title: Asunto T-675/13: Sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016 — K Chimica/ECHA («REACH — Tasa debida por el registro de una sustancia — Reducción concedida a las microempresas, pequeñas y medianas empresas — Error en la declaración relativa al tamaño de la empresa — Recomendación 2003/361/CE — Decisión por la que se impone una tasa administrativa — Determinación del tamaño de una empresa — Poder de la ECHA»)

text:
               24.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 392/23

         Sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016 — K Chimica/ECHA
   (Asunto T-675/13) (1)

   ((«REACH - Tasa debida por el registro de una sustancia - Reducción concedida a las microempresas, pequeñas y medianas empresas - Error en la declaración relativa al tamaño de la empresa - Recomendación 2003/361/CE - Decisión por la que se impone una tasa administrativa - Determinación del tamaño de una empresa - Poder de la ECHA»))
   (2016/C 392/26)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: K Chimica Srl (Mirano, Italia) (representantes: R. Buizza y M. Rota, abogados)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (representantes: inicialmente M. Heikkilä, A. Iber y E. Bigi, E. Maurage y J.-P. Trnka, y posteriormente M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage y J.-P. Trnka, agentes, asistidos por C. García Molyneux, abogado)

      Objeto

   En primer lugar, una pretensión basada en el artículo 263 TFUE y dirigida a obtener la anulación de la Decisión SME(2013) 3665 de la ECHA, de 15 de octubre de 2013, con la que se determina que la demandante no ha aportado las pruebas necesarias para acogerse a la reducción de tasa prevista para las pequeñas empresas y le impone una tasa administrativa, en segundo lugar, una pretensión dirigida a que se reconozca a la demandante el estatuto de pequeña empresa y a que se le aplique la tasa correspondiente y, en tercer lugar, una petición basada en el artículo 263 TFUE y dirigida a obtener la anulación de facturas emitidas por la ECHA.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión SME(2013) 3665 de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), de 15 de octubre de 2013.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar a la ECHA a cargar con sus propias costas y con las de K Chimica Srl.

      (1)  DO C 45 de 15.2.2014.


title: Asunto C-210/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundesfinanzhof, de fecha 4 de abril de 2000, en el asunto entre Käserei Champignon Hofmeister GmbH & CO. KG y Hauptzollamt Hamburg-Jonas

text:
C 233/16                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        12.8.2000
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            2.   En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
lución del Bundesgerichtshof, de fecha 30 de marzo de                       ¿Puede interpretarse el artı́culo 11, apartado 1, tercer
2000, en el asunto entre Überseering B.V. y NCC Nordic                      párrafo, primer guión, del Reglamento (CEE) no 3665/87
      Construction Company Baumanagement GmbH                                en el sentido de que los datos falsos facilitados de
                                                                             buena fe por el solicitante de la restitución, basados en
                        (Asunto C-208/00)                                    información falsa del fabricante, constituyen, en princi-
                                                                             pio, un caso de fuerza mayor cuando aquél no podı́a
                         (2000/C 233/29)                                     reconocerlos como falsos o sólo podı́a mediante controles
                                                                             en la empresa de fabricación?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Bundesgerichtshof, dictada el 30 de marzo de
2000, en el asunto entre Überseering B.V. y NCC Nordic
Construction Company Baumanagement GmbH, y recibida en
la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 25 de mayo de 2000. El
Bundesgerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
1)    Los artı́culos 43 CE y 48 CE, ¿deben interpretarse en el
      sentido de que es contrario a la libertad de establecimiento
      de las sociedades el hecho de que la capacidad jurı́dica          Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2000 contra la
      y la capacidad procesal de una sociedad válidamente              República Helénica por la Comisión de las Comunidades
      constituida de conformidad con la legislación de un                                           Europeas
      Estado miembro se aprecien con arreglo al Derecho del
      Estado miembro en el que la sociedad ha fijado la sede
      efectiva de su administración, cuando de este último se                                (Asunto C-216/00)
      deriva que esa sociedad ya no puede invocar derechos
      contractuales ante los órganos jurisdiccionales de dicho
      Estado?
                                                                                (2000/C 233/31)
2)    En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
      ¿Exige la libertad de establecimiento de las sociedades           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      (artı́culos 43 CE y 48 CE) que la capacidad jurı́dica y la        presentado el 30 mayo de 2000 un recurso contra la República
      capacidad procesal se aprecien con arreglo al Derecho del         Helénica formulado por la Comisión de las Comunidades
      Estado de constitución de una sociedad?                          Europeas representada por los Sres. Richard Wainwright, Con-
                                                                        sejero Jurı́dico Principal del Servicio Jurı́dico de la Comisión, y
                                                                        Panagiotis Panagiatopoulos, experto de la administración
                                                                        nacional adscrito a dicho Servicio Jurı́dico, en calidad de
                                                                        Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                        despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
                                                                        Servicio Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Bundesfinanzhof, de fecha 4 de abril de 2000,
en el asunto entre Käserei Champignon Hofmeister GmbH
         & CO. KG y Hauptzollamt Hamburg-Jonas                          La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que:
                        (Asunto C-210/00)
                                                                        —    Declare que la República Helénica ha incumplido las
                         (2000/C 233/30)                                     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE,
                                                                             al no haber adoptado y, con carácter subsidiario, al no
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    haber comunicado a la Comisión, dentro del plazo
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 4 de abril de 2000,              nistrativas necesarias para dar pleno cumplimiento a lo
en el asunto entre Käserei Champignon Hofmeister GmbH &                      dispuesto en el artı́culo 3 de la Directiva 97/52/CE (1) del
Co. KG y Hauptzollamt Hamburg-Jonas, y recibida en la                        Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 26 de mayo de 2000. El               1997, por la que se modifican las Directivas 92/50/CEE,
Bundesfinanzhof solicita al Tribunal de Justicia que se pronun-              93/36/CEE y 93/37/CEE sobre coordinación de los proce-
cie sobre las siguiente cuestiones:                                          dimientos de adjudicación de los contratos públicos de
                                                                             servicios, de los contratos públicos de suministro y de los
1.    ¿Es válido el artı́culo 11, apartado 1, del Reglamento                contratos públicos de obras, respectivamente.
      (CEE) no 3665/87, en la medida en que también prevé
      una sanción cuando el exportador ha solicitado sin culpa
      propia una restitución a la exportación superior a la           —    Condene a la República Helénica al pago de las costas del
      aplicable?                                                             procedimiento.


title: Asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Verwaltungsgericht Wiesbaden — Alemania) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)/Land Hessen (Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Publicación de información sobre los beneficiarios de ayudas agrícolas — Validez de las disposiciones del Derecho de la Unión que establecen dicha publicación y determinan sus modalidades — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 8 — Directiva 95/46/CE — Interpretación de los artículos 18 y 20)

text:
               15.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Verwaltungsgericht Wiesbaden — Alemania) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)/Land Hessen
   (Asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09) (1)

   (Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales - Publicación de información sobre los beneficiarios de ayudas agrícolas - Validez de las disposiciones del Derecho de la Unión que establecen dicha publicación y determinan sus modalidades - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 7 y 8 - Directiva 95/46/CE - Interpretación de los artículos 18 y 20)
   2011/C 13/09
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Wiesbaden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)

      Demandada: Land Hessen

      En el que participa: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgericht Wiesbaden (Alemania) — Validez del artículo 42, punto 8 ter, y del artículo 44 bis del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 209, p. 1); del Reglamento (CE) no 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la publicación de información sobre los beneficiarios de fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO L 76, p. 28) y de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105, p. 54) — Interpretación de los artículos 7, 18, apartado 2, segundo guión, y 20 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31) — Tratamiento de los datos de carácter personal de los beneficiarios de fondos agrícolas europeos consistente en la publicación de dichos datos en un sitio de Internet dotado de una herramienta de búsqueda — Validez, a la luz del derecho a la protección de los datos de carácter personal, de las disposiciones del Derecho comunitario que prevén dicha publicación y que fijan las disposiciones de aplicación de ésta — Condiciones en las que dicha publicación puede ser efectuada.

      Fallo

               1)

               Los artículos 42, punto 8 ter, y 44 bis del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1437/2007 del Consejo, de 26 de noviembre de 2007, y el Reglamento (CE) no 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 en lo que se refiere a la publicación de información sobre los beneficiarios de fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), son inválidos en la medida en que obligan, por lo que respecta a las personas físicas beneficiarias de ayudas del FEAGA y del Feader, a publicar datos de carácter personal de todos los beneficiarios, sin establecer distinciones en función de criterios pertinentes, tales como los períodos durante los cuales dichas personas han percibido estas ayudas, su frecuencia o, incluso, el tipo y magnitud de las mismas.

               2)

               La invalidez de las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el punto 1 del fallo no permite impugnar los efectos de las publicaciones de las listas de beneficiarios de ayudas del FEAGA y del Feader llevadas a cabo por las autoridades nacionales, en virtud de dichas disposiciones, en el período anterior a la fecha de pronunciamiento de la presente sentencia.

               3)

               El artículo 18, apartado 2, segundo guión, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que no impone al encargado de la protección de los datos personales la obligación de llevar el registro contemplado en esta disposición con anterioridad a la realización de un tratamiento de datos personales, como el regulado por los artículos 42, punto 8 ter, y 44 bis del Reglamento no 1290/2005, en su versión modificada por el Reglamento no 1437/2007, y por el Reglamento no 259/2008.

               4)

               El artículo 20 de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que no impone a los Estados miembros la obligación de someter a los controles previos contemplados en dicha disposición la publicación de informaciones regulada por los artículos 42, punto 8 ter, y 44 bis del Reglamento no 1290/2005, en su versión modificada por el Reglamento no 1437/2007, y por el Reglamento no 259/2008.

      (1)  DO C 129, de 6.6.2009.

      DO C 119, de 16.5.2009.


title: Asunto T-43/08: Auto del Tribunal General de 11 de mayo de 2010 — Shetland Islands Council/Comisión

text:
               3.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/57

         Auto del Tribunal General de 11 de mayo de 2010 — Shetland Islands Council/Comisión
   (Asunto T-43/08) (1)

   2010/C 179/97

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 92, de 12.4.2008.


title: Asunto T-200/11: Recurso interpuesto el 1 de abril de 2011 — El-Materi/Consejo

text:
               28.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 160/23

         Recurso interpuesto el 1 de abril de 2011 — El-Materi/Consejo
   (Asunto T-200/11)
   2011/C 160/38
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Fahd Mohamed Sakher Ben Mohamed El-Materi (Doha, Qatar) (representantes: M. Lester, Barrister y G. Martin, Solicitor)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de Ejecución 2011/79/PESC del Consejo, de 4 de febrero de 2011, por la que se aplica la Decisión 2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez (DO L 31, p. 40) y el Reglamento (UE) no 101/2011 del Consejo, de 4 de febrero de 2011, relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Túnez (DO L 31, p. 1), en la medida en que se aplica al demandante.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en el incumplimiento del criterio para incluir al demandante en el anexo de la Decisión de Ejecución 2011/79/PESC, dado que:

                           —

                           La única razón que permite incluir al demandante en el mencionado anexo sería que éste cumpliera el criterio establecido en el artículo 1 de la Decisión 2011/72/PESC del Consejo (1) a saber si fuera una de las personas «responsables de malversación de fondos públicos tunecinos» o una de las personas asociadas a aquéllas, dado que, como explica el considerando 2, dichas personas «privan por tal motivo al pueblo de Túnez de las ventajas del desarrollo sostenible de su economía y de su sociedad y menoscaban el desarrollo de la democracia en ese país».

               2)

               Segundo motivo, basado en que el Consejo vulneró los derechos de defensa del demandante y el derecho a la protección judicial efectiva, dado que:

                           —

                           Las medidas restrictivas no establecen ningún procedimiento para comunicar al demandante las pruebas en las que se fundamenta la decisión de congelar sus activos, o que le permitan formular observaciones acerca de dicha prueba.

                           —

                           Las razones alegadas en la Decisión impugnada contienen una referencia general, vaga e infundada a una investigación judicial.

                           —

                           El Consejo no ha facilitado al demandante la información suficiente que le permita dar a conocer efectivamente su punto de vista en su contestación, por lo que el Tribunal no puede analizar si la Decisión y la valoración del Consejo eran fundadas y se basaban en pruebas concluyentes.

               3)

               Tercer motivo, basado en que el Consejo no dio al demandante razones suficientes que justifiquen su inclusión en las medidas impugnadas, incumpliendo de esa manera su obligación de motivar de un modo claro las razones reales y específicas en las que basa su decisión, incluidas las razones concretas que le llevaron a considerar que el demandante era responsable de la malversación de fondos públicos tunecinos.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que el Consejo vulneró, de modo injustificado y desproporcionado, el derecho del demandante a la propiedad y a la gestión de sus bienes, ya que:

                           —

                           Las medidas de congelación de activos tienen un impacto a largo plazo en sus derechos fundamentales.

                           —

                           No se justifica que se apliquen al demandante.

                           —

                           El Consejo no ha demostrado que la congelación total de activos sea el medio menos oneroso de garantizar dicho objetivo, ni tampoco que el perjuicio significativo que ocasiona al demandante sea justificado y proporcionado.

               5)

               Quinto motivo, basado en que el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación al decidir aplicar al demandante dichas medidas restrictivas, ya que el Consejo no había llevado a cabo ninguna valoración por lo que atañe al demandante o, si se llevó a cabo dicha valoración, el Consejo incurrió en error al llegar a la conclusión de que estaba justificado incluir al demandante en las medidas restrictivas.

      (1)  Decisión 2011/72/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2011, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez (DO L 28, p. 62).


title: Asunto C-378/03: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado — Recursos propios de las Comunidades — Pagos fraccionados por parte del deudor — Cobro)

text:
               2.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-378/03) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Recursos propios de las Comunidades - Pagos fraccionados por parte del deudor - Cobro)
   (2006/C 294/04)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Giolito y G. Wilms, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica (representantes: A. Goldman, E. Dominkovits y M. Wimmer, agentes, y B. van de Walle de Ghelcke, avocat)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Artículos 6, 10 y 11 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1) — Consignación de los recursos propios fuera de plazo en el supuesto de pagos escalonados por parte del deudor — Derechos de importación
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 10 y 11 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, el cual derogó y sustituyó, a partir del 31 de mayo de 2000, al Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, cuyo objeto es idéntico, por haber consignado los recursos propios fuera de plazo en un supuesto de pagos fraccionados por parte del deudor.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 264, de 1.11.2003.


title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 24 de mayo de 2000 en el asunto T-72/00 R: Steffen Skovmand contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Procedimiento sobre medidas provisionales — Decisión de cambio de destino — Fumus boni juris — Urgencia — Inexistencia")

text:
12.8.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 233/29
do de Padua, que designa como domicilio en Luxemburgo el                  Recurso interpuesto el 23 de mayo de 2000 contra la
despacho de Me A. Lorang, 51, rue Albert 1er, contra Defensor             Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
del Pueblo europeo (Agente: Sr. G. Grill), y Parlamento Europeo                 dibujos y modelos) por Erpo Möbelwerk GmbH
(Agentes: Sres. H. Krück y A. Caiola), que tiene por objeto un
recurso por el que se solicita que se declare que el Defensor del
Pueblo y, en su caso, el Parlamento se abstuvieron ilegalmente                                   (Asunto T-138/00)
de declarar un caso de mala administración en la actuación de
la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera),
integrado por los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente; M. Vilaras y                                   (2000/C 233/55)
N. Forwood, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 22 de
mayo de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:
1)    Se declara la inadmisibilidad del recurso.
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
(1) DO C 204 de 17.7.99.                                                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 23 de mayo de 2000 un recurso
                                                                          contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                          (marcas, dibujos y modelos) formulado por Erpo Möbelwerk
                                                                          GmbH, Ertingen (RFA), representada por el Abogado Stephan
                                                                          v. Petersdorff-Campen, del bufete von Rospatt, von der Osten,
                                                                          Pross, de Düseldorf.
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA
                              INSTANCIA
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                      de 24 de mayo de 2000
                                                                          —     Anule la resolución R 392/1999-3 de la Sala Tercera de
en el asunto T-72/00 R: Steffen Skovmand contra Comi-
                                                                                Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado
              sión de las Comunidades Europeas
                                                                                Interior, de 23 de marzo de 2000, en la medida en que
                                                                                desestima el recurso.
(«Procedimiento sobre medidas provisionales — Decisión de
cambio de destino — Fumus boni juris — Urgencia —
                             Inexistencia»)                               —     Condene en costas a la demandada.
                           (2000/C 233/54)
                  (Lengua de procedimiento: francés)                      Motivos y principales alegaciones
En el asunto T-72/00 R, Steffen Skovmand, funcionario de la
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                   Marca objeto de la solici-     Marca denominativa «DAS PRIN-
Bucarest (Rumanı́a), representado por Me G. Vandersanden,                 tud:                           ZIP DER BEQUEMLICHKEIT» So-
Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem-                                                licitud nº 806620
burgo el despacho de Société de gestion fiduciaire, 2-4, rue
Beck, contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes:              Producto o servicio:           Productos de las clases 12 y 20
Sr. G. Valsesia y Sra. F. Clotuche-Duvieusart), que tiene por                                            (entre otros, aparatos de locomo-
objeto un recurso por el que se solicita, por un lado, con                                               ción terrestre y muebles)
carácter provisional, el acceso al expediente del Comité de
dirección del servicio exterior de la Comisión o, al menos, que
la Comisión aporte todos los informes, escritos y demás                 Resolución recurrida an-      Denegación del registro por parte
documentos relativos al demandante y, por otro lado, la                   te la Sala de Recurso:         del examinador
suspensión de la ejecución de la decisión del citado Comité de
28 de enero de 2000 por la que se acordaba el cambio de                   Motivos invocados:             — Aplicación incorrecta del
destino del demandante a la Dirección General del Mercado                                                    artı́culo 7, apartado 1, letra b),
Interior, de Bruselas, el Presidente del Tribunal de Primera                                                  del Reglamento (CE) no 40/94;
Instancia ha dictado el 24 de mayo de 2000 un auto resolvien-
                                                                                — Aplicación incorrecta del
do lo siguiente:
                                                                                artı́culo 7, apartado1, letra c),
1.    Se desestima la demanda de medidas provisionales.                                                       del Reglamento (CE) no 40/94.
2.    Se reserva la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-41/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 28 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado — Seguro directo distinto del seguro de vida — Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE — Mutuas que operan en el mercado del seguro de enfermedad complementario — Adaptación incorrecta o incompleta del Derecho interno)

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/21

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 28 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-41/10) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Seguro directo distinto del seguro de vida - Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE - Mutuas que operan en el mercado del seguro de enfermedad complementario - Adaptación incorrecta o incompleta del Derecho interno)
   2010/C 346/34
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Rozet y N. Yerrell, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica (representantes: M. Jacobs y L. Van den Broeck, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Adaptación incorrecta e incompleta del Derecho interno a los artículos 6, 8, 15, 16 y 17 de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (DO L 228, p. 3; EE 06/01, p. 143), así como a los artículos 20, 21 y 22 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1; EE 06/01, p. 143).

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 6, 8, 15, 16 y 17 de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, en su versión modificada por la Directiva 2002/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de marzo de 2002, y de los artículos 20 a 22 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, del 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), al adaptar de manera incorrecta e incompleta su Derecho interno a la Primera Directiva 73/239, en su versión modificada por la Directiva 2002/13.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 80, de 27.3.2010.


title: Asunto T-70/08: Recurso interpuesto el 12 de febrero de 2008 — Axis AB/OAMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)

text:
               26.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 107/31

         Recurso interpuesto el 12 de febrero de 2008 — Axis AB/OAMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)
   (Asunto T-70/08)
   (2008/C 107/52)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: Axis AB (Lund, Suecia) (representante: J. Norderyd, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Etra Investigación y Desarrollo, S.A. (Valencia, España)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 27 de noviembre de 2007 dictada en el asunto R 334/2007-2.

               —

               Que se condene a la OAMI al pago de las costas.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Axis AB

      Marca comunitaria solicitada: marca denominativa comunitaria «ETRAX» para bienes y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 — solicitud no 3.890.291

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Etra Investigación y Desarrollo, S.A.

      Marca o signo invocados en oposición: marcas figurativas nacionales que contienen el elemento verbal «ETRA» y las letras «I» y «D» unidas por el signo «+» para bienes y servicios comprendidos en las clases 9 y 42

      Resolución de la División de Oposición: desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: estimación de la oposición y anulación de la Resolución impugnada

      Motivos invocados: infracción de la regla 49 del Reglamento (CE) no 2868/95 (1) e infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo.
   La demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el recurso había sido interpuesto con arreglo a la regla 49, apartado 1, del Reglamento 2868/95 que establece que la Sala de Recurso debe rechazar el recurso como inadmisible si no cumple los requisitos establecidos en los artículos 57, 58 y 59 del Reglamento no 40/94 y en la regla 48, apartado 1, letra c), del Reglamento no 2868/95. Además, la demandante alega que dado que la deficiencia lingüística no fue subsanada por el oponente antes de la expiración del plazo para interponer recurso, a saber, el 12 de febrero de 2007, la Sala de Recurso supuestamente infringió la regla 49, apartados 1 y 2, del Reglamento 2868/95.

      (1)  Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1).


title: Asunto T-126/15: Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2015 — El Corte Inglés/OAMI — Grup Supeco Maxor (Supeco)

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/34

         Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2015 — El Corte Inglés/OAMI — Grup Supeco Maxor (Supeco)
   (Asunto T-126/15)
   (2015/C 155/40)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: El Corte Inglés, SA (Madrid, España) (representante: J. L. Rivas Zurdo, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Grup Supeco Maxor, SL (Madrid, España)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante de la marca controvertida: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa que incluye el elemento denominativo «Supeco» — Solicitud de registro no 10 884 741

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 4 de diciembre de 2014 en el asunto R 1112/2014-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la decisión de fecha de 4 de diciembre de 2014 de la Quinta Sala de Recursos de la OAMI en el asunto R 1112/2014-5, en cuanto que al estimar parcialmente el recurso del solicitante revoca la resolución de la División de Oposición, de estimación parcial de la oposición B 2 0 54  040 y de denegación de parte de la marca comunitaria no 10 884 741 «Supeco» (figurativa); y

               —

               condene en costas a la parte o partes contrarias que se opongan a este recurso.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-269/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie (Bélgica) el 8 de junio de 2015 — Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad; otra parte en el procedimiento: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

text:
               7.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/26

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie (Bélgica) el 8 de junio de 2015 — Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad; otra parte en el procedimiento: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
   (Asunto C-269/15)
   (2015/C 294/32)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hof van Cassatie

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Rijksdienst voor Pensioenen

      Demandada: Willem Hoogstad;

      Otra parte en el procedimiento: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971 (1), relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en el sentido de que se opone a que se perciba una cotización —tal como la retención practicada de conformidad con el artículo 191, apartado 1, número 7, de la Ley relativa al seguro obligatorio de asistencia sanitaria y prestaciones sociales armonizada el 14 de julio de 1994, y la contribución de solidaridad adeudada en virtud del artículo 68 de la Ley de 30 de marzo de 1994 sobre disposiciones sociales— sobre prestaciones de regímenes complementarios de pensiones belgas que no constituyen legislación en el sentido del artículo 1, letra j), párrafo primero, de dicho Reglamento, en el caso de que dichas prestaciones se adeuden a un beneficiario no residente en Bélgica que está sometido, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, letra f), de dicho Reglamento, al régimen de seguridad social del Estado miembro en que reside?

      (1)  DO L 149, p. 2.


title: Asunto C-384/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Bélgica) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgische Staat (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Artículo 63 TFUE — Normativa fiscal — Distribución de dividendos — Retención en origen — Medidas para evitar o atenuar la imposición en cadena — Diferencia de trato de las sociedades beneficiarias residentes y las sociedades beneficiarias no residentes)

text:
               24.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 366/19

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Bélgica) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgische Staat
   (Asunto C-384/11) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Artículo 63 TFUE - Normativa fiscal - Distribución de dividendos - Retención en origen - Medidas para evitar o atenuar la imposición en cadena - Diferencia de trato de las sociedades beneficiarias residentes y las sociedades beneficiarias no residentes)
   2012/C 366/32
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Tate & Lyle Investments Ltd

      Demandada: Belgische Staat

      En el que interviene: Syral Belgium NV

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interpretación del artículo 63 TFUE — Restricciones a la libre circulación de capitales — Normativa fiscal — Impuesto sobre sociedades — Tributación de los dividendos — Normativa nacional que establece una retención en el origen del 10 % sobre los dividendos distribuidos por sociedades residentes, así como sobre los rendimientos asimilados — Imputación del importe de dicha retención al impuesto de sociedades posible tan sólo para las sociedades residentes.

      Fallo

   El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que somete a una retención en el origen los dividendos distribuidos por una sociedad residente entre las sociedades beneficiarias residentes y no residentes que poseen en el capital de esa sociedad que distribuye dividendos una participación inferior al 10 %, pero cuyo valor de adquisición sea de al menos 1 200 000 euros, previendo únicamente para las sociedades beneficiarias residentes un mecanismo que permite atenuar la imposición en cadena. Cuando un Estado miembro invoca un convenio para evitar la doble imposición celebrado con otro Estado miembro, corresponde al órgano judicial nacional determinar si debe tenerse en cuenta ese convenio en el litigio de que conoce, y, en su caso, comprobar si éste permite neutralizar los efectos de la restricción a la libre circulación de capitales.

      (1)  DO C 282, de 24.9.2011.


title: Nombramiento del Secretario

text:
               20.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 317/4

         Nombramiento del Secretario
   2010/C 317/08
   Mediante escrito de 11 de junio de 2010, el Sr. Roger Grass, Secretario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitó que se pusiera fin a su mandato a partir del 7 de octubre de 2010.
   En su reunión general de 14 de septiembre de 2010, el Tribunal de Justicia nombró Secretario al Sr. Alfredo Calot Escobar, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de Procedimiento, para el período comprendido entre el 7 de octubre de 2010 y el 6 de octubre de 2016.
   El Sr. Calot Escobar ha prestado el juramento previsto en el artículo 10 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en audiencia solemne de 6 de octubre de 2010.


title: Asunto T-533/10: Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2010 — DTS Distribuidora de Televisión Digital/Comisión

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/44

         Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2010 — DTS Distribuidora de Televisión Digital/Comisión
   (Asunto T-533/10)
   ()
   2011/C 30/80
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Tres Cantos, Madrid, España) (representantes: H. Brokelmann, abogado, y M. Ganino, abogada)

      Demandada: Comisión europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión C(2010) 4925 final de la Comisión de 20 de julio de 2010, y

               —

               que se condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante en el presente procedimiento, un operador de televisión de pago por satélite, se opone a la Decisión C(2010) 4925 final de la Comisión, de 20 de julio 2010, «relativa al régimen de ayudas no C 38/2009 (ex NN 58/2009), que España tiene previsto ejecutar a favor de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE)», que ha declarado dicho régimen, en su versión modificada por la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, compatible con el mercado común sin necesidad de analizar los medios de financiación del mismo.
   Según la demandante la Comisión no podía autorizar el referido régimen de ayudas sin analizar los medios de financiación introducidos por la Ley apenas mencionada y, en concreto, el impuesto del 1,5 % sobre los ingresos brutos de explotación de los prestadores de servicios de televisión de pago.
   En apoyo de sus pretensiones la demandante alega los siguientes motivos:

               —

               Error de Derecho al autorizar la Comisión la ayuda objeto del litigio sin analizar su modo de financiación. Se afirma a este respecto que, según una jurisprudencia constante, el examen de una ayuda no puede separarse del examen de su medio de financiación si éste forma parte integrante de la ayuda, y que, por lo que respecta al caso de autos, el impuesto del 1,5 % sobre los ingresos brutos de explotación de los prestadores del servicio de televisión de pago forma parte integrante del régimen de ayudas, razón por la cuál la Comisión hubiera debido analizarlo junto con la ayuda.

               —

               Violación del artículo 106, apartado 2 TFUE, por haber autorizado la Comisión un régimen de ayudas que no respeta el principio de proporcionalidad, por suponer los impuestos que lo financian una grave distorsión de la competencia, en los mercados de adquisición de contenidos y en el descendente de los telespectadores, de manera contraria al interés común.

               —

               Violación de los artículos 49 y 63 TFUE. Para la demandante, la Comisión ha infringido estas disposiciones, en la medida en que el modo de financiación de la ayuda autorizada restringe la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, al hacer menos atractivo el ejercicio de estas libertades por los operadores de televisión de pago y otros inversores establecidos en otros Estados miembros.


title: Asunto C-444/06: Recurso interpuesto el 26 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/36

         Recurso interpuesto el 26 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-444/06)
   (2006/C 326/76)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: X. Lewis, agente, C. Fernandez Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, abogados)

      Demandada: Reino de España
   Pretensiones

               —

               Que se declare que el Reino de España, al no prever un plazo obligatorio para que el poder adjudicador notifique la decisión de adjudicación a todos los licitadores, no prever un plazo de espera obligatorio entre la adjudicación del contrato y su celebración y al permitir que un contrato anulado continúe produciendo efectos jurídicos, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, apartado 1, letras (a) y (b) de la Directiva 89/665/CEE (1) del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras.

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión considera que la normativa española relativa a los recursos en materia de contratos públicos no es conforme a la directiva 89/665 según la interpretación dada por el Tribunal en la sentencia de 28 de octubre de 1999, Alcatel Austria y otros, C-81/98, Rec. p. I-7671.
   En particular la legislación española:
   No prevé un plazo obligatorio para que el poder adjudicador notifique la decisión de adjudicación a todos los licitadores,
   no prevé un plazo de espera obligatorio entre la adjudicación del contrato y su celebración y,
   permite que un contrato anulado continúe produciendo efectos jurídicos.

      (1)  DO L 395, p. 33.


title: Asunto T-109/12: Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2012 — España/Comisión

text:
               28.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 126/23

         Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2012 — España/Comisión
   (Asunto T-109/12)
   2012/C 126/44
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Reino de España (representante: A. Rubio González)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anular la Decisión de la Comisión C(2011) 9992, de 22 de diciembre de 2011, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión concedida a los siguientes proyectos: «Actuaciones a ejecutar dentro del desarrollo de la 2a fase del Plan director de gestión de residuos sólidos urbanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura» (CCI no 2000.ES.16.C.PE.020); Emisarios: «Cuenca media Getafe y Cuenca baja del Arroyo Culebro (Cuenca del Tajo-Saneamiento)» (CCI no 2002.ES.16.C.PE.002); «Reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes en Santa Cruz de Tenerife» (CCI no 2003.ES.16.C.PE.003) y «Asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de ampliación y abastecimiento de agua de la Mancomunidad de Algodor» (CCI no 2002.ES.16.C.PE.040);

               —

               Condenar en costas a la institución demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción del apartado 3 del artículo 18 del Reglamento (CE) no 1386/2002 de la Comisión, de 29 de julio de 2002, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control y el procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo al Fondo de Cohesión (1), al haber trascurrido más de tres meses entre la celebración de la audiencia y la decisión.

               2)

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo H del Anexo II del Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de Cohesión (2), por acudir al procedimiento previsto en el mismo sin haber efectuado las verificaciones necesarias.

               3)

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo H del Anexo II del Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de Cohesión, por falta de comprobaciones que desvirtúen las declaraciones a término de proyecto.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo H del Anexo II del Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de Cohesión, por no constar acreditada la existencia de irregularidades.

               5)

               Quinto motivo, basado en el desconocimiento del principio de confianza legítima, en relación con el Proyecto CCI no 2000.ES. 16.C PE.020, en la medida en que la Comisión ha utilizado, respecto del mismo, criterios contenidos en un documento (Las orientaciones sobre las correcciones financieras relativas a los contratos públicos, presentadas a los Estados miembros en la reunión del Comité de Coordinación de los Fondos de 28 de noviembre de 2007) que no se había hecho público en el momento en que las autoridades españolas presentaron la documentación del saldo, sino 29 meses después.

      (1)  DO L 201, p. 5.

      (2)  DO L 130, p. 3; modificado por Reglamento (CE) no 1264/19999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, DO L 161, p. 57.


title: Asunto C-25/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Commissione Tributaria Regionale di Venezia — Sezione n° 31, de fecha 9 de diciembre de 1999, en el asunto entre Ufficio delle Entrate di Venezia 2 y Hotel Plaza SpA

text:
C 102/12              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              8.4.2000
Recurso de casación interpuesto el 27 de enero de 2000                Motivos y principales alegaciones
por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia
dictada el 1 de diciembre de 1999 por la Sala Segunda                  Según los pronunciamientos de la sentencia recurrida en
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   casación, el Consejo tuvo un éxito completo en su defensa
Europeas en los asuntos acumulados T-125/96, Boehringer                contra todas las pretensiones que se habı́an formulado contra
Ingelheim Vetmedica GmbH y C.H. Boehringer Sohn Ltd,                   él ante el Tribunal de Primera Instancia, a saber, la pretensión
apoyadas por Fédération européenne de la Santé animale                 de anulación parcial de la Directiva 96/22/CE (3) del Consejo y
(FEDESA) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del               la pretensión de reparación del daño supuestamente sufrido
Norte, contra el Consejo de la Unión Europea, apoyado                 como consecuencia de la adopción de dicha Directiva, en el
por Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector                   asunto T-125/96, y la alegación de ilegalidad formulada en el
(SKV) y la Comisión de las Comunidades Europeas,                      contexto de la pretensión de anulación parcial del Reglamento
y T-152/96, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH y                      1312/96 (4) de la Comisión, en el asunto T-152/96.
C. H. Boehringer Sohn Ltd, apoyadas por Fédération euro-
péenne de la Santé animale (FEDESA), contra Comisión
de las Comunidades Europeas, apoyada por Stichting                     No obstante, a pesar del aparente éxito de su recurso, el
Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) y el Con-                 Consejo interpone el presente recurso de casación contra la
                   sejo de la Unión Europea                           sentencia dictada en el asunto T-125/96 porque considera que
                                                                       el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho
                                                                       fundamental al abstenerse de examinar adecuadamente la
                                                                       excepción de inadmisibilidad del Consejo. A juicio del Consejo,
                      (Asunto C-23/00 P)                               cuando el Tribunal se abstiene de pronunciarse en primer lugar
                                                                       sobre la legitimación de una persona fı́sica o jurı́dica para
                                                                       interponer recurso contra una Directiva, antes de entrar a
                                                                       considerar el fondo del asunto, vulnera la letra y el espı́ritu
                        (2000/C 102/19)                                del artı́culo 230 CE, párrafo cuarto, y contradice su propia
                                                                       jurisprudencia.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           (1) DO C 318, de 26.10.96, p. 15.
presentado el 27 de enero de 2000 un recurso de casación              (2) DO C 354, de 23.11.96, p. 32.
                                                                       (3) De 29 de abril de 1996, por la que se prohı́be utilizar determinadas
formulado por el Consejo de la Unión Europea, representado                sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonis-
por la Sra. Moyra Sims-Robertson y el Sr. Ignacio Dı́ez Parra,             tas en la crı́a de ganado y por la que se derogan las Directivas
Consejeros Jurı́dicos, en calidad de Agentes, que designa como             81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE (DO L 125, 23.05.96,
domicilio en Luxemburgo en despacho del Sr. Alessandro                     p. 3).
Morbilli, Director de Asuntos Jurı́dicos del Banco Europeo de          (4) De 8 de julio de 1996, por el que se modifica el Anexo III del
Inversiones, 100 boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,                     Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que se establece
contra la sentencia dictada el 1 de diciembre de 1999 por                  un procedimiento comunitario de fijación de los lı́mites máximos
la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las                   de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de
Comunidades Europeas en los asuntos acumulados                             origen animal (DO L 170, 09.07.96, p. 8).
T-125/96 (1), Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH y
C.H. Boehringer Sohn, apoyadas por Fédération européenne
de la Santé animale (FEDESA) y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, contra el Consejo de la Unión
Europea, apoyado por Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalve-
rensector (SKV) y la Comisión de las Comunidades Europeas,
y T-152/96 (2), Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH y                  Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
C. H. Boehringer Sohn Ltd, apoyadas por Fédération euro-               lución de la Commissione Tributaria Regionale di Venezia
péenne de la Santé animale (FEDESA), contra Comisión de las           — Sezione no 31, de fecha 9 de diciembre de 1999, en el
Comunidades Europeas, apoyada por Stichting Kwaliteitsga-              asunto entre Ufficio delle Entrate di Venezia 2 y Hotel
rantie Vleeskalverensector (SKV) y el Consejo de la Unión                                          Plaza SpA
Europea.
                                                                                (Asunto C-25/00)
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:                                        (2000/C 102/20)
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
— Se pronuncie sobre la excepción de inadmisibilidad pro-             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
    puesta por el Consejo en el asunto T-125/96.                       resolución de la Commissione Tributaria Regionale di Venezia
                                                                       — Sezione 31 dictada el 9 de diciembre de 1999, en el asunto
                                                                       entre Ufficio delle Entrate di Venezia 2 y Hotel Plaza SpA y
— Anule la parte de la sentencia recurrida en la que el                recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 28 de enero
    Tribunal de Primera Instancia declara que no resulta               de 2000. La Commissione Tributaria Regionale di Venezia —
    necesario pronunciarse sobre la excepción de inadmisibili-        Sezione 31 solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
    dad propuesta por el Consejo.                                      sobre las siguientes cuestiones:
 ---pagebreak--- 8.4.2000                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 102/13
a) ¿Es compatible con el ordenamiento jurı́dico comunitario               mento, pero las aeronaves en las que se hayan sustituido
     y con la Directiva 69/335/CEE (1) un impuesto directo                totalmente los motores por motores con una relación de
     extraordinario que se devenga cada cierto tiempo (0,75 %             dilución inferior a 3 están sometidas a dichas prohibiciones,
     al año; Decreto-ley no 394/92, convalidado mediante la              teniendo especialmente en cuenta:
     Ley no 461/92, prorrogado en virtud del Decreto-ley
     no 564/94, convalidado mediante la Ley no 656/94 y                   (i) la obligación de motivación con arreglo al artı́culo 253 del
     prorrogado, en último lugar, mediante la Ley no 549/95)?                  Tratado CE;
                                                                          (ii) el principio general de proporcionalidad y
b) ¿Es conforme a Derecho someter al impuesto sobre el
     patrimonio el capital, según se determina en el artı́-              (iii) los derechos que pueden deducir los particulares del
     culo 2424 del c.c. (2) tras la modificación operada por el                Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y del
     artı́culo 5 del Decreto legislativo no 127/91 «Pasivo/A)                   Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio?
     Patrimonio neto/I Capital», ya sujeto al impuesto inicial
     sobre aportaciones con arreglo al DPR no 131/86, habida
     cuenta del criterio teleológico, cuya prioridad con respecto        (1) Relativo a la matriculación y utilización dentro de la Comunidad
     a los criterios literal y sistemático ha sido constantemente             de determinados tipos de aeronaves de reacción subsónicas civiles
     reiterada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las            modificadas y con certificado renovado para ajustarse a las normas
     Comunidades Europeas?                                                     del anexo 16 del Convenio sobre aviación civil internacional,
                                                                               volumen I, parte II, capı́tulo 3, tercera edición (julio 1993) (DO
                                                                               L 115, p. 1; Rectificación publicada en DO L 120, p. 47).
(1) Directiva del Consejo de 17 de julio de 1969 (DO L 269, de
    28.10.1969, p. 12).
(2) Se trata de la indicación de algunos elementos de la situación
    patrimonial que figura en el art. 2424 del Código Civil.
                                                                          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                          lución del Oberste Gerichtshof der Republik Österreich,
                                                                          de fecha 14 de diciembre de 1999, en el asunto entre
                                                                          Liselotte Kauer y Pensionsversicherungsanstalt der
                                                                                Angestellten
                                                                                (Asunto C-28/00)
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución de la High Court of Justice (England & Wales),                                                (2000/C 102/22)
Queen’s Bench Division (Crown Office), de fecha 21 de
diciembre de 1999, en el asunto entre The Queen y
                                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Secretary of State for the Environment, Transport and
                                                                          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
           the Regions, ex parte, Omega Air Limited
                                                                          resolución del Oberste Gerichtshof der Republik Österreich,
                                                                          dictada el 14 de diciembre de 1999, en el asunto entre Liselotte
                          (Asunto C-27/00)                                Kauer y Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, y reci-
                                                                          bida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 1 de febrero de
                                                                          2000. El Oberste Gerichtshof der Republik Österreich solicita
                           (2000/C 102/21)                                al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
                                                                          cuestión:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante             «El artı́culo 94, apartados 1 a 3, del Reglamento (CEE)
resolución de la High Court of Justice (England and Wales),              no 1408/71, de 14 de junio de 1971 (1), relativo a la aplicación
Queen’s Bench Division (Crown Office), dictada el 21 de                   de los regı́menes de Seguridad Social a los trabajadores por
diciembre de 1999, en el asunto entre The Queen y Secretary               cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los
of State for the Environment, Transport and the Regions ex                miembros de sus familias que se desplazan dentro de la
parte, Omega Air Limited, y recibida en la Secretarı́a del                Comunidad, en la versión modificada y actualizada mediante
Tribunal de Justicia el 31 de enero de 2000. La High Court of             el Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo de 2 de junio de
Justice solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la        1983 (2), modificado por el Reglamento (CEE) no 1249/92 del
siguiente cuestión:                                                      Consejo de 30 de abril de 1992 (3), ¿debe interpretarse en el
                                                                          sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud
                                                                          de la cual los perı́odos de crianza de hijos en el territorio
¿Es inválido el artı́culo 2, apartado 2, del Reglamento (CE)             nacional se consideran perı́odos asimilados a efectos del seguro
no 925/1999 (1) del Consejo, en la medida en que define las               de pensión, mientras que los perı́odos de crianza de hijos en
«aeronaves de reacción subsónicas civiles con certificado               un Estado miembro del Acuerdo sobre el Espacio Económico
renovado» de forma tal que las aeronaves modificadas con                  Europeo (en el presente caso, Bélgica) únicamente se conside-
«motores con una relación de dilución igual o superior a 3» no          ran como tales en el caso de que sean posteriores en la entrada
están sometidas a la prohibiciones impuestas por el Regla-               en vigor de dicho Acuerdo (el 1 de enero de 1994), y además


title: Asunto C-234/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 14 de mayo de 2012 — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

text:
               21.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/11

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 14 de mayo de 2012 — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
   (Asunto C-234/12)
   2012/C 217/23
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sky Italia Srl

      Demandada: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el artículo 4 de la Directiva 2010/13/UE, (1) el principio general de igualdad y las normas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de libre circulación de servicios, de derecho de establecimiento y de libre circulación de capitales, en el sentido de que se oponen al régimen establecido en el artículo 38, apartado 5, del Decreto Legislativo no 177/2005, el cual establece límites horarios de emisión de anuncios para los organismos de radiodifusión televisiva de pago inferiores a los establecidos para los organismos de radiodifusión en abierto?

               2)

               ¿Se opone el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, interpretado a la luz del artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular el principio de pluralismo de la información, al régimen contenido en el artículo 38, apartado 5, del Decreto Legislativo no 177/2005, el cual establece límites horarios de emisión de anuncios para los organismos de radiodifusión televisiva de pago inferiores a los establecidos para los organismos de radiodifusión en abierto introduciendo una distorsión de la competencia y favoreciendo la creación, o bien el reforzamiento, de posiciones de dominio en el mercado de la publicidad televisiva?

      (1)  DO L 95, p. 1.


title: Asunto C-236/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 12 de mayo de 2010 — Sophie Jeanjean/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidación

text:
               31.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Luxemburgo) el 12 de mayo de 2010 — Sophie Jeanjean/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidación
   (Asunto C-236/10)
   ()
   2010/C 209/29
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Sophie Jeanjean

      Recurrida: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidación

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (1) en el sentido de que se aplican a un cese de operaciones a raíz de una declaración de quiebra del empresario o de una resolución judicial que ordena la disolución y la liquidación del establecimiento de crédito empresario por insolvencia sobre la base del artículo 61.(1), letras a) y b) de la Ley modificada, de 5 de abril de 1993, relativa al sector financiero, ceses para los que la ley nacional prevé la resolución con efecto inmediato del contrato de trabajo?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, ¿deben interpretarse los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 98/59/CE en el sentido de que el administrador concursal o el liquidador debe asimilarse a un empresario que haya previsto despidos colectivos y que pueda llevar a cabo, con esta finalidad, los actos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Directiva y efectuar los despidos (asunto C-323/08, apartados 39, 40 y 41)? (2)

      (1)  DO L 225, p. 16.

      (2)  Sentencia de 10 de diciembre de 2009, Rodríguez Mayor y otros, aún no publicada en la Recopilación.


title: Asunto C-613/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italia) el 30 de diciembre de 2010 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

text:
               12.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italia) el 30 de diciembre de 2010 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma
   (Asunto C-613/10)
   2011/C 80/23
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione Tributaria Provinciale di Parma

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Danilo Debiasi

      Demandada: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

      Cuestión prejudicial

   ¿Existe incompatibilidad entre, por una parte, los artículos 19, apartado 5, y 19 bis del DPR no 633/72 y, por otra, el artículo 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE y los documentos COM(2001) 260 final, de 23 de mayo de 2001, y COM(2000) 348 final, de 7 de junio de 2000, así como diferencia de trato del régimen del IVA en el ámbito comunitario, de modo que es precisa su armonización con los demás ordenamientos europeos, dado que varios Estados miembros aplican, en determinadas circunstancias, un régimen imponible de tipo reducido?


title: Asunto F-113/12: Recurso interpuesto el 9 de octubre de 2012 — ZZ/Comisión

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/71

         Recurso interpuesto el 9 de octubre de 2012 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-113/12)
   2013/C 26/144
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: L. Levi y A. Tymen, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de no incluir al demandante en la lista de reserva de la oposición EPSO/AD/204/10.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 20 de enero de 2012 de no incluir al demandante en la lista de reserva de la oposición EPSO/AD/204/10.

               —

               Que se anule la decisión de 6 de julio de 2012 mediante la que se desestimó la reclamación del demandante.

               —

               Que se condene al demandado a cargar con la totalidad de las costas.


title: Asunto C-487/09: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Inmogolf S.A./Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia ( «Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Directiva 69/335/CEE — Impuestos indirectos — Concentración de capitales — Transmisiones de valores mobiliarios — Capital social mayoritariamente constituido por inmuebles» )

text:
               12.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/8

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Inmogolf S.A./Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia
   (Asunto C-487/09) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Directiva 69/335/CEE - Impuestos indirectos - Concentración de capitales - Transmisiones de valores mobiliarios - Capital social mayoritariamente constituido por inmuebles)
   2011/C 80/13
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Supremo

      Partes

      Demandante: Inmogolf S.A.

      Demandada: Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunal Supremo — Interpretación de los artículos 11, letra a), y 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22) — Prohibición de imponer la creación, la emisión, la admisión para cotización en bolsa, la puesta en circulación o la negociación de títulos — Excepción — Impuesto sobre la transmisión de valores mobiliarios — Imposición nacional que grava las transferencias de participaciones de una sociedad de la que al menos el 50 % de los activos son bienes inmobiliarios que tiene por efecto la adquisición del control de la sociedad por el adquirente de los títulos.

      Fallo

   La Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales y, más concretamente, sus artículos 11, letra a), y 12, apartado 1, letra a), no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la establecida en el artículo 108, apartado 2, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en su versión modificada por la Ley 18/91, de 6 de junio, que, a fin de impedir la elusión fiscal en el marco de la transmisión de bienes inmuebles mediante la interposición de sociedades, sujeta las transmisiones de valores al impuesto sobre transmisiones patrimoniales cuando dichas transmisiones de valores representan participaciones en el capital social de sociedades cuyo activo está constituido al menos en su 50 % por inmuebles y el adquirente obtiene como resultado de la referida transmisión una posición tal que le permite ejercer el control sobre la entidad de que se trate, incluso en los supuestos en que, por un lado, no hubo intención de eludir el impuesto y, por otro, dichas sociedades son plenamente operativas y los inmuebles no pueden disociarse de la actividad económica desarrollada por dichas sociedades.

      (1)  DO C 63, de 13.3.2010.


title: Asunto T-556/14 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de julio de 2014 por Victor Navarro contra la sentencia dictada el 21 de mayo de 2014 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-46/13, Navarro/Comisión

text:
               6.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 351/16

         Recurso de casación interpuesto el 28 de julio de 2014 por Victor Navarro contra la sentencia dictada el 21 de mayo de 2014 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-46/13, Navarro/Comisión
   (Asunto T-556/14 P)
   2014/C 351/20
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Victor Navarro (Sterrebeek, Bélgica) (representantes: S. Rodrigues y A. Blot, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 21 de mayo de 2014 en el asunto F-46/13.

               —

               En consecuencia, estime las pretensiones del recurrente en primera instancia y, por tanto:

                           —

                           Anule la decisión de la Comisión Europea, en su condición de autoridad facultada para celebrar contratos, de 4 de octubre de 2012, de no contratar al recurrente como agente contractual auxiliar del grupo de funciones II.

                           —

                           En la medida en que sea necesario, anule la resolución de la autoridad facultada para celebrar contratos, de 7 de febrero de 2013, que desestima la reclamación presentada por el recurrente el 19 de octubre de 2012.

                           —

                           Indemnice su perjuicio material.

                           —

                           Conceda la cuantía fijada ex aequo et bono con carácter provisional en 50  000 euros en concepto del perjuicio moral sufrido.

                           —

                           Condene a la demanda en todas las costas, incluidas las del presente recurso de casación.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo del recurso, la parte recurrente invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción de los límites del control jurisdiccional del Tribunal de la Función Pública (en lo sucesivo, «TFP») pues considera que el mismo sustituyó con su propia apreciación la de la administración.

               2.

               Segundo motivo, basado en un error de Derecho ya que estima que el TFP consideró erróneamente que, según el artículo 3, apartado 2, del anexo IV de las Dispositions générales d’exécution (1), de 2 de marzo de 2011, la experiencia profesional debe justificarse debidamente y estar relacionada con alguno de los sectores de actividad de la Comisión.

               3.

               Tercer motivo, basado en la desnaturalización de los hechos del caso de autos, al haberse basado el TFP, en la sentencia recurrida, en que el recurrente no había descrito las tareas ejercidas para Continental Airlines Inc., y, por tanto, no había probado que su experiencia era «adecuada» para el ejercicio de las funciones de secretaría.

      (1)  Dispositions générales d’exécution, du 2 mars 2011, de l’article 79, paragraphe 2, du RAA régissant les conditions d’emploi des agents contractuels engagés par la Commission en vertu des articles 3 bis et 3 ter dudit régime, publiées aux Informations administratives no 33–2011.


title: Asunto C-235/07: Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania

text:
               23.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 140/17

         Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania
   (Asunto C-235/07)
   (2007/C 140/28)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Braun y P. Dejmek, agentes)

      Demandada: República Federal de Alemania
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de la Directiva 2004/49/CE (1) del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE (2) del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE (3) relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (Directiva de seguridad ferroviaria), al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar el Derecho interno a dicha Directiva o al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva expiró el 30 de abril de 2006.

      (1)  DO L 164, p. 44.

      (2)  DO L 143, p. 70.

      (3)  DO L 75, p. 29.


title: AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 13 de febrero de 1998 en el asunto T-195/96: Spyridoula Alexopoulou contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Apartado 2 del artículo 31 del Estatuto - Pretensiones manifiestamente inadmisibles o carentes de fundamento jurídico alguno)

text:
C 137/14               ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    2.5.98
Pastor, administradora principal, ha dictado el 19 de                AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
marzo de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                             de 13 de febrero de 1998
1) Se desestima el recurso.                                       en el asunto T-195/96: Spyridoula Alexopoulou contra
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas (1)
2) Cada una de las partes cargaraÂ con sus propias costas.        (Funcionarios Ð Apartado 2 del artículo 31 del Estatuto
                                                                  Ð Pretensiones manifiestamente inadmisibles o carentes
(1) DO C 233 de 10.8.1996.                                                       de fundamento jurídico alguno)
                                                                                (98/C 137/30)
                                                                               (Lengua de procedimiento: franceÂs)
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                            En el asunto T-195/96, Spyridoula Alexopoulou, funciona-
                  DE PRIMERA INSTANCIA                            ria de la Comisión de las Comunidades Europeas, con
                    de 19 de marzo de 1998                        domicilio en Bruselas, representada por el Sr. Constantin
                                                                  Nikis, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio
en el asunto T-83/96: Gerard van der Wal contra Comi-
                                                                  en Luxemburgo el despacho del Sr. Louis Schiltz, 2, rue du
             sión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                  Fort Rheinsheim, contra Comisión de las Comunidades
(Acceso a la información Ð Decisión 94/90/CECA, CE,               Europeas (Agentes: Sres. Gianluigi Valsesia y Julian
Euratom de la Comisión sobre el acceso del puÂblico a los         Currall), que tiene por objeto, de una parte, una preten-
documentos de la Comisión Ð Denegación de acceso Ð                sión de anulación, en primer lugar, de la decisión de la
Alcance de la excepción relativa a la protección del intereÂs     Comisión de 8 de enero de 1996 por la que se clasificó a
puÂblico Ð Procedimientos judiciales Ð Artículo 6 del             la demandante en el grado A 7, escalón 5 y se le denegó
Convenio Europeo para la protección de los Derechos               presuntamente la clasificación en el grado A 6, en segundo
                           Humanos)                               lugar, de la decisión de 28 de agosto de 1996 por la que se
                                                                  denegó una reclamación presentada contra dicha decisión
                         (98/C 137/29)                            y, de otra, una pretensión de reparación del perjuicio
                                                                  material sufrido por la demandante, el Tribunal de Pri-
            (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)                mera Instancia (Sala Primera), integrado por los Sres. A.
                                                                  Saggio, Presidente; B. Vesterdorf y J. Pirrung, Jueces;
En el asunto T-83/96, Gerard van der Wal, con domicilio           Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 13 de febrero de
en Kraainem (BeÂlgica), representado inicialmente por las         1998 un auto resolviendo lo siguiente:
Sras. Caroline P. Bleeker y Laura Y. J. M. Parret, Aboga-
das de La Haya y Bruselas respectivamente, y posterior-           1) Se desestima el recurso.
mente por la Sra. Parret, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. Aloyse May, 31, Grand-             2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
rue, apoyado por Reino de los Países Bajos (Agentes: Sres.
Marc Fierstra y Johannes S. van der Oosterkamp), contra
                                                                  (1) DO C 54 de 22.2.1997.
Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres.
Wouter Wils y Ulrich Wölker), que tiene por objeto que se
anule la decisión de la Comisión de 29 de marzo de 1996,
por la que se deniega al demandante el acceso a determi-
nados escritos enviados por la DG IV a órganos jurisdic-
cionales nacionales en el contexto de la Comunicación
relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos            AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los                                de 28 de enero de 1998
artículos 85 y 86 del Tratado CE, el Tribunal de Primera
                                                                  en el asunto T-172/97: Camar Srl contra Comisión de las
Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta),
                                                                                Comunidades Europeas (1)
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, y la Sra. P.
Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung,      (Agricultura Ð Organización comuÂn de mercados Ð PlaÂ-
ha dictado el 19 de marzo de 1998 una sentencia cuyo              tanos Ð Solicitud de concesión de certificados de impor-
fallo es el siguiente:                                            tación suplementarios Ð Recurso por omisión Ð Recurso
                                                                       de indemnización Ð Sobreseimiento Ð Archivo)
1) Se desestima el recurso.                                                               (98/C 137/31)
2) Se condena al demandante al pago de las costas de la                        (Lengua de procedimiento: italiano)
     parte demandada.
                                                                  En el asunto T-172/97, Camar Srl, con domicilio social en
3) El Reino de los Países Bajos soportaraÂ sus propias cos-       Florencia (Italia), representada por la Sra. Wilma Viscar-
     tas.                                                         dini DonaÁ, asistida por el Sr. Mariano Paolin y la Sra.
                                                                  Simonetta DonaÁ, Abogados de Padua, que designa como
(1) DO C 233 de 10.8.1996.                                        domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest
                                                                  Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contra Comisión de las
                                                                  Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Hubertus van


title: Asunto C-190/01 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de mayo de 2001 por Mannesmannröhren-Werke AG contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 2001 por la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-112/98 promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
28.7.2001                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 212/11
Recurso de casación interpuesto el 2 de mayo de 2001                           aún no ha sido ratificada, no crea normas nuevas, sino
por Mannesmannröhren-Werke AG contra la sentencia                               que se limita a codificar principios generales del Derecho
dictada el 20 de febrero de 2001 por la Sala Primera                            comunitario no escritos.
ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
dades Europeas, en el asunto T-112/98 promovido contra                          El Tribunal de Primera Instancia olvidó indebidamente
          la Comisión de las Comunidades Europeas                              que el principio de eficacia administrativa —en el presente
                                                                                asunto, la aplicación eficaz del artı́culo 81 CE— no puede
                        (Asunto C-190/01 P)                                     justificar en ningún caso la limitación de principios
                                                                                fundamentales del derecho comunitario en el sentido del
                          (2001/C 212/18)                                       criterio del «effet-utile». En el presente asunto, el Tribunal
                                                                                de Primera Instancia viola la esencia misma del principio
                                                                                «nemo tenetur se ipsum accusare». Además, la limitación
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                    llevada a cabo es desproporcionada porque la conclusión
presentado el 2 de mayo de 2001 un recurso de casación                         de las investigaciones, exitosa desde el punto de vista de
formulado por Mannesmannröhren-Werke Ag, asistido y                             la Comisión, se podrı́a haber realizado de otro modo y,
representado por los Sres. Martin Klusmann y Frederik Wiemer,                   entre tanto, la Comisión ha resuelto el asunto principal y
abogados del bufete Freshfields Bruckhaus Deringer (Düssel-                     ha impuesto multas a las empresas imputadas, incluida la
dorf), contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 2001 por                 de la demandante.
la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas en el asunto T-112/98 promovido
                                                                                El Tribunal de Primera Instancia también obró indebida-
contra la Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                                mente al suponer que lo único que no cabe exigir era la
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                     confesión y que, por el contrario, el imputado también
Comunidades Europeas que resuelva que:                                          debe practicar otras pruebas contra sı́ mismo, especial-
                                                                                mente la prueba documental. Sin embargo, «confesión» y
1.    anula parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera                   «prueba documental» son medios de prueba cualitativa-
      Instancia de las Comunidades Europeas, de 20 de febrero                   mente equivalentes y ambos pueden demostrar por sı́
      de 2001, en el asunto T-112/98 (1), Mannesmannröhren-                     solos la participación en un comportamiento ilegal.
      Werke AG contra Comisión de las Comunidades Europeas
      en la medida en que desestimó la demanda de Mannes-                      Por último, el Tribunal de Primera Instancia también
      mannröhren-Werke AG contra la decisión C(98)1204 de                      incurre en error de Derecho al considerar que puede
      la Comisión, de 15 de mayo de 1998, relativa a un                        hacer depender el reconocimiento de un derecho funda-
      procedimiento de aplicación del artı́culo 81 del Tratado                 mental de la circunstancia de que todos los Estados
      CE;                                                                       miembros reconozcan, en general, tal derecho en sus
                                                                                ordenamientos jurı́dicos internos. Puesto que, en cual-
2.    declara la nulidad del artı́culo 1 de la decisión C(98)1204              quier caso, todos los Estados miembros de la Comunidad
      de la Comisión, de 15 de mayo de 1998, relativa a un                     Europea son Parte del Convenio Europeo de Derechos
      procedimiento de aplicación del artı́culo 81 del Tratado                 Humanos, tienen que mantener el nivel de protección de
      CE, subsidiariamente, conforme al artı́culo 54 del Estatuto               dicho Convenio, tal como se declara en la jurisprudencia
      CE, devuelve los autos al Tribunal de Primera Instancia                   «Funke».
      para que éste dirima el asunto teniendo en cuenta el
      criterio jurı́dico del Tribunal de Justicia;                       —      Violación de los principios jurı́dicos de claridad y seguri-
                                                                                dad jurı́dica: La lı́nea divisoria que, por aplicación de la
3.    condena a la Comisión al pago de la totalidad de las
      costas procesales.                                                        sentencia dictada en primera instancia, debe trazarse entre
                                                                                el derecho a negarse a dar una respuesta que implique el
                                                                                reconocimiento de una infracción y la obligación de
Motivos y principales alegaciones                                               proporcionar información sobre los hechos no es convin-
                                                                                cente y tampoco puede trazarse de forma clara.
—     Violación del principio general del derecho «nemo tenetur         —      Infracción del artı́culo 6, apartado 2, del Tratado UE.
      se ipsum accusare»: El Tribunal de Primera Instancia se basa
      indebidamente en la sentencia dictada por el Tribunal de           —      Infracción del artı́culo 6, apartado 1, del Tratado UE.
      Justicia en el asunto 374/87, Orkem/Comisión, de 18 de
      octubre de 1989. En efecto, entre tanto es jurisprudencia          —      Violación de las garantı́as que ofrece el Derecho nacional
      reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2),                   a las personas naturales.
      que el artı́culo 6 del Convenio Europeo de Derechos                —      Reproducción inexacta de las alegaciones de la deman-
      Humanos contiene de forma implı́cita el principio funda-                  dante.
      mental «nemo tenetur se ipsum accusare». No obstante, no lo
      tuvo ası́ en cuenta el Tribunal de Primera Instancia,
      apartándose de los principios generales del Derecho               (1) DO C 150, de 19 de mayo de 2001, p. 21 (aún no publicada en
      comunitario, tal como se formulan en los artı́culos 47,                la Recopilación de la Jurisprudencia).
      apartado 2, y 48 de la Carta de los derechos fundamenta-           (2) Sentencia de 25 de febrero de 1993, Funke/France. Sentencia de
      les de la Unión Europea, cuyo nivel de protección, según            17 de diciembre de 1996, Saunders/United Kingdom.
      el artı́culo 52, apartado 3, de la Carta, no debe ser inferior
      al nivel de protección que ofrece el Convenio Europeo de
      Derechos         Humanos;        si     bien      la    Carta