title: Asunto T-454/05: Recurso interpuesto el  20 de diciembre de 2005  — Sumitomo Chemical Agro Europe y Philagro France /Comisión

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/44

         Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2005 — Sumitomo Chemical Agro Europe y Philagro France /Comisión
   (Asunto T-454/05)
   (2006/C 60/84)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Lyon, Francia) y Philagro France SAS (Lyon, Francia) (representantes: K. Van Maldegem, C. Mereu, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión D/430967 de la Comisión y, con carácter subsidiario,

               —

               que se ordene a la demandada cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario y proponer la inclusión de la procimidona en el anexo I de la DPF respecto a todos los usos y todas las cosechas, según lo solicitado por las demandantes.

               —

               Que se ordene a la demandada abonar a las demandantes la cantidad de un (1) euro, estimada con carácter provisional, en concepto de indemnización por los perjuicios sufridos como consecuencia de la Decisión D/430967 de la Comisión o, con carácter subsidiario, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario al no responder a las demandantes, así como los intereses pertinentes, sin perjuicio de que se calcule adecuadamente y se determine la cantidad exacta.

               —

               Que se imponga a la demandada el pago de las costas y demás gastos causados en el presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   La Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (conocida como la «Directiva de los productos fitosanitarios» o «DPF»), (1) obliga a los Estados miembros a no autorizar ningún producto, excepto si consta en el anexo I de la Directiva. En repetidas ocasiones, las demandantes se han puesto en contacto con la Comisión con el fin de asegurarse de que la procimidona (sustancia activa contenida en los productos fitosanitarios) se incluye en el anexo I.
   Mediante escrito de 20 de octubre de 2005, que constituye la Decisión impugnada, la Comisión informó a la primera demandante de que la posible inclusión de la procimidona en el anexo I abarcaría, a lo sumo, los usos propuestos que hubieran sido objeto de una evaluación UE. Además, sujeta tal inclusión a la condición de que se presente una propuesta sobre las condiciones muy detalladas de utilización y sobre las medidas para la reducción de riesgos.
   Las demandantes solicitan que la anule dicha Decisión, criticando la limitada autorización de procimidona propuesta, que daría lugar a que se registrara únicamente para dos tipos de cosecha, a saber, ciruelas y pepinos, así como la exigencia de condiciones muy detalladas de utilización. Según la demandante, tales exigencias infringen la DPF, la cual se refiere únicamente a categorías de amplio uso, como los insecticidas, los reguladores de crecimiento o los herbicidas, reservando a los Estados miembros la evaluación del uso en relación con cosechas específicas. En el mismo contexto las demandantes alegan que la exigencia de condiciones detalladas no está permitida con arreglo a la DPF ni está justificada científicamente.
   Las demandantes alegan además que la Decisión impugnada indica indebidamente que no pueden examinarse los estudios presentados una vez transcurridos los plazos establecidos ya que, de acuerdo con las demandantes, se comunicó a su debido tiempo toda la información relativa a la procimidona. Consideran asimismo que la Decisión impugnada infringe los artículos 95 CE, apartado 3, y 152 CE, apartado 1, debido a la negativa a examinar los estudios presentados dentro de plazo y considerados satisfactorios por los evaluadores.
   Además, las demandantes alegan que se ha infringido la DPF y el Reglamento no 3600/92, (2) que se han violado los principios de buena administración, de subsidiariedad y proporcionalidad, de confianza legítima y de seguridad jurídica, de calidad e independencia de los dictámenes científicos, de igualdad de trato y «estoppel», y que se ha incumplido el deber de motivación.
   Para el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considerara que el escrito impugnado no es un acto que puede ser impugnado con arreglo al artículo 230 CE, apartado 4, las demandantes alegan que igualmente procede admitir su recurso en virtud del artículo 232 CE contra la no actuación de la Comisión en relación con su reclamación administrativa y su solicitud formal. Por lo demás, e independientemente de las pretensiones de anulación y por omisión, las demandantes solicitan una indemnización de los perjuicios sufridos directamente causa del escrito impugnado.

      (1)  DO L 230, de 19.8.1991, p. 1.

      (2)  Reglamento (CEE) no 3600/92 de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la primera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 366, de 15.12.1992, p. 10).


title: Asunto T-235/05: Recurso interpuesto el 20 de junio de 2005 por Jan Siffert contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/31

         Recurso interpuesto el 20 de junio de 2005 por Jan Siffert contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-235/05)
   (2005/C 205/57)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 20 de junio de 2005 un recurso contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas formulado por Jan Siffert, con domicilio en Bruselas, representado por los Sres. Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen y Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               1.

               Anule la decisión por la que se le nombra funcionario de las Comunidades Europeas en la medida en que fija su grado de contratación con arreglo al artículo 12 del anexo XIII del Estatuto.

               2.

               Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los invocados en el asunto T-130/05, Albert-Bousquet y otros/Comisión. (1)

      (1)  DO C 132, de 28.5.2005, p. 31.


title: Asunto T-569/12: Auto del Tribunal General de 16 de julio de 2014 — Marouf/Consejo

text:
               22.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 329/25

         Auto del Tribunal General de 16 de julio de 2014 — Marouf/Consejo
   (Asunto T-569/12) (1)

   2014/C 329/38
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Novena ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 63, de 2.3.2013.


title: Asunto T-530/12 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de diciembre de 2012 por Moisés Bermejo Garde contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 25 de septiembre de 2012 en el asunto F-41/10, Bermejo Garde/CESE

text:
               23.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/15

         Recurso de casación interpuesto el 5 de diciembre de 2012 por Moisés Bermejo Garde contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 25 de septiembre de 2012 en el asunto F-41/10, Bermejo Garde/CESE
   (Asunto T-530/12 P)
   2013/C 55/28
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Moisés Bermejo Garde (representante: L. Levi, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comité Económico y Social Europeo (CESE)

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 25 de septiembre de 2012 en el asunto F-41/10.

               —

               En consecuencia, estime las pretensiones deducidas en primera instancia por la parte recurrente y, por lo tanto,

                           —

                           anule la decisión del Presidente del CESE no 88/10 A, de 3 de marzo de 2010, por la que se deniega la solicitud formulada por la parte recurrente el 7 de diciembre de 2009 y se decide su cambio de destino;

                           —

                           anule el apéndice de la decisión no 88/10, de 25 de marzo de 2010;

                           —

                           anule la decisión no 133/10 A, de 24 de marzo de 2010, por la que se cesa al demandante en sus funciones de jefe de unidad del servicio jurídico con efecto inmediato y se le cambia de destino como jefe de unidad y con su puesto a otro servicio a partir del 6 de abril de 2010;

                           —

                           anule la decisión del Presidente del CESE no 184/10 A, de 13 de abril de 2010, por la que se destina a la parte recurrente a la Dirección de logística, que entró en vigor el 6 de abril de 2010;

                           —

                           condene a la parte recurrida al pago de 17 500 euros en concepto de daños y perjuicios;

                           —

                           condene a la parte recurrida al pago de la totalidad de las costas.

               —

               Condene a la parte recurrida al pago de la totalidad de las costas de ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca cinco motivos, ya que, según ella, el TFP consideró que había sufrido un perjuicio por haber comunicado determinada información a sus superiores jerárquicos, en la medida en que había sido privada de sus funciones de jefe del servicio jurídico, pero que dicho perjuicio no se derivaba de una infracción de los artículos 12 bis y 22 bis del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción del concepto de acto lesivo y en la desnaturalización del expediente (relativo fundamentalmente a los apartados 44 a 64 de la sentencia recurrida).

               2)

               Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de respeto del derecho de defensa y del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (relativo a los apartados 114 a 118 de la sentencia recurrida).

               3)

               Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 12 bis, 22 bis y 86 del Estatuto, así como del incumplimiento de la obligación de motivación y de la desnaturalización del expediente (relativo fundamentalmente a los apartados 133 y siguientes de la sentencia recurrida).

               4)

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 86 del Estatuto, del anexo IX del Estatuto, de las disposiciones generales de ejecución del anexo IX del Estatuto y en la violación del principio de respeto del derecho de defensa, así como en la desnaturalización del expediente y en el incumplimiento de la obligación de motivación (relativo fundamentalmente a los apartados 75 a 78 de la sentencia recurrida).

               5)

               Quinto motivo, basado en la infracción de las normas relativas a la competencia del autor de acto así como en la infracción del artículo 22 bis del Estatuto y del artículo 72 del Reglamento interno del CESE (relativo a los puntos 70 y 71 de la sentencia recurrida).


title: Asunto T-562/13: Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2013 — ISOTIS/Comisión

text:
               11.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/26

         Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2013 — ISOTIS/Comisión
   (Asunto T-562/13)
   2014/C 9/42
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Ananges — ISOTIS (Atenas, Grecia) (representante: S. Skliris, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare que la Comisión, al exigir a la demandante un importe de 47 197,93 euros, que abonó la Comisión en el marco del contrato 238940 REACH 112, infringe lo dispuesto en el mencionado contrato.

               —

               Declare que la demandante no está obligada a devolver el mencionado importe que abonó la Comisión.

               —

               Declare que, en todo caso, la exigencia de la Comisión, antes mencionada, es completamente infundada por lo que respecta a un importe de 13 821,12 euros.

               —

               Declare que las condiciones generales de los contratos FP6 no son de aplicación en el marco del contrato 238940 REACH 112 y que, por tanto, la demandante, en el marco del mencionado contrato, no está obligada a abonar ninguna indemnización a tanto alzado (liquidated damages).

               —

               Declare que la Comisión, al anunciar su intención de exigir una indemnización a tanto alzado (liquidated damages), basándose en las condiciones generales de los contratos FP6, infringe el mencionado contrato 238940 REACH 112.

               —

               Condene a la Comisión a abonar las costas procesales de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo del presente recurso, que se basa, por un lado, en la cláusula compromisoria del contrato en cuestión, y, por otro, en el Derecho belga, al que remite el propio contrato, la demandante formula tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración de la buena fe y de las prácticas comerciales leales por parte de la Comisión. En particular, la demandante sostiene que la Comisión exigió diferentes importes, sin aportar motivos concretos y específicos sobre el fundamento de cada exigencia y que el comportamiento contractual de la Comisión es contrario a lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales. A mayor abundamiento, la demandante aduce que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales por la Comisión tiene su origen en su intención de establecer exigencias sobre la base de las condiciones generales de otro tipo de contrato (FP6), diferentes de las que se aplican al contrato de que se trata, REACH 112 (CIP).

               2)

               Segundo motivo, basado en la infracción de lo dispuesto en la cláusula II.28, apartados 1 y 5, del contrato 238940 REACH 112. Más concretamente, la demandante asevera que la Comisión estableció exigencias sin haber realizado previamente el control en el marco del contrato de que se trata y apeló de modo genérico e indeterminado a los resultados de un control que no atañe al contrato concreto REACH 112.

               3)

               Tercer motivo, formulado con carácter subsidiario, basado en la mala fe y en el carácter abusivo de la reclamación de la Comisión.


title: Asunto C-563/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — BDV Hungary Trading Kft (en liquidación)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (IVA — Directiva 2006/112/CE — Artículo 146 — Exenciones relativas a las exportaciones — Artículo 131 — Condiciones establecidas por los Estados miembros — Normativa nacional que exige que el bien destinado a la exportación abandone el territorio aduanero de la Unión Europea en un plazo fijo de 90 días desde la entrega)

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/21

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — BDV Hungary Trading Kft (en liquidación)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
   (Asunto C-563/12) (1)

   (IVA - Directiva 2006/112/CE - Artículo 146 - Exenciones relativas a las exportaciones - Artículo 131 - Condiciones establecidas por los Estados miembros - Normativa nacional que exige que el bien destinado a la exportación abandone el territorio aduanero de la Unión Europea en un plazo fijo de 90 días desde la entrega)
   2014/C 52/35
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Kúria

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: BDV Hungary Trading Kft (en liquidación)

      Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Kúria — Interpretación del artículo 15 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), y de los artículos 131, 146 y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Exenciones relativas a las exportaciones — Sociedad que ejerce una actividad de producción y de comercialización de conservas y vende productos destinados a ser comercializados por el comprador en países terceros — Normativa nacional que supedita el derecho a la exención del IVA para las ventas de productos destinados a la exportación fuera de la Unión al requisito de que el plazo transcurrido entre la venta y la fecha de salida de los productos del territorio nacional no sea superior a 90 días.

      Fallo

   Los artículos 146, apartado 1, y 131 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige que, en el marco de una entrega de bienes para la exportación, los bienes destinados a la exportación fuera de la Unión Europea abandonen el territorio de la Unión Europea dentro de un plazo fijo de tres meses o de 90 días a partir de la fecha de entrega, cuando la simple superación del plazo tenga por consecuencia privar definitivamente al sujeto pasivo de la exención de dicha entrega.

      (1)  DO C 114, de 20.4.2013.


title: Asunto T-212/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de octubre de 2009 — Bowland Dairy Products/Comisión [ Recurso de indemnización — Reglamento (CE) n o  178/2002 — Sistema de alerta rápida — Notificación complementaria — Competencia de las autoridades nacionales — Opinión de la Comisión carente de efecto jurídico — Modificación del objeto del litigio — Inadmisibilidad ]

text:
               19.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 312/27

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de octubre de 2009 — Bowland Dairy Products/Comisión
   (Asunto T-212/06) (1)

   («Recurso de indemnización - Reglamento (CE) no 178/2002 - Sistema de alerta rápida - Notificación complementaria - Competencia de las autoridades nacionales - Opinión de la Comisión carente de efecto jurídico - Modificación del objeto del litigio - Inadmisibilidad»)
   2009/C 312/43
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Bowland Dairy Products Ltd (Barrowford, Lancashire, Reino Unido) (representantes: J. Milligan, Solicitor, D. Anderson, QC, y A. Robertson, Barrister)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Oliver, J.-P. Keppenne y L. Parpala, agentes)

      Objeto

   En primer lugar, una demanda de anulación de la supuesta negativa de la Comisión a difundir, en el marco del sistema de alerta rápida previsto por el artículo 50 del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1), una notificación complementaria por la que se hacía constar que la Food Standards Agency del Reino Unido estaba de acuerdo con la comercialización del requesón producido por la demandante, y, en segundo lugar, una demanda de reparación del perjuicio supuestamente sufrido por la demandante por dicha negativa.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a Bowland Dairy Products Ltd, incluyendo las causadas en el procedimiento de medidas provisionales.

      (1)  DO C 237, de 30.9.2006.


title: Asunto T-304/12: Recurso interpuesto el 9 de julio de 2012 — Message Management/OAMI — Absacker (ABSACKER of Germany)

text:
               8.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 273/17

         Recurso interpuesto el 9 de julio de 2012 — Message Management/OAMI — Absacker (ABSACKER of Germany)
   (Asunto T-304/12)
   2012/C 273/30
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Message Management GmbH (Wiesbaden, Alemania) (representante: C. Konle, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Absacker GmbH (Colonia, Alemania)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 21 de marzo de 2012, en el asunto R 1028/2011-1 y desestime el recurso relativo al procedimiento de oposición no B1663700 a la solicitud de marca comunitaria no 8.753.691 de la demandante.

               —

               Condene en costas a la demandada.

               —

               Con carácter subsidiario, anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 21 de marzo de 2012, en el asunto R 1028/2011-1 y desestime el recurso relativo al procedimiento de oposición no B1663700 a la solicitud de marca comunitaria no 8.753.691 de la demandante, en la medida en que se refiere a las clases 32 y 33.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 21 de marzo de 2012, en el asunto R 1028/2011-1 y desestime el recurso relativo al procedimiento de oposición no B1663700 a la solicitud de marca comunitaria no 8.753.691 de la demandante, en la medida en que se refiere a la clase 33.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa en blanco y negro que representa un águila y los elementos denominativos «ABSACKER of Germany» para productos de las clases 25, 32 y 33 — Solicitud de marca comunitaria no 8.753.691

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Absacker GmbH

      Marca o signo invocado: Las marcas figurativas nacionales en negro, naranja y blanco, que contienen los elementos denominativos «ABSACKER» para productos de las clases 25, 33 y 43

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Estimación del recurso y denegación de la marca solicitada

      Motivos invocados: Consideración errónea de que existe similitud entre los signos y riesgo de confusión


title: Asunto T-15/12: Recurso interpuesto el 6 de enero de 2012 — Provincie Groningen y otros/Comisión

text:
               14.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 109/15

         Recurso interpuesto el 6 de enero de 2012 — Provincie Groningen y otros/Comisión
   (Asunto T-15/12)
   2012/C 109/34
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandantes: Provincie Groningen (Groningen, Países Bajos); Provincie Friesland (Leeuwarden, Países Bajos); Provincie Drenthe (Assen, Países Bajos); Provincie Overijssel (Zwolle, Países Bajos); Provincie Gelderland (Arnhem, Países Bajos); Provincie Flevoland (Lelystad, Países Bajos); Provincie Utrecht (Utrecht, Países Bajos); Provincie Noord-Holland (Haarlem, Países Bajos); Provincie Zuid-Holland (La Haya, Países Bajos); Provincie Zeeland (Middelburg, Países Bajos); Provincie Noord-Brabant (‘s-Hertogenbosch, Países Bajos); y Provincie Limburg (Maastricht, Países Bajos) (representantes: P. Kuypers y N. van Nuland, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2011 en el asunto N308/2010, o por lo menos — con carácter subsidiario — la anule en la medida en que organizaciones de protección de la naturaleza sean beneficiarias del Subsidieregeling (régimen de ayudas), o por lo menos — con carácter subsidiario — la anule en la medida en que organismos de gestión del territorio sean beneficiarias del Subsidieregeling.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en una aplicación errónea del artículo 107 TFUE, apartado 1, y en una infracción del Derecho de la Unión Europea.

                           —

                           La protección de la naturaleza en los Países bajos es un servicio de interés general en el sentido del artículo 2 del Protocolo no 26 sobre los servicios de interés general. Por consiguiente, el Derecho de la Unión en materia de competencia no es aplicable.

                           —

                           Conservadores de la naturaleza, organizaciones de protección de la naturaleza, o por lo menos organismos de gestión del territorio, se califican injustificadamente de empresas en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

                           —

                           A efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1, el Subsidieregeling no favorece económicamente a los beneficiarios, habida cuenta de los requisitos que establece.

                           —

                           La Comisión ha aplicado erróneamente el cuarto requisito, indicado en la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747).

                           —

                           El Subsidieregeling no afecta negativamente a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

               2)

               Segundo motivo, basado en un incumplimiento de la obligación de motivación conforme al artículo 296 TFUE, apartado 2.


title: Asunto C-85/09 P: Auto del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 2009 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Responsabilidad extracontractual — Pretensión de que se repare el perjuicio sufrido como consecuencia de diferentes omisiones que se imputan a la Comisión en relación con la ejecución de la Directiva 93/42/CEE — Inexistencia de relación de causalidad entre las supuestas omisiones y el perjuicio sufrido por la demandante por la comercialización de termómetros digitales defectuosos — Recurso de casación manifiestamente infundado)

text:
               27.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/15

         Auto del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 2009 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-85/09 P) (1)

   (Recurso de casación - Responsabilidad extracontractual - Pretensión de que se repare el perjuicio sufrido como consecuencia de diferentes omisiones que se imputan a la Comisión en relación con la ejecución de la Directiva 93/42/CEE - Inexistencia de relación de causalidad entre las supuestas omisiones y el perjuicio sufrido por la demandante por la comercialización de termómetros digitales defectuosos - Recurso de casación manifiestamente infundado)
   2010/C 51/24
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Recurrente: Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda (representante: C. Mourato, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y P. Guerra e Andrade, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) de 17 de diciembre de 2008, Portela/Comisión (T-137/07), por el que dicho Tribunal desestimó por ser, en parte, manifiestamente inadmisible y, en parte, manifiestamente carente de fundamento jurídico un recurso en el que, con carácter principal, se solicitaba que se obligara a la Comisión a actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 ter de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DO L 331, p. 1), instando a la sociedad de certificación TÜV Rheinland Product Safety GmbH, a través de la República Federal de Alemania, para que, con cargo al seguro obligatorio de responsabilidad civil suscrito por dicha sociedad con arreglo al punto 6 del anexo XI de la Directiva 93/42, respondiera por los perjuicios causados a la demandante, y, con carácter subsidiario, que se condenara a la Comisión, en el caso de que los perjuicios alegados no pudieran repararse mediante la estimación de la pretensión principal, a indemnizar a la demandante por los perjuicios sufridos como consecuencia de las distintas omisiones que se imputaban a dicha institución.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda.

      (1)  DO C 102, de 1.5.2009.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 29 de mayo de 1997 en el asunto C-69/94: República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas (Leche - Régimen de tasa suplementaria - Normas de desarrollo - Decisión 93/673/CE - Competencia de la Comisión)

text:
12 . 7 . 97             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° C 212/ 1
                                                                 I
                                                         ( Comunicaciones)
                                          TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                     TRIBUNAL DE JUSTICIA
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              2 ) Se condena en costas a la República Federal de Alema
                                                                           nia .
                    de 13 de mayo de 1997
en el asunto C-233/94 : República Federal de Alemania               3 ) La Comisión de las Comunidades Europeas cargará
contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión                            con sus propias costas.
Europea, apoyados por Comisión de las Comunidades
                           Europeas (')                             o DO n° C 275 de 1 . 10 . 1994 .
                                                                    ( 2 ) DO n° L 135 de 31 . 5 . 1994, p . 5 .
(Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos
— Base jurídica — Obligación de motivar los actos —
Principio de subsidiariedad — Proporcionalidad — Protec
ción del consumidor — Supervisión por el Estado miem
                          bro de origen)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                           97/C 212/01 )
                                                                                (Sala Sexta )
              (Lengua de procedimiento: alemán)                                          de 29 de mayo de 1997
                                                                    en el asunto C-69/94: República Francesa contra Comi
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi                       sión de las Comunidades Europeas (')
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                           de Justicia »)                            (Leche — Régimen de tasa suplementaria — Normas de
                                                                    desarrollo — Decisión 93/673/CE — Competencia de la
                                                                                Comisión)
En el asunto C-233/94, República Federal de Alemania
(Agentes: Sres. Bernd Kloke y Hans-Jórg Niemeyer ) contra                                      ( 97/ C 212/02 )
Parlamento Europeo ( Agente : Sr. Johann Schoo ) y Consejo
de la Unión Europea ( Agentes: Sra . Jill Aussant y Sres .                          (Lengua de procedimiento: francés)
Klaus Borchers y Jan-Peter Hix ), apoyados por Comisión              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
de las Comunidades Europeas (Agentes : Sres. Dimitrios              cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
Gouloussis y Ulrich Wölker ), que tiene por objeto la anu                                       de Justicia »)
lación de la Directiva 94/ 1 9/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los siste           En el asunto C-69/94, República Francesa ( Agentes: Sra .
mas de garantía de depósitos (2 ), el Tribunal de Justicia ,        Edwige Belliard y Sr. Jean-Louis Falconi ) contra Comisión
integrado por los Sres. G. C. Rodríguez Iglesias, Presi            de las Comunidades Europeas ( Agente : Sr. Gérard Rozet ),
dente; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida , J. L.             que tiene por objeto un recurso de anulación de la Deci
Murray y L. Sevón, Presidentes de Sala ; C. N. Kakouris,             sión 93/673/CE de la Comisión, de 10 de diciembre de
P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P.                 1993 , por la que se fija la reducción a tanto alzado de los
Puissochet, G. Hirsch, P. Jann ( Ponente ), H. Ragnemalm,            anticipos a cuenta de imputación de los gastos agrarios en
M. Wathelet y R. Schintgen, Jueces; Abogado General : Sr.            caso de que no se respeten las disposiciones relativas a la
P. Léger; Secretario : Sr. H. A. Rühl , Administrador princi        comunicación del cuestionario anual sobre la aplicación
pal; ha dictado el 13 de mayo de 1997 una sentencia cuyo             del régimen de la tasa suplementaria en el sector de la
fallo es el siguiente :                                              leche establecida por el Reglamento ( CEE) n° 3950/92 del
                                                                     Consejo ( 2 ) el Tribunal de Justicia ( Sala Sexta ), integrado
1 ) Se desestima el recurso.                                         por los Sres . J. L. Murray, Presidente de la Sala Cuarta, en
 ---pagebreak--- N° C 212/2            ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              12 . 7. 97
funciones de Presidente de la Sala Sexta; C. N. Kakouris,              las libertades fundamentales, cuando dicha normativa se
P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch (Ponente ) y H. Ragnemalm,                 refiere a una situación que no está comprendida dentro del
Jueces; Abogado General : Sr. G. Tesauro; Secretario: Sr. H.           ámbito de aplicación del Derecho comunitario.
von Holstein, Secretario adjunto; ha dictado el 29 de
mayo de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                 o DO n° C 299 de 11 . 11 . 1995 .
1 ) Se desestima el recurso.
2 ) Se condena en costas a la República Francesa.
(') DO n° C 103 de 11 . 4 . 1994 .                                                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL
(2 ) DO n° L 310 de 14 . 12 . 1993 , p . 44 .
                                                                                ( Sala Quinta)
                                                                                de 29 de mayo de 1997
                                                                       en el asunto C-300/95 : Comisión de las Comunidades
                                                                       Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
                                                                                del Norte f 1 )
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                       (Incumplimiento — Letra e) del artículo 7 de la Directiva
                           ( Sala Quinta )                             85/374/CEE — Adaptación incorrecta del Derecho interno
                   de 29 de mayo de 1997                               — Exoneración de la responsabilidad por productos
                                                                       defectuosos — Estado de los conocimientos científicos y
en el asunto C-299/95 (petición de decisión prejudicial                                                técnicos)
planteada por el Oberster Gerichtshof): Friedrich Krem
zow, en el que interviene Wilfried Weh, contra Republik                                            ( 97/C 212/04 )
                           Ósterreich f 1 )
(Artículo 164 del Tratado CE — Convenio europeo de                                    (Lengua de procedimiento: inglés)
derechos humanos — Privación de libertad — Derecho a
un proceso equitativo — Efectos de una sentencia del Tri
            bunal Europeo de Derechos Humanos)                         (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                       cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                          ( 97/C 212/03 )                                                            de Justicia »)
             (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                       En el asunto C-300/95 , Comisión de las Comunidades
                                                                       Europeas ( Agente : Sr. Peter Oliver, asistido por el Sr. Mark
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi            Mildred, Solicitor) contra Reino Unido de Gran Bretaña e
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal            Irlanda del Norte (Agente: Sr. John E. Collins, asistido por
                            de Justicia »)                             el Sr. K. Paul E. Lasok, QC), que tiene por objeto que se
                                                                       declare que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones
                                                                       que le incumben en virtud de la Directiva 85/374/CEE del
En el asunto C-299/95, que tiene por objeto una petición
                                                                       Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproxima
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                                                                       ción de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis
del Tratado CE, por el Oberster Gerichtshof ( Austria ), des
                                                                       trativas de los Estados miembros en materia de responsa
tinada a obtener, en el litigio pediente ante dicho órgano             bilidad por los daños causados por productos defectuo
jurisdiccional entre Friedrich Kremzow y Republik Óste                sos (2 ), y del Tratado CE, al no adoptar todas las medidas
rreich, en el que interviene Wilfried Weh, una decisión pre           necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva y, en
judicial sobre la interpretación del artículo 164 del Tra             particular, a la letra e ) de su artículo 7, el Tribunal de Jus
tado CE y de varias disposiciones del Convenio europeo
                                                                       ticia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres . J. C. Moitinho
para la protección de los derechos humanos y de las liber             de Almeida, Presidente de Sala; C. Gulmann, D. A. O.
tades fundamentales, el Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ),
                                                                       Edward, J.-P. Puissochet y M. Wathelet ( Ponente), Jueces;
integrado por los Sres . J. C. Moitinho de Almeida                     Abogado General : Sr. G. Tesauro; Secretario : Sr. H. A.
( Ponente ), Presidente de Sala; C. Gulmann, D. A. O.
                                                                       Rühl, administrador principal ; ha dictado el 29 de mayo
Edward, J.-P. Pouissochet y P. Jann, Jueces; Abogado                   de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
General : Sr. A. La Pérgola; Secretario : Sr. H. A. Rühl,
administrador principal; ha dictado el 29 de mayo de
1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :                        1 ) Se desestima el recurso.
El Tribunal de Justicia, que conoce del asunto con carácter            2 ) Se condena en costas a la Comisión.
prejudicial, no puede proporcionar los elementos de inter
pretación necesarios para la apreciación por el órgano
                                                                       C ) DO n° C 286 de 28 . 10 . 1995 .
jurisdiccional nacional de la conformidad de una norma
                                                                       ( 2 ) DO n° L 210 de 7. 8 . 1985 , p . 29; EE 13/ 19 , p . 8 .
tiva nacional con los derechos fundamentales cuyo respeto
garantiza, tal como resultan, en particular, del Convenio
europeo para la protección de los derechos humanos y de


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 2000 en el asunto C-209/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret): Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) contra Københavns Kommune ["Artículo 90 del Tratado CE (actualmente artículo 86 CE) en relación con los artículos 34 del Tratado CE (actualmente artículo 29 CE, tras su modificación) y 86 del Tratado CE (actualmente artículo 82 CE) — Directiva 75/442/CEE — Reglamento (CEE) n° 259/93 — Derecho especial o exclusivo de recogida de residuos de la construcción — Protección del medio ambiente"]

text:
26.8.2000                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                 C 247/1
                                                                          I
                                                                   (Comunicaciones)
                                                  TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                              TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de
                                                                              residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad
                       de 23 de mayo de 2000                                  Europea (DO L 30, p. 1), en especial, sus artı́culos 2, letra j),
                                                                              y 13, el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.: G.C. Rodrı́-
                                                                              guez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Ed-
en el asunto C-209/98 (petición de decisión prejudicial                     ward y L. Sevón, Presidentes de Sala; P.J.G. Kapteyn, C. Gul-
planteada por el Østre Landsret): Entreprenørforeningens                      mann, P. Jann, H. Ragnemalm (Ponente) y M. Wathelet, Jueces;
Affalds/Miljøsektion (FFAD) contra Københavns Kom-                            Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. D. Louterman-
                                 mune (1)                                     Hubeau, administradora principal, ha dictado el 23 de mayo
                                                                              de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
[«Artı́culo 90 del Tratado CE (actualmente artı́culo 86 CE)
en relación con los artı́culos 34 del Tratado CE (actualmente
artı́culo 29 CE, tras su modificación) y 86 del Tratado CE
(actualmente artı́culo 82 CE) — Directiva 75/442/CEE —                        1)    El artı́culo 34 del Tratado CE (actualmente artı́culo 29 CE,
Reglamento (CEE) no 259/93 — Derecho especial o exclusivo                           tras su modificación) se opone a un régimen de recogida y
de recogida de residuos de la construcción — Protección del                       recepción de residuos de la construcción no peligrosos destinados
                           medio ambiente»]                                         a su valoración, en virtud del cual un número limitado de
                                                                                empresas están autorizadas a tratar los residuos generados en
                                                                                un municipio, si este régimen constituye, de hecho o de Derecho,
                           (2000/C 247/01)
                                                                                un obstáculo a la exportación, en el sentido de que no permite
                                                                                a los productores de residuos exportarlos, en especial, mediante
                                                                                intermediarios. Tal obstáculo no puede justificarse sobre la base
                    (Lengua de procedimiento: danés)                                del artı́culo 36 del Tratado CE (actualmente artı́culo 30 CE,
                                                                                tras su modificación) o de la protección del medio ambiente,
                                                                                en especial, de la aplicación del principio de corrección,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la             preferentemente en la fuente misma, previsto en el artı́culo 130
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                R, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artı́culo 174 CE,
                                                                                apartado 2, tras su modificación), cuando no existe indicio
En el asunto C-209/98, que tiene por objeto una petición                           alguno de un peligro para la salud o la vida de las personas o
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del                  de los animales, o para la preservación de los vegetales, o de un
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Østre                             peligro para el medio ambiente.
Landsret (Dinamarca), destinada a obtener, en el litigio pen-
diente ante dicho órgano jurisdiccional entre Entreprenørfore-
ningens Affalds/Miljøsektion (FFAD), que actúa en nombre de
Sydhavnens Sten & Grus ApS, y Københavns Kommune, una                         2)    El artı́culo 90 del Tratado CE (actualmente artı́culo 86 CE), en
decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 90 del                 relación con el artı́culo 86 del Tratado CE (actualmente
Tratado CE (actualmente artı́culo 86 CE) en relación con los                       artı́culo 82 CE), no se opone al establecimiento de un régimen
artı́culos 34 del Tratado CE (actualmente artı́culo 29 CE, tras                     local, como el controvertido en el procedimiento principal, que,
su modificación) y 86 del Tratado CE (actualmente artı́culo 82                     para resolver un problema medioambiental resultante de la falta
CE), de los artı́culos 36 y 130 R, apartado 2, del Tratado CE                       de capacidad para el tratamiento de los residuos de la
(actualmente artı́culos 30 CE y 174 CE, apartado 2, tras su                         construcción no peligrosos destinados a su valorización, prevé
modificación), de los artı́culos 7, apartado 3, y 10 de la                         que un número limitado de empresas especialmente selecciona-
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975,                           das puedan proceder al tratamiento de tales residuos generados
relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), en                     en la zona afectada, permitiendo ası́ garantizar un número
su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Con-                         suficiente de entregas de tales residuos a dichas empresas, y
sejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32), y del                                excluye a otras empresas, aunque estén cualificadas, de efectuar
Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de                          dicho tratamiento.
 ---pagebreak--- C 247/2                   ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             26.8.2000
3)     Ni la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de             artı́culos 1, apartado 5, y 2 del texto refundido del Decreto Ley
       1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por la       no 332, de 31 de mayo de 1994 (GURI no 126, de 1 de junio
       Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991,             de 1994), convalidado con modificaciones mediante la Ley
       ni el Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero         no 474, de 30 de julio de 1994, por la que se establecen
       de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de    disposiciones para la aceleración de los procedimientos de
       residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la             venta de las participaciones del Estado y de los organismos
       Comunidad Europea, obligan a los Estados miembros a celebrar          públicos en las sociedades por acciones (GURI no 177, de 30
       contratos con todas las empresas autorizadas, en el sentido del       de julio de 1994), ası́ como los Decretos relativos a los poderes
       artı́culo 10 de dicha Directiva, para la recepción y la valoriza-    especiales atribuidos en el caso de las privatizaciones del ENI
       ción de los residuos de la construcción no peligrosos para el       SpA y de Telecom Italia SpA, el Tribunal de Justicia, integrado
       medio ambiente.                                                       por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente: D.A.O. Ed-
                                                                             ward, L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G. Kap-
4)     El artı́culo 7, apartado 3, de la Directiva 75/442, en su versión    teyn (Ponente), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,
       modificada por la Directiva 91/156, debe interpretarse en el          P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces; Abogado Gene-
       sentido de que permite a un Estado miembro adoptar medidas            ral: Sr. J. Mischo; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, admi-
       relativas al transporte de residuos, incluidas medidas de             nistradora principal, ha dictado el 23 de mayo de 2000 una
       prohibición del transporte de residuos de la construcción no        sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       peligrosos destinados a su valorización, si el transporte es
       contrario a su plan de gestión, siempre que dicho plan sea           1)     Se declara que la República Italiana ha incumplido las
       compatible con las normas del Tratado y de dicha Directiva.                  obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos 52, 59
                                                                                del Tratado CE (actualmente artı́culos 43 CE y 49 CE, tras su
5)     El artı́culo 7, apartado 3, de la Directiva 75/442, en su versión           modificación) y 73 B del Tratado CE (actualmente artı́culo 56
       modificada por la Directiva 91/156, debe interpretarse en el                 CE), al adoptar los artı́culos 1, apartado 5, y 2 del texto
       sentido de que no confiere a los particulares ningún derecho que            refundido del Decreto Ley no 332, de 31 de mayo de 1994,
       puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales                 convalidado con modificaciones mediante la Ley no 474, de
       para oponerse a una medida que tenga por objeto impedir                      30 de julio de 1994, por la que se establecen disposiciones
       movimientos de residuos contrarios a un plan de gestión sobre               para la aceleración de los procedimientos de venta de las
       la base de que esta medida no fue comunicada a la Comisión.                 participaciones del Estado y de los organismos públicos en las
                                                                                sociedades por acciones, ası́ como los Decretos relativos a los
                                                                                poderes especiales atribuidos en el caso de las privatizaciones del
(1) DO C 234 de 25.7.1998.                                                          ENI SpA y de Telecom Italia SpA.
                                                                             2)     Se condena en costas a la República Italiana.
                                                                             (1) DO C 121 de 1.5.1999.
           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                        de 23 de mayo de 2000
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
en el asunto C-58/99: Comisión de las Comunidades
               Europeas contra República Italiana (1)                                                    (Sala Cuarta)
                                                                                de 25 de mayo de 2000
(«Privatización de empresas públicas — Atribución de pode-
                             res especiales»)                                en el asunto C-82/98 P: Max Kögler contra Tribunal de
                                                                             Justicia de las Comunidades Europeas y Consejo de la
                            (2000/C 247/02)                                                            Unión Europea (1)
                                                                             («Recurso de casación — Recurso de funcionario — Coefi-
                    (Lengua de procedimiento: italiano)                            ciente corrector aplicable a la pensión de jubilación»)
                                                                                (2000/C 247/03)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto C-58/99, Comisión de las Comunidades Europeas
(Agentes: Sr. A. Aresu y Sra. M. Patakia) contra República                  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
Italiana (Agente: Profesor U. Leanza, asistido por el Sr. I.M. Bra-                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
guglia) que tiene por objeto que se declare que la República
Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en                   En el asunto C-82/98 P, Max Kögler, antiguo funcionario
virtud de los artı́culos 52, 59 del Tratado CE (actualmente                  del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con
artı́culos 43 CE y 49 CE, tras su modificación) y 73 B del                  domicilio en Konz (Alemania), representado por el Sr. T. Baltes,
Tratado CE (actualmente artı́culo 56 CE), al adoptar los                     Abogado de Tréveris, que designa como domicilio en Luxem-


title: Asunto C-262/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Neamț (Rumanía) el 2 de junio de 2014 — Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în rezervă și în retragere (SCMD) y otros/Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Neamț (Rumanía) el 2 de junio de 2014 — Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în rezervă și în retragere (SCMD) y otros/Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț
   (Asunto C-262/14)
   2014/C 315/56
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Neamț

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în rezervă și în retragere (SCMD), Constantin Budiș, Vasile Murariu, Vasile Ursache, Ioan Zăpor, Petrea Simionel y otros

      Demandado: Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede interpretarse el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78 (1) en el sentido de que el concepto de discriminación al que dicha disposición se refiere también comprende la creación de una situación de desigualdad de trato por razón de la condición de pensionista de la persona que trabaja o que desea trabajar?

               2)

               ¿Puede interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/78 en el sentido de que los conceptos de condiciones de acceso al empleo, criterios de selección y condiciones de despido también incluyen los conceptos de pensionista entre los criterios y las condiciones?

               3)

               ¿Puede interpretarse el artículo 6 de la Directiva 2000/78 en el sentido de que permite que un Estado miembro que ha traspuesto dicha disposición en su Derecho interno, en el ejercicio del poder judicial, proceda a verificar la transposición inadecuada o incompleta de las directivas europeas en el ordenamiento nacional por lo que respecta a la apreciación de la «justifica[…][ción] objetiva y razonable[…]» de la aplicación de diferencias de trato, así como de la «finalidad legítima» perseguida por el legislador con la adopción de la norma que conlleva diferencias de trato?

      (1)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16).


title: Asunto C-112/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 1 de marzo de 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

text:
               2.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 157/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 1 de marzo de 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága
   (Asunto C-112/12)
   2012/C 157/03
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Kúria

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable

      Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con las disposiciones de los Tratados de la UE que regulan el principio de libertad de establecimiento (artículo 49 TFUE), el principio de igualdad de trato (artículo 54 TFUE) y el principio de libre circulación de capitales [artículo 56 TFUE (sic)] la exención del impuesto sobre los dividendos que confiere la normativa húngara al perceptor de dividendos que sea residente en Hungría, siendo así que

                           a)

                           el perceptor de dividendos no residente únicamente está exento del impuesto sobre los dividendos si cumple determinados requisitos legales, a saber, que su participación (en el caso de acciones, la parte de sus acciones nominativas) en el capital social de la sociedad residente en el momento del reparto (asignación) de los dividendos haya sido permanentemente de al menos un 20 % durante al menos dos años consecutivos, teniendo en cuenta que, en caso de que la participación permanente del 20 % se haya mantenido durante menos de dos años consecutivos, la sociedad que reparte los dividendos no estará obligada a retener el impuesto sobre los dividendos y la sociedad que percibe los dividendos o, en el caso de asignaciones no dinerarias, la sociedad que las reparte no estarán obligadas a pagar dicho impuesto al presentar su declaración tributaria, si otra persona o quien reparte los dividendos ha garantizado el pago del impuesto;

                           b)

                           y dándose la circunstancia de que el perceptor de dividendos no residente no cumple los requisitos que le exige la normativa nacional para quedar exento del impuesto bien cuando su participación (en el caso de acciones, la parte de sus acciones nominativas) en el capital social de la sociedad residente en el momento del reparto (asignación) de los dividendos no alcance el umbral mínimo del 20 % exigido por la ley, o bien cuando no haya mantenido dicho porcentaje permanentemente durante al menos dos años consecutivos, o bien, en el caso de que la participación permanente del 20 % se haya mantenido durante menos de dos años consecutivos, si el pago del impuesto no ha sido garantizado por ningún tercero o por quien reparte los dividendos (?)

               2)

               ¿Habría que responder de otra forma a la cuestión 1, letra b), es decir, tendría alguna influencia en la respuesta, y de ser así, en qué medida, el hecho de que

                           a)

                           mientras que el perceptor de dividendos residente está exento del impuesto sobre los dividendos conforme a la normativa húngara, la carga tributaria del perceptor de dividendos no residente depende de que le sea aplicable la Directiva (90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes) o el Convenio (entre la República de Hungría y el Gran Ducado de Luxemburgo para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Budapest el 15 de enero de 1990),

                           b)

                           mientras que el perceptor de dividendos residente está exento del impuesto sobre los dividendos conforme a la normativa húngara, el perceptor de dividendos no residente, según disponga su propio Derecho nacional, o bien podrá imputar dicho impuesto en su tributación nacional, o bien deberá soportarlo definitivamente (?)

               3)

               ¿Puede la administración tributaria nacional ampararse en el artículo 65 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 58 CE, apartado 1), y en el antiguo artículo 220 CE para no aplicar de oficio el Derecho comunitario (?)


title: Asunto C-383/10: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

text:
               9.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/13

         Recurso interpuesto el 30 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-383/10)
   ()
   2010/C 274/20
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y F. Dintilhac, en calidad de agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en los artículos 56 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (anteriormente artículos 49 y 56 del Tratado CE, respectivamente) y los artículos 36 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al instituir y mantener un régimen por el que se establece una imposición discriminatoria de los intereses abonados por los bancos no residentes derivada de aplicar una exención fiscal únicamente a los intereses abonados por los bancos belgas.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión denuncia las disposiciones nacionales en cuestión en la medida en que tienen por efecto disuadir a los residentes belgas de recurrir a los servicios de bancos establecidos en otros Estados miembros de la Unión, al no disfrutar los intereses abonados por éstos de la exención fiscal que únicamente se aplica a los intereses abonados por los bancos belgas.
   Con carácter preliminar, la Comisión rechaza, en particular, la tesis de la demandada en el sentido de que los Estados miembros tienen competencia exclusiva en materia de fiscalidad directa y alega que este ámbito se encuentra implícita pero necesariamente incluido en la competencia relativa al mercado interior y constituye, en consecuencia, una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros.
   En respuesta a las objeciones planteadas por las autoridades belgas, la Comisión señala, en primer lugar, que carece de relevancia el hecho de que el sector financiero no haya formulado una reclamación al respecto, ya que el recurso por incumplimiento es de naturaleza objetiva y no puede supeditarse a la existencia de una reclamación. En segundo y tercer lugar, la Comisión rebate, por una parte, el argumento de que las medidas contempladas están justificadas por la razón imperiosa de interés general de garantizar la eficacia de los controles fiscales y, por otra parte, la afirmación de que la legislación en cuestión es una medida de naturaleza sociopolítica que protege el interés público. En cuarto lugar, la demandante rechaza la justificación de las autoridades belgas relativa a la escasa efectividad de la extensión de esta exención y alega que el grupo de contribuyentes al que se dirige esta medida podría también estar interesado en los servicios prestados por bancos establecidos en otros Estados miembros. En quinto lugar, la Comisión cuestiona la alegación de la demandada relacionada con las diferencias existentes en la Unión en materia de protección de los consumidores en caso de insolvencia de un banco y recuerda que esta materia está sujeta a una armonización en la Unión Europea. Por último, la Comisión alega que Bélgica tiene tres lenguas oficiales (neerlandés, francés y alemán) y que no están justificadas las objeciones basadas en el riesgo de que se facilite una información insuficiente por emplear el banco establecido fuera de Bélgica una lengua que no se habla en este país.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de  12 de enero de 2006 , en el asunto C-118/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa ( Incumplimiento de Estado — Directiva 2000/60/CE — Política comunitaria en el ámbito del agua — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado )

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/11

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 12 de enero de 2006
   en el asunto C-118/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/60/CE - Política comunitaria en el ámbito del agua - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»)
   (2006/C 60/22)
   Lengua de procedimiento: portugués
   En el asunto C-118/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 10 de marzo de 2005, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. A. Caeiros y Sra. S. Pardo Quintillán) contra República Portuguesa (agente: Sr. L. Fernandes), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J. Malenovský, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y A. Ó Caoimh (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 12 de enero de 2006 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2005.


title: Asunto C-539/09: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Federal de Alemania

text:
               27.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/24

         Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Federal de Alemania
   (Asunto C-539/09)
   2010/C 51/39
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Caeiros y B. Conte, agentes)

      Demandada: República Federal de Alemania

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 248 CE, apartados 1, 2 y 3, de los artículos 140, apartado 2, y 142, apartado 1, del Reglamento no 1605/2002 y del artículo 10 CE, al no haber permitido que el Tribunal de Cuentas efectuara controles en Alemania en relación con la cooperación administrativa entre los Estados miembros en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, prevista en el Reglamento no 1798/2003 y en las correspondientes disposiciones de aplicación.

               —

               Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso tiene por objeto la negativa de las autoridades alemanas a permitir que el Tribunal de Cuentas efectuara controles en Alemania en relación con la cooperación administrativa entre los Estados miembros en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, prevista en el Reglamento no 1798/2003 y en las correspondientes disposiciones de aplicación.
   A julio de la Comisión, la República Federal de Alemania ha incumplido de este modo las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 248 CE y del Reglamento no 1605/2002, así como el deber de lealtad que le impone el artículo 10 CE.
   Las competencias de control del Tribunal de Cuentas han de ser objeto de interpretación amplia. El Tribunal de Cuentas debe controlar las finanzas de la Unión Europea y proponer mejoras, para lo que ha de asistirle el derecho a efectuar extensos exámenes y auditorías sobre todos los agentes y ámbitos relacionados con los ingresos y gastos de la Unión. Estos controles pueden también llevarse a cabo en los Estados miembros, que deben facilitar al Tribunal de Cuentas, con arreglo al artículo 248 CE, apartado 3, a los artículos 140, apartado 2, y 142, apartado 1, del Reglamento no 1605/2002 y al deber de lealtad previsto en el artículo 10 CE, un amplio apoyo en el ejercicio de sus funciones. Se incluye aquí la obligación de autorizar cualesquiera controles del Tribunal de Cuentas que le permitan examinar la recaudación y el uso de los recursos financieros de la Unión.
   Precisamente esto es lo que las autoridades alemanas han negado al Tribunal de Cuentas en el presente caso.
   El Reglamento no 1798/2003 tiene por objeto la legalidad y regularidad de la recaudación comunitaria. No es más que un eslabón de una cadena de medidas con las que se pretende garantizar, a través de lucha contra el fraude y su prevención, que los Estados miembros puedan recaudar correctamente el impuesto sobre el valor añadido y que, en consecuencia, la Comunidad pueda disponer, en las mejores condiciones posibles, de los recursos propios que le corresponden. La Comisión considera necesario a este respecto que el Tribunal de Cuentas, en el examen de la legalidad y regularidad de la recaudación del impuesto sobre el valor añadido, pueda controlar la ejecución y aplicación del Reglamento no 1798/2003. Esto implica que pueda verificar si los Estados miembros han establecido un sistema eficiente de cooperación y asistencia administrativa y si la concreción práctica de este sistema es suficiente o requiere mejoras.
   La aplicación práctica de la cooperación administrativa prevista en el Reglamento no 1798/2003 tiene efectos en los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido que deben abonar los Estados miembros. Una buena cooperación en este ámbito impide la evasión y el fraude fiscales y supone automáticamente un incremento de la recaudación del impuesto sobre el valor añadido y, por tanto, de los recursos propios comunitarios que tienen su origen en este impuesto. Por el contrario, cuando un Estado miembro no coopera como debe no sólo incumple las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento no 1798/2003, sino también la obligación, establecida por la Directiva IVA, de adoptar todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar que el impuesto sobre el valor añadido se percibe íntegramente en su territorio.


title: Asunto T-422/17: Recurso interpuesto el 10 de julio de 2017 — UF/EPSO

text:
               4.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 293/38

         Recurso interpuesto el 10 de julio de 2017 — UF/EPSO
   (Asunto T-422/17)
   (2017/C 293/48)
   Lengua de procedimiento: lituano

      Partes

      Demandante: UF (representante: L. Gudaitė, abogado)

      Demandada: Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)

      Pretensiones

   El demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la demandada de 4 de abril de 2017, por la que excluye al demandante de la oposición general de juristas-lingüistas de lengua lituana EPSO/AD/335/16.

               —

               Imponga a la demandada la obligación de permitir que el demandante corrija un error manifiesto, modificando el nivel de conocimiento de la lengua polaca de B1 en C1.

               —

               Readmita al demandante en la oposición general de juristas-lingüistas de lengua lituana.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, el demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la demandada vulneró la confianza legítima del demandante y le indujo a error al confirmar que su candidatura cumplía todas las condiciones de admisión.

                           —

                           El demandante alega que la demandada, al haber confirmado el 9 de enero de 2017 que su candidatura cumplía todas las condiciones de la convocatoria de oposición y haber permitido que participara en las pruebas de selección por ordenador, le indujo a error y no le dio la oportunidad de corregir un error de transcripción manifiesto relativo al nivel de conocimiento de la lengua polaca, como consecuencia del cual fue excluido ulteriormente del concurso.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la demandada vulneró los derechos y la confianza legítima del demandante al excluirle de la oposición de juristas-lingüistas de lengua lituana.

                           —

                           El demandante alega que la demandada le excluyó injustificadamente de la oposición, por haber tenido en cuenta en la Decisión de 4 de abril de 2017 el nivel de conocimiento de lengua polaca indicado en su candidatura, dado que conocía su nivel real de dominio de esta lengua sobre la base de la información proporcionada en la candidatura correspondiente a otro concurso (EPSO/AD/328/16) y de los resultados obtenidos en él. El demandante alega que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal General, el tribunal de oposición es responsable de evaluar debidamente los títulos o diplomas presentados o la competencia profesional especificada por cada candidato y que su decisión de excluir a un candidato de una oposición se considera un acto lesivo, con arreglo a lo establecido en el artículo 91, apartado 1, del Estatuto de los Funcionarios.


title: Asunto T-96/10: Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2010 — Rütgers Germany y otros/ECHA

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/66

         Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2010 — Rütgers Germany y otros/ECHA
   (Asunto T-96/10)
   2010/C 113/98
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Alemania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Bélgica), Deza a.s. (Valašské Meziříčí, República Checa), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Dinamarca), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Reino Unido) (representantes: K. Van Maldegem, R. Cana, abogados, y P. Sellar, Solicitor)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se declare admisible y fundado el recurso.

               —

               Que se anule parcialmente el acto impugnado, en la medida en que se refiere al aceite de antraceno (pasta de antraceno).

               —

               Que se condene en costas a la ECHA.

      Motivos y principales alegaciones

   Las demandantes solicitan la anulación parcial de la decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos («ECHA») (ED/68/2009) de identificar el aceite de antraceno, pasta de antraceno (CAS no 90640-81-6) [«aceite de antraceno (pasta)»] como una sustancia que cumple los criterios establecidos en el artículo 57, letras d) y e), del Reglamento (CE) no 1907/2006 (1) (REACH), de conformidad con el artículo 59 del Reglamento REACH.
   Sobre la base de la decisión impugnada, de la que las demandantes tuvieron conocimiento a través de un comunicado de prensa de la ECHA, se incluyó el aceite de antraceno (pasta de antraceno) en la lista de 14 sustancias químicas de la Candidate List of Substance of Very Hig Concern («SVHC») para su eventual inclusión en el anexo XIV del Reglamento REACH. La razón que se esgrimió en el acto impugnado para la identificación del aceite de antraceno (pasta de antraceno), como una SVHC es que se trata de una sustancia cancerígena, mutágena y muy bioacumulativa («vPvB»), según los criterios establecidos en el anexo XIII del Reglamento REACH.
   Las demandantes consideran que el acto impugnado vulnera las normas aplicables para la identificación de las SVHC con arreglo al Reglamento REACH e invocan cuatro motivos en apoyo de su recurso que son idénticos a los formulados en el asunto T-94/10, Rütgers Germany y otros/ECHA.

      (1)  Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).


title: Asunto C-463/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 2 de septiembre de 2015 — Openbaar Ministerie/A.

text:
               3.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 363/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 2 de septiembre de 2015 — Openbaar Ministerie/A.
   (Asunto C-463/15)
   (2015/C 363/31)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank Amsterdam

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Openbaar Ministerie

      Demandado: A.

      Cuestión prejudicial

   ¿Permiten el artículo 2, apartado 4, y el artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI (1) que el Estado miembro de ejecución transponga estas disposiciones a su Derecho nacional de forma tal que exija que el hecho sea constitutivo de delito conforme a su Derecho y que, según su legislación, esté castigado con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de doce meses?

      (1)  Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1).


title: Asunto F-103/12: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2012 — ZZ/Europol

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/70

         Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2012 — ZZ/Europol
   (Asunto F-103/12)
   2013/C 26/141
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: W.J. Dammingh y N.D. Dane, abogados)

      Demandada: Oficina Europea de Policía (Europol)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión, adoptada en ejecución de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 29 de junio de 2010, Doyle/Europol (F-37/09), mediante la que Europol concedió a la parte demandante un importe a tanto alzado para compensar el perjuicio irrogado por la decisión anulada por dicha sentencia.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 28 de noviembre de 2011 por la que la parte demandada concede a la demandante un importe de 3 000 euros para compensación del perjuicio sufrido y plena ejecución de una sentencia anterior del Tribunal de la Función Pública, así como la decisión de 29 de junio de 2012 por la que se desestima la reclamación presentada por la demandante contra la decisión de 28 de noviembre de 2011.

               —

               Que se condene en costas a Europol, con inclusión de los honorarios del representante.


title: Asunto F-17/07: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 10 de octubre de 2007 — Pouzol/Tribunal de Cuentas (Función pública — Funcionarios — Pensiones — Transferencia de los derechos de pensión adquiridos antes del ingreso al servicio de las Comunidades — Inadmisibilidad)

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/43

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 10 de octubre de 2007 — Pouzol/Tribunal de Cuentas
   (Asunto F-17/07) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Pensiones - Transferencia de los derechos de pensión adquiridos antes del ingreso al servicio de las Comunidades - Inadmisibilidad)
   (2007/C 283/77)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Michel Pouzol (Combaillaux, Francia) (representantes: D. Grisay, I. Andoulsi y D. Piccininno, abogados)

      Demandada: Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (representantes: T. Kennedy, J.-M. Stenier y G. Cortens, agentes)
   Objeto
   Anulación de la decisión del Tribunal de Cuentas de 23 de noviembre de 2006 por la que se declaró la inadmisibilidad de la reclamación presentada por el demandante contra la decisión de la Comisión de 18 de mayo de 2006 — Reconocimiento del derecho del demandante a una bonificación de anualidades de pensión complementaria — Reclamación de daños y perjuicios.
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 117 de 26.5.2007, p. 35.


title: Asunto C-179/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de febrero de 2016 — Comisión Europea/Hungría (Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/123/CE — Artículos 14 a 16 — Artículo 49 TFUE — Libertad de establecimiento — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — Condiciones de emisión de vales fiscalmente ventajosos concedidos por los empresarios a sus empleados y utilizables para fines de alojamiento, ocio y/o comida — Restricciones — Monopolio)

text:
               25.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de febrero de 2016 — Comisión Europea/Hungría
   (Asunto C-179/14) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/123/CE - Artículos 14 a 16 - Artículo 49 TFUE - Libertad de establecimiento - Artículo 56 TFUE - Libre prestación de servicios - Condiciones de emisión de vales fiscalmente ventajosos concedidos por los empresarios a sus empleados y utilizables para fines de alojamiento, ocio y/o comida - Restricciones - Monopolio))
   (2016/C 145/05)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Tokár y E. Montaguti, agentes)

      Demandada: Hungría (representantes: M.Z. Fehér y G. Koós, agentes)

      Fallo

               1)

               Declarar que Hungría ha infringido la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, al introducir y mantener el sistema de la tarjeta de ocio Széchenyi, previsto por el Decreto gubernamental n.o 55/2011, de 12 de abril de 2011, regulador de la emisión y la utilización de la tarjeta de ocio Széchenyi, y modificado por la Ley n.o CLVI, de 21 de noviembre de 2011, por la que se modifican determinadas leyes fiscales y otros actos conexos, toda vez que:

                           —

                           el artículo 13 del citado Decreto gubernamental, puesto en relación con el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Ley n.o XCVI de 1993, sobre los fondos de seguro mutuo voluntario, con el artículo 2, letra b), de la Ley n.o CXXXII de 1997, de sucursales y agencias comerciales de empresas que tengan su domicilio social en el extranjero, y con los artículos 1, 2, apartados 1 y 2, 55, apartados 1 y 3, y 64, apartado 1, de la Ley n.o IV de 2006, de sociedades mercantiles, infringe el artículo 14, punto 3, de esa Directiva, al excluir la posibilidad de que las sucursales emitan la tarjeta de ocio Széchenyi;

                           —

                           el referido artículo 13, puesto en relación con esas mismas disposiciones nacionales, infringe el artículo 15, apartados 1, 2, letra b), y 3, de la misma Directiva, al no reconocer, a efectos de los requisitos establecidos en el mismo artículo 13, letras a) a c), la actividad de los grupos de empresas cuya sociedad matriz no sea una sociedad constituida con arreglo al Derecho húngaro y cuyos miembros no revistan la forma de alguna de las sociedades previstas por el Derecho húngaro;

                           —

                           el artículo 13 del Decreto gubernamental n.o 55/2011, puesto en relación con esas mismas disposiciones nacionales, vulnera el artículo 15, apartados 1, 2, letra d), y 3, de la misma Directiva, al reservar la posibilidad de emitir la tarjeta de ocio Széchenyi a los bancos y establecimientos financieros, ya que sólo estos organismos pueden reunir las condiciones previstas en ese artículo 13;

                           —

                           el referido artículo 13 es contrario al artículo 16 de la Directiva 2006/123, puesto que exige la existencia de un establecimiento en Hungría para la emisión de la tarjeta de ocio Széchenyi;

               2)

               El sistema de vales Erzsébet regulado por la Ley n.o CLVI, de 21 de noviembre de 2011, y por la Ley n.o CIII, de 6 de julio de 2012, del programa Erzsébet, es contrario a los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, toda vez que esa legislación nacional establece un monopolio a favor de organismos públicos en el ámbito de la emisión de vales que permiten la adquisición de comidas frías y que pueden ser concedidos en condiciones fiscalmente ventajosas por los empresarios a sus trabajadores asalariados en concepto de prestaciones en especie.

               3)

               Condenar en costas a Hungría.

      (1)  DO C 202 de 30.6.2014.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 14 de julio de 2005, en el asunto C-192/04 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation): Lagardère Active Broadcast contra Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) y otros («Derechos de autor y derechos afines — Radiodifusión de fonogramas — Canon equitativo»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/19

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 14 de julio de 2005
   en el asunto C-192/04 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation): Lagardère Active Broadcast contra Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) y otros (1)

   («Derechos de autor y derechos afines - Radiodifusión de fonogramas - Canon equitativo»)
   (2005/C 217/37)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-192/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Francia), mediante resolución de 17 de febrero de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de abril de 2004, en el procedimiento entre Lagardère Active Broadcast, que se ha subrogado en los derechos de Europe 1 communication SA, y Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), en el que participa: Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA (CERT), el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský (Ponente) y U. Lõhmus, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora, ha dictado una sentencia el 14 de julio de 2005 cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               En el caso de una radiodifusión como la controvertida en el litigio principal, la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, no es contraria a que el canon por la utilización de fonogramas se regule no sólo por la ley del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio social la sociedad emisora, sino también por la legislación del Estado miembro en el que se sitúe, por razones técnicas, el repetidor terrestre que difunda esas emisiones en dirección al primer Estado.

               2)

               El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que, para la determinación de la remuneración equitativa mencionada en dicha disposición, la sociedad emisora no puede deducir unilateralmente del importe del canon por la utilización de fonogramas adeudado en el Estado miembro en el que tenga su domicilio social, el del canon pagado o reclamado en el Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el repetidor terrestre que difunda las emisiones en dirección al primer Estado.

      (1)  DO C 156, de 12.6.2004.


title: Asunto T-236/00: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2000 por Gabriele Stauner y otros 21 Miembros del Parlamento Europeo contra el Parlamento Europeo y la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
4.11.2000                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 316/37
Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2000 por                       marco celebrado el 5 de julio de 2000 entre el Parlamento
Gabriele Stauner y otros 21 Miembros del Parlamento                      Europeo y la Comisión de las Comunidades Europeas sobre las
Europeo contra el Parlamento Europeo y la Comisión de                   relaciones entre ambas Instituciones. El recurso se dirige, en
                    las Comunidades Europeas                             particular, contra las normas y el procedimiento previstos en
                                                                         dicho Acuerdo en materia de transmisión de informaciones
                         (Asunto T-236/00)                               confidenciales por parte de la Comisión y el trato que debe
                                                                         dárseles en el Parlamento. Estas normas y este procedimiento
                          (2000/C 316/69)                                se recogen en el punto 17 del Acuerdo marco y, conforme al
                                                                         punto 29, en el Anexo III del mismo Acuerdo.
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                     Los demandantes alegan que el Acuerdo impugnado restringe
                                                                         de forma inadmisible su estatuto de diputados, en particular
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   por lo que respecta a las correspondientes facultades de control
Europeas se ha presentado el 7 de septiembre de 2000 un                  frente a la Comisión. El Acuerdo y su Anexo III no recogen
recurso contra el Parlamento Europeo y la Comisión de las               ninguna posible vı́a de impugnación de aquellas medidas por
Comunidades Europeas formulado por la Sra. Gabriele Stauner              las que la Comisión y el Parlamento limitan los derechos de
y otros 21 Miembros del Parlamento Europeo, representados                información de los diputados. Además, los demandantes
por el Sr. Jochim Sedemund, Abogado, Freshfields Bruckhaus               estiman que el Acuerdo marco les impone obligaciones cuyo
Deringer, Berlı́n.                                                       cumplimiento es contrario al Tratado y a disposiciones del
                                                                         Reglamento Financiero del Parlamento.
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
que:
—      Anule el «Acuerdo marco sobre las relaciones entre el
                                                                                Archivo del asunto T-150/98 (1)
       Parlamento Europeo y la Comisión» (documento C5-
       0349/2000), celebrado entre el Parlamento Europeo y la
       Comisión de las Comunidades Europeas el 5 de julio de                                    (2000/C 316/70)
       2000, incluidos todos sus Anexos y, en particular, el
       Anexo III.                                                                       (Lengua de procedimiento: neerlandés)
—      Condene en costas a los demandados.                               Mediante auto de 6 de julio de 2000, el Presidente de la Sala
                                                                         Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                        Europeas ha decidido archivar el asunto T-150/98, De Haan
                                                                         Beheer BV contra Comisión de las Comunidades Europeas.
El presente recurso de anulación, interpuesto conforme al
artı́culo 230 del Tratado CE, tiene por objeto el Acuerdo                (1) DO C 378 de 5.12.98.