title: Asunto C-639/16 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de diciembre de 2016 por Foodcare sp. z o.o. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 5 de octubre de 2016 en el asunto T-456/15, Foodcare sp. z o.o./EUIPO

text:
               26.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 202/8

         Recurso de casación interpuesto el 9 de diciembre de 2016 por Foodcare sp. z o.o. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 5 de octubre de 2016 en el asunto T-456/15, Foodcare sp. z o.o./EUIPO
   (Asunto C-639/16 P)
   (2017/C 202/12)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Foodcare sp. z o.o. (representante: M. Żabińska, radca prawny)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y Dariusz Michalczewski
   Mediante auto de 11 de mayo de 2017, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declaró la inadmisibilidad del recurso de casación.


title: Asunto T-123/09: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2009 — Ryanair/Comisión

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/45

         Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2009 — Ryanair/Comisión
   (Asunto T-123/09)
   2009/C 141/96
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Ryanair Ltd (Dublín) (representantes: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maragkidis, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare, en virtud de los artículos 230 CE y 231 CE, la nulidad parcial de la Decisión de la Comisión Europea de 12 de noviembre de 2008 relativa a la ayuda de Estado C 26/2008 (préstamo de 300 millones de euros a Alitalia SpA.), en la medida en que no ordena la devolución de la ayuda a los sucesores de Alitalia y otorga a Italia un plazo suplementario para dar cumplimiento a la Decisión.

               —

               Que se declare, con arreglo a los artículos 230 CE y 231 CE, la nulidad total de la Decisión de 12 de noviembre de 2008 relativa a la ayuda de Estado N510/2008 (venta de activos de Alitalia SpA.).

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con sus propias costas, así como al pago de las costas de la demandante.

               —

               Que se adopte cualquier otra medida que el Tribunal de Primera Instancia pueda considerar adecuada.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante discute la legalidad de dos Decisiones de la Comisión de 12 de noviembre de 2008, relativas a las ayudas de Estado C 26/2008 (ex NN 31/08), relativa al préstamo de 300 millones de euros a Alitalia, notificada con el número C(2008) 6473, (1) y N510/2008, número C(2008) 6475 final, sobre el procedimiento de venta de activos de Alitalia, en la medida en que declaró que dicho procedimiento no daba lugar a la concesión de una ayuda de Estado, siempre que las autoridades italianas cumplieran una serie de requisitos.
   En apoyo de su recurso, la demandante formula los siguientes motivos:
   Respecto de la primera Decisión impugnada, la demandante alega que es parcialmente nula porque no ordena a los sucesores de Alitalia la devolución del préstamo, y concede un plazo suplementario a Italia para recuperarlo.
   En relación con la segunda Decisión impugnada, la demandante sostiene que, al no incoar un procedimiento formal de investigación a pesar de la existencia de dificultades serias, la Comisión adoptó una Decisión insuficiente e incompleta, y vulneró los derechos procesales de la demandante, garantizados por el artículo 88 CE, apartado 2. Además, la demandante afirma que la Comisión era incompetente para adoptar una decisión condicional de inexistencia de ayuda tras un mero examen preliminar. A mayor abundamiento, la demandante alega que la Comisión no examinó todas las cuestiones relevantes de las medidas y de su contexto. En particular, según la demandante, la Comisión no verificó si el procedimiento de administración extraordinaria italiano había generado por sí mismo la concesión de una ayuda y si el Gobierno italiano había manipulado la normativa para favorecer el plan de la Compagnia Aerea Italiana.
   Además, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error de Derecho manifiesto al desestimar las posibles alternativas a la venta de los activos de Alitalia, como una liquidación judicial o una compra de acciones. La demandante afirma también que la Comisión no aplicó el principio de inversor de economía de mercado a la venta de activos de Alitalia, en particular, al no examinar el efecto en el precio del requisito expreso de continuidad en el servicio ni el requisito implícito del origen italiano del adquirente del negocio de transporte de pasajeros de Alitalia, al no declarar que el procedimiento para la venta de activos de Alitalia era obviamente inadecuado y al no examinar el precio real ofrecido por la CAI y no definir criterios para la determinación del precio de mercado de los activos de Alitalia.
   Asimismo, la demandante alega que la Comisión incurrió en error al identificar la parte que debe devolver el préstamo, que debería ser CAI, dada la continuidad entra Alitalia y la Compagnia Aerea Italiana. Por último, la demandante sostiene que la Comisión incumplió la obligación de motivación.

      (1)  DO 2009, L 52, p. 3.


title: Asunto C-492/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Finanzgericht Baden-Württemberg, de fecha 14 de octubre de 2004, en el asunto entre Finanzrechtsstreit Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH (anteriormente Riess Laser Bandstahlschnitte GmbH) y Finanzamt Emmendingen

text:
               5.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 31/11

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Finanzgericht Baden-Württemberg, de fecha 14 de octubre de 2004, en el asunto entre Finanzrechtsstreit Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH (anteriormente Riess Laser Bandstahlschnitte GmbH) y Finanzamt Emmendingen
   (Asunto C-492/04)
   (2005/C 31/21)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Finanzgericht Baden-Württemberg (Alemania), dictada el 14 de octubre de 2004, en el asunto entre Finanzrechtsstreit Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH (anteriormente Riess Laser Bandstahlschnitte GmbH) y Finanzamt Emmendingen, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de diciembre de 2004.
   El Finanzgericht Baden-Württemberg solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 57 CE, apartado 1, en el sentido de que las restricciones que «existan» el 31 de diciembre de 1993 en materia de movimientos de capitales, con destino a terceros países o procedentes de ellos, son aquéllas cuyo procedimiento de adopción por el legislador nacional ya haya concluido en tal fecha o son aquellas que, en dicha fecha, ya eran aplicables, de conformidad con la normativa nacional, a hechos acaecidos?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 56 CE, apartado 1, en relación con el artículo 58 CE, en el sentido de que, en consecuencia, la tributación –parcial– de los pagos de intereses efectuados por una sociedad de capital domiciliada en un Estado miembro a un prestamista domiciliado en un país tercero que al mismo tiempo es socio de tal sociedad de capital, en concepto de reparto de beneficios, está prohibida, por constituir una discriminación arbitraria o una limitación encubierta de la libre circulación de capitales entre un Estado miembro y un tercer país?


title: Asunto T-72/05: Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2005 por Deutsche Telekom AG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
               14.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 115/23

         Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2005 por Deutsche Telekom AG contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   (Asunto T-72/05)
   (2005/C 115/45)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de febrero de 2005 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por Deutsche Telekom AG, con domicilio social en Bonn (Alemania), representada por J.-C. Gaedertz y D.R. Marschollek, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 15 de diciembre de 2004.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones

               Marca comunitaria solicitada:

               Marca denominativa «Telekom Global Net» para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 (instrumentos electrónicos, productos de imprenta, publicidad, servicios de negocios financieros y negocios inmobiliarios, telecomunicaciones, transporte y almacenaje, educación, programación de ordenadores…) — Solicitud no 2 168 169.

               Resolución del examinador:

               Denegación de la solicitud respecto de casi todos los productos y servicios de las clases 9, 38 y 42.

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso del demandante.

               Motivos invocados:

                           —

                           La marca solicitada no tiene carácter descriptivo en relación con los productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo.

                           —

                           La marca solicitada presenta un carácter distintivo suficiente en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94.


title: Asunto C-18/09: Recurso interpuesto el 14 de enero de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/27

         Recurso interpuesto el 14 de enero de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-18/09)
   (2009/C 69/49)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: K. Simonsson y L. Lozano Palacios, agentes)

      Demandada: Reino de España
   Pretensiones

               —

               Que se declare que, al mantener en vigor la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y en particular el apartado 5 del artículo 24 y los apartados 1, 2 y 4 del artículo 27 de la misma, que establecen un sistema de bonificaciones y exenciones de las tasas portuarias, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario (1) y, en particular, del artículo primero del Reglamento (CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros.

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

         Motivos y principales alegaciones
   La legislación española establece una serie de exenciones y bonificaciones relativas a las tasas portuarias. Dichas exenciones y bonificaciones están en función de los puertos de origen y destino de los buques, y tienen como consecuencia la aplicación de tarifas más favorables, en primer lugar, al tráfico entre archipiélagos españoles o con Ceuta y Melilla, en segundo lugar al tráfico entre estos puertos y puertos de la Unión europea, y en tercer lugar entre puertos de la Unión Europea. Dicha legislación resulta por tanto discriminatoria a juicio de la Comisión.
   El Reino de España, que invoca la situación geográfica particular de los puertos en cuestión, no ha justificado la necesidad ni la proporcionalidad de la medida. A pesar de haberse comprometido a modificar la legislación en cuestión, la Comisión no tiene constancia de la adopción de ninguna ley poniendo fin a la infracción.

      (1)  DO L 378, p. 1.


title: Asunto C-181/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de julio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, Portugal) — Deutsche Lufthansa AG/ANA — Aeroportos de Portugal SA (Transportes aéreos — Aeropuertos — Asistencia en tierra — Percepción de una tasa de asistencia administrativa en tierra y de supervisión)

text:
               25.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de julio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, Portugal) — Deutsche Lufthansa AG/ANA — Aeroportos de Portugal SA
   (Asunto C-181/06) (1)

   (Transportes aéreos - Aeropuertos - Asistencia en tierra - Percepción de una tasa de asistencia administrativa en tierra y de supervisión)
   (2007/C 199/18)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Deutsche Lufthansa AG

      Demandada: ANA — Aeroportos de Portugal SA

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Ministério Público
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Interpretación del artículo 16, apartado 3, de la Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (DO L 272, p. 36) — Acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad — Percepción de una tasa de acceso al mercado de los servicios de asistencia en tierra y de supervisión.
   Fallo
   El Derecho comunitario se opone a una normativa nacional como la prevista en los artículos 10, apartado 1, del Decreto Regulamentar no 12/99, de 30 de julio de 1999, y 18, apartado 2, del Decreto ley no 102/90, de 21 de marzo de 1990, en su versión modificada por el Decreto ley no 280/99, de 26 de julio de 1999, salvo que la tasa de asistencia administrativa en tierra y de supervisión prevista en dicha normativa se devengue en contrapartida de la totalidad o parte de los servicios definidos en el punto 1 del anexo de la Directiva y no constituya un segundo gravamen de servicios ya remunerados por otra tasa o impuesto. En el caso de que, una vez finalizadas las comprobaciones realizadas por el órgano jurisdiccional remitente, resulte que la tasa controvertida en el litigio principal constituye una tasa de acceso a las instalaciones aeroportuarias, corresponderá a dicho órgano jurisdiccional verificar si la tasa controvertida cumple los criterios de pertinencia, objetividad, transparencia y no discriminación tal como se definen en el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 96/67.

      (1)  DO C 154 de 1.7.2006.


title: Asunto C-601/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de octubre de 2016 — Comisión Europea/República Italiana («Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/80/CE — Artículo 12, apartado 2 — Regímenes nacionales de indemnización de las víctimas de delitos dolosos violentos que garantizan una indemnización justa y adecuada — Régimen nacional que no cubre la totalidad de los delitos dolosos violentos cometidos en el territorio nacional»)

text:
               12.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de octubre de 2016 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-601/14) (1)

   ((«Incumplimiento de Estado - Directiva 2004/80/CE - Artículo 12, apartado 2 - Regímenes nacionales de indemnización de las víctimas de delitos dolosos violentos que garantizan una indemnización justa y adecuada - Régimen nacional que no cubre la totalidad de los delitos dolosos violentos cometidos en el territorio nacional»))
   (2016/C 462/02)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Traversa y F. Moro, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistida por G. Palatiello y E. de Bonis, avvocati dello Stato)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Consejo de la Unión Europea (representantes: E. Moro, M. Chavrier y K. Pleśniak, agentes)

      Fallo

               1)

               La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, al no haber tomado todas las medidas necesarias para garantizar la existencia, en situaciones transfronterizas, de un régimen de indemnización para las víctimas de todos los delitos dolosos violentos cometidos en su territorio.

               2)

               La República Italiana cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

               3)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 89 de 16.3.2015.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Queen's Bench Division de la High Court of Justice (de Inglaterra y Gales), de 2 de octubre de 1998, en el asunto entre 1) Hoechst Aktiengesellschaft y 2) Hoechst UK Limited, por una parte, e 1) Inland Revenue Commissioners y 2) H. M. Attorney General, por otra (Asunto C-410/98) (1999/C 1/20)

text:
4.1.1999                 ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 1/11
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-              dado establecido en un Estado contratante alegar ante un
lución de la Queen's Bench Division de la High Court of                 demandante, domiciliado en CanadaÂ, las reglas específicas
Justice (de Inglaterra y Gales), de 2 de octubre de 1998,               de competencia previstas en dicho Convenio?
en el asunto entre 1) Hoechst Aktiengesellschaft y
2) Hoechst UK Limited, por una parte, e 1) Inland                       Segunda cuestión Ð Las reglas específicas de competencia
Revenue Commissioners y 2) H. M. Attorney General,                      en materia de seguros recogidas en los artículos 7 y
                               por otra                                 siguientes del Convenio de Bruselas, ¿son aplicables en
                                                                        materia de reaseguro?
                         (Asunto C-410/98)
                            (1999/C 1/20)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución de la Queen's Bench Division de la                  Recurso de casación interpuesto el 23 de noviembre de
High Court of Justice (de Inglaterra y Gales), dictada el 2             1998 por la Comisión de las Comunidades Europeas
de octubre de 1998, en el asunto entre 1) Hoechst Aktien-               contra la sentencia dictada el 17 de septiembre de 1998
gesellschaft y 2) Hoechst UK Limited, por una parte, e                  por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de
1) Inland Revenue Commissioners y 2) H. M. Attorney                     las Comunidades Europeas, en el asunto T-50/96 promo-
General, por otra, y recibida en la Secretaría del Tribunal             vido en su contra por Primex Produkte Import-Export
de Justicia el 17 de noviembre de 1998, en la que las cues-             GmbH & Co. KG, Geb. Kruse GmbH, Interporc Im- und
tiones prejudiciales son ideÂnticas a las planteadas en el              Export GmbH, así como por el Reino Unido de Gran
Asunto C-397/98 (1), Metallgesellschaft Ltd y otros contra                              BretanÄa e Irlanda del Norte
Commissioners of Inland Revenue y H. M. Attorney Gene-                                     (Asunto C-417/98 P)
ral.                                                                                (1999/C 1/22)
(1) VeÂase la paÂgina 7 del presente Diario Oficial.
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                        ha presentado el 23 de noviembre de 1998 un recurso de
                                                                        casación formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                        Europeas, asistida y representada por los Sres. Jean-Louis
                                                                        Dewost, Director General del Servicio Jurídico de la Comi-
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-              sión, y Götz zur Hausen, Consejero Jurídico de la Comi-
lución de la cour d'appel de Versailles (Sala XII), de fecha            sión, que designa como domicilio en Luxemburgo el des-
5 de noviembre de 1998, en el asunto SocieÂteÂ Group Josi               pacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Ser-
Reinsurance Company SA contra Compagnie d'assurances                    vicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner,
       Universal General Insurance Company «UGIC»                       Luxembourg-Kirchberg, contra la sentencia dictada el 17
                         (Asunto C-412/98)                              de septiembre de 1998 por la Sala Primera del Tribunal de
                                                                        Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                            (1999/C 1/21)                               asunto T-50/96 promovido en su contra por Primex Pro-
                                                                        dukte Import-Export GmbH & Co. KG, Geb. Kruse
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               GmbH, Interporc Im- und Export GmbH, así como por el
sido sometida una petición de decisión prejudicial                      Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte.
mediante resolución de la cour d'appel de Versailles,
(Sala XII), dictada el 5 de noviembre de 1998, en el asunto             La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
SocieÂteÂ Group Josi Reinsurance Company SA contra Com-                 Comunidades Europeas que:
pagnie d'assurances Universal General Insurance Company
                                                                        1) Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia,
«UGIC», y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justi-
                                                                             de 17 de septiembre de 1998, dictada en el asunto
cia el 19 de noviembre de 1998.
                                                                             T-50/96.
La cour d'appel de Versailles (Sala XII) solicita al Tribunal
                                                                        2) Desestime la demanda.
de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestio-
nes:                                                                    3) Condene en costas a los demandantes.
Primera cuestión Ð El Convenio de Bruselas de 27 de sep-                Motivos y principales alegaciones
tiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mer-            Los motivos y principales alegaciones son similares a los
cantil, ¿resulta aplicable no sólo a los litigios «intra-comu-          del asunto C-163/98 P (1).
nitarios», sino tambieÂn a los litigios «integrados en la
Comunidad»? De forma maÂs precisa, ¿puede un deman-                     (1) DO C 258 de 15.8.1998, p. 14.


title: Asunto T-496/14: Recurso interpuesto el 26 de junio de 2014 — Berry Investments/Consejo

text:
               1.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 292/53

         Recurso interpuesto el 26 de junio de 2014 — Berry Investments/Consejo
   (Asunto T-496/14)
   2014/C 292/65
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Berry Investments, Inc. (Monrovia, Liberia) (representantes: V. Christianos y S. Paliou, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Condene a la parte demandada a pagar a la parte demandante una cantidad de 4 36  357,19 euros para compensarle por el perjuicio que le ocasionaron los actos ilegítimos de la parte demandada, más los intereses a partir de la fecha en que se privó ilegítimamente a la parte demandante de sus depósitos (el 29 de marzo de 2013) hasta la fecha del pronunciamiento de la sentencia en el presente asunto, así como los intereses de demora desde que se dicte sentencia en el presente asunto hasta alcanzar el pago completo.

               —

               Con carácter subsidiario, condene a la parte demandada a pagar a la parte demandante 4/5 de la cantidad antes señalada, es decir, 3 49  085,75 euros para compensarle por el perjuicio que le ocasionaron los actos ilegítimos de la parte demandada, más los intereses a partir de la fecha en que se privó ilegítimamente a la parte demandante de sus depósitos (el 29 de marzo de 2013) hasta la fecha del pronunciamiento de la sentencia en el presente asunto, así como los intereses de demora desde que se dicte sentencia en el presente asunto hasta alcanzar el pago completo.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, condene a la parte demandada a pagar la cantidad, según fije el Tribunal General, a la parte demandante para compensarle por el perjuicio que le ocasionaron los actos ilegítimos de la parte demandada.

               —

               Condene a la parte demandada a pagar a la parte demandante una cantidad de 50  000 euros, por el daño moral que se le ocasionó como consecuencia de la vulneración del principio de la igualdad de trato.

               —

               Condene a la parte demandada a pagar a la parte demandante una cantidad de 50  000 euros, por el daño moral que se le ocasionó como consecuencia de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

               —

               Condene a la parte demandada al pago de las costas en que haya incurrido la parte demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la parte demandante solicita, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, al Tribunal General de la Unión Europea, competente con arreglo al artículo 268 TFUE, que declare la compensación del perjuicio sufrido debido al comportamiento ilícito de la parte demandada.
   La parte demandante sostiene que el citado perjuicio se originó cuando la parte demandada, excediendo los límites de su propia competencia e infringiendo el Derecho derivado y vulnerando los principios generales del Derecho de la Unión Europea, impuso y, por la tanto, provocó la reducción de los depósitos bancarios de la parte demandante en el Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. (Banco popular) y, en cualquier caso, contribuyó a ello.
   En particular, la parte demandante afirma que la parte demandada incurrió en las siguientes violaciones de derechos fundamentales y principios generales del Derecho de la Unión Europea:

               —

               en primer lugar, violación del derecho de propiedad;

               —

               en segundo lugar, vulneración del principio de igualdad de trato; y

               —

               en tercer lugar, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de seguridad jurídica.

               —

               La parte demandante alega que concurren los requisitos, establecidos por la jurisprudencia reiterada, en virtud de los cuales la parte demandada incurre en responsabilidad extracontractual que le obliga a pagar una compensación.


title: Sentencia del Tribunal, de 22 de noviembre de 2012 , en el Asunto E-17/11 — Aresbank SA contra Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (la Autoridad de Supervisión Financiera) y el Estado islandés (Directiva 94/19/CE — Directiva 2000/12/CE — Directiva 2006/48/CE — Admisibilidad — Legislación nacional por la que se adoptan disposiciones del Derecho del EEE para regular situaciones puramente internas — Concepto de depósito — Préstamos interbancarios — Reconocimiento mutuo de la autorización para emprender la actividad comercial de entidad de crédito y ejercerla — Aplicabilidad de las decisiones del Comité Mixto del EEE)

text:
               14.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 75/13

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 22 de noviembre de 2012
   en el Asunto E-17/11
   Aresbank SA contra Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (la Autoridad de Supervisión Financiera) y el Estado islandés
   (Directiva 94/19/CE — Directiva 2000/12/CE — Directiva 2006/48/CE — Admisibilidad — Legislación nacional por la que se adoptan disposiciones del Derecho del EEE para regular situaciones puramente internas — Concepto de depósito — Préstamos interbancarios — Reconocimiento mutuo de la autorización para emprender la actividad comercial de entidad de crédito y ejercerla — Aplicabilidad de las decisiones del Comité Mixto del EEE)
   2013/C 75/07
   En el Asunto E-17/11 Aresbank SA contra Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (la Autoridad de Supervisión Financiera) y el Estado islandés — PETICIÓN dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, por Hæstiréttur Íslands (Tribunal Supremo de Islandia), relativa a la interpretación del término «depósito» en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de garantía de depósitos, el Tribunal, compuesto por Carl Baudenbacher, Presidente, y Per Christiansen (Juez Ponente) y Páll Hreinsson, Jueces, dictó sentencia el 22 de noviembre de 2012, cuyo fallo es la siguiente:

               1)

               El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de garantía de depósitos debe interpretarse en el sentido de que los fondos que una entidad de crédito prestamista entrega a una entidad de crédito prestataria, y que deben ser restituidos en una fecha predeterminada, junto con los intereses que hayan sido especialmente negociados, deben considerarse depósitos a efectos de dicha disposición. Esta norma se aplica aunque los fondos no estén depositados en una cuenta especial a nombre de la entidad de crédito prestamista, aunque la entidad de crédito prestataria no haya emitido ningún documento especial en el que se consigne la recepción de los fondos, aunque no haya pagado primas por esos fondos al Fondo de Garantía de Depositantes e Inversores, y aunque los fondos no se hayan inscrito como depósito en la contabilidad de la entidad de crédito prestataria.
               No obstante, esos fondos transferidos de una entidad de crédito a otra, de conformidad con un contrato de préstamo, constituyen depósitos no cubiertos por los sistemas de garantía previstos en la Directiva 94/19/CE. Por consiguiente, esos fondos no son admisibles a efectos de reembolso con arreglo a lo dispuesto en dicha Directiva. Por lo tanto, puede hacerse una distinción entre una definición funcional de los depósitos admisibles con arreglo a la Directiva 94/19/CE, basada en el artículo 1, apartado 1, leído en relación con el artículo 2, y una definición técnica, que incluye también los depósitos no cubiertos por los sistemas de garantía previstos en la Directiva 94/19/CE y que, por tanto, no son admisibles a efectos de reembolso. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar, a efectos del presente asunto, si ha de aplicarse una definición técnica o funcional de depósito con arreglo al Derecho nacional.

               2)

               Para determinar si un préstamo entre dos entidades de crédito en el EEE es un depósito a efectos del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 94/19/CE, es irrelevante que el Estado de origen del banco prestatario haya hecho uso de la potestad conferida en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 94/19/CE para excluir los depósitos de las entidades financieras de la garantía de depósitos.

               3)

               Cuando una entidad de crédito que presta fondos en el mercado interbancario está autorizada para aceptar depósitos del público, es irrelevante para la calificación como depósito, a efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 94/19/CE, de un préstamo interbancario concedido por esta entidad a otra entidad de crédito, que no acepte dichos depósitos sino que financie sus operaciones mediante contribuciones de su propietario y a través de la emisión de instrumentos financieros, volviendo a prestar después ese dinero en el mercado interbancario, a menos que la autoridad competente haya retirado a la entidad la autorización para emprender la actividad comercial de entidad de crédito y ejercerla.


title: Asunto T-346/14: Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2014 — Yanukovych/Consejo

text:
               4.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 253/37

         Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2014 — Yanukovych/Consejo
   (Asunto T-346/14)
   2014/C 253/52
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucrania) (representante: T. Beazley, QC)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 66, p. 26), en su versión modificada por la Decisión de Ejecución 2014/216/PESC del Consejo, de 14 de abril de 2014 (DO L 111, p. 91), y el Reglamento (UE) no 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014 (DO L 66, p. 1), relativos a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) no 381/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014 (DO L 111, p. 33), en la medida en que afecten al demandante.

               —

               Condene a la parte demandada al pago de las costas de la parte demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que el Consejo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Consejo») carecía de base jurídica adecuada para adoptar la Decisión y el Reglamento. Entre las alegaciones formuladas en apoyo de este motivo figuran las siguientes: a) que la Decisión no cumplía los requisitos para que el Consejo se basara en el artículo 29 TUE. En particular, i) el Consejo no podía, en realidad, fundamentar los objetivos invocados expresamente (consolidación del Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en Ucrania), por lo que indicó entonces motivos (relacionados con la supuesta malversación de fondos del Estado ucraniano y su transferencia ilegal fuera de Ucrania, lo que el demandante niega) que no son compatibles ni están en consonancia con los objetivos alegados del artículo 21 TUE o con cualesquiera otros objetivos de dicho artículo; ii) la Decisión y el Reglamento no se ajustan a otros objetivos indicados en el artículo 21 TUE por cuanto no «consolidan y respaldan la democracia […] [y] los principios del Derecho internacional», especialmente porque afirman erróneamente y se basan en que el demandante, Presidente legítimo de Ucrania democráticamente elegido, era un «expresidente», en contra del Derecho de Ucrania y del Derecho internacional, y al apoyar a los denominados «Gobierno y Presidentes provisionales», que no han sido elegidos legal y democráticamente, y que asumieron el poder por la fuerza de manera ilegal, contraviniendo el Estado de Derecho, los principios democráticos y el Derecho internacional; b) que no concurrían los requisitos para basarse en el artículo 215 TFUE porque no existía una decisión válida adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea; c) que no había un vínculo suficiente para invocar contra el demandante el artículo 215 TFUE.

               2.

               Segundo motivo, basado en que el Consejo incurrió en desviación de poder. El propósito real del Consejo al adoptar la Decisión (y, por tanto, el Reglamento) fue, en definitiva, tratar de ganarse el favor del denominado «régimen provisional» de Ucrania para que este país estrechara sus vínculos con la UE (estos vínculos más estrechos han sido rechazados por el Presidente de Ucrania democráticamente elegido y su Gobierno), y no las razones indicadas en la Decisión y el Reglamento.

               3.

               Tercer motivo, basado en que el Consejo incumplió su obligación de motivación. La motivación de la Decisión y el Reglamento para incluir al demandante (además de ser errónea) es estereotipada, inadecuada e insuficientemente detallada.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que el demandante no cumplía los criterios establecidos para incluir en la lista a una persona en ese momento. En particular, el Consejo no facilitó la información necesaria, pero el demandante, en la medida en que tiene conocimiento, a) no había sido en ese momento declarado responsable de malversación de fondos del Estado ucraniano o de su transferencia ilegal por un órgano judicial o de otro tipo, y b) no era en ese momento objeto de un proceso penal en Ucrania dirigido a la investigación de delitos de malversación de fondos del Estado ucraniano y su transferencia ilegal al extranjero.

               5.

               Quinto motivo, basado en que el Consejo incurrió en errores de apreciación manifiestos al incluir al demandante en los actos impugnados. En particular, el Consejo no disponía de pruebas, y en cualquier caso de pruebas «concretas», que demostraran la «exactitud material» de las acusaciones contra el demandante y se basó erróneamente en las afirmaciones del denominado «régimen provisional» ilegítimo, que trataba de usurpar el poder y tenía razones evidentes para realizar dichas afirmaciones con fines ilícitos.

               6.

               Sexto motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y/o del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante. En particular, el Consejo no ha proporcionado al demandante una motivación exhaustiva, que incluya las pruebas contra él, y no le ha facilitado la información ni los documentos concretos que supuestamente justifican la congelación de activos, y el demandante se ha visto obligado a interponer el presente recurso en un plazo injustamente breve.

               7.

               Séptimo motivo, basado en que se vulneró el derecho a la propiedad del demandante establecido en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por cuanto, en particular, las medidas restrictivas constituyen una restricción injustificada y desproporcionada de dicho derecho.


title: Asunto T-198/12 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 15 de mayo de 2013 — Alemania/Comisión ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Valores límite para el antimonio, el arsénico, el bario, el plomo y el mercurio presentes en los juguetes — Decisión de la Comisión de no aprobar en su totalidad las disposiciones nacionales notificadas por las autoridades alemanas que mantienen los valores límite de estas sustancias — Demanda de medidas provisionales — Admisibilidad — Urgencia — Fumus boni iuris — Ponderación de los intereses» )

text:
               29.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 189/23

         Auto del Presidente del Tribunal General de 15 de mayo de 2013 — Alemania/Comisión
   (Asunto T-198/12 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Valores límite para el antimonio, el arsénico, el bario, el plomo y el mercurio presentes en los juguetes - Decisión de la Comisión de no aprobar en su totalidad las disposiciones nacionales notificadas por las autoridades alemanas que mantienen los valores límite de estas sustancias - Demanda de medidas provisionales - Admisibilidad - Urgencia - Fumus boni iuris - Ponderación de los intereses)
   2013/C 189/48
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y A. Wiedmann, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: M. Patakia y G. Wilms, agentes)

      Objeto

   Demanda en la que se solicita que se autorice provisionalmente, hasta que el Tribunal resuelva sobre el fondo del asunto, el mantenimiento de las disposiciones nacionales notificadas por las autoridades alemanas en las que se establecen los valores límite para el antimonio, el arsénico, el bario, el plomo y el mercurio presentes en los juguetes.

      Fallo

               1)

               La Comisión Europea autorizará el mantenimiento de las disposiciones nacionales notificadas por la República Federal de Alemania en las que se establecen los valores límite para el antimonio, el arsénico, el bario, el plomo y el mercurio presentes en los juguetes hasta que el Tribunal se haya pronunciado en el asunto principal

               2)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales en todo lo demás.

               3)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de febrero de 2004 enel asunto T-120/03, Synopharm GmbH & Co. KG contra Oficina de Armonizacióndel Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)(OAMI) («Marca comunitaria — Oposición — Retirada dela oposición — Sobreseimiento»)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/64

         AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
   de 9 de febrero de 2004
   en el asunto T-120/03, Synopharm GmbH & Co. KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)(OAMI) (1)

   («Marca comunitaria - Oposición - Retirada de la oposición - Sobreseimiento»)
   (2004/C 106/131)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-120/03, Synopharm GmbH & Co. KG, representada por el Sr. G. Hodapp, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. G. Schneider y U. Pfleghar), siendo la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), Pentafarma – Sociedade TécnicoMedicinal Lda, representada por el Sr. J. Pereira da Cruz, abogado, que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 15 de enero de 2003 (asunto R 44/20023), en el marco del procedimiento de oposición entre Synopharm GmbH & Co. KG y Pentafarma – Sociedade TécnicoMedicinal Lda, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 9 de febrero de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar a la parte demandante y a la parte coadyuvante a cargar con sus propias costas y a pagar cada una de ellas la mitad de las costas de la parte demandada.

      (1)  DO C 171, de 19.7.03.


title: Asunto T-242/12: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2012 — SNCF/Comisión

text:
               8.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 273/11

         Recurso interpuesto el 4 de junio de 2012 — SNCF/Comisión
   (Asunto T-242/12)
   2012/C 273/19
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (París) (representantes: P. Beurier, O. Billard y V. Landes, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión impugnada en su totalidad.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante solicita la anulación de la Decisión C(2012) 1616 final de la Comisión, de 9 de marzo de 2012, que declara incompatibles con el mercado interior las ayudas ejecutadas por la República Francesa en favor de Sernam SCS (1), en particular, mediante la recapitalización, la concesión de garantías y la condonación de deudas por parte de la demandante en favor de Sernam.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa de la demandante en la medida en que al adoptar en la Decisión impugnada una postura que no se había mencionado en la decisión de incoar el procedimiento, la Comisión no dio a la demandante la oportunidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre la pertinencia de esta postura.

               2)

               Segundo motivo, basado en la violación del principio de protección de la confianza legítima en la medida en que la Decisión «Sernam 2» (2) creó una situación que legitimó la confianza de la demandante en cuanto a la regularidad de la cesión en bloque del activo de Sernam.

               3)

               Tercer motivo, basado en el incumplimiento de su deber de diligencia y en la violación del principio de seguridad jurídica puesto que la Comisión adoptó una decisión casi siete años después de la cesión en bloque del activo de Sernam.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la comisión de errores de hecho y de Derecho en la medida en que la Comisión consideró que no se habían cumplido los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión «Sernam 2». Este motivo se divide en seis partes basadas en los errores que según la demandante cometió la Comisión al considerar:

                           —

                           que la cesión en bloque del activo de Sernam no se produjo el 30 de junio de 2005;

                           —

                           que no se trata de una venta;

                           —

                           que es un transmisión de la totalidad (activo y pasivo) de Sernam SA;

                           —

                           que no se limitó a los activos de Sernam SA, sino que se incrementó en 59 millones de euros;

                           —

                           que no se realizó con arreglo a un procedimiento transparente y abierto;

                           —

                           y que no fue conforme a la finalidad de una venta de activo.

               5)

               Quinto motivo, basado en un error de Derecho ya que la Comisión consideró que la obligación de recuperación de la ayuda de 41 millones de euros se había transferido a Financière Sernam y a sus filiales, siendo así que no puede considerarse que Financière Sernam haya gozado de una ventaja, en la medida en que pagó el precio de mercado por los activos en bloque de Sernam.

               6)

               Sexto motivo, basado en la falta de motivación y en la comisión de errores de hecho y de Derecho por parte de la Comisión al considerar que la medidas del memorándum de acuerdo relativo a la cesión en bloque del activo de Sernam constituían ayudas estatales siendo así que el precio pagado por la adquisición era el precio de mercado resultante de una licitación abierta, transparente, incondicional y no discriminatoria, que además era muy inferior al coste de liquidación que la demandante habría soportado en el supuesto de que Sernam hubiese sido liquidada judicialmente.

      (1)  Ayuda estatal no C 37/2008 — Francia — Aplicación de la Decisión «Sernam 2» — SA.12522.

      (2)  Decisión 2006/367/CE de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa a la ayuda estatal ejecutada parcialmente por Francia en favor de la empresa Sernam [notificada con el número C(2004) 3940] (DO 2006, L 140, p. 1).


title: Asunto C-356/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Tribunal du Travail de Nivelles, de fecha 24 de septiembre de 2002, en el asunto entre Anne Hennecart y Office national de l'emploi

text:
23.11.2002              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 289/17
Recurso interpuesto el 2 de octubre de 2002 contra la                  Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
República Helénica por la Comisión de las Comunidades                  lución del Tribunal du Travail de Nivelles, de fecha 24 de
                             Europeas                                  septiembre de 2002, en el asunto entre Anne Hennecart
                                                                                y Office national de l’emploi
                        (Asunto C-352/02)                                                     (Asunto C-356/02)
                                                                                (2002/C 289/29)
                         (2002/C 289/28)
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           resolución del Tribunal du Travail de Nivelles, dictada el 24 de
presentado el 2 de octubre de 2002 un recurso contra                   octubre de 2002, en el asunto entre Anne Hennecart y Office
la República Helénica formulado por la Comisión de las                 national de l’emploi, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Minas Konstan-           Justicia el 3 de octubre de 2002. El Tribunal du Travail de
tinidis, miembro de su Servicio Jurídico.                              Nivelles solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
                                                                       la siguiente cuestión:
                                                                       «¿El Derecho comunitario —y, más concretamente, los princi-
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:                      pios de ciudadanía y de libre circulación de los ciudadanos
                                                                       previstos en los artículos 18 CE y 19 CE— se opone a que el
                                                                       nacimiento y la conservación del derecho a una prestación de
—     Declare que la República Helénica ha incumplido las
                                                                       seguridad social concedida por un Estado miembro, que no
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
                                                                       obliga al beneficiario a estar disponible en el mercado laboral
      2000/14/CE ( 1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                       de tal Estado, se supedite al requisito de poseer la residencia o
      8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
                                                                       el domicilio en el territorio de dicho Estado?»
      legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones
      sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al
      aire libre al no haber adoptado y, en cualquier caso, al no
      haber comunicado las disposiciones legales, reglamenta-
      rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
      lo dispuesto en la citada Directiva.
—     Condene a la República Helénica al pago de las costas del        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      procedimiento.                                                   lución del Supremo Tribunal Administrativo, de fecha
                                                                       3 de julio de 2002, en el asunto entre Fazenda Pública y
                                                                                Sonae Distribuição, SGPS, S.A.
                                                                                (Asunto C-357/02)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (2002/C 289/30)
El carácter vinculante de las disposiciones del párrafo tercero
del artículo 249 y del artículo 10 CE implica la obligación de
los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
adaptar su ordenamiento jurídico interno a las Directivas antes        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
de que expire el plazo límite establecido para ello y a comunicar      resolución del Supremo Tribunal Administrativo, dictada el
inmediatamente las citadas medidas a la Comisión. El referido          3 de julio de 2002, en el asunto entre Fazenda Pública y Sonae
plazo límite expiró el 3 de julio de 2001 sin que la República         Distribuição, SGPS, S.A., y recibida en la Secretaría del Tribunal
Helénica haya comunicado a la Comisión las disposiciones por           de Justicia el 3 de octubre de 2002. El Supremo Tribunal
las que se adaptó su Derecho interno a la citada Directiva.            Administrativo solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
                                                                       sobre la siguiente cuestión:
( 1) DO L 162 de 3.7.2000, p. 1.                                       ¿Son compatibles con los artículos 11 y 12 de la Directiva 69/
                                                                       335 (1) las normas contenidas en los números 1 y 2 del
                                                                       Decreto no 904/95, de 18 de julio, y en el artículo 408,
                                                                       apartado 1, del Código do Mercado de Valores Mobiliários
                                                                       (aprobado por el Decreto-ley no 142-A/91, de 10 de abril; en


title: Asunto C-555/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral (Portugal) el 28 de octubre de 2013 — Merck Canada Inc./Accord Healthcare Limited y otros

text:
               18.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 15/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral (Portugal) el 28 de octubre de 2013 — Merck Canada Inc./Accord Healthcare Limited y otros
   (Asunto C-555/13)
   2014/C 15/11
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Arbitral

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Merck Canada Inc.

      Demandada: Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal L.da

      Cuestión prejudicial

   ¿Puede interpretarse el artículo 13 del Reglamento (CE) no 469/2009 (1) en el sentido de que permite que, mediante un certificado complementario de protección para los medicamentos, el período de exclusividad de explotación de la invención patentada sea superior a quince años a partir de la primera autorización de comercialización en la Comunidad del medicamento en cuestión (sin contar con la prórroga prevista en el apartado 3 del referido artículo 13)?

      (1)  Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (Versión codificada) (DO L 152, p. 1).


title: Asunto C-463/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de septiembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículos 24, apartado 1, 25, letra b), 62, apartado 2, 63 y 64, apartado 1 — Concepto de «prestación de servicios» — Contrato de abono a servicios de asesoramiento — Devengo del impuesto — Necesidad de demostrar la prestación efectiva de los servicios — Exigibilidad del impuesto]

text:
               26.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 354/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de septiembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
   (Asunto C-463/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículos 24, apartado 1, 25, letra b), 62, apartado 2, 63 y 64, apartado 1 - Concepto de «prestación de servicios» - Contrato de abono a servicios de asesoramiento - Devengo del impuesto - Necesidad de demostrar la prestación efectiva de los servicios - Exigibilidad del impuesto])
   (2015/C 354/13)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad — Varna

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Asparuhovo Lake Investment Company OOD

      Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

      Fallo

               1)

               El artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «prestaciones de servicios» incluye los contratos de abono para proporcionar servicios de asesoramiento a una empresa, en especial de índole jurídica, comercial y financiera, con arreglo a los cuales el prestador se pone a disposición del cliente durante el período de vigencia del contrato.

               2)

               Respecto a los contratos de abono que se refieren a servicios de asesoramiento, como los del litigio principal, los artículos 62, apartado 2, 63 y 64, apartado 1, de la Directiva 2006/112 deben interpretarse en el sentido de que el devengo del impuesto y su exigibilidad se producen al término del período estipulado para el pago, con independencia de si el cliente ha solicitado efectivamente los servicios del prestador y de la frecuencia con que lo haya hecho.

      (1)  DO C 439, de 8.12.2014.


title: Asunto C-519/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtief Solution AG [Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n ° 44/2001 — Competencias especiales — Artículo 5, punto 1, letra a) — Concepto de «materia contractual» ]

text:
               14.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 367/20

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtief Solution AG
   (Asunto C-519/12) (1)

   (Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil - Reglamento (CE) no 44/2001 - Competencias especiales - Artículo 5, punto 1, letra a) - Concepto de «materia contractual»)
   2013/C 367/34
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Kúria

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

      Demandada: Hochtief Solution AG

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Kúria — Interpretación del artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1) — Competencia de los tribunales de un Estado miembro en materia contractual — Reclamación de un acreedor, basada en un contrato de préstamo, contra una sociedad que posee una participación que le permite ejercer una influencia determinante en la sociedad deudora parte del contrato en aplicación de las normas nacionales específicas que regulan la responsabilidad de la primera sociedad.

      Fallo

   No cabe considerar materia contractual en el sentido del artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, un litigio como el que es objeto del procedimiento principal, en el que la normativa nacional impone a una persona la obligación de responder de las deudas de una sociedad que controla, debido a que esta persona no ha cumplido las obligaciones de declaración consiguientes a su toma de control de esa sociedad.

      (1)  DO C 46, de 16.2.2013


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Gerechtshof te Amsterdam de fecha 7 de junio de 1995, en el asunto entre ARO Lease BV e Inspecteur der Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam (Asunto C-190/95)

text:
N° C 208/ 14            ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    12 . 8 . 95
    cártel . Con independencia de si el cártel de crisis             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
    estructural ha sido o no, en cuanto tal , objeto de la           lución del Landskrona tingsrätt, de fecha 14 de junio de
    decisión de imponer las multas, dicho cártel fue tenido          1995 , en el asunto entre Ministerio Fiscal contra Harry
    en cuenta en numerosos puntos de la Decisión de la                                            Franzén
    Comisión e influyó también de manera decisiva en la                                    ( Asunto C-189/95 )
    sentencia del Tribunal de Primera Instancia .
                                                                                ( 95/C 208/27 )
— Infracciones del apartado 1 del artículo 85 del Tra
    tado CEE : El Tribunal de Primera Instancia ha incurrido         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
    en varios errores graves en la valoración jurídica de los        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
    hechos que consideró acreditados . En particular, dejó en        resolución del Landskrona tingsrätt dictada el 14 de junio de
    varios puntos de considerar aspectos relevantes . Así            1995 en el asunto entre Ministerio Fiscal y Harry Franzén, y
    ocurre por lo que se refiere a la delimitación del               recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de
    mercado , a las supuestas prácticas colusorias entre la          junio de 1995 .
    demandante y Tréfilunion, a las supuestas prácticas
    colusorias sobre cuotas y precios con los productores del        El Landskrona tingsrätt solicita al Tribunal de Justicia que
    Benelux en el mercado alemán y a las supuestas prácticas         se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
    colusorias sobre cuotas y precios en el mercado del
    Benelux . La sentencia ignora absolutamente la alegación         1 ) ¿ Un monopolio establecido por la ley, como el System
    formulada por la demandante en la vista oral , así como              bolaget, es compatible con el artículo 30 del Tratado de
                                                                         Roma ?
    las respuestas de la demandante a las preguntas escritas
    del Tribunal de Primera Instancia . Así mismo, el                2 ) ¿ Un monopolio establecido por la ley, como el System
    Tribunal tampoco observó los requisitos del Regla                   bolaget, infringe el artículo 37 del Tratado de Roma y, si
    mento n° 67/67 de las exenciones por categorías .                    así fuere , debe cesar dicho monopolio o es posible una
— Infracciones del artículo 15 del Reglamento n° 1 7/62 : El             adecuación ?
    Tribunal incurre en error de Derecho al estimar que no es
    necesario proceder a una ponderación individual de las           3 ) ¿ Si un monopolio como el Systembolaget fuera consi
    circunstancias atenuantes y agravantes al fijar el importe           derado contrario al artículo 37, existe algún período
    de la multa . También incurre el Tribunal de Primera                 transitorio o dicho monopolio debería haber sido
    Instancia en error de Derecho en sus razonamientos al                abolido o adecuado para el 1 de enero de 1995 ?
    valorar la existencia del cártel de crisis estructural , que
    era conforme a Derecho . Además, el Tribunal no
    reconoce que la demandante podía válidamente invocar
    un error invencible en cuanto a la prohibición. Por              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
    último, erró en su aplicación del principio de propor           lución del Gerechtshof te Amsterdam de fecha 7 de junio de
    cionalidad .                                                     1995 , en el asunto entre ARO Lease BV e Inspecteur der
                                                                        Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam
(') DO n " C 137 de 3 . 6 . 1995 .
(-) DO n" L 260 de 6 . 9 . 1989 , p . 1 .                                                  ( Asunto C-l 90/95 )
                                                                                ( 95/C 208/28 )
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma — Sezioni           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
distaccate di Castelnuovo di Porto e di Tivoli de fechas 1 8 de      resolución del Gerechtshof te Amsterdam dictada el 7 de
febrero de 1995 ( C-l 86/95 ) y 27 de febrero de 1995                junio de 1995 en el asunto entre ARO Lease BV e Inspecteur
( C-187/95 ), en los procesos penales seguidos contra                der Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam, y
Luciano Iommi y otros y Angelo Deodati y Aldo Luchini                recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de
               (Asuntos C-l 86/95 y C-l 87/95 )                      junio de 1995 .
                           ( 95 /C 208/26 )                          El Gerechtshof solicita al Tribunal de Justicia que se
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han           pronuncie sobre la siguiente cuestión :
sido sometidas dos peticiones de decisión prejudicial                ¿ Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta
mediante resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma
                                                                     Directiva 77/388/CEE del Consejo , de 17 de mayo de 1977,
— Sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e di Tivoli,
                                                                     en materia de armonización de las legislaciones de los
dictadas el 1 8 de febrero de 1995 ( C-l 86/95 ) y 27 de febrero     Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
de 1 995 ( C-l 87/95 ), en los procesos penales seguidos contra      volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre
Luciano Iommi y otros y Angelo Deodati y Aldo Luchini,               el Valor Añadido : base imponible uniforme, en el sentido de
recibidas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de
                                                                     que un sujeto pasivo domiciliado en los Países Bajos y que
junio de 1995 .                                                      como tal pone a disposición de terceros , en virtud de
La Pretura Circondariale di Roma — Sezioni distaccate di             contratos de « operational lease », alrededor de 6 800
Castelnuovo di Porto e di Tivoli solicita al Tribunal de             vehículos de turismo, de los cuales compra y pone a
Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie                disposición en Bélgica , donde ARO no tiene oficinas,
sobre cuestiones prejudiciales idénticas a las planteadas en         aproximadamente 800, presta los servicios aludidos en
los asuntos C-135/95 , C-140/95 y C-141 /95 (').                     último lugar desde un establecimiento permanente radicado
                                                                     en Bélgica ?
(') DO n" C 159 de 24 . 6 . 1995 .


title: Asunto C-348/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 10 de julio de 2015 — Stadt Wiener Neustadt

text:
               3.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 363/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 10 de julio de 2015 — Stadt Wiener Neustadt
   (Asunto C-348/15)
   (2015/C 363/23)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente en casación: Stadt Wiener Neustadt

      Coadyuvante: A.S.A. Abfall Service AG

      Autoridad demandada: Niederösterreichische Landesregierung

      Cuestión prejudicial

   ¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2011/92/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en particular su artículo 1, apartado 4, o la Directiva 85/337/CEE (2) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en particular su artículo 1, apartado 5, a una disposición nacional con arreglo a la cual los proyectos que estaban sujetos a un procedimiento de evaluación del impacto ambiental pero que no disponían de una autorización con arreglo a la Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (Ley nacional sobre la evaluación del impacto ambiental; en lo sucesivo, «UPV-G 2000»), sino únicamente de autorizaciones en virtud de leyes específicas (por ejemplo, la Ley de gestión de residuos), que desde el 19 de agosto de 2009 (fecha de entrada en vigor de la reforma de la UPV-G 2000) ya no pueden ser anuladas por haber expirado el plazo de tres años establecido en el Derecho nacional (artículo 3, apartado 6, de la UVP-G 2000), se consideran autorizados con arreglo a la UPV-G 2000, o dicha normativa es conforme con los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, consagrados por el Derecho de la Unión?

      (1)  DO L 26, de 28.1.2012, p. 1.

      (2)  DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9.


title: Asunto C-111/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Principio de neutralidad fiscal — Persona deudora del IVA — Liquidación errónea del IVA por el destinatario — Sujeción al IVA del prestador de servicios — Negativa a conceder la devolución del IVA al prestador de servicios)

text:
               22.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
   (Asunto C-111/14) (1)

   ((Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Principio de neutralidad fiscal - Persona deudora del IVA - Liquidación errónea del IVA por el destinatario - Sujeción al IVA del prestador de servicios - Negativa a conceder la devolución del IVA al prestador de servicios))
   (2015/C 205/13)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Varhoven administrativen sad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: GST — Sarviz AG Germania

      Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

      Fallo

               1)

               El artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/88/UE del Consejo, de 7 de diciembre de 2010, debe interpretarse en el sentido de que sólo es deudor del IVA el sujeto pasivo que efectúa una prestación de servicios, cuando esta prestación se ha realizado desde un establecimiento permanente situado en el Estado miembro en el que se devenga el IVA.

               2)

               El artículo 194 de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2010/88, debe interpretarse en el sentido de que no permite a la Administración tributaria de un Estado miembro considerar deudor del IVA al destinatario de una prestación de servicios efectuada desde un establecimiento permanente del prestador, cuando tanto este último como el destinatario de los servicios están establecidos en el territorio de un mismo Estado miembro, aunque ese destinatario haya pagado ya el impuesto basándose en la suposición errónea de que dicho prestador no disponía de un establecimiento permanente en ese Estado.

               3)

               El principio de neutralidad del IVA debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional que permite a la Administración tributaria denegar al prestador de servicios la devolución del impuesto pagado por él, cuando al destinatario de esos servicios, que también ha pagado dicho impuesto por los mismos servicios, se le ha denegado el derecho a deducción por no disponer del documento fiscal correspondiente, ya que la ley nacional no permite la regularización de los documentos fiscales cuando existe una liquidación complementaria firme.

      (1)  DO C 142, de 12.5.2014.


title: Archivo del asunto T-253/01

text:
C 171/42              ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                        19.7.2003
préstamo subordinado de 175 millones de Euros, cuya suscrip-                               Archivo del asunto T-253/01 ( 1)
ción garantizaría Telefónica en su totalidad. Por último, las
partes se comprometieron a que la deuda de ambas no                                                 (2003/C 171/70)
superase, antes de la operación, 425 y 705 millones de Euros
respectivamente, con un límite máximo de 1 130 millones.                                     (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                            Mediante auto de 30 de abril de 2003, el Presidente de la Sala
En apoyo de sus pretensiones, las demandantes alegan que                    Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
las decisiones impugnadas contienen errores manifiestos de                  Europeas ha decidido archivar el asunto T-253/01: UPS Europe
apreciación de los hechos denunciados. Se considera igual-                  NV/SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.
mente que la Comisión ha incurrido en negligencia, al haber
efectuado un análisis incompleto de los hechos. Por otro lado,              (1 ) DO C 31 de 2.2.2002.
la apreciación de la demandada vulnera el principio de
igualdad, en la medida en que se aparta del criterio mantenido
en otras resoluciones recientes, en las que consideró que debía
efectuarse una nueva notificación.
                                                                                Archivo del asunto T-24/03 (1)
                                                                                (2003/C 171/71)
Por último, las sociedades demandantes imputan a la Comisión
una desviación de poder.                                                                    (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                            Mediante auto de 30 de abril de 2003, el Presidente de la Sala
( 1) Asuntos T-346/02 Cableuropa e.a. (JO C 19 del 25.1.03, p. 40) y        Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     T-347/02 Aunacable e.a. (JO C 19 del 25.1.03, p. 40).                  Europeas ha decidido archivar el asunto T-24/03: Antonio
                                                                            Aresu contra Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                            (1 ) DO C 70 de 22.3.2003.


title: Asunto T-354/06: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2006 — BAM Wegenbouw y HBG Civiel/Comisión

text:
               27.1.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 20/22

         Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2006 — BAM Wegenbouw y HBG Civiel/Comisión
   (Asunto T-354/06)
   (2007/C 20/33)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandantes: BAM Wegenbouw y HBG Civiel (representantes: M.B.W. Biesheuvel y J.K. de Pree, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de 13 de septiembre de 2006 relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 CE [asunto COMP/38.456 — Betún asfáltico — NL — C(2006)4090 def.], al menos en la medida en que en ella se declara que BAM NBM y HBG Civiel han infringido el artículo 81 CE, en la medida en que se imponen multas a BAM NBM y a HBG Civiel, en la medida en que se requiere a BAM NBM y a HBG Civiel para que pongan fin a la infracción y se abstengan en el futuro de de las actuaciones o comportamientos mencionados en el artículo 1, y de cualquier otra actuación o comportamiento que tengan la misma o similar finalidad, y en la medida en que BAM NBM y HBG Civiel son destinatarias de la Decisión.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna la Decisión de la Comisión de 13 de septiembre de 2006 relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 CE (asunto COMP/38.456 — Betún asfáltico — NL) por la que se impuso a la demandante una multa por infracción del artículo 81.
   En apoyo de sus recursos las demandantes alegan que la Decisión es contraria al artículo 81 CE y a los artículos 7 y 23, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1/2003, y que incumple el deber de motivación del artículo 235CE. Además la Comisión apreció e interpretó incorrectamente los hechos, sin que probara suficientemente la afirmación de que las demandantes infringieron el artículo 81 CE.
   Con carácter subsidiario las demandantes alegan que el artículo 2 de la Decisión es contrario al artículo23, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1/2003 y las Directrices sobre las multas (1). Según las demandantes, la gravedad de la supuesta infracción fue incorrectamente apreciada. La infracción fue indebidamente calificada de muy grave, y la multa impuesta es desproporcionada.
   Por último, la Decisión adolece de vicios sustanciales de forma, entre otras razones debido a que la Comisión no permitió a las demandantes acceder a las respuestas a las imputaciones de las compañías petrolíferas y de las empresas constructoras de carreteras, pese a que las demandantes lo habían solicitado.

      (1)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO C 9 de 14.1.1998, p. 3).


title: Asunto T-247/04: Recurso interpuesto el 17 de junio de 2004 por la Asociación de Exportadores Españoles de Productos Farmacéuticos («ASEPROFAR») y Española de Desarrollo e Impulso Farmacéutico, S.A. («EDIFA») contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               28.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/32

         Recurso interpuesto el 17 de junio de 2004 por la Asociación de Exportadores Españoles de Productos Farmacéuticos («ASEPROFAR») y Española de Desarrollo e Impulso Farmacéutico, S.A. («EDIFA») contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-247/04)
   (2004/C 217/57)
   Lengua de procedimiento: español
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades europeas se ha presentado, el 17 de junio de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la Asociación de Exportadores Españoles de Productos Farmacéuticos («ASEPROFAR») y Española de Desarrollo e Impulso Farmacéutico, S.A. («EDIFA»), con domicilio en Madrid, representadas por el letrado en ejercicio D. Luis Ortiz Blanco.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión de la Comisión Europea incorporada en las cartas de 2 de abril, 6 de mayo y 10 de mayo de 2004 por la que se procede al archivo de las quejas registradas con los números P/2002/4609 y 2003/5119 (en su aspecto relativo a la aplicabilidad del artículo 29 CE) sobre la base de que el Real Decreto 725/2003, de 13 de junio de 2003, no infringe el artículo 29 CE ni el artículo 10 en combinación con el artículo 29 CE;

               —

               condene en costas a la Comisión Europea.

         Motivos y principales alegaciones:
   El presente recurso tiene por objeto la anulación de la decisión contenida en sendas cartas de la Comisión Europea, de 2 de abril y 6 y 10 de mayo de 2004, por la que se desestiman las denuncias presentadas por las demandantes (P/2002/4609 y 2003/5119), por causa de la adopción del Real Decreto 725/2003, de 13 de junio de 2003, por el que se desarrollan determinados aspectos del artículo 100,2 de la Ley 25/1990, sobre el medicamento.
   Este Real Decreto obliga a los almacenes mayoristas que distribuyen productos farmacéuticos a comunicar a la administración sanitaria las cantidades de medicamentos suministradas a las farmacias u otros almacenes mayoristas. Dicha información es posteriormente facilitada a los laboratorios farmacéuticos por aquella administración pública. Las demandantes estiman que, de esta manera, los laboratorios farmacéuticos pueden adoptar eficazmente medidas de bloqueo de las exportaciones hacia otros paises comunitarios efectuadas por los almacenes mayoristas exportadores, al tener conocimiento de cuáles son los almacenes mayoristas que exportan medicamentos, de los productos farmacéuticos exportados y de las cantidades en que lo hacen.
   Por esta razón, las demandantes estiman que el referido Real Decreto infringe el artículo 29 del Tratado CE, o el artículo 10 del mismo texto, leído conjuntamente con el artículo 29.