title: Asuntos acumulados C-165/09 a C-167/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de mayo de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Raad van State — Países Bajos) — Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Medio ambiente — Directiva 2001/1/CE — Autorización para la construcción y explotación de una central eléctrica — Directiva 2001/81/CE — Techos de emisión nacionales para determinados contaminantes de la atmósfera — Facultades de los Estados miembros durante el período transitorio — Efecto directo)

text:
               16.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de mayo de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Raad van State — Países Bajos) — Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
   (Asuntos acumulados C-165/09 a C-167/09) (1)

   (Medio ambiente - Directiva 2001/1/CE - Autorización para la construcción y explotación de una central eléctrica - Directiva 2001/81/CE - Techos de emisión nacionales para determinados contaminantes de la atmósfera - Facultades de los Estados miembros durante el período transitorio - Efecto directo)
   2011/C 211/06
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals (asunto C-165/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (asunto C-166/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (asunto C-167/09)

      Demandadas: College van Gedeputeerde Staten van Groningen (asunto C-165/09), College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (asuntos C-166/09 y C-167/09)

      en el que participan: RWE Eemshaven Holding BV, anteriormente RWE Power AG (asunto C-165/09), Electrabel Nederland NV (asunto C-166/09), College van Burgemeester en Wethouders Rotterdam (asuntos C-166/09 y C-167/09), E.On Benelux NV (asunto C-167/09)

      Objeto

   Peticiones de decisión prejudicial — Raad van State (Países Bajos) — Interpretación del artículo 9 de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 257, p. 26), actualmente Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Versión codificada) (DO L 24, p. 8), y del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (DO L 309, p. 22) — Solicitud de permiso medioambiental — Decisión de la autoridad competente — Obligaciones de los Estados miembros durante el período comprendido entre la fecha límite de adaptación del Derecho interno a la Directiva y la fecha prevista en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/81, posterior a la fecha límite de adaptación a ésta — Central eléctrica.

      Fallo

               1)

               El artículo 9, apartados 1, 3 y 4 de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, en su versión original y en la codificada mediante la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación debe interpretarse en el sentido de que, al conceder un permiso medioambiental para la construcción y explotación de una instalación industrial, como las controvertidas en los litigios principales, los Estados miembros no están obligados a computar, entre las condiciones de concesión del citado permiso, los techos de emisión nacionales de SO2 y de NOx fijados por la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre los techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, aun cuando debe respetarse la obligación, derivada de dicha Directiva 2001/81, de adoptar o prever, con arreglo a los programas nacionales, políticas y medidas apropiadas y coherentes, que permitan reducir, en su conjunto, en particular las emisiones de esos contaminantes a cantidades que no rebasen los techos establecidos en el anexo I de esa Directiva, como muy tarde, al finalizar el año 2010.

               2)

               Durante el período transitorio comprendido entre el 27 de noviembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2010, establecido en el artículo 4 de la Directiva 2001/81:

                           —

                           Los artículos 4 TUE, apartado 3, y 288 TUE, apartado 3, así como la Directiva 2001/81, obligan a los Estados miembros a abstenerse de adoptar medidas que puedan comprometer gravemente la consecución del resultado prescrito por esa Directiva.

                           —

                           La adopción por los Estados miembros de una medida específica en relación con una sola fuente de SO2 y de NOx no puede en principio, por sí sola, comprometer gravemente la consecución del resultado prescrito por la Directiva 2001/81. Corresponde al juez nacional comprobar si tal es el caso en cada una de las resoluciones de concesión de permisos medioambientales para la construcción y explotación de una instalación industrial como las controvertidas en los litigios principales.

                           —

                           El artículo 288 TFUE, apartado 3, y los artículos 6, 7, apartados 1 y 2, así como 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/81 obligan a los Estados miembros, por una parte, a elaborar, actualizar y revisar, en la medida en que resulte necesario, programas de reducción progresiva de las emisiones nacionales de SO2 y de NOx, que deben poner a disposición del público y de las organizaciones interesadas por medio de información clara, comprensible y fácilmente accesible, así como a informar a la Comisión Europea dentro de los plazos establecidos y, por otra parte, a elaborar y actualizar cada año los inventarios nacionales de dichas emisiones, así como las previsiones nacionales para el año 2010, de los que deben informar a la Comisión Europea y a la Agencia Europea del Medio Ambiente, dentro de los plazos establecidos.

                           —

                           Ni el artículo 288 TFUE, apartado 3, ni la propia Directiva 2001/81 obligan a los Estados miembros a denegar o limitar la concesión de un permiso medioambiental para la construcción y explotación de una instalación industrial como las controvertidas en los litigios principales, ni a adoptar medidas de compensación específicas cada vez que otorguen un permiso de este tipo, y ello aun cuando se sobrepasen o exista el riesgo de que se sobrepasen los techos de emisión nacionales de SO2 y de NOx.

               3)

               El artículo 4 de la Directiva 2001/81 no es incondicional ni suficientemente preciso para que los particulares puedan invocarlo ante los órganos jurisdiccionales nacionales antes del 31 de diciembre de 2010.
               El artículo 6 de la Directiva 2001/81 atribuye a los particulares directamente interesados derechos que pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales para pedir que, durante el período transitorio comprendido entre el 27 de noviembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2010, los Estados miembros adopten o prevean, en el ámbito de los programas nacionales, políticas y medidas, apropiadas y coherentes, que permitan reducir, en su conjunto, las emisiones de los contaminantes mencionados, de modo que se respeten los techos nacionales establecidos en el anexo I de la citada Directiva, como muy tarde, al finalizar el año 2010, y que pongan los programas elaborados para este fin a disposición del público y de las organizaciones interesadas por medio de información clara, comprensible y fácilmente accesible.

      (1)  DO C 193, de 15.8.2009.


title: Asunto C-12/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) el 10 de enero de 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

text:
               12.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) el 10 de enero de 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd
   (Asunto C-12/11)
   2011/C 80/27
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Dublin Metropolitan District Court

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Denise McDonagh

      Demandada: Ryanair Ltd

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Exceden circunstancias, como los cierres de espacio aéreo europeo a consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia, que afectaron a un área tan extensa y de una forma tan prolongada al transporte aéreo, el límite de lo que debe entenderse por «circunstancias extraordinarias» a efectos del Reglamento no 261/2004? (1)

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se excluye en estas circunstancias la obligación de ofrecer atención con arreglo a los artículos 5 y 9 [del Reglamento no 261/2004]?

               3)

               En caso de que la respuesta a la segunda cuestión sea negativa, ¿son inválidos los artículos 5 y 9, en la medida en que vulneran los principios de proporcionalidad y no discriminación, el principio de «equilibrio de intereses equitativo» consagrado en el Convenio de Montreal y los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

               4)

               ¿Debe interpretarse la obligación establecida en los artículos 5 y 9 en el sentido de que contiene un límite implícito, por ejemplo de índole temporal o económica, a la oferta de atención en los supuestos en que la cancelación se produce a causa de «circunstancias extraordinarias»?

               5)

               En caso de que la respuesta a la cuarta cuestión sea negativa, ¿son inválidos los artículos 5 y 9, en la medida en que vulneran los principios de proporcionalidad y no discriminación, el principio de «equilibrio de intereses equitativo» consagrado en el Convenio de Montreal y los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

      (1)  Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).


title: Asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Procesos penales contra Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10) ( «Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por la normativa nacional — Procedencia» )

text:
               31.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Procesos penales contra Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10)
   (Asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10) (1)

   (Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por la normativa nacional - Procedencia)
   2012/C 98/05
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte suprema di cassazione

      Partes en el proceso principal

   Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10)

      Objeto

   Peticiones de decisión prejudicial — Corte suprema di cassazione — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Legislación nacional que supedita el ejercicio de esta actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias gracias a procedimientos de adjudicación que excluyeron ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE.

      Fallo

               1)

               Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que desea subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

               2)

               Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la adjudicación consiguiente de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

               3)

               De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en los litigios principales y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3 del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras hípicas, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 100, de 17.4.2010.


title: Asunto C-13/12 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de noviembre de 2013 — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea [Recurso de casación — Dumping — Reglamento (CE) n ° 172/2008 — Importaciones de ferrosilicio originario de China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia — Reglamento (CE) n ° 384/96 — Artículo 2, apartado 9 — Precio de exportación — Artículo 3, apartados 5 y 6 — Determinación del perjuicio — Artículo 6, apartado 7 — Investigación — Artículo 8, apartado 4 — Ofrecimiento de compromisos — Versión no confidencial — Artículo 20, apartado 1 — Divulgación de la información — Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra]

text:
               15.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de noviembre de 2013 — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea
   (Asunto C-13/12 P) (1)

   (Recurso de casación - Dumping - Reglamento (CE) no 172/2008 - Importaciones de ferrosilicio originario de China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia - Reglamento (CE) no 384/96 - Artículo 2, apartado 9 - Precio de exportación - Artículo 3, apartados 5 y 6 - Determinación del perjuicio - Artículo 6, apartado 7 - Investigación - Artículo 8, apartado 4 - Ofrecimiento de compromisos - Versión no confidencial - Artículo 20, apartado 1 - Divulgación de la información - Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra)
   2014/C 45/13
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (representantes: P. Vander Schueren, advokaat, N. Mizulin, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-P. Hix, agente, asistido por G. Berrisch, Rechtsanwalt, y por N. Chesaites, Barrister), Comisión Europea (representantes: H. van Vliet y M. França, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 25 de octubre de 2011, CHEMK y KF/Consejo (T-190/08), por la que el Tribunal General desestimó un recurso dirigido a obtener la anulación parcial del Reglamento (CE) no 172/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia (DO L 55, p. 6), y, con carácter subsidiario, la anulación de la Decisión de la Comisión de 28 de febrero de 2008 por la que se desestimó la solicitud de las recurrentes de que se suspendieran los derechos antidumping establecidos por el Reglamento impugnado.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) y a Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF).

               3)

               La Comisión Europea soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 65, de 3.3.2012.


title: Asunto C-54/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 1 de febrero de 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 1 de febrero de 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA
   (Asunto C-54/17)
   (2017/C 239/26)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

      Recurrida: Wind Telecomunicazioni SpA

      Cuestiones prejudiciales
       (1)

               1)

               «¿Se oponen los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, (2) a una interpretación de las correspondientes normas de transposición nacionales (artículos 24 y 25 del Código de consumo italiano, respectivamente) en virtud de la cual debe calificarse como “influencia indebida” y, por consiguiente, como “práctica comercial agresiva” que puede mermar “de forma importante” la libertad de elección o de comportamiento del consumidor medio, la conducta de un operador de telefonía consistente en omitir la información de que la tarjeta SIM tiene preactivados determinados servicios telefónicos (por ejemplo, el servicio de contestador y de internet), en particular, en una situación en la que no cabe imputar al citado operador de telefonía ninguna otra conducta material ulterior?

               2)

               ¿Debe interpretarse el punto 29 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE […] en el sentido de que existe un “suministro no solicitado” cuando un operador de telefonía móvil solicita a su cliente el pago de los servicios de contestador y de internet en una situación caracterizada por los siguientes elementos:

                           —

                           en el momento de la celebración del contrato de telefonía móvil el operador de telefonía no informó correctamente al consumidor de que los servicios de contestador y de internet estaban preactivados en la SIM, de modo que el consumidor podía utilizarlos directamente sin necesidad de realizar una operación de configuración específica (setting);

                           —

                           no obstante, para disfrutar efectivamente de tales servicios el consumidor debe realizar determinadas operaciones (por ejemplo, marcar el número del contestador o pulsar sobre los iconos o las teclas que activan la navegación por internet);

                           —

                           no se censuran las modalidades técnicas y operativas a través de las cuales el consumidor accede efectivamente a tales servicios, ni es objeto de crítica la información relativa a dichas modalidades y al precio de los propios servicios, sino que únicamente se reprocha al operador que omitiera la información relativa a la preactivación de los servicios en la SIM?

               3)

               ¿Se oponen el propio fundamento de la Directiva “general” 2005/29, en cuanto “red de seguridad” para la protección de los consumidores, así como el considerando 10 y el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva a una normativa nacional que reconduzca la apreciación del cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en la Directiva sectorial 2002/22/CE (3) para proteger a los usuarios, al ámbito de aplicación de la Directiva general 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales, excluyendo, en consecuencia, la intervención de la autoridad competente para sancionar las infracciones de la directiva sectorial en los supuestos que puedan ser constitutivos de una práctica comercial desleal o irregular?

               4)

               ¿Debe entenderse que el principio de especialidad recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva n.o 2005/29/CE regula las relaciones entre ordenamientos (ordenamiento general y ordenamientos sectoriales), entre normas (normas generales y normas especiales) o bien entre autoridades de reglamentación y supervisión de los distintos sectores?

               5)

               ¿Ha de considerarse que sólo se produce un “conflicto” en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en caso de total antinomia entre las disposiciones de la normativa sobre prácticas comerciales desleales y las demás normas derivadas del Derecho europeo que regulan aspectos sectoriales específicos de las prácticas comerciales o, por el contrario, basta con que las disposiciones de que se trate establezcan una regulación distinta a la de la normativa sobre prácticas comerciales desleales en relación con las especificidades del sector, de forma que en un supuesto concreto se produzca un concurso de normas (Normenkollision)?

               6)

               ¿Se refiere el concepto de normas comunitarias recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE únicamente a las disposiciones contenidas en los reglamentos y las directivas europeos y a las normas de transposición directa o incluye también las disposiciones legislativas y reglamentarias que aplican principios de Derecho europeo?

               7)

               ¿Se oponen el principio de especialidad, consagrado en el considerando 10 y en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE, los artículos 20 y 21 de la Directiva 2002/22/CE, y los artículos 3 y 4 de la Directiva 2002/21/CE (4) a una interpretación de las correspondientes normas nacionales de transposición en virtud de la cual, siempre que en un sector que incluya en su reglamentación normas sectoriales sobre protección de los consumidores, que atribuyan potestad reglamentaria y sancionadora a la autoridad del sector, se constate una conducta que pueda ser calificada de “práctica agresiva”, en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29, o “agresiva en cualquier circunstancia”, en el sentido del anexo I de la Directiva 2005/29, se deba aplicar la normativa general sobre prácticas irregulares, incluso cuando exista una normativa sectorial, adoptada en aras de la protección de los consumidores y basada en disposiciones de Derecho de la Unión, que regule debidamente las mismas “prácticas agresivas” o “agresivas en cualquier circunstancia” o las citadas “prácticas irregulares”?».

      (1)  N. B. Se ha adoptado una numeración progresiva de las cuestiones prejudiciales, distinta de la utilizada en la resolución de remisión prejudicial, en la que figuraban dos grupos de preguntas que no estaban numeradas consecutivamente.

      (2)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (“Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”) (DO 2005, L 149, p. 22).

      (3)  Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51).

      (4)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33).


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 9 de enero de 1996 en el asunto T-575/93, Casper Koelman contra Comisión de las Comunidades Europeas (Reglamento no 17 - Desestimación de una denuncia - Motivación - Juez nacional)

text:
   17. 2. 96               Lis                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       N° C 46/ 13
 2 ) Si el efecto de las disposiciones de la Directiva, en caso de              Giancarlo Data, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
         que sea válida, requiere una respuesta negativa a la                   Justicia el 3 de enero de 1996 .
         cuestión 1 , ¿ son válidas dichas disposiciones ?
                                                                                La Pretura Circondariale di Ivrea —Sezione distaccata di
  (') Decisión 78/923/CEE del Consejo, de 19 de junio de 1978 ,
        relativa a la celebración del Convenio Europeo sobre protección         Strambino— solicita al Tribunal de Justicia que se pronun
        de los animales en las ganaderías ( DO n° L 323 , p . 12 ; EE 03/ 15 ,  cie sobre las siguientes cuestiones :
        p . 47 ).
  ( 2 ) Directiva 91 /629/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de                1 ) ¿ Puede considerarse que las normas nacionales sobre
        1991 , relativa a las normas mínimas para la protección de                   empleo y sobre el trabajo temporal, dado su carácter
        terneros ( DO n° L 340, p . 28 ).                                            público en la medida en que están destinadas a proteger
                                                                                a los trabajadores y a la economía nacional, están
                                                                                comprendidas en el ejercicio del poder público, en el
                                                                                sentido de lo dispuesto en el artículo 66 en relación con
                                                                                el artículo 55 del Tratado CEE ?
 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
 lución de la Pretura Circondariale di Ivrea —Sezione
                                                                                2 ) ¿ Puede considerarse que las normas comunitarias invo
 distaccata di Strambino—, de fecha 14 de diciembre de
                                                                                cadas por los Abogados defensores, a falta de disposi
 1995 , en los procesos penales contra Cario Sunino y
                                Giancarlo Data                                       ciones precisas de ejecución en la materia específica, son
                                                                                de aplicación inmediata y permiten a todos los sujetos de
                              ( Asunto C-2/96 )                                      Derecho, públicos o privados, desarrollar, independien
                                  ( 96/C 46/24 )                                     temente de todo control y autorización específicos,
                                                                                cualquier actividad de mediación entre demanda y
 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                           oferta de trabajo y/o de suministro temporal de mano de
 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                         obra a terceros en caso de que el Estado miembro no
 resolución de la Pretura Circondariale di Ivrea —Sezione                            pueda satisfacer completamente con su propia organi
 distaccata di Strambino—, dictada el 14 de diciembre de                             zación administrativa la demanda de servicios manifes
 19 95 , en los procesos penales contra Cario Sunino y                               tada por el mercado de trabajo ?
                                                      TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                      SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                    1993 , por la que se desestima la denuncia presentada por el
                       DE PRIMERA INSTANCIA                                    demandante con arreglo al apartado 2 del artículo 3 del
                           de 9 de enero de 1996                               Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962,
                                                                               primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del
en el asunto T-575/93 , Casper Koelman contra Comisión                         Tratado ( DO 1962 , n° 13 , p. 204; EE 08/01 , p . 22 ), el
                     de las Comunidades Europeas (')                           Tribunal de Primera Instancia ( Sala Cuarta ampliada ),
 (Reglamento n° 17 — Desestimación de una denuncia —                           integrado por los Sres .: D. P. M. Barrington, Presidente; R.
                       Motivación — Juez nacional)                             García-Valdecasas, K. Lenaerts, Sra . P. Lindh y Sr. J. Azizi,
                                 ( 96/C 46/25 )                                Jueces; Secretario: Sra . B. Pastor, ha dictado el 9 de enero de
                                                                               1996 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
                  (Lengua de procedimiento: neerlandés)                        1 ) Se declara la inadmisibilidad de las pretensiones de la
                                                                                parte demandante, en la medida en que no tienen por
                                                                                objeto ni que se anule la Decisión de la Comisión, de 14
En el asunto T-575/93 , Casper Koelman, con domicilio en                            de octubre de 1 993, por la que se desestima la denuncia
                                                                                del demandante, ni una solicitud de indemnización.
Bruselas, representado por los Sres. D. Michel Molitor, D.
Lambert Dupong, D. Pierre Feltgen y Dña . Lucy Dupong,
Abogados de Luxemburgo, que designa como domicilio en                          2 ) Se desestiman, en todo lo demás, las pretensiones de
Luxemburgo el despacho del Sr. D. Michel Molitor,                                   anulación y de indemnización por infundadas.
14 A, rué des Bains, contra Comisión de las Comunidades
Europeas ( Agente: D. Berend Jan Drijber ), apoyada por                        3 ) Se condena en costas a la parte demandante, incluidas
Buma, con domicilio en Amstelveen ( Países Bajos ), repre                          las de la parte coadyuvante.
sentada por los Sres . D. Cornelis van Rij y D. Eduard A. P.
Engels, Abogados de Amsterdam, que designa como domi                          (') DO n" C 27 de 28 . 1 . 1994 .
cilio en Luxemburgo el despacho del Sr. D. Guy Harles, rué
Mathias Hardt, 8-10, que tiene por objeto varias solicitudes
relativas a la Decisión de la Comisión, de 14 de octubre de


title: Asunto C-280/09: Recurso interpuesto el 22 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               24.10.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/7

         Recurso interpuesto el 22 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-280/09)
   2009/C 256/13
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Oliver y G. Braga da Cruz, agentes)

      Demandadas: República Portuguesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CE) no 273/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas, y del Reglamento (CE) no 111/2005 (2) del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, al no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para la aplicación de los artículos 10 y 12 del Reglamento no 273/2004 y al no haberlas comunicado con arreglo al artículo 16 del mismo Reglamento, así como al no haber adoptado las medidas necesarias para la aplicación de los artículos 26, apartado 3, y 31 del Reglamento no 111/2005.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

      Motivos y principales alegaciones

   El 18 de agosto de 2005 entró en vigor el Reglamento no 273/2004. El 15 de febrero de 2005 entró en vigor el Reglamento no 111/2005, que es aplicable desde el 18 de agosto de 2005.
   Al no haber recibido comunicación alguna sobre las medidas tomadas por la República Portuguesa para dar cumplimiento a las disposiciones mencionadas y al no disponer de ningún otro elemento de información que le permita concluir que se han adoptado las medidas necesarias, la Comisión supone que la República Portuguesa no las ha adoptado todavía, incumpliendo de este modo las obligaciones que le imponen los referidos Reglamentos.

      (1)  DO L 47, p. 1.

      (2)  DO L 22, p. 1.


title: Asunto T-216/06: Recurso interpuesto el 16 de agosto de 2006 — Lucite International y Lucite International UK/Comisión

text:
               30.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 237/12

         Recurso interpuesto el 16 de agosto de 2006 — Lucite International y Lucite International UK/Comisión
   (Asunto T-216/06)
   (2006/C 237/21)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: Lucite International Ltd (Hampshire, Reino Unido ) y Lucite International UK Ltd (Lancashire, Reino Unido) (representantes: R. Thompson, QC, y S. Rose, Solicitor)

      Demandada: Comisión de las Comunidades europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule el artículo 2, d), de la Decisión COMP/F/38.645.

               —

               Que se sustituya la multa impuesta con arreglo al artículo 2, d), de la Decisión [COMP/F/38.645] por una multa de 18.268,750 euros o de cualquier otro importe inferior que el Tribunal de Primera Instancia considere apropiado.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes solicitan la anulación parcial de la Decisión C(2006) 2098 final de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, en el asunto COMP/F/38.645 –Metacrilato, en virtud de la cual la Comisión declaró que las demandantes habían infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al haber participado en un cártel en el sector del metacrilato, cártel consistente en discutir sobre los precios; en celebrar, llevar a efecto y verificar la aplicación de acuerdos sobre precios, tanto en forma de incrementos de los mismos como, al menos, de estabilización de los niveles de precios existentes; en discutir la posibilidad de hacer recaer sobre los consumidores costes adicionales por los servicios; en intercambiar información relevante sobre el mercado o las empresas de importancia comercial y de carácter confidencial, así como en participar con regularidad en reuniones y otros contactos con vistas a facilitar el incumplimiento.
   Para fundamentar sus recursos, las demandantes alegan que la Comisión aplicó incorrectamente sus orientaciones sobre el método para la imposición de multas a la hora de calcular la multa impuesta a las sociedades demandantes.
   En primer lugar, la Comisión, al establecer el importe inicial de la multa, no tuvo en cuenta la naturaleza de la implicación de las sociedades demandantes en el desmantelamiento del cártel ni la magnitud de su papel en tal desmantelamiento.
   En segundo lugar, la Comisión no tomó adecuadamente en consideración las circunstancias atenuantes aplicables a las demandantes.


title: Asunto C-140/15 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de marzo de 2015 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 20 de enero de 2015 en el asunto T-111/12, España/Comisión

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/19

         Recurso de casación interpuesto el 24 de marzo de 2015 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 20 de enero de 2015 en el asunto T-111/12, España/Comisión
   (Asunto C-140/15 P)
   (2015/C 155/21)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: D. Recchia y S. Pardo Quintillán, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Reino de España

      Pretensiones

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 20 de enero de 2015 en el asunto T-111/12, España/Comisión.

               —

               Que se devuelva el asunto al Tribunal General para que éste resuelva.

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurso de casación presentado por la Comisión se refiere a la sentencia del Tribunal General de 20 de enero de 2015 en el asunto T-111/12. Mediante su sentencia, el Tribunal General ha anulado la Decisión de la Comisión C(2011)9990 de 22 de diciembre de 2011 por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a determinados proyectos.
   La Comisión invoca, en apoyo de su recurso, dos motivos. A título principal, la Comisión considera que el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho por haber establecido que la Comisión ha de adoptar la decisión de corrección financiera dentro de un plazo, que viene determinado por el acto de base en vigor en la fecha de celebración de la audiencia entre la Comisión y el Estado miembro. Con carácter subsidiario, la Comisión alega que el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho por haber establecido que el plazo que se impone a la Comisión para adoptar la decisión de corrección financiera es un plazo imperativo, cuya inobservancia constituye un vicio sustancial de forma que invalida la decisión adoptada fuera de dicho plazo.


title: Asunto C-509/06 P: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 2007 — Akzo Nobel NV/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               4.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/30

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 2007 — Akzo Nobel NV/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-509/06 P) (1)

   (2007/C 183/58)

      Lengua de procedimiento: neerlandés

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 56, de 10.3.2007.


title: Asunto C-209/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van Beroep (Países Bajos) el 6 de mayo de 2015 — Korpschef van politie/W.F. de Munk

text:
               3.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 254/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van Beroep (Países Bajos) el 6 de mayo de 2015 — Korpschef van politie/W.F. de Munk
   (Asunto C-209/15)
   (2015/C 254/08)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van Beroep

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Korpschef van politie

      Demandada: W.F. de Munk

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE (1) en el sentido de que es incompatible con éste una disposición nacional, como la contenida en el artículo 19 del Barp [Besluit algemene rechtspositie politie], en virtud de la cual un funcionario que ha sido separado del servicio indebidamente no adquiere horas de vacaciones durante el período comprendido entre la fecha de la separación del servicio y la fecha de restablecimiento de la relación funcionarial o la fecha de la renuncia válida definitiva?

               2)

               En caso de que de la primera cuestión se desprenda que sí se han adquirido horas de vacaciones en el período en cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que es incompatible con éste el artículo 23 del Barp, el cual establece que al final del año de referencia se podrá trasladar al año siguiente únicamente un número limitado de horas de vacaciones y que se extinguirá el resto de las horas de vacaciones no disfrutadas?

      (1)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299, p. 9).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de marzo de 2002 en el asunto C-310/99: República Italiana contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Ayudas de Estado — Directrices sobre ayudas al empleo — Acciones dirigidas a fomentar el empleo de los jóvenes y a la transformación de contratos temporales en indefinidos — Reducción de las cargas sociales de la seguridad social")

text:
C 109/4                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              4.5.2002
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                2)    Una normativa nacional como el Samenwerkingsverordening
                                                                                1993, adoptada por un organismo como el Nederlandse Orde
                                                                                van Advocaten, no infringe el artı́culo 85, apartado 1,
                      de 19 de febrero de 2002                                    del Tratado, dado que dicho organismo pudo considerar
                                                                                razonablemente que tal normativa, a pesar de los efectos
en el asunto C-309/99 (Petición de decisión prejudicial del                     restrictivos de la competencia que le son inherentes, era necesaria
Raad van State): J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price                           para el buen ejercicio de la abogacı́a tal y como está organizada
Waterhouse Belastingadviseurs BV contra Algemene Raad                             en el Estado miembro de que se trata.
          van de Nederlandse Orde van Advocaten (1)
                                                                            3)    Un organismo como el Nederlandse Orde van Advocaten no
                                                                                constituye ni una empresa ni una asociación de empresas a
(«Colegio profesional — Colegio nacional de abogados —                            efectos del artı́culo 86 del Tratado CE (actualmente artı́culo 82
Regulación del ejercicio de la profesión por el Colegio —                       CE).
Prohibición de colaboración integrada entre abogados y
auditores — Artı́culo 85 del Tratado CE (actualmente                        4)    Los artı́culos 52 y 59 del Tratado CE (actualmente artı́culos 43
artı́culo 81 CE) — Asociación de empresas — Restricción de                      CE y 49 CE, tras su modificación) no se oponen a una
la competencia — Justificaciones — Artı́culo 86 del Tratado                       normativa nacional como el Samenwerkingsverordening 1993,
CE (actualmente artı́culo 82 CE) — Empresa o asociación de                       que prohı́be toda colaboración integrada entre abogados y
empresas — Artı́culos 52 y 59 del Tratado CE (actualmente                         auditores, dado que se pudo considerar razonablemente que era
artı́culos 43 CE y 49 CE, tras su modificación) — Aplicabili-                    necesaria para el buen ejercicio de la abogacı́a tal y como está
              dad — Restricciones — Justificaciones»)                             organizada en el paı́s de que se trata.
                           (2002/C 109/05)
                                                                            (1) DO C 299 de 16.10.1999.
                  (Lengua de procedimiento: neerlandés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
En el asunto C-309/99, que tiene por objeto una petición                                                 (Sala Sexta)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
por el Raad van State (Paı́ses Bajos), destinada a obtener, en los
                                                                                de 7 de marzo de 2002
litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingad-
viseurs BV y Algemene Raad van de Nederlandse Orde van                      en el asunto C-310/99: República Italiana contra Comisión
Advocaten, con intervención de: Raad van de Balies van de                                   de las Comunidades Europeas (1)
Europese Gemeenschap, una decisión prejudicial sobre la
interpretación de los artı́culos 3, letra g), del Tratado CE               («Ayudas de Estado — Directrices sobre ayudas al empleo
[actualmente artı́culo 3 CE, apartado 1, letra g), tras su                  — Acciones dirigidas a fomentar el empleo de los jóvenes y a
modificación], 5 del Tratado CE (actualmente artı́culo 10 CE),             la transformación de contratos temporales en indefinidos —
52 y 59 del Tratado CE (actualmente artı́culos 43 CE y 49 CE,                  Reducción de las cargas sociales de la seguridad social»)
tras su modificación), y 85, 86 y 90 del Tratado CE (actual-
mente artı́culos 81 CE, 82 CE y 86 CE), el Tribunal de Justicia,
integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, el                                           (2002/C 109/06)
Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von
Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward,                                (Lengua de procedimiento: italiano)
A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet (Ponente),
R. Schintgen, V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H. von Holstein,             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
Secretario adjunto; ha dictado el 19 de febrero de 2002 una                      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)     Un reglamento sobre la colaboración entre abogados y otras          En el asunto C-310/99, República Italiana (agente:
       profesiones liberales como el Samenwerkingsverordening 1993          Sr. U. Leanza, asistido por el Sr. O. Fiumara) contra Comisión
       (Reglamento de 1993 sobre la colaboración), adoptado por un         de las Comunidades Europeas (agentes: inicialmente los
       organismo como el Nederlandse Orde van Advocaten (Colegio            Sres. G. Rozet y P. Stancanelli, y posteriormente los
       de Abogados de los Paı́ses Bajos), debe considerarse una             Sres. G. Rozet y V. Di Bucci), que tiene por objeto la anulación
       decisión adoptada por una asociación de empresas a efectos del     de la Decisión 2000/128/CE de la Comisión, de 11 de mayo
       artı́culo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artı́-         de 1999, relativa al régimen de ayudas concedidas por Italia
       culo 81 CE, apartado 1).                                             en favor del empleo (DO 2000, L 42, p. 1), el Tribunal
 ---pagebreak--- 4.5.2002                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 109/5
de Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra. N. Colenric                (C-522/99 y C-526/99), Peter Fidelsberger (C-523/99), GWP
(Ponente), Presidenta de la Sala Segunda, en funciones de                  Gewerbeparkentwicklung GmbH, Johann Lindner y Emma
Presidenta de la Sala Sexta, y los Sres. C. Gulmann, R. Schint-            Lindner (C-524/99) y Grundverkehrsbeauftragter des Landes
gen, V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado                    Salzburg, Grundverkehrslandeskommission des Landes Salz-
General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria:                           burg, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los
Sra. L. Wewlett, administradora; ha dictado el 7 de marzo de               artı́culos 56 CE a 60 CE, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),
2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                             integrado por la Sra. N. Colneric, Presidenta de la Sala
                                                                           Segunda, en funciones de Presidenta de la Sala Sexta, y los
1)    Desestimar el recurso.                                               Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (Ponente), R. Schintgen y
                                                                           V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
2)    Condenar en costas a la República Italiana.                         Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal; ha dictado
                                                                           el 5 de marzo de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
(1) DO C 299 de 16.10.1999.
                                                                           Los artı́culos 56 CE a 60 CE
                                                                           —      no se oponen a un procedimiento de declaración previa como el
                                                                                previsto por el régimen de adquisición de bienes inmuebles
                                                                                establecido por la Salzburger Grundverkehrsgesetz 1997;
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 —      se oponen a un procedimiento de autorización previa como el
                                                                                previsto por dicho régimen.
                             (Sala Sexta)
                                                                           (1) DO C 79 de 18.3.2000.
                      de 5 de marzo de 2002
en los asuntos acumulados C-515/99, C-519/99 a C-524/99
y C-526/99 a C-540/99 (Petición de decisión prejudicial del
Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg): Hans Reisch y
otros contra Bürgermeister der Landeshauptstadt Salz-                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
burg, Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg,
Grundverkehrslandeskommission des Landes Salzburg (1)
                                                                                (Sala Quinta)
(«Libre circulación de capitales — Artı́culo 56 CE —
                                                                                de 27 de febrero de 2002
Procedimiento de declaración y aprobación previa de las
adquisiciones de parcelas edificables — Situación puramente
                     interna — Inexistencia»)                              no processo C-6/00 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                           Verwaltungsgerichtshof): Abfall Service AG (ASA) contra
                                                                                Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (1)
                          (2002/C 109/07)
                                                                           («Medio ambiente — Residuos — Reglamento (CEE)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           no 259/93 relativo a los traslados de residuos — Facultad de
                                                                           la autoridad competente de expedición para controlar la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    clasificación del objeto del traslado (valorización o elimina-
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        ción) y oponerse a un traslado que se basa en una clasificación
                                                                           incorrecta — Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos
                                                                           — Clasificación del depósito de residuos en una mina
En los asuntos acumulados C-515/99, C-519/99 a C-524/99                                                 abandonada»)
y C-526/99 a C-540/99, que tienen por objeto peticiones
dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,                                   (2002/C 109/08)
por el Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria),
destinada a obtener, en los litigios pendientes ante dicho                                    (Lengua de procedimiento: alemán)
órgano jurisdiccional entre Hans Reisch (C-515/99), Walter
Riedl (C-527/99), Alexander Hacker (C-528/99), Gerhard
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
Eckert (C-529/99), Franz Gstöttenbauer (C-530/99), Helmut
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Hechwarter (C-531/99), Alois Bixner (C-532/99), Geza Aumül-
ler (C-533/99), Berthold Garstenauer (C-534/99 y C-536/99),
Robert Eder (C-535/99), Hartmut Ramsauer (C-537/99 y
C-538/99), Harald Kronberger (C-539/99), Erich Morianz —                   En el asunto C-6/00, que tiene por objeto una petición dirigida
(C-540/99) y Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg,                  al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE, por el
Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg, y entre Anton               Verwaltungsgerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el
Lassacher, Heinz Schäfer (C-519/99), Dertnig GmbH & Co. KG,                litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Abfall
Heinrich Reutter (C-520/99), Francesco Branka (C-521/99),                  Service AG (ASA) e Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Neubau GmbH, Baumeister Bogensberger GmbH & Co. KG                         Familie, una decisión prejudicial sobre la interpretación del


title: Asunto C-346/10: Recurso interpuesto el 8 de julio de 2010 — Comisión Europea/República Helénica

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/31

         Recurso interpuesto el 8 de julio de 2010 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-346/10)
   ()
   2010/C 246/52
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: G. Zavvos)

      Demandada: República Helénica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que Grecia ha infringido el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (anteriormente, artículo 43 CE) al imponer límites a la concesión de permisos de circulación a los vehículos industriales y a los camiones cisternas de propiedad privada, en especial en el artículo 4 de la Ley 383/1976, a los artículos 6 y 7 de la Ley 3054/2002, y a los decretos ministeriales de aplicación de estas leyes, así como al aplicar tarifas fijas (dentro de determinados límites) a los servicios de transporte que se llevan a cabo con camiones industriales.

               —

               Que se condene en costas a la República Helénica.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión alega que la dependencia de la concesión de nuevos permisos de camiones industriales (PCI) de las «necesidades de transporte del país», que no están objetivamente definidas, limita la libertad de establecimiento de las empresas de transporte por carretera en Grecia y, dado que estos límites no están justificados por motivos de orden público, seguridad pública y salud pública, el artículo 4, apartado 3, letra a), de la Ley 383/1976 infringe el artículo 49 TFUE (anteriormente, artículo 43 TCE).
   Además, la Comisión sostiene que la obligación de aplicar determinadas tarifas con límites mínimos y máximos, por un lado, disuade a las empresas extrajeras de acceder al mercado de transporte comercial por carretera o al mercado griego de comercialización de derivados del petróleo, y, por otro, obstaculiza a las empresas ya instaladas en territorio griego el desarrollo de sus actividades, al verse privados de la posibilidad de una competencia más eficaz frente a las empresas ya establecidas en el mercado, resultado que, según la Comisión, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vulnera la libertad de establecimiento. Considera la Comisión que la mencionada determinación de las tarifas y las condiciones del transporte tampoco respeta el artículo 96 TFUE, apartado 2 (puesto que la Comisión no le concedió el permiso requerido), ni contribuye a la protección de los sectores vulnerables de la economía y de las regiones periféricas, mientras que el establecimiento por el Estado griego de limites mínimos de tarifas sólo para los transportes de combustibles líquidos con vehículos PCI no es conforme con las normas de la libre competencia y por consiguiente es preciso derogarlo.
   A mayor abundamiento, la Comisión sostiene que la Ley 3054/2002 concede al Gobierno griego la posibilidad de decidir el número de camiones cisterna de propiedad privada que circulan y, como consecuencia, la mencionada disposición vulnera la libertad de establecimiento (artículo 49 TFUE), formando parte del entramado de disposiciones de la normativa griega que al final no sólo aspira a mantener el carácter estanco de la profesión de transportista de derivados del petróleo sino también a mantener la implantación de las empresas que están activas en dicho mercado. La regulación administrativa del número de camiones cisterna de las empresas de comercialización de derivados del petróleo no es necesaria para la adaptación de estas empresas a las condiciones del merado ni está justificada por motivos de seguridad pública (del transporte por carretera) ni de seguridad pública.
   La Comisión afirma que la República Helénica no proporcionó no proporcionó suficientes aclaraciones y elementos que justifiquen la adopción de las medidas antes mencionadas y que, por tanto, el artículo 4 de la Ley 383/1976, los artículos 6 y 7 de la Ley 3054/2002, y los decretos ministeriales de aplicación de estas leyes, así como la imposición de tarifas fijas (dentro de determinados límites) a los servicios de transporte que se llevan a cabo con camiones industriales infringen el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (anteriormente, artículo 43 CE).


title: Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 1996 por la Sra. Juana de la Cruz Elena Vela Palacios contra el Comité Económico y Social (Asunto T-183/96)

text:
N° C 54/22            | ES [                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    22 . 2 . 97
Recurso interpuesto el 8 de noviembre de 1996 contra el               cuales la producción es inferior al consumo, el fabricante
Consejo de la Unión Europea por la Societá Eridania SpA               de azúcar paga por la remolacha un precio mínimo más
                                y otros                               elevado que el que paga el fabricante de las zonas no defi
                        ( Asunto T-l 78/96 )                          citarias . La finalidad originaria de este sistema es permitir
                                                                      que los productores de los países excedentarios abastezcan
                            ( 97/C 54/36 )                            a los países deficitarios, cubriendo los mayores costes del
               (Lengua de procedimiento: italiano)                    necesario transporte .
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                Las demandantes rechazan la idea de que se pueda seguir
Europeas se han presentado el 8 de noviembre de 1996 un               considerando a Italia como zona deficitaria . Según ellas,
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado               en el desarrollo de las nueve últimas campañas, la produc
por la Società Eridania SpA, con domicilio social en Geno            ción superó al consumo en cinco de ellas, y, en cualquier
va ( Italia ), la Società ISI ( Industria Saccarifera Italiana        caso, la producción media por campaña y el consumo me
Agroindustriale SpA), con domicilio social en Padua ( Ita            dio por campaña han estado plenamente equilibrados . Por
lia ), del grupo Eridania, la Società Sadam Zuccherifici Di          otro lado, en las tres últimas campañas, la producción me
visione della SECI ( Società Esercizi Commerciali Industria          dia ha sido superior al consumo medio en cerca de
li SpA ), con domicilio social en Bolonia ( Italia ), la Società      30 000 toneladas . Considerada esta situación , el hecho de
Sadam Castiglionese SpA, con domicilio social en Bolonia              que se apliquen en Italia precios regionalizados supone, a
(Italia ), la Società Sadam Abruzzo SpA, con domicilio so            juicio de las demandantes, que el mecanismo pierda su
cial en Bolonia ( Italia ), del Gruppo Sadam Zuccherifici, la         función originaria, transformándose en una medida gratui
Società Zuccherificio del Molise SpA, con domicilio social            ta e indebida en beneficio de los productores de remola
en Termoli ( Italia ), y la Società SFIR ( Società Fondiaria In      cha , total y exclusivamente a cargo de los fabricantes de
dustriale Romagnola SpA ), con domicilio social en Cesena             azúcar italianos .
(Italia ), representadas y defendidas por el Sr. Bernard
O'Connor, Solicitor en la High Court of Ireland, y los                Los motivos y principales alegaciones coinciden con los in
Sres . Ivano Vigliotti y Paolo Crocetta, Abogados de Geno            vocados en el asunto T-168/95 , Eridania y otros . Más con
va, que designan como domicilio en Luxemburgo el despa               cretamente, se alega que el Reglamento impugnado es con
cho del Sr. Arsène Kronshagen, boulevard de la Foire, 12 .            trario a Derecho por razones de retraso, falta de
                                                                      motivación, arbitraria calificación de Italia como zona de
Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instan              ficitaria y desviación de poder.
cia que:
                                                                      La inaplicabilidad de las citadas disposiciones del Regla
— Acuerde la admisión del recurso .
                                                                      mento ( CEE ) n° 1785/81 se invoca únicamente en la medi
— Declare nulo o anule, con arreglo a los artículos 173 y             da en que los motivos expuestos más arriba no fueran por
      184 del Tratado CE, el Reglamento ( CE ) n° 1580/96,            sí mismos suficientes para justificar la anulación del Regla
      de 30 de julio de 1996 , en la medida en que afecta a           mento impugnado, y, en particular, si también se conside
      las demandantes, o, con carácter alternativo, declare           rarse que Italia es zona deficitaria .
      nulo o anule dicho Reglamento erga omnes, y ello con
      especial referencia a la letra f) del artículo 1 .
— Declare la inaplicabilidad, con arreglo al artículo 184
      del Tratado, del Reglamento ( CEE ) n° 1785/81 , del 30         Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 1996 por la
      de junio de 1981 , y de sus posteriores modificaciones,         Sra. Juana de la Cruz Elena Vela Palacios contra el Comité
      en la medida en que afecta a las demandantes, y ello                                  Económico y Social
      con especial referencia al apartado 1 del artículo 3 , al                              (Asunto T-183/96 )
      apartado 3 del artículo 5 y al apartado 2 del artículo 6 .
                                                                                ( 97/C 54/37 )
— Ordene al Consejo, con arreglo al artículo 178 y al
      apartado 2 del artículo 215 , que repare todos los da                        (Lengua de procedimiento: español)
      ños causados a las demandantes, y que abone los inte            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      reses y una compensación por la depreciación moneta             Europeas se ha presentado el 14 de noviembre de 1996 un
       ria .
                                                                       recurso contra el Comité Económico y Social formulado
 — Adopte cuantas medidas adicionales considere necesa                por la Sr. Juana de la Cruz Elena Vela Palacios, con domi
       rias el Tribunal de Primera Instancia a efectos de deter       cilio en Bruselas, representada por el letrado en ejercicio
       minar los daños causados a las demandantes .                    D. Guy San Bartolomé Sarrey, del Ilustre Colegio de Abo
                                                                       gados de Bruselas, con domicilio en Avenue Louise, 174,
 — Condene en costas al Consejo.                                       Bruselas .
 Motivos y principales alegaciones                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
                                                                       tancia que :
 Varias sociedades italianas fabricantes de azúcar impugnan
 el nuevo régimen relativo al sector del azúcar, en la medi           — declare que el recurso es admisible y fundado;
 da en que prevé que Italia seguirá teniendo la considera
 ción de país deficitario, e impugnan, en consecuencia, el             — declare la nulidad de la Decisión n° 27/96A del Secre
 sistema de precios regionalizados, en lo que atañe a la                    tado general: decisión final del procedimiento discipli
 campaña 1996/97. A este respecto, recuerdan que, en di                    nario n° 1 /1995 , relativo al contenido de la nota, de
 chas zonas deficitarias, es decir, en aquellas zonas en las                fecha 10 de enero de 1995 , enviada a su calificador, y
 ---pagebreak--- 22 . 2 . 97             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 54/23
     en particular, que anule la sanción de descenso de esca        Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 1996 por el Sr.
     lón (tres ), con devolución de la parte del salario reteni     Eric Banda contra la Comisión de las Comunidades
     do;                                                                                Europeas
                                                                                (Asunto T-l 84/96 )
— se condene al Comité Económico y Social al pago a la
     Sra . Vela Palacios de :
                                                                                ( 97/C 54/38 )
     — las diferencias de salario dejadas de percibir desde                       (Lengua de procedimiento: francés)
          la fecha de la aplicación de la sanción, la cual es el
          29 de febrero de 1996, hasta la fecha en que el Tri       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
          bunal resuelva sobre el presente asunto;                   Europeas se ha presentado el 18 de noviembre de 1996 un
                                                                     recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,
     — un interés compuesto del 8 % en concepto de inte             formulado por el Sr. Eric Banda, con domicilio en Malawi ,
          reses de demora correspondientes al período referi        representado por el Sr. Marc-Albert Lucas, Abogado de
          do en el guión anterior;                                   Lieja, que designa como domicilio en Luxemburgo el des
                                                                     pacho de la Sra . Evelyne Korn , 21 , rué de Nassau .
     — de las costas que se deriven del presente procedi
          miento .
                                                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
                                                                     tancia que :
Motivos y principales alegaciones
                                                                     — Anule la decisión n° R532/95 de la Comisión, median
La demandante dirige su recurso contra la sanción de des                te la cual dicha Institución decidió anular las eleccio
censo de escalón, con devolución de la parte del salario re             nes de 12 de diciembre de 1994 en la zona geográfica
tenida, así como todos los demás efectos económicos sobre                número 11 , Colegio regional de agentes locales, y pro
su sueldo derivados de dicha sanción. El procedimiento                   ceder a organizar nuevas elecciones.
que dio lugar a esta última se incoó como consecuencia de
la contestación escrita dada por la demandante a la                  — Anule el Reglamento de la Comisión de 8 de marzo de
anotación marginal contenida en su informe de califica                  1990 denominado « Régimen transitorio de represen
ción, según la cual, aquélla se encontraba de permiso y au              tación del personal que ejerce sus actividades fuera de
sente de su puesto de trabajo. Según la propia demandan                 la Comunidad », publicado en las Informaciones admi
te, en la referida contestación realizó, en términos firmes,             nistrativas de 30 de marzo de 1990 .
algunas manifestaciones personales respecto de su califica
dor, solicitando al mismo tiempo la intervención del califi         — Anule las elecciones regionales celebradas en el colegio
cador de revisión .
                                                                         de agentes locales de la zona geográfica número 1 1 en
                                                                         tre el 4 y el 15 de noviembre de 1996, en applicación
En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca, en                   de la decisión recurrida y en base al Reglamento im
primer lugar, la violación de las formalidades sustanciales              pugnado.
del procedimiento administrativo, al no haberse producido
la audiencia previa a la incoación del procedimiento san            — Condene en costas a la Comisión .
cionado^ prevista en el artículo 87.2 del Estatuto .
                                                                     Motivos y principales alegaciones
En segundo lugar, la demandante imputa a la AFPN una
interpretación errónea de los artículos 12 y 21 del Estatu          Mediante la decisión recurrida, la Institución demandada
to, así como la comisión de desviación de poder. Se afir            anuló las elecciones en la zona geográfica número 11 del
ma, a este respecto, que el envío de una carta a título per         personal que ejerce sus actividades fuera de la Comunidad,
sonal no constituye « una expresión pública de opinión ».            y por tanto la elección del demandante, agente local en la
Por otra parte, no cabe afirmar que haya habido atentado             Delegación de la Comisión en Malawi, y anunció que vol
alguno a la dignidad de la función desempeñada por la de            verían a celebrarse elecciones de representante local para
mandante . En cualquier caso, afirma la demandante, las              el Colegio regional de agentes locales en la totalidad de di
opiniones por ella vertidas en el escrito controvertido están        cha zona, a fin de evitar que una nueva votación limitada
cubiertas por el derecho fundamental a la libertad de ex            a las tres delegaciones polémicas ( Mozambique, Namibia
presión .                                                            y Zambia ) se viera influida por la publicación de los resul
                                                                     tados de las demás delegaciones . Las irregularidades come
Se estima igualmente infringidos los principios generales            tidas en las tres zonas mencionadas consistieron, según se
de la función pública europea, tales como el principio de            afirma, en la utilización de papeletas de voto incompletas,
buena gestión y sana administración , así como el de inte           por no figurar en ellas el nombre del demandante .
rés del servicio .
                                                                     En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega en pri
Subsidiariamente, y en caso de que se constate la existen           mer lugar que no existió irregularidad que falseara el re
cia de una infracción a las normas del Estatuto y la legiti         sultado de la consulta electoral en las elecciones regionales
midad de la sanción, la demandante alega la violación del            celebradas en Mozambique, Namibia y Zambia, ni tampo
principio de proporcionalidad entre el comportamiento                co en las demás delegaciones de la zona geográfica
sancionado y la sanción impuesta .                                   número 11 . Considera además que la decisión recurrida
                                                                     vulnera el párrafo quinto del artículo 1 del Anexo II del
                                                                     Estatuto y viola el principio de proporcionalidad .


title: Asunto T-316/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de enero de 2009 — Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel) ( Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa EasyHotel — Marca nacional denominativa anterior EASYHOTEL — Motivo de denegación relativo — Ausencia de similitud de los productos y de los servicios — Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n o  40/94 — Justicia gratuita — Solicitud presentada por el administrador de la quiebra de una sociedad mercantil — Artículo 94, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento )

text:
               7.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/23

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de enero de 2009 — Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)
   (Asunto T-316/07) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria denominativa EasyHotel - Marca nacional denominativa anterior EASYHOTEL - Motivo de denegación relativo - Ausencia de similitud de los productos y de los servicios - Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 - Justicia gratuita - Solicitud presentada por el administrador de la quiebra de una sociedad mercantil - Artículo 94, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento»)
   (2009/C 55/42)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Commercy AG (Weimar, Alemania) (representantes: inicialmente, F. Jaschke, posteriormente S. Grosse e I. Müller, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: S. Schäffner, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: easyGroup IP Licensing Ltd (Londres, Reino Unido) (representantes: T. Koerl y S. Möbus, abogados)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 19 de junio de 2007 (asunto R 1295/2006-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Commercy AG y easyGroup IP Licensing Ltd.
   Fallo

               1)

               Denegar la solicitud de justicia gratuita.

               2)

               Desestimar el recurso.

               3)

               Condenar en costas a Commercy AG.

      (1)  DO C 235 de 6.10.2007.


title: Asunto C-372/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Holland (Países Bajos) el 19 de junio de 2017 — Vision Research Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

text:
               11.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Holland (Países Bajos) el 19 de junio de 2017 — Vision Research Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond
   (Asunto C-372/17)
   (2017/C 300/21)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank Noord-Holland

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Vision Research Europe BV

      Demandada: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

      Cuestión prejudicial

   ¿Es válido el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 113/2014 de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la Nomenclatura Combinada, (1) si resulta correcta la apreciación provisional del rechtbank según la cual la subpartida 8525 80 30 debe interpretarse en el sentido de que puede clasificarse en dicha subpartida una cámara, como la descrita en los puntos 2 y 12 de la presente resolución, que dispone de una memoria volátil en virtud de la cual las imágenes grabadas en la cámara se borran con la siguiente grabación o con el apagado de la cámara?

      (1)  DO 2014, L 38, p. 20.


title: Asunto C-462/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de enero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Alemania) — Ümit Bekleyen/Land Berlin (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Artículo 7, párrafo segundo, de la Decisión n o  1/80 del Consejo de Asociación — Derecho del hijo de un trabajador turco a aceptar cualquier oferta de empleo en el Estado miembro de acogida en el que ha adquirido una formación profesional — Formación profesional iniciada con posterioridad al momento en que los padres abandonaron definitivamente ese Estado miembro)

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de enero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Alemania) — Ümit Bekleyen/Land Berlin
   (Asunto C-462/08) (1)

   (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Artículo 7, párrafo segundo, de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación - Derecho del hijo de un trabajador turco a aceptar cualquier oferta de empleo en el Estado miembro de acogida en el que ha adquirido una formación profesional - Formación profesional iniciada con posterioridad al momento en que los padres abandonaron definitivamente ese Estado miembro)
   2010/C 63/19
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ümit Bekleyen

      Demandada: Land Berlin

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretación del artículo 7, párrafo segundo, de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación CEE/Turquía — Ciudadano turco nacido en el Estado miembro de acogida que, tras volver con sus padres a su país de origen, regresa solo, más de 10 años después, al Estado miembro de acogida en el que sus padres formaron parte durante más de tres años del mercado legal de trabajo, para comenzar una formación profesional — Derecho de dicho ciudadano turco a acceder al mercado de trabajo en el Estado miembro de acogida y derecho de residencia correspondiente tras finalizar su formación profesional

      Fallo

   El artículo 7, párrafo segundo, de la Decisión no 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, debe interpretarse el sentido de que, cuando un trabajador turco ha ocupado legalmente un puesto de trabajo en el Estado miembro de acogida durante más de tres años, un hijo de dicho trabajador puede invocar en ese Estado miembro, tras haber completado en él su formación profesional, el derecho a acceder libremente al mercado de trabajo y el correlativo derecho de residencia, incluso en el supuesto de que, después de haber vuelto con sus padres a su Estado de origen, el hijo haya regresado solo a dicho Estado miembro para comenzar en él la mencionada formación.

      (1)  DO C 19, de 24.1.2009.


title: Asunto T-467/12: Auto del Tribunal General de 11 de abril de 2013 — Tridium/OAMI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) ( «Marca comunitaria — Oposición — Retirada de la oposición — Sobreseimiento» )

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/43

         Auto del Tribunal General de 11 de abril de 2013 — Tridium/OAMI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)
   (Asunto T-467/12) (1)

   (Marca comunitaria - Oposición - Retirada de la oposición - Sobreseimiento)
   2013/C 156/81
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Tridium, Inc. (Richmond, Virginia, Estados Unidos) (representante: M. Nentwig, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Geroulakos, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: q-bus Mediatektur GmbH (Berlín, Alemania) (representante: M.-T. Schott, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 2 de agosto de 2012 (asunto R 1943/2011-2) relativa a un procedimiento de oposición entre q-bus Mediatektur GmbH y Tridium, Inc.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar a la parte demandante y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a cargar con sus propias costas y a cada una de ellas con la mitad de las causadas por la parte demandada.

      (1)  DO C 9, de 12.1.2013.


title: Asuntos acumulados C-97/10 a C-99/10: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal d’instance de Dax — Francia) — AG2R Prévoyance/Bourdil SARL (C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (C-98/10), Baba-Pom SARL (C-99/10)

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/27

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal d’instance de Dax — Francia) — AG2R Prévoyance/Bourdil SARL (C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (C-98/10), Baba-Pom SARL (C-99/10)
   (Asuntos acumulados C-97/10 a C-99/10) (1)

   2011/C 252/53
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar los asuntos.

      (1)  DO C 113, de 1.5.2010.


title: Asunto C-216/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 8 de mayo de 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Fjola Hliddal

text:
               4.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 235/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 8 de mayo de 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Fjola Hliddal
   (Asunto C-216/12)
   2012/C 235/10
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation (Luxemburgo)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Caisse nationale des prestations familiales

      Demandada: Fjola Hliddal

      Cuestión prejudicial

   Una prestación como la de maternidad o paternidad que establecen los artículos 306 a 308 del Code de la sécurité sociale, ¿tiene el carácter de prestación familiar en la acepción de los artículos 1, letra u), inciso i), y 4, apartado 1, letra h), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, (1) en su versión modificada y actualizada que resulta aplicable de conformidad con el Anexo II, Sección A, punto 1., del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, y con su Acta final, firmados en Luxemburgo el 21 de junio de 1999? (2)

      (1)  DO L 149, p. 2.

      (2)  DO 2002, L 114, p. 6.


title: Asunto C-487/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 4 de noviembre de 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

text:
               26.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 4 de noviembre de 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
   (Asunto C-487/14)
   (2015/C 026/11)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: SC Total Waste Recycling SRL

      Demandada: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe entenderse que el traslado de residuos que se efectúe «de un modo que no aparezca especificado materialmente en el documento de notificación», conforme al artículo 2, punto 35, letra d), del Reglamento (CE) no 1013/2006 (1), se refiere a los medios de transporte indicados en los anexos IA y IB de dicho Reglamento (carretera, tren/ferrocarril, mar, aéreo, vías de navegación interior)?

               2)

               ¿Puede el hecho de no informar a la autoridad en caso de cambio sustancial que afecte a los pormenores o condiciones de un traslado autorizado, según se establece en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1013/2006, dar lugar a que se declare que el traslado de residuos se efectúa «de un modo que no [aparece] especificado materialmente en [el documento] de notificación», con arreglo al artículo 2, punto 35, letra d), de dicho Reglamento, y que, en consecuencia, se trata de un traslado de residuos ilícito?

               3)

               ¿Procede considerar que se produce un cambio sustancial que afecta a los pormenores o condiciones de un traslado autorizado, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1013/2006, cuando la entrada del traslado de residuos en el país de tránsito indicado se realiza por un puesto fronterizo distinto del especificado en la autorización o en el documento de notificación?

               4)

               En el supuesto de que un traslado de residuos que entra en el país de tránsito por un lugar distinto del especificado en la autorización o en el documento de notificación deba considerarse un traslado de residuos ilícito, ¿puede considerarse proporcionada una multa impuesta por este motivo cuyo importe equivalga al de la multa que se impone al infractor de la obligación de obtener una autorización y de presentar una notificación previa por escrito?

      (1)  Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190, p. 1).


title: Asunto T-36/16: Recurso interpuesto el 26 de enero de 2016 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Tonos del color verde)

text:
               29.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 111/32

         Recurso interpuesto el 26 de enero de 2016 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Tonos del color verde)
   (Asunto T-36/16)
   (2016/C 111/37)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Enercon GmbH (Aurich, Alemania) (representante: S. Overhage, abogada)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Gamesa Eólica, S.L. (Sarriguren, Navarra)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Titular de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca de la Unión en color consistente en diferentes tonos del color verde. Marca de la Unión n.o 2346542

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 28 de octubre de 2015 en el asunto R 597/2015-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.