title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 19 de junio de 1996 en el asunto T-573/93, Manuel Francisco Caballero Montoya contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Personas asimiladas a hijos a cargo - Apartado 4 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto - Disposiciones generales de ejecución - Ilegalidad - Aplicación errónea - Efecto retroactivo)

text:
10 . 8 . 96           IJ*                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 233/7
                                               TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                  DE PRIMERA INSTANCIA                                                 DE PRIMERA INSTANCIA
                     de 19 de junio de 1996                                               de 21 de junio de 1996
en el asunto T-5 73/93 , Manuel Francisco Caballero Mon             en el asunto T-226/94, Paul Dischamp SA contra Comisión
  toya contra Comisión de las Comunidades Europeas i 1 )                             de las Comunidades Europeas (')
(Funcionarios — Personas asimiladas a hijos a cargo —                 (Suspension de las compras de mantequilla de intervención
Apartado 4 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto —                                — Recurso de indemnización)
Disposiciones generales de ejecución — Ilegalidad —                                             96/C 233/ 13 )
           Aplicación errónea — Efecto retroactivo)
                           ( 96/C 233/ 12 )                                        (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                      En el asunto T-226/94 , Paul Dischamp SA, con domicilio
              (Lengua de procedimiento: español)                      social en Sayat ( Francia ), representada por los Sres . François
                                                                     Vignancour, Abogado de Clermont-Ferrand , y Louis
                                                                      Schiltz, Abogado de Luxemburgo , que designa como
En el asunto T-573/93 , Manuel Francisco Caballero Mon               domicilio en Luxemburgo el despacho de este último, 2 , rue
toya , funcionario de la Comisión de las Comunidades                  du Fort Rheinsheim, contra Comisión de las Comunidades
Europeas, representado por el Sr. Juan Ramón Iturriagagoi            Europeas ( Agente : Sr . Gérard Rozet ), que tiene por objeto
tia Bassas, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, que                que se repare el perjuicio supuestamente sufrido por la
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.              demandante como consecuencia de la suspensión del
Marc Loesch , 8 , rue Zithe, contra Comisión de las                   régimen de compras de mantequilla de intervención durante
Comunidades Europeas, ( Agentes : Sras . Ana María Alves              el período comprendido entre el 11 de enero y el 26 de
Vieira y Blanca Rodríguez Galindo ), que tiene por objeto,            febrero de 1991 , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala
con carácter principal , que se declaren contrarias a Derecho         Quinta ), integrado por los Sres .: R. Schintgen, Presidente; R.
las disposiciones generales de ejecución en materia de                García-Valdecasas y J. Azizi, Jueces; Secretario : Sr . H. Jung;
personas asimiladas a hijos a su cargo, adoptadas por la              ha dictado el 21 de junio de 1996 una sentencia cuyo fallo es
Comisión el 28 de septiembre de 1989 , y, en particular, su           el siguiente :
artículo 6 y las normas concordantes, y, con carácter                 1 ) Se desestima el recurso.
subsidiario , que se anule la decisión de la Comisión de 2 de
septiembre de 1993 , por la que se desestimó la reclamación          .2 ) Se condena en costas a la parte demandante.
presentada por el demandante contra la decisión por la que
                                                                      C ) DO n" C 218 de 6 . 8 . 1994 .
se denegó parcialmente su solicitud de asimilación a hijos a
cargo para sus dos hijos, M J. y J. J. , de 3 de diciembre de
 1992 , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Segunda ),
 integrado por los Sres .: H. Kirschner, Presidente ; C. W.                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL
 Bellamy y A. Kalogeropoulos , Jueces ; Secretario : Sr . H.                            DE PRIMERA INSTANCIA
Jung; ha dictado el 19 de junio de 1996 una sentencia cuyo
 fallo es el siguiente :                                                                  de 21 de junio de 1996
                                                                       en el asunto T-41 /95 : Andrew Macrae Moat contra
 1 ) Se anula la decisión de la Comisión de 2 de septiembre                    Comisión de las Comunidades Europeas (')
      de 1 993 , notificada al demandante mediante escrito de 6        (Funcionarios — Recurso de indemnización — Cumpli
      de septiembre de 1993 , por la que se desestimó su               miento de una sentencia por la que se anula un nombra
      reclamación contra la decisión de 12 de febrero de 1 993 ,                 miento — Informe de calificación tardío)
      así como esta última decisión, en la medida en que, si                                    ( 96/C 233/14 )
      bien reconoce al demandante el derecho a la asignación
      para personas asimiladas a hijos a cargo para el primero                       (Lengua de procedimiento: inglés)
      de sus dos hijos, le deniegan esta asignación para el
      segundo de ellos.                                                En el asunto T-41 /95 , Andrew Macrae Moat, ex-funciona
                                                                       rio de la Comisión de las Comunidades Europeas, represen
                                                                       tado inicialmente por el Sr . Jacques Verhaegen , Abogado de
  2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.                        Bruselas, y posteriormente por el Sr . Mark Clough, Barrister
                                                                       de Inglaterra y País de Gales contra Comisión de las
  3 ) Se condena en costas a la Comisión .                             Comunidades Europeas ( Agentes : Sres . Thomas F. Cusack y
                                                                       Julián Currall ), que tine por objeto una demanda de
                                                                       indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por el
  (') D O n " C 27 de 28 . 1 . 1994 .                                  demandante a causa de la no ejecución o de la ejecución
                                                                       tardía de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                        16 de diciembre de 1993 , Moat contra Comisión ( T-58/92 ,
                                                                        Rec . p . 11-1443 ) ( en lo sucesivo , « sentencia de 16 de


title: Asunto T-6/11 P: Sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2011 — Comisión/Vicente Carbajosa y otros ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Selección — Convocatoria de concurso — Concurso general — Inadmisión a participar en la prueba escrita como consecuencia del resultado obtenido en los test de acceso — Reparto de competencias entre la EPSO y el tribunal calificador — Principio de contradicción» )

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/25

         Sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2011 — Comisión/Vicente Carbajosa y otros
   (Asunto T-6/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Selección - Convocatoria de concurso - Concurso general - Inadmisión a participar en la prueba escrita como consecuencia del resultado obtenido en los test de acceso - Reparto de competencias entre la EPSO y el tribunal calificador - Principio de contradicción)
   2012/C 32/52
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: J. Currall y B. Eggers, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Isabel Vicente Carbajosa (Bruselas), Niina Lehtinen (Bruselas) y Myriam Menchén (Bruselas) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal y D. Abreu Caldas, abogados)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 28 de octubre de 2010, Vicente Carbajosa y otros/Comisión (F-9/09, aún no publicada en la Recopilación), por el que se solicita la anulación parcial de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 28 de octubre de 2010, Vicente Carbajosa y otros/Comisión (F-9/09) en la medida en que ésta anuló las decisiones de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de no incluir a la Sra. Isabel Vicente Carbajosa, en cuanto al concurso EPSO/AD/117/08, ni a las Sras. Niina Lehtinen y Myriam Menchén, en cuanto al concurso EPSO/AD/116/08, en la lista de candidatos invitados a presentar una candidatura completa.

               2)

               Anular las decisiones de la EPSO de no incluir a la Sra. Vicente Carbajosa, en cuanto al concurso EPSO/AD/117/08, ni a las Sras. Lehtinen y Menchén, en cuanto al concurso EPSO/AD/116/08, en la lista de candidatos invitados a presentar una candidatura completa.

               3)

               Las Sras. Vicente Carbajosa, Lehtinen y Menchén y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas derivadas de la presente instancia.

      (1)  DO C 72, de 5.3.2011.


title: Asunto C-338/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Tribunale Civile e Penale di Perugia — Ufficio per le indagini preliminari, de fecha 12 de junio de 2003, en el proceso penal promovido contra Alessandro Rosario y otros

text:
1.11.2003               ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                C 264/15
1)   La Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre                  resolución del Tribunale Civile e Penale di Perugia — Ufficio
     de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del          per le indagini preliminari, dictada el 12 de junio de 2003, en
     tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que es           el proceso penal promovido contra Alessandro Rosario y
     preciso considerar que un servicio de atención continuada               otros, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de
     («Bereitschaftsdienst») que efectúa un médico en régimen de             agosto de 2003. El Tribunale Civile e Penale di Perugia —
     presencia física en el hospital constituye en su totalidad tiempo       Ufficio per le indagini preliminari solicita al Tribunal de Justicia
     de trabajo a efectos de esta Directiva, aun cuando al interesado        que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
     se le permita descansar en su lugar de trabajo durante los
     períodos en que no se soliciten sus servicios, de modo que ésta
                                                                             1)    En relación con la obligación de los diferentes Estados
     se opone a la normativa de un Estado miembro que califica de
                                                                                miembros de adoptar «sanciones apropiadas» para las
     tiempo de descanso los períodos de inactividad del trabajador
                                                                                infracciones previstas en la Primera y en la Cuarta
     en el marco de dicho servicio de atención continuada.
                                                                                Directivas (respectivamente, Directivas 68/151/CEE (1) y
                                                                                78/660/CEE (2)), las propias Directivas y, en particular,
2)   La Directiva 93/104 debe asimismo interpretarse en el sentido
                                                                                las disposiciones de los artículos 44 CE, apartado 2,
     de que:
                                                                                letra g); y 2, apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva
                                                                                (68/151/CEE, antes citada), y 2, apartados 2, 3 y 4, de la
     —     en circunstancias como las del asunto principal, se opone
                                                                                Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada
           a la normativa de un Estado miembro que, por lo que
                                                                                por las Directivas 83/349/CEE (3) y 90/605/CEE (4)), antes
           respecta al servicio de atención continuada efectuado en
                                                                                citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
           régimen de presencia física en el hospital, tiene por efecto
                                                                                tales normas se oponen a una legislación de un Estado
           permitir, según los casos mediante un convenio colectivo o
                                                                                miembro que, al modificar la normativa en materia de
           un acuerdo de empresa basado en dicho convenio, la
                                                                                sanciones aplicables a los delitos societarios anterior-
           compensación únicamente de los períodos de atención
                                                                                mente vigente, establece, en relación con los incumpli-
           continuada durante los cuales el interesado ha realizado
                                                                                mientos de las obligaciones impuestas para proteger el
           efectivamente una actividad profesional;
                                                                                principio de publicidad y de imagen fiel de las sociedades,
                                                                                un sistema de sanciones que no responde de manera
     —     para poder acogerse a las disposiciones que establecen                  concreta a los criterios de efectividad, proporcionalidad y
           excepciones enumeradas en el artículo 17, apartado 2,
                                                                                carácter disuasorio de las sanciones establecidas para
           punto 2.1, letra c), inciso i), de esta Directiva, una
                                                                                garantizar dicha protección?
           reducción del período de descanso diario de 11 horas
           consecutivas mediante la prestación de un servicio de
           atención continuada añadido al tiempo de trabajo normal           2)    Las citadas Directivas y, en particular, las normas del
           está sometida al requisito de que se conceda a los                      artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,
           trabajadores afectados períodos equivalentes de descanso                apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
           compensatorio en momentos que sucedan inmediatamente                    CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de
           a los períodos de trabajo correspondientes;                             la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada
                                                                                por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes
     —     además, tal reducción del período de descanso diario no                 citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
           puede en ningún caso llevar a que se exceda la duración                 (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado
           máxima del tiempo de trabajo semanal prevista en el                     miembro que excluye la punibilidad de los incumplimien-
           artículo 6 de dicha Directiva.                                          tos de las obligaciones de publicidad y de información
                                                                                fiel de determinados actos societarios (entre ellos el
                                                                                balance y la cuenta de pérdidas y ganancias) cuando la
(1) DO C 156 de 29.6.2002.                                                         comunicación falsa de la sociedad o la falta de informa-
                                                                                ción den lugar a una variación del resultado económico
                                                                                del ejercicio o a una variación del patrimonio social neto
                                                                                que no excedan de un determinado límite porcentual?
                                                                             3)    Las citadas Directivas y, en particular, las normas del
                                                                                artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
                                                                                apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
lución del Tribunale Civile e Penale di Perugia — Ufficio
                                                                                CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de
per le indagini preliminari, de fecha 12 de junio de 2003,
                                                                                la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada
en el proceso penal promovido contra Alessandro Rosario
                                                                                por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes
                               y otros
                                                                                citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
                                                                                (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado
                        (Asunto C-338/03)                                          miembro que excluye la punibilidad de los incumplimien-
                                                                                tos de las obligaciones de publicidad y de información fiel
                         (2003/C 264/25)                                           que recaen sobre las sociedades cuando se proporcionan
                                                                                informaciones que, pese a estar destinadas a engañar a
                                                                                los socios o al público con objeto de obtener un beneficio
                                                                                injusto, se derivan de valoraciones estimativas que, consi-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                          deradas de manera aislada, no difieren de los datos reales
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                        en una cuantía superior a un determinado límite?
 ---pagebreak--- C 264/16                 ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              1.11.2003
4)    Con independencia de los límites progresivos o umbrales,               (3) Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio
      las citadas Directivas y, en particular, las normas del                    de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del
      artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,                  Tratado, relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193 de
      apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/                 18.7.1983, p. 1).
                                                                             (4) Directiva 90/605/CEE del Consejo de 8 de noviembre de 1990
      CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de                por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE,
      la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada                   relativas, respectivamente, a las cuentas anuales y a las cuentas
      por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes                         consolidadas, en lo relativo a su ámbito de aplicación (DO L 317
      citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que                   de 16.11.1990, p. 60).
      (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado
      miembro que excluye la punibilidad de los incumplimien-
      tos de las obligaciones de publicidad y de información
      fiel que recaen sobre las sociedades cuando las falsedades
      o las omisiones fraudulentas, y, en todo caso, las comuni-
      caciones e informaciones que no reflejan fielmente la
                                                                             Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
      situación patrimonial o financiera o el resultado econó-
                                                                             lución del Tribunale di Cagliari — Sezione Civile, de fecha
      mico de la sociedad, no alteran «de manera sustancial» la
                                                                             29 de abril de 2003, en el asunto entre Atzeni, Giuseppe
      situación patrimonial o financiera del grupo (aun cuando
                                                                                y otros y Regione Autonoma della Sardegna
      corresponda al legislador nacional la definición del con-
      cepto de «alteración sustancial»)?
                                                                                (Asunto C-346/03)
5)    Las citadas Directivas y, en particular, las normas del
      artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,                                        (2003/C 264/26)
      apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
      CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de
      la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes                     sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que               resolución del Tribunale di Cagliari — Sezione Civile, dictada
      (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado                el 29 de abril de 2003, en el asunto entre Atzeni, Giuseppe y
      miembro que, en relación con los incumplimientos de las                otros y Regione Autonoma della Sardegna, y recibida en la
      obligaciones de publicidad y de información fiel que                   Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de agosto de 2003. El
      recaen sobre las sociedades, establecidas para proteger los            Tribunale di Cagliari — Sezione Civile solicita al Tribunal de
      «intereses de socios y terceros», atribuye únicamente a los            Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones para
      socios y acreedores la facultad de instar la imposición de la          que éste se pronuncie sobre la validez de la Decisión 97/612/
      sanción, con la consiguiente exclusión de una protección               CE (1) de la Comisión Europea en relación con los siguientes
      generalizada y efectiva de los terceros?                               vicios:
                                                                             a)    Falta de competencia de la Comisión para adoptar la
6)    Las citadas Directivas y, en particular, las normas del
      artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,                    Decisión impugnada por infracción de lo dispuesto
      apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/                   conjuntamente en los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 y
                                                                                38 CE.
      CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de
      la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada               b)    Infracción de las normas que regulan el procedimiento
      por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes                           previsto en el artículo 88 CE, apartado 1.
      citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
      (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado                c)    Infracción de las normas que regulan el procedimiento
      miembro que, en relación con los incumplimientos de las                      previsto en el artículo 88 CE, apartados 2 y 3.
      obligaciones de publicidad y de información fiel que
      recaen sobre las sociedades, establecidas para proteger los            d)    Falta de motivación de la Decisión con arreglo a lo
      «intereses de socios y terceros», establece mecanismos de                    dispuesto conjuntamente en los artículos 253 CE, 88 CE,
      persecución de las infracciones y sistemas de sanciones                      apartado 3, y 87 CE, apartado 1.
      especialmente diferenciados, reservando la punibilidad a
      instancia de parte y la imposición de sanciones más                    e)    Infracción y aplicación errónea del Reglamento no 797/
      graves y efectivas exclusivamente para las infracciones                      85 (2) del Consejo, relativo a la mejora de la eficacia de las
      que perjudiquen a los socios y acreedores?                                   estructuras agrarias.
                                                                             f)    Violación e inobservancia de «las reglas específicas de la
(1) Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo                        Comisión aplicables a las ayudas a las explotaciones
    de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las                 agrarias en situación difícil» y de «las directrices comunita-
    garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades                    rias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructu-
    definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para              ración de empresas en crisis».
    proteger los intereses de socios y terceros (DO L 65 de 14.3.1968,
    p. 8).
(2) Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978,         (1) DO L 248 de 11.9.1997, p. 27.
    basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y       (2) DO L 93 de 30.3.1985, p. 1.
    relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad
    (DO L 222 de 14.8.1978, p. 11).


title: Asunto C-295/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, de fecha 1 de agosto de 2002, en el asunto entre Gisela Gerken y Amt für Agrarstruktur Verden

text:
26.10.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 261/5
3)    Los procedimientos de gestión y de control de la reduc-           El importe de la ayuda, ¿debe reducirse también, con arreglo al
      ción del impuesto especial permitida de conformidad con           artículo 10, apartado 2, letra a), segundo guión, del Reglamento
      el artículo 8, apartado 2, letra f), de la Directiva 92/81/       (CEE) no 3887/92 ( 1), si la prima especial por bovinos machos
      CEE, ¿se rigen por el artículo 8, apartado 8, de la Directiva     solicitada durante el período de vigencia de dicha disposición
      92/81/CEE sin aplicación de un sistema de marcado o               comunitaria no puede concederse al titular de la explotación
      por el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 95/60/             por razones jurídicas, pero éste ha presentado información
      CEE (2)?                                                          factual correcta en el sentido del artículo 44, apartado 1, del
                                                                        Reglamento no 2419/2001 (2) o consigue demostrar de algún
4)    En caso de que deba responderse a la tercera cuestión en          otro modo la inexistencia de falta por su parte?
      el sentido de que, en un caso comparable al del presente
      litigio, los Estados miembros que hagan uso de la facultad
      establecida en el artículo 8, apartado 2, letra f), de la         (1 ) DO L 391 de 31.12.1992, p. 36.
      Directiva 92/81/CEE deben además conceder las reduccio-           (2 ) DO L 327 de 12.12.2001, p. 11.
      nes del impuesto bajo la forma de una devolución del
      impuesto especial, ¿es contraria a la libre prestación de
      servicios una reducción del impuesto especial para las
      labores agrícolas si dicha reducción del impuesto especial
      está supeditada a un procedimiento de marcado con
      arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva 95/60/CE
      que no se aplica en ese caso por otros Estados miembros,
      que en cambio contemplan sanciones con arreglo a la               Recurso interpuesto el 21 de agosto de 2002 contra la
      legislación relativa a los impuestos especiales en los casos      Comisión de las Comunidades Europeas por la República
      de marcado no previstos en su ordenamiento jurídico?                                            Italiana
5)    En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿la
      vulneración de la libre prestación de servicios implica la                               (Asunto C-298/02)
      desaparición del derecho a percibir el impuesto, o bien la
      demandante debía haber solicitado, para obtener la                                         (2002/C 261/09)
      exención fiscal en el Estado miembro en el que adquiere
      el gasóleo marcado que se beneficia de una reducción del
      impuesto, la adquisición de hidrocarburos no marcados
      y una devolución del impuesto especial?
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 21 de agosto de 2002 un recurso contra la
( 1) DO L 316 de 31.10.1992, p. 12.                                     Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
( 2) DO L 291 de 6.12.1995, p. 46.                                      República Italiana, representada por el Profesor Umberto
                                                                        Leanza, en calidad de agente, asistido por el Sr. Maurizio
                                                                        Fiorilli, avvocato dello Stato.
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                        —     Anule la Decisión de la Comisión no 2281 (1), de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                    26 de junio de 2002, en la parte en que se efectúa una
lución del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, de                       corrección financiera total de 12 253 816 euros en
fecha 1 de agosto de 2002, en el asunto entre Gisela                          relación con las partidas presupuestarias B1-1512-001 y
           Gerken y Amt für Agrarstruktur Verden                              B1-1512-004 respecto a Italia.
                        (Asunto C-295/02)
                                                                        Motivos y principales alegaciones
                          (2002/C 261/08)
                                                                        Ayudas para melocotones y peras destinados a la producción
                                                                        de macedonia de fruta — Corrección financiera
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, dic-           La Comisión alega que en el curso de las campañas 1995/
tada el 1 de agosto de 2002, en el asunto entre Gisela Gerken           1996, 1996/1997 y 1997/1998 se concedieron ayudas para
y Amt für Agrarstruktur Verden, y recibida en la Secretaría del         un producto final que no se ajusta a las definiciones incluidas
Tribunal de Justicia el 19 de agosto de 2002. El Niedersächsi-          en los Reglamentos (CEE) no 1558/91 (2) y (CE) no 504/97 (3).
sches Oberverwaltungsgericht solicita al Tribunal de Justicia           Ambos Reglamentos establecían que el pago de las ayudas
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                           para los melocotones y las peras enteros o troceados estaba


title: Asunto C-670/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Minden (Alemania) el 29 de diciembre de 2016 — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland

text:
               3.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 104/28

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Minden (Alemania) el 29 de diciembre de 2016 — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland
   (Asunto C-670/16)
   (2017/C 104/42)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Minden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Tsegezab Mengesteab

      Demandada: Bundesrepublik Deutschland

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede un solicitante de asilo invocar la transferencia de la responsabilidad al Estado miembro requirente por expiración del plazo para presentar la petición de toma a cargo (artículo 21, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 604/2013)? (1)

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Puede un solicitante de asilo invocar la transferencia de la responsabilidad también cuando el Estado miembro requerido siga estando dispuesto a hacerse cargo de él?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión: ¿Puede concluirse del consentimiento expreso o implícito (artículo 22, apartado 7, del Reglamento n.o 604/2013) del Estado miembro requerido que dicho Estado miembro sigue estando dispuesto a hacerse cargo del solicitante de asilo?

               4)

               ¿Puede concluir el plazo de dos meses establecido en el artículo 21, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 604/2013 después de que concluya el plazo de tres meses establecido en el artículo 21, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 604/2013, cuando el Estado miembro requirente deja transcurrir más de un mes desde el inicio del plazo de tres meses antes de dirigir una consulta a la base de datos Eurodac?

               5)

               ¿Se considera presentada, a los efectos del artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 604/2013, una solicitud de protección internacional desde la primera expedición de un certificado relativo al alta como solicitante de asilo, o sólo a partir de la redacción del acta de una solicitud de asilo formal? En particular:

                           a)

                           ¿El certificado relativo al alta como solicitante de asilo es un formulario o un acta en el sentido del artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 604/2013?

                           b)

                           ¿Es autoridad competente a los efectos del artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 604/2013 la autoridad competente para la recepción del formulario o la redacción del acta, o la autoridad competente para resolver sobre la solicitud de asilo?

                           c)

                           ¿Se considera que ha llegado a la autoridad competente un acta redactada por las autoridades también cuando a aquélla le ha sido comunicado el contenido esencial del formulario o del acta, o es preciso que le haya sido entregado el original o una copia del acta?

               6)

               ¿Los retrasos entre la primera petición de asilo o la primera expedición de un certificado relativo al alta como solicitante de asilo y la presentación de una petición de toma a cargo pueden dar lugar a la transferencia de la responsabilidad al Estado miembro requirente aplicando por analogía el artículo 21, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 604/2013, u obligan al Estado miembro requirente a ejercer su facultad de asunción de responsabilidad con arreglo al artículo 17, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 604/2013?

               7)

               En caso de respuesta afirmativa a alguna de las dos alternativas de la sexta cuestión: ¿A partir de cuánto tiempo se ha de considerar que existe un retraso injustificado en la presentación de la petición de toma a cargo?

               8)

               ¿Cumple el plazo establecido en el artículo 21, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 604/2013 una petición de toma a cargo en la que el Estado miembro requirente sólo hace constar la fecha de entrada en dicho Estado miembro y la fecha de presentación de la solicitud de asilo formal, pero no la fecha de la primera petición de asilo o la fecha de la primera expedición de un certificado relativo al alta como solicitante de asilo, o dicha petición «carece de efectos»?

      (1)  Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 , por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31).


title: Asunto C-488/07: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session (Scotland), Edinburgh (Reino Unido) el 5 de noviembre de 2007 — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

text:
               12.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 8/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session (Scotland), Edinburgh (Reino Unido) el 5 de noviembre de 2007 — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
   (Asunto C-488/07)
   (2008/C 8/16)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Court of Session (Scotland), Edinburgh
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Royal Bank of Scotland plc

      Demandada: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Exige el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 77/388/CEE (1), Sexta Directiva sobre el IVA, que la cifra de prorrata deducible por un sujeto pasivo con arreglo al artículo 17, apartado 5, válida para el año natural, se determine en un porcentaje que será redondeado en la unidad superior cuando:

                           a)

                           dicha prorrata sea una prorrata determinada para un sector de la actividad del sujeto pasivo de conformidad con cualquiera de los supuestos de las letras a) o b) del artículo 17, apartado 5, párrafo tercero; o

                           b)

                           dicha prorrata sea una prorrata determinada en función del uso de todos o parte de los bienes y servicios por el sujeto pasivo de conformidad con el supuesto de la letra c) del artículo 17, apartado 5, párrafo tercero; o

                           c)

                           dicha prorrata sea una prorrata determinada con respecto a todos los bienes y servicios utilizados por el sujeto pasivo para todas las operaciones indicadas en el artículo 17, apartado 5, párrafo primero, de conformidad con el supuesto de la letra d) de su párrafo tercero?

               2)

               ¿Permite dicho artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, a los Estados miembros que exijan que la prorrata deducible por un sujeto pasivo con arreglo al artículo 17, apartado 5, sea redondeada al alza hasta una cifra distinta del siguiente número entero?

      (1)  DO L 145, p. 1.


title: Asunto C-281/13 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de mayo de 2013 por Lord Inglewood y otros contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 13 de marzo de 2013 en los asuntos acumulados T-229/11 y T-276/11, Inglewood y otros/Parlamento

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 226/3

         Recurso de casación interpuesto el 22 de mayo de 2013 por Lord Inglewood y otros contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 13 de marzo de 2013 en los asuntos acumulados T-229/11 y T-276/11, Inglewood y otros/Parlamento
   (Asunto C-281/13 P)
   (2013/C 226/06)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrentes: Lord Inglewood y otros (representantes: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 13 de marzo de 2013, Inglewood y otros/Parlamento (asuntos acumulados T-229/11 y T-276/11).

               —

               Que mediante una nueva resolución:

                           —

                           Se declare la ilegalidad de la decisión de la Mesa del Parlamento Europeo incrementando la edad de jubilación de 60 a 63 años y suprimiendo las normas especiales de liquidación de la pensión, bien anticipadamente, bien parcialmente en forma de capital.

                           —

                           Se anulen las decisiones impugnadas.

                           —

                           Se condene en costas del Parlamento en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   Las partes recurrentes interponen un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General mediante la cual éste desestimó sus recursos que tenían por objeto la anulación de las decisiones del Parlamento Europeo denegándoles la concesión del disfrute de la pensión complementaria voluntaria, bien anticipadamente, bien a la edad de 60 años, bien parcialmente en forma de capital.
   En primer lugar, las partes recurrentes invocan un error de Derecho cometido por el Tribunal General, en el sentido de que consideran que las decisiones impugnadas vulneran sus derechos adquiridos o pendientes de liquidación en las condiciones fijadas y aceptadas en el momento de su incorporación.
   En segundo lugar, estiman que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 27, apartado 2, del Estatuto de los diputados, puesto que esta disposición precisa que se mantienen los derechos adquiridos o que se estaban adquiriendo. A su juicio, la decisión de 1 de abril de 2009 lesiona, en efecto, sus derechos adquiridos, es decir, los derechos a solicitar una pensión anticipada o a preferir disfrutar de la misma a los 60 años de edad y a disfrutar, en su caso, parcialmente de ella en forma de capital.
   En tercer lugar, sostienen que el Tribunal General incurrió también en un error de Derecho al declarar que el Estatuto de los diputados no era aplicable puesto que había entrado en vigor con posterioridad a la decisión de alcance general de 1 de abril de 2009, cuando las decisiones individuales objeto de los recursos fueron adoptadas con posterioridad a esa fecha.
   En cuarto lugar, alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al desestimar el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato, puesto que los recurrentes podían legítimamente contar con disfrutar de su pensión en las condiciones fijadas y aplicadas durante una parte sustancial del pago de sus cotizaciones o el día del cese en sus funciones, mejor que quienes se beneficiaron de excepciones, a saber, quienes estaban todavía en servicio y habían cumplido los 60 años de edad antes de la entrada en vigor, el 14 de julio de 2009, de la decisión de 1 de abril de 2009.
   En último lugar, estiman que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al desestimar el motivo basado en la violación del principio de proporcionalidad tras haber declarado que únicamente el 10 % de los afiliados soportan las consecuencias de la crisis financiera y los efectos previsibles de un fondo constituido temporalmente, llamado a desaparecer.


title: Asunto C-79/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Brussel — Bélgica) — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri, representado por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Sanela Saciri, representada por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Denis Saciri, representado por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest (Directiva 2003/9/CE — Normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros — Artículo 13, apartado 1 — Plazos para la concesión de las condiciones materiales de acogida — Artículo 13, apartado 2 — Medidas relativas a las condiciones materiales de acogida — Garantías — Artículo 13, apartado 5 — Establecimiento y concesión de las condiciones mínimas de acogida de los solicitantes de asilo — Importancia de la ayuda concedida — Artículo 14 — Modalidades de las condiciones de acogida — Saturación de las estructuras de acogida — Remisión de los solicitantes a los sistemas nacionales de protección social — Prestación de las condiciones de acogida en forma de asignaciones financieras)

text:
               14.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Brussel — Bélgica) — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri, representado por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Sanela Saciri, representada por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Denis Saciri, representado por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest
   (Asunto C-79/13) (1)

   ((Directiva 2003/9/CE - Normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros - Artículo 13, apartado 1 - Plazos para la concesión de las condiciones materiales de acogida - Artículo 13, apartado 2 - Medidas relativas a las condiciones materiales de acogida - Garantías - Artículo 13, apartado 5 - Establecimiento y concesión de las condiciones mínimas de acogida de los solicitantes de asilo - Importancia de la ayuda concedida - Artículo 14 - Modalidades de las condiciones de acogida - Saturación de las estructuras de acogida - Remisión de los solicitantes a los sistemas nacionales de protección social - Prestación de las condiciones de acogida en forma de asignaciones financieras))
   2014/C 112/16
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Arbeidshof te Brussel

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

      Demandadas: Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri, representado por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Sanela Saciri, representada por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Denis Saciri, representado por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Arbeidshof te Brussel — Interpretación de los artículos 13, apartados 1, 2 y 5, y 14, apartados 1, 3, 5 y 8, de la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (DO L 31, p. 18) — Concesión de asignaciones financieras — Obligaciones de los Estados miembros — Saturación de las estructuras nacionales de acogida para albergar a los solicitantes de asilo.

      Fallo

               1)

               El artículo 13, apartado 5, de la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha optado por conceder las condiciones materiales de acogida en forma de asignaciones financieras o de vales, estas asignaciones deben ser proporcionadas a partir del momento de la presentación de la solicitud de asilo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, de dicha Directiva, y ajustarse a las normas mínimas consagradas en el artículo 13, apartado 2, de dicha Directiva. El citado Estado miembro debe velar por que el importe total de las asignaciones financieras en que se materializan las condiciones de acogida sea suficiente para garantizar la atención sanitaria y un nivel de vida digno y adecuado, así como para asegurar la subsistencia de los solicitantes de asilo, permitiéndoles, en particular, disponer de un alojamiento, y teniendo en cuenta, en caso necesario, el respeto al interés de las personas con necesidades particulares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la misma Directiva. Las condiciones materiales de acogida previstas en el artículo 14, apartados 1, 3, 5 y 8, de la Directiva 2003/9 no se imponen a los Estados miembros cuando han optado por conceder esas condiciones únicamente en forma de asignaciones financieras. No obstante, el importe de esas asignaciones debe ser suficiente para permitir que los hijos menores se alojen con sus padres, de forma que pueda mantenerse la unidad familiar de los solicitantes de asilo.

               2)

               La Directiva 2003/9 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en caso de saturación de las estructuras de acogida dedicadas a los solicitantes de asilo, los Estados miembros puedan dirigirlos hacia organismos dependientes del sistema público de asistencia social, siempre que dicho sistema garantice a los solicitantes de asilo la observancia de las normas mínimas establecidas en la citada Directiva.

      (1)  DO C 114, de 20.4.2013.


title: Asunto T-287/14 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 4 de septiembre de 2014 — Schaeffler Technologies/Comisión («Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado — Fomento nacional de la producción de electricidad procedente de fuentes renovables — Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal en materia de ayudas de Estado — Demanda de suspensión de la ejecución — Fumus boni iuris»)

text:
               1.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 431/24

         Auto del Presidente del Tribunal General de 4 de septiembre de 2014 — Schaeffler Technologies/Comisión
   (Asunto T-287/14 R)
   ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Ayudas de Estado - Fomento nacional de la producción de electricidad procedente de fuentes renovables - Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal en materia de ayudas de Estado - Demanda de suspensión de la ejecución - Fumus boni iuris»))
   (2014/C 431/41)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Alemania) (representantes: T. Volz y B. Wißmann, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: T. Maxian Rusche y R. Sauer, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de los efectos jurídicos de la Decisión mediante la que la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal en materia de ayudas de Estado en relación con la Ley alemana sobre energías renovables.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-322/09: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2009 — Al-Faqih y MIRA/Consejo y Comisión

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/47

         Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2009 — Al-Faqih y MIRA/Consejo y Comisión
   (Asunto T-322/09)
   2010/C 113/77
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Saad Al-Faqih y Movement for Islamic Reform in Arabia (Londres, Reino Unido) (representantes: J. Jones, Barrister, y A. Raja, Solicitor)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule en su totalidad o en parte el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, (1) en su versión modificada por los Reglamentos (CE) de la Comisión no 14/2005, (2) no 492/2007 (3) y no 1190/2005, (4) y/o que se anulen los Reglamentos (CE) de la Comisión no 14/2005, no 492/2007 y no 1190/2005, en la medida en que dicha normativa afecta directa e individualmente a los demandantes.

               —

               Que se condene al Consejo y/o a la Comisión a cargar con las costas de los demandantes.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso los demandantes solicitan, con arreglo al artículo 230 CE, la anulación del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) de la Comisión no 14/2005, de 5 de enero de 2005, no 492/2007, de 3 de mayo de 2007, y no 1190/2005, de 20 de julio de 2005, y/o la anulación de los Reglamentos (CE) de la Comisión no 14/2005, no 492/2007 y no 1190/2005, en la medida en que dicha normativa se refiere a los demandantes.
   Los demandantes fueron incluidos en la lista consolidada del Comité de Sanciones de Naciones Unidas de personas y entidades supuestamente asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, cuyos fondos y otros recursos económicos deben ser congelados. Por consiguiente, la Comisión Europea adoptó los Reglamentos (CE) no 14/2005 y no 1190/2005, mediante los que se incluía a los demandantes en el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, que enumera las personas, grupos y entidades a los que se aplica la congelación de fondos y recursos económicos en la Unión Europea. La inclusión del primer demandante, Sr. Al-Faqih, fue modificada posteriormente por el Reglamento (CE) no 492/2007 de la Comisión.
   Para fundamentar su recurso los demandantes invocan los siguientes motivos:

               Arguyen que la congelación de sus fondos impuesta por los Reglamentos impugnados conculca sus derechos fundamentales, en particular, el derecho a ser oído y el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que ni el Consejo ni la Comisión les informaron en ningún momento acerca de las razones por las que habían sido incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, así como tampoco se les comunicó prueba alguna que justificara la imposición de medidas restrictivas. Por tanto, los demandantes no han podido defenderse ni impugnar las decisiones relativas a la lista ante los tribunales de la Unión Europea.

               Los demandantes sostienen asimismo que se ha vulnerado su derecho de propiedad, dado que las restricciones indefinidas de tal derecho derivadas de la congelación de sus fondos suponen una injerencia desproporcionada e intolerable en ese derecho fundamental.

      (1)  Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 139, p. 9).

      (2)  Reglamento (CE) no 14/2005 de la Comisión, de 5 de enero de 2005, que modifica por cuadragésima segunda vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo (DO L 5, p. 10).

      (3)  Reglamento (CE) no 492/2007 de la Comisión, de 3 de mayo de 2007, por el que se modifica por septuagésima quinta vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo (DO L 116, p. 5).

      (4)  Reglamento (CE) no 1190/2005 de la Comisión, de 20 de julio de 2005, por el que se modifica por cuadragésima octava vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo (DO L 193, p. 27).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2003 en el asunto C-41/00 P: Interporc Im— und Export GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de casación — Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom — Acceso a los documentos — Documentos en poder de la Comisión y que emanan de las autoridades de los Estados miembros o de países terceros — Regla del autor")

text:
26.4.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                   C 101/1
                                                                        I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                            TRIBUNAL DE JUSTICIA
Solicitud de dictamen presentada por el Consejo de la                        interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de
Unión Europea con arreglo al artículo 300, apartado 6, del                   Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera
                            Tratado CE                                       ampliada) el 7 de diciembre de 1999, Interporc/Comisión
                                                                             (T-92/98, Rec. p. II-3521), por el que se solicita que se anule,
                         (Dictamen 1/03)                                     en parte, dicha sentencia, y en el que la otra parte en el
                          (2003/C 101/01)                                    procedimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                             (agente: Sr. U. Wölker), el Tribunal de Justicia, integrado por el
Ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                  Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet,
ha presentado una solicitud de dictamen, recibida en la                      R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los
Secretaría el 10 de marzo de 2003, formulada con arreglo al                  Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (Ponente) y
artículo 300, apartado 6, del Tratado CE por el Consejo de la                P. Jann, la Sra. N. Colneric, y los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha
Unión Europea, representado por los Sres. J. Schutte y J.-P. Hix,            Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario:
en calidad de agentes.                                                       Sr. R. Grass, ha dictado el 6 de marzo de 2003 una sentencia
                                                                             cuyo fallo es el siguiente:
El Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal de Justicia
que responda a la siguiente pregunta:                                        1)     Desestimar el recurso de casación.
La celebración del nuevo Convenio de Lugano sobre la                         2)     Condenar en costas a Interporc Im- und Export GmbH.
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, tal como               (1 ) DO C 149 de 27.5.2000.
se contempla en los apartados 8 a 12 del presente informe
explicativo, ¿es enteramente competencia exclusiva de la
Comunidad o es competencia compartida entre la Comunidad
y los Estados miembros?
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Sexta)
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                     de 6 de marzo de 2003                                                         de 6 de marzo de 2003
en el asunto C-41/00 P: Interporc Im— und Export GmbH                        en el asunto C-240/00: Comisión de las Comunidades
     contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)                                   Europeas contra República de Finlandia ( 1)
(«Recurso de casación — Decisión 94/90/CECA, CE, Eura-                       («Directiva 79/409/CEE — Protección de las aves silvestres
tom — Acceso a los documentos — Documentos en poder de                              y de sus hábitats — Zonas de protección especial»)
la Comisión y que emanan de las autoridades de los Estados
      miembros o de países terceros — Regla del autor»)                                                 (2003/C 101/03)
                          (2003/C 101/02)
                                                                                (Lengua de procedimiento: finés)
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-41/00 P, Interporc Im- und Export GmbH,                       En el asunto C-240/00, Comisión de las Comunidades Euro-
con domicilio social en Hamburgo (Alemania) (Rechtsanwalt:                   peas (agentes: Sres. E. Paasivirta y R.B. Wainwright) contra
Sr. G.M. Berrisch), que tiene por objeto un recurso de casación              República de Finlandia (agente: Sra. T. Pynnä), que tiene por


title: Asunto C-352/11: Recurso interpuesto el 5 de julio de 2011 — Comisión Europea/República de Austria

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/26

         Recurso interpuesto el 5 de julio de 2011 — Comisión Europea/República de Austria
   (Asunto C-352/11)
   2011/C 252/48
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Wilms y A. Alcover San Pedro, agentes)

      Demandada: República de Austria

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva IPPC) al no haber concedido permisos con arreglo a los artículos 6 y 8, no haber comprobado permisos existentes o, en la medida de lo necesario, no haberlos renovado o acreditado, de manera que todas las instalaciones existentes cumplieran los requisitos de los artículos 3, 7, 9, 10 y 13, del artículo 14, letras a) y b), y del artículo 15, apartado 2, de dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas a la República de Austria.

      Motivos y principales alegaciones

   Según las disposiciones de la Directiva IPPC, (1) las «instalaciones existentes» en el sentido de dicha Directiva requieren un permiso desde el 30 de octubre de 2007.
   Según la información de que dispone la Comisión, no todas las «instalaciones existentes» situadas en la República de Austria disponen en la fecha de referencia del permiso exigido.

      (1)  Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 24, p. 8).


title: Asunto C-546/12 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de 2012 por Ralf Schräder contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 18 de septiembre de 2012 en los asuntos acumulados T-133/08, T-134/08, T-177/08 y T-242/09, Ralf Schräder/Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

text:
               9.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/12

         Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de 2012 por Ralf Schräder contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 18 de septiembre de 2012 en los asuntos acumulados T-133/08, T-134/08, T-177/08 y T-242/09, Ralf Schräder/Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
   (Asunto C-546/12 P)
   2013/C 38/15
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Ralf Schräder (representantes: T. Leidereiter y W.-A. Schmidt, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), Jørn Hansson

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 18 de septiembre de 2012 en la medida en que afecta a la decisión en el asunto T-242/09 y a la decisión sobre las costas.

               —

               Que se estime la pretensión planteada en primera instancia por el recurrente de que se anule la resolución de la Sala de Recurso de la OCVV de 23 de enero de 2009 (asunto A010/2007).

               —

               Que se condene a la OCVV a cargar con la totalidad de las costas del recurrente correspondientes al presente procedimiento, al procedimiento ante el Tribunal General en los asuntos acumulados T-133/08, T-134/08, T-177/08 y T-242/09 y al procedimiento previo ante la Sala de Recurso de la OCVV.

      Motivos y principales alegaciones

               I.

               Mediante el primer motivo de casación, el recurrente alega que el Tribunal General partió erróneamente de la base de que no podían establecerse de oficio los hechos objeto del procedimiento de recurso ante la OCVV en relación con la desestimación de la solicitud de que se declarase la nulidad de una variedad comunitaria. El recurrente aprecia en ello una infracción de las normas aplicables al procedimiento ante la Sala de Recurso en materia de carga de la prueba y del procedimiento de prueba y, como consecuencia de ello, un incumplimiento de la obligación del Tribunal General de controlar la legalidad y una violación de sus derechos a un proceso justo, a una buena administración y a un recurso efectivo.

               II.

               Mediante el segundo motivo de casación impugna el recurrente lo declarado por el Tribunal General en el sentido de que sólo existe un derecho a que se practiquen diligencias de prueba en el procedimiento ante la OCVV si la parte ha aportado un principio de prueba suficiente de lo expuesto por ella. En relación con ello denuncia el recurrente una infracción de las normas en materia de carga de la prueba y de práctica de la prueba, una denegación del derecho de defensa y una desnaturalización de los hechos y de las pruebas, aun en el caso de que se asuma que la carga de la prueba perjudicaba al recurrente.

               III.

               Con el tercer motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General haber aceptado erróneamente como «conocido con carácter general» un «hecho falso» desde su punto de vista, esto es, un hecho no ocurrido de ese modo. A este respecto alega una violación de la obligación del Tribunal General de controlar la legalidad y una desnaturalización de hechos y pruebas.

               IV.

               Mediante el cuarto motivo de casación, el recurrente señala que el Tribunal General realizó afirmaciones erróneas desde el punto de vista jurídico en relación con la práctica de la prueba y con la carga de la prueba al reprochar al recurrente no haber aportado prueba alguna de sus aseveraciones respecto al efecto de los reguladores del crecimiento de las plantas. En relación con este extremo denuncia el recurrente el carácter contradictorio de la sentencia, la falta de control de la legalidad por parte del Tribunal General y un defecto de motivación.

               V.

               El recurrente critica en su quinto motivo de casación lo declarado por el Tribunal General en el sentido de que la característica «aspecto de los tallos» de una variedad de Osteospermum no se incluyó –o no lo fue de manera decisiva– en el examen del carácter distintivo de la variedad. El recurrente aprecia en este punto una infracción de los artículos 7 y 20 del Reglamento (1) y una ampliación indebida del objeto del litigio, así como que la resolución vulnera la prohibición de adoptar decisiones por sorpresa. Además se denuncia una denegación del derecho de defensa.

               VI.

               Mediante el sexto motivo de casación impugna el recurrente la declaración del Tribunal General en el sentido de que el «aspecto de los tallos» de una variedad vegetal debe determinarse por medio de criterios relativos –es decir, en relación con otras plantas sometidas al correspondiente examen–. A juicio del recurrente se produce con ello una desnaturalización de los hechos, una infracción del Reglamento, una ampliación indebida del objeto del litigio y un incumplimiento de la obligación del Tribunal General de controlar plenamente la legalidad. Por tanto, la sentencia adolece de contradicciones.

      (1)  Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1).


title: Asunto T-664/15: Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2015 — Borg/Parlamento

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/77

         Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2015 — Borg/Parlamento
   (Asunto T-664/15)
   (2016/C 048/85)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Jacob Borg (St. Julian’s, Malta) (representante: N. Pirc Musar, abogada)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones de la parte demandante

   La demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión A(2015)8486 C del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2015, mediante la que se desestima la solicitud confirmatoria por la que el demandante interesaba el acceso a determinados documentos relativos a información sobre gastos de viaje, dietas de estancia, dietas para gastos generales y gastos basados en disposiciones en materia de dotación de personal de los diputados al Parlamento Europeo.

               —

               Condene en costas al Parlamento, incluidas aquéllas en que hayan incurrido, en su caso, las partes coadyuvantes, de conformidad con los artículos 134 y 140 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos:

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001, (1) en relación con el artículo 8, letra b), del Reglamento no 45/2001, (2) puesto que los datos personales que se solicitan no están protegidos por la legislación comunitaria.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001, en relación con el artículo 8, letra b), del Reglamento no 45/2001, dado que se denegó el acceso a la información solicitada pese a concurrir las condiciones necesarias para su divulgación.

               3.

               Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación general de llevar a cabo el análisis separado de cada documento, la cual existe de conformidad con los artículos 2 y 4, en relación con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 1049/2001, dado que carecía de justificación la denegación del acceso parcial a los documentos solicitados.

               5.

               Quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de exponer motivos que establecen los artículos 7, apartado 1, y 8, apartado 1, del Reglamento no 1049/2001, dado que el Parlamento no dio respuesta a todas las alegaciones del demandante.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

      (2)  Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, (DO 2001, L 8, p. 1).


title: Asunto T-261/15: Sentencia del Tribunal General de 19 de abril de 2016 — Spirig Pharma/EUIPO (Daylong) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión Daylong — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               30.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/28

         Sentencia del Tribunal General de 19 de abril de 2016 — Spirig Pharma/EUIPO (Daylong)
   (Asunto T-261/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca figurativa de la Unión Daylong - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 191/36)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Suiza) (representantes: T. de Haan y P. Péters, abogados)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: V. Melgar y J. Crespo Carrillo, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 24 de marzo de 2015 (asunto R 2455/2014-4) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo Daylong como marca de la Unión.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Spirig Pharma AG.

      (1)  DO C 245 de 27.7.2015.


title: Asunto C-557/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 3 de diciembre de 2012 — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

text:
               9.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 3 de diciembre de 2012 — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG
   (Asunto C-557/12)
   2013/C 71/09
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberster Gerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes en casación: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

      Recurrida en casación: ÖBB Infrastruktur AG

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse el artículo 101 TFUE (artículo 81 CE, artículo 85 CEE) en el sentido de que cualquier persona tiene derecho a exigir a los participantes en un cartel una indemnización por los daños causados por una empresa ajena al cartel que, aprovechándose de los excesivos precios del mercado, incrementó los precios de sus propios productos más de lo que hubiera hecho de no existir el cartel (umbrella pricing), de manera que el principio de efectividad declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que el Derecho nacional reconozca el derecho a indemnización?


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999 en el asunto T-163/98, The Procter & Gamble Company contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y medelos) (Marca comunitaria - Sintagma Baby-dry - Motivo de denegación absoluto - Alcance del control efectuado por las Salas de Recurso - Alcance del control efectuado por el Tribunal de Primera Instancia)

text:
C 281/14               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        2.10.1999
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              accidente del que ha sido vı́ctima cuando estaba contractual-
                                                                         mente vinculado a la Institución en calidad de prestador de
                      de 19 de julio de 1999                             servicios externos, ası́ como, con carácter subsidiario, un
                                                                         recurso de indemnización, el Tribunal de Primera Instancia
en el asunto T-20/98, Q contra Consejo de la Unión                      (Sala tercera), integrado por los Sres.: M. Jaeger, Presidente;
                            Europea (1)                                  K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. A. Mair, Adminis-
                                                                         trador; ha dictado el 19 de julio de 1999 una sentencia cuyo
(Funcionarios — Recurso de anulación — Recuperación de                 fallo es el siguiente:
montantes indebidamente pagados — Artı́culo 23 del Anexo
                          X del Estatuto)                                1) Se desestima el recurso.
                         (1999/C 281/26)                                 2) Cada parte soportará sus propias costas.
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         (1) DO C 209 de 4.7.1998.
En el asunto T-20/98, Q, funcionaria del Consejo de la Unión
Europea, representada por los Sres. Jean-Noël Louis, Ariane
Tornel y Françoise Parmentier, Abogados de Bruselas, que
designa como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaria
Myson SARL, 30, rue de Cessange, contra Consejo de la Unión
Europea (Agentes: Sres. Martin Bauer y Denis Waelbroeck),
que tiene por objeto un recurso de anulación de las Decisiones          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
del Consejo de 12 de marzo y de 13 de junio de 1997, por las
que se ordena la recuperación de los importes indebidamente
pagados a la demandante en concepto de devolución de                                           de 8 de julio de 1999
indemnizaciones por alojamiento a las que tiene derecho el
personal destinado en paı́ses terceros, el Tribunal de Primera           en el asunto T-163/98, The Procter & Gamble Company
Instancia (Sala primera), integrado por los Sres.: B. Vesterdorf,        contra Oficina de Armonización del Mercado Interior
Presidente; J. Pirrung y M. Vilaras, Jueces; Secretario:                                  (marcas, dibujos y medelos) (1)
Sr. H. Jung; ha dictado el 19 de julio de 1999 una sentencia
cuyo fallo es el siguiente:                                              (Marca comunitaria — Sintagma Baby-dry — Motivo de
                                                                         denegación absoluto — Alcance del control efectuado por las
1) Se desestima el recurso.                                              Salas de Recurso — Alcance del control efectuado por el
2) Cada parte soportará sus propias costas.                                              Tribunal de Primera Instancia)
(1) DO C 94, de 28.3.1998.                                                                        (1999/C 281/28)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         En el asunto T-163/98, The Procter & Gamble Company,
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              con domicilio social en Cincinnatti, Ohio (Estados Unidos),
                      de 19 de julio de 1999                             representada por Me Thierry van Innis, Abogado de Bruselas,
                                                                         que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
en el asunto T-74/98 Luciano Mammarella contra Comi-                     Me Katia Manhaeve, 56-58; rie Charles Martel, contra Oficina
            sión de las Comunidades Europeas (1)                        de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
                                                                         modelos) (Agentes: Sres. Oreste Montalto y Fernando López de
(Funcionarios — Seguridad Social — Pensión de invalidez                 Rego), que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la
— Trabajador externo contractualmente vinculado a la                     resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de
Institución — Contrato de servios renovado de modo sistemá-            Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y mode-
                                tico)                                    los) de 31 de julio de 1998 (asunto R 35/1998-1), que fue
                                                                         notificada a la demandante el 7 de agosto de 1998, el
                         (1999/C 281/27)                                 Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por
                                                                         los Sres. A. Potocki, Presidente; C.W. Bellamy y A.W.H. Meij,
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                     Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 8 de julio de 1999
                                                                         una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
En el asunto T-74/98, Luciano Mammarella, funcionario de la
Comisión, con domicilio en Biandronno (Italia), representado            1) Anular la resolución, de la Sala Primera de Recurso de la Oficina
por el Sr. Giuseppe Marchesini, Abogado de Vicenza, que                       de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de                           modelos) de 31 de julio de 1998 (asunto R 35/1998-1).
Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contra Comisión
de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Gianluigi Valsesia           2) Cada parte cargará con sus propias costas.
y Alberto Dal Ferro), que tiene por objeto un recurso de
anulación de la Decisión de la Comisión, por la que se deniega        (1) DO C 1 de 4.1.1999.
al demandante el disfrute de la pensión prevista por el Estatuto
de los funcionarios de las Comunidades Europeas en caso
de invalidez permanente parcial como consecuencia de un


title: Asunto C-140/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 20 de marzo de 2013 — Annett Altmann y otros/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 20 de marzo de 2013 — Annett Altmann y otros/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
   (Asunto C-140/13)
   2013/C 156/35
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Doris Anschütz, Heinz Anschütz, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Andrea Arnold, Klaus Arnold, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

      Demandada: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con el Derecho de la Unión Europea que queden sin aplicación los deberes imperativos de confidencialidad que incumben a las autoridades nacionales encargadas de supervisar a las empresas de servicios financieros y que tienen su fundamento en actos jurídicos del Derecho de la Unión (en este caso, la Directiva 2004/109/CE, (1) la Directiva 2006/48/CE (2) y la Directiva 2009/65/CE (3)) que han sido incorporados al Derecho nacional, como sucede en la República Federal de Alemania con el artículo 9 de la Kreditwesengesetz y con el artículo 8 de la Wertpapierhandelsgesetz, debido a la aplicación e interpretación de una disposición de Derecho procesal nacional como el artículo 99 de la Verwaltungsgerichtsordnung?

               2)

               ¿Puede una autoridad de supervisión como la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht alemana invocar los deberes de confidencialidad que le incumben, en particular, en virtud del Derecho de la Unión, conforme a lo establecido por el artículo 9 de la Kreditwesengesetz y el artículo 8 de la Wertpapierhandelsgesetz, frente a una persona que le ha solicitado con arreglo a la Informationsfreiheitsgesetz alemana el acceso a información sobre una cierta entidad financiera, aun cuando el concepto empresarial esencial de la sociedad, que ofrecía servicios financieros, pero que posteriormente fue disuelta por insolvencia y actualmente se encuentra en liquidación, consistía esencialmente en la estafa a gran escala con el objetivo deliberado de perjudicar a los inversores, y los responsables de dicha sociedad han sido condenados por sentencia firme a penas de varios años de prisión?

      (1)  Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390, p. 38).

      (2)  Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (DO L 177, p. 1).

      (3)  Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de Julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302, p. 32).


title: Asunto C-169/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Østre Landsret, de fecha 1 de mayo de 2002, en el asunto entre Dansk Postordreforening y Skatteministeriet (Ministerio de Hacienda)

text:
29.6.2002                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 156/11
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            Recurso de casación interpuesto el 7 de mayo de 2002 por
lución del Østre Landsret, de fecha 1 de mayo de 2002, en              Schlüsselverlag J.S. Moser Gesellschaft m.b.H., J. Wimmer
el asunto entre Dansk Postordreforening y Skatteministe-                Medien GmbH & Co KG, Styria Medien AG, Zeitungs-
                   riet (Ministerio de Hacienda)                        und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Eugen Ruß Vorarlberger
                                                                        Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbh, «Die
                                                                        Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H. y «Salzburger
                                                                        Nachrichten» Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG contra
                         (Asunto C-169/02)                              el auto dictado el 11 de marzo de 2002 por la Sala Tercera
                                                                        del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas (Sala Tercera) de 11 de marzo de 2002, en el
                          (2002/C 156/19)                               asunto T-3/02, promovido contra la Comisión de las
                                                                        Comunidades Europeas por Schlüsselverlag J.S. Moser
                                                                        Gesellschaft m.b.H., J. Wimmer Medien GmbH & Co KG,
                                                                        Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft
                                                                        m.b.H., Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und
                                                                        Druckerei Gesellschaft mbh, «Die Presse» Verlags-Gesell-
                                                                        schaft m.b.H. y «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesell-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                                   schaft m.b.H. & Co KG.
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Østre Landsret, dictada el 1 de mayo de 2002,
en el asunto entre Dansk Postordreforening y Skatteministeriet                                (Asunto C-170/02 P)
(Ministerio de Hacienda), y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
de Justicia el 6 de mayo de 2002. El Østre Landsret solicita al                                  (2002/C 156/20)
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
cuestiones:
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
1.    ¿Debe interpretarse el artı́culo 13, parte A, apartado 1,         presentado el 7 de mayo de 2002 un recurso de casación
      letra a) de la Sexta Directiva IVA (Directiva 77/388/CEE          formulado por Schlüsselverlag J.S. Moser Gesellschaft m.b.H.,
      del Consejo) (1) en el sentido de que                             J. Wimmer Medien GmbH & Co KG, Styria Medien AG,
                                                                        Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Eugen Ruß Vorarl-
                                                                        berger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbh, «Die
      i)    un Estado miembro tiene derecho a recaudar el               Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H. y «Salzburger Nachrichten»
            IVA sobre los envı́os de cartas y paquetes contra           Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG, representadas por
            reembolso efectuados por el servicio público postal        Dr. Michael Krüger, abogado de Linz (Austria), contra el auto
            cuando la legislación de dicho Estado ha excluido          dictado el 11 de marzo de 2002 por la Sala Tercera del
            estos envı́os del monopolio y de la obligación de          Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
            transporte, o, por el contrario                             en el asunto T-3/02, promovido contra la Comisión de
                                                                        las Comunidades Europeas (1) por Schlüsselverlag J.S. Moser
                                                                        Gesellschaft m.b.H., J. Wimmer Medien GmbH & Co KG, Styria
      i)    un Estado miembro debe abstenerse de recaudar el            Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Eugen
            IVA por estos envı́os?                                      Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft
                                                                        mbh, «Die Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H. y «Salzburger
                                                                        Nachrichten» Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG.
2.    En el supuesto de que no se pueda responder afirmativa-
      mente de manera inequı́voca a la cuestión 1 i) ni a la           Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
      cuestión 1 ii), ¿qué criterios deben emplearse para decidir
      si, en las circunstancias descritas en la cuestión 1 i), un      —    Anule el auto recurrido y estime las pretensiones de las
      Estado miembro está facultado para recaudar el IVA sobre              recurrentes en cuanto al fondo, o, con carácter subsidia-
      los envı́os a particulares de cartas y paquetes contra                 rio, anule el auto recurrido y devuelva los autos al
      reembolso o, por el contrario, está obligado a abstenerse             Tribunal de Primera Instancia; condene en costas a la
      de recaudar el IVA sobre tales envı́os?                                Comisión, en ambos casos.
(1) Sexta Directiva no 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de         Motivos y principales alegaciones
    1977, en materia de armonización de las legislaciones de los
    Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de      —    Determinación incompleta de los hechos.
    negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido:
    base imponible uniforme (DO L 145, p. 1) y rectificada (DO               El Tribunal de Primera Instancia basó su fundamentación
    L 149, p. 26).                                                           jurı́dica en la declaración de la Comisión, según la cual
                                                                             los escritos de 12 de julio y de 3 de septiembre de 2001
                                                                             «exponen el punto de vista de la Dirección y no vinculan
                                                                             a la Comisión», pero sin haber incluido dicha declaración
                                                                             en la determinación de los hechos.