title: Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante resoluciones del Tribunal de Casación de Bélgica, de fecha 4 de noviembre de 1996, en los asuntos August De Vriendt, René Van Looveren, Julien Grare, Karel Boeykens, Frans Serneels, Fredy Parotte, Camille Delbrouck, Henri Props, contra Rijksdienst voor Pensioenen/Office National des Pensions (Asuntos C-377/96, C-378/96, C-379/96, C-380/96, C-381/96, C-382/96, C-383/96 y C-384/96)

text:
N°C 40/ 10             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              8 . 2 . 97
El Tribunal correctionnel de Huy solicita al Tribunal de            De Vriendt ( C-377/96 ), Rene Van Looveren ( C-378/96 ),
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :         Julien Grare ( C-379/96 ), Karel Boeykens ( C-380/96 ),
                                                                    Frans Serneels ( C-381 /96 ), Fredy Parotte ( C-382/96 ), Ca
A ) ¿ Deben interpretarse los artículos 59 y 60 del Tratado
                                                                    mille Delbrouck ( C-383/96 ), Henri Props ( C-384/96 ), con
     en el sentido de que prohiben a un Estado miembro
                                                                    tra Rijksdienst voor Pensionen/Office National des Pen
     obligar a una empresa establecida en otro Estado
                                                                    sions, y recibidas en la Secretaría del Tribunal de Justicia
     miembro y que realiza temporalmente obras en el pri           el 27 de noviembre de 1996 .
     mer Estado, a :
     1 ) nombrar un apoderado o encargado a quien se le             El Tribunal de Casación de Bélgica solicita al Tribunal de
         encomiende llevar las cuentas individuales recapi         Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
         tulativas de datos de los trabajadores que prestan         1 ) ¿ Debe interpretarse el artículo 7 de la Directiva 79/7/
         sus servicios en la misma ;                                     CEE del Consejo (') en el sentido de que deja a los Es
     2 ) no obstaculizar la labor inspectora , prevista en la            tados miembros la facultad de fijar de forma distinta ,
         legislación de dicho Estado, relativa a la teneduría            según el sexo, la edad en la que se considera que los
         de los documentos exigidos por la legislación so               hombres y las mujeres han dejado de ser aptos para el
         cial;                                                           trabajo por razón de vejez, para acceder al derecho a
                                                                         la pensión de jubilación para trabajadores por cuenta
     3 ) no entorpecer la labor inspectora , llevada a cabo              ajena y, consiguientemente , la de calcular de manera
         con arreglo a la legislación de dicho Estado regula            distinta las pensiones, de la forma indicada en esta re
         dora de la Inspección de Trabajo;                               solución ?
     4 ) elaborar una cuenta individual para cada trabaja
                                                                    2 ) ¿ Debe interpretarse este artículo en el sentido de que
         dor;
                                                                         impide que los hombres y mujeres considerados no ap
     5 ) llevar un libro de matrícula especial ;                         tos para el trabajo por razón de vejez respectivamente
     6 ) adoptar un reglamento interno de trabajo en la                  a partir de la edad de 65 años y de la 60 años y que
         empresa ;                                                       también pierden, a partir de esta edad, sus derechos a
                                                                         prestaciones de Seguridad Social , como las prestacio
     7 ) conservar los documentos exigidos por la legisla
                                                                         nes de desempleo, puedan hacer valer un derecho in
         ción social ( libro de matrícula y cuenta individual
                                                                         condicional a la pensión a partir de los 60 años, cuan
         recapitulativa de datos para cada trabajador ) en el
                                                                         do la cuantía de la pensión se calcula de forma
         domicilio belga de una persona física , que guarde
                                                                         distinta, dependiendo de que se trate de un hombre o
         en su poder dichos documentos en calidad de apo
                                                                         de una mujer ?
         derado o encargado;
     8 ) entregar una tarjeta individual de identificación a        3 ) Por « edad de jubilación » ( en francés : « l'áge de la pen
         cada trabajador,                                                sión de retraite »; en neerlandés : « pensioengerechtigde
                                                                         leeftijd »; en inglés : « pensionable age »), expresión utili
     dado que la citada empresa ya está sujeta a unas obli              zada en el artículo 7 de la Directiva 79/7/CEE, ¿ debe
     gaciones, si no idénticas, por lo menos comparables                 entenderse la edad que genera el derecho a pensión, o
     por su finalidad, en relación con los mismos trabajado             se trata de la edad en la que se considera que el traba
     res y durante los mismos períodos de actividad, en el               jador por cuenta ajena ha dejado de ser apto par el
     Estado donde se halla establecida ?.                                trabajo por razón de vejez, conforme a los criterios na
B ) Los artículos 59 y 60 del Tratado de Roma, de 25 de                  cionales, y obtiene un ingreso sustitutorio que excluye
     marzo de 1957, por el que se crea la Comunidad Eco                 otras prestaciones de Seguridad Social que respondan
                                                                         a la misma calificación ?
     nómica Europea, ¿ pueden hacer inoperante el párrafo
     primero del artículo 3 del Código Civil, que regula el              ¿ Puede interpretarse este concepto en el sentido de que
     ámbito de aplicación de las leyes belgas de policía y de            cubre las dos definiciones indicadas anteriormente ?
     seguridad ?
                                                                    (■) DO n" L 6 de 10 . 1 . 1979 , p . 24 ; EE 05/02 , p . 174 .
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante re
 soluciones del Tribunal de Casación de Bélgica, de fecha 4         Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de
 de noviembre de 1996, en los asuntos August De Vriendt,             1996 por la Société Louis Dreyfus et Cié contra la senten
 René Van Looveren, Julien Grare, Karel Boeykens, Frans             cia dictada el 24 de septiembre de 1996 por la Sala Terce
 Serneels, Fredy Parotte, Camille Delbrouck, Henri Props,           ra del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
 contra Rijksdienst voor Pensioenen/Office National des             Europeas en el asunto T-485/93 , promovido por la Société
                              Pensions                               Louis Dreyfus et Cié contra la Comisión de las Comunida
    ( Asuntos C-3 77/96, C-378/96, C-379/96, C-380/96,                                           des Europeas
         C-381 /96, C-382/96, C-383/96 y C-384/96 )                                        ( Asunto C-3 86/96 P )
                           ( 97/C 40/20 )                                                        ( 97/C 40/21 )
 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 han sido sometidas peticiones de decisión prejudicial me           ha presentado el 28 de noviembre de 1996 un recurso de
 diante resoluciones del Tribunal de Casación de Bélgica,            casación formulado por la Société Louis Dreyfus et Cié,
 dictadas el 4 de noviembre de 1996, en los asuntos August           representada por el Sr. R. Saint-Esteben, que designa como


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 17 de abril de 1997 en el asunto C-90/95 P: Henri de Compte contra Parlamento Europeo (Funcionarios - Decisión por la que se reconoce una enfermedad profesional - Revocación de un acto administrativo - Confianza legítima - Plazo razonable - Recurso de casación)

text:
N° c 199/2             lis                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   28 . 6 . 97
      la «société en participation », en la medida en que estas            4 ) Se condena al Parlamento Europeo a pagar al recu
      últimas pueden favorecer formas de producción que                        rrente la cantidad de 9 147 091 francos belgas, más los
      no se ajustan a la normativa comunitaria.                                intereses de demora a razón del 8 % anual a partir del
                                                                               24 de enero de 1991 basta el día del pago efectivo.
(') DO n° C 54 de 4 . 3 . 1995 .
( 2 ) DO n° L 90 de 1 . 4 .' 1984, p . 10; EE 03/30, p . 61 .
( 3 ) DO n° L 90 de 1 . 4 . 1984, p . 13 ; EE 03/30, p . 64 .
                                                                           5 ) Se condena al Parlamento Europeo a pagar la totali
                                                                               dad de las costas de ambos procedimientos.
                                                                           O DO n° C 159 de 24 . 6 . 1995 .
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                ( Sala Sexta )
                       de 17 de abril de 1997                                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL
        en el asunto C-90/95 P: Henri de Compte contra                                              ( Sala Primera )
                      Parlamento Europeo H
                                                                                de 17 de abril de 1997
(Funcionarios — Decisión por la que se reconoce una
enfermedad profesional — Revocación de un acto admi                       en el asunto C-138/95 P: Campo Ebro Industrial, SA,
nistrativo — Confianza legítima — Plazo razonable —                        Levantina Agrícola Industrial, SA ( LAISA), y Cerestar
                        Recurso de casación)                               Ibérica, SA contra Consejo de la Unión Europea, apoyado
                                                                                por Comisión de las Comunidades Europeas ( l )
                              ( 97/C 199/02
                                                                           (Recurso de casación — Azúcar — Adhesión del Reino de
                (Lengua de procedimiento: francés)                         España — Aproximación del precio del azúcar — Produc
                                                                                ción de isoglucosa)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi                                         ( 97/C 199/03 )
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                de Justicia »)                                           (Lengua de procedimiento: inglés)
En el asunto C-90/95 P, Henri de Compte ( representado
inicialmente por el Sr. Eric Boigelot, y posteriormente por                (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
el Sr. Francesco Pasetti Bombardella ), que tiene por objeto               cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de                                            de Justicia»)
Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 26 de
enero de 1995 , De Comte contra Parlamento ( T-90/91 y                     En el asunto C-138/95 P, Campo Ebro Industrial, SA, Le
T-62/92, Rec.FP p . II-l ), y por el que se solicita que se                vantina Agrícola Industrial, SA ( LAISA), y Cerestar Ibéri
anule dicha sentencia, con excepción de aquella parte en                   ca, SA ( Abogado: Sr. Paul Glazener ) que tiene por objeto
la que condena al Parlamento a abonar al recurrente la                     un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del
cantidad de 200 000 francos belgas en concepto de repara                  Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Euro
ción del perjuicio moral, y en el que la otra parte en el                  peas ( Sala Primera ) de 21 de febrero de 1995 , Campo
procedimiento es : Parlamento Europeo ( representado por                   Ebro y otros contra Consejo (T-472/93 , Rec . 1995 , p . II-
el Sr. François Vainker, asistido por el Sr. Denis Wael                   421 ), por el que se solicita que se anule parcialmente dicha
broeck ), el Tribunal de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por            sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento es :
los Sres.: G. F. Mancini, Presidente de Sala; J. L. Murray,                Consejo de la Unión Europea ( Agente : Sr. Arthur Brauti
C. N. Kakouris. P. J. G. Kapteyn y H. Ragnemalm ( Ponen                   gam ), apoyado por Comisión de las Comunidades Euro
te ), Jueces; Abogado General : Sr. G. Tesauro; Secretario:                peas (Agentes : Sres. José Luis Iglesias Buhigues y James
Sr. R. Grass, ha dictado el 17 de abril de 1997 una senten                Macdonald Flett ), el Tribunal de Justicia ( Sala Primera ),
cia cuyo fallo es el siguiente :                                           integrado por los Sres.: L. Sevón, Presidente de Sala ( Po
                                                                           nente ); D. A. O. Edward y M. Wathelet, Jueces; Abogado
 1 ) Se anula la sentencia del Tribunal de Primera Instancia               General : Sr. A. La Pérgola; Secretario: Sr. R. Grass; ha dic
       de las Comunidades Europeas de 26 de enero de 1995,                 tado el 17 de abril de 1997 una sentencia cuyo fallo es el
       De Compte contra Parlamento (T-90/91 y T-62/92),                    siguiente:
       con excepción de aquella parte en la que condena al
       Parlamento Europeo a abonar al recurrente la canti                 1 ) Se desestima el recurso de casación.
       dad de 200 000 francos belgas en concepto de repara
       ción del perjuicio moral.
                                                                           2 ) Se condena en costas a las recurrentes. La parte coad
2 ) En el asunto T-90/91 , se anula la decisión de 18 de                        yuvante cargará con sus propias costas.
       abril de 1991 .
                                                                           (') DO n° C 189 de 22 . 7. 1995 .
3 ) En el asunto T-62/92, se anula la decisión de 20 de
       enero de 1992 .


title: Asunto C-174/07: Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

text:
               23.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 140/12

         Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-174/07)
   (2007/C 140/20)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Traversa y M. Afonso, agentes)

      Demandada: República Italiana
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, apartado 1, letras a), c) y d), y de los artículos 193 a 273 del título XI de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (1), de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, que derogaron y sustituyeron, a partir del 1 de enero de 2007, los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo (2), de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, en relación con lo dispuesto en el artículo 10 CE, al haber hecho extensible al año 2002, mediante el artículo 2, apartado 44, de la Ley no 350, de 24 de diciembre de 2003 (Ley de presupuestos de 2004), la condonación fiscal prevista en los artículos 8 y 9 de la Ley no 289, de 27 de diciembre de 2002 (Ley de presupuestos de 2003), y al haber previsto expresamente y con carácter general la renuncia a la inspección de los hechos imponibles producidos en el curso del período impositivo correspondiente al año 2002.

               —

               Que se condene en costas República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones

               1)

               La Comisión recuerda que existe una doble obligación impuesta a los Estados miembros por el legislador comunitario, no sólo la de aprobar todos los actos legislativos de Derecho nacional necesarios para dar cumplimiento a la Sexta Directiva IVA, sino también la de adoptar todas las medidas de carácter administrativo necesarias para garantizar la observancia, por parte de los sujetos pasivos del IVA, de las obligaciones derivadas de esa misma Sexta Directiva, y especialmente la obligación de pagar el impuesto devengado a raíz de la realización de operaciones imponibles dentro de un determinado período de tiempo. La armonización del IVA que persigue el legislador comunitario quedaría privada de sentido, así como de cualquier tipo de utilidad práctica, si las Administraciones tributarias no estuvieran obligadas a llevar a la práctica una acción eficaz de liquidación y de inspección destinada a garantizar «que la recaudación del impuesto se efectúe de modo uniforme en todos los Estados miembros», tal como precisa el considerando 14 de la Sexta Directiva.

               2)

               Las normas contenidas en los artículos 8 y 9 de la Ley italiana no 289/2002 rebasan ampliamente el margen de discrecionalidad administrativa atribuido a los Estados miembros por el legislador comunitario. En efecto, en lugar de utilizar tales facultades discrecionales para lograr una mayor eficacia de la inspección tributaria, el Estado italiano llevó a cabo, en virtud de la citada Ley, una auténtica y genuina renuncia general, indiscriminada y preventiva a toda actividad de liquidación y de inspección en materia de IVA, contraviniendo directamente de este modo las prescripciones del artículo 22 de la Sexta Directiva e incumpliendo, por consiguiente, la obligación general, recogida en el artículo 2, de gravar con el IVA todos los hechos imponibles. El legislador italiano ha ofrecido a todo sujeto pasivo del IVA sometido a su competencia impositiva la posibilidad de excluir por completo eventuales inspecciones tributarias respecto de una serie de períodos impositivos. Tan significativa ventaja puede obtenerla el contribuyente mediante el pago de una cantidad calculada a tanto alzado que no tiene nada que ver con el IVA que habría debido abonarse sobre el precio de las entregas de bienes o prestaciones de servicios llevadas a cabo por el sujeto pasivo en el período impositivo considerado.

               3)

               Esta «desvinculación» radical entre la cuota del impuesto calculada según las normas ordinarias del IVA y la cantidad que ha de abonarse para adherirse al «condono tombale» (condonación global) resulta especialmente visible en los supuestos en los que el sujeto pasivo se abstiene por completo de presentar declaración tributaria. El contribuyente tiene la posibilidad de regularizar su situación, en lo que atañe a cada ejercicio tributario anual, mediante el pago de 1 500 euros cuando se trata de una persona física, o de 3 000 euros si el sujeto pasivo es una sociedad. Una similar inexistencia de cualquier tipo de vínculo con la base imponible de las operaciones efectuadas (y no declaradas) caracteriza asimismo la modalidad «condono tombale» que se efectúa mediante la presentación de una declaración complementaria. En efecto, el importe que debe pagar el contribuyente que pretende valerse de la condonación se calcula en un porcentaje (2 %) que se aplica al IVA que debería haberse pagado por las entregas de bienes o prestaciones de servicios llevadas a cabo en cada ejercicio tributario (o al IVA sobre adquisiciones deducido indebidamente en el mismo período impositivo).

               4)

               La mencionada renuncia preventiva y general a toda actividad de verificación es de tal magnitud que ocasiona graves distorsiones en el buen funcionamiento del sistema común del IVA. En particular, resulta alterado el principio de neutralidad fiscal, el cual se opone a que los agentes económicos que realizan las mismas operaciones sean objeto de un tratamiento diferente desde el punto de vista de la recaudación del IVA. En efecto, toda excepción a la regla de la aplicación y recaudación efectivas del IVA se traduce, por un lado, en un grave perjuicio tanto para las empresas italianas como para las de otros Estados miembros, sujetas todas ellas al régimen ordinario del impuesto sobre el valor añadido, y, por otro lado, en una grave lesión del principio de la «libre competencia» dentro del mercado común, enunciado en el cuarto considerando de la Sexta Directiva.

      (1)  DO L 347, p. 1.

      (2)  DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.


title: Asunto T-118/17: Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamento

text:
               18.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/45

         Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamento
   (Asunto T-118/17)
   (2017/C 121/65)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Institute for Direct Democracy in Europe (Bruselas, Bélgica) (representantes: E. Plasschaert y E. Montens, abogados)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión dictada por el Parlamento el 15 de diciembre de 2016 en la medida en que a) suspende el pago la subvención de 2017, incluido el pago de la prefinanciación, b) limita el importe de la prefinanciación de la subvención de 2017 al 33 % del importe máximo fijado y c) supedita el pago del importe de la prefinanciación a que se constituya una garantía a primer requerimiento y, por ello, anule el artículo I.4.1 de la Decisión FINS-2017-28 sobre concesión de subvención (anexo a la dicha Decisión).

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.
   a)   Respecto de la Decisión mediante la que se suspende el pago a la entidad IDDE de la subvención de 2017, incluido el pago de la prefinanciación

               1.

               Primer motivo, basado en que la Decisión viola el principio de buena administración y vulnera el derecho a la defensa de IDDE. Concretamente, la Decisión no fue adoptada por una autoridad justa e imparcial y no se dio la audiencia debida a IDDE ni se le facilitó la posibilidad efectiva de presentar observaciones sobre las acusaciones que se le dirigían y refutar las mismas.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Decisión infringe la frase primera del artículo 208, apartado 1, de las Normas de Desarrollo del Reglamento Financiero, el artículo 8, letra a), de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo y el artículo II.13.2 de la Decisión sobre concesión de subvención. Concretamente, el pago de la subvención de 2017 no puede suspenderse en virtud de alegaciones sin confirmar, que carecen de relación con dicha Decisión y que según se alega se refieren únicamente a la Decisión sobre concesión de la subvención de 2015. Además, el pago de la subvención de 2017 sólo puede suspenderse por motivos de comprobaciones administrativas que en el presente asunto ya se han llevado a cabo y que terminaron sin confirmación definitiva de ninguna de las sospechas o alegaciones. Por consiguiente, debe levantarse la suspensión. Por último, las sospechas y presunciones que se mencionan no bastan para justificar suspensión alguna del pago.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Decisión viola el principio de proporcionalidad. Concretamente, el alcance de la medida adoptada, esto es, la suspensión del pago de la subvención de 2017, incluido su prepago, resulta absolutamente desproporcionada en comparación con las sospechas e irregularidades que se mencionan, incluso si éstas se confirmaran.

         b)   Respecto de la Decisión mediante la que se limita la prefinanciación al 33 % del importe máximo fijado y se supedita su pago a que se constituya una garantía a primer requerimiento

               1.

               Primer motivo, basado en que la Decisión viola el principio de buena administración y vulnera el derecho a la defensa de IDDE.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Decisión incumple la obligación de motivación, vulnera el derecho a la defensa e infringe el artículo 6 de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, el artículo 134 del Reglamento Financiero y el artículo 206 de las Normas de Desarrollo del Reglamento Financiero.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Decisión viola los principios de igualdad de trato y proporcionalidad. IDDE ha sufrido discriminación negativa en comparación con otras fundaciones y otros partidos que se encuentran en situaciones objetivamente semejantes.


title: Asunto T-195/11 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 11 de mayo de 2011 — Cahier y otros/Consejo y Comisión ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Responsabilidad extracontractual — Demanda de medidas provisionales — Inadmisibilidad parcial — Falta de urgencia» )

text:
               25.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 186/26

         Auto del Presidente del Tribunal General de 11 de mayo de 2011 — Cahier y otros/Consejo y Comisión
   (Asunto T-195/11 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Responsabilidad extracontractual - Demanda de medidas provisionales - Inadmisibilidad parcial - Falta de urgencia)
   2011/C 186/49
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Francia) y los otros 28 demandantes cuyos nombres figuran en el anexo al auto (representante: C.-É. Gudin, abogado)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: É. Sitbon Bercain y P. Mahnič Bruni, agentes), y Comisión Europea (representantes: D. Bianchi, B. Schima y M. Vollkommer, agentes)

      Objeto

   Demanda de medidas provisionales y de suspensión de la aplicación del artículo 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179, p. 1), mantenido por el artículo 128, apartado 3, del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE) no 1493/1999.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-190/00: Recurso interpuesto el 21 de julio de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Regione Siciliana

text:
C 285/16                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             7.10.2000
—     La Comisión no ha realizado un examen diligente de los             Motivos y principales alegaciones
      hechos, al considerar que las consecuencias perjudiciales
      de la ayuda de Estado se verı́an compensadas por el efecto
      que la reducción de la capacidad pertinente tendrı́a sobre         Las demandantes son empresas importadoras y exportadoras
      la competencia. La presunta «reducción» de capacidad,              establecidas en la Comunidad Europea. Su sociedad matriz
      según se describe en la decisión impugnada, no tendrá            es Invest-Import AG establecida en Belgrado. Mediante el
      ninguna incidencia en la competitividad de Delon, sino              Reglamento recurrido se incluyó a las demandantes en una
      que, por el contrario, provocará, de hecho, un aumento             lista de compañı́as que se consideran «propiedad del Gobierno
      de la capacidad.                                                    de la República Federativa de Yugoslavia, o del Gobierno de la
                                                                          República de Serbia, o se encuentran bajo su control» (artı́cu-
                                                                          lo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1294/1999 del
—     La ayuda de que se trata no ha ido acompañada de una               Consejo (1). Esto tiene como consecuencia, conforme al artı́cu-
      reducción real y efectiva de la capacidad, tal como se             lo 3, apartado 1), del Reglamento, que las cuentas de las
      contempla en las Directrices aplicables a las ayudas al             demandantes en Alemania y Francia se encuentran bloqueadas.
      sector de las fibras sintéticas (1) y en el artı́culo 87 CE.
                                                                          Las demandantes alegan, en primer término, que el Reglamento
( 1) DO 1996 C 94, p. 11.
                                                                          impugnado infringe el Reglamento no 1294/1999. Según ellas,
                                                                          la Comisión ha subsumido erróneamente a las demandantes
                                                                          entre aquellas compañı́as y entidades que, a través de su
                                                                          empresa matriz, son propiedad o están controladas por el
                                                                          Gobierno. Pero la sociedad matriz de las demandantes más
                                                                          bien pertenece a los trabajadores de la empresa.
                                                                          Las demandantes proponen a continuación la excepción
                                                                          de ilegalidad, conforme al artı́culo 241 CE del Reglamento
                                                                          no 1294/1999, en la versión del Reglamento no 723/2000,
Recurso interpuesto el 18 de julio de 2000 contra la                      puesto que mediante este acto jurı́dico se trata sin razón a la
Comisión de las Comunidades Europeas por «Invest»                        sociedad matriz como si fuera propiedad del Gobierno.
       Import und Export GmbH e Invest Commerce
                                                                          Además las demandantes aducen una violación de sus derechos
                                                                          de defensa y una vulneración del principio de proporcionali-
                        (Asunto T-189/00)                                 dad. Finalmente alegan que el Reglamento impugnado no está
                                                                          suficientemente motivado.
                          (2000/C 285/29)
                                                                          (1) Reglamento (CE) no 1294/1999 del Consejo, de 15 de junio de
                                                                              1999, relativo a la congelación de capitales y a la prohibición de las
                                                                              inversiones en relación con la República Federativa de Yugoslavia
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                           (DO L 153, p. 63; en la versión del Reglamento (CE) no 723/2000
                                                                              del Consejo, de 6 de abril de 2000, DO L 86, p. 1).
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 18 de julio de 2000 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
por «Invest» Import und Export GmbH, Neuss (RFA), e Invest
Commerce, Parı́s, representadas por el Abogado Dr. Rolf
Wägenbaur, del bufete Graf von Westphalen, Fritze & Modest,
Bruselas.
                                                                          Recurso interpuesto el 21 de julio de 2000 contra la
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:              Comisión de las Comunidades Europeas por la Regione
                                                                                Siciliana
—     Anule el Reglamento (CE) no 1147/2000 de la Comisión,
      de 29 de mayo de 2000, por el que se modifica el anexo II                                    (Asunto T-190/00)
      del Reglamento (CE) no 1294/1999 del Consejo relativo
      a la congelación de capitales y a la prohibición de las                                      (2000/C 285/30)
      inversiones en relación con la República Federativa de
      Yugoslavia, en la medida en que modifica el anexo II
      del Reglamento no 1294/1999 incluyendo a la segunda
      demandante en el tı́tulo «Francia» y a la primera deman-                             (Lengua de procedimiento: italiano)
      dante en el tı́tulo «Alemania».
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—     Condene en costas a la demandada.                                   Europeas se ha presentado el 21 de julio de 2000 un recurso
 ---pagebreak--- 7.10.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 285/17
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                Recurso interpuesto el 25 de julio de 2000 contra la
por la Regione Siciliana, representada por Francesca Quadri,             Comisión de las Comunidades Europeas por Werner F.
Abogado, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede                                             Edlinger
de la Embajada de Italia, rue Marie-Adélaïde, 5.
                                                                                (Asunto T-191/00)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                                (2000/C 285/31)
—     Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades                               (Lengua de procedimiento: alemán)
      Europeas de 22 de diciembre de 1999.
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—     Condene en costas a la parte demandada.                            Europeas se ha presentado el 25 de julio de 2000 un recurso
                                                                         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                         por Werner F. Edlinger, Viena, representado por Dr. Friedrich
                                                                         Fritsch, Abogado de Viena.
Motivos y principales alegaciones
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
El presente recurso va dirigido contra la Decisión de la                que:
Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativa al régimen de
ayudas estatales en favor de la producción, transformación y           —     declare que la Comisión de las Comunidades Europeas ha
comercialización de los productos incluidos en el Anexo I del                 omitido ilı́citamente tomar medidas, a raı́z de sus escritos
Tratado CE, en la parte en que declara que las ayudas                          de requerimiento de 6 de abril y 22 de mayo de 2000,
establecidas por el artı́culo 6 de la Ley de 27 de septiembre de               encaminadas a suprimir las medidas ilegales adoptadas
1995, no 68, de la Regione Siciliana en favor de empresas que                  contra Austria.
actúan en el sector de la agricultura y de la pesca son
incompatibles con el mercado común, imponiendo además a
Italia la obligación de no ejecutar y suprimir las citadas ayudas.      Motivos y principales alegaciones
                                                                         La parte demandante es de nacionalidad austriaca. Manifiesta
Dicha Ley prácticamente reproduce el régimen establecido por            que a su llegada al aeropuerto de Bruselas el 9 de marzo de
la Ley regional de 23 de mayo de 1991, no 32, relativa a las             2000 un taxista se negó a conducirla al centro de la ciudad. En
intervenciones en el sector agrı́cola. El artı́culo 48 de esta Ley       su opinión, ello se debe a las medidas comunicadas por la
disponı́a la concesión, en el trienio 1991-1993, de una ayuda           Presidencia portuguesa en nombre de 14 Estados miembros al
al pago de intereses a las instituciones y establecimientos de           Gobierno austriaco en una declaración de 31 de enero de
crédito por préstamos de gestión de duración no superior a un          2000. La parte demandante alega que dichas medidas infringen
año concedidos a operadores comerciales que tuvieran su                 el Derecho comunitario. La Comisión, Guardiana de los
domicilio y ejercieran su actividad en Sicilia y cuyo volumen            Tratados, estaba obligada a adoptar decisiones para conseguir
de negocios se dedicara al menos en un 70 % a la venta de                la supresión de dichas medidas, lo cual omitió ilı́citamente
productos de la citricultura y de productos hortofrutı́colas             hacer.
fuera del territorio de la Regione. Dicha medida fue notificada
y la Comisión no se opuso a su concesión.
En apoyo de sus pretensiones, la Regione demandante alega
principalmente la existencia en el presente asunto de una
desviación de poder, la infracción del artı́culo 88, apartado 1,
del Tratado y la del artı́culo 253 del Tratado en su aspecto de          Recurso interpuesto el 26 de julio de 2000 contra el
falta de motivación, ası́ como la violación de los principios de            Parlamento Europeo por Nuno Antas de Campos
confianza legı́tima y de seguridad jurı́dica. A este respecto, se
destaca la identidad sustancial de los artı́culos 6 y 48 de las                                 (Asunto T-194/00)
Leyes de 1995 y de 1991. Según la demandante, una vez
aprobado un régimen general de ayudas, la Comisión no debe
efectuar un examen individual de estas últimas. Ası́ pues, al                                    (2000/C 285/32)
exponer las razones por las que el artı́culo 6 de que se trata
debı́a considerarse como un nuevo régimen de ayudas, la
Comisión no tuvo en absoluto en consideración el alcance real                         (Lengua de procedimiento: portugués)
de la norma, efectuando valoraciones diversas y contradictorias
respecto a la decisión anterior de aprobación de la ayuda.             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 26 de julio de 2000 un recurso
                                                                         contra el Parlamento Europeo formulado por Nuno Antas de
                                                                         Campos, con domicilio en Lisboa, representado por el Sr. Car-
                                                                         los Botelho Moniz, Abogado de Lisboa.


title: Asunto C-336/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, de fecha 21 de julio de 2003, en el asunto entre Easycar (UK) Ltd y Office of Fair Trading

text:
C 226/12                 ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                             20.9.2003
A)    La interpretación del artículo 3, letra a), en relación con         ¿Comprende la expresión «contratos de suministro de servicios
      el apartado primero del artículo 4, de la Directiva                 de ... transporte ... » contenida en el artículo 3, apartado 2 de la
      89/48/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un                Directiva 97/7/CE (1) sobre la protección de los consumidores
      sistema general de reconocimiento de los títulos de                 en materia de contratos a distancia, la prestación de servicios de
      enseñanza superior que sancionan formaciones profesio-              alquiler de vehículos?
      nales de una duración mínima de tres años (1), ¿permite
      que el Estado de acogida proceda a un reconocimiento
      limitado de las cualificaciones profesionales de un solici-         (1) Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de
      tante en posesión del título de Ingegnere civile idraulico              mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en
      (expedido en Italia) que desea ejercer en otro Estado miem-             materia de contratos a distancia — Declaración del Consejo y del
      bro cuya legislación reconoce como profesión regulada la                Parlamento Europeo sobre al apartado 1 del artículo 6 —
      de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos? Se parte de la              Declaración de la Comisión sobre el primer guión del apartado 1
      base de que esta última profesión comprende en el Estado                del artículo 3 (DO L 144 de 4.6.1997, p. 19).
      de acogida actividades no siempre correspondientes con el
      título del solicitante y que la formación acreditada por éste
      no comprende materias sustanciales de las exigidas, con
      carácter general, para obtener el título de Ingeniero de
      Caminos, Canales y Puertos en el Estado de acogida.
                                                                          Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2003 contra la
                                                                          República Federal de Alemania por la Comisión de las
B)   En caso de que la respuesta a la primera pregunta fuera                                    Comunidades Europeas
     positiva, ¿es conforme con los artículos 39 y 43 del
     Tratado CE restringir el derecho de los solicitantes que                                      (Asunto C-339/03)
     pretendan ejercer su profesión propia, por cuenta propia
     o ajena, en un Estado miembro distinto de aquel en el que                                      (2003/C 226/22)
     han adquirido la cualificación profesional, de modo que
     dicho Estado de acogida pueda excluir, mediante sus                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     normas internas, el reconocimiento limitado de las cuali-            presentado el 1 de agosto de 2003 un recurso contra la
     ficaciones profesionales, si tal decisión, ajustada en princi-       República Federal de Alemania formulado por la Comisión de
     pio al artículo 4 de la Directiva 89/48/CEE, implica                 las Comunidades Europeas, representada por D. Josef-Christian
     imponer unas exigencias adicionales desproporcionadas                Schieferer y D. Michel Van Beek, miembros del Servicio Jurídico
     para el ejercicio de la profesión propia?                            de la Comisión de las Comunidades Europeas, que designa
                                                                          domicilio en Luxemburgo.
     Por reconocimiento limitado se entiende, a estos efectos, el
     que autorizaría al solicitante a ejercer su actividad de             La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
     ingeniero tan sólo en el sector correspondiente (hidráu-             de Justicia que:
     lico) de la profesión, más general, de Ingeniero de
     Caminos, Canales y Puertos regulada en el Estado de
                                                                          1)    Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
     acogida, sin someterlo a las exigencias adicionales
                                                                                plido las obligaciones que le incumben en virtud del
     previstas en la letra b) del artículo 4, apartado uno, de
                                                                                artículo 9 de la Directiva 1999/22/CE del Consejo, de
     la Directiva 89/48/CEE.
                                                                                29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de
                                                                                animales salvajes en parques zoológicos (1), al no haber
(1) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.                                                adoptado las medidas legales, reglamentarias o administra-
                                                                                tivas necesarias para cumplir lo dispuesto en dicha
                                                                                Directiva (a saber, medidas legales y administrativas para
                                                                                la total adaptación a la Directiva de la normativa nacional
Petición de decisión prejudicial planteada mediante                             en los Bundesländer, salvo en el caso de los Länder de
resolución de la High Court of Justice (England & Wales),                       Bremen, Hamburgo, Hesse, Baden-Wurtemberg y Baja
Chancery Division, de fecha 21 de julio de 2003, en el                          Sajonia), o, en cualquier caso, al no haber notificado dichas
  asunto entre Easycar (UK) Ltd y Office of Fair Trading                        medidas a la Comisión.
                         (Asunto C-336/03)                                2)    Condene en costas a la República Federal de Alemania.
                           (2003/C 226/21)                                Motivos y principales alegaciones
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
sometida una petición de decisión prejudicial mediante                    El 9 de abril de 2002 expiró el plazo para la adaptación a la
resolución de la High Court of Justice (England & Wales),                 Directiva de la normativa nacional sin que hubieran sido adop-
Chancery Division, dictada el 21 de julio de 2003, en el asunto           tadas las medidas necesarias para ello en todos los
entre Easycar (UK) Ltd y Office of Fair Trading, y recibida en la         Bundesländer.
Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de julio de 2003. La
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la                (1) DO L 94, p. 24.
siguiente cuestión:


title: Asunto C-58/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 10 de febrero de 2015 — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

text:
               26.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 10 de febrero de 2015 — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart
   (Asunto C-58/15)
   (2015/C 171/14)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Firma Theodor Pfister

      Demandada: Landkreis Main-Spessart

      Cuestión prejudicial

               —

               ¿Permite el artículo 27, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 29 de abril de 2004, en relación con el período de transición de 2007, recaudar las tasas sanitarias aplicables a la carne para cubrir costes con arreglo a la legislación anterior (Directiva 85/73/CEE en su versión resultante de la Directiva 96/43/CE)?

      (1)  Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165, p. 1).


title: Asunto T-260/06: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2008 — Arktouros/Comisión ( Recurso de anulación — Reglamento (CE) n o  1655/2000 — Supresión de la ayuda financiera concedida para un proyecto ecológico — Decisión que pone fin al proyecto y reclama la devolución del importe abonado como adelanto — Acto confirmatorio — Expiración del plazo para recurrir — Inadmisibilidad )

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/34

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2008 — Arktouros/Comisión
   (Asunto T-260/06) (1)

   («Recurso de anulación - Reglamento (CE) no 1655/2000 - Supresión de la ayuda financiera concedida para un proyecto ecológico - Decisión que pone fin al proyecto y reclama la devolución del importe abonado como adelanto - Acto confirmatorio - Expiración del plazo para recurrir - Inadmisibilidad»)
   (2008/C 171/63)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs Arktouros (Salónica, Grecia) (representantes: N. Korogiannakis y N. Keramidas, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: M. Konstantinidis, agente)
   Objeto
   Anulación de la Decisión E(2006) 3181 final de la Comisión, de 6 de julio de 2006, por la que se pone fin a un proyecto relativo a acciones de conservación en el Parque Nacional de Pindos Septentrional (Grecia) (Ellas — LIFE03/NAT/GR/000089) y se reclama la devolución de una parte del importe pagado a la demandante en ejecución de la Decisión de la Comisión C(2003) 2919 final, de 4 de septiembre de 2003, por la que se otorga apoyo financiero comunitario a dicho proyecto.
   Fallo

               1)

               Declarar el recurso inadmisible.

               2)

               Condenar a Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs Arktouros al pago de sus propias costas y de aquéllas en las que haya incurrido la Comisión.

      (1)  DO C 281 de 18.11.2006.


title: Asunto C-197/01: Recurso interpuesto el 9 de mayo de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de los Países Bajos

text:
C 227/8                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         11.8.2001
Motivos y principales alegaciones                                                 en la lista de 31 de marzo de 1989, a los que se
                                                                                propuso una transacción al amparo del Reglamento
—    Infracción del artı́culo 288 CE y violación de los princi-                 (CE) no 2187/93.
     pios de protección de la confianza legı́tima y de motiva-
                                                                           —      la Comisión, en las negociaciones para llegar a una
     ción, ası́ como interpretación errónea del requisito de
                                                                                transacción que llevó a cabo después de 1993 con
     causalidad, ya que el Tribunal de Primera Instancia ha
                                                                                los productores SLOM que inicialmente no entraban
     declarado que no cabe imputar a la Comunidad los daños
                                                                                en el ámbito de aplicación del Reglamento
     causados al Sr. van den Berg después del 13 de mayo de
                                                                                no 2187/93 (2), pero respecto de los cuales fue
     1986: el Tribunal de Primera Instancia ha ignorado el
                                                                                admitida posteriormente la responsabilidad de la
     contenido del principio de protección de la confianza
                                                                                Comisión, tampoco invocó prescripción alguna aún
     legı́tima y lo ha aplicado de manera manifiestamente
                                                                                cuando los referidos productores SLOM figuraban
     errónea al Sr. van den Berg. La cuestión es que el Sr. van
                                                                                en la lista de que se trata, y ello independientemente
     den Berg, quién en 1985-1986 dio deliberadamente los
                                                                                de si los productores afectados habı́an interpuesto
     pasos necesarios para trasladar su explotación junto con
                                                                                entretanto un recurso al amparo del artı́culo 215 del
     la cuota — lo cual es posible si se dispone de una cuota
                                                                                Tratado CE.
     «normal» —, confiaba legı́timamente en que, por el mero
     hecho de ser un productor SLOM, no recibirı́a un trato                —      en el asunto T-179/96, Antonissen, la Comisión,
     distinto del de un productor «normal». Por otra parte, Van                   tras recibir la carta de 31 de marzo de 1989, revocó
     den Berg, cuando trasladó su explotación podı́a confiar                    en la dúplica la prescripción que habı́a alegado.
     en que posteriormente, en 1989, no serı́a tratado con
     efecto retroactivo de forma distinta que los productores         —    Violación de los principios de igualdad, de seguridad
     «normales».                                                           jurı́dica, de protección de la confianza legı́tima y de
                                                                           motivación, ya que el Tribunal de Primera Instancia ha
     Además, el Tribunal de Primera Instancia ha vulnerado                declarado que la demanda del Sr. van den Berg habı́a
     de forma grave el sentido de la sentencia Herbrink.                   prescrito completamente: el Tribunal de Primera Instancia
     Mientras que rompiendo con la premisa de la vinculación              ha ignorado (i) las discrepancias entre el texto de la
     a la tierra del sistema de cuotas lecheras un antiguo                 Comunicación de 5 de agosto de 1992 y el del artı́culo 43
     arrendatario debe poder transferir su cuota a su nueva                del Estatuto y (ii) la interpretación y la aplicación que da
     explotación, un arrendatario SLOM debe poder transferir              la Comisión en la práctica a dicha Comunicación en
     a una nueva explotación su cuota lechera de idéntica                 relación con los productores SLOM en cuyo nombre se le
     manera.                                                               envió la carta de 31 de marzo de 1989.
—    Violación de los principios de igualdad, de seguridad
     jurı́dica, de protección de la confianza legı́tima y de         (1) DO 1997, C 199, p. 37.
     motivación, ya que al apreciar la cuestión de la prescrip-     (2) DO 1993, L 196, p. 6.
     ción el Tribunal de Primera Instancia ha ignorado determi-
     nados hechos esenciales o ha incurrido en un error
     manifiesto al relatar los hechos en la sentencia, y ya que
     el Tribunal de Primera Instancia ha omitido declarar que
     la Comisión renunció a la posibilidad de oponer la
     prescripción frente a determinados productores SLOM,
     entre ellos el Sr. van den Berg: en particular, en nombre
     de los productores SLOM se ha explicado que las
     Instituciones no podı́an invocar prescripción alguna,           Recurso interpuesto el 9 de mayo de 2001 contra la
                                                                      Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
     puesto que no pudo existir ningún malentendido por
     parte de las Instituciones sobre el hecho de que el asunto                                  los Paı́ses Bajos
     Mulder II debı́a considerarse como un procedimiento
     piloto para la totalidad de los productores SLOM. No                                      (Asunto C-197/01)
     cabe la menor duda de que la Comunicación de 5 de
     agosto de 1992 fue formulada deliberadamente de
     manera más amplia que el texto del artı́culo 43 del                                       (2001/C 227/12)
     Estatuto; con arreglo al tenor literal de la Comunicación
     es evidente que la Comunidad se privó a sı́ misma del           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     derecho a invocar la prescripción respecto de perı́odos         presentado el 9 de mayo de 2001 un recurso contra la
     anteriores al 5 de agosto de 1992 frente a todo productor        Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
     de leche que se dirigió a alguna de las Instituciones antes     Reino de los Paı́ses Bajos, representado por H.G. van Sevenster
     de dicha fecha, independientemente de cuándo lo hizo.           y C.A.H.M. ten Dam, en calidad de agentes.
     El Tribunal de Primera Instancia no ha mencionado en             La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     la sentencia recurrida determinados hechos probados,
     especialmente el hecho de que                                    1.   Anule el Reglamento (CE) no 396/2001 (1) de la Comisión,
                                                                           de 27 de febrero de 2001, por el que se continúan
     —      no se tuvo en cuenta prescripción alguna respecto             aplicando medidas de salvaguardia respecto a las importa-
            de ninguno de los productores SLOM que figuraban               ciones procedentes de los paı́ses y territorios de Ultramar
 ---pagebreak--- 11.8.2001               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 227/9
      de productos del sector del azúcar de origen acumulado           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      CE-PTU para el perı́odo comprendido entre el 1 de marzo           lución del Supremo Tribunal Administrativo, Sala
      y el 30 de junio de 2001.                                         Segunda, de fecha 4 de abril de 2001, en el asunto
                                                                        pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Fazenda
2.    Condene a la Comisión a pagar las costas del procedi-                               Pública y Antero & C.a Lda
      miento.
Motivos y principales alegaciones
Los Paı́ses Bajos se remiten al escrito de interposición de                                    (Asunto C-203/01)
recurso presentado en el asunto C-452/00 (2).
(1) DO L 58 de 28.02.2001, p. 13.
(2) DO C 45 de 10.02.2001, p. 12.
                                                                                (2001/C 227/14)
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
lución del Tribunale Amministrativo Regionale per il                   resolución del Supremo Tribunal Administrativo, Sala
Lazio, de fecha 24 de enero de 2001, en el asunto                       Segunda, dictada el 4 de abril de 2001, en el asunto entre
entre C.I.F. — Consorzio Industrie Fiammiferi y Autorità                Fazenda Pública y Antero & C.a Lda, y que fue recibida en la
           Garante della Concorrenza e del Mercato                      Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 17 de mayo de 2001. El
                                                                        Supremo Tribunale Administrativo pide al Tribunal de Justicia
                        (Asunto C-198/01)                               que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                         (2001/C 227/13)
                                                                        1)    ¿Qué sentido y alcance tiene la expresión «prise en
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                     compte», utilizada en el artı́culo 2, apartado 1, párrafo
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                 segundo, del Reglamento (CEE) no 1697/79 (1) del Con-
resolución del Tribunale Amministrativo Regionale per il                     sejo, de 24 de julio de 1979?
Lazio, dictada el 24 de enero de 2001, en el asunto entre C.I.F.
— Consorzio Industrie Fiammiferi y Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, y recibida en la Secretarı́a del             2)    Con arreglo al artı́culo 1, apartado 2, letra c), de dicho
Tribunal de Justicia el 11 de mayo de 2001. El Tribunale                      Reglamento, el acto administrativo por el que se establece
Amministrativo Regionale per il Lazio solicita al Tribunal de                 debidamente la cuantı́a de los derechos de importación o
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                    de los derechos de exportación que deban ser percibidos
1)    Cuando un acuerdo entre empresas provoca efectos                        por las autoridades competentes, ¿es la contracción o es
      perjudiciales para el comercio comunitario y cuando el                  la liquidación, cálculo o cómputo de los derechos por las
      propio acuerdo ha sido impuesto o se ve favorecido                      autoridades aduaneras?
      por una disposición legislativa nacional que legitima o
      refuerza sus efectos, por lo que atañe en concreto a la
      fijación de los precios y al reparto del mercado, ¿exige o       3)    En la fecha de 19 de abril de 1988, ¿era la contracción un
      permite el artı́culo 81 del Tratado CE a la autoridad                   requisito formal necesario para la validez de la liquida-
      nacional encargada de la protección de la competencia                  ción, o bien para su eficacia o exigibilidad?
      inaplicar la citada normativa y proceder a sancionar o
      por lo menos a prohibir para el futuro el comportamiento
      de las empresas contrario a la competencia, y con qué
                                                                        4)    En la fecha de 19 de abril de 1988, una liquidación
      consecuencias jurı́dicas?;
                                                                              (cálculo o cómputo) de derechos aduaneros de importa-
2)    ¿Puede considerarse que una normativa nacional que                      ción debidamente notificada al deudor a efectos de la
      confiere competencia a un Ministerio para fijar la tarifa               recaudación a posteriori, ¿convertı́a en lı́quida y exigible la
      de venta de un producto y atribuye, además, a un                       deuda aduanera, aun cuando no se hubiera procedido a
      consorcio obligatorio entre los productores la facultad de              efectuar la contracción?
      repartir la producción entre las empresas constituye, a los
      efectos del artı́culo 81, apartado 1 del Tratado, una
      reglamentación que deja subsistir la posibilidad de una          5)    El recurso contencioso-administrativo interpuesto contra
      competencia que puede ser obstaculizada, restringida o                  la resolución de la autoridad aduanera que denegó la
      falseada por comportamientos autónomos de las                          solicitud de dispensa de la recaudación a posteriori, recurso
      empresas?                                                               que transitó por los tribunales portugueses desde 1988
                                                                              hasta el 15 de noviembre de 1995, ¿interrumpe el plazo
                                                                              de tres años para la recaudación a posteriori?


title: Asunto C-97/11: Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) el 28 de febrero de 2011 — Amia Spa, en liquidación/Provincia Regionale di Palermo

text:
               13.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 238/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) el 28 de febrero de 2011 — Amia Spa, en liquidación/Provincia Regionale di Palermo
   (Asunto C-97/11)
   2011/C 238/02
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Amia Spa, en liquidación

      Demandada: Provincia Regionale di Palermo

      Cuestión prejudicial

   ¿Puede, a la luz de la sentencia dictada en el asunto C-172/08, (1) procederse a la inaplicación del artículo 3, apartados 26 y 31, de la Ley no 549, de 28 de diciembre de 1995, por ir en contra del artículo 10 de la Directiva 1999/31, (2) así como a la inaplicación del artículo 3, apartados 26 y 31, de la Ley no 549 de 28 de diciembre de 1995, por ir en contra de los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 2000/35/CE (3)?

      (1)  Sentencia del Tribunal de Justicia, de 25 de febrero de 2010, Pontina Ambiente Srl (aún no publicada en la Recopilación).

      (2)  DO L 348, p. 1.

      (3)  DO L 200, p. 35.


title: Asunto C-99/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de mayo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Lyon — Francia) — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg [Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Directiva 77/249/CEE — Artículo 4 — Ejercicio de la profesión de abogado — Dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados, RPVA) — Dispositivo «RPVA» — Denegación de entrega a un abogado inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro — Medida discriminatoria]

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de mayo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Lyon — Francia) — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg
   (Asunto C-99/16) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Libre prestación de servicios - Directiva 77/249/CEE - Artículo 4 - Ejercicio de la profesión de abogado - Dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados, RPVA) - Dispositivo «RPVA» - Denegación de entrega a un abogado inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro - Medida discriminatoria])
   (2017/C 239/16)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal de grande instance de Lyon

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Jean-Philippe Lahorgue

      Demandadas: Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

      Con intervención de: Ministère public

      Fallo

   La negativa a entregar un dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados), opuesta por las autoridades competentes a un abogado debidamente inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro, por el mero hecho de no estar inscrito en un colegio de abogados del primer Estado miembro en el que desea ejercer su profesión como libre prestador de servicios en aquellos casos en los que la Ley no impone la obligación de actuar de acuerdo con otro abogado, constituye una restricción de la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 4 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, interpretado a la luz de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, párrafo tercero. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, habida cuenta del contexto en el que se inscribe, dicha negativa responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que podrían justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos.

      (1)  DO C 165 de 10.5.2016.


title: Asunto T-282/09: Recurso interpuesto el 17 de julio de 2009 — Fédération Internationale des Logis/OAMI — (Representación de un cuadrado de color verde)

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/40

         Recurso interpuesto el 17 de julio de 2009 — Fédération Internationale des Logis/OAMI — (Representación de un cuadrado de color verde)
   (Asunto T-282/09)
   2009/C 220/84
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Fédération Internationale des Logis (París) (representante: B. Brisset, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución adoptada por la Primera Sala de Recurso de la OAMI el 22 de abril de 2009 en el asunto R 1511/2008-1 y se autorice el registro de la marca solicitada.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que representa un cuadrado de color verde para productos y servicios incluidos en las clases 3, 18, 24, 43, 44 — solicitud no6 468 789

      Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud de registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, por cuanto la representación de un cuadrado de lados convexos de un color verde particular y específico tiene carácter distintivo en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro, en la medida en que tales elementos confieren un aspecto particular a la marca para dichos productos y servicios.


title: Asunto F-95/14: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 17 de diciembre de 2015 — Seigneur/BCE (Función pública — Personal del BCE — Miembros del Comité de personal — Retribución — Sueldo — Aumento suplementario de sueldo — Idoneidad)

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/92

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 17 de diciembre de 2015 — Seigneur/BCE
   (Asunto F-95/14) (1)

   ((Función pública - Personal del BCE - Miembros del Comité de personal - Retribución - Sueldo - Aumento suplementario de sueldo - Idoneidad))
   (2016/C 048/104)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Olivier Seigneur (Fráncfort del Meno, Alemania) (representantes: L. Levi y M. Vandenbussche, abogadas)

      Demandada: Banco Central Europeo (representantes: E. Carlini, D. Camilleri Podestà y M. López Torres, agentes, y B. Wägenbaur, abogado)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión del Comité Ejecutivo del BCE de no conceder al demandante un aumento suplementario de sueldo, en el contexto del procedimiento de revisión anual de sueldos y primas, para el año 2014.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo de 25 de febrero de 2014 de no conceder al Sr. Seigneur un aumento suplementario de sueldo en 2014.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               El Banco Central Europeo cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Sr. Seigneur.

      (1)  DO C 421 de 24.11.2014, p. 63.


title: Recurso de casación interpuesto el 7 de mayo de 1996 por el Sr. C. Williams contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 1996 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-146/94, promovido contra el Tribunal de Cuentas por el Sr. C. Williams (Asunto C-156/96 P)

text:
N° C 180/26               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    22 . 6 . 96
Recurso de casación interpuesto el 7 de mayo de 1996 por el            La Cour de cassation del Gran Ducado de Luxemburgo
Sr. C. Williams contra la sentencia dictada el 7 de marzo de           solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
 1996 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia             siguientes cuestiones :
de las Comunidades Europeas en el asunto T-146/94,
promovido contra el Tribunal de Cuentas por el Sr. C.                   1 ) ¿ Deben interpretarse los artículos 59 y 60 del Tratado
                                 Williams                                   constitutivo de la Comunidad Económica Europea en el
                      ( Asunto C-156/96 P )                                 sentido de que se oponen a que una normativa condi
                                                                            cione la asunción de los costes de las prestaciones
                              ( 96/C 180/59 )                               reembolsables a la autorización de la entidad de la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                   Seguridad Social del asegurado , en el supuesto de que las
ha presentado el 7 de mayo de 1996 un recurso de casación                   citadas prestaciones se faciliten en un Estado miembro
formulado por el Sr. C. Williams, representado por el Sr .                  distinto de aquél en que reside el asegurado ?
Eric Boigelot, que designa como domicilio en Luxemburgo
el despacho del Sr . Louis Schiltz, 2 , rue du Fort Rheins,            2 ) ¿ Debe responderse de otra forma a la cuestión anterior
contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 1 996 por la Sala              cuando la normativa tiene por objeto mantener en una
Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni                     región determinada un servicio médico y hospitalario
dades Europeas en el asunto T-146/94 promovido contra el                    equilibrado y al alcance de todos ?
Tribunal de Cuentas por el Sr. C. Williams .
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
 1 ) Acuerde la admisión del presente recurso de casación y                           Archivo del asunto C-327/93 ( 1 )
      lo declare fundado;
                                                                                ( 96/C 180/61 )
2 ) En consecuencia :
                                                                       Mediante auto de 29 de marzo de 1 996 , el Presidente del
      a ) Anule la sentencia recurrida en su totalidad .
                                                                       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
      b ) Dicte el propio Tribunal de Justicia una sentencia en        decidido archivar el asunto C-327/93 ( Petición de decisión
          el presente litigio y, estimando las pretensiones            prejudicial de la High Court of Justice, Queen's Bench
          deducidas en su recurso inicial, anule la decisión de        Division ): The Queen contra Secretary of State for the
          24 de enero de 1994, notificada en la misma fecha en         National Heritage, ex parte: 1 ) Continental Televisión
          el domicilio del demandante mediante agente judi            BVio, 2 ) Continental Televisión pic y 3 ) Mark Roy
          cial y, en cuanto sea necesario, anule la decisión           Garner .
          denegatoria presunta opuesta el 23 de enero de 1 994
          a la reclamación presentada por el demandante el             (') DO n" C 211 de 5 . 8 . 1993 .
          23 de septiembre de 1993 con arreglo al apartado 2
          del artículo 90 del Estatuto .
      c ) Condene al Tribunal de Cuentas de las Comunida
          des Europeas al pago de las costas de ambos                                 Archivo del asunto C- 1 20/94 (M
          procedimientos .
                                                                                ( 96/C 180/62 )
Motivos y principales alegaciones
                                                                       Mediante auto de 19 de marzo de 1996, el Presidente del
Infracción del Derecho comunitario . El recurrente reitera los         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
motivos e imputaciones expuestos ante el Tribunal de                   decidido archivar el asunto C-120/94 : Comisión de las
Primera Instancia ( M.                                                 Comunidades Europeas contra República Helénica .
(') DO n° C 146 de 28 . 5 . 1994, p . 12 .                             (n DO n0 C 174 de 25 . 6 . 1994 .
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
lución de la Cour de cassation del Gran Ducado de                                    Archivo del asunto C-145/94 ( 1 )
Luxemburgo, de fecha 25 de abril de 1996, en el asunto
                                                                                96/C 180/63 )
    entre Raymond Kohll y Union des caisses de maladie
                        ( Asunto C-158/96 )                            Mediante auto de 13 de marzo de 1996, el Presidente del
                             ( 96/C 180/60 )                           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
                                                                       decidido archivar el asunto C-145/94 ( petición de decisión
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha              prejudicial planteada por el Juzgado de lo Penal ri° 2 de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante            Lleida ): Proceso penal contra José Antonio Alonso
resolución de la Cour de cassation del Gran Ducado de                  Rubio .
Luxemburgo, dictada el 25 de abril de 1996, en el asunto
entre Raymond Kohll y Union des caisses de maladie, y                  (M DO n" C 202 de 23 . 7. 1994 .
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de mayo
de 1 996 .


title: Asuntos acumulados F-14/05 y F-20/05: Auto del Tribunal de la Función Pública de 18 de junio de 2009 — Albert-Bousquet y otros y Johansson y otros/Comisión

text:
               15.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/37

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 18 de junio de 2009 — Albert-Bousquet y otros y Johansson y otros/Comisión
   (Asuntos acumulados F-14/05 y F-20/05) (1)

   2009/C 193/62

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar los asuntos acumulados.

      (1)  DO C 132, de 28.5.2005, p. 31.

      DO C 171, de 9.7.2005, p. 27.


title: Asunto C-31/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État (Francia) el 23 de enero de 2017 — Sucrerie de Toury SA/Ministre de l'économie et des finances

text:
               10.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État (Francia) el 23 de enero de 2017 — Sucrerie de Toury SA/Ministre de l'économie et des finances
   (Asunto C-31/17)
   (2017/C 112/30)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d'État

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sucrerie de Toury SA

      Demandada: Ministre de l'économie et des finances

      Cuestión prejudicial

   ¿Están comprendidos los productos energéticos utilizados para la producción combinada de calor y de electricidad exclusivamente en el ámbito de la facultad de exención prevista en el artículo 15, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, (1) o están también comprendidos, por lo que respecta a las cuotas destinadas a la producción de electricidad, en el ámbito de aplicación de la obligación de exención establecida en el artículo 14, apartado 1, letra a), de dicha Directiva?

      (1)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283, p. 51).


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) de 29 de mayo de 1997 en el asunto C-389/95 (petición de decisión prejudicial planteada por Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis): Siegfried Klattner contra Elliniko Dimosio (Estado helénico) (Franquicias fiscales aplicables a la importación temporal y definitiva de medios de transporte - Directiva 83/182/CEE)

text:
26 . 7. 97           LES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           N° C 228/ 1
                                                                 I
                                                         (Comunicaciones)
                                         TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                      TRIBUNAL DE JUSTICIA
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              2 ) El artículo 3 de la Directiva 83/182/CEE tiene efecto
                          ( Sala Quinta)                                  directo y genera, en favor de los particulares, derechos
                                                                          que éstos pueden invocar frente a un Estado miembro
                    de 29 de mayo de 1997                                 que no haya adaptado su Derecho interno a la Direc
en el asunto C-3 89/95 (petición de decisión prejudicial                   tiva, o que lo haya adaptado de forma incorrecta, y
planteada por Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis ): Sieg               que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la
fried Klattner contra Elliniko Dimosio (Estado helé                      obligación de salvaguardar.
                              nico ) H
                                                                    3 ) El artículo 3 de la Directiva 83/182/CEE debe inter
(Franquicias fiscales aplicables a la importación temporal                pretarse en el sentido de que se opone a una normativa
y defínitiva de medios de transporte — Directiva 83/182/                  nacional que prevé la exigibilidad inmediata de los
                                CEE)                                      derechos de aduana y de los tributos aplicables, así
                         ( 97/C 228/01 )                                  como el pago de un recargo de importe equivalente al
                                                                          de dichos derechos y tributos, cuando se importe tem
               (Lengua de procedimiento: griego)                          poralmente en régimen de franquicia un segundo
                                                                          vehículo de turismo.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal         (') DO n° C 77 de 16 . 3 . 1996 .
                           de justicia»)                            ( 2 ) DO n° L 105 de 23 . 4 . 1983 , p . 59; EE 09/01 , p . 156 ).
En el asunto C-389/95 , que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177
del Tratado CE, por el Dioikitiko Protodikeio Thessaloni
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
kis ( Grecia ), destinada a obtener, en el litigio pendiente
ante dicho órgano jurisdiccional entre Siegfried Klattner y                                       ( Sala Sexta)
Elliniko Dimosio ( Estado helénico ), una decisión prejudi                                de 29 de mayo de 1997
cial sobre la interpretación de la Directiva 83/182/CEE del
Consejo, de 28 de marzo de 1983 , relativa a las franqui           en el asunto C-14/96 ( petición de decisión prejudicial
cias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en          planteada por el Tribunal de Première Instance de
materia de importación temporal de determinados medios                       Bruxelles ): Proceso penal contra Paul Denuit (')
de transporte ( 2 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ),       (Directiva 89/552/CEE — Telecomunicaciones — Radio
integrado por los Sres.: J. C. Moitinho de Almeida , Presi         difusión televisiva — Competencia sobre los organismos
dente de Sala ; C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puisso                                    de radiodifusión)
chet ( Ponente ) y P. Jann, Jueces; Abogado General : Sr. A.                                    ( 97/C 228/02 )
La Pérgola ; Secretario: Sra . L. Hewlett, administradora; ha
dictado el 29 de mayo de 1997 una sentencia cuyo fallo es                          (Lengua de procedimiento: francés)
el siguiente :                                                      (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                    cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
1 ) El artículo 3 de la Directiva 83/182/CEE del Consejo,                                         de Justicia »)
     de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fis
     cales aplicables en el interior de la Comunidad en             En el asunto C-14/96, que tiene por objeto una petición
     materia de importación temporal de determinados                dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
     medios de transporte, debe interpretarse en el sentido         del Tratado CE, por el Tribunal de Première Instance de
     de que el régimen de franquicia por él previsto puede          Bruxelles, destinada a obtener, en el proceso penal seguido
     ser concedido para más de un vehículo de turismo por           ante dicho órgano jurisdiccional contra Paul Denuit, una
     persona.                                                       decisión prejudicial sobre la interpretación de los


title: Asunto C-227/04 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de junio de 2004 por Marie-Luise Lindorfer contra la sentencia dictada el 18 de marzo de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) en el asunto T-204/01, M.-L. Lindorfer contra Consejo de la Unión Europea

text:
               24.7.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/10

         Recurso de casación interpuesto el 2 de junio de 2004 por Marie-Luise Lindorfer contra la sentencia dictada el 18 de marzo de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) en el asunto T-204/01, M.-L. Lindorfer contra Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-227/04 P)
   (2004/C 190/17)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 2 de junio de 2004 un recurso de casación formulado por Marie-Luise Lindorfer, representada por los Sres. G. Vandersanden y L. Levi, contra la sentencia dictada el 18 de marzo de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) en el asunto T-204/01, M.-L. Lindorfer contra Consejo de la Unión Europea.
   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 18 de marzo de 2004 dictada en el asunto T-204/01.

               —

               Consecuentemente, estime las pretensiones formuladas por la demandante en primera instancia y, por lo tanto:

               —

               Declare anulada la decisión del demandado de 3 de noviembre de 2000 por la que se fija en 5 años, 5 meses y 8 días el número de anualidades que deben tenerse en cuenta a efectos de la pensión comunitaria de la demandante tras la transferencia de sus derechos a pensión adquiridos en Austria con anterioridad a su incorporación al servicio de las Comunidades europeas y, en cuanto sea necesario, la decisión del Consejo de la Unión Europea de 31 de mayo de 2001, por la que se desestima la reclamación de la demandante de 2 de febrero de 2001.

               —

               Condene al demandado a fijar nuevamente conforme a Derecho, partiendo de una base jurídica rectificada, las anualidades que deben tenerse en cuenta a efectos de la pensión comunitaria de la demandante tras la transferencia de sus derechos a pensión adquiridos en Austria.

               —

               Condene al demandado a la totalidad de las costas de primera instancia y de casación.

         Motivos y principales alegaciones
   El Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 141 CE y el artículo 10, apartado 4, letra b), de las Disposiciones Generales de Ejecución (1), vulneró el principio de no discriminación e incumplió el deber de motivación.
   En efecto, al considerar que el Consejo podía, fundadamente, tener en cuenta, en la fórmula de conversión, factores actuariales relacionados con la edad y el sexo del interesado, el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio de no discriminación, en particular en su expresión de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Con respecto a una fórmula de conversión de los derechos adquiridos en un primer régimen —nacional— de pensiones al régimen comunitario, el Tribunal de Primera Instancia convalidó la toma en consideración de un factor que distingue el sexo del trabajador y trata de forma menos favorable a la trabajadora y justificó dicha fórmula por motivos de orden presupuestario. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia incumplió su deber de motivación al no contestar a la argumentación de la demandante dirigida a demostrar que el equilibrio presupuestario no puede alcanzarse mediante la toma en consideración de un factor actuarial en el momento de la conversión de las anualidades al régimen de pensiones comunitario.
   El Tribunal de Primera Instancia no se pronunció sobre la validez de la existencia de dos variantes, ambas destinadas a ejecutar el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, pero de distinta forma, tomando en consideración, en un caso, la fecha de transferencia de los derechos a pensión y, en el otro, la fecha de nombramiento definitivo del funcionario. Por otra parte, al concentrarse únicamente en el sueldo base del funcionario en el momento de su jubilación sin examinar además el número de anualidades, el Tribunal de Primera Instancia no respondió al argumento de la demandante e incumplió su deber de motivación.
   El Tribunal de Primera Instancia saca conclusiones jurídicas erróneas de los antecedentes de hecho y, en particular, de los ejemplos expuestos por la demandante. Suponiendo que las fluctuaciones de las distintas monedas nacionales se deriven de circunstancias externas a las Comunidades, ello no exime en modo alguno a éstas de velar, en particular en lo que respecta a su personal, por el respeto del principio de no discriminación y, en el caso de autos, de definir, con arreglo a dicho principio, reglas para trasladar al régimen de pensiones comunitario los derechos a pensión adquiridos frente a un organismo nacional. Ello significa, en particular, que el Consejo no puede aceptar fórmulas de conversión que no respeten el principio de no discriminación. Ahora bien, se ha demostrado que así ha ocurrido. En efecto, las cantidades transferidas procedentes de un organismo de pensiones nacional no son distintas a la luz del principio de no discriminación por el hecho de que procedan de un país de los denominados «de moneda débil» o de un país de los denominados «de moneda fuerte». Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia comprobó que el trato dispensado a dichas cantidades variaba según la cualidad del país de que se tratara, al recibir un trato más favorable las transferencias procedentes de los países «de moneda débil». Por último, el Tribunal de Primera Instancia no examinó ni, a fortiori, demostró, qué es lo que puede justificar objetivamente dicha diferencia de trato. El hecho de que, según él, se derive de circunstancias externas a la actuación de las Comunidades no puede constituir tal justificación, puesto que es el Consejo quien decidió que existiesen dos variantes y es también él quien determina a quién deben aplicarse.

      (1)  Decisión del Consejo de 13 de julio de 1992, por la que se adoptan las disposiciones generales de ejecución relativas a la aplicación del artículo 11, apartados 1 y 2, del anexo VIII del Estatuto de Funcionarios y por la que se derogan los Capítulos IV y V de la Decisión del Consejo de 26 de enero de 1970, modificada por la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1994.