title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 17 de diciembre de 1998 en el asunto C-2/97 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Genova): Società italiana petroli SpA (IP) contra Borsana Srl (Política Social - Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores - Utilización de equipos de trabajo - Riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos - Directivas 89/655/CEE y 90/394/CEE)

text:
20.2.1999              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 48/5
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                   Una disposición nacional que obliga al empresario a
                  de 17 de diciembre de 1998                             reducir la exposición de los trabajadores al agente car-
                                                                         cinógeno con independencia de la evaluación del riesgo
en el asunto C-2/97 (petición de decisión prejudicial plan-              no es contraria a la mencionada Directiva, ya que
teada por el Tribunale di Genova): SocietaÁ italiana petroli             constituye una medida de mayor protección de las con-
                 SpA (IP) contra Borsana Srl (1)                         diciones de trabajo autorizada por el apartado 3 del
(Política Social Ð Protección de la seguridad y de la salud              artículo 118 A del Tratado CE y por la Directiva
de los trabajadores Ð Utilización de equipos de trabajo Ð                90/394/CEE.
Riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinó-
       genos Ð Directivas 89/655/CEE y 90/394/CEE)
                                                                    2) El artículo 4 de la Directiva 89/655/CEE del Consejo,
                        (1999/C 48/09)                                   de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposicio-
                                                                         nes mínimas de seguridad y de salud para la utilización
              (Lengua de procedimiento: italiano)                        por los trabajadores en el trabajo de los equipos
                                                                         de trabajo (Segunda Directiva específica con arreglo
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-              al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal              89/391/CEE), no prohíbe a un Estado miembro fijar
                          de Justicia»)                                  un plazo para la adaptación de los equipos de trabajo
                                                                         existentes, que expire antes del 31 de diciembre de
                                                                         1996, siempre que dicho plazo no sea tan breve que
En el asunto C-2/97, que tiene por objeto una petición
                                                                         impida a los empresarios efectuar tal adaptación ni
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                                                                         suponga, para los citados empresarios, un coste mani-
del Tratado CE, por el Tribunale di Genova (Italia), desti-
                                                                         fiestamente excesivo en comparación con el que
nada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
                                                                         habrían soportado de haber sido maÂs largo el citado
jurisdiccional entre SocietaÁ italiana petroli SpA (IP) y Bor-
                                                                         plazo.
sana Srl, una decisión prejudicial sobre la interpretación
del artículo 4 de la Directiva 89/655/CEE del Consejo, de
30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones               (1) DO C 94 de 22.3.1997.
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por
los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo
(Segunda Directiva específica con arreglo al apartado 1 del
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE; DO L 393 de
30.12.1989, p. 13), y de los artículos 3, 4 y 5 de la Direc-
tiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,
relativa a la protección de los trabajadores contra los ries-                      SENTENCIA DEL TRIBUNAL
gos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos                                   (Sala Quinta)
durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE;                            de 17 de diciembre de 1998
DO L 196 de 26.7.1990, p. 1), el Tribunal de Justicia,
                                                                    en el asunto C-153/97 (petición de decisión prejudicial
integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presiden-
                                                                    planteada por el Tribunal Supremo): Aristóteles Grajera
te; P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y P. Jann,
                                                                    Rodríguez contra Instituto Nacional de la Seguridad
Presidentes de Sala; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de
                                                                    Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social
Almeida (Ponente), D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, R.
                                                                                (TGSS) (1)
Schintgen y K. M. Ioannou, Jueces; Abogado General: Sr.
J. Mischo; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha          (Seguridad Social Ð Pensiones de vejez Ð CaÂlculo de las
dictado el 17 de diciembre de 1998 una sentencia cuyo               prestaciones Ð Anexo VI, letra D, punto 4, del Regla-
fallo es el siguiente:                                                                mento (CEE) no 1408/71)
                                                                                (1999/C 48/10)
1) El artículo 4 de la Directiva 90/394/CEE del Consejo,
     de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los
     trabajadores contra los riesgos relacionados con la                         (Lengua de procedimiento: espanÄol)
     exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo
     (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1
     del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), debe              En el asunto C-153/97, que tiene por objeto una petición
     interpretarse en el sentido de que la obligación del           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
     empresario de reducir o sustituir el agente carcinógeno        del Tratado CE, por el Tribunal Supremo (EspanÄa), desti-
     no estaÂ supeditada al resultado de la evaluación del          nada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
     riesgo, a la que se refiere el artículo 3 de la citada         jurisdiccional entre Aristóteles Grajera Rodríguez e Ins-
     Directiva.                                                     tituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería
                                                                    General de la Seguridad Social (TGSS), una decisión preju-
     El artículo 5 de la Directiva 90/394/CEE debe inter-           dicial sobre la validez de lo dispuesto en el punto 4 de la
     pretarse en el sentido de que la obligación del empre-         letra D del Anexo VI del Reglamento (CEE) no 1408/71
     sario de evitar o de reducir la exposición al agente car-      del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplica-
     cinógeno estaÂ supeditada al resultado de la evaluación        ción de los regímenes de Seguridad Social a los trabajado-
     del riesgo, a la que se refiere el artículo 3 de la men-       res por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia
     cionada Directiva.                                             y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro


title: Asunto C-308/04 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de junio de 2006 — SGL Carbon AG/Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Competencia — Práctica colusoria — Electrodos de grafito — Artículo 81 CE, apartado 1 — Multas — Directrices para el cálculo del importe de las multas — Comunicación sobre la cooperación — Principio non bis in idem)

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de junio de 2006 — SGL Carbon AG/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-308/04 P) (1)

   (Recurso de casación - Competencia - Práctica colusoria - Electrodos de grafito - Artículo 81 CE, apartado 1 - Multas - Directrices para el cálculo del importe de las multas - Comunicación sobre la cooperación - Principio non bis in idem)
   (2006/C 212/05)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: SGL Carbon AG (representantes: M. Klusmann y K. Beckmann, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Bouquet, H. Gading y M. Schneider, agentes); Tokai Carbon Co. Ltd, con domicilio social en Tokio (Japón); Nippon Carbon Co. Ltd, con domicilio social en Tokio; Showa Denko KK, con domicilio social en Tokio; GrafTech International Ltd, anteriormente UCAR International Inc., con domicilio social en Wilmington (Estados Unidos); SEC Corp., con domicilio social en Amagasaki (Japón); The Carbide/Graphite Group Inc., con domicilio social en Pittsburgh (Estados Unidos)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión (asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01), en relación con el asunto T-239/01 — Anulación de la Decisión 2002/271/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2001, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/36.490 — Electrodos de grafito) (DO 2002, L 100, p. 1)
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a SGL Carbon AG.

      (1)  DO C 262, de 23.10.2004.


title: Asunto C-582/12 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de diciembre de 2012 por El Corte Inglés, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 27 de septiembre de 2012 en el asunto T-373/09, El Corte Inglés/OAMI — Pucci International (Emidio Tucci)

text:
               2.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/9

         Recurso de casación interpuesto el 12 de diciembre de 2012 por El Corte Inglés, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 27 de septiembre de 2012 en el asunto T-373/09, El Corte Inglés/OAMI — Pucci International (Emidio Tucci)
   (Asunto C-582/12 P)
   2013/C 63/16
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: El Corte Inglés, S.A. (representantes: J.L. Rivas Zurdo y E. Seijo Veiguela, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) y Emilio Pucci International BV

      Pretensiones

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 en el asunto T-373/09 en cuanto se oponga a este recurso

               —

               Que se ordene a la OAMI a pagar las costas de El Corte Inglés, S.A.

               —

               Que se ordene a Emilio Pucci International BV a cargar con las costas del El Corte Inglés, S.A.

      Motivos y principales alegaciones

   Los folletos o revistas o copias de otros documentos aportados por el oponente, nunca se han presentado al completo y por medio de sus supuestos originales. Esto hace que las pruebas presentadas por el oponente no pudieran ser tenidas en cuenta, para ninguna clase en particular. Sin embargo el Tribunal General en su sentencia en el punto 26 y en el 27, centrándose en la cuestión de si cabe la presentación sólo de documentos originales, lo que considera que no hay manipulación fraudulenta, lo que por cierto tampoco era lo que se había alegado.
   Los documentos contenidos en el Anexo 2, deben excluirse porque las fechas y las referencias a la publicación, han sido claramente insertados por el oponente. Dado que estas cuestiones no habrían recibido respuesta adecuada en la sentencia, la recurrente también considera que los documentos contenidos en la prueba 2 deberían ser desechados y, en consecuencia, de esas revistas no podría inferirse exista prueba ni del uso ni de la reputación de ninguna de las marcas oponentes en la clase 25.
   En cuanto a la comparación entre los productos y servicios en la controversia, y de todo lo hasta aquí dicho: el oponente, Emilio Pucci International, B.V. no ha probado el uso de sus marcas italianas anteriores y por lo tanto sólo cabría efectuar la comparación respecto de la solicitud por lo que se refiere a las clases 18 y 24 de la marca comunitaria 203570.
   El oponente reconoció que la marca «Emilio Pucci» cayó en declive después de los años 70. Por otra parte cabe señalar de nuevo que la marca «Emidio Tucci», es una marca de renombre en España y ha obtenido un claro éxito en ese país, responde al nombre y apellido de dos personajes reales, Emidio Tucci y Emilio Pucci. Estas cuestiones forman parte de motivos alegados en el seno del procedimiento ante la OAMI.
   La acreditación del concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o el renombre de la marca del oponente debe ser demostrativo de que existe un intento de beneficiarse comercialmente de su reputación (véase el asunto Spa-Finders, apartado 51 (1)). Sin embargo la oponente no ha presentado ninguna alegación a este respecto.
   Así pues, cuando el oponente alega perjuicio real o ventaja desleal, debe dar las indicaciones y aportar las pruebas, o bien efectuar un análisis de probabilidades, y aportar pruebas que impliquen que el riesgo de aprovechamiento indebido no es meramente hipotético (punto 64 de la sentencia), acerca del tipo de perjuicio supuestamente sufrido, o de la ventaja injusta de la solicitante, sin que baste la mera alegación in genere del art. 8.5. del RMC 40/94 (2).
   Pues bien el oponente Emilio Pucci International no cumple con su obligación de alegar estas cuestiones, sino que simplemente razona en general, sin detalle, sobre las mismas, a pesar de lo cual el Tribunal General, de forma en nuestra respetuosa opinión inadecuada, suple esta omisión del oponente (véase el punto 65 de la sentencia) y estima en su sentencia que sí se habría acreditado este punto.
   Las consecuencias para el caso se producen en los siguientes apartados 66 a 68 de la sentencia, los cuales se basan en la premisa que anteriormente hemos demostrado no se ha producido: si el oponente teniendo la carga de ello, no ha acreditado el aprovechamiento indebido o el perjuicio a la notoriedad, no se podrá pasar a determinar con qué productos se producen los efectos prohibitivos del artículo 8.5. del RMC.

      (1)  Sentencia del Tribunal de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI — Spa — Finders Travel Arrangements (SPA — FINDERS), T-67/04, Rec. p. II — 1825.

      (2)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L11, p. 1)


title: Asunto C-524/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de septiembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Lowlands Design Holding BV/Minister van Financiën ( «Arancel Aduanero Común — Nomenclatura Combinada — Clasificación arancelaria — Sacos de dormir de bebés y niños pequeños — Subpartidas 62092000 o 62114290 » )

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/12

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de septiembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Lowlands Design Holding BV/Minister van Financiën
      (Asunto C-524/11) (1)

      (Arancel Aduanero Común - Nomenclatura Combinada - Clasificación arancelaria - Sacos de dormir de bebés y niños pequeños - Subpartidas 6209 20 00 o 6211 42 90)
      (2012/C 331/19)
      Lengua de procedimiento: neerlandés

         Órgano jurisdiccional remitente

      Hoge Raad der Nederlanden

         Partes en el procedimiento principal

         Recurrente: Lowlands Design Holding BV

         Recurrida: Minister van Financiën

         Objeto

      Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1) y del Reglamento (CE) no 651/2007 de la Comisión, de 8 de junio de 2007, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la nomenclatura combinada (DO L 153, p. 3) — Sacos de dormir par bebés y para niños.

         Fallo

      La Nomenclatura Combinada que constituye el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1719/2005 de la Comisión, de 27 de octubre de 2005, debe interpretarse en el sentido de que unos sacos de dormir como los controvertidos en el litigio principal deben ser clasificados en la subpartida 6209 20 00 como «prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés, de algodón» si, por sus dimensiones, son convenientes para niños cuya altura total de su cuerpo no supere 86 cm. De no ser así, estos productos deben ser clasificados en la subpartida 6211 42 90 como «demás prendas de vestir para mujeres o niñas, de algodón».

         (1)  DO C 25, de 28.1.2011.


title: Asunto T-293/03: Recurso interpuesto el 21 de agosto de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Carla Giulietti

text:
C 251/20             ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                          18.10.2003
Motivos invocados:             —     Infracción de los principios        —     Anule la denegación expresa opuesta fuera de plazo por la
                                     de coexistencia y equipa-                 AFPN el 11 de junio de 2003 a la reclamación adminis-
                                     ración entre las marcas                   trativa previa formulada por la demandante.
                                     comunitarias y las marcas y
                                     distintivos nacionales y dere-
                                     chos de la defensa de la
                                     actora.
                               —     Con carácter subsidiario,
                                     infracción del artículo 8,          —     Condene a la Comisión al pago de todas las costas.
                                     apartado 1, letra b), del
                                     Reglamento no 40/94.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
                                                                         La demandante presentó su candidatura para el concurso gene-
                                                                         ral COM/A/6/01, organizado con el fin de crear una reserva
                                                                         para la selección de administradores en los ámbitos de las
                                                                         relaciones exteriores y de la gestión de la ayuda a terceros
                                                                         países. La convocatoria de concurso establecía la exigencia de
                                                                         una experiencia profesional de un nivel equivalente al que
Recurso interpuesto el 21 de agosto de 2003 contra la                    corresponde a las referidas funciones y de una duración
Comisión de las Comunidades Europeas por Carla                           mínima de tres años. Sin embargo, para los funcionarios y
                              Giulietti                                  otros agentes de las Comunidades Europeas, se especificaba
                                                                         que no se exigiría la citada experiencia profesional cuando
                      (Asunto T-293/03)                                  hubiesen estado clasificados en la categoría B durante tres
                                                                         años como mínimo y hubieran cursado unos estudios com-
                        (2003/C 251/37)                                  pletos de nivel universitario.
                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         En el momento de presentar su candidatura, la demandante
                                                                         justificó su experiencia profesional aludiendo a su función de
                                                                         Presidente del Consejo de Administración de la Fundación «Eau
                                                                         pour le Sahel» durante más de tres años. Mediante la decisión
                                                                         impugnada, el tribunal calificador del concurso la excluyó por
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   el hecho de no poseer la experiencia profesional exigida.
Europeas se ha presentado el 21 de agosto de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
por la Sra. Carla Giulietti, con domicilio en Bruselas, represen-
tada por Mes Pierre-Paul van Gehuchten y Jacques Sambon,
abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.                           En apoyo de su recurso, la demandante alega que la cláusula
                                                                         relativa a la experiencia profesional violó el principio de igual-
                                                                         dad por el hecho de que una experiencia de esta índole se
                                                                         exigía únicamente para los candidatos externos, mientras que
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            no se exigía para aquellos otros candidatos que ya fueran
que:                                                                     funcionarios u otros agentes de las Comunidades Europeas.
                                                                         La demandante invoca asimismo una supuesta violación del
                                                                         principio de legalidad así como un supuesto error manifiesto
—    Anule la decisión adoptada por el tribunal calificador del          de apreciación en la aplicación, por el tribunal calificador, de la
     concurso COM/A/6/01 de excluir a la demandante por                  cláusula referente a la experiencia profesional.
     falta de experiencia profesional, decisión contenida en el
     escrito dirigido por la DG ADMIN a la demandante el
     16 de octubre de 2002.
—    Anule la decisión confirmatoria del tribunal calificador de
     21 de noviembre de 2002.


title: Asunto C-202/06 P: Recurso de casación interpuesto el  4 de mayo de 2006  por Cementbouw Handel & Industrie BV contra la sentencia dictada el  23 de febrero de 2006  por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) en el asunto T-282/02: Cementbouw Handel & Industrie BV contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/17

         Recurso de casación interpuesto el 4 de mayo de 2006 por Cementbouw Handel & Industrie BV contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2006 por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) en el asunto T-282/02: Cementbouw Handel & Industrie BV contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-202/06 P)
   (2006/C 178/27)
   Lengua de procedimiento: inglés.
   Partes

      Recurrente: Cementbouw Handel & Industrie BV (representantes: W. Knibbeler, O. Brouwer y P.J. Keijger, abogados)

      Otra parte en el procedimiento (parte recurrida en casación): Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 2006 en la cual éste:

                           a)

                           desestimó el recurso interpuesto por la parte ahora recurrente en casación,

                           b)

                           condenó a la parte ahora recurrente en casación al pago de las costas del procedimiento.

               —

               Si lo considera adecuado, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie al respecto.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas las costas en las que incurran otras posibles partes coadyuvantes.

         Motivos y principales alegaciones
   La parte recurrente en casación afirma que el Tribunal de Primera Instancia, en su sentencia de 23 de febrero de 2006:

               a.

               interpretó erróneamente y aplicó indebidamente los artículos 1, 2 y 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1310/97 (Reglamento sobre las concentraciones de empresas) (1) y:

               b.

               violó el principio de proporcionalidad e interpretó erróneamente y aplicó indebidamente el artículo 8, apartado 2, del Reglamento sobre las concentraciones de empresas;

         lo cual le llevó a desestimar infundadamente el recurso de la parte ahora recurrente en casación y a confirmar la decisión de la Comisión en la medida en que ésta no acogió por insuficiente el primer proyecto de compromisos formulado por la parte ahora recurrente en casación y Haniel.

      (1)  DO L 180 de 9.7.1997, p. 1.


title: Asunto C-45/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de febrero de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Artículos 10 CE, 71 CE y 80 CE, apartado 2 — Seguridad marítima — Control de los buques y de las instalaciones portuarias — Acuerdos internacionales — Competencias respectivas de la Comunidad y de los Estados miembros)

text:
               4.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de febrero de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica
   (Asunto C-45/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Artículos 10 CE, 71 CE y 80 CE, apartado 2 - Seguridad marítima - Control de los buques y de las instalaciones portuarias - Acuerdos internacionales - Competencias respectivas de la Comunidad y de los Estados miembros)
   (2009/C 82/04)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister e I. Zervas, agentes)

      Demandada: República Helénica (representantes: A. Samoni-Rantou y S. Chala, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: I. Rao, agente, asistida por D. Anderson, QC)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 10, 71 y 80, apartado 2, del Tratado CE — Presentación ante un organismo internacional de una propuesta comprendida en el ámbito de competencia comunitaria exclusiva (seguridad marítima) — Propuesta sobre el control de la conformidad de los barcos y las instalaciones portuarias a las exigencias del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y del Código IPS.
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 10 CE, 71 CE y 80 CE, apartado 2, al haber sometido a la Organización Marítima Internacional (OMI) una propuesta (MSC 80/5/11) sobre el control de la conformidad de los buques y de las instalaciones portuarias con las exigencias del capítulo XI-2 del Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, firmado en Londres el 1 de noviembre de 1974, y del Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 82 de 14.4.2007.


title: Asunto T-714/14: Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2015 — Bonney/OAMI — Bruno (ATHEIST) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa ATHEIST — Marca nacional denominativa anterior athé — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento (CE) n° 207/2009»]

text:
               14.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 414/31

         Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2015 — Bonney/OAMI — Bruno (ATHEIST)
   (Asunto T-714/14) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa ATHEIST - Marca nacional denominativa anterior athé - Motivo de denegación relativo - Artículo 8, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 414/40)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: David Bonney (Londres, Reino Unido) (representante: D. Farnsworth, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente L. Rampini, posteriormente D. Walicka, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Vanessa Bruno (París, Francia)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de recurso de la OAMI de 5 de agosto de 2015 (asunto R 803/2013-4) relativa a un procedimiento de oposición seguido entre la Sra. Vanessa Bruno y el Sr. David Bonney.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar al Sr. David Bonney a cargar con sus propias costas y con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

      (1)  DO C 431, de 1.12.2014.


title: Comunicación — Consulta pública — Indicación geográfica de la República de Sudáfrica

text:
               7.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/3

         COMUNICACIÓN — CONSULTA PÚBLICA
   Indicación geográfica de la República de Sudáfrica
   (2015/C 45/03)
   En el marco de la finalización de un acuerdo con la República de Sudáfrica en forma de protocolo sobre la protección de las indicaciones geográficas (en lo sucesivo, «el Protocolo»), las autoridades sudafricanas han comunicado información adicional sobre una indicación geográfica (IG) con miras a la protección, en virtud del protocolo, de un producto agrícola para su inclusión en la lista publicada en la comunicación 2014/C051/09 (1). La Comisión Europea está examinando actualmente si dicha IG, que figura en el anexo, debe protegerse en virtud del Protocolo en calidad de IG en la acepción del artículo 22, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC.
   La Comisión invita a cualquier Estado miembro o tercer país o a cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en su territorio a oponerse a la protección propuesta presentando una declaración debidamente motivada.
   Las declaraciones de oposición deben llegar a la Comisión en un plazo de dos meses a partir de la presente publicación. Deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
   AGRI-A3-GI@ec.europa.eu
   Únicamente se examinarán las declaraciones de oposición que se reciban dentro del plazo fijado y que demuestren que la protección de la denominación propuesta:

               a)

               entra en conflicto con el nombre de una raza animal y, por dicho motivo, puede inducir a error al consumidor en lo que se refiere al verdadero origen del producto;

               b)

               es homónima o parcialmente homónima de una denominación ya protegida en la Unión en virtud del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (2), o está contenida en los acuerdos que la Unión ha celebrado con los países siguientes:

                           —

                           Suiza (3)

                           —

                           Corea (4)

                           —

                           Centroamérica (5)

                           —

                           Colombia y Perú (6)

                           —

                           Montenegro (7)

                           —

                           Bosnia y Herzegovina (8)

                           —

                           Serbia (9)

                           —

                           Moldavia (10)

                           —

                           Georgia (11);

               c)

               habida cuenta de la reputación de una marca comercial, su notoriedad y la duración de su uso, puede inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto;

               d)

               pone en peligro la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca registrada o la existencia de productos que se hayan comercializado legalmente al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la presente comunicación;

               e)

               si aporta información que permita concluir que la denominación que se proyecta proteger tiene carácter genérico.

         Los criterios arriba señalados se evaluarán en relación con el territorio de la Unión que, en el caso de los derechos de propiedad intelectual, se refiere únicamente al territorio o territorios en los que están protegidos dichos derechos.

      (1)  DO C 51 de 22.2.2014, p. 22.

      (2)  DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.

      (3)  Decisión 2002/309/CE, Euratom del Consejo y de la Comisión respecto al Acuerdo de cooperación científica y tecnológica de 4 de abril de 2002 sobre la celebración de siete Acuerdos con la Confederación Suiza (DO L 114 de 30.4.2002, p. 1), y, en particular, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas — Anexo 7.

      (4)  Decisión 2011/265/UE del Consejo, de 16 de septiembre de 2010, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra (DO L 127 de 14.5.2011, p. 1).

      (5)  Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (DO L 346 de 15.12.2012, p. 3).

      (6)  Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra (DO L 354 de 21.12.2012, p. 3).

      (7)  Decisión 2007/855/CE del Consejo, de 15 de octubre de 2007, relativa a la firma y celebración del Acuerdo interino sobre comercio y asuntos comerciales entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (DO L 345 de 28.12.2007, p. 1).

      (8)  Decisión 2008/474/CE del Consejo, de 16 de junio de 2008, relativa a la firma y a la celebración del Acuerdo interino sobre comercio y asuntos comerciales entre la Comunidad Europea, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra (DO L 169 de 30.6.2008, p. 10). Protocolo no 6.

      (9)  Decisión 2010/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 2008, relativa a la firma y celebración del Acuerdo interino sobre comercio y asuntos comerciales entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Serbia, por otra (DO L 28 de 30.1.2010, p. 1).

      (10)  Decisión 2013/7/UE del Consejo, de 3 de diciembre de 2012, relativa a la firma y celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldavia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 10 de 15.1.2013, p. 3).

      (11)  Decisión 2012/164/UE del Consejo, de 14 de febrero de 2012, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 93 de 30.3.2012, p. 1).

      ANEXO

                  Tipo de producto

                  Denominación protegida en Sudáfrica

                  Producto cárnico

                  Karoo meat of origin


title: Asunto T-65/14: Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2016 — Bank Refah Kargaran/Consejo («Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán — Congelación de fondos — Nueva inclusión del nombre de la demandante tras la anulación por el Tribunal General de la inclusión inicial — Error de Derecho — Error de hecho — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Proporcionalidad»)

text:
               23.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/21

         Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2016 — Bank Refah Kargaran/Consejo
   (Asunto T-65/14) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán - Congelación de fondos - Nueva inclusión del nombre de la demandante tras la anulación por el Tribunal General de la inclusión inicial - Error de Derecho - Error de hecho - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Derecho a la tutela judicial efectiva - Proporcionalidad»))
   (2017/C 022/27)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Bank Refah Kargaran (Teherán, Irán) (representante: J.-M. Thouvenin, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: V. Piessevaux, M. Bishop y B. Driessen, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: A. Aresu y D. Gauci, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE con el que se pretende, con carácter principal, la anulación de la Decisión 2013/661/PESC del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 306, p. 18), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1154/2013 del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 267/2012 sobre medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 306, p. 3), en la medida en que dichos actos afecten a la demandante, y con el que se pretende, con carácter subsidiario, la anulación de la Decisión 2013/661 y del Reglamento de Ejecución n.o 1154/2013 en la medida en que dichos actos estén afectando a la demandante desde el 20 de enero de 2014.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a Bank Refah Kargaran a cargar con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 135 de 5.5.2014.


title: Asunto F-146/15: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 8 de junio de 2016 — Massoulié/Parlamento (Función Pública — Funcionarios — Parlamento — Transferencia interinstitucional — Ejercicio de promoción 2014 — Petición de conversión en puntos de mérito de los informes de calificación — Recalificación de una reclamación como petición — Artículo 90 del Estatuto — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               18.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/52

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 8 de junio de 2016 — Massoulié/Parlamento
   (Asunto F-146/15) (1)

   ((Función Pública - Funcionarios - Parlamento - Transferencia interinstitucional - Ejercicio de promoción 2014 - Petición de conversión en puntos de mérito de los informes de calificación - Recalificación de una reclamación como petición - Artículo 90 del Estatuto - Inadmisibilidad manifiesta))
   (2016/C 260/65)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: François Massoulié (Bruselas, Bélgica) (representantes: S. Orlandi y T. Martin)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: V. Montebello-Demogeot y M. Dean, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la decisión del Parlamento por la que se desestima la petición de conversión en puntos de mérito de los informes de calificación del demandante realizados a partir de su promoción al grado AD 12.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso del Sr. François Massoulié.

               2)

               Condenar al Sr. Massoulié a cargar con sus propias costas y con las del Parlamento Europeo.

      (1)  DO C 68 de 22.2.2016, p. 45.


title: Asunto C-459/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 3 de octubre de 2014 — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 3 de octubre de 2014 — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
   (Asunto C-459/14)
   (2015/C 007/17)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Fadil Cocaj

      Demandada: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Cuáles son exactamente el contenido y las exigencias formales y materiales del registro a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004?

               2)

               ¿De qué modo, en qué forma y ante qué autoridad debe producirse el registro a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004? Si el registro debe realizarse a través de una autoridad, ¿qué características formales y materiales debe tener esa autoridad en el Estado miembro de que se trate?

               3)

               ¿Procede interpretar la disposición citada de dicha Directiva —teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 37— en el sentido de que lo dispuesto con respecto a la pareja se refiere sólo a las parejas de distinto sexo o se refiere también a las parejas del mismo sexo?

               4)

               Si la normativa del Estado miembro otorga a las parejas registradas la condición de miembro de la familia a efectos de la aplicación de la Directiva, ¿debe interpretarse la Directiva en el sentido de que sólo se refiere a las parejas de sexo diferente?

               5)

               ¿Procede interpretar la Directiva de manera que, a efectos de su aplicabilidad, debe considerarse que existe una unión registrada cuando la parte figura en el registro de declaraciones de convivencia del Estado miembro?

               6)

               ¿Procede interpretar la disposición citada de la Directiva en el sentido de que si la legislación de un Estado miembro no otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios en todos los aspectos, dichas uniones no justifican en ninguna circunstancia el estatuto de miembro de la familia, ni siquiera teniendo en cuenta lo dispuesto en su artículo 37?

               7)

               ¿Procede interpretar la disposición citada de la Directiva en el sentido de que el trato equivalente a los matrimonios debe comprender toda situación o consecuencia jurídica? Si no es preciso que la equivalencia sea completa, ¿en qué aspectos deben ser idénticos en cualquier caso los dos estatutos?

               8)

               ¿Tiene o puede tener relevancia a efectos de la aplicabilidad de la disposición citada de la Directiva el hecho de que la legislación de un Estado miembro distinga entre el concepto de inscripción («bejegyzés») y el de registro («regisztrácio») o que los utilice indistintamente?

               9)

               ¿Procede interpretar el artículo 37 de la Directiva en el sentido de que debe considerarse una disposición nacional más favorable con arreglo a dicho artículo la normativa de un Estado miembro que no establece que las uniones no matrimoniales deben ser equivalentes a los matrimonios?

      (1)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) No 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77).


title: Asunto T-43/01: Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2001 por Jean-Jacques Rateau contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 118/42               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    21.4.2001
Motivos invocados:             — Infracción del artı́culo 7, apar-     El demandante señala que, casi cuatro años después de
                                   tado 1, letra b) del Reglamento      su denuncia, la Comisión no ha tomado ninguna medida
                                   no 40/94.                            provisional ni adoptado decisión definitiva y que, en conse-
                               — Infracción del artı́culo 7, apar-     cuencia, el sistema controvertido siempre se sigue aplicando,
                                   tado 3, del Reglamento               aun cuando su no conformidad con el Derecho comunitario
                                   no 40/94.                            habı́a sido reconocida por la Comisión desde el inicio del
                                                                        procedimiento.
                               — Vulneración del derecho de
                                   defensa de la demandante.
Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2001 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por el Syndicat                   Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2001 por Jean-
     des employés, techniciens et cadres de la F.G.T.B.                 Jacques Rateau contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                        (Asunto T-42/01)
                                                                                (Asunto T-43/01)
                        (2001/C 118/113)
                                                                                (2001/C 118/114)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                   (Lengua de procedimiento: francés)
Europeas se ha presentado el 22 de febrero de 2001 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por el Syndicat des employés, techniciens et cadres de la               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
F.G.T.B., con domicilio social en Bruselas, representado por            Europeas se ha presentado el 23 de febrero de 2001 un recurso
Mes Luc Misson, Laurent Denis y Patrick Mbaya Kapita,                   contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
abogados de Bruselas, que designa domicilio en Luxemburgo.              por el Sr. Jean-Jacques Rateau, con domicilio en Beersel
                                                                        (Bélgica), representado por Me Eric Boigelot, abogado, que
                                                                        designa domicilio en Luxemburgo.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
—    Declare que la Comisión no adoptó, dentro de un plazo            La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
     razonable, las medidas requeridas como consecuencia de             que:
     la denuncia presentada por el demandante sobre la base
     del artı́culo 3 del Reglamento 17/62/CE.                           —     Anule la decisión de la AFPN por la que se destina al
                                                                              demandante, con efectos de 1 de julio de 2000, al puesto
—    Declare que, con arreglo al Reglamento 17/62/CE, la                      de consejero (adviser on consumer information) del Jefe
     Comisión está obligada a tomar las medidas que se                      de la Unidad Sanidad y Protección de los Consumidores
     imponen, en un plazo de un mes, contra las partes                        SANCO.D.4 «Food law and biotechnology», como resulta
     inculpadas en la denuncia del demandante.                                tanto del organigrama de la DG SANCO de 15 de junio
                                                                              de 2000, como de la decisión expresa adoptada el 1 de
—    Condene en costas a la parte demandada.                                  agosto de 2000 por el Sr. Robert Coleman, Director
                                                                              General de la Dirección General «Sanidad y Protección de
                                                                              los Consumidores», comunicada al demandante el 28 de
Motivos y principales alegaciones                                             agosto de 2000.
El demandante expone que, el 1 de julio de 1997, presentó              —     Condene a la demandada a pagar al demandante, como
una denuncia sobre la base de los artı́culos 48 y 85 del Tratado              reparación del perjuicio moral, el importe de 1 euro
CE (actualmente 39 y 81), relativa al sistema de transferencia                con carácter provisional, por un perjuicio evaluado en
de jugadores profesionales de fútbol aplicado por organismos                 10 000 euro, salvo aumento o disminución en el curso
como la FIFA, URBSFA y la Ligue Professionnelle de Football                   del proceso.
de Belgique. Tras dicha denuncia, registrada con la referencia
IV/36.583-SETCA-FGTB/FIFA, URBSFA, la Comisión inició un
procedimiento contra la FIFA.                                           —     En todo caso, condene en costas a la parte demandada.
 ---pagebreak--- 21.4.2001                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 118/43
Motivos y principales alegaciones                                                        Archivo del asunto T-116/98 (1)
                                                                                (2001/C 118/116)
El demandante, funcionario de grado A 3, impugna la decisión
de la AFPN, adoptada en el marco de la reorganización de la
DG SANCO, por la que se le da como nuevo destino el puesto
de Consejero de la Unidad de la Dirección D (Unidad D4)                                  (Lengua de procedimiento: español)
«Food law and biotechnology», cuando hasta ese entonces
habı́a ejercido sus funciones con el Director General.                     Mediante auto de 14 de diciembre de 2000, el Presidente de
                                                                           la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                           Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
A este respecto, aduce que su nombramiento en el puesto                    T-116/98, Compañı́a Trasmediterránea, S.A. contra Comisión
de consejero del Director General fue el resultado de una                  de las Comunidades Europeas.
transacción firmada el 6 de julio de 1993 entre el propio
demandante y el Director General de la DG Administración
(antigua DG IX).                                                           (1) DO C 340 de 7.11.98.
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega la infrac-
ción:
—      Del Estatuto y, en particular, de los artı́culos 7, apartado 1,
       y 25, párrafos segundo y tercero, ası́ como la violación
       de determinados principios generales de Derecho, como                             Archivo del asunto T-244/99 (1)
       la protección de la confianza legı́tima, la seguridad
       jurı́dica, el deber de solicitud y protección, el principio de                           (2001/C 118/117)
       la ejecución de buena fe de los convenios y los que
       imponen a la AFPN adoptar una decisión únicamente
       sobre la base de motivos pertinentes que no adolezcan de                           (Lengua de procedimiento: italiano)
       errores de hecho o de Derecho;
                                                                           Mediante auto de 12 de diciembre de 2000, el Presidente de la
—      de las normas comúnmente admitidas en los Estados                  Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunida-
       miembros, respecto de la ejecución de los convenios.               des Europeas ha decidido archivar el asunto T-244/99, Sadam
                                                                           Abruzzo S.p.A. contra Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                           peas.
                                                                           (1) DO C 20 de 22.1.00.
                  Archivo del asunto T-205/96 (1)
                                                                                Archivo del asunto T-245/99 (1)
                          (2001/C 118/115)
                                                                                (2001/C 118/118)
                    (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
Mediante auto de 15 de enero de 2001, el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas (Juez único: Sr. Azizi)             Mediante auto de 12 de diciembre de 2000, el Presidente de la
ha decidido archivar el asunto T-205/96, Roland Bieber contra              Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunida-
Parlamento Europeo.                                                        des Europeas ha decidido archivar el asunto T-245/99, Sadam
                                                                           Castiglionese S.p.A. contra Comisión de las Comunidades
                                                                           Europeas.
(1) DO C 54 du 22.2.97.
                                                                           (1) DO C 20 de 22.1.00.


title: Asunto C-221/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de noviembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof, Austria) — Stadtgemeinde/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Remisión prejudicial — Tributo sobre el depósito permanente de residuos en un vertedero — Tributo adeudado por el titular de la explotación de un vertedero y calculado en función del peso de los residuos depositados y del estado del vertedero — Exención del tributo para el depósito de los residuos procedentes de espacios contaminados austriacos — Falta de exención para el depósito de residuos procedentes de espacios contaminados situados en otros Estados miembros — Artículo 90 CE — Tributos internos — Discriminación)

text:
               22.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/16

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de noviembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof, Austria) — Stadtgemeinde/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
   (Asunto C-221/06) (1)

   (Remisión prejudicial - Tributo sobre el depósito permanente de residuos en un vertedero - Tributo adeudado por el titular de la explotación de un vertedero y calculado en función del peso de los residuos depositados y del estado del vertedero - Exención del tributo para el depósito de los residuos procedentes de espacios contaminados austriacos - Falta de exención para el depósito de residuos procedentes de espacios contaminados situados en otros Estados miembros - Artículo 90 CE - Tributos internos - Discriminación)
   (2007/C 315/25)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Verwaltungsgerichtshof
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Stadtgemeinde Frohnleiten, Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH

      Demandada: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

      Otra parte en el procedimiento principal: República de Austria
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgerichtshof — Interpretación de los artículos 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE y 90 CE — Exención de una tasa sobre el vertido de residuos cuando éstos proceden del saneamiento de áreas contaminadas por residuos («Altlasten»), con la condición de que dichas áreas se encuentren inscritas en un registro público — Exclusión de los residuos procedentes de un área contaminada por antiguos residuos situada en el territorio de otro Estado miembro.
   Fallo
   El artículo 90 CE, párrafo primero, se opone a una disposición tributaria nacional como el artículo 3, apartado 2, número 1, de la Altlastensanierungsgesetz (Ley de recuperación de espacios contaminados) de 7 de junio de 1989, que exime del tributo que grava el depósito permanente de residuos en los vertederos nacionales a aquellos depósitos de residuos procedentes de la recuperación o contención de espacios contaminados o potencialmente contaminados situados únicamente en el territorio nacional, pero que excluye la exención de los depósitos de residuos procedentes de la recuperación o contención de espacios situados en otros Estados miembros.

      (1)  DO C 178 de 29.7.2006.


title: Asunto T-113/13 P: Auto del Tribunal General de 20 de septiembre de 2013 — Van Neyghem/Consejo ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Promoción — Ejercicio de promoción de 2007 — Decisión de no promover al recurrente al grado AST 7 — Desestimación del recurso en primera instancia — Obligación de motivación — Artículo 266 TFUE — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado» )

text:
               16.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 336/25

         Auto del Tribunal General de 20 de septiembre de 2013 — Van Neyghem/Consejo
   (Asunto T-113/13 P) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Promoción - Ejercicio de promoción de 2007 - Decisión de no promover al recurrente al grado AST 7 - Desestimación del recurso en primera instancia - Obligación de motivación - Artículo 266 TFUE - Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)
   2013/C 336/54
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Kris Van Neyghem (Tienen, Bélgica) (representante: M. Velardo, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bauer y A. Bisch, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera) de 12 de diciembre de 2012, Van Neyghem/Consejo (F-77/11) con objeto de que se anule la citada sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               El Sr. Kris Van Neyguem cargará con sus propias costas y con aquéllas en que haya incurrido el Consejo de la Unión Europea en el marco del presente procedimiento.

      (1)  DO C 147, de 25.5.2013.


title: Asunto T-86/02: Recurso interpuesto el 26 de marzo de 2002 por El Territorio Historico de Alava, La Diputación Foral de Alava contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 144/52               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      15.6.2002
Resolución de la Divi-        Denegación de la solicitud para          Norma Foral 18/1993 de 5 de julio, de medidas fiscales
sión de oposición:           ciertos productos                         urgentes de apoyo a la inversión e impulso de la actividad
                                                                         económica (Boletı́n Oficial del Territorio Histórico de Alava
Resolución de la Sala de      Anulación parcial de la resolución      no 79, de 16.7.1993), que prevé una exención del impuesto de
Recurso:                       de la División de Oposición y           sociedades aplicable a las empresas que se creen entre la
                               denegación de la solicitud para un       entrada en vigor de dicha Norma Foral y el 31 de diciembre de
                               producto suplementario («que-             1994, siempre que inviertan en activos fijos materiales más de
                               sos»)                                     80 millones de pesetas (480 810 euros), creen más de diez
                                                                         puestos de trabajo y hayan iniciado sus actividades con un
Motivos invocados:             —     Violación del artı́culo 8,         capital mı́nimo desembolsado de 20 millones de pesetas
                                     apartado 1, b) del Regla-           (120 202 euros).
                                     mento 40/94
                               —     Incorrecta interpretación de
                                     la noción de riesgo de confu-      La demandante funda su recurso esencialmente en cinco
                                     sión                               motivos:
                                                                         a)   Infracción del apartado primero del artı́culo 87 CE, por
                                                                              la apreciación manifiestamente errónea de la Comisión al
                                                                              considerar, de entrada, que la medida fiscal enjuiciada
                                                                              constituye una ayuda de Estado en el sentido del citado
Recurso interpuesto el 26 de marzo de 2002 por El                             artı́culo. A juicio de la demandante, no existe en el
Territorio Historico de Alava, La Diputación Foral de                        presente caso el carácter de ventaja selectiva, propio de
 Alava contra la Comisión de las Comunidades Europeas                        toda ayuda de Estado en aplicación de dicha norma, dado
                                                                              que se trata de una medida que, establecida en base a
                        (Asunto T-86/02)                                      criterios objetivos, afecta por igual a todos los operadores
                                                                              económicos (personas fı́sica o jurı́dicas).
                        (2002/C 144/104)
                                                                         b)   A tı́tulo subsidiario en relación con el primer motivo,
                 (Lengua de procedimiento: español)                          errónea interpretación por parte de la Comisión del
                                                                              concepto de ayuda existente. La demandante mantiene
                                                                              que, si el Tribunal entendiera que la medida enjuiciada
                                                                              constituye efectivamente una ayuda de Estado, se tratarı́a
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                        en cualquier caso de un régimen de ayudas existente, bien
europeas se ha presentado, el 26 de marzo de 2002 un recurso                  en el sentido de lo dispuesto en el inciso (v) de la letra b)
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                     del artı́culo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999, puesto
por El Territorio Historico de Alava, La Diputación Foral de                 que, en el momento en que se llevó a efecto, la medida
Alava, con domicilio en Alava (España), representados por los                no constituı́a una ayuda, bien en el sentido de lo dispuesto
letrados en ejercicio D. Ignacio Saenz-Cortabarria y Dña. Marta              en el inciso (ii) de la misma letra y artı́culo del citado
Morales Isasi.                                                                Reglamento, al tratarse de una ayuda que, su dı́a, fue
                                                                              tácitamente autorizada por la Comisión.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                         c)   También a tı́tulo subsidiario respecto al primer motivo,
                                                                              inobservancia del procedimiento legalmente establecido.
—     Anule la decisión de la Comisión de 20 de Diciembre de
                                                                              De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
      2001, relativa a un régimen de ayudas ejercitado por
                                                                              artı́culo 88 CE y en el Reglamento (CE) no 659/1999,
      España en 1993 a favor de algunas empresas de reciente
                                                                              para el supuesto de regı́mes de ayudas existentes, el
      creación en Alava;
                                                                              procedimiento de reexamen adecuado es el previsto en
                                                                              los artı́culos 17 a 19 del citado Reglamento y no el
—     Subsidiariamente, anule la primera frase del artı́culo 3 la
                                                                              seguido por la Comisión en el presente asunto, que es el
      Decisión;
                                                                              aplicable a las ayudas ilegales.
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                         d)   Con carácter subsidiario respecto a los tres primeros
                                                                              motivos, abuso por parte de la Comisión de su facultad
Motivos y principales alegaciones                                             de autorizar ayudas con arreglo a lo dispuesto en la
                                                                              letra c) del apartado 3 del artı́culo 87 CE, al considerar la
                                                                              medida fiscal controvertida como ayuda de funciona-
La demandante impugna la Decisión C(2001) 4475 final de la                   miento y declarar, en consecuencia, que se trata de ayudas
Comisión, de 20 de diciembre de 2001, en la que se declara                   incompatibles con el mercado común. La Comisión
ayuda estatal incompatible con el mercado común la exención                 equipara, de manera improcedente, lo que no serı́a más
del impuesto de sociedades resultante del artı́culo 14 de la                  que el método de evaluación del elemento de ayuda con
 ---pagebreak--- 15.6.2002                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 144/53
      el propio concepto de ayuda a la inversión o a la creación       —    Subsidiariamente, anule la primera frase del artı́culo 3 la
      de empleo. La ausencia de fijación a priori del importe de             Decisión;
      la ayuda en porcentaje de la inversión o del coste salarial,
      de ningún modo impide que éste pueda ser fijado a                 —    Condene en costas a la Comisión.
      posteriori, con el objeto de comprobar que no excede el
      nivel de ayudas de finalidad regional autorizado con
      arreglo al mapa de ayudas regionales.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
e)    Con carácter subsidiario a todos los demás motivos, la
      orden de recuperación de las ayudas (primera frase del            La demandante impugna la Decisión C(2001) 4478 final de la
      artı́culo 3 de la decisión impugnada), vulnera lo dispuesto       Comisión, de 20 de diciembre de 2001, en la que se declara
      en la última frase del apartado 1 del artı́culo 14 del            ayuda estatal incompatible con el mercado común la exención
      Reglamento (CE) no 659/1999, dadas las circunstancias              del impuesto de sociedades resultante del artı́culo 14 de la
      excepcionales que concurren en el presente caso (la                Norma Foral 5/1993 de 24 de junio, de medidas fiscales
      duración de la fase preliminar de examen, que ha sido de          urgentes de apoyo a la inversión e impulso de la actividad
      más de 79 meses). El hecho de que la Comisión examinara          económica (Boletı́n Oficial de Bizkaia de Alava no 154, de
      el régimen fiscal controvertido en el año 1994 y no               7.7.1993), que prevé una exención del impuesto de sociedades
      mostrara una actitud desfavorable en relación el mismo,           aplicable a las empresas que se creen entre la entrada en vigor
      generó una confianza fundada en que se le considerara             de dicha Norma Foral y el 31 de diciembre de 1994, siempre
      conforme a la legalidad comunitaria, por lo que lo                 que inviertan en activos fijos materiales más de 80 millones de
      dispuesto en el artı́culo 3 de la decisión vulnera los            pesetas (480 810 euros), creen más de diez puestos de trabajo
      principios de seguridad jurı́dica y de protección de la           y hayan iniciado sus actividades con un capital mı́nimo
      confianza legı́tima.                                               desembolsado de 20 millones de pesetas (120 202 euros).
                                                                         Los motivos invocados por los demandantes como funda-
                                                                         mento de sus pretensiones son idénticos a los alegados en el
                                                                         asunto T-86/02.
Recurso interpuesto el 26 de marzo de 2002 por El
Territorio Historico de Bizkaia, La Diputación Foral de
Bizkaia contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                         Recurso interpuesto el 26 de marzo de 2002 por El
                                                                         Territorio Historico de Guipuzcoa, La Diputación Foral
                          (Asunto T-87/02)                               de Guipuzcoa contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                          (2002/C 144/105)                                                       (Asunto T-88/02)
                  (Lengua de procedimiento: español)                                            (2002/C 144/106)
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado, el 26 de marzo de 2002 un recurso             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                europeas se ha presentado, el 26 de marzo de 2002 un recurso
por El Territorio Historico de Bizkaia y La Diputación Foral de         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Bizkaia, con domicilio en Bizkaia (España), representados por           por El Territorio Historico de Guipuzcoa y La Diputación
los letrados en ejercicio D. Ignacio Saenz-Cortabarria y Dña.           Foral de Guipuzcoa, con domicilio en Guipuzcoa (España),
Marta Morales Isasi.                                                     representados por los letrados en ejercicio D. Ignacio Saenz-
                                                                         Cortabarria y Dña. Marta Morales Isasi.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que :                                                                    que:
—     Anule la decisión de la Comisión de 20 de Diciembre de           —    Anule la decisión de la Comisión de 20 de Diciembre de
      2001, relativa a un régimen de ayudas ejercitado por                    2001, relativa a un régimen de ayudas ejercitado por
      España en 1993 a favor de algunas empresas de reciente                 España en 1993 a favor de algunas empresas de reciente
      creación en Bizkaia;                                                   creación en Guipuzcoa;


title: Asunto C-220/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší Správní Soud (República Checa) el 11 de mayo de 2011 — Star Coaches, s.r.o./Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

text:
               23.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší Správní Soud (República Checa) el 11 de mayo de 2011 — Star Coaches, s.r.o./Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
   (Asunto C-220/11)
   2011/C 219/10
   Lengua de procedimiento: checo

      Órgano jurisdiccional remitente

   Nejvyšší Správní Soud

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Star Coaches, s.r.o.

      Recurrida: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿El artículo 306 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, (1) relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, se refiere sólo a prestaciones realizadas por una agencia de viajes a usuarios finales de servicios de viajes (viajeros) o también a otras personas (clientes)?

               2)

               ¿Una empresa de transportes que se limita a prestar servicios de transporte de personas facilitando transporte en autobús a agencias de viajes (no directamente a los viajeros) y que no presta ningún otro servicio (alojamiento, información, asesoramiento, etc.) puede considerarse como agencia de viajes a los efectos del artículo 306 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido?

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto F-101/07: Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2007 — Cova/Comisión

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/73

         Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2007 — Cova/Comisión
   (Asunto F-101/07)
   (2007/C 269/134)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Philippe Cova (Bruselas, Bélgica) (representante: S. Pappas, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de 29 de junio de 2007, en la parte en que no concede la prima de dirección, establecida en el artículo 7, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios, por un período superior a un año.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.

         Motivos y principales alegaciones
   1)   Infracción del artículo 7, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios por parte de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos

               —

               El objetivo del artículo 7, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios consiste en asegurar la apacible continuidad del servicio en los casos en que quede vacante un puesto. De acuerdo con el recto significado de este precepto, la ocupación interina de un puesto debe ser lo más breve posible, razón por la cual la normativa exige a la Administración a que proceda sin dilación a dar término a la interinidad, nombrando a un Jefe de unidad en el puesto.

               —

               La expresión «la interinidad no podrá exceder de un año» se refiere exclusivamente a la duración de la interinidad y no afecta a la retribución que le corresponde si dicha interinidad se prolonga más allá de un año.

               —

               El plazo final de un año no tiene carácter absoluto, con mayor razón habida cuenta de que no es un plazo destinado al funcionario sino a la Administración, sin que se exprese si es obligatorio, vinculante o imperativo. Por lo tanto, debe entenderse como un severo recordatorio a la Administración para que cubra la vacante tan pronto como sea posible.

         2)   Incumplimiento del deber de asistencia a los funcionarios y vulneración del principio de buena administración

               —

               El deber mencionado supone que cuando una autoridad toma una decisión relativa a la situación de un funcionario, debe tomar en consideración todos los factores que puedan afectar a su decisión, y que, al hacerlo, debe tener en cuenta no sólo los intereses del servicio sino también los del funcionario de que se trate.

               —

               En este contexto, es frecuente que el principio de buena administración vaya ligado al deber de asistencia.

               —

               En el presente caso, la Comisión incumplió sus deberes dado que era consciente de que el anterior Jefe de unidad sería destinado a otro puesto y toleró el nombramiento ad interim del Sr. Cova por un período superior a un año. La interpretación de la Comisión conduce a la situación paradójica de que, pese a las mayores responsabilidades asumidas durante el período de asignación, el demandante sólo se vea concedida una prima de dirección limitada a un año.


title: Asunto C-188/14: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia n ° 58 de Madrid (España) el 15 de abril de 2014 – Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander, S.A.

text:
               14.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/3

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid (España) el 15 de abril de 2014– Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander, S.A.
   (Asunto C-188/14)
   2014/C 223/04
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Juan Pedro Ludeña Hormigos

      Demandada: Banco de Santander, S.A.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿El artículo 22.1 de la Ley 16/09 de 13 de noviembre, de servicios de pago en cuanto permite a una entidad bancaria imponer y/o aumentar el coste de servicios variando las condiciones inicialmente pactadas es compatible con la normativa comunitaria?

               2)

               ¿Es suficiente protección para el usuario la posibilidad de resolver el contrato sin coste?

               3)

               ¿Son válidas las cláusulas contractuales pactadas entre las partes que recogen las posibilidades previstas en el artículo citado en la primera pregunta?

               4)

               Por último y para el caso de que la respuesta a las preguntas anteriores sea positiva, ¿el plazo de preaviso de dos meses es compatible con la normativa comunitaria?


title: Asunto C-340/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Montreuil (Francia) el 4 de julio de 2011 — Kapitalanlagegesellschaft mbH, en nombre de Alltri Inka/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Montreuil (Francia) el 4 de julio de 2011 — Kapitalanlagegesellschaft mbH, en nombre de Alltri Inka/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État
   (Asunto C-340/11)
   2011/C 269/66
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal administratif de Montreuil

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Kapitalanlagegesellschaft mbH, en nombre de Alltri Inka

      Demandada: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe tenerse en cuenta la situación de los partícipes, además de la de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿qué requisitos deben concurrir para que pueda considerarse que la retención en origen controvertida es conforme con el principio de libre circulación de capitales?


title: Asunto T-526/11: Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2011 — Igcar Chemicals/ECHA

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/41

         Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2011 — Igcar Chemicals/ECHA
   (Asunto T-526/11)
   2011/C 347/74
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Igcar Chemicals, SL (Rubí, España) (representante: L. Fernández Vaissieres, abogada)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Se declare fundado y admisible el recurso.

               —

               Se anule parcialmente la decisión impugnada, en la medida en que se refiere a la expedición de una factura por tasas administrativas y que se anule dicha factura.

               —

               Se condene en costas a la ECHA.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la Decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos («ECHA») número SME (2011) 0572, de fecha 3 de agosto de 2011, con la consiguiente cancelación de la factura de cargos administrativos (factura número 10028302, de 5 de agosto de 2011).
   Se recuerda a este respecto que la empresa demandante prerregistró en su día diversas sustancias que tenía intención de registrar. Con carácter previo a estos registros fue dada de alta como empresa de tamaño pequeño, de forma errónea.
   En junio de 2011, sobre la base del artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) no 340/2008 de la Comisión, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (en adelante «Reglamento de tasas»), la Agencia requirió a la demandante a que demostrara que tenía derecho a la reducción de la tasa de registro que le fue aplicada. La demandante contestó afirmando que su tamaño correspondía al de una mediana empresa, circunstancia que se había corregido en el sistema REACH-IT de forma voluntaria y previa a recibir el referido requerimiento de la ECHA.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la incompetencia de la Comisión Europea para delegar en la ECHA la imposición de una tasa administrativa y en la incompetencia de la ECHA para adoptar la Decisión MB/29/2010 de su Consejo de Administración, de 12 de noviembre de 2010 («on the classification of charges for which services are levied»).

                           —

                           La parte demandante alega sobre el particular que, al establecer en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de tasas que la ECHA exigirá una tasa administrativa distinta de la tasa de registro, que es la única que permiten las disposiciones constitutivas de la ECHA, la Comisión va más allá de lo permitido por estas últimas, y que sobre este particular el artículo 114 TFUE no basta para fundamentar la competencia de la Comisión o de la ECHA.

               2)

               Segundo motivo, basado en la irregularidad de la delegación de poderes contenida en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de tasas.

                           —

                           La parte demandante alega sobre este particular que la referida disposición deja a la discrecionalidad de la ECHA el establecimiento de una tasa administrativa, sin definir sus objetivos, contenido, alcance y duración, siendo el artículo 2 de la decisión MB/29/2010, y en particular la Tabla 1 de su anexo, ilegal.

               3)

               Tercer motivo, basado en el carácter punitivo de la Decisión MB/29/2010.

                           —

                           La parte demandante alega sobre este particular que, si bien conforme al artículo 74, párrafo 1, del reglamento de base de la ECHA, la Agencia está facultada para cobrar los servicios que preste, conforme al artículo 74, apartado 3, del mismo texto, las tasas junto con otras fuentes de ingreso de la Agencia se fijarán de modo que sean suficientes para los gastos de los servicios prestados. Sin embargo, una tasa administrativa por un importe fijo de 14 500 EURO no puede justificarse en relación con la tarea de verificación de la ECHA, siendo dicho importe desproporcionadamente elevado en relación con los servicios prestados. Por otro lado, dichas tasas administrativas revisten en realidad carácter sancionador.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica.

                           —

                           Se afirma a este respecto que el sistema REACH-IT no ofrecía información suficiente a las empresas para que pudieran conocer las sanciones que se exponen, en relación con el deber que les incumbe de de verificar el tamaño de las mismas. Por otro lado, la Agencia no ha tenido en cuenta la falta de intencionalidad de la demandante, así como la corrección voluntaria del error cometido.

               5)

               Quinto motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad en el establecimiento de las tasas administrativas de que se trata.


title: Asunto C-642/13 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de diciembre de 2013 por Villeroy & Boch — Belgium contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 16 de septiembre de 2013 en los asuntos acumulados T-373/10, T-374/10, T-382/10 y T-402/10, Villeroy & Boch/Comisión

text:
               15.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/23

         Recurso de casación interpuesto el 4 de diciembre de 2013 por Villeroy & Boch — Belgium contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 16 de septiembre de 2013 en los asuntos acumulados T-373/10, T-374/10, T-382/10 y T-402/10, Villeroy & Boch/Comisión
   (Asunto C-642/13 P)
   2014/C 45/40
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Recurrente: Villeroy & Boch — Belgium (representantes: O.W. Brouwer y N. Lorjé, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 16 de septiembre de 2013 en los asuntos acumulados T-373/10, T-374/10, T-382/10 y T-402/10, Villeroy & Boch/Comisión, en la medida en que desestima las pretensiones de la recurrente.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule parcialmente el punto 1 del fallo de la sentencia de 16 de septiembre de 2013, en lo que respecta a la recurrente.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, que se reduzca de manera equitativa la multa que se impuso a la recurrente en el artículo 2 de la Decisión controvertida de 23 de junio de 2010.

               —

               Con carácter subsidiario de tercer grado, que se anule la sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 y se devuelva el asunto al Tribunal General.

               —

               Que, con cada condena, se impongan las costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente argumenta que la sentencia recurrida debe ser anulada por los siguientes motivos:

               1)

               Mediante el
                     primer motivo
                   alega que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al no tener en cuenta injustamente los hechos alegados por la recurrente -relevantes para su sentencia–, que fueron discutidos ante el Tribunal General durante la fase oral.

               2)

               El
                     segundo motivo
                   se opone a la acumulación de conductas fáctica y jurídicamente independientes en una única presunta infracción compleja y continuada. Además, la recurrente considera que la aplicación por el Tribunal General y la Comisión del principio de «una infracción única, compleja y continuada» es contraria al derecho a un proceso justo, al buen orden procesal y al control por el Tribunal General legalmente exigido.

               3)

               Mediante el
                     tercer motivo
                  , la recurrente alega que el Tribunal General no tuvo en consideración la prueba legalmente correcta infringiendo la tutela judicial efectiva garantizada por el Derecho de la Unión.

               4)

               Mediante el
                     cuarto motivo
                   se alega que, en cualquier caso, el Tribunal General no puede basar la multa impuesta en el resultado de la prueba y que dicha multa es desproporcionada.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 12 de mayo de 2004, en el asunto T-191/01, André Hecq contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Seguridad social — Artículo 72, apartado 1, del Estatuto — Reembolso de gastos médicos — Enfermedad grave — Denegación del reembolso al 100 % de determinadas prestaciones médicas)

text:
               24.7.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/15

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 12 de mayo de 2004
   en el asunto T-191/01, André Hecq contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Funcionarios - Seguridad social - Artículo 72, apartado 1, del Estatuto - Reembolso de gastos médicos - Enfermedad grave - Denegación del reembolso al 100 % de determinadas prestaciones médicas)
   (2004/C 190/25)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-191/01, André Hecq, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Mondercange (Luxemburgo), representado por el Sr. C. Mourato, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall), que tiene por objeto una demanda de anulación de dos decisiones adoptadas, respectivamente, el 13 de octubre de 2000 y el 6 de noviembre de 2000, por la Oficina Liquidadora en virtud de las cuales se deniega el reembolso al 100 % de determinadas prestaciones médicas recibidas por la esposa del demandante, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por los Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres. M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 12 de mayo de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Anular las decisiones adoptadas por la Oficina Liquidadora, respectivamente, el 13 de octubre de 2000 y el 6 de noviembre de 2000, por cuanto deniegan el reembolso al 100 % de determinadas prestaciones médicas recibidas por la esposa del demandante.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión.

      (1)  DO C 317 de 10.11.2001.