title: Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 por José Ma Olivares Ramos, Angel Viñas Martín, Paloma Díez Pardo, Carlos Gil Renaux, José Luis Roselló López, Rosario Doménech Cobo, Miguel Lobato González, Eduardo Peña Abizanda, Manuel de Lucas Casas, Eduardo Sorribes Manzana, Ricardo Puente Sala, José Ma Plaza Sánchez, José Ramón Borrell Nivera, Francisco Fernández Ruiz, Rafael García Palencia, Antonio Espino Morcillo, Bonifacio Marín Pérez, Teresa de la Mora, Pablo Amor Echeverri, Luis Montoya Morón, Amador Rodríguez Prieto, Marco Marcos Rodríguez, Emilio López Menchero, Leopoldo Fabra Utray, Gonzalo Molina Igartua, Gonzalo Giménez Andrés, Pedro Tarno Fernández, Manuel Rodríquez Alonso, Ana María Cobos Aguirre, Fernando Truyols Zaforteza, Isabel de Eguía Antolín, Victor Pou Serradell, Lucía Ramón Amat, Joaquín Ferrán Pérez-Portabella, Jesús Suárez Ávila, Pablo Jiménez Fernández, Rosa Quevedo Díez, Ángeles Santos Asenjo, Francisco de Vicente, Carlos Arroyos, Antonio López Peña, Valeriano Díaz García, Alfonso González Finat, Antonio Fernández Avilés, Miguel Abellán López, Ángel González Leiro, Fernando Aragón Morales, Rafael Valls i Pursals, Jesús Garijo, Alexandre Checchi Lang, Rafael Cepas Palanca, Eduardo de la Peña Vega, Antonio Alonso Madero, Jaime Díez-Canseco, Enrique Juaristi Martínez y Pablo Benavides contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-115/98)

text:
7.11.98               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 340/23
Andrada Sanz, Pablo FernaÂndez Ruiz, Fabriciano Corchete            no cabría estimarla real ni efectiva, puesto que, tras doce
Vicente, Antonio Oliva EspanÄol, Miguel Alay Marcos,                anÄos de negociaciones, auÂn no se ha alcanzado un acuerdo
Geraldine O'Shea, Ana Luisa Muller, Alfonso Novoa Diz,              sobre el contenido del referido Real Decreto.
Ernesto PeÂrez Carbonell, Alfredo Escribano Martínez,
Soledad Blanco Mangudo, Enrique Rojas de Montis, Joan               Consideran igualmente los demandantes que la deman-
Antoni Salmurri Trintxet, Federica Burel Louberry, Elena            dada va demasiado lejos al retirar la asistencia financiera
Frutos Zamarrón, Rafael Aguirre Unceta, Manuel Parejo               acordada, a sabiendas de que aqueÂllos se encuentran a
Pagador, Pablo Pardo Ortiz, Santiago VaÂzquez Souto, Con-           mitad de un procedimiento pendiente ante los órganos
cepción Sanmartín Quintela, Saturnino DuraÂn Vidal, Luis            jurisdiccionales espanÄoles. Se precisa, a este respecto, que,
Guembe Casi y Alfonso Ruiz de AzuÂa CastanÄo, con domi-             si bien en su decisión, la AFPN afirma que la retirada de
cilio en Bruselas y Luxemburgo, representados por los               la asistencia no implica el desistimiento de las acciones
letrados en ejercicio D. Antonio Creus y DnÄa. BegonÄa              emprendidas, en la praÂctica dicha retirada sí lleva consigo
Uriarte Valiente, del Ilustre Colegio de Abogados de Barce-         dicho desistimiento, al verse privados los demandantes de
lona y Madrid, con domicilio en Bruselas, Av. d'Auder-              la asistencia teÂcnica de su institución.
ghem, no 78.                                                        Alegan los demandantes en uÂltimo lugar el desconoci-
                                                                    miento en el caso de autos del deber de motivación de los
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-            actos.
tancia que:
Ð declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de
     fecha 10 de noviembre de 1997 por la que niega a los
     demandantes su asistencia financiera y teÂcnica en el          Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 por JoseÂ Ma
     asunto relativo a la transferencia de los derechos de          Olivares Ramos, Angel VinÄas Martín, Paloma Díez Pardo,
     pensión adquiridos en el reÂgimen espanÄol de pensiones,       Carlos Gil Renaux, JoseÂ Luis Roselló López, Rosario
     así como de la Decisión de 19 de junio de 1998, por la         DomeÂnech Cobo, Miguel Lobato GonzaÂlez, Eduardo PenÄa
     que se desestima la reclamación formulada por los              Abizanda, Manuel de Lucas Casas, Eduardo Sorribes
     demandantes;                                                   Manzana, Ricardo Puente Sala, JoseÂ Ma Plaza SaÂnchez,
                                                                    JoseÂ Ramón Borrell Nivera, Francisco FernaÂndez Ruiz,
Ð se condene a la Comisión Europea al pago de las cos-              Rafael García Palencia, Antonio Espino Morcillo, Bonifa-
     tas que se deriven del presente procedimiento.                 cio Marín PeÂrez, Teresa de la Mora, Pablo Amor Echeve-
                                                                    rri, Luis Montoya Morón, Amador Rodríguez Prieto,
Motivos y principales alegaciones
                                                                    Marco Marcos Rodríguez, Emilio López Menchero, Leo-
Los demandantes, funcionarios de la Comisión, se oponen             poldo Fabra Utray, Gonzalo Molina Igartua, Gonzalo
a la negativa de la AFPN de prestarles su asistencia finan-         GimeÂnez AndreÂs, Pedro Tarno FernaÂndez, Manuel Rodrí-
ciera y teÂcnica en los litigios entablados ante las instancias     quez Alonso, Ana María Cobos Aguirre, Fernando Truyols
nacionales por razón de la inexistencia en Derecho espanÄol         Zaforteza, Isabel de Eguía Antolín, Victor Pou Serradell,
de los cauces que permitirían transferir al sistema comuni-         Lucía Ramón Amat, Joaquín FerraÂn PeÂrez-Portabella,
tario los derechos de pensión adquiridos al amparo del              JesuÂs SuaÂrez AÂvila, Pablo JimeÂnez FernaÂndez, Rosa Que-
                                                                    vedo Díez, A  Â ngeles Santos Asenjo, Francisco de Vicente,
reÂgimen espanÄol de pensiones. En la decisión de 10 de
noviembre de 1997, arriba mencionada, la Comisión basó              Carlos Arroyos, Antonio López PenÄa, Valeriano Díaz Gar-
su negativa en el estadio avanzado en que se encontraban            cía, Alfonso GonzaÂlez Finat, Antonio FernaÂndez AvileÂs,
las negociaciones con el Estado espanÄol, tendentes a la            Miguel AbellaÂn López, AÂngel GonzaÂlez Leiro, Fernando
adopción de un Real Decreto capaz de colmar el referido             Aragón Morales, Rafael Valls i Pursals, JesuÂs Garijo, Ale-
vacío normativo, así como en el hecho de que el Reino de            xandre Checchi Lang, Rafael Cepas Palanca, Eduardo de
EspanÄa ya ha sido objeto de una condena expresa por                la PenÄa Vega, Antonio Alonso Madero, Jaime Díez-Can-
parte del Tribunal de Justicia por la misma causa.                  seco, Enrique Juaristi Martínez y Pablo Benavides contra
                                                                             la Comisión de las Comunidades Europeas
El presente recurso se fundamenta en la violación del prin-                                (Asunto T-115/98)
cipio de igualdad, al haberse discriminado a los deman-
                                                                                (98/C 340/46)
dantes frente a otros funcionarios espanÄoles, que, en un
asunto ideÂntico, han podido beneficiarse de la asistencia                       (Lengua de procedimiento: espanÄol)
financiera de la institución unos meses antes, así como
frente a otros funcionarios que, en asuntos similares, tam-         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
bieÂn fueron asistidos por su institución.                          Europeas se ha presentado, el 23 de julio de 1998 un
                                                                    recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Afirman, por otro lado, los demandantes que, en el caso             formulado por JoseÂ Ma Olivares Ramos, Angel VinÄas Mar-
que nos ocupa, la Comisión ha asimilado «asistencia teÂc-           tín, Paloma Díez Pardo, Carlos Gil Renaux, JoseÂ Luis
nica» con la impulsión de las negociaciones con el Estado           Roselló López, Rosario DomeÂnech Cobo, Miguel Lobato
espanÄol. En su opinión, sin embargo, la negociación con            GonzaÂlez, Eduardo PenÄa Abizanda, Manuel de Lucas
las autoridades nacionales de una norma que permita la              Casas, Eduardo Sorribes Manzana, Ricardo Puente Sala,
transferencia de los derechos a pensión no puede conside-           JoseÂ Ma Plaza SaÂnchez, JoseÂ Ramón Borrell Nivera, Fran-
rarse «asistencia teÂcnica», en el sentido del artículo 24 del      cisco FernaÂndez Ruiz, Rafael García Palencia, Antonio
Estatuto, ya que dicha negociación se enmarca dentro de             Espino Morcillo, Bonifacio Marín PeÂrez, Teresa de la
las obligaciones que incumben a la Comisión en virtud del           Mora, Pablo Amor Echeverri, Luis Montoya Morón,
artículo 155 del Tratado, y que, aun cuando dicha impul-            Amador Rodríguez Prieto, Marco Marcos Rodríguez, Emi-
sión pudiera considerarse «asistencia teÂcnica», quod non,          lio López Menchero, Leopoldo Fabra Utray, Gonzalo
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Molina Igartua, Gonzalo GimeÂnez AndreÂs, Pedro Tarno                  cada en forma de comunicación a los Estados miem-
FernaÂndez, Manuel Rodríquez Alonso, Ana María Cobos                   bros y terceros interesados, en el DO C 147 de 13 de
Aguirre, Fernando Truyols Zaforteza, Isabel de Eguía                   mayo de 1998;
Antolín, Victor Pou Serradell, Lucía Ramón Amat,
Joaquín FerraÂn PeÂrez-Portabella, JesuÂs SuaÂrez Avila, Pablo     Ð condene a la Comisión al pago a la CompanÄía Trasme-
JimeÂnez FernaÂndez, Rosa Quevedo Díez, A      Â ngeles Santos         diterraÂnea S.A. de la totalidad de las costas que se
Asenjo, Francisco de Vicente, Carlos Arroyos, Antonio                  deriven del procedimiento.
Lopez PenÄa, Valeriano Díaz García, Alfonso GonzaÂlez
Finat, Antonio FernaÂndez AvileÂs, Miguel AbellaÂn López,          Motivos y principales alegaciones
AÂ ngel GonzaÂlez Leiro, Fernando Aragón Morales, Rafael
                                                                   La demandante, una companÄía adjudicataria del concurso
Valls i Pursals, JesuÂs Garijo, Alexandre Checchi Lang,            puÂblico relativo al servicio de navegaciones de intereÂs
Rafael Cepas Palanca, Eduardo de la PenÄa Vega, Antonio            puÂblico entre puertos peninsulares y puertos de las Islas
Alonso Madero, Jaime Díez-Canseco, Enrique Juaristi                Baleares, puertos de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla,
Martínez y Pablo Benavides, con domicilio en Bruselas y            impugna la decisión de la Comisión de abrir el procedi-
Luxemburgo, representados por los letrados en ejercicio            miento contemplado en el art. 93.2 del Tratado CE, por
D. Antonio Creus y DnÄa. BegonÄa Uriarte Valiente, del Ilus-       entender que la contraprestación percibida del Estado por
tre Colegio de Abogados de Barcelona y Madrid, con                 la prestación de los servicios objeto de la adjudicación
domicilio en Bruselas, Av. d'Auderghem, no 78.                     podría ser constitutiva de una ayuda de Estado, en el sen-
                                                                   tido del art. 92 del mismo texto.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
Instancia que:                                                     La demandante imputa, en primer lugar, a la demandada
                                                                   una interpretación errónea del concepto comunitario de
Ð declare la nulidad de las Decisiones de la Comisión de           ayuda de Estado. En su opinión, en el presente caso no se
     fecha 13 y 19 de noviembre de 1997 por las que retira         da la necesaria afectación del comercio entre Estados
     a los demandantes la asistencia financiera en el asunto       miembros, dado que, en aplicacion del art. 6 del regla-
     relativo a la transferencia de los derechos de pensión        mento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre
     adquiridos en el reÂgimen espanÄol de pensiones, así          de 1992, por el que se aplica el principio de la libre pres-
     como de la Decisión de la AFPN de 19 de junio de              tación de servicios a los transportes marítimos dentro de
     1998, por la que se desestima la reclamación formu-           los Estados miembros (1), el cabotaje insular es un sector
     lada por los demandantes;                                     que, por lo que a EspanÄa se refiere, sólo se abriraÂ a la
                                                                   competencia el 1 de enero de 1999. La demandante se pre-
Ð se condene a la Comisión Europea al pago de las cos-
                                                                   gunta, a este respecto, cómo un Estado puede incumplir
     tas que se deriven del presente procedimiento.
                                                                   un reglamento que no le es aplicable.
Motivos y principales alegaciones
                                                                   En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión
                                                                   ha interpretado erróneamente las Directrices comunitarias
Los motivos y principales alegaciones son los ya invocados
                                                                   sobre ayudas de Estado al transporte marítimo (2), al basar
en el asunto T-114/95 Rodríguez PeÂrez y otros/Comisión.
                                                                   esencialmente la calificación del contrato de autos como
                                                                   ayuda de Estado en la duración supuestamente excesiva
                                                                   del mismo y en la no publicación del concurso en condi-
                                                                   ciones adecuadas. En su opinión, las Directrices ni siquiera
Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 por CompanÄía           contemplan una obligación estricta de convocar un con-
TrasmediterraÂnea, S.A. contra la Comisión de las Comuni-          curso puÂblico para adjudicar un contrato de servicio
                        dades Europeas                             puÂblico en el aÂmbito del transporte marítimo, de manera
                                                                   que la elección del meÂtodo para adjudicar el contrato a
                      (Asunto T-116/98)                            una companÄía corresponde exclusivamente al Estado. Para
                         (98/C 340/47)                             la demandante la publicidad dada al contrato de autos
                                                                   debe considerarse adecuada, en la medida en que se realizó
             (Lengua de procedimiento: espanÄol)                   con arreglo a normas de aplicación general, iguales para
                                                                   todos los licitadores y suficientes, de acuerdo con una
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             legislación espanÄola que responde a los principios comuni-
Europeas se ha presentado, el 23 de julio de 1998 un               tarios establecidos por las Directivas comunitarias en
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas             materia de contratación puÂblica. Por otro lado, y por lo
formulado por la sociedad CompanÄía TrasmediterraÂnea,             que respecta a la duración del contrato, la misma parte
S.A., con domicilio social en Madrid, representada por los         considera que las autoridades espanÄolas han respetado el
letrados en ejercicio D. Antonio Creus, del Ilustre Colegio        plazo de cinco anÄos, fijado con caraÂcter meramente orien-
de Abogados de Barcelona y por DnÄa. BegonÄa Uriarte, del          tativo por las Directrices, ya que el contrato no estaraÂ
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con domicilio en            sujeto en su primer anÄo de vigencia al reglamento no 3577/
78, Av. d'Auderghem, Bruselas.                                     92, por la que el plazo de seis anÄos se desglosa en la praÂc-
                                                                   tica en un anÄo maÂs cinco.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
tancia que:                                                        Se invoca igualmente como motivo de anulación la infrac-
                                                                   ción del art. 90,2 el Tratado, en la medida en que la su-
Ð declare la nulidad de la Decisión de la Comisión, de             puesta ayuda de Estado que centra el caso de autos debe
     18 de febrero de 1998, de abrir el procedimiento de           contemplarse como una compensación por la prestación
     examen de ayudas de estado del artículo 93.2, publi-          de un servicio puÂblico por la demandante, en su calidad de


title: Asunto C-57/00 P: Recurso de casación interpuesto el 23 de febrero de 2000 por el Freistaat Sachsen contra la sentencia dictada el 15 de diciembre de 1999 por la Sala Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-132/96 y T-143/96, Freistaat Sachsen y Volkswagen AG y Volkswagen Sachsen GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
10.6.2000                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 163/7
— Infracción del artı́culo 7 de la Directiva 85/374/CEE:                  La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
     — Al someter la exención por «cumplimiento de normas                 1. Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las
         coercitivas» (artı́culo 7, apartado d) de la Directiva) al            Comunidades Europeas de 15 de diciembre de 1999 en
         respecto de la obligación de control, la ley francesa por            los asuntos acumulados T-132/96 y T-143/96, Freistaat
         la que se adapta el Derecho francés a la Directiva                    Sachsen y Volkswagen AG y Volkswagen Sachsen
         supedita esta exoneración a un requisito que ésta no                 GmbH/Comisión de las Comunidades Europeas (1).
         impone.
                                                                           2. Declare la nulidad del artı́culo 2 de la Decisión 96/666/CE
     — Asimismo, al establecer que el productor no puede                       de la Comisión, de 26 de junio de 1996, relativa a una
         invocar la causa de exoneración por riesgo de desarro-               ayuda concedida por Alemania al grupo Volkswagen y
         llo si, en caso de un vicio que ha aparecido en                       destinada a las plantas de Mosel y Chemnitz [C 62/91
         determinado plazo tras la comercialización del pro-                  (NN 75/91, 77/91, 78/91 y 79/91)].
         ducto, no ha adoptado las medidas adecuadas para
         prevenir los daños indemnizables, el artı́culo 1386-             3. Condene en costas a la Comisión.
         12, párrafo segundo, del code civil francés añade al
         artı́culo 7, letra e) de la Directiva un requisito que ésta
         no impone.
                                                                           Motivos y principales alegaciones
(1) Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la           — Interpretación errónea del artı́culo 87 CE, apartado 2,
    aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-         letra e): el concepto de «división de Alemania» no sólo se
    nistrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad          refiere, en contra de lo declarado en la sentencia impug-
    por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210,               nada, a las consecuencias fı́sicas, desde el punto de vista de
    p. 29; EE 13/19, p. 8).                                                    las comunicaciones, del establecimiento de la frontera,
(2) JORF de 21.5.1998.                                                         sino, además, a todas las consecuencias socioeconómicas
                                                                               del sistema económico socialista. Esto se desprende tam-
                                                                               bién, necesariamente, del hecho de que el antiguo artı́-
                                                                               culo 92, apartado 2, letra c), del Tratado CE fue mantenido
                                                                               en vigor sin modificación por los Estados firmantes de los
                                                                               Tratados de Maastricht y Amsterdam en los años 1992 y
                                                                               1997, cuando las consecuencias fı́sicas directas, desde el
                                                                               punto de vista de las comunicaciones, del establecimiento
                                                                               de la frontera entre las dos Alemanias (ruptura de las vı́as
                                                                               de comunicación, etc.) ya habı́an sido superadas. Esta
                                                                               decisión de los firmantes de los Tratados significa que la
Recurso de casación interpuesto el 23 de febrero de 2000                      disposición del artı́culo 87 CE, apartado 2, letra e), apoya
por el Freistaat Sachsen contra la sentencia dictada el                        el fomento estatal de la difı́cil reconstrucción de estructuras
15 de diciembre de 1999 por la Sala Segunda ampliada                           económicamente sólidas en Alemania oriental mediante
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                           incentivos financieros. Cualquier otra interpretación equi-
Europeas en los asuntos acumulados T-132/96 y T-143/96,                        valdrı́a a suponer que los firmantes de los Tratados han
Freistaat Sachsen y Volkswagen AG y Volkswagen Sach-                           mantenido en vigor una disposición a todas luces vacı́a de
sen GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas                          contenido.
                                                                               En la práctica de la Comisión el artı́culo 87 CE, apartado 2,
                         (Asunto C-57/00 P)                                    letra e) ha sido entendido ya antes como una disposición
                                                                               para la superación de las consecuencias económicas de la
                                                                               división de Alemania en distintas zonas económicas cau-
                           (2000/C 163/11)                                     sada por el orden de posguerra, como se desprende de la
                                                                               Decisión sobre el Sarre de 11 de diciembre de 1964
                                                                               (Bulletin de la Communauté économique européenne no 2-1965,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                               p. 34).
presentado el 23 de febrero de 2000 un recurso de casación
formulado por el Freistaat Sachsen, representado por el
despacho de Abogados Freshfields Deringer, Charlottenstraße                    El Tribunal de Primera Instancia no tiene en absoluto en
65, D-10117 Berlin, que designa como domicilio en Luxem-                       cuenta que, según la sistemática del Tratado CE, la
burgo el despacho de Me Aloyse May, 398 route d’Esch,                          superación de las desventajas económicas relacionadas con
L-1471 Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 15 de                        el transporte derivadas de la división en Alemania es objeto
diciembre de 1999 por la Sala Segunda ampliada del Tribunal                    de una disposición especı́fica del Tı́tulo V del Tratado
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los                        (polı́tica de transportes), a saber, la disposición del artı́-
asuntos acumulados T-132/96 y T-143/96, Freistaat Sachsen                      culo 78, que también fue mantenida en vigor sin modifica-
y Volkswagen AG y Volkswagen Sachsen GmbH contra                               ción por los firmantes de los Tratados de Maastricht y
Comisión de las Comunidades Europeas.                                         Amsterdam.
 ---pagebreak--- C 163/8                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       10.6.2000
— Aplicación incorrecta del artı́culo 253 CE: la aceptación           Recurso de casación interpuesto el 23 de febrero de 2000
    de que la Decisión de la Comisión impugnada está                 por Volkswagen AG y Volkswagen Sachsen GmbH contra
    suficientemente motivada se basa en una exposición                 la sentencia dictada el 15 de diciembre de 1999 por la Sala
    inexacta del contenido de esta Decisión por parte del              Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las
    Tribunal de Primera Instancia.                                      Comunidades Europeas en los asuntos acumulados
                                                                        T-132/96 y T-143/96, Freistaat Sachsen y Volkswagen AG
— Infracción del artı́culo 87 CE, apartado 3, letra b): ni el          y Volkswagen Sachsen GmbH contra Comisión de las
    tenor del artı́culo 87 CE, apartado 3, letra b), ni el sentido                          Comunidades Europeas
    y finalidad de éste justifican la conclusión a la que llegó el
    Tribunal de Primera Instancia, según la cual el hundimiento
    de la antigua economı́a socialista de la República Democrá-
                                                                                (Asunto C-61/00 P)
    tica Alemana como consecuencia de la reunificación no
    dio lugar a una «grave perturbación en la economı́a» de
    Alemania. Habida cuenta de que la reunificación alemana
    hace necesaria la reconstrucción económica de casi un                                     (2000/C 163/12)
    tercio del territorio alemán, el recurrente considera insoste-
    nible excluir del supuesto de hecho del artı́culo 87 CE,
    apartado 3, letra b), estas graves perturbaciones económi-         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
    cas en los nuevos Länder de la República Federal Alemana,          presentado el 23 de febrero de 2000 un recurso de casación
    cuya superación exige extraordinarios sacrificios financie-        formulado por Volkswagen AG y Volkswagen Sachsen GmbH,
    ros a toda la República Federal.                                   representadas por el Sr. Michael Schütte, del despacho de
                                                                        Abogados Bruckhaus Westrick Heller Löber, Rue de la Loi 99-
— Infracción del artı́culo 87 CE, apartado 3, y del artı́culo 88       101, B-1040 Bruselas, que designan como domicilio en
    CE: la sentencia del Tribunal de Primera Instancia vulnera          Luxemburgo el despacho de Abogados Bonn & Schmitt, 7, val
    los artı́culos 87 y 88 CE, en la medida en que declara que          Ste-Croix, L-1371 Luxemburgo, contra la sentencia dictada el
    las ayudas concedidas a las empresas del grupo Volkswagen           15 de diciembre de 1999 por la Sala Segunda ampliada del
    requerı́an una notificación especial y deberı́an haber sido        Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
    controladas en detalle por la Comisión con arreglo al              en los asuntos acumulados T-132/96 y T-143/96 (1), Freistaat
    artı́culo 87 CE. Esto no es conforme a Derecho, puesto que          Sachsen y Volkswagen AG y Volkswagen Sachsen GmbH
    se trata de ayudas concedidas sobre la base de un programa          contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    de ayudas autorizado. El Tribunal de Primera Instancia
    ignora el significado jurı́dico de la reserva en la Decisión
    de la Comisión a la autorización del programa, según la
                                                                        Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
    cual deben respetarse las normas especiales vigentes para
    determinados sectores industriales, y considera, de manera
    contraria a Derecho, que la autorización del programa de           — Anule en su totalidad la sentencia impugnada.
    ayudas no se extendı́a al sector de los vehı́culos de motor.
    Esta reserva se refiere solamente a normas vigentes. Las
    directrices comunitarias sobre ayudas estatales en el sector        — Estime las pretensiones planteadas en primera instancia,
    de los vehı́culos de motor habı́an perdido vigencia el 31 de            en la medida en que se solicita:
    diciembre. El 22 de marzo de 1991, fecha de la concesión
    de las ayudas controvertidas, la República Federal de
    Alemania no habı́a aceptado la propuesta de la Comisión                1. que se anule el artı́culo 2 de la Decisión de la Comi-
    de prorrogar las directrices en el sector de los vehı́culos de              sión C (96) 1844 final, de 26 de junio de 1996,
    motor; el Gobierno federal no se mostró de acuerdo con                     excepto su primer guión, referido a amortizaciones
    esta prórroga hasta abril de 1991, tras la concesión de las               extraordinarias por un valor nominal de 51,67 millo-
    ayudas. Por este motivo, el deber de notificación individual,              nes de DEM; y que se declare, en relación con este
    que sólo tenı́a cobertura jurı́dica en las directrices sobre               primer guión, que el asunto ha quedado sin objeto;
    vehı́culos de motor (que ya no estaban vigentes), no podı́a
    aplicarse a ayudas en el sector de los vehı́culos de
    motor concedidas sobre las base de programas de ayudas                  2. que se anule el artı́culo 3, apartado 2, de la Decisión
    autorizados. Las ayudas estaban comprendidas en los                         de la Comisión C (96) 1844 final, de 26 de junio de
    regı́menes de ayudas autorizados por la Comisión, en                       1996, en la medida en que la intensidad de ayuda
    particular en el decimonoveno programa marco sobre la                       efectiva combinada, expresada como equivalente bruto
    actividad de interés común de mejora de la estructura                      de subvención, se limita al 22,3 % en el caso de Mosel II
    económica regional y en la Investitionszulagengesetz (Ley                  y al 20,8 % en el de Chemnitz II;
    sobre primas a la inversión). Al tratarse de ayudas concedi-
    das sobre la base de programas autorizados, éstas no                    3. que se anule el artı́culo 1 de la Decisión de la Comisión
    estaban sujetas al examen material detallado con arreglo al                 C (96) 1844 final, de 26 de junio de 1996, en la
    artı́culo 87 CE, sino únicamente el examen limitado como                   medida en que el importe de las subvenciones a la
    ayudas existentes.                                                          inversión declarado compatible con el mercado común
                                                                                se limita a 418,7 millones de DEM.
(1) DO 2000, C 79, p. 22.
                                                                        — Condene en costas a la Comisión.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de diciembre de 2000 en el asunto C-88/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato): Questore di Genova y Umberto Merlo (Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Cuestión idéntica a otra sobre la que el Tribunal de Justicia ya ha resuelto)

text:
C 200/28                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           14.7.2001
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                               AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                             (Sala Tercera)                                                              (Sala Tercera)
                    de 15 de diciembre de 2000                                                  de 15 de diciembre de 2000
en el asunto C-88/98 (petición de decisión prejudicial                    en el asunto C-89/98 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Consiglio di Stato): Questore di Genova                    planteada por el Consiglio di Stato): Questore di Genova
                         y Umberto Merlo (1)                                                       y Patrizia Caffarelli (1)
(Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento                 (Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
— Cuestión idéntica a otra sobre la que el Tribunal de                     — Cuestión idéntica a otra sobre la que el Tribunal de
                       Justicia ya ha resuelto)                                                    Justicia ya ha resuelto)
                            (2001/C 200/49)                                                             (2001/C 200/50)
                  (Lengua de procedimiento: italiano)                                         (Lengua de procedimiento: italiano)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)              «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-88/98, que tiene por objeto una petición                    En el asunto C-89/98, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Consiglio di             Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Consiglio di
Stato (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante           Stato (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
dicho órgano jurisdiccional entre Questore di Genova y                     dicho órgano jurisdiccional entre Questore di Genova y Patrizia
Umberto Merlo, una decisión prejudicial sobre la interpreta-               Caffarelli, una decisión prejudicial sobre la interpretación de
ción de las disposiciones del Tratado CE en materia de libre               las disposiciones del Tratado CE en materia de libre prestación
prestación de servicios, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera),           de servicios, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado
integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala, y                   por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala, y J.-P. Puissochet
J.-P. Puissochet (Ponente) y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogada             (Ponente) y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogada General:
General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado           Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 15 de
el 15 de diciembre de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:                diciembre de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:
Las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre prestación de        Las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre prestación de
servicios no se oponen a una legislación nacional, como la italiana,       servicios no se oponen a una legislación nacional, como la italiana,
que reserva a ciertos organismos el derecho de recoger apuestas             que reserva a ciertos organismos el derecho de recoger apuestas
sobre los acontecimientos deportivos, si dicha legislación se halla        sobre los acontecimientos deportivos, si dicha legislación se halla
efectivamente justificada por objetivos de polı́tica social dirigidos a     efectivamente justificada por objetivos de polı́tica social dirigidos a
limitar los efectos nocivos de dichas actividades y si las restricciones    limitar los efectos nocivos de dichas actividades y si las restricciones
que impone no son desproporcionadas en relación con dichos                 que impone no son desproporcionadas en relación con dichos
objetivos.                                                                  objetivos.
(1) DO C 209 de 4.7.1998.                                                   (1) DO C 209 de 4.7.1998.


title: Asunto C-178/06: Auto del Presidente de la Sala Séptima del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Estonia

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/28

         Auto del Presidente de la Sala Séptima del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Estonia
   (Asunto C-178/06) (1)

   (2007/C 96/54)

      Lengua de procedimiento: estonio

   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 143, de 17.6.2006.


title: Asunto T-43/17: Auto del Tribunal General de 10 de julio de 2017 — No Limits/EUIPO — Morellato (NO LIMITS) («Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión NO LIMITS — Revocación de la decisión impugnada — Desaparición del objeto del litigio — Sobreseimiento»)

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/51

         Auto del Tribunal General de 10 de julio de 2017 — No Limits/EUIPO — Morellato (NO LIMITS)
   (Asunto T-43/17) (1)

   ((«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca denominativa de la Unión NO LIMITS - Revocación de la decisión impugnada - Desaparición del objeto del litigio - Sobreseimiento»))
   (2017/C 283/79)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: No Limits International Investments SA (Bissone, Suiza) (representante: F. Canu, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: S. Scardocchia y A. Folliard-Monguiral, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Italia)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de noviembre de 2016 (asunto R 2007/2015-5) relativa a un procedimiento de nulidad entre Morellato y No Limits Investments.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargará con sus propias costas y con las de No Limits International Investments SA.

      (1)  DO C 95 de 27.3.2017.


title: Asunto C-203/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Competencia del Tribunal de Justicia — Carácter de órgano jurisdiccional del órgano remitente — Independencia — Jurisdicción obligatoria — Directiva 89/665/CEE — Artículo 2 — Organismos responsables de los procedimientos de recurso — Directiva 2004/18/CE — Artículos 1, apartado 8, y 52 — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos — Concepto de «entidad pública» — Administraciones públicas — Inclusión)

text:
               23.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva
   (Asunto C-203/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículo 267 TFUE - Competencia del Tribunal de Justicia - Carácter de órgano jurisdiccional del órgano remitente - Independencia - Jurisdicción obligatoria - Directiva 89/665/CEE - Artículo 2 - Organismos responsables de los procedimientos de recurso - Directiva 2004/18/CE - Artículos 1, apartado 8, y 52 - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos - Concepto de «entidad pública» - Administraciones públicas - Inclusión))
   (2015/C 389/08)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Consorci Sanitari del Maresme

      Demandada: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

      Fallo

               1)

               El artículo 1, apartado 8, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «operador económico» utilizado en el párrafo segundo de ese apartado incluye a las administraciones públicas, que pueden por tanto participar en licitaciones públicas en la medida en que estén habilitadas para ofrecer servicios en el mercado a título oneroso.

               2)

               El artículo 52 de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que, aunque establece ciertos requisitos en lo referente a la determinación de las condiciones de inscripción de los operadores económicos en las listas oficiales nacionales y en cuanto a la certificación, no determina exhaustivamente las condiciones de inscripción de esos operadores económicos en las listas oficiales nacionales ni las condiciones en que pueden solicitar la certificación, ni tampoco los derechos y obligaciones de las entidades públicas a este respecto. En cualquier caso, la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual, por una parte, las administraciones públicas nacionales autorizadas a ofrecer las obras, los productos o los servicios mencionados en el anuncio de licitación del contrato público de que se trate no pueden inscribirse en esas listas o recibir esa certificación, mientras que, por otra parte, el derecho de participar en la referida licitación queda reservado únicamente a los operadores económicos inscritos en esas listas o que dispongan de esa certificación.

      (1)  DO C 235, de 21.7.2014.


title: Asunto T-732/14: Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2014 — Sberbank of Russia/Consejo

text:
               19.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/41

      Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2014 — Sberbank of Russia/Consejo
      (Asunto T-732/14)
      (2015/C 016/65)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Sberbank of Russia OAO (Moscú, Rusia) (representantes: D. Rose, QC, M. Lester, Barrister, y P. Crowther y J. Fearns, Solicitors)

         Demandada: Consejo de la Unión Europea

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la Decisión 2014/512/PESC del Consejo, de 31 de julio de 2014, el Reglamento (UE) no 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, la Decisión 2014/659/PESC del Consejo, de 8 de septiembre de 2014, y el Reglamento (UE) no 960/2014 del Consejo, de 8 de septiembre de 2014, en lo que a la demandante se refiere.

                  —

                  Declare ilegales las disposiciones resumidas en el apartado 52 de la demanda.

                  —

                  Condene en costas al Consejo.

         Motivos y principales alegaciones

      En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

                  1.

                  Primer motivo, basado en que el Consejo ha considerado de forma manifiestamente errónea que la demandante respondía a cualesquiera de los criterios de inclusión en la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania. La demandante alega que no responde a ninguno de esos criterios de inclusión en la lista y que el Consejo se ha extralimitado en el uso de sus atribuciones al someterla a las medidas controvertidas.

                  2.

                  Segundo motivo, basado en que el Consejo ha incumplido su obligación de motivación, ya que no ha presentado razones adecuadas o suficientes para someter a la demandante a las medidas controvertidas.

                  3.

                  Tercer motivo, basado en que el Consejo ha vulnerado el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante, puesto que no ha informado a ésta de su sometimiento a las medidas controvertidas ni ha proporcionado pruebas que justifiquen la aplicación de tales medidas a la demandante.

                  4.

                  Cuarto motivo, basado en que el sometimiento de la demandante a las medidas controvertidas supone una restricción injustificada y desproporcionada de sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a proteger su negocio y su reputación.


title: Asunto T-143/15: Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2015 — España/Comisión

text:
               1.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/19

         Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2015 — España/Comisión
   (Asunto T-143/15)
   (2015/C 178/19)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Reino de España (representantes: M. Sampol Pucurull y M. García-Valdecasas Dorrego, Abogados del Estado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule parcialmente la decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la medida en que excluyen:

                           1.

                           las ayudas percibidas por España, correspondientes a la Comunidad de Andalucía, por un total de 3 5 86  250,48 euros más 1 8 66  977,31 euros (ayudas directas disociadas) en los ejercicios financieros 2009 y 2010.

                           2.

                           los gastos efectuados por el Reino de España, correspondientes a la Comunidad de Castilla y León en la cantidad de 2 1 23  619,66 euros (1  479,90 euros + 9 78  849,95 euros +  12  597,37 euros +  1  720,85 euros +  1 0 96  710,18 euros +  32  261,41 euros) correspondientes al concepto «Desventajas naturales» y «Medidas agroambientales» ejercicios presupuestarios años 2010 y 2011, y

               —

               condene en costas a la institución demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   A juicio del Reino de España procede declarar la nulidad de la decisión impugnada por los siguientes motivos:

               1.

               La corrección impuesta a tanto alzado por un importe neto de 5 4 53  227,79 euros (ayudas directas disociadas) es contraria a los artículos 27.1 del Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo 3 y 52 del Reglamento (UE) no 1306/2013, por dos motivos:

                           —

                           Porque la Comisión ha interpretado incorrectamente el artículo 27 del Reglamento (CE) no 796/2004, en la medida en que el hecho de que los resultados de la muestra aleatoria durante los años 2008 y 2009 fueran peores que los resultados de la muestra de riesgo, no supone una infracción de este artículo, y por lo tanto no constituyen una infracción del Derecho de la Unión que excluya una financiación del gasto agrícola conforme a los artículos 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 y 52 del Reglamento (UE) no 1306/2013.

                           —

                           Porque la Comisión no podía razonablemente concluir que se vulneraba el artículo 27 del Reglamento (CE) no 796/2004 porque las pruebas presentadas por el Reino de España en el procedimiento de comprobación justificaron que se aplicó un análisis apropiado y que se adoptaron las medidas adecuadas para mejorar la selección basada en el riesgo, y por lo tanto no constituye una infracción del Derecho de la Unión que excluya una financiación del gasto agrícola conforme a los artículos 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 y 52 del Reglamento (UE) no 1306/2013.

               2.

               La corrección impuesta por un total de 2 1 23  619,66 euros («Desventajas naturales» y «Medidas agroambientales») debe anularse por los siguientes motivos:

                           —

                           Infringe el artículo 10, apartados 2 y 4, y el artículo 14, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1975/20065, al considerar la Comisión que el Reino de España había incumplido sus obligaciones en materia de controles porque no había procedido, por lo que respecta a las medidas «Dificultades naturales» y «Medidas agroambientales», al recuento de animales durante los controles efectuados sobre el terreno en relación con dichas ayudas. Este motivo se divide en dos partes, al considerar el Reino de España que:

                                       a)

                                       La obligación de recuento de los animales durante los controles sobre el terreno en concepto de la ayuda para el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de Castilla y León es contraria al carácter de continuidad del criterio de coeficiente de carga y al principio de igualdad de trato y

                                       b)

                                       Que la Comisión interpretó el artículo 10, apartados 2 y 4, en relación con el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1975/2006 de manera errónea, al considerar que el sistema de control español no era adecuado para verificar el cumplimiento del criterio de carga.

                           —

                           Infringe el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1082/2003, y el artículo 26, apartado 2, letra b) del Reglamento (CE) no 796/2004, en la medida en que el Reino de España cuenta con unas bases de datos de ganado bovino, ovino y caprino fiables, que, además, actualiza de manera continua y en la forma establecida.

                           —

                           Vulnera el artículo 31, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1290/2005 al ser manifiestamente desproporcionada al establecerse un corrección financiera del 5 % por las medidas afectadas por la investigación. La corrección financiera es desproporcionada ya que de ser cierta la infracción imputada a las autoridades españolas, la decisión adoptada va más allá de lo adecuado y necesario para proteger los intereses financieros de la Unión.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de noviembre de 2000 en el asunto T-20/00, Ivo Camacho-Fernandes contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Enfermedad profesional — Exposición al amianto y a otras sustancias — Irregularidad del informe de la comisión médica — Procedimiento por incumplimiento)

text:
C 95/12                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          24.3.2001
de Luxemburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo                    Primera), integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y por
el despacho de Me Karp, 84, Grand-Rue, contra Banco Europeo                los Sres. M. Vilaras y N.J. Forwood, Jueces; Secretario:
de Inversiones (agentes: Sr. J.-P. Minnaert y G. Vandersanden),            Sr. H. Jung, ha dictado el 15 de noviembre de 2000 una
que tiene por objeto un recurso destinado a obtener la                     sentencia cuyo fallo es el siguiente:
reparación del perjuicio moral que el demandante considera
haber sufrido como consecuencia de la negativa del Banco                   1)    Se anula la decisión de la Comisión de 10 de febrero de 1999
Europeo de Inversiones a ejecutar la sentencia del Tribunal de                   por la que se denegó el reconocimiento del origen profesional de
Primera Instancia de 28 de septiembre de 1999, Hautem/BEI                        la enfermedad de la Sra. Arlette Fernandes-De Corte.
(T-140/97, RecFP pp. I-A-171 y II-897), el Tribunal de
Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. R. Garcı́a-          2)    Se desestima el recurso en todo lo demás.
Valdecasas, Presidente, la Sra. P. Lindh y el Sr. J.D. Cooke,
Jueces; Secretario: Sr. G. Herzig, administrador; ha dictado el            3)    Se condena en costas a la Comisión.
12 de diciembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:
                                                                           (1) DO C 122, de 29.4.00.
1)    Se condena al Banco Europeo de Inversiones a pagar al
      demandante 25 000 euros en concepto de indemnización como
      reparación de su perjuicio moral.
2)    Se condena al Banco Europeo de Inversiones a soportar las
      costas correspondientes al procedimiento principal.
                                                                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
3)    El Banco Europeo de Inversiones deberá ingresar en la caja del
      Tribunal de Primera Instancia 3 000 euros o cualquier otra
                                                                                de 21 de noviembre de 2000
      cantidad inferior que el demandante justifique en concepto de
      gastos originados por el recurso principal.
                                                                           en el asunto T-23/00, A contra Comisión de las Comuni-
4)    Cada parte cargará con sus propias costas correspondientes al                                dades Europeas (1)
      procedimiento sobre medidas provisionales.
                                                                           (Funcionarios — Condena penal por un órgano jurisdiccional
(1) DO C 79 de 18.3.2000.
                                                                           nacional — Procedimiento disciplinario — Separación del
                                                                                servicio)
                                                                                (2001/C 95/23)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                           En el asunto T-23/00, A, antiguo funcionario de la Comisión
                  de 15 de noviembre de 2000                               de las Comunidades Europeas, representado por Me L. Vogel,
                                                                           abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem-
                                                                           burgo el despacho de Me C. Kremer, 6, rue Heinrich Heine,
en el asunto T-20/00, Ivo Camacho-Fernandes contra                         contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
          Comisión de las Comunidades Europeas (1)                        G. Valsesia y J. Currall), que tiene por objeto un recurso de
                                                                           anulación de la decisión de la Comisión, de 4 de noviembre de
(Funcionarios — Enfermedad profesional — Exposición al                    1999, por la que se desestima la reclamación presentada por
amianto y a otras sustancias — Irregularidad del informe de                el demandante contra la decisión de la Comisión de 23 de abril
  la comisión médica — Procedimiento por incumplimiento)                  de 1999 por la que se acuerda su separación del servicio y, en
                                                                           la medida en que fuere necesario, del dictamen emitido por el
                           (2001/C 95/22)                                  consejo de disciplina de fecha 30 de noviembre de 1998, el
                                                                           Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por los
                                                                           Sres.: K. Lenaerts, Presidente, J. Azizi y M. Jaeger, Jueces;
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el
                                                                           21 de noviembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el
En el asunto T-20/00, Ivo Camacho-Fernandes, funcionario de                siguiente:
la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
Overijse (Bélgica), representado por Me N. Lhoëst, abogado de              1)    Se desestima el recurso.
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la
fiduciaire Becker et Cahen, 3, rue des Foyers, contra Comisión            2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
de las Comunidades Europeas, que tiene por objeto la anula-
ción de la decisión de la Comisión, de 10 de febrero de 1999            (1) DO C 79 de 18.3.00.
por la que se denegó el reconocimiento del origen profesional
del cáncer de pulmones que provocó el fallecimiento de la
esposa del demandante, el Tribunal de Primera Instancia (Sala


title: Asunto C-380/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg, de fecha 15 de octubre de 2002, en el asunto entre Fantom Gebäudereinigung GmbH y Stadt Dornbirn

text:
11.1.2003              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 7/11
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Østre Landsret, de fecha 15 de octubre de                    lución del Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes
2002, en el asunto entre Skatteministeriet (Ministerio de               Vorarlberg, de fecha 15 de octubre de 2002, en el asunto
               Hacienda) y Imexpo Trading A/S                           entre Fantom Gebäudereinigung GmbH y Stadt Dornbirn
                       (Asunto C-379/02)                                                       (Asunto C-380/02)
                          (2003/C 7/18)
                                                                                (2003/C 7/19)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
resolución del Østre Landsret, dictada el 15 de octubre de              sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
2002, en el asunto entre Skatteministeriet (Ministerio de               resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes
Hacienda) y Imexpo Trading A/S, y recibida en la Secretaría             Vorarlberg, dictada el 15 de octubre de 2002, en el asunto
del Tribunal de Justicia el 21 de octubre de 2002. El Østre             entre Fantom Gebäudereinigung GmbH y Stadt Dornbirn, y
Landsret solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobr         recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de
la siguiente cuestión:                                                  octubre de 2002. El Unabhängiger Verwaltungssenat des
                                                                        Landes Vorarlberg solicita al Tribunal de Justicia que se
¿Ha de interpretarse el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/           pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
87 (1) del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al Arancel Aduanero
Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE)
no 1734/96 (2) de la Comisión, de 9 de septiembre de 1996, el           Primera cuestión
Reglamento (CE) no 2086/97 ( 3) de la Comisión, de 4 de
noviembre de 1997, el Reglamento (CE) no 2261/98 ( 4) de la
Comisión, de 26 de octubre de 1998, y el Reglamento (CE)                ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, de la Directiva
no 2204/99 ( 5) de la Comisión, de 12 de octubre de 1999, en            89/665/CEE ( 1) del Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
el sentido de que las alfombras para sillas con ruedas que              relativa a la coordinación de las disposiciones legales, regla-
se presentan bajo la forma de placas sueltas de plástico                mentarias y administrativas referentes a la aplicación de los
transparente                                                            procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los
                                                                        contratos públicos de suministros y de obras, en el sentido de
—     con bordes rectos, redondeados o biselados, que pueden            que toda persona que pretenda obtener la adjudicación de un
      ser fabricados a máquina o mediante moldes,                       contrato público concreto objeto de licitación está legitimada
                                                                        para interponer un recurso, con independencia de que
—     con adhesivos en su reverso (para los suelos revestidos de        mediante la infracción alegada se le haya causado o pueda
      alfombras) y sin adhesivos (para los suelos de madera u           causar un daño?
      otros suelos duros),
—     con o sin película antideslizante,
                                                                        Segunda cuestión
—     con o sin asa perforada,
—     utilizadas como alfombras para sillas con el fin de               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
      proteger el revestimiento del suelo existente o por
      motivos ergonómicos,
                                                                        ¿Debe interpretarse la citada disposición de la Directiva en el
—     y que, además, se describen en el folleto adjunto (anexo 1),      sentido de que un licitador ha resultado perjudicado o puede
                                                                        verse perjudicado por una supuesta infracción — en el presente
debían clasificarse, durante el período comprendido entre el            asunto, la decisión de la entidad adjudicadora de considerar
15 de julio de 1997 y el 20 de marzo de 2000, como                      mejor la oferta presentada por otro licitador — y, por
revestimientos de plástico para suelos, en la subpartida arance-        consiguiente, también debe tener la posibilidad de interponer
laria 3918 10 90 90 del Capítulo 39 o, como muebles de                  un recurso en el caso de que, aunque su oferta no hubiera
plástico, en la subpartida arancelaria 9403 70 90 00 del                sido descartada por la entidad adjudicadora, la autoridad
Capítulo 94?                                                            competente para conocer del recurso admita y declare con
                                                                        carácter incidental, en el marco de un procedimiento de
                                                                        recurso, que la mencionada oferta hubiera debido ser descar-
( 1) DO L 256, p. 1.                                                    tada forzosamente por aquella?
( 2) DO L 238, p. 1.
( 3) DO L 312, p. 1.
( 4) DO L 292, p. 1.
                                                                        (1 ) DO L 395, 1989, p. 33.
( 5) DO L 278, p. 1.


title: Asunto C-589/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (República de Polonia) el 14 de diciembre de 2010 — Janina Wencel/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

text:
               19.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 89/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (República de Polonia) el 14 de diciembre de 2010 — Janina Wencel/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
   (Asunto C-589/10)
   2011/C 89/11
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Janina Wencel

      Demandada: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad [omissis], con motivo del principio de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, inscrito en el artículo 21 TFUE y en el artículo 20 TFUE, apartado 2, en el sentido de que las prestaciones en metálico de vejez adquiridas en virtud de la legislación de un Estado miembro no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario haya residido al mismo tiempo en el territorio de dos Estados miembros (tuviera dos residencias habituales con el mismo rango), siendo uno de ellos un Estado distinto de aquel en cuyo territorio tiene su sede la institución deudora de la pensión de jubilación?

               2)

               ¿Deben interpretarse el artículo 21 TFUE y el artículo 20 TFUE, apartado 2 [omissis] y el artículo 10 del Reglamento no 1408/71 [omissis] en el sentido de que se oponen a que se aplique la disposición nacional prevista en el artículo 114, apartado 1, de la Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Ley, de 17 de diciembre de 1998, sobre las pensiones de los fondos de la seguridad social) (Dz. U. de 2009, no 153, posición 1227 con modificaciones), en relación con el artículo 4 del Convenio de 9 de octubre de 1975 sobre prestaciones por vejez y accidente laboral celebrado entre la República Federal de Alemania y la República Popular de Polonia (Dz. U. de 1976, no 16, posición 101 con modificaciones), de tal forma que el Instituto de Previsión polaco conozca de nuevo el mismo asunto y a una persona, que durante muchos años tuvo simultáneamente dos lugares de residencia habitual (dos centros vitales) en dos Estados que en la actualidad pertenecen a la Unión Europea y con anterioridad a 2009 no presentó una solicitud de traslado de su lugar de residencia en uno de esos Estados ni hizo la declaración pertinente, se la prive del derecho a una pensión de jubilación?
               En caso de respuesta negativa:

               3)

               ¿Deben interpretarse el artículo 20 TFUE, apartado 2, y el artículo 21 TFUE [omissis] y el artículo 10 del Reglamento no 1408/71 [omissis] en el sentido de que se oponen a que se aplique la disposición nacional prevista en el artículo 138, apartados 1 y 2, de la Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [omissis], de tal forma que el Instituto de Previsión polaco pueda exigir a una persona, que desde 1975 hasta 2009 tuvo simultáneamente dos lugares de residencia habitual (dos centros vitales) en dos Estados que en la actualidad pertenecen a la Unión Europea, el reembolso de las pensiones de jubilación correspondientes a los últimos tres años en caso de que dicha persona, durante la adopción de la decisión sobre la solicitud de concesión de la pensión y tras su percepción, no hubiera sido informada por el Instituto de Previsión polaco de que también debía comunicar que tenía dos lugares de residencia habitual en dos Estados y, asimismo, presentar una solicitud para elegir el instituto de previsión de uno de estos Estados como entidad competente de la decisión sobre sus solicitudes relacionadas con las pensiones de jubilación o bien hacer una declaración en este sentido?

      (1)  DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de enero de 2003 en los asuntos acumulados C-421/00, C-426/00 y C-16/01 (Petición de decisión prejudicial del Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, del Unabhängiger Verwaltungssenat Wien y del Verwaltungsgerichtshof): Renate Sterbenz y Paul Dieter Haug ("Aproximación de las legislaciones — Artículos 28 CE y 30 CE — Directiva 79/112/CEE — Etiquetado y presentación de los productos alimenticios")

text:
8.3.2003                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                    C 55/3
Division (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio                    Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Bacardi-                     y M. Wathelet, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann,
Martini SAS, Cellier des Dauphins, y Newcastle United Football                A. La Pergola (Ponente), P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken
Company Ltd, una decisión prejudicial sobre la interpretación                 y N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha Rodrigues,
del artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE,                   Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra.
tras su modificación), el Tribunal de Justicia, integrado por el              M.-F. Contet, administradora, ha dictado el 21 de enero
Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet           de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
y M. Wathelet, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann,
D.A.O. Edward, P. Jann (Ponente) y V. Skouris, las                            1)     Anular el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE)
Sras. F. Macken y N. Colneric, y los Sres. S. von Bahr y                             no 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano;                       17 de julio de 2000, relativo al instrumento financiero para el
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado                    medio ambiente (LIFE).
el 21 de enero de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                              2)     Las medidas de ejecución del Reglamento no 1655/2000 que
La petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of                   hayan sido adoptadas antes de la fecha de la presente sentencia
Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, mediante                          no se verán afectadas por ésta.
resolución de 28 de julio de 2000 no es admisible.                            3)     Se mantendrán en su integridad los efectos del artículo 11,
                                                                                apartado 2, del Reglamento n o 1655/2000 hasta que el
( 1) DO C 302 de 21.10.2000.                                                         Parlamento y el Consejo aprueben nuevas disposiciones relativas
                                                                                al procedimiento de comité al que estarán sometidas las medidas
                                                                                de ejecución de dicho Reglamento.
                                                                              4)     Condenar en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la
                                                                                Unión Europea.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                              (1 ) DO C 355 de 9.12.2000.
                      de 21 de enero de 2003
en el asunto C-378/00: Comisión de las Comunidades
Europeas contra Parlamento Europeo y Consejo de la
                          Unión Europea ( 1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(«Comitología — Decisión 1999/468/CE del Consejo, por la
que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las                                              (Sala Sexta)
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión —
                                                                                de 23 de enero de 2003
Criterios de elección entre los distintos procedimientos de
adopción de las medidas de ejecución — Efectos — Obliga-                      en los asuntos acumulados C-421/00, C-426/00 y C-16/
ción de motivar — Anulación parcial del Reglamento (CE)                       01 (Petición de decisión prejudicial del Unabhängiger
no 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo                    Verwaltungssenat für Kärnten, del Unabhängiger Verwal-
   al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE))»                  tungssenat Wien y del Verwaltungsgerichtshof): Renate
                                                                                Sterbenz y Paul Dieter Haug ( 1)
                            (2003/C 55/05)
                                                                              («Aproximación de las legislaciones — Artículos 28 CE y 30
                   (Lengua de procedimiento: francés)                         CE — Directiva 79/112/CEE — Etiquetado y presentación
                                                                                de los productos alimenticios»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                                     (2003/C 55/06)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto C-378/00, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agente: Sra. D. Maidani) contra Parlamento Europeo                      (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(agentes: Sres. C. Pennera y M. Moore), y Consejo de la Unión                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Europea (agentes: Sres. J.-P. Jacqué y G. Houttuin) apoyado por
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (agente:
Sra. G. Amodeo, asistida por el Sr. M. Hoskins) que tiene por                 En los asuntos acumulados C-421/00, C-426/00 y C-16/01,
objeto la anulación del Reglamento (CE) no 1655/2000 del                      que tiene por objeto diversas peticiones dirigida al Tribunal de
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000,                     Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Unabhängiger
relativo al instrumento financiero para el medio ambiente                     Verwaltungssenat für Kärnten (Austria), el Unabhängiger Ver-
(LIFE) (DO L 192, p. 1), en tanto en cuanto somete la                         waltungssenat Wien (Austria) y el Verwaltungsgerichtshof
adopción de las medidas de ejecución del programa LIFE al                     (Austria), destinadas a obtener, en los procesos penales segui-
procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de                  dos ante dicho órgano jurisdiccional contra Renate Sterbenz
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,                  (Asunto C-421/00), una decisión prejudicial sobre la interpre-
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de              tación de los artículos 28 CE y 30 CE y de la Directiva 79/112/
las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO                    CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la
L 184, p. 23), el Tribunal de Justicia, integrado por el                      aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
 ---pagebreak--- C 55/4                   ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                  8.3.2003
materia de etiquetado, presentación y publicidad de los                      decisión prejudicial sobre la interpretación de las Directivas
productos alimenticios (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09,                       89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa
p. 162), modificada por la Directiva 97/4/CE del Parlamento                  a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997 (DO L 43,                      administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos
p. 21). el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr.           de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos
R. Schintgen, Presidente de la Sala Segunda, en funciones de                 de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión
Presidente de la Sala Sexta, y el Sr. V. Skouris, las Sras.                  modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de
F. Macken y N. Colneric y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente),             junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de
Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr.                  adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209,
R. Grass, ha dictado el 23 de enero de 2003 una sentencia                    p. 1), y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
cuyo fallo es el siguiente:                                                  coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
                                                                             contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), el Tribunal de
Los artículos 2, apartado 1, letra b), y 15, apartados 1 y 2, de la          Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. C. Gulmann, en
Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978,                funciones de Presidente de la Sala Sexta, el Sr. V. Skouris, las
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados               Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues
miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los          (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secreta-
productos alimenticios, modificada por la Directiva 97/4/CE del              rio: Sr. H. A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 23 de
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, se                 enero de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
oponen a un régimen como el establecido por el artículo 9,
apartados 1 y 3, de la Bundesgesetz über den Verkehr mit                     1)     La Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993,
Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mit-                   sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
teln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (Ley                       contratos públicos de obras, no se opone a una normativa
federal sobre la comercialización de productos alimenticios, productos              nacional que prohíbe el cambio en la composición de una
destinados al consumo humano, aditivos, productos cosméticos y                      agrupación de empresarios que participa en un procedimiento
objetos de uso corriente) que prohíbe, con carácter general, salvo                  de adjudicación de un contrato público de obras o de una
autorización previa, cualquier indicación relativa a la salud en el                 concesión de obras públicas, cuando dicho cambio se haya
etiquetado y la presentación de los productos alimenticios.                         producido después de la presentación de las ofertas.
                                                                             2)     En la medida en que una decisión de una entidad adjudicadora
( 1) DO C 28 de 27.01.2001.                                                         vulnera los derechos de una agrupación de empresarios que le
                                                                                confiere el Derecho comunitario en el marco de un procedimiento
                                                                                de adjudicación de un contrato público, dicha agrupación debe
                                                                                poder ejercitar los recursos previstos por la Directiva 89/665/
                                                                                CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la
                                                                                coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                                administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos
                                                                                de suministros y de obras, en su versión modificada por la
                             (Sala Sexta)
                                                                                Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,
                                                                                sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
                      de 23 de enero de 2003                                        contratos públicos de servicios.
en el asunto C-57/01 (Petición de decisión prejudicial del                   (1 ) DO C 150 de 19.05.2001.
Dioikitiko Efeteio Athinon): Makedoniko Metro, Micha-
               niki AE contra Elliniko Dimosio (1)
(«Contratos públicos de obras — Normas de participación                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
— Agrupación de empresarios licitadora — Cambios en la
composición de la agrupación — Prohibición prevista en el                                                  (Sala Sexta)
pliego de condiciones — Compatibilidad con el Derecho
                     comunitario — Recursos»)                                                       de 30 de enero de 2003
                                                                             en el asunto C-226/01: Comisión de las Comunidades
                           (2003/C 55/07)                                                Europeas contra Reino de Dinamarca (1)
                   (Lengua de procedimiento: griego)                         («Incumplimiento de Estado — Calidad de las aguas de baño
                                                                                — Aplicación inadecuada de la Directiva 76/160/CEE»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                (2003/C 55/08)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: danés)
En el asunto C-57/01, que tiene por objeto una petición                      (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,                  «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
por el Dioikitiko Efeteio Athinon (Grecia), destinada a obtener,
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre               En el asunto C-226/01, Comisión de las Comunidades Euro-
Makedoniko Metro, Michaniki AE y Elliniko Dimosio, una                       peas (agente: Sr. H. C. Støvlbæk) contra Reino de Dinamarca


title: Asunto C-549/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Friedrike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA ( Transporte aéreo — Reglamento (CE) n o  261/2004 — Artículo 5 — Compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancelación de un vuelo — Exención de la obligación de indemnizar — Cancelación debida a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado ni siquiera si se hubieran tomado todas las medidas razonables )

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/20

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Friedrike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA
   (Asunto C-549/07) (1)

   («Transporte aéreo - Reglamento (CE) no 261/2004 - Artículo 5 - Compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancelación de un vuelo - Exención de la obligación de indemnizar - Cancelación debida a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado ni siquiera si se hubieran tomado todas las medidas razonables»)
   (2009/C 44/34)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Handelsgericht Wien
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Friedrike Wallentin-Hermann

      Demandada: Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Handelsgericht Wien — Interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 64, p. 1) — Concepto de «circunstancias extraordinarias» y de «medidas razonables» — Cancelación de un vuelo por avería de un reactor — Frecuencia de cancelaciones causadas por problemas técnicos muy superior a la de las demás compañías aéreas.
   Fallo

               1)

               El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «circunstancias extraordinarias» utilizado en dicha disposición no se aplica a un problema técnico surgido en una aeronave que provoque la cancelación de un vuelo, a menos que este problema se derive de acontecimientos que, por su naturaleza o por su origen, no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo de que se trate y escapen al control efectivo de dicho transportista. El Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, concluido en Montreal el 28 de mayo de 1999, no resulta determinante para la interpretación de las causas de exoneración contempladas en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 261/2004.

               2)

               La frecuencia con que un transportista aéreo sufra problemas técnicos no constituye en sí un dato que permita pronunciarse sobre la presencia o la ausencia de «circunstancias extraordinarias» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 261/2004.

               3)

               El hecho de que un transportista aéreo haya respetado las normas mínimas de mantenimiento de una aeronave no basta por sí solo para acreditar que dicho transportista adoptó «todas las medidas razonables» con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 261/2004 y para exonerar, por tanto, a dicho transportista de la obligación de indemnizar que le imponen los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, de dicho Reglamento.

      (1)  DO C 64 de 8.3.2008.


title: Asunto C-3/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 8 de enero de 2015 — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

text:
               13.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 8 de enero de 2015 — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG
   (Asunto C-3/15)
   (2015/C 118/19)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Amtsgericht Hannover

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Alexandra Stück

      Demandada: Swiss International Air Lines AG

      Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

   ¿Es posible interpretar el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo de 21 de junio de 1999 (1), en su versión dada por la Decisión no 2/2010 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Comunidad/Suiza, de 26 de noviembre de 2010 (2), en el sentido de que el Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (3), con arreglo a lo dispuesto en su artículo 3, apartado 1, letra b), también es aplicable a pasajeros que tomen un vuelo con una compañía aérea suiza en un aeropuerto situado en un tercer país hacia un aeropuerto situado en Suiza?

      (1)  DO 2002, L 114, p. 73.

      (2)  Decisión no 2/2010 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Comunidad/Suiza instituido por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, de 26 de noviembre de 2010, por la que se sustituye el anexo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (DO L 347, p. 54).

      (3)  DO L 46, p. 1.


title: Recurso interpuesto el 20 de marzo de 1998 por el Sr. Lars Bo Rasmussen contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-50/98)

text:
2.5.98                 ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 137/21
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-                  cación del artículo 65 del Tratado CECA (suplemento
tancia que:                                                               de aleación), en medida en que afecta a la deman-
                                                                          dante;
Ð anule la Decisión de la Comisión de 21 de enero de
     1998 en el asunto IV/35.814 (suplemento de aleación)             Ð subsidiariamente, reduzca la cuantía de la multa;
     en la medida en que va dirigida a ella;
                                                                      Ð condene en costas a la Comisión.
Ð subsidiariamente, reduzca sustancialmente la multa
     que le ha sido impuesta;                                         Motivos y principales alegaciones
Ð condene en costas a la Comisión.                                    Desde hace alguÂn tiempo, una serie de productores de
                                                                      acero inoxidable aplican conjuntamente un aumento de
Motivos y principales alegaciones                                     precios que se conoce con el nombre de «suplemento de
                                                                      aleación». Este suplemento se calcula basaÂndose en la coti-
Mediante la Decisión impugnada la Comisión considera                  zación de los elementos de aleación.
que la demandante, una empresa puÂblica espanÄola que
opera en el sector del acero inoxidable ha infringido, junto          SeguÂn afirma la Comisión en su Decisión de 21 de enero
con otras empresas fabricantes de dicho producto, el                  de 1998, los productores aplican este suplemento de
apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA al ponerse                comuÂn acuerdo. La praÂctica colusoria, continuÂa la deman-
de acuerdo, en diciembre de 1993, para modificar y apli-              dada, restringe en gran medida la competencia habida
car conjuntamente los referidos paraÂmetros de la fórmula             cuenta de que las empresas participantes representan el
de caÂlculo del suplemento de aleación, praÂctica que,                90 % de la producción de acero inoxidable. SeguÂn la
afirma la Comisión, tiene por objeto y efecto restringir y            Comisión, este acuerdo infringe el artículo 65 del
falsear la competencia dentro del mercado comuÂn.                     Tratado CECA.
Los motivos y las principales alegaciones son, en principio,          La demandante objeta a la Decisión de la Comisión que:
ideÂnticos a los formulados en los asuntos T-45/98, Krupp
Thyssen Nirosta GmbH; T-47/98, Acciai Speciali Terni, y               Ð incluso sin concertación, todos los productores habrían
T-49/98, ALZ NV, relativos a otras sociedades que pertici-                adoptado medidas para adaptar los precios a la situa-
pan en dicha praÂctica concertada (1).                                    ción económica,
                                                                      Ð la Comisión sobreestima la importancia de la repercu-
La parte demandante afirma, ademaÂs, que no ha partici-
                                                                          sión del suplemento de aleación sobre el precio del
pado en ninguÂn acuerdo o praÂctica concertada en el sen-
                                                                          producto y no tiene en cuenta la situación específica
tido del artículo 65 del Tratado CECA. Si se entendiera
                                                                          de cada una de las empresas afectadas,
que la demandante ha participado en tal acuerdo o praÂc-
tica concertada, la infracción puede, como mucho, ser                 Ð la Comisión impone a las empresas afectadas multas
considerada esporaÂdica y pasajera y no de la duración                    similares, sin tener en cuenta las considerables diferen-
mencionada por la Comisión. Por uÂltimo, la multa                         cias de tamanÄo entre ellas,
impuesta a la demandante es, en cualquier caso, despro-
porcionada y discriminatoria.                                         Ð la Comisión ha violado los derechos de defensa.
(1) AuÂn no publicados en el Diario Oficial.
                                                                      Recurso interpuesto el 20 de marzo de 1998 por el Sr.
                                                                      Lars Bo Rasmussen contra la Comisión de las Comunida-
Recurso interpuesto el 16 de marzo de 1998 por ALZ NV                                          des Europeas
      contra la Comisión de las Comunidades Europeas                                        (Asunto T-50/98)
                       (Asunto T-49/98)
                                                                                (98/C 137/47)
                         (98/C 137/46)
                                                                                (Lengua de procedimiento: franceÂs)
            (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)
                                                                      En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                Europeas se ha presentado el 20 de marzo de 1998 un
Europeas se ha presentado el 16 de marzo de 1998 un                   recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                formulado por el Sr. Lars Bo Rasmussen, con domicilio en
formulado por ALZ NV, con domicilio social en Gante                   Dalheim (Luxemburgo), representado por el Sr. Carlo
(BeÂlgica), representada por el Sr. B. van de Walle de Ghel-          Revoldini, Abogado de Luxemburgo, que designa como
cke, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en               domicilio en Luxemburgo su despacho, 180, route de
Luxemburgo el despacho del Sr. Loesch, 7, rue Goethe.                 Longwy.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
tancia que:                                                           tancia que:
Ð anule la Decisión C(98) 68 final de la Comisión, de 21              Ð anule la decisión de la Comisión de no promoverle al
     de enero de 1998, relativa a un procedimiento de apli-               grado A 4 en el ejercicio de promoción de 1997;
 ---pagebreak--- C 137/22            ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     2.5.98
Ð anule la decisión de la Comisión de promover a las             Ð condene a la parte demandada a pagar una indemniza-
   118 personas seleccionadas de la lista de funcionarios             ción pecuniaria por los perjuicios morales sufridos del
   considerados con mayores meÂritos para obtener una                 orden de 500 000 francos luxemburgueses, o cualquier
   promoción hacia el grado A 4, publicada en las Infor-              otro importe que decida el Tribunal de Primera Instan-
   maciones Administrativas no 999 de 12 de agosto de                 cia ex aequo et bono;
   1997, sobre los creÂditos de funcionamiento, promo-
                                                                 Ð condene en costas a la parte demandada.
   ción 1997 al grado A 4;
                                                                 Motivos y principales alegaciones
Ð anule, en la medida en que fuere necesario, la decisión
   de la Comisión de 8 de enero de 1998, por la que se           Los motivos y principales alegaciones son ideÂnticos a los
   desestima expresamente la reclamación del deman-              ya invocados en el asunto T-234/97 (1).
   dante no R634/97 de 28 de agosto de 1997, registrada
   en la Secretaría General el 3 de septiembre de 1997;          (1) DO C 7 de 10.1.1998, p. 20.