title: Asunto T-140/14: Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2014 — Bora Creations/OAMI (gel nails at home)

text:
               5.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 135/56

         Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2014 — Bora Creations/OAMI (gel nails at home)
   (Asunto T-140/14)
   2014/C 135/73
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Bora Creations, SL (Ceuta, España) (representantes: R. Lange, G. Hild y E. Schalast, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 5 de diciembre de 2013 en el asunto R 450/2013-1.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «gel nails at home» para productos de las clases 3, 8, 11 y 21 — Solicitud de marca comunitaria no 11 331 634

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados:

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-513/14: Recurso interpuesto el 7 de julio de 2014 — GreenPack/OAMI (greenpack)

text:
               8.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 303/48

         Recurso interpuesto el 7 de julio de 2014 — GreenPack/OAMI (greenpack)
   (Asunto T-513/14)
   2014/C 303/56
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: GreenPack GmbH (Hennigsdorf, Alemania) (representante: P. Ruess y A. Doepner-Thiele, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 29 de abril de 2014 en el asunto R 2324/2013-1.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «greenpack» para productos de la clase 9 — Solicitud de marca comunitaria no 1 1 9 26  706

      Resolución del examinador: Denegación del registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados:

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-340/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 14 de julio de 2014 — R.L. Trijber, empresario, que opera con el nombre comercial de Amstelboats/Collegue van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

text:
               29.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 339/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 14 de julio de 2014 — R.L. Trijber, empresario, que opera con el nombre comercial de Amstelboats/Collegue van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
   (Asunto C-340/14)
   2014/C 339/09
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: R.L. Trijber, empresario, que opera con el nombre comercial de Amstelboats

      Demandada: Collegue van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Constituye el transporte de pasajeros en una embarcación abierta por las vías navegables de Ámsterdam, con el objetivo primordial de ofrecer, a cambio del pago de una cantidad, excursiones y el alquiler de tal embarcación para la celebración de fiestas, tal como ocurre en el caso de autos, un servicio al que se aplican las disposiciones de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36), a la vista de la excepción establecida en el artículo 2, apartado 2, parte inicial y letra d), de la Directiva 2006/123/CE […] en relación con los servicios en el ámbito del transporte?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1: ¿Es aplicable el capítulo III de la Directiva 2006/123/CE […] a situaciones puramente internas o, en la apreciación de la cuestión de si este capítulo es aplicable, ha de atenderse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios en situaciones puramente internas?

               3)

               En caso de que se responda a la cuestión 2 que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios en una situación puramente interna ha de aplicarse en el examen de la cuestión de si es aplicable el capítulo III de la Directiva 2006/123/CE […]:

                           a)

                           ¿Debe aplicar el juez nacional las disposiciones establecidas en el capítulo III de la Directiva 2006/123/CE […] en una situación como la de autos, en la que el prestador de servicios no ha constituido un establecimiento transfronterizo ni presta servicios transfronterizos, pese a lo cual invoca dichas disposiciones?

                           b)

                           ¿Es pertinente para la respuesta a dicha cuestión el hecho de que quepa prever que los servicios se prestarán primordialmente a residentes en los Países Bajos?

                           c)

                           Para responder a dicha cuestión, ¿ha de determinarse si las empresas establecidas en otros Estados miembros han mostrado o mostrarán un interés efectivo en prestar estos mismos servicios o servicios comparables?

               4)

               ¿Se desprende del artículo 11, apartado 1, parte inicial y letra b), de la Directiva 2006/123/CE […] que si el número de autorizaciones disponibles es limitado por una razón imperiosa de interés general, la duración de las autorizaciones deberá también limitarse, habida cuenta igualmente de los objetivos de la Directiva 2006/123/CE […] consistentes en hacer realidad el libre acceso al mercado de servicios, o bien esta apreciación corresponde a la autoridad competente del Estado miembro?


title: Asunto C-316/08: Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell’economia e delle Finanze

text:
               22.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 134/28

         Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell’economia e delle Finanze
   (Asunto C-316/08) (1)

   2010/C 134/44

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 260, de 11.10.2008.


title: Asunto T-158/11: Recurso interpuesto el 10 de marzo 2011 — Magnesitas de Rubián y otros/Parlamento y Consejo

text:
               7.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 139/25

         Recurso interpuesto el 10 de marzo 2011 — Magnesitas de Rubián y otros/Parlamento y Consejo
   (Asunto T-158/11)
   2011/C 139/48
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandantes: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, España), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, España), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atenas, Grecia) (representantes: H. Brokelmann, P. Martínez-Lage Sobredo, abogados)

      Demandadas: Parlamento, Consejo

      Pretensiones

   El objeto del presente procedimiento es la anulación de la decisión individual contenida en el artículo 13.7 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (DOUE L 334, p. 17), en la medida en que crea la obligación a cargo de los Estados miembros de respetar las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles contenidas en el apartado 3.5 del «Documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles en la industria de fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio» (DOUE C 166, p. 5), en las condiciones de los permisos que las autoridades competentes otorguen a las instalaciones de fabricación de óxido de magnesio sometidas a permiso en virtud de la citada Directiva.
   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               con carácter principal, se anule la decisión impugnada

               —

               subsidiariamente, y para el supuesto de que el Tribunal no anulara dicha decisión en relación con el apartado 3.5 del Documento de Referencia en su totalidad, se la anule en todo caso en relación con el apartado 3.5.5.4 del mismo, incluidos en particular los valores de emisión establecidos en la tabla 3.11. y

               —

               en cualquier caso, se condene al Parlamento Europeo y al Consejo al pago de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la falta de competencia de la Comisión Europea.
               Se afirma a este respecto que la Unión Europea carecía de competencia para incluir la fabricación de óxido de magnesio en el Documento de Referencia.

               2)

               Segundo motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma, y en concreto:

                           —

                           La falta de comunicación a las demandantes de la apertura del procedimiento de elaboración del Documento de Referencia y su participación tardía en el mismo.

                           —

                           La ausencia en el Documento de Referencia de las «split views» presentadas por los demandantes.

                           —

                           El incumplimiento del plazo establecido para el análisis del borrador final del Documento de Referencia.

               3)

               Tercer motivo, basado en la violación del artículo 1 de la Directiva 2008/1/CE relativa a la presentación y al control integrados de la contaminación.
               Se afirma a este respecto que el Documento de Referencia infringe el objetivo declarado en el artículo 1 de la citada Directiva, consistente en la protección del medio ambiente considerado en su conjunto, de manera que también lo infringen las conclusiones contenidas en el apartado 3.5 de dicho documento, que la decisión impugnada convierte en vinculantes.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la violación del principio general de igualdad de trato, al tratar la decisión recurrida de la misma manera a empresas que se encuentran en situaciones dispares.


title: Asunto T-318/01: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de junio de 2009 — Othman/Consejo y Comisión ( Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra las personas y entidades vinculadas a Usamah bin Ladin, la red Al Qaida y los talibanes — Congelación de fondos — Recurso de anulación — Adaptación de las pretensiones — Derechos fundamentales — Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y al control judicial efectivo )

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/37

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de junio de 2009 — Othman/Consejo y Comisión
   (Asunto T-318/01) (1)

   («Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas contra las personas y entidades vinculadas a Usamah bin Ladin, la red Al Qaida y los talibanes - Congelación de fondos - Recurso de anulación - Adaptación de las pretensiones - Derechos fundamentales - Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y al control judicial efectivo»)
   2009/C 180/66
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Omar Mohammed Othman (Londres, Reino Unido) (representantes: inicialmente, J. Walsh, Barrister, y F. Lindsley y S. Woodhouse, Solicitors, y posteriormente S. Cox, Barrister, y H. Miller, Solicitor)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente, M. Vitsentzatos y M. Bishop, y posteriormente M. Bishop y E. Finnegan, agentes), y Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente, A. van Solinge y C. Brown, y posteriormente E. Paasivirta y P. Aalto, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: inicialmente, J. Collins, posteriormente C. Gibbs, más tarde E. O’Neill, y por último I. Rao, agentes, asistidos inicialmente S. Moore, y posteriormente M. Hoskins, Barristers)

      Objeto

   Inicialmente, solicitud de anulación, por una parte, del Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, de 6 de marzo de 2001, por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, y se deroga el Reglamento (CE) no 337/2000 (DO L 67, p. 1), y, por otra, del Reglamento (CE) no 2062/2001 de la Comisión, de 19 de octubre de 2001, que modifica por tercera vez el Reglamento no 467/2001 (DO L 277, p. 25), y, posteriormente, la anulación del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento no 467/2001 (DO L 139, p. 9), en la medida en que dichos actos afectan al demandante.

      Fallo

               1)

               Sobreseer las pretensiones de anulación del Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, de 6 de marzo de 2001, por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, y se deroga el Reglamento (CE) no 337/2000, y del Reglamento (CE) no 2062/2001 de la Comisión, de 19 de octubre de 2001, que modifica por tercera vez el Reglamento no 467/2001.

               2)

               Anular el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento no 467/2001, en la medida en que afecta al Sr. Omar Mohammed Othman.

               3)

               Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar, además de con sus propias costas, con las costas causadas por el Sr. Othman, así como con las cantidades anticipadas por la caja del Tribunal de Primera Instancia en concepto de asistencia jurídica gratuita.

               4)

               La Comisión de las Comunidades Europeas y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 68, de 16.3.2002.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 2000 en el asunto T-188/98, Aldo Kuĳer contra Consejo de la Unión Europea (Transparencia — Decisión 93/731/CE del Consejo, relativa al acceso del público a los documentos del Consejo — Desestimación de una solicitud de acceso — Protección del interés público — Relaciones internacionales — Obligación de motivación — Acceso parcial)

text:
24.6.2000                  ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 176/21
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 11 de mayo de 2000
                        de 6 de abril de 2000
                                                                          en el asunto T-34/99, Philippe Pipeaux contra Parlamento
                                                                                Europeo (1)
en el asunto T-188/98, Aldo Kuijer contra Consejo de la
                           Unión Europea (1)                             (Funcionarios — Cura de talasoterapia — Denegación de
                                                                                autorización previa — Motivación)
(Transparencia — Decisión 93/731/CE del Consejo, relativa                                         (2000/C 176/36)
al acceso del público a los documentos del Consejo —
Desestimación de una solicitud de acceso — Protección del
interés público — Relaciones internacionales — Obligación                                (Lengua de procedimiento: francés)
                 de motivación — Acceso parcial)
                                                                          En el asunto T-34/99, Philippe Pipeaux, funcionario del
                                                                          Parlamento Europeo, con domicilio en Mensdorf (Luxem-
                            (2000/C 176/35)                               burgo), representado por Me L. Vogel, Abogado de Bruselas,
                                                                          que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
                                                                          Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contra Parlamento
                                                                          Europeo (Agente: Sr. M. Moore), que tiene por objeto un
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                      recurso de anulación de la decisión de la Oficina liquidadora
                                                                          de Luxemburgo de 6 de marzo de 1998 por la que se deniega
                                                                          la solicitud de autorización previa para seguir una cura termal
                                                                          presentada por el demandante, el Tribunal de Primera Instancia
En el asunto T-188/98, Aldo Kuijer, con domicilio en Utrecht              (órgano unipersonal), integrado por el Sr. A. Potocki, que actúa
(Paı́ses Bajos), representado por los Sres. O.W. Brouwer y                como órgano unipersonal; Secretario: Sr. J. Palacio González,
F.P. Louis, Abogados de Bruselas, asistidos por la Sra. D. Cur-           administrador, ha dictado el 11 de mayo de 2000 una
tin, Profesora de la Universidad de Utrecht, que designa como             sentencia cuyo fallo es el siguiente:
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. M. Loesch,
Abogado, 11, rue Goethe, contra Consejo de la Unión Europea              1) Se desestima el recurso.
(Agentes: Sres. M. Bauer y M. Bishop), que tiene por objeto una
demanda de anulación de la Decisión del Consejo de 28 de                2) Cada parte cargará con sus propias costas.
septiembre de 1998, modificada por la Decisión de 18 de
mayo de 1999, por la que se deniega al demandante el acceso
a determinados documentos, el Tribunal de Primera Instancia               (1) DO C 136 de 15.5.99.
(Sala Cuarta), integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presi-
dente, la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretario:
Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 6 de abril
de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1) Se anula la Decisión del Consejo de 28 de septiembre de 1998,             AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
     modificada por la Decisión de 18 de mayo de 1999, por la que
     se deniega al demandante el acceso a determinados informes                                de 28 de enero de 2000
     elaborados por el Centro de Información, Discusión e Intercambio
     de Datos en Materia de Asilo y a determinados informes de            en el asunto T-96/98, Bureau européen des unions des
     misiones comunes, o de misiones efectuadas por los Estados           consommateurs (BEUC) contra Comisión de las Comuni-
     miembros y trasmitidos a este último, y a la lista de personas de                           dades Europeas (1)
     contacto que se ocupan, en los Estados miembros, de las
     solicitudes de asilo.                                                (Procedimiento antidumping — Asociación de consumidores
                                                                          — Negativa a reconocer la condición de interesado —
                                                                          Recurso de anulación — No adopción del Reglamento
2) Se condena al Consejo al pago de las costas del demandante                               definitivo — Sobreseimiento)
     además de sus propias costas.
                                                                                (2000/C 176/37)
(1) DO C 71 de 13.3.1999.                                                                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                          En el asunto T-96/98, Bureau européen des unions des
                                                                          consommateurs (BEUC), establecida en Bruselas, representada
                                                                          por el Sr. B. O’Connor, Solicitor, y el Sr. B. Garcı́a Porras,
                                                                          Abogado de Salamanca (España), que designa como domicilio


title: Asunto C-10/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de marzo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Finlandia (Tributación en Finlandia de los vehículos usados importados desde otros Estados miembro — Conformidad de la normativa nacional con el artículo 90 CE, párrafo primero, la Sexta Directiva IVA y la Directiva 2006/112/CE)

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de marzo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Finlandia
   (Asunto C-10/08) (1)

   (Tributación en Finlandia de los vehículos usados importados desde otros Estados miembro - Conformidad de la normativa nacional con el artículo 90 CE, párrafo primero, la Sexta Directiva IVA y la Directiva 2006/112/CE)
   2009/C 113/17
   Lengua de procedimiento: finés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: I. Koskinen y D. Triantafyllou, agentes)

      Demandada: República de Finlandia (representante: J. Heliskoski, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículo 90 CE y 17, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1), actualmente los artículos 167 y 168 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Normativa nacional por la que se establece un impuesto sobre el valor añadido sobre el impuesto de matriculación y un derecho a deducir las cantidades correspondientes del impuesto sobre el valor añadido devengado — Aplicación de un valor fiscal idéntico a los vehículos de menos de tres meses de antigüedad y a los vehículos nuevos — Aplicación de un tipo de depreciación del 0,8 % por mes a los vehículos de menos de seis meses cuando no existan vehículos similares en el mercado nacional.

      Fallo

               1)

               La República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 90 CE, párrafo primero, así como del artículo 17, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, recogidos en los artículos 167 y 168 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al permitir que el impuesto previsto en el artículo 5, de la Ley no 1482/1994 relativa al impuesto sobre los vehículos [autoverolaki (1482/1994)], de 29 de diciembre de 1994, se deduzca del impuesto sobre el valor añadido, con arreglo al artículo 102, apartado 4, párrafo primero, de la Ley no 1501/1993 relativa al impuesto sobre el valor añadido [arvonlisäverlolaki (1501/1993)], de 30 de diciembre de 1993.

               2)

               La República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 90 CE, párrafo primero, al mantener, en la imposición de los vehículos, el mismo valor imponible para los vehículos de menos de tres meses de antigüedad y para los vehículos nuevos.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               La República de Finlandia cargará, además de con sus propias costas, con tres cuartas partes de las costas en que haya incurrido la Comisión de las Comunidades Europeas.

               5)

               La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con el resto de las costas en que haya incurrido.

      (1)  DO C 79, de 29.3.2008.


title: Asunto C-132/09: Recurso interpuesto el 6 de abril de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/21

         Recurso interpuesto el 6 de abril de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-132/09)
   2009/C 153/39
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Eggers y J.-P. Keppenne, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que, al rechazar asumir la cobertura financiera de los gastos en mobiliario y material didáctico de las escuelas europeas, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo relativo a la sede de 1962 en relación con el artículo 10 CE.

               —

               Que se condene en costas Reino de Bélgica.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión denuncia un incumplimiento del Acuerdo celebrado, en octubre de 1962, entre el Consejo Superior de las Escuelas Europeas y el Reino de Bélgica, en relación con la negativa de éste a asumir la cobertura financiera de los gastos en mobiliario y material didáctico de las escuelas europeas establecidas en su territorio.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega, en primer lugar, que resulta del artículo 6, párrafo 2, del Convenio por el que se establece el Estatuto de las escuelas europeas, de 21 de junio de 1994, (1) que cada Estado miembro deberá otorgar a las escuelas europeas la consideración de centro docente escolar de Derecho público. En consecuencia, las escuelas europeas deberían ser financiadas por los poderes públicos belgas y gozar de un trato equivalente al de las escuelas públicas nacionales, tanto por lo que se refiere al primer equipamiento ligado a la apertura o a la ampliación de una escuela europea, como a los gastos anuales de mantenimiento y de funcionamiento de estas escuelas. La transferencia, en Bélgica, de la competencia en materia de enseñanza a las comunidades no puede, a este respecto, justificar una negativa de las autoridades belgas a financiar los gastos anuales de funcionamiento de las escuelas europeas, en la medida en que resulta de reiterada jurisprudencia que un Estado miembro no puede eludir las obligaciones que haya contraído delegando el ejercicio de esta competencia a entidades públicas de ámbito inferior al estatal.
   En respuesta a las objeciones formuladas por las autoridades belgas, la Comisión señala, en segundo lugar, que las conclusiones de la reunión del Consejo Superior de las Escuelas Europeas celebrada en Karlsruhe, en mayo de 1967, no ponen en modo alguno en tela de juicio las obligaciones de financiación que vinculan a este Estado en tanto país en el que se encuentra la sede.
   Para empezar, el Consejo Superior, en Karlsruhe, sólo elaboró las líneas directrices para un modelo de acuerdo básico con los Estados miembros que sean sede de las escuelas europeas y, en cualquier caso, no tiene ninguna competencia, habida cuenta de la jerarquía de normas, para modificar el Acuerdo relativo a la sede de 1962.
   A continuación, esta «decisión» de Karlsruhe en modo alguno puede interpretarse como «acuerdo o práctica ulterior de las partes», en el sentido del artículo 31, apartado 3, letras a) y b), del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, por lo que respecta a la interpretación que deba darse al Acuerdo relativo a la sede, a falta de una sucesión de actos o declaraciones constantes que pongan en tela de juicio la obligación de financiación prevista por el Acuerdo relativo a la sede. Numerosos documentos y financiaciones efectuados por Bélgica después de 1967 certifican por lo demás esta obligación de asunción de los gastos en mobiliario y material didáctico para las escuelas europeas.

      (1)  DO L 212, p. 3


title: Sentencia del Tribunal, de 29 de julio de 2016, en el asunto E-25/15 — Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia (Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones — Ayudas estatales — Artículo 14, apartado 3, de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción — No recuperación de una ayuda concedida ilegalmente)

text:
               6.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/12

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 29 de julio de 2016
   en el asunto E-25/15
   Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia
   (Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones — Ayudas estatales — Artículo 14, apartado 3, de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción — No recuperación de una ayuda concedida ilegalmente)
   (2017/C 108/10)
   En el asunto E-25/15, Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia — SOLICITUD de declaración de que, al no haber adoptado en el plazo prescrito todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas estatales declaradas incompatibles con el funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo por los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión n.o 404/14/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 8 de octubre de 2014, sobre el régimen de incentivos a la inversión de Islandia; al no haber anulado en el plazo prescrito los pagos pendientes conforme a lo dispuesto en el artículo 7, tercera frase, de dicha Decisión; y al no haber presentado al Órgano de Vigilancia de la AELC, en el plazo prescrito, la información contemplada en el artículo 8 de dicha Decisión, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 3, de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, y en virtud de los artículos 6, 7 y 8 de la Decisión n.o 404/14/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, el Tribunal de la AELC, integrado por Carl Baudenbacher, Presidente, Per Christiansen (Juez Ponente) y Páll Hreinsson, Jueces, dictó sentencia el 29 de julio de 2016, cuyo fallo es el siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 3, de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, y de los artículos 6, 7 y 8 de la Decisión n.o 404/14/COL del Órgano de Vigilancia, de 8 de octubre de 2014, sobre el régimen de incentivos a la inversión de Islandia, al no haber adoptado, en los plazos prescritos, todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas estatales declaradas incompatibles con el funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo por los artículos 3, 4 y 5 de dicha Decisión, y al no haber cancelado los pagos pendientes conforme a lo dispuesto en el artículo 7, tercera frase, de dicha Decisión y al no haber presentado al Órgano de Vigilancia de la AELC la información contemplada en el artículo 8 de dicha Decisión.

               2.

               Condena en costas a Islandia.


title: Archivo del asunto T-103/02

text:
C 213/44              ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                        6.9.2003
               Archivo del asunto T-35/02 (1)                                            Archivo del asunto T-62/03 (1)
                         (2003/C 213/88)                                                          (2003/C 213/90)
                (Lengua de procedimiento: italiano)                                       (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 8 de abril de 2003, el Presidente de la Sala
Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              Mediante auto de 19 de junio de 2003, el Presidente de la Sala
Europeas ha decidido archivar el asunto T-35/02, Alitalia —               Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Linee Aeree Italiane SpA contra Comisión de las Comunidades               Europeas ha decidido archivar el asunto T-62/03, Georges
Europeas.                                                                 Vassilakis contra Comisión de las Comunidades Europeas.
( 1) DO C 109 de 4.5.02.                                                  (1 ) DO C 101 de 26.4.03.
               Archivo del asunto T-103/02 ( 1)
                                                                                Archivo del asunto T-85/03 (1)
                         (2003/C 213/89)
                                                                                (2003/C 213/91)
                 (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
Mediante auto de 19 de junio de 2003, el Presidente de la Sala
Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Mediante auto de 18 de junio de 2003, el Presidente de la Sala
Europeas ha decidido archivar el asunto T-103/02, Ineos
                                                                          Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Phenol GmbH & Co. KG contra Comisión de las Comunidades
                                                                          Europeas ha decidido archivar el asunto T-85/03, Gobierno
Europeas.
                                                                          de las Islas Caimán contra Comisión de las Comunidades
                                                                          Europeas.
( 1) DO C 156 de 29.6.02.
                                                                          (1 ) DO C 124 de 24.5.03.


title: Asunto T-167/02: Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2002 contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea por Etablissements Toulorge

text:
C 180/32                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     27.7.2002
Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2002 contra la                        Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2002 contra el
Comisión de las Comunidades Europeas por José Pedro                       Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
                           Pessoa e Costa                                                  por Etablissements Toulorge
                        (Asunto T-166/02)
                                                                                (Asunto T-167/02)
                          (2002/C 180/55)
                  (Lengua de procedimiento: francés)                                               (2002/C 180/56)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 28 de mayo de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por José Pedro Pessoa e Costa, con domicilio en Lisboa,
representado por los Sres. Jean-Noël Louis, Etienne Marchat y
Albert Coolen, abogados, que designa domicilio en Luxem-
burgo.                                                                     En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 30 de mayo de 2002 un recurso
                                                                           contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:               Europea formulado por la sociedad Établissements Toulorge,
                                                                           con domicilio social en Bricquebec (Francia), representada por
—      Anule la decisión de la Comisión de 3 de julio de 2001            los Sres. Denis Waelbroek y Dirk Brinckman, abogados.
       de incoar un procedimiento disciplinario contra él.
—      Anule la decisión de la AFPN por la que se anula la
       solicitud del director del OEDT, de 6 de julio de 2001,             La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
       para que se le transfiriera al OEDT, con arreglo al
       artı́culo 29, apartado 1, letra c), del Estatuto.
                                                                           —    Anule la Directiva 2002/2/CE del Parlamento Europeo y
—      Condene en costas a la parte demandada.                                  del Consejo, de 28 de enero de 2002, por la que se
                                                                                modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a
                                                                                la circulación de los piensos compuestos y por la que se
                                                                                deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
                                                                           —    Declare la responsabilidad extracontractual de la Comuni-
En el momento de su reincorporación tras una excedencia                        dad, en tanto que representada por el Consejo y el
voluntaria, el demandante solicitó ser transferido de la Comi-                 Parlamento Europeo, y condene a las demandadas a
sión al Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanı́as                   compensar los daños sufridos por la demandante a causa
(OEDT). La Comisión denegó esta transferencia debido a                        de dicha Directiva.
la incoación de un procedimiento disciplinario contra el
demandante a raı́z de un auto de procesamiento adoptado por
las autoridades portuguesas.                                               —    Condene a las partes a presentar, en un plazo razonable
                                                                                tras la resolución del Tribunal de Primera Instancia, las
                                                                                cifras exactas del daño sobre el que se hayan puesto de
En apoyo de su recurso, el demandante aduce que la decisión                    acuerdo las partes o, faltando dicho acuerdo, condene a
de incoar contra él un procedimiento disciplinario infringe el                  las partes a comunicar al Tribunal de Primera Instancia,
artı́culo 88, párrafo quinto, del Estatuto. Además, el deman-                 en idéntico plazo, información adicional que contenga
dante alega una infracción del principio de presunción de                     cifras exactas.
inocencia, ası́ como una violación del artı́culo 87 del Estatuto,
de los derechos de defensa y de las conclusiones de los Jefes de
Administración no 103 J/77.                                               —    Declare la obligación de pagar un interés anual del 8 % (o
                                                                                a un tipo adecuado determinado por el Tribunal de
                                                                                Primera Instancia) a partir de la fecha de la resolución del
Por último, el demandante sostiene que la decisión de rechazar                Tribunal de Primera Instancia en la que se declare la
su transferencia al OEDT es ilegal en la medida en que se basa                  responsabilidad de la Comunidad y hasta el momento de
en una decisión a su vez ilegal, a saber, la decisión de incoar               pago.
un procedimiento disciplinario.
                                                                           —    Condene en costas a las demandadas.
 ---pagebreak--- 27.7.2002              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 180/33
Motivos y principales alegaciones                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                        que:
La Directiva controvertida establece una obligación a cargo de
los fabricantes de piensos compuestos destinados a animales             —      Anule la resolución de la Sala Tercera de Recursos de la
de producción de proporcionar una indicación cuantitativa                    OAMI de 6 de marzo de 2002;
precisa de todas las materias primas utilizadas en sus produc-
tos, para proteger la salud pública mediante datos que permitan
rastrear mejor los ingredientes. Según la demandante, dicha            —      condene en costas a la demandada.
medida tendrá como efecto la divulgación obligatoria de los
conocimientos técnicos no patentados y de los secretos
comerciales básicos de los fabricantes de piensos compuestos.
En apoyo de su recurso, la demandante alega una violación de
diversos derechos garantizados en el ordenamiento jurı́dico             Motivos y principales alegaciones
comunitario y de los objetivos perseguidos por el Tratado. La
Directiva impugnada es contraria a la protección de una
competencia no falseada y al fomento de la investigación y el          Solicitante de la marca        La sociedad demandante
desarrollo tecnológicos. Además, no respeta el derecho de             comunitaria:
propiedad y el derecho al libre ejercicio de una actividad
económica. La demandante alega, por último, que la Directiva
es contraria al objetivo de mejorar los productos agrı́colas y          Marca         comunitaria      Marca figurativa comunitaria
proteger el medioambiente.                                              objeto de la solicitud:        n. 1.178.425, que reproduce una
                                                                                botella de cerveza con la mención
                                                                                «NEGRA MODELO» en la etiqueta,
Además, la demandante alega que la medida controvertida es                                            para productos de las clases 25
desproporcionada. Según la demandante, la Directiva no                                                (vestuario), 32 (cerveza) y 42 (ser-
puede alcanzar el objetivo de protección de la salud pública                                         vicios de bares, restaurantes y clu-
perseguido y, en cualquier caso, excede lo necesario para                                              bes nocturnos).
alcanzar dicho objetivo. La demandante alega también que la
Directiva no asegura en si misma la calidad de los productos,
no mejora la rastreabilidad de los ingredientes y crea cargas de        Titular de la marca o          MODELO CONTINENTE HIPER-
etiquetado desproporcionadas.                                           signo que se invoca en le      MERCADOS S.A.
                                                                        procedimiento de oposi-
                                                                        ción:
Por último, la demandante alega que la medida tiene una base
jurı́dica errónea. En su opinión, debı́a haberse escogido el
artı́culo 37 del Tratado CE en lugar del articulo 152 del               Marca o signo que se           Marcas figurativas portuguesas
Tratado, habida cuenta de que la Directiva impugnada no tiene           opone:                         n. 295.800 y 295.804, que distin-
relación alguna con el ámbito veterinario y fitosanitario.                                           guen respectivamente los produc-
                                                                                tos incluidos en las clases 25
                                                                                (ropa, incluido clazado) y 33 (siro-
                                                                                pes, cerveza y bebidas no alcohó-
                                                                                locas) del Nomenclátor interna-
                                                                                cional.
Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2002 por Cervece-                  Resolución de la Divi-        Rechazo provisional de la solici-
ria Modelo, S.A. de C.V. contra la Oficina de Armonización             sión de oposición:           tud de la marca comunitaria de
          del mercado Interior ( en adelante OAMI)                                                     autos para distinguir «cerveza» y
                                                                                su admisión para distinguir «ropa»
                       (Asunto T-169/02)                                                               y «servicios de bares, restaurantes
                                                                                y clubs nocturnos».
                         (2002/C 180/57)
                                                                        Resolución de la Sala de      Confirmación de la resolución de
                 (Lengua de procedimiento: español)                    Recurso:                       la División de oposición.
                                                                        Motivos invocados:             Infracción del artı́culo 8, apar-
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                                 tado 1, letra a) del Reglamento (E)
europeas se ha presentado, el 30 de mayo de 2002 un recurso                                            n. 40/94 (riesgo de confusión).
contra la OAMI formulado por Cervecerı́a Modelo, con
domicilio en México, D.F., representada por los letrados en
ejercicio D. Carlos Lamo Devesa y D. Antonio Velazquez
Ibañez.


title: Asunto T-288/11: Recurso interpuesto el 1 de junio de 2011 — Kieffer Omnitec/Comisión

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/34

         Recurso interpuesto el 1 de junio de 2011 — Kieffer Omnitec/Comisión
   (Asunto T-288/11)
   2011/C 252/79
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: A+P Kieffer Omnitec Sàrl (Luxemburgo) (representantes: A. Delvaux y V. Bertrand, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Admita el recurso de anulación.

               —

               Anule la Decisión por la que la Comisión Europea descartó su oferta y adjudicó el contrato público a otro licitador, Decisión de la que la parte demandante fue informada por correo el 1 de abril de 2011, recibido el 5 de abril siguiente.

               —

               Condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso tiene por objeto la anulación de la Decisión de la Comisión, de 1 de agosto de 2011, que rechaza la oferta presentada por la parte demandante en el marco del procedimiento de licitación relativo a la conclusión de un contrato de mantenimiento de las instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, de extinción de incendios e hidrosanitarias del edificio Joseph Bech en Luxemburgo y se adjudica el contrato a otro licitador (DO 2010/S 241-367523).
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 89, apartados 1 y 2, y 92 del Reglamento financiero; del artículo 135, apartados 1 y 5, del Reglamento de ejecución, y del artículo 49 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, (1) así como en la vulneración de los principios de transparencia, igualdad y proporcionalidad, en la medida en que la Comisión Europea exige al licitador que presente «el certificado ISO válido para la totalidad de su actividad de mantenimiento, expedido por el organismo certificador». La parte demandante reprocha a la Comisión Europea, en primer lugar, que no haya formulado el criterio de selección de manera clara y precisa al no precisar en el pliego de condiciones el número del certificado ISO exigido, en segundo lugar, que no haya exigido a los licitadores un certificado ISO «por la totalidad de su actividad de mantenimiento» y no solamente para el contrato en cuestión y, en tercer lugar, que no haya permitido a los licitadores demostrar que poseían un nivel de calidad semejante al del certificado ISO.

               2)

               Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación derivada del artículo 296 TFUE y del artículo 100, apartado 2, del Reglamento financiero, en la infracción del pliego de condiciones y de sus anexos, y en un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión Europea descartó la oferta de la sociedad A+P KIEFFER OMNITEC debido a que la parte demandante no satisfacía el criterio no 16, no habiendo ésta presentado los documentos justificativos y pertinentes para demostrar que los candidatos poseían las cualificaciones requeridas. La parte demandante alega, por una parte, que el criterio no 16 concierne «la declaración que indica la plantilla media anual que se ajusta al perfil exigido durante los tres últimos años presente en todos los miembros de la agrupación eventual» y que la página 27/37 del anexo II del pliego de condiciones sólo hace referencia a los conocimientos lingüísticos de los candidatos y, por otra parte, la parte demandante sí aportó la prueba de que uno de los candidatos tenía la cualificación exigida en la página 28/38 del anexo II del pliego de condiciones presentando los documentos justificativos. Por lo que se refiere al otro candidato, los documentos del contrato no exigían disponer de la cualificación que se exige al jefe de obra.

      (1)  DO L 134. 2004, p. 114.


title: Asunto T-59/09: Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2009 — Alemania/Comisión

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/35

         Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2009 — Alemania/Comisión
   (Asunto T-59/09)
   2009/C 113/73
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma y B. Klein, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2008 [SG.E.3/RG/mbp D(2008) 10067] de permitir a solicitantes particulares el acceso a los documentos de las autoridades alemanas presentados en el procedimiento por incumplimiento no 2005/4569, a pesar de la oposición del Gobierno alemán con arreglo al artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1049/2001.

               —

               Que se imponga a la Comisión el pago de las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante impugna la Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2008 por la que se permite, contra la oposición del Gobierno de la República Federal de Alemania, a terceros particulares el acceso a documentos procedentes de autoridades alemanas presentados en un procedimiento por incumplimiento.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que la Decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 5, del Reglamento no 1049/2001 (1) en relación con el principio general de cooperación leal entre la Comunidad y los Estados miembros, con arreglo al artículo 10 CE.
   Manifiesta que el artículo 4, apartado 5, del Reglamento no 1049/2001 reconoce a favor de los Estados miembros la posibilidad de supeditar a su autorización la entrega de documentos de sus autoridades que se encuentren en poder de los órganos comunitarios. Considera que la Comisión no puede realizar un análisis exhaustivo de los motivos de denegación del acceso a los documentos, con arreglo al artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento no 1049/2001. Puntualiza que la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Suecia/Comisión y otros (2) instaura criterios terminantes, según los cuales el órgano comunitario pertinente puede obviar tal oposición y apreciar realmente la existencia de motivos de denegación derivados del artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento no 1049/2001: la oposición debe «carecer de toda motivación» o no tener «ninguna relación» con los motivos de denegación.
   Afirma la demandante que de lo anterior se deduce, en relación con el principio general de cooperación leal entre la Comunidad y los Estados miembros en virtud del artículo 10 CE, que, en general, corresponde al Estado miembro la apreciación de la existencia de los motivos de denegación con arreglo al artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento no 1049/2001. A su juicio, la Comisión sólo puede excepcionalmente no denegar el permiso cuando la argumentación del Estado miembro no cumple suficientemente tales criterios. Ello exige asimismo la comparación con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 1049/2001. Señala que, en lo que a los dos criterios jurisprudenciales se refiere, se trata de requisitos esenciales de forma que, en cuanto al contenido, deben guardar relación con la obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE. Afirma que el órgano competente para el control de legalidad en lo que atañe a si la eventual denegación del acceso a los documentos se ajusta al artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento no 1049/2001 es el juez comunitario y no la Comisión.
   La demandante estima, con carácter subsidiario, que, por lo tanto, en la sentencia recaída en el asunto C-64/05 P, el Tribunal de Justicia interpretó que una oposición de un Estado miembro con arreglo al artículo 4, apartado 5, del Reglamento no 1049/2001 era vinculante para el órgano comunitario en la medida en que fuera compatible con el artículo 4, apartados 1 a 3, de dicho Reglamento, de modo que, en su opinión, a lo sumo la Comisión está facultada para examinar los elementos probatorios de los motivos expuestos por el Estado miembro. Precisa que en modo alguno puede considerarse que los motivos de la oposición de Alemania sean manifiestamente incorrectos.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

      (2)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2007, Suecia/Comisión y otros, C-64/05 P, Rec. 2007, p. I-11389.


title: Asunto C-26/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Reino Unido) el 19 de enero de 2009 — The Motor Insurers’ Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited

text:
               18.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 90/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Reino Unido) el 19 de enero de 2009 — The Motor Insurers’ Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited
   (Asunto C-26/09)
   2009/C 90/13
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Appeal

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: The Motor Insurers’ Bureau

      Recurridas: Helphire (UK) Limited y Angel Assistance Limited

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Primera cuestión

                           a)

                           En el supuesto de que el Derecho nacional de un Estado miembro establezca que la víctima de un accidente de tráfico puede repercutir sobre la persona responsable los costes en que incurra al arrendar un vehículo de sustitución como consecuencia del siniestro, ¿permite el artículo 1, apartado 4, de la Directiva (1) que el MIB excluya toda responsabilidad por esos costes en caso de que la indemnización sea finalmente pagadera a un asegurador que haya emitido una póliza de seguro posterior al accidente, que cubría los costes del alquiler en caso de que no fueran satisfechos por la persona responsable?

                           b)

                           En caso de respuesta negativa a la letra a) de la primera cuestión, ¿es lícito que la indemnización por parte del MIB se limite a la prima que, en su caso, deba pagarse al asegurador que haya satisfecho los costes del alquiler?

               2)

               Segunda cuestión
               En caso de respuesta negativa a la letra a) de la primera cuestión:
               ¿Está obligado el tribunal nacional a interpretar el Acuerdo relativo a los conductores no asegurados de forma que se cumpla con lo dispuesto en la Directiva atendiendo a los principios enunciados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 13 de noviembre de 1990, Marleasing/Comercial Internacional de Alimentación (C-106/89, Rec. p. I-4135)? En otros términos, ¿incluyen «todas las normas del Derecho nacional», a las que se refiere el tercer guión del apartado 120 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros (C-397/01 a C-403/01, Rec. p. I-8835), un acuerdo como el Acuerdo relativo a los conductores no asegurados?

               3)

               Tercera cuestión
               En caso de respuesta negativa a la letra a) de la primera cuestión:
               ¿Tiene efecto directo el artículo 1, apartado 4, de la Directiva?

               4)

               Cuarta cuestión
               En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión:

                           a)

                           A los efectos de determinar si las disposiciones de una directiva que tengan efecto directo pueden invocarse frente a un organismo como el MIB:

                                       (i)

                                       ¿Debe realizarse esa determinación según los criterios enunciados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de julio de 1990, Foster y otros/British Gas (C-188/89, Rec. p. I-3313)?

                                       (ii)

                                       Si tal determinación debe realizarse según algunos de esos criterios, pero no todos, y/o según criterios adicionales, ¿cuáles son los criterios que deben aplicarse?

                           b)

                           ¿Incumbe exclusivamente al juez nacional determinar si un organismo cumple los criterios relevantes?

                           c)

                           ¿Cumple un organismo con las características del MIB los criterios en virtud de los cuales pueden invocarse frente a dicho organismo las disposiciones de una directiva que tengan efecto directo?

      (1)  Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (DO 1994 L 8, p. 7).


title: Asunto C-159/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Franz Lesar/Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt [Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 1, y artículo 2, apartado 2, letra a) — Artículo 6, apartado 2 — Discriminación por motivos de edad — Determinación de los derechos a pensión de los funcionarios jubilados — Períodos de aprendizaje y de trabajo — No consideración de tales períodos si se cubrieron antes de cumplir 18 años de edad]

text:
               22.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 305/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Franz Lesar/Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt
   (Asunto C-159/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 2000/78/CE - Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Artículo 2, apartado 1, y artículo 2, apartado 2, letra a) - Artículo 6, apartado 2 - Discriminación por motivos de edad - Determinación de los derechos a pensión de los funcionarios jubilados - Períodos de aprendizaje y de trabajo - No consideración de tales períodos si se cubrieron antes de cumplir 18 años de edad])
   (2016/C 305/12)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Franz Lesar

      Demandada: Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt

      Fallo

   El artículo 2, apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra a), y el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, a efectos de otorgar el derecho a pensión y de calcular el importe de la pensión de jubilación de un funcionario, impide tomar en consideración los períodos de aprendizaje y de trabajo cubiertos por éste antes de cumplir 18 años de edad, en la medida en que tal normativa pretende garantizar una determinación uniforme, en el contexto de un régimen de jubilación de los funcionarios, de la edad para poder beneficiarse de ese régimen y de la edad para optar a las prestaciones de jubilación que en él se concedan.

      (1)  DO C 254 de 3.8.2015.


title: Asunto C-338/99: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 1999 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
30.10.1999              ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 314/5
4. La Decisión de la Comisión determina el elemento de                    Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 1999 contra
     ayuda utilizando el tipo de referencia comunitario vigente             el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
     en la fecha de concesión de las ayudas. El tipo indicado por                                        Europeas
     la Comisión coincide con el señalado para la devolución de
     las ayudas ilegales en la Comunicación de la Comisión a                                       (Asunto C-337/99)
     los Estados miembros 97/C 273/03.
                                                                                (1999/C 314/10)
     Dicho tipo no puede aplicarse con carácter retroactivo al
     perı́odo comprendido entre el momento de la concesión
                                                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     de las ayudas y la entrada en vigor de dicha normativa, por
                                                                            presentado el 10 de septiembre de 1999 un recurso contra el
     oponerse a ello los principios de seguridad jurı́dica y de
                                                                            Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunida-
     confianza legı́tima.
                                                                            des Europeas, representada por el Sr. Barry Doherty, miembro
                                                                            del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, que designa como
(1) DO L 236 de 7.9.99, p. 14.                                              domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez
(2) DO L 177 de 1.7.81, p. 31 (EE 03/22, p. 80).                            de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
(3) DO L 126 de 9.5.89, p. 1.
                                                                            La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                            de Justicia que:
Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 1999 contra la                    1. Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obliga-
República Francesa por la Comisión de las Comunidades                          ciones que le incumben en virtud del artı́culo 4 bis,
                               Europeas                                          apartado 4, de la directiva 90/388/CEE, en su versión
                                                                                modificada por la Directiva 96/19/CE (1), y en virtud del
                        (Asunto C-331/99)                                        Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, al no
                                                                                haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
                          (1999/C 314/09)                                        administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en
                                                                                esta Directiva, o (con carácter subsidiario) al no haberlas
                                                                                notificado a la Comisión.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 7 de septiembre de 1999 un recurso contra                     2. Condene en costas al Reino de Bélgica.
la República Francesa formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Hans
Støvlbaek, miembro del Servicio Jurı́dico, y el Sr. Olivier                 Motivos y principales alegaciones
Couvert-Castéra, functionario nacional adscrito al Servicio
Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio                El artı́culo 249 CE (antiguo artı́culo 189 del Tratado Ce), según
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                 el cual una Directiva obliga al Estado miembro destinatario en
Centre Wagner, Kirchberg.                                                   cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la obligación
                                                                            para los Estados miembros de respetar los plazos de adaptación
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                   del Derecho interno a las Directivas establecidos en éstas. Este
                                                                            plazo expiró el 11 de enero de 1997, sin que el Reino de Bélgica
— Declare que la República Francesa ha incumplido las                      haya adoptado las disposiciones necesarias para atenerse a
     obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 6,                lo dispuesto en la directiva mencionada en las pretensiones de
     apartado 3, de la Directiva 76/768/CEE (1), al adoptar y               la Comisión.
     mantener en vigor el apartado f) del artı́culo 1 del Decreto
     no 77-469, de 28 de abril de 1977;                                     (1) DO L 74, de 22.3.1996, p. 13.
— Condene en costas a la República Francesa.
Motivos y principales alegaciones
La lista de las menciones establecidas en el artı́culo 6,                   Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 1999 contra
apartado 1, de la Directiva 76/768/CEE es exhaustiva. Por ello,             el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
la Directiva se opone a que una normativa nacional exija que                                              Europeas
se indiquen los datos cualitativos y cuantitativos de las
sustancias mencionadas en el envase, en la publicidad o en la                                        (Asunto C-338/99)
denominación de los productos cosméticos a que se refiere la
Directiva.                                                                                (1999/C 314/11)
(1) Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
    a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en      presentado el 10 de septiembre de 1999 un recurso contra el
    materia de productos cosméticos (DO L 262 de 27.9.1976,                 Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunida-
    p. 169; EE 15/01, p. 206), según la redacción de su artı́culo 6       des Europeas, representada por la Sra. Léna Ström, Consejera
    resultante de la Directiva 88/667/CEE del Consejo de 21 de
    diciembre de 1988 (DO L 382 de 31.12.1988, p. 46).
                                                                            Jurı́dica, y el Sr. Olivier Couvert-Castéra, miembro del Servicio
                                                                            Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
                                                                            en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                            Centre Wagner, Kirchberg.
 ---pagebreak--- C 314/6                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   30.10.1999
La Comisión de las Comunidades europeas solicita al Tribunal                         Archivo del asunto C-259/98 (1)
de Justicia que:
                                                                                (1999/C 314/13)
1. Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obliga-
    ciones que le incumben en virtud de la directiva 94/67/CE          Mediante auto de 29 de junio de 1999, el Presidente del
    del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la             Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
    incineración de residuos peligrosos (1), al no haber adop-        archivar el asunto C-259/98: Comisión de las Comunidades
    tado las disposiciones legales, reglamentarias y administra-       Europeas contra República Federal de Alemania.
    tivas necesarias para atenerse a lo dispuesto en esta
    Directiva, o, en todo caso, al no haber notificado dichas
    disposiciones a la Comisión.                                      (1) DO C 278 de 5.9.1998.
2. Condene en costas al Reino de Bélgica.
Motivos y principales alegaciones
                                                                                Archivo del asunto C-64/99 (1)
El artı́culo 249 CE (antiguo artı́culo 189 del Tratado CE), según
el cual una Directiva obliga al Estado miembro destinatario en                                 (1999/C 314/14)
cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la obligación
para los Estados miembros de respetar los plazos de adaptación        Mediante auto de 1 de julio de 1999, el Presidente del Tribunal
del Derecho interno a las Directivas establecidos en éstas. Este       de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar
plazo expiró el 31 de diciembre de 1996, sin que el Reino de          el asunto C-64/99 [petición de decisión prejudicial de la High
Bélgica haya adoptado las disposiciones necesarias para ate-           Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division
nerse a lo dispuesto en la Directiva mencionada en las                 (Commercial Court)]: Pace Airline Services Ltd contra Aero-
pretensiones de la Comisión.                                          trans Luftfahrtagentur GmbH.
(1) DO L 365, de 31.12.1994, p. 34.                                    (1) DO C 121 de 1.5.1999.
                Archivo del asunto C-182/96 (1)
                         (1999/C 314/12)
                                                                                Archivo del asunto C-406/95 (1)
Mediante auto de 22 de junio de 1999, el Presidente del                                        (1999/C 314/15)
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-182/96: República Federal de Alemania
contra Comisión de las Comunidades Europeas.                          Mediante auto de 8 de julio de 1999, el Presidente de la Sala
                                                                       Sexta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
                                                                       decidido archivar el asunto C-406/95: República Italiana contra
(1) DO C 210 de 20.7.1996.                                             Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                       (1) DO C 46 de 17.2.1996.


title: Recurso interpuesto el 7 de noviembre de 1995 contra el Parlamento Europeo por la República Francesa (Asunto C-345/95)

text:
30 . 12 . 95         I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 351 /7
Reglamento ( CE ) n° 3093/94 del Consejo de 15 de                              sentido estricto, de la duración de las mismas, pero
diciembre de 1994 ('), en la parte en que esta última norma                    no en función de la naturaleza , calidad y capacidad
prohibe incondicionalmente a partir del 1 de junio de 1995                     contaminante del producto;
el uso de hidroclorofluorocarburos en el sector de la lucha
contra incendios ?                                                         — que, por gravar exclusivamente el buque ( sujeto
                                                                               pasivo de la carga y descarga ), afectan a un sujeto
(') DO n" L 333 de 22 . 12 . 1994 , p . 1 .                                    distinto de aquellos a quienes corresponde ejecutar
                                                                               las operaciones técnicas necesarias ( en este caso,
                                                                               Porto Petroli di Genova SpA y los expedidores
                                                                               destinatarios del producto ), con la consiguiente e
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                     inevitable separación entre la responsabilidad por la
lución del Tribunale di Genova — Sala Sexta de lo Civil —,                     eventual contaminación y asunción del coste del
de 12 de octubre de 1995 , en el asunto entre Diego Cali &                     servicio anticontaminación;
      Figli Srl y Servizi Ecologici Porto di Genova SpA
                       ( Asunto C-343/95 )                                 — que corresponden a un servicio innecesario para el
                                                                               buque, en relación con la naturaleza del producto
                          ( 95/C 351 / 10 )
                                                                               y/o sus características, dotado de instrumentos y
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                      sistemas anticontaminación propios , adecuados al
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                    tipo de producto que se carga o descarga;
resolución del Tribunale di Genova — Sala Sexta de lo Civil ,
                                                                          — que imponen al buque la carga de una prestación
dictada el 12 de octubre de 1995 , en el asunto entre Diego
                                                                               patrimonial , y el coste relativo, adicional respecto a
Cali & Figli Srl y Servizi Ecologici Porto di Genova SpA, y                    aquellos previstos por el contrato de atraque cele
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de
octubre de 1995 .
                                                                               brado entre el transportista y la sociedad que
                                                                              gestione el muelle, y que no tiene ningún nexo
El Tribunale di Genova solicita al Tribunal de Justicia que se                 funcional con el objeto del propio contrato .
pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
                                                                     C ) Si, en el caso de que los supuestos contenidos en las
A ) Si existe una « posición dominante en el mercado común                letras a ) y b ) constituyan una o más prácticas de
     o en una parte sustancial del mismo » en caso de que una             explotación abusiva de una posición dominante por
     sociedad anónima , constituida por iniciativa de una                 parte de una empresa con arreglo al artículo 86 del
     Autoridad Portuaria nacional, reciba el encargo de                   Tratado , de tal situación deriva un posible perjuicio
     desarrollar y efectivamente desarrolle, sobre la base de             para el comercio entre los Estados miembros de la
     una concesión administrativa recibida de dicha Autori               Unión .
     dad , la tarea de gestionar en exclusiva, en el ámbito de
     un sector operativo portuario especializado en la carga
     y descarga de productos petrolíferos, un servicio de
     « protección anticontaminación », recaudando de los
     usuarios de dicho servicio, es decir, de los buques que         Recurso interpuesto el 7 de noviembre de 1995 contra el
     atracan en los muelles para efectuar dichas operaciones,               Parlamento Europeo por la República Francesa
     la tarifa relativa , determinada unilateralmente por la                               ( Asunto C-345 /95 )
     Autoridad Portuaria en función del arqueo del buque y
                                                                                ( 95/C 351 / 11 )
     de la cantidad de producto desembarcado o embar
     cado .
                                                                     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
B ) Si, habida cuenta de la situación descrita en la letra a ) y     ha presentado el 7 de noviembre de 1995 un recurso contra
     ante una situación de posición dominante en el mercado          el Parlamento Europeo formulado por la República Fran
     común o en una parte sustancial del mismo, constituye           cesa , representada por el Sr . Marc Perrin de Brichambaut y
     explotación abusiva de dicha « posición dominante »,            el Sr. Denys Vibaux, en calidad de Agentes, que designa
     con arreglo al artículo 86 y, en particular, a los              como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de
     supuestos contenidos en las letras a ), c ), d ) y a las        Francia , 9 , boulevard du Prince Henri .
     « prácticas » relativas, la imposición, por parte de una
     empresa que tiene la concesión exclusiva del servicio           La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
     ( aunque con arreglo a disposiciones del ente conce
     dente ) de tarifas :                                            — Declare que el acuerdo del Parlamento Europeo de 20 de
                                                                         septiembre de 1995 por el que se establece el calendario
     — obligatorias e independientes de la prestación de un              de trabajo para 1996 es nulo y sin valor ni efecto
         servicio efectivo de vigilancia y/o intervención, por           alguno .
         el mero hecho de atracar en un amarre del Porto
         Petroli y de efectuar operaciones de carga y descarga       — Condene en costas a la parte demandada .
         de productos tanto petrolíferos como químicos y
         petroquímicos según lo dispuesto en el contrato             Motivos y principales alegaciones
         regulador;
                                                                     — Violación de la « Decisión adoptada de común acuerdo
     — cuyo importe se calcula exclusivamente en función                 por los representantes de los Gobiernos de los Estados
         del arqueo de los buques, de la cantidad de                     miembros relativa a la fijación de las sedes de las
         producto, así como, para las intervenciones en                  Instituciones y de determinados organismos y servicios
 ---pagebreak--- N° C 351 /8            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        30 . 12 . 95
    de las Comunidades », adoptada en Edimburgo el 12 de             2 ) Si se responde afirmativamente a la primera cuestión :
    diciembre de 1992 ( ! ): dicha Decisión forma parte del
    Derecho originario que obliga tanto a los Estados                    a ) ¿ Qué período de alojamiento debe considerarse , por
    miembros como a las Instituciones creadas por los                         regla general , como período de corta duración ?
    Tratados . Constituye una norma de Derecho relativa a la                  ¿ Deja de existir « alojamiento en el sector hotelero »
    aplicación de los Tratados cuyo respeto garantiza el                      cuando el empresario dispone de habitaciones des
    Tribunal de Justicia . Al decidir celebrar once períodos de               tinadas al alojamiento por períodos de larga dura
    sesiones plenarias en Estrasburgo y, paralelamente,                       ción, lo cual queda de manifiesto mediante la
    establecer en ocho el número de sesiones adicionales que                  conclusión de un contrato de alquiler por un
    han de celebrarse en Bruselas, el Parlamento no ha                        período de larga duración ( superior a seis meses )?
    respetado la letra de la Decisión de Edimburgo que le
    impone la obligación estricta de celebrar doce sesiones              b ) ¿ Existe la posibilidad de una exención pro rata
    plenarias en Estrasburgo, sede de la Institución . Además,                temporis conforme al n° 1 de la letra b ) de la Par
    la Decisión controvertida no respeta el equilibrio interno                te B del artículo 13 si consta que todas las habitacio
    de dicha Decisión y la vacía de contenido .                               nes se alquilaron, opcionalmente, por períodos de
— Incompetencia : en el ejercicio de su competencia de                        corta o de larga duración ?
    regular su organización interna, el Parlamento Europeo
    está obligado a respetar la competencia de los Estados           3 ) Si se responde negativamente a la primera cuestión :
    miembros de fijar la sede de las Instituciones . Permitir
                                                                          ¿ Qué criterios de naturaleza temporal, espacial o
    que el Parlamento Europeo celebre sesiones plenarias
                                                                         conceptual son determinantes de la existencia de « alo
    adicionales en Bruselas sin haber celebrado primera
                                                                         jamiento en el sector hotelero o en sectores que tengan
    mente las doce sesiones mensuales en Estrasburgo
                                                                         una función similar » y cuáles de ellos son imprescindi
    equivale a cuestionar la realidad de la sede de la                   bles ?
    Institución .
— Vicios sustanciales de forma : el Presidente del Parla            (') DO n" L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE 09/01 , p . 54 .
    mento Europeo no podía aceptar una enmienda contra
    ria a la Decisión adoptada en Edimburgo .
    ( Subsidiariamente ): el acuerdo controvertido debería
    haberse motivado a pesar de la inexistencia de disposi
    ción expresa alguna de los Tratados en tal sentido .             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                     lución del Supremo Tribunal Administrativo ( 2! Sec^áo —
(') DO n" C 341 de 23 . 12 . 1992 , p . 1 .                          Contencioso Tributário ), de 11 de octubre de 1995 , en el
                                                                     asunto entre Fazenda Pública y UCAL — Uniáo das
                                                                       Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL
                                                                                ( Asunto C-347/95 )
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                                     ( 95/C 351 / 13 )
lución del Finanzgericht München, de 20 de septiembre de
1995 , en el asunto entre Elisabeth Blasi y Finanzamt
                             München I                               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                     sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                      ( Asunto C-346/95 )                            resolución del Supremo Tribunal Administrativo ( 2 ? Sec^áo
                          ( 95/C 351 / 12 )                          — Contencioso Tributário ), dictada el 11 de octubre de
                                                                     1995 , en el asunto entre Fazenda Pública y UCAL — Uniáo
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha            das Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL,
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante          y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de
resolución de la Sala Tercera del Finanzgericht München,             noviembre de 1995 .
dictada el 20 de septiembre de 1995 , en el asunto entre
Elisabeth Blasi y Finanzamt München I, y recibida en la              El Supremo Tribunal Administrativo solicita al Tribunal de
Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de noviembre de             Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
1995 .
El Finanzgericht München solicita al Tribunal de Justicia            1 ) ¿ Son las « tasas » de referencia, con las características de
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                        los impuestos antes referidas ('), contrarias al artícu
                                                                          lo 95 del Tratado de Roma ?
1 ) ¿ Debe interpretarse el n° 1 de la letra b ) de la Parte B del
     artículo 13 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de          2 ) ¿ Pueden considerarse los citados gravámenes como
      17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las               exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana
     legislaciones de los Estados miembros relativas a los                de importación, prohibidos por los artículos 9 y 12 del
     Impuestos sobre el Volumen de Negocios ( Sexta Direc                citado Tratado ?
     tiva ) (') en el sentido de que « las operaciones de
     alojamiento que se efectuén en el marco del sector              3 ) ¿ Deben considerarse los citados gravámenes como
     hotelero o en sectores que tengan una función similar »              impuestos sobre el volumen de negocios a efectos del
     se limitan al concepto de alojamiento de huéspedes por               artículo 33 de la Sexta Directiva ( 2 ) antes citada , sin
     un período de corta duración ?                                       perjuicio de lo previsto en el artículo 378 del Acta Anexa


title: Asunto T-313/15: Recurso interpuesto el 12 de junio de 2015 — Italia/Comisión

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/35

         Recurso interpuesto el 12 de junio de 2015 — Italia/Comisión
   (Asunto T-313/15)
   (2015/C 262/47)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: P. Gentili, avvocato dello Stato, y G. Palmieri, agente)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la convocatoria de oposición EPSO/AD/301/15 — Administradores (AD 5).

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones invocados son los formulados en el asunto T-17/15, República Italiana/Comisión (DO C 81, de 9 de marzo de 2015, p. 27).