — Marca comunitaria solicitada no 3631884

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La parte demandante

      Marca o signo invocado: Registros Benelux de las marcas denominativas «SPA» y «Les Thermes de Spa» para bienes y servicios de las clases 3, 32 y 42

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la solicitud de marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución impugnada y desestimación de la oposición

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009 en la apreciación de la notoriedad de la marca denominativa «SPA» en la clase 32 e infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento no 207/2009 en la apreciación del riesgo de aprovecharse indebidamente de la notoriedad de la marca «SPA».


title: Asunto T-483/10: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — The Pukka Luggage Company/OAMI — Jesús Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/50

         Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — The Pukka Luggage Company/OAMI — Jesús Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)
   (Asunto T-483/10)
   ()
   2010/C 328/78
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: The Pukka Luggage Company Ltd (Londres) (representantes: K.E. Gilbert y M.H. Blair, Solicitors)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (San Sebastián)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 29 de julio de 2010, en el asunto R 1175/2008-4.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la resolución impugnada por cuanto estima la oposición contra «luggage».

               —

               O, con carácter subsidiario, que se anule la resolución impugnada por cuanto estima la oposición contra «hard suitcases, hard trolley cases».

               —

               Que se condene a la demandada y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a cargar con sus propias costas y con las de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «PUKKA» para productos de la clase 18 — Solicitud de marca comunitaria no 4.061.545

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocados en oposición: Registro español no 1.570.450 de la marca figurativa «PUKAS», para productos de la clase 18; Registro comunitario no 19.802 de la marca figurativa «PUKAS», para productos y servicios de las clases 25, 28 y 39.

      Resolución de la División de Oposición: Estimó parcialmente la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimó el recurso

      Motivos invocados: La demandante considera que la resolución impugnada infringe el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, pues la Sala de Recurso erró en su apreciación de la similitud de los productos y en su apreciación de la marca impugnada en relación con la marca anterior.


title: Asunto T-233/08: Recurso interpuesto el 16 de junio de 2008 — MPDV Mikrolab/OAMI (ROI ANALYZER)

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/49

         Recurso interpuesto el 16 de junio de 2008 — MPDV Mikrolab/OAMI (ROI ANALYZER)
   (Asunto T-233/08)
   (2008/C 223/86)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Alemania) (representante: W. Göpfert, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 15 de abril de 2008, dictada en el asunto R 1525/2006-4.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «ROI ANALYZER» para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35 y 42 (solicitud no 4.866.042).

      Resolución del examinador: Denegación parcial de registro solicitado.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento (CE) no 40/94 (1), en la medida en que la marca solicitada no carece de carácter distintivo ni se da ningún imperativo de disponibilidad.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto F-129/15: Auto del Tribunal de la Función Pública de 17 de diciembre de 2015 — Morin/Comisión

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/102

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 17 de diciembre de 2015 — Morin/Comisión
   (Asunto F-129/15) (1)

   (2016/C 048/121)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 414, de 14.12.2015, p. 44.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2002 en el asunto T-82/02: Wolf-Dieter Yorck von Wartenburg contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Plazo para recurrir — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
C 70/22                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              22.3.2003
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                Sr. H.-H.R. Heyland, abogado, contra Comisión de las Comuni-
                                                                           dades Europeas (agente: Sr. J. Currall) y Parlamento Europeo
                      de 23 de enero de 2003                               (agentes: Sr. U. Rösslein y Sra. L.G. Knudsen), que tiene por
                                                                           objeto la anulación de la decisión del Parlamento de 28 de
en el asunto T-181/01: Chantal Hectors contra Parlamento                   mayo de 2001 por la que se deniega aplicar a la pensión del
                              Europeo (1)                                  demandante el coeficiente aplicable a los titulares de una
                                                                           pensión comunitaria que residen en Alemania con arreglo al
                                                                           artículo 82 del Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
(Funcionarios — Agentes temporales — Selección — Moti-
                                                                           Primera), integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y de los
vación — Error manifiesto de apreciación — Igualdad de
                                                                           Sres. R.M. Moura Ramos y H. Legal, Jueces; Secretario:
                  trato entre hombres y mujeres)
                                                                           Sr. H. Jung, ha dictado el 11 de diciembre de 2002 un auto
                                                                           resolviendo lo siguiente:
                           (2003/C 70/35)
                                                                           1)    Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
En el asunto T-181/01, Chantal Hectors, con domicilio en                   (1 ) DO C 156 de 29.6.02.
Bruselas, representada por Mes G. Vandersanden y L. Levi,
abogados, contra Parlamento Europeo (agentes: Sres. H. von
Hertzen y J. F. de Wachter), que tiene por objeto, por una
parte, un recurso de anulación de las decisiones de la autoridad
facultada para celebrar contratos de trabajo por las que se                     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
nombraba al Sr. B. para ocupar el puesto de administrador de
lengua neerlandesa del grupo del partido popular europeo                                        de 16 de enero de 2003
(demócrata-cristianos) y demócratas europeos del Parlamento
Europeo y se rechazaba la candidatura de la demandante para                en el asunto T-201/02, Pierre Tomarchio contra Tribunal
este puesto y, por otra parte, la condena del Parlamento al                         de Cuentas de las Comunidades Europeas ( 1)
pago de daños y perjuicios en concepto de los perjuicios
material y moral que la demandante supuestamente ha sufrido,
                                                                           («Funcionarios — Denegación de nueva clasificación a un
el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el           funcionario por parte de su institución de origen — Recurso
Sr. J. D. Cooke, Presidente, y del Sr. R. García-Valdecasas y la
                                                                           de anulación dirigido contra la institución a la que fue
Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González,                                transferido — Inadmisibilidad»)
administrador principal, ha dictado el 23 de enero de 2003
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                                (2003/C 70/37)
1)     Desestimar el recurso.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
2)     Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                           En el asunto T-201/02, Pierre Tomarchio, antiguo funcionario
( 1) DO C 303 de 27.10.01.
                                                                           de las Comunidades Europeas, con residencia en Nancy
                                                                           (Francia), representado por M e Nicolas Lhoëst, abogado, que
                                                                           designa domicilio en Luxemburgo, contra el Tribunal de
                                                                           Cuentas de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. J.-
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                M. Stenier y P. Giusta), que tiene por objeto la anulación del
                                                                           acto que adoptó el 26 de febrero de 2002 el Tribunal de
                   de 11 de diciembre de 2002                              Cuentas relativo a la solicitud de nueva clasificación presentada
                                                                           por el demandante, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
en el asunto T-82/02: Wolf-Dieter Yorck von Wartenburg                     Primera), integrado por los Sres. B. Vesterdof, Presidente,
                                                                           R.M. Moura Ramos y H. Legal, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung,
      contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                           ha dictado el 16 de enero de 2003 un auto cuyo fallo es el
                                                                           siguiente:
(Funcionarios — Plazo para recurrir — Inadmisibilidad
                              manifiesta)
                                                                           1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
                           (2003/C 70/36)                                  2)    Desestimar la solicitud del demandante de que se acumulasen
                                                                                los asuntos T-173/02 y T-201/02 a efectos de la sentencia.
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           3)    Cada parte cargará con sus propias costas.
En el asunto T-82/02, Wolf-Dieter Yorck von Wartenburg,                    (1 ) DO C 233 de 28.09.02.
antiguo agente temporal del Parlamento Europeo, con
domicilio en Wittibreut (Alemania), representado por el


title: Asunto C-150/00: Recurso interpuesto el 19 de abril de 2000 contra la República de Austria por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 163/22                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     10.6.2000
— La Comisión reprocha además a Francia:                             Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Justicia que:
    — haber calculado incorrectamente el coste neto de las             1. anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de
        «zonas no rentables»;                                              febrero de 2000, en el asunto T-111/97,
                                                                       2. remita el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia para
    — no haber tenido en cuenta los beneficios inmateriales                que el mismo, previa la tramitación que corresponda,
        de que disfrutaba France Télécom por el hecho de                   resuelva sobre el fondo del recurso,
        prestar el servicio universal; y
                                                                       3. reserve la decisión sobre las costas.
    — haber infringido la norma según la cual «en el cálculo
        de los costes netos se tendrán en cuenta los ingresos.        Motivos y principales alegaciones
        Los costes y los ingresos se expresarán como previsio-
        nes» (Anexo III de la Directiva 97/33/CE), negándose a
                                                                       Infracciones de derecho: los recurrentes continúan alegando
        corregir las cifras de previsiones para 1998 por cuanto
                                                                       que la decisión de 7 de febrero de 1996 (publicada en las
        resultarı́a delicado integrar (los progresos metodológi-
                                                                       Informaciones Administrativas de 27 de marzo de 1996)
        cos realizados) en la evaluación definitiva para 1998
                                                                       constituı́a un hecho nuevo, que justificaba la apertura de un
        habida cuenta de la exigencia de una determinada
                                                                       nuevo plazo para la impugnación de las decisiones de la
        estabilidad de los métodos de evaluación para un año
                                                                       Comisión de clasificación de los recurrentes en el grado en el
        determinado.
                                                                       momento de su nombramiento como funcionarios de la
                                                                       Comisión.
— El Derecho interno francés no se ha adaptado completa-
    mente al artı́culo 5, apartado 5, párrafo segundo de la           Los recurrentes consideran, además, que, para apreciar la
    Directiva 97/33/CE y, en cualquier caso, las autoridades           presentación en plazo de dicha petición, la Comisión, y
    francesas no han aplicado correctamente el citado precepto         posteriormente el Tribunal de Primera Instancia, debieron de
    por lo que atañe a la publicación de las aportaciones            tener en cuenta el deber de asistencia a los funcionarios que
    individuales de los operadores afectados a la financiación        recae sobre las instituciones comunitarias. El auto recurrido
    del servicio universal.                                            guarda silencio sobre esta alegación de los recurrentes.
(1) DO L 192, de 24.7.1990, p. 10.
(2) DO L 74, de 22.3.1996, p. 13.
(3) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32.
                                                                       Recurso interpuesto el 19 de abril de 2000 contra la
                                                                       República de Austria por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                                                                                (Asunto C-150/00)
                                                                                (2000/C 163/40)
Recurso de casación interpuesto por los Sres. G. Valero
Jordana y S. Vadé el 19 de abril de 2000 contra la                     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
resolución dictada el 9 de febrero de 2000 por la Sala                presentado el 19 de abril de 2000 un recurso contra la
Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-               República de Austria formulado por la Comisión de las
dades Europeas en el asunto T-111/97 entre G. Valero                   Comunidades Europeas, representada por el Sr. Josef Christian
Jordana y S. Vadé y la Comisión de las Comunidades                    Schieferer, miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión de
                             Europeas                                  las Comunidades Europeas que designa como domicilio en
                                                                       Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                       miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner
                      (Asunto C-149/00 P)                              C 254, Kirchberg.
                         (2000/C 163/39)                               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                       1. Declare que la República de Austria ha incumplido las
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 28
presentado el 19 de abril de 2000 un recurso de casación                  CE (antiguo artı́culo 30 del Tratado CE), al calificar de
interpuesto por los Sres. G. Valero Jordana y S. Vadé, represen-           medicamentos preparados con vitaminas y preparados con
tados por el Sr. C. Amo Quiñones, abogado, con domicilio en               minerales cuando superan la dosis diaria normal o con
Bruselas en 23 avenue Jacques Pastur, B-1180 Bruxelles, contra             carácter general, cuando contienen la vitamina A, D y K o
la resolución dictada el 9 de febrero de 2000 por la Sala                 minerales del grupo de los eromatos sin indicar que,
Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades               debido a la mayor dosis vitamı́nica, o a las vitaminas o
Europeas en el asunto T-111/97 entre Valero Jordana y Vadé                 minerales que contienen, existe un riesgo serio para la
y Comisión de las Comunidades Europeas,                                   salud.
 ---pagebreak--- 10.6.2000                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 163/23
2. Condene en costas a la demandada.                                                   Archivo del asunto C-218/99 (1)
Motivos y principales alegaciones                                                               (2000/C 163/43)
La Comisión considera que la práctica austriaca no es compati-
ble con el principio de proporcionalidad (artı́culo 30 CE). La          Mediante auto de 15 de marzo de 2000, el Presidente del
práctica no tiene en cuenta que entre las vitaminas y los              Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
minerales existen algunos con un mayor o menor grado de                 archivar el asunto C-218/99: Comisión de las Comunidades
nocividad. Una normativa menos restrictiva consistirı́a en              Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo.
determinar para cada vitamina o mineral un valor lı́mite a partir
del cual deba calificarse como medicamento un preparado que
contenga dicha sustancia. Por ello resulta demasiado general            (1) DO C 266 de 7.8.1999.
como criterio de delimitación la dosis diaria normal.
Al mismo tiempo la práctica aludida no tiene en cuenta que
cada Estado miembro debe demostrar respecto a cada producto
concreto que éste supone un riesgo serio para la salud. Es
ilı́cito exigir del solicitante la prueba del carácter no nocivo,
puesto que precisamente el Estado miembro debe probar el
riesgo para la salud de la concentración superior, en tanto no                        Archivo del asunto C-361/99 (1)
se hayan alcanzado los valores lı́mite crı́ticos admitidos por las
instituciones cientı́ficas.
                                                                                (2000/C 163/44)
                                                                        Mediante auto de 16 de marzo de 2000, el Presidente del
                                                                        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                 Archivo del asunto C-406/99 (1)                        archivar el asunto C-361/99 (petición de decisión prejudicial
                                                                        del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Silveria Gäng
                          (2000/C 163/41)                               contra Republik Österreich.
Mediante auto de 13 de marzo de 2000, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido            (1) DO C 6 de 8.1.2000.
archivar el asunto C-406/99: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República Federal de Alemania.
(1) DO C 366 de 18.12.1999.
                                                                                Archivo del asunto C-438/98 (1)
                 Archivo del asunto C-221/98 (1)
                                                                                (2000/C 163/45)
                          (2000/C 163/42)
Mediante auto de 14 de marzo de 2000, el Presidente de la               Mediante auto de 20 de marzo de 2000, el Presidente de la
Sala Quinta del Tribunal de Justicia de las Comunidades                 Sala Primera del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha decidido archivar el asunto C-221/98: Comisión             Europeas ha decidido archivar el asunto C-438/98: Comisión
de las Comunidades Europeas contra República Francesa.                 de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxem-
                                                                        burgo.
(1) DO C 278 de 14.3.2000.
                                                                        (1) DO C 20 de 23.1.1999.