title: Asunto C-249/00: Recurso interpuesto el 22 de junio de 2000 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas

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C 247/22                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        26.8.2000
el agotamiento del derecho de marca a efectos del artı́culo 7                  e)   ¿debe determinarse la remuneración en función del
de la Directiva 89/104/CEE del Consejo (1), de 21 de diciembre                      alcance potencial a oyentes o espectadores o en
de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las                       función del número real de oyentes o espectadores,
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,                         o bien debe determinarse, en parte, en función del
debe alegar y, en su caso, probar que los productos que                             primer alcance y, en parte, en función del último
distribuye ya han sido previamente comercializados en el                            alcance mencionado, y en este último caso: en qué
Espacio Económico Europeo por el propio titular de la marca                        proporción?
o con su consentimiento?
                                                                        (III) En caso de respuesta negativa a la cuestión (I), ¿significa
                                                                               esto que los Estados miembros tienen plena libertad para
(1) DO L 40, p. 1.                                                             establecer los criterios según los cuales debe determinarse
                                                                               la cuantı́a de la remuneración equitativa? o ¿existen
                                                                               determinados lı́mites a dicha libertad y, de ser ası́, cuáles
                                                                               son estos lı́mites?
                                                                        (1) DO 1992, L 346, p. 61.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 9 de
junio de 2000, en el asunto entre Stichting ter Exploitatie
van Naburige Rechten SENA y Stichting Nederlandse
                     Omroep Stichting (NOS)
                                                                        Recurso interpuesto el 22 de junio de 2000 contra la
                        (Asunto C-245/00)                               República Helénica por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                         (2000/C 247/30)
                                                                                (Asunto C-249/00)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                                         (2000/C 247/31)
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dictada el 9 de              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
junio de 2000 en el asunto entre Stichting ter Exploitatie van          presentado el 22 de junio de 2000 un recurso contra la
Naburige Rechten SENA y Stichting Nederlandse Omroep                    República Helénica formulado por la Comisión de las Comuni-
Stichting (NOS), y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de           dades Europeas, representada por la Sra. Maria Patakia, miem-
Justicia el 19 de junio de 2000. El Hoge Raad der Nederlanden           bro del Servicio Jurı́dico de la Comisión, y el Sr. Enrico
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las             Traversa, Consejero Jurı́dico del Servicio Jurı́dico de la Comi-
siguientes cuestiones:                                                  sión, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
                                                                        del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico
(I)   ¿Es el concepto de «remuneración equitativa» utilizado en        de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
      el artı́culo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del
      Consejo, de 19 de noviembre de 1992 (1) [sobre derechos           La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
      de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los              de Justicia que:
      derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual]
      un concepto comunitario que debe ser interpretado y               —      Declare que la República Helénica ha incumplido las
      aplicado de la misma forma en todos los Estados miem-                    obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto
      bros de la Comunidad Europea?                                            en los artı́culos 12, 39, 43 y 56 CE, al reservar exclusiva-
                                                                               mente a los nacionales griegos el beneficio de la aplicación
(II) En caso de respuesta afirmativa:                                          de una desgravación fiscal con motivo de la compra de
                                                                               bienes inmuebles con divisas.
      a)    ¿según qué criterios se debe determinar la cuantı́a de
            la remuneración equitativa?                                —      Condene a la República Helénica al pago de las costas del
                                                                               procedimiento.
      b)    ¿debe buscarse una conexión con la cuantı́a de las
            remuneraciones que en el Estado miembro de que
            se trata, con anterioridad a la entrada en vigor de la      Motivos y principales alegaciones
            Directiva, habı́an sido acordadas o eran usuales entre
            las organizaciones interesadas?                             La Comisión considera que las disposiciones de la Ley
                                                                        no 1521/1950, en su versión modificada por la Ley
      c)    ¿deben o pueden tenerse en cuenta las expectativas          no 2459/1997, las cuales mantienen en vigor en favor de los
            concebidas por los interesados acerca de la cuantı́a        nacionales griegos la ventaja relativa a la aplicación de la
            de la remuneración al adoptarse la Ley nacional por        desgravación fiscal, constituyen una discriminación por razón
            la que se dio cumplimiento a la Directiva?                  de la nacionalidad, que resulta incompatible con los artı́-
                                                                        culos 12, 39 y 43 CE (anteriormente artı́culos 6, 48 y 52 del
      d)    ¿debe buscarse una conexión con la cuantı́a de las         Tratado). La Comisión, si bien respeta, por un parte, la facultad
            remuneraciones que, en virtud de los derechos de            del Estado griego de elegir con libertad el sistema que debe
            autor de obras musicales, se pagan con motivo de            aplicarse en materia de tributación de las transmisiones de
            emisiones?                                                  bienes inmuebles, sin embargo, entiende también que la
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normativa especı́fica en esta materia supone asimismo una                El Reglamento (CE) no 2200/96 (1) [y el Reglamento (CEE)
discriminación incompatible con el Tratado en el ámbito de la          no 1035/72 (2) cuando estaba en vigor], ¿origina una obliga-
libre circulación de las personas (artı́culo 56 CE, anteriormente       ción legal, que incumbe a las personas que comercian con
artı́culo 73 B).                                                         frutas u hortalizas dentro de la Comunidad, de satisfacer los
                                                                         requisitos relativos al nombre de una variedad previstos en
                                                                         una normas de calidad aplicable a fruta u hortaliza de que se
                                                                         trate, que los órganos jurisdiccionales deban aplicar en un
                                                                         proceso civil iniciado por una persona que es un importante
                                                                         cultivador en la Comunidad de dicha fruta u hortaliza?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Conseil mixte d’appel d’expression française de
l’Ordre des médecins vétérinaires, de fecha 10 de junio de               (1) del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la
                                                                             organización común de mercados en el sector de las frutas y
     2000, en el asunto Doctor Jean-Michel Vandeweerd                        hortalizas (DO L 297, 21.11.96, p. 1).
                                                                         (2) DO L 118, 20.05.72; EE 03/05, p. 258.
                        (Asunto C-252/00)
                          (2000/C 247/32)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Conseil, mixte d’appel d’expression française de
l’Ordre des médecins vétérinaires, dictada el 10 de junio de
2000, en el asunto Doctor Jean-Michel Vandeweerd, y recibida
en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 26 de junio de 2000.
El Conseil mixte d’appel d’expression française de l’Ordre des           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
médecins vétérinaires solicita al Tribunal de Justicia que se            lución del tribunal di Trento — Sezione Stralcio, de fecha
pronuncie sobre la siguiente cuestión prejudicial:                      6 de junio de 2000, en el asunto entre Grundig Italiana
                                                                                SpA y el Ministero delle Finanze
El artı́culo 85 del Tratado CE (actualmente artı́culo 81 CE),
¿debe interpretarse en el sentido de que se opone a la
                                                                                (Asunto C-255/00)
prohibición de publicidad decidida por el Conseil supérieur de
l’Ordre des médecins vétérinaires en el Código de Deontologı́a
de 1983, particularmente en la medida en que dicho Código no                                     (2000/C 247/34)
permite difundir información objetiva de carácter profesional
sobre un centro de inseminación artificial equina propiedad de
un veterinario?                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución del Tribunale di Trento — Sezione Stralcio, dictada
                                                                         el 6 de junio de 2000, en el asunto entre Grundig Italiana SpA
                                                                         y el Ministero delle Finanze, y recibida en la Secretarı́a del
                                                                         Tribunal de Justicia el 26 de junio de 2000. El Tribunale di
                                                                         Trento pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                         siguiente cuestión:
lución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division), de fecha 14 de junio de 2000, en el asunto entre
1) Antonio Muñoz y Cia SA, y 2) Superior Fruiticola SA,                 «¿Se opone al Derecho comunitario y, en particular, al principio
por un lado, y 1) Frumar Ltd y 2) Redbridge Produce                      de efectividad enunciado en numerosas ocasiones (entre otras
                     Marketing Ltd, por otro                             muchas, en las sentencias Dilexport, C-343/96, Spac,
                                                                         C-260/96, Edis, C-231/96, Aprile, C-228/96, Palmisani,
                        (Asunto C-253/00)                                C-261/95), una norma nacional (el artı́culo 29, apartado 1, in
                                                                         fine, de la Ley no 428, de 29 de diciembre de 1990) que
                          (2000/C 247/33)                                concede al titular de un derecho a la devolución de cantidades
                                                                         indebidamente pagadas, basado en el Derecho comunitario y
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                nacido como consecuencia de pagos realizados antes de la
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante            entrada en vigor de dicha norma nacional, un perı́odo
resolución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil               transitorio de noventa dı́as para presentar la correspondiente
Division), dictada el 14 de junio de 2000, en el asunto entre 1)         demanda judicial, a efectos de evitar la caducidad trienal
Antonio Muñoz y Cia SA, y 2) Superior Fruiticola SA, por un             introducida con carácter retroactivo en sustitución de la
lado, y 1) Frumar Ltd y 2) Redbridge Produce Marketing Ltd,              prescripción quinquenal vigente con anterioridad?»
por otro, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
26 de junio de 2000. La Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
sobre la siguiente cuestión:


title: Asunto C-427/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland — Irlanda) — Margaret Kenny y otras/Minister for Justice, Equality and Law Reform y otros (Artículo 141 CE — Directiva 75/117/CEE — Igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras — Discriminación indirecta — Justificación objetiva — Requisitos)

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland — Irlanda) — Margaret Kenny y otras/Minister for Justice, Equality and Law Reform y otros
   (Asunto C-427/11) (1)

   (Artículo 141 CE - Directiva 75/117/CEE - Igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras - Discriminación indirecta - Justificación objetiva - Requisitos)
   2013/C 114/18
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Ireland

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala Condon, Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley

      Demandadas: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — High Court of Ireland — Interpretación del artículo 157 TFUE y de la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO L 45, p. 19; EE 05/02, p. 52) [sustituida por la Directiva 2006/54/CE] — Concepto de justificación objetiva en el marco de una aparente discriminación indirecta entre trabajadores y trabajadoras de la función pública — Criterios.

      Fallo

   El artículo 141 CE y la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, deben interpretarse en el sentido de que:

               —

               unos trabajadores ejercen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las condiciones de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable, circunstancia que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional nacional;

               —

               en el marco de una discriminación salarial indirecta, incumbe al empleador aportar una justificación objetiva de la diferencia de retribución apreciada entre los trabajadores que se consideran discriminados y las personas de referencia;

               —

               la justificación ofrecida por el empleador de la diferencia de retribución que pone de manifiesto una apariencia de discriminación por razón de sexo debe guardar relación con las personas de referencia que, debido a que su situación se caracteriza por datos estadísticos válidos referidos a un número suficiente de individuos, que no constituyen la expresión de fenómenos meramente fortuitos o coyunturales y que, de manera general, resultan significativos, han sido tomadas en consideración por el órgano jurisdiccional nacional para apreciar dicha diferencia, y

               —

               el interés por mantener unas buenas relaciones laborales puede ser tomado en consideración por el órgano jurisdiccional nacional entre otros elementos para apreciar si las diferencias entre las retribuciones de dos grupos de trabajadores se deben a factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo y son conformes con el principio de proporcionalidad.

      (1)  DO C 311, de 22.10.2011.


title: Asunto T-464/15: Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2016 — Othman/Consejo

text:
               7.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 410/33

         Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2016 — Othman/Consejo
   (Asunto T-464/15) (1)

   (2016/C 410/50)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 337 de 12.10.2015.


title: Asunto C-489/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgerichts Berlin (Alemania) el 17 de septiembre de 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG

text:
               7.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 406/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgerichts Berlin (Alemania) el 17 de septiembre de 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG
   (Asunto C-489/15)
   (2015/C 406/18)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Berlin

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: CTL Logistics GmbH

      Demandada: DB Netz AG

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se han de interpretar ciertas disposiciones del Derecho de la Unión, concretamente el artículo 30, apartados 1, primera frase, 2, 3, 5, párrafo primero, y 6, de la Directiva 2001/14/CE en el sentido de que queda excluido el reembolso de los cánones por la utilización de infraestructuras pactados o establecidos en un contrato marco entre un administrador de infraestructuras y un solicitante, salvo que se reclame en el procedimiento previsto al efecto por el organismo regulador nacional y las decisiones de éste hayan sido revisadas en el correspondiente procedimiento judicial?

               2)

               ¿Se han de interpretar ciertas disposiciones del Derecho de la Unión, concretamente el artículo 30, apartados 1, primera frase; 2, 3, 5, párrafo primero, y 6, de la Directiva 2001/14/CE (1) en el sentido de que queda excluido el reembolso de los cánones por la utilización de infraestructuras pactados o establecidos en un contrato marco entre un administrador de infraestructuras y un solicitante, si previamente el organismo regulador nacional no se ha pronunciado sobre los cánones controvertidos?

               3)

               ¿Es compatible con los preceptos del Derecho de la Unión que obligan al administrador de infraestructuras a cumplir unas pautas generales en el cálculo de las contraprestaciones, como el principio de cobertura de costes (artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE) o la consideración de los criterios de la aceptabilidad por el mercado (artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE), que la jurisdicción civil controle la equidad de los cánones por la utilización de la infraestructura en virtud de una norma nacional de Derecho civil que permite a los tribunales controlar la equidad del canon cuando éste haya sido fijado unilateralmente por una de las partes y, en su caso, fijar otro mediante una resolución en equidad?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión: ¿Debe atender el tribunal del orden civil, al ejercer su discrecionalidad, a los criterios de la Directiva 2001/14/CE relativos al establecimiento de los cánones por la utilización de infraestructuras? Si es así, ¿a cuáles?

               5)

               ¿Es compatible con el Derecho de la Unión que la jurisdicción civil controle la equidad de los cánones en virtud de la norma nacional mencionada en la tercera cuestión cuando los tribunales de lo civil establecen los cánones en contra de los principios generales y los importes de la remuneración aplicados por el administrador de la infraestructura ferroviaria, aunque éste [omissis] esté obligado por el Derecho de la Unión a dar un trato equivalente y no discriminatorio a todos los usuarios (artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2001/14/CE)?

               6)

               ¿Es compatible con el Derecho de la Unión que la jurisdicción civil controle la equidad de los cánones de un administrador de infraestructuras, habida cuenta de que el Derecho de la Unión establece la competencia del organismo regulador para resolver discrepancias entre el administrador de infraestructuras y el usuario en cuanto a los cánones por la utilización de la infraestructura o en cuanto al importe o la estructura de los cánones que el usuario debe o debería pagar por la utilización de la infraestructura (artículo 30, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva 2001/14/CE), y considerando que, ante el gran número de potenciales controversias ante los distintos tribunales de lo civil, el organismo regulador no podría seguir garantizando la aplicación uniforme de la normativa ferroviaria (artículo 30, apartado 3, de la Directiva 2001/14/CE)?

               7)

               ¿Es compatible con el Derecho de la Unión, en particular el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE, que las disposiciones nacionales exijan que los administradores de infraestructuras calculen todos los cánones por utilización de la infraestructura basándose exclusivamente en los costes?

      (1)  Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75, p. 29).


title: Asunto C-269/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 26 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie — Bélgica) — Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad [Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CEE) n.° 1408/71 — Artículo 4 — Ámbito de aplicación material — Retenciones sobre las pensiones legales de vejez y sobre cualesquiera otras prestaciones complementarias — Artículo 13 — Determinación de la legislación aplicable — Residencia en otro Estado miembro]

text:
               9.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/17

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 26 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie — Bélgica) — Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad
   (Asunto C-269/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) n.o 1408/71 - Artículo 4 - Ámbito de aplicación material - Retenciones sobre las pensiones legales de vejez y sobre cualesquiera otras prestaciones complementarias - Artículo 13 - Determinación de la legislación aplicable - Residencia en otro Estado miembro])
   (2017/C 006/21)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hof van Cassatie

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Rijksdienst voor Pensioenen

      Demandada: Willem Hoogstad

      Con intervención de: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

      Fallo

   El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) n.o 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el procedimiento principal, que prevé el cobro de cotizaciones que guardan una relación directa y suficientemente relevante con las leyes reguladoras de las ramas de seguridad social enumeradas en el artículo 4 del citado Reglamento n.o 1408/71, en su versión modificada, sobre prestaciones procedentes de regímenes de pensiones complementarias, aunque el beneficiario de estas pensiones complementarias no resida en ese Estado miembro y se encuentre, conforme al artículo 13, apartado 2, letra f), del mismo Reglamento, en su versión modificada, sujeto a la legislación en materia social del Estado miembro de residencia.

      (1)  DO C 311 de 21.9.2015.


title: Asunto C-334/04: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2004 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               25.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/8

         Recurso interpuesto el 30 de julio de 2004 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-334/04)
   (2004/C 239/14)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 30 de julio de 2004 un recurso contra la República Helénica formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Patakia y el Sr. Michel Van Beek, miembros de su Servicio Jurídico.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres:

               Al haber delimitado como zona de protección especial territorios cuyo número y superficie total eran manifiestamente inferiores al número y a la superficie total de los terrenos que cumplen los requisitos exigidos para su clasificación como zonas de protección especial con arreglo al artículo 4 de la Directiva.

               Al haber delimitado como zona de protección especial una superficie manifiestamente inferior a la superficie de los terrenos correspondientes IBA 2000 que cumplen los requisitos exigidos para su clasificación como zonas de protección especial.

               Al no haber establecido zonas de protección especial para muchas especies de aves incluidas en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE o al haber clasificado como zonas de protección especial zonas en las cuales no están suficientemente representadas las citadas aves.

               Al no haber establecido zonas de protección especial para muchas especies migratorias o al haber clasificado como zonas de protección especial zonas en las cuales las especies de que se trata no están suficientemente representadas.

         Motivos y principales alegaciones
   Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, impone a los Estados miembros la obligación de establecer un régimen específico para las zonas de protección especial (ZPE) que asegure, en particular, la supervivencia y la reproducción de las especies mencionadas en el anexo I de la Directiva.
   Además, según la jurisprudencia, así como según la Comisión, el inventario de zonas importantes para las aves (Important Birds Areas — IBA) es considerado una base científica de referencia válida.
   Sobre la base de dicho inventario, 186 zonas deben ser clasificadas en Grecia como ZPE.
   En la fecha de interposición del presente recurso, Grecia había establecido solamente 151 ZPE y, sobre todo, de una extensión inferior a la prevista por el IBA 2000.
   La Comisión concluye que tales zonas de protección especial no han sido establecidas con arreglo a criterios ornitológicos, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Directiva.
   El territorio nacional griego es de gran importancia ornitológica para muchas especies de aves silvestres entre las cuales se encuentran las mencionadas en el anexo I de la Directiva, incluidas especies amenazadas a nivel mundial. Dichas especies no están suficientemente protegidas por las ZPE existentes en Grecia.


title: Asunto C-213/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud Vilma» [Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n ° 1346/2000 — Artículo 3, apartado 1 — Concepto de demanda que presenta una conexión con un procedimiento de insolvencia y que está en estrecha relación con él — Reglamento (CE) n ° 44/2001 — Artículo 1, apartados 1 y 2, letra b) — Conceptos de «materia civil y mercantil» y de «quiebra» — Demanda que se fundamenta en la cesión por parte del síndico de la acción revocatoria que le corresponde]

text:
               9.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud Vilma»
   (Asunto C-213/10) (1)

   (Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 1346/2000 - Artículo 3, apartado 1 - Concepto de demanda que presenta una conexión con un procedimiento de insolvencia y que está en estrecha relación con él - Reglamento (CE) no 44/2001 - Artículo 1, apartados 1 y 2, letra b) - Conceptos de «materia civil y mercantil» y de «quiebra» - Demanda que se fundamenta en la cesión por parte del síndico de la acción revocatoria que le corresponde)
   2012/C 165/04
   Lengua de procedimiento: lituano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: F-Tex SIA

      Demandada: Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud Vilma»

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160, p. 1), y de los artículos 1, apartado 2, letra b), y 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1) — Competencia internacional para conocer de una acción pauliana directa y estrechamente relacionada con un procedimiento de insolvencia — Conflicto de competencias entre el tribunal que conoce del procedimiento de insolvencia y el tribunal del domicilio del demandado — Acción pauliana ejercitada después de la apertura de un procedimiento de insolvencia, por el único acreedor de la sociedad en quiebra, en un Estado miembro diferente de aquel en el que se desarrolla el procedimiento de insolvencia, después de la cesión, por el administrador al acreedor, de los créditos de la sociedad frente a terceros.

      Fallo

   El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que la demanda presentada contra un tercero por un demandante que fundamenta su acción en la cesión de un derecho de crédito efectuada por el síndico designado en el marco de un procedimiento de insolvencia, y que tiene por objeto la acción revocatoria que la Ley nacional aplicable a dicho procedimiento atribuye al síndico, está comprendida en el concepto de materia civil o mercantil en el sentido de la citada disposición.

      (1)  DO C 195, de 17.7.2010.


title: Archivo del asunto T-11/96

text:
C 20/28              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  22.1.2000
               Archivo del asunto T-11/96 (1)                                        Archivo del asunto T-306/97 (1)
                        (2000/C 20/58)                                                        (2000/C 20/61)
                (Lengua de procedimiento: inglés)                                      (Lengua de procedimiento: inglés)
Mediante auto de 10 de noviembre de 1999, el Presidente de            Mediante auto de 10 de noviembre de 1999, el Presidente de
la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las               la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto                   Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
T-11/96, Donald George Gage y David John Gage contra                  T-306/97, M.C. Lewis, M.A. Lewis y D.C. Lewis contra Consejo
Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades           de la Unión Euroea y Comisión de las Comunidades Europeas.
Europeas.
                                                                      (1) DO C 94 de 28.3.98.
(1) DO C 133 de 4.5.96.
                                                                                Archivo del asunto T-90/98 (1)
              Archivo del asunto    T-304/97 (1)
                                                                                (2000/C 20/62)
                        (2000/C 20/59)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                      Mediante auto de 25 de octubre de 1999, el Presidente de
Mediante auto de 10 de noviembre de 1999, el Presidente de            la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las
la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las               Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto                   T-90/98, AssiDomän Kraft Products AB, AB Iggesund Bruk,
T-304/97, W.J.C. Hilsdon contra Consejo de la Unión Europea          Korsnäs AB, Modo Paper AB, Södra Cell AB, Stora Kopparberg
y Comisión de las Comunidades Europeas.                              Bergslags AB y Svenska Cellulosa AB (SCA) contra Comisión
                                                                      de las Comunidades Europeas.
(1) DO C 94 de 28.3.98.
                                                                      (1) DO C 234 de 25.7.98.
              Archivo del asunto T-305/97 (1)
                                                                                Archivo del asunto T-135/98 (1)
                        (2000/C 20/60)
                                                                                (2000/C 20/63)
                (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 10 de noviembre de 1999, el Presidente de
la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las               Mediante auto de 22 de octubre de 1999, el Tribunal de
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto                   Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Juez único)
T-305/97, Jimmy Hull contra Consejo de la Unión Europea y            ha decidido archivar el asunto T-135/98, Elaine Spence contra
Comisión de las Comunidades Europeas.                                Comisión de las Comunidades Europeas.
(1) DO C 94 de 28.3.98.                                               (1) DO C 327 de 24.10.98.


title: Asunto C-273/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo (Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/51/CE — Contratos públicos — Procedimientos de adjudicación de contratos)

text:
               12.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 92/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de febrero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-273/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2005/51/CE - Contratos públicos - Procedimientos de adjudicación de contratos)
   (2008/C 92/14)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Stromsky y D. Kukovec, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo (representante: C. Schiltz, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/51/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública (DO L 257, p. 127).
   Fallo

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/51/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo sobre contratación pública, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      (1)  DO C 211 de 8.9.2007.


title: Recurso interpuesto el 2 de octubre de 1997 por «D» contra el Consejo de la Unión Europea (Asunto T-264/97)

text:
 22. II . 97         I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 357/35
  7    falta de independencia del Consejo de disciplina oca                tener en cuenta, para el cálculo de los certificados de
       sionada por el temor reverencial y por el miedo a                    la categoría B, sus cantidades de referencia normales
       posibles represalias en las carreras de sus miembros.                ( que corresponden al trienio inmediatamente anterior
       Sobre este aspecto, el demandante invoca una tenta                  al inicio de la guerra en Somalia ),
       tiva de manipulación de la deposición de un testigo;
                                                                      — con carácter subsidiario, condene al Consejo a indem
  8    violación de la libertad sindical, así como de las pre              nizar a CAMAR, con arreglo al artículo 178 y al
       rrogativas del Comité de personal y de la asamblea                   párrafo segundo del artículo 215 del Tratado CE, en el
       general del personal;                                                supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia con
                                                                            sidere que dicha institución incurre en responsabilidad
  9 ) desviación de poder;                                                  por no haber incluido una disposición específica en el
                                                                            Reglamento ( CEE ) n° 404/93 del Consejo (') que per
                                                                            mita resolver situaciones como la de CAMAR,
 10 ) violación del principio de proporcionalidad, por
       cuanto que el agravamiento de la sanción carece de
       fundamento. Sobre este extremo, el demandante                  — condene a la Comisión y/o al Consejo a reembolsar a
       recuerda que la sanción anulada en el asunto T-500/                  la demandante las costas del presente procedimiento.
       93 era la suspensión de subida de escalón durante dos
       años, que el Consejo de disciplina había propuesto la          Motivos y principales alegaciones
       amonestación y que uno de los hechos imputados
       constituiría una verdadera falta . En el caso de autos,
       a pesar de que la falta imputada era manifiestamente           La sociedad demandante es la misma que en el
                                                                      asunto T-l 72/97; CAMAR contra Comisión (2), cuyo
       inexistente y de que el Consejo de disciplina se había
       pronunciado unánimemente por la absolución, la san            objeto era un recurso por omisión en el que se solicitaba
       ción fue todavía más grave .                                   que los certificados de países terceros que normalmente se
                                                                      le atribuyen como operador de la categoría B se cuantifi
                                                                     quen, no sobre la base de las importaciones del trienio pre
                                                                     visto por el artículo 4 del Reglamento ( CEE) n° 1442/93
                                                                     de la Comisión ( 3 ), sino de los años 1988 , 1989 y 1990 . El
                                                                     presente recurso se dirige contra la decisión denegatoria
                                                                     expresa de la solicitud de la demandante.
Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 1997 por                  Los motivos y principales alegaciones son similares a los
CAMAR srl contra la Comisión de las Comunidades
                                                                     invocados en el asunto T-172/97. Se aduce en particular la
          Europeas y el Consejo de la Unión Europea                  infracción del artículo 30 del Reglamento de base del sec
                       (Asunto T-260/97 )                            tor del plátano [Reglamento ( CEE) n° 404/93 ], la viola
                         ( 97/C 357/65 )                             ción del principio de no discriminación y de los derechos
                                                                     fundamentales de los operadores económicos, así como la
                                                                     existencia de desviación de poder debida a un error de
              (Lengua de procedimiento: italiano)                    apreciación de los hechos.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                     (>) DO L 47 de 25 . 2 . 1993 , p . 1 .
Europeas se ha presentado el 25 de septiembre de 1997 un             (2 ) DO C 271 de 6 . 9 . 1997, p . 16 .
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas               ( 3 ) DO L 142 de 12 . 6 . 1993 , p . 6 .
y el Consejo de la Unión Europea formulado por CAMAR
srl, representada por la Sra . Wilma Viscardini Doná, asis
tida por el Sr. Mariano Paolin y por la Sra . Simonetta
Doná, Abogados de Padua, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest Arendt, 8
10, rué Mathias Hardt.
                                                                    Recurso interpuesto el 2 de octubre de 1997 por «D »
                                                                                contra el Consejo de la Unión Europea
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                                     (Asunto T-264/97)
tancia que :
                                                                                ( 97/C 357/66 )
— anule, de conformidad con los artículos 173 y 174 del
     Tratado CE, la decisión de la Comisión de 17 de julio                           (Lengua de procedimiento: francés)
     de 1997 por la que se deniega una solicitud de medi
     das transitorias en favor de la sociedad CAMAR, en el          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     ámbito del régimen del contingente arancelario para la         Europeas se ha presentado el 2 de octubre de 1997 un
     importación de plátanos,                                       recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado
                                                                    por « D », representado por los Sres . Jean-Noél Louis,
— condene a la Comisión a indemnizar a CAMAR, con                  Thierry Demaseure y las Sras. Ariane Tornel y Frangoise
     forme al artículo 178 y al párrafo segundo del                 Parmentier, Abogados de Bruselas, que designa como
     artículo 215 del Tratado CE, por los daños que le ha           domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson Sárl,
     causado y que le causará la negativa de la Comisión a          30, rué de Cessange .
 ---pagebreak--- C 357/36              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   22 . 11 . 97
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            Para fundamentar sus pretensiones, el demandante alega,
que :                                                              en primer lugar, la infracción del artículo 8 del Convenio
                                                                   Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la
— anule la decisión por la que no se accede a reconocer            violación de los principios de igualdad de trato y de no
     al demandante su estatuto legal de partnership ni a           discriminación, así como el desconocimiento de la unici
     concederle, así como tampoco a su cónyuge, las retri         dad del estatuto personal del demandante . Alega también
     buciones a las que tiene derecho con arreglo al Esta         la existencia en el caso presente de un error manifiesto de
     tuto, Reglamentos y otras disposiciones genérales apli       apreciación, en cuanto que, por un lado, ninguna discrimi
     cables   a  los   funcionarios   de  las  Comunidades
                                                                   nación directa o indirecta puede fundarse legalmente en
     Europeas, entre las que se incluyen los complementos,         las orientaciones sexuales de una persona, y en cuanto
     indemnizaciones, privilegios e inmunidades,                   que, por otro lado, la parte demandada está obligada a
                                                                   reconocer el estatuto personal del demandante, tal como
— anule la decisión subsiguiente por la que no se accede
     a abonarle la retribución a la que su Estatuto le da
                                                                   se desprende del contrato de convivencia en pareja cele
                                                                   brado legalmente en Suecia.
     derecho, junto con los intereses calculados al tipo del
      8 % anual a partir de su demanda de 16 de septiembre         A este respecto, el demandante precisa que la finalidad de
     de 1996,                                                      la protección a la que los justiciables tienen derecho es
— condene en costas a la parte demandada .                         garantizar a las personas, con independencia de su orien
                                                                   tación sexual, la inexistencia de toda discriminación, salvo
Motivos y principales alegaciones                                  excepción prevista exclusivamente por ley y justificada por
                                                                   razones de orden público y de seguridad debidamente con
El demandante se opone a la negativa de la Autoridad               cretadas . A su juicio, la orientación sexual constituye en la
Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) a               actualidad una evolución social cuya realidad no cabe des
reconocer como « cónyuge » a la persona con la que con            conocer, so pena de violar los principios fundamentales de
vive, registrada como tal con arreglo a la Ley sueca de 23         igualdad de trato, no discriminación y respeto de la vida
de junio de 1994, a efectos de los beneficios y ventajas           privada y familiar.
que las disposiciones del Estatuto conceden al funcionario
o agente casado. Esta decisión denegatoria se basa princi         En segundo lugar, el demandante invoca la infracción del
palmente en la consideración de que las disposiciones del          artículo 7 del Estatuto, de los artículos 1 , 5 , 7 y 8 de su
Estatuto que se refieren al concepto de matrimonio no              anexo VII, de las disposiciones aplicables en materia de
autorizan a asimilar al matrimonio, por vía de interpre           prestaciones por muerte y supervivencia, así como del
tación, la situación de las parejas de hecho registradas.          artículo 119 del Tratado CE.


title: Asunto C-50/12 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de febrero de 2012 por Kendrion NV contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 16 de noviembre de 2011 en el asunto T-54/06, Kendrion/Comisión

text:
               17.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/14

         Recurso de casación interpuesto el 1 de febrero de 2012 por Kendrion NV contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 16 de noviembre de 2011 en el asunto T-54/06, Kendrion/Comisión
   (Asunto C-50/12 P)
   2012/C 80/20
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Recurrente: Kendrion NV (representantes: P. Glazener y T. Ottervanger, advocaten)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule total o parcialmente la sentencia recurrida conforme a los motivos de casación alegados.

               —

               Que se anule total o parcialmente la Decisión controvertida en la medida en que afecte a la recurrente.

               —

               Que se anule o se reduzca la multa impuesta a la recurrente.

               —

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie de nuevo sobre el asunto de conformidad con la apreciación jurídica del Tribunal de Justicia.

               —

               Que se condene a la Comisión a las costas del presente procedimiento y del procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               Mediante el
                     primer motivo
                  , se alega que el Tribunal General efectuó una interpretación errónea del Derecho de la Unión y motivó su apreciación de manera contradictoria e inadecuada al considerar que la Comisión había explicado suficientemente conforme a Derecho por qué había impuesto una multa más elevada a Kendrion que a Fardem.

               2)

               Mediante el
                     segundo motivo
                  , se alega que el Tribunal General, al valorar la cuestión de si la Comisión podía considerarse responsable solidaria de la multa que había de imponerse a su anterior filial Fardem, efectuó una interpretación jurídica equivocada, no acertó en la valoración concreta de las pruebas e incurrió por lo tanto en errores de procedimiento. En su sentencia, el Tribunal General repartió equivocadamente la carga de la prueba y valoró los hechos y las pruebas de manera manifiestamente errónea. Además, el Tribunal General no motivó adecuadamente su interpretación y no analizó suficientemente las alegaciones formuladas por Kendrion.

               3)

               Mediante el
                     tercer motivo
                  , Kendrion se opone a la motivación de la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General aborda y desestima los motivos segundo, cuarto y quinto alegados por Kendrion en primera instancia. A juicio de Kendrion, el Tribunal General se basó en una interpretación errónea del Derecho de la Unión al considerar que la sociedad matriz Kendrion, que no estaba implicada en la infracción, podía ser objeto de una multa más elevada que la impuesta a la filial Fardem, que es la que había cometido la infracción. Además, el Tribunal General vulneró el principio de igualdad de trato, y motivó su apreciación de manera contradictoria e inadecuada.

               4)

               Mediante el
                     cuarto motivo
                  , Kendrion alega que el Tribunal General desestima injustificadamente «por improcedente» la alegación formulada por Kendrion de que el procedimiento ante dicho Tribunal tuvo una duración excesiva. Por consiguiente, parece que el Tribunal General no se considera competente para pronunciarse sobre irregularidades del procedimiento que se desarrolla ante él. Aunque fuera cierto que el Tribunal General no dispone de competencia propia para moderar las multas en caso de duración excesiva de su propio procedimiento, el Tribunal de Justicia está en cualquier caso obligado a pronunciarse sobre esta cuestión esencial a efectos de seguridad jurídica y a extraer de ello las consecuencias necesarias.


title: Asunto F-131/11: Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2011 — ZZ/Comisión

text:
               3.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/23

         Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2011 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-131/11)
   2012/C 65/42
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de transferencia de los derechos a pensión adquiridos antes de entrar al servicio de la Comisión basada en la propuesta de la PMO nuevamente calculada.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 15 de junio de 2011 por la que se anula y se sustituye la propuesta de transferencia de los derechos a pensión de la parte demandante en el marco de su solicitud con arreglo al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, que supone una nueva propuesta calculada sobre la base de las DGA adoptadas el 3 de marzo de 2011.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-659/16: Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2016 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea

text:
               6.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/20

         Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2016 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-659/16)
   (2017/C 038/26)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet, E. Paasivirta y Ch. Hermes, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule parcialmente la Decisión del Consejo de 10 de octubre de 2016, adoptada mediante una Nota punto «I/A», relativa a la fijación de la posición de la Unión para la 35.a reunión anual de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), (Hobart, Australia, del 17 al 28 de octubre de 2016), en lo que se refiere a la creación de tres áreas marinas protegidas y a la creación de áreas especiales para la investigación (Documentos 12523/16 y 12445/16);

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que anule la Decisión del Consejo de 10 de octubre de 2016 en la parte en que el Consejo impuso que las propuestas presentadas a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, destinadas a la creación de tres áreas marinas protegidas en el Mar de Weddell, el Mar de Ross y la Antártida Oriental y de un sistema de áreas especiales para la investigación, se presentaran y se apoyaran en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, en vez de ser presentadas y apoyadas únicamente en nombre de la Unión.
   La Comisión sostiene que, al considerar que la competencia en la materia está compartida y al estimar, por consiguiente, que el documento de reflexión debe ser adoptado por consenso y presentado en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, la Decisión impugnada es ilegal, en la medida en que impide así que la Comisión presente dicho documento en nombre de la Unión únicamente, invadiendo la competencia exclusiva de la Unión en la materia (y violando las prerrogativas de representación de la Unión que corresponden a la Comisión).
   La Comisión invoca dos motivos jurídicos en apoyo de su recurso de anulación de la Decisión impugnada.
   En primer lugar, la Comisión sostiene que, al adoptar el acto impugnado, el Consejo invadió la competencia exclusiva de la Unión en materia de conservación de los recursos biológicos marinos, tal y como se recoge en el artículo 3 TFUE, apartado 1, letra d) (primer motivo). En primer término, la Comisión estima que el Consejo no tuvo en cuenta el contexto jurídico de la medida a la que se refiere el acto impugnado, ni en el marco de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos ni en el marco de la Unión. En segundo término, la Comisión considera que el Consejo no tuvo en cuenta la finalidad ni el contenido de dicha medida.
   En segundo lugar, la Comisión sostiene, con carácter subsidiario, que aun cuando esa medida no debiera considerarse una medida de conservación de los recursos biológicos marinos en el sentido del artículo 3 TFUE, apartado 1, letra d), al adoptar el acto impugnado el Consejo invadió, en cualquier caso, la competencia exclusiva de la Unión, en la medida en que la Unión dispone de una competencia exterior exclusiva en la materia porque la medida prevista puede afectar a normas de la Unión o alterar el alcance de las mismas, en el sentido del artículo 3 TFUE, apartado 2 (segundo motivo). En primer término, la Comisión estima que el Consejo no tuvo en cuenta que la medida prevista puede afectar a dos Reglamentos de Derecho secundario o alterarlos (los Reglamentos (CE) n.os 600/2004 y 601/2004). En segundo término, la Comisión considera que el Consejo no tuvo en cuenta la afectación o alteración de la posición-marco de la Unión de junio de 2014.


title: Recurso interpuesto el 21 de enero de 1998 por Scottish Soft Fruit Growers Limited contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-22/98)

text:
C 94/36               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  28.3.98
pueden correr a cargo del funcioanrio destinado en un ter-          Contra la decisión de desestimación de su candidatura, el
cer país. Las decisiones impugnadas tienen como conse-              demandante invoca, en primer lugar, la infracción del
cuencia el que la Institución se beneficie de un enriqueci-         apartado 2 del artículo 25 del Estatuto de los Funciona-
miento sin causa, siendo así que la demandante hubo de              rios, alegando que la parte demandada no le proporcionó
asumir efectivamente los gastos de alojamiento cuyo reem-           los elementos que le permitieran apreciar la fundamen-
bolso obtuvo. En efecto, su condición de propietaria del            tación de la decisión impugnada.
inmueble que ocupa no tiene incidencia alguna sobre la
realidad de los gastos de alojamiento realizados.                   El demandante alega igualmente la infracción del
                                                                    artículo 12 del ReÂgimen aplicable a los otros agentes y la
AdemaÂs, ni en el Estatuto ni en el anexo X del Estatuto            ilegalidad de la convocatoria para proveer plaza vacante,
existe disposición alguna que autorice a una Institución a          en la medida en que el criterio de exclusión invocado por
denegar el reembolso de los gastos de alojamiento de un             la AFCC para justificar la desestimación de su candida-
funcionario destinado en un tercer país y que sea propieta-         tura, que no figura ademaÂs expresamente en dicha convo-
rio de la vivienda que ocupa en el lugar en el que le ha            catoria, no constituye un medio adecuado para alcanzar el
destinado su Institución exclusivamente en intereÂs del ser-        objetivo perseguido por la citada disposición, a saber,
vicio.                                                              garantizar a la Institución el concurso de personas que
Por uÂltimo, las decisiones impugnadas violan el principio          posean las mayores cualidades de competencia, rendi-
general de igualdad de trato entre todos los funcionarios,          miento e integridad.
en la medida en que se basan en directrices internas que, a
                                                                    El demandante afirma por uÂltimo que la AFCC incurrió en
efectos de fijar el coeficiente corrector, no toman en consi-
                                                                    un error manifiesto de apreciación al estimar que su candi-
deración el factor vivienda cuando el funcionario se con-
                                                                    datura no podía tomarse en consideración para el puesto
vierte en propietario del piso o del inmueble que ocupa.
                                                                    de trabajo al que postulaba, cuando existe una perfecta
                                                                    correspondencia entre, por un lado, su capacitación, for-
                                                                    mación y experiencia y, por otro lado, el perfil de dicho
                                                                    puesto.
Recurso interpuesto el 19 de enero de 1998 por Carlos
Alberto Leite Mateus contra la Comisión de las Comuni-
                        dades Europeas
                      (Asunto T-21/98)
                         (98/C 94/84)                               Recurso interpuesto el 21 de enero de 1998 por Scottish
                                                                    Soft Fruit Growers Limited contra la Comisión de las
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                                       Comunidades Europeas
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                   (Asunto T-22/98)
Europeas se ha presentado el 19 de enero de 1998 un                                         (98/C 94/85)
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por el Sr. Carlos Alberto Leite Mateus, con                            (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
domicilio en Zaventem (BeÂlgica), representado por los
Sres. Jean-NoeÈl Louis, Ariane Tornel y FrancËoise Parmen-          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
tier, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en           Europeas se ha presentado el 21 de enero de 1998 un
Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de               recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Cessange.                                                           formulado por Scottish Soft Fruit Growers Limited, repre-
                                                                    sentada por el Sr. Fergus Randolph, que designa como
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-            domicilio en Luxemburgo el despacho de los Abogados
tancia que:                                                         Arendt y Medernach, 8-10, rue Matthias Hardt.
Ð anule la decisión de la Comisión de 11 de marzo de
                                                                    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
     1997 por la que se desestima la candidatura del
                                                                    tancia que:
     demandante para el puesto de trabajo NPPR/2002/96;
Ð condene en costas a la parte demandada.                           Ð anule la decisión de la Comisión, recibida por la
                                                                        demandante el 12 de noviembre de 1997, por la que se
Motivos y principales alegaciones                                       deniega una solicitud formulada por la Scottish Office
                                                                        referida a la devolución por la demandada de una
El demandante, funcionario de grado B de la Comisión
                                                                        ayuda para el inicio de su actividad;
desde 1988, senÄala que presentó su candidatura en el
marco de una solicitud de manifestación de intereÂs publi-          Ð condene en costas a la Comisión.
cada el 14 de octubre de 1996 para la contratación de
agentes temporales en puestos correspondientes al presu-            Motivos y principales alegaciones
puesto de «Investigación». Mediante nota de 11 de marzo
de 1997, fue informado de la desestimación de su candida-           La demandante expone que su constitución tuvo lugar en
tura. A raíz de la reclamación presentada contra dicha              1992 con el fin de actuar como organización de producto-
decisión, la autoridad facultada para la celebración de los         res de frambuesas en el Reino Unido. Como tal y con arre-
contratos (AFCC) declaró que la desestimación de la can-            glo al apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE)
didatura del demandante se basaba en el hecho de que al             no 1991/92 del Consejo, de 13 de julio de 1992, por el
ser ya funcionario, eÂste no podía participar en un procedi-        que se establece un reÂgimen específico de medidas para las
miento de selección de agentes temporales.                          frambuesas destinadas a la transformación (DO L 199 de
 ---pagebreak--- 28.3.98                ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 94/37
18.7.1992, p. 1), tenía derecho a recibir de las autoridades      Por lo que se refiere al segundo motivo, sostiene que el
nacionales competentes una ayuda para el inicio de su             Derecho comunitario permite la adopción de normas
actividad tras presentar un programa de mejora de la com-         retroactivas cuando así lo requiere el objetivo perseguido y
petitividad en la producción de frambuesas destinada a la         cuando se respeta debidamente la confianza legítima de
industria. El apartado 3 del artículo 2 fija la ayuda en          los interesados. Considera que estos criterios se habían
50 ecus por tonelada de frambuesas destinadas a la indus-         cumplido y que, por tanto, se podían haber adoptado nor-
tria comercializadas por la organización de productores,          mas retroactivas. En opinión de la demandante, si se tie-
en principio, durante la primera campanÄa de comercializa-        nen en cuenta todas las circunstancias del caso, la Comi-
ción a partir de la fecha del reconocimiento específico.          sión actuó de forma completamente errónea e ilícita al
Dado que la demandante fue reconocida en abril de 1993,           invocar el principio de irretroactividad para denegar la
la campanÄa de comercialización de referencia para deter-         solicitud objeto de este recurso.
minar la cuantía de la ayuda era la comprendida entre el
1 de junio de 1993 y el 31 de mayo de 1994.
Con arreglo al Reglamento (CEE) no 2252/92 de la Comi-
sión, por el que se fijan las disposiciones de aplicación de
las medidas especiales para las frambuesas destinadas a la        Recurso interpuesto el 26 de enero de 1998 por Antonio
transformación (DO L 219 de 4.8.1992, p. 19), el 70 % de           Pernice contra la Comisión de las Comunidades Europeas
la ayuda fue desembolsado por la Intervention Board,                                    (Asunto T-24/98)
autoridad nacional competente, el 2 de julio de 1993.                                     (98/C 94/86)
Dado que la ayuda se refería a una campanÄa de comercia-
lización que acababa de empezar, la ayuda concedida a la                       (Lengua de procedimiento: franceÂs)
demandante se calculó a partir de la cantidad comerciali-
zada en la campanÄa comprendida entre el 1 de junio de            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
1993 y el 31 de mayo de 1994.                                     Europeas se ha presentado el 26 de enero de 1998 un
                                                                  recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Las condiciones metereológicas fueron excepcionalmente            formulado por el Sr. Antonio Pernice, con domicilio en
adversas durante la campanÄa de comercialización 1993/94,         Bruselas, representado por los Sres. Jean-NoeÈl Louis,
por lo que, en lugar de unas 7 000 toneladas, sólo se             Ariane Tornel y FrancËoise Parmentier, Abogados de Bruse-
comercializaron algo maÂs de 4 000 toneladas. No obs-             las, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la
tante, el artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2252/92 per-         Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange.
mitía expresamente que las organizaciones de comerciali-
zación que hubiesen sido afectadas por condiciones climaÂ-        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
ticas adversas utilizasen la segunda campanÄa de                  tancia que:
comercialización siguiente a la fecha del reconocimiento
como base para calcular la ayuda. Por desgracia, la cam-          Ð anule la decisión de 12 de noviembre de 1997 de man-
panÄa 1994/95 fue auÂn menos benigna y las ventas descen-             tener al demandante en situación administrativa de
dieron a algo maÂs de 3 500 toneladas. La Intervention                suspensión de funciones y de prohibirle asistir, como
Board solicitó a la demandante la devolución de 83 745                presidente, interviniente o simple participante, en con-
libras esterlinas.                                                    ferencias, coloquios, seminarios y otros programas y
                                                                      acciones de formación similares;
El 25 de octubre de 1995 la Scottish Office, Agriculture,
Environment and Fisheries Department, se interesó por el          Ð condene a la parte demandada a pagar al demandante
asunto y se dirigió a la Comisión por medio de un escrito             1 ecu simbólico en concepto de indemnización por el
en el que expuso las antecedentes del asunto y solicitó a la          danÄo moral y profesional sufrido a consecuencia de las
Comisión que realizara una leve modificación del Regla-               sucesivas faltas cometidas;
mento (CEE) no 1991/92 para que se tuvieran en cuenta
las condiciones climaÂticas excepcionalmente adversas que         Ð condene en costas a la parte demandada.
sufrió Escocia durante el período de referencia y, por
                                                                  Motivos y principales alegaciones
tanto, que no obligara a las autoridades nacionales a orde-
nar la devolución de la ayuda con arreglo al tenor vigente,
                                                                  El demandante, agente temporal, impugna la medida de
de caraÂcter restrictivo.
                                                                  suspensión, impuesta por la Autoridad Facultada para Pro-
                                                                  ceder a los Nombramientos (AFPN), a la espera de una
Mediante escrito de 16 de octubre de 1997, que constituye         medida disciplinaria definitiva, sobre la base de motivos
la decisión impugnada, la Comisión respondió que no               que se refieren principalmente a una infracción del paÂrrafo
podía atender la solicitud. Esta decisión se basaba en dos        tercero del artículo 12 y del paÂrrafo primero del
motivos: en primer lugar, la decisión solicitada en favor de      artículo 17 del Estatuto. El demandante especifica, a este
la demandante anularía una orden nacional de recupera-            respecto, que dicha medida de suspensión fue adoptada a
ción; en segundo lugar, tal decisión habría de ser aplicada       pesar de la recomendación del Consejo de disciplina de
retroactivamente.                                                 imponer uÂnicamente una sanción de amonestación.
A propósito del primer motivo, la demandante afirma que           El demandante alega en apoyo de sus pretensiones:
no existe ninguna razón, ni jurídica ni de otro tipo, para
que la autoridad nacional pertinente no pueda anular una          Ð La infracción del artículo 88 del Estatuto, la ilegalidad
orden de recuperación, si dicha actuación estaÂ justificada.          de la decisión de suspensión, la existencia en el pre-


title: Asunto T-263/05: Recurso interpuesto el 18 de julio de 2005 por The Procter & Gamble Company contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/54

         Recurso interpuesto el 18 de julio de 2005 por The Procter & Gamble Company contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)
   (Asunto T-263/05)
   (2005/C 217/111)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 18 de julio de 2005 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por The Procter & Gamble Company, con domicilio social en Cincinnati, Ohio (USA), representada por el Sr. G. Kuipers, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución de 3 de mayo de 2005 de la Sala Primera de Recurso de la OAMI en el asunto no R 845/2004-1, en la medida en que declara que la marca no cumple los requisitos establecidos el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94;

               —

               Condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

               Marca comunitaria de que se trata:

               La marca tridimensional consistente en una pastilla blanca cuadrada con un dibujo floral que representa una lila de cuatro pétalos para productos comprendidos en la clase 3 (Preparaciones para lavar y blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para el lavado, la limpieza y el cuidado de vajillas; jabones;…) — Solicitud no 1 683 713

               Resolución del examinador:

               Denegación de la solicitud

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso

               Motivos invocados:

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo


title: Asunto T-540/10: Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2010 — España/Comisión

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/48

         Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2010 — España/Comisión
   (Asunto T-540/10)
   ()
   2011/C 30/87
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Reino de España (representante: M. Muñoz Pérez, Abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión la Comisión C(2010) 6154, de 13 de septiembre, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a las fases de proyectos

                           —

                           «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-A» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.005)

                           —

                           «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.008)

                           —

                           «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramos XI-A y XI-B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida)» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.009) y

                           —

                           «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-C» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.010)

               —

               subsidiariamente, que se anule parcialmente, por lo que se refiere a las correcciones aplicadas a las modificaciones derivadas de la superación de los umbrales de ruido (subtramo IX-A.), del cambio del PGOU del Ayuntamiento de Santa Oliva (Subtramo IX-A), y de las diferencias en las condiciones geotécnicas (subtramos X-B, XI-A y XI-B y IX-C), reduciendo el importe de la corrección en 2 348 201,96 EUR

               —

               En todo caso, que se condene en costas a la Institución demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante la decisión impugnada la Comisión redujo la ayuda del Fondo de Cohesión inicialmente concedida a la fase de proyectos arriba mencionados, por supuestas irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.
   A juicio del Reino de España procede declarar la nulidad de la Decisión sobre la base de tres motivos diferentes:

               a)

               Infracción del artículo H, apartado 2, del Anexo II del Reglamento 1164/94, (1) por no haber respetado la Comisión el plazo de tres meses, a contar desde la celebración de la audiencia, para dictar la decisión.

               b)

               Infracción, por indebida aplicación, del artículo 20, apartado 2, letra f) de la Directiva 93/38, (2) dado que la contratación de prestaciones complementarias es una figura conceptualmente distinta de la modificación de un contrato en fase de ejecución prevista por la legislación española en materia de contratos públicos, de forma que dicha modificación no entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38.

               c)

               Subsidiariamente al anterior, infracción del artículo 20, apartado 2, letra f) de la Directiva 93/38, ya citada, por concurrir todos los requisitos para que las autoridades españolas adjudicasen mediante el procedimiento negociado sin publicidad las obras adicionales ejecutadas en las cuatro fases de proyecto afectadas por la corrección.

      (1)  Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de Cohesión (DO L 130, p. 1).

      (2)  Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 82, p. 40).


title: Asunto T-583/11: Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2011 — Solar-Fabrik/OAMI (Premium L)

text:
               28.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 25/59

      Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2011 — Solar-Fabrik/OAMI (Premium L)
      (Asunto T-583/11)
      (2012/C 25/114)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Partes

         Demandante: Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten (Friburgo de Brisgovia, Alemania) (representante: M. Douglas, abogado)

         Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 1 de septiembre de 2011 en el asunto R 246/2011-1.

                  —

                  Condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

         Motivos y principales alegaciones

         Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «Premium L» para productos de las clases 9 y 11

         Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud

         Resolución de la Sala de Recurso: Denegación del recurso

         Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009, ya que la marca solicitada tiene carácter distintivo.


title: Asunto F-140/14: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2014 — ZZ/Comisión

text:
               23.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/55

         Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2014 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-140/14)
   (2015/C 065/74)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: S. Rodrigues y A. Tymen, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión de no reconstituir la carrera de la demandante reclasificándola, desde el 1 de marzo de 2005, en un grupo de funciones superior, y pretensión de indemnización del perjuicio material y moral supuestamente sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la autoridad facultada para celebrar los contratos (AFCC) de 17 de septiembre, enviada mediante nota de 18 de septiembre de 2014 y recibida por la demandante el 19 de septiembre de 2014.

               —

               Que se ordene la indemnización del perjuicio sufrido por la demandante, evaluado ex aequo et bono en 30  000 euros.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto T-109/12: Sentencia del Tribunal General de 20 de enero de 2015 — España/Comisión («Fondo de Cohesión — Reducción de la ayuda financiera — Plazo de adopción de una decisión»)

text:
               2.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/22

      Sentencia del Tribunal General de 20 de enero de 2015 — España/Comisión
      (Asunto T-109/12) (1)

      («Fondo de Cohesión - Reducción de la ayuda financiera - Plazo de adopción de una decisión»)
      (2015/C 073/29)
      Lengua de procedimiento: español

         Partes

         Demandante: Reino de España (representante: A. Rubio González, Abogado del Estado)

         Demandada: Comisión Europea (representantes: D. Recchia, agente, asistida inicialmente por J. Rivas Andrés y X.M. García García y posteriormente por J. Rivas Andrés, abogados)

         Objeto

      Recurso de anulación de la Decisión C (2011) 9992 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, relativa a la reducción de la ayuda del Fondo de Cohesión a los proyectos Actuaciones a ejecutar dentro del desarrollo de la 2a fase del Plan director de gestión de residuos sólidos urbanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CCI: 2000 ES 16 C PE 020), Emisarios: Cuenca media, Getafe y Cuenca baja del Arroyo Culebro (Cuenca del Tajo-Saneamiento) (CCI: 2002 ES 16 C PE 002), Reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes en Santa Cruz de Tenerife (CCI: 2003 ES 16 C PE 003) y Asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de ampliación y abastecimiento de agua a la Mancomunidad de Algodor (CCI: 2002 ES 16 C PE 040).

         Fallo

                  1)

                  Anular la Decisión C (2011) 9992 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, relativa a la reducción de la ayuda del Fondo de Cohesión a los proyectos Actuaciones a ejecutar dentro del desarrollo de la 2a fase del Plan director de gestión de residuos sólidos urbanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CCI: 2000 ES 16 C PE 020), Emisarios: Cuenca media, Getafe y Cuenca baja del Arroyo Culebro (Cuenca del Tajo-Saneamiento) (CCI: 2002 ES 16 C PE 002), Reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes en Santa Cruz de Tenerife (CCI: 2003 ES 16 C PE 003) y Asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de ampliación y abastecimiento de agua a la Mancomunidad de Algodor (CCI: 2002 ES 16 C PE 040).

                  2)

                  Condenar en costas a la Comisión Europea.

         (1)  DO C 126, de 28.4.2012.


title: Asunto F-46/12: Sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 16 de septiembre de 2013 — Höpcke/Comisión (Función pública — Oposición general — Anuncio de oposición EPSO/AST/111/10 — No inclusión en la lista de reserva — Instrucción de redactar un texto de una extensión mínima — Incumplimiento)

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/32

      Sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 16 de septiembre de 2013 — Höpcke/Comisión
      (Asunto F-46/12) (1)

      (Función pública - Oposición general - Anuncio de oposición EPSO/AST/111/10 - No inclusión en la lista de reserva - Instrucción de redactar un texto de una extensión mínima - Incumplimiento)
      (2014/C 71/61)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: Dagmar Höpcke (Bruselas, Bélgica) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal y D. Abreu Caldas, abogados)

         Demandada: Comisión Europea (representantes: B. Eggers y M.G. Gattinara, agentes)

         Objeto

      Recurso de anulación de la resolución del tribunal de la oposición EPSO/AST/111/10 de no incluir el nombre de la parte demandante en la lista de los candidatos que han superado la citada oposición.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  La Sra. Höpcke cargará con sus propias costas y con las soportadas por la Comisión Europea.

         (1)  DO C 184, de 23.6.2012, p. 25.


title: Asunto F-16/06: Recurso interpuesto el  15 de febrero de 2006  — Augenault y otros/Consejo

text:
               22.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/38

         Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2006 — Augenault y otros/Consejo
   (Asunto F-16/06)
   (2006/C 96/60)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandantes: Françoise Augenault y otros (representantes: G. Vandersanden y L. Levi, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el recurso es admisible y fundado, incluida la excepción de ilegalidad que en él se propone.

               —

               Por consiguiente, que se anulen las liquidaciones de pensión de marzo de 2005 de los demandantes, a fin de que se les aplique el coeficiente corrector correspondiente a la capital de su país de residencia o, al menos, un coeficiente corrector que refleje adecuadamente las diferencias de coste de la vida en los lugares donde se supone que los demandantes realizan sus gastos, respetando así el principio de equivalencia.

               —

               Que se condene en costas a la demandante.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones invocados por los demandantes son idénticos a los invocados en el asunto F-128/05, Adolf y otros/Comisión. (1)

      (1)  DO C 60, de 11.3.2006, p. 56.


title: Asunto C-467/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 1 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Gießen — Alemania) — Proceso penal contra Baris Akyüz ( «Directivas 91/439/CEE y 2006/126/CE — Reconocimiento recíproco del permiso de conducción — Negativa de un Estado miembro a reconocer, a una persona que no tiene la aptitud física y mental requerida para la conducción según la normativa de dicho Estado, la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro» )

text:
               21.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 1 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Gießen — Alemania) — Proceso penal contra Baris Akyüz
   (Asunto C-467/10) (1)

   (Directivas 91/439/CEE y 2006/126/CE - Reconocimiento recíproco del permiso de conducción - Negativa de un Estado miembro a reconocer, a una persona que no tiene la aptitud física y mental requerida para la conducción según la normativa de dicho Estado, la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro)
   2012/C 118/06
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Gießen

      Parte en el proceso principal

   Baris Akyüz

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Landgericht Gießen — Interpretación de los artículos 1, apartado 2, y 8, apartado 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa al permiso de conducir (DO L 237, p. 1), y de los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa al permiso de conducir (DO L 403, p. 18) — Reconocimiento recíproco del permiso de conducción — Negativa de un Estado miembro a reconocer, a una persona que no tiene la aptitud física y mental requerida para la conducción según la normativa de dicho Estado, la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro.

      Fallo

               1)

               El artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, y el artículo 2, apartado 1, en relación con el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro de acogida que permite a éste denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro cuando el titular de dicho permiso no ha sido objeto, por parte del referido Estado miembro de acogida, de ninguna medida en el sentido de los antedichos artículos 8, apartado 4, de la Directiva 91/439 u 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126, sino que le ha sido denegada, en ese último Estado, la expedición de un primer permiso de conducción por incumplirse, según la normativa de dicho Estado, los requisitos de aptitud física y mental para la conducción segura de un vehículo.

               2)

               Los antedichos artículos deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro de acogida que permite a éste denegar el reconocimiento en su territorio del permiso de conducción expedido en otro Estado miembro en el supuesto de que se demuestre, basándose en informaciones incontestables, que emanen del Estado miembro de expedición, que el titular del permiso de conducción no cumplía el requisito de residencia normal previsto en los artículos 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439 y 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/126 en el momento de la expedición de dicho permiso. A este respecto, el hecho de que las informaciones sean transmitidas por el Estado miembro de expedición a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, no directamente, sino sólo de forma indirecta, a través de una comunicación efectuada por terceros, no permite, en sí mismo, excluir que pueda considerarse que dichas informaciones emanan del Estado miembro de expedición, siempre y cuando tales informaciones provengan de una autoridad de ese último Estado miembro.
               Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las informaciones obtenidas en circunstancias como las del litigio principal pueden ser calificadas como informaciones que emanan del Estado miembro de expedición y, en su caso, evaluar las referidas informaciones y apreciar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del litigio de que conoce, si constituyen informaciones incontestables, que acrediten que el titular del permiso no tenía su residencia normal en el territorio de ese último Estado en el momento de la expedición de su permiso de conducción.

      (1)  DO C 328, de 4.12.2010.


title: Asunto C-466/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Brescia — Italia) — Gennaro Currà y otros/Bundesrepublik Deutschland (Procedimiento prejudicial — Artículo 92, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento — Acción ejercitada por las víctimas de masacres contra un Estado miembro en su condición de responsable de los actos cometidos por sus fuerzas amadas en tiempo de guerra — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)

text:
               6.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 303/5

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Brescia — Italia) — Gennaro Currà y otros/Bundesrepublik Deutschland
   (Asunto C-466/11) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Artículo 92, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento - Acción ejercitada por las víctimas de masacres contra un Estado miembro en su condición de responsable de los actos cometidos por sus fuerzas amadas en tiempo de guerra - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)
   2012/C 303/08
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale ordinario di Brescia

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Gennaro Currà y Nadia Orlandi, herederos de Aldo Orlandi; Renzo Ciro Malago, heredero de Federico Malago; Ruberto Ezecchia, Camillo Turchetti, Franco Forni, Ilva Morselli, heredero de Ermenegildo Morselli; Elisa Ghisolfi y Anna Ghisolfi, coherederas de Luca Ghisolfi; Primo Zelioli, Francesco Perondi, Anna Furgeri, heredera de Agide Furgeri; Elena Penzani y Gian Luigi Penzani, coherederos de Carlo Penzani; Renato Mortari, Ada Zaccaria, heredera de Sigifredo Zaccaria, Erino Alberti, Gabriella Boccaletti, heredera de Mario Boccaletti; Rita Boccasanta, heredera de Ernesto Boccasanta; Alberto Borelli, Pierantonio Foresti, heredero de Franco Foresti; Irmo Sancassiani, Ennio Mischi, heredero de Aldo Mischi; Graziano Broglia, heredero de Rosolino Broglia; Alba Spinella y Maria Raffaella Spinella, coherederas de Vincenzo Rocco Spinella; Giuseppe Ferri, Alessandra Fontanabona, heredera de Giulio Fontanabona; Luciana, Mariuccia y Giulietta Pedratti, coherederas de Carlo Pedratti, Raffaele Colucci

      Demandada: Bundesrepublik Deutschland

      en el que participa: República Italiana

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale ordinario di Brescia — Interpretación de los artículos 3, 4, apartado 3, 6 y 21 TUE y de los artículos 17, 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Crímenes contra la Humanidad — Acción ejercitada por las víctimas de masacres contra un Estado miembro en su condición de responsable de los actos cometidos por sus fuerzas amadas en tiempo de guerra — Derecho a la indemnización de las víctimas — Procedencia de la prescripción de ese derecho — Procedencia de la inmunidad de jurisdicción del Estado miembro de que se trata.

      Fallo

   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para conocer de la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Brescia (Italia).

      (1)  DO C 347, de 26.11.2011.