title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 13 de julio de 1995 en el asunto C-216/94: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica (Incumplimiento - Directiva 89/48/CEE - Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años)

text:
N° C 268/4             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   14 . 10 . 95
la formación y a la promoción profesionales, y a las                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
condiciones de trabajo.                                                                         ( Sala Sexta )
(M DO n° C 174 de 26 . 6 . 1994 .                                                      de 11 de agosto de 1995
                                                                    en los asuntos acumulados C-367/93 a C-377/93 ( peticio
                                                                    nes de decisión prejudicial planteadas por la Tariefcommis
                                                                    sie ): F. G. Roders BV y otros contra Inspecteur der
                                                                                Invoerrechten en Accijnzen C )
                                                                    (Impuestos especiales sobre el vino — Tributo interior
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                            discriminatorio — Régimen Bénélux)
                            ( Sala Sexta)                                                     ( 95/C 268/08 )
                    de 13 de iulio de 1995                                      (Lengua de procedimiento: neerlandés)
en el asunto C-216/94 : Comisión de las Comunidades
            Europeas contra Reino de Bélgica (*)                    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                    cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
(Incumplimiento — Directiva 89/48/CEE — Reconoci                                               de Justicia »)
miento de los títulos de enseñanza superior que sancionan
formaciones profesionales de una duración mínima de tres            En los asuntos acumulados C-367/93 a C-377/93 , que
                                años)                               tienen por objeto once peticiones dirigidas al Tribunal de
                          ( 95/C 268/07 )                           Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por la
                                                                    Tariefcommissie ( Países Bajos ), destinadas a obtener, en los
             (Lengua de procedimiento: francés)                     litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
                                                                    F. G. Roders BV ( C-367/93 a C-377/93 ), RSK Internatio
                                                                    nale Expeditie- en Vervoeronderneming BV ( C-371 /93 y
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi         C-372/93 ), Damco van Swieten BV ( C-373/93 y C-377/93 ),
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal         VGL Internationale Expeditie BV ( C-374/93 y C-375/93 ),
                            de Justicia »)                          Zaans Veem BV ( C-376/93 ) e Inspecteur der Invoerrechten
                                                                    en Accijnzen, una decisión prejudicial sobre la interpreta
En el asunto C-216/94 , Comisión de las Comunidades                 ción del artículo 95 del Tratado CEE, el Tribunal de Justicia
Europeas ( Agente : Sra . Marie-José Jonczy ) contra Reino de       ( Sala Sexta ), integrado por los Sres .: F. A. Schockweiler,
Bélgica ( Agente : Sr. Jan Devadder ), que tiene por objeto que     Presidente de Sala; P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini , C. N.
se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                Kakouris y J. L. Murray ( Ponente ), Jueces; Abogado
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, al           General : Sr . G. Tesauro; Secretario : Sr. H. A. Rühl,
no adoptar dentro del plazo previsto y, subsidiariamente, al        administrador principal; ha dictado el 11 de agosto de 1995
no comunicar a la Comisión, las medidas necesarias para             una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
atenerse a la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988 , relativa a un sistema general de                1 ) Un Estado miembro no puede invocar el artículo 233
reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que                   del Tratado para sustraerse a las obligaciones que le
                                                                          incumben en virtud del artículo 95 de ese mismo
sancionan formaciones profesionales de una duración
mínima de tres años ( DO n° L 19 de 1989, p . 16 ), el Tribunal           Tratado, siempre que ello no sea indispensable para el
de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres .: F. A.               buen funcionamiento del régimen Bénélux.
Schockweiler, Presidente de Sala; P. J. G. Kapteyn, G. F.           2 ) El párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE
Mancini , J. L. Murray ( Ponente ) y H. Ragnemalm, Jueces;                debe interpretarse en el sentido de que, habida cuenta de
Abogado General : Sr. C. O. Lenz; Secretario : Sr . R. Grass;             los criterios deducidos por el Tribunal de Justicia,
ha dictado el 13 de julio de 1995 una sentencia cuyo fallo es             incumbe al órgano jurisdiccional remitente, apreciar
el siguiente :                                                            si:
                                                                          — los productos como, por una parte, el vino tinto de
 1 ) Se declara que el Reino de Bélgica ha incumplido las                     mesa, el vino tinto de calidad producido en una
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE,                   región determinada, el vino de Madeira, el jerez y el
     al no haber adoptado dentro del plazo previsto las                       vermut y, por otra parte, los vinos tranquilos a base
     medidas necesarias para atenerse a la Directiva 89/                      de fruta cuyo grado alcohólico no exceda de 15 %
     48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,                          vol son similares;
     relativa a un sistema general de reconocimiento de los
     títulos de enseñanza superior que sancionan formacio                — los productos como el champán y los vinos espumo
     nes profesionales de una duración mínima de tres                         sos a base de fruta cuyo grado alcohólico no exceda
     años .                                                                   de 15% vol son similares .
 2 ) Se condena en costas al Reino de Bélgica.                       3 ) El párrafo segundo del artículo 95 del Tratado CEE
                                                                          debe interpretarse en el sentido de que la apreciación de
                                                                          la compatibilidad de una carga fiscal debe efectuarse
 (M DO n" C 275 de 1 . 10 . 1994 .                                        teniendo en cuenta la incidencia de esta carga sobre las
                                                                          relaciones de competencia entre los productos conside
                                                                          rados, de modo que interesa sobre todo verificar si esta


title: Asunto F-6/12: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 5 de diciembre de 2012 — Bourtembourg/Comisión (Función pública — Funcionarios — Indemnización por expatriación — Concepto de residencia habitual — Centro permanente o habitual de los intereses — Residencia temporal para cursar estudios — Lugar de ejercicio de la actividad profesional — Relaciones laborales de duración determinada)

text:
               9.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/32

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 5 de diciembre de 2012 — Bourtembourg/Comisión
   (Asunto F-6/12) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Indemnización por expatriación - Concepto de residencia habitual - Centro permanente o habitual de los intereses - Residencia temporal para cursar estudios - Lugar de ejercicio de la actividad profesional - Relaciones laborales de duración determinada)
   2013/C 38/61
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Julien Bourtembourg (Bruselas, Bélgica) (representante: C. Dony, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: D. Martin y V. Joris, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión de la Comisión por la que se deniega el disfrute de la indemnización por expatriación.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de la Comisión Europea, de 24 de mayo de 2011, que deniega al Sr. Bourtembourg el disfrute de la indemnización por expatriación.

               2)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en las que haya incurrido el Sr. Bourtembourg.

      (1)  DO C 184, de 23.6.2012, p. 22.


title: Asunto T-386/02: Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2002 por Lamprecht A.G. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

text:
C 55/32                  ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                           8.3.2003
Por último, la demandante invoca la violación del principio de                Motivos y principales alegaciones
proporcionalidad, así como una violación del principio de
confianza legítima basada en la existencia de financiación
comunitaria para la producción y la comercialización de «feta».               El demandante es funcionario de la Comisión en Bruselas. En
                                                                              junio de 2000, al entrar al servicio de dicha institución, se
                                                                              instaló en Bruselas. Posteriormente, su esposa se instaló con el
( 1) DO L 277, p. 10.                                                         demandante en Bruselas y organizó el traslado de la familia,
( 2) Sentencia de 16 de marzo de 1999, Dinamarca y otros/Comisión             que tuvo lugar el 11 de abril de 2001, pero siguió estando
     (asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96, Rec. I-               presente en su antiguo domicilio de Madrid, donde su hija
     1541).                                                                   menor estaba terminando sus estudios de secundaria. Así pues,
( 3) Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio                  su esposa y su hija no se trasladaron hasta julio de 2001, cosa
     de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y      que declararon al servicio de «privilegios e inmunidades».
     de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
     alimenticios (DO L 208, p. 1).
                                                                              Mediante la decisión impugnada, la Comisión denegó al
                                                                              demandante la segunda parte de la indemnización por gastos
                                                                              de instalación.
                                                                              En apoyo de su recurso, el demandante invoca un error de
                                                                              Derecho y un error manifiesto de apreciación. A juicio del
                                                                              demandante, la administración otorgó gran importancia a las
Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2002 contra la                      declaraciones que efectuaron su esposa y su hija ante el servicio
Comisión de las Comunidades Europeas por Fernando                             de «privilegios e inmunidades». El demandante indica que el
                          Valenzuela Marzo                                    concepto de instalación es un concepto fáctico y que el texto
                                                                              estatutario no establece ningún modo de prueba particular.
                          (Asunto T-384/02)
                                                                              El demandante invoca además un error de Derecho y una
                                                                              omisión de los hechos esenciales porque la administración
                            (2003/C 55/83)                                    consideró que el plazo previsto en los artículos 5, apartado 4,
                                                                              y 9, apartado 3, del anexo VII del Estatuto es un plazo riguroso
                                                                              y no examinó la posibilidad de hacer una excepción como
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                              consecuencia del nombramiento definitivo del demandante
                                                                              como funcionario desde el momento del inicio de sus funcio-
                                                                              nes y de la imposibilidad de que la hija del demandante
                                                                              acompañase a sus padres a Bruselas antes del final del curso
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                        escolar.
Europeas se ha presentado el 18 de diciembre de 2002 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por Fernando Valenzuela Marzo, con domicilio en
Bruselas, representado por el Sr. Marc-Albert Lucas, abogado.
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                              Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2002 por
                                                                              Lamprecht A.G. contra la Oficina de Armonización del
—       Anule las decisiones de 16 de noviembre de 2001 y de                                     Mercado Interior (OAMI)
        13 de febrero de 2002 del jefe de la unidad «gestión de
        los derechos individuales» de la DG Administración por
        las que se deniega al demandante la segunda parte de la                                      (Asunto T-386/02)
        indemnización por gastos de instalación.
                                                                                (2003/C 55/84)
—       Anule la decisión de la AFPN de 16 de septiembre de 2002
        por la que se desestima la reclamación administrativa de
        9 de mayo de 2002 presentada contra las decisiones                                    (Lengua de procedimiento: español)
        anteriores.
—       Condene a la Comisión a pagar al demandante la segunda                En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
        mitad de su indemnización por gastos de instalación más               europeas se ha presentado, el 16 de diciembre de 2002 un
        intereses de demora del 8 % anual desde el 11 de abril de             recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado
        2001 hasta la fecha del pago completo.                                Interior (OAMI) formulado por Lamprecht A.G., con domicilio
                                                                              en Madrid (España), representada por los letrados en ejercicio
—       Condene en costas a la Comisión.                                      D. Enrique Armijo Chávarri y D. Antonio Castán Pérez-Gómez.
 ---pagebreak--- 8.3.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 55/33
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                   Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en
que:                                                                            la alimentación animal en lo que respecta a la retirada de
                                                                                la autorización de un aditivo y el Reglamento (CE)
—     anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso                         no 2430/1999 de la Comisión ( 1).
      de Oficina de Armonización del Mercado Interior
      (OAMI), de 1 de octubre de 2002 dictada en el asunto
      114/2000-1;                                                         —     Condene en costas al Consejo.
—     condene en costas a la parte demandada.
                                                                          —     Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el recurso
                                                                                sea desestimado en cuanto al fondo, aplique el artículo 87,
Motivos y principales alegaciones                                               apartado 3, del Reglamento de Procedimiento y condene
                                                                                en costas al Consejo, habida cuenta de la persistente falta
Solicitante de la marca        J. Tricot & Sons Ltd.                            de cooperación y de transparencia de la Comisión en la
comunitaria:                                                                    gestión administrativa del expediente.
Marca        comunitaria       Marca denominativa «EMOS» —
objeto de la solicitud:        Solicitud n. 133.637 para produc-
                               tos de la clase 25 (prendas de
                               vestir).                                   Motivos y principales alegaciones
Titular de la marca o          Demandante.
signo que se invoca en le
procedimiento de oposi-                                                   La demandante produce el aditivo alimentario Nifursol. La
ción:                                                                     demandante impugna el Reglamento no 1756/2002 del Con-
                                                                          sejo. El Reglamento modifica la Directiva 70/524/CEE del
Marca o signo que se           Marca alemana «EMOSWISS»                   Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la
opone:                         registrada para productos de las
                                                                          alimentación animal ( 2) y retira la autorización de comercializa-
                               clases 10, 24 y 25.                        ción del Nifursol. Esta autorización está vinculada, con arreglo
Resolución de la Divi-         Denegación de la oposición.                al Reglamento no 2430/1999 (3), al responsable de la comercia-
sión de oposición:                                                        lización, en el presente caso, la demandante.
Resolución de la Sala de       Desestimación del recurso.
Recurso:
                                                                          En apoyo de su recurso, la demandante invoca la infracción de
Motivos invocados:             Aplicación incorrecta del artí-            los artículos 9M y 3A, apartado B, de la Directiva 70/524 y la
                               culo 8, apartado 1, letra b) del           violación del principio de precaución. El sexto considerado del
                               Reglamento (CE) no 40/94 (riesgo           Reglamento impugnado afirma que no puede garantizarse que
                               de confusión).                             el Nifursol no presente un riesgo para la salud humana. Según
                                                                          la demandante, el Consejo ha modificado el criterio previsto
                                                                          en los artículos mencionados, según los cuales una autoriza-
                                                                          ción sólo puede retirarse si resulta que el aditivo tiene una
                                                                          influencia desfavorable en la salud humana, animal o en el
Recurso interpuesto el 26 de diciembre de 2002 contra el                  medio ambiente, o que causa un perjuicio al consumidor al
Consejo de la Unión Europea por Solvay Pharmaceuticals                    alterar las características del producto.
                                B.V.
                       (Asunto T-392/02)                                  La demandante señala, además, que el Consejo no puede
                                                                          invocar el principio de precaución, ya que no ha hecho
                          (2003/C 55/85)                                  referencia a él en ningún momento. En cualquier caso, la
                                                                          demandante afirma que el Consejo adopta el criterio del riesgo
                 (Lengua de procedimiento: francés)                       puramente hipotético, que es completamente irreconciliable
                                                                          con la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, que es
                                                                          contraria al nivel de riesgo cero como criterio en la aplicación
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    del principio de precaución.
Europeas se ha presentado el 26 de diciembre de 2002 un
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por
Solvay Pharmaceuticals B.V., con domicilio en Weesp (Países
Bajos), representada por Callista Meijer, Francis Herbert y               La demandante alega, además, la infracción del artículo 9M,
Michel L. Struys, abogados, que designa domicilio en Luxem-               quinto guión, de la Directiva 70/524, en su versión modificada,
burgo.                                                                    y del principio general de igualdad de trato. Según la deman-
                                                                          dante, el Consejo y la Comisión no podían basarse en la
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:              insuficiencia de datos para decidir la retirada, teniendo en
                                                                          cuenta que la Comisión ni siquiera ha ejercido su facultad de
—     Anule el Reglamento (CE) no 1756/2002 del Consejo, de               requerir al responsable de la comercialización de un aditivo
      23 de septiembre de 2002, por el que se modifica la                 para que le proporcionara información.


title: Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales

text:
               5.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/1

         El siguiente texto reemplaza, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, a la nota informativa publicada en el DO C 143, de 11 de junio de 2005, p. 1, y al complemento a dicha nota publicado en el DO C 64, de 8 de marzo de 2008.

      NOTA INFORMATIVA

   sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales
   2009/C 297/01
   I.   Disposiciones generales

               1.

               El sistema de remisión prejudicial es un mecanismo fundamental del derecho de la Unión Europea, que tiene por objeto proporcionar a los órganos jurisdiccionales nacionales los medios para que la interpretación y la aplicación de este derecho sean uniformes en todos los Estados miembros.

               2.

               El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del Derecho de la Unión Europea y sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Esta competencia general le ha sido conferida por los artículos 19, apartado 3, letra b), del Tratado de la Unión Europea (DOUE 2008, C 115, p. 13; en lo sucesivo, «TUE») y 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DOUE 2008, C 115, p. 47; en lo sucesivo, «TFUE»).

               3.

               A tenor del artículo 256, apartado 3, del TFUE, el Tribunal General será competente para conocer de las cuestiones prejudiciales, planteadas en virtud del artículo 267, en materias específicas determinadas por el Estatuto. Al no haberse llevado a cabo ninguna adaptación del Estatuto por lo que atañe a esta cuestión, el Tribunal de Justicia sigue siendo el único competente para pronunciarse con carácter prejudicial.

               4.

               Aunque el artículo 267 TFUE confiere al Tribunal de Justicia una competencia general, diversas disposiciones prevén excepciones o restricciones a dicha competencia. En particular, se trata de los artículos 275 y 276 TFUE y del artículo 10 del Protocolo (no 36) sobre las disposiciones transitorias del Tratado de Lisboa (DOUE 2008, C 115, p. 322).

               5.

               Puesto que el procedimiento prejudicial se basa en la colaboración entre el Tribunal de Justicia y los jueces nacionales, resulta conveniente proporcionar a los órganos jurisdiccionales nacionales las indicaciones siguientes para garantizar la eficacia de dicho procedimiento.

               6.

               Con estas indicaciones prácticas, que no tienen carácter obligatorio, se pretende orientar a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento prejudicial y, en su caso, ayudarles a formular y a presentar las cuestiones que se planteen al Tribunal de Justicia.

      Función del Tribunal de Justicia dentro del procedimiento prejudicial

               7.

               En el marco del procedimiento prejudicial, la función del Tribunal de Justicia consiste en interpretar el Derecho de la Unión o pronunciarse sobre su validez, y no en aplicar este Derecho a los hechos concretos del procedimiento principal, labor de la que es responsable el órgano jurisdiccional nacional. Al Tribunal de Justicia no le corresponde pronunciarse sobre las cuestiones de hecho que se susciten en el marco del litigio principal, ni tampoco resolver las diferencias de opinión sobre la interpretación o la aplicación de las normas del Derecho nacional.

               8.

               El objetivo del Tribunal de Justicia cuando se pronuncia sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión es proporcionar una respuesta útil para la solución del litigio, pero es el órgano jurisdiccional nacional quien tendrá que deducir las consecuencias que corresponda y, en su caso, declarar inaplicable la norma nacional.

      La decisión de plantear una cuestión al Tribunal de Justicia

         Quién puede plantear una cuestión prejudicial

               9.

               Con arreglo al artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un procedimiento a cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional, puede plantear, en principio, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (1). El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión.

               10.

               La iniciativa de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional, independientemente de que las partes en el litigio principal lo hayan o no solicitado.

         Cuestiones de interpretación

               11.

               Cualquier órgano jurisdiccional está facultado para plantear al Tribunal de Justicia cuestiones sobre la interpretación de una norma del Derecho de la Unión, si lo considera necesario para resolver un litigio del que esté conociendo.

               12.

               No obstante, los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno están obligados, en principio, a someter al Tribunal de Justicia tales cuestiones, salvo cuando ya exista jurisprudencia en la materia (y las eventuales diferencias de contexto no planteen dudas reales sobre la posibilidad de aplicar la jurisprudencia existente) o cuando la manera correcta de interpretar la norma jurídica de que se trate sea de todo punto evidente.

               13.

               Así, un órgano jurisdiccional cuyas decisiones puedan ser objeto de recurso puede decidir por sí mismo cuál es la interpretación correcta del Derecho de la Unión y su aplicación a los hechos que considere probados, en especial cuando estime que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia proporciona indicaciones suficientes. Ahora bien, una remisión prejudicial puede resultar especialmente útil, en la fase adecuada del procedimiento, cuando se suscite una nueva cuestión de interpretación que presente un interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros, o cuando la jurisprudencia existente no parezca aplicable a una situación inédita.

               14.

               Al órgano jurisdiccional nacional le corresponde explicar los motivos por los que la interpretación que solicita es necesaria para resolver el litigio.

         Cuestiones de validez

               15.

               Si bien los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la posibilidad de desestimar los motivos de invalidez que se invoquen ante ellos, la posibilidad de declarar la invalidez de un acto de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión corresponde únicamente al Tribunal de Justicia.

               16.

               Por consiguiente, todo órgano jurisdiccional nacional debe plantear una cuestión al Tribunal de Justicia cuando albergue dudas sobre la validez de tal acto, indicando los motivos por los que considera que éste podría no ser válido.

               17.

               No obstante, cuando el juez nacional tenga serias dudas sobre la validez de un acto de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión que sirva de base a un acto interno podrá, de modo excepcional, acordar la suspensión provisional de éste u otro tipo de medida cautelar respecto del acto nacional. En tal caso está obligado a someter al Tribunal de Justicia la cuestión de validez, indicando las razones por las que considera que dicho acto no es válido.

      Cuando se debe plantear una cuestión prejudicial

               18.

               El órgano jurisdiccional nacional puede remitir al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre algún extremo de interpretación o de validez. Él es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede plantear tal cuestión.

               19.

               Es preferible, no obstante, que la decisión de plantear una cuestión prejudicial se adopte en una fase del procedimiento nacional en la que el juez remitente esté en condiciones de definir el marco fáctico y jurídico del problema, para que el Tribunal de Justicia disponga de todos los elementos necesarios para comprobar, en su caso, que el Derecho de la Unión es aplicable al litigio principal. También puede resultar útil para la recta administración de la justicia que la cuestión prejudicial se plantee después de un debate contradictorio.

      Forma de la petición de decisión prejudicial

               20.

               La decisión mediante la cual el juez nacional somete una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia puede revestir cualquiera de las formas admitidas en su Derecho interno para los incidentes procesales. Ahora bien, debe tenerse presente que este documento servirá de base al procedimiento que se siga ante el Tribunal de Justicia y que éste debe disponer de los elementos que le permitan proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional nacional. Además, la petición de decisión prejudicial es el único documento que se notifica a las partes interesadas que pueden presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia –en especial, los Estados miembros y las instituciones– y el único que se traduce.

               21.

               La necesidad de traducir dicha petición aconseja una redacción sencilla, clara y precisa, sin elementos superfluos.

               22.

               Una decena de páginas suele bastar para exponer de modo adecuado el contexto de una petición de decisión prejudicial. Sin dejar de ser sucinta, la decisión debe ser suficientemente completa y contener toda la información pertinente, de modo que tanto el Tribunal de Justicia como las partes interesadas que pueden presentar observaciones comprendan adecuadamente el marco fáctico y normativo del asunto principal. Así, la resolución de remisión deberá:

                           —

                           incluir una breve exposición del objeto del litigio, así como de los hechos pertinentes que se consideren probados o, al menos, explicar los supuestos de hecho en que se basa la cuestión prejudicial;

                           —

                           reproducir el tenor de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables e indicar, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente, proporcionando en todo caso las referencias precisas (por ejemplo, la página del diario oficial o recopilación correspondiente; eventualmente, acompañada de una referencia de Internet);

                           —

                           identificar con la mayor precisión posible las disposiciones del Derecho de la Unión pertinentes en el litigio principal;

                           —

                           explicar las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal;

                           —

                           incluir, en su caso, un resumen de los argumentos esenciales de las partes del procedimiento principal que resulten pertinentes. Conviene numerar los apartados o párrafos de la resolución de remisión para facilitar su lectura y la posibilidad de hacer referencias.

                     Conviene numerar los apartados o párrafos de la resolución de remisión para facilitar su lectura y la posibilidad de hacer referencias.

               23.

               Por último, el órgano jurisdiccional remitente puede, en su caso, indicar de modo sucinto su punto de vista sobre la respuesta que deben recibir las cuestiones planteadas con carácter prejudicial.

               24.

               En la resolución de remisión, la cuestión o cuestiones prejudiciales deberán figurar en una parte separada que se pueda identificar con claridad, por lo general, al principio o al final de la resolución. Deben ser comprensibles sin referirse a los fundamentos de la petición, en los que, no obstante, se expondrá el contexto necesario para efectuar una apreciación adecuada.

      Efectos de la remisión prejudicial en el procedimiento nacional

               25.

               El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia lleva consigo la suspensión del proceso nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie.

               26.

               Sin embargo, el juez nacional seguirá siendo competente para adoptar medidas cautelares, especialmente en el caso de haberse planteado una cuestión de validez (véase el punto 17).

      Costas y beneficio de justicia gratuita

               27.

               El procedimiento prejudicial es gratuito y el Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre las costas del litigio principal. Corresponderá al órgano jurisdiccional nacional decidir sobre este particular.

               28.

               En el caso de que alguna de las partes carezca de recursos suficientes, y en la medida en que las normas nacionales lo permitan, el órgano jurisdiccional nacional puede concederle una ayuda que cubra los gastos ocasionados por su intervención ante el Tribunal de Justicia, en particular, los de representación. Este último puede conceder también una ayuda de esta índole en el supuesto de que la parte de que se trate no disfrute ya de una ayuda en el ámbito nacional o en la medida en que dicha ayuda no cubra, o cubra sólo parcialmente, los gastos ocasionados por su intervención ante el Tribunal de Justicia.

      Correspondencia entre el órgano jurisdiccional y el Tribunal de Justicia

               29.

               La resolución de remisión y los documentos pertinentes (especialmente, en su caso, los autos del asunto, eventualmente mediante copia) deben ser enviados directamente al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional nacional mediante correo certificado (dirigido a la «Secretaría del Tribunal de Justicia, L-2925 Luxemburgo», teléfono. +352 4303-1).

               30.

               Hasta que se dicte la decisión, la Secretaría del Tribunal de Justicia se mantendrá en contacto con el órgano jurisdiccional nacional, al que transmitirá copia de los escritos procesales.

               31.

               El Tribunal de Justicia también transmitirá su decisión al órgano jurisdiccional remitente, encareciéndole que le informe acerca de la aplicación que haga de ella en el litigio principal y que le envíe, llegado el caso, su decisión definitiva.

         II.   El procedimiento prejudicial de urgencia (PPU)

               32.

               Esta parte de la nota aporta indicaciones prácticas respecto al procedimiento prejudicial de urgencia aplicable a las remisiones relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia. Este procedimiento se rige por los artículos 23 bis del Protocolo (no 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DOUE 2008, C 115, p. 210) y 104 ter del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. La posibilidad de solicitar la aplicación de este procedimiento se añade a la posibilidad de solicitar la aplicación del procedimiento acelerado en las condiciones previstas en los artículos 23 bis del antedicho protocolo y 104 bis del Reglamento de Procedimiento.

      Sobre los requisitos para la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia

               33.

               El procedimiento prejudicial de urgencia sólo puede aplicarse en los ámbitos a que se refiere el título V de la tercera parte del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia.

               34.

               La decisión de aplicar dicho procedimiento corresponde al Tribunal de Justicia. En principio, tal decisión se adopta únicamente sobre la base de una petición motivada del órgano jurisdiccional remitente. Con carácter excepcional, el Tribunal de Justicia puede decidir de oficio tramitar una petición de decisión prejudicial mediante el procedimiento de urgencia, cuando éste parezca necesario.

               35.

               El procedimiento prejudicial de urgencia simplifica las diferentes fases del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, pero su aplicación lleva consigo mayores exigencias para este último y para las partes y demás interesados que participan en el procedimiento, en particular para los Estados miembros.

               36.

               Por consiguiente, sólo debe solicitarse en circunstancias en las que sea absolutamente necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la remisión prejudicial en el menor plazo posible. Sin que puedan enumerarse aquí tales situaciones de manera exhaustiva, debido en particular al carácter variado y evolutivo de las normas de la Unión que regulan el espacio de libertad, seguridad y justicia, un órgano jurisdiccional nacional podría plantearse formular una petición de procedimiento prejudicial de urgencia, por ejemplo, en las siguientes situaciones: en el caso, contemplado en el artículo 267, párrafo cuarto, del TFUE, de una persona detenida o privada de libertad, cuando la respuesta a la cuestión planteada sea determinante para la apreciación de la situación jurídica de esta persona o, en un litigio relativo a la patria potestad o a la custodia de los hijos, cuando la competencia del juez que deba conocer del asunto en virtud del Derecho de la Unión dependa de la respuesta a la cuestión prejudicial.

      Sobre la petición de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia

               37.

               Para permitir al Tribunal de Justicia decidir rápidamente si es preciso aplicar el procedimiento prejudicial de urgencia, la petición debe exponer las circunstancias de Derecho que acrediten la urgencia y, en particular, los riesgos en que se incurre si la remisión sigue el procedimiento prejudicial ordinario.

               38.

               En la medida de lo posible, el órgano jurisdiccional remitente indicará, de manera sucinta, su punto de vista sobre la respuesta que haya de darse a la cuestión o cuestiones planteadas. Tal indicación facilita la toma de postura de las partes y demás interesados que participan en el procedimiento, así como la decisión del Tribunal de Justicia, y de este modo contribuye a la celeridad del procedimiento.

               39.

               La petición de procedimiento prejudicial de urgencia debe presentarse de tal forma que la Secretaría del Tribunal de Justicia pueda apreciar de inmediato que el expediente debe recibir una tramitación específica. Para ello, resulta conveniente que la petición se presente en un documento distinto de la propia resolución de remisión, o bien en un escrito de acompañamiento que ponga expresamente de manifiesto dicha petición.

               40.

               En lo que atañe a la propia resolución de remisión, su carácter sucinto es tanto más importante en una situación de urgencia cuanto que contribuye a la celeridad del procedimiento.

      Sobre la correspondencia entre el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional nacional y las partes

               41.

               En lo que respecta a las comunicaciones con el órgano jurisdiccional nacional y las partes que intervienen ante él, se insta a los órganos jurisdiccionales nacionales que presenten una petición de procedimiento prejudicial de urgencia a que indiquen la dirección electrónica, en su caso el número de fax, que el Tribunal de Justicia podrá emplear, así como las direcciones electrónicas, en su caso los números de fax, de los representantes de las partes del litigio.

               42.

               Puede transmitirse al Tribunal de Justicia una copia de la resolución de remisión firmada, junto con una petición de procedimiento prejudicial de urgencia, mediante correo electrónico (ECJ-Registry@curia.europa.eu) o fax (+352 43 37 66). La tramitación de la remisión y de la petición podrá comenzar desde la recepción de tal copia. No obstante, los originales de estos documentos deberán transmitirse a la Secretaría del Tribunal de Justicia a la mayor brevedad.

      (1)  Conforme al artículo 10, apartados 1 a 3, del Protocolo no 36, las atribuciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a los actos adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (DO 2007, C 306, p. 1), en virtud del título VI del TUE, en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, y no modificados desde entonces, seguirán, no obstante, siendo las mismas durante un período máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1 de diciembre de 2009). Por tanto, durante dicho período, tales actos sólo podrán ser objeto de un procedimiento prejudicial cuando éste sea iniciado por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que hayan aceptado la competencia del Tribunal de Justicia. Cada Estado miembro podrá decidir si confiere la facultad de plantear cuestiones prejudiciales a todos sus órganos jurisdiccionales o únicamente a los que se pronuncian en última instancia.


title: Asunto C-404/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Alemania) el 24 de julio de 2015 — Proceso penal contra Pál Aranyosi

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Alemania) el 24 de julio de 2015 — Proceso penal contra Pál Aranyosi
   (Asunto C-404/15)
   (2015/C 320/26)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen.

      Partes en el proceso principal

   Pál Aranyosi

      Otra parte: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI) (1), en el sentido de que es improcedente una extradición para enjuiciamiento penal en caso de que existan razones de peso para creer que las condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor vulneran los derechos fundamentales de la persona afectada y los principios generales del Derecho recogidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, o debe interpretarse en el sentido de que en dichos casos el Estado miembro de ejecución puede o debe condicionar la decisión sobre la procedencia de la extradición a la constitución de garantías relativas al cumplimiento de las condiciones de reclusión? ¿El Estado miembro de ejecución puede o debe formular a tal efecto requisitos mínimos concretos aplicables a las condiciones de reclusión que se han de garantizar?

               2)

               ¿Deben interpretarse los artículos 5 y 6, apartado 1, de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI), en el sentido de que la autoridad judicial emisora también ostenta la facultad de constituir garantías relativas al cumplimiento de las condiciones de reclusión o se mantiene, a tal efecto, el orden competencial interno del Estado miembro emisor?

      (1)  DO L 190, p. 1.


title: Asunto T-330/09: Auto del Tribunal General de 17 de febrero de 2011 — RapidEye/Comisión ( «Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Ayudas otorgadas por las autoridades alemanas con arreglo a las Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales — Proyecto de sistema de información geográfica por satélite — Solicitud de confirmación del alcance de una decisión por la que se declara una ayuda compatible con el mercado común — Respuesta de la Comisión — Acto no susceptible de recurso — Inadmisibilidad» )

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/13

         Auto del Tribunal General de 17 de febrero de 2011 — RapidEye/Comisión
   (Asunto T-330/09) (1)

   (Recurso de anulación - Ayudas de Estado - Ayudas otorgadas por las autoridades alemanas con arreglo a las Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales - Proyecto de sistema de información geográfica por satélite - Solicitud de confirmación del alcance de una decisión por la que se declara una ayuda compatible con el mercado común - Respuesta de la Comisión - Acto no susceptible de recurso - Inadmisibilidad)
   2011/C 113/25
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: RapidEye AG (Brandenburgo del Havel, Alemania) (representante: T. Jestaedt, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: K. Gross y B. Martenczuk, agentes)

      Objeto

   Solicitud de anulación de la decisión supuestamente contenida en el escrito de la Comisión de 9 de junio de 2009, relativa a la ayuda concedida a RapidEye AG por las autoridades alemanas para la creación de un sistema de información geográfica por satélite [Ayuda de Estado CP 183/2009 — Alemania; RapidEye AG (control a posteriori MSR 1998 — N 416/2002)].

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a RapidEye AG.

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de abril de 2000 en el asunto C-226/98 (petición de decisión prejudicial del Østre Landsret): Birgitte Jørgensen contra Foreingen af Speciallæger, Sygesikringens Forhandlingsudvalg (Directivas 76/207/CEE y 86/613/CEE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres — Actividad autónoma — Supresión de consultas médicas)

text:
24.6.2000                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 176/1
                                                                         I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                  TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                             TRIBUNAL DE JUSTICIA
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   adjunto, ha dictado el 6 de abril de 2000 una sentencia cuyo
                                                                             fallo es el siguiente:
                             (Sala Sexta)
                                                                             1) La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976,
                       de 6 de abril de 2000                                      relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
                                                                                hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
en el asunto C-226/98 (petición de decisión prejudicial del                     formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de
Østre Landsret): Birgitte Jørgensen contra Foreingen af                           trabajo, y la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de
    Speciallæger, Sygesikringens Forhandlingsudvalg (1)                           diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de
                                                                                igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una
(Directivas 76/207/CEE y 86/613/CEE — Igualdad de                                 actividad autónoma, incluidas las actividades agrı́colas, ası́ como
trato entre hombres y mujeres — Actividad autónoma —                             sobre la protección de la maternidad, deben interpretarse en el
                Supresión de consultas médicas)                                  sentido de que, para determinar la existencia de una discrimina-
                                                                                ción indirecta por razón de sexo en un litigio sobre igualdad de
                          (2000/C 176/01)                                         trato como el que se discute en el procedimiento principal,
                                                                                procede valorar individualmente cada uno de los elementos
                                                                                que caracterizan las condiciones de ejercicio de una actividad
                   (Lengua de procedimiento: danés)                               profesional establecidos en la normativa controvertida, siempre
                                                                                que tales elementos constituyan por sı́ solos medidas especı́ficas
                                                                                basadas en criterios de aplicación propios y afecten a un
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la           número significativo de personas pertenecientes a una categorı́a
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)               determinada.
En el asunto C-226/98, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del           2) Las consideraciones de ı́ndole presupuestaria no pueden justificar
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Østre                           por sı́ solas una discriminación por razón de sexo. Sin embargo,
Landsret (Dinamarca), destinada a obtener, en el litigio pen-                     las medidas que pretendan garantizar una buena gestión del
diente ante dicho órgano jurisdiccional entre Birgitte Jørgensen                 gasto público destinado a los cuidados médicos especializados,
y Foreningen af Speciallæger, Sygesikringens Forhandlingsud-                      ası́ como el acceso de la población a estos cuidados, pueden verse
valg, una decisión prejudicial sobre la interpretación de la                    justificadas cuando respondan a un objetivo legı́timo de polı́tica
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976,                        social, y se revelen aptas y necesarias para alcanzarlo.
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a                3) El precio que un médico puede obtener de la cesión de su clientela,
la formación y a la promoción profesionales, y a las condicio-                  en el momento de cese de su actividad por haber alcanzado el
nes de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70), y de la                         lı́mite de edad, no puede equipararse a la pensión de jubilación
Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de                           de un trabajador por cuenta ajena.
1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma,
incluidas las actividades agrı́colas, ası́ como sobre la protección
de la maternidad (DO L 359, p. 56), el Tribunal de Justicia                  (1) DO C 278 de 5.9.1998.
(Sala Sexta), integrado por los Sres.: J.C. Moitinho de Almeida,
Presidente de Sala; C. Gulmann, J.-P. Puissochet (Ponente),
G. Hirsch y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General:
Sr. A. Saggio; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de marzo de 2001 en el asunto C-266/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa ("Incumplimiento de Estado — Calidad de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable — Directiva 75/440/CEE — Requisitos para la producción de agua utilizada para el consumo humano en Bretaña")

text:
C 173/16                  ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             16.6.2001
El artı́culo 19, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del             1)     Se declara que la República Francesa ha incumplido las
Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los                   obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 4 de la
regı́menes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los             Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975,
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que                 relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales
se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y                    destinadas a la producción de agua potable en los Estados
actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de                   miembros, al no haber adoptado las disposiciones necesarias
diciembre de 1996, y las disposiciones concordantes de las demás                   para que la calidad de las aguas superficiales destinadas a la
secciones del capı́tulo 1 del tı́tulo III de dicho Reglamento se oponen             producción de agua potable se ajuste a los valores lı́mite fijados
a que el derecho a percibir el «Pflegegeld» (asignación de asistencia)             en virtud del artı́culo 3 de la citada Directiva.
previsto por la Bundespflegegeldgesetz (Ley federal austriaca de
asignaciones de asistencia) se supedite al requisito de que la persona       2)     Se condena en costas a la República Francesa.
necesitada de asistencia tenga su residencia habitual en Austria.
                                                                             (1) DO C 281 de 2.10.1999.
(1) DO C 226 de 7.8.1999.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Sexta)
                                                                                (Sala Sexta)
                       de 8 de marzo de 2001
                                                                                de 8 de marzo de 2001
en el asunto C-266/99: Comisión de las Comunidades
             Europeas contra República Francesa (1)
                                                                             en el asunto C-278/99 (petición de decisión prejudicial
                                                                             planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Proceso
(«Incumplimiento de Estado — Calidad de las aguas superfi-                                 penal contra Georgius van der Burg (1)
ciales destinadas a la producción de agua potable — Directiva
75/440/CEE — Requisitos para la producción de agua
         utilizada para el consumo humano en Bretaña»)                      («Normas y reglamentaciones técnicas — Emisoras no homo-
                                                                                logadas — Publicidad»)
                           (2001/C 173/26)
                                                                                (2001/C 173/27)
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-266/99, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agente: Sr. M. Nolin) contra República Francesa (agentes:
Sra. K. Rispal-Bellanger y Sr. D. Colas), que tiene por objeto               En el asunto C-278/99, que tiene por objeto una petición
que se declare que la República Francesa ha incumplido las                  dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                       Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Hoge Raad
75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la                der Nederlanden (Paı́ses Bajos), destinada a obtener, en el
calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la               proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra
producción de agua potable en los Estados miembros                          Georgius van der Burg, una decisión prejudicial sobre la
(DO L 194, p. 26; EE 15/01, p. 123), y en particular de su                   interpretación del artı́culo 1 de la Directiva 83/189/CEE del
artı́culo 4, al no haber adoptado las disposiciones necesarias               Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece
para que la calidad de las aguas superficiales destinadas a la               un procedimiento de información en materia de normas y
producción de agua potable se ajuste a los valores lı́mite fijados          reglamentaciones técnicas (DO L 109, p. 8; EE 13/14, p. 34),
en virtud del artı́culo 3 de la citada Directiva, el Tribunal de             el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los
Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres.: C. Gulmann,                  Sres. C. Gulmann (Ponente), Presidente de Sala; V. Skouris,
Presidente de Sala; V. Skouris y J.-P. Puissochet, R. Schintgen y            J.-P. Puissochet y R. Schintgen y la Sra. N. Colneric, Jueces;
la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;              Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario:
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 8 de              Sr. R. Grass, ha dictado el 8 de marzo de 2001 una sentencia
marzo de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                      cuyo fallo es el siguiente:


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundesgerichtshof, de fecha 26 de junio de 1997, en el asunto entre Verbraucherschutzverein eV y Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co (Asunto C-303/97)

text:
18 . 10 . 97           ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 318/9
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                   dicas imputables a una división territorial del Estado,
lución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, de                      los afectados sólo pueden dirigirse contra ésta y no
fecha 13 de agosto de 1997, en el asunto entre Klaus                         contra el Estado en su totalidad ?
                    Konle y Republik Ósterreich
                        ( Asunto C-302/97 )
                           ( 97/C 318/ 15                             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                      lución del Bundesgerichtshof, de fecha 26 de junio de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                      1997, en el asunto entre Verbraucherschutzverein eV y
sido sometida una petición de decisión prejudicial me                              Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co
diante resolución del Landesgericht für Zivilrechtssachen
Wien, dictada el 13 de agosto de 1997, en el asunto entre                                        ( Asunto C-303/97 )
Klaus Konle y Republik Ósterreich , y recibida en la Secre                                         ( 97/C 318/ 16 )
taría del Tribunal de Justicia el 22 de agosto de 1997.
                                                                      Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
El Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien solicita al Tri          sido sometida una petición de decisión prejudicial
bunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes               mediante resolución del Bundesgerichtshof, dictada el 26
cuestiones :
                                                                      de junio de 1997, en el asunto entre Verbraucherschutzve
1 ) ¿ Se han de interpretar los artículos 6 , 52 y siguientes         rein eV y Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co, y reci
     ( capítulo 2 del título III de la tercera parte ) y 73 B y       bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de
     siguientes ( capítulo 4 del título III de la tercera parte )     agosto de 1997.
     del Tratado CE así como el artículo 70 del Acta de               El Bundesgerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se
     adhesión ( Acta relativa a las condiciones de adhesión           pronuncie sobre las siguientes cuestiones relativas a la
     [. . .] de la República de Austria [. . .] ya las adap          interpretación de la letra b ) del apartado 2 del artículo 13
     taciones de los Tratados en los que se fundamenta la             del Reglamento ( CEE ) n° 2333/92 del Consejo, de 13 de
     Unión Europea ) de forma que se deba considerar que              julio de 1992 , por el que se establecen las normas genera
     se produjo una infracción del Derecho comunitario y              les para la designación y la presentación de los vinos espu
     se violó una de las libertades fundamentales garanti            mosos y de los vinos espumosos gasificados ('):
     zadas por la legislación de la Unión Europea cuando :
                                                                      a ) ¿ Basta , para la aplicación de la prohibición contenida
     a ) para obtener la autorización de la autoridad com                   en la letra b ) del apartado 2 del artículo 13 del citado
           petente en materia de inmuebles, y que se le                      Reglamento, el hecho de que una palabra de una
           denegó, el demandante, durante el período de                      marca empleada para la designación del vino espu
           vigencia de la TGVG de 1993 , estaba obligado a                   moso ( en el presente asunto, « Hochgewächs ») pueda
           probar que no establecería una segunda residencia ,               ser confundida con un elemento de la designación de
           mientras que para la adquisición del derecho de                   un vino ( no utilizado ) en la elaboración del vino de
           propiedad por parte de un nacional bastaba con                    base del vino espumoso ( en el presente asunto: « Ries
           una mera declaración con arreglo al apartado 2                    ling-Hochgewächs »), aunque no se haya probado que
           del artículo 10; y                                                ello haya inducido a error sobre la composición del
     b ) en el marco de la TGVG de 1996 , el demandante,                     vino de base a una considerable parte de los consumi
           antes de inscribir el derecho de propiedad en el                  dores, influyendo en la compra, ni que el titular de la
           Registro de la Propiedad, debe —al igual que los                  marca tuviera intención de confundirlos ?
           nacionales— instar un procedimiento de autoriza           b ) Si hubiera que responder afirmativamente a la
           ción, en el que ya no existe la posibilidad, tampoco              cuestión a ), ¿ Puede oponerse a la aplicación de la
           para los nacionales, de que surta efectos la presen              prohibición contenida en la letra b ) del apartado 2 del
           tación de una declaración en la que se afirme que                 artículo 13 del citado Reglamento la propiedad indus
           no establecerá una segunda residencia ?                           trial, adquirida por el titular de la marca a consecuen
2 ) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión :                  cia del tradicional uso pacífico de su marca en el terri
     ¿ Corresponde también al Tribunal de Justicia de las                    torio nacional , como interés de rango superior digno
     Comunidades Europeas, en el procedimiento previsto                      de protección ?
     en el artículo 177 del Tratado CE, dilucidar si una vio
     lación del Derecho comunitario está « suficientemente            ( 1 ) DO L 231 de 13 . 8 . 1992 , p . 9 .
     caracterizada » ( en el sentido del criterio sostenido en
     la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de
     1996 , Brasserie de Pêcheur/Alemania )?
                                                                      Recurso de casación interpuesto el 26 de agosto de 1997
3 ) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones pri             por Fernando Carbajo Ferrero contra la sentencia dictada
     mera y segunda : ¿ La infracción descrita está « suficien       el 12 de junio de 1997 por la Sala Primera del Tribunal de
     temente caracterizada »?                                         Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el
4 ) ¿ Una interpretación correcta del artículo 5 del Tratado          asunto T-237/95 promovido contra el Parlamento
     CE implica que el principio de responsabilidad de los                           Europeo por Fernando Carbajo Ferrero
     Estados miembros por los perjuicios ocasionados a                                         ( Asunto C-304/97 P)
     particulares por violación del Derecho comunitario                                             ( 97/C 318/ 17 )
     queda satisfecho cuando el Derecho sobre responsabili
     dad patrimonial de un Estado miembro de estructura               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
     federal dispone que en el supuesto de infracciones jurí          ha presentado el 26 de agosto de 1997 un recurso de casa


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 14 de julio de 2005, en el asunto C-52/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht): Personalrat der Feuerwehr Hamburg contra Leiter der Feuerwehr Hamburg («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directivas 89/391/CEE y 93/104/CE — Ámbito de aplicación — Fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos — Inclusión — Requisitos»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/23

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 14 de julio de 2005
   en el asunto C-52/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht): Personalrat der Feuerwehr Hamburg contra Leiter der Feuerwehr Hamburg (1)

   («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Política social - Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores - Directivas 89/391/CEE y 93/104/CE - Ámbito de aplicación - Fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos - Inclusión - Requisitos»)
   (2005/C 217/44)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-52/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania), mediante resolución de 17 de diciembre de 2003, registrada en el Tribunal de Justicia el 10 de febrero de 2004, en el procedimiento entre Personalrat der Feuerwehr Hamburg y Leiter der Feuerwehr Hamburg, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann, R. Schintgen (Ponente), J. Makarczyk y J. Klučka, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 14 de julio de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
   El artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, así como el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, deben ser interpretados en el sentido de que:

               —

               Las actividades ejercidas por las fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos como el del asunto principal se hallan comprendidas normalmente dentro del ámbito de aplicación de dichas Directivas de forma que, en principio, el artículo 6, punto 2, de la Directiva 93/104 se opone a que se supere el límite de 48 horas previsto para la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, incluidos los servicios de atención continuada:

               —

               Sin embargo, será posible superar ese límite cuando existan circunstancias excepcionales de tal gravedad y magnitud que el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de intereses públicos como el orden, la salud y la seguridad públicos debe prevalecer provisionalmente sobre aquel otro consistente en garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores destinados en los equipos de intervención y de socorro; no obstante, incluso en tal situación excepcional, deben respetarse los objetivos de la Directiva 89/391 en la medida de lo posible.

      (1)  DO C 94, de 17.4.2004.


title: Asunto T-372/00: Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Mario Campolargo

text:
10.2.2001              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 45/23
Motivos y principales alegaciones                                       Motivos y principales alegaciones
                                                                        El demandante en el presente asunto, el mismo del asunto
Marca objeto de recurso:       Marca denominativa «UltraPlus»,          T-91/00 (1), impugna la negativa de la Oficina Liquidadora del
                               número de solicitud 716597              Régimen Común de Seguro de Enfermedad de Luxemburgo a
                                                                        reembolsar los gastos mencionados, por el perı́odo correspon-
Producto o servicio:           Clase 21 (utensilios de plástico        diente al primer semestre 2000, por cuidados necesarios para
                               para su uso en microondas, hor-          su hijo, con arreglo al Tı́tulo X, artı́culo 1, apartado 1, del
                               nos de convección y hornos con-         Anexo I de la Reglamentación Común de Seguro de Enferme-
                               vencionales)                             dad. En cambio, la Oficina Liquidadora ha autorizado dichas
                                                                        prestaciones en concepto de «garde-malade», a los efectos del
Resolución impugnada          Denegación del registro por el          artı́culo 1, apartado 2, letras c) y d), del Tı́tulo X de la
ante la Sala de Recurso:       examinador                               Reglamentación citada.
Motivos invocados:             Infracción del artı́culo 7, apar-       Los motivos y principales alegaciones son similares a los
                               tado 1, letras b) y c) del Regla-        invocados en el asunto T-91/00, antes citado.
                               mento (CE) no 40/94
                                                                        (1) DO C 176, de 24.06.2000, p. 24.
                                                                        Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2000 contra
                                                                        la Comisión de las Comunidades Europeas por Mario
Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2000 por                                                  Campolargo
Adolfo Kind contra la Comisión de las Comunidades
                             Europeas                                                            (Asunto T-372/00)
                       (Asunto T-362/00)                                                           (2001/C 45/49)
                          (2001/C 45/48)                                                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                (Lengua de procedimiento: italiano)                     Europeas se ha presentado el 11 de diciembre de 2000 un
                                                                        recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                        formulado por Mario Campolargo, con domicilio social en
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  Kraainem (Bélgica), representado por Me Carlos Mourato,
Europeas se ha presentado el 27 de noviembre de 2000 un                 abogado de Bruselas.
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por el Sr. Adolfo Kind, representado por el
Sr. Giuseppe Marchesini, Abogado de Vicenza, que designa                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Ernest                   que:
Arendt, rue Mathias Hardt.
                                                                        —      Anule la Decisión de 15 de febrero de 2000 de la AFPN
                                                                               que tiene por objeto la anulación del nombramiento del
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                  demandante como Jefe de la Unidad ex-DG XIII/G/2 y su
que:                                                                           promoción al grado A3 y la decisión tácita de 12 de
                                                                               septiembre de 2000 de la AFPN, mediante la que se
                                                                               desestima una reclamación presentada por el deman-
—    Anule las decisiones impugnadas por aplicar errónea-                     dante.
     mente el sistema de reembolso adoptado.
                                                                        —      Condene a la demandada al pago de las costas procesales,
—    Condene a la Comisión a efectuar la liquidación, al igual               con arreglo al artı́culo 87, apartado 2, del Reglamento de
     que en el pasado, sobre la base de las facturas de gastos                 Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y al pago
     por prestaciones de auxiliares médicos presentadas por el                 de los gastos indispensables en los que se ha incurrido
     asegurado.                                                                por razón del procedimiento, especialmente los gastos de
                                                                               domiciliación, de desplazamiento y de estancia y los
                                                                               honorarios y gastos de abogados, con arreglo al ar-
—    Condene en costas a la demandada.                                         tı́culo 91 b) del mismo Reglamento.
 ---pagebreak--- C 45/24                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      10.2.2001
Motivos y principales alegaciones                                       Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
                                                                        Instancia que:
El demandante alega que, en agosto de 1999, se le informó de
su nombramiento como Jefe de la Unidad DG/XIII/G/2 y de su              —     Anule la Decisión de 12 de enero de 2000 por la que se
promoción al grado A3, pero que, en febrero de 2000, el                      desestima la solicitud presentada el 24 de septiembre de
Director General de Personal le anunció que habı́a decidido                  2000 por la Sra. D. Dubigh, que tiene por objeto la
anular estas decisiones a raı́z de la reclamación presentada por             regularización de su situación administrativa mediante el
un funcionario que también habı́a presentado su candidatura                   reconocimiento de la situación estatutaria de agente
al mismo puesto. En el presente asunto el demandante                          temporal desde el 12 de mayo de 1997 y el restableci-
impugna esta decisión de retirada.                                           miento de los derechos correspondientes.
                                                                        —     Anule la Decisión de 12 de enero de 2000 por la que se
Afirma que la decisión que ha sido retirada:                                 desestima la solicitud presentada el 24 de septiembre de
                                                                              2000 por la Sra. T. Zaur-Gora, que tiene por objeto la
—    no se adoptó en infracción del artı́culo 45 del Estatuto de            regularización de su situación administrativa mediante el
     los funcionarios o de las convocatorias para proveer plaza               reconocimiento de la situación estatutaria de agente
     vacante 07, de 2 de febrero de 2000, puesto que                          temporal desde el 22 de mayo de 1997 y el restableci-
     se observaron escrupulosamente estas normas, habida                      miento de los derechos correspondientes.
     cuenta de los requisitos de antigüedad necesarios para
     poder ser promovido;                                               —     Condene en costas a la parte demandada.
—    no se adoptó basándose en un error manifiesto de
     apreciación en el examen comparativo de méritos y de              Motivos y principales alegaciones
     los informes de calificación, o en una infracción de las
     convocatorias para proveer plaza vacante controvertidas;
     y                                                                  Según sus afirmaciones, las demandantes ejercieron desde el
                                                                        12 de mayo y el 22 de mayo de 1997, respectivamente,
—    no adolece de desviación del poder de la AFPN.                    ininterrumpidamente, las mismas funciones de secretaria dacti-
                                                                        lógrafa en las mismas unidades, en las situaciones estatutarias
                                                                        sucesivas de agente interino y de agente auxiliar. En su opinión,
Además, respecto al a Decisión impugnada, alega lo siguiente:         la naturaleza formal y la calificación que las partes hacen
                                                                        del contrato no producen ninguna consecuencia sobre los
—    violación de los derechos de defensa;                             antecedentes de hecho.
—    incumplimiento de la obligación de motivación;
                                                                        Las tareas ejercidas por las demandantes se caracterizan por su
—    violación del principio de protección de la confianza            continuidad y las funciones ejercidas por su permanencia.
     legı́tima y
                                                                        En apoyo de sus pretensiones, las demandantes invocan la
—    violación de los principios de igualdad de trato, de              violación de los principios de buena administración y de buena
     proporcionalidad y de buena administración.                       gestión del personal, ası́ como la existencia, en el caso de
                                                                        autos, de un supuesto de desviación de poder.
Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2000 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Danielle                      Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2000 contra la
                 Dubigh y Tamara Zaur-Gora                              Comisión de las Comunidades Europeas por Carmelo
                                                                                Morello
                       (Asunto T-375/00)
                                                                                (Asunto T-378/00)
                          (2001/C 45/50)
                                                                                (2001/C 45/51)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 11 de diciembre de 2000 un                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                 Europeas se ha presentado el 19 de diciembre de 2000 un
formulado por Danielle Dubigh, con domicilio en Bruselas y              recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Tamara Zaur-Gora, con domicilio en Lodelinsart (Bélgica)                formulado por Carmelo Morello, con domicilio en Bruselas,
representadas por Mes Jean-Noël Louis y Véronique Peere,                representado por Mes Jacques Sambon et Pierre-Paul Van
Abogados de Bruselas.                                                   Gehuchten, abogados de Bruselas.


title: Asunto T-413/06 P: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de septiembre de 2008 — Gualteri/Comisión ( Recurso de casación — Experto nacional en comisión de servicio — Resolución de remisión — Resolución que puede ser objeto de un recurso de casación — Inadmisibilidad )

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/25

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de septiembre de 2008 — Gualteri/Comisión
   (Asunto T-413/06 P) (1)

   («Recurso de casación - Experto nacional en comisión de servicio - Resolución de remisión - Resolución que puede ser objeto de un recurso de casación - Inadmisibilidad»)
   (2008/C 272/46)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Claudia Gualteri (Bruselas, Bélgica) (representantes: P. Gualtieri y M. Gualtieri, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: J. Currall, agente, asistido por G. Faedo, abogado)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 9 de octubre de 2006, Gualtieri/Comisión (F-53/06, aún no publicado en la Recopilación), y por el que se solicita que se anule el citado auto.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               La Sra. Claudia Gualtieri cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión en el marco de la presente instancia.

      (1)  DO C 42 de 24.2.2007.


title: Asunto C-423/11 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de agosto de 2011 por la República de Polonia contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima) dictado el 23 de mayo de 2011 en el asunto T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Comisión

text:
               22.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/22

         Recurso de casación interpuesto el 11 de agosto de 2011 por la República de Polonia contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima) dictado el 23 de mayo de 2011 en el asunto T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Comisión
   (Asunto C-423/11 P)
   2011/C 311/38
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes procesales

      Recurrente: República de Polonia (representante: M. Szpunar)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule en su totalidad el auto del Tribunal General dictado el 23 de mayo de 2011 en el asunto T-226/10.

      Motivos y principales alegaciones

   El motivo por el que se declaró la inadmisibilidad de la demanda consistía en que los abogados (radcowie prawni) que representaban al Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Presidente de la Oficina de comunicaciones electrónicas) mantenían una relación laboral con dicha Oficina, lo cual, a juicio del Tribunal General, excluía la posibilidad de que representaran al demandante ante dicho Tribunal. El Gobierno polaco formula los siguientes motivos contra el auto recurrido:

               En primer lugar, alega que el Tribunal General infringió el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia, dado que interpretó erróneamente dicho precepto. Afirma que la normativa de la Unión Europea no armoniza las modalidades autorizadas de prestación de los servicios jurídicos. El artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia tampoco establece ninguna limitación al respecto, sino que se limita a remitirse a la normativa nacional. En opinión de la República de Polonia, el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia no constituye un fundamento para privar, de un modo general y arbitrario, a los abogados que presten servicios jurídicos sobre la base de un contrato laboral del derecho a representar a las partes ante el Tribunal de Justicia, dado que la normativa polaca garantiza plenamente la independencia de dichos abogados.

               En segundo lugar, aduce una vulneración del principio de proporcionalidad con arreglo al artículo 5 TUE, apartado 4. Según el Gobierno polaco, la exclusión de la posibilidad de representación de una parte por un abogado con el que ésta mantenga una relación laboral excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de garantizar la prestación de servicios jurídicos para la parte a través de un jurista independiente. Afirma que existen medios materiales y formales menos restrictivos con los que cabe alcanzar dicho objetivo, en particular la normativa nacional que regula los principios del ejercicio profesional y la deontología profesional.

               En tercer lugar, alega la existencia de un vicio procesal por falta de motivación adecuada. En opinión del Gobierno polaco, el Tribunal General no motivó suficientemente el auto dictado en el asunto T-226/10, dado que, concretamente, no se pronunció acerca de las particularidades de la relación laboral que une a los abogados con el Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


title: Asunto C-368/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) el 14 de julio de 2015 — Ilves Jakelu Oy

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) el 14 de julio de 2015 — Ilves Jakelu Oy
   (Asunto C-368/15)
   (2015/C 311/40)
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Korkein hallinto-oikeus

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Ilves Jakelu Oy

      Otras partes: Liikenne- ja viestintäministeriö (Consejo de Estado, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Al interpretar el artículo 9 de la Directiva 97/67/CE (1) en su versión modificada por las Directivas 2002/39/CE (2) y 2008/6/CE (3), ¿debe considerarse la distribución de envíos postales de clientes contractuales un servicio no incluido en el servicio universal en el sentido del apartado 1 de dicha disposición o un servicio incluido en el servicio universal en el sentido del apartado 2, cuando la empresa postal acuerda con sus clientes las condiciones de la distribución y factura a los clientes una tarifa pactada por separado?

               2)

               En caso de que la distribución de envíos postales a clientes contractuales antes descrita sea un servicio no incluido en el servicio universal, ¿deben interpretarse los artículos 9, apartado 1, y 2, punto 14, en el sentido de que el ofrecimiento de tales servicios postales, en circunstancias como las del procedimiento principal, puede estar supeditada a una licencia individual conforme a lo dispuesto en la Ley de servicios postales?

               3)

               En caso de que la distribución de envíos postales a clientes contractuales antes descrita sea un servicio no incluido en el servicio universal, ¿debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, en el sentido de que una autorización relativa a dichos servicios sólo puede someterse a condiciones destinadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales en el sentido del artículo 2, punto 19, de la Directiva de servicios postales, y que las autorizaciones relativas a estos servicios no pueden someterse a requisitos de calidad, disponibilidad y eficacia de los servicios pertinentes en el sentido del artículo 9, apartado 2, de la Directiva?

               4)

               En caso de que las autorizaciones relativas a la distribución de envíos postales a clientes contractuales antes descrita sólo puedan someterse a condiciones destinadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales, ¿las condiciones controvertidas en el procedimiento principal, relativas a las condiciones de distribución del servicio postal, la frecuencia de la distribución de envíos, el servicio de modificación de direcciones y de interrupción de la distribución, la identificación de los envíos y los puntos de recogida, pueden considerarse conformes con los requisitos esenciales en el sentido del artículo 2, punto 19, y necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales en el sentido del artículo 9, apartado 1?

      (1)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO L 15, p. 14).

      (2)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de junio de 2002 por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (DO L 176, p. 21).

      (3)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 2008 por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios (DO L 52, p. 3).