title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 28 de octubre de 2004, en el asunto C-164/01 P: G. Van den Berg contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual — Leche — Tasa suplementaria — Cantidad de referencia — Productores que han suscrito un compromiso de no comercialización — Productores SLOM — Cambio de explotación — Denegación de una cantidad de referencia específica)

text:
               22.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 28 de octubre de 2004
   en el asunto C-164/01 P: G. Van den Berg contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Recurso de indemnización - Responsabilidad extracontractual - Leche - Tasa suplementaria - Cantidad de referencia - Productores que han suscrito un compromiso de no comercialización - Productores SLOM - Cambio de explotación - Denegación de una cantidad de referencia específica)
   (2005/C 19/01)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-164/01 P, que tiene por objeto un recurso de casación con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, interpuesto el 13 de abril de 2001, G. van den Berg, con domicilio en Dalfsen (Países Bajos) (abogado: Me E.H. Pijnacker Hordijk) y en el que las otras partes en el procedimiento son: Consejo de la Unión Europea (agente: Sra. A.-M. Colaert) y Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. T. van Rijn), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, el Sr. J.-P. Puissochet y la Sra. N. Colneric (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 28 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Van den Berg.

      (1)  DO C 227, de 11.8.2001.


title: Asunto C-254/07: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2008  Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               24.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 128/28

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-254/07) (1)

   (2008/C 128/56)

      Lengua de procedimiento: español

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 170 de 21.7.2007.


title: Archivo del asunto C-332/97

text:
20.2.1999            ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 C 48/21
El tipo reducido previsto para los medicamentos reembol-                           Archivo del asunto C-84/97 (1)
sables por la Seguridad Social era aplicable el 1 de enero                                 (1999/C 48/36)
de 1991 pero no se ajusta a la legislación comunitaria.
                                                                    Mediante auto de 27 de octubre de 1998, el Presidente del
Dicho tipo específico para los medicamentos reembolsa-              Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
bles, mientras que a los demaÂs medicamentos es aplicable           dido archivar el asunto C-84/97 (petición de decisión pre-
otro tipo, es contrario al principio de uniformidad del             judicial de la Corte d'Appello di Torino): Amministrazione
impuesto establecido en la letra a) del apartado 3 del              delle Finanze dello Stato contra Grafoplast SpA.
artículo 12 de la Sexta Directiva.
                                                                    (1) DO C 131 de 26.4.1997.
El referido tipo específico no se basa, como alega el
Gobierno franceÂs, en criterios objetivos, sino en el reÂgimen
jurídico de los productos de referencia. Los medicamentos
reembolsables por la Seguridad Social no son intrínseca-
mente diferentes a los demaÂs medicamentos.
                                                                                Archivo del asunto C-305/96 (1)
                                                                                (1999/C 48/37)
(1) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; EE 09/01 p. 54.
                                                                    Mediante auto de 28 de octubre de 1998, el Presidente del
                                                                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
                                                                    dido archivar el asunto C-305/96: Reino Unido de Gran
                                                                    BretanÄa e Irlanda del Norte contra Comisión de las Comu-
                                                                    nidades Europeas.
              Archivo del asunto C-428/97 (1)
                                                                    (1) DO C 370 de 7.12.1996.
                       (1999/C 48/34)
Mediante auto de 20 de octubre de 1998, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
dido archivar el asunto C-428/97 (petición de decisión pre-                        Archivo del asunto C-332/97 (1)
judicial del Bundesfinanzhof): Sarclad International Ltd
                                                                                (1999/C 48/38)
contra Bundesamt für Finanzen.
(1) DO C 55 de 20.2.1998.                                           Mediante auto de 28 de octubre de 1998, el Presidente del
                                                                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
                                                                    dido archivar el asunto C-332/97: Comisión de las Comu-
                                                                    nidades Europeas contra Reino de BeÂlgica.
                                                                    (1) DO C 331 de 1.11.1997.
              Archivo del asunto C-178/96 (1)
                       (1999/C 48/35)
                                                                                Archivo del asunto C-367/97 (1)
Mediante auto de 23 de octubre de 1998, el Presidente de                                   (1999/C 48/39)
la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha decidido archivar el asunto C-178/96 (peti-
ción de decisión prejudicial del Tribunale amministrativo           Mediante auto de 28 de octubre de 1998, el Presidente del
regionale per la Lombardia): Stefano Serbini contra Minis-          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
tero del Commercio con l'Estero.                                    dido archivar el asunto C-367/97: Comisión de las Comu-
                                                                    nidades Europeas contra Reino de los Países Bajos.
(1) DO C 197 de 6.7.1996.
                                                                    (1) DO C 370 de 6.12.1997.


title: Recurso interpuesto el 6 de octubre de 1997 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica (Asunto C-347/97)

text:
22. li . 97         LES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 357/23
Recurso interpuesto el 6 de octubre de 1997 por la                   Klaus-Dieter Borchardt, miembro de su Servicio Jurídico,
Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino                 que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
                               de Bélgica                            del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner 254,
                       ( Asunto C-347/97 )                           Kirchberg.
                           ( 97/C 357/40 )
                                                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se            1 . Declare que la República Federal de Alemania ha
ha presentado el 6 de octubre de 1997 un recurso contra                  incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
el Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las                     del Tratado, ( 1 ) al permitir, infringiendo lo dispuesto
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Gótz                       en el artículo 2 del Reglamento ( CEE ) n° 2252/90 ('),
zur Hausen, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que                que mercancías por las que se habían pagado restitu
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del                     ciones con ocasión de su importación de los Países
Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                   Bajos, pudieran introducirse en la República Federal
                                                                         de Alemania sin recaudar sobre ellas la tasa correspon
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri                 diente al nivel de precios comunitarios y abonarla a la
bunal de Justicia que:                                                   Comunidad, y ( 2 ) al derogar todas las formalidades
                                                                         aduaneras en el tráfico de mercancías en el interior de
                                                                         Alemania y no adoptar las medidas necesarias para la
— Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                      aplicación del Reglamento ( CEE ) n° 2252/90 .
    obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
    91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 ,
                                                                     2.  Condene en costas a la demandada .
    relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan
    determinadas materias peligrosas ('), al no adoptar y/o
    al no comunicar todas las medidas necesarias para ate           Motivos y principales alegaciones
    nerse al artículo 6 de dicha Directiva .
                                                                     La República Federal de Alemania ha infringido el Dere
— Condene en costas al Reino de Bélgica .                            cho comunitario al
Motivos y principales alegaciones                                    — renunciar a recaudar tasas sobre mantequilla impor
                                                                         tada y no liquidar y abonar a la Caja de la Comunidad
                                                                         la cantidad de 12 684 000 marcos alemanes más inte
Del carácter obligatorio de las Directivas, dispuesto en el
                                                                         reses ;
párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE, y del
párrafo primero del artículo 5 del mismo Tratado se
deduce que los Estados miembros destinatarios de una                 — derogar todas las formalidades aduaneras en las fron
Directiva están obligados a alcanzar los objetivos que en                teras interiores alemanas antes de la reunificación del
ella se establecen dentro del plazo señalado. Los progra                 3 de octubre de 1990 y no adoptar las medidas necesa
mas mencionados en el artículo 6 de la Directiva deberían                 rias para la aplicación del Reglamento ( CEE ) n° 2252/
haber sido elaborados y comunicados a la Comisión a más                   90 .
tardar el 17 de septiembre de 1992 y no se ha discutido,
ni es discutible que el Reino de Bélgica no ha tomado                (') DO L 203 de 1 . 8 . 1990, p . 61 .
todas las medidas nacionales necesarias para establecer los
programas de que se trata .
(') DO L 78 de 26 . 3 . 1991 , p . 38 .
                                                                     Recurso interpuesto el 13 de octubre de 1997 por la
                                                                     Comisión de las Comunidades Europeas contra el Gran
                                                                                Ducado de Luxemburgo
                                                                                ( Asunto C-351/97)
Recurso interpuesto el 7 de octubre de 1997 por la Comi
sión de las Comunidades Europeas contra la República                                            ( 97/C 357/42 )
                       Federal de Alemania
                        ( Asunto C-348/97 )
                                                                     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                            ( 97/C 357/41 )                          ha presentado el 13 de octubre de 1997 un recurso contra
                                                                     el Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comi
                                                                     sión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se            Gérard Berscheid , miembro del Servicio Jurídico, en cali
ha presentado el 7 de octubre de 1997 un recurso contra              dad de Agente, que designa como domicilio en Luxem
la República Federal de Alemania formulado por la Comi              burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre
sión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.            Wagner, Kirchberg.


title: Asunto T-120/01: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2001 contra el Banco Europeo de Inversiones por Carlo De Nicola

text:
C 227/30               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    11.8.2001
Recurso interpuesto el 4 de junio de 2001 contra el Banco                Por último, el demandante invoca asimismo la ilegalidad del
       Europeo de Inversiones por Carlo De Nicola                        artı́culo 39 del reglamento del personal, en la medida en que
                                                                         permite privar a cualquier empleado de la totalidad de sus
                       (Asunto T-120/01)                                 funciones, e incluso de su retribución, por un plazo máximo
                                                                         de tres meses sin exigir que se le comuniquen de inmediato y
                                                                         simultáneamente los hechos reprochados.
                         (2001/C 227/57)
                                                                         (1) DO C 150, de 19.5.01, p. 20.
                 (Lengua de procedimiento: italiano)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 4 de junio de 2001 un recurso
contra el Banco Europeo de Inversiones, formulado por Carlo
De Nicola, representado por el Sr. Luigi Isola, abogado.                 Recurso interpuesto el 31 de mayo de 2001 contra la
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Laurent
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                                             Piau
—    Anule el escrito RH/Ress/2001-483/TP, de 6 de marzo de
     2000, y su correspondiente anexo.                                                           (Asunto T-121/01)
—    Anule el escrito de 22 de mayo de 2001.                                                      (2001/C 227/58)
—    Anule el artı́culo 39 del reglamento del personal.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
—    Anule todos los actos conexos a las decisiones impugna-
     das, ası́ como los que sean consecuencia o requisito
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     previo de las mismas.
                                                                         Europeas se ha presentado el 31 de mayo de 2001 un recurso
—    Compruebe que el código de conducta no es aplicable al             contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
     demandante y ası́ lo declare.                                       por el Sr. Laurent Piau, con domicilio en Nantes (Francia),
                                                                         representado por Me Marguerite Fauconnet y Me Pierre Thielen,
—    Condene al Banco Europeo de Inversiones a indemnizar                abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
     los perjuicios fı́sicos, morales y materiales tal y como
     se precisará con mayor detalle en el transcurso del                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
     procedimiento.                                                      que:
—    Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de             —      Declare que la Comisión Europea no ha adoptado las
     las costas del procedimiento.                                              medidas necesarias a raı́z de la denuncia presentada por
                                                                                el demandante con arreglo al artı́culo 3 del Reglamento
                                                                                17/62 CE en un plazo razonable.
Motivos y principales alegaciones                                        —      Declare que la Comisión Europea ha de adoptar las
                                                                                medidas necesarias contra la parte denunciada por el
El demandante —el mismo que en los asuntos acumulados                           demandante en aplicación del Reglamento 17/62 CE en
T-7/98, T-208/98 y T-109/99, De Nicola/Banco Europeo de                         el plazo de un mes.
Inversiones (BEI)— impugna en el presente asunto diversas
decisiones adoptadas, a su juicio, a fin de obstaculizar la              —      Condene en costas a la parte demandada.
ejecución de la sentencia dictada el 23.2.2001 en los menciona-
dos asuntos (1).                                                         Motivos y principales alegaciones
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega:                       El demandante expone que, el 23 de marzo de 1998, presentó
—    Infracción del reglamento del personal y del código de            una denuncia ante la Comisión Europea, alegando que las
     conducta —si fuera aplicable—, en la medida en que el               normas aplicadas por la Fédération Internationale de Football
     escrito de 6.3.2001 crea un nuevo tipo de sanción no               Association (FIFA) a la actividad de agente de jugadores
     previsto. Alega además que el anexo de dicho escrito               eran contrarias al Derecho comunitario, en particular a las
     establece nuevas reglas, diferentes de las establecidas en          disposiciones de los artı́culos 49 y 81 del Tratado CE
     el contrato de trabajo y contrarias a ellas, lo que supone          (COMP/37.124 Piau/FIFA). La Comisión efectuó una investiga-
     una violación de la Declaración de Derechos Humanos y             ción en profundidad y, el 19 de octubre de 1999, notificó un
     de los principios de honestidad y de buena fe contractual.          pliego de cargos a la FIFA. El 24 de febrero de 2000, las partes
                                                                         expusieron oralmente su punto de vista. El 31 de enero de
—    Incumplimiento del deber de comunicación previa de los             2001, el demandante, al no haber recibido ninguna toma de
     hechos reprochados, en lo que respecta al escrito del               postura, requirió a la Comisión para que respondiera. Hasta el
     Presidente del BEI por el que se ha suspendido al                   momento, casi tres años después de la presentación de la
     demandante en la totalidad de sus funciones, con efecto             denuncia, la Comisión no ha adoptado todavı́a ninguna
     inmediato y prohibiéndole el acceso a su propio des-                postura clara y explı́cita sobre el problema que le planteó el
     pacho.                                                              demandante.


title: Asunto C-350/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Bélgica) el 4 de julio de 2011 — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Bélgica) el 4 de julio de 2011 — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat
   (Asunto C-350/11)
   2011/C 282/11
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Argenta Spaarbank NV

      Demandada: Belgische Staat

      Cuestión prejudicial

   ¿Se opone el artículo 43 CE a un régimen fiscal nacional en virtud del cual un sujeto pasivo por obligación personal en Bélgica, en el cálculo de su beneficio imponible, no puede aplicar ninguna deducción por capital riesgo al importe de la diferencia positiva entre, por un lado, el valor contable neto de los elementos del activo de los establecimientos que el sujeto pasivo mantiene en otro Estado miembro de la Unión Europea y, por otro lado, el total de los elementos del pasivo que se imputan a estos establecimientos, mientras que sí puede aplicar la deducción por capital riesgo si esta diferencia positiva se imputa a un establecimiento permanente ubicado en Bélgica?


title: Asunto C-365/06: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

text:
               18.11.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/23

         Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-365/06)
   (2006/C 281/37)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Traversa y E. Montaguti)

      Demandada: República Italiana
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

                           —

                           al reservar la actividad de elaboración e impresión de las nóminas en exclusiva a los graduados sociales y personas asimiladas inscritos en los colegios profesionales;

                           —

                           al exigir requisitos específicos relativos a la composición y constitución de los centros de procesamiento informatizado de datos;

                           —

                           al supeditar la inscripción en los citados colegios profesionales a la obligación de ser residente en Italia.

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

                           —

                           al prohibir el ejercicio de la actividad de graduado social en caso de no estar inscrito en el colegio profesional italiano.

               —

               Que se condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones

               —

               La reserva de la actividad de elaboración e impresión de las nóminas en exclusiva en favor de los graduados sociales y de otras categorías profesionales enumeradas por la Ley con carácter exhaustivo constituye un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios garantizadas por los artículos 43 y 49 CE. Las actividades que ofrecen los centros de procesamiento informatizado de datos consisten fundamentalmente en la mera ejecución de las instrucciones recibidas del cliente. Se trata de introducir los datos proporcionados por el cliente en determinados programas informáticos, estructurados en función de la información suministrada por el cliente conforme a la normativa en vigor. Por tanto, los centros de procesamiento informatizado de datos que preparan las nóminas no desarrollan ningún trabajo intelectual que consista en determinar, con arreglo a la legislación pertinente, el salario neto de cada trabajador y que requiera un examen y un buen conocimiento de la normativa de que se trate. En consecuencia, la reserva de la actividad de elaboración e impresión de nóminas en favor de los graduados sociales no puede justificarse invocando el objetivo de protección de los derechos de los trabajadores, ya que se trata de tareas fundamentalmente ejecutivas que no requieren cualificaciones profesionales específicas.

               —

               Para poder prestar los servicios de elaboración e impresión de las nóminas a las empresas pequeñas, los centros de procesamiento informatizado de datos han de estar «constituidos y compuestos exclusivamente por personas inscritas en los colegios profesionales». «Tal exigencia impide, por lo tanto, que los administradores de las sociedades matrices extranjeras figuren entre los miembros fundadores o sean miembros del consejo de administración de la filial italiana, a no ser que se inscriban en los colegios profesionales correspondientes». Se está, por consiguiente, «en presencia de una forma encubierta de discriminación que, aplicando un criterio distinto al de la nacionalidad, conduce de hecho al mismo resultado que una discriminación basada de manera ostensible en la nacionalidad» (Conclusiones del Abogado General Mischo en el asunto en el que recayó la sentencia de 17 de octubre de 2002, Payroll Data Services, C-79/01, Rec. p. I-8923).

               —

               La normativa italiana exige que la persona que solicite la inscripción en un colegio profesional adjunte a la solicitud el certificado de residencia. Si la finalidad de la obligación de residencia es permitir controles y, en su caso, poder sancionar a los prestadores de servicios responsables de infracciones, se trata de un requisito totalmente desproporcionado. No cabe duda de que es posible efectuar controles con independencia del lugar de residencia, así como, de ser necesario, imponer sanciones a cualquier centro de procesamiento informatizado de datos que tenga su domicilio social en otro Estado miembro. Por tanto, la necesidad de protección de los trabajadores invocada por las autoridades italianas no justifica la obligación de residencia.

               —

               Según la normativa italiana objeto del recurso, para poder ofrecer sus servicios, también los centros de procesamiento informatizado de datos con domicilio social en otros Estados miembros han de disponer en su estructura interna de graduados sociales inscritos en un colegio profesional italiano. La obligación de inscribirse en el colegio profesional de graduados sociales excede de lo necesario para la protección de los trabajadores y supedita la prestación de los servicios a un verdadero procedimiento de autorización por parte de las autoridades competentes, sin distinguir entre establecimiento y prestación temporal. Ignorar esta diferencia, conduce a «privar de efecto útil a las disposiciones del Tratado destinadas, precisamente, a garantizar la libre prestación de servicios» (sentencia de 3 de octubre de 2000, Corsten, C-58/98, p. I-7919).


title: Asunto C-610/13 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de noviembre de 2014  — Reino de los Países Bajos/Comisión Europea (Recurso de casación — FEOGA, FEAGA y FEADER — Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea — Fastos efectuados por los Países Bajos)

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de noviembre de 2014 — Reino de los Países Bajos/Comisión Europea
   (Asunto C-610/13 P) (1)

   ((Recurso de casación - FEOGA, FEAGA y FEADER - Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea - Fastos efectuados por los Países Bajos))
   (2015/C 007/14)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Recurrente: Reino de los Países Bajos (representantes: M. Bulterman y M. de Ree, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet y H. Kranenborg, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas al Reino de los Países Bajos.

      (1)  DO C ##, p. ##.


title: Asunto C-166/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Verwaltungsgerichtshof (Austria), de 31 de marzo de 2005, en el asunto entre Heger Rudi GmbH y Finanzamt Graz-Stadt

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/28

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Verwaltungsgerichtshof (Austria), de 31 de marzo de 2005, en el asunto entre Heger Rudi GmbH y Finanzamt Graz-Stadt
   (Asunto C-166/05)
   (2005/C 143/43)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Verwaltungsgerichtshof (Austria) dictada el 31 de marzo de 2005, en el asunto entre Heger Rudi GmbH y Finanzamt Graz-Stadt, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de abril de 2005.
   El Verwaltungsgerichtshof (Austria) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
   ¿Constituye la concesión de autorización para la práctica de la pesca, en forma de transmisión de licencias de pesca a título oneroso, un «servicio relacionado con un bien inmueble», en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»)?


title: Asunto T-736/16: Recurso interpuesto el 20 de octubre de 2016 — Amira y otros/Comisión y BCE

text:
               19.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 475/21

         Recurso interpuesto el 20 de octubre de 2016 — Amira y otros/Comisión y BCE
   (Asunto T-736/16)
   (2016/C 475/31)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Maria Amira (Atenas, Grecia) y otros 15 demandantes (representantes: S. Pappas e I. Ioannidis, abogados)

      Demandadas: Banco Central Europeo, Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Ordene a la Unión Europea y/o al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) que indemnicen a los demandantes con arreglo a las cuantías mencionadas en el escrito de demanda por los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de su participación ilegal en la reestructuración de la deuda del Gobierno griego, debida a la activación de cláusulas de acción colectiva retroactivas.

               —

               Con carácter subsidiario, ordene a la Unión y/o al Banco Central Europeo (BCE) que indemnicen a los demandantes con arreglo a las cuantías mencionadas en el escrito de demanda por los perjuicios sufridos como consecuencia de la exclusión de los acreedores del sector público de Grecia de la reestructuración de la deuda del Gobierno griego.

               —

               En cualquier caso, ordene al BCE que indemnice a los demandantes por los perjuicios mencionados en el escrito de demanda en relación con cada demandante, derivados de la exclusión ilegal del SEBC de la reestructuración de la deuda del Gobierno griego.

               —

               Condene al BCE y/o a la Unión a cargar con las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que las acciones de la Unión y/o el BCE y el SEBC fueron adoptadas ultra vires y en contra de los artículos 120 TFUE a 126 TFUE, 127 TFUE y 352 TFUE, apartado 1.

               2.

               Segundo motivo, basado en que las acciones del BCE y del SEBC, en relación, en particular, con la exclusión del SEBC de la reestructuración infringen el artículo 123 TFUE.

               3.

               Tercer motivo, basado en que las acciones de la Unión y/o el BCE y el SEBC vulneran el derecho a la propiedad de los demandantes, reconocido en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que las acciones de la Unión y/o el BCE y el SEBC vulneran la libre circulación de capitales reconocida en el artículo 63 TFUE.

               5.

               Quinto motivo, basado en que las acciones de la Unión y/o el BCE y el SEBC vulneran el derecho a la igualdad de trato reconocido en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de marzo de 2003 en el asunto T-166/02, José Pedro Pessoa e Costa contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Decisión de incoar un procedimiento disciplinario — Decisión por la que se desestima una propuesta de transferencia al Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías)

text:
C 124/20                  ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              24.5.2003
de la decisión de la Comisión, de 29 de enero de 2001, por la                2)    Declarar la admisibilidad del recurso en todo lo demás.
que se fijó en Bruselas el lugar de selección de la demandante
y se le denegó la concesión de la indemnización diaria y, de                 3)    La Comisión cargará, además de con sus propias costas, con la
otra parte, una pretensión de que se condene a la Comisión a                       mitad de las costas del demandante.
pagar a la demandante las cantidades correspondientes a los
derechos que se deducen de la fijación de su lugar de selección              4)    El demandante cargará con la mitad de sus costas.
en Roma, el Tribunal de Primera Instancia (Juez Único:
Sr. M. Vilaras); Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta, ha          (1 ) DO C 180 de 27.7.02.
dictado el 5 de marzo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:
1)     Desestimar el recurso.
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
2)     Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                                de 20 de marzo de 2003
( 1) DO C 44 de 16.2.02.
                                                                             en el asunto T-76/94, Rendert Jansma contra Consejo
                                                                             de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas ( 1)
                                                                             (Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontrac-
                                                                             tual — Leche — Tasa suplementaria — Cantidad de
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                  referencia — Productor que ha suscrito un compromiso de
                                                                             no comercialización — Venta de la explotación SLOM —
                      de 13 de marzo de 2003                                                  Prescripción — Sobreseimiento)
en el asunto T-166/02, José Pedro Pessoa e Costa contra                                                (2003/C 124/36)
          Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
(Funcionarios — Decisión de incoar un procedimiento disci-
plinario — Decisión por la que se desestima una propuesta
                                                                             En el asunto T-76/94, Rendert Jansma, con domicilio en
de transferencia al Observatorio Europeo de la Droga y las
                                                                             Engelbert (Países Bajos), representado por los Sres. E.H.
                             Toxicomanías)
                                                                             Pijnacker Hordijk y H.J. Bronkhorst, abogados, que designa
                                                                             domicilio en Luxemburgo contra Consejo de la Unión Europea
                           (2003/C 124/35)                                   (agente: Sra. A.-M. Colaert) y Comisión de las Comunidades
                                                                             Europeas (agentes: Sres. T. van Rijn y H.-J. Rabe), que tiene por
                   (Lengua de procedimiento: francés)                        objeto un recurso de indemnización, de conformidad con
                                                                             los artículos 178 y 215, párrafo segundo, del Tratado CE
                                                                             (actualmente artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo), de
                                                                             los perjuicios sufridos por el demandante por el hecho
En el asunto T-166/02, José Pedro Pessoa e Costa, funcionario
                                                                             de habérsele impedido comercializar leche en virtud del
de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
                                                                             Reglamento (CEE) no 857/84 del Consejo, de 31 de marzo
en Lisboa, representado por M es J.-N. Louis, E. Marchal y
                                                                             de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa
A. Coolen, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
                                                                             contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE)
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
                                                                             no 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos
Sr. J. Currall, Sra. F. Clotuche-Duvieusart y Sr. D. Waelbroeck),
                                                                             (DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64), en su versión completada
que tiene por objeto las pretensiones de que se anule, por un
                                                                             por el Reglamento (CEE) no 1371/84 de la Comisión, de 16 de
lado, la decisión de la Comisión, de 3 de julio de 2001, de
                                                                             mayo de 1984, por el que se establecen las modalidades
incoar un procedimiento disciplinario contra el demandante y,
                                                                             de aplicación de la tasa suplementaria contemplada en el
por otro lado, la decisión de la Comisión, de 23 de julio de
                                                                             artículo 5 quater del Reglamento no 804/68 (DO L 132, p. 11;
2001, por la que se desestima la propuesta del Director del
                                                                             EE 03/30, p. 208), el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías relativa
                                                                             Primera), integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y los
a la transferencia del demandante a dicho organismo, el
                                                                             Sres. R.M. Moura Ramos y H. Legal, Jueces; Secretario:
Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el
                                                                             Sr. H. Jung, ha dictado el 20 de marzo de 2003 un auto en el
Sr. K. Lenaerts, Presidente, y los Sres. J. Azizi y M. Jaeger,
                                                                             que se resuelve lo siguiente:
Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha
dictado el 13 de marzo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el
                                                                             1)    Sobreseer el recurso.
siguiente:
                                                                             2)    Condenar en costas a las partes demandadas.
1)     Anular la decisión de la Comisión, de 23 de julio de 2001, por
       la que se desestima la propuesta del Director del Observatorio        (1 ) DO C 90 de 26.3.94.
       Europeo de la Droga y las Toxicomanías relativa a la
       transferencia del demandante a dicho organismo.


title: Asunto C-135/02: Recurso interpuesto el 11 de abril de 2002 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
1.6.2002               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 131/13
2.     Condene en costas al Reino de Bélgica.                         Motivos y principales alegaciones
                                                                      El plazo para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó
                                                                      el 29 de mayo de 1999.
Motivos y principales alegaciones
                                                                      (1) DO L 181 de 9.7.1997, p. 1.
El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva
expiró el 14 de marzo de 2000.
(1) DO L 77 de 14.3.1998, p. 36.
                                                                      Recurso interpuesto el 16 de abril de 2002 contra el
                                                                      Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
                                                                                (Asunto C-142/02)
                                                                                (2002/C 131/25)
Recurso interpuesto el 11 de abril de 2002 contra la
República Federal de Alemania por la Comisión de las
                    Comunidades Europeas
                                                                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                       (Asunto C-135/02)                              presentado el 16 de abril de 2002 un recurso contra el Gran
                                                                      Ducado de Luxemburgo, formulado por la Comisión de las
                                                                      Comunidades Europeas, representada por la Sra. Patakia, en
                         (2002/C 131/24)                              calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 11 de abril de 2002 un recurso contra la                1.    Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de                plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Josef                     Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
Christian Schieferer, miembro del Servicio Jurı́dico de la                  de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio
Comisión, que designa como domicilio en Luxemburgo el                      permanente de la profesión de abogado en un Estado
despacho del Sr. Luis Escobar Guerrero, miembro del Servicio                miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el
Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner, C 254, Kirchberg,                 tı́tulo (1), al no haber adoptado las medidas legales,
Luxemburgo.                                                                 reglamentarias y administrativas necesarias para la adap-
                                                                            tación del Derecho interno a dicha Directiva.
                                                                      2.    Condene en costas a Luxemburgo.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1.     Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
       plido las obligaciones que le incumben en virtud del           Motivos y principales alegaciones
       Tratado y de la Directiva 97/23/CE (1) del Parlamento
       Europeo y del Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa
       a la aproximación de las legislaciones de los Estados         El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva
       miembros sobre equipos a presión, al no haber adoptado,       expiró el 14 de marzo de 2000.
       dentro del plazo señalado, las disposiciones legales,
       reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
       plimiento a dicha Directiva, o, en su caso, al no haber
       comunicado tales disposiciones a la Comisión.                 (1) DO L 77 de 14.3.1998, p. 36.
2.     Condene en costas a la República Federal de Alemania.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2002 en los asuntos acumulados C-393/99 y C-394/99 (Petición de decisión prejudicial del Tribunal du travail de Tournai): Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contra Claude Hervein, Hervillier SA (asunto C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA (asunto C-394/99) ("Libre circulación de trabajadores y libertad de establecimiento — Seguridad social — Determinación de la legislación aplicable — Personas que ejercen simultáneamente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en el territorio de diferentes Estados miembros — Sujeción a la legislación de seguridad social de cada uno de dichos Estados — Validez del artículo 14 quater, apartado 1, letra b) [actualmente artículo 14 quater, letra b)], y del anexo VII del Reglamento (CEE) n° 1408/71")

text:
18.5.2002                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 118/5
1)   La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le                   —     haber obligado, mediante el artı́culo 9, apartado 3, del
     incumben en virtud de los artı́culos 12, 22, 27 y 31 de la                           Decreto no 129/92 y los artı́culos 7 y 8 del Decreto
     Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985,                            no 776/94, a los arquitectos establecidos en otros
     para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros                       Estados miembros que desean prestar servicios en Italia
     tı́tulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas                      a inscribirse en el Consejo provincial territorialmente
     destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de                          competente del Colegio de Arquitectos, y retrasar, como
     establecimiento y de la libre prestación de servicios, en su versión               consecuencia de esta formalidad, en infracción del artı́-
     modificada por la Directiva 86/17/CEE del Consejo, de 27 de                          culo 22 de la Directiva 85/384, la primera prestación de
     enero de 1986, por la que se modifica, con motivo de la                              servicios de estos arquitectos en Italia.
     adhesión de Portugal, la Directiva 85/384 y, por lo que se
     refiere a la prohibición prevista en el artı́culo 9, apartado 1, del    2)    Desestimar el recurso en todo lo demás.
     Decreto no 129/92, del artı́culo 59 del Tratado, al:
                                                                              3)    Condenar en costas a la República Italiana.
     —      no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar
            cumplimiento al artı́culo 4, apartado 1, párrafo segundo,        (1) DO C 299 de 16.10.1999.
            al artı́culo 4, apartado 2, al artı́culo 11, letra k), séptimo
            guión, y al artı́culo 14 de la Directiva 85/384;
     —      no haber adoptado todas las medidas necesarias para
            proceder al reconocimiento automático de los diplomas,
            certificados y otros tı́tulos de conformidad con los ar-
            tı́culos 2, 3, 7, 8 y 9 de la Directiva 85/384;                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 19 de marzo de 2002
     —      haber adoptado el artı́culo 4, apartado 2, letra a), del
            Decreto-ley del Presidente de la República no 129, de
            27 de enero de 1992, que, en infracción de los artı́culos 52     en los asuntos acumulados C-393/99 y C-394/99 (Petición
            y 59 del Tratado CE (actualmente artı́culos 43 CE y               de decisión prejudicial del Tribunal du travail de Tournai):
            49 CE, tras su modificación), exige con carácter general        Institut national d’assurances sociales pour travailleurs
            que la solicitud de reconocimiento de tı́tulo vaya acompa-        indépendants (Inasti) contra Claude Hervein, Hervillier
            ñada del tı́tulo original o de una copia autenticada de          SA (asunto C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA
            dicho diploma;                                                                            (asunto C-394/99) (1)
                                                                              («Libre circulación de trabajadores y libertad de estableci-
     —      haber adoptado el artı́culo 4, apartado 2, letra c), del
                                                                              miento — Seguridad social — Determinación de la legisla-
            Decreto no 129/92 y el artı́culo 4, apartado 1, letra c),
                                                                              ción aplicable — Personas que ejercen simultáneamente una
            del Decreto del Ministerio de Universidades e Investigación
                                                                              actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia
            Cientı́fica y Tecnológica no 776, de 10 de junio de 1994,
                                                                              en el territorio de diferentes Estados miembros — Sujeción a
            que, en infracción del artı́culo 52 del Tratado, exige con
                                                                              la legislación de seguridad social de cada uno de dichos
            carácter general que la solicitud de reconocimiento de
                                                                              Estados — Validez del artı́culo 14 quater, apartado 1, letra b)
            tı́tulo vaya acompañada de un certificado de nacionalidad;
                                                                              [actualmente artı́culo 14 quater, letra b)], y del anexo VII del
                                                                                Reglamento (CEE) no 1408/71»)
     —      haber adoptado el artı́culo 4, apartado 3, del Decreto
            no 129/92 y el artı́culo 10 del Decreto no 776/94, que,                                      (2002/C 118/07)
            en infracción del artı́culo 52 del Tratado, exigen en todos
            los casos la traducción jurada de todos los documentos
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
            adjuntos a una solicitud de reconocimiento de tı́tulo;
                                                                              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     —      haber adoptado el artı́culo 11, apartado 1, letras c) y d),            «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
            del Decreto no 129/92, que, en infracción del artı́culo 12
            de la Directiva 85/384, prevé el reconocimiento de tı́tulos
            obtenidos después del 5 de agosto de 1987;
                                                                              En los asuntos acumulados C-393/99 y C-394/99, que tienen
                                                                              por objeto dos peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con
     —      haber mantenido el artı́culo 9, apartado 1, del Decreto           arreglo al artı́culo 177 del Tratado CE (actualmente artı́culo
            no 129/92, que, en infracción del artı́culo 59 del Tratado,      234 CE), por el Tribunal du travail de Tournai (Bélgica),
            prohı́be de modo general a los arquitectos establecidos en        destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho
            otros Estados miembros que desean prestar servicios en            órgano jurisdiccional entre Institut national d’assurances socia-
            Italia crear en territorio italiano un establecimiento            les pour travailleurs indépendants (Inasti) y Claude Hervein,
            principal o secundario;                                           Hervillier SA (asunto C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA
 ---pagebreak--- C 118/6                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           18.5.2002
(asunto C-394/99), una decisión prejudicial sobre la validez                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
del artı́culo 14 quater, apartado 1, letra b) [actualmente artı́culo
14 quater, letra b)], y del anexo VII del Reglamento (CEE)
no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la                                             (Sala Quinta)
aplicación de los regı́menes de seguridad social a los trabajado-
res por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a
los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la                                         de 21 de marzo de 2002
Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el
Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de
1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53), y posteriormente en                 en el asunto C-451/99 (Petición de decisión prejudicial del
su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 3811/86                   Handelsgericht Wien): Cura Anlagen GmbH contra Auto
del Consejo de 11 de diciembre de 1986 (DO L 355, p. 5), el                                   Service Leasing GmbH (ASL) (1)
Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez
Iglesias, Presidente, el Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken y
N. Colneric, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann,                     («Arrendamiento financiero de vehı́culos — Prohibición de
D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (Ponente), M. Wathelet y                    utilizar en un Estado miembro un vehı́culo matriculado en
V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario:           otro Estado miembro más allá de un determinado perı́odo de
Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 19 de                tiempo — Obligaciones de matriculación y de pago de un
marzo de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                     impuesto sobre el consumo en el Estado miembro de utiliza-
                                                                            ción — Obligación de seguro con un asegurador autorizado
                                                                            en el Estado miembro de utilización — Obligación de
                                                                            inspección técnica — Restricciones a la libre prestación de
El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún                                    servicios — Justificaciones»)
elemento que pueda afectar a la validez:
                                                                                (2002/C 118/08)
—      del artı́culo 14 quater, apartado 1, letra b), y del anexo VII del
       Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de                               (Lengua de procedimiento: alemán)
       1971, relativo a la aplicación de los regı́menes de seguridad
       social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores
       por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
       desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y              «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
       actualizada por el Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo,
       de 2 de junio de 1983;
—      del artı́culo 14 quater, letra b), y del anexo VII del mismo         En el asunto C-451/99, que tiene por objeto una petición
       Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento (CEE)        dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
       no 3811/86 del Consejo, de 11 de diciembre de 1986.                  por el Handelsgericht Wien (Austria), destinada a obtener, en
                                                                            el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Cura
                                                                            Anlagen GmbH y Auto Service Leasing GmbH (ASL), una
                                                                            decisión prejudicial sobre la interpretación de los artı́-
No obstante, corresponde, en su caso, al juez nacional que conoce de        culos 49 CE a 55 CE, ası́ como del artı́culo 28 CE, el Tribunal
los litigios en el marco de la aplicación de dichas disposiciones, por     de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. S. von Bahr,
una parte, comprobar que las legislaciones nacionales aplicadas en          Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la
ese marco lo son de manera conforme con los artı́culos 48 y 52 del          Sala Quinta, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet
Tratado CE (actualmente artı́culos 39 CE y 43 CE, tras su                   (Ponente) y C.W.A. Timmermans, Jueces; Abogado General:
modificación), en particular que la legislación nacional cuyos requisi-   Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario
tos de aplicación se impugnan conlleva efectivamente una protección       adjunto, ha dictado el 21 de marzo de 2002 una sentencia
social para el trabajador interesado y, por otra, comprobar si es           cuyo fallo es el siguiente:
preciso excluir excepcionalmente la aplicación de dichas disposiciones
a iniciativa del trabajador interesado cuando le hagan perder una
ventaja de seguridad social de la que disponı́a inicialmente en virtud      Las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre prestación de
de un Convenio de seguridad social vigente entre dos o más Estados         servicios (artı́culos 49 CE a 55 CE) se oponen a la legislación de un
miembros.                                                                   Estado miembro, como la legislación controvertida en el litigio
                                                                            principal, que obliga a una empresa establecida en ese Estado
                                                                            miembro, que toma en leasing un vehı́culo matriculado en otro
                                                                            Estado miembro, a matricularlo en el primer Estado miembro para
(1) DO C 366 de 18.12.1999.                                                 poder utilizarlo más allá de un perı́odo de tiempo de tal brevedad, en
                                                                            este caso tres dı́as, que hace imposible o excesivamente difı́cil cumplir
                                                                            las obligaciones impuestas. Las mismas disposiciones del Tratado se
                                                                            oponen a la legislación de un Estado miembro, como la legislación
                                                                            controvertida en el litigio principal, que obliga a una empresa
                                                                            establecida en ese Estado miembro, que toma en leasing un vehı́culo


title: Asunto T-166/08: Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2008 — Ivanov/Comisión

text:
               19.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/23

         Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2008 — Ivanov/Comisión
   (Asunto T-166/08)
   (2008/C 183/46)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Vladimir Ivanov (Boulougne Billancourt, Francia) (representante: F. Rollinger, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la responsabilidad de la Comisión por haber violado los principios de transparencia, buena administración, no discriminación e igualdad de trato en el marco del procedimiento de selección llevado a cabo a raíz de la convocatoria para proveer el puesto vacante de «Consejero para la fase anterior a la ampliación y Director de asuntos políticos» destinado en Sofía, en mayo de 2003.

               —

               Que se condene a la Comisión a reparar el perjuicio sufrido por la demandante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 288, párrafo segundo del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

               —

               Por consiguiente, que se condene a la parte contraria a pagar a la parte demandante la cantidad de 180 000 euros en concepto de indemnización por el perjuicio que le ha irrogado.

               —

               Así como al pago de una cantidad de 10 000 euros por el perjuicio moral sufrido por la parte demandante.

               —

               Que se condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de las costas y gastos del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   En el año 2003, el demandante había presentado su candidatura para un puesto de agente local, en calidad de «Consejero para la fase anterior a la ampliación» destinado en Sofía. Su candidatura había sido desestimada en la fase preliminar de selección en razón de su doble nacionalidad, francesa y búlgara, ya que tan sólo podían elegirse para el puesto que había de proveerse, a aquellos candidatos que tuvieran la nacionalidad de un Estado miembro.
   A lo largo del procedimiento de selección y después de ser desestimada su candidatura, el demandante solicitó infructuosamente informaciones detalladas a la Comisión acerca del procedimiento y que le expusiere las razones por las que se había desestimado su candidatura. A continuación, el propio demandante recurrió al Defensor del Pueblo Europeo, que afirmó que la Comisión incurrió en una mala administración y violó los principios de no discriminación o de igualdad de trato.
   Mediante el presente recurso, el demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare la responsabilidad extra contractual de la Comisión por violación de los principios de transparencia, de buena administración, de no discriminación y de igualdad de trato en el procedimiento de selección de que se trata.


title: Asunto C-484/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te 's-Gravenhage, en audiencia celebrada en Roermond (Países Bajos) el 31 de octubre de 2007 — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

text:
               12.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 8/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te 's-Gravenhage, en audiencia celebrada en Roermond (Países Bajos) el 31 de octubre de 2007 — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie
   (Asunto C-484/07)
   (2008/C 8/14)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Rechtbank te 's-Gravenhage, en audiencia celebrada en Roermond
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Fatma Pehlivan

      Demandada: Staatssecretaris van Justitie
   Cuestiones prejudiciales

               1a.

               ¿Debe interpretarse el artículo 7, párrafo primero, primer guión, de la Decisión no 1/80 en el sentido de que este artículo ya es aplicable si un miembro de la familia ha vivido de hecho durante tres años con un trabajador turco sin que las autoridades nacionales competentes, durante esos tres años, hayan cuestionado el derecho de residencia del referido miembro de la familia?

               1b.

               ¿Se opone el artículo 7, párrafo primero, primer guión, de la Decisión no 1/80 a que un Estado miembro, durante esos tres años, pueda decidir que, si el miembro de la familia autorizado contrae matrimonio, no se sigan devengando derechos al amparo de dicha disposición, aunque el miembro de la familia continúe residiendo con el trabajador turco?

               2.

               ¿Se opone el artículo 7, párrafo primero, primer guión, o alguna otra disposición de Derecho comunitario y/o principio jurídico a que las autoridades nacionales competentes, tras la expiración de dicho período de tres años, cuestionen con efecto retroactivo el derecho de residencia del referido extranjero basándose en la normativa nacional relativa a la cuestión de si se trata de un miembro de la familia y/o si ha existido residencia legal durante esos tres años?

               3a.

               ¿Es todavía relevante, para responder a las cuestiones anteriores, el hecho de que el extranjero haya ocultado, intencionadamente o no, datos que de cara al derecho de residencia son importantes sobre la base de la normativa nacional? En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué sentido?

               3b.

               ¿Tiene alguna importancia el hecho de que se hayan conocido dichos datos en el período de tres años antes mencionado o tan sólo tras la expiración de esos tres años? Asimismo, si se toma en consideración que las autoridades nacionales competentes, tras conocer dichos datos, posiblemente tengan que realizar todavía una investigación ¿más detallada? antes de poder tomar una decisión. De ser así, ¿en qué sentido?


title: Asunto T-136/02: Recurso interpuesto el 18 de abril de 2002 por Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A. contra la Comisión de las Comunidades europeas

text:
29.6.2002               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 156/37
Motivos y principales alegaciones                                       Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su recurso, el demandante invoca la infracción
del artı́culo 45, apartado 1, del Estatuto, la violación del           La decisión de la Comisión contra la que se dirige el presente
principio de no discriminación y la existencia de un error             recurso es la misma que la impugnada en le asunto T-109/02
manifiesto de apreciación. Afirma que un examen objetivo de            Bolloré/Comisión (1). En esta decisión, la Comisión imputa a la
los méritos respectivos de todos los funcionarios que podı́an           demandante haber participado en las reuniones nacionales del
aspirar a la promoción no permitı́a excluir al demandante.             cártel euroepo clandestino en el entorno de la Asociación
                                                                        Europea de Frabricantes de Papel Autocopiativo (AEMCP), la
                                                                        adopción y aplicación concertada de subidas de precios, el
                                                                        reparto de cuotas de ventas y de mercado en el sector del papel
                                                                        autocopiativo, ası́ como el establecimiento de mecanismos de
                                                                        control.
Recurso interpuesto el 18 de abril de 2002 por Papelera
                                                                        En apoyo de sus pretensiones la demandante alega la violación
Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A. contra la Comisión de las               de los principios de presunción de inocencia y de carga de la
                     Comunidades europeas
                                                                        prueba. Se niega, a este respecto, que la demandante haya
                                                                        participado en las reuniones orientadas a la organización del
                        (Asunto T-136/02)                               cártel europeo. Se resalta el hecho de que la institución
                                                                        demandada ha ignorado, no sólo que la demandante no
                         (2002/C 156/68)                                pertenece a la AEMCP, sino que esta asociación no posee los
                                                                        datos relativos a los precios y volúmenes de venta de la propia
                                                                        demandante
                 (Lengua de procedimiento: español)
                                                                        Por lo que respecta a la multa impuesta a la demandante, se
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  solicita una reducción mı́nima del 60 % de su importe. Aparte
europeas se ha presentado, el 18 de abril de 2002 un recurso            de lo ya expuesto en el apartado anterior, se insiste en que las
contra la Comisión de las Comunidades europeas formulado               infracciones imputadas lo son por un periodo de tiempo
por Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A., con domicilio en           inferior a un año.
Hernani (Guipúzcoa, España), representado por el letrado en
ejercicio D. Iñigo Quintana Aguirre.
                                                                        (1) Aún no publicado en el DOCE.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
—     anule la decisión dictada por la Comisión europea
      con fecha 20 de diciembre de 2001 relativa a un
      procedimiento de aplicación del artı́culo 81 del Tratado
      CE y del artı́culo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMPE/E/
      1/36.212 Papel autocopiativo, en el Artı́culo 1 en cuanto
      a la participación de Zicuñaga en la infracción y en           Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2002 por Armin
      cuanto a la duración de la misma; Artı́culo 3 en relación       Petrich contra la Comisión de las Comunidades Europeas
      a la multa impuesta y el Artı́culo 4;
—     con carácter subsidiario, que proceda a mitigar la sanción                             (Asunto T-145/02)
      impuesta a la demandante en la decisión impugnada por
      los siguientes conceptos:
                                                                                (2002/C 156/69)
      a)    anulación de la aplicación del agravante del 10 %
            aplicada por la Comisión, por no poder ser imputada                         (Lengua de procedimiento: francés)
            una duración superior a un año;
      b)    reducción substancial (mı́nima del 60 %) de la
            sanción base impuesta por concurrir las circunstan-
            cias de mitigación que se han señalado;                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 8 de mayo de 2002 un recurso
      c)    imposición de las costas a la demandada, incluidos         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
            gastos e intereses devengados por los avales presen-        por el Sr. Armin Petrich, con domicilio en Travemünde
            tados, derivados de la tramitación de todo el procedi-     (Alemania), representado por Me Patrick Goergen, abogado,
            miento.                                                     que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto F-69/14: Auto del Tribunal de la Función Pública de 13 de julio de 2015 — Carreira/AEMF

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/62

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 13 de julio de 2015 — Carreira/AEMF
   (Asunto F-69/14) (1)

   (2015/C 279/81)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 380 de 27.10.2014, p. 27.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 17 de junio de 1998 en el asunto C-214/97: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa (Incumplimiento de Estado - Directiva 75/440/CEE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido)

text:
15.8.98               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 258/11
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               del Tratado CE, por el Schleswig-Holsteinisches Oberver-
                          (Sala Sexta)                              waltungsgericht (Alemania), destinada a obtener, en el liti-
                                                                    gio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Wil-
                    de 17 de junio de 1998                          helm Mecklenburg y Kreis Pinneberg Ð Der Landrat, en
en el asunto C-68/96 (petición de decisión prejudicial              el que interviene el Vertreter des öffentlichen Interesses,
planteada por el Tribunale di Trento): Grundig Italiana             Kiel, una decisión prejudicial sobre la interpretación de la
            SpA contra Ministero delle Finanze (1)                  letra a) del artículo 2 y del tercer guión del apartado 2 del
                                                                    artículo 3 de la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7
(Impuesto nacional sobre los productos audiovisuales y
                                                                    de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la informa-
foto-ópticos Ð Tributo interno Ð Posible incompatibili-
                                                                    ción en materia de medio ambiente (DO L 158 de
              dad con el Derecho comunitario)
                                                                    23.6.1990, p. 56), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), inte-
                         (98/C 258/19)                              grado por los Sres.: H. Ragnemalm, Presidente de Sala; R.
                                                                    Schintgen (Ponente), G. F. Mancini, J. L. Murray y G.
             (Lengua de procedimiento: italiano)                    Hirsch, Jueces; Abogado General: Sr. A. La Pergola; Secre-
                                                                    taria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora princi-
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
                                                                    pal; ha dictado el 17 de junio de 1998 una sentencia cuyo
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                    fallo es el siguiente:
                          de Justicia»)
                                                                    1) La letra a) del artículo 2 de la Directiva 90/313/CEE
En el asunto C-68/96, que tiene por objeto una petición
                                                                         del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                                                                         acceso a la información en materia de medio ambiente,
del Tratado CE, por el Tribunale di Trento, destinada a
                                                                         debe interpretarse en el sentido de que se aplica a un
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdic-
                                                                         informe emitido por la autoridad competente en mate-
cional entre Grundig Italiana SpA y Ministero delle
                                                                         ria de ordenación paisajística en el marco de su partici-
Finanze, una decisión prejudicial sobre la interpretación
                                                                         pación en un procedimiento de aprobación de un plan
del artículo 95 del Tratado CE, el Tribunal de Justicia
                                                                         de construcción, siempre que ese informe, en lo que
(Sala Sexta), integrado por los Sres.: H. Ragnemalm, Presi-
                                                                         atanÄe a los intereses de la protección del medio
dente de Sala; G. F. Mancini y J. L. Murray (Ponente), Jue-
                                                                         ambiente, pueda influir en la decisión de aprobación
ces; Abogado General: Sr. C. O. Lenz; Secretaria: Sra. L.
                                                                         de dicho plan.
Hewlett, administradora, ha dictado el 17 de junio de
1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                      2) El concepto de «investigación preliminar», que figura
                                                                         en el tercer guión del apartado 2 del artículo 3 de la
El artículo 95 del Tratado CE debe interpretarse en el sen-
                                                                         Directiva, debe interpretarse en el sentido de que sólo
tido de que se opone a que un Estado miembro establezca
                                                                         comprende un procedimiento administrativo, como el
y perciba un impuesto sobre el consumo en la medida en
                                                                         contemplado en el punto 2 del apartado 1 del
que la base imponible y las modalidades de percepción del
                                                                         apartado 7 de la Umweltinformationsgesetz, que se
impuesto son diferentes para los productos nacionales y
                                                                         limita a preparar una medida administrativa, en el
para los productos importados de otros Estados miem-
                                                                         supuesto de que preceda inmediatamente a un procedi-
bros.
                                                                         miento judicial o cuasijudicial y obedezca a la necesi-
                                                                         dad de recabar pruebas o de instruir diligencias antes
(1) DO C 133 de 4.5.1996.
                                                                         de que se inicie la fase procesal propiamente dicha.
                                                                    (1) DO C 354 de 23.11.1996.
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                          (Sala Sexta)
                    de 17 de junio de 1998                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL
en el asunto C-321/96 (petición de decisión prejudicial                                       (Sala Sexta)
planteada por el Schleswig-Holsteinisches Oberverwal-                                   de 17 de junio de 1998
tungsgericht): Wilhelm Mecklenburg contra Kreis Pinne-
berg Ð Der Landrat, en el que interviene el Vertreter des           en el asunto C-214/97: Comisión de las Comunidades
                öffentlichen Interesses, Kiel (1)                              Europeas contra RepuÂblica Portuguesa (1)
(Medio ambiente Ð Acceso a la información Ð Directiva               (Incumplimiento de Estado Ð Directiva 75/440/CEE Ð
90/313/CEE Ð Medida administrativa de gestión del                   No adaptación del Derecho interno dentro del plazo esta-
        medio ambiente Ð Investigación preliminar)                                              blecido)
                         (98/C 258/20)                                                       (98/C 258/21)
             (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                                 (Lengua de procedimiento: portugueÂs)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-         (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal         caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                          de Justicia»)                                                       de Justicia»)
En el asunto C-321/96, que tiene por objeto una petición            En el asunto C-214/97, Comisión de las Comunidades
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177       Europeas (Agente: Sr. Francisco de Sousa Fialho) contra
 ---pagebreak--- C 258/12               ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     15.8.98
RepuÂblica Portuguesa (Agentes: Sres. Luís Fernandes y                  tiva 76/464/CEE (1) del Consejo, de 4 de mayo de
JoaÄo Lopes Fernandes), que tiene por objeto que se                     1976, relativa a la contaminación causada por deter-
declare, con caraÂcter principal, que la RepuÂblica Portu-              minadas sustancias peligrosas vertidas en el medio
guesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en                 acuaÂtico de la Comunidad, y del artículo 189 del Tra-
virtud del paÂrrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE             tado CE, al no haber adaptado suficientemente su
y de las disposiciones de la Directiva 75/440/CEE del Con-              Derecho interno a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 7
sejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad reque-              de dicha Directiva.
rida para las aguas superficiales destinadas a la producción
de agua potable en los Estados miembros (DO L 194 de
25.7.1975, p. 26; EE 15/01, p. 123), por no haber estable-         2) Condene al Reino de los Países Bajos al pago de las
cido un plan de acción sistemaÂtico que incluya un calenda-             costas del procedimiento.
rio para el saneamiento de las aguas superficiales, y, con
caraÂcter subsidiario, por no haber informado inmediata-
mente a la Comisión sobre tales medidas, el Tribunal de            Motivos y principales alegaciones
Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres.: H. Ragne-
malm, Presidente de Sala; G. F. Mancini, J. L. Murray, G.
Hirsch y K. M. Ioannou (Ponente), Jueces; Abogado Gene-            La Comisión estima que los Países Bajos han infringido la
ral: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass,         Directiva 76/464/CEE (en lo sucesivo, «Directiva»), al no
ha dictado el 17 de junio de 1998 una sentencia cuyo fallo         haber establecido objetivos de calidad para determinadas
es el siguiente:                                                   sustancias a las que se refiere la Directiva.
1) Se declara que la RepuÂblica Portuguesa ha incumplido           Ð Objetivos de calidad para las sustancias del primer
     las obligaciones que le incumben en virtud del                     guión de la Lista II del Anexo de la Directiva: El hecho
     apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 75/440/CEE               de que no se hayan determinado valores límite comu-
     del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la cali-           nitarios para un nuÂmero determinado de categorías y
     dad requerida para las aguas superficiales destinadas a            grupos de sustancias de la Lista I del Anexo de la
     la producción de agua potable en los Estados miem-                 Directiva significa que dichas sustancias estaÂn com-
     bros, por no haber establecido un plan de acción siste-            prendidas en el aÂmbito de aplicación de la Lista II del
     maÂtico que incluya un calendario para el saneamiento              Anexo. Por consiguiente, de la expresión «[¼] sustan-
     de las aguas superficiales.                                        cias enumeradas en la Lista I para las que no se han
                                                                        determinado los valores límite [¼]» no se puede dedu-
2) Se condena en costas a la RepuÂblica Portuguesa.                     cir que se requiera una comunicación expresa al
                                                                        efecto. Aunque la situación de hecho no fuera clara en
                                                                        lo referente a las iniciativas de la Comisión del Con-
(1) DO C 228 de 26.7.1997.                                              sejo o a si se establecerían o no valores límite específi-
                                                                        cos a nivel comunitario, de ello no se podría en abso-
                                                                        luto sacar la conclusión de que el Estado miembro estaÂ
                                                                        exento de la obligación de establecer programas para
                                                                        dichas categorías o grupos de sustancias, con arreglo a
                                                                        los apartados 1, 2 y 3 del artículo 7 de la Directiva.
Recurso interpuesto el 17 de abril de 1998 contra Reino
de los Países Bajos por Comisión de las Comunidades                     La fijación de normas de emisión con base en las teÂcni-
                           Europeas                                     cas de aplicación maÂs apropiada no satisface la exigen-
                      (Asunto C-152/98)                                 cia de seguridad jurídica que se requiere para adaptar
                                                                        el Derecho interno a Directivas.
                         (98/C 258/22)
                                                                   Ð Objetivos de calidad para las sustancias del segundo
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se               guión de la Lista II del Anexo de la Directiva: Los Paí-
ha presentado el 17 de abril de 1998 un recurso contra                  ses Bajos no han establecido objetivos de calidad para
Reino de los Países Bajos formulado por Comisión de las                 la cuarta categoría enumerada en dicha Lista [com-
Comunidades Europeas, representada por el Sr. H. van                    puestos organosilícicos ¼] y para determinadas sus-
Lier, Consejero Jurídico de la Comisión, en calidad de                  tancias de la primera categoría [titanio, boro, uranio,
Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el                     teluro y plata]. Eventuales objeciones de índole praÂc-
despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servi-                tica no suprimen, sin embargo, la obligación jurídica
cio Jurídico, Centre Wagner.                                            de adaptar el Derecho interno a la Directiva, y ello
                                                                        tanto maÂs cuanto que en otros Estados miembros se
                                                                        pudo cumplir esta obligación.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que:
                                                                   (1) DO L 129 de 18.5.1976, p. 23; EE 15/01, p. 165.
1) Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido
     las obligaciones que le incumben en virtud de la Direc-


title: Asunto C-570/14: Petición de decisión prejudicial presentada por EL Juzgado Mercantil N ° 3 de Barcelona (España) el 9 de diciembre de 2014 — Nuria Robirosa Carrera y César Romera Navales/Banco Popular Español, S.A.

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/36

         Petición de decisión prejudicial presentada por EL Juzgado Mercantil No 3 de Barcelona (España) el 9 de diciembre de 2014 — Nuria Robirosa Carrera y César Romera Navales/Banco Popular Español, S.A.
   (Asunto C-570/14)
   (2015/C 046/42)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado Mercantil de Barcelona

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Nuria Robirosa Carrera y César Romera Navales

      Demandada: Banco Popular Español, S.A.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que impide al juez plantear a las partes una posible suspensión del procedimiento civil cuando se haya planteado por otro juzgado o tribunal una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no supondría una limitación clara a lo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE (1), en cuanto al deber de los Estados miembros de velar por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

               2)

               Si el artículo 721.2 de la LEC española, que impide al juez adoptar o sugerir de oficio la adopción de medidas cautelares en procedimientos individuales en los que se plantee la nulidad por abusiva de una condición general, no supondría una limitación clara a lo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE, en cuanto al deber de los Estados miembros de velar por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

               3)

               Si las medidas cautelares que pudieran adoptarse, bien de oficio bien a instancia de parte, en el marco de un procedimiento en el que se ejercite una acción individual, no debería extender sus efectos hasta que haya un pronunciamiento definitivo bien en el procedimiento individual, bien en un procedimiento colectivo que interfiriera en el ejercicio de las acciones individuales, con el fin de garantizar los medios adecuados y eficaces que prevé el mencionado artículo 7 de la citada directiva.

      (1)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. DO L 95, p. 29


title: Asunto T-195/07: Recurso interpuesto el 5 de junio de 2007 — Lafarge Cement SA/Comisión

text:
               21.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 170/37

         Recurso interpuesto el 5 de junio de 2007 — Lafarge Cement SA/Comisión
   (Asunto T-195/07)
   (2007/C 170/71)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Partes

      Demandante: Lafarge Cement SA (representantes: P.K. Rosiak, asesora jurídica, y F. Puel, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión de 26 de marzo de 2007 relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero presentado por Polonia, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita la anulación de la decisión de la Comisión Europea K(2007) 1295, en su última versión de 26 de marzo de 2007, relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero presentado por Polonia de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), mediante la cual la Comisión declaró que determinados aspectos del plan nacional de asignación de derechos de emisión de CO2 para el período 2008-2012, notificado a la Comisión el 30 de junio de 2006, no se ajustaban a los artículos 9, apartados 1 y 3, 10 y 13, apartado 2, ni a los criterios enunciados en el anexo III de la Directiva 2003/87/CE. La decisión impugnada reduce en un 26,7 % el límite de emisión de dióxido de carbono correspondiente al período 2008-2012 con respecto al límite propuesto por Polonia en su plan nacional de asignación de derechos de emisión notificado a la Comisión.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que la decisión impugnada se adoptó una vez expirado el plazo de tres meses previsto en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE. Por consiguiente, la demandante considera que el 26 de marzo de 2007, la Comisión no podía legítimamente adoptar la decisión impugnada o, al menos, incumplió al hacerlo un requisito esencial del procedimiento.
   En segundo lugar, la demandante imputa a la Comisión la infracción de los criterios primero y segundo del anexo III de la Directiva 2003/87/CE, al reducir sin motivo la asignación de derechos de emisión elaborada por Polonia a un nivel sensiblemente inferior con respecto al inicialmente notificado, que se ajustaba a las obligaciones contraídas por Polonia en virtud del Protocolo de Kyoto.
   La demandante sostiene asimismo que, al adoptar la decisión impugnada, la Comisión infringió las disposiciones del artículo 9, apartado 3, en relación con el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE, así como el principio de las expectativas legítimas y el de cooperación, puesto que, en lugar de ejercer las competencias limitadas que se enuncian en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE, aplicó en la decisión impugnada, sin tener en cuenta la metodología que figura en el PNADE II, su propio método para determinar los derechos de emisión medios anuales máximos asignados a Polonia y se lo impuso a ésta usurpando una competencia conferida por la Directiva al Estado miembro. Según la demandante, la Comisión violó el principio de cooperación entre las instituciones comunitarias y los órganos de los Estados miembros al no informar a Polonia de que había aplicado un modelo económico propio antes de la adopción de la decisión impugnada, lo que privó a Polonia y a los empresarios interesados de la posibilidad de formular sus observaciones acerca de su utilidad y de impugnar, en su caso, los datos y principios que sirvieron de base a las decisiones de la Comisión.
   En cuarto lugar, la demandante alega que la Comisión infringió el tercer criterio enunciado en el anexo III de la Directiva 2003/87/CE al utilizar en la decisión impugnada datos obsoletos relativos al aumento previsto del PNB, al basarse en datos demasiado generales para calcular el índice de emisión de CO2 y al reducir arbitrariamente el índice anual de emisión de CO2 en un 2,5 % adicional.
   Por último, la demandante expone que la decisión impugnada no está suficientemente motivada e infringe por ello el artículo 253 CE.

      (1)  Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32).