title: Asunto C-299/08: Recurso interpuesto el 4 de julio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/7

         Recurso interpuesto el 4 de julio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa
   (Asunto C-299/08)
   (2008/C 272/08)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Rozet y D. Kukovec, agentes)

      Demandada: República Francesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 28 y 31 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (1), al adoptar y mantener vigentes los artículos 73 y 74-IV del Código de Contratación Pública, adoptado mediante el Decreto no 2006-975, de 1 de agosto de 2006, en los que se establece un procedimiento para la adjudicación de contratos de definición de proyectos que permite que las entidades adjudicadoras adjudiquen un contrato de ejecución (de servicios, suministros u obras) a uno de los titulares de los contratos de definición iniciales, sin nueva licitación o, a lo sumo, previa licitación restringida a dichos titulares.

               —

               Que se condene en costas a la República Francesa.

         Motivos y principales alegaciones
   Con su recurso, la Comisión censura a la parte demandada por permitir la adjudicación directa –o mediante licitación restringida– en casos no previstos por la Directiva 2004/18/CE. Al establecer una distinción entre los contratos de definición y los contratos de ejecución y al permitir, en determinadas circunstancias, la adjudicación de estos últimos a los titulares de los contratos de definición iniciales sin nueva licitación o, a lo sumo, previa licitación restringida a dichos titulares, la normativa francesa incumple efectivamente los principios fundamentales de igualdad y de transparencia, inherentes a la Directiva 2004/18/CE. La Comisión considera que es imposible, por definición, que el objeto y los criterios para la adjudicación de un contrato de ejecución se fijen con precisión antes de que el propio proyecto haya sido definido. El contrato de definición y el contrato de ejecución son dos contratos distintos que tienen diferente objeto y se rigen por criterios de adjudicación propios, de tal modo que ambos deben respetar lo establecido en la Directiva 2004/18/CE.

      (1)  DO L 134, p. 114.


title: Asunto C-523/03: Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 2003 contra Biotrast AE, Anonimi Eteria Tekhnologion Aikhmis por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 59/6                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            6.3.2004
dichas auditorías. La auditoria propuesta por ECHO era de                 Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2003 contra
naturaleza discriminatoria, en la medida en que no se dio                 G. & E. Gianniotis EPE, que actúa con el nombre comercial
ninguna justificación para realizar una auditoría de este tipo            «Nosokomio Agia Eleni», por la Comisión de las Comuni-
una vez que el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán había                                       dades Europeas
confirmado el estatuto jurídico de IH como organización
caritativa.                                                                                (Asunto C-524/03)
(1) DO C 31 de 8.2.2003, p. 21.                                                                     (2004/C 59/10)
(2) Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de
    1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163, p. 1).
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          interpuesto el 16 de diciembre de 2003 un recurso contra
                                                                          G. & E. Gianniotis EPE, que actúa con el nombre comercial
                                                                          «Nosokomio Agia Eleni», formulado por la Comisión de
                                                                          las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Dimitri
                                                                          Triandafilou, miembro de su Servicio Jurídico, asistido por el
                                                                          Sr. Nicolao Korogiannakis, abogado de Atenas, que designa
Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 2003 contra                     domicilio en Luxemburgo.
Biotrast AE, Anonimi Eteria Tekhnologion Aikhmis por
          la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                       (Asunto C-523/03)                                  a)   Condene a la demandada a pagar el importe de
                                                                               236 977,93 euros, que comprende 212 010,17 euros de
                                                                               principal y 24 697,76 euros de intereses diarios desde la
                          (2004/C 59/09)                                       fecha de cada nota de adeudo hasta el 31 de octubre de
                                                                               2003.
                                                                          b)   Condene a la demandada a pagar un interés de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                   42,16 euros diarios desde el 31 de octubre de 2003 hasta
presentado el 15 de diciembre de 2003 un recurso contra                        completar el pago de la deuda.
Biotrast AE, Anonimi Eteria Tekhnologion Aikhmis formulado
por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada                 c)   Condene a la demandada a pagar las costas del procedi-
por el Sr. Dimitri Triantafillou, miembro del Servicio Jurídico                miento.
de la Comisión, asistido por el Sr. Nikolaos Koroyiannakis,
abogado de Atenas, que designa domicilio en Luxemburgo. La
demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                          Motivos y principales alegaciones
Condene a la parte demandada a pagar:                                     a)   Reembolso de la cantidad indebidamente pagada por la
                                                                               Comisión.
a)    la cantidad de 730 726,81 euros, a saber,                           b)   Fecha a partir de la cual son exigibles los intereses.
      661 838,82 euros de capital y 68 887,99 euros de
      intereses de demora devengados desde la fecha de exigibi-
      lidad de la nota de cargo, a los tipos del 4,77 % hasta el
      31.12.2002 y del 6,77 % desde el 1.1.2003.
b)    intereses a razón de 122,75 euros al día desde el
      31.10.2003 hasta el pago íntegro de la deuda.                       Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2003 contra la
                                                                          República Italiana por la Comisión de las Comunidades
c)    las costas del presente procedimiento.                                                           Europeas
                                                                                (Asunto C-525/03)
Motivos y principales alegaciones                                                                   (2004/C 59/11)
a)    Obligación de devolver la cantidad indebidamente abo-
      nada por la Comisión.
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 16 de diciembre de 2003 un recurso contra
b)    Fecha de devengo de los intereses.
                                                                          la República Italiana, formulado por la Comisión de las
                                                                          Comunidades Europeas, representada por los Sres. Klaus
                                                                          Wiedner y Claudio Loggi, en calidad de agentes.


title: Asunto C-604/15 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de julio de 2016 — Ana Pérez Gutiérrez/Comisión Europea (Recurso de casación — Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículo 181 — Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea — Salud pública — Fotografías propuestas por la Comisión Europea como advertencias sanitarias en los envases de tabaco — Utilización no autorizada de la imagen de una persona fallecida)

text:
               19.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 343/15

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de julio de 2016 — Ana Pérez Gutiérrez/Comisión Europea
   (Asunto C-604/15 P) (1)

   ((Recurso de casación - Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Artículo 181 - Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea - Salud pública - Fotografías propuestas por la Comisión Europea como advertencias sanitarias en los envases de tabaco - Utilización no autorizada de la imagen de una persona fallecida))
   (2016/C 343/23)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Ana Pérez Gutiérrez (representante: J. Soler Puebla, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: J. Baquero Cruz y J. Tomkin, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la Sra. Ana Pérez Gutiérrez.

      (1)  DO C 38 de 1.2.2016.


title: Asunto C-351/13: Recurso interpuesto el 25 de junio de 2013 — Comisión Europea/República Helénica

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/27

         Recurso interpuesto el 25 de junio de 2013 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-351/13)
   2013/C 260/48
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Marcoulli y B. Schima)

      Demandada: República Helénica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 5, apartado 2, de la Directiva 1999/74/CE, del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, (1) al no haber garantizado que, a partir del 1 de enero de 2012, la cría de gallinas ponedoras no se realice en jaulas que no cumplan los requisitos establecidos.

               —

               Que se condene en costas a la República Helénica.

      Motivos y principales alegaciones

   El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 1999/74/CE prohíbe a partir del 1 de enero de 2012 la cría de gallinas ponedoras en jaulas que no cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, el artículo 3 de la Directiva 1999/74/CΕ destaca que los Estados miembros tienen la obligación de velar por que los propietarios y los poseedores de gallinas ponedoras apliquen empleen únicamente los sistemas de cría permitidos por la Directiva.
   La Comisión había llamado la atención de los Estados miembros sobre su obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva a partir de 2011. De los elementos aportados por la República Helénica se desprende que un número importante de propietarios y poseedores de instalaciones con gallinas ponedoras no estaría en condiciones de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/74/CΕ en la fecha de cumplimiento prevista en dicha norma.
   De los datos aportados por la República Helénica en el marco del procedimiento administrativo previo, así como de más recientes actualizaciones de esos datos, se desprende que dicho Estado aún no ha dado cumplimiento a las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 5, apartado 2, de la Directiva 1999/74/CΕ.

      (1)  DO L 203, de 3.8.1999, pp. 53-57.


title: AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 15 de julio de 1998 en el asunto T-115/94 (92), Opel Austria GmbH contra Consejo de la Unión Europea (Tasación de costas)

text:
7.11.98              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 340/21
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                         como la indemnización de los danÄos y perjuicios sufridos
                   de 15 de julio de 1998                         por ello, el Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
                                                                  dades Europeas (Sala Segunda), integrado por los Sres.: A.
en el asunto T-115/94 (92), Opel Austria GmbH contra              Kalogeropoulos, Presidente; C. W. Bellamy y J. Pirrung,
              Consejo de la Unión Europea (1)                     Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 15 de sep-
                    (Tasación de costas)                          tiembre de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:
                       (98/C 340/39)                              1) Se desestima el recurso.
             (Lengua de procedimiento: ingleÂs)                   2) Se condena en costas a la parte demandante.
En el asunto T-115/94 (92), Opel Austria GmbH, anterior-          (1) DO C 229 de 2.9.1995.
mente General Motors Austria GmbH, con domicilio en
Viena, representada por los Sres. Dirk Vandermeersch,
Abogado de Bruselas, y Till Müller-Ibold, Abogado de
Francfort del Meno, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho de Me Arendt y Medernach, 8-                  AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
10, rue Mathias Hardt, contra Consejo de la Unión Euro-                           de 21 de septiembre de 1998
pea (Agentes: Sres. Byarne Hoff-Nielsen, Hans-Jürgen
Rabe y Georg M. Berrisch), que tiene por objeto una soli-         en el asunto T-237/97, Nicolaos Progoulis contra Comi-
citud de tasación de costas presentada a resultas de la sen-                 sión de las Comunidades Europeas (1)
tencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de enero de                         (Inadmisibilidad manifiesta)
1997, Opel Austria/Consejo (T-115/94, Rec. p. II-39), el
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                         (98/C 340/41)
Europeas (Sala Cuarta), integrado por la Sra. P. Lindh,
Presidenta, y los Sres. K. Lenaerts y J. D. Cooke, Jueces;                     (Lengua de procedimiento: franceÂs)
Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 15 de julio de 1998        En el asunto T-237/97, Nicolaos Progoulis, funcionario de
un auto resolviendo lo siguiente:                                 la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
                                                                  en Bruselas, representado por los Sres. Vassilis Akritidis y
Se fija en 4 000 000 de BFR la cuantía total de las costas
                                                                  Konstantinos Adamantopoulos, Abogados de Atenas, que
que el Consejo deberaÂ reembolsar a la parte demandante.
                                                                  designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
                                                                  Me ArseÁne Kronshagen, 12, Boulevard de la Foire, contra
(1) DO C 132 de 14.5.1994.
                                                                  Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres.
                                                                  Gianluigi Valsesia y Julian Currall y Sra. Florence Clotu-
                                                                  che), que tiene por objeto una solicitud de anulación de la
                                                                  decisión de la Comisión, de 13 de mayo de 1997, por la
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                         que se desestima la reclamación dirigida contra la decisión
                                                                  denegatoria de la solicitud de nueva clasificación del
                de 15 de septiembre de 1998                       demandante, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Pri-
en el asunto T-136/95, Industria del Frío Auxiliar Conser-        mera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf, Presidente; J.
vera SA contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)           Pirrung y P. Mengozzi, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha
                                                                  dictado el 21 de septiembre de 1998 un auto resolviendo
(Policía sanitaria Ð Medidas de salvaguardia Ð Decisión           lo siguiente:
95/119/CE Ð Principio de seguridad jurídica Ð Principio
de protección de la confianza legítima Ð Principio de pro-        1) Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
porcionalidad Ð Principio de igualdad de trato Ð Motiva-
                ción Ð Desviación de poder)                       2) El demandante cargaraÂ con sus propias costas.
                       (98/C 340/40)
                                                                  (1) DO C 7 de 10.1.1998.
            (Lengua de procedimiento: espanÄol)
En el asunto T-136/95, Industria del Frío Auxiliar Conser-
vera SA, con domicilio social en Bermeo (EspanÄa), repre-
sentada por el Sr. Ignacio SaÂenz-Cortabarría FernaÂndez y           AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
por la Sra. Marta Morales Isasi, Abogados del Ilustre                              de 9 de septiembre de 1998
Colegio del SenÄorío de Vizcaya, que designa como domici-         en el asunto T-269/97, Azienda Agricola Tre e Mezzo
lio en Luxemburgo el despacho de Me Guy Harles, 8-10,                  contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
rue Mathias Hardt, contra Comisión de las Comunidades
Europeas (Agentes: Sr. JoseÂ Luis Iglesias Buhigues y Sra.        (Agricultura Ð Recurso de anulación de un reglamento de
Blanca VilaÂ Costa), que tiene por objeto una solicitud de                     alcance general Ð Inadmisibilidad)
anulación de la Decisión 95/119/CE de la Comisión, de 7                                  (98/C 340/42)
de abril de 1995, relativa a ciertas medidas de protección
respecto a los productos pesqueros originarios de Japón                       (Lengua de procedimiento: italiano)
(DO L 8 de 8.4.1995, p. 56), en cuanto dichas medidas
afectan a los productos pesqueros en fase de transporte           En el asunto T-269/97, Azienda Agricola Tre e Mezzo,
hacia la Comunidad en el momento de su publicación, así           establecida en Forlì (Italia), y Carlo Bazzocchi, con domi-


title: Asunto C-288/13 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de mayo de 2013 por Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, S.A., Bilbaína de Alquitranes, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima ampliada) dictada el 7 de marzo de 2013 en el asunto T-94/10, Rütgers Germany GmbH y otros/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/16

         Recurso de casación interpuesto el 27 de mayo de 2013 por Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, S.A., Bilbaína de Alquitranes, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima ampliada) dictada el 7 de marzo de 2013 en el asunto T-94/10, Rütgers Germany GmbH y otros/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
   (Asunto C-288/13 P)
   2013/C 252/24
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, S.A., Bilbaína de Alquitranes, S.A. (representante: K. Van Maldegem, avocat)

      Otra parte en el procedimiento: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-94/10.

               —

               Que se anule la decisión ED/68/2009 de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («ECHA») («decisión impugnada») por la que se identifica al aceite de antraceno como una sustancia que debe incluirse en la lista de sustancias candidatas con arreglo al artículo 59 del Reglamento (CE) no 1907/2006 («REACH»). (1)

               —

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que resuelva el recurso de anulación de las recurrentes.

               —

               Que se condene a la recurrida a cargar con las costas de estos procedimientos (incluidas las costas ante el Tribunal General).

      Motivos y principales alegaciones

   Las recurrentes sostienen que al desestimar su solicitud de anulación parcial relativa a la decisión impugnada, el Tribunal General infringió el Derecho de la Unión. En concreto, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en numerosos errores al interpretar el marco jurídico aplicable a su situación. Eso se tradujo en numerosos errores de Derecho por parte del Tribunal General; en concreto:

               —

               al considerar que el asunto se refería a hechos de carácter científico y técnico de gran complejidad y que la identificación del aceite de antraceno como sustancia que tiene propiedades PBT y mPmB sobre la base de sus componentes en una concentración de al menos el 0,1 % no adolecía de error manifiesto;

               —

               los componentes no tienen que identificarse individualmente como sustancias que tienen propiedades PBT o mPmB por una decisión separada de la ECHA sobre la base de una evaluación en profundidad con tal fin;

               —

               no se infringió ni el artículo 59, apartado 3, ni el anexo XV del REACH por no incluir información acerca de sustancias alternativas en el anexo XV del expediente; y

               —

               no se vulneró el principio de igualdad de trato.

         Por estos motivos, las recurrentes sostienen que tanto la sentencia del Tribunal General en el asunto T-94/10 como la decisión impugnada deben ser anuladas.

      (1)  Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).


title: Asunto C-226/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de julio de 2016 — Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Carolus C. BVBA (Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión English pink — Oposición del titular de la marca denominativa PINK LADY y de las marcas figurativas que incluyen los elementos denominativos «Pink Lady» — Desestimación de la oposición — Resolución de un tribunal de marcas de la Unión Europea — Modificación — Fuerza de cosa juzgada)

text:
               19.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 343/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de julio de 2016 — Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Carolus C. BVBA
   (Asunto C-226/15 P) (1)

   ((Recurso de casación - Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca denominativa de la Unión English pink - Oposición del titular de la marca denominativa PINK LADY y de las marcas figurativas que incluyen los elementos denominativos «Pink Lady» - Desestimación de la oposición - Resolución de un tribunal de marcas de la Unión Europea - Modificación - Fuerza de cosa juzgada))
   (2016/C 343/09)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrentes: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (representantes: T. de Haan, abogado, P. Péters, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: J. Crespo Carrillo, agente), Carolus C. BVBA

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Apple and Pear Australia Ltd y Star Fruits Diffusion.

      (1)  DO C 254 de 3.8.2015.


title: Asunto C-16/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) el 11 de enero de 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications y British Telecommunications PLC

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/40

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) el 11 de enero de 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications y British Telecommunications PLC
   (Asunto C-16/10)
   2010/C 63/63
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd

      Demandadas: Office of Communications y British Telecommunications PLC

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               La facultad concedida a los Estados miembros por el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE (1) («Directiva servicio universal»), en relación con el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (2) («Directiva marco»), el artículo 3, apartado 2, y el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2002/20/CE (3) («Directiva autorización») y el artículo 3, apartado 2, de la Directiva servicio universal y otras disposiciones relevantes de Derecho comunitario, para designar a una o más empresas con el fin de garantizar la prestación de un servicio universal, o de diferentes elementos del servicio universal, según se define en los artículos 4, 5, 6, 7 y 9, apartado 2, de la Directiva servicio universal, ¿debe interpretarse en el sentido de que:

                           a)

                           autoriza al Estado miembro, cuando decida designar a una empresa en virtud de dicha disposición, sólo para imponer obligaciones específicas a dicha empresa, que exigen que ella misma preste el servicio universal para el que ha sido designada, o un elemento de éste, a los usuarios finales; o bien

                           b)

                           autoriza al Estado miembro, cuando decida designar a una empresa en virtud de dicha disposición, para imponer a la empresa designada las obligaciones específicas que considere más eficaces, apropiadas y proporcionadas al objetivo de garantizar la prestación del servicio universal, o un elemento del mismo, a los usuarios finales, independientemente de que dichas obligaciones exijan o no a la empresa designada que preste ella misma el servicio universal o un elemento del mismo?

               2)

               Cuando se designe a una empresa conforme al artículo 8, apartado 1, de la Directiva servicio universal en relación con el artículo 5, apartado 1, letra b), de ésta (servicio general de información sobre números de teléfono de los abonados), sin exigir que preste dicho servicio directamente a los usuarios finales, ¿autorizan las disposiciones antes citadas, interpretadas a la luz del artículo 3, apartado 2, de la Directiva servicio universal, a los Estados miembros, para imponer las siguientes obligaciones específicas a la empresa designada:

                           a)

                           mantener y actualizar una base de datos general de información sobre los abonados;

                           b)

                           poner a disposición de cualquier persona, que tenga la intención de prestar un servicio de información sobre números de abonados o guía telefónica disponible para el público, el contenido de la base de datos general de información sobre los abonados, en formato susceptible de lectura mecánica, actualizado regularmente (independientemente de que esa persona pretenda o no prestar un servicio general de información sobre números de abonados al usuario final); y

                           c)

                           suministrar a dicha persona la base de datos en condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias?

      (1)  Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51).

      (2)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33).

      (3)  Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21).


title: Asunto T-636/16: Recurso interpuesto el 5 de septiembre de 2016 — Starbucks y Starbucks Manufacturing Emea/Comisión

text:
               12.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/25

         Recurso interpuesto el 5 de septiembre de 2016 — Starbucks y Starbucks Manufacturing Emea/Comisión
   (Asunto T-636/16)
   (2016/C 462/32)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, Estados Unidos) y Starbucks Manufacturing Emea BV (Ámsterdam, Países Bajos) (representantes: S. Verschuur, M. Petite y M.A. Stroungi, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule los artículos 1 a 4 de la decisión de la Comisión de 21 de octubre de 2015 relativa a la ayuda estatal SA.38374 (2014/C, anteriormente 2014/NN) otorgada por los Países Bajos a Starbucks («decisión impugnada»).

               —

               Con carácter subsidiario, anule el artículo 2, apartado 1, de la decisión impugnada.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, por cuanto la Comisión, al interpretar y aplicar el marco de referencia para apreciar si el Acuerdo previo sobre precios de transferencia («APP») conlleva una ventaja selectiva, incurrió en error material de Derecho y en error manifiesto de apreciación.

               2.

               Segundo motivo, basado de nuevo en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, por cuanto la Comisión, al concluir indebidamente que el APP conlleva una ventaja, incurrió en errores manifiestos de apreciación y de hecho, omitió efectuar un examen diligente e imparcial y formuló una motivación insuficiente.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo, (1) en la medida en que la Comisión cuantificó erróneamente la presunta ayuda incurriendo en error material de Derecho y en error manifiesto de apreciación.

      (1)  Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).


title: Asunto T-252/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 29 de julio de 2010 — Cross Czech/Comisión ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Sexto programa marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración — Escrito que confirma las conclusiones de una auditoría financiera — Demanda de suspensión de la ejecución — Incumplimiento de los requisitos formales — Inadmisibilidad» )

text:
               25.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/14

         Auto del Presidente del Tribunal General de 29 de julio de 2010 — Cross Czech/Comisión
   (Asunto T-252/10 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Sexto programa marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración - Escrito que confirma las conclusiones de una auditoría financiera - Demanda de suspensión de la ejecución - Incumplimiento de los requisitos formales - Inadmisibilidad)
   2010/C 260/19
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Cross Czech a.s. (Praga) (representante: T. Schollaert, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y W. Roels, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución del escrito de la Comisión de 12 de marzo de 2010 por el que se confirman las conclusiones de la auditoría relativa a los informes de costes presentados por la demandante correspondientes al período comprendido entre el 1 de febrero de 2005 y el 30 de abril de 2008 en relación con los proyectos eMapps.com, CEEC IST NET y Transfer-East.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-311/16: Recurso interpuesto el 21 de junio de 2016 — Siemens Industry Software/Comisión

text:
               22.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 305/41

         Recurso interpuesto el 21 de junio de 2016 — Siemens Industry Software/Comisión
   (Asunto T-311/16)
   (2016/C 305/56)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Siemens Industry Software (Lovaina, Bélgica) (representantes: H. Gilliams y J. Bocken, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 11 de enero de 2016, relativa al régimen de ayuda de Estado de la exención de los beneficios excedentarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), ejecutada por el Reino de Bélgica.

               —

               Con carácter subsidiario, anule los artículos 2 a 4 de la Decisión.

               —

               En cualquier caso, anule los artículos 2 a 4 de dicha Decisión, en cuanto esos artículos a), exigen la recuperación a cargo de entidades distintas de las que obtuvieron una decisión sobre beneficios excedentarios que define la Decisión, y b), ordena la recuperación de una suma igual al importe del impuesto no pagado por el beneficiario, sin permitir que Bélgica tenga en cuenta un ajuste al alza realizado por otra administración fiscal.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación, una infracción legal y una falta de motivación, en cuanto la Decisión de la Comisión de 11 de enero de 2016, relativa al régimen de ayuda de Estado de la exención de los beneficios excedentarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), ejecutada por el Reino de Bélgica constata la existencia de un régimen de ayuda.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE y de la obligación de motivación y en un error manifiesto de apreciación, en cuanto la Decisión impugnada califica el régimen considerado como medida selectiva.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE y en un error manifiesto de apreciación, en cuanto la Decisión impugnada afirma que el régimen considerado da lugar a una ventaja.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, la vulneración de la confianza legítima, un error manifiesto de apreciación, una infracción legal y una falta de motivación, en cuanto la Decisión impugnada ordena que el Reino de Bélgica recupere la ayuda.


title: Archivo del asunto C-156/05

text:
               24.12.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 330/14

         Archivo del asunto C-156/05 (1)

   (2005/C 330/36)

      (Lengua de procedimiento: griego)

   Mediante auto de 26 de septiembre de 2005, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha resuelto archivar el asunto C-156/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica.

      (1)  DO C 132, de 28.5.05.


title: Asunto T-237/07: Recurso interpuesto el 26 de junio de 2007 — CityLine Hungary/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/41

         Recurso interpuesto el 26 de junio de 2007 — CityLine Hungary/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-237/07)
   (2007/C 211/78)
   Lengua de procedimiento: húngaro
   Partes

      Demandante: CityLine Hungary Kft. (Vecsés, Hungría) (representante: Á. Menyhei, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el artículo 2 quater, apartado 1, del Reglamento no 375/2007 de 30 de marzo de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de abril de 2007.

               —

               Que se condene a la demandada al pago de todas las costas relativas al procedimiento, incluidos los honorarios de abogados.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna el artículo 2 quater, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1702/2003, en su versión modificada mediante el Reglamento (CE) no 375/2007 (1). Este artículo regula la continuidad de las operaciones de determinadas aeronaves matriculadas en los Estados miembros.
   La demandante, que se dedica al transporte aéreo de diversas mercancías, sostiene que las disposiciones impugnadas del Reglamento no 375/2007 le afectan directa e individualmente.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que el artículo 2 quater del Reglamento no 375/2007 vulnera el principio general del Derecho de seguridad jurídica. Según la demandante, el Reglamento impugnado vincula el requisito de operabilidad de las aeronaves a un hecho ocurrido en el pasado, en particular, a la matriculación anterior a la adhesión a la Unión del Estado considerado, circunstancia que, en el presente caso, manifiestamente no era previsible para el círculo de afectados.
   La demandante también alega que el artículo impugnado del Reglamento no 375/2007 vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 CE. A este respecto, la demandante sostiene que la disposición impugnada constituye una restricción desproporcionada para las personas cuyas aeronaves fueron matriculadas en un Estado miembro después de la adhesión. En su opinión, este artículo introduce disposiciones y un sistema de requisitos innecesarios e irrelevantes desde el punto de vista de la seguridad aérea y va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos establecidos en el Tratado CE.

      (1)  Reglamento (CE) no 375/2007 de la Comisión, de 30 de marzo de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 1702/2003 por el que se establecen las disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad y medioambiental de las aeronaves y los productos, componentes y equipos relacionados con ellas, así como sobre la certificación de las organizaciones de diseño y de producción (DO L 94, p. 32).


title: Asunto C-423/06: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

text:
               12.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 92/24

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-423/06) (1)

   (2008/C 92/46)

      Lengua de procedimiento: polaco

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 326 de 30.12.2006.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999 en el asunto T-266/97: Vlaamse Televisie Maatschappij NV contra Comisión de las Comunidades Europeas («Artículo 90, apartado 3, del Tratado CE (actualmente, artículo 86, apartado 3 CE) - Derecho a ser oído - Artículo 90, apartado 1 del Tratado CE (actualmente, artículo 86, apartado 1 CE), en relación con el artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) - Derecho exclusivo de emitir publicidad televisada en Flandes»)

text:
2.10.1999              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 281/13
                                                    TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                      de 19 de julio de 1999
                                                                                de 8 de julio de 1999
en el asunto T-168/97, Daniel Varas Carrión contra
               Consejo de la Unión Europea (1)
                                                                        en el asunto T-266/97: Vlaamse Televisie Maatschappij NV
                                                                              contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
(Funcionarios — Oposición General — No admisión a las
            pruebas — Conocimientos lingüı́sticos)
                                                                        («Artı́culo 90, apartado 3, del Tratado CE (actualmente,
                                                                        artı́culo 86, apartado 3 CE) — Derecho a ser oı́do —
                         (1999/C 281/24)                                Artı́culo 90, apartado 1 del Tratado CE (actualmente, artı́-
                                                                        culo 86, apartado 1 CE), en relación con el artı́culo 52 del
                                                                        Tratado CE (actualmente artı́culo 43 CE, tras su modifica-
                                                                        ción) — Derecho exclusivo de emitir publicidad televisada en
                 (Lengua de procedimiento: francés)                                                 Flandes»)
En el asunto T-168/97, Daniel Varas Carrión, con domicilio
en Barcelona (España), representado por Me Marianne Droinet,                                   (1999/C 281/25)
Abogada de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem-
burgo el despacho de Me Albert Moro, 6, rue Heinrich Heine,
contra Consejo de la Unión Europea (Agentes: las Sras. Thérèse
Blanchet et Ana Ramı́rez Fueyo), que tiene por objeto una
demanda de anulación de la Decisión del tribunal de la                              (Lengua de procedimiento: neerlandés)
oposición CONS/C/374 de 18 de marzo de 1997, por la que
no se permitió al demandante participar en las pruebas de
dicha oposición, de la Decisión inicial del mismo tribunal de
19 de diciembre de 1996 y las pruebas que tuvieron lugar el             En el asunto T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV,
26 de abril de 1997, el Tribunal de Primera Instancia (Sala             con domicilio social en Vilvoorde (Bélgica), representada por
segunda), integrado por los Sres.: A. Potocki, Presidente;              los Sres. Francis Herbert y Dirk Arts, Abogados de Bruselas,
C. W. Bellamy y M. Vilaras, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung; ha         que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
dictado el 19 de julio de 1999 una sentencia cuyo fallo es el           Sr. Carlos Zeyen, 56-58, rue Charles Martel, contra Comisión
siguiente:                                                              de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. Wouter Wils), que
                                                                        tiene por objeto la anulación de la Decisión 97/606/CE de la
                                                                        Comisión, de 26 de junio de 1997, con arreglo al artı́culo 90,
1) No procede pronunciarse sobre la demanda de anulación de la         apartado 3, del Tratado CE, relativa al derecho exclusivo de
    Decisión del tribunal de la oposición CONS/C/374 de 19 de         emitir publicidad televisada en Flandes (DO L 244, p. 18), el
    diciembre de 1996.                                                  Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada), inte-
                                                                        grado por los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente; C. W. Bellamy,
                                                                        J. Pirrung, A.W.H. Meij y M. Vilaras, Jueces; Secretario:
2) Se anula la Decisión del tribunal de la oposición CONS/C/374       Sr. A. Mair; administrador, ha dictado el 8 de julio de 1999
    de 18 de marzo de 1997, por la que no se permitió al               una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
    demandante participar en las pruebas de dicha oposición.
                                                                        1) Se desestima el recurso.
3) Se desestima el recurso en todo lo demás.
4) Se condena en costas al Consejo.                                     2) Se condena en costas al la parte demandante.
                                                                        (1) DO C 370 de 6.12.97.
(1) DO C 228 de 26.7.97.


title: Asunto C-77/12 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de febrero de 2012 por Deutsche Post AG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 8 de diciembre de 2011 en el asunto T-421/07, Deutsche Post AG/Comisión Europea

text:
               21.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/18

         Recurso de casación interpuesto el 14 de febrero de 2012 por Deutsche Post AG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 8 de diciembre de 2011 en el asunto T-421/07, Deutsche Post AG/Comisión Europea
   (Asunto C-77/12 P)
   2012/C 118/29
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Deutsche Post AG (representantes: J. Sedemund y T. Lübbig, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule totalmente la sentencia recurrida del Tribunal General (Sala Octava) de 8 de diciembre de 2011, en el asunto T-421/07.

               —

               Condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En el presente recurso se trata fundamentalmente de resolver la cuestión de si una decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal previsto en los artículos 108 TFUE, apartado 2, y 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999, constituye una decisión recurrible en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y qué requisitos deben concurrir para ello. En particular, se plantea la cuestión de si la citada decisión de incoación produce también efectos jurídicos autónomos vinculantes más allá de una decisión de incoar el procedimiento adoptada anteriormente, que supuestamente se refería a las mismas medidas de ayuda.
   Según la recurrente, el Tribunal declaró, en esencia, la inadmisibilidad de ese recurso basándose en que la decisión de incoación de 2007, C 36/07 (ex NN 25/07), impugnada en el presente asunto, se refería a las mismas medidas que ya habían sido objeto de una decisión de incoación de 1999, C 61/99 (ex NN 153/96), previa a la decisión de incoación impugnada. El hecho de que ya cinco años antes, en el procedimiento de investigación anterior al presente procedimiento principal de investigación formal, se hubiera adoptado una decisión negativa, en el sentido del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CE) no 659/1999, no afecta a esa apreciación, dado que esa decisión negativa dio por concluido el procedimiento de investigación formal sólo parcialmente.
   La recurrente alega los cuatro motivos siguientes:

               1)

               En su opinión, el Tribunal General ignoró, en la sentencia recurrida en casación, que la decisión de incoación de 2007 controvertida producía efectos jurídicos autónomos, en la medida en que esa decisión de incoar el procedimiento se refería a medidas en materia de ayudas de Estado cuyo alcance era mayor que el de las medidas que la Comisión impugnó en su decisión de 1999 de incoar el procedimiento. Además, el procedimiento principal de investigación, que se inició en 1999, concluyó definitivamente mediante una decisión negativa de 2002 (2002/753/CE), por lo que la decisión de 1999 de incoar el procedimiento no podía seguir produciendo ningún efecto jurídico. Al no declarar la admisibilidad del presente recurso, el Tribunal General infringió el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, ya que, con arreglo a esa norma, toda decisión que produzca efectos jurídicos autónomos debe poder estar sujeta a control.

               2)

               En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no apreciar correctamente el alcance de la violación por parte de la Comisión de los principios de protección de la confianza legítima, de seguridad jurídica y de buena administración y al no reconocer los efectos de la misma sobre el procedimiento de investigación controvertido. Para el Tribunal, la Comisión no incurrió en error de Derecho cuando, sin realizar aclaraciones suficientes al Gobierno alemán ni a la recurrente, consideró que el procedimiento de investigación formal incoado en 1999 no había concluido en todos sus aspectos y decidió reiniciar dicho procedimiento cinco años más tarde después de su conclusión formal.

               3)

               En tercer lugar, el hecho de que, en el presente litigio, el Tribunal General negara a la recurrente cualquier vía de recurso directa contra la decisión de 2007 de incoar el procedimiento constituye una denegación de justicia, que vulnera directamente el principio fundamental de tutela judicial efectiva que se reconoce a la recurrente en el artículo 6 TUE, apartado 1, en relación con lo dispuesto en el artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6 TUE, apartado 3, en relación con lo dispuesto en el artículo 6, apartado1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

               4)

               En cuarto lugar, el Tribunal General no aportó ninguna explicación en la motivación de la sentencia respecto a los dos puntos expuestos anteriormente, que se omiten completamente en la sentencia recurrida. Como consecuencia de esa omisión, el Tribunal incumplió la obligación de motivación que le incumbe, que resulta del principio del Estado de Derecho.


title: Asunto T-912/16: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2016 — RRTec/EUIPO — Mobotec (RROFA)

text:
               27.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/34

         Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2016 — RRTec/EUIPO — Mobotec (RROFA)
   (Asunto T-912/16)
   (2017/C 063/46)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: polaco

      Partes

      Recurrente: RRTec sp. z o.o. (Gliwice, Polonia) (representante: T. Gawrylczyk, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Mobotec AB (Gotemburgo, Suecia)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante: Parte recurrente

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «RROFA» — Solicitud de registro n.o 12699534

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 5 de octubre de 2016 en el asunto R 2392/2015-1

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto T-47/17: Auto del Tribunal General de 8 de marzo de 2017 — Yotrio Group/EUIPO (Colocación de un aro verde en un pie de apoyo)

text:
               26.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 202/28

         Auto del Tribunal General de 8 de marzo de 2017 — Yotrio Group/EUIPO (Colocación de un aro verde en un pie de apoyo)
   (Asunto T-47/17) (1)

   (2017/C 202/47)
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 95 de 27.3.2017.


title: Asunto C-254/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de julio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italia) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria ( Petición de decisión prejudicial — Directiva 2006/12/CE — Artículo 15, letra a) — Reparto de los costes de eliminación de residuos que no está en función de la producción efectiva de éstos — Compatibilidad con el principio quien contamina, paga )

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de julio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italia) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria
   (Asunto C-254/08) (1)

   («Petición de decisión prejudicial - Directiva 2006/12/CE - Artículo 15, letra a) - Reparto de los costes de eliminación de residuos que no está en función de la producción efectiva de éstos - Compatibilidad con el principio “quien contamina, paga”»)
   2009/C 220/21
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl

      Demandada: Comune di Casoria

      Otra parte interesada: Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Interpretación del artículo 15 de la Directiva 2006/12/CE del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (DO L 114, p. 9) — Sistema nacional que no distribuye el coste de la eliminación de los residuos en función de la producción de residuos o de su posesión con vistas a entregarlos a una empresa de recogida o a una que se ocupe de eliminarlos — Compatibilidad con el principio «quien contamina, paga».

      Fallo

   El artículo 15, letra a), de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos, debe interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho comunitario, no se opone a una normativa nacional que establece, a efectos de la financiación de un servicio de gestión y eliminación de residuos urbanos, una tasa calculada sobre la base de una evaluación del volumen de residuos generado por los usuarios de dicho servicio y no sobre la base de la cantidad de residuos que realmente han generado y entregado para su recogida.
   No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, basándose en los elementos de hecho y de Derecho que se le han presentado, si la tasa para la eliminación de los residuos sólidos urbanos internos de que se trata en el litigio principal lleva a imputar a determinados «poseedores», en el caso de autos los establecimientos hoteleros, unos costes manifiestamente desproporcionados respecto de los volúmenes o de la naturaleza de los residuos que pueden generar.

      (1)  DO C 209, de 15.8.2008.


title: Asunto F-4/07: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 21 de febrero de 2008 — Skoulidi/Comisión (Función pública — Funcionarios — Intercambio de funcionarios entre la Comisión y los Estados miembros — Puesta a disposición de un funcionario comunitario en favor de la administración helénica — Denegación — Recurso de indemnización — Perjuicio moral — Procedimiento administrativo previo — Admisibilidad — Requisitos de fondo para generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad)

text:
               12.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 92/47

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 21 de febrero de 2008 — Skoulidi/Comisión
   (Asunto F-4/07) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Intercambio de funcionarios entre la Comisión y los Estados miembros - Puesta a disposición de un funcionario comunitario en favor de la administración helénica - Denegación - Recurso de indemnización - Perjuicio moral - Procedimiento administrativo previo - Admisibilidad - Requisitos de fondo para generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad)
   (2008/C 92/94)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bruselas, Bélgica) (representante: G. Vandersanden, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Marin y M. Velardo, agentes)
   Objeto
   Recurso de indemnización del perjuicio moral sufrido por la demandante a causa de la decisión de 28 de marzo de 2006 adoptada por la AFPN, que no autoriza el traslado en comisión de servicios al Ministerio griego de educación nacional y de los cultos, en el marco del intercambio de funcionarios entre la Comisión y los Estados miembros.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 56 de 10.3.2007, p. 44.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de julio de 2004 en el asunto C-315/02 (petición de decisión prejudicial del Verwaltungsgerichtshof):Anneliese Lenz contra Finanzlandesdirektion für Tirol (Libre circulación de capitales — Impuesto sobre los rendimientos del capital — Rendimientos del capital de origen austriaco: tipo de gravamen del 25 % con efecto liberatorio o tipo equivalente a la mitad del tipo de gravamen medio aplicable al conjunto de la renta — Rendimientos del capital procedentes de otro Estado miembro: tipo de gravamen ordinario)

text:
               11.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/5

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 15 de julio de 2004
   en el asunto C-315/02 (petición de decisión prejudicial del Verwaltungsgerichtshof):Anneliese Lenz contra Finanzlandesdirektion für Tirol (1)

   (Libre circulación de capitales - Impuesto sobre los rendimientos del capital - Rendimientos del capital de origen austriaco: tipo de gravamen del 25 % con efecto liberatorio o tipo equivalente a la mitad del tipo de gravamen medio aplicable al conjunto de la renta - Rendimientos del capital procedentes de otro Estado miembro: tipo de gravamen ordinario)
   (2004/C 228/10)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-315/02 que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Anneliese Lenz y Finanzlandesdirektion für Tirol, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 73 B y 73 D del Tratado CE (actualmente artículos 56 CE y 58 CE), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas y S. von Bahr, la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. K. Lenaerts (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sra. M.-F. Contet, administradora principal; ha dictado el 15 de julio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Los artículos 73 B y 73 D, apartados 1 y 3, del Tratado CE (actualmente artículos 56 CE y 58 CE, apartados 1 y 3, respectivamente) se oponen a una normativa que permite elegir entre el impuesto de carácter liberatorio a un tipo del 25 % y el impuesto ordinario sobre la renta con aplicación de un tipo reducido a la mitad únicamente a los titulares de rendimientos de capital de origen austriaco, mientras que prevé que los rendimientos de capital procedentes de otros Estados miembros quedan sujetos necesariamente al impuesto ordinario sobre la renta sin reducción del tipo.

               2)

               La negativa a conceder a los titulares de rendimientos del capital procedentes de otros Estados miembros las ventajas fiscales concedidas a los titulares de rendimientos del capital de origen austriaco no puede justificarse por la circunstancia de que los rendimientos de las sociedades establecidas en otros Estados miembros estén sujetos en éstos a una imposición poco elevada.

      (1)  DO C 261 de 26.10.2002.


title: Asunto C-465/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de diciembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Libre prestación de servicios — Derecho de establecimiento — Profesión de agente de seguridad — Servicios de seguridad privada — Juramento de fidelidad a la República Italiana — Autorización prefectoral — Establecimiento de explotación — Plantilla mínima — Depósito de una fianza — Control administrativo de los precios de los servicios prestados)

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de diciembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-465/05) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Libre prestación de servicios - Derecho de establecimiento - Profesión de agente de seguridad - Servicios de seguridad privada - Juramento de fidelidad a la República Italiana - Autorización prefectoral - Establecimiento de explotación - Plantilla mínima - Depósito de una fianza - Control administrativo de los precios de los servicios prestados)
   (2008/C 51/18)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Traversa y E. Montaguti, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: I.M. Braguglia, agente, y D. Del Gaizo, avocato dello Stato)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 43 CE y 49 CE — Requisitos para ejercer la profesión de guarda privado de seguridad — Obligación de prestar un juramento de fidelidad a la República Italiana — Obligación de conseguir una autorización del Prefecto
   Fallo

               1)

               Declarar que, al disponer, en el marco del texto único de las Leyes sobre seguridad pública (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), aprobado mediante Real Decreto no 773, de 18 de junio de 1931, en su versión modificada, que:

                           —

                           la actividad de guarda privado únicamente puede ejercerse previa prestación de un juramento de fidelidad a la República Italiana, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE;

                           —

                           la actividad de seguridad privada únicamente puede ser ejercida por los prestadores de servicios domiciliados en otro Estado miembro previa concesión de una autorización del Prefetto de alcance territorial, sin que se tengan en cuenta las obligaciones a las que dichos prestadores están sujetos ya en el Estado miembro de origen, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE;

                           —

                           dicha autorización tiene una validez territorial limitada y que su concesión está supeditada a que se tengan en cuenta el número y la importancia de las empresas de seguridad privada que operan ya en el territorio de que se trate, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE;

                           —

                           las empresas de seguridad privada deben tener un establecimiento de explotación en cada provincia en la que ejerzan su actividad, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE;

                           —

                           el personal de las empresas debe ser autorizado individualmente para ejercer la actividad de seguridad privada, sin que se tengan en cuenta los controles y las verificaciones ya realizados en el Estado miembro de origen, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE;

                           —

                           las empresas de seguridad privada deben disponer de una plantilla mínima y/o máxima para ser autorizadas, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE;

                           —

                           las mismas empresas deben depositar una fianza en la Caja de Depósitos y Préstamos, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE;

                           —

                           los precios de los servicios de seguridad privada se fijan en la autorización del Prefetto con relación a un margen de variación previamente establecido, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 60 de 11.3.2006.


title: Asunto C-524/08: Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               24.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/20

         Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-524/08)
   (2009/C 19/36)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: N. Yerrell y P. Guerra e Andrade, agentes)

      Demandada: República Portuguesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/68/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 10 de diciembre de 2007.

      (1)  DO L 323, p. 1.


title: Asunto T-150/16: Recurso interpuesto el 6 de abril de 2016 — Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB)

text:
               13.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/57

      Recurso interpuesto el 6 de abril de 2016 — Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB)
      (Asunto T-150/16)
      (2016/C 211/71)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Ecolab USA (Wilmington, Delaware, Estados Unidos) (representantes: V. Töbelmann y C. Menebröcker, abogados)

         Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

         Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

         Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca «ECOLAB» — Solicitud de registro n.o 1180255

         Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 26 de enero de 2016 en el asunto R 644/2015-4

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la resolución impugnada.

                  —

                  Condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de la demandante.

         Motivos invocados

                  —

                  Infracción del artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 2, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.

                  —

                  Infracción de los principios de igualdad de trato y seguridad jurídica.

                  —

                  Infracción del artículo 75, primera frase, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.


title: Asunto C-462/10 P: Auto del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) (Recurso de casación — Mercados públicos de servicios — Licitación — Prestación de servicios de consultoría informática — Decisión de adjudicar el contrato a otro licitador — Criterios de selección y de atribución — Confusión de criterios — Ponderación de criterios — Copia íntegra del informe de evaluación — Motivación insuficiente)

text:
               14.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 109/2

         Auto del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA)
   (Asunto C-462/10 P) (1)

   (Recurso de casación - Mercados públicos de servicios - Licitación - Prestación de servicios de consultoría informática - Decisión de adjudicar el contrato a otro licitador - Criterios de selección y de atribución - Confusión de criterios - Ponderación de criterios - Copia íntegra del informe de evaluación - Motivación insuficiente)
   2012/C 109/02
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (representante: N. Korogiannakis, dikigoros)

      Otra parte en el procedimiento: Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) (representantes: J. Stuyck y A.-M. Vandromme, advocaten)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 8 de julio de 2010, Evropaïki Dynamiki/AEMA (T-331/06), mediante la cual el Tribunal General desestimó un recurso que tenía por objeto la anulación de la decisión de la Agencia Europea del Medio Ambiente de 14 de septiembre de 2006, por la que no se seleccionó la oferta presentada por la recurrente en casación en el marco de la licitación EEA/IDS/06/002, relativa a la prestación de servicios de consultoría informática (DO 2006/118-1125101), y la decisión de adjudicar el contrato a otro licitador — Criterios de atribución — Error de apreciación.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

      (1)  DO C 317, de 20.11.2010.


title: Asunto C-318/09 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de agosto de 2009 por A2A SpA, anteriormente ASM Brescia SpA, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava Ampliada) dictada el 11 de junio de 2009 en el asunto T-189/03, ASM Brescia SpA/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/37

         Recurso de casación interpuesto el 11 de agosto de 2009 por A2A SpA, anteriormente ASM Brescia SpA, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava Ampliada) dictada el 11 de junio de 2009 en el asunto T-189/03, ASM Brescia SpA/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-318/09 P)
   2009/C 267/68
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: A2A SpA, anteriormente ASM Brescia SpA, (representantes: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff, G. Pizzonia, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia dictada en el asunto T-189/03, por infracción del Derecho comunitario, concretamente del artículo 87 del Tratado CE, así como por falta de motivación, en la medida en que califica de ayuda de Estado la exención trienal del impuesto de sociedades (impuesto sobre los beneficios de las personas jurídicas).

               —

               Que se anule la sentencia por aplicación incorrecta y contradictoria del Derecho comunitario, en la medida en que no califica de ayuda existente la exención trienal del impuesto de sociedades.

               —

               Que se anule la sentencia por infracción del Derecho comunitario en la medida en que confirma la legalidad de la orden de recuperación contenida en la Decisión.

               —

               En consecuencia, que se declare la nulidad de la Decisión (1) en la medida en que afirma que el régimen transitorio de continuidad tributaria aplicable a las empresas de servicios públicos locales con accionariado mayoritariamente público (artículo 2 de la Decisión) constituye ayuda de Estado y es incompatible con el mercado común y/o en la medida en que exige que Italia recupere dichas ayudas de los beneficiarios (artículo 3 de la Decisión).

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               Mediante el primer motivo, A2A S.p.A. denuncia la infracción por parte del Tribunal de Primera Instancia del artículo 87 CE, apartado 1, así como falta de motivación, en la medida en que la sentencia califica de ayuda de Estado la exención trienal del impuesto de sociedades. En particular, según la recurrente, la Comisión no demostró en le Decisión que en el caso de autos concurran los dos requisitos previstos en el artículo 87 CE, apartado 1, es decir, el falseamiento de la competencia y los efectos sobre los intercambios comerciales intracomunitarios. Además, aduce que el Tribunal de Primera Instancia no verificó correctamente los presupuestos en los que la Comisión basó la calificación de «ayuda», como debería haber hecho conforme al criterio del control «completo» exigido por la jurisprudencia comunitaria.

               2)

               Mediante el segundo motivo, con carácter subsidiario, la recurrente alega la infracción por parte del Tribunal de Primera Instancia del artículo 88 CE y de la obligación de motivación y, en consecuencia, solicita que se anule la sentencia en la medida en que califica la exención trienal del impuesto de sociedades como «ayuda nueva». En particular, el Tribunal de Primera Instancia, repitiendo al pie de la letra las afirmaciones de la Comisión, negó que las medidas de moratoria trienal a favor de las empresas municipalizadas transformadas en sociedades por acciones pudieran ser consideradas «ayudas existentes». En cambio, si se tiene en cuenta que el régimen de exención del impuesto en cuestión, anterior a la entrada en vigor del Tratado CE, también se aplicaba a las empresas municipalizadas –que, como admitió la propia Comisión, son la misma entidad económica que las sociedades a las que se refiere la Ley 142/90– se llega a la solución opuesta.

               3)

               Por último, mediante el tercer motivo de casación y con carácter subsidiario ulterior, A2A solicita la anulación de la sentencia por infracción del Derecho comunitario y de sus principios, en la medida en que confirma la legalidad de la orden de recuperación contenida en la Decisión. Según la recurrente, la sentencia debe anularse en la medida en que, en contra de la jurisprudencia precedente de los Tribunales comunitarios, avala la legalidad de la orden genérica contenida en la Decisión y afirma sustancialmente la ausencia total de discrecionalidad de las autoridades nacionales.

      (1)  Decisión 2003/193/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público (DO 2003, L 77, p. 21).


title: Asunto T-360/12: Recurso interpuesto el 8 de agosto de 2012 — Vuitton Malletier/OAMI — Nanu-Nana (dibujo de un motivo a cuadros)

text:
               20.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/11

         Recurso interpuesto el 8 de agosto de 2012 — Vuitton Malletier/OAMI — Nanu-Nana (dibujo de un motivo a cuadros)
   (Asunto T-360/12)
   2012/C 319/20
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Louis Vuitton Malletier (París) (representantes: P. Roncaglia, G. Lazzaretti y N. Parrotta, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Berlín)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 16 de mayo de 2012 en el asunto R 1854/2011-1.

               —

               Condene a la OAMI al pago de las costas en las que ha incurrido la demandante durante este procedimiento.

               —

               Condene a Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG al pago de las costas en las que ha incurrido la demandante en el procedimiento ante la División de Anulación y ante la Sala de Recurso de la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto de la que se interpuso un recurso de anulación: Marca figurativa que consiste en el dibujo de un motivo a cuadros para productos de la clase 18 — Solicitud de marca comunitaria no 6.587.851

      Titular de la marca comunitaria: La demandante

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Motivación de la solicitud de nulidad: La otra parte en procedimiento ante la Sala de Recurso solicitó la declaración de nulidad de la marca comunitaria por motivos absolutos, basándose en el artículo 52, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b), c), d), e), inciso iii), y f), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo

      Resolución de la División de Anulación: Estimación íntegra de la solicitud de nulidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados:

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 3, y del artículo 52, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo.


title: Recurso interpuesto el 29 de mayo de 1997 por la República Portuguesa contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-204/97)

text:
12 . 7. 97                1 ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N° C 212/23
         mentó ( CEE ) n° 1408/71 , con otras exigencias o                 Recurso interpuesto el 27 de mayo de 1997 por la Comi
         requisitos no mencionados explícitamente en dicha                 sión de las Comunidades Europeas contra la República
         disposición ?                                                                           Federal de Alemania
                                                                                (Asunto C-203/97)
     b ) En caso de repuesta afirmativa :
                                                                                ( 97/C 212/43 )
          i)      ¿ pueden las autoridades de un Estado miembro
                 formular de forma autónoma dichas exigencias
                 o requisitos ?                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                           ha presentado el 27 de mayo de 1997 un recurso contra la
          ii ) para completar el concepto de « empresa de la               República Federal de Alemania formulado por la Comi
                 que dependa normalmente », contenido en la                sión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.
                 letra a ) del apartado 1 del artículo 14 del              Klaus-Dieter Borchardt, miembro del Servicio Jurídico de
                 Reglamento ( CEE) n° 1408/71 , ¿ pueden esta             la Comisión, que designa como domicilio en Luxemburgo
                  blecerse exigencias cuantitativas, basadas o no          el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
                 en la Decisión n° 128 ('), en relación con las            Servicio Jurídico de la Comisión Europea, Centro Wagner
                  actividades ejercidas, con el volumen de nego           C-254, Kirchberg.
                 cios obtenido y con las personas empleadas en
                  los distintos Estados miembros ?
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
          iii ) ¿ puede imponerse a este respecto la exigencia
                  de que las actividades ejercidas por el empresa         1 ) declare que, al no adoptar dentro de plazo las medidas
                  rio en los distintos Estados miembros sean                     necesarias para atenerse a lo dispuesto en la Directiva
                  exactamente las mismas ?                                       94/1 3/CE ('), la República Federal de Alemania ha
          iv) si no pueden imponerse las exigencias mencio                      incumplido las obligaciones que le incumben con arre
                  nadas en ii ) e iii ), ¿ qué ( tipo de ) exigencias            glo al Tratado CE y a dicha Directiva,
                  pueden serlo ?
                                                                           2 ) condene en costas a la República Federal de Alemania .
          v) ¿ deben ponerse en conocimiento del empresa
                  rio estas, eventuales, exigencias con anteriori         Motivos y principales alegaciones
                  dad al comienzo de las actividades ?
     c ) En caso de respuesta negativa :                                   Los motivos y las principales alegaciones coinciden con las
                                                                           formuladas en el asunto C-l 86/97 (2 ); el plazo de adap
           i)     habida cuenta de las sentencias del Tribunal de          tación del Derecho interno a la Directiva expiró el 1 de
                  Justicia en los asuntos C-l 9/67 (Van der                enero de 1995 .
                  Vecht ), y C-35/70 ( Manpower ), ¿ tienen todavía
                  los organismos gestores algún margen de inter            (') DO n° L 92 de 9 . 4 . 1994, p. 27.
                  pretación respecto del concepto de « empresa              ( ) Véase la página 16 del presente Diario Oficial .
                  de la que dependa normalmente », contenido en
                  la letra a ) del apartado 1 del artículo 14 del
                  Reglamento ( CEE) n° 1408/71 ?
           ii ) en caso afirmativo, ¿ cuál ?
2 ) a ) El certificado expedido por la institución, compe                  Recurso interpuesto el 29 de mayo de 1997 por la Repú
           tente al efecto, de un Estado miembro, al que se                 blica Portuguesa contra la Comisión de las Comunidades
           refiere la letra a ) del apartado 1 del artículo 11 del                                        Europeas
           Reglamento ( CEE) n° 574/72, ¿ es en todo caso vin                                     (Asunto C-204/97)
           culante para las autoridades de otro Estado miem                                           ( 97/C 212/44 )
           bro por lo que se refiere a los efectos jurídicos que
           se hacen constar en el mismo ?
                                                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
      b) En caso de respuesta negativa :                                     ha presentado el 29 de mayo de 1997 un recurso contra la
           i)      ¿ en qué circunstancias no lo es ?                        Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por la
                                                                             República Portuguesa, representada por los Sres . Luís Fer
            ii ) ¿ pueden las autoridades de un Estado miembro               nandes, Angelo Sei^a Neves y Carlos Botelho Moniz, en
                   excluir el valor probatorio del certificado sin la        calidad de Agentes, que designa como domicilio en
                   intervención de la institución que lo ha expe            Luxemburgo la Embajada de Portugal, 33 , allée Scheffer.
                   dido ?
            iii ) en caso de respuesta negativa, ¿ sobre qué                 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                   extremos debe versar la intervención de la ins
                   titución que ha expedido el certificado ?                 — anule la Decisión de la Comisión, de 6 de noviembre
                                                                                de 1996, relativa a la ayuda de Estado n° N 703/95 —
 (') Decisión de la Comisión Administrativa sobre Seguridad Social                Francia ( ] ),
     de los Trabajadores Migrantes.
                                                                             — condene a la parte demandada a cargar con la totali
                                                                                dad de las costas del procedimiento.
 ---pagebreak--- N° C 212/24                              Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     12 . 7. 97
Motivos y principales alegaciones                                          terreno de la competencia de importantísimas ven
                                                                           tajas sobre los productos similares originarios o
— Vicios sustanciales de forma :                                           procedentes de otros Estados miembros .
   — Infracción de los apartados 2 y 3 del artículo 93                 — Violación de los criterios generales de aplicación
       del Tratado CE: al celebrar una larga y compleja                    de las excepciones previstas en el apartado 3 del
       negociación con las autoridades francesas —que                      artículo 92 : al aprobar medidas de duración inde
       duró cerca de dieciséis meses, a partir de la fecha                 terminada cuyas modalidades y condiciones de eje
       de la notificación— en el marco de la fase prelimi                 cución no se enuncian - de forma transparente, la
       nar del apartado 3 del artículo 93 , la Comisión                    Comisión violó los criterios generales de aplicación
       alteró el sistema de normas de procedimiento esta                  de las excepciones previstas en el apartado 3 del
       blecido por dicha disposición. Efectivamente, la                    artículo 92, en particular, el criterio de la transpa
       Comisión trasladó a esa fase preliminar —que no                     rencia de las ayudas y el del carácter temporal y
       ofrece las garantías procesales, ni para los demás                  decreciente de las ayudas a la reestructuración .
       Estados miembros ni para terceros interesados, que
       resultan de la apertura del procedimiento previsto         (') DO n° C 70 de 6 . 3 . 1997, p . 14 .
       en el apartado 2 del artículo 93— el examen a
       fondo de las medidas notificadas que debe reali
       zarse en el marco del referido procedimiento .
       Por otro lado, la Comisión vulneró los derechos
       procesales de la AEVP ( Associa^áo de Empresas de
       Vinho de Porto ), como tercero reciamente, en la           Recurso interpuesto el 30 de mayo de 1997 por el Reino
       media en que privó por completo a dicha entidad            de Suecia contra el Consejo de las Comunidades Europeas
       de los derechos de participación en el procedi                                   (Asunto C-206/97)
       miento administrativo . Al haber celebrado una
       extensa negociación con las autoridades francesas,                                   ( 97/C 212/45 )
       en la fase preliminar, la Comisión tenía la obliga
       ción de informar a la AEVP tanto sobre los ele            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
       mentos esenciales de las medidas notificadas, como         ha presentado el 30 de mayo de 1997 un recurso contra el
       sobre las reservas emitidas por la Comisión en             Consejo de las Comunidades Europeas formulado por el
       relación con esas medidas, solicitando a la entidad        Reino de Suecia, representado por Lotty Nordling, Rátts
       reclamante que formulase las observaciones que             chef, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede
       considerase oportunas .                                    de la Embajada de Suecia, 2, rué H. Heine.
   — Infracción del artículo 190 del Tratado CE : el acto
       impugnado no expone de manera suficiente los               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
       fundamentos, de hecho o de Derecho, que habían
       determinado el sentido de la Decisión adoptada .           1 ) con arreglo al artículo 173 , declare la nulidad del
                                                                       Reglamento ( CE ) n° 390/97 í 1 ), en la parte en que se
— Violación del Tratado, o de cualquier norma jurídica                 establece el reparto de bacalao en la zona Illb, c, d, y
   relativa a su aplicación :                                          que
   — Infracción del apartado 1 del artículo 92 del Tra           2) condene al Consejo a resarcir a Suecia de las costas del
       tado CE, en relación con el artículo 95 del mismo
                                                                       procedimiento.
       Tratado: la Comisión no podía ignorar —dado que
       la entidad reclamante se refirió de manera expresa
       a esta cuestión— los términos de la legislación fis       Motivos y principales alegaciones
       cal nacional que se aplica tanto a los productos
       que disfrutan de las ayudas aprobadas como a los           Infracción del apartado 1 del artículo 121 del Acta relativa
       productos competidores. Aunque esta legislación            a las condiciones de adhesión de la República de Austria,
       francesa no sea formalmente discriminatoria, su            la República de Finlandia y el Reino de Suecia a los Trata
       efecto discriminatorio, a nivel sustancial, es inne       dos en los que se fundamenta la Unión Europea y a las
       gable . Así pues, a los vinos dulces naturales ( de los    adaptaciones de los Tratados, en su versión resultante de
       cuales el 92% es de producción francesa ) se aplica        la Decisión 95/1 /CE, Euratom, CECA del Consejo ( 2 ):
       un gravamen de 350 francos franceses, mientras
       que a los restantes vinos generosos ( de los cuales el     Para el año 1997 la Comunidad disponía de un total de
        81% se importa de otros Estados miembros ) se             capturas de 112 452 toneladas de bacalao en las aguas
        aplica un gravamen de 1 400 francos franceses por         comunitarias de la zona Illb, c, d. Conforme a lo dispuesto
        hectolitro de producto final ( es decir, cuatro veces     en el apartado 1 del artículo 121 del Acta de adhesión, a
        más ). Al aprobar un régimen de ayudas de dura           Suecia le correspondía un total de capturas de 39 999
       ción indeterminada, diseñada a la medida de los            toneladas ( 0,35037 x 50 000 toneladas + 0,4 x 62 452
        intereses de los productores de los vinos generosos       toneladas - 2 500 toneladas ). A tal efecto se ha tenido en
        franceses excluidos de la categoría fiscal más ven       cuenta que 2 500 toneladas de la cuota de Suecia deben
        tajosa, la Comisión no hizo más que crear un sis          ser transferidas a los demás Estados miembros con arreglo
        tema en virtud del cual la totalidad de los vinos          al Convenio celebrado con motivo de la firma del Acuerdo
        generosos de producción francesa disfruta en el            EEE. En lugar de esto a Suecia sólo le han correspondido


title: Asunto C-308/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de junio de 2008 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, International Salvage Union/Secretary of State for Transport (Transporte marítimo — Contaminación procedente de buques — Directiva 2005/35/CE — Validez — Convención de Montego Bay — Convenio Marpol 73/78 — Efectos jurídicos — Invocabilidad — Negligencia grave — Principio de seguridad jurídica)

text:
               19.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de junio de 2008 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, International Salvage Union/Secretary of State for Transport
   (Asunto C-308/06) (1)

   (Transporte marítimo - Contaminación procedente de buques - Directiva 2005/35/CE - Validez - Convención de Montego Bay - Convenio Marpol 73/78 - Efectos jurídicos - Invocabilidad - Negligencia grave - Principio de seguridad jurídica)
   (2008/C 183/03)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: The Queen, International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, International Salvage Union

      Demandada: Secretary of State for Transport
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validez de los artículos 4 y 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (DO L 255, p. 11) — Disposiciones comunitarias que tienen por efecto la limitación de algunas excepciones contenidas en un convenio internacional (Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, denominado «Convenio MARPOL») — Disposiciones que imponen sanciones penales en situaciones en las que un convenio internacional [Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)] no las impone.
   Fallo

               1)

               La validez de la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones, no puede apreciarse:

                           —

                           ni en relación con el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, firmado en Londres el 2 de noviembre de 1973, según su texto completado por el Protocolo de 17 de febrero de 1978;

                           —

                           ni en relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982.

               2)

               El examen de la cuarta cuestión no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 4 de la Directiva 2005/35 en relación con el principio general de seguridad jurídica.

      (1)  DO C 261 de 28.10.2006.