title: Asunto C-83/03: Recurso interpuesto el 26 de febrero de 2003 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
10.5.2003               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 112/9
4)     En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:               Recurso interpuesto el 26 de febrero de 2003 contra la
                                                                          República Italiana por la Comisión de las Comunidades
       ¿Dispone el Tribunal de Justicia de las Comunidades                                             Europeas
       Europeas, con base en el contenido de la petición de
       decisión prejudicial y de los autos adjuntos, a la luz de su
       jurisprudencia en la sentencia de 26 de marzo de 1996,                                     (Asunto C-83/03)
       British Telecommunications (C-392/93) ( 2), de toda la
       información que necesita para poder responder a la
       cuestión de si las normas de adaptación del Derecho                                         (2003/C 112/17)
       interno expuestas se sitúan dentro del margen de aprecia-
       ción otorgado al legislador nacional por la Directiva 89/
       105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
       relativa a la transparencia de las medidas que regulan la
       fijación de precios de los medicamentos para uso humano            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
       y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del         presentado el 26 de febrero de 2003 un recurso contra
       seguro de enfermedad (DO 1989, L 40, p. 8), o confía al            la República Italiana formulado por la Comisión de las
       órgano jurisdiccional remitente la respuesta a dicha               Comunidades Europeas, representada por los Sres. Antonio
       cuestión?                                                          Aresu y Roberto Amorosi, en calidad de agentes.
( 1) Rec. p. I-9285.
( 2) Rec. p. I-1631.                                                      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                          a)    Declare que la República Italiana ha incumplido las
                                                                                obligaciones derivadas del artículo 4, apartado 2, de la
                                                                                Directiva 85/337/CEE (1) del Consejo, de 27 de junio de
                                                                                1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                       determinados proyectos públicos y privados sobre el
lución del Bundesarbeitsgericht, de fecha 6 de noviembre                        medio ambiente, en la medida en que no ha comprobado
de 2002, en el asunto entre Wolff & Müller GmbH & Co.                           correctamente si el proyecto de construcción de un
                  KG y José Filipe Pereira Félix                                puerto turístico en Fossacesia (Chieti), incluido en la lista
                                                                                que figura en el anexo II de la propia Directiva, reviste
                         (Asunto C-60/03)                                       unas características que requieren un procedimiento de
                                                                                evaluación de su repercusión sobre el medio ambiente.
                          (2003/C 112/16)
                                                                          b)    Condene a la República Italiana al pago de las costas del
                                                                                procedimiento.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Bundesarbeitsgericht, dictada el 6 de noviembre
de 2002, en el asunto entre Wolff & Müller GmbH & Co. KG
y José Filipe Pereira Félix, y recibida en la Secretaría del              Motivos y principales alegaciones
Tribunal de Justicia el 14 de febrero de 2003. El Bundesarbei-
tsgericht solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
la siguiente cuestión:                                                    Las autoridades italianas no han dado explicación alguna a la
                                                                          Comisión por haber considerado que el proyecto de construc-
                                                                          ción de un puerto turístico en Fossacesia (Chieti) no precisaba
El artículo 49 CE (anteriormente artículo 59 del Tratado CE),
                                                                          ser sometido a un procedimiento de evaluación de sus
¿se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual un
                                                                          repercusiones sobre el medio ambiente, en los términos del
empresario de la construcción que encarga a otro empresario
                                                                          artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE.
la prestación de servicios de construcción ha de responder
como avalista que ha renunciado al beneficio de excusión de
las obligaciones de dicho empresario o de un subcontratista
del mismo en relación con el pago del salario mínimo a un                 Por lo tanto, no resulta evidente que se hayan considerado las
trabajador o con el pago de cotizaciones a un organismo                   características del proyecto con relación a su posible repercu-
común establecido por las partes del convenio colectivo,                  sión sobre la fauna, la flora y el paisaje. El hecho de que el área
cuando el salario mínimo comprende la cantidad que debe                   de que se trata no haya sido propuesta como Lugar de
pagarse al trabajador tras la deducción de los impuestos y de             Importancia Comunitaria es un elemento adicional que permite
las cotizaciones a la seguridad social y al seguro de desempleo           concluir que, por el contrario, se hubieran debido tener en
o de otros gastos equivalentes de seguro social (salario neto),           cuenta las citadas repercusiones. Además, la circunstancia de
si la protección del salario del trabajador no es el objetivo             que la citada comprobación se haya efectuado una vez que ya
principal o sólo es un objetivo secundario de la ley?                     se hubiera adjudicado la concesión de la obra pública es otro
                                                                          elemento del que puede deducirse que el procedimiento
                                                                          seguido ha sido como mínimo incoherente.
 ---pagebreak--- C 112/10               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                          10.5.2003
Pues bien, al faltar asimismo las Líneas directrices y los               4)    En caso de respuesta negativa, ¿pueden los órganos
criterios, previstos en la referida Directiva, para la realización             jurisdiccionales de los Estados miembros ampliar el
de las comprobaciones dirigidas a determinar la necesidad de                   concepto de agente comercial de modo que incluya a la
llevar a cabo o de dejar de efectuar la evaluación de la                       persona antes mencionada aplicando por analogía la
repercusión sobre el medio ambiente de un determinado                          legislación nacional por la que se adapta el Derecho
proyecto, no puede considerarse correctamente aplicado el                      interno a la Directiva, o no disponen de tal facultad
artículo 4, apartado 2, cuando no esté razonablemente justifi-                 porque contraviene la uniformidad del Derecho comuni-
cada la decisión de no someter un proyecto al citado procedi-                  tario?
miento.
                                                                         (1 ) DO L 372 de 31.12.1986, p. 1.
( 1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
                                                                         Recurso interpuesto el 26 de febrero de 2003 contra la
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas por la República
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                                             Helénica
lución del Polymeles Protodikeio Athinon, de fecha 27 de
abril de 2001, en el asunto entre Anastasia Mavrona kai                                          (Asunto C-86/03)
        Sia O.E. y DELTA Etairia Simmetokhon A.E.
                                                                                (2003/C 112/19)
                         (Asunto C-85/03)
                          (2003/C 112/18)                                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 26 de febrero de 2003 un recurso contra la
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
                                                                         República Helénica, representada por la Sra. Ekaterini Samoni-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         Pandou y el Sr. Panaiotis Mylonopoulos, consejeros jurídicos
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         en el Servicio Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores.
resolución del Polymeles Protodikeio Athinon, dictada el 27 de
abril de 2001, en el asunto entre Anastasia Mavrona kai Sia
O.E. y DELTA Etairia Simmetokhon A.E., y recibida en la                  La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de febrero de 2003. El
Polymeles Protodikeio Athinon solicita al Tribunal de Justicia           1)    Anule la Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                              2002, C (2002) 2475, sobre la petición de autorización
                                                                               de Grecia para utilizar en parte de su territorio fuelóleos
1)    ¿La definición de agente comercial del artículo 1, apar-                 pesados con un contenido máximo de azufre del 3 % de
      tado 2, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo ( 1),                     la masa (1).
      comprende también a un intermediario independiente
      que compra en su propio nombre mercancías al empresa-              2)    Declare la inaplicabilidad de la Directiva 1999/32/CE con
      rio, deduciendo su comisión del precio de compra, y                      arreglo al artículo 241 CE.
      vende posteriormente tales mercancías a terceros, si bien
      interviniendo por cuenta del empresario?                           3)    Condene en costas a la Comisión.
2)    En caso de respuesta negativa, ¿en el presente caso se ha
      establecido la definición de agente comercial contenida
                                                                         Motivos y principales alegaciones
      en dicho artículo en contraposición con la persona antes
      mencionada (es decir, un intermediario independiente que
                                                                         —     Violación del derecho de defensa.
      compra en su propio nombre mercancías al empresario,
      deduciendo su comisión del precio de compra, y vende               —     Violación del principio del efecto útil.
      posteriormente tales mercancías a terceros, si bien intervi-
      niendo por cuenta del empresario), o existe en realidad            —     Violación del principio de confianza legítima.
      una laguna?
                                                                         —     Violación del principio de proporcionalidad.
3)    Si existe una laguna, ¿es posible, en virtud de los
      principios de equidad, aplicar por analogía la definición          —     Violación del artículo 252 CE.
      anterior del artículo 1, apartado 2, a un intermediario
      independiente que compra en su propio nombre mercan-
      cías al empresario, deduciendo su comisión del precio de           (1 ) DO L 4 de 9.1.2003, p. 16.
      compra, y vende posteriormente tales mercancías a
      terceros, si bien interviniendo por cuenta del empresario?


title: Asunto C-309/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 5 de julio de 2007 — Baumann GmbH/Land Hessen

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 5 de julio de 2007 — Baumann GmbH/Land Hessen
   (Asunto C-309/07)
   (2007/C 247/03)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hessischer Verwaltungsgerichtshof
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Baumann GmbH

      Demandada: Land Hessen
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               Al ejercitar las facultades establecidas en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1985, en su versión modificada por la Directiva 96/43/CE del Consejo, de 26 de junio de 1996, y en el anexo A, capítulo I, punto 4, letra a), para aumentar los importes a tanto alzado para determinados establecimientos, y en el punto 4, letra b), para percibir una tasa que cubra los costes reales, ¿se halla el legislador nacional estrictamente vinculado a la estructura de las tasas (por especie animal, animales jóvenes y adultos, peso en canal, etc.) prevista en el anexo A, capítulo I, puntos 1 y 2, letra a), o puede, al fijar el importe de las tasas, establecer distintos niveles según se trate de inspecciones de unidades sacrificadas en grandes establecimientos o de otras inspecciones, y, además, dentro de estos dos grupos, graduar de forma decreciente el importe de la tasa, según la cantidad de sacrificios realizados dentro de cada especie animal, con la única condición de que estos importes correspondan a los costes reales?

               2)

               Cuando los sacrificios se llevan a cabo fuera del horario normal de sacrificio a instancia del titular, ¿puede el legislador nacional, sobre la base de las normas arriba mencionadas, exigir un recargo porcentual sobre las tasas que se perciben con respecto a las inspecciones que se realizan dentro del horario normal, siempre que corresponda a los costes reales adicionales, o deben incluirse tales costes dentro de la tasa a tanto alzado (incrementada) aplicable a todos los obligados al pago de la tasa?


title: Asunto C-386/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad (Bulgaria) el 13 de agosto de 2012 — Siegfried János Schneider

text:
               13.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad (Bulgaria) el 13 de agosto de 2012 — Siegfried János Schneider
   (Asunto C-386/12)
   2012/C 311/09
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sofiyski gradski sad

      Parte en el procedimiento principal

      Recurrente: Siegfried János Schneider

      Cuestión prejudicial

   ¿Es aplicable el artículo 22, número 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, (1) sólo a los procedimientos contradictorios que tienen por objeto derechos reales inmobiliarios, o también a los de jurisdicción voluntaria en los que los nacionales de un Estado miembro que han sido incapacitados parcialmente por un órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro con arreglo a su Derecho nacional y a los que se ha nombrado un curador (también nacional de ese Estado miembro) solicitan poder disponer de un bien inmueble de su propiedad situado en otro Estado miembro?

      (1)  Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictado el 25 de abril de 1996, en el asunto entre Francisca Sánchez Hidalgo y otros y Asociación de Servicios Aser y Sociedad Cooperativa Minerva (Asunto C-173/96)

text:
6 . 7 . 96             ES |                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N° C 197/ 15
resolución de la Royal Court of Jersey dictada el 1 1 de abril       2 ) Si ha existido un suministro de bienes o servicios,
de 1996 en el asunto entre Rui Alberto Pereira Roque y Su                 efectuado a cambio de una contraprestación, ¿ qué
Excelencia el Lieutenant Governor de Jersey, y recibida en la             naturaleza tiene dicha contraprestación con respecto a
Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de mayo de                      la referida operación ?
199 6 .
                                                                     0 ) DO n° L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE 09/01 , p. 54 .
La Royal Court of Jersey solicita al Tribunal de Justicia que
se pronuncie sobre las cuestiones siguientes :
1 ) En la medida en que los ciudadanos británicos no están
      sujetos a controles de inmigración para acceder a Jersey,      Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto de
     ni pueden ser deportados de dicha Isla, ¿ tiene el              la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
      artículo 4 del Protocolo n° 3 al Acta de adhesión del          Castilla-La Mancha, dictado el 25 de abril de 1996, en el
      Reino Unido a las Comunidades Europeas (^ el efecto            asunto entre Francisca Sánchez Hidalgo y otros y Asocia
      de que los nacionales de otro Estado miembro no                  ción de Servicios Aser y Sociedad Cooperativa Minerva
     pueden igualmente ser deportados de Jersey ?                                          ( Asunto C-173/96 )
2 ) Si la respuesta a la primera cuestión es « no », ¿ prohibe                                   96/C 197/31 )
      dicho artículo 4 a las autoridades competentes de Jersey
      deportar a un nacional de otro Estado miembro, salvo           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     cuando dicha deportación está justificada por motivos           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      de orden público, seguridad pública o salud pública ?          auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
                                                                     de Castilla-La Mancha , dictado el 25 de abril de 1996 , en el
3 ) Si la respuesta a la segunda cuestión es « sí », ¿ prohibe       asunto entre Francisca Sánchez Hidalgo y otros y Asocia
      dicho artículo 4 a las autoridades competentes de Jersey       ción de Servicios Aser y Sociedad Cooperativa Minerva, y
      que deporten de dicha Isla a un nacional de otro Estado        recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de
      miembro cuando las consideraciones de orden público            mayo de 1996 .
      aplicadas por dichas autoridades no conducirían en la
      práctica a la deportación fuera del Reino Unido de dicha       La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
      persona ?                                                      Castilla-La Mancha solicita al Tribunal de Justicia que se
                                                                     pronuncie sobre :
(') DO n° L 73 de 27 . 3 . 1972 , p . 164 .
                                                                     Si debe considerarse incluido dentro del ámbito de apli
                                                                     cación del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva
                                                                     77/187/CEE ( 1 ), el supuesto de una empresa que cesa en la
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso           prestación, por cuenta de un Ayuntamiento que se lo había
lución de la High Court of Justice, Queen's Bench Division,          adjudicado, del servicio de ayuda a domicilio en favor de
de fecha 13 de mayo de 1996, en el asunto entre Commis              determinadas personas en situación de necesidad, realizán
sioners of Custom and Excise y The First National Bank of            dose una nueva adjudicación de tal servicio a otra empresa
                              Chicago                                distinta , sin que exista transferencia de elementos materia
                                                                     les, y sin que, ni en el convenio colectivo ni en el pliego de
                       ( Asunto C-l 72/96 )
                                                                     condiciones, se indique nada respecto a la obligación de
                          ( 96/C 197/30 )                            subrogación en la relación laboral con los trabajadores de la
                                                                     anterior empresa concesionaria por parte de la nueva
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha            empresa adjudicataria del servicio .
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución de la High Court of Justice, Queen's Bench                (') DO n0 L 61 de 5 . 3 . 1977, p . 26 ; EE 05/02 , p . 122 .
Division, dictada el 13 de mayo de 1996 en el asunto entre
Commissioners of Customs and Excise y The First National
Bank of Chicago, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
Justicia el 20 de mayo de 1996 .
                                                                     Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
La High Court of Justice, Queen's Bench Division, solicita al        lución del Tribunal de première instance de Bruselas, de
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las cuestiones           fecha 23 de abril de 1996, en el asunto Lehtonen J. y Asbl
siguientes :                                                         Castors Canada Dry Namur-Braine contra Asbl Fédération
                                                                                royale belge des sociétés de basket-ball
De acuerdo con una interpretación adecuada de la Directiva                                 (Asunto C- 1 76/96 )
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en
materia de armonización de las legislaciones de los Estados                                    ( 96/C 197/32 )
miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
negocios ( sexta Directa IVA)( 1 ), y en relación con las            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
operaciones de cambio, según la definición que de éstas da la        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
British Bankers ' Association ( recogida en el apartado 1 de         resolución del Tribunal de première instance de Bruselas,
los antecedentes de hecho ):                                         dictada el 23 de abril de 1996, en el asunto Lehtonen J. y
                                                                     Asbl Castors Canada Dry Namur-Braine contra Asbl
1 ) ¿ Constituyen dichas operaciones de cambio un suminis           Fédération royale belge des sociétés de basket-ball, y
      tro de bienes o servicios efectuado a cambio de una            recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de
      contraprestación ?                                             mayo de 1 996 .


title: Asunto T-208/02: Recurso interpuesto el 3 de julio de 2002 contra Europol por la Sra. Lene Beier

text:
24.8.2002              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 202/37
Recurso interpuesto el 29 de junio de 2002 contra la                    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
Comisión de las Comunidades Europeas por Vassilios                     que:
                            Tsarnavas
                                                                        —     Anule la decisión adoptada por el tribunal del concurso
                       (Asunto T-200/02)                                      por la que se excluye a la demandante de las pruebas
                                                                              consecutivas al examen de preselección, comunicada
                         (2002/C 202/61)                                      mediante escrito de 2 de mayo de 2002, admin. A2/
                                                                              5000LM — IT 001451, con la firma del Sr. Herik
                 (Lengua de procedimiento: francés)                           Halskov.
                                                                        —     Anule cualquier otra decisión consecutiva o sucesiva
                                                                              eventualmente adoptada por la Comisión para excluir a
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                              la demandante del concurso de que aquı́ se trata.
Europeas se ha presentado el 29 de junio de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado               —     Condene en costas a la Comisión.
por Vassilios Tsarnavas, con domicilio en Bruselas, represen-
tado por Me Nicolas Lhoëst, abogado, que designa domicilio
en Luxemburgo.
                                                                        Motivos y principales alegaciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                    La demandante en el presente asunto impugna la decisión del
                                                                        tribunal del concurso de no admitirla a la prueba escrita del
—    Anule la decisión de la Comisión de 13 de marzo de 2002,         concurso general COM/A/10/01 Sector 01/Derecho, por haber
     por la que se desestima parcialmente la reclamación               obtenido una puntuación insuficiente para figurar entre los
     presentada por el demandante con arreglo al artı́culo 90,          candidatos que hubiesen obtenido los 400 mejores resultados.
     apartado 2, del Estatuto, en lo que se refiere a su solicitud
     de indemnización.
                                                                        A este respecto, se recuerda que, según el anuncio de convoca-
—    Por consiguiente, condene a la Comisión a pagar al                toria del concurso antes citado, solamente debı́an presentar su
     demandante una indemnización de 12 500 EUR por el                 candidatura los 400 candidatos que hubiesen obtenido el
     perjuicio moral que estima haber sufrido.                          mayor número de puntos en la fase de preselección.
—    Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las
     costas.                                                            En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:
                                                                        —     La ilegalidad del anuncio de convocatoria por infracción
Motivos y principales alegaciones                                             de los artı́culos 4 y 5 del anexo III del Estatuto de los
                                                                              Funcionarios de la Comunidad Europea.
El demandante alega haber sufrido un perjuicio como conse-              —     La violación del principio de buena administración, que
cuencia de la infracción de las Disposiciones generales de                   consiste en el deber de la Comisión de admitir a
ejecución del artı́culo 43 del Estatuto, en que incurrió la                 las pruebas únicamente los candidatos que reúnan las
Comisión, en la medida en que el retraso para elaborar su                    condiciones de admisión previstas en la convocatoria.
informe de calificación es imputable a la Comisión.
Recurso interpuesto el 9 de julio de 2002 contra la                     Recurso interpuesto el 3 de julio de 2002 contra Europol
Comisión de las Comunidades Europeas por Nicoletta                                           por la Sra. Lene Beier
                              Falcone
                                                                                (Asunto T-208/02)
                       (Asunto T-207/02)
                                                                                (2002/C 202/63)
                         (2002/C 202/62)
                (Lengua de procedimiento: italiano)                                     (Lengua de procedimiento: neerlandés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 9 de julio de 2002 un recurso              Europeas se ha presentado el 3 de julio de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado               contra Europol, formulado por la Sra. Lene Beier, con domicilio
por Nicoletta Falcone, representada por el Profesor Massimo             en La Haya (Paı́ses Bajos), representada por Maria Franciscus
Condinanzi, abogado.                                                    Baltussen y Pauline de Casparis, abogadas.
 ---pagebreak--- C 202/38                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        24.8.2002
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:             El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
1)     Anule la decisión denegatoria de Europol relativa a la           1)     Anule la decisión denegatoria de Europol relativa a la
       reclamación presentada por la demandante contra la                      reclamación presentada por el demandante contra la
       Decisión de 23 de noviembre de 2001, y anule simultáne-                Decisión de 23 de noviembre de 2001, y anule simultáne-
       amente la Decisión impugnada de 23 de noviembre                         amente la Decisión impugnada de 23 de noviembre
       de 2001.                                                                 de 2001.
2)     Condene a Europol, con carácter principal, a conceder a          2)     Condene a Europol a conceder al demandante dos
       la demandante dos aumentos salariales, con efectos a                     aumentos salariales con efectos a partir del 1 de julio
       partir del 1 de julio de 2001, y, con carácter subsidiario,
                                                                                de 2001.
       a conceder a la demandante un aumento salarial, con
       efectos a partir del 1 de julio de 2001.
                                                                         3)     Condene a Europol a abonar al demandante lo debido en
3)     Condene a Europol a abonar a la demandante lo debido                     el plazo de 24 de horas tras la notificación de la sentencia
       en el plazo de 24 de horas tras la notificación de la                   que se dicte en este asunto, más los intereses devengados
       sentencia que se dicte en este asunto, más los intereses                con arreglo al Derecho neerlandés.
       devengados con arreglo al Derecho neerlandés.
                                                                         4)     Condene a Europol a indemnizar al demandante los
4)     Condene a Europol a abonar a la demandante en el plazo                   gastos efectuados en este procedimiento.
       de 24 de horas tras la notificación de la sentencia que se
       dicte en este asunto una cantidad de 1 000 EUR como
       indemnización del daño moral sufrido.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
5)     Condene a Europol a indemnizar a la demandante los
       gastos efectuados en este procedimiento.
                                                                         El demandante trabaja para Europol. En la Decisión impugnada
                                                                         de la demandada no se concede al demandante ningún
                                                                         aumento de salario sobre la base de su evaluación.
Motivos y principales alegaciones
La demandante trabaja para Europol. En la Decisión impug-               El demandante alega que dicha Decisión infringe el artı́culo 29
nada de la demandada no se concede a la demandante ningún               del Estatuto del personal de Europol. Según el demandante, el
aumento de salario sobre la base de su evaluación.                      consejo de administración no fijó las reglas necesarias para la
                                                                         concesión de un aumento de salario con arreglo a dicho
                                                                         artı́culo. Además, el demandante aduce que el director se
La demandante alega que dicha Decisión infringe el artı́culo 29
                                                                         excedió en el ejercicio de su facultad discrecional con lo que la
del Estatuto del personal de Europol. Según la demandante, el
                                                                         Decisión no cumple los requisitos de diligencia e imparcialidad.
consejo de administración no fijó las reglas necesarias para la
                                                                         Finalmente, el demandante invoca una infracción de los
concesión de un aumento de salario con arreglo a dicho
                                                                         principios de igualdad de trato y confianza legı́tima.
artı́culo. Además, la demandante aduce que el director se
excedió en el ejercicio de su facultad discrecional con lo que la
Decisión no cumple los requisitos de diligencia e imparcialidad.
Finalmente, la demandante invoca una infracción de los
principios de igualdad de trato y confianza legı́tima.
                                                                                Archivo del asunto T-258/97 (1)
                                                                                (2002/C 202/65)
Recurso interpuesto el 5 de julio de 2002 contra Europol
                   por el Sr. Andreas Mausolf
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                        (Asunto T-209/02)
                          (2002/C 202/64)
                                                                         Mediante auto de 12 de junio de 2002, el Presidente de la Sala
                                                                         Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)                    Europeas ha decidido archivar el asunto T-258/97, Eridania
                                                                         SpA y otros contra Consejo de la Unión Europea.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 5 de julio de 2002 un recurso               (1) DO C 357 de 22.11.1997.
contra Europol, formulado por el Sr. Andreas Mausolf, con
domicilio en Leiden (Paı́ses Bajos), representado por Maria
Franciscus Baltussen y Pauline de Casparis, abogadas.


title: Asunto C-244/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat (Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Directiva 85/337/CEE — Artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2 — Proyectos incluidos en el anexo II — Obras de ampliación de la infraestructura de un aeropuerto — Examen mediante umbrales o criterios — Artículo 4, apartado 3 — Criterios de selección — Anexo III, apartado 2, letra g) — Áreas de gran densidad demográfica)

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat
   (Asunto C-244/12) (1)

   (Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Directiva 85/337/CEE - Artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2 - Proyectos incluidos en el anexo II - Obras de ampliación de la infraestructura de un aeropuerto - Examen mediante umbrales o criterios - Artículo 4, apartado 3 - Criterios de selección - Anexo III, apartado 2, letra g) - Áreas de gran densidad demográfica)
   2013/C 156/23
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Salzburger Flughafen GmbH

      Demandada: Umweltsenat

      Con intervención de: Landesumweltanwaltschaft Salzburg, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgerichtshof — Interpretación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (DO L 73, p. 5) — Proyectos que pueden ser objeto de una evaluación — Ampliación de un aeropuerto — Normativa de un Estado miembro que prevé la evaluación de las repercusiones de tal proyecto en el medio ambiente sólo si se incrementa el número de vuelos anuales en un mínimo de 20 000 vuelos adicionales.

      Fallo

               1)

               Los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, letra b), y apartado 3, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, se oponen a una normativa nacional que, en el caso de los proyectos que modifican la infraestructura de un aeropuerto incluidos en el anexo II de la misma Directiva, únicamente obliga a una evaluación de impacto ambiental cuando tales proyectos puedan incrementar el número de operaciones aéreas en un mínimo de 20 000 anuales.

               2)

               Cuando un Estado miembro, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), de la Directiva 85/337, establece, por lo que respecta a los proyectos incluidos en su anexo II, un umbral como el controvertido en el litigio principal, que es incompatible con las obligaciones previstas en los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 3, de dicha Directiva, las disposiciones de los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, letra a), y apartado 3, de la misma Directiva producen un efecto directo que implica que las autoridades nacionales competentes deben garantizar que se examine en primer lugar si los proyectos de que se trata pueden tener repercusiones importantes en el medio ambiente y, en caso afirmativo, que se efectúe a continuación una evaluación de tales repercusiones.

      (1)  DO C 235, de 4.8.2012.


title: Asunto C-442/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 3 de octubre de 2012 — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

text:
               12.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/30

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 3 de octubre de 2012 — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
   (Asunto C-442/12)
   2013/C 9/49
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Jan Sneller

      Demandada: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Permite el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344/CEE (1) que un asegurador de la defensa jurídica que estipula en sus póliza que la defensa jurídica en procedimientos judiciales o administrativos se prestará en principio por medio de trabajadores del asegurador, establezca además que los gastos de defensa jurídica de un abogado o asesor jurídico libremente elegido por el asegurado quedarán comprendidos en la cobertura únicamente si, en opinión del asegurador, el tratamiento del asunto debe encargarse a un abogado externo?

               2)

               ¿Tiene alguna incidencia en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que en el procedimiento judicial o administrativo de que se trate sea o no obligatoria la defensa jurídica?

      (1)  Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica (DO L 185, p. 77).


title: Asunto C-182/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Bélgica) el 9 de abril de 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc./Región valona

text:
               3.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Bélgica) el 9 de abril de 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc./Región valona
   (Asunto C-182/10)
   2010/C 179/30
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour constitutionnelle

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Marie-Noëlle Solvay, Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc.

      Demandada: Región valona

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Los artículos 2, apartado 2, y 9, apartado 4, del Convenio de Aarhus «sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambientales», (1) ¿deben interpretarse con arreglo a las precisiones aportadas por la Guía de Aplicación de dicho Convenio?

               2)

                           a)

                           El artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus, ¿debe interpretarse en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de dicho Convenio actos legislativos como las autorizaciones urbanísticas o medioambientales concedidas con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 1 a 4 del Decreto de la Región Valona de 17 de julio de 2008«relativo a algunas licencias para las que existen razones imperiosas de interés general»?

                           b)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de dicho Convenio actos legislativos como las ratificaciones de autorizaciones urbanísticas o medioambientales contenidas en los artículos 5 a 9 y 14 a 17 de dicho Decreto?

                           c)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE «relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente», (2) en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de dicha Directiva actos legislativos como las autorizaciones urbanísticas o medioambientales concedidas con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 1 a 4 de dicho Decreto?

                           d)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de dicha Directiva actos legislativos como las ratificaciones de autorizaciones urbanísticas o medioambientales contenidas en los artículos 5 a 9 y 14 a 17 de dicho Decreto?

               3)

                           a)

                           ¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 9, y 9, apartados 2, 3 y 4, del Convenio de Aarhus y el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE en el sentido de que se oponen a un procedimiento como el establecido en los artículos 1 a 4 de dicho Decreto, en virtud del cual el legislador regional expide autorizaciones urbanísticas y medioambientales que son preparadas por una autoridad administrativa y que sólo pueden ser objeto de los recursos indicados en los apartados B.6 y B.7 ante la Cour constitutionnelle y los órganos jurisdiccionales?

                           b)

                           ¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 9, y 9, apartados 2, 3 y 4, del Convenio de Aarhus y el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE en el sentido de que se oponen a la adopción de actos legislativos como las ratificaciones con efecto retroactivo contenidas en los artículos 5 a 9 y 14 a 17 de dicho Decreto, que sólo pueden ser objeto de los recursos indicados en los apartados B.6 y B.7 ante la Cour constitutionnelle y los órganos jurisdiccionales?

               4)

                           a)

                           ¿Deben interpretarse el artículo 6, apartado 9, del Convenio de Aarhus y el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE en el sentido de que se oponen a un procedimiento como el establecido en los artículos 1 a 4 de dicho Decreto, en virtud del cual un decreto que expide autorizaciones urbanísticas o medioambientales no debe contener él mismo todos los elementos que permitan controlar que dichas autorizaciones se basan en una verificación previa adecuada, efectuada con arreglo a las exigencias del Convenio de Aarhus y de la Directiva 85/337/CEE?

                           b)

                           ¿Deben interpretarse el artículo 6, apartado 9, del Convenio de Aarhus y el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE en el sentido de que se oponen a la adopción de actos legislativos como las ratificaciones contenidas en los artículos 5 a 9 y 14 a 17 de dicho Decreto, que no contienen ellas mismas todos los elementos que permitan controlar que dichas autorizaciones se basan en una verificación previa adecuada, efectuada con arreglo a las exigencias del Convenio de Aarhus y de la Directiva 85/337/CEE?

               5)

               ¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo «relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres» (3) en el sentido de que permite a una autoridad legislativa autorizar proyectos como los previstos en los artículos 16 y 17 de dicho Decreto, aunque el estudio de repercusiones realizado al respecto haya sido considerado incompleto por el Conseil d’Etat, pronunciándose con arreglo al procedimiento de extrema urgencia, y rebatido por un dictamen de la autoridad de la Región Valona responsable de la gestión ecológica del medio natural?

               6)

               En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse que el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE permite considerar como una razón imperiosa de interés público de primer orden la realización de una infraestructura destinada a albergar el centro administrativo de una empresa privada y a acoger en ella a un gran número de trabajadores?

      (1)  El Convenio de Aarhus fue firmado el 25 de junio de 1998 y aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1).

      (2)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40).

      (3)  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 63).


title: Asunto C-81/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 17 de febrero de 2014 — Nannoka Vulcanus Industries BV, otra parte: College van gedeputeerde staten van Gelderland

text:
               12.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 17 de febrero de 2014 — Nannoka Vulcanus Industries BV, otra parte: College van gedeputeerde staten van Gelderland
   (Asunto C-81/14)
   2014/C 142/24
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Nannoka Vulcanus Industries BV

      Otra parte: College van gedeputeerde staten van Gelderland

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se desprende del anexo II B de la Directiva 1999/13/CE (1) (Directiva del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de disolventes debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones) que al operador de instalaciones en que pueda aceptarse y utilizarse para decidir el punto de referencia de las reducciones de emisión un contenido constante del producto en sólidos, cuando aún se hallen en fase de desarrollo sustitutos que contengan una baja concentración de disolventes o estén exentos de éstos, deberá concedérsele un tiempo suplementario para aplicar sus planes de reducción de emisión apartándose del calendario establecido en dicho anexo?

         En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1:

               2)

               ¿Se exige, para obtener tiempo suplementario para aplicar el plan de reducción de emisiones en el sentido del anexo II B de la Directiva 1999/13/CE, una actuación determinada del operador de la instalación o el consentimiento de una autoridad competente?

               3)

               ¿Con arreglo a qué criterios puede determinarse la duración del tiempo suplementario en el sentido del anexo II B de la Directiva 1999/13/CE?

      (1)  DO L 85, p. 1.


title: Asunto F-12/12: Recurso interpuesto el 27 de enero de 2012 — ZZ/Comisión

text:
               12.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/32

         Recurso interpuesto el 27 de enero de 2012 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-12/12)
   2012/C 138/73
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: S. Rodrigues, A. Blot y C. Bernard-Glanz, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión presunta de la Comisión por la que se deniega la solicitud de la parte demandante de clasificación en grado AD 11 con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2010 e indemnización del perjuicio supuestamente sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión adoptada el 18 de octubre de 2011 por la que se deniega a la parte demandante la reclasificación en grado AD 11 a partir del 1 de enero de 2010.

               —

               Que se indemnicen los daños morales sufridos por la parte demandante mediante una compensación equitativa calculada en 22 000 euros.

               —

               A título subsidiario, que se indemnicen los daños materiales sufridos por la parte demandante calculados en 11 742,48 euros respecto del ejercicio de 2010, más, respecto del período iniciado posteriormente y hasta la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto, un importe variable que habrá de ser calculado, incrementado con los intereses compensatorios y de demora devengados a los tipos legales que correspondan; debiendo añadirse a esta primera cifra el importe que el Tribunal de la Función Pública determine a tanto alzado en concepto de indemnización del segundo elemento de los daños materiales y cuya cuantía puede establecerse de modo indicativo y provisional en 120 000 euros, aproximadamente.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-151/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis) (Directiva 92/51/CEE — Reconocimiento de títulos — Estudios cursados en un centro de estudios libres no reconocido como centro educativo por el Estado miembro de acogida — Óptico)

text:
               24.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)
   (Asunto C-151/07) (1)

   (Directiva 92/51/CEE - Reconocimiento de títulos - Estudios cursados en un «centro de estudios libres» no reconocido como centro educativo por el Estado miembro de acogida - Óptico)
   (2009/C 19/03)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Symvoulio tis Epikrateias
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Theologos-Grigorios Chatzithanasis

      Demandada: Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación de los artículos 149 y 150 del Tratado CE y de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209, p. 25) — Negativa a reconocer, en el Estado miembro de acogida, el título de formación profesional, expedido en un Estado miembro y que otorga el derecho al ejercicio de la profesión de óptico — Formación adquirida, en su mayor parte, en un centro que está establecido y funciona legalmente en el Estado miembro de acogida, el cual, sin embargo, no está reconocido como centro de enseñaza por la normativa de dicho Estado.
   Fallo
   Los artículos 1, letra a), 3 y 4 de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, deben interpretarse en el sentido de que, en virtud del artículo 3 de dicha Directiva, las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida están obligadas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 4 de la misma Directiva, a reconocer un título expedido por una autoridad competente en otro Estado miembro, aunque dicho título sancione una formación cursada, total o parcialmente, en un centro situado en el Estado miembro de acogida y no reconocido como centro educativo, con arreglo a la normativa de este último Estado.

      (1)  DO C 117 de 26.5.2007.


title: Asunto C-583/11 P: Recurso de casación interpuesto el 23 de noviembre de 2011 por Inuit Tapiriit Kanatami y otros contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima ampliada) dictado el 6 de septiembre de 2011 en el asunto T-18/10: Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Reino de los Países Bajos y Comisión Europea

text:
               25.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 58/3

         Recurso de casación interpuesto el 23 de noviembre de 2011 por Inuit Tapiriit Kanatami y otros contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima ampliada) dictado el 6 de septiembre de 2011 en el asunto T-18/10: Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Reino de los Países Bajos y Comisión Europea
   (Asunto C-583/11 P)
   2012/C 58/03
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters’ and Trappers’ Association, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC), Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (representantes: H. Viaene y J. Bouckaert, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Reino de los Países Bajos y Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule el auto recurrido del Tribunal General y que se declare admisible el recurso de anulación si el Tribunal de Justicia considera que concurren todos los elementos necesarios para declarar la admisibilidad del recurso de anulación del Reglamento impugnado. (1)

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule el auto recurrido y que se devuelva el asunto ante el Tribunal General.

               —

               Que se condene al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea al pago de las costas de los recurrentes.

               —

               Que se condene a la Comisión Europea y al Reino de los Países Bajos a cargar con sus propias costas.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               El recurso se basa en tres motivos principales: 1) el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al aplicar el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto; 2) el Tribunal General vulneró la obligación de motivación y, con carácter subsidiario, infringió el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta») y los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («CEDH»), como principios del Derecho de la Unión, y 3) el Tribunal General presentó de modo erróneo y distorsionó las pruebas aportadas por los demandantes en primera instancia.

               2)

               Mediante el primer motivo, los recurrentes alegan que la interpretación dada por el Tribunal General al concepto de «acto reglamentario», a saber, como un acto separado y distinto de un «acto legislativo», es errónea porque niega toda razón de ser a la nueva posibilidad de iniciar un procedimiento basada en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto (primera parte del primer motivo). En la segunda parte del primer motivo, los recurrentes también alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al estimar que sólo cuatro de los dieciocho recurrentes estaban directamente afectados por el Reglamento impugnado. El Tribunal General aplicó una interpretación demasiado restrictiva del concepto de afectación directa. El Tribunal General también incurrió en un error de Derecho al aplicar una interpretación demasiado restrictiva del requisito de afectación individual.

               3)

               Mediante el segundo motivo, los recurrentes recuerdan que en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad habían alegado que sólo una interpretación amplia del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, sería conforme con el artículo 47 de la Carta y los artículos 6 y 13 del CEDH. Dado que esta excepción fue decisiva para la resolución del asunto, el Tribunal General estaba obligado legalmente a proporcionar una respuesta expresa y específica. Los recurrentes alegan, no obstante, que el Tribunal General no abordó adecuadamente esta excepción. La omisión del Tribunal General a este respecto constituye un error de Derecho que debe llevar a la anulación del auto recurrido (primera parte del segundo motivo). En la segunda parte del segundo motivo, y con carácter subsidiario, los recurrentes solicitan respetuosamente al Tribunal de Justicia que anule el auto recurrido debido a que la interpretación del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y la consecuente decisión del Tribunal General de declarar que el recurso de los demandantes era inadmisible, infringe el artículo 47 de la Carta y los artículos 6 y 13 del CEDH, como principios generales del Derecho de la Unión.

               4)

               Mediante el tercer motivo, los recurrentes alegan que el Tribunal General presentó de modo erróneo y distorsionó las pruebas que habían aportado. El Tribunal General rechazó las alegaciones de los demandantes en cuanto a la interpretación que debe darse al concepto de «acto reglamentario» sobre la base de dos presuntas afirmaciones que en realidad no habían hecho. Por tanto, la determinación de los hechos realizada en el auto recurrido es incorrecta y distorsiona el claro sentido de las pruebas de que disponía el Tribunal General, sin que sea necesario realizar una nueva valoración de los hechos. Dado que el Tribunal General interpretó las alegaciones formuladas de modo contrario al sentido de sus palabras, la apreciación del Tribunal General en el auto recurrido adolece de varios errores manifiestos de apreciación.

      (1)  Reglamento (CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca (DO L 286, p. 36).


title: Archivo del asunto C-14/03

text:
               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/36

         Archivo del asunto C-14/03 (1)

   (2004/C 94/97)
   Mediante auto de 5 de diciembre de 2003, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-14/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria.

      (1)  DO C 44, de 22.2.03.


title: Asunto T-222/12: Recurso interpuesto el 24 de mayo de 2012 — National Trust for Scotland/OAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/24

         Recurso interpuesto el 24 de mayo de 2012 — National Trust for Scotland/OAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)
   (Asunto T-222/12)
   2012/C 227/41
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: National Trust for Scotland (Edimburgo, Reino Unido) (representante: J. MacKenzie, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Comhairle na Eilean Siar (Isla de Lewis, Reino Unido)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule íntegramente la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 26 de marzo de 2012, en el asunto R 310/2011-4, y deniegue la aplicación.

               —

               Condene a la OAMI y a las partes intervinientes en este recurso a cargar con sus propias costas y con las costas de la demandante en este procedimiento y en el de recurso ante la Sala de Recurso.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa ST KILDA para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 39, 41 y 43 — Solicitud de marca comunitaria no 8.283.871

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado: Motivación establecida en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009 del Consejo, más concretamente en una marca no registrada protegida en el Reino Unido, así como en las observaciones de un tercero de conformidad con el artículo 40 del Reglamento no 207/2009 del Consejo.

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados:

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009 del Consejo.

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009 del Consejo.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 28 de octubre de 2004, en el asunto C-16/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania (Incumplimiento de Estado — Directiva 89/654/CEE — Protección de los trabajadores — Seguridad y salud de los trabajadores en los lugares de trabajo — Puertas de emergencia, ventanas y vanos de iluminación cenital — No adaptación del Derecho interno)

text:
               22.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/6

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 28 de octubre de 2004
   en el asunto C-16/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 89/654/CEE - Protección de los trabajadores - Seguridad y salud de los trabajadores en los lugares de trabajo - Puertas de emergencia, ventanas y vanos de iluminación cenital - No adaptación del Derecho interno)
   (2005/C 19/11)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-16/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 20 de enero de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. H. Kreppel y D. Martin) contra República Federal de Alemania (agentes: Sres. C.-D. Quassowski y M. Lumma), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. A. Borg Barthet (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y J. Malenovský, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 28 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento plenamente a lo dispuesto en dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 59, de 6.3.2004.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 13 de enero de 1998 en el asunto T-176/96: Cornelis Volger contra Parlamento Europeo (Funcionarios - Recurso de anulación - Decisión de excedencia forzosa - Artículo 41 del Estatuto - Deber de asistencia y protección)

text:
C 94/22                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      28.3.98
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en
                  DE PRIMERA INSTANCIA                              Luxemburgo el de Fiuciaire Myson SARL, 30, rue de Ces-
                    de 29 de enero de 1998                          sange, contra Parlamento Europeo (Agentes: Sr. Manfred
                                                                    Peter y Sra. Evelyn Waldherr), que tiene por objeto un
en el asunto T-157/96: Paolo Salvatore Affatato contra              recurso de anulación, por una parte, de la decisión del Par-
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                   lamento de 1 de diciembre de 1995, por la que se declara
(Funcionarios Ð Oposición Ð No inscripción en la lista              al demandante en excedencia forzosa a partir del 30 de
de reserva Ð Escrito que corrige una primera comunica-              noviembre de 1995, así como de todas las decisiones cone-
ción enviada al candidato Ð Relación jurídica entre la ins-         xas subsiguientes adoptadas en ejecución de esta decisión
titución y un candidato de una oposición Ð Deber de                 y, por otra parte, de la decisión del Parlamento de 3 de
motivar los actos Ð Indemnización del perjuicio material            septiembre de 1996, por la que se modifica al 31 de enero
                   y moral Ð Admisibilidad)                         de 1996 la fecha en que empezó a surtir efecto la decisión
                          (98/C 94/56)                              de 1 de diciembre de 1995, el Tribunal de Primera Instan-
                                                                    cia (Sala Primera), integrado por los Sres. A. Saggio, Presi-
             (Lengua de procedimiento: italiano)                    dente; B. Vesterdorf y R. M. Moura Ramos, Jueces; Secre-
                                                                    tario: Sr. H. Jung, ha dictado el 13 de enero de 1998 una
En el asunto T-157/96, Paolo Salvatore Affatato, domici-            sentencia cuyo fallo es el siguiente:
liado en Foggia (Italia), representado inicialmente por el
Sr. Nicola De Perna, Abogado de Foggia, y posteriormente            1. Se desestima el recurso.
por el Sr. Alberto Tedeschi, Abogado de Bari, y el Sr. Cino
Fiori, Abogado de Foggia, 13, Via Saseo, Foggia, contra             2. Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. Gian-
liuigi Valsesia), que tiene por objeto, por una parte, una          (1) DO C 388 de 21.12.1996
demanda dirigida, con caraÂcter principal, a que se declare
vaÂlido el escrito mediante el cual el presidente del tribunal
de la oposición COM/B/794 informó al demandante sobre
su inscripción en la lista de reserva de dicha oposición, y,
con caraÂcter subsidiario, a que se anulen las fases ilegales
de la referida oposición, y, por otra parte, una demanda                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL
de indemnización por el perjuicio material y moral                                    DE PRIMERA INSTANCIA
sufrido, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente; la Sra. P.                                de 17 de febrero de 1998
Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. A. Mair,        en el asunto T-183/96: E contra ComiteÂ Económico y
administrador, ha dictado el 29 de enero de 1998 una sen-                       Social de las Comunidades Europeas (1)
tencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                    (Funcionarios Ð Libertad de expresión frente a los supe-
1) Se desestiman las pretensiones del recurso.                      riores jeraÂrquicos Ð Deber de lealtad y dignidad de la fun-
                                                                    ción Ð Sanción disciplinaria Ð Descenso de escalón Ð
2) Se condena a la Comisión a abonar al demandante                                   Principio de proporcionalidad)
     30 000 francos belgas en concepto de reparación del                                      (98/C 94/58)
     danÄo moral.
                                                                                (Lengua de procedimiento: espanÄol)
3) Se condena a la Comisión al pago de las costas.
                                                                    En el asunto T-183/96, E, antigua funcionaria del ComiteÂ
(1) DO C 40 de 8.2.1997
                                                                    Económico y Social de las Comunidades Europeas, con
                                                                    domicilio en Bruselas, representada, inicialmente, por el
                                                                    Sr. Guy San BartolomeÂ Sarry, Abogado de Bruselas, y, pos-
                                                                    teriormente, por los Sres. Miguel Troncoso-Ferrer, Abo-
                                                                    gado de Bruselas, y Pierre Demolin, Abogado de Mons,
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
                  DE PRIMERA INSTANCIA                              del Sr. Kaufhold, 7, Côte d'Eich, contra ComiteÂ Econó-
                    de 13 de enero de 1998                          mico y Social de las Comunidades Europeas (Agentes:
                                                                    Sres. MoiseÂs Bermejo Garde y Alberto Dal Ferro), que
en el asunto T-176/96: Cornelis Volger contra Parlamento            tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión del
                           Europeo (1)                              Secretario General del ComiteÂ Económico y Social por la
(Funcionarios Ð Recurso de anulación Ð Decisión de                  que se impone a la demandante la sanción disciplinaria de
excedencia forzosa Ð Artículo 41 del Estatuto Ð Deber               descenso de escalón, el Tribunal de Primera Instancia de
                   de asistencia y protección)                      las Comunidades Europeas (Sala Tercera), integrado por la
                                                                    Sra. v. Tiili, Presidenta; los Sres. C. P. BrieÈt y A. Potocki,
                          (98/C 94/57)
                                                                    Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora principal,
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                    ha dictado el 17 de febrero de 1998 una sentencia cuyo
                                                                    fallo es el siguiente:
En el asunto T-176/96, Cornelis Volger, funcionario del
Parlamento Europeo en excedencia forzosa, con domicilio             1) Se anula la decisión del ComiteÂ Económico y Social,
en Heffingen (Luxemburgo), representado por los Sres.                    de 18 de enero de 1996, por la que se impone a la
Jean-NoeÈl Louis, Thierry Demaseure y Ariane Tornel,                     demandante la sanción de descenso de escalón.


title: Asunto C-211/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen, de fecha 7 de mayo de 2003, en el asunto entre HLH Warenvertriebs GmbH y Bundesrepublik Deutschland, con la intervención de: Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

text:
C 200/8                 ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            23.8.2003
      A través de sus análisis, la Comisión ignoró su obligación                3)    En el caso de que el Tribunal de Justicia declare que
      de tomar en consideración, antes de alegar que se habían                        el producto de que se trata es un medicamento, pero
      pagado o financiado cantidades en exceso, los costes reales                     que en los Estados miembros en los que ya se lo
      de los proyectos elegibles y la cofinanciación real corres-                     consideraba hasta el momento como un producto
      pondiente, así como las estimaciones de intercambios                            alimenticio siga siéndolo, para la Sala remitente se
      correctas de las autoridades irlandesas antes de determinar                     suscitan los problemas planteados en las cuestiones
      si Irlanda había superado el límite de financiación del 75 %                    formuladas en el punto B.VI, en relación con el
      del FSE.                                                                        punto B.III, por lo que se remite a dichas cuestiones
                                                                                y a las respectivas explicaciones y solicita respuesta a
2)    Se alega que la negativa de la Comisión de aceptar las                          las mismas.
      explicaciones ofrecidas por la demandante en el presente
      caso conduce a una vulneración de un principio general
      de Derecho respecto al funcionamiento de los fondos                       4)    En el caso de que «Lactobact omni FOS» sea un
      estructurales y de los principios señalados por la Comi-                        producto alimenticio (o un complemento alimen-
      sión en el marco de la Decisión.                                                ticio), ¿se trata de un nuevo alimento en el sentido
                                                                                del Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento
3)    Se alega que el enfoque adoptado por la Comisión es                             Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997,
      desproporcionado en relación con el objetivo perseguido,                        sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes
      teniendo en cuenta la eficacia resultante de los proyectos                      alimentarios (DO L 43, p. 1; en lo sucesivo, «Regla-
      controvertidos y la naturaleza del proyecto beneficiario de                     mento sobre nuevos alimentos»)? ¿Cuál es la relación
      la ayuda. Tal enfoque, en efecto, conlleva la imposición de                     que hay entre las distintas bases jurídicas?
      una multa en circunstancias en las que el beneficiario es
      inocente de toda culpa.
                                                                           B.   En el caso de que las cuestiones (de clasificación) plan-
4)    Por último, se alega que el enfoque adoptado por la                       teadas en el punto A deban ser resueltas —como hasta
      Comisión vulnera los principios de seguridad jurídica y                   ahora— no por el Tribunal de Justicia, sino por los
      de confianza legítima.                                                    órganos jurisdiccionales nacionales, se solicitan, pese a
                                                                                todo, orientaciones sobre la correcta apreciación de las
                                                                                cuestiones planteadas en el punto A.2 desde el punto de
                                                                                vista del Derecho comunitario, en la medida en que éste
                                                                                resulte pertinente a ese respecto.
                                                                                Además, se plantean las siguientes cuestiones:
Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolu-
ción del Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein
Westfalen, de fecha 7 de mayo de 2003, en el asunto entre                       I.    a)    La clasificación del producto controvertido, ¿se
HLH Warenvertriebs GmbH y Bundesrepublik Deutsch-                                           rige por el artículo 2, párrafos primero y
land, con la intervención de: Vertreter des öffentlichen                                    segundo, en relación con el párrafo tercero,
Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land                                         letra d), del Reglamento (CE) no 178/2002 del
                        Nordrhein-Westfalen                                                 Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                                28 de enero de 2002, por el que se establecen
                         (Asunto C-211/03)                                                  los principios y los requisitos generales de la
                                                                                legislación alimentaria, se crea la Autoridad
                           (2003/C 200/14)                                                  Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
                                                                                procedimientos relativos a la seguridad alimen-
                                                                                taria (DO L 31, p. 1; en lo sucesivo, «Regla-
                                                                                mento de base»), o —tras la expiración del
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido                              plazo establecido para la adaptación del
sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolu-                              Derecho interno a la misma, el 31 de julio
ción del Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein West-                                de 2003— por la Directiva 2002/46/CE del
falen, dictada el 7 de mayo de 2003, en el asunto entre HLH                                 Parlamento Europeo y del Consejo, de
Warenvertriebs GmbH y Bundesrepublik Deutschland, con la                                    10 de junio de 2002, relativa a la aproximación
intervención de: Vertreter des öffentlichen Interesses beim                                 de las legislaciones de los Estados miembros en
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, y                                  materia de complementos alimenticios (DO
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el                                       L 183, p. 51; en lo sucesivo, «Directiva sobre
15 de mayo de 2003. El Oberverwaltungsgericht für das Land                                  complementos alimenticios»), o, en su caso, por
Nordrhein Westfalen solicita al Tribunal de Justicia que se                                 qué partes de dicha Directiva?
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
A.    1)     El producto objeto del litigio,                                          b)    En el caso de que sea aplicable el artículo 2,
                                                                                párrafos primero y segundo, en relación con el
             «Lactobact omni FOS»,                                                          párrafo tercero, letra d), del Reglamento de base,
                                                                                se plantea la siguiente cuestión: ¿es cierto que la
             ¿es un producto alimenticio (eventualmente bajo la                             clasificación de un producto ya no depende de
             forma de un complemento alimenticio) o un medi-                                la finalidad (objetiva) de dicho producto que sea
             camento? Dicha apreciación, ¿tiene carácter vincu-                             predominante, sino que, por el contrario, un
             lante para todos los Estados miembros?                                         producto que cumpla los requisitos tanto de un
                                                                                producto alimenticio como de un medicamento
      2)     A efectos de dicha clasificación, ¿tiene alguna impor-                         es siempre, desde un punto de vista jurídico,
             tancia el hecho de que el producto deba mezclarse,                             —únicamente— un medicamento? ¿En qué
             de acuerdo con las instrucciones de uso, con agua o                            medida depende esto de la clase de productos
             con yogur? ¿O el criterio determinante es el estado                            de que se trate y en qué medida depende del
             en el que se importa?                                                          producto concreto de que se trate en cada caso?
 ---pagebreak--- 23.8.2003             ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 200/9
     II.  ¿Cómo debe definirse, a efectos del Derecho comu-                        medicamento, mientras que en el Estado miembro
          nitario, el concepto de «efecto terapéutico», funda-                     de fabricación puede comercializarse como producto
          mental para la clasificación del producto —en parti-                     alimenticio? ¿Es conforme con el Derecho comuni-
          cular— con arreglo al artículo 2, párrafos primero y                     tario y, en particular, compatible con los
          segundo, en relación con el párrafo tercero, letra d),                   artículos 28 CE y 30 CE, el hecho de no aplicar
          del Reglamento de base?                                                  por analogía la disposición del artículo 47 bis de la
          ¿Forma parte de esa definición la necesidad de que                       LMBG a dicho medicamento? En caso de respuesta
          exista un riesgo para la salud?                                          negativa: ¿puede eludir el Estado alemán sin infringir
                                                                                el Derecho comunitario la expedición de una deci-
     III. La tesis expresada por el Tribunal de Justicia en su                     sión de alcance general con arreglo al artículo 47 bis
          sentencia de 30 de noviembre de 1983, Van                                de la LMBG (aplicado por analogía) en virtud de una
          Bennekom (227/82, Rec. p. 3883), apartado 39,                            solicitud de orden conminatoria del órgano jurisdic-
          con motivo de la apreciación general de los prepa-                       cional alemán objetando él mismo, o la autoridad
          rados de vitaminas según la cual la comercialización                     competente en materia de productos alimenticios,
          de un producto que pueda venderse como producto                          pero no de medicamentos, que, puesto que con
          alimenticio en el Estado miembro del productor debe                      arreglo a la clasificación alemana se trata de un
          ser posible mediante la expedición de una autoriza-                      medicamento, no puede adoptarse una decisión de
          ción de comercialización cuando, aunque en el                            alcance general con arreglo al artículo 47 bis de la
          Estado de destino se lo considere como un medica-                        LMBG (por analogía)
          mento, la autorización de comercialización sea
          compatible con las exigencias de protección de la                        a)    por falta de competencia de la autoridad
          salud, ¿se aplica también a los productos probióticos                          competente para la expedición de decisiones de
          como el que aquí se trata, y mantiene el Tribunal de                           alcance general con arreglo al artículo 47 bis de
          Justicia su criterio habida cuenta del posterior desa-                         la LMBG también por lo que respecta a los
          rrollo del Derecho comunitario?                                                medicamentos,
     IV. a) En relación con el concepto de «riesgo para la                         b)    por no haber sido autorizado como medica-
                salud» empleado en las cuestiones II o III o en                          mento?
                la medida en que en otras disposiciones perti-
                nentes del Derecho comunitario, por ejemplo                  VII. En el caso de que, teniendo en cuenta las respuestas
                los artículos 28 CE o 30 CE, se hace referencia                    proporcionadas por el Tribunal de Justicia, el
                a dicho concepto: ¿Debe aplicarse el denomi-                       producto de que se trata resulte ser un producto
                nado «nivel máximo de seguridad», o puede                          alimenticio (eventualmente también como comple-
                reducirse dicho nivel, por ejemplo, debido a                       mento alimenticio), pero en todo caso no un medi-
                que las sustancias de que se trate ya se ingieren                  camento, a esta Sala se le plantarán cuestiones
                también como parte de la alimentación y/o a                        relativas a la aplicabilidad del Reglamento sobre
                que —al menos en el caso de una ingestión                          nuevos alimentos, que debe prevalecer sobre el
                prolongada— puede tenerse en cuenta la exis-                       artículo 47 bis de la LMBG y que, en su caso, puede
                tencia de distintos grupos de consumidores y                       excluir la existencia de un interés en la protección
                sus diferentes sensibilidades?                                     jurisdiccional por lo que respecta al presente recurso.
                                                                                En consecuencia, esta Sala plantea las siguientes
          b)    ¿Infringe el Derecho comunitario la existencia                     cuestiones:
                de una facultad de apreciación de las autori-
                dades especializadas en la definición —indivi-                     ¿Cómo debe interpretarse la expresión «hasta el
                dual— del nivel máximo de seguridad y, en su                       momento, no hayan sido utilizados en una medida
                caso, de las reducciones —individuales— sujeta                     importante» que figura en el artículo 1, apartado 2,
                únicamente a un control jurisdiccional limitado?                   del Reglamento sobre nuevos alimentos? ¿Es sufi-
                                                                                ciente con que en el Boletín Oficial del Estado
     V.   a)    ¿Tiene alguna importancia para la libre circula-                   neerlandés de 16 de febrero de 1995 se declarara
                ción como producto alimenticio (o comple-                          comercializable un producto probiótico de nombre
                mento alimenticio) en Alemania, en el caso de                      Ecologic 316 similar al producto objeto de litigio y
                un producto que puede venderse como                                que, con arreglo a la factura de 20 de mayo
                producto alimenticio al menos en otro Estado                       de 1996, se efectuara una entrega a la demandante,
                miembro, el que las autoridades competentes                        o cuáles son los requisitos mínimos que deben
                alemanas declaren que en Alemania no existe                        cumplirse para poder considerar que ya ha habido
                «ninguna necesidad desde el punto de vista de                      una utilización importante en el sentido del
                la nutrición» de dicho producto?                                   artículo 1, apartado 2, del Reglamento sobre nuevos
          b)    En caso afirmativo, la existencia, con arreglo al                  alimentos? ¿Cuál es el elemento de conexión para la
                Derecho nacional, de una facultad de aprecia-                      expresión «hasta el momento»?
                ción de las autoridades nacionales a este                    VIII. En el caso de que el Tribunal de Justicia no responda
                respecto sujeta únicamente a un control juris-                     por sí mismo a las cuestiones planteadas en el
                diccional limitado, ¿es conforme con el Derecho                    punto A, ¿puede el órgano jurisdiccional nacional
                comunitario?                                                       dirigir cuestiones relativas a la clasificación de
     VI. En caso de que el Tribunal de Justicia responda                           productos o cuestiones científicas o metodológicas a
          afirmativamente a las cuestiones planteadas en el                        la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria
          punto III en relación con la sentencia Van Bennekom                      y hasta qué punto sus informaciones tienen, en su
          y de que en el presente caso no haya ninguna                             caso, carácter vinculante para el órgano jurisdiccional
          incompatibilidad con las exigencias de protección de                     nacional? ¿Existe alguna posibilidad de control de
          la salud: ¿cómo puede ejercerse el derecho a una                         dichas informaciones (o, en su caso, la obligación
          autorización de comercialización? ¿Puede denegarse                       de hacerlo) únicamente ante los órganos jurisdiccio-
          la decisión de alcance general en el sentido del                         nales comunitarios, o también por parte del órgano
          artículo 47 bis de la LMBG solicitada sin infringir el                   jurisdiccional remitente?
          Derecho comunitario por el hecho de que, con
          arreglo a la clasificación alemana, se trate de un


title: Asunto C-525/09: Auto del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de 28 de septiembre de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               12.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/17

         Auto del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de 28 de septiembre de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-525/09) (1)

   2011/C 80/33
   Lengua de procedimiento: portugués
   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 51, de 27.2.2010.