title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de junio de 2000 en el asunto C-396/98 (petición de decisión prejudicial del Bundesfinanzhofs): Grundstückgemeinschaft Schloßstraße GbR contra Finanzamt Paderborn (Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido — Artículo 17 de la Sexta Directiva 77/388/CEE — Deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado — Imposibilidad de realizar la deducción debido a una modificación de la legislación nacional que suprime el derecho a optar por la tributación en el arrendamiento de bienes inmuebles)

text:
C 273/2                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           23.9.2000
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Quinta)                                                               (Sala Sexta)
                                                                                de 8 de junio de 2000
                       de 8 de junio de 2000
                                                                            en el asunto C-396/98 (petición de decisión prejudicial del
en el asunto C-375/98 (petición de decisión prejudicial                   Bundesfinanzhofs): Grundstückgemeinschaft Schloß-
planteada por el Supremo Tribunal Administrativo):                                    straße GbR contra Finanzamt Paderborn (1)
Ministério Público y Fazenda Pública contra Epson Europe
                                  BV (1)                                    (Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común
                                                                            del Impuesto sobre el Valor Añadido — Artı́culo 17 de la
                                                                            Sexta Directiva 77/388/CEE — Deducción del Impuesto
(«Armonización de las legislaciones fiscales — Sociedades                  sobre el Valor Añadido soportado — Imposibilidad de
matrices y filiales — Exención, en el Estado miembro de la                 realizar la deducción debido a una modificación de la
sociedad filial, de la retención en origen sobre los beneficios            legislación nacional que suprime el derecho a optar por la
            distribuidos por ésta a la sociedad matriz»)                         tributación en el arrendamiento de bienes inmuebles)
                            (2000/C 273/02)                                                             (2000/C 273/03)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
                 (Lengua de procedimiento: portugués)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            En el asunto C-396/98, que tiene por objeto una petición
                                                                            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
En el asunto C-375/98, que tiene por objeto una petición                   Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Bundesfi-
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          nanzhof (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Supremo                   ante dicho órgano jurisdiccional entre Grundstückge-
Tribunal Administrativo (Portugal), destinada a obtener, en                 meinschaft Schloßstraße GbR y Finanzamt Paderborn, una
el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre                decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 17 de
Ministério Público, Fazenda Pública y Epson Europe BV, una                la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 5,             Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones
apartado 4, de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de                de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las            volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes               Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE
(DO L 225, p. 6), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado          09/01, p. 54), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por
por los Sres.: D.A.O. Edward, Presidente de Sala; L. Sevón,                los Sres. J.C. Moitinho de Almeida (Ponente), Presidente de
P.J.G. Kapteyn, P. Jann (Ponente) y M. Wathelet, Jueces; Abo-               Sala; R. Schintgen, G. Hirsch, V. Skouris y la Sra. F. Macken,
gado General: Sr. G. Cosmas; Secretario: Sr. H. A. Rühl, admi-              Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secreta-
nistrador principal, ha dictado el 8 de junio de 2000 una                   rio: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 8 de
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                       junio de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                            El artı́culo 17 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de
El artı́culo 5, apartado 4, de la Directiva 90/435/CEE del Consejo,         mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las
de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a       legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre
las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en       el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el
la medida en que limita al 15 % y al 10 % el importe de la retención       Valor Añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el
en origen sobre los beneficios distribuidos por filiales establecidas en    sentido de que el derecho de un sujeto pasivo a deducir el IVA
Portugal a sus sociedades matrices de otros Estados miembros, debe          soportado sobre bienes que le hayan sido entregados o servicios que le
interpretarse en el sentido de que dicha excepción no sólo se refiere al  hayan sido prestados para realizar determinadas operaciones de
Impuesto sobre Sociedades, sino también a todo tributo, cualquiera          arrendamiento subsiste cuando una modificación legislativa posterior
que sea su naturaleza o denominación, que revista la forma de              a la entrega de estos bienes o la prestación de estos servicios, pero
retención en origen sobre los dividendos distribuidos por dichas           anterior a l comienzo de dichas operaciones, priva al sujeto pasivo del
filiales.                                                                   derecho a renunciar a la exención de éstas, aun cuando el IVA haya
                                                                            sido liquidado sin perjuicio de una comprobación posterior.
(1) DO C 378 de 5.12.1998.
                                                                            (1) DO C 1 de 4.1.1999.


title: Archivo del asunto C-335/96

text:
C 312/8               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 10.10.98
empleados a jornada completa, cuando en un sector exis-                           Archivo del asunto C-359/96 (1)
tan muchas maÂs trabajadoras que trabajadores empleados                                    (98/C 312/15)
a tiempo parcial?
(1) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40; EE 05/02, p. 70.
                                                                    Mediante auto de 28 de mayo de 1998, el Presidente del
                                                                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
                                                                    dido archivar el asunto C-359/96 (petición de decisión pre-
                                                                    judicial de la Pretura circondariale di Pavia): Procesos
                                                                    penales contra Luigi Bazzan, Agostino Traverso y Adriano
                                                                    Calvini.
Recurso interpuesto el 1 de septiembre de 1998 por la
Comisión de las Comunidades Europeas contra la RepuÂ-
                        blica Francesa                              (1) DO C 9 de 11.1.1997.
                     (Asunto C-326/98)
                        (98/C 312/14)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 1 de septiembre de 1998 un recurso
                                                                                Archivo del asunto C-335/96 (1)
contra la RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión
de las Comunidades Europeas, representada por los Sres.                                    (98/C 312/16)
Richard Wainwright, Consejero Jurídico principal, y Oli-
vier Couvert-Castera, funcionario nacional adscrito al Ser-
vicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como             Mediante auto de 9 de junio de 1998, el Presidente del
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos                  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                         dido archivar el asunto C-335/96: Comisión de las Comu-
                                                                    nidades Europeas contra RepuÂblica HeleÂnica.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                    (1) DO C 388 de 21.12.1996.
Ð declare que la RepuÂblica Francesa ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30
     del Tratado, al haber impuesto que la mención «Coti-
     zación Seguridad Social» figure en la etiqueta de bebi-
     das alcohólicas procedentes de otros Estados miem-
     bros;
                                                                                Archivo del asunto C-318/97 (1)
Ð condene en costas a la RepuÂblica Francesa.
                                                                                (98/C 312/17)
Motivos y principales alegaciones aducidos
                                                                    Mediante auto de 15 de junio de 1998, el Presidente del
Conforme a la legislación francesa, se percibe una cotiza-
                                                                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala
ción en beneficio del Seguro nacional de Enfermedad sobre
                                                                    Quinta) ha decidido archivar el asunto C-318/97: Comi-
las bebidas alcohólicas que tengan un grado superior al
                                                                    sión de las Comunidades Europeas contra Reino de
25 % de volumen. Los comerciantes mayoristas y los pro-
                                                                    EspanÄa.
ductores que venden dichas bebidas directamente a los
comerciantes minoristas o a los consumidores son los que
abonan dicha cotización y la mención «Cotización Seguri-            (1) DO C 318 de 18.10.1997.
dad Social» debe figurar, en forma de círculo, en el etique-
tado de dichas bebidas.
Para los productos procedentes de otros Estdos miembros,
la obligación de etiquetado indicada, cuyo incumplimiento
es perseguible penalmente, constituye un obstaÂculo a la
libre circulación de mercancías y, como medida de efecto                          Archivo del asunto C-398/97 (1)
equivalente, estaÂ comprendida en la prohibición del                                       (98/C 312/18)
artículo 30 del Tratado CE.
Una obligación de etiquetado cuya finalidad es, como                Mediante auto de 17 de junio de 1998, el Presidente del
acción educativa dirigida a los consumidores, senÄalar el           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
peligro vinculado al consumo abusivo de alcohol y el coste          dido archivar el asunto C-398/97: Comisión de las Comu-
total soportado por la Seguridad Social, puede ser conside-         nidades Europeas contra RepuÂblica Italiana.
rada legítima, siempre que la medida controvertida sea
adecuada a dicho objetivo. SeguÂn la Comisión, el mensaje
                                                                    (1) DO C 26 de 24.1.1998.
«Cotización Seguridad Social» no reuÂne dicho requisito.


title: Asunto T-451/13: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2013 — Syngenta Crop Protection y otros/Comisión

text:
               9.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/40

         Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2013 — Syngenta Crop Protection y otros/Comisión
   (Asunto T-451/13)
   2013/C 325/68
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Syngenta Crop Protection AG (Basilea, Suiza); Syngenta Crop Protection (Bruselas, Bélgica); Syngenta Bulgaria (Sofía, Bulgaria); Syngenta Czech s.r.o. (Praga, República Checa); Syngenta Crop Protection A/S (Copenhague, Dinamarca); Syngenta France SAS (Saint-Sauveur, Francia); Syngenta Agro GmbH (Maintal, Alemania); Syngenta Hellas AEBE — Proïonta Fytoprostasias & Sporoi (Anthoussa Attica, Grecia); Syngenta Növényvédelmi kft (Budapest, Hungría), Syngenta Crop Protection SpA (Milán, Italia); Syngenta Crop Protection BV (Roosendaal, Países Bajos); Syngenta Polska sp. z o.o. (Varsovia, Polonia); Syngenta Agro Srl (Bucarest, Rumanía); Syngenta Slovakia s.r.o. (Bratislava, Eslovaquia); Syngenta Agro, S.A. (Madrid); Syngenta UK Ltd (Cambridge, Reino Unido) (representantes: D. Waelbroeck, abogado, D. Slater, Solicitor, e I. Antypas, abogado)

      Demandadas: Comisión Europea y Unión Europea, representada por la Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule íntegramente el Reglamento de Ejecución (UE) no 485/2013 (en lo sucesivo, «Reglamento Impugnado») o, con carácter subsidiario, anule el Reglamento Impugnado en la medida en que impone restricciones al tiametoxam (en lo sucesivo, «TMX»), las semillas tratadas con TMX y los productos que contengan TMX.

               —

               Condene a la UE, representada por la Comisión, a resarcir todos los perjuicios sufridos por las demandantes como consecuencia del incumplimiento por parte de la Comisión de sus obligaciones legales, incluidos los intereses correspondientes.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que el Reglamento Impugnado impuso restricciones al TMX que no se basaron en conocimientos científicos sólidos y sin observar el procedimiento debido, infringiendo los artículos 4, 12, apartado 2, 21 y 49, y el anexo II, del Reglamento 1107/2009, (1) y vulnerando los principios de seguridad jurídica y del derecho de defensa. En particular, la revisión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y las restricciones posteriores impuestas no se basaron en nuevas pruebas científicas que evidenciaran riesgos, no tomaron en consideración cantidades considerables de datos científicos pertinentes, contenían errores sustanciales en parámetros clave y no se basaron en una metodología aceptada para llevar a cabo un análisis de riesgos. Además, la EFSA no apreció ningún riesgo para la supervivencia de las colonias de abejas ni de efectos subletales, y no presentó ninguna conclusión negativa basada en verdaderos estudios sobre el terreno. El proceso de revisión y adopción de las medidas restrictivas se precipitó en la medida en que la revisión científica no pudo llevarse a cabo de manera exhaustiva y no se ofreció a las partes interesadas la posibilidad de participar.

               2)

               Segundo motivo, basado en que el Reglamento Impugnado estableció restricciones desproporcionadas y discriminatorias sobre el TMX, basadas en un riesgo meramente hipotético y sin realizar una evaluación científica completa o una evaluación de las repercusiones, vulnerando el principio de cautela y el principio de proporcionalidad.

               3)

               Tercer motivo, basado en que el Reglamento Impugnado se adoptó vulnerando el principio de buena administración y sin observar la obligación de diligencia, como consecuencia de un mandato poco razonable otorgado a la EFSA y de un procedimiento precipitado en el que no se permitió participar adecuadamente a las partes interesadas, no se tuvieron en cuenta datos científicos pertinentes y no se llevó a cabo una evaluación de las repercusiones.

      (1)  Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309, p. 1).


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberste Gerichtshof der Republik Österreich, de fecha 15 de octubre de 1996, en el asunto entre Silhouette International Schmied Gesellschaft mbH & Co. KG y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (Asunto C-355/96)

text:
N° C 388/6               LU                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    21 . 12 . 96
Motivos y principales alegaciones                                        Recurso interpuesto el 29 de octubre de 1996 contra la
                                                                         República Italiana por la Comisión de las Comunidades
Se aducen dos principales motivos de impugnación, uno                                                  Europeas
de carácter procesal y el otro de carácter material . El moti                                  ( Asunto C-354/96 )
vo de carácter procesal se refiere a la relación entre el pro
cedimiento establecido por el artículo 169 del Tratado CE                                            96/C 388/12 )
y los establecidos por la Directiva 89/665/CEE ( 3 ) ( en lo
sucesivo, « Directiva de los medios de recurso »). El motivo             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
material se refiere al problema de la interpretación de la               ha presentado el 29 de octubre de 1996 un recurso contra
expresión « poderes adjudicadores » que figura en el                     la República Italiana formulado por la Comisión de las
artículo 9 de la Directiva 77/62/CEE, oportunamente mo                  Comunidades Europeas, representada por el Sr. Dimitrios
dificada (en lo sucesivo, « Directiva de los contratos de su            Gouloussis, Consejero Jurídico, y por la Sra . Laura Pigna
ministro »).                                                             taro, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agen
                                                                         tes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despa
— La Directiva de los medios de recurso y el artículo 169                cho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
       del Tratado CE
                                                                         Kirchberg.
       La Comisión admite que por haberse ya adjudicado el               La demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
       contrato el 30 de mayo, sin su conocimiento, con ante
       rioridad a la notificación prevista en el artículo 3 de la        1 ) Declare que la República Italiana ha incumplido las
       Directiva de los medios de recurso, no pudo seguirse el                 obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
       procedimiento que regula dicho artículo. Por lo tanto,                  91/674/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991 ,
       resulta ya irrelevante el problema del efecto del proce                relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolida
       dimiento judicial nacional . Sin embargo, la Comisión                   das de las empresas de seguros 0 ), y del Tratado CE,
       no admite que ello impida que prosiga el procedimien                   al no adaptar y/o, en cualquier caso, al no comunicar
       to previsto en el artículo 169 o que, de algún modo,                    las disposiciones legales, reglamentarias y administrati
       tal procedimiento resulte « improcedente ».                             vas necesarias para dar cumplimiento a dicha Direc
                                                                               tiva .
— Poder adjudicador
                                                                         2 ) Condene en costas a la República Italiana .
       Los apartados 2 y 4 a 9 del artículo 9 de la Directiva
       77/62/CEE, modificada ( la Directiva aplicable cuando             Motivos y principales alegaciones
       se adjudicó el contrato ), establecen que los « poderes
       adjudicadores » que deseen acudir a la contratación pú           El artículo 189 del Tratado CE, conforme al cual la Direc
       blica de suministro darán a conocer su propósito por              tiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al re
       medio de un anuncio que se publicará en el Diario                 sultado que deba conseguirse, implica la obligación de los
       Oficial de las Comunidades Europeas.                              Estados miembros de respetar los plazos señalados en la
                                                                         Directiva para adaptar a ésta su propia legislación. Dicho
       De los escritos intercambiados entre la Comisión e Ir
                                                                         plazo expiró el 1 de enero de 1994, sin que la República
       landa se deduce que el Gobierno irlandés admite que               Italiana haya adoptado las disposiciones necesarias para
       el contrato de que se trata es un contrato público de             dar cumplimiento a la Directiva mencionada en las preten
       suministro a efectos de la Directiva, pero niega que              siones de la Comisión.
       Coillte Teoranta sea un poder adjudicador en el senti
       do de la Directiva .
                                                                         f 1 ) DO n° L 374 de 31 . 12 . 1991 , p . 7.
       Examinada la Forestry Act de 1988 , así como la escri
       tura de constitución y estatutos de Coillte Teoranta,
       que estipulan su objeto y su regulación interna, la Co
       misión considera que existen algunas cláusulas que                Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
       confirman que Coillte Teoranta es un « poder adjudica            lución del Oberste Gerichtshof der Republik Ósterreich,
       dor » a efectos de la Directiva .
                                                                         de fecha 15 de octubre de 1996, en el asunto entre Sil
                                                                         houette International Schmied Gesellschaft mbH & Co.
í 1 ) DO n° L 13 de 15 . 1 . 1977, p. 1 ; EE 17/01 , p . 29 .                         KG y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH
( 2 ) Directiva 88/295/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988 ,
                                                                                Asunto C-355 /96 )
      por la que se modifica la Directiva 77/62/CEE de coordinación
      de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos                                   ( 96/C 388/13
      de suministro y por la que se derogan determinadas disposicio
      nes de la Directiva 80/767/CEE ( DO n° L 127 de 20 . 5 . 1988 ,
      p . 1 ).                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
( 3 ) Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de            sido sometida una petición de decisión prejudicial median
      1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales,     te resolución del Oberste Gerichtshof der Republik Óste
      reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de     rreich, dictada el 15 de octubre de 1996, en el asunto en
      los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de        tre Silhouette International Schmied Gesellschaft mbH &c
      los contratos públicos de suministro y de obras ( DO n° L 395
      de 30 . 12 . 1989 , p . 33 ).                                       Co. KG y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, y recibida
                                                                         en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de octubre
                                                                          de 1996 .
 ---pagebreak--- 21.12.96                 ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N C 388/7
El Oberste Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que                    industrial o mercantil y, por otro, necesidades de
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                  interés general que sí tengan carácter industrial o
                                                                               mercantil ?
1 ) ¿ Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 7 de la
      primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de              2 ) En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea
      diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las               que debe hacerse la distinción a la que se refiere el
      legislaciones de los Estados miembros en materia de                 inciso i ):
      marcas í 1 ) (en los sucesivo, « Directiva sobre marcas »)          a ) ¿ debe interpretarse el concepto de « necesidades de
      en el sentido de que la marca concede a su titular el                    interés general » en el sentido de que no cabe ha
      derecho a prohibir a un tercero la utilización de la                     blar de satisfacer necesidades de interés general si
      marca para mercancías que han sido comercializadas                       éstas son satisfechas por empresas privadas ?
      con dicha marca en un Estado que no es signatario ?
                                                                          b ) en caso de respuesta afirmativa a la cuestión a ),
2 ) ¿ Puede el titular de una marca, basándose únicamente                      ¿ debe interpretarse el concepto de « necesidades
      en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre                    que tengan carácter industrial o mercantil » en el
      marcas, exigir que el tercero cese de utilizar la marca                  sentido de que se podrá hablar de satisfacer necesi
      para mercancías que han sido comercializadas con di                     dades que tengan carácter industrial o mercantil
      cha marca en un Estado que no es Estado signatario ?                     siempre que las satisfagan empresas privadas ?
í 1 ) DO n° L 40 de 11 . 2 . 1989, p. 1 .                             3 ) En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea
                                                                          que debe hacerse la distinción a la que se refiere el
                                                                          inciso ii ), ¿ deben interpretarse los conceptos de « nece
                                                                          sidades de interés general que no tengan carácter in
                                                                          dustrial o mercantil » y de « necesidades de interés ge
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                neral que sí tengan carácter industrial o mercantil » en
lución del Gerechtshof te Arnhem, de fecha 29 de octubre                  el sentido de que la diferencia entre estos conceptos
de 1996, en el asunto entre 1 ) Gemeente Arnhem, 2 ) Ge                  depende de si empresas privadas ( competidoras ) satis
                 meente Rheden y BFI Holding BV                           facen o no dichas necesidades ?
                        ( Asunto C-360/96)                            4 ) ¿ Debe entenderse el requisito de que el organismo
                            ( 96/C 388/14                                 haya sido creado « específicamente para satisfacer ne
                                                                          cesidades de interés general que no tengan carácter in
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                 dustrial o mercantil » en el sentido de que sólo cabe
sido sometida una petición de decisión prejudicial median                hablar de « específicamente para » ( léase: finalidad es
te resolución del Gerechtshof te Arnhem, dictada el 29 de                 pecífica ) si el organismo satisface exclusivamente di
octubre de 1 996 en el asunto entre 1 ) Gemeente Arnhem,                  chas necesidades ?
2 ) Gemeente Rheden y BFI Holding BV, y recibida en la
Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de              5 ) En caso de respuesta negativa a la cuestión 4, ¿ debe
1996 .                                                                    un organismo satisfacer, casi exclusivamente o en con
                                                                          siderable o en preponderante medida o en otra medi
El Gerechtshof te Arnhem solicita al Tribunal de Justicia                 da, necesidades de interés general que no tengan carác
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                        ter industrial o mercantil para poder cumplir ( seguir
                                                                          cumpliendo ) el requisito de haber sido creado específi
1 ) En el marco de la interpretación del artículo 6, ¿ debe               camente para satisfacer dichas necesidades ?
      entenderse el primer inciso de la letra b ) del artículo 1
      de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio           6 ) ¿ Tiene importancia, para responder a las cuestiones 1
      de 1993 , sobre coordinación de los procedimientos de               a 5, el hecho de que las necesidades de interés general
      adjudicación de los contratos públicos de servicios (*)             que no tengan carácter industrial o mercantil, que se
       (en lo sucesivo, Directiva ), en el que se establece que           entiende que son satisfechas por el organismo, deriven
       « se entenderá por organismo de Derecho público todo               de una ley en sentido formal, de disposiciones adminis
       organismo creado específicamente para satisfacer nece             trativas, de actos de la Administración o de cualesquie
       sidades de interés general, que no tengan carácter in             ra otros ?
      dustrial o mercantil », en el sentido de que:
       i ) debe hacerse una distinción entre, por un lado, ne        7) ¿ Tiene importancia, para responder a la cuestión 4, el
            cesidades de interés general y, por otro, necesida           hecho de que las actividades mercantiles sean transferi
            des que tengan carácter industrial o mercantil,               das a una persona jurídica distinta que forma parte de
                                                                          un grupo de empresas en el que también se ejercen ac
            o
                                                                          tividades orientadas a necesidades de interés general ?
       ii ) debe hacerse una distinción entre, por un lado, ne
            cesidades de interés general que no tengan carácter       0 ) DO n° L 209 de 24 . 7. 1992, p . 1 .


title: Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1997 contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas por Fernando Eugénio de Abreu y otros (Asunto T-518/97 a T-564/97)

text:
C 166/16             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     30.5.98
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-          Motivos y principales alegaciones
tancia que:
                                                                  Los motivos y las principales alegaciones son ideÂnticos a
Ð Declare al Consejo y a la Comisión responsables soli-           los formulados en el asunto T-316/97, Hermínia Fernanda
    dariamente de los perjuicios causados en virtud de la         dos Santos Morais Antas/Consejo y Comisión.
    no aplicación de las medidas de transición y adap-
    tación necesarias para el sector en que actuÂa la deman-
    dante, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 215 y
    178 del Tratado CE;
Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago solidario            Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1997 contra el
    de la cantidad de 3 126 768 escudos en concepto de            Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comu-
    indemnización del perjuicio mencionado en el paÂrrafo          nidades Europeas por Fernando EugeÂnio de Abreu y otros
    anterior, junto con los intereses vencidos, a razón del                      (Asunto T-518/97 a T-564/97)
    tipo legal del 10 %, desde la citación hasta el pago
    íntegro y efectivo;                                                                   (98/C 166/42)
Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago de las cos-                     (Lengua de procedimiento: portugueÂs)
    tas.
                                                                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                 Europeas se ha presentado el 15 de diciembre de 1997 un
                                                                  recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comi-
Los motivos y las principales alegaciones son ideÂnticos a        sión de las Comunidades Europeas formulado por Fer-
los formulados en el asunto T-316/97, Hermínia Fernanda           nando EugeÂnio de Abreu y otros, con domicilio en Portu-
dos Santos Morais Antas/Consejo y Comisión.                       gal, representados por los Sres. Cristina Ferreira, Francisco
                                                                  Espregueira Mendes, Teresa Fonseca y Rui GimaraÄes
                                                                  Lopes, Abogados de Oporto.
                                                                  La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
                                                                  tancia que:
Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1997 contra el
Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comu-            Ð Declare al Consejo y a la Comisión responsables soli-
nidades Europeas por Maria de Lurdes Esteves Afonso y                 dariamente de los perjuicios causados en virtud de la
      Ana Paula Afonso LourencËo de Oliveira y otros                  no aplicación de las medidas de transición y adap-
               (Asunto T-509/97 a T-517/97)                           tación necesarias para el sector en que actuÂa la deman-
                                                                      dante, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 215 y
                        (98/C 166/41)                                 178 del Tratado CE;
           (Lengua de procedimiento: portugueÂs)                  Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago solidario
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                de la cantidad de 3 126 768 escudos en concepto de
Europeas se ha presentado el 15 de diciembre de 1997 un               indemnización del perjuicio mencionado en el paÂrrafo
recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comi-              anterior, junto con los intereses vencidos, a razón del
sión de las Comunidades Europeas formulado por Maria                  tipo legal del 10 %, desde la citación hasta el pago
de Lurdes Esteves Afonso y Ana Paula Afonso LourencËo                 íntegro y efectivo;
de Oliveira y otros, con domicilio en Portugal, representa-
                                                                  Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago de las cos-
dos por los Sres. Cristina Ferreira, Francisco Espregueira
                                                                      tas.
Mendes, Teresa Fonseca y Rui GimaraÄes Lopes, Abogados
de Oporto.                                                        Motivos y principales alegaciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-          Los motivos y las principales alegaciones son ideÂnticos a
tancia que:                                                       los formulados en el asunto T-316/97, Hermínia Fernanda
Ð Declare al Consejo y a la Comisión responsables soli-           dos Santos Morais Antas/Consejo y Comisión.
    dariamente de los perjuicios causados en virtud de la
    no aplicación de las medidas de transición y adap-
    tación necesarias para el sector en que actuÂa la deman-
    dante, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 215 y
    178 del Tratado CE;                                           Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1997 contra el
Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago solidario            Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comu-
    de la cantidad de 3 126 768 escudos en concepto de              nidades Europeas por JoaÄo Luís de Sousa Abreu y otros
    indemnización del perjuicio mencionado en el paÂrrafo                        (Asunto T-565/97 a T-595/97)
    anterior, junto con los intereses vencidos, a razón del                               (98/C 166/43)
    tipo legal del 10 %, desde la citación hasta el pago
    íntegro y efectivo;                                                      (Lengua de procedimiento: portugueÂs)
Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago de las cos-          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    tas.                                                          Europeas se ha presentado el 15 de diciembre de 1997 un


title: Asunto T-203/03: Recurso interpuesto el 10 de junio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Lars Bo Rasmussen

text:
C 200/26               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          23.8.2003
Motivos y principales alegaciones                                        Motivos y principales alegaciones
El demandante es funcionario de la Comisión. Trabajó desde               La demandante en el presente asunto impugna la decisión de la
1992 hasta 2000 en Bruselas. En 2000 fue trasladado a                    AFPN por la que se acuerda su separación por incompetencia
Luxemburgo y, posteriormente, el 1 de septiembre de 2001,                profesional.
volvió a ser trasladado a Bruselas, donde se instaló en la
misma casa en que había vivido anteriormente.                            En apoyo de sus pretensiones, invoca la infracción del
                                                                         artículo 51 del Estatuto, dado que no se ha demostrado de
El demandante censura la infracción del artículo 5, apartado 1,          modo alguno su incompetencia profesional, el incumplimiento
del anexo VII del Estatuto. En su opinión, tanto él como su              del deber de asistencia y protección, la existencia de una
familia trasladaron efectivamente su residencia a Luxemburgo.            desviación de poder, la violación del derecho a un debate
Por consiguiente, el nuevo traslado del demandante a Bruselas            contradictorio durante la investigación administrativa, el
no puede ser considerado regreso al lugar de residencia de su            incumplimiento de la obligación de motivación y la violación
familia.                                                                 de los principios de proporcionalidad y de buena administra-
                                                                         ción.
El demandante alega que el artículo 85 del Estatuto única-
                                                                         Por último, la demandante invoca la violación del principio de
mente permite reclamar la devolución si el beneficiario hubiere
                                                                         igualdad de trato, puesto que se ha dispensado un trato
tenido conocimiento de la irregularidad del pago o si ésta fuere
                                                                         distinto a casos similares.
tan evidente que no hubiere podido dejar de advertirla. El
demandante considera que pudo válidamente pensar que el
pago era regular, puesto que la Comisión acordó el pago de
la indemnización por gastos de instalación con pleno conoci-
miento de las circunstancias de hecho.
Por último, el demandante censura la violación del principio de
igualdad de trato de los agentes. Afirma que la indemnización            Recurso interpuesto el 10 de junio de 2003 contra la
por gastos de instalación debe concederse a un agente que no             Comisión de las Comunidades Europeas por Lars Bo
tenga derecho a la asignación familiar, pero no a un agente                                          Rasmussen
que tenga derecho a la asignación familiar pero cuya familia
aún no se haya instalado en el lugar del destino del agente.                                     (Asunto T-203/03)
                                                                                (2003/C 200/48)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
Recurso interpuesto el 6 de junio de 2003 contra la                      En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Comisión de las Comunidades Europeas por Annelies                        Europeas se ha presentado el 10 de junio de 2003 un recurso
                              Keyman                                     contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                         por el Sr. Lars Bo Rasmussen, con domicilio en Hellerup
                                                                         (Dinamarca), representado por el Sr. Gilles Bounéou, avocat,
                        (Asunto T-200/03)
                                                                         que designa domicilio en Luxemburgo.
                          (2003/C 200/47)                                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         que:
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         —     Anule la decisión 34988 de la Comisión, de 1 de julio
                                                                               de 2000.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   —     Anule la decisión desestimatoria de 21 de enero de 2003.
Europeas se ha presentado el 6 de junio de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                 —     Condene a la demandada a restituir las sumas percibidas
por Annelies Keyman, con domicilio en Overijse (Bélgica),                      en exceso, en virtud del artículo 85 del Estatuto con los
representada por el Sr. C. Mourato, abogado, que designa                       intereses de demora.
domicilio en Luxemburgo.
                                                                         —     Condene a la demandada a pagarle la cantidad de
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                   10 000 euros en concepto de indemnización de daños y
                                                                               perjuicios, o cualquier otra cantidad, incluso superior, que
                                                                               los jueces comunitarios puedan determinar ex aequo et
—    Anule la decisión de separación adoptada por la AFPN en                   bono, para resarcirle del daño moral que le ha irrogado.
     contra de la demandante el 10 de marzo de 2003.
                                                                         —     Imponga a la demandada el pago de las costas, y demás
—    Condene en costas a la demandada.                                         gastos y honorarios devengados.
 ---pagebreak--- 23.8.2003              ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                         C 200/27
Motivos y principales alegaciones                                         Motivos y principales alegaciones
El demandante era funcionario de la Comisión. Mediante la                 La demandante presentó una denuncia ante la Comisión contra
decisión impugnada la Comisión impuso al demandante una                   la sociedad Caterpillar, sosteniendo que el sistema introducido
sanción consistente en una amonestación, a raíz de supuestas              por esta última para la venta en el exterior de los Estados
manifestaciones falsas realizadas por el demandante durante sus           Unidos de las piezas de repuesto de sus máquinas de cons-
misiones y sus permisos.                                                  trucción infringía los artículos 81 CE y 82 CE. La Comisión
                                                                          desestimó esta denuncia mediante la Decisión recurrida. En
El demandante alega, en primer lugar, infracción del Regla-               apoyo de su recurso, la demandante sostiene que la demandada
mento no 1 de la Comisión, así como del artículo 13 del                   cometió errores manifiestos en la apreciación de los hechos, así
Tratado CE. El demandante indica que la demandada ha                      como errores en la interpretación y aplicación del Derecho, al
seguido utilizando el francés en las comunicaciones que ha                considerar que la aplicación a la demandante del sistema de
remitido al demandante, a pesar de que éste pidiera que se                venta de piezas de repuesto destinadas al exterior de los
utilizara el danés o el inglés. Según el demandante, ello                 Estados Unidos no constituye un acuerdo a efectos del
constituye una discriminación lingüística.                                artículo 81 CE y al no aplicar el artículo 82 CE, a pesar de
                                                                          que Caterpillar ocupe una posición dominante en el mercado
En segundo lugar, el demandante alega que se ha violado el                pertinente. La demandante alega asimismo supuestas infrac-
secreto médico, en la medida en que la demandada ha consul-               ciones de las normas de procedimiento y de los derechos de
tado a su servicio médico con el fin de informarse de si el               la denunciante en cuanto a la duración supuestamente excesiva
demandante podía comparecer personalmente. Según el                       del procedimiento de investigación de la denuncia presentada
demandante, este parecer sólo puede fundamentarse en los                  por la demandante, la supuesta falta de motivación de la
antecedentes médicos y en su expediente, y constituye, por                Decisión recurrida, la supuesta falta de diligencia e imparcia-
ende, una violación del secreto profesional.                              lidad por la demandada en el examen de su denuncia, así
                                                                          como la supuesta infracción del artículo 6 del Reglamento
                                                                          2842/1998/CE (1) en la medida en que en la Decisión recurrida
En tercer lugar, el demandante alega que se han cometido                  aparecen nuevos elementos por primera vez sin que la deman-
irregularidades en el procedimiento, por cuanto no se formu-              dante haya podido formular alegaciones al respecto.
laron las imputaciones con claridad en la nota de apertura del
procedimiento disciplinario. El demandante alega asimismo que
se han infringido algunas normas jurídicas, en particular, el             (1) DO L 354 de 30.12.1998, p. 18-21.
artículo 71 y el anexo VII del Estatuto.
Recurso interpuesto el 10 de junio de 2003 contra la                      Recurso interpuesto el 13 de junio de 2003 por Faber
Comisión de las Comunidades Europeas por Haladjian                        Chimica S.r.l. contra la Oficina de Armonización del
                                Frères                                             Mercado Interior (marcas, dibujos, modelos)
                        (Asunto T-204/03)                                                         (Asunto T-211/03)
                          (2003/C 200/49)                                                          (2003/C 200/50)
                  (Lengua de procedimiento: francés)                                       (Lengua de procedimiento: italiano)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado un recurso el 10 de junio                       Europeas se ha presentado el 13 de junio de 2003 un recurso
de 2003, formulado contra la Comisión de las Comunidades                  contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
Europeas por la sociedad Haladjian Frères, con domicilio social           formulado por Faber Chimica S.r.l., representada y defendida
en Sorgues (Francia), representada por Me Nicole Coutrelis,               por los Sres. Paolo Tartuferi y Michele Andreano, avvocati. La
abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.                             otra parte del procedimiento seguido ante la Sala de Recurso
                                                                          fue Industrias Químicas Naber S.A.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          que:
—     Anule la Decisión de la Comisión de 1 de abril por la que
      se desestima su denuncia contra Caterpillar.
                                                                          —     Anule la resolución recurrida.
—     Adopte las medidas de instrucción necesarias para ordenar
      a la Comisión que aporte todos los documentos que sean              —     Condene en costas a la OAMI y, en el supuesto de que
      útiles para la solución del litigio.                                      intervenga Industrias Químicas Naber S.A., le imponga
                                                                                también el pago de los gastos correspondientes al proce-
—     Condene en costas a la Comisión.                                          dimiento administrativo seguido ante la OAMI.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2001 en el asunto C-89/99 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Schieving-Nĳstad vof y otros contra Robert Groeneveld ("Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio — Artículo 50, apartado 6, del Acuerdo ADPIC — Interpretación — Efecto directo — Aplicación a un procedimiento pendiente de resolución en el momento de entrada en vigor en el Estado de que se trate — Requisitos para el establecimiento de un plazo de interposición del recurso principal — Cálculo del plazo")

text:
C 303/2                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        27.10.2001
3.      A efectos de determinar los cinco Jueces que conocerán          Sala Sexta
de cada asunto atribuido a una Sala grande, a saber, la Sala
Quinta y la Sexta (a cada una de las cuales están adscritos siete       (Presidenta: Juez Sra. Macken)
Jueces), se elaborará una lista para cada año judicial. Esta lista     Sres. Gulmann, Puissochet, da Cunha Rodrigues, Schintgen,
comprenderá a todos los Jueces que formen parte de la Sala, a           Skouris y Sra. Colneric, Jueces
excepción del Presidente, por el siguiente orden:
a)     los Jueces de la Sala pequeña de cuatro miembros, por            Designación del Primer Abogado General
       orden de antigüedad;
                                                                         Conforme al artı́culo 10, apartado 1, del Reglamento de
b)     los Jueces de la otra Sala pequeña, por el mismo orden.          Procedimiento, el Tribunal de Justicia designó Primer Abogado
                                                                         General al Sr. S. Alber, para un perı́odo de un año a partir del
                                                                         7 de octubre de 2001.
Para cada asunto, la Sala grande estará integrada por:
—      el Presidente,
—      el Juez Ponente,                                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 13 de septiembre de 2001
—      tres Jueces designados siguiendo el orden de la lista
       correspondiente, desplazándose el punto de partida un
                                                                         en el asunto C-89/99 (petición de decisión prejudicial
       nombre en cada reunión general.
                                                                         planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Schieving-
                                                                               Nijstad vof y otros contra Robert Groeneveld (1)
En caso de impedimento de uno o varios Jueces, la sustitución
se hará siguiendo el orden de la lista. No obstante, en caso de         («Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
impedimento del Presidente de una Sala grande, éste deberá              del Comercio — Artı́culo 50, apartado 6, del Acuerdo ADPIC
ser sustituido, preferentemente, por el Presidente de la Sala            — Interpretación — Efecto directo — Aplicación a un
pequeña.                                                                procedimiento pendiente de resolución en el momento de
                                                                         entrada en vigor en el Estado de que se trate — Requisitos
                                                                         para el establecimiento de un plazo de interposición del
Cuando el Tribunal de Justicia o la Sala estime que varios                           recurso principal — Cálculo del plazo»)
asuntos deben ser examinados conjuntamente (hayan sido
acumulados formalmente o no), la composición del Tribunal                                          (2001/C 303/02)
o de la Sala será la fijada para el primero de los asuntos
tratados en reunión general.                                                           (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                         (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
4.      Para el perı́odo que finalizará el 6 de octubre de 2002,             «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
las listas anteriormente mencionadas quedarán establecidas de
la siguiente forma:                                                      En el asunto C-89/99, que tiene por objeto una petición
                                                                         dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Sala Tercera                                                             Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Hoge Raad
                                                                         der Nederlanden (Paı́ses Bajos), destinada a obtener, en el litigio
(Presidenta: Juez Sra. Macken)                                           pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Schieving-
                                                                         Nijstad vof y otros y Robert Groeneveld, una decisión prejudi-
                                                                         cial sobre la interpretación del artı́culo 50, apartado 6, del
Sres. Gulmann, Puissochet y da Cunha Rodrigues, Jueces
                                                                         Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
                                                                         intelectual relacionados con el comercio, que figura en el
Sala Cuarta                                                              anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización
                                                                         Mundial del Comercio, aprobado en nombre de la Comunidad,
(Presidente: Juez Sr. von Bahr)                                          por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante
                                                                         la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de
Sres. Edward, La Pergola y Timmermans, Jueces                            1994 (DO L 336, p. 1), el Tribunal de Justicia, integrado por
                                                                         los Sres. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, C. Gulmann, A. La
                                                                         Pergola, M. Wathelet y V. Skouris, Presidentes de Sala;
Sala Quinta                                                              D.A.O. Edward (Ponente), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón y
                                                                         R. Schintgen, las Sras. F. Macken y N. Colneric y los Sres. S. von
(Presidente: Juez Sr. Jann)                                              Bahr, J.N. Cunha Rodrigues y C.W.A. Timmermans, Jueces;
                                                                         Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. L. Hewlett,
Sres. Edward, La Pergola, von Bahr, Timmermans, Sevón y                 administradora, ha dictado el 13 de septiembre de 2001 una
Wathelet, Jueces                                                         sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- 27.10.2001              ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 303/3
1)  En los casos en que el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos            culo 50, apartado 6, de dicho Acuerdo no exige ni excluye que
    de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo               el ordenamiento jurı́dico de un Estado miembro confiera, en su
    ADPIC), que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se                 caso, a las autoridades judiciales de dicho Estado competencia
    establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado en                 para establecer de oficio el plazo en que debe incoarse el
    nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su                procedimiento sobre el fondo a la hora de ordenar las medidas
    competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de                 provisionales, sin que para ello sea necesaria la petición del
    22 de diciembre de 1994, haya comenzado a aplicarse en el                    demandado.
    Estado miembro de que se trate una vez que el juez de primera
    instancia haya dado por concluido el procedimiento, pero antes         6)    El artı́culo 50, apartado 6, del Acuerdo ADPIC no exige ni
    de que haya dictado una resolución, se aplicará el artı́culo 50            excluye que los Estados miembros confieran, en su caso, a las
    del Acuerdo ADPIC, siempre que la infracción de los derechos                autoridades judiciales la facultad de fijar el plazo en que debe
    de propiedad intelectual continúe produciéndose después de que              incoarse el procedimiento sobre el fondo. Puesto que dicha
    las disposiciones de este último Acuerdo hayan pasado a ser                 disposición no contiene ninguna precisión sobre este extremo, el
    aplicables en la Comunidad y sus Estados miembros.                           alcance de las facultades conferidas a los órganos jurisdiccionales
                                                                                de apelación a este respecto es competencia de cada Estado
                                                                                miembro.
2)  Los requisitos procesales del artı́culo 50 del Acuerdo ADPIC, y
    más concretamente de su apartado 6, no crean derechos que los
    particulares puedan invocar directamente ante los órganos             (1) DO C 136 de 15.5.1999.
    jurisdiccionales comunitarios y de los Estados miembros. Sin
    embargo, cuando las autoridades judiciales deban aplicar sus
    normas nacionales para ordenar medidas provisionales con
    objeto de proteger derechos de propiedad intelectual pertenecien-
    tes a un ámbito en el que se aplique el Acuerdo ADPIC y sobre
    el que ya haya legislado la Comunidad, están obligadas a tener
    en cuenta, en la medida en que sea posible, el texto y la
    finalidad del artı́culo 50, apartado 6, de dicho Acuerdo y, en
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
    particular, todas las circunstancias del asunto de que conozcan,
    a fin de garantizar un equilibrio entre los derechos y obligaciones
    contrapuestos del titular de los derechos de propiedad intelectual                                  (Sala Quinta)
    y del demandado.
                                                                                de 13 de septiembre de 2001
3)  El artı́culo 50, apartado 6, del Acuerdo ADPIC debe interpre-          en el asunto C-374/99: Reino de España contra Comisión
    tarse en el sentido de que es necesaria una petición del                               de las Comunidades Europeas (1)
    demandado para que las medidas provisionales ordenadas
    queden sin efecto por no haberse incoado ningún procedimiento
    sobre el fondo en el plazo indicado a este respecto en las medidas     («FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicio de 1995 —
    provisionales o, a falta de tal indicación, en el plazo de veinte     Ayudas al consumo de aceite de oliva — Primas por oveja y
    dı́as hábiles, o de treinta y un dı́as naturales si este plazo fuera                                  cabra»)
    mayor.
                                                                                (2001/C 303/03)
4)  A falta de disposiciones en el Acuerdo ADPIC relativas al                                (Lengua de procedimiento: español)
    momento en que comienza a correr el plazo de veinte dı́as
    hábiles o de treinta y un dı́as naturales, previsto en el             En el asunto C-374/99, Reino de España (agente: Sra. M. López-
    artı́culo 50, apartado 6, de dicho Acuerdo, corresponde a cada         Monı́s Gallego) contra Comisión de las Comunidades Europeas
    Parte contratante determinar el inicio del plazo, siempre que          (agente: Sr. J. Guerra Fernández), que tiene por objeto la
    éste sea «razonable» en atención a las circunstancias del asunto      anulación parcial de la Decisión 1999/596/CE de la Comisión,
    de que se trate, y habida cuenta del equilibrio necesario entre los    de 28 de julio de 1999, por la que se modifica la Decisión
    intereses contrapuestos del titular de los derechos de propiedad       1999/187/CE sobre la liquidación de las cuentas presentadas
    intelectual y del demandado.                                           por los Estados miembros con relación a los gastos de 1995
                                                                           de la sección de Garantı́a del Fondo Europeo de Orientación y
                                                                           de Garantı́a Agrı́cola (DO L 226, p. 26), en la parte que afecta
                                                                           al Reino de España, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta),
5)  A falta de disposiciones comunitarias en la materia y conforme         integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala,
    a lo dispuesto en el artı́culo 1, apartado 1, del Acuerdo ADPIC,       M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (Ponente) y L. Sevón,
    corresponde a cada Estado miembro determinar los lı́mites de           Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario:
    las facultades de que disponen las autoridades judiciales en           Sr. R. Grass, ha dictado el 13 de septiembre de 2001 una
    relación con las medidas provisionales que ordenen. El artı́-         sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Archivo del asunto C-318/97


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de febrero de 2004 en el asunto C-406/02, Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica ("Incumplimiento de Estado — No comunicación de los informes contemplados en las Directivas 76/464/CEE, 78/659/CEE y 80/68/CEE — Normalización y racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas Directivas referentes al medio ambiente")

text:
C 85/10                  ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                3.4.2004
El artículo 5, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968,            para deportistas legalmente fabricados y comercializados en
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones           otros Estados miembros a la obligación de solicitar una
judiciales en materia civil y mercantil, en la versión modificada por el      autorización previa y a la incoación de un procedimiento en
Convenio de 9 de octubre de 1978, relativo a la adhesión del Reino            este sentido, sin haber acreditado el carácter necesario y
de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e                  proporcionado de dicha exigencia, el Tribunal de Justicia (Sala
Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre de 1982, relativo         Tercera), integrado por el Sr. C. Gulmann, en funciones de
a la adhesión de la República Helénica, y por el Convenio de 26 de            Presidente de la Sala Tercera, y el Sr. J.-P. Puissochet y la
mayo de 1989, relativo a la adhesión del Reino de España y de la              Sra. F. Macken (ponente), Jueces; Abogado General: Sr. J. Mis-
República Portuguesa, debe interpretarse en el sentido de que                 cho; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 5 de febrero de 2004
                                                                              una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
el concepto de «materia contractual» no comprende la obligación cuyo
                                                                              1)    Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligacio-
cumplimiento solicita judicialmente un fiador, que ha abonado los
                                                                                nes que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 30 CE
derechos de aduana en virtud de un contrato de fianza celebrado con
                                                                                al haber mantenido en vigor una normativa que supedita la
la empresa de transportes, subrogándose en los derechos de la
                                                                                comercialización de los productos alimenticios para deportistas
administración de aduanas en el marco de una acción de reembolso
                                                                                legalmente fabricados y comercializados en otros Estados
frente al propietario de las mercancías importadas, si este último, que
                                                                                miembros a la obligación de solicitar una autorización previa y
no ha sido parte en el contrato de fianza, no ha autorizado la
                                                                                a la incoación de un procedimiento en este sentido, sin haber
celebración de dicho contrato.
                                                                                acreditado el carácter necesario y proporcionado de dicha
                                                                                exigencia.
                                                                              2)    Condenar en costas a la República Italiana.
(1) DO C 233 de 28.9.2002.
                                                                              (1) DO C 219 de 14.9.2002.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                             (Sala Tercera)
                                                                                (Sala Tercera)
                      de 5 de febrero de 2004
                                                                                de 12 de febrero de 2004
en el asunto C-270/02: Comisión de las Comunidades
             Europeas contra República Italiana (1)                           en el asunto C-406/02, Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Reino de Bélgica (1)
(«Medidas de efecto equivalente — Productos alimenticios
para deportistas legalmente fabricados y comercializados                      («Incumplimiento de Estado — No comunicación de los
en otros Estados miembros — Autorización previa a la                          informes contemplados en las Directivas 76/464/CEE, 78/
                          comercialización»)                                  659/CEE y 80/68/CEE — Normalización y racionalización
                                                                              de los informes relativos a la aplicación de determinadas
                            (2004/C 85/14)                                               Directivas referentes al medio ambiente»)
                                                                                (2004/C 85/15)
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
       «Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-270/02, Comisión de las Comunidades Euro-
peas, (agentes Sra. C.-F. Durand y Sr. R. Amorosi), que designa               En el asunto C-406/02, Comisión de las Comunidades Euro-
domicilio en Luxemburgo, contra República Italiana, (agente                   peas (agente: Sr. B. Stromsky), que designa domicilio en
Sr. I.M. Braguglia, asistido por el Sr. G. Aiello, avvocato dello             Luxemburgo, contra Reino de Bélgica (agente Sra. E. Dominko-
Stato), que designa domicilio en Luxemburgo, que tiene por                    vitz), que designa domicilio en Luxemburgo, que tiene por
objeto que se declare que la República Italiana ha incumplido                 objeto que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28                las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas
CE y 30 CE, al haber mantenido en vigor una normativa que                     76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la
supedita la comercialización de los productos alimenticios                    contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas
 ---pagebreak--- 3.4.2004                ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 85/11
vertidas en el medio acuático de la Comunidad (DO L 129,                      La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
p. 23; EE 15/01, p. 165), 78/659/CEE del Consejo, de 18 de
julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas continentales               —     Revoque el auto del Tribunal de Primera Instancia de las
que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida                       Comunidades Europeas dictado el 23 de abril de 2003.
de los peces (DO L 222, p. 1; EE 15/02, p. 111), y 80/68/CEE
del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la                        —     Declare a la demandada responsable del perjuicio sufrido
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación                        por los recurrentes a consecuencia del atentado cometido
causada por determinadas sustancias peligrosas (DO 1980,                            del 27 de marzo de 2002 en el Park Hotel de Netanya.
L 20, p. 43; EE 15/02, p. 162), en sus versiones modificadas
por la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre                   —     Condene a la demandada, en concepto de reparación del
de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los                         daño sufrido por los recurrentes, al pago de las siguientes
informes relativos a la aplicación de determinadas directivas                       cantidades:
referentes al medio ambiente (DO L 377, p. 48), al no haber
comunicado, dentro del plazo señalado, los informes previstos                       —     al Sr. Lucien Zaoui, la cantidad de 1 millón de euros
en dichas Directivas, por lo que atañe a la Región de Bruselas-                           en reparación del perjuicio moral;
Capital, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el
Sr. C. Gulmann, en funciones de Presidente de la Sala Tercera,                      —     al Sr. B. Zaoui, la cantidad de 1,5 millón de euros en
y el Sr. J.-P. Puissochet (Ponente) y la Sra. F. Macken, Jueces;                          reparación del perjuicio moral;
Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass,
ha dictado el 12 de febrero de 2004 una sentencia cuyo fallo                        —     a la Sra. D. Zaoui, señora de Stain:
es el siguiente:
                                                                                —     la cantidad de 1 millón de euros en reparación
1)    Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones                           de los daños físicos;
      que le incumben en virtud de la Directiva 91/692/CEE del
      Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización                         —     la cantidad de 2 millones de euros en repara-
      y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de                         ción del perjuicio moral;
      determinadas directivas referentes al medio ambiente, al no
      haber comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado, el                       —     la cantidad que se determine, en concepto de
      informe previsto en el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva,                        daños materiales.
      por lo que atañe a la Región de Bruselas-Capital.
                                                                              —     Condene a la demandada a soportar la totalidad de las
2)    Condenar en costas al Reino de Bélgica.                                       costas.
(1) DO C 7 de 11.1.2003.
                                                                              Motivos y principales alegaciones
                                                                              Los recurrentes estiman que el comportamiento ilegal de la
                                                                              Comisión, consistente en la concesión de financiación a la
                                                                              autoridad palestina, en total contradicción con los valores
                                                                              fundamentales de la Comunidad, la convierte en causante
                                                                              directa de los daños sufridos por los recurrentes a resultas del
Recurso de casación interpuesto el 3 de julio de 2003 por                     atentado perpetrado por un terrorista palestino en Netanya
los Sres. B. Zaoui y L. Zaoui y la Sra. D. Zaoui, señora de                   (Israel), cuya reparación solicitan ahora.
Stain, contra el auto dictado el 23 de abril de 2003 por
el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                              Los recurrentes consideran que la aplicación del artículo 111
Europeas (Sala Primera) en el asunto T-73/03 promovido
                                                                              del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera
por B. Zaoui y otros contra la Comisión de las Comunida-
                                                                              Instancia es claramente abusiva, ya que estima que no ha
                            des Europeas
                                                                              quedado acreditada la existencia de una relación de causalidad
                                                                              en el presente asunto y que el recurso carece manifiestamente
                       (Asunto C-288/03 P)                                    de fundamento jurídico, a partir de un error de derecho y de la
                                                                              desnaturalización de los motivos alegados por los recurrentes:
                           (2004/C 85/16)
                                                                              —     El Tribunal de Primera Instancia desestima el recurso
                                                                                presentado por los demandantes en primera instancia
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                        como carente manifiestamente de fundamento jurídico,
presentado el 3 de julio de 2003 un recurso de casación                             por considerar que falta en este caso uno de los requisitos
formulado por los Sres. B. Zaoui y L. Zaoui y la Sra. D. Zaoui,                     necesarios para la aplicación de la responsabilidad extra-
señora de Stain, representados por Me J.A. Buchinger, avocat,                       contractual de la Comisión, con arreglo al artículo 288,
contra el auto dictado el 23 de abril de 2003 por el Tribunal                       apartado 2, del Tratado CE, que es el de que exista una
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala                              relación de causalidad entre la actuación alegada y el
Primera) en el asunto T-73/03 promovido por B. Zaoui y otros                        perjuicio invocado. La parte recurrente no discute que
contra la Comisión de las Comunidades Europeas.                                     debe existir, tal y como establece el Tribunal de Primera


title: Asunto T-76/04 Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/74

         Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH
   (Asunto T-76/04)
   (2004/C 106/146)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de febrero de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, con domicilio social en Kirchheimboladen (Alemania), representada por los Sres. K. Van Maldegem y C. Mereu, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule los artículos 3 (y el anexo II), 4, apartado 2, 5, apartado 3, 10, apartado 2, párrafo segundo, 11, apartado 3, 13 y 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2032/2003 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2003, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1896/2000.

               —

               Declare que los artículos 9, letra a), 10, apartado 3, 11 y 16, apartado 1, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas son ilegales y no son aplicables a la demandante.

               —

               Declare que el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1896/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, relativo a la primera fase del programa contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre biocidas es ilegal y no es aplicable a la demandante.

               —

               Condene a la demandada a indemnizar a la demandante por los daños sufridos como consecuencia de la adopción y de la entrada en vigor de las medidas impugnadas; el importe de la indemnización se fija provisionalmente en un euro más intereses, hasta que se calcule y se determine el importe exacto.

               —

               Condene a la parte demandada al pago de las costas de este procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y las principales alegaciones invocadas por la demandante coinciden con las invocadas en el asunto T-75/04.


title: Asunto C-60/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Landesgericht Eisenstadt, de fecha 17 de enero de 2002, en los asuntos MONTRES ROLEX, S.A.; THE GAP, INC; Guccio Gucci SpA; Tommy Hilfinger y La Chemise Lacoste S.A.

text:
C 131/2                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        1.6.2002
3)    Se desestima la petición del Parlamento de que se condene al        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      Sr. Panichelli a hacer frente a las costas por él causadas ante el   lución de Bundespatentgericht, de fecha 22 de enero
      Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-130/98.                 de 2002, en el recurso interpuesto por Heidelberger
                                                                                Bauchemie GmbH
(1) DO C 108 de 7.4.2001.                                                                          (Asunto C-49/02)
                                                                                (2002/C 131/04)
                                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  resolución de Bundespatentgericht, dictada el 22 de enero de
                                                                           2002, en el recurso interpuesto por Heidelberger Bauchemie
                             (Sala Cuarta)                                 GmbH, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
                                                                           20 de febrero de 2002. El Bundespatentgericht solicita al
                     de 14 de marzo de 2002                                Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                           cuestiones:
en los asuntos acumulados C-250/01 P y C-251/01 P:
Mario Costacurta contra Comisión de las Comunidades                       ¿Cumplen las exigencias para poder constituir una marca con
                              Europeas (1)                                 arreglo al artı́culo 2 de la Directiva 89/104/CEE (1) del Consejo,
                                                                           de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la
                                                                           aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
(«Recurso de casación — Aplicación del artı́culo 3 del                   materia de marcas, los colores o combinaciones de colores
anexo X del Estatuto de los Funcionarios — Traslado del                    presentados para su inscripción en el Registro de forma
demandante a un paı́s tercero — Recurso de anulación —                    abstracta y sin contornos, cuyos tonos se designan textual-
Inadmisibilidad — Recurso manifiestamente infundado e                      mente presentando una muestra del color (patrón de color) y
                      inadmisible — Costas»)                               que se designan asimismo de manera precisa con arreglo a un
                                                                           sistema de clasificación de los colores reconocido?
                           (2002/C 131/03)
                                                                           Una denominada «marca de color (abstracta)» de este tipo,
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       ¿constituye, en particular, a efectos del artı́culo 2 de la
                                                                           Directiva,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    a)    un signo,
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           b)    apropiado para distinguir el origen de los productos o los
                                                                                servicios de una empresa,
En los asuntos acumulados C-250/01 P y C-251/01 P,                         c)    que puede ser objeto de una representación gráfica?
Mario Costacurta, antiguo funcionario de la Comisión de
las Comunidades Europeas, con domicilio en Luxemburgo
                                                                           (1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
(Luxemburgo), representado por Me M. Petit, abogado, que
tienen por objeto dos recursos de casación interpuestos contra
los autos dictados por el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (Sala Segunda) el 7 de junio de
2001, Costacurta/Comisión (T-328/00, no publicado en la
Recopilación), en los que se solicita que se anulen dichos autos,         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
y en el que la otra parte en el procedimiento es la Comisión de           lución del Landesgericht Eisenstadt, de fecha 17 de enero
las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall, asistido por             de 2002, en los asuntos MONTRES ROLEX, S.A.; THE
el Sr. B. Wagenbaur, abogado), el Tribunal de Justicia de las              GAP, INC; Guccio Gucci SpA; Tommy Hilfinger y La
Comunidades Europeas (Sala Cuarta), integrado por los Sres.                                      Chemise Lacoste S.A.
S. von Bahr, Presidente de Sala, D.A.O.Edward (ponente) y
A. La Pergola, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo                                         (Asunto C-60/02)
Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 14 de marzo
de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:                                                           (2002/C 131/05)
1)    Se desestiman los recursos de casación.
                                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
2)    Se condena en costas al Sr. Costacurta.                              sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                           resolución del Landesgericht Eisenstadt, dictada el 17 de enero
                                                                           de 2002, en los asuntos MONTRES ROLEX, S.A.; THE GAP,
(1) DO C 245 de 1.9.2001.                                                  INC; Guccio Gucci SpA; Tommy Hilfinger y La Chemise
                                                                           Lacoste S.A. y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
                                                                           el 25 de febrero de 2002.
 ---pagebreak--- 1.6.2002               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 131/3
El Landesgericht Eisenstadt solicita al Tribunal de Justicia que       Recurso interpuesto el 13 de marzo de 2002 contra la
se pronuncie sobre la siguiente cuestión: ¿El artı́culo 2 del         República Federal de Alemania por la Comisión de las
Reglamento (CE) no 3295/94 (1) del Consejo, de 22 de                                        Comunidades Europeas
diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas
a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la
                                                                                (Asunto C-86/02)
reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de
las mercancı́as con usurpación de marca y las mercancı́as
piratas, en la versión modificada por el Reglamento (CE)                                       (2002/C 131/07)
no 241/1999 (2) del Consejo de 25 de enero de 1999 (en lo
sucesivo, «Reglamento antipiraterı́a»), se opone a una norma-
tiva nacional, en concreto el artı́culo 60, apartados 1 y 2, en
relación con el artı́culo 10a de la Markenschutzgesetz (en lo         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
sucesivo, «MSchG»), que autoriza la interpretación de que no          presentado el 13 de marzo de 2002 un recurso contra la
es punible el mero tránsito de mercancı́as que han sido               República Federal de Alemania formulado por la Comisión de
elaboradas o distribuidas infringiendo determinadas disposi-           las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Josef
ciones del Derecho de marcas?                                          Christian Schieferer, miembro del Servicio Jurı́dico de la
                                                                       Comisión de las Comunidades Europeas, en calidad de agente,
                                                                       que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
(1) DO L 341 p. 8.                                                     Sr. Luis Escobar Guerrero, miembro del Servicio Jurı́dico de
(2) DO L 27 p. 1.                                                      la Comisión Europea, Centre-Wagner, C 254, Kirchberg,
                                                                       Luxemburgo.
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-           1.    Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
lución del Hof van Cassatie van België, de fecha 28 de                      plido las obligaciones que le incumben en virtud del
febrero de 2002, en los litigios Agence Maritime Lalemant                    artı́culo 226 CE, apartado 1, en relación con los artı́-
contra 1. Malzfabrik Tivoli GmbH, 2. Malteurop G.I.E.,                       culos 10 CE, apartado 1, 249 CE, apartado 3, y con la
3. Belgisch Interventie en Restitutiebureau y Malzfabrik                     Directiva 93/15/CEE, (1) al haber adoptado el artı́culo 1,
Tivoli GmbH contra Belgisch Interventie en Restitutiebu-                     apartado 6, y el artı́culo 1.44 de la SprengÄndG 1997
                               reau.                                         (Ley de modificación de la Ley de explosivos), de 23 de
                                                                             junio de 1998.
                        (Asunto C-82/02)
                                                                       2.    Condene en costas a la República Federal de Alemania.
                         (2002/C 131/06)
                                                                       Motivos y principales alegaciones
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Hof van Cassatie van België, dictada el 28 de          La Comisión impugna la disposición según la cual únicamente
febrero de 2002, en los litigios Agence Maritime Lalemant              pueden utilizarse explosivos, o dejárselos a otros, cuando estén
contra 1. Malzfabrik Tivoli GmbH, 2. Malteurop G.I.E., 3. Bel-         provistos de un signo distintivo otorgado por el Bundesanstalt
gisch Interventie en Restitutiebureau y Malzfabrik Tivoli GmbH         für Materialforschung und -prüfung (Servicio federal de investi-
contra Belgisch Interventie en Restitutiebureau, y recibida en         gación y experimentación de materiales; en lo sucesivo, BAM),
la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 12 de marzo de 2002.        salvo que estén destinados a la exportación o a su introducción
El Hof van Cassatie van België solicita al Tribunal de Justicia        en otro Estado miembro. La circunstancia de que el BAM
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                         haya adoptado medidas provisionales que han eliminado este
                                                                       obstáculo a los intercambios no es suficiente para subsanar la
                                                                       infracción del Derecho comunitario.
¿Debe interpretarse el artı́culo 9, apartado 1, párrafo primero,
del Reglamento (CEE) no 2730/79, (1) de 29 de noviembre de
1979, sobre modalidades comunes de aplicación del régimen             La disposición transitoria del artı́culo 1.44 de la ley alemana
de restituciones a la exportación para los productos agrı́colas,      podrı́a falsear seriamente el mercado interior, debido a que los
en el sentido de que debe considerarse que las mercancı́as que         explosivos que pueden circular libremente en la Comunidad
se exportan a terceros paı́ses, para las que se hayan cumplido         de conformidad con las disposiciones de la Directiva, no están
las formalidades aduaneras de exportación, han salido del             autorizados en el mercado alemán, mientras que los explosivos
territorio geográfico de la Comunidad en el momento de la             que no deberı́an encontrarse en el mercado después del
salida efectiva del territorio de la Comunidad o también               perı́odo transitorio podrı́an estar autorizados en Alemania.
cuando se almacenan en un depósito aduanero?
                                                                       (1) DO L 121 de 15.5.1993, pp. 20 a 35.
(1) DO 1979, L 317, p. 1 (EE 03/17, p. 3).