title: Asunto C-585/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 18 de noviembre de 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

text:
               13.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 18 de noviembre de 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
   (Asunto C-585/16)
   (2017/C 046/17)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Serin Alheto

      Demandada: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe entenderse el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/95, (1) en relación con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2013/32 (2) y el artículo 78, apartado 2, letra a), del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que:

                           A)

                           permite que la solicitud de protección internacional de un apátrida de origen palestino que está registrado como refugiado en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (en lo sucesivo, «OOPS»), en cuya zona de operaciones (Franja de Gaza) tenía su residencia habitual antes de la solicitud, se examine con arreglo al artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, en lugar de con arreglo al artículo 1, sección D, segunda frase, de dicha Convención, siempre y cuando la asunción de la responsabilidad para examinar la solicitud no se produzca por motivos familiares o humanitarios y el examen de la solicitud esté regulado por la Directiva 2011/95?

                           B)

                           permite que una solicitud de esta índole no se examine con arreglo a los requisitos previstos en el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/95 y que, por consiguiente, no se aplique la interpretación que el Tribunal de Justicia ha hecho de este precepto?

               2)

               ¿Debe entenderse el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/95, en relación con el artículo 5 de la misma Directiva, [en primer lugar,] en el sentido de que se opone a una disposición nacional como el artículo 12, apartado 1, punto 4, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (Ley relativa al asilo y a los refugiados), controvertido en el litigio principal, que carece, en sus respectivas versiones aplicables, de una cláusula expresa relativa a la protección ipso facto para refugiados palestinos y tampoco prevé como requisito el cese por cualquier motivo de la asistencia, y[, en segundo lugar,] en el sentido de que el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/95 tiene efecto directo por ser suficientemente preciso e incondicional, de manera que también resulta aplicable, aunque el solicitante de protección internacional no lo haya invocado de forma expresa, cuando la solicitud ha de examinarse con arreglo al artículo 1, sección D, segunda frase, de la Convención de Ginebra?

               3)

               ¿Debe entenderse el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/95, en el sentido de que permite que, en el procedimiento judicial de recurso contra una resolución que deniega la protección internacional en virtud del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2013/32 y sobre la base de los hechos del litigio principal, el órgano jurisdiccional de primera instancia examine la solicitud de protección internacional con arreglo al artículo 1, sección D, segunda frase, de la Convención de Ginebra y resuelva con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/95, en el supuesto de que la solicitud de protección internacional haya sido presentada por un apátrida de origen palestino registrado como refugiado en el OOPS, en cuya zona de operaciones (Franja de Gaza) tenía su residencia habitual antes de la solicitud, y que en la resolución denegatoria no se haya examinado la solicitud con arreglo a los citados preceptos?

               4)

               ¿Debe entenderse lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, relativo al derecho a un recurso efectivo, en relación con el requisito del «examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho», interpretado a la luz de los artículos 33, 34 y 35, apartado 2, de la citada Directiva, así como del artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2011/95, en relación con los artículos 18, 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, en el procedimiento judicial de recurso contra una resolución que deniega la protección internacional en virtud del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2013/32, permite lo siguiente:

                           A)

                           que el órgano jurisdiccional de primera instancia se pronuncie primeramente sobre la admisibilidad de la solicitud de protección internacional y sobre la devolución del apátrida al país de su residencia habitual anterior a la solicitud de protección internacional, tras haber requerido de la autoridad decisoria los elementos de prueba pertinentes y haber dado la oportunidad a la persona de pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud; o

                           B)

                           que el órgano jurisdiccional de primera instancia revoque la resolución denegatoria por un defecto formal esencial y requiera a la autoridad decisoria para que se pronuncie de nuevo sobre la solicitud de protección internacional, atendiendo a las instrucciones relativas a la interpretación y aplicación de la normativa, con la obligación de llevar a cabo la entrevista sobre la admisibilidad de la solicitud prevista en el artículo 34 de la Directiva 2013/32 y de pronunciarse con respecto a la posibilidad de retornar al apátrida al país de su residencia habitual anterior a la solicitud de protección internacional?

                           C)

                           que el órgano jurisdiccional de primera instancia evalúe la seguridad del país de residencia habitual de la persona en el momento de la vista oral o, en caso de que se hayan producido cambios relevantes en la situación que deban tomarse en consideración en favor de la persona, en el momento en que se dicte la sentencia?

               5)

               ¿Constituye la asistencia ofrecida por el OOPS una protección suficiente, a efectos del artículo 35, apartado 1, letra b), de la Directiva 2013/32, en el país de que se trate dentro de su zona de operaciones, en caso de que dicho país aplique el principio de no devolución previsto en la Convención de Ginebra con respecto a las personas asistidas por el OOPS?

               6)

               ¿Debe entenderse el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que el derecho a un recurso efectivo y la exigencia de que se realice «cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95» implican que el órgano jurisdiccional de primera instancia que conozca del recurso contra la resolución en la que se examinó y denegó la solicitud de protección internacional está obligado a dictar una sentencia:

                           A)

                           que vaya más allá del examen de la legalidad de la denegación y que también se pronuncie, con efectos vinculantes, sobre las necesidades de protección internacional del solicitante de conformidad con la Directiva 2011/95, incluso en el supuesto en que, con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, la protección internacional sólo pueda concederse mediante resolución de la autoridad administrativa;

                           B)

                           que se pronuncie sobre la necesidad de la concesión de protección internacional mediante un adecuado examen de la solicitud de dicha protección, independientemente de las infracciones procedimentales cometidas por la autoridad decisoria en el examen de la solicitud?

      (1)  Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).

      (2)  Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).


title: Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 1995 contra el Consejo de la Unión Europea por Valentino Chesi, Margot Jost y Ralph Loebisch (Asunto T-172/95)

text:
N" C 315/ 18           ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      25 . 11 . 95
Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 1995 contra el            Alfred Wienrich , con domicilio en Alemania , representados
Consejo de la Unión Europea por Valentino Chesi , Margot             por los Sres . Georges Vandersanden y Laure Levi , Abogados
                    Jost y Ralph Loebisch                            de Bruselas , que designan como domicilio en Luxemburgo el
                      ( Asunto T-172/95 )                            de la Fiduciaire Myson sárl , 1 , rué Glesener .
                          ( 95/C 315/35 )                            Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
                                                                     Instancia que :
             (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                     — Anule las hojas de haberes pasivos de los demandantes
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    correspondientes al mes de diciembre de 1 994 , que
Europeas se ha presentado el 19 de septiembre de 1995 un                  ejecutan el Reglamento ( CECA , CE , Euratom ) n " 3161 /
recurso contra el Consejo de la Unión Europea por                         94 del Consejo , en la medida en que dicho Reglamento
Valentino Chesi , Margot Jost y Ralph Loebisch , con                      sólo establece la aplicación de un coeficiente corrector
domicilio en Alemania , representados por los Sres . Georges              para Alemania según el nivel del coste de la vida de su
Vandersanden y Laure Levi , Abogados de Bruselas , que                    capital Berlín a partir del 1 de julio de 1 994 y no del 3 de
designan como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire                 octubre de 1990 y , en la medida necesaria , anule la
Myson sárl , 1 , rué Glesener .                                           decisión del Tribunal de Cuentas de 1 8 de julio de 1 995 ,
                                                                          mediante la que se desestima la reclamación de los
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera                   demandantes .
Instancia que :
                                                                     — Restituya a los demandantes la integridad de sus
— Anule las hojas de haberes pasivos de los demandantes                   derechos a pensión , ponderados mediante un coeficiente
    correspondientes al mes de diciembre de 1994 , que                    corrector fijado según el nivel del coste de la vida de
    ejecutan el Reglamento ( CECA , CE, Euratom ) n " 3161 /              Berlín a partir del 3 de octubre de 1990 .
    94 del Consejo, en la medida en que dicho Reglamento
    sólo establece la aplicación de un coeficiente corrector         — Condene a la parte demandada a pagar intereses de
    para Alemania según el nivel del coste de la vida de su               demora sobre los atrasos de las pensiones relativos al
    capital Berlín a partir del 1 de julio de 1 994 y no del 3 de         período comprendido entre el 3 de octubre de 1990 y el
    octubre de 1990 y, en la medida necesaria , anule la                  30 de junio de 1994 , calculados para el mismo período ,
    decisión del Consejo de 19 de junio de 1995 , mediante la             al tipo del 1 0 % anual .
    que se desestima la reclamación de los demandantes .
                                                                     — Condene a la demandada a cargar con la totalidad de las
— Restituya a los demandantes la integridad de sus                        costas .
    derechos a pensión , ponderados mediante un coeficiente
    corrector fijado según el nivel del coste de la vida de          Motivos y principales alegaciones
    Berlín a partir del 3 de octubre de 1990 .                       Los motivos y principales alegaciones son similares a los
                                                                     invocados en el asunto T - 171 /95 .
— Condene a la parte demandada a pagar intereses de
    demora sobre los atrasos de las pensiones relativos al
    período comprendido entre el 3 de octubre de 1990 y el
    30 de junio de 1994 , calculados para el mismo período ,
    al tipo del 10% anual .                                          Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 1995 contra la
— Condene a la demandada a cargar con la totalidad de las            Comisión de las Comunidades Europeas por BASF Lacke +
                                                                                Farben AG
    costas .
                                                                                ( Asunto T- 175 /95 )
Motivos y principales alegaciones                                                              ( 95 /C 315 / 37 )
Los motivos y principales alegaciones son similares a los
invocados en el asunto T-171 / 95 .                                                ( Lengua de procedimiento : alemán)
                                                                     En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                     Europeas se ha presentado el 25 de septiembre de 1995 un
                                                                     recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 1995 contra               formulado por BASF Lacke + Farben AG , representada por
el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas                   el Dr . Ferdinand Hermanns , Abogado de Meerbusch
por Erich Biedermann , Walter W. Hedderich y Alfred                  ( República Federal de Alemania ), que designa como domi
                             Wienrich                                cilio en Luxemburgo el despacho de Abogados Loesch &
                                                                     Wolters , 11 , rué Goethe .
                      ( Asunto T-l 73 /95 )
                          ( 95/C 315 /36 )                           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
                                                                     Instancia que :
             (Lengua de procedimiento : francés)
                                                                     — Anule la decisión de la demandada de 12 de julio de
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                     1995 , notificada en 21 de julio de 1995 , relativa a un
Europeas se ha presentado el 19 de septiembre de 1995 un                  procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tra
recurso contra el Tribunal de Cuentas de las Comunidades                  tado CE ( IV/33.802 ) Lacke + Farben AG y Accinauto
Europeas por Erich Biedermann , Walter W. Hedderich y                     SA , en la medida en que se refiere a la demandante .


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003 en el asunto T-217/01: Forum des migrants de l'Union européenne contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Ayuda financiera comunitaria — Gastos de funcionamiento — Decisión de poner fin a la ayuda financiera — Principio de buena gestión financiera — Interpretación de las condiciones de la ayuda — Derecho de defensa — Confianza legítima")

text:
21.6.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 146/39
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                           que:
                       de 9 de abril de 2003
                                                                           —      Anule, con arreglo al artículo 230 del Tratado CE, la
                                                                                Decisión 41/C/01/02 del Consejo, de 21 de enero de
en el asunto T-217/01: Forum des migrants de l’Union
                                                                                2003, que constituye la respuesta dada por el Consejo el
européenne contra Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                                21 de enero de 2003 a la solicitud confirmatoria formu-
                               peas (1)
                                                                                lada por el Sr. Jan Fermon, cursada por fax el 11 de
                                                                                diciembre de 2002, conforme al artículo 7, apartado 2,
(«Ayuda financiera comunitaria — Gastos de funciona-                              del Reglamento (CE) no 1049/2001, notificada al abogado
miento — Decisión de poner fin a la ayuda financiera —                            del demandante el 23 de enero de 2003.
Principio de buena gestión financiera — Interpretación de
las condiciones de la ayuda — Derecho de defensa —                         —      Condene a la parte demandada al pago de las costas del
                       Confianza legítima»)                                       procedimiento.
                         (2003/C 146/70)
                                                                           Motivos y principales alegaciones
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           El demandante en el presente caso, que es también demandante
                                                                           en el asunto T-47/03, Sisón/Consejo y Comisión (1), solicita la
En el asunto T-217/01, Forum des migrants de l’Union
                                                                           anulación de la decisión del demandado por la que se le deniega
européenne, con sede en Bruselas (Bélgica), representado
                                                                           el acceso a todos los documentos en que se fundamentó la
inicialmente por M e E. Degrez, y posteriormente por
                                                                           Decisión 2002/848/CE del Consejo (2), por la cual tanto el
M e N. Crama, abogados, contra Comisión de las Comunidades
                                                                           propio demandante como el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP)
Europeas (agentes: Sra. A.-M. Rouchaud-Joët y Sr. L. Parpala),
                                                                           fueron incluidos en la lista prevista en el artículo 2, apartado 3,
que tiene por objeto que se anule la decisión de la Comisión
                                                                           del Reglamento no 2580/2001 ( 3), así como a la información
de 11 de julio de 2001, por la que se pone fin a la ayuda
                                                                           acerca de la cual los Estados miembros facilitaron los documen-
financiera concedida al demandante con arreglo al artículo A0-
                                                                           tos mencionados en la Decisión impugnada. El demandante
3040 del presupuesto comunitario, el Tribunal de Primera
                                                                           solicitó asimismo ser informado sobre las normas y criterios
Instancia (Sala Cuarta), integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta,
                                                                           aplicados por el Consejo por lo que atañe a los documentos
y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras, Jueces; Secretaria:
                                                                           sensibles que han de hacerse públicos a tenor del artículo 9,
Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 9 de abril de
                                                                           apartado 6, del Reglamento no 1049/2001 (4).
2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Desestimar el recurso.                                               La postura del Consejo se basó en el artículo 4, apartado 1,
                                                                           letra a), guiones primero y tercero, del Reglamento no 1049/
2)    La parte demandante cargará con sus propias costas y con las         2001. Según el demandado, la divulgación de la información
      de la parte demandada.                                               referente a la lucha contra el terrorismo, que obra en poder de
                                                                           las autoridades de los Estados miembros, podría dar a las
                                                                           personas, entidades o grupos sobre los que versa la citada
( 1) DO C 317 de 10.11.2001.
                                                                           información la oportunidad de comprometer los esfuerzos de
                                                                           las referidas autoridades y, de esta forma, de socavar la
                                                                           protección del interés público por lo que respecta a la seguridad
                                                                           pública. En lo que se refiere a los Estados miembros que
                                                                           facilitaron documentos sensibles, el Consejo señaló que la
                                                                           «autoridad emisora» se opuso a la revelación de la información
Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2003 contra el                       solicitada. Por lo que atañe a las normas reguladoras de los
     Consejo de la Unión Europea por José María Sisón                      documentos sensibles, el Consejo se remitió a la Decisión
                                                                           2001/264/CE del Consejo, por la que se adoptan las normas
                                                                           de seguridad del Consejo.
                        (Asunto T-110/03)
                         (2003/C 146/71)                                   En apoyo de su recurso, el demandante aduce:
                                                                           —      Falta de motivación y violación del principio de buena
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                                administración.
                                                                           —      Violación de los principios consagrados en el artículo 6
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                            del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Europeas se ha presentado el 24 de marzo de 2003 un recurso                       Humanos y especialmente conculcación del derecho a
contra el Consejo de la Unión Europea formulado por el Sr.                        ser informado en el más breve plazo, en una lengua
José María Sisón, con domicilio en Utrecht, Países Bajos,                         comprensible para el demandante y en detalle, sobre la
representado por los Sres. J. Fermon, A. Comte, H. Schultz y                      naturaleza y la causa de la acusación, así como violación
D. Gurses, abogados.                                                              del principio de proporcionalidad.


title: Asunto C-58/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/110/CE — Asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea — No adaptación en el plazo señalado)

text:
               29.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-58/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/110/CE - Asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea - No adaptación en el plazo señalado)
   (2008/C 79/11)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Condou-Durande y A. Alcover San Pedro, agentes)

      Demandada: Reino de España (representante: M. Muñoz Pérez, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, en el plazo señalado, de las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2003/110/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea (DO L 321, p. 26).
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/110/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 69 de 24.3.2006.


title: Asunto C-671/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) el 17 de diciembre de 2013 — VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» y Nemaniūnas

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/9

      Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) el 17 de diciembre de 2013 — VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» y Nemaniūnas
      (Asunto C-671/13)
      (2014/C 71/16)
      Lengua de procedimiento: lituano

         Órgano jurisdiccional remitente

      Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

         Partes en el procedimiento principal

         Recurrentes: VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» y Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

         Recurridas: Vitoldas Guliavičius y AB bankas «Snoras», en quiebra

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, en relación con el anexo I, punto 12, de la Directiva 94/19 (1) en el sentido de que cuando un Estado miembro excluye del beneficio de la garantía a los depositantes de una entidad de crédito que poseen instrumentos de deuda (certificados de depósito) emitidos por esta última, dicha exclusión puede aplicarse únicamente en el caso de que los citados certificados de depósito presenten (posean) todas las características de un instrumento financiero en el sentido de la Directiva 2004/39 (2) (habida cuenta asimismo de otros actos jurídicos de Derecho de la Unión, como, por ejemplo, el Reglamento no 25/2009 del Banco Central Europeo), entre ellas la posibilidad de negociarlos en el mercado secundario?

                  2)

                  Si el Estado miembro en cuestión opta por transponer las Directivas 94/19 y 97/9 (3) al Derecho nacional de forma tal que los sistemas de protección de los depositarios y los inversores se establezcan en un mismo acto legislativo (una misma ley), ¿deben interpretarse el artículo 7, apartado 2, en relación con el anexo I, punto 12, de la Directiva 94/19, y el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 97/9, a la luz del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 97/9, en el sentido de que los titulares de certificados de depósito y de obligaciones no pueden acogerse a ninguno de los sistemas de protección (de garantía) previstos en las Directivas citadas?

                  3)

                  Habida cuenta del hecho de que, según la normativa nacional, ninguno de los sistemas de protección posibles previstos en las Directivas 94/19 y 97/9 es aplicable a los titulares de certificados de depósitos y de obligaciones emitidos por una entidad de crédito:

                              a)

                              ¿El artículo 3, apartado 1, en relación con los artículos 7, apartado 1 (en su versión modificada por la Directiva 2009/14), y 10, apartado 1, de la Directiva 94/19, y el artículo 1, apartado 1, de esta misma Directiva, el cual define el concepto de depósito, es suficientemente claro, preciso, incondicional y crea derechos subjetivos, de modo que puede ser invocado por los particulares ante el juez nacional en apoyo de sus reclamaciones de indemnización interpuestas contra el organismo de garantía constituido por el Estado, encargado del pago de dicha indemnización?

                              b)

                              ¿Los artículos 2, apartado 2, y 4, apartado 1, de la Directiva 97/9 son suficientemente claros, precisos, incondicionales y crean derechos subjetivos, de modo que pueden ser invocados por los particulares ante el juez nacional en apoyo de sus reclamaciones de indemnización interpuestas contra el organismo de garantía constituido por el Estado, encargado del pago de dicha indemnización?

                              c)

                              En caso de respuesta afirmativa a las anteriores cuestiones («3a» y «3b»), ¿cuál de los dos sistemas de protección posibles debe aplicar el juez nacional para resolver el litigio entre un particular y una entidad de crédito, en el cual se ha citado al organismo de garantía creado por el Estado, encargado de la gestión de los sistemas de protección de los depositarios e inversores?

                  4)

                  ¿Deben interpretarse los artículos 2, apartado 2, y 4, apartado 2, de la Directiva 97/9 (en relación con el anexo I de dicha Directiva) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional según la cual el sistema de indemnización de los inversores no se aplica a los inversores que posean instrumentos de deuda emitidos por una entidad de crédito, en virtud del tipo de instrumentos financieros (instrumentos de deuda) y habida cuenta de que el asegurado (la entidad de crédito) no ha transferido ni utilizado los fondos o títulos de los inversores sin el consentimiento de estos últimos? ¿Tiene alguna relevancia para la interpretación de las disposiciones antes citadas de la Directiva 97/9, en cuanto atañe a la protección de los inversores, que la entidad de crédito que ha emitido los instrumentos de deuda –el emisor– sea al mismo tiempo el depositario de estos instrumentos financieros (intermediario) y que los fondos invertidos no se distingan de otros fondos de que dispone la entidad de crédito?

         (1)  Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO L 135, p. 5).

         (2)  Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145, p. 1).

         (3)  Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (DO L 84, p. 22).


title: Asunto T-292/12 RENV: Sentencia del Tribunal General de 1 de junio de 2016 — Mega Brands/EUIPO — Diset (MAGNEXT) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión MAGNEXT — Marca nacional denominativa anterior MAGNET 4 — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               11.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/21

         Sentencia del Tribunal General de 1 de junio de 2016 — Mega Brands/EUIPO — Diset (MAGNEXT)
   (Asunto T-292/12 RENV) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa de la Unión MAGNEXT - Marca nacional denominativa anterior MAGNET 4 - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Similitud entre los signos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 251/21)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (Zug, Suiza) (representantes: A. Nordemann y M. Maier, abogados)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: inicialmente V. Melgar y posteriormente H. O’Neill, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Diset, S.A. (Barcelona)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 24 de abril de 2012 (asunto R 1722/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Diset y Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 24 de abril de 2012 (asunto R 1722/2011-4).

               2)

               La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.

      (1)  DO C 273 de 8.9.2012.


title: Asunto T-26/12: Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2015 — PT Musim Mas/Consejo [«Dumping — Importaciones de determinados alcoholes grasos y sus mezclas originarios de India, Indonesia y Malasia — Ajuste — Artículo 2, apartados 9 y 10, letra i), del Reglamento (CE) no 1225/2009 — Funciones similares a las de un agente que trabaja a comisión — Entidad económica única — Error manifiesto de apreciación — Principio de buena administración — Igualdad y no discriminación»]

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/16

         Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2015 — PT Musim Mas/Consejo
   (Asunto T-26/12) (1)

   ([«Dumping - Importaciones de determinados alcoholes grasos y sus mezclas originarios de India, Indonesia y Malasia - Ajuste - Artículo 2, apartados 9 y 10, letra i), del Reglamento (CE) no 1225/2009 - Funciones similares a las de un agente que trabaja a comisión - Entidad económica única - Error manifiesto de apreciación - Principio de buena administración - Igualdad y no discriminación»])
   (2015/C 262/20)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonesia) (representante: D. Luff, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-P. Hix, agente, asistido inicialmente por G. Berrisch, abogado, y N. Chesaites, Barrister, posteriormente D. Geradin, abogado, y por último E. McGovern, Barrister)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: M. França y A. Stobiecka-Kuik, agentes); Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Hamburgo, Alemania); y Sasol Germany GmbH (Hamburgo) (representantes: inicialmente V. Akritidis, abogado, y J. Beck, Solicitor, posteriormente V. Akritidis)

      Objeto

   Anulación del Reglamento de Ejecución (UE) no 1138/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados alcoholes grasos y sus mezclas originarios de la India, Indonesia y Malasia (DO L 293, p. 1), y del Reglamento de Ejecución (UE) no 1241/2012 del Consejo, de 11 de diciembre de 2012, que modifica el Reglamento de Ejecución no 1138/2011 (DO L 352, p. 1).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Consejo de la Unión Europea.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

               4)

               Sasol Olefins & Surfactants GmbH y Sasol Germany GmbH cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 80, de 17.3.2012.


title: Asunto C-158/13: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag — Países Bajos) — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/59

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag — Países Bajos) — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
   (Asunto C-158/13) (1)

   2013/C 225/132
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 164, de 8.6.2013.


title: Asunto T-407/16: Recurso interpuesto el 26 de julio de 2016 — Banco Popular Español/EUIPO — Pledgeling (p)

text:
               19.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 343/43

         Recurso interpuesto el 26 de julio de 2016 — Banco Popular Español/EUIPO — Pledgeling (p)
   (Asunto T-407/16)
   (2016/C 343/57)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Banco Popular Español, S.A. (Madrid) (representante: M. de Justo Bailey, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Pledgeling LLC (Houston, Texas, Estados Unidos)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca figurativa que incluye la letra «p» — Solicitud de registro n.o 12123147

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de abril de 2016 en el asunto R 1693/2015-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO y a la otra parte en el procedimiento si interviniera.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.o 207/2009.

               —

               Infracción de los artículos 73 y 76 del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto T-560/12: Auto del Tribunal General de 6 de junio de 2016 — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

text:
               25.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 270/67

         Auto del Tribunal General de 6 de junio de 2016 — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA
   (Asunto T-560/12) (1)

   (2016/C 270/72)
   Lengua de procedimiento: polaco
   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 79 de 16.3.2013.


title: Asunto C-379/13 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de julio de 2013 por la Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 19 de abril de 2013 en el asunto T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Comisión

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/32

         Recurso de casación interpuesto el 3 de julio de 2013 por la Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 19 de abril de 2013 en el asunto T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Comisión
   (Asunto C-379/13 P)
   2013/C 260/59
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Recurrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (representantes: N. Morais Sarmento y L. Pinto Monteiro, advogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule en su totalidad la sentencia dictada por el Tribunal General.

               —

               Que se anule en su totalidad la Decisión impugnada.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las costas de la recurrente.

      Motivos y principales alegaciones

      Incumplimiento del plazo razonable para adoptar una decisión

   i)   Prescripción de la diligencias
   La recurrente entiende que la Decisión impugnada fue adoptada después de haber finalizado el plazo de cuatro años de prescripción de las diligencias, tal como está previsto en el artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 (1) del Consejo. Del mismo modo, incluso en el supuesto de que se hubiera producido una eventual interrupción del plazo de prescripción de las diligencias, también transcurrió el doble del plazo de prescripción sin que se hubiera adoptado decisión alguna de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento. Al haber prescrito el correspondiente derecho, la Decisión impugnada debe ser declarada ilegal y no puede ser ejecutada.
   ii)   Violación del principio de seguridad jurídica
   La recurrente considera que el hecho de que la Comisión haya dejado transcurrir más de 20 años entre las irregularidades que le imputa y la adopción de la Decisión impugnada supone la vulneración del principio de seguridad jurídica. Este principio fundamental del ordenamiento jurídico de la Unión Europea prevé que todas las personas tienen derecho a que sus asuntos sean tramitados por las instituciones de la Unión dentro de un plazo razonable.
   iii)   Violación del derecho de defensa
   La recurrente alega que se ha vulnerado su derecho de defensa, en la medida en que, teniendo en cuenta que han transcurrido más de 20 años entre las irregularidades que se le imputan y la adopción de la decisión definitiva, quedó privada del derecho a presentar observaciones en tiempo oportuno, es decir, en un momento en el que aún dispusiera de los documentos que permitieran justificar los gastos que la Comisión consideraba no subvencionables.

      (1)  Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1).


title: Asunto T-14/09: Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2012 — Vanhecke/Parlamento ( «Privilegios e inmunidades — Miembro del Parlamento — Suspensión de la inmunidad — Recurso de anulación — Desaparición del interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento» )

text:
               1.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 373/4

         Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2012 — Vanhecke/Parlamento
   (Asunto T-14/09) (1)

   (Privilegios e inmunidades - Miembro del Parlamento - Suspensión de la inmunidad - Recurso de anulación - Desaparición del interés en ejercitar la acción - Sobreseimiento)
   2012/C 373/04
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Frank Vanhecke (Brujas, Bélgica) (representantes: R. Tournicourt, B. Siffert y S. Lippens, abogados)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: inicialmente, H. Krück, A. Baas y E. Waldherr, posteriormente, H. Krück, E. Waldherr y G. Corstens, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Decisión del Parlamento Europeo de 18 de noviembre de 2008 por la que se aprueba la suspensión de la inmunidad parlamentaria del demandante.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el presente recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 69, de 21.3.2009.


title: Asunto C-148/08: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n o  1 de Málaga) — Finn Mejnertsen/Betina Mandal Barsoe

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/32

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Málaga) — Finn Mejnertsen/Betina Mandal Barsoe
   (Asunto C-148/08) (1)

   (2009/C 69/70)

      Lengua de procedimiento: español

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 142 de 7.6.2008.


title: Asunto C-213/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias (Contratos públicos de obras — Directiva 93/37/CEE — Artículo 24 — Causas de exclusión de la participación en un contrato — Medidas nacionales que establecen una incompatibilidad entre el sector de las obras públicas y el de los medios de comunicación)

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias
   (Asunto C-213/07) (1)

   (Contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Artículo 24 - Causas de exclusión de la participación en un contrato - Medidas nacionales que establecen una incompatibilidad entre el sector de las obras públicas y el de los medios de comunicación)
   (2009/C 44/18)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Symvoulio tis Epikrateias
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Michaniki AE

      Demandada: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias

      Con intervención de: Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, que se ha subrogado en los derechos de Pantechniki AE, Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación del artículo 24 de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54) — Carácter exhaustivo o no de la enumeración de los motivos de exclusión de la participación de un contratista en la licitación.
   Fallo

               1)

               El artículo 24, párrafo primero, de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997, debe interpretarse en el sentido de que enumera de manera exhaustiva las causas que, sobre la base de consideraciones objetivas relacionadas con la aptitud profesional, pueden justificar la exclusión de un contratista de la participación en un contrato público de obras. Sin embargo, dicha Directiva no impide que un Estado miembro prevea otras medidas de exclusión que tengan por objeto garantizar la observancia de los principios de igualdad de trato entre los licitadores y de transparencia, siempre que tales medidas no excedan de lo necesario para alcanzar este objetivo.

               2)

               El Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional que, en aras de la consecución de los objetivos legítimos de igualdad de trato entre los licitadores y de transparencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, establece una presunción absoluta de incompatibilidad entre la condición de propietario, socio, accionista principal o directivo de una empresa activa en el sector de los medios de comunicación y la condición de propietario, socio, accionista principal o directivo de una empresa a la que el Estado o una persona jurídica del sector público en sentido amplio confía la ejecución de contratos de obras, suministros o servicios.

      (1)  DO C 140 de 23.6.2007.


title: Asunto C-438/08: Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               6.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/18

         Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-438/08)
   (2008/C 313/27)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Traversa y M. Teles Romão, agentes)

      Demandada: República Portuguesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE, al imponer, fundamentalmente en los artículos 3, apartado 2, 6, apartado 1, y 7 del Decreto-ley no 550/99, de 15 de diciembre de 1999, y en el número 1, letra e), de la Orden no 1165/2000, de 9 de diciembre de 2000, a las entidades de otros Estados miembros que pretendan ejercer en Portugal la actividad de inspección de vehículos restricciones a la libertad de establecimiento consistentes, en particular, en la subordinación de la concesión de autorizaciones al interés público, en la exigencia de un capital social mínimo de 100 000 euros, en la limitación del objeto social de las empresas y en la aplicación a los socios, gerentes y administradores de normas de incompatibilidad con otras actividades.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   La subordinación de la concesión de nuevas autorizaciones al interés público constituye una restricción a la libertad de establecimiento, puesto que implica que las personas jurídicas de otros Estados miembros que pretendan ejercer la actividad de inspección de vehículos en Portugal queden sujetas a la discrecionalidad de las autoridades nacionales competentes, con la grave inseguridad jurídica que ello supone para la extensión de sus derechos.
   La exigencia de un capital social mínimo de 100 000 euros debe calificarse de restricción a la libertad de establecimiento, por cuanto impide a los operadores comunitarios con capital social inferior al mínimo exigido por la normativa portuguesa abrir una filial o sucursal en territorio portugués.
   La limitación del objeto social de la empresa al ejercicio de la actividad de inspección de vehículos constituye una restricción de la libertad de establecimiento, puesto que los operadores comunitarios que legalmente ofrecen otros servicios simultáneos (inspección, reparación y revisión de vehículos) en el Estado miembro de establecimiento se ven obligados a modificar el objeto de la empresa y, posiblemente, hasta su propia estructura interna para poder extender a Portugal su actividad de inspección de vehículos. Además, este requisito no puede considerarse necesario para garantizar la independencia e imparcialidad de quienes prestan este servicio.
   Las normas de incompatibilidad que se imponen a los socios, gerentes y administradores que se dediquen a la fabricación, reparación, alquiler, importación o comercialización de vehículos o de sus componentes y accesorios, así como al ejercicio de la actividad de transporte, pueden tener efectos restrictivos a los de la limitación del objeto social y producir restricciones significativas de la libertad de establecimiento de las empresas de otros Estados miembros que deseen ejercer la actividad de inspección de vehículos en Portugal. En efecto, las empresas legalmente establecidas en otro Estado miembro que presten servicios de inspección de vehículos y cuenten con socios, gerentes u administradores que se dediquen a otras actividades en dicho Estado miembro tendrán que modificar su estructura interna, apartar a esos socios o hacer que abandonen las actividades incompatibles.


title: Asuntos acumulados C-533/12 P y C-536/12 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de septiembre de 2014 — Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA/Corsica Ferries France SAS, Comisión Europea, República Francesa (C-533/12 P), República Francesa/Corsica Ferries France SAS, Comisión Europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (C-536/12 P) (Recurso de casación — Ayuda de reestructuración — Margen de apreciación de la Comisión Europea — Alcance del control jurisdiccional del Tribunal General de la Unión Europea — Criterio del inversor privado en una economía de mercado — Exigencia de un análisis sectorial y geográfico — Práctica suficientemente consolidada — Racionalidad económica a largo plazo — Pago de indemnizaciones complementarias por despido)

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/6

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de septiembre de 2014 — Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA/Corsica Ferries France SAS, Comisión Europea, República Francesa (C-533/12 P), República Francesa/Corsica Ferries France SAS, Comisión Europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (C-536/12 P)
      (Asuntos acumulados C-533/12 P y C-536/12 P) (1)

      ((Recurso de casación - Ayuda de reestructuración - Margen de apreciación de la Comisión Europea - Alcance del control jurisdiccional del Tribunal General de la Unión Europea - Criterio del inversor privado en una economía de mercado - Exigencia de un análisis sectorial y geográfico - Práctica suficientemente consolidada - Racionalidad económica a largo plazo - Pago de indemnizaciones complementarias por despido))
      (2014/C 395/07)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

      (Asunto C-533/12 P)

         Recurrente: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (representantes: A. Winckler y F.-C. Laprévote, abogados)

         Otras partes en el procedimiento: Corsica Ferries France SAS (representantes: S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, abogados), Comisión Europea, República Francesa (representantes: G. de Bergues, N. Rouam y J. Rossi, agentes)
      (Asunto C-536/12 P)

         Recurrente: República Francesa (representantes: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam y J. Rossi, agentes)

         Otras partes en el procedimiento: Corsica Ferries France SAS (representantes: S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, abogados), Comisión Europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (representantes: A. Winckler y F.-C. Laprévote, abogados)

         Fallo

                  1)

                  Desestimar los recursos de casación.

                  2)

                  La Société nationale maritime Corse-Méditerrannée (SNCM) SA y la República Francesa cargarán con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido Corsica Ferries France SAS, a partes iguales.

         (1)  DO C 32, de 2.2.2013.


title: Asunto T-432/12: Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2015 — VTZ y otros/Consejo («Dumping — Importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero, originarios de Rusia y Ucrania — Derecho antidumping definitivo — Reconsideración por expiración — Probabilidad de reaparición del perjuicio — Interés de la Unión — Error manifiesto de apreciación — Obligación de motivación»)

text:
               15.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 198/30

         Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2015 — VTZ y otros/Consejo
   (Asunto T-432/12) (1)

   ((«Dumping - Importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero, originarios de Rusia y Ucrania - Derecho antidumping definitivo - Reconsideración por expiración - Probabilidad de reaparición del perjuicio - Interés de la Unión - Error manifiesto de apreciación - Obligación de motivación»))
   (2015/C 198/39)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Rusia); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Rusia); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Rusia); y Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Rusia) (representantes: J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo y C. Van Hemelrijck, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Boelaert, agente, asistido inicialmente por G. Berrish y A. Polcyn, y posteriormente por A. Polcyn y D. Geradin, abogados)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Comisión Europea (representantes: M. França y A. Stobiecka-Kui, agentes)

      Objeto

   Anulación parcial del Reglamento de Ejecución (UE) no 585/2012 del Consejo, de 26 de junio de 2012, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero, originarios de Rusia y Ucrania, a raíz de una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1225/2009, y se da por concluido el procedimiento de reconsideración por expiración relativo a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero, originarios de Croacia (DO L 174, p. 5), en la medida en que afecta a las demandantes.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) y Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) cargarán con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 366, de 24.11.2012.


title: Asunto T-337/07: Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2007 — Brilliant Hotelsoftware/OAMI (BRILLIANT)

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/56

         Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2007 — Brilliant Hotelsoftware/OAMI (BRILLIANT)
   (Asunto T-337/07)
   (2007/C 269/101)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Brilliant Hotelsoftware Limited (Londres, Reino Unido) (representantes: J. Croll y C. Pappas, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 14 de junio de 2007 y se registre la marca «BRILLIANT» en el Registro de Marcas.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «BRILLIANT» para productos y servicios de las clases 9 y 42 — Solicitud no 4.345.849

      Decisión del examinador: Denegación del registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 40/94 (1), puesto que la marca solicitada no es descriptiva ni carece del preceptivo carácter distintivo.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).


title: Asunto T-31/07: Recurso interpuesto el 12 de febrero de 2007 — Du Pont de Nemours (France) y otros/Comisión

text:
               24.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/28

         Recurso interpuesto el 12 de febrero de 2007 — Du Pont de Nemours (France) y otros/Comisión
   (Asunto T-31/07)
   (2007/C 69/57)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, Francia), Du Pont Portugal Serviços (Lisboa, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelona, España), Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA (Mechelen, Bélgica), Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milán, Italia), Du Pont de Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Países Bajos), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg, Alemania), DuPont CZ s.r.o. (Praga, República Checa), DuPont Hungary Trading Ltd (Budaors, Hungría), DuPont Poland Sp.zo.o. (Varsovia, Polonia), DuPont Romania Srl (Bucarest, Rumania), Du Pont (UK) Ltd (Herts, Reino Unido), Du PontAGro Hellas SA (Atenas, Grecia), DuPont International Operations Sarl (Suiza), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux, Francia) (representantes: D. Waelbroeck, N. Rampal, abogados)

      Demandadas: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule el anexo de la Directiva 2006/133/CE de la Comisión por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa flusilazol, en la medida en que fija el término del período de inclusión del flusilazol al 30 de junio de 2008.

               —

               Que se anule el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2006/133/CE por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE a fin de incluir en ella la sustancia activa flusilazol, en la medida en que fija al 30 de junio de 2008 la fecha hasta la cual, tras una nueva evaluación, los Estados miembros deberán modificar o anular las autorizaciones de productos que contengan flusilazol.

               —

               Que se anule la parte A de las disposiciones específicas contenidas en el anexo de la Directiva 2006/133/CE de la Comisión por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE en la medida en que restringe los tipos de cultivos en los que los Estados miembros pueden autorizar el uso de flusilazol tras su inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, a lo que debe darse cumplimiento no más tarde del 30 de junio de 2007 («las restricciones impugnadas»).

               —

               Que se condene a la Comisión a indemnizar cualquier perjuicio sufrido por las demandantes como consecuencia de las restricciones impugnadas y a fijar la cantidad de tal indemnización del perjuicio causado a las demandantes que actualmente se estima en 109 millones de dólares estadounidenses (alrededor de 84 millones de euros); o cualquier otra cantidad que refleje el perjuicio sufrido por las demandantes o que éstas sufrirán, según la prueba que al respecto aporten durante el presente procedimiento, especialmente para tener debidamente en cuenta cualquier perjuicio futuro.

               —

               Subsidiariamente, que se ordene a las partes que aporten, dentro de un plazo razonable a partir de la fecha de la sentencia, datos cifrados acerca de la cantidad de la indemnización acordada entre las partes o, a falta de tal acuerdo, que se ordene a las partes presentar dentro del mismo plazo, sus conclusiones con datos cifrados pormenorizados.

               —

               Que se ordene el pago de intereses al tipo fijado oportunamente por el Banco Central Europeo para las principales operaciones de refinanciación más dos puntos porcentuales, o cualquier otro tipo apropiado que determine el Tribunal de Primera Instancia, sobre la cantidad que deberá pagarse desde la fecha de la sentencia de dicho Tribunal hasta que se haga cumplido pago.

               —

               Que se imponga a la demandada el pago de todas las costas y gastos que se causen en el presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su demanda, las demandantes pretenden que se anule en parte el anexo de la Directiva 2006/133/CE (1) de la Comisión, de 11 de diciembre de 2006, por la que se modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE (2), relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (en lo sucesivo, «CPF»), en la medida en que establece limitaciones tanto en relación con el período de inclusión de flusilazol y con los tipos de cultivos en los que los Estados miembros pueden autorizar el uso de flusilazol.
   Las demandantes alegan que las restricciones impugnadas son ilegales toda vez que se basan en una mera evaluación del «peligro »y no una evaluación del «riesgo», tal como exige la Directiva 91/414/CEE. Más concretamente, sostienen que al reducir el período de inclusión a 18 meses en lugar del período normal de 10 años, así como, al reducir el uso autorizado de flusilazol únicamente respecto a algunos cultivos, la Comisión ha supuestamente incumplido sus obligaciones establecidas en el Tratado CE, infringido dicha Directiva y sus normas de modificación, y ha violado varios principios fundamentales y objetivos de Derecho comunitario. En particular, las demandantes sostienen que la demandada ha violado el principio de proporcionalidad, el principio de buena administración y el derecho a ser oído, así como los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y no discriminación, y ha incumplido el deber de motivación pertinente. Por último, alegan que la demandada incurrió en una desviación de poder habida cuenta de que se decidieron las restricciones de manera arbitraria, sin tener en cuenta los criterios establecidos en la Directiva.
   Además de la pretensión de anulación, las demandantes ejercitan asimismo una pretensión de resarcimiento sobre la base de los artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo, con el fin de se reparen los perjuicios que supuestamente han sufrido como consecuencia de las restricciones impugnadas.

      (1)  Directiva 2006/133/CE de la Comisión por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa flusilazol (DO 2006, L 349, p. 27).

      (2)  Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO 1991, L 230, p. 1).


title: Asunto T-345/09: Sentencia del Tribunal General de 13 de abril de 2011 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OAMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa PUERTA DE LABASTIDA — Marca nacional denominativa anterior CASTILLO DE LABASTIDA — Marcas comunitarias denominativas anteriores CASTILLO LABASTIDA — Motivo de denegación relativo — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n ° 207/2009» ]

text:
               28.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 160/20

         Sentencia del Tribunal General de 13 de abril de 2011 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OAMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)
   (Asunto T-345/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa PUERTA DE LABASTIDA - Marca nacional denominativa anterior CASTILLO DE LABASTIDA - Marcas comunitarias denominativas anteriores CASTILLO LABASTIDA - Motivo de denegación relativo - Uso efectivo de la marca anterior - Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009)
   2011/C 160/29
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, S.L. (Autol, La Rioja) (representantes: J. Grimau Muñoz y J. Villamor Muguerza, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda (Labastida, Álava) (representantes: inicialmente P. López Ronda y G. Macías Bonilla y posteriormente F.J. Brandolini Kujman, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 28 de mayo de 2009 (asunto R 1021/2008-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda., y Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, S.L.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, S.L.

      (1)  DO C 256, de 24.10.2009.


title: Asunto T-396/05 y T-397/05: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de junio de 2009 — ArchiMEDES/Comisión de las Comunidades Europeas ( Cláusula compromisoria — Contrato sobre un proyecto de renovación de un complejo inmobiliario urbano — Devolución de una parte de los importes anticipados — Pretensión de que se condene a la Comisión al pago del saldo — Reconvención de la Comisión — Recurso de anulación — Decisión de recuperación — Nota de adeudo — Actos de carácter contractual — Inadmisibilidad — Compensación de créditos )

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/43

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de junio de 2009 — ArchiMEDES/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-396/05 y T-397/05) (1)

   («Cláusula compromisoria - Contrato sobre un proyecto de renovación de un complejo inmobiliario urbano - Devolución de una parte de los importes anticipados - Pretensión de que se condene a la Comisión al pago del saldo - Reconvención de la Comisión - Recurso de anulación - Decisión de recuperación - Nota de adeudo - Actos de carácter contractual - Inadmisibilidad - Compensación de créditos»)
   2009/C 180/79
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) (Ganges, Francia) (representantes: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon, y P. Reyniers, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente K. Kańska y E. Manhaeve, posteriormente E. Manhaeve, agentes)

      Objeto

               —

               En el asunto T-396/05, demanda de anulación basada en el artículo 230 CE, por una parte, de la decisión de la Comisión de recuperación de los anticipos abonados por el contrato que la vinculaba con la demandante y, por otra parte, de la decisión de la Comisión de oponer a la demandante una compensación de créditos.

               —

               En el asunto T-397/05, una demanda de responsabilidad contractual basada en el artículo 238 CE, dirigida a la condena de la Comisión al pago de la cantidad restante de la subvención prevista por el mismo contrato.

      Fallo

               1)

               En el asunto T-396/05, declarar la inadmisibilidad del recurso, en la medida que se dirige contra la nota de adeudo no 3240705638 y la decisión de recuperación contenida en el escrito de la Comisión de las Comunidades Europeas de 30 de agosto de 2005.

               2)

               En el asunto T-396/05, sobreseer el recurso de anulación de la decisión de la Comisión contenida en su escrito de 5 de octubre de 2005, por el que se opone a Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) una compensación de sus créditos recíprocos).

               3)

               En el asunto T-397/05, desestimar el recurso.

               4)

               En el asunto T-397/05, condenar a ArchiMEDES a pagar a la Comisión la cantidad de 148 256,86 euros, más los intereses de demora al tipo legal fijado conforme al Derecho francés y hasta el pago completo de la deuda sin que dicho tipo pueda superar el 5,5 % anual.

               5)

               En el asunto T-396/05, condenar a ArchiMEDES a cargar, además de con sus propias costas, con la mitad de las costas causadas a la Comisión, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales en el asunto T-396/05 R.

               6)

               En el asunto T-397/05, condenar en costas a ArchiMEDES, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales en el asunto T-397/05 R.

      (1)  DO C 74, de 25.3.2006.


title: Asunto T-253/01: Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por UPS Europe NV/SA

text:
2.2.2002               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 31/13
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia          incidencia en la competencia. La tesis de la Comisión era
que:                                                                   injusta para la demandante en varios aspectos y, habida cuenta
                                                                       de la naturaleza de la infracción de la demandante y la escasa
                                                                       influencia que tuvo en el mercado, deberı́a haber fijado para la
—     Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades            demandante un punto de partida considerablemente inferior
      Europeas de 18 de Julio de 2001, relativa a un procedi-          que para algunas de las otras empresas.
      miento de aplicación del artı́culo 81 del Tratado CE y del
      artı́culo 53 del Acuerdo EEE en el asunto COMP/E-
      1/36.490 — Electrodos de grafito, en la medida en que            Además, la demandante alega que al considerar que sólo
      impone una multa a la demandante.                                procedı́a concederle el 40 % de reducción por circunstancias
                                                                       atenuantes, la Comisión incurrió en un error. Esta última
                                                                       no tuvo en cuenta el modo en que la demandante actuó
—     Reduzca, subsidiariamente, la multa impuesta a la deman-         directamente contra los principios fundamentales y los objeti-
      dante en la Decisión de la Comisión de las Comunidades         vos de la concertación y le deberı́a haber concedido una
      Europeas de 18 de Julio de 2001, relativa a un procedi-          reducción adicional basada en la prontitud con la que puso fin
      miento de aplicación del artı́culo 81 del Tratado CE y del      a las prácticas ilegales. Asimismo, la Comisión deberı́a haber
      artı́culo 53 del Acuerdo EEE en el asunto COMP/E-                tenido en cuenta las desventajas de la demandante respecto a
      1/36.490 — Electrodos de grafito.                                sus competidores ası́ como su precaria situación financiera.
                                                                       Por último, se deberı́a haber concedido a la demandante una
                                                                       reducción bastante superior al 20 % que se le otorgó mediante
—     Condene en costas a la Comisión.                                la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición
                                                                       de multas o la reducción de su importe en los asuntos relativos
                                                                       a acuerdos (1).
Motivos y principales alegaciones                                      (1) Comunicación de la Comisión de 18 de julio de 1996, relativa a
                                                                           la no imposición de multas o la reducción de su importe en los
                                                                           asuntos relativos a acuerdos (DO 1996 C 207, p. 4).
La demandante es una sociedad norteamericana, que histórica-
mente ha tenido una participación minoritaria en el mercado
de los electrodos. La Decisión impugnada declaró que la
demandante, junto con otras siete empresas habı́a infringido
el artı́culo 81, apartado 1, del Tratado CE participando en un
conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el sector del         Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2001 contra la
grafito. La Decisión impuso a la demandante una multa de              Comisión de las Comunidades Europeas por UPS Europe
10,3 millones de EUR. En otros paı́ses también se iniciaron                                           NV/SA
actuaciones relativas a dichos acuerdos y prácticas, por ejem-
plo, en Estados Unidos, donde no se consideró a la demandante
culpable de ninguna infracción. Tras recibir la Decisión                                      (Asunto T-253/01)
impugnada, la demandante solicitó una declaración de quiebra.
                                                                                (2002/C 31/27)
El recurso de la demandante no tiene por objeto impugnar la                               (Lengua de procedimiento: inglés)
existencia de la concertación ni su participación, sino obtener
una reducción de la multa impuesta por la Comisión.
                                                                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                       Europeas se ha presentado el 11 de octubre de 2001 un
La demandante alega que, al fijar el importe de la multa que le        recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
impuso, la Comisión violó los principios generales del Tratado       formulado por UPS Europe NV/SA, representada por el
y apreció equivocadamente los factores que deberı́an determi-         Sr. T.R. Ottervanger de Allen & Overy, Bruselas (Bélgica).
nar el nivel de dicha multa. En cualquier caso, la multa de
10,3 millones de EUR es completamente injustificada y
excesiva.                                                              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                       que:
                                                                       —     Declare con arreglo al artı́culo 232 del Tratado CE que la
La demandante aduce que la Comisión actuó erróneamente al                 Comisión se abstuvo de pronunciarse al no adoptar en
considerar que el punto de partida adecuado de su multa era                  un plazo razonable una decisión definitiva en relación
de 16 millones de EUR y que no distinguió entre la gravedad                 con las denuncias del demandante presentadas ante la
de la implicación de la demandante y las de los demás                      Comisión el 7 de julio de 1994 y el 8 de junio de 1998 y
productores. La Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que                  con la apertura de un procedimiento en virtud del
la demandante no hizo sino seguir los precios antes, durante y               artı́culo 88, apartado 2, del Tratado CE el 17 de agosto
después de la concertación y que su conducta no tuvo ninguna                de 1999 (DO C 306, de 23.10.1999, p. 25).
 ---pagebreak--- C 31/14                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        2.2.2002
—      Condene en costas a la Comisión.                               La demandante alega que no existe justificación para que la
                                                                       Comisión no actuase en un plazo razonable. La investigación
                                                                       previa de la Comisión ha durado sesenta y tres meses en el
—      Adopte cualquier otra medida que el Tribunal de Primera         caso de la primera denuncia y dieciséis meses en el caso de la
       Instancia considere oportuna.                                   segunda. Además, el procedimiento formal de investigación ya
                                                                       ha durado dos años. Por tanto, Deutsche Post ha podido
                                                                       beneficiarse de una ayuda de estado ilegal sin interferencia de
                                                                       la Comisión durante un perı́odo extremadamente largo. En
                                                                       consecuencia, la posición de competencia de la demandante,
                                                                       como competidor de Deutsche Post, se ha visto seriamente
Motivos y principales alegaciones                                      afectada.
                                                                       (1) DO C 20 de 23.1.1999, p. 30.
El 7 de julio de 1994, la demandante, una sociedad del grupo           (2) DO C 174 de 19.6.1999, p. 14.
United Parcel Services (UPS) que distribuye paquetes en todo           (3) DO C 306 de 23.10.1999, p. 25.
el mundo, presentó una denuncia ante la Comisión contra la
ayuda de estado que supuestamente se derivaba, entre otras
cosas, de la cobertura de las pérdidas y la subvención cruzada
del servicio de mensajerı́a por los ingresos monopolı́sticos de
las actividades de correo postal realizadas por Deutsche Post.
Por medio del mismo escrito se presentó además una denuncia
con arreglo al artı́culo 82 del Tratado CE. El 2 de octubre de
1998, la Comisión comunicó a la demandante que examinarı́a           Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2001 contra
la posición y la conducta de Deutsche Post AG en virtud del           el Banco Central Europeo por el Sr. Johannes Priesemann
artı́culo 82 del Tratado y que por el momento no iniciarı́a un
procedimiento según el artı́culo 88. La demandante interpuso                                 (Asunto T-286/01)
un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando
que se anulase esa decisión (asunto T-182/99) (1).
                                                                                (2002/C 31/28)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
El 8 de junio de 1998, la demandante presentó otra denuncia,
alegando que existı́a una ayuda de estado por el uso de los
ingresos monopolı́sticos para financiar la adquisición de las
acciones de DHL International. El 21 de diciembre de 1998, la          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
demandante remitió un escrito a la Comisión solicitando que          Europeas se ha presentado el 22 de noviembre de 2001 un
se pronunciase sobre su denuncia en el plazo de dos meses. El          recurso contra el Banco Central Europeo formulado por el
plazo de dos meses expiró sin que la Comisión hubiera                Sr. Johannes Priesemann, con domicilio en Fráncfort del Meno
adoptado una decisión ni se hubiera pronunciado y, en                 (Alemania), representado por el Sr. Norbert Pflüger, abogado.
consecuencia, la demandante interpuso un recurso con arreglo
al artı́culo 232 del Tratado (asunto T-98/99) (2).
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                       que:
Mediante escrito de 17 de agosto de 1999, la Comisión                 —     Anule la decisión del Banco Central Europeo por la
notificó a la República Federal de Alemania su decisión de                que se le deniega la concesión de una asignación por
iniciar el procedimiento regulado en el artı́culo 88, apartado 2,            escolaridad (education allowance) para sus tres hijos, ası́
del Tratado (3). Mediante auto de la Sala Cuarta de 30 de                    como, de ser necesario, la decisión de la parte demandada
septiembre de 1999 se declaró la inadmisibilidad del recurso                en el procedimiento administrativo previo.
en el asunto T-182/98 y mediante auto del Presidente de la
Sala Cuarta de 29 de octubre de 1999 se archivó el asunto             —     Condene en costas a la parte demandada.
T-98/99.
                                                                       Motivos y principales alegaciones
El 5 de junio de 2001, como la Comisión no se habı́a
pronunciado sobre la compatibilidad con el mercado común
de las medidas que eran objeto de las dos denuncias, la                El demandante, empleado del Banco Central Europeo, solicitó
demandante pidió a la Comisión que se pronunciase y/o                la concesión de una asignación por escolaridad para la
adoptase las medidas solicitadas en cada una de las denuncias.         escolarización de tres hijos en una escuela internacional. La
El plazo de dos meses previsto en el artı́culo 232 expiró el          parte demandada denegó esta solicitud basándose en que el
5 de agosto de 2001, sin que la Comisión se hubiera                   demandante no cumplı́a los requisitos para ello, ya que
pronunciado sobre las denuncias de la demandante. En conse-            no tenı́a derecho a una indemnización por expatriación
cuencia, la demandante ha interpuesto el presente recurso.             (expatriation allowance).


title: Asunto C-199/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 29 de abril de 2015 — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 29 de abril de 2015 — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
   (Asunto C-199/15)
   (2015/C 262/02)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Ciclat Soc. Coop.

      Recurrida: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

      Cuestión prejudicial

   El artículo 45 de la Directiva 18/2004 (1), interpretado a la luz del principio de razonabilidad y de los artículos 49 y 56 TFUE, ¿se opone a una normativa nacional que, en el marco de un procedimiento de licitación, permite solicitar de oficio el certificado que expiden los institutos de previsión social (DURC) y obliga a la entidad adjudicadora a excluir del concurso al licitador cuando en el DURC conste una infracción anterior en materia de cotizaciones sociales, que existía en el momento de la presentación de la oferta, aunque el licitador no fuera consciente de ella por estar en posesión de un DURC positivo vigente, pero que ya no existía en el momento de la adjudicación o de la verificación de oficio?

      (1)  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).


title: Asunto T-400/10: Recurso interpuesto el 12 de septiembre de 2010 — Hamas/Consejo

text:
               20.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 317/32

         Recurso interpuesto el 12 de septiembre de 2010 — Hamas/Consejo
   (Asunto T-400/10)
   ()
   2010/C 317/60
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Hamas (representante: L. Glock, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Aviso C 188/13 del Consejo, de 13 de julio de 2010.

               —

               Que se anule la Decisión 2010/386/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2010.

               —

               Que se anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 610/2010 del Consejo, de 12 de julio de 2010.

               —

               Que se condene al Consejo a cargar con la totalidad de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante solicita la anulación del Aviso C 2010/C 188/09 del Consejo, (1) de la Decisión 2010/386/PESC del Consejo, (2) y del Reglamento de Ejecución no 610/2010 del Consejo, (3) en la medida en que se ha decidido mantener su nombre en la lista de personas, grupos y entidades cuyos fondos y recursos económicos fueron inmovilizados en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC (4) y en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001, con el fin de luchar contra el terrorismo.
   En apoyo de su recurso, la demandante invoca siete motivos basados, en lo que respecta al Aviso C 2010/C 188/09 del Consejo:

               —

               En la vulneración del artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo tercero, dado que no se le notificó el citado aviso y no puede considerarse que una simple comunicación al Diario Oficial de la Unión Europea equivalga a una notificación del acto.

               —

               En la vulneración del artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues casi no ha tenido acceso a dicho aviso.

               —

               En la vulneración del artículo 6, apartado 3, letra a), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), referente al derecho del acusado a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él.

         En cuanto a la Decisión 2010/386/PESC y al Reglamento no 610/2010, los motivos de la demandante se basan en lo siguiente:

               —

               En un error manifiesto de apreciación, puesto que Hamas es un gobierno legítimamente elegido, que no puede ser incluido en una lista de terroristas, de acuerdo con el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado.

               —

               En la vulneración de los derechos fundamentales de la demandante, por haberse infringido:

                           —

                           su derecho de defensa, así como el derecho a una buena administración, puesto que la decisión de mantener a la demandante en la lista de personas, grupos y entidades cuyos fondos y recursos económicos fueron inmovilizados no fue precedida de una notificación de los hechos que se le imputaban y no pudo formular eficazmente sus alegaciones en relación con los mismos;

                           —

                           y su derecho de propiedad, ya que la congelación de los fondos de la demandante es una restricción injustificada de tal derecho.

               —

               En la vulneración del deber de motivación establecido en el artículo 296 TFUE, ya que el Consejo no incluyó una motivación explícita ni en la Decisión 2010/386/PESC ni en el Reglamento no 610/2010.

      (1)  Aviso C 2010/C 188/09 del Consejo, de 13 de julio de 2009, a aquellas personas, grupos o entidades que han sido incluidos en la lista contemplada en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO C 188, p. 13).

      (2)  Decisión 2010/386/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2010, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 178, p. 28).

      (3)  Reglamento de Ejecución (UE) no 610/2010 del Consejo, de 12 de julio de 2010, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) no 1285/2009 (DO L 178, p. 1).

      (4)  Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344, p. 93).