title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de noviembre de 2001 en el asunto C-127/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana ("Incumplimiento de Estado — Ejecución inadecuada de la Directiva 91/676/CEE — Protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias")

text:
5.1.2002                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 3/5
Castéra, posteriormente los Sres. H. van Lier y A. Caeiros,                 (agente: Profesor U. Leanza, asistido por el Sr. P.G. Ferri), que
asistidos por el Sr. E. Braga), contra Manuel Pereira Roldão &             tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha
Filhos, L.da, con domicilio social en Marinha Grande (Portugal),            incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
Instituto Superior Técnico, con sede en Lisboa (Portugal),                  Derecho comunitario al no haber:
representado por los Sres. J.L. da Cruz Vilaça y T. Aragão
Morais, advogados, y King, Taudevin & Gregson (Holdings)
Ltd, que tiene por objeto un recurso interpuesto por la                     —     establecido uno o varios programas de acción con las
Comisión con arreglo al artı́culo 181 del Tratado CE (actual-                    caracterı́sticas previstas en el artı́culo 5 de la Directiva
mente artı́culo 238 CE) con el fin de obtener la devolución de                   91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,
un anticipo que la Comisión habı́a concedido a las partes                        relativa a la protección de las aguas contra la contamina-
demandadas en el marco del contrato no IN 90/91 PO/UK,                            ción producida por nitratos procedentes de fuentes
referido a actividades relativas al fomento de las tecnologı́as                   agrarias (DO L 375, p. 1), y que cumplan los requisitos
energéticas en Europa (Programa Thermie), el Tribunal de                          establecidos en dicho artı́culo,
Justicia (Sala Tercera), integrado por la Sra. F. Macken,
Presidenta de Sala, y los Sres. C. Gulmann y J.N. Cunha
Rodrigues (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geel-
hoed; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el            —     realizado ı́ntegra y correctamente las operaciones de
13 de noviembre de 2001 una sentencia cuyo fallo es el                            control previstas en el artı́culo 6 de dicha Directiva, ni
siguiente:
1)    Se condena a Manuel Pereira Roldão & Filhos, L.da y al               —     elaborado y remitido un informe completo, según lo
      Instituto Superior Técnico a pagar solidariamente a la Comisión            establecido por el artı́culo 10 de la misma Directiva,
      de las Comunidades Europeas 357 813 euros.
2)    Se condena a Manuel Pereira Roldão & Filhos, L.da a pagar a          el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra. N. Col-
      la Comisión de las Comunidades Europeas 185 833,78 euros             neric, Presidenta de la Sala Segunda, en funciones de Presidenta
      en concepto de intereses devengados hasta el 1 de enero de            de la Sala Sexta, los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet,
      1999, ası́ como los intereses contractuales devengados a partir       V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), Jueces, Abogado
      de esta fecha hasta el pago ı́ntegro del principal de la deuda.       General: Sr. L.A. Geelhoed, Secretaria: Sra. L. Hewlett, adminis-
                                                                            tradora, ha dictado el 8 de noviembre de 2001 una sentencia
3)    Se condena en costas a Manuel Pereira Roldão & Filhos, L.da y        cuyo fallo es el siguiente:
      al Instituto Superior Técnico.
(1) DO C 121 de 1.5.1999.
                                                                            1)    Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligacio-
                                                                                nes que le incumben en virtud de la Directiva 91/676/CEE del
                                                                                Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección
                                                                                de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
                                                                                utilizados en la agricultura, al no haber:
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                             (Sala Sexta)                                         —     establecido programas de acción con arreglo al artı́culo 5
                                                                                de la Directiva 91/676,
                   de 8 de noviembre de 2001
en el asunto C-127/99: Comisión de las Comunidades                               —     realizado las operaciones de control previstas en el
             Europeas contra República Italiana (1)                                    artı́culo 6 de dicha Directiva, ni
(«Incumplimiento de Estado — Ejecución inadecuada de la
Directiva 91/676/CEE — Protección de las aguas contra la                         —     presentado a la Comisión un informe según lo dispuesto
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes                            en el artı́culo 10 de la misma Directiva.
                               agrarias»)
                            (2002/C 3/07)                                   2)    Condenar en costas a la República Italiana.
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                            (1) DO C 204 de 17.7.1999.
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-127/99, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agentes: Sr. P. Stancanelli) contra República Italiana


title: Archivo del asunto C-26/97

text:
C 204/36              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     17.7.1999
                Archivo del asunto C-11/98 (1)                                      Archivo del asunto C-23/97 (1)
                       (1999/C 204/78)                                                      (1999/C 204/82)
Mediante auto de 21 de abril de 1999, el Presidente del              Mediante auto de 26 de abril de 1999, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-11/98 (petición de decisión prejudicial de    archivar el asunto C-23/97 (petición de decisión prejudicial del
la Pretura circondariale di Roma): Abdulreza Kazemi Nava             Tribunale di Genova): Palmira Ieropoli, Giovanni Sgambellone
contra Confcommercio.                                                contra Banca Carige SpA.
(1) DO C 113 de 11.4.1998.                                           (1) DO C 74 de 8.3.1997.
                                                                                Archivo del asunto C-72/99 (1)
               Archivo del asunto C-342/98 (1)
                                                                                (1999/C 204/83)
                       (1999/C 204/79)
                                                                     Mediante auto de 27 de abril de 1999, el Presidente del
Mediante auto de 21 de abril de 1999, el Presidente del              Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido         archivar el asunto C-72/99 (petición de decisión prejudicial
archivar el asunto C-342/98: Comisión de las Comunidades            del Landesvergabeamt Tirol): Firma Ortner GmbH contra
Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo.                           Innsbrucker Kommunalbetriebe AG.
(1) DO C 340 de 7.11.1998.                                           (1) DO C 136 de 15.5.1999.
               Archivo del asunto C-346/98 (1)                                      Archivo del asunto C-25/97 (1)
                       (1999/C 204/80)                                                      (1999/C 204/84)
Mediante auto de 21 de abril de 1999, el Presidente del              Mediante auto de 30 de abril de 1999, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-346/98: Comisión de las Comunidades            archivar el asunto C-25/97 (petición de decisión prejudicial
Europeas contra Irlanda.                                             del Tribunale di Genova): Fiduciaria Internazionale Srl contra
                                                                     Amministrazione delle Finanze dello Stato.
(1) DO C 340 de 7.11.1998.
                                                                     (1) DO C 74 de 8.3.1997.
               Archivo del asunto C-419/98 (1)                                      Archivo del asunto C-26/97 (1)
                       (1999/C 204/81)                                                      (1999/C 204/85)
Mediante auto de 23 de abril de 1999, el Presidente del              Mediante auto de 30 de abril de 1999, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-419/98 (petición de decisión prejudicial      archivar el asunto C-26/97(petición de decisión prejudicial del
de la Pretura circondariale di Genova): Marcella Moretti contra      Tribunale di Genova): Giolfo e C. Srl contra Administrazionne
Banco Ambrosiano Veneto SpA.                                         delle Finanze dello Stato.
(1) DO C 20 de 23.1.1999.                                            (1) DO C 74 de 8.3.1997.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2003 en el asunto C-409/00: Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Ayudas de Estado — Repercusión en la competencia y los intercambios entre Estados miembros — Directrices sectoriales y directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente")

text:
26.4.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                                  C 101/5
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 6 de marzo de 2003
                           (Sala Tercera)
                                                                           en el asunto C-466/00 (petición de decisión prejudicial
                                                                           planteada por el Immigration Adjudicator): Arben Kaba
                    de 13 de febrero de 2003                                  contra Secretary of State for the Home Department (1)
                                                                           («Libre circulación de trabajadores — Reglamento (CEE)
en el asunto C-409/00: Reino de España contra Comisión                     no 1612/68 — Ventaja social — Derecho del cónyuge de un
                de las Comunidades Europeas (1)                            trabajador migrante a obtener una autorización de residencia
                                                                           por tiempo indefinido en el territorio de un Estado miembro»)
(«Ayudas de Estado — Repercusión en la competencia y
                                                                                (2003/C 101/09)
los intercambios entre Estados miembros — Directrices
sectoriales y directrices sobre ayudas en favor del medio
                             ambiente»)                                                       (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                          (2003/C 101/08)                                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                  (Lengua de procedimiento: español)
                                                                           En el asunto C-466/00, que tiene por objeto una petición
                                                                           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
                                                                           por el Immigration Adjudicator (Reino Unido), destinada a
                                                                           obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
                                                                           entre Arben Kaba y Secretary of State for the Home Depart-
En el asunto C-409/00, Reino de España (agente: Sra. M. López-             ment, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los
Monís Gallego) contra Comisión de las Comunidades Europeas                 principios generales de Derecho que rigen el procedimiento
(agentes: Sr. D. Triantafyllou y Sra. S. Pardo), que tiene por             ante el Tribunal de Justicia y del artículo 7, apartado 2, del
objeto la anulación de la Decisión 2001/605/CE de la Comi-                 Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre
sión, de 26 de julio de 2000, relativa al régimen de ayudas                de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores
aplicado por España para la adquisición de vehículos industria-            dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), el
les mediante el Convenio de colaboración de 26 de febrero de               Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodríguez
1997 entre el Ministerio de Industria y Energía y el Instituto             Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet,
de Crédito Oficial (DO 2001, L 212, p. 34), el Tribunal de                 R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los
Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet             Sres. D.A.O. Edward y P. Jann (Ponente), las Sras. F. Macken y
(Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. F. Macken y el                    N. Colneric, los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha Rodrigues,
Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber;           Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secreta-
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado             ria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 6 de
el 13 de febrero de 2003 una sentencia cuyo fallo es el                    marzo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
siguiente:
                                                                           La respuesta dada por el Tribunal de Justicia a las cuestiones
                                                                           prejudiciales en su sentencia de 11 de abril de 2000, Kaba (Asunto
1)    Anular los artículos 2 y 4 de la Decisión 2001/605/CE de la          C-356/98), no habría sido diferente si el Tribunal de Justicia hubiese
      Comisión, de 26 de julio de 2000, relativa al régimen de             tenido en cuenta que la situación con arreglo al Derecho nacional del
      ayudas aplicado por España para la adquisición de vehículos          cónyuge de un trabajador migrante nacional de un Estado miembro
      industriales mediante el Convenio de colaboración de 26 de           que no sea el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la
      febrero de 1997 entre el Ministerio de Industria y Energía y el      del cónyuge de una persona residente y establecida en el Reino Unido
      Instituto de Crédito Oficial.                                        son, según el órgano jurisdiccional remitente, totalmente comparables
                                                                           salvo por lo que respecta al período de residencia anterior exigido
                                                                           para conceder un permiso de residencia por tiempo indefinido en el
2)    Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades                  territorio del Reino Unido. Puesto que en virtud del Derecho
      Europeas.                                                            comunitario ambas situaciones no son comparables, la cuestión de si
                                                                           tal diferencia de trato puede estar justificada carece de relevancia al
                                                                           respecto.
( 1) DO C 28 de 27.1.2001.
                                                                           (1 ) DO C 61 de 24.2.2001.


title: Asunto C-85/11: Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2011 — Comisión Europea/Irlanda

text:
               14.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/10

         Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2011 — Comisión Europea/Irlanda
   (Asunto C-85/11)
   2011/C 145/14
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: R. Lyal, agente)

      Demandada: Irlanda

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que al permitir que personas que no son sujetos pasivos sean miembros de un grupo a efectos del IVA (un único sujeto pasivo a efectos del IVA), Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 9 y 11 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (1)

               —

               Que se condene en costas a Irlanda.

      Motivos y principales alegaciones

   En aras de la sencillez y con el fin de combatir posibles abusos, la Directiva sobre el IVA permite a los Estados miembros considerar que dos o más sujetos pasivos forman conjuntamente un único sujeto pasivo. Alega la parte demandante que la Directiva no autoriza que dichos Estados incluyan a personas que no son sujetos pasivos en tales grupos, ampliando de este modo los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos a los no sujetos pasivos. Afirma que la normativa irlandesa que permite la inclusión de no sujetos pasivos en un grupo a efectos del IVA va en contra de lo dispuesto en la Directiva.

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto C-93/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 21 de febrero de 2012 — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia

text:
               5.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 133/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 21 de febrero de 2012 — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia
   (Asunto C-93/12)
   2012/C 133/34
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov

      Demandada: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie — Razplashtatelna agentsia

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el principio de efectividad desarrollado por la jurisprudencia [del Tribunal de Justicia] de la Unión Europea y el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a una disposición procesal nacional como el artículo 133, apartado 1, de la APK, que vincula la competencia judicial en litigios administrativos relacionados con la ejecución de la Política Agrícola Común de la Unión Europea exclusivamente a la sede de la autoridad administrativa que adoptó el acto administrativo impugnado, habida cuenta de que dicha disposición no considera la situación de los terrenos ni el lugar de residencia del justiciable?

               2)

               ¿Debe interpretarse el principio de equivalencia desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de que se opone a una disposición procesal nacional como el artículo 133, apartado 1, de la APK, que vincula la competencia judicial en litigios administrativos relacionados con la ejecución de la Política Agrícola Común de la Unión Europea exclusivamente a la sede de la autoridad administrativa que adoptó el acto administrativo impugnado, si se tiene en cuenta el artículo 19 de las Disposiciones transitorias y finales de la ZSPZZ (que versa sobre la competencia judicial en litigios administrativos nacionales relacionados con terrenos agrícolas)?


title: Asunto C-300/16 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de mayo de 2016 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal de General (Sala Segunda) dictada el 16 de marzo de 2016 en el asunto T-103/14, Frucona Košice a.s./Comisión Europea

text:
               18.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/35

         Recurso de casación interpuesto el 26 de mayo de 2016 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal de General (Sala Segunda) dictada el 16 de marzo de 2016 en el asunto T-103/14, Frucona Košice a.s./Comisión Europea
   (Asunto C-300/16 P)
   (2016/C 260/43)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: L. Armati, T. Maxian Rusche, B. Stromsky y K. Walkerová, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Frucona Košice a.s.

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 16 de marzo de 2016 en el asunto T-103/14, Frucona Košice/Comisión, notificada a la Comisión ese mismo día.

               —

               Se pronuncie sobre el recurso interpuesto en primera instancia y lo desestime por infundado.

               —

               Condene en costas a la parte recurrida, parte demandante en el procedimiento de primera instancia.

         Subsidiariamente, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 16 de marzo de 2016 en el asunto T-103/14, Frucona Košice/Comisión, notificada a la Comisión ese mismo día.

               —

               Devuelva el asunto al Tribunal General para que éste examine los motivos segundo y, en la medida en que sea necesario, tercero y cuarto, invocados en primera instancia.

               —

               Reserve la decisión sobre las costas de los procedimientos de primera instancia y sucesivos.

      Motivos y principales alegaciones

   Según la Comisión, la sentencia recurrida debe anularse por motivos basados, en primer término, en la aplicabilidad del criterio del acreedor privado, y, en segundo término, en la aplicación del criterio del acreedor privado.
   En lo que atañe a la aplicabilidad del criterio del acreedor privado, la Comisión invoca tres motivos de casación. En primer lugar, aduce que la decisión impugnada se ha interpretado erróneamente, en segundo lugar, afirma que se ha incurrido en error al interpretar el artículo 107 TFUE, apartado 1, en lo que concierne a la aplicabilidad del criterio del acreedor privado, y, en tercer lugar, sostiene que se ha aplicado erróneamente la res iudicata.

   La sentencia recurrida estima que es posible aplicar el criterio del acreedor privado aun cuando el Estado miembro haya formulado en el procedimiento administrativo alegaciones detalladas en las que afirme que la autoridad pública no actuó en base a consideraciones que habrían guidado a un operador mercantil privado, siempre que una parte interesada haya afirmado lo contrario. La Comisión interpreta la jurisprudencia en el sentido de que la postura del Estado miembro reviste una importancia fundamental a la hora de determinar la aplicabilidad del criterio del acreedor privado.
   En lo que concierne a aplicación del criterio del acreedor privado, la Comisión invoca dos motivos de casación. En primer lugar, sostiene que se ha infringido el artículo 107 TFUE, apartado 1, en lo que atañe a la aplicación del criterio del acreedor privado. En segundo lugar, aduce que el Tribunal General incurrió en error al interpretar la obligación de llevar a cabo una investigación diligente e imparcial de la supuesta ayuda de Estado de conformidad con el artículo 107 TFUE, apartado 1.
   El Tribunal General solicita a la Comisión que reconstruya ex officio el comportamiento de un hipotético acreedor privado ideal, racional y plenamente informado. Es más, esta exigencia existe con independencia de lo que haya hecho o dicho el Estado miembro interesado. La Comisión interpreta la jurisprudencia en el sentido de que no exige a la Comisión que ella misma recabe las pruebas e información que un acreedor privado racional habría recabado antes de proceder a su estimación cuando la autoridad pública en cuestión no lo haya hecho. En cambio, afirma que su labor se limita a verificar si, sobre la base del comportamiento de la autoridad pública y de las pruebas e información que ésta tenía a su disposición al adoptar la decisión, dicha autoridad actuó, desde el punto de vista subjetivo, como un acreedor privado en una situación lo más semejante posible a la de la autoridad pública al adoptar la decisión de conceder la medida en cuestión.


title: Asunto T-111/10: Sentencia del Tribunal General de 29 de marzo de 2012 — Portugal/Comisión ( «FEDER — Reducción de una ayuda financiera — Programa operacional destinado a la modernización del tejido económico en Portugal — Inexistencia de objetivos obligatorios precisos y verificables — Confianza legítima» )

text:
               12.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/16

         Sentencia del Tribunal General de 29 de marzo de 2012 — Portugal/Comisión
   (Asunto T-111/10) (1)

   (FEDER - Reducción de una ayuda financiera - Programa operacional destinado a la modernización del tejido económico en Portugal - Inexistencia de objetivos obligatorios precisos y verificables - Confianza legítima)
   2012/C 138/28
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, agente, asistido por N. Mimoso Ruiz, P. Moura Pinheiro y J. Silva Martins, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente, A. Steiblytė y G. Braga da Cruz, posteriormente A. Steiblytė y P. Guerra e Andrade, agentes)

      Objeto

   Pretensión de que se anule la Decisión C(2009) 10624 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2009, por la que se dispuso la reducción de la ayuda concedida a Portugal por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en relación con el Programa Operacional «Modernización del Tejido Económico» CCI: 1994 PT 16 PO 004 (ex-FEDER ref. 94.12.09.004), en virtud de la Decisión C(94) 464/3 de la Comisión, de 4 de marzo de 1994, mediante la que se aprueba una ayuda del FEDER.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 113, de 1.5.2010.


title: Asunto C-334/05 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de junio de 2007 — Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Limiñana y Botella, S.L. (Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n°  40/94 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Riesgo de confusión — Solicitud de marca figurativa comunitaria con los elementos verbales Limoncello della Costiera Amalfitana y shaker — Oposición del titular de la marca denominativa nacional LIMONCHELO)

text:
               21.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 170/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de junio de 2007 — Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Limiñana y Botella, S.L.
   (Asunto C-334/05 P) (1)

   (Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 8, apartado 1, letra b) - Riesgo de confusión - Solicitud de marca figurativa comunitaria con los elementos verbales «Limoncello della Costiera Amalfitana» y «shaker» - Oposición del titular de la marca denominativa nacional LIMONCHELO)
   (2007/C 170/07)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Recurrente: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: O. Montalto y P. Bullock, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Shaker di L. Laudato & C. Sas (representante: F. Sciaudone, abogado), Limiñana y Botella, S.L.
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), de 15 de junio de 2005, Shaker di L. Laudato & C. Sas/OAMI (T-7/04), mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución R 933/2002-2 de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 24 de octubre de 2003, por la que se desestima el recurso contra la resolución de la División de Oposición que deniega parcialmente el registro de la marca figurativa «Limoncello della Costiera Amalfitana» en el marco de la oposición formulada por el titular de la marca denominativa nacional «LIMONCHELO» para determinados productos comprendidos en la clase 33
   Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 15 de junio de 2005, Shaker/OAMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04).

               2)

               Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

               3)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 296, de 26.11.2005.


title: Recurso interpuesto el 13 de marzo de 1997 por T. H. P. Neelen contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-65/97)

text:
10 . 5 . 97            ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       N° C 142/29
de La Haya, que designa como domicilio en Luxemburgo                         93 del Consejo (')], más los intereses al tipo del 8%
el despacho del Sr. L. Frieden, Abogado 62, Avenue Gui                      anual, a partir del 19 de mayo de 1992 y hasta la fe
llaume .                                                                     cha del pago total;
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins              b ) condene en costas a la Comunidad.
tancia que :
                                                                      Motivos y principales alegaciones
a ) con carácter principal, condene a la Comunidad a pa
     gar al demandante un importe de 386 439 florines                 Los motivos y principales alegaciones son similares a los
     neerlandeses, más los intereses al tipo del 8 % anual , a        invocados en el asunto T-50/97 (2 ).
     partir del 19 de mayo de 1992 y hasta la fecha del
     pago total,                                                      (') DO n° L 243 de 29 . 9 . 1993 , p . 1 .
                                                                      ( 2 ) Véase la página 24 del presente Diario Oficial .
     con carácter subsidiario, condene a la Comunidad a
     pagar al demandante el importe que el Tribunal consi
     dere que, en justicia, le correponde, pero no inferior a
     39 954 florines neerlandeses [es decir, el importe que
     resulta de la aplicación del Reglamento ( CEE ) n° 2187/
     93 del Consejo (')], más los intereses al tipo del 8%            Recurso interpuesto el 13 de marzo de 1997 por
     anual, a partir del 19 de mayo de 1992 y hasta la fe            J. T. F. J. Op 't Veld contra el Consejo de la Unión
     cha del pago total ;                                                   Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas
b) condene en costas a la Comunidad.                                                            ( Asunto T-66/97)
                                                                                ( 97/C 142/63 )
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
Los motivos y principales alegaciones son similares a los
invocados en el asunto T-50/97 ( 2 ).                                 En el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidades
                                                                      Europeas se ha presentado el 13 de marzo de 1997 un re
O DO n° L 243 de 29 . 9 . 1993 , p . 1 .
(2) Véase la página 24 del presente Diario Oficial .                  curso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comi
                                                                      sión de las Comunidades Europeas formulado por el Sr.
                                                                      J. T. F. J. Op 't Veld, con domicilio en Vlodrop (Países Ba
                                                                      jos ), representado por los Sres . E. H. Pijnacker Hordijk,
                                                                      Abogado de Amsterdam, y M. T. P. J. van Oers, Abogado
                                                                      de La Haya, que designa como domicilio en Luxemburgo
Recurso interpuesto el 13 de marzo de 1997 por                        el despacho del Sr. L. Frieden, Abogado 62, Avenue Gui
T. H. P. Neelen contra el Consejo de la Unión Europea y               llaume .
          la Comisión de las Comunidades Europeas
                        ( Asunto T-65/97 )                            La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
                                                                      tancia que:
                           ( 97/C 142/62 )
             (Lengua de procedimiento: neerlandés)                    a ) con carácter principal, condene a la Comunidad a pa
                                                                             gar al demandante un importe de 280 097 florines
En el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidades                        neerlandeses, más los intereses al tipo del 8 % anual, a
Europeas se ha presentado el 13 de marzo de 1997 un re                      partir del 19 de mayo de 1992 y hasta la fecha del
curso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comi                       pago total,
sión de las Comunidades Europeas formulado por el Sr.
T. H. P. Neelen, con domicilio en Nunhem ( Países Bajos ),                    con carácter subsidiario, condene a la Comunidad a
representado por los Sres. E. H. Pijnacker Hordijk, Aboga                    pagar al demandante el importe que el Tribunal consi
do de Amsterdam, y M. T. P. J. van Oers, Abogado de La                        dere que, en justicia, le correponde, pero no inferior a
Haya, que designa como domicilio en Luxemburgo el des                        116 957 florines neerlandeses [es decir, el importe que
pacho del Sr. L. Frieden, Abogado 62, Avenue Guillaume .                      resulta de la aplicación del Reglamento ( CEE) n° 2187/
                                                                              93 del Consejo ( : )], más los intereses al tipo del 8%
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                      anual, a partir del 19 de mayo de 1992 y hasta la fe
tancia que :                                                                  cha del pago total;
a ) con carácter principal, condene a la Comunidad a pa               b ) condene en costas a la Comunidad.
     gar al demandante un importe de 323 980 florines
     neerlandeses, más los intereses al tipo del 8 % anual, a          Motivos y principales alegaciones
     partir del 19 de mayo de 1992 y hasta la fecha del
     pago total ,                                                      Los motivos y principales alegaciones son similares a los
                                                                       invocados en el asunto T-50/97 ( 2 ).
     con carácter subsidiario, condene a la Comunidad a
     pagar al demandante el importe que el Tribunal consi             (<) DO n° L 243 de 29 . 9 . 1993 , p . 1 .
     dere que, en justicia, le correponde, pero no inferior a          ( 2 ) Véase la página 24 del presente Diario Oficial .
      133 491 florines neerlandeses [es decir, el importe que
     resulta de la aplicación del Reglamento ( CEE) n° 2187/


title: Asunto C-138/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Antwerpen (Bélgica) el 9 de marzo de 2007 — Belgische Staat/N.V. Cobelfret

text:
               26.5.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 117/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Antwerpen (Bélgica) el 9 de marzo de 2007 — Belgische Staat/N.V. Cobelfret
   (Asunto C-138/07)
   (2007/C 117/22)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hof van beroep te Antwerpen
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Belgische Staat

      Demandada: N.V. Cobelfret
   Cuestión prejudicial
   «Una normativa como el régimen belga aplicable a los rendimientos gravados con carácter definitivo, según el cual los dividendos de que se trata se añaden en una primera fase a la base imponible de la sociedad matriz y, en una fase posterior, el importe de los dividendos recibidos en virtud del artículo 205, apartado 2, del WIB se deduce únicamente de la base imponible de la sociedad matriz (en un porcentaje del 95 %), siempre que la sociedad matriz tenga beneficios imponibles, ¿es compatible con el artículo 4 de la Directiva 90/435/CEE del Consejo (1), de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 225, p. 6), puesto que tal limitación de la deducción de los rendimientos gravados con carácter definitivo tiene como consecuencia que una sociedad matriz, en un período imponible posterior, resultará gravada en sus dividendos percibidos, si no ha tenido beneficios imponibles, o bien tales beneficios han sido insuficientes, durante el período imponible en el que se han recibido los dividendos, o al menos que las pérdidas fiscales del período imponible se hayan agotado indebidamente y, por consiguiente, ya no sean trasladables en el importe de los dividendos percibidos que, en caso de falta de pérdidas fiscales, estarían exentas en cualquier caso en un 95 %?»

      (1)  DO L 225, p. 6.


title: Asunto T-336/07: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2007 — Telefónica y Telefónica de España/Comisión

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/55

         Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2007 — Telefónica y Telefónica de España/Comisión
   (Asunto T-336/07)
   (2007/C 269/100)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandantes: Telefónica, S.A. y Telefónica de España, S.A. (Madrid, España) (representantes: Sres. F.-E. González Díaz y S. Sorinas Jimeno, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Con carácter principal, que anule, con arreglo al artículo 230 del Tratado CE, la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 4 de julio de 2007 en el asunto COMP/38.784 — Wanadoo España contra Telefónica;

               —

               con carácter subsidiario, que anule o reduzca, con arreglo al artículo 229 del Tratado CE, el importe de la multa que se le impuso mediante dicha Decisión;

               —

               en cualquier caso, que condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso se dirige contra la Decisión de 4 de julio de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 82 del Tratado CE (asunto COMP/38.784 — Wanadoo España contra Telefónica), mediante la cual la Comisión impuso a Telefónica, S.A., solidariamente con Telefónica de España, una multa de 151 875 000 euros por infracción del artículo 82 del Tratado CE, en relación con presuntas prácticas de estrechamiento de márgenes.
   En apoyo de sus pretensiones las partes demandantes alegan:

               —

               la vulneración de sus derechos de defensa, al fundarse la Decisión en varios elementos de hecho que no les fueron comunicados durante el procedimiento administrativo y sobre los cuales no han tenido ocasión de manifestar su punto de vista.

               —

               La comisión por la demandada de diversos errores manifiestos de apreciación relativos a:

                           —

                           la definición de tres mercados mayoristas distintos y no un único mercado de acceso mayorista ADSL que incluya tanto el Bucle Local como el Acceso Nacional y Regional, o subsidiariamente al menos estos dos últimos.

                           —

                           la presunta posición de dominio de las demandantes tanto en los mercados relevantes de productos mayoristas como en el minorista.

                           —

                           la aplicación del artículo 82 TCE en relación a su conducta presuntamente abusiva. En primer lugar, la Comisión aplica dicho artículo a una negativa a contratar de facto cuando los productos mayoristas en cuestión no constituyen «infraestructuras esenciales», contradiciendo así la jurisprudencia Oscar Bronner. En segundo lugar, y aún admitiendo que se pudiera aplicar el artículo 82 a la conducta de las demandantes, quod non, la Decisión ignora los requisitos de la jurisprudencia Industrie des Poudres Sphériques según la cual para poder declarar ilegal un estrechamiento de márgenes es necesario previamente demostrar, bien que el precio del producto ascendente es excesivo, bien que el precio del producto final es predatorio.

                           —

                           la presunta conducta abusiva y su impacto en el mercado; primero porque selecciona de manera incorrecta los insumos mayoristas objeto de comparación y segundo porque comete, entre otros, importantes errores de cálculo e incurre en omisiones tanto en la aplicación del test «periodo a periodo» como en el test de «flujos de caja descontados». Estos errores, tanto individual como colectivamente, invalidan la metodología y los cálculos presentados en la Decisión. La Decisión tampoco prueba de manera suficiente el presunto impacto negativo de la conducta sobre la competencia.

                           —

                           la actuación ultra vires de la Comisión y, en todo caso, vulnerando los principios de subsidiariedad, proporcionalidad, seguridad jurídica, cooperación leal y buena administración al intervenir allí donde ya lo había hecho el regulador nacional de las telecomunicaciones, el cual ha sido instituido por el propio legislador europeo y ha actuado conforme a los poderes y competencias conferidas por éste y en virtud de una normativa fundada en las reglas de competencia comunitarias.

         Por lo que respecta a la anulación de la multa o su reducción, las partes demandantes alegan que la Comisión ha vulnerado los artículos 15(2) del Reglamento (CEE) no 17/62 del Consejo de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (actuales artículos 81 y 82) y 23(2) del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado al considerar que la infracción habría sido cometida de manera deliberada o gravemente negligente y al calificar la infracción de «abuso característico».


title: Sentencia del Tribunal, de 29 de agosto de 2014 , en el asunto E-8/13 — Abelia contra Órgano de Vigilancia de la AELC (Recurso de anulación de una decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC — Adecuada representación ante el Tribunal — Ayuda estatal — Presunta ayuda concedida a arrendadores de locales destinados a escuelas públicas — Decisión de no incoar un procedimiento de investigación formal — Interés legal — Estatuto de parte interesada — Relación de competencia)

text:
               19.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 92/34

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 29 de agosto de 2014
   en el asunto E-8/13
   Abelia contra Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Recurso de anulación de una decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC — Adecuada representación ante el Tribunal — Ayuda estatal — Presunta ayuda concedida a arrendadores de locales destinados a escuelas públicas — Decisión de no incoar un procedimiento de investigación formal — Interés legal — Estatuto de parte interesada — Relación de competencia)
   (2015/C 92/08)
   En el asunto E-8/13, Abelia, apoyada por Akademiet Bergen AS, Akademiet Drammen AS, Akademiet Sandnes AS, Akademiet Oslo AS, Akademiet VGS Molde AS y Akademiet VGS Ålesund AS contra el Órgano de Vigilancia de la AELC — RECURSO de anulación de la Decisión no 160/13/COL, de 24 de abril de 2013, del Órgano de Vigilancia de la AELC relativa a presuntas ayudas concedidas a arrendadores de locales destinados a escuelas públicas, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (juez ponente) y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 29 de agosto de 2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara la inadmisibilidad del recurso.

               2.

               Condena al demandante al pago de las costas de la parte demandada.


title: Asunto C-11/00: Recurso interpuesto el 14 de enero de 2000 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Banco Central Europeo

text:
C 122/8                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        29.4.2000
         La Comisión no se pronuncia, conforme al apartado 6           un Estado tercero. Dado que las restricciones citadas afectan
         de dicho artı́culo, sobre si las citadas normas danesas        al control de los órganos de administración, constituyen
         constituyen un medio de discriminación arbitraria o           restricciones al establecimiento de las sociedades, especial-
         una restricción encubierta del comercio entre Estados         mente en el caso de las sucursales, agencias o filiales de
         miembros y si constituyen un obstáculo para el                sociedades de otros Estados miembros en los que no existen
         funcionamiento del mercado interior.                           dichas restricciones. En el supuesto de sociedades gestionadas
                                                                        por nacionales de paı́ses terceros, se verı́an obligadas a cambiar
     — Falta de motivación.                                            la composición de sus órganos de administración si desearan
                                                                        registrar un buque y crear un establecimiento en Francia. Por
                                                                        consiguiente, los requisitos exigidos por el artı́culo 3, apartado
                                                                        2, letras a, b y c, infringen lo dispuesto en el artı́culo 48, dado
                                                                        que imponen requisitos de nacionalidad a los titulares del
                                                                        capital y a los órganos de administración de las sociedades que
                                                                        no están previstos en él y, de esta forma, no dispensan a las
                                                                        sociedades el mismo trato que a las personas fisicas por lo que
Recurso interpuesto el 6 de enero de 2000 contra Repú-                 se refiere a la libertad de establecimiento en el caso de
blica Francesa por la Comisión de las Comunidades                      registro de buques. Aunque estas disposiciones se apliquen
                             Europeas                                   indistintamente a las sociedades francesas y a las de los demás
                                                                        Estados miembros de la CEE, infringen lo dispuesto en el
                         (Asunto C-4/00)                                artı́culo 43 y en el artı́culo 48. También infringe estos artı́culos
                                                                        lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artı́culo 3 y en el
                                                                        artı́culos 3-1, 1) y 2), en la medida en que se remite al
                         (2000/C 122/12)
                                                                        artı́culo 3(2).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 6 de enero de 2000 un recurso contra República
Francesa formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por los Sres. Frank Benyon, Consejero
Jurı́dico, y Bernard Mongin, miembro de su Servicio Jurı́dico,
en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho de Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                 Recurso interpuesto el 14 de enero de 2000 por la
miembro del mismo Servicio, Centre Wagner C 254, Kirch-                 Comisión de las Comunidades Europeas contra el Banco
berg, Luxemburgo.                                                                                Central Europeo
                                                                                (Asunto C-11/00)
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1. Declare que República Francesa ha incumplido las obliga-                                       (2000/C 122/13)
     ciones que le incumben en virtud de los artı́culos 43 y 48
     del Tratado CE al mantener en vigor los artı́culos 3 y 3-1         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     de la Ley no 67-5, de régimen jurı́dico de los buques y            presentado el 14 de enero de 2000 un recurso contra el
     otras construcciones marı́timas, y el artı́culo 219 del            Banco Central Europeo, formulado por la Comisión de las
     código de aduanas, modificados por la Ley no 96/151, de           Comunidades Europeas, representada por los Sres. Christiaan
     26 de febrero de 1996, relativa a los transportes.                 Timmermans, Director General Adjunto del Servicio Jurı́dico,
                                                                        Hans Peter Hartvig y Ulrich Wölker, Consejeros Jurı́dicos, en
2. Condene en costas a República Francesa.                             calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem-
                                                                        burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro
                                                                        del Servicio Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
El artı́culo 3, apartado 2, párrafo tercero, letras a, b y c, de la    de Justicia que:
Ley no 67-5 establece que los armadores con forma de una
sociedad deben cumplir determinados requisitos de nacionali-            — Anule la Decisión del Consejo de Gobierno del Banco
dad por lo que se refiere, por una parte, a los miembros de los              Central Europeo de 7 de octubre de 1999, sobre preven-
órganos de administración y de gestión de estas sociedades                ción del fraude (1).
[apartado 2, letras a, b, y c] y, por otra parte, a los titulares del
capital [en el apartado 2, letra c]. Ahora bien, los Estados            — Condene en costas al Banco Central Europeo.
miembros deben tratar a todas las sociedades que cumplan los
requisitos del artı́culo 48 del Tratado de la misma forma que
tratan a las personas fı́sicas naturales de los demás Estados          Motivos y principales alegaciones
miembros, aun cuando la mayorı́a de los miembros del consejo
de administración no es nacional de un Estado miembro de la            Infracción del Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento
Comunidad o la sociedad ha sido constituida por nacionales              Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las
de un Estado tercero o a partir de capitales procedentes de             investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha
paı́ses terceros, incluso como filial de una sociedad matriz de         contra el Fraude (OLAF):
 ---pagebreak--- 29.4.2000              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 122/9
El Reglamento (CE) no 1073/1999 es aplicable al Banco Central          Comunidades Europeas, representada por los Sres. Christiaan
Europeo. El Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «BCE») ha           Timmermans, Director General Adjunto del Servicio Jurı́dico,
sido creado por el Tratado CE y es un órgano de la Comunidad,         Hans Peter Hartvig, Consejero Jurı́dico, y Carlos Gómez de la
sin perjuicio de su régimen particular. La independencia               Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agentes,
reivindicada por el BCE es sólo una independencia funcional y         que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
limitada a la ejecución de sus tareas particulares con arreglo al     Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
Tratado y a los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC). La protección de los intereses financieros de       La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
la Comunidad puede ir más allá de la mera protección del            de Justicia que:
presupuesto comunitario, ya que también comprende la
protección de los «presupuestos administrados» por las Comu-
                                                                       — Anule la decisión del Comité de Dirección del Banco
nidades, como por ejemplo el Fondo Europeo de Desarrollo
                                                                            Europeo de Inversiones sobre cooperación con la Oficina
(FED), o de los presupuestos de los organismos comunitarios
                                                                            Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (1).
descentralizados, que están separados del presupuesto general
de las Comunidades y algunos de los cuales se alimentan por
lo demás con ingresos propios. Por consiguiente, el hecho de          — Condene en costas al Banco Europeo de Inversiones.
que el BCE tenga su propio presupuesto y sus propios recursos
financieros no impide que se le apliquen las medidas adoptadas
en base al artı́culo 280, apartado 4, del Tratado CE, como el          Motivos y principales alegaciones
Reglamento (CE) no 1073/1999. Aunque la distinción entre el
presupuesto de las Comunidades Europeas, por una parte, y el           El recurso se basa, con carácter principal, en el artı́culo 237
presupuesto del BCE y sus recursos propios, por otra, fuera            CE, letra b), y, subsidiariamente, en el artı́culo 230 CE, y en él
pertinente, no por ello quedarı́a sin embargo el BCE fuera del         se invoca una infracción del Reglamento (CE) no 1073/1999
ámbito de aplicación de dicho Reglamento, ya que dicho               del Parlamento Europeo y del Consejo, y del Reglamento
órgano gestiona también recursos presupuestarios de las               (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, relativos a las investiga-
Comunidades. En efecto, el BCE recauda el impuesto comunita-           ciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el
rio que grava los sueldos y salarios de sus dirigentes y de su         Fraude (OLAF).
personal, y gestiona las operaciones de empréstito y de
préstamo efectuadas por las Comunidades en concepto de
ayuda financiera a medio plazo.                                        Los Reglamentos (CE) no 1073/1999 y 1074/99 son aplicables
                                                                       al Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de
                                                                       Inversiones (en lo sucesivo, «BEI») ha sido creado por el Tratado
La Decisión recurrida infringe el artı́culo 4 del Reglamento
                                                                       CE y es un organismo comunitario, sin perjuicio de su régimen
(CE) no 1073/1999, ya que
                                                                       particular. Dicho régimen particular tiene sólo carácter funcio-
— su artı́culo 2 constituye una negación pura y simple de la          nal y está limitado a la ejecución de las tareas particulares del
     facultad de la OLAF de efectuar investigaciones internas en       BEI con arreglo al Tratado y a sus Estatutos. Hasta ahora el BEI
     el seno del BCE;                                                  no ha logrado demostrar cómo puede impedirle ejecutar sus
                                                                       tareas particulares o dificultar, en concreto, la ejecución de las
— no contiene ninguna medida de ejecución de las obligacio-           mismas una normativa adoptada por el Consejo en materia de
     nes que impone el artı́culo 4, apartado 6, del Reglamento,        lucha contra el fraude. La protección de los intereses financie-
     pero define la obligación de los funcionarios del Banco de       ros de la Comunidad puede ir más allá de la mera protección
     informar de toda actividad fraudulenta indicando que los          del presupuesto comunitario, ya que también comprende
     destinatarios de la información serán la Dirección de          la protección de los «presupuestos administrados» por las
     auditorı́a interna y el Comité de lucha contra el fraude          Comunidades, como por ejemplo el Fondo Europeo de Desar-
     creado por la Decisión, y no la OLAF.                            rollo (FED), o de los presupuestos de los organismos comunita-
                                                                       rios descentralizados, que están separados del presupuesto
                                                                       general de las Comunidades y algunos de los cuales se
(1) BCE/1999/5, DO L 291 de 13.11.1999, p. 36.                         alimentan por lo demás con ingresos propios. Por consiguiente,
                                                                       el hecho de que el BEI tenga su propio presupuesto y sus
                                                                       propios recursos financieros no impide que se le apliquen las
                                                                       medidas adoptadas en base al artı́culo 280, apartado 4, del
                                                                       Tratado CE, como el Reglamento (CE) no 1073/1999. Aunque
                                                                       el ámbito de aplicación del artı́culo 280, apartado 4, sólo
                                                                       comprendiera los intereses financieros directamente relaciona-
Recurso interpuesto el 19 de enero de 2000 por la                      dos con el presupuesto comunitario, resulta innegable que el
Comisión de las Comunidades Europeas contra el Banco                  Reglamento (CE) no 1073/1999 debe aplicarse al BEI, que
                     Europeo de Inversiones                            gestiona también recursos presupuestarios de las Comunida-
                                                                       des. En efecto, el BEI recauda el impuesto comunitario que
                        (Asunto C-15/00)                               grava los sueldos y salarios de los miembros de sus órganos y
                                                                       de su personal, y gestiona igualmente recursos presupuestarios
                         (2000/C 122/14)                               de la Comunidad en el contexto de mandatos especı́ficos; otro
                                                                       ejemplo es la gestión por el BEI, por cuenta de la Comunidad,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           de los capitales de riesgo y de las bonificaciones de intereses
presentado el 19 de enero de 2000 un recurso contra el Banco           financiadas con cargo a los recursos del Fondo Europeo de
Europeo de Inversiones, formulado por la Comisión de las              Desarrollo (FED).


title: Asunto C-142/07: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Contencioso-Administrativo n o 22 de Madrid (España) el 12 de marzo de 2007 — Ecologistas en Acción-CODA/Ayuntamiento de Madrid

text:
               9.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/4

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Contencioso-Administrativo no 22 de Madrid (España) el 12 de marzo de 2007 — Ecologistas en Acción-CODA/Ayuntamiento de Madrid
   (Asunto C-142/07)
   (2007/C 129/06)
   Lengua de procedimiento: español
   Órgano jurisdiccional remitente
   Juzgado Contencioso-Administrativo no 22 de Madrid
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Ecologistas en Acción-CODA

      Otra parte: Ayuntamiento de Madrid
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Las exigencias de procedimiento reglado de evaluación de repercusión medioambiental resultantes de la Directiva 85/337/CEE (1) del Consejo modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, son aplicables a proyectos de actuación en vías urbanas en atención a la naturaleza y las dimensiones del proyecto, afectación de áreas de gran densidad demográfica, o de paisajes con significación histórica, cultural o arqueológica?

               2)

               ¿Las exigencias de procedimiento reglado de evaluación de repercusión medioambiental resultantes de la Directiva 85/337/CEE del Consejo modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (2), son aplicables a los proyectos objeto del presente recurso contencioso-administrativo, en atención a su naturaleza y a la naturaleza de la vía en que se prevé su ejecución, características, dimensión, impacto en el entorno, densidad demográfica, presupuesto y eventual fraccionamiento respecto de un proyecto global que contempla actuaciones similares en la misma vía?

               3)

               ¿Los criterios contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera) de 16 de marzo de 2006 dictada en el asunto C-332/04 (3) y concretamente en los puntos 69 a 88 de dicha sentencia son de aplicación a los proyectos objeto de este proceso judicial en atención a su naturaleza y a la naturaleza de la vía en que se prevé su ejecución, características, dimensión, impacto en el entorno, presupuesto y eventual fraccionamiento respecto de un proyecto global que contempla actuaciones similares en la misma vía y era exigible por ello someter los mismos a procedimiento reglado de evaluación medioambiental?

               4)

               ¿Las obligaciones resultantes de la Directiva 85/337/CEE del Consejo modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, en cuanto a evaluación medioambiental han sido o no cumplidas en la práctica por las autoridades españolas respecto de los proyectos que son objeto de este procedimiento, por lo que resulta del expediente administrativo y concretamente de los estudios e informes incorporados al mismo, aunque formalmente no se haya sometido el proyecto al procedimiento reglado de evaluación medioambiental que establece dicha Directiva?

      (1)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (EE, Capítulo 15, Tomo 6, p. 9).

      (2)  Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE (DO L 73, p. 5).

      (3)  Recopilación de Jurisprudencia 2006, p. I-40.


title: Asunto F-115/07: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2007 — Balieu-Steinmetz y Noworyta/Parlamento

text:
               22.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/48

         Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2007 — Balieu-Steinmetz y Noworyta/Parlamento
   (Asunto F-115/07)
   (2007/C 315/92)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandantes: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Luxemburgo) y Lidia Noworyta (Bruselas, Bélgica) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

      Demandada: Parlamento Europeo
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se declare la ilegalidad del artículo 1 de las normas internas adoptadas por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) que regulan la indemnización global por horas extraordinarias a la que se refiere el artículo 3 del anexo VI del Estatuto, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2004, en la medida en que fija un requisito de regularidad de las horas extraordinarias.

               —

               Que se anule la decisión explícita de la AFPN de 18 de diciembre de 2006, por la que se desestima la solicitud de la Sra. Noworyta y la decisión de desestimación implícita de 13 de noviembre de 2006 de la solicitud de la Sra. Balieu-Steinmetz de 13 de julio de 2006.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan, en primer lugar, la vulneración de los derechos fundamentales, de los principios generales y la infracción de la Carta Social Europea, según los cuales todo trabajador deberá estar sujeto a unas condiciones de trabajo adecuadas, en particular en términos de tiempo de trabajo y de compensación o de indemnización por las horas extraordinarias trabajadas o en razón de las particularidades de la ordenación de su horario de trabajo.
   Más concretamente, las demandantes alegan que, a diferencia de los artículos 56 bis y 56 ter del Estatuto, el artículo 3 del anexo VI del Estatuto no supedita la posibilidad de conceder una indemnización global por unas horas extraordinarias efectuadas en condiciones de trabajo especiales al requisito de que las citadas horas se efectúen con regularidad. Según las demandantes, la AFPN incurrió en un error de Derecho al añadir dicho requisito en las normas internas que regulan la compensación de las horas extraordinarias adoptadas.
   La AFPN incurrió también en un error manifiesto de Derecho al indicar que los funcionarios contratados a partir del 1 de mayo de 2004 no podían recibir dicha indemnización, a pesar de que en el artículo 1 de las mencionadas normas internas, se contempla expresamente esta posibilidad.
   Además las demandantes sostienen que la decisión de negarles cualquier compensación o indemnización por sus condiciones especiales de trabajo infringe los artículos 56 bis y 56 ter del Estatuto y viola el principio de igualdad de trato.
   Por último, según las demandantes, el planteamiento del Parlamento no es coherente, dado que el Director General de la Dirección General de la Presidencia había afirmado que nadie en la centralita telefónica efectúa horas extraordinarias con regularidad cuando la AFPN, por su parte, sostenía que se estaba realizando un estudio con el fin de examinar las posibilidades de armonización de las condiciones de trabajo en el servicio de que se trata debido precisamente a los horarios atípicos que allí rigen, al margen del horario general o normal de trabajo.


title: Asunto C-55/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 25 de abril de 2013 — Comisión Europea/Irlanda (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/96/CE — Imposición de los productos energéticos y de la electricidad — Exención del impuesto especial sobre el carburante destinado a los vehículos de motor utilizados por los minusválidos — Mantenimiento de la exención tras haber expirado el período transitorio — Infracción)

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 25 de abril de 2013 — Comisión Europea/Irlanda
   (Asunto C-55/12) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/96/CE - Imposición de los productos energéticos y de la electricidad - Exención del impuesto especial sobre el carburante destinado a los vehículos de motor utilizados por los minusválidos - Mantenimiento de la exención tras haber expirado el período transitorio - Infracción)
   2013/C 171/13
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y W. Mölls, agentes)

      Demandada: Irlanda (representante: E. Creedon, agente)

      Objeto

   Infracción de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283, p. 51) — Exención del impuesto especial sobre los carburantes de los vehículos de motor utilizados por minusválidos — Mantenimiento de la exención tras haber expirado el período transitorio.

      Fallo

               1)

               Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 23 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, en su versión modificada por la Directiva 2004/74/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, al acordar, tras haber expirado el 31 de diciembre de 2006 el período transitorio contemplado en su artículo 18, apartado 1, párrafo primero y en su anexo II, una exención del impuesto especial sobre el carburante destinado a los vehículos de motor utilizados por los minusválidos.

               2)

               Condenar en costas a Irlanda.

      (1)  DO C 89 de 24.3.2012


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de  15 de diciembre de 2005 , en el asunto C-26/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España ( Incumplimiento de Estado — Directiva 76/160/CEE — Calidad de las aguas de baño — Designación de las zonas de baño — Directiva 79/923/CEE — Calidad de las aguas para cría de moluscos — Establecimiento de un programa de reducción de la contaminación )

text:
               25.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/4

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 15 de diciembre de 2005
   en el asunto C-26/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 76/160/CEE - Calidad de las aguas de baño - Designación de las zonas de baño - Directiva 79/923/CEE - Calidad de las aguas para cría de moluscos - Establecimiento de un programa de reducción de la contaminación»)
   (2006/C 48/08)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-26/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 27 de enero de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. G. Valero Jordana) contra Reino de España (agente: Sr. E. Braquehais Conesa), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y el Sr. K. Schiemann, la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente) y E. Levits, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 15 de diciembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos, al no haber adoptado un programa de reducción de la contaminación de las aguas para cría de moluscos para la Ría de Vigo.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión de las Comunidades Europeas y el Reino de España cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 71, de 20.3.2004.


title: Asunto T-637/13: Auto del Tribunal General de 28 de agosto de 2015 — Bimbo/OAMI — Kimbo (Caffè KIMBO)

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/57

         Auto del Tribunal General de 28 de agosto de 2015 — Bimbo/OAMI — Kimbo (Caffè KIMBO)
   (Asunto T-637/13) (1)

   (2015/C 381/69)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 52, de 22.2.2014.


title: Asunto T-194/07: Auto del Tribunal General de 26 de abril de 2013 — República Checa/Comisión

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/40

         Auto del Tribunal General de 26 de abril de 2013 — República Checa/Comisión
   (Asunto T-194/07) (1)

   2013/C 171/81
   Lengua de procedimiento: checo
   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 199, de 25.8.2007.


title: Asunto C-107/09 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de marzo de 2009 por el Reino de España contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) dictada el 18 de diciembre de 2008 en el asunto T-211/04, Gobierno de Gibraltar y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/23

         Recurso de casación interpuesto el 20 de marzo de 2009 por el Reino de España contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) dictada el 18 de diciembre de 2008 en el asunto T-211/04, Gobierno de Gibraltar y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-107/09 P)
   2009/C 141/42
   Lengua de procedimiento: Inglés

      Partes

      Recurrente: Reino de España (representantes: N. Díaz Abad y J.M Rodríguez Cárcamo, agentes)

      Otras partes: Gobierno de Gibraltar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones

               —

               Que anule totalmente la sentencia del TPI que se recurre y dicte una nueva sentencia declarando conforme a Derecho la Decisión 2005/261/CE de la Comisión de 30 de marzo de 2004, sobre el régimen de ayudas que el Reino Unido tiene previsto ejecutar con respecto a la reforma del Impuesto de Sociedades del Gobierno de Gibraltar (1) y

               —

               Que condene en costas a las partes demandadas.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               Violación del articulo 299 CE, apartado 4, en la interpretación que del mismo ha hecho la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En primer lugar la sentencia recurrida desconoce el estatuto jurídico de Gibraltar conforme a la jurisprudencia del TJCE (sentencias de 23 de septiembre de 2003 y de 12 de septiembre de 2006), porque no declara que Gibraltar fue cedido por el Rey de España a la Corona británica mediante el Tratado de Utrecht de 1713 y porque incurre en numerosas incorrecciones en la definición de este estatuto. Por otra parte también infringe el articulo 299 CE, apartado 4 al atribuir a Gibraltar la posibilidad de desvincularse en materia fiscal del Reino Unido, lo que implica que éste último deja de asumir las relaciones exteriores del primero en este ámbito, convirtiendo a Gibraltar de facto en un nuevo Estado miembro en materia fiscal.

               2.

               Infracción del articulo 87 CE, apartado 1, al interpretarlo de modo que impide su aplicación por la Comunidad en la lucha contra los paraísos fiscales reconocidos por la OCDE. Gibraltar es un paraíso fiscal para la OCDE. La sentencia recurrida, al considerar imposible una comparación entre la actividad empresarial en Gibraltar y en Reino Unido, contraría los principios de esta Organización, conforme a los cuales, medidas que pueden ser generales en Gibraltar pueden ser perjudiciales para sus Estados miembros, entre los cuales se encuentra el Reino Unido. El artículo 87 CE, apartado 1, debe ser interpretado conforme a los principios de la OCDE por lo que esa comparación no sólo es posible, sino necesaria.

               3.

               Violación de la Orientación del BCE de 16 de julio de 2004, al aplicar el articulo 87 CE, apartado 1. El Sistema Europeo de Bancos Centrales considera a Gibraltar, junto a otros 37 territorios, Centro Financiero Extraterritorial distinto del Reino Unido en materia de estadísticas de balanza de pagos, posición de inversión internacional y reservas internacionales. El análisis de la sentencia recurrida, que impide la comparación entre la actividad empresarial en Gibraltar y en Reino Unido, contraría esta definición que sí considera posible esta comparación e implica una aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, con violación de una norma vinculante en Derecho comunitario, como es la Orientación del BCE de 16 de julio de 2004.

               4.

               Infracción del artículo 87 CE, apartado 1, por violación del requisito de que la ayuda sea concedida por un «Estado o mediante fondos estatales». Dado que Gibraltar es un territorio que no forma parte de un Estado miembro, de conformidad con el artículo 299 CE, apartado 4, la afirmación de la sentencia según la cual el marco de referencia para la aplicación del articulo 87 CE, apartado 1 se circunscribe exclusivamente a los límites geográficos del territorio de Gibraltar, equivale a considerarlo Estado miembro, puesto que de lo contrario nunca se podría cumplir el requisito de que la ayuda sea concedida por un «Estado o mediante fondos estatales».

               5.

               Violación del principio de no discriminación al aplicar sin justificación la doctrina Azores a un supuesto distinto del previsto en ella. Las diferencias entre el caso Azores y el examinado por la sentencia recurrida son dos. Por un lado Azores es territorio de un Estado miembro, lo que no ocurre en el caso de Gibraltar y, por otra parte, en Azores se examinaba una rebaja del tipo impositivo en el impuesto de sociedades, mientras que en el caso de Gibraltar se trata de un nuevo sistema general del impuesto de sociedades.

               6.

               Infracción del artículo 87 CE, apartado 1, al no considerar que concurren los requisitos de las ayudas de Estado, desde el punto de vista de la selectividad regional. En concreto el Reino de España entiende que la sentencia incurrió en error de derecho al entender cumplidos los tres requisitos de autonomía política, autonomía de procedimiento y autonomía económica establecidos por la sentencia Azores.

               7.

               Error de Derecho por negarse a valorar y a aplicar el cuarto requisito alegado por el Reino de España en el procedimiento de instancia. Aun si se considerasen cumplidos los tres requisitos de la sentencia Azores, se debería haber exigido un cuarto criterio de armonización en el marco del sistema tributario interno del Estado miembro originario de la medida.

               8.

               Infracción del articulo 87 CE, apartado 1, al no considerar que concurren los requisitos de las ayudas de Estado, desde el punto de vista de la selectividad material. Aun cuando se entendiese que Gibraltar es un marco de referencia autónomo en el que concurren los requisitos de la sentencia Azores, la sentencia infringió el artículo 87 CE, apartado 1 en su examen de la selectividad material, ya que el TPI en su análisis no tuvo en cuenta que con la reforma del impuesto de sociedades que Gibraltar pretende aplicar se crea un régimen en el que, de las 29 000 sociedades existentes en Gibraltar, 28 798 empresas pueden estar sometidas a un tipo de gravamen cero. Éstas últimas resultan particularmente favorecidas por la medida, y la sentencia recurrida, al no entenderlo así, infringió el artículo 87 CE, apartado 1. Además la Comisión sí identificó el régimen fiscal común en contra de lo que sostiene la sentencia.

               9.

               Falta de motivación de la sentencia por no haber examinado el cuarto requisito alegado por el Reino de España.

               10.

               Infracción del derecho fundamental a la resolución del recurso en un plazo razonable por haber durado este procedimiento ante el TPI prácticamente el doble de un asunto normal sin que hubiera justificación alguna para ello y teniendo esta circunstancia una incidencia relevante en el litigio.

               11.

               Infracción de los artículos 77 a) y 77 b) del Reglamento de Procedimiento del TPI, por no haber suspendido formalmente el procedimiento con audiencia de las partes.

      (1)  DO L 85, p. 1


title: Asunto C-84/13 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 3 de julio de 2014  — Electrabel SA/Comisión Europea [Recurso de casación — Concentración de empresas — Decisión de la Comisión — Condena al pago de una multa — Infracción del artículo 7 del Reglamento (CEE) n ° 4064/89 — Control de las operaciones de concentración de empresas — Artículo 14, apartado 3 — Criterios que se han de tomar en cuenta para determinar el importe de la multa — Consideración de la duración de la infracción — Principio de irretroactividad de la ley — Aplicación del Reglamento (CE) n ° 139/2004 — Obligación de motivación]

text:
               1.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 292/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 3 de julio de 2014 — Electrabel SA/Comisión Europea
   (Asunto C-84/13 P) (1)

   ([Recurso de casación - Concentración de empresas - Decisión de la Comisión - Condena al pago de una multa - Infracción del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 4064/89 - Control de las operaciones de concentración de empresas - Artículo 14, apartado 3 - Criterios que se han de tomar en cuenta para determinar el importe de la multa - Consideración de la duración de la infracción - Principio de irretroactividad de la ley - Aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004 - Obligación de motivación])
   2014/C 292/07
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Electrabel SA (representantes: M. Pittie y P. Honoré, avocats)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: C. Giolito, V. Di Bucci y A. Bouquet, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Electrabel SA.

      (1)  DO C 129, de 4.5.2013.


title: Asunto T-334/17: Recurso interpuesto el 31 de mayo de 2017 — Cargolux Airlines/Comisión

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/57

         Recurso interpuesto el 31 de mayo de 2017 — Cargolux Airlines/Comisión
   (Asunto T-334/17)
   (2017/C 239/70)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Luxemburgo) (representantes: G. Goeteyn, Solicitor, E. Aliende Rodríguez, abogada, y C. Rawnsley, Barrister)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               En el supuesto de que el Tribunal estime los motivos primero, segundo, tercero o cuarto, anule en su totalidad el artículo 1, apartados 1 a 4, de la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que se aplica a Cargolux.

               —

               En el supuesto de que el Tribunal estime el quinto motivo:

                           —

                           Anule en su totalidad el artículo 1, apartado 1, o, si el artículo 1, apartado 1, no es anulado en su totalidad, anule el artículo 1, apartado 1, en la medida en que se refiere a los recargos de seguridad y al pago de comisión sobre los recargos (a), en la medida en que se refiere al periodo comprendido entre el 22 de enero de 2001 y el final de 2002 (b), y en la medida en que contenga cualquier conclusión sobre la participación en un comportamiento de cártel, en el sentido usual de este término, antes del 10 de junio de 2005 como muy pronto (c).

                           —

                           Anule en su totalidad el artículo 1, apartado 2, o, si el artículo 1, apartado 2, no es anulado en su totalidad, anule el artículo 1, apartado 2, en la medida en que se refiere a los recargos de seguridad y al pago de comisión sobre los recargos (a), y en la medida en que contenga cualquier conclusión sobre la participación en un comportamiento de cártel, en el sentido usual de este término, antes del 10 de junio de 2005 como muy pronto (b).

                           —

                           Anule en su totalidad el artículo 1, apartados 3 y 4.

               —

               En el supuesto de que el Tribunal estime el sexto motivo, anule el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Decisión impugnada en la medida en que da a entender que Cargolux participó en cualquier infracción relativa a las rutas aéreas de entrada (es decir, desde cualquier aeropuerto de un tercer país a aeropuertos situados en la EU o en Islandia y Noruega).

               —

               Anule la multa impuesta a Cargolux en el artículo 3 y, en el supuesto de que el Tribunal no anule la multa en su totalidad, la reduzca sustancialmente en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena.

               —

               Adopte en consecuencia las medidas necesarias en relación con el artículo 4 en la medida en que se aplica a Cargolux.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con las costas de Cargolux.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

               1.

               Primer motivo, en el que se alega un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión actuó ultra vires al basarse en pruebas relativas a rutas aéreas y a periodos para los que no era competente.

                           —

                           La demandante sostiene que la Comisión extendió indebidamente su competencia al basarse en pruebas anteriores: a) al 1 de mayo de 2004 en relación con rutas aéreas UE-terceros países; b) al 19 de mayo de 2005 en relación con rutas aéreas Estados EEE (no miembros de la UE)-terceros países, y c) al 1 de junio de 2002 en relación con rutas aéreas UE-Suiza, en apoyo de sus conclusiones sobre una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con las rutas aéreas en el interior del EEE.

               2.

               Segundo motivo, en el que se alegan vicios sustanciales de procedimiento, violación del derecho de defensa y error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión incumplió requisitos esenciales del procedimiento y violó el derecho de defensa de la demandante al no formular un nuevo pliego de cargos antes de adoptar de nuevo la Decisión.

                           —

                           La demandante sostiene que la Comisión concluyó erróneamente que no era necesario formular un nuevo pliego de cargos antes de adoptar de nuevo la Decisión impugnada, violando así el derecho de defensa de la demandante.

               3.

               Tercer motivo, en el que se alega un error de Derecho y un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión no llevó a cabo una valoración adecuada del contexto económico y jurídico a fin de concluir válidamente que existía un comportamiento constitutivo de infracción en razón de su objeto.

               4.

               Cuarto motivo, en el que se alegan vicios sustanciales de procedimiento, defecto de motivación, violación del derecho de defensa y error manifiesto de apreciación tanto de hecho como de Derecho en la medida en que la Comisión no identificó con suficiente precisión el alcance y los parámetros de la supuesta infracción del artículo 101 TFUE y de otras disposiciones pertinentes.

                           —

                           La demandante sostiene que la ampliación excesiva del concepto de infracción única y continuada ha difuminado irremediablemente el alcance de la infracción, haciendo imposible desentrañar su contenido.

               5.

               Quinto motivo, en el que se alega un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión no logró establecer una base probatoria fiable para sus conclusiones ni probar los hechos en que basaba sus conclusiones con arreglo a los criterios legalmente exigibles.

                           —

                           La demandante sostiene que la Decisión impugnada contiene errores de hecho y valoraciones erróneas en relación con los tres elementos que constituyen la supuesta infracción única y continuada (recargos por combustible, recargos por seguridad y pago de comisión sobre los recargos). Según la demandante, la Comisión ha utilizado abusivamente el concepto de infracción única y continuada como un concepto en el que todo cabe, destinado a permitirle presentar como «pruebas» una colección heterogénea de hechos y de contactos, que recoge comportamientos legales o irrelevantes.

               6.

               Sexto motivo, en el que se alega un error de Derecho en la medida en que la Comisión reivindicó erróneamente su competencia sobre una supuesta coordinación anticompetitiva en relación con los vuelos desde aeropuertos de terceros países a aeropuertos del EEE, incurriendo así en un error de Derecho, ya que tales actividades quedan fuera del ámbito territorial de aplicación del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE.

               7.

               Séptimo motivo, relativo a la pretensión de una revisión de la multa en virtud de la competencia jurisdiccional plena del Tribunal, en el que se alega un error manifiesto de apreciación y una violación del principio de proporcionalidad.

                           —

                           La demandante sostiene que la Comisión determinó incorrectamente el valor de las ventas al tener en cuenta erróneamente los vuelos de entrada y sobreestimó largamente la gravedad total de la supuesta infracción. En lo que respecta a la demandante, la Comisión valoró inadecuadamente la gravedad y la duración de la supuesta infracción y rechazó erróneamente las circunstancias atenuantes.