title: Recurso de casación interpuesto el 26 de marzo de 1998 por la República Francesa contra la sentencia dictada el 27 de enero de 1998 por la Sala Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-67/94 , Ladbroke Racing Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-83/98 P)

text:
4.7.98                    ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 C 209/15
Recurso de casación interpuesto el 26 de marzo de 1998                        res cruciales recogidos por la Comisión en su Decisión
por la RepuÂblica Francesa contra la sentencia dictada el                     y en sus alegaciones, y por el Gobierno franceÂs en su
27 de enero de 1998 por la Sala Segunda ampliada del Tri-                     escrito de formalización de la intervención; y basó
bunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                        parte de su razonamiento en premisas falsas.
en el asunto T-67/94 (1), Ladbroke Racing Ltd contra
            Comisión de las Comunidades Europeas                              Pago escalonado de cantidades adeudadas
                         (Asunto C-83/98 P)                                   a l Te s o r o ( M e d i d a 5 )
                             (98/C 209/29)                                    SeguÂn se explica en la Decisión de la Comisión, esta
                                                                              medida consistía en el aplazamiento de la fecha del
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                     pago de la exacción puÂblica por parte de PMU al
ha presentado el 26 de marzo de 1998 un recurso de casa-                      Tesoro.
ción formulado por la RepuÂblica Francesa, representada
por Kareen Rispal Bellanger, Jean-Marc Belorgey y FreÂdeÂ-                    Dado que la Comisión consideró que las facilidades de
rik Million, en calidad de Agentes, que designa como                          tesorería concedidas a PMU equivalían a un ajuste del
domicilio en Luxemburgo la Embajada francesa, 8, Boule-                       sistema puÂblico de exacciones a favor de eÂste, que era
vard Joseph II, contra la sentencia dictada el 27 de enero                    compatible con la naturaleza y la estructura general
de 1998 por la Sala Segunda ampliada del Tribunal de Pri-                     del sistema y no constituía una ayuda de Estado, el
mera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto                       Tribunal de Primera Instancia estimó que la Comisión
T-67/94, Ladbroke Racing Ltd contra Comisión de las                           había aplicado incorrectamente el apartado 1 del
Comunidades Europeas.                                                         artículo 92 del Tratado.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                   El Gobierno franceÂs senÄala a este respecto que el Tri-
Comunidades Europeas que:                                                     bunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta los
                                                                              hechos y argumentos expuestos en su escrito de forma-
Ð Anule el apartado 1 del fallo de la sentencia recurrida
                                                                              lización de la intervención. El Gobierno franceÂs no
    y confirme la pretensión formulada en primera instan-
                                                                              puede hacer otra cosa que repetir las críticas formula-
    cia por la Comisión, es decir, que se desestime el
                                                                              das respecto a la citada medida.
    recurso de Ladbroke.
Motivos y principales alegaciones                                             AdemaÂs, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, el
                                                                              Tribunal de Primera Instancia se equivoca al senÄalar
A) Aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado                      que (1) la Decisión impugnada no contiene ninguna
                                                                              consideración en el sentido de que la modificación del
    La reducción del 1,6 % en la exacción                                     reÂgimen del pago a Hacienda de las exacciones puÂbli-
    p uÂ b l i c a e n b e n e f i c i o d e P M U ( M e d i d a 3 )          cas no ha consituido una medida concreta y que esta-
                                                                              blece excepciones, sino una modificación de caraÂcter
    Como se describe en la Decisión de la Comisión, la                        general del reÂgimen tributario que beneficia a todo el
    medida controvertida consistía en la reasignación a                       sector de las carreras hípicas y (2) la autorización del
    favor de PMU de una participación en la exacción que                      desfase del pago se concedió uÂnicamente en beneficio
    previamente se había destinado a fondos puÂblicos.                        de PMU.
    El Tribunal de Primera Instancia, tras interpretar la
                                                                              Ganancias no reclamadas destinadas a las
    Decisión de la Comisión en el sentido de que la
                                                                              sociedades de carreras (Medida 1)
    medida de que se trata no constituía una ayuda de
    Estado, dado que:
                                                                              SeguÂn se explica en la Decisión de la Comisión, esta
    «a) constituía tan solo una baja limitada del tipo de                     medida consiste en permitir que PMU se quede con las
           las exacciones (1,6 % aproximadamente) que no                      ganancias no reclamadas.
           refuerza la situación financiera de una empresa en
           situación de monopolio,                                            La Comisión consideró fundamentalmente que, en la
                                                                              medida en que esa parte de los recursos se había asig-
     b) tenía caraÂcter permanente y,                                         nado siempre a PMU, no constituía una transferencia
     c) no tenía por objeto financiar una operación con-                      de recursos puÂblicos, a pesar de que las sociedades de
           creta, sino ªincrementar los recursos de los bene-                 carreras uÂnicamente podrían utilizar en lo sucesivo los
           ficiarios de exacciones sin caraÂcter puÂblicoº»                   fondos de que se trata para determinados fines, y cua-
                                                                              lesquiera cantidades no utilizadas revertirían al
    consideraba a continuación que dichos criterios no                        Estado.
    constituían una base adecuada para descartar la exis-
    tencia de una ayuda a efectos del apartado 1 del                          El Tribunal de Primera Instancia consideró que el
    artículo 92.                                                              hecho de que el Estado controle el uso de dichos fon-
                                                                              dos Ðque constituirían, de lo contrario, recursos nor-
    A juicio del Gobierno franceÂs, para llegar a dicha con-                  males de PMU que eÂste podría distribuir como qui-
    clusión, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en                     sieraÐ significa que se trataba de recursos puÂblicos.
    varios errores de Derecho; motivó insuficientemente,
    en contra de lo dispuesto en el artículo 190 del Tra-                     A juicio del Gobierno franceÂs, ello constituye otro
    tado, determinados aspectos de su razonamiento; no                        error de Derecho por parte del Tribunal de Primera
    definió su postura con respecto a determinados facto-                     Instancia.
 ---pagebreak--- C 209/16              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      4.7.98
   Dispensas de la norma del desfase de un                                   arreglo a los principios fundamentales del Derecho
   m e s p a r a l a d e d u c c i ó n d e l I VA a p a r t i r d e l        comunitario, tenerlo en cuenta a efectos de la renuncia
   1 de enero de 1989                                                        al reembolso de la ayuda de que se trata.
   El Gobierno franceÂs senÄala que esta medida permitía a              (1) DO C 90 de 26.3.1994, p. 23.
   PMU deducir el IVA pagado sobre sus compras
   tomando como referencia el mes en que eÂstas se efec-
   tuaron y no el mes siguiente, como sería lo normal.
   Desde su implantación en 1969, dicha facilidad de
   tesorería se compensó, no obstante, mediante un depó-                Peticiones de decisiones prejudiciales presentadas mediante
   sito permanente sin intereses en el Tesoro PuÂblico.                 resoluciones del Consiglio di Stato de fecha de 20 de enero
                                                                        de 1998 en los asuntos 1) Questore di Macerata contra
   Es cierto, como senÄaló el Tribunal de Primera Instan-               Claudio Peroni, 2) Questore di Genova contra Eliana Fas-
   cia, que la Comisión incurrió en un error de hecho en                ciolo, 3) Questore di Genova contra Umberto Merlo, 4)
   su Decisión al afirmar que el depósito en el Tesoro                  Questore di Catanzaro c/ Patrizia Caffarelli, 5) Questore
   uÂnicamente había existido a partir de 1989.                         di Milano contra Chiara Picerno, 6) Questore di Imperia
                                                                        contra Gianluca Barrese, Andrea De Sanctis y SaS Riviera,
   La Comisión consideró que la medida controvertida                    7) Questore di Pavia contra Giovanni Giacchetto y 8)
   constituía una ayuda de Estado compatible con el mer-                         Questore di Savona contra Francesco Amato
   cado comuÂn antes de 1989 debido a que cualquier per-
                                                                                (Asuntos C-86/98 a C-93/98)
   juicio causado por ella al mercado comuÂn era insignifi-
   cante. DespueÂs del 1 de enero de 1989, debido a la                                          (98/C 209/30)
   existencia del depósito compensatorio en el Tesoro, la
   Comisión consideró que había dejado de constituir                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le
   una ayuda de Estado.                                                 han sido sometidas varias peticiones de decisiones prejudi-
                                                                        ciales mediante resoluciones del Consiglio di Stato dic-
   El Tribunal de Primera Instancia anuló la valoración                 tadas el 20 de enero de 1998 en los asuntos 1) Questore di
   de la Comisión referente al período posterior al 1 de                Macerata contra Claudio Peroni, 2) Questore di Genova
   enero de 1989 basaÂndose en factores relacionados fun-               contra Eliana Fasciolo, 3) Questore di Genova contra
   damentalmente con el período anterior y en la mera                   Umberto Merlo, 4) Questore di Catanzaro c/ Patrizia Caf-
   consideración de que la compensación correspondiente                 farelli, 5) Questore di Milano contra Chiara Picerno, 6)
   al anÄo 1989 había sido inadecuada.                                  Questore di Imperia contra Gianluca Barrese, Andrea De
                                                                        Sanctis y SaS Riviera, 7) Questore di Pavia contra Gio-
   No obstante, el Tribunal de Primera Instancia no                     vanni Giacchetto y 8) Questore di Savona contra Fran-
   puede invocar uÂnicamente dichos factores para llegar a              cesco Amatoentre el Questore di Verona y Diego Zenatti,
   la conclusión de que la valoración de la Comisión res-               y recibidas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de
   pecto a todo el período posterior al 1 de enero de                   abril de 1998.
   1989 era errónea. TambieÂn a este respecto, la sentencia
   del Tribunal de Primera Instancia adolece de una argu-               El Consiglio di Stato solicita al Tribunal de Justicia que se
   mentación defectuosa y de una motivación inade-                      pronuncie sobre la siguiente cuestión:
   cuada.
                                                                        «¿Se oponen las normas del Tratado en materia de pres-
B) Recuperación de la ayuda incompatible con el mer-                    tación de servicios a un reÂgimen como el establecido por
   cado comuÂn                                                          la normativa italiana sobre las apuestas, habida cuenta de
                                                                        las finalidades de política social y de prevención del fraude
   Dado que la Comisión consideró en su Decisión que la                 que la justifican?»
   exención de la participación de PMU en la labor de
   construcción a partir de 1989 era incompatible con el
   Tratado, pero que el beneficiario uÂnicamente debía
   reembolsar las cantidades de referencia a partir de la
   fecha en que se inició el procedimiento en 1991, dado
   que podría haber albergado una confianza legítima en                 Recurso interpuesto el 7 de abril de 1998 contra Comisión
   base a la decisión anterior del Conseil d'EÂtat, el Tribu-            de las Comunidades Europeas por la RepuÂblica de Austria
   nal de Primera Instancia consideró baÂsicamente que la                                     (Asunto C-99/98)
   Comisión no podría tener en cuenta la confianza legí-
   tima del beneficiario, invodada por el Estado miem-                                          (98/C 209/31)
   bro, para eliminar la exigencia de reembolsar la ayuda
   que consideraba incompatible con el mercado comuÂn.                  En el Tribunal de Justicia de las Comundidades Europeas
                                                                        se ha presentado el 7 de abril de 1998 un recurso contra
   El Gobierno franceÂs cree que la sentencia del Tribunal              la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por
   de Primera Instancia adolece tambieÂn en este punto de               la RepuÂblica de Austria, representada por el Dr. Wolf
   un error de Derecho y que cuando un Estado miembro                   Okresek, Sektionschef, Leiter des Verfassungsdienstes del
   informa a la Comisión de la existencia de una con-                   Bundeskanzleramt de la RepuÂblica de Austria, que designa
   fianza legítima por parte del beneficiario de una ayuda              como domicilio en Luxemburgo el despacho del Embaja-
   que la Comisión ha considerado incompatible con el                   dor, Dr. Josef Magerl, Embajada de Austria, 3, rue des
   mercado comuÂn, la referida Institución podraÂ, con                  Bains, L-1212 Luxemburgo.


title: Asunto T-429/13: Recurso interpuesto el 19 de agosto de 2013 — Bayer CropScience/Comisión

text:
               9.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/37

         Recurso interpuesto el 19 de agosto de 2013 — Bayer CropScience/Comisión
   (Asunto T-429/13)
   2013/C 325/62
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Alemania) (representantes: K. Nordlander, abogado, y P. Harrison, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare la admisibilidad del recurso.

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 485/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de las sustancias activas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que las contengan (DO L 139, p. 12).

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que, al adoptar el acto impugnado, la Comisión se extralimitó en el ejercicio de las competencias que le atribuye el Reglamento (CE) no 1107/2009 (1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Habilitación») y, en consecuencia, el acto impugnado carece de una base jurídica adecuada por cuanto:

                           —

                           la Comisión incumplió el artículo 21 del Reglamento de Habilitación (i) al no tener en cuenta datos de vigilancia que acreditan que las sustancias activas de que se trata no planteaban riesgos inaceptables para las abejas, y (ii) al concluir erróneamente que existían nuevos datos científicos pertinentes que facultaban a la Comisión para actuar, y

                           —

                           la Comisión incumplió el artículo 49 del Reglamento de Habilitación al prohibir la venta de semillas tratadas con las sustancias activas de que se trata sin acreditar «temores fundados» de que las semillas tratadas «puedan representar un grave riesgo para la salud humana o animal o el medio ambiente» que «no pueda controlarse de manera satisfactoria» con otras medidas.

               2)

               Segundo motivo, basado en que el acto impugnado se adoptó en infracción del artículo 12, apartado 2, y del anexo II, punto 3.8.3., del Reglamento de Habilitación y vulneró la confianza legítima de la demandante por cuanto:

                           —

                           el Reglamento de Habilitación exigía que la evaluación de riesgos que dio lugar al acto impugnado tuviera en cuenta la orientación existente y aplicable — y existía una confianza legítima de la demandante en ese sentido–, y, sin embargo, esa orientación existente y aplicable se ignoró en favor de un dictamen científico que no constituía orientación y de un proyecto de documento de orientación que no estaba disponible ni había sido aceptado.

               3)

               Tercer motivo, basado en que la aplicación del Reglamento de Habilitación por parte de la Comisión al adoptar el acto impugnado constituyó una vulneración de los derechos fundamentales de la demandante a la propiedad y la libertad de empresa por cuanto:

                           —

                           las decisiones de retirar (y modificar) las aprobaciones de los productos de la demandante se basaron en una aplicación ilícita del Reglamento de Habilitación que no tuvo en cuenta adecuadamente el largo historial de uso inocuo de las sustancias activas de que se trata ni el valor y el significado de la propiedad industrial e intelectual de la demandante sobre las sustancias activas ni las inversiones a largo plazo efectuadas en ellas.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que el acto impugnado se adoptó con arreglo a un procedimiento que vulneró el derecho de la demandante a ser oída por cuanto:

                           —

                           la realización de las evaluaciones de riesgo pertinentes sobre la base de un dictamen científico y de un proyecto de documento de orientación (en lugar de sobre la orientación existente y aplicable) dio lugar automáticamente a la identificación de «lagunas de datos» que la demandante nunca tuvo la oportunidad de subsanar.

               5)

               Quinto motivo, basado en que la adopción del acto impugnado vulnera el principio de proporcionalidad por cuanto:

                           —

                           en una serie de ámbitos (entre ellos en lo que respecta a las restricciones de los productos de la demandante para usos foliares, usos no profesionales y usos en interiores), el acto impugnado va más allá de lo necesario para conseguir sus objetivos legítimos, e incluso puede menoscabarlos, y la Comisión no consideró otras posibles opciones normativas menos restrictivas a las que podía haber recurrido.

               6)

               Sexto motivo, basado en que la adopción del acto impugnado vulnera el principio de cautela por cuanto:

                           —

                           entre otros aspectos, entrañó que la Comisión, en su condición de entidad gestora del riesgo, adoptase una concepción del riesgo puramente hipotética basada en meras suposiciones aún no verificadas científicamente (debido a que, en su mayor parte, las evaluaciones de riesgos no constituyeron análisis científicos rigurosos) y que se negara a realizar un análisis de las ventajas e inconvenientes que puedan resultar de sus acciones.

      (1)  Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309, p. 1.


title: COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DE LA AELC

text:
Aviso jurídico importante

|

E1998J1029(01)

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DE LA AELC

Diario Oficial n° C 331 de 29/10/1998 p. 0024 - 0024

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DE LA AELC (98/C 331/08)Nombramiento del Secretario del Tribunal de la AELCEl Sr. Gunnar Selvik fue nombrado Secretario del Tribunal de la AELC, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Protocolo n° 5 del Acuerdo sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, sucediendo así al Sr. Per Christiansen, para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1998 y el 31 de agosto del 2001. El Sr. Gunnar Selvik prestó juramento, de conformidad con el artículo 10 del Protocolo n° 5 del Acuerdo anteriormente mencionado, en una audiencia pública celebrada el 17 de septiembre de


title: Asunto C-49/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Efeteio Athinon el 5 de febrero de 2007 — Motosikletistiki Omospondia Ellados (MOTOE)/Estado Helénico

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Efeteio Athinon el 5 de febrero de 2007 — Motosikletistiki Omospondia Ellados (MOTOE)/Estado Helénico
   (Asunto C-49/07)
   (2007/C 95/27)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Dioikitiko Efeteio Athinon
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Motosikletistiki Omospondia Ellados (MOTOE)

      Recurrida: Estado Helénico
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Pueden interpretarse los artículos 82 y 86 del Tratado CE en el sentido de que en ellos está comprendida también la actividad de una persona jurídica que tenga la condición de representante nacional de la Federación Internacional de Motociclismo y que ejerza una actividad económica como la descrita anteriormente, celebrando contratos de patrocinio, de publicidad y de seguro, en el contexto de la organización de manifestaciones deportivas en el sector de los vehículos a motor?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿es compatible con los artículos arriba mencionados el artículo 49 de la Ley no 2696/1999, el cual, a efectos de la concesión por parte de la autoridad estatal nacional competente (en este caso el Ministerio del Interior) de una autorización para la organización de una carrera de vehículos a motor, otorga a la persona jurídica antes mencionada la facultad de emitir un dictamen favorable a la celebración de la carrera, sin fijar límites, restricciones y controles al ejercicio de esa facultad?


title: Asunto C-540/03: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2003 contra el Consejo de la Unión Europea por el Parlamento Europeo

text:
21.2.2004               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 47/21
(d) discriminatorias, o                                                           edificios para su venta (sector exento del IVA) y el otro la
                                                                                ejecución de obras (sector sujeto a dicho impuesto), es
(e)   contrarias a la libertad fundamental de llevar a cabo una                   preciso, a efectos de calcular el porcentaje de deducción
      actividad comercial o empresarial?                                          del IVA o prorrata soportado por dicho sujeto pasivo en
                                                                                la adquisición de bienes o servicios afectados a ambas
                                                                                actividades, incluir en el denominador de la fracción para
(1) Reglamento (CE) no 2341/2002 del Consejo, de 20 de diciembre                  el cálculo de la prorrata, además del volumen de negocios
    de 2002, por el que se establecen, para 2003, las posibilidades de            anual, el valor de las obras en curso de ejecución al final
    pesca y las condiciones correspondientes para determinadas                    de cada año y aún no comercializadas y cuyo valor no
    poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas             haya sido percibido total o parcialmente?
    comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las
    demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de
    capturas (DO L 356 de 31.12.2002. p. 12).                               —     ¿O ha de interpretarse en el sentido de que debe incluirse
(2) Reglamento (CE) no 671/2003 del Consejo, de 10 de abril                       únicamente el volumen de negocios?
    de 2003, que modifica el Reglamento (CE) no 2341/2002 por el
    que se establecen, para 2003, las posibilidades de pesca y las
    condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y
    grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias        (1) Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
    y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas                en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
    donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (DO L 97            Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios
    de 15.4.2003, p. 11).                                                       — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base
(3) 2003/185/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de marzo de 2003,               imponible uniforme (DO L 145 de 13.6.1977, p. 1). Edición
    sobre la atribución a los Estados miembros de días adicionales de           especial en español: Cap. 9, Tomo 1 p. 54.
    ausencia del puerto en virtud del anexo XVII del Reglamento (CE)        (2) Impuesto sobre Valor Añadido.
    no 2341/2002 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
    [notificada con el número C(2003) 762] (DO L 71 de 15.3.2003,
    p. 28).
                                                                            Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2003 contra el
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
                                                                             Consejo de la Unión Europea por el Parlamento Europeo
lución del Supremo Tribunal Administrativo (Portugal),
de fecha 26 de noviembre de 2003, en el asunto entre
             António Jorge, Lda y Hacienda Pública
                                                                                (Asunto C-540/03)
                        (Asunto C-536/03)
                                                                                (2004/C 47/35)
                           (2004/C 47/34)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                 presentado el 22 de diciembre de 2003 un recurso contra el
resolución del Supremo Tribunal Administrativo (Portugal),                  Consejo de la Unión Europea formulado por el Parlamento
dictada el 26 de noviembre de 2003, en el asunto entre                      Europeo, representado por los Sres. H. Duintjer Tebbens y
António Jorge, Lda y Hacienda Pública y recibida en la                      A. Caiola, en calidad de agentes, que designa domicilio en
Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de diciembre de 2003.             Luxemburgo.
El Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) solicita al
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
cuestiones:                                                                 El Parlamento Europeo solicita al Tribunal de Justicia que:
—     ¿En qué sentido debe interpretarse el artículo 19 de la
      Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva, de                 —     Anule, con arreglo al artículo 230 CE, el artículo 4,
      17 de mayo de 1977? (1)                                                     apartado 1, último párrafo, y apartado 6, y el artículo 8
                                                                                de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de
                                                                                septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación
—     El artículo 23, no 4, del Código del IVA (2), ¿es compatible                familiar (1).
      con la citada norma cuando se interpreta en el sentido de
      que, al ser el sujeto pasivo una empresa dedicada a
      actividades inmobiliarias y que realiza obras en dos                  —     Condene a la parte demandada a pagar la totalidad de las
      sectores de actividad, uno de ellos la construcción de                      costas.
 ---pagebreak--- C 47/22                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           21.2.2004
Motivos y principales alegaciones                                         1.    ¿Debe interpretarse el artículo 49 del Tratado CE en el
                                                                                sentido de que se opone a que una normativa de una
                                                                                autoridad nacional o de una corporación local establezca
Este recurso de anulación tiene por objeto defender, en el                      un impuesto sobre las infraestructuras de comunicaciones
ordenamiento jurídico comunitario, los derechos fundamenta-                     móviles y personales utilizadas en el marco de la explota-
les, en particular los de los hijos menores de edad. En efecto,                 ción de las actividades previstas por las licencias y
la Directiva, a la vez que establece reglas válidas para concretar              autorizaciones?
el derecho a la reagrupación familiar de los nacionales
de Estados terceros, contiene sin embargo un número de                    2.    ¿Se opone el artículo 3 quater de la Directiva 90/388/CEE
disposiciones inaceptables con respecto a los derechos funda-                   de la Comisión, de 28 de junio de 1990 (1), introducido
mentales, especialmente del derecho a la vida familiar y del                    por la Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero
derecho a la no discriminación, cuyo respeto se exige en el                     de 1996 (2), por la que se modifica la Directiva 90/388/
ordenamiento jurídico de la Unión Europea por medio del                         CEE en relación con las comunicaciones móviles y
artículo 6 del Tratado de la UE.                                                personales, en la medida en que este artículo se refiere a
                                                                                la supresión de «todas las restricciones», a que una
                                                                                normativa de una autoridad nacional o de una corpora-
El derecho a la vida familiar tal como ha sido reconocido por                   ción local establezca un impuesto sobre las infraestructu-
el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y                        ras de comunicaciones móviles y personales utilizadas en
Libertades Fundamentales de 1950 (CEDH) e interpretado por                      el marco de la explotación de las actividades previstas por
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos                      las licencias y autorizaciones?
sólo puede limitarse por motivos determinados y requiere en
cada caso una ponderación de los intereses de los nacionales
de países terceros afectados y del Estado de acogida. Las                 (1) Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990,
excepciones al derecho de reagrupación familiar que autorizan                 relativa a la competencia en los mercados de servicios de
                                                                              telecomunicaciones (DO L 192 de 24.7.1990, p. 10).
expresamente las disposiciones mencionadas de la Directiva
                                                                          (2) Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por
van más allá de las restricciones permitidas y vulneran                       la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las
los derechos fundamentales a la vida familiar y a la no                       comunicaciones móviles y personales (DO L 20 de 26.1.1996,
discriminación, tal como están garantizados por el CEDH y tal                 p. 59).
como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a
los Estados miembros de la UE, como principios generales del
Derecho comunitario, según establece el artículo 6, apartado 2,
del Tratado de la UE.
(1) DO L 251 de 3.10.2003, p. 12.
                                                                          Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
                                                                          lución del Conseil d’État (Bélgica), Sala XVa, de fecha 8 de
                                                                          diciembre de 2003, en el asunto entre S.A. Belgacom
                                                                                Mobile y Municipio de Schaerbeek
                                                                                (Asunto C-545/03 )
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
lución del Conseil d’État (Bélgica), Sala XVa, de fecha 8 de                                        (2004/C 47/37)
diciembre de 2003, en el asunto entre S.A. Mobistar y
                       Municipio de Fléron
                                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                       (Asunto C-544/03)                                  sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                          resolución del Conseil d’État (Bélgica) Sala XVa, dictada el 8 de
                                                                          diciembre de 2003, en el asunto entre S.A. Belgacom Mobile y
                          (2004/C 47/36)                                  Municipio de Schaerbeek y recibida en la Secretaría del
                                                                          Tribunal de Justicia el 23 de diciembre de 2003 El Conseil
                                                                          d’État (Bélgica) Sala XVa, solicita al Tribunal de Justicia que se
                                                                          pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante               1.    ¿Debe interpretarse el artículo 49 del Tratado CE en el
resolución del Conseil d’État (Bélgica) Sala XVa, dictada el 8 de               sentido de que se opone a que una normativa de una
diciembre de 2003, en el asunto entre S.A. Mobistar y                           autoridad nacional o de una corporación local establezca
Municipio de Fléron y recibida en la Secretaría del Tribunal de                 un impuesto sobre las infraestructuras de comunicaciones
Justicia el 23 de diciembre de 2003. El Conseil d’État (Bélgica)                móviles y personales utilizadas en el marco de la explota-
Sala XVa, solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre               ción de las actividades previstas por las licencias y
las siguientes cuestiones:                                                      autorizaciones?


title: Asunto T-222/07 P: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de septiembre de 2008 — Kerstens/Comisión ( Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Informe de evolución de carrera — Plazo de reclamación — Extemporaneidad — Recurso de casación infundado )

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/25

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de septiembre de 2008 — Kerstens/Comisión
   (Asunto T-222/07 P) (1)

   («Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Informe de evolución de carrera - Plazo de reclamación - Extemporaneidad - Recurso de casación infundado»)
   (2008/C 272/48)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Petrus Kerstens (Overijse, Bélgica) (representante: C. Mourato, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Martin y K. Herrmann, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra el auto de Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 25 de abril de 2007, Kerstens/Comisión (F-59/06, aún no publicado en la Recopilación), y relativo a la anulación de este auto.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Petrus Kerstens.

      (1)  DO C 199 de 25.8.2007.


title: Asunto T-551/13: Sentencia del Tribunal General de 26 de marzo de 2015 —Radecki/OAMI — Vamed (AKTIVAMED) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa AKTIVAMED — Marca nacional figurativa anterior VAMED — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) no 207/2009»]

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/25

         Sentencia del Tribunal General de 26 de marzo de 2015 —Radecki/OAMI — Vamed (AKTIVAMED)
   (Asunto T-551/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa AKTIVAMED - Marca nacional figurativa anterior VAMED - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 155/28)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Michael Radecki (Colonia, Alemania) (representantes: C. Menebröcker y V. Töbelmann, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente A. Pohlmann, posteriormente S. Hanne, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recursode la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Vamed AG (Viena, Austria) (representante: R. Paulitsch, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 18 de julio de 2013 (asunto R 365/2012-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Vamed AG y Michael Radecki.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Michael Radecki.

      (1)  DO C 367, de 14.12.2013.


title: Asunto C-159/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 15 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Koela-N» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Fiscalidad — IVA — Directiva 2006/112/CE — Principio de neutralidad fiscal — Deducción del IVA soportado — Concepto de «entrega de bienes» — Requisito de existencia de una entrega de bienes — Transmisión de bienes por el transportista directamente del proveedor a un tercero — Falta de prueba de posesión efectiva de los bienes por el proveedor directo — Falta de cooperación de los proveedores con las autoridades tributarias — Inexistencia de transbordo de las mercancías — Elementos que justifican una sospecha de fraude fiscal)

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/7

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 15 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Koela-N» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
   (Asunto C-159/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Fiscalidad - IVA - Directiva 2006/112/CE - Principio de neutralidad fiscal - Deducción del IVA soportado - Concepto de «entrega de bienes» - Requisito de existencia de una entrega de bienes - Transmisión de bienes por el transportista directamente del proveedor a un tercero - Falta de prueba de posesión efectiva de los bienes por el proveedor directo - Falta de cooperación de los proveedores con las autoridades tributarias - Inexistencia de transbordo de las mercancías - Elementos que justifican una sospecha de fraude fiscal))
   (2015/C 320/09)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad — Varna

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante:«Koela-N» EOOD

      Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

      Fallo

               1)

               El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la Administración tributaria de un Estado miembro considere que no se ha realizado una entrega de bienes, lo que conlleva obstaculizar la deducción por el adquirente del impuesto sobre el valor añadido soportado en dicha adquisición, debido a que no recibió la mercancía que compró sino que la expidió directamente a un tercero a quien se la revendió, o debido a que el proveedor directo de dicho adquirente no recibió la mercancía que compró sino que la expidió directamente a éste.

               2)

               La falta de cooperación de los proveedores anteriores de un sujeto pasivo en la cadena comercial con las autoridades tributarias y la inexistencia de transbordo de las mercancías de que se trata no constituyen per se elementos objetivos suficientes para concluir que dicho sujeto pasivo sabía o debía haber sabido que la operación invocada para basar su derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido formaba parte de un fraude fiscal. No obstante, estas dos circunstancias son elementos objetivos que pueden tenerse en cuenta, en el marco de una apreciación global de todos los elementos y circunstancias de hecho, a fin de determinar si el referido sujeto pasivo sabía o debía haber sabido que la operación invocada para basar su derecho a deducción formaba parte de un fraude fiscal.

      (1)  DO C 175, de 10.6.2014.


title: Asunto C-648/16: Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italia) el 16 de diciembre de 2016 — Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

text:
               20.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italia) el 16 de diciembre de 2016 — Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria
   (Asunto C-648/16)
   (2017/C 086/12)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Fortunata Silvia Fontana

      Recurrida: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

      Cuestión prejudicial

   ¿Es compatible con los artículos 113 y 114 TFUE, así como con la Directiva 112/2006/CE, (1) la normativa nacional italiana establecida en los artículos 62 sexies, apartado 3, y 62 bis del Decreto-Ley 331/1993, [transformado en la Ley] n.o 427 de 29 de octubre de 1993, en la medida en que permite la aplicación del IVA a un volumen de negocio global determinado por un método inductivo, desde la perspectiva del respeto del derecho de deducción y de la obligación de repercusión y, con carácter general, a la luz del principio de neutralidad y traslación del impuesto?

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1)


title: Asunto C-51/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Celle (Alemania) el 6 de febrero de 2015 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Celle (Alemania) el 6 de febrero de 2015 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover
   (Asunto C-51/15)
   (2015/C 155/11)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Celle

      Partes en el procedimiento principal

      Solicitante y recurrente: Remondis GmbH & Co. KG Region Nord

      Oponente y recurrida: Region Hannover
   Parte coadyuvante: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿El acuerdo entre dos corporaciones territoriales en virtud del cual éstas, mediante sendos estatutos, constituyen una entidad común de gestión con personalidad jurídica propia para que en adelante asuma, como competencias propias, determinadas funciones hasta entonces pertenecientes a las corporaciones territoriales constituye un «contrato público» en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, (1) cuando dicha cesión de funciones afecta a servicios en el sentido de esta Directiva y se realiza a cambio de una contraprestación, la entidad de gestión desarrolla actividades que exceden de las que antes incumbían a las corporaciones territoriales participantes y la cesión de funciones no corresponde a los «dos tipos de contrato» que, aunque celebrados por entidades públicas, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (la más reciente, sentencia de 13 de junio de 2013 —C-386/11 (2)— Piepenbrock, apartados 33 y ss.), no entran en el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión en materia de contratación pública?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: La cuestión de si la constitución de una entidad de gestión y la consiguiente cesión de funciones a favor de ésta excepcionalmente no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión en materia de contratación pública, ¿se rige por los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia en relación con los contratos entre una institución pública y una persona jurídicamente distinta a la misma, según los cuales no ha lugar a aplicar la legislación de la Unión en materia de contratación pública cuando la institución ejerce sobre esa persona un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y, al mismo tiempo, dicha persona realiza con la institución o las instituciones que la controlan la parte esencial de su actividad (véase a este respecto, entre otras, la sentencia de 18 de noviembre de 1999 —C-107/98 (3)—Teckal, apartado 50), o, en cambio, son de aplicación los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia en relación con los contratos que establecen una cooperación entre entidades públicas que tiene por objeto garantizar la realización de una misión de servicio público común a las mismas (véase la sentencia de 19 de diciembre de 2012 —C-159/11 (4) — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, apartados 34 y 35)?

      (1)  DO L 134, p. 114.

      (2)  EU:C:2013:385.

      (3)  EU:C:1999:562.

      (4)  EU:C:2012:817.


title: Asunto T-56/08: Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2008 — IEA y otros/Comisión

text:
               26.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 107/29

         Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2008 — IEA y otros/Comisión
   (Asunto T-56/08)
   (2008/C 107/49)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: Stichting IEA Secretariaat Nederland (IEA) (Amsterdam, Países Bajos), Educational Testing Service Global BV (ETS-Europe) (Amsterdam, Países Bajos), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (Frankfurt am Main, Alemania), Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (Berlin, Alemania) (representantes: E. Morgan de Rivery y S. Thibault-Liger, abogados)

      Demandadas: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule íntegramente la Decisión de la Comisión, de 23 de noviembre de 2007, por la que se desestimó la oferta presentada por las demandantes en el marco de la Licitación No EAC/21/2007 «Encuesta europea sobre los conocimientos lingüísticos», en cuanto que infringe el Derecho comunitario e incurre en errores manifiestos de apreciación.

               —

               Que se anule íntegramente la Decisión de la Comisión por la que se adjudicó el contrato relacionado con dicha licitación a SurveyLang Consortium, en cuanto que infringe el Derecho comunitario e incurre en errores manifiestos de apreciación.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas generadas por este procedimiento, con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes presentaron una oferta en el marco de la Licitación relativa a la «Encuesta europea sobre los conocimientos lingüísticos» (DO 2007/S 61-074161), en su versión modificada (DO 2007/S 109-133727). Las demandantes impugnan la Decisión de la demandada de 23 de noviembre de 2007 de desestimar su oferta presentada y adjudicar el contrato a otro licitador.
   En apoyo de su demanda, las demandantes alegan que la Decisión impugnada viola el principio de igualdad de trato, e infringe el artículo 100, apartado 1, del Reglamento financiero (1) y el pliego de condiciones.
   Además, las demandantes alegan que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación respecto de los criterios cualitativos contenidos en el pliego de condiciones, lo que a su vez provocó un error manifiesto de apreciación a la hora de conceder las puntuaciones respectivas a los licitadores.

      (1)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1), en su versión modificada (DO 2003, L 25, p. 43).


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 9 de junio de 1998 en los asuntos acumulados T-10/97 y T-11/97, Unifrigo Gadus srl y CPL Imperial 2 SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recaudación a posteriori de derechos de aduana - Reglamento (CEE) no 1697/79 - Reglamento (CEE) no 2454/93)

text:
C 234/26                ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   25.7.98
     habeÂrsele reconocido si se hubiera reincorporado efec-          2) Se condena en costas a las partes demandantes.
     tivamente el 1 de enero de 1995 y los que se fueron
     efectivamente reconocidos.                                       (1) DO C 94 de 22.3.1997.
7) A las cantidades adeudadas con arreglo al punto 6 se
     le anÄadiraÂn los intereses a partir de su devengo, al tipo
     de 4,5 %.
                                                                         AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
8) Antes de pronunciarse sobre la cantidad de la indemni-                                de 4 de mayo de 1998
     zación adeudada al demandante por el demandado:                  en el asunto T-84/97: Bureau europeÂen des unions de con-
     a) las partes comunicaraÂn al Tribunal de Primera Ins-           sommateurs (BEUC) contra Comisión de las Comunidades
     tancia, en un plazo de tres meses tras el pronuncia-                                     Europeas (1)
     miento de esta sentencia, el acuerdo a que hayan lle-
     gado, en primer lugar, sobre la cuantía precisa de la            (Procedimiento antidumping Ð Parte interesada Ð Nega-
     indemnización adeudada al demandante y, en segundo               tiva Ð Recurso de anulación Ð Acto confirmatorio Ð
     lugar, sobre el restablecimiento de sus derechos a pen-                            Plazo Ð Inadmisibilidad)
     sión y los intereses adeudados a este respecto; b) a                                    (98/C 234/51)
     falta de acuerdo, las partes remitiraÂn al Tribunal de
     Primera Instancia, en el mismo plazo, sus pretensiones                         (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
     cuantificadas, indicando las razones precisas por las
     que rechazan la propuesta de la parte contraria.                 En el asunto T-84/97, Bureau europeÂen des unions de con-
                                                                      sommateurs (BEUC), con domicilio en Bruselas, represen-
9) Se condena en costas al Parlamento.                                tado por el Sr. Bernard O'Connor, Solicitor, asistido por el
                                                                      Sr. Bonifacio García Porras, Abogado del Ilustre Colegio
                                                                      de Salamanca, que designa como domicilio en Luxem-
(1) DO C 54 de 22.2.1997.
                                                                      burgo el despacho del Sr. ArseÁne Kronshagen, 22, avenue
                                                                      Marie-Adelaïde, contra Comisión de las Comunidades
                                                                      Europeas (Agente: Sr. Nicholas Khan), que tiene por
                                                                      objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comi-
                                                                      sión, de 3 de febrero de 1997, por la que esta Institución
                                                                      se niega a considerar a la demandante como parte intere-
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               sada en el marco de un procedimiento antidumping rela-
                  DE PRIMERA INSTANCIA                                tivo a las importaciones de tejidos de algodón en rama ori-
                      de 9 de junio de 1998                           ginarios de la RepuÂblica Popular China, Egipto, India,
en los asuntos acumulados T-10/97 y T-11/97, Unifrigo                 Indonesia, PaquistaÂn y Turquía, el Tribunal de Primera
Gadus srl y CPL Imperial 2 SpA contra Comisión de las                 Instancia (Sala Cuarta ampliada), integrado por la Sra. P.
                    Comunidades Europeas (1)                          Lindh, Presidente, y los Sres.: R. García-Valdecasas, K.
                                                                      Lenaerts, J. Cooke y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr. H.
(Recaudación a posteriori de derechos de aduana Ð                     Jung; ha dictado el 4 de mayo de 1998 un auto resol-
Reglamento (CEE) no 1697/79 Ð Reglamento (CEE)                        viendo lo siguiente:
                           no 2454/93)
                                                                      1) Se declara la inadmisibilidad del recurso.
                          (98/C 234/50)
                                                                      2) Se condena en costas a la parte demandante.
              (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                      (1) DO C 181 de 14.6.1997.
En los asuntos acumulados T-10/97 y T-11/97, Unifrigo
Gadus Srl, con domicilio social en NaÂpoles (Italia), y CPL
Imperial 2 SpA, con domicilio social en Pescara (Italia),
representadas por el Sr. Giuseppe Celona, Abogado de
MilaÂn, que designan como domicilio en Luxemburgo el                                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
despacho del Sr. Georges Margue, 20, rue Philippe II,                                  DE PRIMERA INSTANCIA
contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes:                                    de 11 de junio de 1998
inicialmente por los Sres. Fernando Castillo de la Torre y
                                                                      en el asunto T-167/97, Kyriakos Skrikas contra Parla-
Paolo Stancanelli, y posteriormente por el Sr. Stancanelli),
                                                                                mento Europeo (1)
que tienen por objeto la anulación de la Decisión de la
Comisión C(96) 2780 final, de 8 de octubre de 1996, por               (Funcionarios Ð Decisión de no ascender a un funcionario
la que se ordena la recaudación a posteriori de derechos              Ð Recurso de anulación Ð Admisibilidad Ð Acto lesivo
de aduana, y la reparación del danÄo supuestamente sufrido            Ð Examen comparativo de meÂritos Ð Transferencia inte-
por las demandantes, el Tribunal de Primera Instancia                    rinstitucional Ð Artículo 45, apartado 1 del Estatuto)
(Sala Tercera), integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y
                                                                                (98/C 234/52)
por los Sres. C. P. BrieÈt y A. Potocki, Jueces; Secretario: Sr.
J. Palacio GonzaÂlez, administrador, ha dictado el 9 de                            (Lengua de procedimiento: franceÂs)
junio de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                      En el asunto T-167/97, Kyriakos Skrikas, funcionario del
1) Se desestiman los recursos.                                        Parlamento Europeo, con domicilio en Luxemburgo,


title: Asunto C-293/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de septiembre de 2013 — Comisión Europea/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Fiscalidad — IVA — Directiva 2006/112/CE — Artículos 306 a 310 — Régimen especial de las agencias de viajes — Discordancias entre las versiones lingüísticas — Normativa nacional que prevé la aplicación del régimen especial a personas distintas de los viajeros — Conceptos de «viajero» y de «cliente» )

text:
               23.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 344/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de septiembre de 2013 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-293/11) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Fiscalidad - IVA - Directiva 2006/112/CE - Artículos 306 a 310 - Régimen especial de las agencias de viajes - Discordancias entre las versiones lingüísticas - Normativa nacional que prevé la aplicación del régimen especial a personas distintas de los viajeros - Conceptos de «viajero» y de «cliente»)
   2013/C 344/09
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Triantafyllou y C. Soulay, agentes)

      Demandada: República Helénica (representante: E.-M. Mamouna, agente)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandanda: República Checa (representantes: M. Smolek, T. Müller y J. Očková, agentes), Reino de España (representante: S. Centeno Huerta, agente), República Francesa (representantes: G. de Bergues y J.-S. Pilczer, agentes), República de Polonia (representantes: M. Szpunar y B. Majczyna, agentes), República de Finlandia (representante: J. Heliskoski, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 306 a 310 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p.1) — Normativa nacional que prevé la aplicación del régimen especial de tributación de las agencias de viajes a las operaciones efectuadas por éstas en beneficio de personas distintas de los viajeros.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La Comisión Europea cargará con las costas en que haya incurrido la República Helénica.

               3)

               La República Checa, el Reino de España, la República Francesa, la República de Polonia y la República de Finlandia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 232, de 6.8.2011.


title: Asunto F-30/11: Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2011 — ZZ/Consejo

text:
               18.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/21

         Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2011 — ZZ/Consejo
   (Asunto F-30/11)
   2011/C 179/36
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (Bruselas) (representante: M. Velardo)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación del informe de calificación del demandante correspondiente al período comprendido entre el 1.1.2008 y el 31.12.2008, así como reparación del perjuicio que alega haber sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el IEC correspondiente al año 2008 y se condene a la parte demandada a abonar una indemnización por el perjuicio sufrido, que se estima provisionalmente en 5 000 euros y que se determinará con mayor precisión en el curso del procedimiento, así como intereses compensatorios y de demora calculados al tipo del 6,75 % sobre los daños e intereses por el daño moral y el perjuicio material.

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.


title: Asunto F-99/06: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 22 de mayo de 2007 — López Teruel/OAMI (Funcionarios — Licencia por enfermedad — Falta de asistencia injustificada — Procedimiento de arbitraje — Plazo para la designación del médico independiente)

text:
               7.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/43

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 22 de mayo de 2007 — López Teruel/OAMI
   (Asunto F-99/06) (1)

   (Funcionarios - Licencia por enfermedad - Falta de asistencia injustificada - Procedimiento de arbitraje - Plazo para la designación del médico independiente)
   (2007/C 155/79)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Adelaida López Teruel (Guadalajara, España) (representante: G. Vandersanden, L. Levi y C. Ronzi, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: I. de Medrano Caballero, agente)
   Objeto
   Anulación de la decisión de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos de 20 de octubre de 2005, relativa a la licencia por enfermedad de la demandante, adoptada a raíz de las conclusiones formuladas por el árbitro al que se refiere el artículo 59, apartado 1, del Estatuto.
   Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 20 de octubre de 2005 en la medida en que consideró como falta de asistencia injustificada la ausencia de la Sra. López Teruel del 8 al 20 de febrero y del 7 de abril al 2 agosto de 2005.

               2)

               Desestimar el resto de las pretensiones del recurso.

               3)

               La OAMI cargará con sus propias costas y con la tercera parte de las costas causadas a la Sra. López Teruel.

      (1)  DO C 249, de 14.10.2006, p. 18.


title: Asunto C-193/12: Recurso interpuesto el 25 de abril de 2012 — Comisión Europea/República Francesa

text:
               21.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/6

         Recurso interpuesto el 25 de abril de 2012 — Comisión Europea/República Francesa
   (Asunto C-193/12)
   2012/C 217/12
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: B. Simon y J. Hottiaux, agentes)

      Demandada: República Francesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartados 1 y 4, y del anexo I de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, (1) al no haber designado como zonas vulnerables varias zonas caracterizadas por la presencia de masas de agua superficiales y subterráneas afectadas por contenidos de nitratos excesivos y/o fenómenos eutróficos o en peligro de serlo.

               —

               Que se condene en costas a la República Francesa.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión reprocha a la parte demandada que, con ocasión de la revisión de las zonas vulnerables realizada en 2007, no haya designado todas estas zonas, como debía hacerlo con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 4, y al anexo I de la Directiva 91/676/CEE.
   La Comisión reprocha, en concreto, a las autoridades francesas que no hayan designado 10 zonas vulnerables adicionales y que no hayan facilitado ninguna información concreta que permita justificar esa falta.

      (1)  DO L 375, p. 1.


title: Asunto F-10/11: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 20 de noviembre de 2012 — Ghiba/Comisión (Función pública — Oposición interna — Inadmisión a participar en una oposición — Requisitos de acceso — Concepto de servicios vinculados a la Comisión)

text:
               16.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/28

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 20 de noviembre de 2012 — Ghiba/Comisión
   (Asunto F-10/11) (1)

   (Función pública - Oposición interna - Inadmisión a participar en una oposición - Requisitos de acceso - Concepto de servicios vinculados a la Comisión)
   2013/C 46/52
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Dorina María Ghiba (Bruselas, Bélgica) (representante: C. Mourato, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente B. Eggers y P. Pecho, agentes, posteriormente B. Eggers, agente)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Baue y J. Herrmann, agentes)

      Objeto

   Función pública — Anulación de la decisión del tribunal calificador COM/INT/EU2/AST3 de excluir la candidatura de la demandante porque no cumplía los requisitos de admisión exigidos por los anuncios de oposición.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La Sra. Ghiba cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

               3)

               El Consejo de la Unión cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 95, de 26.3.2011, p. 14.


title: Asunto F-28/13: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de abril de 2014 — López Cejudo/Comisión [Función pública — Investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Indemnización diaria — Artículo 10 del anexo VII del Estatuto — Devolución de cantidades indebidamente pagadas — Retenciones efectuadas sobre la remuneración — Artículo 85 del Estatuto — Intención deliberada de inducir a error a la administración — Plazo razonable]

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/39

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de abril de 2014 — López Cejudo/Comisión
   (Asunto F-28/13) (1)

   ([Función pública - Investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) - Indemnización diaria - Artículo 10 del anexo VII del Estatuto - Devolución de cantidades indebidamente pagadas - Retenciones efectuadas sobre la remuneración - Artículo 85 del Estatuto - Intención deliberada de inducir a error a la administración - Plazo razonable])
   2014/C 184/63
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: José Manuel López Cejudo (Bruselas, Bélgica) (representante: É. Boigelot, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y C. Ehrbar, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de las decisiones de practicar diversas retenciones sobre los salarios del demandante de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2012.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar al Sr. López Cejudo a soportar sus propias costas y las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 207, de 20.7.2013, p. 57.


title: Asunto C-149/14: Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2014 — Comisión Europea/República Helénica

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/14

         Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2014 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-149/14)
   2014/C 184/18
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Patakià y E. Manhaeve)

      Demandada: República Helénica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 91/676/CE (1) del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, al no haber designado como zonas que se caracterizan por la presencia de cursos de agua subterráneos o de superficie, afectados, o que pueden estarlo, por una concentración de nitratos y/o por el fenómeno de eutrofización, como «zonas vulnerables a la contaminación provocada por nitratos» (ZVC), designación necesaria sobre la base de los datos disponibles, y que ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/676/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, al no haber ejecutado los programas de acción a los que se refiere el artículo 5 de la Directiva en el plazo de un año a partir de las designaciones previstas en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva.

               —

               Que se condene en costas a la República Helénica.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               La Directiva sobre la contaminación producida por nitratos tiene por objeto reducir la contaminación de las aguas producida directa o indirectamente por los nitratos de origen agrícola y, además, la prevención de este tipo de contaminación. La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de adoptar diversas medidas para el cumplimiento de este objetivo. Entre las obligaciones se incluye «la designación de las zonas que se encuentran en territorio de los Estados miembros y cuyas aguas:

                           a)

                           consisten en aguas dulces de superficie y/o subterráneas (artículo 3, apartado 1), que contengan o puedan contener una cantidad de nitratos superior a 50 mg/l, si no se han adoptado las medidas que establece la Directiva sobre la contaminación producida por nitratos, y

                           b)

                           consisten en aguas dulces, estuarios, zonas costeras y marítimas que son eutróficas o pueden serlo, si no se adoptan medidas.

                     Las zonas mencionadas se denominan «zonas vulnerables a la contaminación provocada por nitratos» o ZVC.

               2.

               La Comisión ha efectuado los controles técnicos para designar las ZVC de la República Helénica en el marco de la Directiva y, sobre la base de dichos controles, considera que debe ampliarse la designación de ZVC, a fin de que se cumpla plenamente lo dispuesto en la Directiva.

               3.

               De los elementos sobre la concentración de nitratos que la República Helénica remitió a la Comisión (sobre la base del artículo 10 de la Directiva, tanto para el período 2004-2007 como para el período 2008-2011), y también sobre la base de los datos relativos a los valores medios y máximos de concentraciones de nitratos en las aguas subterráneas y los datos relativos a las aguas con superficie eutrofizada (cuadros 3 y 4), la Comisión determinó 9 zonas que deben designarse ZVC o ampliar la zona designada.

               4.

               Tras haber llevado a cabo su análisis zona por zona, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 91/676/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, al no haber designado como zonas que se caracterizan por la presencia de cursos de agua subterráneos o de superficie, afectados, o que pueden estarlo, por una concentración de nitratos y/o por el fenómeno de eutrofización, como «zonas vulnerables a la contaminación provocada por nitratos» (ZVC), designación necesaria sobre la base de los datos disponibles.

               5.

               A mayor abundamiento, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/676/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, al no haber ejecutado los programas de acción a los que se refiere el artículo 5 de la Directiva en el plazo de un año a partir de las designaciones previstas en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva.

      (1)  DO L 375, pp. 1 a 8.


title: Asunto T-91/05: Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2005 contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas por Sinara Handel GmbH

text:
               14.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 115/25

         Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2005 contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas por Sinara Handel GmbH
   (Asunto T-91/05)
   (2005/C 115/47)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 28 de febrero de 2005 un recurso contra el Consejo de la Unión europea y la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Sinara Handel GmbH, con domicilio social en Colonia (Alemania), representada por el Sr. K. Adamantopoulos y la Sra. E. Petritsi, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Ordene a la Comunidad Europea que repare los daños causados por la adopción de los derechos antidumping definitivos establecidos por el Reglamento (CE) no 2320/97 del Consejo, de 17 de noviembre de 1997, mediante el pago a la demandante de la cantidad de 1 633 344,33 euros por el lucro cesante correspondiente al período comprendido entre junio de 2000 a diciembre de 2002, más los intereses de demora sobre esta cantidad a un tipo del 8 % anual.

               —

               Con carácter subsidiario, ordene a la Comunidad Europea que pague a la demandante como indemnización por el lucro cesante correspondiente al período comprendido entre junio de 2000 y diciembre de 2002, una cantidad cuyo importe deberá determinarse en el curso del procedimiento mediante acuerdo entre las partes, tras resolución incidental del Tribunal de Primera Instancia o, de no llegarse a tal acuerdo, mediante sentencia definitiva de dicho Tribunal.

               —

               Condene al Consejo y a la Comisión a soportar las costas de la parte demandante en el presente asunto.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante es una empresa que importa tubos sin soldadura en la Comunidad y resulta afectada por las medidas impuestas por el Reglamento (CE) no 2320/97 del Consejo, de 17 de noviembre de 1997, por el que se establecen derechos antidumping definitivos con respecto a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, originarios de Hungría, Polonia, Rusia, la República Checa, Rumanía y la República Eslovaca, por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1189/93 y por el que se da por concluido el procedimiento relativo a dichas importaciones originarias de la República de Croacia. (1)

   La Comisión adoptó, asimismo, la Decisión 2003/382/CE, de 8 de diciembre de 1999, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (Asunto IV/E-1/35.860-B Tubos de acero sin soldadura), (2) e impuso una multa a varios productores comunitarios de tubos sin soldadura.
   La demandante sostiene que, dado el solapamiento existente en cuanto al producto afectado, las compañías implicadas y los períodos de investigación de los procedimientos de competencia y antidumping, la conducta contraria a la competencia de los productores comunitarios influyó en el análisis del daño y de la relación de causalidad de los procedimientos antidumping. La demandante alega que los demandados no tuvieron en cuenta dicha conducta contraria a la competencia al determinar los daños causados por las importaciones, por lo que infringieron el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, (3) e incumplieron la obligación de buena administración y el deber de diligencia. La demandante invoca asimismo la violación de los principios de confianza legítima y de proporcionalidad.
   La demandante afirma que los demandados reconocieron en el Reglamento (CE) no 1322/2004 del Consejo, de 16 de julio de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2320/97 por el que se establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, originarios, entre otros países, de Rusia y Rumanía, (4) que el resultado del análisis de los procedimientos antidumping podría haber sido distinto si se hubiera tomado en consideración la conducta contraria a la competencia.
   Por consiguiente, la demandante solicita una indemnización por el lucro cesante sufrido durante el período comprendido entre junio de 2000 y diciembre de 2002.

      (1)  DO L 322, p. 1.

      (2)  DO 2003, L 140, p. 1.

      (3)  DO L 56, p. 1.

      (4)  DO L 246, p. 10.


title: Asunto C-282/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada, 4° Juízo, dictada el 11 de julio de 2000, en el asunto entre RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA y SINAGA — Sociedade de Indústrias Açoreanas, SA

text:
26.8.2000                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 247/27
Recurso interpuesto el 3 de julio de 2000 contra la                      Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
República de Austria por la Comisión de las Comunidades                lución del Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada,
                              Europeas                                   4o Juı́zo, dictada el 11 de julio de 2000, en el asunto entre
                                                                         RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA y SINAGA —
                         (Asunto C-270/00)                                           Sociedade de Indústrias Açoreanas, SA
                           (2000/C 247/41)                                                       (Asunto C-282/00)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                                       (2000/C 247/42)
presentado el 3 de julio de 2000, un recurso contra la
República de Austria formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Götz zur                   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Hausen, Consejero Jurı́dico, que designa como domicilio en               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                 resolución del Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada,
miembro del Servicio Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.                4o Juı́zo, dictada el 11 de julio de 2000 en el asunto entre
                                                                         RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA y SINAGA — So-
                                                                         ciedade de Indústrias Açoreanas, SA, y recibida en la Secretarı́a
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                         del Tribunal de Justicia el 17 de julio de 2000. El Tribunal
de Justicia que:                                                         Judicial da Comarca de Ponta Delgada solicita al Tribunal de
                                                                         Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones
1)     Declare que la República de Austria ha incumplido las            prejudiciales:
       obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
       86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986,
       relativa a la aproximación de las disposiciones legales,         1.    ¿El artı́culo 8, párrafo segundo, del Reglamento (CEE)
       reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros                no 1600/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992 (1), se
       respecto a la protección de los animales utilizados para               aplica (i) al azúcar transformado a partir de azúcar en
       experimentación y otros fines cientı́ficos (1), al no haber            bruto (azúcar propiamente dicho, que proceda tanto de
       adaptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a                 remolacha localmente producida como de azúcar en
       los artı́culos 5, 16 y 17 de dicha Directiva.                           bruto importado) (ii) o solamente al azúcar incorporado
                                                                               a productos (como bollos, refrescos, etc.)? (Se trata
2)     Condene en costas a la República de Austria.                           esencialmente de dar contenido a la expresión «productos
                                                                               [que] se transformen», recogida en dicha norma).
Motivos y principales alegaciones                                        2.    ¿Las ventas a las que hace referencia el apartado 3 pueden
                                                                               integrarse en los conceptos de «corrientes comerciales tradi-
La obligación impuesta en el artı́culo 25 de la Directiva 86/609              cionales», «exportaciones [o] envı́os tradicionales» al «resto de la
surte efecto para Austria desde el 1 de enero de 1995, debido                  Comunidad», contemplados en los artı́culos 3, apartado 3,
a su adhesión a la Unión Europea, como se desprende de los                   y 8, párrafo segundo, del mencionado Reglamento?
artı́culos 2 y 166 del Acta de Adhesión. A pesar de las medidas
legislativas adoptadas por Austria, el Derecho nacional aún no          3.    Con independencia de la respuesta que reciban las
se ha adaptado correctamente a las siguientes disposiciones:                   cuestiones anteriores, ¿el marco legal vigente, desde
                                                                               septiembre de 1998 hasta la fecha, permite que Sinaga
—      Artı́culo 5 (disposiciones sobre cuidado general y aloja-               venda en el territorio continental de Portugal azúcar que
       miento de los animales): Las disposiciones de la Tierver-               haya producido por sı́ misma a partir de remolacha
       suchsgesetz (Ley de Experimentación con Animales)                      cultivada en las Azores cuando cuente para su producción
       alegadas por Austria se refieren únicamente a los estable-             con ayudas comunitarias al amparo del programa
       cimientos usuarios, pero no a los establecimientos de crı́a             POSEIMA?
       ni a los establecimientos suministradores, y sólo a la
       autorización o registro de establecimientos usuarios, pero       4.    También con independencia de la respuesta que reciban
       no a su funcionamiento.                                                 las cuestiones anteriores, ¿el marco legal vigente, desde
                                                                               septiembre de 1998 hasta la fecha, permite que Sinaga
—      Artı́culo 16 (indicación de la persona responsable de                  venda en el territorio continental de Portugal azúcar que
       los establecimientos de crı́a y de los establecimientos                 haya producido por sı́ misma a partir de azúcar en
       suministradores).                                                       bruto importado con exención de exacciones reguladoras
                                                                               también al amparo del programa POSEIMA?
—      Artı́culo 17 (obligación de llevar un registro para los
       establecimientos de crı́a y los establecimientos suministra-
       dores).                                                           (1) Reglamento (CEE) no 1600/92 del Consejo, de 15 de junio de
                                                                             1992, sobre medidas especı́ficas en favor de las Azores y Madeira
                                                                             relativas a determinados productos agrarios (DO L 173, p. 1).
(1) DO L 358 de 18.12.1986, p. 1.


title: Asunto C-121/10: Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea

text:
               22.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 134/24

         Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-121/10)
   2010/C 134/36
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik, K. Walkerová, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión 2009/1017/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, relativa a la concesión de ayuda pública por parte de las autoridades de la República de Hungría para la compra de tierras agrícolas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013. (1)

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   El Consejo, al adoptar la Decisión impugnada, revocó la Decisión de la Comisión derivada de la propuesta de medidas adecuadas del punto 196 de las Directrices agrícolas de 2007 y de su aceptación incondicional por Hungría, que obligaba a esta última a poner fin hasta el 31 de diciembre de 2009 a los dos programas existentes de ayudas para la compra de tierras agrícolas. So pretexto de circunstancias excepcionales, el Consejo permitió a Hungría, en la práctica, mantener dichos programas hasta la expiración de las Directrices agrícolas de 2007 el 31 de diciembre de 2013. Las circunstancias invocadas por el Consejo para motivar su Decisión, evidentemente, no resultan de tal naturaleza que puedan justificar la Decisión adoptada y no tienen en cuenta la Decisión de la Comisión sobre dichos programas.
   En apoyo de su recurso de anulación, la Comisión invoca los cuatro siguientes motivos:

               a)

               En primer lugar, sostiene que el Consejo carecía de competencia para intervenir con arreglo al párrafo tercero del apartado 2 del artículo 108 TFUE, porque la ayuda que aprobó era una ayuda existente que Hungría se había comprometido a eliminar antes de que finalizara 2009 cuando aceptó las medidas adecuadas que la Comisión le propuso.

               b)

               En segundo lugar, autorizando las ayudas hasta 2013, el Consejo incurrió en una desviación de poder al tratar de neutralizar la decisión de que Hungría podía mantener en vigor las ayudas hasta el fin de 2009, pero no después de esa fecha.

               c)

               Añade, en su tercer motivo, que la Decisión impugnada se adoptó violando el principio de cooperación leal que se aplica a los Estados miembros y también entre instituciones. Mediante su Decisión, el Consejo eximió a Hungría de su obligación de cooperación con la Comisión respecto de las medidas adecuadas aceptadas por dicho Estado miembro relativas a la ayuda existente para la compra de terrenos agrícolas en el ámbito de la cooperación establecida por el artículo 108 TFUE, apartado 1.

               d)

               Mediante su último motivo, la Comisión alega que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación al considerar que concurrían circunstancias excepcionales que justificaban la adopción de la medida aprobada.

      (1)  DO L 348, p. 55.


title: Asunto C-329/14: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2015 — Comisión Europea/República de Finlandia

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/25

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2015 — Comisión Europea/República de Finlandia
   (Asunto C-329/14) (1)

   (2015/C 320/36)
   Lengua de procedimiento: finés
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 292, de 1.9.2014.


title: Asunto C-130/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de julio de 2012 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea [Política exterior y de seguridad común — Reglamento (CE) n ° 881/2002 — Reglamento (UE) n ° 1286/2009 — Medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes — Congelación de fondos y de recursos económicos — Elección de la base jurídica — Artículos 75 TFUE y 215 TFUE — Entrada en vigor del Tratado de Lisboa — Disposiciones transitorias — Posiciones comunes y decisiones de la PESC — Propuesta conjunta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión]

text:
               29.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 295/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de julio de 2012 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-130/10) (1)

   (Política exterior y de seguridad común - Reglamento (CE) no 881/2002 - Reglamento (UE) no 1286/2009 - Medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Congelación de fondos y de recursos económicos - Elección de la base jurídica - Artículos 75 TFUE y 215 TFUE - Entrada en vigor del Tratado de Lisboa - Disposiciones transitorias - Posiciones comunes y decisiones de la PESC - Propuesta conjunta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión)
   2012/C 295/03
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Parlamento Europeo (representantes: E. Perillo, K. Bradley, A. Auersperger Matić y U. Rösslein, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y R. Szostak, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: República Checa (representantes: M. Smolek, E. Ruffer y K. Najmanová, agentes), República Francesa (representantes: G. de Bergues y A. Adam, agentes), Reino de Suecia (representantes: A. Falk y C. Meyer-Seitz, agentes), Comisión Europea (representantes: S. Boelaert y M. Konstantinidis, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación — Anulación del Reglamento (UE) no 1286/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, que modifica el Reglamento (CE) no 881/2002 por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes (DO L 346, p. 42) — Elección de la base jurídica.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Parlamento Europeo.

               3)

               La República Checa, la República Francesa, el Reino de Suecia y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 134, de 22.5.2010.


title: Asunto T-449/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2007 — Dikigorikos Syllogos Ioanninon/Parlamento y Consejo ( Recurso de anulación — Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Libertad de establecimiento — Abogados — Inexistencia de afectación directa e individual — Inadmisibilidad )

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/36

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2007 — Dikigorikos Syllogos Ioanninon/Parlamento y Consejo
   (Asunto T-449/05) (1)

   («Recurso de anulación - Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo - Reconocimiento de cualificaciones profesionales - Libertad de establecimiento - Abogados - Inexistencia de afectación directa e individual - Inadmisibilidad»)
   (2007/C 96/75)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Dikigorikos Syllogos Ioanninon (Grecia) (representante: S. Athanasiou, abogado)

      Demandadas: Parlamento Europeo y Consejo (representantes: U. Rösslein, A, Troupiotis y I. Anagnostopoulou, agentes) y Consejo de la Unión Europea (representantes: M.C. Giorgi Fort, M. Balta y R. Szostak, agentes)
   Objeto
   Anulación parcial de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22).
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso por inadmisible.

               2)

               No procede pronunciarse sobre las demandas en intervención.

               3)

               La parte demandante cargará con sus propias costas, así como con las del Parlamento y el Consejo.

      (1)  DO C 60, de 11.3.2006.


title: Asunto T-179/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia de  31 de mayo de 2006  — Stradeblu/Comisión

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/40

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 31 de mayo de 2006 — Stradeblu/Comisión
   (Asunto T-179/05) (1)

   (2006/C 178/75)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 155, de 25.6.2005.