title: Asunto C-222/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Corte d'Appello di Roma, de fecha 12 de mayo de 1999, en el asunto entre Ministero delle Finanze y C.A.S.E.R. Spa.

text:
28.8.1999              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 246/11
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                a) la medida final de las autoridades públicas sea en
lución del Tampereen käräjäoikeus, de fecha de 1 de junio                       esencia un acto de confirmación de la voluntad expre-
de 1999, en el asunto entre Neste Markkinointi Oy y                              sada de manera autónoma por los Consigli Nazionali
Yötuuli Ky, Eija Ritamäki, Anna-Kaisa Jukkola y Jari                             de las profesiones de que se trate; o
                              Jukkola
                                                                            b) las medidas finales de las autoridades públicas consis-
                       (Asunto C-214/99)                                         tan esencialmente en permitir a las personas inscritas
                                                                                en los referidos Colegios fijar las tarifas según su propia
                         (1999/C 246/21)                                         discreción, y elle incluso después de realizadas las
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                        prestaciones profesionales que se les hubieren solici-
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                    tado; o
resolución del Tampereen käräjäoikeus, dictada el 1 de junio
de 1999, en el asunto entre Neste Markkinointi Oy y Yötuuli                 c) las medidas finales de las autoridades públicas no
Ky, Eija Ritamäki, Anna-Kaisa Jukkola y Jari Jukkola, y recibida                 indiquen ningún criterio de interés público, ni lı́mites
en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 7 de junio de 1999.                mı́nimos y máximos entre los que deba situarse la tarifa
El Tampereen käräjäoikeus solicita al Tribunal de Justicia que                   determinada discrecionalmente por el profesional; o
se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
                                                                            d) las medidas finales de las autoridades públicas no
¿Debe aplicarse la prohibición contemplada en el artı́culo 85,                  prevean la obligación de los profesionales de comuni-
apartado 1, del Tratado CE a un acuerdo de compra exclusiva                      car previamente o hacer públicas de algún modo las
celebrado por un proveedor al cual puede el revendedor poner                     tarifas que pretenden aplicar por las prestaciones que
fin en cualquier momento denunciándolo con un año de                           se les hayan solicitado?
anticipación, cuando la totalidad de los acuerdos de compra
exclusiva celebrados por el referido proveedor han contribuido          3) ¿Puede considerarse que lo dispuesto en el artı́culo 5 del
de forma significativa a la compartimentación del mercado,                 Tratado, leı́do en relación con el artı́culo 85, es compatible
bien por sı́ mismos o bien junto con la red de todos los                    con una normativa nacional que, sin prever la observancia
contratos de compra exclusiva por él celebrados, pero los                   de los criterios de interés público, delegue en una comisión
contratos en vigor de la misma naturaleza que el contrato de                tarifaria, establecida en el Consiglio dell’Ordine e integrada
compra exclusiva objeto del litigio sólo representan una parte             únicamente por personas inscritas en ese Colegio, la
ı́nfima de la totalidad de contratos celebrados por el mismo                facultad de adoptar un sistema discrecional de determina-
proveedor, la mayorı́a de los cuales son contratos celebrados               ción de honorarios, que confirma el fijado por el profesio-
por tiempo determinado con una duración de varios años?                   nal según su propia discreción y que tiene tal fuerza que
                                                                            puede obligar al Juez a dictar una orden conminatoria de
                                                                            pago de conformidad con la determinación efectuada por
                                                                            el mismo Consiglio?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Ufficio del Giudice di Pace di Genova, de fecha
6 de mayo de 1999, en el asunto entre Giuseppe Conte y
                          Stefania Rossi
                       (Asunto C-221/99)
                         (1999/C 246/22)
                                                                        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               lución de la Corte d’Appello di Roma, de fecha 12 de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           mayo de 1999, en el asunto entre Ministero delle Finanze
resolución del Ufficio del Giudice di Pace di Genova, dictada el                                y C.A.S.E.R. Spa.
6 de mayo de 1999, en el asunto entre Giuseppe Conte y
Stefania Rossi, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de                                    (Asunto C-222/99)
Justicia el 9 de junio de 1999. El Ufficio del Giudice di Pace di
Genova solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
las siguientes cuestiones:                                                                       (1999/C 246/23)
1) ¿Puede aplicarse a las personas que ejercen la actividad
     profesional de arquitecto el concepto de «empresa» elabo-          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     rado en las Decisiones de la Comisión y en la jurisprudencia      sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
     del Tribunal de Justicia? En caso de respuesta afirmativa,         resolución de la Corte d’Apello di Roma, dictada el 12 de
     ¿deben considerarse como «asociaciones de empresas», en            mayo de 1999, en el asunto entre Ministero delle Finanze y
     el sentido del apartado 1 del artı́culo 85 del Tratado,            C.A.S.E.R. Spa, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
     los Colegios profesionales en que están inscritos los             Justicia el 10 de junio de 1999. La Corte d’Appello di Roma
     arquitectos?                                                       solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
                                                                        siguientes cuestiones:
2) ¿Puede considerarse que lo dispuesto en el artı́culo 5, leı́do
     en relación con el artı́culo 85, del Tratado es compatible
     con una norma nacional que se limite a dar valor                   En caso de una demanda ejercitada por una sociedad ante un
     normativo a un sistema de tarifas elaborado y adoptado             órgano jurisdiccional italiano para la devolución de la tasa de
     por los Consigli Nazionali degli Ordini degli Ingegnieri e         concesión gubernativa abonada en los años 1985 a 1992 con
     degli Architetti cuando:                                           arreglo a leyes contrarias al artı́culo 10 de la Directiva del
 ---pagebreak--- C 246/12               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       28.8.1999
Consejo (CEE) no 69/335 de 17 de julio de 1969 (1) (véase la           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
sentencia de 20 de abril de 1993 en los asuntos acumulados             lución del Tribunale Amministrativo Regionale per la
C-71/91 y C-178/91) (2), ¿la disposición posterior contenida          Lombardia — Sezione III — de fecha de 26 de noviembre
en el apartado 1 del artı́culo 11 de la Ley no 448, de 23 de           de 1998, en el asunto entre Agorá Srl y Ente Autonomo
diciembre de 1998, que contiene la fijación retroactiva de la                         Fiera Internazionale di Milano
cantidad única de 500 000 LIT por la inscripción del acto
constitutivo y de cantidades a tanto alzado diferentes por la                                (Asunto C-223/99)
inscripción de los otros actos sociales (cantidades que oscilan
entre 750 000 LIT y 90 000 LIT según el tipo de sociedad), es
compatible o no con los principios de Derecho comunitario y                                    (1999/C 246/24)
con la interpretación de la citada Directiva realizada por el
Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de abril de 1993            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
(asuntos C-71/91 y C-178/91)?                                          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                       resolución del Tribunale Amministrativo Regionale per la
                                                                       Lombardia — Sezione III —, dictada el 26 de noviembre de
Mientras que, por la escasa entidad de los importes y por la           1998, en el asunto entre Agorá Srl y Ente Autonomo Fiera
referencia ex novo a la inscripción de los actos sociales,            Internazionale di Milano, y recibida en la Secretarı́a del
la citada disposición (apartado 1 del artı́culo 11 de la Ley          Tribunal de Justicia el 10 de junio de 1999. El Tribunale
no 448/1998) parece haber querido referirse a cantidades a             Amministrativo Regionale della Lombardia — Sezione III —,
tanto alzado aparentemente adecuadas al coste del servicio             solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
[esto es, a derechos de carácter remunerativo: letra e) del           siguiente cuestión:
artı́culo 12 de la Directiva 69/335], en realidad dicha ley se
adoptó sin realizar previamente ninguna determinación o              «¿Puede considerarse comprendido el Ente Autonomo Fiera
cálculo de los servicios prestados a la sociedad (costes fácil-      Internazionale di Milano en el concepto de organismo de
mente determinables puesto que se trata de gastos relativos a          Derecho público a que se refiere la letra b) del artı́culo 1 de la
años ya transcurridos, basándose en el número y la cualifica-       Directiva 92/50/CEE (1) de 18.6.1992?»
ción de las personas destinadas a estas tareas, el tiempo
empleado y los diversos gastos materiales necesarios para el
cumplimiento de la operación) y sin que resulte evidente algún       (1) DO L 209, de 24.7.1992, p. 1.
nexo entre los importes reclamados y el servicio concretamente
prestado a la sazón a las empresas societarias que, sin embargo,
pagaron una tasa en concepto de inscripción y de renovación
anual de dicha inscripción y no por el registro global de los
actos sociales?
                                                                       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Independientemente del carácter remunerativo de los importes          lución del Centrale Raad van Beroep de fecha 24 de marzo
reclamados por el Estado italiano mediante el citado apartado 1        de 1999, en el asunto entre Sociale Verzekeringsbank e
del artı́culo 11 de la Ley no 448 de 1998, ¿los intereses legales                                Y. Moughit
a cargo del Estado —correspondientes, como accesorios, a las
devoluciones a favor de las sociedades— tal como se reconocen
especı́ficamente en el apartado 3 del artı́culo 11 a partir de la                            (Asunto C-225/99)
presentación de la solicitud de devolución y a un tipo de
interés anual del 2,50 %, esto es, menor como tal que los tipos                                (1999/C 246/25)
de interés anual previstos en general en materia de pago
indebido de tributos en los artı́culos 1 y 5 de la Ley no 29, de       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
29 de enero de 1961 (y normas sucesivas referidas a él) o bien,        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
en materia de indebidos objetivos, por el artı́culo 2033 del           resolución del Centrale Raad van Beroep, dictada el 24 de
código civil, son compatibles o no con el principio de                marzo de 1999 en el asunto entre Sociale Verzekeringsbank e
equivalencia entre los dos ordenamientos jurı́dicos (nacional y        Y. Moughit y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
comunitario) en materia de tutela de los particulares y/o con          el 11 de junio de 1999. El Centrale Raad van Beroep solicita al
el principio de efectividad del ejercicio de los derechos              Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
reconocidos por el ordenamiento jurı́dico comunitario, princi-         cuestión:
pios ambos reiterados por el Tribunal de Justicia en las
sentencias de 15 de septiembre de 1998, dictadas en los                «¿Debe entenderse por “miembro de familia”, en el sentido del
asuntos Spac (C-260/96), Edis (C-231/96) y Ansaldo (asuntos            apartado 1 del artı́culo 41 del Acuerdo de Cooperación entre
acumulados C-279/96 (3), C-280/96 og C-281/96)?                        la Comunidad Económica Europea y Marruecos (1), de 27 de
                                                                       abril de 1976, también a la madre sola de un trabajador por
                                                                       cuenta ajena marroquı́, la cual se domicilió en casa de su hijo
                                                                       después de que éste, a edad adulta, se estableciera en el
(1) DO L 249, de 3.10.1969, p. 25; EE 09/01, p. 22.                    territorio de un Estado miembro de la Comunidad?»
(2) Rec. 1993, p. I-1915.
(3) Rec. 1998, p. I-5025.
                                                                       (1) Reglamento (CEE) no 2211/78 del Consejo, de 26 de septiembre
                                                                           de 1978 (DO 1978, L 264, p. 1; EE 11/09, p. 3).


title: Asunto T-328/10: Sentencia del Tribunal General de 19 de septiembre de 2012 — Fraas/OAMI (dibujo de cuadros gris oscuro, gris claro, beis y rojo oscuro) [ «Marca comunitaria — Solicitud de registro de marca comunitaria figurativa representando un dibujo de cuadros gris oscuro, gris claro, beis y rojo oscuro — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículos 7, apartado 1, letra b), 75 y 76, apartado 1, del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/19

      Sentencia del Tribunal General de 19 de septiembre de 2012 — Fraas/OAMI (dibujo de cuadros gris oscuro, gris claro, beis y rojo oscuro)
      (Asunto T-328/10) (1)

      (Marca comunitaria - Solicitud de registro de marca comunitaria figurativa representando un dibujo de cuadros gris oscuro, gris claro, beis y rojo oscuro - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículos 7, apartado 1, letra b), 75 y 76, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009)
      (2012/C 331/32)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Partes

         Demandante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Alemania) (representantes: R. Kunze y G. Würtenberger, abogados)

         Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes. inicialmente B. Schmidt; posteriormente D. Walicka, agentes)

         Objeto

      Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 7 de junio de 2010 (asunto R 190/2010-4) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo que representa un dibujo de cuadros gris oscuro, gris claro, beis y rojo oscuro como marca comunitaria.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  Condenar en costas a V. Fraas GmbH.

         (1)  DO C 288, de 23.10.2010.


title: Asunto C-103/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Snezhana Somova/Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane» [Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CEE) n ° 1408/71 — Artículos 12, 45, 46 y 94 — Normativa nacional que supedita la concesión de una pensión al requisito de interrupción de las cotizaciones en el seguro de vejez — Adquisición de un período de seguro que falta mediante el abono de las correspondientes cotizaciones — Concomitancia de períodos de seguro en varios Estados miembros — Facultad del asegurado de no aplicar la regla de la acumulación de la duración de los períodos de cotización y de seguro — Retirada de la pensión concedida y recuperación de las cantidades indebidamente percibidas — Obligación de pagar intereses]

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Snezhana Somova/Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»
   (Asunto C-103/13) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Artículos 12, 45, 46 y 94 - Normativa nacional que supedita la concesión de una pensión al requisito de interrupción de las cotizaciones en el seguro de vejez - Adquisición de un período de seguro que falta mediante el abono de las correspondientes cotizaciones - Concomitancia de períodos de seguro en varios Estados miembros - Facultad del asegurado de no aplicar la regla de la acumulación de la duración de los períodos de cotización y de seguro - Retirada de la pensión concedida y recuperación de las cantidades indebidamente percibidas - Obligación de pagar intereses])
   (2015/C 007/05)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Snezhana Somova

      Demandada: Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»

      Fallo

               1)

               El artículo 49 TFUE se opone a la normativa de un Estado miembro, como el artículo 94, apartado 1, del Kodeks za sotsialnoto osiguryavane (Código de seguridad social), según la cual la liquidación de los derechos a pensión de vejez está sujeta al requisito previo de la interrupción del pago de las cotizaciones de seguridad social correspondientes a una actividad ejercida en otro Estado miembro.

               2)

               Los artículos 45, 46, apartado 2, y 94, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, deben interpretarse en el sentido de que no confieren a los afiliados a la seguridad social la facultad de optar por que no se tengan en cuenta, a efectos de la determinación de los derechos nacidos en un Estado miembro, los períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro antes de la fecha de aplicación de dicho Reglamento en ese primer Estado miembro.

      (1)  DO C 129, de 4.5.2013.


title: Asunto T-383/09: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/OAMI (BEHAVIOURAL INDEX)

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/60

         Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/OAMI (BEHAVIOURAL INDEX)
   (Asunto T-383/09)
   2009/C 282/112
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, Estados Unidos) (representante: S. Malynicz, Barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 11 de junio de 2009, dictada en el asunto R 138/2009-1.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «BEHAVIOURAL INDEX» para bienes y servicios de las clases 9 y 36

      Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud de marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento (CE) no 207/2009, por cuanto que la Sala de Recurso: i) erró en el significado y en la sintaxis de la marca, así como en su idoneidad como término descriptivo inmediato y directo para los bienes y servicios a los que se refiere; ii) no demostró en su examen de oficio la existencia de hechos que probaran que la marca comunitaria en cuestión fuese descriptiva para el público relevante, aunque acertadamente llegó a la conclusión de que el público relevante era un público especializado; e iii) no tuvo en cuenta el interés público que justifica su desestimación ni probó que existiese, en el sector especializado relevante, la posibilidad razonable de que otros operadores del sector quisieran usar en un futuro la marca comunitaria en cuestión.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de mayo de 2000 en el asunto C-424/98: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana ("Incumplimiento de Estado — Derecho de residencia — Directivas 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE — Requisito de ingresos")

text:
C 247/4                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          26.8.2000
Val Sainte-Croix, que tiene por objeto un recurso de casación             Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,
interpuesto contra el auto dictado por el Tribunal de Primera              relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26), de la
Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera) el 16 de              Directiva 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,
julio de 1998, en el asunto Ca’Pasta/Comisión (T-274/97,                  relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta
Rec. p. II-2925), por el que se solicita que se anule dicho auto,          ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su
y en el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de             actividad profesional (DO L 180, p. 28), y de la Directiva
las Comunidades Europeas (Agente: Sr. H. van Vliet, asistido               93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al
por el Sr. A. Dal Ferro), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda),          derecho de residencia de los estudiantes (DO L 317, p. 59),
integrado por los Sres.: R. Schintgen, Presidente de Sala,
G. Hirsch y V. Skouris (Ponente), Jueces; Abogado General:                 —     al someter a los miembros de la familia de los beneficiarios
Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 25 de                   de la Directiva 90/364/CEE a la obligación de disponer
mayo de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                           de recursos de cuantı́a superior en un tercio a la cantidad
                                                                                mı́nima de la que deben disponer los miembros de la
1)    Se anula el auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de                familia de los beneficiarios de la Directiva 90/365/CEE,
      julio de 1998, Ca’Pasta/Comisión (T-274/97).                        —     al limitar los medios de prueba que pueden ser propuestos
                                                                                y, en particular, al establecer que determinados documen-
2)    Se anula la decisión implı́cita de suspensión de la ayuda                tos deben ser expedidos o visados por una autoridad de
      comunitaria contenida en el escrito de la Comisión de 4 de                otro Estado miembro, y
      agosto de 1997 enviado a Ca’Pasta Srl.
                                                                           —     al exigir a los estudiantes nacionales de otros Estados
3)    Se condena en costas, incluidas las producidas ante el Tribunal            miembros que solicitan el reconocimiento de su derecho
      de Primera Instancia, a la Comisión de las Comunidades                    de residencia en Italia, ası́ como el de los miembros de su
      Europeas.                                                                  familia, en virtud de la Directiva 93/96/CEE, que garanti-
                                                                                cen a las autoridades italianas que disponen de recursos
                                                                                de una determinada cuantı́a y, por lo que respecta a los
(1) DO C 378 de 5.12.1998.                                                       medios de prueba que deben utilizarse a tal efecto, al no
                                                                                permitir de forma clara al estudiante optar entre la
                                                                                declaración y cualquier otro medio al menos equivalente,
                                                                                y, finalmente, al no admitir que se utilice la declaración
                                                                                cuando el estudiante esté acompañado por miembros de
                                                                                su familia,
                                                                           el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.
                                                                           D.A.O. Edward, (Ponente), Presidente de Sala; L. Sevón,
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                P.J.G. Kapteyn, P. Jann y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado
                                                                           General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass;
                             (Sala Quinta)                                 ha dictado el 25 de mayo de 2000 una sentencia cuyo fallo es
                                                                           el siguiente:
                     de 25 de mayo de 2000                                 1)    Se declara que la República italiana ha incumplido las
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas
                                                                                90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al
en el asunto C-424/98: Comisión de las Comunidades
                                                                                derecho de residencia, 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio
             Europeas contra República Italiana (1)                             de 1990, relativa al derecho de residencia de los trabajadores
                                                                                por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de
(«Incumplimiento de Estado — Derecho de residencia — Di-                         ejercer su actividad profesional, y 93/96/CEE del Consejo, de
rectivas 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE — Requi-                             29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los
                          sito de ingresos»)                                     estudiantes,
                                                                                —     al limitar los medios de prueba que pueden ser propuestos
                           (2000/C 247/06)                                             y, en particular, al establecer que determinados documen-
                                                                                tos deben ser expedidos o visados por una autoridad de
                                                                                otro Estado miembro, y
                 (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                                —     al exigir a los estudiantes nacionales de otros Estados
                                                                                miembros que solicitan el reconocimiento de su derecho de
                                                                                residencia en Italia, ası́ como el de los miembros de su
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                familia, en virtud de la Directiva 93/96, que garanticen
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                a las autoridades italianas que disponen de recursos de
                                                                                una determinada cuantı́a y, por lo que respecta a los
En el asunto C-424/98, Comisión de las Comunidades Euro-                              medios de prueba que deben utilizarse a tal efecto, al no
peas (Agentes: inicialmente Sr. A. Aresu y posteriormente                              permitir de forma clara al estudiante optar entre la
Sra. K. Oldfelt Hjertonsson) contra República Italiana (Agente:                       declaración y cualquier otro medio al menos equivalente y,
Profesor U. Leanza, asistido por el Sr. D. del Gaizo), que tiene                       finalmente, al no admitir que se utilice la declaración
por objeto que se declare que la República Italiana ha                                cuando el estudiante esté acompañado por miembros de
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la                            su familia.
 ---pagebreak--- 26.8.2000                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 247/5
2)    Se desestima el recurso en todo lo demás                            Carece de importancia a este respecto que el contribuyente que solicita
                                                                           que se le aplique dicha exención fiscal sea un accionista ordinario o
3)    La República Italiana y la Comisión de las Comunidades             un trabajador asalariado titular de las acciones que dieron lugar a la
      Europeas cargarán con sus propias costas.                           percepción de dividendos en el contexto de un plan de ahorro de
                                                                           empresa.
(1) DO C 48 de 20.2.1999.
                                                                           (1) DO C 137 de 2.5.1998.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 6 de junio de 2000
                       de 6 de junio de 2000
                                                                           en el asunto C-281/98 (petición de decisión prejudicial
en el asunto C-35/98 (petición de decisión prejudicial                   planteada por el Pretore di Bolzano): Roman Angonese
planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecre-                           contra Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (1)
       taris van Financiën contra B.G.M. Verkooijen (1)
                                                                           [«Libre circulación de personas — Acceso al empleo —
(«Libre circulación de capitales — Imposición directa de                 Certificado de bilingüismo expedido por una Administración
los dividendos de acciones — Exención — Limitación a los                 local — Artı́culo 48 del Tratado CE (actualmente artı́culo 39
dividendos de acciones de sociedades domiciliadas en el                    CE, tras su modificación) — Reglamento (CEE) no 1612/68»]
                        territorio nacional»)
                                                                                (2000/C 247/08)
                           (2000/C 247/07)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        En el asunto C-281/98, que tiene por objeto una petición
                                                                           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
En el asunto C-35/98, que tiene por objeto una petición                   Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Pretore di
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del         Bolzano (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Hoge Raad                ante dicho órgano jurisdiccional entre Roman Angonese y
der Nederlanden (Paı́ses Bajos), destinada a obtener, en el litigio        Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, una decisión prejudicial
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Staatssecreta-           sobre la interpretación del artı́culo 48 del Tratado CE (actual-
ris van Financiën y B.G.M. Verkooijen, una decisión prejudicial           mente artı́culo 39 CE, tras su modificación) y de los artı́culos 3,
sobre la interpretación de la Directiva 88/361/CEE del Consejo,           apartado 1, y 7, apartados 1 y 4, del Reglamento (CEE)
de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artı́culo 67 del           no 1612/98 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a
Tratado (DO L 178, p. 5), y de los artı́culos 6 y 52 del Tratado           la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad
CE (actualmente artı́culos 12 CE y 43 CE, tras su modificación),          (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), el Tribunal de Justicia,
el Tribunal de Justicia integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez               integrado por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente;
Iglesias, Presidente; los Sres. J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón        D.A.O. Edward, L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala;
y R. Schintgen, Presidentes de Sala; los Sres. P.J.G. Kapteyn,             P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann,
C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wa-                H. Ragnemalm (Ponente) y M. Wathelet, Jueces; Abogado
thelet (Ponente) y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General:             General: Sr. N. Fennelly; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administra-
Sr. A. La Pergola; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, admi-             dora, ha dictado el 6 de junio de 2000 una sentencia cuyo
nistradora principal, ha dictado el 6 de junio de 2000 una                 fallo es el siguiente:
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           El artı́culo 48 del Tratado CE (actualmente artı́culo 39 CE, tras su
                                                                           modificación) se opone a que un empleador obligue a los candidatos
El artı́culo 1, apartado 1, de la Directiva 88/361/CEE del Consejo,        a un proceso de selección de personal a que acrediten sus conocimientos
de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artı́culo 67 del           lingüı́sticos exclusivamente mediante un único diploma, expedido en
Tratado, se opone a una disposición legislativa de un Estado miembro      una sola provincia de un Estado miembro.
que, como la que se discute en el litigio principal, supedita la
concesión de una exención del Impuesto sobre la Renta que grava los
dividendos abonados a los accionistas que sean personas fı́sicas al        (1) DO C 278 de 5.9.1998.
requisito de que dichos dividendos sean repartidos por sociedades
domiciliadas en dicho Estado miembro.


title: Asunto C-229/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 28 de mayo de 2008 — Colin Wolf/Ciudad de Fráncfort del Meno

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 28 de mayo de 2008 — Colin Wolf/Ciudad de Fráncfort del Meno
   (Asunto C-229/08)
   (2008/C 223/33)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Colin Wolf

      Demandada: Ciudad de Fráncfort del Meno
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Dispone siempre el legislador nacional, haciendo uso de la discrecionalidad que le concede el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE (1), de un ilimitado margen de apreciación, o se reduce dicho margen de apreciación, en cualquier caso, a lo estrictamente necesario cuando se trata de establecer una edad máxima para la contratación, a fin de asegurar un período mínimo de servicio anterior a la jubilación, con arreglo al artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2000/78/CE?

               2)

               ¿Se concreta con la necesidad prevista en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2000/78/CE la adecuación de los medios mencionados en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de dicha Directiva, restringiéndose así el ámbito de aplicación de esta regla general?

               3)

                           a)

                           ¿Constituye una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/78/CE, el hecho de que, mediante la fijación de una edad máxima de contratación, un empleador pretenda lograr unos períodos de servicio lo más prolongados posibles de sus funcionarios?

                           b)

                           ¿Es inadecuada la realización de dicha finalidad sólo por el hecho de que se exija a los funcionarios mantener períodos de actividad superiores a lo necesario para percibir la renta mínima legalmente garantizada en caso de jubilación anticipada tras cinco años de servicio?

                           c)

                           ¿Es inadecuada la realización de dicha finalidad únicamente en caso de que se exija a los funcionarios mantener períodos de actividad superiores a lo necesario para obtener el derecho a percibir la pensión mínima legalmente garantizada en caso de jubilación anticipada (actualmente, 19,51 años)?

               4.

                           a)

                           ¿Constituye una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/78/CE mantener lo más bajo posible el número total de funcionarios que puedan ser contratados, mediante una edad máxima de contratación también lo más baja posible, para así mantener lo más reducido posible las prestaciones que hayan de concederse en cada caso concreto, como las prestaciones por accidente o enfermedad (ayudas también para familiares)?

                           b)

                           ¿Qué relevancia tiene, a este respecto, el hecho de que cuanto mayor sea la edad más elevadas son las prestaciones por accidente o los subsidios por enfermedad (también para familiares) en comparación con funcionarios más jóvenes, de manera que la contratación de funcionarios de mayor edad supondría un incremento del gasto total en prestaciones?

                           c)

                           ¿Son necesarios, a tal efecto, unos pronósticos o estadísticas fiables, o bastan presunciones generales de probabilidad?

               5.

                           a)

                           ¿Constituye una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/78/CE el hecho de que un empleador pretenda aplicar una edad máxima de contratación para garantizar una «estructura de edad equilibrada en cada carrera»?

                           b)

                           ¿Qué exigencias deben satisfacer, en su caso, los criterios para configurar dicha estructura de edad, de manera que se cumplan los presupuestos para su justificación (adecuación y necesidad)?

               6.

               ¿Constituye un requisito legítimo en el sentido del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/78/CE el hecho de que, con respecto a una edad máxima de contratación, el empleador argumente que hasta alcanzar tal edad, en general, es posible cumplir los requisitos objetivos de contratación para una formación en los grados intermedios del servicio de bomberos, mediante la correspondiente formación académica y técnica?

               7.

               ¿Qué criterios deben aplicarse para valorar si es adecuado o necesario un período mínimo de servicio hasta alcanzar la edad de jubilación?

                           a)

                           ¿Se puede justificar la necesidad de un período mínimo de servicio exclusivamente como contraprestación por la adquisición, financiada exclusivamente por el empleador, de una cualificación en dicho empleador (capacitación profesional para los grados intermedios del servicio de bomberos), con el fin de garantizar, tras la obtención de dicha cualificación, un período de servicio razonable para el empleador, que permita amortizar gradualmente los costes de formación del funcionario?

                           b)

                           ¿Cuál es la duración máxima del período de servicio posterior al período de formación? ¿Puede ser superior a cinco años y, en caso afirmativo, en qué condiciones?

                           c)

                           ¿Puede justificarse la adecuación o necesidad de un período mínimo de servicio, al margen de la cuestión 7, letra a), argumentando que, para los funcionarios cuyas prestaciones de jubilación son financiadas íntegramente por el empleador, el estimado período de servicio activo desde la contratación hasta la previsible jubilación debe ser lo suficientemente prolongado como para conferir el derecho a percibir durante la jubilación la pensión mínima legalmente garantizada, siendo actualmente dicho período de servicio de 19,51 años?

                           d)

                           ¿A sensu contrario, es necesario, para que esté justificada la negativa a contratar con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE, que la persona sea contratada con una edad tal que, en caso de jubilación en la fecha prevista, deba percibir la renta mínima aun sin haber adquirido el derecho a percibirla?

               8.

                           a)

                           ¿Para evaluar la edad de jubilación con arreglo al artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2000/78/CE, ha de atenderse a la edad de jubilación legalmente establecida para adquirir el derecho a percibir posteriormente una pensión, o bien ha de atenderse a la media estadística de edad de jubilación de un determinado grupo funcionarial o profesional?

                           b)

                           ¿En qué medida debe tenerse en cuenta, en su caso, el hecho de que determinados funcionarios pueden aplazar hasta dos años su jubilación? ¿Debe suponer esta circunstancia la correspondiente elevación de la edad máxima de contratación?

               9.

               ¿A la hora de calcular el período mínimo de servicio en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE, cabe computar el tiempo de formación al inicio de la relación funcionarial? ¿Tiene importancia, a este respecto, si el tiempo de formación debe considerarse íntegramente como período de servicio computable a efectos de obtener una pensión o bien procede excluir el tiempo de formación del período en el que el empleador puede exigir un período mínimo de servicio con arreglo al artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2000/78/CE?

               10.

               ¿Son compatibles las disposiciones del artículo 15, apartados 1, segunda frase, y 3, de la Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz con el artículo 17 de la Directiva 2000/78/CE?

      (1)  DO 2000, L 303, p. 16.


title: Archivo del asunto C-291/95

text:
C 278/34             ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    5.9.98
             Archivo del asunto C-403/97 (1)                                  Archivo del asunto C-406/97 (1)
                       (98/C 278/71)                                                   (98/C 278/74)
Mediante auto de 25 de mayo de 1998, el Presidente del          Mediante auto de 15 de junio de 1998, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
dido archivar el asunto C-403/97: Comisión de las Comu-         dido archivar el asunto C-406/97: Comisión de las Comu-
nidades Europeas contra RepuÂblica Federal de Alemania.         nidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo.
(1) DO C 26 de 24.1.1998.
                                                                (1) DO C 41 de 7.2.1998.
             Archivo del asunto C-291/95 (1)                                  Archivo del asunto C-411/97 (1)
                       (98/C 278/72)                                                   (98/C 278/75)
Mediante auto de 15 de junio de 1998, el Presidente del         Mediante auto de 16 de junio de 1998, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
dido archivar el asunto C-291/95: Reino de BeÂlgica contra      dido archivar el asunto C-411/97: Comisión de las Comu-
Comisión de las Comunidades Europeas.                           nidades Europeas contra Reino de BeÂlgica.
(1) DO C 268 de 14.10.1995.
                                                                (1) DO C 55 de 20.2.1998.
             Archivo del asunto C-155/97 (1)                                  Archivo del asunto C-105/97 (1)
                       (98/C 278/73)                                                   (98/C 278/76)
Mediante auto de 15 de junio de 1998, el Presidente del         Mediante auto de 25 de junio de 1998, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
dido archivar el asunto C-155/97: Comisión de las Comu-         dido archivar el asunto C-105/97 (Petición de decisión pre-
nidades Europeas contra Reino de BeÂlgica.                      judicial de la Pretura circondariale di Trento): Leonardo
                                                                Gulli contra Ente Poste Italiane.
(1) DO C 181 de 14.6.1997.
                                                                (1) DO C 142 de 10.5.1997.


title: Asunto C-468/00: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2000 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 45/16                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     10.2.2001
Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2000 contra la               Petición de decisión presentada mediante resolución de la
República Francesa por la Comisión de las Comunidades                Cour de cassation francesa, chambre comerciale, finan-
                             Europeas                                  cière et économique, dictada el 19 de diciembre de 2000,
                                                                       en el asunto Société Ravil contra Société Bellon Import y
                                                                                Société SPA Biraghi
                       (Asunto C-468/00)
                                                                                (Asunto C-469/00)
                          (2001/C 45/30)                                                        (2001/C 45/31)
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
presentado el 22 de diciembre de 2000 un recurso contra                resolución de la Cour de cassation francesa, chambre commer-
la República Francesa formulado por la Comisión de las               ciale, financière et économique, dictada el 19 de diciembre de
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Bernard Mon-             2000, en el asunto Société Ravil contra Société Bellon Import
gin, consejero jurı́dico, en calidad de agente, que designa como       y Société SPA Biraghi, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez              de Justicia el 27 de diciembre de 2000.
de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                       La Cour de cassation solicita al Tribunal de Justicia que se
                                                                       pronuncie sobre si el artı́culo 29 del Tratado constitutivo de la
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              Comunidad Europea debe interpretarse en el sentido de que
                                                                       se opone a que una legislación nacional que reserva la
                                                                       denominación de origen «grana padano» al queso rallado en la
1.    Declare que la República Francesa ha incumplido las             región de producción en la medida en que tal obligación no
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva           es indispensable para el mantenimiento de los caracteres
      96/50/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la           especı́ficos que dicho producto haya adquirido.
      armonización de los requisitos de obtención de los tı́tulos
      nacionales de patrón de embarcaciones de navegación
      interior para el transporte de mercancı́as y pasajeros en
      la Comunidad (1), al no haber adoptado las disposiciones
      legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
      atenerse a dicha Directiva o, en todo caso, al no haber
      comunicado dichas disposiciones a la Comisión.                                  Archivo del asunto C-502/99 (1)
                                                                                (2001/C 45/32)
2.    Condene en costas a la República Francesa.
                                                                       Mediante auto de 6 de septiembre de 2000, el Presidente del
                                                                       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decido
                                                                       archivar el asunto C-502/99: Comisión de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                      Europeas contra República Francesa.
                                                                       (1) DO C 234 de 25.7.1998.
El artı́culo 249 CE (antiguo artı́culo 189 del Tratado CE), según
el cual la Directiva obligará al Estado miembro destinatario en
cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la obligación
de que los Estados miembros respeten los plazos para la
adaptación de su Derecho interno que se establecen en las
Directivas. Este plazo expiró el 7 de abril de 1998 sin que la
República Francesa haya adoptado las disposiciones necesarias                         Archivo del asunto C-318/99 (1)
para dar cumplimiento a la Directiva a la que se refiere la
Comisión en sus pretensiones.                                                                  (2001/C 45/33)
                                                                       Mediante auto de 19 de septiembre de 2000, el Presidente del
                                                                       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decido
                                                                       archivar el asunto C-318/99: República Italiana contra Comi-
(1) DO L 235 de 17.09.1996, p. 31.                                     sión de las Comunidades Europeas.
                                                                       (1) DO C 314 de 30.10.1999.


title: Asunto T-565/14: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2014 — EEB/Comisión

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/51

      Recurso interpuesto el 30 de julio de 2014 — EEB/Comisión
      (Asunto T-565/14)
      (2014/C 395/64)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: European Environmental Bureau (Bruselas, Bélgica) (representante: S. Podskalská, abogado)

         Demandada: Comisión Europea

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la decisión impugnada de la Comisión de 12 de junio de 2014 (Ares (2014)1915757).

                  —

                  Anule la segunda decisión impugnada de la Comisión 2014/804/UE de 17 de febrero de 2014.

                  —

                  Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones

      Mediante el presente recurso, el demandante solicita la anulación de la Decisión de la Comisión de 12 de junio de 2014 (Ares (2014)1915757) mediante la que se desestima por inadmisible la solicitud del demandante de revisión interna de la Decisión de la Comisión C(2014) 804 final de 17 de febrero de 2014 sobre la notificación por la República de Polonia de un plan nacional transitorio a que hace referencia el artículo 32 de la Directiva 2010/75/EU (1) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre emisiones industriales. El demandante solicita además la anulación de la Decisión de la Comisión C(2014) 804 final de 17 de febrero de 2014.
      En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

                  1.

                  Primer motivo, relativo a la Decisión Ares (2014)1915757, basado en la infracción del Reglamento no 1367/2006 (2) y de la Directiva no 2010/75:

                              —

                              dado que la Decisión sobre el plan transitorio nacional es una medida de alcance individual y por tanto un acto administrativo conforme al Reglamento no 1367/2006. Según el demandante, la Comisión debería por tanto haber declarado admisible la solicitud de revisión interna;

                              —

                              dado que la Comisión debería haber interpretado el artículo 10 del Reglamento no 1367/2006 conforme al Convenio de Aarhus y considerar contrario a Derecho el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006;

                              —

                              dado que la argumentación de la Comisión se basa en una interpretación errónea de los artículos relevantes de la Directiva 2010/75/UE.

                  2.

                  Segundo motivo, relativo a la Decisión C(2014) 804 final, basado en una infracción del artículo 17 TUE, de la Directiva 2010/75/UE, de la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/115/UE, (3) del Convenio de Aarhus, de la Directiva 2001/42/EC (4) y de la Directiva 2008/50/EC. (5)

         (1)  Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO 2010, L 334, p. 17).

         (2)  Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13).

         (3)  Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/115/UE, de 10 de febrero de 2012 , por la que se establecen las normas relativas a los planes nacionales transitorios a que hace referencia la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales [notificada con el número C(2012) 612] (DO 2012, L 52, p. 12).

         (4)  Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO 2001, L 197, p. 30).

         (5)  Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO 2008, L 152, p. 1).


title: Asunto T-252/05: Recurso interpuesto el 4 de julio de 2005 por Q contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/25

         Recurso interpuesto el 4 de julio de 2005 por Q contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-252/05)
   (2005/C 229/55)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 4 de julio de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Q, con domicilio en Bruselas, representada por Mes Stéphane Rodrigues y Yola Minatchy, abogados.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               1.

               En la medida en que sea necesario, anule la decisión de 29 de marzo de 2005 por la que la Comisión desestimó la reclamación de la demandante, presentada el 29 de noviembre de 2004, contra las decisiones presuntas de la Comisión por las que se desestima la petición de asistencia y protección por acoso moral e indemnización de daños y perjuicios de fecha 29 de abril de 2004, presentada con arreglo al artículo 24 del Estatuto, así como las peticiones de adopción de medidas preventivas e inmediatas de 7 de mayo de 2004 y de 24 de mayo de 2004.

               2.

               Anule la decisión de la Comisión de 4 de mayo de 2005 por la que se resuelve la reclamación de la demandante de fecha 20 de diciembre de 2004, así como el informe de evolución de carrera del que ésta es objeto, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003.

               3.

               Determine la responsabilidad de la Comunidad Europea, contraída a causa de las decisiones impugnadas y de la elaboración del informe de evolución de carrera de la demandante

               4.

               Conceda a la demandante una indemnización de daños y perjuicios por los perjuicios sufridos, por un total de 250 000 euros.

               5.

               Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante, funcionaria en la Comisión, afirma ser víctima de acoso moral por parte de sus superiores jerárquicos, que consiste, de una parte, en aislarla profesionalmente y, de otra, en desacreditarla y poner en peligro su salud al desestabilizarla psicológicamente.
   Mediante este recurso, la demandante impugna, en primer lugar, las decisiones presuntas de la Comisión por las que se desestima su petición de asistencia y protección por acoso moral presentada con arreglo al artículo 24 del Estatuto y, en segundo lugar, su informe de evolución de carrera correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003.
   La demandante alega además la infracción del artículo 24 del Estatuto así como la vulneración de los deberes de asistencia, buena administración y protección que incumben a la Comisión.
   En cuando al informe de evolución, invoca errores manifiestos de apreciación e infracción de las normas de procedimiento.


title: Asunto T-210/17: Recurso interpuesto el 6 de abril de 2017 — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO)

text:
               22.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/40

         Recurso interpuesto el 6 de abril de 2017 — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO)
   (Asunto T-210/17)
   (2017/C 161/57)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: International Gaming Projects Ltd (Qormi, Malta) (representante: M. D. Garayalde Niño, abogada)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Zitro IP Sàrl (Luxemburgo, Luxemburgo)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca de la Unión Europea figurativa que incluye los elementos denominativos «TRIPLE TURBO» — Solicitud de registro no 13 140 207

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 08/02/2017 en el asunto R 119/2016-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la resolución impugnada.

               —

               condene en costas a la demandada.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-7/11: Recurso interpuesto el 7 de enero de 2011 — Bank Melli Iran/Consejo

text:
               26.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/30

         Recurso interpuesto el 7 de enero de 2011 — Bank Melli Iran/Consejo
   (Asunto T-7/11)
   2011/C 63/58
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Bank Melli Iran (Teherán, Irán) (representantes: L. Defalque y S. Woog, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el apartado B, número 5, del anexo a la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y se deroga la Posición Común 2007/140/PESC, (1) y la sección B, número 5, del anexo VIII al Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007, (2) y que se anule la decisión contenida en el escrito del Consejo de 28 de octubre de 2010.

               —

               Que se declare ilegal e inaplicable a la demandante el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión del Consejo de 26 de julio de 2010, (3) y el artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo.

               —

               Condenar al Consejo al pago de las costas en que hubiera incurrido la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la demandante alega los siguientes motivos:

               1)

               En primer lugar, alega la infracción del artículo 215 TFUE, apartados 2 y 3, así como del artículo 40 TUE lo cual constituye un quebrantamiento sustancial de forma, dado que:

                           —

                           El Consejo PESC adoptó las medidas restrictivas sin dejar facultad de apreciación alguna al Consejo;

                           —

                           La Decisión 2010/413/PESC del Consejo, en la que se basa el Reglamento no 961/2010, se basa erróneamente en el artículo 29 TUE, dado que no define el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático, como se exige en el artículo 29 TUE, sino que establece obligaciones precisas para los Estados miembros y personas en su jurisdicción.

                           —

                           El Reglamento no 961/2010 no contiene las disposiciones necesarias en materia de garantías jurídicas contrariamente a lo dispuesto en el artículo 215 TFUE, apartado 3.

               2)

               En segundo lugar, alega un error del legislador Europeo en la elección de la base legal de la Decisión y el Reglamento impugnados, puesto que las sanciones se adoptaron contra la demandante y sus asociados, que son personas jurídicas y no entidades estatales no incluidas en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A este respecto, la demandante alega que:

                           —

                           Pese a que tomar como base legal los artículos 29 TUE y 215 TFUE está justificado cuando las instituciones de la Unión ejecuten la resolución de la ONU, no está necesariamente justificado cuando se adopten medidas administrativas, como la congelación de fondos de personas jurídicas y de entidades no estatales;

                           —

                           Las normas impugnadas deberían haberse adoptado sobre la base del artículo 75 TFUE y, por lo tanto, incluyendo el Parlamento Europeo en el marco del proceso de codecisión.

               3)

               En tercer lugar, alega que la Decisión y el Reglamento impugnados se adoptaron vulnerando los principios de igualdad y no discriminación, dado que las decisiones similares se adoptaron sobre otra base legal, como el artículo 75 TFUE y por lo tanto, con un marco que comprendía garantías legales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo; no fue así, en opinión de la demandante, en el supuesto de las normas impugnadas.

               4)

               En cuarto lugar, alega que las normas impugnadas fueron adoptadas vulnerando los derechos de defensa de la demandante y, en particular, de su derecho a ser oída, dado que:

                           —

                           La demandante no recibió ninguna prueba ni documentos para fundamentar las alegaciones del Consejo, dado que en 2009 se hicieron alegaciones adicionales a la decisión de 2008 que se confirmó en 2010, alegaciones que resultaron muy genéricas, carentes de claridad e imposibles de refutar por la demandante;

                           —

                           Se denegó a la demandante el acceso a la documentación y el derecho a ser oída;

                           —

                           En relación con las normas impugnadas, no se hizo un razonamiento suficiente, lo cual vulnera el derecho de la demandante a una tutela judicial efectiva.

               5)

               En quinto lugar, alega que las normas impugnadas vulneran los principios de buena administración y de confianza legítima por las mismas razones expuestas en relación con el cuarto motivo.

               6)

               En sexto lugar, alega que el Consejo no comunicó su decisión con los motivos para su inclusión en la lista infringiendo los artículos 36, apartado 3, 36, apartado 4, del Reglamento no 961/2010, por el que se establece la revisión de la Decisión cuando se presenten observaciones.

               7)

               En séptimo lugar, alega un error manifiesto de interpretación y desvío de poder en la aplicación de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, a la demandante, puesto que el Consejo hizo una interpretación errónea de su artículo 20, apartado 1, letra b), al decidir que las actividades de la demandante, como se describen en las normas impugnadas, reúnen los requisitos para ser consideraras actividades que han de sancionarse.

               8)

               En octavo lugar, alega la infracción del principio de proporcionalidad y del derecho a la propiedad privada, dado que el Consejo no tuvo en cuenta la Decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual debe resultar en la inaplicabilidad del artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010.

      (1)  DO L 281, p. 81.

      (2)  DO L 281, p. 1.

      (3)  Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).


title: Asunto C-291/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de abril de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van koophandel Brussel — Bélgica) — Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF ( «Libre circulación de mercancías — Artículo 34 TFUE — Cautio judicatum solvi — Sociedad monegasca — Artículo 18 TFUE, párrafo primero» )

text:
               28.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 160/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de abril de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van koophandel Brussel — Bélgica) — Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF
   (Asunto C-291/09) (1)

   (Libre circulación de mercancías - Artículo 34 TFUE - Cautio judicatum solvi - Sociedad monegasca - Artículo 18 TFUE, párrafo primero)
   2011/C 160/04
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank van koophandel Brussel

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Francesco Guarnieri Cie

      Demandada: Vandevelde Eddy VOF

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Rechtbank van Koophandel te Brussel — Interpretación de los artículos 28 CE, 29 CE y 30 CE — «Cautio judicatum solvi» — ¿Infracción de las disposiciones comunitarias en materia de libre circulación de mercancías?.

      Fallo

   El artículo 34 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la normativa de un Estado miembro exija la constitución de una cautio judicatum solvi por parte de un demandante de nacionalidad monegasca, que ha iniciado ante uno de los órganos del orden jurisdiccional civil de dicho Estado una acción judicial contra un nacional de este último Estado para obtener el pago de las facturas emitidas por la entrega de mercancías equiparadas a mercancías comunitarias, cuando tal exigencia no se impone a los nacionales de dicho Estado miembro.

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009.


title: Asunto T-21/16: Recurso interpuesto el 19 de enero de 2016 — Karl Conzelmann/OAMI (LIKE IT)

text:
               14.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/55

         Recurso interpuesto el 19 de enero de 2016 — Karl Conzelmann/OAMI (LIKE IT)
   (Asunto T-21/16)
   (2016/C 098/71)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Karl Conzelmann GmbH & Co. KG (Albstadt, Alemania) (representante: J. Klink, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «LIKE IT» — Solicitud de registro no 13180104

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 11 de noviembre de 2015 en el asunto R 223/2015-1

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la OAMI en costas, incluidas las originadas en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto F-43/15: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de junio de 2015 — Centurione/Comisión (Función pública — Funcionarios — Seguridad social — Accidente — Artículo 73 del Estatuto — Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional — Fijación del grado de invalidez permanente parcial — Informe de la comisión médica — Artículo 82 del Reglamento de Procedimiento — Causa de inadmisión de orden público — Concordancia entre el recurso y la reclamación — Inexistencia — Inadmisibilidad)

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/41

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de junio de 2015 — Centurione/Comisión
   (Asunto F-43/15) (1)

   ((Función pública - Funcionarios - Seguridad social - Accidente - Artículo 73 del Estatuto - Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional - Fijación del grado de invalidez permanente parcial - Informe de la comisión médica - Artículo 82 del Reglamento de Procedimiento - Causa de inadmisión de orden público - Concordancia entre el recurso y la reclamación - Inexistencia - Inadmisibilidad))
   (2015/C 262/56)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Fernando Centurione (Nivelles, Bélgica) (representante: S. Pappas, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y T.S. Bohr, agentes)

      Objeto

   Anulación de la decisión de la Comisión, que tan sólo reconoció un porcentaje de invalidez permanente parcial del 2 % como consecuencia del accidente de trabajo sufrido por el demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 178, de 1.6.2015, p. 29.


title: Asunto C-82/04 P: Recursode casación interpuesto por Audi AG el 20 de febrerode 2004 (fax: 18.02.04) contra la sentencia dictada el 3de diciembre de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instanciade las Comunidades Europeas en el asunto T-16/02 entre Audi AG y la Oficinade Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/21

         Recurso de casación interpuesto por Audi AG el 20 de febrero de 2004 (fax: 18.02.04) contra la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-16/02 entre Audi AG y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   (Asunto C-82/04 P)
   (2004/C 106/38)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 20 de febrero de 2004 (fax: 18.02.04) un recurso de casación interpuesto por Audi AG, representada por los Sres. Preu Bohlig & Partner, abogados, Leopoldstr. 11 a, D-80802 Munich, contra la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-16/02 entre Audi AG y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 3 de diciembre de 2003 en el asunto T-16/02 (1) entre Audi AG y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), en la medida en que dicho Tribunal desestimó la demanda y condenó en costas a la demandante.

               2)

               Anule la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 8 de noviembre de 2001 en el asunto R 0652/2000-1.

               3)

               Condene a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) al pago de las costas procesales de ambas instancias.

         Motivos y principales alegaciones
   Infracción del Derecho comunitario, en concreto, de la aplicación de disposiciones del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, (2) y del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria. (3)

               —

               La sentencia impugnada se basa en una aplicación incorrecta del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94. La sentencia se apoya en la afirmación, efectuada por las instancias precedentes, de que la combinación de letras «TDI» responde al concepto de «Turbo Diesel Injection» o «Turbo Direct Injection». Esta afirmación se realizó en violación del principio de contenido normativo material de la norma citada y de los principios procesales aplicables. Las resoluciones de las instancias precedentes y la sentencia impugnada no contienen ningún tipo de indicaciones o razones de cómo y dónde aparecen las siglas «TDI» en el lenguaje ordinario. La afirmación de qué conceptos se esconden tras la combinación de letras «TDI» es meramente especulativa. En el presente asunto no es posible afirmar la existencia en la mente de los destinatarios de dichos productos, de una conexión semántica concreta de la marca «TDI» con las mercancías o servicios de que se trata. Por ello adolece de un vicio jurídico la afirmación de que la marca «TDI», cuyo registro se solicita, tropieza con el motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94.

               —

               Los fundamentos de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia relativos a la alegación, formulada por la demandante, de que la denegación de registro de la marca TDI infringe el artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94, adolecen de vicios jurídicos. No se motiva la cuestionable apreciación jurídica del grado de implantación de la marca. La sentencia impugnada no está suficientemente motivada en la medida en que afirma de manera meramente general que esos hechos tampoco acreditan que la marca cuyo registro se solicita haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de la misma en otros Estados miembros distintos de Alemania. En ninguna parte de la sentencia se fundamenta esta afirmación.

               —

               La sentencia impugnada y la resolución de la OAMI en que se basa violan en principio de instrucción de oficio y el principio, derivado del anterior, de examen concreto de los motivos de denegación de registro en cada solicitud. El principio de instrucción de oficio que debe aplicarse implica la obligación de la administración de determinar de manera concreta y comprobar el significado que atribuyen a una marca descriptiva los sectores del público interesados. En el presente asunto el principio de instrucción de oficio se ha violado en perjuicio de la demandante.

      (1)  Aún no publicada en la Recopilación.

      (2)  DO L 11, p. 1.

      (3)  DO L 303, p. 1.


title: Asunto T-37/13: Recurso interpuesto el 22 de enero de 2013 — Exakt Advanced Technologies/OAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT)

text:
               23.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/23

         Recurso interpuesto el 22 de enero de 2013 — Exakt Advanced Technologies/OAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT)
   (Asunto T-37/13)
   2013/C 86/38
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Alemania) (representante: A. von Bismarck, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Reino Unido)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 29 de octubre de 2012 en el asunto R 1764/2011-1.

               —

               Condene a la parte coadyuvante al pago de las costas, incluidas las del procedimiento de recurso.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto de la que se interpuso un recurso de anulación: Marca figurativa, que contiene el elemento denominativo «EXAKT», para productos y servicios de las clases 7, 9 y 37 — Marca comunitaria no 3.996.592

      Titular de la marca comunitaria: La demandante

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: Exakt Precision Tools Ltd

      Motivación de la solicitud de nulidad: Marca figurativa, que contiene el elemento denominativo «EXAKT», para productos de las clases 7, 8 y 9

      Resolución de la División de Anulación: Estimación de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 8, apartado1, letra b), y 53, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-104/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Pitești (Rumanía) el 27 de febrero de 2017 — SC Cali Esprou SRL/Administrația Fondului pentru Mediu

text:
               29.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 168/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Pitești (Rumanía) el 27 de febrero de 2017 — SC Cali Esprou SRL/Administrația Fondului pentru Mediu
   (Asunto C-104/17)
   (2017/C 168/29)
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Curtea de Apel Pitești

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: SC Cali Esprou SRL

      Recurrida: Administrația Fondului pentru Mediu

      Cuestión prejudicial

   ¿Puede interpretarse el artículo 15 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, (1) en el sentido de que se opone a que un Estado miembro de la Unión Europea adopte una normativa que grava con una contribución al operador económico que pone en el mercado interno mercancías envasadas y envases, pero que no interviene en modo alguno en las mercancías ni en los envases, sino que los enajena en su misma forma a un agente económico que, a su vez, los vende al consumidor final, contribución cuyo importe se determina por cada kilogramo de diferencia entre, por una parte, las cantidades de residuos de envases correspondientes a los objetivos mínimos de valorización o de incineración en incineradoras con recuperación de energía y de valorización mediante reciclado y, por otra parte, las cantidades de residuos de envases efectivamente valorizadas o incineradas en incineradoras con recuperación de energía y valorizadas mediante reciclado?

      (1)  Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (DO 1994, L 365, p. 10).


title: Asunto C-245/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Niedersächsische Oberverwaltungsgericht, de fecha 15 de junio de 2001, en el asunto entre RTL Television GmbH y Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

text:
13.10.2001               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 289/9
—     Omisión en la apreciación del principio «dolo agit,              2)    ¿Qué criterios deben seguirse para poder calificar la
      qui petit, quod statim redditurus est» y «fraus omnia                    emisión de varios largometrajes cinematográficas y pelı́-
      corrumpit»: A falta de una sentencia condenatoria firme,                 culas concebidas para la televisión como una «serie» no
      la Comisión sólo puede basarse en los momentos sospe-                  sujeta a las limitaciones publicitarias aplicables a los
      chosos presentes y en los resultados de la investigación                largometrajes cinematográficos y pelı́culas concebidas
      en tanto y en cuanto se disponga de los mismos. La                       para la televisión?
      Comisión ha procedido ası́ en el presente asunto. Al
      excluir el Tribunal la aplicación en tanto que alegación de      3)    ¿Deben entenderse por «series» a efectos del artı́culo 11,
      la norma «fraus omnia corrumpit» en relación con el                     apartado 3, de la Directiva 89/552/CEE, en la versión
      principio «dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est»             resultante de la Directiva 97/36/CE, los programas consis-
      en un asunto como el presente, sin siquiera haber                        tentes en varios capı́tulos que, por presentar elementos
      examinado en particular dicha cuestión, y, en lugar de                  temáticos, de contenido y formales comunes, responden
      ello, exigir la adopción de una nueva decisión con una                 a una idea común y se emiten en una determinada
      nueva motivación, obliga a la Comisión en conclusión al               sucesión temporal?
      abono mientras la sospecha no se concrete en una
      certeza inatacable. Como regla general, sin embargo, una           4)    La interpretación del concepto de «serie» a efectos del
      restitución ulterior fracasa por el hecho de que el deudor              artı́culo 11, apartado 3, de la Directiva 89/552/CEE, en la
      entonces ha desaparecido, se ha enriquecido injustamente                 versión resultante de la Directiva 97/86/CE, ¿permite
      o es ya insolvente.                                                      renunciar por completo o en buena medida a la unidad
                                                                               temática o de contenidos de los capı́tulos de un programa
                                                                               y basarse esencialmente en elementos formales o recep-
(1) Aún no publicada en la Recopilación.                                     tivo-formales?
                                                                         (1) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.
                                                                         (2) DO L 202 de 30.07.1997, p. 60.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Niedersächsische Oberverwaltungsgericht, de                  Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
fecha 15 de junio de 2001, en el asunto entre RTL                        lución del Landesgericht Feldkirch, de fecha 22 de junio
Television GmbH y Niedersächsische Landesmedienans-                      de 2001, en el asunto entre I. Hermann Pfanner Getränke
                    talt für privaten Rundfunk                           Gesellschaft mbH y otros y II. Getränkebetrieb Gesell-
                                                                              schaft m.b.H. y otros contra República de Austria
                         (Asunto C-245/01)
                                                                                (Asunto C-248/01)
                           (2001/C 289/16)
                                                                                (2001/C 289/17)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante            sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Niedersächsische Oberverwaltungsgericht, dic-            resolución del Landesgericht Feldkirch, dictada el 22 de junio
tada el 15 de junio de 2001, en el asunto entre RTL Television           de 2001, en el asunto entre I. Hermann Pfanner Getränke
GmbH y Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten                 Gesellschaft mbH y otros y II. Getränkebetrieb Gesellschaft
Rundfunk, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el       m.b.H. y otros contra República de Austria, y recibida en la
25 de junio de 2001. El Niedersächsische Oberverwaltungsge-              Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 27 de junio de 2001. El
richt solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las        Landesgericht Feldkirch solicita al Tribunal de Justicia que se
siguientes cuestiones:                                                   pronuncie sobre las siguientes cuestiones relativas a la validez
                                                                         de la Directiva 68/151/CEE (1) y de la Directiva 78/660/CEE (2):
1)    El artı́culo 11, apartado 3, de la Directiva 89/552/CEE del
      Consejo (1), de 3 de octubre de 1989, sobre la coordina-           1.    La obligación de publicidad general de las cuentas anuales
      ción de determinadas disposiciones legales, reglamenta-                 de todas las sociedades de capital, con independencia de
      rias y administrativas de los Estados miembros relativas                 su situación económica, ¿es compatible con los derechos
      al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO             humanos y fundamentales, con las libertades fundamenta-
      L 298, p. 23), en la versión resultante de la Directiva                 les y con los principios generales del Derecho de los
      97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), de                    Estados miembros garantizados por el Derecho comunita-
      30 de junio de 1997 (DO L 202, p. 60), ¿pretende,                        rio, en particular, el derecho a la protección de datos, la
      mediante la limitación de las interrupciones publicitarias,             libertad de expresión, el derecho a la autodeterminación
      asegurar la protección del valor artı́stico de los largome-             informativa, el derecho al respeto de la vida privada, el
      trajes cinematográficos y pelı́culas concebidas para la                 derecho a la protección del secreto de empresa y comer-
      televisión con independencia del hecho de que estas                     cial, el derecho a la propiedad y al libre ejercicio de una
      últimas se produzcan desde un principio para la televisión             actividad económica, el derecho a la autonomı́a personal
      y prevean, ya desde su propia concepción, pausas para la                y el respeto del principio de neutralidad (de proporciona-
      inserción de anuncios publicitarios?                                    lidad)?