title: Recurso interpuesto el 30 de agosto de 1996 contra el Comité Económico y Social por Boessen (Asunto T-133/96)

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26 . 10 . 96        1 ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 318/ 19
Recurso interpuesto el 22 de agosto de 1996 contra la               El litigio afecta a la cuestión de si la Comisión puede denegar
Comisión de las Comunidades Europeas por RWE Energie                la tramitación de una solicitud de expedición de una
                       Aktiengesellschaft                           declaración negativa y una notificación subsidiaria para la
                      (Asunto T-131 /96 )                           aprobación de una exención con arreglo al apartado 3 del
                                                                    artículo 85 del Tratado CE presentada ante ella , cuando una
                         ( 96/C 318/35 )                            autoridad nacional haya iniciado paralelamente su propio
             (Lengua ae procedimiento: alemán)                      procedimiento y dictado una resolución de prohibición,
                                                                    basada únicamente en el apartado 1 del artículo 85 , y, por
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                    tal motivo, se esté substanciando un recurso jurisdiccional
Europeas se ha presentado, el 22 de agosto de 1996 , un             en el ámbito nacional .
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por RWE Energie Aktiengesellschaft, con domi             La demandante opina al respecto que la demandada actuó
cilio social en Essen ( República Federal de Alemania ),            incorrectamente al negarse a tramitar su solicitud de
representada por el Dr. Gerhard Wiedemann y por el Dr .             expedición de declaración negativa . Según el apartado 1 del
Jens Fleischhauer, Abogados de Dusseldorf, que designa              artículo 9 del Reglamento n° 17, la Comisión tiene
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Luc                competencia exclusiva para declarar inaplicable el apar
Frieden, Abogado, del despacho Bonn et Schmitt, 62 , Ave           tado 1 del artículo 85 con arreglo al apartado 3 del
nue Guillaume .                                                     artículo 85 . Tiene, por consiguiente, el « monopolio de la
                                                                    facultad de exención » . De dicho monopolio resulta , según la
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                 opinión general, el deber de la Comisión de examinar y -
Instancia que:                                                      resolver notificaciones dirigidas a la concesión de una
— declare que la parte demandada ha infringido el Tra              exención . Sobre este punto no hay margen alguno para una
     tado CE al negarse a cursar la solicitud de la deman          aplicación descentralizada del artículo 85 . A esto se añade
     dante, de 26 de octubre de 1995 , de expedición de una         que la competencia del Bundeskartellamt para la aplicación
     declaración negativa con arreglo al artículo 2 del             del apartado 1 del artículo 85 no releva a la Comisión de su
     Reglamento n" 17 del Consejo o, subsidiariamente,              misión de examinar, con arreglo a los apartados 1 y 3 del
     notificación para la exención con arreglo al apartado 3        artículo 85 , el contrato de concesión del suministro de
     del artículo 85 del Tratado CE, para el contrato de            energía eléctrica que le fue notificado en forma regular .
     concesión del suministro de energía eléctrica formali
                                                                    La demandante añade que es misión de la Comisión definir
     zado entre la demandante y el Ayuntamiento de Nord
     horn el 20 y 21 de abril de 1995 ( Az . IV/E-3/                su propia política en materia de competencia y aplicarla a
     35.800 );
                                                                    continuación . No es compatible con el sistema de reparto de
                                                                    competencias que rige el Derecho comunitario en materia de
     o, subsidiariamente,                                           competencia ceder dicha misión a una autoridad nacional de
     para el caso de que el escrito de la demandada, de 18 de       defensa de la competencia .
     junio de 1996 , notificado al representante de la deman       Además, la inacción de la demandada encierra el riesgo de
     dante en el procedimiento el 25 de junio de 1996 , deba         sanciones administrativas por parte del Bundeskartellamt
     ser calificado como una Decisión, declare nula dicha           contra la demandante en virtud del Derecho alemán en
     Decisión y condene a la demandada a cursar y resolver la        materia de competencia una vez concluya el procedimiento
     solicitud de la demandante de 26 de octubre de 1995 ;           de Derecho interno. En efecto, en el caso de que la resolución
— condene en costas a la demandada .                                 prohibitoria del Bundeskartellamt fuera mantenida por los
                                                                     tribunales, la demandante se vería jurídicamente impedida
Motivos y principales alegaciones                                    para la ejecución del contrato de concesión de suministro de
La demandante notificó formalmente a la Comisión un                  energía eléctrica notificado, a pesar de la posible aptitud de
contrato ( relativo al uso de redes de distribución para el          dicho contrato para una exención . En el período que
suministro de energía eléctrica ) por ella celebrado con el          transcurriera hasta una resolución formal de la Comisión, la
Ayuntamiento de Nordhorn . A continuación, el Bundeskar             demandante estaría sometida a una prohibición judicial de
tellamt ( Servicio Federal alemán de Defensa de la Compe            ejecución del contrato que precisamente no prevé para
 tencia ) prohibió la ejecución de determinadas cláusulas de         acuerdos notificados el Derecho comunitario en materia de
 dicho contrato, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 , en      competencia .
 relación con el artículo 47 de la Gesetz gegen Wettbewerbs
 beschránkungen ( Ley alemana de protección frente a
 prácticas restrictivas de la competencia , GWB ). Al inicio de
 la resolución figura un escrito de la demandada, mediante el        Recurso interpuesto el 30 de agosto de 1996 contra el
 cual comunica al Bundeskartellamt que, « de momento », no                     Comité Económico y Social por Boessen
 se propone « iniciar el procedimiento previsto por el                                      (Asunto T-133/96 )
 apartado 2 del artículo 9 del Reglamento n° 17 con las                                        ( 96/C 318/36 )
 consecuencias establecidas en el apartado 3 del artículo 9 del
 Reglamento n° 17 ». En opinión de la Comisión, « el sistema                     (Lengua de procedimiento : neerlandés)
 de aplicación descentralizada de las normas comunitarias en
 materia de competencia » permite « prescindir » de cursar           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
 una solicitud para la obtención de una exención con arreglo         Europeas se ha presentado, el 30 de agosto de 1996 , un
 al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE mientras que el        recurso contra el Comité Económico y Social formulado por
 « procedimiento de Derecho interno en trámite no haya aún           Boessen, con domicilio en Lanaken ( Bélgica ) representado
 alcanzado un resultado definitivo ».                                por Ch . M. E. M. Paulussen, Abogado de Maastricht ( Países
 ---pagebreak--- N° C 318/20               ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    26 . 10 . 96
Bajos ), que designa como domicilio en Luxemburgo el                  La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
despacho del Sr . Loesch, Rué Goethe, 11 .                            Instancia que :
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                   — anule la decisión de la Comisión, de 7 de agosto de 1 995 ,
Instancia que :                                                           por la que se fija en dos días la licencia por viaje del
                                                                          demandante así como cualquier decisión posterior
— anule las dos decisiones presuntas del Secretario general               similar;
      del Comité Económico y Social en que se desestiipan las
      dos reclamaciones del demandante , de 4 de febrero de           — en cuanto sea necesario, anule la decisión denegatoria
      1 996 y declare : 1 ) que el Comité Económico y Social está         expresa adoptada por la Comisión el 17 de abril de 1996
      obligado a conceder al demandante la asignación por                 en respuesta a la reclamación presentada por el deman
      escolaridad de sus hijos Y. , M. y L. correspondientes al           dante;
      curso escolar 1995/1996 por un total de 19 080 francos
      belgas , conforme solicitó en su petición de 31 de agosto       — declare que la directriz interna adoptada por la Comi
      de 1995 ; y 2 ) que el Comité Económico y Social debe               sión el 21 de diciembre de 1994 , publicada en « Infor
      cambiar la fecha en que empieza a surtir efecto la                  mations administratives » el 4 de enero de 1995 , es
      decisión relativa a la asignación por escolaridad corres           contraria a Derecho y, por consiguiente, ordene su
      pondiente a M. del 1 de septiembre de 1995 al 1 de                  revocación ;
      agosto de 1995 ;                                                — reconozca que el demandante tiene derecho, durante el
— condene en costas al Comité Económico y Social,                         año 1995 , así como en los años posteriores, a una
      incluidos los gastos necesarios realizados por el deman            licencia por viaje de 8,5 días naturales o, por lo menos, a
      dado en relación con este procedimiento, en particular              una licencia por viaje calculada con arreglo a la circular
      los correspondientes a la designación de domicilio así              administrativa n" 26 bis de 6 de noviembre de 1991 ;
      como los de desplazamiento y estancia de su Abo                — condene a la parte demandada al pago de todas las costas
      gado .                                                              del procedimiento .
Motivos y principales alegaciones                                     Motivos y principales alegaciones
El demandante, antiguo funcionario y beneficiario de una              El demandante , Jefe de la Delegación de la Comisión en la
pensión de invalidez a cargo de las Comunidades Europeas
                                                                      República del Chad, impugna la decisión de limitar a dos
solicitó, en primer lugar, al Comité Económico y Social que
                                                                      días la licencia por viaje que debe añadirse a sus vacaciones
le concediera la asignación por escolaridad variable, y no
                                                                      anuales, tomada en cumplimiento de la Directriz interna
fija , por los gastos de transporte de sus tres hijos, y, en          adoptada por la Comisión el 21 de diciembre de 1994 .
segundo lugar, que se aumentara la asignación por escola
                                                                      Efectivamente, hasta ese momento y durante varios años , el
ridad de uno de sus hijos .
                                                                      demandante había disfrutado de una licencia por viaje de
La primera petición fue denegada por silencio administra             8,5 días, de conformidad con la circular administrativa
tivo, así como la reclamación interpuesta a continuación; la          n° 26 bis, de 6 de noviembre de 1991 .
segunda petición fue acogida , pero con efectos de una fecha
posterior a la solicitada por el demandante . La reclamación          En apoyo de su recurso el demandante alega, en primer
                                                                      lugar, la infracción de la circular administrativa n° 26 bis,
consiguiente fue denegada por silencio administrativo .
                                                                      señalando, por una parte , que la directriz interna de 21 de
Contra ambas decisiones adoptadas por silencio adminis               diciembre de 1994 no menciona para nada que anula o
trativo recurre ahora el demandante ante el Tribunal de               modifica dicha circular y, por otra , que no contiene ninguna
Primera Instancia .                                                   motivación de la que pueda deducirse que la circular no
                                                                      responde ya a las exigencias para las que fue dictada, por lo
                                                                      cual se impone una reducción importante e inmediata de la
                                                                      licencia por viaje . Deduce de ello que la circular de 1991
                                                                      sigue siendo aplicable y que la decisión impugnada ignora
Recurso interpuesto el 2 de septiembre de 1996 contra la              manifiestamente esta disposición .
Comisión de las Comunidades Europeas por Hendrick
                                  Smets                               El demandante alega , asimismo, la violación del principio de
                                                                      protección de la confianza legítima , señalando que la parte
                         ( Asunto T-134/96 )
                                                                      demandada le hizo concebir fundadas esperanzas en lo
                             ( 96/C 318/37 )                          relativo a la duración de la licencia por viaje en la medida en
                                                                      que estableció distintos criterios al respecto en disposiciones
                (Lengua de procedimiento: francés)                    que revestían la forma de circular, las cuales aplicó durante
                                                                      varios años . El demandante considera que el hecho de haber
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                reducido, sin la menor motivación, la duración de la licencia
Europeas se ha presentado, el 2 de septiembre de 1996 , un            por viaje a la que tenía derecho constituye un desconoci
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                miento de los derechos adquiridos y una violación del
formulado por el Sr. Hendrick Smets, con domicilio en                 principio de protección de la confianza legítima .
N'Djaména ( Chad ), representado por el Sr. Nicolás Lhoést,
Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en                    Estima , además, que el hecho de dispensar un trato idéntico
Luxemburgo el de Fiduciaire Myson SARL, 1 , rué Gle                  a los funcionarios destinados en un país tercero ( FAPT) y a
sener .                                                               los destinados en el interior de la Comunidad ( FAC ), como


title: Recurso interpuesto el 27 de marzo de 1997 por PRODEREC - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, ACE (Asunto T-72/97)

text:
N°C 166/16          f ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    31 . 5 . 97
dante, que estaba divorciado de la segunda demandante,                 cisión de la Comisión, de 9 de diciembre de 1996 , re
nunca pagó una pensión alimenticia al primer demandante                lativa al expediente n° 881311 Pl , notificadas al de
y murió sin recursos económicos en 1996 .                              mandante el 28 de enero de 1997 .
Mediante escrito de 22 de junio de 1995, la Autoridad Fa          — Condene en costas a la Comisión .
cultada para Proceder a los Nombramientos en la institu
ción para la que trabajaba la segunda demandante denegó,           Motivos y principales alegaciones
con arreglo al artículo 17 del Anexo VIII del Estatuto, la
concesión de una pensión de viudedad, ya que el matrimo
                                                                   Las Decisiones recurridas corresponden a las Decisiones fi
nio con su segundo esposo duró menos de un año y no se
                                                                   nales de aprobación de la solicitud de pago del saldo rela
cumplía ninguna de las excepciones recogidas en el segun
                                                                   tivo a los expedientes de solicitud de ayudas económicas
do párrafo de dicha disposición . Finalmente, mediante es
                                                                   del Fondo Social Europeo nos 881311 Pl y 880249 P3 , de
crito de 20 de marzo de 1996, también se denegó la conce
                                                                   los que era titular la parte demandante . Mediante las Deci
sión de una pensión de orfandad para el primer deman              siones, la Comisión acordó reducir el importe aprobado
dante, por no cumplirse los requisitos del artículo 80 del
Estatuto .
                                                                   por la Decisón C(88 ) 0831 , de 29 de abril de 1988 , relati
                                                                   va a la concesión a la ahora la parte demandante de una
                                                                   ayuda para la financiación en Portugal de acciones de for
Por una parte, el derecho del primer demandante a recibir
                                                                   mación profesional .
una pensión de orfandad que se hace valer en el recurso se
fundamenta en el primer párrafo del artículo 80 del Esta
tuto, principalmente con el argumento de que en dicha dis         El recurso se basa en los siguientes motivos:
posición se utiliza la expresión « pensión de orfandad » tan
sólo porque tras la muerte de un funcionario se pagan de          — Las Decisiones de la Comisión son ilegales porque son
terminadas cantidades de dinero a los hijos que mantenía               contrarias a la Ley y, en particular, a la Decisión 83/
de hecho el difunto . Por ello, la pensión de orfandad no la           516/CEE del Consejo de 17 de octubre de 1983 , sobre
han de recibir los huérfanos sino, más bien, los hijos que             las funciones del Fondo Social Europeo ('), al Regla
estaban a cargo del difunto .                                          mento ( CEE ) n° 2950/83 ( 2 ), por el que se aplica dicha
                                                                       Decisión , así como a la Decisión 83/673/CEE de la Co
Por otra parte, de los párrafos 2 a 4 del artículo 80 del Es          misión, de 22 de diciembre de 1983 , relativa a la ges
tatuto se deduce que no se exige al beneficiario la condi             tión del Fondo Social Europeo ( FSE ) ( 3 ).
ción de ser huérfano de padre y de madre .
                                                                   — Son Decisiones injustas, porque se oponen a derechos
Según la parte demandante , la demandada tampoco puede                 e intereses de la parte demandante ya legalmente pro
invocar el artículo 21 del Anexo VIII del Estatuto alegan             tegidos y resultantes de la Decisión inicial de la Comi
do que en su apartado 1 se utiliza el término « huérfano ».            sión que aprobó los expedientes y del acto de certifica
Si el legislador se refiriera en este caso a un huérfano de            ción efectuado por el Departamento de Asuntos del
padre y de madre, el artículo 21 del Anexo VIII del Estatu            Fondo Social Europeo tras la adopción de las mismas .
to sería una contradicción en sí mismo .
                                                                   — Son dos Decisiones contradictorias, en la medida en
                                                                       que, habiendo realizado el demandante las acciones, y
                                                                        sin que ello haya sido puesto en tela de juicio en nin
                                                                       gún momento ni lo sea ahora , ordenan la devolución
Recurso interpuesto el 27 de marzo de 1997 por PRO                    de cantidades percibidas hace más de siete años, gas
DEREC — Formagáo e Desenvolvimento de Recursos                         tadas en la ejecución de las dos acciones y como con
                        Humanos , ACE                                   secuencia de ellas .
                       (Asunto T-72/97)
                                                                   — Son además contradictorias con otras ya adoptadas an
                         ( 97/C 166/35 )                                teriormente y que modifican completamente los presu
                                                                        puestos de hecho y de Derecho en que fueron aproba
            (Lengua de procedimiento: portugués)                        das y ejecutadas las acciones .
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 27 de marzo de 1997 un re            — Son Decisiones injustas y radicales, porque violan los
curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    principos de equidad, buen criterio e imparcialidad .
 formulado por PRODEREC — Forma^áo e Desenvolvi
 mento de Recursos Humanos, ACE, con domicilio en Av.               — Son, finalmente, Decisiones que carecen de fundamen
25 de Abril , n° 7B, S/loja, Almada, representado por Ma               to, dado que se contradicen con la certificación exten
 nuel Rodrigues, Abogado de Lisboa, que designa como- do               dida por el DAFSE en 1990, y que dicha certificación
 micilio en Luxemburgo el de la Sra . Luisa Maria Miranda               es la única válida, porque se efectuó dentro del plazo
 Sousa Pires, 4A, rué Jean Jaurés .                                     de 13 meses, se atiene a los requisitos establecidos en
                                                                        el Reglamento comunitario y no es revocable unilate
                                                                        ralmente .
 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
 tancia que :
                                                                    — Las dos Decisiones alteran, modifican o cambian el
 — Anule la Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre                  criterio adoptado en la Decisión inicial de aprobación,
     de 1996 , relativa al expediente n° 880249 P3 , y la De           al basarse en un segundo acto de certificación del
 ---pagebreak--- 31 . 5 . 97              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        N° C 166/ 17
       DAFSE que ordena aplicar criterios de racionalidad y            rencias significativas, en especial en lo referente a las ma
       buena gestión económica que ni antes , ni durante ni            terias primas, los procedimientos de producción, las carac
       después se han dado a conocer.                                  terísticas técnicas y físicas, el precio, el empaquetado y la
                                                                       comercialización . Por lo tanto, la Decisión de la Comisión
— Estas Decisiones violan el derecho de defensa de la                  de imponer un derecho antidumping del 94,1 % sobre el
       parte demandante .                                              calzado vulcanizado es ilegal .
(') DO n" L 289 de 22 . 10 . 1983 , p . 38 .
( 2 ) DO n° L 289 de 22 . 10 . 1983 , p . 1 .                          Las demandantes también alegan una infracción del
H DO n° L 377 de 31 . 12 . 1983 , p . 1 .                              artículo 190 del Tratado . Aducen que la motivación inade
                                                                       cuada que contiene el Reglamento ( CE ) n° 165/97 impide
                                                                       al Tribunal de Primera Instancia cumplir su cometido de
                                                                       examinar la cuestión de si la demandada ha fijado correc
                                                                       tamente la cuantía del derecho antidumping. La primera
Recurso interpuesto el 28 de marzo de 1997 por British                 objeción al enfoque de la Comisión es no haber tenido en
Shoe Corporation y otros contra Comisión de las Comuni                cuenta la diferencia entre el calzado vulcanizado y el cal
                           dades Europeas                              zado moldeado por inyección . Además, la base aritmética
                                                                       con arreglo a la cual se ha calculado la cuantía del dere
                         ( Asunto T-73 /97 )
                                                                       cho provisional no es lógica ni ha sido motivada debida
                            97/C 166/36 )                              mente .
                 (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                       Alegan igualmente que la Comisión ha cometido un error
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                 manifiesto de apreciación al valorar el « interés de la Co
Europeas se ha presentado el 28 de marzo de 1997 un re                munidad ». La medida impugnada presupone que el siste
curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                   ma de distribución puede absorber y absorberá la mayor
formulado por British Shoe Corporation y otros, represen              parte del derecho antidumping. No obstante, la Comisión
tados por Alasdair Bell , Solicitor, Society of Scotland, y            no aporta prueba alguna de ello, salvo la consideración de
Mark Powell , Solicitor, Abogado de Inglaterra , que desig            que el margen bruto entre importación y reventa es del
nan como domicilio en Luxemburgo el despacho de                        100% . No se tiene en cuenta la estructura de costes que
Loesch & Wolter, 1 1 rué Gothe, Luxemburgo .                           cubre este margen, el nivel de beneficios del mismo, o la
                                                                       capacidad del sistema de distribución para absorber una
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera                parte importante del derecho . Dado que los precios de
Instancia que :                                                        venta minorista del calzado importado ya han aumentado
                                                                       sustancialmente, los hechos contradicen la apreciación de
— Anule el Reglamento ( CE ) n° 165/97 de la Comi                     la situación efectuada por la Comisión .
       sión (') por el que se establece un derecho antidumping
       provisional sobre las importaciones de determinado
       calzado con parte superior de materias textiles origina        A continuación , las demandantes aducen que, en el presen
       rio de la República Popular de China y de Indonesia .           te asunto, la Comisión ha infringido las disposiciones del
                                                                       apartado 1 del artículo 3 del Reglamento ( CE ) n° 3283/94
— Adopte todas las demás medidas que en Derecho pro                   en relación con las del apartado 4 del artículo 5 del mis
       cedan .                                                         mo, al desconocer el hecho de que , antes de poder impo
                                                                       ner legalmente derechos antidumping, debe probar un per
— Condene a la Comisión al pago de las costas de las so               juicio material en relación con un grupo de productores de
       ciedades demandantes en el presente procedimiento .             la UE que representen conjuntamente el 25 % de la pro
                                                                       ducción del producto similar en la UE.
Motivos y principales alegaciones
Las sociedades demandantes en el presente asunto son                   Por último, invocan una violación del principio de propor
grandes importadores y vendedores minoristas de calzado                cionalidad en relación con la cuantía de los derechos anti
de la Unión Europea . Importan cantidades sustanciales de              dumping fijada en el Reglamento impugnado . A este res
calzado de China e Indonesia , países que han sido objeto              pecto, insisten especialmente en el hecho de que es prácti
de una investigación en materia de antidumping que ha                  camente imposible obtener suministros de calzado
desembocado en la adopción del Reglamento n° 165/97 de                 vulcanizado dentro de la Comunidad .
la Comisión, que establece un derecho antidumping provi
sional del 94,1 % y del 36,5 % , respectivamente, sobre el
                                                                       (') Reglamento ( CE ) n" 165/97 de la Comisión , de 28 de enero de
calzado de materias textiles originario de China y de Indo                  1997, por el que se establece un derecho antidumping provi
nesia . Las demandantes solicitan que se anule el citado Re                 sional sobre las importaciones de determinado calzado con
glamento .                                                                   parte superior de materias textiles originario de la República
                                                                             Popular de China y de Indonesia ( DO n° L 29 de 31 . 1 . 1997,
Las demandantes alegan que se ha infringido el apartado 4                    P - 3 ).
del artículo 1 del Reglamento ( CE ) n° 3283/94 ( 2 ), dado            ( 2 ) Reglamento ( CE ) n° 3283 /94 del Consejo , de 22 de diciembre
que la Comisión ha incurrido en un error, tanto de hecho                     de 1994 , sobre defensa contra las importaciones objeto de
como de Derecho, al apreciar el concepto de « producto si                   dumping originarias de países no miembros de la Comunidad
milar » en el sentido de dicha disposición . A su juicio, el                 Europea ( DO n° L 349 de 31 . 12 . 1994 , p . 1 ).
calzado vulcanizado no puede considerarse un « producto
similar » al calzado moldeado por inyección . Existen dife


title: Asunto T-448/10: Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2010 — Apple/OAMI — Iphone Media (IPH IPHONE)

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/36

         Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2010 — Apple/OAMI — Iphone Media (IPH IPHONE)
   (Asunto T-448/10)
   ()
   2010/C 328/63
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Apple, Inc. (Cupertino, Estados Unidos) (representantes: M. Engelman, Barrister y J. Olsen, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Iphone Media, S.A. (Sevilla)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 21 de julio de 2010, en el asunto R 1084/2009-4).

               —

               Que se estime la oposición de la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, que se estime la solicitud de la demandante en relación con los productos y servicios para los que se considere que existe posibilidad de confusión y/o para los productos y servicios para los que se determine que se corre el riesgo de que la solicitud de marca se aproveche injustamente de, o sea perjudicial para, el carácter distintivo o el renombre de la marca de la demandante.

               —

               Que se condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso al pago de las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa «IPH IPHONE», para productos y servicios de las clases 16, 35, 38, 41 y 42 — Solicitud de marca comunitaria no 5.562.822

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

      Marca o signo invocados en oposición: La marca comunitaria registrada no 2901007 de la marca denominativa «IPHONE», para productos y servicios de las clases 9, 38 y 42

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: La demandante considera que la resolución impugnada infringe el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, dado que la Sala de Recurso aplicó erróneamente lo dispuesto en dichos artículos a la marca impugnada.


title: Asunto C-43/16 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de enero de 2016 por Copernicus-Trademarks Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 25 de junio de 2015 en el asunto T-186/12, Copernicus-Trademarks/EUIPO

text:
               5.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/8

         Recurso de casación interpuesto el 21 de enero de 2016 por Copernicus-Trademarks Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 25 de junio de 2015 en el asunto T-186/12, Copernicus-Trademarks/EUIPO
   (Asunto C-43/16 P)
   (2016/C 326/14)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Copernicus-Trademarks Ltd (representante: C. Röhl, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
   Mediante auto de 14 de junio de 2016, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declaró la inadmisibilidad del recurso de casación.


title: Asunto F-10/12: Recurso interpuesto el 23 de enero de 2012 — ZZ/Comisión

text:
               3.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/29

         Recurso interpuesto el 23 de enero de 2012 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-10/12)
   2012/C 65/57
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: S.A. Pappas, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión por la que se deniega la concesión de las indemnizaciones diarias a la demandante.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 24 de mayo de 2011 de la Comisión y la decisión expresa desestimatoria de su reclamación de 24 de octubre de 2011, y se condene a la Comisión al pago de la indemnización diaria.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-156/06: Recurso interpuesto el  23 de marzo de 2006  — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Suecia

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/32

         Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Suecia
   (Asunto C-156/06)
   (2006/C 131/60)
   Lengua de procedimiento: sueco
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Maidani y K. Simonsson)

      Demandada: Reino de Suecia
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y, en su caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Suecia.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 11 de agosto de 2004.

      (1)  DO L 35 de 11.2.2003, p. 1.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de septiembre de 2002 en el asunto T-113/01: Veronica Sabbag contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Funcionarios — Selección — Selección de agentes temporales — No inclusión en la lista de reserva — Competencias lingüísticas de los miembros del Comité de selección — Igualdad de trato")

text:
7.12.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 305/23
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                tada por Mes J.-N. Louis y V. Peere, abogados, que designa
                                                                           domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunida-
                  de 24 de septiembre de 2002                              des Europeas (agentes: Sras. F. Clotuche-Duvieusart y
                                                                           H. Tserepa-Lacombe), que tiene por objeto la anulación de la
en el asunto T-113/01: Veronica Sabbag contra Comisión                     decisión del Comité de selección, contenida en un escrito de
                de las Comunidades Europeas (1)                            14 de julio de 2000, de no incluir a la demandante en la lista
                                                                           de reserva de agentes temporales resultante del procedimiento
(«Funcionarios — Selección — Selección de agentes tempora-                 de selección COM/R/A/01/1999, el Tribunal de Primera Instan-
les — No inclusión en la lista de reserva — Competencias                   cia (Sala Primera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf,
lingüísticas de los miembros del Comité de selección —                     Presidente, y N.J. Forwood y H. Legal, Jueces; Secretario:
                         Igualdad de trato»)                               Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 24 de
                                                                           septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                          (2002/C 305/49)
                                                                           1)    Anular la decisión del Comité de selección, contenida en el
                  (Lengua de procedimiento: francés)                             escrito de 14 de julio de 2000, de no incluir a la demandante
                                                                                en la lista de reserva resultante del procedimiento de selección
                                                                                de agentes temporales COM/R/A/01/1999.
En el asunto T-113/01, Veronica Sabbag, con domicilio en                   2)    Condenar en costas a la Comisión.
Bruselas, representada por Mes J.-N. Louis y V. Peere, abogados,
que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
Comunidades Europeas (agentes: Sras. F. Clotuche-Duvieusart                (1 ) DO C 317 de 10.11.2001.
y H. Tserepa-Lacombe), que tiene por objeto la anulación de la
decisión del Comité de selección, contenida en un escrito de
14 de julio de 2000, de no incluir a la demandante en la lista
de reserva de agentes temporales resultante del procedimiento
de selección COM/R/A/01/1999, el Tribunal de Primera Instan-
cia (Sala Primera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf,
Presidente, y N.J. Forwood y H. Legal, Jueces; Secretario:                      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 24 de
septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                  de 9 de septiembre de 2002
1)    Anular la decisión del Comité de selección, contenida en el          en el asunto T-182/00 DEP: Marco Pannella contra Parla-
      escrito de 14 de julio de 2000, de no incluir a la demandante                                  mento Europeo ( 1)
      en la lista de reserva resultante del procedimiento de selección
      de agentes temporales COM/R/A/01/1999.
                                                                                (Tasación de costas)
2)    Condenar en costas a la Comisión.
                                                                                (2002/C 305/51)
( 1) DO C 227 de 11.8.2001.
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           En el asunto T-182/00 DEP, Marco Pannella, miembro del
                                                                           Parlamento Europeo, con domicilio en Roma, representado
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                por el Sr. P.A.M. Ferrari, abogado, contra Parlamento Europeo
                                                                           (agentes: Sres. H. Krück y A. Caiola), que tiene por objeto una
                  de 24 de septiembre de 2002                              solicitud de tasación de las costas causadas en el asunto
                                                                           resuelto mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de
en el asunto T-182/01: Sophie Bachotet contra Comisión                     5 de julio de 2001, Pannella/Parlamento (asunto T-182/00, no
                de las Comunidades Europeas (1)                            publicado), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda),
                                                                           integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y los
(«Funcionarios — Selección — Selección de agentes tempora-                 Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung,
les — No inclusión en la lista de reserva — Igualdad de                    ha dictado el 9 de septiembre de 2002 un auto por el que se
                                trato»)                                    resuelve lo siguiente:
                          (2002/C 305/50)                                  El importe total de las costas que la parte demandada debe reembolsar
                                                                           en concepto de honorarios a la parte demandante se fija en
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       8 000 euros.
                                                                           (1 ) DO C 285 de 7.10.2000.
En el asunto T-182/01, Sophie Bachotet, agente auxiliar del
Comité de las Regiones, con domicilio en Bruselas, represen-


title: Asunto C-418/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État (Francia) el 12 de septiembre de 2007 — Société Papillon/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État (Francia) el 12 de septiembre de 2007 — Société Papillon/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
   (Asunto C-418/07)
   (2007/C 283/32)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Conseil d'État
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Société Papillon

      Demandada: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               En la medida en que la ventaja fiscal resultante del régimen de «consolidación fiscal» produce sus efectos en la imposición de la sociedad matriz del grupo, que puede compensar los beneficios y las pérdidas realizados por el conjunto de las sociedades del grupo consolidado y disfrutar del ajuste fiscal de las operaciones internas de ese grupo, la imposibilidad derivada del régimen definido por los artículos 223 A y siguientes del code général des impôts, de incluir en la composición de un grupo fiscal consolidado a una filial de segundo grado de la sociedad matriz, cuando dicha filial está dominada a través de otra filial que, al estar establecida en otro Estado miembro de la Comunidad Europea y no ejercer actividades en Francia, no está sujeta al impuesto francés de sociedades y no puede, por tanto, pertenecer ella misma al grupo, ¿constituye una restricción a la libertad de establecimiento debido a las consecuencias fiscales que tiene el hecho de que la sociedad matriz opte por dominar a una filial de segundo grado a través de una filial francesa, o en lugar de ello a través de una filial establecida en otro Estado miembro?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿puede esa restricción estar justificada, bien sea por la necesidad de mantener la coherencia del sistema de «consolidación fiscal», en especial los mecanismos de ajuste fiscal de las operaciones internas del grupo, habida cuenta de las consecuencias que tendría un sistema consistente en considerar a la filial establecida en otro Estado miembro como perteneciente al grupo únicamente a los efectos de la circunstancia de dominación indirecta de la filial de segundo grado, pero quedando la primera filial citada excluida necesariamente de la aplicación del régimen de grupo por no estar sujeta al impuesto francés, bien sea por cualquier otra razón imperiosa de interés general?


title: Asunto C-203/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof (Bélgica) el 28 de abril de 2011 — All Projects & Developments NV y otros

text:
               23.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof (Bélgica) el 28 de abril de 2011 — All Projects & Developments NV y otros
   (Asunto C-203/11)
   2011/C 219/05
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Grondwettelijk Hof

      Partes en el procedimiento principal

   Demandantes:

               All Projects & Developments NV

               Bouw- en Coördinatiekantoor Andries NV

               Belgische Gronden Reserve NV

               Bouwonderneming Ooms NV

               Bouwwerken Taelman NV

               Brummo NV

               Cordeel Zetel Temse NV

               DMI Vastgoed NV

               Dumobil NV

               Durabrik NV

               Eijssen NV

               Elbeko NV

               Entro NV

               Extensa NV

               Flanders Immo JB NV

               Green Corner NV

               Huysman Bouw NV

               Imano BVBA

               Immpact Ontwikkeling NV

               Invest Group Dewaele NV

               Invimmo NV

               Kwadraat NV

               Liburni NV

               Lotinvest NV

               Matexi NV

               Novus NV

               Plan & Bouw NV

               7Senses Real Estate NV

               Sibomat NV

               Tradiplan NV

               Uma Invest NV

               Versluys Bouwgroep BVBA

               Villabouw Francis Bostoen NV

               Willemen General Contractor NV

               Wilma Project Development NV

               Woningbureau Paul Huyzentruyt NV

         Intervinientes:

               Ministerraad

               Vlaamse regering

               Immo Vilvo NV

               PSR Brownfield Developers NV

               College van de Franse Gemeenschapscommissie

               Franse Gemeenschapsregering

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación o no con la Decisión 2005/842/CE (1) de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, en el sentido de que exigen que las medidas comprendidas en los artículos 3.1.3, 3.1.10, 4.1.20, apartado 3, párrafo segundo, 4.1.21 y 4.1.23 del Decreto de la Región Flamenca, de 27 marzo de 2009, sobre política del suelo e inmobiliaria deben ser notificadas a la Comisión Europea antes de la aprobación o entrada en vigor de dichas disposiciones?

               2)

               Una normativa que impone de pleno Derecho a operadores privados, cuyos proyectos de parcelación o de construcción tienen una determinada dimensión mínima, una carga social que asciende a un porcentaje de un mínimo del 10 % y un máximo del 20 % de la parcelación o del proyecto de construcción que puede prestarse en especie o mediante el pago de una cantidad de 50 000 [EUR] por cada parcela o vivienda de protección oficial no realizada, ¿debe examinarse a la vista de la libertad de establecimiento, de la libre prestación de servicios o de la libre circulación de capitales, o bien debe recibir la calificación de normativa compleja que ha de examinarse a la luz de cada una de estas libertades?

               3)

               A la vista del artículo 2, apartado 2, letras a) y j), de la Directiva 2006/123/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ¿es aplicable esta Directiva a una aportación forzosa de los operadores privados a la realización de viviendas y apartamentos de protección oficial, que es impuesta de pleno Derecho como carga social vinculada a toda autorización de construcción y de parcelación para un proyecto que tenga una dimensión mínima determinada por ley, de suerte que las viviendas de protección oficial realizadas son adquiridas, a un precio máximo determinado de antemano, por empresas encargadas de viviendas de protección oficial, para ser alquiladas a una amplia categoría de particulares, o bien, mediante la subrogación de empresas encargadas de viviendas de protección oficial, son vendidas a particulares pertenecientes a la misma categoría?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿debe interpretarse el concepto de «requisito por evaluar» contenido en el artículo 15 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de que comprende una obligación que incumbe a los operadores privados de contribuir, con carácter adicional o como parte de su actividad usual, a la construcción de viviendas de protección oficial y a transmitir las viviendas construidas por un precio máximo a organismos semipúblicos o mediante la subrogación de éstos, aunque dichos operadores privados no tengan un derecho de iniciativa en el mercado de la vivienda de protección oficial?

               5)

               En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional imponer una sanción, y en su caso, cuál, por:

                           a)

                           la constatación de que, de conformidad con el artículo 15 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, un nuevo requisito por evaluar no se haya examinado de conformidad con el artículo 15, apartado 6, de la citada Directiva;

                           b)

                           la constatación de que no se ha notificado la existencia de ese nuevo requisito de conformidad con el artículo 15, apartado 7, de dicha Directiva?

               6)

               En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el concepto de «requisito prohibido» contenido en el artículo 14 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de que no sólo se opone, en los supuestos descritos en dicho artículo, a una normativa nacional si ésta supedita el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio a un determinado requisito, sino también si esta normativa prevé simplemente que el incumplimiento de dicho requisito tiene como consecuencia la supresión de la compensación económica por la prestación de un servicio obligatorio por mandato legal y la no devolución del aval financiero constituido para la prestación de dicho servicio?

               7)

               En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿debe interpretarse el concepto de «competidor» contenido en el artículo 14, número 6, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de que es también aplicable a un organismo público cuyas funciones se solapan parcialmente con las de los prestadores de servicios, si participa en la adopción de las decisiones mencionadas en el artículo 14, apartado 6, de dicha Directiva y, además, está obligado, como última fase de un sistema en cascada, a comprar las viviendas de protección oficial que han sido construidas por un prestador de servicios para dar cumplimiento a la carga social que se le ha impuesto?

               8)

                           a)

                           En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el concepto de «régimen de autorización» contenido en el artículo 4, punto 6, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de que es aplicable a certificaciones emitidas por un organismo público una vez que ya se ha concedido la autorización de construcción o de parcelación, y que son necesarias para tener derecho a alguna de las compensaciones por el cumplimiento de una carga social vinculada de pleno Derecho a la autorización inicial, y que además son necesarias para reclamar la devolución del aval financiero impuesto al prestador de servicios en favor del organismo público?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿debe interpretarse el concepto de «régimen de autorización» contenido en el artículo 4, punto 6, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de que es aplicable a un contrato que un operador privado debe celebrar, en virtud de una norma legal, con un organismo público en el marco de la subrogación de dicho organismo público para la venta de una vivienda de protección oficial que ha sido construida por dicho operador privado al objeto de cumplir en especie una carga social vinculada de pleno Derecho a una autorización de construcción o de parcelación, habida cuenta de la circunstancia de que la celebración del contrato constituye un requisito para poder ejecutar dicha autorización?

               9)

               ¿Deben interpretarse los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a una normativa que tiene como consecuencia que la concesión de una autorización de construcción o de parcelación relativa a un proyecto de una determinada dimensión mínima esté vinculada de pleno Derecho a una carga social que consiste en la construcción, a razón de un determinado porcentaje del proyecto, de viviendas de protección oficial que a continuación serán vendidas, a un precio máximo limitado, a un organismo público, o bien mediante la subrogación de éste?

               10)

               ¿Debe interpretarse el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que se opone a una normativa que tiene como consecuencia que la concesión de una autorización de construcción o de parcelación relativa a un proyecto de una determinada dimensión mínima esté vinculada de pleno Derecho a una carga social que consiste en la construcción, a razón de un determinado porcentaje del proyecto, de viviendas de protección oficial que a continuación serán vendidas, a un precio máximo limitado, a un organismo público, o bien mediante la subrogación de éste?

               11)

               ¿Debe interpretarse el concepto de «contratos públicos de obras» contenido en el artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/18/CE (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en el sentido de que es aplicable a una normativa que tiene como consecuencia que la concesión de una autorización de construcción o de parcelación relativa a un proyecto de una determinada dimensión mínima está vinculada de pleno Derecho a una carga social que consiste en la construcción, a razón de un determinado porcentaje del proyecto, de viviendas de protección oficial que a continuación serán vendidas, a un precio máximo limitado, a un organismo público, o bien mediante la subrogación de éste?

               12)

               ¿Deben interpretarse los artículos 21, 45, 49, 56 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los artículos 22 y 24 de la Directiva 2004/38/CE (4) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, en el sentido de que se oponen a la normativa que ha sido introducida mediante el libro 5 del Decreto de la Región Flamenca, de 27 de marzo de 2009, sobre política del suelo e inmobiliaria, que lleva por título «Residir en su propia región», a saber, la normativa en virtud de la cual en determinados municipios, denominados municipios destinatarios, la transmisión de fincas y de las construcciones levantadas sobre las mismas se supedita a la acreditación por el comprador o por el arrendatario, de la existencia de un vínculo suficiente con dichos municipios en el sentido del artículo 5.2.1, apartado 2, del Decreto?

      (1)  DO L 312, p. 67.

      (2)  DO L 376, p. 36.

      (3)  DO L 134, p. 114.

      (4)  DO L 158, p. 77.


               26.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/1

         2011/C 63/01
   Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 55 de 19.2.2011

      Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 46 de 12.2.2011

      DO C 38 de 5.2.2011

      DO C 30 de 29.1.2011

      DO C 13 de 15.1.2011

      DO C 346 de 18.12.2010

      DO C 328 de 4.12.2010

   Estos textos se encuentran disponibles en:
   EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto C-522/13: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Contencioso-Administrativo n ° 1 de Ferrol (España) el 1 de octubre de 2013 — Ministerio de Defensa, Navantia S.A./Concello de Ferrol

text:
               14.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 367/25

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (España) el 1 de octubre de 2013 — Ministerio de Defensa, Navantia S.A./Concello de Ferrol
   (Asunto C-522/13)
   2013/C 367/44
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado Contencioso-Administrativo no 1

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ministerio de Defensa, Navantia SA

      Demandada: Concello de Ferrol

      Cuestión prejudicial

   ¿La exención fiscal sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles de la que se beneficia NAVANTIA SL es compatible con el art. 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y si es compatible con el art. 107 del TFUE que un Estado miembro (ESPAÑA) pueda establecer una exención fiscal sobre un terreno (bien inmueble con referencia catastral 2825201QA5422N0001YG) de su propiedad cedido a una empresa privada de capital íntegramente público (NAVANTIA SL) en la que ésta suministra bienes y presta servicios que pueden comerciarse entre Estados miembros?


title: Asunto C-321/08: Recurso interpuesto el 15 de julio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/38

         Recurso interpuesto el 15 de julio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-321/08)
   (2008/C 223/62)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: W. Wils y E. Adsera Ribera, agentes)

      Demandada: Reino de España
   Pretensiones

               —

               Que se declare que, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la Directiva 2005/29/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha directiva.

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva 2005/29 finalizó el 12 de junio de 2007.

      (1)  DO L 149, p. 22.


title: Asunto T-309/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de  6 de abril de 2006  — Camós Grau/Comisión ( Investigación de la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) acerca de la gestión y la financiación del Instituto para las relaciones Europa-América Latina — Posible conflicto de intereses de un investigador — Exclusión del equipo — Consecuencias para el desarrollo de la investigación y el contenido del informe de investigación — Informe de cierre de la investigación — Recurso de anulación — Admisibilidad — Recurso de indemnización — Admisibilidad )

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/38

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 2006 — Camós Grau/Comisión
   (Asunto T-309/03) (1)

   («Investigación de la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) acerca de la gestión y la financiación del Instituto para las relaciones Europa-América Latina - Posible conflicto de intereses de un investigador - Exclusión del equipo - Consecuencias para el desarrollo de la investigación y el contenido del informe de investigación - Informe de cierre de la investigación - Recurso de anulación - Admisibilidad - Recurso de indemnización - Admisibilidad»)
   (2006/C 131/71)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Manuel Camós Grau (Bruselas, Bélgica) (representante: M.A. Lucas, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J.-F. Pasquier y C. Ladenburger, agentes)
   Objeto
   Por una parte, un recurso de anulación del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de 17 de octubre de 2002, por el que se cerró la investigación sobre el Instituto para las Relaciones Europa-América Latina (IRELA) y, por otra parte, una pretensión de reparación de de los perjuicios material y moral supuestamente sufrido por el hecho del citado informe
   Fallo

               1)

               Condenar a la Comisión a abonar al Sr. Camós Grau la cantidad de 10 000 euros.

               2)

               Desestimar el resto de las pretensiones.

               3)

               La Comisión cargará con las costas del procedimiento.

      (1)  DO C 275 de 15.11.2003.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 24 de septiembre de 1998 en el asunto C-132/96 (petición de decisión prejudicial de la Pretura circondariale di Roma): Antonio Stinco y Ciro Panfilo contra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Pensión de vejez - Cálculo de la cuantía teórica de la prestación - Toma en consideración de la cuantía necesaria para alcanzar el importe mínimo previsto por la ley)

text:
21.11.98              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 358/1
                                                                 I
                                                        (Comunicaciones)
                                         TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                     TRIBUNAL DE JUSTICIA
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               La letra a) del apartado 2 del artículo 46 del Reglamento
                          (Sala Sexta)                              (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971,
                                                                    relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad
                de 24 de septiembre de 1998                         Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajado-
en el asunto C-132/96 (petición de decisión prejudicial de          res por cuenta propia y a los miembros de sus familias que
la Pretura circondariale di Roma): Antonio Stinco y Ciro            se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modi-
Panfilo contra Istituto nazionale della previdenza sociale          ficada y actualizada por el Reglamento (CEE) no 2001/83
                           (INPS) (1)                               del Consejo, de 2 de junio de 1983, modificado a su vez
                                                                    por el Reglamento (CEE) no 1247/92 del Consejo, de 30
(Pensión de vejez Ð CaÂlculo de la cuantía teórica de la
                                                                    de abril de 1992, y por el Reglamento (CEE) no 1248/92
prestación Ð Toma en consideración de la cuantía necesa-
                                                                    del Consejo, de 30 de abril de 1992, debe interpretarse en
  ria para alcanzar el importe mínimo previsto por la ley)
                                                                    el sentido de que, para determinar la cuantía teórica de la
                        (98/C 358/01)                               pensión que sirve de base para el caÂlculo de la pensión
                                                                    prorrateada, la institución competente ha de tomar en con-
             (Lengua de procedimiento: italiano)                    sideración un complemento destinado a alcanzar la pen-
                                                                    sión mínima prevista por la legislación nacional.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                    (1) DO C 180 de 22.6.1996.
                         de Justicia»)
En el asunto C-132/96, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
del Tratado CE, por la Pretura circondariale di Roma (Ita-
lia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
órgano jurisdiccional entre Antonio Stinco, Ciro Panfilo e                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), una                                      (Sala Sexta)
decisión prejudicial sobre la interpretación de la letra a)
del apartado 2 del artículo 46 del Reglamento (CEE)                                   de 1 de octubre de 1998
no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971 relativo a
                                                                    en el asunto C-27/94: Reino de los Países Bajos contra
la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los
                                                                             Comisión de las Comunidades Europeas (1)
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por
cuenta propia y a los miembros de sus familias que se des-          (FEOGA Ð Liquidación de cuentas Ð Ejercicio de 1990
plazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada                     Ð Restituciones a la exportación de cebada)
y actualizada por el Reglamento (CEE) no 2001/83 del
                                                                                (98/C 358/02)
Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230 de 22.8.1983,
p. 6; EE 05/03, p. 53), modificado a su vez por el Regla-
mento (CEE) no 1247/92 del Consejo, de 30 de abril de                          (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)
1992 (DO L 136 de 19.5.1992, p. 1), y por el Reglamento
(CEE) no 1248/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992
                                                                    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
(DO L 136 de 19.5.1992, p. 7), el Tribunal de Justicia
                                                                    caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
(Sala Sexta), integrado por los Sres.: H. Ragnemalm, Presi-
                                                                                de Justicia»)
dente de Sala; G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L.
Murray (Ponente) y G. Hirsch, Jueces; Abogado General:
Sr. F. G. Jacobs; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administra-          En el asunto C-27/94, Reino de los Países Bajos (Agentes:
dora, ha dictado el 24 de septiembre de 1998 una senten-            Sres. J. W. de Zwaan y J. S. van den Oosterkamp) contra
cia cuyo fallo es el siguiente:                                     Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. T.


title: Asunto C-656/15 P: Recurso de casación interpuesto el 7 de diciembre de 2015 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-674/11, TV2/Danmark A/S/Comisión Europea

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/27

         Recurso de casación interpuesto el 7 de diciembre de 2015 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-674/11, TV2/Danmark A/S/Comisión Europea
   (Asunto C-656/15 P)
   (2016/C 048/32)
   Lengua de procedimiento: danés

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: B. Stromsky, T. Maxian Rusche y L. Grønfeldt, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: TV2/Danmark A/S, Reino de Dinamarca, Viasat Broadcasting UK Ltd

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-674/11, TV2/Danmark A/S/Comisión Europea, en la medida en que anula la Decisión 2011/839/UE de la Comisión, de 20 de abril de 2011, sobre las medidas ejecutadas por Dinamarca C 2/03 a favor de TV2/Danmark, (1) por cuanto esta Decisión declara que los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996 transferidos a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2 constituyen ayudas de Estado.

               —

               Que se desestime en cuanto al fondo la tercera pretensión de la parte demandante en primera instancia formulada con carácter subsidiario.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandante en primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar de manera incorrecta el concepto de «fondos estatales» a que se refiere el artículo 107 TFUE, apartado 1, incluido el concepto de «control», y al no ofrecer una motivación adecuada.
   En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca los siguientes motivos:

               —

               El Tribunal General incurrió en error de Derecho en los apartados 210 y 211 al no reconocer que los recursos de TV2 Reklame constituyen fondos estatales porque TV2 Reklame es una sociedad perteneciente al Estado. El Tribunal General aplicó una interpretación demasiado restrictiva de la jurisprudencia relativa al concepto de fondos estatales de empresas que pertenecen al Estado.

               —

               El Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar de manera demasiado restrictiva el concepto de «control» en su apreciación del control del Estado sobre los fondos de TV2 Reklame. Asimismo, el Tribunal General incurrió en error de Derecho en el apartado 215 al interpretar también de manera demasiado restrictiva el concepto de «control» en su apreciación del control del Estado de los recursos del Fondo de TV2.

               —

               El Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar de manera incorrecta la sentencia PreussenElektra, EU:C:2001:160. Tal interpretación errónea desempeña un papel central en la fundamentación del Tribunal General para anular la Decisión impugnada.

      (1)  DO L 340, p. 1.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de noviembre de 2000 en el asunto C-404/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof): Josef Plum contra Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln ("Seguridad social de los trabajadores migrantes — Determinación de la legislación aplicable — Trabajadores desplazados en otro Estado miembro")

text:
10.2.2001                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                 C 45/1
                                                                          I
                                                                   (Comunicaciones)
                                                  TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                              TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   aplicación de los regı́menes de seguridad social a los trabajadores por
                                                                              cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros
                              (Sala Sexta)                                    de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión
                                                                              modificada y actualizada por el Reglamento (CEE) no 2001/83 del
                    de 9 de noviembre de 2000                                 Consejo, de 2 de junio de 1983, debe interpretarse en el sentido de
                                                                              que no se aplica a los trabajadores de una empresa de construcción
en el asunto C-404/98 (petición de decisión prejudicial                     establecida en un Estado miembro que son destinados a trabajos de
planteada por el Bundesgerichtshof): Josef Plum contra                        construcción en el territorio de otro Estado miembro en el que dicha
Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirek-                         empresa ejerce la totalidad de sus actividades, a excepción de las de
                              tion Köln (1)                                   gestión meramente internas. Conforme al artı́culo 13, apartado 2,
                                                                              letra a), de dicho Reglamento, tales trabajadores están sometidos a la
(«Seguridad social de los trabajadores migrantes — Determi-                   legislación de seguridad social del Estado miembro en cuyo territorio
nación de la legislación aplicable — Trabajadores desplaza-                 ejercen efectivamente su actividad.
                    dos en otro Estado miembro»)
                            (2001/C 45/01)                                    (1) DO C 1 de 4.1.1999.
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-404/98, que tiene por objeto una petición                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Bundesge-                                                (Sala Quinta)
richtshof (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pen-
diente ante dicho órgano jurisdiccional entre Josef Plum y
Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion                                          de 16 de noviembre de 2000
Köln, una decisión prejudicial sobre la interpretación del
artı́culo 13, apartado 2, letra a), y del artı́culo 14, apartado 1,           en el asunto C-282/98 P: Enso Española SA contra
letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de                                Comisión de las Comunidades Europeas (1)
14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regı́menes
de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los                («Recurso de casación — Competencia — Artı́culo 85,
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus                        apartado 1, del Tratado CE (actualmente artı́culo 81, apar-
familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su                       tado 1) — Motivación — Principio de igualdad de trato —
versión modificada y actualizada por el Reglamento (CEE)                                                     Costas»)
no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p.
6; EE 05/03, p. 53), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),
integrado por el Sr. C. Gulmann, Presidente de Sala; los                                                  (2001/C 45/02)
Sres. V. Skouris, J.-P. Puissochet (Ponente) y R. Schintgen y la
Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 9 de noviembre de 2000                                   (Lengua de procedimiento: español)
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                              En el asunto C-282/98 P, Enso Española SA, con domicilio
El artı́culo 14, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE)                   social en Castellbisbal (España), representada por el Sr. A. Creus
no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la                 Carreras, abogado del Ilustre Colegio de Barcelona, y la


title: Asunto T-248/05: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de septiembre de 2008 — UHP Uslugi Polska/OAMI — Manpower (I.T.@MANPOWER) ( Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa comunitaria I.T.@MANPOWER — Motivos de denegación absolutos — Carácter distintivo — Falta de carácter descriptivo — Inexistencia de signos o de indicaciones que se han convertido en habituales — Inexistencia de marca capaz de inducir a error al público — Artículo 7, apartado 1, letras b) a d) y g), y artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n o  40/94 )

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/34

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de septiembre de 2008 — UHP Uslugi Polska/OAMI — Manpower (I.T.@MANPOWER)
   (Asunto T-248/05) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca denominativa comunitaria I.T.@MANPOWER - Motivos de denegación absolutos - Carácter distintivo - Falta de carácter descriptivo - Inexistencia de signos o de indicaciones que se han convertido en habituales - Inexistencia de marca capaz de inducir a error al público - Artículo 7, apartado 1, letras b) a d) y g), y artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2008/C 285/61)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: HUP Uslugi Polska sp. z o.o., anteriormente denominada HP Temporärpersonalgesellschaft mbH (Czeladz, Polonia) (representante: M. Ciresa, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A Folliard-Monguiral, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: Manpower Inc. (Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos) (representante: R. Moscona, V. Marsland, Solicitors, y A. Bryson, Barrister)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 5 de abril de 2005 (asunto R 124/2004-4) relativa a un procedimiento de nulidad entre MP Temporärpersonal GmbH y Manpower Inc.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a HUP Uslugi Polska sp. z o.o.

      (1)  DO C 217 de 3.9.2005.


title: Asunto T-543/15 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann y otros/ECHA [«Procedimiento sobre medidas provisionales — REACH — Comercialización y uso de biocidas — Inclusión de una sociedad como proveedor de una sustancia activa en la lista mencionada en el artículo 95 del Reglamento (UE) n° 528/2012 — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»]

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/19

         Auto del Presidente del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann y otros/ECHA
   (Asunto T-543/15 R)
   ([«Procedimiento sobre medidas provisionales - REACH - Comercialización y uso de biocidas - Inclusión de una sociedad como proveedor de una sustancia activa en la lista mencionada en el artículo 95 del Reglamento (UE) no 528/2012 - Demanda de suspensión de la ejecución - Inexistencia de urgencia»])
   (2016/C 059/21)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlín, Alemania); Ecolab Deutschland GmbH (Monheim am Rhein, Alemania); Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Alemania) y Diversey Europe Operations BV (Utrecht, Países Bajos) (representantes: K. Van Maldegem, M. Grunchard y P. Sellar, abogados)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (representantes: C. Buchanan y W. Broere, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución de la decisión de la ECHA de 17 de junio de 2015 relativa a la inclusión de la sociedad O. como proveedor de una sustancia activa en la lista mencionada en el artículo 95, apartado 1, del Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167, p. 1).

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-176/00: Recurso interpuesto el 11 de mayo de 2000 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
22.7.2000              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 211/7
1. ¿Se oponen los artı́culos 28 y 30 CE a un Derecho nacional         miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión, que designa
    que prohibe la venta de un medicamento X:                         como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
                                                                      Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de la
    — para el cual en el Estado miembro A ha existido                 Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
        hasta la fecha una autorización ficticia, que ahora ha
        caducado por renuncia del titular de la autorización;
                                                                      La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
    — que hasta la fecha ha sido introducido desde el Estado          de Justicia que
        miembro B en el Estado miembro A a lo largo de
        varios años por medio de importación paralela y que         1. declare que la República Helénica ha incumplido las
        se ha comercializado en éste haciendo referencia a la             obligaciones que le incumben en virtud de] Tratado y de
        autorización ficticia mencionada;                                las Directivas
    — que el fabricante y titular de la autorización sustituye
        por un nuevo preparado Y, que, sobre la base de                   — 96/24/CE (1) del Consejo, de 29 de abril de 1996, por
        una autorización especı́fica, comercializa en el Estado               la que se modifica la Directiva 79/373/CEE relativa a la
        miembro A.                                                             comercialización de los piensos compuestos, y
    — que sólo se diferencia del preparado X mediante exci-              — 96/25/CE (2) del Consejo, de 29 de abril de 1996, sobre
        pientes modificados con los que se obtiene una mayor                   la circulación de materias primas para la alimentación
        estabilidad a diferentes temperaturas de modo que                      animal y por la que se modifican las Directivas 70/524/
        resulta innecesaria su conservación en el frigorı́fico?               CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE y 93/74/CEE y se deroga
                                                                               la Directiva 77/101/CEE,
2. ¿Tiene alguna incidencia sobre la apreciación el hecho de
    que el titular de la autorización, autorización ahora ya
    inexistente, tenı́a a su disposición una vı́a jurı́dica para         al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamenta-
    renunciar a la autorización de que habı́a gozado hasta el            rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
    presente, de modo que la aptitud para la comercialización            las citadas Directivas.
    del medicamento se habrı́a mantenido aún durante un
    determinado perı́odo (transitorio)?                               2. Condene a la República Helénica al pago de las costas del
                                                                          procedimiento.
    En caso afirmativo: ¿Conforme a qué criterios debe quien
    hasta el presente haya sido titular tener en cuenta la libre
    circulación de mercancı́as en Europa al decidir sobre su
    forma de proceder?                                                Motivos y principales alegaciones
3. ¿Tiene alguna incidencia sobre la apreciación la cuestión
    de si el medicamento Y se comercializa con su nueva               A tenor del artı́culo 249, párrafo tercero, del Tratado constitu-
    composición solamente en el Estado miembro A o ya                tivo de la Comunidad Europea, las Directivas obligarán al
    se encuentra también en el mercado en otros Estados               Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
    miembros?                                                         conseguirse.
4. ¿Tiene alguna incidencia sobre la apreciación el hecho
                                                                      De conformidad con el artı́culo 10, párrafo primero, del
    de que, en caso de concurrir simultáneamente ambas
                                                                      Tratado, los Estados miembros adoptarán todas las medidas
    composiciones en el Estado miembro A, surge el riesgo
                                                                      generales o particulares apropiadas para asegurar el cumpli-
    de que se produzca una conservación incorrecta del
                                                                      miento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o
    medicamento X?
                                                                      resultantes de los actos de las Instituciones de la Comunidad.
                                                                      No se discute que la República Helénica tiene la obligación de
                                                                      adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
                                                                      Directivas antes citadas.
Recurso interpuesto el 11 de mayo de 2000 contra la
República Helénica por la Comisión de las Comunidades               La Comisión ha comprobado que, hasta este momento, la
                             Europeas                                 República Helénica no ha adoptado las medidas necesarias
                                                                      para adaptar plenamente el ordenamiento jurı́dico interno
                       (Asunto C-176/00)                              griego a las Directivas correspondientes.
                        (2000/C 211/12)
                                                                      (1) DO L 125 de 23.5.1996, p. 33.
                                                                      (2) DO L 125 de 23.5.1996, p. 35.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 11 mayo de 2000 un recurso contra la República
Helénica formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por la Sra. Maria Condou-Durande,


title: Asunto T-272/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2008 — Evropaïki Dynamiki/Tribunal de Justicia ( Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación comunitario — Desestimación de una oferta — Criterios de selección y de adjudicación — Obligación de motivación )

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/22

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2008 — Evropaïki Dynamiki/Tribunal de Justicia
   (Asunto T-272/06) (1)

   («Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación comunitario - Desestimación de una oferta - Criterios de selección y de adjudicación - Obligación de motivación»)
   (2008/C 272/40)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas) (représentantes: N. Korogiannakis y N. Keramidas, abogados)

      Demandada: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (représentantes: inicialmente, M. Schauss y posteriormente D. Guild, agentes)
   Objeto
   Solicitud de anulación de la decisión del Tribunal de Justicia de 20 de julio de 2006 de desestimar la oferta presentada por la demandante en el marco de la licitación de 5 de julio de 2005, relativa a prestaciones de servicios para el mantenimiento, desarrollo y apoyo de aplicaciones informáticas, y de adjudicar el contrato a otros licitadores.
   Fallo

               1)

               Anular la decisión del Tribunal de Justicia de desestimar la oferta presentada por Evropaïki Dynamiki– Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, comunicada a ésta mediante escrito de 20 de julio de 2006.

               2)

               Condenar en costas al Tribunal de Justicia.

      (1)  DO C 294 de 2.12.2006.