title: Asunto C-416/06: Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 10 de junio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/37

         Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 10 de junio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-416/06) (1)

   (2008/C 209/59)

      Lengua de procedimiento: polaco

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 326 de 30.12.2006.


title: Asunto T-384/06 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 28 de marzo de 2007 — IBP e International Building Products France/Comisión ( Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Competencia — Pago de una multa — Garantía bancaria — Falta de urgencia )

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/37

         Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 28 de marzo de 2007 — IBP e International Building Products France/Comisión
   (Asunto T-384/06 R)
   («Procedimiento sobre medidas provisionales - Demanda de suspensión de la ejecución - Competencia - Pago de una multa - Garantía bancaria - Falta de urgencia»)
   (2007/C 96/76)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: IBP Ltd (Tipton, West Midlands, Reino Unido) e International Building Products France SA (Sartrouville, Francia) (representantes: M. Clough, QC, y A. Aldred, Solicitor)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Castillo de la Torre y V. Bottka, agentes)
   Objeto
   Recurso que tiene por objeto obtener la suspensión de la ejecución del artículo 2, letras c) y d), de la Decisión de la Comisión de 20 de septiembre de 2006, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del acuerdo EEE (asunto COMP/F-38.121 — Empalmes) y, en particular, la dispensa de la obligación de prestar una garantía bancaria como la que se exigía en el escrito de la Comisión de 4 de octubre de 2006, por el que se les notificó la decisión a los demandantes.
   Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-569/14: Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2015 — Laverana/OAMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION) [«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009»]

text:
               26.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 354/35

         Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2015 — Laverana/OAMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)
   (Asunto T-569/14) (1)

   ([«Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria figurativa BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 354/40)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Alemania) (representantes: J. Wachinger, M. Zöbisch y D. Chatterjee, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Schifko, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 27 de mayo de 2014 (asunto R 122/2014-4) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Laverana GmbH & Co. KG.

      (1)  DO C 361, de 13.10.2014.


title: Asunto C-144/06 P: Recurso de casación interpuesto el  20 de marzo de 2006  por Henkel KGaA (Sala Segunda) contra la sentencia dictada el  17 de enero de 2006  en el asunto T-398/04, Henkel KgaA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

text:
               20.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/7

         Recurso de casación interpuesto el 20 de marzo de 2006 por Henkel KGaA (Sala Segunda) contra la sentencia dictada el 17 de enero de 2006 en el asunto T-398/04, Henkel KgaA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)
   (Asunto C-144/06 P)
   (2006/C 121/12)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: Henkel KGaA (representante: C. Osterrieth, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 17 de enero de 2006, en el asunto T-398/04, (1) notificada el 23 de enero de 2006, y la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 4 de agosto de 2004 (asunto R771/1999-2), relativa a la solicitud de marca comunitaria no 000941971.

               —

               Que se condene en costas a la Oficina.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso, la recurrente alega la infracción de normas de Derecho material, consistente en la apreciación indebida, desde el punto de vista jurídico y fáctico, del requisito de carácter distintivo de la marca solicitada.
   Afirma que, en la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia afirmó indebidamente que la marca solicitada — una marca figurativa de tres colores, que representa la reproducción fiel al original de una pastilla de detergente de lavavajillas y de lavadora- no dispone de carácter suficientemente distintivo. Esta opinión del Tribunal de Primera Instancia no se atiene a los criterios jurisprudenciales actuales del Tribunal de Justicia relativos a los requisitos que debe cumplir una marca figurativa para presentar un carácter distintivo, ni tiene en cuenta la situación de hecho en el mercado relevante.
   No dice mucho en favor de la «experiencia general» del Tribunal de Primera Instancia, el hecho de que declare que el grado de atención del consumidor en el momento de comprar los productos de que se trata no es elevado y que el público no se ve influenciado en gran parte por la representación del producto. Al contrario, continua la recurrente, el público al que va destinada la mercancía también está acostumbrado a deducir informaciones sobre el fabricante directa y exclusivamente del aspecto de las mercancías diseñadas de manera específica e individual. En dicho mercado, ha pasado a ser habitual que la configuración de las pastillas de detergente de lavavajillas y lavadoras tenga una función directa indicativa del origen: cada fabricante emplea colores distintos para distinguir sus productos de los de los demás fabricantes.
   Al examinar el carácter distintivo únicamente hay que comprobar si la marca solicitada permite identificar las mercancías para las que solicita como procedentes de una determinada empresa y, de esa forma, distinguirlas de las de otros fabricantes. No es preciso que la marca sea individual y original y el examen no debe basarse en estas características. Puesto que la recurrente ha elegido varios elementos configurativos, en concreto, la forma rectangular, el orden de capas y la introducción de un núcleo oval, combinado con la libre elección de tres colores, ha definido suficientes elementos particulares para dotar a la marca figurativa de carácter suficientemente distintivo.

      (1)  DO C 74, p. 18


title: Asunto T-74/00: Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Artegodam GmbH

text:
27.5.2000              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 149/41
— la reapertura y continuación de dicho concurso no consti-            — La Decisión impugnada infringe normas procesales, ya que
    tuyen una medida adecuada para dar ejecución a las                     se basa en documentos obtenidos por la Comisión en
    sentencias anteriores;                                                  1994 en el contexto de una investigación realizada en
                                                                            un asunto distinto. Además, tales investigaciones fueron
— la reapertura y continuación del mencionado concurso son                 realizadas con arreglo a una decisión de la Comisión
    contrarias a lo convenido entre las partes;                             adoptada ilegalmente sobre la base de los artı́culos 53 del
                                                                            Acuerdo EEE y 85 del Tratado CE. La Decisión impugnada
— el contrato de duración indefinida del demandante fue                    también se basa en documentos sin fecha de fuente
    resuelto con base en los resultados de un concurso interno,             desconocida.
    mientras que, según un escrito de la Comisión, solamente
    el no aprobar un concurso externo puede ser causa de                — La Decisión impugnada no demuestra la existencia de la
    resolución de la relación laboral;                                    infracción imputada.
— la decisión de despido impugnada no está motivada;                  — En ningún caso puede considerarse que el supuesto acuerdo
                                                                            entre productores europeos y japoneses surtió efectos en
— el despido fue notificado en una fecha indebida conforme                  el comercio entre los Estados miembros.
    a Derecho.
                                                                        — En ningún caso puede considerarse que el supuesto acuerdo
                                                                            entre productores europeos y japoneses surtió efectos
                                                                            apreciables en la competencia dentro de la Comunidad
                                                                            Europea.
                                                                        — La duración que la Comisión señala para la infracción debe
                                                                            considerarse en cualquier caso errónea.
Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2000 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Kawasaki                      — En el supuesto de que se considere que la Decisión
                        Steel Corporation                                   impugnada cubre a las regiones offshore de la Unión
                                                                            Europea, en particular a las británicas, la Comisión no ha
                        (Asunto T-71/00)                                    motivado su decisión.
                         (2000/C 149/76)                                — Debe reducirse sustancialmente la multa impuesta a la
                                                                            demandada ya que el supuesto acuerdo entre productores
                                                                            europeos debe considerarse distinto del supuesto acuerdo
                                                                            entre productores europeos y japoneses.
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 24 de marzo de 2000 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Kawasaki Steel Corporation, representada por el Sr. Ale-
xandre Vandencasteele y la Sra. Monica Cunningham del
bufete de Abogados Liedekerke Siméon Wessing Houthoff, de
Bruselas.                                                               Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2000 contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por Artegodam
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                                         GmbH
que:
                                                                                (Asunto T-74/00)
— Anule la Decisión de la Comisión de 8 de diciembre de
    1999 en el asunto IV/E-1/35.860 B — tubos de acero sin
    soldadura.                                                                                (2000/C 149/77)
— Con carácter subsidiario, reduzca sustancialmente la cuan-
    tı́a de la multa impuesta a la demandante.                                           (Lengua de procedimiento: alemán)
— Condene en costas a la Comisión.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 30 de marzo de 2000 un recurso
                                                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Motivos y principales alegaciones                                       por Artogodam GmbH, Lüchow (RFA), representada por el
                                                                        Abogado Ulf Doepner, del bufete Bruckhaus Westrick Heller
La demandante alega que la Decisión impugnada debe ser                 Löber, Düsseldorf (RFA), que designa como domicilio en
anulada y/o que la multa que se le impuso debe reducirse                Luxemburgo el bufete de abogados Bonn & Schmitt, 7, Val de
sustancialmente por los siguientes motivos:                             S. Croix.
 ---pagebreak--- C 149/42                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      27.5.2000
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:             Recurso interpuesto el 3 de abril de 2000 contra la
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas por Bruno Farma-
— Anule la Decisión de la Comisión C (2000) 453, de                                  ceutici S.p.A. y otras 7 sociedades
     09.03.2000.
                                                                                (Asunto T-76/00)
— Con carácter subsidiario, anule la Decisión en la medida en
     que el artı́culo 1 en relación con el Anexo 1 de la Decisión
     impone a la República Federal de Alemania que retire la                                     (2000/C 149/78)
     autorización para comercializar el medicamento «Tenuate
     Retard» que contiene anfepramona.
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
— Condene en costas a la Comisión.
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 3 de abril de 2000 un recurso
Motivos y principales alegaciones                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                         por Bruno Farmaceutici S.p.A. (Roma) y otras 7 sociedades,
La demandante es titular de la autorización de comercialización        representadas por el Abogado Burkhard Sträter, Bonn (RFA).
en Alemania del medicamento «Tenuate Retard» que contiene
anfepramona. Mediante el presente recurso solicita la anulación
de la Decisión de la Comisión, dirigida a los Estados miembros,        Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
relativa a la retirada de la autorización de comercialización de       que:
medicamentos de uso humano que contengan dicha sustancia.
                                                                         — Anule la Decisión de la Comisión C (2000) 453, de
El recurso se base, en especial, en los siguientes motivos:                  09.03.2000.
— La demandada no era competente para adoptar la Decisión               — Con carácter subsidiario, anule la Decisión en la medida en
     impugnada. Basa su Decisión en los artı́culos 14 y 15 bis              que el artı́culo 1 en relación con el Anexo 1 de la Decisión
     de la Directiva 75/319/CEE (1) indebidamente. No se                     impone a los Estados miembros Bélgica, Dinamarca,
     cumplen los requisitos del artı́culo 15 bis de la Directiva.            Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Luxemburgo, Aus-
                                                                             tria y España que retiren las autorizaciones para comerciali-
— La Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos                     zar los medicamentos de la demandante que contienen
     ha modificado, infringiendo la Directiva 75/319/CEE, el                 anfepramona.
     objeto del procedimiento con arreglo al artı́culo 15 bis de
     dicha Directiva.
                                                                         — Condene en costas a la Comisión.
— No se cumplen los requisitos para la retirade de la
     autorización de comercialización con arreglo al artı́culo 14
     de la Directiva 75/319/CEE y al artı́culo 11 de la Directiva        Motivos y principales alegaciones
     65/65/CEE (2). No se ha comprobado ni el carácter nocivo
     ni la falta de efectos terapéuticos de la anfepramona.
                                                                         Las demandantes son empresas farmacéuticas que comerciali-
— Además, la Decisión no es proporcional. El Comité de                 zan medicamentos que contienen anfepramona en diversos
     Especialidades Farmacéuticas ha considerado necesarios              Estados miembros. Mediante el presente recurso solicitan la
     estudios a largo plazo de la eficacia y efectos secundarios         anulación de la Decisión de la Comisión, dirigida a los
     de la anfepramona. No obstante, tales estudios también              Estados miembros, relativa a la retirada de la autorización
     podrı́an efectuarse manteniendo la comercialización de los         de comercialización de medicamentos de uso humano que
     preparados. La retirada de la autorización, por el contrario,      contengan dicha sustancia. El recurso se basa, en especial, en
     supone para su titular la medida más gravosa y de efectos          los siguientes motivos:
     irreparables.
                                                                         — El inicio del procedimiento con arreglo al artı́culo 15 bis
                                                                             de la Directiva 75/319/CEE (1) por Bélgica no era válido.
(1) Segunda Directiva 75/319/CEE del Consejo, de 20 de mayo de
    1975, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
                                                                             Por tanto, el Comité de Especialidades Farmacéuticas y la
    reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuti-        Comisión no eran competentes para tramitar el procedi-
    cas (DO L 147, p. 13; EE 13/04, p. 92).                                  miento y adoptar la Decisión.
(2) Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa
    a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
    administrativas, sobre especialidades farmacéuticas (DO L 22,        — Por la duración excesiva del procedimiento se ha producido
    p. 369; EE 13/01, p. 18).                                                un vicio sustancial de forma.
                                                                         — El procedimiento que sirve de base a la Decisión y la propia
                                                                             Decisión infringen normas de la Directiva 65/65/CEE (2),


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 8 de septiembre de 2005, en el asunto C-512/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch): J.E.J. Blanckaert contra Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen («Fiscalidad directa — Impuesto sobre los rendimientos procedentes de ahorros e inversiones — Convenio fiscal — Bonificaciones tributarias reservadas a los afiliados al régimen nacional de seguridad social»)

text:
               12.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 8 de septiembre de 2005
   en el asunto C-512/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch): J.E.J. Blanckaert contra Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (1)

   («Fiscalidad directa - Impuesto sobre los rendimientos procedentes de ahorros e inversiones - Convenio fiscal - Bonificaciones tributarias reservadas a los afiliados al régimen nacional de seguridad social»)
   (2005/C 281/06)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-512/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Países Bajos), mediante resolución de 4 de diciembre de 2003, registrada en el Tribunal de Justicia el 8 de diciembre de 2003, en el procedimiento entre J.E.J. Blanckaert e Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. K. Lenaerts (Ponente), Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la Sala Primera, y la Sra. N. Colneric y los Sres. K. Schiemann, E. Juhász y M. Ilešič, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 8 de septiembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   Los artículos 56 CE y 58 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual un contribuyente no residente, que perciba en dicho Estado únicamente rendimientos procedentes de ahorros e inversiones y que no esté afiliado al régimen de seguridad social de dicho Estado miembro, no puede aspirar a disfrutar de las bonificaciones tributarias por seguros sociales, mientras que un contribuyente residente afiliado a ese régimen de seguridad social disfrutará de dichas bonificaciones en el cálculo de su renta imponible aunque sólo perciba rendimientos de la misma naturaleza y no cotice a la seguridad social.

      (1)  DO C 47, de 21.2.2004.


title: Asunto C-285/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 14 de junio de 2007 — Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG/Finanzamt Stuttgart Körperschaften

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 14 de junio de 2007 — Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG/Finanzamt Stuttgart Körperschaften
   (Asunto C-285/07)
   (2007/C 247/02)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Bundesfinanzhof
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG

      Recurrida: Finanzamt Stuttgart Körperschaften
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 90/434/CEE (1) del Consejo, de 23 de julio de 1990 (DO L 225, p. 1), a la normativa fiscal de un Estado miembro según la cual, en caso de aportación de participaciones sociales de una sociedad de capital de la UE a otra sociedad de capital de la UE, la sociedad transmitente sólo puede mantener el valor contable de las participaciones aportadas si la sociedad beneficiaria, por su parte, contabiliza las acciones aportadas según su valor contable («doble vinculación al valor contable»)?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera pregunta, ¿es contraria dicha normativa a los artículos 43 CE y 56 CE, aunque la «doble vinculación al valor contable» se exija también en caso de aportación de participaciones sociales de una sociedad de capital a una sociedad de capital que sea sujeto pasivo por obligación personal?

      (1)  DO L 225, p. 1.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 11 de noviembre de 2004, en el asunto C-372/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundessozialgericht): Roberto Adanez-Vega contra Bundesanstalt für Arbeit (Reglamento (CEE) n° 1408/71 — Determinación de la legislación aplicable — Prestaciones por desempleo — Requisitos de totalización de los períodos de seguro o de empleo — Medida nacional que no computa un período de servicio militar obligatorio realizado en otro Estado miembro)

text:
               22.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/2

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 11 de noviembre de 2004
   en el asunto C-372/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundessozialgericht): Roberto Adanez-Vega contra Bundesanstalt für Arbeit (1)

   (Reglamento (CEE) no 1408/71 - Determinación de la legislación aplicable - Prestaciones por desempleo - Requisitos de totalización de los períodos de seguro o de empleo - Medida nacional que no computa un período de servicio militar obligatorio realizado en otro Estado miembro)
   (2005/C 19/03)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-372/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundessozialgericht (Alemania), mediante resolución de 15 de agosto de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de octubre de 2002, en el procedimiento entre Roberto Adanez-Vega y Bundesanstalt für Arbeit, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas y S. von Bahr, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 11 de noviembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               El artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias, que se desplazan dentro de la Comunidad, actualizado mediante el Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2195/91 del Consejo, de 25 de junio de 1991, debe interpretarse en el sentido de que una persona que reside en un Estado miembro donde está desempleada tras haber realizado su servicio militar obligatorio en otro Estado miembro está sujeta a la legislación del Estado miembro de residencia.
               El artículo 71, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que constituye una disposición particular relativa a la determinación de la legislación aplicable en materia de prestaciones por desempleo, de modo que, si se reúnen sus requisitos de aplicación, la legislación aplicable es la prevista en esta disposición.
               Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si se reúnen o no, en el asunto principal, los requisitos de aplicación del artículo 71, apartado 1, letra b), inciso ii).
               Si se reúnen, en el asunto principal, los requisitos de aplicación del artículo 71, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada, la legislación aplicable a una persona que reside en un Estado miembro donde está desempleada tras haber realizado su servicio militar obligatorio en otro Estado miembro también será, en virtud de esta disposición, la legislación del Estado miembro de residencia.

               2)

               Un período de servicio militar obligatorio en otro Estado miembro constituye un «[período de empleo cubierto] como [trabajador] por cuenta ajena bajo la legislación de [ese] otro Estado miembro» en el sentido del artículo 67, apartado 1, del Reglamento no 1408/71, actualizado mediante el Reglamento no 2001/83, en su versión modificada por el Reglamento no 2195/91, cuando, por un lado, está definido o admitido como tal por la legislación de ese otro Estado miembro o está asimilado y reconocido por dicha legislación como equivalente a un período de empleo y, por otro lado, el interesado estuvo asegurado en el sentido del artículo 1, letra a), del mismo Reglamento durante su servicio militar.
               El requisito de que «el interesado haya cubierto en último lugar […] períodos de seguro […] con arreglo a lo dispuesto en la legislación a cuyo amparo sean solicitadas las prestaciones» en el sentido del artículo 67, apartado 3, del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada, sólo se opone a la obligación de totalizar los períodos de empleo en el caso en que se haya cubierto un período de seguro en otro Estado miembro después del último período de seguro cubierto bajo la legislación a cuyo amparo sean solicitadas las prestaciones.

               3)

               En circunstancias como las del asunto principal, el artículo 3 del Reglamento no 1408/71, actualizado mediante el Reglamento no 2001/83, en su versión modificada por el Reglamento no 2195/91, no se opone a que una institución competente, a efectos del examen del derecho a las prestaciones por desempleo, no compute, en el cálculo de los períodos de seguro cubiertos, un período de servicio militar obligatorio realizado en otro Estado miembro.

      (1)  DO C 7, de 11.1.2003.


title: Asunto C-132/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Consiglio di Stato, actuando con carácter jurisdiccional (Sala Cuarta), de fecha 28 de enero de 2003, en el asunto entre el Ministero della Salute y Codacons y Federconsumatori, con intenvención de Lega delle Cooperativa

text:
C 135/12                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             7.6.2003
       autoridades españolas a la Comisión, se desprende que en             Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
       varios municipios situados en el área del Baix Ter se han            lución del Tribunale Ordinario di Torino —Sezione del
       infringido reiteradas veces los parámetros máximos de                Giudice per le Indagini Preliminari—, de fecha
       nitratos fijados por la Directiva 80/778/CEE, con concen-            25 de febrero de 2003, en el proceso penal contra
       traciones, en algunos casos, extremadamente elevadas.                              Alessandro Nizza y Giacomo Pizzi
( 1) del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos DO                               (Asunto C-133/03)
     L 194 de 25.7.1975, p. 39 EEE: Capítulo 15, Tomo 1, p. 129.
( 2) del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la                                  (2003/C 135/17)
     Directiva 75/442/CEE DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
( 3) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
     las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
     sobre el medio ambiente DO L 175 de 5.7.1985, p. 40 EEE:               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     Capítulo 15, Tomo 6, p. 9.                                             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
( 4) del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la          resolución del Tribunale Ordinario di Torino —Sezione del
     Directiva 85/337/CEE DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.                       Giudice per le Indagini Preliminari—, dictada el 25 de febrero
( 5) del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección      de 2003, en el proceso penal contra Alessandro Nizza y
     de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por          Giacomo Pizzi, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
     determinadas sustancias peligrosas DO L 20 de 26.1.1980, p. 43
                                                                            Justicia el 25 de marzo de 2003. El Tribunale Ordinario di
     EEE: Capítulo 15, Tomo 2, p. 162.
( 6) del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las
                                                                            Torino —Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari—
     aguas destinadas al consumo humano DO L 229 de 30.8.1980,              solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
     p. 11 EEE: Capítulo 15, Tomo 2, p. 174.                                siguientes cuestiones:
                                                                            1)    El artículo 6 de la Directiva 68/151/CEE (1), ¿puede
                                                                                interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados
                                                                                miembros a establecer sanciones apropiadas no sólo en
                                                                                caso de falta de publicidad del balance y de la cuenta de
                                                                                pérdidas y ganancias de las sociedades mercantiles, sino
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                         también en caso de publicación no fiel del mismo, de las
lución del Consiglio di Stato, actuando con carácter                              otras comunicaciones sociales dirigidas a los socios o al
jurisdiccional (Sala Cuarta), de fecha 28 de enero de 2003,                       público, o de cualquier información sobre la situación
en el asunto entre el Ministero della Salute y Codacons                           económica, patrimonial o financiera que la sociedad tenga
y Federconsumatori, con intenvención de Lega delle                                la obligación de proporcionar sobre la propia sociedad o
                            Cooperativa                                           sobre el grupo al que ésta pertenezca?
                         (Asunto C-132/03)                                  2)    En relación con la obligación de los Estados miembros
                                                                                de adoptar «sanciones apropiadas» por las infracciones
                          (2003/C 135/16)                                         previstas en las Directivas Primera y Cuarta (Directivas
                                                                                68/151/CEE y 78/660/CEE ( 2), las propias Directivas y,
                                                                                en particular, lo dispuesto en los artículos 44 CE,
                                                                                apartado 3, letra g), en los artículos 2, apartado 1, letra f),
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                       y 6 de la citada Primera Directiva (68/151/CEE) y en el
                                                                                artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de la citada Cuarta Directiva
resolución del Consiglio di Stato, actuando con carácter
                                                                                (78/660/CEE, tal como fue completada por las Directivas
jurisdiccional (Sala Cuarta), dictada el 28 de enero de 2003, en
el asunto entre el Ministero della Salute y Codacons y                            83/349/CEE (3) y 90/605/CEE ( 4), ¿deben interpretarse (o
                                                                                no) en el sentido de que tales normas se oponen a
Federconsumatori, con intervención de Lega delle Cooperativa,
y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de                     una legislación de un Estado miembro que excluye la
marzo de 2003. El Consiglio di Stato, actuando con carácter                       punibilidad del incumplimiento de las obligaciones de
                                                                                publicidad y de información fiel de la sociedad, que prevé
jurisdiccional (Sala Cuarta), solicita al Tribunal de Justicia que
se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                         un sistema de sanciones que no responde de manera
                                                                                concreta a los criterios de efectividad, proporcionalidad y
                                                                                carácter disuasorio de las sanciones establecidas para
¿Debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2,                        garantizar dicha protección?
letra b), del Reglamento (CE) no 1139/98 (1), en su versión
modificada por el artículo 1 del Reglamento (CE) no 49/                     3)    Las citadas Directivas y, en particular, lo dispuesto en el
2000 (2), también a los alimentos para lactantes y para niños                     artículo 44 CE, apartado 2, letra g), en los artículos 2,
de hasta tres años, y debe indicarse, en el etiquetado de                         apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
tales productos, la contaminación accidental por materiales                       CEE, antes citada) y en el artículo 2, apartados 2, 3 y
procedentes de organismos modificados genéticamente en una                        4, de la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue
proporción no superior al 1 %?                                                    completada por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/
                                                                                CEE), antes citada, ¿deben interpretarse (o no) en el
( 1) DO L 159 de 3.6.1998, p. 4.                                                  sentido de que (tales normas) se oponen a una legislación
( 2) DO L 6 de 11.1.2000, p. 13.                                                  de un Estado miembro que, en relación con los incumpli-
                                                                                mientos de las obligaciones de publicidad y de informa-
                                                                                ción fiel que recaen sobre las sociedades, establecidas para


title: Asunto T-168/13: Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2013 — EPAW/Comisión

text:
               20.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 207/36

         Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2013 — EPAW/Comisión
   (Asunto T-168/13)
   2013/C 207/59
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: European Platform Against Windfarms (EPAW) (Kingscourt, República de Irlanda) (representante: C. Kiss, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones denominada «Renewable Energy: a major player in the European energy market» (Energías renovables: un factor de primer orden en el mercado Europeo de la energía) COM(2012) 271.

               —

               Anule la respuesta de la Comisión Europea no AG/ss ener.c.l(2012)1664829, fechada el 21 de enero de 2013, a la solicitud de revisión interna formulada por EPAW ante la DG Energía.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la Comunicación de la Comisión COM(2012) 271 es ilegal.

                           —

                           La Comunicación de la Comisión COM(2012) 271 no previó la participación pública en la Estrategia de Energías Renovables, de conformidad con el Convenio de Aarhus.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la Comunicación de la Comisión COM(2012) 271 es ilegal.

                           —

                           La Comunicación de la Comisión COM(2012) 271 no respeta lo dispuesto en el Convenio de Aarhus [Reglamento (CE) no 1367/2006].

               3)

               Tercer motivo, basado en que el escrito de la Comisión no AG/ss ener.c.l(2012) 1664829 es ilegal.

                           —

                           El escrito de la Comisión declara, de manera ilegal, que, para que un acto administrativo sea revisable a raíz de una solicitud de revisión interna, de acuerdo con el Reglamento 1367/2006, debe tratarse de un acto de alcance individual y adoptado por una institución de la UE con efectos legalmente vinculantes.


title: Asunto F-127/15: Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2015 — ZZ/Comisión

text:
               14.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 414/43

         Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2015 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-127/15)
   (2015/C 414/54)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: C.W. Godfrey, C. Antoine y M. Gomes Lopes, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   La anulación de la Decisión de la Comisión por la que se impone como sanción disciplinaria la retención de 185 euros de la pensión del demandante durante doce meses, a partir de la fecha de inicio de su jubilación, como consecuencia del ejercicio de una actividad externa sin estar autorizado para ello.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión Europea de 16 de diciembre de 2014, con las consecuencias legales y jurídicas que procedan.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento.


title: Asunto T-563/13: Sentencia del Tribunal General de 10 de diciembre de 2015 — Bélgica/Comisión («FEAGA — Gastos excluidos de la financiación — Gastos efectuados por Bélgica — Frutas y hortalizas — Obligación de motivación — Requisitos para el reconocimiento de una organización de productores — Externalización por una organización de productores de actividades esenciales — Importe que debe excluirse — Proporcionalidad»)

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/47

         Sentencia del Tribunal General de 10 de diciembre de 2015 — Bélgica/Comisión
   (Asunto T-563/13) (1)

   ((«FEAGA - Gastos excluidos de la financiación - Gastos efectuados por Bélgica - Frutas y hortalizas - Obligación de motivación - Requisitos para el reconocimiento de una organización de productores - Externalización por una organización de productores de actividades esenciales - Importe que debe excluirse - Proporcionalidad»))
   (2016/C 038/61)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Reino de Bélgica (representantes: J.-C. Halleux y M. Jacobs, agentes, asistidos por F. Tuytschaever y M. Varga, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: H. Kranenborg y P. Rossi, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión de Ejecución 2013/433/UE de la Comisión, de 13 de agosto de 2013, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 219, p. 49), en la medida en que se refiere a los gastos efectuados por el Reino de Bélgica o, en todo caso, limita el importe que debe excluirse de la financiación.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 367, de 14.12.2013.


title: Asunto T-233/13: Auto del Tribunal General de 7 de julio de 2014 — Paul Hartmann/Comisión ( «Recurso de anulación — Medio ambiente — Directiva 94/62/CE — Envases y residuos de envases — Directiva 2013/2/UE — Rollos, tubos y cilindros alrededor de los cuales se enrolla un material flexible — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad» )

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/54

         Auto del Tribunal General de 7 de julio de 2014 — Paul Hartmann/Comisión
   (Asunto T-233/13) (1)

   ((«Recurso de anulación - Medio ambiente - Directiva 94/62/CE - Envases y residuos de envases - Directiva 2013/2/UE - Rollos, tubos y cilindros alrededor de los cuales se enrolla un material flexible - Inexistencia de afectación directa - Inadmisibilidad»))
   2014/C 315/91
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Paul Hartmann SA (Châtenois, Francia) (representantes: J.-M. Leprêtre y N. Chahid-Nouraï, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Alcover San Pedro y J.-F. Brakeland, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación parcial de la Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases (DO L 37, p. 10), en la medida en que la Comisión incluye los rollos, tubos y cilindros alrededor de los cuales se enrolla un material flexible, excepto los rollos, tubos y cilindros destinados a formar parte de maquinaria de producción y que no se utilicen para presentar un producto como unidad de venta, en la lista de ejemplos de productos que ilustran la aplicación de los criterios que precisan el concepto de «envase».

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Paul Hartmann SA cargará tanto con sus propias costas como con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 171, de 15.6.2013.


title: Asunto F-72/13: Recurso interpuesto el 15 de julio de 2013 — ZZ y otros/FEI

text:
               21.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/32

         Recurso interpuesto el 15 de julio de 2013 — ZZ y otros/FEI
   (Asunto F-72/13)
   2013/C 274/54
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: ZZ y otros (representante: L. Levi, abogado)

      Demandada: Fondo Europeo de Inversiones (FEI)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las decisiones, contenidas en las nóminas, de aplicar a los demandantes la decisión del Consejo de Administración por la que se fija un incremento salarial limitado al 2,3 %, la decisión del director general del FEI por la que se establece una nueva tabla de méritos que implica, según los demandantes, una pérdida salarial de entre el 1 % y el 2 %, y la decisión del Comité de Dirección del BEI por la que se establece una tabla de méritos que implica, según los demandantes, una pérdida salarial de entre el 1 % y el 2 %, así como, por otro lado, la pretensión subsiguiente de que se condene al FEI al pago de la diferencia retributiva y de una indemnización por daños y perjuicios.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anulen las decisiones de aplicar a los demandantes la decisión del Consejo de Administración del FEI de 4 de febrero de 2013 por la que se fija un incremento salarial limitado al 2,3 %, la decisión del director general del FEI por la que se establece una nueva tabla de méritos que implica, según los demandantes, una pérdida salarial de entre el 1 % y el 2 %, decisiones que se derivan de la decisión del Consejo de Administración del BEI de 18 de diciembre de 2012, por la que se fija un incremento salarial limitado al 2,3 % y de la decisión del Comité de Dirección del BEI de 29 de enero de 2013, por la que se establece una tabla de méritos que implica, según los demandantes, una pérdida salarial de entre el 1 % y el 2 % (las decisiones del FEI mencionadas anteriormente que fueron puestas de manifiesto por las nóminas de abril de 2013), así como que se anulen, en la misma medida, todas las decisiones del FEI contenidas en las nóminas posteriores.

               —

               Que se condene a la parte demandada al pago de la diferencia retributiva resultante de las citadas decisiones del Consejo de Administración del FEI y del director general del FEI de 4 de febrero de 2013, del Consejo de Administración del BEI de 18 de diciembre de 2012 y del Comité de Dirección del BEI de 29 de enero de 2013, en relación con la aplicación de la tabla de méritos «4-3-2-1-0» y de la tabla «joven»«5-4-3-1-0», o, con carácter subsidiario, con respecto a los demandantes que hayan obtenido la nota A, en relación con la aplicación de la tabla de méritos 3-2-1-0-0 y, con respecto a los demandantes a los que se aplique la tabla «joven», en relación con una tabla joven «4-3-2-0-0»; a dicha diferencia retributiva deberán añadirse intereses de demora a partir del 15 de abril de 2013, y a continuación, el día 15 de cada mes y hasta la liquidación íntegra, estos intereses deberán fijarse al tipo del BCE incrementado en tres puntos.

               —

               Que se condene a la parte demandada al pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios por el daño sufrido a causa de la pérdida de poder adquisitivo, daño evaluado ex aequo et bono y con carácter provisional en el 1,5 % de la retribución mensual de cada demandante.

               —

               Que se inste a la parte demandada a presentar, en caso de que no lo haga espontáneamente, y en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, los siguientes documentos:

                           —

                           la decisión del Consejo de Administración del FEI relativa a la equiparación del régimen de empleo de los agentes del FEI de 24 de septiembre de 2001;

                           —

                           la decisión del FEI por la que se configura el «procedimiento apropiado» previsto en la decisión del Consejo de Administración del FEI relativa a la equiparación del régimen de empleo de los agentes del FEI de 24 de septiembre de 2001;

                           —

                           la decisión del Consejo de Administración del FEI, en principio de 4 de febrero de 2013, por la que se establece el presupuesto de personal para el año 2013;

                           —

                           la decisión del director general del FEI por la que se establece la nueva tabla de méritos para el año 2013;

                           —

                           el acta de la reunión del Consejo de Administración del BEI de 18 de diciembre de 2012;

                           —

                           el acta de la reunión del Comité de Dirección del BEI de 29 de enero de 2013;

                           —

                           la nota de la dirección del personal del BEI «personnel/ASP/2013-5» de 29 de enero de 2013;

                           —

                           el documento Corporate Operational Plans 2013-2015 del BEI y del FEI.

               —

               Que se condene en costas al FEI.


title: Asunto C-612/13 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2013 por ClientEarth contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de septiembre de 2013 en el asunto T-111/11, ClientEarth/Comisión

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/5

      Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2013 por ClientEarth contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de septiembre de 2013 en el asunto T-111/11, ClientEarth/Comisión
      (Asunto C-612/13 P)
      (2014/C 71/08)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Recurrente: ClientEarth (representante: P. Kirch, abogado)

         Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

         Pretensiones de la parte recurrente

      La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

                  —

                  Anule la sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2013 en el asunto T-111/11.

                  —

                  Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones

      En apoyo de su recurso, la parte recurrente alega tres motivos de casación:

                  1)

                  Primer motivo de casación, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al aplicar una interpretación errónea de los términos «investigación» y «suponga un perjuicio para la protección de […] el objetivo de las actividades de […] investigación», tal como se establece en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento no 1049/2001. (1)

                  El Tribunal General incurrió en un error de Derecho cuando afirmó, categóricamente, que «los estudios controvertidos se inscriben en el marco de una actividad de investigación de la Comisión en el sentido del artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento no 1049/2001».
                  Como parte primera de este motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General malinterpretó el término «investigación».
                  Como parte segunda, sostiene que, aun considerando que se llevó a cabo una investigación, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al malinterpretar la expresión «suponga un perjuicio». El Tribunal General vinculó el concepto de divulgación con el concepto de suponer un perjuicio, sin demostrar, en concreto, de qué modo la divulgación habría supuesto un perjuicio del «objetivo» de las actividades de investigación.

                  2)

                  Segundo motivo de casación, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al infringir el artículo 4, apartados 1, 2 y 4 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998 y aprobado mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005. (2)

                  Este motivo de casación consta de cinco argumentos. En primer término, la recurrente sostiene que el Tribunal General se equivocó al aplicar de manera restrictiva la obligación de interpretar el artículo 4, apartado 4, letra c), del Convenio de Aarhus. En segundo término, alega que el Tribunal General se equivocó en su aplicación de la medida en cuestión a la luz del Convenio de Aarhus. En tercer término, añade que el Tribunal General se equivocó en su obligación de interpretar el Convenio de Aarhus de acuerdo con el Derecho consuetudinario internacional. En cuarto término, la recurrente considera que el Tribunal General se equivocó al negar la aplicabilidad directa de los artículos 4 y 4, apartado 4, letra c), del Convenio de Aarhus. Por último, añade que el Tribunal General se equivocó en su aplicación del Derecho al aceptar una excepción a la aplicación del Convenio de Aarhus basada en las «especificidades» del Derecho de la Unión Europea.

                  3)

                  Tercer motivo de casación, basado en que el Tribunal General vulneró el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006 (3) y el artículo 4, apartados 2, in fine, y 3, del Reglamento no 1049/2001.
                  A juicio de la recurrente, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al motivar su negativa a reconocer la existencia de intereses públicos superiores en la divulgación únicamente en el análisis de las alegaciones formuladas por la parte recurrente. Esta postura es contraria a lo dispuesto en el Reglamento no 1049/2001, así como a una jurisprudencia reiterada. De hecho, las alegaciones formuladas por un demandante a este respecto no pueden justificar en sí mismas por qué se niega la existencia de un interés público superior dado que jurídicamente no se impone al demandante la carga de probar circunstancias superiores. En la divulgación, la institución implicada debe ponderar los intereses en conflicto.

         (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

         (2)  Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 124, p. 1).

         (3)  Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13).


title: Asunto C-118/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 25 de febrero de 2016 — X Denmark A/S/Skatteministeriet

text:
               25.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 270/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 25 de febrero de 2016 — X Denmark A/S/Skatteministeriet
   (Asunto C-118/16)
   (2016/C 270/31)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: X Denmark A/S

      Demandada: Skatteministeriet

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE, (1) en relación con el artículo 1, apartado 4, de ésta, en el sentido de que una sociedad domiciliada en un Estado miembro a efectos del artículo 3 de la Directiva que, en circunstancias como las del caso de autos, recibe intereses de una filial establecida en otro Estado miembro es el «beneficiario efectivo» de esos intereses a efectos de la Directiva?

                           1.1.

                           ¿Debe interpretarse el concepto de «beneficiario efectivo» mencionado en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE, en relación con el artículo 1, apartado 4, de ésta, de acuerdo con el correspondiente concepto contemplado en el artículo 11 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE de 1977?

                           1.2.

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión planteada en el punto 1.1, ¿dicho concepto debe entonces interpretarse exclusivamente a la luz de los comentarios al artículo 11 del Modelo de Convenio Tributario de 1977 (párrafo 8) o pueden incorporarse a la interpretación comentarios posteriores, incluyendo los añadidos realizados en 2003 respecto a las «sociedades instrumentales» (párrafo 8.1, actualmente párrafo 10.1), y los añadidos de 2014 en cuanto a las «obligaciones contractuales o legales» (párrafo 10.2)?

                           1.3.

                           Si pueden incorporarse a la interpretación los comentarios de 2003, ¿es un requisito para considerar que una sociedad no es un «beneficiario efectivo» en el sentido de la Directiva 2003/49/CE que se haya producido una transferencia real de fondos a las personas que el Estado en el que está domiciliado el pagador de intereses considera «beneficiarios efectivos» de los intereses en cuestión y —en tal caso— es un requisito adicional que la transferencia real se produzca en un momento cercano en el tiempo al pago de los intereses y/o se produzca como pago de intereses?

                                       1.3.1.

                                       ¿Qué importancia tiene, a este respecto, que se use para el préstamo capital propio; que los intereses en cuestión se acumulen al principal («intereses capitalizados»); que el receptor de los intereses haya realizado posteriormente una transferencia interna a su sociedad matriz domiciliada en el mismo Estado con objeto de ajustar los ingresos a efectos fiscales con arreglo a las normas vigentes en dicho Estado; que los intereses se conviertan seguidamente en capital en la sociedad prestataria; que el receptor de los intereses tuviera una obligación legal o contractual de transmitir los intereses a otra persona; y que la mayoría de las personas que el Estado en el que está domiciliada la persona que paga los intereses considera «beneficiarios efectivos» de los intereses estén domiciliados en otros Estados miembros u otros Estados con los que Dinamarca ha concluido convenios de doble imposición, de modo que, con arreglo a la normativa tributaria danesa, no habría sido procedente efectuar retenciones del impuesto en origen si tales personas hubieran sido prestamistas y recibido intereses directamente?

                           1.4.

                           ¿Qué importancia tiene, para determinar si el receptor de los intereses debe considerarse un «beneficiario efectivo» a efectos de la Directiva, que el órgano jurisdiccional remitente, tras apreciar los hechos del caso de autos, llegue a la conclusión de que el receptor —sin tener la obligación contractual o legal de transmitir los intereses recibidos a otra persona— no tenía el «pleno» derecho de «uso y disfrute» de los intereses a que se refieren los comentarios de 2014 al Modelo de Convenio Tributario de 1977?

               2)

               ¿Para que un Estado miembro pueda invocar el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, relativo a la aplicación de disposiciones nacionales destinadas a impedir el fraude fiscal y los abusos, o el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, es necesario que el Estado miembro de que se trate haya adoptado una disposición nacional específica que aplique el artículo 5 de la Directiva, o que la legislación nacional contenga disposiciones o principios generales sobre el fraude fiscal, los abusos y la evasión fiscal que puedan interpretarse de conformidad con el artículo 5?

                           2.1.

                           Si la cuestión 2 se responde afirmativamente, ¿puede entonces considerarse que el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Ley del impuesto sobre sociedades, que establece que la sujeción a impuesto por obligación real respecto a los ingresos por intereses no incluye «los intereses exentos […] con arreglo a la Directiva 2003/49/CE, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros», constituye una disposición nacional específica a efectos del artículo 5 de la Directiva?

               3)

               ¿Una disposición de un convenio de doble imposición concluido entre dos Estados miembros y redactado conforme al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en virtud de la cual la sujeción a impuesto de los intereses depende de que el receptor de los intereses sea considerado el beneficiario efectivo de éstos, constituye una disposición contractual contra los abusos a efectos del artículo 5 de la Directiva?

               4)

               ¿Existe abuso, etc., con arreglo a la Directiva 2003/49/CE, si, en el Estado miembro en el que está domiciliado el pagador de intereses, se permiten las deducciones fiscales para los intereses, mientras que, en el Estado miembro en el que el receptor de los intereses, éstos están exentos?

               5)

               ¿Puede acogerse a las disposiciones de la Directiva 2003/49/CE una sociedad domiciliada en Luxemburgo, constituida y registrada conforme al Derecho societario luxemburgués como una «société en commandite par actions» [sociedad comanditaria por acciones] (S.C.A.) y clasificada también como una «société d’investissement en capital à risque» [sociedad de inversión en capital riesgo] (SICAR) conforme a la Ley luxemburguesa de 15 de junio de 2004 sobre sociedades de inversión en capital riesgo (SICAR)?

                           5.1

                           Si la respuesta a la cuestión 5 es afirmativa, ¿puede una «S.C.A./SICAR» luxemburguesa ser el «beneficiario efectivo» de los intereses con arreglo a la Directiva 2003/49/CE, aunque el Estado miembro en el que está domiciliada la sociedad pagadora de intereses considere que la sociedad de que se trata es transparente a efectos fiscales conforme a su legislación nacional?

                           5.2

                           Si la respuesta a la cuestión 1 es negativa, de modo que no se considera que la sociedad receptora de los intereses sea el «beneficiario efectivo de éstos», ¿puede la S.C.A./SICAR ser considerada el «beneficiario efectivo» de los intereses de que se trata a efectos de la Directiva, en circunstancias como las del caso de autos?

               6)

               Si un Estado miembro no desea reconocer que una sociedad de otro Estado miembro es el beneficiario efectivo de unos intereses y sostiene que dicha sociedad es lo que se denomina una sociedad instrumental artificial, ¿está en tal caso obligado con arreglo a la Directiva 2003/49/CE o al artículo 10 CE a manifestar quién considera dicho Estado miembro que es el beneficiario efectivo?

               7)

               Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 2003/49/CE en cuanto a los intereses recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz está sujeta a impuesto por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos intereses, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, a una legislación en virtud de la cual el último Estado miembro exige a la sociedad responsable de la retención en origen (la filial) abonar intereses moratorios sobre la deuda tributaria en caso de impago de la retención en origen, a un tipo de interés más elevado que el aplicado por este mismo Estado miembro a los impagos de la deuda tributaria en materia de impuesto de sociedades (incluyendo los ingresos por intereses) contra una sociedad domiciliada en dicho Estado miembro?

               8)

               Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 2003/49/CE en cuanto a los intereses recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz es un sujeto pasivo por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos intereses, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, (o, alternativamente, en relación con el artículo 56 CE), por separado o conjuntamente, a una legislación en virtud de la cual,

                           a)

                           el último Estado miembro exige a la persona que paga los intereses practicar una retención en origen sobre tales intereses y hace a dicha persona responsable ante las autoridades de las retenciones en origen no practicadas, pero no existe tal obligación de practicar una retención en origen cuando el receptor de los intereses está domiciliado en este último Estado miembro;

                           b)

                           una sociedad matriz establecida en el último Estado miembro no habría estado obligada a efectuar pagos a cuenta del impuesto de sociedades en los dos primeros ejercicios fiscales, sino que habría empezado a pagar el impuesto de sociedades en una fecha muy posterior a la fecha para el pago de las retenciones en origen?

                     Se solicita que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluya la respuesta a la cuestión 7 en su respuesta a la cuestión 8.

      (1)  Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (DO 2003, L 157, p. 49).


title: Recurso interpuesto el 6 de noviembre de 1998 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-398/98)

text:
C 397/26               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   19.12.98
     5. ¿Puede, conforme al Derecho comuntiario, apli-               Ð Condene en costas al Reino de BeÂlgica.
         carse un sistema tal de forma equitativa a los pro-
         ductos del mercado nacional y a los productos
         importados?                                                 Motivos y principales alegaciones
b) ¿La depreciación del valor real de los vehículos de               Los motivos y principales alegaciones invocados son anaÂ-
     segunda mano, a la que se refiere la sentencia del Tri-         logos a los del asunto C-394/98.
     bunal de Justicia dictada en el asunto C-345/95
     (Nunes Tadeu) (1), implica obligatoriamente que deba
                                                                     (1) DO L 136 de 21.6.1995, p. 28.
     realizarse una valoración o tasación pericial de cada
     vehículo, o puede calcularse en teÂrminos generales y
     abstractos mediante un criterio legal?
c) Si la Comisión Europea desiste de un determinado
     recurso por incumplimiento contra un Estado miembro
     por entender que la nueva legislación nacional ha               Recurso interpuesto el 6 de noviembre de 1998 contra la
     pasado a ser conforme con el Derecho comunitario,               RepuÂblica HeleÂnica por la Comisión de las Comunidades
     ¿puede un Tribunal supremo nacional, basaÂndose en la                                      Europeas
     interpretación del Derecho comunitario y del Derecho                                 (Asunto C-398/98)
     nacional realizada por la Comisión, quedar dispensado
     de la obligación que le impone el artículo 177 del Tra-                                 (98/C 397/46)
     tado de solicitar al Tribunal de Justicia una decisión
     prejudicial, y resolver el asunto seguÂn la interpretación
     efectuada por la Comisión Europea?                              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                     ha presentado el 6 de noviembre de 1998 un recurso
(1) Sentencia de 9 de marzo de 1995, Nunes Tadeu (C-345/93,          contra la RepuÂblica HeleÂnica formulado por la Comisión
    Rec. p. I-479).                                                  de las Comunidades Europeas, representada por los Sres.
                                                                     Dimitris Triantafyllou, miembro del Servicio Jurídico de la
                                                                     Comisión, y Olivier Couvert-CasteÂra, funcionario en comi-
                                                                     sión de servicios en el Servicio Jurídico de la Comisión,
                                                                     que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
                                                                     del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio
                                                                     Jurídico de la Comisión, Centre Wagner C 254, Kirchberg,
Recurso interpuesto el 5 de noviembre de 1998 contra el              Luxemburgo.
Reino de BeÂlgica por la Comisión de las Comunidades
                           Europeas
                      (Asunto C-395/98)                              La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que
                                                                     declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las obli-
                         (98/C 397/45)                               gaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del
                                                                     Tratado CE, al establecer y mantener en vigor un reÂgimen
                                                                     de almacenamiento para los productos petrolíferos que
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se            supedita directamente la posibilidad de transferir esta obli-
ha presentado el 5 de noviembre de 1998 un recurso                   gación a las refinerías que funcionan en el país a la obliga-
contra el Reino de BeÂlgica formulado por la Comisión de             ción de proveerse de productos petrolíferos en dichas refi-
las Comunidades Europeas, representada por los Sres.                 nerías y a la prohibición de la posibilidad de que las gaso-
R. B. Wainwright, Consejero Jurídico principal, y O. Cou-            lineras se abastezcan de refinerías o de cualquier otro
vert-CasteÂra, funcionario nacional adscrito al Servicio Jurí-       Estado miembro.
dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la
Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                                      Motivos y principales alegaciones
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
                                                                     En opinión de la Comisión, el reÂgimen heleÂnico de mante-
bunal de Justicia que:
                                                                     nimiento de almacenamiento de reservas es contrario al
                                                                     artículo 30 del Tratado CE en la medida en que las obliga-
Ð Declare que BeÂlgica ha incumplido las obligaciones                ciones que se imponen a las empresas petrolíferas tienen la
     que le incumben en virtud de la Directiva 95/13/CE de           finalidad de conceder una ventaja a los productos de las
     la Comisión, de 23 de mayo de 1995, «por la que se              refinerías griegas, ya que en la praÂctica las empresas de
     establecen disposiciones de aplicación de la Directiva          distribución resultan obligadas a proveerse exclusivamente
     92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etique-             de las referidas refinerías. Los efectos negativos de este
     tado energeÂtico de las secadoras de ropa electrodomeÂs-        reÂgimen sobre la libre circulación de mercancías dentro de
     ticas de tambor» (1), al no adoptar las disposiciones           la Comunidad se potencian ademaÂs por el modelo de orga-
     legales, reglamentarias y administrativas necesarias            nización de la distribución de los productos petrolíferos en
     para atenerse a la citada Directiva o al no comunicar-          Grecia, que obliga a los titulares de las gasolineras a abas-
     las a la Comisión.                                              tecerse exclusivamente de las empresas de distribución.
 ---pagebreak--- 19.12.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 397/27
La demandante estima que este reÂgimen, seguÂn resulta de           Motivos y principales alegaciones
la normativa en vigor, puede restringir directa o indirecta-
mente, real o potencialmente, el comercio intracomunita-
rio de productos petrolíferos.                                      Conforme al paÂrrafo tercero del artículo 189 del
                                                                    Tratado CE, la Directiva obligaraÂ al Estado miembro des-
                                                                    tinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse.
Por otra parte, la Comisión alega que la RepuÂblica HeleÂ-          SeguÂn el paÂrrafo primero del artículo 5 del Tratado CE,
nica no puede invocar como justificación el artículo 36 del         los Estados miembros adoptaraÂn todas las medidas genera-
Tratado CE. Un Estado miembro sólo puede invocar el                 les o particulares apropiadas para asegurar el cumpli-
artículo 36 del Tratado para justificar una medida de               miento de las obligaciones derivadas del Tratado o resul-
efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la              tantes de los actos de las Instituciones de la Comunidad.
importación cuando el fin perseguido no pueda conse-                Las citadas disposiciones imponen a los Estados miembros
guirse mediante ninguna otra medida menos restrictiva               la obligación de establecer su normativa de acuerdo con
desde el punto de vista de la libertad de circulación de            las Directivas comunitarias dentro del plazo que eÂstas
mercancías. La Comisión estima que el objetivo de res-              imponen. Un Estado miembro no puede invocar disposi-
petar la obligación de reserva, que alegan perseguir las            ciones, praÂcticas o situaciones de su ordenamiento jurídico
autoridades heleÂnicas, puede alcanzarse con medidas                interno para justificar el incumplimiento de las obligacio-
menos restrictivas para la libre circulación de mercancías.         nes y plazos impuestos en las Directivas comunitarias. La
                                                                    RepuÂblica HeleÂnica no niega que no ha adoptado las
Por consiguiente, la Comisión estima que la normativa               medidas necesarias para ajustarse a la Directiva 94/47/CE.
heleÂnica discutida constituye una medida de efecto equiva-         El plazo previsto en el artículo 12 de la Directiva expiró el
lente a una restricción cuantitativa contraria al artículo 30       29 de abril de 1997, sin que la RepuÂblica HeleÂnica haya
del Tratado, que no puede ser justificada por ninguna de            adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
las razones a que hace referencia el artículo 36 del Tratado        nistrativas necesarias para atenerse a la citada Directiva ni
y, en particular, por el respeto de la obligación de reserva.       las haya comunicado a la Comisión.
                                                                    (1) DO L 280 de 29.10.1994, p. 83.
Recurso interpuesto el 10 de noviembre de 1998 contra la
RepuÂblica HeleÂnica por la Comisión de las Comunidades
                           Europeas                                                Archivo del asunto C-199/97 (1)
                      (Asunto C-401/98)                                                      (98/C 397/48)
                         (98/C 397/47)
                                                                    Mediante auto de 7 de octubre de 1998, el Presidente del
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
ha presentado el 10 de noviembre de 1998 un recurso                 dido archivar el asunto C-199/97 (petición de decisión pre-
contra la RepuÂblica HeleÂnica formulado por la Comisión            judicial de la Royal Court of Jersey): Emidio Marco Rios
de las Comunidades Europeas, representada por la Sra.               contra His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey.
Maria Kontou-Durande, miembro del Servicio Jurídico, en
calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxem-             (1) DO C 212 de 12.7.1997.
burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre
Wagner, Kirchberg.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al
Tribunal de Justicia que:
                                                                                Archivo del asunto C-80/98 (1)
Ð Declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las
                                                                                (98/C 397/49)
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
     94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
     26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los
     adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de          Mediante auto de 7 de octubre de 1998, el Presidente del
     los contratos de adquisición de un derecho de utiliza-         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
     ción de inmuebles en reÂgimen de tiempo compar-                dido archivar el asunto C-80/98 (petición de decisión pre-
     tido (1), al no haber adoptado o, en cualquier caso, al        judicial del Sù- og Handelsretten): 3Com Corporation
     no haber comunicado a la Comisión las disposiciones            contra Bluecom Danmark A/S y KISS Nordic A/S.
     legales, reglamentarias y administrativas necesarias
     para atenerse a lo dispuesto en la citada Directiva.           (1) DO C 166 de 30.5.1998.
Ð Condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.


title: Asunto T-151/15: Auto del Tribunal General de 15 de marzo de 2017 — EFB/Comisión

text:
               8.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/61

         Auto del Tribunal General de 15 de marzo de 2017 — EFB/Comisión
   (Asunto T-151/15) (1)

   (2017/C 144/89)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 190 de 8.6.2015.


title: Archivo del asunto C-188/98

text:
C 397/28               ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    19.12.98
                Archivo del asunto C-34/97 (1)                                   Archivo del asunto C-188/98 (1)
                         (98/C 397/50)                                                     (98/C 397/52)
Mediante auto de 13 de octubre de 1998, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-         Mediante auto de 20 de octubre de 1998, el Presidente del
dido archivar el asunto C-34/97 (petición de decisión pre-        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
judicial del Kammergericht Berlin): 1. RWE Energie                dido archivar el asunto C-188/98: Comisión de las Comu-
Aktiengesellschaft y 2. Stadt Nordhorn contra Bundeskar-          nidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo.
tellamt.
                                                                  (1) DO C 234 de 25.7.1998.
(1) DO C 94 de 22.3.1997.
               Archivo del asunto C-187/97 (1)
                         (98/C 397/51)                                            Archivo del asunto C-47/98 (1)
                                                                                (98/C 397/53)
Mediante auto de 13 de octubre de 1998, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
dido archivar el asunto C-187/97 (petición de decisión pre-       Mediante auto de 23 de octubre de 1998, el Presidente del
judicial del Bundesgerichtshof): WINGAS GmbH (antes:              Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
Wintershall Gas GmbH) contra Stadt Detmold.                       dido archivar el asunto C-47/98: Comisión de las Comuni-
                                                                  dades Europeas contra Reino de BeÂlgica.
(1) DO C 212 de 12.7.1997.
                                                                  (1) DO C 113 de 11.4.1998.
                                              TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                             el procedimiento de licitación para la realización de un
                 DE PRIMERA INSTANCIA                             estudio de viabilidad sobre la modernización de un nudo
                                                                  ferroviario en Varsovia en la línea E-20, así como de una
                   de 29 de octubre de 1998
                                                                  licitación restringida de 4 de diciembre de 1995, que tenía
en el asunto T-13/96, TEAM Srl contra Comisión de las             por objeto un estudio de viabilidad sobre la modernización
                   Comunidades Europeas (1)                       del nudo ferroviario de Varsovia en la línea E-20 TEN, el
                                                                  Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
(Programa PHARE Ð Decisión de anular una licitación y             Europeas (Sala Cuarta), integrado por la Sra. P. Lindh,
convocatoria de una nueva licitación Ð Recurso de indem-          Presidente, y los Sres. K. Lenaerts y J. D. Cooke, Jueces;
nización Ð Admisibilidad Ð Perjuicio sufrido por un lici-         Secretario: Sr. M. Johansson, Letrado, ha dictado el 29 de
tador consistente en un danÄo emergente, un lucro cesante         octubre de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
             y un menoscabo de su reputación)
                         (98/C 397/54)
                                                                  1) Se desestima el recurso.
            (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                  2) La demandante cargaraÂ con la totalidad de las costas
                                                                       relacionadas con las pretensiones de indemnización.
En el asunto T-13/96, TEAM Srl, con domicilio social en
Roma, representada por los Sres. Antonio Tizzano, Gian
Michele Roberti y Francesco Sciaudone, Abogados de                3) Cada parte cargaraÂ con las costas en que hubiera incu-
NaÂpoles, 36, place du Grand Sablon, Bruselas, contra                  rrido en lo relativo a las pretensiones de anulación.
Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sra.
Marie-JoseÂ Jonczy y Sr. Lucio Gussetti), que tiene por
objeto, en la uÂltima fase del procedimiento, una pretensión      (1) DO C 108 de 13.4.1996.
de indemnización del perjuicio sufrido por la demandante
a raíz de la decisión de la Comisión contenida en un
escrito de 16 de noviembre de 1995, por la que se anulaba


title: Asunto T-195/13: Recurso interpuesto el 3 de abril de 2013 — dm-drogerie markt/OAMI — V-Contact (CAMEA)

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/31

         Recurso interpuesto el 3 de abril de 2013 — dm-drogerie markt/OAMI — V-Contact (CAMEA)
   (Asunto T-195/13)
   2013/C 171/58
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Alemania) (representante: B. Beinert y O. Bludovsky, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: V-Contact Kft (Szada, Hungría)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 17 de enero de 2013 (recurso correspondiente al procedimiento de oposición no R 452/2012-1) y, mediante la oportuna rectificación, cancele la marca de la solicitante.

               —

               Con carácter subsidiario, anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 17 de enero de 2013 (recurso correspondiente al procedimiento de oposición no R 452/2012-1) y devuelva el asunto a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

               —

               Con carácter subsidiario, anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 17 de enero de 2013 (recurso correspondiente al procedimiento de oposición no R 452/2012-1).

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «CAMEA», para, entre otros, productos de las clases 3, 5 y 16 — Registro de marca comunitaria no 9.279.928

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado: Registro internacional que designa, entre otros, a la Unión Europea para productos de las clases 3, 5 y 8

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009.


title: Asunto T-159/99: Recurso interpuesto el 7 de julio de 1999 por Bjarne Christiansen contra el Tribunal de Cuentas

text:
2.10.1999               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 281/19
Motivos y principales alegaciones                                       — Declare que la demandante se halla afectada por una
                                                                             invalidez permanente total, que le impide ejercer las
La demandante entró al servicio de la Secretarı́a General del               funciones correspondientes a un empleo de su carrera, con
Consejo como funcionario C5 el 1 de noviembre de 1995. En                    efecto a partir del 23 de septiembre de 1998, fecha de
el ejercicio de promoción de 1998, la lista de los funcionarios             solicitud de la declaración de invalidez, o cualquier otra
susceptibles de promoción y el número de empleos a proveer                 fecha que determine el Tribunal de Primera Instancia;
mediante promoción fueron publicados el 5 de noviembre de              — Acuerde la solicitud de un dictamen médico, a fin de
1998 en la comunicación al personal no 140/98. Entre los                    determinar si la demandante se halla afectada por una
124 funcionarios del grado C5 que podı́an obtener une                        invalidez total;
promoción, la demandante ocupaba el puesto 43 por orden
de antigüedad del conjunto de los funcionarios C5 con la                — Se pronuncie sobre las costas como proceda en Derecho.
antigüedad estatutaria exigida. Al concluir los trabajos del
Comité consultativo de promoción para la catagorı́a C, se
remitı́o a la AFPN una lista de funcionarios propuestos para            Motivos y principales alegaciones
una promoción al grado C4 que comprendı́a 38 nombres y
que ésta decidió tramitar. El nombre de la demandante no               Mediante escrito de 23 de septiembre de 1998 la demandante
figuraba en la lista mencionada.                                        solicitó una pensión de invalidez. Tras la presentación de la
                                                                        solicitud mencionada, la administración del Tribunal de Cuen-
En apoyo de su demanda, la demandante alega la violación               tas se dirigió a la Comisión de invalidez, que llegó a la
                                                                        conclusión de que la demandante no sufrı́a una invalidez
— del artı́culo 25 del Estatuto y de la obligación de motiva-          permanente considerada total, que la impiediera ejercer sus
     ción,                                                             funciones. La AFPN tomó nota de dicho dictamen y desestimó
— del artı́culo 45 del Estatuto,                                        la solicitud de declaración de la invalidez.
— del procedimiento de promoción,                                      En apoyo de su demanda la demandante alega:
— del principio de igualdad de trato,                                   — que de su actual estado de salud se deduce que la licencia
— y un error manifiesto de apreciación.                                     por enfermedad propuesta por la Comisión de invalidez
                                                                             no ha conducido a una mejorı́a de su estado de salud;
                                                                        — que resulta de varios certificados médicos de diversos
                                                                             especialistas que le tratamiento en Mondorf no prodojo
                                                                             ningún resultado tangible, que no cabe esperar una mejorı́a
                                                                             significativa de la condición fı́sica de la demandante y que,
                                                                             además, a nivel osteoarticular y raquı́deo, la demandante
                                                                             precisa de forma absoluta que se le conceda la invalidez
Recurso interpuesto el 7 de julio de 1999 por Bjarne                         profesional;
          Christiansen contra el Tribunal de Cuentas
                                                                        — que procede reconsiderar el dictamen de la Comisión de
                        (Asunto T-159/99)                                    invalidez a la vista de un nuevo certificado médico, de
                                                                             10 de mayo de 1999, que constata que el tratamiento no
                                                                             ha mejorado la condición muscular de la demandante.
                         (1999/C 281/37)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 7 de julio de 1999 un recurso
contra el Tribunal de Cuentas formulado por la Sra. Bjarne              Recurso interpuesto el 8 de julio de 1999 por Gunnar
Christiansen, con domicilio en Nittel (Alemania), representada          Svantesson y otros contra el Consejo de la Unión Europea
por Me Alain Lorang, Abogado de Luxemburgo, que designa
como domicilio en Luxemburgo su despacho, 51, rue Al-                                           (Asunto T-160/99)
bert 1er.
                                                                                (1999/C 281/38)
Le parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
— Haga constar que tras el dictamen de la Comisión de
     invalidez de 30 de octubre de 1999 han aparecido nuevos
     elementos;                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 8 de julio de 1999 un recurso
— Estime el recurso interpuesto por la demandante contra la             contra el Consejo de la Unión Europea formulado por el
     Decisión del tribunal de Cuentas Europeo de 7 de abril de         Sr. Gunnar Svantesson y las Sras. Monica Hägg y Lena Hellsten,
     1999, por la que desestima la reclamación presentada              con domicilio en Bruselas, representados por Me Marc-Albert
     contra la decisión de la Autoridad Facultada para Proceder        Lucas, Abogado de Lieja (Bélgica), que designan como domici-
     a los Nombramientos del tribunal de Cuentas de 26 de               lio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de
     noviembre de 1998;                                                 Cessange.


               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/2

         Entrada en funciones de un nuevo miembro del Tribunal de Justicia
   (2008/C 51/02)
   Tras haber sido nombrado Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas mediante decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 2007 (1), el Sr. Jean-Jacques Kasel prestó juramento ante el Tribunal de Justicia el 14 de enero de 2008.

      (1)  DO L 325 de 11 de diciembre de 2007, p. 89.