title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 20 de octubre de 2003 en el asunto T-46/03 R: Leali SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Procedimiento sobre medidas provisionales — Competencia — Pago de una multa — Garantía bancaria — Urgencia — Inexistencia")

text:
24.1.2004               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 21/35
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA                                formulado por Coberco Dairy Foods Holding N.V., de Meppel
                            INSTANCIA                                      (Países Bajos), representada por el Sr. H. Pijnacker Hordijk.
                    de 20 de octubre de 2003
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
en el asunto T-46/03 R: Leali SpA contra Comisión de las                   que:
                     Comunidades Europeas
                                                                           1)    Anule el artículo 2 de la Decisión de la Comisión 2003/
(«Procedimiento sobre medidas provisionales — Competencia                        515/CE, de 17 de febrero de 2003, relativa al régimen de
— Pago de una multa — Garantía bancaria — Urgencia —                             ayudas ejecutado por los Países Bajos en favor de las
                            Inexistencia»)                                       actividades de financiación internacional, en la medida en
                                                                                que establece que a las empresas que hayan solicitado a
                                                                                la Administración fiscal antes del 11 de julio de 2001
                           (2004/C 21/74)                                        acogerse al régimen CFA, sin que se haya adoptado una
                                                                                decisión formal al respecto antes de dicha fecha, no les es
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                             aplicable el régimen transitorio.
                                                                           2)    Condene a la Comisión a soportar sus propias costas y
                                                                                las de la demandante.
En el asunto T-46/03 R, Leali SpA, con domicilio social en
Odolo (Italia), representada por los Sres. G. Belotti y G. Vezzoli,
abogados, apoyada por República Italiana (agente: Sr. I.M. Bra-
guglia), contra Comisión de las Comunidades Europeas (agen-
tes: Sra. L. Oignataro y Sr. A. Whelan), que tiene por objeto
una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión de                Motivos y principales alegaciones
la Comisión de 17 de diciembre de 2002 relativa a un
procedimiento de aplicación del artículo 65 CA (COMP/
37.956 — Redondos para cemento armado), en la medida en
que impone a la demandante una multa de 6,093 millones de                  La demandante presentó el 27 de diciembre una solicitud ante
euros solidariamente con Acciaierie e Ferriere Leali SpA,                  la Administración fiscal neerlandesa para poder constituir, a
en liquidación, y exclusivamente a aquélla una multa de                    partir del 1 de enero de 2000, una reserva en virtud del
1,082 millón de euros, el Presidente del Tribunal de Primera               régimen relativo a las actividades de financiación internacional
Instancia ha dictado el 20 de octubre de 2003 un auto en el                (régimen CFA).
que se resuelve lo siguiente:
1)    Desestimar la demanda de medidas provisionales.                      En la Decisión impugnada (1), la Comisión consideró que el
                                                                           régimen CFA constituía una ayuda incompatible con el
2)    Reservar la decisión sobre las costas.                               mercado común y ordenó a los Países Bajos suprimir el
                                                                           régimen. Además, la Decisión impugnada prevé un régimen
                                                                           transitorio. En respuesta a una pregunta de los Países Bajos, la
                                                                           Comisión señaló que dicho régimen transitorio no es aplicable
                                                                           a las empresas que, como la demandante, solicitaron antes del
                                                                           11 de abril de 2003 acogerse al régimen CFA, sin que se
                                                                           hubiera adoptado aún ninguna decisión respecto a su solicitud.
                                                                           Posteriormente, la Administración fiscal neerlandesa desestimó
Recurso interpuesto el 10 de octubre de 2003 contra la                     la solicitud de la demandante.
Comisión de las Comunidades Europeas por Friesland
             Coberco Dairy Foods Holding N.V.
                                                                           En apoyo de su recurso, la demandante alega que se han
                         (Asunto T-348/03)                                 vulnerado principios fundamentales del Derecho comunitario,
                                                                           entre los que figuran el principio de igualdad y el de protección
                           (2004/C 21/75)                                  de la confianza legítima. Según la demandante, los principios
                                                                           fundamentales del Derecho comunitario se oponen a que el
                                                                           régimen transitorio se limite a aquellas empresas sobre cuyas
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)                      solicitudes haya recaído una decisión antes del 11 de julio
                                                                           de 2001. Mediante tal restricción, las empresas que a tal fecha
                                                                           tenían pendiente ante la Administración fiscal una solicitud
                                                                           para constituir una reserva y que, por tanto, podían válida-
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                     mente confiar en que el régimen CFA era compatible con el
Europeas se ha presentado el 10 de octubre de 2003 un                      Tratado, reciben un trato diferente sin justificación objetiva
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                     alguna.


title: Asunto F-22/10: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 25 de mayo de 2011 — Bombín Bombín/Comisión (Función pública — Funcionarios — Excedencia voluntaria por motivos personales — Vacaciones anuales — Acumulación de días vacaciones a los del año siguiente — Funcionario que ha cesado en sus funciones — Compensación económica)

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/39

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 25 de mayo de 2011 — Bombín Bombín/Comisión
   (Asunto F-22/10) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Excedencia voluntaria por motivos personales - Vacaciones anuales - Acumulación de días vacaciones a los del año siguiente - Funcionario que ha cesado en sus funciones - Compensación económica)
   2011/C 232/68
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Luis María Bombín Bombín (Roma) (representante: R. Pardo Pedernera, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: D. Martin y J. Baquero Cruz, agentes)

      Objeto

   Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión por la que se deniega al demandante, en el momento de pasar a la jubilación, una compensación económica superior a 12 días por los días de vacaciones.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso del Sr. Bombín Bombín.

               2)

               El Sr. Bombín Bombín cargará con la totalidad de las costas.

      (1)  DO C 148, de 5.6.2010, p. 54.


title: Asunto T-458/17: Recurso interpuesto el 21 de julio de 2017 — Shindler y otros/Consejo

text:
               16.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/30

         Recurso interpuesto el 21 de julio de 2017 — Shindler y otros/Consejo
   (Asunto T-458/17)
   (2017/C 347/39)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) y otros 12 demandantes (representante: J. Fouchet, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión (UE, Euratom) XT 21016/17 del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2017, por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativas a un acuerdo en el que se establecen las modalidades de su retirada de la Unión Europea, y el anexo ADD 1 REV 2 de esta Decisión, de misma fecha.

               —

               En consecuencia:

                           —

                           Condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento, incluidos los honorarios de abogado por un importe de 5 000 euros.

                           —

                           Con todas las reservas y, en particular, para la SCP CORNILLE-POUYANNE, abogados colegiados en el Colegio de Abogados de Burdeos, formule todas las observaciones útiles para la vista que señale el Tribunal General de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la ilegalidad externa de la Decisión (UE, Euratom) XT 21016/17 del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2017, por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativas a un acuerdo en el que se establecen las modalidades de su retirada de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), y del anexo ADD 1 REV 2 de esta Decisión, de misma fecha. Este motivo se divide en dos partes:

                           —

                           Primera parte, basada en la vulneración del Tratado Euratom por cuanto la Decisión impugnada y su anexo establecen la retirada automática del Reino Unido de la Comunidad Europea de la Energía Atómica junto con la retirada de la Unión sin que se someta a un procedimiento de retirada y de negociación separado.

                           —

                           Segunda parte, basada en la vulneración del reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros por cuanto la Decisión impugnada y su anexo atribuyen a la Unión una competencia horizontal excepcional para abordar las negociaciones del Acuerdo de retirada del Reino Unido y excluyen la posibilidad de que dicho Acuerdo sea considerado mixto, de modo que no se contempla ningún tipo de ratificación del acuerdo definitivo por parte de los Estados miembros.

               2.

               Segundo motivo, basado en la ilegalidad interna de la Decisión impugnada, que se compone de tres partes:

                           —

                           Primera parte, basada en la violación del principio de igualdad por cuanto, al adoptar la Decisión impugnada y su anexo, la parte demandada consintió en un procedimiento de retirada iniciado sin que los ciudadanos europeos expatriados hubieran podido expresarse respecto de la posible pérdida de su ciudadanía europea. De este modo, se violó el derecho a ser oído y a expresar su opinión mediante una votación en unas elecciones de ámbito europeo. Por tanto, la Decisión impugnada valida la existencia de una categoría de ciudadanos de segunda clase, privados de su derecho de voto por haber ejercido su libertad de circulación y, en consecuencia, no respetó el principio de igualdad de trato de los ciudadanos. Las partes demandantes consideran que se ha discriminado entre ciudadanos europeos por razón de su residencia.

                           —

                           Segunda parte, basada en la infracción del artículo 203 TFUE por cuanto la Decisión impugnada establece la retirada de los países y territorios de ultramar (PTU) británicos sin que los habitantes de éstos hayan podido votar acerca de la retirada del régimen de asociación establecido por el Tratado europeo, sin contemplar el procedimiento específico del artículo 203 TFUE que se les aplica, de modo que la Decisión impugnada vulneró la libertad de establecimiento del artículo 199 TFUE.

                           —

                           Tercera parte, basada en la vulneración de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima por cuanto las partes demandantes consideran que la apertura de las negociaciones con vistas a alcanzar un Acuerdo de retirada, cuyo resultado es incierto, tendrá un impacto considerable en las normas que rigen los derechos que éstos disfrutan en virtud de la ciudadanía europea, a pesar de que han construido una vida privada y familiar en otro Estado miembro en el ejercicio de su libertad de circulación. Por consiguiente, la Decisión impugnada y su anexo no respetan las exigencias de previsibilidad de la norma jurídica a que obligan los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima y viola asimismo el respeto de la vida privada y familiar.


title: Asunto T-45/10: Recurso interpuesto el 28 de enero de 2010 — GEA Group/Comisión

text:
               17.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 100/52

         Recurso interpuesto el 28 de enero de 2010 — GEA Group/Comisión
   (Asunto T-45/10)
   2010/C 100/78
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: GEA Group AG (Bochum, Alemania) (representantes: A. Kallmayer, I. du Mont y G. Schiffers, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el artículo 1, apartado 2, de la Decisión en la medida en que ésta declara que la demandante infringió el artículo 101 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 81 CE, apartado 1) y el artículo 53, apartado 1, del acuerdo EEE.

               —

               Que se anule el artículo 2 de la Decisión, en la medida en que éste impone una multa a la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, que se reduzca la duración de la supuesta infracción de la demandante que se estableció en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión, así como el importe de la multa impuesta a la demandante en el artículo 2 de dicha Decisión.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante impugna la Decisión C(2009) 8682 final de la Comisión, de 11 de noviembre de 2009, en el asunto COMP/38.589 — Termoestabilizadores. En la Decisión impugnada, se impusieron a la demandante y a otras empresas multas por la infracción del artículo 81 CE y –desde el 1 de enero de 1994–, del artículo 53 del acuerdo EEE. Según la Comisión, la demandante participó en una serie de acuerdos y/o prácticas concertadas en el mercado de los termoestabilizadores ESBO/ésteres en el EEE, consistentes en la fijación de precios, el reparto de mercados mediante la atribución de cuotas de entregas, el reparto y la asignación de clientes así como el intercambio de información comercial sensible en particular, sobre los clientes, los volúmenes de producción y de venta. La demandante es responsable solidariamente con las otras dos empresas que sucedieron legalmente a las que se presume que participaron en los acuerdos contrarios a la competencia.
   La demandante alega tres motivos en apoyo de su recurso.
   La demandante alega, con arreglo a su primer motivo, que la Comisión consideró erróneamente que la empresa a la que sucedió había ejercido una influencia determinante sobre las empresas de que se trata. La demandante sostiene, a este respecto, que la Decisión impugnada se basa en consideraciones incorrectas y en una aplicación errónea de los requisitos jurídicos de imputabilidad, especialmente de las condiciones que permiten presumir la existencia de una influencia determinante.
   La demandante alega, con arreglo a su segundo motivo, que la facultad de la Comisión de imponer una multa ha prescrito en virtud del artículo 25, apartados 1 y 5 del Reglamento (CE) no 1/2003. (1) A tal fin, afirma que, en el período posterior a 1996/97 y, en cualquier caso en 1999 y 2000, la Comisión no ha acreditado la infracción de las empresas de que se trata. Asimismo, alega que la suspensión del procedimiento por la Comisión a causa del litigio en los asuntos acumulados T-125/03 y T-253/03 Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, no suspendió la prescripción respecto a la demandante.
   Por último, la demandante alega en el marco de su tercer motivo que se vulneró su derecho de defensa. Señala a este respecto que la Comisión suspendió las investigaciones sin motivo durante más de cuatro años, lo que produjo que transcurrieran, desde el inicio de la investigación, aproximadamente cinco años hasta que se informó a la demandante y seis años aproximadamente hasta que recibió el pliego de cargos. Asimismo, manifiesta que la Comisión no investigó a las personas y a la unidad comercial involucradas para aclarar los hechos. La demandante estima que la Comisión, con estas omisiones, le privó de la posibilidad de asegurar pruebas exculpatorias y defenderse de manera eficaz.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).


title: Asunto T-678/14: Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2015 — Eslovaquia/Comisión («Recurso de anulación — Recursos propios de la Unión — Responsabilidad financiera de los Estados miembros — Obligación de abonar a la Comisión el importe correspondiente a una pérdida de recursos propios — Escrito de la Comisión — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»)

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/36

         Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2015 — Eslovaquia/Comisión
   (Asunto T-678/14) (1)

   ((«Recurso de anulación - Recursos propios de la Unión - Responsabilidad financiera de los Estados miembros - Obligación de abonar a la Comisión el importe correspondiente a una pérdida de recursos propios - Escrito de la Comisión - Acto no recurrible - Inadmisibilidad»))
   (2015/C 381/41)
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Partes

      Demandante: República Eslovaca (representante: B. Ricziová, agente)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Grønfeldt, A. Tokár y M. Wasmeier, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la supuesta decisión de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión contenida en la carta BUDG/B/03MV D(2014) 2351197, de 15 de julio de 2014, por la que esta última exige a la República Eslovaca que ponga a su disposición el importe bruto de 1 6 02  457,33 euros (del que procede deducir el 25 % en concepto de gastos de percepción) correspondiente a una pérdida de recursos propios tradicionales, y ello antes de que transcurra el primer día laborable que sigue al decimonoveno día del segundo mes siguiente al envío de dicha carta.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Sobreseer las demandas de intervención de la República Federal de Alemania y de Rumanía.

               3)

               Condenar a la República Eslovaca a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

               4)

               La República Eslovaca, la Comisión, la República Federal de Alemania y Rumanía cargarán con sus propias costas relativas a las demandas de intervención.

      (1)  DO C 448, de 15.12.2014.


title: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1996 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Jean-Pierre Pierard (Asunto T-169/96)

text:
N° C 388/8          1 ES |               Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 21 . 12 . 96
                                              TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                             sentada por los Sres. Jean Noél-Louis y Thierry Demaseure
                DE PRIMERA INSTANCIA                              y la Sra. Ariane Tornel, Abogados de Bruselas, que desig
                de 21 de noviembre de 1996                        nan como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire
                                                                  Myson Sárl, 30, rué de Cessange.
en el asunto T-144/95 : Christos Michaél contra Comisión
              de las Comunidades Europeas ( ] )                   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
                                                                  tancia que:
(Promoción — Guía práctica del procedimiento de promo
ción — Funcionarios de categoría A — Lista de funciona           — Anule la decisión de la AFPN de no ascender a la de
rios considerados con mayores méritos — Lista de los fun             mandada al grado B 1 para el ejercicio de promoción
            cionarios promovidos — Acto lesivo)                       de 1995 ;
                        ( 96/C 388/15
                                                                  — Anule en la medida en que sea necesario la decisión de
                                                                      la Comisión consultiva de promoción B de no inscribir
             (Lengua de procedimiento: francés)                       a la demandante en la lista de funcionarios propuestos
                                                                      para una promoción al grado B 1 para el ejercicio de
En el asunto T-144/95, Christos Michaél, funcionario de               promoción de 1995;
la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
en Bruselas, representado por el Sr. Lucas Vogel y la Sra.        — Condene en costas a la parte demandada .
Béatrice Gribomont, Abogados de Bruselas, que designan
como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra.               Motivos y principales alegaciones
Christian Kremer, 8-10, rué Mathias Hardt, contra Comi
sión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sra . Ana Ma          La demandante, funcionaría al servicio del Consejo, fue
ría Alves Vieira y Sr. Alberto Dal Ferro ), que tiene por ob     ascendida el 1 de junio de 1987 al grado B 2 . Alega en pri
jeto la anulación de la decisión denegatoria presunta de la       mer lugar que, desde hace más de dos años, tiene proble
reclamación presentada por el demandante el 7 de diciem          mas de salud que, en varias ocasiones, han hecho necesa
bre de 1994, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del        rias hospitalizaciones de muy corta duración.
Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Euro
peas, contra una decisión de la Comisión por la que se            La lista de funcionarios propuestos para una promoción al
adoptaba la lista de los funcionarios promovidos al               grado B 1 por la comisión consultiva de 7 de diciembre de
grado A 4 correspondiente al ejercicio de promoción               1995, no contiene el nombre de la demandante . Esta esti
1994, el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Cuarta ), inte     ma que los representantes de la administración se opusie
grado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente; y por la Sra. P.        ron a su promoción a causa de su ausencia por causa de
                                                                  enfermedad . Invoca una infracción del artículo 45 del Es
Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio
González, administrador; ha dictado el 21 de noviembre            tatuto así como del dictamen de la Comisión paritaria y
de 1996 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                 de la « Comunicación al personal » n° P 76/93 de 16 de ju
                                                                  lio de 1993 .
 1 ) Se anula la decisión de la Comisión de no promover al        El segundo motivo se basa en la infracción de la obliga
     demandante al grado A 4 para el ejercicio de promo          ción de motivación tal como aparece en el artículo 25 del
     ción 1994.                                                   Estatuto. Alega que el Consejo se negó a comunicar a la
                                                                  demandante los criterios utilizados para proceder al exa
2 ) Se condena en costas a la Comisión.                           men comparativo de los méritos de los funcionarios que
                                                                  podían ascender al grado B 2 . Las decisiones impugnadas
                                                                  adolecen también de una falta total, o por lo menos de in
(M DO n° C 248 de 23 . 9 . 1995 .
                                                                  suficiencia flagrante de motivación y, en consecuencia, de
                                                                  ben ser anuladas .
Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1996 contra el
     Consejo de la Unión Europea por Catherine Patronis           Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1996 contra la
                      (Asunto T-168/96 )                          Comisión de las Comunidades Europeas por Jean-Pierre
                                                                                Pierard
                         ( 96/C 388/ 16
                                                                                ( Asunto T-169/96 )
                                                                                96/C 388/ 17 )
             (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 22 de octubre de 1996 un re          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
curso contra el Consejo de la Unión Europea formulado              Europeas se ha presentado el 22 de octubre de 1996 un re
por Catherine Patronis, con domicilio en Bruselas, repre         curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
 ---pagebreak--- 21 . 12 . 96           ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 388/9
formulado por Jean-Pierre Pierard, con domicilio en Bruse         Recurso interpuesto el 23 de octubre de 1996 por «A»
las, representado por el Sr. Nicolás Lhoést, Abogado de                  contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                                    (Asunto T-170/96 )
despacho de la Fiduciaire Myson sárl, 30, rué Cessange.
                                                                                ( 96/C 388/18 )
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                         (Lengua de procedimiento: francés)
tancia que:
                                                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
— Anule la decisión del Comité Central de Personal por             Europeas se ha presentado el 23 de octubre de 1996 un re
     la que se desestiman las propuestas del Sr. Chambe           curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
     llant para proceder a las designaciones de miembros           formulado por « A », representada por el Sr. Georges Van
     de los órganos estatutarios y administrativos;                dersanden y la Sra . Laure Levi, Abogados de Bruselas, que
                                                                   designan como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciai
— Anule, en la medida en que sea necesario, la decisión            re Myson sárl, 30, rué Cessange.
     denegatoria expresa adoptada por la Comisión como
                                                                   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
     repuesta a la reclamación del demandante;
                                                                   tancia que:
— Declare la ilegalidad de las « Normas relativas a la             — Anule la decisión presunta de la Autoridad Facultada
     composición y al funcionamiento del Comité de Perso               para Proceder a los Nombramientos (AFPN ) de deses
     nal » y del « Régimen transitorio para la representación           timar la demanda de daños y perjuicios de la deman
     del personal destinado fuera de la Comunidad » en la               dante de 19 de octubre de 1995 y, en la medida de lo
     medida en que no reconocen el carácter de sección lo              necesario, anule la decisión de la AFPN de 9 de julio
     cal a los representantes del personal destinado fuera de           de 1996, de no estimar en su totalidad de la reclama
     la Comunidad y en que sólo atribuyen a dicho perso               ción de la demandante;
     nal una representación mínima (3 miembros ) en el
     seno del Comité Central de Personal;                          — Condene a la Comisión al pago de daños y perjuicios
                                                                        fijados con carácter provisional en 530 000 francos
— Condene en costas a la Comisión .                                     belgas, por el conjunto de los perjuicios sufridos;
                                                                   — Condene a la Comisión a la totalidad de las costas .
Motivos y principales alegaciones
                                                                   Motivos y principales alegaciones
Mediante escrito de 11 de abril de 1995 , el representante
del personal destinado fuera de la Comunidad presentó              La demandante afirma haber sufrido un perjuicio material
una solicitud al Presidente del Comité Central de Personal         y moral como consecuencia , de una parte, de la decisión
en nombre de las 24 personas elegidas en las diversas re          de 20 de julio de 1 995, por la cual dicha demandante fue
giones relativa a la designación de una serie de funciona         trasladada con carácter forzoso y, de otra parte, del retra
rios y de otros agentes en los diferentes órganos . Mediante       so en la redacción de su boletín de calificación correspon
escrito de 11 de octubre de 1995, el Presidente del Comité         diente al período 1991-1993 .
Central del Personal respondió que dicha solicitud no po
día recibir una respuesta favorable dado que el personal           En lo que se refiere a la decisión del traslado forzoso, que
destinado fuera de la Unión no está representado en un co         es objeto de un recurso de anulación que se encuentra pen
mité local. Como consecuencia de dicha decisión, el de            diente (*), la demandante subraya que dicha decisión ado
mandante presentó una reclamación que, a continuación,             lece de diversas infracciones del Derecho comunitario ( in
fue objeto de una respuesta denegatoria expresa .                  fracción de los artículos 4 y 29 del Estatuto, infracción del
                                                                   artículo 7 del Estatuto, violación del principio de asisten
Contra dicha decisión, el demandante invoca la infracción
                                                                   cia y protección, desviación de poder, falta de motivos re
                                                                   gulares, infracción del artículo 24 del Estatuto, violación
del artículo 9 del Estatuto, puesto que los intereses especí
                                                                   de los derechos de defensa, violación del principio de bue
ficos del personal destinado fuera de la Comunidad no es
                                                                   na gestión y sana administración ) que constituyen otras
tán representados ni son tenidos en cuenta por el Comité           tantas faltas disciplinarias cometidas por la parte deman
de Personal . Además, estima que vulnera el artículo 14 de         dada .
las « Normas relativas a la composición y al funcionamien
to del Comité de Personal » e implica una discriminación           La demandante afirma haber sufrido un triple perjuicio
respecto a otros funcionarios que están representados en el        moral a raíz de dicha decisión ilegal por cuanto:
seno de las secciones locales .
                                                                   — tanto el plazo en que se tomó la decisión como el de
El demandante sostiene que la desestimación de la solici               su ejecución fueron particularmente breves, lo que
tud se opone totalmente al artículo 1 del Anexo II del Es             tuvo por consecuencia una marcha precipitada que ne
tatuto y, más en particular, al principio de la representati          cesariamente afectaron a su reputación y a su honor;
vidad directa de los funcionarios europeos. Por lo demás,
el demandante concluye que la Comisión ha incumplido               — la decisión de que se trata perjudicó gravemente a su
completamente su deber de asistencia y protección en fa               salud física y psicológica;
vor del personal destinado fuera de la Comunidad .
                                                                   — la decisión supone su traslado a un empleo para el que
                                                                       no tiene ni experiencia ni afinidades y que no corres


title: Asunto C-356/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Bélgica) el 27 de junio de 2016 — Proceso penal contra Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol

text:
               12.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 335/36

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Bélgica) el 27 de junio de 2016 — Proceso penal contra Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol
   (Asunto C-356/16)
   (2016/C 335/49)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

      Partes en el proceso principal

   Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse la Directiva 2005/29/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, en el sentido de que se opone a una ley nacional que impone a todas las personas físicas o jurídicas una prohibición de realizar publicidad de intervenciones de cirugía estética o de medicina estética no quirúrgica, como la establecida en el artículo 20, apartado 1, de la Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen (Ley de 23 de mayo de 2013 relativa a la regulación las cualificaciones necesarias para realizar intervenciones de medicina estética no quirúrgica y de medicina estética, y a la regulación de la publicidad y de la información relativas a dichas intervenciones) (Belgische Staatsblad de 2 de julio de 2013), introducida mediante la Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van 10 april 2014 (Ley por la que se establecen diversas disposiciones en materia de salud, de 10 de abril de 2014) (Belgische Staatsblad de 30 de abril de 2014)?

      (1)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22).


title: Asunto F-93/08: Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2008 — N/Parlamento

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/75

         Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2008 — N/Parlamento
   (Asunto F-93/08)
   (2009/C 44/134)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: N (Bruselas) (representante: E. Boigelot, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo
   Objeto y descripción del litigio
   Anulación del informe de calificación del demandante por el período transcurrido entre el 1.1.2007 y el 30.4.2007.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 4 de marzo de 2008 que perjudica al demandante en la medida en que confirma y aprueba definitivamente su informe de calificación por el período transcurrido entre el 1.1.2007 y el 30.4.2007.

               —

               Que se anule dicho informe controvertido.

               —

               Que se anule la decisión del Presidente del Parlamento, de 25 de septiembre de 2008, por la que desestima la reclamación del demandante para anular la decisión impugnada.

               —

               Que se condene en costas al Parlamento Europeo.


title: Asunto C-283/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Bulgaria) el 6 de junio de 2012 — «Serebryanniy vek» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Bulgaria) el 6 de junio de 2012 — «Serebryanniy vek» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite
   (Asunto C-283/12)
   2012/C 243/16
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad — Varna

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Serebryanniy vek EOOD

      Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede interpretarse el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, (1) de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que la adquisición de un activo fijo inmaterial con la contraprestación de hacerse cargo de los gastos causados por la mejora de un bien patrimonial arrendado o cedido para su uso constituye un pago por el servicio de una mejora aunque, en virtud del contrato, el propietario del bien patrimonial no esté obligado a pagar retribución alguna?

               2)

               ¿Es contraria al artículo 2, apartado 1, letra c), y al artículo 26 de la Directiva 2006/112 una disposición nacional según la cual un servicio prestado a título gratuito, consistente en la mejora de un bien patrimonial arrendado o cedido para su uso, está sometido al impuesto en todo caso? ¿Es relevante para responder a esta cuestión en las circunstancias del litigio principal el hecho de que

                           —

                           el prestador del servicio gratuito ejerciera el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido sobre los bienes y servicios empleados para realizar la mejora, lo que hasta la fecha no se le ha denegado mediante resolución de la inspección fiscal, devenida firme;

                           —

                           en el momento de la inspección fiscal, la sociedad aún no hubiera comenzado a realizar operaciones imponibles con los terrenos, pero todavía no hubiera concluido la vigencia de los contratos?

               3)

               ¿Es contraria a los artículos 62 y 63 de la Directiva 2006/112 una disposición nacional según la cual el devengo no se produce en el momento de prestarse el servicio (en el caso concreto, la realización de mejoras), sino en el momento de devolución efectiva del bien patrimonial en estado mejorado al término del contrato o de cese del uso?

               4)

               En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda, ¿cuál es la disposición del título VII de la Directiva 2006/112 en virtud de la cual ha de determinarse la base imponible a efectos del impuesto sobre el valor añadido, cuando la operación gratuita no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 26 de la Directiva?

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Sentencia del tribunal de justicia (Sala Cuarta) de 20 de junio de 2002 en el asunto C-299/01: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo ("Incumplimiento de Estado —Artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) n° 612/68 — ibre circulación de trabajadores — Artículo 43 CE — ibertad de establecimiento — entajas sociales — Ingresos mínimos garantizados")

text:
10.8.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 191/9
      municipales, al no haber adoptado todas las medidas necesarias       1)    Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido
      y adecuadas para garantizar que la totalidad del parque de                 las obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 7,
      incineradores actualmente en funcionamiento en Francia se                  apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo,
      explote de conformidad con las condiciones de combustión                  de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de
      impuestas por las Directivas 89/369 y 89/429 o bien que se                 trabajadores dentro de la Comunidad, y del artı́culo 43 CE, al
      ponga fin a su explotación en el momento adecuado, a saber, el            haber mantenido la condición de un perı́odo previo de residencia
      1 de diciembre de 1990 por lo que se refiere a las instalaciones           en el territorio luxemburgués para la concesión de la prestación
      nuevas y el 1 de diciembre de 1996 en lo que atañe a las                  de ingresos mı́nimos garantizados.
      instalaciones existentes.
                                                                           2)    Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
2)    Condenar en costas a la República Francesa.
                                                                           (1) DO C 289 de 13.10.2001.
(1) DO C 108 de 7.4.2001.
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 5 de junio de 2002
                             (Sala Cuarta)
                                                                           en el asunto C-204/00 P: Aalborg Portland A/S contra
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                      de 20 de junio de 2002
                                                                           («Recurso de casación — Competencia — Cemento —
en el asunto C-299/01: Comisión de las Comunidades                        Artı́culo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente
     Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)                         artı́culo 81 CE, apartado 1) — Recurso de casación en parte
                                                                           manifiestamente inadmisible y manifiestamente infundado»)
(«Incumplimiento de Estado —Artı́culo 7, apartado 2, del
Reglamento (CEE) no 612/68 — ibre circulación de trabaja-                                            (2002/C 191/15)
dores — Artı́culo 43 CE — ibertad de establecimiento —
     entajas sociales — Ingresos mı́nimos garantizados»)                                       (Lengua de procedimiento: danés)
                           (2002/C 191/14)                                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                           «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del
                                                                                Tribunal de Primera Instancia»)
                  (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    En el asunto C-204/00 P, Aalborg Portland A/S, con domicilio
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        social en Aalborg (Dinamarca), representada por las
                                                                           Sras. K. Dyekjær-Hansen y K. Høegh, advokaterne, que tiene
                                                                           por objeto un recurso de casación interpuesto contra la
                                                                           sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
En el asunto C-299/01, Comisión de las Comunidades Euro-                  Europeas (Sala Cuarta ampliada) de 15 de marzo de 2000,
peas (agente: Sra. H. Michard) contra Gran Ducado de Luxem-                Cimenteries CBR y otros/Comisión (asuntos acumulados T-25/
burgo (agente: Sr. N. Mackel), que tiene por objeto que se                 95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95,
declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las                 T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/
obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 7, apar-              95, T-45/95, T-46/95, T48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95,
tado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de                    T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/
15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de                 95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/
trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/                95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95,
01, p. 77), y del artı́culo 43 CE, al haber mantenido la                   T-103/95 y T-104/95; Rec. p. II-491), dirigido a obtener la
condición de un perı́odo previo de residencia en el territorio            anulación parcial de dicha sentencia, siendo la otra parte en
luxemburgués para la concesión de la prestación de ingresos              el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
mı́nimos garantizados, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta),              (agentes: Sres. R. Lyal y H. P. Hartvig), el Tribunal de Justicia
integrado por los Sres. Sr. von Bahr, Presidente de Sala,                  (Sala Quinta), integrado por los Sres. P. Jann, Presidente de
D.A.O. Edward (Ponente) y C.W.A. Timmermans, Jueces;                       Sala, D.A.O. Edward (Ponente), A. La Pergola, M. Wathelet y
Abogado General: Sr. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario:                      A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colo-
Sr. R. Grass, ha dictado el 20 de junio de 2002 una sentencia              mer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 5 de junio de 2002
cuyo fallo es el siguiente:                                                un auto resolviendo lo siguiente:


title: Asunto T-573/11: Sentencia del Tribunal General de 3 de diciembre de 2013 — JAS/Comisión [ «Unión aduanera — Importación de pantalones vaqueros — Fraude — Recaudación a posteriori de derechos de importación — Artículo 13 del Reglamento (CEE) n ° 1430/79 — Artículo 239 del Código Aduanero — Solicitud de condonación de derechos de importación — Existencia de una situación especial — Cláusula de equidad — Decisión de la Comisión» ]

text:
               25.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/19

         Sentencia del Tribunal General de 3 de diciembre de 2013 — JAS/Comisión
   (Asunto T-573/11) (1)

   (Unión aduanera - Importación de pantalones vaqueros - Fraude - Recaudación a posteriori de derechos de importación - Artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1430/79 - Artículo 239 del Código Aduanero - Solicitud de condonación de derechos de importación - Existencia de una situación especial - Cláusula de equidad - Decisión de la Comisión)
   2014/C 24/33
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante JAS Jet Air Service France (JAS) (Mesnil-Amelot, Francia) (representantes: T. Gallois y E. Dereviankine, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: B.-R. Killmann, L. Keppenne y C. Soulay, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 5 de agosto de 2011 mediante la que se declara en un caso especial que la condonación de derechos de importación no está justificada (asunto REM 01/2008).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               JAS Jet Air Service France (JAS) cargará con sus propias costas así como con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.


title: Asunto C-417/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/35/CE — Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales — No adaptación del Derecho interno)

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/22

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
   (Asunto C-417/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2004/35/CE - Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales - No adaptación del Derecho interno)
   2009/C 180/36
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A.-A. Gilly y U. Wölker, agentes)

      Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representante: S. Ossowski, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143, p. 56).

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

      (1)  DO C 301, de 22.11.2008.


title: Asunto T-74/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia de  3 de abril de 2006  — The International Institute for the Urban Environment/Comisión ( Programa de investigación y desarrollo tecnológico denominado  Promoción de la innovación y fomento de la participación de las PYME  — Financiación comunitaria — Artículos 230 CE y 238 CE — Cláusula compromisoria — Pretensión de anulación — Admisibilidad )

text:
               17.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/30

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 3 de abril de 2006 — The International Institute for the Urban Environment/Comisión
   (Asunto T-74/05) (1)

   («Programa de investigación y desarrollo tecnológico denominado “Promoción de la innovación y fomento de la participación de las PYME” - Financiación comunitaria - Artículos 230 CE y 238 CE - Cláusula compromisoria - Pretensión de anulación - Admisibilidad»)
   (2006/C 143/61)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: The International Institute for the Urban Environment (Delft, Países Bajos) (representante: P. ter Burg, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: L. Ström van Lier, agente, asistido por J. Stuyck, abogado)
   Objeto
   Recurso interpuesto en virtud de los artículos 230 CE y 238 CE, relativo a la remuneración reclamada por el demandante en el marco de la ejecución de los dos contratos IPS-1999-00016 e IPS-1999-00022, celebrados en el marco del programa de investigación y desarrollo tecnológico denominado «Promoción de la innovación y fomento de la participación de las PYME»
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas al demandante.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2005.


title: Asunto C-131/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 6 de abril de 2009 — Philippe Daras/Région wallonne

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 6 de abril de 2009 — Philippe Daras/Région wallonne
   (Asunto C-131/09)
   2009/C 153/38
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’Etat

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Philippe Daras

      Demandada: Région wallonne

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede interpretarse el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, (1) en el sentido de que excluye de su ámbito de aplicación una normativa –tal como el Decreto de la Región Valona de 17 de julio de 2008 sobre permisos para los que existen razones imperiosas de interés general– que se limita a afirmar que «concurren las razones imperiosas de interés general» para la concesión de los permisos de urbanismo, de los permisos de medio ambiente y de los permisos únicos relativos a los actos y obras que enumera y que «ratifica» permisos para los que afirma que «concurren las razones imperiosas de interés general»?

               2)

                           a)

                           ¿Se oponen los artículos 1, 5, 6, 7, 8 y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo (2) y por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (3) a un régimen jurídico en el que el derecho a realizar un proyecto sujeto a evaluación de las repercusiones se otorga mediante un acto legislativo contra el cual no cabe un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley, recurso que permita impugnar, en cuanto al fondo y al procedimiento seguido, la decisión que da derecho a realizar el proyecto?

                           b)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 9 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, (4) en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones, de las decisiones, de los actos u omisiones que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 6?

                           c)

                           Habida cuenta del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, ¿debe interpretarse el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE, en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad de las decisiones, de los actos u omisiones, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones?

      (1)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40).

      (2)  Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 73, p. 5).

      (3)  Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo — Declaración de la Comisión (DO L 156, p. 17).

      (4)  Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.


title: Asunto C-259/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la High Court of Justice (England & Wales), de fecha 17 de junio de 2002, en el asunto entre La Mer Technology Inc. y Laboratoires Goemar S.A.

text:
C 219/6                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     14.9.2002
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                   en la normativa de armonización, sometiendo a los
lución del Tribunale Administrativo Regionale del Lazio                      operadores del mercado italiano a condiciones más
— Sezione seconda, de fecha 23 de enero de 2002, en el                       gravosas que las establecidas en los demás Estados de la
asunto entre Telecom Italia Mobile (C-250/02), BLU SpA                       Unión en virtud de dicha normativa comunitaria?
(C-251/02), Telecom Italia SpA (C-252/02), Omnitel
Pronto Italia SpA (C-253/02), WIND Telecomunicazioni
SpA (C-256/02) y Minestero del Tesoro, del Bilancio                    (1 ) DO L 117 de 7.5.1997, p. 15.
e della Programmazione Economica y Ministero delle
                          Comunicazioni
     (Asunto C-250/02, C-251/02, C-252/02, C-253/02 y
                             C-256/02)
                                                                       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                       lución de la High Court of Justice (England & Wales), de
                         (2002/C 219/09)                               fecha 17 de junio de 2002, en el asunto entre La Mer
                                                                               Technology Inc. y Laboratoires Goemar S.A.
                                                                                (Asunto C-259/02)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                                       (2002/C 219/10)
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Tribunale Administrativo Regionale del Lazio
— Sezione seconda, dictada el 23 de enero de 2002, en el
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
asunto entre Telecom Italia Mobile (C-250/02), BLU SpA
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
(C-251/02), Telecom Italia SpA (C-252/02), Omnitel Pronto
                                                                       resolución de la High Court of Justice (England & Wales),
Italia SpA (C-253/02), WIND Telecomunicazioni SpA (C-256/
02) y Minestero del Tesoro, del Bilancio e della Programma-            dictada el 17 de junio de 2002, en el asunto entre La Mer
                                                                       Technology Inc. y Laboratoires Goemar S.A., y recibida en la
zione Economica y Ministero delle Comunicazioni, y recibida
                                                                       Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de julio de 2002. La
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de julio de 2002.
El Tribunale Administrativo Regionale del Lazio — Sezione              High Court of Justice (England & Wales) solicita al Tribunal de
                                                                       Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
seconda solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
las siguientes cuestiones:
                                                                       1)    ¿Qué factores deben tenerse en cuenta a la hora de
                                                                             determinar si una marca ha sido «objeto de un uso
1)    Los artículos 6 y 11 de la Directiva 97/13/CE (1) del                  efectivo» en un Estado miembro en el sentido de los
      Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril                       artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva
      de 1997, relativa a un marco común en materia de                       89/104/CEE (1) del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
      autorizaciones generales y licencias individuales en el                Primera Directiva relativa a la aproximación de las
      ámbito de los servicios de telecomunicaciones, ¿permiten               legislaciones de los Estados miembros en materia de
      a los Estados miembros imponer únicamente a las                        marcas?
      empresas titulares de autorizaciones o licencias para el
      ejercicio de la actividad de telecomunicaciones prestacio-       En particular:
      nes económicas obligatorias, cualquiera que sea su deno-
      minación, distintas y adicionales a las establecidas en          2)    ¿Debe tenerse en cuenta el grado de uso de la marca en
      dicha Directiva sin dejar de respetar por ello el principio            relación con los productos o servicios para los que se ha
      de no discriminación?                                                  registrado la marca en ese Estado miembro?
2)    Los artículos 6 y 11 de la Directiva 97/13/CE, ¿permiten         3)    ¿Es suficiente cualquier volumen de uso, por pequeño
      a los Estados miembros establecer impuestos, tasas u                   que sea, siempre y cuando dicho uso no tuviera otro fin
      otros gravámenes de naturaleza fiscal sobre la actividad               que comerciar con los productos o prestar los servicios
      de instalación y provisión de redes de telecomunicaciones              de que se trate?
      públicas y de prestación al público de servicios de
      telefonía vocal y de servicios de comunicación móvil y           4)    En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿cuál
      personal, determinados en valores porcentuales y varia-                es el criterio para determinar qué volumen de uso es
      bles y que tienen efectos equivalentes a los prohibidos                suficiente y, en particular, incluye dicho criterio alguna
      por la normativa comunitaria?                                          consideración relativa a la naturaleza y al volumen de la
                                                                             actividad del titular registrado de la marca?
3)    Los artículos 2, 3 y 95 del Tratado y el artículo 12 de la       5)    ¿Debe excluirse, a este respecto, un uso simbólico o
      Directiva 97/13/CE ¿pueden interpretarse en el sentido                 simulado y, en particular, debe excluirse un uso cuyo
      de que no se permite a los Estados miembros imponer                    único o principal objeto consista en evitar que prospere
      gravámenes económicos no conformes a lo dispuesto                      una eventual demanda de caducidad?
 ---pagebreak--- 14.9.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 219/7
6)    ¿Qué tipos de uso pueden considerarse y, en particular,          Motivos y principales alegaciones:
      es necesario demostrar que la marca ha sido usada en el
      comercio en el Estado miembro de que se trate y, más
      concretamente, sería suficiente la importación en dicho          El artículo 249 CE, según el cual la directiva obligará al
      Estado miembro por un único cliente?                             Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
                                                                       conseguirse, implica la obligación de los Estados miembros de
                                                                       respetar los plazos para la adaptación de su Derecho interno a
7)    ¿Es necesario excluir, a este respecto, un uso posterior a       las disposiciones de la Directiva. Dicho plazo venció el 24 de
      la presentación de la solicitud de caducidad incluso a           octubre de 1998 sin que la República Italiana hubiese adoptado
      efectos de comprobar si hubo un uso efectivo de la marca         las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a las
      durante el período pertinente?                                   disposiciones contenidas en el artículo 5 de la Directiva
                                                                       mencionada en las pretensiones de la Comisión.
                                                                       (1 ) DO L 24, de 30.1.1998, p. 1.
( 1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
                                                                       Recurso interpuesto el 23 de julio de 2002 contra el
                                                                       Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
                                                                                (Asunto C-268/02)
Recurso interpuesto el 19 de julio de 2002 contra la
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                                           (2002/C 219/12)
                            Europeas
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                       (Asunto C-267/02)                               presentado el 23 de julio de 2002 un recurso contra el Gran
                                                                       Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
                                                                       Comunidades Europeas, representada por el Sr. D. Martin, en
                                                                       calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
                         (2002/C 219/11)
                                                                       La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                       de Justicia que:
                                                                       —     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 plido las obligaciones que le incumben en virtud de
presentado el 19 de julio de 2002 un recurso contra la                       Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998,
República Italiana formulado por la Comisión de las Comuni-                  relativa a la protección de la salud y la seguridad de los
dades Europeas, representada por los Sres. Michael Sotter y                  trabajadores contra los riesgos relacionados con los
Claudio Loggi, en calidad de agentes.                                        agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta Direc-
                                                                             tiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16
                                                                             de la Directiva 89/391/CEE), ( 1) al no haber adoptado o,
                                                                             en todo caso, al no haber comunicado, las disposiciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
                                                                             dar cumplimiento a dicha Directiva.
1.    Declare que la República Italiana ha incumplido las              —     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
      obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5
      y 15 de la Directiva 1997/66/CE del Parlamento Europeo
      y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al
      tratamiento de los datos personales y a la protección de         Motivos y principales alegaciones
      la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, ( 1) al
      no haber adoptado dentro del plazo señalado, o al no            El plazo para adaptar el Derecho interno a dicha Directiva
      haber comunicado, las disposiciones legales, reglamenta-         venció el 5 de mayo de 2001.
      rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento
      al artículo 5 de dicha Directiva.
                                                                       (1 ) DO L 131, de 5.5.1998, p. 11.
2.    Condene en costas a la República Italiana.


title: Asunto T-89/11: Sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2015 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OAMI — Vincci Hoteles (NANU) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa NANU — Marca comunitaria denominativa anterior NAMMU — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»]

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/29

         Sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2015 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OAMI — Vincci Hoteles (NANU)
   (Asunto T-89/11) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa NANU - Marca comunitaria denominativa anterior NAMMU - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 279/35)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Bremen, Alemania) (representantes: A. Nordemann y T. Boddien, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Vincci Hoteles, S.A. (Alcobendas, Madrid)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 25 de noviembre de 2010 (asunto R 641/2010-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Vincci Hoteles, S.A., y Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG.

      (1)  DO C 113, de 9.4.2011.


title: Asunto C-330/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 8 de julio de 2014 — Szemerey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

text:
               8.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 303/29

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 8 de julio de 2014 — Szemerey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
   (Asunto C-330/14)
   2014/C 303/37
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante Szemerey Gergely

      Demandada: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el principio de flexibilidad y de posibilidad de modificación del [considerando] 20 del Reglamento (CE) no 796/2004 (1), el [considerando] 27 de éste y los [considerandos] 18, 23 y 26 del Reglamento (CE) no 1122/2009 (2) en el sentido de que es contraria a ellos una normativa nacional según la cual, en el caso de cultivo de una especie vegetal rara, debe adjuntarse a la solicitud de pago el certificado relativo al vegetal raro, teniendo en cuenta la práctica administrativa según la cual sólo se permitía la solicitud del certificado previamente a la solicitud de pago entre el 2 y el 15 de abril de 2010, sólo se permitía adjuntarlo al mismo tiempo que la presentación de la solicitud única y la normativa no permitía la subsanación del defecto de la solicitud consistente en la falta de certificado?

               2)

               ¿Es compatible este régimen con la obligación de un Estado miembro de no comprometer los objetivos de la Política Agrícola Común o puede decirse que la efectividad del ejercicio del derecho a la ayuda de los agricultores que cultivan vegetales raros derivada del Derecho de la Unión devino imposible, o excesivamente difícil e imprevisible en el año 2010 en el momento de la modificación de la legislación [modificación del artículo 43, apartado 6, del Reglamento del Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural no 61/2009 (de 14 de mayo), introducida en la legislación por el Reglamento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no 31/2010 (de 30 de marzo)]?

               3)

               ¿Es contraria a los [considerandos] 57 del Reglamento (CE) no 796/2004 o 75 del Reglamento (CE) no 1122/2009 y, en especial, al principio de proporcionalidad la práctica administrativa que, en caso de falta de certificado relativo al vegetal raro, sin tener en consideración la intencionalidad, la negligencia ni las circunstancias, impone una sanción por sobredeclaración con respecto a la totalidad de la solicitud, siendo así que la solicitud de pago cumple, por lo demás, en relación con toda la parcela, los requisitos para la concesión de la ayuda y el agricultor cultiva el vegetal declarado en la superficie declarada?

               4)

               ¿Son aplicables las causas de exoneración contenidas en los [considerandos] 67 o 71 del Reglamento (CE) no 796/2004 o en el [considerando] 75 del Reglamento (CE) no 1122/2009 en el caso de que el agricultor alegue una práctica administrativa contraria o inadecuada como circunstancias excepcionales, y pretenda demostrar que la práctica del organismo administrativo fue, en todo o en parte, la causante de su error?

               5)

               ¿Puede considerarse la declaración aceptada de la situación de fuerza mayor presentada por el agricultor en relación con la pérdida total del cultivo (siembra) como información correcta a que hacen referencia los [considerandos] 67 del Reglamento (CE) no 796/2004 y 93 del Reglamento (CE) no 1122/2009, que exime al agricultor con respecto a la no presentación del certificado relativo al vegetal raro y, como consecuencia, supone la exoneración de las sanciones respecto de la totalidad de la solicitud?

      (1)  Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 18).

      (2)  Reglamento (CE) no 1122/2009 Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola (DO L 316, p. 65).


title: Asunto T-30/16: Sentencia del Tribunal General de 15 de febrero de 2017 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Marcas denominativas anteriores de la Unión INSTINCT y NATURE’S VARIETY — Uso efectivo de la marca anterior — Naturaleza del uso — Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) n.° 2868/95»]

text:
               27.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/11

         Sentencia del Tribunal General de 15 de febrero de 2017 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)
   (Asunto T-30/16) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended - Marcas denominativas anteriores de la Unión INSTINCT y NATURE’S VARIETY - Uso efectivo de la marca anterior - Naturaleza del uso - Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) n.o 2868/95»])
   (2017/C 095/19)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Estados Unidos) (representantes: inicialmente T. Elias, Barrister, y B. Cookson, Solicitor, posteriormente M. Montañá Mora, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: E. Zaera Cuadrado, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Natural Instinct Ltd (Camberley, Reino Unido) (representantes: C. Spintig y S. Pietzcker, abogados, y B. Brandreth, Barrister)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 26 de noviembre de 2015 (asunto R 2944/2014-5) relativa a un procedimiento de oposición entre M. I. Industries y Natural Instinct.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 26 de noviembre de 2015 (asunto R 2944/2014-5) en la medida en que declaró la inexistencia de uso efectivo de la marca denominativa anterior INSTINCT.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La EUIPO cargará, además de con sus propias costas, con la mitad de las de M. I. Industries Inc.

               4)

               M. I. Industries cargará con la mitad de sus propias costas.

               5)

               Natural Instinct Ltd cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 106 de 21.3.2016.


title: Asunto C-384/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandse Raad van State (Países Bajos) el 18 de septiembre de 2006 — Gemeente Rotterdam/Ministro de Asuntos Sociales y de Empleo

text:
               16.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 310/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandse Raad van State (Países Bajos) el 18 de septiembre de 2006 — Gemeente Rotterdam/Ministro de Asuntos Sociales y de Empleo
   (Asunto C-384/06)
   (2006/C 310/04)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Nederlandse Raad van State
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Gemeente Rotterdam

      Demandada: Ministro de Asuntos Sociales y de Empleo
   Cuestiones prejudiciales

               1)

                           a)

                           ¿Puede el Estado miembro o un órgano administrativo de dicho Estado atribuirse directamente, esto es, sin base jurídica en el Derecho nacional, una facultad en virtud de un reglamento?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa, ¿otorga el artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 4253/88 (1), de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2082/93 (en lo sucesivo, «Reglamento de coordinación»; DO L 193, p. 20) la facultad para suprimir una fijación de subvención y, a continuación, reclamar la cantidad abonada partiendo del principio de que el artículo 23 del Reglamento de coordinación obliga a los Estados miembros a reclamar tal reembolso en caso de abusos o negligencia con arreglo a dicho artículo.

               2)

               En caso de respuesta negativa, ¿implica el artículo 10 CE, en relación con el artículo 249 CE, que debe interpretarse de conformidad con los reglamentos una disposición nacional, como el artículo 4:49 de la Algemene wet bestuursrecht (Ley general de Derecho administrativo), según el cual el órgano administrativo podrá suprimir la fijación de la subvención o modificarla en perjuicio del beneficiario: a) como consecuencia de hechos o circunstancias de los que razonablemente él no podía tener conocimiento en el momento de la fijación de la subvención y sobre la base de los cuales se habría fijado la subvención en una cuantía inferior a la resultante de la concesión de subvención; b) si la fijación de la subvención fue incorrecta y el beneficiario de la misma lo sabía o debía saberlo, o c) si el beneficiario de la subvención, tras la fijación de ésta, no cumplió las obligaciones vinculadas a la subvención?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿esta interpretación está limitada por los principios generales del Derecho que forman parte del Derecho comunitario, en particular, por los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3, con respecto a esta limitación se suscita la siguiente cuestión: ¿los principios nacionales de seguridad jurídica y de confianza legítima, que constituyen la base del artículo 4:49, apartado 1, de la Algemene wet bestuursrecht, pueden tener un significado más amplio que los principios generales de Derecho comunitario, en particular, los principios jurídicos de seguridad jurídica y de confianza legítima, que deben observarse en la aplicación del Reglamento de coordinación?

               5)

               Visto el artículo 10 del Tratado CE, en la aplicación de los principios comunitarios de seguridad jurídica y de confianza legítima, ¿es relevante que el beneficiario de la subvención sea una persona jurídica de Derecho público?

      (1)  DO L 374, p. 1.


title: Asunto C-414/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Alemania) el 27 de julio de 2016 — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/27

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Alemania) el 27 de julio de 2016 — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
   (Asunto C-414/16)
   (2016/C 419/36)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesarbeitsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Vera Egenberger

      Demandada: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE (1) en el sentido de que un empleador, como la demandada en el presente asunto —o la Iglesia en su lugar—, puede determinar por sí mismo de forma vinculante que, por la naturaleza de la actividad o el contexto en el que ésta se desarrolla, una determinada confesión religiosa del candidato constituye un requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto de su ética?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
               ¿Deberá dejarse inaplicada en un litigio como el presente una disposición de Derecho nacional —concretamente el artículo 9, apartado 1, primera alternativa, de la AGG— conforme a la cual se admite una diferencia de trato basada en la religión en el marco del empleo por las comunidades religiosas y por las entidades adscritas a éstas cuando una determinada confesión religiosa, atendiendo a la definición de la propia identidad de la comunidad religiosa, constituya un requisito profesional justificado habida cuenta de su derecho a la libre determinación?

               3)

               Asimismo, en caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
               ¿Qué requisitos han de cumplir la naturaleza de las actividades o el contexto en el que éstas se desarrollan como requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto de la ética de la organización conforme al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE?

      (1)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).


title: Asunto C-502/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de enero de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia)] — K-1 sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (IVA — Irregularidades en la declaración del sujeto pasivo — Impuesto adicional)

text:
               7.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de enero de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia)] — K-1 sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
   (Asunto C-502/07) (1)

   (IVA - Irregularidades en la declaración del sujeto pasivo - Impuesto adicional)
   (2009/C 55/05)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Órgano jurisdiccional remitente
   Naczelny Sąd Administracyjny
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: K-1 sp. z o.o.

      Demandada: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) — Interpretación del artículo 2, párrafos primero y segundo, de la Directiva 67/227/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, Primera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (DO L 71, p. 1301; EE 09/01, p. 3), y del artículo 2, artículo 10, apartados 1, letra a), y 2, artículo 27, apartado 1, y artículo 33 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Normativa nacional que prevé la imposición de una carga tributaria adicional en caso de que se constaten irregularidades en la declaración del sujeto pasivo del IVA
   Fallo

               1)

               El sistema común del impuesto sobre el valor añadido, tal como está definido en el artículo 2, párrafos primero y segundo, de la Directiva 67/227/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, Primera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, y en los artículos 2 y 10, apartados 1, letra a), y 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2004/66/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, no se opone a que un Estado miembro establezca una sanción administrativa en su legislación que puede imponerse a los sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido, tal como la «carga tributaria adicional» prevista en el artículo 109, apartados 5 y 6, de la Ley del impuesto sobre bienes y servicios (ustawa o podatku od towarów i usług), de 11 de marzo de 2004.

               2)

               Disposiciones como las que figuran en el artículo 109, apartados 5 y 6, de la Ley del impuesto sobre bienes y servicios, de 11 de marzo de 2004, no constituyen «medidas especiales de inaplicación» en orden a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales, en el sentido del artículo 27, apartado 1, de la Sexta Directiva, en su versión modificada.

               3)

               El artículo 33 de la Sexta Directiva, en su versión modificada, no se opone al mantenimiento de disposiciones como las que figuran en el artículo 109, apartados 5 y 6, de la Ley del impuesto sobre bienes y servicios, de 11 de marzo de 2004.

      (1)  DO C 22 de 26.1.2008.


title: Asunto T-110/12 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 11 de marzo de 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consejo ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Irán — Congelación de fondos y de recursos económicos — Demanda de medidas provisionales — Inexistencia de urgencia — Ponderación de los intereses» )

text:
               25.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 147/18

         Auto del Presidente del Tribunal General de 11 de marzo de 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consejo
   (Asunto T-110/12 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas contra Irán - Congelación de fondos y de recursos económicos - Demanda de medidas provisionales - Inexistencia de urgencia - Ponderación de los intereses)
   2013/C 147/33
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Iranian Offshore Engineering & Construction Co (Teherán, Irán) (representantes: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea y J. Iriarte Ángel, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: P. Plaza García y V. Piessevaux, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución, por un lado, de la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 71), en la medida en que el nombre de la demandante está incluido en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39), y, por otro, del Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010, sobre medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 11), y del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1), en la medida en que dichos Reglamentos afectan a la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.