title: Asunto T-358/02: Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Deutsche Post AG y DHL International S.r.l.

text:
C 44/32                 ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                           22.2.2003
a consideración y que esta cuestión debe estar relacionada con              —     Condene en costas a la parte demandada.
la calidad, seguridad o eficacia del producto. A su juicio, estos
requisitos no se cumplieron.
Además, la parte demandante alega que la Decisión impugnada
ha incumplido requisitos procesales esenciales. En su opinión,              Motivos y principales alegaciones
el procedimiento ha vulnerado el derecho de defensa de la
parte demandante, así como su derecho a ser oída. La parte
demandante no tuvo ocasión de hacer observaciones sobre las
modificaciones clave del resumen de las características del                 Según las demandantes, de la Decisión impugnada se des-
producto de Capoten. El procedimiento también infringió los                 prende que Poste Italiane SpA tuvo pérdidas continuas en el
plazos previstos en el artículo 32 de la Directiva 2001/83 y en             sector de los servicios postales en el período de 1994 a 1999,
la nota explicativa de la Comisión para los solicitantes (versión           y que recibió recursos estatales para cubrir dichas pérdidas.
de 1998).                                                                   Con arreglo al artículo 2 de la Decisión, la Comisión declaró
                                                                            que dichas subvenciones estatales concedidas a Poste Italiane
                                                                            SpA no constituían ayudas estatales en el sentido del artí-
Asimismo, alega la infracción de normas de Derecho comunita-
                                                                            culo 87 CE, apartado 1.
rio como el principio de igualdad de trato, la obligación de
motivación, el principio de confianza legítima o el principio
de proporcionalidad.
                                                                            Las demandantes alegan que, respecto a la compensación de
Por último, la parte demandante sostiene que la Decisión                    pérdidas de los respectivos servicios postales, que, precisa-
impugnada adolece de errores manifiestos de apreciación.                    mente, forman parte del servicio postal universal, aunque está
                                                                            abierto a la competencia, la Decisión es incompatible con el
                                                                            artículo 87 CE, apartado 1, en la interpretación que ha recibido
( 1) Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa      dicho precepto por la Decisión de la Comisión de 19 de junio
     a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y       de 2002 (2). En dicha Decisión la Comisión declaró que la
     administrativas, sobre especialidades farmacéuticas (DO 1965,
                                                                            utilización de recursos estatales para compensar pérdidas de
     p. 369; EE 13/01, p. 18).
( 2) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                            una empresa postal, en el sector de los servicios postales que
     6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código              forman parte del servicio postal universal pero que están
     comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311,              abiertos a la competencia, infringe el artículo 87 CE, apartado 1
     p. 67).                                                                en tanto que subvenciones cruzadas, si la causa de las pérdidas
                                                                            son tarifas que no cubren los costes, a lo cual no está obligada
                                                                            la empresa postal por ninguna norma estatal.
                                                                            Las demandantes exponen que la Decisión es aún menos
Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2002 contra la                     compatible con el artículo 87 CE, apartado 1, por cuanto
Comisión de las Comunidades Europeas por Deutsche                           afecta a servicios postales deficitarios que no pertenecen al
                Post AG y DHL International S.r.l.                          servicio universal y abiertos a la competencia desde hace
                                                                            mucho tiempo. Dado que el operador postal italiano sufre
                         (Asunto T-358/02)                                  pérdidas desde hace cincuenta años y que éstas sólo pueden
                                                                            ser cubiertas por medios estatales, la Comisión no debía haber
                                                                            «desatendido» las compensaciones de dichos servicios postales
                           (2003/C 44/62)
                                                                            mediante recursos estatales, sino que tenía la obligación de
                                                                            examinar si existía una subvención cruzada incompatible con
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                         el artículo 87 CE, apartado 1.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 5 de diciembre de 2002 un                      Por otra parte, las demandantes alegan que falta la motivación
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                      por la cual la Comisión reconoce en la Decisión impugnada
formulado por Deutsche Post AG, Bonn (Alemania), y                          que la subvención cruzada podía ser compensada en tanto que
DHL International S.r.l., Rozzano (Italia), representadas por los           coste añadido neto por un «interés económico general», frente
Sres. J. Sedemund y Th. Lübbig, abogados.                                   a su Decisión de 19 de junio de 2002. En consecuencia,
                                                                            también existe una infracción de la obligación de motivación
                                                                            establecida por el artículo 253 CE.
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
Instancia que:
—      Anule la Decisión 2002/782/CE de la Comisión, de 12 de               Por último, la Decisión vulnera la prohibición de discrimina-
       marzo de 2002, relativa a ayudas estatales concedidas                ción del artículo 12 CE dado que la Comisión favorece al
       por Italia a Poste Italiane SpA (1).                                 operador postal italiano frente a las demandantes, que son
 ---pagebreak--- 22.2.2003               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 44/33
precisamente competidoras del operador italiano en el mer-                Por lo demás, los motivos y las alegaciones son semejantes a
cado abierto de los servicios postales.                                   los presentados en el asunto T-351/02.
( 1) DO L 282, p. 29.
( 2) Decisión de la Comisión relativa a las medidas de la República
     Federal de Alemania a favor de Deutsche Post AG (DO L 247,
     p. 27).
                                                                          Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2002 por
                                                                          Musswellbrook Limited contra la Oficina de Armoniza-
Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2002 contra la                                 ción del Mercado Interior (OAMI)
Comisión de las Comunidades Europeas por Deutsche
                             Bahn AG
                                                                                (Asunto T-362/02)
                        (Asunto T-361/02)
                                                                                (2003/C 44/64)
                          (2003/C 44/63)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                                        (Lengua de procedimiento: español)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 5 de diciembre de 2002 un                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    europeas se ha presentado, el 5 de diciembre de 2002 un
formulado por Deutsche Bahn AG, con domicilio social en                   recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado
Berlín (Alemania), representada por el Sr. M. Schütte, abogado,           Interior (OAMI) formulado por Muswellbrook Limited, con
que designa domicilio en Luxemburgo.                                      domicilio en Dublin (Irlanda), representado por el letrado en
                                                                          ejercicio D. Juan Casulá Oliver.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—      Declare que la Comisión ha incumplido las obligaciones             La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
       que le incumben en virtud de los artículos 87 CE y 88              que:
       CE, apartado 1, al no haberse pronunciado sobre los
       hechos que le había comunicado la demandante mediante              —     declare que no es conforme al Reglamento (CE) no 40/
       su denuncia de 5 de julio de 2002 y, en cualquier caso, al               94 sobre la marca comunitaria, especialmente a sus
       no haber iniciado un procedimiento de examen de ayudas                   artículos 15.2 a) y/o 42 apartados 2 y 3, la Resolución de
       de Estado.                                                               la Primera Sala de Recurso de la OAMI dictada en 30 de
                                                                                septiembre de 2002 bajo expediente no R16/2000-1, por
—      Condene en costas a la Comisión.                                         cuanto declara que la parte oponente no ha probado el
                                                                                uso efectivo en la Comunidad de la marca espa-
                                                                                ñola 88.222 para distinguir prendas de vestir o confeccio-
Motivos y principales alegaciones                                               nes en clase 25 en el curso de los cinco años anteriores a
                                                                                la publicación de la solicitud de marca comunitaria;
El recurso deriva de los mismos hechos que el asunto T-351/
02 (Deutsche Bahn/Comisión).                                              —     anule íntegramente el fallo de dicha resolución;
La demandante alega en el presente recurso que la Comisión                —     acuerde modificar dicha resolución, en el sentido de
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de                     declarar que sí procede entrar a valorar y resolver el
los artículos 87 CE y 88 CE, apartado 1, porque, a pesar de                     fondo de la oposición dirigida contra el registro de la
haber sido requerida con arreglo al artículo 232 CE, párrafos                   marca comunitaria 278.028, a cuyo efecto interesa que
segundo y tercero, se abstuvo de examinar el carácter de ayuda                  la propia sentencia declare la denegación de la marca
de Estado del artículo 4, apartado 1, número 3, letra a), de la                 comunitaria no 278.028, o bien —de forma subsidiaria—
Mineralölsteuergesetz (Ley alemana del impuesto sobre los                       ordene la devolución del asunto a la Primera Sala de
hidrocarburos) y su compatibilidad con las disposiciones del                    Recurso de la OAMI;
Tratado CE relativas a las ayudas de Estado y de pronunciarse
de manera vinculante al respecto. La demandante afirma que,               —     condene a la parte demandada, y en su caso a la
en particular, no existe una decisión sobre lo anterior en el                   parte coadyuvante, al pago de las costas íntegras del
escrito de la Comisión de 21 de septiembre de 2002 y que la                     procedimiento y las causadas en fases administrativas de
omisión de la Comisión no se justificó con motivos objetivos.                   oposición y recurso.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 24 de enero de 2002 en el asunto C-466/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana ("Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Residuos — Directivas 75/442/CEE, 91/689/CEE y 94/62/CE — Planes de gestión de residuos")

text:
C 84/14                    ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              6.4.2002
      —      artı́culos 6, 7 y 23 de la legge provinciale della                       —    artı́culo 3 del decreto del Presidente della Repubblica no 7,
             Provincia autonoma di Trento no 35, de 2 de                                   de 15 de enero de 1972;
             septiembre de 1978,
                                                                                —    artı́culos 2, letras c) y d), 3, párrafo primero, letras b) y
el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.                             c), y 5, párrafo primero, letra a), de la legge regionale
P. Jann, Presidente de Sala, S. von Bahr (Ponente), A. La Pergola,                         della Liguria no 12, de 3 de noviembre de 1972;
L. Sevón y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber;
Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el 15 de enero de 2002 una                       —    artı́culo 8, apartado 1, letra d), de la legge regionale del
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                                      Veneto no 35, de 2 de agosto de 1988;
                                                                                —    artı́culos 8, párrafo segundo, y 11, párrafo primero, de la
1)    Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligacio-                     legge regionale dell’Emilia-Romagna no 43, de 26 de
      nes que le incumben en virtud de los artı́culos 59 del Tratado                       mayo de 1980, y
      CE (actualmente artı́culo 49 CE, tras su modificación), 60 del
      Tratado CE (actualmente artı́culo 50 CE), 61, 63 y 64 del                       —    artı́culos 5, 13, 14 y 15, párrafo primero, letra a), de la
      Tratado CE (actualmente artı́culos 51 CE, 52 CE y 53 CE, tras                        legge regionale del Friuli Venezia Giulia no 10, de 23 de
      su modificación), y 65 y 66 del Tratado CE (actualmente                             febrero de 1981.
      artı́culos 54 CE y 55 CE), al mantener en vigor las siguientes
      disposiciones:                                                           3)     Desestimar el recurso en todo lo demás.
      —      artı́culo 2, párrafo primero, y artı́culo 7 del regio decreto    4)     Condenar en costas a la República Italiana.
             legge no 454, de 29 de enero de 1934;
      —      artı́culo 2, párrafo primero, del decreto del Presidente de      (1) DO C 47 de 19.2.2000.
             la Repubblica no 7, de 15 de enero de 1972;
      —      artı́culo 2, apartados 4, 6 y 7, del decreto del Presidente
             della Repubblica no 390, de 18 de abril de 1994;
      —      artı́culo 4 de la legge regionale della Liguria no 40, de
             14 de julio de 1978;                                                       SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
      —      artı́culo 6, apartado 1, letras e), f), y h), y artı́culo 7 de la                              (Sala Segunda)
             legge regionale del Veneto no 35, de 2 de agosto de
             1988;                                                                                de 24 de enero de 2002
      —      artı́culo 4, artı́culo 5, párrafo sexto, letras a) y c),
                                                                               en el asunto C-466/99: Comisión de las Comunidades
             artı́culo 6, párrafo primero, artı́culo 8, párrafos primero
                                                                                Europeas contra República Italiana (1)
             y segundo, y artı́culo 16, párrafo primero, de la legge
             regionale dell’Emilia-Romagna no 43, de 26 de mayo de
             1980;                                                             («Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Residuos
                                                                               — Directivas 75/442/CEE, 91/689/CEE y 94/62/CE —
      —      artı́culo 4, apartados 1, letra c), y 2, y artı́culo 15,                             Planes de gestión de residuos»)
             apartado 3, de la legge regionale della Lombardia no 45,
             de 29 de abril de 1980;                                                                        (2002/C 84/22)
      —      artı́culos 3, 4 y 8, último párrafo, de la legge regionale                         (Lengua de procedimiento: italiano)
             del Friuli Venezia Giulia no 10, de 23 de febrero de
             1981, y
                                                                               (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
      —      artı́culos 3, 5 y 12 de la legge provinciale della Provincia
             autonoma di Trento no 35, de 2 de septiembre de 1978.
2)    Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligacio-         En el asunto C-466/99, Comisión de las Comunidades Euro-
      nes que le incumben en virtud de los artı́culos 59 a 61 y 63 a           peas (agentes: Sra. L. Ström y Sr. G. Bisogni) contra República
      66 del Tratado, ası́ como en virtud de los artı́culos 52 y 54 del        Italiana (agentes: Sr. U. Leanza, asistido por Sr. P. G. Ferri), que
      Tratado CE (actualmente artı́culos 43 CE y 44 CE, tras su                tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha
      modificación), 55 del Tratado CE (actualmente artı́culo 45 CE),         incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los
      56 y 57 del Tratado CE (actualmente artı́culos 46 CE y 47 CE,            artı́culos 7 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de
      tras su modificación), y 58 del Tratado CE (actualmente                 julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE
      artı́culo 48 CE), al mantener en vigor las siguientes disposi-           15/01, p. 129), en su versión modificada por la Directiva
      ciones:                                                                  91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78,
 ---pagebreak--- 6.4.2002                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 84/15
p. 32), 6 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de                  por el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria),
diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (DO                   destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
L 377, p. 20), y 14 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento                 jurisdiccional entre Clean Car Autoservice GmbH y Stadt
Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a               Wien, Republik Österreich una decisión prejudicial sobre la
los envases y residuos de envases (DO L 365, p. 10), al no                  interpretación del artı́culo 104, apartado 5, párrafo primero,
haber comunicado a la Comisión las informaciones relativas a               del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en
los planes de gestión y de eliminación de los residuos, de los            su versión codificada 1999/C 65/01, de 6 de marzo de 1999
residuos peligrosos y de los envases y residuos de envases, el              (DO C 65, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado
Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por la Sra.                  por la Sra. N. Colneric, Presidenta de la Sala Segunda, en
N. Colneric, Presidenta de Sala, y los Sres. R. Schintgen y                 funciones de Presidenta de la Sala Sexta, los Sres. C. Gulmann,
V. Skouris (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo;               J.-P. Puissochet, R. Schintgen (Ponente) y V. Skouris, Jueces,
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; ha dictado             Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. H.A. Rühl,
el 24 de enero de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:            administrador principal, ha dictado el 6 de diciembre de 2001
                                                                            una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligacio-
      nes que le incumben en virtud de los artı́culos 7 de la Directiva     El artı́culo 104, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento del
      75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a            Tribunal de Justicia, en su versión codificada 1999/C 65/01, de
      los residuos, en su versión modificada por la Directiva              6 de marzo de 1999, debe interpretarse en el sentido de que la
      91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, 6 de la               liquidación de los gastos realizados por las partes del procedimiento
      Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de               principal a los fines del procedimiento prejudicial establecido por el
      1991, relativa a los residuos peligrosos, y 14 de la Directiva        artı́culo 234 CE se inscribe en el ámbito de aplicación de las normas
      94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de               de Derecho interno aplicables al litigio de que conoce el órgano
      diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases,      jurisdiccional remitente, siempre y cuando tales reglas no sean menos
      al no haber comunicado a la Comisión las informaciones               favorables que las relativas a incidentes procesales similares que
      relativas a los planes de gestión y de eliminación de los residuos  puedan promoverse en el marco de tal litigio con arreglo al Derecho
      y de los residuos peligrosos correspondientes a las Regiones de       nacional.
      Sicilia y de Basilicata, ni tampoco las informaciones sobre los
      planes de gestión de los envases y residuos de envases en lo que
      atañe a la totalidad de las Regiones italianas.                      (1) DO C 47 de 19.2.2000.
2)    Condenar en costas a la República Italiana.
(1) DO C 34 de 5.2.2000.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Sexta)
                              (Sala Sexta)
                                                                                de 10 de enero de 2002
                     de 6 de diciembre de 2001
                                                                            en el asunto C-480/99 P: Gerry Plant y otros contra
en el asunto C-472/99 (petición de decisión prejudicial                              Comisión de las Comunidades Europeas (1)
planteada por el Landesgericht für Zivilrechtssachen
Wien): Clean Car Autoservice GmbH contra Stadt Wien,
                       Republik Österreich (1)                             («Recurso de casación — Recurso de anulación basado en el
                                                                            artı́culo 33 del Tratado CECA — Admisibilidad — Principio
(«Artı́culo 234 CE — Costas de las partes del procedimiento                       de contradicción en el procedimiento jurisdiccional»)
principal — Artı́culo 104, apartado 5, del Reglamento de
             Procedimiento del Tribunal de Justicia»)                                                   (2002/C 84/24)
                            (2002/C 84/23)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la           «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-472/99, que tiene por objeto una petición                   En el asunto C-480/99 P, Gerry Plant y otros (agentes: Sra.
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,          B. Hewson, barrister, designados por el Sr. T. Graham, solicitor)


title: Asunto T-354/14: Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2015 — Comercializadora Eloro/OAMI — Zumex Group (zumex) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa ZUMEX — Marca nacional denominativa anterior JUMEX — Falta de uso efectivo de la marca anterior — Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 207/2009»]

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/49

         Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2015 — Comercializadora Eloro/OAMI — Zumex Group (zumex)
   (Asunto T-354/14) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa ZUMEX - Marca nacional denominativa anterior JUMEX - Falta de uso efectivo de la marca anterior - Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2016/C 038/64)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comercializadora Eloro, S.A. (Ecatepec, México) (representante: J. de Castro Hermida, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: S. Palmero Cabezas, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Zumex Group, S.A. (Moncada, Valencia) (representante: M.C. March Cabrelles, abogada)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 13 de febrero de 2014 (asunto R 391/2012-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Comercializadora Eloro, S.A., y Zumex Group, S.A.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Comercializadora Eloro, S.A.

      (1)  DO C 253, de 4.8.2014.


title: Archivo del asunto C-246/99

text:
C 305/18                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 7.12.2002
      necesarias para que el poseedor de los residuos deposita-                         Archivo del asunto C-246/99 (1)
      dos en los vertederos de Rodano (Milán) remita dichos
      residuos a un recolector privado o público o a una
      empresa que efectúe las operaciones previstas en los                                       (2002/C 305/33)
      anexos II A o II B de la Directiva o bien se ocupe él
      mismo de la valorización o de la eliminación.
2.    Condene en costas a la República Italiana.                         Mediante auto de 11 de septiembre de 2002, el Presidente del
                                                                         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                         archivar el asunto C-246/99: Comisión de las Comunidades
                                                                         Europeas contra Reino de Dinamarca.
Motivos y principales alegaciones
                                                                         (1 ) DO C 246 de 28.8.1999.
El artículo 4, párrafo primero, de la Directiva dispone que los
Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para
garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán
sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar
procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio
ambiente, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o
el suelo, ni para la fauna y la flora, sin provocar incomodidades                       Archivo del asunto C-434/00 (1)
por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y los
lugares de especial interés.
                                                                                (2002/C 305/34)
En el presente caso, la República Italiana no ha adoptado
ninguna medida que pueda garantizar que los residuos deposi-
tados en el vertedero de Rodano, vayan a revalorizarse o a               Mediante auto de 24 de septiembre de 2002, el Presidente del
eliminarse sin poner en peligro la salud del hombre y sin                Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el              archivar el asunto C-434/00 (petición de decisión prejudicial
medio ambiente. Por tanto, ha incumplido las obligaciones                del Hoge Raad der Nederlanden): G. Cuomo.
que le incumben en virtud del artículo 4 de la Directiva.
                                                                         (1 ) DO C 28 de 27.1.2001.
El artículo 8 de la Directiva establece que los Estados miembros
están obligados a garantizar que todo poseedor de residuos los
remite a un recolector privado o público o a una empresa que
efectúe las operaciones previstas en los anexos II A o II B o
bien se ocupa él mismo de la valorización o de la eliminación,
de acuerdo con las disposiciones de dicha Directiva. A estos
efectos, los propietarios o los administradores de los vertederos
se consideran poseedores en el sentido del artículo 8.
                                                                                Archivo del asunto C-120/01 (1)
La República Italiana no ha adoptado las medidas necesarias                                      (2002/C 305/35)
para que el poseedor de los residuos depositados en el
vertedero de Rodano los remita a un recolector privado o
público, o a una empresa que efectúe las operaciones previstas
en los anexos II A o II B de la Directiva. Por tanto, ha
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del                Mediante auto de 9 de septiembre de 2002, el Presidente del
artículo 8 de la Directiva.                                              Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                         archivar el asunto C-120/01: Comisión de las Comunidades
                                                                         Europeas contra Irlanda.
( 1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129.
( 2) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
                                                                         (1 ) DO C 150 de 19.5.2001.


title: Asunto C-210/03: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court), de fecha 17 de abril de 2003, en el asunto entre The Queen, en el recurso de 1) Swedish Match AB 2) Swedish Match UK Limited y The Secretary of State for Health

text:
C 171/14              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                          19.7.2003
1)   Teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia            fundamentales (en particular, el derecho a la propiedad),
     de las Comunidades Europeas de 21 de junio de 1988                    deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una
     (Lair, 39/86, Rec. p. 3161), y de 21 de junio de 1988,                legislación nacional que prohíbe a cualquier persona
     Brown (197/86, Rec. p. 3205), el desarrollo del Derecho               suministrar, ofrecer o acordar el suministro, exponer para
     comunitario, incluida la adopción del artículo 18 CE, y el            su suministro o poseer para su suministro, cualquier
     desarrollo relativo a la competencia de la Unión Europea              producto constituido total o parcialmente por tabaco en
     en el ámbito de la enseñanza, ¿las ayudas destinadas a                forma de polvo, de partículas finas o en cualquier
     sufragar los gastos de subsistencia concedidas a los                  combinación de esas formas, o con un aspecto que
     estudiantes que cursan estudios universitarios, como                  sugiera un producto comestible elaborado y destinado al
     las ayudas que se conceden mediante (a) préstamos                     uso oral, con excepción de los productos para fumar o
     subvencionados o (b) becas, siguen estando excluidas del              mascar?
     ámbito de aplicación del Tratado CE a efectos del
     artículo 12 CE y de la prohibición de discriminación por
     razón de nacionalidad?                                            2)  ¿Carece el artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE ( 1) de
                                                                           validez, en su totalidad o en parte, por alguno de los
2)   En caso de respuesta negativa a cualquier parte de la                 siguientes motivos?:
     primera cuestión, y si las ayudas destinadas a sufragar los
     gastos de subsistencia para los estudiantes concedidas en
     forma de becas o préstamos no están comprendidas en el                a.    vulneración del principio de no discriminación;
     ámbito de aplicación del artículo 12 CE, ¿qué criterio
     debe aplicar el órgano jurisdiccional nacional para deter-
     minar si los requisitos para acogerse a dichas ayudas se              b.    vulneración de los artículos 28 CE ó 29 CE;
     basan en consideraciones objetivamente justificables que
     no dependen de la nacionalidad?
                                                                           c.    vulneración del principio de proporcionalidad;
3)   En caso de respuesta negativa a cualquier parte de la
     primera cuestión, ¿puede invocarse el artículo 12 CE para
     reclamar el derecho a las ayudas destinadas a sufragar los
                                                                           d.    insuficiencia del artículo 95 CE o del artículo 133 CE
     gastos de subsistencia desde una fecha anterior a la
                                                                                como base jurídica;
     sentencia del Tribunal de Justicia que se dicte en el
     presente asunto y, de ser así, debe establecerse una
     excepción para quienes hayan incoado el procedimiento
                                                                           e.    vulneración del artículo 95 CE, apartado 3;
     judicial antes de dicha fecha?
                                                                           f.    desviación de poder;
                                                                           g.    vulneración del artículo 253 CE o de la obligación
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                       de motivación;
lución de la High Court of Justice, Queen’s Bench Division
(Administrative Court), de fecha 17 de abril de 2003, en
el asunto entre The Queen, en el recurso de 1) Swedish                     h.    vulneración del derecho fundamental a la propiedad.
Match AB 2) Swedish Match UK Limited y The Secretary
                      of State for Health
                                                                       3)  En unas circunstancias en las que:
                      (Asunto C-210/03)
                        (2003/C 171/20)                                    a.    una medida nacional mediante la que se adapta el
                                                                                Derecho interno a la Directiva 89/622/CEE ( 2) fue
                                                                                adoptada en 1992;
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución de la High Court of Justice, Queen’s Bench Division             b.    dicha medida nacional se adoptó en virtud de
(Administrative Court), dictada el 17 de abril de 2003, en el                    facultades conferidas por el Derecho interno, que no
asunto entre The Queen, en el recurso de 1) Swedish Match                        dependen de la existencia de una obligación de
AB 2) Swedish Match UK Limited y The Secretary of State for                      adaptar el Derecho interno a la Directiva;
Health, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
15 de mayo de 2003. La High Court of Justice, Queen’s Bench
Division (Administrative Court) solicita al Tribunal de Justicia           c.    la Directiva 89/622/CEE (en su versión posterior-
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                mente modificada por el Acta de Adhesión de
                                                                                Austria, Finlandia y Suecia) fue derogada y sustituida
1)   ¿Deben interpretarse lo artículos 28 CE a 30 CE, aplicados                  por la Directiva 2001/37/CE, cuyo artículo 8 repro-
     conjuntamente con los principios generales de proporcio-                    duce el artículo 8, letra a), de la Directiva 89/622/
     nalidad, no discriminación y protección de derechos                         CEE, y
 ---pagebreak--- 19.7.2003                 ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                         C 171/15
       d.     el artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE carece de                        dicha persona invoca su derecho de estancia no
              validez debido a los principios mencionados en la                         imponga a sus propios nacionales una obligación
              cuestión 2, letras a), c) y h), ¿deben interpretarse que                  general de identificación?
              dichos principios prohíben asimismo la medida
              nacional de que se trata?                                            c.   En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2a,
                                                                                ¿establece el estado actual del Derecho comunitario
                                                                                requisitos al período en el que dicho Estado miembro
( 1) Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de                      debe ofrecer la posibilidad de presentar una tarjeta
     5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones
                                                                                de identidad válida o un pasaporte válido antes de
     legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
     en materia de fabricación, presentación y venta de los productos
                                                                                imponer una sanción administrativa, en forma de
     del tabaco — Declaraciones de la Comisión (DO L 194 de                             una medida, por la presunta estancia ilegal?
     18.7.2001, p. 26).
( 2) Directiva 89/622/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de                       d.   Una sanción administrativa en forma de una medida
     1989, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,                     como la mencionada en la cuestión 2c y que consiste
     reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en                        en imponer una medida de internamiento con fines
     materia de etiquetado de los productos del tabaco (DO L 359 de                     de expulsión, con arreglo a lo expuesto en el
     8.12.1989, p. 1).                                                                  artículo 59 de la Vw 2000, antes de que expire el
                                                                                plazo mencionado en la cuestión 2c, ¿es una sanción
                                                                                que constituye una infracción, de magnitud despro-
                                                                                porcionada, a la libre circulación de servicios?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Rechtbank ’s-Gravenhage de fecha 12 de mayo                         3.  a.   En caso de respuesta negativa a la cuestión 1, ¿se
de 2003, en el asunto entre Salah Oulane y Minister voor                                produce en el estado actual del Derecho comunitario
                 Vreemdelingenzaken en Integratie                                       un obstáculo a la libre circulación de servicios, si a
                                                                                una persona, que afirma ser nacional de otro Estado
                          (Asunto C-215/03)                                             miembro y turista, durante el período en el que no
                                                                                ha probado su derecho de estancia y mientras no lo
                           (2003/C 171/21)                                              pruebe mediante la presentación de una tarjeta de
                                                                                identidad válida o de un pasaporte válido, se le
                                                                                impone una medida de internamiento con fines de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                               expulsión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59
                                                                                de la Vw 2000, en interés del orden público, aunque
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Rechtbank ’s-Gravenhage, dictada el 12 de mayo                           no conste la existencia de una amenaza actual y
                                                                                grave para dicho orden público?
de 2003, en el asunto entre Salah Oulane y Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie, y recibida en la Secretaría                      b.   En caso de producirse un obstáculo como el mencio-
del Tribunal de Justicia el 19 de mayo de 2003. El Rechtbank                            nado en la cuestión 3a, ¿tiene importancia, para
’s-Gravenhage solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie                         responder a la cuestión de si el obstáculo está
sobre las siguientes cuestiones:                                                        justificado, el período en el que dicho Estado
                                                                                miembro ofreció la posibilidad de presentar una
Respecto al primer procedimiento                                                        tarjeta de identidad válida o un pasaporte válido?
1.     Como consecuencia de la supresión de los controles de                       c.   En caso de existir un obstáculo como el mencionado
       entrada en las fronteras interiores ¿debe interpretarse lo                       en la cuestión 3a, ¿tiene importancia, para responder
       dispuesto en el artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de                      a la cuestión de si el obstáculo está justificado, el
       la Directiva 73/148 CEE en el sentido de que el derecho                          hecho de que posteriormente el Estado miembro, tal
       de estancia, concedido en dicha disposición, de una                              como hace habitualmente en caso de internamientos
       persona que afirma ser nacional de un Estado miembro y                           ilegales de extranjeros, conceda o no una indemniza-
       turista debe ser reconocido por las autoridades del Estado                       ción de daños y perjuicios por el período durante el
       miembro en el que invoca su derecho de estancia,                                 cual la persona estuvo internada y todavía no había
       solamente y desde el momento en que dicha persona                                probado su nacionalidad mediante la presentación
       presenta una tarjeta de identidad válida o un pasaporte                          de un pasaporte válido o de una tarjeta de identidad
       válido?                                                                          válida?
2.     a.     En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, el              4.  En caso de que en un Estado miembro no exista una
              estado actual del Derecho comunitario, en particular                 obligación general de identificación, ¿se opone el estado
              por lo que respecta al principio de no discriminación                actual del Derecho comunitario, en particular teniendo
              y a la libre circulación de servicios, ¿constituye                   en cuenta la prohibición de discriminación, a que un
              motivo para hacer una excepción al mismo, de                         Estado miembro, en el marco de la vigilancia interior de
              modo que las autoridades de un Estado miembro                        extranjeros en relación con una persona que afirma
              deben ofrecer a dicha persona la posibilidad de                      ser turista, proceda a imponer una medida como el
              presentar su tarjeta de identidad válida o su pasa-                  internamiento de extranjeros con fines de expulsión, con
              porte válido?                                                        arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Vw 2000,
                                                                                durante el período en el que dicha persona no pruebe su
       b.     ¿Es pertinente para responder a la cuestión 2a. que                  presunto derecho de estancia mediante la presentación de
              el Derecho nacional del Estado miembro en el que                     una tarjeta de identidad válida o de un pasaporte válido?


title: Asunto C-87/07: Auto del Presidente de la Sala Séptima del Tribunal de Justicia de 10 de agosto de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Malta

text:
               8.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/34

         Auto del Presidente de la Sala Séptima del Tribunal de Justicia de 10 de agosto de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Malta
   (Asunto C-87/07) (1)

   (2007/C 297/65)

      Lengua de procedimiento: maltés

   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 82 de 14.4.2007.


title: Asunto T-79/09: Auto del Tribunal General de 31 de enero de 2014 — Francia/Comisión ( «Ayudas de Estado — Régimen marco de acciones llevadas a cabo por las organizaciones interprofesionales agrícolas reconocidas en Francia en favor de los miembros de los ramos agrícolas representados — Financiación mediante cotizaciones voluntarias que se convirtieron en obligatorias — Decisión que califica el régimen de ayuda compatible con el mercado común — Retirada de la decisión — Sobreseimiento» )

text:
               14.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/31

         Auto del Tribunal General de 31 de enero de 2014 — Francia/Comisión
   (Asunto T-79/09) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Régimen marco de acciones llevadas a cabo por las organizaciones interprofesionales agrícolas reconocidas en Francia en favor de los miembros de los ramos agrícolas representados - Financiación mediante cotizaciones voluntarias que se convirtieron en obligatorias - Decisión que califica el régimen de ayuda compatible con el mercado común - Retirada de la decisión - Sobreseimiento»))
   2014/C 112/41
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: República Francesa (representantes: inicialmente E. Belliard, G. de Bergues y A.-L. Vendrolini, posteriormente E. Belliard, G. de Bergues y J. Gstalter, y por último E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas y J. Bousin, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente B. Stromsky y C. Urraca Caviedes, posteriormente B. Stromsky, agentes)

      Objeto

   Petición de anulación de la Decisión C(2008) 7846 final, de la Comisión, de 10 de diciembre de 2008, relativa a la ayuda de Estado no 561/2008, sobre el régimen-marco de acciones llevadas a cabo por las organizaciones interprofesionales agrícolas reconocidas en Francia en favor de los ramos agrícolas representados.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el presente recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión Europea.

      (1)  DO C 113, de 16.5.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 1999 en el asunto C-416/96 (demanda de decisión prejudicial del Inmigration Adjudicator): Nour Eddline El-Yassini contra Secretary of State for the Home Department (Concepto de «órgano jurisdiccional nacional» en el sentido del artículo 177 del Tratado - Acuerdo de Cooperación CEE-Marruecos - Artículo 40, párrafo primero - Principio de no discriminación en lo que respecta a las condiciones de trabajo y de retribución - Efecto directo - Alcance - Denegación de renovación del permiso de trabajo que pone fin al empleo de un trabajador marroquí en un Estado miembro)

text:
15.5.1999                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 136/1
                                                                         I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                  TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                             TRIBUNAL DE JUSTICIA
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 27 de abril de
                                                                             1976 y aprobado en nombre de la Comunidad mediante el
                                                                             Reglamento (CEE) no 2211/78 del Consojo (DO L 264 de
                     de 2 de marzo de 1999                                   27.9.1978, p. 1; EE 11/09, p. 3), el Tribunal de Justicia
                                                                             integrado por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente;
                                                                             P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y P. Jann, Presidentes
                                                                             de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann,
en el asunto C-416/96 (demanda de decisión prejudicial
                                                                             D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet y R.
del Inmigration Adjudicator): Nour Eddline El-Yassini
                                                                             Schintgen (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger;
  contra Secretary of State for the Home Department (1)
                                                                             Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora princi-
                                                                             pal, ha dictado el 2 de marzo de 1999 una sentencia cuyo fallo
                                                                             es el siguiente:
(Concepto de «órgano jurisdiccional nacional» en el sentido
del artı́culo 177 del Tratado — Acuerdo de Cooperación
CEE-Marruecos — Artı́culo 40, párrafo primero — Principio                   El párrafo primero del artı́culo 40 del Acuerdo de Cooperación entre
de no discriminación en lo que respecta a las condiciones de                la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado
trabajo y de retribución — Efecto directo — Alcance —                       en Rabat el 27 de abril de 1976 y aprobado, en nombre de la
Denegación de renovación del permiso de trabajo que pone                   Comunidad, mediante el Reglamento (CEE) n° 2211/78 del Consejo,
fin al empleo de un trabajador marroquı́ en un Estado                        debe interpretarse en el sentido de que, en principio, no impide que el
                               miembro)                                      Estado miembro de acogida deniegue la renovación del permiso de
                                                                             residencia de un nacional marroquı́, a quien haya autorizado a entrer
                                                                             en su territorio y a ejercer en él une actividad laboral por cuenta
                           (1999/C 136/01)                                   ajena, durante todo el tiempo en que el interesado disponga de ese
                                                                             empleo, en la medida en que el motivo inicial para el reconocimiento
                                                                             de su derecho de residencia no subsista cuando expire la validez de su
                                                                             permiso de residencia.
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                             El resultado serı́a distinto en el supuesto de que, a falta de motivos
                                                                             para proteger un interés legı́timo del Estado, como son las razones de
                                                                             orden público, de seguridad y de salud públicas, dicha denegación
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la      tuviera como efecto volver a cuestionar el derecho al ejercicio efectivo
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)          de un trabajo conferido al interesado en ese Estado mediante un
                                                                             permiso de trabajo debidamente expedido por las autoridades
                                                                             nacionales competentes por un perı́odo más largo que el correspon-
                                                                             diente al del permiso de residencia. Incumbe al órgano jurisdiccional
En el asunto C-416/96, que tiene por objeto une petición                    nacional apreciar si éste es el caso.
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE, por el Immigration Adjudicator (Reino Unido),
destinada a obtener, en el litigio pendiente ente dicho órgano              (1) DO C 74 de 8.3.1997.
jurisdiccional entre Nour Eddline El-Yassini y Secretary of State
for the Home Department, una decisión prejudicial sobre la
interpretación del párrafo primero del artı́culo 40 del Acuerdo
de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de septiembre de 2002 en el asunto T-182/01: Sophie Bachotet contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Funcionarios — Selección — Selección de agentes temporales — No inclusión en la lista de reserva — Igualdad de trato")

text:
7.12.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 305/23
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                tada por Mes J.-N. Louis y V. Peere, abogados, que designa
                                                                           domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunida-
                  de 24 de septiembre de 2002                              des Europeas (agentes: Sras. F. Clotuche-Duvieusart y
                                                                           H. Tserepa-Lacombe), que tiene por objeto la anulación de la
en el asunto T-113/01: Veronica Sabbag contra Comisión                     decisión del Comité de selección, contenida en un escrito de
                de las Comunidades Europeas (1)                            14 de julio de 2000, de no incluir a la demandante en la lista
                                                                           de reserva de agentes temporales resultante del procedimiento
(«Funcionarios — Selección — Selección de agentes tempora-                 de selección COM/R/A/01/1999, el Tribunal de Primera Instan-
les — No inclusión en la lista de reserva — Competencias                   cia (Sala Primera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf,
lingüísticas de los miembros del Comité de selección —                     Presidente, y N.J. Forwood y H. Legal, Jueces; Secretario:
                         Igualdad de trato»)                               Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 24 de
                                                                           septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                          (2002/C 305/49)
                                                                           1)    Anular la decisión del Comité de selección, contenida en el
                  (Lengua de procedimiento: francés)                             escrito de 14 de julio de 2000, de no incluir a la demandante
                                                                                en la lista de reserva resultante del procedimiento de selección
                                                                                de agentes temporales COM/R/A/01/1999.
En el asunto T-113/01, Veronica Sabbag, con domicilio en                   2)    Condenar en costas a la Comisión.
Bruselas, representada por Mes J.-N. Louis y V. Peere, abogados,
que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
Comunidades Europeas (agentes: Sras. F. Clotuche-Duvieusart                (1 ) DO C 317 de 10.11.2001.
y H. Tserepa-Lacombe), que tiene por objeto la anulación de la
decisión del Comité de selección, contenida en un escrito de
14 de julio de 2000, de no incluir a la demandante en la lista
de reserva de agentes temporales resultante del procedimiento
de selección COM/R/A/01/1999, el Tribunal de Primera Instan-
cia (Sala Primera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf,
Presidente, y N.J. Forwood y H. Legal, Jueces; Secretario:                      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 24 de
septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                  de 9 de septiembre de 2002
1)    Anular la decisión del Comité de selección, contenida en el          en el asunto T-182/00 DEP: Marco Pannella contra Parla-
      escrito de 14 de julio de 2000, de no incluir a la demandante                                  mento Europeo ( 1)
      en la lista de reserva resultante del procedimiento de selección
      de agentes temporales COM/R/A/01/1999.
                                                                                (Tasación de costas)
2)    Condenar en costas a la Comisión.
                                                                                (2002/C 305/51)
( 1) DO C 227 de 11.8.2001.
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           En el asunto T-182/00 DEP, Marco Pannella, miembro del
                                                                           Parlamento Europeo, con domicilio en Roma, representado
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                por el Sr. P.A.M. Ferrari, abogado, contra Parlamento Europeo
                                                                           (agentes: Sres. H. Krück y A. Caiola), que tiene por objeto una
                  de 24 de septiembre de 2002                              solicitud de tasación de las costas causadas en el asunto
                                                                           resuelto mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de
en el asunto T-182/01: Sophie Bachotet contra Comisión                     5 de julio de 2001, Pannella/Parlamento (asunto T-182/00, no
                de las Comunidades Europeas (1)                            publicado), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda),
                                                                           integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y los
(«Funcionarios — Selección — Selección de agentes tempora-                 Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung,
les — No inclusión en la lista de reserva — Igualdad de                    ha dictado el 9 de septiembre de 2002 un auto por el que se
                                trato»)                                    resuelve lo siguiente:
                          (2002/C 305/50)                                  El importe total de las costas que la parte demandada debe reembolsar
                                                                           en concepto de honorarios a la parte demandante se fija en
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       8 000 euros.
                                                                           (1 ) DO C 285 de 7.10.2000.
En el asunto T-182/01, Sophie Bachotet, agente auxiliar del
Comité de las Regiones, con domicilio en Bruselas, represen-


title: Asunto C-114/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Antwerpen — Bélgica) — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensionen [Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CEE) n ° 1408/71 — Seguro de vejez y muerte — Artículo 46 bis, apartado 3, letra c) — Liquidación de las prestaciones — Normas nacionales que prohíben la acumulación — Excepción — Concepto de «seguro voluntario o facultativo continuado»  — Pensión nacional en virtud de un régimen de seguro obligatorio — Posibilidad de solicitar la dispensa del alta durante un determinado período — Alcance del certificado expedido por la institución competente de otro Estado miembro — Reglamento (CEE) n ° 574/72 — Artículo 47]

text:
               13.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Antwerpen — Bélgica) — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensionen
   (Asunto C-114/13) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Seguro de vejez y muerte - Artículo 46 bis, apartado 3, letra c) - Liquidación de las prestaciones - Normas nacionales que prohíben la acumulación - Excepción - Concepto de «seguro voluntario o facultativo continuado» - Pensión nacional en virtud de un régimen de seguro obligatorio - Posibilidad de solicitar la dispensa del alta durante un determinado período - Alcance del certificado expedido por la institución competente de otro Estado miembro - Reglamento (CEE) no 574/72 - Artículo 47])
   (2015/C 118/02)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Arbeidshof te Antwerpen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Theodora Hendrika Bouman

      Demandada: Rijksdienst voor Pensionen

      Fallo

   El artículo 46 bis, apartado 3, letra c), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que comprende la parte de una prestación que procede de un período de seguro durante el cual el interesado tenía derecho a obtener una dispensa del alta en el régimen de seguro obligatorio, dándose la circunstancia de que, durante el período en cuestión, el alta repercute en el alcance de la prestación de seguridad social.

      (1)  DO C 147, de 25.5.2013.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Sala Sexta de la Cour du Travail de Mons, de fecha 9 de octubre de 1998, en el asunto entre Abdon Vanbraekel, Marie-Ange Vanbraekel, Marie-Paule Vanbraekel, Marie-Claire Vanbraekel, Brigitte Vanbraekel, Edith Vanbraekel y Alexandre Vanbraekel y Alliance Nationale des Mutualites Chretiennes (Asunto C-368/98)

text:
19.12.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 397/17
Ð La exigencia de una autorización del Ministro de                       competente o seguÂn el establecido por el Estado en
     Hacienda para la transmisión de acciones que repre-                 cuyo territorio se llevó a cabo la hospitalización?
     senten maÂs del 10 % del capital con derecho a voto de
     las sociedades privatizadas (o de una participación
     cualificada en instituciones financieras), en los teÂrmi-      Ð ¿EstaÂ autorizada una limitación de la cuantía del reem-
     nos establecidos por el Decreto Ley no 380/93, es                   bolso, prevista por la legislación del Estado de la Insti-
     incompatible con los artículos 73 B y 52 del                        tución competente, habida cuenta del artículo 36 del
     Tratado CE. La exigencia de tal autorización sólo                   Reglamento (CEE) no 1408/71, aunque en eÂl se con-
     podría estar justificada por razones imperativas de                 temple un reembolso íntegro?
     intereÂs general y si se basase en criterios objetivos,
     inmutables y puÂblicos, sin los cuales podría ser utili-       (1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2; EE 05/01, p. 98.
     zada para mantener en manos de operadores naciona-
     les el control de la empresa de referencia. Pues bien,
     las autoridades portuguesas no indicaron ninguna
     razón imperativa de intereÂs general que justificase
     dicha medida. Por lo que respecta a los criterios por
     los que debe regirse la concesión de la autorización, la
     Comisión sigue considerando que tales criterios o bien         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     no estaÂn indicados en la legislación o bien, en el supu-      lución de la Divisional Court, Queen's Bench Division, de
     esto en que el Decreto Ley no 380/93 se remite a la            fecha 13 de marzo de 1998, en el asunto entre The Queen
     Ley no 11/90, los criterios establecidos pueden ser            y Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte:
     interpretados y aplicados en sentido favorable a los           Trevor Robert Fisher y Penny Fisher, que giran comercial-
     ciudadanos portugueses, en detrimento de los naciona-          mente con la denominación de T. R. & P. Fisher (empresa)
     les de los demaÂs Estados miembros.                                                   (Asunto C-369/98)
                                                                                (98/C 397/29)
(1) DO L 302 de 15.11.1985.
                                                                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                    sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                    mediante resolución de la Divisional Court, Queen's Bench
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-          Division, dictada el 13 de marzo de 1998, en el asunto
lución de la Sala Sexta de la Cour du Travail de Mons, de           entre The Queen y Minister of Agriculture, Fisheries and
fecha 9 de octubre de 1998, en el asunto entre Abdon                Food, ex parte: Trevor Robert Fisher y Penny Fisher, que
Vanbraekel, Marie-Ange Vanbraekel, Marie-Paule Van-                 giran comercialmente con la denominación de T. R. & P.
braekel, Marie-Claire Vanbraekel, Brigitte Vanbraekel,              Fisher (empresa), y recibida en la Secretaría del Tribunal
Edith Vanbraekel y Alexandre Vanbraekel y Alliance                  de Justicia el 16 de octubre de 1998.
             Nationale des Mutualites Chretiennes
                      (Asunto C-368/98)
                                                                    La Divisional Court, Queen's Bench Division, solicita al
                         (98/C 397/28)                              Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                    cuestiones:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial                  1) i)    ¿Permiten el apartado 1 del artículo 3 y el
mediante resolución de la Sala Sexta de la Cour du Travail                   artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3508/92 (1), en
de Mons, dictada el 9 de octubre de 1998, en el asunto                       relación con los principios generales de Derecho
entre Abdon Vanbraekel, Marie-Ange Vanbraekel, Marie-                        comunitario, que se comunique a terceros la infor-
Paule Vanbraekel, Marie-Claire Vanbraekel, Brigitte Van-                     mación que figura en una base de datos informaÂ-
braekel, Edith Vanbraekel y Alexandre Vanbraekel y                           tica, establecida con arreglo al artículo 2, referente
Alliance Nationale des Mutualites Chretiennes, y recibida                    a datos facilitados por o en nombre de un antiguo
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de octubre                   solicitante de ayudas conforme al reÂgimen
de 1998.                                                                     «AAPs»?
La Sala Sexta de la Cour du Travail de Mons solicita al
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes               ii) En el supuesto de que la cuestión 1 (i) se conteste
cuestiones:                                                                  afirmativamente, ¿la información que legalmente
                                                                             se le permite comunicar a la autoridad competente
Cuando, en el marco de un litigio pendiente ante un                          estaÂ limitada, por lo que respecta a las personas
órgano jurisdiccional nacional, eÂste reconoce la necesidad                  destinatarias de la comunicación;
de una hospitalización en un Estado miembro distinto del                     a) a personas autorizadas por el antiguo solici-
de la institución competente, siendo así que se había dene-                       tante en el impreso baÂsico;
gado la autorización previa a que se refiere el artículo 22
del Reglamento (CEE) no 1408/71 (1):                                              y/o
Ð ¿Debe efectuarse el reembolso de los gastos de hospita-                    b) a personas que requieren la información en
     lización seguÂn el reÂgimen del Estado de la institución                     relación con su solicitud de ayuda agrícola con


title: Recurso interpuesto el 23 de febrero de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por CIMPOR - Cimentos de Portugal, S.A. (Asunto T-61/95)

text:
N° C 137/24            ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      3 . 6 . 95
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
Instancia que:                                                     Instancia que :
— Anule la Decisión 94/815/CE de la Comisión, de 30 de
                                                                   — Anule la Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
    noviembre de 1 994 ( 1 ) en su totalidad o, alternativa
                                                                        1994 ( IV/33.126 y 33.322 — Cemento ), en todo lo que
    mente, en la parte que se refiere a la demandante .
                                                                        se refiere a la demandante, y por consiguiente anule la
— Anule o, alternativamente, reduzca , la multa impuesta                multa que se le impuso .
    en el artículo 9 .
                                                                   — En caso de considerar que no procede anular la Decisión
— Condene en costas a la demandada .                                    en todo lo que a la demandante se refiere, reduzca la
                                                                        multa impuesta a CIMPOR.
Motivos y principales alegaciones
                                                                   — Condene en costas a la Comisión .
Castle mantiene que la Decisión se basa en la tesis errónea
del « acuerdo único y continuo » que permite a la Comisión
vincular distintas infracciones que incluyen a distintas           Motivos y principales alegaciones
asociaciones y empresas cementeras , distintos lapsos de
tiempo, distintos mercados y Estados miembros y con
distintas características y que ha conducido a la Comisión a       La demandante impugna la legalidad de la Decisión por
una serie de errores manifiestos de motivación, deducción y        adolecer de los siguientes vicios :
procedimiento en relación con las pruebas y los análisis
económicos y a incumplir la tradicional protección procesal          I. Vicios relativos a la vulneración del derecho de
reconocida en Derecho comunitario a las empresas acusadas                 defensa :
de infringir el artículo 85 .
                                                                          1 ) notificación parcial del pliego de cargos;
La tesis de la Comisión también ha conducido a imponer
una multa a Castle que es totalmente desproporcionada a su
intervención y responsabilidad .                                          2 ) naturaleza genérica y no específica de la acusa
                                                                              ción ;
Castle discute que existiera un acuerdo Cembureau como
afirma la Comisión y niega toda participación en cualquier                3 ) examen incompleto de los documentos recabados
forma de colusión entre los productores del Reino Unido                       por la Comisión o por ella utilizados para instruir el
( Blue Circle, Castle y Rugby ) y que su participación en el                  procedimiento y para motivar la Decisión;
European Export Committee fuera motivado por intento
alguno de restringir la competencia o que produjera tal
efecto .                                                                  4 ) falta de identificación de documentos en que se
                                                                              fundó la Decisión final, en las partes del pliego de
(') DO n° L 343 de 30 . 12 . 1994 .                                           cargos que la Comisión refirió a la demandante;
                                                                          5 ) limitación injustificada del derecho a ser oído,
                                                                              habida cuenta de la forma en que se organizó la
                                                                              audiencia de las acusadas ;
Recurso interpuesto el 23 de febrero de 1995 contra la                    6 ) uso de documentación incompleta como medio de
Comisión de las Comunidades Europeas por CIMPOR —                             prueba de las infracciones imputadas a la deman
                  Cimentos de Portugal, S.A.                                  dante;
                       (Asunto T-61/95 )
                          ( 95/C 137/60 )                                 7 ) enervación del derecho a responder por escrito y
                                                                              oralmente y confusión de la fase de instrucción con
           (Lengua de procedimiento: portugués)                               la fase contradictoria del procedimiento adminis
                                                                              trativo .
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 23 de febrero de 1995 un               II . Vicios relativos a la calificación y a la prueba de las
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    infracciones imputadas a la demandante :
formulado por CIMPOR, Cimentos de Portugal, S.A. , con
domicilio social en Rúa Alexandre Herculano, n° 35 ,
Lisboa , representada por Carlos Botelho Moniz , Adelino                  1 ) transgresión del artículo 85 del Tratado CE, por la
                                                                              triple imputación de la misma infracción;
Duarte, Teresa Mendes y Amadeu Brandáo Colado, Abo
gados , inscritos en el Colegio de Abogados de Portugal, con
bufete en Rúa Castilho, n° 63 , 6°, 1250 Lisboa, que designa              2 ) error en los presupuestos de la Decisión, derivado
como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse                         de la deficiente delimitación y caracterización del
May, Abogado, 31 , Grand-Rue .                                                mercado;
 ---pagebreak--- 3 . 6 . 95           I ES 1                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 137/25
       3 ) error en los presupuestos de la Decisión, derivado            3 ) examen incompleto de los documentos en que se
            de la deficiente valoración de los criterios de                    basa la acusación;
            racionalidad económica subyacentes en el compor
            tamiento de la demandante en el mercado;                     4 ) uso de una lengua distinta del portugués ;
       4 ) insuficiente y errónea apreciación de los elementos
            de prueba en que se basa la Decisión de la
                                                                         5 ) plazo insuficiente para responder al pliego de
                                                                               cargos y la obstrucción del ejercicio normal del
            Comisión, relativa a la alegada participación de la
            demandante tanto en el llamado « acuerdo Cembu
                                                                               derecho de defensa;
            reau » como en el llamado « acuerdo ibérico ».
                                                                         6 ) enervación del derecho a responder por escrito y
III. Vicios relativos a la determinación de la multa aplicada                  oralmente y de la confusión de la fase de instruc
       a la demandante :                                                       ción con la fase contradictoria del procedimiento
                                                                               administrativo .
        1 ) violación del principio de igualdad;
                                                                     II. Violación de las normas relativas a la motivación, a la
       2 ) violación del principio de proporcionalidad .                 prueba y a la suficiencia de las pruebas de la Deci
                                                                         sión :
                                                                         1 ) existencia de contradicciones en los motivos y
                                                                               presupuestos de la Decisión;
Recurso interpuesto el 23 de febrero de 1995 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por SECIL —                         2 ) uso de documentos que no podían utilizarse para
            Companhia Geral de Cal e Cimento, SA                               acusar ;
                        (Asunto T-62/95 )
                           95/C 137/61                                   3 ) falta de correspondencia entre el soporte documen
                                                                               tal de la acusación y el soporte documental de la
              (Lengua de procedimiento: portugués)                             Decisión ;
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   4 ) error en la apreciación de las pruebas;
Europeas se ha presentado el 23 de febrero de 1995 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                   5 ) insuficiencia e incongruencia de las prueba en que
formulado por SECIL — Companhia Geral de Cal e                                 se basa la Decisión de la Comisión .
Cimento, S.A. , con domicilio social en Outáo, municipio de
Setúbal, representada por Nuno Mimoso Ruiz, Abogado,                III. Error en la calificación j urídica de los hechos a la luz del
inscrito en el Colegio de Abogados de Portugal, con bufete               artículo 85 del Tratado CE, que lleva :
en Rúa Castilho, n° 63 , 6°, 1250 Lisboa, que designa como
domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May,                    1 ) a imputar simultáneamente la misma infracción a
Abogado, 31 , Grand-Rue .                                                      una asociación europea ( Cembureau ), a las asocia
                                                                               ciones nacionales que son miembros de dicha
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                            asociación ( en el caso de Portugal , a ATIC ) y a las
Instancia que :                                                                empresas que son miembros de dichas asociaciones
                                                                               nacionales (en el caso de ATIC, a CIMPOR y
— Anule la Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de                      SECIL ); esta triple imputación de una misma
      1994 ( IV/33.126 y 33.322 — Cemento ), en todo lo que                    infracción constituye igualmente una infracción del
     se refiere a la demandante, y por consiguiente anule la                   apartado 1 del artículo 85 del Tratado;
     multa que se le impuso.
— En caso de considerar que no procede anular la Decisión                2 ) a violar el principio non bis in idem.
     en todo lo que a la demandante se refiere, reduzca la
     multa impuesta a SECIL.                                        IV. Vicios en la determinación del importe de las mul
                                                                         tas :
— Condene en costas a la Comisión .
                                                                         1 ) violación general de los principios de equidad y de
Motivos y principales alegaciones                                              proporcionalidad ;
La demandante alega los motivos siguientes:
                                                                         2 ) valoración errónea de la gravedad subjetiva y
   I. Violación de las normas de procedimiento y del                           objetiva de la infracción;
        derecho de defensa :
                                                                         3 ) valoración errónea de la duración de la infrac
        1 ) comunicación parcial de las acusaciones;                           ción .
        2 ) naturaleza genérica y no específica de las acusacio
             nes ;


title: Asunto C-689/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf — Alemania) — V. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse [Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Artículos 9 y 15 — Solicitud de registro del signo flor de algodón presentada por una asociación — Registro como marca individual — Concesión de licencias de uso de dicha marca a los fabricantes de tejidos de algodón afiliados a esa asociación — Solicitud de nulidad o de caducidad — Concepto de «uso efectivo» — Función esencial de indicación de origen]

text:
               31.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 249/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf — Alemania) — V. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse
   (Asunto C-689/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Propiedad intelectual - Marca de la Unión Europea - Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Artículos 9 y 15 - Solicitud de registro del signo flor de algodón presentada por una asociación - Registro como marca individual - Concesión de licencias de uso de dicha marca a los fabricantes de tejidos de algodón afiliados a esa asociación - Solicitud de nulidad o de caducidad - Concepto de «uso efectivo» - Función esencial de indicación de origen])
   (2017/C 249/10)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: V. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze

      Demandada: Verein Bremer Baumwollbörse

      Fallo

               1)

               El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la colocación sobre productos, por el titular o con su consentimiento, de una marca individual de la Unión como sello de calidad no es un uso como marca que esté comprendido en el concepto de «uso efectivo» en el sentido de esta disposición. No obstante, la colocación de dicha marca constituirá tal uso efectivo si garantiza, asimismo y simultáneamente, a los consumidores que dichos productos proceden de una única empresa bajo cuyo control se fabrican y a la cual puede hacerse responsable de su calidad. En este último supuesto, el titular de la marca estará facultado para prohibir a terceros que coloquen un signo similar en productos idénticos en virtud del artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, cuando ello genere un riesgo de confusión por parte del público.

               2)

               El artículo 52, apartado 1, letra a), y el artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que no puede declararse la nulidad de una marca individual, basándose en la aplicación conjunta de estas disposiciones, porque el titular de la marca no garantice, mediante controles de calidad periódicos de sus licenciatarios, la veracidad de las expectativas de calidad que el público asocia con esa marca.

               3)

               El Reglamento n.o 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que sus disposiciones relativas a las marcas colectivas de la Unión no pueden aplicarse mutatis mutandis a las marcas individuales de la Unión.

      (1)  DO C 118 de 4.4.2016.