title: Asunto C-160/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Alemania) el 2 de abril de 2010 — Peter Köhler/Land Hessen

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/26

      Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Alemania) el 2 de abril de 2010 — Peter Köhler/Land Hessen
      (Asunto C-160/10)
      (2010/C 161/35)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Órgano jurisdiccional remitente

      Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Peter Köhler

         Demandada: Land Hessen

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  ¿Se basan las disposiciones de la Hessisches Beamtengesetz, que establecen para los funcionarios un límite de edad en principio obligatorio, con la consecuencia de la jubilación, en un objetivo de interés general conforme con los criterios establecidos en el Derecho de la Unión?
                  En este sentido se plantean sobre todo las siguientes cuestiones concretas:

                              ¿Qué requisitos concretos son exigibles desde la perspectiva del Derecho de la Unión para que exista un objetivo de interés general? ¿Qué aspectos complementarios debería examinar adicionalmente el órgano jurisdiccional remitente para esclarecer los hechos?

                              ¿El interés por ahorrar recursos presupuestarios y gastos de personal, en este caso evitando nuevas contrataciones y reduciendo así los costes salariales, constituye una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE?

                              ¿Puede considerarse una finalidad legítima de interés general que un empleador público disponga de la posibilidad de planificar con cierta seguridad la baja definitiva de funcionarios, aun cuando cada empleador público sometido a la Hessisches Beamtengesetz o a la Beamtenstatusgesetz puede desarrollar y aplicar sus propios criterios de planificación de personal?

                              ¿Puede considerarse un objetivo de interés general el interés por una «favorable estratificación por edades» o una «estructura de edades favorable», a pesar de que al respecto no existen pautas generales ni normas legales sobre la corrección de una estratificación por edades o de una estructura de edades?

                              ¿Puede considerarse que el interés en crear oportunidades de ascenso para los funcionarios ya contratados es una finalidad legítima de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE?

                              ¿Persigue una finalidad legítima de interés general un régimen de límite de edad que busque evitar litigios individuales con empleados de edad más avanzada sobre la subsistencia de su capacidad para el servicio?

                              ¿El requisito de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE exige un concepto de política del mercado laboral en el ámbito del trabajo por cuenta ajena que no se limite a empleadores públicos o privados concretos y, si es así, con qué grado de uniformidad y de obligatoriedad?

                              ¿Pueden realmente perseguir empleadores públicos o privados concretos fines de interés general para grupos de empleados, en este caso específicamente los funcionarios del ámbito de aplicación de la Hessisches Beamtengesetz, con regímenes de límite de edad de aplicación tan restringida?

                              ¿En qué condiciones puede considerarse que sirve al interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE el objetivo permitido para los empleadores públicos concretos, pero no establecido de forma obligatoria, de ocupar mediante nuevas contrataciones puestos que han quedado disponibles por jubilación, en su caso tras ascender a empleados ya contratados? ¿Para cumplir el requisito de interés general, además de afirmaciones genéricas de que el régimen sirve a los fines indicados, debe disponerse también de datos estadísticos u otro tipo de información que demuestre la seriedad de la medida y su eficacia para la realización de esos objetivos?

                  2)

                  ¿Qué requisitos deben exigirse en concreto a la adecuación y a la idoneidad de un régimen de límite de edad como el previsto en la Hessisches Beamtengesetz?
                  ¿Es necesaria una comprobación más detallada para determinar el número (previsible) de funcionarios que voluntariamente permanecerán en el servicio más allá del límite de edad, en relación con el número de los que, al alcanzar el límite de edad, percibirán el importe íntegro de la pensión y, por lo tanto, en todo caso desearán abandonar el servicio público? ¿No sería razonable dar preferencia a la voluntariedad sobre la obligación de jubilarse, habida cuenta de que la normativa que reduce el importe de la pensión en caso de jubilación voluntaria antes del límite de edad ya evita gastos desproporcionados para el presupuesto de pensiones y los consiguientes costes salariales (preferencia de la voluntariedad sobre la obligatoriedad como opción más adecuada y, por su resultado, apenas menos idónea)?
                  ¿Puede considerarse adecuado y necesario presumir de forma irrefutable e indiscriminada que los funcionarios quedan incapacitados para el servicio al alcanzar una cierta edad avanzada, en este caso los 65 años, y permitir la extinción automática de la relación funcionarial?
                  ¿Es adecuado supeditar la continuación de la relación funcionarial, en principio posible hasta al menos los 68 años de edad, únicamente a intereses particulares del empleador público y, en ausencia de esos intereses, imponer la terminación de la relación funcionarial sin posibilidad legal alguna de volver a ingresar en la función pública?
                  ¿De un régimen de límite de edad que disponga la terminación forzosa de la relación de empleo, en lugar de limitarse a establecer las condiciones del derecho a percibir el importe íntegro de la pensión de jubilación admisible con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE, se deriva un perjuicio inadecuado para los intereses de las personas de más edad frente a los intereses de las más jóvenes, que en principio no son más dignos de protección?
                  En caso de que se considere legítima la finalidad de facilitar nuevas contrataciones o ascensos, se plantea la siguiente cuestión: ¿Qué requisitos concretos deben exigirse efectivamente para acreditar hasta qué grado se aprovechan realmente las posibilidades correspondientes, por cada empleador público concreto que recurra al régimen de límite de edad o por todos los empleadores públicos sujetos al régimen legal en cuestión, incluyendo o excluyendo en su caso el mercado laboral general?
                  A la vista de las ya apreciables carencias demográficas en el mercado laboral y de la inminente necesidad de personal cualificado de toda índole, que también afectará al servicio público de la Federación y de los Länder, ¿es adecuado y necesario, a pesar de todo, imponer la terminación forzosa de la relación funcionarial a funcionarios capacitados para el servicio y que desean permanecer en la función pública, cuando muy pronto existirá una sustancial demanda de personal que difícilmente se podrá cubrir en el mercado de trabajo? ¿Son necesarios, a este respecto, datos sectoriales del mercado laboral que posiblemente más adelante haya que recabar?

                  3)

                  ¿Qué requisitos de coherencia se han de exigir a los regímenes de límite de edad de Hessen y, en su caso, también a los federales?
                  ¿Puede considerarse coherente la relación entre el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz y el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz, cuando la continuación en el empleo más allá de la edad límite, en principio posible, depende únicamente de los intereses del empleador público?
                  ¿Debe interpretarse en su caso de modo conforme con la Directiva el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en el sentido de que para evitar una discriminación inadecuada por motivos de edad debe continuarse la relación laboral siempre que no se le opongan razones de servicio? En su caso, ¿qué requisitos cabría exigir a esas razones? ¿Se ha de entender, a tal efecto, que el interés del servicio exige la continuación de la relación de empleo desde el momento en que lo contrario produciría una discriminación injustificable por razón de la edad?
                  ¿Cómo podría aplicarse una interpretación del artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en los términos así exigidos para continuar o restablecer la ya extinguida relación funcionarial del demandante? En tal caso, ¿debería dejarse sin aplicación el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz, al menos hasta los 68 años de edad?
                  ¿Es adecuado y necesario dificultar, por una parte, la jubilación voluntaria a partir de los 60 o 63 años de edad con una reducción permanente de la pensión de jubilación y excluir, por otra parte, la continuación voluntaria en el servicio más allá de los 65 años de edad si el empleador público no tiene excepcionalmente un interés especial en continuar la relación de servicio?
                  ¿Se incumplen los requisitos de adecuación y necesidad del régimen de límite de edad del artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz por la existencia de los regímenes más favorables de los funcionarios temporales y de los funcionarios que se acogen a regímenes de trabajo a tiempo parcial por razón de la edad?
                  ¿Qué coherencia existe entre los distintos regímenes legales en materia de función pública, Derecho laboral y Derecho de la seguridad social que, por una parte, pretenden un incremento permanente de la edad en la que se puede percibir el importe íntegro de la pensión o prestación por jubilación; por otra, prohíben el despido por cumplir la edad para solicitar la pensión ordinaria de jubilación y, por otra, disponen obligatoriamente la extinción de la relación de empleo al alcanzarse precisamente esa edad?
                  ¿Es coherente que el incremento gradual de los límites de edad en la seguridad social y en el régimen jurídico de los funcionarios públicos de la Federación y de algunos Länder sirva en primer lugar al interés de los empleados de someterse lo más tarde posible a los endurecidos requisitos para percibir el importe íntegro de la pensión o prestación de jubilación? ¿Resultan irrelevantes estas cuestiones por el hecho de que aún no se ha incrementado la edad límite para los funcionarios sujetos a la Hessisches Beamtengesetz, aunque el incremento será efectivo próximamente para los empleados con contrato laboral?


title: Asunto C-305/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Satu Mare (Rumanía) el 25 de junio de 2014  — Sergiu Lucian Băbășan/Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare

text:
               22.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 329/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Satu Mare (Rumanía) el 25 de junio de 2014 — Sergiu Lucian Băbășan/Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare
   (Asunto C-305/14)
   2014/C 329/02
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Satu Mare

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sergiu Lucian Băbășan

      Demandada: Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en conexión con los artículos 11, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ¿se aplica directamente y en el territorio de Rumanía respecto de los ciudadanos de la Unión o no?

               2)

               El artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en conexión con los artículos 11, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ¿debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que los ciudadanos de la Unión deban respetar el Derecho interno de los Estados miembros, como las normas vinculantes de la Ley rumana [no] 60/1991 en su artículo 12, apartado 1, en relación con las sanciones previstas en el artículo 26, apartado 1, letra a), de dicha Ley, relativa a la organización y desarrollo de las reuniones públicas?


title: Recurso interpuesto el 22 de agosto de 1997 por Benedetto D'Agostino contra el Parlamento Europeo (Asunto T-242/97)

text:
1 . 11 . 97         I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 331 /23
los requisitos para la promoción y sufre, sin razón justifi        del expediente, la decisión adoptada es desproporcionada
cada por parte de la AFPN, un retraso importante en su              en relación con el comportamiento sancionable, habida
carrera .                                                           cuenta, en especial, de las circunstancias atenuantes seña
                                                                    ladas por la autoridad disciplinaria .
       Recurso interpuesto el 22 de agosto de 1997 por
    Benedetto D'Agostino contra el Parlamento Europeo               Recurso interpuesto el 26 de agosto de 1997 por Catherine
                       Asunto T-242/97 )                            Metdepenningen y otros contra la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
                        ( 97/C 331/46 )
                                                                                (Asunto T-243/97)
                                                                                ( 97/C 331 /47 )
             (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 22 de agosto de 1997 un
recurso contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr.           En el Tribunal de Primera Insancia de las Comunidades
Benedetto D'Agostino, con domicilio en Bruselas, repre             Europeas se ha presentado el 26 de agosto de 1997 un
sentado por los Sres. Jean-Noël Louis y Thierry Dema               recurso contra la . Comisión de las Comunidades Europeas
seure y la Sra . Ariane Tornel, Abogados de Bruselas, que           formulado por Catherine Metdepenningen, Jérôme Pous
designa como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire            sielgue y Jürgen Wettig, todos ellos con domicilio en Bru
Myson Sàrl, 30, rué de Cessange .                                   selas, representados por el Sr. Nicolás Lhoëst, Abogado de
                                                                    Bruselas, que designan como domicilio en Luxemburgo el
                                                                    de la Fiduciaire Myson Sàrl, 30, rué de Cessange .
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
tancia que :
                                                                    Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instan
                                                                    cia que:
— anule la decisión de 28 de octubre de 1996 por la que
     se sanciona al demandante al descenso del grado C 1 ,
     escalón 4, al grado C 5 , escalón 1 ,                          — anule las decisiones de la Comisión por las que se
                                                                          deniegan las solicitudes de los tres demandantes de
                                                                          que se les conceda una prórroga eventual de sus con
— condene en costas a la parte demandada .                                tratos hasta completar un total de cinco años,
Motivos y principales alegaciones
                                                                    — declare ilegal la decisión de la Comisión adoptada el
                                                                          13 de noviembre de 1996, por cuanto limita todos los
El demandante alega, en primer lugar, que la parte deman                 contratos de agentes temporales contemplados en la
                                                                          letra a ) del artículo 2 del Régimen aplicable a los otros
dada infringió el párrafo primero del artículo 7 del
                                                                          agentes a una duración determinada de tres años, con
anexo IX del Estatuto de los funcionarios al no respetar
                                                                          posibilidad de prórroga por un período máximo de un
un plazo razonable entre los diferentes trámites del expe
                                                                          año ,
diente disciplinario, sin que se pueda justificar en modo
alguno la duración del procedimiento. Invoca, además, la
violación de su derecho de defensa, ya que la decisión
impugnada se basa en documentos que no le fueron comu              — condene a la parte demandada al pago de la totalidad
                                                                          de las costas .
nicados .
El demandante sostiene, asimismo, que la decisión contro           Motivos y principales alegaciones
vertida está viciada de un error de apreciación manifiesto
y de una motivación insuficiente, y que fue adoptada en
violación del principio de proporcionalidad. Destaca, en            Los motivos y principales alegaciones invocados son aná
efecto, que la sanción impugnada se basa en meras decla            logos a los formulados en el asunto T-l 85/97: Godts
raciones no probadas y, en determinados casos, negadas              contra Comisión ( 1 ).
formalmente por los propios interesados, y que las nume
rosas contradicciones presentes en los diferentes elementos         ( ] ) DO C 252 de 16 . 8 . 1997, p. 37 .
del expediente no permiten demostrar que realmente se
produjeron los hechos que se le imputan. Por ello, también
estima que, por subsistir dudas al concluir la instrucción


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 10 de mayo de 2005, en el asunto T-193/03, Giuseppe Piro contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Recurso de anulación — Informe de calificación — Motivación — Recurso de indemnización — Perjuicio moral)

text:
               9.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/17

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 10 de mayo de 2005
   en el asunto T-193/03, Giuseppe Piro contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Funcionarios - Recurso de anulación - Informe de calificación - Motivación - Recurso de indemnización - Perjuicio moral)
   (2005/C 171/29)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-193/03, Giuseppe Piro, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Wezembeek Oppem (Bélgica), representado por los Sres. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal y X. Martin Membiela, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sras. C. Berardis-Kayser y H. Tserepa-Lacombe, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto, por una parte, que se anule la decisión de la Comisión por la que se establece el informe de calificación definitivo del demandante, correspondiente al período 1999-2001, y, por otra parte, que se conceda al demandante una indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y por las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 10 de mayo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Condenar a la Comisión a pagar al demandante un euro como reparación del perjuicio moral sufrido.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión cargará con sus propias costas y con la mitad de las del demandante. El demandante cargará con la mitad de sus costas.

      (1)  DO C 184, de 2.8.2003.


title: Asunto T-440/17: Recurso interpuesto el 4 de julio de 2017 — Arca Capital Bohemia/Comisión

text:
               16.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/25

         Recurso interpuesto el 4 de julio de 2017 — Arca Capital Bohemia/Comisión
   (Asunto T-440/17)
   (2017/C 347/34)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Arca Capital Bohemia a.s. (Praga, República Checa) (representante: M. Nedelka, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión COMP/D3/PB/2017/026659 de la Comisión, de 15 de marzo de 2017, por la que se deniega el acceso a documentos en virtud del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 en relación con el asunto COMP/SA.17006 — C 27/04 (ex CZ 49/03) — Agrobank Praha a.s. y GE Capital Bank a.s.

               —

               Anule la Decisión n.o C(2017) 3130 final de la Comisión, de 4 de mayo de 2017, que confirma la Decisión n.o COMP/D3/PB/2017/026659, de 15 de marzo de 2017.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las de la parte demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la errónea aplicación de las excepciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

                           —

                           La parte demandante alega a este respecto que la demandada aplicó incorrectamente jurisprudencia relevante que, a su juicio, no se aplica a casos en los que se ha cerrado el expediente administrativo. También aduce que, en asuntos relativos a ayudas de Estado, hay un gran interés público en obtener cuanta información sea posible con objeto de controlar los organismos estatales y que procede igualmente aplicar distintas consideraciones a los argumentos basados en intereses comerciales, frente a los que atañen a concentraciones de empresas y a cárteles.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la divulgación reviste un interés público superior.

                           —

                           A este respecto, la parte demandante formula alegaciones relativas a las razones de la privatización del banco de que se trata y a la estabilidad del sector bancario checo.


title: Asunto T-118/08: Recurso interpuesto el 13 de marzo de 2008 — Actega Terra/OAMI (TERRAEFFEKT matt & gloss)

text:
               26.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 107/42

         Recurso interpuesto el 13 de marzo de 2008 — Actega Terra/OAMI (TERRAEFFEKT matt & gloss)
   (Asunto T-118/08)
   (2008/C 107/71)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Actega Terra GmbH (Lehrte, Alemania) (representante: A. Andorfer-Erhard, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 7 de enero de 2008 (asunto R 1467/2007-1).

               —

               Que se declare que el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94 no se opone al registro de la marca comunitaria solicitada no 5.454.517, TERRAEFFEKT matt & gloss, para productos de la clase 2 «barnices, en especial para la industria gráfica; los productos citados no son de uso en el ámbito de la construcción».

               —

               Con carácter subsidiario, que se restrinja la descripción del producto de la solicitud de registro de marca comunitaria no 5.454.517 de la siguiente manera:

         «Clase 2: barnices con la propiedad de producir, cuando se aplica una capa sobre un fondo, una superficie mate o brillante según la naturaleza del fondo, en especial para la industria gráfica; los productos citados no son de uso en el ámbito de la construcción»,
   y que, en esta medida, se declare que el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94 no se opone al registro de la marca solicitada.

               —

               Que se condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «TERRAEFFEKT matt & gloss» para productos de la clase 2 (solicitud no 5.454.517).

      Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 (1), ya que la marca solicitada presenta el necesario carácter distintivo y no es exclusivamente descriptiva.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto F-103/12: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 5 de noviembre de 2013 — Doyle/Europol (Función pública — Personal de Europol — No renovación de un contrato — Negativa a ofrecer un contrato por tiempo indefinido — Anulación por el Tribunal de la Función Pública — Ejecución de la sentencia del Tribunal de la Función Pública)

text:
               21.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 377/21

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 5 de noviembre de 2013 — Doyle/Europol
   (Asunto F-103/12) (1)

   (Función pública - Personal de Europol - No renovación de un contrato - Negativa a ofrecer un contrato por tiempo indefinido - Anulación por el Tribunal de la Función Pública - Ejecución de la sentencia del Tribunal de la Función Pública)
   2013/C 377/48
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Países Bajos) (representantes: W.J. Dammingh y N.D. Dane, abogados)

      Demandada: Oficina Europea de Policía (representantes: D. Neumann y D. El Khoury, agentes, y B. Wägenbaur, abogado)

      Objeto

   Pretensión de que se anule la decisión, adoptada en ejecución de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 29 de junio de 2010, Doyle/Europol (F-37/09), mediante la que Europol concedió a la parte demandante un importe a tanto alzado para compensar el perjuicio irrogado por la decisión anulada por dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de 28 de noviembre de 2011 por la que la Oficina Europea de Policía concede a la Sra. Doyle un importe de 3 000 euros en ejecución de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 29 de junio de 2010, Doyle/Europol (F-37/09).

               2)

               La Oficina Europea de Policía cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Sra. Doyle.

      (1)  DO C 26, de 26.1.2013, p. 70.


title: Asunto C-18/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové, actualmente Odvolací finanční ředitelství (Fiscalidad — IVA — Directiva 2006/112/CE — Artículo 132, apartado 1, letra m) — Exención — Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física — Práctica de actividades deportivas de manera no organizada y no sistemática — Parque acuático municipal)

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové, actualmente Odvolací finanční ředitelství
   (Asunto C-18/12) (1)

   (Fiscalidad - IVA - Directiva 2006/112/CE - Artículo 132, apartado 1, letra m) - Exención - Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física - Práctica de actividades deportivas de manera no organizada y no sistemática - Parque acuático municipal)
   2013/C 114/25
   Lengua de procedimiento: checo

      Órgano jurisdiccional remitente

   Nejvyšší správní soud

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Město Žamberk

      Demandada: Finanční ředitelství v Hradci Králové, actualmente Odvolací finanční ředitelství

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Nejvyšší správní soud — Interpretación del artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Exenciones — Prestaciones de servicios que tienen un estrecho vínculo con la práctica del deporte o la educación física — Práctica eventual y ocasional de actividades deportivas de recreo en un lugar de baño (un parque acuático) gestionado por la ciudad y que dispone de instalaciones para estas actividades.

      Fallo

               1)

               El artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que las actividades deportivas no organizadas, no sistemáticas y que no tienen por objeto la participación en competiciones deportivas pueden tener la consideración de práctica del deporte a efectos de lo establecido en dicho precepto.

               2)

               El artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que el acceso a un parque acuático que ofrece a los visitantes no solamente instalaciones que permiten la práctica de actividades deportivas, sino también otro tipo de actividades de entretenimiento o recreación, puede tener la consideración de prestación de servicios directamente relacionada con la práctica del deporte. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, a la luz de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la presente sentencia y atendidas las circunstancias particulares del asunto principal, tal circunstancia concurre en este caso.

      (1)  DO C 98, de 31.3.2012.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 11 de noviembre de 2004, en el asunto C-73/03: Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas («Ayudas de Estado — Beneficios fiscales en la transmisión de explotaciones agrícolas — Bonificación de préstamos y garantías para los titulares de explotaciones agrarias»)

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/11

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 11 de noviembre de 2004
   en el asunto C-73/03: Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Ayudas de Estado - Beneficios fiscales en la transmisión de explotaciones agrícolas - Bonificación de préstamos y garantías para los titulares de explotaciones agrarias»)
   (2005/C 6/19)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-73/03, que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto el 19 de febrero de 2003 con arreglo al artículo 230 CE, párrafo primero, Reino de España (agente: Sr. S. Ortiz Vaamonde) contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J.L. Buendía Sierra), el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (Ponente), J. Malenovský y U. Lõhmus; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 11 de noviembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 101 de 26.4.2003.


title: Asuntos acumulados C-53/13 y C-80/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de junio de 2014 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Krajský soud v Ostravě y el Nejvyšší správní soud — República Checa) — Strojírny Prostějov, a.s. (C-53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C-80/13)/Odvolací finanční ředitelství, (Libre prestación de servicios — Empresa de trabajo temporal — Desplazamiento de trabajadores por una empresa establecida en otro Estado miembro — Restricción — Empresa que utiliza mano de obra — Retención en la fuente del impuesto sobre la renta de esos trabajadores — Obligación — Ingreso en la Hacienda Pública nacional — Obligación — Caso de trabajadores desplazados por una empresa de trabajo temporal nacional — Inexistencia de tales obligaciones)

text:
               25.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de junio de 2014 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Krajský soud v Ostravě y el Nejvyšší správní soud — República Checa) — Strojírny Prostějov, a.s. (C-53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C-80/13)/Odvolací finanční ředitelství,
   (Asuntos acumulados C-53/13 y C-80/13) (1)

   ((Libre prestación de servicios - Empresa de trabajo temporal - Desplazamiento de trabajadores por una empresa establecida en otro Estado miembro - Restricción - Empresa que utiliza mano de obra - Retención en la fuente del impuesto sobre la renta de esos trabajadores - Obligación - Ingreso en la Hacienda Pública nacional - Obligación - Caso de trabajadores desplazados por una empresa de trabajo temporal nacional - Inexistencia de tales obligaciones))
   2014/C 282/13
   Lengua de procedimiento: checo

      Órganos jurisdiccionales remitentes

   Krajský soud v Ostravě, Nejvyšší správní soud

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Strojírny Prostějov, a.s. (C-53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C-80/13)

      Demandada: Odvolací finanční ředitelství

      Fallo

   El artículo 56 TFUE se opone a una normativa, como la controvertida en los litigios principales, en virtud de la cual las sociedades establecidas en un primer Estado miembro que utilizan trabajadores empleados y desplazados por empresas de trabajo temporal establecidas en un segundo Estado miembro, pero que operan en el primer Estado a través de una sucursal, están obligadas a retener en la fuente y a abonar al primer Estado un pago anticipado del impuesto sobre la renta adeudado por los antedichos trabajadores, cuando la misma obligación no está prevista para la sociedades establecidas en el primer Estado que utilizan los servicios de empresas de trabajo temporal establecidas en ese mismo Estado.

      (1)  DO C 141, de 18.5.2013.

      DO C 147, de 25.5.2013.


title: Asunto T-208/08: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2008 — Gosselin Word Wide Moving/Comisión

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/45

         Recurso interpuesto el 4 de junio de 2008 — Gosselin Word Wide Moving/Comisión
   (Asunto T-208/08)
   (2008/C 223/78)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Gosselin Word Wide Moving NV Deurne, Bélgica) (representantes: F. Wijckmans y S. De Keer, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión C(2008) 926 final de la Comisión, de 11 de marzo de 2008, notificada a la demandante el 25 de marzo de 2008, relativa a un procedimiento sustanciado al amparo del artículo 81 CE (asunto COMP/38.543 — Servicios de mudanzas internacionales), en la medida en que afecta a la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule el artículo 1 de la Decisión, en la medida en que afecta a la demandante, por cuanto la Comisión consideró que se había producido una infracción continua por parte de la demandante durante el período comprendido entre el 31 de enero de 1992 y el 18 de septiembre de 2002, y que se reduzca la multa impuesta en el artículo 2, en la medida en que afecta a la demandante, con arreglo a la duración de la infracción así modificada.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule el artículo 2, letra e), de la Decisión, en la medida en que afecta a la demandante, por las razones mencionadas en los motivos segundo y/o tercero y que se reduzca proporcionalmente la multa impuesta en el artículo 2, en la medida en que afecta a la demandante.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante el primer motivo invocado por la demandante, ésta sostiene que la Decisión ha infringido el artículo 81 CE. En la primera parte de dicho motivo, la demandante afirma que la Comisión no ha probado en Derecho que los actos que se le imputan deban ser calificados de restricción sensible de la competencia en el sentido del artículo 81 CE. En la segunda parte, se sostiene que la Comisión no ha probado en Derecho que el acuerdo en el que participó la demandante pueda afectar sensiblemente al comercio entre los Estados miembros.
   Con carácter subsidiario, la demandante, en virtud del segundo motivo, alega que la Decisión ha infringido el artículo 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 (1), el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17/62 (2) y las Directrices para el cálculo de las multas (3). Según la demandante, la Comisión violó dichas disposiciones al determinar la gravedad de la infracción, la duración de ésta y el volumen de ventas que se toma como referencia para calcular el importe base de la multa y, por último, al no haber tenido en cuenta las circunstancias atenuantes para la demandante a efectos del cálculo de la multa.
   Con carácter subsidiario, mediante su tercer motivo, la demandante sostiene que se vulneró el principio de la igualdad de trato, en particular, en el acto de la determinación de la gravedad de la infracción y del valor de las ventas que se tienen en cuenta para calcular la multa.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 1, p. 1).

      (2)  Reglamento no 17, del Consejo, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22).

      (3)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2).


title: Recursos interpuestos el 31 de diciembre de 1997 por Alberny Frères y otros contra la Comisión de las Comunidades Europeas y el Consejo de la Unión Europea (Asuntos T-615/97 a T-618/97)

text:
28.3.98               ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 94/29
Aparte del motivo de ilegalidad ya invocado, los deman-           diciembre de 1992 (1). Ahora bien, las medidas que son
dantes alegan, en apoyo de sus pretensiones, la violación         objeto de este Reglamento deben ser consideradas inadap-
de los principios de proporcionalidad, de confianza legí-         tadas, por estar limitadas temporalmente a un anÄo, así
tima, de equidad y proporcionalidad, así como el descono-         como por la inexistencia de cualquier efecto coercitivo del
cimiento de los derechos de propiedad y libertad de               Reglamento para los Estados miembros. Por otra parte, la
empresa.                                                          acción contemplada por la Comunidad sólo se dirigía a
                                                                  regiones prioritarias. Los demandantes senÄalan sobre este
                                                                  extremo que, al ser definitivo el danÄo en la fecha de 1 de
                                                                  enero de 1993, la fecha de publicación del Reglamento
                                                                  (CEE) no 3904/92 hizo ineficaces las pocas medidas en eÂl
                                                                  contempladas, puesto que las empresas estaban obligadas
Recursos interpuestos el 31 de diciembre de 1997 por              a aplicar las disposiciones económicas necesarias sin
Alberny FreÁres y otros contra la Comisión de las Comuni-         contar, en esa misma fecha, con medidas de apoyo para
      dades Europeas y el Consejo de la Unión Europea             delimitar sus peÂrdidas. Las medidas propuestas, cuales-
               (Asuntos T-615/97 a T-618/97)                      quiera que hayan sido, sólo podían intervenir mucho des-
                                                                  pueÂs de la necesaria adopción de disposiciones de reestruc-
                         (98/C 94/73)
                                                                  turación.
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                  Los demandantes alegan la violación de los principios de
                                                                  respeto de los derechos adquiridos, de seguridad jurídica,
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                  de protección de la confianza legítima y de no discrimina-
Europeas se han presentado el 31 de diciembre de 1997
                                                                  ción.
varios recursos contra la Comisión de las Comunidades
Europeas y el Consejo de la Unión Europea formulados              A este respecto, los demandantes hacen hincapieÂ en que
por la sociedad Alberny FreÁres y otros, con domicilio            cualquier iniciativa de las empresas adoptada antes del 31
social en Francia, representados por los Sres. Jean-FrancËois     de diciembre de 1992 que tuviese en cuenta la desapari-
Bournilhas, Abogado de París, y Mark Clough, solicitor,           ción del traÂfico aduanero intracomunitario el 1 de enero
Law Society of England & Wales, que designa como domi-            de 1993, en particular, los despidos en el marco del plan
cilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Aloyse May,               social específico, no podía aplicar un Reglamento que sólo
31, Grand-rue.                                                    iba a ser conocido el 31 de diciembre de 1992, es decir, en
                                                                  el mismo momento de sufrir el perjuicio. AdemaÂs, el
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera           Reglamento (CEE) no 3904/92, antes citado, trata de
Instancia que:                                                    manera ideÂntica situaciones que son muy diferentes en
                                                                  cada Estado miembro. Por uÂltimo, las disposiciones de
Ð declare a las partes demandadas responsables, a efec-
                                                                  dicho Reglamento son discriminatorias entre aquellos que
     tos del paÂrrafo segundo del artículo 215 del Tratado,
                                                                  habían emprendido acciones antes del mes de enero de
     de los danÄos causados a sus actividades de comisionis-
                                                                  1993 y aquellos que las emprendieron despueÂs de su publi-
     tas de aduanas como consecuencia de las disposiciones
                                                                  cación.
     adoptadas por el Consejo para organizar la libre circu-
     lación de mercancías en el espacio interior del gran         Con caraÂcter subsidiario, los demandantes alegan la res-
     mercado a partir del 1 de enero de 1993 sin adoptar          ponsabilidad objetiva de la Comunidad basada en el con-
     las medidas necesarias para proteger los intereses de        cepto de ruptura de la igualdad ante las cargas puÂblicas.
     los demandantes, así como del hecho de que la Comi-          Opinan que la intervención de los órganos comunitarios se
     sión no hubiese propuesto, ni el Consejo hubiese adop-       asimila a una expropiación, puesto que la situación en la
     tado, las medidas necesarias para la salvaguardia legí-      se encuentran excede de la que resultaría de los riesgos
     tima de sus derechos;                                        económicos inherentes al sector económico de que se
                                                                  trata.
Ð condene solidariamente a las partes demandadas a
     indemnizar a cada uno de los demandantes por dichos          (1) Reglamento (CEE) no 3904/92 del Consejo, de 17 de diciembre
     danÄos con los intereses correspondientes al tipo del            de 1992, relativo a las medidas de adaptación de las profesio-
     8 % anual a partir del 1 de enero de 1993;                       nes de agente y comisionista de aduanas al mercado interior
                                                                      (DO L 394 de 31.12.1992, p. 1).
Ð condene solidariamente a las partes demandadas al
     pago de las costas.
Motivos y principales alegaciones
Los demandantes, comisionistas de aduanas franceses,              Recursos interpuestos el 24 de diciembre de 1997 por
reprochan a las Instituciones comunitarias el hecho de no         SPRL NoeÈl Boone y otras contra la Comisión de las
haber adoptado medidas apropiadas para contrarrestar el            Comunidades Europeas y el Consejo de la Unión Europea
perjuicio que para ellos deriva de la realización del mer-                       (Asuntos T-620/97 a T-627/97)
cado interior establecido por el Acta Única Europea.
                                                                                (98/C 94/74)
A este respecto, los demandantes sostienen que la uÂnica                       (Lengua de procedimiento: franceÂs)
reacción de las autoridades comunitarias, frente a la situa-
ción ante la que se vieron confrontados, estaÂ contenida en       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
el Reglamento (CEE) no 3904/92 del Consejo, de 17 de              Europeas se han presentado el 24 de diciembre de 1997


title: Asunto C-241/03: Recurso interpuesto el 5 de junio de 2003 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
19.7.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 171/19
3)    ¿Cómo debe interpretarse el requisito de que el uso debe            Recurso interpuesto el 5 de junio de 2003 contra el Reino
      ser «necesario» para indicar el destino de un producto?             de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades
      ¿Puede cumplirse el criterio de necesidad aunque se                                              Europeas
      admita la posibilidad de referirse al destino sin mencionar
      expresamente la marca del tercero, sino únicamente, por                                    (Asunto C-241/03)
      ejemplo, el principio de funcionamiento del producto?
      ¿Qué significación tiene entonces en este caso el hecho
      de sea más difícil para los consumidores comprender una                                      (2003/C 171/28)
      forma de presentación si no se hace una referencia
      expresa a la marca del tercero?
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
4)    ¿Qué circunstancias deben tomarse en consideración al
                                                                          presentado el 5 de junio de 2003 un recurso contra Reino de
      comprobar si se respetan las prácticas leales en materia
                                                                          los Países Bajos formulado por la Comisión de las Comunida-
      comercial? ¿Supone la mención de la marca del tercero               des Europeas, representada por los Sres. G. Zavvos, y W. Wils,
      en relación con la comercialización de los productos
                                                                          en calidad de agentes.
      del interesado una indicación de que éstos pueden
      compararse a los productos designados por la marca del
      tercero, tanto desde el punto de vista de la calidad como           La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      desde el punto de vista técnico o atendiendo a otras
      cualidades?                                                         —     Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido
                                                                                las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
5)    ¿Influyen en la posibilidad de usar la marca de un tercero                2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
      el hecho de que el operador económico que hace                            16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
      referencia a la marca del tercero comercialice, además de                 legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro
      piezas de repuesto y de accesorios, un producto propio                    de responsabilidad civil derivada de la circulación de
      con el que esté previsto utilizar tales piezas de repuesto o              vehículos automóviles y por la que se modifican las
      accesorios?                                                               Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (Cuarta
                                                                                Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (1),
( 1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.                                                al no adoptar las medidas legales, reglamentarias y
                                                                                administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha
                                                                                Directiva, o al no comunicárselas a la Comisión.
                                                                          —     Condene en costas al Reino de los Países Bajos.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto
del Juzgado de 1a Instancia no 35 de Barcelona, dictado el
5 de mayo de 2003, en el asunto entre QDQ MEDIA, S.A.
                  y Alejandro Omedas Lecha                                Motivos y principales alegaciones
                       (Asunto C-235/03)                                  El plazo de adaptación da la Directiva expiró el 20 de julio de
                                                                          2002.
                         (2003/C 171/27)
                                                                          (1 ) DO 2000 L 181, p. 65.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
sometida una petición de decisión prejudicial mediante auto
del Juzgado de 1a Instancia no 35 de Barcelona dictado el 5 de
mayo de 2003 en el asunto entre QDQ MEDIA, S.A. y
Alejandro Omedas Lecha, y recibido en la Secretaría del
Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2003. El Juzgado de
                                                                          Recurso interpuesto el 6 de junio de 2003 contra la
1a Instancia no 35 de Barcelona solicita al Tribunal de Justicia
                                                                          República Francesa por la Comisión de las Comunidades
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión prejudicial:
                                                                                Europeas
Si en el ámbito de protección al acreedor derivado de la                                         (Asunto C-243/03)
directiva 2000/35/CE (1) del Parlamento y del Consejo, de
29 de junio por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones mercantiles, sería posible                                         (2003/C 171/29)
considerar coste de cobro de la deuda los gastos derivados del
uso de Abogado y Procurador en el proceso monitorio instado
para el cobro de dicha deuda.                                             En el Tribunal de Justicia se ha presentado el 6 de junio de
                                                                          2003 un recurso contra la República Francesa formulado por
( 1) DO L 200 de 8.8.2000, p. 35.                                         la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por
                                                                          el Sr. E. Traversa, en calidad de agente, asistido por la Sra.
                                                                          N. Coutrelis, avocat, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto T-339/10: Recurso interpuesto el 9 de agosto de 2010 — Cosepuri/EFSA

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/47

      Recurso interpuesto el 9 de agosto de 2010 — Cosepuri/EFSA
      (Asunto T-339/10)
      ()
      (2010/C 288/90)
      Lengua de procedimiento: italiano

         Partes

         Demandante: Cosepuri Soc. coop. p.a. (Bolonia, Italia) (representante: F. Fiorenza, abogado)

         Demandada: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

         Pretensiones de la parte demandante

                  —

                  Que se anule el procedimiento de licitación en la medida en que establece la valoración de las ofertas económicas en una sesión a puerta cerrada.

                  —

                  Que se anule la decisión de adjudicar el contrato objeto de la licitación a la sociedad ANME y todas las medidas consiguientes.

                  —

                  Que se condene a la EFSA a resarcir los daños ocasionados a Cosepuri.

                  —

                  Que se condene en costas a la EFSA.

         Motivos y principales alegaciones

      Mediante el anuncio de licitación emitido el 1 de marzo de 2010, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 13 de marzo de 2010, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) convocó una licitación a través de un procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de lanzadera en Italia y en Europa por un período de cuarenta y ocho meses y por un valor estimado de 4 000 000 euros, estableciendo como criterio de adjudicación la oferta económicamente más ventajosa con arreglo a los criterios enumerados en el pliego de condiciones (Doc. B). La sociedad demandante presentó su oferta, pero el contrato objeto de la licitación en cuestión fue adjudicado a otra empresa.
      La demandante impugna dicha decisión mediante el presente recurso.
      En su primer motivo de impugnación la demandante denuncia la infracción del artículo 89 del Reglamento (CE) no 1605/2002 (1) y la violación de los principios de buena administración, de transparencia y de publicidad, y la vulneración del derecho de acceso, porque no se publicaron las operaciones de apertura de las ofertas técnicas y de asignación de la puntuación de la oferta económica. La demandante afirma al respecto que el precio ofrecido no puede ser considerado una información reservada.
      Mediante el segundo motivo se alega la infracción del artículo 100 del Reglamento (CE) no 1605/2002, del Reglamento (CE) no 1049/2001, (2) el incumplimiento de las obligaciones de motivar la decisión, de transparencia y la vulneración del derecho de acceso a los documentos, porque se limitó el acceso a los expedientes con posterioridad a la adjudicación, escudándose en el carácter de información reservada de datos como la oferta económica y de documentos públicos como las autorizaciones de los vehículos. La demandante aduce en este sentido que el hecho de que no se indicara el precio ofrecido por el adjudicatario priva de motivación la decisión adoptada.
      Mediante el tercer motivo se denuncia la infracción del artículo 100 del Reglamento (CE) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, el incumplimiento de los términos del pliego de condiciones y un error manifiesto de apreciación como consecuencia de los errores cometidos por la comisión de licitación al valorar las ofertas económicas.

         (1)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1).

         (2)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).


title: Asunto T-33/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de junio de 2009 — Grecia/Comisión ( FEOGA — Sección Garantía — Gastos excluidos de la financiación comunitaria — Aceite de oliva, algodón, uvas pasas y cítricos — Incumplimiento de los plazos de pago — Plazo de 24 meses — Evaluación de los gastos que deben excluirse — Controles clave — Principio de proporcionalidad — Principio non bis in idem — Extrapolación de las comprobaciones de deficiencias )

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/44

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de junio de 2009 — Grecia/Comisión
   (Asunto T-33/07) (1)

   («FEOGA - Sección “Garantía” - Gastos excluidos de la financiación comunitaria - Aceite de oliva, algodón, uvas pasas y cítricos - Incumplimiento de los plazos de pago - Plazo de 24 meses - Evaluación de los gastos que deben excluirse - Controles clave - Principio de proporcionalidad - Principio non bis in idem - Extrapolación de las comprobaciones de deficiencias»)
   2009/C 180/81
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: República Helénica (representantes: I. Chalkias y G. Kanellopoulos, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: H. Tserepa-Lacombe, F. Jimeno Fernández, agentes, asistidos por N. Korogiannakis, abogado)

      Objeto

   Anulación parcial de la Decisión 2006/932/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (DO 2006, L 355, p. 96), en la medida en que excluye determinados gastos efectuados por la República Helénica en los sectores del aceite de oliva, el algodón, las uvas pasas, los cítricos y el control financiero.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 82, de 14.4.2007.


title: Asunto T-484/07: Auto del Tribunal General de 11 de julio de 2012 — Rumanía/Comisión

text:
               25.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 258/27

         Auto del Tribunal General de 11 de julio de 2012 — Rumanía/Comisión
   (Asunto T-484/07) (1)

   2012/C 258/49
   Lengua de procedimiento: rumano
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 51, de 23.2.2008.


title: Asunto C-127/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Nürnberg (Alemania) el 6 de abril de 2009 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/32

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Nürnberg (Alemania) el 6 de abril de 2009 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG
   (Asunto C-127/09)
   2009/C 141/55
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Nürnberg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

      Demandada: Simex Trading AG

      Cuestión prejudicial

   ¿Se produce una comercialización en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 40/94 (1) y del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE, (2) cuando los denominados probadores de perfume se ceden sin transmisión de propiedad a comerciantes intermediarios vinculados por contrato con la prohibición de venderlos, para que éstos puedan permitir a sus clientes potenciales utilizar su contenido con el objeto de probarlo, habida cuenta de que el producto está provisto de una advertencia que indica que no se permite su venta, que por contrato el fabricante/titular de la marca puede en todo momento retirar el producto y que la presentación del producto se distingue claramente de la del producto comercializado habitualmente por el fabricante/titular de la marca por ser más simple?

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, de 14.1.1994, pp. 1 a 36).

      (2)  Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, de 11.2.1989, pp. 1 a 7).


title: Asunto C-81/10 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 8 de diciembre de 2011 — France Télécom/Comisión Europea, República Francesa ( «Recurso de casación — Ayudas de Estado — Régimen de sujeción de France Télécom al impuesto sobre actividades económicas — Concepto de “ayuda” — Confianza legítima — Plazo de prescripción — Obligación de motivación — Principio de seguridad jurídica» )

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 8 de diciembre de 2011 — France Télécom/Comisión Europea, República Francesa
   (Asunto C-81/10 P) (1)

   (Recurso de casación - Ayudas de Estado - Régimen de sujeción de France Télécom al impuesto sobre actividades económicas - Concepto de “ayuda” - Confianza legítima - Plazo de prescripción - Obligación de motivación - Principio de seguridad jurídica)
   2012/C 32/09
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: France Télécom (representantes: S. Hautbourg, L. Olza Moreno y L. Godfroid, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: E. Gippini Fournier y D. Grespan, agentes), República Francesa (representantes: G. de Bergues y J. Gstalter, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 30 de noviembre de 2009, Francia y France Télécom/Comisión (T-427/04 y T-17/05), por la que dicho Tribunal desestimó los recursos en que la República Francesa y la recurrente solicitaban la anulación de la Decisión 2005/709/CE de la Comisión, de 2 de agosto de 2004, relativa a la ayuda estatal ejecutada por Francia (DO 2005, L 269, p. 30) — Vulneración de los conceptos de «ayuda de Estado» y de «ventaja» en relación con el régimen de sujeción de France Télécom al impuesto sobre actividades económicas durante los años 1994 a 2002 — Violación del principio de confianza legítima — Plazo de prescripción del régimen de ayudas — Obligación de motivación y violación del principio de seguridad jurídica.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación

               2)

               Condenar en costas a France Telecom SA.

               3)

               La República Francesa cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 148, de 5.6.2010.


title: Asunto T-324/09: Recurso interpuesto el 18 de agosto de 2009 — J & F Participações/OAMI — Fribo Foods (Friboi)

text:
               24.10.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/29

         Recurso interpuesto el 18 de agosto de 2009 — J & F Participações/OAMI — Fribo Foods (Friboi)
   (Asunto T-324/09)
   2009/C 256/54
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: J & F Participações SA (Sorocaba, Brasil) (representante: A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Fribo Foods Ltd (Wrexham, Reino Unido)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 22 de abril de 2009 recaída en el asunto R 824/2008-1.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca gráfica «Friboi» para productos comprendidos en la clase 29

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocados en oposición: Marca denominativa «FRIBO», registrada en el Reino Unido, para productos comprendidos en la clase 29; marca gráfica «Fribo», registrada en el Reino Unido para productos comprendidos en la clase 29; marca denominativa «FRIBO», registrada en Alemania, para productos comprendidos en la clase 29; marca gráfica «FRIBO», registrada en Alemania, para productos comprendidos en la clase 29; marca denominativa «FRIBO», registrada en Francia, para productos comprendidos en la clase 29; marca gráfica «FRIBO», registrada en Francia, para productos comprendidos en la clase 29; marca denominativa «FRIBO», registrada en Italia, para productos comprendidos en la clase 29; marca gráfica «FRIBO», registrada en Italia, para productos comprendidos en la clase 29.

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Estimación parcial del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 del Consejo, dado que la Sala de Recurso declaró, equivocadamente según la demandante, que existía riesgo de confusión entre las marcas de que se trata; infracción del artículo 42 del Reglamento no 207/2009 del Consejo, dado que la Sala de Recurso incurrió en un error al tener en cuenta la prueba relativa al uso propuesta por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, la cual, a juicio de la demandante, no cumple los requisitos establecidos en dicha norma legal ni supone demostración alguna en lo tocante al lugar, tiempo, magnitud y naturaleza del uso.


title: Asunto T-381/15: Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2017 — IMG/Comisión [«Protección de los intereses financieros de la Unión — Medidas de auditoría y de control reforzadas y alerta de verificación en el marco del sistema de alerta rápida (SAR) — Decisión por la que se suspende la posibilidad de que la demandante celebre contratos de gestión indirecta con la Comisión, habida cuenta de las dudas existentes sobre su estatus de organización internacional — Recurso de anulación — Acto no recurrible — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad parcial — Derecho de defensa — Obligación de motivación — Error manifiesto de apreciación — Proporcionalidad — Seguridad jurídica — Confianza legítima — Recurso de indemnización»]

text:
               13.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/24

         Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2017 — IMG/Comisión
   (Asunto T-381/15) (1)

   ([«Protección de los intereses financieros de la Unión - Medidas de auditoría y de control reforzadas y alerta de verificación en el marco del sistema de alerta rápida (SAR) - Decisión por la que se suspende la posibilidad de que la demandante celebre contratos de gestión indirecta con la Comisión, habida cuenta de las dudas existentes sobre su estatus de organización internacional - Recurso de anulación - Acto no recurrible - Inexistencia de interés en ejercitar la acción - Inadmisibilidad parcial - Derecho de defensa - Obligación de motivación - Error manifiesto de apreciación - Proporcionalidad - Seguridad jurídica - Confianza legítima - Recurso de indemnización»])
   (2017/C 078/32)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: International Management Group (IMG) (Bruselas, Bélgica) (representantes: L. Levi y A. Tymen, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Baquero Cruz y S. Bartelt, agentes)

      Objeto

   Por un lado, un recurso basado en el artículo 263 TFUE, en el que se solicita la anulación del escrito de la Comisión por el que ésta ordena medidas de auditoría y de control reforzadas y la realización de una alerta de verificación y niega a la demandante la posibilidad de celebrar contratos de gestión indirecta con la Comisión, y, por otro lado, un recurso basado en el artículo 268 TFUE, en el que se solicita una indemnización por el perjuicio supuestamente sufrido por la demandante a consecuencia de la adopción de las medidas ordenadas en el mencionado escrito.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso en la medida en que International Management Group (IMG) solicita la anulación de su inclusión en una alerta de verificación en el marco del sistema de alerta rápida.

               2)

               Desestimar el recurso por inadmisible o infundado en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas a IMG.

      (1)  DO C 337 de 12.10.2015.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 4 de noviembre de 1997 en el asunto C-20/96 (petición de decisión prejudicial planteada por el Social Security Commissioner): Kelvin Albert Snares contra Adjudication Officer [Seguridad Social - Prestaciones especiales de carácter no contributivo - Apartado 2 bis del artículo 4 y artículo 10 bis del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo - Subsidio de subsistencia para minusválidos - No exportabilidad]

text:
  C 387/4                                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   20 . 12 . 97
 J. C. Moitinho de Almeida, R J. G. Kapteyn, J. L. Murray,                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL
  D. A. O. Edward, J.-R Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y L.                              de 4 de noviembre de 1997
  Sevón, Jueces; Abogado General: Sr. F. G. Jacobs; Secreta
  rio : Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el         en el asunto C-20/96 (petición de decisión prejudicial
  4 de noviembre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el                planteada por el Social Security Commissioner ): Kelvin
  siguiente :                                                                   Albert Snares contra Adjudication Officer (')
                                                                       [Seguridad Social — Prestaciones especiales de carácter no
  1 ) Cuando en un procedimiento seguido en uno de los                 contributivo — Apartado 2 bis del artículo 4 y artículo 10
        Estados miembros del Benelux y relativo a la interpre         bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo — Sub
        tación de la Ley uniforme Benelux en materia de mar           sidio de subsistencia para minusválidos — No exportabili
        cas se suscita una cuestión sobre la interpretación de                                        dad]
        la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciem
        bre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproxima                                  ( 97/C 387/07 )
        ción de las legislaciones de los Estados miembros en
        materia de marcas, un órgano jurisdiccional cuyas                            (Lengua de procedimiento: inglés)
        decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judi
        cial de Derecho interno, como lo son tanto el Tribunal         (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
        de Benelux como el Hoge Raad, está obligado a some           cará en la « Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal
        ter la cuestión al Tribunal de Justicia, con arreglo al                                   de Justicia »)
       párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CE. Sin
        embargo, dicha obligación queda privada de su causa
                                                                      En el asunto C-20/96 , que tiene por objeto una petición
       y vacía, por tanto, de contenido cuando la cuestión
       planteada sea materialmente idéntica a una cuestión
                                                                      dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                                                                      del Tratado CE, por el Social Security Commissioner
        que ya fue objeto de una decisión con carácter prejudi
        cial en el marco del mismo asunto nacional.                   ( Reino Unido ), destinada a obtener, en el litigio pendiente
                                                                      ante dicho órgano jurisdiccional entre Kelvin Albert Snares
 2 ) Los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104/CEE deben
                                                                      y Adjudication Officer, una decisión sobre la interpre
       interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de       tación y la validez del apartado 2 bis del artículo 4 y del
       una marca ha comercializado o ha dado su consenti             artículo 10 bis del Reglamento ( CEE ) n° 1408/71 del Con
       miento a la comercialización en el mercado comunita           sejo, de 14 de junio de 1971 , relativo a la aplicación de
       rio de productos que llevan su marca, el comerciante           los regímenes de seguridad social a los trabajadores por
       facultado para vender dichos productos tiene también           cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los
       la facultad de usar dicha marca para anunciar al
                                                                      miembros de sus familias que se desplazan dentro de la
       público la comercialización ulterior de los mismos.            Comunidad ( 2 ), en su versión modificada y actualizada por
                                                                      el Reglamento ( CEE ) n° 2001 /83 ('), modificado por el
 3 ) El titular de una marca no puede oponerse, invocando             Reglamento ( CEE ) n° 1247/92 ( 4 ), el Tribunal de Justicia,
       el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104/           integrado por los Sres . G. C. Rodríguez Iglesias, Presi
                                                                      dente; C. Gulmann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Presi
       CEE, a que un comerciante, que habitualmente comer
                                                                      dentes de Sala ; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida
       cializa artículos del mismo tipo pero no necesaria
       mente de la misma calidad que los que llevan la                ( Ponente ), P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O.
       marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos             Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y L. Sevón,
       usuales en su ramo de actividad, para anunciar al             Jueces; Abogado General : Sr. P. Léger; Secretaria : Sra . L.
                                                                      Hewlett, administradora, ha dictado el 4 de noviembre de
       público la comercialización ulterior de dichos produc
                                                                      1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       tos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de
       las circunstancias específicas de cada caso, el empleo
       de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la            1 ) Se declara que el artículo 10 bis del Reglamento
       reputación de la misma.                                             (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de
                                                                           1971 , relativo a la aplicación de los regímenes de segu
4 ) Los artículos 30 y 36 del Tratado CE deben interpre                   ridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
       tarse en el sentido de que el titular de un derecho de              trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se
       marca o de un derecho de autor no puede oponerse a                  desplazan dentro de la Comunidad, en su versión
       que un comerciante, que habitualmente comercializa                  modificada y actualizada por el Reglamento (CEE)
       artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la               nu 2001 /82, modificado por el Reglamento (CEE)
       misma calidad que los productos protegidos, utilice                 n° 1247/92, en relación con el anexo 11 bis, debe inter
       dichos productos, conforme a los métodos usuales en                 pretarse en el sentido de que el disdability living allo
       su ramo de actividad, para anunciar al público la                   wance se halla comprendido dentro de su ámbito de
       comercialización ulterior de los mismos, a menos que                aplicación y, por lo tanto, constituye una prestación
       se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias               especial de carácter no contributivo a efectos del
       específicas de cada caso, el empleo de dichos produc               apartado 2 bis del artículo 4 del mismo Reglamento,
       tos a estos efectos menoscaba gravemente la repu                   de forma que la situación de una persona como el
       tación de los mismos .                                              demandante en el asunto principal, que, con posterio
                                                                           ridad al 1 de junio de 1992, fecha de entrada en vigor
H DO C 351 de 30 . 12 . 1995 .                                             del Reglamento (CEE) n° 1247/92, cumple los requisi
( 2 ) DO L 40 de 11 . 2 . 1989, p . 1 .                                    tos de concesión de esta prestación, se rige exclusiva
                                                                           mente por el sistema de coordinación establecido por
                                                                           el citado artículo 10 bis .
 ---pagebreak---  20 . 12 . 97              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 387/5
 2 ) El examen del Reglamento (CEE) n° 1247/92 no ha                          ción de la parte del transporte sujeta al impuesto en cada
        revelado ningún elemento que permita cuestionar su                    uno de los Estados miembros afectados, a prorrata de las
        validez, en la medida que excluye, tratándose del disa               distancias que en ellos se hayan recorrido.
        bility living allowance, la aplicación del principio de la
        supresión de las cláusulas de residencia previsto en el               (') DO C 158 de 1 . 6 . 1996 .
        artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 .                         ( 2 ) DO L 145 de 13 . 6 . 1977, p. 1 ; EE 09/01 , p . 54 .
 (') DO C 77 de 16 . 3 . 1996 .
 ( 2 ) DO L 149 de 5 . 7. 1971 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 98 .
 (■') DO L 230 de 22 . 8 . 1983 , p . 6 ; EE 05/03 , p . 53 .
 ( 4 ) DO L 136 de 19 . 5 . 1992 , p . 1 .
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                ( Sala Cuarta)
                                                                                de 6 de noviembre de 1997
                                                                              en el asunto C- 164/96 (petición de decisión prejudicial
                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                              planteada por el Consiglio di Stato): Regionale Piemonte
                              ( Sala Quinta )                                                     contra Saiagricola SpA (')
                      de 6 de noviembre de 1997                               [Reglamento (CEE) n° 797/85 — Trato diferente a agricul
en el asunto C-l 16/96 ( petición de decisión prejudicial                                 tores individuales y personas jurídicas]
planteada por el Bundesfinanzhof): Reisebüro Binder                                                       ( 97/C 387/09 )
       GmbH contra Finanzamt Stuttgart-Kórperschaften ( 1 )
 (Sexta Directiva sobre el IVA — Transporte internacional                                   (Lengua de procedimiento: italiano)
 de personas — Lugar y base imponible de la prestación de
                                transporte)                                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                             ( 97/C 387/08 )
                                                                              cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                                de justicia »)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                             En el asunto C-164/96 , que tiene, por objeto una petición
                                                                             dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi                 del Tratado CE, por el Consiglio di Stato, destinada a
cará en la « Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal                  obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdic
                               de Justicia »)                                cional entre Regione Piemonte y Saiagricola SpA, una
                                                                             decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva
En el asunto C-l 16/96 , que tiene por objeto una petición                    72/ 159/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1972 , relativa
dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177               a la modernización de las explotaciones agrícolas ( 2 ) y del
del Tratado CE, por el Bundesfinanzhof, destinada a obte                    Reglamento ( CEE ) n° 797/85 del Consejo, de 12 de marzo
ner, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional                de 1985 , relativo a la mejora de la eficacia de las estructu
entre Reisebüro Binder GmbH y Finanzamt Stuttgart-Kór                       ras agrarias ( 3 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Cuarta ), inte
perschaften , una decisión prejudicial sobre la interpre                    grado por los Sres . H. Ragnemalm, Presidente de Sala;
tación de la letra b ) del apartado 2 del artículo 9 de la                   P. J. G. Kapteyn y J. L. Murray ( Ponente ), Jueces; Abo
Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de                           gado General : Sr. P. Léger; Secretario : Sr. R. Grass, ha dic
1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las                      tado el 6 de noviembre de 1997 una sentencia cuyo fallo
legislaciones de los Estados miembros relativas a los                        es el siguiente :
impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común
del Impuesto sobre el Valor Añadido : base imponible uni                    Se declara que la Directiva 72/159/CEE del Consejo, de
forme ( 2 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ), integrado               17 de abril de 1972, relativa a la modernización de las
por los Sres . C. Gulmann, Presidente de Sala ; J. C. Moi                   explotaciones agrícolas y el Reglamento (CEE) n" 797/85
tinho de Almeida , D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet                         del Consejo, de 12 de marzo de 1 985, relativo a la mejora
( Ponente ) y P. Jann, Jueces; Abogado General : Sr. A. La                   de la eficacia de las estructuras agrarias deben interpre
Pérgola ; Secretario Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto,                tarse en el sentido de que no permiten a los Estados miem
ha dictado el 6 de noviembre de 1997 una sentencia cuyo                      bros, que establecen un registro destinado a determinar los
fallo es el siguiente :                                                      beneficiarios del régimen de ayudas previsto en la Direc
                                                                             tiva 72/159/CEE, excluir de la inscripción en el registro a
Se declara que la letra b) del apartado 2 del artículo 9 de                  determinadas personas jurídicas por el único motivo de su
la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de                        forma jurídica e instituir un régimen de identificación
1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las                      especial mediante la creación de un registro específico des
legislaciones de los Estados miembros relativas a los                        tinado únicamente a las personas físicas.
impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común
del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uni                     (') DO C 197 de 6 . 7 . 1996 .
forme, debe interpretarse en el sentido de que, en el caso                   ( 2 ) DO L 96 de 23 . 4 . 1972 , p . 1 ; EE 03/05 , p . 177.
de una prestación del servicio de transporte internacional                   (') DO L 93 de 30 . 3 . 1985 , p . 1 ; EE 03/34 , p . 66 .
combinado de personas, la contraprestación global de
dicha prestación debe repartirse, a efectos de la determina


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 5 de julio de 2005, en el asunto T-9/04, Luigi Marcuccio contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Seguridad social — Accidente — Artículo 73 del Estatuto — Admisibilidad — Motivación)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/39

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 5 de julio de 2005
   en el asunto T-9/04, Luigi Marcuccio contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Funcionarios - Seguridad social - Accidente - Artículo 73 del Estatuto - Admisibilidad - Motivación)
   (2005/C 217/86)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto T-9/04, Luigi Marcuccio, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Tricase (Italia), representado por los Sres. M. Di Stefano y A. Distante, abogados, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. J. Currall y Sra. C. Berardis-Kayser, asistidos por el Sr. A. Dal Ferro, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto una demanda de anulación de la decisión implícita de la Comisión por la que se deniega la solicitud, presentada por el demandante el 3 de diciembre de 2002, dirigida a que se le reconozca un accidente a efectos del artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y las Sras. I. Labucka y V. Trstenjak, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal, ha dictado el 5 de julio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Anular la decisión de la Comisión por la que se deniega la solicitud, presentada por el demandante el 3 de diciembre de 2002, dirigida a que se le reconozca un accidente a efectos del artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

               2)

               Desestimar las pretensiones por las que se pedía al Tribunal de Primera Instancia que acordase diligencias de prueba.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               Condenar en costas a la Comisión.

      (1)  DO C 85, de 3.4.2004.


title: Asunto T-260/14: Auto del Tribunal General de 16 de marzo de 2015 — Vattenfall Europe Mining y otros/Comisión

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/38

         Auto del Tribunal General de 16 de marzo de 2015 — Vattenfall Europe Mining y otros/Comisión
   (Asunto T-260/14) (1)

   (2015/C 155/46)
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 223, de 14.7.2014.


title: Asunto T-247/04: Auto del Tribunal de Primera Instancia de  19 de septiembre de 2005  — Aseprofar y Edifa/Comisión ( Recurso de anulación — Admisibilidad — Acto impugnable — No incoación de un procedimiento por incumplimiento — Comunicación 2002/C 244/03 )

text:
               26.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/24

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2005 — Aseprofar y Edifa/Comisión
   (Asunto T-247/04) (1)

   («Recurso de anulación - Admisibilidad - Acto impugnable - No incoación de un procedimiento por incumplimiento - Comunicación 2002/C 244/03»)
   (2005/C 296/51)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandantes: Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) y Española de desarrollo e impulso farmacéutico, S.A. (Edifa) (Madrid) (representante: L. Ortiz Blanco, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: G. Valero Jordana, agente)
   Objeto
   Recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 30 de marzo de 2004, por la que se archiva la denuncia P/2002/4609, y de la Decisión de la Comisión de 30 de marzo de 2004, por la que se archiva la denuncia P/2003/5119, por lo que respecta a la aplicabilidad del artículo 29 CE.
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos y a Española de desarrollo e impulso farmacéutico, S.A.

      (1)  DO C 217 de 28.8.2004.


title: Asunto T-835/16: Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2016 — Louvers Belgium/Comisión

text:
               30.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/53

         Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2016 — Louvers Belgium/Comisión
   (Asunto T-835/16)
   (2017/C 030/61)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Louvers Belgium Company (Zaventem, Bélgica) (representante: V. Lejeune, abogada)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de la Comisión Europea de 19 de septiembre de 2016 de no admitir la oferta de la demandante y de atribuir el contrato n.o OIB.02/PO/2016/012/703 al grupo RIDEAUPRESS ITLINE.

               —

               Estime la pretensión de indemnización formulada por la demandante y que, en consecuencia, condene a la Comisión Europea a pagar a la demandante la cantidad de 387 500 euros en concepto de principal, como indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la pérdida del contrato, más los intereses de demora y judiciales calculados según el tipo legal hasta su pago total.

               —

               Condene a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en una violación de la obligación de motivación y del derecho de la demandante a una buena administración y del principio de transparencia, en la medida en que, a pesar de las repetidas e insistentes solicitudes de la demandante, la Comisión no le comunicó las especificidades técnicas de los productos del adjudicatario del contrato ni los resultados del informe de evaluación de las ofertas y muestras presentadas por la demandante.

               2.

               Segundo motivo, basado en una violación de los principios de transparencia e igualdad de trato de los licitadores, tanto en el momento de la elaboración del pliego de condiciones como en el momento de la evaluación de las ofertas de los licitadores por la Comisión. La parte recurrente reprocha, en particular, a la demandada:

                           —

                           En primer lugar, haber incorporado en la elaboración de su pliego de condiciones las características técnicas y las fotos de productos propuestos por un licitador en una licitación anterior cuyo objeto era similar y que había anulado por razones injustificadas, lo que dio como resultado la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos a la competencia.

                           —

                           En segundo lugar, haber infringido la regla fundamental de igualdad de los licitadores al plantear exigencias técnicas muy restrictivas e injustificadas desde un punto de vista técnico, destinadas manifiestamente a ser coincidentes con los productos de un operador económico determinado.

                           —

                           En tercer lugar, no haber evaluado de manera objetiva e independiente la oferta formulada por la demandante en el marco del procedimiento de licitación en cuestión y haberla rechazado de manera injustificada, a pesar de que sus productos cumplían perfectamente los requisitos mínimos de las características técnicas de los productos a los que se refería el pliego de condiciones y de que, por tanto, reunían de manera análoga los requisitos exigidos.

         De este modo, en el marco de este segundo motivo, la parte demandante estima que la oferta que remitió era técnicamente conforme y, por consiguiente, correcta. Dicho oferta debería haber sido evaluada económicamente por la Comisión Europea, que debería haber asignado el contrato a la demandante por tener esta oferta el precio más bajo.


title: Asunto C-191/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 23 de abril de 2012 — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 23 de abril de 2012 — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
   (Asunto C-191/12)
   2012/C 243/02
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Kúria

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.

      Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Cabe calificar de repercusión del impuesto, con arreglo a lo dispuesto en el Derecho comunitario, el hecho de que el contribuyente –habida cuenta de la existencia de una prohibición de deducción– haya obtenido una ayuda de tal modo que ésta financie también el impuesto sobre el valor añadido o que haya obtenido una ayuda estatal complementaria en compensación del impuesto sobre el valor añadido no deducible?

               2)

               En caso afirmativo, ¿la respuesta sería la misma en el supuesto de que el contribuyente no haya recibido la ayuda del Estado miembro o de la autoridad tributaria del Estado miembro, sino que la ayuda haya sido abonada –sobre la base del contrato celebrado con quien concede la ayuda– con cargo a las ayudas de la Unión y al presupuesto central del Estado miembro?

               3)

               ¿Pueden considerarse cumplidos los principios de devolución basada en la neutralidad fiscal, de efectividad, de equivalencia y de igualdad de trato, así como la prohibición del enriquecimiento sin causa, en el supuesto de que la autoridad tributaria del Estado miembro –debido a la normativa reguladora del derecho a deducción, que es contraria al Derecho de la Unión– sólo acceda a la reclamación de devolución o de indemnización por daños y perjuicios formulada por el contribuyente en cuanto a la parte o proporción no financiada previamente mediante la ayuda indicada en las dos primeras cuestiones?


title: Asunto C-29/07: Recurso interpuesto el 29 de enero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica

text:
               10.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/25

         Recurso interpuesto el 29 de enero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica
   (Asunto C-29/07)
   (2007/C 56/47)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: M. Condou-Durande)

      Demandada: República Helénica
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/110/CEE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado las referidas disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene a la República Helénica al pago de las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2003/110/CE expiró el 6 de diciembre de 2005.

      (1)  DO L 321, de 6.12.2003, p. 26.