title: Asunto C-499/99: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 1999 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 79/8                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       18.3.2000
Recurso de casación interpuesto el 21 de diciembre de                 motivo: el Tribunal de Primera Instancia señala que la Comisión
1999 por la Comisión de las Comunidades Europeas                      no puede modificar las condiciones de pago pero, en este caso,
contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 1999 por               afirma que la Comisión deberı́a haber emitido un nuevo
la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de                   anuncio de licitación. Ello habı́a dado lugar precisamente a
las Comunidades Europeas, en los asuntos acumulados                    una modificación de las condiciones de pago respecto a
T-191/96 y T-106/97, promovidos en su contra por C.A.S.                los adjudicatarios que ya habı́an cumplido sus obligaciones
Succhi di Frutta SpA, con domicilio social en Borgonovo                contractuales).
(Castagnaro di Verona), en lo referente al asunto T-191/96
                                                                       El tercer motivo de casación se basa en la interpretación
                      (Asunto C-496/99 P)                              errónea del Derecho comunitario por parte del Tribunal de
                                                                       Primera Instancia respecto al concepto de intereses individua-
                                                                       les, de la que el Tribunal de Primera Instancia deduce que
                          (2000/C 79/15)                               C.A.S. Succhi di Frutta SpA está directamente afectada por la
                                                                       Decisión impugnada.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 21 de diciembre de 1999 un recurso de casación          El cuarto motivo se refiere a la interpretación errónea del
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                concepto de interés en interponer la acción y, en particular,
asistida y representada por el Sr. Francesco P. Ruggeri Laderchi,      del alcance del artı́culo 176 del Tratado (actualmente, artı́culo
miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, asistido       233 CE), que induce al Tribunal de Primera Instancia a atribuir
por el Sr. Alberto Dal Ferro, Abogado de Vicenza, que designa          a C.A.S. Succhi di Frutta SpA un interés en interponer la
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos                acción.
Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, contra la
sentencia dictada el 14 de octubre de 1999 por la Sala Segunda         El quinto motivo se refiere, por el contrario, a una interpreta-
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas          ción errónea de las normas sobre la retirada de la fruta, prevista
en los asuntos acumulados T-191/96 y T-106/97, promovidos              por la organización común de mercado en el sector de frutas
en su contra por C.A.S. Succhi di Frutta SpA, en lo referente al       y verduras, que ha llevado al Tribunal de Primera Instancia a
asunto C-191/96.                                                       considerar disponible fruta retirada en fecha anteriores a
                                                                       aquella en la que era posible el pago.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que:                                              (1) Se refiere a los asuntos acumulados T-191/96 y T-106/97
                                                                           (sentencia de 14.10.1999).
— Anule la sentencia impugnada y declare la inadmisibilidad            (2) Se refiere a la parte contraria.
     del recurso interpuesto por C.A.S. Succhi di Frutta SpA en
     el asunto T-191/96; (1)
— con carácter subsidiario, anule la sentencia impugnada en
     cuanto al fondo y declare infundado el recurso presentado
     por C.A.S. Succhi di Frutta SpA en el asunto T-191/96;
                                                                       Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 1999 contra el
                                                                       Reino de España por la Comisión de las Comunidades
— con carácter aun más subsidiario, devuelva el asunto al                                           Europeas
     Tribunal de Primera Instancia pare que éste se pronuncie
     sobre el fondo a la luz de las indicaciones que el Tribunal
                                                                                (Asunto C-499/99)
     de Justicia tenga a bien proporcionarle;
— condene a la demandante (2) al pago de las costas del                                            (2000/C 79/16)
     presente procedimiento y del procedimiento en primera
     instancia en el asunto T-191/96.                                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 22 de diciembre de 1999 un recurso contra el
                                                                       Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
                                                                       des Europeas, representada por los Sres. Gérard Rozet, y
Motivos y principales alegaciones
                                                                       Ramón Vidal Puig, en calidad de agentes, que designa como
                                                                       domicilio en Luxemburgo el del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
Los motivos primero y segundo se refieren al error de Derecho          Centre Wagner.
en que, según la parte recurrente, ha incurrido el Tribunal de
Primera Instancia al aplicar el principio de igualdad de trato de      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
los licitadores respecto a las diversas posiciones de los
licitadores no adjudicatarios y de los adjudicatarios tras la          — constate que, al no haber adoptado en el plazo establecido
adjudicación. La errónea aplicación de tal principio vicia la            las mediadas necesarias para dar cumplimiento a las
sentencia tanto desde el punto de vista de la admisibilidad                 Decisiones de la Comisión de 20 de diciembre de 1989
(primer motivo: la posición de C.A.S. Succhi di Frutta SpA no              (91/1/CEE (1)) y de 14 de octubre de 1998, por las que se
es caracterizada respecto a la de cualquier otro tercero que,               declara que ciertas ayudas a las empresas del grupo
como tal, carece de legitimación para impugnar la Decisión de             MAGEFESA fueron otorgadas de manera ilegal y, además,
equivalencia) como desde el punto de vista del fondo (Segundo               son incompatibles con el mercado común, el Reino de
 ---pagebreak--- 18.3.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 79/9
     España ha incumplido con las obligaciones que le incum-            Recurso de casación interpuesto el 22 de diciembre de
     ben en virtud del artı́culo 249 CE, párrafo cuarto, ası́ como      1999 por Conserve Italia Soc. Coop. arl, con domicilio
     de los artı́culos 2 y 3 de las referidas decisiones; y              social en S. Lazzaro di Savena, contra la sentencia dictada
                                                                         el 12 de octubre de 1999 por la Sala Tercera del Tribunal
— condene en costas al Reino de España                                  de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                         asunto T-216/96 promovido contra la Comisión de las
Motivos y principales alegaciones                                                            Comunidades Europeas
De conformidad con el artı́culo 249 CE, las Decisiones de                                      (Asunto C-500/99 P)
1989 y de 1998 son obligatorias en todos sus elementos para
su destinatario, el Reino de España, en virtud de la notificación
                                                                                (2000/C 79/17)
de las mismas que le fue hecha el 5 de marzo de 1990 y el
29 de octubre de 1998, respectivamente.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Con fecha 28 de diciembre de 1998, el Reino de España                   presentado el 22 de diciembre de 1999 un recurso de casación
interpuso una demanda en anulación con arreglo al artı́-                formulado por Conserve Italia Soc. Coop. arl, representada por
culo 173 del Tratado (230 CE). El recurso C-480/98 interpue-             los Abogados Marina Averani y Andrea Pisaneschi, de Siena,
sto contra la Decisión de 1998 ante el Tribunal carece de               Paolo de Caterini, de Roma, y Stephano Zunarelli, de Bolonia,
efecto suspensivo (artı́culo 242 CE).                                    que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
                                                                         Me Charles Turk, 13 Avenue Guillaume, contra la sentencia
La Comisión estima que el Reino de España ha incumplido                dictada el 12 de octubre de 1999 por la Sala Tercera del
con las obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 249         Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
CE, párrafo cuarto, ası́ como de los artı́culos 2 y 3 de las            en el asunto T-216/96, promovido por Conserve Italia Soc.
Decisiones de 1989 y 1998, al no haber adoptado todas las                Coop. arl, anteriormente Massalombarda Colombani SpA,
medidas necesarias para recuperar las ayudas. Es más, aún              contra la Comisión de las Comunidades Europeas.
suponiendo que las medidas adoptadas hasta la fecha por el
Reino de España pudieran reputarse suficientes para dar                 La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
cumplimiento al artı́culo 2 de las Decisiones de 1989 y 1998,            Comunidades Europeas que:
dichas medidas no fueron tomadas dentro de los dos meses
siguientes a la notificación, por lo que subsistirı́a la violación     — Anule o reforme la sentencia recurrida.
de la obligación impuesta por el artı́culo 3 de ambas decisiones.
                                                                         — Anule, en consecuencia, la Decisión de la Comisión de
Los Gobiernos del Paı́s Vasco, de Cantabria y de Andalucı́a                  3 de octubre de 1996 C (96) 2760.
para dar cumplimiento a la decisión de 1989, hubieran
debido reclamar la devolución de las ayudas a las verdaderas            — Condene en costas a la parte recurrida.
beneficiarias de las mismas, esto es a INDOSA, CUNOSA,
GURSA Y MIGSA, ya sea directamente o mediante el ejercicio
de acciones a disposición de las sociedades interpuestas                Motivos y principales alegaciones
FICODESA, GEMACASA Y DAMMA a través de las cuales se
canalizaron las ayudas. Sin embargo, hasta la fecha del presente         1) Según el Tribunal de Primera Instancia, las irregularidades
recurso, las referidas autoridades regionales se han limitado,               relativas al proyecto se deben al hecho de que deberı́a
en el mejor de los casos, a reclamar la devolución de las ayudas            considerarse que éste se inició en el acto de la celebración
a las sociedades interpuestas, las cuales carecen de patrimonio              de los contratos relativos a los bienes de equipos —aunque
propio, por lo que las reclamaciones planteadas no han dado                  estuvieran sujetos a condición suspensiva— y no, en
ningún fruto.                                                               cambio, al realizar el pago, en el momento de la facturación
                                                                             o, en cualquier caso, en el momento de su ejecución.
En lo que atañe a la decisión de 1998, la TSS y la Hacienda
Foral de Vizcaya representan, junto con los restantes acreedores             Según parece, tal conclusión no se basa en ninguna
públicos de INDOSA, el 82,65 % del montante de los créditos                 norma jurı́dica y, antes al contrario, resulta contraria a la
reconocidos y disponen, por consiguiente, de una amplia                      normativa vigente en la materia.
mayorı́a en la Junta de Acreedores de INDOSA. Sin embargo,
la TSS no adoptó ninguna de las medidas a su disposición,              2) Subsidiariamente, a juicio de la recurrente, el Tribunal de
tales como, por ejemplo, solicitar al Juez la convocatoria de                Primera Instancia cometió un error al no considerar que
una reunión de la Junta de Acreedores o la separación de los               el art. 15, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento
sı́ndicos. En todo caso, la imposibilidad, por falta de encon-               432/88 era aplicable al caso de autos, puesto que todos los
trarse comprador interesado en adquirir los activos, de llegar a             gastos incurridos se efectuaron en los seis meses anteriores
un convenio de acreedores no implicarı́a la «imposibilidad                   a la fecha de inicio de la acción.
absoluta» de dar cumplimiento a la Decisión de 1998, puesto
que dejarı́a abierta la posibilidad de proceder a la liquidación        3) Las infracciones denunciadas representaron tan sólo el
de INDOSA.                                                                   28 % de la ayuda concedida. En tal situación, la medida
                                                                             prevista por la normativa debió consistir, en su caso, en la
(1) DO L 5, de 8 de enero de 1991, p. 18.                                    reducción de la ayuda y no, en cambio, en su supresión. A
                                                                             juicio de la recurrente, la normativa vigente no permite la
                                                                             supresión total de la ayuda.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Pretura Circondariale di Pinerolo (Italia), de fecha 3 de septiembre de 1998, en el asunto entre, por una parte, Renato Collino y Luisella Chiappero y, por otra, Telecom Italia SpA (Asunto C-343/98)

text:
C 358/6                  ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   21.11.98
Justicia, integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias,            mediante resolución de la Pretura Circondariale di Pine-
Presidente; C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet y                     rolo (Italia), dictada el 3 de septiembre de 1998, en el
R. Schintgen, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, J. C.                 asunto entre, por una parte, Renato Collino y Luisella
Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray,                    Chiappero y, por otra, Telecom Italia SpA, y recibida en la
D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L.               Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de septiembre de
Sevón (Ponente) y K. M. Ioannou, Jueces; Abogado Gene-                  1998.
ral: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el 23
de septiembre de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:                 La Pretura Circondariale di Pinerolo solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestio-
Del examen de la cuestión planteada no se desprende nin-                nes:
guÂn elemento que pueda afectar a la validez del artículo 5
del Reglamento (CE) no 3477/93 de la Comisión, de 17 de                 A)   ¿EstaÂ comprendido dentro del aÂmbito de aplicación
diciembre de 1993, relativo a los tipos de conversión agrí-                  del artículo 1 de la Directiva 77/187/CEE (1) el supu-
colas aplicables en el sector del tabaco.                                    esto de una transmisión a título oneroso, autorizada
                                                                             mediante Ley del Estado y dispuesta mediante Orden
(1) DO C 354 de 23.11.1996.                                                  Ministerial, de una empresa, explotada por un orga-
                                                                             nismo puÂblico creado directamente por el Estado, a
                                                                             una sociedad privada, constituida por otro organismo
                                                                             puÂblico que posee todas sus acciones, cuando la acti-
                                                                             vidad objeto de la transmisión sea encomendada a la
                                                                             sociedad privada en reÂgimen de concesión administra-
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                   tiva?
lución del Finanzgericht Düsseldorf, de fecha 14 de sep-
tiembre de 1998, en el asunto entre Peacock AG y Haupt-                 En caso de respuesta afirmativa a la cuestión A,
                        zollamt Paderborn
                        (Asunto C-339/98)                               B1) ¿Exige el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva
                                                                             77/187 considerar obligatoria la continuación de la
                           (98/C 358/12)                                     relación laboral con el cesionario, con el consiguiente
                                                                             mantenimiento de la antigüedad en el servicio del tra-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    bajador hasta la fecha en que sea asumido por el
sido sometida una petición de decisión prejudicial                           cedente y el derecho al pago de una uÂnica indemniza-
mediante resolución del Finanzgericht Düsseldorf, dictada                    ción por cese de la actividad laboral que tenga en
el 14 de septiembre de 1998, en el asunto entre Peacock                      cuenta de manera unitaria el período laboral prestado
AG y Hauptzollamt Paderborn, y recibida en la Secretaría                     con el cedente y con el cesionario?
del Tribunal de Justicia el 17 de septiembre de 1998.
                                                                        B2) De cualquier modo, ¿debe interpretarse el mencio-
El Finanzgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia                 nado apartado 1 del artículo 3 en el sentido de que
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                entre los «derechos» del trabajador que son transferi-
                                                                             dos al cesionario estaÂn comprendidas tambieÂn las
«La nota 5 B del Capítulo 84 de la Nomenclatura Combi-                       situaciones favorables conseguidas por el trabajador
nada, en la versión vigente entre 1990 y 1995, ¿debe inter-                  durante su relación con el cedente, como la antigüe-
pretarse en el sentido de que la transmisión de datos del                    dad en el servicio si eÂsta conlleva, en el marco de la
tipo que puede efectuarse con las placas de red (1) descritas                negociación colectiva vigente con el cesionario, dere-
con mayor detalle en los fundamentos de Derecho de la                        chos de caraÂcter económico?
presente resolución no debe considerarse como una fun-
ción propia, sino como tratamiento de datos, de modo que                (1) DO L 61 de 5.3.1997, p. 26.
dicha mercancía debe clasificarse en la partida 8473?»
(1) Se trata en particular de las placas de red Ethernet NE 2000 y
    NE 5500 de Microdyne Corp.
                                                                        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                        lución del Tribunal da Comarca de SetuÂbal, Sala Tercera
                                                                        de lo civil, de fecha 15 de julio de 1998, en el asunto
                                                                        entre Vitor Manuel Mendes Ferreira y su esposa, Maria
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-              Clara Delgada Correia Ferreira, y Companhia de Seguros
lución de la Pretura Circondariale di Pinerolo (Italia), de                               Mundial ConfiancËa, S.A.
fecha 3 de septiembre de 1998, en el asunto entre, por una                                   (Asunto C-348/98)
parte, Renato Collino y Luisella Chiappero y, por otra,
                        Telecom Italia SpA                                                      (98/C 358/14)
                        (Asunto C-343/98)
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le
                           (98/C 358/13)                                ha sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                        mediante resolución del Tribunal da Comarca de SetuÂbal,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le                  Sala Tercera de lo civil, dictada el 15 de julio de 1998, en
ha sido sometida una petición de decisión prejudicial                   el asunto entre Vitor Manuel Mendes Ferreira y su esposa,


title: Asunto C-410/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 29 de agosto de 2014  — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

text:
               17.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 409/29

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 29 de agosto de 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit
   (Asunto C-410/14)
   2014/C 409/41
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Dr. Falk Pharma GmbH

      Demandada: DAK-Gesundheit

      Interviniente: Kohlpharma GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿No se está ya ante un contrato público en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18 cuando los poderes adjudicadores desarrollan un procedimiento de participación en el que contratan sin seleccionar a uno o varios operadores económicos (procedimiento de «open house»)?

               2)

               En caso de que se responda a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que la selección de uno o varios operadores económicos es un elemento característico del contrato público, se pregunta lo siguiente: ¿Debe interpretarse el elemento de la selección de los operadores económicos a los efectos del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18/CE, a la luz del artículo 2 de la misma Directiva, en el sentido de que los poderes adjudicadores sólo pueden no seleccionar a uno o varios operadores económicos en el marco del procedimiento de participación si se cumplen los siguientes requisitos:

                           —

                           que se dé difusión en toda Europa a la celebración de un procedimiento de participación;

                           —

                           que se establezcan normas inequívocas sobre la celebración del contrato y la participación en el mismo;

                           —

                           que las condiciones contractuales se establezcan con carácter previo de tal modo que ningún operador económico pueda influir en el contenido del contrato;

                           —

                           que se garantice a los operadores económicos un derecho a participar en todo momento, y

                           —

                           que se dé a conocer en toda Europa la conclusión de los contratos?


title: Asunto C-319/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del korkein hallinto-oikeus, de fecha 10 de septiembre de 2002, en el asunto Petri Manninen

text:
C 274/18               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     9.11.2002
Recurso de casación interpuesto el 10 de septiembre de                       HAMSA no ha tenido ni durante el procedimiento
2002 contra la resolución dictada el 11 de julio de 2002                     administrativo ni durante el judicial la oportunidad de
por la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera                          alegar en relación con este nuevo planteamiento de la
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto                           cuestión litigiosa por el Tribunal, por lo que se ha
T-152/99 entre Hijos de Andrés Molina, S.A. y Comisión                       generado indefensión a Hijos de Andrés Molina, S.A.. Esta
                de las Comunidades Europeas                                  circunstancia constituye, a juicio de Hijos de Andrés
                                                                             Molina, S.A. una irregularidad de procedimiento que
                                                                             lesiona sus intereses, de conformidad con lo expuesto en
                      (Asunto C-316/02 P)                                    el artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
                         (2002/C 274/29)                                     En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia elude
                                                                             analizar las ayudas otorgadas en 1994 a HAMSA con
                                                                             arreglo al régimen N 462/94 que considera aplicable.
                                                                        b)   compatibilidad con el mercado común de las ayudas de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 10 de septiembre de 2002 un Recurso de                         salvamento y reestructuración y otorgadas sobre la base
casación interpuesto por Hijos de Andrés Molina, S.A.                        de la existencia de un plan de reestructuración:
(HAMSA), representado por los Sres. Luis Manuel Olivencia
Brugger y José Luis Ballester García-Izquierdo, que designa                  La Comisión manifestó en su decisión de 3 de febrero de
domicilio en Luxemburgo, contra la resolución dictada el                     1999 que no recibió el Plan de Reestructuración de Hijos
11 de julio de 2002 por la Sala Quinta ampliada del Tribunal                 de Andrés Molina, S.A. hasta el 4 de julio de 1997. Sin
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto                embargo, a preguntas efectuadas por el Tribunal de
T-152/99 entre Hijos de Andrés Molina, S.A. y Comisión de                    Primera instancia pocos días antes de la celebración de la
las Comunidades Europeas,                                                    vista, la Comisión admitió haber recibido el Plan de
                                                                             Reestructuración con anterioridad a la notificación de las
                                                                             ayudas efectuada por las autoridades españolas el 1 de
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    julio de 1996. Concretamente, el Plan de Reestructuración
                                                                             fue entregado por funcionaria española a la funcionaria
                                                                             comunitaria dependiente de la Dirección General de
—    .anule parcialmente la sentencia de 11 de julio, estimando              Agricultura en enero de 1996, sin que la Comisión
                                                                             decidiera incoar el expediente ex art. 93.3 del Tratado ni
     a)    la adecuación al ordenamiento jurídico comunitario                adoptar ningún tipo de medidas en relación con el Plan y
           de las ayudas otorgadas a Hijos de Andrés Molina,                 las ayudas otorgadas en su ejecución en aplicación de lo
           S.A. en 1994 por adecuarse al régimen general de                  establecido en las Directrices sobre ayudas de salvamento
           ayudas aplicable;                                                 y reestructuración de empresas en crisis. Posteriormente,
                                                                             el 29 de abril de 1997, es decir, catorce meses más
     b)    la conformidad con el ordenamiento jurídico comu-                 tarde de la notificación del Plan de Reestructuración, la
           nitario de las ayudas otorgadas en aplicación del                 Comisión informó de la apertura de procedimiento
           Plan de Reestructuración de Hijos de Andrés Molina,               considerando dichas ayudas como no notificadas, cuando
           S.A. a diciembre de 1995,                                         en aplicación de la doctrina Lorenz deben ser considera-
                                                                             das como ayudas existentes.
     c)    confirmando los demás pronunciamientos de la
           sentencia de 11 de julio de 2002 que no son objeto
           del presente recurso.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                        lución del korkein hallinto-oikeus, de fecha 10 de septiem-
a)   compatibilidad con el ordenamiento comunitario de las                       bre de 2002, en el asunto Petri Manninen
     ayudas recibidas por HAMSA en 1994 sobre la base de
     un régimen general de ayudas previamente aprobado por
     la Comisión:                                                                             (Asunto C-319/02)
     El Tribunal introduce en la sentencia una cuestión nueva,
                                                                                (2002/C 274/30)
     ajena al procedimiento y a la litis. A diferencia del criterio
     de las partes, Comisión y HAMSA, consistente en que las
     ayudas otorgadas en 1993 y 1994 se regían por los
     regímenes generales de ayuda N 624/92 y N 428/93,
     respectivamente, el Tribunal considera que a las ayudas            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     de 1993 y 1994 les son aplicables los regímenes N 428/             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
     93 y N 462/94, respectivamente.                                    resolución del korkein hallinto-oikeus, dictada el 10 de
 ---pagebreak--- 9.11.2002               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 274/19
septiembre de 2002 en el asunto Petri Manninen, y recibida en           Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2002 contra
la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de septiembre de           el Reino de España por la Comisión de las Comunidades
2002. El Korkein hallinto-oikeus solicita al Tribunal de Justicia                                    Europeas
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:
                                                                                (Asunto C-324/02)
1)    ¿Debe interpretarse que el artículo 56 CE se opone a un
      sistema de crédito fiscal del impuesto sobre sociedades
      como el sistema finlandés descrito anteriormente, en el                                    (2002/C 274/32)
      que se concede un crédito fiscal del impuesto de socieda-
      des a un perceptor de dividendos finlandés, sujeto al pago
      de impuestos en Finlandia por obligación personal, por            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      los dividendos percibidos de una sociedad anónima                 presentado el 16 de septiembre de 2002 un recurso contra el
      nacional, pero, en cambio, no se le concede por los               Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
      dividendos recibidos de una sociedad anónima domici-              des Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana,
      liada en Suecia?                                                  miembro de su servicio jurídico, que designa domicilio en
                                                                        Luxemburgo.
2)    En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,
      ¿puede interpretarse el artículo 58 CE en el sentido de
      que el artículo 56 CE no limita el derecho de Finlandia a         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      aplicar las disposiciones pertinentes de la Ley sobre el
      crédito fiscal del impuesto sobre sociedades, dado que es         —     declare que, al no haber adoptado las disposiciones
      requisito para la obtención de ese crédito en Finlandia                 legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
      que la sociedad que reparte dividendos haya pagado el                   cumplir la Directiva 1999/30/CE ( 1) del Consejo, de 22 de
      impuesto correspondiente, o el impuesto complementa-                    abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de
      rio en Finlandia, lo que no ocurre con los dividendos                   azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno,
      repartidos por sociedades en el extranjero, en cuyo caso                partículas y plomo en el aire ambiente, o, en cualquier
      no existe imposición alguna?                                            caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a
                                                                              la Comisión, el Reino de España ha incumplido las
                                                                              obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva,
                                                                        —     condene en costas al Reino de España.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Regeringsrätten, de fecha 10 de septiembre de                Motivos y principales alegaciones
2002, en el asunto entre Förvaltnings AB Stenholmen y
                         Riksskatteverket
                                                                        El carácter obligatorio del párrafo tercero del artículo 249 CE
                                                                        y del párrafo primero del artículo 10 CE obliga a los
                        (Asunto C-320/02)                               Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para dar
                                                                        cumplimiento a las directivas de las que sean destinatarios,
                          (2002/C 274/31)                               antes de la expiración del plazo fijado para hacerlo. El referido
                                                                        plazo finalizó ya el 19 de julio de 2001 sin que España haya
                                                                        aplicado las disposiciones necesarias.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante             (1 ) DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.
resolución del Regeringsrätten, dictada el 10 de septiembre
de 2002, en el asunto entre Förvaltnings AB Stenholmen y
Riksskatteverket, y recibida en la secretaría del Tribunal de
Justicia el 13 de septiembre de 2002. El Regeringsrätten solicita
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
cuestiones:
                                                                        Recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2002 contra
1)    ¿Puede considerarse que un animal es un bien de ocasión?          el Reino de España por la Comisión de las Comunidades
      En caso de que responda afirmativamente a esta cuestión,                                       Europeas
      se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
      la cuestión siguiente:                                                                   (Asunto C-326/02)
2)    ¿Debe considerarse que constituye un bien de ocasión un                                    (2002/C 274/33)
      animal que se compra a un particular (que no es criador)
      y que, tras ser entrenado para un uso concreto, es
      revendido?
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 17 de septiembre de 2002 un recurso contra el


title: Asunto T-195/08 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de julio de 2008 — Antwerpse Bouwwerken/Comisión (Procedimiento sobre medidas provisionales — Procedimiento de licitación comunitario — Desestimación de una oferta — Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales — Admisibilidad — Interés en ejercitar la acción — Pérdida de una oportunidad — Inexistencia de perjuicio grave e irreparable — Inexistencia de urgencia)

text:
               27.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/12

         Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de julio de 2008 — Antwerpse Bouwwerken/Comisión
   (Asunto T-195/08 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Procedimiento de licitación comunitario - Desestimación de una oferta - Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales - Admisibilidad - Interés en ejercitar la acción - Pérdida de una oportunidad - Inexistencia de perjuicio grave e irreparable - Inexistencia de urgencia)
   (2008/C 247/23)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Antwerpse Bouwwerken NV (Amberes, Bélgica) (representantes: J. Verbist y D. de Keuster, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: E. Manhaeve, agente, asistido por M. Gelders)
   Objeto
   Demanda de medidas provisionales presentada en el marco de un procedimiento de licitación incoado por la Comisión para la construcción de un edificio.
   Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-475/08 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de octubre de 2008 por Radu Duta contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 4 de septiembre de 2008 en el asunto F-103/07, Duta/Tribunal de Justicia

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/40

         Recurso de casación interpuesto el 29 de octubre de 2008 por Radu Duta contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 4 de septiembre de 2008 en el asunto F-103/07, Duta/Tribunal de Justicia
   (Asunto T-475/08 P)
   (2009/C 69/93)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Radu Duta (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: F. Krieg, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               En cuanto a la forma, que se declare la admisibilidad del presente recurso de apelación.

               —

               En cuanto al fondo, que se declare fundado el presente recurso.

               —

               Que, por lo tanto, modificando la resolución del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 4 de septiembre de 2008, se declare el recurso del apelante admisible y fundado.

               —

               Que, en consecuencia, se anulen las decisiones impugnadas por las razones antes expuestas.

               —

               Que, en la medida en que sea necesario, se devuelva el asunto a la autoridad competente para que ésta se pronuncie con arreglo a lo que disponga la resolución que se dictará en su día.

               —

               Que se condene a la parte apelada a abonarle una cantidad de 1 100 000 (un millón cien mil) euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

               —

               Que, en la medida en que sea necesario, se ordene la realización de un peritaje para determinar el importe del perjuicio sufrido por el recurrente.

               —

               Que se condene a la parte apelada al pago de la totalidad de los gastos y costas del proceso.

               —

               Que se haga constar que el apelante se remite expresamente a sus escritos de alegaciones en primera instancia, que se adjuntan al presente recurso de apelación y de los que se entiende que constituyen parte integrante del mismo.

               —

               Que se haga constar, por lo demás, que el apelante se reserva expresamente todos sus derechos y acciones, y en particular el derecho de someter el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

         Motivos y principales alegaciones
   En el presente recurso de casación, el recurrente solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 4 de septiembre de 2008 en el asunto Duta/Tribunal de Justicia, por la que se declaró la inadmisibilidad del recurso en el que el recurrente había solicitado, por una parte, la anulación del escrito en el que se le había informado de que no se le ofrecería un puesto de letrado en el gabinete de un Juez y, por otra parte, el abono de una indemnización por el perjuicio que alegaba haber sufrido.
   El recurrente afirma haber interpuesto el presente recurso con carácter preventivo, a fin de preservar sus derechos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No expone con precisión los puntos que critica en la sentencia cuya anulación solicita ni los argumentos jurídicos que sirven de base específica a tal pretensión.


title: Asunto C-682/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret (Dinamarca) el 30 de diciembre de 2016 — BEI ApS/Skatteministeriet

text:
               6.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 70/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret (Dinamarca) el 30 de diciembre de 2016 — BEI ApS/Skatteministeriet
   (Asunto C-682/16)
   (2017/C 070/19)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Vestre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: BEI ApS

      Demandada: Skatteministeriet

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE, (1) en relación con el artículo 1, apartado 4, de ésta, en el sentido de que una sociedad domiciliada en un Estado miembro a efectos del artículo 3 de la Directiva que, en circunstancias como las del caso de autos, recibe intereses de una filial establecida en otro Estado miembro es el «beneficiario efectivo» de esos intereses a efectos de la Directiva?

                           1.1

                           ¿Debe interpretarse el concepto de «beneficiario efectivo» mencionado en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE, en relación con el artículo 1, apartado 4, de ésta, de acuerdo con el correspondiente concepto contemplado en el artículo 11 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE de 1977?

                           1.2

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión planteada en el punto 1.1, ¿debe entonces interpretarse dicho concepto exclusivamente a la luz de los comentarios al artículo 11 del Modelo de Convenio Tributario de 1977 (párrafo 8), o pueden incorporarse a la interpretación comentarios posteriores, incluyendo los añadidos realizados en 2003 respecto a las «sociedades instrumentales» (párrafo 8.1, actualmente párrafo 10.1), y los añadidos de 2014 en cuanto a las «obligaciones contractuales o legales» (párrafo 10.2)?

                           1.3

                           Si pueden incorporarse a la interpretación los comentarios de 2003, ¿es un requisito para considerar que una sociedad no es un «beneficiario efectivo» en el sentido de la Directiva 2003/49/CE que se haya producido una canalización real de fondos hacia las personas que el Estado en el que está domiciliado el pagador de intereses considera «beneficiarios efectivos» de los intereses en cuestión, y —en tal caso— es un requisito adicional que la transferencia real se produzca en un momento cercano en el tiempo al pago de los intereses y/o se produzca como pago de intereses?

                                       1.3.1

                                       ¿Qué importancia tiene, a este respecto, que se use para el préstamo capital propio; que los intereses en cuestión se acumulen al principal («intereses capitalizados»); que el receptor de los intereses haya tributado por esos intereses en el Estado en el que está domiciliado el pagador de los intereses; que el receptor de los intereses haya realizado posteriormente una transferencia interna a su sociedad matriz domiciliada en el mismo Estado con objeto de ajustar los ingresos a efectos fiscales con arreglo a las normas vigentes en dicho Estado; que los intereses se conviertan seguidamente en capital en la sociedad prestataria; y que el receptor de los intereses tuviera una obligación legal o contractual de transmitir los intereses a otra persona?

                           1.4

                           ¿Qué importancia tiene, para determinar si el receptor de los intereses debe considerarse un «beneficiario efectivo» a efectos de la Directiva, que el órgano jurisdiccional remitente, tras apreciar los hechos del caso de autos, llegue a la conclusión de que el receptor —sin tener la obligación contractual o legal de transmitir a otra persona los intereses recibidos— no tenía el «pleno» derecho de «uso y disfrute» de los intereses a que se refieren los comentarios de 2014 al Modelo de Convenio Tributario de 1977?

               2)

               ¿Para que un Estado miembro pueda invocar el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, relativo a la aplicación de disposiciones nacionales destinadas a impedir el fraude fiscal y los abusos, o el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, es necesario que el Estado miembro de que se trate haya adoptado una disposición nacional específica que aplique el artículo 5 de la Directiva, o que la legislación nacional contenga disposiciones o principios generales sobre el fraude fiscal, los abusos y la evasión fiscal que puedan interpretarse de conformidad con el artículo 5?

                           2.1

                           Si la cuestión 2 se responde afirmativamente, ¿puede entonces considerarse que el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Ley del impuesto sobre sociedades, que establece que la sujeción a impuesto por obligación real respecto a los ingresos por intereses no incluye «los intereses exentos […] con arreglo a la Directiva 2003/49/CE, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros», constituye una disposición nacional específica a efectos del artículo 5 de la Directiva?

               3)

               ¿Una disposición de un convenio de doble imposición concluido entre dos Estados miembros y redactado conforme al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en virtud de la cual la sujeción a impuesto de los intereses depende de que el receptor de los intereses sea considerado el beneficiario efectivo de éstos, constituye una disposición contractual contra los abusos a efectos del artículo 5 de la Directiva?

               4)

               Si un Estado miembro no desea reconocer que una sociedad de otro Estado miembro es el beneficiario efectivo de unos intereses y sostiene que dicha sociedad es lo que se denomina una sociedad instrumental artificial, ¿está en tal caso obligado con arreglo a la Directiva 2003/49/CE o al artículo 10 CE a manifestar quién considera dicho Estado miembro que es el beneficiario efectivo?

      (1)  Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (DO 2003, L 157, p. 49).


title: Asunto T-109/08: Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2008 — Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada blanca)

text:
               9.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 116/25

         Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2008 — Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada blanca)
   (Asunto T-109/08)
   (2008/C 116/45)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés
   Partes

      Demandante: Freixenet, S.A. (Sant Sadurní d'Anoia, España) (representantes: F. de Visscher, E. Cornu y D. Moreau, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Con carácter principal, que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 30 de octubre de 2007, y que, haciendo lo que hubiera debido hacer dicha Sala de Recurso, se declare que la solicitud de marca comunitaria no 32.532 reúne los requisitos para su publicación con arreglo al artículo 40 del RMC.

               —

               Subsidiariamente, que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 30 de octubre de 2007.

               —

               En cualquier caso, que se condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca tridimensional con forma de botella esmerilada blanca para productos incluidos en la clase 33 (solicitud no 32.532).

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso; resolución adoptada a raíz de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-190/04, Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada blanca).

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 7, apartados 1 y 3, del Reglamento no 40/94, y de la obligación de motivación, en la medida en que:

               —

               La Sala de Recurso no oyó las observaciones de la parte demandante acerca de la diferente apreciación fáctica efectuada por la Sala.

               —

               La Sala de Recurso no especificó en qué documentos basa su apreciación.

               —

               La presentación de la botella controvertida es original y se desmarca de las presentaciones habituales existentes el 1 de abril de 1996.

               —

               En cualquier caso, la marca de que se trata ha adquirido carácter distintivo en la Comunidad por el uso.


title: Asunto C-40/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de octubre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n o  4 de Bilbao) — Asturcom Telecomunicaciones, S.L./Cristina Rodríguez Nogueira (Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados con los consumidores — Cláusula arbitral abusiva — Nulidad — Laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada — Ejecución forzosa — Competencia del juez nacional que conoce del procedimiento ejecutivo para plantear de oficio la nulidad de la cláusula arbitral abusiva — Principios de equivalencia y de efectividad)

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de octubre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao) — Asturcom Telecomunicaciones, S.L./Cristina Rodríguez Nogueira
   (Asunto C-40/08) (1)

   (Directiva 93/13/CEE - Contratos celebrados con los consumidores - Cláusula arbitral abusiva - Nulidad - Laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada - Ejecución forzosa - Competencia del juez nacional que conoce del procedimiento ejecutivo para plantear de oficio la nulidad de la cláusula arbitral abusiva - Principios de equivalencia y de efectividad)
   2009/C 282/12
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Asturcom Telecomunicaciones, S.L.

      Demandada: Cristina Rodríguez Nogueira

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao — Interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29) — Medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas — Demanda de ejecución de un laudo arbitral firme dictado en rebeldía en virtud de una cláusula arbitral abusiva.

      Fallo

   La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, dictado sin comparecencia del consumidor, está obligado, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, a apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula arbitral contenida en el contrato celebrado entre un profesional y dicho consumidor, en la medida en que, con arreglo a las normas procesales nacionales, pueda efectuar dicha apreciación en el marco de procedimientos similares de carácter interno. Si éste es el caso, incumbe a dicho órgano jurisdiccional extraer todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de ello para cerciorarse de que dicho consumidor no está vinculado por la citada cláusula.

      (1)  DO C 92, de 12.4.2008.


title: Asunto C-562/14 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de diciembre de 2014 por el Reino de Suecia contra la sentencia del Tribunal General (Sala octava) dictada el 25 de septiembre de 2014 en el asunto T-306/12, Darius Nicolai Spirlea y Mihaela Spirlea/Comisión Europea

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/31

         Recurso de casación interpuesto el 5 de diciembre de 2014 por el Reino de Suecia contra la sentencia del Tribunal General (Sala octava) dictada el 25 de septiembre de 2014 en el asunto T-306/12, Darius Nicolai Spirlea y Mihaela Spirlea/Comisión Europea
   (Asunto C-562/14 P)
   (2015/C 046/37)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Reino de Suecia (representante: C. Meyer-Seitz)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Darius Nicolai Spirlea y Mihaela Spirlea, Reino de Dinamarca, República de Finlandia, República Checa, Reino de España

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de septiembre de 2014 en el asunto T-306/14.

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión Europea de 21 de junio de 2012 por la que se deniega al matrimonio Spirlea el acceso a los documentos solicitados.

               —

               Que se condene a la Comisión Europea a abonar al Reino de Suecia las costas relativas al procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurrente invoca tres motivos en apoyo de su recurso de casación.
   Mediante su primer motivo de casación, el Reino de Suecia alega que el Tribunal General interpretó incorrectamente el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (Reglamento sobre la apertura), al estimar que la Comisión, cuando invoca la excepción relativa a la protección los procedimientos de investigación, puede basarse en una presunción general para denegar el acceso a documentos relativos a un procedimiento EU Pilot, como etapa anterior a la posible incoación formal de un procedimiento por incumplimiento, y al considerar que la Comisión no incurrió en un error de Derecho al interpretar la citada disposición en el sentido de que podía denegar el acceso a los documentos solicitados relativos a un procedimiento EU Pilot sin examinarlos de manera concreta e individual.
   Mediante el segundo motivo de casación se aduce que el Tribunal General interpretó incorrectamente el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento sobre la apertura al declarar que la apreciación de la Comisión según la cual no existía ningún interés público superior, en el sentido del final del artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento, no estaba viciada por error alguno.
   Mediante su tercer motivo de casación, el Reino de Suecia alega que el Tribunal General aplicó incorrectamente el Derecho de la Unión al estimar que, incluso al examinar un asunto a la luz del Reglamento sobre la apertura, la legalidad del acto recurrido en el marco de un recurso de anulación interpuesto en virtud del artículo 263 TFUE debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto.

      (1)  DO L 145, p. 43.


title: Asunto C-61/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Landgericht Mainz, de fecha 22 de enero de 1999, en el asunto entre Deutsche Post AG y Landal Green parks GmbH

text:
1.5.1999               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 121/11
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución de la Supreme Court, Dublin, de fecha 5 de julio de              lución del Landgericht Mainz, de fecha 22 de enero de
 1998, en el asunto entre Carmen Proetta y Andrew Neil                   1999, en el asunto entre Deutsche Post AG y Landal
                                                                                Green Parks GmbH
                        (Asunto C-60/99)
                                                                                (Asunto C-61/99)
                         (1999/C 121/20)                                                           (1999/C 121/21)
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución del Landgericht Mainz, dictada el 22 de enero de
resolución de la Supreme Court, Dublin, dictada el 15 de julio
                                                                         1999, en el asunto entre Deutsche Post AG y Landal Green
de 1998, en el asunto entre Carmen Proetta y Andrew Neil,
                                                                         Parks GmbH, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 22 de febrero
                                                                         el 22 de febrero de 1999. El Landgericht Mainz solicita al
de 1999. La Supreme Court, Dublin, solicita al Tribunal de
                                                                         Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las cuestiones
Justicia que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes:
                                                                         siguientes:
1) ¿Es el derecho al honor de un ciudadano de la Comunidad               1) Deben interpretarse los artı́culos 59 y siguientes, 52 y
    Europea un derecho fundamental garantizado por el                        siguientes y 30 y siguientes del Tratado CE en sentido de
    Derecho comunitario?                                                     que permiten a una empresa dentro de la Unión Europea,
                                                                             realizar actividades de publicidad de manera centralizada a
                                                                             partir de la sociedad matriz situada en el Estado miembro
2) ¿Está comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado               A para una filial del Estado miembro B, de forma que la
    CE y, en particular, de su artı́culo 6, una demanda por                  sociedad matriz organiza, paga y hace llegar la publicidad
    presunta difamación presentada por un nacional de un                    —en el caso de envı́o de material publicitario a través de la
    Estado miembro contra un nacional de un segundo Estado                   administración postal del Estado miembro A— hasta el
    miembro ante los órganos jurisdiccionales de un tercer                  consumidor destinatario, con la consecuencia de que la
    Estado miembro, en el que se publicó la presunta difama-                facultad de la administración postal del Estado miembro B
    ción?                                                                   de exigir por la distribución del envı́o el pago de las tarifas
                                                                             internas, al menos cuando, por su contenido y por referirse
                                                                             casi exclusivamente a la filial establecida en el Estado
3) ¿Constituye un derecho derivado del ordenamiento jurı́dico
                                                                             miembro B, la publicidad se haga en favor de ésta, a la que
    comunitario el derecho de un nacional de un Estado
                                                                             beneficia directamente, viola, al sancionar o discriminar
    miembro a demandar a un nacional de otro Estado
                                                                             esta práctica, la libre prestación de servicios, la libre
    miembro en un tercer Estado miembro por responsabilidad
                                                                             circulación de bienes (en el caso de que se considere
    delictual, en el presente caso por difamación, con arreglo
                                                                             primordial la incorporación de la prestación en un bien
    al número 3 del artı́culo 5 del Convenio de Bruselas?
                                                                             mueble) y el libre establecimiento?
                                                                             ¿Cabe decir lo mismo cuando la razón única o determi-
4) Cuando se presenta una demanda en materia civil ante los                  nante de esta práctica empresarial es el ahorro de tarifas
    órganos jurisdiccionales de un Estado miembro con arreglo               postales en la medida en que las tarifas del Estado miembro
    al Convenio de Bruselas, ¿se opone el artı́culo 6 del Tratado            A, en el que está domiciliada la sociedad matriz y a partir
    CE a que los órganos jurisdiccionales de dicho Estado                   del cual se realiza toda la actividad publicitaria, sean escasas
    miembro exijan a un nacional de otro Estado miembro                      o considerablemente inferiores a las del Estado miembro
    que reside fuera del territorio sobre el que tienen jurisdic-            B, en el que actúa la filial a la que beneficia primordialmente
    ción dichos órganos jurisdiccionales la prestación de une             la publicidad?
    fianza para asegurar el pago de las costas del procedimiento
    cuando dicho requisito no podrı́a imponerse a quien reside           2) ¿Debe interpretarse el artı́culo 90 del Tratado CE en el
    en este territorio?                                                      sentido de que una Ley nacional de ratificación del
                                                                             Convenio de la Unión Postal Universal de 14 de diciembre
5) Cuando una demanda en materia civil, que no tiene                         de 1989 viola la prohibición de abuso impuesta en las
    ninguna otra relación con un derecho derivado del ordena-               letras a) y c) del apartado 2 del artı́culo 86 del Tratado CE
    miento jurı́dico comunitario, se presenta ante los órganos              como medida estatal no amparada por el apartado 2 del
    jurisdiccionales de un Estado miembro con arreglo al                     artı́culo 90 del Tratado CE, en la medida en que concede a
    Convenio de Bruselas, ¿se opone el artı́culo 6 del Tratado               la administración postal del Estado miembro B el derecho
    CE a que los órganos jurisdiccionales de dicho Estado                   a reclamar las tarifas internas por distribuir envı́os postales
    miembro exijan a un nacional de otro Estado miembro                      expedidos en el Estado miembro A, deduciendo las tarifas
    que reside fuera del territorio sobre el que tienen jurisdic-            postales ya abonadas en el Estado miembro A, en el
    ción dichos órganos jurisdiccionales, la prestación de una            supuesto de que el autor espiritual y material del folleto
    fianza para asegurar el pago de la costas del procedimiento              publicitario sea una empresa del Estado miembro A pero
    cuando dicho requisito no podrı́a imponerse a quien reside               de su contenido y de la impresión general que proporciona
    en este territorio?                                                      al receptor se deduzca que el único remitente es la empresa
                                                                             del Estado miembro B a favor de la cual se realiza la
                                                                             publicidad?


title: Asunto C-151/01 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de abril de 2001 por S.C.E.A. La Conqueste contra el auto dictado el 30 de enero de 2001 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-215/00, promovido por S.C.E.A. La Conqueste contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
16.6.2001                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 173/29
      ejercicio de una actividad no armonizada en el ámbito               La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
      comunitario, incluso como prestación de servicios, puede
      someterse a disposiciones que se justifiquen por el interés          —      Anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de las
      general, como las normas sobre organización de la                          Comunidades Europeas de 30 de enero de 2001.
      profesión, capacitación o deontologı́a, la Comisión consi-
      dera que la normativa francesa establece requisitos des-             —      Condene a la Comisión Europea a cargar con todas las
      proporcionados y trabas excesivas para el ejercicio en el                   costas, con las consecuencias a que haya lugar en
      territorio francés de la profesión de que se trata por los                 Derecho.
      asesores de propiedad industrial que estén legalmente
      establecidos en otro Estado miembro y realicen en Francia
      una prestación de servicios aislada. Se podrı́an considerar         Motivos y principales alegaciones
      otras medidas, menos gravosas que la inscripción obliga-
      toria en un registro con examen previo, como por                     —      Error de Derecho: el Tribunal de Primera Instancia debió
      ejemplo:                                                                    haber examinado en concreto, debido a la estructura de
                                                                                la cadena de producción de la sociedad recurrente, única
      1.     la obligación ejercer con el tı́tulo de origen,                     en el sudoeste, si el Reglamento controvertido la afectaba,
                                                                                en el momento de su adopción, de modo particular.
      2.     la obligación de que el profesional aporte su tı́tulo,       —      Desnaturalización de las pretensiones de la recurrente.
      3.     un sistema de declaración (como por ejemplo el que           —      Falta de motivación respecto de la alegación basada en el
             se prevé en el artı́culo 22 de la Directiva 85/384/CEE               no reconocimiento del derecho a un recurso efectivo: el
             del Consejo sobre el reconocimiento mutuo de los                     auto recurrido no da respuesta a la alegación de la
             tı́tulos de arquitecto (2)).                                         recurrente de que la interpretación del artı́culo 7 del
                                                                                Reglamento 2081/92 (1) efectuada por la Comisión, en
—     Violación del artı́culo 49 CE por exigir una residencia o                  el sentido de que limita la facultad de oposición al
      un domicilio profesional en Francia para poder realizar                     procedimiento a los Estados miembros, no reconoce el
      una prestación de servicios aislada en dicho territorio.                   derecho a un recurso efectivo.
                                                                           —      Interpretación errónea del artı́culo 7 del Reglamento
(1) DO L 19, de 24.01.1989, p. 16.                                                2081/92; no reconocimiento del derecho a un recurso
(2) Directiva 85/384/CEE del Consejo para el reconocimiento mutuo                 efectivo garantizado, como principio general del Derecho,
    de diplomas, certificados y otros tı́tulos en el sector de la                 por el ordenamiento comunitario: la omisión del Estado
    arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el                 miembro debe permitir que una empresa que satisface las
    ejercicio del derecho de establecimiento y de la libre prestación de         exigencias de admisibilidad previstas en el artı́culo 7,
    servicios (DO L 223, de 21.08.1985, p. 15; EE 06/03, p. 9).                   apartado 4, formule oposición ante la Comisión.
                                                                           (1) Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de
                                                                               1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de
                                                                               las denominaciones de origen de los productos agrı́colas y
                                                                               alimenticios (DO L 208 de 24.07.1992, p. 1).
Recurso de casación interpuesto el 9 de abril de 2001 por
S.C.E.A. La Conqueste contra el auto dictado el 30 de
enero de 2001 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
T-215/00, promovido por S.C.E.A. La Conqueste contra la                    Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
            Comisión de las Comunidades Europeas                          lución del Sozialgericht Leipzig, de fecha 30 de marzo de
                                                                           2001, en el asunto entre Karen Mau y Bundesanstalt für
                                                                                Arbeit
                         (Asunto C-151/01 P)
                                                                                (Asunto C-160/01)
                           (2001/C 173/49)
                                                                                (2001/C 173/50)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 9 de abril de 2001 un recurso de casación                   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
formulado por S.C.E.A. La Conqueste, representada por                      sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Mes A. Lyon-Caen, F. Fabiani y F. Thiriez, avocats, que designa            resolución del Sozialgericht Leipzig, dictada el 30 de marzo de
domicilio en Parı́s, contra el auto dictado el 30 de enero de              2001, en el asunto entre Karen Mau y Bundesanstalt für Arbeit,
2001 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de               y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 12 de abril
las Comunidades Europeas en el asunto T-215/00, promovido                  de 2001. El Sozialgericht Leipzig solicita al Tribunal de Justicia
por S.C.E.A. La Conqueste contra la Comisión.                             que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:


title: Asunto C-225/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por Sozialgericht Nürnberg — Alemania) — Juan Pérez García, José Arias Neita, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdún Espinosa como sucesora de José Bernal Fernández/Familienkasse Nürnberg [Seguridad social — Reglamento (CEE) n ° 1408/71 — Artículos 77 y 78 — Titulares de pensiones adeudadas con arreglo a la normativa de varios Estados miembros — Hijos discapacitados — Prestaciones familiares por hijos a cargo — Derecho a las prestaciones en el anterior Estado de empleo — Existencia de un derecho a las prestaciones en el Estado miembro de residencia — Inexistencia de solicitud — Opción por una prestación de invalidez incompatible con las prestaciones por hijo a cargo — Concepto de «prestaciones por hijos a cargo» — Mantenimiento de los derechos adquiridos en el anterior Estado miembro de empleo]

text:
               10.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 362/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por Sozialgericht Nürnberg — Alemania) — Juan Pérez García, José Arias Neita, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdún Espinosa como sucesora de José Bernal Fernández/Familienkasse Nürnberg
   (Asunto C-225/10) (1)

   (Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Artículos 77 y 78 - Titulares de pensiones adeudadas con arreglo a la normativa de varios Estados miembros - Hijos discapacitados - Prestaciones familiares por hijos a cargo - Derecho a las prestaciones en el anterior Estado de empleo - Existencia de un derecho a las prestaciones en el Estado miembro de residencia - Inexistencia de solicitud - Opción por una prestación de invalidez incompatible con las prestaciones por hijo a cargo - Concepto de «prestaciones por hijos a cargo» - Mantenimiento de los derechos adquiridos en el anterior Estado miembro de empleo)
   2011/C 362/11
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sozialgericht Nürnberg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Juan Pérez García, José Arias Neita, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdún Espinosa como sucesora de José Bernal Fernández

      Demandada: Familienkasse Nürnberg

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Sozialgericht Nürnberg — Interpretación de los artículos 77 a 78 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2) — Prestaciones por hijos discapacitados a cargo de titulares de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de varios Estados miembros y de prestaciones de orfandad sometidas a las legislaciones de varios Estados miembros — Derecho a un complemento abonado por el Estado miembro de empleo cuando las prestaciones por hijos del Estado de residencia son superiores pero no son compatibles con una prestación no contributiva por invalidez por la que ha optado el interesado.

      Fallo

               1)

               Procede interpretar los artículos 77, apartado 2, letra b), inciso i), y 78, apartado 2, letra b), inciso i), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, en el sentido de que los titulares de una pensión de jubilación y/o de invalidez o el huérfano de un trabajador fallecido que hayan estado sometidos a la legislación de varios Estados miembros pero cuyos derechos a pensión de jubilación y de orfandad se basen únicamente en la legislación del anterior Estado miembro de empleo pueden reclamar a las autoridades competentes de este Estado el importe íntegro de los subsidios familiares previstos por esta legislación a favor de los hijos discapacitados, aunque no hayan solicitado al Estado miembro de residencia subsidios comparables, de importe superior, previstos en la legislación de este Estado, al haber optado por la concesión de otra prestación a favor de discapacitados que es incompatible con aquéllos, puesto que el derecho a los subsidios familiares en el anterior Estado miembro de empleo se adquirió en virtud únicamente de la legislación de este Estado.

               2)

               La respuesta a la tercera cuestión es idéntica a la proporcionada a las dos primeras cuestiones cuando, en virtud de la legislación del Estado miembro de residencia, los interesados no pueden optar por el pago de los subsidios familiares en este Estado.

      (1)  DO C 221, de 14.8.2010.


title: Asunto T-503/14: Recurso interpuesto el 2 de julio de 2014 — Euroways/Comisión

text:
               25.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/54

         Recurso interpuesto el 2 de julio de 2014 — Euroways/Comisión
   (Asunto T-503/14)
   2014/C 282/72
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Euroways, SL (Hospitalet de Llobregat, España) (representante: J. De Juan Casadevall, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la decisión recurrida;

               —

               subsidiariamente, y en caso de considerarse el SEAF Ayuda de Estado Ilegal, se acuerde la recuperación sólo hasta la fecha de publicación en el DOUE de la Decisión de inicio del procedimiento de investigación formal, el 21 de septiembre de 2011, y

               —

               condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones son los ya invocados en el asunto T-500/14, Derivados del Flúor/Comisión.


title: Asunto T-156/06: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2007 — Regione Siciliana/Comisión ( Fondo social europeo (FSE) — Reducción de la ayuda económica comunitaria inicialmente concedida — Recurso de anulación — Entidad regional o local — Acto que no les afecta directamente — Inadmisibilidad )

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/43

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2007 — Regione Siciliana/Comisión
   (Asunto T-156/06) (1)

   («Fondo social europeo (FSE) - Reducción de la ayuda económica comunitaria inicialmente concedida - Recurso de anulación - Entidad regional o local - Acto que no les afecta directamente - Inadmisibilidad»)
   (2008/C 51/79)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Regione Siciliana (Italia) (representante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: L. Flynn, M. Velardo y A. Weimar, agentes, asistidos por G. Faedo, abogado)
   Objeto
   Anulación de la Decisión de la Comisión C(2006) 1171, de 23 de marzo de 2006, por la que se reduce la ayuda económica inicialmente concedida por el Fondo Social Europeo (FSE) para un programa operativo en la Regione Siciliana que se incardina en el marco comunitario de apoyo a las intervenciones estructurales del objetivo no 1 en Italia (período 1994-1999).
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Regione Siciliana.

      (1)  DO C 178 de 29.7.2006.


title: Archivo del asunto C-271/98

text:
C 355/18               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      9.12.2000
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal          La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:                                                       de Justicia que:
                                                                       —     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
—    Declare que República Francesa ha incumplido las obliga-
                                                                             plido las obligaciones que le incumben en virtud los
     ciones que le incumben en virtud del artı́culo 2 de la
                                                                             artı́culos 7, 6 y 14 de las Directivas 75/442/CEE del
     Directiva 97/8/CE de la Comisión, de 7 de febrero de
                                                                             Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (1),
     1997, por la que se modifica la Directiva 74/63/CEE del
                                                                             en su versión modificada por las Directivas
     Consejo relativa a las sustancias y productos indeseables
                                                                             91/156/CEE (2) y 91/689/CEE (3) del Consejo, de 18 de
     en la alimentación animal (1), al no poner en vigor, dentro
                                                                             marzo y 12 de diciembre de 1991, relativas a los residuos
     de los plazos establecidos, las disposiciones legales,
                                                                             peligrosos y 94/62/CE del Parlamento Europeo y del
     reglamentarias y administrativas necesarias para el cum-
                                                                             Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
     plimiento de lo dispuesto en la Directiva 97/8/CE.
                                                                             envases y residuos de envases (4), respectivamente, al no
                                                                             adoptar las autoridades competentes luxemburguesas
—    Condene en costas a República Francesa.                                planes de gestión de residuos, incluidos los residuos
                                                                             peligrosos y los residuos de envases o, con carácter
                                                                             subsidiario, en el caso de que se hubieran adoptado tales
                                                                             planes, al no haber sido comunicados a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
                                                                       —     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
El artı́culo 249 CE (anteriormente artı́culo 189 del Tratado
CE), según el cual, una Directiva obliga al Estado miembro            Motivos y principales alegaciones
destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse,
exige que los Estados miembros cumplan los plazos para la
adaptación del Derecho nacional establecidos en las Directivas.       El artı́culo 249 CE (anteriormente artı́culo 189 del Tratado
Este plazo expiró el 30 de junio de 1998 sin que la República        CE), según el cual una Directiva obliga al Estado miembro
Francesa hubiera adoptado las disposiciones necesarias para            destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse,
atenerse a las Directivas mencionadas en las pretensiones de la        exige que los Estados miembros cumplan los plazos para la
Comisión.                                                             adaptación del Derecho nacional establecidos en las Directivas.
                                                                       Este plazo expiró sin que el Gran Ducado de Luxemburgo
                                                                       hubiera adoptado las disposiciones necesarias para atenerse a
                                                                       las Directivas mencionadas en las pretensiones de la Comisión.
(1) DO L 48, de 19.02.1997, p. 30.
                                                                       ( 1) DO L 194, de 25.07.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129.
                                                                       ( 2) DO L 778, de 26.03.1991, p. 32.
                                                                       ( 3) DO L 337, de 31.12.1991, p. 20.
                                                                       ( 4) DO L 365, de 31.12.1994, p. 10.
Recurso interpuesto el 3 de noviembre de 2000 contra el
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                    Comunidades Europeas                                               Archivo del asunto C-271/98 (1)
                       (Asunto C-401/00)                                                        (2000/C 355/37)
                                                                       Mediante auto de 12 de julio de 2000, el Presidente del
                         (2000/C 355/36)                               Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                       archivar el asunto C-271/98 (petición de decisión prejudicial
                                                                       del Juzgado de Primera Instancia no 35 de Barcelona): Salvat
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       Editores SA contra José Antonio Serrano Garrido.
presentado el 3 de noviembre de 2000 un recurso contra el
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Roland
                                                                       (1) DO C 278, de 5.9.1998.
Tricot, miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente,
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de dicho Servicio,
Centre Wagner, Kirchberg.


title: Asunto C-290/10 P: Recurso de casación interpuesto el 10 de junio de 2010 por Franssons Verkstäder AB contra el auto dictado por el Tribunal General (Sala Octava) el 10 de mayo de 2010 en el asunto T-98/10, Franssons Verkstäder/OAMI y Lindner Recyclingtech (Picadoras de forraje)

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/10

         Recurso de casación interpuesto el 10 de junio de 2010 por Franssons Verkstäder AB contra el auto dictado por el Tribunal General (Sala Octava) el 10 de mayo de 2010 en el asunto T-98/10, Franssons Verkstäder/OAMI y Lindner Recyclingtech (Picadoras de forraje)
   (Asunto C-290/10 P)
   ()
   2010/C 328/17
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Franssons Verkstäder AB (representante: O. Öhlén, advokat)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Mediante auto de 9 de septiembre de 2010, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declaró la inadmisibilidad del recurso.


title: Asunto T-681/14: Sentencia del Tribunal General de 28 de marzo de 2017 — El-Qaddafi/Consejo («Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Libia — Congelación de fondos — Restricciones a la entrada en el territorio de la Unión y al tránsito por él — Mantenimiento del nombre de la demandante — Derecho de defensa — Obligación de motivación»)

text:
               15.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/28

         Sentencia del Tribunal General de 28 de marzo de 2017 — El-Qaddafi/Consejo
   (Asunto T-681/14) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Libia - Congelación de fondos - Restricciones a la entrada en el territorio de la Unión y al tránsito por él - Mantenimiento del nombre de la demandante - Derecho de defensa - Obligación de motivación»))
   (2017/C 151/34)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Mascate, Omán) (representantes: inicialmente J. Jones, QC, posteriormente S. Bafadhel, Barrister)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Kyriakopoulou y A. de Elera-San Miguel Hurtado, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE, por el que se solicita la anulación, por una parte, de la Decisión 2014/380/PESC del Consejo, de 23 de junio de 2014, por la que se modifica la Decisión 2011/137/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia (DO 2014, L 183, p. 52), en la medida en que mantiene el nombre de la demandante en la lista recogida en los anexos I y III de la Decisión 2011/137/PESC del Consejo, de 28 de febrero de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia (DO 2011, L 58, p. 53), y, por otra parte, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 689/2014 del Consejo, de 23 de junio de 2014, por el que se aplica el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (DO 2014, L 183, p. 1), en la medida en que mantiene el nombre de la demandante en la lista que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 204/2011 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (DO 2011, L 58, p. 1).

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión 2014/380/PESC del Consejo, de 23 de junio de 2014, por la que se modifica la Decisión 2011/137/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia en la medida en que mantiene el nombre de la Sra. Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi en la lista recogida en los anexos I y III de la Decisión 2011/137/PESC del Consejo, de 28 de febrero de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia.

               2)

               Anular el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 689/2014 del Consejo, de 23 de junio de 2014, por el que se aplica el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia, en la medida en que mantiene el nombre de la Sra. El-Qaddafi en la lista recogida en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 204/2011 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.

               3)

               Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

      (1)  DO C 431 de 1.12.2014.


title: Archivo del asunto C-132/01

text:
C 348/22              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 8.12.2001
              Archivo del asunto C-249/00 (1)                                    Archivo del asunto C-443/00 (1)
                       (2001/C 348/39)                                                    (2001/C 348/42)
Mediante auto de 2 de agosto de 2001, el Presidente del            Mediante auto de 13 de septiembre de 2001, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-249/00: Comisión de las Comunidades          archivar el asunto C-443/00: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República Helénica.                               Europeas contra República Federal de Alemania.
(1) DO C 247 de 26.8.2000.                                         (1) DO C 45 de 10.2.2001.
              Archivo del asunto C-272/00 (1)                                    Archivo del asunto C-132/01 (1)
                       (2001/C 348/40)                                                    (2001/C 348/43)
Mediante auto de 4 de septiembre de 2001, el Presidente del        Mediante auto de 8 de octubre de 2001, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-272/00: Comisión de las Comunidades          archivar el asunto C-132/01: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República Helénica.                               Europeas contra República de Austria.
(1) DO C 259 de 9.9.2000.                                          (1) DO C 161 de 2.6.2001.
              Archivo del asunto C-354/00 (1)                                    Archivo del asunto C-133/01 (1)
                       (2001/C 348/41)                                                    (2001/C 348/44)
Mediante auto de 4 de octubre de 2001, el Presidente del           Mediante auto de 8 de octubre de 2001, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-354/00: Comisión de las Comunidades          archivar el asunto C-133/01: Comisión de las Comunidades
Europeas contra Reino de España.                                  Europeas contra República de Austria.
(1) DO C 316, de 4.11.2000.                                        (1) DO C 161 de 2.6.2001.


title: Asunto F-17/08: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 8 de julio de 2010 — Wybranowski/Comisión (Función pública — Concurso general — No inclusión en la lista de reserva — Valoración de la prueba oral — Anuncio de concurso EPSO/AD/60/06 — Motivación — Competencias del tribunal calificador — Valoración de los candidatos)

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/41

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 8 de julio de 2010 — Wybranowski/Comisión
   (Asunto F-17/08) (1)

   (Función pública - Concurso general - No inclusión en la lista de reserva - Valoración de la prueba oral - Anuncio de concurso EPSO/AD/60/06 - Motivación - Competencias del tribunal calificador - Valoración de los candidatos)
   2010/C 246/70
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Andrzej Wybranowski (Varsovia) (representante: Z. Wybranowski, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y K. Herrmann, agentes)

      Objeto

   Modificación o anulación de la decisión del tribunal calificador del concurso EPSO/AD/60/06 AD5 de no incluir al demandante en la lista de reserva de dicho concurso a la vista de los resultados de la prueba oral.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Wybranowski.

      (1)  DO C 158, de 21.6.2008, p. 25.