title: Asunto T-353/03: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2003 por Inge-Lise Nielsen contra Consejo de la Unión Europea

text:
C 7/38                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          10.1.2004
Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2003 contra la                    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
Comisión de las Comunidades Europeas por Giorgio                          que:
                              Lebedef
                                                                          —     Anule la decisión del Secretario General adjunto del
                       (Asunto T-352/03)                                        Consejo de 29 de noviembre de 2002 de no incluir su
                                                                                nombre en la lista de funcionarios promovidos al grado
                          (2004/C 7/69)                                         C2 durante el ejercicio de promoción 2002.
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          —     Condene en costas a la parte demandada.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 15 de octubre de 2003 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    Motivos y principales alegaciones
formulado por el Sr. Giorgio Lebedef, con domicilio en
Senningerberg (Luxemburgo), representado por Mes Gilles
Bounéou y Fréderic Frabetti, abogados, que designa domicilio              En apoyo de su recurso, la demandante invoca la infracción
en Luxemburgo.                                                            del artículo 45 del Estatuto, en la medida en que la demandada
                                                                          incurrió en un error manifiesto de apreciación al proceder a
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia             un examen comparativo de méritos sin tener en cuenta las
que:                                                                      diferencias de calificaciones entre los distintos servicios de la
                                                                          institución.
—    Conceda al demandante una indemnización por daños y
     perjuicios por un importe de 5 000 euros como repara-
     ción del perjuicio moral sufrido por el retraso en la
     elaboración definitiva (incorporación extemporánea a
     su expediente personal) de su informe de calificación
     correspondiente al período 1999-2001.
—    Resuelva sobre los gastos, costas y honorarios y condene
     a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de                 Recurso interpuesto el 20 de octubre de 2003 contra el
     los mismos.                                                                  Parlamento Europeo por Gemma Reggimenti
Motivos y principales alegaciones                                                                (Asunto T-354/03)
En apoyo de su recurso, el demandante invoca la infracción de                                       (2004/C 7/71)
las disposiciones generales de aplicación del artículo 43 del
Estatuto, la violación del principio de buena administración y
el incumplimiento del deber de asistencia y protección. El                                 (Lengua de procedimiento: francés)
demandante afirma haber sufrido un perjuicio moral por este
motivo y sostiene, además, que se trata de un acoso moral
encaminado a obstaculizar la libertad sindical.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 20 de octubre de 2003 un
                                                                          recurso contra el Parlamento Europeo, formulado por Gemma
                                                                          Reggimenti, con domicilio en Woluwé-Saint-Lambert (Bélgica),
Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2003 por Inge-                    representada por la Sra. Claudine Junion, abogado, que designa
     Lise Nielsen contra Consejo de la Unión Europea                      domicilio en Luxemburgo.
                       (Asunto T-353/03)
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                          (2004/C 7/70)
                                                                          —     Anule la Decisión del Parlamento Europeo de 17 de julio
                 (Lengua de procedimiento: francés)                             de 2003 en la medida en que deniega a la demandante el
                                                                                pago de los gastos de viaje a partir del 6 de agosto de
                                                                                1999.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 14 de octubre de 2003 un
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por               —     Condene al Parlamento Europeo a pagar a la demandante
Inge-Lise Nielsen, con domicilio en Villers-la-Ville (Bélgica),                 los gastos de viaje de su hija a partir del 6 de agosto de
representada por los Sres. Sébastien Orlandi, Albert Coolen,                    1999.
Jean-Nöel Louis y Etienne Marchal, Abogados, que designa
domicilio en Luxemburgo.                                                  —     Condene en costas al Parlamento Europeo.


title: Asunto C-64/07: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda

text:
               22.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/32

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda
   (Asunto C-64/07) (1)

   (2007/C 315/58)

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 69 de 24.3.2007.


title: Asunto C-352/09 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de septiembre de 2009 por ThyssenKrupp Nirosta AG, anteriormente ThyssenKrupp Stainless AG contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) dictada el 1 de julio de 2009 en el asunto T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/27

         Recurso de casación interpuesto el 2 de septiembre de 2009 por ThyssenKrupp Nirosta AG, anteriormente ThyssenKrupp Stainless AG contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) dictada el 1 de julio de 2009 en el asunto T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-352/09 P)
   2009/C 282/47
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: ThyssenKrupp Nirosta AG, anteriormente ThyssenKrupp Stainless AG (representantes: M. Klusmann y S. Thomas, Rechtsanwälte)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule en su totalidad la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) de 1 de julio de 2009 en el asunto T-24/07 (ThyssenKrupp Stainless AG/Comisión).

               —

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie de nuevo.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, que se reduzca en la proporción adecuada la multa impuesta a la demandante en el artículo 2 de la Decisión de la demandada que se impugna, de 20 de diciembre de 2006.

               —

               Que se condene en costas a la parte recurrida.

      Motivos y principales alegaciones

   El objeto del presente recurso de casación es la sentencia del Tribunal de Primera Instancia por la que se desestimó el recurso de anulación interpuesto por la parte recurrente contra la Decisión de la Comisión (en lo sucesivo, «parte recurrida») de 20 de diciembre de 2006 relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 CA. El presente procedimiento se refiere a una práctica colusoria en el mercado de los productos de acero inoxidable que, según las constataciones de la parte recurrida, finalizó en enero de 1998. La infracción estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 65 CA.
   La parte recurrente fundamenta su recurso de casación en cinco motivos:
   Mediante su primer motivo, la recurrente alega la violación del principio nulla poena sine lege, y la infracción del artículo 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 y de los artículos 5, 7, apartado 1, y 83 CE, así como una violación de la soberanía de los Estados firmantes del Tratado CECA, por cuanto el Tribunal de Primera Instancia confirmó el fundamento jurídico invocado por la parte recurrida en casación, consistente en el artículo 65 CA, apartado 1, en relación con el artículo 23 del Reglamento no 1/2003. Según la recurrente, el artículo 65 CA, apartado 1, no constituye, desde la expiración del Tratado CA, una norma sancionadora válida. Por lo tanto, la parte recurrida actuó sine lege. La recurrente añade que una multa tampoco puede basarse en el artículo 23 del Reglamento 1/2003. Dicha norma únicamente permite, con arreglo al sistema de competencias del Tratado, sancionar las infracciones de normas del Derecho de la CE, no del Derecho de la CECA.
   Mediante su segundo motivo, la recurrente critica la infracción de los principios de res iudicata y nulla poena sine lege, así como una errónea aplicación del artículo 23 del Reglamento 1/2003, por cuanto el Tribunal de Primera Instancia confirmó la tesis de la parte recurrida, según la cual la parte recurrente puede ser declarada responsable de la infracción cometida por Thyssen Stahl AG en lugar de ésta. Según la recurrente, Thyssen Stahl AG subsiste como empresa solvente, por lo que la parte recurrida pudo haberse dirigido contra ella. Señala que así lo declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia del año 2005 en los asuntos conexos C-65/02 P y C-73/02 P, con respecto a la Decisión inicial de la parte recurrida, de 1998. Aun cuando el Tribunal de Justicia hubiese partido en su sentencia de la existencia una transmisión material de responsabilidad a la parte recurrente, no surtiría efectos de cosa juzgada en el presente procedimiento, puesto que éste se basa en una nueva Decisión de la demandada. La recurrente señala, además, que en ningún caso podría responder por Thyssen Stahl AG como consecuencia de su declaración, con la que únicamente puso de manifiesto, con carácter declarativo, una transmisión de responsabilidad en el orden civil, puesto que una declaración emitida por una empresa en ningún caso puede conducir a una transmisión de la obligación de pago de una multa.
   Mediante su tercer motivo, la recurrente alega la violación del principio de precisión. La base sancionadora afirmada por el Tribunal de Primera Instancia, constituida por el artículo 23 del Reglamento 1/2003, no permite determinar con la suficiente claridad y de forma inequívoca si se refiere a las infracciones del artículo 65 CA, apartado 1. Además, según ella, el concepto, admitido por la parte recurrida y por el Tribunal de Primera Instancia, de la «transmisión de responsabilidad en virtud de una declaración» no está legalmente definido, ni en cuanto a sus requisitos de aplicación ni en cuanto a sus consecuencias jurídicas, con la suficiente claridad y de forma inequívoca.
   Mediante su cuarto motivo, la recurrente alega la infracción de las reglas que rigen la prescripción. Puesto que la recurrente debería exclusivamente cargar con las consecuencias de la multa por una infracción de la que se hizo inicialmente responsable Thyssen Stahl AG, debería también aplicársele la prescripción a que puede acogerse Thyssen Stahl AG. Toda vez que ésta no interpuso ningún recurso contra la Decisión inicial de la parte recurrida, la prescripción no se ha interrumpido con respecto a ella. Por lo tanto, según la recurrente, la prescripción se ha cumplido entretanto, de forma que también queda excluida una responsabilidad indirecta de la recurrente por Thyssen Stahl AG.
   El quinto motivo de casación se refiere a una infracción de los principios aplicables al cálculo de las multas. La recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia excluyó, contrariamente a Derecho, una reducción de la multa, pese a que ella expuso indiscutiblemente la totalidad de los hechos que la Comisión consideró constitutivos de una infracción del artículo 65 CA, apartado 1. Según la recurrente, no debería habérsele denegado una bonificación por esta cooperación con el argumento de que se opuso a la aplicación del artículo 65 CA, apartado 1, por motivos jurídicos e igualmente por motivos jurídicos rechaza que la responsabilidad de Thyssen Stahl AG se le transmita a ella. El hecho de que se alegue la improcedencia de determinadas apreciaciones jurídicas no disminuye el valor de la cooperación, puesto que las cuestiones jurídicas siempre deben examinarse de oficio y los poderes públicos nunca –con independencia, por tanto, de lo que admitan las partes– pueden adoptar decisiones contrarias a la ley.


title: Asunto T-14/10: Recurso interpuesto el 18 de enero de 2010 — CheckMobile/OAMI (carcheck)

text:
               27.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/35

         Recurso interpuesto el 18 de enero de 2010 — CheckMobile/OAMI (carcheck)
   (Asunto T-14/10)
   2010/C 80/59
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: CheckMobile GmbH — The Process Solution Company (Hamburgo, Alemania) (representante: K. Lodigkeit, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 18 de noviembre de 2009 (recurso R 595/2009-4), en la medida en que deniega la solicitud de registro de la marca «carcheck» con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94.

               —

               Que se condene al pago de las costas del procedimiento a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «carcheck» para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 y 45 (solicitud no7 368 681)

      Resolución del examinador: Denegación parcial de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación parcial de la resolución del examinador

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94, (1) ya que la Sala de Recurso atribuyó un alcance excesivamente amplio al motivo de denegación absoluto consistente en el carácter exclusivamente descriptivo de los signos de que esté compuesta una marca.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, pp. 1 a 36).


title: Asunto T-395/11: Auto del Tribunal General de 4 de junio de 2012 — Elti/Delegación de la Unión Europea en Montenegro ( «Recurso de anulación — Contratos públicos de suministro — Procedimiento de licitación — Digitalización del servicio público de radiodifusión de Montenegro — Decisión de adjudicación del contrato adoptada por la Delegación de la Unión en Montenegro — Falta de legitimación pasiva — Inadmisibilidad» )

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/21

         Auto del Tribunal General de 4 de junio de 2012 — Elti/Delegación de la Unión Europea en Montenegro
   (Asunto T-395/11) (1)

   (Recurso de anulación - Contratos públicos de suministro - Procedimiento de licitación - Digitalización del servicio público de radiodifusión de Montenegro - Decisión de adjudicación del contrato adoptada por la Delegación de la Unión en Montenegro - Falta de legitimación pasiva - Inadmisibilidad)
   2012/C 227/35
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Elti d.o.o. (Gornja Radgona, Eslovenia) (representante: N. Zidar Klemenčič, abogada)

      Demandada: Delegación de la Unión Europea en Montenegro (representantes: inicialmente N. Bertolini, agente, posteriormente J. Stuyck y A.-M. Vandromme, abogados)

      Objeto

   Con carácter principal, pretensión de anulación de la Decisión del Jefe de la Delegación de la Unión en Montenegro, de 21 de marzo de 2011, por la que se rechazaba la oferta de la demandante para el contrato de suministro de equipos destinados a la digitalización del servicio público de radiodifusión de Montenegro y por la que, correlativamente, se adjudicaba dicho contrato a otra sociedad y, con carácter subsidiario, pretensión de indemnización.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Elti d.o.o., incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

      (1)  DO C 282, de 24.9.2011.


title: Asunto C-374/07 P: Auto del Tribunal de Justicia de 20 de enero de 2009 — Mebrom NV/Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Responsabilidad extracontractual de la Comisión — Perjuicio cierto y real — Desnaturalización de los hechos y de las pruebas — Carga de la prueba)

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/20

         Auto del Tribunal de Justicia de 20 de enero de 2009 — Mebrom NV/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-374/07 P) (1)

   (Recurso de casación - Responsabilidad extracontractual de la Comisión - Perjuicio cierto y real - Desnaturalización de los hechos y de las pruebas - Carga de la prueba)
   2009/C 141/35
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Mebrom NV (representantes: K. Van Maldegem y C. Mereu, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: X. Lewis, agente)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) el 22 de mayo de 2007 en el asunto T-198/05, Mebrom/Comisión, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó por infundado un recurso, que tenía por objeto la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por la demandante por el hecho de no haber establecido la Comisión un sistema que le autorizara a importar en la Unión Europea en enero y en febrero de 2005 bromuro de metilo, de conformidad con los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DO L 244, p. 1).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Mebrom NV.

      (1)  DO C 247, de 20.10.2007.


title: Asunto T-370/05: Recurso interpuesto el  30 de septiembre de 2005  — Francia/Comisión

text:
               10.12.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/16

         Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2005 — Francia/Comisión
   (Asunto T-370/05)
   (2005/C 315/30)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: República Francesa (Paris, Francia) (representantes: G. de Bergues y A. Colomb, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión C(2005) 2756 final, de 20 de julio de 2005, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), en la medida en que excluye de la financiación comunitaria la suma de 13 519 122,05 euros, en concepto de corrección de la determinación de las superficies por las que podía solicitarse la ayuda a la reestructuración y a la reconversión de viñedos correspondiente al ejercicio 2001-2003;

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones:
   Mediante la decisión impugnada que es objeto del presente litigo, la Comisión decidió una liquidación de cuentas de la demandante en el sector vitícola de un importe correspondiente al importe de excluir de la financiación comunitaria debido a, por una parte, una corrección por sobrepasar los derechos de nueva plantación y, por otra parte, una corrección aplicada por la Comisión entre las superficies declaradas por Francia para solicitar la ayuda a la reconversión/reestructuración y las superficies que la Comisión consideró que podían solicitar tales ayudas, para las campañas 2000-2001 y 2001-2002. La parte demandante sólo discute la segunda parte de la decisión de que se trata, relativa a la corrección por diferencias de superficie.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca dos motivos. Mediante el primero, la demandante alega que la Comisión aplicó erróneamente el artículo 7, apartado 4, del Reglamento 1258/99 (1) dado que no probó la existencia de una violación de las normas comunitarias por el Gobierno francés al calcular la ayuda a la reestructuración y a la reconversión de viñedos, ni la existencia de un perjuicio para el presupuesto comunitario por el método de cálculo utilizado por el Gobierno francés.
   El segundo motivo alegado por la demandante se basa en una insuficiencia de motivación, en cuanto la decisión impugnada no explica las normas que la Comisión consideraba aplicables a las superficies no plantadas, que podían tenerse en cuenta al calcular la ayuda ni justificaba claramente la aplicación de una corrección financiera de un 10 % a los importes de las ayudas a la reestructuración y a la reconversión de viñedos.

      (1)  Reglamento CE de 17 de mayo de 1999 sobre la financiación de la política agrícola común, DOCE L 160 de 26/06/1999, p. 103–112.


title: Asunto T-716/15: Sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016 — Gallardo Blanco/EUIPO — Expasa Agricultura y Ganadería (Representación de un bocado de caballo en forma de «h») [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión constituida por la representación de un bocado de caballo en forma de “h” — Marcas de la Unión y española figurativas anteriores — Motivo de denegación relativo — Uso efectivo de las marcas anteriores — Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009»]

text:
               6.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/33

         Sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016 — Gallardo Blanco/EUIPO — Expasa Agricultura y Ganadería (Representación de un bocado de caballo en forma de «h»)
   (Asunto T-716/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión constituida por la representación de un bocado de caballo en forma de “h” - Marcas de la Unión y española figurativas anteriores - Motivo de denegación relativo - Uso efectivo de las marcas anteriores - Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009»])
   (2017/C 038/45)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Juan Gallardo Blanco (Los Barrios, Cádiz) (representante: E. Estella Garbayo, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: S. Palmero Cabezas, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Expasa Agricultura y Ganadería, S.A. (Jerez de la Frontera, Cádiz) (representante: A. Bosch Döffert, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de septiembre de 2015 (asunto R 1502/2014-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Expasa Agricultura y Ganadería y el Sr. Juan Gallardo Blanco.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Juan Gallardo Blanco.

      (1)  DO C 59 de 15.2.2016.


title: Asunto T-335/15: Recurso interpuesto el 23 de junio de 2015 — Universal Protein Supplements/OAMI (Representación de la figura de un culturista)

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/45

         Recurso interpuesto el 23 de junio de 2015 — Universal Protein Supplements/OAMI (Representación de la figura de un culturista)
   (Asunto T-335/15)
   (2015/C 279/56)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Universal Protein Supplements (New Brunswick, Estados Unidos) (representante: S. amalynicz, Barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Marca figurativa que representa a un culturista — Solicitud de registro no 13 060 991

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 6 de marzo de 2015 en el asunto R 2958/2014-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto F-12/08: Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2008 — Nardin/Parlamento

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/50

         Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2008 — Nardin/Parlamento
   (Asunto F-12/08)
   (2008/C 171/99)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Thierry Nardin (Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo) (representante: V. Wiot, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo
   Objeto y descripción del litigio
   Por un lado, que se anule la decisión del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2007, por la que se fijaron los derechos que correspondían al demandante en el momento de su incorporación al servicio, en la medida en que no se le reconoció la indemnización por expatriación, y, por otro lado, que se condene a la parte demandada a abonar al demandante la indemnización por expatriación y los intereses de demora, así como a reparar el daño moral sufrido por éste.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2007, por la que se fijaron los derechos que correspondían al demandante en el momento de su incorporación al servicio, en la medida en que no se le reconoció la indemnización por expatriación.

               —

               Que se condene al Parlamento Europeo a pagar al demandante la indemnización por expatriación, consistente en una cantidad mensual equivalente al 16 % del total del sueldo de base y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijo a cargo, cantidades que habrán de abonarse al demandante por todos los meses posteriores al mes de abril de 2007 y hasta la liquidación.

               —

               Que se incluyan en dicha condena los intereses de demora al tipo del 8 % anual, computados a partir de las respectivas fechas de vencimiento y hasta la liquidación.

               —

               Que se condene al Parlamento Europeo a pagar al demandante la cantidad de 10 000 euros en concepto de reparación del daño moral sufrido, o cualquier otra cantidad, incluso superior, que el Tribunal considere pertinente.

               —

               Que se condene en costas al Parlamento Europeo.


title: Asunto F-62/13: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 19 de marzo de 2015 — Marcuccio/Comisión (Exclusión del procedimiento del representante de una parte — No designación de un nuevo representante — Demandante que dejó de responder a los requerimientos del Tribunal de la Función Pública — Sobreseimiento)

text:
               4.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 146/47

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 19 de marzo de 2015 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto F-62/13) (1)

   ((Exclusión del procedimiento del representante de una parte - No designación de un nuevo representante - Demandante que dejó de responder a los requerimientos del Tribunal de la Función Pública - Sobreseimiento))
   (2015/C 146/64)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: A., abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representante: C. Berardis-Kayser y G. Gattinara, agentes)

      Objeto

   Petición de anulación de la decisión de proceder a una retención de 500 euros y a cinco retenciones de 504,67 euros en concepto de asignación por invalidez del demandante, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2012, respectivamente.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso F-62/13, Marcuccio/Comisión.

               2)

               El Sr. Marcuccio cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 352, de 30.11.2013, p. 26.


title: Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1998 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-457/98)

text:
C 71/4                    ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   13.3.1999
Ð Error en la apreciación de los hechos.                                 contra la RepuÂblica HeleÂnica formulado por la Comisión
                                                                         de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.
(1) Reglamento (CEE) no 2950/83 del Consejo, de 17 de octubre            Dimitrios Gouloussis, Consejero Jurídico de la Comisión,
    de 1983, sobre la aplicación de la Decisión 83/516/CEE refe-         y el Sr. Antonio Aresu, miembro de su Servicio Jurídico,
    rente a las funciones del Fondo Social Europeo (DO L 289 de          que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
    22.10.1983, p. 1; EE 05/04, p. 22).                                  del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de dicho Servi-
(2) Rec., p. II-45.
                                                                         cio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Tampereen käräjäoikeus, de fecha 31 de marzo
de 1998, en el asunto entre Suomen valtio/Tullihalitus y                 Ð Declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las
                      Kaupo Salumets y otros                                  obligaciones que le incumben en virtud del Tratado
                                                                              CE al no haber adoptado y, por consiguiente, al no
                         (Asunto C-455/98)
                                                                              haber comunicado a la Comisión dentro del plazo
                           (1999/C 71/06)                                     senÄalado las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                              administrativas necesarias para atenerse totalmente a
Al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas le ha                      la Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre
sido sometida una petición de decisión prejudicial                            de 1996, por la que se modifica la Directiva
mediante resolución del Tampereen käräjäoikeus, dictada                       86/378/CEE relativa a la aplicación del principio de
el 31 de marzo de 1998, en el asunto entre Suomen                             igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regí-
valtio/Tullihallitus (Administración de aduanas) y Kaupo                      menes profesionales de Seguridad Social (1).
Salumets y otros, y recibida en la Secretaría del Tribunal
de Justicia el 14 de diciembre de 1998.
                                                                         Ð Condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.
El Tampereen käräjäoikeus solicita al Tribunal de Justicia
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
¿Deben interpretarse la Directiva 92/12/CEE del Consejo,                 Motivos y principales alegaciones
de 25 de febrero de 1992 (1), la Directiva 92/83/CEE del
Consejo, de 19 de octubre de 1992 (2), y la Directiva
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (3), todas                 El caraÂcter imperativo de lo dispuesto en el paÂrrafo tercero
ellas en materia fiscal, y el Reglamento (CEE) no 2913/92                del artículo 189 y en el artículo 5 del Tratado CE impone
del Consejo, de 12 de octubre de 1992 (4), en el sentido de              a los Estados miembros la obligación de adoptar las medi-
que las disposiciones relativas a la sujeción al impuesto y              das necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico
a los derechos de aduana se aplican al contrabando de                    interno a las Directivas antes de la expiración del plazo
aguardiente?                                                             fijado al efecto y la obligación de comunicar inmediata-
                                                                         mente tales medidas a la Comisión. En el presente caso, el
                                                                         plazo finalizó el 1 de julio de 1997 sin que la RepuÂblica
(1) Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992,
    relativa al reÂgimen general, tenencia, circulación y controles de   HeleÂnica haya comunicado a la Comisión las disposiciones
    los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76 de             de adaptación del ordenamiento jurídico nacional a la
    23.3.1992, p. 1).                                                    citada Directiva.
(2) Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992,
    relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos
    especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO L 316      (1) DO L 46 de 17.2.1997.
    de 31.10.1992, p. 21).
(3) Directiva 77/388/CEE: Sexta Directiva del Consejo, de 17 de
    mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones
    de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
    volumen de negocios Ð Sistema comuÂn del Impuesto sobre el
    Valor AnÄadido: base imponible uniforme (DO L 145 de
    13.6.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54).
(4) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
    de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunita-          lución del Verwaltungsgerichtshof, Viena (Austria), de
    rio (DO L 302 de 19.10.1992, p. 1).                                  fecha 26 de noviembre de 1998, en los recursos contencio-
                                                                         so-administrativos entre Sutterlüty Gesellschaft m.b.H. &
                                                                         Co y Vorarlberger Landesregierung, partes coadyuvantes:
                                                                         Stadt Dornbirn, Gemeinde Bludesch, Marktgemeinde
                                                                                Rankweil y Gemeinde Lochau
Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1998 contra la
RepuÂblica HeleÂnica por la Comisión de las Comunidades                                       (Asunto C-460/98)
                              Europeas                                                          (1999/C 71/08)
                         (Asunto C-457/98)
                           (1999/C 71/07)
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                sido sometida una petición de decisión prejudicial
ha presentado el 15 de diciembre de 1998 un recurso                      mediante resolución del Verwaltungsgerichtshof, Viena


title: Asunto C-590/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Winsen (Luhe) — Alemania) — Andrea Merten/ERGO Lebensversicherung AG

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/22

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Winsen (Luhe) — Alemania) — Andrea Merten/ERGO Lebensversicherung AG
   (Asunto C-590/12) (1)

   2014/C 184/32
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 46, de 16.2.2013.


title: Asunto C-284/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour du travail de Bruxelles (Bélgica) el 10 de junio de 2015 — Office national de l’emploi (ONEm), M/M, Office national de l’emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour du travail de Bruxelles (Bélgica) el 10 de junio de 2015 — Office national de l’emploi (ONEm), M/M, Office national de l’emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)
   (Asunto C-284/15)
   (2015/C 279/27)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour du travail de Bruxelles

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Office national de l’emploi (ONEm) y M

      Demandadas: M, Office national de l’emploi (ONEm) y Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 67, apartado 3, del Reglamento de la seguridad social no 1408/71 (1), en el sentido de que se opone a que un Estado miembro se niegue a totalizar los períodos de empleo necesarios para que se reconozca el derecho a una prestación por desempleo destinada a complementar los ingresos obtenidos por un trabajo a tiempo parcial, si el desempeño de dicho trabajo no ha venido precedido de ningún período de seguro o de empleo en ese Estado miembro?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿es el artículo 67, apartado 3, del Reglamento de Seguridad Social no 1408/71 compatible, en particular, con:

                           —

                           el artículo 48 TFUE, en la medida en que el requisito al que dicho artículo 67, apartado 3, supedita la totalización de los períodos de empleo puede restringir la libre circulación de los trabajadores y su acceso a determinados empleos a tiempo parcial;

                           —

                           el artículo 45 TFUE, que «supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo» y que prevé el derecho de los trabajadores «de responder a ofertas efectivas de trabajo» (incluso para empleos a tiempo parcial) en los demás Estados miembros, «de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros» y de residir en ellos «con objeto de ejercer en ellos un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales»;

                           —

                           el artículo 15, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que «todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, […] en cualquier Estado miembro»?

      (1)  Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y puesta al día por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998 (DO L 209, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de la seguridad social no 1408/71»).


title: Asunto C-501/07 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de noviembre de 2007 por S.A.B.A.R. SpA contra la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2007 en el asunto T-176/07, S.A.BA.R. SpA/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               9.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/4

         Recurso de casación interpuesto el 19 de noviembre de 2007 por S.A.B.A.R. SpA contra la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2007 en el asunto T-176/07, S.A.BA.R. SpA/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-501/07 P)
   (2008/C 37/05)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Recurrente: S.A.BA.R. SpA (representantes: E. Coffrini y F. Teasuro, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule o reforme en su totalidad la resolución del Tribunal de Primera Instancia objeto del presente recurso de apelación, con las consecuencias legales y jurídicas que procedan.

               —

               Que se admitan las pretensiones expuestas en el recurso de primera instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante la Decisión de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público (1), se declaró que el régimen de exención fiscal del que pueden gozar las sociedades por acciones con participación pública mayoritaria que desarrollen servicios públicos locales en virtud del artículo 3, apartado 70, de la Ley no 549/1995, artículo 66, apartado 14, del D.L. no 331/1993, en su versión revisada y modificada, constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado común. Según la recurrente, la Decisión de la Comisión no se refiere a las sociedades particulares, sino que se amplió a las sociedades constituidas con arreglo al artículo 22 de la Ley no 241/1990, con accionariado mayoritariamente público. Por lo tanto, no fue notificada a ninguna sociedad (tampoco a la recurrente), ya que no tenía destinatarios específicamente determinados. Mediante D.L. no 10, de 15 de febrero de 2007, el Estado italiano ejecutó la mencionada Decisión, asignando la recuperación a las Agenzie delle Entrate. En consecuencia, el 20 de marzo de 2007, la Agenzia delle Entrate di Guastalla envió a la sociedad recurrente varios requerimientos de pago registrados con los nos 3796, de 15 de marzo de 2007, por un importe de 1 912 128,47 euros de capital, más un importe de 2 192 225 euros en concepto de intereses; 3799, de 15 de marzo de 2007, por un importe de 815 406,94 euros de capital, más un importe de 783 529 euros en concepto de intereses; 3800, de 15 de marzo de 2007, por un importe de 439 549,29 euros de capital, más un importe de 712 588 euros en concepto de intereses.
   Sin embargo, la sociedad recurrente no es una sociedad con accionariado mayoritariamente público, sino íntegramente público, de modo que no pueden afectarle «las consideraciones de la Comisión y su Decisión».
   A la recurrente le fueron adjudicados mediante autocontrato o contratación interna (contrato «in house») los servicios públicos locales pertenecientes a los ocho ayuntamientos socios, habiendo sido constituida a este fin de acuerdo con las modalidades previstas en la Ley.
   La sociedad recurrente gestiona los servicios públicos en régimen privado, en un ámbito esencialmente local, de modo que no influye en modo alguno sobre la libre competencia, que no puede existir, puesto que no hay mercado.
   Una sociedad cuyo capital es íntegramente público no es otra cosa que un órgano indirecto de los municipios asociados, que son los verdaderos destinatarios de la ayuda fiscal impugnada por la Comisión.
   Por consiguiente, debido a razones objetivas y subjetivas, la exención fiscal concedida a la recurrente no es clasificable como ayuda de Estado ilegal, contraria a lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado.
   Las razones expuestas llevaron a interponer contra la mencionada Decisión de la Comisión un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, que dio lugar al asunto T-176/07, asignado a la Sala Cuarta, resuelto mediante auto de inadmisibilidad del Tribunal de Primera Instancia de 17 de septiembre de 2007; dicho auto se basó en que no se había respetado el plazo establecido en el artículo 230, apartado 5, del Tratado CE, con arreglo al cual el recurso de anulación debería haberse interpuesto en el plazo de dos meses, según los casos, desde la publicación del acto impugnado, desde su notificación al recurrente o, en su defecto, desde el día en que el recurrente hubiera tenido conocimiento de ello.
   Se considera que este extremo carece de fundamento, a la luz de las sentencias de 17 de septiembre de 1980/730/79) (2); de 14 de noviembre de 1984 (323/82) (3); de 12 de diciembre de 1996 (T-358/94) (4) y, sobre todo, del fallo de la Sala Tercera de 23 de febrero de 2006 en el asunto C-346/03 (5), por lo que se solicita que se reforme mediante la interposición del recurso.
   En efecto, el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia fue interpuesto en cuanto la sociedad recurrente tuvo conocimiento de que se encontraba entre los destinatarios de la Decisión de la Comisión, es decir, cuando recibió la notificación de los requerimientos de pago enviados por la Agenzia delle Entrate.
   Además, se alega que también constituye un motivo de impugnación del auto del Tribunal de Primera Instancia el hecho de que dicho acto haya aplicado incorrectamente el artículo 225 del Tratado.
   Efectivamente, debe considerarse que la petición de anulación de la Decisión de la Comisión está estrechamente relacionada con la petición relativa a la no sujeción a la propia Decisión, motivo por el cual se solicita asimismo la reforma del auto de primera instancia desde el punto de vista de la declarada incompetencia por razón de la materia en relación con el mismo órgano jurisdiccional.

      (1)  DO 2003, L 77, p. 21.

      (2)  Rec. 1980, p. 2671.

      (3)  Rec. 1984, p. 3809.

      (4)  Rec. 1996, p. II-2109.

      (5)  Rec. 2005, p. I-6159.


title: Asunto F-64/10: Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2010 — Mantzouratos/Parlamento

text:
               9.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/33

         Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2010 — Mantzouratos/Parlamento
   (Asunto F-64/10)
   ()
   2010/C 274/51
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Andreas Mantzouratos (Bruselas, Bélgica) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión del Parlamento Europeo de no promover al demandante al grado AD 13 en el ejercicio de promoción de 2009, así como de las decisiones de promover a ese grado a funcionarios que disponen de menos puntos de mérito que el demandante.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del Parlamento Europeo de no promover al demandante al grado AD 13 en el ejercicio de promoción de 2009, así como las decisiones de promover a ese grado a funcionarios con menos puntos de mérito que él.

               —

               Que se condene en costas al Parlamento Europeo.


title: Asunto C-369/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de junio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, London — Reino Unido) — Hutchison 3G UK Ltd, mmO 2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, Vodafone Group Services Ltd/Commissioners of Customs and Excise (Sexta Directiva IVA — Hechos imponibles — Concepto de actividad económica — Artículo 4, apartado 2 — Concesión de licencias que autorizan el uso de una parte definida del espectro de radiofrecuencias reservada a los servicios de telecomunicaciones)

text:
               25.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de junio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, London — Reino Unido) — Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, Vodafone Group Services Ltd/Commissioners of Customs and Excise
   (Asunto C-369/04) (1)

   (Sexta Directiva IVA - Hechos imponibles - Concepto de «actividad económica» - Artículo 4, apartado 2 - Concesión de licencias que autorizan el uso de una parte definida del espectro de radiofrecuencias reservada a los servicios de telecomunicaciones)
   (2007/C 199/05)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   VAT and Duties Tribunal, London
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, Vodafone Group Services Ltd

      Demandada: Commissioners of Customs and Excise
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — VAT and Duties Tribunal, London (Reino Unido) — Interpretación del artículo 4, apartados 1, 2 y 5 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros, relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Concepto de «actividad económica» — Actividades u operaciones desempeñadas por un organismo de Derecho público como autoridad pública — Atribución, mediante adjudicación, de frecuencias a operadores de telefonía móvil
   Fallo
   El artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que la concesión, por la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación de frecuencias, de unas licencias como las de telecomunicaciones móviles de tercera generación, denominadas «UMTS», mediante subasta de los derechos de uso de equipos de telecomunicaciones no constituye una actividad económica en el sentido de esa disposición y, por consiguiente, no se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva.

      (1)  DO C 273 de 6.11.2004.


title: Asunto T-406/04: Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2004 contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por André Bonnet

text:
               4.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/50

         Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2004 contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por André Bonnet
   (Asunto T-406/04)
   (2004/C 300/96)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 4 de octubre de 2004 un recurso contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas formulado por André Bonnet, con domicilio en Saint Pierre de Vassols (Francia), representado por Me Hervé de Lépinau, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule las decisiones de 11 de febrero de 2004, 4 de marzo de 2004 y 2 de julio de 2004, así como la decisión por la que se nombra a otra persona para el puesto que debía cubrir el demandante.

               —

               Declare que la selección de 4 de febrero de 2004 debe producir plenos efectos a partir del 1 de marzo de 2004.

               —

               Condene al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a pagar al demandante la cantidad de 100 000 euros en concepto de indemnización por daño moral, así como la cantidad de 5 000 euros al mes, a partir del 1 de marzo hasta la entrada efectiva en funciones del demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, y en el supuesto de que la resolución del Tribunal de Primera Instancia no haga inevitable la entrada en funciones efectiva del demandante, condene al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a pagar a éste la cantidad total de 260 000 euros más los intereses legales, devengados a partir de la presente demanda.

               —

               En todo caso, condene en costas al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos invocados por el demandante son idénticos a los invocados por el mismo demandante en el asunto T-132/04 (1).

      (1)  DO C 168 de 26.6.2004, p. 7.


title: Asunto C-533/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de mayo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — TNT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG [ «Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales — Reglamento (CE) n ° 44/2001 — Convenios de los Estados miembros relativos a materias particulares — Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR)» ]

text:
               3.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de mayo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — TNT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG
   (Asunto C-533/08) (1)

   («Cooperación judicial en materia civil y mercantil - Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales - Reglamento (CE) no 44/2001 - Convenios de los Estados miembros relativos a materias particulares - Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR)»)
   2010/C 179/10
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: TNT Express Nederland B.V.

      Demandada: AXA Versicherung AG

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Países Bajos) — Interpretación del artículo 71, apartados 1 y 2, letras a) y b), párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil («Bruselas I») (DO L 12, p. 1) — Relación con el Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), firmado el 19 de mayo de 1956 en Ginebra — Litispendencia — Reglas de coexistencia.

      Fallo

               1)

               El artículo 71 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en un asunto como el litigio principal, se aplican las reglas de competencia judicial, de reconocimiento y de ejecución previstas en un convenio relativo a una materia particular, como la regla de la litispendencia establecida en el artículo 31, apartado 2, del Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, firmado en Ginebra el 19 de mayo de 1956, en su versión modificada por el Protocolo firmado en Ginebra el 5 de julio de 1978, y la regla sobre la fuerza ejecutiva recogida en el artículo 31, apartado 3, de dicho Convenio, siempre que presenten un alto grado de previsibilidad, faciliten una buena administración de justicia y permitan reducir al máximo el riesgo de procedimientos paralelos y además garanticen, en condiciones al menos tan favorables como las previstas en el mencionado Reglamento, la libre circulación de las resoluciones en materia civil y mercantil y la confianza recíproca en la justicia en el seno de la Unión (favor executionis).

               2)

               El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para interpretar el artículo 31 del Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, en su versión modificada.

      (1)  DO C 44, de 21.2.2009.


title: Asunto T-255/12: Auto del Tribunal General de 12 de diciembre de 2012 — Vakili/Consejo ( «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán con el fin de impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Retirada de la lista de personas afectadas — Sobreseimiento» )

text:
               16.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/18

         Auto del Tribunal General de 12 de diciembre de 2012 — Vakili/Consejo
   (Asunto T-255/12) (1)

   (Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán con el fin de impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Retirada de la lista de personas afectadas - Sobreseimiento)
   2013/C 46/33
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Bahman Vakili (Teherán, Irán) (representante: J.-M. Thouvenin, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop e I. Rodios, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 71), del Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010 sobre medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 11), y del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1), en la medida en que dichos actos afecten al demandante, así como del escrito del Consejo de fecha 23 de marzo de 2012.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               El Consejo de la Unión Europea cargará, además de con sus propias costas, con las del Sr. Bahman Vakili.

      (1)  DO C 258, de 25.8.2012.


title: Asunto C-174/09: Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

text:
               18.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 167/6

         Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-174/09)
   2009/C 167/10
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Kaduczak y S. Schønberg)

      Demandada: República de Polonia

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado su adopción a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo señalado para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2005/32/CE expiró el 11 de agosto de 2007. En la fecha de presentación del presente recurso, la demandada aún no había adoptado todas las disposiciones necesarias para adaptar el Derecho interno a la Directiva o, en cualquier caso, no las había comunicado a la Comisión.

      (1)  DO L 191, p. 29.


title: Asunto T-619/13 P: Sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2014  — Faita/CESE ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Acoso psicológico — Falta de asistencia y vulneración del deber de protección — Error de Derecho — Derecho de defensa» )

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/51

         Sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2014 — Faita/CESE
   (Asunto T-619/13 P) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Acoso psicológico - Falta de asistencia y vulneración del deber de protección - Error de Derecho - Derecho de defensa»))
   (2015/C 046/65)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Carla Faita (Bruselas, Bélgica) (representantes: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas y J.-N. Louis, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Consejo Económico y Social Europeo (CESE) (representantes: M. Pascua Mateo y L. Camarena Januzec, agentes, asistidos por M. Troncoso Ferrer y F.-M. Hislaire, abogados)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 16 de septiembre de 2013, Faita/CESE (F-92/11, Rec.FP, EU:F:2013:130), mediante el que se solicita la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               La Sra. Carla Faita cargará con sus propias costas y con las del Comité Económico y Social Europeo (CESE).

      (1)  DO C 24, de 25.1.2014.


title: Asunto T-192/13: Recurso interpuesto el 2 de abril de 2013 — Transworld Oil Computer Centrum y otros/Eurojust

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/30

         Recurso interpuesto el 2 de abril de 2013 — Transworld Oil Computer Centrum y otros/Eurojust
   (Asunto T-192/13)
   2013/C 171/57
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandantes: Transworld Oil Computer Centrum BV (Berg en Dal, Países Bajos); Transworld Payment Solutions Ltd (Bermuda); Transworld ICT Solutions Ltd (Bangalore, India); Transworld Oil USA, Inc. (Houston, Estados Unidos); Bermuda First Curaçao Ltd (Bermuda); y Johannes Christiaan Martinus Augustinus Maria Deuss (Bermuda) (representante: T. Barkhuysen, abogado)

      Demandada: Eurojust

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución confirmatoria de Eurojust de 2 de febrero de 2013.

               —

               Ordene a Eurojust a resolver de nuevo sobre la base de la solicitud confirmatoria de 31 de diciembre de 2012 con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal General.

               —

               Condene a Eurojust a cargar con las costas relativas a la tramitación de esta demanda y con las relativas a la solicitud confirmatoria.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que Eurojust dejó sin investigar todos los fundamentos jurídicos invocados por las partes demandantes.
               La solicitud de información de 4 de octubre de 2012 y la solicitud confirmatoria de información de 31 de diciembre de 2013 se basan en distintos fundamentos, a saber, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 8, apartado 2, 41, apartado 2, y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 389). A pesar de ello, Eurojust se pronunció en la resolución impugnada basándose exclusivamente en las normas relativas al acceso a los documentos de Eurojust. Eurojust no tuvo en cuenta, contrariamente a Derecho, la restante fundamentación invocada por las partes demandantes.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la resolución confirmatoria fue dictada de modo negligente y con una motivación inadecuada.
               Las partes demandantes sostienen que Eurojust se niega a facilitar la información solicitada invocando las excepciones establecidas en el artículo 4, apartado primero, inicio y letras a) y b), de las normas relativas al acceso a los documentos de Eurojust. Añaden, no obstante, que en la resolución impugnada Eurojust no motiva, ni siquiera de modo insuficiente, por qué y en qué medida esas excepciones son de aplicación al presente asunto.

               3)

               Tercer motivo, basado en la incorrecta aplicación de las excepciones «investigación nacional en curso» y «lucha contra las formas graves de delincuencia» previstas en el artículo 4, apartado primero, letra a), de las normas relativas al acceso a los documentos de Eurojust.
               Las partes demandantes suponen razonable y justificadamente que se incoaron indebidamente procedimientos judiciales con ocasión de la investigación criminal (previa). A fin de fundamentar más detalladamente dichas suposiciones, solicitaron, entre otras acciones, información a Eurojust. Eurojust afirma que la información solicitada no puede ser facilitada porque están aún en curso unas diligencias judiciales previas. A juicio de las demandantes, Eurojust invoca dichas excepciones indebidamente y sin motivación suficiente.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la incorrecta aplicación de la excepción «privacidad e integridad de las personas» prevista en el artículo 4, apartado primero, letra b), de las normas relativas al acceso a los documentos de Eurojust.
               Eurojust ni planteó ni motivó que los documentos solicitados contengan datos personales de terceros. Además, el solo hecho de que un documento contenga datos personales no significa necesariamente que la privacidad o la integridad personal se vean afectadas. Las partes demandantes consideran que eventuales declaraciones de funcionarios que no hayan sido realizadas a título personal no pueden justificar que se oculte la información solicitada.
               Al estar en juego la integridad y privacidad de las personas, consideran que Eurojust debería haber investigado si aún se puede acceder a los documentos solicitados –en caso de que fuera necesario, de forma parcial o anónima– y en qué medida. Las demandantes añaden que, contrariamente a Derecho, Eurojust, tampoco lo hizo.

               5)

               Quinto motivo, basado en la incorrecta aplicación de la excepción «cumplimiento de la normativa relativa al secreto profesional aplicable» prevista en el artículo 4, apartado primero, letra a), de las normas relativas al acceso a los documentos de Eurojust.
               La invocación de esta excepción no está motivada. Las partes demandantes desconocen cuáles son aquí las normas relativas al silencio aplicables y niegan que sean de aplicación las normas del silencio que impiden el acceso a los documentos solicitados.


title: Asunto T-280/17: Recurso interpuesto el 9 de mayo de 2017 — GE.CO.P./Comisión

text:
               3.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/37

         Recurso interpuesto el 9 de mayo de 2017 — GE.CO.P./Comisión
   (Asunto T-280/17)
   (2017/C 213/51)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Roma, Italia) (representante: G. Naticchioni, abogada)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que, tras declarar ilegal la adopción por parte de la Comisión Europea — Oficina de Infraestructuras y Logística de Luxemburgo — de la Decisión de 7 de marzo de 2017, por la que se excluyó a la demandante GE.CO.P S.p.A. por 2 años de los procedimientos de licitación europeos y se publicó la medida, anule dicha Decisión y todos los actos previos y consecuentes a la misma, incluso los no conocidos por GE.CO.P. Asimismo solicita la condena en costas de la demandada y se le abonen los gastos de profesionales en que incurra por el presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   La medida impugnada tiene por objeto la rescisión adoptada de oficio por la Comisión el 5 de agosto de 2015 de la licitación 09bis/2012/OIL — Lote 1, relativo a las obras de reestructuración de dos edificios, denominados «Foyer européen» sitos en Luxemburgo, concedidos a GE.CO.P.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca la infracción del artículo 8 del Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2015, L 286, p. 1), y la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
   A este respecto, se alega que la decisión impugnada no fue precedida por un procedimiento regular contradictorio. La parte demandante sostiene que no se le informó del inicio del procedimiento de exclusión y, por tanto, que no estuvo en condiciones de defenderse dentro del procedimiento y alegar las razones a su favor ante el órgano administrativo.
   Si la parte demandante hubiera estado en condiciones de defenderse, habría efectuado alegaciones que verosímilmente habrían llevado a que el órgano administrativo adoptara otra resolución en cuanto al fondo, y a que el procedimiento tuviera un resultado más favorable para GE.CO.P.


title: Asunto T-8/06: Recurso interpuesto el  12 de enero de 2006  — FAB Fernsehen aus Berlin/Comisión

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/31

         Recurso interpuesto el 12 de enero de 2006 — FAB Fernsehen aus Berlin/Comisión
   (Asunto T-8/06)
   (2006/C 86/62)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: FAB Fernsehen aus Berlin GmbH (Berlín, Alemania) (representante: A. Böcken, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión K(2005) 3903 final de la Comisión de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 2005 [Ayuda de Estado concedida por la República Federal de Alemania para la instalación de la televisión digital terrestre (TDT) en la región de Berlín-Brandemburgo].

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna la Decisión K(2005) 3903 final de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 9 de noviembre de 2005, en relativa a la ayuda de Estado destinada a la instalación de la televisión digital terrestre (TDT) en la región de Berlín-Brandemburgo. En la Decisión impugnada la Comisión consideró que la ayuda que la República Federal de Alemania ha concedido a los radiodifusores privados que participan en la TDT es incompatible con el mercado común y obligó a la República Federal de Alemania a recuperar la ayuda que de forma ilegal ha sido puesta a disposición de los beneficiarios y, por lo tanto, también de la demandante.
   En apoyo de su recurso la demandante alega que las subvenciones concedidas no tienen el carácter de ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. En consecuencia, no existe ayuda alguna porque tampoco se cumplen los requisitos del artículo 86 CE, apartado 2. Señala la demandante que, además, en la medida en que, en lo que a ella se refiere, las medidas no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, por lo que la Decisión impugnada es contraria a Derecho.
   Asimismo, la demandante basa su recurso en el hecho de que si se considerara que las subvenciones constituyen una ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, serían compatibles con el mercado común con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3. Al respecto, alega la demandante que si pudiera estimarse que las subvenciones son compatibles con el mercado común de conformidad con el artículo 87 CE, apartado 3, letra c), la demandada se habría excedido en el ejercicio de su facultad de apreciación.


title: Asunto C-35/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de noviembre de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Artículos 49 TFUE y 63 TFUE — Reparto de dividendos — Impuesto sobre sociedades — Asunto C-446/04 — Test Claimants in the FII Group Litigation — Interpretación de la sentencia — Prevención de la doble imposición económica — Equivalencia de los métodos de exención y de imputación — Conceptos de «tipos impositivos» y de «distintos niveles impositivos» — Dividendos procedentes de terceros países)

text:
               12.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de noviembre de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
   (Asunto C-35/11) (1)

   (Artículos 49 TFUE y 63 TFUE - Reparto de dividendos - Impuesto sobre sociedades - Asunto C-446/04 - Test Claimants in the FII Group Litigation - Interpretación de la sentencia - Prevención de la doble imposición económica - Equivalencia de los métodos de exención y de imputación - Conceptos de «tipos impositivos» y de «distintos niveles impositivos» - Dividendos procedentes de terceros países)
   2013/C 9/13
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (Chancery Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Test Claimants in the FII Group Litigation

      Demandadas: Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretación de los artículos 49 TFUE y 63 TFUE — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Legislación fiscal — Impuesto sobre sociedades — Interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-446/04, de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation — Conceptos de «tipo impositivo» y «distintos niveles impositivos» — Tipo impositivo que debe tenerse en cuenta para verificar la identidad de los niveles impositivos de los dividendos de origen nacional y extranjero.

      Fallo

               1)

               Los artículos 49 TFUE y 63 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación de un Estado miembro que aplica el método de exención a los dividendos de origen nacional y el método de imputación a los dividendos de origen extranjero, si se acredita, por un lado, que el crédito fiscal de que disfruta la sociedad beneficiaria de los dividendos en el marco del método de imputación es equivalente a la cuantía del impuesto efectivamente pagado por los beneficios subyacentes a los dividendos repartidos y, por otro, que el nivel efectivo de tributación de los beneficios de las sociedades en el Estado miembro de que se trate es generalmente inferior al tipo impositivo nominal establecido.

               2)

               Las respuestas aportadas por el Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales segunda y cuarta planteadas en el marco del asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04), también son válidas cuando:

                           —

                           El impuesto sobre sociedades extranjero aplicado a los beneficios subyacentes a los dividendos repartidos no fue –o no fue totalmente– pagado por la sociedad no residente que abona dichos dividendos a la sociedad residente, sino por una sociedad que reside en un Estado miembro, filial directa o indirecta de la primera sociedad.

                           —

                           El pago a cuenta del impuesto sobre sociedades no lo pagó la sociedad residente que percibe los dividendos de una sociedad no residente, sino su sociedad matriz residente en el marco de la tributación en régimen de grupo.

               3)

               El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que una sociedad matriz residente en un Estado miembro que, en el marco de la tributación en régimen de grupo, como la controvertida en el litigio principal, fue obligada, infringiendo las normas del Derecho de la Unión, a abonar el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades por la parte de los beneficios procedentes de dividendos de origen extranjero puede formular una reclamación de devolución de dicho impuesto indebidamente recaudado en la medida en que éste exceda el incremento del impuesto sobre sociedades que el Estado miembro de que se trate podía exigir para compensar el tipo impositivo nominal inferior que se aplicó a los beneficios subyacentes a los dividendos de origen extranjero respecto del tipo impositivo nominal aplicable a los beneficios de la sociedad matriz residente.

               4)

               El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que una sociedad residente en un Estado miembro y titular de una participación en una sociedad residente en un tercer país que le confiere una influencia real en las decisiones de esta última sociedad y le permite determinar sus actividades puede invocar el artículo 63 TFUE para cuestionar la conformidad con esta disposición de una legislación del referido Estado miembro relativa al tratamiento fiscal de dividendos originarios de dicho tercer país, que no es aplicable exclusivamente a las situaciones en las que la sociedad matriz ejerce una influencia determinante en la sociedad que reparte los dividendos.

               5)

               La respuesta aportada por el Tribunal de Justicia a la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto que dio lugar a la sentencia Test Claimants in the FII Group Litigation, antes citada, no resulta aplicable cuando las filiales establecidas en otros Estados miembros a las que no se ha podido realizar transferencia alguna del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades no están sujetas al impuesto en el Estado miembro de la sociedad matriz.

      (1)  DO C 103, de 2.4.2011.


title: Asunto C-315/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet [Impuestos especiales — Directiva 92/12/CEE — Artículos 7 a 9 — Directiva 2008/118/CE — Artículos 32 a 34 — Circulación intracomunitaria de productos gravados con impuestos especiales — Reglamento (CEE) n ° 3649/92 — Artículos 1 y 4 — Documento simplificado de acompañamiento — Ejemplar 1 — Actividad de «cash & carry» — Productos despachados a consumo en un Estado miembro y poseídos con fines comerciales en otro Estado miembro o productos adquiridos por los particulares para satisfacer sus propias necesidades y transportados por ellos mismos — Bebidas alcohólicas — Inexistencia de obligación de comprobación por parte del proveedor]

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet
   (Asunto C-315/12) (1)

   (Impuestos especiales - Directiva 92/12/CEE - Artículos 7 a 9 - Directiva 2008/118/CE - Artículos 32 a 34 - Circulación intracomunitaria de productos gravados con impuestos especiales - Reglamento (CEE) no 3649/92 - Artículos 1 y 4 - Documento simplificado de acompañamiento - Ejemplar 1 - Actividad de «cash & carry» - Productos despachados a consumo en un Estado miembro y poseídos con fines comerciales en otro Estado miembro o productos adquiridos por los particulares para satisfacer sus propias necesidades y transportados por ellos mismos - Bebidas alcohólicas - Inexistencia de obligación de comprobación por parte del proveedor)
   2013/C 260/30
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Højesteret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Metro Cash & Carry Danmark ApS

      Demandada: Skatteministeriet

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Højesteret — Interpretación del artículo 7, apartado 4, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76, p. 1), y del artículo 34, apartado 1, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO L 9, p. 12), y del Reglamento (CEE) no 3649/92 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1992, relativo a un documento simplificado de acompañamiento en la circulación intracomunitaria de productos sujetos a impuestos especiales, que hayan sido despachados a consumo en el Estado miembro de partida (DO L 369, p. 17) — Impuestos especiales — Productos adquiridos por particulares para sus propias necesidades — Obligación o no de una empresa en un Estado miembro de asegurarse de la recepción del ejemplar no 1 del documento de acompañamiento simplificado por ventas de alcohol en sus establecimientos dentro de dicho Estado miembro a nacionales de otros Estados miembros que realizan sus compras presentando una tarjeta del establecimiento expedida a nombre de empresas establecidas en otros Estados miembros y en el caso de que las bebidas alcohólicas se entreguen al titular de la tarjeta in situ para que él las transporte al Estado miembro en el que está domiciliado.

      Fallo

               1)

               Los artículos 7 a 9 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, en su versión modificada por la Directiva 92/108/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, así como los artículos 1 y 4 del Reglamento (CEE) no 3649/92 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1992, relativo a un documento simplificado de acompañamiento en la circulación intracomunitaria de productos sujetos a impuestos especiales, que hayan sido despachados a consumo en el Estado miembro de partida, deben interpretarse en el sentido de que no imponen a un agente económico, como la empresa involucrada en el litigio principal, la obligación de comprobar si los compradores procedentes de otros Estados miembros tienen la intención de importar los productos sujetos a impuestos especiales en otro Estado miembro y, en caso afirmativo, si tal importación se realiza con fines privados o con fines comerciales.

               2)

               Los artículos 32 a 34 de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12, deben interpretarse en el sentido de que no introducen en los artículos 7 a 9 de la Directiva 92/12, en su versión modificada por la Directiva 92/108, modificaciones sustanciales que justifiquen, en circunstancias como las del litigio principal, que se dé una respuesta diferente a la primera cuestión prejudicial.

               3)

               El artículo 8 de la Directiva 92/12, en su versión modificada por la Directiva 92/108, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a la compra de productos sujetos a impuestos especiales en circunstancias como las del litigio principal cuando tales productos sean adquiridos por particulares para satisfacer sus propias necesidades y sean transportados por ellos mismos, extremo que incumbe a las autoridades nacionales competentes verificar en cada caso.

      (1)  DO C 258, de 25.8.2012.