title: Asunto C-269/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania [ Incumplimiento de Estado — Libre circulación de los trabajadores — Reglamento (CEE) n o  1612/68 — Ayudas para ahorro-pensión — Sujeción tributaria por obligación personal ]

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania
   (Asunto C-269/07) (1)

   («Incumplimiento de Estado - Libre circulación de los trabajadores - Reglamento (CEE) no 1612/68 - Ayudas para ahorro-pensión - Sujeción tributaria por obligación personal»)
   2009/C 267/16
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal y W. Mölls, agentes)

      Demandada: República Federal de Alemania (representantes: C. Blaschke y M. Lumma, agentes, W. Wellisch, Rechtsanwalt)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 12 CE, 18 CE y 39 CE, así como del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2) — Normativa nacional relativa a los suplementos para el fomento de planes de pensiones, que supedita la concesión del suplemento al requisito de que el interesado esté sujeto al impuesto por obligación personal en el Estado miembro, ordenando la restitución del suplemento en caso de que tal sujeción finalice, y que sólo permite utilizar el capital acumulado en el marco de dicho régimen para la adquisición de una vivienda destinada al uso del propietario en caso de que ésta se encuentre sita en territorio nacional.

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 39 CE, y del artículo 7, apartado 2 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, así como del artículo 18 CE, al establecer y mantener las disposiciones relativas a las pensiones complementarias en los artículos 79 a 99 de la Ley federal sobre el impuesto de la renta (Einkommensteuergesetz), en la medida en que dichas disposiciones:

                           —

                           deniegan a los trabajadores fronterizos y a sus cónyuges el derecho a una ayuda para ahorro-pensión, si no son sujetos pasivos del impuesto por obligación personal en dicho Estado miembro;

                           —

                           no permiten que el capital acumulado se invierta en la adquisición o la construcción de una vivienda para uso personal del beneficiario si el inmueble no está situado en Alemania; y

                           —

                           exigen la devolución de dicha ayuda si cesa la sujeción al impuesto por obligación personal en ese mismo Estado miembro.

               2)

               Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 199, de 25.8.2007.


title: Asunto C-323/15 P: Recurso de casación interpuesto el 30 de junio de 2015 por Polynt SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 30 de abril de 2015 en el asunto T-134/13, Polynt SpA y Sitre Srl/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/24

         Recurso de casación interpuesto el 30 de junio de 2015 por Polynt SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 30 de abril de 2015 en el asunto T-134/13, Polynt SpA y Sitre Srl/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
   (Asunto C-323/15 P)
   (2015/C 311/30)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Polynt SpA (representante: C. Mereu, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), Sitre Srl, New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Reino de los Países Bajos, Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-134/13.

               —

               Anule la Decisión impugnada o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que éste se pronuncie sobre el recurso de anulación de la recurrente.

               —

               Condene en costas a la parte demandada, incluidas las correspondientes al procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente alega que, al desestimar su recurso de anulación de la Decisión impugnada, el Tribunal General vulneró el Derecho comunitario. En particular, la recurrente aduce que el Tribunal cometió una serie de errores en su motivación y en la interpretación de la legislación aplicable a la situación de dicha parte. Como consecuencia de ello, el Tribunal General incurrió en los siguientes errores de Derecho:

               —

               Realizó afirmaciones contradictorias y erróneas respecto de la necesidad de tener en cuenta la evaluación del riesgo en el sentido del artículo 57, letra f), del Reglamento REACH (1), lo que dio lugar a una interpretación equivocada de esa disposición.

               —

               Realizó afirmaciones contradictorias y se apartó de la jurisprudencia consolidada sobre el rango y la relevancia de los documentos de orientación al interpretar el concepto de «grado de preocupación equivalente» utilizado en el artículo 57, letra f), de dicho Reglamento.

               —

               Incurrió en una motivación insuficiente al basarse erróneamente en el artículo 60, apartado 2, del Reglamento REACH.

               —

               Utilizó un criterio jurídico erróneo para rechazar las alegaciones relativas a la exposición de los trabajadores y los consumidores, aplicando así de forma incorrecta el artículo 57, letra f), del Reglamento REACH.

         Por estas razones, la recurrente sostiene que procede anular la sentencia del Tribunal General en el asunto T-134/13 y la Decisión impugnada.

      (1)  Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 p. 1).


title: Adscripción de los Jueces a las Salas

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/15

         Adscripción de los Jueces a las Salas
   (2005/C 205/28)
   El 7 de julio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia decidió constituir cinco Salas integradas por cinco Jueces y cinco Salas integradas por tres Jueces para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006 y adscribir los Jueces a dichas Salas del siguiente modo:
   Sala Primera ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Vesterdorf, Presidente, Sr. García-Valdecasas, Sr. Cooke, Sra. Labucka y Sra. Trstenjak, Jueces
   Sala Primera, integrada por tres Jueces
   Sr. García-Valdecasas, Presidente de Sala, Sr. Cooke, Sra. Labucka y Sra. Trstenjak, Jueces
   Sala Segunda ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Pirrung, Presidente de Sala, Sr. Meij, Sr. Forwood, Sra. Pelikánová y Sr. Papasavvas, Jueces
   Sala Segunda, integrada por tres Jueces
   Sr. Pirrung, Presidente de Sala

               a)

               Sr. Meij y Sra. Pelikánová, Jueces

               b)

               Sr. Forwood y Sr. Papasavvas, Jueces

         Sala Tercera ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Jaeger, Presidente de Sala, Sra. Tiili, Sr. Azizi, Sra. Cremona y Sr. Czúcz, Jueces
   Sala Tercera, integrada por tres Jueces
   Sr. Jaeger, Presidente de Sala

               a)

               Sra. Tiili y Sr. Czúcz, Jueces

               b)

               Sr. Azizi y Sra. Cremona, Jueces

         Sala Cuarta ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Legal, Presidente de Sala, Sra. Lindh, Sr. Mengozzi, Sra. Wiszniewska-Białecka y Sr. Vadapalas, Jueces
   Sala Cuarta, integrada por tres Jueces
   Sr. Legal, Presidente de Sala

               a)

               Sra. Lindh y Sr. Vadapalas, Jueces

               b)

               Sr. Mengozzi y Sra. Wiszniewska-Białecka, Jueces

         Sala Quinta ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Vilaras, Presidente de Sala, Sra. Martins Ribeiro, Sr. Dehousse, Sr. Šváby y Sra. Jürimäe, Jueces
   Sala Quinta, integrada por tres Jueces
   Sr. Vilaras, Presidente de Sala

               a)

               Sra. Martins Ribeiro y Sra. Jürimäe, Jueces

               b)

               Sr. Dehousse y Sr. Šváby, Jueces

         En la Sala Primera integrada por tres Jueces, los Jueces que, junto con el Presidente de Sala, la componen serán designados por turno conforme al orden previsto en el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, sin perjuicio de la conexión entre asuntos. Las Salas Segunda a Quinta integradas por tres Jueces estarán compuestas por el Presidente de Sala y por los Jueces mencionados bien en la letra a), bien en la letra b), en función de la formación a la que pertenezca el Juez Ponente. En los asuntos en los que el Presidente de Sala sea Juez Ponente, la Sala se compondrá por el Presidente de Sala y, por turno, por los Jueces de una u otra formación, según el orden en que se hayan registrado los asuntos y sin perjuicio de la conexión entre asuntos.
   En aquellos asuntos en que, antes del 1 de octubre de 2005, haya finalizado la fase escrita y se haya celebrado o fijado una vista, correspondiente a la fase oral, la Sala Primera integrada por tres Jueces mantendrá su composición anterior para la fase oral, la deliberación y la sentencia.
   Composición de la Gran Sala
   El 7 de julio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia decidió, conforme al artículo 10, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, que, para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006, los trece Jueces que integrarán la Gran Sala son el Presidente del Tribunal de Primera Instancia, los Presidentes de las Salas ampliadas Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, los Jueces de la Sala ampliada que tendrían que resolver el asunto de que se trate si se hubiera atribuido a una Sala integrada por cinco Jueces, así como otros Jueces en número necesario para completar la Gran Sala, designados por turno aplicado por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia durante el período de tres años para el que son elegidos los Presidentes de las Salas integradas por cinco Jueces, entre los Jueces de las demás Salas siguiendo el orden del rango que les corresponda en dichas Salas según su antigüedad en el cargo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
   Pleno
   El 7 de julio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia decidió, con arreglo al artículo 32, apartado 1, párrafo segundo, de su Reglamento de Procedimiento, que si, como consecuencia de la designación de un Abogado General conforme al artículo 17 del Reglamento de Procedimiento, el Pleno del Tribunal estuviera formado por un número par de Jueces, el turno preestablecido, aplicado durante el período de tres años para el que son elegidos los Presidentes de las Salas integradas por cinco Jueces, según el cual el Presidente del Tribunal determina qué Juez se abstendrá de participar en la resolución del asunto, seguirá el orden inverso al rango que corresponda a los Jueces según su antigüedad en el cargo, conforme al artículo 6 del Reglamento de Procedimiento, salvo que tal designación recaiga en el Juez Ponente. En este caso, se designará al Juez que preceda inmediatamente a éste en rango.
   Designación del Juez que sustituirá al Presidente del Tribunal de Primera Instancia en calidad de Juez de medidas provisionales
   El 7 de julio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia decidió, conforme al artículo 106 de su Reglamento de Procedimiento, designar al Juez Sr. García-Valdecasas para sustituir al Presidente del Tribunal, en caso de ausencia o impedimento, en calidad de Juez de medidas provisionales, para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006.
   Criterios para la atribución de los asuntos a las Salas
   El 7 de julio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia fijó, de conformidad con el artículo 12 de su Reglamento de Procedimiento, los siguientes criterios para la atribución de los asuntos a las Salas, para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006:

               1.

               Los asuntos serán atribuidos, desde el momento de la presentación del escrito de interposición del recurso y sin perjuicio de una ulterior aplicación de los artículos 14 y 51 del Reglamento de Procedimiento, a las Salas integradas por tres Jueces.

               2.

               Los asuntos serán atribuidos a las Salas con arreglo a cuatro turnos distintos, establecidos en función del orden de registro de los asuntos en la Secretaría:

                           —

                           para los recursos relativos a la aplicación de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas, de las normas sobre ayudas concedidas por los Estados y de las normas referentes a las medidas de defensa comercial;

                           —

                           para los asuntos contemplados en el artículo 236 del Tratado CE y en el artículo 152 del Tratado CEEA;

                           —

                           para los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento;

                           —

                           para los demás asuntos.

         Dentro de estos turnos, la Sala Primera no será tomada en consideración en cada quinta vuelta.
   El Presidente del Tribunal podrá establecer excepciones a dichos turnos para tener en cuenta las conexiones existentes entre determinados asuntos o para garantizar un reparto equilibrado del volumen de trabajo.


title: Asunto C-108/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Mac GmbH/Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Productos fitosanitarios — Autorización de comercialización — Importación paralela — Exigencia de una autorización de comercialización expedida con arreglo a la Directiva 91/414/CEE en el Estado de exportación)

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Mac GmbH/Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
   (Asunto C-108/13) (1)

   ((Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Productos fitosanitarios - Autorización de comercialización - Importación paralela - Exigencia de una autorización de comercialización expedida con arreglo a la Directiva 91/414/CEE en el Estado de exportación))
   (2015/C 007/06)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Mac GmbH

      Demandada: Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

      Fallo

   Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma nacional que excluye que se expida una autorización de importación paralela para un producto fitosanitario que no goza, en el Estado miembro de exportación, de una autorización de comercialización expedida sobre la base de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, pese a que este producto dispone de una autorización de importación paralela y puede considerarse idéntico a un producto que tiene una autorización de comercialización expedida de conformidad con la citada Directiva en el Estado miembro de importación.

      (1)  DO C 141, de 18.5.2013.


title: Asunto T-5/01: Recurso interpuesto el 4 de enero de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola — I.N.I.P.A. y otros

text:
C 95/16                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     24.3.2001
Violación de los derechos de defensa efectiva: cuando una             Motivos y principales alegaciones
empresa a la que la Comisión impone injustamente una multa
no puede reclamar la pérdida de intereses, de hecho no está en
                                                                       Los motivos y las principales alegaciones son idénticos a los
condiciones de defenderse plenamente contra decisiones que
                                                                       del asunto T-2/01.
la Comisión le dirige injustamente.
Enriquecimiento sin causa.
Al no existir un tipo de interés generalmente válido, para
calcular los intereses la demandante parte del tipo aplicado
por la Comisión al determinar el importe que debı́an pagar las        Recurso interpuesto el 4 de enero de 2001 contra la
empresas que aplazaban el pago de multas justificadas.                 Comisión de las Comunidades Europeas por el Istituto
                                                                       Nazionale Istruzione Professionale Agricola — I.N.I.P.A.
                                                                                y otros
                                                                                (Asunto T-5/01)
                                                                                (2001/C 95/32)
Recurso interpuesto el 4 de enero de 2001 contra la                                     (Lengua de procedimiento: italiano)
Comisión de las Comunidades Europeas por Eerste Neder-
               landse Cement Industrie (ENCI)
                                                                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                       Europeas se ha presentado el 4 de enero de 2001 un recurso
                        (Asunto T-3/01)                                contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                       por el Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola —
                                                                       I.N.I.P.A. y otros, representados por los Sres. Giovanni Pesce y
                         (2001/C 95/31)                                Filippo Brunetti, abogados, que designan como domicilio
                                                                       Luxemburgo, a efectos de notificaciones.
              (Lengua de procedimiento: neerlandés)                    Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
                                                                       Instancia que:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                 —      Estime el recurso y condene en costas a la parte deman-
Europeas se ha presentado el 4 de enero de 2001 un recurso                    dada.
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) NV, con
domicilio social en ’s-Hertogenbosch (Paı́ses Bajos), represen-        Motivos y principales alegaciones
tada por M.B.W. Biesheuvel y R. Wesseling, abogados de La
Haya, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
de M. Loesch, abogado, Rue Goethe 11.                                  El presente recurso se interpone contra la decisión (D13118),
                                                                       de 27 de octubre de 2000, suscrita por el Director General de
                                                                       la Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección General
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia          de Sanidad y Protección de los Consumidores, con la que se
que:                                                                   informó a la unión temporal de las empresas demandante de
                                                                       su exclusión del procedimiento de licitación relativa a la
                                                                       organización de la campaña de información sobre la seguridad
—    Anule la Decisión de la Comisión de 23 de noviembre de
                                                                       alimentaria de los Estados miembros para el 2000 y el 2001.
     2000, por la que se niega a pagar a ENCI intereses por
     una multa injustamente impuesta.
                                                                       La exclusión de que se trata se fundamenta en la no justifica-
—    Declare que la Comisión debe pagar a ENCI un interés             ción:
     del 8,75 %, al menos un interés apropiado, sobre
     7 316 000 euros por el perı́odo comprendido entre el              —      de una experiencia de tres años, como mı́nimo, en materia
     3 de mayo de 1995 y el 23 de noviembre de 2000, ası́                     de cooperación con una organización de consumidores,
     como un interés del 6,32 % sobre dicho importe desde el
     23 de noviembre de 2000 hasta el dı́a en que la Comisión         —      de la aptitud para hacer que las organizaciones de
     pague los intereses a ENCI.                                              consumidores se comprometan en la campaña.
—    Condene en costas a la Comisión.                                 En apoyo de sus pretensiones la unión demandante alega:
 ---pagebreak--- 24.3.2001               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 95/17
—    Error en las condiciones y total falta de motivación, en la        —      Condene a la Comisión al pago de una indemnización de
     medida en que, por una parte, la necesidad de comprome-                    daños y perjuicios, estimada provisionalmente en 1 euro
     ter a las organizaciones de consumidores no constaba en                    por el perjuicio sufrido.
     el anuncio de licitación y, por otra, se probó la experiencia
     exigida.                                                            —      Condene en costas a la Comisión.
—    Alegación de una contradicción interna en la decisión
     recurrida, ası́ como una desviación de poder, debido a             Motivos y principales alegaciones
     que, en una comunicación de 14 de septiembre de 2000,
     que la propia Comisión remitió a los licitadores se               El demandante celebró un contrato por un plazo de tres años
     afirmaba que la oferta de la unión demandante no sólo             con la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos
     habı́a sido seleccionada, es decir, admitida a la licitación,      (AFPN), contrato que podı́a ser prorrogado por otro año.
     sino que habı́a resultado ser la adjudicataria del lote de su
     interés.                                                            A pesar de las opiniones supuestamente favorables expresadas
                                                                         en el último informe de calificación del demandante, la AFPN
—    Infracción del anuncio de licitación y alegación de              decidió prorrogar sólo seis meses el contrato del demandante.
     incompetencia. Se afirma al respecto que, con arreglo al
     anuncio de licitación, el Director General que firmó la           El demandante pide que se anule dicha decisión y alega que al
     decisión impugnada no es la persona facultada para                 adoptarla la AFPN incumplió su obligación de motivación,
     efectuar todas las comunicaciones referentes al procedi-            establecida en el artı́culo 25 del Estatuto de los Funcionarios.
     miento de licitación y adoptar las correspondientes                Ya que, según lo alegado, todos los contratos de tres años a
     decisiones, y que el escrito impugnado confunde los                 favor de agentes temporales fueron prorrogados, excepto el
     requisitos para la selección al objeto de participar en la         del demandante, el lı́mite de seis meses con respecto a la
     licitación y las causas de exclusión de la propia licitación.    prorroga del contrato del demandante viola el principio de no
                                                                         discriminación y es claramente contrario a los intereses del
                                                                         servicio.
                                                                         Además, el demandante alega que la decisión infringe el
                                                                         artı́culo 26 del Estatuto de los Funcionarios, vulnera sus
                                                                         derechos de defensa y entraña una desviación de poder.
Recurso interpuesto el 12 de enero de 2001 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Norman
                               Pyres
                         (Asunto T-7/01)                                 Recurso interpuesto el 19 de enero de 2001 contra el
                                                                                Tribunal de Cuentas por el Sr. Michael Becker
                          (2001/C 95/33)
                                                                                (Asunto T-9/01)
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                                                (2001/C 95/34)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
Europeas se ha presentado el 12 de enero de 2001 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Norman Pyres, con domicilio en Swan Residence, rue                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Ph. Baucq, 100, Bélgica, representado por Mes Georges Vander-            Europeas se ha presentado el 19 de enero de 2001 un recurso
sanden y Laure Levi, del bufete De Backer, Bruselas.                     contra el Tribunal de Cuentas formulado por el Sr. Michael
                                                                         Becker, con domicilio en Luxemburgo, representado por el
                                                                         Sr. Roy Nathan, abogado.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         que:
—    Anule la decisión de la Comisión de 22 de enero de 2000,
     por la que se prorroga el contrato de trabajo del                   —      Condene a la parte demandada a retirar la Decisión de
     demandante sólo hasta el 30 de julio de 2000, es decir,                   13 de noviembre de 2000,
     por un plazo máximo de seis meses y, en lo menester,
     anule la decisión de la Comisión de 6 de octubre de 2000          —      Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de
     por la que se desestima la reclamación del demandante.                    las costas procesales.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 2 de octubre de 1997 en el asunto C-144/96 (petición de decisión prejudicial planteada por la cour de travail de Bruxelles): Office national des pensions (ONP) contra Maria Cirotti [Seguridad Social - Artículos 46 y 51 del Reglamento (CEE) no 1408/71]

text:
  22. 11 . 97           LIS                     Diario Oficiál de las Comunidades Europeas                                          C 357/5
  1 ) Se desestima el recurso.                                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                ( Sala Sexta)
  2 ) Se condena en costas al Parlamento Europeo.
                                                                                de 2 de octubre de 1997
  3 ) El Reino de Suecia y la Comisión soportarán sus pro                 en el asunto C-144/96 (petición de decisión prejudicial
         pias costas.                                                      planteada por la cour de travail de Bruxelles ): Office
                                                                               national des pensions ( ONP) contra Maria Cirotti (')
  (') DO C 248 de 23 . 9 . 1995 .                                          [Seguridad Social — Artículos 46 y 51 del Reglamento
  ( 2 ) DO L 120 de 31 . 5 . 1995 , p . 36 .
                                                                                (CEE) n° 1408/71]
                                                                                ( 97/C 357/09 )
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                   SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                 ( Sala Sexta )                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                       de 2 de octubre de 1997                            cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                                de Justicia »)
 en el asunto C-122/96 (petición de decisión prejudicial
 planteada por el Oberster Gerichtshof): Stephen Austin
 Saldanha y MTS Securities Corporation contra Hiross                      En el asunto C-144/96, que tiene por objeto una petición
                             Holding AG ( 1 )                             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                                                                          del Tratado CE, por la cour de travail de Bruxelles, desti
 (Igualdad de trato — Discriminación por razón de la                      nada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
 nacionalidad — Doble nacionalidad — Ámbito de aplica
             ción del Tratado — Cautio judicatum solvi)                   jurisdiccional entre Office national des pensions ( ONP ) y
                                                                          Maria Cirotti, una decisión prejudicial sobre la interpre
                              ( 97/C 357/08 )                             tación de los artículos 46 y 51 del Reglamento ( CEE )
                                                                          n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971 , relativo
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                       a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los
                                                                         trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por
                                                                         cuenta propia y a los miembros de sus familias que se des
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi             plazan dentro de la Comunidad ( 2 ), en su versión modifi
 cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal             cada y actualizada por el Reglamento ( CEE ) n° 2001/
                                de Justicia »)                            83 (■'), el Tribunal de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por
                                                                         los Sres . G. F. Mancini, Presidente de Sala; J. L. Murray
 En el asunto C-122/96, que tiene por objeto una petición                ( Ponente ), P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch y H. Ragnemalm,
 dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177         Jueces; Abogado General : Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr.
 del Tratado CE, por el Oberster Gerichtshof (Austria ), des            H. A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 2 de
tinada a obtener en el litigio pendiente ante dicho órgano               octubre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
jurisdiccional entre Stephen Austin Saldanha y MTS Secu
rities Corporation y Hiross Holding AG una decisión pre
judicial sobre la interpretación del párrafo primero del                 Se declara que las disposiciones del artículo 46 y del
artículo 6 del Tratado CE, el Tribunal de Justicia ( Sala               apartado 1 del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 1408/
Sexta ), integrado por los Sres . G. F. Mancini, Presidente              71 del Consejo, de 14 de junio de 1971 , relativo a la apli
de Sala; P. J. G. Kapteyn ( Ponente ) y H. Ragnemalm, Jue               cación de los regímenes de Seguridad Social a los trabaja
ces; Abogado General : Sr. A. La Pérgola ; Secretario : Sr.             dores por cuenta propia, a los trabajadores por cuenta
H. A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 2 de                 ajena y a los miembros de sus familias que se desplazan
octubre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:               dentro de la Comunidad, en su versión modificada y
                                                                        actualizada por el Reglamento (CEE) n° 2001 /83 del Con
El párrafo primero del artículo 6 del Tratado CE debe ser               sejo, de 2 de junio de 1983, deben interpretarse en el sen
interpretado en el sentido de que se opone a que un                     tido de que se oponen a que la parte de una prestación de
Estado miembro exija la constitución de una cautio judica              vejez de un trabajador por cuenta ajena concedida a su
tum solvi a un nacional de otro Estado miembro que tam                 cónyuge separado en virtud de la legislación aplicable en
bién es nacional de un tercer país, en el que tiene su domi            un Estado miembro se calcule nuevamente en función de
cilio, cuando esta persona, que carece de bienes y domici              las revalorizaciones resultantes de la evolución general de
lio en el primer Estado miembro, ha presentado allí, en                 la situación económica y social de que baya sido objeto
calidad de accionista, una demanda ante un tribunal civil               una prestación de invalidez percibida por dicho cónyuge
contra una sociedad establecida en dicho Estado, mientras               con arreglo a la legislación de otro Estado miembro.
que no se impone esta exigencia a los propios nacionales
de éste que carecen en él de bienes y domicilio.                        (') DO C 180 de 22 . 6 . 1996 .
                                                                        ( 2 ) DO L 149 de 5 . 7. 1971 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 98 .
                                                                        (') DO L 230 de 22 . 8 . 1983 , p . 6; EE 05/03 , p . 53 .
(') DO C 180 de 22 . 6 . 1996 .


title: Asunto C-144/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Kammergericht Berlin (Alemania) el 18 de marzo de 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JP Morgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

text:
               5.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 148/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Kammergericht Berlin (Alemania) el 18 de marzo de 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JP Morgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch
   (Asunto C-144/10)
   2010/C 148/26
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Kammergericht Berlin

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts

      Demandada: JP Morgan Chase Bank N.A., Frankfert Branch

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se extiende el ámbito de aplicación del artículo 22, número 2, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, (1) el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, a los litigios en que una sociedad o persona jurídica opone a la reclamación formulada contra ella en relación con un negocio jurídico la ineficacia de las decisiones de sus órganos que condujeron a la celebración del negocio jurídico, cuando la ineficacia resulta de la infracción de sus estatutos?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es aplicable el artículo 22, número 2, del Reglamento no 44/2001 a las personas jurídicas de Derecho público cuando la validez de las decisiones de sus órganos deba ser examinada por los órganos jurisdiccionales civiles?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿está obligado el órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que se formuló la segunda demanda, en virtud del artículo 27 del Reglamento no 44/2001, a suspender el procedimiento cuando se invoque frente a un acuerdo atributivo de competencia que éste es ineficaz debido a la invalidez de la decisión de los órganos de una de las partes conforme a sus estatutos?

      (1)  DO 2001, L 12, p. 1.


title: Asunto T-405/16: Auto del Tribunal General de 12 de julio de 2017 — The Regents of the University of California/OCVV — Nador Cott Protection y CVVP (Tang Gold)

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/56

         Auto del Tribunal General de 12 de julio de 2017 — The Regents of the University of California/OCVV — Nador Cott Protection y CVVP (Tang Gold)
   (Asunto T-405/16) (1)

   (2017/C 283/88)
   Lengua de procedimiento: español
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 14 de 16.1.2017.


title: Asunto C-372/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) el 2 de Julio de 2013 — Warner-Lambert Company LLC y Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

text:
               15.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) el 2 de Julio de 2013 — Warner-Lambert Company LLC y Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia
   (Asunto C-372/13)
   2014/C 78/02
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Polymeles Protodikeio Athinon

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Warner-Lambert Company LLC y Pfizer Ellas AE

      Demandada: SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia
   El Tribunal de Justicia (Sala Tercera) se pronunció mediante auto motivado de 30 de enero de 2014.


title: Asunto T-196/09 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 2009 — TerreStar Europe/Comisión ( Procedimiento de medidas provisionales — Decisión relativa a la selección de operadores de sistemas paneuropeos que prestan servicios móviles por satélite — Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales — Inexistencia de urgencia )

text:
               26.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 233/18

         Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 2009 — TerreStar Europe/Comisión
   (Asunto T-196/09 R)
   («Procedimiento de medidas provisionales - Decisión relativa a la selección de operadores de sistemas paneuropeos que prestan servicios móviles por satélite - Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales - Inexistencia de urgencia»)
   2009/C 233/33
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: TerreStar Europe Ltd (Londres) (representantes: R. Olofsson, abogado, y J. Killick, Barrister)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Braun y A. Nijenhuis, asistidos por K. Platteau y D. Van Liedekerke, abogados)

      Objeto

   En esencia, demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 2009/449/CE de la Comisión, de 13 de mayo de 2009, relativa a la selección de operadores de sistemas paneuropeos que prestan servicios móviles por satélite (SMS) (DO L 149, p. 65).

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 19 de junio de 2002 en el asunto T-197/01, Groupement d'intérêt de produits agricoles de la Martinique (GIPAM) contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de anulación -- Reglamento (CE) n° 896/2001 — Plazo para recurrir — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
28.9.2002                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 233/23
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.               Recurso interpuesto el 10 de junio de 2002 contra la
N. Niejahr, K. Fitch y B. Wägenbaur), que tiene por objeto la             Comisión de las Comunidades Europeas por Malagutti-
anulación parcial del Reglamento (CE) no 937/2001 de la                                              Vezinhet SA
Comisión de 11 de mayo de 2001, relativo a la autorización
de nuevos usos de los aditivos, de nuevos preparados de
aditivos, a la prórroga de las autorizaciones provisionales y a la                               (Asunto T-177/02)
autorización durante diez años de un aditivo en la alimentación
animal (DO L 130, p. 25), el Tribunal de Primera Instancia                                         (2002/C 233/44)
(Sala Cuarta), integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y la
Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung,
ha dictado el 14 de junio de 2002 un auto resolviendo lo                                   (Lengua de procedimiento: francés)
siguiente:
1)    Se sobresee el presente recurso.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.                          Europeas se ha presentado el 10 de junio de 2002 un recurso
                                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                          por la Sociedad Malagutti-Vezinhet SA, con domicilio social
(1) DO C 289 de 13.10.2001.                                               en Cavaillon (Francia), representada por Me Béatrice Favarel-
                                                                          Veidig, abogada, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          que:
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                          —    Condene a la Comisión Europea a pagar las cantidades
                      de 19 de junio de 2002                                   siguientes a la Sociedad Malagutti - Vezinhet:
en el asunto T-197/01, Groupement d’intérêt de produits                        —     la cantidad de 222 540,00 FF, es decir
agricoles de la Martinique (GIPAM) contra Comisión de                                33 926,00 euros, en concepto de la pérdida sufrida;
                  las Comunidades Europeas (1)
                                                                               —     la cantidad de 1 943 413,56 FF, es decir
(Recurso de anulación -- Reglamento (CE) no 896/2001 —                               296 271,48 euros, en concepto de lucro cesante en
      Plazo para recurrir — Inadmisibilidad manifiesta)                              el mercado británico; si el Tribunal de Primera
                                                                                Instancia considerara insuficientemente acreditado
                          (2002/C 233/43)                                            el lucro cesante, deberá conceder la citada cantidad
                                                                                en concepto de la pérdida de una oportunidad
                                                                                de renovar la relación de negocios anteriormente
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                establecida;
                                                                               —     la cantidad de 2 013 455,16 FF, es decir
En el asunto T-197/01, Groupement d’intérêt de produits                              306 949,26 euros, en concepto de lesión a la imagen
agricoles de la Martinique (GIPAM), con domicilio social en                          de la sociedad ante el mercado europeo y más
Ducos (Francia), representado por Mes A. Lorang, P. Leroyer                          especialmente el británico.
Gravet y H. Mazingue, abogados, que designa domicilio en
Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas
(agentes: Sres. A. Bordes y L. Visaggio), que tiene por objeto la
anulación del Reglamento (CE) no 896/2001 de la Comisión,
                                                                          Motivos y principales alegaciones
de 7 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo en
lo relativo al régimen de importación de plátanos en la
                                                                          La demandante exporta frutas y hortalizas, entre otros al
Comunidad (DO L 126, p. 6), el Tribunal de Primera Instancia
                                                                          mercado inglés. En septiembre de 2001, las autoridades
(Sala Quinta), integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y el
                                                                          sanitarias islandesas informaron a la Comisión que un residuo
Sr. R. García-Valdecasas y la Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario:
                                                                          de pesticidas sobrepasaba el nivel máximo establecido. A raíz
Sr. H. Jung, ha dictado el 19 de junio de 2002 un auto
                                                                          de esta información, la Comisión cursó un mensaje de alerta
resolviendo lo siguiente:
                                                                          rápida relativo al residuo de dicofol en unas manzanas llegadas
                                                                          de Francia a través de los Países Bajos. Tanto en un segundo
1)    Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso.               mensaje como en otros mensajes posteriores, se menciona
                                                                          expresamente el nombre de la demandante como exportadora.
2)    Se condena en costas a la parte demandante.
(1) DO C 303 de 27.10.2001.                                               La demandante afirma que, al proceder de esta forma, la
                                                                          Comisión ha incurrido en una falta que le ha irrogado un
                                                                          perjuicio.


title: Asunto C-505/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 8 de noviembre de 2012 — Antje Wilke/Land Berlin

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/30

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 8 de noviembre de 2012 — Antje Wilke/Land Berlin
   (Asunto C-505/12)
   2013/C 26/57
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Berlin

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Antje Wilke

      Demandada: Land Berlin

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el Derecho primario y/o el Derecho derivado de la Unión, en particular la Directiva 2000/78, (1) cuando establecen una prohibición absoluta de la discriminación no justificada por razón de edad, en el sentido de que la prohibición alcanza también a las normas nacionales sobre la remuneración de los funcionarios de un Land?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Se deduce de la interpretación de dicho Derecho primario y/o derivado de la Unión que una disposición nacional con arreglo a la cual el importe del salario base de un funcionario al iniciarse la relación funcionarial depende sustancialmente de su edad y, a partir de ese momento, va incrementándose sobre todo en función de la antigüedad constituye una discriminación directa o indirecta por razón de edad?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestión: ¿Se opone la interpretación de dicho Derecho primario y/o derivado de la Unión a que se justifique la citada disposición nacional con el objetivo legislativo de retribuir la experiencia profesional?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa también a la tercera cuestión: mientras no se adopte una normativa salarial no discriminatoria, ¿admite la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión una consecuencia jurídica distinta de la remuneración retroactiva de los discriminados conforme al máximo escalón salarial de su categoría?
               A este respecto, ¿la consecuencia jurídica de la infracción del principio de no discriminación se deriva del propio Derecho primario y/o derivado de la Unión, en particular de la Directiva 2000/78, o el derecho se deduce de la responsabilidad del Estado conforme al Derecho de la Unión, a causa de la deficiente transposición de la normativa de la Unión?

               5)

               ¿Se opone la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión a una medida nacional que supedite el pago (de atrasos) o una indemnización por daños a que los funcionarios hayan ejercido ese derecho de forma inmediata?

               6)

               En caso de que se responda afirmativamente a las cuestiones primera a tercera: ¿Se deduce de la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión que una ley transitoria en virtud de la cual los antiguos funcionarios se clasifican en un escalón del nuevo sistema únicamente en función del importe de su salario base en la fecha de referencia para la transición, obtenido con arreglo a la antigua normativa salarial (discriminatoria), y conforme a la cual el posterior ascenso a escalones superiores se determina únicamente en función de los períodos de experiencia acumulados desde la entrada en vigor de la ley transitoria, con independencia de los años de experiencia absoluta del funcionario, supone una perpetuación de la discriminación por razón de edad existente, que continuará hasta que se alcance el máximo escalón salarial?

               7)

               En caso de respuesta afirmativa también a la sexta cuestión: ¿Se opone la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión a que dicha desigualdad de trato, que se perpetúa sin límite de tiempo, se justifique con el objetivo del legislador de proteger con la ley transitoria no (sólo) los derechos ya adquiridos en la fecha de referencia para la transición, sino (también) la expectativa de ingresos a lo largo de la vida laboral en el grupo salarial correspondiente conforme a un cálculo de previsión realizado con arreglo a la anterior normativa salarial?
               ¿Se puede justificar la discriminación continuada de los antiguos funcionarios por el hecho de que el régimen alternativo (clasificación individual también de los antiguos funcionarios en función de los períodos de experiencia) implicaría un gasto administrativo mayor?

               8)

               En caso de que en la séptima cuestión se niegue la justificación: mientras no se adopte una normativa salarial no discriminatoria también para los antiguos funcionarios, ¿admite la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión una consecuencia jurídica distinta a la de retribuir a los antiguos funcionarios con efectos retroactivos y de forma continuada con arreglo al máximo escalón salarial de su grupo salarial?
               A este respecto, ¿la consecuencia jurídica de la infracción del principio de no discriminación se deriva del propio Derecho primario y/o derivado de la Unión, en particular de la Directiva 2000/78, o el derecho se deduce de la responsabilidad del Estado conforme al Derecho de la Unión, a causa de la deficiente transposición de la normativa de la Unión?

      (1)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16).


title: Asunto C-601/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 17 de noviembre de 2015 — J. N., otra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 17 de noviembre de 2015 — J. N., otra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
   (Asunto C-601/15)
   (2016/C 038/47)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: J. N.

      Otra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

      Cuestión prejudicial

   ¿Es válido el artículo 8, apartado 3, inicio y letra e), de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L 180, p. 96), a la luz del artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2007, C 303, p. 1):

               (1)

               en una situación en la que un nacional de un tercer Estado ha sido internado en virtud del artículo 8, apartado 3, inicio y letra e), de dicha Directiva y, en virtud del artículo 9 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180, p. 60), tiene derecho a permanecer en un Estado miembro hasta que haya adoptado una resolución en primera instancia sobre su solicitud de asilo, y

               (2)

               a la vista de las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 2) en el sentido de que las limitaciones que puedan legítimamente establecerse al artículo 6 no podrán sobrepasar las permitidas por el CEDH en la propia redacción del artículo 5, inicio y letra f), y de la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de esta última disposición realizada en, entre otras, la sentencia de 22 de septiembre de 2015, Nabil y otros contra Hungría, 62116/12, según la cual el internamiento de un solicitante de asilo es contrario al citado artículo 5, apartado 1, inicio y letra f), si dicho internamiento no se ha ordenado con vistas a la expulsión?


title: Archivo del asunto C-336/01

text:
C 84/54               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  6.4.2002
               Archivo del asunto C-48/01 (1)                                     Archivo del asunto C-119/01 (1)
                        (2002/C 84/95)                                                     (2002/C 84/98)
Mediante auto de 23 de octubre de 2001 el Presidente del           Mediante auto de 22 octubre 2001, el Presidente del Tribunal
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar
archivar el asunto C-48/01: Comisión de las Comunidades           el asunto C-119/01: Comisión de las Comunidades Europeas
Europeas contra Irlanda.                                           contra República de Finlandia.
(1) DO C 95 de 24.3.2001.
                                                                   (1) DO C 134 de 5.5.2001.
 Archivo de los asuntos acumulados C-51/01 y C-52/01 (1)
                                                                                Archivo del asunto C-244/01 (1)
                        (2002/C 84/96)
                                                                                (2002/C 84/99)
Mediante auto de 6 de noviembre de 2001 el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                   Mediante auto de 19 de noviembre de 2001, el Presidente del
archivar los asuntos acumulados C-51/01 y 52/01: Comisión
                                                                   Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
de las Comunidades Europeas contra Beta Television SpA
                                                                   archivar el asunto C-244/01: Comisión de las Comunidades
(Videomusic/TMC2) y TV Internazionale SpA.
                                                                   Europeas contra República francesa.
(1) DO C 118 de 21.4.2001.
                                                                   (1) DO C 212 de 28.7.2001.
               Archivo del asunto C-118/01 (1)
                                                                                Archivo del asunto C-336/01 (1)
                        (2002/C 84/97)
                                                                                (2002/C 84/100)
Mediante auto de 19 de noviembre de 2001, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-118/01: Comisión de las Comunidades          Mediante auto de 19 de noviembre de 2001, el Presidente del
Europeas contra República francesa.                               Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                   archivar el asunto C-336/01: Comisión de las Comunidades
                                                                   Europeas contra Reino de Bélgica.
(1) DO C 134 de 5.5.2001.
                                                                   (1) DO C 317 de 10.11.2001.


title: Asunto T-12/05: Recurso interpuesto el 7 de enero de 2005 por TV Danmark A/S y Kanal 5 Denmark Ltd. contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               19.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/23

         Recurso interpuesto el 7 de enero de 2005 por TV Danmark A/S y Kanal 5 Denmark Ltd. contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-12/05)
   (2005/C 69/42)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 7 de enero de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por TV Danmark A/S, con domicilio social en Skovlunde (Dinamarca), y Kanal 5 Denmark Ltd., con domicilio social en Hounslow (Reino Unido), representadas por los Sres. D. Vandermeersch y T. Müller-Ibold, la Sra. K. Nordlander y el Sr. H. Peytz, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo.
   Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea de 6 de octubre de 2004 en materia de ayudas de Estado N 313/2004 (Dinamarca – Recapitalización de TV2/Danmark A/S).

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas y demás gastos en que incurran las demandantes en relación con este procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   La Decisión impugnada se refiere a una inyección de capital en TV2/Danmark A/S y a una conversión en acciones de un préstamo del Estado a dicha sociedad previstas por el Gobierno danés, por considerarlo necesario para evitar la quiebra de TV2 como consecuencia de la devolución de las cantidades recibidas por ésta en concepto de ayuda de Estado, devolución exigida por la Comisión en una Decisión de 19 de mayo de 2004 (1) en la que declaró que dicho Gobierno había compensado en exceso los costes de servicio público de TV2. En la Decisión impugnada, la Comisión ha declarado que podrían existir rasgos de ayuda de Estado en la recapitalización de TV2 decidida por el Gobierno, pero que, de ser así, dicha ayuda de Estado sería compatible con el mercado común en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 CE, apartado 2.
   Las demandantes alegan que, al adoptar dicha Decisión, la Comisión ha infringido los artículos 86 CE, apartado 2, 87 CE, apartado 1, 88 CE, apartado 2, y 253 CE, el Protocolo anexo al Tratado CE sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros, el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, (2) y la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión. (3)

   En apoyo de su recurso, las demandantes aducen que la Comisión ha infringido los artículos 87 CE, apartado 1, 88 CE, apartado 2, y 86 CE, apartado 2, al no haber determinado la existencia de una ayuda de Estado ni cuantificado su importe tras haber llegado a la conclusión de que no cabía invocar el principio del inversor privado, tal como se aplica a las inversiones a largo plazo, dada la incertidumbre existente en cuanto a la proyectada privatización de TV2.
   En segundo lugar, las demandantes sostienen que la Comisión ha infringido el artículo 86 CE, apartado 2, el Protocolo y la Comunicación sobre radiodifusión al basarse en una definición del servicio de interés económico general demasiado amplia, formulada de un modo excesivamente impreciso y que da lugar a una distorsión de la competencia y a unos efectos sobre el comercio contrarios el artículo 86 CE, apartado 2. Las demandantes alegan igualmente que la Comisión no ha acreditado la afirmación de que la ejecución de la Decisión de devolución de las ayudas sin una recapitalización posterior obstaculizaría el desempeño de las tareas de servicio público de TV2.
   Según las demandantes, la Comisión tampoco ha acreditado la afirmación de que el desarrollo del comercio no quedaría afectado por la recapitalización en forma tal que los intereses de la Comunidad resultaran perjudicados.
   En tercer lugar, las demandantes afirman que la Comisión ha infringido el artículo 86 CE, apartado 2, el Protocolo y la Comunicación sobre radiodifusión al no determinar los costes netos de servicio público de TV2 que podían ser financiados por el Estado, y ha incurrido en varios errores manifiestos de valoración al aplicar el criterio de proporcionalidad.
   En cuarto lugar, las demandantes alegan que la Decisión impugnada ha infringido los artículos 87 CE y 88 CE y vulnerado el derecho a la igualdad de trato al perpetuar la ventaja ilícita derivada de la ayuda ilegal y la consiguiente distorsión de la competencia, en contra de la política de devolución de ayudas de Estado que sigue la Comisión.
   En quinto lugar, las demandantes alegan que la Comisión ha infringido el artículo 88 CE, apartado 2, y el artículo 4, apartado 4, del Reglamento de desarrollo al adoptar la decisión de no incoar el procedimiento de investigación formal, que ofrece a los terceros interesados la oportunidad de ser oídos.
   Por último, las demandantes alegan que la Comisión ha infringido el artículo 253 CE al no motivar adecuadamente la Decisión impugnada.

      (1)  Decisión de la Comisión de 19 de mayo de 2004 en el asunto C 2/2003 — Financiación estatal de TV2/Danmark.

      (2)  DO L 83, p. 1.

      (3)  DO 2001 C 320, p. 5.


title: Asunto C-584/10 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de diciembre de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 30 de septiembre de 2010 en el asunto T-85/09: Yassin Abdullah Kadi/Comisión Europea

text:
               5.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 72/9

         Recurso de casación interpuesto el 13 de diciembre de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 30 de septiembre de 2010 en el asunto T-85/09: Yassin Abdullah Kadi/Comisión Europea
   (Asunto C-584/10 P)
   2011/C 72/15
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: P. Hetsch, S. Boelaert, E. Paasivirta y M. Konstantinidis, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Yassin Abdullah Kadi, Consejo de la Unión Europea, República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida en su totalidad.

               —

               Que se desestime por infundado el recurso de anulación interpuesto por Yassin Abdullah Kadi contra el Reglamento no 1190/2008 (1) adoptado por la Comisión, en la medida en que le afecta.

               —

               Que se condene a Yassin Abdullah Kadi a pagar las costas de la Comisión ocasionadas tanto por el presente recurso de casación como por el procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión alega que las conclusiones a las que llegó el Tribunal General adolecen de errores de Derecho, ya que se basan en un grado de control jurisdiccional erróneo en Derecho. Los motivos de la Comisión son los siguientes:
   1)   Motivos relativos a las conclusiones del Tribunal General acerca del grado de control jurisdiccional pertinente: La Comisión alega que el grado de control jurisdiccional adoptado por el Tribunal General es erróneo en Derecho porque el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado acerca del preciso grado de control jurisdiccional pertinente en este caso y porque el específico grado de control jurisdiccional adoptado por el Tribunal General no puede exigírsele a la UE.
   2)   Motivos relativos a las conclusiones del Tribunal General acerca de la violación del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva y de la vulneración del principio de proporcionalidad: La Comisión sostiene que el Tribunal General afirmó erróneamente que el procedimiento aplicado por la Comisión no respetaba los derechos fundamentales exigibles en relación con ese tipo de régimen de medidas restrictivas; que el Tribunal General desestimó erróneamente la alegación de la Comisión relativa a los procedimientos judiciales nacionales iniciados por el Sr. Kadi en Estados Unidos; y que el Tribunal General desestimó erróneamente las alegaciones de la Comisión relativas a lo procedimientos de control y revisión administrativos establecidos con arreglo a las Resoluciones 1822(2008) y 1904(2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –incluidos el procedimiento del Punto Focal y la Oficina del Ombudsman.

      (1)  DO L 322, p. 25.


title: Asunto T-369/06: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2006 — Holland Malt/Comisión

text:
               24.2.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 42/23

         Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2006 — Holland Malt/Comisión
   (Asunto T-369/06)
   (2007/C 42/42)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Holland Malt (Lieshout, Países Bajos) (representantes: O.W. Brouwer y D. Mes, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen, total o parcialmente, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión impugnada.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

               —

               Que se adopte cualquier otra medida que el Tribunal de Primera Instancia considere oportuna.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita la anulación de la Decisión C(2006) 4196 final (1) de la Comisión, de 26 de septiembre de 2006, por la que la Comisión declaró que una subvención concedida condicionalmente por los Países Bajos a la demandante constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado común.
   La demandante afirma que la Comisión declaró infundadamente que la subvención constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado común y alega que la Comisión infringió el artículo 87 CE y varios principios de Derecho comunitario. Estas infracciones son las siguientes:

               1)

               Incumplimiento del artículo 87 CE, apartado 1, al no haber podido probar que la subvención constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado común, en el sentido de este artículo, y al interpretar y aplicar incorrectamente la jurisprudencia comunitaria en la materia.

               2)

               Incumplimiento del artículo 87, apartado 3 CE:

                           a)

                           Al haber realizado una interpretación y aplicación incorrectas de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (2);

                           b)

                           Al no haber ponderado correctamente los efectos beneficiosos de la subvención y su incidencia en las condiciones de los intercambios dentro de la Comunidad;

                           c)

                           Al no haber examinado ni demostrado adecuadamente la incidencia de la subvención en la capacidad del sector de la malta;

                           d)

                           Al no haber tenido en cuenta los cambios y acontecimientos producidos entre el momento en el que el Gobierno neerlandés decidió conceder la subvención condicionalmente y el momento en el que la Comisión adoptó la Decisión impugnada.

               3)

               Violación del principio de buena administración, al incumplir el deber de investigar debidamente todos los aspectos e intereses relevantes en la concesión de la subvención, incluidos los cambios y acontecimientos producidos entre el momento en el que el Gobierno neerlandés decidió conceder la subvención condicionalmente y el momento en el que la Comisión adoptó su Decisión.

               4)

               Incumplimiento del deber de motivar sus decisiones, tal y como establece el artículo 253 CE.

      (1)  C14/2005 (ex N 149/2004) Holland Malt BV.

      (2)  Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (DO 2000, C 28, p. 2).


title: Asunto C-360/05: Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               12.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/14

         Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-360/05)
   (2005/C 281/28)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de septiembre de 2005 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. K. Gross y la Sra. M. Velardo, en calidad de agentes.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, (1) al no haber adoptado y no haber comunicado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               —

               Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   La Directiva 2003/96/CE del Consejo tiene por objeto la reestructuración del régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. En su artículo 28, apartado 1, dispone lo siguiente:
   «Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el 31 de diciembre de 2003. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión».
   Según la Comisión, el Estado italiano no ha adoptado las medidas de ejecución previstas en el párrafo primero del artículo mencionado, y en cualquier caso, no la ha informado ni ha facilitado otros elementos que permitan considerar que se han adoptado las disposiciones necesarias. Estas circunstancias la han llevado a estimar que el Estado italiano ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la disposición citada.

      (1)  DO L 283, de 31.10.2003, p. 51.


title: Asunto C-100/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de mayo de 2012 — Helena Rubinstein, L’Oréal SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Allergan Inc. [Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n ° 40/94 — Artículo 8, apartado 5 — Marcas comunitarias denominativas BOTOLIST y BOTOCYL — Marcas figurativas y denominativas, comunitarias y nacionales BOTOX — Declaración de nulidad — Motivos de denegación relativos — Perjuicio para la notoriedad]

text:
               30.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 194/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de mayo de 2012 — Helena Rubinstein, L’Oréal SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Allergan Inc.
   (Asunto C-100/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 8, apartado 5 - Marcas comunitarias denominativas BOTOLIST y BOTOCYL - Marcas figurativas y denominativas, comunitarias y nacionales BOTOX - Declaración de nulidad - Motivos de denegación relativos - Perjuicio para la notoriedad)
   2012/C 194/05
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Helena Rubinstein, L’Oréal SA (representante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: A. Folliard-Monguiral, agente), Allergan Inc. (representante: F. Clark, Barrister)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 16 de diciembre de 2010, en los asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, Rubinstein y L’Oréal/OAMI — Allergan (Botolist y Botocyl), mediante la cual dicho Tribunal desestimó un recurso de anulación promovido por el titular de la marca denominativa comunitaria «BOTOLIST», para productos comprendidos en la clase 3, contra la resolución R 863/2007-1 de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 28 de mayo de 2008, por la que se anula la resolución de la División de Anulación desestimatoria de la solicitud de nulidad de dicha marca, presentada por el titular de las marcas figurativas y denominativas, comunitarias y nacionales «BOTOX», para productos comprendidos en las clases 5 y 16 y para los servicios comprendidos en la clase 42 — Interpretación y aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009] — Motivos de denegación relativos — Perjuicio para la notoriedad — Interpretación y aplicación del artículo 73 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 75 del Reglamento no 207/2009) — Obligación de motivación.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Helena Rubinstein SNC y a L’Oréal SA.

      (1)  DO C 145, de 14.5.2011.


title: Asunto C-392/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 6 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti — Rumanía) Marcu Dumitru/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București [Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 199, apartado 1, letra c) — No identificación a efectos del IVA — Autoliquidación — Carácter hipotético de la cuestión prejudicial — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial]

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 6 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti — Rumanía) Marcu Dumitru/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București
   (Asunto C-392/16) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 199, apartado 1, letra c) - No identificación a efectos del IVA - Autoliquidación - Carácter hipotético de la cuestión prejudicial - Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial])
   (2017/C 283/14)
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Curtea de Apel Bucureşti

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Marcu Dumitru

      Demandadas: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) y Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

      Fallo

   La petición de decisión prejudicial formulada por la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía) es inadmisible.

      (1)  DO C 350 de 26.9.2016.


title: Asunto T-827/14: Recurso interpuesto el 24 de diciembre de 2014  — Deutsche Telekom/Comisión

text:
               23.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/21

         Recurso interpuesto el 24 de diciembre de 2014 — Deutsche Telekom/Comisión
   (Asunto T-827/14)
   (2015/C 096/27)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Deutsche Telekom (Bonn, Alemania) (representantes: K. Apel y D. Schroeder, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule total o parcialmente, en la medida en que afecta a la demandante, la Decisión C(2014) 7465 final adoptada por la Comisión el 15 de octubre de 2014 en el asunto AT.39523 — Slovak Telekom, corregida mediante la Decisión C(2014) 10119 final de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014.

               —

               Con carácter subsidiario, anule o reduzca las multas impuestas a la demandante.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo: errores manifiestos en la apreciación de los hechos y errores de Derecho, así como vulneración del derecho de la demandante a ser oída a efectos de la constatación de una práctica abusiva

                           —

                           La demandante alega que la Comisión no constató conforme a Derecho una denegación de suministro, dado que no comprobó el carácter indispensable del insumo previo relevante.

                           —

                           Por otro lado, la demandante aduce que la Comisión no concedió a la demandante el derecho a ser oída con respecto a los hechos y a los métodos sobre cuya base constató una compresión de márgenes de la empresa afectada.

                           —

                           Además, se alega que la Comisión aplicó una metodología errónea a efectos de la compresión de márgenes y que calculó erróneamente el coste marginal medio a largo plazo.

               2.

               Segundo motivo: errores manifiestos en la apreciación de los hechos y errores de Derecho en la determinación de la duración de la infracción

                           —

                           La demandante alega a este respecto que la Comisión no debería haber considerado que la infracción comenzó a partir de la publicación de la oferta de referencia y que, en todo caso, no debería haber incluido el año 2005 en el período de infracción.

               3.

               Tercer motivo: errores manifiestos en la apreciación de los hechos y errores de Derecho en la imputación de la infracción a la demandante, dado que la Comisión no ha demostrado que la demandante haya ejercido efectivamente una influencia decisiva sobre la empresa afectada

                           —

                           La demandante alega que la Comisión no le debería haber imputado la actuación de la empresa afectada contraria a la competencia, dado que la demandante y dicha empresa no constituían ninguna unidad económica.

                           —

                           En particular, afirma que la Comisión no ha demostrado que la demandante haya ejercido efectivamente una influencia decisiva sobre la empresa afectada. Además, la demandante señala que desconocía la supuesta práctica abusiva de la empresa afectada.

                           —

                           Por otro lado, la demandante aduce que la Comisión, en su intento de demostrar el ejercicio efectivo de una influencia decisiva, vulneró, en particular, la presunción de inocencia al interpretar los hechos.

                           —

                           Finalmente se alega, entre otros extremos, que la Comisión no ha demostrado que el supuesto ejercicio de una influencia decisiva haya sido relevante.

               4.

               Cuarto motivo: errores de Derecho al imponer a la demandante una multa individual separada

                           —

                           La demandante alega que, en opinión de la Comisión, la empresa afectada y la demandante formaban parte de una única empresa tanto a lo largo de la duración total de la infracción como en el momento de imposición de la multa, pero también previamente, cuando la demandante cometió la infracción que fue sancionada por la Comisión en el año 2003 y que ésta ha traído a colación para justificar la autoría de una infracción reiterada. Por consiguiente, la demandante considera que la Comisión no debería haberle impuesto una multa individual y separada, dado que el principio de individualización de las penas y de las sanciones sólo se refiere a la empresa como tal, y no a las personas jurídicas que forman parte de ella.

               5.

               Quinto motivo: errores manifiestos en la apreciación de los hechos y errores de Derecho en la determinación de la cuantía de la multa

                           —

                           A este respecto se alega que la Comisión, al calcular el importe de base, no debería haber tomado como fundamento el volumen de negocios realizado por la empresa afectada con los productos de que se trata en el año 2010, sino que debería haber tomado como fundamento el volumen de negocios medio de los años 2005 a 2010.

                           —

                           Por otro lado, al computar la duración de la infracción, la Comisión no debería haber incluido en ningún caso el año 2005.


title: Asunto C-378/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de diciembre de 2014 — Comisión Europea/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 75/442/CEE — Gestión de residuos — Sentencia del Tribunal de Justicia declarativa de un incumplimiento — No ejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Cantidad a tanto alzado y multa coercitiva)

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de diciembre de 2014 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-378/13) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Directiva 75/442/CEE - Gestión de residuos - Sentencia del Tribunal de Justicia declarativa de un incumplimiento - No ejecución - Artículo 260 TFUE, apartado 2 - Sanciones pecuniarias - Cantidad a tanto alzado y multa coercitiva))
   (2015/C 046/13)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Patakia, E. Sanfrutos Cano y A. Alcover San Pedro, agentes)

      Demandada: República Helénica (representantes: E. Skandalou, asistida por V. Liogkas, perito)

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las medidas necesarias que exige la ejecución de la sentencia Comisión/Grecia (C-502/03, EU:C:2005:592).

               2)

               Condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión Europea, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», a partir del día del pronunciamiento de la presente sentencia y hasta la ejecución de la sentencia Comisión/Grecia (C-502/03, EU:C:2005:592), en el supuesto de que el incumplimiento declarado en el punto 1 del fallo de la presente sentencia persista dicho día, una multa coercitiva semestral calculada, por lo que se refiere al primer semestre siguiente a tal pronunciamiento, al final de dicho semestre, a partir de un importe inicial establecido en 1 4 5 20  000 euros, del que se deducirá un importe de 40  000 euros por lugar de eliminación incontrolada de residuos, mencionado en el incumplimiento declarado, que haya sido objeto de desafectación o de rehabilitación desde el 13 de mayo de 2014, así como un importe de 80  000 euros por aquellos de los lugares mencionados que hayan sido a la vez desafectados y rehabilitados desde esa misma fecha. Por lo que se refiere a todos los semestres siguientes, la multa coercitiva debida por cada semestre se calculará, al final de cada semestre, a partir del importe de la multa coercitiva establecida para el semestre anterior, efectuándose las mismas deducciones en función de las desafectaciones y rehabilitaciones, realizadas en el semestre de que se trate, de los lugares mencionados en el incumplimiento declarado.

               3)

               Condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión Europea, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», la cantidad a tanto alzado de 10 millones de euros.

               4)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 260, de 7.9.2013.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 2 de junio de 2005, en el asunto C-394/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica («Incumplimiento de Estado — Directiva 93/38/CEE — Contratos públicos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones — Contrato relativo a la construcción de un sistema de cintas transportadoras para la central térmica de Megalópolis — Falta de publicación de un anuncio — Razones técnicas — Acontecimiento imprevisible — Imperiosa urgencia»)

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 2 de junio de 2005
   en el asunto C-394/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 93/38/CEE - Contratos públicos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones - Contrato relativo a la construcción de un sistema de cintas transportadoras para la central térmica de Megalópolis - Falta de publicación de un anuncio - Razones técnicas - Acontecimiento imprevisible - Imperiosa urgencia»)
   (2005/C 182/02)
   Lengua de procedimiento: griego
   En el asunto C-394/02, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 8 de noviembre de 2002, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. M. Nolin y M. Konstantinidis), contra República Helénica (agentes: Sr. P. Mylonopoulos y Sras. D. Tsagkaraki y S. Chala), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič y E. Levits, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora, ha dictado el 2 de junio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 98/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998 y, en particular, de sus artículos 20, apartado 1, y 21, al haber adjudicado la empresa pública de electricidad Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy el contrato relativo a la construcción de un sistema de cintas transportadoras para la central térmica de Megalópolis mediante un procedimiento negociado sin previa publicación de un anuncio.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 19, de 25.1.2003.


title: Asunto F-71/10: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 5 de junio de 2012 — Cantisani/Comisión (Función pública — Agentes contractuales — Intérprete de conferencia — Artículos 12 bis y 24 del Estatuto — Acoso psicológico — Conflicto de intereses — Pretensión de indemnización)

text:
               21.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/30

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 5 de junio de 2012 — Cantisani/Comisión
   (Asunto F-71/10) (1)

   (Función pública - Agentes contractuales - Intérprete de conferencia - Artículos 12 bis y 24 del Estatuto - Acoso psicológico - Conflicto de intereses - Pretensión de indemnización)
   2012/C 217/63
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Nicola Cantisani (Bruselas) (representante: S. de Lannoy, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y J. Barquero Cruz, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la resolución de la demandada por la que se deniega la petición de asistencia presentada por el demandante relativa al acoso psicológico y demanda de reparación del perjuicio sufrido

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Cantisani cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

      (1)  DO C 317, de 20.11.10, p. 49.


title: Asunto C-306/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Bélgica) — LVP NV/Belgische Staat (Procedimiento prejudicial — Organización común de mercados — Plátanos — Régimen de importaciones — Tipos arancelarios aplicables)

text:
               23.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Bélgica) — LVP NV/Belgische Staat
   (Asunto C-306/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Organización común de mercados - Plátanos - Régimen de importaciones - Tipos arancelarios aplicables))
   (2015/C 065/08)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: LVP NV

      Demandada: Belgische Staat

      Fallo

   Las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que figura en el anexo 1 A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), no confieren derechos a los particulares que éstos puedan invocar directamente ante un órgano jurisdiccional nacional para oponerse a la aplicación del tipo arancelario de 176 euros por tonelada fijado en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1964/2005 del Consejo, de 29 de noviembre de 2005, sobre los tipos arancelarios aplicables a los plátanos.

      (1)  DO C 252, de 31.8.2013.


title: Asunto C-18/06: Recurso interpuesto el  17 de enero de 2006  contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/28

         Recurso interpuesto el 17 de enero de 2006 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-18/06)
   (2006/C 60/53)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de enero de 2006 un recurso contra República Francesa formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por El Sr. M. Nolin, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/103/CE de la Comisión, de 7 de octubre de 2004, relativa a los controles de identidad y fitosanitarios de vegetales, productos vegetales u otros objetos enumerados en la parte B del anexo V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, que pueden llevarse a cabo en un lugar distinto del punto de entrada en la Comunidad o en un lugar cercano y por la que se determinan las condiciones relacionadas con dichos controles, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, al menos, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               2)

               Condene en costas a República Francesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 31 de diciembre de 2004.

      (1)  DO L 313, de 12.10.2004, p. 16.


title: Asunto T-383/16: Recurso interpuesto el 20 de julio de 2016 — Tri Ocean Energy/Consejo

text:
               26.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 350/21

         Recurso interpuesto el 20 de julio de 2016 — Tri Ocean Energy/Consejo
   (Asunto T-383/16)
   (2016/C 350/27)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Tri Ocean Energy (El Cairo, Egipto) (representantes: P. Saini, QC, R. Mehta, Barrister, y N. Sheikh, Solicitor)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule, en la medida en que afecta a la demandante, la Decisión (PESC) 2016/850 del Consejo, de 27 de mayo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2016, L 141, p. 125).

               —

               Anule, en la medida en que afecta a la demandante, el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/840 del Consejo, de 27 de mayo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2016, L 141, p. 30).

               —

               Condene al Consejo al pago de las costas de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que el Consejo incumplió su obligación de motivar la inclusión en el anexo de la Decisión y el Reglamento impugnados tal como se especifica en el artículo 28, apartado 1, de la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria («Decisión original») y en el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria («Reglamento original»).

               2.

               Segundo motivo, basado en una vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva.

               3.

               Tercer motivo, basado en que el Consejo no respetó la obligación de motivación que le incumbía con respecto a la Decisión impugnada y al Reglamento impugnado.

               4.

               Cuarto motivo, basado en una restricción injustificada y desproporcionada del derecho de propiedad y del derecho a la buena imagen de la demandante.

               5.

               Quinto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación.