title: Asunto C-504/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 8 de noviembre de 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/29

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 8 de noviembre de 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin
   (Asunto C-504/12)
   2013/C 26/56
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Berlin

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Uwe Schönefeld

      Demandada: Land Berlin

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el Derecho primario y/o el Derecho derivado de la Unión, en particular la Directiva 2000/78, (1) cuando establecen una prohibición absoluta de la discriminación no justificada por razón de edad, en el sentido de que la prohibición alcanza también a las normas nacionales sobre la remuneración de los funcionarios de un Land?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Se deduce de la interpretación de dicho Derecho primario y/o derivado de la Unión que una disposición nacional con arreglo a la cual el importe del salario base de un funcionario al iniciarse la relación funcionarial depende sustancialmente de su edad y, a partir de ese momento, va incrementándose sobre todo en función de la antigüedad constituye una discriminación directa o indirecta por razón de edad?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestión: ¿Se opone la interpretación de dicho Derecho primario y/o derivado de la Unión a que se justifique la citada disposición nacional con el objetivo legislativo de retribuir la experiencia profesional?

               4)

               En caso de que se responda afirmativamente a las cuestiones anteriores: ¿Se deduce de la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión que una ley transitoria en virtud de la cual los antiguos funcionarios se clasifican en un escalón del nuevo sistema únicamente en función del importe de su salario base en la fecha de referencia para la transición, obtenido con arreglo a la antigua normativa salarial (discriminatoria), y conforme a la cual el posterior ascenso a escalones superiores se determina únicamente en función de los períodos de experiencia acumulados desde la entrada en vigor de la ley transitoria, con independencia de los años de experiencia absoluta del funcionario, supone una perpetuación de la discriminación por razón de edad existente, que continuará hasta que se alcance el máximo escalón salarial?

               5)

               En caso de respuesta afirmativa también a la cuarta cuestión: ¿Se opone la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión a que dicha desigualdad de trato, que se perpetúa sin límite de tiempo, se justifique con el objetivo del legislador de proteger con la ley transitoria no (sólo) los derechos ya adquiridos en la fecha de referencia para la transición, sino (también) la expectativa de ingresos a lo largo de la vida laboral en el grupo salarial correspondiente conforme a un cálculo de previsión realizado con arreglo a la anterior normativa salarial?
               ¿Se puede justificar la discriminación continuada de los antiguos funcionarios por el hecho de que el régimen alternativo (clasificación individual también de los antiguos funcionarios en función de los períodos de experiencia) implicaría un gasto administrativo mayor?

               6)

               En caso de que en la quinta cuestión se niegue la justificación: mientras no se adopte una normativa salarial no discriminatoria también para los antiguos funcionarios, ¿admite la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión una consecuencia jurídica distinta a la de retribuir a los antiguos funcionarios con efectos retroactivos y de forma continuada con arreglo al máximo escalón salarial de su grupo salarial?
               A este respecto, ¿la consecuencia jurídica de la infracción del principio de no discriminación se deriva del propio Derecho primario y/o derivado de la Unión, en particular de la Directiva 2000/78, o el derecho se deduce de la responsabilidad del Estado conforme al Derecho de la Unión, a causa de la deficiente transposición de la normativa de la Unión?

      (1)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de enero de 2002 en el asunto C-107/99: República Italiana contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Fondos estructurales — Financiación de las iniciativas comunitarias — Modificación de las distribuciones indicativas")

text:
C 84/2                    ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            6.4.2002
      diciembre de 1991, si no ha comunicado esa exigencia a la              Comisión de 16 de diciembre de 1998, por la que se aprueban
      empresa dentro del plazo establecido en el artı́culo 3, apar-          modificaciones de la distribución indicativa de las iniciativas
      tado 2, de dicho Reglamento. Puede admitirse que se sobrepase          comunitarias, comunicada a la República Italiana mediante
      ese plazo cuando la autoridad nacional competente ignoraba             escrito del Secretario General de la Comisión de 19 de enero
      los detalles de la producción de azúcar de la empresa, salvo         de 1999, ası́ como de todos los actos que constituyen su
      negligencia por parte de dicha autoridad, y esa ignorancia puede       fundamento o que están vinculados a ella, el Tribunal de Justicia
      razonablemente imputarse a la empresa porque no ha actuado             (Sala Sexta), integrado por la Sra. N. Colneric, Presidenta de
      de buena fe y no ha cumplido todas las disposiciones relevantes.       la Sala Segunda, en funciones de Presidenta de la Sala Sexta,
                                                                             los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (Ponente), R. Schintgen
3)    La autoridad nacional competente puede, sin infringir los              y V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:
      artı́culos 3 y 4 del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la                 Sr. H.A. Rühl, administrador principal; ha dictado el 30 de
      Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se                   enero de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen
      de restituciones a la exportación para los productos agrı́colas,
                                                                             1)     Anular la Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de
      ni vulnerar los principios generales del Derecho comunitario,
                                                                                1998, por la que se aprueban modificaciones de la distribución
      negarse a aceptar retroactivamente una declaración de exporta-
                                                                                indicativa de las iniciativas comunitarias, comunicada a la
      ción presentada para obtener restituciones a la exportación y a
                                                                                República Italiana mediante escrito del Secretario General de la
      prorrogar el plazo previsto para que se aporte la prueba de la
                                                                                Comisión de 19 de enero de 1999.
      exportación cuando, por haber solicitado y obtenido de dicha
      autoridad un certificado de exportación de azúcar C para una
      cantidad de azúcar que no podı́a ser considerada tal, la empresa      2)     Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades
      no solicitó ni obtuvo las restituciones a la exportación a las que          Europeas.
      habrı́a tenido derecho si el azúcar se hubiese exportado como
      azúcar A o B.                                                         3)     Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
                                                                                cargarán con sus propias costas.
(1) DO C 160 de 5.6.1999.
                                                                             (1) DO C 188 de 3.7.1999.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Sexta)
                                                                                (Sala Sexta)
                       de 30 de enero de 2002
en el asunto C-107/99: República Italiana contra Comisión                                         de 24 de enero de 2002
                 de las Comunidades Europeas (1)
                                                                             en el asunto C-118/99: República Francesa contra Comi-
(«Fondos estructurales — Financiación de las iniciativas                                  sión de las Comunidades Europeas (1)
comunitarias — Modificación de las distribuciones indicati-
                                  vas»)                                      («Liquidación de cuentas — FEOGA — Ejercicio 1995 —
                                                                                Cultivos herbáceos»)
                            (2002/C 84/02)
                                                                                (2002/C 84/03)
                   (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-107/99, República Italiana (agentes:
Sr. U. Leanza, asistido por el Sr. I. M. Braguglia), contra
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. E. de                  En el asunto C-118/99, República Francesa (agentes: Sr.
March, K. Simonsson y H. Speyart) apoyada por Irlanda                        J.-F. Dobelle, Sras. K. Rispal-Bellanger y C. Vasak), asistido por
(agente: Sra. J. Payne, asistida por Sr. D. McGuinness, SC, y                República de Finlandia (agente: Sra. T. Pynnä) contra Comisión
E. Kent, solicitor) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda              de las Comunidades Europeas (agente: Sr. P. Oliver) que tiene
del Norte (agente: Sr. J. E. Collins, asistido por Sr. D. Wyatt,             por objeto la anulación parcial de la Decisión 1999/187/CE de
QC,) que tiene por objeto la anulación de la Decisión de la                la Comisión, de 3 de febrero de 1999, sobre la liquidación de


title: Asunto C-522/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el/la Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 22 de noviembre de 2007 — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

text:
               9.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el/la Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 22 de noviembre de 2007 — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
   (Asunto C-522/07)
   (2008/C 37/13)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Finanzgericht Düsseldorf
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Dinter GmbH

      Demandada: Hauptzollamt Düsseldorf
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la nota complementaria 5, letra b), del capítulo 20 de la Nomenclatura Combinada (1) en el sentido de que el término «jugos de frutas con azúcar añadido» también hace referencia a los jugos de frutas a los que no se ha añadido realmente azúcar pero cuyo contenido de azúcar añadido ha sido calculado aritméticamente con arreglo a la nota complementaria 5, letra a), del capítulo 20 de la Nomenclatura Combinada?

               2)

               ¿Debe interpretarse la nota complementaria 5, letra b), del capítulo 20 de la Nomenclatura Combinada en el sentido de que la fórmula «obtenido a partir de frutas o por dilución de jugo concentrado» sólo constituye una explicación del concepto de «jugo de frutas en su estado natural» que allí aparece, pero éste último se aplica en realidad a todos los tipos de jugos de frutas (sin fermentar y sin adición de alcohol), cualquiera que sea la forma de su presentación?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a las dos cuestiones anteriores, ¿debe considerarse en vigor la nota complementaria 5, letra b), del capítulo 20 de la Nomenclatura Combinada?

      (1)  Reglamento (CE) no 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 (DO L 327, p. 1).


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de marzo de 2004 en el asunto C-45/03 (peticiónde decisión prejudicial del Tribunale di Catania): Oxana Dem'Yanenko («Remisiónprejudicial — Libre circulación de personas — Situación que no está comprendidaen el ámbito de aplicación de la Directiva 64/221/CEE — Derechos fundamentales— Convenio Europeo de los Derechos Humanos — Expulsión de un nacional de unpaís tercero sin vínculo familiar ni matrimonial con un nacional de un Estadomiembro — Procedimiento de convalidación de la orden de acompañamiento forzosoa la frontera de un nacional de un país tercero — Concepto de “órganojurisdiccional de un Estado miembro” —Órgano jurisdiccional que tiene la competencia, con arreglo al artículo 68 CE,para plantear ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial— Incompetencia del Tribunal de Justicia»)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/16

         AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   (Sala Tercera)
   de 18 de marzo de 2004
   en el asunto C-45/03 (petición de decisión prejudicial del Tribunale di Catania): Oxana Dem'Yanenko (1)

   («Remisión prejudicial - Libre circulación de personas - Situación que no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 64/221/CEE - Derechos fundamentales - Convenio Europeo de los Derechos Humanos - Expulsión de un nacional de un país tercero sin vínculo familiar ni matrimonial con un nacional de un Estado miembro - Procedimiento de convalidación de la orden de acompañamiento forzoso a la frontera de un nacional de un país tercero - Concepto de “órgano jurisdiccional de un Estado miembro” - Órgano jurisdiccional que tiene la competencia, con arreglo al artículo 68 CE, para plantear ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial - Incompetencia del Tribunal de Justicia»)
   (2004/C 106/28)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto C-45/03, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale di Catania (Italia), destinada a obtener, en el marco de un procedimiento relativo a la convalidación de la orden de acompañamiento forzoso a la frontera, adoptada contra Oxana Dem'Yanenko, una decisión prejudicial sobre la interpretación, por un lado, de los artículos 7, 8 y 9 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (DO L 1964, 56, p. 850; EE 05/01, p. 36), y, por otro lado, de los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia, contemplados, en particular, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas (Juez Ponente), Presidente de Sala, la Sra. N. Colneric y el Sr. K. Schiemann, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 18 de marzo de 2004 un auto en el que se reuelve lo siguiente:
   El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por el Tribunale di Catania mediante resolución de 19 de enero de 2003.

      (1)  DO C 83, de 5.4.2003.


title: Asunto T-102/11: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2011 — American Express Marketing & Development/OAMI (IP ZONE)

text:
               30.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 130/15

         Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2011 — American Express Marketing & Development/OAMI (IP ZONE)
   (Asunto T-102/11)
   2011/C 130/27
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: American Express Marketing & Development Corp. (Nueva York, Estados Unidos) (representantes: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda y S. Kirschstein-Freund, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 1 de diciembre de 2010 en el asunto R 1125/2010-2.

               —

               Con carácter subsidiario, que se modifique la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 1 de diciembre de 2010 en el asunto R 1125/2010-2, y que se declare fundado el recurso.

               —

               Que se condene a la demandada a cargar con las costas correspondientes al procedimiento ante la Segunda Sala de Recurso y al procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «IP ZONE», para servicios de la clase 42

      Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud de marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009 del Consejo, en la medida en que la Sala de Recurso consideró que la marca carece del necesario carácter distintivo y que es descriptiva de los servicios de que se trata.


title: Asunto C-383/15 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de enero de 2016 — Skype Ultd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Sky plc, anteriormente British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (Recurso de casación — Marca comunitaria — Sobreseimiento)

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/5

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de enero de 2016 — Skype Ultd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Sky plc, anteriormente British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd
   (Asunto C-383/15 P) (1)

   ((Recurso de casación - Marca comunitaria - Sobreseimiento))
   (2016/C 136/07)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Skype Ultd (representantes: A. Carboni, M. Browne, Solicitors)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: P. Bullock, agente), Sky plc, anteriormente British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (representantes: D. Rose y J. Curry, Solicitors)

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Skype Ultd.

      (1)  DO C 354 de 26.10.2015.


title: Asunto C-264/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberlandesgericht Düsseldorf, de fecha 18 de mayo de 2001, en el asunto entre 1) AOK Bundesverband, 2) Bundesverband der Betriebskrankenkassen, 3) Bundesverband der Innungkrankenkassen, 4) Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 5) Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V., 6) Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, 7) Bundesknappschaft y 8) See-Krankenkasse e Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co.

text:
27.10.2001             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 303/5
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante                5.    En caso de respuesta negativa a la cuestión 4, ¿permite el
resoluciones del Hof van Beroep Antwerpen, de fecha 28                        artı́culo 230 CE que los deudores de las cotizaciones
de junio de 2001, en los asuntos entre Belgische Staat y                      como los beneficiarios de la ayuda propongan una
respectivamente 1) E. Van Calster y 2) F. Cleeren (asunto                     excepción de incompetencia contra el referido acto de la
 C-261/01) y NV Openbaar Slachthuis (asunto C-262/01)                         Comisión por el que se concedió autorización para dar
                                                                              ejecución a las medidas de las que se beneficien?
                 (Asuntos C-261/01 y C-262/01)                          6.    En el supuesto de que el acto controvertido de la
                                                                              Comisión afecte directa e individualmente al apelado,
                                                                              como deudor de las cotizaciones y/o como beneficiario
                         (2001/C 303/06)                                      de la ayuda, y que por ello pueda proponer con arreglo a
                                                                              Derecho la excepción de incompetencia, ¿se extralimitó
                                                                              la Comisión, con su Decisión de 30 de julio de 1996, en
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han                    su facultad de apreciación e infringió el artı́culo 88 CE,
sido sometidas dos peticiones de decisión prejudicial mediante               apartado 3 (antiguo artı́culo 93, apartado 3)?
resoluciones del Hof van Beroep Antwerpen, dictadas el
28 de junio de 2001, en los asuntos entre Belgische Staat y
respectivamente 1) E. Van Calster y 2) F. Cleeren (asunto C-
261/01) y NV Openbaar Slachthuis (asunto C-262/01), y
recibidas en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 5 de julio
de 2001. El Hof van Beroep Antwerpen solicita al Tribunal de
Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre las           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
siguientes cuestiones:                                                  lución del Oberlandesgericht Düsseldorf, de fecha 18 de
                                                                        mayo de 2001, en el asunto entre 1) AOK Bundesverband,
                                                                        2) Bundesverband der Betriebskrankenkassen, 3) Bundes-
1.    ¿Es conforme con el Derecho comunitario, especialmente            verband der Innungkrankenkassen, 4) Bundesverband
      con el artı́culo 88 CE, apartado 3 (antiguo artı́culo 93,         der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 5) Verband der
      apartado 3), en las circunstancias antes expuestas, un            Angestellten-Krankenkassen e.V., 6) Verband der Arbei-
      régimen de ayudas que el 30 de julio de 1996, tras haber          ter-Ersatzkassen, 7) Bundesknappschaft y 8) See-Kranken-
      sido notificado, la Comisión consideró compatible con el           kasse e Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co.
      mercado común y en virtud del cual el Estado miembro
      impone con efecto retroactivo, en interés general, cotiza-
                                                                                (Asunto C-264/01)
      ciones o exacciones:
                                                                                (2001/C 303/07)
      —     para financiar un Fondo para la sanidad y la
            producción de animales,                                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      —     a personas fı́sicas y jurı́dicas que tienen la calidad      resolución del Oberlandesgericht Düsseldorf, dictada el 18 de
            descrita en los artı́culos 14, 15 y 16 de la mencio-        mayo de 2001, en el asunto entre 1) AOK Bundesverband,
            nada Ley de 23 de marzo de 1998, modificada por             2) Bundesverband der Betriebskrankenkassen, 3) Bundesver-
            el Arbitragehof en su sentencia de 9 de febrero de          band der Innungkrankenkassen, 4) Bundesverband der land-
            2000 en los asuntos números 1.414, 1.450, 1.452,           wirtschaftlichen Krankenkassen, 5) Verband der Angestellten-
            1.453 y 1.454,                                              Krankenkassen e.V., 6) Verband der Arbeiter-Ersatzkassen,
                                                                        7) Bundesknappschaft y 8) See Krankenkasse e Ichthyol-
                                                                        Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., y recibida en la Secretarı́a
      —     por las operaciones, descritas en dichos artı́culos,        del Tribunal de Justicia el 5 de julio de 2001. El Oberlandesge-
            realizadas en el perı́odo comprendido entre 1988 y          richt Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
            el 21 de mayo de 1986 (sic), en el que todavı́a no se       sobre las siguientes cuestiones:
            habı́an aprobado dichas ayudas?
                                                                        1)    ¿Debe interpretarse el artı́culo 81 CE, apartado 1, en el
                                                                              sentido de que las confederaciones representativas de las
2.    (Sólo en el asunto C-262/01): La Comisión, al aprobar las             Cajas del Seguro de Enfermedad legales de un Estado
      ayudas establecidas por la Ley de 23 de marzo de 1998,                  miembro, cuando establecen conjuntamente cantidades
      ¿aprobó también el efecto retroactivo de dicha Ley?                    fijas uniformes aplicables en el Estado miembro para los
                                                                              medicamentos, que constituyen el precio máximo al que
3.    ¿Tiene dicha Decisión de la Comisión únicamente el                   las Cajas del Seguro de Enfermedad legales, obligadas ante
      alcance de una autorización individual concedida al                    sus asegurados a efectuar la prestación en especie,
      Estado miembro para dar ejecución a las ayudas proyec-                 compran y pagan cada medicamento, limitando de este
      tadas?                                                                  modo la cuantı́a de su prestación obligatoria en relación
                                                                              con sus asegurados, deben considerarse asociaciones de
                                                                              empresas o, en la medida en que una confederación
4.    ¿Afecta dicho acto de la Comisión directa e individual-                representativa sea simultáneamente gestora directa del
      mente a los deudores de las cotizaciones, en el sentido                 seguro legal de enfermedad, empresas a efectos del
      del artı́culo 230 CE (antiguo artı́culo 173)?                           artı́culo 81 CE, apartado 1?
 ---pagebreak--- C 303/6                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      27.10.2001
2)  En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                        lución del Oberster Gerichtshof, de fecha 11 de junio de
    a)     ¿debe considerarse que el establecimiento de cantida-        2001, en el asunto entre Jaroslav Nyvlt y Flughafen Wien
           des fijas como las descritas en la primera cuestión                                          AG
           constituye un acuerdo entre las confederaciones
           representativas de las Cajas del Seguro de Enferme-
           dad legales (o una decisión de las mismas) compren-                                 (Asunto C-267/01)
           dido en el ámbito de aplicación de la prohibición
           del artı́culo 81 CE, por tratarse de una restricción                                  (2001/C 303/08)
           de la competencia, en particular del tipo de los
           mencionados en el artı́culo 81 CE, apartado 1,
           letra a)?                                                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
    b)     La cuestión formulada en la letra a), ¿debe respon-         resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 11 de junio de
           derse en todo caso de manera afirmativa si el                2001 en el asunto entre Jaroslav Nyvlt y Flughafen Wien AG,
           objetivo de la normativa por la que se establecen            y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 6 de julio
           cantidades fijas consiste, entre otros, en aprovechar        de 2001. El Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia
           al máximo las posibilidades de mejora de la eficiencia      que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
           de los fabricantes de medicamentos para que se
           reflejen en el precio de venta y si, en la práctica, la
           aplicación de la normativa por la que se establecen         1.    El artı́culo 145.35 del código JAR-145, que constituye un
           cantidades fijas ha dado lugar hasta ahora, en dicho               anexo del Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo, de
           Estado miembro, a que aproximadamente el 93 %                      16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización
           de los envases de medicamentos listos para su                      de normas técnicas y procedimientos administrativos
           consumo sujetos a la norma por la que se establecen                aplicables a la aviación civil (DO L 373, de 31.12.1991,
           cantidades fijas se vendan a un precio que no supera               p. 4), ¿debe interpretarse, teniendo en cuenta, en su caso,
           (ya) la cantidad fija establecida en cada caso?                    la interpretación efectuada por la Joint Aviation Authority
                                                                              (JAA), en el sentido de que el titular de una compañı́a de
3)  En caso de respuesta afirmativa también a la segunda                      mantenimiento debe mantener un registro tan detallado
    cuestión (o a alguna de las preguntas formuladas en la                   sobre el personal certificador de su empresa que de él se
    segunda cuestión):                                                       desprendan, además de sus competencias, las tareas
                                                                              concretas realizadas en determinados tipos de aeronaves
    ¿Puede un sistema de cantidades fijas del tipo descrito en                en un determinado perı́odo de tiempo (año)?
    las cuestiones primera y segunda estar exento de la
    aplicación del artı́culo 81 CE, apartado 1, con arreglo al         2.    El artı́culo 145.35 del código JAR-145, que constituye un
    artı́culo 86 CE, apartado 2, primera frase, aunque las                    anexo del Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo, de
    confederaciones representativas de las Cajas del Seguro                   16 de diciembre de 1991, ¿debe interpretarse, teniendo
    de Enfermedad legales constituyan, cuando establecen                      en cuenta, en su caso, la interpretación efectuada por la
    las cantidades fijas, las demandantes en conjunto más                    Joint Aviation Authority (JAA), en el sentido de que,
    importantes en el mercado de medicamentos, en el que
    ocupan una posición dominante, y, como solución al
    problema de la contención de los costes en el sector                     a)    obliga al titular a entregar dicho registro al personal
    sanitario, se plantee también la posibilidad de transferir                      certificador al término de la relación laboral;
    la determinación de dichas cantidades fijas a una institu-
    ción que no participe en el mercado de medicamentos,                     b)    es suficiente para cumplir dicha obligación entregar
    en particular el Gobierno federal o un Ministro federal?                        una copia;
4)  En caso de respuesta afirmativa también a la tercera
    cuestión:                                                                c)    dicha copia debe ir firmada por el empleador?
    a)     ¿Qué requisitos deberı́an cumplir y acreditar las            3.    ¿A quién incumben, en su caso, las obligaciones enuncia-
           confederaciones representativas de las Cajas del                   das en la segunda cuestión, cuando el empleador del
           Seguro de Enfermedad legales para que pudiera                      personal certificador no es el titular de la compañı́a de
           aplicárseles la excepción contemplada en el artı́cu-             mantenimiento sino un tercero que ha cedido el trabaja-
           lo 86 CE, apartado 2, primera frase, en relación con              dor a dicho titular en razón de la pertenencia de ambos
           el establecimiento de cantidades fijas?                            al mismo grupo de empresas o en virtud de un contrato
                                                                              de trabajo?
    b)     O, por el contrario, la concesión de la excepción del
           artı́culo 86 CE, apartado 2, primera frase, ¿está
           excluida ya de conformidad con lo dispuesto en el            4.    Alguna de las obligaciones que, en su caso, resulten de la
           artı́culo 86 CE, apartado 2, segunda frase, debido a               respuesta a las cuestiones primera a tercera, ¿se opone a
           los efectos que produce el sistema de cantidades fijas             una normativa interna de mayor alcance?
           en el desarrollo de los intercambios?


title: Asunto T-710/16: Auto del Tribunal General de 21 de marzo de 2017 — La Patrouille/EUIPO — Alpha Industries (AEROBATIX)

text:
               6.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/34

         Auto del Tribunal General de 21 de marzo de 2017 — La Patrouille/EUIPO — Alpha Industries (AEROBATIX)
   (Asunto T-710/16) (1)

   (2017/C 178/53)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Novena ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 462 de 12.12.2016.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de abril de 2001 en el asunto C-325/99 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): G. van de Water contra Staatssecretaris van Financiën ("Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos especiales — Directiva 92/12/CEE — Devengo de los impuestos especiales — Puesta a consumo de productos objeto de impuestos especiales — Concepto — Mera tenencia de un producto objeto de impuestos especiales")

text:
C 200/6                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           14.7.2001
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                               (Sala Sexta)                                                             (Sala Tercera)
                        de 5 de abril de 2001
                                                                                de 5 de abril de 2001
en el asunto C-325/99 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): G. van de                      en el asunto C-494/99: Comisión de las Comunidades
         Water contra Staatssecretaris van Financiën (1)                                Europeas contra República Helénica (1)
(«Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones               («Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho
— Impuestos especiales — Directiva 92/12/CEE — Devengo                                      interno a la Directiva 94/56/CE»)
de los impuestos especiales — Puesta a consumo de productos
objeto de impuestos especiales — Concepto — Mera tenencia
         de un producto objeto de impuestos especiales»)                                               (2001/C 200/10)
                            (2001/C 200/09)
                                                                                (Lengua de procedimiento: griego)
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            En el asunto C-494/99, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                            peas (agentes: Sra. M. Patakia y Sr. F. Benyon) contra República
En el asunto C-325/99, que tiene por objeto una petición                   Helénica (agentes: Sras. N. Dafniou y D. Tsagkaraki), que tiene
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,          por objeto que se declare que la República Helénica ha
por el Hoge Raad der Nederlanden (Paı́ses Bajos), destinada a               incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional          Tratado CE y de la Directiva 94/56/CE del Consejo, de 21 de
entre G. van de Water y Staatssecretaris van Financiën, una                 noviembre de 1994, por la que se establecen los principios
decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 6,             fundamentales que rigen la investigación de los accidentes e
apartado 1, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de                 incidentes de aviación civil (DO L 319 p. 14), al no haber
febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circula-            adoptado y, con carácter subsidiario, al no haber comunicado
ción y controles de los productos objeto de impuestos                      a la Comisión dentro del plazo señalado las disposiciones
especiales (DO L 76, p. 1), en su versión modificada por la                legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
Directiva 94/74/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994                  pleno cumplimiento a la citada Directiva, el Tribunal de Justicia
(DO L 365, p. 46), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado          (Sala Tercera), integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente
por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala, J.-P. Puissochet,             de Sala, la Sra. F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;
R. Schintgen, la Sra. F. Macken (Ponente) y el Sr. J.N. Cunha               Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha
Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colo-                dictado el 5 de abril de 2001 una sentencia cuyo fallo es el
mer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 5 de abril de 2001             siguiente:
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                            1)    Se declara que la República Helénica ha incumplido las
El artı́culo 6, apartado 1, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo,                obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia,                  94/56/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, por la
circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales,         que se establecen los principios fundamentales que rigen la
en su versión modificada por la Directiva 94/74/CE del Consejo, de               investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil, al
22 de diciembre de 1994, debe interpretarse en el sentido de que la               no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones
mera tenencia de un producto objeto de impuestos especiales, conforme             legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
al artı́culo 3, apartado 1, de dicha Directiva, constituye una puesta a           pleno cumplimiento a la citada Directiva.
consumo, cuando aún no se haya pagado el impuesto por dicho
producto de conformidad con las disposiciones comunitarias y la             2)    Se condena en costas a la República Helénica.
legislación nacional aplicables.
                                                                            (1) DO C 63 de 4.3.2000.
(1) DO C 333 de 20.11.1999.


title: Asunto C-470/10: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de febrero de 2011 — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               11.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 173/9

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de febrero de 2011 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-470/10) (1)

   2011/C 173/21
   Lengua de procedimiento: portugués
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 328, de 4.12.2010.


title: Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma - Sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e di Tivoli de fechas 18 de febrero de 1995 (C-186/95) y 27 de febrero de 1995 (C-187/95), en los procesos penales seguidos contra Luciano Iommi y otros y Angelo Deodati y Aldo Luchini (Asuntos C-186/95 y C-187/95)

text:
N° C 208/ 14            ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    12 . 8 . 95
    cártel . Con independencia de si el cártel de crisis             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
    estructural ha sido o no, en cuanto tal , objeto de la           lución del Landskrona tingsrätt, de fecha 14 de junio de
    decisión de imponer las multas, dicho cártel fue tenido          1995 , en el asunto entre Ministerio Fiscal contra Harry
    en cuenta en numerosos puntos de la Decisión de la                                            Franzén
    Comisión e influyó también de manera decisiva en la                                    ( Asunto C-189/95 )
    sentencia del Tribunal de Primera Instancia .
                                                                                ( 95/C 208/27 )
— Infracciones del apartado 1 del artículo 85 del Tra
    tado CEE : El Tribunal de Primera Instancia ha incurrido         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
    en varios errores graves en la valoración jurídica de los        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
    hechos que consideró acreditados . En particular, dejó en        resolución del Landskrona tingsrätt dictada el 14 de junio de
    varios puntos de considerar aspectos relevantes . Así            1995 en el asunto entre Ministerio Fiscal y Harry Franzén, y
    ocurre por lo que se refiere a la delimitación del               recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de
    mercado , a las supuestas prácticas colusorias entre la          junio de 1995 .
    demandante y Tréfilunion, a las supuestas prácticas
    colusorias sobre cuotas y precios con los productores del        El Landskrona tingsrätt solicita al Tribunal de Justicia que
    Benelux en el mercado alemán y a las supuestas prácticas         se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
    colusorias sobre cuotas y precios en el mercado del
    Benelux . La sentencia ignora absolutamente la alegación         1 ) ¿ Un monopolio establecido por la ley, como el System
    formulada por la demandante en la vista oral , así como              bolaget, es compatible con el artículo 30 del Tratado de
                                                                         Roma ?
    las respuestas de la demandante a las preguntas escritas
    del Tribunal de Primera Instancia . Así mismo, el                2 ) ¿ Un monopolio establecido por la ley, como el System
    Tribunal tampoco observó los requisitos del Regla                   bolaget, infringe el artículo 37 del Tratado de Roma y, si
    mento n° 67/67 de las exenciones por categorías .                    así fuere , debe cesar dicho monopolio o es posible una
— Infracciones del artículo 15 del Reglamento n° 1 7/62 : El             adecuación ?
    Tribunal incurre en error de Derecho al estimar que no es
    necesario proceder a una ponderación individual de las           3 ) ¿ Si un monopolio como el Systembolaget fuera consi
    circunstancias atenuantes y agravantes al fijar el importe           derado contrario al artículo 37, existe algún período
    de la multa . También incurre el Tribunal de Primera                 transitorio o dicho monopolio debería haber sido
    Instancia en error de Derecho en sus razonamientos al                abolido o adecuado para el 1 de enero de 1995 ?
    valorar la existencia del cártel de crisis estructural , que
    era conforme a Derecho . Además, el Tribunal no
    reconoce que la demandante podía válidamente invocar
    un error invencible en cuanto a la prohibición. Por              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
    último, erró en su aplicación del principio de propor           lución del Gerechtshof te Amsterdam de fecha 7 de junio de
    cionalidad .                                                     1995 , en el asunto entre ARO Lease BV e Inspecteur der
                                                                        Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam
(') DO n " C 137 de 3 . 6 . 1995 .
(-) DO n" L 260 de 6 . 9 . 1989 , p . 1 .                                                  ( Asunto C-l 90/95 )
                                                                                ( 95/C 208/28 )
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma — Sezioni           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
distaccate di Castelnuovo di Porto e di Tivoli de fechas 1 8 de      resolución del Gerechtshof te Amsterdam dictada el 7 de
febrero de 1995 ( C-l 86/95 ) y 27 de febrero de 1995                junio de 1995 en el asunto entre ARO Lease BV e Inspecteur
( C-187/95 ), en los procesos penales seguidos contra                der Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam, y
Luciano Iommi y otros y Angelo Deodati y Aldo Luchini                recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de
               (Asuntos C-l 86/95 y C-l 87/95 )                      junio de 1995 .
                           ( 95 /C 208/26 )                          El Gerechtshof solicita al Tribunal de Justicia que se
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han           pronuncie sobre la siguiente cuestión :
sido sometidas dos peticiones de decisión prejudicial                ¿ Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta
mediante resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma
                                                                     Directiva 77/388/CEE del Consejo , de 17 de mayo de 1977,
— Sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e di Tivoli,
                                                                     en materia de armonización de las legislaciones de los
dictadas el 1 8 de febrero de 1995 ( C-l 86/95 ) y 27 de febrero     Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
de 1 995 ( C-l 87/95 ), en los procesos penales seguidos contra      volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre
Luciano Iommi y otros y Angelo Deodati y Aldo Luchini,               el Valor Añadido : base imponible uniforme, en el sentido de
recibidas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de
                                                                     que un sujeto pasivo domiciliado en los Países Bajos y que
junio de 1995 .                                                      como tal pone a disposición de terceros , en virtud de
La Pretura Circondariale di Roma — Sezioni distaccate di             contratos de « operational lease », alrededor de 6 800
Castelnuovo di Porto e di Tivoli solicita al Tribunal de             vehículos de turismo, de los cuales compra y pone a
Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie                disposición en Bélgica , donde ARO no tiene oficinas,
sobre cuestiones prejudiciales idénticas a las planteadas en         aproximadamente 800, presta los servicios aludidos en
los asuntos C-135/95 , C-140/95 y C-141 /95 (').                     último lugar desde un establecimiento permanente radicado
                                                                     en Bélgica ?
(') DO n" C 159 de 24 . 6 . 1995 .


title: Asunto T-199/11 P: Recurso de casación interpuesto el 30 de marzo de 2011 por Guido Strack contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 20 de enero de 2011 en el asunto F-132/07, Strack/Comisión

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/30

         Recurso de casación interpuesto el 30 de marzo de 2011 por Guido Strack contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 20 de enero de 2011 en el asunto F-132/07, Strack/Comisión
   (Asunto T-199/11 P)
   2011/C 232/54
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Guido Strack (Colonia, Alemania) (representante: H. Tettenborn, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule en su totalidad la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda), de 20 de enero de 2011, en el asunto F-132/07 y estime las pretensiones formuladas por la demandante en dicho asunto.

               —

               Anule el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda), de 17 de septiembre de 2009, en el asunto F-132/07, en la medida en que desestima la solicitud del demandante de que se dictara sentencia en rebeldía.

               —

               Anule la decisión del Tribunal de la Función Pública, por la que se asigna a la Sala Segunda el asunto F-132/07, inicialmente atribuido a la Sala Primera.

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 23 de julio de 2007, así como las decisiones adicionales implícitas de 9 de agosto de 2007 y 11 de septiembre de 2007, así como la Decisión de 9 de abril de 2007, en la medida en que desestiman las solicitudes de autorización presentadas por el demandante el 9 de abril de 2007, el 11 de mayo de 2007 y el 11 de octubre de 2007 para que se hicieran públicos documentos (teniendo en cuenta todos los aspectos jurídicos, y en particular los artículos 17, 17 bis, 19 y 24 del Estatuto de los Funcionarios, incluidas las eventuales disposiciones en materia de derechos de autor y de protección de datos) y para la presentación de denuncias contra antiguos Comisarios y funcionarios de la Comisión.

               —

               Condene a la Comisión a pagar al demandante la cantidad de al menos 10 000 euros como indemnización de daños y perjuicios por los perjuicios inmateriales tanto morales como perjuicios a la salud causados por las decisiones cuya anulación se solicita.

               —

               Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.

               —

               El demandante solicita también, sobre la base de la jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relevante en esta materia, una indemnización mínima de 2 000 euros, cuya determinación deja al Tribunal, por la duración excesiva del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca veinte motivos.

               —

               En particular, invoca la incompetencia del órgano que dictó las resoluciones impugnadas, la desestimación ilícita de la solicitud de que se dictara sentencia en rebeldía, el carácter ilícito de las prórrogas del plazo señalado concedidas a la Comisión, la no acumulación, como procedía, del asunto a otros asuntos entre las partes, la presentación errónea de los hechos en el informe para la vista y en la sentencia impugnada, la parcialidad del Ponente, la violación del régimen lingüístico del Tribunal y la discriminación de la parte demandante por razones de lengua, así como la no traducción de escritos procesales.

               —

               Además, la parte demandante sostiene que el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea incurrió en errores de Derecho y motivó insuficientemente su sentencia. Esta circunstancia se refiere, en particular, a la interpretación y aplicación de los artículos 11, 17, 17 bis, 19, 25, 90 y siguientes del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, de los artículos 6, 10 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de los artículos 11, 41, 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.


               28.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 163/9

         Recurso interpuesto el 13 de enero de 2014 contra Islandia por el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-4/14)
   (2014/C 163/08)
   El 13 de enero de 2014 el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Gjermund Mathisen y Auður Ýr Steinarsdóttir, agentes de dicho Órgano, con dirección en 35, Rue Belliard, 1040 Bruselas, Bélgica, interpuso ante el Tribunal de la AELC un recurso contra Islandia.
   El Órgano de Vigilancia de la AELC solicita al Tribunal que:

               1.

               Declare que, al no haber adoptado o notificado inmediatamente al Órgano de Vigilancia de la AELC todas las disposiciones necesarias para incorporar a su ordenamiento jurídico el acto a que se hace referencia en el punto 4 del capítulo XXIX del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos), tal y como se adaptó al Acuerdo mediante su Protocolo 1, en el plazo fijado, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 21 dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo EEE.

               2.

               Condene en costas a Islandia.

      Antecedentes de hecho y de derecho y motivos invocados:

               —

               La solicitud se refiere al hecho de que Islandia no ha dado cumplimiento, a más tardar el 26 de agosto de 2013, al dictamen motivado emitido por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 26 de junio de 2013 relativo a la no incorporación por dicho Estado a su ordenamiento jurídico de la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos («el acto»), a que se hace referencia en el punto 4 del capítulo XXIX del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y adaptado a dicho Acuerdo mediante su Protocolo 1.

               —

               El Órgano de Vigilancia de la AELC aduce que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 21 del acto, y del artículo 7 del Acuerdo EEE al no adoptar o notificar al Órgano las disposiciones necesarias para la aplicación del acto en el plazo prescrito.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de mayo de 2002 en el asunto C-232/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España ("Incumplimiento de Estado — Directiva 93/16/CEE — Adaptación del Derecho interno a los artículos 8 y 18 — Acceso a la formación complementaria de los médicos migrantes que deseen ejercer una especialidad médica en el Estado miembro de acogida en virtud de un diploma, un certificado u otro título de formación médica especializada que no sea objeto del reconocimiento automático e incondicional previsto en la Directiva — Obligación de que dichos médicos superen en España el examen de admisión habitual a la formación de médico especialista — Inscripción en un organismo de seguridad social de Derecho público como condición para poder liquidar con un organismo asegurador las cuentas relacionadas con las prestaciones sanitarias")

text:
C 169/2                   ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          13.7.2002
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 3)    La Comisión de las Comunidades Europeas y el Reino de
                                                                                España cargarán con sus propias costas.
                              (Sala Quinta)
                                                                             (1) DO C 246 de 28.8.1999.
                       de 16 de mayo de 2002
en el asunto C-232/99: Comisión de las Comunidades
               Europeas contra Reino de España (1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 93/16/CEE —                                                        (Sala Sexta)
Adaptación del Derecho interno a los artı́culos 8 y 18 —
Acceso a la formación complementaria de los médicos                                              de 16 de mayo de 2002
migrantes que deseen ejercer una especialidad médica en el
Estado miembro de acogida en virtud de un diploma, un
certificado u otro tı́tulo de formación médica especializada                en el asunto C-321/99 P: Associação dos Refinadores
que no sea objeto del reconocimiento automático e incondicio-               de Açúcar Portugueses (ARAP), Alcântara Refinarias —
nal previsto en la Directiva — Obligación de que dichos                     Açúcares SA y Refinarias de Açúcar reunidas SA (RAR)
médicos superen en España el examen de admisión habitual                        contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
a la formación de médico especialista — Inscripción en un
organismo de seguridad social de Derecho público como                       («Recurso de casación — Ayudas de Estado — Polı́tica
condición para poder liquidar con un organismo asegurador                   agrı́cola común — Azúcar — Ayuda concedida en ejecución
   las cuentas relacionadas con las prestaciones sanitarias»)                de un régimen general de ayudas de Estado aprobado por la
                                                                             Comisión — Contribución de un Estado miembro a la
                                                                             financiación de un proyecto subvencionable por la sección
                           (2002/C 169/02)                                   “Orientación” del Fondo Europeo de Orientación y de
                                                                               Garantı́a Agrı́cola — Ayuda a la formación profesional»)
                   (Lengua de procedimiento: español)                                                 (2002/C 169/03)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
En el asunto C-232/99, Comisión de las Comunidades Euro-                    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
peas (agentes: Sra. I. Martı́nez del Peral y Sr. B. Mongin) contra                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Reino de España (agente: Sra. N. Dı́az Abad), que tiene por
objeto que se declare que el Reino de España, al no haber
incorporado correctamente dentro del plazo fijado el artı́culo 8
                                                                             En el asunto C-321/99 P, Associação dos Refinadores de
de la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
                                                                             Açúcar Portugueses (ARAP), con sede en Lisboa (Portugal),
destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el
                                                                             Alcântara Refinarias — Açúcares SA, con domicilio social en
reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros
                                                                             Santa Iria de Azóia (Portugal), y Refinarias de Açúcar Reunidas
tı́tulos (DO L 165, p. 1), y al no haber incorporado el
                                                                             SA (RAR), con domicilio social en Oporto (Portugal), represen-
artı́culo 18 de la misma Directiva, ha incumplido las obligacio-
                                                                             tadas por el Sr. G. van der Wal, que tiene por objeto un recurso
nes que le incumben en virtud de las disposiciones del Tratado
                                                                             de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el
CE y de dicha Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta),
                                                                             Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
integrado por los Sres. S. von Bahr, Presidente de la Sala Cuarta,
                                                                             (Sala Cuarta ampliada) el 17 de junio de 1999, en el asunto
en funciones de Presidente de la Sala Quinta, D.A.O. Edward
                                                                             ARAP y otros/Comisión (T-82/96, Rec. p. II-1889), por el que
(Ponente) y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-
                                                                             se solicita que se anule dicha sentencia, y en el que las otras
Hackl; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora; ha dictado
                                                                             partes en el procedimiento son: Comisión de las Comunidades
el 16 de mayo de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                             Europeas (agente: Sr. J. Macdonald Flett) y República Portu-
                                                                             guesa (agentes: Sra. S. Brasil de Brito y Sr. L. Fernandes) y DAI
                                                                             — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial SA, con
1)     Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
                                                                             domicilio social en Monte da Barca (Portugal), representada
       que le incumben en virtud de la Directiva 93/16/CEE del
                                                                             por los Sres. L. Sáragga Leal, D. Franco y R. Oliveira, el
       Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre
                                                                             Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra. N. Colne-
       circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus
                                                                             ric, Presidenta de la Sala Segunda, en funciones de Presidenta
       diplomas, certificados y otros tı́tulos, al no haber adaptado
                                                                             de la Sala Sexta, y los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet
       correctamente, dentro del plazo señalado, su Derecho interno a
                                                                             (Ponente), R. Schintgen y V. Skouris, Jueces; Abogado General:
       lo dispuesto en el artı́culo 8 de dicha Directiva.
                                                                             Sr. L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa
                                                                             de división, ha dictado el 16 de mayo de 2002 una sentencia
2)     Desestimar el recurso en cuanto al resto.                             cuyo fallo es el siguiente:


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002 en el asunto T-91/01: BioID AG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) ("Marca comunitaria — Marca figurativa que contiene el acrónimo BioID — Motivos de denegación absolutos — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94")

text:
22.2.2003              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 44/27
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              A. Nordemann, abogado, contra Oficina de Armonización del
                                                                         Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes:
                 de 12 de diciembre de 2002                              Sra. S. Bonne y Sr. G. Schneider), que tiene por objeto un
                                                                         recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de
en el asunto T-63/01: The Procter & Gamble Company                       Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
contra Oficina de Armonización del Mercado Interior                      (marcas, dibujos y modelos) de 20 de febrero de 2001 (Asunto
           (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) ( 1)                       R 538/1999-2), relativo al registro de una marca figurativa
                                                                         que contiene el acrónimo BioID, el Tribunal de Primera
(«Marca comunitaria — Forma de un jabón — Ejecución de                   Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. R.M. Moura
una sentencia del Tribunal de Primera Instancia — Derecho                Ramos, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;
de defensa — Motivos de denegación absolutos — Artículo 7,               Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 5 de diciembre de 2002
     apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94»)                una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                          (2003/C 44/50)                                 1)     Desestimar el recurso.
                                                                         2)     Condenar en costas a la parte demandante.
                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         (1 ) DO C 227 de 11.8.2001.
En el asunto T-63/01, The Procter & Gamble Company,
con domicilio social en Cincinnatti, Ohio (Estados Unidos),
representada por el Sr. T. van Innis, abogado, que designa
domicilio en Luxemburgo, contra Oficina de Armonización
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)
(agentes: Sres. O. Montalto y E. Joly), que tiene por objeto un          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de
Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior                                  de 5 de diciembre de 2002
(marcas, dibujos y modelos) de 14 de diciembre de 2000
(Asunto R 74/1998-3), que fue notificada a la demandante el              en el asunto T-130/01: Sykes Enterprises, Incorp. contra
11 de enero de 2001, el Tribunal de Primera Instancia (Sala              Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
Cuarta), integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y la                               dibujos y modelos) (OAMI) ( 1)
Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretaria: Sra.
D. Christensen, administradora, ha dictado el 12 de diciembre            («Marca comunitaria — Sintagma REAL PEOPLE, REAL
de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                        SOLUTIONS — Motivo de denegación absoluto — Carácter
                                                                         distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento
1)    Desestimar el recurso.                                                                           no 40/94»)
2)    Condenar en costas a la demandante.                                                           (2003/C 44/52)
( 1) DO C 134 de 5.5.2001.                                                                 (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                         En el asunto T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., con domici-
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              lio social en Tampa, Florida (Estados Unidos), representada por
                                                                         el Sr. E. Körner, abogado, contra Oficina de Armonización del
                  de 5 de diciembre de 2002                              Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agente:
                                                                         Sr. J. Crespo Carrillo), que tiene por objeto un recurso
                                                                         interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso
en el asunto T-91/01: BioID AG contra Oficina de Armoni-                 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
zación del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)                  dibujos y modelos) de 7 de marzo de 2001 (Asunto R 504/
                             (OAMI) ( 1)                                 2000-3), relativa al registro del sintagma REAL PEOPLE, REAL
                                                                         SOLUTIONS, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda),
(«Marca comunitaria — Marca figurativa que contiene el                   integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y los Sres.
acrónimo BioID — Motivos de denegación absolutos —                       J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen,
Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/             administradora, ha dictado el 5 de diciembre de 2002 una
                                94»)                                     sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                          (2003/C 44/51)                                 1)     Desestimar el recurso.
                (Lengua de procedimiento: alemán)                        2)     Condenar en costas a la parte demandante.
                                                                         (1 ) DO C 245 de 1.9.2001.
En el asunto T-91/01, BioID AG, con domicilio social en Berlín
(Alemania), en liquidación judicial, representada por el Sr.


title: Asunto C-604/14 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de enero de 2016 — Alcoa Trasformazioni Srl/Comisión Europea, República Italiana (Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Ayudas de Estado — Ayuda concedida por la República Italiana en favor de Alcoa Trasformazioni Srl — Reembolso por el Fondo de Compensación de una parte de los gastos de electricidad facturados a esta sociedad por su suministrador — Incompatibilidad con el mercado común — Ventaja — Obligación de la Comisión Europea de realizar un análisis económico)

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/2

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de enero de 2016 — Alcoa Trasformazioni Srl/Comisión Europea, República Italiana
   (Asunto C-604/14 P) (1)

   ((Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Ayudas de Estado - Ayuda concedida por la República Italiana en favor de Alcoa Trasformazioni Srl - Reembolso por el Fondo de Compensación de una parte de los gastos de electricidad facturados a esta sociedad por su suministrador - Incompatibilidad con el mercado común - Ventaja - Obligación de la Comisión Europea de realizar un análisis económico))
   (2016/C 136/02)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Alcoa Trasformazioni Srl (representantes: O.W. Brouwer, advocaat, T. Salonico y M. Siragusa, avvocati)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci y É. Gippini Fournier, agentes), República Italiana

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Alcoa Trasformazioni Srl.

      (1)  DO C 89 de 16.3.2015.


title: Asunto C-89/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Napoli (Italia) el 22 de febrero de 2013 — Luigi D’Aniello y otros/Poste Italiane SpA

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Napoli (Italia) el 22 de febrero de 2013 — Luigi D’Aniello y otros/Poste Italiane SpA
   (Asunto C-89/13)
   2013/C 156/29
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Napoli

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Luigi D’Aniello y otros

      Demandada: Poste Italiane SpA

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es contraria al principio de equivalencia una disposición de Derecho interno que, en aplicación de la Directiva 1999/70/CE, (1) en caso de suspensión ilegal de la ejecución del contrato de trabajo que contenga una cláusula de fin del contrato nula, establezca consecuencias económicas diferentes y sensiblemente inferiores a las previstas en los casos de suspensión ilegal de la ejecución del contrato de Derecho civil ordinario que contenga una cláusula de fin del contrato nula?

               2)

               ¿Es conforme con el Derecho de la Unión el hecho de que, en el ámbito de su aplicación, los efectos de una sanción favorezcan al empresario que comete el abuso en perjuicio del trabajador que lo sufre, de modo que la duración del procedimiento, aun cuando fuese la necesaria, perjudica directamente al trabajador en favor del empresario y la eficacia subsanadora va reduciéndose proporcionalmente a medida que aumenta la duración del procedimiento, quedando prácticamente anulada?

               3)

               En el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51 de la Carta de Niza, es conforme con el artículo 47 de la citada Carta y con el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales el hecho de que la duración del procedimiento, aun cuando fuese la necesaria, perjudique directamente al trabajador en favor del empresario y la eficacia subsanadora vaya reduciéndose proporcionalmente a medida que aumenta la duración del procedimiento, quedando prácticamente anulada?

               4)

               Habida cuenta de las explicaciones contenidas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78/CE (2) y en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54/CE, (3) ¿están comprendidas asimismo en el concepto de condiciones de trabajo de la cláusula 4 de la Directiva 1999/70/CE las consecuencias de la interrupción ilegal de la relación laboral?

               5)

               En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿justifica la cláusula 4 las diferentes consecuencias normalmente previstas por la legislación nacional en caso de interrupción ilegal de la relación laboral según ésta sea por tiempo indefinido o de duración determinada?

               6)

               Los principios generales del vigente Derecho de la Unión, de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima, de igualdad de armas en el procedimiento, de tutela judicial efectiva, del derecho a un tribunal independiente y, con carácter más general, del derecho a un juicio equitativo, garantizados por los artículos 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (en su versión modificada por el artículo 1, apartado 8 del Tratado de Lisboa y al que se remite el artículo 46 del Tratado de la Unión Europea) –en relación con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y en los artículos 46, 47 y 52, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000, consagrados por el Tratado de Lisboa– deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la adopción por parte del Estado italiano, transcurrido un lapso temporal apreciable, de una disposición normativa (como el artículo 32, apartado 7, de la Ley 183/10, tal y como resulta de la disposición interpretativa del artículo 1, apartado 13, de la Ley 92/12) que altere las consecuencias de los procedimientos pendientes perjudicando directamente al trabajador en favor del empresario y como consecuencia de la cual la eficacia subsanadora vaya reduciéndose proporcionalmente a medida que aumenta la duración del procedimiento, quedando prácticamente anulada?

               7)

               En caso de que el Tribunal de Justicia no reconociese a los mencionados principios el carácter de principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea a efectos de su aplicación horizontal y generalizada, sino únicamente la incompatibilidad de una disposición como el artículo 32, apartados 5 a 7, de la Ley 183/10 (tal y como ha sido interpretada por el artículo 1, apartado 13, de la Ley 92/2012), con las obligaciones derivadas de la Directiva 1999/70/CE y de la Carta de Niza, ¿debe considerarse que una sociedad como la demandada, que tiene las características expuestas en los apartados 55 a 61, es un organismo estatal a efectos de la aplicación directa vertical ascendente del Derecho europeo y en particular de la cláusula 4 de la Directiva 1999/70/CE y de la Carta de Niza?

               8)

               En caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responda afirmativamente a las cuestiones contenidas en los números 1), 2), 3) o 4), ¿permite el principio de cooperación leal, como principio fundamental de la Unión Europea, que deje de aplicarse una disposición interpretativa como el artículo 1, apartado 13, de la Ley 92/12, que imposibilita el respeto de los principios derivados de las respuestas a las cuestiones contenidas en los números 1) a 4)?

      (1)  Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada; DO L 175, p. 43.

      (2)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; DO L 303, p. 16.

      (3)  Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición); DO L 204, p. 23.


title: Asunto T-562/12: Recurso interpuesto el 24 de diciembre de 2012 — Dalli/Comisión

text:
               16.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/24

         Recurso interpuesto el 24 de diciembre de 2012 — Dalli/Comisión
   (Asunto T-562/12)
   2013/C 46/43
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: John Dalli (St. Julians, Malta) (representantes: L. Levi, A. Alamanou y S. Rodrigues, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión verbal de 16 de octubre de 2012, que supuso su cese en el cargo de forma inmediata, adoptada por el Presidente de la Comisión Europea.

               —

               Condene a la demandada a indemnizar el perjuicio tanto moral como material.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la violación de los artículos 245 TFUE y 247 TFUE, por cuanto la decisión impugnada fue adoptada por una autoridad no competente.

               2)

               Segundo motivo, basado, con carácter subsidiario, en la violación del artículo 17 TUE, apartado 6, y en la vulneración del principio de seguridad jurídica, por cuanto no cabe considerar que la decisión impugnada suponga una dimisión válida del demandante.

               3)

               Tercer motivo, basado en la existencia de errores manifiestos e infracciones de las normas de procedimiento, por cuanto la decisión impugnada no está válidamente fundamentada y las conclusiones de la OLAF, en las que se basa la decisión impugnada, son el resultado de un procedimiento ilegal.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa, por cuanto el demandante no tuvo la posibilidad de examinar y evaluar los hechos invocados en su contra.

               5)

               Quinto motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad, por cuanto el demandante no tuvo la posibilidad de conocer qué objetivos legítimos perseguía la decisión impugnada y si se consideraron otras medidas menos gravosas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 28 de abril de 2005, en el asunto C-329/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania («Incumplimiento de Estado — Directiva 2000/43/CE — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»)

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/13

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Quinta)
   de 28 de abril de 2005
   en el asunto C-329/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/43/CE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»)
   (2005/C 143/18)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-329/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 29 de julio de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. D. Martin y H. Kreppel) contra República Federal de Alemania (agente: Sr. C.-D. Quassowski), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidenta de Sala, y los Sres. P. Kūris y J. Klučka (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 28 de abril de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, al no haber adoptado dentro del plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 239, de 25.9.2004.


title: Asunto F-5/14: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de junio de 2015 — CX/Comisión (Función pública — Funcionarios — Sanción disciplinaria — Separación del servicio — No audiencia del funcionario interesado por la AFPN — Inobservancia del derecho a ser oído)

text:
               27.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/47

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de junio de 2015 — CX/Comisión
   (Asunto F-5/14) (1)

   ((Función pública - Funcionarios - Sanción disciplinaria - Separación del servicio - No audiencia del funcionario interesado por la AFPN - Inobservancia del derecho a ser oído))
   (2015/C 245/58)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: CX (representante: É. Boigelot, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y C. Ehrbar, agentes)

      Objeto

   Anulación de la decisión de la Comisión de separar del servicio al demandante en virtud del artículo 9, apartado 1, letra h), del anexo IX del Estatuto sin reducción de los derechos de pensión, tras una investigación interna iniciada a raíz de una investigación de la OLAF contra una empresa y pretensión de indemnización por los daños y perjuicios morales y materiales presuntamente sufridos.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de 16 de octubre de 2013 por la que la Comisión Europea impuso a CX la sanción de revocación sin reducción pro tempore de la pensión.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido CX, incluidas las del procedimiento sobre medidas provisionales en el asunto F-5/14 R.

      (1)  DO C 85, de 22.3.14, p. 27.


title: Asunto T-22/11: Auto del Tribunal General de 15 de diciembre de 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Comisión

text:
               11.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/21

         Auto del Tribunal General de 15 de diciembre de 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Comisión
   (Asunto T-22/11) (1)

   2012/C 39/41
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 72, de 5.3.2011.


title: Asunto C-48/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundessozialgericht, de fecha 19 de diciembre de 2001, en el asunto entre Cargo Ray Uluslararasi Tasimacilile ve LTD. y otros y Bundesanstalt für Arbeit

text:
29.6.2002               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 156/3
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            Recurso de casación interpuesto el 25 de marzo de 2002
lución del Bundessozialgericht, de fecha 19 de diciembre               por el Parlamento Europeo contra la sentencia dictada el
de 2001, en el asunto entre Cargo Ray Uluslararasi                      23 de enero de 2002 por la Sala Tercera del Tribunal de
  Tasimacilile ve LTD. y otros y Bundesanstalt für Arbeit               Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                        asunto T-237/00, promovido en su contra por Patrick
                                                                                Reynolds
                         (Asunto C-48/02)
                                                                                (Asunto C-111/02 P)
                          (2002/C 156/05)
                                                                                (2002/C 156/06)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           presentado el 25 de marzo de 2002 un recurso de casación
resolución del Bundessozialgericht, dictada el 19 de diciembre         formulado por el Parlamento Europeo, representado por los
de 2001, en el asunto entre Cargo Ray Uluslararasi Tasimacilile         Sres. Hannu von Hertzen y Dominique Moore, en calidad de
ve LTD. y otros y Bundesanstalt für Arbeit, y recibida en la            agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, contra la
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 2002. El       sentencia dictada el 23 de enero de 2002 por la Sala Tercera
Bundessozialgericht solicita al Tribunal de Justicia que se             del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                              en el asunto T-237/00, promovido en su contra por Patrick
                                                                        Reynolds.
1.    El artı́culo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de
      Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al             La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
      desarrollo de la Asociación entre la Comunidad Econó-
      mica Europea y Turquı́a, ¿debe interpretarse en el sentido        —     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
      de que prohı́be que un Estado miembro de la Comunidad                   recurrida.
      adopte nuevas disposiciones nacionales que, en compara-
      ción con la situación jurı́dica nacional vigente el 1 de        —     Resuelva definitivamente el litigio, desestimando por
      diciembre de 1980, supongan de forma general para los                   infundados el recurso de anulación y el recurso de
      trabajadores turcos nuevas restricciones del acceso al                  indemnización.
      mercado laboral, o más bien, la prohibición de nuevas
      restricciones con arreglo al artı́culo 13 de la Decisión         —     Con carácter subsidiario, devuelva los autos al Tribunal
      no 1/80 solamente se refiere al momento de la primera                   de Primera Instancia para que se pronuncie de nuevo
      residencia legal y del primer empleo legal de un traba-                 sobre el recurso de anulación y el recurso de indemniza-
      jador?                                                                  ción del Sr. Reynolds.
                                                                        —     Se pronuncie sobre las costas conforme a Derecho.
2.    El artı́culo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de
      Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al
      desarrollo de la Asociación entre la Comunidad Econó-           Motivos y principales alegaciones
      mica Europea y Turquı́a, ¿debe aplicarse también a los
      trabajadores empleados en Turquı́a que, como conducto-            —     Insuficiencia de la motivación del Tribunal de Primera
      res de camiones para el transporte internacional de                     Instancia por lo que respecta a la obligación de la AFPN
      mercancı́as, pasen con regularidad por un Estado miem-                  de cumplir unos «requisitos mı́nimos» para poner fin a la
      bro de la Comunidad, sin pertenecer al mercado legal de                 comisión en interés del servicio de un funcionario en el
      trabajo de ese Estado miembro?                                          puesto de secretario general de un grupo polı́tico.
3.    El artı́culo 41, apartado 1, del Protocolo adicional al           —     Inaplicación de la jurisprudencia relativa a la competencia
      Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la                     de la AFPN.
      Comunidad Económica Europea y Turquı́a, de 23 de
      noviembre de 1970, ¿debe interpretarse en el sentido de           —     Motivación contradictoria por lo que respecta al supuesto
      que un trabajador turco puede invocar una restricción a                margen de apreciación de la AFPN.
      la libre prestación de servicios por ser contraria a dicho       —     Inaplicación de la jurisprudencia relativa a los derechos
      Protocolo?                                                              de defensa.
4.    ¿Constituye una restricción a la libre prestación de            —     Motivación insuficiente y contradictoria en lo que atañe
      servicios en el sentido del artı́culo 41, apartado 1, del               a la importancia de las repercusiones de la reincorpora-
      Protocolo adicional, el hecho de que un Estado miembro                  ción en la situación material del funcionario en comisión
      de la Comunidad derogue a partir de la entrada en vigor                 de servicio.
      del Protocolo adicional una exención de permiso de
      trabajo que se aplicaba hasta entonces a aquellos conduc-         —     Si el Parlamento no ha cometido ninguna ilegalidad en la
      tores turcos del transporte internacional de mercancı́as                adopción de la Decisión impugnada, no procede declarar
      que trabajasen para un empresario (turco) con domicilio                 que se ha generado la responsabilidad extracontractual de
      en Turquı́a?                                                            la Comunidad en el presente caso.