title: Asunto C-69/99: Recurso interpuesto el 26 de febrero de 1999 contra el Reino Unido por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 136/8                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      15.5.1999
3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión o de              Motivos y principales alegaciones
    respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
    ¿Debe interpretarse el apartado 1 del artı́culo 203 del               El apartado 1 del artı́culo 4 de la Directiva establece dos
    Código Aduanero en el sentido de que se produce una                  obligaciones. En primer lugar los Estados miembros deben
    sustracción a la vigilancia aduanera cuando las mercancı́as          proponer una lista de lugares designados zonas especiales de
    no comunitarias declaradas para su despacho a libre                   conservación y, en segundo lugar, deben remitir a la Comisión,
    práctica han sido retiradas del lugar de depósito e inspec-         junto con dicha lista, la información relative a cada lugar.
    ción establecido y, por ende, del ámbito territorial de
    competencia de la Administración de Aduanas de que se                La Comisión afirma que la República de Irlanda no propuso
    trata a peser de haber ordenado ésta una inspección                  lugar ninguno en lo que respecta a 26 tipos de hábitats del
    aduanera?                                                             Anexo I y 20 del Anexo II en Irlanda. En particular, la República
                                                                          de Irlanda no propuso ningún lugar para determinados
4) En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión:                  tipos de hábitats prioritarios y especies con une presencia
    ¿Debe interpretarse el apartado 1 del artı́culo 204 del               significativa en el territorio de Irlanda.
    Código Aduanero en el sentido de que la retirada no
    autorizada de las mercancı́as del lugar de depósito no ha            La Comisión señala asimismo que para determinados tipos de
    «tenido consecuencias reales» para el correcto funciona-              hábitats y especies, las autoridades competentes irlandesas
    miento del depósito temporal cuando, tras su retirada,               manifestaron su intención de no proponer ningún lugar. La
    las mercancı́as hubieran podido ser presentadas a otra                Comisión considera que el hecho de negarse a proponer
    Administración de Aduanas si ası́ se hubiera requerido?              lugares en lo que respecta a tipos de hábitats naturales y
                                                                          hábitats de especies es contrario a lo dispuesto en el apartado
5) ¿Está excluido el nacimiento de une deuda aduanera de                 1 del artı́culo 4 de la Directiva.
    importación
    a) con arreglo al artı́culo 201, apartado 1, letra a), en             En segundo lugar la Comisión alega que por lo que respecta a
         relación con el apartado 2, del Código Aduanero en             determinados tipos de hábitat y hábitats de especies, el número
         caso de simple admisión de la declaración en aduana            de lugares definitivamente propuesto por la República de
         por parte de la Administración de Aduanas,                      Irlanda es a sodas luces insuficiente conforme a los criterios
    b) con arreglo al apartado 1 del artı́culo 203 del Código            recogidos en el Anexo III y al objetivo de conservación que
         Aduanero, o                                                      persigue la Directiva. La importancia natural de dichos hábitats
                                                                          requiere que se proponga un mayor número de lugares y que
    c) con arreglo al artı́culo 204 del Código Aduanero                  éstos se repartan de un modo más homogéneo por todo el
         cuando la declaración en aduana admitida por la                 territorio nacional.
         Administración de Aduanas iba acompañada de los
         certificados de origen formalmente correctos con arre-           (1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
         glo al modelo A y a las mercancı́as objeto de la
         declaración se les aplicó el tipo preferencial «nulo»?
Recurso interpuesto el 25 de febrero de 1999 por la
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-                    Recurso interpuesto el 26 de febrero de 1999 contra
                          blica de Irlanda                                el Reino Unido por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                        (Asunto C-67/99)
                         (1999/C 136/12)                                                           (Asunto C-69/99)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                                        (1999/C 136/13)
presentado el 25 de febrero de 1999 un recurso contra la
República de Irlanda formulado por la Comisión de las                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Richard Wain-               presentado el 26 de febrero de 1999 un recurso contra el
wright, Consejero Jurı́dico principal, y el Sr. Paolo Stancanelli,        Reino Unido formulado por la Comisión de las Comunidades
miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agentes, que                Europeas, representada por el Sr. Richard Wainwright, Conse-
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.                  jero Jurı́dico principal, en calidad de Agente, que designa como
Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de la            domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez
Comisión, Centre Wagner.                                                 de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico, Centre Wagner.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
— Declare que la República de Irlanda ha incumplido las                  La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
    obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                — Declare que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones
    92/43/CEE (1) del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa                que le incumben con arreglo a la Directiva 91/676/CEE (1)
    a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y             del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la
    flora silvestres, al no comunicar a la Comisión la lista                 protección de las aguas contra la contaminación producida
    completa de lugares a que se refiere el párrafo primero del              por nitratos utilizados en la agricultura y con arreglo al
    apartado 1 del artı́culo 4 de dicha Directiva y la informa-               Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, al no haber
    ción sobre cada lugar exigida por el párrafo segundo del                adoptado todas las medidas necesarias para atenerse a lo
    apartado 1 del artı́culo 4.                                               dispuesto en los apartados 1 y 2 del artı́culo 3 y al artı́culo
— Condene en costas a la República de Irlanda.                               5 de dicha Directiva.
 ---pagebreak--- 15.5.1999              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 136/9
— Condene en costas al Reino Unido.                                     Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones                                       Las diferencias en las cuantı́as de la tasa por servicio a pasajeros
                                                                        y de la tasa de seguridad objeto del recurso deben examinarse
                                                                        de acuerdo con la legislación comunitaria, en particular con
Conforme al apartado 1 del artı́culo 3, los Estados miembros
                                                                        las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 2408/92 y los
determinarán, con arreglo a los criterios definidos en el Anexo
                                                                        principios de libre prestación de servicios consagrados en el
I, las aguas afectadas por la contaminación y las aguas que
                                                                        Tratado y, en especial, en su artı́culo 59. Pues bien, en la
podrı́an verse afectadas por la contaminación si no se toman
                                                                        perspectiva del mercado único, la libertad del artı́culo 59 se
medidas de conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 5.
                                                                        opone a la aplicación de cualquier legislación que tenga por
                                                                        efecto que la prestación de servicios entre Estados miembros
Según consta, sólo se han identificado de conformidad con el          sea más difı́cil que la prestación de servicios puramente interna
apartado 1 del artı́culo 3 las aguas que van a utilizarse para la       de un Estado miembro (véase la sentencia de 25 de julio de
extracción de agua potable, siendo ası́ que la Directiva prevé         1991, en el asunto C-288/89, Rec. p. I-4007). No sólo según
que deben ser identificadas las aguas dulces superficiales no           los términos del Reglamento (CEE) n° 2408/92, sino también
utilizadas para la extracción de agua potable o que no vayan a         de acuerdo con lo dispuesto en el artı́culo 7 A del Tratado CE,
destinarse a tal fin, que presenten, o puedan llegar a presentar        ası́ como por su referencia expresa al artı́culo 84, que
una excesiva concentración de nitratos.                                constituye la base jurı́dica del Reglamento, es manifiesto que
                                                                        la libre prestación de servicios de transporte aéreo dentro de la
También consta que sólo se han identificado de conformidad             Comunidad es parte integrante de tel mercado único. El
con el apartado 1 del artı́culo 3 los manantiales de aguas              artı́culo 59 prima sobre la aplicación de legislación nacional,
subterráneas, siendo ası́ que la Directiva exige que se identifi-      excepto cuando ésta esté justificada por razones de interes
quen todas las aguas subterráneas que contengan más de                público, necesarias y proporcionadas respecto al objetivo
50 mg/l de nitratos, o puedan llegar a contenerlos si no se             perseguido. Desde el punto de vista de la Comisión, las
actúa de conformidad con el artı́culo 5.                               justificaciones alegadas por las autoridades portuguesas para
                                                                        las medidas controvertidas no cumplen ninguno de los requisi-
                                                                        tos mencionados.
(1) DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
                                                                        (1) DO L 240 de 24.8.1992, p. 1.
Recurso interpuesto el 26 de febrero de 1999 contra la
República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                           des Europeas                                 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                        lución del Landesvergabeamt Tirol, de fecha 17 de febrero
                        (Asunto C-70/99)                                de 1999, en el asunto entre Ortner GmbH e Innsbrucker
                                                                                Kommunalbetriebe AG
                         (1999/C 136/14)
                                                                                (Asunto C-72/99)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 26 de febrero de 1999 un recurso contra la                                           (1999/C 136/15)
República Portuguesa formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Frank                  Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Benyon, Consejero Jurı́dico, y Francisco de Sousa Fialho,               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
miembro del Servicio Jurı́dico, que designa como domicilio en           resolución del Landesvergabeamt Tirol, dictada el 17 de febrero
Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                de 1999, en el asunto entre Ortner GmbH e Innsbrucker
miembro de dicho Servicio Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.          Kommunalbetriebe AG, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
                                                                        de Justicia el 2 de marzo de 1999. El Landesvergabeamt Tirol
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
                                                                        siguientes cuestiones:
— Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en Reglamento (CEE)                   A) Con arreglo al apartado 6 del artı́culo 2 de la Directiva
     n° 2408/92 (1) del Consejo, al prever, en el artı́culo 10 del           89/665/CEE (1), ¿están obligados los Estados miembros, en
     Decreto Regulamentar n° 38/91, de 29 de julio de 1991,                  el marco de la adaptación de su Derecho interno a dicha
     que los vuelos de Portugal con destino a otros Estados                  Directiva, a establecer en todo caso, a pesar de la posibilidad
     miembros estarán sujetos al pago de tasas de cuantı́as                 de limitar los efectos jurı́dicos del procedimiento de
     superiores a las aplicables a los vuelos nacionales, y al               recurso a la indemnización por daños y perjuicios, un
     establecer en el Decreto-lei n° 102/91, de 8 de marzo de                procedimiento de recurso en el que el demandante pueda
     1991, conforme a las posteriores normas de desarrollo,                  obtener, si concurren los requisitos exigidos al efecto, la
     que los vuelos de Portugal con destino a los demás Estados             anulación de la decisión de la entidad adjudicadora,
     miembros estarán sujetos al pago de tasas de cuantı́as                 anterior a la celebración del contrato, por la que resuelve,
     superiores a los aplicables a ciertos vuelos nacionales.                en función de los resultados de un procedimiento de
                                                                             adjudicación, con qué licitador en dicho procedimiento
— Condene en costas a la República Portuguesa.                              celebra el contrato (es decir, la decisión de adjudicación)?


title: Asunto C-532/10 P: Recurso de casación interpuesto el 16 de noviembre de 2010 por adp Gauselmann GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 9 de septiembre de 2010 en el asunto T-106/09, adp Gauselmann GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Archer Maclean

text:
               5.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/2

         Recurso de casación interpuesto el 16 de noviembre de 2010 por adp Gauselmann GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 9 de septiembre de 2010 en el asunto T-106/09, adp Gauselmann GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Archer Maclean
   (Asunto C-532/10 P)
   2011/C 38/02
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: adp Gauselmann GmbH (representante: P. Koch Moreno, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida de 9 de septiembre de 2010 del Tribunal General (Sala Séptima) en el asunto T-106/09.

               —

               Que se anule la resolución de 12 de enero de 2009 dictada por la Primera Sala de Recurso de la OAMI o, con carácter subsidiario, se devuelva el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

               —

               Que se condene a la parte contraria a pagar las costas efectuadas en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente alega que la sentencia del Tribunal General no es coherente con la jurisprudencia en materia de interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria. (1) En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca tres motivos:

               —

               La recurrente sostiene que el Tribunal General se equivocó al atribuir a las palabras «Archer Maclean’s», que tienen claramente una representación secundaria o marginal en el conjunto de la marca solicitada, lo que hace que prácticamente esas palabras sean ilegibles, el mismo valor diferenciador que a la palabra «MERCURY», que es el elemento distintivo y dominante, al concluir que no existe riesgo de confusión con la marca que se opone, «MERKUR».

               —

               La recurrente considera que la sentencia del Tribunal General efectuó una apreciación errónea de las dos marcas, ya que la palabra «MERCURY», que es el elemento distintivo y dominante en la marca solicitada, no sólo carece de significado en el lenguaje del mercado de referencia, a saber, Alemania, sino que además es muy similar, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, a la marca opuesta, «MERKUR».

               —

               Por último, la recurrente alega que el Tribunal General se equivocó al considerar que las mínimas diferencias entre la palabra «MERCURY», que es el elemento distintivo y dominante en la marca solicitada, y «MERKUR», que es el símbolo de la marca que se opone, son suficientes para evitar que el público confunda las dos marcas.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO L 78, p. 1).


title: Asunto T-220/14: Sentencia del Tribunal General de 6 de abril de 2017 — Saremar/Comisión («Ayudas de Estado — Transporte marítimo — Compensación por servicio público — Aumento de capital — Decisión por la que se declararan las ayudas incompatibles con el mercado interior y se ordena su devolución — Puesta en liquidación de la demandante — Capacidad procesal — Persistencia del interés en ejercitar la acción — Inexistencia de sobreseimiento — Concepto de ayuda — Servicio de interés económico general — Criterio del inversor privado — Error manifiesto de apreciación — Error de Derecho — Excepción de ilegalidad — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Decisión 2011/21/UE — Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis — Marco de la Unión sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público — Sentencia Altmark»)

text:
               22.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/21

         Sentencia del Tribunal General de 6 de abril de 2017 — Saremar/Comisión
   (Asunto T-220/14) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Transporte marítimo - Compensación por servicio público - Aumento de capital - Decisión por la que se declararan las ayudas incompatibles con el mercado interior y se ordena su devolución - Puesta en liquidación de la demandante - Capacidad procesal - Persistencia del interés en ejercitar la acción - Inexistencia de sobreseimiento - Concepto de ayuda - Servicio de interés económico general - Criterio del inversor privado - Error manifiesto de apreciación - Error de Derecho - Excepción de ilegalidad - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Decisión 2011/21/UE - Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis - Marco de la Unión sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público - Sentencia Altmark»))
   (2017/C 161/28)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Saremar — Sardegna Regionale Marittima SpA (Cagliari, Italia) (representantes: G.M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: G. Conte, D. Grespan y A. Bouchagiar, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Nápoles, Italia) (representantes: inicialmente F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti y A. Neri, posteriormente M. Merola, B. Carnevale y M. Toniolo, abogados)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión C(2013) 9101 final de la Comisión, de 22 de enero de 2014, relativa a las medidas de ayuda SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) y SA.32016 (2011/C), ejecutadas por la Regione autonoma della Sardegna a favor de Saremar, en tanto en cuanto dicha Decisión calificó como ayudas de Estado una medida de compensación por servicio público y un aumento de capital, declaró esas medidas incompatibles con el mercado interior y ordenó su devolución.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a Saremar — Sardegna Regionale Marittima SpA a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea y de la Compagnia Italiana di Navigazione SpA.

      (1)  DO C 175 de 10.6.2014.


title: Asunto T-400/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de septiembre de 2009 — Zero Industry/OAMI — zero Germany (zerorh+) [ Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa zerorh+ — Marcas nacionales figurativas y denominativas anteriores zero — Riesgo de confusión — Similitud de los signos — Similitud de los productos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  207/2009] ]

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/56

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de septiembre de 2009 — Zero Industry/OAMI — zero Germany (zerorh+)
   (Asunto T-400/06) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa zerorh+ - Marcas nacionales figurativas y denominativas anteriores zero - Riesgo de confusión - Similitud de los signos - Similitud de los productos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]»)
   2009/C 267/95
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Zero Industry Srl (Mariano Comense, Italia) (representantes: M. Rapisardi y N. Colombo, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Botis, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: zero Germany GmbH & Co. KG, anteriormente zero International Holding GmbH & Co. KG (Bremen, Alemania) (representantes: W.-D. Kuntze, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de OAMI, de 5 de octubre de 2006 (R 0958/2005-1), relativa a un procedimiento de oposición entre zero Germany GmbH & Co. KG y Zero Industry Srl.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Zero Industry Srl.

      (1)  DO C 56, de 10.3.2007.


title: Asunto T-10/13: Recurso interpuesto el 9 de enero de 2013 — Bank Of Industry and Mine/Consejo

text:
               16.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/24

         Recurso interpuesto el 9 de enero de 2013 — Bank Of Industry and Mine/Consejo
   (Asunto T-10/13)
   2013/C 79/42
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Bank Of Industry and Mine (Teherán, Irán) (representantes: E. Glaser y S. Perrotet, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el artículo 1, número 8, de la Decisión no 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, en la medida en que modificó el artículo 20, apartado c), de la Decisión 2010/413/PESC.

               —

               Anule la Decisión no 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, en la medida en que incluyó a la sociedad BIM en la lista de las entidades a las que se aplican las medidas de congelación de fondos previstas en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.

               —

               Anule conjuntamente el Reglamento de Ejecución no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, en la medida en que incluyó a la sociedad BIM en la lista de entidades a las que se aplican las medidas de congelación de fondos previstas en el anexo IX del Reglamento no 267/2012.

               —

               Declare la inaplicabilidad a BIM del Reglamento no 267/2012, de la Decisión no 2010/413/PESC en su versión modificada por las Decisiones 2012/35/PESC y 2012/635/PESC en sus disposiciones que introducen y posteriormente modifican el apartado c) del artículo 20 de la Decisión 2010/413/PESC y en virtud de las cuales se incluyó a la demandante en la lista que figura en el anexo II.

               —

               Con carácter subsidiario, en el caso de que no se anule el artículo 1, número 8, de la Decisión no 2012/635/PESC, de 15 de octubre de 2012, en la medida en que modificó el artículo 20, apartado c), de la Decisión 2010/413/PESC, declare su inaplicabilidad a BIM.

               —

               Condene al Consejo al pago de todas las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca diez motivos que son, en esencia, idénticos o similares a los formulados en el marco del asunto T-9/13, National Iranian Gas Company/Consejo.


title: Asunto C-135/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 9 de abril de 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L’Hoir, Nadine Dartois/Région wallonne

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 9 de abril de 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L’Hoir, Nadine Dartois/Région wallonne
   (Asunto C-135/09)
   2009/C 153/42
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L’Hoir, Nadine Dartois

      Demandada: Région wallonne

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede interpretarse el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, (1) en el sentido de que excluye de su ámbito de aplicación una normativa –tal como el Decreto de la Región Valona de 17 de julio de 2008 sobre permisos para los que existen razones imperiosas de interés general– que se limita a afirmar que «concurren las razones imperiosas de interés general» para la concesión de los permisos de urbanismo, de los permisos de medio ambiente y de los permisos únicos relativos a los actos y obras que enumera y que «ratifica» permisos para los que afirma que «concurren las razones imperiosas de interés general»?

               2)

                           a)

                           ¿Se oponen los artículos 1, 5, 6, 7, 8 y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo (2) y por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (3) a un régimen jurídico en el que el derecho a realizar un proyecto sujeto a evaluación de las repercusiones se otorga mediante un acto legislativo contra el cual no cabe un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley, recurso que permita impugnar, en cuanto al fondo y al procedimiento seguido, la decisión que da derecho a realizar el proyecto?

                           b)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 9 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones, de las decisiones, de los actos u omisiones que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 6?

                           c)

                           Habida cuenta del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, ¿debe interpretarse el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE, en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad de las decisiones, de los actos u omisiones, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones?

      (1)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 40).

      (2)  Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 73, p. 5).

      (3)  Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo — Declaración de la Comisión (DO L 156, p. 17).


title: Asunto C- 510/04: Recurso interpuesto el 13 de diciembre de 2004 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               5.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 31/16

         Recurso interpuesto el 13 de diciembre de 2004 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C- 510/04)
   (2005/C 31/32)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 13 de diciembre de 2004 un recurso contra el Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. K. Simonsson y W. Wils, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, sobre las formalidades de información para los buques que lleguen a los puertos de los Estados miembros de la Comunidad y salgan de éstos (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en todo caso, al no haber informado de ello a la Comisión.

               2)

               Condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 9 de septiembre de 2003.

      (1)  DO L 67, de 9.3.2002, p. 31.


title: Asunto C-48/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de diciembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/90/CE — Ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares — No adaptación dentro del plazo señalado)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de diciembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-48/06) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/90/CE - Ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares - No adaptación dentro del plazo señalado)
   (2006/C 331/31)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: C. O'Reilly, agente)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo (representante: S. Schreiner, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (DO L 328, p. 17)
   Fallo

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      (1)  DO C 60, de 11.3.2006.


title: Asunto T-844/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de mayo de 2016 — GRE/EUIPO (Mark1) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión Mark1 — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               27.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/16

         Sentencia del Tribunal General de 12 de mayo de 2016 — GRE/EUIPO (Mark1)
   (Asunto T-844/14) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca denominativa de la Unión Mark1 - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 232/21)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Alemania) (representantes: I. Memmler y S. Schulz, abogadas)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: D. Walicka, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de octubre de 2014 (asunto R 648/2014-1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo Mark1 como marca de la Unión Europea.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

      (1)  DO C 65 de 23.2.2015.


title: Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante autos del Juzgado de lo Social no 1 de Santiago de Compostela, dictados el 13 de marzo de 1995, en los asuntos entre Manuel Eugenio Fernández Balado y José Paredes e Instituto Nacional de Empleo e Instituto Nacional de la Seguridad Social (Asuntos C-102/95 y C-103/95)

text:
3 . 6 . 95           I ES I                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 137/ 13
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                regulado en el artículo 13.2 de la Ley 31 /84 de 2 de
lución del Finanzgericht Bremen, de fecha 7 de marzo de                   agosto, en la redacción dada por el Real Decreto Ley
1995 , en el asunto entre Brigitte Kording y Senator für                  3/89 de 31 de marzo ( hoy artículo 215.3 del Real
                             Finanzen                                     Decreto Legislativo 1 /94 de 20 de junio ) es una
                       ( Asunto C-100/95 )                                prestación de desempleo en el sentido del artículo 4,
                                                                          apartado 1 del Reglamento ( CEE ) n° 1408/71 ?
                          ( 95/C 137/26 )
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                 Caso de ser positiva la respuesta anterior:
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Finanzgericht Bremen, Sala Segunda, dictada            2 ) ¿ Ha de interpretarse el artículo 67 apartado 1 del
el 7 de marzo de 1995 , en el asunto entre Brigitte Kording y             Reglamento ( CEE ) n° 1408/71 ( en su redacción
Senator für Finanzen, y recibida en la Secretaría del Tribunal            vigente ), en cuanto al supuesto de hecho que viene a
de Justicia el 30 de marzo de 1995 .                                      regular, en el sentido de entender que obliga a computar
                                                                          períodos de seguro o de empleo cubiertos bajo la
El Finanzgericht Bremen solicita al Tribunal de Justicia que              legislación de cualquier estado miembro para lucrar el
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                            subsidio de desempleo para mayores de 52 años,
                                                                          regulado en el artículo 13.2 de la Ley 31 /84 de 2 de
Una disposición de Derecho nacional [artículo 38 , apar                  agosto, hoy artículo 215.3 del Real Decreto Legislativo
tado 1 , número 4 , letra a ), y apartado 2 , en relación con el          1 /94 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto
artículo 36 , apartado 3 , de la Steuerberatungsgesetz, Ley               Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la
reguladora de la Profesión de Asesor Fiscal] según la cual,               medida de que con tales cotizaciones pueda alcanzar el
para los funcionarios empleados a tiempo parcial con un                   derecho a pensión de jubilación, salvo la edad , en un país
horario no inferior a la mitad de la jornada laboral                      miembro distinto al de la institución competente ?
ordinaria , el período de 15 años de experiencia como
funcionario especializado del cuerpo superior de la Admi             3 ) ¿ Tal consideración puede efectuarse aunque en España
nistración tributaria , exigido para estar exento del examen              el trabajador carezca de cotización o resulten inferiores
de asesor fiscal , se prolonga según el tiempo efectivamente              a un año siempre que tenga derecho a jubilación en
trabajado, ¿ constituye una « discriminación indirecta de las             cualquier país miembro ?
mujeres » contraria al apartado 1 del artículo 3 de la
Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976 ( ! ), o a
cualquier otra norma de Derecho comunitario, teniendo en              4 ) La exigencia a los trabajadores migrantes de que para
cuenta que, de los 119 funcionarios que trabajan a tiempo                 causar el subsidio por desempleo previsto para los
parcial en el cuerpo superior de la Administración tributaria             mayores de 52 años, se acredite tener derecho, salvo la
de Bremen, 110 son mujeres ( 92,4% )?                                     edad, a pensión de jubilación con cargo al Sistema de
                                                                          Seguridad Social española, excluyendo de su percepción
(>) DO n° L 39 de 14 . 2 . 1976 ; EE 05/02 , p . 70 .                     a los que acrediten tal derecho en cualquier otro Estado
                                                                          miembro, ¿ puede ser contraria al artículo 48 , apar
                                                                          tado 2 y al artículo 51 del Tratado fundacional de la
                                                                          CE ?
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante
autos del Juzgado de lo Social n° 1 de Santiago de
Compostela, dictados el 13 de marzo de 1995 , en los
asuntos entre Manuel Eugenio Fernández Balado y José
Paredes e Instituto Nacional de Empleo e Instituto Nacional
                      de la Seguridad Social                          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
               ( Asuntos C-102/95 y C-103/95 )                        lución del Bundesgerichtshof, de fecha 6 de marzo de 1995 ,
                          ( 95/C 137/27 )                             en el asunto entre MSG, Mainschiffahrts-Genossenschaft
                                                                                e.G. y Les Graviéres Rhénanes S.á.r.l.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han                                  ( Asunto C-106/95 )
sido sometidas dos peticiones de decisión prejudicial                                          ( 95/C 137/28 )
mediante autos del Juzgado de lo Social n° 1 de Santiago de
Compostela dictados el 13 de marzo de 1995 en los asuntos
entre Manuel Eugenio Fernández Balado y José Paredes e                Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Instituto Nacional de Empleo e Instituto Nacional de la               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Seguridad Social, y recibido en la Secretaría del Tribunal de         resolución del Bundesgerichtshof, dictada el 6 de marzo de
Justicia el 31 de marzo de 1995 .                                     1995 , en el asunto entre MSG, Mainschiffahrts-Genossens
                                                                      chaft E.G. y Les Graviéres Rhénanes S.á.r.l ., y recibida en la
El Juzgado de lo Social n° 1 de Santiago de Compostela                Secrtaría del Tribunal de Justicia el 31 de marzo de
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie en los dos          1995 .
asuntos sobre las siguientes cuestiones :
 1 ) ¿ Debe de interpretarse que el subsidio de desempleo             El Bundesgerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se
      para mayores de 52 años solicitado por el actor y               pronuncie sobre las siguientes cuestiones :


title: Asunto T-320/05: Recurso interpuesto el 23 de agosto de 2005 — Maccanti/Comité Económico y Social Europeo

text:
               12.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/25

         Recurso interpuesto el 23 de agosto de 2005 — Maccanti/Comité Económico y Social Europeo
   (Asunto T-320/05)
   (2005/C 281/47)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Sandra Maccanti (Woluwé-St-Pierre, Bélgica) (representante: L. Vogel, abogado)

      Demandada: Comité Económico y Social Europeo
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión adoptada por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) el 11 de mayo de 2005 (y notificada el 13 de mayo de 2005) por la que se desestimó la reclamación interpuesta por la demandante el 22 de marzo de 2005, en la que ésta impugnaba la clasificación en grado de que fue objeto al serle renovado, con fecha 23 de diciembre de 2004, el contrato de trabajo como agente temporal que había celebrado anteriormente, el 7 de julio de 2004.

               —

               En la medida en que resulte necesario, que se anule igualmente la decisión por la que se estableció su clasificación definitiva en grado en el contrato de prórroga de su contrato de trabajo como agente temporal, firmado el 23 diciembre de 2004.

               —

               Que se condene a la demandada al pago de la totalidad de las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante fue contratada como agente temporal por el Comité Económico y Social Europeo por un período inicial de seis meses a partir del 1 de enero de 2004. Posteriormente dicho contrato fue renovado para el período comprendido entre el 7 de julio de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. En dicha renovación, la demandante fue clasificada en el grado B*4, escalón 2, pasando posteriormente al grado B*4/3 gracias a una subida de escalón en diciembre de 2004.
   El 23 de diciembre de 2004 se ofreció a la firma a la demandante un nuevo contrato por el que se renovaba su contratación hasta el 31 de diciembre de 2006. En este nuevo contrato fue clasificada en el grado B*3/1.
   En el presente recurso, la demandante impugna esta clasificación menos favorable, invocando una vulneración de los artículos 8 y 15 del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Según ella, de dichas disposiciones se deduce que la renovación del contrato de un agente temporal constituye una mera prórroga de sus efectos en el tiempo y que, por lo tanto, no es posible modificar la clasificación en grado del agente al renovar el contrato.
   La demandante invoca además una violación del principio de no discriminación, alegando que otros agentes temporales de la demandada obtuvieron una renovación de sus contratos en la que conservaban su clasificación original, y una violación de su confianza legítima.


title: Asunto C-541/10 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 2010 por Quinta do Portal contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 8 de septiembre de 2010 en el asunto T-369/09, Quinta do Portal, S.A./OAMI — Vallegre (PORTO ALEGRE)

text:
               5.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/4

         Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 2010 por Quinta do Portal contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 8 de septiembre de 2010 en el asunto T-369/09, Quinta do Portal, S.A./OAMI — Vallegre (PORTO ALEGRE)
   (Asunto C-541/10 P)
   2011/C 38/05
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Recurrente: Quinta do Portal, S.A. (representante: Bolota Belchior, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Vallegre — Vinhos do Porto, S.A.

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule íntegramente la sentencia dictada por el Tribunal General.

               —

               Que se estimen íntegramente las pretensiones formuladas por la recurrente en primera instancia, por las que se solicita que se anule la resolución adoptada el 18 de junio de 2009 por la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Anulación que, a su vez, declaró la nulidad de la marca comunitaria no 4.009.908 (PORTO ALEGRE), registrada el 16 de mayo de 2006 y publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias no 30/2005, de 25 de julio de 2005 (asunto R 1012/2008-1).

               —

               Que se condene a la recurrida al pago de las costas generadas en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   Entre los vocablos «Porto Alegre» y «Vista Alegre» existe disparidad conceptual, tanto en lo que respecta a su componente dominante, como al conjunto de la marca, y disparidad gráfica y fonética, por cuanto los dos vocablos de ambas marcas son diversos.
   El carácter distintivo de la marca comunitaria solicitada resulta, de modo determinante, de la combinación de los términos «Porto» y «Alegre», que forman, en conjunto, una unidad lógica y conceptual propia.
   La palabra «Alegre» no es el elemento dominante de la marca comunitaria. Dada la relevancia que presenta esta cuestión para la apreciación de la semejanza entre los signos, se hace necesario subrayar que no se verifica en el presente caso.
   En la sentencia recurrida se aplican incorrectamente los artículos 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 (1) y 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 (2) –ambos de idéntica redacción–, que resultan en consecuencia vulnerados.
   La sentencia recurrida no tiene en cuenta ni acoge estas alegaciones, formuladas en el recurso interpuesto ante el Tribunal General.

      (1)  Reglamento del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

      (2)  Reglamento del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto C-540/14 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de junio de 2016 — DK Recycling und Roheisen GmbH/Comisión Europea (Recurso de casación — Medio ambiente — Directiva 2003/87/CE — Artículo 10 bis — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Normas transitorias para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión a partir de 2013 — Decisión 2011/278/UE — Medidas nacionales de aplicación presentadas por la República Federal de Alemania — Negativa a incluir determinadas instalaciones en las listas de instalaciones que reciben derechos de emisión asignados de forma gratuita — Disposición relativa a los casos que presentan «dificultades excesivas» — Competencias de ejecución de la Comisión)

text:
               29.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de junio de 2016 — DK Recycling und Roheisen GmbH/Comisión Europea
   (Asunto C-540/14 P) (1)

   ((Recurso de casación - Medio ambiente - Directiva 2003/87/CE - Artículo 10 bis - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Normas transitorias para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión a partir de 2013 - Decisión 2011/278/UE - Medidas nacionales de aplicación presentadas por la República Federal de Alemania - Negativa a incluir determinadas instalaciones en las listas de instalaciones que reciben derechos de emisión asignados de forma gratuita - Disposición relativa a los casos que presentan «dificultades excesivas» - Competencias de ejecución de la Comisión))
   (2016/C 314/02)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: DK Recycling und Roheisen GmbH (representantes: S. Altenschmidt y P.-A. Schütter, Rechtsanwälte)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: E. White, C. Hermes y K. Herrmann, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar a DK Recycling und Roheisen GmbH a cargar con sus propias costas así como con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

      (1)  DO C 26 de 26.1.2015.


title: Asunto T-555/10: Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2010 — JBF RAK/Consejo

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/54

         Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2010 — JBF RAK/Consejo
   (Asunto T-555/10)
   ()
   2011/C 30/96
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: JBF RAK LLC, Al Jazeerah Al Hamra, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos (representante: B. Servais, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento de ejecución (UE) no 857/2010 del Consejo, de 27 de septiembre de 2010, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional sobre las importaciones de determinado tereftalato de polietileno originario de Irán, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos. (1)

               —

               Que se condene al Consejo a pagar las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante alega cuatro motivos en apoyo de su recurso.

               1)

               Primer motivo: La demandante alega que el Consejo infringió el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, (2) en la medida en que no tuvo en cuenta el hecho de que las importaciones de materias primas procedentes del Reino de Arabia Saudí no estaban sujetas a derechos de importación y, por tanto, cometió un error al calcular el margen de subvención. La demandante sostiene que, en el presente asunto, el Consejo:

                           —

                           No determinó correctamente el importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias, ya que no tomó en consideración la existencia de una unión aduanera entre los miembros del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCEAG).

                           —

                           No tomó en consideración el impacto de dicha unión aduanera en el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias.

                     Por consiguiente, la demandante alega que el derecho compensatorio supera el importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias determinada en la investigación.

               2)

               Segundo motivo: La demandante alega que el Consejo infringió el artículo 30, apartado 5, del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, en la medida en que se negó a tener en cuenta las observaciones presentadas dentro de plazo por la demandante el 5 de agosto de 2010.

               3)

               Tercer motivo: La demandante alega que el Consejo infringió el artículo 11, apartado 8, del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, en la medida en que no examinó la exactitud de la información presentada por la demandante el 5 de agosto de 2010.

               4)

               Cuarto motivo: La demandante alega que el Consejo vulneró el principio de buena administración, en la medida en que adoptó el Reglamento impugnado sin tomar en consideración toda la información de la que disponía.

      (1)  DO L 254, p. 10.

      (2)  Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 188, p. 93).


title: Asunto F-60/14: Recurso interpuesto el 30 de junio de 2014  — ZZ/Comisión

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/60

         Recurso interpuesto el 30 de junio de 2014 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-60/14)
   2014/C 421/87
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: S. Orlandi, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la propuesta de bonificación de anualidades relativa a la transferencia de los derechos a pensión del demandante al régimen de pensiones de la Unión que aplica las nuevas DGA relativas a los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la ilicitud y la inaplicabilidad del artículo 9 de las Disposiciones generales de aplicación del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

               —

               Que se anule la decisión de 4 de noviembre de 2013 de bonificar los derechos a pensión adquiridos por el demandante antes de su entrada en el servicio en el marco de la transferencia de éstos al régimen de pensiones de las instituciones de la Unión Europea, con arreglo a las Disposiciones generales de aplicación del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto de 3 de marzo de 2011.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto T-86/05: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2005 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) por K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG

text:
               25.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/22

         Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2005 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) por K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG
   (Asunto T-86/05)
   (2005/C 155/45)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 22 de febrero de 2005 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, con domicilio social en Weilheim (Alemania), representada por la Sra. D. Spohn, abogada.
   Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões y Marly Lima Jatobá, con domicilio en Vila Nova de Gaia (Portugal), también han sido parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución de la Sala Primera de Recurso de 7 de diciembre de 2003 en el asunto R-328/2004-1.

               —

               Condene en costas a la Oficina demandada.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria:

               Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões y Marly Lima Jatobá

               Marca comunitaria solicitada:

               Marca figurativa «CORPO livre» para productos comprendidos en las clases 18 y 25 (bolsos, prendas de vestir …) — Solicitud no 1.811.470.

               Titular de la marca o signo invocado en el procedimiento de oposición:

               La demandante

               Marca o signo invocado en la oposición:

               Las marcas denominativas nacionales e internacionales «LIVRE» para productos comprendidos en la clase 25 (prendas de vestir y calzado)

               Resolución de la División de Oposición:

               Desestimación de la oposición ya que los documentos justificativos del uso fueron presentados extemporáneamente y, por ello, no pudo acreditarse el uso de la marca opuesta.

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso interpuesto por la demandante.

               Motivos invocados:

               Aplicación errónea de la regla 71 en relación con la regla 22 del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (1), y del artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94.
               Estas normas dejan un margen de apreciación respecto a la toma en consideración de documentos aportados en procedimientos inter partes. Sin embargo la demandada no ha utilizado este margen de apreciación.

      (1)  DO L 303, p. 1.


title: Asunto F-24/14: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 18 de marzo de 2015 — Rajala/OAMI (Función Pública — Funcionarios — Calificación — Informe de evaluación — Apreciación global del rendimiento — Coherencia)

text:
               4.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 146/44

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 18 de marzo de 2015 — Rajala/OAMI
   (Asunto F-24/14) (1)

   ((Función Pública - Funcionarios - Calificación - Informe de evaluación - Apreciación global del rendimiento - Coherencia))
   (2015/C 146/59)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Tuula Rajala (El Campello, Alicante) (representante: H. Tettenborn, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: M. Paolacci, agente)

      Objeto

   Anulación del informe de calificación de la demandante correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La Sra. Rajala cargará con la mitad de sus propias costas.

               3)

               La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas de la Sra. Rajala.

      (1)  DO C 175, de 10.6.2014, p. 55.


title: Asunto T-227/12: Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2012 — Saobraćajni institut CIP/Comisión

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/26

         Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2012 — Saobraćajni institut CIP/Comisión
   (Asunto T-227/12)
   2012/C 227/45
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (representante: A. Lojpur, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el anuncio de licitación publicado el 3 de abril de 2012, relativo a la preparación de la documentación técnica para el proyecto de modernización ferroviario «Construcción de un nuevo desvío ferroviario de vía única de Nis, de la estación de Robna a la estación de Sicevo», preparado de acuerdo con las normas de interoperabilidad de la Unión Europea, AGC, AGTC y el Acuerdo PCES (DO 2012/S 65-104847), por el que se excluye a la demandante del procedimiento.

               —

               Conceda una indemnización por el perjuicio económico alegado.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que no existía ningún fundamento jurídico para excluir a priori la participación de la demandante en el procedimiento de licitación en cuestión dado que no había conflicto de intereses.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la exclusión de la demandante es contraria a lo dispuesto en el Reglamento IPA. (1)

               3)

               Tercer motivo, basado en que los requisitos para la adjudicación del contrato son contrarios a Derecho.

      (1)  Reglamento (CE) no 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se establece un Instrumento de ayuda Preadhesión (IPA) (DO L 210, p. 82).


title: Asunto C-305/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de junio de 2007 [petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d'arbitrage) — Bélgica] — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Orde van Vlaamse balies, Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel/Conseil des ministres (Directiva 91/308/CEE — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales — Obligación impuesta a los abogados de informar a las autoridades competentes de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales — Derecho a un proceso justo — Secreto profesional e independencia de los abogados)

text:
               25.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de junio de 2007 [petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d'arbitrage) — Bélgica] — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Orde van Vlaamse balies, Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel/Conseil des ministres
   (Asunto C-305/05) (1)

   (Directiva 91/308/CEE - Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Obligación impuesta a los abogados de informar a las autoridades competentes de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales - Derecho a un proceso justo - Secreto profesional e independencia de los abogados)
   (2007/C 199/08)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d'arbitrage)
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Orde van Vlaamse balies, Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel

      Demandada: Conseil des ministres
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Cour d'arbitrage (Bélgica) — Validez del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 344, p. 76), respecto al derecho a un proceso justo tal como éste está garantizado por el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y por el artículo 6, apartado 2, del Tratado UE — Principios de secreto profesional y de independencia de los abogados — Obligación impuesta a los abogados de informar a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales de cualquier hecho que pudiera ser indicio de tal blanqueo.
   Fallo
   Las obligaciones de información y de cooperación con las autoridades responsables de la lucha contre el blanqueo de capitales previstas en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, en su versión modificada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, y que el artículo 2 bis, número 5, de la misma Directiva impone a los abogados, no vulneran el derecho a un proceso justo, tal como éste está garantizado por el artículo 6 del CEDH y el artículo 6 UE, apartado 2, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, de dicha Directiva.

      (1)  DO C 243 de 1.10.2005.


title: Asunto C-214/09 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de junio de 2009 por Anheuser-Busch, Inc. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el 25 de marzo de 2009 en el asunto T-191/07, Anheuser-Busch, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Budějovický Budvar, národní podnik

text:
               15.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/13

         Recurso de casación interpuesto el 12 de junio de 2009 por Anheuser-Busch, Inc. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el 25 de marzo de 2009 en el asunto T-191/07, Anheuser-Busch, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Budějovický Budvar, národní podnik
   (Asunto C-214/09 P)
   2009/C 193/18
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Anheuser-Busch, Inc. (representantes: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, B. Goebel, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Budějovický Budvar, národní podnik

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 25 de marzo de 2009 en el asunto T-191/07.

               —

               Que se condene en costas a la demandante en primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   Anheuser-Busch invoca tres motivos en apoyo de su recurso de casación, a saber, en primer lugar, la infracción del artículo 41, apartado 2, frase tercera, del Reglamento (CE) no 207/2009 (1) en relación con las reglas 16, apartados 1 y 3, y 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, (2) por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria; (3) en segundo lugar, una infracción del artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 y, en tercer lugar, la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009.
   Los dos primeros motivos se refieren a cuestiones de procedimiento. Anheuser-Busch sostiene que son relevantes en este asunto. La Sala de Recurso sólo pudo pronunciarse sobre la oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009, por lo que se refiere a las cervezas, tomando en consideración el registro internacional anterior no238 203. Ello también significa que se ignoraron las alegaciones relativas a la cuestión de si la palabra «Budweiser» dominaba las marcas figurativas de Budvar, formuladas previamente durante el procedimiento de oposición.
   El Tribunal de Primera Instancia se equivocó al considerar que Budvar no tenía la obligación jurídica de aducir la prueba de la validez continuada (es decir, de la renovación) de su registro internacional no238 203. Esta obligación resulta del artículo 41, apartado 2, frase tercera, del Reglamento (CE) no 207/2009 en relación con las reglas 16, apartados 1 y 3, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución de 1995, y la notificación realizada por la OAMI el 18 de enero de 2002, en la que se reiteraba la invitación a Budvar a presentar «cualquier otro hecho, prueba o alegación en apoyo de su oposición». La obligación suponía que debían presentarse tales pruebas dentro del plazo señalado en dicha notificación, a saber, el 26 de febrero de 2002. Sin embargo, no se presentaron hasta el 21 de enero de 2004.
   Por consiguiente, la conclusión del Tribunal de Primera Instancia de que el artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 no resultaba aplicable en relación con la presentación del certificado de renovación, por cuanto no había «fecha límite» para su presentación, era también equivocada, y constituía una infracción de dicha disposición. En realidad, existía una «fecha límite» y la Sala de Recurso debería al menos haber ejercido el poder discrecional que le confiere el artículo 76, apartado 2, respecto a la cuestión de si iba o no a tomar en consideración la prueba. El Tribunal de Primera Instancia interpretó la resolución de la Sala de Recurso en el sentido de que afirmaba que el certificado de renovación se había presentado dentro de la fecha límite. Como consecuencia, la infracción del artículo 76, apartado 2, se produce por la no utilización de la facultad discrecional por la Sala de Recurso, y por su confirmación por el Tribunal de Primera Instancia.
   El Tribunal de Primera Instancia tampoco reconoció que la prueba de uso presentada por Budvar en apoyo de su oposición era insuficiente y se refería, además, a marcas comerciales distintas de aquella a la que se referían la resolución impugnada y la resolución de la Sala de Recurso en la que aquella se basaba, infringiendo de este modo el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1).

      (3)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11. p. 1).


title: Asunto C-98/17 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de febrero de 2017 por Koninklijke Philips NV y Philips France contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-762/14, Koninklijke Philips NV y Philips France/Comisión

text:
               18.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/18

         Recurso de casación interpuesto el 24 de febrero de 2017 por Koninklijke Philips NV y Philips France contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-762/14, Koninklijke Philips NV y Philips France/Comisión
   (Asunto C-98/17 P)
   (2017/C 121/26)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Koninklijke Philips NV y Philips France (representante: J.K. de Pree, advocaat, T.M. Snoep, advocaat, A.M. ter Haar, advocaat)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Que se anule la Decisión controvertida en cuanto se refiere a Koninklijke Philips NV y a Philips France.

               —

               Que se anulen o reduzcan las multas impuestas a Koninklijke Philips NV y a Philips France.

               —

               Que se condene a la Comisión Europea a cargar con las costas causadas en primera instancia y en apelación.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan los siguientes motivos y principales alegaciones:

               —

               El Tribunal General incurrió en error de Derecho al aplicar un criterio jurídico equivocado cuando declaró una restricción de la competencia por el objeto.

               —

               El Tribunal General incurrió en error de Derecho al extralimitarse en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena cuando declaró una restricción de la competencia por el objeto.

               —

               El Tribunal General incurrió en error de Derecho al incumplir su obligación de motivación cuando declaró una restricción de la competencia por el objeto.

               —

               El Tribunal General apreció de modo claro y manifiestamente erróneo las pruebas existentes en autos, lo que supone una desnaturalización de las pruebas, cuando declaró que el presunto objetivo común se apoya en otras pruebas.

               —

               El Tribunal General incurrió en error de Derecho al aplicar un criterio jurídico equivocado y al desnaturalizar las pruebas cuando consideró que Philips participó en una infracción única y continua en su totalidad y, por tanto, podía ser considerada responsable de ella.

               —

               El Tribunal General incurrió en error de Derecho al aplicar erróneamente el principio de proporcionalidad y al no ejercer su competencia jurisdiccional plena cuando desestimó el motivo invocado por Philips basado en que el factor gravedad aplicado era desproporcionado a la infracción y a la función desempeñada por Philips en ella.


title: Asuntos acumulados C-587/13 P y C-588/13 P: Auto del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2015 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Comisión Europea (Recurso de casación — Régimen de ayudas contenido en la legislación fiscal española — Disposición en materia de impuesto sobre sociedades que permite que las empresas establecidas en territorio español amorticen el fondo de comercio resultante de la adquisición de una participación en empresas no establecidas en ese territorio — Decisión por la que se declara el régimen de ayudas estatales incompatible con el mercado interior)

text:
               4.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 146/8

         Auto del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2015 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Comisión Europea
   (Asuntos acumulados C-587/13 P y C-588/13 P) (1)

   ((Recurso de casación - Régimen de ayudas contenido en la legislación fiscal española - Disposición en materia de impuesto sobre sociedades que permite que las empresas establecidas en territorio español amorticen el fondo de comercio resultante de la adquisición de una participación en empresas no establecidas en ese territorio - Decisión por la que se declara el régimen de ayudas estatales incompatible con el mercado interior))
   (2015/C 146/11)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrentes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (representantes: J. Ruiz Calzado y J. Domínguez Pérez, abogados, y M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: C. Urraca Caviedes y P. Němečková, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos de casación.

               2)

               Condenar en costas al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y a Telefónica, S.A.

      (1)  DO C 15, de 18.1.2014.

      DO C 24, de 25.1.2014.


title: Asunto T-248/07: Recurso interpuesto el 12 de julio de 2007 — República Checa/Comisión

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/48

         Recurso interpuesto el 12 de julio de 2007 — República Checa/Comisión
   (Asunto T-248/07)
   (2007/C 211/89)
   Lengua de procedimiento: checo
   Partes

      Demandante: República Checa (representante: T. Boček, agente)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión impugnada de la Comisión en su totalidad.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la Decisión impugnada en la medida en que se refiere a la República Checa.

               —

               Que se condene a la Comisión a devolver los importes ya pagados.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita la anulación de la Decisión de la Comisión C(2007) 1979 final, de 4 de mayo de 2007, sobre la determinación de los excedentes de productos agrícolas distintos del azúcar y las consecuencias financieras de su eliminación en relación con la adhesión de la República Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia (1). Mediante dicha Decisión, la Comisión determinó las cantidades de carne, de frutas y de arroz en libre circulación en el territorio de la República Checa en la fecha de la adhesión que sobrepasan las cantidades que pueden considerarse existencias normales de enlace a 1 de mayo de 2004. Al mismo tiempo, imputó a la demandante un importe de 12,287 millones de euros para cubrir los gastos derivados de la eliminación de dichas cantidades.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que la Comisión se excedió en sus facultades, infringiendo de esta forma lo dispuesto en el anexo IV, capítulo 4, apartado 4, del Acta relativa a las condiciones de adhesión (2), al fijar, en la Decisión impugnada basada en dicha disposición, el importe que los nuevos Estados miembros deben abonar al presupuesto comunitario en concepto de la cantidad total de existencias de productos agrícolas.
   Además, la demandante sostiene que, aun cuando la Comisión estaba facultada para adoptar la Decisión impugnada sobre la base del anexo IV, capítulo 4, apartado 4, del Acta relativa a las condiciones de adhesión, violó, al adoptar dicha Decisión, el principio de proporcionalidad, ya que esa medida no era necesaria ni adecuada, habida cuenta del objetivo perseguido por la obligación de eliminar los excedentes.
   Por otra parte, la demandante alega que la demandada ha infringido lo dispuesto en el anexo IV, capítulo 4, apartado 2, del Acta relativa a las condiciones de adhesión, en relación con el artículo 10 CE, así como los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, al no definir el concepto de existencias normales de enlace y al adoptar la Decisión impugnada de manera no transparente.
   La demandante afirma asimismo que la Comisión ha infringido lo dispuesto en el anexo IV, capítulo 4, apartado 2, del Acta relativa a las condiciones de adhesión, en la medida en que la Decisión impugnada no ha tomado en consideración todas las circunstancias pertinentes.
   Por último, la demandante alega que la demandada ha infringido lo dispuesto en el anexo IV, capítulo 4, apartado 4, del Acta relativa a las condiciones de adhesión, en la medida en que no ha motivado suficientemente su Decisión.

      (1)  DO L 138, de 30.5.2007, p. 14.

      (2)  Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO L 236, de 23.9.2003, p. 33).


title: Asunto T-255/09: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2012 — Caixa Geral de Depósitos/OAMI — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ( «La Caixa» ) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa la caixa — Marca portuguesa denominativa anterior CAIXA — Marcas nacionales denominativas y figurativas anteriores — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009]» ]

text:
               25.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 258/16

         Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2012 — Caixa Geral de Depósitos/OAMI — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona («La Caixa»)
   (Asunto T-255/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa la caixa - Marca portuguesa denominativa anterior CAIXA - Marcas nacionales denominativas y figurativas anteriores - Inexistencia de riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009])
   2012/C 258/25
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lisboa) (representantes: F. Porcuna de la Rosa y M. Lobato García-Miján, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que interviene ante el Tribunal General: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcelona) (representantes: E. Manresa Medina y J. Manresa Medina, abogados)

      Objeto

   Recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 24 de marzo de 2009 (asunto R 556/2008-2), relativa a un procedimiento de oposición entre la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona y la Caixa Geral de Depósitos, SA.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 24 de marzo de 2009 (asunto R 556/2008-2) por lo que se refiere a los productos cubiertos por la marca solicitada comprendidos en la clase 16.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar a la Caixa Geral de Depósitos, SA, a cargar con dos tercios de sus propias costas y, además, con dos tercios de las costas en que haya incurrido la OAMI y con dos tercios de las costas en que haya incurrido la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

               4)

               Condenar a la OAMI a cargar con un tercio de sus propias costas y, además, con un tercio de las costas en que haya incurrido la Caixa Geral de Depósitos, SA, y con un tercio de las costas en que haya incurrido la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

      (1)  DO C 193, de 15.8.2009.


title: Asunto C-301/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 24 de junio de 2014 — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

text:
               8.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 303/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 24 de junio de 2014 — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
   (Asunto C-301/14)
   2014/C 303/32
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesverwaltungsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante, apelante y recurrente en casación: Pfotenhilfe-Ungarn e.V.

      Demandada, apelada y recurrida en casación: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

      Otra parte: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Estamos ante un transporte de animales que no se efectúa en relación con una actividad económica en el sentido del artículo 1, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1/2005 (1) cuando dicho transporte lo realiza una asociación protectora de animales reconocida como de utilidad pública y se destina a la entrega de perros sin dueño a terceros a cambio de una contraprestación («precio nominal») que

                           a)

                           no llega a cubrir, o cubre estrictamente, los gastos que a la asociación generan el animal, el transporte y la entrega al nuevo dueño;

                           b)

                           excede dichos gastos, pero el beneficio se dedica a financiar los gastos no cubiertos por la búsqueda de hogar a otros animales sin dueño, los gastos causados por animales sin dueño u otros proyectos de protección de animales?

               2)

               ¿Es una empresa que efectúa intercambios intracomunitarios en el sentido del artículo 12 de la Directiva 90/425/CEE (2) una asociación protectora de animales reconocida como de utilidad pública que traslada animales sin dueño a Alemania donde los entrega a terceros a cambio de una contraprestación («precio nominal»), que

                           a)

                           no llega a cubrir, o cubre estrictamente, los gastos que a la asociación generan el animal, el transporte y la entrega al nuevo dueño;

                           b)

                           excede dichos gastos, pero el beneficio se dedica a financiar los gastos no cubiertos por la búsqueda de hogar a otros animales sin dueño, los gastos causados por animales sin dueño u otros proyectos de protección de animales?

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97 (DO L 3, p. 1).

      (2)  Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior (DO L 224, p. 29).


title: Asunto F-51/09: Recurso interpuesto el 19 de mayo de 2009 — Petrilli/Comisión

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/48

         Recurso interpuesto el 19 de mayo de 2009 — Petrilli/Comisión
   (Asunto F-51/09)
   2009/C 205/89
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Alessandro Petrilli (Grottammare) (representantes: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la AFPN relativa al establecimiento del lugar de residencia principal del demandante.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 19 de febrero de 2009 por la cual la AFPN desestimó el establecimiento de la residencia principal del demandante en Italia.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar intereses por las cantidades adeudadas como consecuencia de la aplicación retroactiva del coeficiente corrector correspondiente a Italia con respecto a su pensión, de la indemnización por gastos de reinstalación y del aumento al doble de la asignación familiar, a partir del 1 de julio de 2007, calculados con arreglo al tipo fijado por el BCE para las principales operaciones de refinanciación, aplicable durante el período en cuestión, más dos puntos.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.


title: Asunto C-181/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 18 de abril de 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

text:
               16.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 174/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 18 de abril de 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert
   (Asunto C-181/12)
   2012/C 174/31
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Yvon Welte

      Demandada: Finanzamt Velbert

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los artículos 56 y 58 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en el sentido de que se oponen a la normativa nacional de un Estado miembro relativa al impuesto sobre sucesiones que, para el caso de adquisición mortis causa de un inmueble situado en territorio nacional de un causante no residente, establece una reducción de la base imponible de sólo 2 000 euros para el causahabiente no residente, mientras que en caso de adquisición mortis causa de la misma finca dicha reducción asciende a 500 000 euros cuando, en el momento de la sucesión, el causante o el causahabiente tengan su domicilio en el Estado miembro de que se trata?


title: Asunto C-425/07 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de abril de 2009 — AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE/Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Competencia — Desestimación de una denuncia por la Comisión — Disfunciones importantes del mercado común — Falta de interés comunitario)

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de abril de 2009 — AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-425/07 P) (1)

   (Recurso de casación - Competencia - Desestimación de una denuncia por la Comisión - Disfunciones importantes del mercado común - Falta de interés comunitario)
   2009/C 141/17
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Recurrente: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (representante: T. Asprogerakas Grivas, dikigoros)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: F. Castillo de la Torre y T. Christoforou, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2007, AEPI/Comisión (T-229/05), mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó por infundado un recurso que tenía por objeto la anulación de la Decisión de la Comisión, de 18 de abril de 2005, de desestimar la denuncia presentada por la recurrente relativa a una presunta infracción de los artículos 81 y/o 82 del Tratado CE por las entidades de gestión colectiva de los derechos afines ERATO, APOLLON y GRAMMO, al fijar tarifas inadecuadas para la remuneración de los derechos afines de los cantantes, de los músicos y de los productores de soportes materiales de música por las emisoras de radio y los canales de televisión.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE.

      (1)  DO C 269, de 10.11.2007.


title: Asunto C-280/12 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de noviembre de 2013 — Consejo de la Unión Europea/Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Comisión Europea (Recurso de casación — Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán a fin de impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Obligación de justificar la procedencia de la medida)

text:
               15.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de noviembre de 2013 — Consejo de la Unión Europea/Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Comisión Europea
   (Asunto C-280/12 P) (1)

   (Recurso de casación - Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán a fin de impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Obligación de justificar la procedencia de la medida)
   2014/C 45/17
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian (representantes: A. Kronshagen y C. Hirtzberger, avocats), Comisión Europea (representante: M. Konstantinidis, agente)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte recurrente: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: J. Beeko y A. Robinson, agentes, asistidos por S. Lee, Barrister), República Francesa (representantes: E. Ranaivoson y D. Colas, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 21 de marzo de 2012, Fulmen y Mahmoudian/Consejo (asuntos acumulados T-439/10 y T-440/), por la que el Tribunal General desestimó un recurso de anulación de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39), del Reglamento de ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 195, p. 25), así como de la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (DO L 281, p. 81), y del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007 (DO L 281, p. 1) — Medidas restrictivas específicas adoptadas contra la República Islámica de Irán para impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Error de Derecho — Error de apreciación — Carga de la prueba.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

               3)

               La República Francesa, el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 235, de 4.8.2012.


title: Asunto C-516/08: Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/20

         Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-516/08)
   (2009/C 32/33)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Kaduczak y P. Dejmek)

      Demandada: República de Polonia
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir lo dispuesto en dicha Directiva o, al menos, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva 2006/77/CE expiró el 15 de diciembre de 2007.

      (1)  DO L 214 de 4.8.2006, p. 29.