title: Asunto T-371/05: Recurso interpuesto el  28 de septiembre de 2005  — AITEC — Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento y otros/Comisión

text:
               26.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/36

         Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2005 — AITEC — Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento y otros/Comisión
   (Asunto T-371/05)
   (2005/C 296/73)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandantes: AITEC — Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (Roma, Italia), BUZI UNICEM S.P.A. (Casale Monferrato, Italia), ITALCEMENTI GROUP (Bérgamo, Italia) (representantes: Massimo Merla y Claudio Tesauro, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las demandantes

               —

               Que se declare la inexistencia de la Decisión, en el supuesto de que la Comisión no logre probar que el mandato conferido al Comisario Dimas le facultaba para firmar las resoluciones adoptadas en materia de política de la competencia y, en particular, de ayudas de Estado.

               —

               Que se declare la nulidad de la Decisión: (i) en la parte en que, al declarar que no tenía ninguna objeción contra el PNA (artículo 2 de la Decisión) y, por lo tanto, al aprobar el reparto que dicho Plan hace de los derechos de emisión entre los diversos sectores, autoriza la distinción inherente a tal reparto, que favorece a las empresas de algunos sectores en detrimento de las de otros; (ii) en la parte en que declara incompatible con el criterio no 10 del anexo III de la Directiva 2003/87 la intención de permitir que las instalaciones existentes sujetas a la renovación del permiso adquieran derechos de emisión de la reserva destinada a los nuevos entrantes en relación con aquella parte de la instalación modificada ya existente antes de la renovación del permiso [artículo 1, letra b), de la Decisión], incluso en el supuesto de que los nuevos entrantes no hubieran agotado las cantidades a su disposición previstas en la reserva; y (iii) en la parte en que se requiere a Italia para que introduzca en el PNA la modificación consistente en no autorizar que las instalaciones existentes sujetas a renovación del permiso adquieran derechos de emisión de la reserva destinada a los nuevos entrantes en relación con aquella parte de la instalación modificada ya existente antes de la renovación del permiso [artículo 2, letra b), de la Decisión].

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso tiene por objeto la Decisión de 25 de mayo de 2005, (1) en virtud de la cual la Comisión de las Comunidades Europeas se pronunció sobre si el plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero notificado por Italia (PNA) resultaba compatible con los criterios enumerados en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2002. (2)

   En primer lugar, las demandantes solicitan que se examine si el Comisario firmante tenía competencia para adoptar la Decisión impugnada. En particular, las demandantes solicitan al Tribunal de Justicia que verifique la competencia del Comisario Dimas en relación con las resoluciones adoptadas en materia de política de competencia y, en particular, de ayudas de Estado y que declare, si se dan las condiciones, la inexistencia del acto impugnado.
   En segundo lugar, las demandantes alegan la infracción del artículo 88 CE, apartados 2 y 3, en cuanto que la Comisión examinó el PNA, medida ésta que puede contener elementos de ayuda de Estado, sin observar las normas de procedimiento contenidas en la citada disposición.
   En tercer lugar, las demandantes sostienen que la Comisión, al comprobar la presencia de posibles elementos de ayudas de Estado en el PNA, infringió el artículo 87 CE, no se atuvo al criterio no 5 del anexo III de la Directiva 2003/87 y violó el principio de no discriminación. Todo ello debido a que, al aprobar el reparto que hizo el PNA de los derechos de emisión entre los diversos sectores, la Comisión autorizó la distinción inherente a tal reparto, en perjuicio de los productores de cemento.
   En cuarto lugar, las demandantes sostienen que la Comisión aplicó erróneamente el criterio no 10 del anexo III de la Directiva 2003/87/CE al considerar contraria a tal criterio «la intención de permitir que las instalaciones existentes sujetas a la renovación del permiso adquieran derechos de emisión de la reserva destinada a los nuevos entrantes en relación con aquella parte de la instalación modificada ya existente antes de la renovación del permiso». De este modo, la Comisión no se atuvo al criterio no 5 del anexo III de la Directiva 2003/87/CE y violó el principio de no discriminación, por cuanto, al abstenerse de tener en cuenta las características específicas de los sectores interesados en la aplicación de la Directiva en relación con la posibilidad de realizar incrementos de producción, colocó una vez más a los productores de cemento en una posición desfavorable en relación con los restantes productores.
   Por último, las demandantes alegan la infracción de las disposiciones contenidas en los artículos 11, 12, 13 y 28 de la Directiva 2003/87/CE, en la medida en que la Comisión aprobó el PNA a pesar de que éste no contenía previsiones expresas que permitieran a las empresas organizarse adecuadamente mediante transferencias de derechos de emisión o agrupación de instalaciones, preveía períodos de referencia distintos del período quinquenal para la transferencia de derechos de emisión residuales, limitaba injustificadamente la agrupación de instalaciones y no preveía la reasignación de los derechos de emisión cancelados.

      (1)  Decisión de la Comisión, de 25 de mayo de 2005, relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero notificado por Italia de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [C(2005)1527 final, DOUE C 226, de 15.9.2005, p. 2].

      (2)  Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, de 25.10.2003, p. 32).


title: Asunto T-428/13: Sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre de 2015 — IOC-UK/Consejo («Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán con el fin de impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Derecho a ser oído — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Error manifiesto de apreciación — Proporcionalidad — Derecho de propiedad — Igualdad de trato y no discriminación»)

text:
               9.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 371/23

         Sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre de 2015 — IOC-UK/Consejo
   (Asunto T-428/13) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán con el fin de impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Derecho a ser oído - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Error manifiesto de apreciación - Proporcionalidad - Derecho de propiedad - Igualdad de trato y no discriminación»))
   (2015/C 371/25)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) (Londres, Reino Unido) (representantes: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers y N. Pilkington abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: V. Piessevaux y M. Bishop, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: inicialmente S. Behzadi-Spencer y V. Kaye, posteriormente V. Kaye, agentes, asistidos por M. Gray, Barrister)

      Objeto

   Pretensión de anulación, por una parte, de la Decisión 2013/270/PESC del Consejo, de 6 de junio de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 156, p. 10), y, por otra parte, del Reglamento de Ejecución (UE) no 522/2013 del Consejo, de 6 de junio de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 156, p. 3).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Iranian Oil Company UK Ltd (OIC-UK) cargará, además de con sus propias costas, con las del Consejo de la Unión Europea.

               3)

               El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 313, de 26.10.2013.


title: Asunto C-558/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd Presŏve (Eslovaquia) el 29 de octubre de 2013 — CD Consulting s.r.o./Marián Vasko

text:
               15.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd Presŏve (Eslovaquia) el 29 de octubre de 2013 — CD Consulting s.r.o./Marián Vasko
   (Asunto C-558/13)
   2014/C 45/30
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Krajský súd Presŏve

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: CD Consulting s.r.o.

      Recurrida: Marián Vasko

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse el artículo 6, apartado 1, Directiva 93/13/CEE del Consejo, (1) de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y el artículo 4 de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, (2) de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo, en el sentido de que se oponen a una norma jurídica de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que en principio no permite al órgano jurisdiccional nacional que debe pronunciarse sobre los derechos derivados de una letra de cambio endosada examinar de oficio en ninguna fase del procedimiento el contrato que dio lugar a la letra de cambio, la causa de la relación jurídica y la eventual naturaleza abusiva de las condiciones contractuales ni la eventual vulneración de las normas relativas a la no indicación de la TAE en un contrato de crédito al consumo?

      (1)  DO L 95, p. 29.

      (2)  DO L 42, p. 48.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de diciembre de 1999 en el asunto T-143/98: Michael Cendrowicz contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Nombramiento — Fĳación del nivel del puesto que debe proveerse — Convocatoria para proveer plaza vacante — Examen comparativo de méritos — Error manifiesto)

text:
8.4.2000               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 102/23
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                  de 16 de diciembre de 1999                                                de 15 de diciembre de 1999
en el asunto T-143/98: Michael Cendrowicz contra Comi-                   en el asunto T-144/98, Dino Cantoreggi contra Parlamento
            sión de las Comunidades Europeas (1)                                                     Europeo (1)
(Funcionarios — Nombramiento — Fijación del nivel del                   (Funcionarios — Promoción — Examen comparativo de los
puesto que debe proveerse — Convocatoria para proveer                                                  méritos)
plaza vacante — Examen comparativo de méritos — Error
                            manifiesto)
                                                                                (2000/C 102/46)
                        (2000/C 102/45)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         En el asunto T-144/98, Dino Cantoreggi, funcionario del
                                                                         Parlamento Europeo, con domicilio en Bruselas, representado
En el asunto T-143/98, Michael Cendrowicz, funcionario de la             por Me Eric Boigelot, Abogado de Bruselas, que designa como
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                  domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Louis Schiltz, 2,
Bruselas, representado por Me Marc-Albert Lucas, Abogado de              rue du Fort Rehinsheim, contra Parlamento Europeo (Agentes:
Lieja, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho              Sres. Yannis Pantalis y Denis Waelbroeck), apoyado por el
de fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener, contra Comisión              Sr. N, representado por Mes Jean-Noël Louis y Greta-Françoise
de las Comunidades Europeas (Agentes: Sras. Christine Berar-             Parmentier, Abogados de Bruselas, y por Me Cathy Arendt,
dis-Kayser y Florence Duvieusart-Clatuche), que tiene por                Abogada de Luxemburgo, que designa como domicilio en
objeto, por una parte, una demanda de anulación de la decisión         Luxemburgo el despacho de ésta, 49, boulevard Royal, que
de la Comisión por la que se nombra al Sr. Carlos Camino                tiene por objeto que se anule una denegación de promoción,
para ocupar el puesto COM/98/97, de Jefe de Unidad de «India,            el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por
Nepal, Butan, Sri-Lanka» de la dirección C: «Asia del Sur y del         el Sr. A. Potocki, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H.
Sureste» y de la Dirección General de Relaciones Exteriores:            Meij, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador,
«Mediterráneo Meridional, Próximo y Medio Oriente, América             ha dictado el 15 de diciembre de 1999 una sentencia cuyo
Latina, Asia Meridional y Sudeste Asiático y cooperación               fallo es el siguiente:
Norte-Sur» (DG IB), de la decisión por la que se desestima la
candidatura del demandante para ocupar este puesto y, en la
medida que sea necesario, de la decisión por la que se                  1) Se anulan las decisiones del Parlamento Europeo, de 12 de
desestima su reclamación y, por otra parte, una demanda de                   febrero, 25 de febrero y 22 de junio de 1998, por las que,
indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal de Primera                 respectivamente, se nombraba al Sr. N Jefe de la División de
Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. R. M. Moura                     Gestión Técnica de los Edificios, se desestimaba la candidatura
Ramos, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;           del demandante a dicho puesto y se desestimaba la reclamación
Secretario: Sr. A. Mair, administrador, ha dictado el 16 de                   de éste.
diciembre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                         2) Se condena al Parlamento Europeo al pago de sus propias costas
1) Se desestima el recurso.                                                   y las del demandante.
2) Cada parte cargará con sus propias costas.                           3) El Sr. N, parte coadyuvante, cargará con sus propias costas.
(1) DO C 340, de 7.11.1998.                                              (1) DO C 340 de 7.11.1998.


title: Asunto C-405/11 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de julio de 2011 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 17 de mayo de 2011 en el asunto T-1/08, Buczek Automotive/Comisión

text:
               22.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/19

         Recurso de casación interpuesto el 28 de julio de 2011 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 17 de mayo de 2011 en el asunto T-1/08, Buczek Automotive/Comisión
   (Asunto C-405/11 P)
   2011/C 311/32
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes procesales

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: A. Stobiecka-Kuik y T. Maxian Rusche)

      Otras partes en el procedimiento: Buczek Automotive Sp. z o.o. y República de Polonia

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia dictada el 17 de mayo de 2011 por el Tribunal General en el asunto T-1/08, Buczek Automotive/Comisión, en la medida en que anula la Decisión impugnada.

               —

               Resuelva definitivamente el litigio en lo relativo a los aspectos planteados en el presente recurso de casación.

               —

               Devuelva los autos al Tribunal General para que éste examine de nuevo el asunto en lo relativo a las demás alegaciones formuladas en el procedimiento en primera instancia.

               —

               Reserve la decisión sobre las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión formula dos motivos de casación, a saber, la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 296 TFUE, y del Protocolo 8 del Acta de adhesión de 2004 sobre la reestructuración de la industria siderúrgica polaca (1) (en lo sucesivo, «Protocolo 8»).
   En primer lugar, alega que el Tribunal General infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, dado que aplicó un baremo jurídico erróneo para enjuiciar el criterio del acreedor privado aplicado por la Comisión. En efecto, el Tribunal General consideró que la Comisión estaba obligada a realizar cálculos adicionales acerca de las ventajas de los diferentes métodos de ejecución y que hubiera debido comparar la duración de los distintos procedimientos ejecutivos para el cobro de créditos públicos. La Comisión alega que no está obligada a efectuar cálculos detallados, sino a tener en cuenta los factores a los que atendería un acreedor privado para tomar su decisión.
   Además, afirma que el Tribunal General infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, porque hizo recaer equivocadamente en la Comisión la carga de la prueba a efectos de desestimar el argumento relativo al comportamiento de un acreedor privado, es decir, que impuso a la Comisión la obligación de aportar material probatorio adicional, concretamente con respecto a la duración de los distintos procedimientos o una comparación del alcance de la influencia de los distintos tipos o fases de una ejecución eficaz de los créditos.
   En segundo lugar, aduce que el Tribunal General infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 296 TFUE, y el Protocolo 8, al considerar erróneamente que la Comisión no había cumplido con su obligación de enunciar los requisitos para considerar que la ayuda afecta a los intercambios comerciales entre los Estados miembros o falsea o amenaza falsear la competencia. Según la Comisión, el Tribunal General no tuvo en cuenta en modo alguno que, en virtud del Derecho primario, concretamente del Protocolo 8, que constituye la base legal de la Decisión, procede partir de la base de que la ayuda en cuestión falsea o amenaza falsear la competencia, por lo que hubiera sido redundante fundamentar adicionalmente en la Decisión los requisitos relativos al intercambio comercial y a la competencia.

      (1)  Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión — Protocolo 8 sobre la reestructuración de la industria siderúrgica polaca (DO 2003, L 236, p. 948).


title: Asunto T-493/09 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2010 por Y contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 7 de octubre de 2009 en el asunto F-29/08, Y/Comisión

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/46

         Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2010 por Y contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 7 de octubre de 2009 en el asunto F-29/08, Y/Comisión
   (Asunto T-493/09 P)
   ()
   2010/C 221/77
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Y (Bruselas) (representante: J. Van Rossum, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 7 de octubre de 2009 (asunto F-29/08, Y/Comisión) por la que se desestima la acción ejercitada por el demandante.

               —

               Que se anule la decisión de 24 de mayo de 2007 de despedir al demandante.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagarle la remuneración que habría seguido percibiendo si no se hubiera resuelto su contrato anticipadamente, así como todas las indemnizaciones a las que puede aspirar.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagarle una indemnización de 500 000 euros en resarcimiento del daño moral que ha sufrido.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso el demandante pide que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública (TFP) de 7 de octubre de 2009, dictada en el asunto Y/Comisión, F-29/08, por la que se desestima el recurso mediante el cual dicha parte había solicitado, por un lado, que se anulara la decisión de la Comisión relativa al despido del demandante y, por otro, una indemnización de daños y perjuicios.
   En apoyo de su recurso el demandante alega que el TFP cometió errores de Derecho al:

               —

               considerar que la Comisión no estaba obligada a consultar el Comité de informes, siendo así que, según alega, la Decisión de la Comisión de 7 de abril de 2004 por la que se adoptan las disposiciones generales de ejecución relativas a los procedimientos que regulan la contratación y el empleo de los agentes contractuales impone tal consulta;

               —

               considerar que se había despedido al demandante de manera procedente, siendo así que éste no pudo presentar sus observaciones sobre el dictamen del Comité de informes, que, según afirma, no le fue notificado;

               —

               reputar que la no comunicación al demandante del dictamen del Comité de informes no vulneraba su derecho de defensa;

               —

               considerar que la decisión de despido no se basaba en el dictamen del Comité de informes, aun cuando se hacía expresa referencia a dicho dictamen en la motivación de la decisión de despido;

               —

               considerar que la Institución se basó únicamente en las imputaciones y en los elementos fácticos mencionados en el informe sobre la fase de prácticas del demandante mientras que del texto de dicha decisión se desprende que se basa en aspectos relativos a las alegaciones de corrupción pasiva;

               —

               estimar que la decisión de despido se hallaba fundamentada con arreglo a Derecho siendo así que se basaba en imputaciones y hechos acaecidos antes de la incorporación del demandante como agente contractual, y

               —

               considerar que la decisión de despido no es una sanción disciplinaria mientras que los incumplimientos que se imputan al demandante dieron lugar al inicio de un procedimiento disciplinario sobre los mismos hechos y el mismo comportamiento que los señalados para justificar la decisión de despido.


title: Asunto C-212/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de junio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — República de Polonia) — Logstor ROR Polska Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Fiscalidad — Impuesto sobre las aportaciones — Directiva 69/335/CEE — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Tributación de un préstamo contraído por una sociedad de capital con una persona que tiene derecho a un porcentaje de los beneficios de la misma sociedad — Derecho de un Estado miembro a reintroducir un gravamen que no estaba ya vigente en la fecha de su adhesión a la Unión Europea)

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de junio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — República de Polonia) — Logstor ROR Polska Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
   (Asunto C-212/10) (1)

   (Fiscalidad - Impuesto sobre las aportaciones - Directiva 69/335/CEE - Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales - Tributación de un préstamo contraído por una sociedad de capital con una persona que tiene derecho a un porcentaje de los beneficios de la misma sociedad - Derecho de un Estado miembro a reintroducir un gravamen que no estaba ya vigente en la fecha de su adhesión a la Unión Europea)
   2011/C 232/14
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Logstor ROR Polska Sp z o.o.

      Demandada: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Interpretación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22) en la versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985 (DO L 156, p. 23; EE 09/01, p. 171) — Derecho de un Estado miembro a reintroducir un impuesto suprimido el día de su adhesión a la Unión Europea — Impuesto sobre las aportaciones — Tributación de un préstamo contraído por una sociedad de capital con una persona que tiene derecho a un porcentaje de los beneficios de la misma sociedad.

      Fallo

   El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro reintroduzca un impuesto sobre las aportaciones que grava los préstamos contraídos por una sociedad de capital, si el acreedor tiene derecho a una cuota-parte de los beneficios de la sociedad, cuando ese Estado miembro haya renunciado con anterioridad a percibir dicho impuesto.

      (1)  DO C 209, de 31.7.2010.


title: Asunto T-690/13: Recurso interpuesto el 31 de diciembre de 2013 — Invivo/OLAF

text:
               19.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/20

         Recurso interpuesto el 31 de diciembre de 2013 — Invivo/OLAF
   (Asunto T-690/13)
   2014/C 151/26
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Invivo Ltd (Abinsk, Russia) (representante: T. Huopalainen, abogado)

      Demandada: Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Examine la conformidad a Derecho de la omisión de la parte demandada en el asunto OF/2013/0902 después de que hubiera sido requerida por la demandante para que actuase.

               —

               Inste a la demandada a actuar.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca como único motivo la existencia de una omisión sobre la base del artículo 265 TFUE, puesto que, a su entender, se afectan los intereses financieros de la UE en el sentido del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1073/1999 (1) cuando la agencia nacional que concede las ayudas recibe la mayor parte de sus fundos de la UE y por parte del supuesto infractor están involucradas personas jurídicas de al menos dos Estados miembros.

      (1)  Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO 1999 L 136, p. 1).


title: Asunto C-407/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën ( Sexta Directiva IVA — Artículo 13, parte A, apartado 1, letra f) — Exenciones — Requisitos — Prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas — Servicios prestados a uno o a varios miembros de la agrupación )

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-407/07) (1)

   («Sexta Directiva IVA - Artículo 13, parte A, apartado 1, letra f) - Exenciones - Requisitos - Prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas - Servicios prestados a uno o a varios miembros de la agrupación»)
   (2009/C 32/13)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hoge Raad der Nederlanden
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación del artículo 13, parte A, apartado 1, letra f), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas con objeto de proporcionar a sus miembros los servicios directamente necesarios para el ejercicio de una actividad exenta.
   Fallo
   El artículo 13, parte A, apartado 1, letra f), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que, a condición de que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta disposición, las prestaciones de servicios proporcionadas a sus miembros por agrupaciones autónomas se acogen a la exención prevista por dicha disposición, aunque estas prestaciones se faciliten a uno solo o a varios de dichos miembros.

      (1)  DO C 283 de 24.11.2007.


title: Asunto C-193/06 P: Recurso de casación interpuesto el  24 de abril de 2006  por Société des Produits Nestlé SA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el  22 de febrero de 2006  en el asunto T-74/04, Société des produits Nestlé/Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), parte interviniente: Quick Restaurants SA

text:
               15.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/14

         Recurso de casación interpuesto el 24 de abril de 2006 por Société des Produits Nestlé SA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el 22 de febrero de 2006 en el asunto T-74/04, Société des produits Nestlé/Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), parte interviniente: Quick Restaurants SA
   (Asunto C-193/06 P)
   (2006/C 165/25)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Société des Produits Nestlé SA (representante: D. Masson, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) y Quick Restaurants SA
   Pretensiones

               —

               Que se anule la sentencia del TPICE, T-74/04 de 22 de febrero de 2006.

               —

               Que se imponga a la OAMI el pago de la totalidad de las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al no apreciar la marca controvertida en su globalidad e in concreto, ya que por tratarse de una marca formada por un personaje especialmente distintivo y por su nombre, no pueden disociarse en este acaso los elementos gráficos y denominativos de dicha marca compleja.
   Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, (1) al no tener en cuenta, para apreciar el riesgo de confusión, todos los elementos pertinentes de que se trataba y ello, tanto en lo tocante a la marca solicitada de la recurrente como a la marca denominativa de la interviniente.
   Por último, al analizar tan sólo una parte de los derechos invocados en la oposición de la interviniente, el Tribunal de Primera Instancia infringió las normas aplicables en materia de oposición de marca.

      (1)  DO 1994 L 11, p. 1.


title: Asunto T-491/14: Recurso interpuesto el 30 de junio de 2014 — Bodegas Muga/Comisión

text:
               25.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/51

         Recurso interpuesto el 30 de junio de 2014 — Bodegas Muga/Comisión
   (Asunto T-491/14)
   2014/C 282/67
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Bodegas Muga, SL (Haro, España) (representantes: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la Décision impugnada en la medida en que califica al conjunto de medidas que según ella constituyen el SEAF como una ayuda de Estado nueva e incompatible con el mercado interior;

               —

               subsidiariamente, que anule los artículos 1 y 4 de la Decisión impugnada, que identifican a los inversores de las AIEs como beneficiarios de las supuestas ayudas y como únicos beneficiarios de la orden de recuperación;

               —

               subsidiariamente, que anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que ordena la recuperación de las supuestas ayudas en vulneración de principios generales de Derecho de la UE;

               —

               en todo caso, que anule el artículo 4 de la decisión impugnada, en la medida en que se pronuncia sobre la legalidad de contratos privados entre los inversores y otras entidades, y

               —

               condene a la Comisión a las costas de este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales argumentos son los ya invocados en el asunto T-700/13, Bankia/Comisión.


title: Asunto C-409/13: Recurso interpuesto el 18 de julio de 2013 — Consejo de la Unión Europea/Comisión Europea

text:
               21.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/15

         Recurso interpuesto el 18 de julio de 2013 — Consejo de la Unión Europea/Comisión Europea
   (Asunto C-409/13)
   2013/C 274/27
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Consejo de la Unión Europea (representantes: G. Maganza, A. de Gregorio Merino e I. Gurov, agentes)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2013 mediante la que ésta decidió retirar su propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales de la ayuda macrofinanciera a terceros países.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   El Consejo invoca tres motivos para fundamentar su recurso, cuyo objeto es la anulación de la decisión de la Comisión de retirar una propuesta de reglamento en una fase avanzada de la primera lectura del procedimiento legislativo ordinario.
   En primer lugar, el Consejo sostiene que la retirada de la propuesta de reglamento constituye una violación grave del principio de atribución de competencias, formulado en el artículo 13 TUE, apartado 2, y del principio de equilibrio institucional. Según el Consejo, ninguna disposición de los Tratados confiere expresamente a la Comisión una prerrogativa general para retirar una propuesta que ha presentado al legislador de la Unión. No obstante, si bien el Consejo no cuestiona la existencia de tal potestad de retirada sobre la base del artículo 293 TFUE, apartado 2, la Comisión no puede ejercerla de manera discrecional o abusiva. El Consejo estima que la retirada de la propuesta en una fase muy avanzada del procedimiento legislativo equivaldría a conceder a la Comisión una forma de derecho de veto frente a los colegisladores de la Unión. De ese modo, la Comisión se situaría al mismo nivel que estos últimos, lo cual daría lugar a una desviación del procedimiento legislativo ordinario previsto en el artículo 294 TFUE, excedería de la competencia de iniciativa legislativa de la Comisión prevista en el artículo 293 TFUE, apartado 2, y privaría de eficacia al derecho de enmienda del Consejo previsto en el artículo 293 TFUE, apartado 1. Según el Consejo, tal ejercicio de la potestad de retirada sería además contradictorio con el artículo 10 TFUE, apartados 1 y 2, puesto que la Comisión ya no sería una institución con una función ejecutiva, sino que participaría en el procedimiento legislativo al mismo nivel que las instituciones que disponen de legitimidad democrática.
   En segundo lugar, arguye que la retirada de la propuesta de reglamento constituye asimismo una violación del principio de cooperación leal, contemplado en el artículo 13 TUE, apartado 2. Por un lado, el Consejo afirma que la retirada de la propuesta de reglamento se efectuó muy tarde. Después de numerosas reuniones tripartitas que tuvieron lugar en la fase de primera lectura («diálogos tripartitos»), la Comisión retiró sin embargo su propuesta de reglamento el día en que el Parlamento y el Consejo debían rubricar el compromiso que habían alcanzado. Por otro lado, el Consejo reprocha a la Comisión que no agotara todas las posibilidades procedimentales que ofrece el Reglamento interno del Consejo antes de proceder a la retirada.
   Por último, el Consejo aduce que el acto de retirada impugnado incumplió el requisito de motivación de los actos que, no obstante, prevé el artículo 296 TFUE, párrafo segundo. El Consejo reprocha a la Comisión que no expusiera en su decisión de retirada ninguna explicación y que no efectuara ninguna publicación de tal decisión.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Pretura Circondariale di Roma - Sezione distaccata di Tivoli, de fecha 21 de febrero de 1996, en el proceso penal seguido contra Italia Testa (Asunto C-101/96)

text:
 1 . 6 . 96          1 ES |                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      N " C 158 /3
extranjeras que tengan una relación de trabajo por tiempo                  y entre URSSAF des Bouches-du-Rhône y SA Clinique
 indefinido con una Universidad italiana .                                 Florens, intervención voluntaria : Jean Chouraqui (C- 96/
                                                                           96 ), y recibidas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18
 C ) DO n" L 257 de 19 . 10 . 1968 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 77 .           de marzo de 1996 .
                                                                           El tribunal de commerce de Marseille solicita al Tribunal de
                                                                           Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión :
Recurso interpuesto el 25 de marzo de 1996 contra la
República Helénica por la Comisión de las Comunidades                      ¿ Es posible que el Estado francés entable acciones judiciales
                                Europeas                                   contra el Sr . Jean Chouraqui en su calidad de represen
                                                                           tante ( 1 ) antes de haber reparado el perjuicio sufrido por este
                         ( Asunto C-94/96 )
                                                                           último y debido a la responsabilidad del Estado, habida
                             ( 96/C 158/04 )                               cuenta de que las cantidades adeudadas están estrechamente
                                                                           vinculadas al perjuicio resultante del ingreso en prisión del
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                  Sr. Chouraqui de modo anormal puesto que fue absuelto
ha presentado el 25 de marzo de 199 6 un recurso contra la                 por la cour d'assises mediante sentencia de fecha 16 de
República Helénica formulado por la Comisión de las                        diciembre de 1994 y de que el procedimiento de suspensión
Comunidades Europeas, representada por la Sra . María                      de pagos agrava el perjuicio irrogado ?
Condou-Durande , miembro del Servicio Jurídico, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.                   (') Es decir, « en calidad de representante de la EURL Jean
Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico,                        Chourqaui , propietaria de la persona jurídica deudora de
Centre Wagner, Kirchberg .                                                     cantidades adeudadas al Estado de francés », « no cabe estimar el
                                                                               motivo basado en la diferencia existente entre el Estado francés
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :                     y la URSSAF ».
— Declare que la República Helénica ha incumplido las
      obligaciones que le incumben tanto en virtud del
      Tratado CE como de la Directiva 92/ 116/CEE del
      Consejo ('), de 17 de diciembre de 1992 , por la que se              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                           lución de la Pretura Circondariale di Roma — Sezione
      modifica y actualiza la Directiva 71 /1 18/CEE ( 2 ) relativa
      a problemas sanitarios en materia de intercambios de                 distaccata di Tivoli, de fecha 21 de febrero de 1996 , en el
      carne fresca de aves de corral , al no haber adoptado,                           proceso penal seguido contra Italia Testa
      dentro del plazo señalado, las disposiciones legales,                                        ( Asunto C-101 /96 )
      reglamentarias y administrativas necesarias para ate                                           ( 96/C 158 /06 )
      nerse a dicha Directiva .
                                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
— Condene en costas a la República Helénica .
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Motivos y principales alegaciones                                          resolución de la Pretura Circondariale di Roma — Sezione
                                                                           distaccata di Tivoli dictada el 21 de febrero de 1996 en el
El párrafo tercero del artículo 189 del Tratado constitutivo               proceso penal seguido contra Italia Testa , y recibida en la
de la Comunidad Económica Europea establece que la                         Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de marzo de
Directiva obligará al Estado miembro destinatario . Hasta                  1996 .
las fecha , la República Helénica no ha adoptado las medidas
adecuadas para la plena adaptación de su ordenamiento                      La Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di
jurídico interno a la citada Directiva .                                   Tivoli solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
                                                                           las siguientes cuestiones :
(M DO n" L 62 de 15 . 3 . 1993 , p . 1 .
( 2 ) DO n " L 55 de 8 . 3 . 1971 , p . 23 ; EE 03/04 , p . 131 .          A ) Si la legislación nacional que confiere a la Società
                                                                                italiana Autori ed Editori ( SIAE ) el derecho exclusivo de
                                                                                gestion de los derechos de autor puede impedir o limitar
                                                                                la importación o la exportación de soportes de sonido
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante                         que hayan sido lícitamente comercializados en otro
resoluciones del tribunal de commerce de Marseille, de fecha                     Estado .
1 de marzo de 1996 , en los asuntos entre URSSAF des
Bouches-du-Rhône y SA Clinique de la Pointe Courte,                        B ) Si en el ámbito del mercado único , caracterizado por la
intervenciôn voluntaria: Jean Chouraqui ( C-95/96 ), y entre                     libre circulación de mercancías y la libre prestación de
URSSAF des Bouches-du-Rhône y SA Clinique Florens,                              servicios, la SIAE puede exigir siempre y en cualquier
      intervenciôn voluntaria: Jean Chouraqui ( C-96/96 )                       caso el pago de remuneraciones en nombre de los
                                                                                autores , invocando para el ejercicio de esta facultad la
                 ( Asuntos C-95/96 y C-96/96 )                                  aplicación de la protección penal para el cumplimiento
                             ( 96/C 158/05 )                                    de su exigencia .
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han                 C ) Si la legislación y la jurisprudencia nacionales que
sido sometidas dos peticiones de decisión prejudicial                           invoca la SIAE en el propio escrito de personación como
mediante resoluciones del tribunal de commerce de Marsei                       actor civil puede suponer una discriminación arbitraria
lle , dictadas el 1 de marzo de 1996 en los asuntos entre                       o una restricción encubierta de las corrientes comercia
URSSAF des Bouches-du-Rhône y SA Clinique de la Pointe                          les relacionadas con la explotación comercial de los
Courte, intervención voluntaria : Jean Chouraqui ( C-95/96 ),                   derechos de autor, procedentes de o con destino a Italia ,
 ---pagebreak--- N° C 158 /4              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        1 . 6 . 96
     en perjuicio de los demás Estados miembros de la Unión                 Directiva . También es contrario a esta disposición el
     Europea .                                                              establecimiento unilateral de un determinado test como
                                                                            método para determinar la existencia de un fuerte olor
                                                                            sexual ; esto da lugar a un rechazo sistemático de las
                                                                            exportaciones procedentes de Dinamarca , donde, con la
                                                                            aprobación de las autoridades competentes, se efectúan
Recurso interpuesto el 27 de marzo de 1996 contra la                        las pruebas mediante el llamado « método skatol ». Las
República Federal de Alemania por la Comisión de las                        autoridades alemanas invocan erróneamente la letra b )
                      Comunidades Europeas                                  del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, puesto que
                        ( Asunto C-102/96 )                                 la actuación alemana no consiste en controlar por
                                                                            sondeo la observancia de las disposiciones comunitarias,
                            ( 96/C 158 /07 )                                sino en la imposición sistemática de un método cuy^
                                                                            fiabilidad solamente es reconocida por Alemania .
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 27 de marzo de 1996 un recurso contra la             — Infracción de las condiciones del Derecho comunitario
República Federal de Alemania formulado por la Comisión                     para expedir una declaración' de aptitud para el consumo
de las Comunidades Europeas , representada por el Sr .                      conforme al artículo 5 de la Directiva 64/433/CEE en la
Klaus-Dieter Borchardt, miembro del Servicio Jurídico de la                 versión de la Directiva 91 /497/CEE : es cierto que en el
Comisión de las Comunidades Europeas , que designa como                      marco del control por sondeo el país de destino puede
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr . Carlos Gómez                    aplicar un método apropiado de su elección, pero no está
de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión de                  facultado para revocar entonces sobre esta base la
las Comunidades Europeas , Centre Wagner C 254 , Kirch                      aptitud para el consumo de todas las partidas de carne
berg, Luxemburgo .                                                           que en el país de origen habían sido calificadas como
                                                                             apropiadas . Esto no sería compatible ni con el principio
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :                   del mercado interior, ni con el artículo 8 de la Directiva
                                                                             89/662/CEE, que establece una especie de procedi
1 ) Declare que la República Federal de Alemania ha                          miento de arbitraje con la participación de la Comi
     incumplido las obligaciones que le incumben en virtud                   sión .
     de la letra b ) del apartado 1 del artículo 6 y de la letra o )
     del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 64/433/CEE                En relación con el « método skatol » empleado en
     del Consejo (') en la versión de la Directiva 91 /497/CEE               Dinamarca , cuya fiabilidad también había sido puesta en
     del Consejo ( 2 ) en relación con el apartado 1 del                     duda por Francia, este procedimiento ya ha dado lugar a
     artículo 5 y los artículos 7 y 8 de la Directiva                        una confirmación del mismo; a diferencia de las autori
     89/662/CEE del Consejo ( ') así como del artículo 30 del                dades francesas, las alemanas se niegan a acatar este
     Tratado CE al                                                           resultado .
     — exigir el cumplimiento de la obligación especial de            — Infracción del artículo 30 del Tratado CE : El Gobierno
         dotar de una marca especial y someter a tratamiento                 Federal no tiene razón al invocar razones imperiosas de
         térmico , con arreglo a la letra b ) del apartado 1 del             protección de los consumidores . Las exigencias relativas
         artículo 6 de la Directiva, de las canales de cerdos                a la obtención y comercialización de carne fresca para el
         machos no castrados cuando , independientemente                     consumo humano están completamente armonizadas
         del peso de los animales, la carne de los varracos                  con las Directivas 64/433/CEE ( en la versión de la
         presenta un contenido de androsterona de más de                     Directiva 91 /497/CEE) y 89/662/CEE. La declaración
         0,5 /xg/g según el test de inmunoenzimas del Prof.                  formulada por el Consejo y la Comisión acerca de la
         Claus modificado                                                    problemática de los verracos con motivo de la adopción
                                                                             de la Directiva 91 /497/CEE tiene una función mera
         y                                                                   mente aclaratoria y no puede ser interpretada de una
     — considerar que la carne que supere un valor límite de                 forma que resulte incompatible con el tenor literal de la
                                                                             Directiva .
         0,5 ¡xg/g de androsterona presenta un olor sexual
         fuerte que, conforme a la letra o ) del artículo 5 de la
          Directiva , implica que la carne no es apropiada para       (•) DO n" 121 de 29 . 7 . 1964, p . 2012 .
         el consumo humano .                                          ( 2 ) DO n" L 268 de 29 . 7 . 1991 , p . 69 .
                                                                      ( 3 ) DO n " L 395 de 30 . 12 . 1989 , p . 13 .
 2 ) Condene en costas a la parte demandada .
 Motivos y principales alegaciones
                                                                      Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
— Incumplimiento de las condiciones del Derecho comu                 lución del tribunal d'instance de Lille, de fecha de 19 de
     nitario para el establecimiento de una obligación espe          marzo de 1996, en el asunto entre el Directeur général des
     cial de marcado y tratamiento térmico con arreglo al
     artículo 6 de la Directiva 64/433/CEE en la versión de la
                                                                            douanes et droits indirects y Eridania Beghin-Say SA
     Directiva 91 /497/CEE : la exigencia de las autoridades                                  ( Asunto C-103 /96 )
     alemanas de marcar también, en su caso , canales de                                         ( 96/C 158/08 )
     animales de menos de 80 kg y de someterlas a trata
     miento térmico constituye una contradicción flagrante            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     con la letra b ) del apartado 1 del artículo 6 de la             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante


title: Asunto T-459/08: Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2008 — EuroChem MCC/Consejo

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/37

         Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2008 — EuroChem MCC/Consejo
   (Asunto T-459/08)
   (2008/C 327/66)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: EuroChem Mineral y Chemical Company OAO (EuroChem MSS) (Moscú, Rusia) (representantes: P. Vander Schueren y B. Evtimov, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión europea
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento (CE) no 661/2001 del Consejo, de 8 de julio de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia, a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, y una reconsideración provisional parcial, de conformidad con el artículo 12, apartado 3, del Reglamento (CE) no 384/96 (1), en la medida en que el citado Reglamento impone un derecho antidumping a las demandantes, a sus sociedades filiales y a sus empresas vinculadas, que se enumeran en el considerando 23, letras a) y c), de la exposición de motivos y en los artículos 1, apartado 2, letra a), y 2, apartado 2, letra a), del Reglamento impugnado.

               —

               Que se condene al Consejo al pago de las costas ocasionadas por el presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso, las demandantes formulan dos motivos de anulación, el segundo de los cuales está dividido en dos puntos.
   En primer lugar, las demandantes afirman que tanto el Consejo como la Comisión infringieron el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base (2), y/o incurrieron en un incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, al no iniciar por su propia iniciativa una reconsideración provisional del perjuicio y de las afirmaciones relativas a los importes del mismo, paralelamente a la reconsideración por expiración y, por lo tanto, incurrieron en un manifiesto error de apreciación al afirmar que sigue existiendo un riesgo evidente de que se produzca un perjuicio en el marco de la reconsideración por expiración.
   En segundo lugar, las demandantes afirman que tanto el Consejo como la Comisión fijaron erróneamente el valor normal para las demandantes en el marco de la reconsideración provisional parcial, lo cual condujo a su incremento artificial, y llevaron a cabo una comparación indebida con el precio de exportación, haciendo de esta forma varias afirmaciones erróneas sobre el dumping, con lo cual infringieron los artículos 1 y 2 del Reglamento de base, lo cual provocó una serie de errores manifiestos de apreciación y violó asimismo varios principios fundamentales del Derecho comunitario.
   Más en concreto, las demandantes alegan que la Comisión y el Consejo incurrieron en error de Derecho e infringieron el artículo 2, apartados 3 y 5, del Reglamento de base, al igual que su marco normativo constituido por los artículos 1 y 2 del propio Reglamento de base, al no haber tenido en cuenta una parte sustancial de los costes de producción de las demandantes, por considerarlos insignificantes y/o al haber aplicado de facto una metodología distinta de la propia de una economía de mercado, a la hora de determinar la parte esencial del valor normal de las demandantes.
   Una vez que decidió efectuar el ajuste del gas, la Comisión infringió el artículo 2, apartado 5, segunda frase, incurrió en un manifiesto error de apreciación, y dio muestras de una clara falta de comprensión al llevar a cabo el ajuste del gas sobre la base de su precio dentro de la Comunidad en Waidhaus, Alemania, sin efectuar otras deducciones.
   Para terminar, las demandantes señalan que tanto el Consejo como la Comisión infringieron el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base e incurrieron en error manifiesto en la apreciación de los hechos al haber deducido del precio a la exportación de las demandantes los gastos de venta al primer comprador independiente, los gastos administrativos y otros gastos generales, así como las comisiones cargadas a las sociedades vinculadas, que forman parte de la entidad económica de las demandantes y de su departamento integrado de ventas.

      (1)  DO L 185, p. 1.

      (2)  Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1).


title: Asunto T-359/04: Recurso interpuesto el 30 de agosto de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por The British Aggregates Association Limited, Healy Bros. Limited y DK Trotter & Sons Limited

text:
               20.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 284/22

         Recurso interpuesto el 30 de agosto de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por The British Aggregates Association Limited, Healy Bros. Limited y DK Trotter & Sons Limited
   (Asunto T-359/04)
   (2004/C 284/45)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 30 de agosto de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por The British Aggregates Association Limited, con domicilio en Lanark (Reino Unido), Healy Bros. Limited, con domicilio en Middleton, County Cork (Irlanda) y DK Trotter & Sons Limited, con domicilio en Manorhamilton, County Leitrim (Irlanda), representadas por C. Pouncey, Solicitor, y L. Van Den Hende, abogado.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la Decisión C(2004) 1614 final de la Comisión, de 7 de mayo de 2004 (Ayuda de Estado N 2/2004 — Reino Unido/Aggregates Levy).

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas de la demandante en el presente litigio.

         Motivos y principales alegaciones
   En el año 2002 el Reino Unido introdujo el Aggregates Levy, un gravamen ecológico sobre ciertos tipos de áridos. Mediante una Decisión del mismo año, la Comisión declaró que las disposiciones del Aggregates Levy no constituían una ayuda estatal. Al considerar que el Aggregates Levy afectaba a la competitividad de sus asociados, la demandante interpuso en su día recurso contra dicha Decisión ante el Tribunal de Primera Instancia. (1)

   El 5 de enero de 2004 el Reino Unido notificó a la Comisión un nuevo régimen de exención del gravamen en Irlanda del Norte. Mediante la Decisión impugnada, la Comisión declaró que el nuevo régimen era compatible con el mercado común, y desestimó la denuncia que había presentado la demandante contra el mismo sin proceder a incoar un procedimiento de investigación formal.
   Para fundamentar su recurso, la demandante alega, en primer término, que la exención controvertida vulnera los artículos 23 CE y 90 CE, por lo que no puede ser declarada compatible con el mercado común. La demandante añade que la Comisión incumplió sus propias Directrices medioambientales, (2) ya que cometió tres errores manifiestos de apreciación en relación con las mismas: consideró que el 20 % del gravamen, que es la cantidad que deben abonar las empresas acogidas a la exención, era una cantidad significativa; consideró erróneamente que la decisión sobre la nueva exención ya se había adoptado cuando se aprobó el Aggregate Levy, y concluyó erróneamente que el gravamen tenía un impacto positivo significativo en cuanto a la protección del medio ambiente.
   La demandante también alega que la Comisión omitió motivar, como prescribe el artículo 253 CE, la Decisión impugnada, incumplió su obligación de iniciar un procedimiento formal de investigación e incumplió sus obligaciones relativas al procedimiento durante la investigación preliminar.

      (1)  Asunto T-210/02, publicado en el DO C 219 de 14.9.2002, p. 23.

      (2)  Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medioambiente (DO C 37 de 3.2.2001, pp. 3 a 15).


title: Asunto C-29/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 21 de enero de 2013 — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 21 de enero de 2013 — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
   (Asunto C-29/13)
   2013/C 108/32
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Global Trans Lodzhistik OOD

      Demandada: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se deriva del artículo 243, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, (1) por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, interpretado en relación con el artículo 245 de dicho Reglamento, así como con los principios del derecho de defensa y de cosa juzgada, que se admite una normativa nacional, como la establecida en los artículos 220 y 211a de la Zakon za mitnitsite (Ley de aduanas), en virtud de la cual puede impugnarse más de una resolución de una oficina de aduanas, por la que se fija una deuda aduanera complementaria con el objetivo de su posterior recaudación, y ello también cuando, en las circunstancias del litigio principal, podría adoptarse una decisión definitiva para fijar dicha deuda aduanera en el sentido del artículo 181 bis, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, (2) por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 243, apartado 2, del Reglamento no 2913/92 sobre la interposición de un recurso en el sentido de que no establece que una decisión definitiva en el sentido del artículo 181 bis, apartado 2, del Reglamento no 2454/93 deba impugnarse primero por la vía administrativa para que sea lícito un procedimiento judicial?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 181 bis, apartado 2, del Reglamento no 2454/93, en las circunstancias del litigio principal, en el sentido de que, si no se ha observado el procedimiento previsto en dicha disposición en lo que respecta a los derechos a ser oído y a formular objeciones, la resolución adoptada por la autoridad aduanera en infracción de dichas normas no constituye ninguna decisión definitiva en el sentido de la citada disposición, sino que es únicamente parte del procedimiento para adoptar la decisión definitiva? De no ser así, ¿debe interpretarse esta disposición, en las circunstancias del litigio principal, en el sentido de que la resolución adoptada incurriendo en los citados vicios de procedimiento está sometida directamente al control judicial y el órgano jurisdiccional está obligado a resolver en cuanto al fondo la demanda presentada contra ella?

               4)

               Debe interpretarse el artículo 181 bis, apartado 2, del Reglamento, en las circunstancias del litigio principal y a la vista del principio de legalidad, en el sentido de que si no se ha observado el procedimiento previsto en dicha disposición en lo que respecta a los derechos a ser oído y a formular objeciones, la resolución de la autoridad aduanera adoptada en infracción de dichas normas, es nula debido a un vicio sustancial de procedimiento, similar a un requisito sustancial de forma, cuya infracción conduce a la nulidad del acto de Derecho independientemente de las consecuencias concretas de la infracción, de modo que el órgano jurisdiccional está obligado a resolver sobre una demanda presentada contra dicha resolución, sin poder considerar la devolución del asunto a la autoridad administrativa para que ésta ponga fin al procedimiento conforme a Derecho?

      (1)  DO L 302, p. 1.

      (2)  DO L 253, p. 1.


title: Asunto C-336/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgerichts Sonthofen (Alemania) el 11 de julio de 2014 — Proceso penal contra Sebat Ince

text:
               29.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 339/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgerichts Sonthofen (Alemania) el 11 de julio de 2014 — Proceso penal contra Sebat Ince
   (Asunto C-336/14)
   2014/C 339/07
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Amtsgericht Sonthofen

      Partes en el proceso principal

   Sebat Ince

      Otra parte: Staatsanwaltschaft Kempten

      Cuestiones prejudiciales

   I.   En relación con el primer delito imputado (enero de 2012) y el segundo delito imputado hasta finales de junio de 2012:

               1 a)

               ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que prohíbe a las autoridades sancionadoras sancionar penalmente la intermediación, sin autorización alemana, en las apuestas deportivas de un organizador de apuestas autorizado en otro Estado miembro, cuando la intermediación requiere también una autorización alemana, pero las autoridades nacionales tienen prohibido conceder autorizaciones a organizadores de apuestas no estatales en virtud de una normativa contraria al Derecho de la Unión («monopolio en materia de apuestas deportivas»)?

               1 b)

               ¿Es distinta la respuesta a la letra a) de la primera cuestión si, en uno de los quince Bundesländer alemanes que han establecido y ejecutan conjuntamente el monopolio estatal en materia de apuestas deportivas, los organismos públicos afirman, en los procedimientos de prohibición o sancionadores, que la prohibición por ley de conceder autorizaciones a operadores privados no se aplica en caso de solicitudes de organización o intermediación para ese Bundesland?

               1 c)

               ¿Deben interpretarse los principios del Derecho de la Unión, especialmente la libre prestación de servicios, y la sentencia del Tribunal de Justicia recaída en el asunto C-186/11, en el sentido de que se oponen a una prohibición o sanción duradera, calificada de «preventiva», de la intermediación transfronteriza en apuestas deportivas cuando esto se justifica por el hecho de que para la autoridad competente, en el momento de adoptar su resolución, no era «evidente, es decir apreciable sin mayor examen», que la actividad de intermediación reúne todos los requisitos materiales para la autorización, al margen de la reserva de monopolio a favor del Estado?

               2)

               ¿Debe interpretarse la Directiva 98/34/CE, (1) en el sentido de que se opone a que se sancione la intermediación en apuestas deportivas, realizada sin autorización alemana por medio de una máquina de apuestas para un organizador de apuestas autorizado en otro Estado miembro, cuando las intervenciones estatales se basan en una ley de un Bundesland particular que no ha sido notificada a la Comisión Europea y que tiene por objeto el ya expirado Staatsvertrag zum Glücksspielwesen (Tratado estatal sobre juegos de azar; en lo sucesivo, «GlüStV»)?

         II.   En relación con el segundo delito imputado por el período a partir de julio de 2012

               3)

               ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, los principios de transparencia y de igualdad y la prohibición de favoritismo del Derecho de la Unión, en el sentido de que se oponen a la sanción de la intermediación en apuestas deportivas, sin autorización alemana, para un organizador de apuestas autorizado en otro Estado miembro, en un caso caracterizado por un Glücksspieländerungsstaatsvertrag (Tratado estatal modificador de los juegos de azar; en lo sucesivo, «GlüÄndStV»), celebrado por un plazo de nueve años y con una «cláusula experimental para apuestas deportivas», que durante siete años prevé la posibilidad teórica de conceder un máximo de veinte concesiones también a organizadores de apuestas no estatales, con efectos de legalización para todos los Bundesländer alemanes, como condición necesaria para la obtención de una autorización de comercialización, cuando:

                           a)

                           el procedimiento de concesión y los litigios que se sigan a este respecto los tramita el organismo competente para las concesiones conjuntamente con el despacho de abogados que asesora habitualmente a la mayoría de los Bundesländer y a sus empresas de lotería en relación con el monopolio en materia de apuestas deportivas contrario al Derecho de la Unión, que los ha representado ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra los operadores privados de apuestas y al que se encomendó la representación de los organismos públicos en los procedimientos prejudiciales Markus Stoß [y otros, C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 y C-410/07, EU:C:2010:504], Carmen Media Group, [C-46/08, EU:C:2010:505] y Winner Wetten [C-409/06, EU:C:2010:503];

                           b)

                           el anuncio de licitación pública para adjudicar las autorizaciones, publicado el 8 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Unión Europea, no contenía detalles sobre los requisitos mínimos de los proyectos que debían presentarse, sobre el contenido de las demás declaraciones y acreditaciones necesarias ni sobre la selección del máximo de veinte concesionarios, y estos detalles sólo se dieron a conocer una vez concluido el plazo de licitación, mediante un «memorando de información» y otros muchos documentos, solamente a los licitadores que se hubiesen clasificado para una «segunda fase» del procedimiento de concesión;

                           c)

                           ocho meses después del inicio del procedimiento, contrariamente al anuncio de licitación, la autoridad competente para las concesiones sólo invitó a catorce licitadores a presentar personalmente sus proyectos sociales y de seguridad alegando que habían cumplido al 100 % los requisitos mínimos para la obtención de una concesión, pero quince meses después del inicio del procedimiento comunica que ni uno solo de los licitadores ha acreditado «de manera comprobable» el cumplimiento de los requisitos mínimos;

                           d)

                           el licitador de titularidad pública, surgido de la unión de las sociedades estatales de loterías («Ods», Ods Deutschland Sportwetten GmbH), figura entre los catorce licitadores invitados a presentar sus proyectos ante la autoridad competente para las concesiones, pero probablemente no tiene derecho a la concesión debido a sus vinculaciones societarias con organizadores de acontecimientos deportivos, porque la legislación vigente (artículo 21, apartado 3, del GlüÄndStV) exige una estricta separación del deporte activo y las entidades que lo organizan respecto de la organización e intermediación en apuestas deportivas;

                           e)

                           para obtener una concesión se exige, entre otros requisitos, acreditar «el origen legal de los fondos necesarios para la organización de la oferta de apuestas prevista»;

                           f)

                           la autoridad competente para las concesiones y el colegio de juegos de azar que resuelve sobre las concesiones, compuesto por representantes de los Bundesländer, no ha hecho uso de la posibilidad de otorgar concesiones a organizadores privados de apuestas, mientras que se permite a las empresas estatales de loterías organizar apuestas deportivas, loterías y otros juegos de azar, sin concesión, hasta un año después del eventual otorgamiento de la concesión, así como comercializarlos y anunciarlos mediante su red de oficinas comerciales de ámbito nacional?

      (1)  Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204, p. 37).


title: Asunto C-163/01 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de abril de 2001 por el Sr. B.M.J.B. Beusmans contra la sentencia dictada el 31 de enero de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-73/94 promovido contra 1. Consejo de la Unión Europea y 2. Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. B.M.J.B. Beusmans

text:
11.8.2001               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 227/7
      intención. En efecto, resulta sorprendente que el Tribunal        formulado por el Sr. B.M.J.B. Beusmans, representado por el
      de Justicia considerase relevante el hecho de que los              Sr. E.H. Pijnacker Hordijk, abogado, contra la sentencia dictada
      cuatro productores SLOM afectados reanudaron la pro-               el 31 de enero de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de
      ducción de leche en 1989, inmediatamente después de la            Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
      atribución de una cantidad de referencia provisional. En          T-73/94 promovido contra 1. Consejo de la Unión Europea,
      la sentencia de que se trata, dicha circunstancia no influyó      representado por el Sr. A.M. Colaert, y 2. Comisión de las
      en absoluto en las consideraciones efectuadas por el               Comunidades Europeas, representada por el Sr. Th. van Rijn,
      Tribunal de Primera Instancia. Por lo demás, en la                por el Sr. B.M.J.B. Beusmans.
      resolución interlocutoria que dictó en el asunto Mulder II,      La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
      el Tribunal de Justicia no abordó en absoluto la problemá-       Comunidades Europeas que:
      tica especı́fica de los productores de 1983.
                                                                         —     Anule la sentencia de 31 de enero de 2001 dictada por el
—     El Tribunal de Primera Instancia ha repartido injustamente               Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-73/94 (1).
      la carga de la prueba y, en cualquier caso, ha impuesto al
      Sr. Bouma una carga de la prueba inaceptable en Derecho:           —     Devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia.
      antes de entrar en vigor el Reglamento no 857/84, los              —     Condene al Consejo y a la Comisión al pago de las costas
      productores SLOM que se encontraban en la situación del                 de las dos instancias.
      Sr. Bouma no podı́an imaginar que la no reanudación de
      su producción antes del 1 de abril de 1984 acarrearı́a
      como consecuencia la pérdida definitiva y completa de su           Motivos y principales alegaciones
      derecho a la atribución de una cantidad de referencia — o
      a una indemnización de daños y perjuicios en su caso —.          Son similares a los formulados en el asunto C-162/01 P.
      El hecho de que se le haya impuesto la obligación de
      demostrar «que tenı́a la intención de reanudar dicha pro-
                                                                         (1) DO 1994, C 90, p. 25.
      ducción al término de su compromiso de no comercializa-
      ción y que se vio en la imposibilidad de hacerlo a causa de
      la entrada en vigor del Reglamento no 857/84» implica
      que el Sr. Bouma tuvo que enfrentarse con los efectos
      retroactivos de la entrada en vigor del referido Reglamento.
      No cabe pedir razonablemente que un nacional comunita-
                                                                         Recurso de casación interpuesto el 13 de abril de 2001
      rio que esté en la situación del Sr. Bouma disponga aún, 17
                                                                         por el Sr. G. van den Berg contra la sentencia dictada el
      o 18 años después de los hechos, de pruebas escritas
                                                                         31 de enero de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de
      relacionadas con su actividad empresarial en el pasado,
                                                                         Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
      máxime cuando las pruebas que el Tribunal de Primera
                                                                         asunto T-143/97 promovido contra 1. Consejo de la Unión
      Instancia ha considerado cruciales en el presente asunto ni
                                                                         Europea y 2. Comisión de las Comunidades Europeas por
      siquiera fueron consideradas relevantes en las sentencias
                                                                                el Sr. G. van den Berg
      anteriores del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera
      Instancia.
                                                                                (Asunto C-164/01 P)
—     El Tribunal de Primera Instancia ha expuesto los hechos
      relevantes, y se ha pronunciado sobre los mismos, de una                                    (2001/C 227/11)
      manera tan injusta y deformada que debe declararse que
      la sentencia viola los principios de motivación y de
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      objetividad.
                                                                         presentado el 13 de abril de 2001 un recurso de casación
                                                                         formulado por el Sr. G. van den Berg, representado por el
(1) DO 1993, C 334, p. 17.                                               Sr. E.H. Pijnacker Hordijk, abogado, contra la sentencia dictada
(2) Sentencia de 11 de diciembre de 1990, asunto C-189/89.               el 31 de enero de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de
(3) DO 1984, L 148, p. 13.                                               Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
                                                                         T-143/97 promovido contra 1. Consejo de la Unión Europea,
                                                                         representado por la Sra. A.M. Colaert, y 2. Comisión de las
                                                                         Comunidades Europeas, representada por el Sr. Th. van Rijn,
Recurso de casación interpuesto el 13 de abril de 2001                  por el Sr. G. van den Berg.
por el Sr. B.M.J.B. Beusmans contra la sentencia dictada el
31 de enero de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de                   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el                      Comunidades Europeas que:
asunto T-73/94 promovido contra 1. Consejo de la Unión
Europea y 2. Comisión de las Comunidades Europeas por                   —     Anule la sentencia de 31 de enero de 2001 dictada por el
                     el Sr. B.M.J.B. Beusmans                                  Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-143/97 (1).
                                                                         —     Devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia para
                       (Asunto C-163/01 P)                                     que vuelva a resolver sobre el recurso que el recurrente
                                                                               interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia el 29 de
                          (2001/C 227/10)                                      abril de 1997.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             —     Condene al Consejo y a la Comisión al pago de las costas
presentado el 13 de abril de 2001 un recurso de casación                      de las dos instancias.


title: Asunto T-22/14: Auto del Tribunal General de 11 de noviembre — Bergallou/Parlamento y Consejo («Recurso de anulación — Reforma del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión — Régimen menos favorable en materia de pago a tanto alzado de los gastos de viaje y de aumento de las vacaciones anuales mediante días de vacaciones adicionales como licencia por viaje — Falta de afectación individual — Responsabilidad extracontractual — Relación de causalidad — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de todo fundamento jurídico»)

text:
               19.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/39

      Auto del Tribunal General de 11 de noviembre — Bergallou/Parlamento y Consejo
      (Asunto T-22/14) (1)

      («Recurso de anulación - Reforma del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión - Régimen menos favorable en materia de pago a tanto alzado de los gastos de viaje y de aumento de las vacaciones anuales mediante días de vacaciones adicionales como licencia por viaje - Falta de afectación individual - Responsabilidad extracontractual - Relación de causalidad - Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de todo fundamento jurídico»)
      (2015/C 016/61)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: Amal Bergallou (Lot, Bélgica) (representante: M. Velardo, abogado)

         Demandadas: Parlamento Europeo (representantes: L. Visaggio y E. Taneva, agentes); y Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bauer y A. Bisch, agentes)

         Objeto

      Por un parte, recurso de anulación, interpuesto sobre la base del artículo 263 TFUE, del artículo 1, apartado 65, letra b), y apartado 67, letra d), del Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (DO L 287, p. 15), en la medida en que estas disposiciones vinculan el derecho al reembolso de los gastos de viaje anual y la licencia por viaje por dicho viaje a la indemnización por residencia o por expatriación, y, por otra parte, recurso de indemnización basado en el artículo 340 TFUE, dirigido a que se indemnicen los perjuicios material y moral supuestamente sufridos por la demandante.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  La Sra. Amal Bergallou cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

                  3)

                  No procede pronunciarse sobre la demanda de intervención de la Comisión Europea.

         (1)  DO C 112, de 14.4.2014.


title: Asunto T-88/09: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2011 — Idromacchine y otros/Comisión ( «Responsabilidad extracontractual — Ayudas de Estado — Decisión de la Comisión de incoar un procedimiento de investigación formal — Menciones perjudiciales para una sociedad tercera — Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Obligación de secreto profesional — Perjuicios inmateriales — Perjuicios materiales — Relación de causalidad — Intereses de demora y compensatorios» )

text:
               17.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 370/23

         Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2011 — Idromacchine y otros/Comisión
   (Asunto T-88/09) (1)

   (Responsabilidad extracontractual - Ayudas de Estado - Decisión de la Comisión de incoar un procedimiento de investigación formal - Menciones perjudiciales para una sociedad tercera - Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Obligación de secreto profesional - Perjuicios inmateriales - Perjuicios materiales - Relación de causalidad - Intereses de demora y compensatorios)
   2011/C 370/37
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Idromacchine Srl (Porto Marghera, Italia), Alessandro Capuzzo (Mirano, Italia) y Roberto Capuzzo (Mogliano Veneto, Italia) (representantes: W. Viscardini y G. Donà, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: D. Grespan y E. Righini, agentes, asistidos por F. Ruggeri Laderchi, abogado)

      Objeto

   Recurso de indemnización que tiene por objeto que se resarzan los daños supuestamente sufridos por la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de información engañosa que menoscaba, en particular, la imagen y la reputación de Idromacchine en la Decisión de la Comisión C(2002) 5426 final, de 30 de diciembre de 2004, «Ayudas Estatales — Italia — Ayuda estatal N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 & C 48/2004 (ex N 595/2003) — Prórroga del plazo de entrega de 3 años para un buque quimiquero — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 [CE]».

      Fallo

               1)

               Condenar a la Comisión Europea a abonar a Idromacchine Srl una indemnización de 20 000 euros en concepto del perjuicio material sufrido por ésta.

               2)

               La indemnización que se debe abonar a Idromacchine se incrementará con intereses compensatorios, a partir del 18 de febrero de 2005 hasta el pronunciamiento de la presente sentencia, al tipo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para las principales operaciones de refinanciación, aumentado en dos puntos porcentuales.

               3)

               La indemnización que se debe abonar a Idromacchine se incrementará con intereses de demora a partir de que se dicte la presente sentencia hasta el pago íntegro de dicha indemnización, al tipo fijado por el BCE para las principales operaciones de refinanciación, aumentado en dos puntos porcentuales.

               4)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               5)

               La Comisión cargará con sus propias costas y con dos tercios de las costas de Idromacchine, del Sr. Alessandro Capuzzo y del Sr. Roberto Capuzzo, que cargarán con un tercio de sus propias costas.

      (1)  DO C 102, de 1.5.2009.


title: Asunto T-433/13: Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2013 — Petropars Iran y otros/Consejo

text:
               26.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/31

         Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2013 — Petropars Iran y otros/Consejo
   (Asunto T-433/13)
   2013/C 313/58
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Petropars Iran Co. (Kish Island, Irán); Petropars Oilfields Services Co. (Kish Island); Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teherán, Irán), y Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teherán) (representantes: S. Zaiwalla, Solicitor, P. Reddy, Solicitor, R. Blakeley, Barrister, y Z. Burbeza, Solicitor)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule las menciones 1 a 4 del anexo II.I.B. de la Decisión 2013/270 (1) y las menciones 1 a 4 del anexo II.I.B. del Reglamento 522/2013. (2)

               —

               Declare que el artículo 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413 (3) y el artículo 23, apartado 2, letra d), del Reglamento 267/2012 (4) no son aplicables a los demandantes.

               —

               Condene a la parte demandada a cargar con las costas derivadas del presente recurso.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la designación de los demandantes a través de la Decisión 2013/270/PESC del Consejo y del Reglamento de Ejecución (EU) no 522/2013 del Consejo carece de fundamento jurídico, ya que la razón dada para designar a cada uno de los demandantes («Filial de [una] entidad designada») no es uno de los criterios para figurar en el Reglamento 267/2012 del Consejo o en la Decisión 2010/413/PESC del Consejo.

               2)

               Segundo motivo, basado en que, en la medida en que el Consejo afirmó haber actuado con arreglo al artículo 23, apartado 2, letra d), del Reglamento 267/2012 o al artículo 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413, la designación de los demandantes es ilegal porque: 1) los criterios sustantivos para la designación recogidos en las citadas disposiciones no concurren en el caso de ninguno de los demandantes, y/o el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación al determinar si concurrían o no los criterios; y 2) el Consejo designó a los demandantes basándose en pruebas insuficientes para determinar si concurrían los criterios y, por consiguiente, incurrió en (otro) error manifiesto de apreciación.

               3)

               Tercer motivo, basado en que, en la medida en que el artículo 23, apartado 2, letra d), del Reglamento 267/2012 y/o el artículo 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413 permiten la designación de los demandantes únicamente sobre la base de que son filiales de las entidades designadas (entidades que, a su vez, son filiales de entidades designadas no acusadas de ningún acto ilegal), dichos artículos son ilícitos al ser contrarios al principio de proporcionalidad y debería declararse que no son aplicables a los demandantes.

               4)

               Cuarto motivo, mediante el que se alega que la designación de los demandantes vulnera en cualquier caso sus derechos y libertades fundamentales con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamentales o como parte del Derecho de la Unión Europea, incluyendo el derecho a comerciar y a desarrollar sus actividades mercantiles y a disfrutar de la posesión pacífica de sus bienes y/o viola el principio de proporcionalidad. La designación supone además una violación del principio de precaución y de los principios de protección del medio ambiente y de la salud y seguridad humanas, puesto que puede causar graves daños a la salud y la seguridad de los trabajadores iraníes comunes y al medio ambiente.

               5)

               Quinto motivo, mediante el que se alega que, al adoptar la Decisión 2013/270/PESC y el Reglamento de Ejecución (EU) no 522/2013, en la medida en que ambos instrumentos se aplican a los demandantes, el Consejo ha violado las exigencias de procedimiento i) de notificar individualmente a los demandantes (demandantes tercero y cuarto) su designación; ii) de proporcionar (a todos los demandantes) una motivación adecuada y suficiente, y iii) de respetar el derecho de defensa de los demandantes y su derecho a la tutela judicial efectiva.

      (1)  Decisión 2013/270/PESC del Consejo, de 6 de junio de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 156, p. 10).

      (2)  Reglamento de Ejecución (UE) no 522/2013 del Consejo, de 6 de junio 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 156, p. 3).

      (3)  Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO 2010, L 195, p. 39).

      (4)  Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO 2012, L 88, p. 1).


title: Asunto F-107/14: Recurso interpuesto el 10 de octubre de 2014  — ZZ/Comisión

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/53

         Recurso interpuesto el 10 de octubre de 2014 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-107/14)
   (2015/C 007/65)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: S. Orlandi, abogado)

      Demandada: Comisión

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la resolución relativa a la transferencia de los derechos a pensión de la demandante al régimen de pensión de la Unión que aplica las nuevas DGE relativas a los artículos 11 y 12 del anexo VIII al Estatuto de los Funcionarios.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare ilegal e inaplicable el artículo 9 de las Disposiciones generales de ejecución del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

               —

               Que se anule la resolución de 16 de febrero de 2014 que bonifica los derechos a pensión adquiridos por la demandante antes de su entrada en servicio en el marco de su transferencia al régimen de pensiones de las instituciones de la Unión Europea, con arreglo a las Disposiciones generales de ejecución del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto de 3 de marzo de 2011.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.