title: Asunto T-92/05: Recurso interpuesto el 25 de febrero de 2005 por Movingpeople.net International B.V. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
               14.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 115/26

         Recurso interpuesto el 25 de febrero de 2005 por Movingpeople.net International B.V. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   (Asunto T-92/05)
   (2005/C 115/48)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 25 de febrero de 2005 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por Movingpeople.net International B.V., con domicilio social en Helmond (Países Bajos), representada por los Sres. G.S.C.M. van Roeyen y T. Berendsen, abogados.
   El Sr. Thomas Schäfer, con domicilio en Schashagen (Alemania), fue asimismo parte en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución impugnada, de forma que se acepte la solicitud de registro de marca comunitaria no 1 997 733 para todos los productos incluidos en la solicitud y comprendidos en las clases 10, 12 y 20.

               —

               Condene en costas a la OAMI y/o al oponente.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria:

               Movingpeople.net Internacional B.V.

               Marca comunitaria afectada:

               Marca figurativa «movingpeople.net», para productos comprendidos en las clases 10, 12 y 20 (Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima; […]; todos los artículos mencionados fabricados especialmente para minusválidos y otras personas necesitadas de ayuda […]) — solicitud no 1 997 733

               Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               Thomas Schäfer

               Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               Marca denominativa nacional «MOVING PEOPLE», para productos y servicios comprendidos en las clases 12 y 37 (Vehículos; aparatos de vuelo, sillas de ruedas de propulsión eléctrica y sillas de ruedas para pacientes, […])

               Resolución de la División de Oposición:

               Denegación del registro de marca comunitaria para los productos controvertidos

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso

               Motivos invocados:

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo


title: Asunto C-276/10: Recurso interpuesto el 2 de junio de 2010 — Comisión Europea/República Checa

text:
               31.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/30

         Recurso interpuesto el 2 de junio de 2010 — Comisión Europea/República Checa
   (Asunto C-276/10)
   ()
   2010/C 209/42
   Lengua de procedimiento: checo

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: S. Pardo Quintillán y L. Jelínek, agentes)

      Demandada: República Checa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12 de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, (1) relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Checa.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 16 de enero de 2009.

      (1)  DO L 372, p. 19.


title: Asunto C-34/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 29 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/109/CE — Nacionales de terceros países residentes de larga duración — No adaptación del ordenamiento jurídico interno dentro del plazo establecido)

text:
               26.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 29 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-34/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/109/CE - Nacionales de terceros países residentes de larga duración - No adaptación del ordenamiento jurídico interno dentro del plazo establecido)
   (2008/C 22/26)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: M. Condou-Durande, agente)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo (representante: C. Schiltz, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo establecido, de las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO L 16, p. 44).
   Fallo

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración al no adoptar, dentro del plazo establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      (1)  DO C 69 de 24.3.2007.


title: Asunto F-29/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Vivier/Comisión (Función pública — Agentes temporales — Clasificación en grado — Grados previstos en la convocatoria — Modificación de las normas de clasificación de los agentes — Disposiciones transitorias — Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto — Aplicación por analogía)

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/58

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Vivier/Comisión
   (Asunto F-29/05) (1)

   (Función pública - Agentes temporales - Clasificación en grado - Grados previstos en la convocatoria - Modificación de las normas de clasificación de los agentes - Disposiciones transitorias - Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto - Aplicación por analogía)
   2010/C 328/91
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Jean-François Vivier (Petten, Países Bajos) (representantes: inicialmente S. Orlandi, A. Coolen y É. Marchal, abogados, posteriormente S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente H. Krämer y K. Herrmann, agentes, posteriormente J. Currall, agente)

      Objeto

   Anulación de la decisión de la Comisión por la que se clasifica al demandante en el grado A*6 en el momento de su contratación como agente temporal.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de clasificación de la Comisión Europea, tal como figura como anexo de 21 de julio de 2004 al contrato de agente temporal firmado por el Sr. Vivier el 10 de junio de 2004.

               2)

               Condenar a la Comisión Europea a abonar sus propias costas y las efectuadas por el Sr. Vivier.

      (1)  DO C 193, de 6.8.2005, p. 31 (asunto inicialmente registrado en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-196/05 y trasladado al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15 de diciembre 2005).


title: Asunto C-71/05: Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2005 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               2.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/23

         Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2005 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-71/05)
   (2005/C 82/47)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 14 de febrero de 2005 un recurso contra el Gran Ducado de Luxemburgo, formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Mikko Huttunen, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de marzo de 2002, sobre el establecimiento de normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva y, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               2)

               Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva expiró el 28 de septiembre de 2003.

      (1)  DO L 85, de 28.3.2002, p. 40.


title: Asunto C-174/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de octubre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet (Sexta Directiva IVA — Artículo 19, apartado 2 — Deducción del impuesto soportado — Sujeto pasivo mixto — Bienes y servicios utilizados a la vez para actividades sujetas y actividades exentas — Cálculo de prorrata de deducción — Concepto de operaciones inmobiliarias accesorias — Autoconsumo — Principio de neutralidad fiscal)

text:
               19.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 312/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de octubre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet
   (Asunto C-174/08) (1)

   (Sexta Directiva IVA - Artículo 19, apartado 2 - Deducción del impuesto soportado - Sujeto pasivo mixto - Bienes y servicios utilizados a la vez para actividades sujetas y actividades exentas - Cálculo de prorrata de deducción - Concepto de «operaciones inmobiliarias accesorias» - Autoconsumo - Principio de neutralidad fiscal)
   2009/C 312/08
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: NCC Construction Danmark A/S

      Demandada: Skatteministeriet

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Østre Landsret — Interpretación del artículo 19, apartado 2, segunda frase, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme — Empresa constructora que realiza actividades de venta de inmuebles que dicha empresa construyó por cuenta propia con objeto de revenderlos — Bienes y servicios utilizados tanto para operaciones que dan derecho a deducción del IVA soportado como para operaciones que no conllevan tal derecho — Cálculo de la prorrata de deducción — Concepto de operaciones accesorias inmobiliarias.

      Fallo

               1)

               El artículo 19, apartado 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de una empresa de construcción, la venta por ésta de inmuebles realizados por cuenta propia no puede calificarse de «operación inmobiliaria accesoria» en el sentido de esta disposición, ya que esta actividad constituye la prolongación directa, permanente y necesaria de su actividad gravable. En tales condiciones, no hay que apreciar en concreto en qué medida esa actividad de venta, considerada por separado, requiere la utilización de bienes y servicios por los que debe pagarse el impuesto sobre el valor añadido.

               2)

               El principio de neutralidad fiscal no puede oponerse a que una empresa de construcción, que abona el impuesto sobre el valor añadido sobre las prestaciones de construcción que efectúa por cuenta propia (autoconsumo), no pueda deducir íntegramente el impuesto sobre el valor añadido relativo a los gastos generales ocasionados por la realización de esas prestaciones, ya que el volumen de negocios resultante de la venta de las construcciones así realizadas está exento del impuesto sobre el valor añadido.

      (1)  DO C 171, de 5.7.2008.


title: Asunto T-473/13: Recurso interpuesto el 3 de septiembre de 2013 — G-Star Raw/OAMI — PepsiCo (PEPSI RAW)

text:
               23.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 344/57

         Recurso interpuesto el 3 de septiembre de 2013 — G-Star Raw/OAMI — PepsiCo (PEPSI RAW)
   (Asunto T-473/13)
   2013/C 344/105
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: G-Star Raw CV (Ámsterdam, Países Bajos) (representantes: J. van Manen, M. van de Braak y L. Fresco, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: PepsiCo, Inc. (Nueva York, Estados Unidos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 25 de junio de 2013 (asunto R 1586/2012-2).

               —

               Condene a la demandada al pago de las costas del presente procedimiento.

               —

               Condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso al pago de las costas del presente procedimiento, si interviene, así como de las causadas en los procedimientos ante la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene los elementos denominativos «PEPSI RAW» para productos de la clase 32 — Solicitud de marca comunitaria no 6.788.004

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado: Marca denominativa «RAW» para productos de la clase 25 — Marca comunitaria no 4.743.225

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición y desestimación de la solicitud de marca comunitaria en su totalidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución impugnada

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.


title: Asunto T-771/14: Recurso interpuesto el 21 de noviembre de 2014 — ANKO/Comisión

text:
               23.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/36

         Recurso interpuesto el 21 de noviembre de 2014 — ANKO/Comisión
   (Asunto T-771/14)
   (2015/C 065/50)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: ANKO AE Antiporsopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atenas, Grecia) (representante: V. Christianos, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare que la cantidad de 2 96  149,77 euros, que la Comisión abonó a la demandante por la obra DOC@HAND, corresponde a gastos subvencionables y que en consecuencia la demandante no está obligada a restituirla como cantidad indebidamente pagada.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso tiene por objeto la responsabilidad de la Comisión derivada del contrato no 508015 para la ejecución de la obra DOC@HAND, en virtud del artículo 272 TFUE. En particular, la demandante sostiene que, pese a haber cumplido todas sus obligaciones contractuales, la Comisión, incumpliendo el citado contrato, vulnerando el principio de buena fe, de la prohibición del abuso de derecho y de la proporcionalidad, solicitó la devolución de las cantidades abonadas a ANKO al considerar que corresponden a gastos no subvencionables.
   Por ello, la demandante sostiene, en primer lugar, que la Comisión se basa en afirmaciones completamente infundadas y en cualquier caso no probadas para denegar la casi totalidad de los gastos de ANKO como no subvencionables y solicitar la devolución de la cantidad que abonó a ANKO para la obra DOC@HAND. En segundo lugar, que la Comisión, al rechazar el 99,59 % de su contribución debida, basándose en que, supuestamente, no corresponde a gastos subvencionables, que soportó la demandante para las necesidades de la obra, vulnera el principio de prohibición de abuso de derecho y de la proporcionalidad.


title: Asunto T-237/05: Recurso interpuesto el 17 de junio de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Éditions Odile Jacob SAS

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/32

         Recurso interpuesto el 17 de junio de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Éditions Odile Jacob SAS
   (Asunto T-237/05)
   (2005/C 205/59)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de junio de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Éditions Odile Jacob SAS, con domicilio social en París, representada por los Sres. Wilko van Weert y Olivier Fréget, abogados.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               1.

               Anule la Decisión impugnada, que deniega la comunicación a la demandante de los documentos solicitados, dado que:

                           —

                           la Comisión no realizó un examen concreto e individual de cada uno de los documentos a los cuales la demandante solicitaba acceso;

                           —

                           la Comisión aplicó de manera errónea las excepciones del artículo 4.2 del Reglamento no 1049/2001;

                           —

                           en cualquier caso, la Comisión ignoró el derecho de la demandante a un acceso parcial a los documentos solicitados;

                           —

                           la Comisión violó el principio de proporcionalidad al no ponderar la aplicación de las excepciones del artículo 4.2 del Reglamento no 1049/2001 con el interés superior que justifica la divulgación de los documentos.

               2.

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia dos recursos de anulación, el primero (asunto T-279/04) (1) contra la Decisión de la Comisión de 7 de enero de 2004 por la que se declaró compatible con el mercado común y con el Acuerdo EEE la operación de concentración consistente en la adquisición del control exclusivo de los activos de la empresa Vivendi Universal Publishing por la empresa Lagardère con la condición de que se cumpliesen los compromisos asumidos por ésta (Asunto no COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) y el segundo (asunto T-452/04) (2) contra la Decisión de la Comisión de 30 de julio de 2004 relativa a la aceptación de Wendel Investissement como adquirente de los activos cedidos con arreglo a la Decisión de 7 de enero de 2004.
   El 27 de enero de 2005, la demandante solicitó a la Comisión, sobre la base del artículo 255 CE y del Reglamento no 1049/2001, acceso a determinados documentos referentes al citado asunto. La Comisión sólo le comunicó uno de los documentos solicitados e invocó en relación con los demás excepciones al principio de acceso del público a los documentos. El 18 de febrero de 2005, la demandante presentó una solicitud confirmatoria, que fue desestimada por la Comisión el 7 de abril de 2005.
   En apoyo de su recurso contra esta última Decisión, la demandante alega desde un principio que la Decisión impugnada es nula puesto que se basa en un examen de los documentos solicitados por categorías y no en un examen concreto e individual de cada uno de los documentos.
   La demandante invoca asimismo errores manifiestos de apreciación de la Comisión en la aplicación de cada una de las excepciones del artículo 4.2 del Reglamento no 1049/2001 en las que se basó para desestimar la solicitud controvertida. Se trata más concretamente de la protección de los objetivos de actividades de inspección, la protección de intereses comerciales, la protección del proceso de toma de decisiones y la protección de los dictámenes jurídicos de la Comisión. A juicio de la demandante, la Comisión no aplicó correctamente ninguna de estas excepciones.
   La demandante afirma asimismo que la Comisión ignoró su derecho al menos a un acceso parcial a los documentos de que se trata.
   Por último, la demandante invoca la violación del principio de proporcionalidad debido a que la Comisión no ponderó las excepciones del artículo 4.2 del Reglamento no 1049/2001 con el interés público superior que justifica la divulgación de los documentos solicitados.

      (1)  DO C 262, de 23.10.2004, p. 33.

      (2)  DO C 45, de 19.2.2005, p. 24.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 13 de julio de 2004, en el asunto T-115/03: Samar SpA contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa GAS STATION — Marca nacional figurativa anterior BLUE JEANS GAS — Denegación de registro)

text:
               25.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/21

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 13 de julio de 2004
   en el asunto T-115/03: Samar SpA contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa GAS STATION - Marca nacional figurativa anterior BLUE JEANS GAS - Denegación de registro)
   (2004/C 239/44)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto T-115/03, Samar SpA, con domicilio social en Mottalciata (Italia), representada por el Sr. A. Ruo, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sr. O. Montalto y Sra. M.L. Capostagno), en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia, es Grotto SpA, con domicilio social en Vicenza (Italia), representada por los Sres. M. Bosshard y S. Verea, abogados, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 30 de enero de 2003 (asunto R 340/2002-3), relativa a la oposición del titular de la marca nacional figurativa BLUE JEANS GAS al registro de la marca comunitaria denominativa GAS STATION, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. A.W.H. Meij, y N.J. Forwood, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal, ha dictado el 13 de julio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la parte demandante.

      (1)  DO C 135 de 7.6.2003.


title: Asunto C-428/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de julio de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs [Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Reglamento (CE) n o  1782/2003 — Artículo 5 y anexo IV — Requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales — Mantenimiento de caminos gravados con servidumbres de paso — Aplicación por un Estado miembro — Transferencia de competencias a las autoridades regionales de un Estado miembro — Discriminación contraria al Derecho comunitario]

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de julio de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
   (Asunto C-428/07) (1)

   (Política agrícola común - Regímenes de ayuda directa - Reglamento (CE) no 1782/2003 - Artículo 5 y anexo IV - Requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales - Mantenimiento de caminos gravados con servidumbres de paso - Aplicación por un Estado miembro - Transferencia de competencias a las autoridades regionales de un Estado miembro - Discriminación contraria al Derecho comunitario)
   2009/C 220/05
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Mark Horvath

      Demandada: Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, Administrative Court (Reino Unido) — Interpretación del artículo 5 y del anexo IV del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1) — Requisitos de las buenas condiciones agrícolas y medioambientales definidos en el artículo 5 y en el anexo IV del Reglamento — Posibilidad de incluir requisitos relativos al mantenimiento de servidumbres públicas de paso visibles — Régimen interno de un Estado miembro que atribuye competencia normativa a las autoridades regionales respecto a las diferentes partes que integran ese Estado miembro, con el resultado de que existen normas diferentes en materia de buenas condiciones agrícolas y medioambientales en cada una de dichas partes

      Fallo

               1)

               Un Estado miembro puede incluir, en las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales conforme al artículo 5 y al anexo IV del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, requisitos relativos al mantenimiento de los caminos visibles gravados con servidumbres públicas de paso, siempre y cuando dichos requisitos contribuyan al mantenimiento de esos caminos como particularidades topográficas o, en su caso, a evitar el deterioro de los hábitats.

               2)

               En el supuesto de que el sistema constitucional de un Estado miembro establezca que las autoridades regionales disponen de una competencia normativa, la mera adopción, por dichas autoridades, de normas diferentes en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales conforme al artículo 5 y al anexo IV del Reglamento no 1782/2003 no constituye una discriminación contraria al Derecho comunitario.

      (1)  DO C 297, de 8.12.2007.


title: Asunto C-129/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) (Grecia) el 11 de marzo de 2010 — Amaltheia I Naftiki Etaireia/Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro de la Marina Mercante)

text:
               22.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 134/26

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) (Grecia) el 11 de marzo de 2010 — Amaltheia I Naftiki Etaireia/Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro de la Marina Mercante)
   (Asunto C-129/10)
   2010/C 134/39
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Amaltheia I Naftiki Etaireia

      Demandada: Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro de la Marina Mercante)

      Cuestión prejudicial

      «¿Los artículos 1 y 2 del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7), interpretados de conformidad con el principio de libre prestación de servicios, permiten que se adopte una normativa nacional en virtud de la cual los armadores únicamente pueden prestar servicios de cabotaje marítimo previa obtención de una autorización administrativa, que se concede con arreglo a un régimen de autorización que tiene por objeto comprobar, entre otras cosas, si, en función de la situación existente en un determinado puerto, las conexiones marítimas previstas por el armador en su declaración pueden llevarse a cabo en condiciones de seguridad para el buque y respetando el buen orden del puerto, así como verificar la capacidad del buque para el que se solicita la autorización para arribar sin dificultades a un determinado puerto en el horario que el armador haya estimado preferible para efectuar una determinada conexión, sin que exista no obstante una norma jurídica que determine previamente los criterios con arreglo a los cuales la Administración Pública deberá valorar estas cuestiones, en particular cuando existan varios armadores interesados en una determinada escala en el mismo momento y en el mismo puerto?»


title: Asunto F-9/13: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 9 de noviembre de 2013  — Marcuccio/Comisión (Función pública — Plazo para recurrir — Extemporaneidad — Recurso manifiestamente inadmisible)

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/54

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 9 de noviembre de 2013 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto F-9/13) (1)

   ((Función pública - Plazo para recurrir - Extemporaneidad - Recurso manifiestamente inadmisible))
   2014/C 421/76
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: C. Berardis-Kayser y G. Gattinara, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la decisión a la Comisión de proceder a una compensación de deudas entre el importe correspondiente a las costas que ella debe abonar por haber sido condenada en costas por el Tribunal General en el asunto T-176/04 y el importe superior que el demandante debe abonarle a raíz del auto dictado en el asunto T-241/03.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

               2)

               Condenar al Sr. Marcuccio a cargar con sus propias costas y, además, con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea.

      (1)  DO C 215, de 27.7.2013, p. 20.


title: Asunto C-376/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 3 de agosto de 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Kamino Internacional Logistics BV

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 3 de agosto de 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Kamino Internacional Logistics BV
   (Asunto C-376/07)
   (2007/C 269/46)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hoge Raad der Nederlanden
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Staatssecretaris van Financiën

      Recurrida: Kamino Internacional Logistics BV
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la nota 5 del capítulo 84 de la Nomenclatura Combinada, en la versión del anexo I del Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003 (1), en el sentido de que un monitor en color, que puede reproducir señales procedentes tanto de una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos a la que se refiere la partida 8471 de la Nomenclatura Combinada, como de otras fuentes, está excluido de clasificación en la partida 8471 de la Nomenclatura Combinada?

               2)

               En caso de que el monitor en color mencionado en la primera cuestión no esté excluido de clasificación en la partida 8471 de la Nomenclatura Combinada, ¿en qué condiciones se debe determinar si es una unidad del tipo utilizado exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos?

               3)

               ¿Comprende el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 754/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, relativo a la clasificación de ciertas mercancías de la Nomenclatura Combinada (2), al monitor controvertido y en caso afirmativo, es válido este Reglamento teniendo en cuenta las respuestas a las dos primeras cuestiones?

      (1)  Reglamento por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al avance aduanero común (DO L 281, p. 1).

      (2)  DO L 118, p 32.


title: Asunto T-114/05: Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2005 por Joerg Peter Block y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               14.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 115/33

         Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2005 por Joerg Peter Block y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-114/05)
   (2005/C 115/59)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 28 de febrero de 2005 un recurso contra Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Joerg Peter Block, con domicilio en Sterrebeek (Bélgica) y otros doce, representados por Mes Stéphane Rodrigues y Alice Jaume, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo.
   Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Declare la anulación de las decisiones de la AFPN mediante las que se desestiman las reclamaciones de los demandantes, adoptadas junto con las decisiones de la AFPN de 1 de mayo de 2004 relativas a la modificación del grado de los demandantes, según los casos, al grado A*8 o al grado B*8.

               —

               Declare la anulación de las hojas de haberes de los demandantes correspondientes a la ejecución de la decisión de la AFPN de modificar los grados de los demandantes, según el caso, al grado A*8 o al grado B*8, a partir del 1 de mayo de 2004.

               —

               Indique a la AFPN los efectos que implica la anulación de las decisiones impugnadas y, en particular, la recalificación del grado de los demandantes, según el caso, al grado A*9 o al grado B*9, y ello con efecto retroactivo al 1 de mayo de 2004.

               —

               Con carácter subsidiario, solicite a la Comisión que reconozca que los demandantes son promovibles, según el caso, al grado A*10 o al grado B*10 en su próxima promoción.

               —

               Condene a la Comisión a reparar el perjuicio sufrido por los demandantes por no haber sido clasificados, según el caso, en el grado A*9 o en el grado B*9 a partir del 1 de mayo de 2004.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Todos los demandantes son funcionarios de la Comisión nombrados en los grados A7 y B2 con anterioridad a la entrada en vigor, el 1 de mayo de 2004, de la reforma del Estatuto. Impugnan su clasificación en los grados A*8 y B*8, respectivamente, con arreglo al artículo 2 del anexo XIII del Estatuto.
   En apoyo de su recurso, los demandantes alegan que, en su opinión, la aplicación de esta última disposición es ilegal, que vulnera el artículo 6 del Estatuto, los principios de equivalencia entre la antigua y la nueva estructura de carreras y de igualdad de trato, así como la confianza legítima y los derechos adquiridos de los demandantes. Asimismo, los demandantes aducen una desviación de poder.


title: Asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2009 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesgerichtshof y el Handelsgericht Wien — Alemania, Austria) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07)/Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07) [Transporte aéreo — Reglamento (CE) n o  261/2004 — Artículos 2, letra l), 5, 6 y 7 — Conceptos de retraso y de anulación de un vuelo — Derecho a compensación en caso de retraso — Concepto de circunstancias extraordinarias ]

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2009 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesgerichtshof y el Handelsgericht Wien — Alemania, Austria) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07)/Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)
   (Asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07) (1)

   (Transporte aéreo - Reglamento (CE) no 261/2004 - Artículos 2, letra l), 5, 6 y 7 - Conceptos de «retraso» y de «anulación» de un vuelo - Derecho a compensación en caso de retraso - Concepto de «circunstancias extraordinarias»)
   2010/C 24/06
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órganos jurisdiccionales remitentes

   Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien

      Partes en los procedimientos principales

      Demandantes: Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07)

      Demandadas: Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)

      Objeto

   Peticiones de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien — Interpretación del artículo 2, letra l), y del artículo 5, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1) — Vuelo iniciado mucho más tarde de la hora de salida prevista — Distinción entre los conceptos de «retraso» y «cancelación».

      Fallo

               1)

               Los artículos 2, letra l), 5 y 6 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, deben interpretarse en el sentido de que los vuelos que sufran retraso, con independencia del tiempo por el que se prolongue y aunque se trate de un gran retraso, no pueden tenerse por cancelados si se efectúan con arreglo a la programación inicialmente prevista por el transportista aéreo.

               2)

               Los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento no 261/2004 deben interpretarse en el sentido de que los pasajeros de los vuelos retrasados pueden equipararse a los pasajeros de los vuelos cancelados a los efectos de la aplicación del derecho a compensación y de que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a compensación previsto en el artículo 7 de dicho Reglamento cuando soportan, en relación con el vuelo que sufre el retraso, una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas, es decir, cuando llegan al destino final tres o más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista por el transportista aéreo. Sin embargo, este retraso no da derecho a compensación a los pasajeros si el transportista aéreo puede probar que el gran retraso producido se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables, es decir, circunstancias que escapan al control efectivo del transportista aéreo.

               3)

               El artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «circunstancias extraordinarias» utilizado en dicha disposición no se aplica a un problema técnico surgido en una aeronave que provoque la cancelación o el retraso de un vuelo, a menos que este problema se derive de acontecimientos que, por su naturaleza o por su origen, no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo de que se trate y escapen al control efectivo de dicho transportista.

      (1)  DO C 283, de 24.11.2007.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Comisión de recursos sobre actividades rurales (Finlandia), de fecha 9 de enero de 1997, en el asunto incoado por la Sra. Raija-Liisa Jokela (Asunto C-9/97)

text:
8 . 3 . 97            ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 74/15
caso, el Estado miembro interesado dispone de una facul                  supedite el mantenimiento de relaciones comerciales
tad discrecional, aunque se cumpla el requisito establecido               con el editor de un producto competidor al hecho de
por el Tribunal de Justicia ?                                             que éste le encargue no sólo el reparto a domicilio sino
                                                                          también las demás prestaciones (por ejemplo, distribu
¿ En qué casos y por qué motivos debe entonces tenerse en                 ción en puntos de venta, impresión ) incluidas por el
cuenta a las sociedades que pertenezcan a la persona jurí                primero en una oferta global ?
dica que domine un grupo ?
í 1 ) DO n° C 132 de 14 . 5 . 1994, p . 4 .
                                                                      Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                      lución de la Comisión de recursos sobre actividades rurales
                                                                      (Finlandia), de fecha 9 de enero de 1997, en el asunto
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                        incoado por la Sra. Raija-Liisa Jokela
lución del Oberlandesgericht Wien, de fecha 1 de julio de                                     (Asunto C-9/97)
1996, en el asunto entre Oscar Bronner Gesellschaft mbH
                                                                                ( 97/C 74/31 )
& Co. KG y 1 ) Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenver
lag Gesellschaft mbH & Co. KG, 2 ) Mediaprint Zeitungs
                                                                      Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG y 3 ) Mediaprint
              Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG
                                                                      sido sometida una petición de decisión prejudicial median
                                                                      te resolución de la Comisión de recursos sobre actividades
                          (Asunto C-7/97)                             rurales ( Finlandia ) dictada el 9 de enero de 1997 en el
                             ( 97/C 74/30 )                           asunto incoado por la Sra. Raija-Liisa Jokela, y recibida
                                                                      en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de enero de
                                                                      1997 .
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial median            La Comisión de recursos sobre actividades rurales solicita
te resolución del Oberlandesgericht Wien, dictada el 1 de             al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguien
julio de 1996, en el asunto entre Oscar Bronner Ge                   tes cuestiones :
sellschaft mbH & Co. KG y 1 ) Mediaprint Zeitungs
und Zeitschriftenverlag Gesellschaft mbH & Co . KG,                   1 ) ¿ Se ajusta a los objetivos de las disposiciones de los
2 ) Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co.                    artículos 17 y 18 del Reglamento ( CEE) n° 2328/91
KG y 3 ) Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG,                    del Consejo ('), relativo a la mejora de las estructuras
y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de             agrarias, así como del artículo 1 de la Directiva
enero de 1997.                                                            75/268/CEE del Consejo (2), sobre la agricultura de
                                                                          montaña y de determinadas zonas desfavorecidas, la
El Oberlandesgericht Wien solicita al Tribunal de Justicia                concesión de una indemnización compensatoria por las
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                         limitaciones naturales a un agricultor cuando éste no
                                                                          reside, durante la mayor parte del año, en la explo
 1 ) ¿ Debe interpretarse el artículo 86 del Tratado CE en el             tación situada en Finlandia, en una zona desfavorecida
       sentido de que constituye un uso abusivo de una posi              en el sentido de la Directiva, de la que es propietario o
       ción dominante, al obstaculizar abusivamente el acceso             de la que asume la dirección ?
       al mercado, el hecho de que una empresa que se dedi
       ca a la edición, elaboración y distribución de prensa              En caso de que se responda afirmativamente a esta
       diaria y que, con sus productos, se encuentra en una               cuestión, aun parcialmente o con reservas,
       posición dominante en el mercado austríaco de prensa               a ) habida cuenta de las disposiciones de los citados
       diaria (en concreto, el 46,8 % de la tirada completa, el                artículos así como de los principios enunciados en
       42% de los ingresos por anuncios y el 71 % del alcan                   el artículo 5, en el párrafo segundo del apartado 3
       ce de todas las publicaciones diarias) y gestiona el úni               del artículo 40 y en la letra a ) del apartado 2 del
       co servicio suprarregional de reparto a domicilio exis                 artículo 42 del Tratado CE, y en especial, del prin
       tente en Austria, se niegue a presentar a otra empresa,                 cipio de la igualdad de trato de los agricultores y
       que también se dedica a la edición, la elaboración y la                 del principio conexo de no discriminación, ¿ puede
       distribución de un periódico diario en Austria, una                     exigirse a un agricultor, que desea percibir la in
       oferta vinculante de inclusión de dicho diario en su
                                                                               demnización compensatoria por las limitaciones
       servicio de reparto a domicilio y ello, además, habida                  naturales contemplada en el artículo 6 del Decreto
       cuenta de que, debido a la escasa tirada y a la consi                  del Consejo de Ministros y que reside fuera de la
       guiente escasa densidad de abonados de la empresa                       explotación, a una distancia superior a 12 kilóme
       que solicita la inclusión en el servicio de reparto a do               tros de su centro económico, no sólo que al menos
       micilio, ésta no puede por sí sola ni en colaboración                   el 50% de todos sus ingresos proceda de la agri
       con las demás empresas de prensa diaria organizar, a                    cultura, la horticultura o la silvicultura, o de otras
       un coste aceptable, un servicio propio de reparto a do                 actividades ejercidas en la explotación, sino que
       micilio que sea rentable ?                                              además gestione él mismo la explotación ?, o
 2 ) ¿ Constituye un abuso en el sentido del artículo 86 del               b) ¿ es en particular compatible con el principio de se
       Tratado CE el hecho de que, en las circunstancias ya                    guridad jurídica impuesto por el ordenamiento ju
       descritas en la primera cuestión, la empresa que gestio                rídico comunitario exigir siempre que además haya
       na el sistema de reparto a domicilio de prensa diaria                   un « motivo particular »?
 ---pagebreak--- N° C 74/ 16           1 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     8 . 3 . 97
2 ) ¿ Es en particular contario a los principios de no discri               tura de crédito —en la medida en que son dictadas y
     minación y de proporcionalidad, o a otros principios                    aplicadas de manera uniforme y vinculante por los
     aplicables de Derecho comunitario, excluir del benefi                  bancos asociados— son compatibles con el artículo 85
     cio de la indemnización compensatoria de que se trata                   del Tratado, en relación con las cláusulas concretas re
     a una agricultora, que durante la mayor parte del año                   feridas en los fundamentos jurídicos de la resolución
     reside en otro Estado miembro con su esposo, que de                    indicada en la parte referente a los motivos y en su
     sempeña funciones diplomáticas representando al Es                     globalidad, ya que pueden afectar al comercio entre
     tado finlandés y que también es propietario de parte                    los Estados miembros, y que tienen por objeto o efecto
     de la explotación de que se trata ?                                     impedir, restringir o falsear el juego de la competencia
                                                                             dentro del mercado común .
O DO n° L 218 de 6 . 8 . 1991 , p. 1 .
(2) DO n° L 128 de 19 . 5 . 1975 , p . 1 ; EE 03/08, p. 153 .            4 ) ¿ Qué efectos puede producir el eventual reconoci
                                                                             miento de la incompatibilidad a que se refiere la
                                                                             cuestión ( 3 ) sobre las correspondientes cláusulas de los
                                                                             contratos de fianza « ómnibus » y sobre los mismos
                                                                             contratos, estipulados posteriormente por cada banco,
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                   puesto que cabe considerar que el conjunto de los ban
lución del Tribunale di Genova — Sezione Sesta Civile,                       cos asociados a la ABI ocupa una posición dominante
de fecha 18 de diciembre de 1996, en el asunto entre                         colectiva en el mercado nacional del crédito, en el sen
1 ) Palmira Ieropoli, 2 ) Giovanni Sgambellone y Banca                       tido y por efecto del artículo 86, con arreglo al cual la
                            Carige SpA                                       aplicación concreta de la normativa examinada se con
                        (Asunto C-23/97)                                     figura como explotación abusiva ?
                           (97/C 74/32 )
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial median               Recurso interpuesto el 17 de enero de 1997 contra la
te resolución del Tribunale di Genova — Sezione Sesta Ci                República Federal de Alemania por la Comisión de las
vile, dictada el 18 de diciembre de 1996, en el asunto en                                   Comunidades Europeas
tre 1 ) Palmira Ieropoli, 2 ) Giovanni Sgambellone y Banca                                      (Asunto C-24/97)
Carige SpA, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Jus
ticia el 17 de enero de 1997.
                                                                                ( 97/C 74/33 )
El Tribunale di Genova — Sezione Sesta Civile solicita al                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes               ha presentado el 17 de enero de 1997 un recurso contra la
cuestiones :                                                             República Federal de Alemania formulado por la Comi
                                                                         sión de las Comunidades Europeas, representada por los
1 ) Si las normas bancarias uniformes impuestas por la                   Sres. Peter Hillenkamp y Pieter Jan Kuijper, Miembros del
     ABI (Asociación Bancaria Italiana ) a sus asociados en              Servicio Jurídico de la Comisión Europea, que designan
     relación con los contratos de apertura de crédito en                como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
     cuenta corriente, en la medida en que son dictadas y                Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centro
     aplicadas de manera uniforme y vinculante por los                   Wagner C 254, Kirchberg.
     bancos miembros de la ABI, son compatibles, en la
     parte en que someten la apertura de crédito a un régi              La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
     men de fijación del tipo de interés no previamente de
                                                                         a ) Declare que la República Federal de Alemania ha in
     terminado ni determinable por el cliente, con la norma
     prevista en el artículo 85 del Tratado, ya que pueden                   cumplido las obligaciones que le incumben con arreglo
     afectar al comercio entre los Estados miembros, y que                   a los artículos 48 , 52 y 59 del Tratado CE, al
     tienen por objeto o efecto impedir, restringir o falsear                apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 68/360/CEE
     el juego de la competencia dentro del mercado común.                    del Consejo, de 15 de octubre de 1968 , sobre suspen
                                                                             sión de restricciones al desplazamiento y a la estancia
2 ) ¿ Qué efectos puede producir el eventual reconoci                       de los trabajadores de los Estados miembros y de sus
     miento de la incompatibilidad a que se refiere la                       familias dentro de la Comunidad (') y al apartado 1
     cuestión ( 1 ) sobre las correspondientes cláusulas de los              dél artículo 4 de la Directiva 73/148/CEE (2), relativa
     contratos de apertura de crédito en cuenta corriente                    a la supresión de las restricciones al desplazamiento y
     celebrados posteriormente por los bancos asociados in                  a la estancia, dentro de la Comunidad, de los naciona
     dividualmente con los clientes, puesto que cabe consi                  les de los Estados miembros en materia de estableci
     derar que el conjunto de los bancos asociados a la ABI                  miento y de prestación de servicios, al dispensar a los
     ocupa una posición dominante colectiva en el mercado                    extranjeros comunitarios que se encuentran en el terri
     nacional del crédito, en el sentido y por efecto del                    torio de la República Federal de Alemania con arreglo
     artículo 86, con arreglo al cual la aplicación concreta                 a los apartados 2 y 3 del artículo 12 a de la AufenthG/
     de la normativa examinada ( en lo que se refiere a la fi               EWG un trato distinto al dispensado a nacionales que
     jación del tipo de interés adecuado ) se configura como                 infrinjan de manera similar su obligación de poseer do
     explotación abusiva ?                                                   cumentos de identidad en relación con el grado de cul
                                                                             pabilidad y la gravedad de las sanciones (apartados 1
3 ) Si las NBU impuestas a sus asociados en relación con                     y 2 del artículo 5 de la PersonalausweisG en relación
     el contrato de fianza « ómnibus » que garantiza la aper                con el apartado 1 del artículo 17 de la OWiG ).


title: Asunto C-503/04: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2004 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               19.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/15

         Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2004 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-503/04)
   (2005/C 45/29)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 7 de diciembre de 2004 un recurso contra la República Federal de Alemania formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Bernhard Schima, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 228, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, al no haber adoptado las medidas que se desprenden de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 10 de abril de 2003, en los asuntos acumulados C-20/01 y C-28/01, (1) Comisión/Alemania, en torno a la adjudicación de un contrato relativo a la evacuación de las aguas residuales en el municipio de Bockhorn y de un contrato relativo a la eliminación de los residuos en la ciudad de Brunswick.

               2)

               Condene a la República Federal de Alemania a pagar a la Comisión, con abono en la cuenta «Recursos propios de la Comunidad Europea», una multa diaria de
               31 680 euros por cada día de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia antes citada en lo tocante a la adjudicación de un contrato relativo a la evacuación de las aguas residuales en el municipio de Bockhorn, así como
               126 720 euros por cada día de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia antes citada en lo tocante a la adjudicación de un contrato relativo a la eliminación de los residuos de la ciudad de Brunswick,
               en ambos casos desde que se pronuncie la sentencia correspondiente al presente asunto hasta que se apliquen las medidas.

               3)

               Condene en costas a la República Federal de Alemania.

         Motivos y principales alegaciones
   En su sentencia de 10 de abril de 2003, el Tribunal de Justicia decidió:

               —

               Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, en relación con los artículos 15, apartado 2, y 16, apartado 1, de la Directiva 92/50/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, con motivo de la adjudicación del contrato relativo a la evacuación de las aguas residuales del municipio de Bockhorn (Alemania), al no haber convocado este municipio una licitación para dicho contrato público de servicios y no haber publicado el resultado del procedimiento de adjudicación en el Suplemento del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

               —

               Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 8 y 11, apartado 3, letra b), de la Directiva 92/50, con motivo de la adjudicación de un contrato relativo a la eliminación de los residuos de la ciudad de Brunswick (Alemania), al haber adjudicado esta ciudad dicho contrato público de servicios mediante procedimiento negociado sin previa publicación de un anuncio de licitación, a pesar de que no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 3, de dicha Directiva para la adjudicación de contratos de mutuo acuerdo sin licitación a escala comunitaria.

         La Comisión sostiene que el cumplimiento por parte de la República Federal de Alemania de las obligaciones que se derivan de esta sentencia y del artículo 228 CE requiere que se resuelvan los contratos celebrados en infracción de la normativa sobre los procedimientos de adjudicación.
   Por el contrario, considera que las medidas notificadas por la República Federal hasta la fecha no son suficientes para subsanar el incumplimiento señalado por el Tribunal de Justicia.
   La Comisión solicita, para el caso de que la República Federal de Alemania no llegue a adoptar las medidas pertinentes para subsanar el incumplimiento señalado con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia a la que dé lugar el presente recurso, la imposición de una multa diaria, cuyo importe propone que se calcule de acuerdo con los criterios que utiliza en estos casos.

      (1)  Rec. p. I-3609.


title: Asunto T-496/15 P: Sentencia del Tribunal General de 13 de mayo de 2016 — CX/Comisión («Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Procedimiento disciplinario — Sanción disciplinaria — Sanción de descenso de grado — Derecho de defensa — Artículos 4 y 6 del Estatuto — Artículo 9 del anexo IX del Estatuto — Principio de proporcionalidad — Error manifiesto de apreciación»)

text:
               27.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/20

         Sentencia del Tribunal General de 13 de mayo de 2016 — CX/Comisión
   (Asunto T-496/15 P) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Procedimiento disciplinario - Sanción disciplinaria - Sanción de descenso de grado - Derecho de defensa - Artículos 4 y 6 del Estatuto - Artículo 9 del anexo IX del Estatuto - Principio de proporcionalidad - Error manifiesto de apreciación»))
   (2016/C 232/26)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: CX (Enghien, Bélgica) (representante: É. Boigelot, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: C. Ehrbar y F. Simonetti, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 18 de junio de 2015, CX/Comisión (F-27/13, EU:F:2015:60), que tiene por objeto la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a CX.

      (1)  DO C 371 de 9.11.2015.


title: Asunto T-26/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2008 — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor)/Comisión ( Recurso de anulación — Fondo de cohesión — Reglamento (CE) n o  1164/94 — Reducción de una ayuda financiera — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad )

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/41

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2008 — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor)/Comisión
   (Asunto T-26/07) (1)

   («Recurso de anulación - Fondo de cohesión - Reglamento (CE) no 1164/94 - Reducción de una ayuda financiera - Inexistencia de afectación directa - Inadmisibilidad»)
   (2008/C 285/76)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor) (Baguim do Monte, Portugal) (representantes: P. Moura Pinheiro, M. Gorjão Henriques y F. Quintela, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Guerra e Andrade y A. Weimar, agentes)
   Objeto
   Recurso de anulación de la Decisión C(2006) 5008 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, por la que se redujo la ayuda financiera concedida por el Fondo de cohesión para determinados proyectos relativos a la instalación de una planta incineradora para la eliminación de residuos domésticos urbanos en el área de Grande Porto.
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               El Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Residuos do Grande Porto (Lipor) cargará con sus propias costas así como con las causadas por la Comisión.

      (1)  DO C 82 de 17.4.2007.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 5 de junio de 1996 en el asunto T-398/94, Kahn Scheepvaart BV contra Comisión de las Comunidades Europeas (Ayudas de Estado - Construcción naval - Régimen general de ayudas - Recurso de anulación - Admisibilidad)

text:
24 . 8 . 96            | ES I                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 247/ 11
3 ) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión precedente,                           Archivo del asunto C-306/95 ( )
      se solicita al Tribunal de Justicia que indique si el                                       ( 96/C 247/21 )
      ordenamiento comunitario resulta compatible con una
      normativa nacional que establece un plazo de prescrip
      ción que comienza a correr antes de que el Derecho
      nacional haya sido correctamente adaptado a una
      Directiva ( en perjuicio de los ciudadanos del Estado              Mediante auto de 29 de abril de 1996 , el Presidente del
      miembro que invoquen las disposiciones de dicha                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
      Directiva a fin de obtener la devolución de una tasa               decidido archivar el asunto C-306/95 : Comisión de las
      indebidamente abonada ).                                           Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran
                                                                         Bretaña e Irlanda del Norte .
(') Rec . 1993 , p . 1-1915 .
( 2 ) DO nH L 249 de 3 . 10 . 1969 , p . 25 ; EE 09/01 , p . 22 .
                                                                         (') DO n° C 299 de 11 . 11 . 1995 .
                                                    TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                   DE PRIMERA INSTANCIA                                                  DE PRIMERA INSTANCIA
                        de 5 de junio de 1996                                                de 6 de junio de 1996
en el asunto T-398/94, Kahn Scheepvaart BV contra                        en el asunto T-262/94 : Jean Baiwir contra Comisión de las
          Comisión de las Comunidades Europeas (')                                         Comunidades Europeas (')
(Ayudas de Estado — Construcción naval — Régimen                         (Funcionarios — Excepción de ilegalidad — Concordancia
general de ayudas — Recurso de anulación — Admisibili                   entre la reclamación y el escrito de recurso — Nuevo método
                                   dad)                                  de cálculo de los perfiles de carrera para las categorías B, Cy
                             ( 96/C 247/22 )                             D en la Comisión — Lista de los funcionarios considerados
                                                                         con mayores méritos para obtener una promoción —
                                                                         Apartado 3 del artículo 5 y artículo 45 del Estatuto —
               (Lengua de procedimiento: inglés)                         Principio de no discriminación — Errores manifiestos de
                                                                         apreciación de hecho y de Derecho — Recurso de indem
                                                                                nización)
En el asunto T-398/94 , Kahn Scheepvaart BV, con domicilio                                        ( 96/C 247/23 )
social en Rotterdam ( Países Bajos ), representada por los
Sres . Thomas Jestaedt, Abogado de Dusseldorf, y Tom R.
Ottervanger, Abogado de Rotterdam, que designa como                                   (Lengua de procedimiento: francés)
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Zeyen,
67, rué Ermesinde, contra Comisión de las Comunidades
Europeas ( Agentes : Sres . Paul Nemitz y Jean-Paul Kep                 En el asunto T-262/94 , Jean Baiwir, funcionario de la
penne ), que tiene por objeto la anulación de la Decisión de la          Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
Comisión de 25 de octubre de 1994 por la que se autoriza                 Court-Saint-Etienne ( Bélgica ), representado por el Sr. Geor
para el año 1994 un régimen alemán de ayudas a la                        ges Vandersanden, Abogado de Bruselas, que designa como
construcción naval , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala             domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson sàrl,
Tercera ampliada ), integrado por: el Sr. C. P. Briët,                   1 , rué Glesener, contra Comisión de las Comunidades
Presidente; el Sr . B. Vesterdorf, la Sra . P. Lindh y los Sres . A.     Europeas ( Agentes : Sr. Joseph Griesmar y Sr . Julián Currall,
Potocki y J. D. Cooke, Jueces ; Secretario : Sr . J. Palacio             sucesivamente, asistidos por el Sr. Denis Waelbroeck ), que
González, administrador, ha dictado el 5 de junio de 1996                tiene por objeto, por un lado, la anulación de la lista de
una sentencia cuyo fallo es el siguiente :                               funcionarios considerados con mayores méritos para obte
                                                                         ner una promoción al grado B 4 para el ejercicio 1993 en la
1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso.                           medida en que no figura en ella el nombre del demandante y,
                                                                         por otro, la consolidación de su carrera , como funciona
2 ) Se condena en costas a la demandante.                                rio B 4 , escalón 2 , a partir del 1 de enero de 1993 y la
                                                                         reparación del perjuicio moral sufrido, el Tribunal de
                                                                         Primera Instancia ( Sala Cuarta ), integrado por el Sr . K.
(') DO n" C 400 de 31 . 12 . 1994 .                                      Lenaerts, Presidente; y por la Sra . P. Lindh y el Sr . J. D.
                                                                         Cooke , Jueces; Secretaria : Sra . B. Pastor, administradora
                                                                         principal ; ha dictado el 6 de junio de 1996 una sentencia
                                                                         cuyo fallo es el siguiente :


title: Asunto C-519/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Athinon el 27 de noviembre de 2008 — Archontias Koukou/Estado griego

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/30

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Athinon el 27 de noviembre de 2008 — Archontias Koukou/Estado griego
   (Asunto C-519/08)
   (2009/C 44/50)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Monomeles Protodikeio Athinon
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Archontias Koukou

      Demandada: Estado griego
   Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el anexo a la Directiva 1999/70/CE tiene el sentido de que puede considerarse una razón objetiva para la celebración de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada el hecho de que dichos contratos se hayan celebrado con arreglo a una disposición legal que prevé la celebración de contratos o relaciones laborales de duración determinada, con independencia de que éstos cubran en realidad necesidades permanentes y duraderas del empresario?

               2)

               ¿La adición de criterios para la verificación del abuso, a través de las medidas adoptadas para la adaptación a la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada (por ejemplo los límites máximos de la duración de los contratos y del número de renovaciones, en el marco de los cuales se permite el empleo aunque no haya una razón objetiva que justifique la celebración o la renovación de los contratos o las relaciones laborales de duración determinada), constituye una reducción prohibida, en el sentido de la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco, del nivel de protección general anterior a la Directiva 1999/70/CE, dado que con arreglo al régimen jurídico anterior a ésta, el único criterio para demostrar el abuso era el empleo mediante un contrato o una relación laboral celebrados con una duración determinada sin razón objetiva?

               3)

               ¿El establecimiento de listas de excepciones genéricas y abiertas, como las que recogen las normas permanentes del Decreto Presidencial no 164/2004, en relación con los límites máximos establecidos en principio sobre la celebración de contratos o relaciones laborales de duración determinada, constituye una medida efectiva para evitar los abusos que se derivan del empleo de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada, en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada?

               4)

               ¿Pueden considerarse efectivas para la prevención y la protección frente a los abusos, en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo marco, unas medidas como las controvertidas en el litigio principal, introducidas por el artículo 7 del Decreto Presidencial no 164/2004, cuando:

                           a)

                           Establecen, como medio de prevención de los abusos y de protección de los trabajadores con contrato de duración determinada frente a éstos, la obligación del empresario de pagar el salario y la «indemnización por despido» en caso de empleo abusivo mediante sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, dado que: (i) la obligación de pagar el salario o la «indemnización por despido» está prevista por el Derecho nacional en cualquier caso de relación laboral y no está dirigida específicamente a evitar los abusos, en el sentido del Acuerdo marco y (ii) especialmente, la obligación de pago de una «compensación» por la resolución de los contratos o relaciones laborales de duración determinada es una consecuencia de la aplicación de la cláusula 4 del Acuerdo marco, relativa a la no discriminación entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los trabajadores equivalentes con contrato por tiempo indefinido y

                           b)

                           establecen, como medio de prevención de los abusos, la imposición de sanciones a los órganos competentes del empresario, en la medida en que se demuestre que sanciones similares o análogas previstas en el pasado en relación con el sector público se habían revelado ineficaces para combatir los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada?

               5)

               ¿Constituyen una adaptación correcta del ordenamiento jurídico griego a la Directiva 1999/70/CE, aunque sean efectivas, medidas como las adoptadas mediante el artículo 11 del Decreto Presidencial no 164/2004, que entraron en vigor el 19 de julio de 2004, es decir, con retraso respecto al plazo fijado por la Directiva 1999/70/CE, a las cuales se otorgó solamente una eficacia retroactiva de tres meses, de modo que únicamente comprenden los contratos o relaciones laborales de duración determinada sucesivos que estaban vigentes con posterioridad al 19 de abril de 2004, no incluyendo, naturalmente, los contratos o relaciones laborales de duración determinada que siguieron celebrándose sucesivamente aun después de expirado el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE y antes del 19 de abril de 2004?

               6)

               En caso de que se estime que las medidas adoptadas mediante el Decreto Presidencial no 164/2004 para la adaptación de la cláusula 5 del Acuerdo marco no son efectivas, en el marco de la obligación de interpretación conforme con el Derecho comunitario, ¿el juez, está obligado a aplicar con arreglo a la Directiva 1999/70/CE el Derecho griego anterior al mencionado Decreto Presidencial, en virtud del cual es posible otorgar protección a la demandante frente a los abusos (artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920), de modo que se eliminen indudablemente las consecuencias de la infracción del Derecho comunitario?

               7)

               En caso de que se estime que las medidas adoptadas mediante el Decreto Presidencial no 164/2004 no son efectivas y, por consiguiente, resulte aplicable el régimen jurídico anterior a éste (artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920), en el marco de la obligación de interpretación del Derecho nacional conforme al Derecho comunitario, ¿es compatible con el Derecho comunitario la interpretación de normas de rango superior del ordenamiento jurídico nacional (artículo 103, apartado 8, de la Constitución) en el sentido de que prohíben terminantemente la transformación de contratos de duración determinada en contratos por tiempo indefinido, aunque de dichos contratos resulte que en realidad se celebraron abusivamente basándose en disposiciones dirigidas a atender necesidades extraordinarias, adicionales y en general transitorias, ya que con ellos se han atendido necesidades permanentes y duraderas del empresario del sector público (véanse, en este sentido, las sentencias de la Gran Sala del Areios Pagos nos 19/2007 y 20/2007), cuando también cabe interpretarlas en el sentido de que dicha prohibición debe limitarse únicamente a los contratos de trabajo de duración determinada que se celebraron efectivamente para atender necesidades transitorias, imprevistas, urgentes o extraordinarias y no se refieren a los casos en que en realidad se celebraron para atender necesidades permanentes y duraderas (véase, en este sentido, la sentencia de la Gran Sala del Areios Pagos no 18/2006)?

               8)

               ¿Es compatible con el Derecho comunitario el hecho de que, tras la entrada en vigor del Decreto Presidencial no 164/2004, los litigios relativos al trabajo de duración determinada y a la cláusula 5 del Acuerdo marco sean de la competencia exclusiva de los tribunales administrativos, cuando es obvio que esto dificulta el acceso a la Justicia del trabajador con contrato de duración determinada demandante, dado que, antes de la adopción del Decreto Presidencial no 164/2004, todos los litigios relativos al trabajo de duración determinada eran competencia de los tribunales civiles dentro del procedimiento especial para los litigios laborales, más favorable en lo que se refiere al respeto de las formas, más simple, menos costoso para el trabajador con contrato de duración determinada demandante y, como norma, más rápido?


title: Asunto T-225/12: Sentencia del Tribunal General de 27 de febrero de 2014 — Lidl Stiftung/OAMI — Lídl Music (LIDL express) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa LIDL express — Marca nacional figurativa anterior LÍDL MUSIC — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 15, apartado 1, y artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n ° 207/2009» ]

text:
               7.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/34

         Sentencia del Tribunal General de 27 de febrero de 2014 — Lidl Stiftung/OAMI — Lídl Music (LIDL express)
   (Asunto T-225/12) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa LIDL express - Marca nacional figurativa anterior LÍDL MUSIC - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Uso efectivo de la marca anterior - Artículo 15, apartado 1, y artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009»])
   2014/C 102/53
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Alemania) (representantes: inicialmente M. Schaeffer, M. Wolter y A. Marx, posteriormente M. Wolter, A. Marx y M. Kefferpütz, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: L. Rampini, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Lídl Music spol. s r.o. (Brno, República Checa)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 21 de marzo de 2012 (asunto R 2379/2010-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Lídl Music spol. s r.o. y Lidl Stiftung & Co. KG.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Lidl Stiftung & Co. KG.

      (1)  DO C 227, de 28.7.2012.


title: Asunto T-327/12: Sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2014 — Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa Simca — Concepto de “mala fe”  — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               24.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 194/22

         Sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2014 — Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca)
   (Asunto T-327/12) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria denominativa Simca - Concepto de “mala fe” - Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   2014/C 194/28
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Simca Europe Ltd (Birmingham, Reino Unido) (representante: N. Haberkamm, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Schifko, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: GIE PSA Peugeot Citroën (París, Francia) (representante: P. Kotsch, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 12 de abril de 2012 (asunto R 645/2011-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre GIE PSA Peugeot Citroën y Simca Europe Ltd.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Simca Europe Ltd.

      (1)  DO C 287, de 22.9.2012.


title: Asunto F-95/11: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2011 — ZZ/BEI

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/46

         Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2011 — ZZ/BEI
   (Asunto F-95/11)
   2011/C 347/88
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: N. Thieltgen, abogado)

      Demandada: Banco Europeo de Inversiones

      Objeto y descripción del litigio

   La anulación de la resolución implícita del BEI de modificar la condiciones de ejercicio y la naturaleza de las funciones de la demandante y la pretensión de indemnización.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución implícita del BEI de modificar las condiciones de ejercicio y la naturaleza de las funciones de la demandante.

               —

               Que se ordene al BEI destinar de nuevo a la demandante a un puesto acorde con su grado y categoría.

               —

               Que se declare la existencia de hechos ilícitos relacionados con el funcionamiento del servicio imputables al BEI.

               —

               Que se reconozca la responsabilidad del BEI frente a la demandante por la ilegalidad de la resolución y por los hechos ilícitos relacionados con el funcionamiento del servicio imputables al BEI.

               —

               Que se condene al BEI a reparar los perjuicios físico, moral y material causados a la demandante derivados de la ilegalidad de la resolución y de los hechos ilícitos relacionados con el funcionamiento del servicio imputables al Banco, con intereses de mora sobre la indemnización;

                           —

                           en relación con la ilegalidad de la resolución:

                                       —

                                       por el perjuicio moral: 20 000 euros;

                                       —

                                       por el perjuicio material consistente en pérdida de retribución: 113 100 euros;

                           —

                           en relación con los hechos ilícitos relacionados con el funcionamiento del servicio imputables al BEI:

                                       —

                                       por la vulneración por el BEI de sus deberes de asistencia y protección: 119 100 euros;

                                       —

                                       por la infracción del artículo 42 del Reglamento de personal: 10 000 euros.

               —

               Que se condene en costas al BEI.


title: Asunto T-244/16: Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2016 — Yanukovych/Consejo

text:
               4.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/49

         Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2016 — Yanukovych/Consejo
   (Asunto T-244/16)
   (2016/C 243/55)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucrania) (representante: T. Beazley, QC)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2016, L 60, p. 76), en la medida en que resulta aplicable al demandante.

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014, relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2016, L 60, p. 1), sobre el fundamento de que no revoca el Reglamento (UE) n.o 208/2014, en la medida en que resulta aplicable al demandante.

               —

               Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

               1.

               Mediante su primer motivo, el demandante alega que el Consejo de la Unión Europea (el Consejo) no tenía base jurídica válida para adoptar las medidas impugnadas. En primer lugar, dichas medidas no cumplen los requisitos para que el Consejo pueda invocar el artículo 29 TUE. Las razones son varias: (i) los objetivos expresamente invocados por el Consejo (consolidar el Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en Ucrania) no son más que afirmaciones vagas que no pueden razonablemente constituir un fundamento válido para la adopción de tales medidas; (ii) el fundamento jurídico en que el Consejo quiere basarse no guarda relación suficiente con el nivel adecuado de control jurisdiccional que las circunstancias del presente asunto requieren; y (iii) el hecho de imponer medidas restrictivas al demandante constituye, de hecho, un apoyo al, y la legitimación de, la política adoptada por el nuevo régimen de Ucrania, que él mismo vulnera la seguridad jurídica y el Estado de Derecho y que vulnera, y está dispuesto a vulnerar sistemáticamente, los derechos humanos. En segundo lugar, no se cumplen los requisitos para invocar el artículo 215 TFUE, puesto que no existe una decisión válida con arreglo al capítulo 2 del título V del TFUE. En tercer lugar, no existe un vínculo suficiente para poder invocar el artículo 215 TFUE contra el demandante.

               2.

               Mediante su segundo motivo, el demandante alega que el Consejo cometió un abuso de poder. El verdadero objetivo perseguido por el Consejo mediante la implementación de las medidas impugnadas no consiste en conseguir los objetivos o motivos enunciados en ellas, sino que consiste en atraer la buena disposición del régimen actual de Ucrania (para que Ucrania pueda creas lazos más sólidos con la Unión Europea).

               3.

               El tercer motivo está basado en una falta de motivación por parte del Consejo. La motivación expuesta en las medidas impugnadas para incluir al demandante (además de ser errónea) sigue una formulación estándar, es inadecuada y no correctamente adaptada al caso concreto.

               4.

               Mediante su cuarto motivo, el demandante alega que no cumple los criterios para ser incluido en la lista en el momento de que se trata.

               5.

               En su quinto motivo, el demandante sostiene que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación al incluirlo en las medidas impugnadas. Al volver a incluir el nombre del demandante, a pesar de que claramente no había relación entre la motivación y los criterios pertinentes de designación, el Consejo cometió un error manifiesto.

               6.

               Mediante su sexto motivo, el demandante afirma que sus derechos de defensa fueron violados y que fue privado de una tutela judicial efectiva. Entre otras cosas, el Consejo no consultó al demandante antes de designarle de nuevo y el demandante tampoco tuvo una oportunidad correcta y justa para corregir errores o aportar información sobre su situación personal.

               7.

               Mediante su séptimo motivo, el demandante alega la violación de su derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dado que, entre otras cosas, las medidas restrictivas constituyen una restricción injustificada y desproporcionada de tal derecho, entre otros, por los siguientes motivos: (i) nada deja suponer que se considere que los fondos de los que el demandante se apropió supuestamente de manera indebida hayan sido transferidos fuera de Ucrania; y (ii) no es necesario ni adecuado que se congelen todos los bienes del demandante, puesto que, en estos momentos, las autoridades ucranianas han cuantificado el importe de las pérdidas supuestamente reclamadas en el marco de litigios penales que se hallan pendientes contra el demandante.


title: Asunto C-496/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove (Eslovaquia) el 6 de noviembre de 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

text:
               23.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove (Eslovaquia) el 6 de noviembre de 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
   (Asunto C-496/12)
   2013/C 86/10
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Krajský súd v Prešove

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA

      Recurrida: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse las disposiciones de directivas de la Unión Europea, como la Directiva 1999/44/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, y la Directiva 85/374/CEE (2) del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, así como otras directivas dirigidas a la protección de los consumidores, en el sentido de que también gozan de la misma protección garantizada a los consumidores las personas jurídicas cuando, en los contratos sujetos a dichas Directivas, actúan con fines que no entran en el marco de su actividad comercial o profesional?

               2)

               ¿Deben interpretarse las disposiciones de directivas de la Unión Europea, como la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, y la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, en el sentido de que es contraria a dichas Directivas una norma de Derecho nacional como la examinada en el procedimiento principal, según la cual, una vez comprobada la existencia de un defecto en la mercancía entregada, limita el derecho a reclamar el reembolso, es decir la acción de devolución de lo cobrado indebidamente, exclusivamente al período transcurrido desde la última lectura del contador de agua defectuoso, efectuada antes de la presentación de la reclamación?

      (1)  DO L 171, p. 12.

      (2)  DO L 210, p. 29.


title: Asunto F-139/07: Recurso interpuesto el 10 de diciembre de 2007 — Van Arum/Parlamento

text:
               12.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 92/49

         Recurso interpuesto el 10 de diciembre de 2007 — Van Arum/Parlamento
   (Asunto F-139/07)
   (2008/C 92/99)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Rinse van Arum (Winksele, Bélgica) (representante: W. van den Muijsenbergh, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo
   Objeto y descripción del litigio
   El demandante solicita, por un lado, la modificación del informe de calificación y, con carácter subsidiario, su anulación. Con carácter aun más subsidiario, solicita que se ordene notificarle todas las pruebas en que se basan algunas observaciones controvertidas que figuran en su informe de calificación y que se adopte una decisión sobre los hechos y calificaciones controvertidos. Por otro lado, el demandante solicita que se condene a la AFPN a pagar una indemnización simbólica de 1 euro.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se modifique el informe de calificación.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule por completo el informe.

               —

               Con carácter aun más subsidiario, que se ordene notificarle todas las pruebas en que se basan algunas observaciones controvertidas que figuran en su informe de calificación y que se adopte una decisión sobre los hechos y calificaciones controvertidos.

               —

               Que se condene a la AFPN a pagar una indemnización simbólica de 1 euro.

               —

               Que se condene en costas al Parlamento Europeo.