title: Asunto C-540/15: Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2015 — Comisión Europea/República Helénica

text:
               11.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/9

         Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2015 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-540/15)
   (2016/C 007/15)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: Maria Patakia, Muriel Heller y Klara Talabér-Ritz)

      Demandada: República Helénica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2012/27/UΕ (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la citada Directiva o, cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene a la República Helénica a pagar, de conformidad con el artículo 260, TFUE, apartado 3, una multa coercitiva diaria de 29 145,6 euros desde la fecha en que se dicte la sentencia del Tribunal de Justicia.

               —

               Que se condene en costas a la República Helénica.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, regula la eficiencia energética, modificando las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y derogando las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (en lo sucesivo, «Directiva»). Conforme a su artículo 1, la citada Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de la Unión de un 20 % de ahorro para 2020 y a fin de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año. En ella se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía y se dispone el establecimiento de objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética para 2020.

               2.

               Con arreglo al artículo 28 de la Directiva 2012/27/UE, los Estados miembros deberán adoptar las disposiciones nacionales necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a más tardar el 5 de junio de 2014 y, en particular para cumplir determinadas obligaciones mencionadas en algunos artículos, a los que se remite el artículo 28, dentro de los plazos que en ellos se señalan, y deberán comunicar las medidas que adopten a la Comisión. Dicha comunicación constituye un elemento intrínseco de la obligación de transposición de las Directivas de la UE en el Derecho interno de los Estados miembros y del deber de cooperación leal y esta circunstancia se encuentra reflejada también en el artículo 260 TFUE, apartado 3.

               3.

               La Comisión, dentro del respeto al procedimiento previsto en el artículo 258 TFUE, párrafo segundo, declaró que la República Helénica no adoptó, dentro de los plazos señalados en las correspondientes disposiciones de la Directiva, las medidas necesarias para la transposición de la Directiva 2012/27/UE, ni lo ha hecho hasta ahora, y, en cualquier caso, no comunicó tales medidas, y decidió interponer un recurso contra la República Helénica ante el Tribunal de Justicia para que declarase el correspondiente incumplimiento.

               4.

               Asimismo, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, la Comisión pide al Tribunal de Justicia que imponga una multa coercitiva a la República Helénica. El cálculo de la multa coercitiva propuesta por la Comisión se efectúa conforme a los criterios y al método adoptados por la Comisión en la Comunicación de 15 de enero de 2011.

      (1)  DO L 315, de 14.11.2012, p. 1.


title: Asunto C-398/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 18 de julio de 2016 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

text:
               10.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 371/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 18 de julio de 2016 — X BV/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-398/16)
   (2016/C 371/05)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: X BV

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 48 CE (actualmente artículos 49 TFUE y 54 TFUE) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual no se permite a una sociedad matriz domiciliada en un Estado miembro deducir los intereses de un préstamo relacionado con un desembolso de capital en una filial establecida en otro Estado miembro, mientras que sí podría disfrutar de la deducción si la filial estuviera incluida en una unidad fiscal —con las características de la unidad fiscal neerlandesa— junto a la matriz porque en ese caso, en virtud de la consolidación, no se aprecia ninguna relación con tal desembolso de capital?


title: Asunto T-13/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 2009 — Nintendo y Nintendo of Europe/Comisión (Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de consolas de videojuegos y de cartuchos de juegos Nintendo — Decisión por la que se constata una infracción del artículo 81 CE — Limitación de las exportaciones paralelas — Multas — Efecto disuasorio — Duración de la infracción — Circunstancias agravantes — Papel de líder o de instigador — Circunstancias atenuantes — Cooperación durante el procedimiento administrativo)

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/37

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 2009 — Nintendo y Nintendo of Europe/Comisión
   (Asunto T-13/03) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado de consolas de videojuegos y de cartuchos de juegos Nintendo - Decisión por la que se constata una infracción del artículo 81 CE - Limitación de las exportaciones paralelas - Multas - Efecto disuasorio - Duración de la infracción - Circunstancias agravantes - Papel de líder o de instigador - Circunstancias atenuantes - Cooperación durante el procedimiento administrativo)
   2009/C 141/75
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Nintendo Co., Ltd, (Kyoto, Japón) y Nintendo of Europe GmbH (Grossostheim, Alemania) (representantes: I. Forrester, QC, J. Pheasant, M. Powell y C. Kennedy-Loest, Solicitors y J. Killick, Barrister)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente O. Beynet y A. Whelan, y posteriormente X. Lewis y O. Beynet, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación o de reducción del importe de la multa impuesta a las demandantes en el artículo 3, primer guión, de la Decisión 2003/675/CE de la Comisión, de 30 de octubre de 2002, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE] y al artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution y COMP/36.321 Omega — Nintendo) (DO 2003, L 255, p. 33).

      Fallo

               1)

               Fijar el importe de la multa impuesta a Nintendo Co., Ltd, y Nintendo of Europe GmbH en 119 242 500 euros.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 70, de 22.3.2003.


title: Asunto C-636/15 P: Recurso de casación interpuesto el 30 de noviembre de 2015 por August Storck KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 25 de septiembre de 2015 en el asunto T-366/14, August Storck/EUIPO

text:
               25.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 270/16

         Recurso de casación interpuesto el 30 de noviembre de 2015 por August Storck KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 25 de septiembre de 2015 en el asunto T-366/14, August Storck/EUIPO
   (Asunto C-636/15 P)
   (2016/C 270/24)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: August Storck KG (representante: N. Gregor, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
   Mediante auto de 11 de mayo de 2016, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declaró la inadmisibilidad del recurso de casación.


title: Asunto C-118/10: Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/35

         Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-118/10)
   2010/C 113/54
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová, A. Stobiecka-Kuik, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión del Consejo 2009/991/EU, (1) de 16 de diciembre de 2009, relativa a la concesión de una ayuda pública por parte de las autoridades de la República de Letonia para la compra de tierras agrícolas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.

               —

               Que se condene al Consejo de la Unión Europea al pago de las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Al adoptar la Decisión impugnada, el Consejo anuló la Decisión de la Comisión resultante de la propuesta de medidas apropiadas con arreglo al apartado 196 de las Directrices agrícolas de 2007 y de la aceptación incondicional por Letonia de las mismas, la cual obligaba a esta última a poner fin a un régimen de ayudas existente para la compra de tierras agrícolas a más tardar el 31 de diciembre de 2009. De hecho, alegando circunstancias excepcionales, el Consejo permitió a Letonia mantener dicho régimen hasta la expiración de las Directrices agrícolas de 2007 el 31 de diciembre de 2013. Resulta evidente que las circunstancias invocadas por el Consejo como motivos de su Decisión no son circunstancias excepcionales que justifiquen la decisión adoptada y no tienen en cuenta la Decisión de la Comisión relativa a dicho régimen. En apoyo de su recurso de anulación, la Comisión alega cuatro motivos:

               a)

               En primer lugar, considera que el Consejo carecía de competencia para actuar con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo tercero, porque la ayuda que aprobó era una ayuda existente que Letonia se había comprometido a eliminar a finales del 2009, cuando aceptó las medidas apropiadas que le propuso la Comisión.

               b)

               En segundo lugar, el Consejo incurrió en desviación de poder al intentar neutralizar la decisión según la cual Letonia podía mantener las medidas de ayuda hasta finales del 2009 pero no más allá de dicha fecha, para permitir mantenerlas hasta el 2013.

               c)

               A continuación, en su tercer motivo, alega que la adopción de la Decisión impugnada vulnera el principio de leal cooperación que se aplica a los Estados miembros y entre las instituciones. Mediante su Decisión, el Consejo liberó a Letonia de su obligación de cooperación con la Comisión en relación con las medidas apropiadas aceptadas por dicho Estado miembro relativas a ayudas existentes para la compra de terrenos agrícolas en el contexto de la cooperación establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 1.

               d)

               Mediante su último motivo, la Comisión sostiene que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que existían circunstancias excepcionales que justificaban la adopción de la medida adoptada.

      (1)  DO L 339, de 22.12.2009, p. 34


title: Asunto F-18/13: Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de agosto de 2016 — McMichael/Comisión

text:
               10.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 371/34

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de agosto de 2016 — McMichael/Comisión
   (Asunto F-18/13) (1)

   (2016/C 371/41)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 114 de 20.4.2013, p. 47.


title: Asunto C-431/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de abril de 2011 — Comisión Europea/Irlanda (Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/85/CE — Derecho de asilo — Procedimiento para conceder o retirar la condición de refugiado — Normas mínimas — Falta de transposición completa en el plazo señalado)

text:
               28.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 160/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de abril de 2011 — Comisión Europea/Irlanda
   (Asunto C-431/10) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2005/85/CE - Derecho de asilo - Procedimiento para conceder o retirar la condición de refugiado - Normas mínimas - Falta de transposición completa en el plazo señalado)
   2011/C 160/09
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Condou-Durande y A.-A. Gilly, agentes)

      Demandada: Irlanda (representante: D. O’Hagan, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Falta de adopción, dentro del plazo fijado, de las disposiciones necesarias para cumplir lo dispuesto en la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (DO L 326, p. 13).

      Fallo

               1)

               Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a Irlanda.

      (1)  DO C 301, de 6.11.2010.


title: Asunto T-223/11: Sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2014 — Siemens/Comisión [Cláusula compromisoria — Contrato de préstamo de materiales fisionables destinados a las instalaciones de Ispra (Italia) del Centro Común de Investigación — Incumplimiento del contrato — Intereses de demora]

text:
               1.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 292/30

         Sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2014 — Siemens/Comisión
   (Asunto T-223/11) (1)

   ([Cláusula compromisoria - Contrato de préstamo de materiales fisionables destinados a las instalaciones de Ispra (Italia) del Centro Común de Investigación - Incumplimiento del contrato - Intereses de demora])
   2014/C 292/35
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Siemens AG (Múnich, Alemania) (representantes: J. Risse, R. Harbst y H. Haller, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y W. Mölls, agentes, asistidos por R. Van der Hout y A. Krämer, abogados)

      Objeto

   Recurso basado en una cláusula compromisoria, en el que se solicita que se condene a la Comisión a reembolsar a la demandante la totalidad o una parte de los costes de reprocesamiento de los materiales fisionables soportados por ésta en el contexto de la ejecución del contrato que lleva la referencia AG 2052, relativo a un préstamo de materiales fisionables destinados a las instalaciones de Ispra (Italia) del Centro Común de Investigación, y a abonarle intereses de demora.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Siemens AG.

      (1)  DO C 194, de 2.7.2011.


title: Asunto C-94/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de julio de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Bonn — Alemania) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Artículo 39 CE — Concepto de trabajador — Organización no gubernamental de utilidad pública — Beca para la realización de una tesis doctoral — Contrato de trabajo — Requisitos)

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de julio de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Bonn — Alemania) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
   (Asunto C-94/07) (1)

   (Artículo 39 CE - Concepto de «trabajador» - Organización no gubernamental de utilidad pública - Beca para la realización de una tesis doctoral - Contrato de trabajo - Requisitos)
   (2008/C 223/19)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Arbeitsgericht Bonn
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Andrea Raccanelli

      Demandada: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Arbeitsgericht Bonn (Alemania) — Interpretación del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2) — Condición de trabajador de un doctorando, empleado como becario por una asociación de utilidad pública de Derecho privado establecida en otro Estado miembro que ofrece a la mayoría de los doctorandos nacionales la posibilidad de firmar un contrato laboral — Necesidad de dar a los doctorandos, nacionales del resto de los Estados miembros, la posibilidad de escoger entre una beca y un contrato laboral — Concepto de trabajador
   Fallo

               1)

               Un investigador que se halle en una situación como la del demandante en el procedimiento principal, es decir preparando una tesis doctoral con una beca concedida por la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, sólo deberá ser considerado como un trabajador a efectos del artículo 39 CE si su actividad se hubiese desarrollado durante un cierto tiempo, bajo la dirección de un instituto perteneciente a dicha asociación y si percibiese una retribución, como contrapartida de la referida actividad. Corresponde al órgano jurisdiccional de remisión llevar a cabo las comprobaciones de hecho necesarias para apreciar si esto es lo que ocurre en el asunto del que está ahora conociendo.

               2)

               Una asociación regida por el Derecho privado, como la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, debe respetar, frente a los trabajadores, el principio de no discriminación, con arreglo al artículo 39 CE. Corresponde al órgano jurisdiccional de remisión determinar si se ha producido una desigualdad de trato entre los doctorandos nacionales y extranjeros, en unas circunstancias como las del asunto principal.

               3)

               En el supuesto de que el demandante en el procedimiento principal pueda alegar fundadamente un perjuicio ocasionado por la discriminación de que haya sido objeto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente dilucidar, a la vista de la legislación nacional aplicable en materia de responsabilidad extracontractual, la índole de la reparación a la que pueda tener derecho.

      (1)  DO C 117 de 26.5.2007.


title: Asunto T-236/05: Recurso interpuesto el 17 de junio de 2005 por Willem Aldershoff contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/32

         Recurso interpuesto el 17 de junio de 2005 por Willem Aldershoff contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-236/05)
   (2005/C 205/58)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de junio de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Willem Aldershoff, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representado por los Sres. Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis y Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión por la que se formaliza su informe de evolución de carrera correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante fundamenta su recurso, en primer lugar, en un error manifiesto de apreciación, puesto que no se le atribuye la calificación «excepcional» o «muy bien» por su rendimiento, aun cuando consiguió rebasar sus objetivos a pesar de las particulares dificultades que halló en su puesto de trabajo.
   En segundo lugar, el demandante alega una supuesta incoherencia entre, por una parte, los comentarios que figuran en el informe impugnado, según los cuales el hecho de que rebasara sus objetivos supone una mejora, y, por otra parte, las calificaciones que se le otorgan, que son inferiores a la media.
   Finalmente, el demandante sostiene que en la decisión impugnada falta la motivación pertinente.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Conseil d'Etat francés, dictada el 11 de diciembre de 1998, en el asunto entre Association Greenpeace France, Confédération Paysanne, Association Ecoropa France y Sr. Etienne Vernet, Association les Amis de la Terre, Sr. Lucien Cabanne, Sr. Stéphan Carbonnaux y Sr. Guillaume Castaing, por una parte, y el Estado francés, por otra, en el que participan las sociedades Novartis Seeds SA y Monsanto Europa SA (Asunto C-6/99)

text:
13.3.1999             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 71/17
         por el fabricante Ð posiblemente con motivo de                 con la consecuencia de que, utilizando este procedi-
         una falsa declaración de compromiso formulada, a               miento, los Estados miembros que limitan la gama de
         sabiendas, por el interesado mencionado en el                  envases, como es el caso de BeÂlgica, que limita la
         punto 1?                                                       gama de envases de la sidra, disponen de una medida
                                                                        que tiene por objeto o efecto restringir la libre circula-
     b) La reclamación al adquirente del 105 % de la                    ción de las mercancías?
         mayor restitución a la producción aplicable al pro-
         ducto en los 12 meses anteriores, ¿puede plan-            2. Habida cuenta del principio de libre circulación de
         tearse tambieÂn cuando ya no sea posible determi-              mercancías, la Directiva 75/106/CEE, de 19 de diciem-
         nar si el adquirente formuló una declaración de                bre de 1974, relativa a la aproximación de las legisla-
         compromiso, pero conste que la transformación en               ciones de los Estados miembros sobre el preacondicio-
         un producto distinto de los mencionados en el                  namiento en volumen de ciertos líquidos en envases
         Anexo I, no ha sido efectuada o acreditada por el              previos, modificada por la Directiva 79/1005/CEE, de
         adquirente ni por un adquirente posterior?                     23 de noviembre de 1979, ¿permite que los Estados
                                                                        miembros adapten su Derecho a la Directiva de tal
3. Si se respondiese afirmativamente a la segunda pregun-
                                                                        manera que la normativa nacional prohíba comerciali-
     ta,
                                                                        zar envases de una cantidad que no figure en el
     ¿A partir de queÂ momento han de contarse los «12                  Anexo III de la Directiva, en el caso concreto el envase
     meses anteriores» a que se refiere la segunda frase del            de 33 cl para la comercialización de sidra?
     apartado 5 del artículo 7 del Reglamento (CEE)
     no 2169/86?                                                   (1) DO L 42 de 15.2.1975, p. 1; EE 13/04, p. 54.
                                                                   (2) DO L 308 de 4.12.1979, p. 25; EE 13/10, p. 247.
(1) DO L 189 de 11.7.1986, p. 12.
                                                                   Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-         lución del Conseil d'Etat franceÂs, dictada el 11 de diciem-
lución del tribunal de commerce de Bruxelles, de fecha 28          bre de 1998, en el asunto entre Association Greenpeace
de diciembre de 1998, en el asunto entre Cidrerie Ruwet            France, ConfeÂdeÂration Paysanne, Association Ecoropa
SA, por una parte, y Cidre Stassen SA y la sociedad inglesa        France y Sr. Etienne Vernet, Association les Amis de la
                   HP Bulmer Ltd, por otra                         Terre, Sr. Lucien Cabanne, Sr. SteÂphan Carbonnaux y Sr.
                                                                   Guillaume Castaing, por una parte, y el Estado franceÂs,
                       (Asunto C-3/99)
                                                                   por otra, en el que participan las sociedades Novartis
                        (1999/C 71/29)                                            Seeds SA y Monsanto Europa SA
                                                                                (Asunto C-6/99)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                                (1999/C 71/30)
sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución del tribunal de commerce de Bruxe-
lles, dictada el 28 de diciembre de 1998, en el asunto entre       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Cidrerie Ruwet SA, por una parte, y Cidre Stassen SA y la          sido sometida una petición de decisión prejudicial
sociedad inglesa HP Bulmer Ltd, por otra, y recibida en la         mediante resolución del Conseil d'Etat franceÂs, decitada el
Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de enero de 1999.         11 de diciembre de 1998 en el asunto entre Association
                                                                   Greenpeace France, ConfeÂdeÂration Paysanne, Association
El tribunal de commerce de Bruxelles solicita al Tribunal          Ecoropa France y Sr. Etienne Vernet, Association les Amis
de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestio-         de la Terre, Sr. Lucien Cabanne, Sr. SteÂphan Carbonnaux y
nes:                                                               Sr. Guillaume Castaing, por una parte, y el Estado franceÂs,
                                                                   por otra, en el que participan las sociedades Novartis
1. El artículo 30 del Tratado CE, ¿se opone o no a que la          Seeds SA y Monsanto Europe SA, y recibida en la Secreta-
     Directiva 75/106/CEE, (1) de 19 de diciembre de 1974,         ría del Tribunal de Justicia el 13 de enero de 1999.
     relativa a la aproximación de las legislaciones de los
     Estados miembros sobre el preacondicionamiento en             El Conseil d'Etat franceÂs solicita al Tribunal de Justicia
     volumen de ciertos líquidos en envases previos, modifi-       que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
     cada por la Directiva 79/1005/CEE, (2) de 23 de
     noviembre de 1979, que preveÂ un período de transi-           1) ¿Deben interpretarse las disposiciones citadas de la
     ción, permita todavía hoy, es decir, aproximadamente               Directiva no 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril
     veinte anÄos despueÂs y cuando durante este período de             de 1990. Sobre la liberación intencional en el medio
     tiempo los haÂbitos de consumo han evolucionado y el               ambiente de organismos modificados geneÂticamente (1)
     envase de 33 cl se ha extendido y hecho popular por                en el sentido do que, si despueÂs de la transmisión a la
     todo el mundo, que los Estados miembros tengan la                  Comisión de las Comunidades Europeas de una solici-
     facultad de autorizar o de no autorizar, seguÂn su elec-           tud de comercialización de un organismo modificado
     ción, la comercialización de envases distintos de los              geneÂticamente, ninguÂn Estado miembro hubiera mani-
     previstos en su Anexo III, teniendo en cuenta que ello             festado objeciones conforme a lo previsto en el
     puede dar lugar, lo que sucede en el caso presente, a              apartado 2 del artículo 13 de la Directiva 90/220/CEE,
     diferencias entre las diversas legislaciones nacionales,           o si la Comisión de las Comunidades Europeas hubiera
 ---pagebreak--- C 71/18               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 13.3.1999
     adoptado una «decisión favorable» con arreglo al              sión de la Comisión adoptada en 1985, constituye en el
     apartado 4 de dicho artículo, la autoridad competente         caso de autos una forma de discriminación entre aquellos
     que transmitió la solicitud, con dictamen favorable, a        funcionarios nombrados durante la vigencia de la Decisión
     la Comisión estaÂ obligada a conceder la «autorización        de 7 de febrero de 1996, relativa a los «criterios de clasifi-
     por escrito» que permita la comercialización del pro-         cación en el momento del ingreso», y aquellos otros que,
     ducto, o dicha autoridad conserva una facultad de             como el demandante, fueron nombrados durante el
     apreciación que le permita no conceder la referida            período en que la Comisión se negaba a priori a aplicar el
     autorización?                                                 apartado 2 del artículo 31 del Estatuto.
2) ¿Debe interpretarse la Decisión de 23 de enero de               C a r aÂ c t e r c o n t r a d i c t o r i o
     1997 de la Comisión de las Comunidades Europeas, a
     tenor de la cual «las autoridades francesas autorizaraÂn
     la comercialización del producto . . . notificado por         Por un lado, el Tribunal de Primera Instancia afirma en la
     Ciba-Geigy Limited» en el sentido de que obliga al            «sentencia Alexopoulou I» (1) que la decisión de la Comi-
     Gobierno franceÂs a conceder su «autorización por             sión de 1 de septiembre de 1983 infringe el Estatuto y, por
     escrito»?                                                     otro, acepta maÂs tarde que la Comisión corrija tal ilegali-
                                                                   dad tan sólo de modo parcial, o sea, a partir del 5 de octu-
                                                                   bre de 1995.
(1) DO L 117 de 8.5.1990, p. 15.
                                                                   Tal razonamiento resulta contradictorio tambieÂn a la luz
                                                                   de las aplicaciones anteriores de algunas sentencias del Tri-
                                                                   bunal de Justicia en materia de clasificación del personal,
                                                                   consideradas de aplicación general por la Comisión.
Recurso de casación interpuesto el 14 de enero de 1999
por Franco Campoli contra el auto dictado el 12 de octu-           Defecto de motivación
bre de 1998 por la Sala Primera del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
T-235/97, entre Franco Campoli y la Comisión de las                No estaÂ correctamente motivada la afirmación del
                   Comunidades Europeas                            Tribunal de Primera Instancia de que la denegación de la
                      (Asunto C-7/99 P)                            solicitud del demandante encaminada a que se revisara su
                                                                   clasificación inicial «no suponía una infracción del
                       (1999/C 71/31)                              apartado 3 del artículo 5 del Estatuto», habida cuenta de
                                                                   que el Tribunal de Primera Instancia no explica por queÂ
                                                                   llega a tal conclusión.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 14 de enero de 1999 un recurso de casa-           (1) Asunto T-17/95, RecFP p. II-0683.
ción formulado por Franco Campoli, representado por el
Sr. Sergio Diana, Abogado de Cagliari, contra el auto dic-
tado el 12 de octubre de 1998 por la Sala Primera del Tri-
bunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
en el asunto T-235/97, entre Franco Campoli y la Comi-
sión de las Comunidades Europeas.
                                                                   Recurso de casación interpuesto el 15 de enero de 1999
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:          por la Sra. Carmen Gómez de Enterría y SaÂnchez contra la
                                                                   sentencia dictada el 17 noviembre de 1998 por la Sala
                                                                   Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
a) Anule el auto dictado por el Tribunal de Primera Ins-           dades Europeas, en el asunto T-131/97 entre la Sra. Car-
     tancia el 12 de octubre de 1998 en el asunto T-235/97,        men Gómez de Enterría y SaÂnchez y el Parlamento
     Campoli/Comisión.                                                                                Europeo
                                                                                (Asunto C-8/99 P)
b) Estime las pretensiones presentadas en primera instan-                                        (1999/C 71/32)
     cia.
c) Condene en costas a la Comisión.                                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                   ha presentado el 15 de enero de 1999 un recurso contra la
                                                                   sentencia dictada el 17 de noviembre de 1998 por la Sala
Motivos y principales alegaciones                                  Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
                                                                   dades Europeas, en el asunto T-131/97 entre la Sra. Car-
Violación del principio de igualdad de t rato                      men Gómez de Enterría y SaÂnchez y el Parlamento Euro-
                                                                   peo, formulado por la Sra. Carmen Gómez de Enterría y
                                                                   SaÂnchez, representada por Me Eric Boigelot, Abogado de
Declarar la inadmisibilidad del recurso en cuanto dirigido         Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
a cuestionar, sin que concurran hechos nuevos, una deci-           despacho de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim.


title: Asunto C-88/15 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de febrero de 2015 por Ferriere Nord S.p.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 9 de diciembre de 2014 en el asunto T-90/10, Ferriere Nord/Comisión

text:
               4.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 146/23

         Recurso de casación interpuesto el 20 de febrero de 2015 por Ferriere Nord S.p.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 9 de diciembre de 2014 en el asunto T-90/10, Ferriere Nord/Comisión
   (Asunto C-88/15 P)
   (2015/C 146/30)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Ferriere Nord S.p.A. (representantes: W. Viscardini y G. Donà, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Con carácter principal, anule la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 9 de diciembre de 2014 en el asunto T-90/10, en la medida en que desestimó la pretensión principal de Ferriere Nord destinada a obtener la anulación total de la Decisión C(2009) 7492 final de la Comisión Europea, de 30 de septiembre de 2009, en su versión modificada y completada por la Decisión C(2009) 9912 final de la Comisión Europea, de 8 de diciembre de 2009.

               —

               Por consiguiente, anule las mencionadas Decisiones de la Comisión.

               —

               Con carácter subsidiario, anule la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 9 de diciembre de 2014 en el asunto T-90/10, en la medida en que desestimó la pretensión subsidiaria de Ferriere Nord destinada a obtener la anulación parcial de la Decisión C(2009) 7492 final de la Comisión Europea, de 30 de septiembre de 2009, en su versión modificada y completada por la Decisión C(2009) 9912 final de la Comisión Europea, de 8 de diciembre de 2009, y como consecuencia la reducción de la multa impuesta.

               —

               Por consiguiente, anule parcialmente las mencionadas Decisiones de la Comisión y, por tanto, establezca una reducción ulterior (con respecto a la ya reconocida por el Tribunal General) de la multa impuesta.

               —

               En cualquier caso, condene en costas a la Comisión Europea en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

               I —

               Desnaturalización manifiesta, que se desprende de los autos, de los hechos y pruebas en lo que respecta a la falta de competencia de la Comisión para sancionar a Ferriere Nord — Ilegítima falta de reconocimiento de las patentes contradicciones existentes en la motivación de la Decisión de la Comisión y defecto de motivación — Violación de las normas básicas sobre la carga de la prueba.

               II —

               Violación del artículo 27 del Reglamento no 1/2003 (1) por falta de notificación previa de un nuevo pliego de cargos — Violación del principio de confianza legítima — Desnaturalización manifiesta, que se desprende de los autos, de los hechos y pruebas — Violación del derecho de defensa — Defecto de motivación —Violación del derecho a una audiencia ante el consejero auditor.

               III —

               Violación del Reglamento de procedimiento interno de la Comisión (y, consecuentemente, del Derecho de la Unión primario y derivado en materia de multilingüismo) por ser el informe definitivo del consejero auditor en la lengua auténtica posterior a la decisión adoptada por el Colegio de Comisarios el 30 de septiembre de 2009.

               IV —

               Duración de la participación de Ferriere Nord en la práctica colusoria — Errores de Derecho en la apreciación de los hechos: desnaturalización de las pruebas — Violación de los principios generales en materia de carga de la prueba y del principio in dubio pro reo — Motivación contradictoria.

               V —

               Violación del principio de proporcionalidad en la determinación del importe de base de la multa impuesta a Ferriere Nord, comparado con la gravedad y la duración de la práctica colusoria — Violación del principio de igualdad de trato — Defecto de motivación.

               VI —

               Error manifiesto de cálculo (o en todo caso inexactitud evidente) en la reducción de la multa reconocida a Ferriere Nord — Ejercicio incorrecto de la competencia de plena jurisdicción para la determinación del importe de la multa — Defecto de motivación.

               VII —

               Ilegitimidad del incremento del importe de base de la multa en concepto de reincidencia por violación del derecho de defensa.

               VIII —

               Ilegitimidad del incremento del importe de base de la multa en concepto de reincidencia a causa del tiempo transcurrido.

               IX —

               Ilegitimidad del incremento del importe de base de la multa en concepto de reincidencia por violación del principio de proporcionalidad.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Asunto T-594/13: Auto del Tribunal General de 11 de marzo de 2015 — Sanctuary Brands/OAMI — Richter International (TAILORBYRD)

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/37

         Auto del Tribunal General de 11 de marzo de 2015 — Sanctuary Brands/OAMI — Richter International (TAILORBYRD)
   (Asunto T-594/13) (1)

   (2015/C 155/44)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 24, de 25.1.2014.


title: Asunto C-452/15 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de agosto de 2015 por Best-Lock (Europe) Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 16 de junio de 2015 en el asunto T-396/14, Best-Lock (Europe)/EUIPO

text:
               25.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 270/14

         Recurso de casación interpuesto el 17 de agosto de 2015 por Best-Lock (Europe) Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 16 de junio de 2015 en el asunto T-396/14, Best-Lock (Europe)/EUIPO
   (Asunto C-452/15 P)
   (2016/C 270/19)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Best-Lock (Europe) Ltd (representante: J. Becker, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
   Mediante auto de 14 de abril de 2016, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declaró la inadmisibilidad del recurso de casación.


title: Asunto T-1/10 RENV: Auto del Tribunal General de 24 de junio de 2014 — PPG y SNF/ECHA ( «Recurso de anulación — REACH — Identificación de la acrilamida como una sustancia extremadamente preocupante — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad» )

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/48

         Auto del Tribunal General de 24 de junio de 2014 — PPG y SNF/ECHA
   (Asunto T-1/10 RENV) (1)

   ((«Recurso de anulación - REACH - Identificación de la acrilamida como una sustancia extremadamente preocupante - Inexistencia de afectación directa - Inadmisibilidad»))
   2014/C 315/81
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruselas, Bélgica) y SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (representantes: inicialmente, K. Van Maldegem y R. Cana; posteriormente, R. Cana, abogados)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) (representantes: M. Heikkilä, W. Broere y T. Zbihlej, agentes, assistidos por J. Stuyck y A. M. Vandromme, abogados)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de los Países Bajos, (representante: B. Koopman, agente) y Comisión Europea (representantes: E. Manhaeve y K. Talabér-Ritz, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión de la ECHA, relativa a la identificación de la acrilamida (EC no 201-173-7) como sustancia que cumple los requisitos establecidos en el artículo 57 del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1), adoptada con arreglo al artículo 59 de dicho Reglamento.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) y SNF SAS cargarán con sus propias costas y con las de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA).

               3)

               SNF cargará con las costas del procedimiento sobre medidas provisionales.

               4)

               El Reino de los Países Bajos y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 63, de 13.3.2010.


title: Recurso interpuesto el 30 de junio de 1997 por Donato Continolo contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-196/97)

text:
10. 1. 98             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 7/17
de los nuevos coeficientes correctores. Por el contrario,               derse un permiso por enfermedad si el tratamiento
para evitar precisamente la necesidad de alguÂn tipo de                 meÂdico estaÂ vinculado a una enfermedad reembolsable
retroactividad, este artículo establece una adaptación                  al 100 %, estos textos someten la concesión de un per-
semestral de los coeficientes correctores, a la que acom-               miso de enfermedad prescrito para seguir un trata-
panÄa, ademaÂs, la posibilidad de proceder a adaptaciones               miento por balneoterapia a requisitos accesorios que
intermedias en caso de variación sensible del coste de la               no estaÂn contemplados en el artículo 59 del Estatuto.
vida. Por ende, la negligencia de la Comisión de proceder               En efecto, al basarse en la presunción de legalidad y
a las adaptaciones semestrales de los coeficientes correcto-            en el principio de credibilidad de un certificado
res durante maÂs de dos anÄos no puede justificar, a poste-             meÂdico, esta disposición concede de pleno derecho un
riori, la recuperación de un presunto exceso en la retribu-             permiso por enfermedad para todo el período
ción percibida.                                                         cubierto.
(1) DO L 83 de 2. 4. 1996, pp. 1, 4 y 7.                           Ð Violación de los principios de seguridad jurídica, de
                                                                        confianza legítima, de respeto de los derechos adquiri-
                                                                        dos y de irretroactividad, e infracción del apartado 2
                                                                        del artículo 25 del Estatuto. A este respecto el deman-
                                                                        dante considera que, en la decisión desestimatoria de
                                                                        su reclamación, la autoridad factultada para proceder
Recurso interpuesto el 30 de junio de 1997 por Donato                   a los nombramientos (AFPN) aludió a los criterios
Continolo contra la Comisión de las Comunidades                         para la concesión de un permiso por enfermedad que
                           Europeas                                     cubriera la totalidad de la ausencia para seguir su tra-
                      (Asunto T-196/97)                                 tamiento mediante balneoterapia, aunque sin precisar
                          (98/C 7/53)                                   estos criterios y sin mencionar la base jurídica que jus-
                                                                        tificara su determinación. Tal motivación no es perti-
              (Lengua de procedimiento: franceÂs)                       nente. AdemaÂs, a diferencia de lo que afirma la AFPN
                                                                        en su desestimación de la solicitud, el criterio de enfer-
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  medad grave no es solo uno de los criterios utilizados
Europeas se ha presentado el 30 de junio de 1997 un                     para conceder un permiso adicional, sino que consti-
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  tuye el uÂnico criterio actualmente aplicado. Si se
formulado por Donato Continolo, con domicilio en Taino                  hubieran aplicado otros criterios, la AFPN habría
(Italia), representado por los Sres. Jean-NoeÈl Louis y                 debido comunicarlos al personal de forma clara y
Thierry Demaseure y la Sra. Ariane Tornel, Abogados de                  exhaustiva, mencionando los textos legales que hubie-
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                   ran determinado su aplicación.
despacho de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Ces-
sange.                                                             Por otra parte, aunque el demandante siguió su trata-
                                                                   miento mediante balneoterapia en mayo y septiembre de
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-           1995, la Junta de Jefes de Administración no confirmó
tancia que:                                                        hasta el 1 de febrero de 1996 el criterio propuesto por la
                                                                   Junta MeÂdica Interinstitucional para la concesión del
Ð Anule la Decisión de la Comisión por la que se                   segundo período de permiso especial, es decir, que eÂste
     deniega al demandante la totalidad del permiso por            solo podía concederse en el supuesto de balneoterapia
     enfermedad prescrito por su meÂdico de cabecera para          empleada para el tratamiento de una enfermedad reembol-
     seguir un tratamiento meÂdico mediante balneoterapia.         sable al 100 %.
Ð Condene en costas a la parte demandada.
Motivos y principales alegaciones
El presente recurso se refiere a la denegación al deman-
dante de un permiso de enfermedad para la totalidad del            Recurso interpuesto el 2 de julio de 1997 por Carmen
período, que cubría su ausencia en los meses de mayo y             JimeÂnez contra la Oficina de Armonización del Mercado
septiembre de 1995, durante el que siguió un tratamiento                        Interior (marcas, dibujos y modelos)
meÂdico mediante balneoterapia, prescrito por su meÂdico                                  (Asunto T-200/97)
de cabecera y considerado necesario por el meÂdico asesor
                                                                                (98/C 7/54)
del ReÂgimen ComuÂn del Seguro de Enfermedad.
En apoyo de sus pretensiones, alega especialmente los                            (Lengua de procedimiento: franceÂs)
motivos siguientes:
                                                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Ð Ilegalidad de la conclusión de la Junta de Jefes de              Europeas se ha presentado el 2 de julio de 1997 un
     Administración no 207/94, de la Directiva interna de          recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado
     la Comisión no 8927, de 28 de diciembre de 1994 y de          Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por la Sra.
     la conclusión de la Junta de Jefes de Administración,         Carmen JimeÂnez, con domicilio en Luxemburgo, represen-
     de 1 de febrero de 1996, en la medida en que, al auto-        tada por el Sr. Georges Vandersanden, Abogado de Bruse-
     rizar a la administración a no tener en cuenta un certi-      las, que designa como domicilio en Luxemburgo la Fidu-
     ficado meÂdico o al establecer que sólo puede conce-          ciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange.


title: Asunto C-207/02 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de junio de 2002 por Brugg Rohrsysteme GmbH contra la sentencia dictada el 20 de marzo de 2002 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-15/99 promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
24.8.2002                 ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 202/5
Violación de los principios de protección de la confianza              La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
legı́tima y de irretroactividad: el Tribunal de Primera Instancia        Comunidades Europeas que:
incurrió en un error de Derecho al considerar que la facultad
discrecional de la Comisión para imponer multas y su derecho
a «aumentar el nivel general de las multas» prevalece sobre el           1.   Previa anulación de la sentencia del Tribunal de Primera
artı́culo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los                   Instancia de las Comunidades Europeas, dictada el
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, tal y                     20 de marzo de 2002, anule el artı́culo 1 de las Decisiones
como lo introdujo en el Derecho comunitario el artı́culo 49 de                de la Comisión, de 21 de octubre de 1998, (K(1998) 3117
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La                   def.) y de 6 de noviembre de 1998 (K(1098) 3415 def. y
recurrente afirma que tenı́a derecho a confiar en la práctica de             K(1998) 3117 def. corr.) (2) en la medida en que se
la Comisión para determinar el importe de las multas aplicable               imputa a la recurrente haber participado en un cartel y
en el momento en que se dirigió a la Comisión. Es más, el                  haber realizado prácticas concertadas contra Powerpipe
derecho a incrementar el importe general de las multas dentro                 AB. Se solicita la anulación del artı́culo 3 de las citadas
del lı́mite máximo prescrito no puede compararse con la                      Decisiones. Subsidiariamente la recurrente solicita que el
adopción in casu de una verdadera quasi-legislación en forma                Tribunal de Justicia reduzca, en la proporción que
de Directrices y comunicaciones que altera completamente                      considere adecuada, la multa impuesta a la recurrente en
todo el método de cálculo de las multas.                                     el artı́culo 3.
                                                                         2.   Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al
Consideración insuficiente de las circunstancias atenuantes.                 pago de las costas ocasionadas en los procedimientos en
                                                                              primera instancia y de casación.
Aplicación errónea de la Comunicación de la Comisión relativa
a la no imposición de multas o a la reducción de su importe
en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas.
                                                                         Motivos de recurso y principales alegaciones
(1) DO C 86, 27.3.1999, p. 31.
(2) Reglamento no 17 del Consejo, Primer Reglamento de aplicación       —    Violación de la prohibición de retroactividad, del princi-
     de los artı́culos 85 y 86 del Tratado (DO L 13, de 21.02.1962,           pio de protección de la confianza legı́tima y del principio
     p. 204; EE 08/01, p. 22).                                                de buena administración al fijar la cuantı́a de la multa: En
                                                                              el caso de la recurrente, la aplicación retroactiva de
                                                                              las «Directrices» da lugar a imponer una multa de,
                                                                              aproximadamente el triple de la cuantı́a anterior, y ello
                                                                              no como consecuencia de la ponderación de su caso
                                                                              concreto, sino, en definitiva, debido únicamente a la
                                                                              aplicación de un Reglamento más severo.
                                                                         —    Violación del principio de protección de la confianza
Recurso de casación interpuesto el 4 de junio de 2002 por                    legı́tima al modificar el método de cálculo de la cuantı́a
Brugg Rohrsysteme GmbH contra la sentencia dictada el                         de la multa en caso de colaboración de la recurrente. Una
20 de marzo de 2002 por la Sala Cuarta del Tribunal de                        empresa que colabora tiene un interés legı́timo en que la
Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el                          Comisión no modifique posteriormente los principios de
asunto T-15/99 promovido contra la Comisión de las                           cálculo de las multas de forma tal que la colaboración no
                       Comunidades Europeas                                   produzca, en definitiva, ningún resultado.
                         (Asunto C-207/02 P)                             —    Violación del derecho de defensa por aplicación de
                                                                              las nuevas Directrices sobre multas, sin conceder a la
                           (2002/C 202/06)                                    recurrente derecho a ser oı́da.
                                                                         —    Violación del principio de igualdad de trato, al no reducir
                                                                              la cuantı́a que inicialmente se tuvo en cuenta para fijar la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  multa a la recurrente: El Tribunal de Primera Instancia y
presentado el 4 de junio de 2002 un recurso de casación                      la Comisión olvidan el alcance y el significado del lı́mite
formulado por Brugg Rohrsysteme GmbH, asistida y represen-                    del 10 % fijado en el artı́culo 15, apartado 2, del
tada por los Sres. Thomas Jestaedt, Hanns-Joachim Salger y                    Reglamento nº 17. Lo determinante no es la cantidad que
Martin Sura, abogados del bufete Lovells, de Bruselas, que                    se obtiene finalmente en el cálculo. Lo decisivo es, por el
designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me                          contrario, que la cantidad resultante del cálculo no
Philippe Dupont, abogado del bufete Arendt & Medernach,                       sobrepase el lı́mite del 10 %. A consecuencia de la
contra la sentencia dictada el 20 de marzo de 2002 por la Sala                relación de 5 a 1 entre las empresas afectadas de los
Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   grupos tercero y cuarto —que nadie ha objetado— la
Europeas en el asunto T-15/99 promovido contra la Comisión                   cantidad de partida también deberı́a haberse reducido en
de las Comunidades Europeas (1).                                              el caso de la recurrente.
 ---pagebreak--- C 202/6                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         24.8.2002
—     Errores materiales al aplicar el artı́culo 81 CE, apartado 1,       Motivos de recurso y principales alegaciones
      en relación con la participación en el boicot a Powerpipe:
      Puesto que, en su condición de simple comerciante, la
      recurrente no podı́a participar en el boicot, su asistencia         —     Infracción de normas materiales
      a algunas reuniones en las que se trató de las medidas de
      boicot de las demás empresas no puede ser considerada                    —      Violación de la prohibición de retroactividad, del
      prueba de su participación en dicho boicot.                                     principio de protección de la confianza legı́tima.
(1) Aún no publicada en la Recopilación.
                                                                                —      Mediante las «Directrices», la Comisión ha creado un
(2) DO 1999 L 24, p. 1.
                                                                                sistema de imposición de multas que excede del
                                                                                marco de las facultades que le reconoce el artı́-
                                                                                culo 15, apartado 2, del Reglamento 17 y ha
                                                                                aplicado este sistema nuevo a hechos que ya se
                                                                                habı́an producido antes de adoptar las «Directrices».
                                                                                La demandante obró confiando legı́timamente en
                                                                                que la práctica administrativa en materia de imposi-
Recurso de casación interpuesto el 4 de junio de 2002 por
                                                                                ción de multas y los principios de apreciación de
LR af 1998 (Deutschland) [anteriormente Lögstör Rör
                                                                                cooperación no se modificarı́an sustancialmente en
(Deutschland) GmbH] contra la sentencia dictada el
                                                                                el curso del procedimiento administrativo contro-
20 de marzo de 2002 por la Sala Cuarta del Tribunal de
                                                                                vertido y, en todo caso, que las modificaciones
Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el
                                                                                esenciales no serı́an objeto de aplicación retroactiva.
asunto T-16/99 promovido contra la Comisión de las
                     Comunidades Europeas
                                                                          —     Error de Derecho en el ejercicio del poder discrecional al
                      (Asunto C-208/02 P)                                       aplicar e interpretar el artı́culo 15, apartado 2, del
                                                                                Reglamento no 17: Por una parte, la adopción de las
                         (2002/C 202/07)                                        «Directrices» y de la consiguiente alteración sustancial de
                                                                                la práctica de la Comisión en la fijación de multas ya no
                                                                                queda amparada por la facultad discrecional reconocida
                                                                                en el artı́culo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 y,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                                por tanto, viola el principio fundamental de legalidad de
presentado el 4 de junio de 2002 un recurso de casación
                                                                                la Administración. Por otra parte, la aplicación del
formulado por LR af 1998 (Deutschland) [anteriormente
                                                                                artı́culo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 que se ha
Lögstör Rör (Deutschland) GmbH], asistida y representada por
                                                                                hecho en el caso concreto de la demandante incurre en
el Sr. Hans-Joachim Hellmann, abogado del bufete Shearman
                                                                                desviación de poder desde distintos puntos de vista. Al
& Sterlin, de Mannheim, que designa como domicilio en
                                                                                adoptar su Decisión, la Comisión no tuvo en cuenta las
Luxemburgo el bufete Linklaters Loesch, contra la sentencia
                                                                                diferencias de duración e intensidad de la infracción que
dictada el 20 de marzo de 2002 por la Sala Cuarta del Tribunal
                                                                                existı́an entre las distintas empresas. Además, con la
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
                                                                                aplicación retroactiva de las «Directrices», la Comisión se
T-16/99 promovido contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                aparta de la práctica administrativa asentada en los
Europeas (1).
                                                                                procedimientos de imposición de multas, en la que, hasta
                                                                                el conocido procedimiento del cartoncillo, se tenı́a en
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                     cuenta la aportación individual de cada participante, con
Comunidades Europeas que:                                                       arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de
                                                                                Justicia. Por último, la aplicación de las «Directrices»
1.    Anule la Decisión de la Comisión, de 21 de octubre                      implica la imposición de una multa exorbitante, en
      de 1998, relativa a un procedimiento con arreglo al                       relación con los demás destinatarios de la Decisión.
      artı́culo 85 del Tratado CE (IV/35.691/E-4: Cartel en el
      mercado de los tubos preaislados), publicada en el Diario
      Oficial de las Comunidades Europeas el 30 de enero                        —       Vicios sustanciales de forma
      de 1999 (2) y notificada a la demandante el
      12 de noviembre de 1998, en la medida en que afecta a
                                                                                —       Incumplimiento del deber de motivación
      la recurrente,
      subsidiariamente
                                                                                —       Violación del derecho de defensa.
      reduzca la cuantı́a de la multa.
2.    Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al
      pago de las costas procesales.                                      (1) Aún no publicada en la Recopilación.
                                                                          (2) DO 1999 L 24, p. 1.
      subsidiariamente
      anule la sentencia impugnada y devuelva los autos al
      Tribunal de Primera Instancia para que éste dirima el
      litigio.


title: Asunto T-526/15: Auto del Tribunal General de 5 de abril de 2016 — HK Intertrade/Consejo

text:
               30.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/46

         Auto del Tribunal General de 5 de abril de 2016 — HK Intertrade/Consejo
   (Asunto T-526/15) (1)

   (2016/C 191/65)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 371 de 9.11.2015.


title: Asunto T-151/01: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de mayo de 2007 — Duales System Deutschland/Comisión ( Competencia — Abuso de posición dominante — Sistema de recogida y de valorización de envases comercializados en Alemania y que llevan el distintivo Der Grüne Punkt — Decisión por la que se declara la explotación abusiva de una posición dominante — Barrera a la entrada en el mercado — Canon debido en concepto de contrato de utilización del distintivo )

text:
               7.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/19

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de mayo de 2007 — Duales System Deutschland/Comisión
   (Asunto T-151/01) (1)

   («Competencia - Abuso de posición dominante - Sistema de recogida y de valorización de envases comercializados en Alemania y que llevan el distintivo Der Grüne Punkt - Decisión por la que se declara la explotación abusiva de una posición dominante - Barrera a la entrada en el mercado - Canon debido en concepto de contrato de utilización del distintivo»)
   (2007/C 155/36)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, antiguamente Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland AG (Colonia, Alemania) (representantes: W. Deselaers, B. Meyring, E. Wagner y C. Weidemann, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente S. Rating, posteriormente P. Oliver, H. Gading y M. Schneider, y, por último, W. Mölls y R. Saber, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: Vfw AG (Colonia, Alemania) (representantes: H.F. Wissel y J. Dreyer, abogados); Landbell AG für Rückhol-Systeme (Maguncia, Alemania), y BellandVision GmbH (Pegnitz, Alemania) (representantes: A. Rinne y A. Walz, abogados)
   Objeto
   Anulación de la Decisión 2001/463/CE de la Comisión, de 20 de abril de 2001, en un procedimiento con arreglo al artículo 82 [CE] (Asunto COMP D3/34493 — DSD) (DO L 166, p. 1)
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La demandante, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, cargará con sus propias costas, así como con las costas en que han incurrido la Comisión, Landbell AG Rückhol-Systeme y BellandVision GmbH, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

               3)

               Vfw AG cargará con sus propias costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

      (1)  DO C 289, de 13.10.2001.


title: Asunto T-57/13: Recurso interpuesto el 29 de enero de 2013 — Club Hotel Loutraki y otros/Comisión

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/35

         Recurso interpuesto el 29 de enero de 2013 — Club Hotel Loutraki y otros/Comisión
   (Asunto T-57/13)
   2013/C 114/57
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Club Hotel Loutraki (Loutraki, Grecia); Vivere Entertainment AE (Atenas, Grecia); Theros International Gaming, Inc. (Patrás, Grecia); Elliniko Casino Kerkyras (Atenas, Grecia); Casino Rodos (Rodas, Grecia); y Porto Carras AE (Alimos, Grecia) (representante: S. Pappas, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión COMP F3/MC/erg*2012/127386 de la Comisión, de fecha 29 de noviembre de 2012, por la que se desestimó la denuncia presentada por las demandantes el 4 de abril de 2012 relativa a la supuesta concesión de una ayuda estatal a OPAP por el Estado griego.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en una vulneración del derecho de las demandantes a ser oídas como dispone el artículo 108 TFUE, apartado 2, al no haber incoado la Comisión un procedimiento de investigación formal de conformidad con los artículos 4, apartado 4, 6 y 20 del Reglamento no 659/1999, lo cual constituye un abuso de poder.

                           —

                           Alegan que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 2, y los artículos 4 y ss. del Reglamento, en la medida en que, en esencia, tramitó un procedimiento de investigación formal incumpliendo sus requisitos formales y privando, en consecuencia, a las demandantes y a las demás partes interesadas de su derecho a ser oídas.

                           —

                           Subsidiariamente las demandantes alegan que se vulneraron sus derechos a vincularse con el asunto durante el procedimiento de examen previo.

               2)

               Segundo motivo, basado en una vulneración de la obligación de motivación y del derecho de las demandantes a una buena administración con arreglo a los artículos 296 TFUE y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, respectivamente.

                           —

                           Al omitir todos los datos y cifras económicos decisivos, la Decisión impugnada no muestra de modo claro e inequívoco el razonamiento seguido por la Comisión, impidiendo a las demandantes determinar las razones que llevaron a la conclusión de que las medidas controvertidas no constituyen una ayuda de Estado. Estas deficiencias no pueden ser justificadas remitiéndose al deber de salvaguardar la confidencialidad empresarial.

                           —

                           Las demandantes rebaten también el carácter confidencial de la decisiva envergadura económica.

               3)

               Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de las demandantes a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

                           —

                           Por las mismas razones establecidas en el segundo motivo, el derecho a la tutela judicial efectiva de las demandantes ha sido infringido. Estas encuentran dificultades para oponerse directamente a la esencia de la Decisión impugnada pues no pueden determinar por ningún medio el razonamiento subyacente, el cual se basa únicamente en datos económicos que no han sido publicados.

               4)

               Cuarto motivo, en el que se alega un manifiesto error de Derecho al apreciar la conformidad conjunta del Acuerdo TVL y de la Adenda y al concluir que no confieren una ventaja económica a los OPAP.

                           —

                           La atribución de ventajas económicas, un requisito formal para la existencia de una ayuda estatal, debe ser valorada dentro de un mercado definido y no después de ser valorada con otras medidas similares concedidas al mismo beneficiario pero en distinto mercado, con independencia de si éste es comparable con aquél. En caso contrario, la protección de la competencia sería altamente incompleta.

                           —

                           En cualquier caso, tal apreciación conjunta no puede llevarse a cabo con respecto a medidas que deben ser aplicadas en distintos períodos de tiempo.


title: Asunto C-28/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — Koninklijke KPN NV y otros/Autoriteit Consument en Markt (ACM) «Procedimiento prejudicial — Marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE — Artículos 4 y 19 — Autoridad nacional de reglamentación — Medidas de armonización — Recomendación 2009/396/CE — Alcance jurídico — Directiva 2002/19/CE — Artículos 8 y 13 — Operador designado como poseedor de un peso significativo en un mercado — Obligaciones impuestas por una autoridad nacional de reglamentación — Control de precios y obligaciones relativas al sistema de contabilidad de costes — Tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil — Alcance del control que pueden ejercer los tribunales nacionales sobre las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación»

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — Koninklijke KPN NV y otros/Autoriteit Consument en Markt (ACM)
   (Asunto C-28/15) (1)

   («Procedimiento prejudicial - Marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/21/CE - Artículos 4 y 19 - Autoridad nacional de reglamentación - Medidas de armonización - Recomendación 2009/396/CE - Alcance jurídico - Directiva 2002/19/CE - Artículos 8 y 13 - Operador designado como poseedor de un peso significativo en un mercado - Obligaciones impuestas por una autoridad nacional de reglamentación - Control de precios y obligaciones relativas al sistema de contabilidad de costes - Tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil - Alcance del control que pueden ejercer los tribunales nacionales sobre las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación»)
   (2016/C 419/15)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   College van Beroep voor het bedrijfsleven

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Koninklijke KPN NV, KPN BV, T-Mobile Netherlands BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, Ziggo Services BV, anteriormente UPC Nederland BV, Ziggo Zakelijk Services BV, anteriormente UPC Business BV

      Demandada: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

      Fallo

               1)

               El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, en relación con los artículos 8 y 13 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso), en su versión modificada por la Directiva 2009/140, debe interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional, que conoce de un litigio relativo a la legalidad de una obligación tarifaria impuesta por la autoridad nacional de reglamentación para la prestación de servicios de terminación de la telefonía fija y móvil, sólo puede apartarse de la Recomendación 2009/396/CE de la Comisión, de 7 de mayo de 2009, sobre el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE, que propone el modelo de cálculo de costes denominado «Bulric puro» (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) como medida adecuada de regulación de los precios en el mercado de terminación de llamadas, si considera que existen motivos basados en las circunstancias del caso concreto, en particular en las características específicas del mercado del Estado miembro en cuestión, que lo exigen.

               2)

               El Derecho de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional, que conoce de un litigio relativo a la legalidad de una obligación tarifaria impuesta por la autoridad nacional de reglamentación para la prestación de servicios de terminación de la telefonía fija y móvil, puede apreciar la proporcionalidad de esta obligación a la luz de los objetivos enunciados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y en el artículo 13 de la Directiva 2002/19, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y tener en cuenta el hecho de que tal obligación pretende promover los intereses de los usuarios finales en un mercado minorista que no puede ser regulado.
               Un tribunal nacional no puede, cuando ejerce el control jurisdiccional de una decisión de la autoridad nacional de reglamentación, exigir a esta autoridad que demuestre que dicha obligación alcanza efectivamente los objetivos enunciados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140.

      (1)  DO C 138 de 27.4.2015.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Pretura Circondariale di Milano, de fecha 6 de noviembre de 1998, en el asunto entre Unilever Italia SpA y Central Food SpA (Asunto C-443/98)

text:
6.2.1999              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 33/5
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera parte de            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     la primera cuestión, ¿estaÂ obligado, en principio, un         lución del Supremo Tribunal Administrativo, Sala Segun-
     Estado miembro a reembolsar al empresario exaccio-             da, de fecha 28 de octubre de 1998, en el asunto entre
     nes pecuniarias que gravan el valor de las mercancías                 Fazenda PuÂblica y CaÃmara Municipal do Porto
     exportadas y que deben considerarse percibidas vulne-                                (Asunto C-446/98)
     rando el Derecho comunitario, cuando estaÂ demos-
     trado que la persona que fue obligada a pagar las refe-                                (1999/C 33/08)
     ridas exacciones las repercutió, en la praÂctica, a otras
     personas, a saber, los compradores de las mercancías,          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     y no consta ni ha sido invocado por el empresario que          sido sometida una petición de decisión prejudicial
     dicha exacción provocase un aumento del precio de              mediante resolución del Supremo Tribunal Administrativo,
     sus productos ni una reducción de su volumen de ven-           Sala Segunda, dictada el 28 de octubre de 1998, en el
     tas que le ocasionaran un perjuicio adicional?                 asunto entre Fazenda PuÂblica y CaÃmara Municipal do Por-
                                                                    to, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7
                                                                    de diciembre de 1998.
                                                                    El Supremo Tribunal Administrativo solicita al Tribunal
                                                                    de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestio-
                                                                    nes:
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución de la Pretura Circondariale di Milano, de fecha 6            a) ¿La expresión «actividades u operaciones que desarro-
de noviembre de 1998, en el asunto entre Unilever Italia                llen en el ejercicio de sus funciones puÂblicas», utilizada
                   SpA y Central Food SpA                               en el paÂrrafo primero del apartado 5 del artículo 4 de
                      (Asunto C-443/98)                                 la Sexta Directiva (1), comprende el arrendamiento de
                                                                        espacios para el estacionamiento de vehículos (tanto
                        (1999/C 33/07)                                  espacios en la calle como aparcamientos) efectuado
                                                                        por las autoridades puÂblicas (un municipio)?
                                                                    b) ¿Las distorsiones graves de la competencia, a las que
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        se refiere el paÂrrafo segundo del apartado 5 del
sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                        artículo 4 de la Sexta Directiva, pueden ser definidas,
mediante resolución de la Pretura Circondariale di Milano,
                                                                        caso por caso, por el Ministro de Hacienda de un
dictada el 6 de noviembre de 1998, en el asunto entre Uni-
                                                                        Estado miembro?
lever Italia SpA y Central Food SpA, y recibida en la Secre-
taría del Tribunal de Justicia el 7 de diciembre de 1998.
                                                                    c) ¿Si la norma nacional que otorga competencia al
                                                                        Ministro de Hacienda para definir, caso por caso, las
                                                                        distorsiones graves de la competencia es inconstitucio-
La Pretura Circondariale di Milano solicita al Tribunal de              nal, por violación del principio de legalidad tributaria,
Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                  pero conforme al Derecho comunitario (a la Sexta
                                                                        Directiva), debe el Juez nacional obedecer a su Cons-
                                                                        titución o debe, preferentemente, obedecer al Derecho
«El juez nacional ante el que se solicita una orden de pago             comunitario, en virtud del principio de la primacía de
relativa a la entrega de aceite extra virgen de oliva etique-           eÂste sobre las Constituciones?
tado de un modo no conforme a las disposiciones de una
ley nacional, promulgada y en vigor en el Estado miembro            d) ¿Las autoridades puÂblicas tendraÂn en cualquier caso la
(Ley no 313 de 3 de agosto de 1998), ¿puede dejar sin                   condición de sujetos pasivos excepto cuando el volu-
aplicación dicha ley interna, habida cuenta de que, tras la             men de las actividades que desarrollen sea insignifican-
notificación y el consiguiente examen de un proyecto de                 te, o sólo son sujetos pasivos por lo que respecta a las
ley nacional relativa al etiquetado de origen del aceite                actividades u operaciones enumneradas en el Anexo D,
extra virgen de oliva, del aceite de oliva virgen y del aceite          al que se refiere el paÂrrafo tercero del apartado 5 del
de oliva, la Comisión Europea, basaÂndose en el apartado 3              artículo 4 de la Sexta Directiva?
del artículo 9 de la Directiva 83/189/CEE (1) (por la que se
establece un procedimiento de información en materia de             e) ¿Puede una ley nacional autorizar al Ministro de
normas y de reglamentaciones teÂcnicas), ha instado for-                Hacienda a definir, caso por caso, cuaÂles son las activi-
malmente al Estado notificante a no adoptar ninguna nor-                dades efectuadas de forma no significativa?
mativa, fijando un plazo (hasta el 14 de septiembre de
1999) respecto a las normas de comercialización del aceite
de oliva, en espera de la adopción de una normativa                 f) A los efectos de lo dispuesto en el paÂrrafo cuarto del
comunitaria en la citada materia?»                                      apartado 5 del mencionado artículo 4, ¿puede un
                                                                        Estado miembro considerar la actividad de arrenda-
                                                                        miento de espacios para el estacionamiento de vehícu-
(1) DO L 109 de 26.4.1983, p. 8; EE 13/14, p. 34.                       los, cuando la efectuÂe un municipio, como actividad
                                                                        de la autoridad puÂblica, teniendo en cuenta lo dis-
                                                                        puesto en el nuÂmero 2 de la letra b) de la parte B del
                                                                        artículo 13 de la Sexta Directiva?


title: Asunto T-373/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de noviembre de 2008 — EOS/OAMI (PrimeCast) ( Marca comunitaria — Solicitud de registro de la marca comunitaria denominativa PrimeCast — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n o  40/94 )

text:
               10.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/28

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de noviembre de 2008 — EOS/OAMI (PrimeCast)
   (Asunto T-373/07) (1)

   («Marca comunitaria - Solicitud de registro de la marca comunitaria denominativa PrimeCast - Motivos de denegación absolutos - Carácter descriptivo - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2009/C 6/58)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: EOS GmbH Electro Optical Systems (Krailling, Alemania) (representante: M. Mentjes, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: S. Schäffner y G. Schneider, agentes)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 20 de julio de 2007 (asunto R 333/2005-4), relativa a una solicitud de registro de la marca denominativa «PrimeCast» como marca comunitaria.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a EOS GmbH Electro Optical Systems.

      (1)  DO C 283 de 24.11.2007.


title: Asunto T-427/16: Recurso interpuesto el 29 de julio de 2016 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE)

text:
               19.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 343/46

         Recurso interpuesto el 29 de julio de 2016 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE)
   (Asunto T-427/16)
   (2016/C 343/63)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Isabel Martín Osete (París, Francia) (representante: V. Wellens, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Daniella Rey (Toulouse, Francia)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Titular de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «AN IDEAL WIFE» — Marca de la Unión n.o 5276894

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de caducidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de abril de 2016 en el asunto R 1528/2015-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto T-436/16: Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2016 — AEIM y Kazenas/Comisión

text:
               10.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 371/19

         Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2016 — AEIM y Kazenas/Comisión
   (Asunto T-436/16)
   (2016/C 371/21)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, Francia), Philippe Kazenas (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: B. Wizel, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Condene a la parte demandada a abonar a la demandante el importe de 536 912 euros correspondiente a las pérdidas económicas sufridas en relación con las inversiones realizadas a fondo perdido en las visitas previas a la adjudicación de los contratos públicos, que se adjudicaron fraudulentamente.

               —

               Condene a la parte demandada a abonar a la demandante el importe de 2 092 650 euros en concepto de lucro cesante en relación con los contratos públicos a los que la parte demandante hubiese podido acceder si éstos se hubiesen adjudicado equitativamente y sin corrupción.

               —

               Condene a la parte demandada a reembolsar al demandante el importe de 85 000 euros equivalente a los gastos y honorarios de abogado en los que tuvo que incurrir para preparar su defensa debido a la corrupción del funcionario europeo.

               —

               Condene a la parte demandada a abonar al demandante el importe de 150 000 euros por el daño moral sufrido.

               —

               Condene a la parte demandada a abonar a la demandante intereses compensatorios sobre todos esos importes desde diciembre de 2005, fecha de cesación del período de infracción.

               —

               Condene a la parte demandada a reembolsar los gastos y honorarios de abogado de la presente instancia, que ascienden a un importe de 75 000 euros.

               —

               Condene a la parte demandada a abonar intereses de demora a partir de la fecha de pronunciamiento de la futura sentencia.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   Las partes demandantes aducen un comportamiento ilegal de un funcionario de la Comisión Europea en el marco de la adjudicación de contratos públicos, que les causó graves perjuicios directamente inducidos por dicho comportamiento, de los que solicitan el resarcimiento.
   Consideran que se dan los tres requisitos necesarios para reclamar la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea, a saber, un comportamiento ilegal de una institución o de uno de sus agentes, un daño real y una relación causal entre el comportamiento del agente y los perjuicios invocados.
   En el caso de autos, alegan que la corrupción de un funcionario europeo en el marco de la adjudicación de contratos públicos constituye una vulneración suficientemente caracterizada de los principios de igualdad de trato y de transparencia, principios que el poder adjudicador ha de respectar en las licitaciones para todos los licitadores.
   Las partes demandantes estiman que la adjudicación fraudulenta de los contratos públicos de que se trata ocasionó daños reales a la sociedad AEIM, que únicamente obtuvo contratos en países considerados peligrosos que no deseaban los dos otros licitadores, cuando, si todos los contratos públicos se hubiesen adjudicado sin corrupción, dicha sociedad, que fue la única que licitó honradamente, hubiera podido acceder a ellos.
   Desean ampararse en el principio de buena administración de la Comisión, que en el caso de autos sufrió graves disfunciones, y en el principio de protección de la confianza legítima aplicable a todo operador económico al que una institución haya hecho albergar esperanzas fundadas.
   Las partes demandantes consideran haber sufrido también, además de perjuicios económicos, perjuicios de carácter moral, causados en particular por el menoscabo de su reputación y la obligación de tener que defenderse contra acusaciones que resultaron inexactas e imaginarias.