title: Recurso de casación interpuesto el 7 de enero de 1998 por Henri de Compte contra la sentencia dictada el 5 de noviembre de 1997 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-26/89 (125), entre Henri de Compte y el Parlamento Europeo (Asunto C-2/98 P)

text:
C 113/6                ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     11.4.98
           AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                          (Sala Cuarta)
                                                                  Ð declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las
                    de 15 de enero de 1998                             obligaciones que le incumben en virtud del artículo 171
                                                                       del Tratado, al no haber adoptado las medidas necesa-
en el asunto C-403/95 P: Dieter Obst contra Comisión de
                                                                       rias que conlleva la ejecución de la sentencia del Tribu-
                las Comunidades Europeas (1)
                                                                       nal de Justicia de 7 de abril de 1992 en el asunto
(Recurso de casación Ð Funcionario Ð Procedimiento de                  C-45/91, Comisión/Grecia, y, en particular, al no haber
selección Ð Artículo 45 del Estatuto Ð Motivación Ð                    establecido ni aplicado auÂn los planes y programas
Reparación del perjuicio Ð Recurso de casación manifies-               que resultan necesarios para la gestión de los residuos
              tamente inadmisible e infundado)                         y de los residuos tóxicos de la región de La Canea, de
                         (98/C 113/13)                                 forma que no se ponga en peligro la salud de las per-
                                                                       sonas ni se perjudique al medio ambiente;
             (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                   Ð condene a la RepuÂblica HeleÂnica al pago de las costas
                                                                       del procedimiento.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal       Motivos y principales alegaciones
                           de Justicia»)
                                                                  En su sentencia dictada el 7 de abril de 1992 en el asunto
                                                                  C-45/91 (Rec. 1992 p. I-2525), el Tribunal de Justicia
En el asunto C-403/95 P, Dieter Obst, funcionario de la
                                                                  declaró que la RepuÂblica HeleÂnica había incumplido las
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
                                                                  obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y
Everberg (BeÂlgica), representado por el Sr. Lothar Mahl-
                                                                  6 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio
berg, Abogado de Bonn, que designa como domicilio en
                                                                  de 1975, relativa a los residuos (1), y en virtud de los
Luxemburgo el de la Sra. Marianne Moritz, 25 A, rue
                                                                  artículos 5 y 12 de la Directiva 78/319/CEE del Consejo,
Schönfels, Bridel, que tiene por objeto un recurso de casa-
                                                                  de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y
ción interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribu-
                                                                  peligrosos (2).
nal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
(Sala Segunda) el 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión            En su dictamen motivado de 6 de agosto de 1996, la
(T-562/93, RecFP p. II-737), por el que se solicita que se        Comisión comprobó que, cuatro anÄos despueÂs de dictarse
anule dicha sentencia, y en el que la otra parte en el proce-     la citada sentencia, la RepuÂblica HeleÂnica auÂn no había
dimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas                 adoptado las medidas necesarias para su ejecución. La
(Agente: Sr. Julian Currall, asistido por el Sr. Bertrand         Comisión pone de manifiesto que, seguÂn la jurisprudencia
Wägenbaur), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), inte-          del Tribunal de Justicia [veÂanse las sentencias de 13 de
grado por los Sres. H. Ragnemalm, Presidente de Sala; J. L.       julio de 1988, Comisión/Francia, 169/87 (Rec. 1988,
Murray y K. M. Ioannou (Ponente), Jueces; Abogado                 p. 4093), y de 19 de febrero de 1991, Comisión/BeÂlgica,
General: Sr. M. B. Elmer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dic-       375/89 (Rec. 1991, p. I-383)], la ejecución de las senten-
tado el 15 de enero de 1998 un auto resolviendo lo                cias del Tribunal de Justicia en las que se declara el incum-
siguiente:                                                        plimiento de un Estado miembro debe iniciarse inmediata-
                                                                  mente y concluirse en el plazo maÂs breve posible. En con-
1) Se desestima el recurso de casación.                           secuencia, es indiscutible que la RepuÂblica HeleÂnica ha
                                                                  incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
2) Se condena en costas al recurrente.                            artículo 171 del Tratado. AdemaÂs, conforme al apartado 2
                                                                  del artículo 1 del Tratado, la Comisión solicita al Tribunal
(1) DO C 64 de 2.3.1996.                                          de Justicia que imponga a la RepuÂblica HeleÂnica una
                                                                  multa coercitiva por importe de 24 600 ecus por cada día
                                                                  transcurrido, como sanción por la no ejecución de la sen-
                                                                  tencia del Tribunal de Justicia.
                                                                  (1) DO L 194 de 25.7.1995, p. 39; EE 15/01, p. 129.
Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 1997 por la             (2) DO L 84 de 31.3.1978, p. 43; EE 15/02, p. 98.
Comisión de las Comunidades Europeas contra la RepuÂ-
                         blica HeleÂnica
                      (Asunto C-387/97)
                         (98/C 113/14)                            Recurso de casación interpuesto el 7 de enero de 1998 por
                                                                  Henri de Compte contra la sentencia dictada el 5 de
                                                                  noviembre de 1997 por la Sala Primera del Tribunal de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se         Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
ha presentado el 17 de noviembre de 1997 un recurso               asunto T-26/89 (125), entre Henri de Compte y el Parla-
contra la RepuÂblica HeleÂnica formulado por la Comisión                                  mento Europeo
de las Comunidades Europeas, representada por la Sra.
                                                                                (Asunto C-2/98 P)
Maria Koudou-Durande, miembro de su Servicio Jurídico,
en calidad de Agente, que designa como domicilio en                                       (98/C 113/15)
Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
tambieÂn miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner,          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
Kirchberg.                                                        ha presentado el 7 de enero de 1998 un recurso de casa-
 ---pagebreak--- 11.4.98                 ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 113/7
ción formulado por Henri de Compte, representado por                cedimiento del artículo 130 S, apartado 2 del Tratado, que
Me Henri Ferretti, Abogado de Thionville, que designa               exige unanimidad en el Consejo. En consecuencia, la con-
como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Guy                  clusión de acuerdos internacionales sobre esa materia tam-
Harles, 8-10, rue Mathias Hardt, contra la sentencia dic-           bieÂn exige dicha unanimidad (artículo 228, apartado 2,
tada el 5 de noviembre de 1997 por la Sala Primera del              segunda frase).
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas en el asunto T-26/89 (125), entre Henri de                 La postura del Consejo, que siguió la propuesta de la
Compte y el Parlamento Europeo.                                     Comisión, supone desconocer el artículo 130 S, apartado 2,
                                                                    en cuanto a las medidas relativas a la gestión de recursos
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:           hídricos. La aprobación de la Decisión impugnada al
                                                                    amparo de una base jurídica incorrecta determina su
Ð acuerde la admisión del recurso y lo declare fundado;             nulidad de pleno derecho.
Ð anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                    (1) DO L 342 de 12.12.1997, p. 19.
     5 de noviembre de 1997 (1);
Ð remita los autos al Tribunal de Primera Instancia, a fin
     de que eÂste declare la admisibilidad del recurso de revi-
     sión;
                                                                    Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Ð condene al Parlamento a cargar con las costas del pre-            lución de la Divisional Court, Queen's Bench Division, de
     sente asunto y con las del asunto ventilado ante el Tri-       fecha 24 de abril de 1997, en el asunto entre The Queen y
     bunal de Primera Instancia.                                    Secretary of State for the Home Department, ex parte:
                                                                                Abdulnasir Savas
Motivos y principales alegaciones                                                          (Asunto C-37/98)
No haber reconocido la condición de hecho nuevo a un                                         (98/C 113/17)
documento, redactado por el ponente de la Comisión de
Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que se               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
refiere al asunto de la caja de delegados y que impugna             sido sometida una petición de decisión prejudicial
punto por punto el edificio contable levantado por la               mediante resolución de la Divisional Court, Queen's
Administración del Parlamento para probar la culpabili-             Bench Division, dictada el 24 de abril de 1997, en el
dad del demandante.                                                 asunto entre The Queen y Secretary of State for the Home
                                                                    Department, ex parte: Abdulnasir Savas, y recibida en la
(1) Sentencia en el asunto T-26/89 (125) (DO C 387 de               Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de febrero de
    20.12.1997, p. 17).                                             1998.
                                                                    La Divisional Court, Queen's Bench Division solicita al
                                                                    Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                    cuestiones:
Recurso interpuesto el 16 de febrero de 1998 por el Reino           1) ¿El Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la
      de EspanÄa contra el Consejo de la Unión Europea                   Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado
                        (Asunto C-36/98)                                 en Ankara el 12 de septiembre de 1963 (en lo sucesivo
                          (98/C 113/16)                                  el «Acuerdo»), y el Protocolo Adicional al Acuerdo,
                                                                         firmado en Bruselas el 23 de noviembre de 1970 (en lo
                                                                         sucesivo el «Protocolo adicional»), han de interpre-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                         tarse en el sentido de que confieren derechos a un
ha presentado el 16 de febrero de 1998 un recurso contra
                                                                         nacional turco que: a) ha entrado, o b) permanecido
el Consejo de la Unión Europea formulado por el Reino
                                                                         en el territorio de un Estado miembro infringiendo la
de EspanÄa, representado por el Sr. Santiago Ortiz Vaa-
                                                                         normativa sobre inmigración de dicho Estado?
monde, Abogado del Estado, que designa como domicilio
en Luxemburgo el de la Embajada de EspanÄa, 4-6, boule-             2) Si la respuesta a cualquiera de las partes de la primera
vard E. Servais.                                                         pregunta es afirmativa: ¿a) el artículo 13 del Acuerdo,
                                                                         y b) el artículo 41 del Protocolo adicional tienen efecto
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                         directo en el ordenamiento jurídico de los Estados
Ð declare la nulidad de la Decisión 97/825/CE del Con-                   miembros?
     sejo, de 24 de noviembre de 1997, relativa a la cele-
                                                                    3) ¿El Acuerdo y el Protocolo adicional prohíben que un
     bración del Convenio sobre la cooperación para la
                                                                         Estado miembro aplique una disposición de su Dere-
     protección y el uso sostenible del Danubio (1),
                                                                         cho interno que niega a dicho ciudadano turco per-
Ð condene en costas a la institución demandada.                          miso para permanecer en el territorio de dicho Estado
                                                                         miembro por el uÂnico motivo de que ha expirado su
Motivos y principales alegaciones                                        permiso para entrar o permanecer dentro de dicho
                                                                         territorio nacional?
A juicio del Reino de EspanÄa, resulta claro que el Conve-
nio persigue la gestión de recursos hídricos conforme a cri-        4) Si, a pesar de lo dispuesto por el Derecho nacional, la
terios medioambientales. Su adopción ha de seguir el pro-                autoridad competente de un Estado miembro, en el


               15.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/11

         Recurso interpuesto el 21 de mayo de 2010 por el Principado de Liechtenstein contra el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-4/10)
   2010/C 191/09
   El Principado de Liechtenstein, representado por el Dr. Andrea Entner-Koch, Agente del Principado de Liechtenstein, Unidad de coordinación del EEE, Austrasse 79/Europark, FL-9490 Vaduz, interpuso ante el Tribunal de la AELC el 21 de mayo de 2010 un recurso contra el Órgano de Vigilancia de la AELC.
   El Principado de Liechtenstein solicita al Tribunal de la AELC que:

               1)

               Anule la Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 97/10/COL, de 24 de marzo de 2010, relativa a la imposición de las compañías de seguro cautivas con arreglo a la ley fiscal de Liechtenstein;

               2)

               A título subsdiario, declare nulos los artículos 3 y 4 de la Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 97/10/COL, de 24 de marzo de 2010, en la medida en que ordenan la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1 de dicha Decisión;
               y que

               3)

               Condene al Órgano de Vigilancia de la AELC al pago de las costas.

      Antecedentes de hecho y de Derecho y motivos invocados:

               —

               En la Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 97/10/COL, de 24 de marzo de 2010, se establece que las normas de imposición aplicables a las compañías de seguros y de reaseguros cautivas de Liechtenstein en virtud de los artículos 82 (a) y 88 (d)(3) de la ley fiscal de Liechtenstein, constituyen ayuda de Estado en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, ya que someten a dichas compañías de seguros y de reaseguros cautivas a un régimen fiscal más favorable que el de las «compañías de seguros normales». El Órgano de Vigilancia de la AELC decidió además que la supuesta ayuda constituía ayuda ilegal que las compañías cautivas de seguros y de reaseguros debían devolver a partir del 6 de noviembre de 2001.

               —

               El demandante considera que las normas fiscales en cuestión no constituyen ayuda de Estado en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

               —

               El demandante alega que el Órgano de Vigilancia de la AELC:

                           —

                           se equivocó al aplicar el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE a las normas de imposición de las compañías de seguro y de reaseguro cautivas previstas por la ley fiscal de Liechtenstein y al ordenar la devolución de la supuesta ayuda ilegal por parte de las compañias de seguros y de reaseguros cautivas a partir del 6 de noviembre de 2001;

                           —

                           aplicó equivocadamente el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE a las compañías de seguros y de reaseguros cautivas, dado su carácter especial y el ámbito restringido de sus actividades;

                           —

                           no justificó adecuadamente la Decisión contestada tal y como estipula el artículo 16 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.


title: Asunto C-177/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o  12 de Sevilla) — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Aplicación del Acuerdo marco en el ámbito de la función pública — Principio de no discriminación)

text:
               22.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla) — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
   (Asunto C-177/10) (1)

   (Política social - Directiva 1999/70/CE - Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada - Cláusula 4 - Aplicación del Acuerdo marco en el ámbito de la función pública - Principio de no discriminación)
   2011/C 311/15
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Francisco Javier Rosado Santana

      Demandada: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla — Interpretación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43) — Anexo, cláusula 4 (principio de no discriminación) — Ámbito de aplicación — Discriminación declarada admisible por el juez constitucional — Obligaciones del juez nacional.

      Fallo

               1)

               La Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y el Acuerdo marco que figura en el anexo de ésta deben interpretarse en el sentido de que, por un lado, se aplican a las relaciones de servicio de duración determinada y a los contratos celebrados por los órganos de la Administración y el resto de entidades del sector público, y, por otro, exigen que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos comparables de un Estado miembro basada en el mero hecho de que éstos tienen una relación de servicio de duración determinada, a menos que razones objetivas, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, de dicho Acuerdo marco, justifiquen un trato diferente.

               2)

               La cláusula 4 de dicho Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los períodos de servicio cumplidos por un funcionario interino de una Administración Pública no sean tenidos en cuenta para el acceso de éste, que entre tanto ha tomado posesión como funcionario de carrera, a una promoción interna en la que sólo pueden participar los funcionarios de carrera, a menos que dicha exclusión esté justificada por razones objetivas, en el sentido del apartado 1 de dicha cláusula. El mero hecho de que el funcionario interino haya cumplido dichos períodos de servicio sobre la base de un contrato o de una relación de servicio de duración determinada no constituye tal razón objetiva.

               3)

               El Derecho primario de la Unión, la Directiva 1999/70 y el mencionado Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a una norma nacional que prevé que el recurso interpuesto por un funcionario de carrera contra una resolución por la que se le excluye de un proceso selectivo y basado en que dicho proceso era contrario a la cláusula 4 de dicho Acuerdo marco debe interponerse en un plazo preclusivo de dos meses desde la fecha de la publicación de la convocatoria. Sin embargo, tal plazo no podía oponerse a un funcionario de carrera, candidato a dicho proceso selectivo, que fue admitido al mismo y cuyo nombre figuraba en el listado definitivo de aprobados de dicho proceso, si podía hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Acuerdo marco. En tales circunstancias, el plazo de dos meses sólo podría empezar a correr desde la notificación de la resolución por la que se anulaba su admisión a dicho proceso y su nombramiento como funcionario de carrera del grupo superior.

      (1)  DO C 179, de 3.7.2010.


title: Asunto T-539/12: Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2012 — Ziegler/Comisión

text:
               23.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/16

         Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2012 — Ziegler/Comisión
   (Asunto T-539/12)
   2013/C 55/29
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Ziegler SA (Bruselas, Bélgica) (representantes: J. Bellis, M. Favart y A. Bailleux, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare el presente recurso admisible y fundado.

               —

               Declare que la Comisión Europea ha hecho incurrir en responsabilidad extracontractual a la Unión Europea frente a la parte demandante.

               —

               Condene a la Unión Europea a pagar a la parte demandante la cantidad de 1 472 000 euros, más intereses desde el 11 de marzo de 2008 hasta el pago íntegro, y la cantidad de 112 872,50 euros por año desde el 11 de marzo de 2008, más intereses hasta el pago íntegro.

               —

               Condene a la Unión Europea en costas.

      Motivos y principales alegaciones

   El perjuicio respecto del cual la parte demandante solicita reparación a la Unión Europea comprende dos conceptos distintos.
   En primer lugar, la parte demandante estima haber sufrido un perjuicio derivado de la multa de 9 200 000 euros, incrementada con intereses calculados al tipo del 7,60 % anual, que le impuso la Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2008, en el asunto COMP/38.543 — Servicios de mudanzas internacionales, por una infracción de la que la Unión es, a su juicio, parcialmente responsable. El perjuicio supuestamente causado a la parte demandante se deriva de una doble ilegalidad imputable a la Unión Europea:

               —

               Por una parte, al supeditar el reembolso de los gastos de mudanza de sus funcionarios a la obtención, por parte de éstos, de tres presupuestos diferentes de mudanzas y al abstenerse de ejercer el más mínimo control sobre el cumplimiento de esta obligación, a pesar de ser plenamente consciente de las irregularidades a las que esta práctica daría lugar, la Unión creó un contexto reglamentario propicio para la comisión de la infracción del artículo 101 TFUE por la que fueron posteriormente sancionadas las empresas de mudanzas. Al actuar de este modo, la Unión incumplió su deber de diligencia y vulneró el derecho fundamental de la parte demandante a una buena administración.

               —

               Por otra parte, al solicitar presupuestos ficticios a la parte demandante, los funcionarios de la Unión Europea incitaron directamente, en su condición de agentes, a la parte demandante a cometer la infracción por la que fue sancionada. Así pues, a través de sus funcionarios, la Unión Europea contribuyó a la infracción del artículo 101 TFUE que seguidamente sancionó y, además, vulneró el derecho de la parte demandante a un proceso justo.

         En segundo lugar, tras la adopción de la Decisión de 11 de marzo de 2008, la parte demandante registra, a su juicio, un lucro cesante significativo derivado del hecho de que, al no haber cesado la práctica de los presupuestos ficticios, su negativa a acceder a tales solicitudes tiene como consecuencia que se vea apartada de los contratos en cuestión, de forma que la parte demandante no presta ya sino un número muy limitado de servicios de mudanza a los funcionarios de las instituciones europeas. Esto constituye un incumplimiento por parte de la Unión de su deber de diligencia que ha dado lugar al perjuicio sufrido de este modo por la parte demandante.


title: Asunto C-453/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Tribunal Administrativo), de fecha 23 de octubre de 2003, en el asunto entre The Queen a solicitud de 1) ABNA Ltd, 2) Denis Brinicombe (Sociedad Colectiva), 3) BOCM Pauls Ltd, 4) Devenish Nutrition Ltd, 5) Nutrition Services (International) Ltd, 6) Primary Diets Ltd y 1) The Secretary of State for Health, 2) Food Standards Agency

text:
C 7/22                 ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                 10.1.2004
                               i)    ¿las transacciones realizadas         resolución de la High Court of Justice (England & Wales),
                                     entre B y las sociedades vin-         Queen’s Bench Division (Tribunal Administrativo), dictada el
                                     culadas dentro del Estado             23 de octubre de 2003, en el asunto entre The Queen a
                                     miembro (las sociedades A,            solicitud de 1) ABNA Ltd, 2) Denis Brinicombe (Sociedad
                                     C y D) constituyen, a efectos         Colectiva), 3) BOCM Pauls Ltd, 4) Devenish Nutrition Ltd,
                                     del IVA, servicios prestados          5) Nutrition Services (International) Ltd, 6) Primary Diets Ltd y
                                     por tales sociedades o a las          1) The Secretary of State for Health, 2) Food Standards
                                     mismas en el marco de su              Agency, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
                                     actividad empresarial? En             27 de octubre de 2003. La High Court of Justice (England &
                                     caso de respuesta negativa,           Wales), Queen’s Bench Division (Tribunal Administrativo)
                               ii)   ¿qué factores deben tenerse           solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
                                     en cuenta para determinar la          siguiente cuestión:
                                     identidad del proveedor de
                                     los servicios de máquinas             El artículo 1, apartados 1, letra b), y 4, de la Directiva 2002/2/
                                     recreativas?                          CE (1), en la medida en que modifica el artículo 5 quater,
      Cuarta cuestión     a)   ¿Existe un principio de abuso del           apartado 2, letra a), de la Directiva 79/373/CEE (2), al exigir
                               Derecho que (con independencia              que se enumeren los porcentajes, ¿son inválidos por motivos
                               de la interpretación que se dé a las        de:
                               Directivas IVA) pueda excluir la
                               ventaja fiscal pretendida en un             a)    falta de base jurídica en el artículo 152 CE, apartado 4,
                               caso como el presente?                            letra b);
                          b)   En caso de respuesta afirmativa,            b)    vulneración del derecho fundamental de propiedad, y
                               ¿cómo opera tal principio en cir-
                               cunstancias como las presentes?             c)    vulneración del principio de proporcionalidad?
      Quinta cuestión     a)   ¿Qué importancia debe atribuirse,
                               en su caso, al hecho de que las             (1) Directiva 2002/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                               sociedades A, C y D no sean filiales            28 de enero de 2002, por la que se modifica la Directiva 79/373/
                                                                               CEE del Consejo relativa a la circulación de los piensos compuestos
                               de B y que B no controle ni jurídica
                                                                               y por la que se deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión
                               ni económicamente a las socieda-                (DO L 63 de 6.3.2002, p. 23).
                               des A, C y D?                               (2) Directiva 79/373/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativo
                          b)   ¿Cambiaría el sentido de alguna de              a la comercialización de los piensos compuestos (DO L 86 de
                               las respuestas dadas a las anterio-             6.4.1979, p. 30).
                               res cuestiones si el tipo de gestión
                               llevada por la sociedad B en su
                               centro de actividad ubicado fuera
                               del territorio de la Comunidad
                               fuera necesario para la prestación
                               de servicios de máquinas tragaper-          Recurso interpuesto el 27 de octubre de 2003 contra la
                               ras a los clientes y ninguna de las         República Italiana por la Comisión de las Comunidades
                               sociedades A, C y D realizase tales                                       Europeas
                               actividades?
                                                                                (Asunto C-456/03)
(1 ) DO L 145 de 13.5.1977, p. 1.
(2) DO L 326 de 21.11.1986, p. 40.                                                                    (2004/C 7/36)
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                  interpuesto el 27 de octubre de 2003 un recurso contra
lución de la High Court of Justice (England & Wales),                      la República Italiana formulado por la Comisión de las
Queen’s Bench Division (Tribunal Administrativo), de                       Comunidades Europeas, representada por la Sra. Karen Banks,
fecha 23 de octubre de 2003, en el asunto entre The                        en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
Queen a solicitud de 1) ABNA Ltd, 2) Denis Brinicombe
(Sociedad Colectiva), 3) BOCM Pauls Ltd, 4) Devenish                       La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
Nutrition Ltd, 5) Nutrition Services (International) Ltd,                  de Justicia que:
6) Primary Diets Ltd y 1) The Secretary of State for
             Health, 2) Food Standards Agency                              —     Declare que la República Italiana ha incumplido las
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de
                       (Asunto C-453/03)                                         la Directiva 98/44/CE (1) del Parlamento Europeo y del
                                                                                Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección
                          (2004/C 7/35)                                          jurídica de las invenciones biotecnológicas al no haber
                                                                                adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido                   administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
sometida una petición de decisión prejudicial mediante                           dispuesto en la citada Directiva.


title: Asunto C-600/16 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de noviembre de 2016 por National Iranian Tanker Company contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de septiembre de 2016 en el asunto T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consejo de la Unión Europea

text:
               30.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/28

         Recurso de casación interpuesto el 24 de noviembre de 2016 por National Iranian Tanker Company contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de septiembre de 2016 en el asunto T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-600/16 P)
   (2017/C 030/33)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: National Iranian Tanker Company (representantes: T. de la Mare, QC, M. Lester, QC, J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, Solicitors)

      Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General de 14 de septiembre de 2016, National Iranian Tanker Company/Consejo de la Unión Europea (asunto T-207/15).

               —

               Resuelva el litigio planteado ante el Tribunal General y en particular:

                           —

                           Que anule la Decisión del Consejo (PESC) 2015/236 de 12 de febrero de 2015 (1) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/230 del Consejo, de 12 de febrero de 2015, (2) en lo que afectan a la recurrente.

                           —

                           Subsidiariamente, que se declare que a) el artículo 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010 (3) (versión modificada) y b) el artículo 23, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012 (4) (versión modificada) son inaplicables a la recurrente debido a su ilegalidad, y

               —

               Condene a la parte recurrida a cargar con las costas del presente recurso y del procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la recurrente invoca cuatro motivos

               1.

               Primer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al considerar que la Decisión (PESC) 2015/236 del Consejo, de 12 de febrero de 2015 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2015/230 del Consejo, de 12 de febrero de 2015, no infringían los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, confianza legítima y finalidad, o el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               2.

               Segundo motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al declarar que se cumplían los criterios para la designación respecto a la recurrente.

               3.

               Tercer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al declarar que la injerencia en los derechos fundamentales de la recurrente era proporcionada.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al rechazar el argumento subsidiario de la recurrente de que una interpretación amplia del criterio de designación lo convertiría en desproporcionado.

      (1)  Decisión (PESC) 2015/236 del Consejo, de 12 de febrero de 2015, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2015, L 39, p. 18).

      (2)  Reglamento de Ejecución (UE) 2015/230 del Consejo, de 12 de febrero de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO 2015, L 39, p. 3).

      (3)  Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO 2010, L 195, p. 39).

      (4)  Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 961/2010 (DO 2012, L 88, p. 1).


title: Asunto T-22/02: Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Sumitomo Chemical Co., Ltd

text:
C 109/52               ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        4.5.2002
Recurso interpuesto el 30 de enero de 2002 contra la                      Motivos invocados:             —    Aplicación incorrecta del
Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,                                                        artı́culo 8, apartado 1,
           dibujos y modelos) por Interquell GmbH                                                             letra b), del Reglamento (CE)
                                                                                no 40/94 (1);
                        (Asunto T-20/02)                                                                 —    Infracción del Reglamento
                                                                                (CE) no 40/94 por incumpli-
                                                                                miento del artı́culo 12
                        (2002/C 109/100)
                                                                          (1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20.12.1993, sobre la
(Lengua de procedimiento: Deberá determinarse con arreglo al                 marca comunitaria (DO L 11, p. 1).
artı́culo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento —
         Lengua en la que se ha redactado el recurso: alemán)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 30 de enero de 2002 un recurso
                                                                          Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2002 contra la
contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) formulado por Interquell GmbH,                Comisión de las Comunidades Europeas por Sumitomo
                                                                                Chemical Co., Ltd
Wehringen (Alemania) representada por el abogado
G.J. Hodapp. También ha sido parte ante la Sala de Recurso
SCA Nutrition Ldt., Lichfield (Reino Unido).                                                      (Asunto T-22/02)
                                                                                (2002/C 109/101)
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
—      Anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la
       Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 27 de
       noviembre de 2001, en el asunto R 264/2000-2.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—      Condene a la Oficina en costas.                                    Europeas se ha presentado el 7 de febrero de 2002 un recurso
                                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                          por Sumitomo Chemical Co., Ltd, representada por el
                                                                          Sr. Martin Klusmann y la Sra. Vanessa Turner de Freshfields
Motivos y principales alegaciones                                         Bruckhaus Deringer, Düsseldorf (Alemania).
Solicitante de la marca         La demandante                             La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
comunitaria:                                                              que:
Marca comunitaria soli-         Marca figurativa «HAPPY DOG»              —     Anule la Decisión de la demandada C(2001) 3695-final,
citada:                         para productos de la clase 31                   de 21 de noviembre de 2001, en el asunto no COMP/E-
                                (alimentos para perros) — Solici-               1/37.512 — Vitaminas, en la medida en que afecta a
                                tud no 290577                                   Sumitomo Chemical Company.
Titular de la marca o           SCA Nutrition Ltd.                        —     Condene en costas a la demandada.
signo que se invoca en el
procedimiento de oposi-
ción:
                                                                          Motivos y principales alegaciones
Marca o signo que se            Marca denominativa y figurativa
invoca en el procedi-           británica «HAPPIDOG» para pro-           La Decisión impugnada en el presente asunto es la misma que
miento de oposición:           ductos de la clase 31 (alimentos          la del asunto T-15/02 BASF/Comisión (1).
                                para perros)
Resolución de la Divi-         Desestimación de la solicitud de         En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega que:
sión de Oposición:            registro
                                                                          —     Ha prescrito el derecho de la Comisión a adoptar la
Resolución de la Sala de       Desestimación del recurso de la                Decisión de prohibición. A diferencia de la opinión de la
Recurso:                        demandante                                      demandada de que las normas de prescripción no afectan
 ---pagebreak--- 4.5.2002                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 109/53
      a su derecho a investigar casos de prácticas colusorias y           por Sumika Fine Chemicals Co. Ltd., representada por el
      adoptar decisiones de prohibición, afirma, las normas               Sr. Martin Klusmann y la Sra. Vanessa Turner de Freshfields
      sobre la prescripción del Reglamento no 2988/74 (2) se              Bruckhaus Deringer, Düsseldorf (Alemania).
      deben considerar aplicables a las decisiones declarativas
      de prohibición.                                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                           que:
—     La adopción de una decisión de prohibición ha prescrito
      con arreglo a los principios generales del Derecho                   —      Anule la Decisión de la demandada C(2001) 3695-final,
      comunitario. Consta a este respecto que si no hay dudas                     de 21 de noviembre de 2001, en el asunto no COMP/E-
      de que el supuesto comportamiento terminó más de                          1/37.512 — Vitaminas, en la medida en que afecta a
      cinco años antes de que se iniciaran las investigaciones, no               Sumika Fine Chemicals Co. Ltd.
      hay necesidad ni justificación de una decisión declarativa,
      porque no cabe imponer al demandante una intimación                 —      Condene en costas a la demandada.
      al cese de la infracción, como se recoge en el artı́culo 2
      de la Decisión impugnada, ni ningún otro tipo de sanción
      por parte de la demandada. Subsidiariamente, la lógica de           Motivos y principales alegaciones
      las normas de prescripción de la Unión Europea es que,
      tras un perı́odo de tiempo determinado para garantizar               Los motivos y principales alegaciones son similares a los
      el correcto funcionamiento del sistema jurı́dico, las                invocados en el asunto T-22/02 (Sumitomo Chemical/Comi-
      infracciones normativas no deben investigarse ni dar                 sión, todavı́a no publicado en el DO).
      lugar a ningún tipo de «castigo» a la parte afectada.
—     La demandada no era competente, en el sentido del
      artı́culo 230 CE, apartado 2, para adoptar la Decisión
      impugnada, por lo que rebasó los lı́mites de las facultades
      que le conferı́an el Tratado y el Reglamento no 17/62. La            Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2002 contra la
      demandada no está facultada por el artı́culo 3 del                  Comisión de las Comunidades Europeas por Maddalena
      Reglamento no 17/62, ni por ninguna otra disposición                                          Lebedef-Caponi
      para adoptar una decisión declarativa cuando ya se ha
      puesto fin a la infracción fuera del perı́odo de prescripción                               (Asunto T-24/02)
      establecido en el artı́culo 1 del Reglamento no 2988/74.
                                                                                (2002/C 109/103)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(1) Comunicación todavı́a no publicada en el DO.
(2) Reglamento (CEE) no 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de    Europeas se ha presentado el 7 de febrero de 2002 un recurso
    ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
    competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319,              por la Sra. Maddalena Lebedef-Caponi, con domicilio en
    29.11.1974, p. 1).                                                     Senningerberg (Gran Ducado de Luxemburgo), representada
                                                                           por el Sr. Gilles Bounéou, abogado, que designa domicilio en
                                                                           Luxemburgo.
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                           que:
                                                                           —      Anule la decisión expresa no 40263, de 6.11.2001, por
Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2002 contra la                             la que la A.F.P.N. respondió a la reclamación no 334/01,
Comisión de las Comunidades Europeas por Sumika Fine                             presentada por la demandante el 18.07.2001, y fijó
                         Chemicals Co. Ltd                                        en1 500 euros la indemnización por el perjuicio moral
                                                                                sufrido por ésta.
                         (Asunto T-23/02)
                                                                           —      Conceda a la demandante una indemnización por daños
                                                                                y perjuicios por un importe de 800 000 BEF, que puede
                         (2002/C 109/102)                                         evaluarse actualmente en la cantidad de 1 000 000 BEF,
                                                                                como reparación del perjuicio moral sufrido por la
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                               elaboración fuera del plazo señalado para ello (incorpora-
                                                                                ción extemporánea a su expediente personal) de su
                                                                                informe de calificación correspondiente al perı́odo com-
                                                                                prendido entre 1993 y 1995 y por la elaboración
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                            asimismo extemporánea de sus informes de calificación
Europeas se ha presentado el 7 de febrero de 2002 un recurso                      correspondientes a los perı́odos comprendidos entre
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                         1995 y 1997 y entre 1997 y 1999.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 18 de noviembre de 2004, en los asuntos acumulados C-261/03 y C-262/03 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna): Allevamenti Associati Srl contra Regione Emilia-Romagna y Latteria Sociale Moderna Soc. Coop. Arl contra Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) y otros (Remisión prejudicial — Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Leche y productos lácteos — Régimen de tasa suplementaria — Elaboración y transformación por una central lechera en ejecución de un contrato de obra — Conceptos de «entrega» y de «venta directa»)

text:
               19.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/3

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 18 de noviembre de 2004
   en los asuntos acumulados C-261/03 y C-262/03 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna): Allevamenti Associati Srl contra Regione Emilia-Romagna y Latteria Sociale Moderna Soc. Coop. Arl contra Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) y otros (1)

   (Remisión prejudicial - Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Leche y productos lácteos - Régimen de tasa suplementaria - Elaboración y transformación por una central lechera en ejecución de un contrato de obra - Conceptos de «entrega» y de «venta directa»)
   (2005/C 69/06)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En los asuntos acumulados C-261/03 y C-262/03, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (Italia), mediante resoluciones de 6 de mayo de 2003, recibidas en el Tribunal de Justicia el 17 de junio de 2003, en los procedimientos entre Allevamenti Associati Srl y Regione Emilia-Romagna, en el que intervienen: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) y Latteria Sociale Moderna Soc. coop. arl (C-261/03), y entre Latteria Sociale Moderna Soc. coop. arl y Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna, y Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), en el que interviene: Allevamenti Associati Srl (C-262/03), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por la Sra. N. Colneric, (Ponente), en funciones de Presidenta de la Sala Cuarta, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues y E. Juhász, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra. María Múgica Arzamendi, administradora principal, ha dictado el 18 de noviembre de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
   Los artículos 1, 2 y 9, letra g), del Reglamento (CEE) no 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, y el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 536/93 de la Comisión, de 9 de marzo de 1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, deben interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación de la cuota de leche y de la aplicación de la tasa suplementaria, la cesión de determinadas cantidades de leche a terceros, sin transmisión de la propiedad, que lleva a cabo la empresa productora en el marco de un contrato de obra destinado a la elaboración de la leche producida y a su transformación en queso, mantequilla y suero, a cambio de la correspondiente remuneración, constituye una entrega.

      (1)  DO C 200, de 23.8.2003.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 19 de marzo de 1998 en el asunto T-83/96: Gerard van der Wal contra Comisión de las Comunidades Europeas (Acceso a la información - Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión - Denegación de acceso - Alcance de la excepción relativa a la protección del interés público - Procedimientos judiciales - Artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos)

text:
C 137/14               ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    2.5.98
Pastor, administradora principal, ha dictado el 19 de                AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
marzo de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                             de 13 de febrero de 1998
1) Se desestima el recurso.                                       en el asunto T-195/96: Spyridoula Alexopoulou contra
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas (1)
2) Cada una de las partes cargaraÂ con sus propias costas.        (Funcionarios Ð Apartado 2 del artículo 31 del Estatuto
                                                                  Ð Pretensiones manifiestamente inadmisibles o carentes
(1) DO C 233 de 10.8.1996.                                                       de fundamento jurídico alguno)
                                                                                (98/C 137/30)
                                                                               (Lengua de procedimiento: franceÂs)
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                            En el asunto T-195/96, Spyridoula Alexopoulou, funciona-
                  DE PRIMERA INSTANCIA                            ria de la Comisión de las Comunidades Europeas, con
                    de 19 de marzo de 1998                        domicilio en Bruselas, representada por el Sr. Constantin
                                                                  Nikis, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio
en el asunto T-83/96: Gerard van der Wal contra Comi-
                                                                  en Luxemburgo el despacho del Sr. Louis Schiltz, 2, rue du
             sión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                  Fort Rheinsheim, contra Comisión de las Comunidades
(Acceso a la información Ð Decisión 94/90/CECA, CE,               Europeas (Agentes: Sres. Gianluigi Valsesia y Julian
Euratom de la Comisión sobre el acceso del puÂblico a los         Currall), que tiene por objeto, de una parte, una preten-
documentos de la Comisión Ð Denegación de acceso Ð                sión de anulación, en primer lugar, de la decisión de la
Alcance de la excepción relativa a la protección del intereÂs     Comisión de 8 de enero de 1996 por la que se clasificó a
puÂblico Ð Procedimientos judiciales Ð Artículo 6 del             la demandante en el grado A 7, escalón 5 y se le denegó
Convenio Europeo para la protección de los Derechos               presuntamente la clasificación en el grado A 6, en segundo
                           Humanos)                               lugar, de la decisión de 28 de agosto de 1996 por la que se
                                                                  denegó una reclamación presentada contra dicha decisión
                         (98/C 137/29)                            y, de otra, una pretensión de reparación del perjuicio
                                                                  material sufrido por la demandante, el Tribunal de Pri-
            (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)                mera Instancia (Sala Primera), integrado por los Sres. A.
                                                                  Saggio, Presidente; B. Vesterdorf y J. Pirrung, Jueces;
En el asunto T-83/96, Gerard van der Wal, con domicilio           Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 13 de febrero de
en Kraainem (BeÂlgica), representado inicialmente por las         1998 un auto resolviendo lo siguiente:
Sras. Caroline P. Bleeker y Laura Y. J. M. Parret, Aboga-
das de La Haya y Bruselas respectivamente, y posterior-           1) Se desestima el recurso.
mente por la Sra. Parret, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. Aloyse May, 31, Grand-             2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
rue, apoyado por Reino de los Países Bajos (Agentes: Sres.
Marc Fierstra y Johannes S. van der Oosterkamp), contra
                                                                  (1) DO C 54 de 22.2.1997.
Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres.
Wouter Wils y Ulrich Wölker), que tiene por objeto que se
anule la decisión de la Comisión de 29 de marzo de 1996,
por la que se deniega al demandante el acceso a determi-
nados escritos enviados por la DG IV a órganos jurisdic-
cionales nacionales en el contexto de la Comunicación
relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos            AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los                                de 28 de enero de 1998
artículos 85 y 86 del Tratado CE, el Tribunal de Primera
                                                                  en el asunto T-172/97: Camar Srl contra Comisión de las
Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta),
                                                                                Comunidades Europeas (1)
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, y la Sra. P.
Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung,      (Agricultura Ð Organización comuÂn de mercados Ð PlaÂ-
ha dictado el 19 de marzo de 1998 una sentencia cuyo              tanos Ð Solicitud de concesión de certificados de impor-
fallo es el siguiente:                                            tación suplementarios Ð Recurso por omisión Ð Recurso
                                                                       de indemnización Ð Sobreseimiento Ð Archivo)
1) Se desestima el recurso.                                                               (98/C 137/31)
2) Se condena al demandante al pago de las costas de la                        (Lengua de procedimiento: italiano)
     parte demandada.
                                                                  En el asunto T-172/97, Camar Srl, con domicilio social en
3) El Reino de los Países Bajos soportaraÂ sus propias cos-       Florencia (Italia), representada por la Sra. Wilma Viscar-
     tas.                                                         dini DonaÁ, asistida por el Sr. Mariano Paolin y la Sra.
                                                                  Simonetta DonaÁ, Abogados de Padua, que designa como
(1) DO C 233 de 10.8.1996.                                        domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest
                                                                  Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contra Comisión de las
                                                                  Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Hubertus van


title: Recurso interpuesto el 22 de abril de 1997 por Lars Bösche contra el Parlamento Europeo (Asunto T-128/97)

text:
N° C 212/28         I ES 1                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  12 . 7 . 97
Motivos y principales alegaciones                                  Motivos y principales alegaciones
La demandante realiza el montaje de bicicletas en Francia          Los motivos y principales alegaciones son similares a los
bajo su propia marca « Starway » y bajo la marca de sus            invocados en el asunto T-16/97 í 1 ).
clientes. El presente recurso tiene por objeto la anulación
del artículo 2 del Reglamento ( CE ) n° 71 /97 del Consejo,        O DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, p . 27.
por el que se amplía a las importaciones de piezas esencia
les de bicicletas originarias de la República Popular de
China el derecho antidumping definitivo establecido por el
Reglamento ( CEE) n° 2474/93 sobre las bicicletas origina
rias de la República Popular de China, en la medida en             Recurso interpuesto el 16 de abril de 1997 por Eugéne
                                                                   Kimman       contra    la     Comisión   de las Comunidades
que se aplica a las importaciones efectuadas por la deman
dante .                                                                                Europeas
                                                                                ( Asunto T-l 16/97)
La demandante estima que el Consejo ha infringido las
disposiciones del artículo 13 del Reglamento ( CE) n° 384/                                    ( 97/C 212/56 )
96 en la medida en que ha ampliado a las importaciones
de piezas de bicicletas el derecho antidumping aplicable a                       (Lengua de procedimiento: francés)
las importaciones de bicicletas sin que se cumplan las con        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
diciones del apartado 2 del artículo 13 y, en especial , la        Europeas se ha presentado el 16 de abril de 1997 un
letra b ) de dicho apartado . El Consejo ha llegado a la con      recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
clusión errónea de que las piezas de bicicletas originarias        formulado por el Sr. Eugéne Kimman, con domicilio en
de China importadas por la demandante durante el                   Riga ( Letonia ), representado por el Sr. Nicolás Lhoëst,
período de investigación suponían, al menos, el 60 % del           Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en
valor total de las piezas que constituyen el producto              Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson sàrl, 30 , rué de
ensamblado .
                                                                   Cessange .
Además, la demandante sostiene que el Reglamento                   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
impugnado no está debidamente motivado, lo que infringe            tancia que :
el artículo 190 del Tratado CE, en la medida en que los
motivos invocados para justificar la ampliación del dere          — anule la decisión de la Comisión, de 20 de junio de
cho antidumping a las importaciones de piezas de bicicle                1996, por la que se denegó la petición del demandante
tas efectuadas por la demandante no tienen ninguna rela                de que se considerara la posible aplicación del
ción lógica con la conclusión que deberían apoyar.                      apartado 2 del artículo 31 del Estatuto,
                                                                   — en la medida necesaria, anule la decisión denegatoria
                                                                        expresa adoptada por la Comisión el 27 de diciembre
                                                                        de 1996 en respuesta a la reclamación del deman
Recurso interpuesto el 16 de abril de 1997 por Eliane De                dante,
  Bruyne contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                   — condene a la parte demandada al pago de todas las
                      (Asunto T-l 15/97)
                                                                        costas del procedimiento .
                        ( 97/C 212/55 )
                                                                   Motivos y principales alegaciones
              (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                    Los motivos y principales alegaciones son similares a los
 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             invocados en el asunto T-16/97 ( M.
 Europeas se ha presentado el 16 de abril de 1997 un
 recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas             (') DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, n . 27.
 formulado por la Sra . Eliane De Bruyne, con domicilio en
 Bruselas, representada por el Sr. Nicolás Lhoëst, Abogado
 de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo
 el de la Fiduciaire Myson sàrl, 30, rué de Cessange.
                                                                    Recurso interpuesto el 22 de abril de 1997 por Lars
 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                       Bösche contra el Parlamento Europeo
 tancia que :                                                                               (Asunto T-128/97)
 — anule la decisión de la Comisión, de 20 de junio de                                         ( 97/C 212/57 )
      1996 , por la que se denegó la petición de la deman
     dante de que se considerara la posible aplicación del                        (Lengua de procedimiento: francés)
     apartado 2 del artículo 31 del Estatuto,                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
 — en la medida necesaria, anule la decisión denegatoria            Europeas se ha presentado el 22 de abril de 1997 un
     expresa adoptada por la Comisión el 27 de diciembre            recurso contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr.
      de 1996 en respuesta a la reclamación de la deman            Lars Bösche, con domicilio en Luxemburgo, representado
      dante,                                                        por los Sres. Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure y Ariane
                                                                    Tornel , Abogados de Luxemburgo, que designa como
 — condene a la parte demandada al pago de todas las                 domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson sàrl, 30,
      costas del procedimiento .                                     rué de Cessange .
 ---pagebreak--- 12 . 7 . 97              ES I                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 212/29
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                    de 9 de octubre de 1996, por el que éste comunica a la
tancia que:                                                                 demandante la mencionada decisión adoptada por la
                                                                            Mesa,
— anule la decisión del Parlamento de no promover al
     demandante al grado LA 4 en el ejercicio de promo               — condene a la parte demandada a cargar con la totali
     ción 1996 ,                                                            dad de las costas .
— condene en costas a la parte demandada .                            Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones                                     La demandante expone que el Tribunal de Primera Instan
                                                                      cia anuló una decisión adoptada por el Parlamento en
El demandante, funcionario de grado LA 5 , impugna la                 1994, por la que se cesaba a la demandante en su puesto
decisión de la AFPN de no promoverle al grado LA 4 en                 de trabajo f 1 ). Tras esa sentencia, el Parlamento adoptó
el ejercicio de promoción 1996 . Afirma que la AFPN no                una nueva decisión mediante la cual, por un lado, « con
ha dado ninguna explicación para justificar su negativa a             firmó » su decisión de 1994 de aplicar a la demandante
promoverle, siendo así que el Comité consultivo de pro               una medida de cese en su empleo y, por otro lado, decidió
moción le había propuesto desde el ejercicio de promoción             desestimar su candidatura a los puestos de Director Gene
 1995 . Por consiguiente, la decisión impugnada adolece de            ral de la DG I y de Consejero especial en el Epicentro de
 una falta total de motivación .
                                                                      Bruselas .
 Por otra parte, el demandante señala que la AFPN no efec            La demandante estima, en primer lugar, que la parte
 tuó un examen comparativo de los méritos del deman                  demandada no sacó todas las consecuencias legales necesa
 dante y de los demás funcionarios promovibles al grado               rias de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, ya
 LA 4, o bien efectuó el citado examen sin tener en cuenta            que, por efecto de la anulación, se supone, con carácter
 sus informes de calificación y sin recabar los preceptivos           retroactivo que la decisión ilegal de cese en el empleo
 informes sobre sus méritos, que hubieran permitido com              adoptada en 1994 nunca existió . Así pues, la demandante
 pensar su « supuesta inexistencia ». Por lo tanto, al adoptar        debió ser reintegrada necesariamente en la situación que
 la decisión impugnada, la AFPN infringió el artículo 45              ocupaba en el momento en que se adoptó la decisión anu
 del Estatuto, incurrió en un manifiesto error de aprecia            lada , y el Parlamento no pudo haberse basado en dicha
 ción y violó el principio de igualdad de trato entre los fun        decisión para adoptar la impugnada en el marco del pre
 cionarios promovibles.                                               sente asunto. Por consiguiente, invoca la infracción del
                                                                       artículo 176 del Tratado CE, así como la violación del
                                                                      principio general de autoridad y de fuerza de cosa juzgada
                                                                      que acompaña a una decisión judicial .
 Recurso interpuesto el 23 de abril de 1997 por Carmen                 La demandante alega también la infracción del párrafo
         Gómez de Enterría contra el Parlamento Europeo                segundo del artículo 25 y del artículo 50 del Estatuto de
                         ( Asunto T-131/97 )                           los Funcionarios, en la medida en que la decisión contro
                            ( 97/C 212/58 )                            vertida no permite definir con certeza y precisión las razo
                                                                       nes que dieron lugar al cese en el puesto de trabajo, ni jus
                  (Lengua de procedimiento: francés)                   tifica un interés del servicio que permitiera recurrir al
                                                                       artículo 50 del Estatuto .
  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
  Europeas se ha presentado el 23 de abril de 1997 un                  La demandante señala, además, que la decisión fue adop
  recurso contra el Parlamento Europeo formulado por la                tada sin que ella tuviera la ocasión de defender eficaz
  Sra . Carmen Gómez de Enterría, con domicilio en Luxem              mente sus intereses, ya que la Autoridad Facultada para
  burgo, representada por el Sr. Eric Boigelot, Abogado de             Proceder a los Nombramientos ( en este caso, la Mesa del
  Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                Parlamento), no tuvo conocimiento de las observaciones
  despacho del Sr. Louis Schiltz, 2 , rué du Fort Rheinsheim.          presentadas por ella en relación con la cuestión controver
  La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins             tida, lo que constituye una violación del derecho de
                                                                       defensa .
  tancia que :
                                                                        Añade que la decisión impugnada adolece de causa de
  — anule la decisión adoptada por la Mesa del Parlamento
                                                                        nulidad y de desviación de poder, en la medida en que fue
       Europeo en su reunión de 15 y 16 de julio de 1996
                                                                        adoptada por motivos distintos del interés del servicio, a
        ( ref.: PE 251.357/MESA ), en su calidad de Autoridad
        Facultada para Proceder a los Nombramientos,                    que se refiere el artículo 50 del Estatuto, y en tales cir
                                                                        cunstancias que no hay motivos legalmente admisibles que
  — como consecuencia de la resolución que se dicte,                    la justifiquen. Llega a la conclusión de que la parte
        declare que, de conformidad con el artículo 176 del             demandada utilizó su facultad para fines distintos de aqué
        Tratado de Roma, la AFPN deberá reintegrar a la                 llos para los que le fue conferida .
        demandante en todos sus derechos, velando especial
                                                                        La demandante mantiene, por último, que la parte deman
        mente por que el puesto de trabajo en el que cesó la            dada no cumplió su obligación de adoptar en un plazo
         demandante le sea devuelto en su grado, y por que se           razonable las decisiones que afectan a la situación personal
         le paguen los atrasos de salario eventualmente adeuda         de los funcionarios . A este respecto, señala que hasta el 9
         dos en la fecha efectiva del cese en el empleo hasta la
                                                                        de octubre de 1996 , después de que ella dirigiera solicitu
         reintegración, incrementados en los intereses judiciales       des en este sentido a la Administración, no se le comunicó
         al 8 % anual,
                                                                         la decisión adoptada por la Mesa en su sesión de 15 y 16
   — anule, en la medida en que sea necesario, el escrito del            de julio de 1996 . Por tanto, durante casi tres meses perma
         Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Klaus Hánsch,            neció en la ignorancia sobre su situación, aun cuando ésta


title: Designación del Primer Abogado General

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/3

         Designación del Primer Abogado General
   (2007/C 269/05)
   El Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 10, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, designó como Primer Abogado General al Sr. Poiares Maduro por un período de un año, que finaliza el 6 de octubre de 2008.


title: Asunto T-11/06: Recurso interpuesto el  19 de enero de 2006  — Romana Tabacchi/Comisión

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/48

         Recurso interpuesto el 19 de enero de 2006 — Romana Tabacchi/Comisión
   (Asunto T-11/06)
   (2006/C 60/90)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Romana Tabacchi Spa (Roma, Italia) (representantes: Sres. Mario Siragusa y G. Cesare Rizza, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se reduzca sustancialmente la multa impuesta a Romana Tabacchi.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento.

               —

               Que se ordene cualquier otra medida, incluso de instrucción, que se estime oportuna.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso tiene por objeto la anulación parcial de la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2005 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/C.38.281/B.2 — Tabaco bruto — Italia), en la parte relativa al cálculo de la multa impuesta a la demandante, y la consiguiente reducción del importe de dicha multa.
   En dicha Decisión, la demandada ha declarado que seis empresas que operaban en el sector de la transformación de tabaco en Italia habían violado el artículo 81, apartado 1, del Tratado CE desde 1995 a comienzos de 2002, mediante acuerdos o prácticas concertadas orientados a coordinar sus estrategias individuales de compra, así como mediante la organización de intercambios regulares de información y de consultas recíprocas. En particular, según la Comisión, las empresas transformadoras decidieron de común acuerdo el precio de compra máximo o medio para la variedad de tabaco bruto denominada Burley, así como las cantidades de producto que debían adquirir. Entre las actividades del cártel figuró igualmente la concertación de ofertas para las subastas públicas organizadas por la AIMA-Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (organismo estatal de intervención en el mercado agrícola) en 1995 y por la ATI-Azienda Tabacchi Italiani S.p.A. en 1998.
   La Comisión ha declarado además que, durante el período comprendido entre febrero de 1999 y noviembre de 2001, la Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) y la Unione Italiana Tabacco (UNITAB) adoptaron decisiones relativas a sus respectivas posturas de negociación sobre los precios de cada una de las calidades de cada variedad de tabaco, con vistas a la celebración de acuerdos interprofesionales.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:

               —

               Violación de los principios de igualdad y de proporcionalidad, en la medida en que, a efectos de calcular el punto de partida de las multas, la Comisión omitió tener en cuenta que las repercusiones concretas del cártel en el mercado había sido nulas o, como máximo, escasas.

               —

               Motivación ilógica y violación del principio de igualdad de trato, en lo que respecta a la falta de graduación del importe de base de la multa con objeto de ajustarlo al peso específico de la empresa sancionada. Sobre este punto, la demandante alega en particular que el empleo de la cuota de mercado del último año completo de la infracción habría debido ser atenuado y ajustado en todos los casos en los que la participación de una empresa en el comportamiento restrictivo constatado hubiera sufrido interrupciones.

               —

               Que la determinación de la duración de la participación de la demandante en el cártel, de dos años y ocho meses, es fruto de un error manifiesto de apreciación.

               —

               Que la Comisión no tuvo en cuenta dos circunstancias atenuantes: el papel meramente pasivo desempeñado por la demandante en el cártel y las frecuentes alteraciones de la finalidad de los acuerdos.

               —

               Que la multa impuesta, cuyo importe equivale prácticamente al doble de su patrimonio social, resulta injusta y desproporcionada.


title: Recurso interpuesto el 2 de octubre de 1996 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-323/96)

text:
23 . 11 . 96          IES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° C 354/ 19
    afirma equivocadamente que las disposiciones normati             2 ) Un procedimiento administrativo, en el sentido del
    vas nacionales en materia de radiodifusión determinan la                 número 2 del apartado 1 del artículo 7 de la Umwelt
    posibilidad de acceder a la condición de miembro activo                  informationsgesetz ( Ley de adaptación del Derecho
    de la UER y cuando analiza la pertinencia de los criterios               alemán a dicha Directiva ), ¿ constituye una investigación
    de adhesión a la UER teniendo en cuenta la Decisión de                   preliminar a efectos del tercer guión del apartado 2 del
    la Comisión .                                                            artículo 3 de la citada Directiva ?
— El Tribunal de Primera Instancia cometió un error                   (>) DO n" L 1.58 de 23 . 6 . 1990 , p . 56 .
    manifiesto de apreciación al considerar que la Comisión
    concedió una exención a las normas de adhesión a la
    UER. La Comisión no les concedió de ninguna manera
    tal exención .
                                                                      Recurso interpuesto el 2 de octubre de 1996 contra el
— Error manifiesto de apreciación en la medida en que la              Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
    sentencia considera que los criterios de adhesión a la                                           Europeas
    UER son vagos e imprecisos y pueden ser objeto de                                          ( Asunto C-323 /96 )
    aplicación discriminatoria , cuando, si se contemplan
                                                                                ( 96/C 354/37 )
     objetivamente , tales criterios son adecuados , previsibles
     y razonablemente precisos .                                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
— Razonamiento defectuoso e interpretación errónea del                ha presentado el 2 de octubre de 1996 un recurso contra el
     artículo 85 , dado que la sentencia parece establecer            Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las
    criterios tan rígidos para la concesión de una exención en        Comunidades Europeas, representada por el Sr . Hendrik
     favor de un grupo de entidades de radiodifusión                  van Lier, Consejero Jurídico, en calidad de Agente , que
    encargadas de una función de interés público que es               designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr .
     prácticamente imposible obtener cualquier exención, y            C. Gómez de la Cruz, del Servicio Jurídico de la Comisión de
     que la sentencia invade gravemente el margen de                  las Comunidades Europeas , Centro Wagner, Kirchberg.
     apreciación de la Comisión y, por consiguiente, su
    capacidad para cumplir sus obligaciones en el marco de            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
     la aplicación de las normas sobre la competencia .               — Declare que, al no haber publicado ningún anuncio en el
                                                                             Diario Oficial de las Comunidades Europeas relativo a
(') DO n" C 247 de 24 . 8 . 1996 , p . 12 .                                  la construcción de un edificio 'destinado al Vlaamse
                                                                             Raad , ni para el proyecto global ni para ninguno de los
                                                                             lotes, y al no haber aplicado los procedimientos de
                                                                             licitación previstos por las Directivas 89/440/CEE de la
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                   Comisión (') y 93/37/CEE del Consejo ( 2 ), y, especial
lución del Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, de                   mente, al haber adjudicado el lote n° 4 sin observar las
fecha 10 de julio de 1996, en el asunto entre el Sr. Wilhelm                 disposiciones legales, el Reino de Bélgica ha incumplido
Mecklenburg y Kreis Pinneberg —su Landrat—; parte                            las obligaciones que le incumben con arreglo a dichas
          interviniente: Representante del Land, Kiel                        Directivas y, más concretamente , a los artículos 7 y 1 1 de
                                                                             la Directiva 93/37/CEE .
                        ( Asunto C-321 /96 )
                           ( 96/C 354/36 )                            — Condene a la parte demandante al pago de las costas
                                                                             procesales .
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           Motivos y principales alegaciones
resolución del Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht
—Sala Cuarta— dictada el 10 de julio de 1996 en el asunto             La parte demandada no niega haber infringido la Directiva
entre Dr . Wilhelm Mecklenburg y Kreis Pinneberg —su
                                                                      93/37/CEE con ocasión de los procedimientos de adjudica
                                                                      ción de la construcción del edificio del Vlaamse Raad . De las
Landrat—; parte interviniente : Representante del Land,
Kiel , y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1      distintas reacciones de las autoridades belgas se deduce , por
de octubre de 1996 .                                                  el contrario , que consideran que la infracción de lo
                                                                      dispuesto en la Directiva 93/37/CEE se debía a una
El Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht solicita al            adaptación incompleta del Derecho nacional a dicha Direc
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes            tiva debida , en concreto, a que, en opinión del legislador, se
cuestiones :                                                          carecía de marco jurídico . La alegación efectuada por el
                                                                      Reino de Bélgica , consistente en la incorrecta adaptación
1 ) El informe de una autoridad inferior competente en                por su parte de la Directiva aplicable, no es pertinente puesto
      materia de ordenación paisajística emitido en el marco          que un Estado miembro no puede invocar disposiciones,
      de su participación , como representante de intereses           prácticas o situaciones de naturaleza interna para justificar
      públicos , en el procedimiento de aprobación de un plan,        el incumplimiento de obligaciones que le incumben con
      ¿ constituye una medida administrativa de gestión del           arreglo al Derecho comunitario .
      medio ambiente, en el sentido de la letra a ) del artículo 2
                                                                       (') DO n" L 210 de 21 . 7 . 1989 , p . 1 .
      de la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de
                                                                       ( 2 ) DO n" L 199 de 9 . 8 . 1993 , p . 54 .
      1990 , sobre libertad de acceso a la información en
      materia de medio ambiente (')?


title: Asunto F-6/13: Auto del Tribunal de la Función Pública de 18 de abril de 2013 — Rosenbaum/Comisión

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/41

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 18 de abril de 2013 — Rosenbaum/Comisión
   (Asunto F-6/13) (1)

   2013/C 171/87
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 108, de 13.4.2013, p. 39.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de octubre de 2001 en el asunto C-133/00: (petición de decisión prejudicial planteada por el Employment Appeal Tribunal, London): J.R. Bowden, J.L. Chapman y J.J. Doyle contra Tuffnells Parcels Express Ltd ("Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 93/104/CE — Artículo 1, apartado 3 — Ámbito de aplicación — Transporte por carretera")

text:
10.11.2001               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 317/7
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Primera)                                                             (Sala Primera)
                                                                                de 20 de septiembre de 2001
                     de 4 de octubre de 2001
                                                                           en el asunto C-370/00: Comisión de las Comunidades
en el asunto C-133/00: (petición de decisión prejudicial                                     Europeas contra Irlanda (1)
planteada por el Employment Appeal Tribunal, London):
J.R. Bowden, J.L. Chapman y J.J. Doyle contra Tuffnells
                       Parcels Express Ltd (1)                             («Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho
                                                                                interno a las Directivas 96/49/CE y 96/87/CE»)
(«Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 93/104/CE
— Artı́culo 1, apartado 3 — Ámbito de aplicación —                                                  (2001/C 317/12)
                     Transporte por carretera»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                          (2001/C 317/11)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                           En el asunto C-370/00, Comisión de las Comunidades Euro-
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    peas (Agente: Sra. M. Wolfcarius) contra Irlanda (Agente:
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        Sr. D.J. O’hagan), que tiene por objeto que se declare que
                                                                           Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en
                                                                           virtud de la Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de
                                                                           1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
En el asunto C-133/00, que tiene por objeto una petición
                                                                           miembros relativas al transporte de mercancı́as peligrosas por
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
                                                                           ferrocarril (DO L 235, p. 25), y de la Directiva 96/87/CE de la
por el Employment Appeal Tribunal, London (Reino Unido),
                                                                           Comisión, de 13 de diciembre de 1996, para la adaptación al
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
                                                                           progreso técnico de la Directiva 96/49 (DO L 335, p. 45), al
jurisdiccional entre J.R. Bowden, J.L. Chapman, J.J. Doyle y
                                                                           no haber adoptado y/o al no haber comunicado a la Comisión
Tuffnells Parcels Express Ltd, una decisión prejudicial sobre la
                                                                           las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
interpretación del artı́culo 1, apartado 3, de la Directiva
                                                                           necesarias para dar cumplimiento a las citadas Directivas,
93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa
                                                                           el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por los
a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de
                                                                           Sres. M. Wathelet, Presidente de Sala, P. Jann y L. Sevón
trabajo (DO L 307, p. 18), el Tribunal de Justicia (Sala Primera),
                                                                           (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs Secretario:
integrado por los Sres. M. Wathelet (Ponente), Presidente de
                                                                           Sr. R. Grass, ha dictado el 20 de septiembre de 2001 una
Sala, P. Jann y L. Sevón, Jueces, Abogado General: Sr. A. Tiz-
                                                                           sentencia cuyo fallo es el siguiente:
zano, Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el
4 de octubre de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           1)    Se declara que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
                                                                                incumben en virtud de la Directiva 96/49/CE del Consejo, de
El artı́culo 1, apartado 3, de la Directiva 93/104/CE del Consejo,               23 de julio de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones
de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la               de los Estados miembros relativas al transporte de mercancı́as
ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de           peligrosas por ferrocarril, y de la Directiva 96/87/CE de la
que todos los trabajadores empleados en el sector del transporte por             Comisión, de 13 de diciembre de 1996, para la adaptación al
carretera, incluido el personal administrativo, están excluidos del             progreso técnico de la Directiva 96/49, al no haber adoptado
ámbito de aplicación de dicha Directiva.                                       las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
                                                                                necesarias para dar cumplimiento a las citadas Directivas.
                                                                           2)    Se condena en costas a Irlanda.
(1) DO C 163 de 10.6.2000.
                                                                           (1) DO C 335 de 25.11.2000.


title: Asunto C-331/11: Recurso interpuesto el 30 de junio de 2011 — Comisión/Eslovaquia

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/4

         Recurso interpuesto el 30 de junio de 2011 — Comisión/Eslovaquia
   (Asunto C-331/11)
   2011/C 282/07
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Marghelis y A. Tokár, agentes)

      Demandada: República de Eslovaquia

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letras a), b) y c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, (1) al haber permitido la explotación del vertedero Žilina — Považský Chlmec sin un plan de acondicionamiento del vertedero y sin que se haya adoptado una decisión definitiva acerca de si dicho vertedero puede continuar con su actividad sobre la base de un plan aprobado de acondicionamiento.

               —

               Que se condene en costas a la República de Eslovaquia.

      Motivos y principales alegaciones

   El vertedero Žilina — Považský Chlmec está en funcionamiento sin que se haya presentado un plan para su acondicionamiento y sin que se hayan aprobado las posibles adaptaciones sobre la base de dicho plan. Por lo tanto, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letras a), b) y c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al haber permitido la explotación del vertedero Žilina — Považský Chlmec sin un plan de acondicionamiento del vertedero y sin que se haya adoptado una decisión definitiva acerca de si dicho vertedero puede continuar con su actividad sobre la base de un plan aprobado de acondicionamiento.

      (1)  DO L 182, p. 1.