               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/2

         Listas para la determinación de la composición de las Salas
   (2006/C 326/05)
   En su reunión de 11 de octubre de 2006, el Tribunal de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 ter, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, elaboró la siguiente lista, a efectos de la determinación de la composición de la Gran Sala:

               Sr. Schintgen

               Sr. von Danwitz

               Sr. Tizzano

               Sr. Bonichot

               Sr. Cunha Rodrigues

               Sra. Lindh

               Sra. Silva de Lapuerta

               Sr. Bay Larsen

               Sr. Schiemann

               Sr. O'Caoimh

               Sr. Makarczyk

               Sr. Levits

               Sr. Kūris

               Sr. Lõhmus

               Sr. Juhász

               Sr. Klučka

               Sr. Arestis

               Sr. Malenovský

               Sr. Borg Barthet

               Sr. Ilešič

         En su reunión de 11 de octubre de 2006, el Tribunal de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 quater, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, elaboró las siguientes listas, a efectos de la determinación de la composición de las Salas de cinco Jueces:
   Sala Primera
   Sr. Schintgen
   Sr. Levits
   Sr. Tizzano
   Sr. Ilešič
   Sr. Borg Barthet
   Sala Segunda
   Sr. Schiemann
   Sr. Bonichot
   Sr. Makarczyk
   Sr. Bay Larsen
   Sr. Kūris
   Sala Tercera
   Sr. Cunha Rodrigues
   Sra. Lindh
   Sr. Klučka
   Sr. O'Caoimh
   Sr. Lõhmus
   Sala Cuarta
   Sra. Silva de Lapuerta
   Sr. von Danwitz
   Sr. Juhász
   Sr. Malenovský
   Sr. Arestis
   En su reunión de 13 de octubre de 2006, el Tribunal de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 quater, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento, elaboró las siguientes listas, a efectos de la determinación de la composición de las Salas de tres Jueces:
   Sala Quinta
   Sr. Tizzano
   Sr. Borg Barthet
   Sr. Ilešič
   Sr. Levits
   Sala Sexta
   Sr. Schiemann
   Sr. Makarczyk
   Sr. Bay Larsen
   Sr. Bonichot
   Sala Séptima
   Sr. Cunha Rodrigues
   Sr. Lõhmus
   Sr. O'Caoimh
   Sra. Lindh
   Sala Octava
   Sra. Silva de Lapuerta
   Sr. Arestis
   Sr. Malenovský
   Sr. von Danwitz


title: Asunto C-100/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Conseil d'État francés, Sala de lo contencioso, reunidas las subsalas primera y segunda, de fecha 29 de diciembre de 2000, en el asunto Ministre de l'intérieur contra Aitor Oteiza Olazábal

text:
7.4.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 108/13
Motivos y principales alegaciones                                        sector, infringiendo ası́ la disposición antes citada, en beneficio
                                                                         del operador tradicional.
La Comisión reprocha al Gran Ducado la falta de garantı́as
sobre el carácter no discriminatorio de los derechos de                 (1) Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990,
                                                                             relativa a la competencia en los mercados de servicios de
paso, falta de garantı́as que puede deberse, bien a que las                  telecomunicaciones (DO L 192, p. 10).
disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones luxemburguesa              (2) Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por
de 27 de marzo de 1997 no se aplican correctamente, bien a                   la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a
que serı́an necesarias medidas complementarias en el ordena-                 la instauración de la plena competencia en los mercados de
miento jurı́dico luxemburgués para garantizar la adaptación                 telecomunicaciones (DO L 74, p. 13).
efectiva del mismo al artı́culo 4 quinquies de la Directiva.
Las normas aplicables al procedimiento de aprobación contem-
plado en el artı́culo 35.1 de la Ley son imprecisas, principal-
mente en lo que respecta a su articulación con los procedimien-         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
tos clásicos de autorización de ocupación del dominio público        lución del Conseil d’État francés, Sala de lo contencioso,
viario. El Gobierno no ha establecido ni publicado todavı́a tales        reunidas las subsalas primera y segunda, de fecha 29 de
normas y, ante su inexistencia, las diversas administraciones            diciembre de 2000, en el asunto Ministre de l’intérieur
competentes para la concesión de derechos de paso sobre el                                contra Aitor Oteiza Olazábal
dominio público no han concedido estos derechos a los nuevos
operadores, pese a preverlo ası́ la citada Ley.                                                   (Asunto C-100/01)
                                                                                (2001/C 108/21)
Por lo que respecta a los derechos de paso a lo largo de la red
de autopistas, las autoridades luxemburguesas han hecho                  Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
alusión a las dificultades derivadas de la legislación relativa a la   sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
creación de una gran red viaria de comunicación, pese a que,           resolución del Conseil d’État francés, Sala de lo contencioso,
según las informaciones de que dispone la Comisión, tras la            reunidas las subsalas primera y segunda, dictada el 29 de
entrada en vigor de dicha legislación se han efectuado obras            diciembre de 2000, en el asunto Ministre de l’intérieur contra
de tendido de cables de alimentación y de transmisión a lo             Aitor Oteiza Olazábal, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
largo de las autopistas.                                                 de Justicia el 28 de febrero de 2001. El Conseil d’État francés
                                                                         solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
Según las informaciones en poder de la Comisión, la denuncia-          siguiente cuestı́on:
nte Coditel no ha recibido ninguna justificación convincente
                                                                         ¿Se oponen las disposiciones de los artı́culos 6, 8 A y 48 del
de las negativas con que le han respondido las diferentes
                                                                         Tratado de Roma (actualmente artı́culos 12 CE, 19 CE
organizaciones o administraciones a las que solicitó la conce-
                                                                         [léase «18»] y 39 CE, respectivamente), el principio de propor-
sión de derechos de paso. En particular, dichas negativas
                                                                         cionalidad aplicable en Derecho comunitario, ası́ como las
no contienen referencia alguna a las exigencias esenciales
                                                                         disposiciones de Derecho derivado adoptadas para garantizar
aplicables, admitidas por el artı́culo 4 quinquies de la Directiva
                                                                         la aplicación del Tratado, en particular la Directiva 64/221/CEE
90/388, en su versión modificada.
                                                                         del Consejo, de 25 de febrero de 1964 (1), a que un Estado
                                                                         miembro pueda adoptar, respecto a un nacional de otro Estado
Según las informaciones de que dispone la Comisión, ningún            miembro al que se aplican las disposiciones del Tratado, una
nuevo operador de red ha obtenido hasta la fecha derechos de             medida de policı́a administrativa que limite, bajo control
paso sobre el dominio público que le permitan conectar redes            jurisdiccional de su legalidad, la residencia de aquel nacional a
locales a redes de frontera a frontera y con el extranjero,              una parte del territorio nacional, cuando razones de orden
dándole ası́ la oportunidad de ofrecer servicios de telecomuni-         público se opongan a su residencia en el resto del territorio, o,
caciones que competirı́an con los del operador tradicional EPT.          en tal supuesto, la única medida restrictiva de la residencia que
                                                                         puede adoptarse legalmente frente a dicho nacional consiste
                                                                         en una medida de prohibición total de residencia en el
Al no haber adoptado todas las medidas necesarias para                   territorio, dictada con arreglo al Derecho nacional?
garantizar el ejercicio efectivo y no discriminatorio del derecho
de paso, estableciendo ası́ una excepción a lo dispuesto en el          (1) Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964,
artı́culo 4 quinquies de la Directiva 90/388/CEE, en su versión             para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros
modificada por la Directiva 96/19/CE, el Gran Ducado de                      en materia de desplazamiento y residencia, justificadas por razones
Luxemburgo se ha atribuido, como mı́nimo, un plazo adicional                 de orden público, seguridad y salud pública (DO 56 de 4.4.1964,
en la ejecución del conjunto de normas de liberalización del               p. 850; EE 05/01, p. 36).


title: Asunto C-205/01: Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2001 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
28.7.2001              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 212/13
Recurso interpuesto el 16 de mayo de 2001 por la                        —     Por lo que se refiere a los 96 parajes inventariados
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-                        como zonas húmedas de importancia internacional en el
                          blica Francesa                                      inventario ZICO, hasta el mes de abril de 2000, 41 de
                                                                              ellas no habı́an sido objeto de ninguna clasificación como
                                                                              ZPE por parte de Francia y, por lo menos 4 de los
                       (Asunto C-202/01)
                                                                              45 parajes que habı́an sido objeto de medidas de clasifica-
                                                                              ción como ZPE lo eran de manera mı́nima en cuanto a la
                         (2001/C 212/21)                                      superficie, cuando tal clasificación como ZPE no obstante
                                                                              se impone, con arreglo al apartado 2 del artı́culo 4 de la
                                                                              Directiva 79/409/CEE, para garantizar la protección de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  las zonas húmedas y de las especies, especialmente las
presentado el 16 de mayo de 2001 un recurso contra                            migratorias que allı́ se albergan. La situación no ha
la República Francesa, formulado por la Comisión de las                     mejorado de modo significativo desde entonces.
Comunidades Europeas, representada por el Sr. G. Valero
Jordana y la Sra. J. Adda, en calidad de agentes, que designa
domicilio en Luxemburgo.                                                (Aplicación de la Directiva en lo que respecta a la Plaine des
                                                                        Maures, procedimiento de infracción 92/4527)
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal           —     Al clasificar únicamente 879 hectáreas como ZPE, cuando
de Justicia que:                                                              el ZICO abarca 7500 hectáreas (o sea, el 11,72 % de la
                                                                              totalidad), Francia ha incumplido también la obligación
—    Declare que la República Francesa ha incumplido las                     que deriva del artı́culo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                   79/409/CEE, de clasificar como ZPE los territorios más
     del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa                  adecuados en número y en superficie.
     a la conservación de las aves silvestres (1) y del Tratado
     constitutivo de la Comunidad Europea, al no haber
     clasificado en medida suficiente como zonas de protec-             (1) DO L 103 de 25.04.1979, p. 1; EE 15/02, p. 125.
     ción especial los territorios más adecuados para la              (2) Sentencia de 19 de mayo de 1998 dictada en el asunto C-3/96,
     conservación de las especies de aves silvestres enumeradas            Comisión/Paı́ses Bajos (Rec. 1998, p. I-3031).
     en el Anexo I de la Directiva y de las especies migratorias
     y, en particular, al no clasificar un territorio suficiente de
     la plaine des Maures como zona de protección especial.
—    Condene en costas a la República.
                                                                        Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2001 contra
Motivos y principales alegaciones                                       el Reino de los Paı́ses Bajos por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
(Aplicación de la Directiva en general, procedimiento de
infracción 97/2004)                                                                             (Asunto C-205/01)
—    El plazo establecido en el artı́culo 18 de la Directiva                                      (2001/C 212/22)
     79/409/CEE expiró el 16 de abril de 1989 sin que Francia
     hubiese adoptado las disposiciones necesarias para ate-            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     nerse a las obligaciones derivadas de su artı́culo 4. Las          presentado el 18 de mayo de 2001 un recurso contra el
     zonas de protección especial (ZPE) clasificadas hasta hoy         Reino de los Paı́ses Bajos formulado por la Comisión de las
     en dı́a son insuficientes en número, en superficie y en           Comunidades Europeas, representada por R. Wainwrı́ght y
     calidad para garantizar una protección adecuada de las            J. Stuyck, en calidad de agentes.
     especies de aves protegidas. Sólo el 40,7 % del número y
     el 18,2 % de la superficie de los 285 parajes identificados        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     por el inventario nacional como «Zones importantes pour
     la conservation des oiseaux» (ZICO) publicado en 1994              —     Declare que el Reino de los Paı́ses Bajos no ha tomado las
     por el Ministerio francés del Medio Ambiente y la Liga                   medidas necesarias, con arreglo al artı́culo 25 de la
     para la Protección de las Aves, que utiliza los mejores                 Directiva 86/609/CEE (1) del Consejo, de 24 de noviembre
     datos cientı́ficos actualizados, fueron clasificados total o             de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones
     parcialmente como ZPE. La pertinencia de recurrir a                      legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
     dichos inventarios y la posibilidad de basar en ellos la                 miembros respecto a la protección de los animales
     prueba del incumplimiento de un Estado miembro ha                        utilizados para experimentacı́ón y otros fines cientı́ficos,
     sido reconocida por el Tribunal de Justicia (2). La Comisión            para dar cumplimiento a dicha Directiva a más tardar el
     afirma que, hasta la fecha, el Gobierno francés no ha                    24 de noviembre de 1989, al no haber adoptado todas
     presentado un inventario que contradiga las conclusiones                 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
     a que llegó el inventario ZICO que sigue siendo la mejor                necesarias para adaptar el Derecho interno a los artı́-
     prueba cientı́fica disponible para evaluar globalmente las               culos 8, apartado 2, 11, 18, apartado 1, y 22, apartado 1,
     clasificaciones efectuadas por Francia en la totalidad de                de la referida Directiva o, en todo caso, al no haberlas
     su territorio.                                                           comunicado a la Comisión.
 ---pagebreak--- C 212/14                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        28.7.2001
—     Condene en costas al Reino de los Paı́ses Bajos.                         b)     el tercero no pueda fundarse en el artı́culo 6,
                                                                                apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
                                                                                de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproxima-
Motivos y principales alegaciones                                                     ción de las legislaciones de los Estados miembros en
La Comisión estima que los Paı́ses Bajos no han adaptado                             materia de marcas (1), para oponerse a una acusación
correctamente su Derecho interno a las siguientes disposicio-                         de violación del derecho de marca;
nes de la Directiva:                                                           ¿puede el tercero oponerse a la acusación e violación
—     Artı́culo 8, apartado 2 (anestesia en caso de que se inflijan            basándose en que el uso denunciado no indica el origen
      lesiones graves que puedan causar dolores intensos):                     de los productos (es decir, la relación en el tráfico
      Según el Gobierno neerlandés, recientemente se ha pre-                  económico entre los productos y el titular de la marca?
      sentado al Raad van State, para dictamen, un proyecto
      de modificación del «Dierproevenbesluit», destinado a             2.    En caso de respuesta afirmativa, ¿es suficiente relación el
      adaptar el Derecho interno al artı́culo 8, apartado 2,                   hecho de que el uso de que se trata se perciba como señal
      letra b), última frase, de la Directiva.                                e apoyo, lealtad o afiliación al titular de la marca?
—     Artı́culo 11 (puesta en libertad de animales): La Comisión
      opina que el artı́culo 10a, apartado 2, de la Wet op               (1) Publicada en el DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
      de Dierproeven tiene alcance general y no contempla
      especı́ficamente la puesta en libertad de animales.
—     Artı́culo 18, apartado 1 (marca de perros, gatos y
      primates no humanos): En el Derecho neerlandés no hay
      disposición alguna de la que resulte que dichos animales,
      antes de su destete, deberán contar con una marca de
      identificación realizada de forma que cause el menor daño
      posible.
                                                                         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
—     Artı́culo 22, apartado 1 (reconocimiento mutuo de los              lución del Bundesfinanzhof, de fecha 21 de febrero de
      resultados de experimentos con animales): La Comisión             2001, en el asunto entre Dr. Theodor Schilling y Angelika
      estima que esta disposición debe ser introducida en el                      Fleck-Schilling y Finanzamt Nürnberg-Süd
      Derecho nacional mediante una disposición legal con
      fuerza vinculante.
                                                                                (Asunto C-209/01)
(1) DO 1987, L 117, p. 31.
                                                                                (2001/C 212/24)
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 21 de febrero de
                                                                         2001, en el asunto entre Dr. Theodor Schilling y Angelika
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             Fleck-Schilling y Finanzamt Nürnberg-Süd, y recibida en la
lución de la High Court of Justice (England & Wales),                   Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 21 de mayo de 2001. El
Chancery Division, de fecha 4 de mayo de 2001, en el                     Bundesfinanzhof solicita al Tribunal de Justicia que se pronun-
asunto entre Arsenal Football Club plc y el Sr. Matthew                  cie sobre las siguientes cuestiones:
                                 Reed
                                                                         1.    ¿Es contrario al artı́culo 14, apartado 1, del Protocolo
                         (Asunto C-206/01)                                     sobre los Privilegios e Inmunidades de las Comunidades
                                                                               Europeas de 8 de abril de 1965 (BGBl II 1965, p. 1482,
                          (2001/C 212/23)                                      en particular, p. 1488) el hecho de que unos nacionales
                                                                               alemanes que trabajan en Luxemburgo en calidad de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                      funcionarios de las Comunidades Europeas y que viven
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  en dicho paı́s, no puedan deducir en la declaración del
resolución de la High Court of Justice (England & Wales),                     impuesto sobre la renta de las personas fı́sicas con
Chancery Division, dictada el 4 de mayo de 2001, en el asunto                  arreglo al artı́culo 10, apartado 1, número 8, de la
entre Arsenal Football Club plc y el Sr. Matthew Reed, y                       Einkommensteuergesetz (Ley del impuesto sobre la renta
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 18 de mayo              de las personas fı́sicas) los gastos de una asistenta
de 2001. La High Court of Justice solicita al Tribunal de Justicia             empleada en Luxemburgo porque las cotizaciones al
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                              régimen legal del seguro de pensiones no han sido
1.    En el supuesto de que una marca se halle válidamente                    abonadas al seguro de pensiones alemán?
      registrada y
                                                                         2.    En el caso de que se responda negativamente a la primera
      a)    un tercero utilice en el tráfico económico un signo              cuestión: ¿debe interpretarse el artı́culo 48, apartado 4,
            idéntico a esa marca en relación con productos                    del Tratado CE en el sentido de que un funcionario de
            idénticos a los de la persona a cuyo nombre esté                   las Comunidades Europeas no puede invocar el citado
            registrada la marca, y                                             artı́culo 48 del Tratado CE?


title: Asunto T-41/05: Recurso interpuesto el 28 de enero de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Dimon Incorporated

text:
               16.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/33

         Recurso interpuesto el 28 de enero de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Dimon Incorporated
   (Asunto T-41/05)
   (2005/C 93/64)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 28 de enero de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por Dimon Incorporated, con domicilio social en Danville, Virginia (EE.UU.), representada por los Sres. L. Berkamp, H. Cogels y J. Dhont, abogados.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Declare la nulidad de los artículos 1, 3 y 5 de la decisión impugnada en la medida en que se refieren a Dimon Inc.

               —

               Con carácter subsidiario, reduzca la multa impuesta a Agroexpansion S.A. y, por los mismos motivos así como por motivos relativos exclusivamente a Dimon Inc, reduzca asimismo la multa impuesta a esta última.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2004 relativa al procedimiento previsto en el artículo 81 CE, apartado 1 (asunto COMP/C.38.238/B.2 – Sector del tabaco crudo en España). La demandante alega que no es la destinataria correcta de la Decisión.
   En apoyo de su demanda, la demandante alega la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 (1) y la violación del principio de proporcionalidad. Según la demandante, la Comisión incurrió en error manifiesto al considerar que la demandante ejerció una influencia determinante en Agroexpansion durante el período de infracción y que, por tanto, dirigió incorrectamente la Decisión a la demandante y excedió el límite máximo del importe de la multa que puede imponerse a Agroexpansión, ya que la Comisión tomó en cuenta el volumen de ventas del grupo Dimon para calcular el importe máximo de la multa.
   Asimismo, la demandante invoca la violación del principio de proporcionalidad y culpabilidad en la medida en que se le ha hecho responsable de un único y complejo acuerdo de cártel a largo plazo llevado a cabo por Agroexpansion del que la demandante no fue informada.
   La demandante también alega la violación del principio de proporcionalidad y culpabilidad y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003. Según la demandante, no debería haber sido considerada responsable de las infracciones que tuvieron lugar antes de que Agroexpansion fuera miembro del grupo Dimon.
   Por último, la demandante alega la violación del principio de expectativas legítimas en la aplicación de una circunstancia atenuante, de acuerdo con la Sección 3 de las Directrices de la Comisión de 1998, (2) como consecuencia de la inmediata cesación de la infracción, en el momento en el que la Comisión comenzó su investigación.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).

      (2)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 2003 C 9, de 14.1.1998, p. 3).


title: Asunto T-203/09: Recurso interpuesto el 25 de mayo de 2009 — Olymp Bezner/OAMI — Bellido (Olymp)

text:
               18.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 167/20

         Recurso interpuesto el 25 de mayo de 2009 — Olymp Bezner/OAMI — Bellido (Olymp)
   (Asunto T-203/09)
   2009/C 167/40
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Alemania) (representantes: J. Dönch y M. Eck, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Miguel Bellido, S.A. (Manzanares, Ciudad Real)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 11 de marzo de 2009 en el asunto R 531/2008-2.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: La marca denominativa «Olymp» para productos de la clase 25

      Titular de la marca comunitaria: La demandante

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo del solicitante de la nulidad: Registro como marca española de la marca figurativa «OLIMPO» para productos de la clase 25

      Resolución de la División de Anulación: Declaración de nulidad de la marca comunitaria de que se trata

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [que es actualmente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo], y del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo [que ha pasado a ser ahora el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009], en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en error cuando afirmó que existía un riesgo de confusión, debido a que las marcas de que se trata no son similares ni desde un punto de vista visual ni verbal ni tampoco conceptualmente.


title: Asunto F-81/11: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 19 de junio de 2013 — BY/AESA ( «Personal de la AESA — Agente temporal — Admisibilidad — Plazo para recurrir — Informe de calificación desfavorable — Cambio de destino — Acoso moral — Desvío de poder» )

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/43

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 19 de junio de 2013 — BY/AESA
   (Asunto F-81/11) (1)

   (Personal de la AESA - Agente temporal - Admisibilidad - Plazo para recurrir - Informe de calificación desfavorable - Cambio de destino - Acoso moral - Desvío de poder)
   2013/C 252/72
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: BY (Lasne, Bélgica) (representante: B.-H. Vincent, abogado)

      Demandada: Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) (representantes: Sr. F. Manuhutu, agente, asistido por los Sres. D. Waelbroeck y A. Duron, abogados)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la decisión de destinar a la parte demandante a un puesto no ejecutivo en interés del servicio, a consecuencia de un informe de calificación desfavorable, y pretensión de que se abone a la parte demandante un importe en concepto de indemnización de los daños supuestamente sufridos.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               BY cargará con sus propias costas y con las de la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

      (1)  DO C 340, de 19.11.2011, p. 41.


title: Asunto T-25/06: Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011 — Alliance One International/Comisión ( Competencia — Prácticas colusorias — Mercado italiano de compra y primera transformación de tabaco crudo — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Fijación de precios y reparto del mercado — Imputabilidad de la conducta infractora — Multas )

text:
               22.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/32

         Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011 — Alliance One International/Comisión
   (Asunto T-25/06) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado italiano de compra y primera transformación de tabaco crudo - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Fijación de precios y reparto del mercado - Imputabilidad de la conducta infractora - Multas)
   2011/C 311/54
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Alliance One International, Inc. (Danville, Virginia, Estados Unidos) (representantes: C. Osti y A. Prastaro, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente É. Gippini Fournier y F. Amato, posteriormente É. Gippini Fournier y N. Khan, agentes)

      Objeto

   Con carácter principal, anulación parcial de la Decisión C(2005) 4012 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] (asunto COMP/C.38.281/B.2 — Tabaco crudo — Italia), y, con carácter subsidiario, reducción del importe de la multa impuesta a Alliance One International.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Alliance One International, Inc.

      (1)  DO C 60, de 11.3.2006.


title: Asunto C-161/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de mayo de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Antwerpen — Bélgica) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat (Libre circulación de mercancías — Tránsito comunitario — Transportes efectuados al amparo de un cuaderno TIR — Infracciones o irregularidades — Plazo de notificación — Plazo para aportar la prueba del lugar de comisión de la infracción o la irregularidad)

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de mayo de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Antwerpen — Bélgica) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat
   (Asunto C-161/08) (1)

   (Libre circulación de mercancías - Tránsito comunitario - Transportes efectuados al amparo de un cuaderno TIR - Infracciones o irregularidades - Plazo de notificación - Plazo para aportar la prueba del lugar de comisión de la infracción o la irregularidad)
   2009/C 153/25
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hof van beroep te Antwerpen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV

      Demandada: Belgische Staat

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretación del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1593/91 de la Comisión, de 12 de junio de 1991, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 719/91 del Consejo relativo a la utilización en la Comunidad de los cuadernos TIR, así como de los cuadernos ATA como documentos de tránsito (DO L 148, p. 11) en relación con el artículo 11 del Convenio TIR — Infracciones o irregularidades — Plazo de notificación.

      Fallo

               1)

               El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1593/91 de la Comisión, de 12 de junio de 1991, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 719/91 del Consejo relativo a la utilización en la Comunidad de los cuadernos TIR, así como de los cuadernos ATA como documentos de tránsito, en relación con el artículo 11, apartado 1, del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, suscrito el Ginebra el 14 de noviembre de 1975, debe interpretarse en el sentido de que la inobservancia del plazo de notificación de que no se ha hecho el descargo del cuaderno TIR respecto del titular de dicho cuaderno no compromete el derecho de las autoridades aduaneras competentes a proceder a la recaudación de los derechos e impuestos adeudados con motivo de un transporte internacional efectuado al amparo de dicho cuaderno.

               2)

               El artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1593/91, en relación con el artículo 11, apartados 1 y 2, del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, suscrito el Ginebra el 14 de noviembre de 1975, debe interpretarse en el sentido de que únicamente determina el plazo para aportar la prueba de la regularidad del transporte, pero no el plazo en el que se debe aportar la prueba del lugar de comisión de la infracción o la irregularidad. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar, según los principios de su Derecho nacional aplicables en materia de prueba, si, en el caso concreto de que conozca y habida cuenta de todas las circunstancias, la prueba ha sido aportada dentro de plazo. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional apreciará este plazo con arreglo al Derecho comunitario y, especialmente, por una parte, teniendo en cuenta que el plazo no debe ser demasiado largo, para no hacer jurídica y materialmente imposible la recaudación de las cantidades adeudadas en otro Estado miembro, y, por otra parte, velando por que este plazo no ponga al titular del cuaderno TIR en la imposibilidad material de aportar la prueba mencionada.

      (1)  DO C 183, de 19.7.2008.


title: Asunto C-502/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 1 de octubre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/60/CE — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo — No adaptación completa del Derecho interno — No comunicación de las medidas de adaptación del Derecho interno)

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 1 de octubre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-502/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2005/60/CE - Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo - No adaptación completa del Derecho interno - No comunicación de las medidas de adaptación del Derecho interno)
   2009/C 282/24
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Dejmek y E. Adserá Ribera, agentes)

      Demandada: Reino de España (representante: J. López-Medel Báscones, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309, p. 15).

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 45 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y al no haber comunicado a la Comisión de las Comunidades Europeas las disposiciones de Derecho interno que supuestamente contribuyen a garantizar dicho cumplimiento.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 6, de 10.1.2009.


title: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 1997 por Patrick Rousseaux contra Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-82/97)

text:
31 . 5 . 97          1 ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       N°C 166/21
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins           A este respecto, procede recordar que la correspondiente
tancia que :                                                       solicitud de pago de dicha cantidad se formuló mediante
                                                                   escrito del Asesor regional de Agricultura de 31 de marzo
— Anule la dicisión de la Comisión de 18 de junio de               de 1995 , el cual no recibió respuesta alguna de la Comi
     1996, por la que se deniega la petición del demandante        sión . Por consiguiente, en noviembre de 1996 la Región
     de que se proceda a examinar la posibilidad de aplica        demandante, al no haber recibido el pago, dirigió a la pro
     ción del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto .            pia Comisión un escrito de requerimiento, en respuesta al
— En la medida en que fuere necesario, anule la decisión           cual la demandada aclaro que, dado que la solicitud de
     denegatoria expresa adoptada por la Comisión el 27            pago de la cantidad asignada para el citado proyecto debía
     de diciembre de 1996 en respuesta a la reclamación            haberle llegado antes del 31 de marzo de 1995 , siendo así
     del demandante .                                              que la citada solicitud le llegó de hecho cuatro días des
                                                                   pués, procedía desbloquear la aportación comunitaria, se
— Condene a la parte demandada al pago de la totalidad             gún dispone el artículo 10 del Reglamento ( CEE ) n° 4256/
     de las costas .                                               88 n .
Motivos y principales alegaciones                                  La demandante alega, en primer lugar, la infracción del ci
                                                                   tado artículo 10 del Reglamento ( CEE) n° 4256/88 en la
Los motivos y principales alegaciones son similares a los          medida en que esta norma no dispone que las solicitudes
invocados en el asunto T-16/97 í 1 ).                              de pago deban llegar a la Comisión antes del 31 de marzo,
                                                                   sino únicamente que las mismas deben ser « objeto de una
O DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, p . 27 .                             solicitud », que deberá formalizarse dentro de dicho plazo .
                                                                   Por consiguiente, el escrito de la Región Toscana constitu
                                                                   ye un cumplimiento correcto de la norma del citado Regla
                                                                   mento, la cual establece el plazo para el envío de la solici
                                                                   tud, y no el plazo para su recepción .
Recurso interpuesto el 1 de abril de 1997 por la Regione
Toscana contra la Comisión de las Comunidades Europeas             En su recurso, se invoca asimismo la violación del princi
                                                                   pio de proporcionalidad. Según la demandante, aun acep
                       (Asunto T-81/97)                            tando, quod non, que la Región haya seguido incurriendo
                         ( 97/C 166/43 )                           en una actitud de cumplimiento inexacto de sus obligacio
                                                                   nes, debe señalarse el hecho de que, para alcanzar el fin
             (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                   que se persigue, se ha impuesto un gravamen económico
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             excesivo, a saber, la sanción automática de la pérdida de
Europeas se ha presentado el 1 de abril de 1997 un recur          la fianza prevista con el fin de castigar una infracción mu
so contra la Comisión de las Comunidades Europeas for             cho menos grave que el incuplimiento de la obligación
mulado por la Regione Toscana, con sede en Florencia, re          principal , en garantía de la cual se constituyó la propia
                                                                   fianza .
presentada por el Sr. Vito Vacchi y la Sra . Lucia Bora,
Abogados de Florencia, que designa como domicilio en               Finalmente, la demandante señala otra infracción del De
Luxemburgo el despacho del Sr. Paolo Benocci, 50, rué de           recho comunitario consistente en la violación del principio
Vianden.
                                                                   de protección de la confianza legítima . Sobre este particu
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins           lar, pone de relieve que la Comisión mantuvo un silencio
tancia que :                                                       absoluto entre los meses de mayo de 1995 y noviembre
                                                                   1996 . Este silencio hubiera podido generar en la Región
— Anule la nota de la Comisión Europea — Dirección                 Toscana la legítima confianza en que recibiría la financia
     General de Agricultura de 21 . 11 . 1994/VI/040551 .          ción ya concedida para la citada obra, dado que se había
                                                                   acreditado que la misma se había efectuado correcta
— Anule el acto, nunca comunicado a la Región deman               mente .
     dante, mediante el cual la Comisión Europea desblo
     queó la aportación comunitaria acordada al proyecto           ( 1 ) Reglamento ( CEE ) n° 4256/88 del Consejo , de 19 de diciembre
     n° 88.20.IT.006.0 ( obras para el abastecimiento de                 de 1988 , por el que se aprueban las disposiciones de aplicación
     agua potable en Toscana ), en el marco del programa                 del Reglamento ( CEE ) n" 2052/88 , en lo relativo al FEOGA,
     integrado mediterráneo PIM .                                        sección « Orientación » ( DO n° L 374 de 31 . 12 . 1988 , p . 25 ),
                                                                         en la versión modificada por el Reglamento ( CEE ) n" 2085/93
— Anule la nota de la Comisión Europea de 31 de enero                    ( DO n° L 193 de 31 . 7. 1993 , p . 44 ).
     de 1997, que llegó a conocimiento de la demandante
     el 7 de febrero de 1997, mediante la cual la propia Co
     misión comunicaba haber procedido al citado desblo
     queo .
                                                                   Recurso interpuesto el 28 de marzo de 1997 por Patrick
Motivos y principales alegaciones                                  Rousseaux contra Comisión de las Comunidades Europeas
En el presente asunto, la Regione Toscana impugna el acto                                     ( Asunto T-82/97 )
de la demandada mediante el cual se desbloqueó la apor                                          ( 97/C 166/44 )
tación financiera acordada , en el marco del programa inte                         (Lengua de procedimiento: francés)
grado mediterráneo PIM, a un proyecto de abastecimiento
de agua potable en Toscana, por un importe total de alre          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
dedor de 900 000 ecus .                                            Europeas se ha presentado el 28 de marzo de 1997 un re
 ---pagebreak--- N°C 166/22          ES 1                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   31 . 5 . 97
curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                objeto las condiciones de adjudicación de un contrato pú
formulado por el Sr. Patrick Rousseaux, con domicilio en            blico relativo al sumministro de traviesas monobloques de
Bruselas, representado por el Sr. Nicolás Lhoëst, Abogado           hormigón según un sistema de calificación establecido por
de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo               la SNCB. La denuncia se origina concretamente en el he
el de Fiduciaire Myson SARL, 30, rué de Cessange.                   cho de que la desestimación de la oferta, por causa de dis
                                                                    conformidad técnica, se basa en la consideración errónea
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins            según la cual, las traviesas del tipo monobloque, que es el
tancia que :                                                        elegido por la SNCB, y las del tipo bibloque, ofrecido por
                                                                    la demandante, no son perfectamente sustituibles . Según la
— Anule la decisión de la Comisión de 18 de junio de                sociedad demandante, la decisión de archivo impugnada
     1996 , por la que se deniega la petición del demandante        ratificó dicha apreciación técnica equivocada .
    de que se proceda a examinar la posiblidad de aplica
    ción del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto .              La decisión de archivo de la Comisión está basada en una
                                                                    falta de interés comunitario para interponer un posible re
— En la medida en que fuere necesario, anule la decisión            curso por incumplimiento contra el Estado belga .
    denegatoria expresa adoptada por la Comisión el 27
    de diciembre de 1996 en respuesta a la reclamación              En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega, en pri
    del demandante .                                                mer lugar, vicios sustanciales de forma, en la medida en
                                                                    que, por un lado, no fue oída por la Comisión en ningún
— Condene a la parte demandada al pago de la totalidad              momento y, por otro, la demandada omitió precisar cuál
    de las costas .                                                 era el fundamento normativo por el que decidió no conti
                                                                    nuar con la investigación. Concretamente, para pronun
Motivos y principales alegaciones                                   ciarse sobre el contrato público de que se trata, la Comi
                                                                    sión no puede fundarse legalmente in abstracto en el Dere
Los motivos y principales alegaciones son similares a los           cho comunitario de los contratos públicos, sin tener en
invocados en el asunto T-16/97 í 1 ).                               cuenta las normas que regulan la competencia . A este res
                                                                    pecto, cabe comprobar la disconformidad de la decisión
H DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, p . 27.                               impugnada con el artículo 86 del Tratado, en relación con
                                                                    el apartado 2 de su artículo 90 . En este sentido, la deman
                                                                    dante observa que la SNCB disfruta del monopolio de ex
                                                                    plotación ferroviaria en Bélgica, que se ha confiado a di
                                                                    cha sociedad la facultad de aprobar el material utilizado
                                                                    en su red y que las especificaciones técnicas, objeto del
Recurso interpuesto el 1 de abril de 1997 por la Société            presente recurso, únicamente perjudican a la venta de pro
anonyme de traverses en béton armé ( Sateba) contra la              ductos importados .
           Comisión de las Comunidades Europeas
                       ( Asunto T-83/97)                            Por último, la demandante invoca la existencia de un error
                          ( 97/C 166/45 )                           en la apreciación de los hechos, así como de desviación de
                                                                    poder. Sobre este punto, precisa que, en el ámbito de la
             (Lengua de procedimiento: francés)                     competencia, cuando se reúnen los requisitos de infrac
                                                                    ción, la Comisión puede imponer sanciones de orden eco
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              nómico a las empresas de que se trate . En su opinión, al
Europeas se ha presentado el 1 de abril de 1997 un recur           adoptar una decisión de archivo, relativa a hechos impu
so contra la Comisión de las Comunidades Europeas for              tables a la SNCB, llegando a la conclusión de que no exis
mulado por la Société anonyme de traverses en béton                 tía un interés comunitario suficiente para demandar al Es
armé ( Sateba ), con domicilio social en París, representada        tado belga, el único objetivo de la Comisión fue eludir la
por el Sr. Jacques Manseau, abogado de París, que designa           aplicación de la normativa comunitaria en la materia . Pues
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest             bien, al mencionar al Estado belga , y no a la SNCB, la de
Arendt, 8-10, rué Mathias Hardt.                                    mandada intenta que su decisión no sea recurrible, con
                                                                    arreglo a la reiterada jurisprudencia relativa a la aplica
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Insan          ción del artículo 169 del Tratado .
cia que :
— Anule la decisión de la Comisión de 20 de enero de
     1997; ref.: XV/B3/MM(96 ) D/2312 .
                                                                    Recurso interpuesto el 3 de abril de 1997 por Horeca-Wa
— Condene en costas a la parte demandada .                              llonie contra Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                                (Asunto T-85/97 )
Motivos y principales alegaciones
                                                                                ( 97/C 166/46 )
 La demandante, una sociedad francesa que actúa en el sec
tor de la infraestructura ferroviaria, impugna la decisión                        (Lengua de procedimiento: francés)
 de la Comisión por la que se archiva la denuncia presen
 tada por la demandante contra la Société nationale des              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
 chemnins de fer belges ( SNCB ). Dicha denuncia tenía por           Europeas se ha presentado el 3 de abril de 1997 un recur


title: Asunto C-341/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de enero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sozialgericht Dortmund — Alemania) — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (Directiva 2000/78/CE — Artículos 2, apartado 5, y 6, apartado 1 — Prohibición de discriminación por razón de edad — Disposición nacional que prevé un límite de edad de 68 años para el ejercicio de la profesión de dentista concertado — Objetivo perseguido — Concepto de «medida necesaria para la protección de la salud» — Coherencia — Carácter adecuado de la medida)

text:
               3.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de enero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sozialgericht Dortmund — Alemania) — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe
   (Asunto C-341/08) (1)

   (Directiva 2000/78/CE - Artículos 2, apartado 5, y 6, apartado 1 - Prohibición de discriminación por razón de edad - Disposición nacional que prevé un límite de edad de 68 años para el ejercicio de la profesión de dentista concertado - Objetivo perseguido - Concepto de «medida necesaria para la protección de la salud» - Coherencia - Carácter adecuado de la medida)
   2010/C 179/05
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sozialgericht Dortmund

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Domnica Petersen

      Demandada: Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

      En el que participan: AOK Westfalen-Lippe, BKK-Landesverband Nordrhein-Westfalen, Vereinigte IKK, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See — Dezernat 0.63, Landwirtschaftliche Krankenkasse NRW, Verband der Angestellten-Krankenkassen eV, AEV — Arbeiter-Ersatzkassen-Verband eV, Kassenzahnärtzliche Vereinigung Westfalen-Lippe

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Sozialgericht Dortmund — Interpretación del artículo 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16) — Prohibición de la discriminación por razón de la edad — Conceptos de «finalidad legítima» por la que se justifiquen las diferencias en el trato por razón de la edad, así como de «medio idóneo y necesario» que permita alcanzar dicha finalidad — Disposición nacional que establece, para proteger la salud de los pacientes, una edad máxima para el ejercicio de la profesión de dentista concertado.

      Fallo

               1)

               El artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una medida nacional como la controvertida en el litigio principal por la que se establece un límite de edad máxima para el ejercicio de la profesión de dentista concertado, en el caso de autos 68 años, cuando dicha medida tiene la única finalidad de proteger la salud de los pacientes contra la disminución de las facultades de los referidos dentistas a partir de la citada edad, puesto que ese mismo límite de edad no se aplica a los dentistas no concertados.
               El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a tal medida cuando ésta tiene la finalidad de repartir entre las generaciones las posibilidades de empleo en la profesión de dentista concertado, si, habida cuenta de la situación del mercado laboral de que se trata, la referida medida es adecuada y necesaria para lograr dicho objetivo.
               Corresponde al juez nacional identificar el objetivo que persigue la medida por la que se fija el referido límite de edad, buscando la razón del mantenimiento de tal medida.

               2)

               En caso de que una norma como la controvertida en el litigio principal sea contraria a la Directiva 2000/78, habida cuenta de la finalidad que persigue, corresponde al juez nacional que conoce de un litigio entre un particular y un organismo administrativo, como el Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, no aplicar dicha norma aunque sea anterior a la citada Directiva y el ordenamiento jurídico nacional no prevea dejar de aplicarla.

      (1)  DO C 260, de 11.10.2008.


title: Asunto C-205/11 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de abril de 2011 por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 17 de febrero de 2011 en el asunto T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Comisión Europea

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/13

         Recurso de casación interpuesto el 27 de abril de 2011 por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 17 de febrero de 2011 en el asunto T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Comisión Europea
   (Asunto C-205/11 P)
   2011/C 232/22
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (representantes: A. Barav y D. Reymond, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Reino de Bélgica, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Confirme la sentencia del Tribunal General dictada el 17 de febrero de 2011 en el asunto T-68/08 por lo que se refiere a la admisibilidad.

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General dictada el 17 de febrero de 2011 en el asunto T-68/08 en cuanto al fondo, en la medida en que aprueba la inclusión de los partidos «no prime» de la FIFA World Cup™ en la lista del Reino Unido de acontecimientos «de gran importancia para la sociedad» en el sentido de la Directiva.

               —

               Resuelva definitivamente el litigio en virtud del artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

               —

               Condene a la Comisión a soportar las costas de la FIFA en primera instancia y en el presente procedimiento de casación.

      Motivos y principales alegaciones

   1)   Error de Derecho, infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia, infracción del artículo 3 bis, apartado 2, de la Directiva 89/552/CEE, (1)
      modificada por la Directiva 97/36/CE, (2)
      y del Derecho de la UE, errónea aplicación del artículo 296 TFUE (no respeto de los límites del control jurisdiccional, motivación contradictoria, fundamentación en motivos no expuestos en la Decisión impugnada en lo referente a la calificación de la FIFA World Cup™ y que dieron lugar a conclusiones jurídicas erróneas, inversión de la carga de la prueba).
   La parte recurrente sostiene que el Tribunal General infringió el Derecho de la UE al basar en motivos no expuestos en la Decisión de la Comisión (3) su conclusión de que la Comisión consideró acertadamente que la FIFA World Cup™ era un acontecimiento de «carácter unitario» por naturaleza a efectos de la Directiva 89/552, en su versión modificada por la Directiva 97/36; al exponer una motivación contradictoria e incoherente; al considerar que los Estados miembros no están obligados a exponer razones específicas que justifiquen la inclusión de la FIFA World Cup™ en su conjunto en sus listas de acontecimientos de gran importancia, y al invertir la carga de la prueba.
   2)   Error de Derecho, infracción del artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 89/552, modificada por la Directiva 97/36, infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia, errónea aplicación del artículo 296 TFUE (apreciación de que la Comisión consideró acertadamente que la lista de medidas del Reino Unido se había elaborado «de forma clara y transparente»).
   La parte recurrente sostiene que el Tribunal General infringió el Derecho de la UE al resolver que la Comisión consideró acertadamente que la lista de acontecimientos del Reino Unido se había elaborado «de forma clara y transparente», tal como dispone la Directiva 89/552, en su versión modificada por la Directiva 97/36, a pesar de que la inclusión de la FIFA World Cup™ en su conjunto en esa lista fue decidida apartándose del criterio unánime en sentido contrario y de que tal inclusión fue justificada ante la Comisión basándose, entre otros elementos, en motivos que no existían en el momento en que se elaboró dicha lista.
   3)   Error de Derecho, infracción del artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 89/552, modificada por la Directiva 97/36, errónea aplicación del artículo 296 TFUE, infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia (errónea calificación de la FIFA World Cup™, no respeto de los límites del control jurisdiccional, fundamentación en consideraciones no contenidas en la Decisión impugnada, incorrecta valoración de los elementos de hecho relacionados con los partidos «no prime» que dio lugar a conclusiones jurídicas erróneas, calificación de la motivación expuesta en la Decisión impugnada como suficiente, falta de respuesta a las alegaciones formuladas).
   La parte recurrente sostiene que el Tribunal General infringió el Derecho de la UE al resolver que la Comisión consideró acertadamente que la FIFA World Cup™ en su conjunto era un acontecimiento de gran importancia para la sociedad del Reino Unido a efectos de la Directiva 89/552, en su versión modificada por la Directiva 97/36, y que la Comisión motivó suficientemente esta apreciación. En particular, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y extrajo conclusiones jurídicas erróneas de los elementos de hecho al confirmar la apreciación de la Comisión –insuficientemente motivada– en el sentido de que la FIFA World Cup™ en su conjunto tiene «una resonancia general especial en el [Reino Unido]», ha sido transmitida tradicionalmente por la televisión de acceso libre y ha sido vista por numerosos espectadores.
   4)   Error de Derecho, infracción del Derecho de la UE, infracción del artículo 3 bis, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/552, modificada por la Directiva 97/36, errónea aplicación del artículo 296 TFUE, infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia (no respeto del alcance del control jurisdiccional, apreciación de que la Comisión consideró acertadamente que las medidas del Reino Unido notificadas eran compatibles con el Derecho de la UE y que las restricciones que tales medidas conllevaban eran proporcionadas, y de que la Comisión motivó suficientemente esta apreciación, errónea interpretación del alcance del derecho a la información y del interés público en tener un amplio acceso a la cobertura televisiva de acontecimientos de gran importancia para la sociedad).

      Este motivo se divide en tres partes:

   Primera parte: La parte recurrente sostiene que el Tribunal General infringió el Derecho de la UE al resolver que la Comisión consideró acertadamente que las medidas del Reino Unido notificadas eran compatibles con el Derecho de la UE, a pesar de que en la Decisión impugnada no se abordó la cuestión de las restricciones a la libertad de establecimiento. El Tribunal General también infringió el Derecho de la UE al estimar que las restricciones a la libertad de establecimiento eran proporcionadas y al estimar que la Comisión consideró acertadamente que las restricciones a la libre prestación de servicios eran proporcionadas y que la Comisión motivó suficientemente esta apreciación.
   Segunda parte: La parte recurrente sostiene que el Tribunal General infringió el Derecho de la UE al resolver que la Comisión consideró acertadamente que las medidas del Reino Unido notificadas eran compatibles con el Derecho de la UE, a pesar de que en la Decisión impugnada no se abordó la cuestión de las restricciones del derecho de propiedad de la FIFA. El Tribunal General también infringió el Derecho de la UE al estimar que las restricciones impuestas al derecho de propiedad de la FIFA eran proporcionadas.
   Tercera parte: La parte recurrente sostiene que el Tribunal General infringió el Derecho de la UE al resolver que la Comisión consideró acertadamente que las medidas del Reino Unido notificadas eran compatibles con las normas de la UE en materia de competencia por estar justificadas las restricciones a la libre prestación de servicios, y que la Comisión motivó suficientemente esta apreciación. El Tribunal General también infringió el Derecho de la UE al estimar que la Comisión no estaba obligada a identificar el mercado pertinente a la hora de evaluar las restricciones a la libre competencia y al estimar que dichas medidas no implicaban la concesión de derechos especiales en el sentido del artículo 106 TFUE, apartado 1.

      (1)  Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298, p. 23).

      (2)  Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 202, p. 60).

      (3)  Decisión 2007/730/CE de la Comisión, de 16 de octubre de 2007, relativa a la compatibilidad con el Derecho comunitario de las medidas adoptadas por el Reino Unido con arreglo al artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 295, p. 12).


title: Asunto T-241/15 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 2 de junio de 2015 — Aurel Buga/Parlamento y otros («Procedimiento sobre medidas provisionales — Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo — Demanda de medidas provisionales — Inadmisibilidad manifiesta del recurso principal — Inadmisibilidad»)

text:
               27.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/28

         Auto del Presidente del Tribunal General de 2 de junio de 2015 — Aurel Buga/Parlamento y otros
   (Asunto T-241/15 R)
   ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo - Demanda de medidas provisionales - Inadmisibilidad manifiesta del recurso principal - Inadmisibilidad»))
   (2015/C 245/34)
   Lengua de procedimiento: rumano

      Partes

      Demandante: Aurel Buga (Bacău, Rumanía) (representante: M. Vasii, abogado)

      Demandadas: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea

      Objeto

   Demanda de medidas provisionales que pretende que se ordene a las autoridades rumanas que suspendan el procedimiento penal incoado en contra de la demandante ante un órgano jurisdiccional nacional.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-63/07: Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria

text:
               24.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/13

         Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria
   (Asunto C-63/07)
   (2007/C 69/30)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Kreuschitz e I. Kaufmann-Bühler, agentes)

      Demandada: República de Austria
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (1), al no haber adoptado las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República de Austria.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 6 de julio de 2005.

      (1)  DO L 177, p. 13.


title: Asunto F-156/12: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de noviembre de 2014 — McCoy/Comité de las Regiones (Función pública — Funcionarios — Recurso de indemnización — Comportamiento irregular — Acoso por parte de los superiores jerárquicos — Enfermedad profesional — Indemnización con arreglo al artículo 73 del Estatuto que no repara la totalidad del perjuicio sufrido — Solicitud de indemnización complementaria)

text:
               19.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/48

      Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de noviembre de 2014 — McCoy/Comité de las Regiones
      (Asunto F-156/12) (1)

      (Función pública - Funcionarios - Recurso de indemnización - Comportamiento irregular - Acoso por parte de los superiores jerárquicos - Enfermedad profesional - Indemnización con arreglo al artículo 73 del Estatuto que no repara la totalidad del perjuicio sufrido - Solicitud de indemnización complementaria)
      (2015/C 016/72)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: McCoy (Bruselas, Bélgica) (representante: L. Levi, abogada)

         Demandada: Comité de las Regiones (representantes: S. Bachotet y J.C. Cañoto Argüelles, agentes, asistidos por B. Wägenbauer, abogado)

         Objeto

      Solicitud de anulación de la decisión por la que se deniega una indemnización de daños y perjuicios por el comportamiento irregular del Comité de las Regiones y solicitud de reparación del daño material y moral.

         Fallo

                  1)

                  Condenar al Comité de las Regiones de la Unión Europea a pagar al Sr. McCoy la cantidad de 20 000 euros.

                  2)

                  Desestimar el recurso en todo lo demás.

                  3)

                  El Comité de las Regiones de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Sr. McCoy.

         (1)  DO C 71, de 9.3.2013, p. 31.


title: Asunto C-115/13: Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2013 — Comisión Europea/Hungría

text:
               4.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/11

         Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2013 — Comisión Europea/Hungría
   (Asunto C-115/13)
   2013/C 129/20
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Barslev y A. Sipos, agentes)

      Demandada: Hungría

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 19 a 2l de la Directiva 92/83/CEE, (1) en relación con los artículos 22, apartado 7, de esta Directiva y 3, apartado 1, de la Directiva 92/84/CEE, (2) al adoptar y mantener en vigor disposiciones conforme a las cuales, en las circunstancias determinadas en la normativa nacional,

                           —

                           se fija en 0 HUF la cuota del impuesto especial sobre la fabricación de alcohol etílico realizada en destilerías por encargo de un cliente particular («bérfőzető»);

                           —

                           se exime del impuesto especial la fabricación de alcohol etílico realizada por particulares;

               —

               Que se condene en costas a Hungría.

      Motivos y principales alegaciones

   Conforme al artículo 19 de la Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, Hungría está obligada a aplicar a los destilados un impuesto especial por un tipo fijado de conformidad con la Directiva, especialmente con su artículo 21, y a mantener en vigor un régimen nacional que sea acorde al respecto. Por su parte, el artículo 22 de la Directiva regula los supuestos en los que los Estados miembros pueden aplicar tipos impositivos reducidos en comparación con el tipo normal nacional.
   Con arreglo al artículo 64, apartado 3, de la Ley húngara CXXVII de 2003, relativa a los impuestos especiales y a la normativa específica en materia de comercialización de productos sujetos a impuestos especiales (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény), en el marco de la destilación por encargo de clientes particulares, el impuesto aplicable al destilado fabricado a partir de la materia prima del cliente particular que encarga la destilación asciende a 0 HUF hasta una cantidad máxima de 50 litros anuales por cliente particular. Sin embargo, la Directiva no permite aplicar un tipo reducido inferior en más del 50 % del tipo normal nacional del impuesto especial.
   Además, conforme a esta misma ley nacional, la fabricación de alcohol etílico por destiladores particulares está exenta del impuesto especial hasta una cantidad anual máxima de 50 litros. La Directiva 92/83/CEE no contiene disposiciones relativas a la exención de la fabricación casera de alcohol etílico, por lo que la Comisión considera que no es posible la introducción a nivel nacional de una exención sin infringir las disposiciones de la Directiva. Si el legislador de la Unión hubiera deseado ofrecer tal posibilidad, la disposición correspondiente estaría incluida expresamente en la Directiva. La Directiva únicamente permite eximir del impuesto especial, de cumplirse los requisitos exigidos, la fabricación por particulares de cerveza, vino u otras bebidas fermentadas tranquilas o espumosas.

      (1)  Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO L 316, p. 21).

      (2)  Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO L 316, p. 29).


title: Asunto T-132/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 2005 — Casini/Comisión («Funcionarios de la Comisión — Promoción — Ejercicio 2002 — No inclusión en la lista de funcionarios promovidos al grado A6 — Obligación de motivación — Examen comparativo de los méritos — Error manifiesto de apreciación — Valor probatorio de las declaraciones posteriores de los miembros del servicio de personal — Recurso de anulación — Recurso de indemnización»)

text:
               12.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/20

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 2005 — Casini/Comisión
   (Asunto T-132/03) (1)

   («Funcionarios de la Comisión - Promoción - Ejercicio 2002 - No inclusión en la lista de funcionarios promovidos al grado A6 - Obligación de motivación - Examen comparativo de los méritos - Error manifiesto de apreciación - Valor probatorio de las declaraciones posteriores de los miembros del servicio de personal - Recurso de anulación - Recurso de indemnización»)
   (2005/C 281/37)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Paola Casini (Bruselas, Bélgica) (representante: G. Vandersanden, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Joris, agente, asistido por D. Waelbroek, abogado)
   Objeto
   Por una parte, una pretensión de anulación de la decisión de la Comisión de no promover a la demandante al grado A6 en virtud del ejercicio de promoción 2002 y, por otra parte, una pretensión de indemnización del perjuicio material y moral padecido.
   Fallo

               1)

               Anular la decisión de la Comisión, de 14 de agosto de 2002, de no promover a la demandante al grado A6 en virtud del ejercicio de promoción 2002.

               2)

               Condenar a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de 2 000 euros en concepto de reparación del perjuicio moral padecido.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               Condenar en costas a la demandada.

      (1)  DO C 146, de 21.6.2003.


title: Asunto C-156/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 21 de marzo de 2007 — Salvatore Aiello y otros/Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico — scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA

text:
               23.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 140/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 21 de marzo de 2007 — Salvatore Aiello y otros/Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico — scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA
   (Asunto C-156/07)
   (2007/C 140/15)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Consiglio di Stato
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Salvatore Aiello y otros

      Recurrida: Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico — scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 2 de la Directiva 85/337, (1) al disponer que se sometan a una evaluación del impacto medioambiental los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente y que dichos proyectos se definen en el artículo 4, ¿ha de interpretarse en el sentido de que cualquier proyecto que tenga efectos significativos en el medio ambiente debe someterse a una evaluación del impacto medioambiental, aun cuando no se incluya en los anexos I o II de la Directiva, o en el distinto sentido de que han de someterse a una evaluación del impacto medioambiental únicamente los proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva?

               2)

               El artículo 4 de la Directiva 85/337, al conceder a los Estados miembros la posibilidad de establecer la evaluación del impacto medioambiental para los proyectos del anexo II, mediante una valoración caso por caso o mediante criterios preestablecidos, teniendo en cuenta asimismo los criterios del anexo III de la Directiva, ¿establece una obligación precisa o sólo la facultad de que los Estados miembros tengan en cuenta todos los criterios del anexo III?

               3)

               ¿El artículo 1 del Decreto del Presidente de la República de 12 de abril de 1996 constituye una adaptación correcta, por el legislador italiano, del Derecho interno al artículo 4 de la Directiva 85/337 y de su anexo III, al no haber previsto, como criterio para someter los proyectos del anexo II de la Directiva a una evaluación del impacto medioambiental, el criterio de la acumulación del proyecto con otros proyectos, previsto en el anexo III de la Directiva?

      (1)  DO L 175, p. 40.


title: Asunto C-508/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de mayo de 2013 — ENI SpA/Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del caucho de butadieno y del caucho de estireno-butadieno fabricado mediante polimerización en emulsión — Imputabilidad del comportamiento infractor de las filiales a sus sociedades matrices — Presunción de ejercicio efectivo de una influencia determinante — Obligación de motivación — Gravedad de la infracción — Factor multiplicador de carácter disuasorio — Repercusiones concretas en el mercado — Circunstancias agravantes — Reincidencia)

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de mayo de 2013 — ENI SpA/Comisión Europea
   (Asunto C-508/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado del caucho de butadieno y del caucho de estireno-butadieno fabricado mediante polimerización en emulsión - Imputabilidad del comportamiento infractor de las filiales a sus sociedades matrices - Presunción de ejercicio efectivo de una influencia determinante - Obligación de motivación - Gravedad de la infracción - Factor multiplicador de carácter disuasorio - Repercusiones concretas en el mercado - Circunstancias agravantes - Reincidencia)
   2013/C 225/17
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: ENI SpA (representantes: G.M. Roberti e I. Perego, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, G. Conte y L. Malferrati, agents)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera), por la que dicho Tribunal desestimó parcialmente el recurso por el que se solicita la anulación, en lo que respecta a Eni SpA, de la Decisión C(2006) 5700 final de la Comisión, de 29 de noviembre de 2006, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 81 CE y 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.638 — Caucho de butadieno y caucho de estireno-butadieno fabricado mediante polimerización en emulsión), o, con carácter subsidiario, la anulación o reducción de la multa impuesta a ENI — Prueba de la infracción — Imputabilidad del comportamiento infractor — Falta de motivación.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación y la adhesión a la casación.

               2)

               Condenar a Eni SpA a cargar con las costas del recurso de casación.

               3)

               Condenar a la Comisión Europea a cargar con las costas de la adhesión a la casación.

      (1)  DO C 340, de 19.11.2011.


title: Asunto C-90/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 21 de febrero de 2017 — Turbogás — Produtora Energética, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

text:
               8.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/31

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 21 de febrero de 2017 — Turbogás — Produtora Energética, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira
   (Asunto C-90/17)
   (2017/C 144/40)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Turbogás — Produtora Energética, S.A.

      Demandada: Autoridade Tributária e Aduaneira

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En los términos y a efectos del párrafo tercero del artículo 21, apartado 5, de la Directiva n.o 2003/96/CE, (1) las entidades que produzcan electricidad para su propio uso, ¿deberán ser pequeños productores para ser […] consideradas distribuidores, y quedar sujetas al impuesto con arreglo al párrafo primero del mismo artículo 21, apartado 5, de la Directiva, quedando las restantes entidades (las que no sean pequeños productores) que produzcan electricidad para su propio uso excluidas de aquella cualidad de distribuidor, o deberán ser consideradas distribuidores, y quedar sujetas al impuesto conforme al párrafo primero del mismo artículo 21, apartado 5, de la Directiva, todas las entidades que produzcan electricidad para su propio uso (independientemente de la respectiva dimensión y de que la ejerzan como actividad económica principal o accesoria) y no quedar así exentas, en tanto que pequeños productores, en virtud de la segunda parte del párrafo tercero del citado artículo 21, apartado 5, de la Directiva?

               2)

               En particular, ¿puede una entidad como la controvertida en el caso de autos, que es una gran productora de electricidad y que llega a producir cerca del 9 % de la energía a nivel nacional, para la venta de la misma a la red nacional, ser considerada una «entidad que produzca electricidad para su propio uso» en el sentido del artículo 21, apartado 5, de la Directiva n.o 2003/96/CE, cuando sólo una pequeña parte de la electricidad que produce es consumida en la propia producción de nueva electricidad, como parte integrante de su proceso productivo?

      (1)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO 2003, L 283, p. 51).


title: Asunto C-107/01: Recurso interpuesto el 6 de marzo de 2001 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Gran Ducado de Luxemburgo

text:
21.4.2001                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 118/21
Motivos y principales alegaciones                                          3)    En caso de que deba responderse afirmativamente a la
                                                                                primera cuestión y negativamente a la segunda cuestión,
                                                                                ¿deben calificarse de medidas provisionales o cautelares
En opinión de la Comisión, el concepto de «fuerzas armadas o
                                                                                en el sentido del artı́culo 24 del Convenio de Bruselas las
fuerzas de orden público», a cuyos equipos de protección no
                                                                                medidas solicitadas en este procedimiento sobre medidas
es aplicable la Directiva en virtud de lo dispuesto en el
                                                                                provisionales?
artı́culo 1, apartado 4, segundo guión y en el Anexo I, es un
concepto del Derecho comunitario y no puede definirse a
partir de una remisión a la legislación de los Estados miembros.
Aun cuando en un Estado miembro estén subordinados al
Ministro de Defensa o, como ocurre en Alemania, a una
autoridad del Land, los bomberos no forman parte de las
«fuerzas armadas o fuerzas de orden público» en el sentido de
la Directiva.                                                              Recurso interpuesto el 6 de marzo de 2001 por la
                                                                           Comisión de las Comunidades Europeas contra el Gran
                                                                                Ducado de Luxemburgo
(1) DO L 399, de 30.12.1989, p. 18.
                                                                                (Asunto C-107/01)
                                                                                (2001/C 118/35)
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                           presentado el 6 de marzo de 2001 un recurso contra el Gran
                                                                           Ducado de Luxemburgo, formulado por la Comisión de las
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-               Comunidades Europeas, representada por la Sra. M. Wolfca-
lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 2 de                       rius, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxem-
marzo de 2001, en el asunto entre A.T. van der Plas y                      burgo.
                                W.H. Guis
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                           (Asunto C-105/01)
                                                                           —     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
                                                                                plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
                            (2001/C 118/34)                                      Directiva 98/76/CE del Consejo, de 1 de octubre de 1998,
                                                                                por la que se modifica la Directiva 96/26/CE relativa al
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                        acceso a la profesión de transportista de mercancı́as y de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                    transportista de viajeros por carretera, ası́ como al
resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dictada el 2 de                       reconocimiento recı́proco de los diplomas, certificados y
marzo de 2001, en el asunto entre A.T. van der Plas y                            otros tı́tulos destinados a favorecer el ejercicio de la
W.H. Guis, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia                 libertad de establecimiento de estos transportistas en el
el 5 de marzo de 2001. El Hoge Raad der Nederlanden solicita                     sector de los transportes nacionales e internacionales (1),
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes                    al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
cuestiones:                                                                      administrativas necesarias para adaptar su Derecho
                                                                                interno a dicha Directiva o, en todo caso, al no comunicar
1)     ¿Debe interpretarse el artı́culo 16, inicio y punto 2, del                dichas disposiciones a la Comisión.
       Convenio de Bruselas, en el sentido de que las pretensio-
       nes expuestas en el apartado 1, letras a) a e) —formuladas          —     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
       frente a un director, residente en los Paı́ses Bajos, de una
       sociedad domiciliada en los Paı́ses Bajos titular de las
       participaciones de una sociedad domiciliada en Francia y            Motivos y principales alegaciones
       cuya finalidad es obtener la colaboración de éste para
       convocar una asamblea general y para ejecutar determina-            El carácter obligatorio de las disposiciones de los artı́-
       dos acuerdos de la sociedad domiciliada en Francia—                 culos 10 CE, apartado 1, y 249 CE, apartado 3, impone a los
       están relacionadas con lo que se define en la citada               Estados miembros tomar las medidas necesarias para adaptar
       disposición del Convenio, entendiéndose que debe consi-            su ordenamiento jurı́dico interno a las Directivas que les son
       derarse al tribunal francés exclusivamente competente               dirigidas antes de expirar el plazo señalado para hacerlo. El
       para conocer de dichas pretensiones?                                plazo fijado en el artı́culo 2, apartado 1, de la Directiva
                                                                           98/76/CE expiró el 1 de octubre de 1999 sin que el Gran
2)     En caso de que deba responderse afirmativamente a la                Ducado de Luxemburgo hubiese adoptado las medidas necesa-
       primera cuestión, la competencia de un tribunal basada             rias.
       en el artı́culo 6, inicio y punto 2, del Convenio de Bruselas,
       ¿excluye que un tribunal de otro Estado contratante sea             (1) DO L 227, p. 17.
       competente con base en el artı́culo 24 del Convenio
       de Bruselas para adoptar las medidas provisionales o
       cautelares previstas por la Ley?