title: Asunto T-165/14: Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2014 — ANKO/Comisión y REA

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/47

         Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2014 — ANKO/Comisión y REA
   (Asunto T-165/14)
   2014/C 175/65
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atenas, Grecia) (representante: V. Christianos, abogado)

      Demandadas: Comisión Europea y Agencia Ejecutiva de Investigación (REA)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare que la suspensión del pago que impuso y mantiene en vigor la REA, actuando por delegación de la Comisión, de la cantidad que continúa debiendo la Comisión a la demandante como ayuda por la obra ESS constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales de la Comisión.

               —

               Declare que la cantidad de 125 253,82 euros que la Comisión continúa sin abonar como ayuda por la obra ESS corresponde a gastos subvencionables que, en consecuencia, la Comisión debe abonar a ANKO.

               —

               Declare que la cantidad global de 216 172,68 euros que la Comisión ya abonó a la demandante como ayuda por la obra ESS corresponde a gastos subvencionables.

               —

               Condene a la REA y a la Comisión a pagar las costas de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso tiene por objeto la responsabilidad de la REA y de la Comisión derivada del contrato 217 951, correspondiente a la obra ESS, en virtud del artículo 272 TFUE.
   En particular, la demandante sostiene que la REA, actuando por delegación de la Comisión, sin estar facultada a ello e incumpliendo el contrato relativo a la obra ESS, suspendió el pago a ANKO. Asimismo, la demandante sostiene que la Comisión, tratando de aplicar el método de extrapolación, cuestionó, sin tener un fundamento jurídico basado en el contrato o en la normativa aplicable, el carácter subvencionable de la totalidad en esencia de los gastos declarados por ANKO en relación con la obra ESS.


title: Asunto T-145/15: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2015 — Rumanía/Comisión

text:
               1.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/20

         Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2015 — Rumanía/Comisión
   (Asunto T-145/15)
   (2015/C 178/20)
   Lengua de procedimiento: rumano

      Partes

      Demandante: Rumanía (representantes: R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu y D. Bulancea, agentes)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule parcialmente la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en el ejercicio irregular por parte de la Comisión Europea de su facultad de excluir importes de la financiación de la Unión Europea

                           —

                           Al aplicar las correcciones a tanto alzado establecidas por la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103, la Comisión ejercitó sus facultades irregularmente, infringiendo con ello el artículo 52 del Reglamento (UE) 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo, y las Directrices de la Comisión para la aplicación de las correcciones financieras definidas en el Documento no VI/5330/97 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1997, titulado «Directrices para el cálculo de las repercusiones financieras al preparar la decisión de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA».

                           —

                           La Comisión debió establecer correcciones basándose en la identificación de los importes pagados indebidamente por Rumanía, y no aplicando un porcentaje a tanto alzado, habida cuenta, en particular, de que la situación no lo exigía y, por otra parte, de que el Estado Rumano había puesto a disposición de la Comisión la información necesaria para calcular las correcciones. En tales circunstancias no puede considerarse que la Comisión tuviera que realizar esfuerzos desproporcionados para calcular unas correcciones basadas en la pérdida real de fondos.

               2.

               Segundo motivo, basado en la insuficiente e inadecuada motivación de la Decisión impugnada

                           —

                           La Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 carece de la motivación suficiente y adecuada en la medida en que, en su adopción, la Comisión no expuso de manera suficiente las razones para optar por la aplicación de un porcentaje a tanto alzado por las irregularidades comprobadas en las auditorías ni justificó debidamente por qué los argumentos de Rumanía en favor de la posibilidad de aplicar una corrección calculada no podían acogerse ni tenerse en cuenta para determinar la corrección final.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad

                           —

                           La Decisión impugnada vulnera el principio de proporcionalidad en la medida en que, al aplicar a los gastos unas correcciones a tanto alzado del 10 % por el año de solicitud 2009 y del 5 % por el año de solicitud 2010, se sobrevaloraron las pérdidas de fondos de la UE derivadas de las irregularidades comprobadas en las auditorías, pues dichos porcentajes no tienen en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción ni las repercusiones financieras de ésta en el presupuesto de la Unión.


title: Asunto T-173/11: Recurso interpuesto el 22 de marzo de 2011 — Hesse/OAMI — Porsche (Carrera)

text:
               14.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/35

         Recurso interpuesto el 22 de marzo de 2011 — Hesse/OAMI — Porsche (Carrera)
   (Asunto T-173/11)
   2011/C 145/59
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Kurt Hesse (Núremberg, Alemania) (representante: M. Krogmann, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Alemania)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General:

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 11 de enero de 2011, en el asunto R 306/2010-4 y se desestime la oposición contra la solicitud de registro de marca comunitaria no 5.723.432 de 16 de febrero de 2007.

               —

               Con carácter subsidiario:

                           a)

                           Que se anule la resolución impugnada, en la medida en que afirma una similitud entre los productos o un provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de los productos de las marcas invocadas en oposición mediante productos o servicios correspondientes de la marca solicitada, que se desarrollan como componentes de automóviles que pueden utilizarse tanto dentro como fuera de vehículos mecánicos y que provienen de mercados distintos.

                           b)

                           Que se anule la resolución impugnada, en la medida en que afirma una similitud entre los productos o un provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de los productos de las marcas invocadas en oposición mediante productos o servicios correspondientes de la marca solicitada, que no guardan puntos de conexión relevantes respecto de los productos, por lo que se refiere a su categoría (aparatos electrónicos frente a vehículos mecánicos), su finalidad (entretenimiento, audición de música, información sobre el tráfico) o su utilización, que no pueden considerarse complementarios (productos entre los que existe una relación, en el sentido de que los productos de la marca solicitada sean indispensables o importantes para la utilización de las marcas invocadas en oposición), y que pueden utilizarse de manera absolutamente independiente los unos de los otros.

                           c)

                           Que se anule la resolución impugnada, en la medida en que afirma una similitud entre los productos o un provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad en relación con elementos o aparatos eléctricos o electrónicos y de los dispositivos compuestos por ellos (por ejemplo navegadores) de la clase 9 y los correspondientes servicios, que pueden utilizarse de la misma manera, en particular para el equipamiento de automóviles de cualquier modelo y origen y que provienen de mercados distintos.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: El demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «Carrera» para productos de la clase 9

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

      Marca o signo invocado: Marca denominativa nacional y comunitaria «CARRERA» para productos de la clase 12

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Estimación del recurso y denegación del registro

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) ya que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto ni un provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo de las marcas invocadas en oposición.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto T-25/10: Recurso interpuesto el 27 de enero de 2010 — BASF Specialty Chemicals y BASF Lampertheim/Comisión

text:
               17.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 100/44

         Recurso interpuesto el 27 de enero de 2010 — BASF Specialty Chemicals y BASF Lampertheim/Comisión
   (Asunto T-25/10)
   2010/C 100/68
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: BASF Specialty Chemicals Holding GmbH (Basilea, Suiza), BASF Lampertheim GmbH (Lampertheim, Alemania) (representantes: F. Montag y T. Wilson, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule el artículo 1, apartado 1, letra q), y apartado 2, letra q), de la Decisión de la Comisión, de 11 de noviembre de 2009, C(2009) 8682 final (asunto COMP/38589 — Termoestabilizadores), en lo que afecta a BASF Specialty Chemicals Holding GmbH y el artículo 1, apartado 1, letra r), y apartado 2, letra r), de la Decisión en lo que respecta a BASF Lampertheim GmbH, así como el artículo 2, apartados 15 y 36, de la Decisión en lo que respecta a las demandantes.

               —

               Con carácter subsidiario, que se reduzca adecuadamente la multa impuesta a las demandantes en el artículo 2, apartados 15 y 36, de la Decisión.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   Las demandantes impugnan la Decisión de la Comisión, de 11 de noviembre de 2009, C(2009) 8682 final, en el asunto COMP/38589 — Termoestabilizadores. La Decisión impugnada les ha impuesto, así como a otras empresas, multas por infracción del artículo 81 CE, y desde el 1 de enero de 1994 del artículo 53 EEE. Según la Comisión, las demandantes participaron en varios cárteles y/o prácticas concertadas en los ámbitos de los estabilizadores estánnicos y de los ESBO/ésteres en el Espacio Económico Europeo que consistieron en fijar los precios, repartirse los mercados mediante la atribución de cuotas de venta, compartir y repartirse los clientes, así como intercambiar información económica sensible, especialmente sobre los clientes y los volúmenes de producción y ventas.
   Las demandantes invocan tres motivos en apoyo de su recurso.
   En primer lugar, invocan la infracción del artículo 25 del Reglamento (CE) no 1/2003, (1) porque la facultad de la demandada de imponer multas a las demandantes había prescrito. Contrariamente a la opinión de la Comisión, las demandantes consideran que las disposiciones del artículo 25, apartado 6, del Reglamento no 1/2003 no les resultan de aplicación.
   En segundo lugar, las demandantes alegan que la Decisión impugnada infringe el artículo 101, apartado 1, TFUE en relación con el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, porque las infracciones de BASF Specialty Chemicals Holding GmbH no les son imputables a esta última y por consiguiente, no se le debería haber impuesto la multa. A este respecto, las demandantes sostienen también que la Comisión infringió el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 al fijar el importe de la multa impuesta a BASF Lampertheim GmbH porque para calcular el importe máximo de la multa, que no puede exceder el 10 % del volumen de negocios total, para los períodos durante la responsabilidad de BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, habría debido tener en cuenta únicamente el volumen de negocios total de BASF Lampertheim GmbH.
   Por último, en tercer lugar, las demandantes invocan la infracción del artículo 23, apartados 2 y 3 del Reglamento no 1/2003, en relación con las Directrices para el cálculo de las multas, (2) porque la Comisión no redujo de manera suficiente sus multas. Sostienen que la Comisión debería haber tenido en cuenta además la duración excesiva del procedimiento y su cooperación en el marco de la Comunicación sobre clemencia. (3) Asimismo, consideran que la reducción de las multas debería haber tenido en cuenta su cooperación activa fuera del marco de la Comunicación sobre clemencia.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).

      (2)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2).

      (3)  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).


title: Asunto C-301/03: Recurso interpuesto el 2 de julio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Italiana

text:
20.9.2003              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 226/7
Recurso interpuesto el 2 de julio de 2003 contra la                     B. Infracción del artículo 30 del Reglamento (CE) no 1260/99
Comisión de las Comunidades Europeas por la República
                              Italiana                                  Según el demandante, el inicio del plazo para la admisión de los
                                                                        gastos vinculados a los complementos de los programas
                       (Asunto C-301/03)                                se establece, sin posibilidad alguna de excepciones, en el
                                                                        Reglamento general. Las disposiciones exhaustivas de este
                         (2003/C 226/10)                                último implican la retroactividad normal del momento de
                                                                        participación de los Fondos (fecha de recepción por la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            Comisión de la solicitud de intervención), salvo que existan
presentado el 2 de julio de 2003 un recurso contra la Comisión          modificaciones relativas a datos que figuren en la decisión
de las Comunidades Europeas formulado por la República                  sobre la participación de los Fondos.
Italiana, representada por el Sr. Ivo M. Braguglia, abogado, en
calidad de agente, asistido por el Sr. Giacomo Aiello, Abogado          En cambio, la Comisión estableció que, en caso de modifica-
del Estado.                                                             ciones de los complementos de los programas, la fecha de
                                                                        inicio del plazo para la admisión de los gastos la fije el
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               Comité de Vigilancia; esta fecha no puede ser anterior a la
                                                                        fecha de aprobación por el mismo Comité de la modificación
                                                                        propuesta. En el Complemento del programa modificado se
—     Anule el acto de la Comisión denominado CDRR-03-                  debe especificar la fecha de inicio del plazo para la admisión de
      0013-00-it (documento 4), considerado en las notas de             los nuevos gastos vinculados a la modificación del documento.
      la Comisión a las que se hace referencia posteriormente
      como «acto comunicado oficialmente a los Estados miem-            Si se aplica la tesis de la Comisión, se vacía de contenido lo
      bros con motivo de la reunión del Comité para el                  dispuesto en el artículo 30, apartado 2, del Reglamento general,
      Desarrollo y la Reconversión de 23 de abril de 2003»              ya que cada complemento de programa que ejecuta las inter-
      (nota de 2 de junio de 2003; no 107135), así como la              venciones aprobadas mediante decisión de la Comisión
      nota de 14 de mayo de 2003, no 106387 (documento 6),              retrasaría la fecha de admisión de los gastos y la fecha inicial
      recibida el 15 de mayo de 2003, mediante la cual la               del plazo nunca sería la señalada por la citada norma.
      Comisión Europea, Dirección General de Política
      Regional — Intervenciones regionales en Francia, Grecia
                                                                        C. El demandante sostiene que los actos impugnados son
      e Italia, comunicó la decisión sobre la fecha inicial del
                                                                        también ilegales por falta de base jurídica y extralimitación en
      plazo para la admisión de los gastos vinculados a las
                                                                        el ejercicio de poderes debido a la utilización de un procedi-
      modificaciones de los complementos de los programas
                                                                        miento inadecuado, a la falta de competencia y a la infracción
      en relación con el POR Cerdeña 2000-2006; la nota de
                                                                        del Reglamento interno de la Comisión.
      28 de mayo de 2003, no 107051 (documento 7), recibida
      el 2 de junio de 2003, mediante la cual la Comisión
      Europea, Dirección General de Política Regional —
      Intervenciones regionales en Francia, Grecia e Italia,
      comunicó la decisión sobre la fecha inicial del plazo para        (1) Recibida, probablemente, el 30 de junio de 2003.
      la admisión de los gastos vinculados a las modificaciones         (2) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
      de los complementos de los programas en relación con
      el POR Sicilia 2000-2006; la nota de 2 de junio de 2003,
      no 107135 (documento 8), recibida en 2003 (1), mediante
      la cual la Comisión Europea, Dirección General de Política
      Regional — Intervenciones regionales en Francia, Grecia
      e Italia, comunicó la decisión sobre la fecha inicial del         Recurso interpuesto el 16 de julio de 2003 contra el Reino
      plazo para la admisión de los gastos vinculados a las             Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la
      modificaciones de los complementos de los programas                          Comisión de las Comunidades Europeas
      en relación con el DOCUP Lazio 2000-2006, y todos los
      actos relacionados y previos.                                                            (Asunto C-305/03)
—     Condene en costas a la demandada.                                                         (2003/C 226/11)
Motivos y principales alegaciones                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 16 de julio de 2003 un recurso contra el Reino
                                                                        Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, formulado por la
A. Infracción de los artículos 15 y 34 del Reglamento (CE)              Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el
    no 1260/99 (2)                                                      Sr. Richard Lyal, en calidad de agente, que designa domicilio en
                                                                        Luxemburgo.
Mediante los actos impugnados, la Comisión intervino activa-
mente en el procedimiento de modificación de los complemen-             La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
tos de los programas, es decir, en la gestión concreta de los           de Justicia que:
programas, más allá de sus propias atribuciones tal y como las
establece el Reglamento citado, sin disponer de facultades e            1.   Declare que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones
invadiendo esferas de competencia ajenas.                                    que le incumben en virtud de los artículos 2 (1), 5 (4) (c),


title: Asunto F-112/13: Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de abril de 2015 — Dimitriou/ENISA

text:
               15.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 198/51

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de abril de 2015 — Dimitriou/ENISA
   (Asunto F-112/13) (1)

   (2015/C 198/70)
   Lengua de procedimiento: griego
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 85, de 22.3.2014, p. 26.


title: Asunto C-160/14: Petición de decisión prejudicial planteada por Varas Cíveis de Lisboa (5 a Vara Cível) (Portugal) el 4 de abril de 2014 — João Filipe Ferreira da Silva e Brito y otros/Estado português

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/30

         Petición de decisión prejudicial planteada por Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugal) el 4 de abril de 2014 — João Filipe Ferreira da Silva e Brito y otros/Estado português
   (Asunto C-160/14)
   2014/C 175/37
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Varas Cíveis de Lisboa

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: João Filipe Ferreira da Silva e Brito y otros

      Demandada: Estado português

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, (1) y en especial su artículo 1, apartado 1, en el sentido de que el concepto de «transmisión de un centro de actividad» abarca una situación en la que se disuelve una empresa activa en el mercado de los vuelos chárter por decisión de su accionista mayoritario, que es a su vez una empresa activa en el sector de la aviación, y en la que, en el contexto de la liquidación, la empresa matriz:

                           i)-

                           asume la posición de la sociedad disuelta en los contratos de arrendamiento de aviones y en los contratos vigentes de vuelos chárter celebrados con operadores turísticos;

                           ii)-

                           desarrolla la actividad antes efectuada por la sociedad disuelta;

                           iii)-

                           readmite a algunos de los trabajadores hasta entonces afectados a la sociedad disuelta y los coloca en funciones idénticas;

                           iv)-

                           recibe pequeños equipamientos de la sociedad disuelta?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 267 TFUE (antiguo artículo 234) en el sentido de que el Supremo Tribunal de Justiça, habida cuenta de los hechos descritos en la cuestión anterior y de la circunstancia de que los tribunales nacionales inferiores que habían conocido del asunto habían dictado resoluciones contradictorias, estaba obligado a remitir ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial sobre la correcta interpretación del concepto de «transmisión de un centro de trabajo» a efectos del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE?

               3)

               ¿Se opone el Derecho comunitario, y en especial los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia Köbler (2) sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares en virtud de la vulneración del Derecho comunitario cometida por un órgano jurisdiccional nacional que se pronuncie en última instancia, a que se aplique una norma nacional que exige como fundamento de la pretensión de indemnización ejercitada contra el Estado la previa revocación de la resolución lesiva?

      (1)  DO L 82, p. 16.

      (2)  C-224/01, EU:C:2003:513.


title: Asunto C-551/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italia) — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena (Procedimiento prejudicial — Directiva 2008/98/CE — Artículo 15 — Gestión de residuos — Posibilidad de que el productor de residuos efectúe por sí mismo su tratamiento — Ley nacional de transposición adoptada, pero que aún no ha entrado en vigor — Vencimiento del plazo de transposición — Efecto directo)

text:
               23.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italia) — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena
   (Asunto C-551/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Directiva 2008/98/CE - Artículo 15 - Gestión de residuos - Posibilidad de que el productor de residuos efectúe por sí mismo su tratamiento - Ley nacional de transposición adoptada, pero que aún no ha entrado en vigor - Vencimiento del plazo de transposición - Efecto directo))
   (2015/C 065/17)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)

      Demandada: Comune di Quartu S. Elena

      Fallo

   El Derecho de la Unión y la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que transpone una disposición de dicha Directiva, pero cuya entrada en vigor está supeditada a la adopción de un acto interno posterior, si tal entrada en vigor se produce tras el vencimiento del plazo para la transposición establecido por la mencionada Directiva.
   El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/98, en relación con los artículos 4 y 13 de ésta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé la posibilidad de que un productor de residuos o un poseedor de residuos elimine por sí mismo los residuos, de modo que quede eximido del pago de un impuesto local de eliminación de los residuos, siempre que éste cumpla las exigencias del principio de proporcionalidad.

      (1)  DO C 377, de 21.12.2013.


title: Asunto T-109/17: Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2017 — FCA US/EUIPO — Busbridge (VIPER)

text:
               18.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/42

         Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2017 — FCA US/EUIPO — Busbridge (VIPER)
   (Asunto T-109/17)
   (2017/C 121/62)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, Estados Unidos) (representante: C. Morcom, QC)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Reino Unido)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Titular de la marca controvertida: Parte recurrente

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «VIPER» — Marca de la Unión n.o 3871101

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de diciembre de 2016 en el asunto R 554/2016-1

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule las resoluciones de la División de Anulación y de la Primera Sala de Recurso, y remita la solicitud del Sr. Busbridge a la División de Anulación para que acuerde lo que proceda.

               —

               Asimismo, la demandante solicita que se dicte resolución en lo referente a las costas.

      Motivos invocados

               —

               La Sala de recurso estimó incorrectamente que el Sr. Busbridge había probado el uso en relación con los productos amparados por el registro del Reino Unido (concretamente, «Sports cars»).

               —

               Las pruebas aportadas por el Sr. Busbridge no eran adecuadas en absoluto para demostrar el uso «efectivo», como exige el artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asuntos C-376/05 y C-377/05: Peticiones de decisión prejudicial planteadas mediante resoluciones del Bundesgerichtshof, de  26 de julio de 2005 , en los asuntos entre A. Brünsteiner GmbH y Bayerische Motorenwerke AG (C-376/05) y entre Autohaus Hilgert GmbH y Bayerische Motorenwerle AG (C-377/05)

text:
               14.1.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 10/8

         Peticiones de decisión prejudicial planteadas mediante resoluciones del Bundesgerichtshof, de 26 de julio de 2005, en los asuntos entre A. Brünsteiner GmbH y Bayerische Motorenwerke AG (C-376/05) y entre Autohaus Hilgert GmbH y Bayerische Motorenwerle AG (C-377/05)
   (Asuntos C-376/05 y C-377/05)
   (2006/C 10/18)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han sido sometidas dos peticiones de decisión prejudicial mediante resoluciones del Bundesgerichtshof (Alemania) dictadas el 26 de julio de 2005, en los asuntos entre A. Brünsteiner GmbH y Bayerische Motorenwerle AG (C-376/05) y entre Autohaus Hilgert GmbH y Bayerische Motorenwerle AG (C-377/05), y recibidas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de octubre de 2005.
   El Bundesgerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (CE) no 1475/95 (1) de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO L 145, p. 25), en el sentido de que la necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red de distribución y el derecho del proveedor, sujeto a lo anterior, a rescindir los acuerdos con los concesionarios de su red de distribución con un preaviso de un año, pueden derivarse también del hecho de que, a resultas de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1400/2002 (2) de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO L 203, p. 30), se ha hecho necesario introducir profundas modificaciones en el sistema de distribución practicado hasta entonces por el proveedor y sus concesionarios, basado en el Reglamento (CE) no 1475/95 y que disfruta de una exención en virtud del mismo?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

                           ¿Debe interpretarse el artículo 4 del Reglamento no 1400/2002 en el sentido de que los acuerdos restrictivos de la competencia contenidos en un contrato de concesión de automóviles que, con arreglo al citado Reglamento, constituyen en sí restricciones especialmente graves («cláusulas negras») no han dado excepcionalmente lugar, con la expiración el 30 de septiembre de 2003 del período transitorio de un año previsto en el artículo 10 del Reglamento, a la supresión de la exención, para todas las estipulaciones del contrato restrictivas de la competencia, de la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1, si este contrato fue celebrado durante el período de vigencia del Reglamento no 1475/95, se ajustaba a los criterios establecidos en el mismo y disfrutaba de una exención en virtud de dicho Reglamento?

                           ¿Se aplicará en cualquier caso lo anterior si la nulidad, derivada del Derecho comunitario, de todas las estipulaciones contractuales restrictivas de la competencia tiene como consecuencia, con arreglo al Derecho nacional, la nulidad de todo el contrato de concesión?

      (1)  DO C L 145, p. 25.

      (2)  DO C L 203, p. 30.


title: Asunto T-115/15: Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2015 — Deza/ECHA

text:
               1.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/14

         Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2015 — Deza/ECHA
   (Asunto T-115/15)
   (2015/C 178/16)
   Lengua de procedimiento: checo

      Partes

      Demandante: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, República Checa) (representante: P. Dejl, abogado)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión ED/108/2014 del director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, de 12 de diciembre de 2014, que actualiza y completa la entrada existente sobre la sustancia DEHP en la lista de sustancias que podrían ser eventualmente incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) no 1907/2006 (1).

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en el carácter ultra vires de la decisión impugnada.
               La demandante afirma que la decisión impugnada es ultra vires, porque (i) conforme al Reglamento no 1907/2006 la demandada no está facultada para actualizar, a través de tal decisión, la lista para una eventual inclusión en el anexo XIV en el sentido del artículo 59, apartado 1, de dicho Reglamento, (ii) porque la adopción de la decisión impugnada está precedida de un procedimiento de la demandada contrario al artículo 59 del Reglamento no 1907/2006 y (iii) porque la decisión impugnada y el procedimiento de la demandada que condujo a su adopción eluden el procedimiento previsto a tal fin por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la decisión impugnada es contraria al principio de seguridad jurídica.
               La demandante alega que la decisión impugnada es contraria el principio de seguridad jurídica, dado que (i) identifica la sustancia di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) como una sustancia que altera el sistema endocrino, cuando el Derecho de la Unión no proporciona una definición de tal sustancia ni los criterios para su identificación y dicha definición o los criterios han sido elaborados por la Comisión Europea sobre la base de reglamentos y decisiones del Consejo y del Parlamento Europeo, y (ii) que la decisión se ha adoptado en el marco de un procedimiento que aún está en tramitación, aunque en un estado avanzado, relativo a la autorización de la sustancia DEHP identificada como una sustancia tóxica para la reproducción en el sentido del artículo 57, letra c), del Reglamento no 1907/2006.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la decisión impugnada no se basa en constataciones científicas convincentes y objetivas.
               La demandante afirma que la decisión impugnada es contraria a Derecho porque no se basa en constataciones científicas convincentes y objetivas que demuestren que la sustancia DEHP cumple todos los criterios que enuncia el artículo 57, letra f), del Reglamento no 1907/2006.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la vulneración de los derechos de la demandante y en la violación de los principios consagrados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
               La demandante alega que la decisión impugnada y el procedimiento de la demandada que condujo a su adopción violan sus derechos y vulneran los principios consagrados en la Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el principio de seguridad jurídica, el derecho a un derecho a un proceso equitativo y el derecho al respeto de la propiedad.

      (1)  Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).


title: Asunto C-18/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Tribunale di Asti — Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, de fecha 17 de diciembre de 1999, en el proceso penal seguido contra Maurizio Perino

text:
C 79/18                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         18.3.2000
Según la Comisión, no cabe afirmar que la mera presencia de                 — o debe admitirse la deducción en concepto de gastos
materias grasas vegetales altere la naturaleza del producto                        generales?
hasta el extremo de que la denominación «chocolate» pueda
inducir a confusión en lo que se refiere a las caracterı́sticas         (1) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta
esenciales del propio producto.                                              Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los
                                                                             Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
Debe quedar excluida la imposición de un cambio en la                       negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido:
denominación del producto (que la haga menos atractiva) en                  base imponible uniforme (DO L 145, p. 1).
la medida en que el citado cambio perjudica notablemente la
posibilidad de identificar el producto dentro de aquella catego-
rı́a a la que tiene derecho a pertenecer. Por ello, es una medida
desproporcionada con respecto a la finalidad perseguida de
información a los consumidores.                                         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                         lución del Tribunale di Asti — Ufficio del Giudice per le
(1) Directiva del Consejo de 24.7.1973, DO L 228, de 16.8.1973,          Indagini Preliminari, de fecha 17 de diciembre de 1999,
     p. 23; EE 13/03, p. 26.                                                 en el proceso penal seguido contra Maurizio Perino
                                                                                (Asunto C-18/00)
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                                        (2000/C 79/34)
lución del tribunal administratif de Lille (Sala Cuarta), de
fecha 6 de enero de 2000, en el asunto entre Société                     Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Cibo Participations y Directeur régional des impôts du                   sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                         Nord-Pas-de-Calais                              resolución del Tribunale di Asti, dictada el 17 de diciembre de
                                                                         1999, en el proceso penal seguido contra Maurizio Perino, y
                          (Asunto C-16/00)                               recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 20 de enero
                                                                         de 2000. El Tribunale di Asti solicita al Tribunal de Justicia
                           (2000/C 79/33)                                que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                ¿Admite la Directiva 91/156/CEE (1) del Consejo, de 18 de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante            marzo de 1991 la realización de la actividad de acumulación de
resolución del tribunal administratif de Lille (Sala Cuarta),           residuos para someterlos, además de a una de las operaciones
dictada el 6 de enero de 2000, en el asunto entre Société Cibo           enumeradas en los puntos R1 a R12 del Anexo IIB, a otra
Participations y Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-           actividad autónoma de acumulación de los propios residuos o,
Calais, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el         por el contrario, esta misma Directiva obliga al particular que
19 de enero de 2000. El tribunal administratif de Lille (Sala            efectúa la actividad de acumulación de residuos a encomendar-
Cuarta) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre          los exclusivamente a una persona que realice las operaciones
las siguientes cuestiones:                                               de recuperación de los propios residuos?
1. ¿Qué criterio debe aplicarse para definir la intervención?
      ¿Podrı́a deducirse, en particular, bien de la existencia de        (1) Directiva 91/156/CEE del Consejo, por la que se modifica la
      prestaciones remuneradas, bien de la coordinación de un               Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos; DO L 78, de
      grupo por una sociedad holding, bien de una gestión de                26.3.1991, p. 32.
      hecho que prive de toda independencia a la filial, bien de
      cualquier otro elemento?
2. En caso de intervención, ¿la percepción de dividendos
      queda fuera del ámbito de aplicación del impuesto sobre el       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      valor añadido relativo a operaciones que no forman parte          lución de la Court of Session, Escocia, de fecha 11 de
      de la actividad económica, en la medida en que no es una          enero de 2000, en el asunto entre Booker Aquaculture
      contraprestación por una operación de entrega de bienes          Limited, que gira comercialmente como Marine Harvest
      o por prestaciones de servicios?,                                                 McConnell, y los Scottish Ministers
      — o, teniendo en cuenta que los gastos se realizan para la                                  (Asunto C-20/00)
          adquisición de acciones con el propósito de participar
          en actividades económicas, ¿la percepción de dividen-                                   (2000/C 79/35)
          dos entra en el ámbito de aplicación del impuesto
          sobre el valor añadido, y, en este supuesto, está exenta     Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
          por el artı́culo 13, punto B, letra d), número 1, de la       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
          Sexta Directiva (1), o es gravable?                            resolución de la Court of Session, Escocia, dictada el 11 de
3. Si la percepción de dividendos queda fuera del ámbito de            enero de 2000, en el asunto entre Booker Aquaculture Limited,
      aplicación del impuesto sobre el valor añadido, ¿qué             que gira comercialmente como Marine Harvest McConnell, y
      consecuencias se derivan de ello para los derechos de              los Scottish Ministers, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
      deducción:                                                        de Justicia el 24 de enero de 2000. La Court of Session solicita
                                                                         al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
      — queda excluido todo derecho a deducción del impuesto            cuestiones:
          sobre los gastos realizados para la adquisición de
          acciones, puesto que no se relacionan con ninguna              1) ¿Deben interpretarse los principios de Derecho comunita-
          operación gravada,                                                 rio relativos a la protección de los derechos fundamentales,


title: Asunto T-360/15: Sentencia del Tribunal General de 8 de septiembre de 2016 — Dr Vita/EUIPO (69) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión 69 — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               17.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 383/14

         Sentencia del Tribunal General de 8 de septiembre de 2016 — Dr Vita/EUIPO (69)
   (Asunto T-360/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca figurativa de la Unión 69 - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 383/19)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Dr Vita sp. z o.o. (Olsztyn, Polonia) (representante: D. Rzążewska, abogada)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (representante: D. Walicka, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de abril de 2015 (asunto R 2513/2014-5) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo 69 como marca de la Unión Europea.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Dr Vita sp. z o.o.

      (1)  DO C 279 de 24.8.2015.


title: Asunto T-627/13: Sentencia del Tribunal General de 2 de octubre de 2015 — The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Marca figurativa Darjeeling — Marcas comunitarias colectivas anteriores denominativa y figurativa DARJEELING — Motivos de denegación relativos — Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) no 207/2009»]

text:
               23.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/40

         Sentencia del Tribunal General de 2 de octubre de 2015 — The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling)
   (Asunto T-627/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Marca figurativa Darjeeling - Marcas comunitarias colectivas anteriores denominativa y figurativa DARJEELING - Motivos de denegación relativos - Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 389/42)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: The Tea Board (Calcuta, La India) (representantes: A. Nordemann y M. Maier, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: S. Palmero Cabezas, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Delta Lingerie (Cachan, Francia) (representantes: G. Marchais y P. Martini-Berthon, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 11 de septiembre de 2013 (asunto R 1387/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre The Tea Board y Delta Lingerie.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 17 de septiembre de 2013 (asunto R 1387/2012-2), en lo que se refiere a los productos objeto de la marca solicitada y comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y a los «servicios de venta al por menor de ropa interior femenina y artículos de lencería femenina, perfumes, aguas de tocador y cosméticos, ropa de casa y de baño», objeto de la marca solicitada e incluidos en la clase 35 del mismo Arreglo.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 45, de 15.2.2014.


title: Asunto C-419/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 8 de septiembre de 2014 — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

text:
               8.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 439/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 8 de septiembre de 2014 — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
   (Asunto C-419/14)
   (2014/C 439/25)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: WebMindLicences Kft.

      Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En aplicación de los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 43 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), en el marco de la identificación de la persona que presta el servicio a efectos del IVA, con ocasión del examen de si la operación tiene carácter ficticio, carente de contenido económico y mercantil real y dirigido exclusivamente a la percepción de una ventaja fiscal, ¿es relevante a efectos interpretativos el hecho de que, en las circunstancias del litigio principal, el administrador y propietario del 100 % de la sociedad mercantil que concede la licencia sea la persona física que creó el know-how transferido mediante el contrato de licencia?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, a la hora de aplicar los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 43 de la Directiva del IVA y apreciar la existencia de una práctica abusiva, ¿es relevante el hecho de que esta persona física ejerza o pueda ejercer influencia de modo informal sobre el modo de explotación de la sociedad mercantil que adquirió la licencia y sobre las decisiones de esa empresa? A efectos de esta interpretación, ¿puede tener pertinencia la circunstancia de que el creador del know-how participe o pueda participar directa o indirectamente, asesorando profesionalmente u ofreciendo consejos acerca del desarrollo y de la explotación del know-how, en la toma de decisiones empresariales relacionadas con la prestación del servicio basado en ese know-how?

               3)

               En las circunstancias del litigio principal y tomando en consideración lo expuesto en la segunda cuestión, para identificar a la persona que presta el servicio a efectos del IVA, además del análisis de la operación contractual subyacente, ¿tiene pertinencia el hecho de que el creador del know-how, en cuanto persona física, ejerza influencia, más exactamente influencia determinante, o dicte directrices acerca del modo en que se presta el servicio basado en ese know-how?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, a la hora de determinar el alcance de esta influencia y de estas directrices, ¿qué circunstancias pueden tomarse en consideración o, más concretamente, con base a qué criterios puede constatarse que se ejerce una influencia determinante sobre la prestación del servicio y que se ha ejecutado el contenido económico real de la operación subyacente en favor de la empresa que concede la licencia?

               5)

               En las circunstancias del litigio principal, al examinar la obtención de la ventaja fiscal, ¿es relevante a la hora de analizar las relaciones de los operadores económicos y de las personas intervinientes en la operación el hecho de que los sujetos pasivos que han participado en la operación contractual controvertida, dirigida a la evasión fiscal, sean personas jurídicas, cuando la autoridad tributaria de un Estado miembro atribuye a una persona física la adopción de decisiones estratégicas y operativas de explotación? En caso de que sea así, ¿debe tenerse en cuenta en qué Estado miembro ha adoptado la persona física estas decisiones? En circunstancias como las que concurren en el presente asunto, en el caso de que pueda constatarse que no resulta determinante la posición contractual de las partes, ¿tiene relevancia a efectos interpretativos el hecho de que quede a cargo de subcontratistas la gestión de los instrumentos técnicos, recursos humanos y operaciones financieras necesarios para la prestación del servicio basado en Internet de que aquí se trata?

               6)

               En el caso de que pueda constatarse que las cláusulas del contrato de licencia no reflejan un contenido económico real, ¿la recalificación de las cláusulas contractuales y el restablecimiento de la situación que existiría si no hubiera tenido lugar la operación en la que se concreta la práctica abusiva implican que la autoridad tributaria del Estado miembro pueda determinar de forma diferente el Estado miembro de la prestación y, por tanto, el lugar de exigibilidad del impuesto, aun cuando la empresa que haya adquirido la licencia haya satisfecho el impuesto exigible en el Estado miembro donde esté establecida y con arreglo a los requisitos legales fijados en ese Estado miembro?

               7)

               ¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y 56 TFUE en el sentido de que es contraria a los mismos y puede representar un uso abusivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios una configuración contractual como la que es objeto del litigio principal, con arreglo a la cual una empresa, sujeto pasivo de un Estado miembro, transfiere mediante contrato de licencia a otra empresa, sujeto pasivo de otro Estado miembro, el know-how para la prestación de servicios de contenidos para adultos a través de una tecnología de comunicación interactiva basada en Internet y el derecho a utilizarlo, en circunstancias caracterizadas por el hecho de que la carga del IVA del Estado miembro del domicilio de la empresa que ha adquirido la licencia es más ventajosa por lo que respecta a la prestación transferida?

               8)

               En circunstancias como las que concurren en el presente asunto, ¿qué importancia debe concederse, al margen de la ventaja fiscal que supuestamente puede conseguirse, a las consideraciones comerciales efectuadas por la empresa que concede la licencia? En este contexto, y más en particular, ¿es relevante a efectos interpretativos el hecho de que el propietario del 100 % y administrador de la sociedad mercantil que concede la licencia sea la persona física que creó originalmente el know-how?

               9)

               ¿Al analizar la conducta abusiva pueden tomarse en consideración y, en caso afirmativo, qué importancia tienen circunstancias similares a las del litigio principal, como los datos técnicos y de infraestructura relativos a la introducción y ejecución del servicio objeto de la operación controvertida y la preparación y los recursos humanos de que dispone la empresa que concede la licencia para prestar el servicio en cuestión?

               10)

               En la situación analizada en el presente asunto, ¿deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, 43 y 273 de la Directiva del IVA, en relación con los artículos 4 TUE, apartado 3, y 325 TFUE, en el sentido de que, en aras del cumplimiento efectivo de la obligación de los Estados miembros de la Unión de percibir efectiva y puntualmente el importe total del IVA y de evitar la pérdida presupuestaria que suponen el fraude y la evasión fiscales a través de las fronteras de los Estados miembros, en el caso de una operación de prestación de servicios y al objeto de identificar a la persona que presta el servicio, la autoridad tributaria del Estado miembro, en la fase probatoria del procedimiento administrativo de naturaleza tributaria y con el fin de dilucidar los hechos, está facultada para admitir datos, información y medios de prueba, así como, por tanto, registros de interceptaciones, obtenidos sin conocimiento del sujeto pasivo por el órgano de investigación de la autoridad tributaria en el marco de un procedimiento de carácter penal y para utilizarlos y fundamentar en los mismos su apreciación sobre las consecuencias fiscales, y de que, por su parte, el tribunal de lo contencioso-administrativo que conoce del recurso interpuesto contra la resolución administrativa de la autoridad tributaria del Estado miembro está facultado para realizar una apreciación de dichos elementos en el marco de las pruebas, con ocasión del examen de su legalidad?

               11)

               En la situación analizada en el presente asunto, ¿deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, 43 y 273 de la Directiva del IVA, en relación con los artículos 4 TUE, apartado 3, y 325 TFUE, en el sentido de que, en aras del cumplimiento efectivo de la obligación de los Estados miembros de la Unión de percibir efectiva y puntualmente el importe total del IVA y de la ejecución de la obligación de los Estados miembros de garantizar la observancia de las obligaciones impuestas al sujeto pasivo, el margen reconocido para la utilización de los medios de que dispone la autoridad tributaria del Estado miembro comprende la facultad de dicha autoridad de utilizar los medios de prueba obtenidos inicialmente con finalidad penal para reprimir conductas de evasión fiscal, incluso cuando el propio Derecho nacional no permite la obtención de información sin conocimiento del interesado en el marco de un procedimiento administrativo para reprimir conductas de evasión fiscal, o la supedita en el marco del proceso penal a garantías que no están previstas en el procedimiento administrativo de naturaleza tributaria, reconociendo al mismo tiempo a la autoridad administrativa la facultad de actuar con arreglo al principio de libertad de prueba?

               12)

               ¿Impide el artículo 8, apartado 2, del CEDH, en relación con el artículo 52, apartado 2, de la Carta, que se reconozca a la autoridad tributaria del Estado miembro la competencia a la que se refieren las cuestiones décima y undécima o, en las circunstancias del presente asunto, puede considerarse justificado, para luchar contra la evasión fiscal, utilizar en el marco de un procedimiento administrativo de naturaleza tributaria las conclusiones que se desprenden de la información obtenida sin conocimiento del interesado, con vistas a la percepción efectiva del impuesto y en aras del «bienestar económico del país»?

               13)

               En la medida en que de la respuesta a las cuestiones décima a duodécima se desprenda que la autoridad tributaria del Estado miembro puede utilizar tales medios de prueba en el procedimiento administrativo, ¿recae sobre la autoridad tributaria del Estado miembro, con el fin de garantizar la efectividad del derecho a una buena administración y del derecho de defensa con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7, 8, 41 y 48 de la Carta, en relación con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, la obligación absoluta de oír al sujeto pasivo en el curso del procedimiento administrativo, de garantizarle el acceso a las conclusiones que se desprenden de la información obtenida sin su conocimiento y de respetar la finalidad para la que fueron obtenidos los datos que figuran en esos medios de prueba, o bien, en este último contexto, la circunstancia de que la información recabada sin conocimiento del interesado se destine únicamente a una investigación de carácter penal impide de raíz la utilización de tales medios de prueba?

               14)

               En el supuesto de que se obtengan y utilicen medios de prueba infringiendo lo dispuesto en los artículos 7, 8, 41 y 48 de la Carta, en relación con el artículo 47 de la Carta, ¿satisface el derecho a un recurso efectivo una normativa nacional con arreglo a la cual la impugnación en vía judicial de la legalidad procedimental de resoluciones dictadas en asuntos tributarios sólo puede prosperar y conducir a la anulación de la decisión, si, en función de las circunstancias del caso, existe la posibilidad concreta de que la decisión impugnada hubiera sido distinta de no haberse producido el vicio de procedimiento y si, además, dicho vicio ha afectado a la posición jurídica sustantiva del demandante, o bien los vicios de procedimiento cometidos de este modo deben tenerse en cuenta en un contexto más amplio, con independencia de la influencia que tenga en el resultado del proceso el vicio de procedimiento que infringe lo dispuesto en la Carta?

               15)

               ¿La efectividad del artículo 47 de la Carta exige que, en una situación procesal como la presente, el tribunal de lo contencioso-administrativo que conoce del recurso contra la resolución administrativa de la autoridad tributaria del Estado miembro pueda controlar la legalidad de la obtención de los medios de prueba recabados con fines penales y sin conocimiento del interesado en el marco de un procedimiento de carácter penal, en particular cuando el sujeto pasivo contra el que se haya instado en paralelo el proceso penal no tenga conocimiento de esa documentación ni haya podido impugnar ante un tribunal la legalidad de la misma?

               16)

               Tomando también en consideración la cuestión sexta, el Reglamento (UE) no 904/2010 (2) del Consejo, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, a la luz en particular de su séptimo considerando, con arreglo al cual, a efectos de la recaudación del impuesto, los Estados miembros deben cooperar para ayudar a garantizar que el IVA se aplique correctamente y para ello, no sólo deben comprobar la correcta aplicación del impuesto adeudado en su propio territorio, sino también ayudar a otros Estados miembros para garantizar la correcta aplicación del impuesto relativo a la actividad realizada en su propio territorio pero que se adeuda en otro Estado miembro, ¿debe interpretarse en el sentido de que, en una situación de hecho como la que caracteriza el presente asunto, la autoridad tributaria del Estado miembro que descubre la deuda tributaria debe dirigir una solicitud a la autoridad tributaria del Estado miembro en el que el sujeto pasivo que ha sido objeto de inspección fiscal ya ha satisfecho su obligación de pago del impuesto?

               17)

               En caso de respuesta afirmativa a la decimosexta cuestión, si se impugna ante un tribunal y se constata la ilegalidad procesal de las resoluciones adoptadas por la autoridad tributaria del Estado miembro por este motivo, sobre la base de la falta de obtención de información y de la solicitud, ¿qué consecuencia debe aplicar el tribunal que conoce del recurso contra las resoluciones administrativas adoptadas por la autoridad tributaria del Estado miembro, habida cuenta asimismo de lo expuesto en la decimocuarta cuestión?

      (1)  DO L 347, p. 1.

      (2)  DO L 268, p. 1.


title: Asunto C-51/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de mayo de 2011 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo ( «Incumplimiento de Estado — Artículo 43 CE — Libertad de establecimiento — Notarios — Requisito de nacionalidad — Artículo 45 CE — Participación en el ejercicio del poder público — Directiva 89/48/CEE» )

text:
               9.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 204/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de mayo de 2011 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-51/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Artículo 43 CE - Libertad de establecimiento - Notarios - Requisito de nacionalidad - Artículo 45 CE - Participación en el ejercicio del poder público - Directiva 89/48/CEE)
   2011/C 204/04
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea representantes: J.-P. Keppenne y H. Støvlbæk, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: E. Jenkinson y S. Ossowski, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo (representantes: C. Schiltz, agente y J.-J. Lorang, abogado)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: República Checa (representante: M. Smolek, agente), República Francesa (representantes: G. de Bergues y M. Messmer, agentes), República de Letonia (representantes: L. Ostrovska, K. Drēviņa y J. Barbale, agentes), República de Lituania (representantes: D. Kriaučiūnas y E. Matulionytė, agentes), República de Hungría (representantes: J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres y M. Fehér, agentes), República de Polonia (representantes: M. Dowgielewicz, C. Herma y D. Lutostańska, agentes), República Eslovaca (representante: J. Čorba, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 43 CE y 45 CE — Normativa nacional que supedita el acceso a la profesión de notario y su ejercicio a un requisito de nacionalidad — Obstáculo a la libertad de establecimiento — Alcance de la excepción relativa a las actividades relacionadas con el ejercicio del poder público — Necesidad de una participación directa y específica de dicho ejercicio — No transposición, por lo que atañe a la profesión de notario, de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16).

      Fallo

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE al imponer un requisito de nacionalidad para acceder a la profesión de notario.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión Europea, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República Checa, la República Francesa, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Polonia, la República Eslovaca y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 128, de 24.5.2008.


title: Asunto C-473/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) el 20 de octubre de 2014 — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) el 20 de octubre de 2014 — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
   (Asunto C-473/14)
   (2015/C 007/19)
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Symvoulio tis Epikrateias (Grecia)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Dimos Kropias Attikis

      Demandada: Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis (Ministro de medio ambiente, energía y cambio climático)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿El plan regulador de un complejo urbanístico metropolitano, que establece objetivos, directrices y programas generales para la planificación urbanística y de ordenación del territorio de una zona más amplia en la que se halla dicho complejo, determinando, en particular, como sus objetivos generales la protección de las masas montañosas que lo rodean, así como la contención de la expansión urbanística de la ciudad, constituye un plan que permite a la autoridad administrativa competente no someter el plan, adoptado mediante Decreto por delegación de la Ley, en la que se incluye el citado plan regulador original que establece zonas de protección en una de las masas montañosas mencionadas y los usos y actividades permitidos, especificando y materializando los objetivos de la protección de las masas montañosas y la contención de la expansión urbanística de la ciudad, al procedimiento de la evaluación estratégica medioambiental del artículo 3 de la Directiva 2001/42/CE (1) (DO L 197), en el modo en que fue interpretado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 22 de marzo de 2012, C-567/10, Inter-Environnement Bruxelles y otros, apartado 42?

               2)

               En el supuesto de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, si, en el momento de su adopción, el plan que especifica, que forma parte de una jerarquía de actos de ordenación territorial, no fue sometido a la evaluación estratégica medioambiental de la Directiva 2001/42 mencionada en la cuestión prejudicial anterior, ¿debe llevarse a cabo la citada evaluación al adoptarse el acto de especificación del anterior plan, de conformidad con la vigencia temporal de la Directiva?

               3)

               En el supuesto de respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial planteada, un Decreto que contiene disposiciones relativas a las medidas de protección y a los usos y actividades permitidos en una zona incluida en la parte nacional de la Red Natura como LIC [Lugar de Importancia Comunitaria], ZEC [Zona Especial de Conservación] y ZPE [Ζona de Protección Especial], mediante las cuales se introduce un régimen de protección absoluta de la naturaleza, que únicamente permite instalaciones de lucha contra incendios, de gestión forestal y los senderos para paseo, pero que de los actos preparatorios de dichas disposiciones no se desprende que se tomaran en consideración los objetivos de conservación de dichas zonas, es decir las características medioambientales particulares, sobre cuya base fueron incluidas en la Red Natura, mientras que por otro lado continúan sobre la base de las citadas disposiciones usos dentro de la zona controvertida que ya no se permiten únicamente porque eran compatibles con el régimen anteriormente vigente de protección, ¿constituye un plan de gestión, en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE (2) (DO L 206), antes de cuya adopción no era obligatoria la realización de una evaluación estratégica medioambiental, de conformidad con el referido artículo en relación el artículo 3, apartado 2, letra b), de la citada Directiva 2001/42/CE, en el modo en que fue interpretado?

               4)

               En el supuesto de repuesta positiva a la tercera cuestión prejudicial, cuando se ha adoptado un acto de planificación de ordenación del territorio, relativo a una zona geográfica unitaria más amplia, respecto de la cual se exige, en principio, sobre la base del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/42/CE, en relación con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva [92/43/CEE] la realización de la evaluación estratégica medioambiental que no tuvo lugar, y se demuestra que sólo para algunas de las secciones de dicha región, debido a las recientes disposiciones que regulan las actividades y usos permitidos, los cuales no constituyen meros planes de gestión, se exigía la realización de evaluación medioambiental posterior, mientras que no se exigía para la mayor parte, ya que la regulación adoptada, en la parte relativa a esas últimas secciones, constituye un plan de gestión, respecto del cual el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/42/CE en relación con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva [92/43/CEE] no impone la citada evaluación, ¿resulta razonable, en el sentido de la Directiva 2001/42/CE determinar la nulidad parcial de toda la regulación y su consiguiente anulación, únicamente para las secciones de la región, respecto de las cuales las regulaciones anteriores exigían la realización de evaluación medioambiental posterior, de modo que, tras la anulación parcial del citado acto, la evaluación estratégica medioambiental tenga lugar únicamente en relación con esa sección y no en su conjunto?

      (1)  Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

      (2)  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.


title: Asunto C-225/14: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal d’instance de Dieppe — Francia) — Facet SA/Jean Henri

text:
               4.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 146/32

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal d’instance de Dieppe — Francia) — Facet SA/Jean Henri
   (Asunto C-225/14) (1)

   (2015/C 146/41)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 223, de 14.7.2014.


title: Asunto T-380/08: Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2013 — Países Bajos/Comisión [ «Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n ° 1049/2001 — Solicitud de acceso a determinados pasajes confidenciales de la decisión final de la Comisión relativa a un cártel — Denegación de acceso — Obligación de motivación — Obligación de proceder a un examen concreto e individual — Excepción relativa a la protección de la intimidad y de la integridad de la persona — Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de un tercero — Excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de investigación — Interés público superior — Cooperación leal» ]

text:
               26.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/16

         Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2013 — Países Bajos/Comisión
   (Asunto T-380/08) (1)

   (Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Solicitud de acceso a determinados pasajes confidenciales de la decisión final de la Comisión relativa a un cártel - Denegación de acceso - Obligación de motivación - Obligación de proceder a un examen concreto e individual - Excepción relativa a la protección de la intimidad y de la integridad de la persona - Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de un tercero - Excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de investigación - Interés público superior - Cooperación leal)
   2013/C 313/28
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Reino de los Países Bajos (representantes: C. Wissels, M. de Mol y M. de Ree, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet y P. Costa de Oliveira, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión de la Comisión de 30 de junio de 2008 denegatoria del acceso a determinados pasajes confidenciales de la Decisión C(2006) 4090 final [asunto COMP/F/38.456 — Betún (Países Bajos)].

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Reino de los Países Bajos cargará con sus propias costas así como con las causadas por la Comisión Europea.

      (1)  DO C 285, de 8.11.2008.


title: Asunto T-117/10: Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2010 — Italia/Comisión

text:
               5.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 148/32

         Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2010 — Italia/Comisión
   (Asunto T-117/10)
   2010/C 148/57
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: P. Gentili y G. Palmieri, abogados del Estado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión Europea C(2009) 10350, de 22 de diciembre de 2009, en virtud de la cual se reducen las ayudas económicas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional destinadas al programa operativo POR Puglia, Objetivo 1 (2000-2006).

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   La República Italiana impugna ante el Tribunal de la Unión Europea la Decisión de la Comisión Europea C(2009) 10350, de 22 de diciembre de 2009, notificada el 23 de diciembre de 2009, en virtud de la cual se reducen las ayudas económicas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional concedidas a Italia para el programa operativo POR Puglia, Objetivo 1 (2000-2006).
   La República Italiana alega los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

               Primer motivo. Infracción de los artículos 39, apartados 2, letra c), y 3, del Reglamento no 1260/99 (1) y 4 del Reglamento 438/2001. (2) A este respecto se alega que los revisores de la Unión dedujeron la existencia de insuficiencias sistemáticas en los controles de primer nivel a partir de algunas irregularidades no señaladas por dichos controles en la adjudicación y en la ejecución de contratos para la realización de obras públicas. Si embargo, la Decisión impugnada no refutó de hecho las alegaciones en contrario esgrimidas por la Regione, que descartaban la existencia de insuficiencias sistemáticas; a pesar de ello la Comisión aplicó una corrección a tanto alzado del 10 % con arreglo al artículo 39 del Reglamento 260/99, como si los sistemas de control regional de primer nivel no fueran conformes con lo previsto en el artículo 4 del Reglamento 438/2001. Por consiguiente, la Comisión también violó el principio de cooperación.

               Segundo motivo. Infracción de los artículos 39, apartados 2, letra c), y 3, del Reglamento 1260/99 y 10 del Reglamento 438/2001. La demandante precisa sobre este punto que el segundo motivo es análogo al primero, pero se refiere a los controles de segundo nivel, previstos en el artículo 10 del Reglamento 438/2001, que también fueron considerados sistemáticamente insuficientes por los auditores de la Unión a causa de irregularidades no señaladas detectadas en algunas muestras, a pesar de que la Regione Puglia protestó fundadamente contra dichas irregularidades, con argumentos de hecho y de Derecho no refutados por la Decisión impugnada.

               Tercer motivo. Falta de motivación y posterior infracción del artículo 39, apartados 2 y 3, del Reglamento 1260/99. La demandante alega que la Decisión adolece de falta de motivación porque al declarar que existían insuficiencias sistemáticas que justificaban una corrección a tanto alzado del 10 %, la Comisión se basó en la situación examinada por los revisores en 2007 y 2008, pasando totalmente por alto los progresos cuantitativos y cualitativos documentados por la Regione hasta finales de 2009 y las alegaciones en contrario formuladas contra los defectos específicos señalados por los revisores, citados en los motivos anteriores. En consecuencia, carece de fundamento la conclusión de la Comisión de que existía un peligro grave para el Fondo.

               Cuarto motivo. Infracción de los artículos 12 del Reglamento 1260/99, 4, apartado 1 del Reglamento 438/2001 y 258 TFUE, así como incompetencia de la parte demandada. Según la demandante, la Comisión otorgó una importancia determinante al hecho de que no se señalaran las presuntas infracciones a la normativa que regula los contratos públicos, pero de la lectura correcta de los artículos 12 del Reglamento 1260/99 y 4 del Reglamento 438/2001 se desprende que las violaciones sistemáticas de dicha normativa no pueden llevar directamente a imponer una corrección a tanto alzado, sino a la incoación de un procedimiento por infracción, con la correspondiente suspensión, con arreglo al artículo 32, apartado 3, letra f), del Reglamento 1260/99, de los pagos correspondientes a las medidas a las que se refiere la infracción.

      (1)  Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales (DO L 63, p. 21).


title: Asunto T-614/15: Recurso interpuesto el 29 de octubre de 2015 — Azur Space Solar Power/OAMI (Representación de una línea negra)

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/64

         Recurso interpuesto el 29 de octubre de 2015 — Azur Space Solar Power/OAMI (Representación de una línea negra)
   (Asunto T-614/15)
   (2016/C 038/86)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Alemania) (representante: J. Nicodemus, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca figurativa (Representación de una línea negra) — Solicitud de registro no 1 201 652

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 2 de septiembre de 2015 en el asunto R 3233/2015-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-376/16: Auto del Tribunal General de 2 de marzo de 2017 — Oberösterreichische Landesbank/JUR

text:
               26.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 202/28

         Auto del Tribunal General de 2 de marzo de 2017 — Oberösterreichische Landesbank/JUR
   (Asunto T-376/16) (1)

   (2017/C 202/44)
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Octava ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 343 de 19.9.2016.


title: Asunto T-41/15: Auto del Tribunal General de 2 de diciembre de 2015 — Novartis/OAMI — Mabxience (HERTIXAN) («Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Retirada de la solicitud de registro — Sobreseimiento»)

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/58

         Auto del Tribunal General de 2 de diciembre de 2015 — Novartis/OAMI — Mabxience (HERTIXAN)
   (Asunto T-41/15) (1)

   ((«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Retirada de la solicitud de registro - Sobreseimiento»))
   (2016/C 038/77)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Novartis AG (Basilea, Suiza) (representante: M. Douglas, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: S. Palmero Cabezas, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Mabxience SA (Montevideo, Uruguay)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 31 de octubre de 2014 (asunto R 2550/2013-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Novartis AG y Mabxience SA.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Novartis AG.

      (1)  DO C 107, de 30.3.2015.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 9 de junio de 2005, en el asunto T-188/02, Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG contra Oficina de Armonización en el Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (OAMI) («Marca comunitaria — Oposición — Retirada de la oposición — Sobreseimiento»)

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/16

      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 9 de junio de 2005
   en el asunto T-188/02, Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG contra Oficina de Armonización en el Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (OAMI) (1)

   («Marca comunitaria - Oposición - Retirada de la oposición - Sobreseimiento»)
   (2005/C 229/34)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-188/02, Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG, con domicilio social en Berlin, representada por el Sr. K.-D. Rathke, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. A. von Mühlendahl y G. Schneider), y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es Roberto Traiteur SASU (anteriormente Roberto S.A.), con domicilio social en Chevilly (Francia), representada por el Sr. R. Milchior, abogado, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, de 28 de febrero de 2002 (asunto R 1155/2000-4), relativa al procedimiento de oposición entre Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG y Roberto S.A., el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 9 de junio de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 202, de 24.8.2002.


title: Asunto C-303/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) el 29 de junio de 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) el 29 de junio de 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha
   (Asunto C-303/07)
   (2007/C 211/39)
   Lengua de procedimiento: finés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Korkein hallinto-oikeus
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

      Demandada: Uudenmaan verovirasto ja Helsingin kaupunki
   Cuestión prejudicial
   ¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 48 CE, así como 56 CE y 58 CE, en el sentido de que, para el cumplimiento de las libertades fundamentales que en ellos se garantizan, deben considerarse análogos una sociedad anónima finlandesa o un fondo de inversión finlandés y una SICAV luxemburguesa, aunque el Derecho finlandés no conozca ninguna forma societaria que se corresponda plenamente con las SICAV, si se considera al mismo tiempo que la SICAV, que es una sociedad jurídica luxemburguesa, no halla mención en la lista de sociedades a las que es aplicable el artículo 2, letra a), de la Directiva 90/435/CE (1) -a la que ha sido adaptada la normativa finlandesa sobre la retención a cuenta aplicable en el presente asunto- y, además, si se tiene en cuenta que la SICAV está exenta del impuesto sobre la renta con arreglo a la normativa tributaria nacional luxemburguesa? ¿Vulnera en estas circunstancias los citados artículos del Tratado CE el hecho de que la SICAV residente en Luxemburgo, en tanto que receptora de dividendos en Finlandia, no esté exenta de la retención que debe practicarse sobre los dividendos?

      (1)  Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados Miembros diferentes (DO L 225, p. 6).


title: Asunto F-19/10: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2010 — Marsili/Comisión

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/57

      Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2010 — Marsili/Comisión
      (Asunto F-19/10)
      (2010/C 161/91)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: Letizia Marsili (Bruselas) (representantes: K. Van Maldegem, C. Mereu y M. Velardo, abogados)

         Demandada: Comisión Europea

         Objeto y descripción del litigio

      Anulación de la decisión de la Comisión de no incluir a la demandante en la lista de reserva de la oposición EPSO/AST/51/08, así como la indemnización del perjuicio sufrido por la demandante.

         Pretensiones de la parte demandante

                  —

                  Anular la decisión del tribunal de la oposición de 17 de diciembre de 2009 de no incluir a la demandante en la lista de la oposición EPSO/AST/51/08 y condenar a la demandada al pago del perjuicio que se valora con carácter provisional en 1 euro y que se establecerá definitivamente con más precisión durante el procedimiento, así como al abono de los intereses compensatorios y de demora a razón del 6,75 % como reparación del perjuicio moral y material sufrido.

                  —

                  Condenar en costas a la Comisión Europea.


title: Asunto F-100/13: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 25 de septiembre de 2014 — Julien-Malvy y otros/SEAE (Función pública — Retribución — Personal del SEAE destinado en un país tercero — Decisión de la AFPN por la que se modifica la lista de países terceros en los que las condiciones de vida son equivalentes a las habituales en la Unión — Acto de alcance general — Admisibilidad del recurso — Evaluación anual de la indemnización por condiciones de vida — Supresión)

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/64

      Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 25 de septiembre de 2014 — Julien-Malvy y otros/SEAE
      (Asunto F-100/13) (1)

      ((Función pública - Retribución - Personal del SEAE destinado en un país tercero - Decisión de la AFPN por la que se modifica la lista de países terceros en los que las condiciones de vida son equivalentes a las habituales en la Unión - Acto de alcance general - Admisibilidad del recurso - Evaluación anual de la indemnización por condiciones de vida - Supresión))
      (2014/C 395/77)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandantes: Bruno Julien-Malvy (Tokio, Japón) y otros (representantes: T. Bontinck y A. Guillerme, abogados)

         Demandada: Servicio Europeo de Acción Exterior (representantes: S. Marquardt y M. Silva, agentes)

         Objeto

      Pretensión de anulación de la decisión del SEAE de dejar de abonar a partir del 1 de enero de 2014 la indemnización por condiciones de vida a los funcionarios destinados en Argentina, Chile, China (Hong Kong), Japón, Malasia, Singapur y Taiwán.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  El Sr. Julien-Malvy y el resto de los demandantes, cuyos nombres figuran en anexo, cargarán con sus propias costas.

                  3)

                  El Servicio Europeo de Acción Exterior cargará con sus propias costas.

         (1)  DO C 45, de 15.02.14, p. 46.


title: Asuntos T-141/07, T-142/07, T-145/07 y T-146/07: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2011 — General Technic-Otis y otros/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de la instalación y del mantenimiento de ascensores y de escaleras mecánicas — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Manipulación de licitaciones — Reparto de mercados — Fijación de precios» )

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/44

         Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2011 — General Technic-Otis y otros/Comisión
   (Asuntos T-141/07, T-142/07, T-145/07 y T-146/07) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado de la instalación y del mantenimiento de ascensores y de escaleras mecánicas - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Manipulación de licitaciones - Reparto de mercados - Fijación de precios)
   2011/C 269/97
   Lengua de procedimiento: francés e inglés

      Partes

      Demandantes: General Technic-Otis Sàrl (Howald, Luxemburgo) (representantes: inicialmente, M. Nosbuch y posteriormente, A. Winckler, abogados, y J. Temple Lang, Solicitor) (asunto T-141/07); General Technic Sàrl (Howald) (representante: M. Nosbusch) (asunto T-142/07); Otis SA (Dilbeeck, Bélgica), Otis GmbH & Co. OHG (Berlín), Otis BV (Amersfoort, Países Bajos) y Otis Elevator Company (Farmington, Connecticut, Estados Unidos) (representantes: A. Winckler y J. Temple Lang) (asunto T-145/07); así como United Technologies Corporation (Wilmington, Delaware, Estados Unidos) (representantes: A. Winckler y J. Temple Lang) (asunto T-146/07)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: asuntos T-141/07, T-142/07, A. Bouquet y R. Sauer, agentes, asistidos por A. Condomines, abogado; y asuntos T-145/07 y T-146/07, A. Bouquet, R. Sauer y J. Bourke, agentes, asistidos por A. Condomines)

      Objeto

   Recursos de anulación de la Decisión C(2007) 512 final de la Comisión, de 21 de febrero de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/E-1/38.823 — Ascensores y escaleras mecánicas), o, con carácter subsidiario, de reducción del importe de las multas impuestas a las demandantes.

      Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-141/07, T-142/07, T-145/07 y T-146/07 a efectos de la presente sentencia.

               2)

               Desestimar los recursos.

               3)

               En el asunto T-141/07, condenar en costas a General Technic-Otis Sàrl.

               4)

               En el asunto T-142/07, condenar en costas a General Technic Sàrl.

               5)

               En el asunto T-145/07, condenar en costas a Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV y Otis Elevator Company.

               6)

               En el asunto T-146/07, condenar en costas a United Technologies Corporation.

      (1)  DO C 140, de 23.6.2007.