title: Asunto T-346/06: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 18 de febrero de 2009 — IMS/Comisión ( Recurso de anulación y de indemnización — Directiva 98/37/CE — Máquinas provistas del marcado CE — Riesgos para la seguridad de las personas — Medida nacional de prohibición — Dictamen de la Comisión que declara la medida justificada — Recurso de anulación — Revocación del acto impugnado — Sobreseimiento — Recurso de indemnización — Artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia — Inadmisibilidad )

text:
               18.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 90/26

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2009 — IMS/Comisión
   (Asunto T-346/06) (1)

   («Recurso de anulación y de indemnización - Directiva 98/37/CE - Máquinas provistas del marcado “CE” - Riesgos para la seguridad de las personas - Medida nacional de prohibición - Dictamen de la Comisión que declara la medida justificada - Recurso de anulación - Revocación del acto impugnado - Sobreseimiento - Recurso de indemnización - Artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad»)
   2009/C 90/42
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Industria Masetto Schio Srl (IMS) (Schio, Italia) (representantes: F. Colonna y T. Romolotti, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Zadra y D. Lawunmi, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: República francesa (representante: G. de Bergues, agente)

      Objeto

   Por una parte, la anulación del dictamen de la Comisión C(2006)3914, de 6 de septiembre de 2006, relativo a una medida de prohibición de determinadas prensas mecánicas de la marca IMS adoptada por las autoridades francesas y, por otra parte, una pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por la demandante como consecuencia de la adopción del acto impugnado.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso de anulación.

               2)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión cargará con las costas del procedimiento de medidas provisionales. La Comisión e Industria Masetto Schio Srl (IMS) cargarán cada una con la mitad del resto de las costas.

               4)

               La República francesa cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 20, de 27.1.2007.


title: Asunto T-875/16: Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2016 — Falcon Technologies International/Comisión

text:
               13.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/23

         Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2016 — Falcon Technologies International/Comisión
   (Asunto T-875/16)
   (2017/C 046/26)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Falcon Technologies International LLC (Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos) (representantes: R. Sciaudone y G. Arpea, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Ordene a la Comisión que presente el informe definitivo.

               —

               Anule la decisión impugnada.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la Decisión de la Comisión de 14 de octubre de 2016, mediante la que se denegó la solicitud confirmatoria de la demandante de acceso al documento «Final report of an assessment of ICIM (NB 0425), carried out in the framework of the joint assessment process for notified bodies (DG (SANTE) 2015-7552)».
   En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001. (1)

                           —

                           La demandante alega, en primer lugar, que se aplicó erróneamente el concepto de interés comercial en el sentido del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001. A su juicio, el informe definitivo, que se adoptó al término de un procedimiento administrativo regular sobre la observancia, por parte del ICIM, de la normativa aplicable conforme al Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013 (2) a los organismos notificados, no contiene ningún tipo de información tradicionalmente considerada comercial. Considera que, en cualquier caso, el daño que supuestamente podría causar a la reputación la divulgación del informe final no justifica que se aplique la excepción contemplada en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001. En segundo lugar, sostiene que la decisión impugnada no indica de un modo claro, analítico e inequívoco en qué se basó la Comisión para considerar que el acceso de FTI a los documentos sería perjudicial para el ICIM y que aún en menor medida refleja el resultado de la ponderación entre los presuntos intereses comerciales del ICIM y el interés de sus socios comerciales, entre los que se incluye la demandante, en conocer el grado de fiabilidad y de credibilidad del organismo notificado.

               2.

               Segundo motivo, basado en que se incurrió en error al excluir el interés público superior y al interpretar y aplicar el artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento n.o 1049/2001.

                           —

                           La demandante alega que la decisión impugnada se debe anular, al haber excluido la Comisión la existencia de un interés público superior a la divulgación, por un lado, y la existencia de otros intereses públicos de carácter prevalente a los protegidos por el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, por otro lado. La demandante considera que, apartándose de la jurisprudencia emanada del asunto Comisión/EnBW, (3) no se atendió a la naturaleza esencial del informe final a efectos de la tutela judicial ante los órganos jurisdiccionales nacionales y ésta no se consideró un interés jurídico superior. Sostiene que, en cualquier caso, la decisión impugnada también está viciada porque no consideró como intereses públicos superiores los relativos a la protección de la competencia y de la salud pública.

               3.

               Tercer motivo, basado en la interpretación y la aplicación erróneas del artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001.

                           —

                           En último lugar, la demandante alega que la Comisión no evaluó correctamente la posibilidad de conceder el acceso a parte del informe final, lo que constituye una violación del principio de proporcionalidad. Aduce que la decisión adoptada por la Comisión, de carácter administrativo, podía ocultarse en la medida en que contuviera información sensible u objetivamente secreta. No obstante, nada impedía que se elaborara una versión del informe final que no fuese confidencial, que permitiera comprender suficientemente la evaluación del ICIM sin revelar eventuales, aunque improbables, secretos comerciales.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).

      (2)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2013, relativo a la designación y la supervisión de los organismos notificados con arreglo a la Directiva 90/385/CEE del Consejo, sobre productos sanitarios implantables activos, y la Directiva 93/42/CEE, sobre productos sanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE).

      (3)  Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014, asunto C-365/12 P, Comisión/EnBW, apartado 107.


title: Asunto T-224/09: Auto del Tribunal General de 13 de septiembre de 2011 — CEVA/Comisión ( Recurso de anulación — Programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el sector energía, medio ambiente y desarrollo sostenible — Proyecto Protop — Convenio de subvención — Petición de reembolso de los anticipos abonados en cumplimiento de un contrato de financiación de investigación — Subcontratación — Escrito recordatorio — Acto no recurrible — Inadmisibilidad )

text:
               12.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/20

         Auto del Tribunal General de 13 de septiembre de 2011 — CEVA/Comisión
   (Asunto T-224/09) (1)

   (Recurso de anulación - Programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el sector “energía, medio ambiente y desarrollo sostenible” - Proyecto Protop - Convenio de subvención - Petición de reembolso de los anticipos abonados en cumplimiento de un contrato de financiación de investigación - Subcontratación - Escrito recordatorio - Acto no recurrible - Inadmisibilidad)
   2011/C 331/38
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubin, Francia) (representante: J.-M. Peyrical, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: V. Joris, agente, asistido por E. Bouttier, abogado)

      Objeto

   Petición de anulación del escrito recordatorio de la Comisión de 6 de abril de 2009, por el que ésta invita a la parte demandante a reembolsar el importe de los anticipos abonados en cumplimiento de un convenio de subvención, relativo a un proyecto que debía ejecutarse en el marco del programa específico de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración que lleva por título «Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible».

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA).

      (1)  DO C 205, de 29.8.2009.


title: Asunto T-36/02: Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Associazione Bancaria Italiana (ABI)

text:
C 97/14                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      20.4.2002
Motivos y principales alegaciones                                        Recurso interpuesto el 21 de febrero de 2002 contra la
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas por la Associa-
                                                                                zione Bancaria Italiana (ABI)
                                                                                (Asunto T-36/02)
La demandante es una empresa farmacéutica japonesa, cuya
filial fabricaba D-pantolactone y D-pantotenato cálcico (vitami-                                  (2002/C 97/28)
na B5) y piridoxina (vitamina B6) durante el perı́odo en causa.
En la Decisión impugnada la Comisión impuso multas a la                                (Lengua de procedimiento: italiano)
demandante y a otras siete empresas por participar en ocho
diferentes cárteles secretos de reparto de mercados y fijación
de precios de productos vitamı́nicos.
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 21 de febrero de 2002 un recurso
                                                                         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                         por la Associazione Bancaria Italiana (ABI), representada por
                                                                         los abogados Sres. Alberto Santa Maria, profesor, Claudio
La demandante no discute la afirmación de la Comisión de que           Biscaretti di Ruffia, profesor, Giuseppe Pizzonia y Marcello
al participar en acuerdos que afectaban a los mercados de                Valenti.
vitaminas B5 y B6 comunitario y del EEE infringió el ar-
tı́culo 81, apartado 1, del Tratado CE y el artı́culo 53, apar-
tado 1, del Acuerdo EEE. Es más, tampoco niega los hechos               La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
descubiertos por la Comisión. Solicita, no obstante, la anula-
ción del artı́culo 3, letra f), de la Decisión, por el que se le       —    Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
impone una multa de 23.4 millones o, subsidiariamente, la                     Europeas, de 11 de diciembre de 2001, impugnada en el
reducción sustancial de dicha multa.                                         presente recurso, por vicio sustancial de forma y/o por
                                                                              inexistencia, falta o incongruencia de la motivación de la
                                                                              propia Decisión, con arreglo al artı́culo 253 CE, en
                                                                              relación con los artı́culos 87 CE y 88 CE y con el
                                                                              Reglamento no 659/1999 del Consejo, tal como se
                                                                              expone en los hechos y fundamentos de Derecho.
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega, inter alia,
que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación,       —    Con carácter subsidiario, anule total o parcialmente la
en un error en la calificación jurı́dica de los hechos e infringió          Decisión impugnada, con arreglo al artı́culo 230 CE,
las Directrices para el cálculo de las multas                                párrafo segundo, por violación o aplicación errónea del
                                                                              artı́culo 87 CE, apartado 1, o, con carácter alternativo,
                                                                              por violación o aplicación errónea del artı́culo 87 CE,
—      Al no situarla en una tercera categorı́a, inferior a la de             apartado 3, letras b) o c), tal como se precisa en los
       Hoffmann-La Roche y BASF, cuando fijó el importe                      hechos y fundamentos de Derecho.
       inicial de la multa relativo a la gravedad de la infracción
       o, subsidiariamente, violando el principio de igualdad de         —    Con carácter subsidiario de segundo grado, para el
       trato, al no clasificarla en la segunda categorı́a junto con           supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia consi-
       BASF.                                                                  dere que los artı́culos de la Ley no 461, de 23 de diciembre
                                                                              de 1998, y del Decreto Legislativo no 153, de 17 de mayo
                                                                              de 1999, sobre los que versa la Decisión impugnada,
                                                                              constituyen un régimen de ayudas de Estado incompatible
—      Al no considerar el hecho de que no aplicara completa-                 con el mercado común, disponga la exclusión de cualquier
       mente el cartel de la vitamina B5 como una circunstancia               efecto retroactivo de la Decisión impugnada.
       atenuante por la que se deberı́a reducir sustancialmente
       el importe de base de la multa.                                   Reserve cualquier otro derecho.
—      Al no concederle la inmunidad total o una reducción              Motivos y principales alegaciones
       muy sustancial entre el 75 y el 100 % de la multa por la
       infracción relativa a la vitamina B5 conforme a lo dispue-       El presente recurso se ha interpuesto contra la Decisión de la
       sto en la sección B de la Comunicación sobre no imposi-         Comisión, de 11 de diciembre de 2001, relativa al régimen de
       ción o reducción de multas sobre la base de su coopera-         ayudas de Estado que Italia ha establecido en favor de los
       ción durante el procedimiento o, subsidiariamente, una           bancos (C/54/A/2000/EC [ex NN 70/2000]). Este régimen de
       reducción menor de la multa con arreglo a las secciones C        ayudas es el resultado de la aplicación de la Ley no 461, de
       o D de dicha Comunicación.                                       2 de diciembre de 1998 (Ley «Ciampi»), ası́ como del Decreto
                                                                         Legislativo no 153, de 17 de mayo de 1999, que prevén
                                                                         algunas medidas fiscales en favor de las operaciones de
                                                                         concentración bancaria y de retrocesión de bienes de capital,
                                                                         medidas que se encuadran en el diseño unitario destinado a
                                                                         fomentar la privatización del sector.
 ---pagebreak--- 20.4.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 97/15
Para fundamentar sus pretensiones, la asociación demandante                  del procedimiento unitario de privatización del sistema
formula los siguientes motivos y alegaciones:                                 bancario italiano, iniciado precisamente con la primera
                                                                              de dichas Leyes. A este respecto, la demandante afirma
                                                                              que la Comisión, en varias ocasiones, habı́a valorado
                                                                              expresamente la Ley «Amato» en relación con los bancos
—    Las medidas fiscales en favor de las operaciones de
                                                                              sicilianos y con el Banco de Nápoles. A este último
     concentración bancaria no son selectivas y no configuran
                                                                              respecto, la demandante alega la violación de los princi-
     una ayuda ad hoc. A este respecto, la demandante
                                                                              pios de confianza legı́tima, de proporcionalidad y de
     afirma que la introducción de incentivos fiscales para las
                                                                              seguridad jurı́dica.
     operaciones de concentración bancaria que la normativa
     italiana ha previsto desde 1990, con la función principal
     de agilizar la privatización del sector, no tiene otra
     finalidad que mejorar el funcionamiento del ordena-
     miento fiscal y hacerlo más acorde con la realidad
     especı́fica de la evolución del sistema bancario italiano.
                                                                       Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2002 contra la
—    Las medidas fiscales previstas en favor de las operaciones        Comisión de las Comunidades Europeas por la sociedad
     de retrocesión de bienes de capital a las fundaciones no                                   Groupe Danone
     constituyen ayudas, habida cuenta de que las medidas
     fiscales previstas no comportan una renuncia efectiva del                                  (Asunto T-38/02)
     Estado a la recaudación de ingresos fiscales.
                                                                                (2002/C 97/29)
—    Ninguno de los dos tipos de medidas falsea o amenaza                                (Lengua de procedimiento: francés)
     falsear la competencia. Sobre este extremo la Comisión
     no ha llevado a cabo ningún tipo de investigación. A este
     respecto, la demandante pone de relieve que los bancos
     italianos, en relación con los demás competidores comu-         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     nitarios, resultan asimismo penalizados por una mayor             Europeas se ha presentado el 22 de febrero de 2002 un recurso
     imposición fiscal, que difı́cilmente se encuentra en los         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
     regı́menes fiscales de los demás Estados miembros.               por la sociedad Groupe Danone, con domicilio social en
                                                                       Parı́s, representada por Mes Antoine Winckler y Marc Waha,
                                                                       abogados.
—    Las medidas fiscales acordadas para las operaciones de
     concentración bancaria no influyen en los intercambios
     entre los Estados miembros.                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                       que:
                                                                       —      Anule la Decisión sobre la base del artı́culo 230 CE.
—    Falta de investigación y de motivación en lo que atañe a
     la inexistencia de supuestos de ayuda di minimis.                 —      Reduzca, subsidiariamente, la multa impuesta a la deman-
                                                                              dante por la Decisión, conforme a lo dispuesto en el
                                                                              artı́culo 229 CE.
—    La negativa de la Institución demandada a proceder a una
     valoración concreta de la normativa italiana en cuestión        —      Condene en costas a la Comisión.
     le privó de la oportunidad de una mejor comprensión de
     su alcance y contenido; lo cual probablemente le habrı́a
     permitido comprobar la corrección de dicha normativa
     desde el punto de vista de los apartados 1 y 3 del                Motivos y principales alegaciones
     artı́culo 87 CE, ası́ como valorar correctamente la perti-
     nencia de su finalidad. En efecto, añade la demandante, la
                                                                       La Decisión impugnada en el presente asunto afecta a dos
     Comisión no ha comprendido ni el contenido ni el
                                                                       prácticas colusorias en el mercado belga de la cerveza. La
     alcance de la normativa italiana objeto de controversia.
                                                                       primera práctica colusoria se celebró entre las sociedades
                                                                       Interbrew N. V. y Brouwerijen Alken-Maes N. V. Consistı́a, en
                                                                       particular, en un pacto general de no agresión, un acuerdo
—    En la Decisión impugnada, al valorar la posible incompati-       sobre precios en el comercio al por menor y un reparto del
     bilidad de algunas normas de la Ley en cuestión a efectos        mercado «Hotel Restaurante Café» («horeca»). La Comisión no
     del artı́culo 87 CE, apartado 1, la Comisión no dio la más      condena a Alken-Maes por su participación en dicha práctica
     mı́nima importancia al hecho, tratado ya ampliamente en           concertada, sino sólo a su accionista mayoritaria en aquel
     el procedimiento ante dicha Institución, de la eficacia          momento, la demandante, debido a su propia participación en
     conjunta y de la continuidad de las Leyes «Amato» (Ley            la práctica concertada y a que formaba una entidad económica
     no 218, de 30 de julio de 1990) y «Ciampi» en el ámbito          con Alken-Maes.


title: Asunto T-27/17: Recurso interpuesto el 18 de enero de 2017 — Jalkh/Parlamento

text:
               6.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 70/29

         Recurso interpuesto el 18 de enero de 2017 — Jalkh/Parlamento
   (Asunto T-27/17)
   (2017/C 070/38)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francia) (representante: J.-P. Le Moigne, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión del Parlamento Europeo de suspender la inmunidad parlamentaria del demandante, adoptada el 22 de noviembre de 2016, por la que se aprobó el informe n.o A8-3018/2016 del Sr. [X].

               —

               Condene al Parlamento Europeo a abonar al Sr. Jalkh la cantidad de 8 000 euros en concepto de reparación del daño moral sufrido.

               —

               Condene al Parlamento Europeo a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento.

               —

               Condene al Parlamento Europeo a abonar al Sr. Jalkh, en concepto de reembolso de los gastos recuperables, una cantidad de 5 000 euros.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca nueve motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas. La parte demandante considera que el Parlamento aplicó incorrectamente las reglas relativas a la inmunidad de los diputados del Parlamento francés y confunde deliberadamente los artículos 8 y 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.

               2.

               Segundo motivo, basado en la necesaria aplicación del artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas. Según el demandante, las autoridades judiciales francesas le imputan una serie de declaraciones de las que no es autor y las antedichas autoridades no niegan que las referidas declaraciones se inscriben dentro del marco de sus actividades políticas.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración del propio concepto de inmunidad parlamentaria. La parte demandante considera que el Parlamento finge ignorar que, en una democracia, la inmunidad parlamentaria proporciona una doble inmunidad de jurisdicción: la irresponsabilidad y la inviolabilidad.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la inobservancia de la reiterada jurisprudencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en materia de:

                           —

                           libertad de expresión

                           —

                              fumus persecutionis

               5.

               Quinto motivo, basado en la vulneración de la seguridad jurídica comunitaria y de la confianza legítima.

               6.

               Sexto motivo, basado en la vulneración de la independencia de un diputado.

               7.

               Séptimo motivo, basado en la infracción de las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo relativas al procedimiento que pudiere conducir a la anulación del mandato de un diputado (artículo 3, nuevo apartado 4, párrafo segundo, de dicho Reglamento). Según la parte demandante, aunque la ley francesa prevé una pena accesoria de inelegibilidad que supone la anulación de mandato por el delito que se le imputa, el Gobierno francés no comunicó esto al Presidente del Parlamento Europeo, a pesar de que el procedimiento lo exige y ningún órgano competente del Parlamento (el Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Pleno) le pidió explicaciones por ello. A su juicio, la omisión de este requisito formal esencial basta para viciar el informe y la decisión impugnada.

               8.

               Octavo motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa de la parte demandante. Ésta afirma que no fue invitada a intervenir en el momento del voto en sesión plenaria del Parlamento acerca de la solicitud de suspensión de su inmunidad. Por ello, sólo dispuso de 10 minutos para exponer sus motivos de defensa en relación con los dos expedientes que le atañen, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, tras la finalización de las actividades de esta Comisión hacia las 18 horas.

               9.

               Noveno motivo, basado en la falta de fundamento de las acusaciones en la solicitud de suspensión de inmunidad, en la medida en que:

                           —

                           para empezar, el demandante no es ni el Director de la publicación de las ediciones en papel del Front National («FN») ni de sus federaciones, ni el Director de los sitios de Internet de las federaciones del FN, ni, por consiguiente, el Director de la publicación de la federación del FN del departamento 66 (Pirineos Orientales). Por tanto, según el demandante el informe adoptado por el Parlamento Europeo es, a este respecto, doblemente falso;

                           —

                           a continuación, el demandante afirma que no es el autor del folleto controvertido y que, a pesar de que sus autores eran conocidos no se llevó a cabo ninguna actuación contra ellos cuando su inmunidad fue suspendida;

                           —

                           además, a juicio del demandante, el hecho de iniciar acciones contra cargos electos con el pretexto de que en su programa reclaman un cargo de la legislación existente supone una deriva antidemocrática extremadamente peligrosa en la medida en que constituye un menoscabo particularmente grave de la libertad de opinión.


title: Asunto C-324/12: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Novontech-Zala kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH [Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n ° 1896/2006 — Proceso monitorio europeo — Oposición extemporánea — Artículo 20 — Revisión en casos excepcionales — Inexistencia de circunstancias «extraordinarias» o «de carácter excepcional» ]

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/45

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Novontech-Zala kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
   (Asunto C-324/12) (1)

   (Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 1896/2006 - Proceso monitorio europeo - Oposición extemporánea - Artículo 20 - Revisión en casos excepcionales - Inexistencia de circunstancias «extraordinarias» o «de carácter excepcional»)
   2013/C 225/78
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Handelsgericht Wien

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Novontech Novontech-Zala kft

      Demandada: LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Handelsgericht Wien (Austria) — Interpretación del artículo 20, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399, p. 1) — Oposición contra un requerimiento europeo de pago enviada fuera de plazo por un olvido del abogado de la parte interesada — Posible existencia de un caso de fuerza mayor o de circunstancias extraordinarias.

      Fallo

   El incumplimiento del plazo de presentación del escrito de oposición a un requerimiento europeo de pago como consecuencia de una actuación negligente del representante del demandado no justifica la revisión de ese requerimiento de pago, pues tal incumplimiento de plazo no puede calificarse ni de circunstancia extraordinaria, en el sentido del artículo 20, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, ni de circunstancia de carácter excepcional, en el sentido del apartado 2 del mismo artículo.

      (1)  DO C 303, de 6.10.2012.


title: Asunto T-492/14: Recurso interpuesto el 30 de junio de 2014 — La Perla/OAMI — Alva Management (LA PERLA)

text:
               25.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/52

         Recurso interpuesto el 30 de junio de 2014 — La Perla/OAMI — Alva Management (LA PERLA)
   (Asunto T-492/14)
   2014/C 282/68
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: La Perla sp. Z o.o. (Varsovia, Polonia) (representante: M. Siciarek, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Alva Management GmbH (Icking, Alemania)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 28 de abril de 2014 dictada en el asunto R 626/2013-4.

               —

               Imponga a la demandada y a la otra parte, en el supuesto de que intervenga, el pago de las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «LA PERLA» para productos y servicios de las clases 5 y 44 — Solicitud de marca comunitaria no 9 8 54  225

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocado: La marca denominativa «PERLAMAR» registrada como marca comunitaria y nacional

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación en parte de la resolución impugnada

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.


title: Asunto C-52/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Revere (Italia) el 2 de febrero de 2012 — Proceso penal contra Ion Beregovoi

text:
               31.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Revere (Italia) el 2 de febrero de 2012 — Proceso penal contra Ion Beregovoi
   (Asunto C-52/12)
   2012/C 98/33
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Giudice di Pace di Revere

      Parte en el proceso principal

   Ion Beregovoi

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 4, 6, 7 y 8 de la Directiva 2008/115/CE (1) a que un nacional de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en un Estado miembro pueda ser sancionado con una pena pecuniaria sustituida como sanción penal por el arresto domiciliario como consecuencia de la mera entrada y estancia irregular, incluso antes del incumplimiento de una orden de expulsión dictada por la autoridad administrativa?

               2)

               A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de las directivas, ¿se oponen los artículos 2, 15 y 16 de la Directiva 2008/115/CE a que, tras la adopción de la Directiva, un Estado miembro pueda adoptar una norma por la que se sanciona a un ciudadano de un tercer país que se encuentra en una situación irregular en el Estado miembro con una pena pecuniaria sustituida por la expulsión inmediatamente ejecutable como sanción penal sin que se siga el procedimiento ni se respeten los derechos del extranjero que establece la Directiva?

               3)

               ¿Se opone el principio de cooperación leal que establece el artículo 4 TUE, apartado 3, a una norma nacional adoptada antes del vencimiento del plazo para la aplicación de una directiva para eludir, o en cualquier caso, limitar el [ámbito] de aplicación de la directiva? ¿Qué medidas debe adoptar el juez nacional si constata dicha finalidad?

      (1)  DO L 348, p. 98.


title: Asunto C-118/12 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de marzo de 2012 por Enviro Tech Europe Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 16 de diciembre de 2011 en el asunto T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech International, Inc./Comisión Europea

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/6

         Recurso de casación interpuesto el 5 de marzo de 2012 por Enviro Tech Europe Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 16 de diciembre de 2011 en el asunto T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech International, Inc./Comisión Europea
   (Asunto C-118/12 P)
   2012/C 227/10
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Enviro Tech Europe Ltd (representantes: C. Mereu, K. Van Maldegem, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea y Enviro Tech International, Inc.

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-291/04 en la medida en que afecta a la demanda de daños y perjuicios de la recurrente.

               —

               Que se declare a la recurrida responsable del perjuicio que ha sufrido la recurrente.

               —

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la demanda de daños y perjuicios.

               —

               Que se condene a la recurrida al pago de todas las costas del procedimiento (incluidas las costas incurridas en el procedimiento ante el Tribunal General).

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente sostiene que, al desestimar su pretensión de indemnización de daños y perjuicios debido a que la recurrente no había acreditado la existencia de un comportamiento ilegal por parte de la Comisión, el Tribunal General infringió el Derecho de la Unión Europea. En particular, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en un error al interpretar la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-425/08 y, en consecuencia, incurrió en un error de Derecho al no valorar la tercera parte del primer motivo de ilegalidad de la recurrente en relación con la «manipulación o utilización normales» y al concluir que debía desestimarse la pretensión de indemnización de daños y perjuicios.
   Por estas razones la recurrente afirma que la sentencia del Tribunal General en el asunto T-291/04 debe anularse por lo que respecta a la demanda de indemnización de daños y perjuicios de la recurrente y que la recurrida debe ser declarada responsable del perjuicio que ha sufrido la recurrente.


title: Asunto T-48/12: Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2012 — Euroscript — Polska/Parlamento

text:
               14.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 109/19

         Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2012 — Euroscript — Polska/Parlamento
   (Asunto T-48/12)
   2012/C 109/43
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Euroscript — Polska Sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (representante: J.-F. Steichen, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Con carácter principal, anule la Decisión de 9 de diciembre de 2011.

               —

               Con carácter subsidiario, anule la licitación no PL/2011/EP.

               —

               Condene al Parlamento al pago de los gastos y costas del procedimiento.

               —

               Reserve a la demandante cualesquiera derechos y acciones que pudieran corresponderle.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en una desviación de poder
               El primer motivo se basa en una desviación de poder en la medida en que el Parlamento Europeo no comunicó o comunicó con retraso información solicitada por la demandante a raíz de la nueva adjudicación del contrato en el marco del procedimiento de licitación relativo a la prestación de servicios de traducción al polaco. (1)

               2)

               Segundo motivo, basado en la vulneración de normas y principios de la Unión Europea
               El segundo motivo se basa en la vulneración de normas y principios de la Unión Europea, como el Reglamento financiero (2) y Reglamento de desarrollo del Reglamento financiero, (3) dado que el licitador seleccionado solicitó fuera de plazo una nueva evaluación de su oferta y el Parlamento ya no podía, por tanto, reconsiderar su decisión de adjudicar el contrato a la demandante, salvo en caso de suspensión o anulación de la licitación.

      (1)  DO 2011/S 56-090361.

      (2)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1).

      (3)  Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 357, p. 1).


title: Archivo del asunto C-344/02

text:
26.4.2003             ES                       Diario Oficial de la Unión Europea                                       C 101/31
               Archivo del asunto C-331/02 (1)                       archivar el asunto C-339/02: Comisión de las Comunidades
                                                                     Europeas contra República Portuguesa.
                        (2003/C 101/53)
                                                                     (1 ) DO C 305 de 7.12.2002.
Mediante auto de 31 de enero de 2003, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-331/02: Comisión de las Comunidades
Europeas contra Reino Unido.
( 1) DO C 274 de 9.11.2002.                                                         Archivo del asunto C-344/02 (1)
                                                                                (2003/C 101/55)
               Archivo del asunto C-339/02 (1)                       Mediante auto de 6 de febrero de 2003, el Presidente del
                                                                     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                        (2003/C 101/54)                              archivar el asunto C-344/02: Comisión de las Comunidades
                                                                     Europeas contra República Francesa.
Mediante auto de 13 de febrero de 2003, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido         (1 ) DO C 261 de 26.10.2002.


title: Asuntos acumulados C-372/09 y C-373/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de marzo de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Cour de cassation — Francia) — procedimientos promovidos por Josep Peñarroja Fa (Artículo 43 CE — Libertad de establecimiento — Artículo 49 CE — Libre prestación de servicios — Restricciones — Peritos judiciales traductores — Ejercicio del poder público — Normativa nacional que reserva el título de perito judicial a las personas inscritas en unas listas elaboradas por las autoridades judiciales nacionales — Justificación — Proporcionalidad — Directiva 2005/36/CE — Concepto de «profesión regulada» )

text:
               7.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 139/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de marzo de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Cour de cassation — Francia) — procedimientos promovidos por Josep Peñarroja Fa
   (Asuntos acumulados C-372/09 y C-373/09) (1)

   (Artículo 43 CE - Libertad de establecimiento - Artículo 49 CE - Libre prestación de servicios - Restricciones - Peritos judiciales traductores - Ejercicio del poder público - Normativa nacional que reserva el título de perito judicial a las personas inscritas en unas listas elaboradas por las autoridades judiciales nacionales - Justificación - Proporcionalidad - Directiva 2005/36/CE - Concepto de «profesión regulada»)
   2011/C 139/07
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en los procedimientos principales

   Procedimientos promovidos por Josep Peñarroja Fa

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Cour de cassation (Francia) — Interpretación de los arts. 43 CE, 45 CE, 49 CE y 50 CE — Normativa nacional que reserva el título de perito judicial a las personas inscritas en las listas elaboradas por las autoridades judiciales nacionales y supedita tal inscripción a requisitos de edad, de competencia, de moralidad y de independencia, pero no obliga a tener en cuenta el reconocimiento de la condición de perito por las autoridades judiciales de otro Estado miembro ni a aplicar otros mecanismos de verificación de los mencionados requisitos — Compatibilidad de esta normativa con las disposiciones del Derecho primario relativas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.

      Fallo

               1)

               Una misión de perito judicial traductor encomendada caso por caso a un profesional por un tribunal, en un litigio sometido al mismo, constituye una prestación de servicios en el sentido del artículo 50 CE, actualmente sustituido por el artículo 57 TFUE.

               2)

               Las actividades de los peritos judiciales especialistas en traducción, tales como las que se examinan en los litigios principales, no constituyen actividades relacionadas con el ejercicio del poder público, en el sentido del artículo 45 CE, párrafo primero, actualmente sustituido por el artículo 51 TFUE, párrafo primero.

               3)

               El artículo 49 CE, actualmente sustituido por el artículo 56 TFUE, se opone a una normativa nacional como la controvertida en los litigios principales, que somete la inscripción en una lista de peritos judiciales traductores a ciertos requisitos de cualificación sin que los interesados puedan conocer los motivos de la decisión adoptada con respecto a ellos y sin que dicha decisión pueda ser objeto de un recurso judicial efectivo que permita verificar su legalidad, especialmente en lo que se refiere al respeto de la exigencia, impuesta por el Derecho de la Unión, de que se tenga debidamente en cuenta su cualificación adquirida y reconocida en otros Estados miembros.

               4)

               El artículo 49 CE, actualmente sustituido por el artículo 56 TFUE, se opone a un requisito como el establecido en el artículo 2 de la loi no 71-498 relative aux experts judiciaires, de 29 de junio de 1971, en su versión modificada por la loi no 2004-130, de 11 de febrero de 2004, con arreglo al cual nadie puede figurar en la lista nacional de peritos judiciales en calidad de traductor si no acredita haber estado inscrito durante tres años consecutivos en una lista de peritos judiciales elaborada por una cour d’appel, ya que consta que dicho requisito impide que, al examinar la solicitud de una persona establecida en otro Estado miembro y que no acredita tal inscripción, se tenga debidamente en cuenta la cualificación adquirida por dicha persona y reconocida en ese otro Estado miembro con objeto de determinar si dicha cualificación puede equivaler, y de ser así en qué medida, a las competencias que normalmente se espera encontrar en una persona que haya estado inscrita durante tres años consecutivos en una lista de peritos judiciales elaborada por una cour d’appel.

               5)

               Las misiones de peritos judiciales traductores que realicen los peritos inscritos en una lista de la índole de la lista nacional de peritos judiciales elaborada por la Cour de cassation no están comprendidas en el concepto de «profesión regulada», en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

      (1)  DO C 282, de 21.11.2009.


title: Asunto C-139/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña (Procedimiento prejudicial  — Sexta Directiva IVA  — Exenciones  — Operaciones relativas a la venta de títulos que implican la transmisión de la titularidad de bienes inmuebles  — Sujeción a un impuesto indirecto distinto del IVA  — Artículos 49 TFUE y 63 TFUE  — Situación puramente interna)

text:
               12.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña
   (Asunto C-139/12) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Sexta Directiva IVA - Exenciones - Operaciones relativas a la venta de títulos que implican la transmisión de la titularidad de bienes inmuebles - Sujeción a un impuesto indirecto distinto del IVA - Artículos 49 TFUE y 63 TFUE - Situación puramente interna))
   2014/C 142/05
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Supremo

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

      Recurrida: Generalidad de Cataluña

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunal Supremo — Interpretación del artículo 13, parte B, letra d), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Exención de las operaciones relativas a títulos contempladas en el artículo 13, parte B, letra d), número 5 — Excepción — Operaciones relativas a la venta de títulos que implican la transmisión de la titularidad de bienes inmuebles — Normativa nacional que grava con un impuesto indirecto distinto del IVA la adquisición de la mayoría del capital de sociedades cuyo activo esté fundamentalmente integrado por inmuebles.

      Fallo

   La Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional, como el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en su versión modificada por la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que grava la adquisición de la mayoría del capital de una sociedad cuyo activo está constituido esencialmente por inmuebles con un impuesto indirecto distinto del IVA, como el que es objeto del procedimiento principal.

      (1)  DO C 174, de 16.6.2012.


title: Asunto C-360/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003 /96/CE — Imposición de los productos energéticos y de la electricidad — No adaptación en el plazo señalado)

text:
               2.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-360/05) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2003 /96/CE - Imposición de los productos energéticos y de la electricidad - No adaptación en el plazo señalado)
   (2006/C 294/29)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: K. Gross y M. Velardo, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: G. De Bellis e I. Braguglia, agentes)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adaptación, dentro del plazo señalado, del ordenamiento jurídico interno a la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283, p. 51)
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, al no haber adoptado, en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 281, de 12.11.2005.


title: Asunto T-207/14: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2014  — Aluwerk Hettstedt/ECHA

text:
               30.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 202/24

         Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2014 — Aluwerk Hettstedt/ECHA
   (Asunto T-207/14)
   2014/C 202/31
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Aluwerk Hettstedt GmbH (Hettstedt, Alemania) (representantes: M. Ahlhaus y J. Schrotz, abogados)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión no SME(2013) 4525 de 21 de enero de 2014 de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas así como la factura no 10046841 de 23 de enero de 2014.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, en que se alega incompetencia de la demandada

                           —

                           La demandada no ha sido competente para adoptar la Decisión SME(2013) 4525 impugnada. Ni el Reglamento (CE) no 1907/2006 (1) ni el Reglamento (CE) no 340/2008 (2) facultan a la demandada a adoptar una decisión separada sobre si un solicitante de registro cumple los criterios que definen a una PYME.

               2.

               Segundo motivo, en que se alega infracción del Reglamento no 1 de 15 de abril de 1958

                           —

                           En todas sus comunicaciones con la demandante, la demandada incumplió su obligación de dirigirse a la persona sometida a la soberanía de un Estado miembro en la lengua oficial de dicho Estado. Este incumplimiento jurídico ha impedido a la demandante cumplir con los requisitos que se le exigen para acreditar su estatuto de PYME.

               3.

               Tercer motivo, basado en que las decisiones impugnadas no están justificadas y en que la tasa administrativa aplicada a la demandante es desproporcionada

                           —

                           Las decisiones impugnadas son, en esencia, erróneas. La demandante tenía derecho a beneficiarse de una reducción de tasas de conformidad con el Reglamento (CE) no 340/2008. La factura de la demandada relativa a la tasa administrativa no se justifica porque se ha aplicado a la demandante la tasa administrativa basándose en un procedimiento erróneo. La tasa administrativa carece de adecuado fundamento jurídico y es desproporcionada.

      (1)  Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

      (2)  Reglamento (CE) no 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).


title: Asunto C-557/14: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2014 — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/28

         Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2014 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-557/14)
   (2015/C 046/35)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandantes: Comisión Europea (representantes: G. Braga da Cruz y E. Manhaeve, agentes)

      Demandada: República Portuguesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 7 de mayo de 2009 dictada en el asunto C-530/07 (1), Comisión/República Portuguesa.

               —

               Que se condene a la República Portuguesa a pagar una multa coercitiva de 20  196 euros por cada día de demora en el cumplimiento de la sentencia recaída en el asunto C-530/07, antes citada, a partir de la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto y hasta la fecha en que se dé ejecución a la sentencia recaída en el asunto C-530/07, antes citada.

               —

               Que se condene a la República Portuguesa a pagar una suma a tanto alzado diaria de 2  244 euros, a partir de la fecha de la adopción de la sentencia en el asunto C-530/07, antes citada, hasta la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto, o hasta la fecha en que se dé ejecución a la sentencia dictada en el asunto C-530/07, antes citada, en el supuesto de que ésta sea anterior.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

      Motivos y principales alegaciones

               I.

                  Determinación de la sanción: Debe basarse en tres criterios:

               1.

                  Gravedad de la infracción: La Comisión propone un coeficiente de gravedad 3, en una escala de 1 a 20. A tenor de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del artículo 228 del Tratado CE («Comunicación de 2005»), la Comisión calcula tal coeficiente teniendo en cuenta:

                           a)

                              La importancia de las normas de la Unión que fueron objeto de la infracción: De los artículos 1, 2, 3, apartado 1, y 4 y del anexo I de la Directiva 91/271/CEE (2) del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (en lo sucesivo, «Directiva 91/271»), resulta que el vertido de las aguas residuales urbanas no tratadas en las aguas receptoras causa una contaminación que afecta de manera significativa a la calidad de tales aguas y de los ecosistemas asociados a ellas. La recogida y el tratamiento de todas las aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones con un equivalente habitante (e-h) superior a 15  000 revisten una importancia crucial para la preservación y la mejora de la calidad de las aguas receptoras, de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres que dependen directamente de aquellas masas de agua, así como para la aplicación integra y correcta de otras Directivas de la Unión.

                           b)

                              Las consecuencias de esta infracción para los intereses generales y particulares:

                                       —

                                       La protección del medio ambiente y de la salud humana se basa en un interés general. La ejecución incompleta de la sentencia del Tribunal de Justicia recaída en el asunto C-530/07 (en lo sucesivo, «sentencia») supone un riesgo importante de contaminación medioambiental y tiene consecuencias para la salud humana.

                                       —

                                       La ejecución incompleta de la sentencia podrá asimismo afectar a la aplicación de otras Directivas de la Unión Europea y tiene repercusiones directas por lo que atañe a la posibilidad de que los ciudadanos disfruten de masas de aguas receptoras no contaminadas que permitan la práctica de actividades de recreo, lo que podrá tener consecuencias para el sector turístico y la actividad económica vinculada a dicho sector.

                           c)

                              Otras circunstancias agravantes y atenuantes:

                                       —

                                          Atenuantes:

                                                   i)

                                                   El número de aglomeraciones con un e-h superior a 15  000 y no conformes con el artículo 4 de la Directiva 91/271 pasó, desde la fecha de adopción de la sentencia según lo establecido en el artículo 258 TFUE, de 15 a 2.

                                                   ii)

                                                   En cuanto a la aglomeración de Vila Real de Santo António, desde 2009 está operativa una nueva estación de tratamiento y sólo tres zonas de aquella aglomeración no se encuentran aún unidas a dicha estación; por lo que se refiere a Matosinhos, la actual estación de tratamiento permite un tratamiento primario de las aguas residuales de la aglomeración, las cuales son enseguida objeto de vertido en el mar, a través de emisario submarino, a más de dos kilómetros de la costa.
                                                   Según las autoridades portuguesas, esta circunstancia no afecta a la calidad de las aguas de baño.

                                       —

                                          Agravantes:

                                                   i)

                                                   La plena ejecución de la sentencia no podrá demostrarse antes de 2018, cuando debería haberse dado cumplimiento a las obligaciones de recogida y tratamiento de que se trata en el presente asunto a más tardar el 31 de diciembre de 2000.

                                                   ii)

                                                   Las disposiciones en cuestión de la Directiva 91/271, que sigue infringiendo la República Portuguesa, enuncian obligaciones claras.

                                                   iii)

                                                   Se han incumplido los calendarios sucesivamente presentados a la Comisión por las autoridades portuguesas, de un modo que la Comisión considera grave.

                                                   iv)

                                                   El elevado número de procedimientos por incumplimiento contra Portugal e incluso de sentencias ya dictadas por el Tribunal de Justicia en este ámbito específico del tratamiento de las aguas residuales urbanas pone de manifiesto un comportamiento ilegal repetitivo, comportamiento que se produce además en un sector en el que las repercusiones para la salud humana y para el medio ambiente son particularmente importantes.

               2.

                  La duración de la infracción: Teniendo en cuenta el tiempo ya transcurrido desde la fecha de adopción de la sentencia, la Comisión propone la aplicación del coeficiente máximo de duración de la infracción, o sea, 3.

               3.

                  La necesidad de asegurar el efecto disuasorio de la sanción: Como se explicita en la Comunicación de 2005, el efecto disuasorio se toma en consideración a través de un factor «n» igual a una media basada, por un lado, en el producto interior bruto del Estado miembro de que se trata y, por otro, en una ponderación de los votos en el seno del Consejo. El factor «n» aplicable actualmente a Portugal es de 3,40.

         II.   Calculo de la cuantía de la sanción:

               a)

                  Multa coercitiva por día de demora:

                           —

                           Se calcula, conforme a lo propuesto en la Comunicación de 2005, empleando la siguiente fórmula:

                              Tanto alzado de base uniforme x coeficiente de gravedad x coeficiente de duración x factor «n», o sea, en el presente asunto, 660 x 3 x 3 x 3,40 = 20  196 euros/día.

                           —

                           Para garantizar la disminución progresiva de la multa coercitiva por día de demora, la Comisión propone dividir la cuantía de la multa por día de demora (20  196 euros/día) por el número de e-h todavía no conforme con la sentencia. Según los datos más recientes, el número de e-h todavía no conforme con la Directiva 91/271 es de 3 21  950. Así pues, la Comisión propone dividir el valor del tanto alzado de base uniforme (20  196 euros/día) por 3 21  950.

                           —

                           El resultado de esta división (20  196: 3 21  950), o sea, 0,06 euros/día, será deducido del valor del tanto alzado de base uniforme a razón de cada e-h que haya pasado entretanto a una situación de conformidad.

               b)

                  Suma a tanto alzado:

                           —

                           El método de cálculo del importe diario para la fijación de la suma a tanto alzado es muy similar al del importe diario para fijar la multa coercitiva y consiste en multiplicar un tanto alzado de base uniforme por un coeficiente de gravedad y multiplicar el resultado obtenido por un factor fijo por país (factor «n»), factor que traduce, simultáneamente, la capacidad de pago del Estado miembro de que se trata y el número de votos atribuidos a ese Estado miembro en el Consejo.

                           —

                           Sin embargo, para el importe a tanto alzado la Comisión partirá de una base a tanto alzado más baja de la que es aplicable a la multa coercitiva, ya que el comportamiento del Estado miembro en situación de infracción es más reprobable en el momento en que se dicta la sentencia de conformidad con el artículo 260 TFUE, en la medida en que su infracción persiste a pesar de las dos sentencias consecutivas del Tribunal de Justicia. El tanto alzado de base uniforme para el pago de la suma a tanto alzado está establecido actualmente en 220 euros/día, sin que se proponga aquí un coeficiente de duración.

                           —

                           Así pues, teniendo en cuenta el tanto alzado de base uniforme, el coeficiente de gravedad y el factor «n», el importe diario para la fijación de la suma a tanto alzado asciende a: 220 x 3 x 3,40 = 2  244 euros.

               c)

                  Examen de la suma a tanto alzado mínima:

                           —

                           Es necesario examinar, considerando la suma a tanto alzado mímina establecida para el Estado miembro de que se trata, si debe proponerse al Tribunal de Justicia un importe diario o un importe fijo. A tal efecto, es preciso comparar, por un lado, el valor total acumulado del importe diario para la fijación de la suma a tanto alzado, calculado hasta la fecha de la decisión de la Comisión (de interponer un recurso en los términos del artículo 260 TFUE), y, por otro lado, la suma a tanto alzado mínima definida para el Estado miembro en cuestión.

                           —

                           El número de días transcurridos entre la fecha de adopción de la sentencia (7 de mayo de 2009) y la fecha de la decisión de la Comisión de interponer un recurso en los términos del artículo 260 TFUE (16 de octubre de 2014) es de 1  987. Por consiguiente, en la fecha de la citada decisión de la Comisión, el valor total acumulado del importe diario para la fijación de la suma a tanto alzado es de 2  244 euros x 1  987 días = 4 4 58  828 euros.

                           —

                           La suma a tanto alzado mínima definida para Portugal es actualmente de 1 8 75  000 euros.

                           —

                           De este modo, dado que el valor total acumulado del importe diario para la fijación de la suma a tanto alzado en fecha de 16 de octubre de 2014 es superior a la suma a tanto alzado mínima definida para Portugal, la Comisión propone que se imponga a Portugal el pago del importe diario para la fijación de la suma a tanto alzado, es decir, 2  244 euros por día a contar desde la fecha de adopción de la sentencia y hasta la fecha de adopción de la sentencia en virtud del artículo 260 TFUE, o hasta la fecha en la que Portugal cumpla con la primera de esas sentencias, si esa fecha fuera anterior.

      (1)  EU:C:2009:292.

      (2)  DO L 135, p. 40.


title: Asunto C-367/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — procedimiento entablado por Susanne Sokoll-Seebacher (Libertad de establecimiento — Salud pública — Artículo 49 TFUE — Farmacias — Abastecimiento apropiado de medicamentos a la población — Autorización de explotación — Ordenación territorial de las farmacias — Fijación de límites basados esencialmente en un criterio demográfico — Distancia mínima entre las oficinas de farmacia)

text:
               29.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — procedimiento entablado por Susanne Sokoll-Seebacher
   (Asunto C-367/12) (1)

   (Libertad de establecimiento - Salud pública - Artículo 49 TFUE - Farmacias - Abastecimiento apropiado de medicamentos a la población - Autorización de explotación - Ordenación territorial de las farmacias - Fijación de límites basados esencialmente en un criterio demográfico - Distancia mínima entre las oficinas de farmacia)
   2014/C 93/13
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

      Partes en el procedimiento principal

   Susanne Sokoll-Seebacher

      En el que interviene: Agnes Hemetsberger, subrogada en los derechos de Susanna Zehetner

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interpretación de los artículos 49 TFUE, y 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Normativa de un Estado miembro que subordina la concesión de una autorización para la explotación de una farmacia a una evaluación de las necesidades del mercado basada en una cantidad de criterios complejos y casi imprevisibles.

      Fallo

   El artículo 49 TFUE, en particular la exigencia de congruencia en la consecución del objetivo perseguido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que fija, como criterio esencial para comprobar la existencia de necesidad para la apertura de una nueva farmacia, un límite fijo de «personas a las que se debe continuar abasteciendo», en la medida en que las autoridades nacionales competentes no pueden establecer excepciones a este límite para tener en cuenta particularidades locales.

      (1)  DO C 331, de 27.10.2012.


title: Asunto C-165/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de mayo de 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen. Otra parte: RWE Power AG

text:
               15.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de mayo de 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen. Otra parte: RWE Power AG
   (Asunto C-165/09)
   2009/C 193/02
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

      Demandada: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

      Otra parte: RWE Power AG

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Implica la obligación de hacer una interpretación conforme con la Directiva que las obligaciones establecidas en la Wet milieubeheer, en virtud de la cual se adapta el Derecho neerlandés a la Directiva 96/61/CE, (1) relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (actualmente, Directiva 2008/1/CE, (2) relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación), pueden y deben interpretarse en el sentido de que, al resolver sobre una solicitud de concesión de un permiso, debe tomarse en consideración plenamente el techo nacional de emisión de SO2 establecido en la Directiva 2001/81/CE, (3) sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (en lo sucesivo, «Directiva NEC»), en particular, en lo que se refiere a las obligaciones contenidas en el artículo 9, apartado 4, de la Directiva 96/61/CE, actualmente Directiva 2008/1/CE?

               2)

                           a.

                           La obligación de los Estados miembros de abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer seriamente el resultado prescrito por una Directiva, ¿resulta también aplicable al período de 27 de noviembre de 2002 a 31 de diciembre de 2010 al que se refiere el artículo 4, apartado 1, de la Directiva NEC?

                           b.

                           En caso de que al término del referido período de 27 de noviembre de 2002 a 31 de diciembre de 2010 se supere o exista el riesgo de superarse el techo nacional de emisión de SO2 establecido en la Directiva NEC, ¿el Estado miembro de que se trate está obligado a cumplir durante dicho período determinadas obligaciones positivas que se añaden o sustituyen al deber de abstención antes mencionado?

                           c.

                           Para responder a las cuestiones 2.a y 2.b, ¿es relevante que de una solicitud de permiso medioambiental para una instalación que contribuye a superar o a superar inminentemente el techo nacional de emisión de SO2 establecido en la Directiva NEC se desprenda que la instalación entrará en funcionamiento como muy pronto en el año 2011?

               3)

                           a.

                           Las obligaciones a las que se refiere la cuestión 2, ¿implican que, a falta de garantías de que la instalación para la cual se solicitó un permiso medioambiental no contribuya a sobrepasar o sobrepasar inminentemente el techo nacional de emisión de SO2 establecido en la Directiva NEC, el Estado miembro debe denegar el permiso medioambiental solicitado o supeditarlo al cumplimiento de requisitos o restricciones adicionales? Para responder a esta cuestión, ¿es relevante en qué medida la instalación contribuye a sobrepasar o sobrepasar inminentemente dicho techo de emisión?

                           b.

                           ¿O se desprende de la Directiva NEC que, aunque se sobrepase o se sobrepase inminentemente el techo nacional de emisión de SO2, el Estado miembro dispone de un margen de apreciación para conseguir el resultado prescrito por la Directiva sin denegar el permiso y sin supeditarlo a requisitos o restricciones adicionales, pero tomando, en lugar de ello, otras medidas, como compensaciones en otros lugares?

               4)

               ¿Puede un particular, en la medida en que al Estado miembro le incumben obligaciones como las referidas en las cuestiones 2 y 3, invocar el cumplimiento de dichas obligaciones ante el juez nacional?

               5)

                           a.

                           ¿Puede un particular invocar directamente el artículo 4 de la Directiva NEC?

                           b.

                           En caso de respuesta afirmativa, ¿es posible invocarlo directamente a partir del 27 de noviembre de 2002 o sólo a partir del 31 de diciembre de 2010? Para responder a esta cuestión, ¿es relevante que de la solicitud del permiso medioambiental se desprenda que la instalación entrará en funcionamiento como muy pronto en 2011?

               6)

               Cuando, más en particular, la concesión de un permiso medioambiental y/o la adopción de otra medidas contribuyen a sobrepasar o sobrepasar inminentemente el techo nacional de emisión de SO2 establecido en la Directiva NEC,

                           a.

                           ¿puede un particular, en virtud del artículo 4 de la Directiva NEC, invocar un derecho general a que el Estado miembro de que se trate adopte un conjunto de medidas con las que se reduzcan, a más tardar en 2010, las emisiones nacionales anuales de SO2 a cantidades que no superen el techo nacional de emisión establecido en la Directiva NEC o a que, de fracasar tales medidas, adopte un conjunto de medidas con las que se reduzcan dichas emisiones, en el plazo más breve posible después de 2010, a las referidas cantidades?

                           b.

                           ¿puede un particular, en virtud del artículo 4 de la Directiva NEC, invocar unos derechos concretos a que el Estado miembro de que se trate adopte medidas específicas con respecto a una determinada instalación, por ejemplo denegando un permiso o supeditándolo a requisitos o restricciones adicionales, que contribuyan a que se reduzcan, a más tardar en 2010, las emisiones nacionales anuales de SO2 a cantidades que no superen el techo nacional de emisión establecido en la Directiva NEC o a que, de fracasar tales medidas, adopte medidas específicas que contribuyan a reducir dichas emisiones, en el plazo más breve posible después de 2010, a las referidas cantidades?

                           c.

                           Para responder a las cuestiones 6.a y 6.b., ¿es relevante en qué medida la instalación contribuye a sobrepasar o sobrepasar inminentemente dicho techo?

      (1)  Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 257, p. 26).

      (2)  Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Versión codificada) (DO L 24, p. 8).

      (3)  Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (DO L 309, p. 22).


title: Asunto T-128/09: Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2009 — Meridiana y Eurofly/Comisión

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/46

         Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2009 — Meridiana y Eurofly/Comisión
   (Asunto T-128/09)
   2009/C 141/97
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Meridiana SpA (Olbia, Italia) y Eurofly SpA (Milán, Italia) (representantes: N. Green, QC, K. Bacon, Barrister, y C. Osti y A. Prastaro, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión C(2008) 6475 final, de 12 de noviembre de 2008.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Las demandantes solicitan la anulación de la Decisión de la Comisión C(2008) 6475 final, de 12 de noviembre de 2008, en la que se declara que el procedimiento de venta de los activos de la compañía aérea Alitalia, notificado por las autoridades italianas, no supone la concesión de una ayuda de Estado en favor del adquirente (N 510/2008). (1) Las demandantes son sus competidoras en el mercado del transporte aéreo y presentaron a la Comisión denuncias relativas a las medidas notificadas por las autoridades italianas.
   Las demandantes formulan los siguientes motivos en apoyo de sus pretensiones.
   En primer lugar, alegan que la Decisión impugnada adolece de errores de Derecho, errores manifiestos de hecho y deficiencias de motivación, al haber concluido la Comisión que los activos de Alitalia debían venderse a precios de mercado. En particular, las demandantes alegan que los resultados del procedimiento establecido por la Comisión no demuestran la existencia de una valoración realizada por expertos independientes de los activos de Alitalia antes de las negociaciones para la venta de dichos activos. A juicio de las demandantes, la Comisión también incurrió en error de Derecho al no dar la suficiente relevancia a la inexistencia de un procedimiento abierto y transparente para la venta de activos de Alitalia.
   En segundo lugar, las demandantes sostienen que la conclusión de la Comisión de que los acuerdos para transferir los activos no se diseñaron al objeto de evitar la obligación de devolver la ayuda de Estado está basada en errores de Derecho, errores manifiestos de hecho y una motivación insuficiente.
   En tercer lugar, las demandantes alegan que la Comisión incurrió en error de Derecho e incumplió su obligación de motivación al no examinar si la normativa italiana adoptada en 2008 relativa al procedimiento especial de concurso constituía en sí misma una ayuda de Estado a Alitalia y al adquirente, como se planteó en la denuncia de las demandantes, dado que, en su opinión, estaba destinada a permitir la transferencia de los activos de Alitalia.
   En cuarto lugar, en opinión de las demandantes, la Comisión incurrió en un error de Derecho e incumplió su obligación de motivación al no considerar si un número de elementos de la denuncia de las demandantes demostraba la existencia de una ayuda de Estado, en particular la separación de activos de Alitalia en circunstancias en las que un inversor privado normal no lo habría hecho, la vulneración del principio de no discriminación, la inclusión de los activos de otra compañía en la venta y la adquisición de otra compañía por parte del adquirente de los activos de Alitalia.
   Por último, las demandantes alegan que la Comisión incurrió en error de Derecho al no incoar el procedimiento formal de investigación con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, resolviendo en cambio el asunto mediante una investigación preliminar.

      (1)  DO 2009 C 46, p. 6.


title: Archivo del asunto T-55/01

text:
C 3/50                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  5.1.2002
               Archivo del asunto T-247/99 (1)                                        Archivo del asunto T-225/00 (1)
                         (2002/C 3/86)                                                          (2002/C 3/89)
                (Lengua de procedimiento: italiano)                                    (Lengua de procedimiento: alemán)
Mediante auto de 20 de septiembre de 2001, el Presidente de             Mediante auto de 13 de septiembre de 2001, el Presidente de
la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las                la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto                     Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
T-247/99, Flavia Angeletti y André Van Meuter contra Comi-              T-225/00, Andrea Gaul contra Comisión de las Comunidades
sión de las Comunidades Europeas.                                      Europeas.
(1) DO C 34 de 5.2.2000.
                                                                        (1) DO C 302 de 21.10.2000.
               Archivo del asunto T-167/00 (1)
                                                                                Archivo del asunto T-55/01 (1)
                         (2002/C 3/87)
                                                                                (2002/C 3/90)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
Mediante auto de 14 de septiembre de 2001, el Presidente de
la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                        Mediante auto de 12 de septiembre de 2001, el Presidente de
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
                                                                        la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
T-167/00, Jaume Costa contra Comisión de las Comunidades
                                                                        Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
Europeas.
                                                                        T-55/01, Asahi Vet S.A. contra Comisión de las Comunidades
                                                                        Europeas.
(1) DO C 247 de 26.8.2000.
                                                                        (1) DO C 161 de 2.6.2001.
               Archivo del asunto T-192/00 (1)
                         (2002/C 3/88)                                                Archivo del asunto T-112/01 (1)
                 (Lengua de procedimiento: francés)                                             (2002/C 3/91)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 10 de septiembre de 2001, el Presidente de
la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
T-192/00, Sabrina Tesoka contra Comisión de las Comunida-              Mediante auto de 10 de septiembre de 2001, el Presidente de
des Europeas.                                                           la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                        Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
                                                                        T-112/01, Ursula Klug contra Consejo de la Unión Europea.
(1) DO C 273 de 23.9.2000.
                                                                        (1) DO C 275 de 29.9.2001.


title: Asunto C-280/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Harju Maakohus — Estonia) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Artículo 9, apartado 3, y artículo 102, apartado 1 — Obligación de un tribunal de marcas de la Unión Europea de dictar una resolución que prohíba a un tercero que continúe los actos de violación — Inexistencia de solicitud dirigida a la obtención de esa resolución — Concepto de «razones especiales» para no dictar esa resolución — Concepto de «indemnización razonable» por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea y anteriores a la publicación del registro de esa marca)

text:
               29.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Harju Maakohus — Estonia) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ
   (Asunto C-280/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Marca de la Unión Europea - Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Artículo 9, apartado 3, y artículo 102, apartado 1 - Obligación de un tribunal de marcas de la Unión Europea de dictar una resolución que prohíba a un tercero que continúe los actos de violación - Inexistencia de solicitud dirigida a la obtención de esa resolución - Concepto de «razones especiales» para no dictar esa resolución - Concepto de «indemnización razonable» por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea y anteriores a la publicación del registro de esa marca))
   (2016/C 314/09)
   Lengua de procedimiento: estonio

      Órgano jurisdiccional remitente

   Harju Maakohus

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Irina Nikolajeva

      Demandada: Multi Protect OÜ

      Fallo

               1)

               El artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.

               2)

               El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.o 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable», recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.

      (1)  DO C 262 de 10.8.2015.


title: Asunto C-500/07 P: Auto del Tribunal de Justicia de 25 de noviembre de 2008 — Territorio Energia Ambiente SpA (TEA)/Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Inicio del cómputo — Recurso dirigido a obtener del Tribunal de Primera Instancia una declaración sobre el ámbito de aplicación personal de una decisión de la Comisión — Incompetencia manifiesta)

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/11

         Auto del Tribunal de Justicia de 25 de noviembre de 2008 — Territorio Energia Ambiente SpA (TEA)/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-500/07 P) (1)

   (Recurso de casación - Recurso de anulación - Plazo para recurrir - Inicio del cómputo - Recurso dirigido a obtener del Tribunal de Primera Instancia una declaración sobre el ámbito de aplicación personal de una decisión de la Comisión - Incompetencia manifiesta)
   (2009/C 69/18)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Recurrente: Territorio Energia Ambiente SpA (TEA) (representantes: E. Coffrini y F. Tesauro, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Righini y G. Conte, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) el 17 de septiembre de 2007, Territorio Energia Ambiente SpA (TEA)/Comisión (T-175/07), mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó un recurso en el que se solicitaba que se declarara, con carácter principal, que la Decisión 2003/193/CE de la Comisión de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público (DO 2003, L 77, p. 21) no afectaba a la demandante y, con carácter subsidiario, que la demandante no se benefició de una ayuda ilegal y se pedía, en consecuencia, la anulación de dicha Decisión en la medida en que fuera necesario.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Territorio Energia Ambiente SpA (TEA).

      (1)  DO C 37 de 9.2.2008.