title: Asunto T-304/04: Recurso interpuesto el 22 de julio de 2004 por la República Italiana contra la Comisión de las Comunidades Europeas

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               9.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/27

         Recurso interpuesto el 22 de julio de 2004 por la República Italiana contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-304/04)
   (2004/C 251/51)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 22 de julio de 2004 un recurso contra la Comisión Europea formulado por la República Italiana, representada por el Sr. Antonio Cingolo, avvocato dello Stato.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la Decisión C(2004) 1812 final de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, en la que se declararon ilegales las ayudas concedidas por Italia (en cumplimiento de la Ley no 394 de 1981) en forma de bonificación de intereses a WAM s.p.a., por un importe de 104 313,20 euros a partir del 24 de abril de 1996 y de 106 366,60 euros a partir del 9 de noviembre de 2000 (ayuda de Estado no C 4/2003/ (ex NN 102/2002), y se ordenó su recuperación.

               —

               Anule cualquier otro acto conexo y presunto que pueda existir y, en consecuencia, condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   La República Italiana ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas contra la Decisión C(2004) 1812 final de la Comisión Europea, de 19 de mayo de 2004, en la que se declararon ilegales las ayudas concedidas por Italia (en cumplimiento de la Ley no 394 de 1981) en forma de bonificación de intereses a WAM s.p.a., por un importe de 104 313,20 euros a partir del 24 de abril de 1996 y de 106 366,60 euros a partir del 9 de noviembre de 2000 [ayuda de Estado no C 4/2003/ (ex NN 102/2002)], y se ordenó su recuperación. La Ley no 394 de 1981 favorece, en particular, a aquellas empresas italianas que pretendan abrir filiales, oficinas de representación tiendas y almacenes.
   En apoyo de su recurso, la República Italiana aduce:

               A.

               Vicios sustanciales de forma, por conculcación del derecho de defensa y violación de los principios de transparencia y de contradicción, dado que la Comisión en ningún momento notificó a Italia una copia de la denuncia que dio origen al procedimiento.

               B.

               Vicios sustanciales de forma por conculcación del derecho de defensa y carencia de motivación por defectos de tramitación, en la medida en que la Comisión no ha procedido a efectuar las averiguaciones oportunas sobre la denuncia y las actuaciones posteriores, mediante las facultades de investigación que le confiere el Reglamento de Procedimiento no 659/1999 (1).

               C.

               Error en la calificación de los hechos e infracción del artículo 1, letra B), de los Reglamentos (CE) nos 62/2001 (2) y 70/2001 de la Comisión (3), por cuanto ésta calificó erróneamente la ayuda de que se trata de «ayuda a la exportación».

               D.

               Violación de los principios de confianza legítima y de buena fe, en la medida en que la Comisión ha criticado la falta de notificación de la ayuda, aunque dicha institución estaba informada de la existencia de la Ley nacional no 394/1981. En realidad, la ayuda en cuestión no constituía en rigor una ayuda a la exportación, sino que tenía como finalidad principal conseguir la internacionalización mediante la creación de centros fijos de producción en el extranjero.

               E.

               Infracción de los artículos 87 y siguientes del Tratado CE y defecto de motivación. Sobre este particular, se afirma que la Comisión, en la Decisión recurrida, no ha explicado para nada por qué motivo y en qué medida una ayuda como la que se cuestiona en el presente caso, individual y de un importe bastante reducido, tiene entidad suficiente para afectar a los intercambios entre los Estados miembros. La demandada tampoco ha aclarado en modo alguno en qué datos se fundamenta el referido temor de que se vea falseada la competencia intracomunitaria, sobre todo por una ayuda de un importe muy reducido.

               F.

               Infracción del artículo 4 del Reglamento (CE) no 69/2001 y defecto de motivación, por cuanto la Comisión ha aplicado retroactivamente la citada norma a un hecho acaecido mientras se hallaba en vigor la normativa anteriormente vigente.

               G.

               Falta de motivación, carácter ilógico, violación del principio de equidad y aplicación indebida de los Reglamentos (CE) nos 69/2001 y 70/2001, por cuanto la Comisión ha evaluado el importe de la recuperación de la ayuda según unos criterios que deben considerarse inadecuados y erróneos.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (DO L 10 de 13.1.2001, p. 30).

      (3)  Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO L 10 de 13.1.2001, p. 33).


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de noviembre de 2003 en el asunto T-130/02, Kronoply GmbH & Co. KG contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Ayudas de Estado — Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión — Solicitud de corrección de una Decisión por la que se declara una ayuda compatible con el mercado común — Respuesta de la Comisión — Carácter no decisorio — Recurso de anulación — Inadmisibilidad"

text:
7.2.2004                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                               C 35/9
2)    Condenar al Parlamento a pagar al demandante la indemniza-           1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
      ción por gastos de instalación prevista en el artículo 5 del
      anexo VII del Estatuto igual a dos meses de sueldo base, más         2)    Condenar en costas a la demandante.
      los intereses de demora a partir de la fecha del 24 de enero
      de 2002. El tipo de los intereses de demora aplicable deberá
      calcularse sobre la base del tipo fijado por el Banco Central        (1) DO C 169 de 13.7.2002.
      Europeo para las operaciones principales de refinanciación,
      aplicable durante dicho período, incrementado en dos puntos.
3)    El Parlamento cargará con todas las costas.
(1) DO C 97 de 20.4.2002.
                                                                               AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 17 de noviembre de 2003
                                                                           en el asunto T-235/02: Strongline A/S contra Oficina de
                                                                           Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
                                                                                modelos) (OAMI) (1)
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                           («Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Falta
                                                                           de presentación de pruebas en la lengua de procedimiento de
                   de 5 de noviembre de 2003                               la oposición — Regla 17, apartado 2, del Reglamento (CE)
                                                                               no 2868/95 — Recurso manifiestamente infundado»)
en el asunto T-130/02, Kronoply GmbH & Co. KG contra
          Comisión de las Comunidades Europeas (1)                                                   (2004/C 35/14)
(«Ayudas de Estado — Directrices comunitarias multisectori-                                  (Lengua de procedimiento: inglés)
ales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión
— Solicitud de corrección de una Decisión por la que se
declara una ayuda compatible con el mercado común —
Respuesta de la Comisión — Carácter no decisorio —                         En el asunto T-235/02, Strongline A/S, con domicilio social en
            Recurso de anulación — Inadmisibilidad»                        Glostrup (Dinamarca), representada por el Sr. J.S. Ørndrup,
                                                                           abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                           (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agente: Sr. O. Waelbroeck),
                          (2004/C 35/13)                                   en el que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia Scala
                                                                           Inc., con domicilio social en Exton, Pennsylvania (Estados
                                                                           Unidos de América), representada por el Sr. R.M. Hiddleston,
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                        Solicitor, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la
                                                                           resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de
                                                                           Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y mode-
                                                                           los) de 27 de mayo de 2002 (Asunto R 830/2001-1), relativa
                                                                           a la desestimación de una oposición por falta de prueba de los
En el asunto T-130/02, Kronoply GmbH & Co. KG, con                         derechos derivados de marcas anteriores, el Tribunal de
domicilio social en Heiligengrabe (Alemania), representada                 Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. J. Pirrung,
inicialmente por el Sr. B. Luther, y posteriormente por el                 Presidente, y los Sres. A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces;
Sr. R. Nierer, abogados, contra Comisión de las Comunidades                Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 17 de noviembre de 2003
Europeas (agentes: Sres. V. Di Bucci y T. Scharf), que tiene por           un auto en el que se resuelve lo siguiente:
objeto un recurso de anulación de la Decisión presunta de la
Comisión de 5 de febrero de 2002 de no corregir su Decisión
de 3 de julio de 2001 relativa a la autorización de una ayuda              1)    Desestimar el recurso.
de Estado por un importe de 69,3 millones de marcos alemanes
a favor de la demandante con vistas a la realización de una                2)    Condenar en costas a la demandante.
inversión en Heiligengrabe (Alemania), el Tribunal de Primera
Instancia (Sala Cuarta ampliada), integrado, en el momento de
dictar su fallo, por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los                   (1) DO C 233, de 28.9.2002.
Sres. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij y M. Vilaras, Jueces;
Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 5 de noviembre de 2003
un auto en el que se resuelve lo siguiente:


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de marzo de 2002 en el asunto C-145/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana ("Incumplimiento — Artículos 52 y 59 del Tratado CE (actualmente artículos 43 CE y 49 CE, tras su modificación) — Directiva 89/48/CEE — Acceso a la abogacía y ejercicio de ésta")

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C 109/2                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             4.5.2002
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Pretore di                los artı́culos 52 y 59 del Tratado CE (actualmente artı́culos 43
Pinerolo (Italia), destinada a obtener, en el proceso penal                 CE y 49 CE, tras su modificación) y de la Directiva 89/48/CEE
seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra Manuele                    del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema
Arduino, una decisión prejudicial sobre la interpretación del             general de reconocimiento de los tı́tulos de enseñanza superior
artı́culo 85 del Tratado CE (actualmente artı́culo 81 CE), el               que sancionan formaciones profesionales de una duración
Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez                  mı́nima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16):
Iglesı́as, Presidente, el Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken y
N. Colneric, y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, los                 —     al haber mantenido, infringiendo lo dispuesto en el
Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puisso-                     artı́culo 59 del Tratado, la prohibición general, impuesta
chet, M. Wathelet (Ponente), R. Schintgen, V. Skouris y                           a los abogados establecidos en otros Estados miembros
J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger;                      que ejerzan en Italia en régimen de libre prestación de
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal; ha dictado                    servicios, de disponer en este último Estado de la
el 19 de febrero de 2002 una sentencia cuyo fallo es el                           infraestructura necesaria para la prestación de sus servi-
siguiente:                                                                        cios;
Los artı́culos 5 y 85 del Tratado CE (actualmente artı́culos 10 CE y        —     al haber supeditado, infringiendo lo dispuesto en el
81 CE) no se oponen a que un Estado miembro adopte una medida                     artı́culo 52 del Tratado, la inscripción en un colegio de
legislativa o reglamentaria que aprueba, basándose en un proyecto                abogados italiano a la posesión de la nacionalidad italiana
elaborado por un consejo de colegios de abogados, un baremo que                   y de cualificaciones adquiridas exclusivamente en Italia,
fija los lı́mites mı́nimos y máximos para los honorarios de los                  ası́ como al mantenimiento de la residencia en una
miembros de la profesión, cuando dicha medida estatal se adopta en               circunscripción judicial italiana;
el marco de un procedimiento como el previsto por el Real Decreto-
ley no 1578, de 27 de noviembre de 1933, en su versión modificada.         —     al haber aplicado de forma discriminatoria a los abogados
                                                                                procedentes de otros Estados miembros las «medidas
                                                                                compensatorias» (prueba de aptitud) previstas en el
(1) DO C 100 de 10.4.1999.
                                                                                artı́culo 4 de la Directiva 89/48, y
                                                                            —     al haber adaptado de manera incompleta su Derecho
                                                                                interno a lo dispuesto en la Directiva 89/48, dada
                                                                                la inexistencia de una normativa que establezca las
                                                                                modalidades de la prueba de aptitud para los abogados
                                                                                procedentes de otros Estados miembros,
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                            el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.
                             (Sala Quinta)                                  S. von Bahr, Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de
                                                                            Presidente de la Sala Quinta, D.A.O. Edward (Ponente), A. La
                                                                            Pergola, M. Wathelet y C.W.A. Timmermans, Jueces; Abogada
                      de 7 de marzo de 2002                                 General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretaria: Sra. L. Hewlett, adminis-
                                                                            tradora; ha dictado el 7 de marzo de 2002 una sentencia cuyo
en el asunto C-145/99: Comisión de las Comunidades                         fallo es el siguiente:
             Europeas contra República Italiana (1)
                                                                            1)    Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligacio-
(«Incumplimiento — Artı́culos 52 y 59 del Tratado CE                              nes que le incumben en virtud de los artı́culos 52 y 59 del
(actualmente artı́culos 43 CE y 49 CE, tras su modificación)                     Tratado CE (actualmente artı́culos 43 CE y 49 CE, tras su
— Directiva 89/48/CEE — Acceso a la abogacı́a y ejercicio                         modificación) y de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de
                                de ésta»)                                         21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de
                                                                                reconocimiento de los tı́tulos de enseñanza superior que sancio-
                                                                                nan formaciones profesionales de una duración mı́nima de tres
                           (2002/C 109/03)                                        años:
                  (Lengua de procedimiento: italiano)                             —      al haber mantenido, infringiendo lo dispuesto en el
                                                                                artı́culo 59 del Tratado, la prohibición general, impuesta
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                  a los abogados establecidos en otros Estados miembros
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                     que ejerzan en Italia en régimen de libre prestación
                                                                                de servicios, de disponer en este último Estado de
                                                                                la infraestructura necesaria para la prestación de sus
                                                                                servicios;
En el asunto C-145/99, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agentes: Sres. E. Traversa y B. Mongin) contra República                   —      al haber obligado, infringiendo lo dispuesto en el artı́-
Italiana (agente: Sr. U. Leanza, asistido por la Sra. F. Quadri),                        culo 52 del Tratado, a los abogados a residir en la
que tiene por objeto que se declare que la República Italiana                           circunscripción judicial del colegio en que se encuentren
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de                              inscritos, y
 ---pagebreak--- 4.5.2002                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 109/3
       —    al haber adaptado de manera incompleta su Derecho               Sexta), integrado por la Sra. F. Macken, Presidenta de Sala, la
            interno a lo dispuesto en la Directiva 89/48, dada              Sra. N. Colneric y los Sres. J.-P. Puissochet (Ponente),
            la inexistencia de una normativa que establezca las             R. Schintgen y V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mis-
            modalidades de la prueba de aptitud para los abogados           cho; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el 5 de febrero de
            procedentes de otros Estados miembros.                          2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
2)     Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)     La República Italiana y la Comisión de las Comunidades
       Europeas cargarán con sus propias costas.                           1)   Los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en su
                                                                                sentencia de 7 de febrero de 1991, Rönfeldt (C-227/89), que
(1) DO C 188 de 3.7.1999.                                                        permiten no aplicar las disposiciones del Reglamento (CEE)
                                                                                no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a
                                                                                la aplicación de los regı́menes de seguridad social a los
                                                                                trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan
                                                                                dentro de la Comunidad, para seguir aplicando al trabajador
                                                                                nacional de un Estado miembro un convenio bilateral que
                                                                                normalmente habı́a sido sustituido por dicho Reglamento, son
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                      igualmente válidos en el caso de que dicho trabajador haya
                                                                                ejercitado su derecho a la libre circulación antes de la entrada
                              (Sala Sexta)                                       en vigor del citado Reglamento y antes de que el Tratado CE
                                                                                fuera aplicable en su Estado miembro de origen.
                      de 5 de febrero de 2002
en el asunto C-277/99 (Petición de decisión prejudicial del               2)   Si los perı́odos de seguro o de empleo que confieren al trabajador
Verwaltungsgerichtshof): Doris Kaske contra Landes-                              nacional de un Estado miembro el derecho a percibir la
       geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien (1)                          prestación por desempleo que solicita empezaron a correr antes
                                                                                de que entrara en vigor el Reglamento no 1408/71, su situación
(«Seguridad social de los trabajadores migrantes — Seguro                        debe apreciarse a la luz de las disposiciones del convenio
de desempleo — Sustitución de los convenios de seguridad                        bilateral respecto a todo el perı́odo durante el cual ejercitó su
social celebrados entre los Estados miembros por el Regla-                       derecho a la libre circulación y basándose en la totalidad de los
mento (CEE) no 1408/71 — Mantenimiento de las ventajas                           perı́odos de seguro de empleo cubiertos por éste, sin distinguir
garantizadas anteriormente mediante la combinación del                          según dichos perı́odos se sitúen antes o después de la entrada en
Derecho nacional y del Derecho convencional — Libertad de                        vigor del Tratado y del Reglamento no 1408/71 en el Estado
                  circulación de los trabajadores»)                             miembro de origen del trabajador. Si, por el contrario, tras
                                                                                haber agotado todos los derechos que le reconocı́a el convenio,
                            (2002/C 109/04)                                      el interesado ejercita de nuevo su derecho a la libre circulación y
                                                                                cubre nuevos perı́odos de seguro o de empleo únicamente tras la
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                            entrada en vigor del Reglamento no 1408/71, el Reglamento
                                                                                rige su nueva situación.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            3)   Un Derecho nacional puede establecer normas más favorables
                                                                                que el Derecho comunitario, siempre que se atengan a los
En el asunto C-277/99, que tiene por objeto una petición                        principios de éste. La normativa de un Estado miembro que
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,               favorece, en lo que respecta a los requisitos para obtener una
por el Verwaltungsgerichtshof (Austria), destinada a obtener,                    prestación por desempleo, a los trabajadores que hayan residido
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre                  quince años en el territorio de dicho Estado miembro antes de
Doris Kaske y Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice                      su último empleo en el extranjero es incompatible con el
Wien, una decisión prejudicial, por una parte, sobre la                         artı́culo 48 del Tratado.
posibilidad de aplicar un Convenio bilateral entre la República
Federal de Alemania y la República de Austria en lugar de los
artı́culos 3, 6, 67 y 71 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del
Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de
los regı́menes de seguridad social a los trabajadores por cuenta
                                                                            (1) DO C 281 de 2.10.1999.
ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad
(DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), trasladando a las
prestaciones por desempleo los principios establecidos en la
sentencia de 7 de febrero de 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec.
p. I-323), y, por otra parte, sobre la interpretación de los
artı́culos 48 y 51 del Tratado CE (actualmente artı́culos 39 CE
y 42 CE, tras su modificación), el Tribunal de Justicia (Sala


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de julio de 1999 en el asunto C-245/92 P: Chemie Linz GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas («Recurso de casación - Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia - Reapertura de la fase oral del procedimiento - Reglamento interno de la Comisión - Procedimiento de adopción de una Decisión por la Junta de Comisarios»)

text:
C 333/6                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        20.11.1999
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Sexta)                                                               (Sala Sexta)
                        de 8 de julio de 1999
                                                                                de 8 de julio de 1999
en el asunto C-234/92 P: Shell International Chemical
Company Ltd contra Comisión de las Comunidades Euro-                       en el asunto C-245/92 P: Chemie Linz GmbH contra
                                 peas (1)                                            Comisión de las Comunidades Europeas (1)
(«Recurso de casación — Reglamento de Procedimiento del                    («Recurso de casación — Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Primera Instancia — Reapertura de la fase oral                  Tribunal de Primera Instancia — Reapertura de la fase oral
del procedimiento — Reglamento interno de la Comisión —                    del procedimiento — Reglamento interno de la Comisión —
Procedimiento de adopción de una Decisión por el Colegio de               Procedimiento de adopción de una Decisión por la Junta de
                             Comisarios»)                                                               Comisarios»)
                           (1999/C 333/10)                                                            (1999/C 333/11)
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-234/92 P, Shell International Chemical Com-
pany Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido),                    En el asunto C-245/92 P, Chemie Linz GmbH, con domicilio
representada por el Sr. K.B. Parker, QC, designado por el                   social en Linz (Austria), representada por el Sr. O. Lieber-
Sr. J.W. Osborne, Solicitor, que designa como domicilio en                  knecht, Abogado de Düsseldorf, que designa como domicilio
Luxemburgo el despacho de Me J. Hoss, 15, Côte d’Eich,                      en Luxemburgo el despacho de Me A. Bonn, 22, Côte d’Eich,
apoyada por DSM NV, con domicilio social en Heerlen (Paı́ses                apoyada por DSM NV, con domicilio social en Heerlen (Paı́ses
Bajos), representada por el Sr. I.G.F. Cath, Abogado de La                  Bajos), representada por el Sr. I.G.F. Cath, Abogado de La
Haya, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho                  Haya, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains, que tiene por objeto un               de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains, que tiene por objeto un
recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal           recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala                      de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala
Primera) de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión (T-11/89,                  Primera) de 10 de marzo de 1992, Chemie Linz/Comisión
Rec. p. II-757), por el que se solicita que se anule dicha                  (T-15/89, Rec. p. II-1275), por el que se solicita que se anule
sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento es la              dicha sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento
Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. J. Currall),             es la Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. G.
el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres.:              zur Hausen), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado
P.J.G. Kapteyn, Presidente de Sala; G. Hirsch, G.F. Mancini                 por los Sres.: P.J.G. Kapteyn, Presidente de Sala; G. Hirsch,
(Ponente), J.L. Murray y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado Gene-                G.F. Mancini (Ponente), J.L. Murray y H. Ragnemalm, Jueces;
ral: Sr. G. Cosmas; Secretarios: Sr. H. von Holstein, Secretario            Abogado General: Sr. G. Cosmas; Secretarios: Sr. H. von Hol-
adjunto, y Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora princi-                 stein, Secretario adjunto, y Sra. D. Louterman-Hubeau, admi-
pal, ha dictado el 8 de julio de 1999 una sentencia cuyo fallo              nistradora principal; ha dictado el 8 de julio de 1999 una
es el siguiente:                                                            sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1) Se desestima el recurso de casación.                                    1) Se desestima el recurso de casación.
2) Se condena en costas a Shell International Chemical Company
     Ltd.                                                                   2) Se condena en costas a Chemie Linz GmbH.
3) DSM NV cargará con sus propias costas.                                  3) DSM NV cargará con sus propias costas.
(1) DO C 187 de 24.7.1992.                                                  (1) DO C 212 de 18.8.1992.


title: Asunto C-32/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Hungría) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft, Paragon-Alkusz Zrt., sucesora de Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal (Competencia — Artículo 101 TFUE, apartado 1 — Aplicación de una normativa nacional análoga — Competencia del Tribunal de Justicia — Acuerdos bilaterales entre una entidad aseguradora y talleres de reparación de vehículos acerca del precio por hora de reparación — Tarifas incrementadas en función del número de contratos de seguro celebrados en favor de la entidad aseguradora a través de los citados talleres de reparación en su condición de mediadores — Concepto de «acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia» )

text:
               18.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Hungría) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft, Paragon-Alkusz Zrt., sucesora de Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal
   (Asunto C-32/11) (1)

   (Competencia - Artículo 101 TFUE, apartado 1 - Aplicación de una normativa nacional análoga - Competencia del Tribunal de Justicia - Acuerdos bilaterales entre una entidad aseguradora y talleres de reparación de vehículos acerca del precio por hora de reparación - Tarifas incrementadas en función del número de contratos de seguro celebrados en favor de la entidad aseguradora a través de los citados talleres de reparación en su condición de mediadores - Concepto de «acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia»)
   2013/C 141/03
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft, Paragon-Alkusz Zrt., sucesora de Magyar Opelkereskedők Bróker Kft.

      Demandada: Gazdasági Versenyhivatal

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretación del artículo 101 TFUE, apartado 1 — Acuerdos bilaterales celebrados entre una entidad aseguradora y determinados talleres de reparación de vehículos que hacen depender el precio por hora de reparación abonado a éstos por aquélla del número y del porcentaje de contratos de seguro suscritos por dicha entidad aseguradora por intermedio de los talleres, que actúan como agentes de seguros — Normativa nacional que emplea un concepto análogo a un concepto del Derecho de la Unión — Concepto de «acuerdos que tienen por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia».

      Fallo

   El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que cabe considerar que tienen «por objeto» restringir la competencia a los efectos de la referida disposición aquellos acuerdos en virtud de los cuales entidades aseguradoras de automóviles pactan bilateralmente, bien con concesionarios de automóviles que operan como talleres de reparación, bien con una asociación que representa a estos últimos, el precio por hora que ha de abonar la entidad aseguradora por la reparación de los vehículos asegurados por ella, estableciendo que dicha tarifa dependerá, entre otros factores, del número y porcentaje de contratos de seguro que el concesionario haya comercializado como mediador de dicha entidad, si, tras llevar a cabo un examen individual y concreto del contenido y del objetivo de tales acuerdos, así como del contexto económico y jurídico en el que se inscriben, resulta que son, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia en uno de los dos mercados de que se trata.

      (1)  DO C 145, de 14.5.2011.


title: Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Extremadura, dictados los dos primeros el 17 de enero de 1996 y el tercero el 15 de enero de 1996, en los asuntos entre Antonio Naranjo Arjona y el Instituto Nacional de la Seguridad Social el primero, entre Francisco Vicente Mateos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social el segundo, y entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Laura García Lázaro el tercero (Asuntos C-31/96, C-32/96 y C-33/96)

text:
30 . 3 . 96                  ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° C 95/9
       solicitante obtener la información mencionada en la                 Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante
       letra a ) de la cuestión 1 , y, si es así, qué consecuencias        autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
       tendría en la respuesta a dichas cuestiones ?                       Extremadura, dictados los dos primeros el 17 de enero de
                                                                           1996 y el tercero el 15 de enero de 1996, en los asuntos entre
3 ) a ) ¿ Si cabe exigir las peticiones de información adicio             Antonio Naranjo Arjona y el Instituto Nacional de la
           nal y los otros requisitos mencionados en la cues              Seguridad Social el primero, entre Francisco Vicente Mateos
           tión 1 , o alguno de ellos, prima facie con arreglo a las       y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería
           Directivas 81 /851 /CEE y 81 /852/CEE, deben ate               General de la Seguridad Social el segundo, y entre el Instituto
           nerse dichas peticiones y requisitos al principio de            Nacional de la Seguridad Social y Laura García Lázaro el
           proporcionalidad del Derecho comunitario ?                                                   tercero
       b ) ¿ Si fuese afirmativa la respuesta a la letra a ), deben                   ( Asuntos C-31/96, C-32/96 y C-33/96 )
           ser aplicados en este caso dichos principios por el                                      ( 96/C 95/14 )
           órgano jurisdiccional nacional o por el Tribunal de
           Justicia ?                                                      Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han
                                                                           sido sometidas unas peticiones de decisión prejudicial
      c)     i ) ¿ Si deben ser aplicados por el Tribunal de               mediante autos del Tribunal Superior de Justicia de la
                   Justicia, infringen el principio de proporcionali
                                                                           Comunidad de Extremadura dictados los dos primeros el 17
                   dad dichas exigencias y requisitos, o alguno de
                   ellos ?
                                                                           de enero de 1996 y el tercero el 15 de enero de 1996 , en los
                                                                           asuntos entre Antonio Naranjo Arjona y el Instituto
           ii ) ¿ Si deben ser aplicados por el órgano jurisdic           Nacional de la Seguridad Social el primero, entre Francisco
                   cional nacional, conforme a qué criterios y             Vicente Mateos y el Instituto Nacional de la Seguridad
                   consideraciones debe apreciarse la proporciona         Social y la Tesorería General de la Seguridad Social el
                   lidad de las exigencias y requisitos ?                  segundo, y entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social
                                                                           y Laura García Lázaro el tercero, y recibidos en la Secretaría
4 ) ¿ Debe interpretarse que los artículos 30 a 36 del                     del Tribunal de Justicia el 7 de febrero de 1996 .
      Tratado CE prohiben todas o algunas de las exigencias y
       requisitos descritos más arriba ?                                   El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
                                                                           Extremadura ( Sala de lo Social ) solicita al Tribunal de
5 ) a ) ¿ Debe interpretarse que el artículo 40 de la Directiva            Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión :
            81 /85 1 /CEE es aplicable a las exigencias y requisitos
           descritos más arriba ?
                                                                           La letra c ) del apartado 1 del artículo 47 del Reglamento
       b ) ¿ Si es así, en que circunstancias y con arreglo a qué          ( CEE ) n° 1408/71 í 1 ) —en la actualidad letra g ) del
           criterios deben considerarse inadecuados a efectos              apartado 1 del artículo 47—, cuando habla : « determinará
           del artículo 40 los motivos para imponer dichas                 dicha base media en función, únicamente, de los períodos de
           exigencias y requisitos, y fueron debidamente moti             seguro cumplidos bajo la legislación de dicho Estado », ha de
                                                                           entenderse :
           vadas, en el presente asunto, tales exigencias y
           requisitos ?
                                                                           1 ) Ala teórica base máxima, mínima o media, que en cada
6 ) a ) ¿ Está obligado un Estado miembro, en Derecho                           momento establece la legislación de un Estado para el
           comunitario, a indemnizar a una empresa por las                      abono de las cuotas correspondientes a la Seguridad
           pérdidas irrogadas como consecuencia de la impo                     Social; o,
           sición de exigencias y requisitos como los descritos
           más arriba que :                                                2 ) A la media de las bases reales, de lo realmente cotizado
                                                                                por el individuo afectado, con independencia de lo que
               i ) son incompatibles con las disposiciones de las               hubiera tenido que cotizar en los períodos trabajados en
                   Directivas 81 /851 y/o 81 /852 ;                             España con arreglo a la legislación de este Estado .
            ii ) violan el principio de proporcionalidad;                  (') DO n° L 149 de 5 . 7. 1971 , p . 2 .
           iii ) están prohibidas por los artículos 30 a 36 del
                   Tratado CE;
           iv) no han sido suficientemente motivadas en el
                   sentido del artículo 40 de la Directiva 81 /
                   851 ?                                                   Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                           lución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
       b ) ¿ Si la respuesta a los incisos i ), ii ), iii ) y iv ) de la   distaccata di Tivoli— de fecha 24 de enero de 1996 en el
           letra a ) de la cuestión 6 , o a alguno de ellos, fuera               proceso penal seguido contra Maria Paolantoni
           afirmativa, qué circunstancia daría lugar a dicha                                     ( Asunto C-34/96 )
           responsabilidad ?                                                                        ( 96/C 95/ 15 )
(!) DO n° L 317 de 6 . 11 . 1981 , p . 1 ( EE 13/ 12 , p . 3 ).
( 2 ) DO n° L 317 de 6 . 11 . 1981 , p . 16 ( EE 13/ 12 , p . 18 ).        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                           resolución de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione


title: Adscripción de los Jueces a las Salas

text:
               9.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/12

         Adscripción de los Jueces a las Salas
   (2004/C 251/23)
   El 13 de septiembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia decidió constituir cinco Salas integradas por cinco Jueces y cinco Salas integradas por tres Jueces para el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005 y adscribir los Jueces a dichas Salas del siguiente modo:
   Sala Primera ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Vesterdorf, Presidente, Sr. Cooke, Sr. García-Valdecasas, Sra. Labucka y Sra. Trstenjak, Jueces
   Sala Primera, integrada por tres Jueces
   Sr. Cooke, Presidente de Sala, Sr. García-Valdecasas, Sra. Labucka y Sra. Trstenjak, Jueces
   Sala Segunda ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Pirrung, Presidente de Sala, Sr. Meij, Sr. Forwood, Sra. Pelikánová y Sr. Papasavvas, Jueces
   Sala Segunda, integrada por tres Jueces
   Sr. Pirrung, Presidente de Sala

               a)

               Sr. Meij y Sra. Pelikánová, Jueces

               b)

               Sr. Forwood y Sr. Papasavvas, Jueces

         Sala Tercera ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Jaeger, Presidente de Sala, Sra. Tiili, Sr. Azizi, Sra. Cremona y Sr. Czúcz, Jueces
   Sala Tercera, integrada por tres Jueces
   Sr. Jaeger, Presidente de Sala

               a)

               Sra. Tiili y Sr. Czúcz, Jueces

               b)

               Sr. Azizi y Sra. Cremona, Jueces

         Sala Cuarta ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Legal, Presidente de Sala, Sra. Lindh, Sr. Mengozzi, Sra. Wiszniewska-Białecka y Sr. Vadapalas, Jueces
   Sala Cuarta, integrada por tres Jueces
   Sr. Legal, Presidente de Sala

               a)

               Sra. Lindh y Sr. Vadapalas, Jueces

               b)

               Sr. Mengozzi y Sra. Wiszniewska-Białecka, Jueces

         Sala Quinta ampliada, integrada por cinco Jueces
   Sr. Vilaras, Presidente de Sala, Sra. Martins Ribeiro, Sr. Dehousse, Sr. Šváby y Sra. Jürimäe, Jueces
   Sala Quinta, integrada por tres Jueces
   Sr. Vilaras, Presidente de Sala

               a)

               Sra. Martins Ribeiro y Sra. Jürimäe, Jueces

               b)

               Sr. Dehousse y Sr. Šváby, Jueces

         En la Sala primera integrada por tres Jueces, los Jueces que, junto con el Presidente de Sala, la componen serán designados por turno conforme al orden previsto en el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, sin perjuicio de la conexión entre asuntos. Las Salas Segunda a Quinta integradas por tres Jueces estarán compuestas por el Presidente de Sala y por los Jueces mencionados bien en la letra a), bien en la letra b), en función de la formación a la que pertenezca el Juez Ponente. En los asuntos en los que el Presidente de Sala sea Juez Ponente, la Sala se compondrá por el Presidente de Sala y, por turno, por los Jueces de una u otra formación, según el orden en que se hayan registrado los asuntos y sin perjuicio de la conexión entre asuntos.
   Cuando, como consecuencia de la modificación de la composición de las Salas, el Juez Ponente de un asunto quede adscrito a otra Sala, dicho asunto se atribuirá, con efectos a 13 de septiembre de 2004, a la Sala a la que pase a pertenecer el Juez Ponente a partir de esa fecha.
   En aquellos asuntos en que, antes del 13 de septiembre de 2004, haya finalizado la fase escrita y se haya celebrado o fijado una vista, correspondiente a la fase oral, las Salas mantendrán su composición anterior para la fase oral, la deliberación y la sentencia.
   Composición de la Gran Sala
   El 13 de septiembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia decidió, conforme al artículo 10, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, que, para el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005, la Gran Sala estará compuesta por el Presidente Vesterdorf y los Presidentes de Sala Jaeger, Pirrung, Vilaras y Legal, por los Jueces de la Sala ampliada que tendrían que resolver el asunto de que se trate si se hubiera atribuido a una Sala integrada por cinco Jueces, y por otros cuatro Jueces designados por turno por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia entre los Jueces de las demás Salas siguiendo el orden del rango que les corresponda en dichas Salas según su antigüedad en el cargo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
   En aquellos asuntos en que, antes del 13 de septiembre de 2004, haya finalizado la fase escrita y se haya celebrado o fijado una vista, correspondiente a la fase oral, ante la Gran Sala, ésta mantendrá su composición anterior para la fase oral, la deliberación y la sentencia.
   Pleno
   El 13 de septiembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia decidió, con arreglo al artículo 32, apartado 1, párrafo segundo, de su Reglamento de Procedimiento, que si, como consecuencia de la designación de un Abogado General conforme al artículo 17 del Reglamento de Procedimiento, el Pleno del Tribunal estuviera formado por un número par de Jueces, el turno preestablecido, según el cual el Presidente del Tribunal determina qué Juez se abstendrá de participar en la resolución del asunto, seguirá el orden inverso al rango que corresponda a los Jueces según su antigüedad en el cargo, conforme al artículo 6 del Reglamento de Procedimiento, salvo que tal designación recaiga en el Juez Ponente. En este caso, se designará al Juez que preceda inmediatamente a éste en rango.
   Designación del Juez que sustituirá al Presidente del Tribunal de Primera Instancia en calidad de Juez de medidas provisionales
   El 13 de septiembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia decidió, conforme al artículo 106 de su Reglamento de Procedimiento, designar al Juez García-Valdecasas para sustituir al Presidente del Tribunal, en caso de ausencia o impedimento, en calidad de Juez de medidas provisionales, para el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005.
   Criterios para la atribución de los asuntos a las Salas
   El 13 de septiembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia fijó, de conformidad con el artículo 12 de su Reglamento de Procedimiento, los siguientes criterios para la atribución de los asuntos a las Salas, para el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005:

               1.

               Los asuntos serán atribuidos, desde el momento de la presentación del escrito de interposición del recurso y sin perjuicio de una ulterior aplicación de los artículos 14 y 51 del Reglamento de Procedimiento, a las Salas integradas por tres Jueces.

               2.

               Los asuntos serán atribuidos a las Salas con arreglo a cuatro turnos distintos, establecidos en función del orden de registro de los asuntos en la Secretaría:

                           —

                           para los recursos relativos a la aplicación de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas, de las normas sobre ayudas concedidas por los Estados y de las normas referentes a las medidas de defensa comercial;

                           —

                           para los asuntos contemplados en el artículo 236 del Tratado CE y en el artículo 152 del Tratado CEEA;

                           —

                           para los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento;

                           —

                           para los demás asuntos.

         Dentro de estos turnos, la Sala Primera no será tomada en consideración en cada quinta vuelta.
   El Presidente del Tribunal podrá establecer excepciones a dichos turnos para tener en cuenta las conexiones existentes entre determinados asuntos o para garantizar un reparto equilibrado del volumen de trabajo.


title: Asunto T-81/08: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2009 — Enercon/OAMI (E-Ship) [ Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa E-Ship — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento (CE) n o  40/94 ]

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/40

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2009 — Enercon/OAMI (E-Ship)
   (Asunto T-81/08) (1)

   («Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria denominativa E-Ship - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento (CE) no 40/94»)
   2009/C 141/83
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Enercon GMBH (Aurich, Alemania) (representantes: R. Böhm y V. Henke, avocats)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: S. Schäffner, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 4 de diciembre de 2007 (asunto R 319/2007-1) relativa a una solicitud de registro del signo E-Ship como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Enercon GmbH.

      (1)  DO C 107, de 26.4.2008.


title: Asunto C-288/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Wien (Austria), de fecha 28 de junio de 2004, en el asunto entre AB y Finanzamt für den 6., 7. y 15 Bezirk

text:
               9.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/3

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Wien (Austria), de fecha 28 de junio de 2004, en el asunto entre AB y Finanzamt für den 6., 7. y 15 Bezirk
   (Asunto C-288/04)
   (2004/C 251/04)
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Wien (Austria), dictada el 28 de junio de 2004, en el asunto entre AB y Finanzamt für den 6., 7. y 15 Bezirk y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de julio de 2004.
   El Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Wien solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Se opone el artículo 13, párrafo primero, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas a la tributación de los sueldos, salarios y otros emolumentos que abonen las Comunidades a sus funcionarios y otros agentes en los Estados miembros únicamente en el caso de que las Comunidades Europeas hagan uso del derecho de tributación que les corresponde?

               2)

               ¿Se opone el artículo 16, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas a la tributación de los sueldos, salarios y otros emolumentos abonados por las Comunidades a sus funcionarios y otros agentes en los Estados miembros únicamente en el caso de que el funcionario u otro agente haya sido incluido en una comunicación en el sentido del citado artículo, y una comunicación efectuada con base en dicho artículo da derecho de forma automática a las autoridades tributarias del Estado miembro a ejercer el derecho de tributación nacional por lo que respecta a los funcionarios y otros agentes no mencionados en dicha comunicación y, por ende, por lo que respecta a aquellos agentes que las Comunidades Europeas consideren como agentes locales?


title: Asunto C-125/12: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil n ° 1 de Granada (España) el 8 de marzo de 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. y otros

text:
               16.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 174/15

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (España) el 8 de marzo de 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. y otros
   (Asunto C-125/12)
   2012/C 174/22
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada

      Partes en el procedimiento principal

   Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., Ignacio Alba Muñoz, Administrador concursal de Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., y Agencia Estatal de la Administración Tributaria

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 199.1.g) de la Directiva 2006/112/CE (1), del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al establecer que «1. Los Estados miembros podrán disponer que la persona deudora del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de cualquiera de las siguientes operaciones: (…) g) La entrega de bienes inmuebles vendidos por el deudor judicial en un procedimiento obligatorio de liquidación», cuando el proceso judicial sea un concurso de acreedores abierto por la declaración de insolvencia de dicho deudor, ¿debe interpretarse en el sentido de que sólo se refiere a las transmisiones que obedezcan estrictamente a la propia naturaleza liquidativa del procedimiento o a la fase liquidativa en la que este procedimiento se encuentre, de forma que la enajenación de dichos inmuebles se debe producir como consecuencia de la liquidación global de su patrimonio, o dado que un procedimiento concursal puede concluir, entre otras opciones, con la liquidación de la empresa concursada, comprende también cualquier transmisión de bienes inmuebles efectuados por el deudor declarado en concurso a lo largo de un proceso concursal?

               2)

               ¿El artículo 199.1.g) de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que el «procedimiento obligatorio de liquidación» al que alude incluye un proceso judicial colectivo de insolvencia en el que se ha efectuado, al margen de cualquier fase de liquidación obligatoria de su patrimonio y por meras razones de oportunidad, una venta voluntaria de alguno o algunos de sus bienes; o por el contrario sólo se refiere a las ejecuciones procesales obligatorias destinadas a liquidar los bienes del deudor judicial?

               3)

               En este último caso, si el artículo 199.1.g) de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, se refiere estrictamente a las ejecuciones obligatorias destinadas a liquidar los bienes del deudor judicial, ¿puede interpretarse el precepto indicado en el sentido de excluir del mismo la inversión del sujeto pasivo del IVA en cualquier caso de transmisión de un inmueble por un deudor declarado en concurso por razones de oportunidad y conveniencia para el interés del concurso y al margen de todo proceso de liquidación global de sus bienes, debiendo prescindirse entonces de una ley nacional que haya extendido el supuesto de hecho del artículo 199.1.g de la Directiva 2006/112 a supuestos que este precepto no contempla?

      (1)  DO L 347, p. 1


title: Asunto C-47/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 29 de enero de 2013 — Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 29 de enero de 2013 — Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
   (Asunto C-47/13)
   2013/C 108/34
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesverwaltungsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Martin Grund

      Demandada: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

      Interviniente: El defensor de los intereses del Bund ante el Bundesverwaltungsgericht

      Cuestión prejudicial

   ¿Una superficie agrícola es un pasto permanente en el sentido del artículo 2, punto 2, del Reglamento (1) si actualmente y desde hace cinco años o más es utilizada para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos pero en dicho período de tiempo es dedicada a otras utilizaciones, sembrándose en lugar del anterior forraje herbáceo (en este caso, tréboles con gramíneas) otro distinto (en este caso, gramíneas de cultivo), o en dichos casos se trata de una rotación de cultivos que excluye la existencia de pastos permanentes?

      (1)  Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 18).


title: Archivo del asunto C-218/99

text:
10.6.2000                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 163/23
2. Condene en costas a la demandada.                                                   Archivo del asunto C-218/99 (1)
Motivos y principales alegaciones                                                               (2000/C 163/43)
La Comisión considera que la práctica austriaca no es compati-
ble con el principio de proporcionalidad (artı́culo 30 CE). La          Mediante auto de 15 de marzo de 2000, el Presidente del
práctica no tiene en cuenta que entre las vitaminas y los              Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
minerales existen algunos con un mayor o menor grado de                 archivar el asunto C-218/99: Comisión de las Comunidades
nocividad. Una normativa menos restrictiva consistirı́a en              Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo.
determinar para cada vitamina o mineral un valor lı́mite a partir
del cual deba calificarse como medicamento un preparado que
contenga dicha sustancia. Por ello resulta demasiado general            (1) DO C 266 de 7.8.1999.
como criterio de delimitación la dosis diaria normal.
Al mismo tiempo la práctica aludida no tiene en cuenta que
cada Estado miembro debe demostrar respecto a cada producto
concreto que éste supone un riesgo serio para la salud. Es
ilı́cito exigir del solicitante la prueba del carácter no nocivo,
puesto que precisamente el Estado miembro debe probar el
riesgo para la salud de la concentración superior, en tanto no                        Archivo del asunto C-361/99 (1)
se hayan alcanzado los valores lı́mite crı́ticos admitidos por las
instituciones cientı́ficas.
                                                                                (2000/C 163/44)
                                                                        Mediante auto de 16 de marzo de 2000, el Presidente del
                                                                        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                 Archivo del asunto C-406/99 (1)                        archivar el asunto C-361/99 (petición de decisión prejudicial
                                                                        del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Silveria Gäng
                          (2000/C 163/41)                               contra Republik Österreich.
Mediante auto de 13 de marzo de 2000, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido            (1) DO C 6 de 8.1.2000.
archivar el asunto C-406/99: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República Federal de Alemania.
(1) DO C 366 de 18.12.1999.
                                                                                Archivo del asunto C-438/98 (1)
                 Archivo del asunto C-221/98 (1)
                                                                                (2000/C 163/45)
                          (2000/C 163/42)
Mediante auto de 14 de marzo de 2000, el Presidente de la               Mediante auto de 20 de marzo de 2000, el Presidente de la
Sala Quinta del Tribunal de Justicia de las Comunidades                 Sala Primera del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha decidido archivar el asunto C-221/98: Comisión             Europeas ha decidido archivar el asunto C-438/98: Comisión
de las Comunidades Europeas contra República Francesa.                 de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxem-
                                                                        burgo.
(1) DO C 278 de 14.3.2000.
                                                                        (1) DO C 20 de 23.1.1999.


title: Asunto C-30/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Ryanair Ltd/PR Aviation BV (Procedimiento prejudicial — Directiva 96/9/CE — Protección jurídica de las bases de datos — Base de datos no protegida por los derechos de autor ni por el derecho sui generis — Limitación contractual de los derechos de los usuarios de la base de datos)

text:
               2.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/8

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Ryanair Ltd/PR Aviation BV
      (Asunto C-30/14) (1)

      (Procedimiento prejudicial - Directiva 96/9/CE - Protección jurídica de las bases de datos - Base de datos no protegida por los derechos de autor ni por el derecho sui generis - Limitación contractual de los derechos de los usuarios de la base de datos)
      (2015/C 073/10)
      Lengua de procedimiento: neerlandés

         Órgano jurisdiccional remitente

      Hoge Raad der Nederlanden

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Ryanair Ltd

         Demandada: PR Aviation BV

         Fallo

      La Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a una base de datos que no está protegida por los derechos de autor ni por el derecho sui generis en virtud de la propia Directiva, por lo que los artículos 6, apartado 1, 8 y 15 de ésta no se oponen a que el creador de dicha base de datos establezca limitaciones contractuales a su utilización por terceros, sin perjuicio del Derecho nacional aplicable.

         (1)  DO C 135, de 5.5.2014.


title: Asunto C-165/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado (Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Derecho de residencia en un Estado miembro de un nacional de un tercer Estado que tiene antecedentes penales — Progenitor que tiene la guarda exclusiva de dos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión — Primer hijo que tiene la nacionalidad del Estado miembro de residencia — Segundo hijo que tiene la nacionalidad de otro Estado miembro — Legislación nacional que excluye la concesión de una autorización de residencia a dicho ascendiente debido a sus antecedentes penales — Denegación de la residencia que puede llevar aparejada la obligación de que los hijos menores de edad abandonen el territorio de la Unión)

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado
   (Asunto C-165/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión - Artículos 20 TFUE y 21 TFUE - Directiva 2004/38/CE - Derecho de residencia en un Estado miembro de un nacional de un tercer Estado que tiene antecedentes penales - Progenitor que tiene la guarda exclusiva de dos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión - Primer hijo que tiene la nacionalidad del Estado miembro de residencia - Segundo hijo que tiene la nacionalidad de otro Estado miembro - Legislación nacional que excluye la concesión de una autorización de residencia a dicho ascendiente debido a sus antecedentes penales - Denegación de la residencia que puede llevar aparejada la obligación de que los hijos menores de edad abandonen el territorio de la Unión))
   (2016/C 419/02)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Supremo

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Alfredo Rendón Marín

      Demandada: Administración del Estado

      Fallo

   El artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia a un nacional de un tercer Estado, progenitor de un hijo menor de edad ciudadano de la Unión y nacional de un Estado miembro distinto del Estado miembro de acogida, que está a su cargo y que reside con él en el Estado miembro de acogida, debido únicamente a que dicho nacional de un tercer Estado tiene antecedentes penales.
   El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a esa misma normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia al nacional de un tercer Estado, progenitor de unos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión y de los que tiene la guarda exclusiva, debido únicamente a que el interesado tiene antecedentes penales, cuando tal denegación tenga como consecuencia obligar a esos hijos suyos a abandonar el territorio de la Unión Europea.

      (1)  DO C 175 de 10.6.2014.


title: Asunto C-590/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 15 de diciembre de 2010 — Wolfgang Köppl/Freistaat Bayern

text:
               26.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 15 de diciembre de 2010 — Wolfgang Köppl/Freistaat Bayern
   (Asunto C-590/10)
   2011/C 95/02
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Wolfgang Köppl

      Recurrida: Freistaat Bayern

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4 de la Directiva 91/439/CEE (1) –especialmente en relación con los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea– en el sentido de que permiten que un Estado miembro (el «Estado miembro de acogida») no reconozca un permiso de conducción de la clase B, expedido por otro Estado miembro (el «Estado miembro de expedición») con infracción, evidente en el propio permiso de conducción, del requisito de residencia del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439/CEE, a una persona, frente a la que el Estado miembro de acogida adoptó, con anterioridad, medidas en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/430/CEE, cuando esta persona obtiene, con posterioridad, en el Estado miembro de expedición un permiso de conducción de la clase C sin infringir manifiestamente el requisito de residencia?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, ¿puede el Estado miembro de acogida, negarse también a reconocer el permiso de conducción de la clase C expedido a esa persona?

      (1)  Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237, p. 1).


title: Asunto C-514/07 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 2007 por el Reino de Suecia contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala) el 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/32

         Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 2007 por el Reino de Suecia contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala) el 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-514/07 P)
   (2008/C 51/54)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Reino de Suecia (representantes: A. Falk y S. Johannesson)

      Otra parte en el procedimiento: Association de la presse internationale ASBL (API) y Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule el punto 2 del fallo de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-36/04.

               —

               Que se anule íntegramente la Decisión de la Comisión de 20 de noviembre de 2003, de acuerdo con las pretensiones formuladas por la API ante el Tribunal de Primera Instancia, y, en consecuencia, también por lo que se refiere a la denegación del acceso a los escritos de la Comisión en los asuntos T-209/01, Honeywell/Comisión, T-210/01, General Electric/Comisión, y C-203/03, Comisión/Austria.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones

               1)

               Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia ha vulnerado el Derecho comunitario al no anular íntegramente la Decisión de la Comisión.

               2)

               Por una parte, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que las instituciones están obligadas, con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (1), a examinar si una divulgación podría causar un perjuicio, específica y concretamente, a los intereses protegidos por una excepción. Sólo en ese caso podrá denegarse la divulgación de un documento sobre la base de una excepción. Este examen debe realizarse respecto a cada documento concreto. El demandante está de acuerdo con esta conclusión.

               3)

               Sin embargo, por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia ha estimado que, precisamente en este asunto, la Comisión no estaba obligada a realizar tal examen porque existe una necesidad general de confidencialidad de los escritos relativos a asuntos pendientes hasta que se haya celebrado la vista. Esta necesidad general de confidencialidad se justifica, por un lado, por el derecho a un proceso justo ante un tribunal imparcial y, por otro lado, por el derecho de la Comisión a salvaguardar sus intereses como parte en el proceso. Sobre esta base, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que la Comisión no realizó una apreciación errónea al denegar el acceso a los escritos.

               4)

               En opinión de la parte demandante, esta última conclusión es incompatible con la obligación de examinar la cuestión de la divulgación en relación con el contenido de cada documento específico. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia, mediante su sentencia, ha vulnerado el Derecho comunitario.

      (1)  DO L 145, p. 45.


title: Asunto T-345/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2008 — Evropaïki Dynamiki/Comisión ( Contratos públicos de servicios — Procedimiento comunitario de licitación — Prestación de servicios relativos al desarrollo y suministro de servicios en apoyo del Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) — Desestimación de la oferta de un licitador — Principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia )

text:
               26.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 107/23

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2008 — Evropaïki Dynamiki/Comisión
   (Asunto T-345/03) (1)

   («Contratos públicos de servicios - Procedimiento comunitario de licitación - Prestación de servicios relativos al desarrollo y suministro de servicios en apoyo del Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) - Desestimación de la oferta de un licitador - Principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia»)
   (2008/C 107/36)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas, Grecia) (representantes: inicialmente S. Pappas, posteriormente N. Korogiannakis, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. O'Reilly y L. Parpala, agentes)
   Objeto
   Petición de la demandante de que se anule la decisión de la Comisión de adjudicación del contrato objeto de la licitación ENTR/02/55 — CORDIS lote no 2, para el desarrollo y suministro de servicios en apoyo del Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS).
   Fallo

               1)

               Anular la Decisión de la Comisión, de 16 de julio de 2003, de adjudicación del contrato objeto de la licitación no ENTR/02/055 — CORDIS lote no 2.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión.

      (1)  DO C 289 de 29.11.2003.


title: Archivo del asunto C-548/03

text:
               30.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/22

         Archivo del asunto C-548/03 (1)

   (2005/C 106/50)

      (Lengua de procedimiento: francés)

   Mediante auto de 16 de diciembre de 2004, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-548/03: Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea, apoyado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e Irlanda.

      (1)  DO C 47, de 21.2.04.


title: Asunto T-378/17: Recurso interpuesto el 8 de junio de 2017 — La Zaragozana/EUIPO — Heineken Italia (CERVISIA)

text:
               7.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/39

         Recurso interpuesto el 8 de junio de 2017 — La Zaragozana/EUIPO — Heineken Italia (CERVISIA)
   (Asunto T-378/17)
   (2017/C 256/44)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: La Zaragozana, S.A. (Zaragoza, Zaragoza) (representante: L. Broschat García, abogada)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Heineken Italia SpA (Pollein, Italia)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «CERVISIA» — Solicitud de registro n.o 13395397

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 13 de marzo de 2017 en el asunto R 1241/2016-5

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-179/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 15 de mayo de 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/31

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 15 de mayo de 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne
   (Asunto C-179/09)
   2009/C 180/53
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État (Bélgica)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh

      Demandada: Région wallonne

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede interpretarse el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, (1) en el sentido de que excluye de su ámbito de aplicación una normativa –tal como el Decreto de la Región Valona de 17 de julio de 2008 sobre permisos para los que existen razones imperiosas de interés general– que se limita a afirmar que «concurren las razones imperiosas de interés general» para la concesión de los permisos de urbanismo, de los permisos de medio ambiente y de los permisos únicos relativos a los actos y obras que enumera y que «ratifica» permisos para los que afirma que «concurren las razones imperiosas de interés general»?

               2)

                           a)

                           ¿Se oponen los artículos 1, 5, 6, 7, 8 y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE (2) y por la Directiva 2003/35/CE, (3) a un régimen jurídico en el que el derecho a realizar un proyecto sujeto a evaluación de las repercusiones se otorga mediante un acto legislativo contra el cual no cabe un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley, recurso que permita impugnar, en cuanto al fondo y al procedimiento seguido, la decisión que da derecho a realizar el proyecto?

                           b)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 9 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, (4) en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones, de las decisiones, de los actos u omisiones que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 6?

                           c)

                           Habida cuenta del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, ¿debe interpretarse el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE, en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad de las decisiones, de los actos u omisiones, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones?

      (1)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40).

      (2)  Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 73, p. 5).

      (3)  Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo — Declaración de la Comisión (DO L 156, p. 17).

      (4)  Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 124, p. 1).


title: Asunto C-232/08: Recurso interpuesto el 29 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de los Países Bajos

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/25

         Recurso interpuesto el 29 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de los Países Bajos
   (Asunto C-232/08)
   (2008/C 209/37)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: T. van Rijn y K. Banks, agentes)

      Demandada: Reino de los Países Bajos
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 29, apartado 2, del Reglamento (CE) no 850/98 (1), del artículo 23 del Reglamento (CE) no 2371/2002 (2), y del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2847/93 (3), al permitir que los buques pesqueros tengan una potencia motriz superior a la permitida con arreglo a los anteriores artículos.

               —

               Que se condene en costas al Reino de los Países Bajos.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión considera que el Gobierno neerlandés no cumple sus obligaciones de aplicación, ya que permite conscientemente las infracciones de la norma relativa a la potencia motriz máxima con la que se puede pescar en el coto de la solla.
   Por un lado, de la información facilitada por el Gobierno neerlandés se deriva que éste permite que los «eurokotters» neerlandeses que participan en el arreglo privado sólo tendrán que respetar el límite máximo admitido de potencia motriz de 300 CV a partir del 1 de mayo de 2009. Por otro lado, de dicha información se deduce que, al controlar el cumplimiento de esta norma, se aplica sistemáticamente un margen de tolerancia del 12,5 % y que, por tanto, no se sanciona la superación del límite máximo admitido de potencia motriz dentro de este margen.

      (1)  Reglamento (CE) no 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (DO L 125, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358, p. 59).

      (3)  Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común (DO L 261, p. 1).


title: Asunto C-82/08: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/31

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica
   (Asunto C-82/08) (1)

   (2009/C 69/65)

      Lengua de procedimiento: griego

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 92 de 12.4.2008.


title: Asunto T-646/11: Sentencia del Tribunal General de 23 de septiembre de 2014 — Ipatau/Consejo ( «Política Exterior y de Seguridad Común — Medidas restrictivas adoptadas contra Belarús — Congelación de fondos y recursos económicos — Restricciones de entrada en el territorio de la Unión o de tránsito por dicho territorio — Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Admisibilidad — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Error de apreciación» )

text:
               3.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 388/9

         Sentencia del Tribunal General de 23 de septiembre de 2014 — Ipatau/Consejo
   (Asunto T-646/11) (1)

   ((«Política Exterior y de Seguridad Común - Medidas restrictivas adoptadas contra Belarús - Congelación de fondos y recursos económicos - Restricciones de entrada en el territorio de la Unión o de tránsito por dicho territorio - Recurso de anulación - Plazo para recurrir - Admisibilidad - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Error de apreciación»))
   2014/C 388/09
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Vadzim Ipatau (Minsk, Belarús) (representante: M. Michalauskas, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: F. Naert y B. Driessen, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión 2011/666/PESC del Consejo, de 10 de octubre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO L 265, p. 17), en la medida en que se refiere al demandante, del Reglamento de Ejecución (UE) no 1000/2011 del Consejo, de 10 de octubre de 2011, por el que aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto a Belarús (DO L 265, p. 8), en la medida en que se refiere al demandante, de la resolución del Consejo de 14 de noviembre de 2011 por la que se denegó la petición del demandante de que se retirase su nombre de la Decisión 2011/69/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús (DO L 28, p. 40), y del Reglamento de Ejecución (UE) no 84/2011 del Consejo, de 31 de enero de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra el Presidente Lukashenko y determinados funcionarios de Belarús (DO L 28, p. 17), y anulación de la Decisión 2012/642/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO L 285, p. 1), y del Reglamento de Ejecución (UE) no 1017/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO L 307, p. 7), en la medida en que se refieren al demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Vadzim Ipatau cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido el Consejo de la Unión Europea.

      (1)  DO C 258, de 25.8.2012.