title: Asunto C-265/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas SpA, Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita Srl, Sorgenia SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas (Directiva 2003/55/CE — Mercado interior del gas natural — Intervención del Estado en el precio de suministro del gas natural tras el 1 de julio de 2007 — Obligaciones de servicio público de las compañías que operan en el sector del gas)

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/6

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas SpA, Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita Srl, Sorgenia SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas
      (Asunto C-265/08) (1)

      (Directiva 2003/55/CE - Mercado interior del gas natural - Intervención del Estado en el precio de suministro del gas natural tras el 1 de julio de 2007 - Obligaciones de servicio público de las compañías que operan en el sector del gas)
      (2010/C 161/07)
      Lengua de procedimiento: italiano

         Órgano jurisdiccional remitente

      Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

         Partes en el procedimiento principal

         Demandantes: Federutility, Assogas, Libarna Gas SpA, Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita Srl, Sorgenia SpA

         Demandada: Autorità per l’energia elettrica e il gas

         Objeto

      Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretación de los artículos 3, apartado 2, y 23 de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57) — Normativa nacional que prevé la fijación de precios de suministro de gas natural a los clientes domésticos.

         Fallo

      Los artículos 3, apartado 2, y 23, apartado 1, de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite determinar el importe del precio de suministro del gas natural mediante la fijación de precios de referencia, como los controvertidos en el litigio principal, después del 1 de julio de 2007, a condición de que esa intervención:

                  —

                  persiga un interés económico general consistente en mantener el precio de suministro del gas natural al cliente final en un nivel razonable, habida cuenta de que los Estados miembros deben conciliar, tomando en consideración la situación del sector del gas natural, los objetivos de liberalización y de la necesaria protección del cliente final perseguidos por la Directiva 2003/55;

                  —

                  sólo menoscabe la libre fijación de precios de suministro del gas natural después del 1 de julio de 2007 en la medida necesaria para alcanzar dicho objetivo de interés económico general y, en consecuencia, durante un período de tiempo necesariamente limitado;

                  —

                  esté claramente definida, sea transparente, no discriminatoria y controlable, y garantice a las empresas de gas de la Unión el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores.

         (1)  DO C 236, de 13.9.2008.


title: Asunto C-342/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho de Viseu (Portugal) el 18 de julio de 2012 — Worten — Equipamentos para o Lar, S.A./ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

text:
               29.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 295/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho de Viseu (Portugal) el 18 de julio de 2012 — Worten — Equipamentos para o Lar, S.A./ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho
   (Asunto C-342/12)
   2012/C 295/37
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal do Trabalho de Viseu

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Worten — Equipamentos para o Lar, S.A.

      Demandada: ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 95/46/CE (1) en el sentido de que el registro del tiempo de trabajo, es decir, la indicación de las horas en que cada trabajador inicia y finaliza la jornada, así como de las pausas o períodos no incluidos en ésta, queda comprendido en el concepto de datos personales?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿está obligado el Estado portugués, en virtud del artículo 17, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE, a prever medidas técnicas y de organización adecuadas para la protección de los datos personales contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida accidental y contra la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos dentro de una red?

               3)

               Asimismo, en caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, cuando el Estado miembro no adopte ninguna medida en cumplimiento del artículo 17, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE y cuando la entidad empleadora, responsable del tratamiento de esos datos, adopte un sistema de acceso restringido a tales datos que no permita el acceso automático de la autoridad nacional competente para la supervisión de las condiciones laborales, ¿debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea en el sentido de que el Estado miembro no puede sancionar a la entidad empleadora por dicho comportamiento?

      (1)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31).


title: Asunto C-239/01: Recurso interpuesto el 21 de junio de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Federal de Alemania

text:
1.9.2001               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 245/5
3)    impone además a las empresas de seguros la obligación            Recurso interpuesto el 19 de junio de 2001 contra la
      de estipular, a petición del tomador del seguro, pólizas         República Italiana por la Comisión de las Comunidades
      con la fórmula tarifaria bonus-malus con cláusula de                                          Europeas
      franquicia por un importe mı́nimo y máximo legalmente
      determinado;                                                                              (Asunto C-235/01)
4)    concede además al asegurado, al vencimiento de la                                          (2001/C 245/10)
      congelación de las tarifas, el derecho a resolver el contrato
      si el aumento de la prima, no determinado por el                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      mecanismo de personalización que solicita en el                   presentado el 19 de junio de 2001 un recurso contra
      momento de la renovación anual de la póliza supera el            la República Italiana formulado por la Comisión de las
      ı́ndice previsto de inflación aprobado por el Gobierno?           Comunidades Europeas, representada por los Sres. Bernard
                                                                         Mongin y Roberto Amorosi, en calidad de agentes.
(1) DO L 228, de 16.8.1973, p. 3; EE 06/01, p. 157.                      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(2) DO L 228, de 11.8.1992, p. 1.
                                                                         —     Declare que la República Italiana ha incumplido las
                                                                               obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
                                                                               98/35/CE del Consejo de 25 de mayo de 1998 por la que
                                                                               se modifica la Directiva 94/58/CE relativa al nivel mı́nimo
                                                                               de formación en profesiones marı́timas (1), al no haber
                                                                               adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y
                                                                               administrativas necesarias para adaptar su Derecho
                                                                               interno a dicha Directiva o, en todo caso, al no haberlas
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                               comunicado a la Comisión.
lución del Finanzgericht Berlin, de fecha 28 de mayo de
2001, en el asunto entre Arnoud Gerritse y Finanzamt                     —     Condene en costas a la República Italiana.
                          Neukölln-Nord
                       (Asunto C-234/01)                                 Motivos y principales alegaciones
                         (2001/C 245/09)                                 El artı́culo 249 CE (antiguo artı́culo 189 del Tratado CE), según
                                                                         el cual la Directiva vincula al Estado miembro destinatario en
                                                                         cuanto al resultado que deba conseguirse, implica para los
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                Estados miembros la obligación de respetar el plazo establecido
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante            en dicha Directiva para la adaptación de su Derecho interno a
resolución del Finanzgericht Berlin, dictada el 28 de mayo de           las disposiciones de la misma. Dicho plazo expiró el 1 de julio
2001, en el asunto entre Arnoud Gerritse y Finanzamt                     de 1999, sin que la República Italiana haya adoptado las
Neukölln-Nord, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de              disposiciones necesarias para adaptar su Derecho interno a la
Justicia el 19 de junio de 2001. El Finanzgericht Berlin solicita        Directiva mencionada en las pretensiones de la Comisión.
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
cuestión:                                                               (1) DO L 172, de 17.06.1998, p. 1.
El artı́culo 52 del Tratado CE (actualmente artı́culo 43 CE), ¿se
opone a que, con arreglo al artı́culo 50 bis, apartado 4, primera
frase, número 1, y segunda frase, de la Einkommensteuergesetz
(Ley alemana del impuesto sobre la renta), en la versión de             Recurso interpuesto el 21 de junio de 2001 contra la
1996 (en lo sucesivo, «EStG 1996»), un nacional neerlandés               Comisión de las Comunidades Europeas por la República
que haya obtenido en la República Federal de Alemania                                         Federal de Alemania
durante el año civi1 unos rendimientos netos sujetos al
impuesto de una actividad por cuenta propia por importe de                                      (Asunto C-239/01)
aproximadamente 5 000,00 DEM esté sujeto a una retención
fiscal de1 25 % más el recargo de solidaridad sobre los ingresos                                 (2001/C 245/11)
(brutos) de aproximadamente 6 000,00 DEM practicada por el
deudor de la remuneración en concepto de honorarios y no
tenga ninguna posibilidad de obtener la devolución total o              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
parcial de los tributos abonados mediante la presentación de            presentado el 21 de junio de 2001 un recurso contra la
una solicitud de devolución o una solicitud de liquidación             Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
definitiva?                                                              República Federal de Alemania, representada por los
                                                                         Sres. Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat, Bundesministerium
                                                                         der Finanzen, Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, y
                                                                         Jochim Sedemund, Potsdamer Platz 1, D-10785 Berlı́n.
 ---pagebreak--- C 245/6                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            1.9.2001
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    financiados (parcialmente) mediante fuentes que no se
                                                                             integran en el presupuesto comunitario. Por la misma
                                                                             razón, la normativa sobre cofinanciación impugnada
1)   Anule el artı́culo 5, apartado 5, del Reglamento (CE)                   supone una elusión de la disposición presupuestaria que
     no 690/2001 de la Comisión, de 3 de abril de 2001 (1),                 figura en el artı́culo 269 CE, apartado 1. A ello se añade
     relativo a medidas especiales de apoyo al mercado en el                 que la limitación de los recursos propios con arreglo a
     sector de la carne de vacuno, en la medida en que obliga                los artı́culos 269 CE y 270 CE dejarı́a de constituir un
     al Estado miembro interesado a financiar el 30 % de los                 lı́mite efectivo para los gastos de la Comunidad si la
     gastos correspondientes a la adquisición de carne que                  Comisión fuera competente para ordenar gastos comuni-
     prevé dicho Reglamento.                                                 tarios sin que éstos tuvieran que ser financiados en su
                                                                             totalidad con cargo al presupuesto comunitario. De esta
2)   Condene en costas a la Comisión.                                       manera podrı́a eludirse, en particular, el procedimiento
                                                                             para incrementar los recursos propios previsto en el
                                                                             artı́culo 269 CE, apartado 2, que no sólo requiere
                                                                             la decisión unánime del Consejo (previa consulta al
                                                                             Parlamento), sino también la ratificación de esta decisión
Motivos y principales alegaciones                                            por los Parlamentos de los Estados miembros.
                                                                      —      Infracción del artı́culo 253 CE: la referencia a la limitación
                                                                             de los recursos presupuestarios no aclara qué habilitación
—    Falta de competencia de la Comisión para establecer una                emplea la Comisión para modificar, mediante el estableci-
     cofinanciación obligatoria en el marco de un reglamento                miento de una cofinanciación obligatoria, el principio
     de ejecución: el artı́culo 5, apartado 5, del Reglamento               de la financiación ı́ntegra con cargo al presupuesto
     impugnado no «ejecuta» una disposición general del                     comunitario de las medidas de apoyo al mercado en el
     Reglamento de base que autorice de manera general la                    sector de la carne de vacuno, ni tampoco por qué era
     confinanciación, y se aparta claramente de las disposicio-             preciso un reparto en una proporción de 70 %-30 %.
     nes de los Reglamentos del Consejo nos 1254/1999 y
     1258/1999, que parten de la base de una financiación
     procedente en su totalidad del presupuesto comunitario.          La demandante solicita al Tribunal de Justicia que, en caso de
     La financiación de una determinada medida de ayuda              que estime el recurso, mantenga en vigor los efectos del
     agrı́cola forma parte necesariamente de los elementos            Reglamento en aras de la estabilidad de los operadores del
     esenciales de la materia que se regule, y su regulación         mercado afectados.
     debe hallarse en el Reglamento de base del Consejo,
     máxime cuando todos los aspectos determinantes de la
     financiación de la polı́tica agrı́cola común —también
     para el mercado comunitario de la carne de vacuno— se            (1) DO L 95 de 5.4.2001, p. 8.
     encuentran ya regulados en el Reglamento del Consejo
     no 1258/1999 (o en el Reglamento del Consejo
     no 1883/78).
—    Infracción de las normas financieras constitucionales: con
     arreglo al sistema de la organización común de mercados
     en el sector de la carne de vacuno y a la prohibición
     de ayudas de Estado del artı́culo 87 CE, apartado 1,
     expresamente confirmada en el considerando 33 del                Recurso interpuesto el 21 de junio de 2001 contra la
     Reglamento no 1254/1999, las medidas de apoyo del                República Federal de Alemania por la Comisión de las
     Reglamento impugnado constituyen, a pesar de la finan-                                 Comunidades Europeas
     ciación parcial con cargo a los presupuestos nacionales,
     ayudas comunitarias y, por tanto, «gastos de la Comuni-                                   (Asunto C-240/01)
     dad» en el sentido del artı́culo 268 CE, apartado 1. No
     obstante, con arreglo al artı́culo 268 CE, apartado 1,
     «todos los ingresos y gastos de la Comunidad [...] deberán                                  (2001/C 245/12)
     estar comprendidos en las previsiones correspondientes
     a cada ejercicio presupuestario y consignados en el
     presupuesto». Al emplear el adjetivo «todos» (los ingresos       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     y gastos), el artı́culo 268 CE, apartado 1, establece el         presentado el 21 de junio de 2001 un recurso contra la
     principio de la integridad/unidad del presupuesto, que es        República Federal de Alemania formulado por la Comisión de
     un requisito fundamental para una ponderación polı́tica         las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Enrico
     de los ingresos y gastos en el procedimiento presupuesta-        Traversa, asesor jurı́dico, y Kilian Gross, miembro del Servicio
     rio y para un control democrático de la ejecución del          Jurı́dico de la Comisión de las Comunidades Europeas, que
     presupuesto. No es compatible con este principio que los         designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
     gastos de la Comunidad que se derivan de una normativa           Sr. Gérard Berscheid, asesor jurı́dico de la Comisión, Centre
     obligatoria del Derecho comunitario secundario sean              Wagner C 254, Kirchberg, Luxemburgo.


title: Asunto F-82/14: Recurso interpuesto el 15 de agosto de 2014  — ZZ/Comisión Europea

text:
               3.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 388/32

         Recurso interpuesto el 15 de agosto de 2014 — ZZ/Comisión Europea
   (Asunto F-82/14)
   2014/C 388/42
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: M. Cornacchia, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de excluir al demandante del concurso EPSO/AST/126/2012 por no haber informado al comité de selección de que tiene una relación de parentesco con uno de los miembros de la comisión.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 15 de mayo de 2014 con la cual la Comisión Evaluadora del Concurso General EPSO/AST/126/12, mediante escrito de EPSO y como respuesta a la solicitud de reexamen de 31 de enero de 2014 presentada por el demandante, confirmaba la exclusión del demandante del concurso EPSO/AST/126/2012.

               —

               Que se condene a la Comisión Europea a indemnizar el perjuicio moral sufrido por el demandante por la decisión mencionada en el punto A) y valorada ex aequo et bono en 3  000 euros.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.


title: Asunto C-14/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) presentada el 10 de enero de 2013 — Gena Ivanova Cholakova/Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti

text:
               16.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) presentada el 10 de enero de 2013 — Gena Ivanova Cholakova/Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti
   (Asunto C-14/13)
   2013/C 79/16
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Gena Ivanova Cholakova

      Demandada: Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti

      Cuestión prejudicial

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con los artículos 67 y 72 del mismo Tratado y teniendo en cuenta las restricciones que el Derecho de la Unión Europea autoriza a imponer a la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión en el territorio de los Estados miembros, en el sentido de que no se opone a una disposición nacional de un Estado miembro como la que es objeto del litigio principal, a saber, el artículo 63, apartado 1, número 5, del Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti (Ley sobre el Ministerio del Interior), que establece que las autoridades policiales tendrán la facultad de acordar la detención de un nacional de un Estado miembro durante un plazo máximo de 24 horas para proceder a su identificación a través de un control, sin que responda a un supuesto en que la ley del referido Estado miembro permita a la autoridad policial realizar un control dirigido a dicha identificación ni se funde expresamente en la detección o prevención de un delito o una infracción administrativa, en la protección del orden público o en la salvaguardia de la seguridad interior?

               2)

               ¿Se desprende del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, interpretado en relación con la limitación de los derechos otorgados por los artículos 6 y 45, apartado 1, de la Carta y de conformidad con el principio de protección contra toda injerencia arbitraria o desproporcionada en la libertad personal de las personas físicas, que cabe aplicar una disposición nacional como la que es objeto del litigio principal, a saber, el artículo 63, apartado 1, número 5, del Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti con respecto a la detención policial durante un plazo máximo de 24 horas –siempre que no quepa identificar a un nacional de un Estado miembro según los procedimientos previstos por la ley–, el cual autoriza dicha detención en las condiciones siguientes:

               3)

                           A.

                           Queda a la discreción de las autoridades policiales acordar la medida cuando no sea posible realizar la identificación mediante la presentación de un documento de identidad, mediante el concurso de otra persona ya identificada o de alguna otra manera fiable.

                           B.

                           La disposición no regula cómo se valorarán la necesidad de proceder a la identificación, la conducta de la persona, o si, en función de las circunstancias concretas del caso, resulta necesario hacer uso de esa facultad otorgada por la ley a las autoridades policiales.

                           C.

                           La identificación no se funda expresamente en supuestos en que la ley permita adoptar medidas para identificar a una persona; la identificación también se puede llevar a cabo mediante la mera consulta de un sistema de información o de alguna otra manera fiable que no consista en una operación de identificación.

                           D.

                           La aplicación de la disposición sólo se ve sometida a control judicial en las condiciones previstas en la misma, puesto que el ejercicio de la referida facultad es plenamente discrecional?


title: Asunto T-142/12: Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2013 — Aventis Pharmaceuticals/OAMI — Fasel (CULTRA) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa CULTRA — Marcas nacionales denominativas anteriores SCULPTRA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009]

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/29

         Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2013 — Aventis Pharmaceuticals/OAMI — Fasel (CULTRA)
   (Asunto T-142/12) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa CULTRA - Marcas nacionales denominativas anteriores SCULPTRA - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2013/C 252/47
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Aventis Pharmaceuticals, Inc. (Bridgewater, Estados Unidos) (representante: R. Gilbey, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (representante: F. Mattina, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Fasel Srl (Bolonia, Italia)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 26 de enero de 2012 (asunto R 2478/2010-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Aventis Pharmaceuticals, Inc. y Fasel Srl.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), de 26 de enero de 2012 (asunto R 2478/2010-1).

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La OAMI cargará tanto con sus propias costas como con las costas en que incurrió Aventis Pharmaceuticals, Inc., en el procedimiento ante el Tribunal General y ante la Sala de Recurso.

      (1)  DO C 165, de 9.6.2012.


title: Asunto C-337/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de abril de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Contratos públicos de suministro — Directivas 77/62/CEE y 93/36/CEE — Adjudicación de contratos públicos sin previa publicación de un anuncio — Falta de licitación — Helicópteros de las marcas Agusta y Agusta Bell)

text:
               24.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 128/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de abril de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-337/05) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Contratos públicos de suministro - Directivas 77/62/CEE y 93/36/CEE - Adjudicación de contratos públicos sin previa publicación de un anuncio - Falta de licitación - Helicópteros de las marcas Agusta y Agusta Bell)
   (2008/C 128/03)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Recchia y X. Lewis, agente)

      Demandada: República Italiana (representantes: I.M. Braguglia, agente, y G. Fiengo, abogado)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Directivas 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1) y 77/62/CEE, de 21 de diciembre de 1976, — Ausencia de acreditación de la existencia de motivos que permiten al órgano de contratación recurrir al procedimiento negociado sin publicación previa de anuncio de licitación — Helicópteros Agusta y Agusta Bell adquiridos para las necesidades de la guardia forestal, la guardia costera, carabinieri, etc.
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1977, y, con anterioridad, de la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, en su versión modificada y completada por las Directivas 80/767/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1980, y 88/295/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988, al haber seguido una práctica, existente desde hace mucho tiempo y que continúa en vigor, consistente en adjudicar directamente a Agusta SpA contratos para la adquisición de helicópteros de las marcas Agusta y Agusta Bell, destinados a cubrir las necesidades de los distintos cuerpos militares y civiles, sin haber seguido ningún procedimiento de licitación y, en particular, sin haber seguido los procedimientos previstos en las citadas Directivas.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 281 de 12.11.2005.


title: Asunto C-238/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif (Luxemburgo) el 22 de mayo de 2015 — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche

text:
               3.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 254/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif (Luxemburgo) el 22 de mayo de 2015 — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
   (Asunto C-238/15)
   (2015/C 254/12)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal administratif

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga

      Demandada: Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche

      Cuestión prejudicial

   El requisito que impone a los estudiantes que no residen en el Gran Ducado de Luxemburgo el artículo 2 bis de la Ley de 22 de junio de 2000 de ayuda económica del Estado para estudios superiores (artículo incorporado mediante la Ley de 19 de julio de 2013), que no tiene en cuenta ningún otro criterio de conexión de dichos estudiantes, y que consiste en que sean hijos de un trabajador que, en el momento de solicitarse la ayuda económica, lleve empleado o ejerciendo su actividad en Luxemburgo durante un período ininterrumpido de al menos cinco años, ¿está justificado por las consideraciones de política educativa y presupuestaria invocadas por el Estado luxemburgués, y resulta adecuado, es decir proporcionado, teniendo en cuenta los objetivos que se fija, a saber, fomentar el incremento de la proporción de personas que poseen un título de educación superior, y, al mismo tiempo, garantizar que, tras haber gozado de la posibilidad que ofrece el sistema de ayudas de que se trata de financiar sus estudios, seguidos, en su caso, en el extranjero, tales personas vuelvan a Luxemburgo con el fin de poner los conocimientos que hubieran así adquirido al servicio del desarrollo de la economía de dicho Estado miembro?


title: Asunto C-78/09 P: Auto del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2009 — Compagnie des bateaux mouches SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Jean-Noël Castanet (Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca denominativa BATEAUX MOUCHES — Denegación del registro — Falta de carácter distintivo)

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/18

         Auto del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2009 — Compagnie des bateaux mouches SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Jean-Noël Castanet
   (Asunto C-78/09 P) (1)

   (Recurso de casación - Marca comunitaria - Marca denominativa BATEAUX MOUCHES - Denegación del registro - Falta de carácter distintivo)
   2010/C 24/29
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Compagnie des bateaux mouches SA (representante: G. Barbaut, avocat)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente), Jean-Noël Castanet (representante: J.-P. Sulzer, avocat)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 10 de diciembre de 2008, Bateaux mouches/OAMI (T-365/06), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso interpuesto por la demandante contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 7 de septiembre de 2006, relativa a un procedimiento de nulidad de la marca denominativa comunitaria «BATEAUX MOUCHES» — Infracción del artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 1994, L 11, p. 1) — Interpretación indebida de los criterios sentados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Falta de carácter distintivo.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la Compagnie des bateaux mouches SA.

      (1)  DO C 102, de 1.5.2009.


title: Asunto T-93/04 Recurso interpuesto el 4 de marzo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Theodoros Kallianos

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/80

         Recurso interpuesto el 4 de marzo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Theodoros Kallianos
   (Asunto T-93/04)
   (2004/C 106/157)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 4 de marzo de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Theodoros Kallianos, con domicilio en Kraainem (Bélgica), representado por el Sr. Guy Archambeau, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión de la AFPN de 2 de diciembre de 2003 por la que se responde a la reclamación del Sr. Kallianos no R/335/03, de 2 de julio de 2003.

               —

               Inste a la Comisión a devolver al Sr. Kallianos todos los pagos y retenciones realizadas sin título ni derecho sobre la retribución del Sr. Kallianos desde la fecha de la sentencia de divorcio no 2179/1999 dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Atenas el 8 de marzo de 1999, incluida la indexación de la provisión alimenticia indebida decidida unilateralmente por los servicios de la Comisión el 18 de septiembre de 2002 o, al menos, desde la sentencia del Tribunal de Casación de Grecia no 203/2003, de 7 de febrero de 2003, de la que tuvo conocimiento.

               —

               Condene a la Comisión a pagar al demandante el 20  % del importe de la devolución antes mencionada en concepto de indemnización por los perjuicios morales, pecuniarios y patrimoniales causados, incluidos los gastos de defensa.

               —

               Condene a la Comisión a pagar las costas de la diligencia de notificación por un agente judicial, incluidos los gastos de traducción al francés de las sentencias griegas, documentos que ya se habían puesto a su disposición con antelación suficiente, que ascienden a 1.500 euros.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante es funcionario de la Comisión. A raíz de un auto del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas que fijaba una pensión alimenticia en favor de la esposa del demandante, los servicios competentes de la Comisión practicaron retenciones sobre el salario de éste. Mediante su recurso, el demandante impugna dichas retenciones invocando un error de Derecho y de hecho, la falta de título ejecutivo que justifique estas retenciones y la infracción del Reglamento no 1347/2000. (1)

      (1)  Reglamento (CE) no 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (DO L 160, de 30.6.2000, p. 19).


title: Asunto T-440/14: Auto del Tribunal General de 14 de enero de 2016 — Premo/OAMI — Prema Semiconductor (PREMO)

text:
               14.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/60

         Auto del Tribunal General de 14 de enero de 2016 — Premo/OAMI — Prema Semiconductor (PREMO)
   (Asunto T-440/14) (1)

   (2016/C 098/77)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 315 de 15.9.2014.


title: Asunto C-641/11: Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2011 — Comisión Europea/República Italiana

text:
               25.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 58/5

         Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2011 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-641/11)
   2012/C 58/06
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: G. Rozet y L. Pignataro, agentes)

      Demandada: República Italiana

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 45 TFUE y 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 492/2011 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, al mantener la inclusión de un criterio prioritario de selección de los candidatos basado en la residencia en la provincia de Bolzano durante al menos dos años, como establece el artículo 12 del DPR 752/1976.

               —

               Que se condene en costas a la República Italiana.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso, la Comisión critica la inclusión de un criterio prioritario de selección de los candidatos basado en la residencia durante al menos dos años en la provincia de Bolzano (Trentino Alto Adige), criterio contrario a las obligaciones que imponen los artículos 45 TFUE y 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 492/2011. En efecto, la Comisión recuerda que, con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 45 TFUE en materia de igualdad de trato prohíbe no sólo las discriminaciones manifiestas basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de mayo de 1996, asunto C-237/94, O’Flynn, Rec. 1996, p. 2617, apartado 17). En particular, es el caso de una discriminación basada en la residencia.
   En su respuesta al dictamen motivado de 6 de agosto de 2010, las autoridades italianas admitieron que «la cláusula de residencia incluida en el artículo 12 del DPR 752/1976 puede contener elementos de discriminación indirecta y, por tanto, ser contraria al artículo 45 TFUE» y que «para solucionar dicho problema, resulta necesario modificar el texto del artículo». No obstante, a día de hoy, la Comisión aún no ha recibido ninguna información relativa a la modificación en cuestión y considera, en consecuencia, que el requisito de la residencia que contempla el artículo 12 del DPR 752/1976 continúa en vigor.

      (1)  DO L 141, p. 1.


title: Sentencia del Tribunal, de 24 de septiembre de 2014, en el asunto E-5/14 — Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia (Incumplimiento de las obligaciones de un Estado del EEE — Directiva 2008/98/CE del Parlamento y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas)

text:
               23.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/8

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 24 de septiembre de 2014
   en el asunto E-5/14
   Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia
   (Incumplimiento de las obligaciones de un Estado del EEE — Directiva 2008/98/CE del Parlamento y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas)
   (2015/C 131/08)
   En el asunto E-5/14, Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia – SOLICITUD de declaración de que, al no haber adoptado o notificado inmediatamente al Órgano de Vigilancia de la AELC, en el plazo fijado a tal efecto, todas las disposiciones necesarias para la plena incorporación al ordenamiento jurídico nacional del acto al que se hace referencia en el punto 32ff del capítulo V del anexo XX del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («Acuerdo EEE»), es decir, la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, adaptado al Acuerdo EEE mediante el Protocolo 1 del mismo, Islandia ha incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 40 de la Directiva y del artículo 7 del Acuerdo EEE, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente, y por Per Christiansen (ponente) y Páll Hreinsson, jueces, dictó una sentencia el 24 de septiembre de 2014 cuya parte dispositiva es la siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que, al no haber adoptado, en el plazo fijado a tal efecto, todas las disposiciones necesarias para incorporar al ordenamiento jurídico nacional el acto a que se hace referencia en el punto 32ff del capítulo V del anexo XX del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, Islandia ha incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 40 de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo EEE.

               2.

               Condena en costas a Islandia.


title: Asunto T-211/08: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2008 — Putters International/Comisión

text:
               2.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 197/31

         Recurso interpuesto el 4 de junio de 2008 — Putters International/Comisión
   (Asunto T-211/08)
   (2008/C 197/54)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Putters International NV (Cargovil, Bélgica) (representante: K. Platteau, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el artículo 1 de la Decisión en la medida en que dicha disposición establece que la demandante y otras empresas infringieron el artículo 81 CE, apartado 1, al haber fijado directa e indirectamente los precios de los servicios de mudanzas internacionales en Bélgica, haberse repartido entre ellas una parte de ese mercado y haber manipulado el procedimiento de presentación de ofertas.

               —

               Que se anule el artículo 2 de la Decisión en la medida en que impone una multa de 3 955 000 euros a la demandante.

               —

               En caso de que el Tribunal de Primera Instancia considere que es apropiado imponer una multa a la demandante, en el marco de la competencia jurisdiccional plena que se deriva del artículo 229 CE y del artículo 31 del Reglamento 1/2003, que imponga una multa cuyo importe sea considerablemente inferior al establecido por la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita que se anule la Decisión de la Comisión C(2008) 926 final, de 11 de marzo de 2008, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (asunto COMP/38.543 — Servicios de mudanzas internacionales).
   En primer lugar, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al declarar que la demandante había participado en un cartel complejo y consolidado que tenía por objeto la fijación directa e indirecta de los precios de los servicios de mudanzas internacionales en Bélgica, el reparto de una parte de dicho mercado entre los participantes y la manipulación del procedimiento de presentación de ofertas, mientras que la demandante sólo era parte de las prácticas relativas a las comisiones y a los presupuestos ficticios, y únicamente de forma esporádica.
   En segundo lugar, la demandante aduce que la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad de trato al tomar como base para el cálculo del importe básico de la multa, sin tener en cuenta el número y la naturaleza de las infracciones cometidas por la demandante y el impacto de las mismas en el mercado relevante, el volumen total de negocios relativo a los servicios de mudanzas internacionales.
   En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad y el principo de igualdad de trato dado que al calcular la multa, sin tener en cuenta el papel de las partes en el cartel y la naturaleza de las prácticas en las que participaron, no estableció ninguna distinción entre las partes, sino que aplicó a todas las partes el mismo porcentaje respecto a la gravedad de la infracción y el importe disuasorio extra.
   En cuarto lugar, la demandante aduce que la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad y el principo de igualdad de trato al imponer a un participante con un papel limitado, como la demandante, la multa máxima permitida.
   En quinto y último lugar, la demandante alega que la Comisión vulneró los principios de confianza legítima e igualdad de trato y realizó una apreciación errónea al no haber considerado ninguna circunstancia atenuante a favor de la demandante.


title: Asunto F-18/14: Auto del Tribunal de la Función Pública de 30 de abril de 2014  — Lecolier/Comisión

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/65

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 30 de abril de 2014 — Lecolier/Comisión
   (Asunto F-18/14)
   2014/C 421/100
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.


title: Asunto T-471/08: Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2008 — Toland/Parlamento

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/37

         Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2008 — Toland/Parlamento
   (Asunto T-471/08)
   (2009/C 32/72)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Ciarán Toland (Dublín) (representantes: A. Burke, Solicitor, E. Regan, SC)

      Demandada: Parlamento Europeo
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión A(2008) 10636 de la Vicepresidenta del Parlamento Europeo Dianna Wallis, miembro de la Mesa del Parlamento Europeo, de 11 de agosto de 2008, dirigida a Ciarán Toland, en la medida en que se deniega a la demandante el acceso al Informe de Auditoría Interna no 06/02, adoptado el 9 de enero de 2008, del Servicio de Auditoría Interna del Parlamento Europeo titulado «Auditoría de las dietas de asistencia parlamentaria».

               —

               Que se ordene al Parlamento Europeo que conceda a la demandante el acceso al Informe de Auditoría Interna no 06/02, adoptado el 9 de enero de 2008, del Servicio de Auditoría Interna del Parlamento Europeo titulado «Auditoría de las dietas de asistencia parlamentaria».

               —

               Que se condene al Parlamento Europeo al pago de las costas en que haya incurrido la demandante en el presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El 11 de junio de 2008, la demandante solicitó al Parlamento Europeo acceso al Informe Anual 2006 del Servicio de Auditoría Interna del Parlamento Europeo, que comprende los 16 Informes de Auditoría a que se refiere el apartado 24 de la Resolución del Parlamento Europeo de 22 abril 2008. Mediante escrito de 23 de junio de 2008, se concedió a la demandante acceso parcial a uno de los informes, el Informe de Auditoría Interna 07/01, y ésta presentó una solicitud confirmatoria sobre la base del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) 1049/2001 (1) con el fin de obtener pleno acceso a los 16 Informes de Auditoría. Mediante escrito de 11 de agosto de 2008, del que la demandante tuvo conocimiento el 20 de agosto de 2008, la Vicepresidenta del Parlamento Europeo respondió a la solicitud concediendo a la demandante el acceso a 13 de los Informes de Auditoría Interna solicitados, el acceso parcial a 2 de los otros informes, mientras que se le denegaba el acceso a uno de ellos.
   Mediante su recurso, interpuesto con arreglo al artículo 230 CE y de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001, la demandante pretende obtener la anulación parcial de la Decisión A(2008) 10636 de 11 de agosto de 2008, en la medida en que denegó la solicitud de la demandante dirigida a obtener acceso al Informe no 06/02 del Servicio de Auditoría Interna titulado «Auditoría de las dietas de asistencia parlamentaria».
   La demandante alega que la Decisión impugnada adolece de errores manifiestos de Derecho y de hecho, es desproporcionada y no está debidamente motivada, puesto que:

               a)

               no alega motivos jurídicos para la denegación de acceso;

               b)

               se arroga una facultad discrecional de la que no dispone al no respetar las disposiciones de la legislación;

               c)

               no alega motivos legítimos para denegar el acceso con arreglo al artículo 4, apartado 2, tercer guión, o al artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001;

               d)

               no determina si hay un interés público superior a los motivos de denegación;

               e)

               la Vicepresidenta no consideró que los intereses de democracia, apertura y transparencia fueran intereses públicos superiores a los motivos de denegación;

               f)

               reconoce que el Informe de Auditoría Interna hizo recomendaciones para el desarrollo de planes de acción en el marco del procedimiento reglamentario y legislativo o no consideró que los intereses de democracia, apertura y transparencia en el procedimiento reglamentario y legislativo fueran cuestiones de participación ciudadana que constituyan un interés público superior en la divulgación.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).


title: Asunto C-335/12: Recurso interpuesto el 13 de julio de 2012 — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               6.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 303/14

         Recurso interpuesto el 13 de julio de 2012 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-335/12)
   2012/C 303/27
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: A. Caeiros, agente)

      Demandada: República Portuguesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 CE, del artículo 254 del Acta de adhesión, (1) del artículo 7 de la Decisión 85/257/CEE, Euratom, (2) de los artículos 4, 7 y 8 del Reglamento (CEE) no 579/86, (3) del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1697/79 (4) y de los artículos 2, 11 y 17 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89, (5) al haber denegado las autoridades portuguesas la puesta a disposición de un importe de 785 078,50 euros, por exacciones relativas a excedentes de azúcar no exportados, a raíz de la adhesión de Portugal a la Comunidad Europea.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

      Motivos y principales alegaciones

   Según la información aportada por las autoridades portuguesas, la empresa William Hinton & Sons no presentó pruebas de exportación de los excedentes de azúcar de que disponía. El 3 de diciembre de 1990, las referidas autoridades notificaron a la empresa que debía pagar un importe adicional de 785 078,50 euros. La empresa interpuso recurso contra esta decisión ante el Supremo Tribunal Administrativo, que planteó diversas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Este último dictó un auto, el 11 de octubre de 2001, en el asunto William Hinton & Sons, (6) en el que indicaba que dichas cuestiones «se [habían suscitado] en un litigio entre William Hinton & Sons L.da […] y la Fazenda Pública relativo a la recaudación […] de exacciones [reguladoras] sobre los excedentes de azúcar de William Hinton». El 8 de mayo de 2002, el Supremo Tribunal Administrativo anuló la liquidación del importe adicional, dado que su notificación se había llevado a cabo en un momento en que ya se había producido la prescripción.
   Como parece desprenderse de la jurisprudencia posterior del Tribunal de Justicia –sentencias de 7 de diciembre de 2004, Koninklijke Coöperatie Cosun/Comisión (T-240/02, Rec. p. II-4237), y de 26 de octubre de 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Comisión (C-68/05 P, Rec. p. I-10367)–, no puede seguir considerándose el citado importe de 785 078,50 euros como una «exacción reguladora», denominación que recibía en el auto dictado por el Tribunal de Justicia en el asunto William Hinton & Sons, sino como «recursos propios» de las Comunidades.
   En efecto, a pesar de que esa jurisprudencia se refiere al cobro de un importe con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2670/81, (7) por no haberse exportado fuera de la Comunidad una determinada cantidad de azúcar C, lo cierto es que el hecho imponible por el que se exige ese importe es sustancialmente idéntico al previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento no 579/86, de que se trata en el presente asunto, conforme al cual se percibirá un importe por las cantidades de azúcar que sobrepasen las existencias de enlace y que no se hayan exportado fuera de la Comunidad, por ser consideradas, de acuerdo con el artículo 5, apartado 2, de este último Reglamento, como comercializadas en el mercado interior de la Comunidad.
   Con arreglo al artículo 2 de la Decisión 85/257, constituyen recursos propios los ingresos procedentes de las cotizaciones y otros derechos previstos en el marco de la organización común de mercados en el sector del azúcar.
   El artículo 254 del Acta de adhesión demuestra que el importe citado se enmarca en el ámbito de la organización común de mercados en el sector del azúcar. Dicha norma determina que las existencias de productos que debían ser suprimidas por la República Portuguesa y a su cargo son las que sobrepasen en cantidad las que puedan ser consideradas como representativas de unas existencias normales de enlace y que «la noción de existencias normales de enlace será definida para cada producto atendiendo a los criterios y objetivos específicos de cada organización común de mercados», es decir, en el caso del azúcar, la «noción de existencias normales de enlace» debería ser definida en función de criterios y objetivos específicos de la organización común de mercados en el sector del azúcar. La normativa comunitaria relativa a la supresión de las existencias de azúcar se enmarca por tanto en el ámbito de la mencionada organización común de mercados.
   El Reglamento (CEE) no 3771/85 (8) estableció, sobre la base del artículo 258, apartado 3, del Acta de adhesión, «las normas generales relativas a la aplicación del artículo 254 del [Acta] de adhesión», definió el concepto de «productos en libre práctica en el territorio portugués», determinó que «las modalidades [para su] aplicación» se adoptarían «de acuerdo con el procedimiento previsto […] en los artículos correspondientes de los demás Reglamentos por los que se establece una organización común de mercados agrícolas» y señaló que «las modalidades de aplicación […] incluirán en particular […] las modalidades de salida de los productos sobrantes» y que «podrán prever […] la percepción de un gravamen en caso de que un interesado no observe las modalidades de salida de los productos sobrantes».
   El Reglamento no 579/86, que estableció las normas relativas a las existencias de productos del sector del azúcar que se encontrasen en Portugal el 1 de marzo de 1986, fue adoptado por la Comisión sobre la base del Reglamento no 3771/85 y del Reglamento no 1785/81, que estableció la organización común de mercados en el sector del azúcar. El hecho de que el Reglamento que establece la organización común de mercados en el sector del azúcar sea una de las bases jurídicas del Reglamento no 579/86 demuestra que las normas previstas por este último y, por tanto, el importe antes referido se enmarcan en el ámbito de dicha organización común de mercados.
   El importe mencionado, de 785 078,50 euros, puede calificarse de «recurso propio» de las Comunidades, en el sentido del artículo 2, párrafo primero, letra a), de la Decisión 85/257, puesto que es un ingreso procedente de «otros derechos previstos en el marco de la organización común de mercados en el sector del azúcar», derivado del régimen especial establecido para la República Portuguesa en el momento de la adhesión de este Estado miembro, es decir, un importe que las autoridades portuguesas deberían haber cobrado con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento no 579/86.
   El Reglamento no 3771/85 establece, conforme a su artículo 1, «las normas generales relativas a la aplicación del artículo 254 del [Acta] de adhesión» y señala, en su artículo 3, apartado 1, letra b), segundo guión, que se consideran «en libre práctica en el territorio portugués: […] los productos importados en Portugal, para los que se hayan cumplido las formalidades de importación y se hayan percibido en Portugal los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hayan beneficiado de una bonificación total o parcial de dichos derechos y exacciones». El segundo guión del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento no 3771/85 contempla todos los productos «importados en Portugal», con inclusión, por tanto, de los procedentes de otros Estados miembros.
   El azúcar procedente de Dinamarca podía y debía, en consecuencia, incluirse en el cálculo de las existencias de azúcar en libre práctica en territorio portugués a 1 de marzo de 1986. Las autoridades portuguesas estiman que, aun cuando Dinamarca se considerase, en las circunstancias del presente asunto, un país tercero, no debería incluirse la cantidad de azúcar (796 821 kilos) importada al amparo de la «declaración de importación no 246» en el cálculo de aquellas existencias, ya que, en opinión de las mencionadas autoridades, el azúcar de que se trata no se encontraba en libre práctica a 1 de marzo de 1986.
   La Comisión no comparte este punto de vista por cuanto el Tribunal Tributário de Segunda Instância declaró probado en su sentencia de 26 de marzo de 1996 que se había procedido al despacho en aduana del azúcar en cuestión el 27 de febrero de 1986 y que en esa misma fecha se había autorizado su puesta en libre práctica y su salida a consumo.
   Ni la Decisión 85/257, ni las que posteriormente la han substituido, como tampoco el Reglamento no 1552/89, que establece las condiciones en las que los «recursos propios» se ponen a disposición de la Comisión, supeditan la puesta a disposición de estos recursos a su inscripción en el presupuesto comunitario. Los artículos 371 y 372 del Acta de adhesión tienen por objeto adaptar la aplicación de la Decisión 85/257 a la situación específica derivada de la adhesión de Portugal y no impiden que se califique de recursos propios a los ingresos procedentes del importe previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento no 579/86, es decir, en el presente caso el importe de 785 078,50 euros.
   La calificación de un importe de recurso propio de las Comunidades se deriva de la legislación comunitaria y, en particular, de la Decisión 85/257, sin que tenga relevancia alguna la calificación que le atribuyan los Estados miembros.
   De conformidad con la jurisprudencia, no es necesario demostrar que la pérdida de recursos propios se ha causado por error de una u otra autoridad nacional. Basta con que a raíz de una resolución firme del Supremo Tribunal Administrativo se ha considerado que el deudor no estaba obligado al pago de los derechos y que esta circunstancia está directamente relacionada con la acción tardía de las autoridades portuguesas en 1990. El Tribunal de Justicia confirmó esta postura de la Comisión en su sentencia de 15 de noviembre de 2005, Comisión/Dinamarca (C-392/02, Rec. p. I-9811).
   La sentencia del Supremo Tribunal Administrativo de 8 de mayo de 2002 confirma que la postura de la Comisión es jurídicamente correcta, es decir, que el importe de la deuda no se comunicó al deudor en tiempo oportuno (dentro del plazo de tres años), que el cobro resultó por tanto imposible y que, en consecuencia, no se pudieron poner a disposición de la Comisión los recursos propios correspondientes.

      (1)  Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302, p. 23).

      (2)  Decisión del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 128, p. 15; EE 01/04, p. 99).

      (3)  Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1986, por el que se establecen las normas relativas a las existencias de productos del sector del azúcar que se encuentren en España y Portugal el 1 de marzo de 1986 (DO L 57, p. 21).

      (4)  Reglamento del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO L 197, p. 1; EE 02/06, p. 54).

      (5)  Reglamento del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1).

      (6)  Asunto C-30/00, Rec. p. I-7511.

      (7)  Reglamento de la Comisión, de 14 de septiembre de 1981, por el que se establecen las modalidades de aplicación para la producción fuera de cuota en el sector del azúcar (DO L 262, p. 14; EE 03/23, p. 94).

      (8)  Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a las existencias de productos agrícolas que se encuentren en Portugal (DO L 362, p. 21; EE 03/39, p. 237).


title: Asunto T-317/09: Auto del Tribunal General de 24 de noviembre de 2010 — Concord Power Nordal/Comisión ( Recurso de anulación — Mercado interior del gas natural — Artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE — Escrito de la Comisión por el que se solicita a una autoridad reguladora que modifique su decisión relativa a la concesión de una exención — Acto no susceptible de recurso — Inadmisibilidad )

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/39

         Auto del Tribunal General de 24 de noviembre de 2010 — Concord Power Nordal/Comisión
   (Asunto T-317/09) (1)

   (Recurso de anulación - Mercado interior del gas natural - Artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE - Escrito de la Comisión por el que se solicita a una autoridad reguladora que modifique su decisión relativa a la concesión de una exención - Acto no susceptible de recurso - Inadmisibilidad)
   2011/C 30/71
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Concord Power Nordal GmbH (Hamburgo, Alemania) (representantes: C. von Hammerstein, C.-S. Schweer y C. Wünschmann, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: G. Wilms, O. Beynet y B. Schima, agentes)

      Parte coadyuvante que interviene en apoyo de la parte demandada: OPAL NEL Transport GmbH (Kassel, Alemania) (representantes: U. Quack y O. Fleischmann, abogados)

      Objeto

   Solicitud de anulación de la decisión supuestamente contenida en el escrito de la Comisión de 12 de junio de 2009, remitida a la Bundesnetzatentur (autoridad alemana de regulación) sobre la base del artículo 22, apartado 4, de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57).

      Fallo

               1)

               No resulta necesario pronunciarse sobre las solicitudes de trato confidencial formuladas por concord Power Nordal GmbH.

               2)

               Desestimar el recurso.

               3)

               Concord Power Nordal cargará con sus propias costas, así como con las causadas por la Comisión Europea.

               4)

               OPAL NET Transport GmbH cargará con sus propias copias.

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009.


title: Asunto T-187/11 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 14 de julio de 2011 — Trabelsi y otros/Consejo ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez — Congelación de fondos — Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales — Inexistencia de urgencia» )

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/22

         Auto del Presidente del Tribunal General de 14 de julio de 2011 — Trabelsi y otros/Consejo
   (Asunto T-187/11 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez - Congelación de fondos - Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales - Inexistencia de urgencia)
   2011/C 282/46
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Mohamed Trabelsi (París); Ines Lejri (París); Moncef Trabelsi (París); Selima Trabelsi (París); y Tarek Trabelsi (París) (representantes: inicialmente A. Metzker, posteriormente A. Tekari, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. Vitro y G. Étienne, agentes)

      Objeto

   Demanda de medidas provisionales y de suspensión de la ejecución de la Decisión de Ejecución 2011/79/PESC del Consejo, de 4 de febrero de 2011, por la que se aplica la Decisión 2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez (DO L 31, p. 40).

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-246/12 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de mayo de 2012 por Ellinika Nafpigeia AE contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 15 de marzo de 2012 en el asunto T-391/08, Ellinika Nafpigeia/Comisión Europea

text:
               7.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 200/9

         Recurso de casación interpuesto el 18 de mayo de 2012 por Ellinika Nafpigeia AE contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 15 de marzo de 2012 en el asunto T-391/08, Ellinika Nafpigeia/Comisión Europea
   (Asunto C-246/12 P)
   2012/C 200/16
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Recurrente: Ellinika Nafpigeia AE (representantes: I. Drosos y B. Karagiannis, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida dictada por el Tribunal General en el asunto Τ-391/08.

               —

               Que se anulen los artículos 1, apartado 2, 2, 3, 5, 6, 8, apartado 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Decisión de la Comisión de 2 de julio de 2008«sobre las ayudas no C 16/2004 (anteriormente ΝΝ 29/2004, CP 71/2002 y CP 133/2005) concedidas por Grecia a la empresa Ellinika Nafpigeia Α.Ε.», impugnada inicialmente.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la sentencia recurrida en la parte en la que se refiere a las medidas Ε12b, Ε13a, Ε13b, Ε14, Ε16 y Ε17 de la Decisión impugnada inicialmente, así como la parte correspondiente de la propia Decisión impugnada inicialmente.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, que se anule la sentencia recurrida en la parte en la que se refiere a la medida Ε7 de la Decisión impugnada inicialmente, así como la parte correspondiente de la propia Decisión impugnada inicialmente.

               —

               Que se condene a la Comisión Europea al pago de las costas en que haya incurrido la recurrente como consecuencia de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el primer motivo de casación la recurrente alega que la sentencia recurrida realiza una interpretación y aplicación incorrectas del artículo 346 TFUE, de modo que deben anularse íntegramente todos sus apartados y puntos del fallo, o bien algunos de ellos, según se determina en el recurso de casación. Mediante su segundo motivo de casación la recurrente sostiene que la sentencia recurrida lleva a cabo una interpretación y aplicación incorrectas del artículo 348 TFUE, por lo que deben anularse íntegramente todos sus apartados y puntos del fallo, o bien algunos de ellos, según se determina en el recurso de casación. Mediante el tercer motivo de casación la recurrente aduce que la sentencia recurrida desestimó incorrectamente sus pretensiones sobre la infracción de sus derechos procesales por parte de la Decisión impugnada inicialmente, error a causa del cual dicha sentencia debe anularse en la medida en que se determina en el recurso de casación.


title: Archivo del asunto T-310/99

text:
               11.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/44

         Archivo del asunto T-310/99 (1)

   (2004/C 228/102)

      (Lengua de procedimiento: neerlandés)

   Mediante auto de 11 de mayo de 2004, el Presidente de la Sala Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-310/99, Strijbos en zoon B.V., apoyada por Reino de los Países Bajos, contra Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 63 de 4.3.2000.


title: Asunto T-237/10: Sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2011 — Vuitton Malletier/OAMI — Friis Group International (Representación de un dispositivo de cierre) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/23

         Sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2011 — Vuitton Malletier/OAMI — Friis Group International (Representación de un dispositivo de cierre)
   (Asunto T-237/10) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Falta de carácter distintivo adquirido por el uso - Artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2012/C 32/45
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Louis Vuitton Malletier (París) (representantes: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto y E. Gavuzzi, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Botis, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Friis Group International ApS (Copenhague) (representante: C. Type Jardorf, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 24 de febrero de 2010 (asunto R 1590/2008-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Friis Group International ApS y Louis Vuitton Malletier.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 24 de febrero de 2010 (asunto R 15902008-1) en la medida en que declaró la nulidad de la marca comunitaria número 3.693.116 para los productos «joyas, incluidos anillos, llaveros, hebillas y pendientes, gemelos, pulseras, colgantes, broches, collares, alfileres de corbatas, adornos, medallones; instrumentos y aparatos cronométricos y otros para medir el tiempo, incluyendo relojes de pulsera, cajas de relojes de pulsera, despertadores; cascanueces de metales preciosos, sus aleaciones o chapados, palmatorias de metales preciosos, sus aleaciones o chapados, joyeros de metales preciosos» de la clase 14 y los productos «cuero e imitaciones de cuero» y «paraguas» de la clase 18.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Louis Vuitton Malletier, Friis Group International ApS y la OAMI cargarán cada una con las costas en las que hayan incurrido en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal.

      (1)  DO C 209, de 31.7.2010.


title: Asunto T-388/13: Sentencia del Tribunal General de 26 de febrero de 2015  — Costa Crociere/OAMI — Guerlain (SAMSARA) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa SAMSARA — Marca comunitaria denominativa anterior SAMSARA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               13.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/27

         Sentencia del Tribunal General de 26 de febrero de 2015 — Costa Crociere/OAMI — Guerlain (SAMSARA)
   (Asunto T-388/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa SAMSARA - Marca comunitaria denominativa anterior SAMSARA - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 118/35)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Costa Crociere SpA (Génova, Italia) (representantes: A. Vanzetti, S. Bergia y G. Sironi, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: L. Rampini, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Guerlain SA (Levallois-Perret, Francia) (representantes: C. Costa y M. Baccarelli, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 13 de mayo de 2013 (asunto R 2049/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Guerlain SA y Costa Crociere SpA.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Costa Crociere SpA.

      (1)  DO C 298, de 12.10.2013.


title: Asunto T-351/07: Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 2007 — SOMM/OAMI

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/30

         Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 2007 — SOMM/OAMI
   (Asunto T-351/07)
   (2007/C 283/55)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: SOMM s.r.l. (San Mauro T.se, Italia) (representante: M. Ferro, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 28 de junio de 2007 en el asunto R 1653/2006-1, relativa a la solicitud de marca comunitaria no 4.837.746.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca tridimensional así descrita «Conjunto tridimensional integrado por una pluralidad de soportes metálicos en forma de tubo, separados y alineados entre sí, reducidos y curvados esencialmente en la articulación, que constan cada uno de ellos de un cimiento básico empotrado en el suelo, básicamente vertical, y de otro cimiento de extremidad libre con una dirección ligeramente inclinada hacia lo alto, de una pluralidad de compuestos metálicos en forma de tubo, distanciados entre sí y paralelos, fijados sobre otros cimientos con una dirección inclinada de los citados soportes y de una cobertura de redes protectoras fijada sobre los citados compuestos en forma de tubo, formando todo ello un cobertizo protector»; solicitud de registro no 4.837.746 para productos de las clases 6 y 19.

      Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud de registro.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Error en cuanto a la individualización del público y del sector de referencia, así como en lo relativo a la adquisición del carácter distintivo de la marca comunitaria con arreglo al artículo 7, apartado 3 del Reglamento (CE) no 40/94, sobre la marca comunitaria.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 12 de abril de 2005, en el asunto C-61/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte («Incumplimiento de Estado — Tratado CEEA — Ámbito de aplicación — Instalaciones militares — Protección sanitaria — Desmantelamiento de un reactor nuclear — Evacuación de residuos radiactivos»)

text:
               28.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 132/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 12 de abril de 2005
   en el asunto C-61/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (1)

   («Incumplimiento de Estado - Tratado CEEA - Ámbito de aplicación - Instalaciones militares - Protección sanitaria - Desmantelamiento de un reactor nuclear - Evacuación de residuos radiactivos»)
   (2005/C 132/06)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-61/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 141 EA, el 14 de febrero de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. L. Ström y Sr. X. Lewis) contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (agentes: Sras. P. Ormond y C. Jackson, asistidas por los Sres. D. Wyatt, R. Plender y S. Tromans), apoyado por: República Francesa (agentes: Sres. R. Abraham, G. de Bergues y E. Puisais), el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (Ponente), la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. A. Borg Barthet, Presidentes de Sala, y la Sra. N. Colneric, y los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis y M. Ilešič, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 12 de abril de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

               3)

               La República Francesa cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 101, de 26.4.2003.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 9 de julio de 1997 en el asunto T-4/96: S contra Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Enfermedad profesional - Comisión médica - Base de cálculo de la indemnización prevista en el apartado 2 del artículo 73 del Estatuto)

text:
  16 . 8 . 97             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                               N° C 252/27
  3 ) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
         cargará con sus propias costas.                                                DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 9 de julio de 1997
  (') DO n° C 290 de 6 . 11 . 1992 .
  ( 2 ) DO n° L 195 de 14 . 7. 1992, p . 10 .                           en el asunto T-4/96: S contra Tribunal de Justicia de las
                                                                                Comunidades Europeas (')
                                                                        (Funcionarios — Enfermedad profesional — Comisión
                                                                        médica — Base de cálculo de la indemnización prevista en
                                                                                el apartado 2 del artículo 73 del Estatuto)
                                                                                ( 97/C 252/59
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                    DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                        de 9 de julio de 1997
 en el asunto T-156/95 : Diego Echauz Brigaldi y otros con            En el asunto T-4/96, S contra Tribunal de Justicia de las
           tra Comisión de las Comunidades Europeas (')                Comunidades Europeas (Agente : Sr. Timothy Millett), que
  (Funcionarios — Decisiones de la Comisión mediante las               tiene por objeto en primer lugar, la pretensión de que se
 que se deniegan permisos especiales por elecciones y                  anule la decisión del Tribunal de Justicia de 11 de abril de
          permisos por tiempo de viaje — Admisibilidad)                 1995, en la medida en que fijó en el 6% el procentaje de
                                                                       invalidez para el cálculo de la indemnización prevista en el
                             ( 97/C 252/58 )                           artículo 73 del Estatuto de los funcionarios de las Comu
                                                                       nidades Europeas; en segundo lugar, la pretensión de que
                                                                       se reconozca el derecho de la demandante a dicha indem
                (Lengua de procedimiento; español)
                                                                       nización calculada sobre la base de un porcentaje de inva
                                                                       lidez del 30% , y, en tercer lugar, la pretensión de que se
 En el asunto T-156/95 , Diego Echauz Brigaldi, José Luis              abonen intereses compensatorios, el Tribunal de Primera
 Buendía Sierra, César Montoliu García, María Jesús Ruiz               Instancia ( Sala Cuarta ), integrado por el Sr. K. Lenaerts,
 Monroy, Carmen Ochoa de Michelena, Victoria Pagadigo                 Presidente; la Sra . P. Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces;
 rria Wicke, Miguel Abellán López, Inmaculada Gil Tar                 Secretario: Sr. A. Mair, administrador, ha dictado el 9 de
 dón, Antonio García Velázquez, María Carmen Labrador                  julio de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
 Rubio, Carmen Casado Salinas, Diego González Marín,
 Eva María Rasines Martín, Julio Vizcarra Soriano y Leo
                                                                       1 ) Se desestima el recurso.
poldo Fabra Utray, funcionarios de la Comisión de las
 Comunidades Europeas, representados por el Sr. Ramón
 García-Gallardo Gil-Fournier, Abogado del Ilustre Colegio             2 ) Cada parte cargará con sus propias costas.
de Burgos, que designa como domicilio el despacho de J. y
B. Cremades y Asociados, avenue Louise 391 , Bruselas,                 (') DO n° C 77 de 16 . 3 . 1996 .
Bélgica, contra Comisión de las Comunidades Europeas
 (Agentes: Sras . Ana María Alves Vieira y Blanca Vilá
Costa ), que tiene por objeto, por un lado, la anulación de
las decisiones de la Comisión de 2 de mayo de 1995
mediante las que la Comisión denegó a los demandantes
los permisos especiales por elecciones y los correspondien
tes permisos por tiempo de viaje para poder ejercer el                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
derecho de voto en España, donde mantienen su residencia                                DE PRIMERA INSTANCIA
oficial y donde se desplazaron con motivo de las elecciones                                de 9 de julio de 1997
al Parlamento Europeo de junio de 1994, y, por otro lado,
que se condene a la Comisión a compensar a cada funcio               en el asunto T-92/96 : Roberto Monaco contra Parlamento
nario los días de viaje empleados por cada uno de ellos                                             Europeo (*)
para ir a votar a España o a pagarles el importe corres              (Funcionarios — Nombramiento — Clasificación en grado
pondiente a los días utilizados, el Tribunal de Primera Ins          — Vulneración de la convocatoria de concurso y de la
tancia ( Sala Cuarta ), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Pre        convocatoria para proveer plaza vacante — Principio de
sidente; la Sra . P. Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces; Secre       protección de la confianza legítima — Apartado 2 del
tario : Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el         artículo 31 del Estatuto — Principio de igualdad de trato
9 de julio de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                             y de no discriminación)
                                                                                ( 97/C 252/60 )
1 ) Se desestima el recurso.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
2 ) Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                      En el asunto T-92/96, Roberto Monaco, funcionario del
H DO n° C 77 de 16 . 3 . 1996 .
                                                                      Parlamento Europeo, con domicilio en Capellen ( Luxem
                                                                      burgo), representado por los Sres. Jean-Noël Louis,
                                                                      Thierry Demaseure y Ariane Tornel, Abogados de Bruse


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de febrero de 2003 en el asunto T-30/02, Wolfgang Leonhardt contra el Parlamento Europeo ("Funcionarios — Calificación — Promoción — Modificación de la normativa — Medidas transitorias")

text:
26.4.2003              ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                C 101/33
el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
los Sres. K. Lenaerts, Presidente, y J. Azizi y M. Jaeger, Jueces;
Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta, ha dictado el 13 de                           de 27 de septiembre de 2002
febrero de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                            en el asunto T-211/02: Tideland Signal Ltd contra Comi-
1)    Desestimar el recurso.                                                             sión de las Comunidades Europeas ( 1)
                                                                            («Contratos públicos — Desestimación de una oferta — No
2)    Condenar en costas al demandante.
                                                                            ejercicio de la facultad de solicitar aclaraciones en relación
                                                                            con las ofertas — Recurso de anulación — Procedimiento
                                                                                acelerado»)
( 1) DO C 68 de 16.3.2002.
                                                                                (2003/C 101/60)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                            En el asunto T-211/02, Tideland Signal Ltd, con domicilio
                                                                            social en Redhill (Reino Unido), representada por el Sr.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                            C. Thomas y la Sra. C. Kennedy-Loest, solicitors, contra
                                                                            Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Forman),
                    de 11 de febrero de 2003                                que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de
                                                                            la Comisión, de 17 de junio de 2002, por la que se desestima
                                                                            la oferta de la demandante en el procedimiento de contratación
en el asunto T-30/02, Wolfgang Leonhardt contra el                          pública EuropeAid/112336/C/S/WW — TACIS (nueva licita-
                     Parlamento Europeo ( 1)                                ción), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), integrado
                                                                            por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y
                                                                            H. Legal, Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers, administrador, ha
(«Funcionarios — Calificación — Promoción — Modifica-
                                                                            dictado el 27 de septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo
        ción de la normativa — Medidas transitorias»)
                                                                            es el siguiente:
                         (2003/C 101/59)                                    1)    Anular la decisión de la Comisión, de 17 de junio de 2002,
                                                                                por la que se desestima la oferta presentada por Tideland Signal
                                                                                Ltd para el lote no 1 en el marco del procedimiento de licitación
                 (Lengua de procedimiento: francés)                               EuropeAid/112336/C/S/WW — TACIS (nueva licitación).
                                                                            2)    Condenar en costas a la Comisión.
En el asunto T-30/02, Wolfgang Leonhardt, funcionario del                   (1 ) DO C 219 de 14.9.2002.
Parlamento Europeo, con residencia en La Hulpe (Bélgica),
representado por Me H. Tagaras, abogado, contra el Parlamento
Europeo (agentes: Sres. H. von Hertzen y D. Moore), que tiene
por objeto un recurso de anulación de la decisión del
Parlamento de 11 de junio de 2001 en la medida en que pone
a cero con efectos a partir del 1 de enero de 2000 la cuenta de
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
los puntos de promoción del demandante, el Tribunal de
Primera Instancia (Sala Primera), integrado por los Sres.
B. Vesterdorf, Presidente, y R.M. Moura Ramos y H. Legal,                                      de 13 de diciembre de 2002
Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha
dictado el 11 de febrero de 2003 una sentencia cuyo fallo es el             en el asunto T-81/01, Marc Oscar Henri Verdoodt y
siguiente:                                                                  Ingrid Edmondus Malvina Rademakers-Verdoodt contra
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas (1)
1)    Anular la decisión del Parlamento de 11 de junio de 2001 en           («Recurso de anulación — Recurso que queda sin objeto —
      la medida en que pone a cero con efectos a partir del 1 de enero               Sobreseimiento — Decisión sobre las costas»)
      de 2000 la cuenta de los puntos de promoción del Sr. Leonhardt.
                                                                                (2003/C 101/61)
2)    Condenar en costas al Parlamento.
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
( 1) DO C 109 de 4.5.2002.
                                                                            En el asunto T-81/01, Marc Oscar Henri Verdoodt e Ingrid
                                                                            Edmondus Malvina Rademakers- Verdoodt, con domicilio en