title: Archivo del asunto C-100/94

text:
N° C 137/ 16            ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       3 . 6 . 95
               Archivo del asunto C- 100/94 0 )                                      Archivo del asunto C-l 76/94 (M
                           ( 95/C 137/37 )                                                    ( 95/C 137/38 )
Mediante auto de 9 de marzo de 1995 , el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha                 Mediante auto de 1 de marzo de 1995 , el Presidente del
decidido archivar el asunto C-100/94 : Comisión de las
                                                                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
Comunidades Europeas contra República Helénica .                    decidido archivar el asunto C-176/94 : Comisión de las
(M DO n° C 132 de 14 . 5 . 1994 .                                   Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxem
                                                                    burgo .
                                                                    (') DO n" C 218 de 6 . 8 . 1994 .
                                               TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               Charles-Henri Léger, Abogados de París, que designa como
                  DE PRIMERA INSTANCIA                              domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Hoss y
                     de 6 de abril de 1995                          Elvinger, cote d'Eich, 15 , T-93/89 , Den Norske Stats
                                                                    Oljeselskap AS ( Statoil ), con domicilio social en Stavanger
en los asuntos acumulados T-80/89, T-81/89, T-83/89,
                                                                    ( Noruega ), representada por el Sr . Graham Child , Solicitor,
T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89 , T-95/89, T-97/89,              que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
T-99/89 , T-100/89, T-101/89 , T-103/89, T-105/89,                  Mes Elvinger y Hoss, Cote d'Eich, 15 , T-95/89, Enichem
T-107/89 y T-l 12/89, BASF AG y otros contra Comisión               SpA, con domicilio social en Milán ( Italia ), representada por
               de las Comunidades Europeas (')                      el Sr . Mario Siragusa , Abogado de Roma , el Sr . Giuseppe
(Competencia — Procedimiento — Competencia — Regla                 Scassellati Sforzolini , Abogado de Bolonia, y el Sr. Gian
                mento interno de la Comisión)                       franco Arcidiacono , Abogado de Milán, que designa como
                           ( 95/C 137/39 )                          domicilio en Luxemburgo el despacho de M" Arendt y
                                                                    Medernach, rué Mathias Hardt, 4, T-97/89 , Hoechst AG,
(Lenguas de procedimiento: alemán, inglés, español, fran           con domicilio social en Frankfurt-am-Main ( Alemania ),
                   cés, italiano y neerlandés)                      representada por los Sres . Hans Hellmann y Hans-Joachim
                                                                    Voges, Abogados de Colonia , que designa como domicilio
En los asuntos acumulados T-80/89, BASF AG, con                     en Luxemburgo el despacho de Mes Loesch y Wolter, rué
domicilio social en Ludwigshafen ( Alemania ), representada         Goethe, 11 , T-99/89 , Imperial Chemical Industries pie , con
por los Sres . Ferdinand Hermanns y Karl Kaiser, Abogados           domicilio social en Londres, representada por los Sres .
de Düsseldorf, que designa como domicilio en Luxemburgo             David Vaughan, QC, y David Anderson, Barrister, Aboga
el despacho de Mcs Loesch y Wolter, rué Goethe, 11 ,                dos de Inglaterra y País de Gales, designados por los Sres .
T-81 /89, Monsanto Company, con domicilio social en St              Victor White, Richard Coles y Andrew Ransom, Solicitors,
Louis, Misuri ( Estados Unidos de América ), representada           que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
por los Sres . Clive Stanbrook, QC , y John Ratliff, Barrister,     Mes Dupong y Konsbruck, rué des Bains, 14 A, T-100/89,
Abogado de Inglaterra y del País de Gales, que designa como         Neste Oy, con domicilio social en Espoo ( Finlandia ),
domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Arsène                    representada por Mes Georges van Hecke, Abogado en la
Kronshagen, boulevard de la Foire, 12 , T-83/89 , NV DSM y          Cour de cassation de Bélgica, y Gerwin Vam Gerven,
DSM Kunststoffen BV, con domicilio social en Heerlen                Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en
( Países Bajos ), representadas por el Sr . Inne G. F. Cath,        Luxemburgo el despacho de Me Freddy Brausch, rué
Abogado de La Haya, que designan como domicilio en                  Goethe, 11 , T-101/89 , Repsol Química SA, con domicilio
Luxemburgo el despacho de Mes Dupong y Konsbruck, rué               social en Madrid, representada por el Sr. José Pérez Santos,
des Bains, 14 A, T-87/89 , Orkem SA, con domicilio social en        Abogado del Ilustre Colegio de Madrid , que designa como
París, representada por Mcs Dominique Voillemot y Joëlle            domicilio en Luxemburgo el despacho de Mc Ernest Arendt,
Salzmann, Abogados de París, que designa como domicilio             rué Mathias Hardt, 8-10, T-103/89 , Shell International
en Luxemburgo el despacho de Mes Loesch y Wolter, rué               Chemical Company Ltd , con domicilio social en Londres,
Goethe, 11 , T-88/89 , Bayer AG, con domicilio social en            representada por el Sr. Keneth Parker, Abogado de Ingla
Leverkusen ( Alemania ), representada por los Sres . Oliver         terra y País de Gales , designado por el Sr . John Osborne,
Axster y Holger Wissel , Abogados de Düsseldorf, Michel             Solicitor, que designa como domicilio en Luxemburgo el
Waelbroeck, Denis Waelbroeck y Alexandre Vandencaste               despacho de Mes Elvinger y Hoss, Cote d'Eich, 15 , T
ele, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en            105/89 , Montedison SpA, con domicilio social en Milán
Luxemburgo el despacho de Mes Loesch y Wolter, rué                  ( Italia ), representada por los Sres . Giuseppe Celona, Abo
Goethe, 11 , T-90/89 , Atochem SA, con domicilio social en          gado en el Tribunal de Casación de Italia , Giorgio Aghina ,
Puteaux ( Francia ), representada por Mes Xavier de Roux y          Abogado de Milán, y Piero Ferrari, Abogado de Roma, que


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 14 de diciembre de 1995 en el asunto C-444/93 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sozialgericht Speyer): Ursula Megner y Hildegard Scheffel contra Innungskrankenkasse Vorderpfalz, en la actualidad Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz (Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social - Apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE - Empleos menores y empleos de corta duración - Exclusión del seguro obligatorio de vejez, del seguro de enfermedad y de la obligación de cotizar al seguro de desempleo)

text:
N° C 64/2             [ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     2 . 3 . 96
El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del                de lo que dificulta el de los productos nacionales no está
Consejo, de 19 de diciembre de 1 978, relativa a la aplicación           comprendida dentro del ámbito de aplicación del
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres              artículo 30 del Tratado.
y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse
en el sentido de que no se opone a una normativa nacional            3 ) Los artículos 5, 90 y 86 no se oponen a que una
que excluye del régimen legal del seguro de vejez los empleos            legislación nacional, como la italiana, reserve la venta al
que normalmente requieren menos de quince horas sema                    por menor de labores del tabaco a distribuidores
nales de trabajo y cuyo salario no excede de una séptima                 autorizados por el poder público.
parte del salario medio mensual, aunque afecte a muchas              4 ) El artículo 30 del Tratado CEE no se opone a que una
más mujeres que a hombres, ya que el legislador nacional                 legislación nacional, como la italiana, sancione como
pudo estimar razonablemente que dicha legislación era                    delito de contrabando la posesión ilegal, por parte de un
necesaria para alcanzar un objetivo de política social ajeno a           consumidor, de labores del tabaco procedentes de otros
toda discriminación por razón de sexo.                                   Estados miembros y por las que no se ha pagado el
                                                                         impuesto especial conforme al Derecho comunitario,
(') DO n° C 205 de 29 . 7 . 1993 .                                       siendo así que la venta al por menor de estos productos,
                                                                         como la de los productos nacionales del mismo tipo, está
                                                                         reservada a distribuidores autorizados por el poder
                                                                         público.
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              (') DO n° C 256 de 21 . 9 . 1993 .
                   de 14 de diciembre de 1995
en el asunto C-387/93 ( petición de decisión prejudicial
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
planteada por la Pretura circondariale di Genova ): proceso
           penal contra Giorgio Domingo Banchero (')                                 de 14 de diciembre de 1995
(Artículos 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 y 95 del Tra                   en el asunto C-444/93 ( petición de decisión prejudicial
                             tado CEE)                               planteada por el Sozialgericht Speyer): Ursula Megner y
                           ( 96/C 64/03 )                            Hildegard Scheffel contra Innungskrankenkasse Vorder
                                                                     pfalz, en la actualidad Innungskrankenkasse Rheinhessen
               (Lengua de procedimiento: italiano)                                                Pfalz ( 1 )
                                                                     (Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi          seguridad social — Apartado 1 del artículo 4 de la Directiva
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal          79/7/CEE — Empleos menores y empleos de corta duración
                           de Justicia »)                            — Exclusión del seguro obligatorio de vejez, del seguro de
                                                                     enfermedad y de la obligación de cotizar al seguro de
En el asunto C-387/93 , que tiene por objeto una petición                                        desempleo)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177                                  ( 96/C 64/04 )
del Tratado CEE, por la Pretura circondariale di Genova
( Italia ), y destinada a obtener, en el proceso penal seguido                    (Lengua de procedimiento: alemán)
ante dicho órgano jurisdiccional contra Giorgio Domingo
                                                                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
Banchero, una decisión prejudicial sobre la interpretación
                                                                     cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de los artículos 5 , 30, 37, 85 , 86 , 90, 92 y 95 del
                                                                                de Justicia »)
Tratado CEE, el Tribunal de Justicia , integrado por los Sres.:
G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; D. A. O. Edward, J.-P.         En el asunto C-444/93 , que tiene por objeto una petición
Puissochet ( Ponente ) y G. Hirsch, Presidentes de Sala; G. F.       dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
Mancini , F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida,             del Tratado CEE, por el Sozialgericht Speyer ( Alemania ),
P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray y P.Jann, Jueces;         en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
Abogado General : Sr. M. B. Elmer; Secretaria : Sra . L.             entre Ursula Megner y Hildegard Scheffel, por una par
Hewlett, administradora; ha dictado el 14 de diciembre de            te, e Innungskrankenkasse Vorderpfalz, en la actualidad
1995 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :                      Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz, por otra , apoyada
                                                                     por Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Bundes
1 ) El artículo 37 del Tratado CEE carece de pertinencia             anstalt für Arbeit y Firma G. F. Hehl & Co ., con el fin de
      respecto a una legislación nacional, como la italiana,         obtener una decisión prejudicial sobre la interpretación del
      que reserva la venta al por menor de labores del tabaco a      apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del
      distribuidores autorizados por el poder público, siempre       Consejo, de 19 de diciembre de 1978 , relativa a la aplicación
      que éste no intervenga en las decisiones de abasteci          progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres
      miento de los minoristas .                                     y mujeres en materia de seguridad social ( DO n° L 6 de 1 979,
                                                                     p. 24; EE 05/02, p . 174 ), el Tribunal de Justicia, integrado
2 ) Una legislación nacional, como la italiana, que reserva la       por los Sres .: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. N.
      venta al por menor de labores del tabaco de cualquier          Kakouris ( Ponente ), D. A. O. Edward y G. Hirsch,
      procedencia a distribuidores autorizados, pero que no          Presidentes de Sala ; F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de
      obstaculiza a causa de ello el acceso al mercado nacional      Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, P. Jann, H.
      a los productos procedentes de otros Estados miembros          Ragnemalm y L. Sevón, Jueces; Abogado General : Sr. P.
      o no entorpece dicho acceso a la red de distribución más       Léger; Secretaria : Sra . D. Louterman-Hubeau, administra
 ---pagebreak--- 2 . 3 . 96             ü¡>                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N° C 64/3
dora principal; ha dictado el 14 de diciembre de 1995 una            Almeida, C. Gulmann, L. Sevón y M. Wathelet, Jueces;
sentencia cuyo fallo es el siguiente :                               Abogado General : Sr. C. O. Lenz; Secretario : Sr . R. Grass;
                                                                     ha dictado el 14 de diciembre de 1995 una sentencia cuyo
El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del            fallo es el siguiente:
Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres          1 ) Se declara que Irlanda ha incumplido las obligaciones
y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse               que le incumben en virtud del párrafo primero del
en el sentido de que una normativa nacional que excluye las                apartado 1 del artículo 32 de la Directiva 90/675/CEE
actividades por cuenta ajena que tengan un horario normal                  del Consejo, de 10 de diciembre de 1 990, por la que se
inferior a quince horas semanales y una retribución normal                 establecen los principios relativos a la organización de
que no exceda de una séptima parte de la base mensual de                   controles veterinarios de los productos que se introduz
referencia de la afiliación obligatoria a los regímenes legales            can en la Comunidad procedentes de países terceros, al
del seguro de enfermedad y del seguro de vejez, así como una               no poner en vigor todas las disposiciones legales,
normativa nacional que excluye las actividades por cuenta                  reglamentarias y administrativas necesarias para dar
ajena habitualmente limitadas, por naturaleza, a un horario                cumplimiento a la misma.
normal inferior a dieciocho horas semanales o que sean
objeto, con carácter previo, de tal limitación, en virtud de un      2 ) Se condena en costas a Irlanda.
contrato de trabajo, de la cotización obligatoria al régimen         (!) DO n° C 174 de 25 . 6 . 1994 .
legal del seguro de desempleo, no constituyen una discrimi
nación por razón del sexo, aunque dichas disposiciones
afecten a muchas más mujeres que a hombres, ya que el
legislador nacional pudo estimar razonablemente que dicha
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
legislación era necesaria para alcanzar un objetivo de
política social ajeno a toda discriminación por razón del                                      ( Sala Quinta )
sexo .
                                                                                de 14 de diciembre de 1995
(') DO n° C 1 de 4 . 1 . 1994 .                                      en el asunto C-138/94 : Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Irlanda í 1 )
                                                                      (Incumplimiento — Directiva 91/496/CEE — Controles
                                                                          veterinarios — No adaptación del Derecho interno)
                                                                                ( 96/C 64/06 )
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                           ( Sala Quinta)                                            (Lengua de procedimiento: inglés)
                  de 14 de diciembre de 1995
                                                                      (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
 en el asunto C-132/94 : Comisión de las Comunidades                  cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                   Europeas contra Irlanda ( 1 )                                                 de Justicia »)
 (Incumplimiento — Directiva 90/675/CEE — Controles
                                                                      En el asunto C-138/94 , Comisión de las Comunidades
     veterinarios — No adaptación del Derecho interno)
                                                                      Europeas ( Agentes : Sres . D. José Luis Iglesias Buhígues y D.
                            ( 96/C 64/05 )                           James Macdonald Flett ) contra Irlanda ( Agente: Sr. D.
                                                                      Michael A. Buckley ), que tiene por objeto que se declare que
               (Lengua de procedimiento: inglés)                      Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben
                                                                      tanto en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi          Europea como de la Directiva 91 /496/CEE del Consejo, de
 cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal          15 de julio de 1991 , por la que se establecen los principios
                             de Justicia »)                           relativos a la organización de controles veterinarios de los
                                                                      animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes
 En el asunto C-132/94 , Comisión de las Comunidades                  de países terceros y por la que se modifican las Directivas
 Europeas ( Agentes : Sres . D. José Luis Iglesias Buhígues y D.      89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE ( DO n° L 268 ,
 James Macdonald Flett ) contra Irlanda ( Agente : Sr. D.             p . 56 ), especialmente de su artículo 30 , al no poner en vigor
 Michael A. Buckley ), que tiene por objeto que se declare que        las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
 Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben               necesarias para atenerse a dicha Directiva , y/o al no
 tanto en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad             informar inmediatamente a la Comisión al respecto, el
 Europea como de la Directiva 90/675/CEE del Consejo , de             Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres .:
  10 de diciembre de 1990, por la que se establecen los               D. A. O. Edward (Ponente ), Presidente de Sala; J. C.
 principios relativos a la organización de controles veterina         Moitinho de Almeida , C. Gulmann, L. Sevón y M. Wathelet,
 rios de los productos que se introduzcan en la Comunidad             Jueces; Abogado General : Sr. C. O. Lenz; Secretario : Sr. R.
 procedentes de países terceros ( DO n" L 373 , p . 1 ),               Grass; ha dictado el 14 de diciembre de 1995 una sentencia
 especialmente de su artículo 32 , al no poner en vigor las            cuyo fallo es el siguiente :
 disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nece
  sarias para atenerse a dicha Directiva , y/o al no informar          1 ) Se declara que Irlanda ha incumplido las obligaciones
  inmediatamente a la Comisión al respecto, el Tribunal de                  que le incumben en virtud del apartado 1 del artículo 30
 Justicia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres .: D. A. O.               de la Directiva 91 /496/CEE del Consejo, de 15 de julio
  Edward ( Ponente ), Presidente de Sala ; J. C. Moitinho de                de 1991 , por la que se establecen los principios relativos


title: Auto del tribunal (Sala Cuarta) de 11 de febrero de 1999 en el asunto C-75/98 P: Mario Costacurta contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Decisión relativa a un cambio de destino - Artículo 7 del Estatuto - Anexo X del Estatuto - Recurso de casación manifiestamente inadmissible e infundado)

text:
1.5.1999                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 121/7
                   SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                                        AUTO DEL TRIBUNAL
                             (Sala Quinta)
                                                                                (Sala Cuarta)
                       de 4 de marzo de 1999
                                                                                de 11 de febrero de 1999
en el asunto C-87/97 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Handelsgericht Wien: Consorzio per la
tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserei Cham-                        en el asunto C-75/98 P: Mario Costacurta contra Comisión
pignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz                                           de las Comunidades Europeas (1)
                               GmbH (1)
(Artı́culos 30 y 36 del Tratado CE — Reglamento (CEE)                       (Funcionarios — Decisión relativa a un cambio de destino
no 2081/92 del Consejo relativo a la protección de las                     — Artı́culo 7 del Estatuto — Anexo X del Estatuto —
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen                 Recurso de casación manifiestamente inadmisible e infun-
             de los productos agrı́colas y alimenticios)                                                     dado)
                           (1999/C 121/12)                                                            (1999/C 121/13)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-87/97, que tiene por objeto una petición                    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Tratado CE, por el Handelsgericht Wien (Austria), destinada a
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
entre Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola y                    En el asunto C-75/98 P, Mario Costacurta, funcionario de la
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard                         Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
Bracharz GmbH, una decisión prejudicial sobre la interpreta-               peas, con domicilio en Luxemburgo, representado por el
ción de los artı́culos 30 y 36 del Tratado CE, el Tribunal de              Sr. Rodesch, Abogado de Luxemburgo, que designa como
Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet           domicilio en Luxemburgo el despacho de este último, 7-11,
(Ponente), Presidente de Sala; P. Jann, C. Gulmann, D.A.O.                  route d’Esch, que tiene por objeto un recurso de casación
Edwars y L. Sevón, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;               interpuesto conra la sentencia dictada por el Tribunal de
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administrador, ha dictado el 4 de              Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera),
marzo de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                     el 22 de enero de 1998, en el asunto T-98/96, promovido por
                                                                            Mario Costacurta en el que se solicita que se anula dicha
                                                                            sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento es la
En el estado actual de Derecho comunitario, el principio de libre           Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. Gianluigi
circulación de mercancı́as no se opone a que un Estado miembro tome        Valsesia, asistido por los Sres. Denis Waelbroeck y Olivier
las medidas que le incumban para garantizar la protección de las           Speltdoorn, Abogados), el Tribunal de Justicia de las Comuni-
denominaciones de origen registradas con arreglo al Reglamento              dades Europeas (Sala Cuarta), integrada por los Sres.: P.J.G.
(CEE) n° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a            Kapteyn, Presidente de Sala; H. Ragnemalm (Ponente) y K.M.
la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones     Ioannou, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr.
de origen de los productos agrı́colas y alimenticios. Por esta razón, el   R. Grass, administrador principal; ha dictado el 11 de febrero
uso de una denominación como «Cambozola» puede ser calificado, a           de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:
efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artı́culo 13 de
dicho Reglamento, de evocación de la denominación de origen
protegida «Gorgonzola», sin que la mención, en el embalaje, del
origen verdadero del producto pueda modificar dicha calificación.
Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si los            1) Se desestima el recurso de casación.
requisitos exigidos por el apartado 2 del artı́culo 14 del Reglamento
(CEE) n° 2081/92 permiten que, en el caso de autos, se prosiga el
uso de la marca anteriormente registrada, a pesar del registro de la        2) Se condena en costas al demandante.
denominación de origen protegida «Gorgonzola», fundándose, en
particular, en el estado del Derecho vigente en el momento del registro
de la marca para apreciar si éste pudo tener lugar de buena fe y
absteniéndose de precisar que una denominación como «Cambozola»
constituye, por sı́ misma, un engaño al consumidor.                        (1) DO C 166 de 30.5.1998.
(1) DO C 131 de 26.4.1997.


title: Asunto C-171/02: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2002 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
13.7.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 169/19
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal          Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2002 contra la
de Justicia que:                                                       República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                                                                                des Europeas
—     Declare que la República Francesa ha incumplido las
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
      1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de                                      (Asunto C-171/02)
      13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre
      el consumo de combustible y sobre las emisiones de
      CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos                                    (2002/C 169/36)
      nuevos (1), al no haber comunicado las medidas de
      adaptación del Derecho interno a dicha Directiva o, por
      lo menos, no haber informado plenamente de ellas a la
      Comisión.
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
—     Condene en costas a la República Francesa.                      presentado el 8 de mayo de 2002 un recurso contra la
                                                                       República Portuguesa formulado por la Comisión de las
                                                                       Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Patakia
                                                                       y por el Sr. António Caeiros, en calidad de agentes, que designa
Motivos y principales alegaciones                                      domicilio en Luxemburgo.
El plazo de adaptación del Derecho interno expiró el 18 de
enero de 2001.                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(1) DO L 12 de 18.1.2000, p. 16.                                       I)   Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
                                                                            obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos
                                                                            39, 43 y 49 del Tratado CE, y de la Directiva 92/51/
                                                                            CEE (1):
                                                                            1)    habida cuenta de que, conforme al régimen de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                      autorización por el Ministro del Interior, las empre-
lución del Oberster Gerichtshof, de fecha 9 de abril de                          sas extranjeras que deseen ejercer en Portugal activi-
2002, en el asunto entre Rudolf Kronhofer y 1. Marianne                           dades de vigilancia de personas y bienes, en el sector
Maier, 2. Christian Möller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan                       de los servicios de seguridad privada:
                       (Asunto C-168/02)                                          a)    deben tener su domicilio social o un estableci-
                                                                                miento en territorio portugués,
                         (2002/C 169/35)
                                                                                b)    no pueden invocar las justificaciones y garan-
                                                                                tı́as ya presentadas en su Estado miembro de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                               establecimiento,
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 9 de abril de
2002, en el asunto entre Rudolf Kronhofer y 1. Marianne                           c)    deben poseer personalidad jurı́dica,
Maier, 2. Christian Möller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan, y
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 6 de mayo                  d)    deben tener un capital social determinado;
de 2002. El Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
                                                                            2)    habida cuenta de que el personal de las empresas
«La expresión “ante el tribunal del lugar donde se hubiere                       extranjeras que deseen ejercer en Portugal activida-
producido el hecho dañoso” que figura en el artı́culo 5,                         des de vigilancia de personas y bienes, en el sector
número 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo                      de los servicios de seguridad privada, debe poseer
a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones                       una tarjeta profesional emitida por las autoridades
judiciales en materia civil y mercantil, ¿debe interpretarse en el                portuguesas;
sentido de que, en los casos de daños puramente patrimoniales
producidos como consecuencia de la inversión de partes del                 3)    habida cuenta de que las profesiones comprendidas
patrimonio de la persona perjudicada, comprende en todo                           en el sector de la seguridad privada no están sujetas
caso también el lugar en el que se encuentra el domicilio de                      al régimen comunitario de reconocimiento de las
dicha persona, siendo ası́ que la inversión se realizó en otro                  cualificaciones profesionales.
Estado miembro de la Comunidad?».
                                                                       II)  Condene en costas a la República Portuguesa.
 ---pagebreak--- C 169/20               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      13.7.2002
Motivos y principales alegaciones                                      —     Por lo que respecta a la obligación impuesta al personal
                                                                             de las empresas extranjeras de poseer una tarjeta
                                                                             profesional emitida por las autoridades portuguesas, en
                                                                             la medida en que la legislación portuguesa exige que
—    Por lo que respecta a la obligación impuesta a las                     los miembros del personal de una empresa de seguridad
     empresas extranjeras de poseer su domicilio social o un                 privada han de contar con una autorización del Ministro
     establecimiento en territorio portugués, la Comisión, pese             del Interior, en forma de «tarjeta profesional», para
     a la diferente interpretación de la ley efectuada por                  poder ejercer una actividad en territorio portugués y en
     las autoridades portuguesas, opina que el artı́culo 22,                 la medida en que esta legislación no prevé que las
     apartado 1, del Decreto-ley no 231/98 obliga a las                      autoridades portuguesas deban tomar en consideración
     entidades establecidas en otros Estados miembros a                      los requisitos legales equivalentes ya reunidos en el
     poseer su domicilio social o un establecimiento en                      Estado miembro de establecimiento, ası́ como los
     territorio portugués, en el caso de que deseen ejercer en               controles y verificaciones ya efectuados en tal Estado,
     Portugal actividades temporales (conforme al artı́-                     la Comisión considera que dicha obligación constituye
     culo 49 CE) de vigilancia de personas y bienes, en el                   al mismo tiempo un obstáculo a la libre circulación de
     sector de los servicios de seguridad privada. Un Estado                 los trabajadores, en lo que atañe a los miembros del
     miembro no puede basarse en consideraciones de carácter                personal (artı́culo 39 CE), y a la libre prestación de
     administrativo para justificar la inaplicación del Derecho             servicios del empresario, que ve restringido su derecho
     comunitario, tanto más cuanto que la inaplicación de que              a desplazar personal autorizado de su Estado miembro
     se trata implica la exclusión del ejercicio de una de las              de establecimiento (artı́culo 49 CE).
     libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.
                                                                       —     Por lo que respecta al hecho de que las profesiones
                                                                             comprendidas en el sector de la seguridad privada no
                                                                             están sujetas al régimen comunitario de reconocimiento
—    Por lo que respecta a la consideración, por parte de las
                                                                             de cualificaciones profesionales, las actividades de
     autoridades portuguesas, de los justificantes y garantı́as
                                                                             seguridad privada sólo pueden ejercerse en Portugal por
     ya presentados por las empresas extranjeras en su Estado
                                                                             personal de vigilancia y acompañamiento, defensa y
     miembro de establecimiento, el artı́culo 24 del Decreto-
                                                                             protección de personas que haya superado un curso
     ley no 231/98 no permite concluir en absoluto que las
                                                                             de formación obligatorio conforme a la legislación
     autoridades portuguesas, al examinar la solicitud de
                                                                             portuguesa. Además, sólo quienes cuenten con una
     autorización, tengan en cuenta los justificantes y garantı́as
                                                                             tarjeta profesional podrán ejercer las mencionadas
     ya presentados por el prestador de servicios para el
                                                                             actividades profesionales. En la medida en que dicha
     ejercicio de su actividad en el Estado miembro de
                                                                             tarjeta profesional garantiza, según la legislación portu-
     establecimiento.
                                                                             guesa, que su portador ha cumplido todos los requisitos
                                                                             legales —entre los que se incluye la superación de
                                                                             pruebas de conocimientos y de capacidad fı́sica, cuyo
                                                                             contenido y duración se regulan por ley— y habilita a
—    Por lo que respecta a la exigencia de que las empresas                  su portador a ejercer servicios de seguridad privada,
     extranjeras posean personalidad jurı́dica, la obligación de            dicha tarjeta profesional constituye, materialmente, un
     constituir una persona jurı́dica perjudica a los trabajado-             certificado de competencia en el sentido del artı́culo 1,
     res autónomos o a cualesquiera empresarios individuales                letra c), primer guión, de la Directiva 92/51/CEE. Por
     establecidos en otro Estado miembro que deseen ejercer                  consiguiente, las actividades de seguridad privada
     actividades relativas a la seguridad privada en Portugal.               constituyen en Portugal una profesión regulada con-
                                                                             forme al artı́culo 1, letra e), de la mencionada Directiva,
                                                                             en relación con el artı́culo 1, letras c), primer guión,
                                                                             y f), de la misma Directiva. Sin embargo, el ámbito de
—    Por lo que respecta a la obligación impuesta a las empresas            aplicación de la legislación portuguesa por la que se
     extranjeras de poseer un capital social determinado, la                 adapta el Derecho interno a la Directiva 92/51/CEE no
     legislación portuguesa supedita el establecimiento de una              abarca las profesiones comprendidas en el sector
     filial o de una sucursal en territorio portugués al requisito           relativo a la seguridad privada, por lo que tales
     de que la sociedad matriz extranjera tenga un capital                   profesiones no están sujetas en Portugal a las normas
     social de importe no inferior al previsto por la legislación           de reconocimiento de formaciones profesionales pre-
     portuguesa. Este requisito equivale, en consecuencia, a                 vistas en tal Directiva.
     aplicar indirectamente el trato previsto por el Derecho
     nacional para la apertura del establecimiento principal a
     un acto por el cual un interesado ejerce el derecho a abrir
     un establecimiento secundario. Tal requisito impide que           (1) Directiva del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un
     pueda ejercer sus actividades en todo el territorio comuni-           segundo sistema general de reconocimiento de formaciones
     tario un agente económico que cuente con un capital                  profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209,
     social conforme con las exigencias impuestas por el                   p. 25).
     ordenamiento jurı́dico del Estado miembro en que la
     sociedad se haya constituido, pero inferior al prescrito en
     el Estado miembro en que dicho agente pretenda abrir un
     establecimiento secundario.


title: Asunto C-170/07: Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

text:
               4.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/16

         Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-170/07)
   (2007/C 183/26)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Hottiaux, K. Herrmann, agentes)

      Demandadas: República de Polonia
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE al exigir que los vehículos de ocasión importados se sometan a una inspección técnica antes de su matriculación mientras que los vehículos nacionales que se hallan en la misma situación no están sujetos a tal exigencia.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

         Motivos y principales alegaciones
   El artículo 28 CE prohíbe las restricciones cuantitativas a la importación entre Estados, así como cualquier otra medida de efecto equivalente. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a falta de armonización, «cualquier normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario debe ser considerada una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas».
   Una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa constituye una infracción del artículo 28 CE siempre que no esté justificada, con arreglo al artículo 30 CE o según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por exigencias imperativas que respondan al interés general.
   La ley polaca «Prawo o ruchu drogowym» (Código de Circulación) impone la obligación de efectuar una inspección técnica antes de que los vehículos se matriculen por primera vez en Polonia. Dado que los vehículos nuevos están exentos de tal obligación, en la práctica sólo los vehículos de ocasión importados de otros Estados miembros están sujetos a la inspección técnica obligatoria antes de ser matriculados en Polonia. Por consiguiente, la exigencia de dicha inspección constituye una medida que discrimina los vehículos importados de otros Estados miembros frente a los vehículos nacionales. La conclusión anterior resulta corroborada además por el hecho de que, al efectuar la inspección técnica, las autoridades polacas cobran una tasa que es al menos más del doble de la que se cobra por la inspección periódica de un vehículo nacional de la misma categoría. En opinión de la Comisión, las autoridades polacas no han proporcionado una justificación razonable para tal distinción. A la luz de una jurisprudencia consolidada, la normativa nacional que impone costes adicionales a mercancías importadas frente a mercancías nacionales similares constituye una restricción a los intercambios intracomunitarios a efectos del artículo 28 CE.
   Para justificar una medida de este tipo, el Estado miembro debe demostrar que ésta es necesaria y proporcionada en relación con el objetivo perseguido. Según el artículo 30 CE una medida de esta naturaleza no debe constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.
   Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión sostiene que el estado del vehículo resultante de su uso en las vías públicas desde el momento de la última inspección técnica debe justificar la inspección efectuada en el momento de la matriculación, en aras de la protección de la salud y de la vida de las personas, debiendo comprobarse que el vehículo no se ha visto implicado en un accidente y que se encuentra en buenas condiciones técnicas. Por tanto, los Estados miembros pueden someter los vehículos a inspección técnica antes de su matriculación, a condición, no obstante, de que dicha exigencia no constituya una discriminación arbitraria y de que afecte tanto a los vehículos importados de otros Estados miembros como a los vehículos nacionales que se encuentren en una situación análoga. En cambio, cuando la normativa nacional no exige que se sometan a inspección técnica los vehículos nacionales declarados a efectos de matriculación que se hallan en el mismo estado que los vehículos importados de otros Estados miembros, se considera que dicha normativa es arbitrariamente discriminatoria.
   Además, la Comisión estima que la normativa polaca que limita el comercio intracomunitario no puede justificarse como una forma de protección de la salud y de la vida de las personas, ya que no satisface los requisitos de necesidad y de proporcionalidad.
   En primer lugar, si el vehículo ha superado la inspección de las condiciones técnicas en uno de los Estados miembros, el principio de equivalencia y de reconocimiento recíproco derivado del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 96/96/CE del Consejo obliga a cada Estado miembro a reconocer la prueba expedida al efecto en otro Estado miembro como si él mismo la hubiese expedido. La Comisión rechaza el argumento de las autoridades polacas de que las inspecciones técnicas periódicas efectuadas en otro Estado miembro son inválidas. Según la Comisión, el objetivo de la baja en el registro del vehículo mencionada en el documento de la nueva matriculación no es anular las pruebas de todas las inspecciones técnicas y de otro tipo sobre las condiciones técnicas del vehículo, es más, el hecho de que se dé de baja un vehículo y se matricule nuevamente no tiene nada que ver con sus condiciones técnicas. En segundo lugar, una inspección selectiva sería más adecuada para la protección de la seguridad en las carreteras siempre que afectase exclusivamente a los vehículos importados de otros Estados miembros de los que se sospeche fundadamente que constituyen una amenaza para la seguridad vial o medioambiental. En tercer lugar, la Comisión no comparte el argumento del Gobierno polaco de que las inspecciones técnicas son necesarias para la identificación de los vehículos y la lucha contra la criminalidad. En opinión de la Comisión, la realización de inspecciones técnicas detalladas, cuyo coste casi supera el doble del derivado de las inspecciones técnicas periódicas, no es necesaria para la determinación de la clase, subclase, uso al que se destina el vehículo o tipo al que éste pertenece. Por regla general, esta información ya consta en la documentación del vehículo que se presenta a las autoridades polacas de matriculación. En cuarto lugar, la Comisión rechaza el argumento de las autoridades polacas sobre el Convenio de Viena. Según la Comisión, la falta de una regulación adecuada a nivel internacional no afecta en absoluto a las obligaciones de la República de Polonia frente a la Comunidad.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda) de 21 de marzo de 1996 en el asunto T-10/95: Akli Chehab contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Invalidez permanente parcial - Reconocimiento de un agravamiento)

text:
4 . 5 . 96              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 133 /21
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, y, por
                   DE PRIMERA INSTANCIA                                otra, que se condene a la Comisión al pago de un ecu
                     de 21 de marzo de 1996                            simbólico como reparación del perjuicio moral que la
                                                                       demandante alega haber sufrido como consecuencia de la
en el asunto T-230/94: Frederick Farrugia contra Comisión              Decisión impugnada , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala
                 de las Comunidades Europeas (')                       Quinta ), integrado por los Sres.:R. Schintgen , Presidente; R.
 (Recurso de anulación — Decisión de la Comisión por la que            García-Valdecasas y J. Azizi, Jueces; Secretario : Sr . H. Jung,
se deniega al demandante la concesión de una beca —                    ha dictado el 21 de marzo de 1996 una sentencia cuyo fallo
 Criterios de aptitud — Ciudadano británico de Ultramar —              es el siguiente :
Motivos erróneos — Responsabilidad extracontractual —
                         Perjuicio moral)                               1 ) Se anula la Decisión de la Comisión de 13 de enero de
                                                                             1994, por la que se concede a la demandante una
                            ( 96/C 133/47 )
                                                                            pensión de invalidez.
                (Lengua de procedimiento: inglés)                      2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.
En el asunto T-230/94, Frederick Farrugia, con domicilio en            3 ) La Comisión cargará con la totalidad de las costas.
Atenas ( Grecia ), representado por el Sr . Linos Sissilianos,
Abogado de Atenas, contra Comisión de las Comunidades                  (') DO n" C 380 de 31 . 12 . 1994 .
Europeas ( Agentes : Sra . Ana Maria Alves Vieira y, en la fase
oral , el Sr. Peter Oliver ), que tiene por objeto , por una parte,
la anulación de la decisión de la Comisión de 26 de abril de
1994 , por la que se desestima la candidatura del deman                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
dante destinada a la obtención de una beca de formación en
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
materia de investigación y, por otra parte, la reparación del
perjuicio material y moral supuestamente causado al                                            ( Sala Segunda )
demandante mediante dicha decisión, el Tribunal de Pri                                   de 21 de marzo de 1996
mera Instancia ( Sala Segunda ), integrado por los Sres.: H.
                                                                       en el asunto T-10/95 : Akli Chehab contra Comisión de las
Kirschner, Presidente; C. W. Bellamy y A. Kalogeropoulos,
Jueces; Secretario: Sr . H. Jung; ha dictado el el 21 de marzo                            Comunidades Europeas ( 1 )
de 1 996 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :                    (Funcionarios — Invalidez permanente parcial — Recono
                                                                                cimiento de un agravamiento)
1 ) Se anula la decisión de la Comisión contenida en el
     escrito de 26 de abril de 1994 .                                                           ( 96/C 133/49 )
2 ) Se desestiman las pretensiones de indemnización.                                 (Lengua de procedimiento: francés)
3 ) Se condena en costas a la Comisión.                                En el asunto T-10/95 , Akli Chehab, funcionario jubilado de
                                                                       la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
(') DO n° C 101 de 22 . 4 . 1995 .                                     París, representado por el Sr. Jean-Noël Louis, Abogado de
                                                                       Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de
                                                                       la Fiduciaire Myson sari, 1 , rue Glesener, contra Comisión
                                                                       de las Comunidades Europeas ( Agentes : Sra . Ana Maria
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                       Alves Vieira y Sr. Julián Currall ), que tiene por objeto, de
                   DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                       una parte, la anulación de una demandante mediante la cual
                                                                       la Comisión no reconoció al demandante más que un
                     de 21 de marzo de 1996                            agravamiento del 3 % de su invalidez permanente parcial y,
en el asunto T-376/94, Georgette Otten contra Comisión de              de otra , la condena de la Comisión a reparar el perjuicio
                  las Comunidades Europeas i 1 )                       moral supuestamente irrogado al demandante durante el
(Funcionarios — Comisión de invalidez — Composición —                  procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia ( Sala
        Decisión de jubilación por causa de invalidez)                 Segunda ), integrado por los Sres .: H. Kirschner, Presidente;
                                                                       C. W. Bellamy y A. Kalogeropoulos , Jueces; Secretario : Sra .
                           ( 96/C 133/48 )                             B. Pastor, administradora principal, ha dictado el 21 de
                                                                       marzo de 1996 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
               (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                       1 ) Se anula la decisión de la Comisión de 22 de marzo de
En el asunto T-376/94, Georgette Otten, antigua funciona                   1 994 en la medida en que limita al 3 % el porcentaje de
da de la Comisión de las Comunidades Europeas, con                          invalidez permanente parcial reconocido al deman
domicilio en Bruselas, representada por el Sr . Jean-Noël                   dante.
Louis, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en
Luxemburgo la fiduciaire Myson sari , 1 , rue Glesener,                2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.
contra Comisión de las Comunidades Europeas ( Agentes :                3 ) Se condena a la Comisión al pago de todas las
Sres . Gianluigi Valsesia y Julián Curral ), que tiene por                  costas .
objeto , por una parte, que se anule la decisión de la
Comisión de 13 de enero de 1994, por la que se concede a la            (') DO n" C 74 de 25 . 3 . 1 995 .
demandante una pensión de invalidez con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 78 del Estatuto


title: Asunto T-305/14: Recurso interpuesto el 29 de abril de 2014 — Vestolit/Comisión

text:
               14.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/54

         Recurso interpuesto el 29 de abril de 2014 — Vestolit/Comisión
   (Asunto T-305/14)
   2014/C 223/56
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Vestolit GmbH (Marl, Alemania) (representantes: D. Greinacher, J. Martin y B. Scholtka, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal en relación con el apoyo a la producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables y del grisú conforme a la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley por la que se concede prioridad a las fuentes de energía renovables; en lo sucesivo, «EEG») y el recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía contra la República Federal de Alemania — Ayuda de Estado SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), de 18 de diciembre de 2013 (DO C 37, p. 73, de 7.2.2014), con arreglo al artículo 263 TFUE, apartado 1, en la medida en que la Comisión clasifica el régimen especial de compensación de los artículos 40 y 41 de la EEG como ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE.

               —

               Condene a la Comisión a pagar las costas necesarias, con arreglo al artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE
               La demandante alega que la Comisión clasificó erróneamente el apoyo a las fuentes de energía renovables mediante el sistema de recargo y el régimen especial de compensación para reducir el recargo como ayudas y, por lo tanto, no podía incoar el procedimiento de investigación formal.

                           —

                           En este contexto la demandante aduce que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al efectuar la apreciación preliminar de la cuestión de si el régimen especial de compensación constituye una ayuda, toda vez que el régimen especial de compensación, como excepción al recargo EEG, no supone una ventaja que las empresas que consumen grandes cantidades de electricidad no tendrían en condiciones normales de mercado.

                           —

                           Asimismo, la demandante sostiene que no se ve afectado ningún recurso estatal. Habida cuenta de que los ingresos procedentes del recargo EEG no constituyen recursos estatales, tampoco se puede ver afectado ningún recurso estatal por la excepción prevista para los grandes consumidores de energía.

                           —

                           La demandante alega asimismo que el régimen especial de compensación tampoco origina una distorsión de la competencia. A lo sumo, establece las condiciones competitivas que existirían sin el recargo EEG.

               2.

               Segundo motivo, basado en una violación del principio de protección de la confianza
               La demandante alega que, al adoptar la Decisión, la Comisión también vulnera el principio de protección de la confianza. La normativa alemana en apoyo de las fuentes de energía renovables ya ha sido sometida a un profundo examen desde el punto de vista del régimen en materia ayudas de Estado, durante el cual la Comisión, en el año 2002, llegó a la conclusión de que una transferencia de recursos estatales no aparecía vinculada a la citada normativa. Habida cuenta de que la EEG de 2012 no introdujo ninguna modificación sustancial a este respecto en la situación jurídica entonces existente, los operadores económicos afectados no deberían haber confiado en que se efectuara un nuevo examen, sino en el mantenimiento de la normativa existente.

               3.

               Tercer motivo, basado en la utilización inadecuada de la una facultad
               Por último, la demandante sostiene que la Comisión no utilizó adecuadamente la facultad que le confieren los artículos 107 TFUE y 108 TFUE. Mediante la incoación del procedimiento de investigación formal, la Comisión persigue principalmente el objetivo fundamental de armonizar el apoyo a la electricidad procedente de fuentes de energía renovables. Este objetivo fundamental figura también en el nuevo proyecto de directrices relativas a las ayudas en el ámbito del medio ambiente y de la energía, en el que la Comisión establece por primera vez normas detalladas en apoyo de las fuentes de energía renovables. No obstante, para realizar tal armonización, la Comisión debería utilizar el procedimiento previsto a estos efectos para la aproximación de disposiciones legales, con arreglo a lo establecido en los artículos 116 TFUE y 117 TFUE.


title: Asunto C-440/14 P: Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2014 por National Iranian Oil Company contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 16 de julio de 2014 en el asunto T-578/12, National Iranian Oil Company/Consejo

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/22

         Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2014 por National Iranian Oil Company contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 16 de julio de 2014 en el asunto T-578/12, National Iranian Oil Company/Consejo
   (Asunto C-440/14 P)
   2014/C 421/33
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: National Iranian Oil Company (representante: J.-M. Thouvenin, avocat)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia dictada el 16 de julio de 2014 por la Sala Séptima del Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-578/12.

               —

               Que se declare la procedencia de las pretensiones que la recurrente formuló ante el Tribunal de General de la Unión Europea.

               —

               Que se condene a la parte recurrida a pagar las costas de las dos instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca seis motivos contra la sentencia del Tribunal General dictada el 16 de julio de 2014.
   En virtud de su primer motivo de anulación, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en el apartado 43 de la sentencia recurrida al declarar que, al referirse al artículo 46, apartado 2, del Reglamento (UE) no 267/2012, (1) el Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 (2) del Consejo debe entenderse en el sentido de que menciona claramente que su base jurídica está constituida por dicho artículo 46, apartado 2. En efecto, una base jurídica prescribiría la forma jurídica que debe revestir el acto del que constituye la base. Sin embargo, el artículo 46, apartado 2, no prescribe forma jurídica alguna.
   Mediante el segundo motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en los apartados 54 a 56 de la sentencia recurrida, que se resumen en la afirmación de que «del artículo 215, apartado 2, no resulta que las medidas restrictivas individuales adoptadas frente a las personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales deben adoptarse según el procedimiento previsto en el artículo 215 TFUE, apartado 1». Por un lado, según la recurrente, el artículo 215, apartado 1, única disposición del TFUE consagrada a las medidas restrictivas, establece que el procedimiento aplicable para tales medidas es el previsto en él, y no se prevé ningún otro. Por otro lado, el artículo 291 TFUE es incompatible con el artículo 215 TFUE, apartado 2. Por último, con carácter subsidiario, no puede considerarse que el artículo 291 TFUE, apartado 2, pueda suministrar al Consejo un fundamento jurídico complementario del constituido por el artículo 215 TFUE, apartado 2, para la adopción de medidas restrictivas.
   En virtud del tercer motivo, presentado con carácter subsidiario para el supuesto en que se declare que el empleo al artículo 291 TFUE, apartado 2, para fundamentar la adopción de medidas restrictivas individuales, es jurídicamente posible en el marco de una política de adopción de medidas restrictivas inicialmente basadas en el artículo 215 TFUE, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en esencia, en los apartados 74 a 83 de su sentencia, retomando los términos del artículo 291, apartado 2, que el Consejo de la Unión ha «justificado debidamente» que se acuda a este procedimiento excepcional en el presente litigio. Por un lado, la exigencia de justificación planteada no queda cubierta mediante una justificación explícita. Por otro lado, aun suponiendo que una justificación implícita pudiera cumplir esa exigencia, dicha justificación no concurre en el presente litigio, ya que el Tribunal General interpretó los textos de que se trata de manera errónea.
   Mediante su cuarto motivo, presentado con carácter subsidiario para el supuesto en que se declare que el empleo del artículo 291 TFUE, apartado 2, para fundamentar la adopción de medidas restrictivas individuales, es jurídicamente posible en el marco de una política de adopción de medidas restrictivas basada en el artículo 215 TFUE, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 86 de su sentencia, que el artículo 46, apartado 2, del Reglamento no 267/2012 «reserva al Consejo la competencia para ejecutar lo dispuesto en el artículo 23, apartados 2 y 3, del citado Reglamento», con lo que se estaría cumpliendo de modo suficiente la obligación de motivación en cuanto a la indicación de la base jurídica de dicha disposición, que es el artículo 291 TFUE, apartado 2. Según la recurrente, el Tribunal General llegó a esa conclusión mediante una interpretación jurídicamente errónea del artículo 46, apartado 2, del Reglamento no 267/2012.
   En virtud de su quinto motivo, presentado con carácter subsidiario para el supuesto en que se declare que el empleo del artículo 291, apartado 2, para fundamentar la adopción de medidas restrictivas individuales, es jurídicamente posible en el marco de una política de adopción de medidas restrictivas basada en el artículo 215 TFUE, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error en el apartado 87 de su sentencia al declarar que la obligación de motivación de los actos jurídicos de la Unión no obligaba al Consejo a indicar expresamente que el Reglamento (UE) no 267/2012 se basaba en el artículo 291 TFUE, apartado 2, por lo que se refiere a la base jurídica del artículo 46, apartado 2, del Reglamento no 267/2012.
   Mediante su sexto motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar en el apartado 115 de su sentencia que el criterio planteado en el artículo 23, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) no 267/2012 (el criterio controvertido) es conforme con los principios del Estado de Derecho y más generalmente con el Derecho de la Unión Europea puesto que no es «arbitrario, ni discrecional» y en el apartado 123 de su sentencia que «el criterio controvertido limita la facultad de apreciación del Consejo, estableciendo criterios objetivos, y garantiza el grado de previsibilidad exigido por el Derecho de la Unión». Asimismo, afirma que el Tribunal General violó el derecho de defensa de la recurrente. La recurrente señala, en primer lugar, que el Tribunal General declara su conformidad con el Derecho de la Unión en virtud de una redefinición del criterio controvertido, cuando su legalidad debería evaluarse tomándolo tal como figura en el Reglamento. A continuación, señala que el hecho de que el Tribunal General haya redefinido el criterio controvertido para declarar legalidad de éste vulnera su derecho de defensa al privarle del derecho de apoyarse en el citado texto reescrito para organizar su defensa, ya que desconocía el sentido de dicha redefinición en el momento de desarrollarla, para poder así oponerse. Por último, la recurrente indica la falta de coherencia del razonamiento del Tribunal General, que resulta contraria a su obligación de motivación.

      (1)  Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).

      (2)  Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 16).


title: Asunto T-55/07: Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2007 — Países Bajos/Comisión

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/52

         Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2007 — Países Bajos/Comisión
   (Asunto T-55/07)
   (2007/C 82/108)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Reino de los Países Bajos (representantes: H.G. Sevenster y D.J.M. de Grave, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule parcialmente la Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), en la medida en que la Decisión se refiere a los Países Bajos y, más en particular, a la corrección financiera aplicada para los gastos no subvencionables solicitados con cargo a la sección de Garantía del FEOGA para el año 2002, por importe de 5,67 millones de euros.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso, los Países Bajos invocan en primer lugar una infracción del artículo 4 del Reglamento 2603/1999 (1), al haberse interpretado y aplicado erróneamente el concepto de «gasto plurianual», en el sentido de dicho artículo.
   En segundo lugar, el demandante invoca una infracción del artículo 44, apartado 2, del Reglamento 1257/1999 (2) y una violación del principio de confianza legítima, al haberse aplicado una corrección financiera por la totalidad del importe de que se trata como consecuencia del procedimiento seguido por las autoridades neerlandesas, mientras que con anterioridad la Comisión había dado su consentimiento a la declaración bajo la sección de Garantía según el procedimiento en el marco de la aprobación de los documentos de programación neerlandeses del desarrollo rural 2000-2006.
   Con carácter subsidiario, el demandante invoca una infracción del artículo 7, apartado 4, del Reglamento 1258/1999 (3) y del artículo 5, apartado 2, letra c), del Reglamento 729/90 (4), al haberse aplicado estas disposiciones incorrectamente en la Decisión impugnada, ya que la Comunidad no sufrió daños financieros como consecuencia del procedimiento seguido por las autoridades neerlandesas.
   Con carácter subsidiario de segundo grado, el demandante alega una violación del principio de proporcionalidad, ya que se ha aplicado una corrección por la totalidad del importe de que se trata, mientras que, según consta sin que sea cuestionado, las autoridades neerlandesas emplearon estos fondos del FEOGA correctamente, en el sentido de que la Comunidad no sufrió daños financieros como consecuencia del procedimiento seguido por las mismas.
   Por último, el demandante alega una vulneración del principio de motivación, ya que se ha aplicado, sin motivación alguna y en contra de las comprobaciones del órgano de conciliación, una corrección por la totalidad del importe de que se trata, mientras que, según consta sin que sea cuestionado, las autoridades neerlandesas emplearon estos fondos del FEOGA correctamente, en el sentido de que la Comunidad no sufrió daños financieros como consecuencia del procedimiento seguido por las mismas.

      (1)  Reglamento (CE) no 2603/1999 de la Comisión, de 9 de diciembre de 1999, por el que se establecen disposiciones transitorias para la ayuda al desarrollo rural prevista por el Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo (DO L 316, p. 26).

      (2)  Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (DO L 160, p. 80).

      (3)  Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 160, p. 103).

      (4)  Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 94, p. 13; EE 03/3, p. 220).


title: Asunto C-605/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Welmory sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículo 44 — Concepto de «establecimiento permanente» del destinatario de una prestación de servicios — Lugar en el que se considerarán realizadas las prestaciones de servicios a los sujetos pasivos — Operación intracomunitaria)

text:
               22.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Welmory sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
   (Asunto C-605/12) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículo 44 - Concepto de «establecimiento permanente» del destinatario de una prestación de servicios - Lugar en el que se considerarán realizadas las prestaciones de servicios a los sujetos pasivos - Operación intracomunitaria))
   (2014/C 462/03)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Naczelny Sąd Administracyjny

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Welmory sp. z o.o.

      Demandada: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

      Fallo

   Debe considerarse que un primer sujeto pasivo que ha establecido la sede de su actividad económica en un Estado miembro, que disfruta de servicios prestados por un segundo sujeto pasivo establecido en otro Estado miembro, dispone en ese otro Estado miembro de un «establecimiento permanente», en el sentido del artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, a efectos de determinar el lugar de imposición de estos servicios, si dicho establecimiento se caracteriza por un grado suficiente de permanencia y una estructura apta, en términos de medios humanos y técnicos, que le permita recibir las prestaciones de servicios y utilizarlas para su actividad económica, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 79, de 16.3.2013.


title: Asunto C-462/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 14 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Dâmbovița — Rumanía) — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște (Procedimiento prejudicial — Protocolo adicional n ° 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales — Admisibilidad de una normativa nacional que establece reducciones salariales de varias categorías de funcionarios públicos — Falta de aplicación del Derecho de la Unión — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)

text:
               10.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/13

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 14 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Dâmbovița — Rumanía) — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște
   (Asunto C-462/11) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Protocolo adicional no 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales - Admisibilidad de una normativa nacional que establece reducciones salariales de varias categorías de funcionarios públicos - Falta de aplicación del Derecho de la Unión - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)
   2012/C 73/23
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Dâmbovița

      Partes

      Demandante: Victor Cozman

      Demandada: Teatrul Municipal Târgoviște

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunalul Dâmbovița — Interpretación del artículo 1 del Protocolo adicional no 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales — Admisibilidad de una normativa nacional que establece reducciones salariales de varias categorías de funcionarios públicos — Naturaleza del derecho salarial — Límites.

      Fallo

   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunalul Dâmbovița (Rumanía), mediante resolución de 7 de febrero de 2011.

      (1)  DO C 331, de 12.11.2011.


title: Asunto C-461/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 23 de octubre de 2008 — Don Bosco Onroerend Goed BV, otra parte: Staatssecretaris van Financiën

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 23 de octubre de 2008 — Don Bosco Onroerend Goed BV, otra parte: Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-461/08)
   (2009/C 69/29)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hoge Raad der Nederlanden
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Don Bosco Onroerend Goed BV

      Otra parte: Staatssecretaris van Financiën
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 13, parte B, letra g), de la Sexta Directiva (1), en relación con el artículo 4, apartado 3, letra a), de dicha Directiva, en el sentido de que está sujeta a IVA la entrega de un edificio parcialmente derribado con la finalidad de ser sustituido por otro de nueva construcción?

               2)

               Para responder a esta cuestión, ¿es relevante si ha sido el vendedor o bien el comprador quien ha ordenado el derribo y se hace facturar los gastos correspondientes, en el bien entendido de que la entrega sólo estará sujeta a IVA si es el vendedor quien ha ordenado el derribo y asume los gastos correspondientes?

               3)

               Para responder a la primera cuestión, ¿es relevante si ha sido el vendedor o bien el comprador quien ha concebido los planes para la nueva construcción, en el bien entendido de que la entrega sólo estará sujeta a IVA si es el vendedor quien los ha concebido?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿está sujeta a IVA cualquier entrega que se produzca después de que las obras de derribo hayan empezado efectivamente o solamente la entrega que se produzca en un momento posterior, especialmente a partir del momento en que las obras de derribo hayan avanzado sustancialmente?

      (1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).


title: Asunto C-382/07: Recurso interpuesto el 8 de agosto de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               22.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/9

         Recurso interpuesto el 8 de agosto de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-382/07)
   (2007/C 223/12)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: N. Yerrell y M. Telles Romão, agentes)

      Demandada: República Portuguesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/51/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 31 de diciembre de 2005.

      (1)  DO L 164, p. 164.


title: Asunto T-535/10: Sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2012 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OAMI — Garmo (GAZI Hellim) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa comunitaria GAZI Hellim — Marca comunitaria colectiva denominativa anterior HALLOUMI — Motivo de denegación relativo — Similitud de los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               21.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/20

         Sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2012 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OAMI — Garmo (GAZI Hellim)
   (Asunto T-535/10) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa comunitaria GAZI Hellim - Marca comunitaria colectiva denominativa anterior HALLOUMI - Motivo de denegación relativo - Similitud de los signos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2012/C 217/42
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Nicosia) (representantes: inicialmente C. Milbradt y H. van Volxem, posteriormente C. Milbradt y A. Schwarz, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Garmo AG (Stuttgart, Alemania)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 20 de septiembre de 2010 (asunto R 1497/2009-4), relativa a un procedimiento de oposición entre el Organismos Kypriakis Galtokomikis Viomichanias y Garmo AG.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 20 de septiembre de 2010 (asunto R 1497/2009-4).

               2)

               Condenar a la OAMI a cargar con todas las costas, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso.

      (1)  DO C 30, de 29.1.2011.


title: Asunto C-256/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 9 de mayo de 2016 — Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg

text:
               18.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/29

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 9 de mayo de 2016 — Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg
   (Asunto C-256/16)
   (2016/C 260/36)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Deichmann SE

      Demandada: Hauptzollamt Duisburg

      Cuestión prejudicial

   ¿Es válido el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2016/223 (1) de la Comisión, de 17 de febrero de 2016, por el que se establece un procedimiento para evaluar determinadas solicitudes de economía de mercado y de trato individual realizadas por productores exportadores de China y Vietnam, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14?

      (1)  DO 2016, L 41, p. 3.


title: Asunto F-40/10: Recurso interpuesto el 7 de junio de 2010 — Lebedef/Comisión

text:
               31.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/55

         Recurso interpuesto el 7 de junio de 2010 — Lebedef/Comisión
   (Asunto F-40/10)
   ()
   2010/C 209/87
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburgo) (representante: F. Frabetti, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión en la que se da cuenta de que el demandante sobrepasó en 5,5 días, sin estar autorizado a ello, el período de vacaciones anuales al que tenía derecho en el año 2009.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 11 de agosto de 2009 por la que el Director General de Eurostat ordenó a su unidad de Gestión de Recursos Humanos que informase a los servicios competentes de la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales de que el demandante había sobrepasado en 5,5 días el período de vacaciones anuales al que tenía derecho en 2009, a fin de que se dedujera de su remuneración la cantidad correspondiente a ese período de tiempo.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.


title: Asunto C-293/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del tribunal du travail de Bruxelles, de fecha 20 de mayo de 2003, en el asunto entre Gregorio My y la Office National des Pensions (O.N.P.)

text:
18.10.2003            ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 251/3
resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven, parte               en los otros regímenes, ni solicitar, sobre la base de dicha
coadyuvante: Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en                    comparación, la transferencia de tales derechos, ya sea del
Waal, dictada el 26 de junio de 2003, en el asunto entre Arch                 régimen nacional al régimen europeo, ya sea, a la inversa,
Timber Protection B.V. y College voor de toelating van bestrij-               del régimen europeo al régimen nacional;
dingsmiddelen, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
Justicia el 30 de junio de 2003. El College van Beroep voor              2)   en la medida en que tales disposiciones, al prever que el
het bedrijfsleven solicita al Tribunal de Justicia que se pronun-             interesado debe renunciar expresamente a la transferencia
cie sobre la siguiente cuestión:                                              del régimen belga al régimen europeo, o bien al favorecer
                                                                              una práctica administrativa en tal sentido, sin que la
¿Permite la Directiva sobre sustancias peligrosas que un Estado               comparación antes mencionada se haya realizado, inducen
miembro establezca requisitos complementarios para la                         o pueden inducir a error al trabajador interesado;
comercialización y utilización de un biocida cuya sustancia
activa está incluida en el anexo I de dicha Directiva?                   3)   en la medida en que tales disposiciones nacionales no
                                                                              permiten, para la concesión de una pensión nacional anti-
                                                                              cipada, tener en cuenta los años de actividad profesional
                                                                              como funcionario de la Unión Europea?
                                                                         (1) DO L 257, de 19.10.1968, p. 2.
Petición de decisión prejudicial planteada mediante
resolución del tribunal du travail de Bruxelles, de fecha
20 de mayo de 2003, en el asunto entre Gregorio My y la
            Office National des Pensions (O.N.P.)
                       (Asunto C-293/03)
                                                                         Petición de decisión prejudicial planteada mediante
                        (2003/C 251/06)                                  resolución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 30 de
                                                                         abril de 2003, en el asunto entre República Federal de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido           Alemania, representada por el Bundesministerium für
sometida una petición de decisión prejudicial mediante                   Wirtschaft und Technologie (Ministerio Federal de
resolución del tribunal du travail de Bruxelles, dictada el              Economía y Tecnología) y ISIS Multimedia Net GmbH
20 de mayo de 2003, en el asunto entre Gregorio Ny y la                        und Co. KG y 02 (Germany) GmbH u. Co OHG
Office National des Pensions (O.N.P.), y recibida en la
Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de julio de 2003. El                            (Asunto C-327/03 y C-328/03)
tribunal du travail de Bruxelles solicita al Tribunal de Justicia
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                                    (2003/C 251/07)
¿Son contrarias a los artículos 2 CE, 3 CE, 17 CE, 18 CE,                Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
39 CE, 40 CE, 42 CE y 283 CE, así como al artículo 7 del                 sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre                resolución del Bundesverwaltungsgericht, dictada el 30 de
de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores             abril de 2003, en el asunto entre República Federal de
dentro de la Comunidad, (1) disposiciones nacionales como                Alemania, representada por el Bundesministerium für
la Ley belga de 21 de mayo de 1991 (por la que se establecen             Wirtschaft und Technologie (Ministerio Federal de Economía
determinadas relaciones entre los regímenes belgas de pensión            y Tecnología) y ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG
y los de las instituciones de Derecho internacional público) y           (C-327/03) y 02 (Germany) GmbH u. Co OHG (C-328/03), y
como el Real Decreto belga de 23 de diciembre de 1996                    recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de julio
(relativo a la ejecución de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley          de 2003. El Bundesverwaltungsgericht solicita al Tribunal de
de 26 de julio de 1996, por la que se moderniza la seguridad             Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
social y se garantiza la viabilidad de los regímenes legales de
pensiones), en particular su artículo 4, apartado 2, así como el
artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de           1)   La Directiva 97/13/CE (1) del Parlamento Europeo y del
las Comunidades Europeas:                                                     Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco
                                                                              común en materia de autorizaciones generales y licencias
1)   en la medida en que dichas disposiciones nacionales y el                 individuales en el ámbito de los servicios de telecomuni-
     citado Estatuto no permiten a un ciudadano de la Unión                   caciones (DO L 117, p. 15), ¿debe interpretarse en el
     Europea, como el demandante, cuya carrera profesional se                 sentido de que por la asignación de números telefónicos
     haya desarrollado sucesivamente en una empresa o en un                   por parte de la autoridad nacional de reglamentación
     servicio público nacional y en la función pública de la                  puede percibirse un canon que tenga en cuenta el valor
     Unión Europea o viceversa, comparar las ventajas de la                   económico de los números asignados, a pesar de que una
     pensión que obtendría en cada régimen, nacional o euro-                  empresa de telecomunicaciones que opera en el mismo
     peo, mediante la transferencia de los derechos adquiridos                mercado y ocupa una posición dominante en él ha