title: Asunto C-551/08: Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

text:
               7.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/9

         Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-551/08)
   (2009/C 55/15)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: N. Yerrell y M. Kaduczak)

      Demandada: República de Polonia
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 64 de la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2005/68/CE expiró el 10 de diciembre de 2007.

      (1)  DO L 323 de 9.12.2005, p. 1.


title: Asunto C-86/04: Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2004 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 85/20                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            3.4.2004
Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2004 contra la                    La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-                     de Justicia que:
                           des Europeas
                                                                          1)    Declare que la República Francesa ha incumplido las
                        (Asunto C-83/04)                                        obligaciones que le incumben en virtud del artículo 31 de
                                                                                la Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del
                          (2004/C 85/37)                                        Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento
                                                                                y a la liquidación de las compañías de seguros (1), al no
                                                                                haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
                                                                                y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                                dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no
presentado el 20 de febrero de 2004 un recurso contra la
                                                                                haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.
República Portuguesa, formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks y el              2)    Condene en costas a la República Francesa.
Sr. G. Braga da Cruz, en calidad de agentes, que designa
domicilio en Luxemburgo.
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                       Motivos y principales alegaciones
1)    Declare que la República Portuguesa ha incumplido las               El plazo señalado para la adaptación del Derecho interno a la
      obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto              Directiva expiró el 20 de abril de 2003.
      en el artículo 13 de la Directiva 2001/29/CE (1) del
      Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo
      de 2001, relativa a la armonización de determinados
      aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los           (1) DO L 110 de 20.4.2001, p. 28.
      derechos de autor en la sociedad de la información, al no
      haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
      y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la
      citada Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas
      comunicado inmediatamente a la Comisión.
2)    Condene en costas a la República Portuguesa.
                                                                          Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2004 contra el
Motivos y principales alegaciones                                         Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
El plazo fijado para la adaptación del Derecho interno a la
Directiva expiró el 22 de diciembre de 2002.                                                      (Asunto C-86/04)
                                                                                (2004/C 85/39)
(1) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 23 de febrero de 2004 un recurso contra el Gran
                                                                          Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
                                                                          Comunidades Europeas, representada por el Sr. E. Traversa y
                                                                          la Sra. P. Léouffre, en calidad de agentes, que designa domicilio
                                                                          en Luxemburgo.
Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2004 contra la
República Francesa por la Comisión de las Comunidades
                             Europeas                                     La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                          de Justicia que:
                        (Asunto C-85/04)                                  1)    Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
                                                                                plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
                          (2004/C 85/38)                                        Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del
                                                                                Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento
                                                                                y a la liquidación de las compañías de seguros (1), al no
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                    haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
presentado el 23 de febrero de 2004 un recurso contra                           y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
la República Francesa formulado por la Comisión de las                          dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haber comuni-
Comunidades Europeas, representada por el Sr. E. Traversa y                     cado estas disposiciones a la Comisión.
la Sra. P. Léouffre, en calidad de agentes, que designa domicilio
en Luxemburgo.                                                            2)    Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 3.4.2004               ES                       Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 85/21
Motivos y principales alegaciones                                     de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                      Europeas, representada por el Sr. E. Traversa y la Sra. P.
El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva      Léouffre, en calidad de agentes, que designa domicilio en
expiró el 20 de abril de 2003.                                        Luxemburgo.
                                                                      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(1) DO L 110 de 20.4.2001, p. 28.                                     1)    Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
                                                                            obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
                                                                            2001/17/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                            19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la
                                                                            liquidación de las compañías de seguros, al no haber
                                                                            adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
                                                                            nistrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha
                                                                            Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado
                                                                            a la Comisión.
Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2004 contra el
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades                   2)    Condene en costas al Reino de Bélgica.
                             Europeas
                        (Asunto C-87/04)                              Motivos y principales alegaciones
                          (2004/C 85/40)                              El plazo para adaptar el Derecho interno a la Directiva expiró
                                                                      el 20 de abril de 2003.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 23 de febrero de 2004 un recurso contra el Reino        (1) DO L 110 de 20.4.2001, p. 28.


title: Asunto T-418/14: Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre de 2016 — Sina Bank/Consejo («Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán para impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Adaptación de las pretensiones — Admisibilidad — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Error manifiesto de apreciación — Modulación de los efectos en el tiempo de una anulación»)

text:
               28.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 441/16

      Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre de 2016 — Sina Bank/Consejo
      (Asunto T-418/14) (1)

      ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán para impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Recurso de anulación - Plazo para recurrir - Adaptación de las pretensiones - Admisibilidad - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Derecho a la tutela judicial efectiva - Error manifiesto de apreciación - Modulación de los efectos en el tiempo de una anulación»))
      (2016/C 441/20)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Sina Bank (Teherán, Irán) (representantes: B. Mettetal y C. Wucher-North, abogados)

         Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: B. Driessen y D. Gicheva, agentes)

         Objeto

      Demanda fundada en el artículo 263 TFUE, que insta la anulación de la decisión del Consejo, resultante del aviso de 15 de marzo de 2014 a la atención de las personas y entidades sometidas a las medidas restrictivas previstas en la Decisión 2010/413/PESC del Consejo y en el Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo relativos a medidas restrictivas contra Irán (DO 2014, C 77, p. 1), de mantener la inscripción del nombre de la demandante en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO 2010, L 195, p. 39), en su versión modificada por la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010 (DO 2010, L 281, p. 81), y en el anexo IX del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 961/2010 (DO 2012, L 88, p. 1), por una parte, y, por otra, de la Decisión 2014/776/PESC del Consejo, de 7 de noviembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (DO 2014, L 325, p. 19), del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1202/2014 del Consejo, de 7 de noviembre de 2014, por el que se aplica el Reglamento n.o 267/2012 (DO 2014, L 325, p. 3), de la Decisión (PESC) 2015/1008 del Consejo, de 25 de junio de 2015, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (DO 2015, L 161, p. 19), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1001 del Consejo, de 25 de junio de 2015, por el que se aplica el Reglamento n.o 267/2012 (DO 2015, L 161, p. 1), en cuanto esos actos mantuvieron la inscripción del nombre de la demandante en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413, en su versión modificada por la Decisión 2010/644, y en el anexo IX del Reglamento n.o 267/2012.

         Fallo

                  1)

                  Anular la decisión del Consejo de la Unión Europea, resultante del aviso de 15 de marzo de 2014 a la atención de las personas y entidades sometidas a las medidas restrictivas previstas en la Decisión 2010/413/PESC del Consejo y en el Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo relativos a medidas restrictivas contra Irán, de mantener la inscripción del nombre de Sina Bank en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, y en el anexo IX del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 961/2010.

                  2)

                  Anular la Decisión 2014/776/PESC del Consejo, de 7 de noviembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2010/413, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1202/2014 del Consejo, de 7 de noviembre de 2014, por el que se aplica el Reglamento n.o 267/2012, la Decisión (PESC) 2015/1008 del Consejo, de 25 de junio de 2015, por la que se modifica la Decisión 2010/413, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1001 del Consejo, de 25 de junio de 2015, por el que se aplica el Reglamento n.o 267/2012, en cuanto esos actos mantuvieron la inscripción del nombre de Sina Bank en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413, en su versión modificada por la Decisión 2010/644, o en el anexo IX del Reglamento n.o 267/2012.

                  3)

                  Mantener los efectos de la Decisión 2015/1008, en lo que afecta a Sina Bank, desde la fecha de su entrada en vigor hasta la fecha en que finalice el plazo para interponer recurso de casación contra la presente sentencia, previsto en el artículo 56, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o, si se interpusiera un recurso de casación contra la presente sentencia dentro de ese plazo, hasta la fecha en la que se desestimara el recurso de casación.

                  4)

                  Condenar en costas al Consejo.

         (1)  DO C 282 de 25.8.2014.


title: Asunto C-490/03: Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2003 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 21/20                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           24.1.2004
—    condene en costas al Reino de España.                               Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2003 contra
                                                                         el Reino de España por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
Motivos y principales alegaciones                                                               (Asunto C-490/03)
                                                                                (2004/C 21/38)
Los motivos y principales alegaciones invocados en el presente
asunto son idénticos a los del asunto C-485/03.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 19 de noviembre de 2003 un recurso contra el
                                                                         Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
                                                                         des Europeas, representada por D. José Luis Buendía Sierra,
                                                                         miembro de su Servicio Jurídico, que designa domicilio en
                                                                         Luxemburgo.
Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2003 contra
el Reino de España por la Comisión de las Comunidades                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                             Europeas
                                                                         —    declare que, al no haber adoptado en el plazo previsto
                       (Asunto C-489/03)                                      todas las medidas necesarias para cumplir con lo dis-
                                                                              puesto en los artículos 2 y 3 de la decisión de la Comisión
                                                                              de 11.7.2001 relativa al régimen de ayudas estatales
                          (2004/C 21/37)                                      ejecutado por España a algunas empresas de reciente
                                                                              creación en Vizcaya [notificada con el número
                                                                              C(2001) 1763] o, en cualquier caso, al no haber comuni-
                                                                              cado dichas disposiciones a la Comisión conforme a lo
                                                                              dispuesto en el artículo 4, el Reino de España ha
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
presentado el 19 de noviembre de 2003 un recurso contra el                    de dicha decisión.
Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
des Europeas, representada por D. José Luis Buendía Sierra,
                                                                         —    condene en costas al Reino de España.
miembro de su Servicio Jurídico, que designa domicilio en
Luxemburgo.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
—    declare que, al no haber adoptado en el plazo previsto              Los motivos y principales alegaciones invocados en el presente
     todas las medidas necesarias para cumplir con lo dis-               asunto son idénticos a los del asunto C-485/03.
     puesto en los artículos 2 y 3 de la decisión de la Comisión
     de 11.7.2001 relativa al régimen de ayudas estatales
     ejecutado por España a algunas empresas de reciente
     creación en Guipúzcoa [notificada con el número
     C(2001) 1761] o, en cualquier caso, al no haber comuni-
     cado dichas disposiciones a la Comisión conforme a lo
     dispuesto en el artículo 4, el Reino de España ha
     incumplido las obligaciones que le incumben en virtud               Recurso interpuesto el 20 de noviembre de 2003 (fax:
     de dicha decisión.                                                  13.11.03) contra la Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                                peas por la República de Austria
—    condene en costas al Reino de España.
                                                                                (Asunto C-492/03)
                                                                                (2004/C 21/39)
Motivos y principales alegaciones
Los motivos y principales alegaciones invocados en el presente           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
asunto son idénticos a los del asunto C-485/03.                          presentado el 20 de noviembre de 2003 (fax 13.11.2003) un
                                                                         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,
                                                                         formulado por la República de Austria, representada por el
                                                                         Sr. Harald Dossi, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto T-79/13: Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2013 — Accorinti y otros/BCE

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/26

         Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2013 — Accorinti y otros/BCE
   (Asunto T-79/13)
   2013/C 101/56
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia), Michael Acherer (Bressanone, Italia), Giuliano Agostinetti (Mestre, Italia), Marco Alagna (Milán, Italia), Riccardo Alagna (Milán, Italia), Agostino Amalfitano (Forio, Italia), Emanuela Amsler (Turín, Italia), Francine Amsler (Turín, Italia), Alessandro Anelli (Bellinzago Novarese, Italia), Angelo Giovanni Angione (Potenza, Italia), Giancarlo Antonelli (Verona, Italia), Giuseppe Aronica (Licata, Italia), Elisa Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Pasquale Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Luigi Azzano (Concordia Sagittaria, Italia), Giovanni Baglivo (Lecce, Italia), Mario Bajeli (Bérgamo, Italia), Stefano Baldoni (Matera, Italia), Giulio Ballini (Lonato, Italia), Antonino Barbara (Nápoles, Italia), Armida Baron (Cassola, Italia), Paolo Baroni (Roma, Italia), Lucia Benassi (Scandiano, Italia), Michele Benelli (Madignano, Italia), Erich Bernard (Lana, Italia), Flaminia Berni (Roma, Italia), Luca Bertazzini (Monza, Italia), Adriano Bianchi (Casale Corte Cerro, Italia), Massimiliano Bigi (Montecchio Emilia, Italia), Daniele Fabrizio Bignami (Milán, Italia), Sergio Borghesi (Coredo, Italia), Borghesi Srl (Cles, Italia), Sergio Bovini (Cogoleto, Italia), Savino Brizzi (Turín, Italia), Annunziata Brum (Badiola, Italia), Christina Brunner (Laives, Italia), Giovanni Busso (Caselette, Italia), Fabio Edoardo Cacciuttolo (Milán, Italia), Vincenzo Calabrò (Roma, Italia), Carlo Cameranesi (Ancona, Italia), Giuseppe Campisciano (Besana in Brianza, Italia), Allegra Canepa (Pisa, Italia), Luca Canonaco (Como, Italia), Piero Cantù (Vimercate, Italia), Fabio Capelli (Tortona, Italia), Gianluca Capello (Sanremo, Italia), Sergio Capello (Sanremo, Italia), Filippo Caracciolo di Melito (Lucca, Italia), Mario Carchini (Carrara, Italia), Filippo Carosi (Roma, Italia), Elena Carra (Roma, Italia), Claudio Carrara (Nembro, Italia), Ivan Michele Casarotto (Verona, Italia), Anna Maria Cavagnetto (Turín, Italia), Gabriele Lucio Cazzulani (Segrate, Italia), Davide Celli (Rimini, Italia), Antonio Cerigato (Ferrara, Italia), Paolo Enrico Chirichilli (Roma, Italia), Celestino Ciocca (Roma, Italia), Mariagiuseppa Civale (Milán, Italia), Benito Colangelo (Bollate, Italia), Roberto Colicchio (Milán, Italia), Edoardo Colli (Trieste, Italia), Nello Paolo Colombo (Casatenovo, Italia), Mario Concini (Tuenno, Italia), Marika Congestrì (S. Onofrio, Italia), Luigi Corsini (Pistoia, Italia), Maria Chiara Corsini (Génova, Italia), Aniello Cucurullo (Civitavecchia, Italia), Roberto Cugola (Melara, Italia), Roberto Cupioli (Rimini, Italia), Giuseppe D’Acunto (Lucca — S. Anna, Italia), Stefano D’Andrea (Ancona, Italia), Nazzareno D’Amici (Roma, Italia), Michele Danelon (Gruaro, Italia), Piermaria Carlo Davoli (Milán, Italia), Iole De Angelis (Roma, Italia), Roberto De Pieri (Treviso, Italia), Stefano De Pieri (Martellago, Italia), Ario Deasti (Sanremo, Italia), Stefano Marco Debernardi (Aosta, Italia), Gianfranco Del Mondo (Casoria, Italia), Salvatore Del Mondo (Gaeta, Italia), Gianmaria Dellea (Castelveccana, Italia), Rocco Delsante (Langhirano, Italia), Gianmarco Di Luigi (Sant’Antimo, Italia), Alessandro Di Tomizio (Reggello, Italia), Donata Dibenedetto (Altamura, Italia), Angela Dolcini (Pavia, Italia), Denis Dotti (Milán, Italia), Raffaele Duino (San Martino Buon Albergo, Italia), Simona Elefanti (Montecchio Emilia, Italia), Maurizio Elia (Roma, Italia), Claudio Falzoni (Besnate, Italia), Enrico Maria Ferrari (Roma, Italia), Giuseppe Ferraro (Pago Vallo Lauro, Italia), Fiduciaria Cavour Srl (Roma, Italia), Giorgio Filippello (Caccamo, Italia), Giovanni Filippello (Caccamo, Italia), Dario Fiorin (Venecia, Italia), Guido Fortunati (Verona, Italia), Achille Furioso (Agrigento, Italia), Monica Furlanis (Concordia Sagittaria, Italia), Vitaliano Gaglianese (San Giuliano Terme, Italia), Antonio Galbo (Palermo, Italia), Gianluca Gallino (Milán, Italia), Giandomenico Gambacorta (Roma, Italia), Federico Gatti (Besana in Brianza, Italia), Raffaella Maria Fatima Gerardi (Lavello, Italia), Mauro Gini (Bressanone, Italia), Barbara Giudiceandrea (Roma, Italia), Riccardo Grillini (Lugo, Italia), Luciano Iaccarino (Verona, Italia), Vittorio Iannetti (Carrara, Italia), Franz Anton Inderst (Marlengo, Italia), Alessandro Lepore (Giovinazzo, Italia), Hermann Kofler (Merano, Italia), Fabio Lo Presti (Ponte S. Pietro, Italia), Silvia Locatelli (Brembate, Italia), Nicola Lozito (Grumo Appula, Italia), Rocco Lozito (Grumo Appula, Italia), Fabio Maffoni (Soncino, Italia), Silvano Maffoni (Orzinuovi, Italia), Bruno Maironi Da Ponte (Bérgamo, Italia), Franco Maironi Da Ponte (Bérgamo, Italia), Michele Maironi Da Ponte (Bérgamo, Italia), Francesco Makovec (Lesmo, Italia), Concetta Mansi (Matera, Italia), Angela Marano (Melito di Napoli, Italia), Bruno Marchetto (Milán, Italia), Fabio Marchetto (Milán, Italia), Sergio Mariani (Milán, Italia), Lucia Martini (Scandicci, Italia), Alessandro Mattei (Treviso, Italia), Giorgio Matterazzo (Seregno, Italia), Mauro Mazzone (Verona, Italia), Ugo Mereghetti (Brescia, Italia) y en representación de Fulvia Mereghetti (Casamassima, Italia), Vitale Micheletti (Brescia, Italia), Giuseppe Mignano (Génova, Italia), Fabio Mingo (Ladispoli, Italia), Giovanni Minorenti (Guidonia Montecelio, Italia), Filippo Miuccio (Roma, Italia), Fulvio Moneta Caglio de Suvich (Milán, Italia), Giancarlo Monti (Milán, Italia), Angelo Giuseppe Morellini (Besana in Brianza, Italia), Barbara Mozzambani (San Martino Buon Albergo, Italia), Mario Nardelli (Gubbio, Italia), Eugenio Novajra (Udine, Italia), Giorgio Omizzolo (Baone, Italia), Patrizia Paesani (Roma, Italia), Daniela Paietta (Arona, Italia), Luigi Paparo (Volla, Italia), Davide Pascale (Milán, Italia), Salvatore Pasciuto (Gaeta, Italia), Sergio Pederzani (Ossuccio, Italia), Aldo Perna (Nápoles, Italia), Marco Piccinini (San Mauro Torinese, Italia), Nicola Piccioni (Soncino, Italia), Stefano Piedimonte (Nápoles, Italia), Mauro Piliego (Bolzano, Italia), Vincenzo Pipolo (Roma, Italia), Johann Poder (Silandro, Italia), Giovanni Polazzi (Milán, Italia), Santo Pullarà (Rimini, Italia), Patrizio Ragusa (Roma, Italia), Rosangela Raimondi (Arluno, Italia), Massimo Ratti (Milán, Italia), Gianni Resta (Imola, Italia), Giuseppe Ricciarelli (San Giustino, Italia), Enrica Rivi (Scandiano, Italia), Maria Rizescu (Pesaro, Italia), Alessandro Roca (Turín, Italia), Mario Romani (Milán, Italia), Claudio Romano (Nápoles, Italia), Gianfranco Romano (Pisticci, Italia), Ivo Rossi (Nettuno, Italia), Alfonso Russo (Scandiano, Italia), Iginio Russolo (San Quirinino, Italia), Francesco Sabato (Barcelona), Giuseppe Salvatore (Silvi, Italia), Luca Eudilio Sarzi Amadè, (Milán, Italia), Tiziano Scagliola (Terlizzi, Italia), Antonio Scalzullo (Avellino, Italia), Liviano Semeraro (Gavirate, Italia), Laura Liliana Serpente (Ancona, Italia), Maria Grazia Serpente (Ancona, Italia), Luciana Serra (Milán, Italia), Giuseppe Silecchia (Altamura, Italia), Paolo Sillani (Bérgamo, Italia), Vincenzo Solombrino (Nápoles, Italia), Patrizia Spiezia (Casoria, Italia), Alberto Tarantini (Roma, Italia), Halyna Terentyeva (Concordia Sagittaria, Italia), Vincenzo Tescione (Caserta, Italia), Riccardo Testa (Cecina, Italia), Salvatore Testa (Pontinia, Italia), Nadia Toneatti (Trieste, Italia), Giuseppe Ucci (Como, Italia), Giovanni Urbanelli (Pescara, Italia), Giuseppina Urciuoli (Avellino, Italia), Amelia Vaccaro (Chiavari, Italia), Maria Grazia Valentini (Tuenno, Italia), Nicola Varacalli (Occhieppo Superiore, Italia), Giancarlo Vargiu (Bolonia, Italia), Salvatore Veltri Barraco Alestra (Marsala, Italia), Roberto Vernero (Milán, Italia), Vincenza Vigilia (Castello d’Agogna, Italia), Celso Giuliano Vigna (Castel San Pietro Terme, Italia), Roberto Vignoli (Santa Marinella, Italia), Georg Weger (Merano, Italia), Albino Zanichelli (Busana, Italia), Andrea Zecca (Roma, Italia), Maurizio Zorzi (Ora, Italia) (representantes: S. Sutti y R. Spelta, abogados)

      Demandada: Banco Central Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare la admisibilidad del presente recurso.

               —

               Una vez determinada y calculada la responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE) a efectos del artículo 340 TFUE, condene a la parte demandada a indemnizar el perjuicio ocasionado por un importe de al menos 12 504 614,98 euros, o incluso en la cuantía distinta que se determine en justicia, sin perjuicio de que queden precisadas durante el procedimiento, junto con los intereses legales y de demora reconocidos sobre el importe desde que venza la deuda hasta su pago.

               —

               Con carácter subsidiario de primer grado, una vez determinada y calculada la responsabilidad del BCE a efectos del artículo 340 TFUE, condene a la parte demandada a indemnizar el daño ocasionado por un importe de al menos 3 668 020,39 euros, o incluso en la cuantía distinta que se determine en justicia, sin perjuicio de que queden precisadas durante el procedimiento, junto con los intereses legales y de demora reconocidos sobre el importe desde que venza la deuda hasta su pago.

               —

               Con carácter subsidiario, una vez determinada y calculada la responsabilidad del BCE a efectos del artículo 340 TFUE, condene a la parte demandada a indemnizar el daño ocasionado por un importe de al menos 2 667 651,19 euros, o incluso en la cuantía distinta que se determine en justicia, sin perjuicio de que queden precisadas durante el procedimiento, junto con los intereses legales y de demora reconocidos sobre el importe desde que venza la deuda hasta su pago.

               —

               Con carácter subsidiario de tercer grado, condene al BCE a indemnizar el perjuicio debido a su conducta lícita o sin culpa por el importe que se determine en justicia.

               —

               Condene en costas al BCE.

      Motivos y principales alegaciones

   En el presente asunto los demandantes alegan la responsabilidad extracontractual de la demandada por sus medidas de intervención en la reestructuración del déficit de la deuda griega, y afirman que existe la responsabilidad del BCE a efectos del artículo 340 TFUE, apartado 3, toda vez que concurren todos los requisitos que dan lugar a ésta, a saber, el carácter ilícito de la conducta que los demandantes imputan al BCE, la existencia de un perjuicio efectivo y la relación de causalidad entre el perjuicio y la conducta de la propia institución.
   A este respecto debe señalarse que la parte demandada:

               —

               celebró un acuerdo secreto el 15 de febrero de 2012 de canje de los títulos con la República Helénica;

               —

               no participó o no quiso participar en la reestructuración de la deuda griega impuesta al Estado Helénico para que éste pudiera obtener el segundo tramo de las ayudas, en conflicto de intereses al ser el propio BCE parte de la Troika;

               —

               adoptó la decisión de 5 de marzo de 2012 que condicionó la idoneidad de los títulos griegos a la concesión de un plan de readquisición concedido únicamente a los bancos centrales nacionales (BCN), pese a que carecían de calidad crediticia.

         En efecto, en apoyo de su recurso las demandantes sostienen que las actuaciones de la parte demandada tuvieron un efecto negativo y causal directo en las posiciones jurídicas de los demandantes que resultan perjudicados por el incremento de la cuantía de los recortes para los particulares, la postergación del crédito y la retrogradación de los inversores privados a la categoría de acreedores «junior».
   En opinión de los demandantes, dicha conducta infringe de modo patente normas de rango superior dirigidas a tutelar a los particulares, en concreto, los principios de igualdad de trato de los acreedores, de no discriminación y de igualdad, de proporcionalidad y de confianza legítima y protección de las expectativas legítimas de los poseedores de títulos, de seguridad jurídica.
   Con carácter subsidiario, en el supuesto en que el Tribunal General no califique la actuación del BCE como ilícito, los demandantes señalan en cualquier caso que al menos existe la responsabilidad objetiva del BCE o sin culpa o derivada de un acto en cualquier caso lícito dado que la actuación del BCE que se impugna en este asunto ocasionó un perjuicio anormal y especial, también a la luz de los derechos fundamentales como los tutela la Carta de Niza y posteriormente por el Tratado de Lisboa, en sus artículos 17 (propiedad), 21 (principio de no discriminación), 38 (protección de los consumidores), 41 (derecho a una buena administración).


title: Asunto C-621/11 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de diciembre de 2011 por New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 29 de septiembre de 2011 en el asunto T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E.

text:
               28.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 25/44

      Recurso de casación interpuesto el 2 de diciembre de 2011 por New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 29 de septiembre de 2011 en el asunto T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E.
      (Asunto C-621/11 P)
      (2012/C 25/82)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Recurrente: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH (representantes: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda, S. Kirschstein-Freund, Rechtsanwälte)

         Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E.

         Pretensiones de la parte recurrente

      La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

                  1)

                  Anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea dictada el 29 de septiembre de 2011 en el asunto T-415/09 y

                              a)

                              anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 30 de julio de 2009 en la medida en que desestima la apelación y confirma la denegación del registro para productos de la clase 25;

                              b)

                              con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que resuelva sobre el fondo.

                  2)

                  Condene a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) a cargar con las costas del procedimiento de primera instancia y del de apelación.

         Motivos y principales alegaciones

                  —

                  La toma en consideración de pruebas adicionales del uso presentadas tras el vencimiento del plazo fijado por la OAMI para aportar dicha prueba infringe los artículos 42, apartados 2 y 3, 76, apartado 2, RMC (1) (antiguos artículos 43, apartados 2 y 3, 74, apartado 2, RMC) y la Regla 22, apartado 2, REMC.

                  —

                  La aportación de prueba que demuestre el uso efectivo de la marca opuesta se supedita únicamente a la Regla 22, apartado 2, REMC. El tenor literal de la Regla 22, apartado 2, REMC no confiere ninguna facultad discrecional. En consecuencia, no se aplica el artículo 76, apartado 2, RMC. En el supuesto en que no quede demostrado el uso efectivo de la marca opuesta dentro del período fijado por la OAMI de conformidad con la Regla 22, apartado 2, frase 1, REMC, se desestimará la oposición.

                  —

                  Por tanto, en el supuesto en que la OAMI invite al oponente a formular observaciones en respuesta a las alegaciones del solicitante en relación con la prueba de uso presentada, de conformidad con el artículo 75 RMC y la Regla 20, apartado 4, REMC, el oponente podrá formular sus observaciones. No obstante, no pueden tomarse en consideración pruebas adicionales de uso ya que se presentaron fuera de plazo. Al tener en cuenta las pruebas presentadas extemporáneamente se infringieron el artículo 42, apartados 2 y 3 RMC y la Regla 22, apartado 2, REMC.

                  —

                  La mera formulación de observaciones por parte del solicitante en las que cuestiona la suficiencia de las pruebas presentadas dentro de plazo no justifica que se tomen en consideración pruebas adicionales de uso.

                  —

                  Incluso aunque se considere que el artículo76, apartado 2, se aplica a la prueba adicional de uso presentada tras el vencimiento del plazo fijado por la Regla 22, apartado 2, REMC, en el presente asunto se han infringido los artículos 42, apartados 2 y 3, 76, apartado 2, RMC y la Regla 22, apartado 2, REMC.

                  —

                  Las pruebas presentadas posteriormente no son pruebas adicionales. Las pruebas adicionales requieren que las pruebas presentadas dentro del primer plazo hayan demostrado el uso efectivo de la marca opuesta y que las pruebas presentadas en una fecha posterior se limitan a sustanciar los hechos ya demostrados. De ese modo, el Tribunal General infringió el artículo 76, apartado 2, RMC al permitir que se aplicara dicha disposición en el procedimiento de apelación.

                  —

                  Se ha abusado de la facultad discrecional que reconoce el artículo 76, apartado 2, RMC. La OAMI abusó de su facultad discrecional al limitarse a tomar en consideración que la presentación de otros ejemplos de uso era necesaria para el oponente. La cuestión de si la presentación de pruebas adicionales es necesaria para una parte en el procedimiento no es un factor que deba tener en cuenta el demandado. Es la propia parte la que debe responder a dicha cuestión. Además, la OAMI no tuvo en cuenta otras circunstancias. Ni siquiera tomó en consideración el valor del material presentado en primer lugar. Al considerar que no existió abuso de la facultad discrecional el Tribunal General infringió el Derecho aplicable.

         (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto T-203/00: Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Beemsterboer Coldstore Services B.V.

text:
21.10.2000             ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 302/29
Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2000 contra la                     Recurso interpuesto el 31 de julio de 2000 por CCBB
Comisión de las Comunidades Europeas por Beemster-                      Vervoer- en Distributiecentrum BV contra la Comisión
                  boer Coldstore Services B.V.                                            de las Comunidades Europeas
                       (Asunto T-203/00)                                                         (Asunto T-204/00)
                         (2000/C 302/69)                                                          (2000/C 302/70)
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)                                    (Lengua de procedimiento: neerlandés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 1 de agosto de 2000 un recurso              Europeas se ha presentado el 31 de julio de 2000 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Beemsterboer Coldstore Services B.V., con domicilio social           por CCBB Vervoer- en Distributiecentrum BV, con domicilio
en Harderwijk (Paı́ses Bajos), representada por K.H.L. van               social en Rotterdam, representada por el Sr. R.G. Snouckaert
Waasbergen, del despacho de Abogados Den Hollander Advo-                 van Schauburg, Abogado de Amsterdam. La parte demandante
caten, de Hellevoetsluis (Paı́ses Bajos), que designa como               solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
domicilio en Luxemburgo el despacho de J.-J. Soisson, de Ernst
& Young SA, Rue Richard Coudenhove Kalergi, Kirchberg.                   Con carácter principal:
                                                                         —     Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                  Europeas, de 4 de febrero de 1998, por la que se deniega
que:
                                                                               la solicitud de los Paı́ses Bajos de renunciar en favor de la
—     Anule la Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2000               demandante a recaudar a posteriori los derechos de
      (REM 34/99), relativa a una solicitud de condonación de                 importación o de condonarlos en relación con la importa-
      derechos de importación, dirigida al Reino de los Paı́ses               ción de televisores originarios de Turquı́a que tuvo lugar
      Bajos.                                                                   en noviembre de 1993 [Decisión C(98) 241].
—     Condene a la Comisión a pagar las costas del procedi-             —     Condene a la Comisión a pagar las costas de este
      miento.                                                                  procedimiento.
                                                                         Con carácter subsidiario, en caso de que no se anule la
Motivos y principales alegaciones                                        Decisión:
El recurso se refiere a la declaración de importación de               —     Condene, no obstante, a la Comisión a pagar las costas
carne de pavo sacrificado y preparada de forma kosher. La                      del presente procedimiento (sus propias costas y las de la
demandante declaró esta carne bajo el código de mercancı́a                   demandante).
1602 3111, mientras que, según las autoridades de Aduanas,
debı́a haber sido declarada bajo el código 0207 2710. Sin               Con carácter más subsidiario:
embargo, dichas autoridades tardaron más de un año en                  —     Condene a la Comisión a pagar sus propias costas.
señalárselo a la demandante y en reclamar los derechos de
importación. Con la Decisión impugnada se deniega la solici-
tud de condonación de derechos de importación presentada               Motivos y principales alegaciones
por Beemsterboer.
                                                                         En 1993, la demandante presentó en la aduana de Rotterdam
En apoyo de su recurso de anulación, la demandante alega dos            una declaración de importación de 640 televisores de color
motivos:                                                                 para su despacho directo a consumo. Dado que, al declarar
                                                                         dichos televisores, se presentó un certificado de circulación de
—     Infracción o aplicación incorrecta del artı́culo 239 del         mercancı́as modelo A.TR.1 expedido por las autoridades
      Código Aduanero Comunitario. Según la demandante,                turcas, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión no 5/72
      la Comisión, aplicando criterios indebidos y sin dar              del Consejo de Asociación CEE-Turquı́a, no se adeudó derecho
      explicación alguna sobre el hecho de que hubiera transcu-         de importación alguno.
      rrido más de medio año entre el descubrimiento del
      código, según las autoridades de Aduanas, inexacto y el          En 1995, la aduana de Rotterdam notificó a la demandante
      inicio de una investigación a fondo al respecto, concluyó        que, con motivo de una investigación llevada a cabo por la
      que no se daba una «situación especial» en el sentido del         Comisión Europea, habı́a resultado que las autoridades turcas
      artı́culo 239 del Código Aduanero Comunitario.                    habı́an expedido indebidamente el certificado A.TR.1 que la
                                                                         demandante habı́a presentado a la sazón. En consecuencia, se
—     Violación del principio de motivación. Las razones alega-        reclamaron los derechos de importación.
      das por la Comisión no están motivadas o se apoyan en
      motivaciones basadas en inexactitudes de hecho y de                La aduana transmitió el asunto a la Comisión Europea, que el
      derecho que no pueden justificar dichas razones.                   4 de febrero de 1998 adoptó una Decisión según la cual no
                                                                         estaba justificada la devolución de los derechos de importación
                                                                         recaudados. El presente recurso impugna dicha Decisión.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la House of Lords, de fecha 15 de octubre de 1996, en el asunto entre Card Protection Plan Ltd y Commissioners of Customs and Excise (Asunto C-349/96)

text:
7 . 12 . 96                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              N° C 370/9
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                     operaciones realizadas por personas autorizadas para
lución de la House of Lords, de fecha 15 de octubre de 1996,                   ejercer la actividad de asegurador con arreglo a la
en el asunto entre Card Protéction Plan Ltd y Commissio                       legislación de dicho Estado miembro ?
                     ners of Customs and Excise
                                                                       (') Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de
                          ( Asunto C-349/96 )                                1977, en materia de armonización de las legislaciones de los
                              ( 96/C 370/20 )                                Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
                                                                             negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido :
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    base imponible uniforme ( DO n" L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  09/01 , p . 54 ).
resolución de la House of Lords dictada el 15 de octubre de            ( 2 ) Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de
1996 en el asunto entre Card Protéction Plan Ltd y                           1973 , por la que se establece una coordinación de las
                                                                             disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas
Commissioners of Customs and Excise, y recibida en la                        al acceso a la actividad de seguro directo distinto del seguro de
Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de octubre de                      vida y a su ejercicio ( DO n" L 228 de 16 . 8 . 1973 , p . 3 ; EE 06/01 ,
1996 .                                                                       p . 143 ).
                                                                       (') Directiva 84/641 /CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1984 ,
La House of Lords solicita al Tribunal de Justicia que se                    por la que se modifica , en lo que se refiere en particular a la
pronuncie sobre las cuestiones siguientes:                                   asistencia turística, la Primera Directiva 73/239/CEE, por la que
                                                                             se establece una coordinación de las disposiciones legales ,
1 ) Habida cuenta de las disposiciones de la Sexta Directiva                 reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la activi
     sobre el impuesto sobre el valor añadido ( IVA ) (') y, en              dad de seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio
     particular, el apartado 1 de su artículo 2 , ¿ cuál es el               ( DO n" L 339 de 27 . 12 . 1984, p . 21 ; EE 06/02 , p . 150 ).
     criterio aplicable para determinar si una transacción             ( 4 ) Directiva 77/92/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976 ,
     está integrada , a efectos del IVA, por una única                       relativa a las medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo
     operación compuesta o por dos o más operaciones                         de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de
     independientes ?                                                        servicios para las actividades de agente y de corredor de seguros
                                                                             ( ex grupo 630 CITI ) y por la que se establecen, en particular,
2 ) La prestación, por parte de una empresa , de uno o varios                medidas transitorias para estas actividades ( DO n" L 26 de 3 1 . 1 .
     servicios como los prestados por Card Protéction Plan                   1977, p . 14 ; EE 06/01 , p . 219 ).
     Limited ( CPP ) mediante su plan de protección de
     tarjetas de crédito ¿ constituye a efectos del IVA una
     única operación compuesta o dos o más operaciones                 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
     independientes ? ¿ Hay alguna de las características              lución de la Cour de cassation francesa, de fecha 8 de
     particulares del presente caso, como el pago de un único          octubre de 1996, en el asunto entre Drouot assurances SA,
     precio por parte del cliente o la participación de                por una parte, y Consolidated metalurgical industries
     Continental Assurance Company of London pie, así                  ( CMI industrial sites ), GIE Réunion européenne y Protea
     como de CPP, que afecte a la respuesta a esta cues
                                                                                assurance , por otra
     tión ?
                                                                                ( Asunto C-351 /96 )
3 ) Dicho servicio o servicios, ¿ constituyen o incluyen « las                                        ( 96/C 370/21 )
     operaciones de seguro [. . . J , incluidas las prestaciones
     de servicios relativas a las mismas efectuadas por [. . .]        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     agentes de seguros » en el sentido de la letra a ) de la          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
     parte B del artículo 13 de la Sexta Directiva sobre el            resolución de la Cour de cassation francesa, dictada el 8 de
     IVA ?; en particular, a efectos de dar respuesta a esta           octubre de 1996 , en el asunto entre Drouot assurances SA,
     cuestión :                                                        por una parte, y Consolidated metalurgical industries ( CMI
     a ) ¿ Comprende el término « seguro », en el sentido de la        industrial sites ), GIE Réunion européenne y Protea assu
          letra a ) de la parte B del artículo 13 de la Sexta          rance, por otra , y recibida en la Secretaría del Tribunal de
          Directiva sobre el IVA, las clases de actividad, en          Justicia el 25 de octubre de 1996 .
          particular, la actividad de, « asistencia », incluidas en    La Cour de cassation francesa solicita al Tribunal de Justicia
          la lista del Anexo a la Directiva 73/239/CEE del
                                                                       que declare, con respecto al concepto autónomo de « las
          Consejo ( 2 ) ( Primera Directiva del Consejo sobre          mismas partes » que utiliza el artículo 21 del Convenio de
          seguros distintos del seguro de vida ), en su versión        27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y
          modificada por la Directiva 84/641 /CEE del Con             la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
          sejo ( 3 )?                                                  mercantil :
     b ) « las prestaciones de servicios relativas a las mismas
          efectuadas por [. . .] agentes de seguros » contempla       Si existe una situación de litispendencia internacional en el
                                                                        sentido de dicha norma cuando ante un Tribunal de un
          das en la letra a ) de la parte B del artículo 13 de la
          Sexta Directiva sobre el IVA, ¿ constituyen o inclu          Estado contratante se formula , por parte del asegurador de
          yen las actividades a que se refiere el artículo 2 de la      un buque que ha naufragado, una demanda destinada a
          Directiva 77/92/CEE del Consejo ( 4 )?                        obtener del propietario y del asegurador del cargamento que
                                                                        se encuentra a bordo el pago parcial, en concepto de
4 ) ¿ Es compatible con la letra a ) de la parte B del                  contribución a las averías comunes, de los gastos de poner a
     artículo 13 de la Sexta Directiva sobre el IVA el hecho de         flote el buque, siendo así que ante un Tribunal de otro
     que un Estado miembro restrinja el alcance de la                   Estado contratante se ha formulado con anterioridad , por el
     exención relativa a « las operaciones de seguro » a las            propietario y el asegurador del cargamento, una demanda


title: Asunto C-121/12 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de octubre de 2013 — Bernhard Rintisch/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Valfleuri Pâtes alimentaires SA [Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n ° 40/94 — Artículo 74, apartado 2 — Reglamento (CE) n ° 2868/95 — Regla 50, apartado 1, párrafos primero y tercero — Oposición del titular de una marca anterior — Existencia de la marca — Pruebas presentadas en apoyo de la oposición una vez finalizado el plazo fijado al efecto — No consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Disposición contraria — Circunstancias que se oponen a que se tengan en cuenta pruebas nuevas o adicionales]

text:
               23.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 344/25

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de octubre de 2013 — Bernhard Rintisch/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Valfleuri Pâtes alimentaires SA
   (Asunto C-121/12 P) (1)

   (Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 74, apartado 2 - Reglamento (CE) no 2868/95 - Regla 50, apartado 1, párrafos primero y tercero - Oposición del titular de una marca anterior - Existencia de la marca - Pruebas presentadas en apoyo de la oposición una vez finalizado el plazo fijado al efecto - No consideración - Facultad de apreciación de la Sala de Recurso - Disposición contraria - Circunstancias que se oponen a que se tengan en cuenta pruebas nuevas o adicionales)
   2013/C 344/41
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Bernhard Rintisch (representante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider, agente), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (representante: F. Baujoin, abogado)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 16 de diciembre de 2011, Rintisch/OAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (T-109/09), por la que dicho Tribunal desestimó un recurso de anulación interpuesto por el titular de determinadas marcas denominativas, comunitaria y nacionales, de una marca figurativa nacional y de un nombre comercial en el que figura el término «PROTI», para productos de las clases 5, 29, 30 y 32, contra la resolución R 1660/2007-4 de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 21 de enero de 2009, desestimatoria del recurso presentado contra la resolución de la División de Oposición que había desestimado la oposición formulada por el recurrente contra el registro de la marca denominativa «PROTIVITAL» para productos de las clases 5, 29 y 30 — Presentación extemporánea de documentos — Facultad de apreciación conferida por el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009].

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Bernhard Rintisch.

      (1)  DO C 165, 9.6.2012.


title: Asunto C-501/08 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de noviembre de 2008 por el Município de Gondomar contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) el 10 de septiembre de 2008 en el asunto T-324/06, Município de Gondomar/Comisión

text:
               24.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/18

         Recurso de casación interpuesto el 20 de noviembre de 2008 por el Município de Gondomar contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) el 10 de septiembre de 2008 en el asunto T-324/06, Município de Gondomar/Comisión
   (Asunto C-501/08 P)
   (2009/C 19/32)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Recurrente: Município de Gondomar (representantes: J.L. da Cruz Vilaça y L. Pinto Monteiro, advogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule el auto del Tribunal de Primera Instancia y se declare la admisibilidad del recurso interpuesto contra la Decisión C(2006) 3782 de la Comisión, de 16 de agosto de 2006, relativa a la supresión de la ayuda financiera concedida por el Fondo de Cohesión.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule el auto del Tribunal de Primera Instancia y se devuelva el asunto a dicho Tribunal para su resolución.

               —

               Que se condene a la Comisión Europea al pago de todas las costas, incluidas las causadas por la parte recurrente, con arreglo al artículo 69 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia o, con carácter subsidiario, que se reserve la decisión sobre las costas hasta que se dicte el auto o la sentencia que ponga fin al procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   1.   ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DEL REQUISITO DE QUE EL DEMANDANTE RESULTE DIRECTAMENTE AFECTADO E INEXISTENCIA DE UNA MOTIVACIÓN SUFICIENTE
   El Município de Gondomar considera que el ordenamiento jurídico portugués contiene particularidades que deben conducir a un planteamiento distinto del desarrollado por el Tribunal de Primera Instancia en el auto que declara la inadmisibilidad del recurso en el asunto T-324/06, que adolece de un error de Derecho.
   En efecto, de la normativa portuguesa, en particular de los artículos 18 y 20 del Reglamento de Aplicación del Fondo de Cohesión en Portugal, aprobado por el artículo único del Decreto-ley no 191/2000, de 16 de agosto, se desprende que la República Portuguesa no dispone de ningún margen de discrecionalidad en cuanto a la decisión de mantener o no las ayudas financieras concedidas por el Fondo de Cohesión al Município de Gondomar, en su calidad de organismo responsable de la ejecución del proyecto, de tal modo que debe llegarse a la conclusión de que la Decisión de la Comisión por la que se suprime la ayuda económica del Fondo de Cohesión tiene efectos automáticos, puesto que la citada normativa no permite que se dispense de la obligación de devolver las cantidades indebidamente pagadas a las entidades encargadas de la ejecución.
   En el auto por el que se declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto en el asunto T-324/06, el Tribunal de Primera Instancia no se pronunció sobre esta cuestión y, en la medida en que ésta constituye un aspecto esencial a la hora de determinar la admisibilidad del recurso, cometió un error de Derecho con consecuencias inmediatas en el ejercicio de los derechos procesales reconocidos por el artículo 230 CE.
   El que no se haya analizado esta cuestión implica también que la motivación del auto recurrido es defectuosa o insuficiente. Según la doctrina y la jurisprudencia comunitarias, existe un deber general de motivar las resoluciones dictadas por los órganos administrativos y judiciales, de forma que se facilite el control jurisdiccional que compete al Tribunal de Justicia.
   Dado que el Tribunal de Primera Instancia no se pronunció acerca de las particularidades del ordenamiento jurídico portugués, el auto recurrido adolece de una motivación insuficiente que puede afectar gravemente a los intereses de la parte recurrente.
   2.   VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
   El Município de Gondomar considera asimismo que corre el riesgo de que se le niegue su derecho a la tutela judicial efectiva, dado que no dispone de vías de recurso en Derecho interno para impugnar la solicitud de devolución de las ayudas financieras del Fondo de Cohesión, al ser el acto de notificación de la Decisión de la Comisión por la que se suprime la ayuda financiera del Fondo de Cohesión un acto irrecurrible conforme al Derecho interno.
   La notificación de la Decisión de la Comisión, que no es susceptible de recurso en Derecho interno, se llevó a cabo mediante carta de 25 de septiembre de 2006 de la Entidad gestora sectorial para el Fondo de Cohesión del Ministerio de Medio Ambiente, que se limita a «dar traslado» de la Decisión de la Comisión, que es la que tiene contenido dispositivo.
   La inexistencia de vías de recurso viola el principio del derecho a una tutela judicial efectiva, tal como está reconocido en la doctrina y en la jurisprudencia comunitarias más recientes.


title: Asunto T-276/14: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2014 — Flachglas Torgau y otros/Comisión

text:
               14.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/29

         Recurso interpuesto el 15 de abril de 2014 — Flachglas Torgau y otros/Comisión
   (Asunto T-276/14)
   2014/C 223/34
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: Flachglas Torgau GmbH (Torgau, Alemania), Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, Alemania) y Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Alemania) (representantes: S. Altenschmidt y H. Janssen, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 2013 en el asunto de la Ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos.

               1.

               Primer motivo: infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1

                           —

                           Las demandantes alegan que la Decisión impugnada infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1, ya que el recargo EEG previsto en la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley por la que se concede prioridad a las fuentes de energía renovables; en lo sucesivo, «EEG») y el régimen especial de compensación no constituían ninguna ayuda otorgada por los Estados o mediante fondos estatales. Afirman que todos los hechos relevantes para la calificación de estas medidas se determinaron en el procedimiento previo entre la Comisión y la República Federal de Alemania. Según las demandantes, no existía ninguna duda adicional que la Comisión debiese comprobar en un procedimiento con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, y al artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1).

               2.

               Segundo motivo: infracción del artículo 108 TFUE, apartado 1, y violación del principio de seguridad jurídica

                           —

                           Las demandantes alegan en este punto que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 1, y el principio de seguridad jurídica, por cuanto aplicó el procedimiento para las ayudas estatales nuevas establecido en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 en lugar del procedimiento para las ayudas estatales existentes, con arreglo al artículo 17 y siguientes del Reglamento no 659/1999, a efectos de revisar su calificación preliminar de la EEG como ayuda. A este respecto señala, en particular, que la Comisión, en su decisión de 22 de mayo de 2002, no calificó a la EEG de 2000 como ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que no implicaba transferencia alguna de recursos estatales. Según las demandantes, las modificaciones introducidas en la EEG de 2000 por la EEG de 2012 no fueron sustanciales en comparación con la decisión de la Comisión de 22 de mayo de 2002. Por ello, señalan, la Comisión podría haber invocado una interpretación jurídica modificada, a través del procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 1, sin implicar a las demandantes.

               3.

               Tercer motivo: infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y vulneración del principio del derecho a ser oído

                           —

                           Las demandantes alegan, además, que la demandada adoptó la Decisión impugnada sin dar previamente a la demandante la posibilidad de expresar su opinión al respecto.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE.


title: Asunto T-117/08: Sentencia del Tribunal General de 31 de marzo de 2011 — Italia/CESE ( «Régimen lingüístico — Convocatoria de vacante para la selección del Secretario General del CESE — Publicación en tres lenguas oficiales — Información relativa a la convocatoria de vacante — Publicación en todas las lenguas oficiales — Recurso de anulación — Admisibilidad — Artículos 12 CE y 290 CE — Artículo 12 del RAA — Reglamento n ° 1» )

text:
               14.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/23

         Sentencia del Tribunal General de 31 de marzo de 2011 — Italia/CESE
   (Asunto T-117/08) (1)

   (Régimen lingüístico - Convocatoria de vacante para la selección del Secretario General del CESE - Publicación en tres lenguas oficiales - Información relativa a la convocatoria de vacante - Publicación en todas las lenguas oficiales - Recurso de anulación - Admisibilidad - Artículos 12 CE y 290 CE - Artículo 12 del RAA - Reglamento no 1)
   2011/C 145/37
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: R. Adam, agente, asistido por P. Gentili, avvocato dello Stato)

      Demandada: Comité Económico y Social Europeo (CESE) (representantes: inicialmente M. Bermejo Garde, posteriormente M. Arsène, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandante: Reino de España (representante: F. Díez Moreno, agente)

      Objeto

   Recurso de anulación, por una parte, de la convocatoria para proveer plaza vacante no 73/07 relativa a un puesto de Secretario General en la Secretaría del CESE, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de diciembre de 2007 en las versiones alemana, inglesa y francesa (DO C 316 A, p. 1), y, por otra parte, de la corrección de errores de la citada convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 30 de enero de 2008 en las versiones alemana, inglesa y francesa (DO C 25 A, p. 19).

      Fallo

               1)

               Anular la convocatoria para proveer la plaza vacante no 73/07 relativa a un puesto de Secretario General en la Secretaría del Comité Económico y Social Europeo (CESE), publicada el 28 de diciembre de 2007, en su versión rectificada el 30 de enero de 2008.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 116, de 9.5.2008.


title: Asunto T-30/01: Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2001 por El Territorio Histórico de Alava — La Diputación Foral de Alava contra la Comisión de las Comunidades europeas

text:
C 108/26               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      7.4.2001
Por otro lado, a pesar de disponer de un justificante de su              Después de un intercambio de correspondencia con la Comi-
participación en las elecciones, la AFPN no concedió ni un             sión, la demandante envió a la demandada un escrito de
solo dı́a de permiso por tiempo de viaje al demandante, que se           requerimiento con arreglo a los efectos del artı́culo 232 CE. La
desplazó del lugar en que se encuentra destinado al lugar de            Comisión no adoptó decisión alguna, ni siquiera después del
votación. La negativa de la AFPN de concederle siquiera el              citado requerimiento. Por lo tanto, la demandante expone que,
permiso mı́nimo por tiempo de viaje infringe manifiestamente             casi a los veinte meses de la presentación de la denuncia, la
el principio de proporcionalidad.                                        Comisión no se ha pronunciado sobre el fondo del documento
                                                                         preliminar que le envió.
                                                                         En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega ante todo
                                                                         el incumplimiento de la obligación de buena administración,
                                                                         en la medida en que la Comisión hubiera debido concluir la
                                                                         fase preliminar del presente caso dentro de un plazo razonable.
Recurso interpuesto el 29 de enero de 2001 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Fiocchi                        En segundo lugar, se afirma que la demandada ha omitido
                         Munizioni s.p.a.                                pronunciarse sobre las pretensiones formuladas en la denuncia.
                        (Asunto T-26/01)
                         (2001/C 108/47)
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                     Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2001 por El
                                                                         Territorio Histórico de Alava — La Diputación Foral de
                                                                          Alava contra la Comisión de las Comunidades europeas
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 29 de enero de 2001 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                                        (Asunto T-30/01)
por Fiocchi Munizioni s.p.a., representada por los Sres. Ivo
Van Bael, Enrico Adriano Raffaelli, Fabrizio Di Gianni y Renato                                   (2001/C 108/48)
Antonini, abogados.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                            (Lengua de procedimiento: español)
que:
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—     Declare que la Comisión ha incumplido las obligaciones            europeas se ha presentado, el 9 de febrero de 2001 un recurso
      que le incumben en virtud del artı́culo 232 CE, al no              contra la Comisión de las Comunidades europeas formulado
      haberse pronunciado sobre el fondo de la denuncia                  por El Territorio Histórico de Alava — La Diputación Foral de
      presentada por la demandante y al haberse abstenido de             Alava, con domicilio en Alava (España), representado por los
      adoptar las correspondientes decisiones en el asunto, ası́         letrados en ejercicio Dña. Marta Morales Isasi y D. Ignacio
      como al no haber dictado los actos a que estaba obligada,          Sáenz-Cortabarrı́a Fernández.
      por los motivos expuestos en el presente recurso y para
      todas las consecuencias que puedan derivarse del mismo.            La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         que:
—     Condene a la Comunidad al pago de las costas del
      procedimiento, incluyendo los honorarios.                          —     anule la Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de
                                                                               2000, que incoa el procedimiento previsto en el apar-
—     Adopte las demás medidas y resoluciones que debieran                    tado 2 del artı́culo 88 CE en relación con el artı́culo 14
      considerarse necesarias con arreglo a la equidad.                        de la Norma Foral 18/1993; y
                                                                         —     condene en costas a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
La parte demandante en el presente procedimiento —una                    Motivos y principales alegaciones
empresa que desarrolla su actividad en el sector de la produc-
ción y de la comercialización de armas y municiones— afirma            La medida objeto de la decisión recurrida es el artı́culo 14 de
que presentó una denuncia a la Comisión relativa a las ayudas          la Norma Foral del Territorio Histórico de Alava 18/1993, de
de Estado que el Reino de España ha concedido a la Empresa              5 de julio, de Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a la
Nacional Santa Bárbara, con domicilio en España. En dicha              Inversión e Impulso de la Actividad Económica. Esta medida
denuncia la demandante afirmaba que tales supuestas ayudas               se refiere a una exención del Impuesto de Sociedades a
provocaron una grave distorsión de la competencia en el                 empresas creadas entre los años 1993 y 1994 y fue adoptada
mercado de armamentos, en el cual la demandante compite                  en el seno de un paquete de Medidas Fiscales de Apoyo a la
directamente con Santa Bárbara.                                         Inversión e Impulso de la Actividad Económica.
 ---pagebreak--- 7.4.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 108/27
La parte demandante funda esencialmente su recurso en la                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
infracción del procedimiento legalmente establecido en el               que:
artı́culo 88 CE y en el Reglamento n. 650/1999 (1) para el
supuesto de regı́menes de ayudas exisentes y, consiguiente-              —     anule la Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de
mente, la violación de los principios de seguridad jurı́dica,                 2000, que incoa el procedimiento previsto en el apar-
confianza legı́tima y audiencia.                                               tado 2 del artı́culo 88 CE en relación con el artı́culo 14
                                                                               de la Norma Foral 11/1993; y
Se afirma, a este respecto, que la Comisión conocı́a, ya desde
1994, la existencia de la Norma Foral de autos, el conjunto de
                                                                         —     condene en costas a la Comisión.
cuyas disposiciones, y no solo su artı́culo 14, fue objeto de
una denuncia solicitando su declaración de incompatibilidad
con arreglo al artı́culo 87 del Tratado CE.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
A raı́z de la referida denuncia, la Comisión procedió a realizar el
examen previo en materia de ayudas de Estado, dándose traslado
de dicha denuncia al Reino de España. En ningún momento,               La medida a la que se refiere la decisión impugnada se consagra
sostiene la demandante, la Comisión comunicó que abrı́a o              en el art. 14 de la Norma Foral 11/1993 de 26 de junio del
que hubiera abierto el procedimiento de investigación formal            Territorio Histórico de Guipuzkoa, de medidas fiscales urgentes
previsto en el apartado 2 del artı́culo 88 del Tratado CE.               de apoyo a la inversión e impulso de la actividad económica,
                                                                         que prevé una exención del impuesto sobre sociedades aplica-
                                                                         ble a determinadas empresas de nueva creación.
El hecho de que en noviembre de 2000 la Comisión proceda a
abrir el procedimiento contradictorio previsto en el apartado 2
del artı́culo 88, en relación con uno de los artı́culos de la           Los motivos y principales alegaciones son similares a los
Normal Foral 18/1993, implica, a juicio de la parte deman-               invocados en le asunto T-30/01.
dante que la Comisión ha violado el procedimiento legalmente
establecido para el examen y evaluación de los regı́menes de
ayudas existentes.
Para dicha parte, en caso de que la Comisión tuviera dudas, bien
sobre el carácter de ayuda de la exención fiscal prevista, bien
sobre su compatibilidad con el mercado común, la Comisión no
puede calificarla como ayuda nueva, sino como ayuda existente,
debiendo proceder, en buena administración, a su análisis y            Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2001 por El
control, con arreglo al examen permanente previsto para este             Territorio Histórico de Bizkaia — La Diputación Foral de
tipo de ayudas en el apartado 1 del art. 88 CE.                          Bizkaia contra la Comisión de las Comunidades europeas
(1) Reglamento (CE) n. 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de
     1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del                             (Asunto T-32/01)
     Tratado CE (DOCE L 83, de 27.3.99, p. 1).
                                                                                (2001/C 108/50)
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2001 por El
Territorio Histórico de Gipuzkoa — La Diputación Foral                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
de Gipuzkoa contra la Comisión de las Comunidades                       europeas se ha presentado, el 9 de febrero de 2001 un recurso
                             europeas                                    contra la Comisión de las Comunidades europeas formulado
                                                                         por El Territorio Histórico de Bizkaia — La Diputación Foral
                         (Asunto T-31/01)                                de Bizkaia, con domicilio en Bizkaia (España), representado
                                                                         por los letrados en ejercicio Dña. Marta Morales Isasi y
                                                                         D. Ignacio Sáenz-Cortabarrı́a Fernández.
                          (2001/C 108/49)
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                  (Lengua de procedimiento: español)
                                                                         que:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado, el 9 de febrero de 2001 un recurso            —     anule la Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de
contra la Comisión de las Comunidades europeas formulado                      2000, que incoa el procedimiento previsto en el apar-
por El Territorio Histórico de Gipuzkoa — La Diputación                      tado 2 del artı́culo 88 CE en relación con el artı́culo 14
Foral de Gipuzkoa, con domicilio en Gipuzkoa (España),                        de la Norma Foral 5/1993; y
representado por los letrados en ejercicio Dña. Marta Morales
Isasi y D. Ignacio Sáenz-Cortabarrı́a Fernández.                       —     condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-321/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de julio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Hans Markus Kofoed/ Skatteministeriet (Directiva 90/434/CEE — Régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones — Resolución nacional por la que se impone un canje de participaciones — Canje de participaciones — Reparto de dividendos poco después — Abuso de derecho)

text:
               25.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de julio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Hans Markus Kofoed/ Skatteministeriet
   (Asunto C-321/05) (1)

   (Directiva 90/434/CEE - Régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones - Resolución nacional por la que se impone un canje de participaciones - Canje de participaciones - Reparto de dividendos poco después - Abuso de derecho)
   (2007/C 199/09)
   Lengua de procedimiento: danés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Østre Landsret
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Hans Markus Kofoed

      Demandada: Skatteministeriet
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Østre Landsret — Interpretación del artículo 2, letra d), de la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros (DO L 225, p. 1) — Canje de acciones seguido inmediatamente de una distribución de dividendos por la sociedad dominante por un importe que excede del 10 % del valor nominal de las acciones canjeadas.
   Fallo
   En circunstancias como las del litigio principal, unos dividendos como los repartidos no deben incluirse en el cálculo de la «compensación en dinero» prevista en el artículo 2, letra d), de la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros, y que, por tanto, un canje de participaciones como el que es objeto del litigio constituye un «canje de acciones» a efectos del artículo 2, letra d), de esta Directiva.
   Por tanto, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 90/434 se opone, en principio, a que se grave tal canje de participaciones, salvo que normas de Derecho interno sobre el abuso de derecho, el fraude o la evasión fiscal puedan interpretarse conforme al artículo 11, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, y, por ello, justificar su imposición tributaria.

      (1)  DO C 257 de 15.10.2005.