title: Asunto T-78/13: Sentencia del Tribunal General de 5 de febrero de 2015  — Red Bull/OAMI — Sun Mark (BULLDOG) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa BULLDOG — Marcas internacionales y nacionales denominativas anteriores BULL y RED BULL — Motivos de denegación relativos — Riesgo de confusión — Identidad de los productos — Similitud de los signos — Concepto de similitud conceptual — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento n ° 207/2009» ]

text:
               23.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/15

         Sentencia del Tribunal General de 5 de febrero de 2015 — Red Bull/OAMI — Sun Mark (BULLDOG)
   (Asunto T-78/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa BULLDOG - Marcas internacionales y nacionales denominativas anteriores BULL y RED BULL - Motivos de denegación relativos - Riesgo de confusión - Identidad de los productos - Similitud de los signos - Concepto de similitud conceptual - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009»])
   (2015/C 096/18)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (representantes: inicialmente A. Renck y T. Heitmann, abogados, e I. Fowler, Solicitor, posteriormente A. Renck e I. Fowler)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente F. Mattina, posteriormente P. Bullock y A. Schifko, agentes, posteriormente D. Walicka y finalmente M. Schifko)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Sun Mark Ltd (Middlesex, Reino Unido)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 16 de noviembre de 2012 (asunto R 107/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Red Bull GmbH y Sun Mark Ltd.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 16 de noviembre de 2012 (asunto R 107/2012-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Red Bull GmbH y Sun Mark Ltd.

               2)

               Declarar la inadmisibilidad de las pretensiones de Red Bull de que se condene a Sun Mark a cargar con las costas.

               3)

               Condenar en costas a la OAMI.

      (1)  DO C 108, de 13.4.2013.


title: Asunto F-116/14: Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2014 — ZZ/Comisión

text:
               26.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/47

         Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2014 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-116/14)
   (2015/C 026/63)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: L.Y. Levi, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Pretensión de anulación de la decisión del Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Pensiones y Seguros de Jubilación (AESPJ) por la que se retiró una decisión anterior en la que se nombraba a la demandante agente temporal de grado AD8, así como de indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales supuestamente sufridos.

      Pretensiones de la parte demandante

   La demandante solicita al Tribunal que:

               —

               Anule la decisión del Director Ejecutivo de la AESPJ de 24 de febrero de 2014 por la que se retira una decisión anterior de 7 de noviembre de 2013 en la que se nombraba a la demandante agente temporal de grado AD8 con carácter provisional y a partir del 16 de septiembre de 2013, previo procedimiento de selección de personal convocado por el anuncio de vacante 1327TAAD08.

               —

               Anule la decisión de 24 de julio de 2014 por la que se desestima el recurso presentado por la demandante el 25 de marzo de 2014.

               —

               Condene a la demandada a indemnizar los perjuicios materiales, consistentes en la diferencia retributiva entre las retribuciones percibidas por la demandante en el grado AD6 desde el 16 de septiembre de 2013 y las retribuciones correspondientes al grado AD8, más los intereses de demora calculados al tipo del Banco Central Europeo incrementado en 2 puntos porcentuales.

               —

               Con carácter subsidiario, condene a la demandada a indemnizar los perjuicios consistentes en la diferencia retributiva entre las retribuciones del grado AD6 y las retribuciones del grado AD8 entre el 16 de septiembre de 2013 y el 24 de febrero de 2014, más los intereses de demora calculados al tipo del Banco Central Europeo incrementado en dos puntos.

               —

               Condene a la demandada a indemnizar los daños morales, valorados ex aequo et bono en 20  000 euros.

               —

               Condene en costas a la Comisión Europea.


title: Asunto C-353/99 P: Recurso de casación interpuesto por el Consejo de la Unión Europea el 22 de septiembre de 1999 contra la sentencia dictada el 19 de julio de 1999 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-14/98, promovido por Heidi Hautala, diputada del Parlamento Europeo, apoyada por la República de Finlandia y el Reino de Suecia, contra el Consejo de la Unión Europea, apoyado por la República Francesa

text:
C 333/20                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        20.11.1999
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                  Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                           lución del Arbeitsgericht Bremen, de fecha 25 de agosto
— Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le                de 1999, en el asunto entre Wolfgang Lange y Firma
     incumben en virtud de la Directiva 95/50/CE del Consejo,                                  Georg Schünemann GmbH
     de 6 de octubre de 1995, relativa a procedimientos
     uniformes de control del transporte de mercancı́as peligro-                                    (Asunto C-350/99)
     sas por carretera (1), al no notificar las disposiciones legales,
     reglamentarias o administrativas necesarias para atenerse a                                     (1999/C 333/44)
     dicha Directiva.
— Condene en costas a Irlanda.                                             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                           resolución del Arbeitsgericht Bremen, dictada el 25 de agosto
Motivos y principales alegaciones
                                                                           de 1999, en el asunto entre Wolfgang Lange y Firma Georg
El artı́culo 249 CE (antiguo artı́culo 189 del Tratado CE), según         Schünemann GmbH, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
el cual las Directivas obligarán al Estado miembro destinatario           de Justicia el 22 de septiembre de 1999. El Arbeitsgericht
en cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la                    Bremen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
obligación de los Estados miembros de respetar el plazo de                las siguientes cuestiones:
ejecución previsto en ellas. En el presente asunto, dicho plazo           1) El artı́culo 2, apartado 2, letra i), de la Directiva 91/533/CEE
expiró el 1 de enero de 1997 sin que Irlanda haya adoptado                     del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la
las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva mencio-               obligación del empresario de informar al trabajador acerca
nada en las pretensiones de la Comisión.                                       de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la
                                                                                relación laboral (DO L 288, p. 32; en lo sucesivo, «Directiva
(1) DO L 249 de 17.10.1995, p. 35.
                                                                                relativa a la obligación de información»), ¿se refiere también
                                                                                a estipulaciones acordadas con el trabajador en virtud de
                                                                                las cuales éste se obliga, con carácter general, a realizar
                                                                                horas extraordinarias?
Recurso interpuesto el 20 de septiembre de 1999 contra                     2) El artı́culo 2 de la mencionada Directiva, ¿impone interpre-
el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las                            tar una Ley nacional de adaptación del Derecho interno en
                    Comunidades Europeas                                        el sentido de que aquellas estipulaciones que no presenten
                                                                                la precisión exigida en dicha disposición, sino que confie-
                        (Asunto C-348/99)                                       ran al empresario derechos unilaterales definidos de
                                                                                manera imprecisa en cuanto a su contenido, son también
                          (1999/C 333/43)                                       nulas de pleno Derecho?
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               3) a) En caso de que un empresario no haya proporcionado
presentado el 20 de septiembre de 1999 un recurso contra el                          la informacion requerida en la Directiva, ¿obliga ésta a
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de                              aplicar asimismo, mediante una interpretación con-
las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Marie                             forme con el Derecho comunitario, los principios
Wolfcarius, Consejero Jurı́dico, y por el Sr. Manuel Desantes,                       nacionales que establecen el reparto de la carga de la
funcionario nacional adscrito al Servicio Jurı́dico, en calidad                      prueba cuando una de las partes del procedimiento no
de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el                              ha cumplido sus obligaciones legales de documenta-
despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,                            ción?
Kirchberg.
                                                                                b) En caso de respuesta negativa a la cuestión formulada
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal                        en la letra a), ¿prohı́be el artı́culo 6, tercer guión, de
de Justicia que:                                                                     la citada Directiva aplicar los principios jurı́dicos
— Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido                             nacionales en el sentido indicado en la letra a)?
     las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
     96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
     la protección jurı́dica de las bases de datos, (1) al no
     haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
     administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo                 Recurso de casación interpuesto por el Consejo de la
     dispuesto en dicha Directiva.                                         Unión Europea el 22 de septiembre de 1999 contra la
— Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.                          sentencia dictada el 19 de julio de 1999 por la Sala Primera
                                                                           del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                          Europeas en el asunto T-14/98, (1) promovido por Heidi
                                                                           Hautala, diputada del Parlamento Europeo, apoyada por
Al expirar el plazo para la adaptación del Derecho interno a lo           la República de Finlandia y el Reino de Suecia, contra el
dispuesto en la Directiva el 1 de enero de 1998, el Gran                   Consejo de la Unión Europea, apoyado por la República
Ducado de Luxemburgo no habı́a adoptado las medidas                                                       Francesa
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva
ni habı́a comunicado a la Comisión el texto de las disposiciones                                  (Asunto C-353/99 P)
de Derecho interno adoptadas a tal efecto.
                                                                                (1999/C 333/45)
(1) DO L 77, de 27.3.1996, p. 20.
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                           presentado el 22 de septiembre de 1999 un recurso de
 ---pagebreak--- 20.11.1999              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 333/21
casación interpuesto por el Consejo de la Unión Europea,                              Archivo del asunto C-316/98 P (1)
representado por la Sra. Jill Aussant, Directora, y los Sres.
Giorgio Maganza, Director, y Martin Bauer, Consejero Jurı́dico,                                  (1999/C 333/46)
en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Director              Mediante auto de 2 de febrero de 1999, el Presidente del
de la Dirección de Asuntos Jurı́dicos del Banco Europeo de               Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,                   archivar el asunto C-316/98 P: Union européenne de l’artisanat
contra la sentencia dictada el 19 de julio de 1999 por la Sala            et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) contra
Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              Consejo de la Unión Europea.
Europeas en el asunto T-14/98 promovido por Heidi Hautala,
diputada del Parlamento Europeo, apoyada por la República
de Finlandia y el Reino de Suecia, contra el Consejo de la                (1) DO C 312 de 10.10.1998.
Unión Europea, apoyado por la República Francesa.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
— Anule la resolución del Tribunal de Primera Instancia de
      19 de julio de 1999 en la medida en que                                            Archivo del asunto C-335/98 (1)
      — anula la decisión del Consejo, de 4 de noviembre de                                     (1999/C 333/47)
          1997, por la que se deniega a la demandante el acceso
          al informe del Grupo de trabajo «Exportaciones de
          armamento convencional» y                                       Mediante auto de 21 de mayo de 1999, el Presidente del
                                                                          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                          archivar el asunto C-335/98: Comisión de las Comunidades
      — condena en costas al Consejo.                                     Europeas contra República Italiana.
— Resuelva definitivamente el asunto, deniegue las pretensio-
      nes de primera instancia, por infundadas, y condene a la            (1) DO C 327 de 24.10.1998.
      demandante en primera instancia al pago de las costas del
      procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.
— Decida sobre las costas del presente recurso de casación
      como resulte apropiado.
                                                                                Archivo del asunto C-388/98 (1)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (1999/C 333/48)
En apoyo de su recurso de casación, el Consejo alega que el              Mediante auto de 11 de junio de 1999, el Presidente del
Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error fundamental           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
de Derecho al interpretar el artı́culo 4, apartado 1, de la               archivar el asunto C-388/98: Comisión de las Comunidades
Decisión (2) relativa al acceso del público a los documentos del        Europeas contra República Helénica.
Consejo impone a éste la obligación jurı́dica de examinar si
procede conceder el acceso a partes de un documento a las
que se haya pedido acceder.                                               (1) DO C 397 de 19.12.1998.
En opinión del Consejo, el Tribunal de Primera Instancia:
i)    interpretó incorrectamente los efectos jurı́dicos de la
      Decisión sobre acceso del público a los documentos del
      Consejo;                                                                           Archivo del asunto C-338/96 (1)
ii) interpretó erróneamente el objetivo de la Decisión sobre                                  (1999/C 333/49)
      acceso del público a los documentos del Consejo;
                                                                          Mediante auto de 21 de junio de 1999, el Presidente del
iii) aplicó incorrectamente el principio de proporcionalidad.            Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                          archivar el asunto C-338/96 (petición de decisión prejudicial
                                                                          del Tribunale di Genova): Ignacio Messina & C. SpA contra
(1) DO C 72, de 7.3.98, p. 27.                                            Amministrazione delle Finanze dello Stato.
(2) Decisión 93/731/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1993
     (DO L 340, de 31.12.93, p. 43).
                                                                          (1) DO C 370 de 7.12.1996.


title: Asunto T-666/16 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2016 por Carlo De Nicola contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-100/15, De Nicola/BEI

text:
               7.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 410/25

         Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2016 por Carlo De Nicola contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-100/15, De Nicola/BEI
   (Asunto T-666/16 P)
   (2016/C 410/35)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representante: G. Ferabecoli, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Banco Europeo de Inversiones

      Pretensiones

   El recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Estime el presente recurso y, reformando la sentencia recurrida, anule los puntos 1 y 2 del fallo y los apartados 33, 46 a 60, 85 a 94, 100 a 106 y 107 a 109 de la sentencia recurrida.

               —

               En consecuencia, anule o descarte la aplicación de la decisión del Comité de recursos de 8 de diciembre de 2014, en su caso devolviendo el expediente al mismo tras haber fijado los criterios a los que debe ajustarse para adoptar una nueva decisión; reconozca que el BEI sometió al Dr. De Nicola a acoso psicológico y le condene a indemnizar a éste por los perjuicios sufridos tal como se había solicitado en el recurso en primera instancia, o, con carácter subsidiario, remita el asunto a otra Sala de Apelación de este Tribunal para que resuelva de nuevo, con una composición diferente, sobre las partes anuladas, previa realización del peritaje médico ya solicitado.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se interpone contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 21 de julio de 2016 en la que se desestimó el recurso, interpuesto por el recurrente, en el que éste solicitaba la anulación de la decisión del Comité de recursos de 8 de diciembre de 2014 por la que se desestimó su recurso contra su informe de evaluación de 2013, así como de la decisión de la parte demandada de no ascenderlo. El recurrente solicita además que se reconozca el acoso psicológico del que afirma ser víctima y se condene al Banco a indemnizarlo por los perjuicios morales, físicos y materiales que alega haber sufrido.
   En apoyo de sus alegaciones, el recurrente afirma que la pretensión de que se reconozca el acoso psicológico se basa en el propio artículo 41 del Reglamento de personal del Banco y que, por tanto, no existe ningún problema en cuanto a contenidos o materias que deban sustraerse a la competencia del juez comunitario. A este respecto, pone de relieve que la jurisprudencia del Tribunal General confirma la obligación del juez de la Unión de pronunciarse sobre la pretensión de que reconozca un hecho.
   El recurrente sostiene además que concurren todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia para estimar la pretensión de condena a la indemnización del perjuicio.
   El recurrente critica igualmente los apartados 46 a 60 de la sentencia recurrida, relativos a la pretensión de anulación de la decisión del Comité de recursos, en la medida en que esta parte de la sentencia se ha basado en el presupuesto de que no había quedado acreditado que la decisión del Comité de recursos adoleciera de un error manifiesto de apreciación.


title: Asunto C-130/17: Recurso interpuesto el 10 de marzo de 2017 — Comisión Europea/República de Bulgaria

text:
               8.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/33

         Recurso interpuesto el 10 de marzo de 2017 — Comisión Europea/República de Bulgaria
   (Asunto C-130/17)
   (2017/C 144/43)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Wils e I. Zalogin)

      Demandada: República de Bulgaria

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Bulgaria ha incumplido su obligación de establecer un punto único de contacto para el intercambio de certificados electrónicos de acceso a los datos biométricos en documentos de identidad tras la Decisión C(2009) 7476 de la Comisión, de 5 de octubre de 2009, por la que se modifica la Decisión [C(2008) 8657 final] de la Comisión por la que se establece la política de certificación prevista en las especificaciones técnicas sobre las normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros, y tras la Decisión C(2011) 5478 de la Comisión, que modifica la Decisión C(2002) 3069 por la que se establecen especificaciones técnicas para la aplicación del modelo uniforme de permisos de residencia para nacionales de terceros países.

               —

               Que se condene en costas a la República de Bulgaria.

      Motivos y principales alegaciones

   La República de Bulgaria no ha establecido un punto único de contacto para el intercambio de certificados electrónicos para el acceso a datos biométricos en los documentos de identidad, incumpliendo de ese modo las obligaciones que le incumben en virtud de la mencionadas Decisiones de la Comisión.


title: Recurso interpuesto el 9 de marzo de 1998 por las Antillas Neerlandesas contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-41/98)

text:
2.5.98                   ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 C 137/19
Recurso interpuesto el 5 de marzo de 1998 por Sadam                     Ð anule la Decisión de la AFPN de 8 de diciembre de
Zuccherifici Divisione della Seci, Sadam Castiglionese                      1997 por la que se desestima la reclamación adminis-
SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA y                      trativa presentada por el demandante con arreglo al
SocietaÁ Fondiaria Industriale Romagnola SFIR SpA contra                    apartado del artículo 90 del Estatuto, en la medida en
                  el Consejo de la Unión Europea                            que no tiene en cuenta experiencia profesional acredi-
                         (Asunto T-39/98)                                   tada;
                           (98/C 137/41)
                                                                        Ð condene a la parte demandada a pagarle la cantidad
               (Lengua de procedimiento: italiano)                          de 2 130 894 francos belgas;
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  Ð condene a la parte demandada al pago de los intereses
Europeas se presentó el 5 de marzo de 1998 un recurso                       legales, para los cuales la parte demandante solicita
contra el Consejo de la Unión Europea, formulado por                        que se aplique la tasa de 8 % anual desde el 13 de
Sadam Zuccherifici Divisione della Seci, Sadam Castiglio-                   mayo de 1993 hasta la fecha de la sentencia;
nese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise
SpA y SocietaÁ Fondiaria Industriale Romagnola SFIR SpA,                Ð condene en cualquier caso a la demandada al pago de
representados por los Sres. Vincenzo Cerulli Irelli, Gual-                  la totalidad de las costas procesales.
tiero Pittalis y Giancarlo Fanzini, Abogados de Teramo,
Bolonia y Forlì Cesena, que designan como domicilio en
                                                                        Motivos y principales alegaciones
Luxemburgo el bufete del Abogado ArseÁne Kronshagen,
22, rue Marie AdeÂlaïde.
                                                                        El demandante, contratado el 13 de mayo como agente
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera                 temporal, impugna la decisión de su clasificación invo-
Instancia que:                                                          cando una aplicación errónea de los artículos 31 y 32 del
                                                                        Estatuto. En su opinión, la AFPN no tuvo en cuenta su
Ð anule el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2613/97                    experiencia profesional total, de 24 anÄos y 1 mes, ni en el
     del Consejo de 15 de diciembre de 1997;                            momento de la contratación ni en su decisión desestimato-
                                                                        ria de la reclamación administrativa. AdemaÂs, la AFPN no
Ð condene en costas a la parte que pierda el pleito.                    tuvo en cuenta la formación universitaria y la experiencia
                                                                        profesional específica en el aÂmbito naval que el deman-
Motivos y principales alegaciones                                       dante puede ofrecer en el seno de la DG XIV.
Los motivos y principales alegaciones son los formulados                En segundo lugar, el demandante alega la infracción del
en el asunto T-38/98, ANB y otros/Consejo (1).                          artículo 7 del Estatuto y del principio de igualdad de trato
                                                                        entre funcionarios, puesto que estaba desempenÄando fun-
(1) VeÂase la paÂgina 18 del presente Diario Oficial.                   ciones de un nivel superior al de su grado y trabajaba con
                                                                        companÄeros clasificados en el grado B 1, escalón 1.
                                                                        Por uÂltimo, afirma que la AFPN ha incumplido su deber
                                                                        de asistencia y de confianza legítima respecto al deman-
                                                                        dante al atender uÂnicamente al intereÂs del servicio, sin
Recurso interpuesto el 5 de marzo de 1998 por Giuliano                  tener en cuenta los del interesado.
Pagliarani contra la Comisión de las Comunidades
                              Europeas
                         (Asunto T-40/98)
                           (98/C 137/42)
               (Lengua de procedimiento: franceÂs)                      Recurso interpuesto el 9 de marzo de 1998 por las Antillas
                                                                        Neerlandesas contra la Comisión de las Comunidades
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                             Europeas
Europeas se ha presentado el 5 de marzo de 1998 un                                             (Asunto T-41/98)
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por Giuliano Pagliarani, con domicilio en Bru-                                         (98/C 137/43)
selas, representado por el Sr. Mario Spandre, Abogado de
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                              (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)
despacho del Sr. Pierre Thielen, 21, rue de Nassau.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-                Europeas se ha presentado el 9 de marzo de 1998 un
tancia que:                                                             recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                        formulado por las Antillas Neerlandesas, representadas
Ð anule la Decisión de la Autoridad Facultada para Pro-                 por los Sres. P. V. F. Bos y M. M. Slotboom, Abogados de
     ceder a los Nombramientos (AFPN) en la medida en                   Rotterdam, que designan como domicilio en Luxemburgo
     que, al nombrarlo como agente temporal, lo clasificó               el despacho de Loesch y Wolter, Abogados, 11, rue
     en el grado B 3 escalón 3;                                         Goethe.
 ---pagebreak--- C 137/20               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      2.5.98
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-             motivo la demandante fue sustituida por el representante
tancia que:                                                          de Bruselas no elegido que había obtenido el mayor
                                                                     nuÂmero de votos de la lista no 5.
Ð anule el Reglamento (CE) no 2494/97 de la Comisión,
     de 12 de diciembre de 1997, relativo a la expedición            La demandante senÄala que, como resultado de este modo
     de certificados de importación de arroz del código              de interpretar el artículo 17 del Reglamento electoral, la
     NC 1006 originario de los países y territorios de Ultra-        lista no 5 contaba, entre sus miembros electos, uÂnicamente
     mar con arreglo a las medidas específicas establecidas          representantes de Bruselas, habiendo sido excluida de
     por el Reglamento (CE) no 2352/97 (1)                           entre los elegidos la candidata que había obtenido el
                                                                     mayor nuÂmero de votos individuales. La demandante con-
Ð condene en costas a la Comisión.                                   sidera que tal resultado contradice la norma fundamental
                                                                     que preside cualquier escrutinio democraÂtico, consistente
Motivos y principales alegaciones                                    en que se elijan y nombren, por orden de votos, los candi-
                                                                     datos que hayan obtenido el mayor nuÂmero de votos.
Los motivos y principales alegaciones son ideÂnticos a los
del asunto T-32/98 (2).                                              En apoyo de sus pretensiones la demandante afirma que la
                                                                     decisión impugnada debe ser anulada:
(1) DO L 343 de 13.12.1997, p. 17.
(2) AuÂn no publicado en el Diario Oficial.                          Ð por infracción de los artículos 6, 17 y 18 del Regla-
                                                                          mento electoral,
                                                                     Ð subsidiariamente, por infracción, por parte de dicho
                                                                          Reglamento de las disposiciones del anexo II del Esta-
                                                                          tuto, y
Recurso interpuesto el 9 de marzo de 1998 por Maria
       Paola Sabbatucci contra el Parlamento Europeo                 Ð por violación del principio, comuÂn a todos los Estados
                       (Asunto T-42/98)                                   miembros en materia de Derecho electoral, conforme
                                                                          al cual el primer elegido de la lista que haya obtenido
                         (98/C 137/44)                                    el mayor nuÂmero de votos no puede resultar no ele-
                                                                          gido.
             (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                     Afirma, en particular, que una interpretación de la letra b)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                     del apartado 5 del artículo 17 como la que realiza el Cole-
Europeas se ha presentado el 9 de marzo de 1998 un
                                                                     gio electoral contradice el criterio de reparto proporcional
recurso contra el Parlamento Europeo formulado por la
                                                                     de los puestos proclamado en los apartados 1 y 2 del
Sra. Maria Paola Sabbatucci, representada por los Sres.
                                                                     artículo 17 del mismo Reglamento. Ahora bien, si se con-
Alberto Dal Ferro y Andrea Cevese, Abogados de Vicenza,
                                                                     siderara que la uÂnica interpretación posible del artículo 17
que designa como domicilio el despacho de los Abogados
                                                                     del Reglamento electoral es la recogida en la Decisión
Morresi Law Office, avenue des Nerviens, 67, Bruselas.
                                                                     impugnada, tambieÂn alega que tal disposición y la del
                                                                     apartado 4 del artículo 6 contradicen el anexo II del Esta-
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
                                                                     tuto de los funcionarios. En efecto, a falta en este anexo
tancia que:
                                                                     de cualquier referencia a la obligación de garantizar una
Ð anule la comunicación de 27 de enero de 1998 del                   representación al personal de determinada sede en caso de
     Colegio Electoral y la respuesta del mismo Colegio, de          ComiteÂ uÂnico, la demandante considera que tal represen-
     17 de febrero de 1998, en la medida en que dicho                tación, en la medida en que estaÂ garantizada por el Regla-
     Colegio excluye a la demandante de entre los miem-              mento electoral, debe establecerse de acuerdo a criterios
     bros elegidos para formar parte del ComiteÂ de Perso-           que no desvirtuÂen las preferencias expresadas por los elec-
     nal;                                                            tores con sus votos.
Ð condene al demandado al pago de las costas procesa-
     les.
Motivos y principales alegaciones
                                                                     Recurso interpuesto el 13 de marzo de 1998 por Acerinox
La demandante, funcionaria de la categoría B del Parla-                  SA contra la Comisión de las Comunidades Europeas
mento Europeo, se opone a su exclusión del grupo de ele-                                   (Asunto T-48/98)
gidos para formar parte del ComiteÂ de Personal de la parte
                                                                                (98/C 137/45)
demandada. A este respecto recuerda que se presentó
como candidata en la lista no 5 a las elecciones celebradas                        (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
en segunda vuelta en enero de 1998 y obtuvo el mayor
nuÂmero de votos de la lista. SeguÂn los datos comunicados           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
por el Colegio Electoral, si se asignaran mandatos con               Europeas se ha presentado el 13 de marzo de 1998 un
arreglo al nuÂmero de votos individuales, no se cumpliría el         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
requisito de composición del ComiteÂ previsto en la letra b)         formulado por Acerinox SA, representada por los Sres.
del apartado 5 del artículo 17 del Reglamento electoral              Alexandre Vandencasteele y Denis Waelbroeck, que
del Parlamento, que exige la presencia de determinado                designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
nuÂmero de miembros destinados en Bruselas. Por este                 Sr. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt.


title: Asunto C-348/99: Recurso interpuesto el 20 de septiembre de 1999 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 333/20                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        20.11.1999
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                  Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                           lución del Arbeitsgericht Bremen, de fecha 25 de agosto
— Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le                de 1999, en el asunto entre Wolfgang Lange y Firma
     incumben en virtud de la Directiva 95/50/CE del Consejo,                                  Georg Schünemann GmbH
     de 6 de octubre de 1995, relativa a procedimientos
     uniformes de control del transporte de mercancı́as peligro-                                    (Asunto C-350/99)
     sas por carretera (1), al no notificar las disposiciones legales,
     reglamentarias o administrativas necesarias para atenerse a                                     (1999/C 333/44)
     dicha Directiva.
— Condene en costas a Irlanda.                                             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                           resolución del Arbeitsgericht Bremen, dictada el 25 de agosto
Motivos y principales alegaciones
                                                                           de 1999, en el asunto entre Wolfgang Lange y Firma Georg
El artı́culo 249 CE (antiguo artı́culo 189 del Tratado CE), según         Schünemann GmbH, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
el cual las Directivas obligarán al Estado miembro destinatario           de Justicia el 22 de septiembre de 1999. El Arbeitsgericht
en cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la                    Bremen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
obligación de los Estados miembros de respetar el plazo de                las siguientes cuestiones:
ejecución previsto en ellas. En el presente asunto, dicho plazo           1) El artı́culo 2, apartado 2, letra i), de la Directiva 91/533/CEE
expiró el 1 de enero de 1997 sin que Irlanda haya adoptado                     del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la
las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva mencio-               obligación del empresario de informar al trabajador acerca
nada en las pretensiones de la Comisión.                                       de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la
                                                                                relación laboral (DO L 288, p. 32; en lo sucesivo, «Directiva
(1) DO L 249 de 17.10.1995, p. 35.
                                                                                relativa a la obligación de información»), ¿se refiere también
                                                                                a estipulaciones acordadas con el trabajador en virtud de
                                                                                las cuales éste se obliga, con carácter general, a realizar
                                                                                horas extraordinarias?
Recurso interpuesto el 20 de septiembre de 1999 contra                     2) El artı́culo 2 de la mencionada Directiva, ¿impone interpre-
el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las                            tar una Ley nacional de adaptación del Derecho interno en
                    Comunidades Europeas                                        el sentido de que aquellas estipulaciones que no presenten
                                                                                la precisión exigida en dicha disposición, sino que confie-
                        (Asunto C-348/99)                                       ran al empresario derechos unilaterales definidos de
                                                                                manera imprecisa en cuanto a su contenido, son también
                          (1999/C 333/43)                                       nulas de pleno Derecho?
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               3) a) En caso de que un empresario no haya proporcionado
presentado el 20 de septiembre de 1999 un recurso contra el                          la informacion requerida en la Directiva, ¿obliga ésta a
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de                              aplicar asimismo, mediante una interpretación con-
las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Marie                             forme con el Derecho comunitario, los principios
Wolfcarius, Consejero Jurı́dico, y por el Sr. Manuel Desantes,                       nacionales que establecen el reparto de la carga de la
funcionario nacional adscrito al Servicio Jurı́dico, en calidad                      prueba cuando una de las partes del procedimiento no
de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el                              ha cumplido sus obligaciones legales de documenta-
despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,                            ción?
Kirchberg.
                                                                                b) En caso de respuesta negativa a la cuestión formulada
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal                        en la letra a), ¿prohı́be el artı́culo 6, tercer guión, de
de Justicia que:                                                                     la citada Directiva aplicar los principios jurı́dicos
— Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido                             nacionales en el sentido indicado en la letra a)?
     las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
     96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
     la protección jurı́dica de las bases de datos, (1) al no
     haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
     administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo                 Recurso de casación interpuesto por el Consejo de la
     dispuesto en dicha Directiva.                                         Unión Europea el 22 de septiembre de 1999 contra la
— Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.                          sentencia dictada el 19 de julio de 1999 por la Sala Primera
                                                                           del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                          Europeas en el asunto T-14/98, (1) promovido por Heidi
                                                                           Hautala, diputada del Parlamento Europeo, apoyada por
Al expirar el plazo para la adaptación del Derecho interno a lo           la República de Finlandia y el Reino de Suecia, contra el
dispuesto en la Directiva el 1 de enero de 1998, el Gran                   Consejo de la Unión Europea, apoyado por la República
Ducado de Luxemburgo no habı́a adoptado las medidas                                                       Francesa
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva
ni habı́a comunicado a la Comisión el texto de las disposiciones                                  (Asunto C-353/99 P)
de Derecho interno adoptadas a tal efecto.
                                                                                (1999/C 333/45)
(1) DO L 77, de 27.3.1996, p. 20.
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                           presentado el 22 de septiembre de 1999 un recurso de


title: Asunto F-83/10: Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2010 — Giannakouris/Comisión

text:
               15.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/38

         Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2010 — Giannakouris/Comisión
   (Asunto F-83/10)
   ()
   2011/C 13/75
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxemburgo) (representante: V. Christianos, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión por la que se reduce la asignación por escolaridad concedida al demandante debido a que su hija percibe una ayuda financiera otorgada por un Estado miembro en forma de una beca y de un préstamo.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               En primer lugar, que se anule la decisión mediante la que se reduce la «asignación por escolaridad» abonada al demandante, como resulta de la hoja de haberes del mes de febrero de 2010, y de la hoja de haberes en cuestión en la medida en que reduce parcialmente la «asignación por escolaridad»; en segundo lugar, la decisión de la Comisión de 26 de febrero de 2010, relativa a la reducción de la «asignación por escolaridad» abonada al demandante y a la retención de la cantidad de 770,85 euros aplicada a esta última, retención que aparece en la hoja de haberes del mes de marzo de 2010; en tercer lugar, la hoja de haberes del mes de marzo de 2010, por la que se reduce la «asignación por escolaridad» abonada al demandante y que contiene una retención retroactiva por un importe de 770,85 euros; en cuarto lugar, las hojas de haberes de los meses de abril a agosto de 2010, en la medida en que contienen una reducción parcial de la «asignación por escolaridad»; en quinto lugar, la decisión de la Comisión de 9 de julio de 2010, que desestima expresamente la reclamación.

               —

               Que se reembolsen al demandante las cantidades retenidas junto con los intereses correspondientes.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.


title: Asunto C-555/12: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Tivoli — Italia) — Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini/Comune di Zagarolo (Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Aplicación del Derecho de la Unión — Inexistencia — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)

text:
               4.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/6

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Tivoli — Italia) — Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini/Comune di Zagarolo
   (Asunto C-555/12) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Aplicación del Derecho de la Unión - Inexistencia - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)
   2013/C 129/11
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Tivoli

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini

      Demandada: Comune di Zagarolo

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Tivoli — Interpretación del artículo 47, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con los artículos 6 TUE y 52, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales — Normativa nacional en la que se establece un reparto de competencias entre los tribunales civiles y administrativos que se basa en la distinción entre derechos subjetivos e intereses legítimos — Falta de distinción unívoca entre dichos conceptos.

      Fallo

   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por el Tribunale di Tivoli (Italia).

      (1)  DO C 32, de 2.2.2013.


title: Asunto T-166/04: Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Carmelo Morello

text:
               10.7.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/14

         Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Carmelo Morello
   (Asunto T-166/04)
   (2004/C 179/27)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 13 de mayo de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Carmelo Morello, con domicilio en Bruselas, representado por los Sres. Jacques Sambon y Pierre Paul Van Gehuchten, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               1.

               Anule la denegación implícita de su solicitud de 28 de marzo de 2003 y la desestimación de su reclamación, en cuanto sea necesario.

               2.

               Condene a la Comisión a pagarle la cantidad de 1 000 000 euros en concepto de indemnización del perjuicio moral sufrido y la cantidad de 1 000 000 euros en concepto de indemnización del perjuicio material.

               3.

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones:
   En otro asunto, el demandante, funcionario de la Comisión, había solicitado la anulación del nombramiento de otro funcionario para un puesto de jefe de unidad para el que el demandante también había presentado su candidatura. El Tribunal de Primera Instancia estimó su recurso y anuló el nombramiento en cuestión.
   Cuando se dictó la sentencia en el asunto anterior, el funcionario nombrado para el puesto controvertido ya había sido promovido y trasladado a otro puesto, mientras que el puesto de jefe de unidad, que de este modo había quedado vacante, se había cubierto por la reincorporación de otro funcionario, al acabar su excedencia voluntaria.
   Tras haber recaído sentencia en el asunto anterior, el demandante presentó una solicitud ante la Comisión para que se ejecutara dicha sentencia y, a continuación, una reclamación contra la denegación implícita de su solicitud. La Comisión desestimó esta reclamación señalando que, a falta de un puesto disponible, le resultaba imposible adoptar medidas para la ejecución de la sentencia anterior.
   El presente recurso impugna la denegación de la solicitud del demandante. En apoyo de sus pretensiones, el demandante invoca la infracción del artículo 233 CE, la infracción de los artículos 4, 7, 24, 25 y 45 del Estatuto, la violación del principio de buena administración y una desviación de poder o una utilización de procedimiento inadecuado. Sostiene igualmente que ha sufrido un perjuicio moral y material al perder una oportunidad real de acceder al grado A3 al final de su carrera, y solicita una indemnización por ello.


title: Asunto F-33/12: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 28 de febrero de 2013 — Pepi/ERCEA ( «Función pública — Agentes contractuales — Agentes contractuales auxiliares — Contratación — Clasificación al tiempo de la contratación — Artículos 3 bis, 3 ter y 86 del RAA — ERCEA — Reglas internas de clasificación de los agentes contractuales» )

text:
               25.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 147/34

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 28 de febrero de 2013 — Pepi/ERCEA
   (Asunto F-33/12) (1)

   (Función pública - Agentes contractuales - Agentes contractuales auxiliares - Contratación - Clasificación al tiempo de la contratación - Artículos 3 bis, 3 ter y 86 del RAA - ERCEA - Reglas internas de clasificación de los agentes contractuales)
   2013/C 147/65
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Jean Pepi (Bruselas, Bélgica) (representante: M. Velardo, abogado)

      Demandada: Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA) (representantes: M. Oliván Avilés y G. Bambara, agentes)

      Objeto

   Demanda de anulación parcial del contrato del demandante celebrado con la ERCEA, en cuanto le clasifica en el grado AD10.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso por manifiestamente infundado.

               2)

               Condenar al Sr. Pepi a cargar con sus propias costas y con las de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación.

               3)

               El Consejo de la Unión Europea, parte coadyuvante, cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 184, de 23.6.2012, p. 23.


title: Asunto C-492/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Immobilien Linz GmbH & Co. KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Fiscalidad — Directiva 69/335/CEE — Impuestos indirectos — Concentración de capitales — Artículo 4, apartado 2, letra b) — Operaciones sometidas al impuesto sobre las aportaciones — Incremento del patrimonio social — Prestación efectuada por un socio — Asunción de las pérdidas sufridas en virtud de una obligación anterior a éstas)

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Immobilien Linz GmbH & Co. KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr
   (Asunto C-492/10) (1)

   (Fiscalidad - Directiva 69/335/CEE - Impuestos indirectos - Concentración de capitales - Artículo 4, apartado 2, letra b) - Operaciones sometidas al impuesto sobre las aportaciones - Incremento del patrimonio social - Prestación efectuada por un socio - Asunción de las pérdidas sufridas en virtud de una obligación anterior a éstas)
   2012/C 32/18
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Immobilien Linz GmbH & Co. KG

      Demandada: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Interpretación del artículo 4, apartado 2, letra b), de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22) — Operaciones sometidas al impuesto sobre aportaciones — Incremento del patrimonio social de una sociedad de capital — Inclusión eventual en este patrimonio de la obligación de una entidad pública que es el socio único de tal sociedad de asumir las pérdidas de ésta.

      Fallo

   El artículo 4, apartado 2, letra b), de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, debe interpretarse en el sentido de que la asunción de las pérdidas de una sociedad por un socio en cumplimiento de una obligación que éste haya contraído antes de que se produzcan dichas pérdidas y que únicamente tiene por objeto garantizar la cobertura de éstas no aumenta el patrimonio de dicha sociedad.

      (1)  DO C 13, de 15.1.2011.


title: Asunto T-219/07: Recurso interpuesto el 25 de junio de 2007 — DSV Road/Comisión

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/36

         Recurso interpuesto el 25 de junio de 2007 — DSV Road/Comisión
   (Asunto T-219/07)
   (2007/C 211/69)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: De Naamloze Vennootschap DSV ROAD (representantes: A. Poelmans, abogado, A. Calewaert, abogado, y R. de Wit, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 24 de abril de 2007, relativa a la solicitud del Reino de Bélgica, conocida por el expediente REC 05/02, C(2007) 1776, por la que se declara que procede recaudar a posteriori unos derechos de importación por importe de 168 004,65 euros, objeto de la solicitud del Reino de Bélgica de 12 de agosto de 2002, y por la se establece que no está justificado condonar los derechos de importación de 168 004,65 euros, objeto de la solicitud del Reino de Bélgica de 12 de agosto de 2002.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante importaba disquetes de Tailandia, importación sujeta a un régimen preferencial en el marco del sistema de preferencias generales, siempre que fuera acompañada por un certificado de origen modelo A expedido por las autoridades tailandesas competentes, de conformidad con el artículo 80 del Reglamento (CEE) no 2454/93 (1).
   Para cada declaración de aduana, la demandante presentaba un formulario modelo A expedido por las autoridades tailandesas y, a continuación, las autoridades belgas concedían el tratamiento arancelario preferencial.
   Sin embargo, una serie de certificados expedidos por las autoridades tailandesas fue declarada nula, por lo que las mercancías no podían disfrutar de un tratamiento arancelario preferencial cuando eran importadas en la UE.
   En la Decisión impugnada, la Comisión declaró que la deuda aduanera generada a raíz de tal situación debía ser recaudada.
   En primer lugar, la demandante alega que la Comisión tenía que haber concluido que los derechos adeudados no debían ser recaudados a posteriori, de conformidad con el artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) no 2913/92 (2). Entiende que la expedición de los certificados modelo A se debe a un error de las autoridades tailandesas y que no se ha demostrado en absoluto que los exportadores hubieran representado los hechos erróneamente. Además, afirma que se trata de un error, ya que las autoridades tailandesas sabían o debían haber sabido que las mercancías no podían beneficiarse de un tratamiento preferencial.
   En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión tenía que haber condonado los derechos, de conformidad con el artículo 239 del Reglamento (CEE) no 2913/92, debido a la existencia de circunstancias especiales.

      (1)  Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1).

      (2)  Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).


title: Recurso interpuesto el 5 de mayo de 1997 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Gran Ducado de Luxemburgo (Asunto C-177/97)

text:
N° C 199/16         LU                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    28 . 6 . 97
Recurso interpuesto el 5 de mayo de 1997 por la Comi               los contemplados en el artículo 5 del Reglamento; resulta
sión de las Comunidades Europeas contra el Reino de                 por tanto incompatible con dicha norma .
                             Bélgica
                      ( Asunto C-176/97 )                           (') DO n° L 378 de 31 . 12 . 1986, p . 2 .
                         ( 97/C 199/30 )
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 5 de mayo de 1997 un recurso contra el
Reino de Bélgica, formulado por la Comisión de las Co              Recurso interpuesto el 5 de mayo de 1997 por la Comi
munidades Europeas, representada por el Sr. Frank Ben              sión de las Comunidades Europeas contra el Gran Ducado
yon, en calidad de Agente, que designa como domicilio en                                      de Luxemburgo
Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                                    ( Asunto C-l 77/97 )
Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                                ( 97/C 199/31 )
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri
bunal de Justicia que :                                             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                    ha presentado el 5 de mayo de 1997 un recurso contra el
                                                                    Gran Ducado de Luxemburgo, formulado por la Comisión
— Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                 de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.
     obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5          Frank Benyon, en calidad de Agente, que designa como
     del Reglamento ( CEE ) n° 4055/86 del Consejo, de 22           domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gó
     de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del prin       mez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
     cipio de libre prestación de servicios al transporte ma
     rítimo entre Estados miembros y entre Estados miem
     bros y países terceros ('), al establecer y mantener en        La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri
     vigor acuerdos en materia de reparto de cargamentos            bunal de Justicia que:
     en el Acuerdo entre la Unión económica belgo-luxem
     burguesa y Malasia, que fúe aprobado por Bélgica y             — Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha in
     entró en vigor con posterioridad al 1 de enero de                   cumplido las obligaciones que le incumben en virtud
     1987 .                                                               del artículo 5 del Reglamento ( CEE ) n° 4055/86 del
                                                                          Consejo, de 22 de diciembre de 1986 , relativo a la
— Condene en costas al Reino de Bélgica .                                 aplicación del principio de libre prestación de servicios
                                                                          al transporte marítimo entre Estados miembros y entre
                                                                          Estados miembros y países terceros ('), al establecer y
Motivos y principales alegaciones                                         mantener en vigor acuerdos en materia de reparto de
                                                                          cargamentos en el Acuerdo entre la Unión económica
El Reglamento ( CEE ) n° 4055/86 del Consejo, de 22 de di                belgo-luxemburguesa y Malasia, que fue aprobado por
ciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de                Bélgica y entró en vigor con posterioridad al 1 de ene
                                                                          ro de 1987 .
libre prestación de servicios al transporte marítimo entre
Estados miembros y entre Estados miembros y países ter
ceros, entró en vigor el 1 de enero de 1987, con arreglo a          — Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo .
lo dispuesto en su artículo 12 .
                                                                    Motivos y principales alegaciones
Dicho Reglamento prohibe todo acuerdo en materia de re
parto de cargamentos entre Estados miembros y países ter           El Reglamento ( CEE) n° 4055/86 del Consejo, de 22 de di
ceros . Según el artículo 5 del Reglamento, no se permitirá         ciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de
en el futuro concertar acuerdos de este tipo salvo en aque         libre prestación de servicios al transporte marítimo entre
llas circunstancias excepcionales en que las compañías na          Estados miembros y entre Estados miembros y países ter
vieras de líneas regulares de la Comunidad no tengan, de            ceros, entró en vigor el 1 de enero de 1987, con arreglo a
otra manera, la oportunidad efectiva de realizar un tráfico          lo dispuesto en su artículo 12 .
regular con destino al país tercero de que se trate o en
procedencia de éste . Según el artículo 3 del Reglamento,            Dicho Reglamento prohibe todo acuerdo en materia de re
los acuerdos contenidos en los convenios existentes debe
                                                                     parto de cargamentos entre Estados miembros y países ter
rán eliminarse paulatinamente o ajustarse de conformidad             ceros . Según el artículo 5 del Reglamento, no se permitirá
con lo dispuesto en el artículo 4 .                                  en el futuro concertar acuerdos de este tipo salvo en aque
                                                                     llas circunstancias excepcionales en que las compañías na
 El Acuerdo marítimo entre la Unión económica belgo-lu              vieras de líneas regulares de la Comunidad no tengan, de
xemburguesa y Malasia, firmado en Kuala Lumpur el 12                 otra manera, la oportunidad efectiva de realizar un tráfico
 de febrero de 1985 , contiene un acuerdo en materia de re          regular con destino al país tercero de que se trate o en
parto de cargamentos . Dicho Acuerdo, aprobado por Ley               procedencia de éste . Según el artículo 3 del Reglamento,
 de 29 de junio de 1987 ( Moniteur belge de 2 de septiem            los acuerdos contenidos en los convenios existentes debe
 bre de 1987) y que entró en vigor el 17 de agosto de                rán eliminarse paulatinamente o ajustarse de conformidad
 1987, constituye un acuerdo concertado en el futuro de              con lo dispuesto en el artículo 4 .
 ---pagebreak--- 28 . 6. 97          LES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° C 199/ 17
El Acuerdo marítimo entre la Unión económica belgo-lu              Infracción del Reglamento ( CEE ) n° 1956 / 88
xemburguesa y Malasia, firmado en Kuala Lumpur el 12                del Consejo ( 3 ), modificado por el Reglamen
de febrero de 1985 , contiene un acuerdo en materia de re          to ( CE ) n° 3067 / 95 ( 4 ):
parto de cargamentos. Dicho Acuerdo, celebrado por Bél
gica en nombre de la Unión, conforme al artículo 31 del             la disposición impugnada infringe también lo dispuesto en
Tratado constitutivo de la Unión económica belgo-luxem             el inciso iv ) punto 10 del Anexo, que establece asimismo
burguesa, entró en vigor el 17 de agosto de 1987 y consti          que « un Inspector NAFO de otra parte contratante podrá,
tuye un acuerdo concertado en el futuro de los contempla           previo consentimento de la parte contratante del buque,
dos en el artículo 5 del Reglamento; resulta por tanto in          subir o permanecer a bordo del buque mientras se dirige
compatible con dicha norma .                                        al puerto, así como estar presente durante la inspección
                                                                    del buque en el puerto ». Mas, cuando el artículo 4 del Re
(') DO n° L 378 de 31 . 12 . 1986 , p. 2 .                          glamento ( CEE) n° 1956/88 habilita a la Comisión a
                                                                    adoptar normas de aplicación a través del procedimiento
                                                                    del Comité de Gestión, no le permite en ningún caso apro
                                                                    bar disposiciones que sean contrarias al Reglamento que
                                                                    pretende desarrollar.
Recurso interpuesto el 12 de mayo de 1997 por el Reino              (') DO   n° L 257 de 17. 9 . 1988 , p . 20 .
                                                                    (2) DO   n° L 77 de 19 . 3 . 1997, p . 5 .
de España contra la Comisión de las Comunidades
                                                                    (3) DO   n° L 175 de 6 . 7 . 1988 , p. 1 .
                             Europeas                               (4) DO   n° L 329 de 30 . 12 . 1995 , p . 1 .
                      ( Asunto C-179/97)
                         ( 97/C 199/32 )
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 12 de mayo de 1997 un recurso contra la            Recurso interpuesto el 12 de mayo de 1997 por la Comi
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el               sión de las Comunidades Europeas contra la República
Reino de España , representado por la Sra . Rosario Silva                                         Portuguesa
de Lapuerta , que designa como domicilio en Luxemburgo                                       ( Asunto C-l 83 /97 )
el de la Embajada de España, 4-6 boulevard E. Serváis.
                                                                                97/C 199/33 )
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
                                                                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
— anule el apartado 6 del artículo 4 bis del Reglamento             ha presentado el 12 de mayo de 1997 un recurso contra la
     ( CEE ) n° 2868/88 de la Comisión, de 16 de septiembre         República Portuguesa formulado por la Comisión de las
     de 1988 , por el que se establecen disposiciones de apli      Comunidades Europeas, representada por el Sr. Francisco
     cación del Programa internacional de inspección mu            de Sousa Fialho, miembro del Servicio Jurídico, en calidad
     tua adoptado por la Organización de la Pesca en el             de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
     Atlántico Noroccidental H , tal y como ha sido modifi         despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
     cado por el Reglamento ( CE ) n° 494/97 (2 ), y                Kirchberg.
— condene en costas a la Institución demandada .                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
                                                                    — Declare que la República Portuguesa ha incumplido
Motivos y principales alegaciones                                        las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo
                                                                         tercero del artículo 189 del Tratado CE y del
Infracción del Anexo I , punto II , punto 9 ,                            apartado 1 del artículo 21 de la Directiva 80/68/CEE,
letra e ), inciso iv ) del Convenio entre la Co                         al no haber adoptado todas las disposiciones legales,
munidad y Canadá sobre pesca en NAFO :                                   reglamentarias y administrativas necesarias para dar
                                                                         pleno y adecuado cumplimiento a la Directiva 80/68/
según lo dispuesto en este Convenio, para que un Inspec                 CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa
tor de la NAFO de otra parte contratante participe en la                 a la protección de las aguas subterráneas contra la
inspección que se efectúe en puerto, es necesario el consen             contaminación causada por determinadas sustancias
timiento de la parte contratante de pabellón del buque.                  peligrosas ( l ), y, en particular, por lo que respecta a las
Existe, pues, una clara contradicción entre el contenido                 obligaciones derivadas de sus artículos 8 , 9 , 10, 11
del Reglamento que se impugna, el cual no exige la obten                y 15 .
ción del consentimiento de la parte contratante de pabe
llón, y el del Convenio que le sirve de base. Una disposi          — Declare, con carácter subsidiario, que al no haber in
ción interna comunitaria no puede contravenir lo estable                formado inmediatamente a la Comisión sobre tales
cido en un compromiso internacional . La primacía de los                 medidas, la República Portuguesa incumplió las obli
Acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad so                 gaciones que le incumben en virtud de esas mismas
bre los textos de Derecho comunitario derivado obliga a                  disposiciones .
interpretar estos últimos, de conformidad con estos Acuer
dos .                                                               — Condene en costas a la República Portuguesa .


title: Asunto C-62/06: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Supremo Tribunal Administrativo, de  11 de enero de 2006 , en el asunto entre Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas y Z.F. ZEFESER — Importaçao e Exportaçao de Produtos Alimentares, Lda.

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/14

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Supremo Tribunal Administrativo, de 11 de enero de 2006, en el asunto entre Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas y Z.F. ZEFESER — Importaçao e Exportaçao de Produtos Alimentares, Lda.
   (Asunto C-62/06)
   (2006/C 86/25)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Supremo Tribunal Administrativo dictada el 11 de enero de 2006, en el asunto entre Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas y Z.F. ZEFESER — Importaçao e Exportaçao de Produtos Alimentares, Lda., y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de febrero de 2006.
   El Supremo Tribunal Administrativo solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               A efectos del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1697/79 (1) del Consejo, de 24 de julio de 1979, ¿la calificación de «acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo» es la calificación que lleva a cabo la autoridad aduanera, siendo ésta bastante, o resulta necesario que tal calificación la haga el tribunal penal competente?

               2)

               En este segundo caso, ¿es suficiente la mera acusación formulada por la autoridad penal competente (en el caso portugués, el Ministerio Fiscal), o resulta indispensable la condena del deudor en el correspondiente proceso penal?

               3)

               También en este último caso, ¿deben deducirse conclusiones diferentes en función de que el tribunal absuelva al deudor por aplicación del principio in dubio pro reo o por haberse probado que el deudor no cometió la infracción de que se trate?

               4)

               En el supuesto de que el Ministerio Fiscal no formule acusación contra el deudor por entender que no existen indicios de un acto que pueda dar lugar a la incoación de un proceso penal, ¿qué consecuencias deben deducirse de ello? ¿Impide tal decisión que se ejercite una acción para la recaudación de los derechos no percibidos?

               5)

               En el supuesto de que el Ministerio Fiscal o el propio tribunal de lo penal archiven los autos por prescripción de la acción penal, ¿implica tal decisión que no podrá ejercitarse la correspondiente acción para la recaudación de los derechos no percibidos?

      (1)  Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO L 197, p. 1; EE 02/06, p. 54).


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de marzo de 1999 en el asunto C-249/98 P: Mario Costacurta contra Comisión de las Comunidades Europeas («Funcionarios - Retribución - Coeficiente corrector - Violación de los principios de equivalencia del poder adquisitivo y de igualdad de trato - Recurso de casación manifiestamente inadmisible e infundado»)

text:
17.7.1999                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 204/21
Segunda), integrado por los Sres.: G. Hirsch (Ponente), Presi-                           AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
dente de Sala, G.F. Mancini y R. Schintgen, Jueces; Abogado
General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 3
de marzo de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:                                                        (Sala Cuarta)
1) Se desestima el recurso de casación.
2) Se condena solidariamente a los recurrentes al pago de las costas                              de 11 de marzo de 1999
     del presente recurso.
                                                                            en el asunto C-249/98 P: Mario Costacurta contra Comi-
(1) DO C 331 de 1.11.1997.                                                                sión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                            («Funcionarios — Retribución — Coeficiente corrector —
                                                                            Violación de los principios de equivalencia del poder adquisi-
                                                                            tivo y de igualdad de trato — Recurso de casación manifiesta-
                                                                                mente inadmisible e infundado»)
             AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                             (Sala Cuarta)
                                                                                (1999/C 204/41)
                      de 11 de marzo de 1999
en el asunto C-103/98 P: Smanor SA, Hubert Ségaud y
Monique Ségaud contra Comisión de las Comunidades                                             (Lengua de procedimiento: francés)
                              Europeas (1)
(«Recurso de casación — Negativa a iniciar un procedimiento
    sobre incumplimiento — Inadmisibilidad manifiesta»)                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                           (1999/C 204/40)
                                                                            En el asunto C-249/98 P, Mario Costacurta, funcionario de la
                   (Lengua de procedimiento: francés)                       Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
                                                                            Luxemburgo, representado por Me Albert Rodesch, Abogado
                                                                            de Luxemburgo, que designa como domicilio el despacho de
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     este último, 7-11, route d’Esch, que tiene por objeto un recurso
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justitia»)        de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el
                                                                            Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
En el asunto C-103/98 P, Smanor SA, sociedad francesca, con                 (Sala Quinta) el 26 de mayo de 1998, en el asunto Costacurta/
domicilio social en Saint-Martin-d’Écublei (Francia), Hubert               Comisión (T-177/96, RecFP p. I-A-225 y II-705), en el que se
Ségaud y Monique Ségaud, con domicilio en Saint-Martin-                     solicita la anulación de dicha sentencia, y en el que la otra
d’Écublei, representados por Me Laurence Roques, Abogado de                parte en el procedimiento es: Comisión de las Comunidades
Val-de-Marne, 7-9, rue du Général de Larminat, Créteil (Fran-               Europeas (Agentes: Sr. Gianluigi Valsesia y Sra. Florence
cia), que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto              Duvieusart-Clotuche), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta),
contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia de              integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn, Presidente de Sala
las Comunidades Europeas (Sala Segunda) el 16 de febrero de                 J.L. Murray y H. Ragnemalm (Ponente), Jueces; Abogado
1998, en el asunto Smanor y otros/Comisión (T-182/97, Rec.                 General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el
p. II-271), en el que se solicita la anulación de dicho auto, y en         11 de marzo de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:
el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las
Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Richard Wainwright y
Olivier Couvert-Castéra), el Tribunal de Justitia (Sala Cuarta),            1) Se desestima el recurso de casación.
integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn (Ponente), Presidente de
Sala, J.L. Murray y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado General:
Sr. A. Saggio; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 11 de                2) Se condena al Sr. Costacurta al pago de las costas del presente
marzo de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:                                  recurso.
1) Se desestima el recurso de casación.
2) Se condena en costas a Smanor SA, ası́ como al Sr. y a la Sra.
     Ségaud.                                                                (1) DO C 278 de 5.9.1998.
(1) DO C 166 de 30.5.1998.


title: Asunto T-341/07: Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre de 2011 — Sison/Consejo [ «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Posición común 2001/931/PESC y Reglamento (CE) n ° 2580/2001 — Anulación de una medida de congelación de fondos mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia — Responsabilidad extracontractual — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares» ]

text:
               14.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/10

         Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre de 2011 — Sison/Consejo
   (Asunto T-341/07) (1)

   (Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo - Posición común 2001/931/PESC y Reglamento (CE) no 2580/2001 - Anulación de una medida de congelación de fondos mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia - Responsabilidad extracontractual - Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares)
   2012/C 13/19
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Jose Maria Sison (Utrecht, Países Bajos) (representantes: J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses y W. Kaleck, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop, E. Finnegan y R. Szostak, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de los Países Bajos, (representantes: C. Wissels, M. de Mol, Y. de Vries, M. Noort, J. Langer y M. Bulterman, agentes; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (representantes: S. Behzadi Spencer e I. Rao, agentes), y Comisión Europea, representada inicialmente por P. Aalto y S. Boelaert, y posteriormente por S. Boelaert y P. Van Nuffel, agentes)

      Objeto

   A raíz de la sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2009, Sison/Consejo (T-341/07, Rec. p. II-3625), una solicitud de indemnización que pretende, en esencia, obtener la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por el demandante debido a las medidas restrictivas adoptadas en relación con él en el ámbito de la lucha contra el terrorismo.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de indemnización.

               2)

               El Consejo de la Unión Europea soportará, en lo referente a las costas correspondientes al recurso de anulación, sus propias costas y las del Sr. Jose Maria Sison.

               3)

               El Sr. Sison soportará, en lo referente a las costas correspondientes al recurso de indemnización, sus propias costas y las del Consejo.

               4)

               El Reino de los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión Europea soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 269, de 10.11.2007.


title: Asuntos acumulados C-248/15 P, C-254/15 P y C-260/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de enero de 2017 — Maxcom Ltd, City Cycle Industries, Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea [Recurso de casación — Dumping — Reglamento de Ejecución (UE) n.° 501/2013 — Importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez — Ampliación a dichas importaciones del derecho antidumping definitivo impuesto a las importaciones de bicicletas originarias de China — Reglamento (CE) n.° 1225/2009 — Artículo 13 — Elusión — Artículo 18 — Falta de cooperación — Prueba — Conjunto de indicios concordantes — Contradicción en la motivación — Falta de motivación — Vulneración de derechos procesales]

text:
               3.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 104/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de enero de 2017 — Maxcom Ltd, City Cycle Industries, Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea
   (Asuntos acumulados C-248/15 P, C-254/15 P y C-260/15 P) (1)

   ([Recurso de casación - Dumping - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 501/2013 - Importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez - Ampliación a dichas importaciones del derecho antidumping definitivo impuesto a las importaciones de bicicletas originarias de China - Reglamento (CE) n.o 1225/2009 - Artículo 13 - Elusión - Artículo 18 - Falta de cooperación - Prueba - Conjunto de indicios concordantes - Contradicción en la motivación - Falta de motivación - Vulneración de derechos procesales])
   (2017/C 104/21)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      (Asunto C-248/15 P)

      Recurrente: Maxcom Ltd (representantes: L. Ruessmann, avocat, y J. Beck, Solicitor)

      Otras partes en el procedimiento: City Cycle Industries (representantes: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, y F.-C. Laprévote, avocat), Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente S. Boelaert y posteriormente H. Marcos Fraile y B. Driessen, agentes, asistidos por R. Bierwagen, Rechtsanwalt, y C. Hipp, Rechtsanwalt) y Comisión Europea (representantes: J.-F. Brakeland y M. França, agentes)

      (Asunto C-254/15 P)

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: J.-F. Brakeland y M. França, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: City Cycle Industries (representantes: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, y F.-C. Laprévote, avocat), Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente S. Boelaert, posteriormente H. Marcos Fraile y B. Driessen, agentes, asistidos por R. Bierwagen, Rechtsanwalt, y C. Hipp, Rechtsanwalt) y Maxcom Ltd (representantes: L. Ruessmann, avocat, y J. Beck, Solicitor)

      (Asunto C-260/15 P)

      Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente S. Boelaert, posteriormente H. Marcos Fraile y B. Driessen, agentes, asistidos por R. Bierwagen, Rechtsanwalt, y C. Hipp, Rechtsanwalt)

      Otras partes en el procedimiento: City Cycle Industries (representantes: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, y F.-C. Laprévote, avocat), Comisión Europea (representantes: J.-F. Brakeland y M. França, agentes) y Maxcom Ltd (representantes: L. Ruessmann, avocat, y J. Beck, Solicitor)

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos de casación interpuestos en los asuntos C-248/15 P, C-254/15 P y C-260/15 P.

               2)

               Condenar a Maxcom Ltd, al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea a cargar, además de con sus propias costas, con las causadas por City Cycle Industries tanto en el procedimiento de primera instancia instruido en el asunto T-413/13 como en los procedimientos de casación.

      (1)  DO C 262 de 10.8.2015.

      DO C 254 de 3.8.2015.


title: Asunto T-100/04 Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Massimo Giannini

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/83

         Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Massimo Giannini
   (Asunto T-100/04)
   (2004/C 106/163)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el el 11 de marzo de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Massimo Giannini, con domicilio en Bruselas, representado por el Sr. Georges Vandersanden y por la Sra. Laure Levi, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión del tribunal de la oposición COM/A/9/01 de no incluir el nombre del demandante en la lista de reserva de este concurso.

               —

               Le conceda una indemnización por los perjuicios materiales, habiendo evaluado estos últimos en una cantidad equivalente, por una parte, a la diferencia entre la prestación por desempleo recibida tras la finalización del contrato de agente temporal y el salario de funcionario de grado A7, escalón 4 y, por otra parte, tras el período de desempleo, al importe de la retribución de un funcionario de grado A7, escalón 5.

               —

               Le conceda una indemnización por los perjuicios morales sufridos, habiendo evaluado estos últimos en 1 euro.

               —

               Condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente litigio tiene por objeto la exclusión del demandante de la lista de reserva de la oposición COM/A/9/01, para la constitución de una reserva de administradores (grado A7/A6) en el ámbito de la economía y la estadística.
   En apoyo de sus pretensiones, el demandante invoca, en primer lugar, la infracción de los artículos 4, 27, 29, 30 y 31 del anexo III del Estatuto, la inobservancia del interés del servicio, así como la infracción de la convocatoria de oposición, el incumplimiento del deber de asistencia y protección y la infracción del artículo 1 de la Decisión 2002/621/CE de los Secretarios Generales de las instituciones comunitarias en la medida en que dos de los candidatos aprobados incluidos en la lista de reserva, funcionarios, ya poseen el grado A7/A6 y ocupan, a fortiori, empleos de economistas en este grado.
   Alega, asimismo:

               —

               La violación del principio de no discriminación, concretamente en cuanto, a su juicio, el Comité de Selección no garantizó la aplicación coherente de los criterios de evaluación y el demandante no gozó de las mismas condiciones que los demás candidatos.

               —

               La existencia de un error manifiesto de apreciación en el caso de autos.

               —

               La inobservancia del principio de buena administración y la infracción del artículo 30 del Estatuto y del artículo 3 de su anexo III, en la medida en que, en su opinión, el tribunal no estaba suficientemente cualificado para evaluar las pruebas objetivamente.

         El demandante invoca asimismo la irregularidad del procedimiento, la desviación de poder y la falta de competencia, así como la violación del principio de irretroactividad.


title: Asunto C-252/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 17 de marzo de 2016 — Naazneen Investments Ltd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Energy Brands, Inc. [Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n° 207/2009 — Procedimiento de caducidad — Artículo 51, apartado 1, letra a) — Marca comunitaria denominativa SMART WATER — Uso efectivo — Obligación de motivación — Artículo 75]

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/20

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 17 de marzo de 2016 — Naazneen Investments Ltd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Energy Brands, Inc.
   (Asunto C-252/15 P) (1)

   ([Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 207/2009 - Procedimiento de caducidad - Artículo 51, apartado 1, letra a) - Marca comunitaria denominativa SMART WATER - Uso efectivo - Obligación de motivación - Artículo 75])
   (2016/C 156/28)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Naazneen Investments Ltd (representantes: P. Goldenbaum e I. Rohr, Rechtsanwältinnen)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: D. Gája y A. Folliard-Monguiral, agentes), Energy Brands, Inc (representantes: S. Malynicz, Barrister, D. Stone y A. Dykes, Solicitors)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Naazneen Investments Ltd.

      (1)  DO C 294, de 7.9.2015.


title: Asunto C-102/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Bélgica) el 19 de febrero de 2016 — Vaditrans BVBA/Belgische Staat

text:
               10.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Bélgica) el 19 de febrero de 2016 — Vaditrans BVBA/Belgische Staat
   (Asunto C-102/16)
   (2016/C 165/09)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Vaditrans BVBA

      Demandada: Belgische Staat

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartados 6 y 8, del Reglamento (CE) n.o 561/2006 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, en el sentido de que los períodos de descanso semanal regular mencionados en el artículo 8, apartado 6, de dicho Reglamento no pueden tomarse en el vehículo?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿vulnera el artículo 8, apartados 6 y 8, van Reglamento (CE) n.o 561/2006, en relación con el artículo 19 de dicho Reglamento, el principio de legalidad penal consagrado en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2) al no prever expresamente las citadas disposiciones del Reglamento (CE) n.o 561/2006 la prohibición de tomar los períodos de descanso semanal regular mencionados en el artículo 8, apartado 6, de dicho Reglamento en el vehículo?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿permite el Reglamento (CE) n.o 561/2006 que los Estados miembros establezcan en su Derecho interno la prohibición de tomar en el vehículo los períodos de descanso semanal regular mencionados en el artículo 8, apartado 6, de dicho Reglamento?

      (1)  DO L 102, p. 1.

      (2)  DO C 364, p. 1.