title: Asunto T-429/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008 — Trubowest Handel y Makarov/Consejo y Comisión ( Responsabilidad extracontractual — Derechos antidumping — Reglamento antidumping (CE) n o  2320/97 — Honorarios de abogado desembolsados a nivel nacional — Inadmisibilidad — Daños materiales y daño moral — Relación de causalidad )

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/43

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008 — Trubowest Handel y Makarov/Consejo y Comisión
   (Asunto T-429/04) (1)

   («Responsabilidad extracontractual - Derechos antidumping - Reglamento antidumping (CE) no 2320/97 - Honorarios de abogado desembolsados a nivel nacional - Inadmisibilidad - Daños materiales y daño moral - Relación de causalidad»)
   (2008/C 209/74)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: Trubowest Handel GMBH (Colonia, Alemania) y Víctor Makarov (Colonia, Alemania) (representantes: K. Adamantopoulos y E. Petritsi, abogados)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-P. Hix, agente, asistido por G. Berrisch, abogado) y Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: N. Khan y T. Scharf, agentes)
   Objeto
   Recurso de indemnización interpuesto con arreglo al artículo 288 CE por el que se solicita la reparación del daño supuestamente sufrido como consecuencia de la adopción del Reglamento (CE) no 2320/97 del Consejo, de 17 de noviembre de 1997, por el que se establecen derechos antidumping definitivos con respecto a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, originarios de Hungría, Polonia, Rusia, la República Checa, Rumania y la República Eslovaca, por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1189/93 y por el que se da por concluido el procedimiento relativo a dichas importaciones originarias de la República de Croacia (DO L 322, p. 1).
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a Trubowest Andel GMBH y a Víctor Makarov a cargar con sus propias costas y con aquellas en las que hayan incurrido el Consejo y la Comisión.

      (1)  DO C 31 de 5.2.2005.


title: Asunto T-618/16: Auto del Tribunal General de 24 de abril de 2017 — Dreimane/Comisión («Recursos de anulación y de indemnización — Función pública — Funcionarios — Pensiones — Transferencia de derechos de pensión nacionales — Cálculo de las anualidades de pensión — Artículo 90, apartado 2, del Estatuto — Plazo — Inadmisibilidad manifiesta»)

text:
               26.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 202/19

         Auto del Tribunal General de 24 de abril de 2017 — Dreimane/Comisión
   (Asunto T-618/16) (1)

   ((«Recursos de anulación y de indemnización - Función pública - Funcionarios - Pensiones - Transferencia de derechos de pensión nacionales - Cálculo de las anualidades de pensión - Artículo 90, apartado 2, del Estatuto - Plazo - Inadmisibilidad manifiesta»))
   (2017/C 202/33)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Sandra Dreimane (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: J. Ābiks, abogada)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: G. Gattinara y L. Radu Bouyon, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 270 TFUE, por el que se solicita, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión por la que se fija la bonificación de anualidades de pensión reconocidas en el régimen de pensiones de las instituciones de la Unión Europea a raíz de una solicitud de transferencia de derechos de pensión adquiridos por la demandante antes de su entrada en funciones al servicio de la Unión y, por otra parte, la reparación del perjuicio pretendidamente sufrido por la demandante por el hecho de que la Comisión no observara un plazo razonable en la tramitación de dicha solicitud de transferencia.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Declarar que no procede pronunciarse sobre la solicitud de intervención del Consejo de la Unión Europea.

               3)

               La Sra. Sandra Dreimane cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 371 de 10.10.2016 (asunto registrado inicialmente en el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea con el número F-48/16 y transferido al Tribunal General de la Unión Europea el 1.9.2016).


title: Asunto T-490/07: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2007 — Notartel/OAMI — SAT.1 SatellitenFernsehen (R.U.N)

text:
               8.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/45

         Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2007 — Notartel/OAMI — SAT.1 SatellitenFernsehen (R.U.N)
   (Asunto T-490/07)
   (2008/C 64/75)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: italiano.
   Partes

      Demandante: Notartel SpA — società informatica del Notariato (Roma, Italia) (representantes: M. Bosshard, abogado y M. Balestriero, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: SAT.1 SatellitenFernsehen, GmbH (Berlín, Alemania)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Con carácter principal, que se anule parcialmente — en la parte en que declara fundada la oposición — la Resolución adoptada el 22 de octubre de 2007 por la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI en el asunto R 1267/2006-4.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule parcialmente, en la parte que había reconocido fundada la oposición en relación con la marca solicitada para la clase 38 — la Resolución adoptada por la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI el 22 de octubre de 2007 en el asunto R 1267/2006-4.

               —

               En cualquier caso, que se desestime cualquier otro recurso o pretensión contrarios, confirmando a tal efecto la Resolución en la parte no impugnada en este procedimiento.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante.

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «R.U.N.» (solicitud de marca comunitaria no 1.069.863 para unos servicios de las clases 9, 35, 38, 41 y 42, por lo que atañe al presente procedimiento).

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH.

      Marca o signo invocados en oposición: Marca denominativa nacional y comunitaria «ran», para unos productos y servicios de las clases 9, 35, 38, 41 y 42.

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición.

      Resolución de la Sala de Recurso: Estimación parcial del recurso por lo que atañe a algunos servicios de las clases 38 y 42.

      Motivos invocados: La Decisión impugnada aparece viciada por una contradicción lógica, consistente en haber formulado una serie de principios jurídicos correctos calificados de vinculantes en la valoración de la semejanza entre los signos y los productos/servicios, con el fin de dilucidar si sigue existiendo el obstáculo al que se refiere el artículo 73, primera parte, del Reglamento sobre la marca comunitaria para después, no obstante, aplicar criterios distintos en el momento de valorar los hechos concretos. Por lo tanto, la citada contradicción lógica da lugar, bien a un error de Derecho, consistente en haber aplicado principios jurídicos distintos de los (correctos), enunciados en los fundamentos de Derecho de la Resolución, bien a una motivación contradictoria e insuficiente.


title: Asunto C-30/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Linköpings tingsrätt (Suecia) el 19 de enero de 2010 — Lotta Andersson/Estado sueco, a través de Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

text:
               17.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 100/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Linköpings tingsrätt (Suecia) el 19 de enero de 2010 — Lotta Andersson/Estado sueco, a través de Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten
   (Asunto C-30/10)
   2010/C 100/26
   Lengua de procedimiento: sueco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Linköpings tingsrätt

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Lotta Andersson

      Demandada: Estado sueco, a través de Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

      Cuestión prejudicial

   ¿Es compatible con el artículo 10, letra c), de la Directiva 2002/74/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, (2) una normativa nacional que excluye a un trabajador del derecho de preferencia por el hecho de que, solo o junto con parientes próximos, en los seis meses anteriores a la solicitud de declaración de concurso, fuera propietario de una parte esencial de la empresa y ejerciera una influencia considerable en su actividad?

      (1)  DO L 270, p. 10.

      (2)  DO L 283, p. 23 (EE 05/02, p. 219).


title: Asunto T-195/06: Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2011 — Solvay Solexis/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Peróxido de hidrógeno y perborato sódico — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Duración de la infracción — Conceptos de “acuerdo” y de “práctica concertada” — Acceso al expediente — Multas — Igualdad de trato — Comunicación sobre la cooperación — Obligación de motivación» )

text:
               30.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 226/22

         Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2011 — Solvay Solexis/Comisión
   (Asunto T-195/06) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Peróxido de hidrógeno y perborato sódico - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Duración de la infracción - Conceptos de “acuerdo” y de “práctica concertada” - Acceso al expediente - Multas - Igualdad de trato - Comunicación sobre la cooperación - Obligación de motivación)
   2011/C 226/42
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Solvay Solexis SpA (Milán, Italia) (representantes: T. Salonico y G.L. Zampa, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente V. Di Bucci y F. Amato, posteriormente V. Di Bucci y V. Bottka, agentes)

      Objeto

   Por una parte, anulación parcial de la Decisión C(2006) 1766 final de la Comisión, de 3 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/F/38.620 — Peróxido de hidrógeno y perborato), y, por otra parte, reducción de la multa impuesta a la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Solvay Solexis SpA.

      (1)  DO C 212, de 2.9.2006.


title: Asunto C-425/05: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de agosto de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/53

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de agosto de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda
   (Asunto C-425/05) (1)

   (2006/C 326/109)

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 48, de 25.2.2006.


title: Recurso interpuesto el 21 de agosto de 1998 contra la Comisión de las Comunidades Europeas y el Consejo de la Unión Europea por Takis Ageladarakis y otros (Asunto T-137/98)

text:
C 378/18               ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    5.12.98
zona geograÂfica excesivamente extensa, la denominación           Recurso interpuesto el 21 de agosto de 1998 contra la
de origen protegida «Altenburger Ziegenkäse», el Tribunal         Comisión de las Comunidades Europeas y el Consejo de la
de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por los                    Unión Europea por Takis Ageladarakis y otros
Sres.: A. Kalogeropoulos, Presidente; C. W. Bellamy y J.                                (Asunto T-137/98)
Pirrung, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 15
de septiembre de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:                                    (98/C 378/34)
                                                                                (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
1) Se declara la inadmisibilidad del recurso.
                                                                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
2) Las partes demandantes cargaraÂn con sus propias cos-          Europeas se ha presentado el 21 de agosto de 1998 un
     tas y, solidariamente, con las costas efectuadas por la      recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
     Comisión y por la parte coadyuvante Molkerei und             y el Consejo de la Unión Europea formulado por Takis
     Weichkäserei K.-H. Zimmerman GmbH.                           Ageladarakis y otros, representados por los Sres. Kenneth
                                                                  Parker, QC, y Rhodri Thompson, Monckton Chambers, 4
                                                                  Raymond Buildings, Gray's Inn, London WC1R 5BP,
3) El Freistaat Thüringen cargaraÂ con sus propias costas.        Reino Unido.
(1) DO C 199 de 28.6.1997.                                        Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instan-
                                                                  cia que:
                                                                  Ð Declare que la desestimación de la reclamación de los
                                                                       demandantes, que supone que el Consejo y la Comi-
                                                                       sión no han adoptado ninguna medida específica res-
                                                                       pecto de los demandantes para dar cumplimiento a la
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                       sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de
                   de 12 de octubre de 1998                            diciembre de 1996, Altmann y otros/Comisión (asun-
                                                                       tos acumulados T-177/94 y T-377/94), es ilegal y cons-
en el asunto T-235/97: Franco Campoli contra Comisión
                                                                       tituye un acto lesivo del funcionamiento de dichas Ins-
               de las Comunidades Europeas (1)
                                                                       tituciones que genera su responsabilidad.
(Funcionarios Ð Sentencia del Tribunal de Primera Instan-
cia Ð Petición de clasificación en nuevo grado Ð Excep-           Ð Ordene a la Comisión y al Consejo que paguen las
ción de inadmisibilidad Ð Hecho nuevo y sustancial Ð                   cantidades establecidas para cada uno de los deman-
                        Admisibilidad)                                 dantes en el apeÂndice que figura en el Anexo 7 de la
                                                                       demanda, maÂs intereses hasta la fecha en que se dicte
                         (98/C 378/33)
                                                                       sentencia; y, en el caso de que no se dicte una orden
                                                                       conminatoria respecto de la responsabilidad de los
             (Lengua de procedimiento: italiano)                       demandantes por dichas cantidades con arreglo al sis-
                                                                       tema tributario del Reino Unido,
En el asunto T-235/97, Franco Campoli, funcionario de la
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                 las cantidades adicionales correspondiente a:
Bruselas, representando por el Sr. Sergio Diana, Abogado
                                                                       (i) las cantidades pagaderas por los demandantes con
de Cagliari y de Bruselas, 205, rue Belliard, Bruselas,
                                                                            arreglo al sistema tributario del Reino Unido,
contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agente:
                                                                            reservando la cuantificación de dichas cantidades
Sr. Gianluigi Valsesia), que tiene por objeto la pretensión
                                                                            hasta la conclusión de las negociaciones entre las
de que se anule, por un lado, la Decisión de la Comisión,
                                                                            partes y las autoridades tributarias del Reino
de 16 de octubre de 1996, por la que se deniega la peti-
                                                                            Unido, o
ción de nueva clasificación del demandante, y, por otro
lado, la Decisión de la Comisión, de 29 de abril de 1997,              (ii) las responsabilidades efectivas de los demandantes
por la que se desestima la reclamación dirigida contra la                   frente a las autoridades tributarias del Reino
Decisión de 16 de octubre de 1996, el Tribunal de Primera                   Unido, estando obligados el Consejo y la Comi-
Instancia (Sala Primera), integrado por los Sres.: B. Vester-               sión a indemnizar a los demandantes por las res-
dorf, Presidente; J. Pirrung y M. Vilaras, Jueces; Secreta-                 ponsabilidades en que eÂstos puedan incurrir.
rio: Sr. H. Jung, ha dictado el 12 de octubre de 1998 un
auto resolviendo lo siguiente:
                                                                  Ð Condene en costas a la Comisión y al Consejo.
1) Se declara la inadmisibilidad del recurso.                     Motivos y principales alegaciones
2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.                    Los motivos y principales alegaciones son ideÂnticos a los
                                                                  invocados en el asunto T-30/98 (1).
(1) DO C 318 de 18.10.1997.
                                                                  (1) DO C 184 de 13.6.1998, p. 11.


title: Asunto F-97/08: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 1 de julio de 2010 — Füller-Tomlinson/Parlamento (Función pública — Antiguo agente temporal — Enfermedad profesional — Menoscabo de la integridad física y psíquica — Duración del procedimiento para reconocer el origen profesional de la enfermedad)

text:
               9.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/32

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 1 de julio de 2010 — Füller-Tomlinson/Parlamento
   (Asunto F-97/08) (1)

   (Función pública - Antiguo agente temporal - Enfermedad profesional - Menoscabo de la integridad física y psíquica - Duración del procedimiento para reconocer el origen profesional de la enfermedad)
   2010/C 274/48
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Paulette Füller-Tomlinson (Bruselas) (representante: L. Levi, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: K. Zejdová y S. Seyr, agentes)

      Objeto

   Anulación de la decisión por la que se fija el porcentaje de invalidez permanente parcial imputable al origen profesional de la enfermedad que sufre la demandante en el 20 %, y, con carácter subsidiario, la condena del demandado al pago de una cantidad como reparación del daño moral sufrido por la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Sra. Füller-Tomlinson.

      (1)  DO C 44, de 21.2.2009, p. 76.


title: Asunto T-617/11: Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2011 — Meyr-Melnhof Karton/OAMI — Stora Enso (SILVAWHITE)

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/37

         Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2011 — Meyr-Melnhof Karton/OAMI — Stora Enso (SILVAWHITE)
   (Asunto T-617/11)
   2012/C 32/73
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Meyr-Melnhof Karton AG (Viena) (representantes: P. Baronikians y N. Wittich, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Stora Enso Oyj (Helsinki)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 21 de septiembre de 2011 en el asunto R 2139/2010-2.

               —

               Desestime la oposición formulada contra la solicitud de marca comunitaria no 8.197.469.

               —

               Condene a la demandada a cargar con las costas en que ha incurrido la demandante ante la OAMI y ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «SILVAWHITE», para productos de la clase 16 — Solicitud de marca comunitaria no 8.197.469

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocado: Registro finlandés no 231.953 de la marca denominativa «SILVAPRESS», para productos de la clase 16; registro internacional no 872793 de la marca denominativa «SILVAPRESS», para productos de la clase 16

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición en su totalidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Violación del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en error al declarar que existe riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca comunitaria solicitada.


title: Asunto C-412/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 10 de julio de 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Touring Tours und Travel GmbH

text:
               2.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 330/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 10 de julio de 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Touring Tours und Travel GmbH
   (Asunto C-412/17)
   (2017/C 330/08)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesverwaltungsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandada y recurrente en casación: Bundesrepublik Deutschland

      Demandante y recurrida en casación: Touring Tours und Travel GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1.

               ¿Se oponen el artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 22 y 23 del Reglamento (UE) n.o 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), (1) a la normativa nacional de un Estado miembro en virtud de la cual las empresas de autobuses de línea que atraviesen una frontera interior Schengen resultan obligadas a controlar la documentación de sus pasajeros antes de cruzar la frontera interior, a fin de prevenir el transporte de extranjeros sin pasaporte y sin permiso de residencia al territorio de la República Federal de Alemania?
               En particular:

                           a)

                           ¿Una prohibición de transportar al territorio federal a extranjeros sin el preceptivo pasaporte o permiso de residencia, establecida por ley con carácter general o por acto administrativo dirigido individualmente a empresas de transporte, que sólo puede cumplirse mediante un control efectuado por el transportista de la documentación de todos los pasajeros antes del cruce de la frontera interior, constituye una inspección fronteriza de personas en las fronteras interiores a efectos del artículo 22 del Código de fronteras Schengen, o cabe equipararla a tal inspección?

                           b)

                           ¿Debe evaluarse la imposición de las obligaciones mencionadas en la primera cuestión con arreglo al artículo 23, letra a), del Código de fronteras Schengen, aunque el transportista no ejerza «competencias de policía» en el sentido de dicha disposición y, con la obligación de inspección impuesta por el Estado, tampoco esté formalmente facultado para ejercer funciones de poder público?

                           c)

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión de la letra b) anterior, ¿constituyen las inspecciones que se exigen a los transportistas una medida ilícita de efecto equivalente a las inspecciones fronterizas, a la luz de los criterios del artículo 23, letra a), segunda frase, del Código de fronteras Schengen?

                           d)

                           ¿Debe evaluarse la imposición de las obligaciones mencionadas en la primera cuestión, en la medida en que afecte a empresas de autobuses de línea, con arreglo al artículo 23, letra b), del Código de fronteras Schengen, a cuyo tenor la facultad de los transportistas de efectuar inspecciones de seguridad de personas en los puertos y aeropuertos no se verá afectada por la ausencia de inspecciones en las fronteras interiores? ¿Cabe deducir de ello que las inspecciones a que se refiere la primera cuestión realizadas también fuera de los puertos y aeropuertos son ilícitas si no constituyen inspecciones de seguridad y no se efectúan también sobre las personas que viajan dentro de un Estado miembro?

               2.

               ¿Autorizan los artículos 22 y 23 del Código de fronteras Schengen una normativa nacional que prevé, a efectos del cumplimiento de la obligación, la adopción de una orden de prohibición con apercibimiento de imposición de multa coercitiva contra una empresa de autobuses cuando, debido a la falta de inspecciones, han sido transportados al territorio de la República Federal de Alemania extranjeros sin pasaporte ni permiso de residencia?

      (1)  DO L 77, p. 1.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de marzo de 2001 en el asunto T-206/99, Métropole télévision SA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Competencia — Desestimación de una denuncia — Ejecución de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia por la que se anula una Decisión de exención de la Comisión — Obligación de motivación — Obligaciones en materia de tramitación de denuncias)

text:
2.6.2001                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 161/17
(Luxemburgo) y Mateo Turró Calvet, con domicilio en Ramel-                1)    Se anula la decisión de la Comisión, de 29 de junio de 1999,
dange, representados por el Sr. A. Dashwood y la Sra.                            por la que se desestima la denuncia presentada por Métropole
W.-J. Outhwaite, Barristers, que designan domicilio en Luxem-                    télévision SA el 5 de diciembre de 1997.
burgo, contra Banco Europeo de Inversiones (agentes: Sres.
J.-P. Minnaert, Z. Zachariadis y A. Barav), que tiene por objeto           2)    Se condena en costas a la Comisión.
sendas pretensiones de anulación de la decisión de la parte
demandada de suprimir, a partir del 1 de enero de 1999, el
sistema de tipos de conversión especiales, por una parte, y las           (1) DO C 33a3, de 20.11.1999.
hojas de haberes de los demandantes en las que se aplicó dicha
decisión, por otra, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Tercera), integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres.
K. Lenaerts y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sra. B. Pastor,
administradora principal, ha dictado el 6 de marzo de 2001
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Se anulan las hojas de haberes de los demandantes correspon-
      dientes al mes de enero de 1999 en la medida en que en ellas         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      no se aplica el sistema de tipos de conversión especiales.
2)    Se declara la inadmisibilidad del recurso en todo lo demás.                               de 6 de marzo de 2001
3)    Se condena en costas al Banco Europeo de Inversiones.                en el asunto T-100/00, Franco Campoli contra Comisión
                                                                                de las Comunidades Europeas (1)
(1) DO C 314 de 30.10.99.
                                                                           (Funcionarios — Traslado/Cambio de servicio — Motivación
                                                                                — Desviación de poder — Interés del servicio)
                                                                                (2001/C 161/38)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                  (Lengua de procedimiento: francés)
                     de 21 de marzo de 2001                                En el asunto T-100/00, Franco Campoli, funcionario de la
                                                                           Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
en el asunto T-206/99, Métropole télévision SA contra                      Bruselas, representado por Me S. Diana, abogado, contra
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                         Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. G. Val-
                                                                           sesia y D. Waelbroeck), que tiene por objeto, por una parte,
                                                                           unas peticiones de que se anule la decisión de la Comisión por
(Competencia — Desestimación de una denuncia — Ejecu-                     la que ésta traslada al demandante de la Unidad 1 «Productos
ción de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia por               alimenticios, legislación, aspectos cientı́ficos y técnicos» a la
la que se anula una Decisión de exención de la Comisión —               Unidad 2 «Industria agroalimentaria y biotecnologı́a» de la
Obligación de motivación — Obligaciones en materia de                    Dirección E «Asuntos industriales III: empresas de bienes de
                     tramitación de denuncias)                            consumo» de la Dirección general «Industrias» (DG III), ası́
                                                                           como la decisión por la que se nombra a otro funcionario al
                           (2001/C 161/37)                                 puesto de jefe adjunto de dicha Unidad 1 y, por otra parte, una
                                                                           pretensión de indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal
                                                                           de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por la
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres R. Garcı́a-Valdecasas
                                                                           y J.D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González,
                                                                           administrador, ha dictado el 6 de marzo de 2001 una sentencia
En el asunto T-206/99, Métropole télévision SA, con domicilio              cuyo fallo es el siguiente:
social en Parı́s, representada por el Sr. D. Théophile, abogado,
que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
                                                                           1)    Se desestima el recurso.
Comunidades Europeas (agentes: Sres. K. Wiedner y B. Mon-
gin), que tiene por objeto un recurso de anulación de la
decisión de la Comisión, de 29 de junio de 1999, por la que se           2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
desestima la denuncia presentada por Métropole télévision el
5 de diciembre de 1997, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Cuarta), integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los                 (1) DO C 176 de 24.6.00.
Sres. R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces; Secretario:
Sr. G. Herzig, administrador, ha dictado el 21 de marzo de
2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto T-137/08: Recurso interpuesto el 9 de abril de 2008 — BCS/OAMI — Deere (Combinación de colores verde y amarillo)

text:
               7.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/33

         Recurso interpuesto el 9 de abril de 2008 — BCS/OAMI — Deere (Combinación de colores verde y amarillo)
   (Asunto T-137/08)
   (2008/C 142/60)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: BCS SpA (Milán, Italia) (representantes: M. Franzosi, V. Jandoli y F. Santonocito, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Deere & Company (Moline, Estados Unidos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 16 de enero de 2008 en el asunto R 0222/2007-2.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: Marca figurativa consistente en la combinación de colores verde y amarillo para productos comprendidos en las clases 7 y 12 — marca comunitaria no 63.289

      Titular de la marca comunitaria: Deere & Company

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: La demandante

      Resolución de la División de Anulación: Desestimación de la solicitud de nulidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 1, letra c), en conexión con los artículos 8, apartado 4, y 73, apartado 1, del Reglamento no 40/94 del Consejo, en la medida en que:

               —

               la Sala de Recurso debió haber interpretado el artículo 7, apartado 3, de manera muy estricta y, en consecuencia, imponer una rigurosa carga de la prueba a la otra parte en el procedimiento;

               —

               la Sala de Recurso no reconoció la marca anterior de facto de la demandante;

               —

               la Sala de Recurso utilizó argumentaciones contradictorias en su resolución.


title: Asunto C-210/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) el 18 de abril de 2013 — Glaxosmithline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

text:
               29.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 189/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) el 18 de abril de 2013 — Glaxosmithline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
   (Asunto C-210/13)
   2013/C 189/15
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (Chancery Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Glaxosmithline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG

      Recurrida: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Un adyuvante que no tenga efectos terapéuticos propios pero que aumente los efectos terapéuticos de un antígeno al combinarse con éste en una vacuna constituye un «principio activo» en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento no 469/2009/CE? (1)

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿una combinación de dicho adyuvante con un antígeno puede, no obstante, considerarse una «composición de principios activos» en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento no 469/2009/CE?

      (1)  Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152, p. 1).


title: Asunto T-239/99: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de septiembre de 2006 — Alofs/Comisión

text:
               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/30

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de septiembre de 2006 — Alofs/Comisión
   (Asunto T-239/99) (1)

   (2006/C 261/58)

      Lengua de procedimiento: neerlandés

   El Presidente de la Sala Segunda ampliada ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 6, de 8.1.2000.


title: Asunto T-302/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 1 de octubre de 2008 — Motorpress/OAMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ!)

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/65

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 1 de octubre de 2008 — Motorpress/OAMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ!)
   (Asunto T-302/07) (1)

   (2008/C 301/124)

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 235 de 6.10.2007.


title: Asunto T-63/99: Recurso interpuesto el 3 de marzo de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por RJB Mining plc

text:
C 160/26               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      5.6.1999
Recurso interpuesto el 2 de marzo de 1999 contra                        Recurso interpuesto el 3 de marzo de 1999 contra la
la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr.                     Comisión de las Comunidades Europeas por RJB Mining
Dominique Rafoni, mandatario ad litem, que actúa en                                                      plc
calidad de liquidador de la Société de distribution mécani-
                que et d’automobiles (Sodima)                                                    (Asunto T-63/99)
                        (Asunto T-62/99)                                                          (1999/C 160/49)
                         (1999/C 160/48)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 3 de marzo de 1999 un recurso
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
Europeas se ha presentado el 2 de marzo de 1999 un recurso              por RJB Mining plc, representada por los Sres. Mark Brealey y
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado               Jonathan Lawrence, que designa como domicilio en Luxem-
por el Sr. Dominique Rafoni, mandatario ad litem, que actúa            burgo el bufete de los Sres. Arendt y Medernach, 8-10, rue
en calidad de liquidador de la Société de distribution mécanique        Mathias Hardt.
et d’automobiles (Sodima), con domicilio en Aix en Provence
(Francia), representado por el Sr. Jean Claude Fourgoux,
Abogado de Parı́s que designa como domicilio en Luxemburgo              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
el despacho del Sr. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon.         que:
                                                                        — anule la Decisión impugnada por las razones que se
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                exponen en la demanda;
que:
                                                                        — condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas las
— anule la decisión de la Comisión de 5 de enero de 1999;
                                                                             de la parte demandante.
— condene en costas a la Comisión.
                                                                        Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones
                                                                        El presente recurso impugna la Decisión de la Comisión de
El 1 de julio de 1994 la parte demandante presentó ante la             22 de diciembre de 1998 [C(1998)4569 final] relativa a las
Comisión una denuncia con base en los artı́culos 85 y 86 del           subvenciones de la República Federal de Alemania (en lo
Tratado y en el Reglamento (CEE) no 123/85 de la Comisión,             sucesivo, «Alemania») a la industria del carbón en 1999, que
relativa a la imposición por la sociedad Peugeot de un régimen         pretende autorizar a Alemania a conceder dichas subvenciones.
de concesión incompatible con los requisitos de exención
establecidos por dicho Reglamento.                                      Según la demandante, algunas de las cuestiones planteadas en
                                                                        este recurso, pero no todas, han sido planteadas ya en los
La parte demandante, que ya ha interpuesto dos recursos por             asuntos T-110/98 (1) y T-12/99 (2).
omisión con el fin de que se declare la pasividad de la
Comisión (1), impugna en el presente asunto la decisión de la         El recurso se refiere esencialmente a las disposiciones de la
Comisión, de 5 de enero de 1999, por la que se desestima               letra c) del artı́culo 4 del Tratado CECA y de la Decisión
definitivamente su denuncia.                                            no 3632/93/CECA (3), que establece un código («el Código»)
                                                                        con arreglo al cual la Comisión puede autorizar ciertas ayudas,
En apoyo de su recurso de anulación, la parte demandante               no obstante los dispuesto en la mencionada letra c) del artı́culo
alega:                                                                  4 del Tratado CECA.
— el incumplimiento por parte de la Institución demandada
    de sus obligaciones de policı́a de la competencia;                  La demandante alega que:
— la inexistencia de un examen serio y objetivo de la                   — la ayuda de que se trata no se ajusta a lo dispuesto en los
    denuncia;                                                                artı́culos 2 a 9 del Código, por lo que la Comisión carece
                                                                             de competencia para aprobarla, con arreglo al apartado 1
— vicios sustanciales de forma y desviación de poder en la                  del artı́culo 1 del Código;
    tramitación del procedimiento y en la apreciación de las
    pruebas;                                                            — la Decisión impugnada pretende aprobar ayudas a empre-
                                                                             sas o unidades de producción que no pueden considerarse
— violación del Tratado y error manifiesto de apreciación del              viables. Aunque la Comisión no estuviera obligada, en
    Derecho;                                                                 contra de lo que alega la demandante, a demostrar la
                                                                             viabilidad a largo plazo de las empresas o unidades de
— incumplimiento de la obligación de adoptar una decisión                  producción, dicha Institución ha incurrido en un error
    definitiva en un plazo razonable.                                        manifiesto al no analizar si, tal como exige el apartado 1
                                                                             del artı́culo 2 del Código, habida cuenta de la caı́da de
(1) Asunto T-190/95 (DO C 333 de 9.12.1995, p. 20) y asunto                  precios del carbón en los mercados internacionales, la
    T-45/96 (DO C 145 de 18.5.1986, p. 13).                                  reducción de los costes de producción de las empresas o
                                                                             unidades de producción beneficiarias permitirá probable-
                                                                             mente una disminución progresiva de las ayudas. Final-
 ---pagebreak--- 5.6.1999                  ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 160/27
     mente, la Decisión impugnada pretende aprobar unas                 — condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas las
     primas especiales a los mineros considerándolas ayudas de               de la parte demandante.
     funcionamiento con arreglo al apartado 2 del artı́culo 3
     del Código, pese a que dichas primas no forman parte de
     los costes de producción de las empresas mineras;                  Motivos y principales alegaciones
— la Decisión impugnada no contiene hechos que permitan                 El recurso se refiere a una supuesta omisión de la Comisión al
     a la demandante verificar la viabilidad de una sola empresa         no cumplir las obligaciones que le imponen las disposiciones
     o unidad de producción. Además, la Decisión impugnada            de la letra c) del artı́culo 4 del Tratado CECA y de la
     no contiene tampoco hechos o declaraciones que permitan             Decisión n° 3632/93/CECA de la Comisión (en lo sucesivo, «el
     a la demandante verificar si, habida cuenta de la caı́da de         Código») (1) con respecto a la ayuda de Estado inherente a la
     los precios mundiales del carbón, la reducción de los costes      fusión de Ruhrkohle AG (RAG), Saarbergwerke AG y Preussag
     de producción permitirá probablemente una disminución            Anthrazit GmbH (en lo sucesivo, «la fusión») y condicionada a
     progresiva de las ayudas, tal como exige el artı́culo 2 del         la realización de la misma.
     Código.
                                                                         La demandante señala que desde marzo de 1988 ha insistido
                                                                         ante la Comisión en su gran interés en que la fusión no se
( 1) RJB Mining/Comisión (DO C 299 de 26.9.1998, p. 38).                aprobara sin que, entre otras cosas, se hubieran analizado
(2) RJB Mining/Comisión, aún no publicado en el DO.
(3) DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.
                                                                         cuidadosamente ciertos factores que a su juicio constituı́an
                                                                         ayudas de Estado, tales como:
                                                                         — el precio simbólico de 1 DEM pagado por Saarbergwerke;
                                                                         — el compromiso del Gobierno alemán de aportar el 50 %
                                                                              del importe no cubierto de una subvención cruzada anual
                                                                              de 200 millones de DEM financiada por las actividades de
                                                                              RAG no relacionadas con el carbón;
Recurso interpuesto el 3 de marzo de 1999 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por RJB Mining                     — la renuncia del Gobierno alemán a que se le reembolsaran
                                  plc                                         ayudas por importe de 4 000 millones de DEM;
                           (Asunto T-64/99)                              — una subvención adicional de 1 650 millones de DEM si
                                                                              RAG compraba la participación del Gobierno alemán en
                            (1999/C 160/50)                                   Saarbergwerke.
                                                                         Mediante Decisión de fecha 29 de julio de 1998, la Comisión
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                     aprobó la fusión. Sin embargo, el 2 de diciembre de 1998 la
                                                                         Comisión adoptó una Decisión relativa a la industria alemana
                                                                         del carbón en 1998 que no contenı́a referencia alguna a la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   fusión, ni mucho menos a los problemas en materia de ayudas
Europeas se ha presentado el 3 de marzo de 1999 un recurso               de Estado que esta última planteaba, y en la que incluso se
contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado               aludı́a a las tres entidades que se habı́an fusionado como si
por RJB Mining plc, representada por los Sres. Mark Brealey y            fueran empresas distintas.
Jonathan Lawrence, que designa como domicilio en Luxem-
burgo el bufete de los Sres. Arendt y Medernach, 8-10, rue
Mathias Hardt.                                                           La demandante alega que la Comisión está obligada:
                                                                         — a examinar la concesión de ayudas de Estado a las empresas
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                 fusionadas;
que:
                                                                         — a examinar la denuncia presentada en marzo de 1998 en
— anule la presunta decisión de la Comisión de negarse a                    la que se calificaba de ilegal la ayuda inherente a la fusión
     examinar si Alemania ha respectado las disposiciones de la               y condicionada a la realización de la misma;
     letra c) del artı́culo 4 del Tratado CECA y del Código en lo
     relativo a la ayuda de Estado inherente a la fusión y              — a declarar que Alemania ha incumplido las disposiciones
     condicionada a la realización de la misma;                              de la letra c) del artı́culo 4 del Tratado CECA y del Código.
— anule la presunta decisión de la Comisión de negarse a               Las dos primeras obligaciones se derivan del artı́culo 8 del
     examinar la denuncia de la demandante de fecha                      Tratado CECA y del Código, y la tercera del artı́culo 88 del
     16 de marzo de 1998 en la que se sostenı́a que la ayuda             Tratado CECA. Además, o bien con carácter subsidiario, si la
     inherente a la fusión y condicionada a su realización es          Comisión no está sometida a dichas obligaciones sino que
     incompatible con las disposiciones de la letra c) del               simplemente está facultada para examinar la concesión de
     artı́culo 4 del Tratado CECA y del Código;                         ayudas de Estado, su negativa continuada a actuar constituye
                                                                         una desviación de poder.
— anule la presunta decisión de la Comisión de negarse a
     declarar que Alemania ha incumplido las disposiciones de
                                                                         (1) DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.
     la letra c) del artı́culo 4 del Tratado CECA y del Código en
     lo relativo a la ayuda de Estado inherente a la fusión y
     condicionada a la realización de la misma;


title: Asunto C-555/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Portugal) el 28 de octubre de 2015 — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública

text:
               18.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Portugal) el 28 de octubre de 2015 — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública
   (Asunto C-555/15)
   (2016/C 016/25)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Bernard Jean Marie Gabarel

      Recurrida: Fazenda Pública

      Cuestiones prejudiciales

               A)

               A efectos de la interpretación del artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (1), de 28 de noviembre de 2006, ¿deben considerarse las terapias no convencionales, en particular la osteopatía, una actividad sanitaria (paramédica)?

               B)

               Un contribuyente que, conforme a la legislación nacional, está habilitado para ejercer una actividad paramédica como la fisioterapia, pero que en el ejercicio de su actividad profesional de salud recurre, indistintamente o de manera complementaria, tanto a terapias propias de la fisioterapia como de la osteopatía, ¿debe ser considerado, a efectos del artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo y, por tanto, a efectos del artículo 9 del Código del IVA, como un profesional que ejerce globalmente una actividad paramédica y, de ese modo, quedar exento del IVA?

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).


title: Asunto T-252/15: Recurso interpuesto el 21 de mayo de 2015 — Ferrovial y otros/Comisión

text:
               27.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/35

         Recurso interpuesto el 21 de mayo de 2015 — Ferrovial y otros/Comisión
   (Asunto T-252/15)
   (2015/C 245/41)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandantes: Ferrovial, SA (Madrid, España), Ferrovial Servicios, SA (Madrid, España), Amey UK plc (Oxford, Reino Unido) (representantes: M. Muñoz Pérez y M. Linares Gil, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea de 15 de octubre de 2014 en el expediente no C (2014) 7280, relativo a la ayuda estatal SA 35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) ejecutada por España;

               —

               subsidiariamente anule el artículo 4, apartado 2, de la citada decisión, y

               —

               condene en costas a la institución demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   La Decisión impugnada en el presente procedimiento es la misma que en los asuntos T- 826/14, España/Comisión, et T-12/15, Banco de Santander y Santusa/Comisión.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 296 del TFUE por falta de motivación.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107.1 del TFUE, dado que la medida analizada no reúne, según los demandantes, los elementos propios del concepto de ayuda de Estado.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 108.3 del TFUE, 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 CE, y 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del reglamento (CE) no 659/1999, dado que la medida analizada no constituye una ayuda nueva, ilegal e incompatible.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la nulidad del artículo 4, apartado 2, de la Tercera decisión por infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento 659/1999, al no limitar la orden de recuperación en los mismos términos en que lo hicieron las dos primeras decisiones (adquisiciones anteriores a 21 de diciembre de 2007).

               5.

               Quinto motivo, basado en la nulidad del artículo 4 de la Tercera Decisión (orden de recuperación) por infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento 659/1999, al no excluir de la orden de recuperación a las operaciones indirectas anteriores a 10 de marzo de 2005.


title: Asunto C-25/03: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundesfinanzhof, de fecha 29 de agosto de 2002, en el asunto entre Finanzamt Bergisch Gladbach y Hans U. Hundt-Eßwein

text:
C 70/10                   ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              22.3.2003
2.     Al mac ena mi ent o pú bl i co de ce real es                           resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 29 de agosto de
                                                                              2002, en el asunto entre Finanzamt Bergisch Gladbach y Hans
La Comisión aduce que el organismo AIMA, durante las                          U. Hundt-Eßwein, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
adquisiciones de maíz efectuadas en el curso de la campaña de                 Justicia el 23 de enero de 2003. El Bundesfinanzhof solicita al
comercialización 1997/1998, no fijó el primer día de entrega                  Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
en la comunicación de admisibilidad de la oferta y, por el                    cuestiones:
contrario, hizo correr los plazos para la determinación del
precio hasta el momento de la primera entrega materialmente                   1)    Una persona que adquiera o construya una vivienda para
efectuada por el oferente. En opinión de la Comisión, ello ha                       su propio uso, ¿actúa como sujeto pasivo, con ocasión de
implicado un mayor desembolso por parte del FEOGA,                                  la adquisición o construcción de la vivienda, si pretende
respecto a lo que el Fondo debería haber pagado si la AIMA, al                      utilizar una habitación del inmueble como «despacho en
no haber fijado previamente la fecha de entrega, hubiese                            casa» para el ejercicio de una actividad profesional
tomado como referencia el día siguiente al escrito de acepta-                       secundaria por cuenta propia?
ción de la oferta, fecha en la que, potencialmente, podría
haberse iniciado la entrega. El organismo pagador AGEA no
coincide con la posición adoptada por la Comisión, en lo que                  En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
respecta al Reglamento no 689/92 ( 4), en la medida en que éste
no establece de modo alguno que la fecha del día siguiente al                 2)    En el caso del encargo conjunto de un bien de inversión
escrito de aceptación de la oferta sea tomada como base de                          por una comunidad de bienes o un matrimonio que no
cálculo para determinar el precio que ha de pagarse por la                          ejerzan por sí mismos una actividad empresarial, ¿debe
adquisición del producto, y en que, además, el mismo Regla-                         considerarse que la adquisición la realiza una persona que
mento delega en el organismo de intervención definir el plan                        no es sujeto pasivo del impuesto y que no tiene derecho
de entrega para el producto, de lo que se deduce que la                             a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado
AIMA asume el programa concertado entre el organismo de                             por tal adquisición, o bien los copropietarios son destina-
intervención y el oferente.                                                         tarios de la prestación?
3.     Pri mas en el s ecto r d el ta baco cr udo                             En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
Un control del Tribunal de Cuentas europeo ha puesto en                       3)    El derecho a la deducción del impuesto soportado en el
evidencia un error respecto al incumplimiento del límite de                         caso de la adquisición de un bien de inversión por parte
garantía relativo al grupo de variedades de tabaco 01 para la                       de un matrimonio en régimen de comunidad de bienes,
campaña 1998.                                                                       cuando el bien es utilizado únicamente por uno de los
                                                                                copropietarios para sus fines empresariales,
Dicho error no ha determinado el rebasamiento de los límites
de garantía específicos de los demás grupos de variedades para                      a)    corresponde únicamente a dicho copropietario por
la campaña de que se trata.                                                               el importe proporcional de las cuotas del impuesto
                                                                                soportado correspondiente a su cuota en la adquisi-
                                                                                ción,
( 1) DO L 306, de 8.11.2002, p. 26. Decisión de la Comisión por la
     que se excluye de la financiación comunitaria determinados gastos                    o
     efectuados por los Estados miembros a cargo a la sección Garantía
     del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola                        b)    corresponde al copropietario, de conformidad con
     (FEOGA).
( 2) DO L 297, de 21.11.1996, p. 1.
                                                                                el artículo 17, apartado 2, letra a), de la Directiva
( 3) DO L 100, de 17.04.1997, p. 22.
                                                                                77/388/CEE, (1) el importe del impuesto soportado
( 4) DO L 74, de 20.03.1992, p. 18.                                                       que corresponda a la proporción de su uso empresa-
                                                                                rial en relación con la totalidad del bien (sin perjuicio
                                                                                de los requisitos en materia de facturación a que se
                                                                                hace referencia en la cuarta cuestión)?
                                                                              4)    ¿Se requiere, para el ejercicio del derecho a deducir el
                                                                                impuesto soportado, de conformidad con el artículo 18
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                                de la Directiva 77/388/CEE, una factura, en el sentido del
lución del Bundesfinanzhof, de fecha 29 de agosto de
                                                                                artículo 22, apartado 3, de la Directiva 77/388/CEE,
2002, en el asunto entre Finanzamt Bergisch Gladbach y
                                                                                expedida únicamente a nombre de dicho cónyuge/copro-
                      Hans U. Hundt-Eßwein
                                                                                pietario —y por los importes de la contraprestación y del
                                                                                impuesto que le correspondan proporcionalmente—, o
                           (Asunto C-25/03)                                         es suficiente una factura dirigida a los copropietarios/
                                                                                cónyuges sin necesidad de dicho desglose?
                             (2003/C 70/16)
                                                                              (1 ) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante


title: Asunto C-475/10 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de octubre de 2010 por la República Federal de Alemania contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 14 de julio de 2010 en el asunto T-571/08, República Federal de Alemania/Comisión

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/21

         Recurso de casación interpuesto el 1 de octubre de 2010 por la República Federal de Alemania contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 14 de julio de 2010 en el asunto T-571/08, República Federal de Alemania/Comisión
   (Asunto C-475/10 P)
   ()
   2010/C 328/37
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: República Federal de Alemania (representantes: T. Henze, J. Möller y N. Graf Vitzthum, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule el auto del Tribunal de la Unión Europea de 14 de julio de 2010 en el asunto T-571/08, República Federal de Alemania/Comisión Europea.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   El objeto del presente recurso de casación es el auto por el que el Tribunal, en una cuestión incidental, declaró la inadmisibilidad del recurso de la República Federal de Alemania contra la orden de dar información de la Comisión, de 30 de octubre de 2008, en el procedimiento relativo a la ayuda de Estado a favor de Deutsche Poste AG (en lo sucesivo, «DPAG»).
   Mediante la decisión recurrida, la Comisión ordenó a la recurrente que le diese información sobre la totalidad de los ingresos y de los costes de DPAG en el período comprendido entre 1989 a 2007, a pesar de que la privatización de DPAG, en el marco de la cual se realizaron por lo esencial las transferencias controvertidas, ya hubiera terminado en 1994. En vez de aclarar la cuestión preliminar de cuáles son los períodos que deben tenerse en cuenta efectivamente, la Comisión solicitó información, en primer lugar, sobre los ingresos y los costes de DPAG en todo el período que va desde la privatización hasta hoy, sin tomar en consideración la carga generada por tal solicitud. De este modo, la Comisión impuso una carga desproporcionada a la recurrente y a la empresa afectada.
   Es necesario que el Tribunal de Justicia aclare fundamentalmente si la Comisión, en el marco de los procedimientos en materia de ayudas de Estado, puede efectivamente obligar a un Estado miembro a aportar cualquier información, sin estar sometida a un control judicial directo. Si la apreciación jurídica del Tribunal General, conforme a la cual tales decisiones no son recurribles, fuera correcta, los Estados miembros y las empresas afectadas deberían siempre, en un primer momento, asumir una carga considerable –también financiera– con el fin de dar cumplimiento a tales órdenes, aun cuando considerasen que estas son ilegales. Asimismo, habría un riesgo de divulgación de secretos comerciales, cuyo conocimiento no tiene, en su caso, importancia para el procedimiento en materia de ayudas de Estado.
   El auto recurrido del Tribunal es jurídicamente erróneo en varios aspectos.
   En primer lugar, el Tribunal interpretó de manera jurídicamente errónea el concepto de acto recurrible y no tuvo en cuenta la jurisprudencia al respecto, porque examinó el acto recurrido «a la luz de su contenido». La apreciación de un acto en relación con sus efectos jurídicos materiales sólo es pertinente a falta de decisión que, por su naturaleza jurídica, sea vinculante. No obstante, como el carácter vinculante de la decisión controvertida de la Comisión, adoptada con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999, se deriva de su naturaleza jurídica, no procede investigar si la voluntad del autor del acto era que este produjese efectivamente efectos jurídicos para la recurrente.
   En segundo lugar, el Tribunal incurrió en un error de apreciación del carácter provisional de la orden de dar información concluyendo de manera errónea, refiriéndose a la jurisprudencia relativa a la admisibilidad de un recurso contra la incoación de un procedimiento de investigación en materia de Derecho de la competencia, que el carácter definitivo de la decisión también es determinante para la admisibilidad del recurso contra la orden de dar información de la Comisión controvertida.
   En tercer lugar, el Tribunal apreció de manera jurídicamente errónea los efectos jurídicos de la orden de dar información, porque no tuvo en cuenta que un acto produce efectos jurídicos obligatorios cuando afecta los intereses de su destinatario modificando su situación jurídica. Sucede así por lo que respecta a la orden de dar información, porque el hecho de no dar cumplimiento a la misma provoca sanciones. Dichas sanciones consisten, por una parte, en que el Estado miembro no podría invocar el carácter incompleto de los elementos de hecho y que la Comisión podría adoptar una decisión basándose en los elementos de que dispone. Por otra parte, eso implicaría una disminución del nivel de prueba a partir del cual la Comisión puede partir del principio de que las circunstancias que invoca están acreditadas. Esto favorece la situación procesal de la Comisión y, por consiguiente, perjudica la situación del Estado miembro afectado por el procedimiento de investigación formal. La orden de dar información sitúa a la recurrente ante la opción siguiente: incumplir sus obligaciones, lo que le impide no obstante invocar el carácter incompleto de los elementos de hecho y provoca una disminución del nivel de prueba requerido por parte de la Comisión, o bien, para proteger su derecho de defensa, verse obligada a dar una cantidad desproporcionada de información. Lo que implica, además de la desventaja jurídica sufrida, un gasto extraordinario de tiempo y dinero que no se compensa. Abstracción hecha del caso de autos, la orden de dar información puede tener asimismo, efectos jurídicos para el Estado miembro afectado, en la medida en que el no darla cumplimiento puede conducir a un procedimiento por incumplimiento conforme al artículo 258 TFUE y, en último extremo, a un procedimiento de multa coercitiva con arreglo al artículo 260 TFUE.
   En cuarto lugar, el auto del Tribunal vulnera el principio del estado de Derecho y de la tutela judicial efectiva, porque considera que el único medio de protegerse contra una orden de dar información excesiva es no darla cumplimiento. Tal forma de proceder no es razonable y vulnera los principios antes citados. La tutela judicial contra órdenes ilegales de dar información no puede depender de que el Estado miembro no las cumpla. La posibilidad de recurrir contra la orden de dar información es el único medio de no someter el deber de lealtad de los Estados miembros a una facultad de apreciación ilimitada de la Comisión y permite además a la Comisión, por su parte, respetar su obligación de cooperación leal con los Estados miembros.
   Por último, el Tribunal incurrió en un error al apreciar las competencias en los asuntos de ayudas de Estado al declarar que la protección contra las órdenes de dar información excesivas consiste, para los Estados miembros, en rechazar dar la información que no consideren necesaria para determinar los hechos. Ello provocaría un desplazamiento de la determinación de los hechos y de la obligación de determinación del objeto del procedimiento a los Estados miembros, que sería contraria al reparto de competencias en materia de ayudas de Estado. Dicho desplazamiento de competencia a que se refiere el Tribunal vulneraría la articulación de las competencias establecida en los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, traspasaría el riesgo de error de apreciación a los Estados miembros y, en esa medida, liberaría a la Comisión de la obligación de investigación material rigurosa en el procedimiento administrativo.


title: Asunto T-162/03: Recurso interpuesto el 30 de abril de 2003 por Pascal Millot contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 171/38               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              19.7.2003
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                       que:
—      Condene a la Comisión a indemnizarle el perjuicio que               —     Anule la Decisión de la Comisión, de 6 de mayo de 2002,
       ha sufrido a consecuencia de la no ejecución, en parte, de                por la que se fija en el grado A 7, escalón 3, la clasificación
       la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de                   definitiva del demandante.
       febrero de 2002.
                                                                           —     Condene en costas a la parte demandada.
—      Condene en costas a la Comisión.
                                                                           Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones                                          El demandante entró en funciones como funcionario en
                                                                           prácticas el 1 de agosto de 2001, y se le clasificó provisional-
                                                                           mente en el grado A 7, escalón 1. El demandante presentó una
Este recurso tiene por objeto que se declare la responsabilidad            solicitud de clasificación en el grado superior. Tal solicitud fue
extracontractual de la Comisión debida a la no ejecución de la             denegada.
totalidad de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
28 de febrero de 2002 ( 1), dictada tras haber devuelto los autos
el Tribunal de Justicia, y en la que se redujo la cuantía de la            En apoyo de su recurso, el demandante invoca la infracción
multa impuesta mediante la Decisión de 94/601/CE (Cartonci-                del artículo 31, apartado 2, del Estatuto, en la medida en que
llo), relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85            la Comisión no tuvo en cuenta las necesidades específicas del
del Tratado CE (IV/C/33.833 — Cartoncillo) ( 2).                           servicio. El demandante invoca además un error manifiesto de
                                                                           apreciación.
Según la demandante, la Comisión aún debe devolver los
intereses devengados sobre la cantidad resultante de la diferen-
cia entre la suma abonada y la cuantía de la multa fijada en
último lugar por el Tribunal de Primera Instancia, así como
los gastos, fijados, de común acuerdo entre las partes, en                 Recurso interpuesto el 12 de mayo de 2003 contra la
50 000 euros. El perjuicio ocasionado por ello genera la                   Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
responsabilidad extracontractual de la demandada.                                   dibujos y modelos) por Sergio Rossi S.p.A.
( 1) T-308/94, Cascades/Comisión (Rec. p. II-813).                                                 (Asunto T-169/03)
( 2) DO L 243 de 19.9.91, p. 1.
                                                                                (2003/C 171/65)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 12 de mayo de 2003 un recurso
Recurso interpuesto el 30 de abril de 2003 por Pascal                      contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior,
  Millot contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    formulado por Sergio Rossi S.p.A., representada por el Sr. Ales-
                                                                           sandro Ruo, abogado.
                        (Asunto T-162/03)
                                                                           La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso era:
                                                                           Sissi Rossi s.r.l.
                         (2003/C 171/64)
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       que:
                                                                           —     Reconozca la existencia de un riesgo de confusión entre
                                                                                las marcas de que se trata para todos los productos para
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                           los que se ha formulado oposición y anule la resolución
Europeas se ha presentado el 30 de abril de 2003 un recurso                      impugnada objeto del litigio; con carácter subsidiario,
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                         reconozca la incompatibilidad entre las marcas de que se
por Pascal Millot, con domicilio en Bruselas, representado por                   trata para «bolsos de señora» y «calzado de señora» y la
los Sres. Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Nöel Louis y                    existencia de una afinidad entre dichos productos.
Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxem-
burgo.                                                                     —     Condene en costas a la parte demandada.


title: Asunto C-437/02: Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2002 contra la República de Finlandia por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 31/8                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          8.2.2003
—     Condene en costas a la República Helénica.                          Motivos y principales alegaciones
                                                                          1)   La Comisión considera que el derecho aplicado a la
                                                                               validación de facturas por la importación de productos
Motivos y principales alegaciones                                              farmacéuticos procedentes de la Comunidad infringe las
                                                                               disposiciones del artículo 12 del Tratado CE (actualmente,
1.    La Comisión considera que las medidas adoptadas son                      artículo 25 CE) y constituye una exacción de efecto
      insuficientes para asegurar que el vertedero «Pera Galinon»              equivalente a un derecho de aduana.
      funcione de tal manera que no pueda crear riesgos para
      la naturaleza y para el hombre ni tampoco cumplen las               2)   La Comisión observa que la calificación de exacción de
      obligaciones que derivan del artículo 4 de la Directiva.                 efecto equivalente no depende de su denominación ni de
                                                                               su importe; por consiguiente, ese derecho constituye una
2.    Según la Comisión, la República Helénica ha excedido de                  exacción de efecto equivalente.
      los límites de la facultad discrecional conferida por el
      artículo 4 de la Directiva puesto que, por un largo                 3)   Ninguna de las tres excepciones previstas para evitar la
      período, no efectuó acciones efectivas para impedir la                   calificación como exacción de efecto equivalente es
      contaminación del medio ambiente ni para proteger la                     aplicable en este caso.
      salud de los habitantes frente a los riesgos derivados del
      depósito ilegal de residuos en Pera Galinon, en el nomos            4)   Infracción del artículo 133 CE.
      de Heraklio, Creta.
3.    La Comisión observa que el vertedero de que se trata
      funciona sin la autorización requerida por el artículo 9
      de la Directiva.
( 1) DO L 194, de 25.7.1975, p. 39 (EE 15/01, p. 129).                    Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2002 contra la
( 2) DO L 78, de 26.3.1991, p. 32.                                        República de Finlandia por la Comisión de las Comunida-
                                                                                des Europeas
                                                                                (Asunto C-437/02)
                                                                                (2003/C 31/13)
Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2002 contra
la República Helénica por la Comisión de las Comunidades
                             Europeas                                     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 3 de diciembre de 2002 un recurso contra la
                       (Asunto C-426/02)                                  República de Finlandia formulado por la Comisión de las
                                                                          Comunidades Europeas, representada por los Sres. M. Hut-
                          (2003/C 31/12)                                  tunen y T. v. Rijn, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 22 de noviembre de 2002 un recurso contra                   —    Declare que la República de Finlandia ha incumplido las
la República Helénica, formulado por la Comisión de las                        obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9 del
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Xavier Lewis y                   Reglamento (CEE) no 3760/92 ( 1) y de los artículos 2, 21
la Sra. Mina Konstantinidis.                                                   y 31 del Reglamento (CEE) no 2847/93 (2)
                                                                               1)    al no haber fijado los criterios adecuados para la
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                            distribución y la utilización de las disponibilidades
                                                                                de pesca que le habían sido asignadas,
—     Declare que la República Helénica ha incumplido las
      obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 23               2)    al no haber velado por el respeto de la normativa
      CE, 25 CE y 133 CE, al haber aplicado un derecho a la                          comunitaria relativa a la conservación mediante
      validación de facturas relativas a la importación de                           la inspección de la pesca y de las actividades
      materias primas para uso farmacéutico, de productos                            correspondientes y mediante un control adecuado
      acabados o semiacabados procedentes de otros Estados                           de la flota pesquera y de sus actividades,
      miembros o de países terceros en beneficio del Ethniko
      Organismo Farmakon (Instituto Nacional de Medicamen-                     3)    al no haber prohibido provisionalmente pescar a los
      tos;EOF).                                                                      buques matriculados en su territorio o de pabellón
                                                                                finlandés, una vez alcanzadas las disponibilidades
—     Condene en costas a la República Helénica.                                     que le habían sido asignadas,
 ---pagebreak--- 8.2.2003                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                                  C 31/9
      4)     al no haber iniciado un procedimiento penal o                  F a l ta d e sa n c i on e s pe n a l e s o a d m in i st r a -
             administrativo contra los capitanes o las demás                t i va s
             personas responsables de haber seguido pescando
             después de la prohibición.
                                                                            De la respuesta del Gobierno finlandés al dictamen motivado
                                                                            resulta que no se adoptó ninguna medida con arreglo al
                                                                            artículo 31 del Reglamento no 2847/93.
—     Condene en costas a la República de Finlandia.
                                                                            (1 ) Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que
                                                                                se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura
                                                                                (DO L 389, p. 1).
                                                                            (2 ) Reglamento del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se
                                                                                establece un régimen de control aplicable a la política pesquera
Motivos y principales alegaciones
                                                                                común (DO L 261, p. 1).
F al t a de no rmas det al l ad as de ut i l i za ci ón de
l a s d i s po ni b i li d a d e s pe sq ue r a s
                                                                            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                            lución del Stochholms tingsrätt, de fecha 29 de noviembre
En 1995 y 1996 los buques de pesca de pabellón finlandés                    de 2002, en el asunto entre Ministerio Fiscal y Krister
efectuaron demasiadas capturas de ciertas poblaciones de peces                                             Hanner
citadas en los anexos de los referidos Reglamentos. De la
respuesta del Gobierno finlandés al dictamen motivado de la
Comisión se desprende que la República de Finlandia admite                                           (Asunto C-438/02)
el exceso de pesca que le imputa la Comisión, descrito con
detalle en los cuadros adjuntos a su escrito de requerimiento.
                                                                                (2003/C 31/14)
                                                                            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
F al t a de medi o s de i ns pe cci ón y co nt rol                          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
s ob r e l a ut i li z a c i ó n d e l a s d i s po ni b i l i d a d e s    resolución del Stochholms tingsrätt, dictada el 29 de no-
                                                                            viembre de 2002, en el asunto entre Ministerio Fiscal y Krister
                                                                            Hanner, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
                                                                            4 de diciembre de 2002. El Stochholms tingsrätt solicita al
El exceso de pesca que se produjo en 1995 y 1996 prueba que                 Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
la República de Finlandia infringió el artículo 2 del Reglamento            cuestiones:
de control. En su respuesta al dictamen motivado de la
Comisión, Finlandia reconocía que el sistema de control no                  1)     En el ámbito nacional existe un sistema autónomo para
funcionó de manera satisfactoria. Finlandia pone de manifiesto,                    el examen y autorización de los medicamentos que
en particular, las dificultades derivadas de su adhesión a la                      tiene por objeto garantizar la buena calidad de los
Unión Europea y de las modificaciones de su normativa                              medicamentos y evitar sus efectos dañinos. Algunos
exigidas por dicha adhesión.                                                       medicamentos están sujetos, además, a la obligación de
                                                                                prescripción (receta) por un médico habilitado. En tales
                                                                                circunstancias, ¿el artículo 31 CE se opone a una norma-
                                                                                tiva nacional que dispone que la venta al por menor de
                                                                                medicamentos sólo puede ser efectuada por el Estado o
                                                                                por una persona jurídica sobre la que el Estado ejerza una
I nt erru pci ó n tar dí a d e l a p es ca                                         influencia determinante y cuyo objetivo consista en
                                                                                atender a la necesidad de unos medicamentos eficaces y
                                                                                seguros?
Un Estado miembro que no suspende la pesca hasta conocer
que se han superado sus disponibilidades de pesca actúa con                 2)     ¿El artículo 28 CE se opone, en relación con lo expuesto
retraso y, en consecuencia, incumple las obligaciones que le                       en la primera cuestión, a una normativa como la descrita
incumben en virtud del artículo 21, apartado 2, del Reglamento                     en la primera cuestión?
no 2847/93. De la respuesta del Gobierno finlandés al dictamen
motivado de la Comisión se desprende claramente que las                     3)     ¿El artículo 43 CE se opone, en relación con lo expuesto
disposiciones nacionales de prohibición no se adoptaron a                          en la primera cuestión, a una normativa como la descrita
tiempo para evitar que se produjera el exceso de pesca.                            en la primera cuestión?