title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 5 de abril de 1995 en el asunto C-103/94 [petición de decisión prejudicial presentada por el tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (Francia)]: Zoulika Krid contra Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) (Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia - Apartado 1 del artículo 39 - Efecto directo - Principio de no discriminación - Ámbito de aplicación - Viuda de un trabajador argelino que estuvo empleado en un Estado miembro - Subsidio complementario del Fonds national de solidarité)

text:
N° C 137/2              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        3 . 6 . 95
( Ponente ), Presidente de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho                 89/43/CEE de la Comisión, de 28 de julio de 1988,
de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward y J.-P. Puissochet,                   ralativa a las ayudas concedidas por el Gobierno
Jueces ; Abogado General : Sr . F.G. Jacobs; Secretaria : Sra .              italiano a ENI-Lanerossi, al no suprimir y recuperar,
Lynn Hewlett, administradora ; ha dictado el 4 de abril de                   dentro del plazo que se le había señalado, las ayudas
1995 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :                              otorgadas al grupo ENI-Lanerossi (actualmente,
                                                                             SNAM SPA), por valor de 260 400 millones de liras
1 ) Se declara que la República Italiana ha incumplido las                   italianas.
      obligaciones que le incumben en virtud de la Decisión
      89/661 /CEE de la Comisión, de 31 de mayo de 1989,               2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.
      relativa a la ayuda otorgada por el Gobierno italiano a
      Alfa Romeo , empresa el sector del automóvil, al no              3 ) Se condena en costas a la República Italiana.
      suprimir y recuperar, dentro del plazo señalado, las
      ayudas indebidamente concedidas al grupo Alfa                    (') DO n" C 222 de 18 . 8 . 1993 .
                                                                       ( 2 ) DO n° L 16 de 20 . 1 . 1989 , p . 52 .
      Romeo, que ascendieron a 615 100 millones de liras
      italianas, más los intereses de demora calculados a partir
      del 30 de septiembre de 1 989 hasta el día en que se pagó
      el importe de que se trata, y/o al no comunicar a la
       Comisión las medidas adoptadas a tal efecto.                                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                de 5 de abril de 1995
2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.
                                                                       en el asunto C-103/94 [petición de decisión prejudicial
3 ) Se condena en costas a la República Italiana.                      presentada por el tribunal des affaires de sécurité sociale de
                                                                       Nanterre ( Francia )]: Zoulika Krid contra Caisse nationale
í 1 ) DO n" C 231 de 27 . 8 . 1993 .                                             d'assurance vieillesse des travailleurs salaries
( 2 ) DO n" L 394 de 30 . 12 . 1989 , p . 9 .                                                     ( CNAVTS ) (')
                                                                       (Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia — Apartado 1 del
                                                                       artículo 39 — Efecto directo — Principio de no discrimina
                                                                       ción — Ámbito de aplicación — Viuda de un trabajador
                                                                       argelino que estuvo empleado en un Estado miembro —
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                               Subsidio complementario del Fonds national de
                      de 4 de abril de 1995                                                           solidarité)
    en el asunto C-350/93 : Comisión de las Comunidades                                            ( 95/C 137/04 )
             Europeas contra República Italiana ( 1 )
 (Incumplimiento — Ayuda de Estado incompatible con el                                (Lengua de procedimiento: francés)
     mercado común — Recuperación — Holding público)
                                                                       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                           ( 95/C 137/03 )                             cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                              de Justicia y de} Tribunal de Primera Instancia »)
              (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                       En el asunto C-103/94 , que tiene por objeto una petición
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi           dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal            del Tratado CEE, por el tribunal des affaires de sécurité
       de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia »)              sociale de Nanterre ( Francia ), destinada a obtener, en el
                                                                       litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
En el asunto C-350/93 , Comisión de las Comunidades                    Zoulika Krid y Caisse nationale d'assurance vieillesse des
Europeas (Agentes : Antonino Abate y Vittorio Di Bucci )               travailleurs salariés ( CNAVTS ), una decisión prejudicial
contra República Italiana ( Agente : Luigi Ferrari Bravo ), que        sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 39 del
tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha           Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la            Europea y la República Argelina Democrática y Popular,
Decisión 89/43/CEE de la Comisión, de 26 de julio de 1988 ,            firmado en Argel el 26 de abril de 1976 y aprobado en
relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno italiano a            nombre de la Comunidad mediante el Reglamento ( CEE )
 ENI-Lanerossi ( 2 ), al no suprimir y recuperar, dentro del           n° 2210/78 del Consejo, de 26 de septiembre de 1978 ( 2 ), el
plazo que se le había señalado, las ayudas otorgadas al                Tribunal de Justicia , integrado por los Sres .: G.C. Rodríguez
grupo ENI-Lanerossi ( actualmente , SNAM SpA ), por valor              Iglesias, Presidente; F.A. Schockweiler ( Ponente ) y C.
de 260 400 millones liras italianas, el Tribunal de Justicia,          Gulmann, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakou
integrado por los Sres .: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente;         ris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O.
 F.A. Schockweiler ( Ponente ), Presidente de Sala; G.F.               Edward , J.-P. Puissochet, G. Hirsch y L. Sévon, Jueces;
Mancini , J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O.                Abogado General : Sr. G. Tesauro; Secretaria : Sra . L.
 Edward y J.-P. Puissochet, Jueces; Abogado General : Sr.              Hewlett, administradora ; ha dictado el 5 de abril de 1995
 F.G. Jacobs; Secretaria : Sra . Lynn Hewlett, administradora;         una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
ha dictado el 4 de abril de 1995 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente :                                                            El apartado 1 del artículo 39 del Acuerdo de Cooperación
                                                                       entre la Comunidad Económica Europea y la República
 1 ) Se declara que la República Italiana ha incumplido las            Argelina Democrática y Popular, firmado en Argel el 26 de
       obligaciones que le incumben en virtud de la Decisión           abril de 1976 y aprobado en nombre de la Comunidad
 ---pagebreak--- 3 . 6 . 95            I ES I                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 137/3
mediante el Reglamento (CEE) n" 2210/78 del Consejo, de                  1 ) Se desestiman los recursos de casación.
26 de septiembre, de 1978, debe interpretarse en el sentido de
que se opone a que un Estado miembro se niegue a conceder
una prestación como el subsidio complementario del Fonds                 2 ) Se condena a Radio Telefis Eireann (RTE) y a Indepen
national de solidarité, previsto por su legislación en favor de               dent Televisión Publications Ltd (1TP) a las costas
los nacionales que tienen su residencia en dicho Estado , a la                relativas al recurso de casación que cada una ha
viuda de un trabajador argelino, que reside en este Estado                    interpuesto.
miembro y percibe en el mismo una pensión de viudedad,
debido a que la interesada posee la nacionalidad arge                   3 ) Intelectual Property Owners Inc. (IPO) cargará con sus
lina.
                                                                             propias costas así como con las de la Comisión que
                                                                              hayan sido motivadas por su intervención.
(') DO n" C 120 de 30 . 4 . 1994 .
( 2 ) DO n° L 263 de 27 . 9 . 1978 , p . 1 ; EE 11 /08 , p . 70 .
                                                                         (') DO n" C 307 de 27 . 11 . 1991 .
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                             ( Sala Sexta )                                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                       de 6 de abril de 1995                                                   de 6 de abril de 1995
en los asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P: Radio                 en el asunto C-299/93 : Ernst Bauer contra Comisión de las
Telefis Eireann ( RTE ) e Independent Televisión Publica                                   Comunidades Europeas ( 1 )
        tions Ltd contra Comisión de las Comunidades
                             Europeas ( l )                              (Cláusula compromisoria — Contrato de arrendamiento de
                                                                         finca urbana destinado a vivienda — Fijación de la renta —
(Competencia — Abuso deposición dominante — Derechos                                  Resolución — Reparación del daño)
                               de autor)
                                                                                95/C 137/06 )
                           ( 95/C 137/05 )
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                (Lengua de procedimiento: inglés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal              cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
       de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia »)                      de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia »)
En los asuntos acumulados C-241 /91 P y C-242/91 P, Radio                En el asunto C-299/93 , Ernst Bauer ( Agente : Sr. Giorgio
Telefis Eireann ( RTE ), entidad de Derecho público con                  Gozzi ) contra Comisión de las Comunidades Europeas
domicilio social en Dublín ( Agentes : Sres . W. Alexander y G.          ( Agentes : Sres . Gianluigi Valsesia y Alberto Dal Ferro ), que
van der Wal ) e Independent Televisión Publications Ltd                  tiene por objeto que se declare ilegal y se anule la orden de
( ITP ), sociedad inglesa , con domicilio social en Londres              desalojo de una finca urbana arrendada destinada a la
( Agentes : Sres . M.J. Reynolds y R. Strivens ) apoyadas por            vivienda y el aumento de la renta de dicho bien inmueble , así
Intellectual Property Owners Inc . ( IPO ), con domicilio                como que se disponga la devolución del complemento de
social en Washington, D.C. , Estados Unidos de América                   renta pagado en virtud de dicho aumento y la reparación del
( Agentes : Sres . D.R. Barrett y G.I.F. Leigh ), que tienen por         daño material y del perjuicio moral irrogados por el desalojo
objeto dos recursos de casación interpuestos contra sendas               anticipado de la vivienda , el Tribunal de Justicia ( Sala
sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de              Segunda ), integrado por los Sres .: F.A. Schockweiler,
las Comunidades Europeas ( Sala Segunda ) el 10 de julio de              Presidente de Sala ; G.F. Mancini ( Ponente ) y G. Hirsch,
 1991 , RTE/Comisión (T-69/89 , Rec . p . 11-485 ), e ITP/               Jueces ; Abogado General : Sr . G. Cosmas ; Secretario : Sr. R.
Comisión (T-76/89 , Rec . p . 11-575 ), en los que se solicita que       Grass ; ha dictado el 6 de abril de 1995 una sentencia cuyo
se anulen dichas sentencias , y en el que la otra parte en el            fallo es el siguiente :
procedimiento es Comisión de las Comunidades Europeas
( Agente : Sr . Julián Currall ), apoyada por Magill TV Guide
Ltd , con domicilio social en Dublín ( Agentes : Sres . Gore &           1 ) Se desestima el recurso.
Grimes ), el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, integrado por los Sres .: G.C. Rodríguez Iglesias              2 ) Se condena en costas al demandante .
 ( Ponente ), Presidente ; F.A. Schockweiler y P.J.G. Kapteyn,
Presidentes de Sala ; G.F. Mancini , C.N. Kakouris, J.C.
Moitinho de Almeida y J.L. Murray, Jueces; Abogado                       (M DO n° C 177 de 29 . 6 . 1993 .
General : Sr . C. Gulmann; Secretaria : Sra . L. Hewlett,
administradora ; ha dictado el 6 de abril de 1995 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto T-556/10: Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2010 — Novatex/Consejo

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/55

         Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2010 — Novatex/Consejo
   (Asunto T-556/10)
   ()
   2011/C 30/97
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Novatex Ltd (Karachi, Pakistán) (representante: B. Servais, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento de ejecución (UE) no 857/2010 del Consejo, de 27 de septiembre de 2010, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional sobre las importaciones de determinado tereftalato de polietileno originario de Irán, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos. (1)

               —

               Que se condene al Consejo a pagar las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante alega dos motivos en apoyo de su recurso
   Primer motivo: La demandante alega que el Consejo infringió el artículo 3 del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, (2) al concluir erróneamente que el Régimen del impuesto definitivo (RID) es un mecanismo que condona ingresos públicos y, por tanto, constituye una contribución financiera y que el RID invariablemente confiere un beneficio a la demandante. La demandante alega que:

               —

               No puede considerarse que el Régimen del impuesto definitivo constituya una contribución financiera basándose en el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, interpretado con arreglo a la disposición pertinente del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y a la interpretación que de ella hace la jurisprudencia de la OMC.

               —

               El Reglamento impugnado infringe el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, interpretado con arreglo a la disposición pertinente del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, al concluir que el Régimen del impuesto definitivo confiere un beneficio a la demandante.

         Segundo motivo: la demandante alega que el Consejo infringió:

               —

               Los artículos 3, apartado 2, y 6, letra b), del Reglamento (CE) no 597/2009 interpretados con arreglo a la disposición pertinente del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, al aplicar el tipo de interés comercial vigente durante el período de investigación, tomando como fuente el sitio internet del Banco Nacional de Pakistán, en vez del tipo de interés comercial vigente en el momento en que se concedió el préstamo a la demandante.

               —

               El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo interpretado con arreglo a la disposición pertinente del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, al aplicar un denominador inadecuado, es decir, el volumen de negocios de las exportaciones, en vez del denominador adecuado que era el volumen de negocios.

      (1)  DO L 254, p. 10.

      (2)  Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 188, p. 93).


title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 29 de marzo de 2001 en el asunto T-302/00 R: Anthony Goldstein contra Comisión de las Comunidades Europeas (Procedimiento sobre medidas provisionales — Admisibilidad — Urgencia)

text:
19.1.2002                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 17/13
1)     Se desestima la demanda de la Comisión.                           Sr. R. St. John Murphy, Solicitor, contra Comisión de las
                                                                          Comunidades Europeas (agente: Sr. P. Oliver), que tiene por
2)     Se reserva la decisión sobre las costas.                          objeto una demanda de medidas provisionales en el marco de
                                                                          un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artı́culo 230
                                                                          CE contra la Decisión de la Comisión, de 12 de enero de
                                                                          2001, por la que se desestima la denuncia formulada por el
                                                                          demandante en relación con la alegada infracción de los
                                                                          artı́culos 81 CE y 82 CE por parte del General Council of the
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA                               Bar of England and Wales, el Presidente del Tribunal de Primera
                               INSTANCIA                                  Instancia ha dictado el 29 de marzo de 2001 un auto
                                                                          resolviendo lo siguiente:
                      de 29 de marzo de 2001
                                                                          1.     Se desestima la demanda de medidas provisionales.
en el asunto T-302/00 R: Anthony Goldstein contra
            Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          2.     Se reserva la decisión sobre las costas.
(Procedimiento sobre medidas provisionales — Admisibili-
                            dad — Urgencia)
                             (2002/C 17/22)
                    (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                               AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
En el asunto T-302/00 R, Anthony Goldstein, con domicilio
en Harrow, Middlesex (Reino Unido), representado por el                                         de 3 de octubre de 2001
Sr. R. St. John Murphy, Solicitor, contra Comisión de las
Comunidades Europeas (agentes: Sres. P. Oliver y R. Lyal), que
tiene por objeto una demanda de medidas provisionales en el               en el asunto T-60/01: Marie-Josée Bollendorff contra
marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al                                     Parlamento Europeo (1)
artı́culo 230 CE contra la Decisión de la Comisión, de 7 de
julio de 2000, por la que se desestima la denuncia formulada              «Recurso de anulación — Retirada del acto impugnado —
por el demandante en relación con la alegada infracción de los                                       Sobreseimiento»
artı́culos 81 CE y 82 CE por parte del General Medical Council,
el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha dictado el
29 de marzo de 2001 un auto resolviendo lo siguiente:                                                  (2002/C 17/24)
1.     Se desestima la demanda de medidas provisionales.                                     (Lengua de procedimiento: francés)
2.     Se reserva la decisión sobre las costas.
                                                                          En el asunto T-60/01, Marie-Josée Bollendorff, con domicilio
                                                                          en Luxemburgo, representada por el Sr. L. Mosar, abogado,
                                                                          que designa domicilio en Luxemburgo, contra Parlamento
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA                               Europeo (agentes: Sres. Y. Pantalis y D. Moore), que tiene por
                               INSTANCIA                                  objeto un recurso de anulación de la decisión del Parlamento
                                                                          por la que se consideró irregular la ausencia de la demandante
                                                                          entre el 21 de marzo de 2000 y el 30 de abril de 2000 y se
                      de 29 de marzo de 2001                              dedujo dicha ausencia de las vacaciones anuales de la intere-
                                                                          sada, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), integrado
en el asunto T-18/01 R: Anthony Goldstein contra Comi-                    por los Sres. B. Vesterdorf, Presidente, N.J. Forwood y H. Legal,
               sión de las Comunidades Europeas                          Jueces; Secretario: Sr. H. Jung; ha dictado el 3 de octubre de
                                                                          2001 un auto resolviendo lo siguiente:
(Procedimiento sobre medidas provisionales — Admisibili-
                            dad — Urgencia)
                                                                          1)     Se sobresee el recurso.
                             (2002/C 17/23)
                                                                          2)     El Parlamento cargará con la totalidad de las costas.
                    (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                          (1) DO C 173 de 16.6.2001.
En el asunto T-18/01 R, Anthony Goldstein, con domicilio
en Harrow, Middlesex (Reino Unido), representado por el


title: Asunto T-13/09: Sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2010 — Storck/OAMI (Forma de un ratón de chocolate) [ «Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria tridimensional — Forma de un ratón de chocolate — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009] — Derecho de defensa» ]

text:
               12.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/11

         Sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2010 — Storck/OAMI (Forma de un ratón de chocolate)
   (Asunto T-13/09) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria tridimensional - Forma de un ratón de chocolate - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009] - Derecho de defensa)
   2011/C 46/19
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: August Storck KG (Berlín) (representantes: P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente G. Schneider y posteriormente G. Schneider y R. Manea, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 12 de noviembre de 2008 (asunto R 185/2006-4) relativa a una solicitud de registro como marca comunitaria de un signo tridimensional constituido por la forma de un ratón de chocolate.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a August Storck KG.

      (1)  DO C 69, de 21.3.2009.


title: Asunto T-57/02: Recurso interpuesto el 27 de febrero de 2002 contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea por Makhteshim-Agan Holding B.V.

text:
15.6.2002              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 144/47
Las demandantes alegan igualmente una violación del principio           trifluralina, empleada en los productos fitosanitarios de las
de aplicación coherente y uniforme del Derecho comunitario              demandantes, en la lista de sustancias prioritarias que serán
y de los principios de proporcionalidad, de seguridad jurı́dica          objeto de restricciones en la Unión Europea en la medida
y de protección de la confianza legı́tima.                              en que su utilización agrı́cola normal provoca directa o
                                                                         indirectamente «vertidos, emisiones y pérdidas» en el medio
                                                                         acuático.
Por otra parte, las demandantes sostienen que la decisión
impugnada vulnera igualmente la letra y el espı́ritu de los
acuerdos internacionales expresamente mencionados en ella
(Convenio OSPAR, Convenio HELCOM y Convenio de Barce-                    Los motivos y principales alegaciones son similares a los
lona).                                                                   invocados en el asunto T-45/02 (Dow AgroSciences y otros
                                                                         contra Parlamento y Consejo) (2).
(1) DO L 331, de 15.12.2001, p. 1.
(2) DO L 170, de 25.6.1992, p. 40.
(3) DO L 327, de 22.12.2000, p. 1.                                       (1) DO L 331, de 15.12.2001, p. 1.
                                                                         (2) Véase página 46 del presente Diario Oficial.
Recurso interpuesto el 26 de febrero de 2002 contra el
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
por Finchimica, S.p.A., e I.Pi.Ci. — Industria Prodotti
                          Chimici, S.p.A.                                Recurso interpuesto el 27 de febrero de 2002 contra el
                                                                         Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
                                                                                por Makhteshim-Agan Holding B.V.
                        (Asunto T-46/02)
                         (2002/C 144/97)                                                          (Asunto T-57/02)
                 (Lengua de procedimiento: inglés)                                                 (2002/C 144/98)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 26 de febrero de 2002 un recurso
contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea, formulado por Finchimica, S.p.A., e I.Pi.Ci. —
Industria Prodotti Chimici, S.p.A., representadas por los Sres.          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Koen Van Maldegem y Claudio Mereu, de McKenna & Cuneo                    Europeas se ha presentado el 27 de febrero de 2002 un recurso
LLP, Bruselas (Bélgica).                                                 contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
                                                                         Europea formulado por Makhteshim-Agan Holding B.V., repre-
                                                                         sentada por los Sres. Philippe Logelain, Koen Van Maldegem y
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera                  Claudio Mereu, de McKenna & Cuneo LLP, Bruselas (Bélgica).
Instancia que:
—    Anule parcialmente la Decisión no 2455/2001/CE del
     Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
     de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias               que:
     prioritarias en el ámbito de la polı́tica de aguas y por la
     que se modifica la Directiva 2000/60/CE (1), eliminando             —     Anule parcialmente la Decisión no 2455/2001/CE del
     de la Decisión la referencia a la trifluralina.                          Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre
                                                                               de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias
—    Condene en costas a las partes demandadas.                                prioritarias y sustancias peligrosas prioritarias en el
                                                                               ámbito de la polı́tica de aguas y por la que se modifica la
                                                                               Directiva 2000/60/CE, eliminando de la Decisión la
                                                                               referencia las sustancias de la demandante — atracina,
Motivos y principales alegaciones                                              cloropirifos, diurón, endosulfán, isoproturón (IPU), sima-
                                                                               zina y trifluralina.
Las demandantes solicitan que se anule parcialmente la
Decisión no 2455/2001/CE, que incluye la sustancia activa               —     Condene en costas a las partes demandadas.
 ---pagebreak--- C 144/48                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            15.6.2002
Motivos y principales alegaciones                                         La demandante afirma que al prescindir de los datos cientı́ficos
                                                                          y técnicos disponibles, las partes demandadas infringieron
                                                                          también los artı́culos 174, 175 y 176 del Tratado. La medida
                                                                          impugnada vulnera además el artı́culo 2 del Tratado. Según la
                                                                          demandante, la Decisión falsea la competencia, puesto que no
La demandante en el presente asunto produce pesticidas                    afecta a otros productos fitosanitarios competidores.
(productos fitosanitarios). Impugna la inclusión de algunos de
sus productos en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito
de la polı́tica de aguas. Dicha lista la establecen los demandados        La demandante alega igualmente una violación de principios
con arreglo a la Directiva 2000/60/CE (1). Se considera que los           fundamentales del Derecho comunitario. Aduce que los
productos mencionados en la lista representan un riesgo                   demandados infringieron la Directiva 2000/60 y, por tanto,
significativo para el medio acuático o a través de él y deben            una norma superior. Vulneraron también, añade, la Directiva
reducirse sus emisiones. Además, la Decisión impugnada                  91/414/CEE, más especı́fica, conforme a la cual se autoriza la
indica que algunos de los productos de la demandante son                  utilización de algunos de los productos de la demandante.
sustancias prioritarias «objeto de estudio», lo que llevará, según      La medida impugnada infringe asimismo los principios de
la demandante, a clasificarlas como sustancias peligrosas                 seguridad jurı́dica y de protección de la confianza legı́tima ya
prioritarias. Dichas sustancias suponen un riesgo más amplio             que frustra las expectativas de la demandante de que sus
para el medio acuático y sus emisiones deben suprimirse.                 productos se examinen con arreglo al procedimiento de la
                                                                          Directiva 91/414/CE, todavı́a en vigor. La demandante invoca
                                                                          también la violación del principio de igualdad de trato, al haber
                                                                          llevado el procedimiento utilizado para el establecimiento de
                                                                          la medida impugnada a un resultado contrario al alcanzado
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega que
                                                                          mediante el procedimiento establecido por la Directiva 91/
los demandados infringieron los requisitos procesales de la
                                                                          414/CEE. Afirma, por último, que la medida impugnada
Directiva 2000/60/CE. El artı́culo 16, apartado 2, letra a) de
                                                                          infringe el principio de proporcionalidad.
dicha Directiva establece que los productos fitosanitarios se
clasifican en orden prioritario mediante un procedimiento de
evaluación de los riesgos. No obstante, los demandados
utilizaron un procedimiento simplificado denominado ’sistema              (1) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
combinado de fijación de prioridades basado en mediciones y                  23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
                                                                              comunitario de actuación en el ámbito de la polı́tica de aguas (DO
modelos’. Según la demandante, los demandados no están                      L 327, de 22.12.2000, p. 1).
facultados para utilizar habitualmente este procedimiento                 (2) Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa
simplificado en lugar del procedimiento de evaluación de los                 a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 170, de
riesgos establecido en el artı́culo 16, apartado 2, letra a). La              25.6.1992, p. 40).
demandante afirma que no se cumplen los requisitos que
establece el artı́culo 16 de la Directiva 2000/60/CE para la
utilización de un procedimiento simplificado. Señala además
que todavı́a se siguen realizando evaluaciones de los riesgos de
sus productos fitosanitarios de conformidad con Directiva 91/
414/CEE (2). Por consiguiente, al no respetar los requisitos
procesales y metodológicos de la Directiva general 2000/60,
los demandados se excedieron en el uso de sus facultades.
                                                                          Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2002 contra la
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas por Archer
                                                                                Daniels Midland Company
La demandante impugna además la elaboración de una lista de
sustancias prioritarias objeto de estudio. A su juicio, dicha lista
                                                                                (Asunto T-59/02)
es en realidad una lista de posibles sustancias peligrosas
prioritarias. La demandante considera que no existe base legal
alguna para establecer tal lista. Tampoco hay ningún motivo                                        (2002/C 144/99)
para seleccionar esas sustancias como sustancias prioritarias
objeto de estudio.
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
La demandante añade que la Decisión impugnada está en
conflicto con la Directiva 91/414/CEE del Consejo sobre                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
los productos fitosanitarios, más especı́fica. Por tanto, los            Europeas se ha presentado el 28 de febrero de 2002 un recurso
demandados vulneran el principio de primacı́a de la ley                   contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
especial. Dicha Directiva impone una evaluación de riesgos               por Archer Daniels Midland Company, representada por la
especı́fica para los productos fitosanitarios. Según la deman-           Sra. Lynda Martin Alegi, el Sr. Bill Batchelor, la Sra. Marta
dante, se deberı́a haber esperado al resultado de este procedi-           Garcia y el Sr. Carl Otto Lenz, de Baker & McKenzie, Londres
miento especı́fico antes de clasificar sus productos.                     (Reino Unido).


title: Asunto C-396/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Eslovenia) el 15 de julio de 2016 — T – 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (sedaj v stečaju)/Republika Slovenija

text:
               12.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 335/42

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Eslovenia) el 15 de julio de 2016 — T – 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (sedaj v stečaju)/Republika Slovenija
   (Asunto C-396/16)
   (2016/C 335/57)
   Lengua de procedimiento: esloveno

      Órgano jurisdiccional remitente

   Vrhovno sodišče Republike Slovenije

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: T — 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (sedaj v stečaju)

      Recurrida: Republika Slovenija

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿La reducción del importe de unas obligaciones en virtud de un convenio preventivo de la quiebra homologado mediante una resolución judicial firme, como la que es objeto del procedimiento principal, debe considerarse una modificación de los elementos tomados en consideración para la determinación de la cuantía de las deducciones del IVA soportado, en el sentido del artículo 185, apartado 1, de la Directiva del IVA, (1) o bien una situación distinta, en la que la deducción es inferior o superior a la que el sujeto pasivo hubiera tenido derecho a practicar, en el sentido del artículo 184 de la Directiva del IVA?

               2)

               ¿La reducción del importe de unas obligaciones en virtud de un convenio preventivo de la quiebra homologado mediante una resolución judicial firme, como la que es objeto del procedimiento principal, debe considerarse un impago (parcial) en el sentido del artículo 185, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva del IVA?

               3)

               Teniendo en cuenta los requisitos de claridad y certeza de las situaciones jurídicas exigidos por el legislador de la Unión y lo dispuesto en el artículo 186 de la Directiva del IVA, ¿está obligado un Estado miembro, para exigir una regularización de la deducción en caso de impago total o parcial, como permite el artículo 185, apartado 2, párrafo segundo, de dicha Directiva, a regular específicamente en la normativa nacional los supuestos de impago o a incluir en ellos el convenio preventivo homologado mediante una resolución judicial firme (cuando quede comprendido en el concepto de impago)?

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).


title: Asunto C-239/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Berlin — Alemania) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Ayudas de Estado — Ayudas concedidas por la República Federal de Alemania para la adquisición de tierras — Programa de privatización de tierras y de reestructuración de la agricultura en los nuevos Länder alemanes)

text:
               19.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Berlin — Alemania) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
   (Asunto C-239/09) (1)

   (Ayudas de Estado - Ayudas concedidas por la República Federal de Alemania para la adquisición de tierras - Programa de privatización de tierras y de reestructuración de la agricultura en los nuevos Länder alemanes)
   2011/C 55/11
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Berlin

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG

      Demandada: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Landgericht Berlin (Alemania) — Interpretación del artículo 87 CE — Ayudas de Estado — Privatización de tierras en los nuevos Länder alemanes — Adquisición de dichas tierras a un precio inferior a su valor venal real, fijado en virtud de una disposición nacional que prevé el cálculo del valor de mercado de las tierras basándose en criterios regionales — Compatibilidad de dicha disposición nacional con el artículo 87 CE.

      Fallo

   El artículo 87 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, para determinar el valor de terrenos de uso agrícola y forestal puestos a la venta por las autoridades públicas en el marco de un plan de privatización, establece métodos de cálculo como los contenidos en el artículo 5, apartado 1, del Flächenerwerbsverordnung (Reglamento sobre la adquisición de tierras), de 20 de diciembre de 1995, siempre y cuando dichos métodos prevean la actualización de los precios en casos de fuertes alzas, de forma que el precio efectivamente pagado por el adquirente sean lo más próximo posible al valor de mercado de dichas tierras.

      (1)  DO C 220, de 12.9.2009.


title: Asunto T-591/08: Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2012 — Evropaïki Dynamiki/Comisión ( «Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación de servicios informáticos — Clasificación de un licitador en segunda posición en el procedimiento en cascada — Recurso de anulación — Causas de exclusión de la licitación — Conflicto de intereses — Obligación de motivación — Error manifiesto de apreciación — Igualdad de trato — Responsabilidad extracontractual» )

text:
               24.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 366/28

         Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2012 — Evropaïki Dynamiki/Comisión
   (Asunto T-591/08) (1)

   (Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación - Prestación de servicios informáticos - Clasificación de un licitador en segunda posición en el procedimiento en cascada - Recurso de anulación - Causas de exclusión de la licitación - Conflicto de intereses - Obligación de motivación - Error manifiesto de apreciación - Igualdad de trato - Responsabilidad extracontractual)
   2012/C 366/53
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas) (representantes: N. Korogiannakis y P. Katsimani, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: incialmente, B. Simon y E. Manhaeve, agentes, asistidos por P. Wytinck, abogado; posteriormente, E. Manhaeve, asistido por P. Wytinck y B. Hoorelbeke, abogados)

      Objeto

   Por un lado, pretensión de anulación de las decisiones de la Comisión de 17 de octubre de 2008 por las que se clasifica a la demandante, en relación con sus ofertas presentadas en respuesta a la licitación «Tecnologías de la Información Estadística», relativa a servicios de asesoramiento y de desarrollo relativos al formato de intercambio de datos y metadatos estadísticos (SDMX) (DO 2008/S 120-159017), como segunda contratista en cascada para los lotes 2 y 3, y de todas las decisiones posteriores vinculadas a éstas, incluidas las decisiones de atribuir el contrato a otros licitadores, clasificados en primera posición en la cascada por lo que se refiere a dichos lotes, y, por otro, pretensión de indemnización por daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE a cargar con sus propias costas y con las costas causadas por la Comisión Europea.

      (1)  DO C 82, de 4.4.2009.


title: Asunto T-162/05: Recurso interpuesto el 18 de abril de 2005 por Dirk Grijseels y Ana López García contra el Comité Económico y Social Europeo

text:
               9.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/27

         Recurso interpuesto el 18 de abril de 2005 por Dirk Grijseels y Ana López García contra el Comité Económico y Social Europeo
   (Asunto T-162/05)
   (2005/C 171/45)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 18 de abril de 2005 un recurso contra el Comité Económico y Social Europeo formulado por Dirk Grijseels, con domicilio en Ternat (Bélgica), y Ana López García, con domicilio en Bruselas, representados por Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Nöel Louis y Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule las decisiones de nombrar a los demandantes funcionarios de las Comunidades Europeas en la medida en que fijan su grado de reclutamiento con arreglo al artículo 12 del anexo XIII del Estatuto.

               —

               Condene en costas al Comité Económico y Social Europeo.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones invocados son idénticos a los de los asuntos T-130/05 y T-160/05 y similares a los del asunto T-58/05.


title: Asunto C-61/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de julio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo (Incumplimiento de Estado — Mecanismo que tiene por objeto el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero — Aplicación del Protocolo de Kyoto)

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de julio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-61/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Mecanismo que tiene por objeto el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero - Aplicación del Protocolo de Kyoto)
   (2007/C 211/19)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: U. Wölker y J.-B. Laignelot, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo (representante: C. Schiltz, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Falta de comunicación, dentro del plazo señalado, del informe con las informaciones previstas en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto (DO L 49, p. 1) — Informaciones relativas a las previsiones nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y a las medidas adoptadas para limitar y reducir estas emisiones.
   Fallo

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto, al no haber transmitido el informe con las informaciones exigidas por dicho artículo.

               2)

               Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      (1)  DO C 95 de 28.4.2007.


title: Asunto T-114/11: Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2012 — Giordano/Comisión ( «Responsabilidad extracontractual — Pesca — Conservación de los recursos pesqueros — Recuperación para el atún rojo — Medidas de emergencia por las que se prohíbe pescar a los atuneros cerqueros — Comportamiento ilícito — Relación de causalidad» )

text:
               22.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 399/19

         Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2012 — Giordano/Comisión
   (Asunto T-114/11) (1)

   (Responsabilidad extracontractual - Pesca - Conservación de los recursos pesqueros - Recuperación para el atún rojo - Medidas de emergencia por las que se prohíbe pescar a los atuneros cerqueros - Comportamiento ilícito - Relación de causalidad)
   2012/C 399/33
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Jean-François Giordano (Sète, Francia) (representantes: D. Rigeade y J. Jeanjean, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet y D. Nardi, agentes)

      Objeto

   Recurso de indemnización mediante el que se solicita la reparación del perjuicio presuntamente sufrido a raíz de la adopción del Reglamento (CE) no 530/2008 de la Comisión, de 12 de junio de 2008, por el que se establecen medidas de emergencia aplicables a los atuneros cerqueros que capturan atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y en el Mar Mediterráneo (DO L 155, p. 9).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Jean-François Giordano.

      (1)  DO C 139, de 7.5.2011.


title: Asunto C-444/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 18 de septiembre de 2001, en el asunto entre Stadt Villingen-Schwenningen y Ophilia Akosua Owusu

text:
C 84/36                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        6.4.2002
a)    ¿se oponen las normas del Reglamento (CEE) no 1785/81               nacionales que implican que un seguro suscrito con una
      del Consejo, de 30 de junio de 1981 (1), y/o del Regla-             aseguradora establecida en Inglaterra, Alemania o Dinamarca
      mento (CEE) no 193/82 del Consejo, de 26 de enero                   y que cumple los requisitos establecidos en Suecia para que sea
      de 1982 (2), a que dicha autoridad disponga que tal                 considerado un seguro de pensiones complementario, salvo el
      transferencia o reasignación de cuotas sea onerosa y, por          de que se haya suscrito con una aseguradora establecida en
      tanto, con obligación para la empresa o empresas que               Suecia, sea considerado un seguro de capital con efectos en
      lleguen a ser destinatarias de satisfacer una contrapresta-         materia de impuesto sobre la renta que, dependiendo de las
      ción económica?                                                   circunstancias de cada caso, pueden ser menos favorables que
                                                                          los efectos fiscales de un seguro de pensiones complementario?
b)    Aun en el caso de que la respuesta fuera negativa, ¿se
      oponen aquellas normas, sin embargo, a que el precio de
      la cuota a transferir y el reparto de la misma se decida
      mediante pública subasta?; ¿se oponen las repetidas
      normas a este mecanismo de la pública subasta incluso
      estando previsto que en la operación de reasignación de           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      cuotas que se realice mediante tal procedimiento de                 lución de la Cour de cassation del Gran Ducado de
      subasta se adoptarán las medidas oportunas para evitar             Luxemburgo, de fecha 8 de noviembre de 2001, en el
      cualquier eventual repercusión negativa sobre los agricul-            asunto entre Design Concept SA y Flanders Expo SA
      tores productores nacionales de remolacha azucarera?
                                                                                (Asunto C-438/01)
c)    ¿la interpretación de la normativa comunitaria es la
      misma y las respuestas deben serlo también tras el                                            (2002/C 84/61)
      Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
      junio de 2001 (3), por el que, derogados los Reglamentos
      anteriores, se establece la organización común de merca-
      dos en el sector del azúcar?                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                          resolución de la Cour de cassation del Gran Ducado de
(1) Por el que se establece la organización común de mercados en el     Luxemburgo, dictada el 8 de noviembre de 2001, en el asunto
    sector del azúcar DO L 177 de 1.7.1981, p. 4, EEE: Capı́tulo 3,      entre Design Concept SA y Flanders Expo SA, y recibida en la
    Tomo 22 p. 80.                                                        Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 13 de noviembre de 2001.
(2) Por el que se adoptan las normas generales relativas a las            La Cour de cassation del Gran Ducado de Luxemburgo solicita
    transferencias de cuotas en el sector del azúcar DO L 21 de          al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
    29.1.1982, p. 3, EEE: Capı́tulo 3, Tomo 24, p. 175.                   cuestión:
(3) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
                                                                          El artı́culo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 77/388/CEE
                                                                          del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en
                                                                          materia de armonización de las legislaciones de los Estados
                                                                          miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
                                                                          negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-              Añadido (1): base imponible uniforme, en lo que respecta a las
lución del Regeringsrätten, de fecha 23 de octubre de                    «prestaciones de publicidad», ¿se aplica a los servicios prestados
2001, en el asunto entre, por una parte, Skandia y Ola                    de modo indirecto al anunciante y facturados a un tercero que
            Ramstedt y, por otra, Riksskatteverket                        los facturará a su vez a aquél, si el anunciante no produce un
                                                                          bien en cuyo precio esté incluido el coste de la prestación?
                        (Asunto C-422/01)
                                                                          (1) DO L 145, p. 1.
                           (2002/C 84/60)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
resolución del Regeringsrätten, dictada el 23 de octubre de              lución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 18 de
2001, en el asunto entre, por una parte, Skandia y Ola                    septiembre de 2001, en el asunto entre Stadt Villingen-
Ramstedt y, por otra, Riksskatteverket, y recibida en la                             Schwenningen y Ophilia Akosua Owusu
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 25 de octubre de 2001. El
Regeringsrätten solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie                                 (Asunto C-444/01)
sobre las siguientes cuestiones:
                                                                                (2002/C 84/62)
¿Deben interpretarse las disposiciones de Derecho comunitario
sobre libre circulación de personas, servicios y capitales, en
especial el artı́culo 49 CE, en relación con el artı́culo 12 CE, en      Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
el sentido de que se oponen a la aplicación de normas fiscales           sometida una petición de decisión prejudicial mediante
 ---pagebreak--- 6.4.2002                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 84/37
resolución del Bundesverwaltungsgericht, dictada el 18 de                resolución del Giudice Unico del Tribunale de Biella, dictada el
septiembre de 2001, en el asunto entre Stadt Villingen-                   18 de octubre de 2001, en el asunto entre Roberto Simoncello
Schwenningen y Ophilia Akosua Owusu, y recibida en la                     y Piera Boerio, y Direzione Provinciale del Lavoro (Vencelli), y
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 19 de noviembre de 2001.          recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 19 de
El Bundesverwaltungsgericht solicita al Tribunal de Justicia que          noviembre de 2001. El Giudice Unico del Tribunale de Biella
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                             solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
                                                                          siguiente cuestión:
1)    La libertad de establecimiento (artı́culo 52 del Tratado
      CE) o la libre prestación de servicios (artı́culo 59 del           Si son compatibles con los principios comunitarios enunciados
      Tratado CE), comprendı́a, en la situación jurı́dica aplicable      en los artı́culos 39 CE, 43 CE y 86 CE (antiguos artı́culos 48,
      del 16 de mayo de 1997, el ejercicio por cuenta propia              52 y 90 del Tratado CE), el artı́culo 9 bis, apartado 2, de la Ley
      de la prostitución por parte de una nacional del Estado            no 608, de 28 de noviembre de 1996, en donde se prevé la
      miembro A en el Estado miembro B? ¿Es relevante si, en              obligación del empresario de comunicar la contratación de
      dicha fecha, la prostitución estaba considerada, con               todo trabajador a la Sezione Circoscrizionale per l’impiego, ası́
      arreglo a la legislación nacional, como una actividad              como el artı́culo 10 del Decreto Legislativo no 469, de 23 de
      contraria a las buenas costumbres o antisocial?                     diciembre de 1997, que se remite al artı́culo 9 bis de la Ley
                                                                          608/1996, en caso de actividades de mediación realizadas por
2)    En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:               entidades no autorizadas.
      ¿Tenı́a la nacional del Estado miembro A, con arreglo a
      la situación jurı́dica aplicable el 16 de mayo de 1997, un
      derecho de residencia en el Estado miembro B directa-
      mente derivado del artı́culo 8 A del Tratado CE?
3)    En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                          lución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, de
      ¿Tenı́a dicha nacional, con arreglo a la situación jurı́dica       fecha 5 de noviembre de 2001, en el asunto entre DLD
      aplicable el 16 de mayo de 1997, un derecho de residencia           Trading Company Import-Export, spol .s.r.o. y Republik
      sujeto a los requisitos establecidos en el artı́culo 1 de la                                    Österreich
      Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de
      1990, relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26),                                  (Asunto C-447/01)
      a pesar de que, en dicha fecha, el Estado miembro B
      todavı́a no habı́a adaptado su Derecho interno a dicha
                                                                                (2002/C 84/64)
      Directiva?
4)    En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión:
                                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      ¿Debı́a dicha nacional disponer, en la fecha de entrada en          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      el paı́s, de medios de subsistencia suficientes y acreditarlo       resolución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, dic-
      ante las autoridades competentes, o es suficiente con que           tada el 5 de noviembre de 2001, en el asunto entre DLD
      durante su estancia en el Estado miembro B no haya                  Trading Company Import-Export, spol .s.r.o. y Republik
      recurrido a la asistencia social?                                   Österreich, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
                                                                          el 20 de noviembre de 2001. El Landesgericht für Zivilrechtssa-
                                                                          chen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
                                                                          siguiente cuestión:
                                                                          1.    ¿El comportamiento de los órganos públicos, tal como
                                                                                ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho, y, en
                                                                                particular, la modificación a partir del 1 de enero de 1998
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                    de la franquicia para viajeros procedentes de paı́ses
lución del Giudice Unico del Tribunale di Biella, de fecha                     terceros establecida en el artı́culo 97a de la ZollR-DG en
18 de octubre de 2001, en el asunto entre Roberto                               relación con el artı́culo 19a de la ZollR-DV a 75
Simoncello y Piera Boerio contra Direzione Provinciale                          y 100 euros respectivamente, ası́ como la limitación
                       del Lavoro (Vercelli)                                    cuantitativa de la exención del impuesto sobre el volumen
                                                                                de negocios y del impuesto sobre el consumo de tabaco,
                                                                                infringe alguna norma del Derecho comunitario directa-
                         (Asunto C-445/01)                                      mente aplicable o una Directiva, y en caso afirmativo,
                                                                                cuál?
                            (2002/C 84/63)
                                                                          2.    En caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta:
                                                                                ¿La norma del Derecho comunitario directamente aplica-
                                                                                ble o la Directiva infringida de que se trata, puede crear
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                       derechos subjetivos en favor de la parte demandante del
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                   litigio principal?


title: Asunto T-150/11: Auto del Tribunal General de 10 de diciembre de 2013 — Gobierno de Aragón y otros/Consejo ( «Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Decisión relativa a las ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas — Anulación parcial — Inseparabilidad — Inadmisibilidad» )

text:
               15.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/30

         Auto del Tribunal General de 10 de diciembre de 2013 — Gobierno de Aragón y otros/Consejo
   (Asunto T-150/11) (1)

   (Recurso de anulación - Ayudas de Estado - Decisión relativa a las ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas - Anulación parcial - Inseparabilidad - Inadmisibilidad)
   2014/C 45/48
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandantes: Gobierno de Aragón, Principado de Asturias y Junta de Castilla y León (representantes: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, E. Echeverría Álvarez y M. López Garrido, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. Lo Monaco y F. Florindo Gijón, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: É. Gippini Fournier, L. Flynn y C. Urraca Caviedes, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación parcial de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas (DO L 336, p. 24).

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               El Gobierno de Aragón, el Principado de Asturias y la Junta de Castilla y León cargarán con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 130, de 30.4.2011.


title: Asunto C-525/09: Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               27.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/21

         Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-525/09)
   2010/C 51/32
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Marghelis y G. Braga da Cruz, agentes)

      Demandada: República Portuguesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 25 de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en todo caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 30 de abril de 2008.

      (1)  DO L 102, p. 15.


title: Asunto C-219/06: Recurso interpuesto el  12 de mayo de 2006  — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo

text:
               15.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/19

         Recurso interpuesto el 12 de mayo de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-219/06)
   (2006/C 165/35)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: N. Yerrell, agente)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 2001/12/CE (1) y 2001/13/CE, (2) y del artículo 228 CE, apartado 1, al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia, el 30 de septiembre de 2004, en el asunto C-481/03, (3) relativa a la no comunicación de las medidas de aplicación de tales Directivas.

               —

               Que se ordene al Gran Ducado de Luxemburgo pagar a la Comisión una multa de 4 800 euros por día de demora en la ejecución de la sentencia recaída en el asunto C-481/03 en relación con la Directiva 2001/12/CE, así como una multa de 4 800 euros por día de demora en la ejecución de la sentencia recaída en el asunto C-481/03 en relación con la Directiva 2001/13/CE, a partir del día en que se dicte sentencia en este asunto y hasta el día en que se ejecute la sentencia recaída en el asunto C-481/03.

               —

               Que se ordene al Gran Ducado de Luxemburgo pagar a la Comisión una cantidad a tanto alzado, cuyo importe es el resultado de una multiplicación de un importe diario de 1 000 euros por el número de días de persistencia de la infracción entre el día del pronunciamiento de la sentencia en el asunto C-481/03 y la fecha en la que se dicte sentencia en este asunto en relación con la Directiva 2001/12/CE, así como una suma idéntica en relación con la Directiva 2001/13/CE.

               —

               Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

         Motivos y principales alegaciones
   No se ha comunicado a los servicios de la Comisión disposición alguna adoptada por el gran Ducado de Luxemburgo a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C-481/03.

      (1)  Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 75, p. 1).

      (2)  Directiva 2001/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias (DO L 75, p. 26).

      (3)  No publicada.


title: Asunto T-395/06: Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2006 — Italia/Comisión

text:
               24.2.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 42/32

         Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2006 — Italia/Comisión
   (Asunto T-395/06)
   (2007/C 42/56)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: República Italiana (representante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la nota no 9433 de 4.10.2006, de la Comisión Europea, Dirección General de Política Regional — Programas y Proyectos en Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Malta y Países Bajos — que tiene por objeto Pagos de la Comisión diferentes del importe exigido. Ref. Programa DOCUP Píamonte (N. CCI 2000 IT 162 DO 007).

               —

               Que se anule la nota no 10841 de 14.11.2006, de la Comisión Europea, Dirección General de Política Regional — Programas y Proyectos en Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Malta y Países Bajos — que tiene por objeto la certificación y la declaración de los gastos intermedios y la solicitud de pago. DOCUP Veneto Ob.2 2000-2006 (N. CCI 2000 IT 162 DO 005).

               —

               Que se anule la nota no 10853 de 14.11.2006, de la Comisión Europea, Dirección General de Política Regional — Programas y Proyectos en Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Malta y Países Bajos — que tiene por objeto Pagos de la Comisión diferentes del importe exigido. Ref. Programa POR Puglia (N. CCI 1999 IT 161 PO 009).

               —

               Que se anule la nota no 10929 de 15.11.2006, de la Comisión Europea, Dirección General de Política Regional — Programas y Proyectos en Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Malta y Países Bajos — que tiene por objeto Pagos de la Comisión diferentes del importe exigido. Ref. Programa DOCUP Toscana Ob. 2 (N. CCI 2000 IT 162 DO 001).

               —

               Que se anule la nota no 10930 de 15.11.2006, de la Comisión Europea, Dirección General de Política Regional — Programas y Proyectos en Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Malta y Países Bajos — que tiene por objeto Pagos de la Comisión diferentes del importe exigido. Ref. POR Campania 2000-2006 (N. CCI 1999 IT 161 PO 007).

               —

               Que se anule la nota no 11019 de 17.11.2006, de la Comisión Europea, Dirección General de Política Regional — Programas y Proyectos en Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Malta y Países Bajos — que tiene por objeto Pagos de la Comisión diferentes del importe exigido. Ref. Programa POR Cerdeña 2000-2006 (N. CCI 1999 IT 161 PO 010).

               —

               Que se anulen todos los actos de trámite y conexos correspondientes y, consiguientemente, que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son similares a los invocados en el asunto T-345/04, República Italiana contra Comisión (1).

      (1)  DO C 262, de 23.10.2004, p. 55.


               14.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 40/15

         Petición de un dictamen consultivo al Tribunal de AELC por Follo tingrett con fecha de 24 de octubre de 2007 en el asunto L'Oréal Norge AS contra Aarskog AS y otros
   (Asunto E-9/07)
   (2008/C 40/06)
   El Follo tingrett (Tribunal de distrito de Follo) sometió al Tribunal de la AELC, mediante nota de 24 de octubre de 2007, una solicitud, recibida en la Secretaría del Tribunal el 31 de octubre de 2007, relativa a un dictamen consultivo en el asunto Fridtjof Frank Gundersen contra Oslo kommune, sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo en el sentido de que confiere al titular de una marca el derecho a impedir una importación de un país tercero ajeno al EEE, cuando dicha importación tenga lugar sin el consentimiento del titular de la marca?

               2)

               ¿Cabe interpretar que el artículo 7, apartado 1 de la Directiva 89/104/CEE permite el agotamiento internacional?


title: Asunto C-453/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 29 de septiembre de 2014 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

text:
               22.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 29 de septiembre de 2014 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer
   (Asunto C-453/14)
   (2014/C 462/24)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes en casación: Voralberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

      Recurrida: Landeshauptmann von Voralberg

      Coadyuvante: Rudolf Mathis

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse el artículo 5 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (1), a la luz del artículo 45 TFUE, en el sentido de que las prestaciones de vejez de un régimen de prestaciones de previsión profesional (instituido y garantizado por el Estado, dirigido a mantener adecuadamente el nivel de vida habitual, regido por el principio de capitalización, de carácter en principio obligatorio pero que permite también realizar aportaciones superiores al mínimo legalmente establecido y, en consecuencia, percibir prestaciones mayores, y cuya gestión corresponde a un organismo de previsión instituido o utilizado por el empresario, como el actual régimen de pensiones del «segundo pilar» en Liechtenstein) y la pensión de vejez de un régimen legal de pensiones (también instituido y garantizado por el Estado y dirigido a mantener adecuadamente el nivel de vida habitual, pero regido por el principio de reparto, de carácter obligatorio y gestionado por organismos del seguro de pensiones constituidos por ley, como el actual régimen de pensiones de Austria) son «equivalentes» en el sentido de la mencionada disposición?

      (1)  DO L 166, p. 1.


title: Asunto C-612/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) el 18 de noviembre de 2015 — proceso penal contra Kolev y otros

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) el 18 de noviembre de 2015 — proceso penal contra Kolev y otros
   (Asunto C-612/15)
   (2016/C 048/22)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria)

      Partes en el procedimiento principal

      Acusados: Kolev y otros

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Una Ley nacional es compatible con la obligación de un Estado miembro de establecer una persecución efectiva de los delitos cometidos por funcionarios de aduanas, cuando con arreglo a dicha Ley el proceso penal, iniciado contra funcionarios de aduanas por su participación en una asociación delictiva para la comisión de delitos de corrupción durante el desempeño de sus funciones (aceptación de sobornos a cambio de la no realización de un control aduanero) así como por sobornos concretos y por [receptación en forma de] ocultamiento a cambio de sobornos, deba sobreseerse, sin que el tribunal haya examinado los cargos que se imputaban, cuando se den las siguientes condiciones: a) hayan transcurrido dos años desde la imputación de los cargos b) el acusado haya presentado una solicitud para que se archiven las diligencias de investigación; с) el tribunal haya dado un plazo de tres meses al fiscal para que termine las diligencias de investigación; d) el fiscal dentro de ese plazo haya incurrido en «vicios sustanciales de forma» (en particular, la no divulgación en la forma debida de los cargos adicionales, la denegación de acceso al expediente de investigación y una acusación contradictoria); е) el tribunal dio un nuevo plazo de un mes al fiscal para subsanar los «vicios sustanciales de forma»; [f)] el fiscal no subsanó estos «vicios sustanciales de forma» en este plazo — aunque los vicios cometidos dentro del primer plazo de tres meses y la no subsanación de estos en el plazo subsiguiente de un mes son atribuibles tanto al fiscal (no subsanación de las contradicciones de la acusación; falta de actuaciones reales durante la mayoría de los plazos) como a la defensa (incumplimiento del deber de cooperación en la divulgación de los cargos y en el acceso al expediente de investigación debido a la hospitalización del acusado y a la invocación de otras obligaciones profesionales de los abogados); [g)] ¿ha nacido un derecho subjetivo para el acusado a que se sobresea el proceso penal debido a la no subsanación de los «vicios sustanciales de forma» dentro de los plazos establecidos al efecto?

               2)

               Si la respuesta a esta pregunta es negativa, ¿qué parte del régimen jurídico antes mencionado debería no aplicar el tribunal nacional para garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión — 2.1. sobreseimiento del proceso penal una vez expirado el plazo de un mes; o 2.2. calificación de los vicios antes mencionados como «vicios sustanciales de forma»; o 2.3. protección del derecho subjetivo nacido según la letra [g)] si hay una posibilidad de que el vicio se subsane efectivamente durante el proceso judicial?

                           2.1)

                           La decisión de no aplicar la norma nacional que prevé el sobreseimiento del proceso penal debe supeditarse a que:

                                       A)

                                       ¿se conceda al fiscal un plazo adicional para subsanar los «vicios sustanciales de forma» que sea igual al plazo durante el cual éste por impedimentos atribuibles a la defensa no pudo objetivamente realizar ésta?

                                       B)

                                       ¿en el supuesto А), el tribunal establezca que los impedimentos fueron el resultado de un «abuso de derecho»?

                                       C)

                                       si la respuesta a А) es negativa, ¿el Tribunal establezca que el Derecho nacional contempla suficientes garantías para que se finalicen las diligencias de investigación en un plazo razonable?

                           2.2)

                           es compatible con el Derecho de la Unión la decisión de no aplicar la calificación prevista en el Derecho nacional de las deficiencias arriba citadas como «vicios sustanciales de forma», en particular:

                                       A)

                                       se garantiza adecuadamente el derecho reconocido en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2012/13/UE (1) cuando se entrega a la defensa información detallada sobre los cargos:

                                                   -1)

                                                   ¿si la información se entrega con posterioridad a que se presenten de hecho a la consideración de un tribunal los motivos de la acusación, pero antes de su examen por el Tribunal, o si, en una fase previa, anterior a que se presenten los motivos de la acusación al tribunal, se entregó a la defensa información completa sobre los elementos esenciales de los cargos (aplicable al acusado Sr. Hristov)?

                                                   -2)

                                                   ¿si se responde afirmativamente a la cuestión 2.2.А)-1) — si la información se aporta después de la presentación de hecho de los motivos de la acusación a la consideración del tribunal, pero antes de que el tribunal los haya examinado, y a la defensa se le ha dado información parcial sobre los elementos esenciales de los cargos, en una fase anterior, cuando todavía no se habían presentado los motivos de la acusación al tribunal, siendo la aportación de información parcial atribuible a los impedimentos por parte de la defensa (aplicable a los acusados Sres. Kolev y Konstadinov)?

                                                   -3)

                                                   ¿la información es contradictoria respecto a la forma específica en la que se pidió el soborno (en un punto se afirma que otro acusado solicitó expresamente el soborno mientras que el acusado Sr. Hristov expreso su desagrado con una mueca cuando la persona a la que se estaba realizando el control aduanero ofreció una cantidad de dinero demasiado escasa mientras que en otro lugar se afirma que el acusado Sr. Hristov solicitó un soborno literal y concretamente)?

                                       B)

                                       ¿el derecho con arreglo al artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2012/13 de que a la defensa se le garantice el acceso a los materiales «a más tardar en el momento en que los motivos de la acusación se presenten a la consideración del tribunal» se garantiza adecuadamente en el procedimiento principal si la defensa tuvo acceso a la parte esencial de los materiales en una fase anterior y se le concedió la oportunidad de acceder a los materiales, pero, a causa de varios impedimentos (enfermedad, obligaciones profesionales) e invocando el Derecho nacional que exige para el acceso a los materiales al menos una citación con tres días de antelación, no utilizó tal oportunidad? ¿Debe darse otra oportunidad para que acceda a los documentos una vez desaparezcan los impedimentos y convocarle con al menos tres días de antelación? ¿Es necesario determinar si los impedimentos a que se hace referencia existieron objetivamente, o constituyen un abuso de derecho?

                                       C)

                                       ¿El requisito legal establecido en los artículos 6, apartado 3, y 7, apartado 3, de la Directiva 2012/13 de que [«a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presente a un tribunal»] y de que «a más tardar en el momento en el que los motivos de la acusación se presenten a la consideración del tribunal» tiene el mismo significado en ambas disposiciones? ¿Qué significa el requisito: antes de que se presenten los motivos de la acusación a la consideración del tribunal, o a más tardar cuando se presenten al tribunal, o después de que se presenten al tribunal pero antes de que el tribunal haya adoptado medidas para su examen?

                                       D)

                                       ¿El requisito legal de dar información sobre la acusación a la defensa y del acceso a los materiales de la instrucción de forma que se garantice «el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa» y la «equidad del proceso» con arreglo a los artículos 6, apartado 1, y 7, apartados 2 y 3, de la Directiva 2012/13 tiene el mismo significado en ambas disposiciones? Se cumpliría esta exigencia si:

                                                   -1)

                                                   ¿la información detallada sobre la acusación se da a la defensa tras la presentación de los motivos de la acusación a la consideración del tribunal pero antes de que el tribunal haya tomado medidas para examinar los motivos de la acusación y se ha dado suficiente tiempo a la defensa para que se prepare? con anterioridad se dio información incompleta y parcial sobre la acusación.

                                                   -2)

                                                   a la defensa se le concedió acceso a la totalidad de los materiales después de que los motivos de la acusación se presentasen a la consideración del tribunal pero antes de que se tomaran medidas para su examen, y se dio suficiente tiempo a la defensa para prepararse, y en una fase anterior se le dio acceso a la mayoría de los materiales del asunto.

                                                   -3)

                                                   ¿el tribunal adoptase medidas para garantizar a la defensa que todas las declaraciones que formule tras conocer la acusación detallada y la totalidad de los materiales del expediente tendrían el mismo efecto que si dichas declaraciones se hubieran realizado al fiscal antes de que los motivos de la acusación se presentasen a la consideración del tribunal?

                                       E)

                                       ¿Se garantizaría «la equidad del proceso» con arreglo al artículo 6, apartados 1 y 4, y «el ejercicio efectivo de los derechos de defensa» de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2012/13 si el tribunal decidiese iniciar un proceso judicial sobre una acusación definitiva que contiene contradicciones respecto a la forma en que se solicitaron los sobornos, pero que después da la oportunidad al fiscal de eliminar esas contradicciones y permite a las partes el pleno ejercicio de los derechos que habrían tenido si la acusación se hubiera presentado sin tales contradicciones?

                                       F)

                                       ¿Se garantiza adecuadamente el derecho a la asistencia de letrado consagrado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/48/UE (2) si durante la fase de instrucción, al abogado se le dio la oportunidad para comparecer y ser informado de los cargos provisionales y darle pleno acceso a la totalidad de los materiales del asunto, pero éste no se personó debido a compromisos profesionales invocando la legislación nacional que exige que se le convoque con al menos tres días de antelación? ¿Es necesario que se le conceda un nuevo plazo de al menos tres días una vez que esas obligaciones se hayan cumplido? ¿Es necesario determinar si la razón de la incomparecencia es justificada, o si se trata de un abuso de derecho?

                                       G)

                                       ¿La infracción del derecho a la asistencia de letrado en la fase de instrucción consagrado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/48 afecta al «ejercicio de los derechos de la defensa en la práctica y de manera efectiva», si tras la presentación de los motivos de la acusación al tribunal, éste concedió al letrado pleno acceso a la acusación final y detallada y a la totalidad de los materiales del expediente, y posteriormente adoptó medidas para garantizar al abogado que todas las declaraciones realizadas por éste tras tener conocimiento de la acusación detallada y la totalidad de los materiales del expediente tendrían el mismo efecto que si se hubieran realizado dichas declaraciones al fiscal antes de la presentación de los motivos de acusación a la consideración del tribunal?

                           2.3)

                           ¿el derecho subjetivo en beneficio del acusado a que se sobresea el proceso penal (en las condiciones antes mencionadas) es compatible con el Derecho de la Unión, a pesar de que exista la posibilidad de que los vicios sustanciales de forma que el fiscal no ha subsanado puedan eliminarse completamente a través de medidas adoptadas por el tribunal en el procedimiento judicial, de modo que finalmente la posición legal del acusado sería idéntica a la que tendrán si se hubiera subsanado a su debido tiempo ese vicio?

               3)

               ¿Disposiciones nacionales más favorables sobre el derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable, el derecho a recibir información y el derecho a la asistencia de letrado son aplicables si — junto con otras circunstancias (proceso descrito en el apartado 1), llevarían a que se sobresea el proceso penal?

               4)

               ¿Debe interpretarse que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/48 autoriza al tribunal nacional a excluir del proceso judicial a un letrado que ha representado a dos de los acusados, uno de los cuales ha realizado una declaración sobre los hechos que afecta a los intereses del otro acusado que, por su parte, no ha realizado ninguna declaración?

         En caso de responder afirmativamente a esta cuestión, ¿garantizaría el tribunal el derecho a la asistencia de un letrado de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva si tras permitir a un letrado representar al mismo tiempo a dos acusados con intereses contrapuestos nombrará a nuevos y diferentes letrados de oficio para representar a cada uno de los acusados?

      (1)  Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142, p. 1).

      (2)  Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294, p. 1).