title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de mayo de 2003 en el asunto C-122/01 P: T. Port GmbH & Co. KG contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de casación — Plátanos — Organización común de mercados — Reglamento (CE) n° 478/95 — Régimen de certificados de exportación — Recurso de indemnización — Prueba del daño y de la relación de causalidad")

text:
21.6.2003                 ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                   C 146/9
2)     El valor calorífico de los residuos sometidos a incineración no es                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
       un criterio pertinente a efectos de determinar si esta operación
       constituye la operación de eliminación a que se refiere el epígrafe                                   (Sala Sexta)
       D 10 del anexo II A de la Directiva 75/442 o la operación de
       valorización mencionada en el epígrafe R 1 del anexo II B de
       ésta. Los Estados miembros pueden definir criterios de distinción                              de 8 de mayo de 2003
       a estos efectos, a condición de que sean conformes a los criterios
       establecidos por dicha Directiva.                                       en el asunto C-171/01 (Petición de decisión prejudicial
                                                                               planteada por el Verfassungsgerichtshof): Wählergruppe
( 1) DO C 161 de 2.6.2001.                                                     «Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative und Grüne
                                                                                GewerkschafterInnen/UG» (1)
                                                                               («Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Libre circulación
                                                                               de los trabajadores — Artículo 10, apartado 1, de la Decisión
                                                                               no 1/80 del Consejo de Asociación — Principio de no
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   discriminación en lo que respecta a las condiciones de trabajo
                                                                               — Efecto directo — Alcance — Legislación de un Estado
                                                                               miembro que excluye la elegibilidad de los trabajadores
                               (Sala Sexta)
                                                                                turcos a las Cámaras de trabajadores»)
                        de 8 de mayo de 2003
                                                                                (2003/C 146/15)
en el asunto C-122/01 P: T. Port GmbH & Co. KG contra
          Comisión de las Comunidades Europeas (1)                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
(«Recurso de casación — Plátanos — Organización común                          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
de mercados — Reglamento (CE) n o 478/95 — Régimen de                               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
certificados de exportación — Recurso de indemnización —
         Prueba del daño y de la relación de causalidad»)
                            (2003/C 146/14)                                    En el asunto C-171/01, que tiene por objeto una petición
                                                                               dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                           por el Verfassungsgerichtshof (Austria), destinada a obtener,
                                                                               en el procedimiento incoado ante dicho órgano jurisdiccional
                                                                               por Wählergruppe «Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                               und Grüne GewerkschafterInnen/UG», en el que intervienen:
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                               Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Kammer für Arbei-
                                                                               ter und Angestellte für Vorarlberg, Wählergruppe «Vorarlber-
                                                                               ger Arbeiter- und Angestelltenbund (ÖAAB) — AK-Präsident
En el asunto C-122/01 P, T. Port GmbH & Co. KG, con                            Josef Fink», Wählergruppe «FSG — Walter Gelbmann —
domicilio social en Hamburgo (Alemania), representada por el                   mit euch ins nächste Jahrtausend/Liste 2», Wählergruppe
Sr. G. Meier, Rechtsanwalt, que tiene por objeto un recurso de                 «Freiheitliche und parteifreie Arbeitnehmer Vorarlberg —
casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal               FPÖ», Wählergruppe «Gewerkschaftlicher Linksblock» y
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala                         Wählergruppe «NBZ — Neue Bewegung für die Zukunft», una
Quinta) el 1 de febrero de 2001, en el asunto T. Port/Comisión                 decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 10,
(T-1/99, Rec. p. II-465), por el que se solicita que se anule                  apartado 1, de la Decisión no 1/80, de 19 de septiembre de
parcialmente dicha sentencia, y en el que la otra parte en el                  1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el
procedimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas                         Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación
(agentes: Sres. K.-D. Borchardt y M. Niejahr), el Tribunal de                  entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, el Tribunal
Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet,                  de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet,
Presidente de Sala, y los Sres. R. Schintgen (Ponente) y                       Presidente de Sala, y los Sres. R. Schintgen (Ponente) y
V. Skouris y las Sras. F. Macken y N. Colneric, Jueces;                        V. Skouris, la Sra. F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues,
Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. M.-F. Contet,                  Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra.
administradora principal, ha dictado el 8 de mayo de 2003                      M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 8 de mayo
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                      de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)     Desestimar el recurso de casación.                                      El artículo 10, apartado 1, de la Decisión n o 1/80, de 19 de sep-
                                                                               tiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada
2)     Condenar en costas a T. Port GmbH & Co. KG.                             por el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación
                                                                               entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, ha de interpretarse
( 1) DO C 161 de 2.6.2001.                                                     en el sentido de que:
                                                                               —      esta disposición tiene efecto directo en los Estados miembros, y


title: Archivo del asunto T-18/94

text:
11 . 11 . 95           ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                               N° C 299/21
               Archivo del asunto T-555 /93 (M                      3 ) El Reino de España cargará con sus propias costas.
                          ( 95/C 299/42 )
                                                                    (') DO n° C 43 de 12 . 2 . 1994 .
              (Lengua de procedimiento : inglés)
Mediante auto de 9 de agosto de 1995 , el Presidente del
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Euro
                                                                                Archivo del asunto T-15/94 (')
peas ha decidido archivar el asunto T-555/93 , David Alwyn
Jones contra Comisión de las Comunidades Europeas .                                         ( 95/C 299/44 )
(') DO n° C 338 de 15 . 12 . 1993 .                                              (Lengua de procedimiento : francés)
                                                                    Mediante auto de 12 de septiembre de 1995 , el Presidente de
                                                                    la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                    Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
                                                                    T- 15/94 , Dimitrios Benecos contra Comisión de las Comu
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                           nidades Europeas .
                          ( Sala Primera )                          (') DO n" C 76 de 12 . 3 . 1994 .
                    de 9 de agosto de 1995
en el asunto T-585/93 , Stichting Greenpeace Council
( Greenpeace International ) y otros contra Comisión de las
                  Comunidades Europeas ( ] )
                                                                                Archivo del asunto T-18/94 ( )
                        (Inadmisibilidad)
                                                                                ( 95/C 299/45 )
                          ( 95/C 299/43 )
                                                                                (Lengua de procedimiento : francés)
              (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                    Mediante auto de 12 de septiembre de 1995 , el Presidente de
En el asunto T-585/93 , Stichting Greenpeace Council                la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
( Greenpeace International ), Domingo Viera Gonzáles,               Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
Pablo Guedes García, José Ignacio Trojaola Chavez, Aurora           T-18/94 , Dimitrios Benecos contra Comisión de las Comu
González González, Pedro Melián Castro, Caridad Sánchez             nidades Europeas .
Artiles, José Juan Melián Melián, Carmen Guadalupe
Gómez Castro, Clara Dónate Hernández, Balbina Martín                (') DO n" C 76 de 12 . 3 . 1994 .
Espínola , José Hernández Morín , Germán Peña Hernández,
Antonio Cabrera Expósito , Valentín Hernández Vaquero ,
Peter Reinhard , Julio González Domínguez, Tagoror Eco
logista Alternativo y Comisión Canaria contra la contami
nación, representados por los Sres . Philippe Sands y Mark                         Archivo del asunto T-19/94 (')
Hoskins, Barristers, Abogados de Inglaterra y del País de
Gales , mandatados por Leigh, Day & Co ., Solicitors, que                                   ( 95/C 299/46 )
designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mc
Jean-Paul Noesen , 18 , rué des Glacis, contra Comisión de                       (Lengua de procedimiento: francés)
las Comunidades Europeas ( Agente : Sr . David Gilmour ),
apoyada por Reino de España ( Agentes : Sr . Alberto Navarro        Mediante auto de 12 de septiembre de 1995 , el Presidente de
González y Sra . Gloria Calvo Díaz ), que tiene por objeto la       la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
anulación de la Decisión de la Comisión, supuestamente              Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
adoptada entre el 7 de marzo de 1991 y el 29 de octubre de          T-19/94 , Dimitrios Benecos contra Comisión de las Comu
 1 993 , de pagar al Reino de España unos 1 1 a 12 millones de      nidades Europeas.
ecus en aplicación de la Decisión C(91 ) 440 relativa a la
ayuda concedida por el Fondo Europeo de Desarrollo                  (') DO n" C 76 de 12 . 3 . 1994 .
Regional para la construcción de dos centrales eléctricas en
 las islas Canarias ( Gran Canaria y Tenerife ), el Tribunal de
Primera Instancia ( Sala Primera ), integrado por los Sres .:
J. L. Cruz Vilaça , Presidente; A. Kalogeropoulos y Sra . V.
Tiili, Jueces ; Secretario : Sr . H. Jung; ha dictado el 9 de                      Archivo del asunto T-69/94 ( )
 agosto de 1995 un auto resolviendo lo siguiente :                                           ( 95/C 299/47)
 1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso .                                 (Lengua de procedimiento: francés)
 2 ) Se condena en costas solidariamente a las partes                Mediante auto de 12 de septiembre de 1 995 , el Presidente de
      demandantes .                                                  la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las


title: Asunto C-210/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht (Alemania) el 3 de mayo de 2012 — Sumitomo Chemical Co. Ltd

text:
               14.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht (Alemania) el 3 de mayo de 2012 — Sumitomo Chemical Co. Ltd
   (Asunto C-210/12)
   2012/C 209/06
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundespatentgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante y Recurrente: Sumitomo Chemical Co. Ltd

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, (1) en el sentido de que la autorización vigente con arreglo al artículo 8, apartado 4, de la Directiva 91/414/CEE no obsta la concesión de un certificado complementario de protección?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿exige el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1610/96 que la autorización aún esté en vigor en la fecha de la solicitud del certificado?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1610/96 en el sentido de que la solicitud también podrá presentarse antes del inicio del plazo previsto en esta disposición?

      (1)  DO L 198, p. 30.


title: Asunto T-171/12: Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2014 — Peri/OAMI (Forma de un tensor de rosca) [«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria tridimensional — Forma de un tensor de rosca — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009»]

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/36

      Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2014 — Peri/OAMI (Forma de un tensor de rosca)
      (Asunto T-171/12) (1)

      ([«Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria tridimensional - Forma de un tensor de rosca - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
      (2014/C 395/43)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Partes

         Demandante: Peri GmbH (Weißenhorn, Alemania) (representante: J. Dönch, abogada)

         Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Walicka, agente)

         Objeto

      Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 26 de enero de 2012 (asunto R 1209/2011-1), relativa a una solicitud de registro como marca comunitaria de un signo tridimensional constituido por la forma de un tensor de rosca.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  Condenar en costas a Peri GmbH.

         (1)  DO C 184, de 23.6.2012.


title: Recurso interpuesto el 3 de junio de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la sociedad Aéroports de Paris (ADP) (Asunto T-128/95)

text:
12. 8 . 95          PI                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                               N° C 208/35
producido en el marco de procedimientos de atribución de           — Condene en costas a la Comisión .
contratos públicos llamados a recibir una importante
financiación comunitaria , que constituyen por añadidura el        Motivos y principales alegaciones
requisito necesario para su realización.
                                                                   Los motivos y alegaciones son idénticos a los invocados en el
En cuanto al fondo, la demandante alega los siguientes             asunto T-126/95 .
motivos :
a ) Falta de motivación : La demandante considera que la
     decisión impugnada no ha sido motivada conforme a los
     requisitos del artículo 190 del Tratado CE.
                                                                   Recurso interpuesto el 3 de junio de 1995 contra la
b ) Infracción del artículo 155 del Tratado CE: La deman          Comisión de las Comunidades Europeas por la sociedad
     dante considera que al abstenerse de actuar en el caso de                      Aéroports de París (ADP)
     autos, la Comisión ha incumplido la misión de velar por                           (Asunto T-128/95 )
     la aplicación del Derecho comunitario por parte de
     Grecia , que le impone el artículo 155 del Tratado .                                  ( 95/C 208/73 )
     Error de Derecho y error manifiesto de apreciación : La                   (Lengua de procedimiento: francés)
     demandante sostiene que la Comisión ha cometido , bien
     un error de Derecho, si ha considerado que no procedía        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     demandar al Estado griego debido a que no existe              Europeas se ha presentado el 3 de junio de 1995 un recurso
     infracción del Derecho comunitario, o un error mani          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
     fiesto de apreciación, si ha considerado que estas            lado por la sociedad Aéroports de Paris ( ADP ), con
     infracciones no eran suficientes para justificar la aper     domicilio en París, representada por Me Hugues Calvet,
     tura de un procedimiento por incumplimiento contra la         Abogado de París, que designa como domicilio en Luxem
     República Helénica . En efecto, subraya que es difícil       burgo el despacho de Me Aloyse May, 31 , Grand Rué .
     mente discutible que el principio de igualdad de trato
     entre licitadores ha sido violado de múltiples maneras y
                                                                   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
     que las autoridades griegas han conculcado manifiesta
                                                                   Instancia que:
     mente las disposiciones de los artículos 30 y 59 del
     Tratado CE, así como las Directivas del Consejo               — Anule la Decisión de la Comisión de 29 de marzo de
     relativas a la adjudicación de los contratos públicos .           1995 conforme a la cual ha renunciado a ejercitar
                                                                       acciones judiciales contra la República Helénica por
                                                                       incumplimiento del Derecho comunitario en la adjudi
                                                                       cación del contrato público del aeropuerto de Atenas.
Recurso interpuesto el 5 de junio de 1995 contra la                — Con carácter subsidiario, declare la omisión de la
Comisión de las Comunidades Europeas por la Société                    Comisión .
                  Auxiliaire d'Entreprises SAE
                      ( Asunto T-127/95 )                          — Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las
                                                                       costas en que incurra ADP en el marco del presente
                          95/C 208/72 )                                recurso de anulación .
              (Lengua de procedimiento: francés)                   Motivos y principales alegaciones
 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades            Los motivos y alegaciones son similares a los invocados en el
 Europeas se ha presentado el 5 de junio de 1995 un recurso        asunto T-126/95 .
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
 lado por la Société Auxiliaire d'Entreprises SAE, con
 domicilio en Issy-les Moulineaux ( Francia ), representada
 por Mc Alexandre Carnelutti, Abogado de París.
 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera               Recurso interpuesto el 9 de junio de 1995 contra la
 Instancia que :                                                   Comisión de las Comunidades Europeas por Lars Bo
                                                                                Rasmussen
— Anule la Decisión de la Comisión de 29 de marzo de                                    ( Asunto T-130/95 )
      1995 .
                                                                                ( 95/C 208/74 )
 — Con carácter subsidiario, declare que la Comisión se ha
     abstenido ¡legalmente de iniciar un procedimiento por                      (Lengua de procedimiento: francés)
     incumplimiento contra el Gobierno griego como conse
     cuencia de las infracciones graves y reiteradas del            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     Derecho comunitario que ha cometido en el marco del            Europeas se ha presentado el 9 de junio de 1995 un recurso
     procedimiento de adjudicación de la concesión del             contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
     futuro aeropuerto de la ciudad de Atenas.                      lado por Lars Bo Rasmussen, con domicilio en Dalheim


title: Asunto T-575/11: Auto del Tribunal General de 2 de abril de 2014 — Inaporc/Comisión ( «Ayudas de Estado — Acciones llevadas a cabo por un comité interprofesional nacional porcino — Financiación por medio de cotizaciones voluntarias que se convirtieron en obligatorias — Decisión por la que se declara el régimen de ayuda compatible con el mercado interior — Revocación de la decisión — Sobreseimiento» )

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/28

         Auto del Tribunal General de 2 de abril de 2014 — Inaporc/Comisión
   (Asunto T-575/11) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Acciones llevadas a cabo por un comité interprofesional nacional porcino - Financiación por medio de cotizaciones voluntarias que se convirtieron en obligatorias - Decisión por la que se declara el régimen de ayuda compatible con el mercado interior - Revocación de la decisión - Sobreseimiento»))
   2014/C 184/48
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Interprofession nationale porcine (Inaporc) (París, Francia) (representantes: H. Calvet, Y. Trifounovitch y C. Rexha, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente, B. Stromsky y S. Thomas, posteriormente B. Stromsky, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación contra la Decisión C(2011) 4376 final de la Comisión, de 29 de junio de 2011, relativa a la ayuda de Estado NN 10/2010 — Francia — Tasa destinada a financiar un comité interprofesional nacional porcino.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el presente recurso.

               2

               Condenar en costas a la Comisión Europea.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.


               29.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 357/30

         Petición de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por el Fürstlicher Oberster Gerichtshof de Liechtenstein, con fecha 9 de julio de 2015, en el asunto Franz-Josef Hagedorn contra Vienna-Life Lebensversicherung AG
   (Asunto E-15/15)
   (2016/C 357/10)
   Mediante carta de 9 de julio de 2015, recibida en la Secretaría del Tribunal el 9 de julio de 2015, el Fürstlicher Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de Liechtenstein) solicitó al Tribunal de la AELC un dictamen consultivo en el asunto Franz-Josef Hagedorn contra Vienna-Life Lebensversicherung AG, sobre las preguntas siguientes:

               1.

               ¿Debe interpretarse el artículo 36, apartado 2, de la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, en el sentido de que la obligación de facilitar la información a la que se hace referencia en dicho artículo y en el anexo III.A.a.11 y a.12 y B.b.2 para las pólizas de seguros de vida en unidades de cuenta debe cumplirse también en el caso de una persona que, mediante un acto jurídico, adquiere una póliza de seguro de vida en unidades de cuenta a otra persona con el acuerdo previo del asegurador mediante la transferencia del contrato («pólizas de segunda mano»)?

         En el caso de que el Tribunal responda afirmativamente a la primera pregunta, se plantean también las siguientes preguntas adicionales:

               2. a)

               ¿Debe interpretarse el artículo 36, apartado 2, de la Directiva 2002/83/CE, sobre el seguro de vida, en el sentido de que, en el caso de que una póliza de seguro de vida en unidades de cuenta sea adquirida mediante un acto jurídico, solo debe presentarse información general al nuevo tomador, o el asegurador también debe facilitar al nuevo tomador información específica relativa al producto de seguro que va a adquirir, en particular por lo que respecta a posibles diferencias en los perfiles de riesgo o de inversión del tomador existente y del cesionario?

         En el supuesto de que la respuesta a la pregunta 2.(a) sea negativa, se plantea la siguiente pregunta:

               2. b)

               ¿Debe facilitarse al tomador información específica sobre el contrato relativa al producto de seguro que este va a adquirir en caso de que el titular actual de la póliza sea una empresa, mientras que el tomador del contrato es una persona física o un consumidor?

         En el supuesto de que la respuesta a la pregunta 2.(b) sea negativa, se plantea la siguiente pregunta:

               2. c)

               ¿Debe facilitarse al tomador información específica sobre el contrato relativa al producto de seguro que este va a adquirir en caso de que el cesionario de la póliza no hubiese facilitado la información sobre el producto en cuestión debido, por ejemplo, a que no haya comunicado al asegurador la información necesaria para evaluar su perfil de riesgo o el del inversor?

               3.

               ¿Están las disposiciones sobre las obligaciones del asegurador en virtud del anexo III.B.b.2 de la Directiva 2002/83/CE, sobre el seguro de vida, incorporadas efectivamente en la legislación nacional, aun cuando esta disponga, en el anexo 4(II)(2) de la Ley de Supervisión de los Seguros (Versicherungsaufsichtsgesetz), en el caso de los seguros de vida en unidades de cuenta que, durante el período de vigencia de un contrato de seguros, debe facilitarse información sobre las unidades subyacentes a la póliza de seguros y la naturaleza de los activos que contiene únicamente cuando la modificación de la citada información se derive de modificaciones de la ley y no en caso de modificación de las cláusulas de la póliza (anexo III.B.b.2 de la Directiva 2002/83/CE)?


title: Asunto T-722/13: Recurso interpuesto el 31 de diciembre de 2013 — The Directv Group/OAMI — Bolloré (DIRECTV)

text:
               14.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/39

         Recurso interpuesto el 31 de diciembre de 2013 — The Directv Group/OAMI — Bolloré (DIRECTV)
   (Asunto T-722/13)
   2014/C 112/52
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Estados Unidos de América) (representante: F. Valentin, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Francia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 25 de octubre de 2013 dictada en el asunto R 1960/2012-2.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de caducidad: La marca figurativa que incluye el elemento denominativo «DIRECTV» para productos y servicios de las clases 9, 38 y 41 — Solicitud de marca comunitaria no 100 750

      Titular de la marca comunitaria: La parte demandante

      Parte que solicita la caducidad de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Resolución de la División de Anulación: Declaración de caducidad parcial del registro de la marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución recurrida y declaración de caducidad total de la marca comunitaria

      Motivos invocados: Infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria.


title: Asunto F-143/15: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de julio de 2016 — Dietrich/Parlamento (Función pública — Agente contractual — Rescisión anticipada del contrato — Fecha de expiración del preaviso — Suspensión del preaviso — Nueva fecha de expiración del preaviso — Acto no lesivo — Reclamación extemporánea — Excepción de inadmisibilidad — Inadmisibilidad manifiesta — Artículo 83 del Reglamento de Procedimiento)

text:
               3.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 364/57

      Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de julio de 2016 — Dietrich/Parlamento
      (Asunto F-143/15) (1)

      ((Función pública - Agente contractual - Rescisión anticipada del contrato - Fecha de expiración del preaviso - Suspensión del preaviso - Nueva fecha de expiración del preaviso - Acto no lesivo - Reclamación extemporánea - Excepción de inadmisibilidad - Inadmisibilidad manifiesta - Artículo 83 del Reglamento de Procedimiento))
      (2016/C 364/74)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: Constant Dietrich (Pfulgriesheim, Francia) (representante: A. Fombaron, abogada)

         Demandada: Parlamento Europeo (representantes: L. Deneys y E. Taneva, agentes)

         Objeto

      Anulación de la resolución desestimatoria de la reclamación del demandante que perseguía la anulación de la resolución de rescisión anticipada de su contrato en el Parlamento Europeo.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso como manifiestamente inadmisible.

                  2)

                  El Sr. Constant Dietrich cargará con sus propias costas y con las soportadas por el Parlamento Europeo.

         (1)  DO C 68 de 22.2.2016, p. 45.


title: Asunto T-69/00: Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2000 contra Comisión de las Comunidades Europeas por Fiamm Spa y Fiamm Technologies Inc.

text:
C 135/30                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       13.5.2000
— Existencia en el caso de autos de un error manifiesto de                   que el Órgano de Vigilancia de la AELC era el único
    apreciación.                                                            competente en esta materia, lo que es contrario al artı́culo
                                                                             56 del Acuerdo EEE. Las pruebas documentales obtenidas
                                                                             sobre la base de una decisión ilegal deberı́an haber
                                                                             sido excluidas del procedimiento. En segundo lugar, la
                                                                             Comisión no deberı́a haber utilizado las pruebas documen-
                                                                             tales ya que se basa en ellas como si hubieran sido
Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2000 contra la                         obtenidas en nombre del Órgano de Vigilancia de la AELC,
Comisión de las Comunidades Europeas por Nippon Steel                       que realizó una investigación con un propósito diferente
                            Corporation                                      al del procedimiento de la Comisión.
                         (Asunto T-68/00)                                — Con carácter secundario, la multa ha de ser anulada
                                                                             o, como mı́nimo, reducida sustancialmente, entre otras
                          (2000/C 135/52)                                    razones porque la Comisión cometió un error fáctico al
                                                                             calcular la duración de la supuesta infracción. La Comisión
                                                                             sostiene que en vista de los acuerdos de restricción
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                         voluntaria CE-Japón, sólo toma en consideración la infrac-
                                                                             ción a partir de 1990. Sin embargo, la Comisión cometió
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                       un error de hecho ya que los acuerdos de restricción
Europeas se ha presentado el 23 de marzo de 2000 un recurso                  voluntaria expiraron el 31 de diciembre de 1990 y, por
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                    tanto, cubrieron la totalidad del año 1990.
por Nippon Steel Corporation, con domicilio social en Tokio,
representada por los Sres. Jean-François Bellis y Kris Van Hove.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
— Anule la Decisión de la Comisión de 8 de diciembre de
    1999 relativa a un procedimiento de aplicación del artı́culo        Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2000 contra
    81 del Tratado CE (Asunto IV/E-35.860 B — tubos de                   Comisión de las Comunidades Europeas por Fiamm Spa y
    acero sin soldadura) en la medida en que atañe a la                                    Fiamm Technologies Inc.
    demandante.
                                                                                (Asunto T-69/00)
— Anule o, como mı́nimo, reduzca la cuantı́a de la multa
    impuesta a la demandante.                                                                     (2000/C 135/53)
— Condene en costas a la Comisión.
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
Motivos y principales alegaciones
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
En la Decisión de 8 de diciembre de 1999, la Comisión impuso           Europeas se ha presentado el 23 de marzo de 2000 un recurso
una multa a la demandante al imputarle que habı́a participado            contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
en un supuesto acuerdo, contrario al artı́culo 81, apartado 1,           por Fiamm Spa y Fiamm Technologies Inc., representadas por
del Tratado CE, para restringir la venta de tubos OCTG y                 Me Ivo Van Bael, Abogado de Bruselas, y por el Sr. Andrea
tuberı́as estándar sin soldadura en Alemania, Italia, Francia y         Cevese, Abogado de Vicenza, y el Sr. Fabrizio Di Gianni,
el Reino Unido. La demandante formula tres alegaciones:                  Abogado de Roma.
— La Comisión no ha demostrado la existencia de la infrac-
    ción imputada en lo que se refiere a la demandante. El              Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
    análisis de la Comisión es erróneo en la medida en que no         Instancia que:
    toma en consideración la intensa competencia practicada
    por la demandante en el mercado offshore británico ni los           — Reconozca el derecho de Fiamm a la indemnización del
    importantes obstáculos a la entrada de los productos                    perjuicio ocasionado por la Comunidad Europea y lo
    pertinentes originarios de Japón en los mercados onshore                cuantifique en LIT 20 835 811 027,16 o en otra cantidad
    europeos. Además, las pruebas documentales invocadas                    considerada razonable, y, sin perjuicio de su precisión
    por la Comisión no apoyan su conclusión de que existı́a                mientras perdure la obligación del pago de derechos de
    un acuerdo y aun menos la de que la demandante                           aduana extraordinarios, más los intereses al tipo legal
    participaba en él.                                                       italiano calculados a partir del momento del pago efectivo
                                                                             del 96,5 % de los derechos de aduana extraordinarios
— La Decisión impugnada es ilegal porque la Comisión se                    por parte de Fiamm a la Administración de Aduanas
    basó en pruebas obtenidas y utilizadas ilegalmente. En                  estadounidense, hasta el pago del saldo, más los intereses
    primer lugar, la decisión de 25 de noviembre de 1994, que               de demora del 8 %, según reiterada jurisprudencia comuni-
    autorizó las inspecciones de los dı́as 1 y 2 de diciembre de            taria, en caso de retraso del pago de la suma requerida
    1994, era ilegal porque facultaba a agentes de la Comisión              después de haberse pronunciado la sentencia de condena a
    para efectuar su propia inspección siendo ası́ que reconocı́a           la indemnización del perjuicio.
 ---pagebreak--- 13.5.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 135/31
— Condene en costas a la Comunidad Europea.                              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         que:
— Adopte cualesquiera otras medidas o providencias que se
    revelen necesarias en base al principio de equidad.                  — Con carácter principal, anule la decisión del «Steering
                                                                              Committee», según consta en la nota del Sr. I. Boag, de
                                                                              28 de enero de 2000, por la que se adscribe al demandante
Motivos y principales alegaciones                                             en Bruselas, a su DG de origen.
                                                                         — Con carácter subsidiario, conceda al demandante una
Las demandantes en el presente recurso, que desempeñan
                                                                              indemnización del perjuicio moral irrogado y estime dicho
actividades en el sector de los acumuladores y de los acumula-
                                                                              perjuicio, provisionalmente, ex aequo et bono, en 1 EURO.
dores mediante tracción eléctrica que exportan a los Estados
Unidos de América, pretenden obtener la reparación de los               — Condene en costas a la parte demandada.
perjuicios por ellas sufridos como consecuencia de determina-
das medidas de retorsión comercial adoptadas por dicho
Estado que han afectado al mencionado sector. A este respecto,           Motivos y principales alegaciones
recuerdan que el 9 de setiembre de 1997, el Órgano de
Apelación de la OMC determinó que diversas medidas adopta-
                                                                         La demandante, adscrita a la Delegación de la Comisión en
das por el régimen comunitario de importación de plátanos
                                                                         Rumania, impugna la decisión mediante la que se la reasigna a
eran contrarias al GATT 1994 (Acuerdo General sobre Arance-
                                                                         la sede de Bruselas, en el marco del ejercicio de rotación 2000.
les Aduaneros y Comercio), y al GATS (Acuerdo General sobre
                                                                         Alega que la decisión controvertida adolece de múltiples
el Comercio de Servicios), recomendando simultáneamente a
                                                                         ilegalidades, por cuanto:
la Comunidad que cumpliera las obligaciones derivadas de
dichos Acuerdos. Como consecuencia de esta condena, los                  — No está motivada.
Estados Unidos de América aplicaron a las importaciones de
acumuladores estacionarios derechos de aduana equivalentes               — Fue adoptada sin observar el procedimiento aplicable a las
al 100 % de su valor, a partir del 3 de marzo de 1999.                        decisiones sobre rotación, y
En apoyo de sus pretensiones, las demandantes alegan que:                — Conculcó sus derechos de información y de audiencia
                                                                              previa.
— Las medidas de retorsión de que se trata son la consecuen-
    cia directa del mantenimiento de un régimen normativo ya
    reconocido como ilegal por la OMC.
— En el caso de autos ha de comprobarse una violación
    caracterizada de determinadas normas superiores protecto-
    ras de los particulares, como los principios «pacta sunt             Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2000 contra la
    servanda», de la confianza legı́tima y de la seguridad               Comisión de las Comunidades Europeas por Augusto
    jurı́dica, los derechos de propiedad y de libertad de ejercicio                                   Fichtner
    de una actividad económica, ası́ como el principio de
    buena administración.                                                                       (Asunto T-75/00)
                                                                                (2000/C 135/55)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2000 contra la                     En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Comisión de las Comunidades Europeas por Steffen                        Europeas se ha presentado el 31 de marzo de 2000 un recurso
                             Skovmand                                    contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                         por el Sr. Augusto Fichtner, representado por el Sr. Vincenzo
                         (Asunto T-72/00)                                Salvatore, Abogado de Pavı́a.
                                                                         El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                          (2000/C 135/54)
                                                                         — Declare ilegı́tima y, en consecuencia, anule la decisión
                                                                              impugnada, por ser ésta manifiestamente infundada res-
                  (Lengua de procedimiento: francés)                          pecto a los hechos y desde el punto de vista jurı́dico.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   — Condene a la Comisión a indemnizar los daños morales y
Europeas se ha presentado el 28 de marzo de 2000 un recurso                   materiales, que se calculan en este momento en un importe
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                     no inferior a 50 000 euros y cuya determinación concreta
por Steffen Skovmand, con domicilio en Bucarest, represen-                    se deja, por lo que se respecta a la cuantı́a exacta, a la
tado por Me Georges Vandersanden, Abogado de Bruselas.                        prudente apreciación del Tribunal de Primera Instancia.


title: Asunto C-154/03: Recurso interpuesto el 3 de abril de 2003 contra Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 146/28                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            21.6.2003
4)    El Tribunal de Primera Instancia vulneró el derecho a la            resolución de la Cour de cassation del Gran Ducado de
      tutela judicial efectiva.                                           Luxemburgo, dictada el 6 de marzo de 2003, en el asunto
                                                                          entre Caisse nationale des prestations familiales y Ursula
                                                                          Weide, esposa de Schwarz, y recibida en la Secretaría del
( 1) DO C 79 de 10.3.2001, p. 23.
( 2) DO C 79 de 10.3.2001, p. 24.                                         Tribunal de Justicia el 3 de abril de 2003. La Cour de cassation
( 3) DO C 3 de 5.1.2002, p. 39.                                           del Gran Ducado de Luxemburgo solicita al Tribunal de Justicia
( 4) DO C 3 de 5.1.2002, p. 45.                                           que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                                                                          1)     ¿Debe interpretarse el artículo 76 del Reglamento (CEE)
                                                                                no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo
                                                                                a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los
                                                                                trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                        cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de
lución del Oberlandesgericht München —Zivilsenate in                             la Comunidad (1) en el sentido de que se refiere única-
Augsburg—, de fecha 27 de marzo de 2003, en el                                   mente al supuesto en que el trabajador migrante tiene
asunto entre Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG y                            derecho a prestaciones familiales en virtud de la legisla-
           Portbridge Transport International B.V.                               ción del Estado en que realiza su actividad laboral y en
                                                                                virtud de la legislación del Estado de residencia de los
                        (Asunto C-148/03)                                        miembros de su familia?
                         (2003/C 146/46)
                                                                          2)     En caso de respuesta afirmativa a dicha cuestión, ¿pueden
                                                                                los organismos del Estado donde se realiza la actividad
                                                                                laboral proceder a la suspensión del derecho a las
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                        prestaciones familiares si consideran que la negativa a
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                      conceder las prestaciones familiares en el Estado de
resolución del Oberlandesgericht München —Zivilsenate in                         residencia no es conforme con el Derecho comunitario?
Augsburg—, dictada el 27 de marzo de 2003, en el asunto
entre Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG y Portbridge
Transport International B.V., y recibida en la Secretaría del             3)     En el supuesto de que la primera cuestión se responda en
Tribunal de Justicia el 31 de marzo de 2003. El Oberlandesge-                    sentido negativo, ¿permite el artículo 76, antes citado,
richt München —Zivilsenate in Augsburg— solicita al Tribunal                     que el Estado donde se realiza la actividad laboral aplique
de Justicia, con arreglo al artículo 3 del Protocolo de 3 de junio               la regla de no acumulación de las prestaciones en el caso
de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia                 de que el cónyuge del trabajador migrante perciba, en
del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968,                            virtud de la legislación del Estado de residencia de los
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resolucio-                miembros de la familia, prestaciones familiales de la
nes judiciales en materia civil y mercantil, que se pronuncie                    misma naturaleza o tenga derecho a su percepción?
sobre la siguiente cuestión:
                                                                          (1 ) en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CEE)
¿Las normas de atribución de competencia de otros convenios                    no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6;
gozan de prioridad frente a las normas generales de atribución                 EE 05/03, p. 53).
de competencia del Convenio de Bruselas si el demandado que
tiene su domicilio en el territorio de un Estado contratante del
Convenio de Bruselas y es demandado ante un órgano
jurisdiccional de otro Estado contratante no formula alegacio-
nes sobre el fondo en el procedimiento de que conoce dicho
órgano jurisdiccional?
                                                                          Recurso interpuesto el 3 de abril de 2003 contra Irlanda
                                                                                por la Comisión de las Comunidades Europeas
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
lución de la Cour de cassation del Gran Ducado de                                                 (Asunto C-154/03)
Luxemburgo, de fecha 6 de marzo de 2003, en el asunto
entre Caisse nationale des prestations familiales y Ursula
                   Weide, esposa de Schwarz                                                        (2003/C 146/48)
                        (Asunto C-153/03)
                         (2003/C 146/47)                                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 3 de abril de 2003 un recurso contra Irlanda
                                                                          formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido            representada por la Sra. Karen Banks, en calidad de agente, que
sometida una petición de decisión prejudicial mediante                    designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 21.6.2003              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 146/29
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
1)    Declare que Irlanda no ha cumplido las obligaciones que
      le incumben en virtud de la Directiva 1999/36/CE del              —    Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera
      Consejo, de 29 de abril de 1999, sobre equipos a presión               Instancia el 28 de enero de 2003 en el asunto Servier,
      transportables (1) y de la Directiva 2001/2/CE de la                   T-147/00.
      Comisión, de 4 de enero de 2001, por la que se adapta
      esta última Directiva al progreso técnico (2), al no haber
                                                                        —    Condene en costas a los recurridos.
      adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
      nistrativas necesarias para dar cumplimiento a dichas
      Directivas o, en cualquier caso, al no haber comunicado
      tales disposiciones a la Comisión.
2)    Condene a Irlanda al pago de las costas del presente              Motivos y principales alegaciones
      procedimiento.
                                                                        a)   Error de interpretación esencial de la división de poderes
Motivos y principales alegaciones                                            En primer lugar, la recurrente alega que de la apreciación
                                                                             que se efectúa en la sentencia recurrida se desprende
                                                                             claramente que el Tribunal de Primera Instancia ha
El artículo 249 CE, a tenor del cual la directiva obligará al
                                                                             cometido un error de interpretación esencial de la división
Estado miembro en cuanto al resultado que deba conseguirse,
                                                                             de poderes entre la Comunidad y los Estados miembros
implica la obligación por parte de los Estados miembros de
                                                                             respecto a la armonización relativa a los medicamentos
respetar el plazo para la adaptación del Derecho interno
                                                                             de uso humano en general y al capítulo III de la Directiva
previsto en la directiva. Estos plazos expiraron el 1 de
                                                                             75/319 ( 2) en particular.
diciembre de 2000 y el 1 de julio de 2001, respectivamente,
sin que Irlanda haya aprobado las disposiciones necesarias
para dar cumplimiento a las Directivas aludidas en las conclu-               El Tribunal de Primera Instancia, invocando la sentencia
siones de la Comisión.                                                       Artegodan y otros, T-74/00, considera que el capítulo III
                                                                             de la Directiva 75/139 prevé tanto «la competencia
                                                                             exclusiva de los Estados miembros» como «la competencia
( 1) DO L 138, p. 20.                                                        exclusiva de la Comisión» y que, en consecuencia, es
( 2) DO L 5, p. 4.                                                           preciso determinar si ha tenido lugar «una [transferencia
                                                                             de] competencia de los Estados miembros afectados a la
                                                                             Comunidad».
                                                                             Al adoptar esta posición, el Tribunal de Primera Instancia
                                                                             no comprende que las distintas disposiciones del capí-
                                                                             tulo III de la Directiva 75/319, incluidos los artículos 12
Recurso de casación interpuesto el 4 de abril de 2003 por                    y 15a, que son particularmente pertinentes en este caso,
la Comisión de las Comunidades Europeas contra la                            se basan todas ellas en un sistema de poderes compartidos
sentencia dictada el 28 de enero de 2003 por la Sala                         entre los Estados miembros y la Comunidad. Así, el
Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las                    capítulo III atribuye a los Estados miembros el derecho a
Comunidades Europeas en el asunto T-147/00 promovido                         iniciar ciertos procedimientos para conceder, modificar o
contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Les                       retirar autorizaciones de comercialización e impone a la
                      Laboratoires Servier                                   Comunidad, representada por la Comisión, el deber de
                                                                             armonización mediante decisiones que, a su vez, los
                                                                             Estados miembros tienen que aplicar.
                      (Asunto C-156/03 P)
                         (2003/C 146/49)                                b)   Valoración jurídica basada en una decisión de la Comisión
                                                                             que no constituía el objeto del litigio
                                                                             Con carácter preliminar, la recurrente alega que la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 Decisión C(2000)573 de la Comisión de 9 de marzo de
presentado el 4 de abril de 2003 un recurso de casación                      2000 (la «Decisión de 2000») que fue impugnada en
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                       primera instancia, se basa en el artículo 15a, apartado 1,
representada por los Sres. R. Wainwright y H. Støvlbæk, en                   de la Directiva 75/319. Sin embargo, debe señalarse que,
calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,                     más que interpretar directa y específicamente esta base
contra la sentencia dictada el 28 de enero de 2003 por la Sala               jurídica, el Tribunal de Primera Instancia se limita a
Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las                    examinar la Decisión C(96)3608 final/1 de la Comisión
Comunidades Europeas en el asunto T-147/00 ( 1) promovido                    de 9 de diciembre de 1996 (la «Decisión de 1996») y otras
contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Les                       disposiciones de la Directiva 75/319, interpretando el
Laboratoires Servier.                                                        artículo 15a por pura deducción.


title: Asunto C-235/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona) — Safe Interenvíos, S.A./Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo — Directiva 2005/60/CE — Medidas de diligencia debida con respecto al cliente — Directiva 2007/64/CE — Servicios de pago en el mercado interior)

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona) — Safe Interenvíos, S.A./Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
   (Asunto C-235/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo - Directiva 2005/60/CE - Medidas de diligencia debida con respecto al cliente - Directiva 2007/64/CE - Servicios de pago en el mercado interior))
   (2016/C 156/05)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Audiencia Provincial de Barcelona

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Safe Interenvíos, S.A.

      Demandadas: Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

      Fallo

               1)

               Los artículos 5, 7, 11, apartado 1, y 13 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, en su versión modificada por la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, que, por una parte, permite la aplicación de medidas normales de diligencia debida con respecto a los clientes cuando éstos son entidades financieras cuyo cumplimiento de las medidas de diligencia debida es objeto de supervisión si existen sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido del artículo 7, letra c), de dicha Directiva y, por otra parte, obliga a las entidades y personas sujetas a la citada Directiva a aplicar, en función de su apreciación del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en aquellas situaciones que, por su propia naturaleza, puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido del artículo 13, apartado 1, de esa misma Directiva, como el envío de fondos.
               Además, aun cuando no existan tales sospechas o tal riesgo, el artículo 5 de la Directiva 2005/60, en su versión modificada por la Directiva 2010/78, permite a los Estados miembros adoptar o mantener en vigor disposiciones más estrictas, siempre que tengan como finalidad reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

               2)

               La Directiva 2005/60, en su versión modificada por la Directiva 2010/78, debe interpretarse en el sentido de que las entidades y personas sujetas a la misma no pueden socavar la función de supervisión que las autoridades competentes han de ejercer, con arreglo al artículo 21 de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/111, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, respecto de las entidades de pago, ni pueden sustituir a esas autoridades. La Directiva 2005/60, en su versión modificada por la Directiva 2010/78, debe interpretarse en el sentido de que, si bien una entidad financiera puede, en cumplimiento de la obligación de supervisión que le incumbe con respecto a sus clientes, tener en cuenta las medidas de diligencia debida aplicadas por una entidad de pago con respecto a sus propios clientes, todas las medidas de diligencia debida que adopte deben estar adaptadas al riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

               3)

               Los artículos 5 y 13 de la Directiva 2005/60, en su versión modificada por la Directiva 2010/78, deben interpretarse en el sentido de que una normativa nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, adoptada en aplicación bien del margen de apreciación que el artículo 13 de dicha Directiva deja a los Estados miembros, bien de la competencia contemplada en el artículo 5 de la misma, ha de ser compatible con el Derecho de la Unión, en particular con las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados. Aunque tal normativa nacional, que tiene por objeto luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, persigue un objetivo legítimo capaz de justificar una restricción de las libertades fundamentales y aunque el hecho de presuponer que las transferencias de fondos por parte de una entidad sujeta a dicha Directiva a Estados miembros distintos de aquél en que se halla establecida presentan siempre un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo es adecuado para garantizar la realización de dicho objetivo, esta normativa excede no obstante de lo necesario para alcanzar el objetivo que persigue, en la medida en que la presunción que establece se aplica a todas las transferencias de fondos, sin contemplar la posibilidad de destruir esa presunción en el caso de transferencias de fondos que objetivamente no presenten tal riesgo.

      (1)  DO C 235 de 21.7.2014.


title: Sentencia del Tribunal, de 2 de agosto de 2016, en el asunto E-33/15 — Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia (Incumplimiento de sus obligaciones por un Estado de la AELC/EEE — No aplicación — Directiva 2012/26/UE por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la farmacovigilancia)

text:
               13.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 120/22

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 2 de agosto de 2016
   en el asunto E-33/15
   Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia
   (Incumplimiento de sus obligaciones por un Estado de la AELC/EEE — No aplicación — Directiva 2012/26/UE por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la farmacovigilancia)
   (2017/C 120/10)
   En el asunto E-33/15, Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia — SOLICITUD de una declaración de que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en el punto 15q del capítulo XIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la farmacovigilancia), adaptado al Acuerdo en virtud de su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las medidas necesarias para la aplicación del acto en el plazo prescrito o, en cualquier caso, al no haber informado al Órgano de Vigilancia de la AELC, el Tribunal, integrado por los jueces Carl Baudenbacher, presidente (y juez ponente), Per Christiansen y Páll Hreinsson, dictó sentencia el 2 de agosto de 2016, cuyo fallo es el siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en el punto 15q del capítulo XIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la farmacovigilancia), adaptado al Acuerdo en virtud de su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las medidas necesarias para la aplicación del acto en el plazo prescrito.

               2.

               Condena en costas a Islandia.


title: Asunto C-626/16: Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2016 — Comisión Europea/República Eslovaca

text:
               13.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/9

         Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2016 — Comisión Europea/República Eslovaca
   (Asunto C-626/16)
   (2017/C 078/13)
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: E. Sanfrutos Cano y A. Tokár, agentes)

      Demandada: República Eslovaca

      Pretensiones de la parte demandante

   La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

               1.

               Declare que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C-331/11, Comisión/Eslovaquia, mediante la cual dicho Tribunal declaró que la República Eslovaca había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. (1)

               2.

               Condene a la República Eslovaca a abonar a la Comisión Europea en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea»:

                           a)

                           Una multa coercitiva de 6 793,80 euros por cada día de retraso en la adopción, por la República Eslovaca, de las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C-331/11, Comisión/Eslovaquia, desde la fecha del pronunciamiento de la sentencia en el presente asunto hasta la fecha en la que la República Eslovaca adopte tales medidas.

                           b)

                           Una cantidad a tanto alzado de 743,60 euros al día, con un importe mínimo total de 939 000 euros, por cada día de retraso en la adopción, por la República Eslovaca, de las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C-331/11, Comisión/Eslovaquia, desde el 25 de abril de 2013, día del pronunciamiento de dicha sentencia:

                                       —

                                       hasta la fecha del pronunciamiento de la sentencia en el presente asunto, o

                                       —

                                       hasta la fecha en la que la República Eslovaca adopte tales medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C-331/11, Comisión/Eslovaquia, si tal fecha es anterior a la del pronunciamiento de la sentencia en el presente asunto.

               3.

               Condene en costas a la República Eslovaca.

      Motivos y principales alegaciones

   El 25 de abril de 2013, el Tribunal de Justicia pronunció sentencia en el asunto C-331/11, Comisión/Eslovaquia, en la que declaró que la República Eslovaca había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al haber autorizado la explotación del vertedero de Žilina — Považský Chlmec sin un plan de acondicionamiento y sin que se hubiera adoptado una decisión definitiva sobre la posibilidad de continuar las operaciones con arreglo a un plan de acondicionamiento aprobado.
   La República Eslovaca, durante la fase administrativa previa, declaró su voluntad de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C-331/11, mediante el cierre del vertedero de Žilina — Považský Chlmec y que ya había adoptado algunas medidas en tal sentido.
   Sin embargo, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que, pese a las declaraciones de la República Eslovaca, aún no se habían adoptado las medidas que implica la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C-331/11. Por lo tanto, la Comisión Europea decidió interponer un recurso con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

      (1)  DO 1999, L 182, p. 1.


title: Asunto C-241/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Alemania) el 30 de mayo de 2006 — Lämmerzahl GmbH/Freie Hansestadt Bremen

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Alemania) el 30 de mayo de 2006 — Lämmerzahl GmbH/Freie Hansestadt Bremen
   (Asunto C-241/06)
   (2006/C 212/16)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hanseatisches Oberlandesgericht
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Lämmerzahl GmbH

      Demandada: Freie Hansestadt Bremen
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con la Directiva 89/665/CEE, (1) y en particular con el artículo 1, apartados 1 y 3, que se niegue con carácter general a un licitador el derecho a recurrir la decisión de la entidad adjudicadora relativa a la adjudicación de contratos públicos porque el licitador, de forma culposa, no ha alegado dentro del plazo de reclamación fijado en el Derecho nacional una infracción a la normativa en materia de contratos públicos que afecta a

                           a)

                           la forma de licitación elegida
                           o

                           b)

                           la exactitud del cálculo del importe del contrato público (cálculo manifiestamente erróneo o insuficiente transparencia del cálculo),
                           y que, conforme al importe del contrato correctamente calculado o que deba calcularse correctamente, pueda recurrirse contra otras infracciones a la normativa en materia de contratos públicos que, –apreciadas aisladamente– podrían ser invocadas dentro del plazo establecido?

               2)

               ¿Han de establecerse, en su caso, en el anuncio de licitación otras exigencias en lo que respecta a los datos necesarios para determinar el importe del contrato con objeto de poder deducir, a partir de la normativa en materia de contratos públicos relativas al cálculo del importe del contrato, una exclusión general de la protección jurídica del Derecho primario, aunque el importe del contrato correctamente calculado o que deba calcularse correctamente sobrepase el umbral pertinente?

      (1)  DO L 209, p. 1.


title: Asunto T-27/15: Sentencia del Tribunal General de 5 de julio de 2016 — EMA/Hristov («Recurso de casación — Función pública — Nombramiento — Procedimiento de selección y de nombramiento del director ejecutivo de una agencia de regulación — EMA — Preselección por un comité de preselección — Nombramiento por el Consejo de administración de la EMA — Composición del comité de preselección — Acumulación de funciones de miembro del comité de preselección y de miembro del consejo de administración de la EMA — Imparcialidad»)

text:
               29.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/21

         Sentencia del Tribunal General de 5 de julio de 2016 — EMA/Hristov
   (Asunto T-27/15) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Nombramiento - Procedimiento de selección y de nombramiento del director ejecutivo de una agencia de regulación - EMA - Preselección por un comité de preselección - Nombramiento por el Consejo de administración de la EMA - Composición del comité de preselección - Acumulación de funciones de miembro del comité de preselección y de miembro del consejo de administración de la EMA - Imparcialidad»))
   (2016/C 314/29)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Partes

      Demandante: Agencia Europea de Medicamentos (representantes: inicialmente J. Currall, N. Nikolova y S. Petrova, posteriormente N. Nikolova y S. Petrova, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Emil Hristov (Sofía, Bulgaria) (representantes: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva y G. Chernicherska, abogados) (parte demandante en primera instancia), y Comisión Europea (representantes: inicialmente J. Currall, N. Nikolova y S. Petrova, posteriormente N. Nikolova y S. Petrova, agentes) (parte demandada en primera instancia)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 2014, Hristov/Comisión y EMA (F-2/12, EU:F:2014:245), por el que se solicita la anulación parcial de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Anular parcialmente la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 2014, Hristov/Comisión y EMA (F-2/12) en lo relativo a la anulación de la decisión del Consejo de administración de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de 6 de octubre de 2011, por la que se nombra al director ejecutivo de la EMA.

               2)

               No ha lugar a pronunciarse sobre la pretensión de anulación de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 2014, Hristov/Comisión y EMA (F-2/12) en lo relativo a la anulación de la decisión de la Comisión Europea de 20 de abril de 2011, por la que ésta proponía al Consejo de administración de la EMA una lista de cuadro candidatos recomendados por el comité de preselección y confirmados por el comité consultativo de nombramientos.

               3)

               Devolver el asunto al Tribunal de la Función Pública con el fin de que se pronuncie sobre las pretensiones de anulación de la decisión del consejo de administración de la EMA de 6 de octubre de 2011, relativa al nombramiento del director ejecutivo de la EMA, con respecto a las alegaciones y motivos invocados por el Sr. Emil Hristov y sobre los que el Tribunal de la Función Pública no se ha pronunciado.

               4)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 118 de 13.4.2015.


title: Asunto C-174/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann (Sexta Directiva IVA — Exenciones — Artículo 13, parte A, apartados 1, letra g), y 2 — Prestaciones directamente relacionadas con la asistencia social y con la seguridad social realizadas por organismos de Derecho público o por otras entidades a las que se reconozca su carácter social — Reconocimiento — Requisitos no aplicables a las entidades que no sean de Derecho público — Facultad de apreciación de los Estados miembros — Límites — Principio de neutralidad fiscal)

text:
               12.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann
   (Asunto C-174/11) (1)

   (Sexta Directiva IVA - Exenciones - Artículo 13, parte A, apartados 1, letra g), y 2 - Prestaciones directamente relacionadas con la asistencia social y con la seguridad social realizadas por organismos de Derecho público o por otras entidades a las que se reconozca su carácter social - Reconocimiento - Requisitos no aplicables a las entidades que no sean de Derecho público - Facultad de apreciación de los Estados miembros - Límites - Principio de neutralidad fiscal)
   2013/C 9/18
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesfinanzhof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Finanzamt Steglitz

      Demandada: Ines Zimmermann

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesfinanzhof — Interpretación del artículo 13, parte A, apartado 1, letra g), y apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Exención de las prestaciones relacionadas con la asistencia social y con la seguridad social dispensadas por organismos de Derecho públicos o por otros organismos a los que se reconoce carácter social — Normativa nacional que subordina la exención de las prestaciones de cuidados ambulatorios a ciertos requisitos, pero que sólo se aplican cuando las prestaciones litigiosas son dispensadas por determinadas asociaciones admitidas por el Estado o por miembros de éstas

      Fallo

   El artículo 13, parte A, apartado 1, letra g), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, interpretado a la luz del principio de neutralidad fiscal, se opone a que la exención del impuesto sobre el valor añadido de los cuidados ambulatorios dispensados por empresas comerciales se condicione a un requisito como el controvertido en el litigio principal, en virtud del cual los gastos ocasionados por esos cuidados deben haber sido sufragados en su totalidad o en su mayor parte durante el año natural anterior, al menos en dos terceras partes de los casos, por las entidades gestoras de la seguridad social o de la asistencia social, cuando tal requisito no garantice la igualdad de trato en el marco del reconocimiento, a efectos de dicha disposición, del carácter social de entidades que no sean de Derecho público.

      (1)  DO C 226, de 30.7.2011.


title: Asunto F-112/13: Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2013 — ZZ/ENISA

text:
               22.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 85/26

         Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2013 — ZZ/ENISA
   (Asunto F-112/13)
   2014/C 85/45
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: V. Christianos, abogado)

      Demandada: Agencia de Seguridad de las Redes de la Información de la Unión Europea (ENISA)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión del Director ejecutivo de la ENISA de resolver el contrato de trabajo por tiempo indefinido del demandante.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión implícita de desestimación de su reclamación administrativa así como todo acto anterior ilegal, incluido el acto mediante el cual la ENISA despidió al demandante.

               —

               Que se ordene abonar al demandante la cantidad de 50 000 euros en concepto de indemnización por el daño moral sufrido.

               —

               Que se condene en costas a la ENISA.


title: Asunto C-452/98: Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 1998 por las Antillas Neerlandesas contra el Consejo de la Unión Europea, apoyado por la Comisión de las Comunidades Europeas y el Reino de España

text:
C 188/6                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           3.7.1999
Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 1998 por                        Recurso interpuesto el 17 de marzo de 1999 contra la
Antillean Rice Mills NV, apoyada por el Reino de Los                     Comisión de las Comunidades Europeas por la República
Paı́ses Bajos, contra el Consejo de la Unión Europea,                                                   Italiana
apoyado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
el Reino de España, la República Francesa y la República
                               Italiana                                                             (Asunto C-99/99)
                                                                                (1999/C 188/13)
                        (Asunto C-451/98)
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 17 de marzo de 1999 un recurso contra la
                          (1999/C 188/11)                                Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
                                                                         República Italiana, representada por su Agente, Prof. Umberto
                                                                         Leanza, asistido por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             que designa como domicilio en Luxemburgo la Embajada de
presentado el 9 de diciembre de 1998 un recurso que Antillean            Italia, rue Marie-Adelaïde, 5.
Rice Mills NV habı́a interpuesto ante el Tribunal de Primera
Instancia. Dicho recurso, inscrito con el no T-41/97, llevó a su
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
declaración de inadmisión y el Tribunal de Primera Instancia
remitió el asunto al Tribunal de Justicia para que éste se
pronuncie sobre la solicitud de declaración de nulidad.                 — Anule el Reglamento (CE) no 2815/98 de la Comisión, de
                                                                              22.12.1998 (1), o, en cualquier caso, su artı́culo 1, el
                                                                              apartado 1 del artı́culo 2, el párrafo tercero del apartado 2
                                                                              del mismo artı́culo, el párrafo tercero del apartado 2 del
Los motivos y principales alegaciones figuran en una comunicación            artı́culo 3 y el apartado 3 de este último.
publicada en el Diario Oficial no C-108 de 5 de abril de 1997,
p. 23.
                                                                         — Condene en costas a la Comisión de las Comunidades
                                                                              Europeas.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
                                                                         1)      El Reglamento no precisa las normas con arreglo a las
                                                                         cuales ha sido adoptado.
                                                                         2)      El Reglamento preve una protección solamente por lo
Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 1998 por las
                                                                         que se refiere al aceite de oliva virgen extra y al aceite de oliva
Antillas Neerlandesas contra el Consejo de la Unión
                                                                         virgen. Esta limitación es injustificada e inaceptable. También
Europea, apoyado por la Comisión de las Comunidades
                                                                         el aceite de oliva (que no sea el virgen extra o el virgen) posee
                Europeas y el Reino de España
                                                                         o puede poseer caracterı́sticas diferentes según su procedencia
                                                                         geográfica. Una adecuada y correcta protección del producto y
                                                                         del consumidor requiere que se posibilite la designación de
                        (Asunto C-452/98)                                origen de tal producto.
                          (1999/C 188/12)                                3)      El criterio utilizado para definir el territorio de origen del
                                                                         producto es inaceptable. Este viene determinado por el lugar
                                                                         en que esté situada la almazara, sin tener para nada en cuenta
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             el lugar de producción de las propias aceitunas.
presentado el 9 de diciembre de 1998 un recurso que las
Antillas Neerlandesas habı́an interpuesto ante el Tribunal de
Primera Instancia. Dicho recurso, inscrito con el no T-179/97,           4)      El Reglamento exceptúa las solicitudes de registro del
llevó a su declaración de inadmisión y el Tribunal de Primera         nombre de la marca o de la empresa presentadas antes del
Instancia remitió el asunto al Tribunal de Justicia para que éste       1.1.1999, en supuesta conformidad con la Directiva. No sólo,
se pronuncie sobre la solicitud de declaración de nulidad.              a diferencia de lo previsto en la Directiva, no se hace referencia
                                                                         alguna a la buena fe, sino que además se concede la posibilidad
                                                                         de registrar solicitudes incluso después de la publicación del
                                                                         Reglamento, legitimando de esta forma auténticos y verdaderos
Los motivos y principales alegaciones figuran en una comunicación       posibles abusos.
publicada en el Diario Oficial no C-228 de 26 de julio de 1997,
p. 25.
                                                                         (1) DO L 349, de 24.12.1998, p. 56.


title: Asunto T-352/16: Recurso interpuesto el 29 de junio de 2016 — Ciudad de Bruselas/Comisión

text:
               29.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/30

         Recurso interpuesto el 29 de junio de 2016 — Ciudad de Bruselas/Comisión
   (Asunto T-352/16)
   (2016/C 314/41)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Ciudad de Bruselas (Bélgica) (representantes: M. Uyttendaele y S. Kaisergruber, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Acuerde admitir el presente recurso y declararlo fundado.

         Consecuentemente:

               —

               Anule el Reglamento (UE) n.o 2016/646 de la Comisión, de 20 de abril de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6).

               —

               Condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, que denuncia la infracción de los artículos 37 y 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la contradicción del acto impugnado con los considerandos 5 y 6 del Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO 2007, L 171, p. 1), y la infracción del anexo I de dicho Reglamento, así como la existencia de un exceso y una desviación de poder en la actuación de la Comisión Europea.

               2.

               Segundo motivo, que denuncia la infracción del artículo 5 bis, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO 1999, L 184, p. 23), la contradicción del acto impugnado con el considerando 3 de la Decisión 2006/512/CE del Consejo, de 17 de julio de 2006, que modifica la Decisión 1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO 2006, L 200, p. 11), así como con el considerando 25 del Reglamento (CE) n.o 715/2007, y la infracción del artículo 5, apartado 3, de este último Reglamento, así como la incompetencia de la Comisión para adoptar el Reglamento impugnado y la existencia de un exceso de poder en la actuación de esta institución.


title: Asunto T-155/09: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2009 — Maxcom/OAMI — Maxdata Computer (maxcom)

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/42

         Recurso interpuesto el 15 de abril de 2009 — Maxcom/OAMI — Maxdata Computer (maxcom)
   (Asunto T-155/09)
   2009/C 153/83
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: polaco

      Partes

      Demandante: Maxcom sp. Z o. o. (Tychy, Polonia) (representantes: P. Kral, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marl, Alemania)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 30 de enero de 2009, en el asunto R 1019/2009-2, notificada a la demandante el 16 de febrero de 2009.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI y a la parte coadyuvante.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «maxcom» para productos de las clases 9 y 11

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Maxdata Computer GmbH & Co. KG

      Marca o signo invocados en oposición: La marca denominativa nacional registrada en Alemania «max» para servicios de las clases 38 y 42, así como para algunos bienes de la clase 9

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición en lo relativo a los productos de la clase 9

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 (actualmente, artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009). (1)

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada), DO L 78, p. 1.


title: Asunto T-275/13: Sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Italia/Comisión [«Régimen lingüístico — Convocatoria de oposición general para la contratación de administradores — Elección de la segunda lengua entre tres lenguas — Lengua de comunicación con los candidatos a la oposición — Reglamento n° 1 — Artículo 1er quinquies, apartado 1, artículo 27, párrafo primero, y artículo 28, letra f), del Estatuto — Principio de no discriminación — Proporcionalidad»]

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/13

         Sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Italia/Comisión
   (Asunto T-275/13) (1)

   ([«Régimen lingüístico - Convocatoria de oposición general para la contratación de administradores - Elección de la segunda lengua entre tres lenguas - Lengua de comunicación con los candidatos a la oposición - Reglamento no 1 - Artículo 1er quinquies, apartado 1, artículo 27, párrafo primero, y artículo 28, letra f), del Estatuto - Principio de no discriminación - Proporcionalidad»])
   (2016/C 059/13)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistido por P. Gentili y S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall, B. Eggers y G. Gattinara, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Reino de España (representante: J. García-Valdecasas Dorrego, Abogado del Estado)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y B. Beutler, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la convocatoria de oposición general EPSO/AD/249/13, con vistas a la constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores, para cubrir plazas vacantes en los ámbitos de la macroeconomía y de la economía financiera (DO 2013, C 75 A, p. 1).

      Fallo

               1)

               Anular la convocatoria de oposición general EPSO/AD/249/13, con vistas a la constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores, para cubrir plazas vacantes en los ámbitos de la macroeconomía y de la economía financiera.

               2)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas de la República Italiana.

               3)

               El Reino de España y la República Federal de Alemania cargarán con las costas relativas a sus intervenciones.

      (1)  DO C 207 de 20.7.2013.


title: Asunto C-517/14 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 6 de octubre de 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Comisión Europea, Reino de los Países Bajos, Nederlandse Zuivelorganisatie [Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Agricultura — Reglamento (CE) n° 510/2006 — Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas — Registro de la denominación «Edam Holland» — Productores que utilicen el nombre «Edam» — Inexistencia de interés en ejercitar la acción]

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/14

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 6 de octubre de 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Comisión Europea, Reino de los Países Bajos, Nederlandse Zuivelorganisatie
   (Asunto C-517/14 P) (1)

   ([Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Agricultura - Reglamento (CE) no 510/2006 - Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas - Registro de la denominación «Edam Holland» - Productores que utilicen el nombre «Edam» - Inexistencia de interés en ejercitar la acción])
   (2016/C 038/19)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (representantes: M. Loschelder y V. Schoene, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: B. Schima, J. Guillem Carrau y G. von Rintelen, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: B. Koopman y M. Bulterman, agentes), Nederlandse Zuivelorganisatie (representantes: P. van Ginneken y G. Béquet, advocaten)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V.

               3)

               El Reino de los Países Bajos y la Nederlandse Zuivelorganisatie cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 26, de 26.1.2015.