title: Asunto C-105/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de enero de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — N.V. Lammers & Van Cleeff/Belgische Staat (Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Intereses abonados por una filial como retribución de fondos prestados por la sociedad matriz establecida en otro Estado miembro — Recalificación de los intereses como dividendos sujetos a tributación — No recalificación en caso de intereses abonados a una sociedad residente)

text:
               8.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de enero de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — N.V. Lammers & Van Cleeff/Belgische Staat
   (Asunto C-105/07) (1)

   (Libertad de establecimiento - Libre circulación de capitales - Legislación tributaria - Impuesto sobre sociedades - Intereses abonados por una filial como retribución de fondos prestados por la sociedad matriz establecida en otro Estado miembro - Recalificación de los intereses como dividendos sujetos a tributación - No recalificación en caso de intereses abonados a una sociedad residente)
   (2008/C 64/17)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: N.V. Lammers & Van Cleeff

      Demandada: Belgische Staat
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Bélgica) — Interpretación de los artículos 12 CE, 43 CE, 48 CE, 56 CE y 58 CE — Legislación tributaria nacional que recalifica como dividendos sujetos a tributación los intereses abonados por una filial en concepto de retribución de fondos prestados por la sociedad matriz residente en otro Estado miembro, pero que no realiza esta recalificación cuando se trata de intereses abonados a una sociedad residente.
   Fallo
   Los artículos 43 CE y 48 CE se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, según la cual los intereses abonados por una sociedad residente de un Estado miembro a un administrador que sea una sociedad establecida en otro Estado miembro se recalifican como dividendos y se someten como tales a tributación siempre que, al inicio del período impositivo, el importe total de los anticipos generadores de intereses sea superior al capital desembolsado incrementado por las reservas sujetas a tributación, mientras que, en las mismas circunstancias, si dichos intereses se abonan a un administrador que sea una sociedad establecida en el propio Estado miembro, no se recalifican como dividendos ni se someten como tales a tributación.

      (1)  DO C 95 de 28.4.2007.


title: Asunto C-377/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Praze (República Checa) el 7 de agosto de 2014 — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s.

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/22

      Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Praze (República Checa) el 7 de agosto de 2014 — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s.
      (Asunto C-377/14)
      (2014/C 395/28)
      Lengua de procedimiento: checo

         Órgano jurisdiccional remitente

      Krajský soud v Praze

         Partes en el procedimiento principal

         Demandantes: Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová

         Demandada: FINWAY a.s.

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  ¿Se oponen el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (en lo sucesivo, «Directiva sobre cláusulas abusivas»), el artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2008/48/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (en lo sucesivo, «Directiva de contratos de crédito al consumo») u otras disposiciones del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores:

                              —

                              al espíritu de la zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Ley no 182/2006 sobre el concurso y sus formas de resolución), en su versión modificada por la Ley no 185/2013 (en lo sucesivo, «Ley concursal») que permite al órgano jurisdiccional evaluar la autenticidad, el importe o el orden de prelación de los créditos derivados de relaciones con consumidores exclusivamente sobre la base de una demanda incidental promovida por el administrador concursal, un acreedor o (con arreglo a las limitaciones anteriores) el deudor (consumidor)?

                              —

                              a disposiciones que, en el marco de la legislación nacional sobre procedimientos concursales, limitan el derecho del deudor (consumidor) a solicitar la revisión judicial de los créditos comunicados por los acreedores (proveedores de bienes y servicios) exclusivamente a los casos en los que el concurso del consumidor se resuelva mediante una quita aprobada y, en ese contexto, sólo para los créditos no garantizados, limitándose además las excepciones que el deudor puede invocar, en el caso de créditos exigibles reconocidos por una resolución de la autoridad competente, únicamente a la prescripción o caducidad del crédito, tal como disponen los artículos 192, apartado 3, y 410, apartados 2 y 3, de la Ley concursal?

                  2)

                  En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, en un procedimiento de revisión de créditos derivados de contratos de crédito al consumo, ¿está obligado el órgano jurisdiccional a apreciar de oficio, incluso en caso de que el consumidor no hubiera formulado ninguna excepción al respecto, el incumplimiento por parte del prestamista de su obligación de información prevista en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva de contratos de crédito al consumo y a deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional consistentes en la invalidez de los acuerdos contractuales?

            En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda:

                  3)

                  ¿Tienen efecto directo las disposiciones de las Directivas antes mencionadas? ¿Se opone a su aplicación directa la circunstancia de que la iniciación de un procedimiento incidental de oficio por parte del órgano jurisdiccional (o, desde el punto de vista del Derecho nacional, la revisión no permitida de un crédito sobre la base de una impugnación ineficaz por parte del deudor consumidor) interfiera en la relación horizontal entre el consumidor y el proveedor de los bienes o servicios?

                  4)

                  ¿Qué importe constituye el «importe total del crédito» conforme al artículo 10, apartado 2, letra d), de la Directiva de contratos de crédito al consumo y qué cantidades deben incluirse como «importes de los que se ha dispuesto» a efectos del cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) con arreglo a la formula recogida en el anexo I de dicha Directiva, cuando el contrato de crédito prevé formalmente el pago de un importe económico concreto, si bien, al mismo tiempo se estipula que, inmediatamente después de la puesta a disposición del crédito, la comisión del prestamista por la concesión del crédito y la primera cuota de reembolso del crédito (o cuotas posteriores) se deducen en cierta cuantía de la suma desembolsada, de modo que las cantidades deducidas en realidad nunca se abonan al consumidor o en su beneficio y permanecen en todo momento a disposición del acreedor? ¿Afecta la inclusión de dichas cantidades que, en realidad, no se desembolsan, a la cuantía de la TAE calculada?

            Con independencia de la respuesta que se dé a las cuestiones anteriores:

                  5)

                  Para apreciar si la citada indemnización pactada es desproporcionada en el sentido del apartado 1, letra e), del anexo de la Directiva sobre cláusulas abusivas, ¿es preciso evaluar el efecto acumulativo de todas las clausulas penales convenidas, al margen de que acreedor efectivamente exija su pleno cumplimiento y con independencia de si algunas de ellas pueden considerarse inválidas conforme al Derecho nacional, o debe tenerse únicamente en consideración el importe total de las penalizaciones efectivamente exigidas y que pueden reclamarse?

                  6)

                  Si se determina que las cláusulas penales son abusivas, ¿debe excluirse la aplicación de todas las penalizaciones parciales que, únicamente al ser tomadas en consideración conjuntamente, motivaron que el órgano jurisdiccional concluyera que el importe de la indemnización es desproporcionado en el sentido del apartado 1, letra e), del anexo de la Directiva sobre cláusulas abusivas, o sólo de algunas de ellas (y en este caso, qué criterio debe aplicarse al efecto)?

         (1)  DO L 95, p. 29.

         (2)  DO L 133, p. 66.


title: Asunto T-337/04: Recurso interpuesto el 29 de julio de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea y el Banco Central Europeo por Athanasios Pitsiorlas

text:
               6.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 273/35

         Recurso interpuesto el 29 de julio de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea y el Banco Central Europeo por Athanasios Pitsiorlas
   (Asunto T-337/04)
   (2004/C 273/67)
   Lengua de procedimiento: griego
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 29 de julio de 2004 un recurso contra el Consejo de la Unión Europea y el Banco Central Europeo formulado por Athanasios Pitsiorlas, con domicilio en Tesalónica (Grecia), representado por el Sr. Dimitrios Papafilippou, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Declare a ambas instituciones comunitarias solidariamente obligadas a pagar en su integridad las siguientes cantidades: 1) La cantidad resultante de los cálculos relativos a las retribuciones de un correspondiente puesto de trabajo en el BCE, por el período comprendido entre abril de 2001 y una fecha posterior en tres meses al pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, en caso de que ésta sea favorable al demandante, descontando de dicha cantidad los ingresos que haya percibido como abogado en el correspondiente período, en concepto de resarcimiento del daño material; 2) la cantidad de 90 000 EUR, en concepto de daño moral, junto con los intereses al tipo legal a partir de la comunicación del recurso.

               —

               Condene a ambas instituciones comunitarias a abonar las costas judiciales y extrajudiciales.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante ya ha interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia otro recurso (asunto T-3/00 (1)), mediante el que solicitó que se anulara la negativa del Consejo y del Banco Central Europeo a permitirle el acceso al acuerdo «Basle/Nyborg», relativo a la entrada en vigor del Sistema Monetario Europeo. El demandante alegó que tal acuerdo le resultaba necesario para terminar la tesis doctoral que estaba elaborando.
   Mediante el presente recurso, el demandante sostiene que la negativa del Consejo y del Banco Central Europeo resulta contraria a Derecho por los mismo motivos que invocó en su recurso anterior. El demandante sostiene asimismo que a causa de tal negativa no ha podido concluir hasta la fecha su tesis doctoral. Argumenta que, si fuera titular de una tesis doctoral con especialización en Derecho económico y monetario, podría aspirar y obtener un puesto de trabajo en actividades jurídicas al servicio de organismos o entidades internacionales. Sostiene también que ha sufrido un daño material equivalente a la diferencia entre los ingresos que habría obtenido por una actividad de ese tipo en el período comprendido entre abril de 2001, momento en que habría terminado su tesis doctoral y encontrado un puesto de trabajo de las referidas características, y una fecha posterior en tres meses al pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, por un lado, y los ingresos que obtuvo o habría podido obtener trabajando como abogado en Grecia durante el mismo período, por otro lado. Así pues, mediante su recurso, el demandante reclama la reparación del referido daño material, así como el reconocimiento del daño moral.

      (1)  DO C 122 de 29.4.2000, p. 35.


title: Asunto T-166/02: Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por José Pedro Pessoa e Costa

text:
C 180/32                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     27.7.2002
Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2002 contra la                        Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2002 contra el
Comisión de las Comunidades Europeas por José Pedro                       Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
                           Pessoa e Costa                                                  por Etablissements Toulorge
                        (Asunto T-166/02)
                                                                                (Asunto T-167/02)
                          (2002/C 180/55)
                  (Lengua de procedimiento: francés)                                               (2002/C 180/56)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 28 de mayo de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por José Pedro Pessoa e Costa, con domicilio en Lisboa,
representado por los Sres. Jean-Noël Louis, Etienne Marchat y
Albert Coolen, abogados, que designa domicilio en Luxem-
burgo.                                                                     En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 30 de mayo de 2002 un recurso
                                                                           contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:               Europea formulado por la sociedad Établissements Toulorge,
                                                                           con domicilio social en Bricquebec (Francia), representada por
—      Anule la decisión de la Comisión de 3 de julio de 2001            los Sres. Denis Waelbroek y Dirk Brinckman, abogados.
       de incoar un procedimiento disciplinario contra él.
—      Anule la decisión de la AFPN por la que se anula la
       solicitud del director del OEDT, de 6 de julio de 2001,             La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
       para que se le transfiriera al OEDT, con arreglo al
       artı́culo 29, apartado 1, letra c), del Estatuto.
                                                                           —    Anule la Directiva 2002/2/CE del Parlamento Europeo y
—      Condene en costas a la parte demandada.                                  del Consejo, de 28 de enero de 2002, por la que se
                                                                                modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a
                                                                                la circulación de los piensos compuestos y por la que se
                                                                                deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
                                                                           —    Declare la responsabilidad extracontractual de la Comuni-
En el momento de su reincorporación tras una excedencia                        dad, en tanto que representada por el Consejo y el
voluntaria, el demandante solicitó ser transferido de la Comi-                 Parlamento Europeo, y condene a las demandadas a
sión al Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanı́as                   compensar los daños sufridos por la demandante a causa
(OEDT). La Comisión denegó esta transferencia debido a                        de dicha Directiva.
la incoación de un procedimiento disciplinario contra el
demandante a raı́z de un auto de procesamiento adoptado por
las autoridades portuguesas.                                               —    Condene a las partes a presentar, en un plazo razonable
                                                                                tras la resolución del Tribunal de Primera Instancia, las
                                                                                cifras exactas del daño sobre el que se hayan puesto de
En apoyo de su recurso, el demandante aduce que la decisión                    acuerdo las partes o, faltando dicho acuerdo, condene a
de incoar contra él un procedimiento disciplinario infringe el                  las partes a comunicar al Tribunal de Primera Instancia,
artı́culo 88, párrafo quinto, del Estatuto. Además, el deman-                 en idéntico plazo, información adicional que contenga
dante alega una infracción del principio de presunción de                     cifras exactas.
inocencia, ası́ como una violación del artı́culo 87 del Estatuto,
de los derechos de defensa y de las conclusiones de los Jefes de
Administración no 103 J/77.                                               —    Declare la obligación de pagar un interés anual del 8 % (o
                                                                                a un tipo adecuado determinado por el Tribunal de
                                                                                Primera Instancia) a partir de la fecha de la resolución del
Por último, el demandante sostiene que la decisión de rechazar                Tribunal de Primera Instancia en la que se declare la
su transferencia al OEDT es ilegal en la medida en que se basa                  responsabilidad de la Comunidad y hasta el momento de
en una decisión a su vez ilegal, a saber, la decisión de incoar               pago.
un procedimiento disciplinario.
                                                                           —    Condene en costas a las demandadas.


title: Asunto T-392/17: Recurso interpuesto el 14 de junio de 2017 — TE/Comisión

text:
               4.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 293/36

         Recurso interpuesto el 14 de junio de 2017 — TE/Comisión
   (Asunto T-392/17)
   (2017/C 293/45)
   Lengua de procedimiento: checo

      Partes

      Demandante: TE (representante: J. Bartončík, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de iniciar una investigación.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la vulneración de un principio básico del Derecho de la Unión: el principio de subsidiariedad.

               2.

               Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de non bis in idem.


title: Asunto T-256/11: Sentencia del Tribunal General de 27 de febrero de 2014 — Ezz y otros/Consejo ( «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto — Congelación de fondos — Base jurídica — Obligación de motivación — Error de hecho — Derecho de defensa — Derecho a una tutela judicial efectiva — Derecho de propiedad — Libertad de empresa» )

text:
               7.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/32

         Sentencia del Tribunal General de 27 de febrero de 2014 — Ezz y otros/Consejo
   (Asunto T-256/11) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto - Congelación de fondos - Base jurídica - Obligación de motivación - Error de hecho - Derecho de defensa - Derecho a una tutela judicial efectiva - Derecho de propiedad - Libertad de empresa»))
   2014/C 102/51
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Ahmed Abdelaziz Ezz (Guiza, Egipto); Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (Londres, Reino Unido); Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londres), y Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Guiza) (representantes: inicialmente M. Lester, Barrister, y J. Binns, Solicitor, posteriormente J. Binns, J. Lewis, QC, B. Kennelly, Barrister, e I. Burton, Solicitor)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop e I. Gurov, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Comisión Europea (representantes: F. Erlbacher, M. Konstantinidis y A. Bordes, agentes)

      Objeto

   Anulación, por una parte, de la Decisión 2011/172/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO L 76, p. 63), y, por otra parte, del Reglamento (UE) no 270/2011 del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO L 76, p. 4), en la medida en que afectan a los demandantes.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Ahmed Abdelaziz Ezz y las Sras. Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin y Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar cargarán con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 89, de 19.3.2011.


title: Asunto C-492/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato el 28 de noviembre de 2006 — Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda s.r.l.

text:
               27.1.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 20/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato el 28 de noviembre de 2006 — Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda s.r.l.
   (Asunto C-492/06)
   (2007/C 20/19)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Consiglio di Stato
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Consorzio Elisoccorso San Raffaele

      Demandanda: Elilombarda s.r.l.
   Cuestión prejudicial
   El artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE (1) del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE (2) del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, ¿debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, según el Derecho nacional, el recurso contra una decisión de adjudicación de un contrato público pueda interponerse, a título individual, por uno solo de los miembros de una unión temporal de empresas carente de personalidad jurídica, que ha participado en cuanto tal en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y a la que no se haya adjudicado dicho contrato?

      (1)  DO L 395, p. 33

      (2)  DO L 209, p. 1


title: Asunto C-546/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 6 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane/ADL American Dataline Srl [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CEE) n ° 2658/87 — Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura Combinada — Partidas 8471 y 8518 — Cajas de altavoces que reproducen el sonido mediante la conversión de una señal electromagnética en ondas sonoras, que sólo se pueden conectar a un ordenador y se comercializan por separado]

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 6 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane/ADL American Dataline Srl
   (Asunto C-546/13) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CEE) no 2658/87 - Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Partidas 8471 y 8518 - Cajas de altavoces que reproducen el sonido mediante la conversión de una señal electromagnética en ondas sonoras, que sólo se pueden conectar a un ordenador y se comercializan por separado])
   (2015/C 007/13)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte suprema di cassazione

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane

      Demandada: ADL American Dataline Srl

      Fallo

   La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en sus versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) no 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de 2000, del Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, del Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, y del Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que los productos, como los controvertidos en el litigio principal, que se conectan a un ordenador provisto del sistema operativo «MAC OS 9» o de un sistema más avanzado deben clasificarse como altavoces en la subpartida 8518 22 90 de dicha Nomenclatura.

      (1)  DO C 377, de 21.12.2013.


title: Asunto T-305/17: Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2017 — Red Bull/EUIPO (Representación de un paralelogramo compuesto de dos campos en colores diferentes)

text:
               17.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 231/47

         Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2017 — Red Bull/EUIPO (Representación de un paralelogramo compuesto de dos campos en colores diferentes)
   (Asunto T-305/17)
   (2017/C 231/60)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (representantes: A. Renck y S. Petivlasova, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión (Representación de un paralelogramo compuesto de dos campos en colores diferentes) — Solicitud de registro n.o 14326508

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 26 de enero de 2017 en el asunto R 2582/2015-1

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento n.o 207/2009.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Primera) de 12 de diciembre de 1996 en el asunto C-38/95 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d'appello di Ancona): Ministero delle Finanze contra Foods Import Srl (Arancel aduanero común - Partidas arancelarias - Pescado de tipo Molva molva)

text:
N° C 54/2                 ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     22 . 2 . 97
del Tratado CE, por la High Court of Justice ( Queen's                                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Bench División ), destinada a obtener, en el litigio pendien                                      ( Sala Quinta )
te ante dicho órgano jurisdiccional entre The Queen y Se
                                                                                de 12 de diciembre de 1996
cretary of State for Trade and Industry, ex parte : British
Telecommunications pie , una decisión prejudicial sobre la              en el asunto C-3/95 ( petición de decisión prejudicial plan
interpretación de la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de               teada por el Landgericht Dortmund ): Reisebüro Broede
28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del merca                                  contra Gerd Sandker (')
do interior de los servicios de telecomunicaciones mediante
la realización de la oferta de una red abierta de telecomu             (Libre prestación de servicios — Cobro de créditos por vía
nicaciones ( 2 ), así como sobre la interpretación y la validez            judicial — Autorización — Artículo 59 del Tratado CE)
de la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de                                              ( 97/C 54/03 )
 1992 , relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a
las líneas arrendadas ('), el Tribunal de Justicia , integrado                        (Lengua de procedimiento: alemán)
por los Sres .: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; G. E
Mancini y J. C. Moitinho de Almeida , Presidentes de Sala ;             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
C. N. Kakouris, C. Gulmann , D. A. O. Edward , J.-P. Puis              cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
sochet ( Ponente ), P. Jann y H. Ragnemalm , Jueces; Aboga                                           de Justicia »)
do General : Sr. G. Tesauro; Secretario : Sra . L. Hewlett, ad
ministradora , ha dictado el 12 de diciembre de 1996 una                En el asunto C-3/95 , que tiene por objeto una petición di
sentencia cuyo fallo es el siguiente :                                  rigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177
                                                                        del Tratado CE, por el Landgericht Dortmund ( Alemania ),
                                                                        destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho ór
 1 ) La Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de               gano jurisdiccional entre Reisebüro Broede y Gerd Sand
        1 992, relativa a la aplicación de la oferta de red abier      ker, una decisión prejudicial sobre la interpretación de las
        ta a las líneas arrendadas, se aplica a los « organismos        disposiciones del Tratado CE relativas a la libre prestación
        de telecomunicaciones » en el sentido del número 1 del          de servicios y en especial de su artículo 59 , el Tribunal de
        artículo 2 de la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de           Justicia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres .: J. C. Moi
        28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del            tinho de Almeida , Presidente de Sala ; L. Sevón , D. A. O.
        mercado interior de los servicios de telecomunicacio           Edward ( Ponente ), P. Jann y M. Wathelet, Jueces; Aboga
        nes mediante la realización de la oferta de una red             do General : Sr. N. Fennelly; Secretario : Sr. H. A. Rühl , ad
        abierta de telecomunicaciones. Constituyen, en parti           ministrador principal , ha dictado el 12 de diciembre de
        cular, « organismos de telecomunicaciones » , en el senti       1996 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
        do de esta disposición, las dos empresas a las que un
        Estado miembro ha reservado, según criterios que no              El artículo 59 del Tratado CE no se opone a una normati
        son objetivos, proporcionales y no discriminatorios , la        va nacional que prohibe a una empresa establecida en otro
        explotación de las líneas internacionales y, en particu         Estado miembro el cobro, por vía judicial, de créditos de
        lar, intracomunitarias de telecomunicaciones, así como           terceros debido a que dicha actividad, ejercida con carác
        la empresa a la que un Estado miembro ha reservado,              ter profesional, está reservada a la profesión de Abogado.
        en las mismas condiciones, la explotación de una red
        pública de telecomunicaciones en una parte de su terri          (') DO n" C 54 de 4 . 3 . 1995 .
        torio . Un Estado miembro puede limitarse a imponer
        las obligaciones del artículo 7 de la Directiva 92/44/
        CEE, únicamente a determinados « organismos de tele
        comunicaciones », cuando tal imposición sea suficiente
        para permitir a los usuarios disponer de un número
        mínimo de líneas arrendadas de conformidad con las                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
        especificaciones previstas por dicha Directiva , en todo                                    ( Sala Primera )
        el territorio nacional. En particular, un Estado miem
         bro puede limitarse a imponer las obligaciones de di                             de 12 de diciembre de 1996
         cha disposición únicamente a los « organismos de tele          en el asunto C-38/95 ( petición de decisión prejudicial
         comunicaciones » que sean los principales explotadores          planteada por la Corte d'appello di Ancona ): Ministero
         de líneas de telecomunicaciones en cada una de las zo
                                                                                delle Finanze contra Foods Import Srl (')
         nas geográficas que componen su territorio.
                                                                          (Arancel aduanero común — Partidas arancelarias — Pes
                                                                                cado de tipo Molva molva)
 2 ) El examen de las cuestiones prejudiciales no ha puesto                                            ( 97/C 54/04 )
         de manifiesto elementos que puedan afectar a la vali
         dez de la Directiva 92/44/CEE .                                               (Lengua de procedimiento: italiano)
  (') DO n° C 380 de 31 . 12 . 1994 .
                                                                          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
  ( 2 ) DO n° L 192 de 24 . 7 . 1990 , p . 1 .                            cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
  (<) DO n" L 165 de 19 . 6 . 1992 , p . 27 .                                                           de justicia »)
                                                                          En el asunto C-38/95 , que tiene por objeto una petición
                                                                          dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177
 ---pagebreak--- 22. 2. 97                LES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° C 54/3
del Tratado CE, por la Corte d'appello di Ancona ( Italia ),                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
destinada a obtener en el litigio pendiente ante dicho órga                                          ( Sala Quinta )
no jurisdiccional entre Ministero delle Finanze y Foods Im
                                                                                de 12 de diciembre de 1996
port Srl , una decisón prejudicial sobre la interpretación del
Reglamento ( CEE ) n° 3796/81 del Consejo, de 29 de di                    en los asuntos acumulados C-47/95 , C-48/95 , C-49/95 ,
ciembre de 1981 , por el que se establece la organización                  C-50/95 , C-60/95 , C-81 /95 , C-92/95 y C-148/95 ( peticio
común de mercados en el sector de los productos de la                      nes de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di
pesca ( 2 ), y del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento                Genova): Olasagasti & C. Srl y otros contra Amministra
( CEE ) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, re                                zione delle Finanze dello Stato (')
ferente a la recaudación a posteriori de los derechos de im               [Reglamento (CEE) n° 3835/90 — Reglamento (CEE)
portación o de los derechos de exportación que no hayan                    n° 3587/91 — Reglamento (CEE) n° 3416/91 — Acta de
sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un                    adhesión de España y de Portugal — Apartados 1 y 2 del
régimen aduanero que suponga la obligación de pagar ta                    artículo 5 del Reglamento (CEE) n" 1697/79 — Reglamen
les derechos ( 3 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Primera ), inte        to (CEE) n° 1715/90 — Reglamento (CEE) n° 2164/91 —
grado por los Sres .: L. Sevón, Presidente de Sala ( Ponente );            Derechos de aduana — Preferencias arancelarias — Pro
P. Jann y M. Wathelet, Jueces; Abogado General : Sr. N.                    ductos agrícolas — Recaudación a posteriori — Informa
Fennelly; Secretario : Sra . D. Louterman-Hubeau , adminis                           ciones vinculantes — Atún en aceite de oliva]
tradora principal ; ha dictado el 12 de diciembre de 1996
una sentencia cuyo fallo es el siguiente :                                                             ( 97/C 54/05 )
                                                                                (Lengua de procedimiento : italiano)
1 ) Las partidas arancelarias 03.02 A I b) y 03.02 A II a)                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
        que figuran en el artículo 20 del Reglamento (CEE)                 cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
        n° 3796/81 del Consejo, de 29 de diciembre de 1981 ,                                            de Justicia »)
        por el que se establece la organización común de mer              En los asuntos acumulados C-47/95 , C-48/95 , C-49/95 , C
        cados en el sector de los productos de la pesca, debe              50/95 , C-60/95 , C-81 /95 , C-92/95 y C-148/95 , que tiene
        interpretarse en el sentido de que la lista de las espe           por objeto ocho peticiones dirigidas al Tribunal de Justi
        cies cuyo nombre científico esta indicado entre parén             cia , con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Tri
        tesis es taxativa y no comprende la maruca, cuyo nom              bunale di Genova , destinadas a obtener, en los litigios pen
        bre científico es « Molva molva », de modo que dicho               dienter ante dicho órgano jurisdiccional entre Olasagasti
        pescado no puede ser importado con exención de dere               & C. Srl ( C-47/95 ), Comarcon SNC ( C-48/95 ), Ghezzi
        chos de aduana.
                                                                           Alimentari Srl ( C-49/95 ), Fredo Srl ( C-50/95 ), Cateringros
                                                                           Srl ( C-60/95 ), Intercod Srl ( C-81 /95 ), Nuova Castelli SpA
                                                                           ( C-92/95 ), Igino Mazzola SpA ( C-148/95 ), y Amministra
2 ) Para apreciar si el erro cometido por las autoridades                  zione delle Finanze dello Stato, una decisión prejudicial so
        competentes « razonablemente no podía ser conocido                 bre la interpretación del apartado 1 del artículo 1 del Re
        por el deudor» en el sentido del apartado 2 del                    glamento ( CEE,) n" 3416/91 de la Comisión , de 25 de
        artículo 5 del Reglamento (CEE) n" 1697/79 del Con                noviembre de 1991 , relativo a determinados derechos resi
        sejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación           duales aplicables en 1991 dentro de las reducciones sucesi
        a posteriori de los derechos de importación o de los               vas establecidas en el Acta de adhesión de España y Portu
        derechos de exportación que no hayan sido exigidos al              gal ( 2 ), y del artículo 5 del Reglamento ( CEE ) n° 1697/79
        deudor por mercancías declaradas en un régimen                      del Consejo, de 24 de julio de 1 979 , referente a la recau
        aduanero que suponga la obligación de pagar tales de               dación a posteriori de los derechos de importación o de
        rechos, hay que tener en cuenta, en particular, la natu            los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al
        raleza del error, la experiencia profesional del opera             deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero
        dor interesado y la diligencia por él demostrada. Los               que suponga la obligación de pagar tales derechos ( ! ), el
        elementos pertinentes que deben tomarse en considera               Tribunal de Justicia, integrado por los Sres .: J. C. Moitin
         ción para apreciar la naturaleza del error incluyen la             ho de Almeida, Presidente de Sala ; L. Sevón , D. A. O. Ed
         confusión que puede resultar de la terminología utili             ward ( Ponente ), P. Jann y M. Wathelet, Jueces; Abogado
         zada, el carácter poco aparente de una modificación                General : Sr. N. Fennelly; Secretaria : L. Hewlett, adminis
         de la normativa y el tiempo que tardaron las mismas                tradora , ha dictado el 12 de diciembre de 1996 una sen
         autoridades competentes en darse cuenta de dicha mo               tencia cuyo fallo es el siguiente :
         dificación. Sobre la base de dicha interpretación, in
         cumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar si el              1 ) La suspensión de los derechos residuales aplicables a
         error que ha dado lugar a que los derechos no hubie                    las importaciones de España a la Comunidad de los
         sen sido recaudados, podía o no ser conocido por el                     Diez en aplicación del punto 1 del artículo 75 del Acta
         sujeto pasivo .                                                         de adhesión, establecida por el apartado í del
                                                                                artículo 1 del Reglamento (CEE) n" 3416/91 de la Co
                                                                                misión, de 25 de noviembre de ¡991 , relativo a deter
  (') DO n° C 119 de 13 . 5 . 1995 .                                             minados derechos residuales aplicables en 1 99 í dentro
  ( 2 ) DO n" L 379 de 31 . 12 . 1981 , p . 54; EE 04/01 , p . 185 .             de las reducciones sucesivas establecidas en el Acta de
  (') DO n° L 197 de 3 . 8 . 1979 , p . 1 ; EE 02/06 , p . 54 .                  adhesión de España y de Portugal, para los productos
                                                                                agrícolas enumerados en el Anexo del Reglamento
                                                                                (CEE) n° 3835/90 del Consejo, de 20 de diciembre de
                                                                                1990, por el que se modifican los Reglamentos (CEE)


title: Asunto C-167/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Kantongerecht te Amsterdam, de fecha 5 de febrero de 2001, en el asunto entre Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam y de rechtspersoonlĳkheid bezittende vennootschap naar Engels recht Inspire Art LTD

text:
14.7.2001               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 200/41
2.    Las disposiciones sobre el Comité de personal, que                       culos 43 y 48 no obsta a la aplicabilidad del régimen
      también es competente respecto de los agentes locales de                 neerlandés establecido en la Wet op de formeel buiten-
      las Comunidades, contenidas en el artı́culo 9 del Estatuto               landse vennootschappen por contener ésta disposiciones
      de los funcionarios de las Comunidades Europeas [artı́-                  que están justificadas por las razones aducidas por el
      culo 2 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68                     legislador neerlandés?
      del Consejo, de 29 de febrero de 1968] y en el anexo II
      de dicho Estatuto, ¿deben interpretarse en el sentido de
      que regulan de forma exhaustiva el régimen estatutario y
      los derechos de participación de los agentes locales y, por
      ello, excluyen la aplicación de la Betriebsverfassung
      regulada en la parte II de la Arbeitsverfassungsgesetz             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      austriaca a los agentes locales empleados en la Representa-        lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 11 de
      ción de la Comisión de las Comunidades Europeas en               abril de 2001, en el asunto entre Bosal Holding BV y el
      Viena?                                                                               Staatssecretaris van Financiën
(1) DO 1968, L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129.                                                       (Asunto C-168/01)
                                                                                (2001/C 200/76)
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dictada el 11 de
lución del Kantongerecht te Amsterdam, de fecha 5 de                    abril de 2001, en el asunto entre Bosal Holding BV y el
febrero de 2001, en el asunto entre Kamer van Koophan-                   Staatssecretaris van Financiën, y recibida en la Secretarı́a del
del en Fabrieken voor Amsterdam y de rechtspersoonlijk-                  Tribunal de Justicia el 19 de abril de 2001. El Hoge Raad der
heid bezittende vennootschap naar Engels recht Inspire                   Nederlanden solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
                              Art LTD                                    sobre las siguientes cuestiones:
                                                                         1.    ¿Se opone el artı́culo 52 en relación con el artı́culo 58
                        (Asunto C-167/01)                                      del Tratado CE (actualmente artı́culo 43 CE, tras su
                                                                               modificación, en relación con el artı́culo 48 CE) u otra
                          (2001/C 200/75)                                      disposición de Derecho comunitario a que un Estado
                                                                               miembro únicamente conceda a una sociedad matriz
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la ha                      sujeta a tributación en dicho Estado miembro una
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  deducción por gastos relacionados con una participación
resolución del Kantongerecht te Amstedam, dictada el 5 de                     de la que ella es titular cuando la correspondiente
febrero de 2001, en el asunto entre Kamer van Koophandel                       sociedad filial obtenga un beneficio sujeto a tributación
en Fabrieken voor Amsterdam y de rechtspersoonlijkheid                         en el Estado miembro de establecimiento de la sociedad
bezittende vennootschap naar Engels recht Inspire Art LTD, y                   matriz?
recibida en la secretarı́a del Tribunal de Justicia el 19 de abril
de 2001. El Kantongerecht te Amsterdam solicita al Tribunal              2.    ¿Supone una diferencia para responder a la primera
de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                  cuestión el hecho de que el Estado miembro de que se
                                                                               trata no tenga en cuenta dichos gastos en la tributación
1.    ¿Debe interpretarse el artı́culo 43, en relación con el artı́-          de la sociedad filial en el supuesto de que la sociedad
      culo 48 (nuevo), del Tratado constitutivo de la Comunidad                filial, pero no la sociedad matriz, esté sujeta a tributación
      Europea en el sentido de que éstos se oponen a que los                   en dicho Estado miembro por los beneficios obtenidos?
      Paı́ses Bajos, con base en la Wet op de formeel buitenlandse
      vennootschappen, de 17 de diciembre de 1997, impongan
      preceptos adicionales como los definidos en los artı́culos 2
      a 5 de dicha ley al establecimiento en los Paı́ses Bajos de
      una filial de una sociedad constituida en el Reino Unido
      con la finalidad exclusiva de obtener alguna ventaja en
                                                                         Recurso de casación interpuesto por la Compañı́a Interna-
      relación con empresas constituidas según el Derecho de
                                                                         cional de Pesca y Derivados SA (INPESCA) el 19 de abril
      los Paı́ses Bajos, que impone medidas más severas que el
                                                                         de 2001 contra la sentencia dictada el 7 de febrero de
      Derecho del Reino Unido en materia de constitución y
                                                                         2001 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia
      desembolso ı́ntegro del capital, finalidad que la ley neerlan-
                                                                         de las Comunidades Europeas en el asunto T-186/98 entre
      desa infiere de la circunstancia de que la sociedad ejerce sus
                                                                         la Compañı́a Internacional de Pesca y Derivados SA
      actividades total o casi totalmente en los Paı́ses Bajos y,
                                                                          (INPESCA) y la Comisión de las Comunidades Europeas
      además, no tiene un vı́nculo real con el Estado en el que
      rige el Derecho con arreglo al cual fue constituida?
                                                                                (Asunto C-170/01 P)
2.    En caso de que la interpretación de estos artı́culos
      concluya en que lo dispuesto en la Wet op de formeel                                         (2001/C 200/77)
      buitenlandse vennootschappen es incompatible con los
      referidos artı́culos, ¿debe interpretarse el artı́culo 46 del      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      Tratado en el sentido de que lo dispuesto en los artı́-            presentado el 19 de abril de 2001 un Recurso de casación


title: Asunto T-382/03: Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2003 por Izar Construcciones Navales, S.A. contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 21/42                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             24.1.2004
Motivos y principales alegaciones                                                común por el mero hecho de constituir ayudas adicionales
                                                                                a las autorizadas a los astileros españoles mediane la
                                                                                citada decisión de 1997.
La demandante en el presente procedimiento, una sociedad
filial del «holding» público español encabezado por la Sociedad            Por último, la demandante invoca la violación del principio de
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de             proporcionalidad y del deber de motivación de los actos, en
todos los astilleros españoles pertenecientes al Estado, impugna           especial por lo que respecta a la existencia en el caso de autos
la Decisión por la que la institución demandada abre el                    de ayudas de Estado.
procedimiento de investigación formal previsto en el artí-
culo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con tres                   (1) Reglamento (CE) n. 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo
supuestas ayudas consistentes en la concesión por SEPI a los                   de 1999, por el que se eatablecen disposiciones de aplicación del
astilleros civiles de Cádiz y Juliana y a la fábrica de Motores de             artículo 93 del Tratado CE (DOCE L 83, de 27.3.1999, p. 1).
Manises de préstamos por valor de 194,4 millones de euros,                 (2) Reglamento (CE) n. 1013/97 del Consejo, de 2.6.1997, sobre
en una aportación de capital de SEPI a AESA (Astilleros                        ayudas a determinados astilleros en curso de reestructuración
Españoles S.A.) por valor de 252,4 millones de euros y en la                   (DOCE L 148, de 6.6.1997, p. 1).
compensación de pérdidas por parte de SEPI a favor de los
astilleros de Astano, Cádiz y Juliana y a la fábrica de motores
de Manises por valor de 68,2 millones de euros. La misma
decisión cuestiona, según la demandante, la legalidad comuni-
taria de determinadas ayudas autorizadas en 1997 en el mismo
sector, respecto de las cuales las apenas mencionadas habrían
de considerarse ayudas adicionales.
                                                                           Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2003 por Izar
                                                                           Construcciones Navales, S.A. contra la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
En apoyo de sus pretensiones, la demandantes alega:
                                                                                (Asunto T-382/03)
—      Infracción del artículo 88 del Tratado CE y de los
                                                                                (2004/C 21/86)
       Reglamentos 659/1999 (1) y 1013/1997 (2), en la medida
       en que la decisión impugnada emplea como base jurídica
       el artículo 16 del Reglamento 659/1999 para afirmar                                  (Lengua de procedimiento: español)
       que, de considerarse incompatibles las ayudas autorizadas
       en 1997, deberá procederse a su devolución. Se afirma a
       este respecto que la Comisión ha sustraido ilegalmente
       las ayudas de autos del procedimiento para ayudas                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       existentes previsto en los artículos 88, apartado 1, y 17 y         europeas se ha presentado, el 17 de noviembre de 2003 un
       siguientes del Reglamento n. 659/1999.                              recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                           formulado por Izar Construcciones Navales, S.A., con domici-
                                                                           lio en Madrid (España), representada por los letrados en
—      Violación del principio de protección de la confanza                ejercicio D. Jaime Folguera Crespo, Dña. Edurne Navarro
       legítima, en cuanto la decisión impugnada defrauda las              Varona y D. Alfonso Gutiérrez Hernández.
       legítimas expectativas de la demandante acerca de la
       legalidad e irrevocabilidad de las ayudas autorizadas en
       1997.                                                               La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                           que:
—      Violación del principio de seguridad jurídica por acción            —     Anule, al amparo de los artículos 230 del Tratado CE, la
       extemporanea de la Comisión y por aplicación retroactiva                  Decisión de la Comisión de 27 de julio de 2003, relativa
       de una norma posterior a una situación nacida con                         a las supuestas ayudas concedidas en favor de los astilleros
       anterioridad a su entrada en vigor. Para la demandante, la                estatales españoles;
       facultad de recuperación de las ayudas de 1997 sólo
       podría haberse ejercitado dentro del marco temporal                 —     condene a la Comisión al pago de las costas en que
       establecido al efecto; es decir, antes de octubre de 1999.                hubiera incurrido IZAR en este procedimiento.
       Ello se debería a que el ejercicio de dicha facultad queda
       condidionado al resultado de los programas de control
       previstos en el Reglamento 1013/1997 y en la decisión
       de 1997, que finalizaron en la mencionada fecha.                    Motivos y principales alegaciones
—      Error manifiesto de Derecho, en tanto en cuanto la                  La demandante en el presente procedimiento, la misma que en
       decisión impugnada sostiene que las supuestas ayudas en             el asunto T-381/03 IZAR, impugna la decisión de la deman-
       ella contempladas resultan incompatibles con el mercado             dada por la que:
 ---pagebreak--- 24.1.2004              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 21/43
—     se someten al procedimiento previsto en el artículo 88,            Motivos y principales alegaciones
      apartado 2, del Tratado CE, tres supuestas ayudas,
      consistentes en un aumento de capital por valor de
      736 millones de euros, con una prima de emisión de                 La demandante solicita la anulación del Reglamento no 1480/
      586 millones de euros, y en dos aportaciones posteriores           2003 del Consejo, de 11 de agosto de 2003, por el que se
      de capital por valor de 105 y 50 millones de euros                 establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe
      respectivamente, en concepto de prima de emisión.                  definitivamente el derecho provisional establecido sobre las
                                                                         importaciones de determinados microcircuitos electrónicos
—     se desestima la alegación del Reino de España, del
                                                                         conocidos como DRAM (memorias dinámicas de acceso
      artículo 296 del Tratado CE, descartandose iniciar los
                                                                         aleatorio) originarias de la República de Corea (1).
      procedimientos específicos previstos en el artículo 298,
      apartados 1 y 2.
—     se cuestiona, según la demandante, la legalidad comunita-          Mediante sus dos primeros motivos, la demandante manifiesta
      ria de determinadas ayudas autorizadas en 1997 en el               su disconformidad con la conclusión de que no cooperó.
      mismo sector, respecto de las cuales las apenas menciona-          Según la demandante, el demandado pasó por alto el informe
      das habrían de considerarse ayudas adicionales.                    de Arthur Andersen en el que se determina el valor de
                                                                         liquidación de la demandante y la declaración jurada presen-
                                                                         tada por Citibank. La demandante alega a este respecto la
Los motivos y principales argumenstos son similares a los                infracción del artículo 28 del Reglamento no 2026/97 (2) del
invocados en el asunto T-381/03 IZAR                                     Consejo, de los artículos 12 y 22 del Acuerdo de la OMC sobre
                                                                         subvenciones y medidas compensatorias, la vulneración del
Se alega, en particular, la violación de los artículos 88, 296 y         principio de proporcionalidad y un error manifiesto de
298 del Tratado CE, en la medida en que, al haberse invocado             apreciación.
con carácter previo y expreso por parte del reino de España la
excepción prevista en el artículo 296, apartado 1, letra b), de
dicho texto, la Comisión no estaría facultada para proceder a            La demandante señala igualmente que las conclusiones del
la incoación del procedimiento del artículo 88, apartado 2,              demandado de que varias medidas específicas conferían un
sino sólo para iniciar alguno de los procedimientos específicos          beneficio a la demandante infringen el artículo 2 del Regla-
del artículo 298.                                                        mento no 2026/97, el artículo 1 del Acuerdo de la OMC sobre
                                                                         subvenciones y medidas compensatorias y suponen un error
                                                                         manifiesto de apreciación de los hechos relevantes.
                                                                         La demandante sostiene que las conclusiones de que el
Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2003 contra                    programa de préstamo del KDB (3) era específico para la
el Consejo de la Unión Europea por Hynix Semiconductor                   demandante infringen el artículo 3 del Reglamento no 2026/
                               Inc.                                      97, los artículos 1.2 y 2 del Acuerdo de la OMC sobre
                                                                         subvenciones y medidas compensatorias y suponen un error
                       (Asunto T-383/03)                                 manifiesto de apreciación de los hechos relevantes.
                         (2004/C 21/87)
                                                                         La demandante añade que al calcular el importe del beneficio
                 (Lengua de procedimiento: inglés)                       de las diversas medidas específicas, el demandado infringió los
                                                                         artículos 1, 2, 5, 6 y 7 del Reglamento no 2026/97, las
                                                                         Directrices para el cálculo del importe de la subvención sujeta
                                                                         a medidas compensatorias, los artículos 14, 22 y el anexo I,
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   letra j), del Acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas
Europeas se ha presentado el 14 de noviembre de 2003 un                  compensatorias. Sobre este particular, la demandante alega
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por              también que el demandado incurrió en un error manifiesto de
Hynix Semiconductor Inc., Kyoungi-Do, Corea, representada                apreciación e infringió el artículo 253 CE.
por los Sers. Marco Bronckers, Yves Van Gerven, Axel Guter-
muth y Axel Desmedt, abogados, que designa domicilio en
Luxemburgo.
                                                                         Asimismo la demandante cuestiona las conclusiones del
                                                                         demandado de que las importaciones subvencionadas proce-
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:             dentes de la República de Corea ocasionaron un perjuicio a la
                                                                         industria comunitaria de productores de DRAM. En opinión
—     Anule el Reglamento definitivo en su totalidad, o al               de la demandante, estas conclusiones infringen los artículos 1,
      menos parcialmente, en la medida en que afecta a las               8, 11 y 15 del Reglamento no 2026/97, los artículos 15, 19 y
      importaciones a la Comunidad Europea de productos                  22 del Acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas
      fabricados por Hynix Semiconductor Inc.                            compensatorias y suponen un error manifiesto de apreciación.
                                                                         La demandante señala además que el demandado infringió el
—     Condene en costas al Consejo.                                      artículo 253 CE a este respecto.


title: Asunto C-150/06: Recurso de casación interpuesto el  17 de marzo de 2006  por Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica S.A. contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictado el  14 de diciembre de 2005  en el asunto T-369/03: Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Resinall Europe BVBA, Cray Valley Iberica S.A./Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Finlandia

text:
               20.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/7

         Recurso de casación interpuesto el 17 de marzo de 2006 por Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica S.A. contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictado el 14 de diciembre de 2005 en el asunto T-369/03: Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Resinall Europe BVBA, Cray Valley Iberica S.A./Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Finlandia
   (Asunto C-150/06)
   (2006/C 121/13)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrentes: Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica S.A. (representantes: K. Van Maldegem y C. Mereu, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas, Finlandia, Resinall Europe BVBA
   Pretensiones de las partes recurrentes
   Las demandantes solicitan al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare el presente recurso admisible y fundado.

               —

               Anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 2005 dictado en el asunto T–369/03.

               —

               Declare la admisibilidad de las pretensiones de las demandantes en el asunto T–369/03.

               —

               Se pronuncie sobre el fondo o, con carácter alternativo, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie sobre el fondo.

               —

               Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de todos los gastos y costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes alegan que el auto del Tribunal de Primera Instancia debería ser anulado por los siguientes motivos:

               1)

               Incoherencia de la motivación y aplicación incorrecta de los criterios jurídicos de admisibilidad aplicables al destinatario de un acto vinculante que produce efectos jurídicos.
               Las demandantes mantienen que el Tribunal de Primera Instancia (en lo sucesivo, «TPI»), incurrió en un error de Derecho al no fundamentar su apreciación en el hecho de que la Decisión impugnada es un acto vinculante que produce efectos jurídicos que modifica de manera caracterizada la situación jurídica de las demandantes.

               2)

               Interpretación incorrecta del marco normativo aplicable a la apreciación de los datos de las demandantes con arreglo a la Directiva 67/548/CEE.
               Las demandantes sostienen que el TPI incurrió en un error de Derecho al considerar que la apreciación de los datos de las demandantes y la decisión final de la Comisión sobre la relevancia de estos datos como base para la desclasificación no es un procedimiento administrativo impugnable.

               3)

               Interpretación incorrecta del marco normativo y de los correspondientes derechos de las demandantes con arreglo a la Directiva 67/548/CEE.
               Las demandantes alegan que el TPI incurrió en un error de Derecho al estimar que las demandantes no podían interponer un recurso porque su intención no era impugnar una medida de aplicación general.

               4)

               Violación del derecho de las demandantes a la protección judicial efectiva.
               Las demandantes mantienen que el TPI incurrió en un error de Derecho al considerar que las demandantes podían recurrir la decisión impugnada en el ámbito interno.

               5)

               Error de Derecho al estimar que había prescrito la acción de las demandantes.
               Las demandantes sostienen que la acción de indemnización de daños y perjuicios no ha prescrito, porque los daños empezaron a producirse, como muy pronto, a partir de la decisión de la Comisión de 1999 de no desclasificar y, como muy tarde, a partir de la adopción de la decisión impugnada.


title: Asunto C-63/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de mayo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n ° 4 de Barcelona) — Axel Walz/Clickair, S.A. ( «Transportes aéreos — Convenio de Montreal — Responsabilidad de los transportistas en materia de equipaje facturado — Artículo 22, apartado 2 — Límites de responsabilidad en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje — Concepto de “daño” — Daños material y moral» )

text:
               3.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de mayo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 4 de Barcelona) — Axel Walz/Clickair, S.A.
   (Asunto C-63/09) (1)

   («Transportes aéreos - Convenio de Montreal - Responsabilidad de los transportistas en materia de equipaje facturado - Artículo 22, apartado 2 - Límites de responsabilidad en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje - Concepto de “daño” - Daños material y moral»)
   2010/C 179/15
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Mercantil no 4

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Axel Walz

      Demandada: Clickair, S.A.

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Juzgado de lo Mercantil no 4 de Barcelona — Interpretación del artículo 22, apartado 2, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Convenio de Montreal) [Decisión 2001/539/CE del Consejo (DO L 194, p. 39)] — Competencia del Tribunal de Justicia — Interpretación del artículo 3 del Reglamento (CE) no 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (DO L 285, p. 1) — Responsabilidad de los transportistas aéreos en relación con el transporte aéreo de pasajeros y de equipaje — Límite en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje — Daños materiales y morales.

      Fallo

   El término «daño», subyacente al artículo 22, apartado 2, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999, que fija el límite de responsabilidad del transportista aéreo por el daño resultante, en particular, de la pérdida de equipaje, debe interpretarse en el sentido de que incluye tanto el daño material como el moral.

      (1)  DO C 102, de 1.5.2009.


title: Asuntos acumulados C-329/06 y C-343/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de junio de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Sigmaringen y el Verwaltungsgericht Chemnitz — Alemania) — Arthur Wiedemann (C-329/06)/Land Baden-Württemberg, y Peter Funk (C-343/06)/Stadt Chemnitz ( Directiva 91/439/CEE — Reconocimiento recíproco del permiso de conducción — Retirada del permiso en un Estado miembro por consumo de estupefacientes o alcohol — Nuevo permiso expedido por otro Estado miembro — Denegación de reconocimiento del derecho a conducir en el primer Estado miembro — Residencia no conforme con la Directiva 91/439/CEE )

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de junio de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Sigmaringen y el Verwaltungsgericht Chemnitz — Alemania) — Arthur Wiedemann (C-329/06)/Land Baden-Württemberg, y Peter Funk (C-343/06)/Stadt Chemnitz
   (Asuntos acumulados C-329/06 y C-343/06) (1)

   («Directiva 91/439/CEE - Reconocimiento recíproco del permiso de conducción - Retirada del permiso en un Estado miembro por consumo de estupefacientes o alcohol - Nuevo permiso expedido por otro Estado miembro - Denegación de reconocimiento del derecho a conducir en el primer Estado miembro - Residencia no conforme con la Directiva 91/439/CEE»)
   (2008/C 209/07)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órganos jurisdiccionales remitentes
   Verwaltungsgericht Sigmaringen y Verwaltungsgericht Chemnitz
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Arthur Wiedemann (C-329/06), Peter Funk (C-343/06)

      Demandadas: Land Baden-Württemberg (C-329/06) y Stadt Chemnitz (C-343/06)
   Objeto
   Petición de decision prejudicial — Verwaltungsgericht Sigmaringen y Verwaltungsgericht Chemnitz — Interpretación de los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, letra a), y 8, apartados 2 y 4, así como del anexo III, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 96/47/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE, sobre el permiso de conducción (DO L 235, p. 1) — Denegación del reconocimiento de la validez de un permiso de conducción obtenido en otro Estado miembro mediante fraude por un titular que haya sido objeto de una decisión administrativa de retirada del permiso nacional en el Estado de residencia a causa del uso de estupefacientes — Abuso de derecho.
   Fallo

               1)

               Los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que, en circunstancias como las de los litigios principales, un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir resultante de un permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro después del período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso impuesto al interesado, y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, hasta que su titular no haya cumplido los requisitos exigidos en el primer Estado miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada, incluido el examen de aptitud para la conducción en el que se acredite que los motivos que justificaron dicha retirada ya no existen.
               En las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro si se constata, sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones incontestables procedentes del Estado miembro de expedición, que el titular de dicho permiso, que ha sido objeto en el territorio del primer Estado miembro de una medida de retirada de un permiso anterior, no tenía su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de expedición cuando se expidió dicho permiso.

               2)

               Los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, en su versión modificada por el Reglamento no 1882/2003, se oponen a que un Estado miembro que, con arreglo a dicha Directiva, está obligado a reconocer el derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, suspenda con carácter provisional dicho derecho mientras este último comprueba las condiciones de expedición del mencionado permiso. En cambio, en las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro decida la suspensión de este derecho si se desprende de las indicaciones que figuran en dicho permiso o en otras informaciones incontestables procedentes del otro Estado miembro que el requisito de residencia establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva no se cumplía cuando se expidió este permiso.

      (1)  DO C 249 de 14.10.2006.

      DO C 281 de 18.11.2006.


title: Asunto C-393/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) el 22 de septiembre de 2006 — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien Ges.m.b.H.

text:
               16.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 310/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) el 22 de septiembre de 2006 — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien Ges.m.b.H.
   (Asunto C-393/06)
   (2006/C 310/06)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Vergabekontrollsenat des Landes Wien
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

      Demandada: Fernwärme Wien Ges.m.b.H.
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 134, de 30 de abril de 2004, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva 2004/17/CE») (1) en el sentido de que una entidad adjudicadora que desempeñe una actividad en los sectores contemplados en el artículo 3 de dicha Directiva, también está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva en relación con una actividad distinta, que desempeña en condiciones de competencia?

               2)

               En el supuesto de que dicha Directiva únicamente fuera aplicable a los poderes adjudicadores, ¿una empresa como Fernwärme Wien Ges.m.b.H. debe ser considerada organismo de Derecho público en el sentido de la Directiva 2004/17/CE o de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, de 30 de abril de 2004, p. 11; en lo sucesivo, «Directiva 2004/18/CE») (2) si desempeña su actividad de suministrador de calefacción urbana por tuberías en determinada zona sin competencia efectiva o la calificación como tal depende del mercado de calefacción en general, que también incluye la calefacción de espacios interiores por medio de otros combustibles, como gas, gasóleo, carbón, etc.?

               3)

               ¿Una actividad desempeñada en condiciones de competencia por una sociedad que no realiza sus actividades con carácter industrial o mercantil, debe incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE o de la Directiva 2004/18/CE si puede evitarse, empleando mecanismos como facturación separada en el balance o en los libros de contabilidad, la financiación cruzada con las actividades desempeñadas en condiciones de competencia?

      (1)  DO L 134, p. 1.

      (2)  DO L 134, p. 114.


               8.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/1

         (2007/C 297/01)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 283 de 24.11.2007

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 269 de 10.11.2007

      DO C 247 de 20.10.2007

      DO C 235 de 6.10.2007

      DO C 223 de 22.9.2007

      DO C 211 de 8.9.2007

      DO C 183 de 4.8.2007

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto F-49/11: Auto del Tribunal de la Función Pública de 8 de marzo de 2012 — BE/Comisión

text:
               16.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/33

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 8 de marzo de 2012 — BE/Comisión
   (Asunto F-49/11) (1)

   2013/C 46/68
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 186, de 25.6.2011, p. 36.


title: Asunto C-97/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — SMK kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal [Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículos 52, letra c), y 55 — Determinación del lugar de realización de una prestación de servicios — Destinatario de la prestación que tiene un número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido en varios Estados miembros — Expedición o transporte fuera del Estado miembro en el que se ha ejecutado materialmente la prestación]

text:
               29.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — SMK kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
   (Asunto C-97/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículos 52, letra c), y 55 - Determinación del lugar de realización de una prestación de servicios - Destinatario de la prestación que tiene un número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido en varios Estados miembros - Expedición o transporte fuera del Estado miembro en el que se ha ejecutado materialmente la prestación])
   (2015/C 213/13)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: SMK kft

      Demandadas: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

      Fallo

   El artículo 55 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión en vigor hasta el 1 de enero de 2010, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, en las que el destinatario de los servicios tenía a la vez un número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido en el Estado miembro en el que se ejecutaron materialmente las prestaciones de servicios y en otro Estado miembro, y posteriormente sólo en este otro Estado miembro, y en las que los bienes muebles corporales a los que se referían estas prestaciones han sido objeto de expedición o transporte fuera del Estado miembro en el que estas prestaciones de servicios se han ejecutado materialmente no como consecuencia de estas prestaciones, sino de la posterior venta de estos bienes.

      (1)  DO C 142, de 12.5.2014.


title: Asunto C-398/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 9 de marzo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni [Procedimiento prejudicial — Datos personales — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de estos datos — Directiva 95/46/CE — Artículo 6, apartado 1, letra e) — Datos sujetos a publicidad en el registro de sociedades — Directiva 68/151/CEE — Artículo 3 — Liquidación de la sociedad afectada — Limitación del acceso de terceros a estos datos]

text:
               8.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 9 de marzo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni
   (Asunto C-398/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Datos personales - Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de estos datos - Directiva 95/46/CE - Artículo 6, apartado 1, letra e) - Datos sujetos a publicidad en el registro de sociedades - Directiva 68/151/CEE - Artículo 3 - Liquidación de la sociedad afectada - Limitación del acceso de terceros a estos datos])
   (2017/C 144/07)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte suprema di cassazione

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

      Demandada: Salvatore Manni

      Fallo

   Los artículos 6, apartado 1, letra e), 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en relación con el artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros, en su versión modificada por la Directiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, deben interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho de la Unión, incumbe a los Estados miembros determinar si las personas físicas a las que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras d) y j), de esta Directiva pueden solicitar a la autoridad responsable de la llevanza del registro central, del registro mercantil o del registro de sociedades, respectivamente, que compruebe, sobre la base de una apreciación caso por caso, si está excepcionalmente justificado, por razones preponderantes y legítimas relacionadas con su situación particular, limitar, al expirar un plazo suficientemente largo tras la disolución de la empresa de que se trate, el acceso a los datos personales que les conciernen, inscritos en dicho registro, a los terceros que justifiquen un interés específico en la consulta de dichos datos.

      (1)  DO C 354 de 26.10.2015.