title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1999 en el asunto T-137/94, ARBED SA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Tratado CECA - Competencia - Acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas - Fijación de precios - Reparto de mercados - Sistemas de intercambio de información)

text:
5.6.1999                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 160/13
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                      de 11 de marzo de 1999                                                      de 11 de marzo de 1999
                                                                            en el asunto T-138/94, Cockerill-Sambre SA contra Comi-
en el asunto T-137/94, ARBED SA contra Comisión de las                                   sión de las Comunidades Europeas (1)
                     Comunidades Europeas (1)
                                                                            (Tratado CECA — Competencia — Acuerdos entre empresas,
(Tratado CECA — Competencia — Acuerdos entre empresas,                      decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concerta-
decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concerta-               das — Fijación de precios — Reparto de mercados —
das — Fijación de precios — Reparto de mercados —                                       Sistemas de intercambio de información)
            Sistemas de intercambio de información)
                                                                                (1999/C 160/26)
                            (1999/C 160/25)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                            En el asunto T-138/94, Cockerill-Sambre SA, con domicilio
                                                                            social en Bruselas, representada por el Sr. Alexandre Vanden-
En el asunto T-137/94, ARBED SA, con domicilio social en                    casteele, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en
Luxemburgo, representada por el Sr. Alexandre Vandencaste-                  Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest Arendt, 8-10, rue
ele, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en                     Mathias Hardt, contra Comisión de las Comunidades Europeas
Luxemburgo el despacho del Sr. Paul Ehmann, 19, avenue de                   (Agentes: inicialmente los Sres. Julian Currall y Géraud Sajust
la Liberté, contra Comisión de las Comunidades Europeas                    de Bergues, y posteriormente los Sres. Jean-Louis Dewost,
(Agentes: inicialmente los Sres. Julian Currall y Géraud Sajust             Julian Currall y Guy Charrier, asistidos por el Sr. Jean-Yves
de Bergues, y posteriormente los Sres. Jean-Louis Dewost,                   Art), que tiene por objeto principal una solicitud de anulación
Julian Currall y Guy Charrier, asistidos por el Sr. Jean-Yves               de la Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero
Art), que tiene por objeto principal una solicitud de anulación            de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artı́culo 65
de la Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero               del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas de
de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artı́culo 65            varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116 de 6.5.1994,
del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas                   p. 1), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada),
concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116               integrado por los Sres.: C.W. Bellamy, en funciones de
de 6.5.1994, p. 1), el Tribunal de Primera Instancia (Sala                  Presidente, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces; Secretario:
Segunda ampliada), integrado por los Sres.: C.W. Bellamy, en                Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 11 de
funciones de Presidente, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces;                   marzo de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el
11 de marzo de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                            1) Se anula el artı́culo 1 de la Decisión 94/215/CECA de la
                                                                                Comisión, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento
1) Se anula el artı́culo 1 de la Decisión 94/215/CECA de la                     con arreglo al artı́culo 65 del Tratado CECA con respecto a los
     Comisión, de 16 de febrero 1994, relativa a un procedimiento               acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de
     con arreglo al artı́culo 65 del Tratado CECA con respecto a los             vigas, en la medida en que imputa a la demandante haber
     acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de         participado, por un lado, en un acuerdo de reparto del mercado
     vigas, en la medida en que imputa a la demandante la                        italiano de una duración de tres meses y, por otro lado, en una
     participación de su filial TradeARBED en un acuerdo de reparto             infracción de fijación de precios en el mercado danés, por el
     del mercado italiano de una duración de tres meses.                        perı́odo comprendido entre el 1 de julio y el 3 de noviembre de
                                                                                1988.
2) Se fija en 10 000 000 de EUR el importe de la multa impuesta
     a la demandante por el artı́culo 4 de la Decisión 94/215/CECA.        2) Se fija en 3 580 000 EUR el importe de la multa impuesta a
                                                                                la demandante por el artı́culo 4 de la Decisión 94/215/CECA.
3) Se desestima el recurso en todo lo demás.
                                                                            3) Se desestima el recurso en todo lo demás.
4) La parte demandante cargará con sus propias costas y con cuatro
     quintas partes de las de la parte demandada. La parte demandada        4) La parte demandante cargará con sus propias costas y con las
     cargará con la quinta parte de sus propias costas.                         cuatro quintas partes de las de la parte demandada. La parte
                                                                                demandada cargará con la quinta parte de sus propias costas.
(1) DO C 146 de 28.5.1994.
                                                                            (1) DO C 146 de 28.5.1994.


               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/1

         (2008/C 51/01)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 37 de 9.2.2008

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 22 de 26.1.2008

      DO C 8 de 12.1.2008

      DO C 315 de 22.12.2007

      DO C 297 de 8.12.2007

      DO C 283 de 24.11.2007

      DO C 269 de 10.11.2007

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto T-76/06: Recurso interpuesto el  24 de febrero de 2006  — Plásticos Españoles (Aspla)/Comisión

text:
               6.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/24

         Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2006 — Plásticos Españoles (Aspla)/Comisión
   (Asunto T-76/06)
   (2006/C 108/45)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Plásticos Españoles, S.A. (Aspla) (Torrelavega, España) (representantes: E. Garayar y A. García Castillo, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la admisibilidad del presente recurso de anulación.

               —

               Que se declare la nulidad de la Decisión C(2005) 4634 final, de fecha 30 de noviembre de 2005, en el asunto COMP/F/38.354 — sacos industriales, subsidiariamente, que se reduzca considerablemente el montante de la sanción impuesta a Plásticos Españoles, S.A.

               —

               Que se condene en costas la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   El recurso tiene por objeto la anulación de la Decisión de la Comisión C(2005) 4634, final de 30 de noviembre de 2005 en el asunto COMP/F/38.354 — Sacos industriales. En la decisión impugnada, la Comisión declaró que la demandante, entre otras empresas, había infringido el artículo 81 CE al haber participado en el periodo 1991-2002, en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el sector de los sacos industriales de plástico en Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España y Francia. Por estas infracciones, la Comisión impuso a la demandante una multa en responsabilidad solidaria con la empresa Armando Álvarez, S.A.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega los siguientes motivos:

               —

               La errónea apreciación de los hechos por la Comisión relativa al alcance de la conducta desarrollada por la demandante, al alcance de los mercados de producto y geográficos afectados así como a las cuotas de mercado que sirven de base para calcular las sanciones.

               —

               La violación del artículo 81 CE, apartado 1, y del principio de seguridad jurídica por la errónea calificación de la infracción como «única y continua» y por la incorrecta determinación de la responsabilidad que incumbe a las empresas sancionadas.

               —

               Subsidiariamente, la violación del artículo 81 CE, apartado 1, y del principio de seguridad jurídica e igualdad de trato por la errónea calificación de la infracción como «única y continua» respecto de la demandante, por la incorrecta determinación de la responsabilidad individual que le incumbe y por la discriminación frente a la empresa Stempher B.V., la cual según la Comisión había también participado en la infracción en cuestión.

               —

               La violación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17/1962 (1) y de las Directrices sobre el cálculo de las multas por error manifiesto en el cálculo de la sanción impuesta a la demandante y manifiesta violación del principio de igualdad de trato y proporcionalidad al determinar sus importes.

      (1)  Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962: Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22)


title: Asunto C-604/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de mayo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n ° 12 de Madrid) — Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. [Directiva 2004/39/CE — Mercados de instrumentos financieros — Artículo 19 — Normas de conducta para la prestación de servicios de inversión a los clientes — Asesoramiento en materia de inversión — Otros servicios de inversión — Obligación de valorar la conveniencia o idoneidad del servicio que se ha de prestar — Consecuencias contractuales de la inobservancia de esta obligación — Servicio de inversión ofrecido como parte de un producto financiero — Contratos de permuta financiera ( «swaps» ) destinados a proteger las variaciones de los tipos de interés correspondientes a los productos financieros]

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/16

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de mayo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid) — Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
   (Asunto C-604/11) (1)

   (Directiva 2004/39/CE - Mercados de instrumentos financieros - Artículo 19 - Normas de conducta para la prestación de servicios de inversión a los clientes - Asesoramiento en materia de inversión - Otros servicios de inversión - Obligación de valorar la conveniencia o idoneidad del servicio que se ha de prestar - Consecuencias contractuales de la inobservancia de esta obligación - Servicio de inversión ofrecido como parte de un producto financiero - Contratos de permuta financiera («swaps») destinados a proteger las variaciones de los tipos de interés correspondientes a los productos financieros)
   2013/C 225/25
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L.

      Demandada: Bankinter, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid — Interpretación de los artículos 4, apartado 1, punto 1, y 19, apartados 4, 5 y 9, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145, p. 1) — Contratos de permuta financiera de intereses para cubrir el riesgo de variación de los tipos de interés de otros productos financieros — Test de idoneidad.

      Fallo

               1)

               El artículo 19, apartado 9, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, un servicio de inversión sólo se ofrece como parte de un producto financiero cuando forma parte intrínseca de éste en el momento en que dicho producto financiero se ofrece al cliente y, por otra parte, lo dispuesto en la legislación de la Unión y en las normas europeas comunes a las que se refiere dicho precepto debe permitir una valoración del riesgo de los clientes o establecer requisitos de información que incluyan asimismo el servicio de inversión que forma parte intrínseca del producto financiero de que se trate, para que este servicio deje de estar sujeto a las obligaciones enunciadas en dicho artículo 19.

               2)

               El artículo 4, apartado 1, punto 4, de la Directiva 2004/39 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de ofrecer un contrato de permuta financiera a un cliente con objeto de cubrir el riesgo de variación del tipo de interés de un producto financiero que ha suscrito dicho cliente es un servicio de asesoramiento en materia de inversión, tal como se define en dicho precepto, siempre que la recomendación relativa a la suscripción de ese contrato de permuta se dirija a dicho cliente en su calidad de inversor, que se presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público.

               3)

               Corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las consecuencias contractuales que deben derivarse de la inobservancia, por parte de una empresa de inversión que ofrece un servicio de inversión, de las exigencias de evaluación establecidas en el artículo 19, apartados 4 y 5, de la Directiva 2004/39, respetando los principios de equivalencia y efectividad.

      (1)  DO C 32, de 4.2.2012.


title: Asunto T-169/10: Sentencia del Tribunal General de 24 de mayo de 2012 — Grupo Osborne/OAMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) ( «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria TORO XL — Marca figurativa comunitaria anterior XL — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n ° 207/2009 — Inexistencia de riesgo de confusión» )

text:
               7.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 200/12

         Sentencia del Tribunal General de 24 de mayo de 2012 — Grupo Osborne/OAMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)
   (Asunto T-169/10) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa comunitaria TORO XL - Marca figurativa comunitaria anterior XL - Motivo de denegación relativo - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 - Inexistencia de riesgo de confusión)
   2012/C 200/22
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Grupo Osborne, S.A. (El Puerto de Santa María, España) (representante: J.M. Iglesias Monravá, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Industria Licorera Quezalteca, SA (Quetzal Tenango, Guatemala)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 22 de enero de 2010 (asunto R 223/2009-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Industria Licorera Quezalteca, S.A., y Grupo Osborne, S.A.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 22 de enero de 2010 (asunto R 223/2009-2).

               2)

               Condenar en costas a la OAMI.

      (1)  DO C 148, de 5.6.2010.


title: Asunto T-584/15: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2015 — POA/Comisión

text:
               7.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 406/40

         Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2015 — POA/Comisión
   (Asunto T-584/15)
   (2015/C 406/41)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) (Latsia, Chipre) (representante: N. Korogiannakis, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de aceptar el expediente CY/PDO/0005/01243 presentado por las autoridades de la República de Chipre considerando que cumplía las condiciones establecidas por el Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343, p. 1), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50, apartado 1, de dicho Reglamento, y proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea con la referencia 2015/C 246/12.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación de la Comisión respecto a la conformidad de la solicitud CY/PDO/0005/01243 con el Reglamento (UE) no 1152/2012.

                           —

                           La solicitud CY/PDO/0005/01243 no se ajusta a la norma CY S 94 (partes 1 y 2) 1985 en relación con el contenido de leche en el proceso de producción del «Halloumi».

                           —

                           La solicitud CY/PDO/0005/01243 infringe el artículo 7 del Reglamento (UE) no 1151/2012.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Comisión no verificó que la solicitud CY/PDO/0005/01243 se ajustase al procedimiento establecido por el Reglamento (UE) no 1151/2012.

                           —

                           No se estableció un plazo razonable para poder ejercer el derecho de recurso.

                           —

                           Las autoridades nacionales no examinaron adecuadamente la objeción formulada por la demandante.


title: Asunto T-332/09: Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2009 — Electrabel/Comisión

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/71

         Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2009 — Electrabel/Comisión
   (Asunto T-332/09)
   2009/C 267/129
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Electrabel (representantes: M. Pittie y P. Honoré, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare el recurso admisible y fundado.

               —

               Con carácter principal, que se anule la Decisión impugnada en su integridad.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anulen los artículos 2 y 3 de la Decisión impugnada o al menos que se reduzca el importe de la multa impuesta a la demandante con arreglo al artículo 2 de la Decisión impugnada.

               —

               En cualquier caso, que se condene a la Comisión al pago de todas las costas de la demandante en relación con el presente recurso.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la demandante solicita, con carácter principal, la anulación de la Decisión C(2009) 4416 final de la Comisión, de 10 de junio de 2009, mediante la que la Comisión declaró que la demandante había infringido el artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 4064/89, (1) al llevar a cabo una operación de concentración comunitaria antes de notificarla y antes de que se declarara compatible con el mercado común. La demandante solicita, con carácter subsidiario, la anulación, o por lo menos la reducción, del importe de la multa que le fue impuesta en el artículo 2 de la Decisión impugnada.
   En apoyo de su recurso, la demandante invoca cuatro motivos, basados:

               —

               en una calificación incorrecta de la infracción, debido, en particular, a una confusión entre la infracción por la falta de notificación y la infracción por la realización anticipada de la operación de concentración, y, por tanto, a una contradicción de motivación entre la calificación de la infracción y la apreciación de su duración en el fondo;

               —

               en una infracción de los artículos 3, apartado 3, y 14, apartado 2, del Reglamento no 4064/89, así como de sus directrices relativas al concepto de concentración, al afirmar la existencia de una adquisición del control exclusivo de hecho de la Compagnie National du Rhône por Electrable el 23 de diciembre de 2003. La demandante alega que la Comisión i) omitió elementos pertinentes del caso de autos, más concretamente el carácter público de la Compagnie National du Rhône, ii) aplicó el concepto de control exclusivo de hecho, establecido en sus directrices relativas al concepto de concentración, de manera incompleta y errónea, y iii) incurrió en varios errores manifiestos de apreciación relativos, en particular, a los órganos de dirección de la Compagnie National du Rhône;

               —

               en la prescripción de la facultad de la Comisión para imponer una sanción en el caso de autos;

               —

               en la vulneración de los principios de proporcionalidad, de buena administración y de confianza legítima, al imponer a la demandante una multa tan elevada por una infracción que no tuvo ningún impacto sobre la competencia.

      (1)  Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395, p. 1; republicado íntegramente en el DO 1990, L 257, p. 13, en su versión rectificada).


title: Asunto T-447/12: Recurso interpuesto el 10 de octubre de 2012 — Visa Europe/Comisión

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/26

         Recurso interpuesto el 10 de octubre de 2012 — Visa Europe/Comisión
   (Asunto T-447/12)
   2012/C 379/46
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Visa Europe Ltd (Londres) (representantes: A. Renshaw y J. Aitken, Solicitors)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de la Comisión de 31 de julio de 2012 adoptada en el asunto COMP/D1/39.398 — Visa MIF, por cuanto rechaza la solicitud de Visa Europe de que se modifique el límite superior de las tasas multilaterales de intercambio (TMI) aplicables a las operaciones de débito, que ha sido declarado vinculante por decisión de la Comisión de 8 de diciembre de 2010.

               —

               Condene a la demandada al pago de las costas de este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en la violación del derecho de defensa de Visa Europe y del principio de buena administración, en la medida en que la Comisión negó a Visa Europe la oportunidad de expresar su opinión sobre los hechos relevantes y las objeciones de la Comisión respecto a las pretendidas deficiencias del estudio económico presentado por Visa Europe antes de rechazar con carácter definitivo la solicitud de Visa Europe de que se modificara el límite superior de las TMI.

               2)

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) 1/2003, (1) del principio de buena administración y del artículo 296 TFUE, en la medida en que la Comisión no comparó el estudio económico presentado por Visa Europe con los estudios usados previamente para calcular el límite superior de las TMI, y se basó en consideraciones irrelevantes para rechazar la solicitud de Visa Europe de que se modificara el límite superior de las TMI.

               3)

               Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión, por cuanto ésta rechazó pruebas propuestas por Visa Europe basándose en consideraciones erróneas y en objeciones que contradicen sus propios precedentes. Además, la Comisión no apreció que sus objeciones, en el supuesto de que fueran correctas, no podrían justificar el rechazo a la modificación del límite superior de las TMI.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101] y [102] del [TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 7 de abril de 2005, en el asunto C-160/04 P, Gustaaf Van Dyck contra Comisión de las Comunidades Europeas («Recurso de casación — Funcionarios — Listas de promoción — Acto lesivo — Actos preparatorios»)

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/20

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 7 de abril de 2005
   en el asunto C-160/04 P, Gustaaf Van Dyck contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Recurso de casación - Funcionarios - Listas de promoción - Acto lesivo - Actos preparatorios»)
   (2005/C 182/38)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-160/04 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia el 19 de marzo de 2004, Gustaaf Van Dyck, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Wuustwezel (Bélgica) (abogado: Sr. A. Bywater, asistido por Me W. Mertens), y en el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Me F. Clotuche-Duvieusart y Sr. A. Weimar), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. A. Borg Barthet, Presidente de Sala, y los Sres. A. Ó Caoimh y U. Lõhmus (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 7 de abril de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Van Dyck.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto C-462/06: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 20 de noviembre de 2006 — Glaxosmithkline y Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/45

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 20 de noviembre de 2006 — Glaxosmithkline y Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard
   (Asunto C-462/06)
   (2006/C 326/92)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Cour de cassation
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Glaxosmithkline y Laboratoires Glaxosmithkline

      Recurrida: Jean-Pierre Rouard
   Cuestión prejudicial
   La regla de competencia especial prevista en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (1), según el cual una persona domiciliada en el territorio de un Estado miembro puede ser demandada «si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente» ¿es aplicable a un litigio emprendido por un trabajador ante la jurisdicción de un Estado miembro contra dos sociedades pertenecientes al mismo grupo, una de las cuales, la que contrató a este trabajador para el grupo y después se negó a readmitirlo, está domiciliada en este Estado miembro y la otra, por cuya cuenta el interesado trabajó en último lugar en terceros Estados y que le despidió, está domiciliada en otro Estado miembro, cuando este demandante invoca una cláusula del contrato de trabajo para demostrar que las dos demandadas eran sus empleadores conjuntos, a las que pide la indemnización por su despido o, por el contrario, la regla del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento, en virtud del cual, en materia de contratos individuales de trabajo, la competencia viene determinada por la sección 5 del capítulo II, excluye la aplicación del apartado 1 del artículo 6, de manera que cada una de las dos sociedades debe ser demandada ante la jurisdicción del Estado miembro en el que tiene su domicilio social?

      (1)  DO, L 12, p. 1.


title: Asunto T-653/16: Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2016 — Malta/Comisión

text:
               21.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 428/18

         Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2016 — Malta/Comisión
   (Asunto T-653/16)
   (2016/C 428/20)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: República de Malta (representante: A. Buhagiar, agente)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare nula la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2016, dictada en el marco del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, (1) relativa a una solicitud de acceso a documentos registrada con la referencia GESTDEM 2015/5711.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en el incumplimiento de los plazos procedimentales establecidos en el Reglamento n.o 1049/2001.

               2.

               Segundo motivo, basado en el tratamiento erróneo de la solicitud de acceso a documentos como una solicitud inicial.

               3.

               Tercer motivo, basado en la ampliación ilícita del alcance de la solicitud de acceso a documentos en la fase de tramitación de la solicitud confirmatoria.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que la decisión objeto del presente recurso incluye la entrega a terceros de documentos cuya divulgación es contraria a lo establecido en el artículo 113 del Reglamento n.o 1224/2009. (2)

      (1)  Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).

      (2)  Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006 (DO 2009, L 343, p. 1).


title: Asunto C-426/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del tribunal d'instance de Vienne, de fecha 19 de octubre de 2001, en el asunto entre SA Société ACCEA Finances y Christian Giner

text:
C 3/18                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           5.1.2002
1a cuestión                                                            Las Directivas del Consejo 87/102/CEE (1), de 22 de diciembre
                                                                        de 1987, y 90/88/CEE (2), de 22 de febrero de 1990, ¿deben
El organismo responsable de los procedimientos de recurso a             interpretarse en el sentido de que tienen por única finalidad la
efectos del artı́culo 2, apartado 8, de la Directiva 89/665/CEE         protección de los consumidores o, más ampliamente, en el
del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 (1), relativa a la              sentido de que están dirigidas a la organización del mercado
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y            único del crédito, a la regulación de dicho mercado?
administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos
de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos
de suministros y de obras, en la versión resultante de la              La obligación de interpretar dichas Directivas con arreglo a su
Directiva 92/50/CEE de 18 de junio de 1992 (2), ¿está obligado         finalidad, como mı́nimo protectora de los consumidores, ¿debe
a tener en cuenta, en el marco de la ponderación de los                llevar al Juez nacional a privilegiar la interpretación del
intereses que debe llevar a cabo, de conformidad con el                 Derecho que le autoriza a apreciar de oficio las irregularidades
artı́culo 2, apartado 4, de la Directiva 89/665/CEE, antes de           que afectan a los contratos de crédito al consumo, como la
tomar una decisión sobre la adopción de una medida provisio-          falta de indicación escrita del porcentaje de cargas financieras,
nal solicitada, las perspectivas de que prospere una pretensión        cuando se presentan ante él reclamaciones de pago por
de anulación de una decisión ilegal de la entidad adjudicadora        entidades de crédito?
a efectos del artı́culo 2, apartado 1, letra b), de la citada
Directiva?
                                                                        (1) Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de
2a cuestión                                                                1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
                                                                            reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, el                    materia de crédito al consumo (DO L 42 de 12.2.1987, p. 48).
organismo responsable de los procedimientos de recurso a                (2) Directiva 90/88/CEE del Consejo, de 22 de febrero de 1990, que
efectos del artı́culo 2, apartado 8, de la Directiva 89/665/CEE             modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de
del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la                      las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y                Estados Miembros en materia de crédito al consumo (DO L 61 de
administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos           10.3.1990, p. 14).
de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos
de suministros y de obras, en la versión resultante de la
Directiva 92/50/CEE de 18 de junio de 1992, ¿está facultado
para tener en cuenta, en el marco de la ponderación de los
intereses que debe llevar a cabo, de conformidad con el
artı́culo 2, apartado 4, de la Directiva 89/665/CEE, antes de
tomar una decisión sobre la adopción de una medida provisio-          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
nal solicitada, las perspectivas de que prospere una pretensión        lución del Bundessozialgericht (Sala Séptima), de fecha 2
de anulación de una decisión ilegal de la entidad adjudicadora        de agosto de 2001, en el asunto entre Dülger Trans
a efectos del artı́culo 2, apartado 1, letra b), de la citada           Uluslararasi Tazimacilik Ltd. Sti. y Bundesanstalt für
Directiva?                                                                                Arbeit
(1) DO L 395, p. 33.                                                                            (Asunto C-427/01)
(2) DO L 209, p. 1.
                                                                                (2002/C 3/28)
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
lución del tribunal d’instance de Vienne, de fecha 19 de               resolución del Bundessozialgericht (Sala Séptima), dictada el
octubre de 2001, en el asunto entre SA Société ACCEA                    2 de agosto de 2001, en el asunto entre Dülger Trans
                   Finances y Christian Giner                           Uluslararasi Tazimacilik Ltd. Sti. y Bundesanstalt für Arbeit, y
                                                                        recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 30 de
                                                                        octubre de 2001. El Bundessozialgericht (Sala Séptima) solicita
                       (Asunto C-426/01)
                                                                        al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                        cuestiones:
                          (2002/C 3/27)
                                                                        1.    El artı́culo 41, apartado 1, del Protocolo adicional al
                                                                              Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                     Comunidad Económica Europea y Turquı́a, de 23 de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                 noviembre de 1970, ¿debe interpretarse en el sentido de
resolución del tribunal d’instance de Vienne, dictada el 19 de               que existe una restricción a la libre prestación de servicios
octubre de 2001, en el asunto entre SA Société ACCEA                          también cuando un Estado miembro de la Comunidad
Finances y Christian Giner, y recibida en la Secretarı́a del                  deroga una exención de permiso de trabajo, hasta enton-
Tribunal de Justicia el 29 de octubre de 2001. El tribunal                    ces aplicable a los conductores turcos del transporte
d’instance de Vienne solicita al Tribunal de Justicia que se                  internacional de mercancı́as empleados por un empresa-
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                    rio (turco) con domicilio en Turquı́a?


title: Asunto C-483/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 11 de septiembre de 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Albini & Pitigliani SpA

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 11 de septiembre de 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Albini & Pitigliani SpA
   (Asunto C-483/15)
   (2015/C 381/24)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

      Recurrida: Albini & Pitigliani SpA

      Cuestión prejudicial

   ¿Se opone el principio de proporcionalidad que debe inspirar la cuantificación de las sanciones, consagrado en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a una interpretación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1/2003 (1) como la consolidada por la Comisión Europea en las Directrices para el cálculo de las multas (2006/C 210/02) y a su aplicación práctica, también en el ámbito nacional, conforme a las cuales la sanción que debe imponerse a las empresas que hayan incumplido la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia debe calcularse teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes sobre el importe de base resultado del cómputo de los distintos elementos que han de ser tomados en consideración con arreglo a la normativa de la Unión y, en todo caso, antes de aplicar el límite del 10 % de la facturación, de modo que puede ocurrir que la aplicación de las circunstancias atenuantes al importe de base no permita personalizar la sanción, cuyas circunstancias, no obstante, están preestablecidas a través de la ponderación del correspondiente importe en función de las características específicas del caso concreto?

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


               22.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 360/6

         Recurso interpuesto el 19 de junio de 2012 por el Órgano de Vigilancia de la AELC contra el Reino de Noruega
   (Asunto E-6/12)
   2012/C 360/05
   El 19 de junio de 2012, el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Xavier Lewis y Fiona M. Cloarec, agentes de dicho Órgano, 35, Rue Belliard, 1040 Bruselas, Belgium, presentó ante el Tribunal de la AELC un recurso contra el Reino de Noruega.
   El Órgano de Vigilancia de la AELC solicita al Tribunal de la AELC que declare que:

               1)

               al mantener en vigor la práctica administrativa de no determinar si un niño, que vive con uno de sus padres fuera de Noruega, depende principalmente del padre que vive en Noruega separado del otro padre, el Reino de Noruega infringe el artículo 1, letra f), inciso i), segunda frase, leído en relación con el artículo 76 del acto mencionado en el punto 1 del anexo VI del Acuerdo del Espacio Económico Europeo (Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, tal y como ha sido modificado), adaptado al Acuerdo EEE por su Protocolo 1;

               2)

               el Reino de Noruega queda condenado en costas.

      Antecedentes de hecho y de Derecho y motivos invocados:

               —

               el capítulo 7 del Reglamento (CEE) no 1408/71 regula la coordinación de la concesión de las prestaciones familiares en casos transfronterizos,

               —

               el artículo 1, letra f), inciso i), del Reglamento (CEE) no 1408/71 define el término «miembro de la familia» como «toda persona definida o admitida como miembro de la familia o designada como miembro del hogar por la legislación en virtud de la cual se sirvan las prestaciones (…); no obstante, si estas legislaciones no consideran como miembro de la familia o del hogar más que a una persona que viva en el hogar del trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia o estudiante, esta condición se considerará cumplida cuando la persona de que se trate esté principalmente a cargo de dicho trabajador (…)»,

               —

               el Órgano de Vigilancia de la AELC declara que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento (CEE) no 1408/71, las prestaciones familiares son las prestaciones destinadas a permitir a uno de los padres dedicarse a la educación de un hijo de corta edad y destinadas a retribuir la educación dispensada a un hijo, compensar los demás gastos de custodia y educación y, en su caso, atenuar los inconvenientes económicos que implica la renuncia a unos ingresos procedentes de una actividad profesional,

               —

               el Órgano de Vigilancia de la AELC afirma que el propósito de los artículos 73 y 74 del Reglamento (CEE) no 1408/71 es garantizar a los miembros de la familia de los trabajadores que residan en otro Estado EEE la concesión de las prestaciones familiares establecidas por la legislación aplicable del Estado a la que esté afiliado el trabajador.

               —

               el Órgano de Vigilancia de la AELC declara que la práctica administrativa, con arreglo a la cual, en los casos transfronterizos, las autoridades noruegas (a saber, el Servicio Noruego de Empleo y Bienestar Social, NAV), comprueban si el padre que trabaja en Noruega tiene su residencia habitual con su familia en el otro Estado EEE durante los períodos en que no trabaje en Noruega, y sin determinar si el hijo «depende principalmente» del padre que trabaja en Noruega, infringe el artículo 1, letra f), inciso i), segunda frase, leído en relación con el artículo 76 del Reglamento (CEE) no 1408/71.


title: Asunto F-89/07: Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2007 — Kuchta/BCE

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/71

         Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2007 — Kuchta/BCE
   (Asunto F-89/07)
   (2007/C 269/130)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Jan Kuchta (Fráncfort del Meno, Alemania) (representante: B. Karthaus, abogado)

      Demandada: Banco Central Europeo
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se condene a la demandada a pagar al demandante una indemnización por daños y perjuicios por importe de 1 euro.

               —

               Que se anule la decisión sobre el annual salary & bonus review (ASBR) del demandante para el año 2006, de 31 de diciembre de 2006.

               —

               Que se condene a la demandada a abonar al demandante los gastos extrajudiciales del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El recurso se dirige contra una infracción de las disposiciones sobre protección de datos, puesto que su informe de calificación para el ejercicio 2006 al completo fue remitido sin su conocimiento a su nuevo superior jerárquico.
   Además, el demandante alega respecto del procedimiento del annual salary & bonus review (en lo sucesivo, «ASBR») una vulneración del principio de igualdad de trato y la falta de la consulta debida al Comité de Personal de la demandada para llevar a cabo el ASBR del demandante para el ejercicio 2006.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 16 de diciembre de 2004, en el asunto C-358/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria («Incumplimiento de Estado — Protección de los trabajadores — Seguridad y salud de los trabajadores — Manipulación manual de cargas que entrañe riesgos para los trabajadores»)

text:
               2.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/4

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 16 de diciembre de 2004
   en el asunto C-358/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria (1)

   («Incumplimiento de Estado - Protección de los trabajadores - Seguridad y salud de los trabajadores - Manipulación manual de cargas que entrañe riesgos para los trabajadores»)
   (2005/C 82/08)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-358/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 19 de agosto de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. D. Martin y H. Kreppel) contra República de Austria (agente: Sr. E. Riedl), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric (Ponente) y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 16 de diciembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Cuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento, en el Land de Carintia, a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión de las Comunidades Europeas y la República de Austria cargarán, cada una de ellas, con sus propias costas.

      (1)  DO C 264, de 1.11.2003.


title: Asunto C-679/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de enero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg — Alemania) — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach (Procedimiento prejudicial — Unión aduanera — Nacimiento de una deuda aduanera por la introducción irregular de mercancías — Concepto de «deudor» — Empleado de una persona jurídica que ocasionó la introducción irregular — Determinación de una maniobra fraudulenta o de una negligencia manifiesta)

text:
               13.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de enero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg — Alemania) — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach
   (Asunto C-679/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Unión aduanera - Nacimiento de una deuda aduanera por la introducción irregular de mercancías - Concepto de «deudor» - Empleado de una persona jurídica que ocasionó la introducción irregular - Determinación de una maniobra fraudulenta o de una negligencia manifiesta))
   (2017/C 078/06)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Baden-Württemberg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ultra-Brag AG

      Demandada: Hauptzollamt Lörrach

      Fallo

               1)

               El artículo 202, apartado 3, primer guion, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que una persona jurídica, uno de cuyos empleados, que no es su representante legal, ocasiona la introducción irregular de una mercancía en el territorio aduanero de la Unión, puede ser considerada deudora de la deuda aduanera generada por dicha introducción cuando dicho empleado ha introducido la mercancía de que se trata respetando el marco de la misión que su empresario le confió y ejecutando las órdenes que le dio, a tal fin, otro empleado de éste, facultado al efecto en el ejercicio de sus propias funciones, y ha actuado así dentro de sus atribuciones, en nombre y por cuenta de su empresario.

               2)

               El artículo 212 bis del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1791/2006, debe interpretarse en el sentido de que, para caracterizar respecto de un empresario, persona jurídica, una maniobra fraudulenta o una negligencia manifiesta a efectos de dicho artículo, no ha de atenderse exclusivamente al propio empresario, sino que procede imputar también a éste el comportamiento del empleado o empleados que, respetando el marco de la misión que su empresario les confió de modo que actuaron dentro de sus respectivas atribuciones en nombre y por cuenta de su empresario, causaron la introducción irregular de mercancías.

      (1)  DO C 111 de 29.3.2016.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 7 de octubre de 2004, en el asunto C-402/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa (Incumplimiento de Estado — Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE — Reconocimiento de títulos — Acceso a la actividad profesional de educador especializado en la administración pública hospitalaria y en la administración pública territorial — Concepto de «profesión regulada» — Experiencia profesional — Artículo 39 CE)

text:
               4.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/13

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 7 de octubre de 2004
   en el asunto C-402/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE - Reconocimiento de títulos - Acceso a la actividad profesional de educador especializado en la administración pública hospitalaria y en la administración pública territorial - Concepto de «profesión regulada» - Experiencia profesional - Artículo 39 CE)
   (2004/C 300/26)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-402/02, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 12 de noviembre de 2002, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. M. Patakia y Sr. D. Martin) contra República Francesa (agentes: Sr. G. de Bergues y Sra. A. Colomb), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans (Ponente), Presidente de Sala, los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet y J.N. Cunha Rodrigues y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 7 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, y 92//51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE, y del artículo 39 CE, al no adoptar un procedimiento de reconocimiento mutuo de títulos que se atenga a las exigencias de ambas Directivas a efectos del acceso a la profesión de educador especializado en la administración pública hospitalaria, por una parte, y en la administración pública territorial, por otra parte, y al mantener una normativa nacional y una práctica de la comisión de asimilación de títulos que no tiene en cuenta la experiencia profesional de los trabajadores migrantes.

               2)

               Condenar en costas a la República Francesa.

      (1)  DO C 323 de 21.12.2002.


title: Asunto T-275/12: Recurso interpuesto el 15 de junio de 2012 — FC Dynamo-Minsk/Consejo

text:
               18.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 250/17

         Recurso interpuesto el 15 de junio de 2012 — FC Dynamo-Minsk/Consejo
   (Asunto T-275/12)
   2012/C 250/32
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Fútbol Club «Dynamo-Minsk» ZAO (Minsk, Belarús) (representantes: D. O’Keeffe, Solicitor, y B. Evtimov, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 265/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO L 87, p. 37), en lo que afecte al demandante.

               —

               Anule la Decisión de Ejecución 2012/171/PESC del Consejo, de 23 de marzo de 2012, por la que se aplica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO L 87, p. 95), en lo que afecte al demandante.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que las medidas impugnadas están viciadas por errores de Derecho y por errores manifiestos de apreciación dado que el Consejo no tuvo en cuenta la concreta naturaleza deportiva y/o el derecho fundamental a la diversidad cultural cuando impuso las medidas restrictivas al demandante que es un club europeo de fútbol profesional con un importante papel deportivo y cultural.

               2)

               Segundo motivo, basado en que las medidas impugnadas incumplen la obligación de motivar adecuadamente la inclusión del demandante en las listas de personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas.

               3)

               Tercer motivo, basado en que las medidas impugnadas vulneran el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo pues no conceden al demandante la posibilidad de ejercer efectivamente su derecho de defensa, incluido el derecho a ser oído. Dada la estrecha relación entre los derechos de defensa y derecho a la tutela judicial efectiva, se ha vulnerado también el derecho del demandante a recurrir judicialmente.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que las medidas impugnadas vulneran el derecho a la propiedad privada pues equivalen a una intromisión injustificada en la capacidad del demandante para funcionar como club europeo de fútbol profesional y para cumplir con sus cometidos sociales, educativos y culturales.

               5)

               Quinto motivo, basado en que las medidas impugnadas vulneran el principio de proporcionalidad, en concreto en relación con el derecho del demandante a la propiedad privada y con su derecho a la diversidad cultural, en particular porque no ofrecen garantías de que el demandante pueda seguir desarrollando sus cometidos deportivos y culturales como club europeo de fútbol profesional.


title: Asunto T-684/15 P: Sentencia del Tribunal General de 22 de septiembre de 2016 — Weissenfels/Parlamento [«Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Responsabilidad extracontractual — Imparcialidad del Tribunal de la Función Pública — Datos de carácter personal»]

text:
               7.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 410/19

         Sentencia del Tribunal General de 22 de septiembre de 2016 — Weissenfels/Parlamento
   (Asunto T-684/15 P) (1)

   ([«Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Responsabilidad extracontractual - Imparcialidad del Tribunal de la Función Pública - Datos de carácter personal»])
   (2016/C 410/26)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Roderich Weissenfels (Friburgo de Brisgovia, Alemania) (representante: G. Maximini, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo (representantes: J. Steele y S. Seyr, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 24 de septiembre de 2015, Weissenfels/Parlamento (F-92/14, EU:F:2015:110), mediante el cual se solicita la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Roderich Weissenfels.

      (1)  DO C 59 de 15.2.2016.


title: Asunto C-266/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de abril de 2016 — Central Bank of Iran/Consejo de la Unión Europea (Recurso de casación — Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán — Lista de personas y entidades a las que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos — Criterio del apoyo material, logístico o financiero al Gobierno de Irán — Servicios financieros de un banco central)

text:
               13.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/20

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de abril de 2016 — Central Bank of Iran/Consejo de la Unión Europea
      (Asunto C-266/15 P) (1)

      ((Recurso de casación - Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán - Lista de personas y entidades a las que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos - Criterio del apoyo material, logístico o financiero al Gobierno de Irán - Servicios financieros de un banco central))
      (2016/C 211/25)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Recurrente: Central Bank of Iran (representantes: M. Lester y Z. Al-Rikabi, Barristers)

         Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: V. Piessevaux y M. Bishop, agentes)

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso de casación.

                  2)

                  El Central Bank of Iran cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

         (1)  DO C 294 de 7.9.2015.


title: Asunto C-115/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de junio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság — República de Hungría) — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Política agrícola común — Reglamento (CE) n ° 1782/2003 — Ayuda directa nacional complementaria — Requisitos para su concesión]

text:
               30.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 226/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de junio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság — República de Hungría) — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
   (Asunto C-115/10) (1)

   (Política agrícola común - Reglamento (CE) no 1782/2003 - Ayuda directa nacional complementaria - Requisitos para su concesión)
   2011/C 226/10
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.

      Demandada: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Fővárosi Bíróság — Interpretación del artículo 1, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, por el que se establece un sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios (DO L 355, p. 1), y de los artículos 1 y 10, letra a), del Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común (DO L 160, p. 113) — Normativa nacional que excluye de la ayuda nacional complementaria vinculada al régimen de pago único por superficie a los productores que estén incursos en un procedimiento de liquidación — Facultad de los Estados miembros de establecer, a efectos de la admisión para la ayuda nacional complementaria, requisitos no previstos para la concesión de la ayuda comunitaria en cuestión.

      Fallo

   El Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, en su versión modificada por la Decisión 2004/281/CE del Consejo, de 22 de marzo de 2004, ha de interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye de la ayuda nacional complementaria a las personas jurídicas que ejercen una actividad agraria en el territorio del Estado miembro en cuestión por el hecho de estar incursas en un procedimiento de liquidación voluntaria, en caso de que el requisito de no estar incurso en tal procedimiento no haya sido autorizado previamente por la Comisión Europea.

      (1)  DO C 134, de 22.5.2010.


20150731014616662015/C 270/242992015CJC27020150817ES01ESINFO_JUDICIAL20150619192021Asunto C-299/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles (Bélgica) el 19 de junio de 2015 — Daniele Striani y otros, RFC Sérésien ASBL/Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)
 ---documentbreak--- C2702015ES1910120150619ES0024191202Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles (Bélgica) el 19 de junio de 2015 — Daniele Striani y otros, RFC Sérésien ASBL/Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)
   (Asunto C-299/15)2015/C 270/24Lengua de procedimiento: francés
      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal de première instance de Bruxelles

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Daniele Striani y otros y RFC Sérésien ASBL

      Demandadas: Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

      Cuestiones prejudiciales

            1)

            ¿Debe interpretarse el artículo 101 TFUE (o el artículo 102 TFUE) en el sentido de que la regla de la UEFA denominada de «exigencia de equilibrio financiero» o «break-even rule» vulnera dicha disposición del Derecho [de la Unión], en la medida en que esta regla de la UEFA genera restricciones de competencia (o abusos de posición dominante), en particular la restricción «por su objeto» constituida por la limitación del derecho de invertir, que bien «por su objeto» son contrarias a la competencia, bien no son consustanciales al logro de los objetivos perseguidos por la UEFA —a saber, la estabilidad financiera a largo plazo del fútbol de clubes y la integridad deportiva de las competiciones de la UEFA— o, subsidiariamente, carecen de proporción con la consecución de tales objetivos?

            2)

            ¿Deben interpretarse los artículos 63 TFUE, 56 TFUE y 45 TFUE (así como los artículos 15 y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) en el sentido de que la regla de la UEFA denominada de «equilibrio financiero» o «break-even rule» vulnera dichas disposiciones del Derecho [de la Unión], en la medida en que esta regla de la UEFA genera obstáculos a la libre circulación (de capitales, de servicios y de trabajadores) que no son consustanciales a la consecución de los objetivos perseguidos por la UEFA, a saber, la estabilidad financiera a largo plazo del fútbol de clubes y la integridad deportiva de las competiciones de la UEFA (no estando por ello justificados por «razones imperiosas de interés general») o, subsidiariamente, carecen de proporción con la consecución de tales objetivos?

            3)

            ¿Deben interpretarse las diversas disposiciones del Derecho [de la Unión] antes citadas (o algunas de ellas) en el sentido de que los artículos 65 y 66 del «Reglamento de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA» vulneran dichas disposiciones (o algunas de ellas), en la medida en que la regla de la UEFA es desproporcionada y/o discriminatoria —aunque las restricciones u obstáculos que genera sean consustanciales a la protección de la integridad deportiva de las competiciones de clubes de la UEFA— por favorecer el pago a determinados acreedores en detrimento de los acreedores no protegidos, en particular los agentes de jugadores?


title: Asunto C-122/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 9 de marzo de 2017 — David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

text:
               15.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 9 de marzo de 2017 — David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General
   (Asunto C-122/17)
   (2017/C 151/29)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Appeal

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: David Smith

      Demandadas: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

      Cuestiones prejudiciales

   «Cuando

               i)

               las disposiciones pertinentes del Derecho nacional prevén que, en los seguros obligatorios de vehículos automóviles, se establezca una exclusión para aquellas personas que viajen en un vehículo de tracción mecánica que no disponga de asientos fijos a tal efecto,

               ii)

               la póliza de seguro pertinente limita la cobertura a aquellos ocupantes que viajen en un asiento fijo y esa póliza es, de hecho, una póliza de seguro autorizada con arreglo al Derecho nacional en el momento en el que se produjo el accidente,

               iii)

               las disposiciones de Derecho nacional pertinentes en las que se contempla esa exclusión de cobertura ya han sido consideradas contrarias al Derecho de la Unión en una sentencia anterior del Tribunal de Justicia (sentencia de 19 de abril de 2007, Farrell, C-356/05, EU:C:2007:229) y, por consiguiente, no deben ser aplicadas, y

               iv)

               el tenor de las disposiciones nacionales no permite una interpretación conforme a los requisitos del Derecho de la Unión,
               en un litigio entre particulares y una compañía de seguros privada en relación con un accidente de automóvil que tuvo lugar en 1999 en el que resultó gravemente herido un ocupante que no viajaba en un asiento fijo y al que, con el consentimiento de las partes, el tribunal nacional emplazó a comparecer, como codemandado de la compañía de seguros privada, al Estado, ¿está obligado también el tribunal nacional, al inaplicar las disposiciones pertinentes de Derecho nacional, a inaplicar la cláusula de exclusión o a impedir de cualquier otra forma que un asegurador invoque la cláusula de exclusión contemplada en el seguro de vehículos automóviles en vigor en ese momento, de modo que la víctima que sufrió los daños pueda entonces ser indemnizada directamente por la compañía de seguros en virtud de esa póliza de seguro? Con carácter subsidiario, ¿daría lugar tal resultado, en esencia, a una forma de efecto directo horizontal de una directiva frente a un particular, de un modo prohibido por el Derecho de la Unión?»


title: Asunto T-153/06: Recurso interpuesto el  13 de junio de 2006  — European Association of Euro- Pharmaceutical Companies/Comisión

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/38

         Recurso interpuesto el 13 de junio de 2006 — European Association of Euro- Pharmaceutical Companies/Comisión
   (Asunto T-153/06)
   (2006/C 178/68)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (Bruselas, Bélgica) (representantes: W. Rehmann, M. Hartmann-Rüppel, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la admisibilidad de la demanda de anulación.

               —

               Que se anule la decisión D/201953, de 10 de abril de 2006, por la que se desestiman tres denuncias de la EAEPC contra GlaxoSmithKline por infracción del artículo 82 CE.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita la anulación de la decisión de la Comisión en los asuntos COMP/38.181, 38.274 y 38.275 — EAEPC/Glaxo Greece (Imigran, Lamictal, Severent) en relación con tres denuncias presentadas por la demandante por considerar que la filial griega de GlaxoSmithKline infringió, a su juicio, el artículo 82 CE al negarse a suministrar a los mayoristas griegos los tres productos Imigran, Lamictal y Severent, restringiendo, de este modo, el comercio paralelo. Mediante a decisión impugnada, se comunica al denunciante que la autoridad griega de competencia está examinando el asunto y desestima las denuncias presentadas en virtud del artículo 13 del Reglamento no 1/2003 del Consejo. (1)

   En apoyo de su recurso, la demandante sostiene que la Comisión incumplió la obligación de motivar su decisión. Según la demandante, no basta con una simple referencia a la redacción del artículo 13 del Reglamento no 1/2003 para permitir a la denunciante valorar si la Comisión ha tomado en consideración todos los hechos y circunstancias y a los órganos jurisdiccionales ejercer su control.
   Asimismo, la demandante alega que la Comisión infringió los artículos 211 CE y 85 CE del Reglamento no 1/2003 al no asumir la responsabilidad en un asunto de la autoridad griega de competencia en virtud del artículo 11, apartado 6, del Reglamento no 1/2003. A juicio de la demandante, la Comisión no tomó en consideración que la duración del procedimiento nacional es excesiva para alcanzar un resultado suficiente, que las denuncias plantearon cuestiones nuevas y fundamentales en materia de competencia y abordaban problemas existentes en más de un Estado miembro, y que la Comisión debe garantizar la aplicación eficaz del Derecho comunitario de competencia.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de enero de 2003 en el asunto C-226/01: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Dinamarca ("Incumplimiento de Estado — Calidad de las aguas de baño — Aplicación inadecuada de la Directiva 76/160/CEE")

text:
C 55/4                   ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                  8.3.2003
materia de etiquetado, presentación y publicidad de los                      decisión prejudicial sobre la interpretación de las Directivas
productos alimenticios (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09,                       89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa
p. 162), modificada por la Directiva 97/4/CE del Parlamento                  a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997 (DO L 43,                      administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos
p. 21). el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr.           de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos
R. Schintgen, Presidente de la Sala Segunda, en funciones de                 de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión
Presidente de la Sala Sexta, y el Sr. V. Skouris, las Sras.                  modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de
F. Macken y N. Colneric y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente),             junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de
Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr.                  adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209,
R. Grass, ha dictado el 23 de enero de 2003 una sentencia                    p. 1), y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
cuyo fallo es el siguiente:                                                  coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
                                                                             contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), el Tribunal de
Los artículos 2, apartado 1, letra b), y 15, apartados 1 y 2, de la          Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. C. Gulmann, en
Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978,                funciones de Presidente de la Sala Sexta, el Sr. V. Skouris, las
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados               Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues
miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los          (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secreta-
productos alimenticios, modificada por la Directiva 97/4/CE del              rio: Sr. H. A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 23 de
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, se                 enero de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
oponen a un régimen como el establecido por el artículo 9,
apartados 1 y 3, de la Bundesgesetz über den Verkehr mit                     1)     La Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993,
Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mit-                   sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
teln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (Ley                       contratos públicos de obras, no se opone a una normativa
federal sobre la comercialización de productos alimenticios, productos              nacional que prohíbe el cambio en la composición de una
destinados al consumo humano, aditivos, productos cosméticos y                      agrupación de empresarios que participa en un procedimiento
objetos de uso corriente) que prohíbe, con carácter general, salvo                  de adjudicación de un contrato público de obras o de una
autorización previa, cualquier indicación relativa a la salud en el                 concesión de obras públicas, cuando dicho cambio se haya
etiquetado y la presentación de los productos alimenticios.                         producido después de la presentación de las ofertas.
                                                                             2)     En la medida en que una decisión de una entidad adjudicadora
( 1) DO C 28 de 27.01.2001.                                                         vulnera los derechos de una agrupación de empresarios que le
                                                                                confiere el Derecho comunitario en el marco de un procedimiento
                                                                                de adjudicación de un contrato público, dicha agrupación debe
                                                                                poder ejercitar los recursos previstos por la Directiva 89/665/
                                                                                CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la
                                                                                coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                                administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos
                                                                                de suministros y de obras, en su versión modificada por la
                             (Sala Sexta)
                                                                                Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,
                                                                                sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
                      de 23 de enero de 2003                                        contratos públicos de servicios.
en el asunto C-57/01 (Petición de decisión prejudicial del                   (1 ) DO C 150 de 19.05.2001.
Dioikitiko Efeteio Athinon): Makedoniko Metro, Micha-
               niki AE contra Elliniko Dimosio (1)
(«Contratos públicos de obras — Normas de participación                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
— Agrupación de empresarios licitadora — Cambios en la
composición de la agrupación — Prohibición prevista en el                                                  (Sala Sexta)
pliego de condiciones — Compatibilidad con el Derecho
                     comunitario — Recursos»)                                                       de 30 de enero de 2003
                                                                             en el asunto C-226/01: Comisión de las Comunidades
                           (2003/C 55/07)                                                Europeas contra Reino de Dinamarca (1)
                   (Lengua de procedimiento: griego)                         («Incumplimiento de Estado — Calidad de las aguas de baño
                                                                                — Aplicación inadecuada de la Directiva 76/160/CEE»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                (2003/C 55/08)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: danés)
En el asunto C-57/01, que tiene por objeto una petición                      (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,                  «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
por el Dioikitiko Efeteio Athinon (Grecia), destinada a obtener,
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre               En el asunto C-226/01, Comisión de las Comunidades Euro-
Makedoniko Metro, Michaniki AE y Elliniko Dimosio, una                       peas (agente: Sr. H. C. Støvlbæk) contra Reino de Dinamarca
 ---pagebreak--- 8.3.2003                 ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 55/5
(agentes: Sres. J. Molde y J. Bering Liisberg), que tiene por                  ¿Cuál es el alcance preciso del plazo de once meses, establecido
objeto que se declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido                  por el apartado 1 del artículo 11 bis del Reglamento no 1062/
las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4,                 87 (1) de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 27 de
apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 76/160/CEE del                    marzo de 1987, por el que se establecen disposiciones de
Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las               aplicación y medidas de simplificación del régimen de tránsito
aguas de baño (DO 1976, L 31, p. 1; EE 15/01, p. 133), al no                   comunitario, introducido por el artículo 1, apartado 1, del
haber adoptado las medidas necesarias con el fin de que la                     Reglamento no 1429/90 ( 2) de la Comisión, de 29 de mayo de
calidad de sus aguas de baño se ajuste a los valores límite                    1990, por el que se modifica el Reglamento no 1062/87 por
fijados por la citada Directiva y al no haber observado la                     el que se establecen disposiciones de aplicación y medidas de
frecuencia mínima del muestreo exigida por la misma Direc-                     simplificación del régimen de tránsito comunitario, tal como
tiva, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el                   era aplicable antes de la derogación del Reglamento no 1062/
Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, y los Sres. R. Schintgen,            87 por el artículo 127, apartado 1, del Reglamento no 1214/
C. Gulmann, V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues (Ponente),                       92 (3) de la Comisión, de 21 de abril de 1992, por el que se
Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. H. von                 establecen disposiciones de aplicación y medidas de simplifica-
Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 30 de enero de                     ción del régimen de tránsito comunitario, a su vez derogado
2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                 por el artículo 913 del Reglamento no 2454/93 (4) de la
                                                                               Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan
1)     Declarar que el Reino de Dinamarca ha incumplido las                    determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento
                                                                               no 2913/92 (5) del Consejo por el que se establece el Código
       obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4,
       apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 76/160/CEE del             Aduanero Comunitario?
       Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las
       aguas de baño, al no haber adoptado, durante los años
       comprendidos entre 1995 y 1998, las medidas necesarias con              ¿Debe interpretarse esta disposición en el sentido de que el
       el fin de que la calidad de sus aguas de baño se ajuste a los           Estado miembro competente ya no está legitimado para
       valores límite imperativos fijados por la citada Directiva y al no      reclamar del principal obligado los derechos adeudados cuando
       haber observado, durante estos mismos años, la frecuencia               no se respetó dicho plazo de once meses?
       mínima del muestreo exigida por la misma Directiva.
                                                                               (1 ) DO L 107, p. 1.
2)     Condenar en costas al Reino de Dinamarca.                               (2 ) DO L 137, p. 21.
                                                                               (3 ) DO L 132, p. 1.
                                                                               (4 ) DO L 253, p. 1.
( 1) DO C 212 de 28.7.2001.                                                    (5 ) DO L 302, p. 1.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Hof van Cassatie van elgië, de fecha 5 de                           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
noviembre de 2002, en el asunto entre 1. Belgian Refining                      lución del Hof van Cassatie van België, de fecha 5 de
Corporation, 2. Sachs Michael, Gene, 3. Leysens Alfred,                        noviembre de 2002, en el asunto entre I. Sips Francis,
Alfons, Marie, 4. Schatteman Adré, Leonard, Elisabeth,                         Maria y Ministerie Van Financiën y II. entre 1. Vreijsen
5. Devoght Frank, Catharina, Martin, y 6. Dias Gilbert,                        Florentius, Martha, Adrianus, Petrus, 2. Vreijsen Douane-
        Theo, Marie, Frans y Ministerie Van Financiën                                   Expediteur NV y Ministerie Van Financiën
                         (Asunto C-412/02)                                                           (Asunto C-413/02)
                           (2003/C 55/09)
                                                                                (2003/C 55/10)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
resolución del Hof van Cassatie van België, dictada el 5 de                    sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
noviembre de 2002, en el asunto entre 1. Belgian Refining                      resolución del Hof van Cassatie van België, dictada el 5 de
Corporation, 2. Sachs Michael, Gene, 3. Leysens Alfred, Alfons,                noviembre de 2002, en el asunto entre I. Sips Francis, Maria y
Marie, 4. Schatteman Adré, Leonard, Elisabeth, 5. Devoght                      Ministerie Van Financiën y II. entre 1. Vreijsen Florentius,
Frank, Catharina, Martin, y 6. Dias Gilbert, Theo, Marie, Frans                Martha, Adrianus, Petrus, 2. Vreijsen Douane-Expediteur NV y
y Ministerie Van Financiën, y recibida en la Secretaría del                    Ministerie Van Financiën y recibida en la Secretaría del Tribunal
Tribunal de Justicia el 19 de noviembre de 2002. El Hof van                    de Justicia el 19 de noviembre de 2002. El Hof van Cassatie
Cassatie van België solicita al Tribunal de Justicia que se                    van België solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                     sobre las siguientes cuestiones:


title: Asunto T-306/09: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2009 — Val’hor/Comisión

text:
               10.10.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 244/12

         Recurso interpuesto el 30 de julio de 2009 — Val’hor/Comisión
   (Asunto T-306/09)
   2009/C 244/20
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Val’hor (París) (representantes: V. Ledoux y B. Néouze, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule en su totalidad la decisión impugnada.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación de la Decisión C(2008) 7846 final (1) de la Comisión, de 10 de diciembre de 2008, en la cual la Comisión había considerado que el régimen marco de acciones que pueden llevar a cabo las organizaciones interprofesionales agrícolas francesas, consistentes en ayudas a la asistencia técnica, a la producción y a la comercialización de productos agrícolas de calidad, a la investigación y al desarrollo y a la publicidad a favor de los productores iniciales y de las empresas activas en la transformación y la comercialización de productos agrícolas, financiado mediante cotizaciones voluntarias transformadas en obligatorias, recaudadas a los miembros de estas asociaciones profesionales constituye una ayuda de Estado compatible con el mercado común.
   Los motivos y principales alegaciones invocados por la demandante son básicamente idénticos o similares a los invocados en el marco de los asuntos T-293/09, CNIEL/Comisión, y T-302/09, CNIPT/Comisión.

      (1)  DO 2009, C 116, p. 14.


title: Asunto C-215/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Polonia) — Iwona Szyrocka/Siger Technologie GmbH [Reglamento (CE) n ° 1896/2006 — Proceso monitorio europeo — Petición de requerimiento que no cumple los requisitos formales previstos en la legislación nacional — Naturaleza exhaustiva de los requisitos que debe cumplir la petición — Posibilidad de reclamar los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal]

text:
               9.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Polonia) — Iwona Szyrocka/Siger Technologie GmbH
   (Asunto C-215/11) (1)

   (Reglamento (CE) no 1896/2006 - Proceso monitorio europeo - Petición de requerimiento que no cumple los requisitos formales previstos en la legislación nacional - Naturaleza exhaustiva de los requisitos que debe cumplir la petición - Posibilidad de reclamar los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal)
   2013/C 38/04
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sąd Okręgowy we Wrocławiu

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Iwona Szyrocka

      Demandada: Siger Technologie GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Interpretación de los artículos 4, 7, 8, 9 y 26 del Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399, p. 1) — Petición de requerimiento europeo de pago que no reúne los requisitos formales establecidos en el Reglamento, por una parte, y en la normativa nacional, por otra — Derecho aplicable al procedimiento de subsanación o rectificación de la petición — Posibilidad de reclamar intereses sobre el crédito entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago.

      Fallo

               1)

               El artículo 7 del Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, debe interpretarse en el sentido de que regula de manera exhaustiva los requisitos que debe cumplir la petición de requerimiento europeo de pago.
               En virtud del artículo 25 de dicho Reglamento, y sin perjuicio de los requisitos enunciados en el mismo, el órgano jurisdiccional nacional puede fijar libremente el importe de las tasas judiciales de conformidad con las normas previstas en el ordenamiento jurídico nacional, en la medida en que estas normas no sean menos favorables que las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno y que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión.

               2)

               Los artículos 4 y 7, apartado 2, letra c), del Reglamento no 1896/2006 deben ser interpretados en el sentido de que no se oponen a que el demandante reclame, en el marco de una petición de requerimiento europeo de pago, los intereses correspondientes al período desde la fecha en que devienen exigibles hasta la fecha de pago del principal.

               3)

               Cuando se requiera al demandado para que pague al demandante los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal, el órgano jurisdiccional nacional puede elegir libremente la manera concreta de cumplimentar el formulario de requerimiento europeo de pago, que figura en el anexo V del Reglamento no 1896/2006, en la medida en que el formulario así cumplimentado permita al demandado, por una parte, reconocer sin ningún género de duda la resolución mediante la que se le requiere para que pague al demandante los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal, y, por otra parte, identificar claramente el tipo de interés y la fecha a partir de la cual se reclaman dichos intereses.

      (1)  DO C 219, de 23.7.2011.