title: Asunto C-175/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, de fecha 4 de mayo de 2000, en el asunto entre M.-J. Verwayen-Boelen y Rĳksdienst voor Arbeidsvoorziening

text:
C 233/14                ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      12.8.2000
—     Condene al Reino de los Paı́ses Bajos a pagar las costas        Landesgericht Wels, que actúa como órgano jurisdiccional de
      del procedimiento.                                              lo mercantil, dictada el 9 de mayo de 2000, en el procedimien-
                                                                      to en materia de Registro Mercantil entablado por los solicitan-
Motivos y principales alegaciones                                     tes Lutz Gesellschaft mbH, Dr. Richard Seifert, Mag. Dr. Andre-
                                                                      as Seifert, Mag. Dr. Johann Georg Schelling, y los Sres. Walter
Con arreglo a los artı́culos 10 y 249 CE y al artı́culo 2 de la       Kaltenecker, Werner Kneidinger y Günther Gruber, y recibida
Directiva 97/36/CEE, el Reino de los Paı́ses Bajos debı́a haber       en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 15 de mayo de 2000.
adoptado, a más tardar el 30 de diciembre de 1998, las               El Landesgericht Wels solicita al Tribunal de Justicia que se
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesa-       pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
rias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva.            1)    Las medidas en materia de publicidad obligatoria para las
                                                                            sociedades de capital, contempladas en el artı́culo 2,
(1) DO1997, L 202, p. 6.                                                    apartado 1, letra f), de la Primera Directiva
(2) DO1989, L 298, p. 23.                                                   68/151/CEE (1). y el artı́culo 47 de la Cuarta Directiva
                                                                            78/660/CEE (2)., infringen el artı́culo 44 CE, apartado 2,
                                                                            lettra g), que permite la coordinación de las garantı́as
                                                                            exigidas en los Estados miembros a las sociedades para
                                                                            proteger los intereses de socios y terceros?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, de             2)    Las medidas en materia de publicidad obligatoria para las
fecha 4 de mayo de 2000, en el asunto entre                                 sociedades de capital, contempladas en el artı́culo 2,
M.-J. Verwayen-Boelen y Rijksdienst voor Arbeidsvoor-                       apartado 1, letra f), de la Primera Directiva 68/151/CEE y
                              ziening                                       el artı́culo 47 de la Cuarta Directiva 78/660/CEE, ¿infrin-
                                                                            gen el artı́culo 44 CE, apartado 2, letra g), en la medida
                        (Asunto C-175/00)                                   en que no son necesarias para suprimir las restricciones a
                                                                            la libertad de establecimiento ni para realizar los demás
                          (2000/C 233/25)                                   objetivos del Tratado CEE (en particular, el establecimien-
                                                                            to de un marco jurı́dico uniforme)?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   El hecho de que el artı́culo 2, apartado 1, letra f), de
                                                                      3)
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante               la Primera Directiva 68/151/CEE, en relación con el
resolución del Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt,                  artı́culo 47 de la Cuarta Directiva 78/660/CEE, obligue a
dictada el 4 de mayo de 2000, en el asunto entre                            las empresas a divulgar secretos comerciales en virtud de
M.-J. Verwayen-Boelen y Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,                la publicidad obligatoria del balance y la cuenta de
y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 10 de              pérdidas y ganancias de cada ejercicio bajo apercibimiento
mayo de 2000. El Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt,                 de la imposición de sanciones, y que el objetivo de
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la                  protección perseguido pueda alcanzarse de manera apro-
siguiente cuestión:                                                        piada mediante otras medidas menos gravosas, ¿es com-
                                                                            patible con el principio general de Derecho de la propor-
«¿Debe interpretarse el artı́culo 4, apartado 1, del Reglamento
                                                                            cionalidad?
(CEE) no 1408/71, en el que se establece que este Reglamento
se aplicará a las ramas de Seguridad Social, en el sentido de        4)    El hecho de que el artı́culo 2, apartado 1, letra f), de
que un régimen como el contenido en la normativa R.W.W.,                    la Primera Directiva 68/151/CEE, en relación con el
que tiene caracterı́sticas tanto de Seguridad Social como de                artı́culo 47 de la Cuarta Directiva 78/660/CEE, obligue a
asistencia social, está comprendido en el ámbito de aplicación           las empresas a divulgar secretos comerciales en virtud de
de este Reglamento, por lo cual el perı́odo en el que un                    la publicidad obligatoria del balance y la cuenta de
trabajador por cuenta ajena se beneficia de dicho régimen                   pérdidas y ganancias de cada ejercicio bajo apercibimiento
puede ser considerado como perı́odo de seguro que ha de                     de la imposición de sanciones, y que el objetivo de
computarse para apreciar su admisión al derecho a prestacio-               protección perseguido pueda alcanzarse de manera apro-
nes de desempleo en Bélgica?»                                               piada mediante otras medidas menos gravosas, ¿es com-
                                                                            patible con el derecho fundamental a la propiedad
                                                                            establecido en el Derecho comunitario?
                                                                      5)    El hecho de que el artı́culo 2, apartado 1, letra f), de
                                                                            la Primera Directiva 68/151/CEE, en relación con el
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                artı́culo 47 de la Cuarta Directiva 78/660/CEE, obligue a
lución del Landesgericht Wels de fecha 9 de mayo de 2000,                  las empresas a divulgar secretos comerciales en virtud de
en el procedimiento en materia de Registro Mercantil                        la publicidad obligatoria del balance y la cuenta de
entablado por los solicitantes Lutz Gesellschaft mbH,                       pérdidas y ganancias de cada ejercicio bajo apercibimiento
Dr. Richard Seifert, Mag. Dr. Andreas Seifert, Mag. Dr. Jo-                 de la imposición de sanciones, y que el objetivo de
hann Georg Schelling, y los Sres. Walter Kaltenecker,                       protección perseguido pueda alcanzarse de manera apro-
            Werner Kneidinger y Günther Gruber                              piada mediante otras medidas menos gravosas, ¿es com-
                                                                            patible con el derecho fundamental al libre ejercicio de
                        (Asunto C-182/00)                                   una actividad económica establecido en el Derecho
                                                                            comunitario?
                          (2000/C 233/26)
                                                                      (1) DO L 65 de 14.3.1968, p. 8; EE 17/01, p. 3
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido        (2) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11; EE 17/01, p. 55
sometida una petición prejudicial mediante resolución del


title: Asunto F-97/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 31 de enero de 2008 — Buendía Sierra/Comisión (Función pública — Funcionarios — Promoción — Ejercicio de promoción 2004 — Atribución de puntos de prioridad — Aplicación temporal de las disposiciones del nuevo Estatuto)

text:
               9.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 116/30

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 31 de enero de 2008 — Buendía Sierra/Comisión
   (Asunto F-97/05) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Promoción - Ejercicio de promoción 2004 - Atribución de puntos de prioridad - Aplicación temporal de las disposiciones del nuevo Estatuto)
   (2008/C 116/55)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: José Luis Buendía Sierra (Bruselas, Bélgica) (representantes: M. van der Woude y V. Landes, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Berscheid y V. Joris, agentes, asistidos por D. Slater, abogado)
   Objeto
   Por una parte, anulación de las decisiones sobre la atribución de los puntos de prioridad del demandante correspondientes al ejercicio de promoción 2004 y, por otra parte, anulación de la lista de mérito de los funcionarios de grado A*11 promovidos al grado A*12 en el ejercicio 2004.
   Fallo

               1)

               Anular la decisión por la que se fija el número total de puntos del Sr. Buendía Sierra como resultado del ejercicio de promoción 2004 y la decisión de no promoverlo en dicho ejercicio.

               2)

               Desestimar el resto de las pretensiones del recurso.

               3)

               La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con todas las costas.

      (1)  DO C 10 de 14.1.2006, p. 24 (asunto inicialmente registrado en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-380/05 y remitido al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15.12.2005).


title: Archivo del asunto T-24/03

text:
C 171/42              ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                        19.7.2003
préstamo subordinado de 175 millones de Euros, cuya suscrip-                               Archivo del asunto T-253/01 ( 1)
ción garantizaría Telefónica en su totalidad. Por último, las
partes se comprometieron a que la deuda de ambas no                                                 (2003/C 171/70)
superase, antes de la operación, 425 y 705 millones de Euros
respectivamente, con un límite máximo de 1 130 millones.                                     (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                            Mediante auto de 30 de abril de 2003, el Presidente de la Sala
En apoyo de sus pretensiones, las demandantes alegan que                    Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
las decisiones impugnadas contienen errores manifiestos de                  Europeas ha decidido archivar el asunto T-253/01: UPS Europe
apreciación de los hechos denunciados. Se considera igual-                  NV/SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.
mente que la Comisión ha incurrido en negligencia, al haber
efectuado un análisis incompleto de los hechos. Por otro lado,              (1 ) DO C 31 de 2.2.2002.
la apreciación de la demandada vulnera el principio de
igualdad, en la medida en que se aparta del criterio mantenido
en otras resoluciones recientes, en las que consideró que debía
efectuarse una nueva notificación.
                                                                                Archivo del asunto T-24/03 (1)
                                                                                (2003/C 171/71)
Por último, las sociedades demandantes imputan a la Comisión
una desviación de poder.                                                                    (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                            Mediante auto de 30 de abril de 2003, el Presidente de la Sala
( 1) Asuntos T-346/02 Cableuropa e.a. (JO C 19 del 25.1.03, p. 40) y        Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     T-347/02 Aunacable e.a. (JO C 19 del 25.1.03, p. 40).                  Europeas ha decidido archivar el asunto T-24/03: Antonio
                                                                            Aresu contra Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                            (1 ) DO C 70 de 22.3.2003.


title: Asunto F-39/09: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 29 de junio de 2010 — Goddijn/Oficina Europea de Policía (Europol) (Función pública — Personal de Europol — No renovación de un contrato — Contrato por tiempo indefinido — Artículo 6 del Estatuto del personal de Europol — Principio del respeto del derecho de defensa)

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/70

      Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 29 de junio de 2010 — Goddijn/Oficina Europea de Policía (Europol)
      (Asunto F-39/09) (1)

      (Función pública - Personal de Europol - No renovación de un contrato - Contrato por tiempo indefinido - Artículo 6 del Estatuto del personal de Europol - Principio del respeto del derecho de defensa)
      (2010/C 288/131)
      Lengua de procedimiento: neerlandés

         Partes

         Demandante: Jacqueline Goddijn (Breda, Países Bajos) (representantes: inicialmente, P. de Casparis, abogado, posteriormente, W.J. Dammingh y N.D. Dane, abogados)

         Demandada: Oficina Europea de Policía (Europol) (representantes: D. Neumann y D. El Khoury, agentes, asistidos por B. Wägenbaur y R. Van der Hout, abogados)

         Objeto

      Anulación de la resolución de 12 de junio de 2008 mediante la que se informó a la demandante de la imposibilidad de ofrecerle un empleo permanente, así como de la resolución de 7 de enero de 2009 mediante la que se rechazó la reclamación presentada contra la primera resolución.

         Fallo

                  1)

                  Anular la resolución de 12 de junio de 2008 mediante la que la Oficina Europea de Policía (Europol) se negó a conceder un contrato por tiempo indefinido a la Sra. Goddijn.

                  2)

                  Condenar en costas a Europol.

         (1)  DO C 167, de 18.7.2009, p. 27.


title: Asunto C-529/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Gert Folk [Procedimiento prejudicial — Responsabilidad medioambiental — Directiva 2004/35/CE — Artículo 17 — Aplicabilidad en el tiempo — Explotación de una central hidroeléctrica puesta en marcha antes de finalizar el plazo de transposición de dicha Directiva — Artículo 2, apartado 1, letra b) — Concepto de «daño medioambiental» — Normativa nacional que excluye cualquier daño amparado por una autorización — Artículo 12, apartado 1 — Acceso a la justicia en materia de Derecho ambiental — Legitimación — Directiva 2000/60/CE — Artículo 4, apartado 7 — Efecto directo]

text:
               31.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 249/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Gert Folk
   (Asunto C-529/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Responsabilidad medioambiental - Directiva 2004/35/CE - Artículo 17 - Aplicabilidad en el tiempo - Explotación de una central hidroeléctrica puesta en marcha antes de finalizar el plazo de transposición de dicha Directiva - Artículo 2, apartado 1, letra b) - Concepto de «daño medioambiental» - Normativa nacional que excluye cualquier daño amparado por una autorización - Artículo 12, apartado 1 - Acceso a la justicia en materia de Derecho ambiental - Legitimación - Directiva 2000/60/CE - Artículo 4, apartado 7 - Efecto directo])
   (2017/C 249/05)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Parte en el procedimiento principal

   Gert Folk

      Fallo

               1)

               El artículo 17 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, en su versión modificada por la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de las comprobaciones que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente, dicha Directiva, en su versión modificada, es aplicable ratione temporis a los daños ambientales producidos después del 30 de abril de 2007, pero que han sido ocasionados por la explotación de una instalación autorizada de conformidad con la normativa de aguas y puesta en marcha antes de esa fecha.

               2)

               La Directiva 2004/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/31, y en particular su artículo 2, apartado 1, letra b), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que, con carácter general y automático, descarta que un daño que produce efectos adversos significativos en el estado ecológico, químico o cuantitativo o en el potencial ecológico de las aguas afectadas se califique como «daño medioambiental» por el mero hecho de estar amparado por una autorización concedida con arreglo a ese Derecho.

               3)

               En el supuesto de que se haya concedido una autorización de acuerdo con las normas nacionales sin examinar el cumplimiento de los requisitos enunciados en el artículo 4, apartado 7, letras a) a d), de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, un tribunal nacional no está obligado a comprobar por sí mismo si se cumplen los requisitos establecidos en ese precepto a fin de determinar la existencia de un daño medioambiental a efectos del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/31.

               4)

               Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2004/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/31, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma de Derecho nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite a los titulares de derechos de pesca iniciar un procedimiento de recurso en relación con un daño medioambiental, a efectos del artículo 2, apartado 1, letra b), de dicha Directiva.

      (1)  DO C 406 de 7.12.2015.


title: Sentencia del Tribunal (Sala Sexta) de 21 de enero de 1999 en el asunto C-73/97 P: República Francesa contra Comafrica SpA (Recurso de casación - Sector del plátano - Anulación del Reglamento (CEE) no 3190/93 - Excepción de inadmisibilidad)

text:
10.4.1999              ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 100/1
                                                                I
                                                       (Comunicaciones)
                                         TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                   TRIBUNAL DE JUSTICIA
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                             nou, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:
                                                                   Sr. R. Grass; ha dictado el 21 de enero de 1999 una sen-
                          (Sala Sexta)                             tencia cuyo fallo es el siguiente:
                    de 21 de enero de 1999
en el asunto C-73/97 P: RepuÂblica Francesa contra                 1) Se anula la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
                       Comafrica SpA (1)                                de 11 de diciembre de 1996, Comafrica y Dole Fresh
                                                                        Fruit Europe/Comisión (T-70/94).
(Recurso de casación Ð Sector del plaÂtano Ð Anulación
del Reglamento (CEE) no 3190/93 Ð Excepción de
                        inadmisibilidad)                           2) Se acuerda la inadmisibilidad del recurso de anulación
                                                                        interpuesto por Comafrica Spa y Dole Fresh Fruit
                        (1999/C 100/01)                                 Europe Ltd & Co.
                                                                   3) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
               (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
                                                                   (1) DO C 131 de 26.4.1997.
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
 caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                          de Justicia»)
En el asunto C-73/97 P, RepuÂblica Francesa (Agentes:                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Sras. Catherine de Salins y Kareen Rispal-Bellanger y el
                                                                                de 21 de enero de 1999
Sr. FreÂdeÂric Pascal) que tiene por objeto un recurso de
casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tri-       en el asunto C-120/97 (petición de decisión prejudicial
bunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas             planteada por la Court of Appeal): Upjohn Ltd contra
(Sala Cuarta) el 11 de diciembre de 1996, Comafrica y              The Licensing Authority established by the Medicines Act
Dole Fresh Fruit Europe/Comisión (T-70/94, Rec.                                           1968 y otros (1)
p. II-1741), por el que se solicita que se anule parcial-
                                                                   (Especialidades farmaceÂuticas Ð Revocación de una auto-
mente esta sentencia en la medida en que desestima la
                                                                      rización de comercialización Ð Control jurisdiccional)
excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, y
en el que las otras partes en el procedimiento son: Coma-                                (1999/C 100/02)
frica SpA, sociedad italiana, con domicilio social en
GeÂnova (Italia), Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., socie-
                                                                                (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
dad alemana, con domicilio social en Hamburgo (Alema-
nia), representadas por el Sr. Bernard O'Connor, Solicitor,
que designan como domicilio en Luxemburgo el bufete del             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
Sr. ArseÁne Kronshagen, Abogado, 22, rue Marie Adelaïde,            caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr.                                           de Justicia»)
Xavier Lewis), Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del
Norte, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por
los Sres.: P. J. G. Kapteyn (Ponente), Presidente de Sala;         En el asunto C-120/97, que tiene por objeto una petición
G. F. Mancini, J. L. Murray, H. Ragnemalm y K. M. Ioan-            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de abril de 2000 en el asunto C-383/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): The Polo/Lauren Company LP contra PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders ("Política comercial común — Reglamento (CE) n° 3295/94 — Prohibición del despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de mercancías con usurpación de marca y mercancías piratas — Aplicabilidad a mercancías en tránsito externo — Validez")

text:
8.7.2000                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                 C 192/3
1) Se declara que la República Francesa ha incumplido las                 1) El artı́culo 1 del Reglamento (CE) no 3295/94 del Consejo, de
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                     22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas
     92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la                 dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación,
     conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora             la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de
     silvestres al no haber adoptado, dentro del plazo señalado,               las mercancı́as con usurpación de marca y las mercancı́as
     todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas          piratas, es aplicable cuando mercancı́as como las descritas en el
     necesarias para dar cumplimiento al artı́culo 6, apartados 3 y 4,          Reglamento, importadas de un paı́s tercero y que se encuentran
     de dicha Directiva.                                                        en tránsito hacia otro paı́s tercero, son retenidas provisionalmente
                                                                                en un Estado miembro por las autoridades aduaneras de éste en
2) Se desestima el recurso en todo lo demás.                                   virtud de dicho Reglamento y a instancias de la sociedad titular
                                                                                de los derechos, cuyo domicilio social se encuentra en un paı́s
3) Cada parte cargará con sus propias costas.                                  tercero y que invoca la vulneración de sus derechos.
                                                                           2) El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún
(1) DO C 278 de 5.9.1998.
                                                                                elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento
                                                                                no 3295/94.
                                                                           (1) DO C 397 de 19.12.1998.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Primera)                                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                       de 6 de abril de 2000                                                             (Sala Sexta)
en el asunto C-383/98 (petición de decisión prejudicial                                          de 13 de abril de 2000
planteada por el Oberster Gerichtshof): The Polo/Lauren
Company LP contra PT. Dwidua Langgeng Pratama Inter-                       en el asunto C-176/96 (petición de decisión prejudicial
                  national Freight Forwarders (1)                          planteada por el Tribunal de première instance de Bruxe-
                                                                           lles): Jyri Lehtonen y Castors Canada Dry Namur-Braine
                                                                           ASBL contra Fédération royale belge des sociétés de
(«Polı́tica comercial común — Reglamento (CE) no 3295/94
                                                                                basket-ball ASBL (FRBSB) (1)
— Prohibición del despacho a libre práctica, la exportación,
la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión             («Libre circulación de los trabajadores — Normas sobre
de mercancı́as con usurpación de marca y mercancı́as piratas              la competencia aplicables a las empresas — Jugadores
— Aplicabilidad a mercancı́as en tránsito externo — Vali-                 profesionales de baloncesto — Reglamentaciones deportivas
                                  dez»)                                    relativas a la transferencia de jugadores procedentes de otros
                                                                                Estados miembros»)
                           (2000/C 192/05)
                                                                                (2000/C 192/06)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justica»)              «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-383/98, que tiene por objeto una petición                  En el asunto C-176/96, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del         dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Oberster                 Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Tribunal de
Gerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el litigio pen-             première instance de Bruxelles (Bélgica), destinada a obtener,
diente ante dicho órgano jurisdiccional entre The Polo/Lauren             en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Company LP y PT. Dwidua Langgeng Pratama International                     Jyri Lehtonen, Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL y
Freight Forwarders, una decisión prejudicial sobre la interpreta-         Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL
ción del Reglamento (CE) no 3295/94 del Consejo, de 22 de                 (FRBSB), con intervención de: Ligue belge — Belgische Liga
diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas              ASBL, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los
a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la              artı́culos 6, 48 del Tratado CE (actualmente artı́culos 12 CE y
reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de             39 CE, tras su modificación), 85 y 86 del Tratado CE
las mercancı́as con usurpación de marca y las mercancı́as                 (actualmente artı́culos 81 CE y 82 CE), el Tribunal de Justicia
piratas (DO L 341, p. 8), el Tribunal de Justicia (Sala Primera)           (Sala Sexta), integrado por los Sres.: R. Schintgen, Presidente
integrado por los Sres.: L. Sevón, Presidente de Sala; P. Jann y          de la Sala Segunda, en funciones de Presidente de la Sala Sexta,
M. Wathelet (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-               G. Hirsch y H. Ragnemalm (Ponente), Jueces; Abogado General:
Jarabo Colomer; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador prin-             Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha
cipal, ha dictado el 6 de abril de 2000 una sentencia cuyo fallo           dictado el 13 de abril de 2000 una sentencia cuyo fallo es el
es el siguiente:                                                           siguiente:


title: Asunto C-154/14 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de junio de 2016 — SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG/Comisión Europea, Gigaset AG [Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Artículo 81 CE — Mercados del carburo de calcio en polvo y granulado y del magnesio granulado en una parte importante del Espacio Económico Europeo — Fijación de precios, reparto de mercados e intercambio de información — Reglamento (CE) n.° 773/2004 — Artículos 12 y 14 — Derecho a ser oído — Audiencia a puerta cerrada]

text:
               22.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 305/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de junio de 2016 — SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG/Comisión Europea, Gigaset AG
   (Asunto C-154/14 P) (1)

   ([Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Artículo 81 CE - Mercados del carburo de calcio en polvo y granulado y del magnesio granulado en una parte importante del Espacio Económico Europeo - Fijación de precios, reparto de mercados e intercambio de información - Reglamento (CE) n.o 773/2004 - Artículos 12 y 14 - Derecho a ser oído - Audiencia a puerta cerrada])
   (2016/C 305/02)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrentes: SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (representantes: A. Birnstiel y S. Janka, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: G. Meessen y R. Sauer, agentes, asistidos por A. Böhlke, Rechtsanwalt), Gigaset AG, anteriormente Arques Industries AG

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar a SKW Stahl-Metallurgie GmbH y SKW Stahl-Metallurgie Holding AG a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 159 de 26.5.2014.


title: Asunto C-565/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de marzo de 2011 — Comisión Europea/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Artículos 43 CE y 49 CE — Abogados — Obligación de observar las tarifas máximas en materia de honorarios — Obstaculización del acceso al mercado — Inexistencia)

text:
               21.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 152/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de marzo de 2011 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-565/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Artículos 43 CE y 49 CE - Abogados - Obligación de observar las tarifas máximas en materia de honorarios - Obstaculización del acceso al mercado - Inexistencia)
   2011/C 152/03
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Traversa y L. Prete, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: I. Bruni, G. Palmieri y W. Ferrante)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 43 CE y 49 CE — Abogados — Obligación de respetar tarifas máximas obligatorias en materia de honorarios

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La Comisión Europea y la República Italiana cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 55, de 7.3.2009.


title: Asunto T-56/05: Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2005 por Irlanda contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               30.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/28

         Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2005 por Irlanda contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-56/05)
   (2005/C 106/61)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de febrero de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Irlanda, representada por D.J. O'Hagan, agente, asistido por P. Galagher y P. McGarry, Barristers, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule, total o parcialmente, la Decisión de la Comisión C(2004) 4447, de 29 de noviembre de 2004, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión al proyecto 96/07/61/007 (Plan de Suministro de Agua a la Región de Dublín — Fase 3), concedida mediante la Decisión de la Comisión C(97) 4090, de 15 de diciembre de 1997, y por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión al Proyecto no 95/07/65/007 (N 1 Dunleer — Dundalk Road Fase 2), concedida mediante la Decisión de la Comisión C(96) 2113, de 29 de julio de 1996, respecto al período o cantidades que el Tribunal de Primera Instancia determine.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   En virtud de la Decisión de la Comisión C(97) 4090, de 15 de diciembre de 1997, se concedió una ayuda con cargo al Fondo de Cohesión para el Proyecto 96/07/61/007 (Plan de Suministro de Agua a la Región de Dublín — Fase 3) en Irlanda. Mediante la Decisión de la Comisión C(96) 2113, de 29 de julio de 1996, se concedió una ayuda con cargo al Fondo de Cohesión para el Proyecto no 95/07/65/007 (N 1 Dunleer — Dundalk Road Fase 2), también en Irlanda. Mediante la Decisión impugnada, la Comisión redujo los importes de la ayuda total concedida con arreglo a las dos Decisiones anteriores, invocando diversas irrregularidades comprobadas durante el examen de los proyectos de que se trata. La Comisión decidió asimismo que un importe total de 797 886 euros había sido percibido indebidamente y debía ser recuperado mediante reembolso.
   En apoyo de su pretensión de anulación de la Decisión impugnada la parte demandante alega ante todo que la Decisión impugnada es inválida, al haber sido adoptada más de tres meses después de la fecha de la audiencia, infringiendo lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento 1386/2002 (1) y en el artículo H, apartado 2, del anexo II del Reglamento 1164/1994. (2) Según la parte demandante, se ha incurrido de esta forma en vicios sustanciales de forma y se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica.
   La parte demandante alega asimismo que la Comisión ha vulnerado asimismo el principio de seguridad jurídica al aplicar con carácter retroactivo nuevas directrices sobre el carácter subvencionable de los gastos de manera que ha cambiado su interpretación de quién constituía el «beneficiario final», convirtiendo así los gastos en no subvencionables por haber sido efectuados fuera del período relevante. Según la parte demandante, ello vulneraba también su confianza legítima.
   Otra vulneración del principio de seguridad jurídica era, a juicio de la parte demandante, la aplicación retrospectiva de la corrección financiera a tanto alzado. La parte demandante alega que este concepto fue desarrollado y enunciado por primera vez en directrices adoptadas por la Comisión en 2002.
   La parte demandante alega por último que la aplicación retrospectiva del nuevo planteamiento de la Comisión a la práctica de sustitución de gastos subvencionables por no subvencionables constituye una vulneración más del principio de seguridad jurídica. A juicio de la parte demandante, hasta las directrices de 2002 la Comisión no decidió que dicha sustitución no era permisible en lo sucesivo. No obstante, sostiene la parte demandante, este planteamiento no podía aplicarse a proyectos que datan de 1996 y 1997.

      (1)  Reglamento (CE) no 1386/2002 de la Comisión, de 29 de julio de 2002, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control y el procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo al Fondo de Cohesión (DO L 201, p. 5).

      (2)  Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de Cohesión (DO L 130, p. 1).


title: Asunto T-184/08: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 27 de marzo de 2009 — Alves dos Santos/Comisión ( Fondo Social Europeo — Acciones de formación — Reducción de la ayuda financiera concedida inicialmente — Demanda — Requisitos de forma — Inadmisibilidad manifiesta )

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/41

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 27 de marzo de 2009 — Alves dos Santos/Comisión
   (Asunto T-184/08) (1)

   («Fondo Social Europeo - Acciones de formación - Reducción de la ayuda financiera concedida inicialmente - Demanda - Requisitos de forma - Inadmisibilidad manifiesta»)
   2009/C 141/85
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Rui Manuel Alves dos Santos (Alvaiázere, Portugal) (representante: A. Marques Fernandes, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Guerra e Andrade y B. Kotschy, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión de la Comisión de 24 de marzo de 2004, notificada a Rui Manuel Alves dos Santos el 3 de marzo de 2008, por la que se reduce el importe de la ayuda concedida por el Fondo Social Europeo en concepto de una acción de formación profesional presentada por la administración portuguesa, en el expediente no 89 0488 P1.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Rui Manuel Alves dos Santos.

      (1)  DO C 209, de 15.8.2008.


title: Asunto T-123/04: Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2004 por Cargo Partner AG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
               26.6.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 168/6

         Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2004 por Cargo Partner AG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   (Asunto T-123/04)
   (2004/C 168/10)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 31 de marzo de 2004 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por Cargo Partner AG, con domicilio social en Fischamend (Austria), representada por el Sr. M. Wolner, abogado.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución impugnada y registre la marca solicitada.

               —

                  In eventu, devuelva el asunto a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).

               —

               Condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones

               Marca comunitaria solicitada:

               Marca denominativa CARGO-PARTNER. Solicitud no 2697290.

               Productos o servicios:

               Productos y servicios de las clases 36 (seguros) y 39 (transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes).

               Resolución recurrida ante la Sala de Recurso:

               Denegación parcial del registro por parte del examinador respecto a los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías en la clase 39.

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso.

               Motivos invocados:

               La marca tiene carácter distintivo y por tanto es registrable.


title: Asunto C-203/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del the Special Commissioners, de 3 de mayo de 2005, en el asunto entre Vodafone 2 y Her Majesy's Revenue and Customs

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/29

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del the Special Commissioners, de 3 de mayo de 2005, en el asunto entre Vodafone 2 y Her Majesy's Revenue and Customs
   (Asunto C-203/05)
   (2005/C 182/51)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Special Commissioners dictada el 3 de mayo de 2005, en el asunto entre Vodafone 2 y Her Majesy's Revenue and Customs, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de mayo de 2005.
   El Special Commissioners solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Son contrarios los artículos 43 CE, 49 CE ó 56 CE a una legislación fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece, en determinadas circunstancias, la sujeción al impuesto de una sociedad residente en dicho Estado miembro (en lo sucesivo, «sociedad residente») por los beneficios de una sociedad por ella controlada (en lo sucesivo, «sociedad controlada») que reside en otro Estado miembro y está sujeta a un nivel de tributación inferior y, en particular:

                           1.1

                           Establece dicha sujeción a menos que la sociedad residente pueda demostrar que la sociedad controlada puede acogerse a una exención a dicha legislación;

                           1.2

                           establece exenciones a dicha sujeción, si bien en términos que dejan lugar a dudas acerca de la posibilidad de acogerse en la práctica a una exención en el momento de la constitución de la sociedad controlada o posteriormente;

                           1.3

                           impone determinados requisitos de cumplimiento cuando la sociedad residente no solicita o no puede reclamar tal exención, y paga el impuesto por los beneficios de dicha sociedad controlada;

                           1.4

                           impone otros requisitos de cumplimiento cuando la sociedad residente trata de obtener una exención de dicho impuesto, entre los que puede incluirse la obligación de revisar y examinar la aplicación de la legislación en relación con todas sus sociedades controladas, y supervisar posteriormente todos los años las actividades de todas sus sociedades controladas para garantizar que se siguen cumpliendo los requisitos para acogerse a la exención;

                           1.5

                           impone, en todos los casos, cargas administrativas y de costes (que pueden ser considerables) a la sociedad residente,

                     y, en todos los casos, las consecuencias referidas no se aplican en el caso de una sociedad constituida en un Estado miembro en el que la sociedad residente está establecida?

               2)

               ¿Sería diferente la respuesta a la cuestión prejudicial planteada en el punto 22.1 si:

                           2.1

                           la sociedad controlada llevara a cabo únicamente actividades mínimas en el Estado miembro en el que reside;

                           2.2

                           sólo una parte mínima de los beneficios de la sociedad controlada están sujetos al impuesto en el Estado miembro en el que reside, o

                           2.3

                           la sociedad controlada se constituyó como parte de un plan artificial para evitar la doble imposición y, en tal caso, cuáles son los indicios de dicho plan artificial?

               3)

               ¿Existen circunstancias en las que:

                           3.1

                           la sociedad residente no puede invocar derechos derivados de los artículos 43 CE ó 56 CE, o

                           3.2

                           no corresponde a la sociedad residente ningún derecho derivado del artículo 43 CE ó 56 CE,

                     debido a que dicha invocación o la correspondencia de dichos derechos constituiría un abuso de tales derechos? Si existen tales circunstancias, ¿qué orientación considera adecuada el Tribunal de Justicia proporcionar acerca de cómo deben los Special Commissioners determinar, en el contexto fáctico del presente asunto, si existen tales circunstancias o si existe tal abuso?

               4)

               ¿Son contrarios los artículos 56 CE y 58 CE, apartado 1, letra a), y la Declaración no 7 del Tratado de Maastricht a una legislación fiscal nacional de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal cuando existiría la posibilidad de acogerse a una o varias exenciones a la aplicación de dicha legislación de no ser por una modificación a dicha legislación con efectos a partir del 1 de enero de 1994?

               5)

               ¿Son contrarios los artículos 43 CE, 49 CE ó 56 CE a una legislación fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal cuando dicha legislación no se aplicaría si la sociedad residente financiara a la sociedad controlada con préstamos en lugar de con aportaciones de capital?

               6)

               ¿Son contrarios los artículos 43 CE, 49 CE ó 56 CE a una legislación fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal cuando existiría la posibilidad de acogerse a una o varias exenciones a la aplicación de dicha legislación si los rendimientos de la sociedad controlada en el otro Estado miembro:

                           6.1

                           incluyeran rendimientos procedentes de fuentes situadas dentro de dicho Estado miembro y no de otro Estado miembro u otras jurisdicciones, o

                           6.2

                           incluyeran dividendos percibidos en lugar de intereses percibidos procedentes de la misma sociedad?


title: Asunto C-317/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Lahti Energia Oy (Directiva 2000/76/CE — Incineración de residuos — Purificación y combustión — Gas natural obtenido a partir de residuos — Concepto de residuos — Instalación de incineración — Instalación de coincineración)

text:
               24.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Lahti Energia Oy
   (Asunto C-317/07) (1)

   (Directiva 2000/76/CE - Incineración de residuos - Purificación y combustión - Gas natural obtenido a partir de residuos - Concepto de residuos - Instalación de incineración - Instalación de coincineración)
   (2009/C 19/08)
   Lengua de procedimiento: finés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Korkein hallinto-oikeus
   Parte en el litigio principal
   Lahti Energia Oy
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) — Interpretación del artículo 3, puntos 1, 4 y 5, de la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos (DO L 332, p. 91) — Purificación y combustión, en una caldera de vapor (de una central productora de energía) — Concepto de residuos — Concepto de instalación de incineración y de coincineración.
   Fallo

               1)

               El concepto de «residuo» que figura en el artículo 3, punto 1, de la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos, no comprende aquellas sustancias que se presenten en forma gaseosa.

               2)

               El concepto de «instalación de incineración» al que se refiere el artículo 3, punto 4, de la Directiva 2000/76 comprende cualquier equipo o unidad técnica donde se proceda a un tratamiento térmico de residuos, a condición de que las sustancias resultantes de la utilización del proceso térmico se incineren a continuación, y que, para ello, la presencia de una línea de incineración no es un criterio necesario para tal calificación.

               3)

               En unas circunstancias como las del litigio principal:

                           —

                           una fábrica de gas cuya finalidad es obtener productos en forma gaseosa, en el caso de autos, gas purificado, sometiendo residuos a tratamiento térmico, debe calificarse de «instalación de coincineración» en el sentido del artículo 3, punto 5, de la Directiva 2000/76;

                           —

                           una central productora de energía que, en sustitución de los combustibles fósiles utilizados sistemáticamente en su actividad de producción, utiliza como combustible adicional gas purificado obtenido por coincineración de residuos en una fábrica de gas no se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva.

      (1)  DO C 211 de 8.9.2007.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 2001 en el asunto C-99/98: República de Austria contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de anulación — Proyecto de ayuda de Estado en el sector de los semiconductores de potencia — Notificación a la Comisión — Contenido de la notificación y de las preguntas adicionales formuladas por la Comisión — Naturaleza y duración del plazo de investigación — Derecho de oposición de la Comisión — Artículo 93, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 3)")

text:
16.6.2001                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 173/7
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                     de 15 de febrero de 2001                                                           (Sala Sexta)
en el asunto C-99/98: República de Austria contra Comi-                                        de 15 de febrero de 2001
              sión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                           en el asunto C-230/99: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra República Francesa (1)
(«Recurso de anulación — Proyecto de ayuda de Estado en el
sector de los semiconductores de potencia — Notificación a
la Comisión — Contenido de la notificación y de las                      («Incumplimiento de Estado — Infracción del artı́culo 30 del
preguntas adicionales formuladas por la Comisión — Natu-                  Tratado CE (actualmente artı́culo 28 CE, tras su modifica-
raleza y duración del plazo de investigación — Derecho de                ción) — Normativa nacional relativa a los materiales y
oposición de la Comisión — Artı́culo 93, apartado 3, del                 objetos de caucho en contacto con productos y bebidas
    Tratado CE (actualmente artı́culo 88 CE, apartado 3)»)                 alimenticios — Reconocimiento mutuo — Falta de requeri-
                                                                              miento en debida forma — Inadmisibilidad del recurso»)
                           (2001/C 173/10)
                                                                                (2001/C 173/11)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)             «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-99/98, República de Austria (agente:                       En el asunto C-230/99, Comisión de las Comunidades Euro-
Sr. W. Okresek) contra Comisión de las Comunidades Europeas               peas (agentes: Sres. H. van Lier y O. Couvert-Castéra) contra
(agentes: Sres. V. Kreuschitz y P.F. Nemitz), que tiene por                República Francesa (agentes: Sr. J.-F. Dobelle y Sras. R. Loosli-
objeto la anulación de la Decisión SG(98)D/1124 de la                    Surrans y K. Rispal-Bellanger), que tiene por objeto que se
Comisión, de 9 de febrero de 1998, relativa a la incoación del           declare que la República Francesa ha incumplido las obligacio-
procedimiento formal de examen previsto en el artı́culo 93,                nes que le incumben en virtud del artı́culo 30 del Tratado CE
apartado 2, del Tratado CE (actualmente artı́culo 88 CE,                   (actualmente artı́culo 28 CE, tras su modificación), al haber
apartado 2) en relación con la ayuda de Estado no C 84/97                 adoptado el Decreto de 9 de noviembre de 1994, relativo a los
(ex N 509/96), en favor de la sociedad Siemens Bauelemente                 materiales y objetos de caucho en contacto con productos y
OHG, con domicilio social en Villach (Austria), el Tribunal de             bebidas alimenticios (JORF de 2 de diciembre de 1994,
Justicia, integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala           p. 17029), sin prever expresamente el reconocimiento de los
Sexta, en funciones de Presidente; A. La Pergola, M. Wathelet              reglamentos técnicos, normas y procedimientos de fabricación
y V. Skouris (Ponente), Presidentes de Sala; D.A.O. Edward,                legalmente seguidos en los demás Estados miembros, ası́ como
J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón y R. Schintgen, Jueces;               el reconocimiento de los resultados de los controles y de sus
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von                   correspondientes pruebas practicados en los mismos por un
Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 15 de febrero de               organismo de inspección y control o un laboratorio oficial-
2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                             mente reconocido en otro Estado miembro, el Tribunal de
                                                                           Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. C. Gulmann, Presidente
1)    Se anula la Decisión SG(98)D/1124 de la Comisión, de 9 de          de Sala, y por los Sres. V. Skouris, J.-P. Puissochet y R. Schintgen
      febrero de 1998, relativa a la incoación del procedimiento          y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces; Abogado General:
                                                                           Sr. S. Alber; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto,
      formal de examen previsto en el artı́culo 93, apartado 2, del
      Tratado CE (actualmente artı́culo 88 CE, apartado 2) en              ha dictado el 15 de febrero de 2001 una sentencia cuyo fallo
      relación con la ayuda de Estado no C 84/97 (ex N 509/96),           es el siguiente:
      en favor de la sociedad Siemens Bauelemente OHG.
                                                                           1)    Se declara la inadmisibilidad del recurso.
2)    Se condena en costas a la Comisión de las Comunidades
      Europeas.                                                            2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
(1) DO C 209 de 4.7.1998.                                                  (1) DO C 226, de 7.8.1999.


title: Asunto C-39/00 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de febrero de 2000 por Société Service pour le groupement d'acquisitions (SGA) contra la sentencia dictada el 13 de diciembre de 1999 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-189/95, T-39/96 y T-123/96, y promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
27.5.2000              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 149/15
2. condene en costas a la Institución demandada.                      — (A tı́tulo subsidiario) Los 58 000 millones entregados se
                                                                            justifican aun si se admitiera que no podı́an coexistir con
                                                                            los créditos fiscales generales. Vulneración del principio de
                                                                            que nadie puede ir contra sus propios actos (confianza
                                                                            legı́tima) y error manifiesto de apreciación: El cálculo de
                                                                            los 58 000 millones de pesetas autorizados no se hizo con
Motivos y principales alegaciones                                           referencia al 28 por cien de la base imponible negativa
                                                                            previsible de los astilleros durante los años 1995 a 1998
                                                                            pero se negoció una cantidad global a entregar como
                                                                            ayuda, y eso es lo que se autorizó.
— Procedimiento inadecuado y vulneración de los principios
   de confianza legı́tima, seguridad jurı́dica y buena adminis-
   tración: Si la incorporación (a finales de 1997) de los
   astilleros a SEPI tenı́a como efecto o consecuencia una             (1) de 2 de junio de 1997, sobre ayudas a determinados astilleros en
   inmediata y automática reducción de las ayudas autoriza-              curso de reestructuración — DO L 148, de 6.6.1997, p. 1.
   das, compensatorias de la pérdida de los créditos fiscales (a
   partir del 1 de agosto de 1995 cuando los astilleros
   pasaron a integrarse en un organismo estatal que no
   tenı́a la consideración de grupo de consolidación fiscal),
   entonces los servicios de la Comisión deberı́an haber
   procedido de otra manera distinta a la que procedieron: o
   bien advirtiendo de esa interpretación al Reino de España,
   o bien iniciando los trámites para la revisión de unas
   ayudas declaradas compatibles («ayudas existentes») con-
   forme dispone el apartado 1 del artı́culo 88 CE y la
   jurisprudencia.
                                                                       Recurso de casación interpuesto el 11 de febrero de 2000
                                                                       por Société Service pour le groupement d’acquisitions
— (A tı́tulo subsidiario) Ausencia total de motivación respecto       (SGA) contra la sentencia dictada el 13 de diciembre de
   de los efectos de la ayuda que se declara incompatible.             1999 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia
                                                                       de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados
                                                                       T-189/95, T-39/96 y T-123/96, y promovido contra la
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas
— Vulneración de los artı́culos 92.1 y 92.3.e del Tratado CE
   (actualmente artı́culos 87.1 y 87.3.e CE), del Reglamento
   1013/97 del Consejo (1) y del principio de confianza
   legı́tima:                                                                                (Asunto C-39/00 P)
                                                                                (2000/C 149/25)
   1. los 58 000 millones de ayuda autorizada no pueden
        entenderse de forma aislada, como pura y simple
        compensación de los créditos fiscales que los astilleros      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
        estaban llamados a perder, sino como fruto de una              presentado el 11 de febrero de 2000 un recurso de casación
        negociación global. Al no hacerlo ası́, la Comisión ha       formulado por Société Service pour le groupement d’acquisi-
        vulnerado el Reglamento 1013/97 del Consejo y el               tions (SGA), representada por SCP Fourgoux & Associés,
        principio de confianza legı́tima que generó su Decisión      Abogados de Parı́s, que designa como domicilio en Luxem-
        autorizando definitivamente las ayudas por una cifra           burgo el despacho de Me Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de
        concreta.                                                      Bourbon, contra la sentencia dictada el 13 de diciembre de
                                                                       1999 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                       las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados
   2. la interpretación que hace la Comisión del carácter de        T-189/95, T-39/96 y T-123/96, y promovido contra la
        lı́mite máximo que tienen las ayudas autorizadas              Comisión de las Comunidades Europeas.
        vulnera el artı́culo 92.3 del Tratado CE y los principios
        de seguridad jurı́dica y confianza legı́tima, ya que
        viene a negar el carácter definitivo de la Decisión de       La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
        autorización.
                                                                       — Anule la sentencia dictada el 13 de diciembre de 1999 por
                                                                            el Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados
   3. la Comisión acumula a las ayudas autorizadas las                     T-189/95, T-39/96 y T-123/96.
        cantidades entregadas al amparo de un régimen gene-
        ral, que no constituyen ayudas. Ello vulnera el artı́-
        culo 92.1 del Tratado CE.                                      — Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.
 ---pagebreak--- C 149/16               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      27.5.2000
Motivos y principales alegaciones                                     — El Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la
                                                                           petición de indemnización por el mero hecho de que el
                                                                           comportamiento de la Comisión no constituye una falta
                                                                           susceptible de generar la responsabilidad de la Comunidad
— Vicios sustanciales de forma y violación de derechos                    al no acoger las pretensiones de anulación y declarar que
   fundamentales: La exigencia de un proceso justo, del                    el artı́culo 3 del Reglamento no 17 no obliga a la Comisión
   respecto de los derechos de defensa y de la necesidad de                a adoptar una decisión sobre la existencia o no de la
   garantizar un procedimiento contradictorio se opone a                   infracción alegada, argumento que, por lo demás, carece
   que, después de la vista y antes de dictarse sentencia,                 de relación con la desestimación de una demanda de
   se rechace la presentación de un documento aportado                    medidas provisionales, que evidentemente no exige que se
   libremente al debate por una de las partes y sobre el que se            adopte previamente una decisión sobre la existencia de la
   ha discutido ante el Tribunal de Justicia. No puede existir             infracción alegada, bastando que se aprecie, como en el
   un proceso justo si el Juez no admite un documento                      presente caso, que se basa en pruebas «sustanciales», «muy
   aportado espontáneamente a los debates por una de                      documentadas», como reconoce la Comisión, cuya opinión
   las partes —a fortiori cuando se trata de una de las                    está corroborada por el documento aportado «por error»,
   Instituciones— so pretexto de que dicho documento, bien                 y después retirado con la autorización del Tribunal de
   mirado, podrı́a no convenir a la parte que lo ha aportado.              Primera Instancia.
   El motivo basado en el plazo no razonable para tramitar
   una denuncia y para poner fin al procedimiento, contraria-
   mente a lo que señala el Tribunal de Primera Instancia,
   debe —y no puede— ser planteado de oficio, ya que
   siempre se ha considerado una violación de un derecho
   fundamental, tanto en el supuesto de procedimiento
   administrativo como en el de procedimiento judicial. En el
                                                                      Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2000 contra
   presente caso, debe considerarse que no es razonable un
                                                                      República Francesa por la Comisión de las Comunidades
   plazo de dos años para el examen preliminar, ya que
                                                                                Europeas
   supera considerablemente el tiempo de reflexión necesario,
   y que tampoco es razonable uno de cinco años y medio
   por lo que se refiere a la duración del procedimiento.                                     (Asunto C-40/00)
                                                                                (2000/C 149/26)
— Error manifiesto en cuanto al valor probatorio de las
   pruebas aportadas por la denunciante.
                                                                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                      presentado el 11 de febrero de 2000 un recurso contra
                                                                      República Francesa formulado por la Comisión de las Comuni-
— Error manifiesto en la apreciación tanto de la inexistencia        dades Europeas, representada por los Sres. Enrico Traversa,
   de interés comunitario como de la facultad de la Comisión         Consejero Jurı́dico, y Christophe Giolito, miembro del Servicio
   para negarse a ordenar el fin de una infracción grave,            Jurı́dico de la Comisión, en calidad de Agentes, que designa
   aduciendo como pretexto la necesidad de establecer priori-         como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
   dades: El Tribunal de Primera Instancia cometió un error          Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburgo.
   de apreciación de los hechos y del Derecho al considerar
   que la Comisión podı́a no tener interés en las infracciones
   cometidas por PSA, prefiriendo tramitar el expediente              La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
   Volkswagen. Por lo que se refiere al centro de gravedad de
   la infracción, no puede localizarse exclusivamente en
                                                                      — Declare que República Francesa ha incumplido las obliga-
   Francia, dado que las presiones se ejercen en los concesio-
                                                                           ciones que le incumben en virtud del artı́culo 17, apar-
   narios de otros Estados miembros y que la infracción se
                                                                           tado 2, de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de
   cometió sobre todo en ese nivel, es decir, fuera de Francia,
                                                                           17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las
   por lo que, debido al carácter transfronterizo de la
                                                                           legislaciones de los Estados miembros relativas a los
   infracción, la Comisión se encontraba en la situación
                                                                           impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema
   óptima para tramitar el expediente y efectuar las investiga-
                                                                           común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponi-
   ciones con arreglo, en particular, al artı́culo 5 del Tratado
                                                                           ble uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), al reintro-
   CE.
                                                                           ducir, a partir del 1 de enero de 1998, una supresión total
                                                                           del derecho a la deducción del IVA que hubiera gravado
                                                                           los gasóleos utilizados como carburantes en el caso de
— Error manifiesto en relación con las medidas provisionales:             vehı́culos que no generen este derecho de deducción en
   Si el Tribunal de Justicia estima los motivos anteriores, no            varias ocasiones;
   podrá sino acoger el motivo basado en el error cometido en
   la desestimación de la demanda de medidas provisionales.          — condene en costas a República Francesa.


title: Asunto T-310/14: Auto del Tribunal General de 16 de marzo de 2015 — Fritz Winter Eisengießerei/Comisión

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/40

         Auto del Tribunal General de 16 de marzo de 2015 — Fritz Winter Eisengießerei/Comisión
   (Asunto T-310/14) (1)

   (2015/C 155/58)
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 223, de 14.7.2014.


title: Asunto C-557/07: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 19 de febrero de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria)] — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH (Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Sociedad de la información — Derechos de autor y derechos afines — Conservación y divulgación de determinados datos relativos al tráfico — Protección de la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Concepto de intermediario en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE)

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/14

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 19 de febrero de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria)] — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH
   (Asunto C-557/07) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Sociedad de la información - Derechos de autor y derechos afines - Conservación y divulgación de determinados datos relativos al tráfico - Protección de la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas - Concepto de «intermediario» en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE)
   2009/C 113/28
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberster Gerichtshof

      Partes

      Demandante: LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

      Demandada: Tele2 Telecommunication GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretación de los artículos 5, apartado 1, letra a), y 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10), del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45) y de los artículos 6 y 15 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201, p. 37) — Calificación de «intermediario» de un proveedor de acceso a internet — Legislación nacional que impone a los intermediarios una obligación de informar a los particulares que han visto vulnerados sus derechos de autor con el fin de poder iniciar un procedimiento civil — Comunicación a una sociedad de defensa de los derechos de autor de los nombres y direcciones de los usuarios que participan en sistemas de intercambio de ficheros.

      Fallo

               1)

               El Derecho comunitario, en particular el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en relación con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), no se opone a que los Estados miembros establezcan una obligación de transmitir a terceros particulares datos de tráfico personales para permitir ejercer acciones ante la jurisdicción civil contra las infracciones al Derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, el Derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a las Directivas 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, 2002/58 y 2004/48, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales de que se trate. Asimismo, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, las autoridades y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad.

               2)

               Un proveedor de acceso, que se limita a facilitar a los usuarios el acceso a Internet sin proponer otros servicios como los servicios de correo electrónico, de descarga o de intercambio de ficheros, ni ejercer un control de hecho o de Derecho sobre el servicio utilizado, debe ser considerado como un «intermediario» en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29.

      (1)  DO C 64, de 8.3.2008.


title: Asunto C-158/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de abril de 2014 — A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken

text:
               24.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 194/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de abril de 2014 — A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken
   (Asunto C-158/14)
   2014/C 194/19
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: A, B, C, D

      Recurrida: Minister van Buitenlandse Zaken

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A la vista de lo dispuesto en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (1) ¿habría sido indiscutiblemente admisible un recurso de anulación interpuesto en su propio nombre por las recurrentes en el presente procedimiento, con arreglo al artículo 263 TFUE ante el Tribunal General contra el Reglamento de Ejecución no 610/2010, (2) en la medida en que mediante dicho Reglamento se incluyó al LTTE en la lista mencionada en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001? (3)

               2

                           a)

                           Habida cuenta del undécimo considerando de la Decisión marco 2002/475/JAI, (4) ¿pueden constituir delitos de terrorismo en el sentido de dicha Decisión marco las actividades de las fuerzas armadas en período de conflicto armado en el sentido del Derecho internacional humanitario?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2a), ¿pueden constituir actos terroristas en el sentido de la Posición Común 2001/931/PESC (5) y del Reglamento no 2580/2001 las actividades de fuerzas armadas en período de conflicto armado en el sentido del Derecho internacional humanitario?

               3)

               ¿Constituyen actividades de fuerzas armadas en período de conflicto armado en el sentido del Derecho internacional humanitario las actividades en las que se basa el Reglamento de Ejecución no 610/2010, en la medida en que mediante éste se incluyó al LTTE en la lista mencionada en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001?

               4)

               A la vista de la respuesta a las cuestiones 1, 2a), 2b) y 3, ¿es inválido el Reglamento de Ejecución no 610/2010, en la medida en que mediante éste se incluyó al LTTE en la lista mencionada en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001?

               5)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 4, ¿se extiende la invalidez a las decisiones anteriores y posteriores del Consejo dirigidas a actualizar la lista mencionada en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001, en la medida en que mediante éste se incluyó al LTTE en dicha lista?

      (1)  DO 2000, C 364, p. 1.

      (2)  Reglamento de Ejecución (UE) no 610/2010 del Consejo, de 12 de julio de 2010, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n o 1285/2009 (DO L 178, p. 1).

      (3)  Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO L 344, p. 70).

      (4)  Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164, p. 3).

      (5)  2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344, p. 93).


title: Asunto C-394/15 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 14 de abril de 2016 — John Dalli/Comisión Europea (Recurso de casación — Informe de investigación de la OLAF que pone en entredicho la actuación de un miembro de la Comisión Europea — Supuesta decisión verbal del Presidente de la Comisión de cesar al Comisario de que se trata — Recurso de anulación y de indemnización)

text:
               1.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/7

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 14 de abril de 2016 — John Dalli/Comisión Europea
   (Asunto C-394/15 P) (1)

   ((Recurso de casación - Informe de investigación de la OLAF que pone en entredicho la actuación de un miembro de la Comisión Europea - Supuesta decisión verbal del Presidente de la Comisión de cesar al Comisario de que se trata - Recurso de anulación y de indemnización))
   (2016/C 279/10)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: John Dalli (representantes: L. Levi y S. Rodrigues, avocats)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: J. Baquero Cruz, B. Smulders y J.-P. Keppenne, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas al Sr. John Dalli.

      (1)  DO C 311 de 21.9.2015.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 9 de septiembre de 2004, en el asunto C-417/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 85/384/CEE — Reconocimiento de los títulos de arquitecto — Procedimiento de inscripción en la Cámara Técnica de Grecia (Technico Epimelitirio Elladas) — Obligación de presentar un documento que acredite que el título de que se trata está acogido al régimen de reconocimiento mutuo)

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/7

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 9 de septiembre de 2004
   en el asunto C-417/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 85/384/CEE - Reconocimiento de los títulos de arquitecto - Procedimiento de inscripción en la Cámara Técnica de Grecia (Technico Epimelitirio Elladas) - Obligación de presentar un documento que acredite que el título de que se trata está acogido al régimen de reconocimiento mutuo)
   (2004/C 262/13)
   Lengua de procedimiento: griego
   En el asunto C-417/02, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto con arreglo al artículo 226 CE, presentado en el Tribunal de Justicia el 19 de noviembre de 2002, Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sra. M. Patakia) contra República Helénica (agente: Sra. E. Skandalou), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts y K. Schiemann (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 9 de septiembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, al haber aprobado y al haber mantenido en vigor lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), del Decreto Presidencial no 107/1993, de 22 de marzo de 1993, y al haber aceptado que la Technico Epimelitirio Elladas (Cámara Técnica de Grecia), en la que es obligatorio estar inscrito para poder ejercer en Grecia la profesión de arquitecto, tramite con retrasos considerables los expedientes y la inscripción de los nacionales comunitarios titulares de diplomas extranjeros que deben reconocerse en virtud de dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 19 de 25.1.2003.


title: Asunto C-187/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S [Procedimiento prejudicial — Código aduanero comunitario — Reglamento (CEE) no 2913/92 — Artículos 203 y 204 — Reglamento (CEE) no 2454/93 — Artículo 859 — Régimen de tránsito externo — Nacimiento de la deuda aduanera — Sustracción o no a la vigilancia aduanera — Incumplimiento de una obligación — Presentación tardía de las mercancías en la oficina de destino — Mercancías que han sido rechazadas por el destinatario y que han vuelto a llevarse al lugar de origen sin haber sido presentadas en la oficina de aduana — Mercancías incluidas de nuevo en régimen de tránsito externo mediante una nueva declaración — Directiva 2006/112/CE — Artículo 168, letra e) — Deducción del IVA a la importación por el transportista]

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S
   (Asunto C-187/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Código aduanero comunitario - Reglamento (CEE) no 2913/92 - Artículos 203 y 204 - Reglamento (CEE) no 2454/93 - Artículo 859 - Régimen de tránsito externo - Nacimiento de la deuda aduanera - Sustracción o no a la vigilancia aduanera - Incumplimiento de una obligación - Presentación tardía de las mercancías en la oficina de destino - Mercancías que han sido rechazadas por el destinatario y que han vuelto a llevarse al lugar de origen sin haber sido presentadas en la oficina de aduana - Mercancías incluidas de nuevo en régimen de tránsito externo mediante una nueva declaración - Directiva 2006/112/CE - Artículo 168, letra e) - Deducción del IVA a la importación por el transportista])
   (2015/C 279/16)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante Skatteministeriet

      Demandada: DSV Road A/S
   En el que participa: Danske Speditører

      Fallo

               1)

               El artículo 203 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que no se origina una deuda aduanera sobre la base de dicho artículo por el mero hecho de que mercancías incluidas en un régimen de tránsito comunitario externo se vuelvan a llevar, tras un intento de entrega infructuosa, al puerto franco de origen sin haber sido presentadas ni en la oficina de aduana del lugar de destino ni en la oficina de aduana del puerto franco si se acredita que esas mismas mercancías han sido posteriormente transportadas de nuevo hacia su lugar de destino en el marco de un segundo régimen de tránsito comunitario externo liquidado regularmente. En cambio, en el supuesto en que no pueda demostrarse la identidad de las mercancías transportadas en el marco de los regímenes de tránsito comunitario externo primero y segundo, se origina una deuda aduanera en virtud del citado artículo.

               2)

               El artículo 204 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 1791/2006, interpretado en relación con el artículo 859 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 214/2007 de la Comisión, de 28 de febrero de 2007, debe interpretarse en el sentido de que la presentación tardía en la oficina de aduana del lugar de destino y en el marco de un segundo régimen de tránsito comunitario externo de las mercancías incluidas en un primer régimen de tránsito comunitario externo constituye un incumplimiento que origina una deuda aduanera, salvo que se cumplan los requisitos previstos en los artículos 356, apartado 3, u 859, segundo guion, y punto 2, letra c), del citado Reglamento, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

               3)

               El artículo 168, letra e), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que excluye la deducción del impuesto sobre el valor añadido a la importación del que es deudor el transportista que no es ni el importador ni el propietario de las mercancías de que se trate, sino que simplemente ha realizado el transporte de las mismas y la tramitación aduanera en el marco de su actividad de transportista de mercancías sujetas al impuesto sobre el valor añadido.

      (1)  DO C 202, de 30.6.2014.