title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2004 en el asunto C-256/01, [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: Debra Allonby contra Accrington & Rossendale College, Education Lecturing Services, trading as Protocol Professional, Secretary of State for Education and Employment ("Principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras — Efecto directo — Concepto de trabajador — Profesora que realiza, como trabajadora por cuenta propia, un trabajo presumiblemente de igual valor que el que realizan en el mismo centro docente, como trabajadores por cuenta ajena, unos profesores de sexo masculino, pero en virtud de un contrato con una sociedad tercera -Exclusión de los trabajadores por cuenta propia de un régimen profesional de pensiones")

text:
C 47/4                   ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                               21.2.2004
El Derecho comunitario en materia de libre prestación de servicios se        N. Colneric (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. L. A. Geel-
opone a que un operador económico esté sujeto a una obligación de            hoed; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha
inscripción en el Registro de Oficios que retrase, complique o haga          dictado el 15 de enero de 2004 una sentencia cuyo fallo es el
más costosa la prestación de sus servicios en el Estado miembro de           siguiente:
acogida cuando se reúnen los requisitos para el ejercicio de dicha
actividad en este Estado establecidos por la directiva aplicable en          Los artículos 1 y 2 del Reglamento (CEE) no 3950/92 del Consejo,
materia de reconocimiento de las cualificaciones profesionales.              de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece una tasa
                                                                             suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, no
El mero hecho de que un operador económico establecido en un                 autorizan al organismo competente a interponer directamente un
Estado miembro preste servicios idénticos o similares repetidamente o        recurso contra un productor, en un caso distinto del de las ventas
con cierta regularidad en otro Estado miembro sin disponer en éste de        directas, para cobrar el importe adeudado por él en concepto de tasa
una infraestructura que le permita ejercer de manera estable y               suplementaria sobre la leche. Sin embargo, la obligación de los
continua una actividad profesional y, a partir de dicha infraestructura,     Estados miembros, derivada del artículo 10 CE, de adoptar las
dirigirse, entre otros, a los nacionales de este Estado miembro, no          medidas que garanticen el cobro de la tasa en el supuesto de que esté
basta para considerar que está establecido en dicho Estado miembro.          condenado al fracaso el sistema previsto en el artículo 2, apartado 2,
                                                                             de dicho Reglamento, conlleva la facultad de interponer directamente
                                                                             un recurso contra el productor con vistas a cobrar el importe debido
(1) DO C 212 de 28.7.2001.                                                   cuando se acredite que éste no lo ha pagado al comprador y que este
                                                                             último no pretende cobrarlo del productor. Por el contrario, el
                                                                             incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7 del
                                                                             Reglamento (CEE) no 536/93 de la Comisión, de 9 de marzo de
                                                                             1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la
                                                                             tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  y, en particular, la falta de autorización como comprador, no es
                                                                             pertinente en sí mismo.
                             (Sala Sexta)
                                                                             (1) DO C 352 de 4.12.1999.
                      de 15 de enero de 2004
en el asunto C-230/01, [petición de decisión prejudicial
planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division)]: Intervention Board for Agricultural Produce
            contra Penycoed Farming Partnership (1)                                   SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(«Reglamento (CEE) no 3950/92 — Tasa suplementaria en                                             de 13 de enero de 2004
el sector de la leche y de los productos lácteos — Entregas
efectuadas por un productor a un comprador — Pago de la                      en el asunto C-256/01, [petición de decisión prejudicial
             tasa — Cobro de la tasa al productor»)                          planteada por la Court of Appeal (England & Wales)
                                                                             (Civil Division)]: Debra Allonby contra Accrington &
                           (2004/C 47/06)                                    Rossendale College, Education Lecturing Services, trading
                                                                             as Protocol Professional, Secretary of State for Education
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                                                and Employment (1)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         («Principio de igualdad de retribución entre trabajadores y
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)           trabajadoras — Efecto directo — Concepto de trabajador —
                                                                             Profesora que realiza, como trabajadora por cuenta propia,
                                                                             un trabajo presumiblemente de igual valor que el que realizan
                                                                             en el mismo centro docente, como trabajadores por cuenta
En el asunto C-230/01, que tiene por objeto una petición                     ajena, unos profesores de sexo masculino, pero en virtud de
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,            un contrato con una sociedad tercera -Exclusión de los
por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)                    trabajadores por cuenta propia de un régimen profesional de
(Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante                                          pensiones»)
dicho órgano jurisdiccional entre Intervention Board for
Agricultural Produce y Penycoed Farming Partnership, una
                                                                                (2004/C 47/07)
decisión prejudicial sobre la interpretación de los Reglamentos
(CEE) no 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992,
por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de                                 (Lengua de procedimiento: inglés)
la leche y de los productos lácteos (DO L 405, p. 1), y no 536/
93 de la Comisión, de 9 de marzo de 1993, por el que se                      (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
establecen las disposiciones de aplicación de la tasa suplemen-                   «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
taria en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO
L 57, p. 12), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por
el Sr. V. Skouris, en funciones de Presidente de la Sala Sexta,              En el asunto C-256/01, que tiene por objeto una petición
los Sres. J.-P. Puissochet y R. Schintgen, y las Sras. F. Macken y           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
 ---pagebreak--- 21.2.2004                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                     C 47/5
por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)                              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
dicho órgano jurisdiccional entre Debra Allonby y Accrington                                      de 11 de diciembre de 2003
& Rossendale College, Education Lecturing Services, trading as
Protocol Professional, Secretary of State for Education and                   en el asunto C-322/01, (petición de decisión prejudicial
Employment, una decisión prejudicial sobre la interpretación                  planteada por el Landgericht Frankfurt am Main): Deut-
del artículo 141 CE, el Tribunal de Justicia integrado por el                 scher Apothekerverband eV contra 0800 DocMorris NV,
Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C. W. A. Timmer-                                        Jacques Waterval (1)
mans, C. Gulmann y J. N. Cunha Rodrigues, Presidentes de
Sala, los Sres. A. La Pergola, J.-P. Puissochet y R. Schintgen, las           («Artículos 28 CE y 30 CE — Directivas 92/28/CEE y 2000/
Sras. F. Macken y N. Colneric (Ponente), y el Sr. S. von Bahr,                31/CE — Legislación nacional que restringe la venta por
Jueces; Abogado General: Sr. L. A. Geelhoed; Secretario:                      Internet de medicamentos para uso humano efectuada por
Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 13 de                farmacias establecidas en otro Estado miembro — Exigencia
enero de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                       de prescripción médica para la dispensación — Prohibición
                                                                              de la publicidad destinada a la venta de medicamentos por
1)    En circunstancias tales como las del asunto principal, el                                          correspondencia»)
      artículo 141 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de
      que, en el caso de una mujer a quien no se le renueva su contrato                                   (2004/C 47/08)
      laboral con una empresa y que es puesta de inmediato a
      disposición de su anterior empleador a través de otra empresa                              (Lengua de procedimiento: alemán)
      para prestar los mismos servicios, dicha mujer no puede invocar
      frente a la empresa intermediaria el principio de igualdad de           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      retribución, tomando como término de comparación la retribu-                 «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
      ción que percibe por un mismo trabajo o por un trabajo de
      igual valor un hombre empleado por el anterior empleador de
      dicha mujer.                                                            En el asunto C-322/01, que tiene por objeto una petición diri-
                                                                              gida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el
2)    El artículo 141 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido        Landgericht Frankfurt am Main (Alemania), destinada a obtener,
      de que una mujer que se encuentre en circunstancias como las            en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
      del asunto principal no tiene derecho a invocar el principio de         Deutscher Apothekerverband eV y 0800 DocMorris NV, Jac-
      igualdad de retribución a fin de poder adherirse a un régimen           ques Waterval, una decisión prejudicial sobre la interpretación
      de pensiones profesional para profesores, establecido por una           de los artículos 28 CE y 30 CE, así como del artículo 1, aparta-
      normativa estatal, al que sólo pueden adherirse los profesores          dos 3 y 4, y de los artículos 2 y 3 de la Directiva 92/28/CEE del
      titulares de un contrato de trabajo, utilizando como término de         Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los
      comparación la retribución que percibe por un mismo trabajo o           medicamentos para uso humano (DO L 113, p. 13), en relación
      por un trabajo de igual valor un hombre empleado por el                 con la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
      anterior empleador de dicha mujer, retribución que comprende            Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
      el derecho de adherirse al mencionado régimen.                          jurídicos de los servicios de la sociedad de la información,
                                                                              en particular el comercio electrónico en el mercado interior
3)    Cuando no exista justificación objetiva alguna, el requisito de         («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178, p. 1), el
      afiliación a un régimen de pensiones para profesores, establecido       Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente,
      por una normativa estatal, consistente en estar empleado en             los Sres. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha
      virtud de un contrato de trabajo no es aplicable si se demuestra        Rodrigues y A. Rosas, Presidentes de Sala; los
      que, entre los profesores que son trabajadores a efectos del            Sres. D. A. O. Edward (Ponente), A. La Pergola, J.-P. Puissochet y
      artículo 141 CE, apartado 1, y que cumplen todos los demás              R. Schintgen, las Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von
      requisitos de afiliación, el porcentaje de mujeres que pueden           Bahr, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario:
      cumplir dicho requisito es claramente inferior al de hombres. La        Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 11 de
      calificación formal de trabajador por cuenta propia con arreglo         diciembre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      al Derecho nacional no excluye que una persona deba ser
      calificada de trabajador a efectos del mencionado artículo si su        1)    a)     Una disposición nacional, como la establecida en el
      independencia sólo es ficticia.                                                      artículo 43, apartado 1, de la Arzneimittelgesetz (Ley
                                                                                sobre medicamentos), en su versión de 7 de septiembre de
4)    El artículo 141 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido                     1998, que prohíbe la venta por correspondencia de
      de que, cuando se discute una reglamentación estatal, la                             medicamentos cuya venta esté reservada exclusivamente a
      aplicabilidad de dicha disposición, a una empresa no está                            las farmacias en el Estado miembro afectado constituye
      subordinada al requisito de que el trabajador afectado pueda ser                     una medida de efecto equivalente en el sentido del
      comparado a un trabajador de otro sexo empleado, en la                               artículo 28 CE.
      actualidad o en el pasado, por el mismo empleador y que haya
      recibido, por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor,               b)     El artículo 30 CE puede ser invocado para justificar una
      una retribución más elevada.                                                         prohibición nacional de venta por correspondencia de
                                                                                medicamentos cuya venta esté reservada exclusivamente a
                                                                                las farmacias en el Estado miembro afectado, siempre que
(1) DO C 289 de 13.10.2001.                                                                se refiera a los medicamentos sujetos a prescripción
                                                                                médica. Por el contrario, no puede invocarse el artículo 30
                                                                                CE para justificar una prohibición absoluta de venta por


title: Asunto C-123/16 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de febrero de 2016 por Orange Polska SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 17 de diciembre de 2015 en el asunto T-486/11, Orange Polska SA/Comisión Europea

text:
               30.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/10

         Recurso de casación interpuesto el 27 de febrero de 2016 por Orange Polska SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 17 de diciembre de 2015 en el asunto T-486/11, Orange Polska SA/Comisión Europea
   (Asunto C-123/16 P)
   (2016/C 191/12)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Orange Polska SA (representantes: D.M. Beard QC, A. Howard, Barristers, M. Modzelewska de Raad, adwokat, P. Paśnik, adwokat)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, European Competitive Telecommunications Association

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia.

               —

               Anule la Decisión en su totalidad.

               —

               Subsidiariamente, anule en su totalidad el artículo 2 de la Decisión.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, reduzca la multa que allí figura, de manera adecuada.

               —

               O subsidiariamente, devuelva el expediente a la Comisión para que ésta reconsidere su decisión relativa a la multa.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la recurrente invoca tres motivos. El primero niega la validez en cuanto al fondo de las conclusiones sobre la infracción esgrimidas en la Decisión de la Comisión impugnada, mientras que los otros dos van dirigidos contra la cuantía de la multa impuesta en virtud del artículo 2 de la Decisión.

               a.

               Primero, el Tribunal General ha incurrido en error de Derecho y de motivación al no exigir a la Comisión que acreditara un interés legítimo en proseguir una investigación y en adoptar una decisión de infracción en relación con una conducta pasada.

               b.

               Segundo, el Tribunal General ha incurrido en errores de Derecho y ha desvirtuado las pruebas, al confirmar la apreciación de la Comisión sobre la incidencia de la infracción a los efectos del cálculo de la multa.

               c.

               Tercero, el Tribunal General ha incurrido en errores de Derecho y en errores manifiestos de apreciación de las pruebas, al rehusar considerar las inversiones realizadas por Orange como circunstancia atenuante para reducir la cuantía de la multa.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 18 de junio de 1998 en el asunto C-208/97: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa (Incumplimiento de Estado - Directiva 84/156/CEE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
C 278/4                 ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      5.9.98
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                           (Sala Sexta)                                                         (Sala Sexta)
                     de 18 de junio de 1998                                               de 25 de junio de 1998
   en el asunto C-208/97: Comisión de las Comunidades                en el asunto C-192/96 (petición de decisión prejudicial
           Europeas contra RepuÂblica Portuguesa (1)                 planteada por el Nederlandse Raad van State): Beside BV,
(Incumplimiento de Estado Ð Directiva 84/156/CEE Ð                   I. M. Besselsen contra Minister van Volkshuisvesting,
No adaptación del Derecho interno dentro del plazo                              Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1)
                            senÄalado)                               (Gestión, traslado y almacenamiento de residuos urbanos
                          (98/C 278/06)                                               y domeÂsticos Ð TraÂfico ilícito)
                                                                                (98/C 278/07)
             (Lengua de procedimiento: portugueÂs)
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                           de Justicia»)
                                                                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
                                                                     caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
En el asunto C-208/97, Comisión de las Comunidades                                              de Justicia»)
Europeas (Agente: D. Francisco de Sousa Fialho) contra
RepuÂblica Portuguesa (Agentes: D. Luís Fernandes y D.
JoaÄo Lopes Fernandes), que tiene por objeto que se declare          En al asunto C-192/96, que tiene por objeto una petición
que la RepuÂblica Portuguesa ha incumplido las obligacio-            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
nes que le incumben en virtud del paÂrrafo tercero del               del Tratado CE, por el Nederlandse Raad van State (Países
artículo 189 del Tratado CE, así como de las disposiciones           Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
de la Directiva 84/156/CEE del Consejo, de 8 de marzo de             dicho órgano jurisdiccional entre Beside BV, I. M. Bessel-
1984, relativa a los valores límite y a los objetivos de             sen y Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
calidad para los vertidos de mercurio de los sectores dis-           en Milieubeheer, una decisión prejudicial sobre la interpre-
tintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos (DO L 74         tación del Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1
de 17.3.1984, p. 49; EE 15/05, p. 20), con caraÂcter princi-         de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de
pal, al no haber adoptado dentro del plazo senÄalado todas           los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la
las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas           salida de la Comunidad Europea (DO L 30 de 6.2.1993,
necesarias para atenerse a lo dispuesto en dicha Directiva           p. 1), y de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de
y, maÂs precisamente, al no haber establecido los progra-            julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194 de
mas específicos previstos en la citada Directiva y, con              25.7.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129), modificada por la
caraÂcter subisidario, al no haber comunicado inmediata-             Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de
mente a la Comisión las referidas medidas, el Tribunal de            1991 (DO L 78 de 26.3.1991, p. 32), el Tribunal de Justi-
Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres.: H. Ragne-            cia (Sala Sexta), integrado por los Sres.: H. Ragnemalm
malm, Presidente de Sala; G. F. Mancini, J. L. Murray, G.            (Ponente), Presidente de Sala; G. F. Mancini, P. J. G. Kap-
Hirsch y K. M. Ioannou (Ponente), Jueces; Abogado Gene-              teyn, J. L. Murray y G. Hirsch, Jueces; Abogado General;
ral: Sr. P. LeÂger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 18       Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. H. A. Rühl, administrador
de junio de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:           principal, ha dictado el 25 de junio de 1998 una sentencia
                                                                     cuyo fallo es el siguiente:
1) Se declara que la RepuÂblica Portuguesa ha incumplido
     las obligaciones que le incumben en virtud del                  1) Los teÂrminos «residuos municipales/domeÂsticos» com-
     apartdo 1 del artículo 4 de la Directiva 84/156/CEE                  prendidos en el código AD 160 de la lista naranja que
     del Consejo, de 8 de marzo de 1984, relativa a los                   figura en el anexo III del Reglamento (CEE) no 259/
     valores límite y a los objetivos de calidad para los ver-            93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la
     tidos de mercurio de los sectores distintos de la elec-              vigilancia y al control de los traslados de residuos en
     trólisis de los cloruros alcalinos, al no haber adoptado             el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad
     dentro del plazo senÄalado todas las medidas legislati-              Europea, en la versión resultante de la Decisión 94/
     vas, reglamentarias y administrativas necesarias para                721/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 1994,
     atenerse a lo dispuesto en dicha Directiva y, maÂs preci-            por la que se adaptan los anexos II, III y IV del Regla-
     samente, al no haber establecido los programas especí-               mento no 259/93, de conformidad con el apartado 3
     ficos previstos en ella.                                             del artículo 42 de eÂste, deben interpretarse en el sen-
                                                                          tido de que incluyen, por una parte, residuos que se
2) Se condena en costas a la RepuÂblica Portuguesa.                       componen principalmente de residuos mencionados en
                                                                          la lista verde que figura en el anexo II de dicho Regla-
                                                                          mento mezclados con otras categorías de residuos enu-
(1) DO C 228 de 26.7.1997.                                                merados en esta lista y, por otra parte, residuos enu-
                                                                          merados en la lista verde mezclados con una pequenÄa
                                                                          cantidad de materias no mencionadas en ella.


title: Asunto T-343/99: Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Hans-Werner Schmidt

text:
C 79/32                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      18.3.2000
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que              c) Falta de motivación
anule la Decisión controvertida basándose en los siguientes
motivos:                                                                     La Comisión infringió el artı́culo 253 CE, al carecer
                                                                             la Decisión de motivación suficiente en dos ámbitos
a) Aplicación incorrecta del Reglamento (CEE) no 4064/89 del                principales:
   Consejo, en particular por lo que se refiere a la existencia de
   posición dominante colectiva                                             — Algunas alegaciones y pruebas importantes presenta-
                                                                                das por la demandante no fueron tomadas en conside-
   Tanto la demandante como la Comisión sostienen que el                        ración por la Comisión en su Decisión. Al no tomarlas
   Reglamento no 4064/89 prohı́be que se cree o refuerce                         en consideración, la Comisión no motiva suficiente-
   una posición dominante colectiva en un mercado de                            mente su Decisión.
   productos y geográfico de referencia dentro de la Comuni-
   dad. A estos efectos, lo que procede determinar es si la                  — En determinados puntos clave de la Decisión, el
   creación o el reforzamiento de una posición dominante                       razonamiento de la Comisión carece de lógica.
   colectiva obstaculizarı́a de manera significativa la compe-           d) Violación del principio de seguridad jurı́dica
   tencia efectiva.
                                                                             La Comisión vulneró el principio de seguridad jurı́dica
   A la hora de realizar esta verificación, el principio que                porque se apartó de sus anteriores Decisiones y de la
   debe seguirse es el de determinar, mediante un análisis                  jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de
   prospectivo del mercado de referencia, si la competencia                  Primera Instancia, en particular al establecer y aplicar un
   efectiva se verı́a obstaculizada de manera significativa por              análisis de la posición dominante colectiva que se basa en
   las empresas que participan en la concentración y una o                  «incentivos» y actuaciones «racionales», pero sin necesidad
   varias empresas terceras que tengan, conjuntamente,                       de que exista colusión tácita.
   debido especialmente a factores de correlación existentes
   entre ellas, la facultad de adoptar una misma lı́nea de
   acción en el mercado y de actuar en gran medida con
   independencia de los demás competidores, de sus clientes
   y, por último, de los consumidores.
   La posibilidad de adoptar una misma lı́nea de acción                 Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 contra la
   supone una colusión tácita entre las empresas de que se             Comisión de las Comunidades Europeas por Hans-Werner
   trate. La colusión tácita significa que existe algún tipo de                                     Schmidt
   coordinación para identificar, alcanzar y mantener esta
   actuación común. La propia coordinación lleva aparejado                                    (Asunto T-343/99)
   lo que se conoce como mecanismo de castigo para impedir
   cualquier desvı́o respecto de la lı́nea de actuación común.                                   (2000/C 79/70)
   Al realizar su análisis prospectivo del comportamiento
   de los tres supuestos oligopolistas, la Comisión aplicó                               (Lengua de procedimiento: francés)
   incorrectamente el Reglamento no 4064/89, por las
   siguientes razones:                                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 1 de diciembre de 1999 un
   — No basó su argumentación en la existencia de colusión            recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
        tácita; sustituyó este requisito esencial y estricto por un    formulado por Hans-Werner Schmidt, con domicilio en Konz
        análisis menor basado en los efectos «unilaterales»,            (República Federal de Alemania), representado por los Sres.
        consistentes en lo que se describe como incentivos y             Georges Vandersanden y Laure Levi, Abogados de Bruselas,
        conducta racional para alcanzar, en el presente caso,            que designa como domicilio en Luxemburgo el de Société de
        una reducción de la capacidad y de los precios por              Gestion Fiduciaire, 2-4, rue Beck.
        encima de los niveles competitivos, lo que resulta
        insuficiente respecto del análisis necesario, que exige         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
        que la Comisión demuestre algo más, a saber, la                que:
        coordinación y la lı́nea de actuación común a que se
                                                                         — Anule la decisión implı́cita de desestimación de la solicitud
        hace referencia más arriba.
                                                                             presentada por el demandante el 5 de octubre de 1998
   — Para ser efectiva, la colusión tácita requiere, al igual              destinada, en primer lugar, a que la AFPN concluya el
        que la colusión activa, un mecanismo de castigo.                    procedimiento disciplinario iniciado en su contra y ello
        La Comisión sostiene, de manera errónea, que este                  adoptado la decisión a que se refiere el artı́culo 7, párrafo
        requisito esencial no es necesario.                                  tercero, del Anexo IX del Estatuto de los funcionarios de
                                                                             las Comunidades Europeas, basándose en el dictamen
b) Errores manifiestos de apreciación                                       motivado del Consejo de disciplina de 16 de julio de 1997,
                                                                             en segundo lugar, a que se le conceda una indemnización
   La Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación             de daños y perjuicios fijados, ex aequo e bono y provisio-
   de los hechos relativos al mercado y del comportamiento                   nalmente, en 500 000 LUF y, por último, a que se ponga
   de las empresas en este mercado, que da lugar a que no se                 fin inmediata y definitivamente a cualquier investigación
   cumpla el criterio legal exigido, y, por tanto, a un error de             llevada a cabo por la AFPN sin conocimiento del deman-
   Derecho.                                                                  dante;
 ---pagebreak--- 18.3.2000                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 79/33
— le conceda una indemnización de daños y perjuicios                  Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 por Lucı́a
    valorados ex aequo et bonoy provisionalmente, en                    Recalde Langarica contra la Comisión de las Comunidades
    600 000 LUF;                                                                                europeas
— condene en costas a la demandada.                                                            (Asunto T-344/99)
                                                                                (2000/C 79/71)
Motivios y principales alegaciones
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
En junio de 1996, la AFPN notificó al demandante su decisión          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
de incoar un procedimiento disciplinario en su contra debido
                                                                        europeas se ha presentado, el 1 de diciembre de 1999 un
a presuntas manipulaciones realizadas en el programa informá-          recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas
tico de los salarios de los funcionarios. El Consejo de disciplina
                                                                        formulado por Dña. Lucı́a Recalde Langarica, con domicilio en
emitió su dictamen motivado en julio de 1997 y propuso
                                                                        Bruselas, representada por los letrados en ejercicio D. Ramón
como sanción el apercibimiento por escrito. Por último, en la         Garcia-Gallardo y D. Gerard Pérez Olmo, abogados de los
audiencia a que se refiere el artı́culo 7, párrafo tercer, del
                                                                        Ilustres Colegios de Madrid y Barcelona, respectivamente, en
Anexo IX del Estatuto, la AFPN manifestó su deseo de llevar a
                                                                        Bruselas, SJ Berwin & Co, Square de Meeûs, no 19.
cabo nuevas medidas de instrucción. En marzo de 1998 se
informó a los asesores del demandante de que la AFPN habı́a
decidido someter de nuevo el asunto al Consejo de disciplina.           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
Posteriormente, se comunicó al demandante que los servicios            que:
de la DG IX estaban investigando en su expediente personal.
                                                                        — anule la medida adoptada por la Comisón por medio de su
                                                                            carta de 26 de febrero de 1999, y posteriormente ejecutada
En este contexto, mediante el presente recurso el demandante                por medio de actuaciones comunicadas a través de carta
impugna en especial la desestimación, por parte de la AFPN,                de 5 de mayo de 1999, por la que se revoca, de forma
de su solicitud destinada a que se cerrara el procedimiento                 retroactiva, el derecho de la demandante a la indemniza-
disciplinario incoado contra él.                                            ción por desarraigo;
                                                                        — condene a la demandada al pago de la totalidad de las
En apoyo de sus pretensiones el demandante alega lo siguiente:              costas que se deriven del procedimiento.
— Violación del artı́culo 7, párrafo tercero, del Anexo IX del        Motivos y principales alegaciones
    Estatuto y del deber de asistencia y protección y de los
    principios de buena gestión y de sana administración. A           La demandantes en el presente procedimiento se opone a la
    este respecto afirma que, desde septiembre de 1997, la              negativa de la AFPN a reconocer su presunto derecho al
    AFPN sabe que él no desea añadir nada a las declaraciones          subsidio de desarraigo desde su entrada al servicio de la
    que efectuó en el marco de la instrucción de dicho                Comisión. Se recuerda a este respecto que dicha decisión
    expediente. Además, aunque la AFPN no esté sometida a              denegatoria fue adoptada con efectos retroactivos, después de
    plazos de rigor o a plazos perentorios para adoptar la              que la propia administración demandada, a mediados de 1996,
    decisión a que se refiere el artı́culo 7, párrafo tercero, del    le reconociera provisionalmente el derecho a disfrutar del
    Anexo IX del Estatuto, tal decisión debe producirse, en            referido subsidio. Con posterioridad a este reconocimiento
    cualquier caso, dentro de un plazo razonable.                       provisional, la demandante no recibió notificación alguna
                                                                        acerca de una eventual reapertura de su expediente, lo que,
— Violación de los derechos de la defensa, del artı́culo 87 del        junto con el hecho de seguir percibiendo el subsidio de autos,
    Estatuto y de los artı́culos 1, 7 y 11 del Anexo IX del             le condujo a considerar como definitiva la postura de la
    Estatuto. A este respecto afirma, en particular, que el             Comisión arriba mencionada.
    procedimiento disciplinario, tal como está regulada por el
    Estatuto, no autoriza a la AFPN a imponer nuevos deberes            La demandante niega categóricamente haber trabajado y
    de instrucción en el marco del mismo procedimiento y               ejercido una actividad profesional en Bélgica durante los cinco
    después de que el Consejo de disciplina haya emitido el             años anteriores a los seis meses que precedieron su acceso a la
    dictamen motivado. Además, la audiencia a que se refiere           función pública comunitaria. En apoyo de sus pretensiones, la
    el artı́culo 7, párrafo tercero, del Anexo IX del Estatuto no      demandantes alega:
    puede ser utilizada por AFPN para instar una instrucción.
    Asimismo, el dictamen del Consejo de disciplina de 25 de            — la violación del derecho fundamental de defensa derivado
    noviembre de 1999 se habı́a pronunciado claramente                      de la obligación de motivación de los actos administrativos
    sobre la inexistencia de hechos nuevos que eventualmente                comunitarios;
    justificaran someter de nuevo el asunto a dicho Consejo.
                                                                        — la violación del principio de confianza legı́tima;
                                                                        — la ilegalidad de la ejecución, con efectos retroactivos, de la
                                                                            decisión impuganda;


title: Asunto T-222/15: Auto del Tribunal General de 7 de junio de 2016 — Beele Engineering/EUIPO (WE CARE) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión Europea WE CARE — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               1.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/28

         Auto del Tribunal General de 7 de junio de 2016 — Beele Engineering/EUIPO (WE CARE)
   (Asunto T-222/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca figurativa de la Unión Europea WE CARE - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 279/41)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Beele Engineering BV (Aalten, Países Bajos) (representante: M. Ring, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: H. O’Neill, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de febrero de 2015 (asunto R 1933/2014-1), relativa a una solicitud de registro del signo figurativo WE CARE como marca de la Unión.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Beele Engineering BV.

      (1)  DO C 228 de 13.7.2015.


title: Asunto T-284/08: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de diciembre de 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consejo ( Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Congelación de fondos — Recurso de anulación — Derecho de defensa — Control jurisdiccional )

text:
               24.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/29

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de diciembre de 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consejo
   (Asunto T-284/08) (1)

   («Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo - Congelación de fondos - Recurso de anulación - Derecho de defensa - Control jurisdiccional»)
   (2009/C 19/55)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers-sur-Oise, Francia) (representantes: inicialmente J.-P. Spitzer, abogado, y D. Vaughan, QC, posteriormente J.-P. Spitzer, D. Vaughan y M.E. Demetriou, Barrister)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente G.J. Van Hegleson, M. Bishop y E. Finnegan, posteriormente M. Bishop y E. Finnegan, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: República Francesa (representantes: G. de Bergues y A.L. During, agentes) y la Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Aalto y S. Boelaert, agentes)
   Objeto
   Recurso de anulación de la Decisión 2008/583/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga la Decisión 2007/868/CE (DO L 188, p. 21), en la medida en que afecta a la demandante.
   Fallo

               1)

               Anular la Decisión 2008/583/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga la Decisión 2007/868/CE, en la medida en que afecta a la People's Mojahedin Organization of Iran.

               2)

               Condenar al Consejo a soportar, además de sus propias costas, las costas de la People's Mojahedin Organization of Iran.

               3)

               La República Francesa y la Comisión cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 236 de 13.9.2008.


title: Asunto C-308/10 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de junio 2010 por Union Investment Privatfonds GmbH contra la sentencia dictada el 27 de abril de 2010 por el Tribunal General (Sala Tercera) en el asunto T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos); otra parte en el procedimiento: Unicre-Cartão International De Crédito SA

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/23

         Recurso de casación interpuesto el 29 de junio 2010 por Union Investment Privatfonds GmbH contra la sentencia dictada el 27 de abril de 2010 por el Tribunal General (Sala Tercera) en el asunto T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos); otra parte en el procedimiento: Unicre-Cartão International De Crédito SA
   (Asunto C-308/10 P)
   ()
   2010/C 246/40
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Union Investment Privatfonds GmbH (representante: J. Zindel, abogado)

      Otras partes en el procedimiento:

               —

               Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

               —

               Unicre-Cartão International De Crédito SA

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia dictada el 27 de abril de 2010 por el Tribunal General en el asunto T-392/06.

               —

               Que se declare nula la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 10 de octubre de 2006 (R 442/2004-2) y se estimen las oposiciones formuladas por la recurrente contra la inscripción de la marca comunitaria no1 871 896«unibanco».

      Motivos y principales alegaciones

   En el recurso se alega la aplicación errónea del artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94. Se afirma que el Tribunal General consideró indebidamente que la recurrente había presentado de forma extemporánea pruebas relativas al uso de las marcas invocadas en oposición. Por otro lado, se señala que la facultad de apreciación por la Sala de Recurso de la OAMI regulada en el artículo 74 del Reglamento (CE) no 40/94 no cumple los requisitos establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P).
   Según la recurrente, el ejercicio correcto de la facultad de apreciación hubiese implicado tener en cuenta las pruebas presentadas por la recurrente acerca del uso de las marcas invocadas en oposición, aun cuando se hubiesen aportado efectivamente con retraso. La apreciación de dichas pruebas no hubiese dado lugar a una dilación del procedimiento, ya que la División de Oposición de la OAMI no dictó resolución hasta pasados 15 meses desde la presentación de la prueba. Además, las pruebas eran directamente pertinentes desde el punto de vista jurídico. A mayor abundamiento, unos escritos erróneos de la División de Oposición de la OAMI contribuyeron causalmente a que la recurrente presentara las pruebas después de haber finalizado el plazo.
   La recurrente alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta la constatación efectuada por la División de Oposición de la OAMI, según la cual las partes habían presentado sus alegaciones y pruebas dentro de plazo. Por consiguiente, la División de Oposición de la OAMI no consideraba que existiese un retraso. En consecuencia, la Sala de Recurso no estaba facultada para aducir la extemporaneidad. En lugar de ello, la Sala de Recurso debería haber examinado materialmente la prueba aportada.
   La recurrente afirma que ni la Sala de Recurso ni el Tribunal General pueden sustituir la facultad de apreciación no ejercitada por la División de Oposición de la OAMI. Ante esta omisión de apreciación, la Sala de Recurso debería haber devuelto el asunto a la División de Oposición con arreglo al artículo 62, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94.
   Por lo demás, la recurrente aduce que no presentó extemporáneamente las pruebas sobre el uso de las marcas invocadas en contradicción por una serie de motivos. En primer lugar, las publicaciones diarias en la sección financiera de los periódicos suprarregionales, mediante las que se demuestra el uso de las marcas invocadas en contradicción y de otras series de marcas con identificación del fondo de inversiones de la recurrente, constituyen hechos notorios. Tales hechos deben ser tenidos en cuenta de oficio por la OAMI. En segundo lugar, la solicitante no contestó el uso de las marcas invocadas en contradicción ni de las series de marcas. En tercer lugar, la División de Oposición de la OAMI impidió indebidamente que la recurrente presentara más pruebas sobre el uso de las marcas. Efectivamente, la OAMI comunicó a la recurrente que sólo podía tomar postura frente a los argumentos formulados por la solicitante y que la OAMI no tendría en cuenta nuevas pruebas. Por consiguiente, resultaba irrelevante que la recurrente aportase o no más pruebas acerca del uso. En cuarto lugar, los plazos se acortaron indebidamente, de modo que la OAMI no se atuvo al artículo 80 del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94.


title: Asunto C-309/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de marzo de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen (Política agrícola común — Tasas en materia de inspecciones y controles veterinarios — Directiva 85/73/CEE)

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de marzo de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen
   (Asunto C-309/07) (1)

   (Política agrícola común - Tasas en materia de inspecciones y controles veterinarios - Directiva 85/73/CEE)
   2009/C 113/11
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hessischer Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Firma Baumann GmbH

      Demandada: Land Hessen

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hessischer Vervaltungsgerichtshof — Interpretación del artículo 5, apartado 3, y del anexo A, capítulo I, puntos 1 y 2, letra a), y punto 4, letras a) y b), de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral (DO L 32, p. 14; EE 03/33, p. 152), en su versión modificada por la Directiva 96/43/CE del Consejo, de 26 de junio de 1996 (DO L 162, p. 1) — Normativa que distingue entre los sacrificios realizados en grandes establecimientos y otras operaciones de sacrificio, graduando las tasas para las diferentes especies animales de forma decreciente e incrementado las tasas por sacrificio fuera del horario normal.

      Fallo

               1)

               El anexo A, capítulo I, punto 4, letra a), de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios contemplados en las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE y 91/496/CEE, en su versión modificada y codificada por la Directiva 96/43/CE del Consejo, de 26 de junio de 1996, debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros apartarse de la estructura de tasas prevista en dicho anexo A, capítulo I, puntos 1 y 2, letra a), ni percibir una tasa cuyo tipo varíe en función del tamaño de los establecimientos y que se fije de forma decreciente según el número de animales sacrificados de cada especie.
               El anexo A, capítulo I, punto 4, letra b), de la Directiva 85/73, en su versión modificada y codificada por la Directiva 96/43, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no está obligado a respetar la estructura de tasas prevista en los puntos 1 y 2, letra a), del mismo capítulo y puede percibir una tasa cuyo tipo varíe en función del tamaño de la empresa y del número de animales sacrificados de cada especie cuando se demuestra que estos factores tienen una incidencia real en los costes efectivamente sufragados para realizar las inspecciones y controles veterinarios prescritos por las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario.

               2)

               El anexo A, capítulo I, punto 4, letra a), de la Directiva 85/73, en su versión modificada y codificada por la Directiva 96/43, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede percibir, por la inspección de animales que, a petición de su propietario, sean sacrificados fuera de los horarios normales de sacrificio, un «recargo proporcional» que se suma a las tasas normalmente percibidas por la inspección de animales cuando tal recargo representa un valor a tanto alzado correspondiente a los gastos adicionales que deban cubrirse.
               El anexo A, capítulo I, punto 4, letra b), de la Directiva 85/73, en su versión modificada y codificada por la Directiva 96/43, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede percibir, por la inspección de animales que, a petición de su propietario, sean sacrificados fuera de los horarios normales de sacrificio, un «recargo proporcional» que se suma a las tasas normalmente percibidas por la inspección de animales cuando tal recargo corresponde a los gastos adicionales efectivamente sufragados.

      (1)  DO C 247, de 20.10.2007.


title: Asunto C-187/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Düsseldorf — Alemania) — Joaquim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen (Procedimiento prejudicial — Artículo 45 TFUE — Libre circulación de los trabajadores — Funcionario de un Estado miembro que ha renunciado a su condición de funcionario para ejercer un empleo en otro Estado miembro — Normativa nacional que establece, en tal caso, la pérdida de los derechos a una pensión de jubilación adquiridos en la función pública y la afiliación retroactiva al régimen general del seguro de pensiones)

text:
               12.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 335/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Düsseldorf — Alemania) — Joaquim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen
   (Asunto C-187/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículo 45 TFUE - Libre circulación de los trabajadores - Funcionario de un Estado miembro que ha renunciado a su condición de funcionario para ejercer un empleo en otro Estado miembro - Normativa nacional que establece, en tal caso, la pérdida de los derechos a una pensión de jubilación adquiridos en la función pública y la afiliación retroactiva al régimen general del seguro de pensiones))
   (2016/C 335/23)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Joaquim Pöpperl

      Demandada: Land Nordrhein-Westfalen

      Fallo

               1)

               El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual un funcionario de un Estado miembro que renuncia voluntariamente a su condición de funcionario para ejercer un empleo en otro Estado miembro pierde sus derechos a una pensión de jubilación en virtud del régimen de pensión de jubilación de los funcionarios y queda afiliado con carácter retroactivo al régimen general del seguro de pensiones, que da derecho a una pensión de jubilación inferior a la que resultaría de aquellos derechos.

               2)

               El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que incumbe al órgano jurisdiccional nacional garantizar la plena efectividad de dicho artículo y conceder a los trabajadores, en una situación como la controvertida en el litigio principal, derechos a una pensión de jubilación comparables a aquellos de los que gozan los funcionarios que conservan los derechos a una pensión de jubilación correspondiente al tiempo de servicio cubierto a pesar de haber cambiado de empleador público, interpretando el Derecho interno de manera conforme a dicho artículo o, si tal interpretación no es posible, absteniéndose de aplicar cualquier disposición contraria del Derecho interno, de manera que se les aplique el mismo régimen que el aplicable a tales funcionarios.

      (1)  DO C 245 de 27.7.2015.


title: Asunto T-473/09: Auto del Tribunal General de 19 de septiembre de 2011 — Matkompaniet/OAMI — DF World of Spices (KATOZ) ( Marca comunitaria — Oposición — Retirada de la oposición — Sobreseimiento )

text:
               19.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/21

         Auto del Tribunal General de 19 de septiembre de 2011 — Matkompaniet/OAMI — DF World of Spices (KATOZ)
   (Asunto T-473/09) (1)

   (Marca comunitaria - Oposición - Retirada de la oposición - Sobreseimiento)
   2011/C 340/43
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Matkompaniet AB (Borås, Suecia) (representantes: J. Gulliksson y J. Olson, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Botis, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: DF World of Spices GmbH (Dissen, Alemania) (representantes: A. Ebert-Weidenfeller y S. Schmüser, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 9 de septiembre de 2009, (asunto R 1023/2008-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Matkompaniet AB y DF World of Ápices GmbH.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar a la parte demandante y a la coadyuvante a cargar con sus propias costas y a cada una de ellas al pago de la mitad de los gastos de la parte demandada.

      (1)  DO C 24, de 30.1.2010.


title: Asunto C-2/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 2 de enero de 2013 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS

text:
               9.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/11

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 2 de enero de 2013 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS
   (Asunto C-2/13)
   2013/C 71/17
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

      Recurrida: Humeau Beaupreau SAS

      Cuestión prejudicial

   En el proceso de fabricación de calzado, ¿deben las operaciones de moldeado del contrafuerte del empeine y de cardado de dicho empeine y de la suela, previas a su ensamblaje, calificarse de «operaciones de montaje» o de «operaciones adicionales de acabado para alcanzar el estado final» en el sentido del punto VII de las Notas Explicativas de la Regla general 2 a) para la interpretación del Sistema Armonizado?


title: Asuntos acumulados C-152/07 a C-154/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de julio de 2008 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Bundesrepublik Deutschland (Sector de las telecomunicaciones — Redes y servicios — Reajuste de tarifas — Artículo 4  quater de la Directiva 90/388/CEE — Artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/33/CE — Artículo 12, apartado 7, de la Directiva 98/61/CE — Autoridad de reglamentación — Efecto directo de las directivas — Situación triangular)

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de julio de 2008 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Bundesrepublik Deutschland
   (Asuntos acumulados C-152/07 a C-154/07) (1)

   (Sector de las telecomunicaciones - Redes y servicios - Reajuste de tarifas - Artículo 4 quater de la Directiva 90/388/CEE - Artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/33/CE - Artículo 12, apartado 7, de la Directiva 98/61/CE - Autoridad de reglamentación - Efecto directo de las directivas - Situación triangular)
   (2008/C 223/20)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Bundesverwaltungsgericht
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)

      Demandada: Bundesrepublik Deutschland

      En el que participa: Deutsche Telekom AG
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Bundesverwaltungsgericht — Interpretación de la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (DO L 192, p. 10) y de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) (DO L 199, p. 32) — Normativa nacional que establece, junto a las cuotas de interconexión calculadas en función del coste del servicio, una aportación económica de los demás operadores para cubrir el «déficit de acceso» en que incurre el operador preexistente debido al suministro del bucle de abonado — Obligación de los Estados miembros de suprimir las restricciones al reajuste de las tarifas por los organismos históricos de telecomunicaciones tras la interconexión de las redes — Posibilidad de que un particular alegue ante un órgano judicial de un Estado miembro el efecto directo de una directiva para conseguir la anulación de una resolución administrativa que establece una obligación económica a favor de otro particular.
   Fallo

               1)

               El artículo 12, apartado 7, de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP), en su versión modificada por la Directiva 98/61/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, y el artículo 4 quater de la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, en relación este último con los considerandos quinto y vigésimo de la Directiva 96/19, deben interpretarse en el sentido de que una autoridad nacional de reglamentación no puede obligar a un operador de una red de conexión interconectada a una red pública a pagar al operador de la red de abonados dominante en el mercado una cuota de enlace adicional a una cuota de interconexión, destinada a compensar el déficit en el que haya incurrido este último operador por el suministro del bucle de abonado para el año 2003.

               2)

               Los artículos 4 quater de la Directiva 90/388, en su versión modificada por la Directiva 96/19, y 12, apartado 7, de la Directiva 97/33, en su versión modificada por la Directiva 98/61, producen efecto directo y pueden ser invocados directamente por los particulares ante los tribunales nacionales para impugnar una decisión de la autoridad nacional de reglamentación.

      (1)  DO C 140 de 23.6.2007.


title: Asunto T-344/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de  5 de abril de 2006  — Saiwa/OAMI ( Marca comunitaria — Solicitud de marca figurativa que contiene el elemento denominativo  SELEZIONE ORO Barilla  — Oposición — Marcas denominativas anteriores ORO y ORO SAIWA — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  40/94 — Desestimación de la oposición )

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/39

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2006 — Saiwa/OAMI
   (Asunto T-344/03) (1)

   («Marca comunitaria - Solicitud de marca figurativa que contiene el elemento denominativo “SELEZIONE ORO Barilla” - Oposición - Marcas denominativas anteriores ORO y ORO SAIWA - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 - Desestimación de la oposición»)
   (2006/C 131/72)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Saiwa SpA (Génova, Italia) (representantes: G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty y M. Karsenty-Ricard, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (representantes: M. Capostagno y O. Montalto, agentes)
   Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: Barilla Alimentare SpA (Parma, Italia) (representantes: A. Vanzetti y S. Bergia, abogados)
   Objeto
   Recurso contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 18 de julio de 2003 (asunto R 480/2002-4), relativa a un procedimiento de oposición entre las sociedades Saiwa SpA y Barilla Alimentare SpA.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 304, de 13.12.2003.


title: Asunto T-496/13: Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2013 — McCullough/Cedefop

text:
               23.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 344/61

         Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2013 — McCullough/Cedefop
   (Asunto T-496/13)
   2013/C 344/113
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Colin Boyd McCullough (Salónica, Grecia) (representante: G. Matsos, abogado)

      Demandada: Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la negativa del Cedefop de fecha 15 de julio de 2013 a dar acceso al demandante a determinados documentos.

               —

               Ordene al Cedefop a facilitar al demandante los documentos solicitados.

               —

               Autorice, de conformidad con el artículo 1, apartado 3, del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, que las autoridades nacionales griegas puedan violar los locales y edificios del Cedefop a fin de localizar y facilitar los documentos en cuestión y de investigar posibles delitos que puede haber cometido alguna persona relacionada con él.

               —

               Condene en costas al Cedefop.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que el Cedefop ha vulnerado el Derecho de la UE en la resolución impugnada al interpretar erróneamente el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1049/2001.

               2)

               Segundo motivo, basado en que el Cedefop ha vulnerado el Derecho de la UE interpretando erróneamente el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001.

               3)

               Tercer motivo, basado en que el comportamiento del Director en funciones del Cedefop es cuando menos cuestionable cuando proclama que es discutible si las actas de las reuniones de KMS-Steering Group, entre los documentos solicitados, han llegado a existir, pues debería conocer su existencia (o inexistencia), dado que fue Subdirector del Cedefop durante el largo período (un año) en que se elaboraron dichos documentos. Tal comportamiento hace necesaria la investigación de los locales del Cedefop por las autoridades nacionales competentes.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que el Cedefop no adoptó las disposiciones prácticas para ejecutar el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Consejo y en que las respectivas Normas de desarrollo, que adoptó la Comisión, deberían aplicarse analógicamente.

               5)

               Quinto motivo, en el que se alega que la negativa del Cedefop a dar acceso a los documentos solicitados vulnera los derechos del demandante como acusado en un procedimiento penal.


title: Asunto T-14/17: Recurso interpuesto el 12 de enero de 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

text:
               27.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/41

         Recurso interpuesto el 12 de enero de 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB
   (Asunto T-14/17)
   (2017/C 063/54)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Alemania) (representantes: H. Berger y K. Rübsamen, abogados)

      Demandada: Junta Única de Resolución (SRB)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Junta Única de Resolución, de 15 de abril de 2016 sobre las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución correspondientes al año 2016 (SRB/ES/SRF/2016/06) y la resolución de la Junta Única de Resolución, de 20 de mayo de 2016, sobre el ajuste de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución correspondientes al año 2016, por la que se completa la resolución de la Junta de 15 de abril de 2016 sobre las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución correspondientes al año 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), en la medida en que las resoluciones impugnadas se refieren a la aportación de la demandante.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 296 TFUE, apartado 2, y del artículo 41, apartados 1 y 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») por falta de motivación suficiente de las resoluciones impugnadas.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del Derecho a ser oído del artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta, al no haberse oído a la demandante antes de adoptar las resoluciones impugnadas.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 103, apartado 7, letra h), de la Directiva 2014/59/UE, (1) del artículo 113, aparatado 7, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, (2) del artículo 6, apartado 5, primera frase del Reglamento Delegado (UE) 2015/63, (3) y de los artículos 16 y 20 de la Carta y en la vulneración del principio de proporcionalidad por haber aplicado el multiplicador de 0,556 a efectos del indicador SIP (Institutional Protection Scheme).
               En el marco del tercer motivo, la demandante invoca que, en su caso, la demandada no ha aplicado en su totalidad el indicador SIP. El efecto protector de un sistema institucional de protección existe de forma global y en igual medida para todos los institutos miembros. Resulta contrario al sistema y arbitrario diferenciar entre los institutos a nivel del indicador SIP. Asimismo, la clasificación de la demandante en el grupo de los institutos con el perfil de riesgo más elevado es manifiestamente infundada y arbitraria.

               4.

               Cuarto motivo, basado en una infracción del artículo 16 de la Carta y en una vulneración del principio de proporcionalidad por la aplicación del multiplicador de ajuste al riesgo.
               La demandante se basa, además en que la Junta ha vulnerado su libertad empresarial y el principio de proporcionalidad, al haber calculado multiplicadores de ajuste al riesgo que no son compatibles con el perfil riesgo superior a la media de que dispone la demandante en comparación con otros institutos que han de realizar contribuciones.

      (1)  Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE (DO 2014, L 173, p. 190).

      (2)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).

      (3)  Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundessozialgericht, de fecha 8 de febrero de 1996, en el asunto entre 1. Manuela Gómez Rodríguez, 2. Gregorio Gómez Rodríguez y Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Asunto C-113/96)

text:
  1 . 6 . 96            I ES j                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N0 C 158 /7
       las disposiciones legales, reglamentarias y administrati         Recurso interpuesto el 3 de abril de 1996 contra la
       vas necesarias para atenerse plenamente a la Directiva            República Helénica por la Comisión de las Comunidades
        91 /674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991 ,                                          Europeas
       relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas                              ( Asunto C-l 12/96 )
       de las empresas de seguros ( ! ).
                                                                                ( 96/C 158 / 15 )
— Condene en costas a la República Helénica .
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 Motivos y principales alegaciones                                       ha presentado el 3 de abril de 1996 un recurso contra la
                                                                         República Helénica formulado por la Comisión de las
 El párrafo tercero del artículo 189 del Tratado constitutivo            Comunidades Europeas, representada por el Sr. Dimitrios
 de la Comunidad Económica Europea establece que la                      Gouloussis , Consejero Jurídico de la Comisión , que designa
 Directiva obligará al Estado miembro destinatario . Hasta la           como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
 fecha , la República Helénica no ha adoptado las medidas                Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico , Centre
 adecuadas para adaptar plenamente su ordenamiento jurí                Wagner, Kirchberg .
 dico interno a la citada Directiva ni, como es lógico,
comunicado dichas medidas a la Comisión .                               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
                                                                        — Declare que la República Helénica ha incumplido las
 (') D O n" L 374 de 31 . 12 . 1991 , p . 7 .
                                                                              obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE,
                                                                              al no haber adoptado y, subsidiariamente, al no haber
                                                                              comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado,
Recurso interpuesto el 3 de abril de 1996 contra la                           las disposiciones legales, reglamentarias y administrati
República Helénica por la Comisión de las Comunidades                         vas necesarias para atenerse plenamente a la Directiva
                                Europeas
                                                                              92/96/CEE del Consejo ('), de 10 de noviembre de 1992 ,
                                                                              sobre coordinación de las disposiciones legales, regla
                          ( Asunto C-lll /96 )                                mentarias y administrativas relativas al seguro directo
                             ( 96/C 158/ 14                                   distinto del seguro de vida y por la que se modifican las
                                                                              Directivas 79/267/CEE ( 2 ) y 90/619/CEE (■■') ( tercera
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                     Directiva de seguros de vida ).
ha presentado el 3 de abril de 1 996 un recurso contra la
República Helénica formulado por la Comisión de las                     — Condene en costas a la República Helénica .
Comunidades Europeas, representada por el Sr . Dimitrios                Motivos y principales alegaciones
Gouloussis, Consejero Jurídico de la Comisión , que designa
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr . Carlos                El párrafo tercero del artículo 189 del Tratado constitutivo
Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre                 de la Comunidad Económica Europea establece que la
                                                                        Directiva obligará al Estado miembro destinatario . Hasta la
Wagner, Kirchberg.
                                                                        fecha , la República Helénica no ha adoptado las medidas
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :              adecuadas para adaptar plenamente su ordenamiento jurí
                                                                        dico interno a la citada Directiva ni , como es lógico,
— Declare que la República Helénica ha incumplido las                   comunicado dichas medidas a la Comisión .
       obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE,
       al no haber adoptado y, subsidiariamente , al no haber           0 ) DO n" L 360 de 9 . 12 . 1992 .
      comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado,              ( 2 ) DO n" L 63 de 13 . 3 . 1979; EE 06/02 , p. 62 .
       las disposiciones legales , reglamentarias y administrati       H DO n" L 330 de 29 . 11 . 1990 .
      vas necesarias para atenerse plenamente a la Directiva
       92/49/CEE del Consejo ('), de 18 de junio de 1992 , sobre
      coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
      y administrativas relativas al seguro directo distinto del        lución del Bundessozialgericht, de fecha 8 de febrero de
       seguro de vida y por la que se modifican las Directivas          1996, en el asunto entre 1 . Manuela Gómez Rodríguez,
       73/239/CEE ( 2 ) y 88/357/CEE ( 3 ) ( tercera Directiva de       2 . Gregorio Gömez Rodriguez y Landesversicherungs
      seguros distintos del seguro de vida ).                                                 anstalt Rheinprovinz
                                                                                ( Asunto C- 1 13 /96 )
— Condene en costas a la República Helénica .
                                                                                96/C 158/ 16 )
Motivos y principales alegaciones
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
El párrafo tercero del artículo 189 del Tratado constitutivo            sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
de la Comunidad Económica Europea establece que la                      resolución del Bundessozialgericht ( Sala Decimotercera ),
Directiva obligará al Estado miembro destinatario . Hasta la            dictada el 8 de febrero de 1996 , en el asunto entre 1 .
fecha , la República Helénica no ha adoptado las medidas                Manuela Gómez Rodríguez, 2 . Gregorio Gómez Rodríguez
adecuadas para adaptar plenamente su ordenamiento jurí                 y Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, y recibida en la
dico interno a la citada Directiva ni , como es lógico,                 Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de abril de 1996 .
comunicado dichas medidas a la Comisión .
                                                                        El Bundessozialgericht solicita al Tribunal de Justicia que se
C ) D O n" L 228 de 11 . 8 . 1992 , p . 1 .                             pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
( 2 ) DO n" L 228 de 16 . 8 . 1973 ; EE 06/01 , p . 143 .               1 ) ¿ Debe interpretarse la letra b ) del apartado 2 del
C ) DO n" L 172 de 7. 7. 1988 .                                               artículo 78 del Reglamento ( CEE ) n° 1408/7 1 ( 1 ) en el
                                                                              sentido de que la determinación de la legislación
 ---pagebreak--- N° C 158/8            ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      1 . 6 . 96
    aplicable en ella contenida también rige de manera                     de cada empresa que exceda de los umbrales de
    permanente cuando el derecho a la prestación de                        exclusión, de asimilación y de simplificación previstos,
    orfandad, aunque existió en un primer momento en el                    una declaración detallada de todas sus importaciones y
    Estado competente según dicha disposición ( aquí: el                   exportaciones intracomunitarias, ¿ introduce una me
    Estado de residencia ), se extinguió luego por cumpli                 dida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa
    miento de la edad máxima , mientras que en otro Estado                 de los intercambios de bienes entre Estados miembros
    miembro, cuya legislación también fue aplicable al                     prohibida por los artículos 30 y 34 del Tratado
    asegurado, se mantendría el derecho a la pensión de                    constitutivo de la Comunidad Económica Europea ?
    orfandad incluso después de ese momento si se aplicara             b ) La obligación de facilitar los datos exigidos conforme al
    el artículo 79 del Reglamento ( CEE ) n" 1408/71 , o se                sistema de recogida INTRASTAT tanto en el país de
    produce en tal caso un cambio de legislación aplicable                 procedencia de las mercancías exportadas como en el
    con arreglo al inciso ii ) de la letra b ) del apartado 2 del          país de destino, penalmente sancionada en Derecho
    artículo 78 del Reglamento ( CEE ) n" 1408/71 ?                        luxemburgués en caso de que no se comuniquen al
2 ) ¿ Constituye una ventaja de Seguridad social que no                    servicio central de estadística y de estudios económicos
    deben perder los huérfanos debido a la inaplicabilidad,                las informaciones solicitadas, ¿ constituye para los ope
    como consecuencia de la entrada en vigor del Regla                    radores económicos una medida restrictiva no justifi
    mento ( CEE ) n° 1408/71 , de un Convenio vigente entre                cada y desproporcionada en relación con el objetivo de
    dos Estados miembros y que esté integrado en su                        interés general perseguido y es, por este motivo,
    Derecho nacional , también la expectativa de percibir                  contraria al párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado
    una pensión de orfandad, ya concedida por un Estado                    constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
    miembro de conformidad con un Convenio de ese tipo,                    introducido por el punto 5 del artículo G del Tratado de
    durante un período superior ( por ejemplo, en el caso de               la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero
    formación escolar o profesional que se prolongue más                   de 1992 ?
    allá de la fecha de cumplimiento de los 18 años de edad )          (') DO n" L 316 de 16 . 11 . 1991 , p . 1 .
    que la pensión de orfandad que haya de reconocerse en
    virtud de la legislación de otro Estado miembro,
    aplicable con arreglo a la letra b ) del apartado 2 del            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
    artículo 78 del Reglamento ( CEE ) n° 1408/71 ?                    lución del Tullilautakunta ( Comisión de Aduanas ), de fecha
3 ) En el caso de que se responda afirmativamente a la                 27 de marzo de 1996, en el procedimiento incoado por
    segunda cuestión : los huérfanos que ya antes de la                                         Outokumpu Oy
    entrada en vigor del Reglamento ( CEE ) n" 1408/71                                        ( Asunto C-l 15 /96 )
    tenían derecho a pensión de orfandad con arreglo al                                          ( 96/C 158 / 18 )
    Derecho de un Estado miembro en virtud de un
    Convenio de Seguridad Social celebrado entre dos                   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
    Estados miembros, ¿ pueden volver a acogerse a dicho               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
    derecho a pensión cuando se extinga el derecho a                   resolución del Tullilautakunta ( Comisión de Aduanas )
    prestaciones existente en un primer momento con                    dictada el 27 de marzo de 1996 en el procedimiento incoado
    arreglo a la legislación de otro Estado miembro aplica            por Outokumpu Oy, y recibida en la Secretaría del Tribunal
    ble con arreglo a la letra b ) del apartado 2 del artículo 78      de Justicia el 10 de abril de 1996 .
    del Reglamento ( CEE ) n" 1408/71 ?
                                                                       El Tullilautakunta solicita al Tribunal de Justicia que se
(>) DO n" L 149 de 5 . 7 . 1971 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 98 .          pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
                                                                       1 ) ¿ Debe considerarse que el impuesto que grava la
                                                                            electricidad constituye un derecho a la importación o
                                                                            una exacción de efecto equivalente prohibidos por los
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                  artículos 9 y 12 del Tratado CE cuando , tratándose de la
lución del tribunal de police de Luxembourg, de fecha 2 de                  electricidad importada de otro Estado miembro, la base
abril de 1996, en el proceso penal seguido contra René                      imponible de dicho impuesto es la cantidad de electri
                    Kieffer y Romain Thill                                  cidad consumida por el importador durante el período
                      ( Asunto C-114/96 )                                   impositivo, mientras que para la electricidad producida
                                                                            en el territorio nacional la base imponible es la cantidad
                         ( 96/C 158/ 17 )
                                                                            producida durante el mismo período impositivo ?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   ¿ Qué incidencia tiene en lo anterior el hecho de que el
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                 tipo de gravamen del impuesto varíe en función del
resolución del tribunal de police de Luxembourg dictada el                  modo de producción de la electricidad ? El tipo de
2 de abril de 1996 en el proceso penal seguido contra René                  gravamen aplicable a la electricidad de origen nuclear
Kieffer y Romain Thill, y recibida en la Secretaría del                     producida en el territorio nacional es de 2,4 céntimos
Tribunal de Justicia el 9 de abril de 1996 .                                por kWh , y el de la importada de 2,2 por kWh . A la
                                                                            electricidad de origen hidráulico se le aplica un tipo de
El tribunal de police solicita al Tribunal de Justicia que se               0,4 céntimos por kWh .
pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
                                                                       2 ) ¿ Debe considerarse que el régimen fiscal descrito en la
a ) El Reglamento ( CEE ) n" 3330/91 del Consejo ('), en la                 primera cuestión constituye un tributo interno prohi
    medida en que obliga a los Estados miembros a obtener                   bido por el artículo 95 del Tratado CE, en la medida en


title: Asunto C-191/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamentos (CE) n.° 864/2007 y (CE) n.° 593/2008 — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Protección de datos — Directiva 95/46/CE — Contratos de venta en línea celebrados con consumidores residentes en otros Estados miembros — Cláusulas abusivas — Condiciones generales que incluyen una cláusula de elección del Derecho aplicable en favor del Derecho del Estado miembro en el que la empresa tiene su domicilio social — Determinación de la ley aplicable para apreciar el carácter abusivo de esas condiciones generales en el marco de una acción de cesación — Determinación de la ley aplicable al tratamiento de los datos personales de los consumidores]

text:
               26.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 350/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl
   (Asunto C-191/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamentos (CE) n.o 864/2007 y (CE) n.o 593/2008 - Protección de los consumidores - Directiva 93/13/CEE - Protección de datos - Directiva 95/46/CE - Contratos de venta en línea celebrados con consumidores residentes en otros Estados miembros - Cláusulas abusivas - Condiciones generales que incluyen una cláusula de elección del Derecho aplicable en favor del Derecho del Estado miembro en el que la empresa tiene su domicilio social - Determinación de la ley aplicable para apreciar el carácter abusivo de esas condiciones generales en el marco de una acción de cesación - Determinación de la ley aplicable al tratamiento de los datos personales de los consumidores])
   (2016/C 350/10)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberster Gerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Verein für Konsumenteninformation

      Demandada: Amazon EU Sàrl

      Fallo

               1)

               El Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) y el Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), deben interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio del artículo 1, apartado 3, de cada uno de esos Reglamentos, la ley aplicable a una acción de cesación, en el sentido de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, dirigida contra el uso de cláusulas contractuales supuestamente ilegales por una empresa domiciliada en un Estado miembro que celebra contratos por vía de comercio electrónico con consumidores que residen en otros Estados miembros y, en particular, en el Estado del órgano jurisdiccional ante el que se interpone la demanda, debe determinarse conforme al artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 864/2007, mientras que la ley aplicable a la apreciación de una cláusula contractual dada debe determinarse siempre con arreglo al Reglamento n.o 593/2008, independientemente de que esa apreciación se efectúe en el marco de una acción individual o en el de una acción colectiva.

               2)

               El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula que figura en las condiciones generales de venta de un profesional, que no ha sido negociada individualmente, en virtud de la cual la ley del Estado miembro del domicilio social de ese profesional rige el contrato celebrado por vía de comercio electrónico con un consumidor, es abusiva en la medida en que induzca a error a dicho consumidor dándole la impresión de que únicamente se aplica al contrato la ley del citado Estado miembro, sin informarle de que le ampara también, en virtud del artículo 6, apartado 2, del Reglamento Roma n.o 593/2008, la protección que le garantizan las disposiciones imperativas del Derecho que sería aplicable, de no existir esa cláusula, extremos que debe comprobar el órgano jurisdiccional nacional a la luz de todas las circunstancias pertinentes.

               3)

               El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que el tratamiento de datos personales efectuado por una empresa de comercio electrónico se rige por el Derecho del Estado miembro al que dicha empresa dirige sus actividades si esa empresa efectúa el tratamiento de los datos en cuestión en el marco de las actividades de un establecimiento situado en un Estado miembro. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si ése es el caso.

      (1)  DO C 221 de 6.7.2015.


               20.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 317/5

         Prestación de juramento de un nuevo miembro del Tribunal General
   2010/C 317/09
   El Sr. Van der Woude, nombrado Juez del Tribunal General de la Unión Europea por decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2009, (1) para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2016, prestó juramento ante el Tribunal de Justicia el 13 de septiembre de 2010.

      (1)  DO L 186, de 20.7.2010.