title: Asunto C-450/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de septiembre de 2013 — Comisión Europea/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Fiscalidad — IVA — Directiva 2006/112/CE — Artículos 306 a 310 — Régimen especial de las agencias de viajes — Discordancias entre las versiones lingüísticas — Normativa nacional que prevé la aplicación del régimen especial a personas distintas de los viajeros — Conceptos de «viajero» y de «cliente» )

text:
               23.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 344/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de septiembre de 2013 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-450/11) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Fiscalidad - IVA - Directiva 2006/112/CE - Artículos 306 a 310 - Régimen especial de las agencias de viajes - Discordancias entre las versiones lingüísticas - Normativa nacional que prevé la aplicación del régimen especial a personas distintas de los viajeros - Conceptos de «viajero» y de «cliente»)
   2013/C 344/17
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Afonso y L. Lozano Palacios, agentes)

      Demandada: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes y R. Laires, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandanda: República Checa (representantes: M. Smolek, T. Müller y J. Očková, agentes), Reino de España (representante: S. Centeno Huerta, agente), República Francesa (representantes: G. de Bergues y J.-S. Pilczer, agentes), República de Polonia (representantes: M. Szpunar y B. Majczyna, agentes), República de Finlandia (representante: J. Heliskoski, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 306 a 310 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Normativa nacional que prevé la aplicación del régimen especial de tributación de las agencias de viajes a las operaciones efectuadas por éstas en beneficio de personas distintas de los viajeros.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La Comisión Europea cargará con las costas en que haya incurrido la República Portuguesa.

               3)

               La República Checa, el Reino de España, la República Francesa, la República de Polonia y la República de Finlandia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 319, de 29.10.2011.


title: Asunto T-209/17: Recurso interpuesto el 4 de abril de 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

text:
               29.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 168/32

         Recurso interpuesto el 4 de abril de 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)
   (Asunto T-209/17)
   (2017/C 168/42)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: ZGS Bildungs-GmbH (Gelsenkirchen, Alemania) (representante: T. Remmerbach, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «Schülerhilfe1 — Solicitud de registro n.o 15113038

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 6 de febrero de 2017 en el asunto R 1789/2016-4

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las costas en que incurrió ZGB Bildungs-GmbH.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-134/07: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejenowy w Jaworznie, Polonia) — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de procedimiento — Tributo interno sobre un producto importado de otro Estado miembro superior al que grava un producto similar comprado en el país de la imposición — Artículo 90 CE, párrafo primero — Tasa por la primera matriculación que grava los vehículos automóviles usados importados)

text:
               8.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/15

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejenowy w Jaworznie, Polonia) — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna
   (Asunto C-134/07) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de procedimiento - Tributo interno sobre un producto importado de otro Estado miembro superior al que grava un producto similar comprado en el país de la imposición - Artículo 90 CE, párrafo primero - Tasa por la primera matriculación que grava los vehículos automóviles usados importados)
   (2008/C 64/22)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Órgano jurisdiccional remitente
   Sąd Rejenowy w Jaworznie
   Partes

      Demandante: Piotr Kawala

      Demandada: Gmina Miasta Jaworzna
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Sąd Rejonowy w Jaworznie — Interpretación del artículo 90 CE — Tasa percibida por la expedición de una ficha de vehículo por la primera matriculación en el Estado miembro, cuyo importe excede ampliamente el importe de la diferencia percibida por la obtención de un duplicado de una ficha de un vehículo — Principio de neutralidad de los impuestos interiores con respecto a la competencia entre productos que ya están en el mercado nacional y productos importados.
   Fallo
   El artículo 90 CE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una tasa, como la prevista por el apartado 1, punto 1, de la Orden del Ministro de Infraestructuras polaco de 28 de julio de 2003, relativa al importe de la tasa exigible para la obtención del certificado de matriculación de un vehículo, que grava, en la práctica, la primera matriculación de un vehículo automóvil usado importado de otro Estado miembro, y no la adquisición en Polonia de un vehículo automóvil usado en la medida en que éste ya está matriculado en ese país.

      (1)  DO C 95 de 28.4.2007.


title: Asunto C-180/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecia) el 28 de abril de 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecia) el 28 de abril de 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA
   (Asunto C-180/08)
   (2008/C 171/38)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Dioikitiko Efeteio Thessaloniki
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Maria Kastrinaki

      Demandada: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               En el caso de que un nacional de un Estado miembro, valiéndose de un título comprendido, como tal, en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/48/CEE, haya sido contratado por una persona jurídica de Derecho público y ejerza una profesión regulada en el Estado miembro de acogida en virtud de un contrato laboral de Derecho privado por tiempo indefinido, avanzando en su carrera, en lo que respecta al grado y a las retribuciones, de conformidad con dicho título, ¿están facultadas las autoridades competentes, con arreglo a las disposiciones de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la mencionada Directiva, interpretadas a la luz de lo dispuesto en los artículos 149 y 150 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para denegarle el ejercicio de sus derechos profesionales, debido a la imposibilidad de reconocer la equivalencia académica de su título a efectos de clasificar al interesado en la categoría y el nivel retributivo que corresponden a dicho título, por la mera razón de que dicho título fue expedido, en efecto, por las autoridades del Estado miembro de procedencia, pero a raíz de unos estudios cursados en parte en el Estado miembro de acogida, en base a un acuerdo de franquicia, y en un establecimiento que, a pesar de funcionar libremente en el Estado miembro de acogida, no ha sido reconocido sin embargo como establecimiento de enseñanza en dicho Estado, en virtud de una disposición general de su legislación?

               2)

               En el caso de un nacional de un Estado miembro que trabaje para una persona jurídica de Derecho público en virtud de un contrato laboral de Derecho privado por tiempo indefinido y al que le haya sido otorgada una autorización para el ejercicio de su profesión con arreglo a las disposiciones de la Directiva 89/48/CEE, tal como fueron integradas en el ordenamiento jurídico griego por el Decreto interministerial no A4/4112/247/1992, ¿están facultada las autoridades competentes, con arreglo a las disposiciones de la Directiva 89/48/CEE, tal como fueron integradas en el ordenamiento jurídico griego por el Decreto interministerial no A4/4112/247/1992 e interpretadas a la luz de lo dispuesto en los artículos 39, apartado 1, 40, párrafo primero, 43, 47, apartado 1, 49 y 55 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para denegarle el ejercicio de los derechos profesionales que se derivan de la autorización para el ejercicio de su profesión que le fue otorgada, por no haberse reconocido también la equivalencia académica de su título de enseñanza?


title: Asunto T-648/11: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2011 — Smart Technologies/OAMI (SMART NOTEBOOK)

text:
               25.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 58/11

         Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2011 — Smart Technologies/OAMI (SMART NOTEBOOK)
   (Asunto T-648/11)
   2012/C 58/21
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Smart Technologies ULC (Calgary, Canadá) (representantes: M. Edenborough, QC, T. Elias, Barrister, y R. Harrison, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 29 de septiembre de 2011, en el asunto R 942/2011-1.

               —

               Con carácter subsidiario, modifique la resolución impugnada de la Primera Sala de Recurso y declare que la solicitud goza de carácter distintivo suficiente para que no pueda formularse oposición contra su registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «SMART NOTEBOOK» para productos de la clase 9 — Solicitud de marca comunitaria no 9049313

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud de marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento no 207/2009 del Consejo, pues la Sala de Recurso declaró erróneamente que la solicitud de marca comunitaria carecía de carácter distintivo. Además, la demandante alega que la solicitud no describe sus productos, sino que tiene un carácter distintivo que permite a la solicitud funcionar como indicativo del origen comercial de los productos de que se trata. En concreto, la demandante alega que la Sala: a) aplicó la prueba equivocada cuando comprobó si era una marca descriptiva de los productos para los que solicitó el registro; b) no consideró el hecho de que la demandante tuviese una familia de marcas «Smart» y confundió erróneamente este asunto con el concepto de carácter distintivo adquirido previsto en el artículo 7, apartado 3 del Reglamento; y c) denegó erróneamente la alegación correspondiente a las expectativas legítimas cuando las otras marcas invocadas pertenecían en su totalidad a la demandante, a diferencia de cuando las marcas se hallaban en poder de terceros.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Landesarbeitsgericht Hamburg de fecha 24 de julio de 1998, en el asunto entre Bärbel Kachelmann y Bankhaus Hermann Lampe KG (Asunto C-322/98)

text:
10.10.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 312/7
de junio de 1998 por la Sala Cuarta ampliada del Tribunal                taria en aplicación del paÂrrafo primero del apartado 2
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el                   del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social, con
asunto T-135/96, promovido por la Union europeÂenne de                   exclusión de todas las demaÂs asociaciones. AdemaÂs, un
l'artisanat et des petites et moyennes entreprises                       sistema semejante viola la libertad de asociación de las
(UEAPME), apoyada por ConfeÂdeÂration geÂneÂrale des peti-               asociaciones nacionales y de sus miembros. En efecto,
tes et moyennes entreprises et du patronat reÂel (CGPME),                las asociaciones miembros de UEAPME, o bien las
Union professionnelle artisanale (UPA), Nationaal Christe-               PYME adheridas a las asociaciones miembros de
lijk Middenstandsverbond (NCMV), Koninklijke Vereni-                     UEAPME, si quieren un día participar en la negocia-
ging MKB-Nederland, FeÂdeÂration des artisans, Confedera-                ción de los acuerdos marco, se veraÂn forzadas a adhe-
zione generale italiana del artigianato, Wirtschaftskammer               rirse a UNICE para ser representadas por esta uÂltima;
Österreich y Bundesvereinigung der Fachverbände des
deutschen Handwerks eV (BFH), contra el Consejo de la
Unión Europea, apoyado por la Comisión de las Comuni-               Ð infracción de las normas procesales relativas al dere-
dades Europeas.                                                          cho de defensa y a la igualdad de armas en el debate
                                                                         judicial: el Tribunal de Primera Instancia no puede
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las              poner en duda, sin dato alguno que apoye sus dudas,
Comunidades Europeas que:                                                el hecho de que la demandante representa a empresas
                                                                         que dan empleo a trabajadores por cuenta ajena, ni
Ð anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera                  abstenerse de formular una pregunta a la demandante
     Instancia de las Comunidades Europeas el 17 de junio                sobre este punto, concedieÂndole el tiempo suficiente
     de 1998 en el asunto T-135/96, entre las mismas par-                para responder detalladamente a la misma. Y no puede
     tes;                                                                hacerlo sobre todo si se tiene en cuenta que, por las
                                                                         preguntas que formuló al teÂrmino de la fase escrita del
Ð anule la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio                 procedimiento, dicho Tribunal dio a entender clara-
     de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso                 mente que el debate se centraría en el nuÂmero de
     parental celebrado por UNICE, CEEP y CES (1), en su                 empresas representadas, y no en el nuÂmero de trabaja-
     totalidad o, con caraÂcter subsidiario, en lo que res-              dores empleados por eÂstas;
     pecta a su aplicación a las pequenÄas y medianas
     empresas (PYME);
                                                                    Ð incumplimiento de la obligación de motivación.
Ð condene a la parte demandada a soportar la totalidad
     de las costas, incluidas las correspondientes al procedi-      (1) DO L 145 de 19.6.1996, p. 4.
     miento en primera instancia.
Motivos y principales alegaciones aducidos
Ð infracción del apartado 2 del artículo 2 del Acuerdo
     sobre la política social celebrado entre los Estados
     miembros de la Comunidad Europea a excepción del               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte,              lución del Landesarbeitsgericht Hamburg de fecha 24 de
     anejo al Protocolo no 14 sobre la política social anexo        julio de 1998, en el asunto entre Bärbel Kachelmann y
     al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; el                            Bankhaus Hermann Lampe KG
     Tribunal de Primera Instancia no ha apreciado correc-                                (Asunto C-322/98)
     tamente el alcance del apartado 2 del artículo 2, que
     exige, a fin de respetar la prohibición clara e incondi-                               (98/C 312/13)
     cional que en eÂl se establece, la participación de una
     asociación auteÂnticamente representativa de las PYME
     y que actuÂe en nombre de las mismas. Sólo el recurso          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     de anulación directamente reconocido a la asociación           sido sometida una petición de decisión prejudicial
     que represente a las PYME a nivel comunitario per-             mediante resolución del Landesarbeitsgericht Hamburg,
     mite que se respeten las prerrogativas de estas uÂltimas.      dictada el 24 de julio de 1998, en el asunto entre Bärbel
     La remisión prejudicial sólo permitiría al Tribunal de         Kachelmann y Bankhaus Hermann Lampe KG, y recibida
     Justicia sancionar la ilegalidad mucho despueÂs de             en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de agosto de
     cometida, en la medida en que implica una situación            1998.
     de conflicto ante un órgano jurisdiccional nacional con
     posterioridad a la adaptación del Derecho interno a la         El Landesarbeitsgericht Hamburg solicita al Tribunal de
     Directiva;                                                     Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
Ð infracción del artículo 4 del Acuerdo sobre la política
     social: el Tribunal de Primera Instancia ha interpretado       ¿Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 5 de la
     mal el concepto de interlocutor social. Si se sigue el         Directiva 76/207/CEE (1) en el sentido de que, al aplicar el
     razonamiento del Tribunal de Primera Instancia, a              apartado 3 del artículo 1 de la Kündigungsschutzgesetzes
     condición de que se haya acreditado que disponen de            (en el presente caso, en la versión vigente hasta el 30 de
     una representatividad acumulda suficiente, UNICE,              septiembre de 1996), las trabajadoras empleadas a tiempo
     CEEP y CES estaraÂn siempre facultadas para negociar           parcial deben ser consideradas, al aplicar la selección
     los acuerdos marco ratificados por una norma comuni-           social, comparables a los trabajadores de uno y otro sexo
 ---pagebreak--- C 312/8               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 10.10.98
empleados a jornada completa, cuando en un sector exis-                           Archivo del asunto C-359/96 (1)
tan muchas maÂs trabajadoras que trabajadores empleados                                    (98/C 312/15)
a tiempo parcial?
(1) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40; EE 05/02, p. 70.
                                                                    Mediante auto de 28 de mayo de 1998, el Presidente del
                                                                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
                                                                    dido archivar el asunto C-359/96 (petición de decisión pre-
                                                                    judicial de la Pretura circondariale di Pavia): Procesos
                                                                    penales contra Luigi Bazzan, Agostino Traverso y Adriano
                                                                    Calvini.
Recurso interpuesto el 1 de septiembre de 1998 por la
Comisión de las Comunidades Europeas contra la RepuÂ-
                        blica Francesa                              (1) DO C 9 de 11.1.1997.
                     (Asunto C-326/98)
                        (98/C 312/14)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 1 de septiembre de 1998 un recurso
                                                                                Archivo del asunto C-335/96 (1)
contra la RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión
de las Comunidades Europeas, representada por los Sres.                                    (98/C 312/16)
Richard Wainwright, Consejero Jurídico principal, y Oli-
vier Couvert-Castera, funcionario nacional adscrito al Ser-
vicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como             Mediante auto de 9 de junio de 1998, el Presidente del
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos                  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                         dido archivar el asunto C-335/96: Comisión de las Comu-
                                                                    nidades Europeas contra RepuÂblica HeleÂnica.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                    (1) DO C 388 de 21.12.1996.
Ð declare que la RepuÂblica Francesa ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30
     del Tratado, al haber impuesto que la mención «Coti-
     zación Seguridad Social» figure en la etiqueta de bebi-
     das alcohólicas procedentes de otros Estados miem-
     bros;
                                                                                Archivo del asunto C-318/97 (1)
Ð condene en costas a la RepuÂblica Francesa.
                                                                                (98/C 312/17)
Motivos y principales alegaciones aducidos
                                                                    Mediante auto de 15 de junio de 1998, el Presidente del
Conforme a la legislación francesa, se percibe una cotiza-
                                                                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala
ción en beneficio del Seguro nacional de Enfermedad sobre
                                                                    Quinta) ha decidido archivar el asunto C-318/97: Comi-
las bebidas alcohólicas que tengan un grado superior al
                                                                    sión de las Comunidades Europeas contra Reino de
25 % de volumen. Los comerciantes mayoristas y los pro-
                                                                    EspanÄa.
ductores que venden dichas bebidas directamente a los
comerciantes minoristas o a los consumidores son los que
abonan dicha cotización y la mención «Cotización Seguri-            (1) DO C 318 de 18.10.1997.
dad Social» debe figurar, en forma de círculo, en el etique-
tado de dichas bebidas.
Para los productos procedentes de otros Estdos miembros,
la obligación de etiquetado indicada, cuyo incumplimiento
es perseguible penalmente, constituye un obstaÂculo a la
libre circulación de mercancías y, como medida de efecto                          Archivo del asunto C-398/97 (1)
equivalente, estaÂ comprendida en la prohibición del                                       (98/C 312/18)
artículo 30 del Tratado CE.
Una obligación de etiquetado cuya finalidad es, como                Mediante auto de 17 de junio de 1998, el Presidente del
acción educativa dirigida a los consumidores, senÄalar el           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
peligro vinculado al consumo abusivo de alcohol y el coste          dido archivar el asunto C-398/97: Comisión de las Comu-
total soportado por la Seguridad Social, puede ser conside-         nidades Europeas contra RepuÂblica Italiana.
rada legítima, siempre que la medida controvertida sea
adecuada a dicho objetivo. SeguÂn la Comisión, el mensaje
                                                                    (1) DO C 26 de 24.1.1998.
«Cotización Seguridad Social» no reuÂne dicho requisito.


title: Asuntos acumulados T-170/10 y T-340/10: Sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2011 — CTG Luxembourg PSF/Tribunal de Justicia ( «Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación de servicios de apoyo a los usuarios de los sistemas informáticos — Desestimación de la oferta de un licitador por presentación fuera de plazo — Adjudicación del contrato a otro licitador — Recurso de anulación — Responsabilidad extracontractual» )

text:
               7.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/13

         Sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2011 — CTG Luxembourg PSF/Tribunal de Justicia
   (Asuntos acumulados T-170/10 y T-340/10) (1)

   (Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación - Prestación de servicios de apoyo a los usuarios de los sistemas informáticos - Desestimación de la oferta de un licitador por presentación fuera de plazo - Adjudicación del contrato a otro licitador - Recurso de anulación - Responsabilidad extracontractual)
   2012/C 6/21
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF) (Bertrange, Luxemburgo) (representantes: M. Thewes y B. Marthoz, abogados)

      Demandada: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (representante: A. Placco, agente)

      Objeto

   Por una parte, una pretensión de anulación, en primer lugar, de la decisión del Tribunal de Justicia de 9 de febrero de 2010 por la que se desestimó la oferta presentada por el consorcio del que forma parte la demandante en el procedimiento de licitación que lleva la referencia AO 008/2009 (denominado «Servicios de apoyo a los usuarios de sistemas TI y telefónico de primer y segundo nivel, call center y gestión hardware end user»); en segundo lugar, de la decisión de 5 de marzo de 2010 por la que se confirmó la desestimación de esa oferta y, en tercer lugar, de la decisión de adjudicar el contrato a otro licitador; por otra parte, una pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente causado a la demandante por esas decisiones.

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos.

               2)

               Condenar en costas a Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF).

      (1)  DO C 161, de 19.6.2010.


title: Auto del Presidente deL Tribunal de Primera Instancia, de 9 de junio de 2004, en el asunto T-91/04 R: Alexander Just contra Comisión de las Comunidades Europeas (Procedimiento sobre medidas provisionales — Procedimiento de oposición — Suspensión de la ejecución — Admisibilidad)

text:
               25.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/24

      AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 9 de junio de 2004
   en el asunto T-91/04 R: Alexander Just contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Procedimiento de oposición - Suspensión de la ejecución - Admisibilidad)
   (2004/C 239/53)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-91/04 R: Alexander Just, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representado por el Sr. G. Lebitsch, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. H. Krämer, asistido por el Sr. B. Wägenbaur, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto una demanda dirigida a que se suspenda la oposición COM/A/2/02, destinada a constituir una lista de reserva para la contratación de administradores adjuntos (A8) en el ámbito del «medio ambiente», o, con carácter subsidiario, a que se suspenda la validez de la lista de reserva de los candidatos de dicha oposición, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 9 de junio de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Desestimar la demanda sobre medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de septiembre de 2000 en el asunto C-46/98 P: European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Antidumping — Motivos que carecen de eficacia — Derechos de defensa)

text:
4.11.2000                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 316/13
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Sexta)                                                                (Sala Sexta)
                   de 21 de septiembre de 2000                                                 de 21 de septiembre de 2000
en el asunto C-46/98 P: European Fertilizer Manufacturers                   en el asunto C-109/99 (petición de decisión prejudicial
Association (EFMA) contra Consejo de la Unión Europea                      planteada por el tribunal administratif de Pau): Associa-
         y Comisión de las Comunidades Europeas (1)                        tion basco-béarnaise des opticiens indépendants contra
                                                                                Préfet des Pyrénées-Atlantiques (1)
(Recurso de casación — Antidumping — Motivos que                           («Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE — Obligación de
           carecen de eficacia — Derechos de defensa)                       limitar el objeto social de las empresas de seguros a la
                                                                            actividad de seguro y a las operaciones que se deriven
                           (2000/C 316/23)                                  directamente de ella, con exclusión de cualquier otra actividad
                                                                                comercial»)
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                                                   (2000/C 316/24)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                        (Lengua de procedimiento: francés)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
En el asunto C-46/98 P, European Fertilizer Manufacturers                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Association (EFMA), con domicilio social en Zúrich (Suiza),
representada por Mes D. Voillemot y O. Prost, Abogados de
Parı́s, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho                En el asunto C-109/99, que tiene por objeto una petición
de Me M. Loesch, 11, rue Goethe, que tiene por objeto un                    dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por            Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el tribunal
el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                administratif de Pau (Francia), destinada a obtener, en el litigio
(Sala Cuarta ampliada) el 17 de diciembre de 1997, en el                    pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Association
asunto EFMA/Consejo (T-121/95, Rec. p. II-2391), por el que                 basco-béarnaise des opticiens indépendants y Préfet des
se solicita que se anule dicha sentencia, y en el que las otras             Pyrénées-Atlantiques, con intervención de: Mutuelle «Adour
partes en el procedimiento son: Consejo de la Unión Europea                Mutualité» y Mutualité française — Union des Pyrénées-
(Agente: Sr. S. Marquardt, asistido por Mes H.-J. Rabe y                    Atlantiques, una decisión prejudicial sobre la interpretación
G.M. Berrisch) y Comisión de las Comunidades Europeas                      del artı́culo 8, apartado 1, letra b), de la Directiva 73/239/CEE
(Agente: Sr. N. Khan), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),                del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva sobre
integrado por los Sres.: R. Schintgen, Presidente de la Sala                coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
Segunda, en funciones de Presidente de la Sala Sexta; P.J.G. Kap-           administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro
teyn y H. Ragnemalm (Ponente), Jueces; Abogado General:                     directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (DO L 228,
Sr. A. La Pergola; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora,             p. 3; EE 06/01, p. 143), en la versión que resulta de la
ha dictado el 21 de septiembre de 2000 una sentencia cuyo                   Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,
fallo es el siguiente:                                                      sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
                                                                            y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro
                                                                            de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y
1)     Se desestima el recurso de casación.                                88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro
                                                                            de vida) (DO L 228, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta)
2)     Se condena en costas a European Fertilizer Manufacturers             integrado por los Sres.: J.C. Moitinho de Almeida (Ponente),
       Association (EFMA).                                                  Presidente de Sala; C. Gulmann y J.-P. Puissochet, Jueces;
                                                                            Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria:
                                                                            Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 21 de septiembre
3)     La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con sus            de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       propias costas.
                                                                            1)    El artı́culo 8, apartado 1, letra b), de la Directiva 73/239/CEE
                                                                                del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva sobre
                                                                                coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
(1) DO C 137 de 2.5.1998.                                                         administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro
                                                                                directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, en la versión
                                                                                que resulta de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de
                                                                                junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales,
                                                                                reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo


title: Asunto T-209/06 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2006 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals y otros/Comisión ( Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de medidas provisionales y de suspensión de la ejecución — Admisibilidad — Urgencia — Inexistencia )

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/59

         Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2006 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals y otros/Comisión
   (Asunto T-209/06 R)
   («Procedimiento sobre medidas provisionales - Demanda de medidas provisionales y de suspensión de la ejecución - Admisibilidad - Urgencia - Inexistencia»)
   (2006/C 326/127)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandantes: European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals (West Maas en Waal, Países Bajos), Vereniging van Im- en Exporteurs van Vogels en Hobbydieren (West Maas en Waal), Plomps Vogelhandel (Woerden, Países Bajos) y Borgstein Birds & Zoofood Trading (West Maas en Waal) (representante: J. Wouters, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: F. Erlbacher y M. van Heezik, agentes)
   Objeto
   Demanda por la que se solicita, de un lado, la suspensión de la ejecución de la Decisión 2006/522/CE de la Comisión, de 25 de julio de 2006, por la que se modifican las Decisiones 2005/759/CE y 2005/760/CE en lo que respecta a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena y a los desplazamientos de determinadas aves vivas en la Comunidad (DO L 205, p. 28), y, de otro lado, la concesión de cualquier otra medida provisional necesaria
   Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-327/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de diciembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — TDC A/S/Teleklagenævnet y Erhvervs- og Vækstministeriet (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/22/CE — Servicio universal — Artículos 12 y 13 — Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal — Artículo 32 — Compensación de los costes correspondientes a los servicios obligatorios adicionales — Efecto directo — Artículo 107 TFUE, apartado 1, y artículo 108 TFUE, apartado 3 — Servicios de emergencia y de seguridad marítimas prestados en Dinamarca y en Groenlandia — Normativa nacional — Presentación de una solicitud de compensación de los costes correspondientes a los servicios obligatorios adicionales — Plazo de tres meses — Principios de equivalencia y de efectividad)

text:
               20.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 53/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de diciembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — TDC A/S/Teleklagenævnet y Erhvervs- og Vækstministeriet
   (Asunto C-327/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/22/CE - Servicio universal - Artículos 12 y 13 - Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal - Artículo 32 - Compensación de los costes correspondientes a los servicios obligatorios adicionales - Efecto directo - Artículo 107 TFUE, apartado 1, y artículo 108 TFUE, apartado 3 - Servicios de emergencia y de seguridad marítimas prestados en Dinamarca y en Groenlandia - Normativa nacional - Presentación de una solicitud de compensación de los costes correspondientes a los servicios obligatorios adicionales - Plazo de tres meses - Principios de equivalencia y de efectividad))
   (2017/C 053/15)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: TDC A/S

      Demandadas: Teleklagenævnet y Erhvervs- og Vækstministeriet

      Fallo

               1)

               Las disposiciones de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), y en particular su artículo 32, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece un mecanismo de compensación por la prestación de servicios obligatorios adicionales con arreglo al cual una empresa no tiene derecho a que el Estado miembro le compense el coste neto de la prestación de un servicio obligatorio adicional si los superávits obtenidos por esa empresa al prestar otros servicios comprendidos en sus obligaciones de servicio universal son superiores al déficit resultante de la prestación de ese servicio obligatorio adicional.

               2)

               La Directiva 2002/22 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual una empresa designada prestador de servicios obligatorios adicionales únicamente tiene derecho a que el Estado miembro le compense el coste neto de la prestación de esos servicios en el supuesto de que dicho coste suponga una carga injustificada para esa empresa.

               3)

               La Directiva 2002/22 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual el coste neto soportado por una empresa designada para asumir una obligación de servicio universal es la diferencia entre el total de ingresos y el total de costes derivados de la prestación de ese servicio, incluidos los ingresos y los costes que esa empresa habría registrado igualmente si no hubiera sido prestador del servicio universal.

               4)

               En unas circunstancias como las que se examinan en el litigio principal, el hecho de que la empresa responsable de un servicio obligatorio adicional, en el sentido del artículo 32 de la Directiva 2002/22, preste ese servicio, no sólo en el territorio de Dinamarca, sino también en el de Groenlandia, no afecta a la interpretación de las disposiciones de esta Directiva.

               5)

               El artículo 32 de la Directiva 2002/22 debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo en la medida en que prohíbe que los Estados miembros obliguen a soportar la totalidad o una parte de los costes derivados de la prestación de un servicio obligatorio adicional a la empresa responsable de la prestación de ese servicio.

               6)

               Los principios de lealtad, de equivalencia y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa, como la que se examina en el litigio principal, que supedita la presentación de solicitudes de compensación del déficit del ejercicio anterior por parte del operador responsable de un servicio universal a la observancia de un plazo de tres meses a partir de la expiración del plazo fijado a ese operador para la presentación de un informe anual a la autoridad nacional competente, siempre que ese plazo no sea menos favorable que el establecido en el Derecho nacional para solicitudes análogas y de que no haga prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos a las empresas por la Directiva 2002/22, extremos que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 294 de 7.9.2015.


title: Asunto T-194/16: Sentencia del Tribunal General de 14 de julio de 2017 — Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS) [«Marca de la Unión Europea — Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea — Marca figurativa CLASSIC FINE FOODS — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento n.° 207/2009»]

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/40

         Sentencia del Tribunal General de 14 de julio de 2017 — Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)
   (Asunto T-194/16) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea - Marca figurativa CLASSIC FINE FOODS - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Obligación de motivación - Artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009»])
   (2017/C 283/61)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Klassisk investment Ltd (Hong Kong, China) (representantes: J.-C. Plate y R. Kaase, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: M. Eberl y D. Hanf, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de enero de 2016 (asunto R 1970/2015-1) relativa al registro internacional en el que se designa a la Unión Europea de la marca figurativa CLASSIC FINE FOODS.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Klassisk investment Ltd.

      (1)  DO C 222 de 20.6.2016.


title: Asunto C-543/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 28 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionelle — Bélgica) — Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros, Jimmy Tessens y otros, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon y otros/Conseil des ministres (IVA — Directiva 2006/112/CE — Validez e interpretación de la Directiva — Servicios prestados por los abogados — Sujeción al IVA — Derecho a la tutela judicial efectiva — Igualdad de armas — Asistencia jurídica gratuita)

text:
               26.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 350/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 28 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionelle — Bélgica) — Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros, Jimmy Tessens y otros, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon y otros/Conseil des ministres
   (Asunto C-543/14) (1)

   ((IVA - Directiva 2006/112/CE - Validez e interpretación de la Directiva - Servicios prestados por los abogados - Sujeción al IVA - Derecho a la tutela judicial efectiva - Igualdad de armas - Asistencia jurídica gratuita))
   (2016/C 350/04)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour constitutionelle

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros, Jimmy Tessens y otros, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon y otros

      Demandada: Conseil des ministres

      Con intervención de: Association Syndicale des Magistrats ASBL, Conseil des barreaux européens

      Fallo

               1)

               El examen de los artículos 1, apartado 2, y 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de igualdad de armas garantizados en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de esas disposiciones en tanto en cuanto éstas someten al impuesto sobre el valor añadido los servicios prestados por los abogados a los justiciables que no disponen de asistencia jurídica gratuita en el marco de un régimen nacional de asistencia nacional gratuita.

               2)

               El artículo 9, apartados 4 y 5, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998, no puede invocarse a efectos de la apreciación de la validez de los artículos 1, apartado 2, y 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112.

               3)

               El artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que los servicios prestados por los abogados a los justiciables que disfrutan de asistencia jurídica gratuita en el marco de un régimen nacional de asistencia jurídica gratuita, como el que es objeto del litigio principal, no están exentos del IVA.

      (1)  DO C de 9.2.2015.


title: Asunto T-106/12: Recurso interpuesto el 29 de febrero de 2012 — Cytochroma Development/OAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

text:
               12.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/18

         Recurso interpuesto el 29 de febrero de 2012 — Cytochroma Development/OAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)
   (Asunto T-106/12)
   2012/C 138/34
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Cytochroma Development, Inc. (St. Michael, Barbados) (representantes: S. Malynicz, Barrister, y A. Smith, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jerusalén, Israel)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 2 de diciembre de 2011, en el asunto R 1235/2011-1.

               —

               Condene a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a cargar con sus propias costas y con las de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «ALPHAREN», para productos de la clase 5 — Solicitud de marca comunitaria no4 320 297

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocado: El registro de marca húngaro no134 972 de la marca denominativa «ALPHA D3», para productos de la clase 5; el registro de marca lituano no20 613 de la marca denominativa «ALPHA D3», para productos de la clase 5; el registro de marca letón no M30407 de la marca denominativa «ALPHA D3», para productos de la clase 5

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción de lo dispuesto en el artículo 1 quinquies, apartado 2, del Reglamento no 216/96 de la Comisión, ya que un miembro de la Sala que adoptó la resolución originaria impugnada también era miembro de la Sala que adoptó la nueva resolución después de la remisión del asunto. Infracción de lo dispuesto en el artículo 65, apartado 6, del reglamento no 207/2009 del Consejo, y de lo establecido en el artículo 1 quinquies, apartado 1, del Reglamento no 216/96 de la Comisión, en relación con las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General. Infracción de lo dispuesto en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009 del Consejo, respecto al examen de oficio de los hechos en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos. Infracción del principio de seguridad jurídica, así como de lo establecido en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.


title: Asunto C-1/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) el 3 de enero de 2012 — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência

text:
               24.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 89/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) el 3 de enero de 2012 — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência
   (Asunto C-1/12)
   2012/C 89/18
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal da Relação de Lisboa

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

      Recurrida: Autoridade da Concorrência

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe considerarse que una entidad como la Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), en su conjunto, es una asociación de empresas a efectos de la aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia (mercado de la formación)? En ese caso, ¿debe interpretarse el actual artículo 101 TFUE, apartado 2, en el sentido de que también se somete a lo que dispone una entidad que, como la OTOC, adopta normas vinculantes de aplicación general en desarrollo de exigencias legales, en materia de la formación obligatoria de los técnicos oficiales de cuentas, con el objeto de garantizar a los ciudadanos un servicio creíble y de calidad?

               2)

               Si se impone legalmente a una entidad como la OTOC la necesidad de ejecutar un sistema de formación obligatoria para sus miembros, ¿puede interpretarse el actual artículo 101 TFUE en el sentido de que permite cuestionar el establecimiento de un sistema de formación legalmente exigido por parte de la OTOC y del Reglamento [sobre la obtención de créditos] en que éste se concreta, en la parte en que se limita a dar traducción estricta a dicha exigencia legal? ¿O, por el contrario, es ajena esta materia al ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE y debe apreciarse con arreglo a los actuales artículos 56 TFUE y siguientes?

               3)

               Habida cuenta de que la sentencia Wouters y otros (1) –y otras semejantes– versaba sobre una normativa que repercutía en la actividad económica de los miembros del colegio profesional en cuestión, ¿se oponen los actuales artículos 101 TFUE y 102 TFUE a una normativa en materia de formación de los TOC que no influye directamente en su actividad económica?

               4)

               A la luz del Derecho de la Unión en materia de competencia (en el mercado de la formación), ¿puede un colegio profesional exigir, para el ejercicio de dicha profesión, una determinada formación que sólo él imparte?

      (1)  Sentencia de 19 de febrero de 2002 (C-309/99, Rec. p. I-1577).


title: Asunto T-418/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 22 de noviembre de 2007 — Investire Partecipazioni/Comisión ( Recurso de anulación — FEDER — Acto no susceptible de recurso — Acto de trámite — Inadmisibilidad )

text:
               12.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 8/15

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 22 de noviembre de 2007 — Investire Partecipazioni/Comisión
   (Asunto T-418/05) (1)

   («Recurso de anulación - FEDER - Acto no susceptible de recurso - Acto de trámite - Inadmisibilidad»)
   (2008/C 8/28)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Investire Partecipazioni SpA (Roma) (representantes: G.M. Roberti y A. Franchi, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: L. Flynn y M. Velardo, agentes, asistidos por G. Faedo, abogado)
   Objeto
   Solicitudes de anulación de las decisiones contenidas en dos escritos de la Dirección General «Política Regional» de la Comisión de 11 y 23 de agosto de 2005, dirigidas a la Representación Permanente de la República Italiana ante la Unión Europea y relativas al carácter no subvencionable por parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de una medida prevista por el documento único de programación del período 1997-1999 relativo a la región del Piamonte (Italia) perteneciente al objetivo no 2.
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a Investire Partecipazioni SpA.

      (1)  DO C 22 de 28.1.2006.


title: Asunto T-30/09: Sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2010 — Engelhorn KGaA/OAMI — The Outdoor Group (peerstorm) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria peerstorm — Marcas denominativas comunitaria y nacional anteriores PETER STORM — Motivo de denegación absoluto — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009] — Uso efectivo de las marcas anteriores — Artículos 15 y 43, apartado 2, del Reglamento n ° 40/94 (actualmente artículos 15 y 42, apartado 2, del Reglamento n ° 207/2009)]

text:
               28.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 234/35

         Sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2010 — Engelhorn KGaA/OAMI — The Outdoor Group (peerstorm)
   (Asunto T-30/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa comunitaria peerstorm - Marcas denominativas comunitaria y nacional anteriores PETER STORM - Motivo de denegación absoluto - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009] - Uso efectivo de las marcas anteriores - Artículos 15 y 43, apartado 2, del Reglamento no 40/94 (actualmente artículos 15 y 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009))
   2010/C 234/61
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Engelhorn KGaA (Mannheim, Alemania) (representantes: W. Göpfert y K. Mende, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de recursote la OAMI, que interviene ante el Tribunal General: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Reino Unido) (representante: M. Edenborough, Barrister)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 28 de octubre de 2008 (asunto R 167/2008-5), relativa a un procedimiento de oposición entre The Outdoor Group Ltd y Engelhorn KGaA.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Engelhorn KGaA cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y de The Outdoor Group Ltd.

      (1)  DO C 82, de 4.4.2009.


title: Asunto C-184/09: Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               18.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 167/6

         Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-184/09)
   2009/C 167/12
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Adserá Ribera y A. Marghelis, agentes)

      Demandada: Reino de España

      Pretensiones

               —

               Que se declare que, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la Directiva 2006/21/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE (2) o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la directiva 2006/21/CE finalizó el 30 de abril de 2008.

      (1)  DO L 102, p. 15

      (2)  DO L 143, p. 56


title: Asunto C-400/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Reino Unido) el 31 de agosto de 2012 — Secretary of State for the Home Department/MG

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/15

      Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Reino Unido) el 31 de agosto de 2012 — Secretary of State for the Home Department/MG
      (Asunto C-400/12)
      (2012/C 331/23)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Órgano jurisdiccional remitente

      Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

         Partes en el procedimiento principal

         Recurrente: Secretary of State for the Home Department

         Recurrida: MG

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  ¿Interrumpe el período de prisión al que se condena a un ciudadano de la Unión por la comisión de un delito el período de residencia en el Estado miembro de acogida exigido a los efectos de poder disfrutar del nivel máximo de protección contra la expulsión previsto en el artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE (1) o impide de algún otro modo la invocación de este nivel de protección?

                  2)

                  ¿Debe entenderse la expresión «diez años anteriores» del artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva en el sentido de que el período de residencia debe tener carácter ininterrumpido para que el ciudadano de la Unión pueda invocar el nivel máximo de protección contra la expulsión?

                  3)

                  ¿Debe entenderse que a los efectos del artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva, el período exigido de diez años de residencia en el Estado miembro de acogida debe computarse: a) contando hacia atrás desde la adopción de la decisión de expulsión, o b) contando hacia delante desde el inicio de la residencia del ciudadano en el Estado miembro de acogida?

                  4)

                  Si la contestación a la letra a) de la tercera cuestión es en sentido afirmativo, ¿debe tenerse en cuenta si la persona ha acumulado diez años de residencia con anterioridad a su entrada en prisión?

         (1)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 158, p. 77).


title: Asunto C-513/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Aslihan Nazli Ayalti/República Federal de Alemania

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/58

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Aslihan Nazli Ayalti/República Federal de Alemania
   (Asunto C-513/12) (1)

   2013/C 225/125
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 63, de 2.3.2013.


title: Asunto C-203/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH ( Directiva 86/653/CEE — Agentes comerciales independientes — Terminación del contrato de agencia por el empresario — Derecho del agente a una indemnización )

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH
   (Asunto C-203/09) (1)

   (Directiva 86/653/CEE - Agentes comerciales independientes - Terminación del contrato de agencia por el empresario - Derecho del agente a una indemnización)
   2010/C 346/22
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Volvo Car Germany GmbH

      Demandada: Autohof Weidensdorf GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Interpretación del artículo 18, letra a), de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO L 382, p. 17) — Terminación del contrato de agencia por el empresario — Derecho del agente a una indemnización — Normativa nacional que prevé la pérdida de ese derecho en caso de incumplimiento, por parte del agente, que justifique la terminación del contrato sin preaviso, aunque dicho incumplimiento se produzca entre la denuncia del contrato de agencia y la terminación de éste y aunque el empresario sólo haya tenido conocimiento del incumplimiento después de la expiración del contrato.

      Fallo

   El artículo 18, letra a), de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, se opone a que se prive a un agente comercial independiente de su indemnización por clientela cuando el empresario descubre la existencia de un incumplimiento del agente comercial, que se ha producido después de la notificación de la resolución del contrato mediando preaviso y antes de la expiración de éste, que podía justificar una resolución del contrato sin preaviso.

      (1)  DO C 180, de 1.8.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 14 de octubre de 2004, en el asunto C-299/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos (Incumplimiento de Estado — Artículos 43 CE y 48 CE — Medidas nacionales que exigen como requisito para poder matricular un buque en los Países Bajos que los accionistas, los administradores y las personas físicas encargadas de la gestión cotidiana de la sociedad comunitaria propietaria del buque tengan nacionalidad comunitaria o del EEE — Medidas nacionales que exigen que el administrador de una empresa armadora tenga nacionalidad comunitaria o del EEE y un domicilio comunitario o en el EEE)

text:
               4.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/10

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 14 de octubre de 2004
   en el asunto C-299/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos (1)

   (Incumplimiento de Estado - Artículos 43 CE y 48 CE - Medidas nacionales que exigen como requisito para poder matricular un buque en los Países Bajos que los accionistas, los administradores y las personas físicas encargadas de la gestión cotidiana de la sociedad comunitaria propietaria del buque tengan nacionalidad comunitaria o del EEE - Medidas nacionales que exigen que el administrador de una empresa armadora tenga nacionalidad comunitaria o del EEE y un domicilio comunitario o en el EEE)
   (2004/C 300/19)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-299/02, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 23 de agosto de 2002, Comisión de las Comunidades Europeas, (agtentes: Sres. K.H.I. Simonsson y H.M.H. Speyart), contra Reino de los Países Bajos (agentes: Sr. H.G. Sevenster y Sra. S. Terstal), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. Rosas y la Sra. R. Silva de Lapuerta, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 14 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 48 CE al haber adoptado y mantenido en su legislación el artículo 311 del Wetboek van Koophandel y el artículo 8:169 del Burgerlijk Wetboek, en los cuales se establecen requisitos en relación con:

                           —

                           la nacionalidad de los accionistas de las sociedades propietarias de un buque marítimo que éstas deseen matricular en los Países Bajos;

                           —

                           la nacionalidad de los administradores de las sociedades propietarias de un buque marítimo que éstas deseen matricular en los Países Bajos;

                           —

                           la nacionalidad de las personas físicas encargadas de la gestión cotidiana del establecimiento desde el cual se ejerce en los Países Bajos la actividad de navegación marítima exigida para la matriculación de un buque en los registros neerlandeses;

                           —

                           la nacionalidad de los administradores de empresas armadoras de buques marítimos registrados en los Países Bajos, y

                           —

                           el domicilio de los administradores de empresas armadoras de buques marítimos registrados en los Países Bajos.

               2)

               Condenar en costas al Reino de los Países Bajos.

      (1)  DO C 247 de 12.10.2002.


title: Recurso interpuesto el 9 de octubre de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por NV Waterleiding Maatschappij «Noord-West Brabant» (Asunto T-188/95)

text:
9 . 12 . 95          LES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 333 / 19
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                      impugnada por los cuatro motivos aducidos por la
Instancia que :                                                          demandante .) Ordene a la Comisión que aporte todos
                                                                         los documentos internos relativos a la adopción de la
— Anule la decisión de la Comisión de 9 de noviembre de
                                                                         Decisión impugnada , para comprobar si ésta fue adop
     1 994 de no reembolsar al demandante la totalidad de la
                                                                         tada con arreglo al principio de colegialidad y al
     diferencia entre los gastos médicos realmente efectuados            Reglamento de procedimiento de la Comisión .
     y las prestaciones del régimen común del seguro de
     enfermedad , de conformidad con el artículo 24 del             3 ) Condene a la Comisión a pagar la totalidad de las costas
     Anexo X del Estatuto .                                              del procedimiento .
— En la medida en que sea necesario, anule la decisión que
     adoptó la Comisión el 3 de julio de 1995 en respuesta a la     Motivos y principales alegaciones
     reclamación .
                                                                    1 . La Comisión omitió iniciar sin demora el procedimiento
— Condene a la parte demandada a pagar la totalidad de la               formal , establecido en el apartado 2 del artículo 93 del
     diferencia entre los gastos realmente efectuados y las             Tratado CE, en relación con las ayudas aprobadas por la
     prestaciones del régimen común del seguro de enferme              Decisión impugnada, pues las ayudas contenidas en la
     dad, o sea , en el caso presente, la cantidad de 253 353           WBM plantean diversos problemas graves que no
     francos belgas .                                                   pueden solucionarse a primera vista mediante la aplica
                                                                        ción de la investigación a la que se refiere el apartado 3
— Declare que las disposiciones generales para la aplica               del artículo 93 .
     ción de los párrafos primero y segundo del artículo 24
     del Anexo X del Estatuto son ilegales y, por consi            2 . Motivación insuficiente y contradictoria .
     guiente, las retire .
                                                                    3 . Violación de principios generales del Derecho comuni
— Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de               tario : desviación de las propias directrices publicadas, en
     las costas del procedimiento .                                     especial de las directrices sobre ayudas en favor del
                                                                        medio ambiente ( DO 1994 , C 72 , p . 3 ).
Motivos y principales alegaciones
                                                                    4 . La Comisión se extralimitó en el ejercicio de sus
Los motivos y principales alegaciones son similares a los
formulados en el asunto T-21 /95 í 1 ).                                 competencias : aprobación de una ayuda por tiempo
                                                                        indefinido a condición de que no se aplique a partir de
                                                                        una fecha determinada sin ser comunicada nuevamente
(') DO n" C 87 de 8 . 4 . 1995 , p . 15 .
                                                                        a la Comisión: así pues, se concede la aprobación bajo
                                                                         « condición resolutoria ».
                                                                    5 . Se supone que la Comisión no observó el principio de
Recurso interpuesto el 9 de octubre de 1995 contra la                   colegialidad : por hende , la solicitud de diligencias de
Comisión de las Comunidades Europeas por NV Waterlei                   prueba .
          ding Maatschappij « Noord-West Brabant »
                                                                    6 . La Comisión se negó sin razón a reconsiderar su anterior
                       ( Asunto T-188/95 )                               apreciación de las ayudas comunicadas que todavía no
                           ( 95/C 333/36 )                               se habían puesto en ejecución, a pesar de que entretanto
                                                                         habían entrado en vigor las nuevas directrices .
            (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                    (') En esta Decisión, dirigida al Gobierno neerlandés, se declararon
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  compatibles con el mercado común las ayudas contenidas en la
Europeas se ha presentado el 9 de octubre de 1995 un                    Wet Belastingen op milieugrondslag ( Ley sobre el régimen fiscal
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  en materia de protección del medio ambiente ), por la que se
formulado por NV Waterleiding Maatschappij « Noord                     pretende establecer tributos sobre aguas subterráneas , residuos ,
West Brabant », con domicilio social en Oudenbosch ( Países             combustibles y uranio 235 .
Bajos ) representada por el Sr. P. H. L. M. Kuypers, Abogado
de Breda , y el Sr . H. M. Gilliams, Abogado de Bruselas , que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr .
J.-M . Bauler, Abogado, Grand Rué 47 .
                                                                    Recurso interpuesto el 9 de octubre de 1995 contra la
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                 Comisión de las Comunidades Europeas por la sociedad
Instancia que :
                                                                         Service pour le Groupement d'Acquisitions « SGA »
 1 ) Acuerde la admisión del recurso y lo declare fundado y,                               ( Asunto T-í 89/95 )
      en consecuencia , anule la Decisión SG(95 ) D/8442 de la                                 ( 95/C 333/37 )
      Comisión , de 3 de julio de 1995 , relativa al expediente
      de ayudas NN 13/95 ( Países Bajos — Wet belastingen
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
      op milieugrondslag) ( ] ).
 2 ) (Únicamente en caso de que el Tribunal de Primera              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      Instancia estime que no se puede anular la Decisión           Europeas se ha presentado el 9 de octubre de 1995 un


title: Asunto C-23/03: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Tribunale Ordinario di Torino, Sala IV de lo Penal, de fecha 13 de enero de 2003, en el procedimiento penal contra el Sr. Michel Mulliez y otros

text:
C 70/8                    ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                         22.3.2003
        ¿infringen lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la                Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
        gekoördineerde Grondwet, sea por separado o interpreta-               lución del Tribunale Ordinario di Torino, Sala IV de lo
        dos en relación con los artículos 7, 10 y 14 del CEDH, en             Penal, de fecha 13 de enero de 2003, en el procedimiento
        la medida en que:                                                              penal contra el Sr. Michel Mulliez y otros
        el artículo 5, apartado 3, de la citada Ley de 25 de junio
        de 1993 no supedita la venta de periódicos y abonos a                                         (Asunto C-23/03)
        periódicos a una autorización previa, como se ha indicado
        anteriormente, mientras que la venta de abonos a revistas
        (en esa interpretación) sí está sujeta a una autorización                                      (2003/C 70/14)
        previa y la falta de ésta es punible;
b)      el artículo 5, apartado 3, de la citada Ley de 25 de junio
        de 1993 no supedita la venta de revistas a una autoriza-
        ción, como se ha indicado anteriormente, mientras que la
        venta de abonos a revistas sí está sujeta a una autorización          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
        previa y la falta de ésta es punible.                                 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                              resolución del Tribunale Ordinario di Torino, Sala IV de lo
                                                                              Penal, dictada el 13 de enero de 2003, en el procedimiento
                                                                              penal contra el Sr. Michel Mulliez y otros, y recibida en la
                                                                              Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de enero de 2003. El
                                                                              Tribunale Ordinario di Torino, Sala IV de lo Penal solicita al
                                                                              Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                              cuestiones:
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                    1)   El artículo 6 de la Directiva 68/151/CEE (1), ¿puede
lución del Rechtbank te Rotterdam, de fecha 21 de enero                            interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados
de 2003, en el asunto entre Optiver B.V. y 38 más y                                miembros a establecer sanciones apropiadas no sólo por
             Stichting Autoriteit Financiële Markten                               la falta de publicidad del balance y de la cuenta de
                                                                                pérdidas y ganancias de las sociedades mercantiles, sino
                                                                                también por la publicación no fiel del mismo, de las otras
                           (Asunto C-22/03)                                        comunicaciones sociales dirigidas a los socios o al
                                                                                público, o de cualquier información sobre la situación
                                                                                económica, patrimonial o financiera que la sociedad tenga
                            (2003/C 70/13)                                         la obligación de proporcionar sobre la propia sociedad o
                                                                                sobre el grupo al que ésta pertenezca?
                                                                              2)   En relación con la obligación de los Estados miembros
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                          de adoptar «sanciones apropiadas» por las infracciones
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                        previstas en las Directivas Primera y Cuarta (Directivas
resolución del Rechtbank te Rotterdam , dictada el 21 de enero                     68/151/CEE y 78/660/CEE) (2), las propias Directivas y,
de 2003, en el asunto entre Optiver B.V. y 38 más y Stichting                      en particular, las disposiciones de los artículos 44,
Autoriteit Financiële Markten, y recibida en la Secretaría del                     apartado 3, letra g), del Tratado constitutivo de la
Tribunal de Justicia el 23 de enero de 2003. El Rechtbank te                       Comunidad Europea, 2, apartado 1, letra f), y 6 de la
Rotterdam solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie                        citada Primera Directiva (68/151/CEE) y 2, apartados 2,
sobre la siguiente cuestión:                                                       3 y 4, de la citada Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como
                                                                                fue completada por las Directivas 83/349/CEE (3) y 90/
                                                                                605/CEE (4), ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de
                                                                                que dichas normas se oponen a una ley de un Estado
¿Se opone la Directiva 85/303/CEE (1), en especial la interpreta-                  miembro que excluye la punibilidad del incumplimiento
ción de los artículos 11 y 12, a que se exija a las sociedades de                  de las obligaciones de publicidad y de información fiel de
valores un tributo, en el sentido descrito anteriormente, sobre                    determinados actos societarios (entre ellos el balance y la
los beneficios brutos procedentes de las operaciones con                           cuenta de pérdidas y ganancias), cuando:
valores?
                                                                                a)    la falsedad sea meramente cualitativa;
( 1) Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, por
     la que se modifica la Directiva 69/335/CEE relativa a los impuestos
     indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 156,                b)    la falsedad en la comunicación social o la informa-
     p. 23).                                                                             ción omitida dé lugar a una variación del resultado
                                                                                económico del ejercicio o a una variación del
                                                                                patrimonio social neto que no superen un determi-
                                                                                nado umbral porcentual;
 ---pagebreak--- 22.3.2003               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                               C 70/9
      c)   se proporcione información que, pese a estar desti-            Recurso interpuesto el 15 de enero de 2003 por la
           nada a engañar a los socios o al público con el fin            República Italiana contra la Comisión de las Comunidades
           de obtener un beneficio injusto, sea el resultado                                            Europeas
           de valoraciones estimativas que, consideradas de
           manera aislada, no difieran de la valoración correcta
           en una medida superior a un determinado umbral;                                        (Asunto C-24/03)
                                                                                (2003/C 70/15)
      d)   las falsedades o las omisiones fraudulentas y, en
           todo caso, las comunicaciones e informaciones que
           no representan fielmente la situación patrimonial o
           financiera y el resultado económico de la sociedad,
           no alteren «de manera apreciable» la situación patri-          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
           monial o financiera del grupo?                                 presentado el 15 de enero de 2003 un recurso contra la
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
                                                                          República Italiana, representada por el Prof. Umberto Leanza,
3)    En relación con la obligación de los Estados miembros               en calidad de agente, asistido por el Sr. Maurizio Fiorilli,
      de adoptar «sanciones apropiadas» por las infracciones              avvocato dello Stato.
      previstas en las Directivas Primera y Cuarta (Directivas
      68/151/CEE y 78/660/CEE), las propias Directivas y, en
      particular, las disposiciones de los artículos 44, apar-            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      tado 3, letra g), del Tratado constitutivo de la Comunidad
      Europea, 2, apartado 1, letra f), y 6 de la citada Primera          Anule la Decisión de la Comisión de 5 de noviembre de 2002,
      Directiva (68/151/CEE) y 2, apartados 2, 3 y 4, de                  no 4127 ( 1), por la que se excluyen de la financiación comunita-
      la citada Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue                ria los siguientes gastos efectuados por Italia con cargo a la
      completada por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/                  sección Garantía del FEOGA:
      CEE), ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
      dichas normas se oponen a una ley de un Estado miembro
      que, frente al incumplimiento de las obligaciones de                —     punto B.2.1 — ejercicio financiero 1999-2000 — frutas
      publicidad y de información fiel que recaen sobre la                      y hortalizas — importe: EUR — 68 050,00
      sociedad, establecidas con el fin de proteger los «intereses
      de socios y terceros», establece un sistema de sanciones            —     punto B.2.1 — ejercicio financiero 2000-2001 — frutas
      que:                                                                      y hortalizas — importe: EUR — 7 853,00
                                                                          —     punto B.4.1.6 — ejercicio financiero 1998-1999 —
      a)   en los casos más graves (daño patrimonial), única-                   almacenamiento de cereales — importe: EUR —
           mente atribuye a los socios y a los acreedores el                    1 272 616,34
           derecho a reclamar la sanción, con la consiguiente
           exclusión de una protección generalizada y efectiva
           de los terceros;
                                                                          Motivos y principales alegaciones
      b)   en los casos menos graves (inexistencia de daño
           patrimonial o de querella), tipifica una simple falta
           que, inscrita en el sistema procesal italiano, resulta
           carente de efectividad por los motivos expuestos en            1. F r u t a s y h o r t a l i z a s
           la fundamentación de la presente resolución;
                                                                          La Comisión sostiene que las autoridades italianas no han
                                                                          respetado plenamente las disposiciones del Reglamento
      c)   permite a las partes particulares —mediante el                 no 2220/96 (2) (artículo 25) ni del Reglamento no 659/97 (3)
           sistema de retirada retardada de la querella— anular           (artículo 9, apartados 2 y 3), lo que tiene por consecuencia
           por completo la protección del bien constituido por            una valoración inferior de las cantidades comunicadas en el
           la transparencia en materia societaria?                        momento de la fijación de la indemnización comunitaria de
                                                                          retirada: por ello, la Comisión adoptó un ICR elevado.
( 1) DO L 65 de 14.3.1968, p. 8.                                          Sin embargo, hay que considerar que, con arreglo a la
( 2) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.                                        normativa comunitaria vigente, las autoridades italianas habían
( 3) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1.                                         proporcionado informaciones suficientes a la Comisión, quien
( 4) DO L 317 de 16.11.1990, p. 60.                                       tenía la posibilidad de revisar el cálculo del ICR con diferencias
                                                                          mínimas respecto de los datos finales comunicados por el
                                                                          organismo pagador. La falta de corrección del ICR por parte
                                                                          de la Comisión no es imputable a la Administración italiana,
                                                                          que la ha señalado y cuantificado.


title: Asunto T-312/14: Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2015 — Federcoopesca y otros/Comisión («Recurso de anulación — Pesca — Régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común — Decisión de la Comisión por la que se establece un plan de acción para remediar las deficiencias del sistema italiano de control de la pesca — Acto que no modifica por sí mismo la situación jurídica del demandante — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad»)

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/35

         Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2015 — Federcoopesca y otros/Comisión
   (Asunto T-312/14) (1)

   ((«Recurso de anulación - Pesca - Régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común - Decisión de la Comisión por la que se establece un plan de acción para remediar las deficiencias del sistema italiano de control de la pesca - Acto que no modifica por sí mismo la situación jurídica del demandante - Inexistencia de afectación individual - Inadmisibilidad»))
   (2015/C 279/43)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcoopesca) (Roma, Italia); Associazione Lega Pesca (Roma); Associazione generale cooperative italiane settore agro ittico alimentare (AGCI AGR IT AL) (Roma) (representantes: L. Caroli, S. Ventura y V. Cannizzaro, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet y D. Nardi, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión C(2013) 8635 final de la Comisión, de 6 de diciembre de 2013, por la que se establece un plan de acción para remediar las deficiencias del sistema italiano de control de la pesca.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcoopesca), a Associazione Lega Pesca y a Associazione generale cooperative italiane settore agro ittico alimentare (AGCI AGR IT AL).

      (1)  DO C 194, de 24.6.2014.


title: Asunto C-472/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Trimeles efeteio Athinon el 21 de noviembre de 2006 — Ionas Stroumsas E.P.E./Glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton

text:
               27.1.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 20/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Trimeles efeteio Athinon el 21 de noviembre de 2006 — Ionas Stroumsas E.P.E./Glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton
   (Asunto C-472/06)
   (2007/C 20/07)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Trimeles efeteio Athinon
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ionas Stroumsas E.P.E.

      Demandada: Glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               La negativa de una empresa que ocupa una posición dominante a servir en su totalidad los pedidos efectuados por los mayoristas de productos farmacéuticos, ¿constituye en sí misma un comportamiento abusivo en el sentido del artículo 82 CE cuando es debida a la voluntad de restringir la actividad de exportación de dichos mayoristas y de limitar de ese modo el perjuicio ocasionado por el comercio paralelo? ¿Se ve afectada la respuesta a esta pregunta por el hecho de que las diferencias de precios que resultan, dentro de la Unión Europea, de la intervención del Estado o, en otras palabras, de la aplicación al mercado de los productos farmacéuticos de un régimen que no es de competencia estricta y que, en cambio, se caracteriza por un nivel elevado de intervencionismo estatal, dan lugar a que el comercio paralelo sea especialmente lucrativo para los mayoristas? Por último, una autoridad nacional en materia de competencia, ¿está obligada a aplicar las normas comunitarias sobre la competencia del mismo modo a los mercados que funcionan en régimen de competencia y a los mercados en que la competencia está falseada por la intervención del Estado?

               2)

               En el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que la restricción del comercio paralelo por los motivos indicados no siempre constituye una práctica abusiva cuando es ejercida por una empresa dominante, ¿cómo debe apreciarse el eventual carácter abusivo? En particular:

               2.1)

               ¿Es posible considerar como criterios apropiados el porcentaje de la superación del consumo nacional normal y/o el perjuicio que la empresa que ocupa una posición dominante ha sufrido con respecto a su volumen de negocios total y a su beneficio total? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué modo procede determinar el nivel del porcentaje de superación y el del perjuicio –considerado éste como un porcentaje del volumen de negocios y del total de los beneficios– por encima del cual el comportamiento de que se trate será considerado abusivo?

               2.2)

               ¿Debe seguirse un planteamiento basado en una ponderación de intereses y, en caso de respuesta afirmativa, cuáles son los intereses que deben tenerse en cuenta en dicha ponderación? Más concretamente:

                           a)

                           ¿Se ve afectada la respuesta por el hecho de que el enfermo-consumidor final obtenga del comercio paralelo una ventaja económica limitada?

                           b).

                           ¿Debe tomarse en consideración el interés de los organismos de seguridad social en medicamentos menos caros y, en caso afirmativo, en qué medida?

               2.3)

               ¿Qué otros criterios y qué otros planteamientos pueden considerarse adecuados en el presente asunto?