title: Asunto T-644/14: Sentencia del Tribunal General de 20 de julio de 2017 — ADR Center/Comisión («Ayuda económica — Programa general Derechos Fundamentales y Justicia para el período 2007-2013 — Programa específico Justicia Civil — Recurso de anulación — Decisión que constituye título ejecutivo — Artículo 299 TFUE — Competencia del autor del acto — Principio de buena administración — Pretensión de que se ordene a la Comisión el pago del saldo restante adeudado en virtud de los acuerdos de subvención — Recalificación parcial del recurso — Cláusula compromisoria — Competencia del Tribunal General — Costes subvencionables»)

text:
               4.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 293/29

         Sentencia del Tribunal General de 20 de julio de 2017 — ADR Center/Comisión
   (Asunto T-644/14) (1)

   ((«Ayuda económica - Programa general Derechos Fundamentales y Justicia para el período 2007-2013 - Programa específico Justicia Civil - Recurso de anulación - Decisión que constituye título ejecutivo - Artículo 299 TFUE - Competencia del autor del acto - Principio de buena administración - Pretensión de que se ordene a la Comisión el pago del saldo restante adeudado en virtud de los acuerdos de subvención - Recalificación parcial del recurso - Cláusula compromisoria - Competencia del Tribunal General - Costes subvencionables»))
   (2017/C 293/32)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: ADR Center SpA (Roma, Italia) (representantes: inicialmente L. Tantalo, posteriormente A. Guillerme, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente J. Estrada de Solà y L. Cappelletti, posteriormente J. Estrada de Solà y S. Delaude, agentes)

      Objeto

   Por un lado, la pretensión basada en el artículo 263 TFUE de que se anule la Decisión C(2014) 4485 final de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativa a la recuperación de una parte de la contribución financiera abonada a la demandante en ejecución de los tres acuerdos de subvención celebrados en el marco del programa específico Justicia Civil, y, por otro lado, la pretensión basada en el artículo 272 TFUE de que se condene a la Comisión a pagar a la demandante el saldo restante adeudado en virtud de los tres acuerdos de subvención por importe de 49 172,52 euros y una indemnización por daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               ADR Center SpA cargará con las costas de la Comisión Europea, incluidas las costas de esta institución correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales, y con la mitad de sus propias costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

               3)

               La Comisión cargará con la mitad de las costas de ADR Center, incluida la mitad de las costas de ésta correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

      (1)  DO C 388 de 3.11.2014.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 19 de septiembre de 1996 en el asunto T-386/94: Alain-Pierre Allo contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Procedimiento de promoción al grado A 3 denominado de «seconde filière» - Recurso de anulación - Expediente individual - Falta de informes de calificación - Recurso de indemnización)

text:
9. 11 . 96           I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 336/25
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               reserva ) y, por otra, una demanda de indemnización como
                  DE PRIMERA INSTANCIA                               reparación de los perjuicios material y moral irrogados al
                  de 19 de septiembre de 1996                        demandante, el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Cuarta ),
                                                                     integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente; y por la Sra . P.
en el asunto T- 15 8/94 : François Brunagel contra Parla            Lindh y el Sr . J. D. Cooke, Jueces; Secretario : Sr. H. Jung, ha
                       mento Europeo ( J )                           dictado el 19 de septiembre de 1996 una sentencia cuyo fallo
(Funcionarios — Procedimiento de selección — Aplicación              es el siguiente :
del apartado 2 del artículo 29 delEstatuto — Apreciación de
las aptitudes profesionales de los candidatos — Desviación           1 ) Se condena a la Comisión a pagar al demandante la
       de poder — No discriminación — Motivación)                         cantidad de 10 000 francos belgas en concepto de
                                                                          indemnización por perjuicio moral.
                          ( 96/C 336/51 )
                                                                     2 ) Se desestima el recurso en todo lo demás.
              (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                     3 ) Se condena en costas a la Comisión.
En el asunto T-l 58/94 , François Brunagel, funcionario del
Parlamento Europeo, con domicilio en Bruselas , represen            0 ) DO n" C 392 de 31 . 12 . 1994 .
tado por el Sr . Georges Vandersanden y la Sra . Laure Levi,
Abogados de Bruselas , que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho de la Fiduciaire Myson Sàrl , 1 , rué
Glesener, contra Parlamento Europeo ( Agentes : Sres . Man
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
fred Peter y Alex Bonn ), que tiene por objeto una demanda
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
dirigida a la anulación de la decisión del Parlamento
Europeo, de 19 de julio de 1993 , de no nombrar al                                     de 24 de septiembre de 1996
demandante para el puesto de Jefe de Protocolo y, por                en el asunto T-485/93 : Société Louis Dreyfus et Cié contra
consiguiente, a la anulación de la decisión de nombramiento                   Comisión de las Comunidades Europeas (')
del Sr . B. para dicho puesto, el Tribunal de Primera Instancia
( Sala Cuarta ), integrado por el Sr . K. Lenaerts, Presidente y     (Ayuda de urgencia de la Comunidad a los Estados de la
por la Sra . P. Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces; Secretario :     antigua Unión Soviética — Licitación — Recurso de
                                                                     anulación — Admisibilidad — Recurso de indemnización —
Sr. J. Palacio González, administrador; ha dictado el 19 de
septiembre de 1996 una sentencia cuyo fallo es el                                             Admisibilidad)
siguiente :                                                                                ( 96/C 336/53 )
1 ) Se desestima el recurso.                                                       (Lengua de procedimiento : francés)
2 ) Se condena en costas al Parlamento.
                                                                     En el asunto T-485/93 , Société Louis Dreyfus et Cié, con
(•) DO n" C 146 de 28 . 5 . 1994 .                                   domicilio social en París, representada por el Sr . Robert
                                                                     Saint-Esteben, Abogado de París, que designa como domi
                                                                     cilio en Luxemburgo el despacho de la Sra . Aloyse May,
                                                                     31 , Grand-rue, contra Comisión de las Comunidades
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              Europeas (Agentes : Sra . Marie-José Jonczy Berend, Sr.
                   DE PRIMERA INSTANCIA                              Nicholas Khan y, en la vista, Sr. Jan Drijber ), que tiene por
                                                                     objeto , por una parte, una pretensión de anulación de la
                  de 19 de septiembre de 1996                        decisión de la Comisión, de 1 de abril de 1993 , dirigida al
en el asunto T-3 86/94 : Alain-Pierre Allo contra Comisión           Vnesheconombank y, por otra parte, una pretensión de
                de las Comunidades Europeas (^                       resarcimiento de los perjuicios supuestamente sufridos por
 (Funcionarios — Procedimiento de promoción al grado A 3             la demandante, el Tribunal de Primera Instancia ( Sala
 denominado de «seconde filière» — Recurso de anulación              Tercera ), integrado por los Sres .: C. P. Briët, Presidente; B.
 — Expediente individual — Falta de informes de calificación         Vesterdorf, A. Potocki , Jueces; Secretario : Sr. J. Palacio
                  — Recurso de indemnización)                        González, administrador, ha dictado el 24 de septiembre de
                                                                      1996 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
                           ( 96 /C 336/52 )
                                                                      1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso de anula
               (Lengua de procedimiento: francés)                          ción.
 En el asunto T-386/94 , Alain-Pierre Allo , funcionario de la        2 ) Se desestima la excepción de inadmisibilidad en la
 Comisión de las Comunidades Europeas , con domicilio en                   medida en que se refiere a las pretensiones que tienen
 Bruselas, representado por el Sr . Eric Boigelot, Abogado de             por objeto la reparación del perjuicio material y moral
 Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                    alegado por la demandante.
 despacho del Sr. Louis Schiltz, 2 , rué du Fort Rheinsheim,
 contra Comisión de las Comunidades Europeas ( Agentes :              3 ) Se continúa el procedimiento relativo a dichas preten
 Sra . Ana Maria Alves Vieira y Sr . Denis Waelbroeck ), que               siones de indemnización en cuanto al fondo.
 tiene por objeto, por una parte, una solicitud de anulación          4 ) Se reserva la decisión sobre las costas.
 de la decisión de la Comisión, de 30 de mayo de 1994, por la
 que se aprueba una lista de funcionarios con posibilidades            ') DO n" C 198 de 22 . 7. 1993 .
 de promoción al grado A 3 mediante el procedimiento
 denominado de « seconde filière » (a través de una lista de


title: Asunto C-227/06: Recurso interpuesto el  17 de mayo de 2006  — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

text:
               15.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/21

         Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-227/06)
   (2006/C 165/40)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y B. Stromsky, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 y 30 del Tratado CE, al imponer la obligación de facto para los operadores económicos que deseen comercializar en Bélgica productos de construcción legalmente producidos y/o comercializados en otro Estado miembro de la Unión Europea, de obtener las marcas de conformidad «BENOR» o «ATG» para la comercialización de dichos productos en Bélgica.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   Las medidas nacionales controvertidas pueden calificarse de medidas estatales que obstaculizan la libre circulación de mercancías sin estar justificadas por las consideraciones mencionadas en el artículo 30 CE o por exigencias imperativas de interés general y no se ajustan al principio de proporcionalidad.


title: Asunto T-234/06: Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2006 — Torresan/OAMI — Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS)

text:
               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/23

         Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2006 — Torresan/OAMI — Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS)
   (Asunto T-234/06)
   (2006/C 261/44)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: italiano
   Partes

      Demandante: Giampietro Torresan (Schonenfels, Suiza) (representante: Gianluca Recher, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 29 de junio de 2006, adoptada en el procedimiento R 517/2005-2, notificada mediante fax el 5 de julio de 2006, por la que se confirma el registro de la marca comunitaria CANNABIS para las clases 32 y 33 del RMC.

               —

               En cualquier caso, que se condene a la OAMI al pago de todas las costas del procedimiento, incluyendo los gastos derivados de los otros dos procedimientos sustanciados ante la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: Marca denominativa «CANNABIS» (solicitud de registro no 1.073.349) para productos y servicios de las clases 32, 33 y 42.

      Titular de la marca comunitaria: La demandante.

      Parte que solicita la nulidad de la marca comunitaria: Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG.

      Marca o signo de la solicitante de la nulidad: No consta que la solicitante de la nulidad alegue ningún derecho de marca. La nulidad de la marca comunitaria se solicitaba para productos de las clases 32 (cerveza) y 33 (vinos, bebidas alcohólicas, licores, espumosos, vino espumoso, champán).

      Resolución de la División de Anulación: Admisión parcial de la solicitud de nulidad, declarando nulo el registro de la marca comunitaria en relación con los productos comprendidos en las clases 32 y 33.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.
   Motivos invocados: Infracción y aplicación incorrecta del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 sobre la marca comunitaria, y contradicción en la motivación de la resolución impugnada.


title: Asunto C-389/10 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de diciembre de 2011 — KME Germany AG, anteriormente KM Europa Metal AG, KME France SAS, anteriormente Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anteriormente Europa Metalli SpA/Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los tubos de cobre para fontanería — Multas — Tamaño del mercado, duración de la infracción y cooperación como factores que pueden ser tenidos en cuenta — Tutela judicial efectiva)

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de diciembre de 2011 — KME Germany AG, anteriormente KM Europa Metal AG, KME France SAS, anteriormente Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anteriormente Europa Metalli SpA/Comisión Europea
   (Asunto C-389/10 P) (1)

   (Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado de los tubos de cobre para fontanería - Multas - Tamaño del mercado, duración de la infracción y cooperación como factores que pueden ser tenidos en cuenta - Tutela judicial efectiva)
   2012/C 32/16
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: KME Germany AG, anteriormente KM Europa Metal AG, KME France SAS, anteriormente Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anteriormente Europa Metalli SpA (representantes: M. Siragusa, avvocato, A. Winckler, avocat, G. Rizza, avvocato, T. Graf, advokat, M. Piergiovanni, avvocato)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: E. Gippini Fournier y S. Noë, agentes, C. Thomas, Solicitor)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 19 de mayo de 2010, KME Germany y otros/Comisión (T-25/05) por la que dicho Tribunal desestimó un recurso que tenía por objeto la reducción de la multa impuesta a las recurrentes mediante la Decisión 2006/485/CE de la Comisión, de 3 de septiembre de 2003, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/38.069 — Tubos de cobre para fontanería) [notificada con el número C(2004) 2826], en relación con un sistema de atribución de volúmenes de producción y de cuotas de mercado, así como de fijación de objetivos y de subidas de precios en el mercado europeo de tubos de cobre para fontanería.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a KME Germany AG, KME France SAS y KME Italy SpA.

      (1)  DO C 274, de 9.10.2010.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Sø- og Handelsretten, de fecha 19 de diciembre de 1995, en el asunto entre Helle Elisabeth Larsson, representada por el Handels og Kontorfunktionaerernes Forbund i Denmark, y Føtex Supermarked A/S (Asunto C-400/95)

text:
  17. 2. 96          [ ES 1                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 46/9
 Indudablemente, la decisión de rechazar la oferta de                  turístico, tiene un interés razonable y justificado en inter
 Geotronics por razón del origen se tomó después de la                 venir por vía normativa ?
 entrada en vigor del Acuerdo EEE. El Acuerdo EEE se aplica
 a todas las situaciones jurídicas que se produzcan después de
 su entrada en vigor. En consecuencia , Geotronics alega que
 no existe retroactividad en el presente caso .
                                                                       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
 El ámbito de aplicación del Acuerdo EEE                               lución del Sø- og Handelsretten, de fecha 19 de diciembre de
                                                                       1995 , en el asunto entre Helle Elisabeth Larsson, represen
 El Tribunal de Primera Instancia declaró que el                       tada por el Handels og Kontorfunktionaerernes Forbund i
 Acuerdo EEE no puede aplicarse al contrato de que se trata,                       Denmark, y Føtex Supermarked A/S
 ya que una de las partes de dicho contrato, Rumania, no es                                  ( Asunto C-400/95 )
 parte del Acuerdo EEE. Se trata de una afirmación forma
 lista que ignora la realidad económica de la situación. Dicha                                    ( 96/C 46/15 )
 realidad es que de hecho existe, como consecuencia de la
 decisión de la Comisión, discriminación entre dos fabrican           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
 tes EEE de productos equivalentes . La realidad económica             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
 de la transacción y las actuaciones llevadas a cabo en                resolución del So- og Handelsretten, dictada el 19 de
 relación con ésta deben ser decisivas .                               diciembre de 1995 , en el asunto entre Helle Elisabeth
                                                                       Larsson, representada por el Handels og Kontorfunktiona
 Se alega que la presente situación está incluida en el ámbito         erernes Forbund i Denmark, y Føtex Supermarked A/S, y
 de aplicación del Acuerdo EEE. Además, Geotronics afirma              recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de
 que la Comisión incurrió en una discriminación tal que                diciembre de 1995 .
podía distorsionar la competencia entre productos origina
rios de la CE y de la AELC, concediendo una ventaja                    El So- og Handelsretten solicita al Tribunal de Justicia que se
competitiva desleal a los primeros . Dicha discriminación              pronuncie sobre la siguiente cuestión :
impide la libre circulación de mercancías, en contra de los
artículos 8 y 11 y del apartado 1 del artículo 65 del                  Las disposiciones del apartado 1 del artículo 5 , en relación
Acuerdo EEE .                                                         con el apartado 1 del artículo 2 , de la Directiva del Consejo,
                                                                      de 9 de febrero de 1976 , relativa a la aplicación del principio
 (<) DO n° C 333 de 9 . 12 . 1995 , p . 33 .                          de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se
                                                                      refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
                                                                      profesionales, y a las condiciones de trabajo ( 76/207/
                                                                      CEE ) ('), ¿ comprenden los despidos producidos como
                                                                      consecuencia de ausencias posteriores al permiso por
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso            maternidad, en caso de que dichas ausencias sean debidas a
lución del Symvoúlio tis Epikratías tis Elládas, de fecha 7 de        una enfermedad que apareció durante el embarazo y se
noviembre de 1995 , en el asunto entre Syndesmos ton en               prolongó durante el permiso por maternidad y después de
Elládi Touristikón kai Taxidiotikón Grafíon y Ministro de             transcurrido el mismo, cuando ésta sea la causa de que el
                             Trabajo                                  despido haya tenido lugar después de finalizado el permiso
                                                                      por maternidad ?
                       ( Asunto C-398/95 )
                            96/C 46/ 14                               (') DO n° L 39 de 14 . 2 . 1976 , p. 40 .
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Symvoúlio tis Epikratías tis Elládas, dictada el
7 de noviembre de 1995 , en el asunto entre Syndesmos ton             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
en Elládi Touristikón kai Taxidiotikón Grafíon y Ministro             lución del Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, de fecha
de Trabajo, y recibida en la Secretaría del Tribunal de               12 de diciembre de 1995 , en el asunto entre NV BRD
Justicia el 18 de diciembre de 1995 .                                 ( Bureau Rik DECAN-Business Research & Development) y
                                                                                Belgische Staat
El Symvoúlio tis Epikratías tis Elládas solicita al Tribunal de                             ( Asunto C-401 /95 )
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
                                                                                ( 96/C 46/ 16 )
¿ Es contraria a los artículos 59 y siguientes del Tratado CEE
la disposición del artículo 37 de la Ley 1545/1985 , que,            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
cuando concurren los requisitos en ella mencionados,                 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
preceptúa imperativamente la forma legal de relación                 resolución del Rechtbank Eerste Aanleg te Brussel, dictada
laboral por cuenta ajena, forma legal ésta que, conforme a la        el 12 de diciembre de 1995 , en el asunto entre NV BRD
práctica habitual, revisten los servicios prestados por los          ( Bureau Rik DECAN-Business Research & Development)
guías turísticos en las condiciones establecidas en dicho            y Belgische Staat, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
artículo ? En caso afirmativo, ¿ dicha disposición está justi       Justicia el 21 de diciembre de 1995 .
ficada por razones del interés general en el mantenimiento
de la paz laboral en un sector sensible como es el de los            El Rechtbank van Eerste Aanleg solicita al Tribunal de
servicios turísticos, en el cual el Estado helénico, como país       Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :


title: Asunto T-67/13: Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2013 — Novartis Europharm/Comisión

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/24

         Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2013 — Novartis Europharm/Comisión
   (Asunto T-67/13)
   2013/C 101/53
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Novartis Europharm Ltd (Horsham, Reino Unido) (representante: C. Schoonderbeek, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C(2012) 8605 final de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, por la que se concede una autorización de comercialización a Hospira UK Ltd, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136, p. 1).

               —

               Condene a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas y con las de la parte demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un motivo consistente en sostener que la Decisión impugnada es contraria a Derecho en la medida en que constituye una violación del derecho a la protección de datos de Novartis Europharm Ltd. respecto a su producto Aclasta con arreglo al artículo 13, apartado 4, del Reglamento (CE) no 2309/93, (1) en relación con el artículo 89 del Reglamento (CE) no 726/2004. (2) Habida cuenta de que se concedió a Aclasta una autorización de comercialización separada e independiente en virtud del procedimiento centralizado, la autorización a Aclasta no se incluye en la misma autorización de comercialización global concedida a Zometa (otro producto de Novartis Europharm Ltd), como se especifica en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE (3) a efectos de la protección de datos.
   Además, la Decisión impugnada es también contraria a Derecho en la medida en que constituye una infracción del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE por cuanto la protección de datos para el medicamento de referencia Aclasta no ha expirado y, por lo tanto, no concurren los requisitos exigidos por este artículo para la concesión de una autorización de comercialización.

      (1)  Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.

      (2)  Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (Texto pertinente a efectos del EEE).

      (3)  Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.


title: DICTAMEN 2/92 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 24 de marzo de 1995 (Competencia de la Comunidad, o de una de sus Instituciones, para participar en la Tercera Decisión revisada del Consejo de la OCDE relativa al trato nacional)

text:
24 . 6 . 95            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 159/1
                                                                  I
                                                          (Comunicaciones)
                                           TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                      TRIBUNAL DE JUSTICIA
    DICTAMEN 2/92 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                           2 ) La Comunidad y los Estados miembros tienen compe
                  de 24 de marzo de 1995 (M
                                                                         tencia compartida para participar en la citada Deci
                                                                         sión.
(Competencia de la Comunidad, o de una de sus Institucio
nes, para participar en la Tercera Decisión revisada del             (M DO n° C 255 de 2 . 10 , 1992 .
        Consejo de la OCDE relativa al trato nacional)
                          ( 95/C 159/01 )
Mediante solicitud presentada el 4 de septiembre de 1992,
con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artícu                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL
lo 228 del Tratado CEE, el Reino de Bélgica pidió al                                           ( Sala Sexta)
Tribunal de Justicia un dictamen sobre la competencia de la
Comunidad , o de una de sus Instituciones, para participar                              de 4 de mayo de 1995
en la Tercera Decisión revisada del Consejo de la Organi            en el asunto C-7/94, (petición de décision prejudicial
zación de Cooperación y Desarrollo Económicos relativa al            planteada por el Bundesverwaltungsgericht ): Laadesamt für
trato nacional y, en concreto, solicitó al Tribunal de Justicia      Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen contra Lubor
que se pronunciara sobre las siguientes cuestiones :                                              Gaal (M
                                                                     [Reglamento (CEE) n0 1612/68 — Artículo 12 — Concepto
— ¿ Está justificada la elección de una doble base jurídica                                       de hijo]
     ( artículos 57 y 113 ) propuesta por la Comisión para la
     Decisión del Consejo relativa a la participación de la                                  ( 95/C 159/02 )
     Comunidad en la Tercera Decisión ?
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
— En caso de respuesta negativa a la primera cuestión,
     ¿ cuál es la base jurídica correcta ?
                                                                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                     cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
— La competencia de la Comunidad para participar en la                    de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia »)
     Tercera Decisión ¿ es exclusiva respecto a la de los
     Estados miembros o está justificada una participación
     mixta ?                                                         En el asunto C- 7/94, que tiene por objeto una petición
                                                                     dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                                                                     del Tratado CE, por el Bundesverwaltungsgericht, destinada
El Tribunal de Justicia, integrado por los Sres .: G. C.             a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
Rodríguez Iglesias, Presidente; F.A. Schockweiler, P.J.G.            jurisdiccional entre Landesamt für Ausbildungsförderung
Kapteyn y C. Gulmann, Presidentes de Sala ; G.F. Mancini             Nordrhein-Westfalen y Lubor Gaal, en el que participa el
 ( Ponente ), C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J.L.        Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht como
Murray y D.A. O. Edward, Jueces; oídos los Sres.: F. G.              parte interviniente, una decisión prejudicial sobre la inter
Jacobs, Primer Abogado General, C. O. Lenz, G. Tesauro,              pretación del artículo 12 del Reglamento ( CEE ) n° 1612/68
G. Cosmas, P. Léger y M. B. Elmer, Abogados Generales, ha            del Consejo, de 15 de octubre de 1968 , relativo a la libre
emitido el siguiente dictamen:                                       circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad ( 2),
                                                                     el Tribunal de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres.:
 1 ) La Comunidad es competente para participar en la                F.A. Schockweiler, Presidente de Sala; P.J.G. Kapteyn
       Tercera Decisión revisada de la OCDE.                          (Ponente), G.F. Mancini, C.N. Kakouris y G. Hirsch, Jueces;


title: Asuntos acumulados T-727/14 y T-728/14: Sentencia del Tribunal General de 29 de junio de 2016 — Universal Protein Supplements/EUIPO — H Young Holdings (animal) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marcas figurativas de la Unión animal — Marca nacional denominativa anterior no registrada ANIMAL — Motivo de denegación relativo — Aplicación del Derecho nacional por la EUIPO — Artículo 53, apartado 1, letra c), y artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Precisiones sobre el derecho en el que se fundamenta la solicitud de nulidad — Regla 37, letra b), inciso ii), del Reglamento (CE) n.° 2868/95»]

text:
               8.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/21

         Sentencia del Tribunal General de 29 de junio de 2016 — Universal Protein Supplements/EUIPO — H Young Holdings (animal)
   (Asuntos acumulados T-727/14 y T-728/14) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marcas figurativas de la Unión animal - Marca nacional denominativa anterior no registrada ANIMAL - Motivo de denegación relativo - Aplicación del Derecho nacional por la EUIPO - Artículo 53, apartado 1, letra c), y artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Precisiones sobre el derecho en el que se fundamenta la solicitud de nulidad - Regla 37, letra b), inciso ii), del Reglamento (CE) n.o 2868/95»])
   (2016/C 287/25)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Universal Protein Supplements Corp. (New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos) (representante: S. Malynicz, Barrister)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: P. Bullock y A. Folliard Monguiral, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: H Young Holdings plc (Newbury, Reino Unido) (representantes: D. Parrish, Solicitor, y A. Roughton, Barrister)

      Objeto

   Recursos interpuestos contra las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 31 de julio de 2014 (asuntos R 2054/2013-1 y R 2058/2013 1) relativas a procedimientos de nulidad entre Universal Protein Supplements y H Young Holdings.

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos.

               2)

               Condenar en costas a Universal Protein Supplements Corp.

      (1)  DO C 431 de 1.12.2014.


title: Asunto F-24/10: Auto del Tribunal de la Función Pública de 11 de marzo de 2011 — Kaskarelis/Comisión

text:
               12.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/39

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 11 de marzo de 2011 — Kaskarelis/Comisión
   (Asunto F-24/10) (1)

   2012/C 138/95
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 161, de 19.6.2010, p. 58.


title: Asunto T-191/06: Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2011 — FMC Foret/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Peróxido de hidrógeno y perborato sódico — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Duración de la infracción — Presunción de inocencia — Derecho de defensa — Multas — Circunstancias atenuantes» )

text:
               30.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 226/21

         Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2011 — FMC Foret/Comisión
   (Asunto T-191/06) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Peróxido de hidrógeno y perborato sódico - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Duración de la infracción - Presunción de inocencia - Derecho de defensa - Multas - Circunstancias atenuantes)
   2011/C 226/39
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: FMC Foret, S.A. (Barcelona) (representantes: M. Seimetz, abogado, y C. Stanbrook, QC)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente, F. Arbault; posteriormente, V. Di Bucci y V. Bottka, agentes, asistidos por M. Gray, Barrister)

      Objeto

   Con carácter principal, pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2006) 1766 final de la Comisión, de 3 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.620 — Peróxido de hidrógeno y perborato), y, con carácter subsidiario, pretensión de reducción del importe de la multa impuesta a la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a FMC Foret, S.A.

      (1)  DO C 212, de 2.9.2006.


title: Asunto T-429/14: Recurso interpuesto el 12 de junio de 2014 — Uriinmuebles/Comisión

text:
               4.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 253/57

         Recurso interpuesto el 12 de junio de 2014 — Uriinmuebles/Comisión
   (Asunto T-429/14)
   2014/C 253/77
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Uriinmuebles, SL (Madrid, España) (representantes: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco y J. Corral García, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la Decisión impugnada, y

               —

               condene a la Comisión a la totalidad de las costas que se deriven del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones son los ya invocados en el asunto T-392/14, Gutser/Comisión.


title: Asunto C-212/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de julio de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaos Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis/Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) (Directiva 1999/70/CE — Cláusulas 1, letra b), y 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada — Contratos de trabajo de duración determinada sucesivos en el sector público — Concepto de contratos sucesivos y concepto de razones objetivas que justifican la renovación de dichos contratos — Medidas destinadas a prevenir los abusos — Sanciones — Alcance de la obligación de interpretación conforme)

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de julio de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaos Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis/Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)
   (Asunto C-212/04) (1)

   (Directiva 1999/70/CE - Cláusulas 1, letra b), y 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada - Contratos de trabajo de duración determinada sucesivos en el sector público - Concepto de «contratos sucesivos» y concepto de «razones objetivas» que justifican la renovación de dichos contratos - Medidas destinadas a prevenir los abusos - Sanciones - Alcance de la obligación de interpretación conforme)
   (2006/C 212/04)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Monomeles Protodikeio Thessalonikis
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaos Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis

      Demandada: Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Monomeles Protodikeio Thessalonikis — Interpretación de la cláusula 5, apartados 1 y 2, del anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43) — Contratos de trabajo celebrados con la Administración pública — Concepto de razones objetivas que justifiquen la renovación, sin limitaciones, de los contratos de trabajo de duración determinada sucesivos — Concepto de contratos sucesivos
   Fallo

               1)

               La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada cuya única justificación radique en haber sido establecida por una disposición legal o reglamentaria general de un Estado miembro. Por el contrario, a efectos de dicha cláusula, el concepto de «razones objetivas» exige que la normativa nacional justifique la utilización de este tipo particular de relaciones laborales por la existencia de factores concretos, derivados principalmente de la actividad de que se trate y de las condiciones en que ésta se desarrolla.

               2)

               La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que considera que únicamente deben calificarse de «sucesivos» a efectos de dicha cláusula los contratos o relaciones laborales de duración determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a veinte días laborables.

               3)

               En circunstancias tales como las del asunto principal, el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, si el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trata no contiene, en el sector considerado, ninguna medida efectiva para evitar y sancionar, en su caso, la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos, dicho Acuerdo impide aplicar una normativa nacional que, sólo en el sector público, prohíbe absolutamente transformar en contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de duración determinada que han tenido por objeto, de hecho, hacer frente a «necesidades permanentes y duraderas» del empleador y deben considerarse abusivos.

               4)

               En el supuesto de adaptación tardía del ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate a una directiva cuyas disposiciones pertinentes carecen de efecto directo, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados, a partir de la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a la directiva, a interpretar su Derecho interno en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate con objeto de alcanzar los resultados que ésta persigue, dando prioridad a la interpretación de las normas nacionales que mejor se ajuste a dicha finalidad, para llegar así a una solución compatible con las disposiciones de dicha directiva.

      (1)  DO C 179, de 10.07.2004.


title: Asunto C-477/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de Cassation (Francia) el 25 de noviembre de 2009 — Charles Defossez/Christian Wiart, liquidador de Sotimon SARL, Office national de l’emploi, CGEA de Lille

text:
               13.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de Cassation (Francia) el 25 de noviembre de 2009 — Charles Defossez/Christian Wiart, liquidador de Sotimon SARL, Office national de l’emploi, CGEA de Lille
   (Asunto C-477/09)
   2010/C 37/19
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de Cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Charles Defossez

      Recurridas: Christian Wiart, en calidad de liquidador de Sotimon SARL, Office national de l’emploi (fonds de fermeture d’entreprises), CGEA de Lille

      Cuestión prejudicial

   ¿El artículo 8 bis de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, (1) en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, (2) cuyo apartado 1 prevé que, cuando una empresa con actividades en el territorio de al menos dos Estados miembros se encuentre en estado de insolvencia, la institución competente para el pago de los créditos impagados de los trabajadores será la del Estado miembro en cuyo territorio éstos ejerzan o ejercían habitualmente su trabajo, y cuyo apartado 2 prevé que la extensión de los derechos de los trabajadores asalariados vendrá determinada por el Derecho por el que se rija la institución de garantía competente, debe interpretarse en el sentido de que designa la institución competente, con exclusión de cualquier otra, o bien si habida cuenta de la finalidad de la Directiva, que es consolidar los derechos de los trabajadores que hacen uso de su libertad de circulación, y del párrafo primero del artículo 9 de la propia Directiva, conforme al cual ésta no afectará a la facultad de los Estados miembros de aplicar o establecer disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables para los trabajadores asalariados, debe interpretarse en el sentido de que no priva al trabajador del derecho a invocar, en lugar de la garantía de la referida institución, la garantía más favorable de la institución en la que su empleador está asegurado y cotiza en aplicación del Derecho nacional?

      (1)  DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219.

      (2)  DO L 270, p. 10.


title: Asunto T-351/04: Recurso interpuesto el 24 de agosto de 2004 por Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

text:
               22.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/25

         Recurso interpuesto el 24 de agosto de 2004 por Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)
   (Asunto T-351/04)
   (2005/C 19/55)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 24 de agosto de 2004 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, con domicilio social en Bitburg (Alemania), representada por la Sra. Michaela Huth-Dierig, abogada.
   Anheuser-Busch, Inc., con domicilio social en St. Louis (Estados Unidos), fue asimismo parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución de 22 de junio de 2004 de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), en el asunto R 447/2002-2.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria:

               Anheuser-Busch, Inc.

               Marca comunitaria solicitada:

               Marca gráfica «American Bud» para productos de las clases 16, 25 y 32 (entre otros, papel, prendas de vestir, cervezas y otras bebidas alcohólicas a base de malta) – Solicitud no398 966

               Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               La demandante

               Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               Las marcas alemanas denominativas y gráficas «Bit», «BIT», «Bitte ein Bit» y «Bitburger» para productos y servicios de las clases 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 y 42 (entre otros, cervezas y bebidas no alcohólicas)

               Resolución de la División de Oposición:

               Desestimación de la oposición

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso de la demandante

               Motivos invocados:

                           —

                           Existe una similitud fonética considerable entre las marcas

                           —

                           El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 se ha aplicado erróneamente.

                           —

                           Las marcas BIT, prioritarias por ser anteriores, pueden acogerse a la protección superior que concede el artículo 8, apartado 5, del Reglamento.


title: Asunto T-752/16: Recurso interpuesto el 28 de octubre de 2016 — Novolipetsk Steel/Comisión

text:
               16.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 14/38

         Recurso interpuesto el 28 de octubre de 2016 — Novolipetsk Steel/Comisión
   (Asunto T-752/16)
   (2017/C 014/47)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: PAO Novolipetsk Steel (Lipetsk, Rusia) (representantes: B. Evtimov, abogado, y D. O’Keeffe, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1328 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de determinados productos planos de acero laminados en frío originarios, en particular, de la Federación de Rusia, publicado en el DO L 210 de 4.8.2016, en su totalidad, en la medida en que afecta a la demandante.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la vulneración del derecho a un proceso justo y del derecho de defensa, así como en la violación de los principios de igualdad de armas y de buena administración.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 18 del Reglamento de base (1) y el artículo 6, apartado 8, y Anexo II del Acuerdo Antidumping (ADA), (2) vulneró el principio de proporcionalidad e incurrió en error manifiesto de Derecho y en error manifiesto de apreciación, al reprochar al demandante falta de cooperación, como productor, y al hacer uso de los datos de que disponía.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 3, apartados 2 y 5, del Reglamento de base y el artículo 3, apartado 1, del ADA, desnaturalizó las pruebas que se le presentaron e incurrió en errores manifiestos de apreciación al evaluar indebidamente los indicadores del perjuicio y al omitir llevar a cabo un análisis objetivo del estado de la industria dentro de la Unión.

                           —

                           Según la demandante, la Comisión se basó exclusivamente en una selección de indicadores económicos del estado de la industria dentro de la Unión ignorando otros indicadores clave que habrían mostrado una visión más real de dicho estado.

                           —

                           La demandante alega, además, que la Comisión sacó sus propias conclusiones de forma interesada, y desnaturalizó las pruebas que se le presentaron al no examinar de forma conjunta ambos mercados, el «libre» y el «cautivo», del producto en cuestión, incumpliendo su obligación de realizar un examen objetivo conforme al artículo 3, apartado 2 del Reglamento de base.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, al apreciar indebidamente la relación de causalidad entre las presuntas importaciones objeto de dumping y la situación de la industria dentro de la Unión. La demandante aduce, por otro lado, que la Comisión incumplió su obligación de no atribuir a las presuntas importaciones objeto de dumping los perjuicios causados por otros factores, y no tuvo en cuenta otros aspectos que, conjunta o individualmente, se oponían a establecer aquella relación de causalidad.

               5.

               Quinto motivo, basado en que la Comisión determinó erróneamente el nivel de eliminación del perjuicio, infringiendo el artículo 2, apartado 9, y el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base e incurriendo en error manifiesto de apreciación. En particular, a juicio de la demandante, la Comisión determinó un margen de beneficio excesivo e injustificado para la industria de la Unión y, al aplicar, por analogía, a efectos del margen del perjuicio, el ajuste para los gastos de venta, generales y administrativos razonables y el beneficio de un importador no relacionado, previsto en el artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base, incurrió en error manifiesto de apreciación.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009 L 343, p. 51).

      (2)  Acuerdo Antidumping de la OMC.


title: Asunto C-343/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugal) el 24 de junio de 2013 — Modelo Continente Hipermercados, S.A./Autoridade para as Condições do Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/26

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugal) el 24 de junio de 2013 — Modelo Continente Hipermercados, S.A./Autoridade para as Condições do Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)
   (Asunto C-343/13)
   2013/C 260/45
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal do Trabalho de Leiria

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Modelo Continente Hipermercados, S.A.

      Demandada: Autoridade para as Condições do Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A la luz del Derecho comunitario y, en particular, de la Directiva [2011/35/UE (1) y de su artículo 19], ¿implica la fusión de sociedades un régimen de transmisión de la responsabilidad en materia de infracciones laborales que entrañe que la sociedad absorbente sea responsable de hechos cometidos por la sociedad absorbida con anterioridad a la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil?

               2)

               ¿Puede una sanción en materia de relaciones laborales tener la consideración de crédito a favor de terceros (en este caso, a favor del Estado en virtud de la normativa en materia de infracciones laborales) a efectos de la aplicación de la Directiva, con la consecuencia de que se transfiera a la sociedad absorbente la correspondiente deuda (multa) por infracción laboral, deuda de la que será acreedor el Estado?

               3)

               La interpretación del artículo 112 del Código das Sociedades Comerciais en el sentido de que no implica la extinción del procedimiento por una infracción laboral cometida con anterioridad a la fusión ni de la multa que corresponda imponer, ¿resulta contraria a la citada Directiva comunitaria, que establece los efectos de la fusión de sociedades, constituyendo de este modo una interpretación extensiva del precepto contraria a los principios del Derecho comunitario y, en particular, al artículo 19 de la Directiva?

               4)

               ¿Constituye la anterior interpretación una violación del principio de que no pueden existir infracciones laborales sin que la entidad absorbente haya incurrido en responsabilidad objetiva (atenuada) o en responsabilidad por culpa?

      (1)  Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (DO L 110, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de diciembre de 2001 en el asunto C-166/00: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica ("Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho interno a las Directivas 97/41/CE, 98/51/CE y 98/67/CE")

text:
C 84/24                  ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           6.4.2002
—     97/76/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1997,                      Helénica (agentes: Sr. G. Kanellopoulos y las Sras. C. Tsiavou y
      por la que se modifican las Directivas 77/99/CEE y                     D. Tsagkaraki), que tiene por objeto que se declare que la
      72/462/CEE en lo que se refiere a las reglas aplicables a              República Helénica ha incumplido las obligaciones que le
      las carnes picadas, las preparaciones de carne y otros                 incumben en virtud del Tratado y de las Directivas:
      determinados productos de origen animal (DO 1998,
      L 10, p. 25), y
                                                                             —    97/41/CE del Consejo, de 25 de junio de 1997, por la
—     98/51/CE de la Comisión, de 9 de julio de 1998, relativa
                                                                                que se modifican las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE,
      a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva
                                                                                86/363/CEE y 90/642/CEE relativas a la fijación de los
      95/69/CE del Consejo por la que se establecen los
                                                                                contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las
      requisitos y las normas aplicables a la autorización y el
                                                                                frutas y hortalizas, sobre y en los cereales, sobre y en los
      registro de determinados establecimientos e intermedia-
                                                                                productos alimenticios de origen animal, y en determina-
      rios del sector de la alimentación animal (DO L 208,
                                                                                dos productos de origen vegetal, incluidas las frutas y
      p. 43),
                                                                                hortalizas, respectivamente (DO L 184, p. 33),
al no haber adoptado y, en cualquier caso, al no haber
comunicado a la Comisión las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las              —    97/76/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1997,
referidas Directivas, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta),                      por la que se modifican las Directivas 77/99/CEE y
integrado por los Sres. S. von Bahr, Presidente de Sala, A. La                    72/462/CEE en lo que se refiere a las reglas aplicables a
Pergola y C. W. A. Timmermans (Ponente), Jueces; Abogado                          las carnes picadas, las preparaciones de carne y otros
General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 6 de               determinados productos de origen animal (DO 1998,
diciembre de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                       L 10, p. 25),
1)    Se declara que la República Italiana ha incumplido las
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                 —    98/51/CE de la Comisión, de 9 de julio de 1997, relativa
      98/51/CE de la Comisión, de 9 de julio de 1998, relativa                   a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva
      a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva                 95/69/CE del Consejo por la que se establecen los
      95/69/CE del Consejo por la que se establecen los requisitos y              requisitos y las normas aplicables a la autorización y el
      las normas aplicables a la autorización y el registro de                   registro de determinados establecimientos e intermedia-
      determinados establecimientos e intermediarios del sector de la             rios del sector de la alimentación animal (DO L 208,
      alimentación animal, al no haber adoptado, dentro del plazo                p. 43), y
      señalado, las disposiciones legislativas, reglamentarias y admi-
      nistrativas necesarias para atenerse a la citada Directiva.
2)    Se condena en costas a la República Italiana.                         —    98/67/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 1998,
                                                                                por la que se modifican las Directivas 80/511/CEE,
                                                                                82/475/CEE, 91/357/CEE y la Directiva 96/25/CE del
(1) DO C 176 de 24.6.2000.                                                        Consejo y se deroga la Directiva 92/87/CEE (DO L 261,
                                                                                p. 10),
                                                                             al no haber adoptado, dentro de los plazos señalados en las
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  mismas, las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
                                                                             tivas necesarias para atenerse a las citadas Directivas, el
                             (Sala Cuarta)                                   Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por los Sres. S. von
                                                                             Bahr, Presidente de Sala, A. La Pergola y C. W. A. Timmermans
                    de 6 de diciembre de 2001                                (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario:
                                                                             Sr. R. Grass, ha dictado el 6 de diciembre de 2001 una
en el asunto C-166/00: Comisión de las Comunidades                          sentencia cuyo fallo es el siguiente:
             Europeas contra República Helénica (1)
(«Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho
 interno a las Directivas 97/41/CE, 98/51/CE y 98/67/CE»)                    1)   Se declara que la República Helénica ha incumplido las
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud las Directivas:
                           (2002/C 84/38)
                   (Lengua de procedimiento: griego)                              —     97/41/CE del Consejo, de 25 de junio de 1997, por la
                                                                                que se modifican las Directivas 76/895/CEE,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE relativas a
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                     la fijación de los contenidos máximos de residuos de
                                                                                plaguicidas en las frutas y hortalizas, sobre y en los
                                                                                cereales, sobre y en los productos alimenticios de origen
En el asunto C-166/00, Comisión de las Comunidades Euro-                               animal, y en determinados productos de origen vegetal,
peas (agente: Sra. M. Condou-Durande) contra República                                 incluidas las frutas y hortalizas, respectivamente;
 ---pagebreak--- 6.4.2002                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 84/25
       —     98/51/CE de la Comisión, de 9 de julio de 1997, relativa      General: Sr. L. A. Geelhoed; Secretario: Sr. H. A. Rühl,
             a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva    administrador principal; ha dictado el 24 de enero de 2002
             95/69/CE del Consejo por la que se establecen los              una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
             requisitos y las normas aplicables a la autorización y el
             registro de determinados establecimientos e intermediarios     1)    Desestimar el recurso.
             del sector de la alimentación animal, y
                                                                            2)    Condenar en costas a la República de Finlandia.
       —     98/67/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 1998,
             por la que se modifican las Directivas 80/511/CEE,
             82/475/CEE, 91/357/CEE y la Directiva 96/25/CEE                (1) DO C 247 de 26.8.2000.
             del Consejo y se deroga la Directiva 92/87/CEE,
       al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposicio-
       nes legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
       atenerse a las citadas Directivas.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
2)     Se condena en costas a la República Helénica.
                                                                                (Sala Primera)
( 1) DO C 192 de 8.7.2000.
                                                                                de 15 de enero de 2002
                                                                            en el asunto C-179/00 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                            Verwaltungsgerichtshof): Gerald Weidacher (sı́ndico de la
                                                                            quiebra de Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) contra
                                                                                Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft (1)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                            («Artı́culo 149 del Acta de adhesión de Austria, Finlandia y
                              (Sala Quinta)                                 Suecia — Medidas transitorias — Excedentes de existencias
                                                                            — Artı́culo 4 del Reglamento (CE) no 3108/94 de la
                       de 24 de enero de 2002                               Comisión — Competencia — Poseedor de la mercancı́a —
                                                                            Gravamen por importación aplicable — Confianza legı́tima
en el asunto C-170/00: República de Finlandia contra                                  — Proporcionalidad — Igualdad de trato»)
           Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                                (2002/C 84/40)
(«FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicios 1996 y
1997 — Primas especiales para toros — Procedimiento que                                       (Lengua de procedimiento: alemán)
                       debe seguir la Comisión»)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                             (2002/C 84/39)                                      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                     (Lengua de procedimiento: finés)
                                                                            En el asunto C-179/00, que tiene por objeto una petición
                                                                            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                            por el Verwaltungsgerichtshof (Austria), destinada a obtener,
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
                                                                            Gerald Weidacher (sı́ndico de la quiebra de Thakis Vertriebs—
                                                                            und Handels GmbH) y Bundesminister für Land- und
En el asunto C-170/00, República de Finlandia (agentes:                    Forstwirtschaft, una decisión prejudicial sobre la interpretación
Sras. T. Pynnä y E. Bygglin) contra Comisión de las Comunida-              del artı́culo 149, apartado 1, del Acta relativa a las condiciones
des Europeas (agentes: Sres. M. Niejahr y I. Koskinen) que tiene            de adhesión de la República de Austria, de la República de
por objeto la anulación parcial de la Decisión 2000/216/CE de             Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los
la Comisión, de 1 de marzo de 2000, por la que se excluyen                 Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO
de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados              1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1, p. 1), ası́ como sobre la
por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantı́a               validez y la interpretación del Reglamento (CE) no 3108/94 de
del Fondo Europeo de Orientación y de Garantı́a Agrı́cola                  la Comisión, de 19 de diciembre de 1994, relativo a las
(FEOGA) (DO L 67, p. 37), en la medida en que excluye de la                 medidas transitorias que deben adoptarse con motivo de la
financiación comunitaria un importe de 7 270 885,76 FIM,                   adhesión de Austria, Finlandia y Suecia en lo que respecta al
en concepto de gastos efectuados por el Estado miembro                      comercio de productos agrı́colas (DO L 328, p. 42), el Tribunal
demandante en el marco del pago anticipado de primas                        de Justicia (Sala Primera), integrado por los Sres. P. Jann,
especiales por toros, para los ejercicios financieros de 1996 y             Presidente de Sala, L. Sevón y M. Wathelet (Ponente), Jueces;
1997, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los              Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass; ha
Sres. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, S. von Bahr,                   dictado el 15 de enero de 2002 una sentencia cuyo fallo es el
D. A. O. Edward, A. La Pergola y M. Wathelet, Jueces; Abogado               siguiente:


title: Asunto T-155/06: Recurso interpuesto el 14 de junio de 2006 — Tomra Systems y otras/Comisión

text:
               12.8.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/24

         Recurso interpuesto el 14 de junio de 2006 — Tomra Systems y otras/Comisión
   (Asunto T-155/06)
   (2006/C 190/43)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: Tomra Systems ASA (Asker, Noruega), Tomra Europe AS (Asker, Noruega), Tomra Systems BV (Apeldoorn, Países Bajos), Tomra Systems GmbH (Hilden, Alemania), Tomra Butikksystemer AS (Asker, Noruega), Tomra Systems AB (Sollentuna, Suecia), Tomra Leergutsysteme GmbH (Viena, Austria) (representantes: A. Ryan, Solicitor, J. Midthjell, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule en su integridad la Decisión COMP/E-1/38.113 — Prokent/Tomra de la Comisión, de 29 de marzo de 2006.

               —

               Que se imponga a la demandada el pago de las costas procesales, incluidos los gastos atendidos por las demandantes para el envío por correo de un aval bancario en garantía de su obligación de pagar la multa.

               —

               Subsidiariamente, que se anule o se reduzca sustancialmente la cuantía de la multa impuesta en virtud del artículo 2 de la aludida Decisión.

               —

               Que se imponga a la demandada el pago de las costas procesales, incluidos los gastos atendidos por las demandantes para el envío por correo de un aval bancario en garantía de su obligación de pagar la multa.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes forman parte del grupo Tomra, que desarrolla su actividad en el sector de la recogida de envases de bebidas usados, principalmente mediante el suministro de máquinas de venta reversas (MVR) y productos relacionados con tales máquinas, así como la prestación de servicios también relacionados con ellas.
   En 2001 la Comisión recibió una denuncia de abuso de posición dominante por parte de las demandantes, que impedía al denunciante acceder al mercado.
   Mediante la Decisión impugnada la Comisión resolvió que las demandantes habían infringido los artículos 82 CE y 54 del Acuerdo EEE, durante el período comprendido entre 1998 y 2002, al poner en práctica una estrategia de exclusión en los mercados nacionales de máquinas de venta reversas de Austria, Alemania, los Países Bajos, Noruega y Suecia, que implicaba la celebración de acuerdos de exclusiva, compromisos de cantidades individualizados y sistemas de descuentos retroactivos individualizados. La Comisión impuso a las demandantes una multa de 24 millones de euros.
   En apoyo de su recurso, las demandantes alegan que la Comisión:

               —

               utilizó unas pruebas manifiestamente incorrectas y carentes de fiabilidad para demostrar que el grupo había diseñado una estrategia para excluir la competencia y que ejecutó dicha estrategia mediante cuarenta y nueve acuerdos con sus clientes entre 1998 y 2002;

               —

               cometió errores manifiestos en su apreciación de si los acuerdos podían excluir la competencia y falta de motivación, y sobre si tales acuerdos realmente excluían la competencia;

               —

               cometió un manifiesto error de Derecho al declarar que, de por sí, los acuerdos de exclusiva, los compromisos sobre cantidades individualizados y los descuentos retroactivos individualizados eran ilegales, en virtud del artículo 82 CE;

               —

               cometió un error manifiesto al decidir que los compromisos sobre cantidades no vinculantes pueden infringir el artículo 82 CE, y

               —

               violó los principios de proporcionalidad y de no discriminación al imponer a las demandantes una multa de 24 millones de euros.


               27.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/1

         Prestación de juramento de un nuevo miembro del Tribunal de Justicia
   2010/C 80/02
   El Sr. Cruz Villalón, nombrado Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de 30 de noviembre de 2009, (1) para el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2009 y el 6 de octubre de 2015, prestó juramento ante el Tribunal de Justicia el 14 de diciembre de 2009.

      (1)  DO L 14, de 20.1.2010, p. 12.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Court of Appeal, London, de fecha 26 de octubre de 1995, en el asunto entre Upjohn Ltd y 1) la Licensing Authority instituida por la Medicines Act 1968; 2) Secretary of State for Health; 3) Secretary of State for Wales; 4) Secretary of State for Scotland, y 5) Minister for Health and Social Services for Northern Ireland (Asunto C-120/97)

text:
10 . 5 . 97               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 142/ 15
Motivos y principales alegaciones                                      Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                       lución del Court of Appeal, London, de fecha 26 de octu
— Desnaturalización de la Decisión controvertida : el Tri             bre de 1995 , en el asunto entre Upjohn Ltd y 1 ) la Licen
       bunal de Primera Instancia ha desnaturalizado la Deci          sing Authority instituida por la Medicines Act 1968;
       sión impugnada al referirse exclusivamente al interés           2 ) Secretary of State for Health; 3 ) Secretary of State for
       comunitario como único motivo autónomo de la Deci              Wales; 4 ) Secretary of State for Scotland, y 5 ) Minister for
       sión impugnada, y ello a pesar de que dicho término                    Health and Social Services for Northern Ireland
       no aparece por ninguna parte en la Decisión impugna
       da y de que, por lo demás, no existe en la motivación                                  ( Asunto C-120/97)
       de la Decisión impugnada nada que permita afirmar                                         ( 97/C 142/31 )
       que la Comisión haya sopesado los criterios para la
       determinación del interés comunitario que formuló la
       sentencia Automec II (2 ) del Tribunal de Primera Ins
       tancia. Por otra parte, la Comisión no menciona en              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
       absoluto dicha sentencia, como suele hacer cuando               sido sometida una petición de decisión prejudicial median
       pretende invocarle en su favor.                                 te resolución de la Court of Appeal, London, dictada el 26
                                                                       de octubre de 1995 , en el asunto entre Upjohn Ltd y 1 ) la
— Error de Derecho, al delcarar la sentencia que la Co                Licensing Authority instituida por la Medicines Act 1968 ;
       misión puede fundamentar la Decisión controvertida              2 ) Secretary of State for Health; 3 ) Secretary of State for
       remitiéndose a otra Decisión .                                  Wales; 4 ) Secretary of State for Scotland, y 5 ) Minister for
                                                                       Health, and Social Services for Northern Ireland y recibida
— Infracción del artículo 190 del Tratado CE .
                                                                       en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de marzo de
                                                                       1997 .
— Falta de base legal : el Tribunal de Primera Instancia
       no efectuó las investigaciones esenciales que le habrían
       permitido verificar si tenía razones para concluir que
       la demandante afirmaba erróneamente que La Poste                La Court of Appeal solicta al Tribunal de Justicia que se
       podía continuar concediendo subvenciones cruzadas al            pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
       no existir solicitudes de acceso a su red por parte de
       terceros y si, en consecuencia, podía o no aplicar legíti
       mamente el artículo 86 del Tratado y el interés comu           1 ) Según la interpretación correcta de la Directiva 65/65/
       nitario .                                                            CEE del Consejo H , tal como ha sido modificada , y a
                                                                            la luz del Derecho comunitario en general, ¿ está obli
— Error de Derecho, al no haber podido el Tribunal de                       gado un órgano jurisdiccional nacional, al decidir so
       Primera Instancia llegar lícitamente a la conclusión de              bre la compatibilidad con el referido Derecho comuni
       que la Comisión podía declarar que las infracciones                  tario de la decisión de una autoridad competente en
       habían cesado, habida cuenta de los propios documen                 materia de licencias de un Estado miembro de retirar
       tos del expediente .                                                 una licencia que posee el fabricante de un medicamen
                                                                            to, a determinar si dicha decisión era o no correcta en
— Infracción de las normas jurídicas relativas a la apre                   contraposición a la decisión que la referida autoridad
       ciación del interés comunitario: para valorar el interés             podía razonablemente haber adoptado a la luz del ma
       comunitario, la Comisión se hallaba obligado a sope                 terial de que disponía ?
       sar los, criterios de apreciación establecidos por la ju
       risprudencia comunitaria, y en particular por la sen
       tencia Automec II. Al afirmar que « la Comisión tiene           2 ) En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea
       derecho a considerar, en dicha apreciación, otros ele               que el órgano jurisdiccional nacional tiene que deter
       mentos pertinentes » y sólo los otros elementos perti               minar si la decisión de la autoridad competente era la
       nentes que le convenga tener en cuenta, el Tribunal de               decisión correcta, ¿ exige el Derecho comunitario que
       Primera Instancia eximió de dicha obligación a la Co                se responda a esa cuestión basándose únicamente en el
       misión .
                                                                            material de que dispone dicha autoridad o tiene la
— Infracción del artículo 86 del Tratado CE considerado                     obligación de considerar cualquier material relevante
       en relación con la letra g— del artículo 3 y con los                 que se presente después de la decisión ?
       artículos 89 y 155 del Tratado CE.
— Violación de los principios generales del Derecho co                3 ) ¿ Es conforme a Derecho que la referida autoridad reti
       munitario (principio de buena administración; princi                rara la licencia cuando sabía que el Comité de especia
       pio de igualdad y de no discriminación; principios de                lidades farmacéuticas ( CEF) iba a emitir pronto un dic
       seguridad jurídica y de confianza legítima ).                        tamen aconsejando la continuación de la licencia ?
— Errores de Derecho en la aplicación del concepto de
       desviación de poder.                                            (') Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965 , re
                                                                           lativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamen
                                                                           tarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas
(') DO n° C 54 de 22 . 2 . 1997, p . 20 .                                  (DO n° 22 de 9. 2. 1965, p. 369; EE 13/01 , p. 18 ).
( 2 ) Sentencia de 18 de septiembre de 1992, Automec contra Comi
      sión (T-24/90, Rec . p . 11-2223 ).


title: Asunto T-206/08: Recurso interpuesto el 9 de junio de 2008 — España/Comisión

text:
               2.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 197/29

         Recurso interpuesto el 9 de junio de 2008 — España/Comisión
   (Asunto T-206/08)
   (2008/C 197/51)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Reino de España (representante: Sr. F. Díez Moreno)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de 8 de abril de 2008 (2008/321/CE), por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por varios Estados miembros con cargo al FEOGA y FEAGA, en la parte en que se incluyen correcciones que afectan al Reino de España, derivadas de dos investigaciones sobre el potencial de producción vitícola (VT/VI/2002/14 y VT/VI/2006/09), por un importe total de 54 949 195,80 euros, resultante de aplicar una corrección a tanto alzado del 10 % de todos los gastos declarados en concepto de las ayudas relacionadas anteriormente, y

               —

               que se condene en costas a la Institución demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Las exclusiones de la financiación comunitaria que afectan a España en el presente litigio, derivan de dos investigaciones sobre el potencial de producción vitícola (VT/VI/2002/14 y VT/VI/2006/09), tomando como base de cálculo de la corrección financiera los gastos declarados por España para el conjunto de las medidas de ayuda a las cuales podían optar los productos resultantes de parcelas ilícitas de plantaciones de viñedos, en los ejercicios presupuestarios 2003 y 2004, por un importe total de 54 949 195,80 euros (corrección a tanto alzado del 10 % de todos los gastos declarados en concepto de tales ayudas, por deficiencias en el control de la prohibición de cualquier plantación de vides).
   El Reino de España rechaza la corrección financiera propuesta por considerarla injustificada y desproporcionada y la fundamenta en los siguientes argumentos:

               —

               la falta de motivación de la corrección propuesta;

               —

               la correcta actuación de los organismos españoles de control en la detección de plantaciones ilegales en las campañas 2003 y 2004;

               —

               el incumplimiento por parte de los servicios de la Comisión de los procedimientos previstos en el marco de la liquidación de cuentas;

               —

               la improcedencia de la utilización de los resultados de la investigación realizada en el año 2002;

               —

               el rechazo de la extrapolación de la corrección propuesta a las Comunidades Autónomas no visitadas,

               —

               y la ausencia de argumentos técnicos que sustenten el porcentaje propuesto de imputación: aspectos diferenciales de las distintas medidas de regulación.


title: Asunto C-515/14: Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2014  — Comisión Europea/República de Chipre

text:
               23.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/19

         Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2014 — Comisión Europea/República de Chipre
   (Asunto C-515/14)
   (2015/C 065/28)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Tserepa-Lacombe y D. Martin)

      Demandada: República de Chipre

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 45 y 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y del artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, al no haber suprimido con efecto retroactivo, a partir del 1 de mayo de 2004, el criterio de la edad contenido en el artículo 27 de la Ley sobre Jubilaciones [Ley 97(I)/97], que resulta contrario a las disposiciones antes mencionadas, toda vez que desincentiva a los trabajadores a abandonar su Estado para ejercer una actividad profesional en otro Estado miembro o en una institución de la Unión Europea o en otro organismo internacional, e implica un trato desigual entre los trabajadores que se desplazan, incluidos los que trabajan en las instituciones de la Unión Europea o en otro organismo internacional, y los empleados estatales que ejercieron sus actividades únicamente en Chipre.

               —

               Que se condene en costas a la República de Chipre.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 45 y 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, al no haber suprimido con efecto retroactivo, a partir del 1 de mayo de 2004, el criterio de la edad contenido en el artículo 27 de la Ley 97(I)/97, que resulta contrario a las disposiciones antes mencionadas, toda vez que desincentiva a los trabajadores a abandonar su Estado para ejercer una actividad profesional en otro Estado miembro o en una institución de la Unión Europea o en otro organismo internacional, e implica un trato desigual entre los trabajadores que se desplazan, incluidos los que trabajan en las instituciones de la Unión Europea o en otro organismo internacional, y los empleados estatales que ejercieron su actividades únicamente en Chipre. La normativa chipriota, y en particular el artículo 27 de la Ley sobre Jubilaciones [Ley 97(I)/97], introduce un trato distinto entre los empleados de la administración nacional y los empleados que trabajan en otro Estado miembro en organismos internacionales o en la Unión Europea, en cuanto únicamente los trabajadores que ejercieron su actividad exclusivamente en Chipre, en caso de cese del servicio en una administración estatal, pueden acogerse a los artículos 24 y 25 de la citada Ley y conservar sus derechos a la jubilación, aunque no cumplan el requisito de los 45 o 48 años. Por el contrario, los trabajadores que hicieron uso de su derecho a la libre circulación se ven privados de la posibilidad de acogerse a los citados artículos, con la subsiguiente pérdida de sus derechos de jubilación.
   El artículo controvertido de la Ley sobre Jubilaciones también pone obstáculos a la libre circulación de trabajadores, al privar al trabajador de la posibilidad de incluir para el cálculo de la pensión todos los períodos de cotización y no garantiza la unidad de la carrera profesional, desde el punto de vista de la seguridad social, del trabajador desplazado. La aplicación del artículo en cuestión tiene como consecuencia que el trabajador que cesa voluntariamente en el servicio estatal en Chipre para trabajar en otro Estado miembro en organismos internacionales y no cumple el criterio de haber alcanzado la edad de 45 o 48 años según el caso, percibe únicamente una liquidación final y pierde sus derechos de jubilación de conformidad con el artículo 27, apartado 1, letra b), de la Ley sobre Jubilaciones, incluso aunque haya cumplido el plazo mínimo de cotización de cinco años.
   Además, la Ley [31(I)/2012] que prevé únicamente la posibilidad de transferir los derechos de jubilación hacia y desde el sistema de jubilación de los trabajadores de la Unión Europea, no contiene ninguna disposición en relación con los derechos de jubilación de los empleados del Estado que cesan su servicio al Estado en Chipre para ejercer sus funciones en la Unión Europea, pero optan por no transferir sus derechos de jubilación con arreglo al artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea. Dichos empleados perderán sus derechos de jubilación en el supuesto en que cesen voluntariamente del servicio estatal en Chipre si no cumplen el criterio de la edad.
   Por otra parte, la Ley [113(I)/2001], sobre Derechos de Jubilación de los empleados del Estado y del sector público incluidos los de los Organismo de la Administración Local (disposiciones de aplicación especial), se aplica únicamente a los empleados estatales de nueva incorporación al cargo, nombrados a partir del 1 de noviembre de 2011, fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley, por lo que la discriminación basada en la edad continúa produciendo sus efectos para aquellos que se rigen por la Ley sobre Jubilaciones [Ley 97(I)/1997].