title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2001 en el asunto C-205/99 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo): Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (ANALIR) y otros contra Administración General del Estado ("Libre circulación de servicios — Cabotaje marítimo — Requisitos para la concesión y el mantenimiento de una autorización administrativa previa — Aplicación simultánea de las modalidades de imposición de obligaciones de servicio público y de contrato de servicio público")

text:
16.6.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 173/9
Para determinar si una persona tiene la condición de nacional en el      1)   Las disposiciones del artı́culo 4, en relación con el artı́culo 1,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con arreglo al                del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de
Derecho comunitario, procede referirse a la Declaración de 1982 del           diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,                 prestación de servicios a los transportes marı́timos dentro de los
relativa a la definición del término «nacionales», que sustituyó a la        Estados miembros (cabotaje marı́timo), únicamente permiten
Declaración de 1972 del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña             someter la prestación de servicios regulares de cabotaje marı́timo
e Irlanda del Norte sobre la definición del término «nacionales»,             con destino u origen en islas o entre islas a la obtención de una
anexa al Acta final del Tratado relativo a la Adhesión a las                  autorización administrativa previa si:
Comunidades Europeas del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
                                                                               —     puede demostrarse la existencia de una necesidad real de
                                                                                servicio público, debida a la insuficiencia de los servicios
(1) DO C 226, de 7.8.1999.                                                           regulares de transporte en una situación de libre compe-
                                                                                tencia;
                                                                               —     se demuestra asimismo que dicho régimen de autorización
                                                                                administrativa previa es necesario y proporcionado al
                                                                                objetivo perseguido;
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                               —     el referido régimen se basa en criterios objetivos, no
                                                                                discriminatorios y conocidos de antemano por las empresas
                     de 20 de febrero de 2001                                        interesadas.
en el asunto C-205/99 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Tribunal Supremo): Asociación Profesio-                 2)   El Derecho comunitario no se opone a la facultad de un Estado
nal de Empresas Navieras de Lı́neas Regulares (ANALIR)                         miembro de incluir entre los requisitos para el otorgamiento y
    y otros contra Administración General del Estado (1)                      el mantenimiento de una autorización administrativa previa,
                                                                               como medio para imponer obligaciones de servicio público a un
                                                                               armador comunitario, un requisito que permita evaluar su
(«Libre circulación de servicios — Cabotaje marı́timo —                       solvencia, como la exigencia de que esté al corriente del pago de
Requisitos para la concesión y el mantenimiento de una                        sus deudas tributarias o de seguridad social, proporcionando ası́
autorización administrativa previa — Aplicación simultánea                  al referido Estado miembro la posibilidad de controlar la
de las modalidades de imposición de obligaciones de servicio                  «capacidad de prestación del servicio» de dicho armador, siempre
            público y de contrato de servicio público»)                      y cuando tal requisito se aplique de forma no discriminatoria.
                           (2001/C 173/14)
                                                                          3)   El artı́culo 4, apartado 1, del Reglamento no 3577/92 debe
                                                                               interpretarse en el sentido de que permite que, en relación con
                  (Lengua de procedimiento: español)                          una misma lı́nea o un mismo trayecto marı́timo, un Estado
                                                                               miembro imponga obligaciones de servicio público a unas
                                                                               empresas navieras y celebre simultáneamente con otras empresas
En el asunto C-205/99, que tiene por objeto una petición                      contratos de servicio público con arreglo al artı́culo 2, punto 3,
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,             del citado Reglamento, para la realización del mismo tráfico
por el Tribunal Supremo, destinada a obtener, en el litigio                    regular con destino u origen en islas o entre islas, siempre y
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Asociación                  cuando pueda demostrarse la existencia de una necesidad real
Profesional de Empresas Navieras de Lı́neas Regulares (ANA-                    de servicio público y en la medida en que dicha aplicación
LIR) y otros y Administración General del Estado, una decisión               simultánea se haga de forma no discriminatoria y esté justificada
prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 1, 2 y 4 del            con respecto al objetivo de interés público perseguido.
Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre
de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación
de servicios a los transportes marı́timos dentro de los Estados
miembros (cabotaje marı́timo) (DO L 364, p. 7), el Tribunal de
Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente;      (1) DO C 204, de 17.7.1999.
los Sres. C. Gulmann y M. Wathelet, Presidentes de Sala, y los
Sres. D.A.O. Edward, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, las
Sras. F. Macken y N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y
C.W.A. Timmermans (Ponente), Jueces; Abogado General:
Sr. J. Mischo; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de
división, ha dictado el 20 de febrero de 2001 una sentencia
cuyo fallo es el siguiente:


title: Archivo del asunto T-163/97

text:
C 156/38               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   29.6.2002
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                         Archivo del asunto T-163/97 (1)
que:
—     Anule la decisión adoptada por el tribunal del concurso                                 (2002/C 156/70)
      COM/A/7/01 de 11 de febrero de 2002 de no corregir la
      prueba escrita del demandante y de no admitirlo en las
      pruebas posteriores a la prueba escrita.
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
—     Anule la totalidad de las operaciones y actos realizados
      posteriormente en el procedimiento del concurso contro-
      vertido.
                                                                       Mediante auto de 10 de abril de 2002, el Presidente de la Sala
—     Condene a la Comisión, con carácter subsidiario, a             Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      pagar al demandante 100 000 euros en concepto de                 Europeas ha decidido archivar el asunto T-163/97, Antillas
      indemnización del perjuicio material y moral por él             neerlandesas contra Comisión de las Comunidades Europeas.
      sufrido.
—     Condene a la Comisión a pagar la totalidad de las costas.
                                                                       (1) DO C 212 de 12.7.1997.
Motivos y principales alegaciones
En el presente asunto, el demandante impugna la negativa del
tribunal del concurso general COM/A/7/01 a corregir su
prueba escrita y a admitirlo en las pruebas posteriores a ésta.
El motivo de dicha negativa fue la supuesta insuficiencia de la
experiencia profesional del demandante en el ámbito de la
gestión de recursos humanos.                                                         Archivo del asunto T-218/99 (1)
                                                                                (2002/C 156/71)
A este respecto, el demandante recuerda que, tras haber sido
inscrito en la lista de los candidatos que reunı́an los requisitos
generales del concurso, y después de haber participado en los
tests de preselección, fue admitido a la prueba escrita.                              (Lengua de procedimiento: alemán)
En apoyo de su recurso, el demandante alega:
—     La existencia de un error manifiesto de apreciación en el       Mediante auto de 28 de enero de 2002, el Presidente de la Sala
      presente caso.                                                   Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                       Europeas ha decidido archivar el asunto T-218/99, Anton
                                                                       Dürbech GmbH contra Comisión de las Comunidades Euro-
—     La violación de la obligación de motivación.                  peas.
—     La violación del principio de buena administración y del
      deber de asistencia y protección.                               (1) DO C 6 de 8.1.2000.


title: Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 1997 por CAMAR srl contra la Comisión de las Comunidades Europeas y el Consejo de la Unión Europea (Asunto T-260/97)

text:
 22. II . 97         I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 357/35
  7    falta de independencia del Consejo de disciplina oca                tener en cuenta, para el cálculo de los certificados de
       sionada por el temor reverencial y por el miedo a                    la categoría B, sus cantidades de referencia normales
       posibles represalias en las carreras de sus miembros.                ( que corresponden al trienio inmediatamente anterior
       Sobre este aspecto, el demandante invoca una tenta                  al inicio de la guerra en Somalia ),
       tiva de manipulación de la deposición de un testigo;
                                                                      — con carácter subsidiario, condene al Consejo a indem
  8    violación de la libertad sindical, así como de las pre              nizar a CAMAR, con arreglo al artículo 178 y al
       rrogativas del Comité de personal y de la asamblea                   párrafo segundo del artículo 215 del Tratado CE, en el
       general del personal;                                                supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia con
                                                                            sidere que dicha institución incurre en responsabilidad
  9 ) desviación de poder;                                                  por no haber incluido una disposición específica en el
                                                                            Reglamento ( CEE ) n° 404/93 del Consejo (') que per
                                                                            mita resolver situaciones como la de CAMAR,
 10 ) violación del principio de proporcionalidad, por
       cuanto que el agravamiento de la sanción carece de
       fundamento. Sobre este extremo, el demandante                  — condene a la Comisión y/o al Consejo a reembolsar a
       recuerda que la sanción anulada en el asunto T-500/                  la demandante las costas del presente procedimiento.
       93 era la suspensión de subida de escalón durante dos
       años, que el Consejo de disciplina había propuesto la          Motivos y principales alegaciones
       amonestación y que uno de los hechos imputados
       constituiría una verdadera falta . En el caso de autos,
       a pesar de que la falta imputada era manifiestamente           La sociedad demandante es la misma que en el
                                                                      asunto T-l 72/97; CAMAR contra Comisión (2), cuyo
       inexistente y de que el Consejo de disciplina se había
       pronunciado unánimemente por la absolución, la san            objeto era un recurso por omisión en el que se solicitaba
       ción fue todavía más grave .                                   que los certificados de países terceros que normalmente se
                                                                      le atribuyen como operador de la categoría B se cuantifi
                                                                     quen, no sobre la base de las importaciones del trienio pre
                                                                     visto por el artículo 4 del Reglamento ( CEE) n° 1442/93
                                                                     de la Comisión ( 3 ), sino de los años 1988 , 1989 y 1990 . El
                                                                     presente recurso se dirige contra la decisión denegatoria
                                                                     expresa de la solicitud de la demandante.
Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 1997 por                  Los motivos y principales alegaciones son similares a los
CAMAR srl contra la Comisión de las Comunidades
                                                                     invocados en el asunto T-172/97. Se aduce en particular la
          Europeas y el Consejo de la Unión Europea                  infracción del artículo 30 del Reglamento de base del sec
                       (Asunto T-260/97 )                            tor del plátano [Reglamento ( CEE) n° 404/93 ], la viola
                         ( 97/C 357/65 )                             ción del principio de no discriminación y de los derechos
                                                                     fundamentales de los operadores económicos, así como la
                                                                     existencia de desviación de poder debida a un error de
              (Lengua de procedimiento: italiano)                    apreciación de los hechos.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                     (>) DO L 47 de 25 . 2 . 1993 , p . 1 .
Europeas se ha presentado el 25 de septiembre de 1997 un             (2 ) DO C 271 de 6 . 9 . 1997, p . 16 .
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas               ( 3 ) DO L 142 de 12 . 6 . 1993 , p . 6 .
y el Consejo de la Unión Europea formulado por CAMAR
srl, representada por la Sra . Wilma Viscardini Doná, asis
tida por el Sr. Mariano Paolin y por la Sra . Simonetta
Doná, Abogados de Padua, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest Arendt, 8
10, rué Mathias Hardt.
                                                                    Recurso interpuesto el 2 de octubre de 1997 por «D »
                                                                                contra el Consejo de la Unión Europea
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                                     (Asunto T-264/97)
tancia que :
                                                                                ( 97/C 357/66 )
— anule, de conformidad con los artículos 173 y 174 del
     Tratado CE, la decisión de la Comisión de 17 de julio                           (Lengua de procedimiento: francés)
     de 1997 por la que se deniega una solicitud de medi
     das transitorias en favor de la sociedad CAMAR, en el          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     ámbito del régimen del contingente arancelario para la         Europeas se ha presentado el 2 de octubre de 1997 un
     importación de plátanos,                                       recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado
                                                                    por « D », representado por los Sres . Jean-Noél Louis,
— condene a la Comisión a indemnizar a CAMAR, con                  Thierry Demaseure y las Sras. Ariane Tornel y Frangoise
     forme al artículo 178 y al párrafo segundo del                 Parmentier, Abogados de Bruselas, que designa como
     artículo 215 del Tratado CE, por los daños que le ha           domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson Sárl,
     causado y que le causará la negativa de la Comisión a          30, rué de Cessange .


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) de 17 de marzo de 1998 en el asunto C-387/96 (petición de decisión prejudicial planteada por el Svea hovrätt): Procedimiento penal contra Anders Sjöberg (Disposiciones sociales en el sector del transporte por carretera - Excepción para los vehículos utilizados por las autoridades públicas para servicios públicos que no compitan con los transportistas profesionales - Obligación del conductor de tener un extracto del registro de servicio)

text:
30.5.98              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 166/1
                                                                I
                                                        (Comunicaciones)
                                        TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                     TRIBUNAL DE JUSTICIA
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              cación de la Directiva cuando garantiza el reembolso de
                        (Sala Quinta)                              una deuda contraída por otra persona que actuÂe en el
                                                                   marco de su actividad profesional.
                  de 17 de marzo de 1998
en el asunto C-45/96 (petición de decisión prejudicial             (1) DO C 95 de 30.3.1996.
planteada por el Bundesgerichtshof): Bayerische Hypothe-
   ken- und Wechselbank AG contra Edgar Dietzinger (1)
(Protección de los consumidores en el caso de contratos
negociados fuera de los establecimientos comerciales Ð
                           Fianza)                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                        (98/C 166/01)                                                     (Sala Quinta)
                                                                                de 17 de marzo de 1998
             (Lengua de procedimiento: alemaÂn)
                                                                   en el asunto C-387/96 (petición de decisión prejudicial
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-        planteada por el Svea hovrätt): Procedimiento penal contra
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                             Anders Sjöberg (1)
                         de Justicia»)                             (Disposiciones sociales en el sector del transporte por
                                                                   carretera Ð Excepción para los vehículos utilizados por
En el asunto C-45/96, que tiene por objeto una petición            las autoridades puÂblicas para servicios puÂblicos que no
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177      compitan con los transportistas profesionales Ð Obliga-
del Tratado CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), en            ción del conductor de tener un extracto del registro de
el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre                                  servicio)
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG y Edgar                                         (98/C 166/02)
Dietzinger, con el fin de obtener una decisión prejudicial
sobre la interpretación de la Directiva 85/577/CEE del                          (Lengua de procedimiento: sueco)
Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la pro-
tección de los consumidores en el caso de contratos nego-          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
ciados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372         caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de 31.12.1985, p. 31; EE 15/06, p. 131), el Tribunal de                                    de Justicia»)
Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.: M. Wathe-
let, Presidente de la Sala Primera, en funciones de Presi-         En el asunto C-387/96, que tiene por objeto una petición
dente de la Sala Quinta; J. C. Moitinho de Almeida,                dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
D. A. O. Edward, P. Jann y L. Sevón (Ponente), Jueces;             del Tratado CE, por el Svea hovrätt (Suecia), destinada a
Abogado General: Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. H. A.           obtener, en el proceso penal seguido ante dicho órgano
Rühl, administrador principal; ha dictado el 17 de marzo           jurisdiccional contra Anders Sjöberg, una decisión prejudi-
de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                  cial sobre la interpretación de los artículos 13 y 14 del
                                                                   Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, de 20 de
El primer guión del artículo 2 de la Directiva 85/577/             diciembre de 1985, relativo a la armonización de determi-
CEE, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protec-            nadas disposiciones en materia social en el sector de los
ción de los consumidores en el caso de contratos negocia-          transportes por carretera (DO L 370 de 31.12.1985, p. 1;
dos fuera de los establecimientos comerciales debe inter-          EE 07/04, p. 21), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta),
pretarse en el sentido de que un contrato de fianza cele-          integrado por los Sres.: C. Gulmann, Presidente de Sala;
brado por una persona física que no actuÂe en el marco de          M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, P. Jann (Ponente)
una actividad profesional estaÂ excluido del aÂmbito de apli-      y L. Sevón, Jueces; Abogado General: Sr. P. LeÂger; Secreta-
 ---pagebreak--- C 166/2                ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      30.5.98
rio: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; ha dictado el          The Queen y Minister of Agriculture, Fisheries and Food,
17 de marzo de 1998 una sentencia cuyo fallo es el                   ex parte: Compassion in World Farming Ltd, una decisión
siguiente:                                                           prejudicial sobre la interpretación de los artículos 34 y 36
                                                                     del Tratado CE y sobre la validez de la Directiva 91/629/
1) La excepción concedida a los vehículos utilizados por             CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a
     las autoridades puÂblicas para servicios puÂblicos que no       las normas mínimas para la protección de terneros (DO
     compitan con los transportistas profesionales, prevista         L 340 de 11.12.1991, p. 28), el Tribunal de Justicia, inte-
     en la letra b) del apartado 1 del artículo 13 del Regla-        grado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente;
     mento (CEE) no 3820/85 del Consejo, de 20 de                    C. Gulmann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Presidentes
     diciembre de 1985, relativo a la armonización de                de Sala; G. F. Mancini (Ponente), J. C. Moitinho de
     determinadas disposiciones en materia social en el sec-         Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward,
     tor de los transportes por carretera, no se aplica a los        J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y L. Sevón, Jueces;
     vehículos que pertenecen a una empresa cuyo uÂnico              Abogado General: Sr. P. LeÂger; Secretaria: Sra. L. Hewlett,
     propietario es una autoridad puÂblica y que presta el           administradora; ha dictado el 19 de marzo de 1998 una
     servicio de transporte colectivo de viajeros en el marco        sentencia cuyo fallo es el siguiente:
     de un contrato que le concede, a raíz de un procedi-
     miento de licitación competitivo, un derecho exclusivo          1) El examen de la Directiva 91/629/CEE del Consejo,
     por un tiempo determinado.                                           de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas
                                                                          mínimas para la protección de terneros, no ha revelado
2) La exigencia impuesta por el apartado 5 del artículo 14                ninguÂn elemento que pueda afectar a su validez.
     del Reglamento (CEE) no 3820/85, seguÂn la cual cada
     conductor destinado a un servicio contemplado en el             2) Un Estado miembro que haya ejecutado la Recomen-
     apartado 1 del artículo 14 deberaÂ tener un extracto del             dación de 1988 relativa al ganado bovino, elaborada
     registro del servicio y una copia del horario de servi-              para la aplicación de los principios del Convenio
     cio, no se cumple cuando el extracto del registro de                 Europeo sobre protección de los animales en las gana-
     servicio sólo se refiere al día de control.                          derías, no puede basarse en el artículo 36 del
                                                                          Tratado CE ni, en particular, en las razones de morali-
(1) DO C 26 de 25.1.1997.                                                 dad puÂblica, orden puÂblico o protección de la salud y
                                                                          vida de los animales que enuncia dicho artículo, para
                                                                          justificar restricciones a la exportación de terneros
                                                                          vivos con objeto de evitar que sean criados en jaulones
                                                                          en otros Estados miembros que han ejecutado la
                                                                          Directiva 91/629/CEE, pero que no aplican dicha
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                    Recomendación.
                    de 19 de marzo de 1998
                                                                     (1) DO C 46 de 17.2.1996.
en el asunto C-1/96 (petición de decisión prejudicial
planteada por la High Court of Justice, Queen's Bench
Division): The Queen contra Minister of Agriculture,
                     Fisheries and Food (1)
(Artículos 34 y 36 del Tratado CE Ð Directiva 91/629/
CEE Ð Convenio Europeo sobre la protección de los ani-               Recurso interpuesto el 2 de marzo de 1998 contra el Reino
males en las ganaderías Ð Recomendación relativa al                  de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades
ganado bovino Ð Exportación de terneros de un Estado                                             Europeas
miembro que garantiza el nivel de protección establecido                                    (Asunto C-63/98)
por el Convenio y la Recomendación Ð Exportación a                                             (98/C 166/04)
Estados miembros que cumplen la Directiva, pero no
observan las normas del Convenio y de la Recomendación
y practican sistemas de cría intensivos prohibidos en el             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
Estado de exportación Ð Restricciones cuantitativas a la             ha presentado el 2 de marzo de 1998 un recurso contra el
exportación Ð Armonización exhaustiva Ð Validez de la                Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de
                            Directiva)                               las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Wouter
                                                                     Wils, en calidad de Agente, que designa como domicilio
                         (98/C 166/03)                               en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz,
                                                                     miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.
               (Lengua de procedimiento: ingleÂs)
                                                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal          Ð declare que, en relación con la gestión de la pesca de
                          de Justicia»)                                   testaÂceos en el Waddenzee, el Reino de los Países Bajos
                                                                          ha incumplido las obligaciones que le incumben en vir-
En el asunto C-1/96, que tiene por objeto una petición                    tud del Tratado al no adoptar las medidas necesarias
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177             para evitar el deterioro de la calidad de los haÂbitats de
del Tratado CE, por la High Court of Justice, Queen's                     determinadas especies de aves y la aparición de pertur-
Bench Division (Reino Unido), destinada a obtener, en el                  baciones que afecten a dichas aves, incumpliendo la
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre                  Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de


title: Asunto T-108/03: Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Sra. Elisabeth von Pezold

text:
19.7.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                                  C 171/29
Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2003 contra la                      superen las 20 ha. también provoca una grave distorsión de la
Comisión de las Comunidades Europeas por la Sra.                          competencia, vulnerando así el artículo 35 del Reglamento
                      Elisabeth von Pezold                                no 1257/1999.
                                                                          (1 ) Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de
                        (Asunto T-108/03)
                                                                               1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo
                                                                               de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se
                                                                               modifican y derogan determinados Reglamentos (DO L 160,
                         (2003/C 171/50)                                       p. 80).
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                          Recurso interpuesto el 10 de abril de 2003 por Syno-
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    pharm GmbH & Co. KG contra la Oficina de Armoniza-
Europeas se ha presentado el 24 de marzo de 2003 un recurso                  ción del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por la Sra. Elisabeth von Pezold, Pöls (Austria), representada                                    (Asunto T-120/03)
por el Sr. R. von Pezold.
                                                                                (2003/C 171/51)
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:              (Lengua de procedimiento pendiente de determinar con arreglo al
                                                                          artículo 131, apartado 2 del Reglamento de Procedimiento —
—     Anule la aprobación del subapartado 6.2.1.4.1 de las                             Lengua en que se formuló el recurso: alemán)
      directrices particulares relativas a la ejecución de «Otras
      medidas» del Programa austriaco para el desarrollo rural
      ZI.21.200/50-II/00, de 27 de julio de 2000, C III, del              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      apartado 6 Bosques, mediante la Decisión de la Comisión             Europeas se ha presentado el 10 de abril de 2003 un recurso
      de las Comunidades Europeas de 14 de julio de 2000,                 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
      por la que se autoriza el documento programático en                 (marcas, dibujos y modelos) formulado por Synopharm GmbH
      materia de desarrollo rural en la República de Austria —            & Co. KG, con domicilio social en Barsbüttel (Alemania),
      2000-2006 [C(2000) 1973 final].                                     representada por el Sr. G.J. Hodapp, abogado. Pentafarma-
                                                                          Sociedade Técnico-Medicinal, Lda, con domicilio social en
—     Con carácter subsidiario, si el Tribunal de Primera Instan-         Sacavém (Portugal) intervino asimismo como parte en el
      cia decidiera que el subapartado 6.2.1.4.1 de las directri-         procedimiento ante la Sala de Recurso.
      ces particulares antes citadas no fue autorizado, declararlo
      en el fallo de su resolución.                                       La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—     Condene en costas a la parte demandada.                             —      Anule la resolución R 44/2002-3 de la Sala Tercera de
                                                                                Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado
                                                                                Interior, de 15 de enero de 2003, en la medida en que
                                                                                desestimó el recurso.
                                                                          —      Condene en costas a la Oficina.
Motivos y principales alegaciones
                                                                          Motivos y principales alegaciones
La demandante es propietaria de una empresa silvícola con
una extensión forestal de 3 500 ha. aproximadamente. Alega
que el subapartado 6.2.1.4.1 de las directrices particulares de           Solicitante de la marca          La demandante
Austria relativas a la ejecución del «Programa para el desarrollo         comunitaria:
rural» limita las solicitudes de ayudas a extensiones forestales
de 20 ha. como máximo por empresa, y que la Decisión                      Marca comunitaria soli-          Marca        denominativa        «DER-
impugnada autoriza esta limitación.                                       citada:                          MASYN» para productos de las
                                                                                clases 1, 3 y 5 (entre otros cosmé-
                                                                                ticos, medicamentos, productos
                                                                                farmacéuticos así como productos
La demandante invoca, en apoyo de su recurso, que la fijación                                              para uso higiénico y desinfectan-
de un límite de 20 ha. constituye una ayuda personal en vez                                                tes destinados al cuerpo humano)
de una ayuda objetiva como exige el Reglamento no 1257/                                                    —       solicitud       de     registro
1999 (1). Dicha limitación en favor de las empresas que no                                                 no 662.403


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la House of Lords de fecha 13 de marzo de 1997, en el asunto entre The Queen y el Secretary of State for Employment, ex parte: Nicole Seymour-Smith y Laura Pérez (Asunto C-167/97)

text:
N° C 181/10         LU                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          14 . 6 . 97
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso             4 ) ¿ Cuándo debe aplicarse dicho criterio jurídico a una
lución de la House of Lords de fecha 13 de marzo de                         medida adoptada por un Estado miembro ? En particu
1997, en el asunto entre The Queen y el Secretary of State                  lar, ¿ en cuál de los siguientes momentos, o en qué otro
for Employment, ex parte: Nicole Seymour-Smith y Laura                      momento, debe aplicarse dicho criterio legal a la medi
                               Pérez                                        da :
                       ( Asunto C-167/97 )                                  a ) cuando se adopta la medida;
                          ( 97/C 181 / 18 )
                                                                            b ) cuando entra en vigor la medida;
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   c ) cuando el trabajador es despedido ?
sido sometida una petición de decisión prejudicial median
te resolución de la House of Lords, dictada el 13 de marzo             5 ) ¿ Cuáles son los requisitos jurídicos para determinar la
de 1996 en el asunto entre The Queen y el Secretary of                      existencia de una justificación objetiva, a efectos de
State for Employment, ex parte : Nicole Seymour-Smith y                     una discriminación indirecta con arreglo al artí
Laura Pérez y recibida en la Secretaría del Tribunal de Jus                culo 119, de una medida adoptada por un Estado
ticia el 2 de mayo de 1997.                                                 miembro de conformidad con su política social ? En
La House of Lords solicita al Tribunal de Justicia que se                   particular, ¿ qué elementos debe aportar el Estado
pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                                 miembro en apoyo de las causas alegadas para su justi
                                                                            ficación ?
1 ) Una indemnización concedida por la vulneración del
     derecho a no ser despedido de forma improcedente                  (') Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976 ,
     con arreglo a una norma nacional como la Employ                      relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
     ment Protection ( Consolidation ) Act 1978 (Texto re                 hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a
     fundido de la Ley de Protección del Empleo de 1978 ),                 la formación y a la promoción profesionales, y a las condicio
     ¿ constituye una « retribución » a efectos del artículo 119           nes de trabajo ( DO n° L 39 de 14 . 2 . 1976 , p . 40; EE 05/02 ,
     del Tratado CE ?                                                      p . 70 ).
2 ) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,
     los requisitos que determinan si un trabajador tiene de
     recho a no ser despedido de forma improcedente, ¿ es
     tán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del                               Archivo del asunto C-3 17/96 ( ] )
     artículo 119 y de la Directiva 76/207/CEE ( 5 ).                                              ( 97/C 181 /19 )
3 ) ¿ Cuál es el criterio jurídico para determinar si una me
     dida adoptada por un Estado miembro afecta de forma               Mediante auto de 29 de enero de 1997, el Presidente del
     diferente a hombres y mujeres hasta el punto de cons             Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci
     tituir   una  discriminación      indirecta  a  efectos  del      dido archivar el asunto C-317/96 : Comisión de las Comu
     artículo 119 del Tratado CE, a no ser que se demuestre            nidades Europeas contra República Italiana .
     que se basa en factores objetivamente justificados dis
     tintos del sexo ?                                                 (') DO n° C 336 de 9 . 11 . 1996 .
                                                  TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                Aurillac, Abogado de París, que designa como domicilio
                  DE PRIMERA INSTANCIA                                 en Luxemburgo el despacho del Sr. Charles Duro, 4, bou
                      de 9 de abril de 1997                            levard Royal, contra Comisión de las Comunidades Euro
                                                                       peas ( Agentes: los Sres . Théofanis Christoforou, Yves Re
en el asunto T-47/95 , Terres rouges consultant SA y otros             nouf y Gérard Berscheid ), apoyada por Consejo de la
      contra Comisión de las Comunidades Europeas (')                  Unión Europea ( Agentes: los Sres. Arthur Brautigam y Jür
[Organización común de mercados — Plátanos — Régi                     gen Huber), Reino de España ( Agente: Sra . Rosario Silva
men de importación — Acuerdo marco sobre el plátano                    de Lapuerta ) y República Francesa ( Agente : Sra . Catherine
celebrado dentro de las negociaciones comerciales multila             de Salins y Sr. Frédéric Pascal ), que tiene por objeto un re
terales de la Ronda Uruguay — Reglamento (CE) n° 3224/                 curso de anulación del Reglamento ( CE ) n° 3224/94 de la
94 — Medidas transitorias comunitarias para la aplicación              Comisión, de 21 de diciembre de 1994, por el que se esta
del Acuerdo marco — Recurso de anulación — Inadmisi                   blecen medidas transitorias para la aplicación del Acuerdo
                              bilidad]                                 marco sobre el plátano celebrado dentro de las negociacio
                                                                       nes comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay ( 2 ), el
                          ( 97/C 181 /20                               Tribunal de Primera Instancia ( Sala Cuarta ampliada ), in
                                                                       tegrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente; la Sra . P. Lindh,
               (Lengua de procedimiento: francés)                      y los Sres . J. Azizi, J. D. Cooke y M. Jaeger, Jueces; Secre
En el asunto T-47/95 , Terres rouges consultant SA, con do            tario: M. A. Mair, administrador, ha dictado el 9 de abril
micilio social en París, Cobana import SARL, con domici               de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
lio social en Rungis ( Francia ), SIPEF NV, con domicilio so
cial en Amberes ( Bélgica ), representadas por el Sr. Michel           1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso.


title: Asunto C-30/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Suceava (Rumanía) el 17 de enero de 2011 — Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Suceava (Rumanía) el 17 de enero de 2011 — Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu
   (Asunto C-30/11)
   2011/C 113/09
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Suceava

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Adrian Ilaș

      Demandada: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 110, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (anteriormente artículo 90 del Tratado constitutivo de la Unión Europea), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares, en el sentido de que prohíbe a un Estado miembro establecer una tasa que presente las características de la tasa de contaminación regulada por la Ordonanță de Urgență no 50/2008, con sus modificaciones posteriores, y que se impone con motivo de la primera matriculación en Rumanía de los vehículos de ocasión importados que con anterioridad han estado matriculados en otros Estados miembros, mientras que los vehículos de ocasión matriculados en Rumanía no están sujetos a la misma tasa cuando son objeto de transacción y se matriculan de nuevo?

               2)

               El artículo 110, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (anteriormente artículo 90 del Tratado constitutivo de la Unión Europea), cuya finalidad es la eliminación de los elementos que puedan proteger al mercado nacional y violar los principios de competencia ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para automóviles, impuesta con motivo de la primera matriculación en Rumanía de vehículos de ocasión importados que con anterioridad han estado matriculados en otros Estados miembros, teniendo en cuenta que mediante la Ordonanță de Urgență a Guvernului no 218/2008 quedan exentos de la obligación de pago de la tasa de contaminación «tanto los vehículos M1 con norma de contaminación Euro cuya cilindrada no supera 2 000 cm3 como los vehículos N1 con norma Euro 4, que se matriculan por primera vez en Rumanía o en otros Estados miembros de la Unión Europea entre el 15 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009», es decir, la categoría de automóviles que responde a las características técnicas de los vehículos fabricados en Rumanía, favoreciéndose con ello al sector nacional de fabricación de automóviles?


title: Asunto T-567/08 P: Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2009 — Nijs/Tribunal de Cuentas ( Recurso de casación — Función Pública — Funcionarios — Decisión de no promover al recurrente en casación por el ejercicio de 2007 — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado )

text:
               13.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/38

         Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2009 — Nijs/Tribunal de Cuentas
   (Asunto T-567/08 P) (1)

   («Recurso de casación - Función Pública - Funcionarios - Decisión de no promover al recurrente en casación por el ejercicio de 2007 - Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»)
   2010/C 37/52
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburgo) (representante: F. Rollinger, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (representantes: T. Kennedy, J.-M. Stenier y G. Corstens, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 9 de octubre de 2008, Nijs/Tribunal de Cuentas (F-49/06, Rec. p. II-0000), que tiene por objeto la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               El Sr. Bart Nijs cargará con sus propias costas y con las costas del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en el presente procedimiento.

      (1)  DO C 55, de 7.3.2009.


title: Asunto C-316/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de marzo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Gérard Fenoll/Centre d’aide par le travail «La Jouvene», Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon (Procedimiento prejudicial — Política social — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 31, apartado 2 — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Concepto de «trabajador» — Persona discapacitada — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Normativa nacional contraria al Derecho de la Unión — Función del juez nacional)

text:
               26.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de marzo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Gérard Fenoll/Centre d’aide par le travail «La Jouvene», Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon
   (Asunto C-316/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Política social - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 31, apartado 2 - Directiva 2003/88/CE - Artículo 7 - Concepto de «trabajador» - Persona discapacitada - Derecho a vacaciones anuales retribuidas - Normativa nacional contraria al Derecho de la Unión - Función del juez nacional))
   (2015/C 171/03)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Gérard Fenoll

      Demandadas: Centre d’aide par le travail «La Jouvene», Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

      Fallo

   El concepto de «trabajador» a efectos del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y del artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que puede comprender a una persona admitida en un centro de ayuda mediante el trabajo, como el del asunto principal.

      (1)  DO C 215, de 27.7.2013.


title: Asunto C-365/12 P: Recurso de casación interpuesto el 31 de julio de 2012 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 22 de mayo de 2012 en el asunto T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Comisión Europea

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/29

         Recurso de casación interpuesto el 31 de julio de 2012 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 22 de mayo de 2012 en el asunto T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Comisión Europea
   (Asunto C-365/12 P)
   2012/C 287/56
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: B. Smulders, P. Costa de Oliveira y A. Antoniadis, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Reino de Suecia, Siemens AG, ABB Ltd

      Pretensiones de la parte recurrente

   En su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule el punto 1 del fallo de la sentencia del Tribunal General dictada el 22 de mayo de 2012 en el asunto T-344/08.

               —

               Desestime el recurso T-344/08.

               —

               Condene a la recurrida y demandante al pago de las costas generadas tanto en el procedimiento de casación como en el procedimiento de primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   El Tribunal General pasó por alto la necesidad de realizar una interpretación coherente del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión («Reglamento de apertura»), (1) tal como dicha interpretación quedó fundamentada por las sentencias pioneras de los asuntos Technische Glaswerke Ilmenau, (2) API, (3) y Bavarian Lager, (4) y tal como ha sido confirmada recientemente por las sentencias de los asuntos Agrofert (5) y Odile Jacob, (6) e incurrió en error de Derecho al hacer primar, en su lugar, el derecho de acceso previsto por el Reglamento de apertura. La interpretación que llevó a cabo el Tribunal General del derecho de acceso previsto por el Reglamento de apertura y, en su caso, de las excepciones pertinentes, menoscaba el mecanismo de acceso a los expedientes que recoge el Derecho de la competencia y el equilibrio que alcanza dicho Derecho entre, por una parte, el interés de la Comisión en lograr el cumplimiento efectivo de la función que le encomienda el artículo 108 TFUE y, por otra parte, el interés de las empresas en obtener una protección efectiva de la información que facilitan en el marco de procedimientos incoados en materia de competencia.
   El Tribunal General obró erróneamente al considerar que no es de aplicación al caso de autos la presunción general de que los documentos del procedimiento administrativo son merecedores de protección, presunción fundamentada en particular en el asunto Technische Glaswerke Ilmenau y confirmada en el asunto Odile Jacob. Con ello, el Tribunal General pasó por alto que dicha presunción general encuentra su fundamento no sólo en el mecanismo de acceso a los expedientes, que recoge el Derecho de la competencia, sino también en la restricción, que recoge ese mismo Derecho, al uso de los documentos obtenidos en el curso de la investigación.
   El Tribunal General incurrió en error de Derecho en su interpretación de la excepción, prevista en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento de apertura, relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación. Obró erróneamente al limitar el ámbito de aplicación de dicha excepción a los supuestos de conclusión de procedimientos concretos de investigación. Pasó por alto que los objetivos de las actividades de investigación no sólo comprenden la efectividad de procedimientos de investigación particulares (y en ellos en todo caso hasta que adquiere firmeza la resolución que concluye cada procedimiento en particular), sino también la efectividad en general de las facultades de que dispone la Comisión para hacer cumplir el Derecho de la competencia (sin perjuicio de las garantías derivadas del Estado de Derecho que resulten aplicables).
   El Tribunal General incurrió en error de Derecho en su interpretación de la excepción, prevista en el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento de apertura, relativa a la protección de intereses comerciales. Obró erróneamente al limitar en lo esencial su ámbito de aplicación a los supuestos de protección de secretos comerciales. Pasó por alto que la protección es extensiva también a los datos confidenciales que son facilitados exclusivamente a la Comisión en el marco de investigaciones llevadas a cabo contra determinadas empresas, a los que de lo contrario los terceros no habrían tenido acceso.
   El Tribunal General incurrió en error de Derecho en su interpretación y aplicación de la excepción, prevista en el artículo 4, apartado 3, segundo párrafo, del Reglamento de apertura, relativa a la protección del proceso de toma de decisiones de la Comisión. Pasó por alto que la Comisión tiene la facultad de denegar el acceso a documentos que contengan opiniones para uso interno, en el marco de deliberaciones o consultas previas, cuando su publicación pueda limitar el margen de actuación de la Comisión en el caso de que se reabra el procedimiento. Al declarar que la Comisión no podía denegar el acceso a documentos internos, el Tribunal General también pasó por alto que a los documentos internos les son de aplicación además en todo caso las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento de apertura, y, por ello, la presunción, que reconoce el Tribunal de Justicia, de que los mismos son merecedores de protección.

      (1)  DO L 145, p. 43.

      (2)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2010, Comisión Europea/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (C-139/07 P, Rec. p. I-5885).

      (3)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2010 en los asuntos acumulados C-514/07 P, C-528/07 P y C-532/07 P, Reino de Suecia/Association de la presse internationale ASBL (API) y Comisión Europea (C-514/07 P), Association de la presse internationale ASBL (API)/Comisión Europea (C-528/07 P) y Comisión Europea/Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07 P), Rec. p. I-8533.

      (4)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2010, Comisión Europea/The Bavarian Lager Co. Ltd. (C-28/08 P, Rec. p. I-6055).

      (5)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2012, Agrofert Holding a.s./Comisión Europea (C-477/10 P, aún no publicada en la Recopilación).

      (6)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2012, Comisión Europea/Éditions Odile Jacob SAS (C-404/10 P, aún no publicada en la Recopilación).


title: Asunto F-56/13: Auto del Tribunal de la Función Pública de 26 de febrero de 2016 — McArdle/Comisión

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/49

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 26 de febrero de 2016 — McArdle/Comisión
   (Asunto F-56/13) (1)

   (2016/C 136/71)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 274 de 21.9.2013, p. 29.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de septiembre de 1999 en el asunto C-61/98 (petición de decisión prejudicial planteada por la Tariefcommissie): De Haan Beheer BV contra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam («Derechos de aduana - Tránsito externo - Fraude - Nacimiento y recaudación de la deuda aduanera»)

text:
C 352/2                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            4.12.1999
Directiva en materia de armonización de las legislaciones de               Europea (DO 1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1, p. 1), el
los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el                     Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado par los Sres.:
volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el                  J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala; J.C. Moitinho de
Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE                 Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward y M. Wathelet, Jueces;
09/01, p. 54), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:            Abogado General: Sr. A. La Pergola; Secretario: Sr. R. Grass, ha
G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch             dictado el 7 de septiembre de 1999 una sentencia cuyo fallo
(Ponente) y P. Jann, Presidentes de Sala; J.C. Moitinho de                  es el siguiente:
Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm y
R. Schintgen, Jueces; Abogado General: Sr. G. Cosmas; Secreta-              El concepto de legislación vigente, a efectos del artı́culo 70 del Acta
ria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 7 de septiem-           relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de
bre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                       la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones
                                                                            de los Tratados en los que se basa la Unión Europea, incluye
El artı́culo 13, A, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del              disposiciones adoptadas con posterioridad a la fecha de adhesión y
Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de               que, esencialmente, sean idénticas a la legislación en vigor en aquella
armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a      fecha o que se limiten a reducir o suprimir un obstáculo al ejercicio
los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del             de los derechos y de las libertades comunitarias que figurase en dicha
Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, debe             legislación.
interpretarse en el sentido de que las expresiones «otros establecimien-
tos de la misma naturaleza legalmente reconocidos» y «otros                 (1) DO C 370 de 6.12.1997.
organismos a los que el Estado miembro de que se trate reconozca su
carácter social», utilizadas respectivamente en las letras b) y g) de
dicha disposición, no excluyen del ámbito de aplicación de la exención
a las personas fı́sicas que explotan una empresa.
(1) DO C 228 de 26.7.1997.                                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
                                                                                de 7 de septiembre de 1999
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                en el asunto C-61/98 (petición de decisión prejudicial
                                                                            planteada por la Tariefcommissie): De Haan Beheer BV
                             (Sala Quinta)                                  contra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te
                                                                                Rotterdam (1)
                    de 7 de septiembre de 1999
                                                                            («Derechos de aduana — Tránsito externo — Fraude —
en el asunto C-355/97 (petición de decisión prejudicial                          Nacimiento y recaudación de la deuda aduanera»)
planteada por el Oberster Gerichtshof): Landesgrundver-
kehrsreferent der Tiroler Landesregierung contra Beck                                                   (1999/C 352/04)
Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH, Bergdorf
                          Wohnbau GmbH (1)                                                   (Lengua de procedimiento: neerlandés)
(«Artı́culo 70 del Acta de adhesión de Austria — Residencias
secundarias — Procedimiento de adquisición de bienes                       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
  inmuebles en Tirol — Concepto de “legislación vigente”»)                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            En el asunto C-61/98, que tiene por objeto una petición
                           (1999/C 352/03)
                                                                            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                            Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por la Tariefcom-
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                       missie (Paı́ses Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente
                                                                            ante dicho órgano jurisdiccional entre De Haan Beheer BV e
                                                                            Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     una decisión prejudicial sobre la interpretación del Derecho
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        comunitario relativo al nacimiento y a la recaudación de una
                                                                            deuda aduanera, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado
En el asunto C-355/97, que tiene por objeto una petición                   por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de Sala; J.C. Moitinho
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          de Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward y M. Wathelet
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Oberster                 (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria:
Gerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el litigio pen-              Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 7 de
diente ante dicho órgano jurisdiccional entre Landesgrundver-              septiembre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
kehrsreferent der Tiroler Landesregierung y Beck Liegen-
schaftsverwaltungsgesellschaft mbH, Bergdorf Wohnbau                        1) El Derecho comunitario no impone a las autoridades aduaneras,
GmbH, en liquidación, con la participación de: Karl Hacker,                    que estén informadas de la posible comisión de un fraude en el
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 70              marco del régimen de tránsito externo, ninguna obligación de
del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República                advertir al obligado principal que, a causa de ese fraude, podrı́a
de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia                  adeudar derechos de aduana, a pesar de haber actuado de buena
y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión                fe.
 ---pagebreak--- 4.12.1999                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 352/3
2) A falta de toda negligencia o intento de fraude imputable al              1) Se declara que la República Federal de Alemania ha incumplido
     deudor y siempre que éste no haya sido informado del desarrollo              las obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 3,
     de la investigación, las exigencias de una investigación efectuada         apartado 1, de la Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de
     par las autoridades nacionales pueden constituir una situación              junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados, modificada
     especial en el sentido del artı́culo 13, apartado 1, del Reglamento          por la Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre
     (CEE) no 1430/79 del Consejo, de 2 de julio de 1979, relativo                de 1986, al no adoptar las medidas necesarias para dar prioridad
     a la devolución o a la condonación de los derechos de importación         al tratamiento par regeneración de aceites usados, a pesar de que
     o de exportación, en su versión modificada par el Reglamento               lo permitı́an los condicionantes de orden técnico, económico y de
     (CEE) no 3069/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986, por                   organización.
     cuanto la circunstancia de que, para el buen fin de la investiga-
     ción, las autoridades nacionales hayan permitido deliberadamente       2) Se condena en costas a la República Federal de Alemania.
     que se cometan infracciones e irregularidades, haciendo que de
     este modo nazca una deuda aduanera a cargo del obligado
     principal, coloca a éste en una situación excepcional en relación     (1) DO C 142 de 10.5.1997.
     con los demás operadores que desarrollan la misma actividad.
3) La decisión C(98) 372 def. de la Comisión, de 18 de febrero de
     1998, es inválida.
(1) DO C 113 de 11.4.1998.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Sexta)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 9 de septiembre de 1999
                              (Sala Quinta)
                                                                             en el asunto C-217/97: Comisión de las Comunidades
                     de 9 de septiembre de 1999                                   Europeas contra República Federal de Alemania (1)
en el asunto C-102/97: Comisión de las Comunidades                          («Incumplimiento de Estado — Directiva 90/313/CEE —
     Europeas contra República Federal de Alemania (1)                      Libertad de acceso a la información en materia de media
                                                                             ambiente — Concepto de “autoridades públicas” — Exclu-
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 87/101/CEE —                          sión de los órganos jurisdiccionales, ası́ como de las autorida-
             Gestión de aceites usados — Adaptación»)                      des policiales y disciplinarias — Suministro parcial de
                                                                             información — Exclusión del derecho a información durante
                            (1999/C 352/05)                                  un procedimiento administrativo — Importe y modalidades
                                                                                de percepción de las tasas»)
                    (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                (1999/C 352/06)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                            (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto C-102/97, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (Agente: Sr. Götz zur Hausen) contra República Federal                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
de Alemania (Agentes: inicialmente Sres. Ernst Röder y Bernd                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Kloke, y posteriormente Sres. Ernst Röder y Claus-Dieter
Quassowki), que tiene por objeto que se declare que la
República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones                En el asunto C-217/97, Comisión de las Comunidades Euro-
que le incumben en virtud del artı́culo 3, apartado 1, de la                 peas (Agente: Sr. Götz zur Hausen) contra República Federal
Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975,                    de Alemania (Agente: Sr. Ernst Röder, asistido par el Sr. Dieter
relativa a la gestión de aceites usados (DO L 194, p. 23; EE                Sellner), que tiene por objeto que se declare que la República
15/01, p. 91), modificada por la Directiva 87/101/CEE del                    Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le
Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO 1987, L 42, p. 43),                  incumben en virtud de la Directiva 90/313/CEE del Consejo,
al no dar prioridad al reciclado de aceites usados sobre                     de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información
el tratamiento térmico, a pesar de no impedirlo ningún                      en materia de media ambiente (DO L 158, p. 56) y, en especial,
condicionante de orden técnico, económico ni de organiza-                   de sus artı́culos 2, letra b), 3, apartado 2, párrafo primero,
ción, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los              tercer guión, y párrafo segundo, y del artı́culo 5, el Tribunal de
Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de Sala; P. Jann, J.C. Moitinho          Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn,
de Almeida, L. Sevón (Ponente) y M. Wathelet, Jueces; Abogado               Presidente de Sala; G. Hirsch y R. Schintgen (Ponente), Jueces;
General: Sr. N. Fennelly; Secretario: Sra. D. Louterman-Hubeau,              Abogado General: Sr. N. Fennelly; Secretario: Sra. L. Hewlett,
administradora principal, ha dictado el 9 de septiembre de                   administradora, ha dictado el 9 de septiembre de 1999 una
1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                               sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Recurso interpuesto el 26 de junio de 1996 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-220/96)

text:
14 . 9. 96             Lis                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      N° C 269/5
Recurso interpuesto el 26 de junio de 1996 contra el                             la que se adapta al progreso técnico, por decimoséptima
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades                              vez la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la
                                   Europeas                                      aproximación de las disposiciones legales, reglamenta
                           ( Asunto C-2 19/96 )                                  rias y administrativas en materia de clasificación,
                                                                                embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas C ) ( 2 ), al
                               ( 96/C 269/11 )                                   no haber adoptado las disposiciones legislativas, regla
                                                                                mentarias y administrativas necesarias para atenerse a
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                        dicha Directiva, o al no haber comunicado las citadas
ha presentado el 26 de junio de 1996 un recurso contra el                        medidas .
Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr . Gótz zur                  2 ) Condene en costas al Reino de Bélgica .
Hausen, en calidad de Agente, asistido por el Sr. J.-J. Evrard,
Abogado, que designa como domicilio en Luxemburgo el                     Motivos y principales alegaciones
despacho del Sr . C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio
Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.                                      Los motivos y principales alegaciones son análogos a los del
                                                                         asunto C-l 96/96 ( 3 ); el plazo establecido en la Directiva
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:                        expiró el 30 de octubre de 1993 .
1 ) Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                    0 ) DO n° L 383 de 29 . 12 . 1992 , p . 113 .
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva              (2 ) DO n° 196 de 16 . 8 . 1967, p. 1 .
     93/86/CEE de la Comisión, de 4 de octubre de 1993 , por             ( 3 ) DO n° C 246 de 24 . 8 . 1996 , p . 4 .
     la que se adapta al progreso técnico la Directiva
     91 /157/CEE del Consejo, relativa a las pilas y a los
     acumuladores que contengan determinadas materias
     peligrosas ( ! ) (2 ), al no haber adoptado las disposiciones
     legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias           Recurso interpuesto el 26 de junio de 1996 contra el
     para atenerse a dicha Directiva o al no haber comuni               Reino de Bélgica por la Comisión de laS Comunidades
     cado las citadas medidas .                                                                          Europeas
                                                                                (Asunto C-221/96 )
2 ) Condene en costas al Reino de Bélgica .                                                           ( 96/C 269/13 )
Motivos y principales alegaciones                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                         ha presentado el 26 de junio de 1996 un recurso contra el
Los motivos y principales alegaciones son análogos a los del             Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las
asunto C-205/96 ( 3 ); el plazo señalado en la Directiva expiró          Comunidades Europeas, representada por el Sr . Gótz zur
el 31 de diciembre de 1993 .
                                                                         Hausen, en calidad de Agente, asistido por el Sr. J.-J . Evrard ,
                                                                         Abogado, que designa como domicilio en Luxemburgo el
(>) DO n" L 264 de 23 . 10 . 1993 , p. 51                                despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio
(2 ) DO n" L 78 de 26 . 3 . 1991 , p . 38 .                              Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.
(3 ) DO n° C 247 de 24. 8 . 1996, p. 7.
                                                                         La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que :
                                                                          1 ) Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
Recurso interpuesto el 26 de junio de 1996 contra el                              93/67/CEE de la Comisión, de 20 de julio de 1993 , por
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades                               la que se fijan los principios de evaluación del riesgo,
                                   Europeas                                       para el ser humano y el medio ambiente, de las
                                                                                sustancias notificadas de acuerdo con la Directiva
                            ( Asunto C-220/96 )                                   67/548/CEE del Consejo ( ! ) (2), al no haber adoptado las
                                ( 96/C 269/12 )                                   disposiciones legislativas, reglamentarias y administra
                                                                                tivas necesarias para atenerse a dicha Directiva o al no
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                         haber comunicado las citadas medidas .
 ha presentado el 26 de junio de 1996 un recurso contra el
 Reino de Bélgica, formulado por la Comisión de las                       2 ) Condene en costas al Reino de Bélgica .
 Comunidades Europeas, representada por el Sr . Gótz zur
 Hausen, en calidad de Agente, asistido por el Sr. J.-J . Evrard,         Motivos y principales alegaciones
 Abogado, que designa como domicilio en Luxemburgo el                     Los motivos y principales alegaciones son análogos a los del
 despacho del Sr . C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio              asunto C-205/96 ( 3 ); el plazo señalado en la Directiva expiró
 Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.                                      el 31 de octubre de 1993 .
 La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que :                        (M DO n° L 227 de 8 . 9 . 1993 , p . 9 .
                                                                           ( 2 ) DO n° 196 de 16 . 8 . 1967, p . 1 .
 1 ) Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                     ( 3 ) DO n° C 247 de 24 . 8 . 1996 , p . 7 .
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
      92/69/CEE de la Comisión, de 31 de julio de 1992 , por


title: Asunto C-100/00: Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2000 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 149/26                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     27.5.2000
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2000 contra la
lución del Hovrätten för västra Sverige, de fecha 10 de                 República Italiana por la Comisión de las Comunidades
marzo de 2000, en el asunto entre Kenny Roland Lyckes-                                                Europeas
                kog y Ministerio Fiscal, Uddevalla
                                                                                (Asunto C-100/00)
                         (Asunto C-99/00)
                          (2000/C 149/47)                                                         (2000/C 149/48)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         presentado el 16 de marzo de 2000 un recurso contra
resolución del Hovrätten för västra Sverige dictada el 10 de
                                                                         la República Italiana formulado por la Comisión de las
marzo de 2000 en el asunto entre Kenny Roland Lyckeskog y
                                                                         Comunidades Europeas, representada por el Sr. Richard Wai-
Ministerio Fiscal, Uddevalla, y recibida en la Secretarı́a del
                                                                         nwright, Consejero Jurı́dico principal y el Sr. Giacinto Bisogni,
Tribunal de Justicia el 16 de marzo de 2000. El Hovrätten för
                                                                         magistrado de apelación adscrito al citado Servicio Jurı́dico, en
västra Sverige solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
                                                                         calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem-
sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:
                                                                         burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre
1) ¿Un órgano jurisdiccional nacional que en la práctica               Wagner, Kirchberg.
     constituye la última instancia en un proceso, debido a que
     se exige una autorización especial del recurso a fin de que
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     el asunto pueda ser examinado por el Tribunal Supremo
     de dicho paı́s, es un órgano jurisdiccional en el sentido del
     artı́culo 234, párrafo tercero, del Tratado CE?                    — declare que la Republica Italiana ha incumplido las obliga-
                                                                             ciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario
2) ¿Un órgano jurisdiccional que se encuentre en la situación              al imponer a los calentadores de agua eléctricos de
     a que hace referencia el artı́culo 234, parrafo tercero, del            acumulación unas exigencias en materia de seguridad que
     Tratado CE, puede dejar de solicitar una decisión prejudicial          no se hallan previstas en la Directiva 73/23/CEE (1) y, por
     cuando considera que resulta claro cómo deben resolverse               consiguiente, al no establecer a favor de los productos
     las cuestiones de Derecho comunitario planteadas en el                  fabricados conforme a la norma EN 60335-2-21 la
     proceso, aun cuando dichas cuestiones no estén compre-                  presunción de conformidad a las exigencias en materia de
     ndidas en la doctrina del acte claire o del acte éclairé?               seguridad;
     En el caso de que el Tribunal de Justicia respondiera
     negativamente a la primera cuestión, o afirmativamente a           — condene a la República Italiana al pago de las costas del
     la primera cuestión y negativamente a la segunda, —pero                procedimiento.
     únicamente en este caso—, el hovrätt solicita que se
     responda asimismo a las cuestiones siguientes.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
3) A tenor del artı́culo 45 del Reglamento (CEE) no 918/83
     del Consejo (1), de 28 de marzo de 1983, relativo al
     establecimiento de un régimen comunitario de franquicias            La Directiva 73/23/CEE contiene en su artı́culo 9 la denomi-
     aduaneras, serán admitidas con franquicia de derechos de           nada cláusula de salvaguardia, que permite a los Estados
     importación, sin perjuicio de las disposiciones contenidas         miembros adoptar medidas restrictivas por razones de seguri-
     en los artı́culos 46 a 49, las mercancı́as contenidas en el         dad, también por lo que se refiere a los productos fabricados
     equipaje personal de los viajeros procedentes de un tercer          de conformidad con una norma armonizada. Las citadas
     paı́s, siempre que se trate de importaciones desprovistas de        medidas deben hallarse justificadas por datos de hecho que
     todo carácter comercial. ¿Implica esto que la naturaleza y         permitan afirmar que los productos de que se trata pueden
     la cantidad de las mercancı́as no deben dar lugar a dudas           llegar a poner en peligro la seguridad de los usuarios,
     en cuanto al carácter de la importación? ¿O bien deben ser        aun cuando hayan sido fabricados observando la norma
     tenidos en cuenta el modo de vida y los hábitos de cada            armonizada. A falta de los citados elementos de hecho y, de
     individuo?                                                          cualquier forma, en ausencia de una comunicación cursada en
                                                                         debida forma en los términos del artı́culo 9 de la Directiva
4) ¿Cual es la trascendencia jurı́dica de las disposiciones de
                                                                         72/23/CEE, la Comisión considera que aquellos calentadores
     las autoridades administrativas que fijan cuál es la cantidad      de agua de acumulación que se atengan a la norma EN 60335-
     que normalmente puede importarse con franquicia de una              2-21 deben poder ser comercializados libremente sin tener
     mercancı́a a la que es aplicable el Reglamento (CEE)
                                                                         que cumplir ningún otro requisito suplementario.
     no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al
     establecimiento de un régimen comunitario de franquicias
     aduaneras?
                                                                         (1) DO L 77 de 26.3.73, p. 29; EE 13/02, p. 182.
( 1) DO L 105, de 23.4.1983, p. 1; EE 02/09, p. 276.


title: Asunto C-547/07: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/52

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-547/07) (1)

   2009/C 267/86

      Lengua de procedimiento: polaco

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 51, de 23.2.2008.


title: Asunto C-620/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 23 de noviembre de 2015 — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (URSSAF), subrogada en los derechos de la Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 23 de noviembre de 2015 — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (URSSAF), subrogada en los derechos de la Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden
   (Asunto C-620/15)
   (2016/C 048/24)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: A-Rosa Flussschiff GmbH

      Recurridas: Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (URSSAF), subrogada en los derechos de la Urssaf du Bas-Rhin, y Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

      Cuestión prejudicial

   ¿Se imponen a las instituciones y autoridades del Estado de acogida, por una parte, y a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, por otra parte, los efectos que se derivan de un certificado E 101 expedido por la institución designada por la autoridad del Estado miembro cuya legislación en materia de seguridad social sea aplicable a la situación del trabajador por cuenta ajena, con arreglo a los artículos 11, apartado 1, y 12 bis, [punto] 1 bis, del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad, (1) cuando se comprueba que las condiciones de la actividad del trabajador por cuenta ajena quedan manifiestamente fuera del ámbito de aplicación material de las excepciones previstas en el artículo 14, apartados 1 y 2, del Reglamento no 1408/71? (2)

      (1)  DO L 74, p. 1.

      (2)  DO L 149, p. 2.


title: Asunto C-514/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Gerechtshof te Amsterdam, de fecha 30 de noviembre de 2004, en el asunto entre Uroplasty B.V. e Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

text:
               5.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 57/15

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Gerechtshof te Amsterdam, de fecha 30 de noviembre de 2004, en el asunto entre Uroplasty B.V. e Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam
   (Asunto C-514/04)
   (2005/C 57/29)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Gerechtshof te Amsterdam (Países Bajos), dictada el 30 de noviembre de 2004, en el asunto entre Uroplasty B.V. e Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de diciembre de 2004.
   El Gerechtshof te Amsterdam solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

                           a.

                           ¿Debe interpretarse la partida 9021 del AAC en el sentido de que cabe clasificar en ella un producto consistente en copitos blancos estériles de dimetilpolisiloxano, desarrollado especialmente y destinado exclusivamente a ser aplicado como implante médico-quirúrgico?

                           b.

                           En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué subpartida del código NC 9021 del AAC procede clasificar dicho producto?

               2)

               En caso de que la clasificación en la partida 9021 no sea posible, ¿reúne el producto los requisitos para clasificarse en la partida 3926 del AAC?

               3)

               En caso de respuesta negativa, ¿qué otra clasificación resulta de la interpretación del AAC?


               25.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 334/30

         Recurso interpuesto el 17 de julio de 2014 contra Islandia por el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-12/14)
   (2014/C 334/11)
   El 17 de julio de 2014, el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Markus Schneider y Catherine Howdle, agentes de dicho Órgano, con dirección en Rue Belliard 35, 1040 Bruselas, Bélgica, presentó un recurso ante el Tribunal de la AELC contra Islandia.
   El Órgano de Vigilancia de la AELC solicita al Tribunal que:

               1.

               Declare que, al no haber adoptado y/o notificado inmediatamente al Órgano de Vigilancia de la AELC todas las disposiciones necesarias para incorporar a su ordenamiento jurídico el acto al que se hace referencia en el anexo II, capítulo IV, punto 6, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía), tal y como se adaptó al Acuerdo mediante su Protocolo 1, en el plazo fijado, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo EEE.

               2.

               Condene en costas a Islandia.

      Antecedentes de hecho y de Derecho y motivos invocados:

               —

               La solicitud se refiere al incumplimiento por Islandia, a más tardar el 3 de septiembre de 2013, de un dictamen motivado emitido por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 3 de julio de 2013 en relación con el incumplimiento por dicho Estado de la obligación de incorporar a su ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía («el acto»), a que se hace referencia en el anexo II, capítulo IV, punto 6, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y adaptado a dicho Acuerdo mediante su Protocolo 1.

               —

               El Órgano de Vigilancia de la AELC aduce que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23 del acto y del artículo 7 del Acuerdo EEE al no adoptar y/o notificar al Órgano de Vigilancia de la AELC las disposiciones necesarias para la aplicación del acto en el plazo prescrito.


title: Asunto T-433/11: Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2011 — Makhlouf/Consejo

text:
               1.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 290/14

         Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2011 — Makhlouf/Consejo
   (Asunto T-433/11)
   2011/C 290/19
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare la admisibilidad y fundamento del recurso del demandante.

               —

               Anule la Decisión 2011/273/PESC del Consejo, de 9 mayo de 2011, y los actos de ejecución subsiguientes de dicha Decisión (más concretamente, la Decisión 2011/302/PESC del Consejo, de 23 de mayo de 2011, que establece la inclusión del demandante en la lista de personas a las que se dirigen las medidas restrictivas establecidas en la Decisión 2011/273/PESC), así como el Reglamento (UE) no 442/2011 del Consejo, de 9 de mayo de 2011, y sus actos de ejecución subsiguientes [a saber, el Reglamento de Ejecución (UE) no 504/2011 del Consejo, de 23 de mayo de 2011, y su corrección de errores], en cuanto se refieren al demandante.

               —

               Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva establecidos en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), y en los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               2)

               Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la medida en que la parte demandante reprocha al Consejo que la motivación proporcionada no cumplía la obligación que incumbe a las instituciones de la Unión Europea establecida en el artículo 6 del CEDH, en el artículo 296 TFUE y en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               3)

               Tercer motivo, basado en que las medidas impugnadas restringen de forma injustificada y desproporcionada los derechos fundamentales de la parte demandante, en particular, su derecho de propiedad establecido en el artículo 1 del Primer Protocolo Adicional al CEDH y en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su derecho a que se respete su honor y su reputación establecido en los artículos 8 y 10 del CEDH, su libertad para emprender y ejercer su actividad establecida en los artículos 15 y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por último, el principio de la presunción de inocencia establecido en el artículo 6 del CEDH y en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.