title: Asunto C-416/08 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de septiembre de 2008 por Apple Computer, Inc., contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 1 de julio de 2008 en el asunto T-328/05, Apple Computer, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/25

         Recurso de casación interpuesto el 22 de septiembre de 2008 por Apple Computer, Inc., contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 1 de julio de 2008 en el asunto T-328/05, Apple Computer, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-416/08 P)
   (2008/C 301/38)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Apple Computer, Inc. (representantes: M. Hart, N. Kearley, Solicitors)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), TKS-Teknosoft SA
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se admita el recurso de casación interpuesto por la demandante ante el Tribunal de Justicia.

               —

               Que se anule la sentencia dictada el 1 de julio de 2008 por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-328/05.

               —

               Que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Que se reserve la decisión sobre las costas.

         Motivos y principales alegaciones

               1.

               La recurrente, Apple, Inc., ha presentado una solicitud de registro para la marca denominativa comunitaria «QUARTZ». Su solicitud se refiere a una
               «funcionalidad de un sistema de explotación de un ordenador específicamente destinado a ser utilizado por desarrolladores informáticos, a fin de mejorar y acelerar la restitución de imágenes digitales en programas de aplicación, con excepción de los productos destinados al sector bancario», de la clase 9.

               2.

               La empresa que instó el procedimiento de oposición, TKS-Teknosoft SA, es titular de la marca figurativa comunitaria «QUARTZ», registrada, en particular, para:

                           a)

                           «programas de ordenador dirigidos al ámbito bancario», de la clase 9;

                           b)

                           «programación, tratamiento de la información por ordenador, desarrollo de programas, servicios de asistencia y de consejo en el ámbito de la informática, tratamiento de información electrónica, diseño y desarrollo de programas, licencias de programas y de aplicaciones informáticas; todos estos servicios dirigidos al ámbito bancario», de la clase 42.

         TKS Teknosoft SA se opone al registro de la marca QUARTZ solicitada por la recurrente por estimar que existe riesgo de confusión entre ambas marcas. El Tribunal de Primera Instancia confirmó esta opinión.
   La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en error de Derecho por cuanto:

               a)

               no tuvo en cuenta las diferencias relevantes que se perciben claramente entre los productos a los que se refiere el registro de las marcas y para los que se prevé su uso;

               b)

               no identificó correctamente el «público» pertinente a la hora de valorar si el riesgo de confusión era probable, sin que, en particular, prestara la necesaria atención al hecho de que el público pertinente debe de estar lógicamente compuesto por especialistas en programas que están empleados o prestan servicios en el sector bancario;

               c)

               aplicó incorrectamente el criterio de apreciación global establecido por el Tribunal de Justicia.


title: Asunto T-360/09: Sentencia del Tribunal General de 29 de junio de 2012 — E.ON Ruhrgas y E.ON/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercados alemán y francés del gas natural — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado — Duración de la infracción — Multas» )

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/15

         Sentencia del Tribunal General de 29 de junio de 2012 — E.ON Ruhrgas y E.ON/Comisión
   (Asunto T-360/09) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercados alemán y francés del gas natural - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Reparto del mercado - Duración de la infracción - Multas)
   2012/C 243/28
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: E.ON Ruhrgas AG (Essen, Alemania), y E.ON AG (Düsseldorf, Alemania) (representantes: G. Wiedemann y T. Klose, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, A. Bouquet y R. Sauer, agentes, asistidos por M. Buntscheck, abogado)

      Objeto

   Con carácter principal, la anulación de la Decisión C(2009) 5355 final de la Comisión, de 8 de julio de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 (CE) (Asunto COMP/39.401 — E.ON/GDF), y, con carácter subsidiario, una pretensión de reducción del importe de la multa impuesta a las demandantes.

      Fallo

               1)

               Anular el artículo 1 de la Decisión C(2009) 5355 final de la Comisión, de 8 de julio de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 (CE) (Asunto COMP/39.401 — E.ON/GDF), por una parte, en la medida en que declara que la infracción se prolongó del 1 de enero de 1980 como mínimo hasta el 24 de abril de 1998, por lo que respecta a la infracción cometida en Alemania y, por otra parte, en la medida en que declara la existencia de una infracción cometida en Francia entre el 13 de agosto de 2004 y el 30 de septiembre de 2005.

               2)

               Fijar el importe de la multa impuesta a E.ON Ruhrgas AG y a E.ON AG en el artículo 2, letra a), de la Decisión C(2009) 5355 final en 320 millones de euros.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 282, de 21.11.2009.


title: Asunto C-424/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías (Grecia) el 28 de octubre de 2009 — Christína Ioánni Tóki/Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías (Grecia) el 28 de octubre de 2009 — Christína Ioánni Tóki/Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton
   (Asunto C-424/09)
   2010/C 24/37
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Symvoúlio tis Epikrateías

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Christína Ioánni Tóki

      Demandada: Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               «¿El mecanismo de reconocimiento contemplado en el artículo 3, letra b), de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19), en su versión modificada por el artículo 1, apartado, 3 de la Directiva 2001/19/CΕ (DO L 206) y antes de su derogación mediante el artículo 62 de la Directiva 2005/36/CΕ (DO L 255), se aplica a los casos en que la profesión de que se trata está regulada en el Estado miembro de procedencia en el sentido del artículo 1, letra d), párrafo segundo, de la Directiva, y el interesado no es miembro pleno de una asociación u organización que reúne los requisitos del mencionado párrafo?».

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión: «¿Por ejercicio a tiempo completo de la profesión en el Estado miembro de origen, en el sentido del artículo 3, letra b), de la Directiva 89/48, se entiende el ejercicio de la profesión respecto de la cual se presenta en el Estado miembro de acogida una solicitud con el fin de obtener la habilitación para su ejercicio con arreglo a la Directiva 89/48, llevado a cabo en calidad de trabajador por cuenta propia o ajena, o puede considerarse que también lo es el trabajo de investigación en un ámbito afín a la profesión en un centro, en principio, sin ánimo de lucro?»


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 26 de abril de 2005, en el asunto C-376/02 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Stichting «Goed Wonen» contra Staatssecretaris van Financiën («Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Artículo 17 de la Sexta Directiva 77/388/CEE — Deducción del impuesto soportado — Modificación de la legislación nacional — Efecto retroactivo — Principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica»)

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/6

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 26 de abril de 2005
   en el asunto C-376/02 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Stichting «Goed Wonen» contra Staatssecretaris van Financiën (1)

   («Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Artículo 17 de la Sexta Directiva 77/388/CEE - Deducción del impuesto soportado - Modificación de la legislación nacional - Efecto retroactivo - Principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica»)
   (2005/C 143/05)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-376/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 18 de octubre 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de octubre 2002, en el procedimiento entre Stichting «Goed Wonen» y Staatssecretaris van Financiën, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (Ponente), la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. A. Borg Barthet, Presidentes de Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis y M. Ilešič, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 26 de abril de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               Los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica no se oponen a que un Estado miembro, con carácter excepcional y con el fin de evitar que durante el procedimiento legislativo se incrementen considerablemente las operaciones financieras destinadas a minimizar la carga del IVA contra las que pretende luchar precisamente una ley de modificación, atribuya a esta ley un efecto retroactivo, cuando, en circunstancias como las del asunto principal, se ha advertido de la próxima adopción de la ley y de su efecto retroactivo a los operadores económicos que realizan operaciones económicas como las contempladas por la ley, de modo que puedan comprender las consecuencias de la modificación legislativa prevista para las operaciones que realizan.

               Cuando dicha ley declare exenta una operación económica sobre un bien inmueble que anteriormente estaba sujeta al IVA, puede producir el efecto de anular la regularización del IVA que se derivaba del ejercicio, cuando se destinó un inmueble a una operación que en ese momento se consideraba sujeta, de un derecho a deducir el IVA soportado por la entrega de dicho inmueble.

      (1)  DO C 7, de 11.1.2003.


title: Asuntos acumulados C-455/13 P, C-457/13 P y C-460/13 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 17 de septiembre de 2015 —Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (C-455/13 P), Comisión Europea (C-457/13 P), República Italiana (C-460/13 P)/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) y otros [Recurso de casación — Agricultura — Organización común de mercados — Sector de las frutas y hortalizas — Reglamento (CE) no 1580/2007 — Artículo 52, apartado 2 bis — Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 — Artículos 50, apartado 3, y 60, apartado 7 — Ayudas a las organizaciones de productores — Frutas y hortalizas transformadas — Porcentajes a tanto alzado que comprenden determinadas actividades de transformación — Eligibilidad de las inversiones y de las acciones vinculadas a la transformación — Recurso de anulación — Admisibilidad — Afectación directa]

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 17 de septiembre de 2015 —Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (C-455/13 P), Comisión Europea (C-457/13 P), República Italiana (C-460/13 P)/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) y otros
   (Asuntos acumulados C-455/13 P, C-457/13 P y C-460/13 P) (1)

   ([Recurso de casación - Agricultura - Organización común de mercados - Sector de las frutas y hortalizas - Reglamento (CE) no 1580/2007 - Artículo 52, apartado 2 bis - Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 - Artículos 50, apartado 3, y 60, apartado 7 - Ayudas a las organizaciones de productores - Frutas y hortalizas transformadas - Porcentajes a tanto alzado que comprenden determinadas actividades de transformación - Eligibilidad de las inversiones y de las acciones vinculadas a la transformación - Recurso de anulación - Admisibilidad - Afectación directa])
   (2015/C 381/02)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

   (Asunto C-455/13 P)

      Recurrentes: Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (representantes: M. Merola y M.C. Santacroce, avvocati)
   (Asunto C-457/13 P)

      Recurrida: Comisión Europea (representantes: K. Skelly, A. Marcoully y B. Schima, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la Comisión Europea: República Francesa (representantes: D. Colas y C. Candat, agentes), Sociedad Cooperativa de Exportación de Frutos Cítricos Anecoop (Anecoop) S. Coop., Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto (CANSO) Coop. V., Cooperativa Agrícola «Sant Bernat» (Carlet) Coop. V., Cooperativa Agrícola SCJ (COPAL) Coop. V., Grupo AN S. Coop., Acopaex S. Coop., Las Marismas de Lebrija Sociedad Cooperativa Andaluza (Las Marismas), Associació de Cooperatives Agràries de les Terres de Lleida (ACTEL), Unió Corporació Alimentária (UNIO) SCCL, Union Coopérative Agricole France Prune (France Prune), Agrial SCA, Triskalia, Union Fermière Morbihannaise (UFM), VOG Products Soc. agr. coop., Consorzio Padano Ortofrutticolo (CO.PAD.OR.) Soc. agr. coop., Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. agr. coop., Agricoltori Riuniti Piacentini (ARP) Soc. agr. coop., Orogel Fresco Soc. agr. coop., Conserve Italia Soc. agr. coop., Fruttagel Soc. agr. coop. (representantes: M. Merola y C. Santacroce, avvocati), Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio (Unaproa) (representantes: inicialmente S. Crisci, posteriormente G. Coppo, avvocati)
   (Asunto C-460/13 P)

      Parte recurrente: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistido por S. Varone, avvocato dello Stato)

      Otras partes en el procedimiento: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Campil-Agro-Industrial do Campo do Tejo Lda., Evropaïka Trofima AE, FIT — Fomento da Indústria do Tomate SA, Konservopoiia Oporokipeftikon Filippos AE, Panellinia Enosi Konservopoion, Elliniki Etairia Konservon AE, Anonymos Viomichaniki Etaireia Konservon D. Nomikos, Italagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares SA, Kopaïs AVEE Trofimon & Poton, Serraïki Konservopoiia Oporokipeftikon Serko AE, Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol SA, Sugalidal — Indústrias de Alimentação SA, Sutol — Indústrias Alimentares Lda, ZANAE Zymai Artopoiias Nikoglou AE Viomichania Emporio Trofimon, AIT — Associação dos Industriais de Tomate, (representantes: S. Estima Martins y R. Oliveira, advogados), Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-Alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop), VOG Products Soc. agr. coop., Consorzio Padano Ortofrutticolo (CO.PAD.OR.) Soc. agr. coop., Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. agr. coop., ARP Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. agr. coop., Orogel Fresco Soc. agr. coop., Conserve Italia Soc. agr. coop.

      Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Anicav y otros/Comisión (T-454/10 y T-482/11, EU:T:2013:282) en cuanto declara admisibles los recursos presentados en los asuntos T-454/10 y T-482/11, en la medida en que en éstos se solicitaba la anulación del artículo 52, apartado 2 bis, párrafo segundo, del Reglamento (CE)no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 687/2010 de la Comisión, de 30 de julio de 2010, así como de los artículos 50, apartado 3, y 60, apartado 7, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.

               2)

               Declarar la inadmisibilidad de los recursos de anulación presentados en los asuntos T-454/10 y T-482/11.

               3)

               La Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), la Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), la Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Campil-Agro-Industrial do Campo do Tejo Lda., Evropaïka Trofima AE, FIT — Fomento da Indústria do Tomate SA, Konservopoiia Oporokipeftikon Filippos AE, Panellinia Enosi Konservopoion, Elliniki Etairia Konservon AE, Anonymos Viomichaniki Etaireia Konservon D. Nomikos, Italagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares SA, Kopaïs AVEE Trofimon & Poton, Serraïki Konservopoiia Oporokipeftikon Serko AE, Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol SA, Sugalidal — Indústrias de Alimentação SA, Sutol — Indústrias Alimentares Lda. y ZANAE Zymai Artopoiias Nikoglou AE Viomichania Emporio Trofimon cargarán con las costas de primera instancia y/o de los recursos de casación de la Confederazione Cooperative Italiane, la Cooperativas Agro-Alimentarias, la Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop), la Comisión Europea en el asunto C-457/13 P, la República Italiana, la Sociedad Cooperativa de Exportación de Frutos Cítricos Anecoop (Anecoop) S. Coop, la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto (CANSO) Coop. V., la Cooperativa Agrícola «Sant Bernat» (Carlet) Coop. V., la Cooperativa Agrícola SCJ (COPAL) Coop. V., Grupo AN S. Coop., l’Acopaex S. Coop., Las Marismas de Lebrija Sociedad Cooperativa Andaluza (Las Marismas), l’Associació de Cooperatives Agràries de les Terres de Lleida (ACTEL), l’Unió Corporació Alimentária (UNIO) SCCL, l’Union Coopérative Agricole France Prune (France Prune), Agrial SCA, Triskalia, l’Union Fermière Morbihannaise (UFM), VOG Products Soc. agr. coop., Consorzio Padano Ortofrutticolo (CO.PAD.OR.) Soc. agr. coop., Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. agr. coop., Agricoltori Riuniti Piacentini (ARP) Soc. agr. coop., Orogel Fresco Soc. agr. coop., Conserve Italia Soc. agr. coop., Fruttagel Soc. agr. coop. y l’Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio (Unaproa).

               4)

               AIT — Associação dos Industriais de Tomate y la República Francesa cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 325, de 9.11.2013.

      DO C 344, de 23.11.2013.

      DO C 352, de 30.11.2013.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de octubre de 1999 en el asunto C-430/98: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo ("Incumplimiento de Estado — Directiva 94/45/CE — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado")

text:
5.2.2000                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 34/3
1) El artı́culo 36, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 222/77             Helénica (Agentes: Sra. N. Dafniou y Sr. I. Chalkias), que tiene
    del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativo al tránsito         por objeto que se declare que la República Helénica ha
    comunitario, modificado por el Reglamento (CEE) no 474/90              incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la
    del Consejo, de 22 de febrero de 1990, con vistas a la supresión      Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993,
    de la presentación del aviso del paso al franquear una frontera       relativa a la higiene de los productos alimenticios (DO L 175,
    interior de la Comunidad, en relación con el artı́culo 11 bis, del    p. 1), al no haber adoptado, dentro del plazo señalado,
    apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1062/87 de la Comisión,           las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
    de 27 de marzo de 1987, por el que se establecen disposiciones         necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva, el
    de aplicación y medidas de simplificación del régimen de tránsito   Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres.:
    comunitario, modificado por el Reglamento (CEE) no 1429/90             P.J.G. Kapteyn, en funciones de Presidente de la Sala Sexta,
    de la Comisión, de 29 de mayo de 1990, debe interpretarse en          G. Hirsch y H. Ragnemalm (Ponente), Jueces; Abogado General:
    el sentido de que el Estado miembro del que depende la aduana          Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 21 de octubre
    de partida sólo puede recaudar los derechos a la importación si      de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
    ha indicado al principal obligado que éste disponı́a de un plazo
    de tres meses para aportar la prueba del lugar en que se cometió      1) Se declara que la República Helénica ha incumplido las
    efectivamente la infracción o irregularidad y esta prueba no se ha         obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
    aportado en el plazo señalado.                                             93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a la
                                                                                higiene de los productos alimenticios, al no haber adoptado,
2) El artı́culo 36, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento                dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamenta-
    no 222/77, modificado por el Reglamento no 474/90, debe                     rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la
    interpretarse en el sentido de que no se aplica en un supuesto en           citada Directiva.
    el que el Estado miembro de que depende la aduana de partida
    ha recaudado los derechos correspondientes a las mercancı́as           2) Se condena en costas a la República Helénica.
    despachadas en régimen de tránsito comunitario sin haber
    señalado al obligado principal ningún plazo para aportar la
                                                                           (1) DO C 397 de 19.12.1998.
    prueba del lugar en el que se cometió efectivamente la infracción
    o la irregularidad, conforme a lo dispuesto en el artı́culo 11 bis,
    apartado 2, del Reglamento no 1062/87, modificado por el
    Reglamento no 1429/90, y, en tal caso, la devolución de los
    derechos recaudados indebidamente no está supeditada al requi-
    sito de que los derechos adeudados por el obligado principal
    hayan sido abonados en el Estado miembro en el que se cometió
    la infracción.                                                                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Sexta)
(1) DO C 278 de 5.9.1998.
                                                                                de 21 de octubre de 1999
                                                                           en el asunto C-430/98: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                («Incumplimiento de Estado — Directiva 94/45/CE — No
                                                                            adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»)
                             (Sala Sexta)
                                                                                (2000/C 34/06)
                      de 21 de octubre de 1999
en el asunto C-391/98: Comisión de las Comunidades                                           (Lengua de procedimiento: francés)
            Europeas contra República Helénica (1)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(Incumplimiento de Estado — Directiva 93/43/CEE — No
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
  adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)
                           (2000/C 34/05)                                  En el asunto C-430/98, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                           peas (Agentes: Sr. P.J. Kuijper y Sra. N. Yerrel) contra Gran
                                                                           Ducado de Luxemburgo (Agente: Sr. P. Steinmetz), que tiene
                    (Lengua de procedimiento: griego)                      por objeto que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo
                                                                           ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
                                                                           Tratado CE al no haber adoptado y/o al no haber comunicado
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    a la Comisión las disposiciones legales, reglamentarias y
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva
                                                                           94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la
En el asunto C-391/98, Comisión de las Comunidades Euro-                  constitución de un comité de empresa europeo o de un
peas (Agente: Sra. M. Condou-Durande) contra República                    procedimiento de información y consulta a los trabajadores en
 ---pagebreak--- C 34/4                    ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               5.2.2000
las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria                 contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), y de la Directiva
(DO L 254, p. 64), o al no haber garantizado que los interlocu-             89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa
tores sociales adoptaran las disposiciones necesarias por vı́a de           a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
acuerdo y, por consiguiente, al no haber adoptado y/o al no                 administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos
haber comunicado a la Comisión las medidas necesarias para                 de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos
garantizar la consecución de los resultados exigidos por la                de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), ası́ como en
citada Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado           virtud del artı́culo 30 del Tratado CE (actualmente artı́culo 28
por los Sres.: P.J.G. Kapteyn, en funciones de Presidente de                CE, tras su modificación), en el marco de la construcción en
la Sala Sexta; G. Hirsch y H. Ragnemalm (Ponente), Jueces;                  Sankt Pölten del nuevo centro administrativo y cultural del
Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dic-            Land de Baja Austria, por lo que se refiere al procedimiento de
tado el 21 de octubre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el                adjudicación de los contratos celebrados antes del 6 de febrero
siguiente:                                                                  de 1996, pero que el 7 de marzo de 1996 aún no se habı́an
                                                                            cumplido o, en la medida de lo posible, podı́an ser anulados,
1. Se declara que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido                el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.: G.C. Rodrı́guez
     las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward
     94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la            y L. Sevón, Presidentes de Sala, C. Gulmann (Ponente),
     constitución de un comité de empresa europeo o de un procedi-         J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y M. Wathelet, Jueces; Abo-
     miento de información y consulta a los trabajadores en las            gado General: Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. D. Louterman-
     empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, al no         Hubeau, administradora principal, ha dictado el 28 de octubre
     haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y             de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
     administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada           1) Se declara que la República de Austria ha incumplido las obligacio-
     Directiva o al no haber garantizado que los interlocutores sociales         nes que le incumben en virtud de la Directiva 93/37/CEE del
     adoptaran las disposiciones necesarias por vı́a de acuerdo y, por           Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los
     consiguiente, al no haber adoptado las medidas necesarias para              procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras,
     garantizar la consecución de los resultados exigidos por la citada         y de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
     Directiva.                                                                  1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales,
                                                                                reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de
2. Se condena en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.                            los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los
                                                                                contratos públicos de suministros y de obras, ası́ como en virtud del
(1) DO C 20 de 23.1.1999.                                                        artı́culo 30 del Tratado CE (actualmente artı́culo 28 CE, tras su
                                                                                modificación), en el marco de la construcción en Sankt Pölten del
                                                                                nuevo centro administrativo y cultural del Land de Baja Austria,
                                                                                por lo que se refiere al procedimiento de adjudicación de los
                                                                                contratos celebrados antes del 6 de febrero de 1996, pero que el
                                                                                7 de marzo de 1996 aún no se habı́an cumplido o, en la medida
                                                                                de lo posible, podı́an ser anulados.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 2) Se condena en costas a la República de Austria.
                                                                            (1) DO C 354 de 23.11.1996.
                     de 28 de octubre de 1999
en el asunto C-328/96: Comisión de las Comunidades
           Europeas contra República de Austria (1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Incumplimiento de Estado — Contratos públicos de obras
— Admisibilidad — Compatibilidad con el Derecho comuni-                                                    (Sala Sexta)
tario de las condiciones que rigen las licitaciones — No                                         de 28 de octubre de 1999
      publicación de un anuncio de licitación en el DOCE)
                                                                            en el asunto C-6/98 (petición de decisión prejudicial
                            (2000/C 34/07)                                  planteada por el Oberlandesgericht Stuttgart): Arbeitsge-
                                                                            meinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD) contra
                                                                                PRO Sieben Media AG (1)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                            («Radiodifusión televisiva — Limitación del tiempo de trans-
                                                                                misión dedicado a la publicidad»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                                     (2000/C 34/08)
En el asunto C-328/96, Comisión de las Comunidades Euro-                                      (Lengua de procedimiento: alemán)
peas (Agentes: Sr. H. van Lier y Sra. C. Schmidt) contra
República de Austria (Agente: Sr. W. Okresek) que tiene por                (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
objeto que se declare que la República de Austria ha incum-                      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
plido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre                        En el asunto C-6/98, que tiene por objeto una petición dirigida
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los                 al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del Tratado


title: Asunto T-879/16: Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2016 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Marpefa (Vieta)

text:
               20.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 53/34

         Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2016 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Marpefa (Vieta)
   (Asunto T-879/16)
   (2017/C 053/43)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Reino Unido) (representante: S. Malynicz, QC)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Marpefa, S.L. (Barcelona)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Titular de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «VIETA» — Marca de la Unión n.o 1790674

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de caducidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de octubre de 2016 en el asunto R 1010/2016-4

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la EUIPO y a la otra parte en el procedimiento a cargar con sus propias costas así como con las de la recurrente.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.o 207/2009.

               —

               Infracción del principio de claridad y precisión de los términos de la marca.


title: Asunto C-251/03: Recurso interpuesto el 11 de junio de 2003 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 184/26                ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                          2.8.2003
Recurso interpuesto el 10 de junio de 2003 contra (1)                   demandada. Dado que ésta no aportó pruebas suficientes para
«TASEIS» «TRENDS (Transport Environment Development                     desvirtuar las conclusiones de las auditorías, la Comisión
Systems)» y (2) Marios Kontaratos y otros por la Comisión               decidió resolver los contratos y solicitó la devolución de las
                  de las Comunidades Europeas                           sumas indebidamente abonadas.
                         (Asunto C-249/03)                              La Comisión invoca:
                           (2003/C 184/46)                              —    En apoyo de su pretensión principal: el artículo 8.2 del
                                                                             anexo II de los contratos, que establece que la Comisión
                                                                             puede resolver el contrato si un contratista ha realizado
                                                                             declaraciones falsas o incompletas de las que se le puede
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 considerar responsable para obtener la contribución finan-
presentado el 10 de junio de 2003 un recurso contra (1)                      ciera de la Comisión, o cualquier otra ventaja prevista en
«TASEIS» «TRENDS (Transport Environment Development                          el contrato.
Systems)» y (2) Marios Kontaratos y otros formulado por la
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la               —    En apoyo de la pretensión principal de pago de intereses:
Sra. Maria Patakia, de su Servicio Jurídico, la Sra. Maria Bra,              el artículo 8, apartado 4, párrafo segundo, del anexo II de
abogada de Bruselas, y el Sr. K. Kapoutzidou, abogado de                     los contratos, que establece que se devengarán intereses a
Atenas, que designa domicilio en Luxemburgo.                                 partir de la fecha en la que se reciban los pagos en
                                                                             cuestión, al tipo aplicado por el Fondo Europeo de
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:                            Cooperación Monetaria (actualmente por el Banco Central
                                                                             Europeo) aumentado en dos puntos porcentuales.
—      Estime el recurso en su totalidad.
                                                                        —    En apoyo de la pretensión subsidiaria de pago de inte-
—      Condene a la sociedad demandada «TASEIS» «TRENDS» y                   reses: el artículo 94 del Reglamento no 3418/93 de la
       a los demandados que son socios de ésta a devolver a la               Comisión, de 9 de diciembre de 1993, sobre normas de
       Comisión el importe total de los pagos por adelantado                 desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento
       indebidos efectuados por la Comunidad a la sociedad                   Financiero de 21 de diciembre de 1977 (2).
       demandada en relación con los contratos controvertidos,
       es decir, la suma de 195 435 euros, junto con los
       intereses contractuales correspondientes al período que          (1) DO L 206 de 30.7.1988, p. 1.
                                                                        (2) DO L 315 de 16.12.1993, p. 1.
       comienza en la fecha del pago indebido, que calculados
       de esta forma ascienden a un total de 84 489,14 euros a
       30 de septiembre de 2002 y, a partir de esa fecha, a
       35,45 euros (29,17 más 6,28) por día hasta que la deuda
       de la demandada haya sido abonada en su totalidad, o
       bien, subsidiariamente, junto con los intereses de demora
       calculados con arreglo al artículo 94 del Reglamento
       no 3418/93 de la Comisión sobre el total de                      Recurso interpuesto el 11 de junio de 2003 contra la
       195 345 euros, a un tipo del 5,5 % desde el 31 de                República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades
       diciembre de 1998 (fecha en que expiró el plazo fijado                                       Europeas
       en la orden de pago) hasta que la deuda de la deman-
       dante haya sido abonada en su totalidad, que ascienden a
                                                                                (Asunto C-251/03)
       un total de 40 315,83 euros a 30 de septiembre de 2002
       y a 29,45 euros por día a partir de esa fecha.
                                                                                (2003/C 184/47)
—      Condene en costas a los demandados.
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 11 de junio de 2003 un recurso contra la
Motivos y principales alegaciones                                       República Portuguesa formulado por la Comisión de las Comu-
                                                                        nidades Europeas, representada por los Sres. A. Caeiros y G.
La demandada «TASEIS» «TRENDS» es una sociedad civil griega,            Valero Jordana, en calidad de agentes, que designa domicilio en
que tiene por objeto la promoción de la investigación y la              Luxemburgo.
difusión de información sobre cuestiones conflictivas relativas
al medio ambiente, el desarrollo, el urbanismo, el transporte           La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
etc. En el marco de la Decisión 88/416/CEE del Consejo, de
29 de junio de 1988, sobre un programa comunitario en el                —    Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
sector de la informática de los transportes por carretera y de               obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7,
las telecomunicaciones (DRIVE) (1), la demandada celebró los                 apartado 6, de la Directiva 80/778/CEE del Consejo, de
siguientes contratos con la Comisión: (i) Contrato V 2029                    15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas
BATT (desarrollo del proyecto «BATT — Behaviour and ATT»)                    destinadas al consumo humano (1), al no haber adoptado
y (ii) Contrato V 2060 MIRO (desarrollo del proyecto «Mobility               las disposiciones necesarias para que las aguas destinadas
impact, reactions and opinions»).                                            al consumo humano se ajusten a las exigencias especifi-
                                                                             cadas en el anexo I de dicha Directiva.
Las auditorías del Tribunal de Cuentas y de la Comisión
revelaron graves irregularidades financieras por parte de la            —    Condene en costas a la República Portuguesa.
 ---pagebreak--- 2.8.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 184/27
Motivos y principales alegaciones                                        Motivos y principales alegaciones
Las autoridades portuguesas no han adoptado las medidas                  La recurrente alega la existencia de una violación del Derecho
necesarias para que, en lo que atañe a diversos parámetros,              comunitario cometida por el Tribunal de Primera Instancia.
las aguas destinadas al consumo humano se ajusten a las                  Esta alegación se divide en seis motivos:
exigencias especificadas en el anexo I de la Directiva 80/778/
CEE, de tal modo que la República Portuguesa no ha
cumplido, dentro del plazo establecido, las obligaciones que le          —    Violación del Acuerdo sobre las relaciones en materia de
incumben en virtud del artículo 7, apartado 6, de la referida                 pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y
Directiva. El incumplimiento de las obligaciones de dicho                     la República Argentina (Acuerdo CE/Argentina) en cuanto
Estado miembro no puede verse justificado por las acciones y                  a la base jurídica de la decisión impugnada. Según el
medidas emprendidas o previstas por la República Portuguesa                   Tribunal de Primera Instancia, la Comisión tenía compe-
con el objetivo prioritario, según las autoridades portuguesas,               tencia material para tomar el Reglamento (CEE) no 4253/
de alcanzar los niveles de calidad del agua de consumo                        88, en particular su artículo 24, como base jurídica de la
humano establecidos en la normativa comunitaria.                              decisión de reducción de la ayuda financiera. No obstante,
                                                                              el Acuerdo CE/Argentina establece un régimen jurídico
                                                                              especial aplicable a las sociedades mixtas que son creadas
(1) DO L 229 de 30.8.1980, p. 11; EE 15/02, p. 174.                           a su amparo, por lo que la normativa general no es
                                                                              aplicable sin remisión expresa del Acuerdo, efectuada
                                                                              únicamente por lo que respecta a la presentación de los
                                                                              proyectos para su aprobación y a la solicitud y procedi-
                                                                              miento de pago.
                                                                         —    Violación del Acuerdo CE/Argentina en cuanto al papel de
                                                                              la Comisión Mixta y de las autoridades argentinas. El
                                                                              Tribunal de Primera Instancia estima que la Comisión no
                                                                              estaba obligada a consultar a la Comisión mixta ni a la
Recurso de casación interpuesto por S.A. Eduardo Vieira                       autoridad argentina para proceder a reducir la ayuda
el 13 de junio de 2003 contra la sentencia dictada el 3 de                    financiera. De esta manera, desconoce la estructura insti-
abril de 2003 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera                     tucional establecida en el Acuerdo.
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-
126/03 entre S.A. Eduardo Vieira y Comisión de las
                     Comunidades Europeas                                —    Violación del Acuerdo CE/Argentina en cuanto a la apli-
                                                                              cación del procedimiento del artículo 44 del Reglamento
                                                                              (CEE) no 4028/86, derogado a partir del 1 de enero de
                       (Asunto C-254/03 P)                                    1994 y, por lo tanto, inaplicable en el caso de autos,
                                                                              respecto al procedimiento de reducción de la ayuda finan-
                                                                              ciera. Por consiguiente, la consulta al Comité permanente
                          (2003/C 184/48)                                     de estructuras pesqueras carecía de base legal.
                                                                         —    Violación del Acuerdo CE/Argentina en cuanto a la apli-
                                                                              cación del Reglamento (CE) no 3699/93 a la hora de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  calcular la cuantía de la reducción del concurso finan-
presentado el 13 de junio de 2003 un recurso de casación                      ciero. La Comisión debería haber aplicado una reducción
interpuesto por S.A. Eduardo Vieira, representada por el                      inspirada en dicho Reglamento, pero siempre dentro del
Sr. Ramón García-Gallardo y la Sra. Mª Dolores Domínguez                      marco del Acuerdo CE/Argentina y teniendo en cuenta
Pérez, contra la sentencia dictada el 3 de abril de 2003 por la               sus baremos. La aplicación del baremo del Reglamento
Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-                 no 3699/93 implica una sanción adicional al beneficiario.
dades Europeas en el asunto T-126/01 entre S.A. Eduardo
Vieira y Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                         —    Violación del Derecho comunitario en cuanto a la fuerza
                                                                              mayor. El Tribunal de Primera Instancia ha desconocido
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     las obligaciones de la Comisión en cuanto a la calificación
                                                                              jurídica de determinados hechos como fuerza mayor.
1.   declare admisible el presente recurso
                                                                         —    Violación del Acuerdo CE/Argentina en cuanto a la nece-
                                                                              sidad de contar con la autorización de la Comisión para
2.   anule la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de                    abandonar el caladero argentino. El Tribunal de Primera
     Primera Instancia de 3 de abril de 2003 en el asunto T-                  Instancia considera que la recurrente tenía la obligación
     126/01, SA Eduardo Vieira contra Comisión de las Comu-                   de informar a la Comisión de los problemas de ejecución
     nidades europeas                                                         del proyecto y no podía abandonar la zona económica
                                                                              exclusiva argentina sin autorización previa de la Comisión.
                                                                              Sin embargo, si se acepta que existe un «componente
3.   condene a la Comisión europea en costas al pago de la                    internacional», debe bastar una autorización previa por
     totalidad de las costas que se deriven del procedimiento                 parte de la autoridad argentina.
     ante el Tribunal de Justicia y así como las incurridas en el
     procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.


title: Asunto F-61/06: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 10 de julio de 2008 — Cathy Sapara/Eurojust (Función pública — Agentes temporales — Selección — Prácticas — Prolongación del período de prácticas — Despido al término del período de prácticas — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Error manifiesto de apreciación — Acoso moral)

text:
               11.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/19

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 10 de julio de 2008 — Cathy Sapara/Eurojust
   (Asunto F-61/06) (1)

   (Función pública - Agentes temporales - Selección - Prácticas - Prolongación del período de prácticas - Despido al término del período de prácticas - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Error manifiesto de apreciación - Acoso moral)
   (2008/C 260/35)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Cathy Sapara (La Haya, Países Bajos) (representantes: G. Vandersanden y C. Ronzi, abogados)

      Demandada: Eurojust (representante: L. Defalque, abogado)
   Objeto
   Por una parte, la anulación de la resolución de EUROJUST de 6 de julio de 2005 por la que se pone fin al contrato de agente temporal de la demandante al término de su período de prácticas, y por otra parte la pretensión de indemnización de daños y perjuicios.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 165 de 15.7.2006, p. 35.


title: Recurso interpuesto el 25 de abril de 1996 contra el Parlamento Europeo por Jean-Louis Burban (Asunto T-59/96)

text:
N0 C 180/38           ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    22 . 6 . 96
— Todo ello incrementado en un interés del 8% , deven              Recurso interpuesto el 25 de abril de 1996 contra el
    gado desde la presentación de la demanda hasta el                       Parlamento Europeo por Jean-Louis Burban
    momento del pago .                                                                    ( Asunto T-59/96 )
                                                                                ( 96/C 180/90 )
— Condene en costas a la parte demandada .
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
Motivos y principales alegaciones                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                    Europeas se ha presentado el 25 de abril de 1996 un recurso
El demandante, funcionario del Servicio Científico y Técni         contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr. Jean
co de la Comisión en el establecimiento del Centro Común
                                                                    Louis Burban, con domicilio en París, representado por el Sr.
de Investigación de Ispra , aduce la ilegalidad de la decisión      Jean-Pierre Spitzer, Abogado de París, que designa como
por la que se le deniega el pago de las indemnizaciones por         domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra. Aloyse
gastos de reinstalación y diarias al regreso de un período de       May, 31 , Grand-Rue .
servicio exterior en la Agencia Internacional de la Energía
Atómica de Viena . La decisión impugnada se basa en que el          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
interesado no encontró especiales dificultades para reinte         Instancia que :
grarse en el ambiente de origen, ni tuvo necesidad de
efectuar una nueva mudanza , ya que volvió a su propia              — Le conceda una indemnización por importe de 100 000
vivienda en Italia .                                                    ecus como reparación del perjuicio material que se la ha
                                                                        irrogado y otra indemnización de 100 000 ecus por el
                                                                        perjuicio moral que ha sufrido .
Según el demandante, las disposiciones del Estatuto en
materia de indemnización por gastos de instalación se               — Condene a la demandada al pago de todas las costas.
refieren exclusivamente al hecho objetivo de que el intere
sado se haya visto obligado a cambiar de residencia para            Motivos y principales alegaciones
cumplir con lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto. En
efecto, este último no exige ningún requisito posterior ni          El demandante, funcionario del Parlamento Europeo de
tiene en cuenta ningún otro elemento .                              grado A4, pretende conseguir una indemnización por los
                                                                    perjuicios material y moral que le irrogó la elaboración fuera
                                                                    de plazo de sus informes de calificación correspondientes a
Es cierto que la jurisprudencia ha aclarado el alcance de las       los períodos 1991-1992 y 1993-1994 .
disposiciones del Estatuto, pero ha sido en el ámbito de
sitúaciones de hecho caracterizadas por una falta de                A su juicio, la demandada no sólo ha incumplido su
requisitos legales (cuando no hay traslado de residencia o de       obligación de elaborar periódicamente y en debida forma los
los familiares, cuando el traslado se efectúa a petición del        informes de calificación, sino que, además, ha incurrido en
funcionario y en su interés personal, etc .) o incluso por          una negligencia grave al no adoptar medida alguna sustitu
comportamientos en fraude de ley. Estos supuestos no                toria que pudiera remediar su inexistencia en el momento de
tienen nada que ver con el presente caso, en el que tuvieron        efectuar el examen comparativo de los méritos de los
lugar legalmente el traslado del interesado y de su familia a       funcionarios que se presentan como candidatos.
otro Estado, el arrendamiento de una vivienda en Austria y
el regreso a Italia de oficio .                                     A este respecto, el demandante subraya el carácter discutible
                                                                    del único informe elaborado, el correspondiente a 1989, con
                                                                    base al cual la AFPN examinó todas las candidaturas
En cuanto a la recuperación de la vivienda en Italia, ello          presentadas por el demandante a partir de 1990 . El antiguo
implicó un verdadero sacrifico económico para el deman             Director para Francia de la Oficina de Información de la
dante en la medida en que —tanto por lo apremiante del              Institución demandada hizo un uso abusivo de su facultad
regreso, como por las dificultades legales de recuperar la          de calificar al elaborar el referido informe, con el propósito
vivienda en Italia una vez que ésta hubiese sido arrendada—         de ser sustituido en sus funciones, a través de un concurso
tuvo que soportar durante todo el período de que se trata las       externo, por un amigo personal, que no prestaba servicios
cargas económicas y los gastos de mantenimiento de dos              en el Parlamento Europeo, y no por el demandante, que era
viviendas .
                                                                    la persona llamada a sucederle por su condición de Director
                                                                    adjunto .
En lo que respecta a la denegación de pagar las indemniza
ciones diarias, el demandante mantiene que el pago de
dichas indemnizaciones de basa en la misma premisa
mencionada , es decir, en el cambio de residencia efectuado
por el funcionario para cumplir las obligaciones previstas          Recurso interpuesto el 30 de abril de 1996 por José
                                                                    Francisco Meoro Avilés contra la Comisión de las Comu
por el artículo 20 del Estatuto . La única diferencia con la
                                                                                nidades Europeas
indemnización por gastos de reinstalación consiste en que
las indemnizaciones diarias son abonadas hasta la « even                                 ( Asunto T-61/96 )
tual » mudanza o, de no ser así, por un período máximo de                                    ( 96/C 180/91 )
seis meses . Por tanto, la diferencia se refiere sólo al aspecto
temporal .                                                                       (Lengua de procedimiento: espanol)
                                                                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                    Europeas se ha presentado el 30 de abril de 1996 un recurso


title: Asunto C-164/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikei Rethymnis (Grecia) el 17 de abril de 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikei Rethymnis (Grecia) el 17 de abril de 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis
   (Asunto C-164/08)
   (2008/C 171/34)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Monomeles Protodikei Rethymnis
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Michail Zacharioudakis

      Demandada: Dimos Lampis
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               Deben interpretarse las cláusulas 5 y 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE del Consejo (DO L 175 de 10 de julio de 1999, p. 42), en el sentido de que (en aras de la aplicación de dicho Acuerdo marco) el Derecho comunitario no permite al Estado miembro adoptar medidas:

                           a)

                           cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya existían antes de la entrada en vigor de la Directiva medidas legales equivalentes — en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, y

                           b)

                           cuando con las medidas adoptadas en ejecución del Acuerdo marco, se reduce el nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran antes de la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920 examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la adopción de una medida normativa como el artículo 11 del Decreto presidencial no 164/2004, examinado en el litigio principal, en aras de la aplicación del Acuerdo marco:

                           a)

                           cuando dicha medida legal, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, se adopta una vez transcurrido el plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE, pero en su ámbito de aplicación temporal sólo están comprendidos los contratos y relaciones laborales de duración determinada que estaban vigentes en el momento de su entrada en vigor o que finalizaron dentro de un intervalo de tiempo determinado anterior a su entrada en vigor, pero una vez transcurrido el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva, mientras que el ámbito de aplicación temporal de las medidas legales equivalentes anteriores no está limitado y éstas comprenden todos los contratos de trabajo de duración determinada que fueron celebrados, estaban vigentes o finalizaron en la fecha de entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE y de expiración del plazo para la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva;

                           b)

                           cuando en el ámbito de aplicación de esa medida legal, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, sólo están comprendidos contratos o relaciones laborales de duración determinada que, para ser considerados sucesivos a efectos de dicha medida legal deben reunir los siguientes requisitos acumulativos: 1) Que entre ellos no transcurra un intervalo superior a tres meses y, además, 2) que tengan una duración total de al menos veinticuatro (24) meses en el momento de la entrada en vigor de dicha medida, con independencia del número de prórrogas contractuales, o que sobre la base de dichos contratos haya un período de empleo total de al menos dieciocho meses dentro de un período total de veinticuatro meses computables a partir del contrato inicial en caso de que se hayan producido al menos tres prórrogas además del contrato inicial, mientras que las medidas legales equivalentes anteriores no imponen tales requisitos, incluyendo en cambio todos los contratos (sucesivos) de trabajo de duración determinada, sin que sea preciso un período mínimo de ocupación ni un número mínimo de prórrogas contractuales;

                           c)

                           cuando la medida legal en cuestión, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, establece como consecuencia jurídica para la protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada y para la prevención de los abusos en el sentido del Acuerdo marco sobre el contrato de duración determinada la calificación del contrato de trabajo de duración determinada como contrato de duración indefinida que despliega sus efectos en el futuro (ex nunc), mientras que las medidas legales equivalentes anteriores disponen que la calificación de los contratos de trabajo de duración determinada como contratos de duración indefinida surta efecto desde el momento de su celebración inicial (ex tunc)?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de dicha Directiva, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920, examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la adopción de una medida legal, en aras de la aplicación del Acuerdo marco, como el artículo 7 del Decreto presidencial no 164/2004, examinado en el litigio principal, cuando éste establece como único medio de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada frente a los abusos la obligación del empresario de abonarles su retribución y la indemnización por despido en caso de empleo abusivo mediante contratos sucesivos de trabajo de duración determinada, teniendo en cuenta que:

                           a)

                           la obligación de pago de la retribución y de la indemnización por despido está prevista en el Derecho nacional en todos los casos de relación laboral y no se dirige específicamente a prevenir los abusos en el sentido del Acuerdo marco y que,

                           b)

                           la consecuencia jurídica de la aplicación de la medida legal equivalente anterior es el reconocimiento de los contratos de trabajo sucesivos de duración determinada como contratos de duración indefinida?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones anteriores, ¿debe el juez nacional, al interpretar su Derecho nacional con arreglo a la Directiva 1999/70/CE, dejar de aplicar las disposiciones incompatibles con dicha Directiva contenidas en la medida legislativa adoptada en aras de la aplicación del Acuerdo marco, que sin embargo provoca una reducción del nivel general de protección de los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico interno, como los artículos 7 y 11 del Decreto presidencial no 164/2004, y aplicar en su lugar las disposiciones contenidas en la medida legal equivalente nacional, anterior a la entrada en vigor de la Directiva, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920?

               5)

               En caso de que el juez nacional considerase aplicable, en principio, en un asunto sobre el trabajo de duración determinada, una disposición (en el caso de autos el 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920) que constituye una medida legal equivalente, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE, disposición en virtud de la cual el hecho de que se estime que unos contratos de trabajo sucesivos se celebraron como contratos de duración determinada sin razón objetiva ligada a la naturaleza, al tipo y a las características de la actividad desarrollada, comporta el reconocimiento de que dicho contrato es un contrato de trabajo de duración indefinida, entonces:

                           a)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual constituye una razón objetiva para la celebración de contratos de trabajo de duración determinada, en cualquier caso, el hecho de se haya utilizado como fundamento jurídico de su celebración una norma sobre el empleo mediante contratos de trabajo de duración determinada para atender necesidades transitorias, periódicas, temporales o extraordinarias, aunque en realidad las necesidades atendidas sean permanentes y duraderas?

                           b)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual una disposición que prohíbe la transformación de contratos de trabajo de duración determinada en el sector público en contratos de trabajo de duración indefinida debe interpretarse en el sentido de que en el sector público está prohibida terminantemente y en todo caso la transformación de un contrato o relación laboral de duración determinada en un contrato o relación de duración indefinida, aun en el caso de que éste se haya celebrado abusivamente como un contrato de duración determinada, cuando en realidad las necesidades atendidas son permanentes y duraderas, y el juez nacional no tiene posibilidad, en un caso de este tipo, de declarar el verdadero carácter de la relación jurídica laboral controvertida y de calificarlo correctamente como contrato de duración indefinida? ¿O bien dicha prohibición debe circunscribirse solamente a los contratos de trabajo de duración determinada que se han celebrado efectivamente para atender necesidades transitorias, imprevistas, urgentes, extraordinarias, o similares, y no a los casos en que en realidad se celebraron para atender necesidades permanentes y duraderas?


title: Recurso interpuesto el 18 de enero de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG y otras cuatro sociedades (Asunto T-9/99)

text:
C 86/24                 ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 27.3.1999
Ð El Consejo no respetó el principio de confianza legí-            Motivos y principales alegaciones
     tima.
                                                                   En opinión de la Comisión, las demandantes participaron
                                                                   con otros productores de tubos preaislados para calefac-
Ð El Consejo violó el principio de proporcionalidad.
                                                                   ción urbana en un conjunto de acuerdos anticompetitivos
                                                                   durante el período comprendido entre octubre de 1991 y,
(1) DO   L 33 de 4.2.1997, p. 11.                                  al menos, marzo o abril de 1996. A los participantes se les
(2) DO   L 208 de 2.8.1997, p. 31.                                 imputa, entre otras actividades, repartirse el mercado, con-
(3) DO   L 296 de 5.11.1998, p. 1.                                 certar precios, manipular la oferta y realizar otros actos
(4) DO   L 56 de 6.3.1996, p. 1.
                                                                   concertados para perjudicar a competidores que no forma-
                                                                   ban parte del cartel.
                                                                   Al grupo «Henss/Isoplus» se le impuso una multa de
                                                                   4 950 000 ECU.
Recurso interpuesto el 18 de enero de 1999 contra la               Las demandantes alegan que la empresa «Isoplus Fernwär-
Comisión de las Comunidades Europeas por HFB Holding               metechnik Gesellschaft mbH Ð Stille Gesellschaft», men-
für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co             cionada en la Decisión impugnada, carece de personalidad
                  KG y otras cuatro sociedades                     jurídica y de legitimidad y, por tanto, no puede ser desti-
                         (Asunto T-9/99)                           nataria de una norma a efectos del artículo 85 del
                                                                   Tratado CE ni ser parte en un procedimiento con arreglo
                          (1999/C 86/44)                           al Reglamento no 17. AdemaÂs, sostiene que el grupo vaga-
                                                                   mente definido como «Henss/Isoplus» es una formación
                                                                   sin personalidad jurídica que tambieÂn carece de personali-
              (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                   dad, por lo que se han infringido disposiciones formales
                                                                   esenciales del Reglamento no 17.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 18 de enero de 1999 un                AdemaÂs, las demandantes formulan los siguientes motivos:
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por HFB Holding für Fernwärmetechnik Betei-              Ð Infracción del artículo 85 del Tratado CE, así como de
ligungsgesellschaft mbH & Co KG, con domicilio social                  los artículos 3 y 15 del Reglamento no 17.
en Rosenheim (RepuÂblica Federal de Alemania), y otras
cuatro sociedades, representadas por los Sres. Peter Krö-
mer y Friedrich Nusterer, Abogados, que designan como              Ð Violación del derecho de audiencia e incumplimiento
domicilio a efectos del procedimiento el despacho de estos             del deber de motivación, ya que en ninguÂn momento
mismos Abogados, Riemerplatz 1, St. Pölten (RepuÂblica de              se notificaron las imputaciones realizadas.
Austria).
                                                                   Ð Infracción del apartado 2 del artículo 6 del Convenio
                                                                       Europeo para la protección de los Derechos Humanos
Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instan-               y de las Libertades Fundamentales y violación del prin-
cia que:                                                               cipio de culpabilidad derivado del apartado 2 del
                                                                       artículo 15 del Reglamento no 17.
1. Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
     Europeas, parte demandada, de 21 de octubre de                Ð Infracción de la Decisión de la Comisión, de 12 de
     1998, relativa a un procedimiento con arreglo al                  diciembre de 1994, relativa al mandato de los conseje-
     artículo 85 del Tratado CE (IV/35.691/E-4: Cartel en              ros auditores en los procedimientos de competencia
     el mercado de los tubos preaislados), en la versión de            tramitados ante la Comisión, y del Reglamento
     la Decisión de las Comunidades Europeas, parte                    no 99/63/CEE.
     demandada, de 6 de noviembre de 1998, por la que se
     rectifica la decisión de 21 de octubre de 1998.               Ð Incumplimiento de los requisitos formales previstos en
                                                                       el apartado 3 del artículo 3 y en el artículo 4 del
                                                                       Reglamento no 99/63/CEE, en relación con el
2. Reduzca la multa impuesta a las demandantes, o al                   artículo 19 del Reglamento no 17 y el artículo 6/7 de
     grupo «Henss/Isoplus», en la Decisión de la Comisión              la Decisión citada en el guión anterior.
     de las Comunidades Europeas, parte demandada, de
     21 de octubre de 1998 (IV/35.691/E-4: Cartel en el
                                                                   Ð Violación de otros derechos de defensa, en particular,
     mercado de los tubos preaislados), en la versión de la
                                                                       por la escasa duración del plazo para presentar obser-
     Decisión de las Comunidades Europeas, parte deman-
                                                                       vaciones y por la existencia de documentos en lengua
     dada, de 6 de noviembre de 1998.
                                                                       extranjera sin traducir.
3. Condene en costas a la Comisión de las Comunidades              Ð Incumplimiento del deber           de     motivación   del
     Europeas, parte demandada.                                        artículo 190 del Tratado CE.
 ---pagebreak--- 27.3.1999             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 86/25
Asimismo, las demandantes impugnan, invocando el                   a) pronunciarse sobre la modificación notificada por
artículo 184 del Tratado CE, las Directrices para el caÂlculo           Alemania del plan aprobado por la Decisión
de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del                94/1070/CECA, y
artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del
artículo 65 del Tratado CECA, objeto de una Comunica-
                                                                   b) autorizar a Alemania a conceder ayudas a su industria
ción de la Comisión (1), ya que dichas Directrices constitu-
                                                                        del carbón en 1998.
yen un verdadero Reglamento, para cuya adopción la
Comisión no estaba facultada.
                                                                   La demandante solicita la anulación de la pretendida
                                                                   modificación del plan basaÂndose en los siguientes motivos:
Por uÂltimo, las demandantes alegan que la multa fue cal-
culada ilícitamente. Así, entre otros razones, exponen que
no se tomó en cuenta suficientemente su cooperación, que           Ð Vicio sustancial de forma / defecto de
se sobrepasó el límite maÂximo del 10 % y que no se res-                motivación:
petó el principio seguÂn el cual una multa no puede poner
a su destinatario en peligro de insolvencia.                            La Decisión impugnada no hace referencia en su parte
                                                                        dispositiva a la pretendida modificación del plan. Así
(1) DO C 9 de 14.1.1998, p. 3.                                          pues, la Comisión no se ha pronunciado, tal como
                                                                        exige el apartado 4 del artículo 8 del Código (2), sobre
                                                                        la modificación del plan notificada por Alemania.
                                                                   Ð Ignorancia manifiesta de las disposiciones
                                                                        d e l Tr a t a d o C E C A o d e u n a n o r m a j u r í d i c a
                                                                        relativa a su ejecución y desviación de
Recurso interpuesto el 18 de enero de 1999 contra la
                                                                        poder:
Comisión de las Comunidades Europeas por RJB Mining
                               plc
                       (Asunto T-12/99)                                 El pretendido pronunciamiento sobre la modificación
                                                                        del plan parte de una base absolutamente falsa, la de
                        (1999/C 86/45)                                  que los tres principales beneficiarios de las ayudas han
                                                                        seguido siendo empresas separadas durante todo el
                                                                        anÄo 1998, y no tiene en cuenta la fusión de dichas
               (Lengua de procedimiento: ingleÂs)                       empresas en agosto de 1998 ni la enorme ayuda de
                                                                        Estado inherente a la fusión y condicionada a la reali-
                                                                        zación de la misma. AdemaÂs, por lo que respecta a la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  ayuda de funcionamiento, el pretendido pronuncia-
Europeas se ha presentado el 18 de enero de 1999 un                     miento no examina, tal como exigen el apartado 2 del
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,                 artículo 3 y el artículo 8 del Código, si el plan modifi-
formulado por RJB Mining plc, representada por los Sres.                cado requiere que las empresas de que se trata sean
Mark Brealey, de Brick Court Chambers, y Jonathan Law-                  capaces de llegar a ser viables en un futuro próximo.
rence, Solicitor de Freshfields, que designa como domicilio
en Luxemburgo el bufete de los Sres. Arendt y Medernach,
8-10, rue Mathias Hardt.                                           La demandante solicita la anulación de la pretendida auto-
                                                                   rización de la ayuda de 1998 por motivos similares a los
                                                                   invocados en el asunto T-110/98.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
tancia que:                                                        (1) Asunto T-110/98 (DO C 299 de 26.9.1998, p. 38).
                                                                   (2) Decisió no 3632/93/CECA (DO L 329 de 30.12.1993, p. 12).
1) Anule la Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de
     1998 relativa a las ayudas a la industria del carbón
     alemana en 1998.
2) Condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas          Recurso interpuesto el 18 de enero de 1999 contra el
     las de la parte demandante.                                      Consejo de la Unión Europea por Pfizer Animal Health
                                                                                (Asunto T-13/99)
Motivos y principales alegaciones                                                            (1999/C 86/46)
                                                                                (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
La demandante, que ya ha recurrido la Decisión relativa a
las ayudas concedidas a la industria del carbón alemana
en 1997 (1), solicita en el presente recurso la anulación de       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
la Decisión relativa a las ayudas de 1998 (la Decisión             Europeas se ha presentado el 18 de enero de 1999 un
impugnada), que pretende:                                          recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado


title: Asunto T-333/04: Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2004 por House of Donuts International contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
               4.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/42

         Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2004 por House of Donuts International contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   (Asunto T-333/04)
   (2004/C 300/84)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 11 de agosto de 2004 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por House of Donuts International, George Town, Gran Caimán (Antillas británicas) representada por el Sr. N. Decker, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
   Panrico S.A. fue asimismo parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Declare que debe estimarse la solicitud de marca comunitaria no 474486 de la demandante.

               —

               Anule la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 12 de mayo de 2004 (asunto R 1034/2001-4).

               —

               Condene al oponente al pago de las costas efectuadas por la demandante.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria:

               La demandante.

               Marca comunitaria solicitada:

               La marca figurativa «House of donuts» para productos y servicios de las clases 30, 32 y 42 (por ejemplo, rosquillas, magdalenas, croissants, aguas minerales y gaseosas, y servicios de restaurantes, cafeterías y catering) – Solicitud no 474486.

               Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               Panrico S.A.

               Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               Las marcas denominativa y figurativa españolas «DONUT» y «donuts» para productos y servicios de las clases 30, 32 y 42 (por ejemplo, todo tipo de productos de confitería, pastelería, dulces y caramelos, bebidas y zumos de frutas y servicios de cafetería, bar, restaurante, hotel y camping).

               Resolución de la División de Oposición:

               Desestimación de la solicitud de marca.

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso de la solicitante.

               Motivos invocados:

               Las marcas en conflicto no son similares. No debe concederse al oponente el uso exclusivo de las denominaciones «donut» o «donuts».


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 14 de diciembre de 1995 en el asunto T-285/94: Fred Pfloeschner contra Comisión de las Comunidades Europeas [Funcionarios - Pensiones - Coeficiente corrector para Suiza - Antiguo funcionario de nacionalidad suiza - Excepción de ilegalidad del Reglamento (CEE) no 2157/88]

text:
N° C 46/ 14             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     17 . 2 . 96
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                   DE PRIMERA INSTANCIA                                                DE PRIMERA INSTANCIA
                   de 14 de diciembre de 1995                                             de 9 de enero de 1996
en el asunto T-285 /94 : Fred Pfloeschner contra Comisión            en el asunto T-368/94 , Pierre Blanchard contra Comisión
               de las Comunidades Europeas ( ] )                                    de las Comunidades Europeas ( 1 )
[Funcionarios — Pensiones — Coeficiente corrector                    (Estatuto de los Funcionarios — Comité de Personal —
para Suiza — Antiguo funcionario de nacionalidad                     Elecciones — Derecho de las organizaciones sindicales o
suiza — Excepción de ilegalidad del Reglamento (CEE)                              profesionales a presentar varias listas)
                           n° 2157/88]                                                         ( 96/C 46/27 )
                           96/C 46/26
                                                                                (Lengua ae procedimiento : francés)
              (Lengua de procedimiento : francés)
En el asunto T-285/94 , Fred Pfloeschner, antiguo funciona          En el asunto T-368/94 , Pierre Blanchard, funcionario de la
rio de la Comisión de las Comunidades Europeas, con                  Comisión de las Comunidades Europeas, representado por
domicilio en Ginebra ( Suiza ), representado por el Sr . D.          el Sr . D. Marc-Albert Lucas, Abogado de Lieja , que designa
Georges Vandersanden, Abogado de Bruselas, que designa               como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra . Dña .
como domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson Sarl ,           Evelyne Korn, 21 , rué de Nassau , apoyado por Union
1 , rué Glesener, contra Comisión de las Comunidades                 syndicale-Bruxelles, con sede en Bruselas, representada por
Europeas ( Agentes : Sres . D. Joseph Grismar, D. Denis              el Sr. D. Luc Misson y, durante la fase oral, por la Sra . Dña .
Waelbroeck y, durante la fase oral , la Sra . Dña . Ana Maria        Béatrice Rixhon, Abogados de Lieja, que designa como
Alves Vieira ), apoyada por el Consejo de la Unión Europea           domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra . Dña .
( Agentes : Sres . D. Yves Cretien y D. Diego Canga Fano ), que      Evelyne Korn , 21 , rué de Nassau, contra Comisión de las
tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión          Comunidades Europeas ( Agente : Sr. D. Gianluigi Valsesia ),
contenida en la liquidación de pensión de jubilación del             que tiene por objeto la anulación de las decisiones de la Junta
demandante correspondiente al mes de diciembre de 1993 ,             electoral contenidas en las notas de 3 y 8 de noviembre de
en la medida en que aplica un coeficiente corrector de 100 , y       1 994 del Presidente de dicha Junta , dirigidas al demandante
que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la Comisión            en su calidad de Secretario político de la Union syndicale
deducir de la sentencia de anulación todas las consecuencias         fédérale, así como en la decisión vebal del citado Presidente,
que en Derecho procedan en lo relativo tanto a la pensión de         de fecha 8 de noviembre de 1994, de denegar la admisión a
                                                                     las elecciones al Comité local de Personal de una lista
jubilación como a la de viudedad, el Tribunal de Primera
Instancia ( Sala Segunda ), integrado por los Sres .: B. Vester     integrada por 27 parejas de candidatos de la lista « Research/
dorf, Presidente; D. P. M. Barrington y A. Saggio, Jueces;           Union syndicale », con un nombre en el que no figuraba la
Secretario : Sr . J. Palacio González, ha dictado el 14 de           mención « Union syndicale », el Tribunal de Justicia ( Sala
diciembre de 1995 una sentencia cuyo fallo es el                     Cuarta ), integrado por los Sres .: D. P. M. Barrington,
siguiente :                                                          Presidente; K. Lenaerts y Sra . P. Lindh, Jueces; Secretario :
                                                                     Sr . J. Palacio González, ha dictado el 9 de enero de 1 996 una
                                                                     sentencia cuyo fallo es el siguiente :
 1 ) Se anula la liquidación de pensión del demandante
     correspondiente al mes de diciembre de 1993 en la
     medida en que aplica un coeficiente corrector de                1 ) Se anulan las dos decisiones de la Junta electoral de 8 de
     100 .                                                                 noviembre de 1994, sin que dichas anulaciones afecten
                                                                           al resultado de las elecciones al Comité de personal
2 ) Se condena a la Comisión a pagar al demandante                         celebradas los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de
                                                                            1995 . Desestimar el recurso de anulación en todo lo
     intereses de demora calculados al tipo del 8 % anual                  demás .
     sobre las pensiones atrasadas que se le adeudan; dichos
     intereses deberán calcularse a partir de la fecha de los
     distintos vencimientos en que debían haberse efectuado          2 ) Se desestiman las pretensiones de indemnización.
     cada uno de los pagos de las pensiones y hasta el día en
     que se abonen efectivamente.
                                                                      3 ) La Comisión cargará con las costas del demandante,
 3 ) Se condena en costas a la Comisión .                                  incluidas las correspondientes al procedimiento sobre
                                                                           medidas provisionales, así como con sus propias costas.
                                                                            La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.
 4 ) El Consejo cargará con sus propias costas.
                                                                      (') DO n° C 370 de 24 . 12 . 1994 .
 (') DO n" C 304 de 29 . 10 . 1994 .


title: Asunto T-54/16: Sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2017 — Netguru/EUIPO (NETGURU) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión NETGURU — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Artículo 75 del Reglamento n.° 207/2009 — Artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009»]

text:
               27.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/27

         Sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2017 — Netguru/EUIPO (NETGURU)
   (Asunto T-54/16) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca denominativa de la Unión NETGURU - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Obligación de motivación - Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales - Artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009 - Artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009»])
   (2017/C 063/37)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Recurrente: Netguru sp. z o.o. (Poznań, Polonia) (representantes: inicialmente K. Jarosiński, posteriormente T. Grzybkowski, T. Guzek y M. Jackowski, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: D. Walicka, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de diciembre de 2015 (asunto R 144/2015-5) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo NETGURU como marca de la Unión Europea.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Netguru sp. z o.o.

      (1)  DO C 111 de 29.3.2016.