title: Asunto C-3/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Rossano (Italia) el 5 de enero de 2010 — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Rossano (Italia) el 5 de enero de 2010 — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano
   (Asunto C-3/10)
   2010/C 63/55
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Rossano

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Franco Affatato

      Recurridas: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone la cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE (1) a una norma interna, como la establecida para los trabajadores LSU [trabajadores socialmente útiles]/LPU [trabajadores de utilidad pública] en el artículo 8, apartado 1, del Decreto Legislativo no 468/97 y en el artículo 4, apartado 1, del Decreto Legislativo no 81/00, la cual, al excluir respecto de los trabajadores a los que se aplica dicha norma el establecimiento de una relación laboral, acaba por excluir la aplicabilidad de la normativa en materia de relación laboral de duración determinada por la que se adapta el Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE?

               2)

               ¿Permite la cláusula 2, apartado 2, del Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE excluir a los trabajadores, en cuanto trabajadores LSU/LPU regulados en el Decreto Legislativo no 468/97 y en la Ley no 81/00, del ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70/CE?

               3)

               ¿Están comprendidos los trabajadores mencionados en la segunda cuestión en la definición que figura en la cláusula 3, número 1, del Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE?

               4)

               ¿Se oponen la cláusula 5 del Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE y el principio de igualdad [y] de no discriminación a una normativa aplicable a los trabajadores del sector escolar [véanse en particular, el artículo 4, apartado 1, de la Ley no 124/99 y el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Orden Ministerial no 430/00], que permite no indicar la causa del primer contrato de duración determinada, prevista con carácter general en la normativa interna para todas las demás relaciones laborales de duración determinada, así como renovar los contratos con independencia de la existencia de exigencias permanentes y duraderas; que no prevea la duración máxima total de los contratos o relaciones laborales de duración determinada, el número de renovaciones de dichos contratos o relaciones, ni tampoco, normalmente, ningún plazo temporal entre las renovaciones o bien, en el supuesto de suplencias anuales, que se corresponda con las vacaciones de verano en las que la actividad escolar se suspende o se reduce considerablemente?

               5)

               ¿Puede considerarse que el conjunto de disposiciones normativas del sector escolar, antes descrito, incluye un conjunto de normas equivalentes para la prevención de los abusos?

               6)

               ¿Puede considerarse, de conformidad con el artículo 2 de la Directiva 1999/70/CE, que el Decreto Legislativo no 368/01 y el artículo 36 del Decreto Legislativo 165/01 constituyen disposiciones que tienen características de disposiciones de adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE en lo que respecta a los contratos de trabajo de duración determinada en el sector escolar?

               7)

               Una persona jurídica que reviste las características de Poste Italiane S.p.a., o bien:

                           —

                           es propiedad del Estado;

                           —

                           está sujeta al control del Estado;

                           —

                           el Ministerio de comunicaciones efectúa la elección del proveedor del servicio universal y, con carácter general, desarrolla todas las actividades de verificación y control material y contable de tal persona jurídica, con fijación de los objetivos relativos al servicio universal prestado;

                           —

                           presta un servicio de utilidad pública de interés general preeminente;

                           —

                           las cuentas de tal persona jurídica están vinculadas a las cuentas del Estado;

                           —

                           los costes del servicio prestado son fijados por el Estado, el cual entrega a dicha persona jurídica los importes necesarios para cubrir la mayor parte de los costes de servicio,

                     ¿debe tener la consideración de organismo estatal, a efectos de la aplicación directa del Derecho comunitario?

               8)

               En caso de respuesta negativa a la séptima cuestión, ¿puede constituir dicha sociedad un sector en el sentido la cláusula 5, o bien la totalidad del personal de ésta puede tener la consideración de categoría específica de trabajadores, al objeto de diferenciar las medidas impeditivas?

               9)

               En caso de respuesta afirmativa a la séptima cuestión, ¿se opone la cláusula 5 de la Directiva 1999/70/CE por sí sola o bien en relación con las cláusulas 2 y 4 y el principio de igualdad [y] no discriminación, a una disposición como la contenida en el artículo 2, apartado 1 bis, del Decreto Legislativo no 368/01, que permite que una persona específica pueda fijar sin causa una duración determinada para el contrato de trabajo, o bien la exime, a diferencia de la medida impeditiva interna prevista con carácter general (artículo 1 del Decreto Legislativo no 368/01), de indicar por escrito y de probar, en caso de impugnación, la razones de carácter técnico, de producción, de organización o sustitución de trabajadores que han dado lugar a la fijación de una duración determinada para el contrato de trabajo, habida cuenta de que es posible proceder a una prórroga del contrato originario exigida por razones objetivas y referidas a la misma actividad laboral por la que el contrato fue celebrado con una duración determinada?

               10)

               ¿Constituyen el Decreto Legislativo no 368/01 y el artículo 36, apartado 5, del Decreto Legislativo no 165/01 una normativa general de adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE respecto al personal dependiente del Estado, habida cuenta de las excepciones a estas disposiciones generales establecidas como consecuencia de las respuestas a las cuestiones primera a novena?

               11)

               A falta de disposiciones sancionadoras aplicables en relación con los trabajadores del tipo LSU/LPU y del sector escolar antes descritos, ¿se opone la Directiva 1999/70/CE, y en particular la cláusula 5, apartado 2, letra b), [del Acuerdo marco], a la aplicación analógica de una normativa meramente indemnizatoria, como la establecida en el artículo 36, apartado 5, del Decreto Legislativo no 165/01, o bien la cláusula 5, apartado 2, letra b), establece un principio de preferencia para que los contratos o relaciones laborales se consideren celebrados por tiempo indefinido?

               12)

               ¿Se oponen el principio de igualdad [y] de no discriminación comunitario, así como las cláusulas 4 y 5, apartado 1, a una diferenciación de normativas sancionadoras en el sector del «personal dependiente de los organismos del Estado» sobre la base de la génesis de la relación laboral o de la identidad del empresario, o incluso en el sector escolar?

               13)

               Una vez definido el ámbito interno de adaptación del Derecho nacional a la Directiva 1999/70/CE respecto al Estado y a los organismos equiparados a éste en virtud de la respuesta a las cuestiones que preceden, ¿se opone la cláusula 5 a una normativa como la establecida en el artículo 36, apartado 5, del Decreto Legislativo no 165/01, que prohíbe con carácter absoluto al Estado convertir las relaciones laborales, o bien qué comprobaciones ulteriores debe realizar el órgano jurisdiccional nacional para no aplicar la prohibición de establecer relaciones laborales por tiempo indefinido con tales Administraciones públicas?

               14)

               ¿Debe aplicarse en su integridad la Directiva 1999/70/CE a Italia, o bien la conversión de las relaciones laborales con la Administración Pública resulta ser contraria a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno y, por tanto, procede no aplicar parcialmente en este caso la cláusula 5, pues produce un efecto contrario a los artículos 1 a 5 del Tratado de Lisboa al no respetar la estructura fundamental, política y constitucional o bien las funciones esenciales de Italia?

               15)

               La cláusula 5 de la Directiva 1999/70/CE, al prever, en el supuesto de prohibición de conversión de la relación laboral, la necesidad de adoptar una medida que entrañe garantías de protección de los trabajadores efectivas y equivalentes respecto a situaciones análogas de Derecho interno, con objeto de sancionar debidamente los abusos derivados de la vulneración de dicha cláusula 5 y de eliminar las consecuencias de la vulneración del Derecho comunitario, ¿exige tener en cuenta como situación análoga de Derecho interno la relación laboral por tiempo indefinido con el Estado, a la que el trabajador habría tenido derecho de no ser por el artículo 36, o bien una relación laboral por tiempo indefinido con una empresa privada, respecto a la cual la relación laboral habría tenido características de estabilidad análogas a las de una relación laboral con el Estado?

               16)

               La cláusula 5 de la Directiva 1999/70/CE, al prever, en el supuesto de prohibición de conversión de la relación laboral, la necesidad de adoptar una medida que entrañe garantías de protección de los trabajadores efectivas y equivalentes respecto a situaciones análogas de Derecho interno, con objeto de sancionar debidamente los abusos derivados de la vulneración de dicha cláusula 5 y de eliminar las consecuencias de la vulneración del Derecho comunitario, ¿exige tener en cuenta para la sanción:

                           a)

                           el tiempo necesario para encontrar un nuevo empleo y la imposibilidad de acceder a un puesto que presenta las características definidas en la decimoquinta cuestión,

                           b)

                           o bien, por el contrario, el importe de las retribuciones que se habrían percibido en el caso de conversión de la relación laboral de duración determinada en relación por tiempo indefinido?

      (1)  DO L 175, p. 43.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de  10 de enero de 2006 , en el asunto C-344/04 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice): The Queen contra Department for Transport ( Transporte aéreo — Reglamento (CE) n o  261/2004 — Artículos 5, 6 y 7 — Compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de un vuelo — Validez — Interpretación del artículo 234 CE )

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/7

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 10 de enero de 2006
   en el asunto C-344/04 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice): The Queen contra Department for Transport (1)

   («Transporte aéreo - Reglamento (CE) no 261/2004 - Artículos 5, 6 y 7 - Compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de un vuelo - Validez - Interpretación del artículo 234 CE»)
   (2006/C 60/14)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-344/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido), mediante resolución de 14 de julio de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de agosto de 2004, en el procedimiento entre The Queen, a petición de International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association y Department for Transport, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann y J. Malenovský (Ponente), Presidentes de Sala, y el Sr. C. Gulmann, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis y A. Borg Barthet, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 10 de enero de 2006 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Cuando un órgano jurisdiccional cuyas resoluciones pueden ser objeto de un recurso judicial de Derecho interno estima que uno o varios de los motivos de invalidez de un acto comunitario alegados por las partes o, en su caso, planteados de oficio están fundados, debe suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre dicha validez.

               2)

               El examen de las cuestiones planteadas no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento no 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91.

      (1)  DO C 251, de 9.10.2004.


title: Recurso interpuesto el 7 de febrero de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por «Atlanta» Handelsgesellschaft Harder & Co GmbH e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co (Asunto T-18/95)

text:
22. 4. 95             LÈS                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 101 /9
           de una liquidación judicial sin haber constituido tal      Motivos y principales alegaciones
          garantía.
                                                                      El demandante se opone de la decisión de la Comisión de
t 1 ) DO n° L 243 de 19 . 9 . 1994 , p . 1 .                          26 de abril de 1994 mediante la cual ésta rechazó la solicitud
                                                                      de aquel para una beca en la Universidad de Londres, en el
                                                                      campo de la investigación y desarrollo tecnológico, por el
                                                                      motivo de que, por tener el candidato la doble nacionalidad
                                                                      británica y griega, no cumplía los requisitos para la
         AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
                                                                      concesión de la beca, según los cuales el solicitane debería
                   DE PRIMERA INSTANCIA                               ser :
                    de 24 de febrero de 1995
en el asunto T-40/95 R: Philippe Guebels contra Comisión              a ) ciudadano de un Estado miembro de la Comunidad o de
                  de las Comunidades Europeas                               un Estado asociado o ser una persona física con
                                                                            residencia en la Comunidad, y
                            95/C 101 /23
                                                                      b ) ciudadano de un país distinto de aquel en el que está
               (Lengua de procedimiento: francés)                           establecido el laboratorio y no haber desplegado su
                                                                            actividad normal en dicho país durante más de dos años
En el asunto T-40/95 R, Philippe Guebels, funcionario de la                 antes de la fecha de la presentación de su solicitud .
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
Arlon ( Bélgica ), representado por Me Jean-Noël Louis,
Thierry Demaseure y Ariane Tornel, Abogados de Bruselas,              El solicitante no tiene la nacionalidad griega ni la británica,
que designa como domicilio en Luxemburgo el de la                     sino que es un « ciudadano británico de Ultramar » y, como
Fiduciaire Myson, 1 rue Glesener contra la Comisión de las            tal, pertenece a la categoría específica de extranjeros que
Comunidades Europeas (Agente: Sra . A. M. Vieira ), que               necesita simultáneamente la residencia y el permiso de
tiene por objeto la suspensión de la ejecución de la decisión         trabajo para vivir y trabajar en el Reino Unido. Los
                                                                      « ciudadanos británicos de Ultramar » no son tratados como
de la Comisión de 18 de enero de 1995 por la que se impone
al demandante la sanción disciplinaria de separación del              nacionales de la Unión Europea en ningún Estado miem
servicio, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha          bro .
dictado el 24 de febrero de 1995 un auto resolviendo lo
siguiente :                                                           Por consiguiente, el candidato satisface los dos criterios de
                                                                      nacionalidad y de necesidad de desplazamiento para reunir
1 ) Se suspende la ejecución de la decisión de la Comisión            los requisitos establecidos por las « Condiciones generales
       hasta que se pronuncie el auto que ponga fin al                que regulan las becas de investigación y formación », puesto
      procedimiento de medidas provisionales.                         que es una persona física que no tiene la nacionalidad de
                                                                      ningún Estado miembro de la Comunidad Europea, reside
2 ) Se reserva la decisión sobre las costas.                          en Grecia, trata de desplazarse al Reino Unido y en su vida
                                                                      ha desplegado actividad alguna en el Reino Unido.
Recurso interpuesto el 10 de enero de 1995 por Frederick
Farrugia contra la Comisión de las Comunidades Euro
                                peas
                                                                      Recurso interpuesto el 7 de febrero de 1995 contra la
                        (Asunto T-230/94 )                            Comisión de las Comunidades Europeas por «Atlanta»
                          ( 95/C 101/24 )                             Handelsgesellschaft Harder & Co GmbH e Internationale
                                                                                Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co
                (Lengua de procedimiento: inglés)                                            (Asunto T-18/95 )
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                          95/C 101 /25
Europeas se ha presentado el 10 de enero de 1995 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu                               (Lengua de procedimiento: alemân)
lado por Frederick Farrugia, representado por L. Sissilianos,
Abogado de Atenas, domiciliado en Kanari 4 de la misma                En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
ciudad, Grecia .
                                                                      Europeas se ha presentado el 7 de febrero de 1995 un
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
                                                                      recurso contra la Comisión de la Comunidades Europeas
                                                                      formulado por « Atlanta » Handelsgesellschaft Harder & Co
Instancia que:
                                                                      GmbH, con domicilio social en Bremen ( República Federal
— Anule la decisión mediante la que la Comisión rechazó               de Alemania ), e Internationale Fruchtimport Gesellschaft
      su solicitud para una beca de formación e investigación         Weichert & Co, con domicilio social en Hamburgo (Repú
      por no reunir los requisitos para su concesión .                blica Federal de Alemania ), representadas por los Sres. Erik
                                                                      A. Undritz y Gerrit Schohe, Abogados, que designan como
— Le conceda la cantidad de 13 900 ecus como indemni                 domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Marc Badén,
      zación por el perjuicio sufrido.                                24, rue Marie-Adelaïde .
 ---pagebreak--- N° C 101 / 10          ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    22 . 4 . 95
Les partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera              Recurso interpuesto el 14 de febrero de 1995 por SA
Instancia que:                                                       Cimenteries CBR contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
1 ) Anule el Reglamento ( CE) n° 2791 /94 de la Comisión
     relativo a la asignación excepcional de una cantidad                                  (Asunto T-25/95 )
     suplementaria al contingente arancelario de importa                                    ( 95/C 101 /26
    ción para 1994, como consecuencia de la tormenta
    Debbie ( a ), salvo el apartado 1 de su artículo 1 .
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
2 ) Condene a la parte demandada al pago de las costas del
    procedimiento .                                                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                    Europeas se ha presentado el 14 de febrero de 1995 un
                                                                     recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,
Las demandantes, dos sociedades alemanas dedicadas a la              formulado por la sociedad SA Cimenteries CBR, con
importación de plátanos, impugnan la forma en que se                 domicilio social en Bruselas, representada por Mes Michel
asignaron, mediante el Reglamento ( CE) n° 2791 /94, las             Waelbroeck, Alexandre Vandencasteele y Denis Waelbro
cantidades suplementarias de este producto al contingente            eck, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en
arancelario de importación fijado para el año 1994.                  Luxemburgo el despacho de Me Ernest Arendt, 8-10, rue
                                                                     Mathias Hardt.
Dicho Reglamento fue promulgado después de que la
tormenta tropical Debbie, acaecida el 10 de septiembre de
1994 causara gravísimos estragos en las plantaciones de              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
plátanos de las regiones comunitarias de Martinica y                 Instancia que:
Guadalupe así como en los Estados ACP de Santa Lucía y
Dominica . Mediante dicho Reglamento, se pretendía evitar            — Anule los artículos 1 , 4, 7, 8 , 9 y 10 de la Decisión de la
el peligro de un aumento notable de los precios de mercado               Comisión, de 30 de noviembre de 1994, relativa a un
en determinadas regiones de la Comunidad, que podría                     procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado
producirse por dicho motivo .                                            CE ( IV/33.126 y 33.322 — Cemento ), en la medida en
Las demandantes alegan que la introducción del sistema de                que afirman que CBR ha participado en acuerdos o
asignación excepcional que se impugna carece de toda base                prácticas concertadas contrarias al artículo 85 del
jurídica . Efectivamente, si bien el apartado 3 del artículo 16          Tratado CE y le imponen una multa por dicho
                                                                         motivo .
del Reglamento n° 404/93 , por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del plátano,
podría constituir la base jurídica para un aumento del               — Con carácter subsidiario, anule o, al menos, reduzca las
contingente objeto de controversia, no puede justificar que              multas que los artículos 9 y 10 de la Decisión imponen a
                                                                         la demandante .
se prescinda del criterio de asignación fijado en el apartado 1
del artículo 19 de dicho Reglamento . Tampoco puede servir
                                                                     — Condene en costas a la Comisión .
de base jurídica para el Reglamento que se impugna el
artículo 20 del Reglamento ( CEE) n° 404/93 . Por una parte,
esta disposición es de aplicación en el supuesto de una              Motivos y principales alegaciones
modificación de los criterios de asignación, por lo cual no
puede constituir una norma de desarrollo en el sentido del           La demandante invoca, en primer lugar, vicios de procedi
artículo 20 y, por otra parte, dicho artículo establece              miento, en la medida en que la Decisión impugnada :
únicamente un sistema de previsión de las necesidades,
remitiéndose, precisamente, al procedimiento de aplicación           — Ha sido adoptada sin que la demandante haya podido
del artículo 27 del Reglamento de base . Finalmente, el                  tener acceso a la mayor parte de los documentos del
artículo 30 de éste contempla únicamente las medidas                     expediente de la Comisión, ni a las comprobaciones de
transitorias que resultan oportunas para facilitar el paso de            hecho basadas en ellos en el pliego de cargos .
los regímenes existentes en materia de organización de
mercados a la nueva organización de mercado, de forma que            — Adolece de carencias y/o contradicciones en la motiva
el Reglamento que se impugna no se halla comprendido                     ción .
dentro de su ámbito de aplicación.
Por consiguiente, dado que el Reglamento ( CEE) n° 404/93            — Utiliza en su contra numerosos documentos redactados
no puede constituir la base jurídica del Reglamento que se               en diversas lenguas sin que dichos documentos hayan
impugna, dicha base debe buscarse en el artículo 43 del                  sido traducidos en el pliego de cargos, de modo que no
Tratado CE. Sin embargo, dado que dicha disposición tan                  ha podido apreciar el alcance exacto que la Comisión les
sólo confiere al Consejo competencia para adoptar dispo                 atribuía, a través de su traducción, hasta la fase de la
siciones legales, en lo que interesa al objeto de este pleito, no        Decisión .
puede considerarse que dicho Reglamento constituya una
norma de desarrollo, por lo cual debe reputarse que ha sido          — Adolece, en su caso, de un vicio en el procedimiento de
promulgado incumpliendo lo dispuesto en los artículos 43 ,               adopción de decisiones, ya que la Comisión reconoce
145 y 155 del Tratado CE.                                                haberse enfrentado al problema que justificaba una
                                                                         segunda notificación de la Decisión, problema que, sin
(!) DO n° L 296 de 17 . 11 . 1994, p . 33 .                              embargo, sitúa, sin la menor explicación o prueba, en la
                                                                         fase de autenticación de la Decisión .


title: Asunto C-650/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 19 de diciembre de 2016 — A/S Bevola y Jens W. Trock ApS/Skatteministeriet

text:
               27.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 19 de diciembre de 2016 — A/S Bevola y Jens W. Trock ApS/Skatteministeriet
   (Asunto C-650/16)
   (2017/C 063/25)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: A/S Bevola y Jens W. Trock ApS

      Demandada: Skatteministeriet

      Cuestión prejudicial

   ¿Se opone el artículo 49 TFUE a un régimen tributario nacional como el controvertido en el litigio principal en virtud del cual pueden deducirse las pérdidas de las sucursales nacionales pero no las de las sucursales establecidas en otros Estados miembros, incluso en condiciones análogas a las que constituyeron el objeto del asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer C-446/03, (1) apartados 55 y 56, a menos que el grupo haya optado por la tributación conjunta internacional en los términos establecidos en el litigio principal?

      (1)  (EU:C:2005:763)


title: Asunto C-301/04 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de julio de 2004 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 29 de abril de 2004 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas, en relación con el asunto T-239/01

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/13

         Recurso de casación interpuesto el 14 de julio de 2004 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 29 de abril de 2004 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas, en relación con el asunto T-239/01
   (Asunto C-301/04 P)
   (2004/C 262/25)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 14 de julio de 2004 un recurso de casación formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Walter Mölls y Wouter Wils, así como por la Sra. Heike Gading, que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 29 de abril de 2004 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas, en relación con el asunto T-239/01.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Anule el punto 2 del fallo de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 29 de abril de 2004 en los asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01 (1).

               2)

               Condene en costas a SGL AG.

         Motivos y principales alegaciones
   La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2004 se refiere a la Decisión 2002/271/CE de la Comisión relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/36.490 – Electrodos de grafito; DO 2002 L 100, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión»).
   La sentencia confirma la infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Tratado EEE por las siete demandantes, miembros de un cártel de electrodos de grafito entre 1992 y 1998 y destinatarias de la Decisión, así como el alcance de dicha infracción. Sin embargo, la sentencia reduce los importes de las multas impuestas en proporciones diversas.
   El recurso de casación tiene por objeto la reducción de la multa concedida a la sociedad SGL en los apartados 401 a 412 de la sentencia (asunto T-239/01, punto 2 del fallo de la sentencia). Se refiere, en particular, a la declaración del Tribunal de Primera Instancia sobre el alcance del derecho de las empresas a no declarar contra sí mismas, que tiene un efecto indirecto sobre los límites de las facultades generales de investigación atribuidas a la Comisión.
   En los apartados 407 a 409 y 412 de la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declara, en contra del parecer de la Comisión expresado en su Decisión, que las respuestas de la sociedad SGL a la solicitud de información que le había enviado, con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento no 17, otorgaban a dicha sociedad el derecho a la reducción del importe de la multa según la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre cooperación»). Además, el Tribunal de Primera Instancia desestima la alegación de la Comisión de que, en cualquier caso, la eventual reducción del importe de la multa por las respuestas de SGL debía ser inferior a la concedida en el supuesto de que la información se hubiera obtenido por propia iniciativa de la empresa (apartado 410 de la sentencia).
   A juicio de la Comisión, los apartados de la sentencia antes mencionados incurren en error de Derecho y la sentencia infringe, por consiguiente, los artículos 15 y 11 del Reglamento no 17 en relación con la Comunicación sobre cooperación.
   Sobre la cuestión de si algunas de las respuestas aportadas a la solicitud de información de la Comisión pueden dan lugar, en principio, a una reducción de la multa
   Según reiterada jurisprudencia, las respuestas a las solicitudes de información con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento no 17 (actualmente, artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no
      003) no han de considerarse, en principio, como una forma de cooperación que dé derecho a una reducción. Cuando las empresas no responden a una solicitud de ese tipo, la Comisión puede obligarlas mediante Decisión, con arreglo al artículo 11, apartado 5 del Reglamento no 17 (artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) no
      003), a que remitan la información solicitada. No obstante, algunas respuestas pueden fundar un derecho a la reducción de la multa por constituir una forma de cooperación durante la investigación, en particular, cuando la pregunta formulada no podía formar parte de una Decisión adoptada con arreglo al artículo 11, apartado 5, del Reglamento no 17, debido a que vulneraba el derecho de defensa de las empresas.
   Los criterios para distinguir las preguntas que, desde este punto de vista, son lícitas de las que no lo son fueron expuestos en la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Orkem (374/87, Rec.1989, p. 3283). Según dicha sentencia, la Comisión puede exigir, sin limitaciones, que se le remitan los documentos existentes relativos al objeto de las investigaciones. Asimismo, puede obligar «a la empresa a que facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que [la empresa] pueda tener conocimiento» (sentencia Orkem, antes citada, apartado 34). En cambio, «la Comisión no puede imponer a la empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión» (sentencia Orkem, antes citada, apartado 35).
   El Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 408 de la sentencia recurrida, no hizo esta distinción. Dicho apartado se refiere únicamente al envío de documentos existentes que podían haberse exigido sin vulnerar el derecho de defensa de SGL.
   Lo mismo puede decirse de las demás solicitudes de información a las que se refiere el apartado 412 de la sentencia. Dado que sabía que SGL había avisado a otra empresa de la inminencia de una inspección, la Comisión le preguntó, entre otras cosas, a qué otras empresas les había comunicado esa información. SGL nombró una más pero no mencionó que había avisado a una tercera, como posteriormente descubrió la Comisión. Mediante dicha pregunta, la Comisión solicitó una información «sobre […] hechos» y no obligaba a la empresa a «reconocer la existencia de una infracción». Para poder calificar de circunstancia agravante a la información presentada por SGL en su respuesta, en lo que se basa el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión tenía que acreditar previamente la infracción.
   Sobre el alcance de la reducción de la multa en el caso de respuestas aportadas a una solicitud de información previa
   En el caso de que un dato de la cooperación prestada por SGL debiera considerarse que constituye la respuesta a una pregunta de una solicitud de información vinculante, es decir una solicitud de información en forma de Decisión formal, que, a su vez, debiera considerarse ilegal, el Tribunal de Primera Instancia no tiene en cuenta, en el apartado 410 de la sentencia, que toda reducción debe ser proporcional al valor añadido que aporte a las investigaciones de la Comisión. Dicho valor añadido es comparativamente más alto, cuando se trata de una cooperación espontánea que, al haberse efectuado al inicio del procedimiento, evita que la Comisión tenga que efectuar desde el principio determinados actos de instrucción, como la concepción y la redacción de una solicitud de información, sea ésta vinculante o no.

      (1)  Aún no publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.


title: Asunto T-913/16: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2016 — Fininvest y Berlusconi/BCE

text:
               27.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/35

         Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2016 — Fininvest y Berlusconi/BCE
   (Asunto T-913/16)
   (2017/C 063/47)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) (Roma, Italia), Silvio Berlusconi (Roma) (representantes: R. Vaccarella, A. Di Porto, M. Carpinelli y A. Saccucci, abogados)

      Demandada: Banco Central Europeo

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión del Banco Central Europeo de 25 de octubre de 2016, mediante la que «se opone a la adquisición por parte de los adquirentes de una participación cualificada en la sociedad objetivo».

               —

               Condene en costas al Banco Central Europeo.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la decisión del Banco Central Europeo de 25 de octubre de 2016 (ECB/SSM/20016-7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4), adoptada conforme a los artículos 22 y 23 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DRC IV) (DO 2013, L 176, p. 338); al artículo 1, apartado 5, al artículo 4, apartado 1, letra c), y al artículo 15, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63); al artículo 87 del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (DO 2014, L 141, p. 1) y a los artículos 19, 22 y 25 del Testo unico bancario italiano (Código del Mercado Bancario), decisión mediante la que el Banco Central Europeo se opuso a la adquisición por parte de Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A. de una participación cualificada de una entidad de crédito (sociedad objetivo).
   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan ocho motivos que se dividen en tres bloques.

               1.

               Primer motivo, basado en la aplicación errónea de los artículos 22 y 23 de la DRC IV; en la infracción del artículo 1, apartado 5, del artículo 4, apartado 1, letra c), y del artículo 15 del Reglamento sobre el MUS y de los artículos 86 y 87 del Reglamento marco sobre el MUS, en relación con el artículo 4, apartado 1, el artículo 5, apartado 2, y el artículo 13, apartado 2, del TUE y con el artículo 127 TFUE, apartado 6, así como en la existencia de desviación de poder.

               2.

               Segundo motivo, que se invoca con carácter subsidiario, basado en el hecho de que la aplicación extensiva de la DRC IV en el presente asunto viola el principio general de irretroactividad de los actos de Derecho derivado.

               3.

               Tercer motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica y del principio de autoridad de cosa juzgada de la sentencia firme del Consiglio di Stato n.o 882 de 3 de marzo de 2016, que se pronunció sobre los efectos de la autorización de la fusión anunciada por el Banco de Italia en lo atinente a la participación de Fininvest en la sociedad objetivo.

                           —

                           A tal respecto, se alega que este primer bloque de motivos va dirigido contra el fundamento mismo de la decisión impugnada y, en particular, contra la reconstrucción interpretativa de la DRC IV que hace el BCE, por considerar que incurre en error de Derecho y constituye una ampliación ilícita de las competencias específicas que le atribuyen el Reglamento sobre el MUS y el Reglamento marco sobre el MUS y por considerarla contraria a la sentencia dictada en el ámbito nacional por el Consiglio di Stato el 3 de marzo de 2016, que alcanzó firmeza, sobre la participación en la sociedad objetivo.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 3, del Reglamento sobre el MUS y del artículo 23, apartados 1 y 4, de la DRC IV, en la violación de los principios generales de legalidad, seguridad jurídica y de previsibilidad de la actuación de la Administración, en cuanto respecta a la aplicación por parte del BCE de las normas nacionales de transposición, y en la violación de los principios generales de legalidad y de seguridad jurídica respecto a la aplicación a las demandantes de las Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC, adoptadas en 2008 por los comités CSBE, CERV y CESSJ.

               5.

               Quinto motivo, de carácter subsidiario, basado en vicios sustanciales de forma, en particular, en la insuficiencia de actividad instructora y en un defecto de motivación en lo atinente al criterio de la «influencia probable del adquirente propuesto sobre [la] entidad de crédito» (art. 23, apartado 1, de la DRC IV).

               6.

               Sexto motivo, basado en la violación del principio general de proporcionalidad, habida cuenta de que la decisión impugnada produce, en esencia, los efectos de una medida coercitiva que impone la venta de una importante participación accionarial, y en la infracción de los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los correspondientes principios generales del Derecho de la Unión Europea dimanantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros.

                           —

                           A tal respecto, se alega que este segundo bloque de motivos hace referencia a la evaluación efectuada por el BCE y se dirige, por un lado, contra la reconstrucción de la normativa nacional efectuada por el propio BCE y, por otro lado, contra la falta de apreciación concretamente de la «influencia probable del adquirente propuesto sobre [la] entidad de crédito» y la inobservancia del principio de proporcionalidad en cuanto respecta a la supervisión prudencial.

                     El tercer bloque de motivos tiene por objeto una serie de graves vicios de procedimiento de los que, a juicio de las demandantes, adolecen el procedimiento de supervisión y la decisión final adoptada por el BCE.

               7.

               El séptimo motivo, basado en la vulneración de los derechos de defensa, sobre los que se alega que deberían haber sido «plenamente garantizados» (artículo 22, apartado 2, del Reglamento sobre el MUS y artículo 32, apartado 1, del Reglamento marco sobre el MUS), y del derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, a causa del retraso en el acceso al expediente y de la imposibilidad de conocer el contenido del acto del BCE sobre cuya base se incoó el procedimiento de autorización. Asimismo, se alega la aplicación errónea del artículo 32, apartados 1 y 5, del Reglamento marco sobre el MUS.

               8.

               Octavo motivo, basado en la ilegalidad del artículo 31, apartado 3, del Reglamento marco sobre el MUS, con arreglo al artículo 277 TFUE, por considerar que vulnera los derechos de defensa garantizados en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y los correspondientes principios generales de Derecho dimanantes de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros.


title: Asunto T-187/10: Recurso interpuesto el 23 de abril de 2010 — Emram/OAMI — Guccio Gucci (G)

text:
               3.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/43

         Recurso interpuesto el 23 de abril de 2010 — Emram/OAMI — Guccio Gucci (G)
   (Asunto T-187/10)
   2010/C 179/76
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés

      Partes

      Demandante: Maurice Emram (Marsella, Francia) (representante: M. Benavï, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Guccio Gucci SpA (Florencia, Italia)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la OAMI, R 1281/2008-1.

               —

               Que se desestime la oposición a la solicitud de la marca G line no2 421 402, de la sociedad Gucci spa.

               —

               Que se condene por tanto en costas a la OAMI.

               —

               Que se condene a Gucci spa al pago de las costas relativas al procedimiento ante la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: El demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «G» para productos de las clases 9, 18 y 25 — solicitud no2 421 402

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Guccio Gucci SpA

      Marca o signo invocados en oposición: Marcas comunitaria y nacionales figurativas «G» para productos de las clases 9, 18 y 25

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Oposición y denegación de la solicitud de marca comunitaria

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 8 y 75 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículos 8 y 77 del Reglamento no 207/2009), en la medida en que la Sala de Recurso no aplicó correctamente las disposiciones legales en la materia y realizó un análisis más que sucinto de las cuestiones suscitadas por el demandante.


title: Asunto T-367/14: Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2014 — August Storck/OAMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)

text:
               11.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/33

         Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2014 — August Storck/OAMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)
   (Asunto T-367/14)
   2014/C 261/57
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: August Storck KG (Berlín, Alemania) (representantes: I. Rohr, A. C. Richter, P. Goldenbaum y T. Melchert, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Chiquita Brands LLC (Charlotte, Estados Unidos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 27 de marzo de 2014 en el asunto R 1580/2013-5.

               —

               Condene a la demandada al pago de sus propias costas y las de la demandante y, en caso de que Chiquita Brands LLC intervenga en el procedimiento, condene a ésta al pago de sus propias costas.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de caducidad: Marca denominativa «Fruitfuls» para productos de la clase 30 — Registro de marca comunitaria no 5 0 14  519

      Titular de la marca comunitaria: La demandante

      Parte que solicita la caducidad de la marca comunitaria: Chiquita Brands LLC

      Resolución de la División de Anulación: Declaración de caducidad de la marca

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Pretura Circondariale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano - de fecha 2 de noviembre de 1996, en el asunto entre Galileo Zaninotto e Ispettorato Centrale Repressioni Frodi - Ufficio di Conegliano (Asunto C-375/96)

text:
8 . 2. 97             1 ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N° C 40/9
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                  deben considerarse inválidos por infracción del princi
lución de la Pretura Circondariale di Casería, de fecha                     pio de no discriminación establecido por el apartado 3
14 de octubre de 1996, en el asunto entre Antonio Pontillo                  del artículo 40 del Tratado ( CEE ), y por infracción del
                        y Societá Donatab                                   artículo 23 del Reglamento ( CEE ) n° 441 /88 ( 4 ).
                        (Asunto C-372/96 )                            2 ) Si el artículo 1 , apartado 3 , cuarto guión, del Regla
                            ( 97/C 40/ 17 )                                 mento ( CE ) n° 343/94, y el artículo 1 , apartados 1 , 2
                                                                            y 3 del Reglamento ( CE) n° 465/94 , modificado por el
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   Reglamento ( CE) n° 610/94 deben considerarse inváli
sido sometida una petición de decisión prejudicial median                  dos por violación del principio de confianza legítima .
te resolución de la Pretura Circondariale di Caserta, dic
tada el 14 de octubre de 1996, en el asunto pendiente ante            3 ) Si el artículo 1 , apartado 3 , cuarto guión del Regla
dicho órgano jurisdiccional entre Antonio Pontillo y Socie                 mento ( CE ) n° 343/94, y el artículo 1 , apartados 1 , 2
tá Donatab, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Jus                y 3 del Reglamento ( CE) n° 465/94, modificado por el
ticia el 25 de noviembre de 1996 .                                          Reglamento ( CE) n° 610/94 , deben considerarse inváli
                                                                            dos por infracción del artículo 31 del Reglamento
La Pretura Circondariale di Caserta solicita al Tribunal de                 ( CEE ) n° 822/87 ( 5 ) y por causas de anulación por ine
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                 xistencia del requisito legal de la correcta estimación
1 ) Si, teniendo en cuenta el principio de confianza legíti                del « rendimiento por hectárea ».
     ma y la propia « ratio » del régimen de cuotas, puede            4 ) Si el apartado 4 del artículo 39 del Reglamento ( CEE )
     considerarse válido el Reglamento ( CEE ) n° 1738/91                   n° 822/87 que establece la cantidad que debe destilarse
     del Consejo H , en la medida en que efectúa una re                    correspondiente a cada productor es inválido por in
     ducción inesperada e imprevista de los precios y de la                 fracción del principio de proporcionalidad, por cuanto
     prima de transformación de la variedad de tabaco de                   lo dispuesto en dicho apartado no es en absoluto idó
     nominada Burley italiano, en una fase tan avanzada de                  neo para alcanzar el objetivo propuesto .
     la compaña de tabaco que no dejaba margen de ma
     niobra alguno ni siquiera a los productores más pru             5 ) Si el cuarto guión del apartado 2 del artículo 4 del Re
     dentes y diligentes.                                                   glamento ( CEE ) n° 441/88 es inválido por superar los
                                                                            límites impuestos por el Tribunal de Justicia a la dis
2 ) Si puede constituir motivo de censura, en concepto de                   crecionalidad administrativa en materia de repartos
     vicio sustancial de forma, la falta de motivación expre               nacionales impuestas por la organización común de
     sa o implícita de las disposiciones del mencionado Re                 mercados .
     glamento relativas a la variedad Burley y, con mayor
     razón, de las que atañen a las otras variedades de taba         6 ) Si el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento ( CE )
     co que registraron excedentes de producción aún más                    n° 3151/94 ( 6 ) debe considerarse inválido por infrac
     significativos.                                                        ción del apartado 1 del artículo 39 del Reglamento
                                                                            ( CEE ) n° 822/87, por inexistencia del requisito legal
O DO n° L 163 de 26 . 6 . 1991 , p . 13 .                                   de la función del restablecimiento del equilibrio de la
                                                                            campaña vitivinícola en curso .
                                                                      7 ) Si el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento ( CE )
                                                                            n° 3151 /94 debe considerarse inválido por infracción
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                  del principio de proporcionalidad de la acción comuni
lución de la Pretura Circondariale di Treviso — Sezione                     taria .
distaccata di Conegliano — de fecha 2 de noviembre de
1996, en el asunto entre Galileo Zaninotto e Ispettorato              (')  DO   n°   L 44 de 17. 2 . 1994 , p . 9 .
     Centrale Repressioni Frodi — Ufficio di Conegliano               (2)  DO   n°   L 58 de 2 . 3 . 1994 , p . 2 .
                                                                      (3)  DO   n°   L 77 de 19 . 3 . 1994 , p . 12 .
                        (Asunto C-375/96 )                            (4 ) DO   n°   L 45 de 18 . 2 . 1988 , p . 15 .
                            ( 97/C 40/18 )                            (s)  DO   n°   L 84 de 27. 3 . 1987, p . 1 .
                                                                      (6)  DO   n°   L 332 de 22 . 12 . 1994, p . 32 .
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial median
te resolución de la Pretura Circondariale di Treviso — Se
zione distaccata di Conegliano — dictada el 2 de noviem              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
bre de 19 96 , en el asunto entre Galileo Zaninotto y                 lución del Tribunal correctionnel de Huy, de fecha 29 de
Ispettorato Centrale Repressioni Frodi — Ufficio di Cone             octubre de 1996, en el proceso penal Ministère public con
gliano y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia                         tra B. Leloup, S. Leloup y Sofrage SARL
el 26 de noviembre de 1996 .
                                                                                ( Asunto C-376/96 )
La Pretura Circondariale di Treviso — Sezione distaccata
                                                                                ( 97/C 40/19 )
di Conegliano — solicita al Tribunal de Justicia que se
pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
1 ) Si el cuarto guión del apartado 3 del artículo 1 del Re          sido sometida una petición de decisión prejudicial median
     glamento ( CE) n° 343/94 ( ] ) y el artículo 1 , apartado 1 ,    te resolución del Tribunal correctionnel de Huy, dictada el
     letra c ), apartado 2, segundo guión y apartado 3 ( ale         29 de octubre de 1996 , en el proceso penal Ministère pu
     gado en cuanto aplicable a la región 4 ) del Reglamento          blic contra B. Leloup, S. Leloup y Sofrage SARL, y recibi
      ( CE ) n° 465/94 ( 2 ), modificado por el Reglamento            da en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de no
      ( CE ) n° 610/94 ( 3 ) en cuanto aplicable a la región 4        viembre de 1996 .


title: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 1996 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-331/96)

text:
N° C 370/4                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   7 . 12 . 96
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso             Recurso interpuesto el 8 de octubre de 1996 contra la
lución del Tribunale di Genova de fecha 26 de septiembre               República Helénica por la Comisión de las Comunidades
de 1996, en el asunto entre Ente Autonomo Fiera Inter                                             Europeas
nazionale di Genova y Ministero delle Finanze dello                                         ( Asunto C-330/96 )
Stato/Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato di
                                  Genova                                                        ( 96/C 370/09
                         (Asunto C-327/96 )                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                             ( 96/C 370/07 )                           ha presentado el 8 de octubre de 1996 un recurso contra la
                                                                       República Helénica formulado por la Comisión de las
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       Comunidades Europeas, representada por la Sra . María
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Tribunale di Genova dictada el 26 de                   Kontou Durande, miembro de su Servicio Jurídico, que
                                                                       designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.
septiembre de 1996 en el asunto entre Ente Autonomo Fiera              Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio
Internazionale di Genova y Ministero delle Finanze dello
                                                                       Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.
Stato/Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato di
Genova y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
3 de octubre de 1996 .                                                 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que
                                                                       declare que la República Helénica ha incumplido las
El Tribunale di Genova solicita al Tribunal de Justicia que se         obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de
pronuncie sobre una cuestión relativa a la interpretación de           la Directiva 91 /244/CEE de la Comisión , de 6 de marzo de
los artículos 86 , 3 , 5 , 30 y 52 del Tratado CE en relación con      1991 , por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE del
el artículo 15 del Pliego de condiciones para la concesión de          Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres ^),
los estancos de productos monopolizados en la medida en                al no haber adoptado y, con carácter subsidiario, al no haber
que dicho Pliego impone a los estanqueros una obligación               comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado, las
positiva y expresamente sancionada de favorecer a los                  disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nece
tabacos finos de producción nacional y de abstenerse de                sarias para dar cumplimiento a la mencionada Directiva .
hacer o permitir que se haga publicidad de los tabacos y
marcas extranjeros, ya sean comunitarios o extracomunita              Motivos y principales alegaciones
rios .
                                                                       El plazo señalado a los Estados miembros para adaptar el
                                                                       Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva expiró el
                                                                       31 de julio de 1994 . La Comisión comprueba que la
Recurso interpuesto el 8 de octubre de 1996 contra la                  República Helénica aún no se ha atenido a la Directiva .
República Helénica por la Comisión de las Comunidades
                                 Europeas
                                                                       (') DO n" L 115 de 8 . 5 . 1991 , p . 41 .
                         ( Asunto C-329/96 )
                              ( 96/C 370/08 )
 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 ha presentado el 8 de octubre de 1996 un recurso contra la
 República Helénica formulado por la Comisión de las                   Recurso interpuesto el 8 de octubre de 1996 contra la
 Comunidades Europeas, representada por la Sra . María                 República Helénica por la Comisión de las Comunidades
 Kontou Durande, miembro de su Servicio Jurídico, que                                               Europeas
 designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.                                    ( Asunto C-331/96 )
 Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio                                              96/C 370/ 10
Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg .
 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 declare que la República Helénica ha incumplido las                    ha presentado el 8 de octubre de 1996 un recurso contra la
 obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de             República Helénica formulado por la Comisión de las
 la Directiva 92/43/CEE del Consejo , de 21 de mayo de 1992,            Comunidades Europeas, representada por la Sra . María
 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la           Kontou Durande, miembro del Servicio Jurídico de la
 fauna y flora silvestres ( '), al no haber adoptado y, con             Comisión, que designa como domicilio en Luxemburgo el
 carácter subsidiario, al no haber comunicado a la Comisión,            despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
 dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, regla           Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirch
 mentarias y administrativas necesarias para dar cumpli                berg.
 miento a la mencionada Directiva .
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que
 Motivos y principales alegaciones                                      declare que la República Helénica ha incumplido las
 El plazo sañalado a los Estados miembros para adaptar el               obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de
 Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva expiró el 5 de          la Directiva 92/72/CEE del Consejo, de 21 de septiembre de
 junio de 1992 . La Comisión comprueba que la República                 1992 , sobre la contaminación atmosférica por ozono ( 1 ), al
 Helénica aún no se ha atenido a la Directiva .                         no haber adoptado o, subsidiariamente, al no haber
                                                                        comunicado a la Comisión, dentro del plazo establecido, las
 (>) DO n° L 206 de 22 . 7 . 1992 , p . 7 .                             disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nece
                                                                        sarias para dar cumplimiento a dicha Directiva .
 ---pagebreak--- 7. 12 . 96          IES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N° C 370/5
Motivos y principales alegaciones                                      En lo que se refiere a la libre circulación de los trabajadores y
                                                                       al estatuto fiscal de los trabajadores fronterizos franco
El plazo de que disponían los Estados miembros para                    alemanes :
atenerse a lo dispuesto en la Directiva expiró el 21 de marzo
de 1994 . La Comisión señala que la República Helénica aún             — Si el principio de la libre circulación de los trabajadores,
no ha adaptado su Derecho interno a la Directiva .                         en la forma en que se consagra en el Tratado de Roma y
                                                                           en las disposiciones que lo desarrollan es conculcado por
(') DO n" L 297 de 13 . 10 . 1992 , p . 1 .                                un régimen tributario, aplicable a los trabajadores
                                                                           fronterizos, como el establecido por el Convenio franco
                                                                           alemán para evitar la doble imposición, en la medida en
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                 que éste prevé modalidades de imposición distintas para
lución del Verwaltungsgericht Düsseldorf, de fecha 24 de                   las personas retribuidas por una entidad pública y para
septiembre de 1996, en el asunto entre Stadt Dormagen                      las personas restribuidas por entidades privadas, por lo
y Bezirksregierung Düsseldorf; interviniente forzoso:                      cual puede influir en el acceso a los empleos públicos o
                        Sr. Klaus Máckel                                   privados en función del lugar de residencia en uno u otro
                                                                           Estado .
                      (Asunto C-334/96 )
                          ( 96/C 370/ 11 )                             — Si es compatible con el principio de libre circulación y
                                                                           abolición de toda discriminación por razón de la
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                  nacionalidad una norma , según la cual un trabajador
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                fronterizo que cobra una remuneración de un Estado o
resolución del Verwaltungsgericht Düsseldorf, dictada el                   de una persona de Derecho público de dicho Estado está
24 de septiembre de 1996 , en el asunto entre Stadt                        sujeto a tributación en dicho Estado, si bien, en el
Dormagen y Bezirksregierung Düsseldorf, en el que . inter                 supuesto de que el trabajador fronterizo posea la
viene el Sr. Klaus Máckel , y recibida en la Secretaría del                nacionalidad del otro Estado sin ser al propio tiempo
Tribunal de Justicia el 10 de octubre de 1996 .                            nacional del primer Estado, la remuneración está sujeta a
                                                                           tributación en el Estado en el que reside el trabajador
El Verwaltungsgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de                   fronterizo .
Justicia que se pronuncie sobre la cuestión siguiente :
                                                                       — Si es compatible con el artículo 7 del Tratado una
¿ Deben interpretarse los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la             disposición de Derecho fiscal que establece para los
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1 976 ,               trabajadores fronterizos, que prestan servicios a perso
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato                nas jurídicas de Derecho público y que residen en uno de
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al                  los Estados miembros, un régimen tributario distinto
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a                 según sean únicamente nacionales de este Estado o que
las condiciones de trabajo ( 1 ) en el sentido de que se oponen            posean las dos nacionalidades .
a una normativa nacional conforme a la cual en las
administraciones públicas en cuyos distintos grados de                 En lo que se refiere al régimen tributario especial del
escalafón a los que se acceda mediante promoción trabajen              personal docente :
menos mujeres que hombres, se concederá la preferencia a               — Si el principio de la libre circulación de los trabajadores,
las mujeres en el supuesto de idéntica capacitación ( aptitud,             en la forma que resulta del Tratado, es violado por unas
capacidad y rendimiento ) de los candidatos masculinos y                   disposiciones fiscales que pueden influir en la elección
femeninos, excepto si concurren en la persona de un                        del personal docente de los Estados firmantes de ejercer
candidato masculino motivos particulares ?                                 con carácter más o menos duradero su actividad en otro
                                                                           Estado, a la vista de las diferencias entre los regímenes
(') DO n" L 39 de 14 . 2 . 1976 , p . 40 ; EE 05/02 , p . 70 .             fiscales de los referidos Estados en función de la
                                                                           duración de su actividad .
                                                                       En lo que se refiere al mecanismo de crédito fiscal
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso             establecido por el artículo 20 del Convenio franco-alemán
lución del tribunal administratif de Strasbourg, de fecha              en lo relativo a los residentes en Francia :
10 de octubre de 1996 , en el asunto entre el matrimonio
  R. Gilly y el Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin             — Si debe considerarse que la finalidad de la eliminación de
                      ( Asunto C-336/96 )                                  la doble imposición, a que se refiere el artículo 220 del
                                                                           Tratado, habida cuenta de los plazos de que disponen los
                          ( 96/C 370/ 12 )                              , Estados miembros para ponerla en vigor, tiene el
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                  carácter de una norma directamente aplicable en virtud
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                de la cual ya no debe producirse la doble imposición, y si
resolución del tribunal administratif de Strasbourg, dictada               el objetivo de eliminar la doble imposición, encomen
el 1 0 de octubre de 1 996 , en el asunto entre el matrimonio R.           dado a los Estados miembros por el artículo 220, es
Gilly y el Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, y                   incumplido por un Convenio fiscal conforme al cual el
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de                régimen tributario aplicable a los trabajadores fronteri
octubre de 1996 .                                                          zos de los Estados firmantes del Convenio es distinto en
                                                                           función de su nacionalidad y del carácter público o
El tribunal administratif de Strasbourg solicita al Tribunal               privado del puesto de trabajo que ocupan y si un régimen
de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestio                 tributario de crédito fiscal aplicable a un matrimonio
nes :                                                                      residente en un Estado, que no tenga en cuenta el


title: Archivo del asunto C-88/02

text:
8.3.2003              ES                       Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 55/21
               Archivo del asunto C-347/01 (1)                                      Archivo del asunto C-390/01 (1)
                        (2003/C 55/52)                                                       (2003/C 55/55)
Mediante auto de 28 de noviembre de 2002, el Presidente del          Mediante auto de 27 de junio de 2002, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-347/01: Comisión de las Comunidades             archivar el asunto C-390/01: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República Federal de Alemania.                       Europeas contra República Portuguesa.
( 1) DO C 331 de 24.11.2001.                                         (1 ) DO C 348 de 8.12.2001.
               Archivo del asunto C-377/01 (1)                                       Archivo del asunto C-21/02 (1)
                        (2003/C 55/53)                                                       (2003/C 55/56)
                                                                     Mediante auto de 13 de diciembre de 2002, el Presidente del
Mediante auto de 11 de diciembre de 2002, el Presidente del
                                                                     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                     archivar el asunto C-21/02: Comisión de las Comunidades
archivar el asunto C-377/01: Comisión de las Comunidades
                                                                     Europeas contra República Italiana.
Europeas contra Reino de Bélgica.
                                                                     (1 ) DO C 68 de 16.3.2002.
( 1) DO C 317 de 10.11.2001.
                                                                                Archivo del asunto C-88/02 (1)
               Archivo del asunto C-389/01 (1)
                                                                                (2003/C 55/57)
                        (2003/C 55/54)
                                                                     Mediante auto de 15 de noviembre de 2002, el Presidente del
Mediante auto de 12 de diciembre de 2002, el Presidente del          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido         archivar el asunto C-88/02 (petición de decisión prejudicial del
archivar el asunto C-389/01: Comisión de las Comunidades             Tribunale di Brescia): Dolomite italiana SpA (SDI) contra
Europeas contra República Portuguesa.                                Ministero delle Finanze.
( 1) DO C 348 de 8.12.2001.                                          (1 ) DO C 131 de 1.6.2002.


title: Asunto C-43/06: Recurso interpuesto el  27 de enero de 2006  contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/12

         Recurso interpuesto el 27 de enero de 2006 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-43/06)
   (2006/C 86/20)
   Lengua de procedimiento: portugués
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 27 de enero de 2006 un recurso contra la República Portuguesa formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. H. Støvlbæk y P. Andrade, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 10 de la Directiva 85/384/CEE, (1) al exigir la superación de una prueba de admisión en el Colegio de Arquitectos portugués a quienes estén en posesión de calificaciones profesionales en el sector de la arquitectura sancionadas por otros Estados miembros, pero no estén inscritos en el Colegio de ningún otro Estado miembro.

               —

               Condene en costas a la República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión ha interpuesto un recurso por incumplimiento contra la República Portuguesa por estimar que ésta no ha cumplido íntegramente con las obligaciones que le impone la Directiva 85/384.
   Si bien es cierto que había dado cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada Directiva mediante el Decreto-ley no 14/90, de 8 de enero, la publicación del Decreto-ley no 176/98, de 3 de julio, constituyó un retroceso.
   Conforme al Decreto-ley no 176/98, el Colegio de Arquitectos portugués exige la superación de exámenes de admisión a los arquitectos que hayan obtenido el título en otros Estados miembros, pero no estén inscritos en el Colegio correspondiente.
   Los arquitectos de otros Estados miembros que no estén inscritos en los respectivos Colegios están así obligados a superar exámenes de arquitectura en el Estado de acogida, ya que, si no se inscriben en el Colegio de Arquitectos portugués, no pueden ejercer en Portugal.
   La Comisión considera que está situación es ilegal por no ajustarse a lo dispuesto en la Directiva 85/384. Esta Directiva no distingue, a diferencia del Estado portugués, entre títulos académicos y títulos profesionales. El reconocimiento de los títulos en el ámbito de los regímenes sectoriales es automático. Si la formación cumple los requisitos de los artículos 3 y 4 de la Directiva 85/384, el Estado miembro debe reconocer el título y facultar a los arquitectos procedentes de otros Estados miembros el ejercicio de su profesión al amparo del título de arquitecto.

      (1)  Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios (DO L 223, p. 15; EE 06/03, p. 9).


title: Asunto C-440/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 3 de octubre de 2012 — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

text:
               15.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 3 de octubre de 2012 — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf
   (Asunto C-440/12)
   2012/C 389/06
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Hamburg

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

      Recurrida: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se ha de interpretar el artículo 401 [en relación con el artículo 135, apartado 1, letra i)] de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales nacionales sobre los juegos de azar sólo se pueden recaudar de forma alternativa y no acumulativa?

               2)

               Sólo en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
               En caso de que con arreglo a las disposiciones nacionales, en relación con los juegos de azar, se recauden tanto el IVA como un impuesto especial, ¿determina esto la no recaudación del IVA, la no recaudación del impuesto especial, o debe la decisión de cuál de los dos impuestos no se puede recaudar adoptarse con arreglo al Derecho nacional?

               3)

               ¿Se han de interpretar los artículos 1, apartado 2, primera frase, y 73 de la Directiva 2006/112 en el sentido de que se oponen a una disposición o práctica nacional conforme a la cual en la explotación de máquinas recreativas con posibilidad de ganancia, una vez transcurrido un cierto período de tiempo, se toma como base imponible el contenido de la caja («caja computada electrónicamente») de la máquina?

               4)

               Sólo en caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión:
               ¿Cómo se ha de determinar entonces la base imponible?

               5)

               ¿Se han de interpretar los artículos 1, apartado 2, primera frase, y 73 de la Directiva 2006/12 en el sentido de que la recaudación del IVA requiere que el empresario pueda repercutir el impuesto al destinatario de la prestación? En su caso: ¿Qué se ha de entender por repercutibilidad? ¿Comprende el concepto de repercutibilidad, en particular, la legalidad de un precio correlativamente más elevado del producto o servicio?

               6)

               Sólo en caso de que en la quinta cuestión sea requisito la legalidad de un precio más elevado:
               ¿Se han de interpretar los artículos 1, apartado 2, primera frase, y 73 de la Directiva 2006/112 en el sentido de que las disposiciones que limitan el precio de productos o servicios sujetos al IVA se deben aplicar conforme al Derecho de la Unión de tal manera que el precio establecido no se entienda con el IVA incluido, sino sin IVA, aunque se trate de disposiciones nacionales en materia de precios que en su tenor literal no lo prevean expresamente así?

               7)

               Sólo en caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión y negativa a la sexta y a la tercera:
               ¿En ese caso, procede no recaudar el IVA por el total de las operaciones de la máquina recreativa o sólo por la parte por la que no sea posible la repercusión, y cómo se ha de determinar esta parte (por ejemplo, en función de en qué operaciones no se haya podido incrementar el precio por jugada, o en función de en qué operaciones no se haya podido incrementar el contenido de la caja por hora)?

               8)

               ¿Se ha de interpretar el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2006/112 en el sentido de que impide una normativa nacional relativa a un tributo no armonizado con arreglo a la cual se imputa a dicho tributo la cuota íntegra del IVA adeudado?

               9)

               Sólo en caso de respuesta afirmativa a la octava cuestión:
               ¿Produce la imputación del IVA a un tributo nacional no armonizado con respecto a los empresarios gravados con dicho tributo, el efecto de que no se pueda imponer el IVA a sus competidores que, en realidad, aunque no están sujetos a dicho tributo sí lo están a otro impuesto especial y, con respecto a los cuales, no está prevista tal imputación?

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto T-410/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de mayo de 2009 — Jurado Hermanos/OAMI (JURADO) ( Marca comunitaria — Marca denominativa comunitaria JURADO — Inexistencia de solicitud de renovación del titular de la marca — Cancelación de la marca tras la expiración del registro — Petición de restitutio in integrum presentada por el licenciatario exclusivo )

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/37

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de mayo de 2009 — Jurado Hermanos/OAMI (JURADO)
   (Asunto T-410/07) (1)

   («Marca comunitaria - Marca denominativa comunitaria JURADO - Inexistencia de solicitud de renovación del titular de la marca - Cancelación de la marca tras la expiración del registro - Petición de restitutio in integrum presentada por el licenciatario exclusivo»)
   2009/C 153/71
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Jurado Hermanos, S.L. (Alicante) (representante: C. Martín Álvarez, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: O. Montalto y P. López Fernández de Corres, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 3 de septiembre de 2007 (asunto R 866/2007-2), relativa a la petición de restitutio in integrum presentada por la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Jurado Hermanos, S.L., incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

      (1)  DO C 8, de 12.1.2008.


title: Asunto C-303/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de julio de 2011 — Comisión Europea/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Ayudas de Estado — Ayudas en beneficio de las empresas que han realizado inversiones en los municipios afectados por desastres naturales en 2002 — Recuperación)

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de julio de 2011 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-303/09) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Ayudas de Estado - Ayudas en beneficio de las empresas que han realizado inversiones en los municipios afectados por desastres naturales en 2002 - Recuperación)
   2011/C 269/04
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Flynn, V. Di Bucci y E. Righini, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, D. Del Gaizo y P. Gentili, abogados)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a los artículos 2, 5 y 6 de la Decisión 2005/315/CE de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa al régimen de ayuda que Italia ha ejecutado en beneficio de las empresas que han realizado inversiones en los municipios afectados por desastres naturales en 2002 [notificada con el número C(2004) 3893], (DO L 100, p. 46).

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Decisión 2005/315/CE de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa al régimen de ayuda que Italia ha ejecutado en beneficio de las empresas que han realizado inversiones en los municipios afectados por desastres naturales en 2002, al no haber adoptado dentro del plazo señalado todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios la totalidad de las ayudas concedidas con arreglo al régimen de ayudas declarado ilegal e incompatible con el mercado común mediante la mencionada Decisión.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 256 de 24.10.2009.


title: Asunto C-16/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 4 de Madrid) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusulas 3 a 5 — Sucesivos contratos de duración determinada en el sector de la sanidad pública — Medidas que tienen por objeto prevenir el recurso abusivo a relaciones de trabajo de duración determinada sucesivas — Sanciones — Modificación de la relación de servicio — Derecho a indemnización)

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 4 de Madrid) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)
   (Asunto C-16/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 1999/70/CE - Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada - Cláusulas 3 a 5 - Sucesivos contratos de duración determinada en el sector de la sanidad pública - Medidas que tienen por objeto prevenir el recurso abusivo a relaciones de trabajo de duración determinada sucesivas - Sanciones - Modificación de la relación de servicio - Derecho a indemnización))
   (2016/C 419/14)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 4 de Madrid

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: María Elena Pérez López

      Demandada: Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

      Fallo

               1)

               La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, sea aplicada por las autoridades del Estado miembro de que se trate de manera que:

                           —

                           la renovación de sucesivos nombramientos de duración determinada en el sector de la sanidad pública se considera justificada por «razones objetivas», en el sentido de dicha cláusula, debido a que los nombramientos se basan en disposiciones que permiten la renovación para garantizar la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, siendo así que, en realidad, estas necesidades son permanentes y estables;

                           —

                           no existe ninguna obligación de crear puestos estructurales que pongan fin al nombramiento del personal estatutario temporal eventual que incumba a la Administración competente y le permite proveer los puestos estructurales creados mediante el nombramiento de personal estatutario temporal interino, de modo que la situación de precariedad de los trabajadores perdura, mientras que el Estado miembro de que se trata tiene un déficit estructural de puestos fijos en dicho sector.

               2)

               La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que, en principio, no se opone a una norma nacional como la controvertida en el litigio principal, que impone que la relación de servicio finalice en la fecha prevista en el nombramiento de duración determinada y que se abone la liquidación de haberes, sin perjuicio de un posible nombramiento posterior, siempre que esta norma no menoscabe el objetivo o el efecto útil del Acuerdo marco, lo que incumbe comprobar al juzgado remitente.

               3)

               El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a la cuarta cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 4 de Madrid.

      (1)  DO C 96 de 23.3.2015.


title: Asunto T-519/09: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2009 — Toshiba/Comisión

text:
               27.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/41

         Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2009 — Toshiba/Comisión
   (Asunto T-519/09)
   2010/C 51/77
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Toshiba Corp. (representantes: J. MacLennan, Solicitor, y A. Schulz, J. Jourdan y P. Berghe, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 CE (actualmente artículo 101 TFUE) y al artículo 53 EEE en el asunto COMP/39.129 — Transformadores de potencia, en la medida en que se refiere a la demandante.

               —

               Que se anule la multa impuesta a la demandante.

               —

               Subsidiariamente, en el supuesto de que la Decisión impugnada sea total o parcialmente confirmada, que se reduzca el importe de la multa impuesta a la demandante.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

               —

               Que se adopte cualquier otra medida necesaria para garantizar la eficacia de la sentencia del Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante la presente demanda, la demandante solicita la anulación de la Decisión de la Comisión de 7 de octubre de 2009 (asunto COMP/39.129 — Transformadores de potencia), en la medida en que la Comisión declaró a la demandante responsable de una infracción de los artículos 81 CE y 53 EEE por su participación en el reparto de mercados, a través del «Gentlemen’s Agreement» entre productores europeos y japoneses de transformadores de potencia, consistente en respetar los respectivos mercados nacionales y en abstenerse de vender en dichos mercados. Subsidiariamente, la demandante solicita la reducción de la multa que se le impuso.
   La demandante formula cuatro motivos en apoyo de sus pretensiones.
   En primer lugar, la demandante afirma que la Comisión no probó suficientemente con arreglo a Derecho la existencia de un «Gentlemen’s Agreement» y su participación en él, como tampoco la de cualquier otro acuerdo o práctica concertada entre productores europeos y japoneses de transformadores de potencia.
   En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión no demostró tener competencia sobre el supuesto «Gentlemen’s Agreement», aun cuando hubiese probado, quod non, su existencia. Sostiene que debido a las elevadas barreras de entrada, tal acuerdo no pudo tener un efecto inmediato y sustancial sobre la competencia en la Unión Europea ni una repercusión en las corrientes de intercambios entre Estados miembros.
   Mediante su tercer motivo, formulado con carácter subsidiario, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error al pronunciarse sobre la duración de la infracción y la participación de la demandante en ella. Sostiene que la Comisión no demostró que determinadas reuniones tuviesen un objeto o efecto contrario a la competencia ni que al participar en ellas la demandante infringiese el Derecho europeo de la competencia.
   Con carácter subsidiario de segundo grado, en su cuarto motivo, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error de hecho y de Derecho al fijar el importe de base de la multa. Primeramente, afirma que la Comisión eligió erróneamente el año de referencia para el cálculo del volumen de las ventas de la demandante, apartándose así del método establecido en las Directrices para el cálculo de las multas. Además, a juicio de la demandante, la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al no tener cuenta las elevadísimas barreras de entrada al mercado europeo y al suponer que Toshiba podría haber alcanzado en el mercado del EEE la misma cuota de mercado que en el mercado mundial. La demandante afirma asimismo que la Comisión interpretó erróneamente el punto 18 de las Directrices para el cálculo de las multas para justificar su estimación del volumen de las ventas de la demandante en el EEE basándose en sus ventas mundiales, en lugar de considerar únicamente los mercados afectados por la supuesta infracción. En consecuencia, la demandante estima que la multa que se le impuso es desproporcionada.