title: Asunto T-35/02: Recurso interpuesto el 13 de febrero de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por ALITALIA

text:
4.5.2002               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 109/57
Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2002 contra la                  único objetivo de obtener una desgravación fiscal. Asimismo,
Comisión de las Comunidades Europeas por EURL Le                       los demandantes alegan que la Comisión infringió la Directiva
                       Levant 001 y otros                               90/684/CEE del Consejo, sobre ayudas a la construcción naval.
                                                                        Según afirman, el artı́culo 4, apartado 7 de dicha Directiva
                        (Asunto T-34/02)                                sólo es aplicable a los astilleros navales o a los explotadores de
                                                                        buques, y en ningún caso a los inversores privados.
                        (2002/C 109/109)
                                                                        Además, los demandantes invocan la violación del principio
                 (Lengua de procedimiento: francés)                     de confianza legı́tima, del principio de seguridad jurı́dica y del
                                                                        deber de motivación. Al ordenar la recuperación de la supuesta
                                                                        ayuda cuando ésta es contraria a los principios generales del
                                                                        Derecho antes mencionados, la Comisión infringió también el
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  artı́culo 14 del Reglamento no 659/1999 del Consejo (2).
Europeas se ha presentado el 20 de febrero de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por la sociedad EURL Le Levant 001 y otros, representados               Según los demandantes, la Decisión impugnada contiene
por el Sr. Pierre Kirch, abogado, que designan domicilio en             igualmente errores manifiestos de apreciación y se funda en
Luxemburgo.                                                             inexactitudes materiales.
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia              Los demandantes invocan también la infracción del artı́-
que:                                                                    culo 153 CE, apartado 2, en la medida en que la Comisión no
                                                                        tiene en cuenta los intereses de los demandantes, que son
—    Anule la Decisión de la Comisión, de 25 de julio de 2001,        consumidores de servicios financieros. Afirman, por último,
     relativa a la ayuda estatal concedida por Francia en forma         que al no aplicar en el caso de autos la regla de minimis, la
     de ayuda al desarrollo para el buque Le Levant y destinado         Comisión infringió el artı́culo 2 del Reglamento no 69/2001 (3).
     a la explotación en San Pedro y Miquelón (Ayuda de
     Estado C74/1999 — Francia) publicada en el DO L 327
     de 12 de diciembre de 2001, p. 37.
—    Condene en costas a la Comisión.
                                                                        (1) Ley de finanzas rectificativa no 86-824 de 11 de julio de 1986,
                                                                             DORF de 12 de julio de 1986, p. 8688.
                                                                        (2) Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de
Motivos y principales alegaciones                                            1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
                                                                             artı́culo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, pp. 1-9).
                                                                        (3) Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de
Los demandantes en el presente asunto son sociedades uniper-                 2001, relativo a la aplicación de los artı́culos 87 y 88 del Tratado
sonales de responsabilidad limitada y las personas fı́sicas que              CE a las ayudas de minimis (DO L 10 de 13.1.2001, pp. 30-32).
crearon dichas sociedades. Tales personas invirtieron por
medio de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal
(SRLU) en el buque «Le Levant». La inversión podı́a deducirse
de sus ingresos imponibles conforme a lo dispuesto en la Ley
francesa «Pons» (1). Los demandantes impugnan la Decisión de
la Comisión por la que se designa a dichas sociedades como
beneficiarias de una ayuda de Estado a raı́z de la construcción
del buque «Le Levant».                                                  Recurso interpuesto el 13 de febrero de 2002 contra la
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas por ALITALIA
En apoyo de su recurso, los demandantes afirman que la
Comisión excedió sus competencias al adoptar una decisión                                       (Asunto T-35/02)
que tiene por efecto obligar a que un Estado miembro recupere
de los particulares, y no de las empresas en el sentido del                                        (2002/C 109/110)
Derecho comunitario, el importe de la ayuda de Estado.
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
Los demandantes añaden que, al no permitirles presentar
eficazmente sus observaciones antes de la adopción de la
Decisión, la Comisión vulneró su derecho de defensa y su
derecho a ser oı́dos.                                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 13 de febrero de 2002 un recurso
                                                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Por otra parte, los demandantes niegan ser empresas en el               por ALITALIA, representada por los Sres. Guido Alpa, Mario
sentido del artı́culo 87 CE, apartado 1. Se consideran única-          Siragusa, Gian Michele Roberti, Giuseppe Scassellati y Fran-
mente inversores privados que realizaron una inversión con el          cesca Maria Moretti.
 ---pagebreak--- C 109/58                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        4.5.2002
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia             por la Banca Sanpaolo IMI spa, representada por los abogados
que:                                                                      Sres. Alberto Santa Maria, profesor, Claudio Biscaretti di Ruffia,
                                                                          profesor, Giuseppe Pizzonia y Marcello Valenti.
—      Condene a la Comisión al resarcimiento del daño, en la
       evaluación o por el importe que considere oportuno el
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
       Tribunal de Primera Instancia, causado a Alitalia por la
       Primera Decisión y por las condiciones en ella estableci-         —     Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
       das, reiteradas a través de la Segunda Decisión.                        Europeas, de 11 de diciembre de 2001, impugnada en el
                                                                                presente recurso, por vicio sustancial de forma y/o por
—      Condene a la Comisión al pago de los intereses devenga-                 inexistencia, falta o incongruencia de la motivación de la
       dos sobre el importe a que se refiere el guión precedente,              propia Decisión, con arreglo al artı́culo 253 CE, en
       hasta que se efectúe su completo pago.                                  relación con los artı́culos 87 CE y 88 CE y con el
                                                                                Reglamento no 659/1999 del Consejo, tal como se
—      Condene a la Comisión al pago de las costas, gastos y                   expone en los hechos y fundamentos de Derecho.
       honorarios.
                                                                          —     Con carácter subsidiario, anule total o parcialmente la
                                                                                Decisión impugnada, con arreglo al artı́culo 230 CE,
                                                                                párrafo segundo, por violación o aplicación errónea del
Motivos y principales alegaciones                                               artı́culo 87 CE, 1, o, con carácter alternativo, por
                                                                                violación o aplicación errónea del artı́culo 87 CE, apar-
Mediante el presente recurso, Alitalia, la misma demandante                     tado 3, letras b) o c), tal como se precisa en los hechos y
que en los asuntos T-296/97 (1) y T-301/01 (2) pretende                         fundamentos de Derecho.
obtener que se condene a la demandada al resarcimiento de
los presuntos daños causados por la Decisión de la Comisión            —     Con carácter subsidiario de segundo grado, para el
de 5 de julio de 1997, 97/789/CE, relativa a la recapitalización               supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia consi-
de la sociedad demandante y por las condiciones en ella                         dere que los artı́culos de la Ley no 461, de 23 de diciembre
establecidas, que se reiterarı́an, tras la anulación de la Primera             de 1998, y del Decreto Legislativo no 153, de 17 de mayo
Decisión mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia                  de 1999, sobre los que versa la Decisión impugnada,
de 12 de diciembre de 2000 en el asunto T-296/97, antes                         constituyen un régimen de ayudas de Estado incompatible
citada, a través de la Decisión de 18 de julio de 2001,                        con el mercado común, disponga la exclusión de cualquier
2001/723/CE.                                                                    efecto retroactivo de la Decisión impugnada.
                                                                          —     Reserve cualquier otro derecho.
Los motivos de ilegalidad son los invocados en los asuntos
citados más arriba.
                                                                          Motivos y principales alegaciones
( 1) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto
     T-296/97, Alitalia/Comisión, de 12 de diciembre de 2000 (Rec.       Los motivos y principales alegaciones son los mismos que los
     2000, p. II-3871).                                                   invocados en el asunto T-36/02, ABI/Comisión.
(2) Asunto T-301/01, Alitalia/Comisión, DO C 44 de 16.2.2002,
     p. 24.
                                                                          Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2002 contra
                                                                          la Comisión de las Comunidades Europeas por Banca
Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2002 contra la                                               Intesabci Spa
Comisión de las Comunidades Europeas por la Banca
                         Sanpaolo IMI spa                                                          (Asunto T-39/02)
                         (Asunto T-37/02)                                                          (2002/C 109/112)
                         (2002/C 109/111)                                                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 21 de febrero de 2002 un recurso
                                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    por Banca Intesabci Spa, representada por los abogados Sres.
Europeas se ha presentado el 21 de febrero de 2002 un recurso             Alberto Santa Maria, profesor, Claudio Biscaretti di Ruffia,
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                 profesor, Giuseppe Pizzonia y Marcello Valenti.


title: Asunto C-623/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Namur (Bélgica) el 22 de diciembre de 2010 — Adrien Daxhelet/État belge — SPF Finances

text:
               12.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Namur (Bélgica) el 22 de diciembre de 2010 — Adrien Daxhelet/État belge — SPF Finances
   (Asunto C-623/10)
   2011/C 80/25
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal de première instance de Namur

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Adrien Daxhelet

      Demandada: État belge — SPF Finances

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se oponen, por una parte, el artículo 6 del título primero, «disposiciones comunes», del Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, y vigente desde el 1 de diciembre de 2009 (que reproduce en gran medida las disposiciones que figuraban en el artículo 6 del título primero del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, que a su vez entró en vigor el 1 de noviembre de 1993), y el artículo 234 (anteriormente artículo 177) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE) de 25 de marzo de 1957, y/o, por otra, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, a que disposiciones legales nacionales, en el presente asunto las del artículo 9, apartado 2, de la Ley belga de 6 de enero de 1989 sobre la Cour d’arbitrage (actualmente denominada Cour constitutionnelle), impongan a los jueces nacionales la jurisprudencia que resulta de las sentencias dictadas por un órgano jurisdiccional superior de Derecho nacional (en el presente asunto dicha Cour constitutionnelle) sobre recursos de anulación de disposiciones de Derecho interno de los que conoce, cuando dichos recursos se basen en una vulneración de disposiciones pertenecientes al Derecho de la Unión Europea directa y prioritariamente aplicable en el ordenamiento jurídico interno?

               2)

               ¿Se oponen, por una parte, el artículo 6 del título primero, «disposiciones comunes», del Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, y vigente desde el 1 de diciembre de 2009 (que reproduce en gran medida las disposiciones que figuraban en el artículo 6 del título primero del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, que a su vez entró en vigor el 1 de noviembre de 1993), y el artículo 234 (anteriormente artículo 177) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE) de 25 de marzo de 1957, y/o, por otra, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, a que disposiciones legales nacionales, en el presente asunto las del artículo 26, apartado 4, de la Ley belga de 6 de enero de 1989 sobre la Cour d’arbitrage (actualmente denominada Cour constitutionnelle), en su versión modificada por la Ley de 12 de julio de 2009, interpretadas por separado o en relación con las del artículo 9, apartado 2, de dicha Ley especial de 6 de enero de 1989, obliguen a los jueces nacionales a plantear a un órgano jurisdiccional superior de Derecho nacional (en el presente asunto dicha Cour constitutionnelle) cualquier cuestión prejudicial relativa a la interpretación de las disposiciones pertenecientes al Derecho de la Unión Europea directa y prioritariamente aplicable en el ordenamiento jurídico interno, cuando dichas disposiciones se reproducen también en la Constitución nacional y cuando dichos jueces presumen que dichas disposiciones se vulneran en el marco de litigios de los que conocen, lo que provoca que dichos jueces resulten privados de la posibilidad de aplicar inmediatamente el Derecho de la Unión Europea, cuando menos en el supuesto de que dicho órgano jurisdiccional superior se haya pronunciado ya sobre una cuestión idéntica?


title: Asunto T-229/17: Recurso interpuesto el 19 de abril de 2017 — Alemania/Comisión

text:
               19.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 195/37

         Recurso interpuesto el 19 de abril de 2017 — Alemania/Comisión
   (Asunto T-229/17)
   (2017/C 195/50)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: República Federal de Alemania (representantes: T. Henze, J. Möller, y M. Winkelmüller, F. van Schewick y M. Kottmann, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión (UE) 2017/33 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, relativa al mantenimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una restricción, de la referencia de la norma armonizada EN 14342:2013, «Suelos de madera y parqué. Características, evaluación de conformidad y marcado», con arreglo al Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2017 L 21, p. 113).

               —

               Anule la Decisión (UE) 2017/145 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, relativa al mantenimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una restricción, de la referencia de la norma armonizada EN 14904:2006, «Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior», con arreglo al Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2017 L 22, p. 62).

               —

               Anule la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (DO 2017 C 76, p. 32), en la medida en que se refiere a la norma armonizada EN 14342:2013 «Suelos de madera y parqué. Características, evaluación de conformidad y marcado».

               —

               Anule la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (DO 2017 C 76, p. 32), en la medida en que se refiere a la norma armonizada EN 14904:2006 «Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior».

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción de las normas esenciales del procedimiento.
               La República Federal de Alemania alega que la Comisión, al adoptar las Decisiones impugnadas, infringió las disposiciones esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.o 305/2011. (1) A su entender, puesto que la Comisión no convocó al comité establecido con arreglo al artículo 5 de la Directiva 98/34/CE, (2) se omitió la consulta a los correspondientes organismos europeos de normalización y las Decisiones impugnadas no se dictaron «a la luz del dictamen» del comité establecido con arreglo al artículo 5 de la citada Directiva.

               2.

               Segundo motivo, basado en el incumplimiento del deber de motivación.
               Mediante su segundo motivo, la demandante señala que las Decisiones impugnadas infringen el deber de motivación establecido en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, pues no dan respuesta alguna a la cuestión central, de acuerdo con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 305/2011, de si las normas armonizadas en cuestión satisfacen o no enteramente los requisitos establecidos en el mandato correspondiente, y si garantizan el cumplimiento de los requisitos básicos de las obras de construcción. A consecuencia de ello, ni la República Federal de Alemania ni el Tribunal General pueden valorar los fundamentos de hecho y de Derecho en que se ha basado la Comisión.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del Reglamento (UE) n.o 305/2011.
               Asimismo, la demandante considera que las Decisiones y la Comunicación impugnadas infringen varios preceptos sustantivos del Reglamento n.o 305/2011.

                           —

                           En primer lugar, entiende que las Decisiones y la Comunicación impugnadas infringen lo dispuesto en el artículo 17, apartado 5, párrafos primero y segundo, del Reglamento (UE) n.o 305/2011, pues, contraviniendo lo dispuesto en los citados preceptos, la Comisión no demostró en qué medida las normas armonizadas de que se trata eran conformes con los mandatos correspondientes, de tal modo que no apreció que de hecho no eran conformes.

                           —

                           En segundo lugar, considera que las Decisiones y la Comunicación impugnadas infringen el artículo 18, apartado 2, en relación con el artículo 3, apartados 1 y 2, y el artículo 17, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 305/2011. A su entender, la Comisión pasó por alto que las normas procedimentales concretas carecen de métodos y criterios para valorar los efectos derivados de la emisión de las denominadas sustancias peligrosas de otro tipo, con lo cual resultan incompletas respecto a una característica esencial de los productos de construcción y, en consecuencia, hacen peligrar el cumplimiento de los requisitos básicos de las obras de construcción.

                           —

                           Finalmente, considera que la Comisión ha incurrido asimismo en otro error de valoración al dictar los actos impugnados, ya que ignoró la posibilidad, reconocida en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 305/2011, de dar la referencia de una norma armonizada en el Diario Oficial con la reserva propuesta por la demandante.

      (1)  Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (DO 2011 L 88, p. 5).

      (2)  Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO 1998 L 217, p. 18).


title: Asunto T-470/17: Recurso interpuesto el 26 de julio de 2017 — Sensotek/EUIPO — Senso Tecnologie (sensotek)

text:
               18.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 309/38

         Recurso interpuesto el 26 de julio de 2017 — Sensotek/EUIPO — Senso Tecnologie (sensotek)
   (Asunto T-470/17)
   (2017/C 309/51)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Recurrente: Sensotek GmbH (Reichenbach an der Fils, Alemania) (representante: J. Klink, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Senso Tecnologie Srl (Roma, Italia)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante: Parte recurrente

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «sensotek» — Solicitud de registro n.o 10648871

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de mayo de 2017 en el asunto R 1953/2016-2

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-570/10: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de mayo de 2011 — Comisión Europea/Irlanda

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/28

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de mayo de 2011 — Comisión Europea/Irlanda
   (Asunto C-570/10) (1)

   2011/C 252/64
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 63, de 26.2.2011.


title: Asunto C-425/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg — Alemania) — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz (Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — Igualdad de trato — Trabajadores fronterizos autónomos — Nacionales de un Estado miembro de la Unión — Ingresos profesionales percibidos en ese Estado miembro — Traslado del lugar de residencia a Suiza — Denegación de una ventaja fiscal en dicho Estado miembro por el traslado de la residencias)

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg — Alemania) — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz
   (Asunto C-425/11) (1)

   (Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra - Igualdad de trato - Trabajadores fronterizos autónomos - Nacionales de un Estado miembro de la Unión - Ingresos profesionales percibidos en ese Estado miembro - Traslado del lugar de residencia a Suiza - Denegación de una ventaja fiscal en dicho Estado miembro por el traslado de la residencias)
   2013/C 114/17
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Baden-Württemberg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Katja Ettwein

      Demandada: Finanzamt Konstanz

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretación del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, de 21 de junio de 1999, aprobado en nombre de la Comunidad, por decisión del Consejo y de la Comisión, de 4 de abril de 2002 (DO L 114, p. 6), y, en particular, de sus artículos 1, 2, 11, 16 y 21 así como de los artículos 9, 13 y 15 de su anexo I — Fiscalidad directa de los trabajadores fronterizos — Normativa de un Estado miembro que permite la tributación conjunta de un matrimonio (Ehegattensplitting) si reside en un Estado miembro de la Unión o del Espacio Económico Europeo y la excluye en caso de residencia en la Confederación Suiza.

      Fallo

   El artículo 1, letra a), del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, y los artículos 9, apartado 2, 13, apartado 1, y 15, apartado 2, del anexo I de dicho Acuerdo deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro que deniega la ventaja de la tributación conjunta con arreglo al método del «splitting», prevista en la citada normativa, a cónyuges nacionales de dicho Estado que están sujetos en ese mismo Estado al impuesto sobre la renta por la totalidad de sus ingresos imponibles, por la única razón de que el lugar de su residencia se encuentra en el territorio de la Confederación Suiza.

      (1)  DO C 331, de 12.11.2011.


title: Asuntos acumulados T-261/13 y T-86/14: Sentencia del Tribunal General de 23 de septiembre de 2015 — Países Bajos/Comisión [«IPCA — Reglamento (CE) no 2494/95 — Índices de precios al consumo armonizados a impuestos constantes (IPCA-IC) — Reglamento (UE) no 119/2013 — Índices de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios — Reglamento (UE) no 93/2013 — Eurostat — Comitología — Normas de desarrollo — Procedimiento de reglamentación con control»]

text:
               23.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/31

         Sentencia del Tribunal General de 23 de septiembre de 2015 — Países Bajos/Comisión
   (Asuntos acumulados T-261/13 y T-86/14) (1)

   ([«IPCA - Reglamento (CE) no 2494/95 - Índices de precios al consumo armonizados a impuestos constantes (IPCA-IC) - Reglamento (UE) no 119/2013 - Índices de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios - Reglamento (UE) no 93/2013 - Eurostat - Comitología - Normas de desarrollo - Procedimiento de reglamentación con control»])
   (2015/C 389/32)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Reino de los Países Bajos (representantes: en el asunto T-261/13, M. Bulterman, J. Langer y B. Koopman y, en el asunto T-86/14, M. Bulterman y J. Langer, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: M. Clausen y P. van Nuffel, agentes)

      Objeto

   En el asunto T-261/13, con carácter principal, la pretensión de que se anule el Reglamento (UE) no 119/2013 de la Comisión, de 11 de febrero de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2214/96, relativo a los índices de precios al consumo armonizados (IPCA): transmisión y difusión de los subíndices de los IPCA, por lo que respecta al establecimiento de índices de precios al consumo armonizados a impuestos constantes (DO L 41, p. 1), y, con carácter subsidiario, la pretensión de que se anule el artículo 1, punto 2, del Reglamento no 119/2013, así como, en el asunto T-86/14, con carácter principal, la pretensión de que se anule el Reglamento (UE) no 93/2013 de la Comisión, de 1 de febrero de 2013, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2494/95, relativo a los índices armonizados de precios al consumo, por lo que se refiere a la elaboración de los índices de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios (DO L 33, p. 14), y, con carácter subsidiario, la pretensión de que se anule el artículo 4, apartado 1, del Reglamento no 93/2013.

      Fallo

               1)

               En el asunto T-261/13, anular el artículo 1, punto 2, del Reglamento (UE) no 119/2013 de la Comisión, de 11 de febrero de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2214/96, relativo a los índices de precios al consumo armonizados (IPCA): transmisión y difusión de los subíndices de los IPCA, por lo que respecta al establecimiento de índices de precios al consumo armonizados a impuestos constantes.

               2)

               En el asunto T-86/14, anular el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) no 93/2013 de la Comisión, de 1 de febrero de 2013, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2494/95, relativo a los índices armonizados de precios al consumo, por lo que se refiere a la elaboración de los índices de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Reino de los Países Bajos.

      (1)  DO C 189, de 29.6.2013.


title: Asunto C-96/16: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona (España) el 17 de febrero de 2016 — Banco Santander, S.A./Mahamadou Demba y Mercedes Godoy Bonet

text:
               25.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/24

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (España) el 17 de febrero de 2016 — Banco Santander, S.A./Mahamadou Demba y Mercedes Godoy Bonet
   (Asunto C-96/16)
   (2016/C 145/30)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Banco Santander, S.A.

      Demandada: Mahamadou Demba y Mercedes Godoy Bonet

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es conforme con el Derecho de la Unión y en concreto con el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 2 C del Tratado de Lisboa, y los artículos 4.2, 12, 169.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1), la práctica empresarial de cesión o compra de los créditos sin ofrecer la posibilidad al consumidor de extinguir la deuda con el pago del precio, intereses gastos y costas del proceso al cesionario?

               2)

               ¿Es compatible con los principios que se postulan en la Directiva 93/13 (2) del Consejo, de 5 de abril de 1993, y por extensión con el principio de efectividad y con sus artículos 3.1 y 7.1, dicha práctica empresarial de compra de la deuda del consumidor por un precio exiguo sin su consentimiento ni conocimiento, que omite su plasmación como condición general o cláusula abusiva impuesta en el contrato, y sin darle oportunidad de participación al consumidor en tal operación a modo de retracto?

               3)

               Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de los consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión; el fijar como criterio inequívoco la determinación que en los contratos de préstamo sin garantía real concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado

               4)

               Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de los consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión; el fijar como consecuencia que se siga devengando el interés remuneratorio hasta el completo pago de lo adeudado

      (1)  DO 2000, C 364, p. 1

      (2)  DO L 95, p. 29


title: Asunto C-654/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 19 de diciembre de 2016 — Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

text:
               18.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 19 de diciembre de 2016 — Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
   (Asunto C-654/16)
   (2017/C 121/13)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp

      Demandada: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

      Cuestión prejudicial

   ¿El artículo 5, apartado 4, párrafos primero y segundo, de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición, (1) en relación con los principios generales previstos por el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva y con la correcta aplicación de los principios generales de protección de la confianza legítima, de proporcionalidad, de racionalidad, de transparencia y de no discriminación, se opone a una normativa nacional, como el artículo 106, apartado 3, letra d), número 2, del Decreto Legislativo n.o 58, de 24 de febrero de 1998 (texto refundido de las disposiciones en materia de intermediación financiera con arreglo a los artículos 8 y 21 de la Ley de 6 de febrero de 1996, n.o 52), en su versión modificada, y el artículo 47 octies de la Decisión de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n.o 11971, de 14 de mayo de 1999 (reglamento de aplicación del Decreto Legislativo n.o 58, de 24 de febrero de 1998, relativo a los emisores), en su versión modificada, en la medida en que estas disposiciones, al permitir a la Consob aumentar el precio de la oferta pública de adquisición contemplada en el artículo 106 antes mencionado cuando se determina la existencia de una colusión entre el oferente o las personas que actúan concertadamente con él y uno o varios vendedores, se limitan a hacer referencia al criterio del «precio constatado», sin precisar los parámetros y los criterios de esta constatación?

      (1)  DO 2004, L 142, p. 12.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de julio de 2004 en el asunto C-118/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania («Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho interno a la Directiva 2000/37/CE»)

text:
               11.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/11

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 15 de julio de 2004
   en el asunto C-118/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania (1)

   («Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 2000/37/CE»)
   (2004/C 228/21)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-118/03, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. U. Wölker y H. Støvlbæk), contra República Federal de Alemania (agente: Sra. A. Tiemann), que tiene por objeto que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/37/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2000, por la que se modifica el capítulo VI bis, farmacovigilancia, de la Directiva 81/851/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medicamentos veterinarios (DO L 139, p. 25), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir dicha Directiva o al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász y M. Ilešič, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 15 de julio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/37/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2000, por la que se modifica el capítulo VI bis, farmacovigilancia, de la Directiva 81/851/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medicamentos veterinarios, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 112 de 10.5.2003


title: Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 243 de 1.10.2005

text:
               15.10.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 257/20

         (2005/C 257/34)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 243 de 1.10.2005

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 229 de 17.9.2005

      DO C 217 de 3.9.2005

      DO C 205 de 20.8.2005

      DO C 193 de 6.8.2005

      DO C 182 de 23.7.2005

      DO C 171 de 9.7.2005

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex

               CELEX:http://europa.eu.int/celex


title: Asunto C-248/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de marzo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España ( Incumplimiento de Estado — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Restricciones — Investigación y desarrollo — Régimen de deducción de los gastos efectuados en el extranjero )

text:
               9.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 116/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de marzo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-248/06) (1)

   («Incumplimiento de Estado - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Restricciones - Investigación y desarrollo - Régimen de deducción de los gastos efectuados en el extranjero»)
   (2008/C 116/08)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal y L. Escobar Guerrero, agentes)

      Demandada: Reino de España (representante: M. Muñoz Pérez, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 43 CE, 48 CE y 49 CE y de los artículos 31 y 36 EEE — Régimen de deducción de los gastos correspondientes a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica realizadas en el extranjero más gravoso que el aplicable a los gastos efectuados en España.
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE, relativos a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, y de los artículos correspondientes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, a saber, los artículos 31 y 36 de este Acuerdo, al mantener en vigor un régimen de deducción de los gastos correspondientes a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica que es menos favorable para los gastos realizados en el extranjero que para los gastos realizados en España, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 178 de 29.7.2006.


title: Asunto F-49/14: Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de enero de 2015  — DQ y otros/Parlamento Europeo

text:
               9.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 81/30

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de enero de 2015 — DQ y otros/Parlamento Europeo
   (Asunto F-49/14) (1)

   (2015/C 081/40)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 292, de 1.9.2014, p. 62.


title: Asunto C-436/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 28 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Areios Pagos — Grecia) — Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.° 44/2001 — Artículo 23 — Cláusula atributiva de competencia — Cláusula de prórroga de competencia que figura en un contrato celebrado entre dos sociedades — Acción indemnizatoria — Responsabilidad solidaria de los representantes de una de estas sociedades por actos delictuales — Posibilidad de que dichos representantes invoquen esa cláusula]

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 28 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Areios Pagos — Grecia) — Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd
   (Asunto C-436/16) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil - Reglamento (CE) n.o 44/2001 - Artículo 23 - Cláusula atributiva de competencia - Cláusula de prórroga de competencia que figura en un contrato celebrado entre dos sociedades - Acción indemnizatoria - Responsabilidad solidaria de los representantes de una de estas sociedades por actos delictuales - Posibilidad de que dichos representantes invoquen esa cláusula])
   (2017/C 283/15)
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Areios Pagos

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias

      Demandadas: Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

      Fallo

   El artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula atributiva de competencia incluida en un contrato celebrado entre dos sociedades no puede ser invocada por los representantes de una de ellas a fin de negar la competencia de un tribunal para conocer de una demanda de indemnización en la que se solicite que se declare la responsabilidad solidaria de dichos representantes por actos supuestamente delictuales realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones.

      (1)  DO C 392 de 24.10.2016.


title: Asunto C-224/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (República de Polonia) el 13 de mayo de 2011 — BGŻ Leasing Sp. z o. o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

text:
               23.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (República de Polonia) el 13 de mayo de 2011 — BGŻ Leasing Sp. z o. o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
   (Asunto C-224/11)
   2011/C 219/11
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Naczelny Sąd Administracyjny

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: BGŻ Leasing Sp. z o. o.

      Recurrida: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) en el sentido de que el seguro del objeto de un leasing y el propio leasing deben tratarse como prestaciones independientes, o deben tratarse estas actividades como una prestación global de leasing única y compleja?

               2)

               En caso de que la primera cuestión reciba como respuesta que el seguro del objeto de un leasing y el propio leasing deben tratarse como prestaciones independientes, ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 28 de la Directiva 2006/112 en el sentido de que el seguro del objeto del leasing está exento del impuesto cuando el arrendador asegura el objeto del leasing y factura al arrendatario los costes del seguro?

      (1)  DO L 347. p. 1.


title: Asunto C-445/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beropep voor het Bedrijfsleven — Países Bajos) — IMC Securities BV/Stitchting Autoriteit Financiële Markten (Directiva 2003/6/CE — Manipulaciones del mercado — Fijación del precio a un nivel anormal o artificial)

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beropep voor het Bedrijfsleven — Países Bajos) — IMC Securities BV/Stitchting Autoriteit Financiële Markten
   (Asunto C-445/09) (1)

   (Directiva 2003/6/CE - Manipulaciones del mercado - Fijación del precio a un nivel anormal o artificial)
   2011/C 269/08
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   College van Beropep voor het Bedrijfsleven

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: IMC Securities BV

      Demandada: Stitching Autoriteit Financiële Markten

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretación del artículo 1, apartado 2, letra a), segundo guión, de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (DO L 96, p. 16) — Fijación del precio a un nivel anormal o artificial — Concepto — Transacciones y órdenes de negociación que han provocado una fluctuación de precios de corta duración.

      Fallo

   El artículo 1, punto 2, letra a), segundo guión, de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado), debe interpretarse en el sentido de que, para que pueda considerarse que el precio de uno o de varios instrumentos financieros se ha fijado a un nivel anormal o artificial, dicho precepto no exige que ese precio se mantenga en un nivel anormal o artificial más allá de un cierto tiempo.

      (1)  DO C 24, de 30.1.2010.


title: Asunto T-1/15: Sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2017 — SNCM/Comisión («Ayudas de Estado — Ayudas ejecutadas por Francia en favor de la SNCM — Ayudas a la reestructuración y medidas adoptadas en el marco de un plan de privatización — Criterio del inversor privado en una economía de mercado — Decisión por la que las ayudas se declaran ilegales e incompatibles con el mercado interior — Política social de los Estados miembros — Reapertura del procedimiento de investigación formal — Obligación de motivación — Igualdad de trato — Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales»)

text:
               21.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 277/32

         Sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2017 — SNCM/Comisión
   (Asunto T-1/15) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Ayudas ejecutadas por Francia en favor de la SNCM - Ayudas a la reestructuración y medidas adoptadas en el marco de un plan de privatización - Criterio del inversor privado en una economía de mercado - Decisión por la que las ayudas se declaran ilegales e incompatibles con el mercado interior - Política social de los Estados miembros - Reapertura del procedimiento de investigación formal - Obligación de motivación - Igualdad de trato - Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales»))
   (2017/C 277/46)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsella, Francia) (representantes: F.-C. Laprévote, C. Froitzheim y A. Dupuis, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci y B. Stromsky, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsella) (representante: C. Bonnefoi, abogado)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Corsica Ferries France (Bastia, Francia) (representantes: N. Flandin y S. Rodrigues, abogados)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE y que tiene por objeto la anulación de la Decisión C(2013) 7066 final de la Comisión, de 20 de noviembre de 2013, relativa a las ayudas estatales SA 16237 (C58/02) (ex N118/02) ejecutadas por Francia en favor de la SNCM.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) cargará con las costas de la Comisión Europea y de Corsica Ferries France, así como con sus propias costas.

               3)

               El Comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 56 de 16.2.2015.


title: Asunto F-105/03: Auto del Tribunal de la Función Pública de 7 de mayo de 2014  — Deweerdt y otros/Tribunal de Cuentas

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/65

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 7 de mayo de 2014 — Deweerdt y otros/Tribunal de Cuentas
   (Asunto F-105/03) (1)

   2014/C 421/97
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 15, de 18.1.2014, p. 21.


title: Asunto C-646/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimiento iniciado por Khadija Jafari, Zainab Jafari [Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.° 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de obtener una protección internacional — Cruce de la frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito hacia otro Estado miembro — Entrada autorizada a modo de excepción por razones humanitarias — Artículo 2, letra m) — Concepto de «visado» — Artículo 12 — Expedición de un visado — Artículo 13 — Cruce irregular de una frontera exterior]

text:
               18.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 309/16

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimiento iniciado por Khadija Jafari, Zainab Jafari
   (Asunto C-646/16) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Reglamento (UE) n.o 604/2013 - Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país - Llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de obtener una protección internacional - Cruce de la frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito hacia otro Estado miembro - Entrada autorizada a modo de excepción por razones humanitarias - Artículo 2, letra m) - Concepto de «visado» - Artículo 12 - Expedición de un visado - Artículo 13 - Cruce irregular de una frontera exterior])
   (2017/C 309/21)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

   Khadija Jafari, Zainab Jafari

      Fallo

               1)

               El artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, puesto en relación con el artículo 2, letra m), de este Reglamento, debe interpretarse considerando que no procede calificar de «visado», en el sentido de ese artículo 12, el hecho de que las autoridades de un primer Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, hayan tolerado la entrada en su territorio de esos nacionales, que no cumplen las condiciones de entrada en principio exigidas en ese primer Estado miembro.

               2)

               El artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar que ha «cruzado de forma irregular» la frontera de un primer Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, un nacional de un tercer país cuya entrada ha sido tolerada por las autoridades de ese Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, sin cumplir las condiciones de entrada en principio exigidas en el primer Estado miembro.

      (1)  DO C 53 de 20.2.2017.


title: Asunto T-434/04: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2004 por Alex Milbert y otros contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/42

         Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2004 por Alex Milbert y otros contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-434/04)
   (2005/C 6/83)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 22 de octubre de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Alex Milbert, con domicilio en Hesperange (Luxemburgo), Imre Czigàny, con domicilio en Rhode St. Genèse (Bélgica), José Manuel De la Cruz González, con domicilio en Bruselas, Viviane Deveen, con domicilio en Overijse (Bélgica), Mohammad Reza Fardoom, con domicilio en Roodt-sur-Syre (Luxemburgo), Laura Gnemmi, con domicilio en Hünsdorf (Luxemburgo), Marie-José Reinard, con domicilio en Bertrange (Luxemburgo), Vassilios Stergiou, con domicilio en Kraainem (Bélgica) y Ioannis Terezakis, con domicilio en Bruselas, representados por Mes Gilles Bounéou y Frédéric Frabetti, abogados.
   Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la lista de funcionarios promovidos en el ejercicio de 2003, en la medida en que la misma no contiene los nombres de los demandantes, así como, con carácter accesorio, los actos preparatorios de dicha decisión.

               —

               Subsidiariamente, anule la atribución de puntos de promoción en el ejercicio de 2003 en lo que respecta a los demandantes.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Los demandantes, funcionarios de la Comisión, no han sido promovidos en el ejercicio de promoción de 2003. En su recurso impugnan el sistema utilizado por la Comisión en dicho ejercicio, en la medida en que establece que a los puntos de mérito y de antigüedad atribuidos a cada funcionario deben sumarse los puntos «de saldo restante», atribuidos a los funcionarios que formaban parte de la lista de funcionarios promovibles en el ejercicio anterior que no fueron promovidos, así como los puntos atribuidos por las Direcciones Generales, los puntos especiales de transición, los puntos en interés del servicio y los puntos «de apelación» concedidos por los comités de promoción. Los demandantes alegan que, al aplicar un sistema de tales características, la Comisión no ha procedido a un examen comparativo de los méritos de los candidatos, infringiendo así el artículo 45 del Estatuto y las Disposiciones Generales de Aplicación de dicho artículo.
   Con esta misma base, los demandantes invocan una violación del principio de no discriminación, de la prohibición de las actuaciones arbitrarias, del deber de motivación, de la confianza legítima, de la regla patere legem quam ipse fecisti y del deber de asistencia y protección.


title: Asunto C-404/10 P: Recurso de casación interpuesto el 10 de agosto de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 9 de junio de 2010 en el asunto T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Comisión

text:
               9.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/19

         Recurso de casación interpuesto el 10 de agosto de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 9 de junio de 2010 en el asunto T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Comisión
   (Asunto C-404/10 P)
   ()
   2010/C 274/30
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: B. Smulders, O. Beynet y P. Costa de Oliveira, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Éditions Odile Jacob SAS, Lagardère SCA

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2010 el asunto T-237/05, Odile Jacob SAS/Comisión, en la medida en que ha anulado la decisión de la Comisión de 7 de abril de 2005 por la que ésta había denegado el acceso a determinados documentos relativos al procedimiento de control de la operación de concentración no COMP/M.2978.

               —

               Que se desestime el recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal General por la parte recurrida en casación y que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente sobre las cuestiones que son objeto del presente recurso de casación.

               —

               Que se condene a la demandante en primera instancia al pago de las costas en que haya incurrido la Comisión, tanto en primera instancia como en el presente recurso de casación.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación.
   En su primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General ha cometido un error de interpretación del Reglamento no 1049/2001 (1) al omitir tomar en consideración las disposiciones del Reglamento no 4064/89, sobre las operaciones de concentración entre empresas (2), a efectos de interpretar las excepciones al derecho de acceso a los documentos. En efecto, a juicio de la Comisión, las normas generales sobre el derecho de acceso a los documentos deben tener en cuenta las características específicas de los procedimientos en materia de competencia y las garantías de confidencialidad que se ofrecen a las empresas interesadas en una operación de concentración.
   En su segundo motivo de casación, que consta de cinco partes, la Comisión denuncia una interpretación errónea del artículo 4, apartados 2 y 3, del citado Reglamento no 1049/2001 por parte del Tribunal General, en la medida en que éste ha estimado que la recurrente se encontraba obligada a proceder a un examen concreto e individual de todos los documentos a que se refería la solicitud de acceso, incluso en los supuestos manifiestamente cubiertos por una excepción (primera parte del motivo). La Comisión impugna igualmente la interpretación restrictiva que el Tribunal General ha dado a la excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de inspección, investigación y auditoría, interpretación según la cual dicha excepción no resulta aplicable una vez que la Comisión ha adoptado la decisión que pone fin al procedimiento administrativo de control de una concentración (segunda parte del motivo). Por otro lado, la recurrente alega que el Tribunal General ha cometido un error de Derecho manifiesto, por una parte al exigir que la Comisión procediera a un examen concreto e individual de todos los documentos, describiendo el contenido de cada uno, y por otra parte al exigirle que procediera a consultar a terceros, a pesar de que la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales resultaba manifiestamente aplicable (tercera parte del motivo). Además, la Comisión denuncia el error de Derecho cometido a su juicio por el Tribunal General al anular la decisión de aquélla de denegar el acceso a sus documentos internos, a pesar de que tales documentos estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de la excepción relativa al “proceso de toma de decisiones”, establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del citado Reglamento (cuarta parte del motivo). Por último, la recurrente invoca una interpretación errónea del artículo 4, apartado 6, del citado Reglamento (quinta parte del motivo).

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

      (2)  Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395, p. 1).


title: Asunto C-352/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) el 31 de julio de 2007 — A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) y otros

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) el 31 de julio de 2007 — A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) y otros
   (Asunto C-352/07)
   (2007/C 247/10)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA

      Demandadas: Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) y otros
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               Tras las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 3 [de la Directiva 89/105/CE] (1), que definen la relación entre las autoridades públicas de un Estado miembro y las empresas farmacéuticas — en el sentido de asignar la determinación del precio de un medicamento o su aumento a las indicaciones facilitadas por las primeras, si bien en la medida reconocida por la autoridad correspondiente, es decir, sobre la base de consultas entre las propias empresas y las autoridades competentes en materia de control del gasto farmacéutico —, el artículo 4, apartado 1 [de la Directiva] regula la «congelación de precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos», configurándolo como un medio de carácter general para someter a examen, al objeto de decidir el mantenimiento de los mismos, al menos una vez al año, a la vista de las condiciones macroeconómicas existentes en el Estado miembro.
               La disposición concede a las autoridades competentes un plazo de 90 días para actuar y prevé que éstas, una vez expirado dicho plazo, deben hacer públicos los aumentos o disminuciones de precios correspondientes, si los hubiere.
               Se desea saber si la interpretación de tal disposición, en la parte que hace referencia a las «disminuciones previstas, si las hubiere», debe considerarse en el sentido de que, además del remedio general constituido por la congelación de los precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos, se prevé o no además otro remedio general, constituido por la posibilidad de una reducción de los precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos, o bien si la expresión «disminuciones, si l[a]s hubiere» debe entenderse referida exclusivamente a los medicamentos ya sujetos a la congelación de precios;

               2)

               Se desea saber si el artículo 4, apartado 1, [de la Directiva 89/105] — en la parte en que impone a las autoridades competentes de un Estado miembro comprobar, al menos una vez al año, en el caso de congelación de los precios, si las condiciones macroeconómicas justifican el mantenimiento de dicha congelación — puede ser interpretado en el sentido de que, una vez admitida la reducción de precios como respuesta a la primera cuestión prejudicial, también es posible recurrir a tal medida varias veces en el curso de un mismo año y durante muchos años (de 2002 a 2010);

               3)

               Si, a efectos del citado artículo 4 [de la Directiva 89/105] — que ha de interpretarse a la luz de los considerandos que versan sobre el objetivo primario de las medidas de control de precios de los medicamentos, consistentes en «la mejora de la sanidad pública garantizando el abastecimiento adecuado de medicamentos a un costo razonable», así como de la exigencia de evitar «disparidades [en …] medidas [que] pueden obstaculizar o perturbar el comercio intracomunitario de medicamentos» — puede considerarse compatible con la normativa comunitaria la adopción de medidas que hagan referencia a los valores económicos de los gastos sólo «estimados» y no «comprobados» (la cuestión afecta a ambos supuestos);

               4)

               Si las exigencias relativas a la observancia de los límites del gasto farmacéutico que cada Estado miembro es competente para establecer deben estar conectadas concretamente al gasto farmacéutico, o bien puede considerarse incluida en el ámbito de facultades de los Estados miembros la facultad discrecional de tener en cuenta asimismo los datos relativos a los demás gastos sanitarios;

               5)

               Si los principios, derivados de la Directiva, de transparencia y participación de las empresas interesadas en las medidas de congelación o reducción generalizada de precios de los medicamentos, deben ser interpretados en el sentido de que es necesario prever siempre y en cualquier caso una posibilidad de establecer excepciones al precio impuesto (artículo 4, apartado 2, de la Directiva 89/105) y una participación concreta de la empresa solicitante, con la consiguiente necesidad de que la administración motive la eventual denegación.

      (1)  Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad (DO L 40, p. 8).


title: Asunto T-462/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 2008 — HEG y Graphite India/Consejo ( Política comercial común — Derechos antidumping — Derechos compensatorios — Importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la India — Derecho de defensa — Igualdad de trato — Determinación del perjuicio — Relación de causalidad )

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/25

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 2008 — HEG y Graphite India/Consejo
   (Asunto T-462/04) (1)

   («Política comercial común - Derechos antidumping - Derechos compensatorios - Importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la India - Derecho de defensa - Igualdad de trato - Determinación del perjuicio - Relación de causalidad»)
   (2009/C 32/46)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: HEG Ltd (Nueva Delhi, India), y Graphite India Ltd (Kolkata, India) (representantes: inicialmente, K. Adamantopoulos, abogado, y J. Branton, Solicitor, y posteriormente, J. Branton)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-P. Hix, agente, asistido por G. Berrisch, abogado)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: T. Scharf y K. Talabér-Ritz, agentes)
   Objeto
   Pretensión de anulación del Reglamento (CE) no 1628/2004 del Consejo, de 13 de septiembre de 2004, por el que se impone un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la India (DO L 295, p. 4), y del Reglamento (CE) no 1629/2004 del Consejo, de 13 de septiembre de 2004, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la India (DO L 295, p. 10).
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               HEG Ltd y Graphite India Ltd cargarán con sus propias costas así como con las del Consejo.

               3)

               La Comisión cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 69 de 19.3.2005.


title: Asunto T-66/10: Auto del Tribunal General de 9 de abril de 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Comisión [ «Agricultura — Azúcar — Cotizaciones por producción — Anulación y declaración de invalidez parciales del Reglamento (CE) n ° 1193/2009 tras la interposición del recurso — Sobreseimiento» ]

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/42

         Auto del Tribunal General de 9 de abril de 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Comisión
   (Asunto T-66/10) (1)

   (Agricultura - Azúcar - Cotizaciones por producción - Anulación y declaración de invalidez parciales del Reglamento (CE) no 1193/2009 tras la interposición del recurso - Sobreseimiento)
   2013/C 156/78
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Zuckerfabrik Jülich GmbH (anteriormente Zuckerfabrik Jülich AG) (Jülich, Alemania) (representantes: H.-J. Prieß y B. Sachs, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Rossi y B. Schima, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de las partes demandantes: Reino de España (representantes: inicialmente F. Díez Moreno, y posteriormente A. Rubio González, abogados del Estado), y República de Lituania (representantes: inicialmente R. Janeckaitè y R. Krasuckaitè, y posteriormente R. Krasuckaitè y R. Mackevičienè, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación del Reglamento (CE) no 1193/2009 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2009, que corrige los Reglamentos (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 y fija los importes de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 (DO L 321, p. 1).

      Fallo

               1)

               Sobreseer el presente recurso.

               2)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido Zuckerfabrik Jülich GmbH.

               3)

               El Reino de España y la República de Lituania cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 113, de 1.5.2010.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 2000 en el asunto T-164/98, Giuseppe Carraro contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Informe de calificación — Recurso de anulación — Recurso de indemnización)

text:
C 122/32                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         29.4.2000
el Reglamento (CE) no 894/97 por el que se establecen                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos
pesqueros (DO L 171, p. 1), el Tribunal de Primera Instancia                                  de 22 de febrero de 2000
(Sala Primera ampliada), integrado por los Sres.: B. Vesterdorf,
Presidente, K. Lenaerts, A. Potocki, A.W.H. Meij y M. Vilaras,            en el asunto T-171/98, Maria Adelina Biasutto contra
Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 22 de febrero de                            Consejo de la Unión Europea (1)
2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                          (Funcionarios — Baja por enfermedad — Ausencia irregular
1. Se declara la inadmisibilidad del recurso.                             — Artı́culo 59 del Estatuto — Procedimiento a seguir en
                                                                                caso de ausencia por enfermedad)
2. Las partes demandantes cargarán con sus propias costas ası́ como
     con las efectuadas por el Consejo.
                                                                                (2000/C 122/45)
3. Las partes coadyuvantes cargarán con sus propias costas.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(1) DO C 340 de 7.11.1998.
                                                                          En el asunto T-171/98, Maria Adelina Biasutto, funcionaria del
                                                                          Consejo de la Unión Europea, con domicilio en Bruselas,
                                                                          representado por Me J.-N. Louis, Abogado de Bruselas, que
                                                                          designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
                                                                          Fiduciaire Myson SARL, 30 de Cessange, contra Consejo de la
                                                                          Unión Europea (Agentes: Sres. P. Borges y M. Bauer), que tiene
                                                                          por objeto una solicitud de anulación de la decisión del
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               Consejo de 20 de febrero de 1998, por la que deniega el
                                                                          registro del certificado de enfermedad de la demandante y que
                     de 23 de febrero de 2000                             declara irregular su ausencia durante el perı́odo comprendido
                                                                          entre le 9 y el 22 de febrero de 1998 inclusive, el Tribunal
en el asunto T-164/98, Giuseppe Carraro contra Comisión                  de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. R.
                 de las Comunidades Europeas (1)                          Garcı́a-Valdecasas, Presidente; la Sra. P. Lindh y el Sr. J.D.
                                                                          Cooke, Jueces; Secretario: Sr. G. Herzig, Administrador, ha
(Funcionarios — Informe de calificación — Recurso de                     dictado el 22 de febrero de 2000 una sentencia cuyo fallo es el
            anulación — Recurso de indemnización)                       siguiente:
                                                                          1. Se anula la decisión del Consejo de 20 de febrero de 1998, por
                          (2000/C 122/44)                                     la que se declara irregular la ausencia de la demandante durante
                                                                              el perı́odo comprendido entre el 9 y el 22 de febrero de 1998.
                  (Lengua de procedimiento: italiano)                     2. Se condena en costas al Consejo.
En el asunto T-164/98, Giuseppe Carraro, funcionario de la
                                                                          (1) DO C 397 de 19.12.98.
Comisión de las Comunidades Europeas, con destino en el
Centro común de investigación de Ispra, con domicilio en
Ispra (Italia), representado por el Sr. G. Marchesini, Abogado
de la Corte suprema di cassazione italiana, que designa como
domicilio en Luxemburgo el despacho de Me E. Arendt, 8-10,
rue Mathias Hardt, contra Comisión de las Comunidades
Europeas (Agente: Sr. G. Valsesia), que tiene por objeto, por             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
una parte, que se anule la decisión por la que se aprueba con
carácter definitivo el informe de calificación del demandante                                 de 9 de marzo de 2000
correspondiente al perı́odo comprendido entre el 1 de julio de
1993 y el 30 de junio de 1995 y, por otra parte, una pretensión          en el asunto T-10/99: Miguel Vicente Núñez contra
de obtener la reparación del daño moral sufrido, el Tribunal                     Comisión de las Comunidades Europeas (1)
de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por los Sres. A.
Potocki, Presidente; J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario:        (Funcionarios — Promoción — Examen comparativo de los
Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 23 de              méritos — Lista de funcionarios considerados con mayores
febrero de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                 méritos — Lista de funcionarios promovidos — Informe de
                                                                                calificación — Falta de motivación)
1. Se desestima el recurso.
                                                                                (2000/C 122/46)
2. Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(1) DO C 378 de 5.12.98.
                                                                          En el asunto T-10/99, Miguel Vicente Núñez, funcionario de
                                                                          la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de septiembre de 1999 en el asunto C-414/97: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España («Incumplimiento de Estado - Importaciones y adquisiciones de armamento - Sexta Directiva del IVA - Normativa nacional no conforme»)

text:
C 366/4                    ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         18.12.1999
1) El Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo, de 18 de junio                  1) Se declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
     de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario              que le incumben en virtud de la Directiva 77/388/CEE del
     de protección para los medicamentos, y, en particular, su                     Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de
     artı́culo 3, letra b), debe interpretarse en el sentido de que siempre         armonización de las legislaciones de los Estados miembros
     que un producto, en la forma mencionada en la autorización de                 relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema
     comercialización, esté protegido por una patente de base en vigor,            común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible
     el certificado puede amparar el producto, en concepto de                       uniforme, en su versión resultante de la Directiva 91/680/CEE
     medicamento, bajo todas las formas que estén comprendidas en                   del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, que completa el
     el ámbito de protección de la patente de base.                               sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y que
                                                                                modifica, con vistas a la abolición de las fronteras, la directiva
2) Para determinar, a efectos de la aplicación del Reglamento                      77/388, al considerar exentas del Impuesto sobre el Valor
     no 1768/92 y, en particular, de su artı́culo 3, letra a), si un                Añadido las importaciones y adquisiciones intracomunitarias de
     producto está protegido por una patente de base, es preciso                   armamento, munición y material para uso exclusivamente
     referirse a las normas que regulan a ésta.                                     militar, distinto de las aeronaves y los barcos de guerra
                                                                                comprendidos en los puntos 23 y 25 del Anexo F de dicha
(1) DO C 41 de 7.2.1998.                                                            Directiva, no obstante lo dispuesto en los artı́culos 2, punto 2,
                                                                                14, 28 bis y 28 quater, parte B, de esta misma Directiva.
                                                                               2) Se condena en costas al Reino de España.
                                                                               (1) DO C 41 de 7.2.1998.
           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                               (Sala Sexta)
                    de 16 de septiembre de 1999                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Sexta)
en el asunto C-414/97: Comisión de las Comunidades
               Europeas contra Reino de España (1)
                                                                                de 16 de septiembre de 1999
(«Incumplimiento de Estado — Importaciones y adquisicio-                       en el asunto C-435/97 (petición de decisión prejudicial
nes de armamento — Sexta Directiva del IVA — Normativa                         planteada por el Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
                         nacional no conforme»)                                für die Provinz Bozen): World Wildlife Fund (WWF) y
                                                                                otros contra Autonome Provinz Bozen y otros (1)
                             (1999/C 366/06)
                                                                               («Medio ambiente — Directiva 85/337/CEE — Evaluación
                                                                               de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
                    (Lengua de procedimiento: español)                                                       privados»)
                                                                                (1999/C 366/07)
En el asunto C-414/97, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (Agentes: Sres. Miguel Dı́az-Llanos La Roche y Carlos                                        (Lengua de procedimiento: alemán)
Gómez de la Cruz) contra Reino de España (Agente: Sra. Nuria
Dı́az Abad), que tiene por objeto que se declare que el Reino                  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en                         «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
virtud del Tratado CE al considerar exentas del Impuesto
sobre el Valor Añadido las importaciones y adquisiciones                      En el asunto C-435/97, que tiene por objeto una petición
intracomunitarias de armamento, munición y material para                      dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
uso exclusivamente militar, distinto de las aeronaves y los                    Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Verwal-
barcos de guerra comprendidos en los puntos 23 y 25 del                        tungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italia),
Anexo F de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de                       destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de                   jurisdiccional entre World Wildlife Fund (WWF) y otros y
las legislaciones de los Estados miembros relativas a los                      Autonome Provinz Bozen y otros, una decisión prejudicial
impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común                        sobre la interpretación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo,
del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme                  de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
(DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), no obstante lo dispuesto en                 repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
los artı́culos 2, punto 2, 14, 28 bis y 28 quater, parte B, de esta            sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), el
misma Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado               Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres.
por los Sres.: P.J.G. Kapteyn, Presidente de Sala; G. Hirsch y                 P.J.G. Kapteyn, Presidente de Sala, J.L. Murray y H. Ragnemalm
J.L. Murray (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio;                 (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretaria:
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 16 de septiembre de                    Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 16 de septiembre
1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                 de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto F-111/11: Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2011 — ZZ y otros/Comisión

text:
               7.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/27

         Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2011 — ZZ y otros/Comisión
   (Asunto F-111/11)
   2012/C 6/50
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: ZZ y otros (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N Louis, É. Marchal y D. Abreu Caldas, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las hojas de haberes de las demandantes del mes de febrero de 2011 y de las hojas de haberes de los meses siguientes en las que se aplica el nuevo coeficiente corrector para la ciudad de Varese con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) no 1239/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anulen las decisiones por las que se aprueban las nóminas de las demandantes sobre la base del coeficiente corrector de la ciudad de Varese que figura en el Reglamento (UE) no 1239/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, aplicable a partir del 1 de julio de 2010.

               —

               Que se anule la decisión de la AFPN de 12 de julio de 2011 por la que se desestiman las reclamaciones de las demandantes relativas al coeficiente corrector aplicado a Varese.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto T-121/10: Auto del Tribunal General de 26 de marzo de 2015 — Conte y otros/Consejo («Recurso de anulación — Pesca — Conservación de los recursos haliéuticos — Institución de un régimen comunitario de control, inspección y ejecución — Concepto de acto reglamentario — Concepto de acto legislativo — Falta de afectación individual — Inadmisibilidad»)

text:
               1.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/12

         Auto del Tribunal General de 26 de marzo de 2015 — Conte y otros/Consejo
   (Asunto T-121/10) (1)

   ((«Recurso de anulación - Pesca - Conservación de los recursos haliéuticos - Institución de un régimen comunitario de control, inspección y ejecución - Concepto de acto reglamentario - Concepto de acto legislativo - Falta de afectación individual - Inadmisibilidad»))
   (2015/C 178/13)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Giovanni Conte (Pomezia, Italia); Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Civitanova Marche (Italia); Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Italia); Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche); Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Italia) (representantes: P. Cavasola, G. Micucci y V. Cannizzaro, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente A. Westerhof Löfflerová y A. Lo Monaco, posteriormente A. Westerhof Löfflerová y S. Barbagallo, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Comisión Europea (representantes: K. Banks y D. Bianchi, agentes)

      Objeto

   Anulación del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 888/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008 y (CE) no 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 y (CE) no 1966/2006 (DO L 343, p. 1), y, más concretamente, de los artículos 9 y 10, del artículo 14, apartados 1, 2, 3, 4 y 5, del artículo 15, del artículo 17, apartado 1, del artículo 58, apartados 1, 2, 3 y 5, del artículo 59, apartados 2 y 3, del artículo 60, apartados 4 y 5, del artículo 62, apartado 1, del artículo 63, apartado 1, de los artículos 64 y 65, del artículo 66, apartados 1 y 3, del artículo 67, apartado 1, del artículo 68, del artículo 73, apartado 8, del artículo 92, apartado 2, y del artículo 103 de dicho Reglamento.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               El Sr. Giovanni Conte, Casa del Pescatore Soc. coop, rl, Guidotti Giovanni & Figli Snc, Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl y Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) cargarán con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 134, de 22.5.2010.


title: Asunto C-185/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords — Reino Unido) — Allianz SpA, anteriormente Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA/West Tankers Inc. (Reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros — Reglamento (CE) n o  44/2001 — Ámbito de aplicación — Competencia de un tribunal de un Estado miembro para pronunciar una orden conminatoria por la que se prohíba a una parte entablar o seguir actuando en un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro por considerarse que ese procedimiento es contrario a un convenio arbitral — Convención de Nueva York)

text:
               4.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords — Reino Unido) — Allianz SpA, anteriormente Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA/West Tankers Inc.
   (Asunto C-185/07) (1)

   (Reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros - Reglamento (CE) no 44/2001 - Ámbito de aplicación - Competencia de un tribunal de un Estado miembro para pronunciar una orden conminatoria por la que se prohíba a una parte entablar o seguir actuando en un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro por considerarse que ese procedimiento es contrario a un convenio arbitral - Convención de Nueva York)
   (2009/C 82/06)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   House of Lords
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Allianz SpA, anteriormente Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA

      Demandada: West Tankers Inc.
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — House of Lords — Interpretación del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1) — Facultad de un tribunal de un Estado miembro de ordenar a una parte no entablar o cesar toda actuación en un procedimiento judicial en otro Estado miembro, por considerar que dicho procedimiento va en contra de un pacto de arbitraje.
   Fallo
   La adopción, por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, de una orden conminatoria cuyo objeto consiste en prohibir a una persona entablar o proseguir un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro, por considerar que tal procedimiento es contrario a un convenio arbitral, es incompatible con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

      (1)  DO C 155 de 7.7.2007.