title: Asunto C-318/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio de 2008 — Filomena Califano/Wind Telecomunicazioni S.p.A.

text:
               13.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio de 2008 — Filomena Califano/Wind Telecomunicazioni S.p.A.
   (Asunto C-318/08)
   (2008/C 236/16)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Giudice di Pace di Ischia
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Filomena Califano

      Demandada: Wind Telecomunicazioni S.p.A.
   Cuestión prejudicial
   ¿Las normas comunitarias del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Directiva 2002/22/CE (1), la Directiva 1999/44/CE (2), la Recomendación 2001/310/CE (3) de la Comisión y la Directiva 1998/257/CE (4) tienen una eficacia directamente vinculante y deben interpretarse en el sentido de que los litigios «en materia de comunicaciones electrónicas entre usuarios finales y operadores, relativos a la infracción de las disposiciones relativas al servicio universal y a los derechos de los usuarios finales establecidas por las normas legislativas, por las decisiones de la Autoridad, por las condiciones contractuales y por la carta de servicios» (litigios contemplados en el artículo 2 de la Decisión del garante no 173/07/CONS) no deben someterse al intento de conciliación obligatorio previsto so pena de inadmisibilidad del recurso judicial, de modo que prevalecen sobre la norma derivada del artículo 3, párrafo primero, de la mencionada Decisión del garante de las comunicaciones?

      (1)  DO L 108, p. 51.

      (2)  DO L 171, p. 12.

      (3)  DO L 109, p. 56.

      (4)  DO L 115, p. 31 (Recomendación de la Comisión).


title: Asunto C-160/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberster Gerichtshof, de fecha 26 de marzo de 2002, en el asunto entre Friedrich Skalka y Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (Instituto de Seguridad Social de los Profesionales Artesanos, Industriales y Comerciantes)

text:
C 169/18               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        13.7.2002
1.2.2.2. ¿Pueden alegar también los transportistas austria-             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
cos que resultan discriminados por la (excesiva) tarifa aplicada        lución del Oberster Gerichtshof, de fecha 26 de marzo de
por el trayecto completo frente a los usuarios de carreteras que        2002, en el asunto entre Friedrich Skalka y Sozialversiche-
utilizan únicamente trayectos parciales de la mencionada               rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (Instituto de
autopista?                                                              Seguridad Social de los Profesionales Artesanos, Indus-
                                                                                triales y Comerciantes)
1.3.     En caso únicamente de respuesta afirmativa a las
cuestiones 1.1 y 1.2:                                                                            (Asunto C-160/02)
1.3.1. La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunida-                                     (2002/C 169/33)
des Europeas de 5 de julio de 1995, C-21/94 (3), en la que se
declaró que los efectos de la Directiva 93/89/CEE de 25 de             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
octubre de 1993 que se anuló mediante la misma se manten-              sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
drı́an hasta que el Consejo hubiera adoptado una nueva                  resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 26 de marzo de
Directiva, ¿debe interpretarse en el sentido de que dichos              2002, en el asunto entre el Sr. Friedrich Skalka y Sozialversiche-
efectos se mantienen hasta que los Estados miembros hayan               rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (Instituto de Seguri-
adaptado su Derecho interno a las disposiciones de la nueva             dad Social de los Profesionales Artesanos, Industriales y Comer-
Directiva o hasta que haya expirado el plazo de adaptación de          ciantes), y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
sus Derechos internos?                                                  30 de abril de 2002. El Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
1.3.2. En caso únicamente de respuesta negativa a la
cuestión 1.3.1: ¿Tienen los Estados miembros, en el perı́odo           El artı́culo 10 bis del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo,
comprendido entre el 17 de junio de 1999 y el 1 de julio de             de 14 de junio de 1971 (1), relativo a la aplicación de los regı́me-
2000, alguna obligación de tener en cuenta la nueva Directiva,         nes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los
en el sentido, por ejemplo, de efectos anticipados que deben            trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias
respetarse?                                                             que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modifi-
                                                                        cada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Con-
(1) DO L 279, 1993, p. 32.                                              sejo, de 2 de diciembre de 1996 (2), en relación con el anexo II
(2) DO L 187, 1999, p. 42.                                              bis, ¿debe interpretarse en el sentido de que el suplemento
(3) Rec. 1995, p. I-1827.                                               compensatorio (Ausgleichszulage) establecido con arreglo a la
                                                                        Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978 über die Sozialversiche-
                                                                        rung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstäti-
                                                                        gen (Ley federal de 11 de octubre de 1978 relativa al régimen de
                                                                        seguridad social de los trabajadores autónomos de los sectores
                                                                        comercial, industrial y artesanal) está comprendido dentro de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            su ámbito de aplicación y, por consiguiente, constituye una
lución de la House of Lords, de fecha 13 diciembre de                  prestación especial de carácter no contributivo a efectos del
2001, en el asunto entre Gregory Paul Turner y Felix                    artı́culo 4, apartado 2 bis, del Reglamento, de modo que, en el
                  Fareed Ismail Grovit y otros                          caso de una persona que —como el demandante— cumpla
                                                                        con posterioridad al 1 de junio de 1992 los requisitos para la
                       (Asunto C-159/02)                                concesión de dicha prestación, debe aplicarse exclusivamente el
                                                                        régimen de coordinación establecido mediante el artı́culo 10
                         (2002/C 169/32)                                bis?
                                                                        (1) DO L 149, 1971, p. 2.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               (2) DO L 28, 1997, p. 1.
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución de la House of Lords, dictada el 13 de diciembre de
2001, en el asunto entre Gregory Paul Turner y Felix Fareed
Ismail Grovit y otros, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
Justicia el 29 de abril de 2002. La House of Lords solicita al          Recurso interpuesto el 30 de abril de 2002 contra la
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:     República Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
«¿Es incompatible con el Convenio relativo a la competencia
judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia                                   (Asunto C-161/02)
civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de
1968 (y al que posteriormente se adhirió el Reino Unido),                                        (2002/C 169/34)
dictar órdenes inhibitorias contra demandados que amenacen
con iniciar o proseguir un procedimiento judicial en otro
Estado contratante del Convenio cuando dichos demandados                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
actúan de mala fe con la intención dey frustrar u obstruir            presentado el 30 de abril de 2002 un recurso contra la
procedimientos debidamente instados ante los órganos juris-            República Francesa formulado por la Comisión de las Comuni-
diccionales ingleses?»                                                  dades Europeas, representada por el Sr. G. Valero Jordana y la
                                                                        Sra. J. Adda, en calidad de agentes, que designa domicilio en
                                                                        Luxemburgo.


title: Asunto C-450/14 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de septiembre de 2014 por Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes — Isotis contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 16 de julio de 2014 en el asunto T-59/11, Isotis/Comisión

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/29

      Recurso de casación interpuesto el 26 de septiembre de 2014 por Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes — Isotis contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 16 de julio de 2014 en el asunto T-59/11, Isotis/Comisión
      (Asunto C-450/14 P)
      (2014/C 395/34)
      Lengua de procedimiento: griego

         Partes

         Recurrente: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes — Isotis (representante: S. Skliris, dikigoros)

         Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

         Pretensiones de la parte recurrente

                  —

                  Anular totalmente la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea el 16 de julio de 2014 en el asunto T-59/11, Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes — Isotis/Comisión Europea.

                  —

                  Estimar totalmente el recurso interpuesto por la sociedad recurrente.

                  —

                  Desestimar totalmente la reconvención de la Comisión.

                  —

                  Condenar a la Comisión al pago de todas las costas del recurso de casación.

         Motivos y principales alegaciones

                  1.

                  Aplicación errónea del artículo 1315 del Código Civil belga relativo al reparto de la carga de la prueba

                              —

                              La desestimación del recurso no implica automáticamente el reconocimiento de los fundamentos fácticos de la reconvención. En la reconvención, la carga de la prueba recaía en la Comisión.

                  2.

                  Motivación defectuosa de la fundamentación de la reconvención

                              —

                              Falta de motivación de la afirmación de la fundamentación de la reconvención de la Comisión.

                              —

                              Contradicción en los motivos al haber tenido en cuenta como único elemento de prueba el informe de auditoría que se impugnaba y que constituía el hecho que debía probarse.

                  3.

                  Error de Derecho al no haber aplicado las normas internacionales en materia de auditoría

                              —

                              No aplicación de las normas internacionales en materia de auditoría infringiendo la legislación contable nacional, e incumpliendo la obligación de interpretar los contratos controvertidos de conformidad con la voluntad común de las partes (artículo 1156 del Código Civil belga) y el principio de buena fe (artículo 1134, párrafo tercero, del Código Civil belga).

                  4.

                  Interpretación errónea del principio de igualdad de armas

                              —

                              El principio de igualdad de armas de las partes no se identifica con el principio de contradicción.

                  5.

                  Interpretación y aplicación erróneas del principio de buena fe y violación del derecho de defensa en razón de la lengua de procedimiento

                              —

                              La justa interpretación del principio de buena fe exige que las estipulaciones contractuales se interpreten conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al principio fundamental del Derecho de la Unión de respeto del derecho de defensa.

                  6.

                  Interpretación errónea de los términos de los contratos controvertidos, aplicación errónea del Derecho helénico y no consideración de una alegación relativa al fondo del asunto

                              —

                              Con arreglo a los artículos II 19.1 de los contratos FP6, II.16 de los contratos e-Ten y II 20.1 de los contratos CIP, los controles únicamente debían referirse al registro de los gastos y de los ingresos correspondientes a la realización de los proyectos controvertidos y no a otros documentos.

                              —

                              Violación del principio jurisprudencial de la independencia de los ejercicios financieros en Derecho contable y Derecho fiscal helénico.

                              —

                              No consideración y falta de apreciación por el Tribunal General del motivo relativo al fondo invocado por la recurrente en los apartados 61 a 64 del recurso.

                  7.

                  Interpretación errónea de los términos de los contratos controvertidos, no consideración de un motivo relativo al fondo del asunto y desnaturalización de documentos

                              —

                              Interpretación y aplicación errónea de los términos «overall statement of accounts», violando la buena fe y el Derecho y de los términos «receipts» en contra de los términos explícitos de los contratos.

                              —

                              No consideración ni apreciación por el Tribunal General del motivo relativo al fondo del asunto invocado por la recurrente que se refiere al registro del anticipo del proyecto Access e-Gov en los libros contables antes de la conclusión del control sobre el terreno.

                              —

                              Desnaturalización de los anexos A3, A6, A9, A11, A14 y A17 del recurso.

                  8.

                  Falta de motivación, infracción del derecho aplicable a los contratos controvertidos y desnaturalización de documento

                              —

                              Falta de motivación, (apartados 127, 129) y contradicción en los motivos (apartados 128, 129).

                              —

                              Violación del principio de buena fe, de los modelos de control internacional y de la legislación contable helénica (apartado 127).

                              —

                              Desnaturalización del anexo B101 presentado por la Comisión.

                  9.

                  Toma en consideración de un motivo no invocado y no consideración de un motivo invocado

                              —

                              Toma en consideración de un motivo no invocado por la recurrente (apartado 165) y no apreciación por el Tribunal General de los motivos contrarios invocados por ella (apartados 88, 89, 91 del recurso).


title: Asunto C-271/05: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de  5 de abril de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Francesco Rauty/Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia, en el que interviene: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, y Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia/Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, en el que interviene: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/29

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 5 de abril de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Francesco Rauty/Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia, en el que interviene: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, y Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia/Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, en el que interviene: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
   (Asunto C-271/05) (1)

   (2006/C 178/51)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 229, de 17.9.2005.


title: Asunto C-292/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vergabekammer Südbayern (Alemania) el 16 de junio de 2015 — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

text:
               7.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/33

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Vergabekammer Südbayern (Alemania) el 16 de junio de 2015 — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg
   (Asunto C-292/15)
   (2015/C 294/41)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Vergabekammer Südbayern

      Partes en el procedimiento principal

      Solicitante: Hörmann Reisen GmbH

      Oponentes: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿En un procedimiento de licitación con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1370/2007 (1) en relación con la Directiva 2004/18/CE (2) o con la Directiva 2014/24/UE (3) sólo son de aplicación las disposiciones de dichas directivas, de manera que no deben aplicarse las disposiciones del Reglamento (CE) no 1370/2007 que diverjan de ellas?

               2)

               ¿La licitud de la adjudicación de subcontratos en un procedimiento de licitación con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1370/2007 en relación con la Directiva 2004/18/CE o con la Directiva 2014/24/UE se rige, en consecuencia, exclusivamente por las normas desarrolladas por el Tribunal de Justicia en relación con la Directiva 2004/18/CE y por lo dispuesto en el artículo 63, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, o, por el contrario, un poder adjudicador puede imponer a los licitadores en un procedimiento de licitación de este tipo un porcentaje mínimo de prestación propia (en función de los kilómetros del itinerario) con arreglo al artículo 4, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1370/2007?

               3)

               En caso de que el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1370/2007 sea aplicable a los procedimientos de licitación con arreglo al artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento en relación con la Directiva 2004/18/CE o con la Directiva 2014/24/UE, ¿el poder adjudicador tiene libertad para establecer la cuota de prestación propia, en vista de lo dispuesto en el decimonoveno considerando del Reglamento (CE) no 1370/2007, de manera que puede estar justificada la imposición por el poder adjudicador de una cuota de prestación propia del 70 % en función de los kilómetros del itinerario?

      (1)  Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo (DO L 315, p. 1).

      (2)  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).

      (3)  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94, p. 65).


title: Asunto T-67/11: Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015 — Martinair Holland/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo del transporte aéreo de mercancías — Acuerdos y prácticas concertadas sobre diversos elementos de los precios de los servicios de transporte aéreo de mercancías (establecimiento de recargos por combustible y recargos por seguridad y negativa a pagar una comisión sobre los recargos) — Artículo 101 TFUE, artículo 53 del Acuerdo EEE y artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad y Suiza sobre el transporte aéreo — Obligación de motivación»)

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/41

         Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015 — Martinair Holland/Comisión
   (Asunto T-67/11) (1)

   ((«Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo del transporte aéreo de mercancías - Acuerdos y prácticas concertadas sobre diversos elementos de los precios de los servicios de transporte aéreo de mercancías (establecimiento de recargos por combustible y recargos por seguridad y negativa a pagar una comisión sobre los recargos) - Artículo 101 TFUE, artículo 53 del Acuerdo EEE y artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad y Suiza sobre el transporte aéreo - Obligación de motivación»))
   (2016/C 048/45)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Países Bajos) (representante: R. Wesseling, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente, S. Noë, N. von Lingen y C. Giolito y, posteriormente, S. Noë, C. Giolito y A. Dawes, agentes, asistidos por B. Doherty, Barrister)

      Objeto

   Pretensión de que se anule la Decisión C(2010) 7694 final de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto COMP/39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que se refiere a la demandante, o, cuando menos, la pretensión de que se anule el artículo 5, letra b), de dicha Decisión, en la medida en que impone una multa a la demandante, o de que se reduzca el importe de esta multa.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión C(2010) 7694 final de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto COMP/39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que se refiere a Martinair Holland NV.

               2)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido Martinair Holland.

      (1)  DO C 95, de 26.3.2011.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Cour du travail de Bruxelles (Sala Cuarta), de fecha 11 de diciembre de 1996, en el asunto entre, de una parte, Europièces SA y, de otra parte, Wilfried Sanders y Automotive Industries Holding Company SA (Asunto C-399/96)

text:
N°C 40/ 14           | ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   8 . 2 . 97
efectivamente ingresadas ) o únicamente a la subrogación                                Archivo del asunto C-290/95 (')
en cuanto tal ?
                                                                                ( 97/C 40/30 )
(') DO n° L 149 de 5 . 7 . 1971 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 98 .
                                                                          Mediante auto de 2 de octubre de 1996 , el Presidente del
                                                                          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci
                                                                          dido archivar el asunto C-290/95 : Comisión de las Comu
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                nidades Europeas contra República Italiana .
lución de la Cour du travail de Bruxelles ( Sala Cuarta ), de
fecha 11 de diciembre de 1996, en el asunto entre, de una                 (') DO n° C 286 de 28 . 10 . 1995 .
parte, Europiéces SA y, de otra parte, Wilfried Sanders y
        Automotive Industries Holding Company SA
                        ( Asunto C-399/96 )
                            ( 97/C 40/28
                                                                                Archivo del asunto C-3 19/95 (')
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                                            ( 97/C 40/31 )
sido sometida una petición de decisión prejudicial median
te resolución de la Cour du travail de Bruxelles ( Sala
Cuarta ), dictada el 11 de diciembre de 1996 , en el asunto               Mediante auto de 23 de septiembre de 1996 , el Presidente
entre, de una parte, Europiéces SA y, de otra parte , Wil                del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
                                                                          decidido archivar el asunto C-3 19/95 : Comisión de las Co
fried Sanders y Automotive Industries Holding Company
SA, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el               munidades Europeas contra Irlanda .
17 de diciembre de 1996 .
                                                                          (') DO n" C 333 de 9 . 12 . 1995 .
La Cour du travail de Bruxelles solicita al Tribunal de Jus
ticia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión :
¿ Se aplica la Directiva 77/ 187/CEE del Consejo, de 14 de
febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los
                                                                                Archivo del asunto C-4 10/95 (M
derechos de los trabajadores en caso de traspasos de em
presas, de centros de actividad o de partes de centros de                                            ( 97/C 40/32 )
actividad ( 1 ) al suspuesto de que una sociedad en liquida
ción transfiera total o parcialmente su activo a otra socie              Mediante auto de 27 de septiembre de 1996 , el Presidente
dad que después imparte órdenes al trabajador y en el que                 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
la sociedad en liquidación sostiene que se deben cumplir                  decidido archivar el asunto C-410/95 ( petición de decisión
tales órdenes ?                                                           prejudicial del Tribunal de commerce de Nice ): SA Société
                                                                          des Grands Garages Méditerranéens, Société Nissan Fran
(') DO ii° L 61 de 5 . 3 . 1977, p . 26 ; EE 05/02 , p . 122 .            ce contra Société Nice Ouest Aotomobiles .
                                                                          (') DO n" C 46 de 17 . 2 . 1996 .
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
lución del Tribunal correctionnel de Charleroi, de fecha 21
de octubre de 1996, en el asunto entre Ministére public y
                          Jean Harpegnies                                                Archivo del asunto C- 18/96 (')
                        (Asunto C-400/96 )
                                                                                ( 97/C 40/33 )
                            ( 97/C 40/29 )
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                 Mediante auto de 8 de octubre de 1996 , el Presidente del
sido sometida una petición de decisión prejudicial median                Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci
te resolución del Tribunal correctionnel de Charleroi, dic               dido archivar el asunto C-18/96 : Comisión de las Comuni
tada el 21 de octubre de 1996 , en el asunto entre Ministé               dades Europeas contra Reino de Bélgica .
re public y Jean Harpegnies, y recibida en la Secretaría del
Tribunal de Justicia el 17 de diciembre de 1996 .                         (') DO n" C 77 de 16 . 3 . 1996 .
El Tribunal correctionnel de Charleroi solicita al Tribunal
de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión :
¿ La intervención de Bélgica , en la medida en que todavía
exige una homologación por parte de sus organismos de
                                                                                Archivo del asunto C-l 34/96 (')
los productos fitofarmacéuticos comercializados en otro
Estado miembro, conculca las normas relativas a la libre                                              ( 97/C 40/34 )
circulación de mercancías dentro de la Comunidad, tal y
como se define en el artículo 30 del Tratado CE ?
                                                                          Mediante auto de 3 de octubre de 1996 , el Presidente del
                                                                          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha


title: Asunto C-432/06: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (España) el 18 de octubre de 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/32

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (España) el 18 de octubre de 2006 — Comunidad Autónoma de Castilla y León/Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca
   (Asunto C-432/06)
   (2006/C 326/66)
   Lengua de procedimiento: español
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Comunidad Autónoma de Castilla y León

      Demandadas: Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca
   Cuestión prejudicial
   ¿el artículo 87.1 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que las medidas tributarias adoptadas por la Diputación Foral y las Juntas Generales del Territorio Histórico de Guipúzcoa, dando nueva redacción a los artículos 29.1.A) y 37 de la normativa del impuesto sobre sociedades, por establecer un tipo impositivo inferior al general de la ley del Estado español y una deducción de la cuota que no existe en el ordenamiento jurídico tributario estatal, aplicables en el ámbito territorial de dicha entidad infraestatal dotada de autonomía, han de considerarse selectivas con encaje en la noción de ayuda de estado de dicho precepto y han de comunicarse por ello a la Comisión en los términos del artículo 88.3 del Tratado?


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Højesteret, de fecha 22 de noviembre de 1995, en el asunto entre Landbrugministerium, EF-Direktoratet y Steff-Houlberg Export I/S, Nowaco A/S, Nowaco Holding A/S y SMC, desde el 31 de diciembre de 1989 (Asunto C-366/95)

text:
20 . 1 . 96           I J*                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N" C 16/9
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso           Segunda cuestión
lución del Hojesteret, de fecha 22 de noviembre de 1995 , en
                                                                     Los principios de Derecho comunitario que se desprenden
el asunto entre Landbrugministerium, EF-Direktoratet y
                                                                     de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia con respecto a la
Steff-Houlberg Export I/S, Nowaco A/S, Nowaco Holding
                                                                     recuperación de ayudas indebidamente pagadas, y según los
        A/S y SMC, desde el 31 de diciembre de 1989
                                                                     cuales deben tenerse cumplidamente en cuenta los intereses
                        ( Asunto C-366/95 )                          de la Comunidad , ¿ se oponen a que pueda considerarse que
                            ( 96/C 16/ 19 )                          un exportador actuó de buena fe y, en consecuencia , quede
                                                                     exonerado de la obligación de reembolsar su importe ,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha            cuando consta que el exportador no se reservó , en su
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante          contrato con el fabricante , el derecho de practicar sus
resolución del Hojesteret, dictada el 22 de noviembre de             propios controles de producción en las instalaciones pro
1995 , en el asunto entre Landbrugministerium, EF-Direk             ductivas , con el fin de asegurarse de que la composición de
toratet y Steff-Houlberg Export I/S y otros y recibida en la         los productos se correspondía con el contenido de la
Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de noviembre de            declaración firmada por el exportador, cuando está acredi
1995 .
                                                                     tado que :
El Hojesteret solicita al Tribunal de Justicia que se pronun        — el fabricante había sido autorizado para exportar por la
cie sobre las siguientes cuestiones :                                     autoridad responsable de efectuar los pagos ,
Primera cuestión
                                                                     — los exportadores eran meros intermediarios que no
A. Los principios de Derecho comunitario que se despren                  llegaban a tener posesión de las mercancías,
     den de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia con           — los exportadores sabían que la autoridad de inspección
     respecto a la recuperación de ayudas indebidamente                   realizaba un control diario en las instalaciones del
     pagadas, y según los cuales deben tenerse cumplida                  fabricante , y que
     mente en cuenta los intereses de la Comunidad, ¿ se
     oponen a que los criterios contemplados en el Derecho           — los precios de los productos elaborados del mismo tipo y
     nacional para determinar la improcedencia del reem                  naturaleza eran idénticos independientemente de que se
     bolso de las ayudas irregularmente pagadas tengan en                 tratara de fabricantes de Dinamarca o extranjeros ?
     cuenta :
                                                                     Tercera cuestión
     — la buena fe de los beneficiarios de las ayudas y la
          protección de su confianza legítima ,                      ¿ Puede un tercero, incluso un perceptor de ayudas, invocar
                                                                     una eventual negligencia por parte de la autoridad inspec
     — la circunstancia de que hayan transcurrido entre              tora para que se declare improcedente el reembolso de la
          cinco y diez años desde el pago de las ayudas , por lo     totalidad de las restituciones abonadas, al margen de
          que ahora resultaría especialmente oneroso para los        cualquier apreciación del caso concreto ?
          beneficiarios de las ayudas verse obligados a reem
          bolsarlas ,
     — que los motivos por los cuales se pagaron indebida           Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de 1995
          mente las ayudas fueron circunstancias extraordina
                                                                     por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la
          rias, consistentes en la comisión de un fraude de
                                                                     sentencia dictada el 28 de septiembre de 1995 por la Sala
          carácter grave, y una conducta delictiva ( fraude ) de     Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las
          un tercero ,
                                                                     Comunidades Europeas, en el asunto T-95 /94 promovido
     — el hecho de que la autoridad de inspección llevara a          en su contra por la Chambre syndicale nationale des
          cabo un control diario de las instalaciones del
                                    «
                                                                     entreprises de transport de fonds et valeurs ( Sytraval ), en el
          fabricante —lo cual conocían los exportadores— y           que la República Francesa intervino en apoyo de la
          no informara ni tomara medidas en relación con                                         Comisión
          dicho fraude ,                                                                   ( Asunto C-367/95 P )
     — que , durante todo el período durante el cual se                                         96/C 16/20 )
          efectuaron los pagos , la autoridad pagadora tuvo
          conocimiento de que la eficacia del sistema de              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
          control dependía de la veracidad de las informacio         ha presentado el 28 de noviembre de 1995 un recurso de
          nes facilitadas por las propias empresas controladas ,      casación formulado por la Comisión de las Comunidades
          y renunció a exigir la verificación de las compras de       Europeas representado por los Sres . Jean-Louis Dewost,
          materias primas a través de los comprobantes 'o la          Director General de Servicio Jurídico; Jean-Paul Kepenne y
          contabilidad del fabricante,                                Michel Nolin, miembros del Servicio Jurídico , en calidad de
                                                                      Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el
      cuando consta que los mismos criterios se aplican en            despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
      relación con el reembolso de ayudas de carácter                 Kirchberg, contra la sentencia dictada el 28 de septiembre de
      estrictamente nacional ?
                                                                      1995 por la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera
 B. ¿ Debe responderse a dicha cuestión del mismo modo                Instancia de las Comunidades Europeas , en el asunto
      cuando el Derecho nacional también tiene en cuenta el           T-95/94 promovido en su contra por la Chambre syndicale
      hecho de que no existiera ninguna otra circunstancia            nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs
      que diera motivo a los exportadores para dudar que el           ( Sytraval ), en el que la República Francesa intervino en
      producto diera derecho a percibir restituciones ?               apoyo de la Comisión .


title: Recurso interpuesto el 17 de abril de 1997 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Portuguesa (Asunto C-150/97)

text:
N° c 181 /8           IES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           14 . 6 . 97
Recurso interpuesto el 17 de abril de 1997 por la Comi              g) La legislación portuguesa no garantiza que las infor
sión de las Comunidades Europeas contra la República                      maciones recogidas por las autoridades del medio am
                             Portuguesa                                   biente y por los Estados miembros se tomarán en con
                        ( Asunto C-150/97 )                               sideración, tal como establece el artículo 8 de la Direc
                                                                          tiva .
                            97/C 181 / 14
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se            h ) La legislación portuguesa no prevé que el Estado veci
ha presentado el 17 de abril de 1997 un recurso contra la                 no, en su caso, sea informado de la decisión, tal como
República Portuguesa formulado por la Comisión de las                     está previsto en el artículo 9 de la Directiva .
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Francisco
de Sousa Fialho, miembro del Servicio Jurídico, en calidad
de agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el               i)   La legislación portuguesa no impone la aplicación de
despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner.                  las medidas nacionales a aquellos proyectos cuyo pro
                                                                          ceso de autorización estuviese pendiente desde junio de
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                       1990 .
— Declare que la República Portuguesa ha incumplido                  (') DO n°-L 175 de 5 . 7. 1985 , p . 40 ; EE 15/06 , p . 9.
      las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo
      tercero del artículo 189 del Tratado CE y del
      artículo 12 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo,
      de 27 de junio de 1985 , relativa a la evaluación de las
      repercusiones de determinados proyectos públicos y
      privados sobre el medio ambiente ('), al no haber
      adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y           Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto
      administrativas necesarias para dar pleno y cabal cum         del Tribunal Supremo (Sala Social ), dictado el 17 de mar
      plimiento a dicha Directiva .                                  zo de 1997, en el asunto entre Aristóteles Grajera Rodrí
                                                                     guez e Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesore
— Condene en costas a la República Portuguesa .                                     ría General de la Seguridad Social
Motivos y principales alegaciones                                                           ( Asunto C-153/97 )
                                                                                ( 97/C 181 / 15 )
La Comisión comprueba que, pese a haber transcurrido ya
el plazo previsto, la República Portuguesa todavía no ha
adoptado en su integridad las disposiciones que aseguren
 la plena conformidad de su ordenamiento jurídico interno            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
con la Directiva 85/337/CEE, de modo que no ha cumpli               sido sometida una petición de decisión prejudicial median
 do las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo           te auto del Tribunal Supremo ( Sala Social ) dictada el 17
 tercero del artículo 189 del Tratado CE y del apartado 1             de marzo de 1997 en el asunto entre Artistóteles Grajera
 del artículo 12 de la Directiva .                                    Rodríguez e Instituto Nacional de la Seguridad Social y
                                                                     Tesorería General de la Seguridad Social, y recibido en la
 Más concretamente, la República Portuguesa ha incumpli              Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de abril de 1997 .
 do las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Di
 rectiva , en cuanto que:
                                                                      El Tribunal Supremo ( Sala Social ) solicita al Tribunal de
 a ) La legislación portuguesa contempla sólo una parte de           Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
       las categorías a que se refiere el Anexo II de la Directi
       va .
                                                                      1 ) Si debe considerarse contrario a los artículos 48 y 51
 b ) La legislación portuguesa no tiene en cuenta la totali               del Tratado se la Comunidad Europea el sistema de
       dad de los criterios establecidos en el artículo 2 de la            cálculo establecido en el Anexo VI .D.4 del Reglamento
       Directiva .                                                         ( CEE) n° 1408/71 ( ! ) en la redacción del Reglamento
                                                                           ( CEE) n° 1248/92 ( 2 ), sistema según el cual la pensión
 c ) La legislación portuguesa prevé la posibilidad de exi                teórica española se determina de acuerdo con las bases
       mir del estudio de impacto ambiental a toda una cate               por las que el trabajador cotizó durante el periodo de
       goría de proyectos .                                                cómputo inmediatamente anterior al pago de la última
                                                                           cotización a la Seguridad Social española con revalori
 d ) La legislación portuguesa contempla sólo parcialmente                 zación de la pensión teórica resultante en los mismos
       lo dispuesto en los artículos 3 y 5 y en el Anexo III de            términos que, de acuerdo con la legislación nacional
       la Directiva .                                                      española, lo hubiere sido una pensión causada en el
                                                                           momento en que se abonó la última cotización en Es
  e ) La legislación portuguesa contempla sólo parcialmente                paña , y
       lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la
       Directiva .
                                                                      2 ) Si, para garantizar la igualdad de trato del trabajador
  f) La legislación portuguesa no se adaptó al artículo 7 de               migrante en materia de Seguridad Social, la base regu
       la Directiva, relativo a la consulta de los Estados                 ladora de la pensión española debe calcularse a partir
       miembros vecinos .                                                  de las bases por las que el trabajador migrante hubiera


title: Asunto C-246/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de junio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG. (Derecho de marcas — Artículo 10, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE — Falta de uso efectivo de una marca — Concepto de fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro )

text:
               4.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de junio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG.
   (Asunto C-246/05) (1)

   (Derecho de marcas - Artículo 10, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE - Falta de uso efectivo de una marca - Concepto de «fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro»)
   (2007/C 183/06)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Oberster Patent- und Markensenat
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Armin Häupl

      Demandada: Lidl Stiftung & Co. KG.
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretación de los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1) — Falta de uso efectivo de la marca — Causas ajenas a la empresa que le impiden abrir supermercados en el territorio nacional, dándose la circunstancia de que su estrategia habitual consiste en comercializar los productos de dicha marca exclusivamente en sus propios supermercados — Concepto de fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro
   Fallo

               1)

               La «fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro», en el sentido del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe ser determinada en cada Estado miembro en función de las normas procedimentales en materia de registro vigentes en dicho Estado.

               2)

               El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que constituirán «causas que justifiquen la falta de uso» de una marca los impedimentos que guarden una relación directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar los elementos de hecho del asunto principal a la luz de estas indicaciones.

      (1)  DO C 193, de 6.8.2006.


title: Asunto C-242/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Gerechtshof te 's Hertogenbosch, de fecha 31 de mayo de 2005, en el asunto entre G.M. van de Coevering y Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/8

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Gerechtshof te 's Hertogenbosch, de fecha 31 de mayo de 2005, en el asunto entre G.M. van de Coevering y Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst
   (Asunto C-242/05)
   (2005/C 205/15)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Gerechtshof te 's Hertogenbosch, dictada el 31 de mayo de 2005, en el asunto entre G.M. van de Coevering y Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de junio de 2005.
   El Gerechtshof te 's Hertogenbosch solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión prejudicial:
   ¿Se opone el Derecho comunitario, en particular la libre circulación de servicios establecida en los artículos 49 CE a 55 CE, a que los Países Bajos exijan a una persona física residente en dicho país –que alquila en otro Estado miembro, con arreglo a un contrato celebrado con un arrendador, un turismo que no está inscrito en el registro regulado en la Wegenverkeerswet 1994 y respecto al cual no se ha abonado el impuesto sobre turismos y motocicletas previsto en el artículo 1, apartado 2, de la Wet BPM (1)– el impuesto sobre turismos y motocicletas establecido en el artículo 1, apartado 5, de la Wet BPM, con motivo del inicio de la utilización del turismo en la red vial de los Países Bajos, en el sentido de la Wegenverkeerswet 1994, cuando dicho impuesto se devenga por su importe total, con independencia del período de alquiler y de la duración de la utilización de la red vial de los Países Bajos, y no existe ningún derecho de exención ni de devolución en favor de la mencionada persona física?

      (1)  Ley del impuesto sobre turismos y motocicletas de 1992.


title: Asunto T-91/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de febrero de 2007 — Sinara Handel GmbH/Consejo y Comisión ( Incidentes procesales — Excepción de inadmisibilidad — Recurso de indemnización — Lucro cesante — Solicitud de devolución de derechos antidumping — Incompetencia )

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/41

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de febrero de 2007 — Sinara Handel GmbH/Consejo y Comisión
   (Asunto T-91/05) (1)

   («Incidentes procesales - Excepción de inadmisibilidad - Recurso de indemnización - Lucro cesante - Solicitud de devolución de derechos antidumping - Incompetencia»)
   (2007/C 95/83)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Sinara Handel GmbH (Colonia, Alemania) (representantes: K. Adamantopulos y E. Petrisi, abogados)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: J-P Hix, agente, asistido por G. Nerrisch, abogado) y Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: N. Khan y T. Scharf, agentes)
   Objeto
   Recurso de indemnización interpuesto con arreglo al artículo 288 CE, con el objeto de obtener la reparación de los daños presuntamente sufridos como consecuencia de la adopción del Reglamento (CE) no 2320/97 del Consejo de 17 de noviembre de 1997 por el que se establecen derechos antidumping definitivos con respecto a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, originarios de Hungría, Polonia, Rusia, la República Checa, Rumania y la República Eslovaca, por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1189/93 y por el que se da por concluido el procedimiento relativo a dichas importaciones originarias de la República de Croacia (DO L 322, p. 1)
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante, Sinara Handel GmbH.

      (1)  DO C 115, de 14.5.2005.


title: Asunto T-189/06: Recurso interpuesto el 18 de julio de 2006 — Arkema France/Comisión

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/39

         Recurso interpuesto el 18 de julio de 2006 — Arkema France/Comisión
   (Asunto T-189/06)
   (2006/C 212/69)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Arkema France (Puteaux, Francia) (representantes: A. Winckler, S. Sorinas y P. Geffriaud, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule, con arreglo al artículo 230 CE, la Decisión adoptada por la Comisión, el 3 de mayo de 2006, en el asunto COMP/F/38.620, en la medida en que se refiere a Arkema.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule o reduzca, con arreglo al artículo 229 CE, el importe de la multa que le fue impuesta en esta Decisión.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con todas las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2006) 1766 final, de 3 de mayo de 2006, en el asunto COMP/F/38.620 — Peróxido de hidrógeno y perborato, por la que la Comisión declaró que las empresas destinatarias de la Decisión, entre otras la demandante, infringieron los artículos 81 CE, apartado 1, y 53 del Acuerdo EEE, al participar en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas consistentes en intercambios de información entre los competidores, en acuerdos sobre la fijación de precios y las capacidades de producción y en la vigilancia de la puesta en práctica de tales acuerdos en el sector del peróxido de hidrógeno y del perborato de sodio. Con carácter subsidiario, la demandante solicita la anulación o reducción del importe de la multa que le fue impuesta en la referida Decisión.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca cuatro motivos.
   Mediante su primer motivo, la demandante sostiene que, al imputar la infracción cometida por Arkema a Elf Aquitaine y a Total sobre la base de una mera presunción relacionada con la circunstancia de que estas sociedades poseían en el momento de los hechos la casi totalidad del capital social de Arkema, la Comisión incurrió en errores de Derecho y de hecho en la aplicación de las reglas relativas a la imputabilidad a la sociedad matriz de las prácticas ejecutadas por una filial de ésta y que la Comisión vulneró el principio de no discriminación. La demandante alega que durante la investigación negó esta presunción de control. Además, sostiene que la Comisión incumplió la obligación de motivación que le incumbe con arreglo al artículo 253 CE y que violó el principio de buena administración, al no haber respondido a todas las alegaciones formuladas por la demandante en su respuesta al pliego de cargos.
   Mediante su segundo motivo, la demandante pretende que la Comisión incurrió en un error de Derecho por incrementar en un 200 %, por motivo del efecto disuasivo, el «importe de partida» de la multa impuesta a Arkema, basándose en el volumen de negocios de sus sociedades matrices de la época, Total y Elf Aquitaine, en la medida en que la infracción incriminada no puede imputarse, según la demandante, a ninguna de estas dos sociedades. Con carácter subsidiario en el marco de este motivo, la demandante sostiene que, aun suponiendo que la infracción sea imputable a las sociedades matrices, la Comisión violó los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato por aplicar al «importe de partida» de la multa impuesta a Arkema un coeficiente multiplicador de 3 (esto es, un incremento del 200 %) por motivo del efecto disuasivo.
   En tercer lugar, la demandante sostiene que resulta contrario a Derecho el incremento del 50 %, establecido en la Decisión, del «importe de partida» de la multa impuesta a Arkema para prevenir la reincidencia. Alega que la aplicación del concepto de reincidencia es en el caso de autos claramente excesiva y contraria al principio de la seguridad jurídica ya que se trata de infracciones condenadas por la Comisión sobre la base de hechos lejanos en el tiempo. Por otra parte, la demandante reprocha a la Comisión haber vulnerado el principio «non bis in idem» y el principio de proporcionalidad, dado que la existencia de condenas anteriores ya había sido tenida en cuenta por la Comisión en reiteradas ocasiones en otras decisiones recientes en las que había impuesto a Arkema un incremento de la multa en un 50 % para prevenir la reincidencia. La demandante entiende que es condenada de nuevo por los mismos hechos.
   Por último, la demandante sostiene que la Decisión carece de fundamento jurídico y fáctico, dado que no acordó a la demandante una reducción superior al 30 % del importe de la multa por la cooperación que ésta había aportado durante el procedimiento. Alega que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho por no haberle aplicado el título B de la comunicación sobre la clemencia (1) para acordarle una reducción de la multa en un 50 %.

      (1)  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en caso de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).


title: Asunto C-618/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative d’appel de Paris (Francia) el 10 de diciembre de 2012 — Société Reggiani SpA Illuminazione/Ministre de l'Economie et des Finances

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative d’appel de Paris (Francia) el 10 de diciembre de 2012 — Société Reggiani SpA Illuminazione/Ministre de l'Economie et des Finances
   (Asunto C-618/12)
   2013/C 101/19
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour administrative d’appel de Paris

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Société Reggiani SpA Illuminazione

      Recurrida: Ministre de l’Economie et des Finances

      Cuestión prejudicial

   El artículo 2 de la Directiva [79/1072/CEE, de 6 de diciembre de 1979] (1) ¿vulnera la libertad de establecimiento al restringir el derecho a la devolución, limitándolo a los bienes muebles?

      (1)  Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del Impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país (DO L 331, p. 11).


title: Asunto C-674/15 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de diciembre de 2015 por The Tea Board contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 2 de octubre de 2015 en el asunto T-625/13: The Tea Board/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               21.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/13

         Recurso de casación interpuesto el 15 de diciembre de 2015 por The Tea Board contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 2 de octubre de 2015 en el asunto T-625/13: The Tea Board/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-674/15 P)
   (2016/C 106/16)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: The Tea Board (representantes: M.C. Maier, A. Nordemann, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Delta Lingerie

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia recurrida dictada por el Tribunal General el 2 de octubre de 2015 en el asunto T-625/13 en la medida en que el Tribunal General desestimó su recurso con respecto a los siguientes servicios designados por la marca solicitada en las clases 35 y 38:

                  Servicios de asesoría de negocios para la creación y la explotación de puntos de venta al por menor y de centrales de compra para la venta al por menor y la publicidad; servicios de promoción de ventas (para terceros), publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, publicidad en línea en una red informática, distribución de material publicitario (folletos, prospectos, periódicos gratuitos, muestras), servicios de suscripción a periódicos para terceros; Informaciones o informes de negocios; organización de exposiciones y de acontecimientos con fines comerciales o de publicidad, agencia de publicidad, alquiler de espacios publicitarios, publicidad radiofónica, televisada, patrocinio publicitario (clase 35).

                  Telecomunicaciones, transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador, servicios de teledifusión interactiva relativos a la presentación de productos, comunicación por terminales informáticos, comunicación (transmisión) por redes informáticas globales, abiertas o cerradas (Clase 38).

               —

               Devuelva el asunto al Tribunal General si es necesario.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               El recurso de casación tiene por objeto la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de 2 de octubre de 2015 dictada en el asunto T-625/13 en la medida en que el Tribunal General desestimó el recurso con respecto a los servicios designados por la marca controvertida en las clases 35 y 38.

               2.

               El recurso de casación se basa en dos motivos: infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «RMC») (1) e infracción del artículo 8, apartado 5, del RMC.

               3.

               La recurrente sostiene que la función esencial de una marca comunitaria colectiva conforme al artículo 66, apartado 2, del RMC, consistente en indicaciones que sirven para señalar la procedencia geográfica de los productos designados, no es servir de indicación de la procedencia comercial, sino únicamente garantizar la procedencia colectiva de los productos o servicios ofrecidos y vendidos con la marca, es decir, que los productos proceden de una empresa situada en la región geográfica adoptada como marca comunitaria colectiva y que está legitimada para usar la marca comunitaria colectiva.

               4.

               Por tanto, en opinión de la recurrente, debe concluirse que, en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, la procedencia geográfica debe tenerse en cuenta como factor pertinente tanto para apreciar la similitud de los productos o servicios en cuestión como para efectuar una apreciación global del riesgo de confusión.

               5.

               Por consiguiente, al comparar los productos y servicios de una marca comunitaria colectiva anterior conforme al artículo 66, apartado 2, del RMC, consistente en una indicación geográfica, con los de una marca comunitaria individual, no es decisivo, según la recurrente, la cuestión de si los productos o servicios en cuestión son similares con respecto a su naturaleza, finalidad, usuarios finales y/o canales de distribución. Antes bien, debe determinarse si los productos y/o servicios en cuestión pueden tener la misma procedencia geográfica.

               6.

               La interpretación que hace la recurrente del artículo 66, apartado 2, del RMC resulta de:

                           1)

                           La lógica interna del Reglamento n.o 207/2009, en particular que:

                                       i.

                                       el artículo 66, apartado 2, del RMC constituye una excepción en el Reglamento n.o 207/2009, por cuanto, según el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la procedencia geográfica del producto o de la prestación del servicio.

                                       ii.

                                       conforme al artículo 67, apartado 2, del RMC, las normas que regulan el uso de una marca comunitaria colectiva consistente en una indicación geográfica deben permitir que cualquier persona cuyos bienes o servicios proceden de la zona geográfica de que se trate se convierta en miembro de la asociación titular de la marca, por lo que una marca comunitaria colectiva consistente en una indicación geográfica nunca puede distinguir los bienes o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los bienes y servicios de otras empresas.

                           2)

                           Una interpretación de esa disposición a la luz del Reglamento n.o 1151/2012 (2) y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), según la cual las indicaciones geográficas deben tener un alto nivel de protección y según la cual debe estar prohibida la presentación de los productos que indique o sugiera que el producto en cuestión procede de una zona geográfica distinta del lugar de origen real, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

               7.

               La recurrente opina que las cualidades determinadas por el Tribunal General en relación con DARJEELING también pueden aplicarse a servicios como los servicios de asesoría de negocios o los servicios de telecomunicaciones y que pueden reforzar el poder de atracción de la marca controvertida a este respecto. Además, la recurrente señala que el Tribunal General no motivó adecuadamente en su sentencia por qué las cualidades asociadas con la marca DARJEELING no podían aplicarse a los servicios de las clases 35 y 38, extremo que por sí mismo constituye un error de Derecho.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

      (2)  Reglamento (EU) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343, p. 1).


title: Asunto T-257/12: Recurso interpuesto el 11 de junio de 2012 — Siegenia-Aubi y Noraa/Comisión

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/32

         Recurso interpuesto el 11 de junio de 2012 — Siegenia-Aubi y Noraa/Comisión
   (Asunto T-257/12)
   2012/C 227/54
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: Siegenia-Aubi KG (Wilnsdorf, Alemania) y Noraa GmbH (Wilnsdorf, Alemania) (representantes: T. Caspary y J. van Kann, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Declare parcialmente nula, en la medida en que afecta a las demandantes, la Decisión de la Comisión Europea C(2012) 2069 final, de 28 de marzo de 2012 (Asunto COMP/39.452 — Herrajes para ventanas y puertas de cristal).

               —

               Con carácter subsidiario, con arreglo al artículo 261 TFUE, reduzca razonablemente la cuantía de la multa impuesta a las demandantes en la Decisión impugnada.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan ocho motivos.

               1)

               En primer lugar, la demandada ha violado con sus apreciaciones los principios de la carga de la prueba (artículo 2 del Reglamento no 1/2003) y del grado de prueba exigido y ha incumplido la obligación de motivación. En particular, la demandada no ha demostrado suficientemente la existencia de un supuesto efecto señal de los precios alemanes para sistemas basculantes giratorios sobre todos los materiales y tecnologías de herrajes en el conjunto del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»), reduciendo así indebidamente la carga de la prueba que recae sobre ella.

               2)

               Segundo, la demandada ha incurrido en error de Derecho al estimar que los supuestos acuerdos afectaban a todo el EEE, sin aportar pruebas suficientes a este respecto.

               3)

               En tercer término, la demandada ha incurrido en error de Derecho al estimar, sin aportar pruebas suficientes al respecto, que la supuesta infracción afectaba a todos los materiales y tecnologías de herrajes.

               4)

               En cuarto lugar, la demandada ha incurrido en error de Derecho al estimar, sin aportar pruebas suficientes al respecto, que en 2002 se celebraron acuerdos de fijación de precios. Con ello también ha incurrido en error de Derecho al aplicar las Directrices para el cálculo de las multas, en la medida en que ha estimado, incorrectamente, que la infracción duró de 1999 a 2007. Además, la demandada ha infringido el artículo 25 del Reglamento no 1/2003 porque las operaciones anteriores a 2002 ya han prescrito.

               5)

               Quinto, la demandada ha incurrido en error de Derecho al imputar a las demandantes la conducta de una sociedad en la que sólo tenían una participación minoritaria, infringiendo con ellos las reglas sobre imputación a la sociedad matriz de la actuación de las filiales e incumpliendo la obligación de motivación.

               6)

               En sexto término, la demandada, al adaptar la multa, ha violado los principios de igualdad de trato, de proporcionalidad y de buena administración y ha incumplido la obligación de motivación. Además, la demandada ha ido en contra del tenor literal, del sistema y del sentido de las Directrices para el cálculo de las multas.

               7)

               Séptimo, la demandada ha vulnerado los principios de proporcionalidad y de buena administración y ha infringido los apartados 20, 23 y 25 de las Directrices para el cálculo de las multas, además de incumplir la obligación de motivación, al determinar la gravedad de la infracción.

               8)

               En octavo lugar, la demandada ha violado el principio de igualdad de trato, ha infringido el apartado 29 de las Directrices para el cálculo de las multas y ha incumplido la obligación de motivación al fijar las circunstancias atenuantes. En particular, la demandada no ha tenido en cuenta el hecho de que no se trató de una conducta intencionada ni el hecho de que las demandantes cooperaron activamente.


title: Asunto C-238/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 12 de mayo de 2010 — Volker Schneider/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidación

text:
               31.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 12 de mayo de 2010 — Volker Schneider/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidación
   (Asunto C-238/10)
   ()
   2010/C 209/31
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Volker Schneider

      Recurrida: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidación

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (1) en el sentido de que se aplican a un cese de operaciones a raíz de una declaración de quiebra del empresario o de una resolución judicial que ordena la disolución y la liquidación del establecimiento de crédito empresario por insolvencia sobre la base del artículo 61.(1), letras a) y b) de la Ley modificada, de 5 de abril de 1993, relativa al sector financiero, ceses para los que la ley nacional prevé la resolución con efecto inmediato del contrato de trabajo?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, ¿deben interpretarse los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 98/59/CE en el sentido de que el administrador concursal o el liquidador debe asimilarse a un empresario que haya previsto despidos colectivos y que pueda llevar a cabo, con esta finalidad, los actos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Directiva y efectuar los despidos (asunto C-323/08, apartados 39, 40 y 41)? (2)

      (1)  DO L 225, p. 16.

      (2)  Sentencia de 10 de diciembre de 2009, Rodríguez Mayor y otros, aún no publicada en la Recopilación.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 24 de septiembre de 1996 en el asunto T-185/95: Giovanni Sergio contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Transferencia de derechos a pensión - Disposiciones generales de aplicación del Estatuto - Plazo para la presentación de la solicitud)

text:
26 . 10 . 96           ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 318/9
3 ) La Comisión cargará con sus propias costas.                                       SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
(') DO n° C 161 de 11 . 6 . 1994 .
( 2 ) DO n" L 333 de 31 . 12 . 1993 , p. 67 .
                                                                                de 24 de septiembre de 1996
                                                                       en el asunto T-185/95 : Giovanni Sergio contra Comisión de
                                                                                las Comunidades Europeas ( l )
                                                                        (Funcionarios — Transferencia de derechos a pensión —
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                Disposiciones generales de aplicación del Estatuto — Plazo
                   DE PRIMERA INSTANCIA                                             para la presentación de la solicitud)
                  de 24 de septiembre de 1996                                                  ( 96/C 318 / 19 )
en el asunto T-57/91 , National Association of Licensed
Opencast Operators contra Comisión de las Comunidades                               (Lengua de procedimiento: francés)
                            Europeas ( J )
                                                                       En el asunto T-185/95 , Giovanni Sergio, funcionario de la
(Tratado CECA — Competencia — Empresa nacional
                                                                       Comisión de las Comunidades Europeas, representado por
propietaria de las reservas de carbón y titular del monopolio          el Sr . Marc-Albert Lucas, Abogado de Lieja , que designa
legal de concesión de licencias de extracción — Contrapres            como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra .
tación del licenciatario consistente en elpago de un canon o           Evelyne Korn, 21 , rué Nassau, contra Comisión de las
en la entrega del carbón al otorgante de la licencia —
                                                                       Comunidades Europeas ( Agentes : Sr. Gianluigi Valsesia y
Importe de los cánones exigidos — Precio del carbón                    Sra . Ana Maria Alves Vieira ), que tiene por objeto una
entregado — Compatibilidad con las disposiciones del                   solicitud de anulación de la decisión de la Comisión por la
                         Tratado CECA)
                                                                       que se deniega la solicitud de transferencia de derechos a
                          ( 96/C 318/18 )                              pensión formulada por la parte demandante, el Tribunal de
                                                                       Primera Instancia ( Sala Tercera ), integrado por los Sres .
                (Lengua de procedimiento: inglés)                      C. P. Briët, Presidente; B. Vesterdorf y A. Potocki, Jueces;
                                                                       Secretario : Sr. H. Jung, ha dictado el 24 de septiembre de
En el asunto T-57/91 , National Association of Licensed
                                                                       1996 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
Opencast Operators ( asociación nacional de empresas
explotadoras de minas a cielo abierto bajo licencia ), con
                                                                       1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso en cuanto tiene
domicilio social en Newcastle upon Tyne ( Reino Unido ),
representada por los Sres . Nicholas Green, Barrister, y                    por objeto que se dicten órdenes conminatorias dirigi
                                                                            das a la Comisión .
David James Malcolm Wilson, Solicitar, que designa como
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Victor Gillen,
13 rué Aldringen, contra Comisión de las Comunidades                   2 ) Se desestima el recurso por infundado en todo lo
                                                                            demás.
Europeas ( Agentes : Sres . Julián Currall , Stephen Kon y
Leonard Hawkes ), apoyada por British Coal Corporation,
con domicilio social en Londres, representada por los Sres .           3 ) Cada parte cargará con sus propias costas.
David Vaughan , QC, y David Lloyd Jones, Barrister, así
como por el Sr. Peter J. Sigler y la Sra . Rebekah M.                  (') DO n" C 333 de 9 . 12 . 1995 .
Gershuny, Solicitors, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. Loesch, 8 , rué Zithe, que
tiene por objeto una solicitud de anulación parcial de la
Decisión SG(91 ) D/9467 de la Comisión, de 23 de mayo de
1991 , por la que se desestimó la denuncia de la demandante                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL
relativa al mercado del carbón destinado a la producción de                              DE PRIMERA INSTANCIA
electricidad, el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Tercera
ampliada ), integrado por el Sr .: C. P. Briët, Presidente; los                         de 26 de septiembre de 1996
Sres . K. Lenaerts y B. Vesterdorf, la Sra . P. Lindh y el Sr. A.      en el asunto T-192/94 , Henry Maurissen contra Tribunal
Potocki, Jueces; Secretario : Sra. B. Pastor, administrador                    de Cuentas de las Comunidades Europeas ( 1 )
principal , ha dictado el 24 de septiembre de 1996 una                 (Recurso de anulación — Informe de calificación —
sentencia cuyo fallo es el siguiente :                                 Admisibilidad — Motivación — Control jurisdiccional —
                                                                                Límites)
1 ) Se declara la inadmisibilidad de las pretensiones
      segunda, séptima y novena formuladas en el escrito de                                    ( 96/C 318/20 )
      recurso .
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
2 ) Se desestiman las restantes pretensiones de la deman
      dante.                                                           En el asunto T-192/94, Henry Maurissen, antiguo funcio
                                                                       nario del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Euro
3 ) La demandante cargará con la totalidad de las costas del           peas, con domicilio en Schuttrange ( Luxemburgo ), repre
      procedimiento, incluidas Jas de la parte coadyuvante             sentado por el Sr . Jean-Noël Louis, Abogado de Bruselas,
      British Coal.
                                                                       que designa como domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire
                                                                       Myson Sàrl, 1 , rué Glesener, contra Tribunal de Cuentas de
(') DO n" C 243 de 18 . 9 . 1991 .
                                                                       las Comunidades Europeas ( Agentes : Sres . Jean-Marie
                                                                       Stenier y Jan Inghelram ), que tiene por objeto una solicitud


title: Asunto C-265/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Roma) — Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C (Operaciones comerciales — Directiva 2000/35/CE — Lucha contra la morosidad en los pagos — Procedimiento de cobro de créditos no impugnados)

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Roma) — Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C
   (Asunto C-265/07) (1)

   (Operaciones comerciales - Directiva 2000/35/CE - Lucha contra la morosidad en los pagos - Procedimiento de cobro de créditos no impugnados)
   (2008/C 285/14)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunale ordinario di Roma
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Caffaro Srl

      Demandada: Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

      En el que participa: Banca di Roma SpA
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Tribunale ordinario di Roma (Italia) — Interpretación del artículo 5 de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200, p. 35) — Procedimiento de cobro de créditos no impugnados — Normativa nacional que exige que haya expirado un plazo de 120 días en la fecha de notificación del título ejecutivo para que pueda procederse al cobro del crédito.
   Fallo
   La Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional, como el artículo 14 del Decreto-ley no 669/1996, de 31 de diciembre de 1996, convalidado, tras su modificación, por la Ley no 30, de 28 de febrero de 1997, en su versión modificada por el artículo 147 de la Ley no 388, de 23 de diciembre de 2000, en virtud de la cual un acreedor, provisto de un título ejecutivo relativo a un pago no impugnado adeudado por una administración pública como contraprestación de una operación comercial, no puede proceder a la ejecución forzosa contra esa administración antes de que transcurra un plazo de 120 días desde la notificación del título ejecutivo a dicha administración.

      (1)  DO C 199 de 25.8.2007.


title: Asuntos acumulados C-356/11 y C-357/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — O., S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), y Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11) (Ciudadanía de la Unión — Artículo 20 TFUE — Directiva 2003/86/CE — Derecho a la reagrupación familiar — Ciudadanos de la Unión de corta edad que residen con sus madres, nacionales de terceros países, en el territorio del Estado miembro del que dichos menores tienen la nacionalidad — Derecho de residencia permanente en ese Estado miembro de las madres a las que se ha concedido la guarda y custodia exclusiva de los ciudadanos de la Unión — Reconstitución de las familias a raíz de un nuevo matrimonio de las madres con nacionales de terceros países y del nacimiento de hijos, también nacionales de terceros países, fruto de dichos matrimonios — Solicitudes de reagrupación familiar en el Estado miembro de origen de los ciudadanos de la Unión — Denegación del derecho de residencia a los nuevos cónyuges debido a la falta de recursos suficientes — Derecho al respeto de la vida familiar — Toma en consideración del interés superior del menor)

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — O., S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), y Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11)
   (Asuntos acumulados C-356/11 y C-357/11) (1)

   (Ciudadanía de la Unión - Artículo 20 TFUE - Directiva 2003/86/CE - Derecho a la reagrupación familiar - Ciudadanos de la Unión de corta edad que residen con sus madres, nacionales de terceros países, en el territorio del Estado miembro del que dichos menores tienen la nacionalidad - Derecho de residencia permanente en ese Estado miembro de las madres a las que se ha concedido la guarda y custodia exclusiva de los ciudadanos de la Unión - Reconstitución de las familias a raíz de un nuevo matrimonio de las madres con nacionales de terceros países y del nacimiento de hijos, también nacionales de terceros países, fruto de dichos matrimonios - Solicitudes de reagrupación familiar en el Estado miembro de origen de los ciudadanos de la Unión - Denegación del derecho de residencia a los nuevos cónyuges debido a la falta de recursos suficientes - Derecho al respeto de la vida familiar - Toma en consideración del interés superior del menor)
   2013/C 26/19
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Korkein hallinto-oikeus

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

      Demandadas: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Korkein hallinto-oikeus — Interpretación del artículo 20 TFUE — Derecho de libre circulación y libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Derecho a la reagrupación familiar — Permiso de residencia en un Estado miembro para un nacional de un Estado tercero que vive sin permiso de residencia permanente en el Estado miembro, en una situación en la que la esposa del interesado, nacional de un Estado tercero, permanece legalmente en dicho Estado miembro y tiene un hijo con nacionalidad de dicho Estado miembro, no siendo el interesado ni el padre del niño ni el titular de la patria potestad sobre él — Situación en la que los esposos tienen también un hijo común, nacional de un Estado tercero, que reside con ellos y con el hijo de la esposa en el Estado miembro en cuestión.

      Fallo

   El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro deniegue al nacional de un tercer país un permiso de residencia solicitado al amparo de la reagrupación familiar, cuando dicho nacional pretende residir con su cónyuge, también nacional de un tercer país legalmente residente en dicho Estado miembro y madre de un hijo, fruto de un primer matrimonio y que es ciudadano de la Unión, y con el hijo fruto de su propia unión, también nacional de un tercer país, siempre que tal negativa no provoque, para el ciudadano de la Unión afectado, la privación del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
   Las solicitudes de permisos de residencia formuladas al amparo de la reagrupación familiar como las examinadas en los litigios principales están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar. El artículo 7, apartado 1, letra c), de ésta debe interpretarse en el sentido de que, si bien los Estados miembros tienen la facultad de exigir que se acredite que el reagrupante dispone de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, dicha facultad debe ejercerse a la luz de los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que obligan a los Estados miembros a examinar las solicitudes de reagrupación familiar en interés de los menores afectados y procurando también favorecer la vida familiar, así como evitando menoscabar tanto el objetivo de la citada Directiva, como su efecto útil. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las decisiones denegatorias del permiso de residencia de que se trata en los litigios principales se adoptaron cumpliendo estas exigencias.

      (1)  DO C 269, de 10.9.2011.


title: Asunto T-382/09: Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/OAMI — DeguDent (ERGO) [ Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de la marca comunitaria denominativa ERGO — Marcas comunitaria y nacional denominativas anteriores CERGO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  207/2009 — Obligación de pronunciarse sobre la totalidad del recurso — Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso — Artículo 64, apartado 1, del Reglamento n o  207/2009 ]

text:
               22.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/42

         Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/OAMI — DeguDent (ERGO)
   (Asunto T-382/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de la marca comunitaria denominativa ERGO - Marcas comunitaria y nacional denominativas anteriores CERGO - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Obligación de pronunciarse sobre la totalidad del recurso - Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso - Artículo 64, apartado 1, del Reglamento no 207/2009)
   2011/C 311/76
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Alemania) (representantes: V. von Bomhard, A.W. Renck, T. Dolde y J. Pause, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: B. Schmidt, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: DeguDent GmbH (Hanau, Alemania.) (representantes: inicialmente W. Blau, posteriormente W. Blau, D. Kaya y C. Kusulis, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 23 de julio de 2009 (asunto R 44/2008-4) relativa a un procedimiento de oposición entre DeguDent GmbH y Ergo Versicherungsgruppe AG.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 23 de julio de 2009 (asunto R 44/2008-4), en la medida en que la Sala de Recurso no resolvió el recurso interpuesto ante ella en relación con los productos comprendidos en la clase 5.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Ergo Versicherungsgruppe AG, DeguDent GmbH y la OAMI cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 297, de 5.12.2009.


title: Asunto T-135/05: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de noviembre de 2006 — Campoli/Comisión (Funcionarios — Pensiones — Coeficiente corrector calculado en función del coste medio de la vida en el país de residencia — Régimen transitorio establecido por el nuevo Estatuto de los funcionarios a partir del 1 de mayo de 2004 — Acto lesivo — Excepción de ilegalidad — Confianza legítima — Seguridad jurídica — Igualdad de trato)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/40

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de noviembre de 2006 — Campoli/Comisión
   (Asunto T-135/05) (1)

   (Funcionarios - Pensiones - Coeficiente corrector calculado en función del coste medio de la vida en el país de residencia - Régimen transitorio establecido por el nuevo Estatuto de los funcionarios a partir del 1 de mayo de 2004 - Acto lesivo - Excepción de ilegalidad - Confianza legítima - Seguridad jurídica - Igualdad de trato)
   (2006/C 331/87)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Franco Campoli (Londres) (representantes: S. Rodrigues y A. Jaume, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Joris y H. Tserepa-Lacombe, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agentes)
   Objeto
   En esencia, la anulación de las hojas de haberes pasivos del demandante correspondientes a los meses de mayo a julio de 2004, al haber aplicado por primera vez un coeficiente corrector calculado ilegalmente en función del coste de vida medio en el país de residencia del demandante, en lugar de en la capital del país
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 132, de 28.5.2005.