title: Asunto C-514/03: Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 2003 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 47/18                ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                           21.2.2004
     —     ¿Se aplica el criterio Schumacker para residentes y                —    la obligación para las empresas de servicios de
           no residentes únicamente en caso de aspectos fiscales                   seguridad privada, en el marco del régimen de
           subjetivos o personales, como por ejemplo, la                           inscripciones extranjeras, de:
           deducción de gastos personales y familiares, o
           también en caso de aspectos fiscales objetivos o no                     a)    ser una persona jurídica en todos los casos
           personales, como por ejemplo, el tipo impositivo?                             específicos,
     —     Al decidir si tratan al contribuyente no residente                      b)    poseer un capital social específico, sin tener en
           como residente, ¿pueden los Estados miembros                                  cuenta que esa empresa no está sometida a las
           aplicar una norma cuantitativa (como por ejemplo,                             mismas obligaciones en su país de estableci-
           la norma del 90 %) a pesar de que con ello no se                              miento,
           garantiza la anulación de todo tipo de discrimina-
           ción?                                                                   c)    depositar una fianza en la Caja General de
                                                                                Depósitos, sin tener en cuenta el posible pago
                                                                                de una fianza en el Estado miembro de origen,
3)   ¿Es el régimen optativo recogido en el artículo 2.5 de la
     Ley IB 2001 un mecanismo adecuado que garantiza que                           d)    tener un número mínimo de empleados;
     el interesado pueda hacer uso de sus derechos tal y como
     están reconocidos por el Tratado CE y que excluye todo
                                                                              —    que el personal de una empresa extranjera de
     tipo de discriminación?
                                                                                servicios de seguridad privada obtenga una nueva
     En caso de respuesta afirmativa, ¿sigue siendo un meca-                       autorización específica en España cuando ese perso-
     nismo adecuado en el presente asunto, en el que el                            nal ya ha obtenido una autorización comparable en
     interesado únicamente obtiene ingresos procedentes de                         el Estado miembro de establecimiento de dicha
                                                                                empresa; y que no se someta a las profesiones del
     ahorros e inversiones, una vez que, como se ha conside-
     rado el punto 4.3, el régimen optativo no puede benefici-                     sector de la seguridad privada al régimen comunita-
     arle?                                                                         rio de reconocimiento de cualificaciones profesio-
                                                                                nales,
                                                                              el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
                                                                              incumben con arreglo a lo dispuesto en los artículos 43
                                                                              y 49 del Tratado CE, así como en las Directivas 89/48/
                                                                              CEE (1) y 92/51/CEE (2) y
                                                                        2.    condene en costas al Reino de España.
Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 2003 contra el
Reino de España por la Comisión de las Comunidades
                            Europeas                                    Motivos y principales alegaciones
                       (Asunto C-514/03)                                La normativa española en materia de servicios de seguridad
                                                                        privada infringe la legislación comunitaria, más en concreto
                                                                        los artículos 43 y 49 del Tratado CE, así como, en el marco
                         (2004/C 47/29)                                 del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, las
                                                                        Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE.
                                                                        En efecto, las empresas que deseen ejercer actividades de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            seguridad privada en el territorio español deben obtener una
presentado el 8 de diciembre de 2003 un recurso contra el               autorización en forma de registro ante el Ministerio del
Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-              Interior, autorización que se expide únicamente si se reúnen
des Europeas, representada por Dña. María Patakia y D. Luis             requisitos relativos a la forma de la empresa, al capital social,
Escobar, en calidad de agentes, que designa domicilio en                al depósito de una fianza en la Caja General de Depósitos, al
Luxemburgo.                                                             número de empleados y al número de vehículos blindados de
                                                                        la empresa. Por otra parte, la normativa española exige que
                                                                        cualquier miembro del personal de una empresa que desee
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               suministrar servicios de seguridad privada en España obtenga
                                                                        una autorización específica, que se concede si la persona reúne
                                                                        una serie de requisitos, y que el interesado supere las pruebas
1.   declare que, al imponer:                                           previstas con objeto de garantizar que posee los conocimientos
                                                                        y capacidades necesarias para el ejercicio de sus funciones. Los
     —     el requisito de poseer la nacionalidad española a las        requisitos exigidos no son útiles para garantizar la realización
           empresas de servicios de seguridad privada y al              de los objetivos perseguidos, que son la seguridad pública o la
           personal de las mismas, en la normativa de ejecu-            protección de los destinatarios de los servicios de seguridad
           ción;                                                        privada.
 ---pagebreak--- 21.2.2004               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 47/19
Además, no existe ninguna disposición en la normativa                      Motivos y principales alegaciones
española que se encargue de tomar en consideración el
cumplimiento por parte de una empresa de seguridad privada
extranjera o de los miembros de su personal de las garantías y             Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.3 de los contratos,
prescripciones exigidos en otro Estado miembro. Por consi-                 la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia, la
guiente, se trata de medidas que tienen un efecto disuasorio               sociedad IAMA Consulting, está obligada a devolver a la
para las empresas extranjeras que deseen ejercer sus actividades           Comisión las cantidades que le hubieran sido abonadas en
en España.                                                                 exceso.
(1) Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988             Una parte de las ayudas comunitarias corresponde a los gastos
    relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de      soportados por IAMA Consulting antes del 1 de noviembre de
    enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de          1997 (y no refacturados a IAMA International), de un importe
    una duración mínima de tres años (DO L 19 de 24.1.1989, p. 16).
(2) Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa
                                                                           total de 913 874 209 liras, de las cuales 576 432 631 liras se
    a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones          relacionan con el Proyecto REGIS y 337 441 578 liras con el
    profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209 de        Proyecto REFIAG.
    24.7.1992, p. 25).
                                                                           La otra parte corresponde a las rectificaciones de los gastos
                                                                           efectuadas en la auditoria, que ascienden a un total de
                                                                           185 531 657 liras, de las cuales 60 603 671 liras se relacionan
                                                                           con el Proyecto REGIS y 124 927 986 liras con el Proyecto
                                                                           REFIAG.
Demanda reconvencional formulada en el escrito de
contestación a la demanda presentado por la Comisión de
las Comunidades Europeas el 17 de julio de 2001 en el
asunto T-85/01, IAMA Consulting S.r.l./Comisión, pen-
diente ante el Tribunal de Primera Instancia, y remitida al
Tribunal de Justicia el 2 de diciembre de 2003, mediante
auto de 25 de noviembre de 2003, por ser de su competen-                   Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 2003 contra el
                                  cia                                      Reino de Suecia por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                        (Asunto C-517/03)
                                                                                (Asunto C-518/03)
                          (2004/C 47/30)                                                             (2004/C 47/31)
El 2 de diciembre de 2003, el Tribunal de Primera Instancia ha             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
remitido al Tribunal de Justicia, mediante auto de 25 de                   presentado el 9 de diciembre de 2003 un recurso contra el
noviembre de 2003, una demanda reconvencional formulada                    Reino de Suecia formulado por la Comisión de las Comunida-
por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada                  des Europeas, representada por los Sres. K. Banks y K. Simons-
por los Sres. Eugenio de March y Alberto Dal Ferro, en calidad             son, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxem-
de agentes, en el escrito de contestación a la demanda                     burgo.
presentado por ella en el asunto T-85/01, IAMA Consulting
S.r.l./Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                           La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                           1)    Declare que Suecia ha incumplido las obligaciones que
                                                                                le incumben en virtud de Directiva 98/44/CE (1) del
—      Condene en reconvención a la sociedad IAMA Consulting                     Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998,
       a devolver la suma de 1 099 405 866 liras (o sea,                         relativa a la protección jurídica de las invenciones biotec-
       567 796 euros) más los correspondientes intereses, con-                   nológicas, al no haber adoptado las disposiciones legales,
       forme a lo dispuesto en el artículo 94 del Regla-                         reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
       mento no 3418/93.                                                         plimiento a dichas Directivas o, en todo caso, al no
                                                                                haberlas comunicado a la Comisión.
—      Condene en cualquier caso a la sociedad IAMA Consulting
       al pago de las costas del procedimiento.                            2)    Condene en costas al Reino de Suecia.


title: Asunto T-257/15: Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2015 — Arcelormittal Spain Holding/Comisión

text:
               27.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/38

         Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2015 — Arcelormittal Spain Holding/Comisión
   (Asunto T-257/15)
   (2015/C 245/45)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Arcelormittal Spain Holding, S.L. (Madrid, España) (representante: M. Muñoz Pérez, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea de 15 de octubre de 2014 en el expediente no C (2014) 7280, relativa a la ayuda estatal SA.355550 (13/C) (ex 12/CP) ejecutada por España;

               —

               subsidiariamente anule el artículo 4, apartado 2, de la citada Decisión por los motivos expuestos, y

               —

               condene en costas a la Institución demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   La Decisión impugnada en el presente procedimiento es la misma que en los asuntos T-12/15, Banco de Santander y Santusa/Comisión, y T-252/15 Ferrovial, SA y otros/Comisión.
   Los motivos y principales argumentos invocados son similares a los ya alegados en estos asuntos.


title: Asunto T-283/15: Recurso interpuesto el 29 de mayo de 2015 — Esso Raffinage/ECHA

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/32

         Recurso interpuesto el 29 de mayo de 2015 — Esso Raffinage/ECHA
   (Asunto T-283/15)
   (2015/C 320/49)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Esso Raffinage (Courbevoie, Francia) (representante: M. Navin-Jones, Solicitor)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare la demanda admisible y fundada.

               —

               Anule la decisión de 1 de abril de 2015 de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (en lo sucesivo, «ECHA») en relación con el Reglamento (CE) no 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1), decisión contenida en el escrito titulado «Declaración de incumplimiento tras una decisión de evaluación de expediente de conformidad con el Reglamento (CE) no 1907/2006» (en lo sucesivo, «declaración de incumplimiento»), que consta de un anexo (número de referencia CCH-C-0000005770-74-01/F).

               —

               Ordene que se devuelva el asunto al Director Ejecutivo de la ECHA con la indicación de que cualquier decisión de esta agencia deberá tener en cuenta los motivos de anulación decretados en la sentencia del Tribunal General y toda la información pertinente hasta la fecha.

               —

               Condene a la ECHA a cargar con las costas en que haya incurrido la demandante en relación con el presente procedimiento.

               —

               Adopte cuantas medidas procedan conforme a Derecho.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca una serie de motivos, entre los que se cuentan los siguientes:

               1.

               Primer motivo, basado en la actuación ultra vires, el desequilibrio institucional, etc.

                           —

                           La demandante sostiene que ninguna competencia legal o base jurídica permite a la ECHA establecer, elaborar, adoptar o remitir las denominadas declaraciones de incumplimiento y que, al haber elaborado, adoptado y remitido en este asunto una declaración de tal índole, la ECHA: 1) ha excedido el límite de sus facultades de apreciación o de ejecución (actuación ultra vires); 2) ha vulnerado el principio y requisito legal de preservación del equilibrio institucional de competencias; 3) ha vulnerado el principio y requisito legal de buena administración; 4) ha vulnerado el principio legal de buena gobernanza pública; y 5) ha infringido el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               2.

               Segundo motivo, basado, subsidiariamente, en la infracción del artículo 42 del REACH.

                           —

                           La demandante alega que, dado que la ECHA puede pretender basarse en el artículo 42, apartado 1, del REACH como competencia legal o base jurídica para fundamentar la decisión controvertida, dicho artículo no otorga a la ECHA competencia legal o base jurídica algunas para adoptar la decisión controvertida, por lo que, mediante su adopción, la ECHA ha infringido el artículo 42, apartado 1, del REACH. Aduce que, en este asunto, la ECHA no ha adoptado la decisión oportuna que requiere el artículo 42, apartado 1, del REACH. Indica igualmente que la ECHA ha interpretado reiteradamente que dicho artículo no permite dictar una declaración de incumplimiento.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oído.

                           —

                           La demandante sostiene que la decisión controvertida fue adoptada en vulneración de principios legales de la UE tales como el derecho a ser oído, el derecho a contestar, los derechos de la defensa, el derecho a notificación y el derecho a una buena administración. Alega que, como consecuencia directa de la vulneración de esos derechos procesales, la decisión controvertida es anulable y nula, es decir, aduce que, si la ECHA no hubiese vulnerado sus derechos procesales, el resultado del proceso hubiese sido materialmente diferente.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la vulneración del derecho de proporcionalidad.

                           —

                           La demandante alega que la decisión controvertida se opone al principio legal de proporcionalidad de la UE y lo vulnera. Aduce que la decisión controvertida no es apropiada o necesaria, no constituye la medida menos onerosa, y las desventajas que ha causado no guardan proporción con los objetivos perseguidos.

               5.

               Quinto motivo, basado en un error de interpretación de los requisitos de información del REACH.

                           —

                           La demandante alega que la ECHA ha incurrido en error al interpretar los requisitos de información del anexo X, punto 8.7.2., ya que no existe un requisito de hecho que exija llevar a cabo un estudio de toxicidad para el desarrollo prenatal en una segunda especie. Por consiguiente, la demandante aduce que, al adoptar la decisión controvertida, la ECHA ha actuado sin base jurídica y ha excedido el límite de sus facultades de apreciación.


title: Asunto F-77/09: Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2009 — Nijs/Tribunal de Cuentas europeo

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/65

         Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2009 — Nijs/Tribunal de Cuentas europeo
   (Asunto F-77/09)
   2009/C 282/125
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburgo) (representante: Fränk Rollinger, abogado)

      Demandada: Tribunal de Cuentas europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la resolución del comité ad hoc del Tribunal de Cuentas europeo, de 15 de enero de 2009, por la que se separa del servicio al demandante sin pérdida de los derechos a pensión, con efectos desde el 1 de febrero de 2009.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Con carácter principal, que se anule la resolución del comité ad hoc del Tribunal de Cuentas europeo, de 15 de enero de 2009, por la que se separa del servicio al demandante sin pérdida de los derechos a pensión, con efectos desde el 1 de febrero de 2009.

               —

               Que se anule la resolución 81-2007, de 20 de septiembre de 2007, del Tribunal de Cuentas europeo por la que se atribuyen facultades de la AFPN a un comité ad hoc.

               —

               Que se anulen todas las resoluciones preparatorias adoptadas por dicho comité ad hoc, en particular las de 22/29 de octubre, 23 de noviembre de 2007 y 12 de junio de 2008 de iniciar una investigación administrativa.

               —

               Con carácter subsidiario de primer grado, si el Tribunal de la Función Pública no estima las pretensiones de anulación formuladas con carácter principal, que se declare que la sanción impuesta por el comité ad hoc del Tribunal de Cuentas europeo, de 15 de enero de 2009, es demasiado severa, por los motivos expuestos anteriormente, según el artículo 10 del anexo IX del Estatuto de los Funcionarios.

               —

               Que se devuelva el asunto a la AFPN, con distinta composición, del Tribunal de Cuentas europeo, y si no que se dicte otra sanción más acorde con los hechos, si verdaderamente se considera necesario.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, que se declare expresamente que, en el caso de autos, no se ha respetado el principio del plazo razonable del procedimiento, tal como se ha expuesto anteriormente, y que ello se tenga en cuenta en la cuantía de la multa que, en su caso, se imponga.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.


title: Asunto C-494/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italia) el 1 de diciembre de 2009 — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/44

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italia) el 1 de diciembre de 2009 — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria
   (Asunto C-494/09)
   2010/C 24/76
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Bolton Alimentari SpA

      Recurrida: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 239 del CAC en el sentido de que, en un caso, como el que se examina, en el cual el Estado miembro considera que no se puede imputar ninguna irregularidad a la Comisión Europea ni concurre ninguno de los otros supuestos contemplados por el artículo 905, apartado 1, de las DAC, el propio Estado miembro puede decidir de modo autónomo acerca de la solicitud de reembolso del deudor con arreglo al artículo 899, apartado 2, de las DAC?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la pregunta del punto precedente, ¿puede referirse la expresión «situación especial», que figura en el texto del mismo artículo 239 del CAC, a la exclusión de un importador comunitario de un contingente arancelario cuya fecha de apertura caiga en domingo, debido al cierre dominical de las oficinas aduaneras del país comunitario de referencia?

               3)

               ¿Deben interpretarse los artículos 308 bis a 308 quarter de las DAC, y las pertinentes disposiciones del Acuerdo, en el sentido de que, en un caso como el que se examina, el Estado miembro debería haber solicitado con carácter preventivo a la Comisión la suspensión del contingente arancelario de quo para permitir el trato equitativo y no discriminatorio de los importadores italianos respecto de los importadores de otros Estados miembros?

               4)

               ¿Puede considerarse que la exclusión de Bolton s.p.a. del contingente arancelario decidida por la Comisión y la nota TAXUD son medidas efectivamente conformes con los artículos 308 bis a 308 quarter de las DAC, y con las pertinentes disposiciones del Acuerdo administrativo relativo a la gestión de los contingentes arancelarios adoptado por el Comité del Código Aduanero el 30 de octubre de 2007 (TAXUD/3439/2006-rev.1-IT), y por tanto válidas?


title: Asunto C-135/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Gestión de residuos — Directivas 75/442/CEE, 91/689/CEE y 1999/31/CE)

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-135/05) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Gestión de residuos - Directivas 75/442/CEE, 91/689/CEE y 1999/31/CE)
   (2007/C 96/11)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Recchia y M. Konstantinidis, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: I.M. Braguglia y G. Fiengo, agentes)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE el Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32) — Infracción del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (DO L 377, p. 20) — Infracción del artículo 14, letras a), b) y c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1)
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991; del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos, y del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado todas las medidas necesarias:

                           —

                           Para garantizar que los residuos se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente; y para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos.

                           —

                           Para que todo poseedor de residuos los entregue a un recolector privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones de eliminación o valorización, o se ocupe él mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 75/442.

                           —

                           Para que cualquier establecimiento o empresa que efectúe las operaciones de eliminación de residuos tenga la obligación de obtener una autorización de la autoridad competente.

                           —

                           Para que en todos los lugares en que se viertan (descarguen) residuos peligrosos, dichos residuos se registren y se identifiquen.

                           —

                           Para que, en lo que respecta a los vertederos a los que se haya concedido autorización o que ya estén en funcionamiento el 16 de julio de 2001, la entidad explotadora de un vertedero elabore y someta a la aprobación de la autoridad competente, antes del 16 de julio de 2002, un plan de acondicionamiento del mismo que incluya los datos relativos a las condiciones de la autorización así como cualquier medida correctora que la entidad explotadora juzgue necesaria; y para que, una vez presentado el plan de acondicionamiento, las autoridades competentes adopten una decisión definitiva sobre la posibilidad de continuar las operaciones, cerrando lo antes posible las instalaciones que no hayan obtenido autorización para continuar sus actividades, o autorizando las obras necesarias y fijando un período transitorio para la realización del plan.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 132, de 28.5.2005.


title: Asunto T-501/13: Sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2016 — Karl-May-Verlag/OAMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU) [«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa WINNETOU — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Artículo 52, apartados 1 y 2, del Reglamento n.° 207/2009 — Principios de autonomía y de independencia de la marca comunitaria — Obligación de motivación»]

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/33

         Sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2016 — Karl-May-Verlag/OAMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU)
   (Asunto T-501/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria denominativa WINNETOU - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Artículo 52, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 207/2009 - Principios de autonomía y de independencia de la marca comunitaria - Obligación de motivación»])
   (2016/C 156/42)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Karl-May-Verlag GmbH, anteriormente Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH (Bamberg, Alemania) (representantes: M. Pejman y M. Brenner, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente A. Pohlmann, posteriormente M. Fischer, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Constantin Film Produktion GmbH (Múnich, Alemania) (representantes: P. Baronikians y S. Schmidt, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 9 de julio de 2013 (asunto R 125/2012-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Constantin Film Produktion GmbH y Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 9 de julio de 2013 (asunto R 125/2012-1) en la medida en que estimó la solicitud de nulidad.

               2)

               Condenar a la OAMI a cargar con sus propias costas y con las costas de Karl-May-Verlag GmbH.

               3)

               Constantin Film Produktion GmbH cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 336 de 16.11.2013.


title: Asunto C-397/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 30 de junio de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — Normativa nacional que somete a las actividades de las empresas de trabajo temporal a una serie de obligaciones — Obstáculos injustificados)

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 30 de junio de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-397/10) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Artículo 56 TFUE - Libre prestación de servicios - Normativa nacional que somete a las actividades de las empresas de trabajo temporal a una serie de obligaciones - Obstáculos injustificados)
   2011/C 252/08
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: J.-P. Keppenne e I. Rogalski, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica (representante: M. Jacobs, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 56 TFUE — Restricción a la libre prestación de servicios — Normativa nacional que somete a las actividades de las empresas de trabajo temporal establecidas en otros Estados miembros a una serie de obligaciones — Obstáculos injustificados.

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 TFUE al someter a las agencias de trabajo temporal que prestan servicios en territorio de la Région de Bruxelles-Capitale a las siguientes obligaciones:

                           —

                           Tener como único objeto social la actividad de suministro de mano de obra.

                           —

                           Revestir una forma jurídica particular.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 301, de 6.11.2010.


title: Asunto T-156/03: Recurso interpuesto el 30 de abril de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Orlando Pérez-Díaz

text:
19.7.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 171/37
Motivos y principales alegaciones                                         Comité de selección acordó no incluir al demandante en la
                                                                          lista de reserva. Dicha decisión fue anulada por la sentencia del
                                                                          Tribunal de Primera Instancia de 24 septiembre de 2002 en el
El demandante en el presente asunto impugna el hecho de que               asunto T-102/01. Para ejecutar dicha sentencia, el Comité de
se le comunicara con dos años de retraso su informe de                    selección decidió organizar unas nuevas pruebas orales, en las
calificación correspondiente al período comprendido entre                 que el demandante participó aunque formulando expresas
julio de 1995 y junio de 1997, así como el contenido del                  reservas sobre su legalidad. El Comité de selección estimó que
mismo, comparado con los que le precedieron.
                                                                          los resultados del demandante en las nuevas pruebas eran
                                                                          insuficientes para permitir su inclusión en la lista de reserva.
En apoyo sus conclusiones, el demandante alega un incumpli-
miento del deber de motivación, la existencia de un error
manifiesto de apreciación y de desviación de poder y el carácter          En apoyo de su recurso, el demandante invoca cinco motivos,
irregular del procedimiento.                                              en los que alega respectivamente:
                                                                          —     Infracción del artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto,
                                                                                ya que la decisión impugnada adolece de insuficiencia de
                                                                                motivación.
                                                                          —     Infracción del artículo 233 del Tratado CE y violación de
Recurso interpuesto el 30 de abril de 2003 contra la                            los principios de igualdad de trato y de selección objetiva
Comisión de las Comunidades Europeas por Orlando                                de los candidatos, ya que las respuestas del demandante
                            Pérez-Díaz                                          fueron evaluadas en condiciones diferentes de las de los
                                                                                demás candidatos y con arreglo a criterios diferentes.
                       (Asunto T-156/03)
                                                                          —     Violación de los principios de «restitutio in integrum» y
                         (2003/C 171/62)                                        de igualdad de trato, ya que el demandante hubiera
                                                                                debido volver a presentarse a la primera y a la tercera fase
                 (Lengua de procedimiento: francés)                             de la prueba oral y, en la segunda parte de la segunda
                                                                                fase, comentar las novedades producidas en la actualidad
                                                                                científica desde la prueba inicial.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    —     Infracción del artículo 233 del Tratado CE, ya que los
Europeas se ha presentado el 30 de abril de 2003 un recurso                     miembros del nuevo Comité de selección no conocían el
contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado                       español lo bastante como para valorar las aptitudes del
por Orlando Pérez-Díaz, con domicilio en Bruselas, represen-                    demandante.
tado por M e Marc-Albert Lucas, abogado.
                                                                          —     Violación de la «restitutio in integrum», ya que la composi-
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                    ción del nuevo Comité no fue lo más parecida posible a
                                                                                la del Comité inicial.
—     Anule la decisión del Comité de selección COM/R/A/01/
      1999 de no incluirlo en la lista de reserva de dicho
      procedimiento de selección, que le fue notificada
      mediante escrito de 21 de enero de 2003 del Jefe de la
      Unidad de «Personal y Administración» de la Dirección
      General de Investigación de la Comisión, en nombre del
      Presidente del Comité de selección.
                                                                          Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2003 contra la
—     Condene a la Comisión a abonarle el importe que                     Comisión de las Comunidades Europeas por Cascades SA
      el Tribunal de Primera Instancia estime apropiado en
      concepto de reparación de los perjuicios morales y de                                       (Asunto T-161/03)
      carrera que le ha acarreado la ilegalidad de la decisión
      recurrida.
                                                                                (2003/C 171/63)
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
Motivos y principales alegaciones
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
El demandante, agente del Centro para el desarrollo de la                 Europeas se ha presentado el 5 de mayo de 2003 un recurso
empresa (CDE), participó como candidato en el procedimiento               contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
de selección COM/R/A/01/1999, organizado por la deman-                    por Cascades SA, con domicilio social en La Rochette (Francia),
dada a fin de crear una reserva para la contratación de agentes           representada por los Sres. Jacques Buhart y Pierre-M. Louis,
temporales. Mediante decisión de 14 de julio de 2000, el                  abogados.


title: Asunto T-197/03: Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Proras S.r.l. Engineering and Contracting

text:
2.8.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 184/51
—     Una supuesta infracción del Tratado CE y del Derecho                los Sres. Gian Michele Roberti, Alessandro Maria Lerro, Marco
      comunitario derivado, puesto que la medida impugnada                Simone Mariani y Paolo Ziotti y la Sra. Isabella Perego,
      infringe el artículo 95 CE, apartado 3, y la Directiva 76/          abogados.
      768/CEE, que exigen que las medidas de armonización
      comunitarias se basen en un «nivel de protección elevado»
      de la salud, la seguridad, el medio ambiente y los consu-           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
      midores.                                                            que:
—     Asimismo, la demandante alega un error manifiesto de
      apreciación, puesto que la medida impugnada no toma en              —     Anule la decisión de la Comisión Europea contenida en el
      consideración, supuestamente, las apreciaciones científicas               escrito de 19 de marzo de 2003 del Sr. P.B. Knudsen,
      presentadas por los organismos consultivos de la Comu-                    Director de la Dirección A — Oficina de Cooperación
      nidad.                                                                    EuropeAid, D(2003) D/8511, «Proras exclusion from parti-
                                                                                cipation in a TACIS procurement procedure».
En apoyo de su pretensión de anulación de las disposiciones
relativas a la prohibición de sustancias carcinógenas y similares,        —     Declare que la Comisión ha incurrido en responsabilidad
la demandante alega los siguientes motivos:                                     extracontractual al adoptar la mencionada decisión.
—     Un supuesto error manifiesto de apreciación y contra-               —     Ordene que se indemnicen los perjuicios sufridos por la
      dicción con la Directiva 76/768/CEE. Según la deman-                      demandante a raíz de dicha decisión, valorados en
      dante, la medida impugnada se contradice con el enfoque                   1 177 638,24 euros, y que se publique el fallo de la futura
      de esta última Directiva, que se basa en el riesgo.                       sentencia, en concepto de indemnización adicional.
—     Un supuesto vicio sustancial de forma, pues la prohibi-
      ción debía haberse sometido a la consulta previa y                  —     Condene en costas a la Comisión.
      dictamen favorable del Comité científico de los productos
      cosméticos y de los productos no alimentarios destinados
      a los consumidores, de conformidad con el artículo 8,
      apartado 2, de la Directiva 76/768/CEE.
—     Una supuesta infracción del artículo 95 CE, apartado 3, y           Motivos y principales alegaciones
      de las normas adoptadas para su aplicación.
                                                                          En el presente recurso, la sociedad Proras S.r.l. Engineering and
Además, la demandante alega que las disposiciones controver-              Contracting (en lo sucesivo, «Proras» o «la demandante»)
tidas violan principios generales del Derecho comunitario, en             impugna la decisión de la Comisión contenida en el escrito
particular, los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica        de 19 de marzo de 2003 del Sr. P.B. Knudsen, Director de la
y confianza legítima, cautela, cohesión e igualdad de trato, así          Dirección A — Oficina de Cooperación EuropeAid, D(2003)
como la necesidad de ponderar los intereses en conflicto.                 D/8511, «Proras exclusion from participation in a TACIS
                                                                          procurement procedure», por la que, con arreglo a lo dispuesto
(1) DO L 66, de 11.3.2003, p. 26.                                         en el artículo 93, letras c) y f), del Reglamento no 1605/
(2) DO L 262, de 27.9.1976, p. 169; EE 15/01, p. 206.                     2002 (1) en relación con el artículo 96 de dicho Reglamento,
                                                                          se le impuso una sanción consistente en la exclusión por un
                                                                          período de dos años de los contratos públicos adjudicados en
                                                                          el ámbito de las acciones exteriores financiadas por la Comi-
                                                                          sión en el marco del programa TACIS, y solicita igualmente
                                                                          que se le indemnicen los perjuicios sufridos a raíz de dicha
                                                                          decisión, con arreglo a los artículos 235 CE y 288 CE. La
                                                                          decisión mencionada se adoptó a consecuencia de ciertas
                                                                          irregularidades, cometidas, según la demandada, en el procedi-
Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2003 contra la                       miento de licitación SCR — E/110983/D/S/NI, convocado por
Comisión de las Comunidades Europeas por Proras S.r.l.                    la unidad de la Dirección responsable del «Programa de apoyo
                  Engineering and Contracting                             al sector educativo en Nicaragua» y financiado en el marco del
                                                                          programa «ALA», irregularidades que la demandante niega.
                        (Asunto T-197/03)
                                                                          En apoyo de su recurso de anulación, Proras invoca cuatro
                         (2003/C 184/108)                                 motivos. En primer lugar, la demandante sostiene que los
                                                                          servicios de EuropeAid violaron los principios de irretroacti-
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                      vidad, de legalidad de las penas y de confianza legítima al
                                                                          utilizar como base jurídica de la decisión impugnada una
                                                                          normativa —el Reglamento no 1605/2002— que aún no había
                                                                          entrado en vigor en la fecha de las supuestas irregularidades
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    que se le imputan. En lo relativo al procedimiento, la deman-
Europeas se ha presentado el 30 de mayo de 2003 un recurso                dante reprocha a dichos servicios que no le informaran de las
contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado                 iniciativas que pensaban adoptar contra ella para sancionarla,
por Proras S.r.l. Engineering and Contracting, representada por           ni le dieran oportunidad alguna de ser oída al respecto, con la
 ---pagebreak--- C 184/52                ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            2.8.2003
consiguiente violación del derecho de defensa y del principio de           Motivos y principales alegaciones
buena administración. En cuanto al fondo, la demandante
invoca, por una parte, una aplicación errónea del artículo 93,             Solicitante de la marca co-       CompUSA Management Com-
letras c) y f), del Reglamento no 1605/2002 a las irregularidades          munitaria:                        pany
que se discuten y, por otra, una infracción del artículo 96 de
dicho Reglamento y una violación del principio de proporcio-
nalidad en la determinación de las sanciones. En relación con              Marca comunitaria objeto          Marca figurativa «COMP USA»
estas últimas alegaciones, la demandante invoca igualmente un              de la solicitud:                  — Solicitud no 2.133.202, para
defecto de motivación en la decisión impugnada.                                                              productos de las clases 9 y 37
                                                                                (elementos de informática).
En este contexto, la demandante solicita la indemnización de
los daños sufridos a causa de la sanción ilegítimamente
impuesta por la decisión recurrida, daños que han consistido,              Titular de la marca o signo       Demandante.
no sólo en un perjuicio meramente económico, sino también                  que se invoca en el proce-
en un menoscabo de la imagen y de la reputación de la                      dimiento de oposición:
sociedad.
                                                                           Marca o signo que se opo-         Marca inglesa figurativa «COMP
(1) Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de            ne:                               USA», para productos de la
    junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero
                                                                                clase 39 (transporte).
    aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO
    L 248, de 16.9.2002, p. 1).
                                                                           Resolución de la División         Desestimación de la oposición.
                                                                           de Oposición:
                                                                           Resolución de la Sala de          Desestimación del recurso.
Recurso interpuesto el 2 de junio de 2003 por Alecansan,                   Recurso:
S.L., contra la Oficina de Armonización del Mercado
                           Interior (OAMI)
                                                                           Motivos invocados:                Aplicación     incorrecta    del
                         (Asunto T-202/03)                                                                   artículo 8, apartado 1, letra b)
                                                                                del Reglamento (CE) no 40/94
                          (2003/C 184/109)                                                                   (riesgo de confusión).
                   (Lengua de procedimiento: español)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                     Recurso interpuesto el 11 de junio de 2003 contra la
europeas se ha presentado el 2 de junio de 2003 un recurso                 Comisión de las Comunidades Europeas por Nicolas Geor-
contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior                                             giopoulos y otros
(OAMI) formulado por Alecansan, S.A., con domicilio en                                             (Asunto T-205/03)
Madrid, representada por los letrados en ejercicio Da. María
Baylos Morales, D. Pedro Merino Baylos y D. Jesús Arribas                                           (2003/C 184/110)
García, abogados del Ilustre Colegio de Madrid.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 11 de junio de 2003 un recurso
—     anule la Resolución de la Sala Primera de Recursos de la             contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
      OAMI de 24 de marzo de 2003, en el caso R 711/2002-                  por Georgiopoulos, con domicilio en Bruselas, y otros 4
      1;                                                                   funcionarios, representados por los Sres. Gilles Bounéou y
                                                                           Frédéric Frabetti, abogados, que designan domicilio en Luxem-
—     anule la Resolución de la División de Oposición de la                burgo.
      OAMI de 17 de junio de 2002;
                                                                           Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
—     declare que la marca solicitada y la marca prioritaria del           —     Anule la decisión de la jerarquía competente por la que se
      mandante, resultan incompatibles a efectos del                             modifica, a partir de un año no especificado (1993, 1996,
      artículo 8.1.b) del Reglamento 450/94 de Marca Comuni-                     1997 u otro y para el período durante el cual los
      taria;                                                                     demandantes eran funcionarios de la Comisión de las
—     deniegue el registro de la marca comunitaria «COMP                         Comunidades Europeas), el procedimiento empleado para
      USA», número 849.497 para clases 9 y 37, y                                 el cálculo de los gastos de viaje anual con destino a
                                                                                Grecia por lo que respecta al itinerario via Brindisi,
—     condene a la demandada al pago de las costas, así como a                   tomado en consideración para los viajes destinados a la
      la coadyuvante, en caso de que ésta también se persone                     península del Peloponeso.
      en el presente procedimiento de anulación.                                 O, con carácter subsidiario:


title: Asunto C-14/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Verwaltungsgericht Hannover, de fecha 6 de diciembre de 2000, en el asunto entre Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG y Bezirksregierung Hannover

text:
C 79/16                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      10.3.2001
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                   —     durante el plazo fijado para la adaptación del
lución del Giudice di Pace di Genova, de fecha 4 de enero                           Derecho interno a dicha Directiva;
de 2001, en el asunto entre Safalero Srl y Prefetto di
                              Genova                                           —     una vez finalizado dicho plazo sin que se haya
                                                                                adaptado el Derecho interno a la Directiva?
                         (Asunto C-13/01)                                      En caso de que se respondiera afirmativamente a la
                                                                               cuestión planteada, ¿cuál es el concepto comunitario de
                                                                               «disposiciones que puedan comprometer gravemente el
                           (2001/C 79/27)                                      resultado prescrito por la Directiva»?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                (1) DO L 91, de 7.4.1999, p. 10.
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Giudice di Pace di Genova, dictada el 4 de enero
de 2001, en el asunto entre Safalero Srl y Prefetto di Genova,
y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 11 de
enero de 2001:
1)    ¿Son compatibles los principios de proporcionalidad,               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      eficacia y tutela judicial adecuada de las situaciones             lución del Verwaltungsgericht Hannover, de fecha 6 de
      subjetivas reconocidas por el ordenamiento comunitario,            diciembre de 2000, en el asunto entre Molkerei Wagenfeld
      enunciados en el Tratado o elaborados y definidos en las           Karl Niemann GmbH & Co. KG y Bezirksregierung
      sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia, con                                           Hannover
      la normativa procedimental y sancionatoria, relativa a
      infracciones de carácter administrativo, establecida por la
                                                                                (Asunto C-14/01)
      Ley no 689 de 24 de noviembre de 1981, cuando:
                                                                                (2001/C 79/28)
      —     el infractor no puede interponer un recurso conten-
            cioso administrativo contra la medida de incautación
            adoptada por la Administración Pública hasta el            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la ha
            momento en que la propia Administración, que no             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
            está obligada a cumplir plazos procesales, adopte           resolución del Vervaltungsgericht Hannover, dictada el 6 de
            una resolución sancionatoria o una orden de deco-           diciembre de 2000, en el asunto entre Molkerei Wagenfeld
            miso;                                                        Karl Niemann GmbH & Co. KG y Bezirksregierung Hannover,
                                                                         y recibida en la secretarı́a del Tribunal de Justicia el 12 de
                                                                         enero de 2001. El Verwaltungsgericht Hannover solicita al
      —     no se permite a la persona afectada directa e                Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
            individualmente por una medida adoptada por la               cuestión:
            Administración Pública interponer recurso conten-
            cioso administrativo en el caso en que dicha medida          ¿Infringe el Reglamento (CE) no 2799/1999 (1) en relación con
            se haya adoptado respecto a otras personas;                  sus Anexos:
      —     no se permite a la persona afectada directa e                a)    El artı́culo 11, apartado 1, del Reglamento (CE)
            individualmente por una medida adoptada por la                     no 1255/1999 (2);
            Administración Pública respecto a otras personas
            participar, ni siquiera como coadyuvante voluntario,         b)    el artı́culo 34, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado
            en el procedimiento de oposición iniciado por éstas;              de la Comunidad Europea; y
                                                                         c)    los principios generales del Derecho comunitario y el
      —     se prevé, sin que el Juez pueda realizar una aprecia-              principio de protección de la confianza legı́tima
            ción distinta y discrecional, la sanción accesoria del
            decomiso de las mercancı́as por infracciones de              En la medida en que excluye la concesión de ayudas a la
            carácter meramente administrativo, cuya sanción            leche desnatada y al suero de mantequilla destinados a la
            principal, de naturaleza económica, consiste en             alimentación lı́quida de animales a menos que dichos produc-
            el pago de una cantidad de dinero, aunque sea                tos se hayan transformado previamente en piensos compuestos
            reducida?                                                    o en leche desnatada en polvo, y no establece un perı́odo
                                                                         transitorio para ello, y es por este motivo (parcialmente) nulo?
2)    ¿Los artı́culos 10 y 249 CE se oponen a que los Estados
      miembros adopten disposiciones contrarias a la Directiva           (1) DO L 340 de 31.12.1999, p. 3.
      1999/5/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de             (2) DO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
      9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y
      equipos terminales de telecomunicación y reconoci-
      miento mutuo de su conformidad:


title: Asunto C-293/05: Recurso interpuesto el 20 de julio de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/9

         Recurso interpuesto el 20 de julio de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-293/05)
   (2005/C 229/19)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 20 de julio de 2005 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por las Sras. Sara Pardo Quintillán y Donatella Recchia, miembros del Servicio Jurídico de la Comisión.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 91/271/CEE, (1) al que remite el artículo 5, apartado 5, del mismo texto legal, al no haber adoptado las medidas para garantizar que, desde el 31 de diciembre de 1998, las aguas residuales de las aglomeraciones que forman varios municipios de la provincia de Varese en la cuenca del río Olona sean objeto de un tratamiento más riguroso que el tratamiento secundario o equivalente previsto en el artículo 4 de la citada Directiva.

               2)

               Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión no niega que la cuenca correspondiente al Lambro-Olona meridional no ha sido declarada zona sensible, ya que está pendiente un procedimiento de infracción. Sin embargo, esta cuenca forma parte de un área situada en la cuenca del Po, oficialmente declarada zona sensible.
   Por lo tanto, en virtud del artículo 5, apartado 5, que remite al apartado 2 del mismo artículo, desde el 31 de diciembre de 1998 las aguas procedentes de las aglomeraciones de la provincia de Varese, situadas en la cuenca del río Olona, deberían haber sido sometidas a un tratamiento más riguroso que el tratamiento secundario.
   Pese a que este plazo ha expirado, las aglomeraciones de la zona de Varese todavía no disponen, a día de hoy, de instalaciones depuradoras que garanticen que las aguas residuales que proceden de dichas aglomeraciones se someten al tratamiento previsto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva.

      (1)  Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135, de 30.5.1991, p. 40).


title: Asuntos acumulados C-512/14 P y C-513/14 P: Auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2015 — Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)/Unibail Management

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/26

         Auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2015 — Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)/Unibail Management
   (Asuntos acumulados C-512/14 P y C-513/14 P) (1)

   (2015/C 320/39)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 138, de 27.4.2015.


title: Asunto C-528/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Strasbourg — Francia) — Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang (Procedimiento prejudicial — Salud pública — Directiva 2004/33/CE — Requisitos técnicos de la sangre y los componentes sanguíneos — Donación de sangre — Criterios de selección de donantes — Criterios de exclusión permanente o temporal — Personas cuya conducta sexual supone un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre — Hombre que ha tenido relaciones sexuales con otro hombre — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 21, apartado 1, y 52, apartado 1 — Orientación sexual — Discriminación — Justificación — Proporcionalidad)

text:
               29.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Strasbourg — Francia) — Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang
   (Asunto C-528/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Salud pública - Directiva 2004/33/CE - Requisitos técnicos de la sangre y los componentes sanguíneos - Donación de sangre - Criterios de selección de donantes - Criterios de exclusión permanente o temporal - Personas cuya conducta sexual supone un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre - Hombre que ha tenido relaciones sexuales con otro hombre - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 21, apartado 1, y 52, apartado 1 - Orientación sexual - Discriminación - Justificación - Proporcionalidad))
   (2015/C 213/10)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal administratif de Strasbourg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Geoffrey Léger

      Demandadas: Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang

      Fallo

   El punto 2.1 del anexo III de la Directiva 2004/33/CE de la Comisión, de 22 de marzo de 2004, por la que se aplica la Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a determinados requisitos técnicos de la sangre y los componentes sanguíneos, debe interpretarse en el sentido de que el criterio de exclusión permanente de la donación de sangre formulado en dicha disposición en relación con la conducta sexual cubre el supuesto en el que un Estado miembro, habida cuenta de la situación predominante en él, establezca una contraindicación permanente para la donación de sangre en el caso de los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, siempre que se acredite, basándose en los conocimientos y en los datos médicos, científicos y epidemiológicos actuales, que dicha conducta sexual expone a esas personas a un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre y que, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, no existen técnicas eficaces de detección de esas enfermedades infecciosas o, a falta de esas técnicas, métodos menos coercitivos que dicha contraindicación que garanticen un alto nivel de protección de la salud de los receptores. Corresponde al tribunal nacional verificar si, en el Estado miembro de que se trate, concurren estos requisitos.

      (1)  DO C 367, de 14.12.2013.


title: Recurso interpuesto el 4 de agosto de 1997 por Irish Sugar plc contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-228/97)

text:
18 . 10 . 97             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 318/29
formulado por Guérin Automobiles, con domicilio social                    Recurso interpuesto el 4 de agosto de 1997 por Irish Sugar
en Alen^on (Francia ), representada por el Sr. Jean Claude                   pie contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Fourgoux, Abogado de París, que designa como domicilio                                          ( Asunto T-228/97)
en Luxemburgo el despacho del Sr. Pierrot Schiltz, Abo
gado, 4, rué Béatrix de Bourbon.                                                                   ( 97/C 318/57 )
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                                 (Lengua de procedimiento: inglés)
tancia que :
— declare la omisión de la Comisión,                                      En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 4 de agosto de 1997 un
— condene en costas a la Comisión .
                                                                          recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          formulado por Irish Sugar pie, representada por los Sres .
                                                                          Alexander Bóhlke, Rechtsanwalt, y Scott Crosby, Solicitor,
Motivos y principales alegaciones                                         que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
                                                                          de Elvinger & Dessoy, 31 , rué d'Eich, Luxembourg.
La demandante alega que el 3 de agosto de 1992 presentó
un escrito ante la Comisión que denunciaba la incompati                  La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
bilidad del contrato de concesión Volvo con las normas
                                                                          que :
del Tratado CE relativas a la competencia y, particular
mente, con el Reglamento ( CEE ) n° 123/85 de la Comi
sión, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplicación                — anule la Decisión C(97 ) 1315 final de la Comisión,
del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determi
nadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio
de venta y de postventa de vehículos automóviles ('). El 5                — con carácter alternativo, reduzca la multa impuesta en
de mayo de 1994, no habiendo obtenido respuesta de la                          el artículo 2 y anule los apartados 3 y 4 del artículo 3 ,
Comisión sobre el curso que ésta pensaba dar a la denun                       en la medida en que van más allá del alcance de las
cia, la demandante interpuso un recurso por omisión ante                       infracciones comprobadas en los puntos 5 y 6 del
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ( 2 ).                     artículo 1 ,
En el curso del procedimiento, la Comisión adoptó una
comunicación con arreglo al artículo 6 del Reglamento
n° 99/63/CEE de la Comisión ( 3 ), en la que indicaba a la                — condene en costas a la Comisión .
demandante los motivos por los que no tenía intención de
examinar individualmente la denuncia, especialmente la
tramitación seguida en otros procedimientos similares, a                  Motivos y principales alegaciones
cuyo resultado debía esperarse . Por considerar que esta
comunicación constituía una definición de postura a efec
tos del artículo 175 del Tratado, el Tribunal de Primera                  La Decisión impugnada afirma que la demandante infrin
Instancia entendió que no procedía pronunciarse sobre el                  gió el artículo 86 del Tratado CE al utilizar métodos dife
recurso por omisión . La demandante señala que, en el                     rentes de aquéllos que hacen posible la competencia nor
marco del recurso de casación que ha interpuesto contra                   mal de productos o servicios basada en la eficiencia de los
esta sentencia (4 ), el Tribunal de Justicia declaró que una              comerciantes, con el resultado de obstaculizar el manteni
comunicación basada en el artículo 6 no constituye un                     miento del grado de competencia existente en el mercado
acto impugnable, precisando, no obstante, que la empresa                  y su posible intensificación. Habida cuenta de tal infrac
denunciante siempre puede requerir a la Comisión para                     ción, que se cita también en la Decisión, se impuso a la
que adopte una decisión definitiva .                                      demandante una multa de 8 800 000 ecus .
En estas circunstancias, la demandante requirió a la Comi
                                                                          La demandante alega la aplicación indebida del artículo 86
sión, los días 2 y 11 de abril de 1997, para que comuni                  del Tratado . Se opone al punto de vista de la Comisión de
cara a Volvo los cargos denunciados.                                      que existe posición dominante conjunta o individual en el
                                                                          mercado del azúcar industrial y explotación abusiva del
La demandante entiende que, más de dos meses más tarde                    mercado industrial y del mercado al por menor.
y cinco años desde la presentación de la primera denuncia,
este recurso por omisión debe ser admitido a trámite y
estimado por fundado.                                                     Por otra parte, la demandante alega la aplicación indebida
                                                                          del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nD 17. La
(') DO L 15 de 18 . 1 . 1985, p. 16; EE 08/02 , p . 150 .                 multa es demasiado elevada y se separa de la práctica
( 2) Asunto T-l 86/94 : Guérin Automobiles contra Comisión, sen          anterior. La multa pasa por alto los condicionamientos del
      tencia de 27 de junio de 1995 ( Rec . 1995, p . 11-1756 ).          régimen del azúcar de la CE, tratando a la demandante de
( 3 ) DO 127 de 20 . 8 . 1963 , p . 2268/62; EE 08/01 , p . 62 .          peor modo que a los productores de productos industria
( 4) Asunto C-282/95 P: Guérin Automobiles contra Comisión,               les. La Comisión no sólo incumple su deber de tener en
      sentencia de 18 de marzo de 1997 ( Rec . p . 1-1531 ).              cuenta el contexto normativo y económico de las prácticas
                                                                          controvertidas, sino que también penaliza, en parte, infrac
                                                                          ciones cuya existencia no se ha comprobado debidamente.
 ---pagebreak--- C 318/30            risl                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        18 . 10 . 97
A juicio de la demandante, la lentitud del procedimiento           Consejo, recogida en el Reglamento ( CE ) n° 1188/97, de
administrativo, que cabría considerar como inexistencia de         considerar a Italia como una zona deficitaria y de fijar un
la diligencia razonable, debería estimarse como una cir           precio de intervención derivado para el azúcar blanco pro
cunstancia atenuante .                                             ducido en Italia .
Por último, la demandante alega la aplicación indebida del         Teniendo en cuenta que el precio de intervención derivado
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 17, el cual            para la campaña de comercialización 1997/98 debería
únicamente atribuye a la Comisión la facultad de prohibir          haberse fijado antes del 1 de agosto de 1 996, mientras que
las infracciones comprobadas. La Comisión puede obligar            el Reglamento impugnado fijó el precio el 25 de junio de
a que se ponga fin a las mismas, lo cual hace, y a que no          1997, el demandante alega que dicho Reglamento se
se vuelvan a repetir, lo cual también hace . Pero dicho            adoptó con un retraso fuera de lo razonable . Los produc
artículo no atribuye facultades legales para prohibir, con         tores de azúcar tienen derecho a ser informados a su
carácter de anticipación, infracciones que no se hayan             debido tiempo del precio al que podrán vender a los orga
comprobado formalmente .                                           nismos de intervención el azúcar producido dentro de la
                                                                   cuota y el precio mínimo que se pagará a los productores
                                                                   de remolacha .
                                                                   Por otra parte, el Consejo no adujo razón alguna que justi
                                                                   ficara la decisión de considerar a Italia como una zona
Recurso interpuesto el 5 de agosto de 1997 por el Comité           deficitaria, ni, por consiguiente, la adopción de un precio
européen des fabricants de sucre contra el Consejo de la           de intervención derivado .
                        Unión Europea
                      (Asunto T-229/97)
                                                                   Por último, el demandante alega que el considerar a Italia
                        ( 97/C 318/58 )                            como una zona deficitaria, cuando no lo es, tiene un
                                                                   impacto negativo en la industria europea y en la organiza
               (Lengua de procedimiento: inglés)                   ción común de mercados en el sector del azúcar, y consti
                                                                   tuye una violación de los principios de no discriminación
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             y de preferencia comunitaria .
Europeas se ha presentado el 5 de agosto de 1997 un
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado            0 ) Reglamento ( CE ) n° 1188/97 del Consejo, de 25 de junio de
por el Comité européen des fabricants de sucre, represen              1997, por el que se fijan, para la campaña de comercialización
tado por los Sres. Bernard O'Connor y Bonifacio García                 1997/98 , los precios de intervención derivados del azúcar
Porras, que designa como domicilio en Luxemburgo el                    blanco, el precio de intervención del azúcar bruto, los precios
despacho del Sr. Arséne Kronshagen, 22, rué Marie Adé                 mínimos de la remolacha A y de la remolacha B, así como el
laíde .                                                                importe del reembolso para la compensación por gastos de
                                                                       almacenamiento ( DO L 170 de 28 . 6 . 1997, p . 3 ).
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que :
— con arreglo a los artículos 173 y 174 del Tratado CE,
     declare nula la letra f) del artículo 1 del Reglamento
     ( CE) n° 1188/97 del Consejo ('), en la medida en que         Recurso interpuesto el 5 de agosto de 1997 por Comafrica
     afecta al demandante y a los productores europeos de          SpA y Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contra la Comi
     azúcar; con carácter alternativo, declare nula erga                          sión de las Comunidades Europeas
     omnes la referida disposición del Reglamento,                                        (Asunto T-230/97)
                                                                                ( 97/C 318/59 )
— ordene al Consejo que presente todos los documentos,
     información y métodos de que dispuso para adoptar el
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
     Reglamento, en lo que atañe a la decisión de conside
     rar a Italia como zona deficitaria,
                                                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
— acuerde cualquier otra orden que el Tribunal de Pri             Europeas se ha presentado el 5 de agosto de 1997 un
     mera Instancia considere necesario,                           recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,
                                                                   formulado por Comafrica SpA y Dole Fresh Fruit Europe
— condene en costas al Consejo .                                   Ltd & Co., representadas por el Sr. Bernard O'Connor,
                                                                   asistido por el Sr. Bonifacio García Porras, que designan
                                                                   como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Arséne
Motivos y principales alegaciones                                  Kronshagen, 22, rué Marie-Adélaíde .
El demandante, que es una asociación internacional inte
grada por organizaciones nacionales de productores de              Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
azúcar, así como por compañías azucareras individuales             Instancia que :
cuando la organización representativa nacional no es
miembro del Comité demandante o cuando no existe orga             — en virtud de lo dispuesto en los artículos 173 y 174
nización representativa nacional, impugna la decisión del               del Tratado CE, anule el Reglamento ( CE ) n° 1155/97


title: Asunto T-198/10: Auto del Tribunal General de 12 de enero de 2011 — Maximuscle/OAMI — Foreign Supplement Trademark (GAKIC)

text:
               5.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 72/33

         Auto del Tribunal General de 12 de enero de 2011 — Maximuscle/OAMI — Foreign Supplement Trademark (GAKIC)
   (Asunto T-198/10) (1)

   2011/C 72/52
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 179, de 3.7.2010.


title: Asunto T-53/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2008 — BPB/Comisión ( Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los paneles de yeso — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Infracción única y continuada — Reincidencia — Multa — Directrices para el cálculo de las multas — Comunicación sobre la cooperación )

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/41

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2008 — BPB/Comisión
   (Asunto T-53/03) (1)

   («Competencia - Prácticas colusorias - Mercado de los paneles de yeso - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Infracción única y continuada - Reincidencia - Multa - Directrices para el cálculo de las multas - Comunicación sobre la cooperación»)
   (2008/C 209/69)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: BPB plc (Slough, Reino Unido) (representantes: T. Sharpe, QC, y A. Noury, Solicitor)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: F. Castillo de la Torre, agente, asistido por J. Flynn, QC, y C. Kilroy, Barrister)
   Objeto
   Petición de anulación parcial de la Decisión 2005/471/CE de la Comisión, de 27 de noviembre de 2002, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] contra las empresas BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA y Gyproc Benelux NV (Asunto COMP/E-1/37.152 — Paneles de yeso) (DO L 166, p. 8) o, con carácter subsidiario, la anulación o la reducción de la multa impuesta a la demandante.
   Fallo

               1)

               Fijar el importe de la multa impuesta a BPB plc en el artículo 3 de la Decisión 2005/471/CE de la Comisión, de 27 de noviembre de 2002, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] contra las empresas BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA y Gyproc Benelux NV (Asunto COMP/E-1/37.152 — Paneles de yeso) en 118,8 millones de euros.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión a cargará con una décima parte de sus propias costas y con una décima parte de las costas en que haya incurrido BPB.

               4)

               BPB cargará con nueve décimas partes de sus propias costas y con nueve décimas partes de las costas en que haya incurrido la Comisión.

      (1)  DO C 101 de 26.4.2003.


title: Asunto C-249/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 28 de mayo de 2015 — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet

text:
               27.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 28 de mayo de 2015 — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet
   (Asunto C-249/15)
   (2015/C 245/16)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell

      Demandada: Skatteministeriet

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con el Derecho de la Unión, incluido el artículo 56 TFUE, que un vehículo objeto de un contrato de leasing entre una sociedad de leasing domiciliada en un Estado miembro y un arrendatario residente o domiciliado en otro Estado miembro (véase la segunda cuestión) no pueda comenzar a ser utilizado en las carreteras de ese segundo Estado miembro mientras las autoridades tramitan una solicitud de pago de la parte proporcional del impuesto de matriculación de ese vehículo correspondiente al período en el que se desea utilizar ese vehículo en tal Estado miembro?

               2)

               ¿Es compatible con el Derecho de la Unión, incluido el artículo 56 TFUE, que una medida nacional que constituye un requisito previo para la matriculación/pago proporcional del impuesto sobre un vehículo para un uso temporal (no permanente) exija una autorización previa o suponga que:

                           (i)

                           las autoridades exijan el pago íntegro del impuesto de matriculación danés como requisito previo para su utilización inmediata, y que la diferencia entre el importe total del impuesto y la parte proporcional del impuesto que se ha calculado se reembolse, con intereses, en caso de que posteriormente se conceda la autorización, y/o que

                           (ii)

                           las autoridades exijan el pago íntegro del impuesto de matriculación como requisito previo para su utilización inmediata y, en caso de no concederse la autorización, dicho importe no se ajusta y no se devuelve el saldo restante cuando finaliza el período de uso temporal?


title: Asunto C-24/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Suecia) el 19 de enero de 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/27

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Suecia) el 19 de enero de 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
   (Asunto C-24/09)
   (2009/C 69/50)
   Lengua de procedimiento: sueco
   Órgano jurisdiccional remitente
   Högsta domstolen
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

      Demandada: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Exige el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE (1) —que establece que el público interesado, con arreglo a determinados requisitos, tenga la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones— que el público interesado tenga derecho a recurrir contra una resolución de un tribunal relativa a una autorización en el caso de que el público interesado haya tenido la posibilidad de participar en el procedimiento de autorización tramitado por el tribunal y de presentar observaciones en él?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿deben interpretarse los artículos 1, apartado 2, 6, apartado 4, y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE en el sentido de que pueden establecerse distintos requisitos nacionales respecto al público interesado al que se refiere el artículo 6, apartado 4, por un lado, y el artículo 10 bis, por otro lado, de esa Directiva, de modo que una asociación de protección del medio ambiente establecida a nivel local, que tiene derecho a participar en el proceso de decisión previsto en el artículo 6, apartado 4, en relación con los proyectos que puedan tener importantes repercusiones sobre el medio ambiente en el territorio en el que opera la asociación, no tenga un derecho a recurrir como el previsto en el artículo 10 bis, debido a que tiene un número de miembros inferior al mínimo previsto en una norma nacional?

               3)

               Exige el artículo 15 bis de la Directiva 96/61/CE (2) —que establece que el público interesado, con arreglo a determinados requisitos, tenga la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones— que el público interesado tenga derecho a recurrir contra una resolución de un tribunal relativa a una autorización en el caso de que el público interesado haya tenido la posibilidad de participar en el procedimiento de autorización tramitado por el tribunal y a presentar observaciones en él?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3, ¿deben interpretarse los artículos 2, apartado 14, y 15 bis de la Directiva 96/61/CE en el sentido de que el Derecho nacional puede establecer requisitos en relación con el acceso a la justicia de modo que una asociación de protección del medio ambiente establecida a nivel local, que tiene derecho a participar en el proceso de decisión en relación con los proyectos que puedan tener importantes repercusiones sobre el medio ambiente en el territorio en el que opera la asociación, no tenga un derecho a recurrir como el previsto en el artículo 15 bis de la Directiva 96/61/CE, debido a que tiene un número de miembros inferior al mínimo previsto en una norma nacional?

      (1)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9).

      (2)  Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 257, p. 26).


title: Asunto C-90/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro — Burgos) — Banco Grupo Cajatres, S.A./María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D.M.A. Viana Gordejuela (Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contrato celebrado entre un profesional y un consumidor — Contrato de préstamo hipotecario — Cláusula de intereses de demora — Cláusula de vencimiento anticipado — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Reducción del importe de los intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional)

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/5

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro — Burgos) — Banco Grupo Cajatres, S.A./María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D.M.A. Viana Gordejuela
   (Asunto C-90/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Directiva 93/13/CEE - Contrato celebrado entre un profesional y un consumidor - Contrato de préstamo hipotecario - Cláusula de intereses de demora - Cláusula de vencimiento anticipado - Procedimiento de ejecución hipotecaria - Reducción del importe de los intereses - Competencias del órgano jurisdiccional nacional))
   (2015/C 320/06)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Banco Grupo Cajatres, S.A.

      Demandadas: María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D.M.A. Viana Gordejuela

      Fallo

               1)

               Los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que la apreciación por parte del juez nacional del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato al que esta Directiva resulta de aplicación deberá hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato en cuestión y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración.

               2)

               Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a disposiciones nacionales que prevén una reducción de los intereses de demora estipulados en un contrato de préstamo hipotecario, siempre que esas disposiciones nacionales:

                           —

                           no prejuzguen la apreciación por parte del juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria referido a dicho contrato del carácter «abusivo» de la cláusula relativa a los intereses de demora, y

                           —

                           no impidan que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.

      (1)  DO C 151, de 19.5.2014.


title: Asunto T-271/17: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

text:
               17.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 231/34

         Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale
   (Asunto T-271/17)
   (2017/C 231/42)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (representantes: B. Mastantuono, agente, y M. Velardo, abogada)

      Demandada: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Condene a la parte demandada a abonarle el importe de 189 128,26 euros en relación con el convenio de subvención para empresas asociadas n.o 632456 «WITTINESS-WindTunnel Tests on an Innovative regional A/C for Noise assessment» más el importe de 979,32 euros en concepto de intereses de demora calculados al 3,5 % por el período del 7 de febrero al 1 de abril de 2017.

               —

               Condene a la parte demandada a abonar un importe de 18,14 euros diarios en concepto de intereses a contar desde el 2 de abril de 2017 hasta la fecha del completo pago de la cantidad adeudada.

               —

               Condene a la parte demandada a cargar con las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca el siguiente motivo:
   La demandante denuncia que la demandada ha incumplido sus obligaciones contractuales, al no cumplir el proyecto WITTINESS ni proporcionar a CSJU los resultados e informes pertinentes con arreglo al punto II.2 del Anexo II del convenio de subvención.
   Además, para la demandante, la demandada ha incumplido su obligación de ejecutar los conceptos descritos en el Anexo I y, por lo tanto, ha incumplido las obligaciones a su cargo establecidas en el punto II.3, letras a), e) y h), del Anexo II del convenio de subvención.
   Habida cuenta de lo anterior, la demandante rescindió el convenio de subvención basándose en el punto II.38 del Anexo II del convenio de subvención y emitió una nota de adeudo por la financiación previa de 189 128,26 euros que había sido satisfecha por el coordinador a la demandada con arreglo a lo dispuesto en el convenio de subvención. La demandante, efectivamente, conserva sus derechos sobre el importe mencionado hasta el pago total.
   Los hechos de los que derivan las obligaciones que, dada su condición de beneficiaria en virtud del convenio, recaen sobre Revoind Industriale S.r.l., no han resultado controvertidos, y las razones aducidas por ésta son vagas e incompletas y no se apoyan en elementos de prueba suficientes, por lo que son manifiestamente infundadas.
   En consecuencia, la demandante puede reclamar con arreglo a Derecho el reintegro del importe satisfecho a la demandada en concepto de financiación previa, más los intereses de demora.