title: Asunto C-58/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 6 de febrero de 2014 — Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl

text:
               12.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 6 de febrero de 2014 — Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl
   (Asunto C-58/14)
   2014/C 142/16
   Lengua de procedimiento: Alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesfinanzhof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandado y recurrente en casación: Hauptzollamt Hannover

      Demandante y recurrida en casación: Amazon EU Sàrl

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la descripción de productos que contiene la subpartida 8543 7010 de la Nomenclatura Combinada (1) en el sentido de que sólo incluye los aparatos que dispongan exclusivamente de la función de traducción o de diccionario?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
               ¿Deben incluirse en la subpartida 8543 7010 de la Nomenclatura Combinada también los aparatos en los que la función de traducción o de diccionario no es significativa frente a la función principal (función de lectura)?

      (1)  Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su redacción resultante del Reglamento (UE) no 861/2010 de la Comisión, de 5 de octubre de 2010, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 (DO L 284, p. 1).


               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/1

         (2007/C 82/01)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 69 de 24.3.2007

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 56 de 10.3.2007

      DO C 42 de 24.2.2007

      DO C 20 de 27.1.2007

      DO C 331 de 30.12.2006

      DO C 326 de 30.12.2006

      DO C 310 de 16.12.2006

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto T-37/07: Recurso interpuesto el 16 de febrero de 2007 — El Morabit/Consejo de la Unión Europea

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/44

         Recurso interpuesto el 16 de febrero de 2007 — El Morabit/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto T-37/07)
   (2007/C 82/95)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Mohamed El Morabit (Ámsterdam, Países Bajos) (representante: U. Sarikaya, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión impugnada del Consejo.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante impugna la decisión del Consejo por la que éste acordó incluir al demandante en la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican las medidas restrictivas previstas en el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (1).
   El demandante alega que, si bien es cierto que un tribunal lo ha declarado culpable de haber participado en una organización criminal con fines terroristas, no lo es menos que ha recurrido en apelación contra tal sentencia. Según el demandante, existe una posibilidad real de que en el recurso de apelación sea absuelto. Por consiguiente, la decisión del Consejo ha sido precipitada.

      (1)  DO L 344, p. 70.


title: Archivo del asunto T-305/01

text:
26.4.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 101/53
—     Ordene la reparación del perjuicio moral sufrido por el                    se le reconoce el derecho al beneficio de la indemnización
      demandante evaluado provisionalmente, sin perjuicio de                     por expatriación y, por tanto, de las otras indemnizacio-
      completarlo, en 50 000 euros.                                              nes asociadas conforme a la jurisprudencia Lozano;
—     Ordene la condena de la demandada al pago de la                     —      condene a la parte demandada al pago de la totalidad de
      totalidad de las costas.                                                   las costas.
Motivos y principales alegaciones                                         Motivos y principales alegaciones
El demandante, funcionario en la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), ocupó el puesto             Los motivos y principales alegaciones son los ya invocados en
de Jefe de Servicio de la División de Anulación hasta el 1 de             los asuntos T-205/02 Salvador García/Comisión (1), T-298/
mayo de 2002. Mediante la decisión impugnada en su recurso,               02 Ana Herrero Romeu/Comisión (2) et T-299/02 Dedeu/
se transfirió al demandante al puesto de consejero jurídico del           Comisión (2).
Vicepresidente encargado de los asuntos jurídicos. En apoyo
de sus pretensiones de anulación, el demandante invoca los
motivos siguientes:                                                       (1 ) JO C 219 de 14.9.2002, p. 22.
                                                                          (2 ) JO C 289 de 23.11.2002, p. 38.
—     motivación errónea e insuficiente de la mencionada
      decisión de 22 de abril de 2002;
—     violación del principio de proporcionalidad y de la
      libertad de expresión;
—     violación del derecho de defensa y, más en particular, del                           Archivo del asunto T-305/01 ( 1)
      derecho a ser oído;
—     violación del principio de buena administración y                                             (2003/C 101/93)
—     violación del deber de asistencia y protección.                                        (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          Mediante auto de 29 de enero de 2003, el Presidente de la Sala
                                                                          Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas ha decidido archivar el asunto T-305/01, Thalassa
Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2003 por Tomás                       Seafoods S.A. contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Salazar Brier contra la Comisión de las Comunidades
                             Europeas
                                                                          (1 ) DO C 56 de 2.3.2002.
                        (Asunto T-83/03)
                         (2003/C 101/92)
                 (Lengua de procedimiento: español)
                                                                                Archivo del asunto T-84/02 (1)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                              (2003/C 101/94)
europeas se ha presentado el 3 de marzo de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Tomás Salazar Brier, con domicilio en Bruselas, represen-                                (Lengua de procedimiento: francés)
tado por los letrados en ejercicio D. Ramón García-Gallardo
Gil-Fournier y Dª Mª Dolores Domínguez Pérez, abogados de
los ilustres Colegios de Madrid y La Coruña respectivamente,
con domicilio en Bruselas, Square de Meeûs, 19.                           Mediante auto de 30 de enero de 2003, el Presidente de la Sala
                                                                          Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas ha decidido archivar el asunto T-84/02, Armand de
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia             Buck contra Comisión de las Comunidades Europeas.
que:
—     declare nula la decisión de rechazo implícito a fecha               (1 ) DO C 131 de 1.6.2002.
      24 de febrero de 2003 que se produce por el silencio de
      la Comisión ante la Reclamación 528/02, y por la que no


title: Asunto C-331/99: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 1999 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
30.10.1999              ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 314/5
4. La Decisión de la Comisión determina el elemento de                    Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 1999 contra
     ayuda utilizando el tipo de referencia comunitario vigente             el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
     en la fecha de concesión de las ayudas. El tipo indicado por                                        Europeas
     la Comisión coincide con el señalado para la devolución de
     las ayudas ilegales en la Comunicación de la Comisión a                                       (Asunto C-337/99)
     los Estados miembros 97/C 273/03.
                                                                                (1999/C 314/10)
     Dicho tipo no puede aplicarse con carácter retroactivo al
     perı́odo comprendido entre el momento de la concesión
                                                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     de las ayudas y la entrada en vigor de dicha normativa, por
                                                                            presentado el 10 de septiembre de 1999 un recurso contra el
     oponerse a ello los principios de seguridad jurı́dica y de
                                                                            Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunida-
     confianza legı́tima.
                                                                            des Europeas, representada por el Sr. Barry Doherty, miembro
                                                                            del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, que designa como
(1) DO L 236 de 7.9.99, p. 14.                                              domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez
(2) DO L 177 de 1.7.81, p. 31 (EE 03/22, p. 80).                            de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
(3) DO L 126 de 9.5.89, p. 1.
                                                                            La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                            de Justicia que:
Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 1999 contra la                    1. Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obliga-
República Francesa por la Comisión de las Comunidades                          ciones que le incumben en virtud del artı́culo 4 bis,
                               Europeas                                          apartado 4, de la directiva 90/388/CEE, en su versión
                                                                                modificada por la Directiva 96/19/CE (1), y en virtud del
                        (Asunto C-331/99)                                        Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, al no
                                                                                haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
                          (1999/C 314/09)                                        administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en
                                                                                esta Directiva, o (con carácter subsidiario) al no haberlas
                                                                                notificado a la Comisión.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 7 de septiembre de 1999 un recurso contra                     2. Condene en costas al Reino de Bélgica.
la República Francesa formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Hans
Støvlbaek, miembro del Servicio Jurı́dico, y el Sr. Olivier                 Motivos y principales alegaciones
Couvert-Castéra, functionario nacional adscrito al Servicio
Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio                El artı́culo 249 CE (antiguo artı́culo 189 del Tratado Ce), según
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                 el cual una Directiva obliga al Estado miembro destinatario en
Centre Wagner, Kirchberg.                                                   cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la obligación
                                                                            para los Estados miembros de respetar los plazos de adaptación
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                   del Derecho interno a las Directivas establecidos en éstas. Este
                                                                            plazo expiró el 11 de enero de 1997, sin que el Reino de Bélgica
— Declare que la República Francesa ha incumplido las                      haya adoptado las disposiciones necesarias para atenerse a
     obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 6,                lo dispuesto en la directiva mencionada en las pretensiones de
     apartado 3, de la Directiva 76/768/CEE (1), al adoptar y               la Comisión.
     mantener en vigor el apartado f) del artı́culo 1 del Decreto
     no 77-469, de 28 de abril de 1977;                                     (1) DO L 74, de 22.3.1996, p. 13.
— Condene en costas a la República Francesa.
Motivos y principales alegaciones
La lista de las menciones establecidas en el artı́culo 6,                   Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 1999 contra
apartado 1, de la Directiva 76/768/CEE es exhaustiva. Por ello,             el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
la Directiva se opone a que una normativa nacional exija que                                              Europeas
se indiquen los datos cualitativos y cuantitativos de las
sustancias mencionadas en el envase, en la publicidad o en la                                        (Asunto C-338/99)
denominación de los productos cosméticos a que se refiere la
Directiva.                                                                                (1999/C 314/11)
(1) Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
    a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en      presentado el 10 de septiembre de 1999 un recurso contra el
    materia de productos cosméticos (DO L 262 de 27.9.1976,                 Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunida-
    p. 169; EE 15/01, p. 206), según la redacción de su artı́culo 6       des Europeas, representada por la Sra. Léna Ström, Consejera
    resultante de la Directiva 88/667/CEE del Consejo de 21 de
    diciembre de 1988 (DO L 382 de 31.12.1988, p. 46).
                                                                            Jurı́dica, y el Sr. Olivier Couvert-Castéra, miembro del Servicio
                                                                            Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
                                                                            en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                            Centre Wagner, Kirchberg.


title: Asunto C-375/06: Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/16

         Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-375/06)
   (2006/C 261/29)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Caeiros y B. Schima, agentes)

      Demandada: República Portuguesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare, con carácter principal, que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 2003/105/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               —

               Que se declare, con carácter subsidiario, que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la mencionada Directiva 2003/105/CE, al no haber informado inmediatamente a la Comisión acerca de tales disposiciones.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 1 de julio de 2005.

      (1)  DO L 345, p. 97


title: Asunto C-572/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 14 de noviembre de 2016 — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland

text:
               20.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 53/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 14 de noviembre de 2016 — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland
   (Asunto C-572/16)
   (2017/C 053/29)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Berlin

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: INEOS Köln GmbH

      Demandada: Bundesrepublik Deutschland

      Cuestión prejudicial

   ¿Se opone lo dispuesto en el artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, (1) y en la Decisión 2011/278/UE de la Comisión de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE, (2) a una norma de un Estado miembro que, respecto del período de comercio 2013-2020, establece un plazo de preclusión material para las solicitudes de asignación de derechos de emisión gratuitos para instalaciones ya existentes presentadas fuera de plazo y excluye la posibilidad de corregir errores o de completar los datos (incompletos) de la solicitud que se hayan detectado una vez expirado el plazo establecido por el Estado miembro?

      (1)  DO 2003, L 275, p. 32.

      (2)  DO 2011, L 130, p. 1.


title: Asunto C-449/11 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de septiembre de 2011 por Solvay Solexis SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta Ampliada) dictada el 16 de junio de 2011 en el asunto T-195/06, Solvay Solexis/Comisión

text:
               22.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/29

         Recurso de casación interpuesto el 1 de septiembre de 2011 por Solvay Solexis SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta Ampliada) dictada el 16 de junio de 2011 en el asunto T-195/06, Solvay Solexis/Comisión
   (Asunto C-449/11 P)
   2011/C 311/48
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Solvay Solexis SpA (representante: T. Salonico, G.L. Zampa y G. Barone, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anulen la sentencia recurrida y la Decisión en la medida en que declaran que Ausimont participó en la infracción antes del período comprendido entre mayo y septiembre de 1997, y en consecuencia, que se recalcule la multa impuesta a la recurrente en el artículo 2 de la Decisión.

               —

               Que se anulen la sentencia recurrida y la Decisión en la medida en que, en relación con el período posterior a los meses transcurridos entre mayo y septiembre de 1997, no reconocen que la gravedad del comportamiento de Ausimont fue menor debido a que no participó en el acuerdo sobre la limitación de las capacidades y, además, porque la incluyen en una categoría equivocada a los efectos de determinar el importe de base de la multa, solicitando por consiguiente que se recalcule la multa impuesta a la recurrente en el artículo 2 de la Decisión, o bien,

               —

               con carácter subsidiario a las pretensiones arriba expuestas, que se anule la sentencia recurrida en las partes mencionadas en los puntos 1) y 2) anteriores y que se devuelva el asunto al Tribunal para que se resuelva nuevamente sobre él.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

               I.

               Infracción de los artículos 101 TFUE y 2 del Reglamento no 1/2003, (1) motivación contradictoria e insuficiente, así como una correlativa y manifiesta distorsión de las pruebas, ya que no se demuestra que pueda considerarse que el comportamiento de Ausimont desde mayo de 1995 a mayo-septiembre de 1997 formara parte de un «acuerdo» o de una «práctica concertada», ni se motiva el rechazo de las pruebas objetivas proporcionadas por la recurrente para demostrar que Ausimont se comportó de modo altamente competitivo e independiente en dicho período.

               II.

               Violación de los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de seguridad jurídica, a la luz de la no observancia de las Directrices de 1998 para el cálculo de las multas, (2) así como falta de motivación y manifiesta distorsión de las pruebas en relación con la valoración de la gravedad del comportamiento de Ausimont y con la determinación de su sanción.

      (1)  DO L 1, p. 1.

      (2)  DO 1998, C 9, p. 3.


title: Asunto T-103/14 R II: Auto del Presidente del Tribunal General de 18 de septiembre de 2014 — Frucona Košice/Comisión ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado — Bebidas alcohólicas y espirituosas — Condonación de una deuda tributaria en el marco de un procedimiento de insolvencia colectivo — Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado interior y ordena su recuperación — Demanda de suspensión de ejecución — Nueva demanda — Inexistencia de hechos nuevos — Inexistencia de fumus boni iuris — Inexistencia de urgencia» )

text:
               17.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 409/44

         Auto del Presidente del Tribunal General de 18 de septiembre de 2014 — Frucona Košice/Comisión
   (Asunto T-103/14 R II)
   ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Ayudas de Estado - Bebidas alcohólicas y espirituosas - Condonación de una deuda tributaria en el marco de un procedimiento de insolvencia colectivo - Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado interior y ordena su recuperación - Demanda de suspensión de ejecución - Nueva demanda - Inexistencia de hechos nuevos - Inexistencia de fumus boni iuris - Inexistencia de urgencia»))
   2014/C 409/63
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Frucona Košice a.s. (Košice, Eslovaquia) (representantes: K. Lasok, QC, B. Hartnett y J. Holmes, Barristers, y O. Geiss, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Armati, P.-J. Loewenthal y K. Walkerová, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 2014/342/UE de la Comisión, de 16 de octubre de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005) concedida por la República Eslovaca a Frucona Košice, a.s. (DO 2014, L 176, p. 38), en la medida en que ordena a la República Eslovaca proceder a la recuperación de la ayuda.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-173/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa [Seguridad social — Libre prestación de servicios — Seguro de enfermedad — Asistencia hospitalaria dispensada en otro Estado miembro — Autorización previa — Requisitos de aplicación del artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) n o  1408/71 — Modalidades de reembolso al beneficiario de la seguridad social de los gastos hospitalarios efectuados en otro Estado miembro — Obligación de un tribunal inferior de observar las instrucciones dictadas por un tribunal superior]

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
   (Asunto C-173/09) (1)

   (Seguridad social - Libre prestación de servicios - Seguro de enfermedad - Asistencia hospitalaria dispensada en otro Estado miembro - Autorización previa - Requisitos de aplicación del artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 1408/71 - Modalidades de reembolso al beneficiario de la seguridad social de los gastos hospitalarios efectuados en otro Estado miembro - Obligación de un tribunal inferior de observar las instrucciones dictadas por un tribunal superior)
   2010/C 328/09
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Georgi Ivanov Elchinov

      Demandada: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretación del artículo 49 CE y del artículo 22, apartado 1, letra c), y apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) — Seguro de enfermedad — Denegación de autorización por la institución nacional competente de gastos financiados a cargo de su presupuesto (formulario E 112) para la obtención de asistencia médica más eficaz en un Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia del paciente asegurado — Presunción de una conexión necesaria entre dicha financiación y la existencia de este tipo de asistencia en el territorio nacional — Concepto de «asistencia que no pueda ser dispensada al interesado en el Estado miembro de residencia» — Formas de autorización de la financiación y régimen aplicable al reembolso de los gastos presentados — Obligación de un órgano jurisdiccional nacional inferior de seguir las instrucciones interpretativas de un órgano jurisdiccional superior que aquél considera contrarias al Derecho comunitario.

      Fallo

               1)

               El Derecho de la Unión se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, al que corresponde resolver un asunto que le ha sido remitido por un órgano jurisdiccional superior ante el que se interpuso un recurso de casación, se encuentre vinculado, con arreglo al Derecho procesal nacional, por valoraciones jurídicas efectuadas por el órgano jurisdiccional superior, si, habida cuenta de la interpretación que ha solicitado al Tribunal de Justicia, estima que dichas valoraciones no son compatibles con el Derecho de la Unión.

               2)

               Los artículos 49 CE y 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, se oponen a una normativa de un Estado miembro que se interpreta en el sentido de que excluye, en todos los casos, la cobertura de la asistencia hospitalaria dispensada sin autorización previa en otro Estado miembro.

               3)

               Por lo que atañe a la asistencia médica que no puede dispensarse en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social, el artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 1992/2006, debe interpretarse en el sentido de que una autorización requerida en virtud del apartado 1, letra c), inciso i), del mismo artículo no puede denegarse:

                           —

                           si, cuando las prestaciones previstas por la legislación nacional son objeto de una lista que no menciona expresa y precisamente el método de tratamiento aplicado, pero que define los tipos de tratamientos cubiertos por la institución competente, se comprueba, en aplicación de los principios de interpretación usuales, tras un examen basado en criterios objetivos y no discriminatorios, y tomando en consideración todos los elementos médicos pertinentes y los datos científicos disponibles, que dicho método de tratamiento corresponde a los tipos de tratamientos mencionados en la referida lista, y

                           —

                           si un tratamiento alternativo que tenga el mismo grado de eficacia no puede dispensarse en tiempo útil en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social.

                     El mismo artículo se opone a que los órganos nacionales que han de pronunciarse acerca de una solicitud de autorización previa presuman, a la hora de aplicar dicha disposición, que la asistencia hospitalaria que no puede dispensarse en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social no figura entre las prestaciones cuya cobertura está prevista por la legislación del referido Estado e, inversamente, que la asistencia hospitalaria que figura entre esas prestaciones puede obtenerse en el antedicho Estado miembro.

               4)

               Cuando se ha demostrado que la negativa a expedir una autorización requerida en virtud del artículo 22, apartado 1, letra c), inciso i), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 1992/2006, no era fundada, y la asistencia hospitalaria ya se ha prestado, corriendo el beneficiario de la seguridad social con los gastos correspondientes, el órgano jurisdiccional nacional debe obligar a la institución competente, con arreglo a las normas procesales nacionales, a reembolsar a dicho beneficiario de la seguridad social el importe que normalmente habría abonado ésta si la autorización se hubiese concedido debidamente.
               Dicho importe será igual al que se determine con arreglo a las disposiciones de la legislación a la que esté sujeta la institución del Estado miembro en cuyo territorio se haya dispensado la asistencia hospitalaria. Si ese importe es inferior al que habría resultado de aplicar la normativa en vigor en el Estado miembro de residencia en caso de hospitalización en este último, la institución competente debe abonar además al beneficiario de la seguridad social un reembolso complementario correspondiente a la diferencia entre esos dos importes, dentro del límite de los gastos realmente efectuados.

      (1)  DO C 180, de 1.8.2009.


title: Asunto C-406/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 6 de julio de 2017 — Acea Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato y otros

text:
               9.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 338/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 6 de julio de 2017 — Acea Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato y otros
   (Asunto C-406/17)
   (2017/C 338/05)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Acea Energia SpA

      Recurrida: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se oponen el propio fundamento de la directiva «general» 2005/29/CE, (1) en cuanto «red de seguridad» para la protección de los consumidores y, en particular, el considerando 10, el artículo 3, apartado 4, y el artículo 5, apartado 3, de dicha directiva a una normativa nacional que reconduzca la apreciación del cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en las directivas sectoriales 2009/72/CE (2) y 2009/73/CE (3) para proteger a los usuarios al ámbito de aplicación de la directiva general 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, excluyendo, en consecuencia, la intervención de la autoridad sectorial —en el presente asunto, la AEEGSI— para sancionar las infracciones de la directiva sectorial en los supuestos que puedan ser constitutivos de una práctica comercial desleal o irregular?

               2)

               ¿Debe entenderse que el principio de especialidad recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE regula las relaciones entre ordenamientos (ordenamiento general y ordenamientos sectoriales), entre normas (normas generales y normas especiales) o bien entre autoridades independientes de reglamentación y supervisión de los distintos sectores?

               3)

               ¿Ha de considerarse que sólo se produce un «conflicto» en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en caso de total antinomia entre las disposiciones de la normativa sobre prácticas comerciales desleales y las demás normas del Derecho de la Unión que regulan aspectos específicos de las prácticas comerciales o, por el contrario, basta con que las disposiciones de que se trate establezcan una regulación distinta a la de la normativa sobre prácticas comerciales desleales, de forma que en un supuesto concreto se produzca un concurso de normas?

               4)

               ¿Se refiere el concepto de normas comunitarias recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE únicamente a las disposiciones contenidas en los reglamentos y las directivas de la Unión y a las normas de transposición directa de las mismas o incluye también las disposiciones legislativas y reglamentarias que aplican principios de Derecho de la Unión?

               5)

               ¿Se oponen el principio de especialidad, consagrado en el considerando 10 y en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE y los artículos 37 de la Directiva 2009/72/CE y 41 de la Directiva 2009/73/CE a una interpretación de las correspondientes normas nacionales de transposición en virtud de la cual, siempre que en un sector que incluya en su reglamentación normas sectoriales sobre protección de los consumidores, que atribuyan potestad reglamentaria y sancionadora a la autoridad del sector, se constate una conducta que pueda ser calificada de «práctica agresiva», en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29, o «agresiva en cualquier circunstancia», en el sentido del anexo I de la Directiva 2005/29, se deba aplicar la normativa general sobre prácticas desleales, incluso cuando exista una normativa sectorial, adoptada en aras de la protección de los (mismos) consumidores y basada en disposiciones de Derecho de la Unión, que regule debidamente las mismas «prácticas agresivas» o «agresivas en cualquier circunstancia» o las citadas «prácticas desleales o irregulares»?

      (1)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22).

      (2)  Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 2009, L 211, p. 55).

      (3)  Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO 2009, L 211, p. 94).


title: Asunto C-210/02: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2002 contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 180/14                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          27.7.2002
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                7)    La expresión «extracción» contenida en el artı́culo 7 de la
lución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil                            Directiva, ¿se limita a la transferencia del contenido de la
Division), de fecha 24 de mayo de 2002, en el asunto                              base de datos directamente desde dicha base de datos a
entre 1) The British Horseracing Board Limited, 2) The                            otro soporte, o comprende también la transferencia de
Jockey club y 3) Weatherbys Group Limited y William                               obras, datos y demás elementos, que proceden
                    Hill Organization Limited                                     indirectamente de la base de datos sin tener acceso directo
                                                                                a la misma?
                         (Asunto C-203/02)
                                                                            8)    La expresión «reutilización» contenida en el artı́culo 7 de
                          (2002/C 180/23)                                         la Directiva, ¿se limita a la puesta a disposición del
                                                                                público del contenido de la base de datos directamente
                                                                                desde dicha base de datos, o comprende también la
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                         puesta a disposición del público de obras, datos y demás
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                     elementos, que proceden indirectamente de la base de
resolución de la Court of Appeal, dictada el 24 de mayo de                       datos sin tener acceso directo a la misma?
2002, en el asunto entre y , y recibida en la Secretarı́a del
Tribunal de Justicia el 31 de mayo de 2002. El solicita al                  9)    La expresión «reutilización» contenida en el artı́culo 7 de
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes                        la Directiva, ¿se limita a la primera puesta a disposición
cuestiones:                                                                       al público del contenido de la base de datos?
1)    Las expresiones:                                                      10) ¿Qué debe entenderse por la expresión «actos contrarios
                                                                                a una explotación normal de dicha base o que causen
      (a)    «parte sustancial del contenido de la base de datos»,                un perjuicio injustificado a los intereses legı́timos del
             o                                                                    fabricante de la base», contenida en el artı́culo 7, aparta-
                                                                                do 5, de la Directiva? En particular, los hechos y
      (b) «partes no sustanciales del contenido de la base de                     situaciones expuestos en los apartados 40 a 47 supra, en
             datos»                                                               el contexto de los hechos y situaciones expuestos en los
                                                                                apartados 32 a 35 supra, ¿pueden ser actos de esa
      contenidas en el artı́culo 7 de la Directiva (1), ¿compren-
                                                                                naturaleza?
      den las obras, datos u otros elementos procedentes de la
      base de datos, pero que no tienen la misma disposición
      sistemática o metódica ni la accesibilidad individual que           11) El artı́culo 10, apartado 3, de la Directiva, ¿debe inter-
      debe poseer una base de datos?                                              pretarse en el sentido de que cuando se produce un
                                                                                «cambio sustancial» en el contenido de una base de datos,
2)    ¿Qué debe entenderse por la expresión «obtención»                         que confiere a la base de datos resultante su propio plazo
      contenida en el artı́culo 7, apartado 1, de la Directiva? En                de protección, dicha base de datos resultante debe
      particular, los hechos y situaciones expuestos en los                       considerarse como una base de datos nueva e indepen-
      apartados 24 a 31 supra, ¿pueden equivaler a dicha                          diente, incluso a efectos del artı́culo 7, apartado 5?
      obtención?
3)    La «verificación» a que se refiere el artı́culo 7, apartado 1,       (1) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11
      de la Directiva, ¿se limita a garantizar periódicamente que              de marzo de 1996 relativa a la protección de la base de datos.
      la información contenida en una base de datos es o sigue
      siendo correcta?
4)    ¿Qué debe entenderse por las expresiones:
      (a)    «una parte sustancial del contenido de una base de
             datos, evaluada cualitativamente» y
                                                                            Recurso interpuesto el 4 de junio de 2002 contra el Reino
      (b) «una parte sustancial del contenido de una base de                Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la
             datos, evaluada cuantitativamente»,                                       Comisión de las Comunidades Europeas
      contenidas en el artı́culo 7, apartado 1, de la Directiva?
                                                                                (Asunto C-210/02)
5)    ¿Qué debe entenderse por la expresión «partes no sustan-
      ciales del contenido de la base de datos» contenida en el
                                                                                (2002/C 180/24)
      artı́culo 7, apartado 5, de la Directiva?
6)    En particular, en cada uno de los casos:
      (a)    La expresión «sustancial», ¿supone algo más que              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
             «insignificante» y, de ser ası́, qué significa?                presentado el 4 de junio de 2002 un recurso contra el Reino
                                                                            Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte formulado por la
      (b) La expresión «parte insustancial», ¿significa simple-            Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el
             mente que no es «sustancial»?                                  Sr. T. Cusack, agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 27.7.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 180/15
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1.    Declare que el Reino Unido ha incumplido las obligacio-          1)     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
      nes que le incumben en virtud de la Directiva 97/43/                    plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
      Euratom del Consejo (1), de 30 de junio de 1997, relativa               Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Con-
      a la protección de la salud frente a los riesgos derivados             sejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento
      de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas,                  de los datos personales y a la protección de la intimidad
      por la que se deroga la Directiva 84/466/Euratom, al no                 en el sector de las telecomunicaciones (1), al no haber
      adoptar con respecto a Gibraltar las disposiciones legales,             adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
      reglamentarias o administrativas necesarias para adaptar                nistrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha
      el Derecho interno a dicha Directiva, o en su caso al no                Directiva.
      comunicar a la Comisión la adopción de tales medidas.
                                                                       2)     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
2.    Condene en costas al Reino Unido.
                                                                       Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones
                                                                       El plazo para adaptar el Derecho interno a la citada Directiva
En virtud del artı́culo 192, apartado 1, del Tratado, los Estados      venció el 24 de octubre de 1998 y, en lo que respecta al
miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares         artı́culo 5 de la Directiva, el 24 de octubre de 2000.
apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las
instituciones de la Comunidad.                                         (1) DO L 24, de 30.1.1998, p. 1.
El Reino Unido no niega su obligación de adoptar medidas
con el fin de adaptar su Derecho interno a la Directiva.
Puesto que el Reino Unido no ha informado a la Comisión de
las disposiciones adoptadas para cumplir lo dispuesto en la            Recurso interpuesto el 5 de junio de 2002 contra la
Directiva en relación con Gibraltar y dado que la Comisión no        República de Austria por la Comisión de las Comunidades
dispone de otra información que le permita concluir que el                                          Europeas.
Reino Unido ha adoptado las disposiciones necesarias, la
Comisión debe considerar que el Reino Unido no ha adoptado                                     (Asunto C-212/02)
aún dichas disposiciones y que, por tanto, ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva.
                                                                                (2002/C 180/26)
(1) DO L 180 de 9.7.1997, p. 22.
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 5 de junio de 2002 un recurso contra la
                                                                       República de Austria formulado por la Comisión de las
                                                                       Comunidades Europeas, representada por el Sr. Michel Nolin,
                                                                       miembro del Servicio Jurı́dico, asistido por el abogado Rainer
                                                                       Roniger, del bufete Haarmann, Hemmelrath, de Bruselas, que
Recurso interpuesto el 4 de junio de 2002 contra el                    designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las                      Luis Escobar Guerrero, miembro de dicho Servicio Jurı́dico,
                     Comunidades Europeas                              Centre Wagner C 254, Kirchberg.
                       (Asunto C-211/02)                               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                         (2002/C 180/25)                               1)     Declare que la República de Austria ha incumplido las
                                                                              obligaciones que le incumben, en especial, en virtud del
                                                                              artı́culo 2, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE (1) y
                                                                              del artı́culo 2, apartado 1, de la Directiva 92/13/CEE (2),
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  al no prever las leyes sobre adjudicación de contratos
presentado el 5 de junio de 2002 un recurso contra el Gran                    de los Länder Salzburg, Steiermark, Niederösterreich y
Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las                        Kärtnen un procedimiento de recurso, en todo caso,
Comunidades Europeas, representada por la Sra. C. Schmidt,                    contra la decisión de adjudicación de los contratos, en el
en calidad de agente, que designa como domicilio Luxemburgo.                  que el licitador excluido pueda solicitar su anulación.


title: Asunto C-143/04: Recurso interpuesto el 17 de marzo de 2004 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/33

         Recurso interpuesto el 17 de marzo de 2004 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-143/04)
   (2004/C 94/74)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de marzo de 2004 un recurso contra el Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1.

               Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

               2.

               Condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo establecido para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 22 de diciembre de 2002.

      (1)  DO L 167, de 22.6.2001, p. 10.


title: Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 1998 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-347/98)

text:
C 340/12               ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      7.11.98
     o productos vegetales y contra su propagación en el           posiciones necesarias para atenerse a la Directiva mencio-
     interior de la Comunidad (3).                                 nada en las pretensiones de la Comisión.
                                                                   (1) DO L 365 de 31.12.1994, p. 1.
Motivos y principales alegaciones
Los motivos y principales alegaciones son anaÂlogos a los
formulados en el asunto C-335/98; los plazos senÄalados
por las Directivas expiraron el 30 de junio de 1996, el 1
de febrero de 1996 y el 1 de enero de 1997, respectiva-            Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 1998 contra el
mente.                                                             Reino de BeÂlgica por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                                                                                (Asunto C-347/98)
(1) DO L 167 de 18.7.1995, p. 17.
(2) DO L 184 de 3.8.1995, p. 34.                                                           (98/C 340/21)
(3) DO L 321 de 12.12.1996, p. 20.
                                                                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                   ha presentado el 22 de septiembre de 1998 un recurso
                                                                   contra el Reino de BeÂlgica formulado por la Comisión de
                                                                   las Comunidades Europeas, representada por los Sres.
                                                                   Dimitrios Gouloussis y Peter Hillenkamp, en calidad de
Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 1998 contra
                                                                   Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el
   Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                   despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
                      (Asunto C-346/98)                            Kirchberg.
                         (98/C 340/20)                             La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
                                                                   bunal de Justicia que:
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se          Ð Declare que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las
ha presentado el 22 de septiembre de 1998 un recurso                    obligaciones que le incumben en virtud de la letra f)
contra Irlanda formulado por la Comisión de las Comuni-                 del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CEE)
dades Europeas, representada por los Sres. Richard                      no 1408/71 del Consejo (1), al deducir cotizaciones per-
Wainwright, Consejero Jurídico principal, y Michael Shot-               sonales del 13,07 % de las pensiones belgas de enfer-
ter, funcionario nacional adscrito a la Comisión en el                  medad profesional cuyos titulares no residen en BeÂl-
marco de los intercambios de funcionarios, en calidad de                gica y no estaÂn ya sujetos al reÂgimen belga de Seguri-
Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el                    dad Social.
despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
Kirchberg.                                                         Ð Condene en costas al Reino de BeÂlgica.
                                                                   Motivos y principales alegaciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                   Las personas que ya no ejercen una actividad por cuenta
                                                                   ajena o por cuenta propia en BeÂlgica y que han trasladado
Ð Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones               su residencia a otro Estado miembro estaÂn exclusivamente
     que le incumben en virtud de la Directiva 94/60/CE            sujetos a la legislación de este uÂltimo. Por consiguiente, las
     del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de                autoridades belgas no estaÂn autorizadas para deducir coti-
     diciembre de 1994, por la que se modifica por decimo-         zaciones de las pensiones belgas de enfermedad profesional
     cuarta vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la apro-        a que tienen derecho las personas que se encuentran en
     ximación de las disposiciones legales, reglamentarias y       dicha situación.
     administrativas de los Estados miembros que limitan
     la comercialización y el uso de determinadas sustancias       BeÂlgica se refiere equivocadamente a las prestaciones pre-
     y preparados peligrosos (1), al no haber adoptado y           vistas en el artículo 52 del Reglamento (CEE) no 1408/71
     publicado las disposiciones legales, reglamentarias y         para las víctimas de un accidente de trabajo o de una
     administrativas necesarias para atenerse a la citada          enfermedad profesional. Tales prestaciones no son pres-
     Directiva, y/o al no informar de ello a la Comisión.          taciones por enfermedad en el sentido del Capítulo 1 del
                                                                   Reglamento, sino otras prestaciones en especie que tienen
Ð Condene en costas a Irlanda.                                     por objeto subvenir de manera específica a las necesidades
                                                                   originadas por los accidentes de trabajo o la enfermedad
                                                                   profesional. A diferencia de la norma prevista en el
Motivos y principales alegaciones                                  artículo 33, el Capítulo 4 del Reglamento 1408/71 no
                                                                   preveÂ la posibilidad de que el Estado competente proceda
                                                                   a deducir cotizaciones para financiar las prestaciones con-
El artículo 189 del Tratado CE, con arreglo al cual la
                                                                   secuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad
Directiva obligaraÂ al Estado miembro destinatario en
                                                                   profesional.
cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la obli-
cación de los Estados miembros de respetar el plazo senÄa-
                                                                   (1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2; EE 05/01, p. 98.
lado en la Directiva. Dicho período expiró el 20 de
diciembre de 1995 sin que Irlanda haya adoptado las dis-


title: Asunto C-192/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Finlandia) el 24 de abril de 2012 — Melvin West/Virallinen syyttäjä

text:
               23.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Finlandia) el 24 de abril de 2012 — Melvin West/Virallinen syyttäjä
   (Asunto C-192/12)
   2012/C 184/10
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Korkein oikeus

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Melvin West

      Recurrida: Virallinen syyttäjä

      Cuestión prejudicial

   A efectos de la aplicación del artículo 28, apartado 2, de la Decisión marco, ¿debe entenderse por Estado miembro de ejecución el Estado desde el cual se hubiera entregado inicialmente al interesado en virtud de una orden de detención europea a otro Estado miembro, o bien este segundo Estado miembro desde el cual se hubiera remitido al interesado a un tercero, al que se solicita ahora que entregue nuevamente a la persona a un cuanto Estado miembro? ¿O es necesario, en su caso, el consentimiento de ambos Estados miembros? [omissis]


title: Asunto T-701/16 P: Recurso de casación interpuesto el 30 de septiembre de 2016 por la Comisión Europea contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-91/15, AV/Comisión

text:
               16.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 14/37

         Recurso de casación interpuesto el 30 de septiembre de 2016 por la Comisión Europea contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-91/15, AV/Comisión
   (Asunto T-701/16 P)
   (2017/C 014/45)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: C. Berardis-Kayser, T.S. Bohr y C. Ehrbar, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: AV (Cadrezzate, Italia)

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia recurrida.

               —

               Devuelva el asunto al Tribunal General que actúe en primera instancia.

               —

               Reserve la decisión sobre las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente formula dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en dos errores de Derecho que supuestamente cometió el Tribunal de la Función Pública (en lo sucesivo, «TFP»). En primer lugar, sostiene que el TFP anuló la resolución controvertida, a saber la decisión de la Comisión, de 16 de septiembre de 2014, de aplicar a la otra parte en el procedimiento la reserva médica prevista en el artículo 32 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea y de denegarle la asignación por invalidez, pese a que la anulación de una resolución por violación del principio del plazo razonable sólo es una excepción. En segundo lugar, alega que el TFP estimó erróneamente que el excesivo retraso en pronunciarse podía afectar al propio contenido de la resolución. La recurrente aprecia también un incumplimiento de la obligación de motivación en lo relativo a este segundo aspecto.

               2.

               Segundo motivo, basado en un error de Derecho que supuestamente resulta de que, al haber anulado el TFP la resolución controvertida y declarado que el plazo en la tramitación de los procedimientos administrativos considerado excesivo repercutía en el propio contenido de la resolución, la sentencia recurrida viola el principio de fuerza de cosa juzgada.


title: Asunto C-603/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Juridiction de Proximité de Chartres — Francia) — Hervé Fontaine/Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (Competencia — Artículos 101 TFUE y 102 TFUE — Seguro complementario de salud — Acuerdos de concertación entre las mutuas y los facultativos de su elección — Diferencia de trato — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/5

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Juridiction de Proximité de Chartres — Francia) — Hervé Fontaine/Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale
   (Asunto C-603/11) (1)

   (Competencia - Artículos 101 TFUE y 102 TFUE - Seguro complementario de salud - Acuerdos de concertación entre las mutuas y los facultativos de su elección - Diferencia de trato - Inadmisibilidad manifiesta)
   2013/C 108/08
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juridiction de Proximité de Chartres

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Hervé Fontaine

      Demandada: Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Juridiction de Proximité de Chartres — Interpretación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE — Competencia — Normativa nacional que prohíbe a la mutuas complementarias la adaptación de las prestaciones en función de las condiciones de ejecución de actos y servicios — Prohibición de acuerdos de concertación entre las mutuas y los facultativos de su elección — Diferencia de trato en relación con las demás empresas e instituciones de previsión sujetas al Código de Seguros o al Código de la Seguridad Social — Restricciones.

      Fallo

   La petición de decisión prejudicial presentada por el juge de proximité de Chartres, mediante resolución de 17 de noviembre de 2011, es manifiestamente inadmisible.

      (1)  DO C 39, de 11.2.2012.


title: Asunto C-263/05: Recurso interpuesto el 23 de junio de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/27

         Recurso interpuesto el 23 de junio de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-263/05)
   (2005/C 217/54)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de junio de 2005 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. M. Konstantinidis y L. Cimaglia, miembros del Servicio Jurídico de la Comisión.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, (1) en su versión modificada por la Directiva 91/156/CE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, (2) al adoptar o mantener en vigor una disposición (el artículo 14 del Decreto-Ley no 138, de 8 de julio de 2002, que se convirtió en la Ley no 178, de 8 de agosto de 2002) que excluye del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo no 22, de 1997, con el que se adaptó el Derecho interno italiano a la Directiva 91/156/CEE, las sustancias o productos destinados a operaciones de eliminación y valorización de residuos que no se enumeran expresamente en los anexos B y C del Decreto Legislativo no 22/97, así como los productos, sustancias y materiales que sean residuos de producción de los que el poseedor tenga la intención o la obligación de desprenderse, cuando estos puedan ser reutilizados en un ciclo de producción o de consumo, siempre que no se hayan sometido a ningún tratamiento previo y que no causen perjuicios al medio ambiente o también cuando hayan sido sometidos a un tratamiento previo que no constituya una operación de valorización de las enumeradas en el anexo C del Decreto Legislativo no 22/1997.

               2)

               Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   La referencia que se hace en el artículo 14, apartado 1, letras a) y b), de la Ley 178/2002 a las «actividades de eliminación y valorización» y a las «operaciones de eliminación y valorización», respectivamente, va seguida, en ambos casos, de la puntualización «según los anexos B y C del Decreto Legislativo no 22».
   Tal puntualización, que no figura, sin embargo, en la letra c) del mismo artículo, parece distinguir entre las operaciones de eliminación y valorización consideradas en general, por un lado, y aquellas operaciones incluidas entre las primeras expresamente contempladas en los anexos B y C del Decreto Legislativo no 22/97, por otro.
   A la luz de dicha distinción, de la interpretación conjunta del artículo 6, apartado 1, letra a), del Decreto Legislativo no 22/97 y del artículo 14, letras a) y b), de la Ley no 178/2002 se desprende con claridad que el efecto de esta última disposición es restringir el alcance del concepto de residuo, que no comprende todos los materiales, sustancias y productos enumerados en las categorías del anexo A que el poseedor destine o someta, o bien tenga la intención de destinar, a cualquier operación de eliminación o valorización, sino sólo aquellos en relación con los cuales se hayan efectuado o proyectado operaciones de eliminación o de valorización incluidas en los anexos B y C del Decreto Legislativo no 22/97.
   En el sistema instaurado por el legislador italiano, en el que el concepto de residuo depende taxativamente de los citados requisitos, se excluye, por tanto, una posible calificación como residuos y, en consecuencia, la aplicación de la normativa sobre gestión de residuos, de todos aquellos materiales, sustancias y productos del anexo A que el poseedor destine, someta o tenga la intención de destinar a operaciones de eliminación que no figuren en el anexo B del Decreto Legislativo no 22/97 o a operaciones de valorización que no figuren en su anexo C.
   La Comisión considera que dicha exclusión constituye una restricción indebida del concepto de residuo y, por tanto, del ámbito de aplicación de la normativa italiana sobre gestión de residuos. De hecho, la interpretación del legislador italiano produce el efecto de circunscribir la aplicación de lo dispuesto en la Directiva únicamente a los supuestos contemplados en la normativa italiana, excluyendo otros supuestos no previstos inicialmente, pero que podrían estar comprendidos y en relación con los cuales sería necesaria una interpretación extensiva del concepto de residuo, como la que se efectúa en el apartado 36 de la sentencia Palin Granit. La actuación del legislador italiano infringe las disposiciones de la Directiva, que no pueden ser derogadas por una norma de Derecho interno.

      (1)  DO L 194, de 25.7.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129.

      (2)  DO L 78, de 26.3.1991, p. 32.


title: Asunto C-405/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 11 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel [Procedimiento prejudicial — Clasificación arancelaria — Validez del punto 2 del cuadro que figuraba en el anexo del Reglamento (CE) no 384/2004 en el período comprendido entre el 22 de marzo de 2004 y el 22 de diciembre de 2009 — Aplicabilidad de esta disposición a las declaraciones en aduana presentadas a lo largo de 2008 — Clasificación de unos productos destinados a ordenadores, compuestos por un disipador térmico y un ventilador]

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/10

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 11 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel
   (Asunto C-405/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Clasificación arancelaria - Validez del punto 2 del cuadro que figuraba en el anexo del Reglamento (CE) no 384/2004 en el período comprendido entre el 22 de marzo de 2004 y el 22 de diciembre de 2009 - Aplicabilidad de esta disposición a las declaraciones en aduana presentadas a lo largo de 2008 - Clasificación de unos productos destinados a ordenadores, compuestos por un disipador térmico y un ventilador])
   (2015/C 320/14)
   Lengua de procedimiento: checo

      Órgano jurisdiccional remitente

   Nejvyšší správní soud

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: PST CLC a.s.

      Demandada: Generální ředitelství cel

      Fallo

               1)

               El punto 2 del cuadro que figuraba en el anexo del Reglamento (CE) no 384/2004 de la Comisión, de 1 de marzo de 2004, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la Nomenclatura Combinada, era inválido durante el período en que estuvo en vigor, es decir, entre el 22 de marzo de 2004 y el 22 de diciembre de 2009.

               2)

               En la medida en que los productos objeto del litigio principal estén compuestos por un difusor térmico y un ventilador y estén destinados exclusivamente a incorporarse a un ordenador, extremos que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente, su clasificación arancelaria debe efectuarse basándose en las reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura Combinada establecidas en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007.

      (1)  DO C 431, de 1.12.2014.


title: Asunto T-529/09: Sentencia del Tribunal General de 4 de mayo de 2012 — in ’t Veld/Consejo [Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n ° 1049/2001 — Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo sobre una recomendación de la Comisión para que se autorice la apertura de negociaciones con vistas a un acuerdo internacional — Denegación parcial de acceso — Excepción relativa a la protección del interés público en materia de relaciones internacionales — Excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico — Perjuicio concreto y previsible para el interés de que se trate — Interés público superior]

text:
               23.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/9

         Sentencia del Tribunal General de 4 de mayo de 2012 — in ’t Veld/Consejo
   (Asunto T-529/09) (1)

   (Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo sobre una recomendación de la Comisión para que se autorice la apertura de negociaciones con vistas a un acuerdo internacional - Denegación parcial de acceso - Excepción relativa a la protección del interés público en materia de relaciones internacionales - Excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico - Perjuicio concreto y previsible para el interés de que se trate - Interés público superior)
   2012/C 184/14
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Sophie in ’t Veld (Bruselas) (representantes: O. Brouwer y J. Blockx, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente M. Bauer, C. Fekete y O. Petersen, posteriormente M. Bauer y C. Fekete, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Comisión Europea (representantes: C. O’Reilly y P. Costa de Oliveira, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión del Consejo de 29 de octubre de 2009, mediante la que se deniega el acceso íntegro al documento no 11897/09, de 9 de julio de 2009, que contiene un dictamen del Servicio Jurídico del Consejo titulado «Recomendación de la Comisión al Consejo para que se autorice la apertura de negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América con vistas a un acuerdo internacional destinado a poner a disposición del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos datos de mensajería financiera en el marco de la prevención del terrorismo y de su financiación, así como de la lucha contra estos fenómenos — Base jurídica».

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión del Consejo de 29 de octubre de 2009 en la medida en que deniega el acceso a las partes no divulgadas del documento no 11897/09, que no sean aquellas relacionadas con el contenido específico del acuerdo previsto o de las directrices de negociación.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 80, de 27.3.2010.


title: Asunto F-28/14: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2014 — ZZ/SEAE

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/44

         Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2014 — ZZ/SEAE
   (Asunto F-28/14)
   2014/C 184/73
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: J.-N. Louis y D. de Abreu Caldas, abogados)

      Demandada: Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las decisiones de la Alta Representante de la Unión Europea de resolver el contrato de agente temporal del demandante, de negarse a oírlo en relación con unas actos de acoso psicológico, de desestimar su petición de que se nombre un investigador externo y de registrar su denuncia como petición.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 20 de diciembre de 2013 de la Alta Representante de la Unión Europea y Vicepresidente de la Comisión Europea por la que se pone fin con efecto a 31 de marzo de 2014 al contrato del demandante como agente temporal, en el sentido del artículo 2, e), del Régimen aplicable a los otros agentes.

               —

               Que se anule la decisión de la Alta Representante de negarse a oírlo, como el demandante había solicitado expresamente en el escrito que acompañaba a su denuncia de 9 de diciembre contra el Chief Operating Officer del SEAE por actos de acoso psicológico.

               —

               Que se anule la decisión de la Alta Representante de desestimar su petición de que se nombre un investigador externo de muy alto nivel, que acredite una gran experiencia en las condiciones de trabajo que rigen en las instituciones de la Unión Europea y una imparcialidad irreprochable, a fin de que determine los hechos, extraiga las conclusiones oportunas y presente a la Alta Representante sus recomendaciones sobre las medidas que procede adoptar a raíz de la denuncia.

               —

               Que se anule la decisión de la Alta Representante de registrar su denuncia como petición y de encomendar su tramitación a la Dirección General de Recursos Humanos HR.D.2, «Asuntos jurídicos, comunicaciones y relaciones con los interesados», ninguno de cuyos miembros es del mismo grado que el funcionario contra el que se ha presentado la denuncia ni tiene su autoridad.

               —

               Que se condene en costas al SEAE.


title: Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas — Comunicaciones

text:
24.8.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 202/19
                                                      TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Euro-                           A la Sala Cuarta ampliada:
                                 peas
                                                                                A la Sra. Tiili, Presidenta de Sala; y a los Sres. Pirrung,
                                                                                Mengozzi, Meij y Vilaras, Jueces.
                          Comunicaciones
                                                                                A la Sala Quinta:
                          (2002/C 202/27)
                                                                                Al Sr. Garcı́a-Valdecasas, Presidente de Sala; y a la Sra.
                                                                                Lindh y al Sr. Cooke, Jueces.
Designación de los Presidentes de Sala y adscripción de Jueces a Salas         A la Sala Quinta ampliada:
En su reunión de 4 de julio de 2002, el Pleno del Tribunal de                   Al Sr. Garcı́a-Valdecasas, Presidente de Sala; y a la Sra.
Primera Instancia decidió, de conformidad con el artı́culo 2,                   Lindh y a los Sres. Moura Ramos, Cooke y Legal, Jueces.
apartado 4, de la Decisión del Consejo de 24 de octubre
de 1988 y con los artı́culos 10 y 15 del Reglamento de                     Los asuntos cuyo Juez Ponente sea adscrito a otra Sala
Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, para el                   integrada por tres Jueces como consecuencia de la modificación
perı́odo comprendido entre el 1 de octubre de 2002 y el                    de la composición de las Salas, exceptuando los asuntos sobre
30 de septiembre de 2003:                                                  marcas atribuidos a la Sala Segunda y un número proporcional
                                                                           de asuntos sobre función pública atribuidos a la Sala Primera,
a.    Designar Presidentes de Sala:                                        serán reatribuidos, con efectos de 1 de octubre de 2002, a la
                                                                           Sala a la que pertenezca el Juez Ponente a partir de dicha fecha.
      —     Al Juez Sr. Garcı́a-Valdecasas
                                                                           Por lo que respecta a los asuntos cuya fase escrita haya
      —     Al Juez Sr. Lenaerts                                           finalizado antes del 1 de octubre de 2002 y cuya vista
                                                                           correspondiente a la fase oral ya se haya celebrado o fijado en
      —     A la Juez Sra. Tiili                                           dicha fecha, las Salas seguirán actuando, con su composición
      —     Al Juez Sr. Forwood.                                           anterior, en la fase oral, en la deliberación y en la sentencia.
b.    Adscribir a los miembros del Tribunal de Primera Instan-
      cia a las Salas, de la siguiente forma:                              Criterios para la atribución de los asuntos a las Salas
                                                                           En su reunión de 4 de julio de 2002, el Pleno del Tribunal de
      A la Sala Primera:
                                                                           Primera Instancia fijó, de conformidad con el artı́culo 12 del
      Al Sr. Vesterdorf, Presidente; y a los Sres. Moura Ramos y           Reglamento de Procedimiento, los siguientes criterios para la
      Legal, Jueces.                                                       atribución de los asuntos a las Salas, para el perı́odo com-
                                                                           prendido entre el 1 de octubre de 2002 y el 30 de septiembre
      A la Sala Primera ampliada:                                          de 2003:
      Al Sr. Vesterdorf, Presidente; y a los Sres. Azizi, Moura            1.    1.    a) Los recursos relativos a la aplicación de las normas
      Ramos, Jaeger y Legal, Jueces.                                                   sobre ayudas concedidas por los Estados y de las
      A la Sala Segunda:                                                               normas referentes a las medidas de defensa comercial
                                                                                serán atribuidos, desde el momento de la presenta-
      Al Sr. Forwood, Presidente de Sala; y a los Sres. Pirrung y                      ción del escrito de interposición del recurso y sin
      Meij, Jueces.                                                                    perjuicio de una ulterior aplicación de los artı́culos
                                                                                14 y 51 del Reglamento de Procedimiento, a las
      A la Sala Segunda ampliada:                                                      Salas ampliadas integradas por cinco Jueces.
      Al Sr. Forwood, Presidente de Sala; y a los Sres. Pirrung,
                                                                                b)    Los demás asuntos serán atribuidos, desde el
      Mengozzi, Meij y Vilaras, Jueces.
                                                                                momento de la presentación del escrito de interposi-
      A la Sala Tercera:                                                               ción del recurso y sin perjuicio de una ulterior
                                                                                aplicación de los artı́culos 14 y 51 del Reglamento
      Al Sr. Lenaerts, Presidente de Sala; y a los Sres. Azizi y                       de Procedimiento, a las Salas integradas por tres
      Jaeger, Jueces.                                                                  Jueces.
      A la Sala Tercera ampliada:                                          2.    Los asuntos a que se refieren los puntos 1. a) y 1. b) serán
      Al Sr. Lenaerts, Presidente de Sala; y a la Sra. Lindh y a                 atribuidos a las Salas de la siguiente forma:
      los Sres. Azizi, Cooke y Jaeger, Jueces.                                   a)    Los asuntos a que se refiere el punto 1. a) serán
                                                                                atribuidos, según un turno establecido en función
      A la Sala Cuarta:
                                                                                del orden de registro de los asuntos en la Secretarı́a,
      A la Sra. Tiili, Presidenta de Sala; y a los Sres. Mengozzi y                    a las Salas ampliadas Primera, Segunda, Tercera,
      Vilaras, Jueces.                                                                 Cuarta y Quinta.
 ---pagebreak--- C 202/20                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       24.8.2002
       b)  Los asuntos relativos a los derechos de propiedad              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
           intelectual a que se refiere el artı́culo 130, apartado
           1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de
           Primera Instancia serán atribuidos, según un turno                                   de 4 de julio de 2002
           establecido en función del orden de registro de los
           asuntos en la Secretarı́a, a las Salas Segunda y Cuarta.
       c)  Los demás asuntos a que se refiere el punto 1. b)             en el asunto T-340/99: Arne Mathisen AS contra Consejo
           serán atribuidos a las Salas Primera, Segunda, Ter-                                  de la Unión Europea (1)
           cera, Cuarta y Quinta. Estas atribuciones se efectua-
           rán con arreglo a tres turnos distintos, establecidos
           en función del orden de registro de los asuntos en la         («Derechos antidumping y compensatorios definitivos —
           Secretarı́a:                                                   Salmón atlántico de piscifactorı́a — Recurso de anulación
                                                                          — Compromiso — Elusión — Obligación de cooperación —
           —     para los asuntos contemplados en el artı́culo            Incumplimiento — Principio de proporcionalidad — Recurso
                 236 del Tratado CE y en el artı́culo 152 del                                       de indemnización»)
                 Tratado CEEA;
           —     para los asuntos que se refieran a la ejecución                                    (2002/C 202/28)
                 de las normas sobre la competencia aplicables
                 a las empresas;
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
           —     para los demás asuntos comprendidos en el
                 punto 1. b).
           Dentro del turno a que se refiere el primer guión
           supra, la atribución de asuntos de la propiedad
           intelectual a las Salas Segunda y Cuarta según el             En el asunto T-340/99, Arne Mathisen AS, con domicilio
           turno contemplado en el punto b) precedente se                 social en Værøy (Noruega), representada por el Sr. S. Knudtzon,
           compensará mediante la atribución proporcional de            abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Con-
           asuntos a las Salas Primera, Tercera y Quinta.                 sejo de la Unión Europea (agentes: Sres. S. Marquardt y
           Dentro de los turnos a que se refieren los puntos 2. a)        G. Berrisch), apoyada por la Comisión de las Comunidades
           y 2. c), la Sala Primera y la Sala Primera ampliada,           Europeas (agentes: Sr. V. Kreuschitz y la Sra. S. Meany), que
           presididas por el Presidente del Tribunal, no serán           tiene por objeto, por una parte, la anulación del Reglamento
           tomadas en consideración para cada tercer turno.              (CE) no 1895/1999 del Consejo, de 27 de agosto de 1999, que
                                                                          modifica el Reglamento (CE) no 772/1999 por el que se
           El Presidente del Tribunal podrá establecer excepcio-         establecen derechos antidumping y compensatorios definitivos
           nes a dichos turnos para tener en cuenta las                   sobre las importaciones de salmón del Atlántico de piscifacto-
           conexiones existentes entre determinados asuntos o             rı́a originario de Noruega (DO L 233, p. 1), y, por otra, la
           para garantizar un reparto equilibrado del volumen             indemnización del perjuicio sufrido a causa de la adopción del
           de trabajo.                                                    Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta
                                                                          ampliada), integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, la Sra.
                                                                          V. Tiili, los Sres. J. Pirrung, P. Mengozzi y A.W.H. Meij, Jueces;
                                                                          Secretario: Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el 4 de julio
Pleno del Tribunal de Primera Instancia                                   de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
En su reunión de 4 de julio de 2002, el Pleno del Tribunal de
Primera Instancia ha decidido, con arreglo al artı́culo 32,               1)    Desestimar el recurso.
apartado 1, párrafo segundo, de su Reglamento de Procedi-
miento, que si, como consecuencia de la designación de un
Abogado General conforme al artı́culo 17 del Reglamento de                2)    La demandante soportará sus propias costas ası́ como las
Procedimiento, el Pleno del Tribunal estuviera formado por un                   causadas por el Consejo.
número par de Jueces, el turno de rotación preestablecido,
según el cual el Presidente del Tribunal determina qué Juez se
                                                                          3)    La Comisión cargará con sus propias costas.
abstendrá de participar en las deliberaciones, seguirá el orden
inverso al rango que corresponda a los Jueces según la
antigüedad en el ejercicio de sus funciones, conforme al
artı́culo 6 del Reglamento de Procedimiento, salvo que tal                (1) DO C 79 de 18.03.2000.
designación recaiga en el Juez Ponente. En este caso, se
designará al Juez que preceda inmediatamente a éste en rango.