title: Asunto T-163/02: Recurso interpuesto el 27 de mayo de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Montan Gesellschaft Voss m.b.H. Stahlhandel y otras tres sociedades

text:
C 191/28                 ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     10.8.2002
—     Subsidiariamente, modifique la contingentación de la             Estiman, por último, que la Comisión ha infringido el Derecho
      categorı́a de productos planos aleados, laminados en              comunitario primario y secundario, el principio de igualdad de
      caliente y la fije en 468 000 toneladas (cantidad impor-          trato y el Tratado OMC.
      tada en 2001);
                                                                        (1) Reglamento (CE) no 560/2002 de la Comisión, de 27 de marzo
                                                                            de 2002, por el que se imponen medidas provisionales de
—     Subsidiariamente, modifique la contingentación de la                 salvaguardia a las importaciones de determinados productos
      categorı́a de productos planos aleados, laminados en                  siderúrgicos (DO L 85, p. 1).
      caliente y la fije en 118 916 toneladas.
                                                                        Recurso interpuesto el 27 de mayo de 2002 contra la
Motivos y principales alegaciones                                       Comisión de las Comunidades Europeas por Montan
                                                                        Gesellschaft Voss m.b.H. Stahlhandel y otras tres socieda-
                                                                                des
                                                                                (Asunto T-163/02)
Las demandantes se dedican a la importación de productos
siderúrgicos afectados por el Reglamento impugnado. Este                                         (2002/C 191/49)
abrió un contingente arancelario en relación con importacio-
nes en la Comunidad de 15 productos. Las importaciones de
dichos productos que sobrepasen el volumen del contingente                                 (Lengua de procedimiento: alemán)
arancelario estarán sometidas a un arancel adicional.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 27 de mayo de 2002 un recurso
                                                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Las demandantes alegan que el contingente libre de arancel, en          por Montan Gesellschaft Voss m.b.H. Stahlhandel, con domici-
particular por lo que respecta a la categorı́a de productos no 4,       lio social en Plangg (Alemania), Jepsen Stahl G.m.b.H., con
no es compatible con los considerandos del Reglamento. Ası́,            domicilio social en Nittendorf (Alemania), LNS-Lothar Nie-
consideran que faltan 95 129 toneladas únicamente por lo que           meyer Stahlhandel G.m.b.H. & Co. KG, con domicilio social en
se refiere a la categorı́a de productos no 4. Tampoco existe            Essen (Alemania) y Metal traders Stahlhandel G.m.b.H., con
razón alguna que justifique que los contingentes arancelarios          domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representadas por
establecidos no concuerden con los objetivos fijados por el             el Sr. K. Friedrich, abogado, que designa domicilio en Luxem-
Reglamento ni con el propio método de cálculo de los                   burgo.
contingentes arancelarios.
                                                                        Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
                                                                        que:
Además, las demandantes alegan que el Reglamento adolece               —     Anule el Reglamento (CE) no 560/2002 de la Comisión,
de falta de motivación debido a que los considerandos no                     de 27 de marzo de 2002 (1);
tuvieron en absoluto en cuenta los intereses afectados por el
Reglamento de todos los operadores del mercado. Tampoco se              —     Condene a la demandada a resarcir el perjuicio que ha
explica por qué el objetivo perseguido puede alcanzarse                       irrogado a las demandantes como consecuencia de la
únicamente mediante la medida adoptada, por qué solamente                    nulidad del Reglamento (CE) no 560/2002 de 27 de marzo
se protegen los intereses de los productores comunitarios,                    de 2002;
mientras que no se tuvieron en cuenta los de los demás
operadores del mercado, ni tampoco por qué la medida                    —     Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las
adoptada mediante el Reglamento se aplicó inmediatamente,                    costas;
sin haberse adoptado un plazo para su entrada en vigor. Todas
estas deficiencias de motivación constituyen un defecto de
forma que invalida el Reglamento impugnado.                             Motivos y principales alegaciones
                                                                        Las demandantes se dedican a la importación de productos
                                                                        siderúrgicos procedentes de paı́ses que no pertenecen a las
Las demandantes alegan, asimismo, que, en realidad, el Regla-           Comunidades europeas. Impugnan el Reglamento (CE) no 560/
mento persigue objetivos distintos de los expuestos en los              2002 de la Comisión y alegan que no se cumplen las
considerandos y que la Comisión incurrió en desviación de            condiciones para la adopción de medidas provisionales de
poder. En particular, el incumplimiento del objetivo aparente,          salvaguardia en el sentido del Reglamento (CE) no 3285/94 del
el «mantenimiento del nivel actual de importación más un              Consejo (2), Reglamento-base en que se sustenta el Reglamento
10 %», muestra claramente que se persiguen otros objetivos.             impugnado.
 ---pagebreak--- 10.8.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 191/29
Las demandantes alegan que el Reglamento impugnado es                      La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
ilegal y conculca los derechos de las demandantes. La Comisión            que:
carecı́a de la competencia necesaria para adoptar el Reglamento
en su forma actual. Además, el procedimiento de investigación
preceptivo no se inició antes de la adopción del Reglamento,             —      Anule la Decisión de la Comisión de 13 de noviembre
sino al adoptarse éste y continuó después de su adopción.                       de 2001, 2002/229/CE, relativa al régimen de ayudas
                                                                                notificado en favor de la reestructuración de las empresas
                                                                                en crisis del sector de los cultivos de invernadero en
Las demandantes alegan, además, que el Reglamento, con los                       Cerdeña (DO 2002, L 77, p. 29).
anexos 1.1 a 2.1, se fundaba en una base fáctica dudosa.
Efectivamente, el 27 de marzo de 2002, la Comisión no                     —      Condene en costas a la Comisión.
disponı́a de los datos contenidos en dichos anexos debido a
que EUROSTAT no habı́a recibido aún las notificaciones
completas relativas al año 2001.
Las demandantes alegan, asimismo, que el reglamento impug-                 Motivos y principales alegaciones
nado es materialmente ilı́cito dado que la normativa que
adopta es desproporcionada. Por su cuantı́a, los aranceles
adicionales previstos tienen carácter prohibitivo, y, con excep-
ción de los paı́ses en vı́as de desarrollo, las medidas de                La Decisión que es objeto del presente asunto se refiere a un
salvaguardia afectan indiscriminadamente a todos los paı́ses.              régimen regional de ayudas en favor de la reestructuración de
                                                                           empresas en crisis del sector de los cultivos de invernadero
                                                                           (flores y hortalizas) en Cerdeña, con arreglo a las disposiciones
Por último, alegan que, en las circunstancias actuales, las               de la Ley no 4/98, de la Región de Cerdeña, que prevé
medidas provisionales de salvaguardia son incompatibles con                intervenciones en favor de las pequeñas y medianas empresas
las disposiciones la Organización Mundial de Comercio y del               agrarias en crisis.
GATT e infringen los Acuerdos Europeos firmados por el
Consejo y la Comisión, por una parte, y por determinados
paı́ses terceros, por otra.
                                                                           En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:
(1) Reglamento (CE) no 560/2002 de la Comisión, de 27 de marzo            —      La infracción y/o la aplicación errónea del artı́culo 88,
    de 2002, por el que se imponen medidas provisionales de
                                                                                apartado 3, del Tratado, de las Directrices comunitarias
    salvaguardia a las importaciones de determinados productos
    siderúrgicos (DO L 85, p. 1).
                                                                                sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructura-
(2) Reglamento (CE) no 3285/94 del Consejo de 22 de diciembre de                  ción de empresas en crisis (1), del principio de confianza,
    1994 sobre el régimen común aplicable a las importaciones y por              en particular, la duración irracional del procedimiento
    el que se deroga el Reglamento (CE) no 518/94 (DO L 349, p. 53).              para comprobar la compatibilidad de la ayuda con el
                                                                                mercado común.
                                                                           —      La infracción y la aplicación errónea del artı́culo 87 del
                                                                                Tratado y de las mencionadas Directrices, la instrucción
                                                                                inadecuada y la insuficiencia de motivación.
Recurso interpuesto el 6 de junio de 2002 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por la Regione                       Aduce, a este respecto, que aunque la Comisión tuvo conoci-
                     Autonoma della Sardegna                               miento por primera vez del plan regional de que se trata el
                                                                           15 de enero de 1998, la Decisión por la que se declaró la
                         (Asunto T-171/02)                                 ilegalidad de la ayuda se adoptó el 13 de noviembre de 2001.
                                                                           Durante tal perı́odo, hubo un intercambio de correspondencia
                                                                           entre la Comisión y las autoridades italianas, que tuvo por
                          (2002/C 191/50)                                  objeto el esclarecimiento del alcance y de los efectos del
                                                                           proyecto de ayuda notificado. No obstante, mediante la
                                                                           Decisión impugnada, la Comisión declaró drásticamente la
                   (Lengua de procedimiento: italiano)                     ilegalidad del proyecto, es más, según la demandante, haciendo
                                                                           referencia a elementos que resultaban a primera vista evidentes
                                                                           durante las primeras consultas.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 6 de junio de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                  La demandante impugna además la conformidad del régimen
por la Regione Autonoma della Sardegna, representada por el                litigioso con las Directrices relativas al salvamento y a la
Servicio Jurı́dico del Estado (abogado Giacomo Aiello).                    reestructuración de las empresas en crisis, o incluso la falta de


title: Asunto T-348/03 RENV: Auto del Tribunal General de 14 de enero de 2010 — Koninklijke FrieslandCampina/Comisión

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/51

         Auto del Tribunal General de 14 de enero de 2010 — Koninklijke FrieslandCampina/Comisión
   (Asunto T-348/03 RENV) (1)

   2010/C 63/89

      Lengua de procedimiento: neerlandés

   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 21, de 24.1.2004.


title: Asunto C-419/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Italia) el 28 de julio de 2016 — Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

text:
               24.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 392/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Italia) el 28 de julio de 2016 — Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA
   (Asunto C-419/16)
   (2016/C 392/10)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sabine Simma Federspiel

      Demandados: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 75/363/CEE, (1) en su versión modificada por la Directiva 82/76/CEE, (2) y el anexo allí citado, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma de Derecho interno, como la aplicable en el litigio principal, que supedita el pago de la remuneración destinada a los médicos que cursan una especialidad a la presentación de una declaración por la que el médico beneficiario se comprometa a prestar sus servicios durante al menos cinco años en el Servicio Público de Salud de la Provincia Autónoma de Bolzano en los diez años siguientes a la fecha en que obtenga la especialidad, y que, en caso de incumplimiento total de esta obligación, autoriza expresamente a la Provincia Autónoma de Bolzano, que es la entidad que financia esa remuneración, a exigir la restitución de un importe de hasta el 70 % de la asignación concedida, más los intereses legales devengados desde el momento en que la Administración abonó las cantidades de que se trata?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿el principio de libre circulación de los trabajadores consagrado en el artículo 45 TFUE se opone a una norma de Derecho interno, como la aplicable en el litigio principal, que supedita el pago de la remuneración destinada a los médicos que cursan una especialidad a la presentación de una declaración por la que el médico beneficiario se comprometa a prestar sus servicios durante al menos cinco años en el Servicio Público de Salud de la Provincia Autónoma de Bolzano en los diez años siguientes a la fecha en que obtenga la especialidad, y que, en caso de incumplimiento total de esta obligación, autoriza expresamente a la Provincia Autónoma de Bolzano, que es la entidad que financia esa remuneración, a exigir la restitución de un importe de hasta el 70 % de la asignación concedida, más los intereses legales devengados desde el momento en que la Administración abonó las cantidades de que se trata?

      (1)  Directiva 75/363/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los médicos (DO 1975, L 167, p. 14; EE 06/01, p. 197).

      (2)  Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982, por la que se modifica la Directiva 75/362/CEE referente al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de médico, y en la que se establecen medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, así como la Directiva 75/363/CEE referente a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los médicos (DO 1982, L 43, p. 21; EE 06/02, p. 128).


title: Asunto T-384/09: Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2009 — SKW Stahl-Metallurgie Holding y SKW Stahl-Metallurgie/Comisión

text:
               5.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/23

         Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2009 — SKW Stahl-Metallurgie Holding y SKW Stahl-Metallurgie/ Comisión
   (Asunto T-384/09)
   2009/C 297/35
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Alemania) y SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen, Alemania) (representantes: A. Birnstiel, S. Janka y S. Dierckens, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la Decisión impugnada, en cuanto atañe a las demandantes.

               —

               Con carácter subsidiario, que se modifique el artículo 2 de la Decisión impugnada, en el que se impone una multa a las demandantes, a efectos de anular o al menos reducir considerablemente dicha multa.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   Las demandantes impugnan la Decisión C (2009) 5791 final de la Comisión, de 22 de julio de 2009, en el asunto COMP/39.396 — Reactivos a base de carburo de calcio y de magnesio para las industrias del acero y del gas. En la Decisión impugnada se impuso a las demandantes y a otras empresas una multa por infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. Según la Comisión, las demandantes habían participado en una infracción única y continuada en los sectores del carburo de calcio y del magnesio, en el EEE, a excepción de España, Portugal, Irlanda y Reino Unido, consistente en el reparto del mercado, acuerdos sobre cuotas, reparto de clientes, fijación de precios e intercambio de información comercial de carácter confidencial sobre precios, clientes y volumen de ventas.
   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan seis motivos.
   En primer lugar, se reprocha a la demandada haber vulnerado el derecho a ser oído, al no haber permitido que las demandantes presentaran también sus alegaciones oralmente en una vista.
   En segundo lugar, las demandantes alegan que la Comisión aplicó erróneamente el artículo 81 CE, apartado 1. A este respecto, se aduce que la demandada imputó a SKW Stahl-Metallurgie Holding AG el comportamiento de SKW Stahl-Metallurgie GmbH. Además, las demandantes alegan que es imposible cumplir los requisitos para destruir la presunción de que una sociedad matriz ejerce una influencia decisiva sobre su filial. Asimismo, la demandada, al actuar como actuó, vulneró el principio de la investigación de oficio.
   En tercer lugar, las demandantes alegan que la Comisión incumplió su obligación de motivación con arreglo al artículo 253 CE, porque no explicó por qué las alegaciones expuestas por las demandantes no bastaban para destruir la presunción de una influencia decisiva de SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sobre SKW Stahl-Metallurgie GmbH.
   Además, se alega que la demandada vulneró desde varios puntos de vista el principio de igualdad de trato en el marco del cálculo de la multa.
   En quinto lugar, las demandantes sostienen que la Comisión infringió los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003, (1) y que vulneró los principios de proporcionalidad y de legalidad de las penas, en el marco del cálculo de la multa.
   Por último, las demandantes alegan infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, porque la Comisión impuso a SKW Stahl-Metallurgie GmbH una multa que excede del 10 % del volumen de negocios de dicha sociedad.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Asunto C-334/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Corte Suprema di Cassazione — Sezioni Unite Civili —, de fecha 9 de junio de 2000, en el asunto entre Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA y HWS Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GMbH

text:
21.10.2000              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 302/21
2.    En caso de respuesta negativa, la forma en la que dichas          resolución de la Corte Suprema di Cassazione — Sezione Unite
      disposiciones son interpretadas y aplicadas en la práctica       Civili —, dictada el 9 de junio de 2000, en el asunto entre
      por el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ¿es contraria al        Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA y HWS Heinrich
      artı́culo 59 del Tratado CE (actualmente artı́culo 49 CE),        Wagner Sinto Maschinenfabrik GMbH, y recibida en la Secreta-
      en la medida en que impide o restringe (a) la publicidad          rı́a del Tribunal de Justicia el 11 de septiembre de 2000. La
      de bebidas alcohólicas en acontecimientos deportivos que         Corte Suprema di Cassazione — Sezione Unite Civile —
      tienen lugar en Estados miembros distintos de Francia             solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
      cuando esos acontecimientos van a ser televisados en              siguiente cuestión:
      Francia, y (b) la emisión en Francia de acontecimientos
      deportivos que tienen lugar en otros Estados miembros             Una acción mediante la cual se invoca la responsabilidad
      en los que se exhibe publicidad de bebidas alcohólicas?          precontractual de un demandado, ¿está comprendida en la
                                                                        materia delictual o cuasidelictual (artı́culo 5, número 3)?; en
                                                                        caso de respuesta negativa, ¿está comprendida dicha acción en
                                                                        la materia contractual (artı́culo 5, número 1) (1) y, en caso
                                                                        afirmativo, cuál es la «obligación que [sirve] de base a la
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            demanda»?; en caso de respuesta negativa, ¿procede aplicar a
lución del Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, de                  dicha acción exclusivamente el criterio general del domicilio
fecha 23 de agosto de 2000, en el procedimiento de                      del demandado?
recurso en el que son partes Merkurbau-Grundstücksver-
wertungs GmbH & Co. KG, Manfred Wander, Grundver-
kehrsbeauftragter des Landes Salzburg, Grundver-                        (1) Se trata del artı́culo 5, números 1 y 3 del Convenio de Bruselas de
         kehrslandeskommision des Landes Salzburg                            1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
                                                                             resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión
                        (Asunto C-319/00)                                    consolidada) (DO C 27, de 26.1.98, pag. 1).
                          (2000/C 302/40)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, dic-
tada el 23 de agosto de 2000, en el procedimiento de recurso
en el que son partes Merkurbau-Grundstücksverwertungs                                     Archivo del asunto C-525/99 (1)
GmbH & Co. KG, Manfred Wander, Grundverkehrsbeauftragter
des Landes Salzburg, Grundverkehrslandeskommision des Lan-                                          (2000/C 302/42)
des Salzburg, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
el 28 de agosto de 2000. El Unabhängiger Verwaltungssenat               Mediante auto de 3 de abril de 2000, el Presidente del Tribunal
Salzburg solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre        de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar
la siguiente cuestión:                                                 el asunto C-525/99 (petición de decisión prejudicial del
                                                                        Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg): Neubau GmbH
¿Las disposiciones de los artı́culos 56 y ss. del Tratado CE
                                                                        contra Herbert Bogensberger.
deben interpretarse en el sentido de que son contrarias a la
aplicación de los artı́culos 12 a 14 de la Salzburger Grundver-
kehrsgesetz 1997 (Ley de Transmisión de Bienes Inmuebles)              (1) DO C 79 de 18.3.2000.
en la versión publicada en el LGBI no 11/1999, según la cual
quien desee adquirir una parcela edificable en el Bundesland
de Salzburgo debe someter dicha adquisición inmobiliaria a
un procedimiento de notificación y aprobación, y de que por
tal motivo se vulnera alguna de las libertades fundamentales
del adquirente garantizadas por la legislación de la Unión
Europea?
                                                                                Archivo del asunto C-38/00 (1)
                                                                                (2000/C 302/43)
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            Mediante auto de 10 de mayo de 2000, el Presidente del
lución de la Corte Suprema di Cassazione — Sezioni                     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Unite Civili —, de fecha 9 de junio de 2000, en el asunto               archivar el asunto C-38/00 (petición de decisión prejudicial del
entre Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA y HWS                    Deputy Traffic Commissioner, North Western Traffic Area):
      Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GMbH                        Investigación pública relativa a Aaron Theophilus Joseph, que
                                                                        gira comercialmente como Woodcroft Haulage.
                        (Asunto C-334/00)
                          (2000/C 302/41)                               (1) DO C 122 de 29.4.2000.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante


title: Asunto T-499/10: Sentencia del Tribunal General de 12 de noviembre de 2013 — MOL/Comisión ( «Ayudas de Estado — Convenio entre el Estado húngaro y la compañía de petróleo y gas MOL relativo a los cánones mineros por la extracción de hidrocarburos — Modificación posterior del régimen legal de los cánones — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado interior — Carácter selectivo» )

text:
               21.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 377/11

         Sentencia del Tribunal General de 12 de noviembre de 2013 — MOL/Comisión
   (Asunto T-499/10) (1)

   (Ayudas de Estado - Convenio entre el Estado húngaro y la compañía de petróleo y gas MOL relativo a los cánones mineros por la extracción de hidrocarburos - Modificación posterior del régimen legal de los cánones - Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado interior - Carácter selectivo)
   2013/C 377/25
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Hungría) (representantes: N. Niejahr, abogado, F. Carlin, Barrister, y C. van der Meer, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Flynn y K. Talabér-Ritz, agentes)

      Objeto

   Con carácter principal, una pretensión de anulación de la Decisión 2011/88/UE de la Comisión, de 9 de junio de 2010, sobre la ayuda estatal C 1/09 (ex NN 69/08) concedida por Hungría a MOL Nyrt. (DO 2011, L 34, p. 55) y, con carácter subsidiario, una pretensión de anulación de la citada Decisión, en la medida en que ordena la recuperación de los importes de que se trata de dicha empresa.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión 2011/88/UE de la Comisión Europea, de 9 de junio de 2010, sobre la ayuda estatal C 1/09 (ex NN 69/08) concedida por Hungría a Mol Nyrt.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión Europea.

      (1)  DO C 346, de 18.12.2010.


title: Asunto C-575/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 4 de septiembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Administratīvā apgabaltiesa — Letonia) — Air Baltic Corporation AS/Valsts robežsarde [Remisión prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n° 810/2009 — Artículos 24, apartado 1, y 34 — Visado uniforme — Anulación o retirada de un visado uniforme — Validez de un visado uniforme extendido en un documento de viaje anulado — Reglamento (CE) n° 562/2006 — Artículos 5, apartado 1, y 13, apartado 1 — Inspecciones fronterizas — Condiciones de entrada — Norma nacional que exige un visado válido colocado en un documento de viaje válido]

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/8

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 4 de septiembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Administratīvā apgabaltiesa — Letonia) — Air Baltic Corporation AS/Valsts robežsarde
      (Asunto C-575/12) (1)

      ([Remisión prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Reglamento (CE) no 810/2009 - Artículos 24, apartado 1, y 34 - Visado uniforme - Anulación o retirada de un visado uniforme - Validez de un visado uniforme extendido en un documento de viaje anulado - Reglamento (CE) no 562/2006 - Artículos 5, apartado 1, y 13, apartado 1 - Inspecciones fronterizas - Condiciones de entrada - Norma nacional que exige un visado válido colocado en un documento de viaje válido])
      (2014/C 395/09)
      Lengua de procedimiento: letón

         Órgano jurisdiccional remitente

      Administratīvā apgabaltiesa

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Air Baltic Corporation AS

         Demandada: Valsts robežsarde

         Fallo

                  1)

                  Los artículos 24, apartado 1, y 34 del Reglamento (CE) no 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), deben interpretarse en el sentido de que la anulación, por parte de una autoridad de un país tercero, de un documento de viaje no entraña, de pleno Derecho, la nulidad de un visado uniforme extendido sobre este documento.

                  2)

                  El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010, en relación con el artículo 13, apartado 1, de este mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que no somete la entrada de nacionales de países terceros en territorio de los Estados miembros a la condición de que, en la inspección fronteriza, el visado válido presentado esté necesariamente extendido en un documento de viaje válido.

                  3)

                  El artículo 5, apartado 1, del Reglamento no 562/2006, en su versión modificada por el Reglamento no 265/2010, en relación con el artículo 13, apartado 1, de este mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que somete la entrada de nacionales de países terceros en el territorio del Estado miembro de que se trate a la condición de que, en la inspección fronteriza, el visado válido esté necesariamente extendido en un documento de viaje válido.

         (1)  DO C 38, de 9.2.2013.


title: Asunto T-436/10: Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2010 — Hit Groep/Comisión

text:
               20.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 317/41

         Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2010 — Hit Groep/Comisión
   (Asunto T-436/10)
   ()
   2010/C 317/75
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Hit Groep BV (Haarlem, Países Bajos) (representantes: G. van der Wal, G. Oosterhuis y H. Albers, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión en la medida en que vaya dirigida a la demandante, en particular el artículo 1, número 9, letra b), el artículo 2, número 9, y el artículo 4, número 22, y, con carácter subsidiario, que se fije en cero la multa impuesta a la demandante en el artículo 2, número 9, o que se reduzca equitativamente esta multa.

               —

               Que se condene a la Comisión a las costas del procedimiento soportadas por la demandante, incluidos los gastos de asistencia jurídica.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante interpone su recurso contra la Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 2010, C(2010) 4387 final en el asunto COMP/38.344 — acero para pretensado, de la que es destinataria.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega cinco motivos.

               —

               En primer lugar, la Comisión incurrió en error de Derecho por falta de motivación o por motivación insuficiente al establecer en el artículo 1 de la Decisión que la demandante había infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 17 de enero de 2002.

               —

               Según la demandante, la Comisión no motivó suficientemente por qué consideraba que la demandante había infringido el artículo 101 TFUE y por qué se había visto involucrada en este asunto por la Comisión de modo distinto al de accionista con «influencia decisiva» en el período de 1 de enero de 1998 a 17 de enero de 2002.

               —

               En segundo lugar, alega que la Comisión incurrió en error de Derecho al imponer una multa a la demandante. Según ésta, la imposición de una multa mediante Decisión de 30 de junio de 2010 a una empresa como ella que desde el 1 de noviembre de 2004 ya no ejerce una actividad económica, es incompatible con los objetivos del artículo 101 TFUE, la política comunitaria en materia de multas y el principio de proporcionalidad.

               —

               En tercer lugar, la Comisión incurrió en error de Derecho al considerar en el artículo 1, número 9, de la Decisión controvertida que la demandante había infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE y al imponer indebidamente a la demandante, sobre la base de éstos, una multa de 6 934 000 euros, puesto que, a juicio de la Comisión, la demandante era mancomunada y solidariamente responsable junto con Nedri Spanstaal BV por el período de 1 de enero de 1998 a 17 de enero de 2002.

               —

               La demandante alega que durante el período de 1 de enero de 1998 a 17 de enero de 2002 era una sociedad de participación que no ejercía ninguna «influencia decisiva» sobre Nedri Spanstaal y que por esa razón no puede considerársela responsable por la vulneración del Derecho de la competencia cometida por Nedri Spanstaal.

               —

               En cuarto lugar y con carácter subsidiario, la Comisión incurrió en error de Derecho al imponer una multa a la demandante de 6 934 000 euros cuando no debería haberle impuesto una multa o haberle impuesto una multa sensiblemente inferior.

                           —

                           Según la demandante, la Comisión no debería haber tomado su volumen de negocios en 2003 como criterio de determinación del máximo del 10 % de la multa impuesta a la demandante, y, por lo menos, en caso de apartarse de la regla general del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003, debería haber tenido en cuenta las consecuencias en el caso concreto a la luz de la finalidad de dicha disposición. Por consiguiente, la multa no es proporcionada al tamaño de la empresa y no cumple los requisitos de la jurisprudencia.

                           —

                           La Comisión también habría debido conceder a la demandante la reducción de clemencia que concedió a Nedri Spanstaal.

                           —

                           La Comisión efectuó indebidamente un cálculo separado de la multa y habría debido limitar la multa de la demandante a una parte de la multa impuesta a Nedri Spanstaal. La decisión respecto a la demandante está basada en su participación en Nedri Spanstaal durante una 48/224 parte del período total correspondiente a la infracción cometida por Nedri Spanstaal; la multa no respeta el principio de proporcionalidad.

                           —

                           La Comisión vulneró el principio de proporcionalidad al no tener en cuenta, tras la aplicación del máximo del 10 %, el período relativamente limitado por el que se considera responsable a la demandante por la infracción de Nedri Spanstaal, la calidad relativamente limitada de la responsabilidad de la demandante y el volumen de negocios limitado de la demandante.

                           —

                           La Comisión vulneró el principio de igualdad de trato al no tener en cuenta, tras la aplicación del máximo del 10 %, el período limitado por el que se considera responsable a HIT por la infracción en relación con Nedri Spanstaal. Se deriva de la jurisprudencia que la cuantía de la multa también se determina en función del período de infracción por el que la empresa multada es solidariamente responsable. No es compatible con ello que la multa de la demandante sea superior a la multa de Nedri Spanstaal.

               —

               En quinto lugar y con carácter subsidiario, la demandante alega que la Comisión incumple su obligación de adoptar la decisión dentro de un plazo razonable, en contra de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al establecer la multa la Comisión no tuvo en cuenta que ya había transcurrido un plazo razonable. La duración del presente procedimiento es en este caso de 94 meses y, por lo tanto, desmesuradamente largo.


title: Asunto C-492/15: Auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — R/S y T

text:
               5.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/19

         Auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — R/S y T
   (Asunto C-492/15) (1)

   (2016/C 326/34)
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 398 de 30.11.2015.


title: Asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo — España) — Vodafone España, S.A./Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), y France Telecom España, S.A./Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) (Directiva 2002/20/CE — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Autorización — Artículo 13 — Cánones por derechos de uso y derechos de instalación de recursos)

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo — España) — Vodafone España, S.A./Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), y France Telecom España, S.A./Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11)
   (Asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11) (1)

   (Directiva 2002/20/CE - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Autorización - Artículo 13 - Cánones por derechos de uso y derechos de instalación de recursos)
   2012/C 287/13
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Supremo

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Vodafone España, S.A. (C-55/11 y C-57/11) y France Telecom España, S.A. (C-58/11)

      Demandadas: Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11) y Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunal Supremo — Interpretación del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21) — Cánones por derechos de uso y derechos de instalación de recursos — Dominio público local.

      Fallo

               1)

               El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.

               2)

               El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo.

      (1)  DO C 139, de 7.5.2011.


title: Asunto T-580/15: Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2015 — Flamagas/OAMI — MatMind (CLIPPER)

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/62

         Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2015 — Flamagas/OAMI — MatMind (CLIPPER)
   (Asunto T-580/15)
   (2016/C 038/84)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Flamagas, S.A. (Barcelona) (representantes: I. Valdelomar Serrano, G. Hinarejos Mulliez y D. Gabarre Armengol, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: MatMind Srl (Formello, Italia)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular de la marca controvertida: La demandante

      Marca controvertida: Marca comunitaria tridimensional (Forma de encendedor que contiene el elemento verbal «CLIPPER») — Marca comunitaria no 4758652

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 30 de julio de 2015 en el asunto R 924/2013-1

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Confirme la resolución de 22 de marzo de 2013 de la División de Anulación en el procedimiento de anulación no C 5642 seguido contra el registro de la marca comunitaria no 4758652.

               —

               Condene en costas a la otra parte en el procedimiento.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto F-39/15: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 15 de junio de 2016 — Marinozzi/Comisión (Función pública — Agentes contractuales — Pensiones — Transferencia de los derechos a pensión nacionales — Propuestas de bonificación de anualidades — Acto no lesivo — Inadmisibilidad del recurso — Solicitud de resolución sin examen del fondo del asunto — Artículo 83 del Reglamento de Procedimiento)

text:
               7.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 410/40

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 15 de junio de 2016 — Marinozzi/Comisión
   (Asunto F-39/15) (1)

   ((Función pública - Agentes contractuales - Pensiones - Transferencia de los derechos a pensión nacionales - Propuestas de bonificación de anualidades - Acto no lesivo - Inadmisibilidad del recurso - Solicitud de resolución sin examen del fondo del asunto - Artículo 83 del Reglamento de Procedimiento))
   (2016/C 410/71)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Gabrio Marinozzi (Santo Domingo, República Dominicana) (representantes: J.-N. Louis y N. de Montigny, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente J. Currall y G. Gattinara, agentes; seguidamente G. Gattinara, agente; finalmente G. Gattinara y F. Simonetti, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la propuesta de transferencia de los derechos de pensión del demandante al régimen de pensiones de la Unión, basada en las nuevas disposiciones generales de aplicación del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto de 3 de marzo de 2011.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Gabrio Marinozzi cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 178 de 1.6.2015, p. 27.


title: Asunto F-19/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 28 de junio de 2006 — Sánchez Férriz/Comisión (Funcionarios — Informe de evolución de carrera — Ejercicio de evaluación 2003)

text:
               12.8.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/32

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 28 de junio de 2006 — Sánchez Férriz/Comisión
   (Asunto F-19/05) (1)

   (Funcionarios - Informe de evolución de carrera - Ejercicio de evaluación 2003)
   (2006/C 190/58)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Carlos Sánchez Férriz (Bruselas, Bélgica) (representantes: inicialmente, G. Bounéou y F. Frabetti, abogados; posteriormente, sólo F. Frabetti)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Berscheid y L. Lozano Palacios, agentes)
   Objeto
   Anulación del ejercicio de evaluación 2003 en lo que concierne al demandante o, con carácter subsidiario, anulación del informe de evolución de carrera del demandante correspondiente al año 2003.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 155, de 25.6.2005 (asunto inicialmente registrado en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-153/05 y remitido al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15.12.2005).


title: Asunto T-239/00: Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por SCI UK Limited

text:
25.11.2000              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 335/45
Además, el Executive Board de la demandada carecı́a de                  La demandante alega que se cumplen los dos requisitos
competencias para adoptar las «Staff rules» 1.4.2, 1.4.3 y 1.4.7.        establecidos por el artı́culo 13, a saber, la existencia de
Lo mismo se aplica a la denegación de la solicitud de que,              especiales circunstancias y la falta de cualquier neglicencia o
mediante acuerdo del Consejo del BCE, se incluyera en las                culpa evidente. Sostiene que el productor japonés no cumplió
condiciones de empleo un régimen de convenio colectivo. La               debidamente el compromiso. La demandante puso todo su
denegación de las peticiones de las demandantes en este                 empeño, resultando ser vı́ctima inocente de fraude.
sentido no podı́a realizarla el Vicepresidente de la demandada.
                                                                         Además, la Comisión no cumplió su obligación de controlar
Finalmente, en opinión de las demandantes, la decisión no está        eficazmente las medidas relacionadas con el compromiso. Es
suficientemente motivada. Se limita a decir que considera                injusto exigir a la demandante que sufra un perjuicio en el que
improcedentes las alegaciones de la demandada, sin explicar              no habrı́a incurrido en el supuesto de que la Comisión y los
cuáles son las consideraciones en que se apoya para llegar a            productores japoneses hubieran cumplido sus obligaciones,
esta conclusión.                                                        impuestas por las medidas relativas a los compromisos sobre
                                                                         los precios.
                                                                         (1) Reglamento (CEE) no 2112/90 del Consejo, de 23 de julio de
                                                                             1990, por el que se establece un derecho antidumping definitivo
                                                                             sobre las importaciones de determinados tipos de microcircuitos
                                                                             electrónicos conocidos como DRAMS (dynamic random acces
Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2000 contra la                        memories), originarios de Japón, y por el que se percibe definitiva-
Comisión de las Comunidades Europeas por SCI UK                             mente el derecho provisional (DO L 193, p. 1).
                              Limited                                    (2) Reglamento (CEE) no 1430/79 del Consejo, de 2 de julio de 1979,
                                                                             relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de
                        (Asunto T-239/00)                                    importación o de exportación (DO L 175, p. 1).
                         (2000/C 335/85)
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                         Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2000 contra la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   Comisión de las Comunidades Europeas por la Compagnia
Europeas se ha presentado el 28 de agosto de 2000 un recurso                            Lavoratori Portuali s.c.a.r.l. y otros
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                         (Asuntos       T-242/00, T-243/00, T-257/00,                T-258/00,
por SCI UK Limited, con domicilio social en Irvine (Reino
                                                                                T-259/00, T-265/00 y T-267/00)
Unido), representada por Mr. Leslie Allen, del despacho Ernst
& Young, Londres.                                                                                (2000/C 335/86)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
—      Anule la Decisión [C(2000) 1684 final] de la Comisión,          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       de 29 de junio de 2000, dirigida al Reino Unido de Gran           Europeas se ha presentado el 14 de septiembre de 2000 un
       Bretaña e Irlanda del Norte, referente a una solicitud de        recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
       devolución de derechos de importación.                          formulado por la Società Cooperativa Lavoratori Portuali San
                                                                         Marco Venezia s.c.a.r.l. y otros, representados por las Sras.
                                                                         Andrea Bortoluzzi y Chiara Montagner, Abogadas de Venecia.
Motivos y principales alegaciones
                                                                         Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
La demandante importó componentes de ordenador, entre los               que:
que se hallaban dynamic random access memories («DRAMS»)
originarios de Japón. Con arreglo al Reglamento no 2112/90 (1)          —     Anule los artı́culos 1 y 2 de la Decisión 2000/394/CE de
del Consejo, tales importaciones están sujetas a un derecho                   la Comisión.
antidumping del 60 % que, sin embargo, no se liquidó a la               —     Con carácter subsidiario, anule el artı́culo 5 de la misma
presentación de los documentos relativos a los compromisos                    Decisión.
sobre los precios emitidos por los productores japoneses. A
raı́z de una investigación acordada en un proceso penal, resultó       —     Condene en costas a la Comisión.
que algunos certificados emitidos a favor de la demandante
eran inválidos por diversas razones, y que habı́an sido                 Motivos y principales alegaciones
utilizados de manera fraudulenta. Por lo tanto, HM Customs &
Excise dirigió a la demandante una providencia de apremio               Los motivos y principales alegaciones son similares a los
por la cantidad del derecho antidumping impagado. Posterior-             invocados en los asuntos T-234/00 Fondazione Opera S. Maria
mente las autoridades británicas presentaron una solicitud a la         della Carità/Comisión y T-235/00 Codess Sociale y otros (1).
Comisión para que decidiera que estaba justificada la devolu-
ción de los derechos de importación, sobre la base del                 (1) Aún no publicados.
artı́culo 13 del Reglamento no 1430/79 (2). Se denegó dicha
solicitud mediante la Decisión impugnada.


title: Recurso interpuesto el 29 de julio de 1998 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa (Asunto C-296/98)

text:
26.9.98                 ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 299/21
las Directivas mencionadas en las pretensiones de la                 Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 14 de mayo de
Comisión.                                                            1998 por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera
                                                                     Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos
(1) DO L 148 de 30.6.1995, p. 52.                                    acumulados T-339/94, T-340/94, T-341/94 y T-342/94:
(2) DO L 49 de 28.2.1996, p. 29.                                     Metsä-Serla Oy y otros contra Comisión de las Comunida-
                                                                     des Europeas.
                                                                     La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
                                                                     Comunidades Europeas que:
Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de
                                                                     Ð anule la Decisión de la parte recurrida, de 13 de julio
Oviedo, dictado el 1 de junio de 1998, en el asunto entre
                                                                         de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audio-
                                                                         artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 Ð Cartonci-
  visuales (EGEDA) y Hostelería Asturiana, SA (HOASA)
                                                                         llo), notificada a la recurrente el 8 de agosto de 1994
                       (Asunto C-293/98)                                 y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades
                          (98/C 299/32)                                  Europeas el 19 de septiembre de 1994, en la medida
                                                                         en que afecta a la parte recurrente;
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial                   Ð condene en costas a la Comisión.
mediante auto del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción no 5 de Oviedo, dictado el 1 de junio de 1998, en el            Motivos y principales alegaciones
asunto entre Entidad de Gestión de Derechos de los Pro-
ductores Audiovisuales (EGEDA) y Hostelería Asturiana,               Infracción del Derecho comunitario: no existe fundamento
SA (HOASA), y recibido en la Secretaría del Tribunal de              jurídico alguno para declarar a la demandante responsable
Justicia el 29 de julio de 1998.                                     solidaria del pago de una multa impuesta a Finnboard. El
                                                                     apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 del Con-
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de                sejo no contempla ninguÂn supuesto de responsabilidad por
Oviedo solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie             infracciones ajenas. Ni la Comisión ni el Tribunal de Pri-
sobre la cuestión siguiente:                                         mera Instancia han declarado la existencia de una infrac-
                                                                     ción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE por
¿El artículo 1, en la letra a) de su apartado 2 y en su              parte de la propia recurrente. El criterio aplicado por el
apartado 3, de la Directiva 93/83/CEE del Consejo (1) debe           Tribunal de Primera Instancia seguÂn el cual puede decla-
interpretarse en el sentido de considerar que la captación,          rarse a una empresa responsable solidaria del pago de una
por parte de una entidad hotelera, de senÄales de televisión         multa cuando la Comisión llega a la conclusión, en el
vía sateÂlite o terrestre y su distribución por cable a las dis-     mismo acto, de que la infracción tambieÂn podría haberse
tintas habitaciones del hotel es un «acto de comunicación            acreditado en el caso de tal empresa viola el principio de
al puÂblico» o de «recepción por el puÂblico»?                       nulla poena sine lege, es decir, la consiguiente prohibición
                                                                     de analogía, así como el principio de presunción de ino-
(1) DO L 248 de 6.10.1993, p. 15.                                    cencia; es incompatible con los principios que rigen los
                                                                     procedimientos en un Estado de Derecho y constituye un
                                                                     menosprecio de los derechos fundamentales de defensa de
                                                                     las recurrentes.
Recurso de casación interpuesto el 29 de julio de 1998
por Metsä-Serla Oyj, UPM-Kymmene Oyj (anteriormente                  El Tribunal de Primera Instancia actuÂa erróneamente al
United Paper Mills Ltd), Tamrock Oy (anteriormente                   invocar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en mate-
Tampella Corporation) y Kyro Oyj ABP (anteriormente                  ria de multas impuestas a empresas que constituyen una
Oy Kyro AB) contra la sentencia dictada el 14 de mayo                unidad económica. La responsabilidad solidaria no puede
de 1998 por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Pri-            deducirse de los principios relativos a la existencia de una
mera Instancia de las Comunidades Europeas en los                    unidad económica. Por otra parte, tampoco concurren los
asuntos acumulados T-339/94, T-340/94, T-341/94 y                    requisitos para suponer que se trata de una unidad
T-342/94: Metsä-Serla Oy y otros contra Comisión de las              económica.
                     Comunidades Europeas
                      (Asunto C-294/98 P)
                          (98/C 299/33)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                  Recurso interpuesto el 29 de julio de 1998 por la
ha presentado el 29 de julio de 1998 un recurso de casa-                  Comisión de las Comunidades Europeas contra la
ción formulado por Metsä-Serla Oyj y otros, representadas                                 RepuÂblica Francesa
por el Sr. Hans Hellmann, Abogado, Am Morsdorfer                                          (Asunto C-296/98)
Hof 16, D-50933 Colonia, y el Sr. Hans-Joachim Hell-
                                                                                (98/C 299/34)
mann, Abogado del bufete Schilling, Zutt & Anschütz,
Otto-Beck-Straûe 42, D-68165 Mannheim, que designan
como domicilio en Luxemburgo el bufete de abogados                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
Loesch y Wolter, 11, rue Goethe, B.P. 1107, L-1011                   ha presentado el 29 de julio de 1998 un recurso contra la
 ---pagebreak--- C 299/22               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     26.9.98
RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión de las                 Recurso de casación interpuesto el 29 de julio de 1998 por
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Christina             SCA Holding Ltd contra la sentencia dictada el 14 de
Tufvesson, Consejera Jurídica, y por el Sr. Bernard Mon-             mayo de 1998 por la Sala Tercera ampliada del Tribunal
gin, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes,           de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho                 asunto T-327/94: SCA Holding Ltd contra Comisión de
del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirch-                                las Comunidades Europeas (1)
berg.                                                                                (Asunto C-297/98 P)
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-                                      (98/C 299/35)
bunal de Justicia que:
Ð declare que la RepuÂblica Francesa ha incumplido las               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado              ha presentado el 29 de julio de 1998 un recurso de casa-
     constitutivo de la Comunidad Europea y de lo dis-               ción formulado por SCA Holding Ltd, con domicilio social
     puesto en el apartado 3 del artículo 6 y en los                 en SCA Packaging House, 543 New Hythe Lane, Lark-
     artículos 29 y 39 de la Directiva 92/49/CEE del Con-            field, Aylesford, Kent ME20 7PE (Inglaterra), representada
     sejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de             por los Sres. John Pheasant y Nicholas Bromfield, Solici-
     las disposiciones legales, reglamentarias y administrati-       tors de la Supreme Court of England and Wales, que
     vas relativas al seguro directo distinto del seguro de          designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de abo-
     vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/           gados Loesch y Wolter, 11, rue Goethe, contra la sentencia
     CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros dis-             dictada el 14 de mayo de 1998 por la Sala Tercera
     tintos del seguro de vida) (1), así como en el apartado 3       ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comu-
     del artículo 5 y en los artículos 29 y 39 de la Directiva       nidades Europeas en el asunto T-327/94: SCA Holding Ltd
     92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992,              contra Comisión de las Comunidades Europeas.
     sobre coordinación de las disposiciones legales, regla-
     mentarias y administrativas relativas al seguro directo         La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
     de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/
     267/CEE y 90/619/CEE (Tercera Directiva de seguros
     de vida) (2), al mantener en vigor los artículos L 310-8        Ð anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera
     y A 310-1 del Code des Assurances, seguÂn los cuales:                Instancia el 14 de mayo de 1998 en el asunto T-327/
                                                                          94: SCA Holding Ltd contra Comisión de las Comuni-
     Ð cuando las empresas de seguros o de capitalización                 dades Europeas;
         comercialicen por primera vez en Francia un
         modelo de contrato de seguro, informaraÂn de ello
         al Ministre chargeÂ de l'EÂconomie et des Finances          Ð anule el artículo 1 de la Decisión 94/601/CE de la
         en las condiciones fijadas por Orden Ministerial de              Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un proce-
         eÂste;                                                           dimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE
                                                                          (IV/C/33.833 Ð Cartoncillo) (2), en la medida en que
     Ð la información contemplada en el paÂrrafo primero                  atanÄe a la recurrente, o, con caraÂcter subsidiario, que
         del artículo L 310-8 se presentaraÂ en forma de                  anule o reduzca sustancialmente la multa impuesta a
         ficha redactada en franceÂs e incluiraÂ las informa-             la recurrente en su artículo 3;
         ciones mencionadas en anexo del presente artículo;
                                                                     Ð condene en costas a la Comisión.
Ð condene en costas a la RepuÂblica Francesa.
Motivos y principales alegaciones                                    Motivos y principales alegaciones
La Comisión considera que las disposiciones de los
artículos L 310-8 y A 310-1 del Code des Assurances fran-            Los motivos de SCA Holding Ltd se dividen en dos catego-
ceÂs no son conformes a las obligaciones impuestas a los             rías: los relativos a la cuestión del destinatario de la Deci-
Estados miembros por las terceras Directivas de seguros              sión sobre el cartoncillo y los relativos a las multas
de vida y de seguros distintos del seguro de vida, en la             impuestas.
medida en que obligan a comunicar de manera sistemaÂtica
las condiciones generales de los contratos que las empresas          Sobre el destinatario de la Decisión
de seguros deseen comercializar por primera vez en el
territorio franceÂs. Esta praÂctica es equiparable a un control
                                                                     Las conclusiones del Tribunal de Primera Instancia susci-
sistemaÂtico encubierto. El Derecho franceÂs no exige la
                                                                     tan las siguientes cuestiones de Derecho:
aprobación previa de las condiciones generales y especiales
de las pólizas de seguros, de las tarifas y de los formula-
rios, pero preveÂ la comunicación sistemaÂtica de las condi-         a) si el Tribunal de Primera Instancia llegó acertadamente
ciones generales de los contratos que las empresas de segu-               a la conclusión de que no se planteaba un problema de
ros deseen comercializar por primera vez en el territorio                 sucesión en las circunstancias del presente asunto;
franceÂs.
                                                                     b) si el Tribunal de Primera Instancia llegó acertadamente
(1) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1.
                                                                          a la conclusión de que la Comisión disponía de una
(2) DO L 360 de 9.12.1992, p. 1.
                                                                          facultad de opción en cuanto al destinatario de la
                                                                          Decisión.


title: Asunto T-313/04: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Hewlett-Packard GmbH

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/45

         Recurso interpuesto el 30 de julio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Hewlett-Packard GmbH
   (Asunto T-313/04)
   (2004/C 262/86)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 30 de julio de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Hewlett-Packard GmbH, con domicilio social en Böblingen (Alemania), representada por la Sra. F. Boulanger y los Sres. M. Mrozek y M. Tervooren, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión REM 06/02, de 7 de abril de 2004, por la que se declara injustificado el reembolso en un caso determinado.

         Motivos y principales alegaciones
   El 21 de diciembre de 1995 la demandante retiró de su depósito aduanero, para su despachó a libre práctica en la Comunidad, mercancías (impresoras y cartuchos para impresora) procedentes de Singapur. El despacho de las mercancías dio lugar al nacimiento de una deuda aduanera. Según la demandante, las mercancías se despacharon a libre práctica el 21 de diciembre de 1995 para poder acogerse a los tipos arancelarios preferenciales aplicables hasta el 31 de diciembre de 1995 (1). En el momento en que se despacharon las mercancías, se preveía la aplicación de derechos arancelarios superiores por el despacho a libre práctica, con efectos a partir del 1 de enero de 1996. Mediante el Reglamento (CE) no 3009/95 se admitieron al régimen de franquicia, a partir del 1 de enero de 1996, las mercancías incluidas en la misma partida arancelaria que las despachadas por la demandante.
   En noviembre de 1996 la demandante solicitó a las autoridades aduaneras alemanas el reembolso de los importes reclamados. Esta solicitud fue desestimada. Las autoridades alemanas sometieron el asunto a la Comisión, con el acuerdo de la demandante.
   La demandante invoca el artículo 239 del Código Aduanero y alega que la Comisión ha vulnerado el principio de previsibilidad de la actuación de los órganos comunitarios y, en consecuencia, el principio de seguridad jurídica al haber publicado tardíamente el Reglamento (CE) no 3009/95 y no haberlo notificado en plazo, así como al haberle asignado deliberadamente una fecha anterior a la de la publicación y haber incluido en él una remisión al Reglamento (CE) no 3093/95 (2) del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, que no se publicó hasta el 21 de febrero de 1996.
   Por otro lado, la demandante alega que se ha vulnerado el artículo 12 del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo (3), que exige que se publique una versión completa de la nomenclatura combinada a más tardar el 31 de octubre del año de que se trate, para su aplicación en el año siguiente. Con esta disposición se pretende precisamente que los operadores económicos dispongan de información fiable acerca de las futuras consecuencias financieras, de tal modo que los ciudadanos comunitarios gocen de seguridad para la elaboración de sus planes y puedan actuar de modo adecuado.
   La demandante alega, además, que la Comisión incumplió su deber de diligencia al no haberle comunicado a tiempo la nueva modificación de la nomenclatura combinada que pensaba adoptar. Por otro lado, la Comisión basó la Decisión impugnada en circunstancias que no existían objetivamente. Al actuar así, se extralimitó en la facultad discrecional de que dispone en este ámbito en detrimento de los intereses de la demandante. Por último, la demandante afirma que no actuó con negligencia manifiesta ni con intención fraudulenta.

      (1)  Reglamento (CE) no 3009/95 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1995, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 319, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 3093/95 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por el que se establecen los tipos de los derechos de aduana que debe aplicar la Comunidad, resultado de las negociaciones llevadas a cabo en virtud del apartado 6 del artículo XXIV del GATT, como consecuencia de la adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia a la Unión Europea (DO L 334, p. 1).

      (3)  Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256, p. 1).


title: Asunto C-231/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku/Polkomtel sp. z o.o. (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE — Artículo 4, apartado 1 — Derecho de recurso contra una decisión de una autoridad nacional de reglamentación — Mecanismo de recurso eficaz — Mantenimiento de la decisión de una autoridad nacional de reglamentación a la espera del resultado del procedimiento de recurso — Efectos temporales de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional por la que se declara la anulación de una decisión de una autoridad nacional de reglamentación — Posibilidad de anular una decisión de la autoridad nacional de reglamentación con efecto retroactivo — Principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima)

text:
               12.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku/Polkomtel sp. z o.o.
   (Asunto C-231/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/21/CE - Artículo 4, apartado 1 - Derecho de recurso contra una decisión de una autoridad nacional de reglamentación - Mecanismo de recurso eficaz - Mantenimiento de la decisión de una autoridad nacional de reglamentación a la espera del resultado del procedimiento de recurso - Efectos temporales de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional por la que se declara la anulación de una decisión de una autoridad nacional de reglamentación - Posibilidad de anular una decisión de la autoridad nacional de reglamentación con efecto retroactivo - Principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima))
   (2016/C 462/06)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sąd Najwyższy

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku

      Demandada: Polkomtel sp. z o.o.

      Fallo

   El artículo 4, apartado 1, párrafo primero, primera y tercera frases, y párrafo segundo, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional que conoce de un recurso contra una decisión de la autoridad nacional de reglamentación debe poder anularla con efecto retroactivo si considera que ello es necesario para garantizar una protección efectiva de los derechos de la empresa que ha interpuesto el recurso.

      (1)  DO C 294 de 7.9.2015.


title: Asunto T-99/04: Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2004 por AC–Treuhand AG contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/43

         Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2004 por AC–Treuhand AG contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-99/04)
   (2004/C 118/96)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 16 de marzo de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas por AC-Treuhand AG, con domicilio en Zurich (Suiza), representada por M. Karl, C. Steinle y J. Drolshammer, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 10 de diciembre de 2003 (rectificada el 7 de enero de 2004) en el asunto COMP/E–2/37.857 — Peróxido orgánico, en la medida en que afecta a la demandante.

               —

               Condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante la Decisión impugnada, la Comisión estableció que la demandante y otras cinco empresas o asociaciones de empresas habían vulnerado el artículo 81 CE, apartado 2, al participar en una serie de acuerdos y prácticas concertadas en el mercado del peróxido orgánico. Se impuso a la demandante una multa de 1 000 euros.
   La demandante alega que no produce ni comercializa el peróxido orgánico y que no actuaba en el mercado afectado por la infracción. Su recurso se dirige contra la declaración de la Comisión según la cual la demandante ha incumplido el artículo 81 CE a través de los servicios prestados a los tres productores de peróxido orgánico. La apreciación jurídica errónea de la Comisión se apoya en tres elementos de hecho falsos. En su opinión, la Comisión aceptó estas afirmaciones falsas sin crítica, puesto que la demandante no pudo pronunciarse al respecto durante el procedimiento de examen de la Comisión. De este modo, la Comisión ha vulnerado los derechos de defensa de la demandante e infringido el derecho fundamental a un procedimiento justo.
   Por otra parte, la demandante alega que, pese a imponerle una multa meramente simbólica, la Comisión ha obligado a la demandante a interponer un recurso contra la Decisión para exigir seguridad jurídica frente a su actividad comercial. En particular, la Decisión sienta –según la Comisión– un precedente con el que la Comisión abre nuevos caminos. Si la Decisión se convierte en definitiva, se corre el riesgo de que en el futuro la prestación por parte de la demandante de servicios considerados hasta el momento legales y no restrictivos de la competencia quede prohibida y sujeta a la imposición de multas.
   Además, la demandante alega que la Comisión ha vulnerado el principio de nullum crimen, nulla poena sine lege, dado que la demandante no ha participado como empresa en una práctica concertada colusoria ni constituye una asociación de empresas. La apreciación jurídica de la Comisión respecto a la demandante no sólo es errónea, sino también altamente imprecisa y contradictoria. Por último, la Decisión impugnada vulnera la necesidad de precisión, el principio de seguridad jurídica y el principio de protección de la confianza.


title: Asunto C-371/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Alemania) — Nural Ziebell, anteriormente Nural Örnek/Land Baden-Württemberg (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Libre circulación de los trabajadores — Artículos 7, párrafo primero, segundo guión, y 14, apartado 1, de la Decisión n ° 1/80 del Consejo de Asociación — Directivas 64/221/CEE, 2003/109/CE y 2004/38/CE — Derecho de residencia de un turco nacido en el territorio del Estado miembro de acogida y que ha residido legalmente en el mismo durante más de diez años ininterrumpidos en tanto hijo de un trabajador turco — Condenas penales — Legalidad de una decisión de expulsión — Requisitos)

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Alemania) — Nural Ziebell, anteriormente Nural Örnek/Land Baden-Württemberg
   (Asunto C-371/08) (1)

   (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Libre circulación de los trabajadores - Artículos 7, párrafo primero, segundo guión, y 14, apartado 1, de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación - Directivas 64/221/CEE, 2003/109/CE y 2004/38/CE - Derecho de residencia de un turco nacido en el territorio del Estado miembro de acogida y que ha residido legalmente en el mismo durante más de diez años ininterrumpidos en tanto hijo de un trabajador turco - Condenas penales - Legalidad de una decisión de expulsión - Requisitos)
   2012/C 32/03
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Nural Ziebell, anteriormente Nural Örnek

      Demandada: Land Baden-Württemberg

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretación del artículo 14, apartado 1, de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, sobre el desarrollo de la Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía — Extensión a los nacionales turcos del ámbito de aplicación del artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77), que sólo permite la expulsión de ciudadanos de la Unión por motivos graves de seguridad pública — Decisión de expulsión dictada tras varias condenas penales contra un nacional turco nacido y residente desde hace 34 años en Alemania.

      Fallo

   El artículo 14, apartado 1, de la Decisión no 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación, establecido por el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado el 12 de septiembre de 1963 en Ankara por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra parte, y que fue celebrado, aprobado y confirmado en nombre de ésta mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963, debe interpretarse en el sentido de que:

               —

               la protección frente a la expulsión que esta disposición reconoce a los nacionales turcos no tiene el mismo alcance que el de la protección de la que gozan los ciudadanos de la Unión en virtud del artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, de modo que el régimen de protección frente a la expulsión del que gozan estos ciudadanos no puede aplicarse mutatis mutandis a los nacionales turcos a efectos de determinar el sentido y el alcance del artículo 14, apartado 1, de la Decisión no 1/80;

               —

               esta disposición de la Decisión no 1/80 no se opone a que se adopte una medida de expulsión basada en razones de orden público contra un nacional turco titular de los derechos que le confiere el artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de dicha Decisión, siempre que la conducta personal del interesado constituya actualmente una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad del Estado miembro de acogida y siempre que tal medida resulte imprescindible para la defensa de ese interés. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar, habida cuenta de todos los elementos pertinentes que concurren en la situación del nacional turco interesado, si esa medida está legalmente justificada en el litigio principal.

      (1)  DO C 285, de 8.11.2008.


title: Asunto T-388/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de  5 de abril de 2006  — Kachakil Amar/OAMI ( Marca comunitaria — Marca figurativa representada en forma de línea longitudinal acabada en triángulo — Denegación de registro — Falta de carácter distintivo — Adquisición de carácter distintivo por el uso )

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/40

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2006 — Kachakil Amar/OAMI
   (Asunto T-388/04) (1)

   («Marca comunitaria - Marca figurativa representada en forma de línea longitudinal acabada en triángulo - Denegación de registro - Falta de carácter distintivo - Adquisición de carácter distintivo por el uso»)
   (2006/C 131/74)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Habib Kachakil Amar (Valencia) (representante: J.C. Heder, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (representante: O. Mondéjar, agente)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 20 de julio de 2004 (R 175/2004-1), por la que se deniega el registro como marca comunitaria de la marca figurativa «línea longitudinal acabada en triángulo».
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al demandante.

      (1)  DO C 284, de 20.11.2004.


title: Asunto T-199/14: Sentencia del Tribunal General de 29 de octubre de 2015 — Vanbreda Risk & Benefits/Comisión («Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación de servicios de seguro de bienes y de personas — Desestimación de la oferta de un licitador — Adjudicación del contrato a otro licitador — Igualdad de trato — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Responsabilidad extracontractual — Pérdida de una oportunidad — Sentencia interlocutoria»)

text:
               21.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 429/19

         Sentencia del Tribunal General de 29 de octubre de 2015 — Vanbreda Risk & Benefits/Comisión
   (Asunto T-199/14) (1)

   ((«Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación - Prestación de servicios de seguro de bienes y de personas - Desestimación de la oferta de un licitador - Adjudicación del contrato a otro licitador - Igualdad de trato - Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Responsabilidad extracontractual - Pérdida de una oportunidad - Sentencia interlocutoria»))
   (2015/C 429/25)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Vanbreda Risk & Benefits (Amberes, Bélgica) (representantes: inicialmente, P. Teerlinck y P. de Bandt; posteriormente, P. Teerlinck, P. de Bandt y M. Gherghinaru, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: S. Delaude y L. Cappelletti, agentes)

      Objeto

   Por una parte, una pretensión de anulación de la decisión de 30 de enero de 2014 mediante la que la Comisión desestimó la oferta presentada por la demandante con respecto al lote no 1 en el marco del procedimiento de licitación OIB.DR.2/PO/2013/062/591, relativo al seguro de bienes y de personas (DO 2013/S 155-269617), y adjudicó dicho lote a otra sociedad, y, por otra parte, una pretensión de indemnización por daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de 30 de enero de 2014 mediante la que la Comisión Europea desestimó la oferta presentada por Vanbreda Risk & Benefits con respecto al lote no 1 en el marco del procedimiento de licitación OIB.DR.2/PO/2013/062/591, relativo al seguro de bienes y de personas (DO 2013/S 155-269617), y adjudicó dicho lote a otra sociedad.

               2)

               La Unión Europea resarcirá el perjuicio sufrido por Vanbreda Risk & Benefits por la pérdida de una oportunidad de que se le adjudique el mencionado contrato y de obtener las referencias de concesión del contrato correspondientes.

               3)

               Desestimar la pretensión indemnizatoria en todo lo demás.

               4)

               Las partes comunicarán al Tribunal, en el plazo de seis meses a partir del día en que se dicte la presente sentencia, la cuantía de la indemnización, establecida de mutuo acuerdo, en concepto de resarcimiento del perjuicio.

               5)

               A falta de acuerdo, las partes comunicarán al Tribunal, en el mismo plazo, sus pretensiones expresadas en cifras.

               6)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 159, de 26.5.2014.


title: Asunto F-114/10: Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2010 — Bowles y otros/BCE

text:
               19.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/37

         Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2010 — Bowles y otros/BCE
   (Asunto F-114/10)
   2011/C 55/69
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Carlos Bowles y otros (Francfort del Meno, Alemania) (representantes: L. Levi y M. Vandenbussche, abogados)

      Demandada: Banco Central Europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las nóminas de los demandantes correspondientes a enero de 2010 y a los meses posteriores, en la medida en que aplican un incremento salarial del 2 % como resultado del ejercicio de ajuste salarial para 2010, y compensación del daño material sufrido por los demandantes.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la nómina correspondiente a enero 2010 y a los meses posteriores, en la medida en que aplican un incremento salarial del 2 %, para que se aplique un incremento del 2,1 %, calculado sobre la base del ajuste del 3,6 % aplicado en la Comisión.

               —

               En la medida en que resulte necesario, que se anulen las decisiones por las que se desestiman las solicitudes de revisión y las reclamaciones interpuestas por los demandantes.

               —

               Que se compense a los demandantes por el daño moral, consistente en la diferencia entre el incremento salarial del 2 % aplicado irregularmente a partir de enero de 2010 y el del 2,1 % al que habrían debido tener derecho, es decir, un incremento de su salario de un 0,1 % por mes a partir de enero de 2010 y del resto de efectos económicos derivados (como los derechos a pensión). Debe aplicarse a estos importes un interés computado desde la fecha de su devengo respectivo hasta el día del pago efectivo, calculado sobre la base del tipo fijado por el Banco Central Europeo para las operaciones principales de refinanciación aplicable durante el período de que se trata, incrementado en dos puntos.

               —

               Que se compense el perjuicio causado a su poder adquisitivo, fijado ex aequo et bono y con carácter provisional en 5 000 euros por demandante.

               —

               Que se compense su daño moral, evaluado ex aequo et bono en 5 000 euros por demandante.

               —

               Que se condene en costas al Banco Central Europeo.


title: Asunto C-331/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu — Rumanía) — Ilie Nicolae Nicula/Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu (Procedimiento prejudicial — Devolución de impuestos recaudados por un Estado miembro en infracción del Derecho de la Unión)

text:
               22.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu — Rumanía) — Ilie Nicolae Nicula/Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu
   (Asunto C-331/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Devolución de impuestos recaudados por un Estado miembro en infracción del Derecho de la Unión))
   (2014/C 462/12)
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Sibiu

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ilie Nicolae Nicula

      Demandadas: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu y Administraţia Fondului pentru Mediu

      Fallo

   El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de devolución de un impuesto percibido en contra del Derecho de la Unión como el controvertido en el litigio principal.

      (1)  DO C 260, de 7.9.2013.


title: Asunto T-395/13: Recurso interpuesto el 31 de julio de 2013 — Miettinen/Consejo

text:
               21.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/23

         Recurso interpuesto el 31 de julio de 2013 — Miettinen/Consejo
   (Asunto T-395/13)
   2013/C 274/38
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (representantes: O. Brouwer y E. Raedts, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión del Consejo, de 21 de mayo de 2013, por la que se deniega el acceso íntegro al Documento 12979/12 con arreglo al Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), tal como se comunicó a la parte demandante el 21 de mayo de 2013 mediante un escrito con la referencia «06/c/02/1 3» (Decisión impugnada), así como su nueva denegación de 23 de julio de 2013.

               —

               Condene al Consejo al pago de las costas en que incurrió la parte demandante, conforme al artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, incluyendo las costas en que haya incurrido cualquier parte coadyuvante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.
   Primer motivo, basado en una infracción del artículo 4, apartado 2, segundo guión, y del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1049/2001, en la medida en que la Decisión impugnada se basa en una interpretación y aplicación erróneas de las antedichas disposiciones, relativas a los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico y a la protección del proceso de toma de decisiones en curso respectivamente:

               En primer lugar, el Consejo no demostró que la divulgación del Documento 12979/12 menoscabase la capacidad de su Servicio Jurídico para defenderle en futuros procedimientos judiciales y afectase negativamente al proceso legislativo.

               En segundo lugar, el Consejo no demostró que el Documento 12979/12 sea especialmente sensible y/o de un amplio alcance, circunstancias que justificarían dejar a un lado la presunción en favor de la divulgación de dictámenes jurídicos en el contexto legislativo.

               En tercer lugar, la tesis del perjuicio invocada por el Consejo es puramente hipotética. No tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico dado que el contenido del dictamen incluido en el Documento 12979/12 ya era de dominio público cuando la Decisión impugnada fue adoptada.

               En cuarto lugar, el Consejo no aplicó el criterio del interés público superior cuando invocó el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, al tener sólo en cuanto los posibles riesgos para su proceso de toma de decisiones asociados a la divulgación y no los efectos positivos de tal divulgación, en particular, por lo que atañe a la legitimidad del proceso de toma de decisiones y no aplicó dicho criterio cuando invocó el artículo 4, apartado 2, segundo guión.

         Segundo motivo, basado en un incumplimiento de la obligación de motivación conforme al artículo 296 TFUE, dado que el Consejo no respetó su obligación de exponer de forma suficiente y adecuada los motivos para adoptar la Decisión impugnada.