title: Rectificación de la comunicación en el Diario Oficial del asunto T-161/17 (DO C 151 de 15.5.2017)

text:
               17.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 231/57

         Rectificación de la comunicación en el Diario Oficial del asunto T-161/17
   (
         «Diario Oficial de la Unión Europea» C 151 de 15 de mayo de 2017
      )
   (2017/C 231/74)
   La comunicación en el asunto T-161/17, Le Pen/Parlamento, debe leerse como sigue:

      Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2017 — Le Pen/Parlamento
      (Asunto T-161/17)
      (2017/C 151/49)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (representantes: M. Ceccaldi y J.-P. Le Moigne, abogados)

         Demandada: Parlamento Europeo

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la Decisión del Secretario General del Parlamento Europeo fechada el 6 de enero de 2017, adoptada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 33, 43, 62, 67 y 68 de la Decisión 2009/C 159/01 de la Mesa del Parlamento Europeo de 19 de mayo y 9 de julio de 2008«por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo», en su versión modificada, por la que se declara la existencia de un crédito contra la demandante por importe de 41 554 euros debido a los importes indebidamente abonados en el régimen de asistencia parlamentaria, que deberán ser reintegrados, y se encomienda al ordenador competente que, en colaboración con la contabilidad de la Institución, inste su reintegro de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de las medidas de aplicación y en los artículos 66, 78, 79 y 80 del Reglamento Financiero.

                  —

                  Anule la nota de adeudo n.o 2017-22, de 11 de enero de 2017, por la que se comunica a la demandante que se ha reconocido frente a ella un crédito por importe de 41 554 euros, a raíz de la Decisión del Secretario General de 6 de enero de 2017, y se ordena el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas en virtud del régimen de asistencia parlamentaria, con arreglo al artículo 68 de las medidas de aplicación y a los artículos 78, 79 y 80 del Reglamento Financiero.

                  —

                  Condene al Parlamento Europeo a cargar con todas las costas del recurso.

                  —

                  Condene al Parlamento Europeo a abonar a la Sra. Le Pen, con concepto de reembolso de los gastos recuperables, un importe de 50 000,00 euros.

         Motivos y principales alegaciones

      En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

                  1.

                  Primer motivo, basado en los vicios de legalidad formal de los actos impugnados. Este motivo se divide a su vez en cinco partes.

                              —

                              Primera, en la que se alega que la competencia en materia de decisiones económicas que afecten a los diputados corresponde a la Mesa del Parlamento Europeo y no a su Secretario General.

                              —

                              Segunda, en la que se alega que la Mesa del Parlamento Europeo no puede modificar la naturaleza y ámbito de sus competencias. Sin embargo, la demandante afirma que el Secretario General no justifica ninguna delegación en forma del presidente de la Mesa del Parlamento Europeo que le otorgue la facultad de adoptar y notificar los actos impugnados referentes a la resolución de las cuestiones económicas que afecten a un diputado.

                              —

                              Tercera, en la que se alega que los actos impugnados carecen de motivación suficiente, y que demuestran tener carácter arbitrario.

                              —

                              Cuarta, basada en la infracción de los requisitos de forma esenciales.

                              —

                              Quinta, basada en la falta de examen personal del expediente por parte del Secretario General del Parlamento Europeo.

                  2.

                  Segundo motivo, basado en los vicios de legalidad sustantiva de los actos impugnados. Este motivo se subdivide en seis partes.

                              —

                              Primera, basada en la vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

                              —

                              Segunda, basada en la inexistencia de hechos que legitimen la adopción de los actos impugnados.

                              —

                              Tercera, en la que se alega que los actos impugnados adolecen de un vicio de desviación de poder.

                              —

                              Cuarta, en la que se alega que los actos impugnados adolecen de un vicio de infracción del procedimiento.

                              —

                              Quinta, basada en el carácter discriminatorio de los actos impugnados y en la existencia de fumus persecutionis.

                              —

                              Sexta, basada en la falta de independencia de la OLAF.


title: Asunto T-317/15: Recurso interpuesto el 18 de junio de 2015 — Italia/Comisión

text:
               3.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 254/21

         Recurso interpuesto el 18 de junio de 2015 — Italia/Comisión
   (Asunto T-317/15)
   (2015/C 254/24)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la convocatoria del concurso EPSOAD/302/15 — Administradores en el ámbito de la auditoría (AD 5).

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los invocados en el asunto T-17/15, República Italiana/Comisión (DO C 81, de 9.3.2015, p. 27).


title: Asunto T-112/07: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2011 — Hitachi y otros/Comisión ( «Competencia — Carteles — Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas — Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Reparto del mercado — Derecho de defensa — Prueba de la infracción — Infracción única y continua — Multas — Gravedad y duración de la infracción — Efecto disuasorio — Cooperación» )

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/30

         Sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2011 — Hitachi y otros/Comisión
   (Asunto T-112/07) (1)

   (Competencia - Carteles - Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas - Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE - Reparto del mercado - Derecho de defensa - Prueba de la infracción - Infracción única y continua - Multas - Gravedad y duración de la infracción - Efecto disuasorio - Cooperación)
   2011/C 252/70
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Hitachi Ltd (Tokyo, Japón); Hitachi Europe Ltd, (Maidenhead, Reino Unido) y Japan AE Power Systems Corp., (Tokio) (representantes: M. Reynolds, P. Mansfield y B. Roy, Solicitors, D. Arts, abogado, N. Green, QC, y S. Singla, Barrister)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente F. Arbault, posteriormente X. Lewis, después P. Van Nuffel y J. Bourke, y finalmente P. Van Nuffel, N. Khan y F. Ronkes Agerbeek, agentes, asistidos por J. Holmes, Barrister)

      Objeto

   Con carácter principal, una pretensión de anulación de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 — Conmutadores con aislamiento de gas), en cuanto afecta a las demandantes, y una pretensión de anulación de las multas impuestas a éstas; con carácter subsidiario, una pretensión de anulación del artículo 2 de esa Decisión en cuanto afecta a las demandantes, y con carácter subsidiario de segundo grado una pretensión de anulación o de reducción del importe de las multas impuestas a las demandantes.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a las demandantes.

      (1)  DO C 129, de 9.6.2007.


title: Asunto C-48/10: Recurso interpuesto el 28 de enero de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

text:
               17.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 100/24

         Recurso interpuesto el 28 de enero de 2010 — Comisión Europea/Reino de España
   (Asunto C-48/10)
   2010/C 100/35
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: A. Alcover San Pedro, agente)

      Demandada: Reino de España

      Pretensiones

               —

               Que se declare que, al no adoptar las medidas necesarias para que las autoridades velen, mediante autorizaciones extendidas de conformidad con los artículos 6 y 8 o, de forma adecuada, mediante la revisión de las condiciones y, en su caso, su actualización, por que las instalaciones existentes sean explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, en el artículo 14, letras a) y b), y en el artículo 15, apartado 2, a más tardar el 30 de octubre de 2007, salvo si fuesen aplicables otras disposiciones comunitarias especiales, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 5, párrafo 1o de la Directiva 2008/1/CE (1) del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (directiva IPPC).

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

      Motivos y principales alegaciones

   De acuerdo con el artículo 5, párrafo 1, de la Directiva 2008/1/CE, el plazo para cumplir con la obligación de adaptar las instalaciones existentes a las exigencias de la Directiva IPPC, mediante la concesión de una autorización ambiental integrada, concluyó el 30 de octubre de 2007.
   En esa fecha, numerosas instalaciones existentes seguían funcionando en España sin dicha autorización. A partir de la apertura de un procedimiento fundado en esta infracción ha acelerado el proceso de concesión de autorizaciones medioambientales, sin que, no obstante, se haya puesto fin a esa violación dentro del plazo impartido por el dictamen motivado ni, de acuerdo con las informaciones de que dispone la Comisión, hasta el momento actual. De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades nacionales en su respuesta al dictamen motivado, a la fecha de expiración del plazo impartido por éste para conformarse con las obligaciones derivadas del artículo 5, apartado 1 de la directiva, 533 instalaciones existentes seguían funcionando sin la preceptiva autorización IPPC.
   En estas circunstancias, resulta evidente que el Reino de España continúa incumpliendo las obligaciones derivadas de dicha disposición.

      (1)  JO L 24, p. 8


title: Asunto C-116/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburgo) el 3 de marzo de 2010 — État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’Enregistrement et des Domaines/Pierre Feltgen (administrador de la quiebra de Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/33

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburgo) el 3 de marzo de 2010 — État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’Enregistrement et des Domaines/Pierre Feltgen (administrador de la quiebra de Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA
   (Asunto C-116/10)
   2010/C 113/52
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’Enregistrement et des Domaines

      Demandada: Pierre Feltgen (administrador de la quiebra de Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

      Cuestión prejudicial

   ¿Pueden las prestaciones de servicios efectuadas por el propietario de un barco que, a cambio de una remuneración, lo pone a disposición de personas físicas, con una tripulación, para que realicen viajes de recreo en alta mar, quedar exentas, al amparo del artículo 15, apartado 5, de la Directiva 77/388/CEE (1) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, si se consideran a la vez constitutivas de una prestación de alquiler de un barco y de una prestación de transporte?

      (1)  DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de mayo de 2001 en el asunto C-450/98 P: International Express Carriers Conference (IECC) contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de casación — Decisiones de desestimación de una denuncia — Abuso de posición dominante — Servicios postales — Reenvío postal")

text:
C 200/18                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          14.7.2001
—      la entidad financiera se compromete con el comprador a pagar         1)    Se desestima el recurso de casación.
       por su cuenta al vendedor el precio de venta al público facturado
       por éste;                                                            2)    Se condena en costas a International Express Carriers Conference
                                                                                (IECC).
—      en realidad, la entidad financiera abona al vendedor, en el
       marco de acuerdos concertados con éste y que el comprador            (1) DO C 48 de 20.2.1999.
       ignora, un importe inferior al precio de venta al público
       facturado, y
—      el comprador devuelve a la entidad financiera un importe igual
       al precio de venta al público facturado,
la base imponible para el cálculo del impuesto sobre el valor añadido
devengado por dicha venta está constituida por la totalidad del                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
importe que el comprador debe pagar.
                                                                                de 17 de mayo de 2001
(1) DO C 100 de 10.4.1999.                                                  en el asunto C-450/98 P: International Express Carriers
                                                                            Conference (IECC) contra Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas (1)
                                                                            («Recurso de casación — Decisiones de desestimación de una
                                                                            denuncia — Abuso de posición dominante — Servicios
                                                                                postales — Reenvı́o postal»)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (2001/C 200/32)
                       de 17 de mayo de 2001
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
en el asunto C-449/98 P: International Express Carriers
Conference (IECC) contra Comisión de las Comunidades
                              Europeas (1)                                  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(«Recurso de casación — Decisión de desestimación de una
denuncia — Abuso de posición dominante — Servicios                         En el asunto C-450/98 P, International Express Carriers
                     postales — Reenvı́o postal»)                           Conference (IECC), con domicilio social en Ginebra (Suiza),
                                                                            representada por los Sres. E. Morgan de Rivery y J. Derenne y
                           (2001/C 200/31)                                  la Sra. M. Cunningham, avocats, que tiene por objeto un
                                                                            recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por
                                                                            el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
                    (Lengua de procedimiento: inglés)                       (Sala Tercera ampliada) el 16 de septiembre de 1998 en los
                                                                            asuntos IECC/Comisión (T-133/95 y T-204/95, Rec. p. II-
                                                                            3645), por el que se solicita que se anule dicha sentencia en la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     medida en que se refiere al asunto T-204/95 y sus apartados 78
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        a 83 en la medida en que se refiere al asunto T-133/95, y en el
                                                                            que las otras partes en el procedimiento son: Comisión de las
En el asunto C-449/98 P, International Express Carriers                     Comunidades Europeas (Agente: Sr. K. Wiedner, asistido por el
Conference (IECC), con domicilio social en Ginebra (Suiza),                 Sr. N. Forwood), Deutsche Post AG (abogado: Sr. D. Schroeder),
representada por los Sres. E. Morgan de Rivery y J. Derenne y               Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, The Post
la Sra. M. Cunningham, avocats, que tiene por objeto un                     Office y La Poste, el Tribunal de Justicia, integrado por los
recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por            Sres. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, A. La Pergola y
el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                M. Wathelet, Presidentes de Sala, J.-P. Puissochet, P. Jann y
(Sala Tercera ampliada) el 16 de septiembre de 1998 en el                   L. Sevón y la Sra. N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y
asunto IECC/Comisión (T-110/95, Rec. p. II-3605), por el que               C.W.A. Timmermans (Ponente), Jueces; Abogado General:
se solicita que se anule dicha sentencia, y en el que las otras             Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. H. von Holstein,
partes en el procedimiento son: Comisión de las Comunidades                Secretario adjunto, ha dictado el 17 de mayo de 2001 una
Europeas (agente: Sr. K. Wiedner, asistido por el Sr. N. For-               sentencia cuyo fallo es el siguiente:
wood), La Poste (avocat: Sr. H. Lehman), Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y The Post Office, el Tribunal de              1)    Se desestima el recurso de casación.
Justicia, integrado por los Sres. G.C. Rodrı́guez Iglesias,                 2)    Se condena en costas a International Express Carriers Conference
Presidente, A. La Pergola y M. Wathelet, Presidentes de Sala,                     (IECC).
J.-P. Puissochet, P. Jann y L. Sevón y la Sra. N. Colneric y los
Sres. S. von Bahr y C.W.A. Timmermans (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria:                    (1) DO C 48 de 20.2.1999.
Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de división, ha dictado el 17 de
mayo de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto C-326/05 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de agosto de 2005 por Industrias Químicas del Vallés, S.A. contra la sentencia dictada el 28 de junio de 2005 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-158/03 entre Industrias Químicas del Vallés, S.A. y Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               29.10.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 271/15

         Recurso de casación interpuesto el 26 de agosto de 2005 por Industrias Químicas del Vallés, S.A. contra la sentencia dictada el 28 de junio de 2005 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-158/03 entre Industrias Químicas del Vallés, S.A. y Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-326/05 P)
   (2005/C 271/29)
   Lengua de procedimiento: el español
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 26 de agosto de 2005 un recurso de casación interpuesto por Industrias Químicas del Vallés, S.A., representada por C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas y J. Sabater Marotias, abogados, contra la sentencia dictada el 28 de junio de 2005 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-158/03 entre Industrias Químicas del Vallés, S.A. y Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1.

               Declare que el presente recurso es admisible y fundado.

               2.

               Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de junio de 2005.

               3.

               Estime la demanda presentada en primera instancia, cuyo objeto era la anulación de la Decisión de la Comisión 2003/308/CE (1), de 2 de mayo de 2003, relativa a la no inclusión del metalaxil en el Anexo I de la Directiva 91/414/CE (2) del Consejo.

               4.

               O, subsidiariamente, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva de nuevo.

               5.

               Condene, en cualquier supuesto, a la Comisión al pago de la totalidad de las costas que se deriven del presente procedimiento, así como las devengadas como consecuencia del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y, en su caso, las resultantes del procedimiento de medidas cautelares.

         Motivos y principales alegaciones

               1.

               En primer lugar, Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV) considera que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) ha desnaturalizado las pruebas obrantes en los autos al analizar el dictamen jurídico de la Comisión sobre la cuestión relativa a las consecuencias de la retirada del procedimiento de evaluación del matalaxil del único notificante que había aportado un expediente completo.

               2.

               En segundo lugar, IQV considera que el TPI ha incurrido en un error de Derecho al desestimar un motivo de IQV únicamente sobre la base de un exracto de un documento al que IQV, como reconoce el propio TPI, nunca tuvo acceso durante el procedimiento administrativo.

               3.

               En tercer lugar, IQV atribuye al TPI un error de Derecho al interpretar y aplicar incorrectamente al caso de autos los principios de cautela y de proporcionalidad y basarse en razones de salud pública para justificar la Decisión de la Comisión inicialmente recurrida.

               4.

               En cuarto lugar, IQV estima que el TPI ha incurrido en un error de Derecho al interpretar y aplicar el marco legal relevante al caso de autos, en especial las disposiciones de la Directiva 91/414/CEE y el Reglamento 3600/92 sobre el procedimiento de evaluación de las sustancias activas contenidas en los productos fitosanitarios. En especial IQV considera que el TPI (i) confunde los términos «expediente completo» e «información complementaria»; (ii) ha apreciado erróneamente que, en el caso de múltiples notificantes de una misma sustancia, cada notificante debe disponer de un expediente completo; (iii) ha apreciado erróneamente el papel del Estado miembro ponente en las fases posteriores a la elaboración de la monografía.

               5.

               En quinto lugar, IQV atribuye al TPI un error de Derecho cuando estima que la Comisión no incurrió en un error manifiesto de apreciación al denegar la prórroga del plazo para continuar la evaluación del metalaxil: en este punto, el TPI parte de una premisa errónea e incurre en una motivación contradictoria en relación con las prórrogas acordadas por la Comisión en el ámbito que nos ocupa.

               6.

               En sexto lugar, IQV considera que el TPI incurre en una motivación contradictoria y exorbitante al desestimar un motivo de IQV sobre la base de una motivación de la Decisión que no figura en la Decisión recurrida.

               7.

               Finalmente, IQV considera que el TPI ha infringido las normas que rigen el procedimiento al haber ignorado parte de las observaciones escritas de IQV al informe para la vista redactado por el Juez Ponente, y ello sin proporcionar motivación alguna en la sentencia.

      (1)  DO L 113, de 7.5.2003, p. 8

      (2)  DO L 230, de 19.8.1991, p. 1


title: Asunto C-401/12 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de septiembre de 2012 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisión

text:
               12.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/25

         Recurso de casación interpuesto el 3 de septiembre de 2012 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisión
   (Asunto C-401/12 P)
   2013/C 9/42
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Moore y K. Michoel, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Vereiniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, Comisión Europea, Reino de los Países Bajos y Parlamento Europeo

      Pretensiones de la parte recurrente

   El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General de 14 de junio de 2012 en el asunto T-396/09.

               —

               Desestime íntegramente el recurso de las demandantes en primera instancia.

               —

               Condene a las demandantes en primera instancia a cargar solidariamente con las costas del Consejo en el presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   El Consejo considera que la sentencia del Tribunal General en el asunto antes mencionado adolece de dos errores de Derecho. El Consejo sostiene que el Tribunal General no interpretó ni aplicó correctamente la denominada jurisprudencia «Nakajima» (1) y «Fediol». (2) En consecuencia, dicha institución estima que el Tribunal General ha declarado infundadamente que podía apreciarse la legalidad del Reglamento (CE) no 1367/2006 (3) a la vista del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
   Además, a juicio del Consejo, la opción elegida por el legislador en el Reglamento no 1367/2006 es, en cualquier caso, totalmente conforme con el Convenio de Aarhus. A este respecto, la interpretación que hace el Tribunal General del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus (4) no es correcta, en la medida en que no respeta el margen de maniobra que corresponde a las partes del Convenio.
   Por consiguiente, el Consejo solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General en el presente asunto y se pronuncie de forma definitiva sobre este asunto desestimando íntegramente el recurso de las demandantes.

      (1)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo, C-68/89, Rec. p. I-2169.

      (2)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1989, Fediol/Comisión, 70/87, Rec. p. 1825.

      (3)  Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13).

      (4)  Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, aprobado por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1).


title: Asunto C-471/09 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-227/01 a T-229/01 y T-265/01, T-266/01 y T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco y otros/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               13.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/11

         Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-227/01 a T-229/01 y T-265/01, T-266/01 y T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco y otros/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-471/09 P)
   2010/C 37/13
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (representantes: I. Sáenz-Cortabarría Fernández y M. Morales Isasi, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Comisión de las Comunidades Europeas y Comunidad Autónoma de la Rioja

      Pretensiones

               —

               Que se declare admisible y fundado el presente recurso de casación.

               —

               Que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Que se estime la demanda presentada en primera instancia, en concreto, la petición subsidiaria de anulación del artículo 3 de la decisión controvertida.

               —

               Que con carácter subsidiario, se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia y, en su caso, le ordene practicar la prueba rechazada.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y en casación, y a la parte coadyuvante, Comunidad Autónoma de la Rioja, al pago de las costas del procedimiento de primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               Error de Derecho al apreciar el TPI que, en el caso concreto, no concurren circunstancias excepcionales que justifican una confianza legítima en la regularidad de la medida fiscal controvertida que impide ordenar la recuperación de las ayudas con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 659/1999 (1) en conexión con el principio de protección de la confianza legítima. Desnaturalización de los términos del debate en instancia e infracción del principio de contradicción. Vulneración de la jurisprudencia sobre motivación. Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales de valoración de pruebas al prescindir del contenido material de documentos obrantes en autos.
               Ni la diferencia formal entre la medida fiscal controvertida y la medida objeto de la Decisión 93/337 (2), ni el hecho de que la Comisión hubiera podido motivar el criterio de selectividad en otro elemento del que figura explícitamente en la Decisión 93/337, ni la declaración de incompatibilidad que figura en la Decisión 93/337, constituyen razones suficientes en Derecho para que el TPI no aprecie la existencia de una circunstancia excepcional que, por sí o en combinación con otras circunstancias que concurren en el caso de autos, impide a la Comisión ordenar la recuperación de las ayudas a que se refiere la decisión controvertida.
               Al considerar que las medidas controvertidas en los asuntos acumulados T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02 no son análogas a la medida fiscal controvertida por razones de técnica fiscal y de amplitud de la bonificación, el TPI ha cometido una desnaturalización de los términos del debate entre las partes litigantes, ha ignorado el principio de contradicción, y ha incurrido, además, en una manifiesta infracción de determinada jurisprudencia sobre motivación.
               El TPI ha incurrido en un error de Derecho al considerar que la actitud de la Comisión respecto a la exención fiscal y/o al crédito fiscal de 1993 -según resulta de la documentación de los autos, la cual no ha sido valorada por el TPI, infringiendo normas procesales- no constituye una circunstancia excepcional que haya podido justificar algún tipo de confianza legítima en la regularidad de la medida fiscal controvertida que impediría la recuperación de las ayudas en virtud del artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 659/1999 por ser contraria al principio de protección de la confianza legítima.

               2)

               Error de Derecho al inobservar el TPI el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento no 659/1999 en conexión con el principio de proporcionalidad que impide ordenar la recuperación de las ayudas a la inversión que no exceden de los límites máximos de ayuda regional.
               El TPI ha vulnerado el principio general de proporcionalidad al no apreciar que la Comisión infringió dicho principio al exigir la recuperación de todas las cantidades concedidas con arreglo al crédito fiscal del 45 % de las inversiones, en lugar de sólo las que excedieran del límite máximo de ayuda regional en el País Vasco.

               3)

               Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales en materia de práctica de la prueba y decidir no practicar la prueba propuesta por el demandante relativa a la exhibición de determinados documentos de la Comisión que, a la luz de los argumentos empleados por el TPI para desestimar la pretensión del demandante, se revela esencial en la defensa de sus intereses. Violación del derecho a un proceso justo, del principio de igualdad de armas y del derecho de defensa.
               El TPI, al no practicar la prueba solicitada, ha violado el derecho fundamental a un proceso justo que asiste al demandante, puesto que ha rechazado la práctica de una prueba que se revela esencial para el demandante, vulnerando así su derecho de defensa, dado que su pretensión se ha visto desestimada con el argumento de que no ha probado lo que, precisamente, pretendía acreditar con la prueba no practicada: si no ya la explícita postura definitiva de la Comisión respecto de la denuncia de 1994 contra normas fiscales de 1993 (incluido un crédito fiscal), que son medidas sustancialmente idénticas a la controvertida, desestimándola, al menos la actitud de la Comisión que constituiría una circunstancia excepcional por cuanto tal conducta habría causado la confianza legítima en la regularidad de las medidas fiscales de 1993, lo que condujo a adoptar la medida fiscal controvertida.

      (1)  Del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE
   DO L 83, p. 1

      (2)  De la Comisión, de 10 de mayo de 1993, relativa a un sistema de ayudas fiscales a la inversión en el País Vasco
   DO L 134, p. 25


title: Asunto C-206/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Thüringer Oberlandesgericht — Alemania) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH ( Procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales — Servicio público de suministro de agua potable y de tratamiento de aguas residuales — Concesión de servicios — Concepto — Traspaso a la otra parte contratante del riesgo vinculado a la explotación del servicio de que se trata )

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/20

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Thüringer Oberlandesgericht — Alemania) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH
   (Asunto C-206/08) (1)

   («Procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales - Servicio público de suministro de agua potable y de tratamiento de aguas residuales - Concesión de servicios - Concepto - Traspaso a la otra parte contratante del riesgo vinculado a la explotación del servicio de que se trata»)
   2009/C 267/34
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Thüringer Oberlandesgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)

      Demandada: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

      En el que participan: Stadtwirtschaft Gotha GmbH, Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Thüringer Oberlandesgericht — Interpretación del artículo 1, apartados 2, letras a) y d), y 3, letra b), de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 134, p. 1) — Licitación relativa a la prestación, en forma de concesión de servicios públicos, de un servicio público en el sector de la producción, del transporte y de la distribución de agua potable y en el ámbito de la eliminación y del tratamiento de aguas residuales — Criterios de distinción entre contrato público de servicios y concesión de servicios públicos.

      Fallo

   El hecho de que, en el marco de un contrato de servicios, la otra parte contratante no obtenga el pago de una remuneración directa por parte de la entidad adjudicadora sino que obtenga el derecho a recaudar una remuneración de terceros, basta para que dicho contrato se califique como «concesión de servicios», en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, siempre que la otra parte contratante asuma la totalidad, o, al menos, una parte significativa, del riesgo de explotación que corre la entidad adjudicadora, incluso si dicho riesgo es, desde el inicio, muy limitado debido a la configuración jurídico pública de los servicios.

      (1)  DO C 247, de 27.9.2008.


title: Asunto T-113/12: Sentencia del Tribunal General de 21 de enero de 2014 — Bial-Portela/OAMI — Probiotical (PROBIAL) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa PROBIAL — Marcas nacionales, internacional, comunitaria denominativas y figurativas anteriores, rótulo de establecimiento, nombre comercial y distintivo Bial — Motivos de denegación relativos — Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartados 4 y 5, del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               1.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 61/8

         Sentencia del Tribunal General de 21 de enero de 2014 — Bial-Portela/OAMI — Probiotical (PROBIAL)
   (Asunto T-113/12) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa PROBIAL - Marcas nacionales, internacional, comunitaria denominativas y figurativas anteriores, rótulo de establecimiento, nombre comercial y distintivo Bial - Motivos de denegación relativos - Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartados 4 y 5, del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2014/C 61/13
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (representantes: B. Braga da Cruz y J. Pimenta, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Geroulakos, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, coadyuvante ante el Tribunal General: Probiotical SpA (Novara, Italia) (representante: I. Kuschel, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 20 de diciembre de 2011 (asunto R 1925/2010-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Portela & Ca, SA y Probiotical SpA.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Bial-Portela & Ca, SA.

      (1)  DO C 165, de 9.6.2012.


title: Recurso interpuesto el 31 de octubre de 1996 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-356/96)

text:
N° C 370/ 10             ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      7 . 12 . 96
contra el propietario y el fletador del buque dirigida a que se         Recurso interpuesto el 31 de octubre de 1996 contra el
declare, por el contrario, que no estaban obligados a                   Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
contribuir a la avería común, teniendo en cuenta que el                                                  Europeas
Tribunal ante quien se recurrió en segundo lugar, para                                         ( Asunto C-357/96 )
inhibirse pese a la falta de identidad formal entre las partes
                                                                                ( 96/C 370/23 )
de los dos procesos, pone de relieve que la ley de
procedimiento aplicable ante el órgano jurisdiccional que
conoció en primer lugar « restringe la posibilidad de que el            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
asegurador se persone en el litigio en el que está implicado su         ha presentado el 31 de octubre de 1996 un recurso contra el
asegurado » y que de ello resulta que el asegurador del buque           Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las
también está de hecho personado mediante asegurado(s )                  Comunidades Europeas, representada por el Sr. Gótz zur
interpuesto(s ) en el proceso iniciado en primer lugar.                 Hausen, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que
                                                                        designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr .
                                                                        Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                        La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al
Recurso interpuesto el 31 de octubre de 1996 contra el                  Tribunal de Justicia que :
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
                               Europeas                                 — Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
                         (Asunto C-356/96 )                                   obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
                                                                              94/15/CEE ( 1 ) de la Comisión, de 15 de abril de 1994 ,
                            ( 96/C 370/22 )
                                                                              por la que se adapta al progreso técnico por primera vez
                                                                              la Directiva 90/220/CEE ( 2 ) sobre la liberación intencio
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                     nal en el medio ambiente de organismos modificados
ha presentado el 31 de octubre de 1996 un recurso contra el                   genéticamente, al no adoptar las disposiciones legales,
Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las                             reglamentarias y administrativas para conformarse a la
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Gótz zur                        citada Directiva .
Hausen, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr .               — Condene en costas al Reino de Bélgica .
Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al                     Motivos y principales alegaciones
Tribunal de Justicia que :
                                                                        Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los del
— Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                     asunto C-356/96 ( 5 ); el plazo de adaptación del Derecho
       obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva           interno a la Directiva expiró el 30 de junio de 1994 .
       91 /410/CEE ( 1 ) de la Comisión, de 22 de julio de 1991 ,
       por la que se adapta, por decimocuarta vez, al progreso          (') DO n" L 103 de 22 . 4 . 1994 , p . 20 .
       técnico de la Directiva 67/548/CEE ( 2 ) del Consejo,            ( 2 ) DO n" L 117 de 8 . 5 . 1990, p . 15 .
       relativa a la aproximación de las disposiciones légales,         (') Véase la presente Comunicación .
       reglamentarias y administrativas en materia de clasifica
       ción, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas,
       al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
       administrativas para conformarse a la citada Direc
       tiva .
                                                                        Recurso interpuesto el 31 de octubre de 1996 contra el
 — Condene en costas al Reino de Bélgica .                              Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
 Motivos y principales alegaciones
                                                                                ( Asunto C-358/96 )
 Se deduce del carácter vinculante de las Directivas, previsto                                        ( 96/C 370/24 )
 en el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE, así
 como del párrafo primero del artículo 5 del mismo Tratado               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 que los Estados miembros destinatarios de una Directiva                 ha presentado el 3 1 de octubre de 1 996 un recurso contra el
 están obligados a alcanzar los resultados previstos en la               Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las
 misma en el plazo que ésta indique, es decir, a adaptar el              Comunidades Europeas, representada por el Sr. Gótz zur
 Derecho nacional a las disposiciones de aquélla de manera               Hausen, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que
 que surta plenamente sus efectos desde el momento de la                 designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr .
 expiración del plazo de adaptación . Dicho plazo expiró el              Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg .
 1 de agosto de 1992 sin que el Reino de Bélgica haya
 adoptado las medidas necesarias .
                                                                         La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al
 (') DO n° L 228 de 17 . 8 . 1991 , p . 67 .                             Tribunal de Justicia que :
 ( 2 ) DO n" 196 de 16 . 8 . 1967, p . 1 ; EE 13/01 , p . 50 .
                                                                         — Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
                                                                               obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva


title: Asunto C-502/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de octubre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Staatssecretaris van Justitie — Países Bajos) — Staatssecretaris van Justitie/Mangat Singh (Directiva 2003/109/CE — Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración — Ámbito de aplicación — Artículo 3, apartado 2, letra e) — Residencia fundada en un permiso formalmente limitado)

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de octubre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Staatssecretaris van Justitie — Países Bajos) — Staatssecretaris van Justitie/Mangat Singh
   (Asunto C-502/10) (1)

   (Directiva 2003/109/CE - Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración - Ámbito de aplicación - Artículo 3, apartado 2, letra e) - Residencia fundada en un permiso formalmente limitado)
   2012/C 379/06
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Staatssecretaris van Justitie

      Demandada: Mangat Singh

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Raad van State — Interpretación del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO 2004, L 16, p. 44) — Concepto de «permiso de residencia limitado formalmente» — Permiso de residencia que no ofrece ninguna posibilidad de obtener un permiso de residencia por tiempo indefinido, pero que puede ser renovado un número ilimitado de veces.

      Fallo

   El artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que el concepto «permiso de residencia [que] está limitado formalmente» no incluye un permiso de residencia de duración determinada, concedido a los miembros de un grupo específico de personas, cuya validez puede prorrogarse de forma ilimitada, sin ofrecer no obstante perspectiva alguna de obtención de un permiso de residencia de duración indefinida, siempre que esa limitación formal no impida la instalación duradera del nacional del tercer país en el Estado miembro interesado, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente.

      (1)  DO C 346, de 18.12.2010


title: Asunto C-320/06: Recurso interpuesto el 20 de julio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/26

         Recurso interpuesto el 20 de julio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-320/06)
   (2006/C 212/45)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Enegren y G. Rozet, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber informado de tales disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva 2002/14/CE finalizó el 23 de marzo de 2005.

      (1)  DO L 80, p. 29.


title: Asunto C-479/09 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Evets Corp. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el 23 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-20/08 y T-21/08: Evets Corp./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/39

         Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Evets Corp. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el 23 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-20/08 y T-21/08: Evets Corp./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-479/09 P)
   2010/C 24/69
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Evets Corp. (representante: S. Ryan, Solicitor)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Que se declare que la petición de restitutio in integrum se presentó dentro del plazo establecido en el artículo 78, apartado 2, del Reglamento no 40/94. (1)

               —

               Que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que a su vez este Tribunal pueda devolver el asunto a la Sala de Recurso para que resuelva la cuestión de fondo sobre si se demostró toda la diligencia requerida para renovar las marcas de que se trata.

               —

               Que se condene a la OAMI a pagar las costas ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal de Primera Instancia.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               Este recurso de casación se refiere a una petición derestitutio in integrum con arreglo al artículo 78, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94. La marca de que se trata había expirado debido a la falta de pago de las tasas de renovación.

               2)

               El titular de la marca había delegado en un tercero la responsabilidad de pagar las tasas de renovación. No obstante, a consecuencia de un error involuntario, el pago de la renovación no se hizo en la fecha debida.

               3)

               La OAMI notificó la cancelación al representante legalmente establecido del propietario de la marca, que no era el tercero responsable del pago de las tasas de renovación. El representante transmitió la cancelación de la marca al propietario que lo recibió varios días después.

               4)

               Posteriormente, el propietario de la marca presentó una petición derestitutio in integrum con arreglo al artículo 78, apartado 2, del Reglamento no 40/94. Esta petición se presentó dentro de los dos meses siguientes a que el propio propietario recibiera las notificaciones de cancelación, pero una vez transcurridos dos meses desde que el representante legalmente establecido las recibió.

               5)

               El artículo 78, apartado 2, del Reglamento no 40/94 exige que la petición debe presentarse por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento. La cuestión que se plantea en el presente asunto se refiere a cómo determinar la fecha en la que se inicia el cómputo del plazo.

               6)

               El propietario alega que la fecha relevante es la fecha en que recibió la notificación. Había asumido la responsabilidad a través de un tercero, de pagar las tasas de renovación. Sólo descubrió el error, y tuvo la oportunidad de eliminar el impedimento, cuando recibió efectivamente tal notificación.

               7)

               Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia estimó la posición de la OAMI de que la fecha relevante era la fecha de recepción del representante legalmente establecido del propietario, al que la OAMI había enviado la notificación. La OAMI se basaba en las disposiciones de la regla 77 del Reglamento no 2868/95 (2) que establece que «Toda notificación u otra comunicación que remita la Oficina al representante debidamente autorizado tendrá el mismo efecto que si se hubiera enviado a la persona representada».

               8)

               El propietario alega en su recurso de casación que:

                           i)

                           El objetivo de la presunción establecida por la regla 77 del Reglamento no 2868/95 es permitir considerar que la OAMI ha cumplido sus obligaciones de notificación cuando envía una notificación al representante de una parte relativa a cuestiones para las que dicho representante está facultado para actuar. Por consiguiente, la OAMI no tiene ninguna otra obligación. Sin embargo, éste no es un elemento pertinente en el presente caso.

                           ii)

                           Respecto a los plazos de pago de la tasa de renovación, el «impedimento» cesa cuando el propio titular de la marca, y/o la persona a la que ha encargado específicamente del pago de la tasa, tiene conocimiento efectivo de la falta de pago involuntario. Cualquier otra conclusión privaría a esta disposición de objeto: un representante autorizado, muy especialmente, conoce siempre, y se espera que conozca, los plazos aplicables, de modo que de todas formas en general carece de interés el hecho de que la OAMI le envíe notificaciones.

                           iii)

                           El pago de la tasa de renovación es una mera operación financiera que no requiere que se esté representado por un jurista. Por ello, una parte puede pagar ella misma las tasas o designar a cualquier otra persona para hacerlo. Cuando el «representante» de una parte –que ha representado a la parte durante el procedimiento ante la Oficina– no ha sido específicamente encargado de pagar las tasas de renovación, la notificación de la falta de pago a dicho representante carece de incidencia; no se trata de una notificación a la parte y no puede asimilarse a ésta. Este representante no está jurídicamente obligado a responder a tal notificación (aun cuando, por cortesía profesional, pueda transmitirla a su cliente).

                           iv)

                           En circunstancias como las presentes, un representante designado a otros fines no es un «representante debidamente autorizado» respecto al pago de la tasa de renovación. Por ello, que se le dirija una notificación no cumple la regla 77 del Reglamento no 2868/95 y no conlleva la aplicación de la «presunción» que ésta establece.

                           v)

                           En resumen, la persona que debe tenerse en cuenta es la encargada de llevar a cabo el acto de que se trate. Únicamente cuando esta persona tiene conocimiento del plazo no respetado puede iniciarse el cómputo del plazo para interponer una demanda.

                           vi)

                           Aun cuando las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea no tienen fuerza obligatoria en Derecho comunitario, es preciso ciertamente tenerlas muy en cuenta. Cuando existe jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes relativa a una disposición formulada en términos idénticos, es conveniente que esta fórmula se interprete de la misma manera. Si las interpretaciones difieren, entonces una de ellas debe ser errónea. La recurrente alega que las decisiones paralelas de la OEP son correctas, al igual que su razonamiento.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1).


title: Asunto C-172/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Verwaltungsgerichtshof, de fecha 31 de marzo de 2003, en el asunto entre Dr. Wolfgang Heiser y Finanzlandesdirektion für Tirol (Berufungssenat I)

text:
5.7.2003               ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 158/9
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               tributen mediante una retención en la fuente configurada de
                                                                        tal modo que la reducción de la base imponible u otras
—     Declare que la República Helénica ha incumplido las               deducciones o desgravaciones vinculadas a la situación perso-
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7 de          nal del contribuyente no estén autorizadas, cuando los contri-
      la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de             buyentes domiciliados en ese mismo Estado tienen derecho a
      1979, relativa a la conservación de las aves silvestres ( 1),     tales reducciones de la base imponible o deducciones en la
      modificada por la Directiva 94/24/CE (2), de 8 de junio de        tributación general de sus ingresos percibidos en dicho Estado
      1994, al no adoptar un régimen de protección completa             y en el extranjero (obligación personal), si bien la inexistencia
      de determinadas especies del anexo II de dicha Directiva.         del derecho a la reducción de la base imponible o deducción
                                                                        se tiene en cuenta aplicando un tipo impositivo inferior al
—     Condene en costas a la República Helénica.                        correspondiente a los contribuyentes con domicilio fiscal en
                                                                        dicho Estado?»
Motivos y principales alegaciones
La Comisión considera que la República Helénica no ha
aplicado adecuadamente el artículo 7, apartado 4, de la
Directiva dado que, al fijar fechas demasiado avanzadas como
principio de la veda, no ha adoptado un régimen de protección
completa para determinadas especies del anexo II de la
Directiva. Un porcentaje de estas aves, mayor o menor según             Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
la especie, no está protegido contra la práctica de la caza             lución del Verwaltungsgerichtshof, de fecha 31 de marzo
durante el período de migración de apareamiento, en la que su           de 2003, en el asunto entre Dr. Wolfgang Heiser y
supervivencia está particularmente amenazada. En realidad no                 Finanzlandesdirektion für Tirol (Berufungssenat I)
hay sistemas que garanticen la protección completa de las aves
durante el período en el que las especies se dirigen a su lugar
de nidificación, en infracción del artículo 7, apartado 4, de la                                (Asunto C-172/03)
Directiva.
                                                                                (2003/C 158/16)
( 1) DO L 103 de 25.4.1979; EE 15/02 p. 25.
( 2) DO L 164 de 30.6.1994, p. 9.
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        resolución del Verwaltungsgerichtshof, dictada el 31 de marzo
                                                                        de 2003, en el asunto entre Dr. Wolfgang Heiser y Finanzlan-
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-               desdirektion für Tirol (Berufungssenat I), y recibida en la
lución del Regeringsrätten (Suecia), de fecha 10 de abril               Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de abril de 2003. El
de 2003, en el asunto entre Florian W. Wallentin y                      Verwaltungsgerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se
                         Riksskatteverket                               pronuncie sobre la siguiente cuestión:
                       (Asunto C-169/03)
                                                                        Una normativa como la establecida en el artículo XVI,
                         (2003/C 158/15)                                número 3, de la Ley federal publicada en el BGBl. 21/1995, en
                                                                        la versión publicada en el BGBl. 756/1996, es decir, una
                                                                        normativa con arreglo a la cual en el caso de los médicos el
                                                                        cambio de la realización de operaciones sujetas al impuesto
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               sobre el volumen de negocios a la realización de operaciones
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante             exentas del impuesto sobre el volumen de negocios por lo que
resolución del Regeringsrätten (Suecia), dictada el 10 de abril         respecta a los bienes que siguen utilizándose en la empresa no
de 2003, en el asunto entre Florian W. Wallentin y Riksskatte-          da lugar a la reducción de las cuotas soportadas ya deducidas
verket, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el         que viene impuesta por el artículo 20 de la Sexta Directiva 77/
14 de abril de 2003. El Regeringsrätten solicita al Tribunal de         388/CEE ( 1), ¿constituye una ayuda de Estado en el sentido del
Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                  artículo 87 CE (anteriormente artículo 92 del Tratado CE)?
«¿El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que se
opone a que la legislación de un Estado miembro disponga                (1 ) DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.
que las personas físicas que no se consideren domiciliadas
fiscalmente en ese Estado pero que perciban en el mismo
rendimientos del trabajo (sujetos pasivos por obligación real)


title: Asunto C-70/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) el 10 de febrero de 2014 — Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo, S.A./Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

text:
               5.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 135/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) el 10 de febrero de 2014 — Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo, S.A./Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
   (Asunto C-70/14)
   2014/C 135/27
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo, S.A.

      Demandada: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP (IFAP)

      Cuestión prejudicial

   Habida cuenta de que el Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, IFAP — Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP, ha considerado que «sólo pueden acogerse a las restituciones a la exportación los productos incluidos:

               —

               en el código 0207 12 10 9900 de la nomenclatura de las restituciones a la exportación, correspondiente a los denominados «pollos 70 %» que no presenten la punta del esternón, el fémur y la tibia completamente osificados, o

               —

               en el código 0207 12 90 9190 de la nomenclatura de las restituciones a la exportación, correspondiente a los denominados «pollos 65 %» que no presenten la punta del esternón, el fémur y la tibia completamente osificados», y de que la empresa ha exportado efectivamente gallinas de desvieje (gallinas ponedoras sacrificadas al término de su período de puesta, momento en que su esqueleto se encuentra completamente osificado), ¿se integra o no el producto «gallinas de desvieje» en la designación de mercancías «Las demás», con los códigos de producto nos0207 12 10 9900 y 0207 12 90 9190, indicadas en el anexo I del Reglamento (CEE) no 3846/87, (1) modificado por el Reglamento (CE) no 2319/2002 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2002, (2) por el Reglamento (CE) no 2180/2003 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2003, (3) por el Reglamento (CE) no 2199/2004 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2004, (4) y por el Reglamento (CE) no 2091/2005 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2005, (5) por los que se publica la versión de 2003, 2004, 2005 y 2006, respectivamente, de la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación?

      (1)  Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1987, por el que se establece la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación (DO L 366, p. 1).

      (2)  DO L 325, p. 35.

      (3)  DO L 335, p. 1.

      (4)  DO L 380, p. 1.

      (5)  DO L 343, p. 1.


title: Asunto T-733/14: Auto del Tribunal General de 17 de julio de 2015 — European Dynamics Luxembourg y Evropaïki Dynamiki/Parlamento

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/51

         Auto del Tribunal General de 17 de julio de 2015 — European Dynamics Luxembourg y Evropaïki Dynamiki/Parlamento
   (Asunto T-733/14) (1)

   (2015/C 320/70)
   Lengua de procedimiento: griego
   El Presidente de la Sala Décima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 16, de 19.1.2015.


title: Asunto C-171/09: Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/30

         Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa
   (Asunto C-171/09)
   2009/C 153/58
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Peere y P. Dejmek, agentes)

      Demandada: República Francesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Francesa.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2006/70/CE expiró el 15 de diciembre de 2007. Pues bien, en el momento de interponerse el presente recurso, la parte demandada aún no había adoptado todas las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a la citada Directiva o, en cualquier caso, no las había comunicado a la Comisión.

      (1)  DO L 214, p. 29.


title: Asunto T-153/03: Recurso interpuesto el 18 de abril de 2003 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior por Inex N.V.

text:
C 171/36               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          19.7.2003
Recurso interpuesto el 18 de abril de 2003 contra la                      Resolución de la Sala de     Desestimación del recurso de la
Oficina de Armonización del Mercado Interior por Inex                     Recurso:                     parte demandante
                                N.V.
                                                                          Motivos invocados:           Infracción del concepto de riesgo
                       (Asunto T-153/03)                                                               de confusión tal y como lo inter-
                                                                                preta el Tribunal de Justicia habida
                         (2003/C 171/60)                                                               cuenta de:
                                                                                —     la identidad de los pro-
                 (Lengua de procedimiento: francés)                                                          ductos,
                                                                                —     la similitud entre la   marca
                                                                                contemplada por la      oposi-
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 18 de abril de 2003 un recurso                                                  ción y el elemento       domi-
contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior                                                       nante y distintivo de   la pri-
formulado por la sociedad Inex N.V., con domicilio social                                                    mera marca,
en Luxemburgo, representada por el Sr. Thierry van Innis,                                              —     el destino de los productos
abogado.                                                                                al público en general para su
                                                                                consumo habitual.
También ha sido parte en el procedimiento ante la Sala
Segunda de Recurso Robert Wiseman & Sons Limited, Glasgow
(Reino Unido).
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
—     Anule la Resolución de la Sala Segunda de Recurso de la
      demandada, de 4 de febrero de 2003, dictada en el                   Recurso interpuesto el 24 de abril de 2003 contra la
      procedimiento R 106/2001-2.                                         Comisión de las Comunidades Europeas por Michael Cwik
—     Condene en costas a la parte demandada.
                                                                                (Asunto T-155/03)
Motivos y principales alegaciones                                                                (2003/C 171/61)
Solicitante de la marca        Robert Wiseman & Sons Limited
comunitaria:                                                                              (Lengua de procedimiento: francés)
Marca comunitaria soli-        Marca figurativa constituida por
citada:                        la representación gráfica de una
                               piel de vaca en blanco y negro —
                               Solicitud no 132134, presentada            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                               para los productos y servicios             Europeas se ha presentado el 24 de abril de 2003 un recurso
                               comprendidos en las clases 29, 32          contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
                               y 39 (en concreto: leche, bebidas          por Michael Cwik, con domicilio en Tervuren (Bélgica),
                               lácteas, productos lácteos, nata y         representado por Me Nicolas Lhoëst, abogado, que designa
                               yogur)                                     domicilio en Luxemburgo.
Titular de la marca o          La parte demandante
solicitante del signo que                                                 El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
se invoca en el procedi-
miento de oposición:
                                                                          —    Anule la decisión del Secretario general de 13 de junio de
Marca o signo que se           Marca      compuesta       Benelux              2002 que confirma, sin modificarlo, el informe de
invoca:                        no 580538 constituida en parte                  calificación del demandante correspondiente al período
                               por una representación gráfica de               comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio
                               una piel de vaca en blanco y                    de 1997.
                               negro, registrada para los produc-
                               tos comprendidos en las clases 29
                                                                          —    Condene a la demandada al pago de una indemnización
                               y 30                                            de 15 000 euros.
Resolución de la Divi-         Desestimación de la oposición
sión de Oposición:                                                        —    Condene en costas a la demandada.


title: Asunto T-523/08: Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/OHMI — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/46

         Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/OHMI — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)
   (Asunto T-523/08)
   (2009/C 32/88)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español
   Partes

      Demandante: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, España) (representante: R. Bercovitz Álvarez, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Mary Quant Cosmetics Japan Ltd (Tokio, Japón)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen los puntos 1 y 3 de la Resolución impugnada y se sustituya por otra resolución en la que se conceda la inscripción de la Marca Comunitaria no 3.291.234 para todos los productos solicitados de la clase 3 del Nomenclator (incluyendo «jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello») y se impongan las costas del procedimiento de oposición a MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd., y

               —

               que se impongan las costas del presente procedimiento a la parte demandada, y a cualesquiera intervinientes o coadyuvantes que se personen.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que representa una flor rosa con centro amarillo, sobre un fondo verde claro con la mención AGATHA RUIZ DE LA PRADA (solicitud de registro no 3.291.234) para productos de las clases 3, 5, 14 y 21, entre otras.

      Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd.

      Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marca figurativa que representa una flor negra, con centro del mismo color delimitado por una circunferencia blanca: marcas británicas, para productos de las clases 3 y 5, y comunitaria, para productos de las clases 3 y 21.

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición.

      Resolución de la Sala de Recurso: Acogimiento parcial del recurso.

      Motivos invocados: Aplicación indebida del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 sobre la marca comunitaria.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 1 de octubre de 2004, en el asunto C-480/03 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'arbitrage): Hugo Clerens y b.v.b.a. Valkeniersgilde contra Gobierno valón y Consejo de Ministros («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Directiva 79/409/CEE — Conservación de las aves silvestres — Especies nacidas y criadas en cautividad»)

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/22

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Quinta)
   de 1 de octubre de 2004
   en el asunto C-480/03 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'arbitrage): Hugo Clerens y b.v.b.a. Valkeniersgilde contra Gobierno valón y Consejo de Ministros (1)

   («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Directiva 79/409/CEE - Conservación de las aves silvestres - Especies nacidas y criadas en cautividad»)
   (2005/C 6/43)
   Lenguas de procedimiento: francés y neerlandés
   En el asunto C-480/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour d'arbitrage, mediante resolución de 29 de octubre de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de noviembre de 2003, en el procedimiento entre Hugo Clerens y b.v.b.a. Valkeniersgilde, por un lado, y Gobierno valón y Consejo de Ministros, por otro, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. C. Gulmann, Presidente de Sala, la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente) y el Sr. J. Makarczyk, Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 1 de octubre de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
   La Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, debe ser interpretada en el sentido de que no se aplica a las aves nacidas y criadas en cautividad y, por tanto, los Estados miembros siguen siendo competentes, en el estado actual del Derecho comunitario, para regular esa materia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28 CE y 30 CE.

      (1)  DO C 35 de 7.2.2004.


title: Asunto T-321/09: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2009 — skytron energy/OAMI (arraybox)

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/68

         Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2009 — skytron energy/OAMI (arraybox)
   (Asunto T-321/09)
   2009/C 267/123
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlín, Alemania) (representante: H.-J. Omsels, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 4 de junio de 2009, en el asunto R 680/2008-1.

               —

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

               —

               Que se condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «arraybox» para bienes y servicios de las clases 9, 37, 38 y 42 (solicitud no6 710 479)

      Resolución del examinador: Denegación del registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009, (1) al no ser descriptivo el signo solicitado y tener carácter distintivo.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).


title: Asunto T-395/11 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 30 de septiembre de 2011 — Elti/Delegación de la Unión Europea en Montenegro ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Contratos públicos — Procedimiento de licitación — Rechazo de una oferta — Demanda de suspensión de la ejecución — Incumplimiento de requisitos de forma — Inadmisibilidad» )

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/34

         Auto del Presidente del Tribunal General de 30 de septiembre de 2011 — Elti/Delegación de la Unión Europea en Montenegro
   (Asunto T-395/11 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Contratos públicos - Procedimiento de licitación - Rechazo de una oferta - Demanda de suspensión de la ejecución - Incumplimiento de requisitos de forma - Inadmisibilidad)
   2011/C 347/62
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Elti d.o.o. (Gornja Radgona, Eslovenia) (representante: N. Zidar Klemenčič, abogado)

      Demandada: Delegación de la Unión Europea en Montenegro (representantes: inicialmente N. Bertolini, agente, posteriormente J. Stuyck y A.-M. Vandromme, abogados)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución de la decisión de la Delegación de la Unión Europea en Montenegro de 21 de marzo de 2011 por la que se rechaza la oferta presentada por la demandante en el marco del procedimiento de licitación EuropaAid/129435/C/SUP/ME-NP, y en la que se informa de que el contrato público había sido adjudicado a otro licitador.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto F-92/06: Auto del Tribunal de la Función Pública de 25 de mayo de 2007 — Antas/Consejo

text:
               7.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/45

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 25 de mayo de 2007 — Antas/Consejo
   (Asunto F-92/06) (1)

   (2007/C 155/84)

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto, después de haberse llegado a una solución amistosa del litigio.

      (1)  DO C 237, de 30.9.2006, p. 21.


title: Asunto C-158/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (Procedimiento prejudicial — Contaminación atmosférica — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Directiva 2003/87/CE — Concepto de «instalación» — Inclusión del lugar donde se almacena el combustible — Reglamento (UE) n.° 601/2012 — Concepto de «combustible exportado fuera de la instalación»)

text:
               16.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit
   (Asunto C-158/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Contaminación atmosférica - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Directiva 2003/87/CE - Concepto de «instalación» - Inclusión del lugar donde se almacena el combustible - Reglamento (UE) n.o 601/2012 - Concepto de «combustible exportado fuera de la instalación»))
   (2016/C 296/19)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV

      Demandada: Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

      Fallo

               1)

               Un parque de almacenamiento del combustible de una central de carbón como el que es objeto del procedimiento principal, tal como lo describe el órgano jurisdiccional remitente, forma parte de una «instalación» en el sentido del artículo 3, letra e), de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE, en su versión modificada por la Decisión n.o 1359/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

               2)

               El artículo 27, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 206/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, debe interpretarse en el sentido de que las pérdidas de carbón resultantes del proceso de calentamiento natural de éste durante su almacenamiento en un parque que forma parte de una instalación en el sentido del artículo 3, letra e), de la Directiva 2003/87 no pueden considerarse carbón exportado fuera de dicha instalación.

      (1)  DO C 205 de 22.6.2015.


title: Asunto T-39/11: Recurso interpuesto el 24 de enero de 2011 — Cargolux Airlines/Comisión

text:
               12.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/26

         Recurso interpuesto el 24 de enero de 2011 — Cargolux Airlines/Comisión
   (Asunto T-39/11)
   2011/C 80/51
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Luxemburgo) (representantes: J. Joshua, Barrister, y G. Goeteyn, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen total o parcialmente los artículos 1 a 4 en la medida en que afectan a la demandante.

               —

               Que se anule la multa impuesta a la demandante en el artículo 5.

               —

               Con carácter subsidiario, que se reduzca sustancialmente la multa en el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Anulación de la Decisión C(2010) 7694 final de la Comisión de 9 de noviembre de 2010 en el asunto COMP/39.258 — Transporte aéreo, en la medida en que declara que la demandante infringió los artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al coordinar con otros transportistas su política de precios relativos al transporte aéreo de mercancías en lo que atañe a (i) recargos por combustible, (ii) recargos por seguridad, y (iii) no pago de comisiones por recargos.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega cinco motivos:

               1)

               Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación, ya que la Comisión incurrió en error al calificar la conducta como restricción por objeto y no pudo demostrar que existiera ningún efecto contrario a la competencia. A este respecto, la demandante alega que:

                           —

                           La existencia del concepto de restricción por objeto no exonera a la Comisión de su deber de llevar a cabo algún tipo de apreciación, lo que no hizo.

                           —

                           La Decisión no formula ninguna teoría acerca del perjuicio, en particular dado que se desestimaron todas las alegaciones relativas a la fijación de las tarifas subyacentes.

               2)

               Segundo motivo, basado en un vicio sustancial de forma, en la falta de motivación, en la vulneración de los derechos de defensa y en un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión no identificó con la suficiente precisión el alcance y los parámetros de la conducta presuntamente constitutiva de las infracciones únicas y continuadas.

               3)

               Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación, ya que la Comisión no fundamentó con pruebas fiables sus conclusiones ni demostró los hechos en los que basó sus apreciaciones de modo suficiente en Derecho. A este respecto, la demandante sostiene que:

                           —

                           En la Decisión no se corrigió ninguno de los errores contenidos en el pliego de cargos y comunicados en su momento a la Comisión.

                           —

                           La Comisión aplicó incorrectamente el concepto de infracción única y continuada al insistir en que una conducta completamente inocente puede formar parte de una empresa ilegal y utilizó la calificación de «cártel mundial» como excusa para presentar pruebas totalmente parciales e irrelevantes.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que la Comisión incurrió en error de Derecho al afirmar infundadamente que era competente sobre la supuesta coordinación anticompetitiva en relación con los vuelos procedentes de aeropuertos de Estados terceros con destino a aeropuertos situados en el EEE («vuelos de llegada»). La demandante sostiene que dichas actividades no están incluidas en el ámbito de aplicación de los artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEE.

               5)

               Quinto motivo, en relación con la revisión de la sanción en ejercicio de la competencia jurisdiccional plena, basado en un error manifiesto de apreciación y en la vulneración del principio de proporcionalidad. Al respecto, la demandante sostiene que:

                           —

                           Las Directrices sobre sanciones de 2006 son incompatibles con el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, (1) con arreglo al cual para determinar el importe de la multa se tendrán en cuenta la gravedad y la duración de la infracción.

                           —

                           La Comisión sobreestimó excesivamente la gravedad total de la supuesta infracción. Ni el porcentaje (16 % del valor de las ventas), ni la cuantía adicional están justificados en el presente asunto.

                           —

                           Por lo que atañe a la demandante, la Comisión apreció erróneamente la duración de las infracciones, rechazando sin fundamento circunstancias atenuantes y no teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes incluida la equidad global de las sanciones y la situación económica de la demandante.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003 L 1, p. 1).