title: Asunto C-69/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile di Roma — Italia) — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico (Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Subvención a la adquisición o alquiler de descodificadores digitales — Decisión de la Comisión que declara un régimen de ayudas ilegal e incompatible con el mercado interior — Recuperación — Cuantificación del importe que debe recuperarse — Función del juez nacional — Toma en consideración por el juez nacional de las tomas de posición de la Comisión en el marco de la ejecución de su decisión — Principio de cooperación leal)

text:
               29.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/17

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile di Roma — Italia) — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico
   (Asunto C-69/13) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Ayudas de Estado - Subvención a la adquisición o alquiler de descodificadores digitales - Decisión de la Comisión que declara un régimen de ayudas ilegal e incompatible con el mercado interior - Recuperación - Cuantificación del importe que debe recuperarse - Función del juez nacional - Toma en consideración por el juez nacional de las tomas de posición de la Comisión en el marco de la ejecución de su decisión - Principio de cooperación leal)
   2014/C 93/27
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale civile di Roma

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Mediaset SpA

      Demandada: Ministero dello Sviluppo Economico

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale civile di Roma — Recuperación de ayudas de Estado ilegales — Cuantificación del importe a recuperar — Decisión de la Comisión que fija los criterios para la determinación de dicho importe — Sentencia del Tribunal de Justicia que reconoce al juez nacional la facultad de apreciar el carácter apropiado de los criterios fijados por la Comisión — Extensión del margen de apreciación del juez nacional.

      Fallo

               1)

               Si bien, para garantizar la ejecución de una decisión de la Comisión Europea que declara un régimen de ayudas ilegal e incompatible con el mercado interior y ordena la recuperación de las ayudas de que se trata, sin identificar a los beneficiarios individuales de dichas ayudas ni determinar los importes precisos que deben restituirse, el juez nacional está vinculado por la citada decisión, no lo está, por el contrario, por las tomas de posición adoptadas por dicha institución en el marco de la ejecución de tal decisión. No obstante, el juez nacional debe, en virtud del principio de cooperación leal enunciado en el artículo 4 TUE, apartado 3, tomar en consideración dichas tomas de posición como elemento de apreciación en el marco del litigio del que conoce.

               2)

               El juez nacional, al determinar los importes exactos de las ayudas que deben recuperarse, y cuando la Comisión Europea, en su decisión que declara un régimen de ayudas ilegal e incompatible con el mercado interior, no ha identificado a los beneficiarios individuales de las ayudas en cuestión ni ha determinado los importes precisos que deben restituirse, puede llegar a la conclusión, sin poner en entredicho la validez de la decisión de la Comisión ni la obligación de restitución de las ayudas de que se trata, de que el importe de la ayuda que debe restituirse es igual a cero cuando ello se desprende de los cálculos efectuados sobre la base de los elementos pertinentes puestos en su conocimiento.

      (1)  DO C 147, de 25.5.2013.


title: Asunto C-354/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 15 de julio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën ( «Código aduanero comunitario — Artículo 33 — Valor en aduana de las mercancías — Inclusión de los derechos de aduana — Condición de entrega “Delivered Duty Paid” » )

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 15 de julio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-354/09) (1)

   (Código aduanero comunitario - Artículo 33 - Valor en aduana de las mercancías - Inclusión de los derechos de aduana - Condición de entrega “Delivered Duty Paid”)
   2010/C 246/17
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Gaston Schul BV

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën

      Objeto

   Interpretación de los artículos 33, párrafo primero, y letra f), y 220 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1) — Valor en aduana — Contrato que contiene la cláusula de entrega «Delivered Duty Paid», celebrado para el caso de inexistencia de derechos de aduana — Exclusión o no del valor en aduana.

      Fallo

   Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, según el cual los derechos de importación deben ser «diferentes» del precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas, se cumple cuando las partes contratantes han acordado que las mercancías se entreguen DDP («Delivered Duty Paid») y han inscrito esta mención en la declaración de aduana, pero, debido a un error sobre el origen preferencial de dichas mercancías, han omitido indicar el importe de los derechos de importación.

      (1)  DO C 282, de 21.11.2009.


title: Asunto T-375/17: Recurso interpuesto el 5 de junio de 2017 — Fenyves/EUIPO (Blue)

text:
               7.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/38

         Recurso interpuesto el 5 de junio de 2017 — Fenyves/EUIPO (Blue)
   (Asunto T-375/17)
   (2017/C 256/43)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Klaudia Patricia Fenyves (Hevesvezekény, Hungría) (representante: I. Monteiro Alves, abogada)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que contiene el elemento denominativo «BLUE» — Solicitud de registro n.o 15287907

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de marzo de 2017 en el asunto R 1974/2016-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Devuelva la solicitud de marca a la Oficina para que prosiga el procedimiento de registro.

               —

               Condene a la EUIPO a cargar con las costas, incluidas las causadas en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 207/2009.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 17 de septiembre de 1997 en el asunto C-141/96 (petición de decisión prejudicial del Bundesfinanzhof): Finanzamt Osnabrück-Land contra Bernhard Langhorst [Impuesto sobre el Valor Añadido - Interpretación de la letra c) del apartado 1 del artículo 21 y la letra c) del apartado 3 del artículo 22 de la Sexta Directiva 77/388/CEE - Documento que puede considerarse que produce los efectos de una factura - Nota de abono emitida por el comprador y no contradicha por el vendedor en lo que atañe a la cuota del Impuesto que en ella figura]

text:
C 331 /8                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             1 . 11 . 97
Se declara que el punto 6 del apartado 1 del artículo 3 de                 para el pago de los créditos de dicho trabajador en caso
la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre                    de insolvencia de su empresario, es la institución del
de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de                Estado en cuyo territorio, a tenor del apartado 1 del
los Estados miembros en materia de etiquetado, presen                     artículo 2 de la Directiva, bien se ha decidido la apertura
tación y publicidad de los productos alimenticios destina                 del procedimiento concursal, o bien se ha constatado el
dos al consumidor final, debe interpretarse en el sentido                  cierre definitivo de la empresa o del centro de actividad
de que la expresión «establecido dentro de la Comunidad»                   del empresario.
que allí figura se refiere únicamente al vendedor.
                                                                           (') DO C 158 de 1 . 6 . 1996 .
(M DO C 145 de 18 . 5 . 1996 .                                             ( 2 ) DO L 283 de 20 . 10 . 1980, p. 23 ; EE 05/02, p . 219 .
( 2 ) DO L 33 de 8 . 2 . 1979 , p. 1 ; EE 13/09, p. 162 .
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                                       de 17 de septiembre de 1997
                             ( Sala Quinta)                                en el asunto C-141/96 (petición de decisión prejudicial
                  de 17 de septiembre de 1997                              del Bundesfinanzhof): Finanzamt Osnabrück-Land contra
                                                                                Bernhard Langhorst H
en el asunto C-l 17/96 (petición de decisión prejudicial
planteada por el 0stre Landsret): Danmarks Aktive                          [Impuesto sobre el Valor Añadido — Interpretación de la
Handelsrejsende, en nombre de Carina Mosbæk contra                         letra c) del apartado 1 del artículo 21 y la letra c) del
                Lønmodtagernes Garantifond (')                             apartado 3 del artículo 22 de la Sexta Directiva 77/388/
                                                                           CEE — Documento que puede considerarse que produce
(Política social — Protección de los trabajadores en caso                  los efectos de una factura — Nota de abono emitida por
de insolvencia del empresario — Directiva 80/987/CEE —                     el comprador y no contradicha por el vendedor en lo que
 Trabajador que reside y ejerce su actividad por cuenta                            atañe a la cuota del Impuesto que en ella figura]
ajena en un Estado distinto del del domicilio del empresa
                 rio — Institución de garantía)                                                        ( 97/C 331 / 14 )
                            ( 97/C 331 / 13                                               (Lengua de procedimiento: alemán)
               (Lengua de procedimiento: danés)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                           cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi                                              de Justicia »)
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                              de Justicia »)                               En el asunto C-141/96 , que tiene por objeto una petición
                                                                           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
En el asunto C-l 17/96, que tiene por objeto una petición                  del Tratado CE, por el Bundesfinanzhof, destinada a obte
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177              ner en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
del Tratado CE, por el 0stre Landsret ( Dinamarca ), desti                entre Finanzamt Osnabrück-Land y Bernhard Langhorst,
nada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano                  una decisión prejudicial sobre la interpretación de la
jurisdiccional entre Danmarks Aktive Handelsrejsende, en                   letra c ) del apartado 1 del artículo 21 y de la letra c ) del
nombre de Carina Mosbæk y Lønmodtagernes Garanti                          apartado 3 del artículo 22 de la Directiva 77/388/CEE del
fond, una decisión prejudicial sobre la interpretación del                 Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en mate
artículo 3 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20                   ria de armonización de las legislaciones de los Estados
de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legisla                  miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
ciones de los Estados miembros relativas a la protección                   negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor
de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del                 Añadido: base imponible uniforme (2 ), el Tribunal de Justi
empresario ( 2 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ), inte           cia, integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presi
grado por los Sres.: J. C. Moitinho de Almeida, Presidente                 dente; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida
de Sala ; L. Sevón, D. A. O. Edward, P. Jann y M. Wathelet                 ( Ponente ), J. L. Murray y L. Sevón, Presidentes de Sala;
( Ponente ), Jueces; Abogado General : Sr. G. Cosmas; Secre               P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P.
tario : Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado                Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wat
el 17 de septiembre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el                 helet, Jueces; Abogado General : Sr. P. Léger; Secretario: Sr.
siguiente:                                                                 H. A. Rühl, Administrador principal, ha dictado el 17 de
                                                                           septiembre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el
Cuando el empresario está establecido en un Estado miem                   siguiente:
bro distinto de aquel en cuyo territorio el trabajador reside
y ejercía su actividad por cuenta ajena, la institución de                 1 ) La letra c) del apartado 3 del artículo 22 de la Direc
garantía competente, a los fines previstos por el artículo 3                     tiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre                         Sexta Directiva en materia de armonización de las
de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los                       legislaciones de los Estados miembros relativas a los
Estados miembros relativas a la protección de los trabaja                       impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema
dores asalariados en caso de insolvencia del empresario,                         común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base
 ---pagebreak--- 1 . 11 . 97           I ES 1                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 331 /9
       imponible uniforme, autoriza a los Estados miembros                 Hewlett, administradora, ha dictado el 25 de septiembre
       a considerar como «documento que produce los efec                  de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       tos de una factura» una nota de abono emitida por el
       destinatario de bienes o servicios, siempre que con
       tenga las menciones que dicha Directiva prescribe para               1 ) La norma establecida por el Reglamento (CEE) n° 2221
       las facturas, que se haya emitido con el acuerdo del                      77 del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativo
       sujeto pasivo que entrega los bienes o presta los servi                  al tránsito comunitario, y el Reglamento (CEE) n° 223/
       cios y que éste pueda contradecir la cuota del IVA                        77 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1976, por el
       mencionada en la misma.                                                   que se establecen disposiciones de aplicación y medi
                                                                                das de simplificación del régimen de tránsito comuni
                                                                                tario, según la cual la prueba del carácter comunitario
2 ) El sujeto pasivo que no haya contradicho la mención,                         de una mercancía debe ser aportada, salvo excepción
       en una nota de abono que produce los efectos de una                       prevista, exclusivamente por los documentos de trán
       factura, de una cuota del IVA superior a la devengada                     sito T 2 o T 2 L, es conforme a los artículos 9 y 10
       por las operaciones sujetas al Impuesto, puede consi                     del Tratado CE .
       derarse como la persona que ha mencionado esa cuota
       y, por lo tanto, es el deudor de la cuota indicada, en el
       sentido de la letra c) del apartado 1 del artículo 21 de            2 ) El apartado 2 del artículo 37 del Reglamento (CEE)
       la Sexta Directiva .                                                      n" 222177 no autoriza la prueba del carácter comunita
                                                                                rio de una mercancía por medio de comprobaciones
                                                                                hechas por las autoridades competentes de un Estado
(') DO C 180 de 22 . 6 . 1996 .
( 2 ) DO L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE 09/01 , p. 54 .
                                                                                miembro con ocasión de los controles efectuados en el
                                                                                marco del régimen de tránsito comunitario.
                                                                           (') DO C 269 de 14 . 9 . 1996 .
                                                                           (2) DO L 38 de 9. 2. 1977, p. 1 ; EE 02/03 , p. 91 .
                                                                           (3 ) DO L 38 de 9. 2. 1977, p. 20; EE 02/03, p. 110.
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                             (Sala Cuarta)
                   de 25 de septiembre de 1997
en el asunto C-237/96 ( petición de decisión prejudicial                               AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
planteada por la cour d'appel de Mons ): Proceso penal
                 contra Eddy Amelynck y otros (' )                                                   ( Sala Primera )
(Libre circulación de mercancías — Tránsito comunitario                                      de 16 de septiembre de 1997
— Medios de prueba del carácter comunitario de las                         en el asunto C-59/96 P: Casper Koelman contra Comisión
                              mercancías)                                  de las Comunidades Europeas, apoyada por Buma, asocia
                            ( 97/C 331/15 )                                        ción neerlandesa, y por la República Francesa H
                                                                           (Recurso de casación — Reglamento n° 17 — Desestima
                (Lengua de procedimiento: francés)                                       ción de una denuncia — Motivación)
                                                                                ( 97/C 331 /16 )
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                              (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                              de Justicia »)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
En el asunto C-237/96, que tiene por objeto una petición                   cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177                                          de Justicia »)
del Tratado CE, por la cour d'appel de Mons ( Bélgica ),
destinada a obtener, en el proceso penal seguido ante
dicho órgano jurisdiccional contra Eddy Amelynck y otros                   En el asunto C-59/96 P, Casper Koelman (Abogado: Sr.
y Transport Amelynck SPRL, como responsable civil, una                     R. V. H. Jonker) que tiene por objeto un recurso de casa
decisión prejudicial sobre la interpretación y la validez del              ción interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Pri
Reglamento ( CEE ) n° 222/77 del Consejo, de 13 de                         mera Instancia de las Comunidades Europeas ( Sala Cuarta
diciembre de 1976, relativo al tránsito comunitario (2 ), y                ampliada ) de 9 de enero de 1996, Koelman/Comisión
del Reglamento ( CEE) n° 223/77 de la Comisión, de 22 de                   (T-575/93, Rec. p. II-l ), por el que se solicita que se anule
diciembre de 1976 , por el que se establecen disposiciones                 dicha sentencia, y en el que la otra parte en el procedi
de aplicación y medidas de simplificación del régimen de                   miento es: Comisión de las Comunidades Europeas
tránsito comunitario ( 3 ), el Tribunal de Justicia ( Sala                 ( Agente: Sr. B. J. Drijber ), apoyada por Buma, asociación
Cuarta ), integrado por los Sres.: J. L. Murray, Presidente                neerlandesa, con domicilio en Amstelveen ( Países Bajos ),
de Sala; C. N. Kakouris ( Ponente ), y P. J. G. Kapteyn, Jue              representada por los Sres. C. van Rij y E. A. P. Engels,
ces; Abogado General : Sr. C. O. Lenz; Secretaria : Sra . L.               Abogados de Amsterdam, que designa como domicilio en


title: Asunto T-374/00: Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Verband der freien Rohrwerke e.V., Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH y Rudolf Flender GmbH & Co. KG

text:
24.2.2001              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 61/19
Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2000 contra el                Motivos y principales alegaciones
   Banco Central Europeo por Carmine Salvatore Tralli
                                                                        El demandante trabaja como agente en el Banco Central
                       (Asunto T-373/00)                                Europeo. Solicita la anulación de la resolución de su contrato
                                                                        laboral y la declaración de que esta relación se mantiene
                                                                        inalterada. En este contexto el demandante impugna una
                          (2001/C 61/36)                                prolongación del perı́odo de prueba, decidida unilateralmente
                                                                        por el BCE, cuya duración se habı́a convenido inicialmente en
                                                                        tres meses. Basándose en los derechos de la personalidad que
                                                                        le corresponden, pretende continuar en el empleo en las
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                     condiciones pactadas. Pretende asimismo que se condene al
                                                                        BCE a seguir pagándole la retribución convenida más allá del
                                                                        31 de diciembre de 2000 y, a este respecto, invoca la mora
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  accipiendi por parte del BCE.
Europeas se ha presentado el 12 de diciembre de 2000 un
recurso contra el Banco Central Europeo formulado por el
Sr. Carmine Salvatore Tralli, con domicilio en Nidderau
(Alemania), representado por el Sr. Norbert Pflüger y las Sras.
Regina Steiner y Silvia Mittländer, abogados de Fránckfort del
Meno (Alemania).
                                                                        Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2000 contra la
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por Verband der
que:
                                                                        freien Rohrwerke e.V., Eisen- und Metallwerke Ferndorf
                                                                                GmbH y Rudolf Flender GmbH & Co. KG
1.     Anule la resolución de su contrato de trabajo con efectos
       de 31 de diciembre de 2000.                                                             (Asunto T-374/00)
2.     Anule la prolongación del perı́odo de prueba.                                             (2001/C 61/37)
3.     Declare que la relación laboral existente entre las partes
       no ha quedado resuelta por virtud del cese.                                      (Lengua de procedimiento: alemán)
4.     Declare que la prolongación unilateral del perı́odo de          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       prueba es nula.                                                  Europeas se ha presentado el 11 de diciembre de 2000 un
                                                                        recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                        formulado por Verband der freien Rohrwerke e.V., Düsseldorf
5.     Declare que la relación laboral existente entre las partes      (Alemania), Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH, Kreuztal-
       no ha sido resuelta y subsiste con posterioridad al 31 de        Ferndorf (Alemania), y Rudolf Flender GmbH & Co. KG, Siegen
       diciembre de 2000.                                               (Alemania), representadas por Hans Hellmann, Abogado de
                                                                        Colonia (Alemania).
6.     Condene al BCE a continuar después del 31 de diciembre
       de 2000, empleando al demandante, en las condiciones             Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
       laborales pactadas, como vigilante (Security Guard).             Instancia que:
                                                                        —     Anule las Decisiones de la demandada de 5 y 14 de
7.     Condene al BCE a seguir pagando al demandante después                  septiembre de 2000 recaı́das en los asuntos sobre control
       del 31 de diciembre de 2000 el salario base, de                        de concentraciones no COMP/M. 2045 y no COMP/EGKS
       32 304 Euros anuales más las asignaciones y otros                     1336 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke.
       emolumentos previstos en las Conditions of Employment
       del BCE.
                                                                        —     Condene en costas a la parte demandada.
En una serie de pretensiones subsidiarias el demandante solicita
el mantenimiento de su relación laboral y de las consecuencias         Motivos y principales alegaciones:
jurı́dicas que de él se derivan al menos hasta que expire el
plazo aplicable a la conclusión de las relaciones laborales de         La primera parte demandante afirma ser una asociación que
duración indefinida en el BCE.                                         representa los intereses de varias empresas de estructura media
                                                                        que fabrican en Alemania tubos de acero soldados de bandas
                                                                        anchas en caliente o de chapa quarto. Las demás partes
Por último solicita que se condene en costas al BCE.                   demandantes son miembros de la primera parte demandante.
 ---pagebreak--- C 61/20                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      24.2.2001
Mediante las Decisiones impugnadas, la Comisión declaró                —    Conceda una indemnización de daños y perjuicios por
compatible con el mercado común el proyecto de fusión                       un importe de 120 000 EUR, sin perjuicio de su modifica-
entre Salzgitter AG y Mannensmannröhren-Werke AG, de                          ción en el curso del proceso, como reparación del
conformidad con el Reglamento (CEE) no 4064/89 y autorizó                    perjuicio moral sufrido por el demandante en razón de la
dicho proyecto con arreglo al artı́culo 66 CA, apartado 2.                    información irregular o incompleta recabada por la
                                                                              demandada sobre el expediente individual del deman-
                                                                              dante y del estado de incertidumbre e inquietud en cuanto
Las demandantes impugnan las Decisiones con base en el                        a su futuro profesional en el que se encontró este último.
artı́culo 230 CE, párrafo cuarto, y el artı́culo 33 CA, párrafo
segundo. Consideran que se hallan directa e individualmente              —    Conceda una indemnización de daños y perjuicios por
afectadas por los actos jurı́dicos impugnados.                                un importe de 25 000 EUR, sin perjuicio de su modifica-
                                                                              ción en el curso del proceso, como reparación del
                                                                              perjuicio material sufrido por el demandante como
Las demandantes imputan a la Comisión que las Decisiones                     consecuencia de no haber sido designado para cubrir
controvertidas omiten el examen de hecho y de Derecho de                      dicho puesto y, por consiguiente, de la pérdida de una
distintos mercados de productos inmediatamente afectados                      posibilidad de promoción.
por la fusión, y ello a pesar de que el proyecto modifica en
profundidad las condiciones de la competencia en dichos                  —    Condene en costas a la Comisión.
mercados. Además, la Comisión omitió ilı́citamente compro-
bar desde el punto de vista fáctico y jurı́dico aquellos efectos
de la concentración resultantes de los vı́nculos entre Salzgitter       Motivos y principales alegaciones
AG y terceros consecuencia de la fusión. Dichos vı́nculos
pueden impedir de forma significativa la competencia efectiva
en los mercados de que se trata.                                         El demandante se opone a la no admisión por la AFPN de su
                                                                         candidatura a un puesto de Jefe de la unidad «Automóviles y
                                                                         otros medios de transporte».
                                                                         En apoyo de sus pretensiones, el demandante formula las
                                                                         alegaciones siguientes:
                                                                         —    infracción del artı́culo 25 del Estatuto y de la obligación
                                                                              de motivación;
Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2000 contra la                 —    infracción del artı́culo 45 del Estatuto, del procedimiento
Comisión de las Comunidades Europeas por Carmelo                             de promoción y del principio de igualdad de trato;
                              Morello
                                                                         —    existencia en el presente asunto de un error manifiesto de
                        (Asunto T-376/00)                                     apreciación;
                                                                         —    desviación de poder e infracción del artı́culo 7 del
                          (2001/C 61/38)                                      Estatuto.
                  (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 19 de diciembre de 2000 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2000 contra
formulado por Carmelo Morello, con domicilio en Bruselas,                  Consejo de la Unión Europea por Monsanto Company
representado por Mes Jacques Sambon et Pierre-Paul Van
Gehuchten, abogados de Bruselas.                                                                (Asunto T-382/00)
                                                                                (2001/C 61/39)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
—      Anule la decisión de la Comisión de nombrar a otro
       funcionario para el empleo COM/113/99 IV/F/2 «Auto-
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       móviles y otros medios de transporte», correspondiente a         Europeas se ha presentado el 22 de diciembre de 2000 un
       un puesto A/5 — A/4 de Jefe de unidad.
                                                                         recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por
                                                                         Monsanto Company, sociedad del Estado de Delaware (Estados
—      Anule la decisión de la Comisión de no admitir la               Unidos), representada por los Sres. Clive Stanbrook Q.C. y
       candidatura del demandante para dicho empleo.                     Wilko van Weert, de Stanbrook & Hooper, Bruselas.


title: Asunto C-509/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Propiedad intelectual e industrial — Protección comunitaria de las obtenciones vegetales — Reglamento (CE) n ° 2100/94 — Privilegio del agricultor — Concepto de «indemnización razonable» — Reparación del perjuicio sufrido — Infracción]

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
   (Asunto C-509/10) (1)

   (Propiedad intelectual e industrial - Protección comunitaria de las obtenciones vegetales - Reglamento (CE) no 2100/94 - Privilegio del agricultor - Concepto de «indemnización razonable» - Reparación del perjuicio sufrido - Infracción)
   2012/C 287/05
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck

      Demandada: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof (Alemania) — Interpretación de los artículos 14, apartado 3, y 94, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1), y de los artículos 5 y 8 del Reglamento (CE) no 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 2100/94 (DO L 173, p. 14) — Protección comunitaria de las obtenciones vegetales — Infracción — Obligación de pagar al titular de tal protección una remuneración justa y de indemnizarle por el perjuicio sufrido.

      Fallo

               1)

               Para fijar la «indemnización razonable» adeudada, en virtud del artículo 94, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, por un agricultor que ha utilizado material de propagación de una variedad protegida obtenido por cultivo sin cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 3, de dicho Reglamento, en relación con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 2100/94, tal como resultó modificado por el Reglamento (CE) no 2605/98 de la Comisión, de 3 de diciembre de 1998, debe utilizarse como base de cálculo el importe equivalente al canon que debe pagarse por la producción bajo licencia de material de propagación de variedades protegidas de la especie vegetal de que se trate en la misma zona.

               2)

               El pago de una indemnización de daños y perjuicios por los gastos atendidos para controlar el respeto de los derechos del titular de una obtención vegetal no puede entrar en el cálculo de la «indemnización razonable» prevista en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento no 2100/94.

      (1)  DO C 30, de 29.1.2011.


title: Asunto C-602/12 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 11 de septiembre de 2014 — Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) [Recurso de casación — Dumping — Reglamento (CE) n ° 384/96 — Artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión — Reglamento (CE) n ° 2026/97 — Reglamento (CE) n ° 91/2009 — Importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular de China — Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Coste de los principales factores de producción que refleja en gran parte los precios de mercado — Subvención estatal a favor del sector del acero en general — Efecto]

text:
               17.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 409/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 11 de septiembre de 2014 — Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
   (Asunto C-602/12 P) (1)

   ([Recurso de casación - Dumping - Reglamento (CE) no 384/96 - Artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión - Reglamento (CE) no 2026/97 - Reglamento (CE) no 91/2009 - Importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular de China - Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado - Coste de los principales factores de producción que refleja en gran parte los precios de mercado - Subvención estatal a favor del sector del acero en general - Efecto])
   2014/C 409/07
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (representantes: Y. Melin y V. Akritidis, avocats)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-P. Hix y S. Boelaert, agentes, asistidos por G. Berrisch, Rechtsanwalt), Comisión Europea (representantes: M. França y T. Maxian Rusche, agentes), European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (representante: J. Bourgeois, avocat)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar a Gem-Year Industrial Co. Ltd y Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd al pago de las costas del Consejo de la Unión Europea y de European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) en el presente procedimiento.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 101, de 6.4.2013.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de septiembre de 1999 en el asunto C-108/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale della Campania): RI.SAN. Srl contra Comune di Ischia, Italia Lavoro SpA, anteriormente GEPI SpA, Ischia Ambiente SpA («Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Organización del servicio de recogida de residuos»)

text:
4.12.1999                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 352/5
1) En el supuesto de que un Estado miembro no haya adaptado en              asunto Petrides/Comisión (T-152/95, Rec. p. II-2427), por el
    el plazo señalado su Derecho interno a la Directiva 85/73/CEE          que se solicita que se anule esta sentencia, y en el que la otra
    del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación        parte en el procedimiento es la Comisión de las Comunidades
    de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes   Europeas (Agente: Sr. Gérard Berscheid), el Tribunal de Justicia
    de aves de corral, en su versión resultante de la Directiva            (Sala Tercera), integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presi-
    93/118/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, un                   dente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida (Ponente) y C. Gul-
    particular no puede oponerse a la percepción de tasas superiores       mann, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
    a los niveles de los importes a tanto alzado fijados en el Anexo,       Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 9 de septiembre de 1999
    Capı́tulo I, punto 1, de ésta, siempre que no superen los costes        una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
    reales efectivamente sufragados.
                                                                            1) Se desestima el recurso de casación.
2) Un Estado miembro puede hacer uso, sin otro requisito previo,
    de la facultad que le concede el Anexo, Capı́tulo I, punto 4, letra     2) Se condena en costas a Odette Nicos Petrides Co. Inc.
    b), de la Directiva 85/73, en su versión resultante de la Directiva
    93/118, de percibir una tasa especı́fica cuyo nivel supere los          (1) DO C 151 de 16.5.1998.
    importes a tanto alzado establecidos en el mismo Capı́tulo I,
    punto 1, con la única condición de que la tasa especı́fica no
    supere los costes efectivos.
3) En el supuesto de que un Estado miembro haya transferido a las
    autoridades municipales la facultad de percibir las tasas relativas               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
    a las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas, el
    artı́culo 2, apartado 3, de la Directiva 85/73, en su versión                                       (Sala Quinta)
    resultante de la Directiva 93/118, le autoriza a percibir tasas
    por importe superior a los niveles de las tasas comunitarias, hasta                        de 9 de septiembre de 1999
    el importe del coste real de los gastos de inspección sufragados
    por la autoridad municipal competente.                                  en el asunto C-108/98 (petición de decisión prejudicial
                                                                            planteada por el Tribunale amministrativo regionale della
                                                                            Campania): RI.SAN. Srl contra Comune di Ischia, Italia
(1) DO C 387 de 20.12.1997; DO C 7 de 10.1.1998.                            Lavoro SpA, anteriormente GEPI SpA, Ischia Ambiente
                                                                                SpA (1)
                                                                            («Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios
                                                                                — Organización del servicio de recogida de residuos»)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                           (1999/C 352/10)
                            (Sala Tercera)                                                    (Lengua de procedimiento: italiano)
                   de 9 de septiembre de 1999
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
en el asunto C-64/98 P: Odette Nicos Petrides Co. Inc.                           «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
     contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                            En el asunto C-108/98, que tiene por objeto una petición
(Recurso de casación — Recurso de indemnización —                         dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Organización común del tabaco crudo — Decisiones de la                    Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Tribunale
Comisión mediante las que se rechazan ofertas presentadas                  amministrativo regionale della Campania (Italia), destinada a
con ocasión de la adjudicación de tabaco en poder de los                  obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
organismos de intervención — Insuficiencia de motivación,                 entre RI.SAN. Srl y Comune di Ischia, Italia Lavoro SpA,
principios de proporcionalidad, de igualdad de trato y de                   anteriormente GEPI SpA, Ischia Ambiente SpA, una decisión
              respeto de los derechos de la defensa)                        prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 55 y 90,
                                                                            apartado 2, del Tratado CE (actualmente, artı́culos 45 CE y 86
                          (1999/C 352/09)                                   CE, apartado 2), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado
                                                                            por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de Sala; P. Jann
                                                                            (Ponente), C. Gulmann, D.A.O. Edward y L. Sevón, Jueces;
                  (Lengua de procedimiento: francés)                        Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. H. von Holstein,
                                                                            Secretario adjunto; ha dictado el 9 de septiembre de 1999 una
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     sentencia cuyo fallo es el siguiente:
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            El artı́culo 55 del Tratado CE (actualmente, artı́culo 45 CE) no se
En el asunto C-64/98 P. Odette Nicos Petrides Co. Inc., con                 aplica a una situación como la del asunto principal, en la que todos
domicilio social en Kavala (Grecia), representada por los Sres.             los elementos se circunscriben al interior de un solo Estado miembro
Nikolaos Vassilakakis y Evangelos Vassilakakis, Abogados de                 y, por este hecho, no presenta ningún elemento de conexión con
Tesalónica, y por la Sra. Evangelia Pallioudi, Abogada de                  alguna de las situaciones previstas por el Derecho comunitario en el
Kavala, que designa como domicilio en Luxemburgo el despa-                  ámbito de la libre circulación de personas y de servicios.
cho de Me Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde, que tiene por
objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia              (1) DO C 209 de 4.7.1998.
dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunida-
des Europeas (Sala Cuarta) el 17 de diciembre de 1997, en el


title: Asunto C-572/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 2013 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/59

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 2013 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos
   (Asunto C-572/12) (1)

   2013/C 225/128
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 38, de 9.2.2013.


title: Asunto T-139/02: Recurso interpuesto el 29 de abril de 2002 por la sociedad anónima "Idiotiko Institouto Epangelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou — Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikes Scholes", por la Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epangelmatikis Katartisis y por la Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 169/40                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       13.7.2002
contra el Consejo de la Unión Europea formulado por Nanjing               Recurso interpuesto el 29 de abril de 2002 por la sociedad
Metalink International Co. Ltd., representada por el Sr. Paul              anónima «Idiotiko Institouto Epangelmatikis Katartisis N.
Waer, de Vermulst Waer & Verhaeghe, Bruselas (Bélgica).                    Avgerinopoulou — Anagnorismenes Technikes Idiotikes
                                                                           Epangelmatikes Scholes», por la Panellinia Enosi Idiotikon
                                                                           Institouton Epangelmatikis Katartisis y por la Panellinia
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:               Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpaidefsis
                                                                           kai Katartisis contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
—      Anule el artı́culo 1 del Reglamento (CE) nº 215/2002 del
       Consejo, de 28 de enero de 2002, en la medida en que
       impone un derecho antidumping a Nanjing Metalink                                            (Asunto T-139/02)
       International Co. Ltd.
                                                                                (2002/C 169/71)
—      Condene al Consejo al pago de las costas del recurso.
                                                                                (Lengua de procedimiento: griego)
Motivos y principales alegaciones
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 29 de abril de 2002 un recurso
La demandante es una empresa de la República Popular China                contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
que produce ferromolibdeno. En la Decisión impugnada (1), el              por la sociedad anónima «Idiotiko Institouto Epangelmatikis
Consejo estableció derechos antidumping definitivos sobre las             Katartisis N. Avgerinopoulou — Anagnorismenes Technikes
importaciones de ferromolibdeno originarias de China.                      Idiotikes Epangelmatikes Scholes», por la Panellinia Enosi
                                                                           Idiotikon Institouton Epangelmatikis Katartisis y por la Panelli-
                                                                           nia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpaidefsis kai
La demandante sostiene que el Reglamento por el que se                     Katartisis, que tienen sus respectivos domicilios sociales en
estableció un derecho antidumping provisional (2) le concedió            Atenas, representadas por los Sres. Th. Antoniou y Ch. Tsiliotis,
el trato de economı́a de mercado, lo que condujo a que se le               abogados de Atenas.
impusiera un derecho antidumping reducido. La Decisión
impugnada revocó este trato. La demandante alega que, al
revocar el trato de economı́a de mercado concedido sobre la                Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
base de la misma investigación, el Consejo infringió el                  Instancia que:
artı́culo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) no 384/96
del Consejo (3). Según la demandante, el Consejo no siguió el            —     Estime el recurso.
procedimiento previsto en el Reglamento 384/96 para la
revocación del trato de economı́a de mercado. Por el contrario,           —     Anule la decisión impugnada de 27 de febrero de 2002
la apreciación inicial debió haberse mantenido en vigor hasta                  adoptada por la Dirección General del Empleo y de
que se realizara una nueva investigación.                                       Asuntos Sociales de la Comisión, con la finalidad de
                                                                                invalidar la negativa ilegal de la Comisión a suprimir la
                                                                                distinción contraria a Derecho entre institutos privados e
En segundo lugar, la demandante alega que, al revocar la                         institutos públicos de formación profesional en lo que
concesión del trato de economı́a de mercado, el Consejo                         atañe a la financiación exclusiva de los institutos citados
rebasó las facultades que le confiere el Reglamento (CE) no 384/                en último lugar por el Tercer Marco comunitario
96 del Consejo. Según la demandante, el Consejo no tiene la                     de apoyo y, en particular, por el programa operativo
facultad de revocar una concesión de trato de economı́a de                      para la «educación en la formación profesional inicial
mercado sin realizar una nueva investigación.                                   (EPEAEK) II».
(1) Reglamento (CE) no 215/2002 del Consejo, de 28 de enero de
     2002, por el que se establecen derechos antidumping definitivos
                                                                           Motivos y principales alegaciones
     sobre las importaciones de ferromolibdeno originarias de la
     República Popular China (DO L 35 de 6.2.2002, p. 1).                 —     Infracción de las disposiciones del Reglamento no 1260/
(2) Reglamento (CE) no 1612/2001 de la Comisión, de 3 de agosto                 1999 del Consejo de la Unión Europea.
     de 2001, por el que se establece un derecho antidumping
     provisional sobre las importaciones de ferromolibdeno originarias     —     Infracción de las disposiciones del Derecho comunitario.
     de la República Popular China (DO L 214 de 8.8.2001, p. 3).
(3) Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de           —     Violación del principio de igualdad consagrado en el
     1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean               artı́culo 12 CE (antiguo artı́culo 6).
     objeto de dumping por parte de paı́ses no miembros de la
     Comunidad Europea (DO L 56 de 6.3.1996, p. 1).
                                                                           —     Violación del principio de subsidiaridad.


title: Asunto T-83/07: Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2007 — Kliq Reïntegratie (en quiebra)/Comisión

text:
               26.5.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 117/25

         Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2007 — Kliq Reïntegratie (en quiebra)/Comisión
   (Asunto T-83/07)
   (2007/C 117/39)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Sr. Dr. Jean Leon Marcel Groenewegen, en su calidad de síndico de la quiebra de la sociedad de responsabilidad limitada Kliq Reïntegratie BV (Amersfoort, Países Bajos) (representantes: G. van der Wal y T. Boesman, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006 adoptada en el asunto C-30/2005.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna la Decisión 2006/939/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, relativa a la ayuda estatal notificada por los Países Bajos a favor de KG Holding NV (1).
   El proyecto de ayuda consistía en una ayuda a la reestructuración que los Países Bajos deseaban otorgar a KG Holding NV, mediante la conversión de un préstamo de salvamento previamente autorizado y los intereses correspondientes adeudados en capital social. En la Decisión impugnada, la Comisión declara que la ayuda de Estado, en forma de ayuda a la reestructuración, es incompatible con el mercado común.
   Asimismo, la Comisión decide que los Países Bajos deben reclamar a KG Holding NV y su filial Kliq BV la devolución de la parte de la ayuda que KG Holding NV cedió como préstamo de salvamento a Kliq BV y que fue convertida en capital social y que los Países Bajos, como acreedores en el procedimiento de quiebra, deben registrar ante el síndico su crédito frente a KH Holding NV y/o Kliq Reïntegratie.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega, en primer lugar, que la Comisión incurrió en una serie de errores de apreciación, de modo que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada e infringe el artículo 87 CE, apartado 1. En particular, la demandante entiende que la Comisión decidió indebidamente que los Países Bajos tienen que registrar en el procedimiento de quiebra ante el síndico el crédito que tiene frente a KH Holding y Kliq Reïntegratie por importe de 35,75 millones de euros.
   A este respecto, la demandante alega que el Estado neerlandés no tiene ningún crédito frente a Kliq Reïntegratie. Además, Kliq Reïntegratie no es una empresa beneficiaria de una ayuda de Estado y la Comisión tampoco la ha calificado como tal en la Decisión impugnada. Por consiguiente, no existe fundamento para que el Estado reclame a Kliq Reïntegratie algún tipo de devolución o para que se aplique a Kliq Reïntegratie, en particular, el punto 23, letra d), de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (2).
   Asimismo, la demandante sostiene que no queda claro si, en la Decisión impugnada, la Comisión resuelve con respecto a Kliq Reïntegratie que se trata de una ayuda ilegal por importe de 35,75 millones de euros cuya devolución deben reclamar los Países Bajos o si se trata de una ayuda de salvamento que la Comisión, con arreglo al punto 23, letra d), de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (3), autoriza en la Decisión impugnada. La demandante añade que la Comisión, en su Decisión de 16 de diciembre de 2003 (4), autorizó que este importe se destinara a la financiación de la reducción de la plantilla y al rescate de los contratos innecesarios de Kliq Reïntegratie y que posteriormente se liquidara dicha empresa.
   En segundo lugar, la demandante afirma que la Comisión no declaró, indebidamente, que la supuesta ayuda podría afectar negativamente a la competencia y a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, o, por lo menos, entiende que las consideraciones de la Comisión al respecto no están suficientemente motivadas.
   En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión declaró incorrectamente que la supuesta ayuda de 35,75 millones de euros debe ser recuperada de KG Holding y/o Kliq Reïntegratie mediante el registro de estos créditos en los procedimientos de quiebra. La demandante entiende que, debido a la quiebra de KG Holding, Kliq Reïntegratie y Kliq BV, la recuperación de las supuestas ayudas es imposible y, en cualquier caso, inútil, en el sentido de que la reclamación del reembolso a través del registro en la quiebra de las mencionadas empresas no es necesaria, e incluso totalmente superflua, para poner fin a las distorsiones de la competencia.
   En cuarto lugar, la demandante alega que la Comisión se pronunció indebidamente y de forma contraria a Derecho sobre una facilidad de crédito en forma de descubierto autorizado de 17 millones de euros que los Países Bajos habían concedido a KG Holding ya en el momento de su incorporación, de conformidad con la normativa en materia de ayudas de Estado, y que no formaba parte de la ayuda analizada en la Decisión impugnada.

      (1)  DO L 366, p. 40.

      (2)  DO 1999, C 288, p. 2.

      (3)  DO 1999, C 288, p. 2.

      (4)  Ayuda N 510/03 — Ayuda de salvamento a Kliq Holding NV (DO 2004, C 33, p. 8).


title: Asunto C-324/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) el 31 de mayo de 2017 — Proceso penal contra Ivan Gavanozov

text:
               7.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) el 31 de mayo de 2017 — Proceso penal contra Ivan Gavanozov
   (Asunto C-324/17)
   (2017/C 256/14)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Spetsializiran nakazatelen sad

      Parte en el proceso principal

   Ivan Gavanozov

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Son conformes con el artículo 14 de la Directiva 2014/41/UE, (1) relativa a la orden europea de investigación en materia penal, el Derecho y la jurisprudencia nacionales si establecen que no pueden impugnarse, ni directamente mediante un recurso contra la resolución judicial ni mediante un recurso separado de indemnización, las razones de fondo que han motivado la emisión de una orden europea de investigación al objeto de que se lleve a cabo un registro en una vivienda y en unos locales comerciales, así como que se proceda a la incautación de determinados objetos, y por la que se autoriza el interrogatorio de un testigo?

               2)

               ¿Otorga el artículo 14, apartado 2, de la Directiva directamente al interesado el derecho a impugnar la resolución judicial relativa a la orden europea de investigación aun cuando en el Derecho nacional no esté prevista tal posibilidad procesal?

               3)

               Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, de la Directiva, en relación con el artículo 6, apartado 1, letra a), y con el artículo 1, apartado 4, de ésta, ¿es la persona contra la que se ha formulado la acusación parte interesada a los efectos del artículo 14, apartado 4, de la Directiva si la medida de investigación para la obtención de pruebas se dirige contra un tercero?

               4)

               La persona que vive en el inmueble en el que han de practicarse el registro y la incautación o que utiliza dichos locales o la persona que ha de ser interrogada como testigo, ¿es parte interesada a los efectos del artículo 14, apartado 4, de la Directiva, en relación con el apartado 2 de ese mismo artículo?

      (1)  DO 2014, L 130, p. 1.


title: Asunto T-237/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008 — CityLine Hungary/Comisión

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/58

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008 — CityLine Hungary/Comisión
   (Asunto T-237/07) (1)

   (2008/C 223/104)

      Lengua de procedimiento: húngaro

   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 211 de 8.9.2007.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 2002 en los asuntos acumulados T-195/01 y T-207/01: Government of Gibraltar contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Ayudas de Estado — Normativas fiscales — Ayudas existentes o ayudas nuevas — Incoación del procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2")

text:
C 169/30                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            13.7.2002
1)    Desestimar el recurso.                                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.                                                  de 30 de abril de 2002
(1) DO C 316 de 4.11.2000.                                                 en los asuntos acumulados T-195/01 y T-207/01: Govern-
                                                                           ment of Gibraltar contra Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas (1)
                                                                           («Ayudas de Estado — Normativas fiscales — Ayudas
                                                                           existentes o ayudas nuevas — Incoación del procedimiento
                                                                           de investigación formal previsto en el artı́culo 88 CE,
                                                                                apartado 2»)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (2002/C 169/53)
                      de 3 de mayo de 2002
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
en el asunto T-177/01: Jégo-Quéré et Cie SA contra
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                           En los asuntos acumulados T-195/01 y T-207/01, Government
(«Pesca — Reglamento (CE) no 1162/2001 — Recuperación                     of Gibraltar, representado por los Sres. A. Sutton y M. Llamas,
de la población de merluza — Naviera de pesca — Recurso                   Barristers, y W. Schuster, abogado, que designa domicilio en
de anulación — Persona individualmente afectada — Admi-                   Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas
                              sibilidad»)                                  (agentes: Sres. V. Di Bucci y R. Lyal), apoyados por Reino de
                                                                           España (agente: Sra. R. Silva de Lapuerta), que tienen por
                           (2002/C 169/52)                                 objeto dos recursos de anulación de las Decisiones SG(2001)
                                                                           D/289755 y SG(2001) D/289757 de la Comisión, de 11 de
                                                                           julio de 2001, por las que se incoa el procedimiento previsto
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       en el artı́culo 88 CE, apartado 2, en relación con la normativa
                                                                           de Gibraltar en materia de sociedades exentas y sociedades
                                                                           beneficiarias de tipos impositivos reducidos, el Tribunal de
                                                                           Primera Instancia (Sala Segunda ampliada), integrado por el
En el asunto T-177/01, Jégo-Quéré et Cie SA, con domicilio                 Sr. R. M. Moura Ramos, Presidente, la Sra. V. Tiili y los Sres
social en Lorient (Francia), representada por el Sr. A. Creus              J. Pirrung, P. Mengozzi y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario:
Carreras, la Sra. B. Uriarte Valiente y el Sr. A. Agustinoy                Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el 30 de abril de 2002
Guilayn, abogados, contra Comisión de las Comunidades                     una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Europeas, (agentes: Sres. T. van Rijn y A. Bordes), que tiene
por objeto una petición de anulación de los artı́culos 3, letra d),
y 5 del Reglamento (CE) no 1162/2001 de la Comisión, de                   1)     En el asunto T-195/01:
14 de junio de 2001, por el que se establecen medidas
encaminadas a la recuperación de la población de merluza en                     a)    Anular la Decisión SG(2001) D/289755 de la Comi-
las subzonas CIEM III, IV, V, VI y VII y en las divisiones                              sión, de 11 de julio de 2001, por la que se incoa el
CIEM VIII a, b, d, e y las condiciones correspondientes para el                         procedimiento previsto en el artı́culo 88 CE, apartado 2,
control de las actividades de los buques pesqueros (DO L 159,                           en relación con la normativa de Gibraltar en materia de
p. 4), el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                              sociedades exentas.
Europeas (Sala Primera ampliada) integrado por los Sres.:
B. Vesterdorf, Presidente, K. Lenaerts, J. Azizi, N.J. Forwood y                  b)    La Comisión cargará con las costas del Gobierno de
H. Legal, Jueces, Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora,                      Gibraltar, ası́ como con sus propias costas, a excepción de
ha dictado el 3 de mayo de 2002 una sentencia cuyo fallo es                             las correspondientes al procedimiento sobre medidas
el siguiente:                                                                           provisionales T-195/01 R, con las que cargará en su
                                                                                totalidad el Gobierno de Gibraltar.
1)    Desestimar la excepción de inadmisibilidad.                                c)    El Reino de España soportará sus propias costas.
2)    Continuar el procedimiento sobre el fondo.                           2)     En el asunto T-207/01:
3)    Reservar la decisión sobre las costas.                                     a)    Desestimar el recurso.
                                                                                b)    El Gobierno de Gibraltar cargará con las costas de la
(1) DO C 289 de 13.10.2001.
                                                                                Comisión, ası́ como con sus propias costas, incluidas
                                                                                las correspondientes al procedimiento sobre medidas
                                                                                provisionales T-207/01 R.
 ---pagebreak--- 13.7.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 169/31
      c)   El Reino de España soportará sus propias costas.                  AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 16 de abril de 2002
(1) DO C 303 de 27.10.2001.
                                                                           en el asunto T-64/00, Continental and Overseas Invest-
                                                                           ments N.V. contra Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                                peas (1)
                                                                           (Recurso de anulación — Importación de televisores proce-
                                                                                dentes de Turquı́a — Sobreseimiento)
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                           (2002/C 169/55)
                       de 9 de abril de 2002                                               (Lengua de procedimiento: neerlandés)
en el asunto T-210/93, H. Hepp contra Consejo de la Unión                 En el asunto T-64/00, Continental and Overseas Investments
Europea y Comisión de las Comunidades Europeas (1)                        N.V. (anteriormente Jubertrade N.V.), con domicilio social en
                                                                           Amberes (Bélgica), representada por los Sres. Y. van Gerven e
(Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontrac-                 I. Bernaerts, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
tual — Leche — Productores que han suscrito compromisos                    contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
de no comercialización o de reconversión — Sobreseimiento)               R. Tricot y J. Stuyck), que tiene por objeto la anulación de la
                                                                           Decisión de la Comisión C(1999) 4419 fin (REC 4/99), de
                                                                           14 de diciembre de 1999, por la que se declara que procede la
                          (2002/C 169/54)                                  recaudación a posteriori y se deniega la condonación de los
                                                                           derechos relativos a la importación de televisores procedentes
                                                                           de Turquı́a, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera),
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y los Sres. K. Lenaerts
                                                                           y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 16 de
                                                                           abril de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:
En el asunto T-210/93, H. Hepp, con domicilio en Villmar-                  1)    Se sobresee el presente asunto.
Weyer (Alemania), representado por el Sr. H. Heep, abogado,
contra Consejo de la Unión Europea (agentes: Sr. A. Brautigam             2)    Se condena en costas a la Comisión.
y Sra. A.-M. Colaert) y Comisión de las Comunidades Europeas
(agentes: Sres. D. Booß, M. Niejahr, H.-J. Rabe y M. Nuñez-
Müller), que tiene por objeto una pretensión de indemnización,           (1) DO C 149 de 27.5.2000.
con arreglo a los artı́culos 178 y 215, párrafo segundo, del
Tratado (actualmente artı́culos 235 CE y 288 CE, párrafo
segundo), de los perjuicios causados al demandante por no
haber podido comercializar leche conforme a lo dispuesto en
el Reglamento (CEE) no 857/84 del Consejo, de 31 de marzo
de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa                 AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
contemplada en el artı́culo 5 quater del Reglamento (CEE)
no 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos
                                                                                de 16 de abril de 2002
(DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64), en su versión completada
por el Reglamento (CEE) no 1371/84 de la Comisión, de 16 de
mayo de 1984 (DO L 132, p. 11; EE 03/30, p. 208), el Tribunal              en el asunto T-204/00, CCBB Vervoer- en Distributiecen-
de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada), integrado por                trum B.V. contra Comisión de las Comunidades Euro-
el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, la Sra. V. Tiili y los Sres.                                          peas (1)
J. Pirrung, P. Mengozzi y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario:
Sr. H. Jung, ha dictado el 9 de abril de 2002 un auto                      (Recurso de anulación — Importación de televisores proce-
resolviendo lo siguiente:                                                               dentes de Turquı́a — Sobreseimiento)
                                                                                (2002/C 169/56)
1)    Se sobresee el presente asunto.
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
(1) DO C 270 de 19.10.1992.                                                En el asunto T-204/00, CCBB Vervoer- en Distributiecentrum
                                                                           B.V., representada por el Sr. R.G. baron Snouckaert van
                                                                           Schauburg, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,
                                                                           contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente:


title: Asunto C-379/10: Recurso interpuesto el 29 de julio de 2010 — Comisión Europea/República Italiana

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/6

         Recurso interpuesto el 29 de julio de 2010 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-379/10)
   ()
   2010/C 301/08
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Pignataro y M. Nolin, agentes)

      Demandada: República Italiana

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio general de la responsabilidad de los Estados enunciado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, por infracción del Derecho de la Unión por parte de uno de sus órganos judiciales de última instancia, principio sancionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al excluir toda responsabilidad del Estado Italiano por los daños ocasionados a los particulares como consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión imputable a un órgano jurisdiccional nacional de última instancia, cuando dicha infracción resulte de actividades de interpretación de normas jurídicas o de valoración de hechos y pruebas realizadas por dicho órgano jurisdiccional, y al limitar dicha responsabilidad únicamente a los supuestos en que exista dolo o culpa grave, con arreglo al artículo 2, apartados 1 y 2, de la Ley italiana no 117, de 13 de abril de 1988.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   La Ley no 117, de 13 de abril de 1988, sobre la indemnización de los daños ocasionados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y la responsabilidad civil de los magistrados excluye toda responsabilidad del Estado Italiano por los daños ocasionados a los particulares como consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión imputable a un órgano jurisdiccional nacional de última instancia, cuando dicha infracción resulte de actividades de interpretación de normas de Derecho o de valoración de hechos o de pruebas efectuadas por dicho órgano jurisdiccional. Además, limita dicha responsabilidad únicamente a los supuestos en que exista dolo o culpa grave.
   En la sentencia Traghetti, dictada en el asunto C-173/03, (1) el Tribunal de Justicia declara que:

      «El Derecho comunitario se opone a una legislación nacional que excluye, con carácter general, la responsabilidad del Estado miembro por los daños causados a los particulares por una violación del Derecho comunitario imputable a un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia debido a que tal violación resulta de una interpretación de las normas jurídicas o de una apreciación de los hechos y de las pruebas efectuadas por dicho órgano jurisdiccional.
      El Derecho comunitario se opone asimismo a una legislación nacional que limita la exigencia de esta responsabilidad únicamente a los casos de dolo o de culpa grave del juez, si dicha limitación llevara a excluir la exigencia de la responsabilidad del Estado miembro afectado en otros casos en los que se haya cometido una infracción manifiesta del Derecho aplicable, tal como se precisa en los apartados 53 a 56 de la sentencia Köbler (C-224/01)» (2)

   Por tanto, el Tribunal de Justicia consideró que la Ley 117 era incompatible con su propia jurisprudencia. La mencionada norma continúa estando vigente y se aplica. En consecuencia, existe incompatibilidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

      (1)  Rec. 2006, p. I — 5177.

      (2)  Rec. 2003, p. I — 10239.


title: Asunto C-311/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Nienburg (Alemania) el 27 de junio de 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Nienburg (Alemania) el 27 de junio de 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG
   (Asunto C-311/12)
   2012/C 287/36
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Arbeitsgericht Nienburg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Heinz Kassner

      Demandada: Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, (1) relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, en el sentido de que se oponen a una legislación nacional con arreglo a la cual, en determinados sectores, la duración de las vacaciones anuales mínimas, de cuatro semanas, puede reducirse mediante convenio colectivo?

               2)

               ¿Deben interpretarse el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que se oponen a una legislación nacional con arreglo a la cual se puede establecer mediante convenio colectivo que la disminución de ingresos que se produzca durante el período de cálculo debido a una reducción parcial de jornada, a pérdida de horas o jornadas de trabajo o a ausencias no imputables al trabajador tenga repercusión en el cálculo de la retribución por vacaciones, con la consecuencia de que el trabajador, durante las vacaciones anuales mínimas de cuatro semanas, no perciba ninguna retribución o de que, al extinguirse la relación laboral, no perciba ninguna compensación económica por las vacaciones no disfrutadas?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿deben interpretarse el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que se oponen a una legislación nacional con arreglo a la cual se puede establecer mediante convenio colectivo que la disminución de ingresos que se produzca durante el período de cálculo debido a una reducción parcial de jornada, a pérdida de horas o jornadas de trabajo o a ausencias no imputables al trabajador tenga repercusión en el cálculo de la retribución por vacaciones, con la consecuencia de que el trabajador, durante las vacaciones anuales mínimas de cuatro semanas, perciba una retribución reducida (o de que, al extinguirse la relación laboral, perciba una compensación económica reducida por las vacaciones no disfrutadas), en comparación con la que le correspondería si el cálculo de la retribución por vacaciones se basara en la remuneración media que habría percibido el trabajador durante el período de cálculo si no se hubiera producido dicha disminución de ingresos? Si se responde afirmativamente a esta cuestión: ¿qué porcentaje de la remuneración media no reducida del trabajador podría alcanzar como máximo una reducción de la retribución por vacaciones mediante convenio colectivo, permitida por la legislación nacional, debido a una reducción parcial de jornada, a pérdida de horas o jornadas de trabajo o a ausencias no imputables al trabajador durante el período de cálculo, para poder afirmar que la interpretación de dicha legislación nacional es conforme con el Derecho de la Unión?

               4)

               ¿Deben interpretarse el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que se oponen a una disposición nacional recogida en un convenio colectivo con arreglo a la cual no se adquiere el derecho a vacaciones por los períodos del año en los que el trabajador de baja laboral por enfermedad no haya percibido salario ni prestaciones en metálico por enfermedad o por accidente, en la medida en que esto tenga como consecuencia que el trabajador tenga derecho a menos de cuatro semanas de vacaciones anuales?

               5)

               ¿Deben interpretarse el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que se oponen a una disposición nacional recogida en un convenio colectivo con arreglo a la cual no se adquiere el derecho a retribución por vacaciones (o, en caso de extinción de la relación laboral, el derecho a una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas) en los años en que no se haya percibido de hecho ningún salario bruto, debido a pérdida de horas o jornadas de trabajo o a ausencias no imputables al trabajador, especialmente por enfermedad?

               6)

               ¿Deben interpretarse el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que se oponen a una disposición nacional recogida en un convenio colectivo con arreglo a la cual el derecho a vacaciones y el derecho a la retribución por vacaciones se extinguen al concluir el año natural siguiente al año en que se adquirió el derecho a vacaciones, de manera que el trabajador de baja laboral durante varios períodos consecutivos de devengo de vacaciones ve limitada la posibilidad de acumular los derechos a vacaciones anuales retribuidas? Si se responde afirmativamente a esta cuestión: ¿resulta mejor y más eficazmente aplicado el Derecho de la Unión en Derecho nacional si se deja totalmente sin aplicación la referida disposición del convenio colectivo o si se desarrolla la norma de manera conforme con el Derecho de la Unión de modo que, en lugar del plazo anual, se aplique otro plazo más largo?

               7)

               En caso de respuesta afirmativa a alguna de las cuestiones primera a quinta: ¿exigen la seguridad jurídica, como principio general del Derecho de la Unión, y el principio de no retroactividad limitar en el tiempo, con efectos para todos los afectados, la posibilidad de invocar la interpretación que dé el Tribunal de Justicia a lo dispuesto en el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE en la decisión prejudicial que se dicte en el presente procedimiento, habida cuenta de que la más alta jurisprudencia nacional ha declarado que las normas nacionales pertinentes, recogidas en leyes o en convenios colectivos, no pueden ser objeto de una interpretación conforme con el Derecho de la Unión? En caso de que el Tribunal de Justicia responda negativamente a esta cuestión: ¿es compatible con el Derecho de la Unión el hecho de que los órganos jurisdiccionales nacionales garanticen la protección de la confianza legítima a los empresarios que, en virtud del Derecho interno, confiaron en el mantenimiento de la más alta jurisprudencia nacional, o está la garantía de la protección de la confianza legítima reservada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

      (1)  Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299, p. 9).


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Cuarta) de 25 de septiembre de 1997 en el asunto C-237/96 (petición de decisión prejudicial planteada por la cour d'appel de Mons): Proceso penal contra Eddy Amelynck y otros (Libre circulación de mercancías - Tránsito comunitario - Medios de prueba del carácter comunitario de las mercancías)

text:
1 . 11 . 97           I ES 1                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 331 /9
       imponible uniforme, autoriza a los Estados miembros                 Hewlett, administradora, ha dictado el 25 de septiembre
       a considerar como «documento que produce los efec                  de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       tos de una factura» una nota de abono emitida por el
       destinatario de bienes o servicios, siempre que con
       tenga las menciones que dicha Directiva prescribe para               1 ) La norma establecida por el Reglamento (CEE) n° 2221
       las facturas, que se haya emitido con el acuerdo del                      77 del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativo
       sujeto pasivo que entrega los bienes o presta los servi                  al tránsito comunitario, y el Reglamento (CEE) n° 223/
       cios y que éste pueda contradecir la cuota del IVA                        77 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1976, por el
       mencionada en la misma.                                                   que se establecen disposiciones de aplicación y medi
                                                                                das de simplificación del régimen de tránsito comuni
                                                                                tario, según la cual la prueba del carácter comunitario
2 ) El sujeto pasivo que no haya contradicho la mención,                         de una mercancía debe ser aportada, salvo excepción
       en una nota de abono que produce los efectos de una                       prevista, exclusivamente por los documentos de trán
       factura, de una cuota del IVA superior a la devengada                     sito T 2 o T 2 L, es conforme a los artículos 9 y 10
       por las operaciones sujetas al Impuesto, puede consi                     del Tratado CE .
       derarse como la persona que ha mencionado esa cuota
       y, por lo tanto, es el deudor de la cuota indicada, en el
       sentido de la letra c) del apartado 1 del artículo 21 de            2 ) El apartado 2 del artículo 37 del Reglamento (CEE)
       la Sexta Directiva .                                                      n" 222177 no autoriza la prueba del carácter comunita
                                                                                rio de una mercancía por medio de comprobaciones
                                                                                hechas por las autoridades competentes de un Estado
(') DO C 180 de 22 . 6 . 1996 .
( 2 ) DO L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE 09/01 , p. 54 .
                                                                                miembro con ocasión de los controles efectuados en el
                                                                                marco del régimen de tránsito comunitario.
                                                                           (') DO C 269 de 14 . 9 . 1996 .
                                                                           (2) DO L 38 de 9. 2. 1977, p. 1 ; EE 02/03 , p. 91 .
                                                                           (3 ) DO L 38 de 9. 2. 1977, p. 20; EE 02/03, p. 110.
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                             (Sala Cuarta)
                   de 25 de septiembre de 1997
en el asunto C-237/96 ( petición de decisión prejudicial                               AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
planteada por la cour d'appel de Mons ): Proceso penal
                 contra Eddy Amelynck y otros (' )                                                   ( Sala Primera )
(Libre circulación de mercancías — Tránsito comunitario                                      de 16 de septiembre de 1997
— Medios de prueba del carácter comunitario de las                         en el asunto C-59/96 P: Casper Koelman contra Comisión
                              mercancías)                                  de las Comunidades Europeas, apoyada por Buma, asocia
                            ( 97/C 331/15 )                                        ción neerlandesa, y por la República Francesa H
                                                                           (Recurso de casación — Reglamento n° 17 — Desestima
                (Lengua de procedimiento: francés)                                       ción de una denuncia — Motivación)
                                                                                ( 97/C 331 /16 )
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                              (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                              de Justicia »)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
En el asunto C-237/96, que tiene por objeto una petición                   cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177                                          de Justicia »)
del Tratado CE, por la cour d'appel de Mons ( Bélgica ),
destinada a obtener, en el proceso penal seguido ante
dicho órgano jurisdiccional contra Eddy Amelynck y otros                   En el asunto C-59/96 P, Casper Koelman (Abogado: Sr.
y Transport Amelynck SPRL, como responsable civil, una                     R. V. H. Jonker) que tiene por objeto un recurso de casa
decisión prejudicial sobre la interpretación y la validez del              ción interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Pri
Reglamento ( CEE ) n° 222/77 del Consejo, de 13 de                         mera Instancia de las Comunidades Europeas ( Sala Cuarta
diciembre de 1976, relativo al tránsito comunitario (2 ), y                ampliada ) de 9 de enero de 1996, Koelman/Comisión
del Reglamento ( CEE) n° 223/77 de la Comisión, de 22 de                   (T-575/93, Rec. p. II-l ), por el que se solicita que se anule
diciembre de 1976 , por el que se establecen disposiciones                 dicha sentencia, y en el que la otra parte en el procedi
de aplicación y medidas de simplificación del régimen de                   miento es: Comisión de las Comunidades Europeas
tránsito comunitario ( 3 ), el Tribunal de Justicia ( Sala                 ( Agente: Sr. B. J. Drijber ), apoyada por Buma, asociación
Cuarta ), integrado por los Sres.: J. L. Murray, Presidente                neerlandesa, con domicilio en Amstelveen ( Países Bajos ),
de Sala; C. N. Kakouris ( Ponente ), y P. J. G. Kapteyn, Jue              representada por los Sres. C. van Rij y E. A. P. Engels,
ces; Abogado General : Sr. C. O. Lenz; Secretaria : Sra . L.               Abogados de Amsterdam, que designa como domicilio en


title: Asunto T-471/04: Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2004 por Georgios Karatzoglou contra la Agencia Europea de Reconstrucción

text:
               5.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 57/28

         Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2004 por Georgios Karatzoglou contra la Agencia Europea de Reconstrucción
   (Asunto T-471/04)
   (2005/C 57/48)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 6 de diciembre de 2004 un recurso contra la Agencia Europea de Reconstrucción formulado por Georgios Karatzoglou (Ioannina, Grecia), representado por S.A. Pappas, abogado.
   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la desestimación implícita de la reclamación presentada por él y, en consecuencia, la resolución de su contrato.

               —

               Condene a la Agencia al pago de las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante fue contratado como agente temporal por la demandada con arreglo al artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. El 7 de mayo de 2003, su contrato fue renovado, transformándose en un contrato de duración indeterminada. El demandante impugna la posterior resolución de su contrato con arreglo al artículo 47, apartado 2, del Régimen aplicable a otros agentes.
   En apoyo de su demanda, el demandante alega un defecto de motivación en la resolución del contrato. Sostiene así que la demandada se había comprometido a no resolver el contrato a menos que se viera obligada a reducir sus actividades o a ponerles término. El demandante afirma que dicha situación no se ha producido y que ni siquiera ha sido invocada. Alega además una violación de su confianza legítima, una infracción del artículo 47 del Régimen aplicable a otros agentes y una desviación de poder. Por último, el demandante invoca una violación del principio de buena administración, ya que, según él, la supuesta necesidad de reducir el personal tiene su origen en una gestión inadecuada.