title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) de 13 de marzo de 1997 en el asunto C-131/95 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandse Raad van State): P. J. Huijbrechts contra Commissie voor de behandeling van administratieve geschillen ingevolge artikel 41 der Algemene Bijstandswet in de provincie Noord-Brabant [Seguridad Social - Trabajador fronterizo en desempleo total - Prestaciones por desempleo en el Estado miembro competente - Reglamento (CEE) no 1408/71]

text:
10 . 5 . 97           ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        N° C 142/ 1
                                                                  I
                                                          (Comunicaciones)
                                           TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                      TRIBUNAL DE JUSTICIA
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miem
                          ( Sala Quinta)                             bros de sus familias que se desplazan dentro de la Comu
                   de 13 de marzo de 1997
                                                                     nidad, en su versión modificada y actualizada por el Re
                                                                     glamento (CEE) n° 2001 /83 del Consejo, y, en particular,
en el asunto C-131/95 (petición de decisión prejudicial              el inicio y el inciso ii) de la letra a) del apartado 1 de su
planteada por el Nederlandse Raad van State ): P. J. Huij           artículo 71 , en relación con su artículo 13, deben interpre
brechts contra Commissie voor de behandeling van admi               tarse en el sentido de que, cuando en el Estado del último
nistratieve geschillen ingevolge artikel 41 der Algemene             empleo la concesión de una prestación consecutiva a una
        Bijstandswet in de provincie Noord-Brabant ( ] )             prestación por desempleo se supedita al requisito de que el
[Seguridad Social — Trabajador fronterizo en desempleo               interesado haya percibido una prestación por desempleo
total — Prestaciones por desempleo en el Estado miembro              durante un período determinado, dicho Estado está obliga
         competente — Reglamento (CEE) n" 1408/71]                   do a tener en cuenta la prestación por desempleo percibida
                                                                     por el trabajador fronterizo en el Estado en que resida,
                         ( 97/C 142/01 )                             conforme a lo dispuesto en el inicio y el inciso ii) de la
                                                                     letra a) del apartado 1 del artículo 71 , como si dicha pres
             (Lengua de procedimiento: neerlandés)                   tación se hubiera precibido en el primer Estado.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                     (') DO n° C 159 de 24 . 6 . 1995 .
cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal           (2 ) DO n° L 149 de 5 . 7. 1971 , p. 2; EE 05/01 , p. 98 .
                            de Justicia »)                           (') DO n° L 230 de 22 . 8 . 1983, p. 6 ; EE 05/03 , p. 53 .
En el asunto C-131/95, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
del Tratado CE, por el Nederlandse Raad van State ( Países
Bajos ), destinado a obtener, en el litigio pendiente ante di
cho órgano jurisdiccional entre P. J. Huijbrechts y Com                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL
missie voor de behandeling van administratieve geschillen
ingevolge artikel 41 der Algemene Bijstandswet in de                                            ( Sala Primera)
provincie Noord-Brabant, una decisión prejudicial sobre                                 de 13 de marzo de 1997
la interpretación del artículo 67 del Reglamento ( CEE)
n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971 , relativo            en el asunto C-358/95 ( petición de decisión prejudicial
a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los           planteada por la Pretura di Pordenone ): Tommasso
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuen          Morellato contra Unità sanitaria locale (USL) n° 11 di
ta propia y a los miembros de sus familias que se despla                                        Pordenone C )
zan dentro de la Comunidad ( 2 ), en su versión modificada           (Artículos 30 y 36 del Tratado — Composición del pan —
y actualizada por el Reglamento ( CEE ) n° 2001/83 del               Nivel máximo de humedad, porcentaje mínimo de cenizas
Consejo ( 3 ), y del artículo 6 del Tratado CE, el Tribunal                   y prohibición de determinados ingredientes)
de Justicia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres.: J. C.
                                                                                ( 97/C 142/02 )
Moitinho de Almeida , Presidente de Sala; D. A. O. Ed
ward ( Ponente ), J.-P. Puissochet, P. Jann y M. Wathelet,
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
Jueces; Abogado General : Sr. A. La Pérgola; Secretaria :
Sra . L. Hewlett, administradora, ha dictado el 13 de mar
zo de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                     cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
Las disposiciones relativas a las prestaciones por desem                                         de Justicia »)
pleo del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de
14 de junio de 1971 , relativo a la aplicación de los regí          En el asunto C-358/95 , que tiene por objeto una petición
menes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta              dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177


title: Asunto T-211/13: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2013 — Eni/Comisión

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/53

         Recurso interpuesto el 15 de abril de 2013 — Eni/Comisión
   (Asunto T-211/13)
   2013/C 156/99
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Eni SpA (Roma, Italia) (representantes: G.M. Roberti e I. Perego, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare la admisibilidad del recurso.

               —

               Anule los actos impugnados.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la Decisión de la Comisión de reactivar los procedimientos sancionadores de 26 de febrero de 2013 [C(2013) 1200 final], y contra el pliego de cargos de 26 de febrero de 2013 [C(2013) 1199] relativo a un procedimiento con arreglo al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo SEE, adoptados en el asunto AT.40032-BR/ESBR.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega falta de competencia, toda vez que la Comisión no podía reactivar el procedimiento sancionador para modificar la decisión adoptada en el asunto BR-ESBR en 2006 y, al mismo tiempo, adoptar una nueva decisión sancionadora que incrementa la sanción por reincidencia.
   ENI sostiene que el Tribunal General, en su sentencia de 13 de julio de 2011, asunto T-39/07, anuló parcialmente la Decisión BR-ESBR de 2006, señalando que la Comisión incurrió en error al valorar la agravante de reincidencia y, al mismo tiempo, ejerció su propia competencia sobre el fondo –en el sentido del artículo 261 TFUE y del artículo 31 del Reglamento 1/2003- modificando el importe de la multa y sustituyendo las valoraciones efectuadas por la Comisión por las suyas propias. Los actos impugnados no sólo son contrarios a dichas disposiciones, sino también al artículo 266 TFUE, al principio de atribución y de equilibrio institucional contemplado en el artículo 13 TFUE y a los principios fundamentales del procedimiento justo, contemplado en el artículo 6 CEDH y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del ne bis in ídem contemplado en el artículo 7 CEDH.
   ENI alega además que, al contrario de lo que afirma la Comisión, el Tribunal General no determinó que el modo en que la Comisión aplicó la reincidencia en la Decisión BR-ESBR de 2006 fuera un mero defecto de forma; en consecuencia, la iniciativa de la Comisión se basa en un presupuesto de hecho y de Derecho completamente erróneo que, también desde este punto de vista, es contrario al artículo 7 CEDH.


title: Asunto T-13/16: Recurso interpuesto el 15 de enero de 2016 — Gauff/OAMI — H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

text:
               7.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 90/23

         Recurso interpuesto el 15 de enero de 2016 — Gauff/OAMI — H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)
   (Asunto T-13/16)
   (2016/C 090/31)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nuremberg, Alemania) (representante: A. Molnar, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Fráncfort del Meno, Alemania)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa que incluye el elemento denominativo «Gauff» — Marca comunitaria no 6327977

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 12 de noviembre de 2015 en el asunto R 549/2015-1

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.
               Con carácter subsidiario, devuelva el asunto a la OAMI para que verifique los extremos controvertidos que, de forma incorrecta, no fueron comprobados.

               —

               Condene en costas a la OAMI, incluidas las costas en que se haya incurrido en el procedimiento de recurso.

      Motivo invocado

               —

               Infracción de lo dispuesto en los artículos 53, 56, 57 y 76 del Reglamento no 207/2009 y en el Reglamento no 2868/95, vulneración del derecho a ser oído y falta de motivación.


title: Asunto C-12/03 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de enero de 2003 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 25 de octubre de 2002 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-5/02, promovido por Tetra Laval BV contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
22.3.2003             ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 70/3
5)   Sucede lo mismo también en el caso de que pueda                   Motivos y principales alegaciones
     esperarse la puesta en libertad tras un período previsible
     y razonable, pero que inicialmente deberá ir seguido de           —     Vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del
     una terapia de desintoxicación, y que sólo tras la obten-               Reglamento no 40/94; la marca solicitada «MATRATZEN
     ción de un certificado de estudios escolares de mayor                   markt CONCORD», formada por un elemento figurativo
     nivel sea posible la incorporación a un empleo?                         y tres palabras, y la marca de oposición «Matratzen» no
                                                                             son similares, sino totalmente diferentes. El Tribunal de
6)   El artículo 14 de la Decisión no 1/80, ¿debe interpretarse              Primera Instancia no basó su decisión en la impresión
     de tal modo que también debe tenerse en cuenta, en el                   global que causan las marcas, ignorando así los principios
     marco del procedimiento jurisdiccional, una modificación                establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia
     favorable a la persona interesada producida con posterio-               Sabèl (C-251/95). La afirmación según la cual la marca
     ridad a la última decisión administrativa en virtud de la               solicitada únicamente está determinada por la palabra
     cual ya no sea posible aplicar una limitación con arreglo               «MATRATZEN» vulnera las normas de la lógica y contra-
     al artículo 14 de la Decisión no 1/80?                                  dice cualquier criterio basado en la experiencia.
                                                                       —     Vulneración del principio de libre circulación de mercan-
                                                                             cías (artículos 28 CE y 30 CE); la oposición presentada
                                                                             por la marca más antigua constituye un abuso de una
                                                                             posición legal formal. El Tribunal de Primera Instancia no
                                                                             valoró suficientemente este elemento.
Recurso de casación interpuesto el 7 de enero de 2003
por Matratzen Concord GmbH, antes Matratzen Concord
AG, contra la sentencia dictada el 23 de octubre de 2002               (1 ) DO 2003, C 19.
por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas en el asunto T-6/01 promovido
por Matratzen Concord GmbH, antes Matratzen Concord
AG contra la Oficina de Armonización del Mercado
             Interior (marcas, dibujos y modelos)
                       (Asunto C-3/03 P)
                                                                       Recurso de casación interpuesto el 13 de enero de 2003
                                                                       por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la
                         (2003/C 70/06)                                sentencia dictada el 25 de octubre de 2002 por la
                                                                       Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                       Comunidades Europeas en el asunto T-5/02, promovido
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           por Tetra Laval BV contra la Comisión de las Comunidades
presentado el 7 de enero de 2003 un recurso de casación                                             Europeas
formulado por Matratzen Concord GmbH, antes Matratzen
Concord AG, representada por el Dr. Wolf-W. Wodrich,                                          (Asunto C-12/03 P)
abogado, con domicilio en Huyssenallee 58-64, D-45128
Essen, asistido por Zenz, Helber, Hosbach & Partner, agentes
de propiedad industrial, con domicilio en Huyssenallee 58-64,                                    (2003/C 70/07)
D-45128 Essen, contra la sentencia dictada el 23 de octubre
de 2002 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas en el asunto T-6/01, promovido
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                       presentado el 13 de enero de 2003 un recurso de casación
(marcas, dibujos y modelos).
                                                                       formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
                                                                       representada por los Sres. Michel Petite, Anthony Whelan y
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las            Per Hellström, en calidad de agentes, que designa domicilio en
Comunidades Europeas que:                                              Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 25 de octubre de
                                                                       2002 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de
—    Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de           las Comunidades Europeas en el asunto T-5/02 ( 1), promovido
     23 de octubre de 2002 en el asunto T-6/01 (1).                    por Tetra Laval BV contra la Comisión de las Comunidades
                                                                       Europeas.
—    Desestime la oposición presentada por la otra parte del
     procedimiento ante la Sala de Recurso de 21 de abril de
     1998 (OAMI — no de expediente B 32 500).                          La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
                                                                       Comunidades Europeas que:
—    Condene a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento
     ante la Sala de Recurso al pago de las costas ocasionadas         —     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
     en el marco del procedimiento ante la División de                       las Comunidades Europeas de 25 de octubre de 2002 en
     Oposición y ante la Sala de Recurso de la OAMI, así                     el asunto T-5/02, Tetra Laval BV/Comisión.
     como en el marco del recurso de anulación y del presente
     recurso de casación.                                              —     Condene en costas a Tetra Laval BV.
 ---pagebreak--- C 70/4                 ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                         22.3.2003
Motivos y principales alegaciones                                        Reglamento al pedir a la Comisión que tuviera en cuenta la
                                                                         repercusión de la ilegalidad de determinado comportamiento
                                                                         y que valorara como posible solución las promesas de no
                                                                         practicar un comportamiento abusivo.
1.   Error de Derecho en lo relativo al criterio de valoración
     de la prueba y al criterio de control jurisdiccional
                                                                         La interpretación del Tribunal de Primera Instancia también
                                                                         viola, en parte, principios generales del Derecho comunitario
La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia                   (el principio de igualdad y la presunción de inocencia). Al
cometió un error de Derecho por dos motivos relacionados:                establecer sus conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia
                                                                         distorsionó igualmente el contenido de la Decisión (3). Las
                                                                         consecuencias de estos errores de Derecho impregnan en su
1)    El criterio de control jurisdiccional utilizado por el             totalidad la valoración de la Decisión efectuada por el Tribunal
      Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida es         de Primera Instancia y afectan a la resolución que zanjó el
      intrínsecamente contradictorio y no se ajusta ni al                litigio. Por consiguiente, procede anular dicha sentencia.
      artículo 230 CE ni al artículo 2 del Reglamento de
      fusiones (2).
2)    Al aplicar dicho criterio de control jurisdiccional, el
      Tribunal de Primera Instancia sobrepasó los límites del            3. Error de Derecho al no aceptar la definición del mercado
      papel que corresponde al juez comunitario en el control                  efectuada por la Comisión al definir los mercados
      de los actos administrativos de la Comisión, en particular               de máquinas estiradoras-sopladoras en función de los
      al sustituir el punto de vista de la Comisión por el suyo                productos específicos para los que finalmente se utilizan
      propio en un cierto número de cuestiones esenciales.                     dichas máquinas
La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia se                La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia
contradice al afirmar que aplica un criterio de control basado           cometió un error de Derecho e infringió, en particular, el
en un error manifiesto de apreciación, mientras que en realidad          artículo 2 del Reglamento de fusiones al declarar que «la
aplica un criterio diferente.                                            Decisión impugnada no aporta datos suficientes para justificar
                                                                         la definición de unos submercados de máquinas estiradoras-
                                                                         sopladoras distintos en función de la utilización final de las
La Comisión alega igualmente que el criterio de valoración de            mismas» y que «por lo tanto, los únicos submercados que
la prueba aplicado por el Tribunal de Primera Instancia en la            deben tenerse en cuenta son los de las máquinas de baja
sentencia recurrida sobrepasa las exigencias del control de              capacidad y de alta capacidad».
legalidad de los actos comunitarios. El artículo 230 CE faculta
al juez comunitario para controlar la legalidad de los actos de
las instituciones. La Comisión considera que el Tribunal de
Primera Instancia, pese a referirse en la sentencia a un
«error manifiesto de apreciación», en realidad ha endurecido             4. Error de Derecho al no aceptar la conclusión de la
significativamente el criterio de valoración de la prueba exigida              Comisión sobre la importancia de la posición dominante
a la Comisión para prohibir una concentración con efecto de                    de Tetra en el mercado de cartón — Infracción del
conglomerado, sobrepasando así los límites del control de                      artículo 2 del Reglamento, distorsión de los hechos y
legalidad. En esencia, dicho Tribunal intenta aplicar un criterio              desatención a los argumentos de la Comisión
basado en la necesidad de que la Comisión «convenza» al
Tribunal, en vez de uno basado en la necesidad de que el
demandante pruebe que la Comisión incurrió en un error de                La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia
hecho o de Derecho o en un error manifiesto de apreciación.              cometió un error de Derecho al declarar que «los datos
Este criterio lleva al Tribunal de Primera Instancia a sustituir         invocados en la Decisión impugnada no demuestran de
ilegalmente la apreciación de la Comisión por la suya propia.            un modo jurídicamente suficiente que los efectos de la
                                                                         concentración modificada sobre la posición que ocupa Tetra,
                                                                         en particular en los mercados del cartón aséptico, al eliminar a
                                                                         Sidel como competidor potencial serían tales que se cumplirían
2.   Error de Derecho al exigir a la Comisión que valore la              los requisitos del artículo 2, apartado 3, del Reglamento».
     repercusión de la «ilegalidad» de determinado comporta-
     miento en los incentivos que la entidad nacida de la
     fusión tendría para aplicar prácticas de apalancamiento             La Decisión se basaba en un análisis de tipo horizontal sobre
     y que tome en consideración las soluciones de naturaleza            la eliminación de la competencia potencial. En el mercado de
     meramente comportamental — Infracción de los                        cartón, Tetra ocupa una posición claramente dominante, con
     artículos 2 y 8 del Reglamento                                      una cuota de mercado de alrededor del 80 % en el cartón
                                                                         aséptico. La competencia se encuentra ya por tanto seriamente
                                                                         debilitada. La principal amenaza para Tetra en lo que respecta
La Comisión alega que el Tribunal de Justicia cometió un error           al envasado en cartón de los productos sensibles procede del
de Derecho e infringió, en particular, los artículos 2 y 8 del           exterior del mercado del cartón, y muy especialmente del
 ---pagebreak--- 22.3.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 70/5
mercado en crecimiento del PET, en el que Sidel ocupa una                  Como la concentración ya había tenido lugar, la Comisión
posición de liderazgo, con una cuota de mercado del 60 % del               envió un pliego de cargos, al que Tetra respondió, y organizó
total de máquinas estiradoras-sopladoras en términos de                    una audiencia, con vistas a adoptar una Decisión por la que
capacidad. Al comprar Sidel, Tetra elimina la principal presión            se establecieran medidas para el restablecimiento de una
competitiva independiente, procedente del mayor suministra-                competencia efectiva, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del
dor del sector del PET, y refuerza así su posición dominante en            Reglamento. La Comisión adoptó dicha Decisión el 30 de
el cartón.                                                                 enero de 2002 («la Decisión de separación»).
( 1) DO C 68 de 16.3.2002, p. 19.
( 2) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre
     de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración
                                                                           El artículo 1 de la Decisión de separación ordena a Tetra «que
     entre empresas (DO L 395, p. 1).
( 3) Decisión C(2001) 3345 final de la Comisión, de 30 de octubre de
                                                                           se separe de Sidel SA conforme a lo dispuesto en el anexo de
     2001, por la que se declara una concentración incompatible con        la presente Decisión». El punto 1, apartado 5, de dicho anexo
     el mercado común y con el Acuerdo EEE (Asunto COMP/M.2416             exige que Tetra se deshaga de la totalidad de su participación
     — Tetra Laval/Sidel).                                                 en Sidel. El punto 4, apartado 1, del anexo establece una fecha
                                                                           límite para concluir la separación.
                                                                           Mediante demandas separadas, Teresa solicitó la anulación de
Recurso de casación interpuesto el 13 de enero de 2003                     la Decisión de incompatibilidad (Asunto T-5/02) y de la
por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la                      Decisión de separación (Asunto T-80/02). El Tribunal de
sentencia dictada el 25 de octubre de 2002 por la                          Primera Instancia dictó sentencia en ambos asuntos el 25 de
Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las                      octubre de 2002.
Comunidades Europeas en el asunto T-80/02, promovido
por Tetra Laval BV contra la Comisión de las Comunidades
                              Europeas
                        (Asunto C-13/03 P)                                 En su sentencia en el asunto T-5/02, el Tribunal de Primera
                                                                           Instancia anuló la Decisión de incompatibilidad.
                           (2003/C 70/08)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               En su sentencia en el asunto T-80/02 («la sentencia recurrida»),
presentado el 13 de enero de 2003 un recurso de casación                   el Tribunal de Primera Instancia observó que, en efecto, la
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                     concentración se había realizado y que la separación de
representada por los Sres. Michel Petite, Anthony Whelan y                 las empresas que participaban en la concentración era la
Per Hellström, en calidad de agentes, que designa domicilio en             consecuencia lógica de la Decisión de incompatibilidad. Aña-
Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 25 de octubre de                dió que la adopción de una Decisión de separación presupone
2002 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de              que la Decisión de incompatibilidad precedente es válida. Por
las Comunidades Europeas en el asunto T-80/02 ( 1), promo-                 tanto, la anulación de la Decisión de incompatibilidad priva
vido por Tetra Laval BV contra la Comisión de las Comunidades              por completo de base jurídica a la Decisión de separación. El
Europeas.                                                                  Tribunal de Primera Instancia concluyó que, como la Decisión
                                                                           de incompatibilidad había sido anulada por su sentencia en el
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                asunto T-5/02, procedía estimar el recurso de anulación de la
Comunidades Europeas que:                                                  Decisión de separación, sin necesidad de examinar los demás
                                                                           motivos invocados por Tetra.
—       Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
        las Comunidades Europeas de 25 de octubre de 2002 en
        el asunto T-80/02.
—       Condene en costas a Tetra Laval BV.                                La Comisión ha recurrido en casación la sentencia del Tribunal
                                                                           de Primera Instancia en el asunto T-5/02, invocando diversos
                                                                           argumentos jurídicos. En el caso de que dicho recurso de
                                                                           casación condujera a la anulación de la sentencia del Tribunal
Motivos y principales alegaciones
                                                                           de Primera Instancia en dicho asunto, la sentencia del Tribunal
                                                                           de Primera Instancia en el asunto T-80/02 estaría basada en
El 30 de octubre de 2001, la Comisión adoptó una Decisión                  una premisa viciada por un error de Derecho, a saber, la
basada en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento de                     invalidez de la Decisión de incompatibilidad. Dado que la
fusiones ( 2), por la que prohibió la concentración que le había           anulación de la Decisión de incompatibilidad fue el único
sido notificada entre Tetra Laval SA, filial al 100 % de Tetra             motivo para anular la Decisión de separación, la casación de la
Laval BV («Tetra») y Sidel SA («la Decisión de incompatibi-                sentencia que anuló la primera Decisión entrañaría la anulación
lidad») (3).                                                               de la sentencia que anuló la segunda.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 10 de marzo de 1998 en los asuntos acumulados C-364/95 y C-365/95 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg): T. Port GmbH & Co. contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Plátanos - Organización común de mercados - Régimen de importación - Acuerdo marco sobre los plátanos - GATT - Artículo 234 del Tratado CE)

text:
2.5.98                  ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 137/3
malm (Ponente), Presidente de Sala; R. Schintgen, G. F.             reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a
Mancini, P. J. G. Kapteyn y G. Hirsch, Jueces; Abogado              dicha Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), inte-
General: Sr. G. Tesauro; Secretaria: Sra. L. Hewlett, admi-         grado por los Sres.: C. Gulmann, Presidente de Sala; M.
nistradora, ha dictado el 5 de marzo de 1998 una senten-            Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida (Ponente), D. A. O.
cia cuyo fallo es el siguiente:                                     Edward y J.-P. Puissochet, Jueces; Abogado General: Sr. A.
                                                                    La Pergola; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el 5 de
1) El artículo 10 de la Directiva 69/335/CEE del Con-               marzo de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
     sejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos
     indirectos que gravan la concentración de capitales, en        1) Se declara que la RepuÂblica Francesa ha incumplido
     su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE,                  las obligaciones que le incumben en virtud del paÂrrafo
     debe interpretarse en el sentido de que se opone a la               primero del apartado 1 del artículo 13 de la Directiva
     percepción de un impuesto del 0,5 % sobre la escritura              93/89/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993,
     notarial por la que se formaliza la aportación de una               relativa a la aplicación por los Estados miembros de
     parte del capital social desembolsada despueÂs de la                los impuestos sobre determinados tipos de vehículos
     constitución de una sociedad de capital, cuando, en el              utilizados para el transporte de mercancías por carre-
     momento de la constitución de tal sociedad, ya se                   tera, así como de los peajes y derechos de uso percibi-
     había percibido un impuesto del 1 % sobre la totalidad              dos por la utilización de determinadas infraestructuras,
     del valor nominal del capital social.                               al no adoptar, en el plazo senÄalado, las disposiciones
                                                                         legales, reglamentarias y administrativas necesarias
2) El artículo 10 de la Directiva 69/335/CEE, en su ver-                 para atenerse a dicha Directiva.
     sión modificada, confiere derechos que los particulares
     pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacio-        2) Se condena en costas a la RepuÂblica Francesa.
     nales. EÂstos estaÂn obligados a dejar sin aplicación las
     disposiciones de la ley nacional contrarias a dicho            (1) DO C 199 de 28.6.1997.
     artículo.
(1) DO C 370 de 7.12.1996.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                de 10 de marzo de 1998
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              en los asuntos acumulados C-364/95 y C-365/95 (petición
                          (Sala Quinta)                             de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht
                                                                    Hamburg): T. Port GmbH & Co. contra Hauptzollamt
                    de 5 de marzo de 1998                                                 Hamburg-Jonas (1)
en el asunto C-175/97: Comisión de las Comunidades                  (PlaÂtanos Ð Organización comuÂn de mercados Ð ReÂgi-
           Europeas contra RepuÂblica Francesa (1)                  men de importación Ð Acuerdo marco sobre los plaÂtanos
(Directiva 93/89/CEE relativa a la aplicación por los Esta-                   Ð GATT Ð Artículo 234 del Tratado CE)
dos miembros de los impuestos sobre determinados tipos                                       (98/C 137/06)
de vehículos utilizados para el transporte de mercancías
por carretera, así como de los peajes y derechos de uso                           (Lengua de procedimiento: alemaÂn)
percibidos por la utilización de determinadas infraestructu-
 ras Ð No adaptación del Derecho interno a la Directiva)            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
                                                                    caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                          (98/C 137/05)                                                       de Justicia»)
              (Lengua de procedimiento: franceÂs)                   En los asuntos acumulados C-364/95 y C-365/95, que tie-
                                                                    nen por objeto varias peticiones dirigidas al Tribunal de
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-         Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal         Finanzgericht Hamburg (Alemania), destinadas a obtener,
                           de Justicia»)                            en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional
                                                                    entre T. Port GmbH & Co. y Hauptzollamt Hamburg-
En el asunto C-175/97, Comisión de las Comunidades                  Jonas, una decisión prejudicial sobre la interpretación del
Europeas (Agentes: Sr. Michel Nolin y Sra. Laura Pigna-             artículo 234 del Tratado CE, sobre la validez del Regla-
taro) contra RepuÂblica Francesa (Agentes: Sra. Kareen Ris-         mento (CE) no 478/95 de la Comisión, de 1 de marzo de
pal-Bellanger y Sr. Gautier Mignot), que tiene por objeto           1995, por el que se establecen disposiciones complementa-
que se declare que la RepuÂblica Francesa ha incumplido             rias de aplicación del Reglamento (CEE) no 404/93 del
las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE           Consejo, en lo que se refiere al reÂgimen del contingente
y de la Directiva 93/89/CEE del Consejo, de 25 de octubre           arancelario para la importación de plaÂtanos en la Comuni-
de 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros          dad y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1442/
de los impuestos sobre determinados tipos de vehículos              93 (DO L 49 de 4.3.1995, p. 13), así como sobre el efecto
utilizados para el transporte de mercancías por carretera,          directo de las disposiciones del Acuerdo General sobre
así como de los peajes y derechos de uso percibidos por la          Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Tribunal de
utilización de determinadas infraestructuras (DO L 279 de           Justicia, integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias,
12.11.1993, p. 32), al no tomar y, en cualquier caso, al no         Presidente; C. Gulmann, M. Wathelet y R. Schintgen
comunicar en el plazo senÄalado las disposiciones legales,          (Ponente), Presidentes de Sala; G. F. Mancini, P. J. G. Kap-
 ---pagebreak--- C 137/4                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        2.5.98
teyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G.          puÂblica de otro Estado miembro, debido uÂnicamente a que
Hirsch y P. Jann, Jueces; Abogado General: Sr. M. B.               dichos servicios no han sido prestados en la administra-
Elmer; Secretario: Sr. H. A. Rühl, administrador principal,        ción puÂblica nacional, el Tribunal de Justicia (Sala
ha dictado el 10 de marzo de 1998 una sentencia cuyo               Quinta), integrado por los Sres.: C. Gulmann, Presidente
fallo es el siguiente:                                             de Sala; M. Wathelet, D. A. O. Edward (Ponente), P. Jann
                                                                   y L. Sevón, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo
1) El paÂrrafo primero del artículo 234 del Tratado CE
                                                                   Colomer; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario
     debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en
                                                                   adjunto; ha dictado el 12 de marzo de 1998 una sentencia
     asuntos relativos a la importación de plaÂtanos proce-
                                                                   cuyo fallo es el siguiente:
     dentes de un país tercero que no es parte de un Conve-
     nio internacional celebrado por Estados miembros              1) Se declara que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido
     antes de la entrada en vigor del Tratado.                          las obligaciones que le incumben en virtud del Dere-
                                                                        cho comunitario y, en particular, de las disposiciones
2) El Reglamento (CE) no 478/95 de la Comisión, de 1
                                                                        del artículo 48 del Tratado CE y del apartado 1 del
     de marzo de 1995, por el que se establecen disposicio-
                                                                        artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Con-
     nes complementarias de aplicación del Reglamento
                                                                        sejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre cir-
     (CEE) no 404/93 del Consejo en lo que se refiere al
                                                                        culación de los trabajadores dentro de la Comunidad,
     reÂgimen del contingente arancelario para la impor-
                                                                        al excluir, en disposiciones de su normativa o en la
     tación de plaÂtanos en la Comunidad y por el que se
                                                                        praÂctica administrativa, la posibilidad de considerar, a
     modifica el Reglamento (CEE) no 1442/93, es invaÂlido
                                                                        efectos de la concesión del complemento de antigüedad
     en la medida en que uÂnicamente somete, en el
                                                                        y de la clasificación en la escala salarial de los emplea-
     apartado 2 de su artículo 3, a los operadores de las
                                                                        dos de la administración puÂblica griega, los servicios
     categorías A y C a la obligación de obtener certificados
                                                                        prestados en la administración puÂblica de otro Estado
     de exportación para la importación de plaÂtanos origi-
                                                                        miembro, debido uÂnicamente a que dichos servicios no
     narios de Colombia, Costa Rica o Nicaragua.
                                                                        han sido prestados en la administración puÂblica nacio-
                                                                        nal.
(1) DO C 16 de 20.1.1996.
                                                                   2) Se condena en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.
                                                                   (1) DO C 210 de 20.7.1996.
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                         (Sala Quinta)
                   de 12 de marzo de 1998                                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL
en el asunto C-187/96: Comisión de las Comunidades                                            (Sala Cuarta)
           Europeas contra RepuÂblica HeleÂnica (1)
                                                                                de 12 de marzo de 1998
(Incumplimiento de Estado Ð Libre circulación de trabaja-
dores Ð Artículo 48 del Tratado CE Ð Artículo 7 del                en el asunto C-270/96 (petición de decisión prejudicial
Reglamento (CEE) no 1612/68 Ð Persona que trabaja en               planteada por el Tribunal Administratif de París): Labora-
la administración puÂblica de un Estado miembro Ð Reco-            toires Sarget SA contra Fonds d'intervention et de reÂgulari-
nocimiento mutuo de los períodos de servicio prestados en                        sation du marcheÂ du sucre (FIRS) (1)
     la administración puÂblica de otro Estado miembro)            (Restitución por la utilización de azuÂcar en la fabricación
                         (98/C 137/07)                             de determinados productos químicos Ð Productos antias-
                                                                                teÂnicos Ð Clasificación arancelaria)
              (Lengua de procedimiento: griego)                                              (98/C 137/08)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
                                                                                (Lengua de procedimiento: franceÂs)
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                          de Justicia»)                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
                                                                   caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
En el asunto C-187/96, Comisión de las Comunidades
                                                                                de Justicia»)
Europeas (Agente: Sra. Maria Patakia) contra RepuÂblica
HeleÂnica (Agentes: Sra. Ioanna Galani-Maragkoudaki,               En el asunto C-270/96, que tiene por objeto una petición
asistida por la Sra. Stamatina Vodina), que tiene por              dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
objeto que se declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incum-        del Tratado CE, por el Tribunal Administratif de París,
plido las obligaciones que le incumben en virtud del Dere-         destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
cho comunitario y, en particular, de las disposiciones de          órgano jurisdiccional entre Laboratoires Sarget SA y Fonds
los artículos 5 y 48 del Tratado CE y del apartado 1 del           d'intervention et de reÂgularisation du marcheÂ du sucre
artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo,            (FIRS), una decisión prejudicial sobre la interpretación del
de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de       Reglamento (CEE) no 1010/86 del Consejo, de 25 de
los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257 de               marzo de 1986, por el que se establecen las normas gene-
19.10.1968, p. 2; EE 05/01, p. 77), al excluir, en disposi-        rales aplicables a la restitución a la producción para deter-
ciones de su normativa o en la praÂctica administrativa, la        minados productos del sector del azuÂcar utilizados en la
posibilidad de considerar, a efectos de la concesión del           industria química (DO L 94 de 9.4.1986, p. 9), modifi-
complemento de antigüedad y de la clasificación en la              cado por el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 1714/88
escala salarial de los empleados de la administración              de la Comisión, de 13 de junio de 1988, por el que se
puÂblica griega, los servicios prestados en la administración      modifican determinados actos relativos a la aplicación de


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 26 de septiembre de 1996 en el asunto C-43/95 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta Domstolen): Data Delecta Aktiebolag, Ronny Forsberg contra MSL Dynamics Ltd (Igualdad de trato - Discriminación por razón de la nacionalidad - Cautio judicatum solvi)

text:
N° C 354/8               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          23 . 11 . 96
       préstamo sin intereses, dicha norma es aplicable al                     sonido proyectados y que aporta los aparatos necesarios
       importe de los intereses ahorrados.                                     y los operadores indispensables siempre que la presta
                                                                               ción de dicho empresario constituya una condición
2 ) El artículo 10 de la Directiva 69/335/CEE no se opone a                    necesaria para la realización de la prestación artística o
       que una sociedad matriz que ha concedido un préstamo                    recreativa principal.
       sin intereses a una de sus filiales quede sujeta al impuesto
       sobre la renta por unos intereses fijados a posteriori.           2 ) El hecho de que el empresario se haya encargado,
                                                                               además, de sincronizar los efectos de sonido que ha de
(') DO n° C 351 de 10 . 12 . 1994 .                                            conseguir con determinados efectos ópticos producidos
( 2 ) DO n" L 249 de 3 . 10 . 1969 , p . 25 ; EE 09/01 , p . 22 .              por otros empresarios no puede afectar a la respuesta
                                                                               que se dé a la primera cuestión .
                                                                         (>) DO n" C 392 de 31 . 12 . 1994 .
                                                                         ( 2 ) DO n" L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE 09/01 , p . 54 .
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                              ( Sala Sexta )
                   de 26 de septiembre de 1996
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
en el asunto C-327/94 ( petición de decisión prejudicial
planteada por el Finanzgericht Köln ): Jürgen Dudda contra                                           ( Sala Sexta )
                  Finanzamt Bergisch Gladbach (')                                          de 26 de septiembre de 1996
 [Sexta Directiva IVA — Interpretación de la letra c) del                en el asunto C-43/95 ( petición de decisión prejudicial
 apartado 2 del artículo 9 — Sonorización de manifestacio               planteada por el Hógsta Domstolen ): Data Delecta Aktie
      nes artísticas o recreativas — Lugar de la prestación]                  bolag, Ronny Forsberg contra MSL Dynamics Ltd ( 1 )
                            ( 96/C 354/ 14 )                              (Igualdad de trato — Discriminación por razón de la
                                                                                nacionalidad — Cautio judicatum solvi )
                (Lengua de procedimiento: alemán)                                                  ( 96/C 354/ 15 )
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi                             (Lengua de procedimiento: sueco)
 cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                              de Justicia »)                              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                          cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
 En el asunto C-327/94 , que tiene por objeto una petición                                           de Justicia »)
 dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177
 del Tratado CE, por el Finanzgericht Köln ( Alemania ),                  En el asunto C-43/95 , que tiene por objeto una petición
 destinada a obtener en el litigio pendiente ante dicho órgano            dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177
 jurisdiccional entre Jürgen Dudda y Finanzamt Bergisch                   del Tratado CE, por el Hógsta Domstolen, de Estocolmo,
 Gladbach, una decisión prejudicial sobre la interpretación               destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
 de la letra c ) del apartado 2 del artículo 9 de la sexta                órgano jurisdiccional entre Data Delecta Aktiebolag, Ronny
 Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,                 Forsberg, y MSL Dynamics Ltd, una decisión prejudicial
 en materia de armonización de las legislaciones de los                   sobre la interpretación del artículo 6 del Tratado CE, el
 Estados miembros relativas a los impuestos sobre el                      Tribunal de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres .:
 volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre                   C. N. Kakouris , Presidente de Sala ; G. F. Mancini, P. J. G.
 el Valor Añadido : base imponible uniforme ( 2 ), el Tribunal            Kapteyn ( Ponente ), Jueces ; Abogado General : Sr . A. La
  de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres .: C. N.             Pérgola ; Secretario : Sr . R. Grass , ha dictado el 26 de
  Kakouris ( Ponente ), Presidente de Sala ; P. J. G. Kapteyn y           septiembre de 1996 una sentencia cuyo fallo es el
 J. L. Murray, Jueces; Abogado General : Sr . N. Fennelly;                 siguiente :
  Secretario : Sr . H. von Holstein, Secretario adjunto; ha
  dictado el 26 de septiembre de 1996 una sentencia cuyo fallo             El apartado 1 del artículo 6 del Tratado CE debe interpre
  es el siguiente :                                                        tarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro
                                                                           exija la constitución de una cautio judicatum solvi por una
  1 ) Se declara que el primer guión de la letra c) del                   persona jurídica establecida en otro Estado miembro, que
        apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE del           haya instado, ante uno de los órganos jurisdiccionales del
        Consejo , de 17 de mayo de 1977: Sexta Directiva del               primer Estado miembro, una acción judicial contra nacio
        Consejo en materia de armonización de las legislaciones            nales de éste o contra una sociedad establecida en el mismo,
        de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre            cuando una exigencia semejante no puede imponerse a las
        el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto                personas jurídicas de dicho Estado, en una situación en que
        sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, debe              la acción tiene conexión con el ejercicio de las libertades
        interpretarse en el sentido de que es aplicable a la               fundamentales garantizadas por el Derecho comunitario.
        actividad de un empresario que efectúa la sonorización
        de manifestaciones artísticas o recreativas ajusfando la           (') DO n" C 119 de 13 . 5 . 1995 .
        selección y manejo de los aparatos empleados a las
        condiciones acústicas que concurren y a los efectos de


title: Asunto T-797/14: Auto del Tribunal General de 28 de diciembre de 2015 — Skype/OAMI — Sky International (SKYPE) («Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Retirada de la oposición — Sobreseimiento»)

text:
               21.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/34

         Auto del Tribunal General de 28 de diciembre de 2015 — Skype/OAMI — Sky International (SKYPE)
   (Asunto T-797/14) (1)

   ((«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Retirada de la oposición - Sobreseimiento»))
   (2016/C 106/39)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Skype Ultd (Dublín, Irlanda) (representantes: A. Carboni y M. Browne, Solicitors)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Bullock, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Sky International AG (Zug, Suiza) (representantes: D. Rose y J. Curry, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 29 de septiembre de 2014 (asunto R 1075/2013-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Sky International AG y Skype.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Skype Ultd y Sky International AG cargarán con sus propias costas y cada una de ellas con la mitad de las costas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

      (1)  DO C 46 de 9.2.2015.


title: Asunto T-157/09 P: Auto del Tribunal General de 15 de septiembre de 2010 — Marcuccio/Comisión ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Plazo razonable para presentar una solicitud de indemnización — Extemporaneidad — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado» )

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/31

         Auto del Tribunal General de 15 de septiembre de 2010 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto T-157/09 P) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Plazo razonable para presentar una solicitud de indemnización - Extemporaneidad - Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)
   2010/C 301/52
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: J. Curral y C. Berardis-Kayser, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado.)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 18 de febrero de 2009, Marcuccio/Comisión (F-42/08, aún no publicado en la Recopilación) cuyo objeto consiste en la anulación de dicho auto.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Luigi Marcuccio cargará con sus propias costas, así como con las causadas por la Comisión Europea en la presente instancia.

      (1)  DO C 141, de 20.6.2009.


title: Asunto T-344/99: Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 por Lucía Recalde Langarica contra la Comisión de las Comunidades europeas

text:
18.3.2000                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 79/33
— le conceda una indemnización de daños y perjuicios                  Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 por Lucı́a
    valorados ex aequo et bonoy provisionalmente, en                    Recalde Langarica contra la Comisión de las Comunidades
    600 000 LUF;                                                                                europeas
— condene en costas a la demandada.                                                            (Asunto T-344/99)
                                                                                (2000/C 79/71)
Motivios y principales alegaciones
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
En junio de 1996, la AFPN notificó al demandante su decisión          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
de incoar un procedimiento disciplinario en su contra debido
                                                                        europeas se ha presentado, el 1 de diciembre de 1999 un
a presuntas manipulaciones realizadas en el programa informá-          recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas
tico de los salarios de los funcionarios. El Consejo de disciplina
                                                                        formulado por Dña. Lucı́a Recalde Langarica, con domicilio en
emitió su dictamen motivado en julio de 1997 y propuso
                                                                        Bruselas, representada por los letrados en ejercicio D. Ramón
como sanción el apercibimiento por escrito. Por último, en la         Garcia-Gallardo y D. Gerard Pérez Olmo, abogados de los
audiencia a que se refiere el artı́culo 7, párrafo tercer, del
                                                                        Ilustres Colegios de Madrid y Barcelona, respectivamente, en
Anexo IX del Estatuto, la AFPN manifestó su deseo de llevar a
                                                                        Bruselas, SJ Berwin & Co, Square de Meeûs, no 19.
cabo nuevas medidas de instrucción. En marzo de 1998 se
informó a los asesores del demandante de que la AFPN habı́a
decidido someter de nuevo el asunto al Consejo de disciplina.           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
Posteriormente, se comunicó al demandante que los servicios            que:
de la DG IX estaban investigando en su expediente personal.
                                                                        — anule la medida adoptada por la Comisón por medio de su
                                                                            carta de 26 de febrero de 1999, y posteriormente ejecutada
En este contexto, mediante el presente recurso el demandante                por medio de actuaciones comunicadas a través de carta
impugna en especial la desestimación, por parte de la AFPN,                de 5 de mayo de 1999, por la que se revoca, de forma
de su solicitud destinada a que se cerrara el procedimiento                 retroactiva, el derecho de la demandante a la indemniza-
disciplinario incoado contra él.                                            ción por desarraigo;
                                                                        — condene a la demandada al pago de la totalidad de las
En apoyo de sus pretensiones el demandante alega lo siguiente:              costas que se deriven del procedimiento.
— Violación del artı́culo 7, párrafo tercero, del Anexo IX del        Motivos y principales alegaciones
    Estatuto y del deber de asistencia y protección y de los
    principios de buena gestión y de sana administración. A           La demandantes en el presente procedimiento se opone a la
    este respecto afirma que, desde septiembre de 1997, la              negativa de la AFPN a reconocer su presunto derecho al
    AFPN sabe que él no desea añadir nada a las declaraciones          subsidio de desarraigo desde su entrada al servicio de la
    que efectuó en el marco de la instrucción de dicho                Comisión. Se recuerda a este respecto que dicha decisión
    expediente. Además, aunque la AFPN no esté sometida a              denegatoria fue adoptada con efectos retroactivos, después de
    plazos de rigor o a plazos perentorios para adoptar la              que la propia administración demandada, a mediados de 1996,
    decisión a que se refiere el artı́culo 7, párrafo tercero, del    le reconociera provisionalmente el derecho a disfrutar del
    Anexo IX del Estatuto, tal decisión debe producirse, en            referido subsidio. Con posterioridad a este reconocimiento
    cualquier caso, dentro de un plazo razonable.                       provisional, la demandante no recibió notificación alguna
                                                                        acerca de una eventual reapertura de su expediente, lo que,
— Violación de los derechos de la defensa, del artı́culo 87 del        junto con el hecho de seguir percibiendo el subsidio de autos,
    Estatuto y de los artı́culos 1, 7 y 11 del Anexo IX del             le condujo a considerar como definitiva la postura de la
    Estatuto. A este respecto afirma, en particular, que el             Comisión arriba mencionada.
    procedimiento disciplinario, tal como está regulada por el
    Estatuto, no autoriza a la AFPN a imponer nuevos deberes            La demandante niega categóricamente haber trabajado y
    de instrucción en el marco del mismo procedimiento y               ejercido una actividad profesional en Bélgica durante los cinco
    después de que el Consejo de disciplina haya emitido el             años anteriores a los seis meses que precedieron su acceso a la
    dictamen motivado. Además, la audiencia a que se refiere           función pública comunitaria. En apoyo de sus pretensiones, la
    el artı́culo 7, párrafo tercero, del Anexo IX del Estatuto no      demandantes alega:
    puede ser utilizada por AFPN para instar una instrucción.
    Asimismo, el dictamen del Consejo de disciplina de 25 de            — la violación del derecho fundamental de defensa derivado
    noviembre de 1999 se habı́a pronunciado claramente                      de la obligación de motivación de los actos administrativos
    sobre la inexistencia de hechos nuevos que eventualmente                comunitarios;
    justificaran someter de nuevo el asunto a dicho Consejo.
                                                                        — la violación del principio de confianza legı́tima;
                                                                        — la ilegalidad de la ejecución, con efectos retroactivos, de la
                                                                            decisión impuganda;
 ---pagebreak--- C 79/34                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        18.3.2000
— la existencia de un dossier paralelo, en relación con el                 y carece del carácter selectivo que la Comisión le atribuye.
    presente expediente; y                                                  Por otro lado, no queda claro que la aplicación de dicha
                                                                            medida dé lugar a un falseamiento de la competencia que
— la violación de sus derechos estatutarios (art. 4 del Anexo              afecte a los intercambios comunitarios.
    VII al Estatuto de los Funcionarios) en cuanto al fondo de
    la reclamación.                                                    — La errónea interpretación del concepto de «naturaleza o
                                                                            economı́a del sistema», que la propia institución deman-
                                                                            dada en su Comunicación sobre ayudad fiscales. Sobre este
                                                                            particular, la entidad demandante estima que la Norma
                                                                            Foral de autos viene amparada por una importante tradi-
                                                                            ción histórica, tanto a nivel foral como nacional, y establece
Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 1999 por el                        requisitos de aplicación objetivos y horizontales, que no
Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia —                     discriminan a unos operadores económicos en detrimento
Diputación Foral de Alava contra la Comisión de las                       de otros y que resultan necesarios para lograr la finalidad
                     Comunidades europeas                                   por ella pretendia, ası́ como la funcionalidad y eficacia del
                                                                            sistema en que se encuadra.
                        (Asunto T-346/99)
                                                                        — La imposibilidad de que las autoridades españolas hayan
                          (2000/C 79/72)                                    infringido la obligación de notificación prevista en el
                                                                            art. 88,3 del Tratado CE, cuando siempre han estado
                                                                            convencidas de que la reducción de la base imponible
                (Lengua de procedimiento: español)                         discutida no constituye, en modo alguno, una ayuda de
                                                                            Estado. Cabe calificar de absurdo, en opinión de la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                      demandante, que se exija la notificación de medidas sobre
europeas se ha presentado, el 6 de diciembre de 1999 un                     las que ni siquiera existen dudas sobre su carácter general.
recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas
formulado por el Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru           — La existencia de desviación de poder, por entender que, al
Aldundia, Diputación Foral de Alava, con domicilio en Alava ,              adoptar la decisión impugnada, la Comisión ha utilizado
con domicilio en Alava (España), representado por los letrados             los poderes de actuación que le confieren los arts. 87 y 88
en ejercicio D. Antonio Creus Carreras y Dña. Begoña Uriarte              CE para perseguir objetivos de armonización fiscal.
Valiente, abogados de los Ilustres Colegios de Barcelona y
Madrid, respectivamente, en Bruselas, Cuatrecasas Abogados,             En ultimo lugar la demandante alega la violación del deber de
Av. de Cortenbergh no 60.                                               motivación de los actos.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
— anule la Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 1999,
    en la medida en que califica de ayuda de Estado en el
    sentido del artı́culo 87 CE la reducción de la base imponible
    del impuesto de sociedades a favor de las empresas de
    nueva creación, prevista en el artı́culo 26 de la Norma            Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 1999 por
    Foral de Alava no 24/1996;                                          el Territorio Histórico de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru
                                                                        Aldundia — Diputación Foral de Gipuzkoa contra la
— condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas                     Comisión de las Comunidades europeas
    que se deriven del procedimiento.
                                                                                (Asunto T-347/99)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (2000/C 79/73)
La entidad demandante se opone a la calificación como ayuda
de Estado de la reducción de la base imponible del impuesto
de sociedades, prevista en el art. 26 de la Norma Foral de Alava                          (Lengua de procedimiento: español)
no 24/1996 a favor de empresas de nueva creación que
inviertan un mı́nimo de 80 millones de pesetas, creen 10
puestos de trabajo y tengan un capital mı́nimo desembolsado             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
de 20 millones de pesetas.                                              europeas se ha presentado, el 6 de diciembre de 1999 un
                                                                        recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:                      formulado por el Territorio Histórico de Gipuzkoa, Gipuzko-
                                                                        ako Foru Aldundia, Diputación Foral de Gipuzkoa, con
— La errónea interpretación, por la institución demandada,           domicilio en Gipuzkoa (España), representado por los letrados
    del art. 87 del Tratado CE, al haber considerado que la             en ejercicio D. Antonio Creus Carreras y Dña. Begoña Uriarte
    reducción de la base imponible para empresas de nueva              Valiente, abogados de los Ilustres Colegios de Barcelona y
    creación constituye una ayuda de Estado. Se afirma a este          Madrid, respectivamente, en Bruselas, Cuatrecasas Abogados,
    respecto que la medida fiscal de autos es de alcance general        Av. de Cortenbergh no 60.


title: Asunto C-398/07 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de mayo de 2009 — Waterford Wedgwood plc/Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca figurativa WATERFORD STELLENBOSCH — Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria WATERFORD — Denegación de registro por la Sala de Recurso)

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de mayo de 2009 — Waterford Wedgwood plc/Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-398/07 P) (1)

   (Recurso de casación - Marca comunitaria - Marca figurativa WATERFORD STELLENBOSCH - Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria WATERFORD - Denegación de registro por la Sala de Recurso)
   2009/C 153/12
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Waterford Wedgwood plc (representante: J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

      Otras partes en el procedimiento: Assembled Investments (Proprietary) Ltd (representantes: P. Hagman, asianajaja, y J. Palm, tavaramerkkiasiamies), Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de junio de 2007, Assembled Investiments (Proprietary)/OAMI y Waterford Wedgwood (T-105/05), por la que el Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución R 240/2004-1 de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 15 de diciembre de 2004, que anula la resolución de la División de Oposición desestimatoria de la oposición formulada por el titular de la marca denominativa comunitaria «WATERFORD» para productos de las clases 3, 8, 11, 21, 24 y 34.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar a Waterford Wedgwood plc al pago de las costas.

      (1)  DO C 283, de 24.11.2007.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 16 de noviembre de 2004, en el asunto C-327/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te 's-Gravenhage): Lili Georgieva Panayotova y otras contra Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie («Acuerdos de asociación Comunidades-Bulgaria, Comunidades-Polonia y Comunidades-Eslovaquia — Derecho de establecimiento — Legislación nacional con arreglo a la cual se deniegan sin ser examinadas las solicitudes de permiso de residencia con propósito de establecimiento cuando el solicitante no tiene una autorización de residencia provisional»)

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/7

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 16 de noviembre de 2004
   en el asunto C-327/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te 's-Gravenhage): Lili Georgieva Panayotova y otras contra Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (1)

   («Acuerdos de asociación Comunidades-Bulgaria, Comunidades-Polonia y Comunidades-Eslovaquia - Derecho de establecimiento - Legislación nacional con arreglo a la cual se deniegan sin ser examinadas las solicitudes de permiso de residencia con propósito de establecimiento cuando el solicitante no tiene una autorización de residencia provisional»)
   (2005/C 6/12)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-327/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Rechtbank te 's-Gravenhage (Países Bajos), mediante resolución de 16 de septiembre de 2002, registrada en el Tribunal de Justicia el 18 de septiembre de 2002, en el procedimiento entre Lili Georgieva Panayotova, Radostina Markova Kalcheva, Izabella Malgorzata Lis, Lubica Sopova, Izabela Leokadia Topa, Jolanta Monika Rusiecka contra Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas y la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidentes de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet (Ponente), R. Schintgen, S. von Bahr y J. N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 16 de noviembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               El artículo 45, apartado 1, en relación con el artículo 59, apartado 1, del Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, aprobado por la Decisión 94/908/CECA, CE, Euratom del Consejo y de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994, el artículo 44, apartado 3, en relación con el artículo 58, apartado 1, del Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Polonia, por otra, aprobado por la Decisión 93/743/Euratom, CECA, CE del Consejo y de la Comisión, de 13 de diciembre de 1993, y el artículo 45, apartado 3, en relación con el artículo 59, apartado 1, del Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra, aprobado por la Decisión 94/909/CECA, CE, Euratom del Consejo y de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994, no se oponen en principio a la normativa de un Estado miembro que establece un sistema de control previo que supedita el acceso al territorio de dicho Estado miembro con propósito de establecimiento como trabajador por cuenta propia a la expedición de una autorización de residencia provisional por los servicios diplomáticos o consulares de dicho Estado miembro en el país del que es originario el interesado o donde resida habitualmente. Un sistema de estas características puede supeditar válidamente la concesión de dicha autorización al requisito de que el solicitante pruebe que tiene realmente la intención de iniciar una actividad laboral por cuenta propia, sin ejercer simultáneamente un trabajo por cuenta ajena ni recurrir a los fondos públicos, y que dispone desde un primer momento de recursos económicos suficientes y tiene posibilidades razonables de conseguir sus objetivos. No obstante, el régimen aplicable a tales autorizaciones de residencia provisional debe basarse en un sistema procedimental suficientemente accesible y adecuado para garantizar a los interesados que sus solicitudes sean tramitadas en un plazo razonable y con objetividad e imparcialidad, debiendo, además, poder recurrir judicialmente contra las eventuales denegaciones de autorización.

               2)

               Dichas disposiciones de los Acuerdos de asociación deben interpretarse en el sentido de que tampoco se oponen, en principio, a que dicha normativa nacional prevea que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida denieguen una solicitud de permiso de residencia con propósito de establecimiento con arreglo a dichos Acuerdos de asociación presentada en el territorio de este Estado miembro cuando el solicitante carece de la autorización de residencia provisional exigida por dicha normativa.

               3)

               Son irrelevantes a este respecto el hecho de que el solicitante afirme cumplir clara y manifiestamente los requisitos materiales exigidos para la concesión de la autorización de residencia provisional y del permiso de residencia con propósito de establecimiento, así como la circunstancia de que dicho solicitante se encuentre en situación regular en el Estado miembro de acogida por otro motivo en el momento de presentar su solicitud, si ésta resulta ser incompatible con las condiciones expresas a que se ha supeditado la admisión del interesado en dicho Estado miembro y, en especial, las relativas a la duración autorizada de la estancia.

      (1)  DO C 274 de 9.11.2002.


title: Recurso de casación interpuesto el 13 de enero de 1995 por John Deere Ltd contra la sentencia dictada el 27 de octubre de 1994 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-35/92 promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas por John Deere Ltd (Asunto C-7/95 P)

text:
4 . 3 . 95             ES     |               Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       N° C 54/7
El Landgericht Dortmund solicita al Tribunal de Justicia que           El Landessozialgericht Schleswig-Holstein solicita al Tribu
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                         nal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                       cuestiones :
¿ Es contraria al artículo 59 del Tratado CEE una normativa
nacional que prohíbe a una empresa establecida en otro                 a ) Conforme al apartado 1 del artículo 3 del Reglamento
Estado miembro la reclamación por vía judicial de créditos                    (CEE) n° 1408/71 (*), ¿también tiene derecho a presta
ajenos, porque esta actividad está reservada a aquellas                       ciones de desempleo en virtud de los períodos de
personas a quienes las autoridades hayan otorgado un                          ocupación cubiertos en un Estado tercero el nacional de
permiso especial para ello ?                                                  un Estado miembro que reside en otro Estado miembro,
En caso afirmativo: ¿ Se aplica esto también cuando el                      . en el supuesto de que, como nacional del Estado de
procedimiento de cobro se rige exclusivamente por el                          residencia, tuviera derecho conforme al Derecho de este
Derecho nacional porque las partes del procedimiento                          Estado, en virtud de un Convenio entre éste y el Estado
ejecutivo están establecidas en el territorio nacional y el                   tercero, a percibir prestaciones de desempleo por parte
título ejecutivo se obtuvo también en el territorio nacio                    de la Institución competente del Estado de residen
nal ?                                                                         cia ?
                                                                       b ) ¿ Debe considerarse que las disposiciones contenidas en
                                                                              un Convenio internacional en materia de Seguridad
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante                       Social, que por haber sido ratificadas forman parte del
resoluciones del Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen,                     ordenamiento jurídico nacional, son una legislación en
de fecha 25 de noviembre de 1994, en el asunto entre Fritz                    el sentido del apartado 1 del artículo 3 del citado
Stöber y Bundesanstalt für Arbeit y en el asunto entre José                   Reglamento ?
Manuel Piosa Pereira y Bundesanstalt für Arbeit, respecti
                                vamente                                c) ¿ Se deriva del Derecho comunitario el principio de que
                                                                              éste no es aplicable al empleo desempeñado en un
                  (Asuntos C-4/95 y C-5/95 )                                  Estado tercero ?
                           ( 95/C 54/12
                                                                       d ) ¿ Contiene el Capítulo 6 del Título III de dicho Regla
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han                    mento una disposición terminante sobre la considera
sido sometidas sendas peticiones de decisión prejudicial                      ción de los períodos de ocupación que, por consiguiente,
mediante resoluciones de la Sala Decimotercera del Landes                    excluya la aplicación del principio de igualdad de
sozialgericht Nordrhein-Westfalen dictadas el 25 de                           trato ?
noviembre de 1994 en los asuntos entre Fritz Stöber y
Bundesanstalt für Arbeit (asunto C-4/95 ) y José Manuel                í 1 ) DO n° L 149 de 5 . 7. 1971 , p. 2; EE 05/03 , p. 53 .
Piosa Pereira y Bundesanstalt für Arbeit (asunto C-5/95 ), y
recibidas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de
enero de 1995 .                                                        Recurso de casación interpuesto el 13 de enero de 1995 por
                                                                       John Deere Ltd contra la sentencia dictada el 27 de octubre
El Landessozialgericht solicita al Tribunal de Justicia que se         de 1994 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera
pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                 Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto
A los efectos de abono de la prestación familiar en la                 T-35/92 promovido contra la Comisión de las Comunida
República Federal de Alemania, ¿ se considera «trabajador                              des Europeas por John Deere Ltd
por cuenta propia » en el sentido del artículo 73 del                                          ( Asunto C-7/95 P)
Reglamento ( CEE) n° 1408/71 (*) a quien desempeñe en ese                                          ( 95/C 54/14 )
país una actividad por cuenta propia y, aunque cumpla los
requisitos de la definición de « trabajador por cuenta                 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
propia ». del inciso iv) de la letra a ) del artículo 1 , no cumple    ha presentado el 13 de enero de 1995 un recurso de casación
los de la definición del inciso ii), segunda alternativa,              formulado por John Deere Ltd, con domicilio social en
primera subalternativa en relación con la letra b) del                  15/19 York Place, Edinburgh (Reino Unido), representado
apartado C del punto I del Anexo I ?                                   por los Sres. Hans-Jórg Niemeyer y Rainer Bechtold,
                                                                       Abogados del bufete Gleiss, Lutz, Hootz, Hirsch and
 (!) DO n° L 149 de 5 . 7. 1971 , p. 2; EE 05/01 , p. 98 .
                                                                       Partners, Bruselas, que designa como domicilio en Luxem
                                                                       burgo el despacho de Loesch & Wolter, 11 , rué Goethe,
 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso            contra la sentencia dictada el 27 de octubre de 1994 por la
 lución del Landessozialgericht Schleswig-Holstein, de fecha           Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
 28 de noviembre de 1994, en el asunto entre Aororita                  Comunidades Europeas en el asunto T-35/92 promovido
             Hanßen y Bundesanstalt für Arbeit                         contra la Comisión de las Comunidades Europeas por John
                                                                       Deere Ltd .
                         (Asunto C-6/95 )
                            ( 95/C 54/13                               La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
                                                                       Comunidades Europeas que:
 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha             — Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
 resolución de la Sala VII del Landessozialgericht Schleswig-                 27 de octubre de 1994 dictada en el asunto T-35/92, y
 Holstein dictada el 28 de noviembre de 1994 en el asunto                     notificada a la parte recurrente el 3 de noviembre de
                                                                              1994;
 entre Aororita Hanßen y Bundesanstalt für Arbeit, y
 recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de           — Anule la Decisión 92/157/CEE de la Comisión, de 17 de
 enero de 1995 .                                                              febrero de 1992, relativa a un procedimiento de aplica
 ---pagebreak---  N° C 54/8            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     4 . 3 . 95
      ción del artículo 85 del Tratado CEE ( IV/31.370 y             tidores disuadiendo así a los proveedores de lanzar seme
      31.446 ) (UK Agricultural Tractor Registration Ex             jantes iniciativas.
      change) (*) y
                                                                     La cuestión decisiva de si el sistema de intercambio de
— Condene a la Comisión al pago de las costas ocasionadas            información, al eliminar o reducir la incertidumbre respecto
      por la parte demandante/recurrente en los procedimien         del mercado, restringió de algún, modo la libertad de los
      tos ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el            miembros para determinar con independencia su política
     Tribunal de Justicia .                                         comercial, no ha sido demostrada ni por el Tribunal de
                                                                    Primera Instancia ni por la Comisión.
Motivos y principales alegaciones                                    El Tribunal de Primera Instancia también cometió errores de
                                                                    Derecho al considerar que el sistema de intercambio de
 1 . Razonamiento contradictorio e insuficiente                     información discrimina a los nuevos competidores que
                                                                    pretenden penetrar en el mercado agrícola del Reino Unido y
 El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de               al declarar que el apartado 1 del artículo 85 « prohibe tanto
Derecho al mantener la Decisión de la Comisión en la que            los efectos reales contrarios a la competencia como los
esta última, por lo que se refiere a John Deere Ltd, apreció        efectos puramente potenciales, a poco que éstos sean
erróneamente la legalidad del sistema de intercambio de             suficientemente significativos » .
información en lugar de la del Data System. Además, el              5 . Aplicación incorrecta del apartado 1 del artículo 85 por
Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que                 lo que respecta a las reuniones de la Agricultural
la Decisión de la Comisión relativa a la legalidad del Data              Engineers' Association (« AEA »)
System estaba suficientemente motivada .
                                                                    Mediante este motivo, la recurrente alega que el Tribunal de
2. Aplicación incorrecta del apartado 1 del artículo 85 por         Primera Instancia cometió un error de Derecho al acoger la
     lo que respecta al acuerdo                                     afirmación infundada de la Comisión de que las reuniones
                                                                    periódicas en el Comité de la AEA proporcionaba a los
El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de                miembros un « foro para el establecimiento de contactos »
Derecho al considerar que había un acuerdo o al menos un            que facilitaba una política de precios elevados y, por lo
acuerdo tácito entre los miembros del sistema de intercam          tanto, restringía la competencia en el sentido del apartado 1
bio de información para definir, por referencia al sistema del      del apartado 85 .
código postal en vigor en el Reino Unido, los límites de las
zonas de venta de los concesionarios . Ni el Tribunal de            6 . Aplicación incorrecta del apartado 1 del artículo 85 por
Primera Instancia ni la Comisión aportaron el menor indicio              lo que respecta a la restricción de la competencia dentro
                                                                         de la misma marca
que pudiera probar este supuesto acuerdo.
                                                                    El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de
3 . Descripción incorrecta del mercado de tractores en el           Derecho al estimar acertada la afirmación de la Comisión de
     Reino Unido como un oligopolio cerrado                         que el sistema de intercambio de información hacía posible
                                                                    que los fabricantes « dieran una protección territorial
El Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente             absoluta a cada uno de sus concesionarios ». Además, el
que el mercado de tractores en el Reino Unido presenta el           Tribunal de Primera Instancia acogió erróneamente la
carácter de un oligopolio cerrado en el que la competencia          apreciación de la Comisión de que el sistema de intercambio
ya está debilitada . Incluso en opinión del perito de la            de información permitía a los fabricantes controlar las
Comisión el mercado de tractores en el Reino Unido es               importaciones paralelas mediante el número de chasis de los
competitivo. El Tribunal de Primera Instancia cometió un            vehículos .
error manifiesto en su análisis del mercado de tractores en el
Reino Unido puesto que no tuvo en cuenta todos los hechos           7. Aplicación incorrecta del apartado 1 del artículo 85 por
relevantes, no tomó en consideración el dictamen del perito              lo que respecta al efecto en el comercio entre el Reino
de la parte recurrente, y sus propios fundamentos de                     Unido y el resto del mercado común
Derecho contienen graves imprecisiones.                             El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de
                                                                    Derecho al acoger el argumento de la Comisión de que
4. Aplicación incorrecta del apartado 1 del artículo 85 por         afectaba significativamente al comercio entre Estados
     lo que respecta a la restricción de la competencia entre       miembros puesto que, entre otras razones, los precios de los
     proveedores                                                    tractores en el Reino Unido podían « mantenerse a un nivel
                                                                    superior al de la competencia ».
El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de
Derecho al considerar que los miembros del sistema de               8 . Se desestimó erróneamente la aplicación del apartado 3
intercambio de información podían llegar a conocer la                    del artículo 85
estrategia comercial de sus rivales, lo que podría haber            El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de
propiciado el comportamiento colusivo o podría haberles
permitido adoptar precios paralelos. El Tribunal de Primera         Derecho al considerar que el sistema de intercambio de
Instancia cometió un error de Derecho al sustentar la               información no reunía los requisitos para obtener una
apreciación de la Comisión de que el sistema de intercambio         exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 .
de información tenía un « efecto de estabilización ». El
                                                                    (!) DO n° L 68 de 13 . 3 . 1992, p. 19 .
sistema no permite a los miembros realizar « acciones
inmediatas » para contrarrestar las iniciativas de los compe


title: Asunto C-312/09: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de junio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Anótato Dikastírio Kýprou — República de Chipre) — Giórgos Michalías/Christína A. Ioánnou-Michalía [Artículo 104, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento — Reglamento (CE) n ° 1347/2000 — Artículos 2, 42 y 46 — Cooperación judicial en materia civil — Competencia en materia matrimonial — Adhesión de un Estado a la Unión Europea — Procedimiento de divorcio iniciado antes de la adhesión — Campo de aplicación temporal del Reglamento (CE) n ° 1347/2000]

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/15

      Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de junio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Anótato Dikastírio Kýprou — República de Chipre) — Giórgos Michalías/Christína A. Ioánnou-Michalía
      (Asunto C-312/09) (1)

      (Artículo 104, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento - Reglamento (CE) no 1347/2000 - Artículos 2, 42 y 46 - Cooperación judicial en materia civil - Competencia en materia matrimonial - Adhesión de un Estado a la Unión Europea - Procedimiento de divorcio iniciado antes de la adhesión - Campo de aplicación temporal del Reglamento (CE) no 1347/2000)
      (2010/C 288/23)
      Lengua de procedimiento: griego

         Órgano jurisdiccional remitente

      Anótato Dikastírio Kýprou

         Partes

         Recurrente: Giórgos Michalías

         Recurrida: Christína A. Ioánnou-Michalía

         Objeto

      Petición de decisión prejudicial — Anótato Dikastírio Kýprou (Chipre) — Competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro (Chipre) para interpretar y aplicar los artículos 2, apartado 1, 42 y 46 del Reglamento (CE) no 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (DO L 160, p. 19) — Procedimientos de divorcio iniciados por el cónyuge ante los órganos jurisdiccionales chipriotas con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento pero antes de que Chipre se convirtiera en Estado miembro — Procedimientos de divorcio iniciados por la cónyuge con posterioridad al 1 de mayo de 2004 ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro (el Reino Unido) que era Estado miembro durante todo el período pertinente — Ambos cónyuges son de nacionalidad chipriota pero tienen su residencia permanente en el Reino Unido.

         Fallo

      El Reglamento (CE) no 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, no es aplicable a una demanda de divorcio presentada ante un órgano jurisdiccional de un Estado antes de que éste se convierta en un Estado miembro de la Unión Europa.

         (1)  DO C 244, de 10.10.2009.