title: Asunto T-470/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2008 — Dow Agrosciences y otros/Comisión

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/65

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2008 — Dow Agrosciences y otros/Comisión
   (Asunto T-470/07) (1)

   (2008/C 301/127)

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente de la Sala Octava ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 64 de 8.3.2008.


title: Asunto C-630/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de noviembre de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [ «Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Medicamentos para uso humano — Certificado complementario de protección — Reglamento (CE) n ° 469/2009 — Artículo 3 — Condiciones de obtención del certificado — Concepto de “producto protegido por una patente de base en vigor” — Criterios — Existencia de criterios adicionales o diferentes para un medicamento que contenga más de un principio activo o para una vacuna contra varias enfermedades ( “Multi-disease vaccine” o “vacuna polivalente” )» ]

text:
               10.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/10

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de noviembre de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
   (Asunto C-630/10) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Medicamentos para uso humano - Certificado complementario de protección - Reglamento (CE) no 469/2009 - Artículo 3 - Condiciones de obtención del certificado - Concepto de “producto protegido por una patente de base en vigor” - Criterios - Existencia de criterios adicionales o diferentes para un medicamento que contenga más de un principio activo o para una vacuna contra varias enfermedades (“Multi-disease vaccine” o “vacuna polivalente”))
   2012/C 73/16
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (Chancery Division)

      Partes en el proceso principal

      Demandante: University of Queensland, CSL Ltd

      Demandada: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretación del artículo 3, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152, p. 1) — Condiciones de obtención del certificado — Concepto de «producto protegido por una patente de base en vigor» — Criterios — ¿Existencia de criterios adicionales o diferentes para un medicamento que contenga más de un principio activo o para una vacuna contra varias enfermedades («Multi-disease vaccine»)?

      Fallo

               1)

               El artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los servicios competentes de propiedad industrial de un Estado miembro concedan un certificado complementario de protección referente a principios activos que no se mencionen en el texto de las reivindicaciones de la patente de base invocada en apoyo de la solicitud.

               2)

               El artículo 3, letra b), del Reglamento no 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que, siempre que se cumplan igualmente los restantes requisitos establecidos en dicho artículo, no se opone a que los servicios competentes de propiedad industrial de un Estado miembro concedan un certificado complementario de protección para un principio activo que figure en el texto de las reivindicaciones de la patente de base invocada cuando el medicamento cuya autorización de comercialización se presenta en apoyo de la solicitud de certificado complementario de protección incluya no sólo ese principio activo, sino también otros principios activos.

               3)

               En el caso de una patente de base que se refiera a un procedimiento de obtención de un producto, el artículo 3, letra a), del Reglamento no 469/2009 se opone a que se conceda un certificado complementario de protección para un producto diferente del que figure en el texto de las reivindicaciones de esa patente como el producto resultante del procedimiento de obtención. La cuestión de si dicho procedimiento permite obtener directamente el producto carece de relevancia a este respecto.

      (1)  DO C 89, de 19.3.2011.


title: Asunto T-10/03: Recurso interpuesto el 13 de enero de 2003 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior por Jean-Pierre Koubi

text:
C 55/40                ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                          8.3.2003
Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia                 —     Infracción de las normas que regulan el procedimiento en
que:                                                                             materia de ayudas de Estado, en la medida en que la
                                                                                Decisión se adoptó tras la expiración del plazo de dos
—     Declare ilegítima, conforme al artículo 230 CE, la Deci-                   meses a contar desde la fecha de recepción de la
      sión de la Comisión no 02/229/CE, de 13 de noviembre                       notificación correspondiente.
      de 2002, publicada en el DOCE de 20 de marzo de 2002,
      y, por tanto, la anule en su totalidad o en la parte que             —     Falta de evaluación de la ayuda, en el examen de
      estime conveniente.                                                        compatibilidad, a la luz del Reglamento (CE) no 1257/
                                                                                1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la
                                                                                ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
—     Subsidiariamente, condene a la Comisión a indemnizar a                     Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que
      los empresarios sardos por los daños sufridos, indemniza-                  se modifican y derogan determinados Reglamentos (1),
      ción que debe cuantificarse como mínimo en                                 así como de las Directrices comunitarias sobre ayudas
      1 300 000 euros (equivalente a la ayuda regional que han                   estatales al sector agrario (2000/C28/02) ( 2).
      dejado de percibir), además de los intereses y de la
      revalorización, que deben repartirse proporcionalmente               —     Falta de aplicación de las Directrices sobre las ayudas
      a los gastos soportados.                                                   de Estado de finalidad regional (3) y de la Disciplina
                                                                                comunitaria sobre ayudas de Estado a las PYME ( 4).
—     Condene en costas a la demandada.
                                                                           Por último, las demandantes alegan un defecto de motivación,
                                                                           así como la aplicación errónea al caso de la excepción del
                                                                           artículo 87 CE, apartado 3.
Motivos y principales alegaciones
                                                                           (1 ) DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.
Las demandantes, las dos mayores asociaciones profesionales                (2 ) DO C 28 de 1.2.2002, p. 2.
                                                                           (3 ) DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.
del sector agrícola, se oponen a la Decisión de la Comisión por            (4 ) DO C 213 de 19.8.1992, p. 2.
la que se consideró contrario al mercado común el régimen de
ayudas previsto en el artículo 21 de la Ley Regional de Cerdeña
no 21/2000, relativa al mantenimiento de los costes de
producción ligados a la utilización de combustibles distintos
del metano. La finalidad de este régimen es compensar el
elevado coste del combustible para la calefacción disponible
en Cerdeña (gasóleo). Según las demandantes, la Decisión
impugnada impidió que se restableciera una situación de                    Recurso interpuesto el 13 de enero de 2003 contra la
igualdad entre los operadores sardos del sector sericícola y los           Oficina de Armonización del Mercado Interior por Jean-
operadores nacionales y europeos, situación que habría hecho                                          Pierre Koubi
posible el juego de la libre competencia en el sector.
                                                                                (Asunto T-10/03)
En apoyo de sus pretensiones, las demandantes alegan:
                                                                                (2003/C 55/96)
—     La infracción del artículo 158 CE, así como de la
      Declaración no 30 sobre las regiones insulares, aneja al                              (Lengua de procedimiento: francés)
      Tratado de Amsterdam.
—     La infracción de los artículos 2 CE, 3 CE, 5 CE, 12 CE y             En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el
      34 CE y la falta de aplicación de los principios de igualdad         13 de enero de 2003 un recurso contra la Oficina de
      y de proporcionalidad. Se confirma a este respecto que la            Armonización del Mercado Interior formulado por Jean-Pierre
      Decisión impugnada ha desautorizado un régimen de                    Koubi, con domicilio en Marsella (Francia), representado por
      ayudas destinado no a falsear la competencia, sino a                 la Sra. Katia Manhaeve, avocat, que designa domicilio en
      eliminar una situación de grave discriminación existente             Luxemburgo. Fábricas Lucía Antonio Betere, S.A. (Flabesa) fue
      entre los sericicultores sardos y los sericicultores naciona-        asimismo parte en el procedimiento ante la OAMI.
      les y europeos.
—     La infracción del artículo 32 CE, en relación con lo                 El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      dispuesto en el artículo 37 CE. Se pone de manifiesto en
      este punto la incompetencia de la Comisión al emitir la              —     Anule la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la
      Decisión controvertida, ya que omitió las cautelas que                     Oficina, de 16 de octubre de 2002, en el asunto R 542/
      deben adoptarse en un sector como el agrícola, en el cual,                 2001-4.
      por principio, las normas sobre competencia se aplican
      en la medida determinada por el Consejo.                             —     Condene en costas a la Oficina.
 ---pagebreak--- 8.3.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 55/41
Motivos y principales alegaciones                                         Motivos y principales alegaciones
Solicitante de la marca        Jean-Pierre Koubi
comunitaria:                                                              La demandante es una gran empresa dedicada al comercio en
                                                                          Japón. Itochu Hellas, una filial local de Itochu Europe que sólo
Marca comunitaria soli-        Marca denominativa «conforflex»            indirectamente es filial de la demandante, celebró un acuerdo
citada:                        para determinados productos de             de distribución con Nintendo. La demandante indica que la
                               la clase 20 (camas) (n o 1171172)          distribución y venta de consolas de videojuegos nunca ha sido
                                                                          una de sus actividades principales y que la decisión de realizar
Marcas que se oponen           Marcas nacionales «flex» y «flex»          tales actividades correspondía a las filiales locales, que operan
en el procedimiento de         para determinados productos de             con gran independencia.
oposición:                     la clase 20 (entre otros, camas.
                               colchones, almohadas, ropa de
                               cama).                                     En apoyo de su recurso, la demandante alega que no puede ser
                                                                          considerada responsable en nombre de Itochu Hellas por una
Titular de las marcas que      Fábricas Lucía Antonio Betere,             supuesta infracción del artículo 81, apartado 1, del Tratado CE
se oponen:                     S.A.                                       y, por tanto, que no es la destinataria correcta de la Decisión
                                                                          impugnada. A juicio de la demandante, la Comisión debería
Resolución de la Divi-         Desestimación de la oposición              probar que una sociedad matriz ejerció una influencia decisiva
sión de Oposición:                                                        sobre su filial para poder considerar a aquella responsable por
                                                                          los actos de la filial.
Resolución de la Sala de       Anulación de la resolución de la
Recurso:                       División de Oposición y desesti-
                               mación de la solicitud de registro         La demandante afirma asimismo que la multa debería anularse
                               de la marca comunitaria                    o reducirse sustancialmente. Invoca una falta de razonamiento
                                                                          adecuado y una violación del principio de proporcionalidad y
Motivos invocados:             Vulneración del concepto de
                                                                          de igualdad de trato. La demandante sostiene que la Comisión
                               riesgo de confusión.
                                                                          la trató de la misma forma que a otras empresas sin permitirle
                                                                          valorar los datos sobre los que se basaba la Comisión.
                                                                          La demandante sostiene que la Comisión no tenía motivos
                                                                          para aumentar la multa con fines disuasorios dado que la
Recurso interpuesto el 16 de enero de 2003 contra                         destinataria de la Decisión debiera haber sido Itochu Hellas.
la Comisión de las Comunidades Europeas por Itochu                        Alega también que un aumento de la multa con fines
                            Corporation                                   disuasorios habida cuenta de su tamaño y recursos constituye
                                                                          una violación de los principios de proporcionalidad y de
                        (Asunto T-12/03)                                  igualdad de trato.
                          (2003/C 55/97)                                  La demandante invoca asimismo un error manifiesto de
                                                                          apreciación y una violación del principio de proporcionalidad
                 (Lengua de procedimiento: inglés)                        en la medida en que la multa se incrementó para tomar en
                                                                          consideración la duración de la infracción alegada. Afirma
                                                                          también que la Comisión debiera haber aplicado un menor
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    aumento porcentual debido a la duración ya que la participa-
Europeas se ha presentado el 16 de enero de 2003 un recurso               ción de Itochu Hellas fue únicamente pasiva.
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Itochu Corporation, con domicilio social en Tokio (Japón),
                                                                          La demandante pone también de manifiesto que la Comisión
representada por los Sres. Gerwin Van Gerven y Thomas
                                                                          infringió el artículo 253 del Tratado CE y vulneró el principio
Franchoo, abogados.
                                                                          de proporcionalidad al negarse a tener en cuenta ciertas
                                                                          circunstancias atenuantes, tales como el hecho de que el
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:              papel desempeñado por Itochu Hellas fuera muy limitado y
                                                                          exclusivamente pasivo o de que Itochu Hellas no ejecutara
—     Anule los artículos 1, 3 y 5 de la Decisión de la Comisión          las prácticas restrictivas. Además, según la demandante, la
      C(2002) 4072 def., de 30 de octubre de 2002, relativa a             Comisión violó el principio de igualdad de trato al admitir
      los asuntos COMP/35.587 PO Video games, COMP/                       circunstancias atenuantes en beneficio de otras destinatarias y
      35.706 Nintendo Distribution y COMP/36.321 Omega-                   no en beneficio de la demandante.
      Nintendo, en la medida en declara la existencia de una
      infracción del artículo 81, apartado 1, del Tratado CE,
      impone una multa y dirige la Decisión a la demandante               Por último, la demandante invoca una infracción del artí-
      o, subsidiariamente, reduzca sustancialmente la multa               culo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 (1) en la medida en
      impuesta.                                                           que la Comisión impuso una multa superior al 10 % del
                                                                          volumen de negocios del ejercicio anterior de Itochu Hellas y
—     Condene en costas a la Comisión.                                    una violación de su derecho de defensa como consecuencia de


title: Asunto T-188/10: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2010 — DTL/OHMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria)

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/55

      Recurso interpuesto el 26 de abril de 2010 — DTL/OHMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria)
      (Asunto T-188/10)
      (2010/C 161/86)
      Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

         Partes

         Demandante: DTL Corporación, SL (Madrid, España) (representante: C. Rueda Pascual, abogado)

         Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

         Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, SL (Pamplona, España)

         Pretensiones de la parte demandante

                  —

                  Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 17 de febrero de 2010, en el asunto R 767/2009-2;

                  —

                  que se modifique por otra que rechace la oposición presentada en su día por GESTIÓN DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. contra la marca comunitaria número 5153325 «SOLARIA», permitiendo que dicha marca comunitaria pueda ser registrada no sólo en la clase 41, sino también para todos los servicios solicitados en las clases 37 y 42; y condene a la parte oponente a pagar las costas de la oposición y del recurso ante la OAMI, y

                  —

                  que se condene a la OAMI y a las demás partes que se personen y se opongan a este recurso, a pagar las costas del mismo.

         Motivos y principales alegaciones

         Solicitante de la marca comunitaria: La demandante.

         Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene el elemento verbal «SOLARIA» (solicitud de registro no5 153 325), para servicios de las clases 37, 41 y 42.

         Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Gestión de recursos y soluciones empresariales S.L.

         Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marca figurativa española que contiene el elemento verbal «SOLARTIA» (no2 689 747), para servicios de las clases 37 y 42.

         Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición.

         Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

         Motivos invocados: Interpretación y aplicación incorrectas del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria.


title: Asunto T-62/07 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de febrero de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 13 de diciembre de 2006 en el asunto F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Comisión

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/50

         Recurso de casación interpuesto el 28 de febrero de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 13 de diciembre de 2006 en el asunto F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Comisión
   (Asunto T-62/07 P)
   (2007/C 95/100)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Martin, agente, y C. Falmagne, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: José António de Brito Sequeira Carvalho
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 13 de diciembre de 2006 en el asunto F-17/05.

               —

               Que se desestime el recurso interpuesto por el Sr. Sequeira.

               —

               Que se condene a cada una de las partes a soportar sus propias costas correspondientes al presente procedimiento y al incoado ante el Tribunal de la Función Pública.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2006 en el asunto F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Comisión, el Tribunal de la Función Pública (TFP) estimó parcialmente el recurso interpuesto por el demandante en primera instancia y anuló la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2004 por la que se prohibía al demandante el acceso a los edificios de la Comisión, así como las decisiones por las que se prorrogaba de oficio su baja por enfermedad.
   La Comisión fundamenta el recurso de casación, por una parte, en el hecho de que el Tribunal resolvió ultra petita, al anular la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2004 por la que se prohibía el acceso del demandante a sus edificios, y, por otra parte, en el hecho de que la sentencia recurrida violó el Derecho comunitario. La Comisión alega que el Tribunal tergiversó los hechos que originaron el litigio, cometió un error de Derecho al interpretar la obligación de motivación de una decisión e infringió el artículo 59, apartado 1, párrafo quinto, del Estatuto. Además, la Comisión sostiene que mediante la interpretación que hace en la sentencia impugnada del artículo 59, apartado 5, del Estatuto, el Tribunal desnaturaliza el procedimiento de arbitraje que dicho artículo establece.


title: Asunto T-111/15: Recurso interpuesto el 1 de marzo de 2015 — Ryanair y Aiport Marketing Services/Comisión

text:
               1.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/13

         Recurso interpuesto el 1 de marzo de 2015 — Ryanair y Aiport Marketing Services/Comisión
   (Asunto T-111/15)
   (2015/C 178/15)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Ryanair Ltd (Dublín, Irlanda) y Aiport Marketing Services Ltd (Dublín, Irlanda) (representantes: G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, abogados, y B. Byrne, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule los artículos 1, apartado 2, 2, apartado 4, 3, 4 y 5 de la Decisión de la Comisión Europea de 23 de julio de 2014 relativa a la ayuda estatal SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) ejecutada por Francia en favor de la Cámara de Comercio e Industria de Angulema, SNC-Lavalin, Ryanair y Airport Marketing Services.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la violación del principio de buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del derecho de defensa de las demandantes, en la medida en que la Comisión no dio acceso a las demandantes al expediente de la investigación y no les puso en una situación en la que pudieran dar a conocer efectivamente su punto de vista.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, en tanto la Comisión imputó erróneamente la conclusión del acuerdo de servicios aeroportuarios y del acuerdo de servicios de comercialización al Estado francés.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, en cuanto la Comisión no aplicó correctamente el criterio del «inversor privado en una economía de mercado».
               Las demandantes alegan que la Comisión se negó erróneamente a basarse en un análisis comparativo, que le habría llevado a concluir la inexistencia de una ayuda a las demandantes. En cambio, la Comisión utilizó datos manifiestamente insuficientes, no comprobados y no fiables para calcular la rentabilidad del aeropuerto, aplicó un horizonte temporal excesivamente corto, no tuvo en cuenta las externalidades de red que el aeropuerto podía esperar ganar gracias a su relación con Ryanair, no atribuyó un valor adecuado a los servicios de comercialización, y rechazó las razones que justifican la decisión del aeropuerto de adquirir tales servicios.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 2, en tanto la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho al considerar que la ayuda a Ryanair y a Airport Marketing Services era igual a las pérdidas marginales acumuladas del Aeropuerto de Angulema en vez del beneficio real de Ryanair y Airport Marketing Services. La Comisión debería haber examinado en qué medida el supuesto beneficio se había transferido efectivamente a los pasajeros de Ryanair. Además, la Comisión no cuantificó la ventaja competitiva de la que disfrutó Ryanair mediante flujos de pagos (supuestamente) inferiores al coste. Por último, la Comisión no explicó correctamente por qué la recuperación del importe de la ayuda precisado en la Decisión era necesario para garantizar el restablecimiento de la situación anterior al pago de la ayuda.


title: Asunto C-230/05 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de mayo de 2005 por L contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 2005 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-254/02, L contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/33

         Recurso de casación interpuesto el 26 de mayo de 2005 por L contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 2005 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-254/02, L contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-230/05 P)
   (2005/C 182/58)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 26 de mayo de 2005 un recurso de casación formulado por L, representado por los Sres. P. Legros y S. Rodrigues, abogados, contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 2005 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-254/02, L contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1.

               Anule la sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas el 9 de marzo de 2005, en el asunto T-254/02.

               2.

               Estime las pretensiones de anulación y de indemnización que formuló en primera instancia.

               3.

               Condene a la parte recurrida al pago de la totalidad de las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   La sentencia recurrida:

               —

               Por una parte, vulnera los derechos de defensa y los intereses de la parte recurrente en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia cometió varias irregularidades de procedimiento y varios errores manifiestos de apreciación y en la medida en que carece de motivación suficiente.

               —

               Por otra parte, infringió el Derecho comunitario, al no extraer ninguna consecuencia del incumplimiento por parte de la demandada de las obligaciones vinculadas a la transmisión del correo destinado a su personal y a la gestión de los asuntos de dicho personal en un plazo razonable, en virtud del principio general de buena administración.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Kantongerecht te Arnhem de fecha 4 de marzo de 1996, en el asunto entre Albany International BV y Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (Asunto C-67/96)

text:
4 . 5 . 96          ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        N0 C 133/ 17
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso          por un importe idéntico al que percibiría en caso de baja por
lución del Se- og Handelsretten de 20 de febrero de 1996 en         enfermedad, mientras que en las situaciones descritas en los
los asuntos entre Handels og Kontorfunktionærernes For             puntos 4 y 5 la trabajadora no percibe subsidio diario del
bund i Danmark ( HK ), en representación de Berit Høj               Estado, y cuando, por lo demás, con arreglo a la legislación
Pedersen, y Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin             nacional, el empresario tiene la obligación de pagar la
ger ( FDB ), en representación de Kvickly Skive; HK, en             totalidad del salario en caso de enfermedad ?
representación de Bettina Andresen, y Dansk Tandlægefo
rening, en representación del odontólogo Jørgen Bagner;             (') Directiva 75/ 117/CEE del Consejo , de 10 de febrero de 1975 ,
HK, en representación de Tina Pedersen, y Dansk Tandlæ                   relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
geforening, en representación del odontólogo Jørgen Ras                  miembros que se refieren a la aplicación del principio de
mussen; y Kristelig Funktioær-Organisation, en represen                  igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y
tación de Pia Sorensen, y Dansk Handel & Service, en                      femeninos ( DO n" L 45 de 19 . 2 . 1975 , p . 19 ; EE 05/02 ,
                                                                          p . 52 ).
         representación de Hvitfeldt Guld y Sølv ApS                ( 2 ) Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976 ,
                      ( Asunto C-66/96 )                                  relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
                         ( 96/C 133/35 )                                  hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
                                                                          formación y a la promoción profesionales , y a las condiciones de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                 trabajo ( DO n° L 39 de 14 . 2 . 1976 , p . 40 ; EE 05/02 ,
sido sometida una petición prejudicial mediante resolución                p . 70 ).
                                                                    ( 3 ) Directiva 92/85/CEE del Consejo , de 19 de octubre de 1992 ,
del So- og Handelsretten dictada el 20 de febrero de 1996 en              relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de
los asuntos entre 1 ) Handels og Kontorfunktionærernes                    la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora
Forbund i Denmark ( HK ), en representación de Berit Høj                  embarazada , que haya dado a luz o en período de lactancia
Pedersen, Bettina Andresen y Tina Pedersen, y Fællesfore                 ( décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del
ningen for Danmarks Brugsforeninger ( FDB ), en represen                 artículo 16 de la Directiva 89/391 /CEE ) ( DO n" L 348 de 28 . 11 .
tación de Kvickly Skive, y Dansk Tandlægeforening, en                     1992 , p . 1 ).
representación del odontólogo Jørgen Bagner y del odontó
logo Jørgen Rasmussen; y 2 ) Kristelig Funktionaer-Organi
sation, en representación de Pia Sorensen, y Dansk Handel
& Service, en representación de Hvitfeldt Guld y Slv ApS, y
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
marzo de 1996 .
                                                                    lución del Kantongerecht te Arnhem de fecha 4 de marzo de
El So- og Handelsretten solicita al Tribunal de Justicia que se     1996, en el asunto entre Albany International BV y Stichting
pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                              Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie
¿ Se opone el Derecho comunitario y, en particular, el                                         ( Asunto C-67/96 )
artículo 119 del Tratado CEE, la Directiva 75/117/CEE ( 1 ),                                      ( 96/C 133/36 )
la Directiva 76/207/CEE ( 2 ) y la Directiva 92/85/CEE ( 3 ), a
que una legislación nacional exima a los empresarios del            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
pago del salario de sus trabajadoras embarazadas                    sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
cuando :                                                            resolución del Kantongerecht te Arnhem, dictada el 4 de
1 ) sus ausencias sean debidas a que el embarazo agrava             marzo de 1996 en el asunto entre Albany International BV y
     considerablemente una enfermedad que, por lo demás,            Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie , y recibida
     no tiene relación alguna con el embarazo;                      en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de marzo de
                                                                    1996 .
2 ) sus ausencias sean debidas a una enfermedad causada
     por el embarazo;
3 ) sus ausencias sean debidas a un proceso patológico del          El Kantongerecht solicita al Tribunal de Justicia que se
     embarazo, de modo que la continuación del trabajo              pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
     supondría un riesgo para la salud de la mujer o del            a ) ¿ Es un fondo profesional de pensiones, como el con
     feto;
                                                                           templado en la letra b ) del apartado 1 del artículo 1 de la
4 ) sus ausencias sean debidas a trastornos generales                      Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfs
     causados por el embarazo durante su normal desarrollo                 pensioenfonds ( Ley relativa a la afiliación obligatoria a
     que por regla general no son motivo de incapacidad                     un fondo profesional de pensiones ), una empresa con
     laboral;                                                               arreglo a los artículos 85 , 86 o 90 del Tratado CEE ?
5 ) sus ausencias se produzcan como consecuencia de un
     dictamen médico en consideración al feto, pero sin que         b ) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión a ), la
     dicha prescripción médica se funde en la existencia de                obligación de afiliarse impuesta a las empresas indus
     una situación patológica propiamente dicha o de riesgos               triales ¿ constituye una medida tomada por un Estado
     especiales para el feto;                                              miembro la cual anula el efecto útil de las normas de
6 ) sus ausencias sean debidas a que el empresario, en razón               competencia aplicables a las empresas ?
     únicamente del embarazo, no considera posible encon           c ) En caso de que deba responderse negativamente a la
     trar un empleo para la trabajadora embarazada , a pesar                última cuestión ¿ pueden hacer otras circunstancias que
     de que dicha trabajadora no se encuentra en situación de
                                                                           dicha obligatoriedad sea incompatible con lo dispuesto
     incapacidad laboral;
                                                                           en el artículo 90 del Tratado y, de ser así, cuáles ?
y en las situaciones descritas en los puntos 1 a 3 y 6 el Estado
garantiza a la trabajadora embarazada un subsidio diario


title: Asunto C-396/99: Recurso interpuesto el 13 de octubre de 1999 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
8.1.2000                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 6/15
Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto               Recurso interpuesto el 13 de octubre de 1999 contra la
de la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal                    República Helénica por la Comisión de las Comunidades
Supremo, dictado el 22 de septiembre de 1999, en el                                                    Europeas
asunto entre Canal Satélite Digital, S.L. y Administración
General del Estado, siendo también parte DTS Distribui-
                 dora de Televisión Digital, S.A.                                               (Asunto C-396/99)
                         (Asunto C-390/99)                                                           (2000/C 6/28)
                            (2000/C 6/27)
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido            presentado el 13 de octubre de 1999 un recurso contra
sometida una petición de decisión prejudicial mediante auto             la República Helénica formulado por la Comisión de las
de la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,           Comunidades Europeas, representada por los Sres. Dimitris
dictado el 22 de septiembre de 1999, en el asunto entre Canal             Triantafyllou y Barry Doherty, miembros de su Servicio
Satélite Digital, S.L. y Administración General del Estado,              Jurı́dico, que designa como domicilio en Luxemburgo el
siendo también parte DTS Distribuidora de Televisión Digital,            despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
S.A., y recibido en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 12         Servicio Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
de octubre de 1999. El Tribunal Supremo solicita al Tribunal
de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones
prejudiciales:                                                            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1) ¿El artı́culo 30 del Tratado CE, en relación con lo dispuesto
    en los artı́culos 1 a 5 de la Directiva 95/47/CE (1) del              — Declare que la República Helénica ha incumplido las
    Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de                      obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y de
    1995, sobre el uso de normas para la transmisión de                       las Directivas 96/2/CE (1) y 90/388/CEE al no adoptar,
    señales de televisión, es compatible con una reglamenta-                 dentro del plazo señalado, las medidas adecuadas para
    ción nacional que impone a los operadores de servicios de                 cumplir el artı́culo 2, apartado 1, de la Directiva 96/2/CE
    acceso condicional, como condición necesaria para la                      en relación con las comunicaciones móviles y personales,
    comercialización de aparatos, equipos, decodificadores o                  en combinación con el artı́culo 3 bis, apartados 2 y 3, de
    sistemas para la transmisión y recepción digital de señales             la Directiva 90/388/CEE relativa a la competencia en los
    de televisión por satélite —también a los fabricados o                    mercados de servicios de telecomunicaciones, modificada
    comercializados legalmente en otros Estados miembros—                      por la Directiva 96/2/CE.
    las siguientes exigencias acumulativas:
    — la de inscribirse ellos mismos y aquellos aparatos,                 — Condene en costas a la República Helénica.
         equipos, decodificadores o sistemas, en un registro
         oficial obligatorio, para cuya inscripción no es sufi-
         ciente la sola declaración responsable de ajustarse a las
         especificaciones técnicas, formulada por el correspon-           Motivos y principales alegaciones
         diente operador, sino un previo dictamen o informe
         técnico, emitido por las autoridades nacionales, sobre
         el cumplimiento de los requisitos, técnicos y de otro            El carácter vinculante de lo dispuesto en el párrafo tercero del
         tipo, previstos en la normativa nacional;                        artı́culo 249 y en el artı́culo 10 CE (antiguos artı́culos 189 y 5
                                                                          del Tratado CE) impone a los Estados miembros la obligación
    — la de obtener, tras superar el procedimiento de inscrip-            de adoptar las medidas necesarias para adaptar su ordena-
         ción registral antes referido, la correspondiente «certifi-     miento jurı́dico interno a la Directiva antes de que finalice el
         cación» administrativa previa que acredite el cumpli-           plazo señalado al efecto, ası́ como el deber de comunicar estas
         miento de los citados requisitos, técnicos y de otro             medidas a la Comisión.
         tipo, previstos en la normativa nacional?
2) ¿El artı́culo 59 del Tratado CE, en relación con lo dispuesto
    en los artı́culos 1 a 5 de la citada Directiva 95/47/CE, es           Hasta ahora, la República Helénica no ha adoptado las
    compatible con una reglamentación nacional que impone                medidas necesarias para el total cumplimiento del artı́culo 2,
    a los operadores de servicios de acceso condicional las               apartado 1, de la Directiva 96/2/CE y del artı́culo 3 bis,
    exigencias administrativas antes expresadas?                          apartados 2 y 3, de la Directiva 90/388/CEE, modificada por
                                                                          la Directiva 96/2/CE, disposiciones a las que debı́a haberse
3) ¿Debe considerarse que una disposición normativa nacio-               adaptado el Derecho nacional el 1 de enero de 1998, a más
    nal que impone el cumplimiento de dichas exigencias                   tardar, incumpliendo ası́ las obligaciones que le incumben en
    constituye un «reglamento técnico», a efectos del deber de            virtud del Tratado y de dichas Directivas.
    notificación a la Comisión, al que se refiere la Directiva
    83/189/CEE (2) del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por
    la que se establece un procedimiento de información en
    materia de las normas y reglamentaciones técnicas?                    (1) DO L 20, p. 59.
(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 51.
(2) DO L 109 de 26.04.1983, p. 8 (EE 13/14, p. 34).


title: Asunto C-320/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de diciembre de 2011 — A2A SpA, anteriormente AEM SpA/Comisión Europea [Recurso de casación — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas concedidas a empresas de servicios públicos — Exenciones fiscales — Decisión por la que se declara la incompatibilidad del régimen de ayudas con el mercado común — Recurso de anulación — Admisibilidad — Legitimación — Interés en ejercitar la acción — Artículo 87 CE — Concepto de «ayuda» — Artículo 88 CE — Concepto de «ayuda nueva» — Artículo 10 CE — Obligación de cooperación leal — Reglamento (CE) n ° 659/1999 — Artículos 1 y 14 — Legalidad de una orden de recuperación — Principio de seguridad jurídica — Obligación de motivación]

text:
               18.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 49/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de diciembre de 2011 — A2A SpA, anteriormente AEM SpA/Comisión Europea
   (Asunto C-320/09 P) (1)

   (Recurso de casación - Ayudas de Estado - Régimen de ayudas concedidas a empresas de servicios públicos - Exenciones fiscales - Decisión por la que se declara la incompatibilidad del régimen de ayudas con el mercado común - Recurso de anulación - Admisibilidad - Legitimación - Interés en ejercitar la acción - Artículo 87 CE - Concepto de «ayuda» - Artículo 88 CE - Concepto de «ayuda nueva» - Artículo 10 CE - Obligación de cooperación leal - Reglamento (CE) no 659/1999 - Artículos 1 y 14 - Legalidad de una orden de recuperación - Principio de seguridad jurídica - Obligación de motivación)
   2012/C 49/07
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: A2A SpA, anteriormente AEM SpA (representantes: A. Santa Maria, A. Giardina y G. Pizzonia, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: E. Righini, V. Di Bucci y D. Grespan, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava ampliada) de 11 de junio de 2009, AEM/Comisión (T-301/02), mediante la que el Tribunal desestimó un recurso de anulación de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2003/193/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público (DO 2003, L 77, p. 21).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación principal y la adhesión a la casación.

               2)

               Condenar a A2A SpA al pago de las costas correspondientes al recurso de casación principal.

               3)

               Condenar a la Comisión Europea al pago de las costas correspondientes a la adhesión a la casación.

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 1 de julio de 2004, en el asunto C-448/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa («Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho interno a la Directiva 98/44/CE»)

text:
               28.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/10

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 1 de julio de 2004
   en el asunto C-448/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa (1)

   («Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 98/44/CE»)
   (2004/C 217/19)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-448/03, Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sra. K. Banks) contra República Francesa (agentes: Sres. G. de Bergues y Sra. A. Bodard-Hermant), que tiene por objeto que se declare que la República francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, el Tribunal de Justicia (DO L 213, p. 13) al no adoptar las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, y el Sr. J.-P. Puissochet y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 1 de julio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               La República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas al no adoptar las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Francesa.

      (1)  DO C 289 de 29.11.2003.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 10 de septiembre de 1996 en el asunto C-11/95: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica (Directiva 89/552/CEE - Transmisión de programas por cable)

text:
23 . li . 96           ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 354/3
peas, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el                 incumben en virtud de la Directiva 89/552/CEE del Consejo,
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, destinada a                       del 3 de octubre de 1989 , sobre la coordinación de
obtener en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdic              determinadas disposiciones legales, reglamentarias y admi
cional entre Z. Taflan-Met, S. Altun-Baser, E. Andal-                    nistrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de
Bugdayci, por un lado, y Bestuur van de Sociale Verzeke                 actividades de radiodifusión televisiva ( 2 ), en especial, en
ringsbank, por otro, y entre O. Akol y Bestuur van de                    virtud de sus artículos 2 , 14 y 15 , el Tribunal de Justicia,
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, una decisión prejudi                integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente;
cial sobre la interpretación de los artículos 12 y 13 de la              C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P . Puissochet y G.
Decisión 3/80 del Consejo de Asociación , de 19 de                       Hirsch , Presidentes de Sala ; G. F. Mancini , J. C. Moitinho de
septiembre de 1980 , relativa a la aplicación de los regímenes           Almeida , P. J. G. Kapteyn ( Ponente ), C. Gulmann, J. L.
de Seguridad Social de los Estados miembros de las                       Murray, P. Jann, H. Ragnemalm y L. Sevón, Jueces;
Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los                   Abogado General : Sr. C. O. Lenz; Secretaria : Sra . D.
miembros de sus familias ( 2 ), el Tribunal de Justicia ,                Louterman-Hubeau, administradora principal; ha dictado
integrado por los Sres .: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente;          el 10 de septiembre de 1996 una sentencia cuyo fallo es el
D. A. O. Edward ( Ponente ), J.-P . Puissochet y G. Hirsch,              siguiente :
Presidentes de Sala; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de
Almeida , P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann y J. L. Murray,                   1 ) el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le
Jueces; Abogado General : Sr . A. La Pérgola ; Secretario : Sr .                incumben en virtud de la Directiva 89/552/CEE del
H. A. Rühl, administrador principal; ha dictado el 10 de                        Consejo, de 3 de octubre de 1 989, sobre la coordinación
septiembre de 1996 una sentencia cuyo fallo es el                               de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
siguiente :                                                                     administrativas de los Estados miembros relativas al
                                                                                ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, y, en
1 ) La Decisión 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de                        especial, en virtud de sus artículos 2 , 14 y 15,
       septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los
       regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros                    — por lo que se refiere a la Comunidad francesa, al
       de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos                        mantener, en la región de lengua francesa, un
       y a los miembros de sus familias, entró en vigor en la                       régimen de autorización previa para la retransmi
       fecha de su adopción, es decir, el 19 de septiembre de                       sión por cable de emisiones de radiodifusión televi
       1980, y desde entonces vincula a las Partes Contra                          siva procedentes de otros Estados miembros;
       tantes .
                                                                                — por lo que se refiere a la Comunidad francesa, al
2 ) Mientras el Consejo no haya adoptado las medidas                                mantener, en la región de lengua francesa, un
       complementarias indispensables para la aplicación de la                      régimen de autorización previa, expresa y condicio
       Decisión 3/80, los artículos 12 y 13 de esta Decisión no                     nal, para la retransmisión por cable de emisiones de
       tendrán efecto directo en el territorio de los Estados                       radiodifusión televisiva procedentes de otros Esta
       miembros y, por lo tanto, no pueden generar en favor de                      dos miembros que incluyan publicidad comercial o
       los particulares el derecho a invocarlas ante los órganos                    un programa de telecompra específicamente desti
       jurisdiccionales nacionales.                                                 nados a los telespectadores de la Comunidad fran
                                                                                cesa ;
 (') DO n° C 370 de 21 . 12 . 1994 .
 ( 2 ) DO n" C 110 de '25 . 4 . 1983 , p . 60 .                                 — por lo que se refiere a la Comunidad flamenca, al
                                                                                mantener, en la región de lengua neerlandesa, un
                                                                                régimen de autorización previa para la retransmi
                                                                                sión por cable de emisiones de radiodifusión televi
                                                                                siva procedentes de otros Estados miembros;
                   SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                — por lo que se refiere a la Región bilingüe de Bruselas
                    de 10 de septiembre de 1996                                     capital, al no adoptar las disposiciones legales,
 en el asunto C-11 /95 : Comisión de las Comunidades                                reglamentarias y administrativas necesarias para
                Europeas contra Reino de Bélgica (')                                atenerse al apartado 2 del artículo 2 de la Directiva
                                                                                89/552/CEE;
  (Directiva 89/552/CEE — Transmisión de programas por
                                 cable)
                                                                                — por lo que se refiere a la Comunidad francesa, al no
                            ( 96/C 354/05 )                                         adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                                administrativas necesarias para atenerse íntegra
                 (Lengua de procedimiento: francés)                                 mente a los artículos 14 y 15 de la Directiva
                                                                                89/552 /CEE .
  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
  cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal             2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.
                              de Justicia »)
                                                                          3 ) Se condena en costas al Reino de Bélgica.
  En el asunto C-11 /95 , Comisión de las Comunidades
  Europeas ( Agente : Sr . Pieter van Nuffel ) contra Reino de            (') DO n" C 54 de 4 . 3 . 1995 .
  Bélgica ( Agente : Jan Devadder, asistido por el Sr. Alain              ( 2 ) DO n" L 298 de 17 . 10 . 1989 , p . 23 .
  Berenboom ), que tiene por objeto que se declare que el
  Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le


title: Asunto T-333/99: Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 1999 contra el Banco Central Europeo por el Sr. Kasper Lund Nielsen

text:
18.3.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 79/29
Critica igualmente la demandante la asociación, a su juicio            Resolución       recurrida     Denegación del registro por parte
errónea, que efectúa la Comisión entre los principios de             ante la Sala de Recurso:        de la examinadora
solidaridad y redistribución en la sanidad pública, por un
lado, y la demanda de suministros a operadores terceros                 Motivos invocados:              — Infracción del artı́culo 7, apar-
independientes, por otro lado. En su opinión, extender el                                                  tado 1, letra b), del Regla-
alcance de la distribución, como elemento fundamental del                                                  mento (CE) no 40/94
principio de solidaridad, hasta justificar el sacrificio de terceros
suministradores supone hacer recaer sobre éstos una carga tan                                           — Aplicación incorrecta del artı́-
discriminatoria como injustificada.                                                                         culo 7, apartado 1, letra c), del
                                                                                Reglamento (CE) no 40/94
(1) Rec 1993; p. I-637.
                                                                        Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 1999 contra
                                                                         el Banco Central Europeo por el Sr. Kasper Lund Nielsen
Recurso interpuesto el 23 de noviembre de 1999 contra
la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,                                        (Asunto T-333/99)
dibujos y modelos) por Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld
                              GmbH
                                                                                (2000/C 79/65)
                        (Asunto T-331/99)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
                          (2000/C 79/64)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el 25 de
                                                                        noviembre de 1999 un recurso contra el Banco Central
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                     Europeo formulado por el Sr. Kasper Lund Nielsen, Frankfurt
                                                                        am Main (RFA), representado por los Abogados Norbert
                                                                        Pflüger, Regina Steiner y Silvia Mittländer, Frankfurt am
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  Main (RFA), que designa como domicilio en Luxemburgo el
Europeas se ha presentado el 23 de noviembre de 1999 un                 despacho del Sr. Aloyse Schiltz, Association Luxembourgeoise
recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado                  des Employés de Banques y d’Assurances, 29, Avenue Monte-
Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por Mitsubishi           rey, Luxemburgo.
HiTec Paper Bielefeld GmbH (RFA) (antiguamente: Stora
Carbonless Paper GmbH), representada por la Abogada Ulrike
Alice Ulrich, del bufete de Abogados Cohausz & Florack,                 El demandante solicita que:
Düsseldorf, que designa como domicilio en Luxemburgo la
Office Ernest T. Freylinger, S. A., 234, route d’Arlon.                 1. Se declare que el despido (dismissal) del demandante
                                                                             declarado conforme al artı́culo 41 de las Condiciones de
                                                                             contratación (Conditions of Employment for Staff of the
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                 European Central Bank, en lo sucesivo «CoE») es ineficaz y
                                                                             que la relación laboral entre el demandante y la demandada
— Anule la resolución de la Sala Tercera de Recurso, de 8 de                no se resolvió mediante el despido sino que continúa
     septiembre de 1999, en el procedimiento de recurso R                    existiendo sin denuncia del contrato.
     175/1999-3 y ordene a la Oficina que publique la solicitud
     de marca comunitaria con arreglo al artı́culo 40 del RMC.          2. Se condene a la demandada a seguir empleando al
                                                                             demandante según las condiciones de contratación con-
— Condene en costas a la demandada.                                          forme al contrato como documentalista (documentalist).
                                                                        3. Se condene a la demandada a abonar el sueldo base
                                                                             retenido conforme al artı́culo 44 CoE.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        4. Se declare que la Decisión del Consejo de Gobierno
Marca objeto de la solici-     Marca denominativa «Giroform»                 comunicada al demandante mediante escrito de 9 de
tud:                           — Solicitud no 533406                         noviembre de 1999 es ineficaz.
Producto o servicio:           Papel, cartón y artı́culos de estas     5. Se declare que el procedimiento disciplinario incoado
                               materias comprendidos en la                   contra el demandante conforme al artı́culo 43 CoE era
                               clase 16; productos de imprenta               contrario a Derecho.
 ---pagebreak--- C 79/30                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      18.3.2000
Motivos y principales alegaciones                                        Motivos y principales alegaciones
El demandante solicita fundamentalmente mediante su recurso              La Organización demandante en el presente litigio, una entidad
la declaración de ineficacia de su despido que fue declarado a          benéfica sin ánimo de lucro, dedicada a la integración social,
raı́z de un procedimiento disciplinario.                                 laboral, polı́tica, deportiva y cultural de todas las personas
                                                                         discapacitadas fı́sicas, psı́quicas y sensoriales, se opone a la
Para su fundamentación el demandante alega, en especial,                negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento por
desde la perspectiva jurı́dica con relación al procedimiento            incumplimiento contra el Reino de España, que hubiera tenido
disciplinario desarrollado:                                              por objeto la denegación de la autorización de la celebración
                                                                         de un sorteo diario de loterı́a a nivel nacional, convocado
— El procedimiento fue contrario a Derecho porque la                     por la organización demandante y destinado a sufragar las
     competencia del BCE prevista en el artı́culo 36 de los              actividades por ella desarrolladas.
     estatutos del sistema europeo de bancos centrales y del
     Banco Central Europeo para establecer las condiciones               La decisión denegatoria reposarı́a en el hecho de que en
     de contratación no contiene competencia alguna para                España sólo están autorizados los juegos organizados por el
     establecer un procedimiento disciplinario.                          Organismo Nacional de Loterı́as y Apuestas del Estado y la
— El demandante no fue oı́do suficientemente.                            asociación denominada Organización Nacional de Ciegos
                                                                         Españoles.
— La Decisión impugnada se basa en el incumplimiento de
     obligaciones de conducta que como tales no fueron                   En opinión de la demandante, semejante monopolio infringe
     comunicadas al demandante y que, además, no son                    la normativa comunitaria reguladora de la libre competencia.
     vinculantes para él.
— La demandada infringió prohibiciones en la obtención de
     pruebas y se basa en afirmaciones de hechos falsas.
— El demandante y su representante fueron perjudicados
     mediante el empleo de la lengua alemana en el procedi-              Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 contra el
     miento.                                                             Consejo de la Unión Europea por la Sra. Lily Karoline
                                                                                Schuerer
                                                                                (Asunto T-338/99)
                                                                                (2000/C 79/67)
Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 1999 por la
Organización Impulsora del Discapacitado (O.I.D.) contra
          la Comisión de las Comunidades europeas                                        (Lengua de procedimiento: alemán)
                        (Asunto T-334/99)                                En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 1 de diciembre de 1999 un
                          (2000/C 79/66)                                 recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por
                                                                         la Sra. Lily Karoline Schuerer, Munich (RFA), representada por
                                                                         el Sr. Hermann J. Winsen, Abogado de Munich (RFA), que
                  (Lengua de procedimiento: español)                    designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
                                                                         Abogado Marco Steil, 12, Rue d’Anvers.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado el 25 de noviembre de 1999 un                  La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas                  que:
formulado por la Organización Impulsora del Discapacitado
(O.I.D.), con domicilio en Madrid, representada por el letrado           — Declare que al no fijar a partir del 03.10.1990, dı́a de
en ejercicio D. Javier Gallego Sánchez, del Ilustre Colegio                 la designación de Berlı́n como capital de Alemania, el
de Abogados de Madrid, que designa como domicilio en                         coeficiente corrector de la pensión de la demandante con
Luxemburgo el del abogado Sr. Michel Molitor, 55, bd. de la                  arreglo al ı́ndice de precios de dicha ciudad sino aún con
Pétrusse.                                                                    arreglo al ı́ndice de precios de Bonn, la parte demandada
                                                                             ha incumplido el Tratado de la Comunidad Europea.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                     — Condene en costas a la parte demandada.
— Anule la decisión de la Comisión europea de fecha 19 de
     octubre de 1999 para que en su dı́a dicte sentencia                 Motivos principales alegaciones
     anulando la meritada resolución dictando sentencia en la
     que se conmine a la Comisión europea a emprender un                La demandante, antigua funcionaria de la Comisión, se remite
     procedimiento de infracción contra el Reino por violación         esencialmente a los motivos ya alegados por ella en el asunto
     del Derecho comunitario y, en su defecto se declare que la          T-81/99 contra la Comisión.
     legislación española en relación con la presente demanda
     es contraria al Tratado de la Unión europea.


title: Asunto C-67/06: Recurso interpuesto el  6 de febrero de 2006  contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               22.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/5

         Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2006 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-67/06)
   (2006/C 96/07)
   Lengua de procedimiento: griego
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 6 de febrero de 2006 un recurso contra la República Helénica formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Minas Konstantinidis y la Sra. Amparo Alcover San Pedro, miembros del Servicio Jurídico, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

               —

               Condene en costas a la República Helénica.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 18 de julio de 2004.

      (1)  DO L 189, de 18.7.2002, p. 12.


title: Asuntos T-353/14 y T-17/15: Sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016 — Italia/Comisión [«Régimen lingüístico — Convocatorias de oposiciones generales para la contratación de administradores — Elección de la segunda lengua entre tres lenguas — Reglamento n.° 1 — Artículos 1 quinquies, apartado 1, 27 y 28, letra f), del Estatuto — Principio de no discriminación — Proporcionalidad»]

text:
               24.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 392/26

         Sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016 — Italia/Comisión
   (Asuntos T-353/14 y T-17/15) (1)

   ([«Régimen lingüístico - Convocatorias de oposiciones generales para la contratación de administradores - Elección de la segunda lengua entre tres lenguas - Reglamento n.o 1 - Artículos 1 quinquies, apartado 1, 27 y 28, letra f), del Estatuto - Principio de no discriminación - Proporcionalidad»])
   (2016/C 392/31)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistida por P. Gentili, avvocato dello Stato)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente J. Currall y G. Gattinara (asuntos T-353/14 y T-17/15) y F. Simonetti (asunto T-17/15), posteriormente G. Gattinara y F. Simonetti, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: República de Lituania (representantes: D. Kriaučiūnas y V. Čepaitė, agentes)

      Objeto

   En el asunto T-353/14, un recurso de anulación, con arreglo al artículo 263 TFUE, de la convocatoria de oposición general EPSO/AD/276/14, con vistas a la constitución de una lista de reserva de administradores (DO 2014, C 74 A, p. 1), y, en el asunto T-17/15, un recurso de anulación, con arreglo al artículo 263 TFUE, de la convocatoria de oposición general EPSO/AD/294/14, con vistas a la constitución de una lista de reserva de administradores en el ámbito de la protección de datos en el servicio del Supervisor Europeo de Protección de Datos (DO 2014, C 391 A, p. 1).

      Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-353/14 y T-17/15 a efectos de la sentencia.

               2)

               Anular la convocatoria de oposición general EPSO/AD/276/14, con vistas a la constitución de una lista de reserva de administradores, y la convocatoria de oposición general EPSO/AD/294/14, con vistas a la constitución de una lista de reserva de administradores en el ámbito de la protección de datos en el servicio del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las de la República Italiana.

               4)

               La República de Lituania cargará con sus propias costas, relativas a su intervención en el asunto T-17/15.

      (1)  DO C 212 de 7.7.2014.


title: Asunto T-465/08: Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2008 — República Checa/Comisión

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/39

         Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2008 — República Checa/Comisión
   (Asunto T-465/08)
   (2008/C 327/69)
   Lengua de procedimiento: checo
   Partes

      Demandante: República Checa (representante: M. Smolek, agente)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 7 de agosto de 2008 de proceder a la compensación de los créditos y las deudas de la Comisión, con la referencia BUDG/C3 D(2008) 10.5-3956.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar a la República Checa la cantidad de compensación de 9.354.130,93 euros más los correspondientes intereses de demora.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones

               1.

               Mediante el presente recurso, interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, la República Checa solicita la anulación de la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 7 de agosto de 2008, de proceder a la compensación de los créditos y las deudas de la Comisión, con la referencia BUDG/C3 D(2008) 10.5-3956. Al adoptar la decisión impugnada, la Comisión procedió con arreglo al artículo 73, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1), en su versión modificada. En virtud de la decisión impugnada, la Comisión procedió a compensar sus créditos frente a la República Checa, para obtener el pago de los fondos del programa PHARE T9106, CS9203 y CZ9302, por un importe total de 9 354 130,93 euros. El crédito de la Comisión fue objeto de compensación con el derecho de la República Checa a dos pagos intermedios en el marco de dos programas operativos financiados mediante fondos estructurales por un importe de 10 814 475,41 euros. Por lo tanto, la República Checa reclama que se le reembolsen los pagos que fueron objeto de dicha compensación.

               2.

               La decisión impugnada es nula, puesto que la Comisión, al adoptarla, se extralimitó en sus poderes, en la medida en que la decisión controvertida fue adoptada basándose en un fundamento jurídico erróneo.

               3.

               Aun cuando se partiera de la base de que cabe aplicar a la situación existente en el presente asunto el Reglamento no 1605/2002, la decisión impugnada sería nula por cuanto fue adoptada incumpliendo los requisitos establecidos para la compensación por dicho Reglamento, o más exactamente, por el Reglamento no 2342/2002 (2), que ejecuta el Reglamento no 1605/2002 y establece el procedimiento de compensación.

               4.

               Por último, la decisión impugnada es nula porque no contiene motivación alguna.

      (1)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (2)  Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 357 de 31.12.2002, p. 1).


title: Asunto C-279/11: Recurso interpuesto el 1 de junio de 2011 — Comisión Europea/Irlanda

text:
               30.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 226/18

         Recurso interpuesto el 1 de junio de 2011 — Comisión Europea/Irlanda
   (Asunto C-279/11)
   2011/C 226/35
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: P. Oliver, agente)

      Demandada: Irlanda

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2008, Comisión/Irlanda (C-66/06).

               —

               Que se ordene a Irlanda pagar a la Comisión una cantidad a tanto alzado de 4 174,8 euros multiplicada por el número de días que transcurran entre la fecha de la sentencia en el asunto C-66/06 y la ejecución de dicha sentencia por parte de Irlanda o bien la fecha en que se dicte sentencia en el presente recurso, según lo que antes ocurra.

               —

               Que se ordene a Irlanda pagar a la Comisión una multa coercitiva de 33 080,32 euros desde el día en que se dicte sentencia en el presente recurso hasta la fecha en que Irlanda ejecute la sentencia recaída en el asunto C-66/06.

               —

               Que se condene en costas Irlanda.

      Motivos y principales alegaciones

   Pasados unos dos años y medio tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2008 en el asunto C-66/06, por la que se declaraba que Irlanda no había adoptado todas las medidas para la adecuada transposición de los artículos 2, apartado 1, y 4, apartados 2 a 4, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, (1) Irlanda sigue sin haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución de dicha sentencia. Por tanto, la Comisión propone que se imponga a Irlanda el pago de una multa y de una multa coercitiva que reflejen la grave naturaleza de la infracción y sus repercusiones en la consecución de los objetivos perseguidos por el legislador comunitario.

      (1)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9).


title: Asunto C-217/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Milano (Italia) el 22 de mayo de 2008 — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

text:
               2.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 197/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Milano (Italia) el 22 de mayo de 2008 — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
   (Asunto C-217/08)
   (2008/C 197/22)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunale ordinario di Milano
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Rita Mariano

      Demandada: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
   Cuestión prejudicial
   Los artículos 12 y 13 del Tratado CE ¿se oponen a la aplicación del artículo 85 del Decreto del Presidente de la República no 1124/1965, que dispone que en caso de fallecimiento por accidente la renta del INAIL, igual a un 50 %, corresponde sólo al cónyuge, correspondiendo al hijo menor una renta de un 20 % únicamente?


title: Asunto C-63/14: Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2014 — Comisión Europea/República Francesa

text:
               5.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 135/22

         Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2014 — Comisión Europea/República Francesa
   (Asunto C-63/14)
   2014/C 135/26
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: B. Stromsky, agente)

      Demandada: República Francesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 2013/435/UE de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, relativa a la ayuda de Estado SA.22843 ejecutada por Francia a favor de la Société Nationale Corse Méditerranée y de la Compagnie Méridionale de Navigation (1) al no haber adoptado, dentro de los plazos establecidos, todas las medidas necesarias para recuperar del beneficiario las ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior por el artículo 2, apartado 1, de dicha Decisión, al no haber anulado, dentro de los plazos establecidos, todos los pagos de las ayudas mencionadas en dicho artículo 2, apartado 1, y al no haber informado a la Comisión, dentro del plazo concedido, de las medidas adoptadas para atenerse a la referida Decisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Francesa.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo en el que la República Francesa debería haber recuperado las ayudas ilegalmente pagadas a la SNCM venció cuatro meses después de que se notificara la Decisión.

      (1)  DO L 220, p. 20.


title: Asunto T-91/11: Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2011 — Chimei InnoLux/Comisión

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/18

         Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2011 — Chimei InnoLux/Comisión
   (Asunto T-91/11)
   2011/C 113/36
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Chimei InnoLux Corp. (Zhunan, Taiwán) (representantes: J.-F. Bellis, abogado y R. Burton, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión C(2010) 8761 final de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, en el asunto COMP/39.309 — LCD — Paneles de Cristal Líquido, en la medida en que declara que la infracción se extendió a paneles LCD destinados a aplicaciones de TV.

               —

               Que se reduzca la cuantía de la multa impuesta a la demandante en la Decisión.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   Para fundamentar su recurso, la demandante invoca tres motivos.

               1)

               En primer lugar, alega que la Comisión aplicó un concepto que adolece de vicios legales, el llamado concepto de «ventas directas en el EEE en productos transformados», al determinar el pertinente valor de las ventas para calcular el importe de la multa.
               Al calcular el valor pertinente de las ventas de la demandante a los efectos de determinar la cuantía de la multa, la Comisión incluyó el valor de paneles LCD incorporados en ordenadores o televisores acabados que la demandante vendió en el EEE. La demandante alega que dicho concepto de «ventas directas en el EEE en productos transformados» es jurídicamente erróneo y no puede usarse para determinar el pertinente valor de las ventas. La demandante señala que el concepto se basa en ventas de productos con los que la infracción no guarda relación directa ni indirecta, de modo que desvía la localización de ventas pertinentes dentro del grupo de paneles LCD desde fuera del EEE hacia dentro del EEE y viceversa, según la localización de la venta del producto acabado en los que se haya incorporado el panel LCD. Como tal, la demandante alega que el concepto es incoherente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE relativa, entre otros, al trato dado a las ventas dentro del grupo para calcular el importe de la multa. Por último, la demandante alega que el concepto, tal como lo aplica la Comisión en la Decisión, distingue ilegalmente entre los destinatarios de la Decisión en función de la mera forma de sus respectivas estructuras corporativas.

               2)

               En segundo lugar, alega que la Comisión ha infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al declarar que la infracción se extendía a los paneles LCD destinados a aplicaciones de TV.
               La demandante alega que, debido a las características específicas de los paneles LCD destinados a aplicaciones de TV, la naturaleza superficial y episódica de las discusiones relativas a tales paneles y el hecho de que la Comisión descartara en la Decisión otras discusiones bilaterales más detalladas sobre paneles LCD destinados a aplicaciones de TV, que incluía a terceros, los ingresos relativos a los paneles LCD destinados a aplicaciones de TV tenían que haberse analizado y evaluado de manera separada de los ingresos relativos a los paneles LCD destinados a aplicaciones informáticas. En particular, a la luz de estos factores, la demandante alega que la declaración de la Comisión de que la infracción se extendía a paneles LCD destinados a aplicaciones de TV está viciada por infringir el principio de igualdad de trato y requisitos esenciales del procedimiento y debe anularse o que, a los efectos de calcular la multa, la Comisión tendría que haber evaluado, al menos, la gravedad y la duración de cualquier infracción derivada de los ingresos relativos a paneles LCD destinados a aplicaciones de TV de manera separada de la infracción relativa a paneles LCD destinados a aplicaciones informáticas.

               3)

               En tercer lugar, alega que el pertinente valor de las ventas que la Comisión tomó como base para calcular la multa de la demandante incluye erróneamente otras ventas distintas de paneles de cristal líquido destinados a aplicaciones informáticas y de TV.
               Las ventas de paneles LCD destinados a aplicaciones médicas, que se usan en la fabricación de equipamientos médicos, se incluyeron erróneamente en las cifras de ventas que se facilitaron a la Comisión durante el procedimiento administrativo. Dado que los paneles médicos no se califican de paneles informáticos ni de TV, tal como la Comisión los define en la Decisión, la demandante alega que sus ventas de paneles médicos deben excluirse del pertinente valor de las ventas usado para calcular la multa. Las ventas de los llamados LCD de células abiertas también se incluyeron erróneamente en las cifras de ventas facilitadas a la Comisión en el procedimiento administrativo. Dado que los LCD de células abiertas no son productos acabados y de que en la Decisión no se declara infracción alguna en relación con productos semiacabados, la demandante alega que sus ventas de LCD de células abiertas han de quedar excluidas del pertinente valor de las ventas usado para calcular la multa.


title: Asunto F-138/06: Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2006 — Meister/OAMI

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/55

         Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2006 — Meister/OAMI
   (Asunto F-138/06)
   (2007/C 82/117)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Herbert Meister (Alicante, España) (representante: Hans-Joachim Zimmermann)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión desestimatoria incidental del Presidente de la OAMI, de 18 de septiembre de 2006, adoptada con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la decisión desestimatoria incidental del Presidente de la OAMI, de 18 de septiembre de 2006, adoptada con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios, y la decisión escrita del Presidente de la OAMI, de 20 de septiembre de 2006 (fechada el 18 de septiembre de 2006).

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, que se anule la decisión del Presidente de la OAMI, de 20 de septiembre de 2006, basada en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la comunicación de la OAMI relativa a los puntos definitivos de promoción para el ejercicio de 2006 («definitive Promotion Points 2006»), de 9 de junio de 2006.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la decisión desestimatoria incidental del Presidente de la OAMI, de 27 de noviembre de 2006.

               —

               Que se condene a la OAMI a pagar al demandante una cantidad adecuada, hasta el importe de un año de salarios, y que no podrá ser inferior a 45.000 euros.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante trabaja en Alicante (España) como funcionario de la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Impugna los errores materiales, las deficiencias y las repetidas omisiones de los informes de calificación que cada dos años debe emitir sobre él la demandada. Por consiguiente, el demandante solicita que se anulen todas las decisiones adoptadas por la demandada incidentalmente con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios, y se subsanen los errores en los puntos de promoción que le asignó la demandada para el ejercicio de 2006.
   El demandante añade que la demandada infringió durante años el artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios, en lesión de sus derechos, al violar premeditadamente y de manera contraria a la moral y a las buenas costumbres, sus derechos como funcionario y solicita, por consiguiente, que se condene a la demandada a abonarle una indemnización de los daños morales, por ser sus actos constitutivos de «acoso laboral »y violar constantemente sus derechos de la personalidad.


title: Asuntos acumulados C-570/07 y C-571/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de junio de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias) — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07) (Artículo 49 TFUE — Directiva 2005/36/CE — Libertad de establecimiento — Salud pública — Farmacias — Proximidad — Abastecimiento de medicamentos a la población — Autorización de explotación — Ordenación territorial de las farmacias — Establecimiento de límites basados en un criterio de densidad demográfica — Distancia mínima entre las oficinas de farmacia — Candidatos que han ejercido la actividad profesional en una parte del territorio nacional — Prioridad — Discriminación)

text:
               31.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de junio de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias) — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07)
   (Asuntos acumulados C-570/07 y C-571/07) (1)

   (Artículo 49 TFUE - Directiva 2005/36/CE - Libertad de establecimiento - Salud pública - Farmacias - Proximidad - Abastecimiento de medicamentos a la población - Autorización de explotación - Ordenación territorial de las farmacias - Establecimiento de límites basados en un criterio de densidad demográfica - Distancia mínima entre las oficinas de farmacia - Candidatos que han ejercido la actividad profesional en una parte del territorio nacional - Prioridad - Discriminación)
   2010/C 209/03
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Superior de Justicia de Asturias

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez

      Demandadas: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07)

      En el que participan: Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (C-570/07), Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (C-570/07), Celso Fernández Gómez (C-571/07), Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Plataforma para la Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacias, Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

      Objeto

   Peticiones de decisión prejudicial — Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Interpretación del artículo 43 CE — Normativa que establece los requisitos que han de cumplirse para la apertura de nuevas farmacias.

      Fallo

               1)

               El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional, como la controvertida en los asuntos principales, que impone límites a la concesión de autorizaciones de establecimiento de nuevas farmacias, al disponer que:

                           —

                           en principio, en cada zona farmacéutica, sólo se podrá crear una farmacia por módulo de 2 800 habitantes;

                           —

                           tan sólo podrá crearse una farmacia adicional si se sobrepasa dicha proporción, la cual se creará por la fracción superior a 2 000 habitantes, y

                           —

                           cada farmacia deberá respetar una distancia mínima respecto de las farmacias preexistentes, que es, por regla general, de 250 metros.

                     Sin embargo, el artículo 49 TFUE se opone a tal normativa en la medida en que las normas de base de 2 800 habitantes o de 250 metros impidan la creación de un número suficiente de farmacias capaces de garantizar una atención farmacéutica adecuada en las zonas geográficas con características demográficas particulares, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.

               2)

               El artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 85/432/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas, y el artículo 45, apartado 2, letras e) y g), de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a criterios como los recogidos en los puntos 6 y 7, letra c), del anexo del Decreto 72/2001, de 19 de julio, regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias, en virtud de los cuales se selecciona a los titulares de nuevas farmacias.

      (1)  DO C 79, de 29.3.2008.