title: Asunto C-639/11: Recurso interpuesto el 13 de diciembre de 2011 — Comisión Europea/República de Polonia

text:
               10.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/16

         Recurso interpuesto el 13 de diciembre de 2011 — Comisión Europea/República de Polonia
   (Asunto C-639/11)
   2012/C 73/29
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Wilms, G. Zavvos y K. Herrmann)

      Demandada: República de Polonia

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 bis de la Directiva 70/311/CEE, relativa a la homologación de los mecanismos de dirección; (1) del artículo 4, apartado 3, de la Directiva marco 2007/46/CE, relativa a la homologación CE de los vehículos a motor, (2) y del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al supeditar la matriculación en Polonia de automóviles nuevos o previamente matriculados en otros Estados miembros cuyo mecanismo de dirección se encuentre a la derecha a la instalación del volante en el lado izquierdo.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión reprocha a la República de Polonia la infracción del artículo 2 bis de la Directiva 70/311/CEE, del artículo 4, apartado 3, de la Directiva marco 2007/46/CE, y del artículo 34 TFUE.
   En la República de Polonia rige la regla de conducción por la derecha. Con arreglo a las disposiciones legales polacas, para la matriculación de un vehículo a motor se exige un certificado acreditativo de que el vehículo ha superado determinadas pruebas técnicas. Basándose en los Reglamentos del Ministerio de Infraestructuras, (3) se considera que no superan la inspección técnica aquellos vehículos en que el volante se encuentra a la derecha (es decir, se considera que sus condiciones técnicas no responden a las exigencias técnicas vigentes). Como consecuencia de ello, los automóviles con el volante a la derecha que han obtenido un permiso de circulación en los Estados miembros en que se circula a la izquierda, como el Reino Unido, Irlanda, Malta y Chipre, no pueden ser matriculados en Polonia. Las autoridades polacas tampoco toman en consideración la circunstancia de que tales vehículos hayan sido matriculado previamente en otros Estados miembros en los que se circule por la derecha.
   El hecho de que en Polonia no sea posible matricular automóviles (nuevos o usados) importados de los Estados miembros en que se circula por la izquierda –principalmente por ciudadanos que hacen uso de las ventajas de la libertad de circulación reconocida por el Derecho de la Unión– no puede justificarse, en opinión de la Comisión, por un motivo imperioso de interés general vinculado con la garantía de la seguridad vial.
   Dicha institución señala que si los vehículos no matriculados en Polonia que tienen el volante a la derecha pueden circular sin limitación alguna en Polonia, la prohibición de matricularlos no constituye un medio apropiado ni en todo caso proporcionado para alcanzar el objetivo invocado.
   Según la Comisión, precisamente el uso continuado de tales vehículos en las vías en que se circula por la derecha llevaría a la adquisición de práctica y no supondría, desde el punto de vista de la seguridad vial, una amenaza mayor que el desplazamiento esporádico o temporal con uno de estos vehículos. Además, señala, existen otros medios menos restrictivos –como, por ejemplo, la instalación de un retrovisor adicional– que facilitarían la maniobra de adelantamiento a los vehículos con el volante a la derecha en las vías en que se circula por la derecha.

      (1)  Directiva 70/311/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los mecanismos de dirección de los vehículos a motor y de sus remolques (DO L 133, p. 10; EE 13/01, p. 221).

      (2)  Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (DO L 263, p. 1).

      (3)  Apartado 9, número 2, del Reglamento de 31 de diciembre de 2012; punto 5.1 del anexo I del Reglamento de Ministerio de Infraestructuras de 16 de diciembre de 2003, y punto 6.1 del anexo I del Reglamento del Ministerio de Infraestructuras de 18 de septiembre de 2009, por el que se deroga y sustituye el Reglamento de 16 de diciembre de 2003.


title: Asunto C-15/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshofs (Austria) el 12 de enero de 2011 — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshofs (Austria) el 12 de enero de 2011 — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien
   (Asunto C-15/11)
   2011/C 113/04
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Leopold Sommer

      Recurrida: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Resulta aplicable en Austria la Directiva del Consejo 2004/114/CE, (1) de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (en lo sucesivo, «Directiva sobre estudiantes») a un estudiante búlgaro teniendo en cuenta el punto 14, párrafo primero o tercero del punto 1, Libre circulación de personas, del Anexo VI al Tratado de Adhesión de Bulgaria, Lista contemplada en el artículo 20 del Protocolo (2): Medidas transitorias para Bulgaria?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿se opone el Derecho de la Unión, y en concreto el artículo 17 de la Directiva sobre estudiantes, a una normativa nacional que, como las disposiciones determinantes en el procedimiento principal de la Ausländerbeschäftigungsgesetz, establece, en todos los casos, una evaluación de la situación del mercado laboral previa a la concesión de un permiso de trabajo en favor de un empresario que desea contratar a un estudiante residente en el territorio federal desde hace más de un año (apartado 3 de la Directiva sobre estudiantes) y, adicionalmente, en caso de superarse un límite máximo preestablecido de mano de obra extranjera, supedita la concesión del permiso de trabajo al cumplimiento de otros requisitos?

      (1)  DO L 375, p. 12.

      (2)  Protocolo relativo a las condiciones y al procedimiento de admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea — Anexo VI: Lista contemplada en el artículo 20 del Protocolo: Medidas transitorias para Bulgaria — 2. Libre prestación de servicios (DO L 157, p. 104).


title: Asunto T-564/10: Sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2014 — Quimitécnica.com y de Mello/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo de los fosfatos para la alimentación animal — Multas — Pago escalonado — Decisión de la Comisión por la que se ordena la constitución de una garantía bancaria — Obligación de motivación — Proporcionalidad» )

text:
               11.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/22

         Sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2014 — Quimitécnica.com y de Mello/Comisión
   (Asunto T-564/10) (1)

   ((«Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo de los fosfatos para la alimentación animal - Multas - Pago escalonado - Decisión de la Comisión por la que se ordena la constitución de una garantía bancaria - Obligación de motivación - Proporcionalidad»))
   2014/C 261/43
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandantes: Quimitécnica.com — Comercio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portugal) y José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lisboa, Portugal) (representantes: J. Calheiros y A. de Albuquerque, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: B. Mongin, V. Bottka y F. Ronkes Agerbeek, agentes, asistidos por M. Marques Mendes, abogado)

      Objeto

   Recurso de anulación parcial de la decisión supuestamente adoptada por su contable en escrito de 8 de octubre de 2010 relativa al pago de la multa impuesta a los demandantes por la Decisión C(2010) 5004 final de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Tratado EEE (asunto COMP/38.886 — Fosfatos para la alimentación animal), en la medida en que dicha carta obliga a constituir una garantía bancaria en un banco con la calificación financiera «AA» a largo plazo, para acceder a la solicitud de pago escalonado de la multa.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Quimitécnica.com — Comercio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portugal) y José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 55, de 19.2.2011.


title: Asunto T-65/14: Recurso interpuesto el 28 de enero de 2014 — Bank Refah Kargaran/Consejo

text:
               5.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 135/43

         Recurso interpuesto el 28 de enero de 2014 — Bank Refah Kargaran/Consejo
   (Asunto T-65/14)
   2014/C 135/55
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Bank Refah Kargaran (Teherán, Irán) (representante: J.-M. Thouvenin, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General:

               —

               Que anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1154/2013 del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, en la medida en que afecte a la demandante.

               —

               Que anule la Decisión 2013/661/PESC del Consejo, de 15 de noviembre de 20l3, en la medida en que afecte a la demandante.

               —

               Que declare que el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, no es aplicable a la demandante.

               —

               Que declare que la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, no es aplicable a la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, que anule, con efectos a partir del 20 de enero de 2014, el Reglamento de Ejecución y la Decisión que se han mencionado en los dos primeros guiones de las presentes pretensiones.

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca ocho motivos:

               1.

               Primer motivo, basado en falta de motivación, lo cual supone la infracción del artículo 296 TFUE, por entender que el Reglamento de Ejecución que incluye a la parte demandante en la lista de personas y entidades afectadas por medidas restrictivas no indica expresamente el fundamento jurídico de su adopción.

               2.

               Segundo motivo, basado en la inexistencia de base jurídica, por entender que la base jurídica del Reglamento de Ejecución que se impugna es el Reglamento no 267/2012, (1) el cual debe declararse no aplicable a la parte demandante, puesto que, por una parte, se adoptó incumpliendo la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE e infringiendo el artículo 215 TFUE y, por otra, su artículo 23, apartado 2, letra d), que constituye el fundamento jurídico de la inclusión de la parte demandante en la lista del anexo IX del mismo Reglamento no 267/2012, viola los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               3.

               Motivos tercero, cuarto, quinto y sexto, basados, respectivamente, en: i) error de Derecho, ii) error de hecho y error manifiesto de apreciación, iii) vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva y iv) violación del principio de proporcionalidad.

               4.

               Séptimo motivo, basado en que el artículo 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413, (2) que constituye el fundamento jurídico de la sanción que se impone a la parte demandante, debe declararse no aplicable a ésta, por ser contrario a los Tratados, a la Carta de los Derechos Fundamentales y al principio de proporcionalidad. La parte demandante alega que, por consiguiente, debe anularse la decisión de incluirla en la lista de personas y entidades afectadas por medidas restrictivas.

               5.

               Octavo motivo, basado en que la sanción impugnada adolece de ilegalidad sobrevenida desde el 20 de enero de 2014, al entenderse que el Consejo reconoció con dicha fecha que Irán ya no realiza las actividades nucleares que son la causa de la sanción. La parte demandante alega que, por consiguiente, la sanción carece ya de objeto.

      (1)  Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).

      (2)  Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).


title: Asunto F-85/06: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 9 de octubre de 2007 — Bellantone/Tribunal de Cuentas (Función pública — Funcionarios — Agente temporal nombrado funcionario — Preaviso de extinción del contrato — Asignación por cese en el servicio — Indemnización diaria — Perjuicio material)

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/42

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 9 de octubre de 2007 — Bellantone/Tribunal de Cuentas
   (Asunto F-85/06) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Agente temporal nombrado funcionario - Preaviso de extinción del contrato - Asignación por cese en el servicio - Indemnización diaria - Perjuicio material)
   (2007/C 283/75)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Gerardo Bellantone (Luxemburgo) (representantes: T. Bontinck y J. Feld, abogados)

      Demandada: Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (representantes: T. Kennedy, J.-M. Stenier y G. Corstens, agentes)
   Objeto
   Por una parte, la anulación de la decisión del Secretario General del Tribunal de Cuentas de 30 de marzo de 2006 por la que se desestimó la reclamación del demandante, antiguo agente temporal nombrado funcionario, que tenía por objeto el pago de la parte pendiente de la indemnización por falta de preaviso complementario, de la indemnización por cese en el servicio y de la indemnización diaria y, por otra parte, una pretensión de indemnización por daños y perjuicios.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Bellantone cargará con las tres cuartas partes de sus propias costas

               3)

               El Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas cargará, además de sus propias costas, con la cuarta parte de las costas del Sr. Bellantone.

      (1)  DO C 237 de 30.9.2006, p. 18.


title: Asunto C-562/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 7 de noviembre de 2016 — Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH

text:
               13.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 7 de noviembre de 2016 — Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH
   (Asunto C-562/16)
   (2017/C 046/16)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Amtsgericht Hannover

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Peter Roßnagel, Alexandre Schröter

      Demandada: TUIfly GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Constituye el cambio de la reserva a otro vuelo uno de los supuestos previstos por el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 (1)?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
               ¿Es esta disposición aplicable también a un cambio de reserva que no ha sido ocasionado por el transportista aéreo, sino exclusivamente por el operador turístico?

      (1)  Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).


title: Asunto T-240/14 P: Sentencia del Tribunal General de 26 de febrero de 2016 — Bodson y otros/BEI («Recurso de casación — Función pública — Personal del BEI — Naturaleza contractual de la relación laboral — Reforma del sistema de retribuciones y de aumento salarial del BEI — Obligación de motivación — Desnaturalización — Errores de Derecho»)

text:
               4.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/24

         Sentencia del Tribunal General de 26 de febrero de 2016 — Bodson y otros/BEI
   (Asunto T-240/14 P) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Personal del BEI - Naturaleza contractual de la relación laboral - Reforma del sistema de retribuciones y de aumento salarial del BEI - Obligación de motivación - Desnaturalización - Errores de Derecho»))
   (2016/C 118/25)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrentes: Jean-Pierre Bodson (Luxemburgo, Luxemburgo), Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia), Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia), Marie-Christel Heger (Nospelt, Luxemburgo), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxemburgo), Manuel Sutil (Luxemburgo), Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxemburgo) y Henry von Blumenthal (Bergem, Luxemburgo) (representante: L. Levi, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Banco Europeo de Inversiones (representantes: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams y G. Nuvoli, agentes, asistidos por P.-E. Partsch, abogado)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera) de 12 de febrero de 2014, Bodson y otros/BEI (F-73/12, RecFP, EU:F:2014:16), para la anulación de esa sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Bodson y los otros demandantes cuyos nombres figuran en el anexo cargarán con sus propias costas y con las del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el presente procedimiento.

      (1)  DO C 223 de 14.7.2014.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 14 de octubre de 2004, en el asunto C-339/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania (Incumplimiento de Estado — Directiva 1999/22/CE — Mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos — No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado)

text:
               4.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/22

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 14 de octubre de 2004
   en el asunto C-339/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 1999/22/CE - Mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos - No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado)
   (2004/C 300/44)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-339/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 1 de agosto de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. J. Schieferer y M. van Beek), contra República Federal de Alemania (agente: Sr. M. Lumma), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Cuarta, y los Sres. E. Juhász y M. Ilešič, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 14 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos, al no haber adoptado, en el plazo señalado en el dictamen motivado, en los diferentes Länder, a excepción de Brema, Hamburgo, Hesse, Baden-Wurtemberg, Baja Sajonia, Berlín, Schleswig-Holstein y Turingia, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 226 de 20.9.2003.


title: Asunto C-157/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 27 de marzo de 2017 — X/Staatssecretaris van Financiën

text:
               29.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 168/27

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 27 de marzo de 2017 — X/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-157/17)
   (2017/C 168/35)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: X

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën

      Otras partes: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens en Loeff NV

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el artículo 56 CE (actualmente artículo 63 TFUE) a que no se devuelva a un fondo de inversión establecido fuera de los Países Bajos, por el hecho de que este fondo no está sujeto a una obligación de retención del impuesto neerlandés sobre los dividendos, el impuesto neerlandés sobre los dividendos retenido sobre los dividendos que ha percibido de entidades establecidas en los Países Bajos, mientras que sí se concede tal devolución a un organismo de inversión fiscal domiciliado en los Países Bajos que reparte con carácter anual, previa retención del impuesto neerlandés sobre los dividendos, los rendimientos de sus inversiones entre sus socios o partícipes?

               2)

               ¿Se opone el artículo 56 CE (actualmente artículo 63 TFUE) a que se deniegue a un fondo de inversión establecido fuera de los Países Bajos la devolución del impuesto neerlandés sobre rendimientos, que sí se concede a un organismo de inversión fiscal neerlandés, en el supuesto de que de este modo se dificulte al fondo captar a inversores residentes o domiciliados en los Países Bajos?


title: Asunto C-408/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Município de Barcelos (Portugal) el 23 de octubre de 2009 — Município de Barcelos/Estado portugués

text:
               22.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 134/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Município de Barcelos (Portugal) el 23 de octubre de 2009 — Município de Barcelos/Estado portugués
   (Asunto C-408/09)
   2010/C 134/22
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Município de Barcelos

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Município de Barcelos

      Demandada: Estado portugués
   Mediante auto de 12 de febrero de 2010, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) se declaró manifiestamente incompetente para responder a la cuestión planteada por el Município de Barcelos


               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/38

         (2006/C 261/76)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 249 de 14.10.2006

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 237 de 30.9.2006

      DO C 224 de 16.9.2006

      DO C 212 de 2.9.2006

      DO C 190 de 12.8.2006

      DO C 178 de 29.7.2006

      DO C 165 de 15.7.2006

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex:http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto C-356/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) el 7 de julio de 2011 — O, S/Maahanmuuttovirasto

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/36

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) el 7 de julio de 2011 — O, S/Maahanmuuttovirasto
   (Asunto C-356/11)
   2011/C 269/74
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Korkein hallinto-oikeus

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: O, S

      Otra parte: Maahanmuuttovirasto

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es contrario al artículo 20 TFUE denegar a un nacional de un Estado tercero un permiso de residencia por no tener garantizada la manutención si las relaciones familiares son tales que su cónyuge tiene la patria potestad sobre un hijo ciudadano de la Unión y el nacional del Estado tercero no es ni progenitor ni titular de la patria potestad sobre dicho menor?

               2)

               En caso de responderse la primera pregunta de forma negativa: ¿Debe valorarse el efecto del artículo 20 TFUE de otro modo si el nacional del Estado tercero que no posee permiso de residencia vive con su cónyuge y el menor, ciudadano de la Unión, sobre el que la cónyuge ejerce la patria potestad?


title: Asunto T-128/06: Recurso interpuesto el  28 de abril de 2006  — Japan Tobacco/OAMI — Torrefacção Camelo (marca figurativa CAMELO)

text:
               1.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 154/21

         Recurso interpuesto el 28 de abril de 2006 — Japan Tobacco/OAMI — Torrefacção Camelo (marca figurativa CAMELO)
   (Asunto T-128/06)
   (2006/C 154/51)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Japan Tobacco Inc. (Tokio, Japón) (representantes: A. Ortiz López, S. Ferrandis González y E. Ochoa Santamaría, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Torrefacção Camelo Lda
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que, mediante la revocación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso, de 22 de febrero de 2006, adoptada en el asunto R 669/2003-02, se dicte una sentencia en la que, modificando dicha resolución, el Tribunal de Primera Instancia declare la necesidad de aplicar al referido asunto la prohibición establecida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento sobre la marca comunitaria y por consiguiente, estimando las alegaciones de Japan Tobacco, que se decida denegar el registro de la marca comunitaria no 1469121.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Torrefacção Camelo Lda

      Marca comunitaria solicitada: Marca que contiene elementos figurativos (camello, pirámides, palmeras) y la denominación CAFÉ TORREFACTO CAMPO MAIOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL PURO Torrefacção Camelo Lda CAMPO MAIOR-PORTUGAL, para productos de la clase 30 (solicitud no 1469121)

      Titular de la marca o signo invocados en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocados en el procedimiento de oposición: Marca denominativa y marcas figurativas nacionales «CAMEL» para productos de las clases 22 y 34

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Oposición

      Motivos invocados: Aplicación incorrecta del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 del Consejo, errores en la instrucción del procedimiento e infracción de los artículos 74 y 79 del referido Reglamento.


title: Asunto T-219/14: Recurso interpuesto el 2 de abril de 2014 — Regione autonoma della Sardegna/Comisión

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/49

         Recurso interpuesto el 2 de abril de 2014 — Regione autonoma della Sardegna/Comisión
   (Asunto T-219/14)
   2014/C 175/68
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Regione autonoma della Sardegna (representantes: T. Ledda, S. Sau, G. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule en su totalidad o en parte la Decisión impugnada en la medida en que:

                           —

                           Ha calificado como ayudas de Estado la compensación del servicio público dispuesta mediante la Ley regional no 15, de 7 de agosto de 2012, y la aportación dineraria acordada en la junta general de accionistas de Sardemar el 15 de junio de 2012.

                           —

                           Ha considerado que tales medidas eran incompatibles con el mercado interior, disponiendo su restitución.

               —

               Declare, en virtud del artículo 277 TFUE, la ilegalidad y la inaplicación del artículo 4, letra f), de la Decisión 2012/21/UE y el punto 9 del Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011).

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la Decisión de la Comisión Europea de 22 de enero de 2014 relativa a las medidas de ayuda SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) que la Regione Sardegna ejecutó a favor de Saremar. Dicha Decisión declara que la ayuda que la demandante concedió a Saremar con el fin de garantizar la prestación de un servicio de interés general en el transporte de cabotaje entre Cerdeña y el continente, realizado en 2011 y 2012, cuyo objeto es maximizar la accesibilidad económica de la clientela, es contraria al mercado interior.
   En apoyo de su recurso la demandante invoca seis motivos:

               1)

               Alega que la demandada infringió el artículo 106, apartado 2, e incurrió en un error de valoración de los hechos y en una falta de motivación, por cuanto, además de definir de manera incorrecta los OSP de Saremar, no se limitó a apreciar el mero error manifiesto, sino que influyó en la esencia de las decisiones del Estado miembro, interfiriendo así con su elección de política económica y social.

               2)

               Afirma que la demandada infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, y el artículo 106 TFUE, apartado 2, al considerar que, en el caso de autos no concurren los requisitos establecidos en la jurisprudencia Altmark. Al respecto la Comisión realizó una valoración errónea de los hechos e incurrió en una falta de motivación, estimando inter alia que el mercado presentaba garantías adecuadas y suficientes para ajustarse a las exigencias de servicio público identificadas por la Regione.

               3)

               Sostiene que, además, la demandada infringió el artículo 106 TFUE, apartado 2, y las Decisiones nos 2005/824/CE y 2012/21/UE, realizó una incorrecta valoración de los hechos e incurrió en falta de motivación en la medida en que i) declaró que la Decisión 2005/824/CE no era aplicable ratione temporis; ii) en todo caso, decidió que no se observaban en el caso de autos los principios establecidos en las referidas Decisiones.

               4)

               Precisa que la demandada infringió el artículo 106 TFUE, apartado 2, valoró erróneamente los hechos e incurrió en falta de motivación, en la medida en que calificó a la sociedad Saremar como una empresa en crisis, en el sentido de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

               5)

               Señala que la demandada infringió el artículo 106 TFUE, apartado 2, en cuanto realizó una apreciación errónea de hecho y de Derecho, al considerar que no se cumplían los requisitos de compatibilidad de la medida prevista en el marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011).

               6)

               Considera, por último, que la demandada infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, e incurrió en un error de apreciación de hecho y de Derecho, en lo tocante a la naturaleza de la recapitalización de la sociedad Saremar llevada a cabo por la Regione Sardegna, al estimar que la misma implicaba una ventaja para Saremar y, en todo caso, no era conforme al PIEM.


title: Asunto C-238/04: Recurso interpuesto el 7 de junio de 2004 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               24.7.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/12

         Recurso interpuesto el 7 de junio de 2004 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-238/04)
   (2004/C 190/20)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 7 de junio de 2004 un recurso contra la República Francesa formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. O. Beynet y el Sr. A. Whelan, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 90/388/CEE, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (1), así como del artículo 249 CE (anteriormente artículo 189 del Tratado CE), párrafo tercero, al no adaptar correctamente el ordenamiento jurídico interno a los artículos 1 y 2, apartado 3, de dicha Directiva, en su redacción dada por las Directivas 95/51/CE (2) y 96/19/CE (3).

               2)

               Condene en costas a la República Francesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El régimen jurídico francés plantea un problema de compatibilidad con el Derecho comunitario, relativo a los requisitos para la autorización de la prestación de servicios de telecomunicaciones por los distribuidores de televisión por cable.
   En efecto, en lo que a la prestación del servicio de telefonía se refiere, la normativa francesa establece la obligación de consultar a los ayuntamientos o a sus agrupaciones antes de expedir la autorización para la prestación de un servicio telefónico a través de las redes de televisión por cable. Esta obligación plantea varios problemas, en virtud del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 90/388/CEE, modificada por la Directiva 96/19/CE, a saber, la falta de transparencia del procedimiento de consulta, la facultad discrecional desproporcionada de los ayuntamientos en la emisión de su dictamen, la inseguridad relativa a la objetividad del procedimiento debido a los vínculos existentes entre algunos ayuntamientos y operadores, el aspecto discriminatorio de un procedimiento que no se aplica a los demás prestadores de servicios de telecomunicación y el riesgo de discriminación entre los distintos operadores de televisión por cable.
   El régimen según el cual los operadores de televisión por cable deben informar sistemáticamente a todos los ayuntamientos de la implantación de sus redes supone para ellos una obligación adicional con respecto al régimen general de libertad de prestación, aplicable a los demás operadores de servicios de telecomunicaciones. Dado que ningún elemento objetivo justifica esta diferencia de trato, el régimen francés resulta al respecto discriminatorio e infringe lo dispuesto en el artículo 1, en relación con el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 90/388/CEE, en su redacción dada por las Directivas 95/51/CE y 96/19/CE.

      (1)  DO L 192 de 24.7.1990, p. 10.

      (2)  Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE con respecto a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados (DO L 256 de 26.10.1995, p. 49).

      (3)  Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones.


title: Asunto T-317/04: Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de Dinamarca

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/47

         Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de Dinamarca
   (Asunto T-317/04)
   (2004/C 262/89)
   Lengua de procedimiento: danés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 3 de agosto de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el Reino de Dinamarca, representado por Jørgen Molde, agente, asistido por Peter Biering y por Kim Lundgaard Hansen, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, relativa a las medidas adoptadas por Dinamarca en beneficio de TV2/DANMARK.

               —

               Con carácter subsidiario, anule el artículo 2 de la Decisión de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, relativa a las medidas adoptadas por Dinamarca en beneficio de TV2/DANMARK.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, anule el artículo 2, 3 y 4 de la Decisión de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, relativa a las medidas adoptadas por Dinamarca en beneficio de TV2/DANMARK.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante la Decisión impugnada, la Comisión reconoció que la ayuda concedida a TV2/DANMARK en el período comprendido entre 1995 y 2002 en forma de ingresos por licencias y otras medidas era compatible con el mercado común, salvo por lo que se refiere a la cantidad de 628,2 millones de DKK que constituye, según la Comisión, una ayuda de Estado ilegal y cuya devolución por parte de TV2/DANMARK debe obtener el Reino de Dinamarca.
   Para fundamentar su recurso, el Gobierno danés alega que la Decisión de la Comisión de 19 de mayo de 2004:

               —

               Incurre en vicios sustanciales de forma.

               —

               Infringe el artículo 295 CE, lo dispuesto en los artículos 87 CE, apartado 1, y 86 CE, apartado 2, sobre las ayudas concedidas por los Estados, y en el Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros.

               —

               No tiene en cuenta lo establecido en el Reglamento 659/1999 del Consejo (1) y en la Directiva 80/723 de la Comisión (2).

         Para fundamentar su pretensión principal de anulación, el Gobierno danés invoca los motivos siguientes:

               —

               Se ha vulnerado el principio de contradicción, lo que afectó en concreto a las posibilidades de defensa del Gobierno y, en consecuencia, a las conclusiones extraídas por la Comisión.

               —

               No constituyen ayudas de Estado ni los ingresos por licencia abonados a TV2 ni los ingresos publicitarios transferidos a TV2 a través de TV2-Fonden, hasta la liquidación de este último en 1997, puesto que no son fondos estatales en el sentido del artículo 87 CE.

               —

               Los fondos propios de los que se dotó a TV2 durante el período 1995-2002 constituyen un beneficio razonable otorgado a TV2 por las actividades de servicio público que desarrolla y, en consecuencia, no se trata de una «compensación excesiva» que pueda ser considerada una ayuda de Estado contraria al Tratado CE.

               —

               El cálculo de la «compensación excesiva» que realiza la Comisión es erróneo.

               —

               Aun en el supuesto de que la financiación otorgada a TV2 sobrepasase los costes netos de sus actividades de servicio público, no puede plantearse la existencia de una ayuda de Estado, porque la financiación no se utilizó, en la práctica, para realizar una subvención cruzada de las actividades comerciales de TV2 y, en consecuencia, no pudo falsear la competencia.

               —

               En el caso de que se considere que TV2 recibió fondos estatales, hay que concluir que la entrega de dichos fondos se realizó con arreglo al criterio del inversor privado en una economía de mercado, por lo que no hubo ayuda de Estado.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).

      (2)  Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L 195, p. 35; EE 08/02, p. 75).


title: Asunto C-132/14: Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2014 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/24

         Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2014 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-132/14)
   2014/C 175/30
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Parlamento Europeo (representantes: I. Liukkonen y L. Visaggio, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento (UE) no 1385/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 850/98 y (CE) no 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 y (UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, como consecuencia del cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea. (1)

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   El Parlamento Europeo solicita la anulación del Reglamento (UE) no 1385/2013 que el Consejo ha adoptado tomando como base jurídica el artículo 349 TFUE.
   El Parlamento cuestiona esta elección de base jurídica realizada por el Consejo, ya que el artículo 349 TFUE no puede sustentar jurídicamente todas las medidas adoptadas, sino únicamente algunas de ellas consistentes en excepciones a la aplicación del Derecho de la Unión a Mayotte. Ahora bien, el Reglamento impugnado aborda también materias comprendidas dentro de la política pesquera común y la protección de la salud pública, sin que esas medidas estén motivadas específicamente por la situación económica y social estructural de Mayotte.
   Por tanto, según el Parlamento, el acto en cuestión debería haberse adoptado, en correspondencia con los diferentes temas que regula, sobre la base de los artículos 43 TFUE, apartado 2, 168 TFUE, apartado 4, letra b), y 349 TFUE conjuntamente, y no sobre la base de este último artículo únicamente.

      (1)  DO L 354, p. 86.


title: Asunto C-640/16 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de diciembre de 2016 por Greenpeace Energy eG contra el auto del Tribunal General (Sala Quinta) dictado el 26 de septiembre de 2016 en el asunto T-382/15, Greenpeace Energy eG/Comisión Europea

text:
               6.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/19

         Recurso de casación interpuesto el 9 de diciembre de 2016 por Greenpeace Energy eG contra el auto del Tribunal General (Sala Quinta) dictado el 26 de septiembre de 2016 en el asunto T-382/15, Greenpeace Energy eG/Comisión Europea
   (Asunto C-640/16 P)
   (2017/C 038/25)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Greenpeace Energy eG (representantes: D. Fouquet, S. Michaels y J. Nysten, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule el auto del Tribunal General de 26 de septiembre de 2016 dictado en el asunto T-382/15, Greenpeace Energy eG, con respecto a la recurrente.

               —

               Devuelva el asunto al Tribunal General para que éste resuelva.

               —

               Condene a la demandada a cargar con la totalidad de las costas, incluidos los honorarios de abogados y los gastos de viaje.

      Motivos y principales alegaciones

   Para fundamentar su recurso de casación, la parte recurrente invoca los cinco motivos siguientes:

               1.

               Primer motivo, basado en que el Tribunal General considera manifiestamente que el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, tercera parte, requiere que los actos reglamentarios que según dicha disposición son impugnables tengan alcance general. Sin embargo, tal posición debe estimarse jurídicamente errónea habida cuenta tanto del tenor literal como de la génesis de esa disposición, y en particular de la intención del legislador de la Unión Europea.

               2.

               Segundo motivo, basado en que el Tribunal General parece partir de la base de que el requisito de afectación directa por parte de los actos jurídicos que no implican medidas de ejecución guarda relación con dos criterios distintos, que deben examinarse por separado. En este caso, sin embargo, no sucede así, puesto que, por un lado, no son necesarias otras medidas de ejecución en el sentido de la citada disposición, ni del Reino Unido ni de la Comisión Europea, y, por otro lado, la concesión de la ayuda tiene una repercusión inmediata en el mercado, esto es, la recurrente experimenta efectos inmediatos en la competencia.

               3.

               Tercer motivo, basado en que el Tribunal General reprocha a la recurrente que argumentara de manera insuficiente su afectación directa e individual. No obstante, aquél pasa por alto así la información presentada o, cuando menos, la aprecia de manera insuficiente.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General parece considerar que una individualización según el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, segunda parte, con arreglo a la jurisprudencia del asunto Plaumann, debe rechazarse si pueden existir otras empresas que se vean afectadas de un modo similar a la recurrente por los efectos de la concesión de la ayuda en la competencia. No obstante, en atención a la jurisprudencia, en particular del asunto Codorniu, C-309/89, parece que se trata de una interpretación jurídicamente errónea, además de restrictiva. Asimismo, la recurrente se remite a la exposición de los hechos que hace en su escrito de interposición del recurso, donde claramente se lleva a cabo una individualización suficiente, que, sin embargo, el Tribunal General evidentemente no apreció o no lo hizo en su justa medida.

               5.

               Quinto motivo, basado en que el Tribunal General parece considerar que los tribunales nacionales pueden otorgar una tutela judicial efectiva contra una decisión de la Comisión por la que se autorice una ayuda. Ello significa, según la recurrente, que el legislador de la Unión Europea, al imponer a los Estados miembros la obligación de establecer las vías de recurso necesarias (artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo), pretende confiar a los tribunales de los Estados miembros el control de los actos individuales de las instituciones de la Unión Europea, como la Comisión Europea. No obstante, esta posición podría no asumirse, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los actos de la Unión Europea y a las vías de recurso existentes y, en particular, del reparto de competencias entre los tribunales nacionales y la Comisión Europea en materia de Derecho de ayudas, y considerarse jurídicamente errónea.


title: Asunto T-177/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia de  9 de enero de 2006  — Finlandia/Comisión ( Incidentes procesales — Excepción de inadmisibilidad — Acto que no produce efectos jurídicos obligatorios — Recursos propios de las Comunidades Europeas — Procedimiento de infracción — Intereses de demora previstos en el artículo 11 del Reglamento (CE, Euratom) n o  1150/2000 — Negociación de un acuerdo sobre un pago sujeto a condición )

text:
               25.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 74/19

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de enero de 2006 — Finlandia/Comisión
   (Asunto T-177/05) (1)

   («Incidentes procesales - Excepción de inadmisibilidad - Acto que no produce efectos jurídicos obligatorios - Recursos propios de las Comunidades Europeas - Procedimiento de infracción - Intereses de demora previstos en el artículo 11 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 - Negociación de un acuerdo sobre un pago sujeto a condición»)
   (2006/C 74/39)
   Lengua de procedimiento: finés
   Partes

      Demandante: República de Finlandia (representantes: T. Pynnä y A. Guimaraes-Purokosky, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: G. Wilms y P. Aalto, agentes)
   Objeto
   Petición de anulación de la Decisión de la Comisión (Dirección General de Presupuestos) que, según parece, contiene el escrito de 28 de febrero de 2005 y el escrito confirmatorio de 25 de abril de 2005, mediante la cual, según afirma la demandante, la Comisión se negó a iniciar negociaciones con la República de Finlandia sobre el pago sujeto a condición de derechos exigidos con carácter retroactivo, más los intereses de demora devengados hasta el día en que se abonen tales derechos, reclamados por la Comisión a la República de Finlandia en el procedimiento de infracción no 2003/2180, entablado con arreglo al artículo 226 CE.
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República de Finlandia.

      (1)  DO C 153, de 25.6.2005.


title: Asunto T-341/09: Sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2011 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava y otros/OAMI (TXAKOLI) [ «Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria colectiva denominativa TXAKOLI — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Artículo 66, apartado 2, del Reglamento n ° 207/2009 — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n ° 207/2009» ]

text:
               25.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 186/21

         Sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2011 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava y otros/OAMI (TXAKOLI)
   (Asunto T-341/09) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria colectiva denominativa TXAKOLI - Motivos de denegación absolutos - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 66, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009)
   2011/C 186/39
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandantes: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava (Amurrio, España); Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia (Leioa, España) y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria (Getaria, España) (representantes: J. Grimau Muñoz y J. Villamor Muguerza, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de fecha 4 de junio de 2009 (asunto R 197/2009-2), referente a una solicitud de registro del signo denominativo TXAKOLI como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia y al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria.

      (1)  DO C 256, de 24.10.2009.


title: Asunto C-5/06: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Finanzgericht Düsseldorf, de fecha  2 de enero de 2006 , en el asunto entre Jülich AG y Hauptzollamt Aachen

text:
               25.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 74/4

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Finanzgericht Düsseldorf, de fecha 2 de enero de 2006, en el asunto entre Jülich AG y Hauptzollamt Aachen
   (Asunto C-5/06)
   (2006/C 74/10)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Finanzgericht Düsseldorf dictada el 2 de enero de 2006, en el asunto entre Jülich AG y Hauptzollamt Aachen, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de enero de 2006.
   El Finanzgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento (CE) no 1260/2001 (1) del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, en el sentido de que, para calcular el excedente exportable, sólo debe tenerse en cuenta el volumen de exportación de azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina por el que efectivamente se concedieron restituciones a la exportación?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es inválido el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 314/2002 (2) de la Comisión, de 20 de febrero de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de cuotas en el sector del azúcar, en su versión del Reglamento (CE) no 1140/2003 (3) de la Comisión, de 27 de junio de 2003?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, en el sentido de que, tanto para calcular el excedente exportable como para calcular la pérdida media por tonelada de azúcar, debe tenerse en cuenta el total de las exportaciones, aunque durante la campaña de que se trata no se hubiesen pagado restituciones a la exportación por una parte de dichas exportaciones?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera, segunda o tercera cuestión, ¿es inválido el Reglamento (CE) no 1775/2004 (4) de la Comisión, de 14 de octubre de 2004, por el que se fijan, para la campaña de comercialización de 2003/04, los importes de las cotizaciones por producción del sector del azúcar?

      (1)  DO L 178, p. 1.

      (2)  DO L 50, p. 40.

      (3)  DO L 160, p. 33.

      (4)  DO L 316, p. 64.


title: Asunto F-49/06: Recurso interpuesto el  9 de mayo de 2006  — Nijs/Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

text:
               1.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 154/26

         Recurso interpuesto el 9 de mayo de 2006 — Nijs/Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
   (Asunto F-49/06)
   (2006/C 154/61)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburgo) (representante: F. Rollinger, abogado)

      Demandada: Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) de no promover al demandante en 2005 y cualquier otra decisión conexa y/o subsiguiente.

               —

               Que se condene al pago de una indemnización de los daños materiales y morales sufridos por el demandante.

               —

               Que se condene en costas al Tribunal de Cuentas.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso el demandante invoca:

               1)

               Las consecuencias para el ejercicio de calificación correspondiente a 2004 de una falsificación de su informe de calificación relativo a 2003.

               2)

               La violación de los principios de seguridad jurídica del personal, de igualdad de trato de los funcionarios y de buena administración al aplicar al demandante el nuevo sistema de calificación elaborado por la demandada.

               3)

               El hecho de que una de sus compañeras fue convocada ilegalmente para ejercer interinamente funciones superiores.

               4)

               El hecho de que uno de sus superiores jerárquicos ejerció sus funciones ilegalmente.

               5)

               La falta de suficiente integridad de este superior.

               6)

               Varios actos constitutivos de exceso de poder y la violación del Tratado.


title: Asunto T-413/07: Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2007 — Bayern Innovativ/OAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

text:
               12.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 8/24

         Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2007 — Bayern Innovativ/OAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)
   (Asunto T-413/07)
   (2008/C 8/44)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Nuremberg, Alemania) (representantes: A. Beschorner, B. Glaser y C. Thomas, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Países Bajos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 2 de agosto de 2007 (asunto R 1545/2006-1) relativa a la marca comunitaria no 3.585.957 «LifeScience».

               —

               Que se desestime en su totalidad la oposición no B 795.270 formulada por la parte interviniente.

               —

               Que se ordene a la OAMI registrar la marca comunitaria no 3.585.957 «LifeScience» tal como fue publicada.

               —

               Que se condene a la OAMI a pagar las costas, y que se condene a la parte interviniente a pagar las costas del procedimiento ante la Sala de Recurso.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: El demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa comunitaria consistente en una representación en color de la cadena espiral de ADN, un óvalo y una cuadrícula y que contiene debajo el elemento verbal «LifeScience», para bienes y servicios de las clases 16, 35, 36, 41 y 42 — Solicitud no 3.585.957

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Life Sciences Partners Perstock N.V.

      Marca o signo invocados en oposición: La marca figurativa comunitaria consistente en una representación de una mujer desnuda envuelta en una cadena de ADN y que contiene los elementos denominativos «Life Sciences Partners», para bienes y servicios de las clases 35 y 36 — Solicitud no 2.136.026

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo.


title: Asunto C-697/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) el 28 de diciembre de 2015 — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)

text:
               21.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/24

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) el 28 de diciembre de 2015 — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)
   (Asunto C-697/15)
   (2016/C 106/25)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: MB Srl

      Recurrida: Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)

      Cuestión prejudicial

   ¿Se oponen los principios del Derecho de la Unión de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, en relación con los principios de libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como los principios que se derivan de ellos, como el de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia plasmados (en última instancia) en la Directiva 2014/24/UE, (1) a una normativa nacional como la italiana contenida en los artículos 87, apartado 4, y 86, apartado 3 bis, del Decreto Legislativo n.o 163 de 2006, en relación con el artículo 26, apartado 6, del Decreto Legislativo n.o 81 de 2008, conforme a la interpretación adoptada por el Pleno del Consiglio di Stato en sus sentencias n.o 3 y 9 de 2015, en el marco de su función nomofiláctica en virtud del artículo 99 del codice del processo amministrativo, según la cual no indicar por separado los costes de seguridad en la empresa en las ofertas económicas presentadas en un procedimiento de contratación de obras públicas determina en todo caso la exclusión del licitador, aun cuando la obligación de indicación por separado no conste expresamente ni en las normas del procedimiento de licitación ni en el formulario que debe cumplimentarse para presentar la oferta y con independencia de que, desde el punto de vista material, la oferta respete los costes mínimos de seguridad en la empresa?

      (1)  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94, p. 65).


title: Asunto C-13/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 12 de enero de 2017 — Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

text:
               27.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 12 de enero de 2017 — Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances
   (Asunto C-13/17)
   (2017/C 095/12)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Fédération des entreprises de la beauté

      Demandada: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se refiere el reconocimiento de la equivalencia de los estudios que los Estados miembros pueden llevar a cabo de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos, (1) únicamente a los estudios impartidos en Estados no pertenecientes a la Unión Europea?

               2)

               ¿Autorizan las disposiciones del artículo 10, apartado 2, del Reglamento a un Estado miembro a determinar las disciplinas que pueden considerarse «similares» a la Medicina, a la Farmacia o a la Toxicología y los niveles de cualificación necesarios para cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿con arreglo a qué criterios puede considerarse que una disciplina es «similar» a la Medicina, a la Farmacia o a la Toxicología?

      (1)  DO L 342, p. 59.


title: Asunto T-406/12 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de marzo de 2013 por BG contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 17 de julio de 2012 en el asunto F-54/11, BG/Defensor del Pueblo

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/44

         Recurso de casación interpuesto el 21 de marzo de 2013 por BG contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 17 de julio de 2012 en el asunto F-54/11, BG/Defensor del Pueblo
   (Asunto T-406/12 P)
   2013/C 156/82
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: BG (Estrasburgo, Francia) (representantes: L. Levi y A. Blot, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Defensor del Pueblo Europeo

      Pretensiones

   La parte recurrente en casación solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 17 de julio de 2012, dictada en el asunto F-54/11.

               —

               En consecuencia, estime las pretensiones formuladas en primera instancia por la parte recurrente en casación y, por lo tanto:

                           —

                           Con carácter principal, la reintegre, con efectos retroactivos a la fecha en que surtió efectos la decisión de separarla del servicio, a su puesto de administrador de grado AD 5, escalón 2, y le abone los importes adeudados relativos a dicho período, más los intereses de demora calculados al tipo del BCE incrementado en dos puntos porcentuales.

                           —

                           Con carácter subsidiario, le conceda el importe correspondiente a las retribuciones que debería haber percibido desde la fecha en que surtió efectos la decisión de separarla del servicio, en agosto de 2010, hasta el mes en que alcanzará la edad de jubilación, en julio de 2040, y se regularicen del modo correspondiente los derechos a pensión de la parte recurrente en casación.

                           —

                           En todo caso, le conceda un importe de 65 000 euros como reparación del daño moral sufrido.

                           —

                           Condene en costas a la otra parte en el procedimiento.

               —

               Condene a la otra parte en el procedimiento al pago de la totalidad de las costas de las dos instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente en casación invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en una desnaturalización de los autos realizada por el Tribunal de la Función Pública al controlar el respeto del procedimiento sancionador y, en particular, en una infracción del artículo 25 del anexo IX del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, ya que el Tribunal de la Función Pública llevó a cabo una interpretación errada del concepto de «procedimiento penal» (en relación con los apartados 68 y siguientes de la sentencia recurrida).

               2)

               Segundo motivo, basado en un incumplimiento del control de la obligación de motivación y en una desnaturalización de los autos, puesto que el Tribunal de la Función Pública concluyó que el Defensor del Pueblo no había incumplido la obligación de motivación, siendo así que se separó del dictamen del Consejo de disciplina (en relación con los apartados 102 y 103 de la sentencia recurrida).

               3)

               Tercer motivo, basado en una falta de control de la existencia de un error manifiesto de apreciación, en una vulneración del principio de proporcionalidad y en una desnaturalización de los autos, toda vez que el Tribunal de la Función Pública declaró que el Defensor del Pueblo no vulneró el principio de proporcionalidad al infligir a la recurrente en casación la sanción más grave prevista en el Estatuto (en relación con los apartados 115 a 130 de la sentencia recurrida).

               4)

               Cuarto motivo, basado en una inexistencia de control del respeto del principio de igualdad entre hombres y mujeres y en el incumplimiento por parte del Tribunal de la Función Pública de la obligación de motivación, porque éste no examinó si la condición de gestante de la parte recurrente en casación, que está vinculada con su conducta, había supuesto o constituido una discriminación indirecta contra ella (en relación con los apartados 139 y siguientes de la sentencia recurrida).


title: Asunto C-225/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de abril de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Able UK Ltd (IVA — Directiva 2006/112/CE — Exenciones — Artículo 151, apartado 1, letra c) — Operación de desguace de buques obsoletos de la Armada americana realizada en el territorio de un Estado miembro)

text:
               16.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 174/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de abril de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Able UK Ltd
   (Asunto C-225/11) (1)

   (IVA - Directiva 2006/112/CE - Exenciones - Artículo 151, apartado 1, letra c) - Operación de desguace de buques obsoletos de la Armada americana realizada en el territorio de un Estado miembro)
   2012/C 174/17
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

      Demandada: Able UK Ltd

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) — Interpretación del artículo 151, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Exenciones en favor de determinadas operaciones asimiladas a las exportaciones — Operación de desguace de navíos obsoletos de la Armada de Estados Unidos efectuada en el territorio de un Estado miembro.

      Fallo

   El artículo 151, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que una prestación de servicios como la controvertida en el litigio principal, realizada en un Estado miembro parte en el Tratado del Atlántico Norte y consistente en el desguace de buques obsoletos de la Armada de otro Estado parte en ese Tratado, está exenta del impuesto sobre el valor añadido, con arreglo a esa disposición, únicamente cuando:

               —

               esa prestación sea efectuada por miembros de las fuerzas armadas de ese otro Estado afectadas al esfuerzo común de defensa o por el personal civil que las acompaña;

               —

               esa misma prestación sea efectuada por miembros de las citadas fuerzas armadas destacadas o estacionadas temporalmente en el territorio del Estado miembro de que se trata o por el personal civil que las acompaña.

      (1)  DO C 211, de 16.7.2011.


title: Asunto T-7/16: Sentencia del Tribunal General de 28 de octubre de 2016 — LA TARTE TROPÉZIENNE/EUIPO (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ) [«Marca de la Unión Europea — Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea — Marca figurativa LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ — Motivo de denegación absoluto — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               12.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/22

         Sentencia del Tribunal General de 28 de octubre de 2016 — LA TARTE TROPÉZIENNE/EUIPO (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ)
   (Asunto T-7/16) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea - Marca figurativa LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ - Motivo de denegación absoluto - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 462/27)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: LA TARTE TROPÉZIENNE (Cogolin, Francia) (representante: T. Cuche, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: D. Hanf, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 26 de octubre de 2015 (asunto R 720/2015-4) relativa al registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca figurativa LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a LA TARTE TROPÉZIENNE.

      (1)  DO C 90 de 7.3.2016.


title: Asunto T-322/10: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2010 — Clasado/Comisión

text:
               25.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/25

         Recurso interpuesto el 30 de julio de 2010 — Clasado/Comisión
   (Asunto T-322/10)
   ()
   2010/C 260/35
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Clasado Ltd (Milton Keynes, Reino Unido) (representantes: G.C. Facenna, Barrister, M.E. Guinness y M.C. Hann, Solicitors)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen las partes de los Reglamentos (UE) no 382/2010 (1) y no 384/2010 (2) de la Comisión, de 5 de mayo de 2010, relativas a las declaraciones de propiedades saludables presentadas por la demandante respecto de la sustancia BimunoBT (BGOS) Prebiotic.

               —

               Que se condene a la demandada a cargar con las costas de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, que se anulen las partes de los Reglamentos (UE) no 382/2010 y no 384/2010 de la Comisión, de 5 de mayo de 2010, en las que se determina que las declaraciones de propiedades saludables presentadas por la demandante respecto de la sustancia BimunoBT (BGOS) Prebiotic –un complemento alimenticio prebiótico que ayuda a mantener sanos el sistema inmunológico y el aparato gastrointestinal del ser humano, y reduce el riesgo de padecer la diarrea del viajero– no cumplen los requisitos del Reglamento (CE) no 1924/2006 (3) y, por tanto, no deben permitirse.
   Para fundamentar su recurso, la demandante invoca los siguientes motivos:

               En primer lugar, la Comisión infringió un requisito procedimental esencial al adoptar los Reglamentos en cuestión, a saber, el trámite para que el solicitante o el público formulen comentarios, previsto en el artículo 16, apartado 6, y el artículo 17 del Reglamento (CE) no 1924/2006.

               En segundo lugar, de este modo la Comisión infringió asimismo lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento (CE) no 178/2002, (4) cuya finalidad es garantizar que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lleve a cabo sus actividades con un alto grado de transparencia.

               Además, al concluir que los comentarios adicionales efectuados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre las solicitudes de la demandante de 4 de diciembre de 2009 no constituían un dictamen, o parte de un dictamen, contemplado en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 1924/2006, los Reglamentos en cuestión se adoptaron sobre la base de un error de Derecho.

               Por añadidura, los Reglamentos de la Comisión cuya anulación se solicita se adoptaron violando tanto el derecho de Clasado a ser oída, en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (5) como sus expectativas legítimas.

               Por último, la Comisión también infringió el derecho a una buena administración, que es uno de los principios generales comunes a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y, en particular, incumplió su obligación como órgano decisor, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 1924/2006, de contrastar con diligencia e independencia todos los elementos pertinentes de que disponía.

      (1)  Reglamento (UE) no 382/2010 de la Comisión, de 5 de mayo de 2010, sobre la denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños (DO L 113, p. 1).

      (2)  Reglamento (UE) no 384/2010 de la Comisión, de 5 de mayo de 2010, sobre la autorización o denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños (DO L 113, p. 6).

      (3)  Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9).

      (4)  Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1).

      (5)  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 389).


title: Asunto T-769/16: Recurso interpuesto el 7 de noviembre de 2016 — Picard/Comisión

text:
               16.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 14/44

         Recurso interpuesto el 7 de noviembre de 2016 — Picard/Comisión
   (Asunto T-769/16)
   (2017/C 014/52)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Maxime Picard (Hettange-Grande, Francia) (representante: M.-A. Lucas, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión por la que se fijan anticipadamente ciertos elementos de sus derechos de pensión o la omisión de adoptar tal decisión, exigida por el Estatuto, según se desprende del mensaje dirigido al demandante el 4 de enero de 2016 por un gestor del sector 001 «Pensiones» de la Unidad 4 de la PMO, en el que se le indica, en respuesta a su solicitud presentada ese mismo día, que sus derechos de pensión han cambiado como consecuencia de su nueva contratación en el grupo de funciones II con efectos a 1 de junio de 2014, de manera que su edad de acceso a la pensión pasa a ser de 66 años y la tasa de devengo para sus derechos de pensión pasa a ser el 1,8 % a partir del 1 de junio de 2014.

               —

               Anule, en la medida en que sea necesario, la decisión de 26 de julio de 2016 del Director de la Dirección E de la Dirección General de Recursos Humanos de la Comisión, por cuanto declara inadmisible por inexistencia de acto lesivo y, subsidiariamente, desestima por infundada la reclamación presentada por el demandante con fecha 1 de abril de 2016 contra la decisión o falta de decisión que se desprende del mensaje de 4 de enero de 2016.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante alega un único motivo único, basado en que el mensaje de 4 de enero de 2016 incurre en un error de Derecho e infringe el artículo 77, párrafos segundo y quinto, del Estatuto de los funcionarios (en lo sucesivo, «Estatuto») y los artículos 21, párrafo segundo, y 22, apartado 1, párrafo segundo, del anexo XIII del Estatuto, aplicables en virtud del artículo 109 del Régimen aplicable a los otros agentes (ROA), dado que la fecha de entrada en servicio tomada en consideración para la aplicación de dichos preceptos del Estatuto es el 1 de junio de 2014, en la que entró en vigor el contrato por el que el demandante accedió al grupo de funciones II («GF II»), en virtud del artículo 87, apartado 4, del ROA, mientras que debería haber sido el 1 de julio de 2008, fecha en la que el demandante entró inicialmente al servicio de la Comisión como agente contractual del grupo de funciones I.
   Este motivo se divide en dos partes:

               —

               Primera parte, basada en el hecho de que el sector 1 de la Unidad 4 de la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales («PMO») y el Director de la Dirección E de la Dirección General de Recursos Humanos de la Comisión («DGHR») consideraron erróneamente que, como el contrato de 19 de mayo de 2014 por el que el demandante accedió al GF II era nuevo y había dado lugar a una nueva contratación, no le resultaban aplicables los artículos 22, apartado 1, párrafo segundo, y 21, párrafo segundo, del anexo XIII del Estatuto, sino que era de aplicación el artículo 77, párrafos quinto y segundo, del Estatuto, mientras que la fecha de entrada en servicio contemplada por los artículos 21 y 22 del anexo XIII es la de la primera contratación.

               —

               Segunda parte, basada en el error cometido asimismo por el sector 1 de la Unidad 4 de la PMO y por el Director de la Dirección E de la DGHR al considerar que, como el contrato de 19 de mayo de 2014 por el que el demandante accedió al GF II constituía una discontinuidad en su carrera, no le resultaban aplicables los artículos 22, apartado 1, párrafo segundo, y 21, párrafo segundo, del anexo XIII del Estatuto, sino que era de aplicación el artículo 77, párrafos quinto y segundo, del Estatuto, mientras que dicho contrato se integra en la continuidad de su carrera, dado que tuvo por objeto y por efecto reclasificarle, con un cambio de funciones meramente formal.


title: Asunto C-266/14: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional (España) el 2 de junio de 2014 — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security S.L. y Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

text:
               25.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/19

         Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional (España) el 2 de junio de 2014 — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security S.L. y Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.
   (Asunto C-266/14)
   2014/C 282/25
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Audiencia Nacional — Sala de lo Social

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

      Demandadas: Tyco Integrated Security S.L. y Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE (1) en el sentido de que el tiempo invertido en el desplazamiento al inicio y al final de la jornada realizado por un trabajador que no tiene adscrito un centro de trabajo fijo, sino que ha de desplazarse cada día desde su domicilio al centro de un cliente de la empresa, diferente cada día, y volver a su domicilio desde el centro de otro cliente a su vez diferente (sobre una ruta o listado que le es fijado por la empresa el día anterior), situados siempre dentro de una zona geográfica más o menos amplia, en las condiciones del litigio principal explicitada en los fundamentos de esta cuestión, constituye «tiempo de trabajo» según la definición de ese concepto dada en el indicado artículo de la Directiva o, por el contrario, ha de considerarse como «periodo de descanso»?

      (1)  Directiva 2003/88/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo
   (DO L 299, p. 9)


title: Asunto C-286/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de octubre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Directiva 89/48/CEE — Trabajadores — Reconocimiento de títulos — Ingeniero)

text:
               6.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de octubre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-286/06) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 89/48/CEE - Trabajadores - Reconocimiento de títulos - Ingeniero)
   (2008/C 313/03)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: H. Støvlbæk y R. Vidal Puig, agentes)

      Demandada: Reino de España (representante: M. Muñoz Pérez, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 3 de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19, p. 16) — No reconocimiento en España de las cualificaciones profesionales de ingeniero obtenidas en Italia.
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, en particular de su artículo 3,

                           —

                           al denegar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de ingeniero obtenidas en Italia sobre la base de una formación universitaria impartida únicamente en España, y

                           —

                           al supeditar la admisión a las pruebas de promoción interna en la función pública de ingenieros en posesión de cualificaciones profesionales obtenidas en otro Estado miembro al reconocimiento académico de dichas cualificaciones.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 212 de 2.9.2006.


title: Asunto T-302/09: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2009 — CNIPT/Comisión

text:
               10.10.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 244/10

         Recurso interpuesto el 30 de julio de 2009 — CNIPT/Comisión
   (Asunto T-302/09)
   2009/C 244/16
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (París) (representantes: V. Ledoux y B. Néouze, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule en su totalidad la Decisión recurrida.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En el presente recurso, el demandante solicita la anulación de la Decisión C(2008) 7846 final de la Comisión, de 10 de diciembre de 2008, (1) en la que la Comisión estimó que el régimen marco de acciones que pueden llevar a cabo las organizaciones interprofesionales agrícolas francesas, consistentes en ayudas a la asistencia técnica, a la producción y a la comercialización de productos agrícolas de calidad, a la investigación y desarrollo y a la publicidad en favor de los productores primarios y de las empresas que se dedican a la transformación y comercialización de productos agrícolas, régimen financiado por cotizaciones voluntarias transformadas en obligatorias por arrêté interministériel (Orden Interministerial), constituye una ayuda de Estado compatible con el mercado común.
   Los motivos y principales alegaciones invocados por el demandante son esencialmente idénticos o similares a los invocados en el asunto T-293/09, CNIEL/Comisión.
   El demandante alega además una violación del principio de no discriminación por parte de la Comisión, al haber tratado en general y de modo unitario varios regímenes distintos de cotizaciones voluntarias-obligatorias.

      (1)  DO 2009 C 116, p. 14.


title: Elección de los Presidentes de Sala

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/40

         Elección de los Presidentes de Sala
   (2007/C 269/69)
   El 20 de septiembre de 2007, el Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al artículo 15 del Reglamento de Procedimiento, eligió a la Sra. Tiili, los Sres. Azizi, Meij, Vilaras y Forwood, la Sra. Martins Ribeiro, el Sr. Czúcz y la Sra. Pelikánová Presidentes de las Salas integradas por cinco Jueces y de las Salas integradas por tres Jueces, para el período comprendido entre el 20 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2010.


title: Asunto T-422/13: Sentencia del Tribunal General de 5 de abril de 2017 — CPME y otros/Consejo [«Dumping — Importaciones de determinado politereftalato de etileno (PET) procedentes de la India, Tailandia y Taiwán — Reconsideración por expiración de las medidas — Propuesta de la Comisión de renovar dichas medidas — Decisión del Consejo de cerrar el procedimiento de reconsideración sin adoptar esas medidas — Recurso de anulación — Artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 1225/2009 — Probabilidad de reaparición de un perjuicio importante — Artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.° 1225/2009 — Interés de la Unión — Errores manifiestos de apreciación — Obligación de motivación — Recurso de indemnización»]

text:
               22.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/19

         Sentencia del Tribunal General de 5 de abril de 2017 — CPME y otros/Consejo
   (Asunto T-422/13) (1)

   ([«Dumping - Importaciones de determinado politereftalato de etileno (PET) procedentes de la India, Tailandia y Taiwán - Reconsideración por expiración de las medidas - Propuesta de la Comisión de renovar dichas medidas - Decisión del Consejo de cerrar el procedimiento de reconsideración sin adoptar esas medidas - Recurso de anulación - Artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 - Probabilidad de reaparición de un perjuicio importante - Artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.o 1225/2009 - Interés de la Unión - Errores manifiestos de apreciación - Obligación de motivación - Recurso de indemnización»])
   (2017/C 161/26)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Bruselas, Bélgica) y las 10 demandantes cuyos nombres figuran en el anexo de la sentencia (representantes: L. Ruessmann, abogado, y J. Beck, Solicitor)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Boelaert y J.-P. Hix, agentes, asistidos por B. O’Connor, Solicitor, y S. Gubel, abogado)

      Parte coadyuvante en apoyo de las demandantes: Comisión Europea (representantes: J.-F. Brakeland, A. Demeneix y M. França, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: European Federation of Bottled Waters (EFBW) (Bruselas, Bélgica), Caiba, S.A. (Paterna, Valencia), Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) (Anderlecht, Bélgica), Danone (París, Francia), Nestlé Waters Management & Technology (Issy-les-Moulineaux, Francia), Pepsico International Ltd (Londres, Reino Unido) y Refresco Gerber BV (Rotterdam, Países Bajos), (representante: E. McGovern, Barrister)

      Objeto

   Por un lado, una pretensión basada en el artículo 263 TFUE relativa a la anulación parcial de la Decisión de Ejecución 2013/226/UE del Consejo, de 21 de mayo de 2013, por la que se rechaza la propuesta de Reglamento de Ejecución del Consejo por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado politereftalato de etileno procedentes de la India, Taiwán y Tailandia, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009, y se da por concluido el procedimiento de reconsideración por expiración relativo a las importaciones de determinado politereftalato de etileno procedentes de Indonesia y Malasia, en la medida en que la propuesta impondría un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado politereftalato de etileno procedentes de la India, Taiwán y Tailandia (DO 2013, L 136, p. 12), en la parte en que esta Decisión rechazó la propuesta de imponer un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones procedentes de la India, Taiwán y Tailandia y dio por concluido el procedimiento de reconsideración relativo a dichas importaciones y, por otro lado, una pretensión basada en el artículo 268 TFUE relativa a la reparación del perjuicio que las demandantes afirman haber sufrido.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión de Ejecución 2013/226/UE del Consejo, de 21 de mayo de 2013, por la que se rechaza la propuesta de Reglamento de Ejecución del Consejo por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado politereftalato de etileno procedentes de la India, Taiwán y Tailandia, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009, y se da por concluido el procedimiento de reconsideración por expiración relativo a las importaciones de determinado politereftalato de etileno procedentes de Indonesia y Malasia, en la medida en que la propuesta impondría un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado politereftalato de etileno procedentes de la India, Taiwán y Tailandia, en la parte en que esta Decisión rechazó la propuesta de establecer un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones procedentes de la India, de Taiwán y de Tailandia y dio por concluido el procedimiento de reconsideración relativo a las importaciones de politereftalato de etileno (PET) procedente de esos tres países.

               2)

               Desestimar las pretensiones de indemnización.

               3)

               El Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química, S.A., Equipolymers Srl, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, M & G Polimeri Italia SpA, Novapet, S.A., Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group y UAB Orion Global pet cargarán con sus propias costas, a excepción de las que se mencionan en el punto 5 infra.

               4)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

               5)

               La European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba, S.A., Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd y Refresco Gerber BV cargarán, además de con sus propias costas, con las costas en que las demandantes hayan incurrido a causa de intervención en el procedimiento de estas coadyuvantes.

               6)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 325 de 9.11.2013.