title: Asunto T-216/01: Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2001 por ReiseBank AG contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
24.11.2001              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 331/27
Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2001 por                      En agosto de 2001, la demandante presentó una solicitud de
ReiseBank AG contra la Comisión de las Comunidades                      acceso a los documentos de la demandada que aclararan las
                             Europeas                                    comisiones y las condiciones que habı́an permitido archivar
                                                                         los procedimientos nacionales. La demandada denegó la
                                                                         solicitud mediante la decisión impugnada.
                        (Asunto T-216/01)
                         (2001/C 331/44)                                 En apoyo de su recurso, la demandante alega que la decisión
                                                                         de la demandada vulneró efectiva e irreversiblemente su
                                                                         derecho de defensa. De no concederse el acceso al expediente,
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                     la demandada, como ya se ha anunciado, terminará el procedi-
                                                                         miento adoptando una decisión en contra de la demandante
                                                                         por la que le impondrá una multa. Además, aún no se ha oı́do
                                                                         a la demandante sobre la cuestión de la desigualdad de trato
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   en relación con los archivos de los procedimientos, y la
Europeas se ha presentado el 21 de septiembre de 2001 un                 decisión por la que se ponga fin a éste se adoptará sin que ni
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  el comité consultivo ni el Colegio de Comisarios puedan dar
formulado por ReiseBank AG, con domicilio en Frankfurt am                su opinión sobre este particular. Aun cuando en vı́a judicial se
Main (Alemania), representada por M. Klusmann y F. Wiemer,               anule la decisión por la que se imponga una multa, la
abogados.                                                                demandada habrá sufrido daños irreparables.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:             La demandante mantiene que la demandada está obligada
                                                                         a poner a disposición de las empresas afectadas por el
                                                                         procedimiento todos los documentos, tanto de cargo como de
—      anule totalmente la decisión de la Comisión de 14 de            descargo. Para que exista un equilibrio procesal, la demandada
       agosto de 2001 en el asunto COMP/E-1/37.919 —                     no puede en ningún caso guardar en secreto elementos que
       Comisiones bancarias por conversión de monedas de la             puedan permitir la defensa de la demandante. Los documentos
       zona euro: Alemania (Deutsche Verkehrsbank /Reise-                a los que la demandante habı́a pedido acceso demostrarı́an
       bank);                                                            muy probablemente que la demandante ha sido tratada de
                                                                         modo desfavorable en relación con otros bancos afectados por
—      condene en costas a la Comisión.                                 el procedimiento. Por último, el acceso al expediente no puede
                                                                         denegarse en ningún caso aduciendo que se trata de secretos
                                                                         comerciales de las empresas afectadas o de documentos
                                                                         internos.
Motivos y principales alegaciones
La demandante realiza, entre otras actividades, operaciones de
compra y venta al público de monedas extranjeras. A principios
de 1999, la demandada inició un procedimiento de investiga-
ción contra unos ciento cincuenta bancos de diferentes Estados
miembros por sospechar que dichos bancos habı́an acordado,               Recurso interpuesto el 20 de septiembre de 2001 contra
a raı́z de la introducción del euro, la estructura y la cuantı́a de     la Comisión de las Comunidades Europeas por SINAGA,
las comisiones por las operaciones de conversión de monedas                  Sociedade de Indústrias Agrı́colas Açoreanas, SA
de la zona euro durante el perı́odo transitorio que comenzó el
1 de enero de 1999. Este procedimiento de investigación se
dividió posteriormente en procedimientos nacionales.                                          (Asunto T-222/01)
                                                                                (2001/C 331/45)
En agosto de 2000, la demandada comunicó a la demandante
un pliego de cargos, sobre el que ésta presentó observaciones.
                                                                                (Lengua de procedimiento: portugués)
En los meses de abril y mayo de 2001, la demandada
informó de que archivaba el procedimiento contra los bancos
neerlandeses, belgas y alguno bancos alemanes, aduciendo que             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
estos bancos habı́an reducido sus comisiones. En mayo de                 Europeas se ha presentado el 20 de septiembre de 2001 un
2001, la demandante presentó a la demandada una oferta para             recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
que pusiera fin al procedimiento en la que se proponı́a una              formulado por SINAGA, Sociedade de Indústrias Agrı́colas
reducción de las comisiones comparable a la de los otros                Açoreanas, SA, con domicilio en Ponta Delgada, Azores, Rua
bancos. La demandada rehusó tal propuesta y tampoco                     de Lisboa, no 75, representada por el Sr. Mário Marques
prosperaron otros intentos de llegar a una solución amistosa.           Mendes, asistido por la Sra. Maria Luı́sa Duarte.


title: Asunto C-318/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Commissione Tributaria Provinciale di Roma de fecha 27 de febrero de 2001, en el asunto entre Informatica e telecomunicazioni I & T SpA y Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio

text:
27.10.2001              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 303/9
      marco de un control administrativo, hayan dado lugar a            2.    El artı́culo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de
      que se aprecien irregularidades por falta de etiquetado                 Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al
      conforme al Reglamento (CE) no 1139/98 (2) del Consejo,                 desarrollo de la Asociación entre la Comunidad Econó-
      de 26 de mayo de 1998, relativo a la indicación                        mica Europea y Turquı́a, ¿debe aplicarse también a
      obligatoria, en el etiquetado de determinados productos                 los trabajadores empleados en Turquı́a que, en cuanto
      alimenticios fabricados a partir de organismos modifica-                conductores de camiones para el transporte internacional
      dos genéticamente, de información distinta de la prevista              de mercancı́as, vayan con regularidad a un Estado miem-
      en la Directiva 79/112/CEE(3)?                                          bro de la Comunidad, sin que pertenezcan al mercado
                                                                              legal de trabajo de ese Estado miembro?
2.    ¿Constituyen «información sobre medio ambiente» en el
      sentido del artı́culo 2, letra a), de la Directiva                3.    El artı́culo 41, apartado 1, del Protocolo adicional al
      no 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre                 Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la
      libertad de acceso a la información en materia de medio                Comunidad Económica Europea y Turquı́a, de 23 de
      ambiente, los documentos administrativos de los que se                  noviembre de 1970, ¿debe interpretarse en el sentido de
      desprende el número de veces que se han impuesto                       que:
      sanciones administrativas por infracción del Reglamento
      (CE) no 1139/98?
                                                                              a)    un trabajador turco puede alegar una restricción de
3.    ¿Constituyen «información sobre medio ambiente» en el                        la libre prestación de servicios contraria al Protocolo
      sentido del artı́culo 2, letra a), de la Directiva                            y, en caso de respuesta afirmativa;
      no 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre
      la libertad de acceso a la información en materia de medio             b)    también existe una nueva restricción de la libre
      ambiente, los documentos administrativos de los que se                        prestación de servicios cuando un Estado miembro
      desprende qué fabricantes y qué productos han sido                            de la Comunidad limita el acceso de trabajadores
      objeto de sanciones administrativas por infracción del                       turcos al mercado laboral a partir del momento de
      Reglamento (CE) no 1139/98?                                                   entrada en vigor del Protocolo Adicional, dificul-
                                                                                tando, de esta forma, la participación en la libre
(1) DO 1990, L 158, p. 56.                                                          prestación de servicios de los empresarios turcos
(2) DO 1998, L 159, p. 4.                                                           que emplean a esos trabajadores?
(3) DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Bundessozialgericht, de fecha 20 de junio de
                                                                        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
2001, en el asunto entre Eran Abatay, Abdulgam Balikci,
                                                                        lución de la Commissione Tributaria Provinciale di Roma
    Ismail Birer, Refik Günes y Bundesanstalt für Arbeit
                                                                        de fecha 27 de febrero de 2001, en el asunto entre
                        (Asunto C-317/01)                               Informatica e telecomunicazioni I & T SpA y Direzione
                                                                                Regionale delle Entrate per il Lazio
                         (2001/C 303/14)
                                                                                (Asunto C-318/01)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Bundessozialgericht, dictada el 20 de junio de                                    (2001/C 303/15)
2001, en el asunto entre Eran Abatay, Abdulgam Balikci,
Ismail Birer, Refik Günes y Bundesanstalt für Arbeit, y recibida        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 13 de agosto de           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
2001. El Bundessozialgericht solicita al Tribunal de Justicia           resolución de la Commissione Tributaria Provinciale di Roma
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                       dictada el 27 de febrero de 2001 en el asunto entre Informatica
1.    El artı́culo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de            e telecomunicazioni I & T SpA y Direzione Regionale delle
      Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al             Entrate per il Lazio, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
      desarrollo de la Asociación entre la Comunidad Econó-           Justicia el 14 de agosto de 2001. La Commissione Tributaria
      mica Europea y Turquı́a, ¿debe interpretarse en el sentido        Provinciale di Roma solicita al Tribunal de Justicia que se
      de que prohı́be que un Estado miembro de la Comunidad             pronuncie sobre la siguiente cuestión:
      adopte nuevas disposiciones nacionales que, en compara-
      ción con la situación jurı́dica nacional vigente el 1 de        «¿Es compatible con el ordenamiento jurı́dico comunitario y,
      diciembre de 1980, supongan de forma general para los             en particular, con la Directiva 69/335/CEE una normativa
      trabajadores turcos nuevas restricciones del acceso al            nacional que establece un impuesto sobre el patrimonio neto
      mercado laboral, o más bien, la prohibición de nuevas           de las sociedades de capitales que tiene efectos económicos
      restricciones con arreglo al artı́culo 13 de la Decisión         equivalentes a los de un impuesto indirecto sobre las aportacio-
      no 1/80 solamente se refiere al momento de la primera             nes de capital?»
      residencia legal y del primer empleo legal de un traba-
      jador?


title: Asunto C-66/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Finanzgericht Bremen, de fecha 2 de febrero de 1999, en el asunto entre D. Wandel GmbH y Hauptzollamt Bremen

text:
15.5.1999                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 136/7
Recurso de casación interpuesto el 19 de febrero de 1999                 Motivos y principales alegaciones
por Karola Gluiber contra el auto dictado el 21 de                        — El Tribunal de Primera Instancia no puede declarar la
diciembre de 1998 por la Sala Primera del Tribunal de                         inadmisibilidad de la demanda basada en los artı́culos 173
Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el                          y 215 del Tratado CE en relación con el artı́culo 5 del
asunto T-122/98 promovido contra el Consejo de la Unión                      Tratado de la Unión Europea declarando que los actos
   Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas                         impugnados son competencia de los Estados miembros.
                                                                              La diferencia entre actos de un Estado miembro y actos de
                        (Asunto C-57/99 P)                                    la Comunidad carece de sentido en une Comunidad de
                                                                              Derecho como la Unión Europea. La Directiva es un acto
                                                                              jurı́dico que impone a los Estados miembros la obligación
                          (1999/C 136/10)                                     de adapter su Derecho interno para alcanzar los objetivos
                                                                              señalados por la Comisión o el Consejo. El Tribunal de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  Justicia debe intervenir para corregir los efectos de la no
presentado el 19 de febrero de 1999 un recurso de casación                   adaptación del Derecho interno a une Directiva.
formulado por Karola Gluiber, asistida y representada por el              — Violación de los derechos de la defensa: El auto impugnado
Sr. Dieter Rogalla, Abogado, que designa como domicilio en                    se dictó sin que se hubiera notificado el escrito de demanda
Luxemburgo el despacho Decker & Braun, Abogados, Avenue                       a las demandadas. Asimismo, el auto se dictó sin previa
Marie-Thérèse, L-2013 Luxemburgo, contra el auto dictado el                   vista, en infracción del artı́culo 55 del Reglamento de
21 de diciembre de 1998 por la Sala Primera del Tribunal de                   Procedimiento.
Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
T-122/98 promovido contra el Consejo de la Unión Europea
y la Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las               lución del Finanzgericht Bremen, de fecha 2 de febrero de
Comunidades Europeas que:                                                 1999, en el asunto entre D. Wandel GmbH y Hauptzollamt
                                                                                Bremen
— Anule el auto de 21 de diciembre de 1998 del Tribunal de                                        (Asunto C-66/99)
     Primera Instancia de las Comunidades Europeas dictado en
     el asunto T-122/98.                                                                           (1999/C 136/11)
                                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
— Declare la nulidad de las medidas concretas que la discrimi-            sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
     nan ilegalmente por su condición de mujer.                          resolución del Finanzgericht Bremen, dictada el 2 de febrero de
                                                                          1999, en el asunto entre D. Wandel GmbH y Hauptzollamt
— Condene a las recurridas a impugnar y derogar las medidas               Bremen, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 25
     de la República Federal de Alemania, de la Comunidad y              de febrero de 1999. El Finanzgericht Bremen solicita al Tribunal
     de los Länder discriminatorias de la recurrente, conforme            de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
     a las normas del Tratado CE.
                                                                          1) El artı́culo 201, apartado 1, letra a), en relación con el
                                                                              apartado 2, del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo,
— Condene a las recurridas a pagar a la recurrente la cantidad                de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código
     de 18 700,32 DM en concepto de los costes que ha                         Aduanero comunitario (DO L 302 de 19.10.1992, p. 1),
     soportado a consecuencia de la desestimación de sus                     ¿debe interpretarse en el sentido de que une deuda
     pretensiones por los órganos jurisdiccionales alemanes.                 aduanera de importación nace ya en el momento en que
                                                                              la Administración de Aduanas competente admite una
— Condene en costas a las recurridas.                                         declaración en aduana para el despacho a libre práctica de
                                                                              mercancı́as no comunitarias que cumpla los requisitos
— Subsidiariamente, suspenda el procedimiento conforme a                      establecidos en el artı́culo 62 del Código Aduanero y en
     la letra b) del apartado 1 del artı́culo 82 bis del Reglamento           que dicha admisión quede documentada mediante une
     de Procedimiento del Tribunal de Justicia con objeto de                  anotación en el Registro aduanero?
     presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo         2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
     de Derechos Humanos con objeto de determinar que la no
     adaptación del Derecho alemán a la Directiva 76/207/CEE                ¿Debe interpretarse el artı́culo 75 del Código Aduanero en
     del Consejo de la Unión Europea infringe                                el sentido de que la Administración de Aduanas que haya
                                                                              admitido dicha declaración en aduana está facultada para
     a) el artı́culo 6 del Convenio Europeo de Derechos                       considerar sin efecto dicha declaración o para invalidarla
          Humanos,                                                            sin une solicitud al efecto del declarante, con la consecuen-
                                                                              cia de que la deuda aduanera originada con arreglo a la
                                                                              letra a) del apartado 1 del artı́culo 201 del Código
     b) el artı́culo 11 del Convenio Europeo de Derechos                      Aduanero comunitario se considerará no originada o
          Humanos,                                                            extinguida con arreglo al primer guión de la letra c) del
                                                                              artı́culo 233 del Código Aduanero, cuando no se haya
     c) el artı́culo 14 del Convenio Europeo de Derechos                      podido proceder al levante de las mercancı́as declaradas
          Humanos,                                                            debido a que, antes de llevarse a cabo la inspección
                                                                              aduanera ordenada, fueron retiradas del lugar de depósito
     d) el artı́culo 50 del Convenio Europeo de Derechos                      previsto al efecto y del ámbito de competencia de la
          Humanos.                                                            Administración de Aduanas?
 ---pagebreak--- C 136/8                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      15.5.1999
3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión o de              Motivos y principales alegaciones
    respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
    ¿Debe interpretarse el apartado 1 del artı́culo 203 del               El apartado 1 del artı́culo 4 de la Directiva establece dos
    Código Aduanero en el sentido de que se produce una                  obligaciones. En primer lugar los Estados miembros deben
    sustracción a la vigilancia aduanera cuando las mercancı́as          proponer una lista de lugares designados zonas especiales de
    no comunitarias declaradas para su despacho a libre                   conservación y, en segundo lugar, deben remitir a la Comisión,
    práctica han sido retiradas del lugar de depósito e inspec-         junto con dicha lista, la información relative a cada lugar.
    ción establecido y, por ende, del ámbito territorial de
    competencia de la Administración de Aduanas de que se                La Comisión afirma que la República de Irlanda no propuso
    trata a peser de haber ordenado ésta una inspección                  lugar ninguno en lo que respecta a 26 tipos de hábitats del
    aduanera?                                                             Anexo I y 20 del Anexo II en Irlanda. En particular, la República
                                                                          de Irlanda no propuso ningún lugar para determinados
4) En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión:                  tipos de hábitats prioritarios y especies con une presencia
    ¿Debe interpretarse el apartado 1 del artı́culo 204 del               significativa en el territorio de Irlanda.
    Código Aduanero en el sentido de que la retirada no
    autorizada de las mercancı́as del lugar de depósito no ha            La Comisión señala asimismo que para determinados tipos de
    «tenido consecuencias reales» para el correcto funciona-              hábitats y especies, las autoridades competentes irlandesas
    miento del depósito temporal cuando, tras su retirada,               manifestaron su intención de no proponer ningún lugar. La
    las mercancı́as hubieran podido ser presentadas a otra                Comisión considera que el hecho de negarse a proponer
    Administración de Aduanas si ası́ se hubiera requerido?              lugares en lo que respecta a tipos de hábitats naturales y
                                                                          hábitats de especies es contrario a lo dispuesto en el apartado
5) ¿Está excluido el nacimiento de une deuda aduanera de                 1 del artı́culo 4 de la Directiva.
    importación
    a) con arreglo al artı́culo 201, apartado 1, letra a), en             En segundo lugar la Comisión alega que por lo que respecta a
         relación con el apartado 2, del Código Aduanero en             determinados tipos de hábitat y hábitats de especies, el número
         caso de simple admisión de la declaración en aduana            de lugares definitivamente propuesto por la República de
         por parte de la Administración de Aduanas,                      Irlanda es a sodas luces insuficiente conforme a los criterios
    b) con arreglo al apartado 1 del artı́culo 203 del Código            recogidos en el Anexo III y al objetivo de conservación que
         Aduanero, o                                                      persigue la Directiva. La importancia natural de dichos hábitats
                                                                          requiere que se proponga un mayor número de lugares y que
    c) con arreglo al artı́culo 204 del Código Aduanero                  éstos se repartan de un modo más homogéneo por todo el
         cuando la declaración en aduana admitida por la                 territorio nacional.
         Administración de Aduanas iba acompañada de los
         certificados de origen formalmente correctos con arre-           (1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
         glo al modelo A y a las mercancı́as objeto de la
         declaración se les aplicó el tipo preferencial «nulo»?
Recurso interpuesto el 25 de febrero de 1999 por la
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-                    Recurso interpuesto el 26 de febrero de 1999 contra
                          blica de Irlanda                                el Reino Unido por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                        (Asunto C-67/99)
                         (1999/C 136/12)                                                           (Asunto C-69/99)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                                        (1999/C 136/13)
presentado el 25 de febrero de 1999 un recurso contra la
República de Irlanda formulado por la Comisión de las                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Richard Wain-               presentado el 26 de febrero de 1999 un recurso contra el
wright, Consejero Jurı́dico principal, y el Sr. Paolo Stancanelli,        Reino Unido formulado por la Comisión de las Comunidades
miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agentes, que                Europeas, representada por el Sr. Richard Wainwright, Conse-
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.                  jero Jurı́dico principal, en calidad de Agente, que designa como
Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de la            domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez
Comisión, Centre Wagner.                                                 de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico, Centre Wagner.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
— Declare que la República de Irlanda ha incumplido las                  La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
    obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                — Declare que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones
    92/43/CEE (1) del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa                que le incumben con arreglo a la Directiva 91/676/CEE (1)
    a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y             del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la
    flora silvestres, al no comunicar a la Comisión la lista                 protección de las aguas contra la contaminación producida
    completa de lugares a que se refiere el párrafo primero del              por nitratos utilizados en la agricultura y con arreglo al
    apartado 1 del artı́culo 4 de dicha Directiva y la informa-               Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, al no haber
    ción sobre cada lugar exigida por el párrafo segundo del                adoptado todas las medidas necesarias para atenerse a lo
    apartado 1 del artı́culo 4.                                               dispuesto en los apartados 1 y 2 del artı́culo 3 y al artı́culo
— Condene en costas a la República de Irlanda.                               5 de dicha Directiva.


title: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 1997 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de los Países Bajos (Asunto C-408/97)

text:
20.2.98                ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 55/15
2) La nomenclatura combinada, en la versión adoptada                 La Comisión ha observado que, hasta el presente, la RepuÂ-
     por el anexo I del Reglamento (CEE) no 2551/93 de la            blica HeleÂnica no ha adoptado las medidas apropiadas
     Comisión, de 10 de agosto de 1993, por el que se                para adaptar plenamente el ordenamiento jurídico interno
     modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87             a las citadas Directivas.
     del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y
     estadística y al arancel aduanero comuÂn, debe interpre-        (1) DO   L 340 de 31.12.1993, p. 15.
     tarse en el sentido de que estas mercancías deben ser           (2) DO   L 32 de 5.2.1985, p. 14; EE 03/33, p. 152.
     clasificadas en la uÂltima partida por orden de numera-         (3) DO   L 315 de 8.12.1994, p. 18.
     ción, es decir, en la subpartida arancelaria 6212 10 00.        (4) DO   L 26 de 31.1.1997, p. 67; EE 03/11, p. 156.
(1) DO C 145 de 18.5.1996.
                                                                     Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 1997 por la
                                                                     SaÁrl Glasoltherm contra la Comisión de las Comunidades
Recurso interpuesto el 11 de noviembre de 1997 por                                               Europeas
la Comisión de las Comunidades Europeas contra la                                           (Asunto C-399/97)
                       RepuÂblica HeleÂnica
                                                                                (98/C 55/28)
                       (Asunto C-385/97)
                          (98/C 55/27)
                                                                     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                     ha presentado el 19 de noviembre de 1997 un recurso
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se            contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu-
ha presentado el 11 de noviembre de 1997 un recurso                  lado por la SaÁrl Glasoltherm, representada por el Sr. Pen-
contra la RepuÂblica HeleÂnica formulado por la Comisión             ciolelli, Abogado, 18, avenue de la LibeÂration, 91130 Ris
de las Comunidades Europeas, representada por la Sra.                Orangis (Francia).
Maria Condou-Durande, miembro del Servicio Jurídico,
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho                 La SaÁrl Glasoltherm solicita al Tribunal de Justicia que:
del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de dicho Servi-
cio Jurídico, Centre Wagner.                                         Ð Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          a apoyar, durante diez anÄos a partir de la puesta en
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                 servicio industrial de las dos operaciones de demostra-
                                                                          ción referidas anteriormente, por todos los medios,
Ð Declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las                   incluido el aspecto financiero, la actuación de una
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE,               sociedad mercantil creada por SaÁrl Glasoltherm encar-
     así como de las Directivas 93/118/CE (1) del Consejo,                gada de comercializar en la Comunidad Europea la
     de 22 de diciembre de 1993, por la que se modifica la                tecnología «microcentral termoeleÂctrica Glasoltherm».
     Directiva 85/73/CEE (2), relativa a la financiación de
     las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas       Ð Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas
     y carnes de aves de corral, y 94/59/CE (3) de la Comi-               al pago de la totalidad de las costas.
     sión, de 2 de diciembre de 1994, por la que se modifi-
     can por tercera vez los anexos de la Directiva 77/96/
                                                                     Motivos y principales alegaciones
     CEE (4) del Consejo, relativa a la detección de triqui-
     nas en el momento de la importación, procedente de
     terceros países, de carnes frescas procedentes de ani-          Los motivos y principales alegaciones invocados son anaÂ-
     males domeÂsticos de la especie porcina, al no haber            logos a los del asunto C-388/96 (1).
     adoptado, dentro del plazo senÄalado, las disposiciones
     legales, reglamentarias y administrativas necesarias            (1) DO C 40 de 8.2.1997, p. 11 y
     para atenerse a dichas Directivas.                                  DO C 295 de 27.9.1997, p. 9.
Ð Condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.
Motivos y principales alegaciones
                                                                     Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 1997 por la
Conforme al paÂrrafo tercero del artículo 189 del Tratado
                                                                     Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino
constitutivo de la Comunidad Europea, la Directiva obli-
                                                                                de los Países Bajos
garaÂ al Estado miembro destinatario en cuanto al resul-
tado que deba conseguirse. SeguÂn el paÂrrafo primero del                                   (Asunto C-408/97)
artículo 5 del Tratado, los Estados miembros adoptaraÂn                                        (98/C 55/29)
todas las medidas generales o particulares apropiadas para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Tratado o resultantes de los actos de las institu-          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ciones de la Comunidad.                                              ha presentado el 4 de diciembre de 1997 un recurso contra
 ---pagebreak--- C 55/16                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    20.2.98
el Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de           Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 1997 por la
las Comunidades Europeas, representada por los Sres. B. J.          Comisión de las Comunidades Europeas contra el Gran
Drijber y H. Michard, miembros de su Servicio Jurídico,                               Ducado de Luxemburgo
en calidad de Agentes, que designa como domicilio en                                     (Asunto C-410/97)
Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner.                                                (98/C 55/30)
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                    ha presentado el 5 de diciembre de 1997 un recurso contra
Ð Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido            el Gran Ducado de Luxemburgo, formulado por la Comi-
     las obligaciones que le incumben en virtud del                 sión de las Comunidades Europeas, representada por la
     Tratado CE al no someter al Impuesto sobre el Valor            Sra. Marie Wolfcarius, miembro de su Servicio Jurídico,
     AnÄadido los peajes percibidos por la utilización de la        en calidad de Agente, que designa como domicilio en
     infraestructura de la red de carreteras, en contra de lo       Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
     dispuesto por los artículos 2 y 4 de la Sexta Directiva        Centre Wagner, Kirchberg.
     77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977, en materia de
     armonización de las legislaciones de los Estados miem-         La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
     bros relativas a los impuestos sobre el volumen de             bunal de Justicia que:
     negocios Ð Sistema comuÂn del Impuesto sobre el
     Valor AnÄadido: base imponible uniforme (1).
                                                                    Ð Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha
                                                                         incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
Ð Condene en costas al Reino de los Países Bajos.                        de la Directiva 92/29/CEE del Consejo, de 31 de
                                                                         marzo de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de
Motivos y principales alegaciones                                        seguridad y de salud para promover una mejor asisten-
                                                                         cia meÂdica a bordo de los buques (1), al no haber
                                                                         adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
La Comisión Ðal igual que el Gobierno neerlandeÂsÐ con-                  administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto
sidera que los peajes percibidos en los Países Bajos consti-             en dicha Directiva.
tuyen la contraprestación de un servicio en el sentido del
apartado 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva. Pero el
Gobierno neerlandeÂs afirma erróneamente que los organis-           Ð Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
mos puÂblicos encargados de la explotación de infraestruc-
turas por cuya utilización se percibe un peaje actuÂan en           Motivos y principales alegaciones
ejercicio de sus funciones puÂblicas en el sentido de la
excepción establecida en el apartado 5 del artículo 4 de la
Sexta Directiva. La regla es que los organismos puÂblicos           Los motivos y principales alegaciones invocados son anaÂ-
son sujetos pasivos, y sólo con caraÂcter excepcional dejan         logos a los del asunto C-406/97 (2); el plazo para la adap-
de tener tal condición. El primer paÂrrafo del apartado 5           tación del Derecho interno a la Directiva expiró el 31 de
constituye en efecto una excepción a los apartados 1 y 2            diciembre de 1994.
del artículo 4. El hecho de que los paÂrrafos segundo y ter-
cero del apartado 5 sean a su vez una excepción del pri-            (1) DO L 113 de 30.4.1992, p. 19.
mer paÂrrafo, sino que por el contrario confirma que el pri-        (2) DO C 41 de 7.2.1998, p. 11.
mer paÂrrafo establece una excepción específica. En cam-
bio, en las alegaciones del Gobierno neerlandeÂs la regla y
la excepción parecen invertirse. Que los organismos puÂbli-
cos no sean sujetos pasivos es la excepción, y así lo con-
firma ademaÂs el hecho de que no habrían sido necesarias
las exenciones establecidas en los artículos 13 y 28 de la
Sexta Directiva si con caraÂcter general los organismos             Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 1997 por la
puÂblicos no hubieran estado sometidos a la Directiva. Por          Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino
lo demaÂs una solución diferente iría en contra del caraÂcter                                 de BeÂlgica
general del sistema comuÂn del IVA. La exacción de peajes                                (Asunto C-411/97)
no es inherente al ejercicio de la función puÂblica que con-
siste en mantener y poner a disposición de los usuarios                                      (98/C 55/31)
tuÂneles o puentes, sino una actividad separada de eÂsta, que
forma parte de la explotación del objeto. No se acierta a
alcanzar por queÂ el suministro de gas, etc. no constituye          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
una actividad que se realiza a título de función puÂblica y         ha presentado el 5 de diciembre de 1997 un recurso contra
por queÂ sí lo sería la explotación de puentes o tuÂneles.          el Reino de BeÂlgica, formulado por la Comisión de las
                                                                    Comunidades Europeas, representada por la Sra. Marie
                                                                    Wolfcarius, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de
(1) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54.
                                                                    Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                    despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
                                                                    Kirchberg.


title: Asunto C-40/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 8 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Directiva 2001/42/CE — Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
               22.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/21

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 8 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-40/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/42/CE - Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)
   (2007/C 315/36)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Recchia y J.-B Laignelot, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: I.M. Braguglia, agente, y S. Fiorentino, abogado)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en le medio ambiente (DO L 197, p. 30).
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en le medio ambiente, al no haber puesto en vigor, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 82 de 14.4.2007.


title: Archivo del asunto C-33/95

text:
22. 6 . 96         LES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                              N0 C 180/27
             Archivo del asunto C-294/94Í )                                     Archivo del asunto C-230/95 ( )
                        ( 96/C 180/64                                                      ( 96/C 180/68 )
Mediante auto de 12 de marzo de 1 996 , el Presidente del         Mediante auto de 19 de marzo de 1 996 , el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha               Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
decidido archivar el asunto C-294/94 ( petición de decisión       decidido archivar el asunto C-230/95 : Consejo de la Unión
prejudicial planteada por el juzgado de lo Penal de la            Europea contra Parlamento Europeo .
Audiencia Nacional ): Proceso penal seguido contra Luis
Carlos Quintanilha .                                              (') DO n" C 208 de 12 . 8 . 1 995 .
(M DO n" C 351 de 10 . 12 . 1994 .
                                                                                Archivo del asunto C-256/95 ( )
                                                                                ( 96/C 180/69
              Archivo del asunto C-310/94 ( )                     Mediante auto de 19 de marzo de 1996 , el Presidente del
                        ( 96/C 180/65 )                           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
                                                                  decidido archivar el asunto C-256/95 : Comisión de las
Mediante auto de 16 de enero de 1 996, el Presidente de la        Comunidades Europeas contra República Francesa .
Sala Segunda del Tribunal de Justicia ha decidido archivar el
                                                                  (') DO n" C 248 de 23 . 9 . 1995 .
asunto C-3 10/94 ( petición de decisión prejudicial del
tribunal de commerce de Saintes ): Garage Ardon SA,
Bernard Martin — Garage Colin-Martin, Relais de Sain
tonge Sàrl y Bernard Menet Sàrl contra Garage Trabisco
SA.                                                                             Archivo del asunto C-318/95 ( )
                                                                                ( 96/C 180/70 )
(') DO n" C 380 de 31 . 12 . 1994 .
                                                                  Mediante auto de 14 de marzo de 1996 , el Presidente del
                                                                  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
                                                                  decidido archivar el asunto C-3 1 8 /95 : Comisión de las
                                                                  Comunidades Europeas contra Irlanda .
              Archivo del asunto C-20/95 ( )
                                                                  (') DO n" C 333 de 9 . 12 . 1995 .
                         ( 96/C 180/66 )
Mediante auto de 12 de marzo de 1996 , el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
decidido archivar el asunto C-20/95 ( petición de decisión                      Archivo del asunto C-3 74/95 ( )
prejudicial planteada por el Juzgado Central de lo Penal de                                ( 96/C 180/71
la Audiencia Nacional ): Proceso penal contra Oscar Weg.
                                                                  Mediante auto de 12 de marzo de 1 996 , el Presidente del
(M DO n" C 74 de 25 . 3 . 1995 .                                  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
                                                                  decidido archivar el asunto C-374/95 ( petición de decisión
                                                                  prejudicial planteada por el Industrial Tribunal, Southamp
                                                                  ton ): James Paul Baker contra Service Children's Schools .
              Archivo del asunto C-3 3/95 ( )                     (>) DO n" C 31 de 3 . 2 . 1996 .
                         ( 96/C 180/67 )
Mediante auto de 20 de marzo de 1996 , el Presidente del
                                                                                Archivo del asunto C-381 /95 ( )
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
decidido archivar el asunto C-33/95 ( petición de decisión                                 ( 96/C 180/72 )
prejudicial planteada por el tribunal de grande instance de
Saint-Nazaire ): Sàrl Polypièces contra Directeur des services    Mediante auto de 27 de marzo de 1996 , el Presidente del
fiscaux de Loire-Atlantique .                                     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
                                                                  decidido archivar el asunto C-381 /95 : Comisión de las
(M DO n" C 74 de 25 . 3 . 1995 .                                  Comunidades Europeas contra Reino de España .
                                                                  (M DO n" C 31 de 3 . 2 . 1996 .


title: Recurso de casación interpuesto el 27 de noviembre de 1995 por la República Francesa contra la sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995 por la Sala Primera (ampliada) del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-548/93 promovido por Ladbroke Racing Ltd contra la Comisión de las Comunidades Europeas , que estuvo apoyada por la República Francesa (Asunto C-379/95 P)

text:
N° C 31 / 12            ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      3 . 2 . 96
         de sólo el 5 % por cada año de utilización sobre el        consumo que se aplica a los automóviles nuevos de
         precio de compra de los automóviles nuevos del             tecnología moderna ( anticontaminación ). Dado que no se
         mismo tipo, sin que dicha reducción pueda superar          prevé una reducción análoga para los automóviles usados de
         el 20 % del valor de los vehículos nuevos;                 tecnología moderna, se produce una distinción desfavorable
                                                                    en perjuicio de los automóviles usados de tecnología
     b ) en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 363/1976         moderna importados en relación con sus equivalentes
         ( en su nueva versión introducida en último lugar por      griegos, ya que los segundos tienen incorporada en su valor
         el apartado 7 del artículo 2 de la Ley 2187/1994 ),        la porción residual del impuesto reducido, mientras que los
         que regula la recaudación a tanto alzado del               primeros se gravan, al ser importados, con el impuesto
         impuesto especial suplementario sin reducción              especial sobre el consumo sin la reducción prevista para los
         alguna para los automóviles de ocasión; y                  vehículos con dispositivo anticontaminación
     c ) en el artículo 1 de la Ley 1858/1989 , en su versión       Las dificultades prácticas invocadas por la República
         modificada posteriormente por las Leyes 1882/ 1990         Helénica no pueden justificar, según resulta de reiterada
         ( apartado 2 del artículo 37 y apartado 1 del              jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el incumplimiento
         artículo 42 ), 2093/1992 ( artículo 10 ) y vigente, por    del párrafo primero del artículo 95 del Tratado así
         último, con arreglo al apartado 1 del artículo 2 de la     incurrido .
         Ley 2187/ 1994 , con arreglo a las cuales se conceden
         ventajas fiscales ( reducción del impuesto especial
         sobre el consumo ) sólo para los automóviles nuevos
         con dispositivo anticontaminación y no para los            Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante
         automóviles usados con dispositivo de contamina           resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
         ción importados .                                          distaccata di Tivoli— de fechas 15 y 22 de noviembre de
2 ) Condene en costas a la República Helénica .                     1995 , en los procesos penales seguidos contra Tersilio
                                                                                Onorati y Palma Murulli
Motivos y principales alegaciones                                                 ( Asuntos C-3 77/95 y C-3 78/95 )
1 . En cuanto al impuesto especial sobre el consumo                                           ( 96/C 31 /23 )
Este impuesto especial, mientras, por una parte, se aplica a        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han
los automóviles fabricados en Grecia al matricularse por            sido sometidas sendas peticiones de decisión prejudicial
primera vez como nuevos, se aplica, por otra parte, a los           mediante resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma
importados en el momento de su importación, como nuevos             —Sezione distaccata di Tivoli— dictadas el 15 y el 22 de
o como de ocasión . Por consiguiente, el citado impuesto no         noviembre de 1995 , en los procesos penales seguidos contra
se aplica a los automóviles griegos de ocasión .                    Tersilio Onorati y Palma Murulli , y recibidas en la Secretaría
                                                                    del Tribunal de Justicia el 4 de diciembre de 1995 .
El impuesto se aplica a los automóviles importados de
ocasión con base en su valor estimado, que se calcula               La Pretura Circondariale di Roma —Sezione distaccata di
reduciendo el precio de los automóviles nuevos de su tipo en        Tivoli— solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
un 5 % por cada año de utilización, siendo la reducción             sobre cuestiones prejudiciales idénticas a las formuladas en
máxima posible del 20% . Según la Comisión, dado que :              los asuntos acumulados C-58/95 y otros (').
a ) la disminución real del valor de los automóviles supera el      (') Véase el DO n° C 119 de 13 . 5 . 1995 , p . 6 .
     5 % anual,
b ) dicha reducción no es lineal, sino que es mayor en los
     primeros años e inferior en los siguientes , y
                                                                    Recurso de casación interpuesto el 27 de noviembre de 1995
c ) no se prevé una reducción superior al 20 % ,                    por la República Francesa contra la sentencia dictada el 18
                                                                    de septiembre de 1995 por la Sala Primera ( ampliada ) del
esta normativa produce el efecto de una tributación más             Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Euro
elevada de los automóviles importados, por cuanto la                peas, en el asunto T-548/93 promovido por Ladbroke
proporción residual ( incorporada ) de este impuesto en el          Racing Ltd contra la Comisión de las Comunidades
valor de los automóviles de ocasión fabricados en Grecia es
                                                                    Europeas ('), que estuvo apoyada por la República Fran
inferior a la cuantía del impuesto que se recauda sobre los                                        cesa
automóviles de ocasión importados.
                                                                                ( Asunto C-3 79/95 P)
Concurre, pues, incumplimiento del párrafo primero del                                        ( 96/C 31 /24 )
artículo 95 del Tratado .
                                                                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
2 . En cuanto al impuesto especial suplementario a tanto            ha presentado el 27 de noviembre de 1995 un recurso de
     alzado                                                         casación formulado por la República Francesa, represen
El modo de cálculo de este impuesto es igual que el que se          tada por el Sr. D. Jean Marc Belorgey, la Sra . Dña . Catherine
utiliza para el cálculo del impuesto especial para el consumo.      de Salins y el Sr. D. Jean-Frangois Dobelle, en calidad de
Por consiguiente, vale aquí, por analogía, lo arriba                Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la
expuesto .
                                                                    sede de la Embajada de Francia, 9 , boulevard Prince Henri,
                                                                    contra la sentencia dictada el 18 de septiembre de 19 95 por
3 . En cuanto al impuesto especial sobre el consumo de los          la Sala Primera ( ampliada ) del Tribunal de Primera Instancia
     automóviles con dispositivo anticontaminación                  de las Comunidades Europeas en el asunto T-548/93
                                                                    promovido por Ladbroke Racing Ltd contra la Comisión de
Mediante leyes sucesivas, la República Helénica ha redu            las Comunidades Europeas, que estuvo apoyada por la
cido, durante los últimos años, el impuesto especial sobre el       República Francesa .
 ---pagebreak--- 3 . 2 . 96           1  HS   |               Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 31 / 13
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las           les contra un Estado miembro por una legislación nacional
Comunidades Europeas que :                                            contraria al Tratado .
1 ) Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de           (M DO n" C 286 de 28 . 10 . 1995 , p . 12 .
      18 de septiembre de 1995 , dictada en el asunto
      T-548/93 , Ladbroke Racing Ltd contra Comisión de las
      Comunidades Europeas, en la medida en que dicha
      sentencia anula la decisión de la Comisión, contenida en
      el escrito de 29 de julio de 1993 , por la que se desestima     Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 1995 contra la
      la denuncia de Ladbroke de fecha 29 de noviembre de             República Helénica por la Comisión de las Comunidades
      1989 .                                                                                Europeas
2 ) Estime las pretensiones formuladas en primera instancia                                    ( Asunto C-380/95 )
      por la Comisión .                                                                             ( 96/C 31 /25 )
Motivos y principales alegaciones                                     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                      ha presentado el 5 de diciembre de 1 995 un recurso contra la
El Gobierno francés considera que el Tribunal de Primera              República Helénica formulado por la Comisión de las
Instancia ha incurrido en varios errores de Derecho .
                                                                      Comunidades Europeas, representada por la Sra . Dña .
En primer lugar, y con carácter principal, el Gobierno                Mariá Contou Durande, miembro del Servicio Jurídico de la
francés considera que el razonamiento seguido por el                  Comisión, que designa como domicilio en Luxemburgo el
Tribunal de Primera Instancia no tiene en cuenta la                   despacho del Sr . D. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
jurisprudencia relativa a los comportamientos de empresas             Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.
cuando éstos están comprendidos dentro del marco de una
legislación nacional que no concede autonomía a dichos                La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
comportamientos .                                                      1 ) Declare que la República Helénica ha incumplido las
Cuando la legislación establece la obligatoriedad de dichos                 obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y de
comportamientos, es decir, cuando los operadores no                         la Directiva 91 /414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
disponen de autonomía alguna respecto de los comporta                      1991 , relativa a la comercialización de productos
mientos objeto de una eventual denuncia, no puede aplicarse                 fitosanitarios ( 1 ), al no haber adoptado, dentro del plazo
a los operadores que adoptan tales comportamientos lo                       establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y
dispuesto en los artículos 85 y 86 , mientras la legislación                administrativas necesarias para dar cumplimiento a
                                                                            dicha Directiva .
siga vigente .
El Gobierno francés considera que cuando se presenta una              2 ) Condene en costas a la República Helénica .
denuncia ante la Comisión fundada en los artículos 85 , 86 y
90 del Tratado y referente al propio tiempo a comporta               Motivos y principales alegaciones
mientos empresariales y a medidas nacionales relacionadas             La Comisión solicita al Tribunal de Justicia , con arreglo al
con dichos comportamientos, corresponde a la Comisión                 párrafo segundo del artículo 169 del Tratado que declare
examinar si las medidas nacionales dejan o no un margen de             que la República Helénica ha incumplido las obligaciones
autonomía al comportamiento de la empresa . En caso de                 que le incumben en virtud del Tratado y de la Directiva
que las medidas nacionales no concedan en modo alguno                  91 /414/CEE, al no adoptar dentro del plazo señalado ( que
autonomía a los comportamientos de las empresas, la                    expiró el 25 de julio de 1993 ) las disposiciones necesarias
Comisión deberá desestimar la parte de la denuncia relativa            para adaptar el Derecho interno helénico a dicha Direc
a los artículos 85 y 86 , sin estar obligada previamente a             tiva .
pronunciarse sobre la parte de dicha denuncia relativa a la
conformidad con el Tratado de las medidas nacionales . Por             (') DO n° L 230 de 19 . 8 . 1991 , p . 1 .
consiguiente, el razonamiento del Tribunal de Primera
 Instancia adolece de un error de Derecho, al considerar que
 antes de desestimar la parte de la denuncia de Ladbroke
 relativa a los artículos 85 y 86 del Tratado, la Comisión
 hubiera debido finalizar su examen de la conformidad de la            Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 1995 contra el
 legislación francesa con el Tratado.                                  Reino de España por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
 En segundo lugar, la sentencia impugnada no tiene en cuenta                                     ( Asunto C-381 /95 )
 una reiterada jurisprudencia según la cual una persona física
 o jurídica que, con arreglo al apartado 2b del artículo 3 del                                        96/C 31 /26 )
 Reglamento 17/62, relativo a los procedimientos de aplica
 ción de los artículos 85 y 86 , haya solicitado a la Comisión         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 que declare la existencia de una infracción de dichos                 ha presentado el 6 de diciembre de 1995 un recurso contra el
 artículos, no tiene derecho a exigir una decisión respecto a la       Reino de España formulado por la Comisión de las
 existencia o no de la presunta infracción .                            Comunidades Europeas, representado por el Sr . D. Miguel
                                                                        Díaz-Llanos La Roche, que designa como domicilio en
 Por último, dicha sentencia equivale a negar la facultad               Luxemburgo el del Sr . D. Carlos Gómez de la Cruz, Centre
 discrecional de la Comisión para entablar acciones judicia           Wagner, Kirchberg.


title: Asuntos acumulados C-162/08 a 164/08: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de noviembre de 2009 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Monomelés Protodíkeio Rethýmnis (Grecia)] — Giórgios K. Lagoudákis/Kéntro Anoiktís Prostasías Hlikioménon Dímou Rethymnis C-162/08) y Dimítrios G. Ladákis, Andréas M. Bírtas, Konstantínos G. Kyriakopoúlos, Emmanouíl V. Klampónis, Sofoklís E. Mastorákis/Dímos Geropotámou (C-163/08) y Michaíl Zacharioudákis/Dímos Lámpis (C-164/08) (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Política social — Directiva 1999/70/CE — Cláusulas 5 y 8 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada — Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público — Primer o único contrato — Contratos sucesivos — Medida legal equivalente — Reducción del nivel general de protección de los trabajadores — Medidas destinadas a prevenir los abusos — Sanciones — Prohibición absoluta de transformación de los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo indefinido en el sector público — Consecuencias de la adaptación incorrecta del Derecho interno a una Directiva — Interpretación conforme)

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/16

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de noviembre de 2009 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Monomelés Protodíkeio Rethýmnis (Grecia)] — Giórgios K. Lagoudákis/Kéntro Anoiktís Prostasías Hlikioménon Dímou Rethymnis C-162/08) y Dimítrios G. Ladákis, Andréas M. Bírtas, Konstantínos G. Kyriakopoúlos, Emmanouíl V. Klampónis, Sofoklís E. Mastorákis/Dímos Geropotámou (C-163/08) y Michaíl Zacharioudákis/Dímos Lámpis (C-164/08)
   (Asuntos acumulados C-162/08 a 164/08) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Política social - Directiva 1999/70/CE - Cláusulas 5 y 8 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada - Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público - Primer o único contrato - Contratos sucesivos - Medida legal equivalente - Reducción del nivel general de protección de los trabajadores - Medidas destinadas a prevenir los abusos - Sanciones - Prohibición absoluta de transformación de los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo indefinido en el sector público - Consecuencias de la adaptación incorrecta del Derecho interno a una Directiva - Interpretación conforme)
   2010/C 63/25
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Monomelés Protodíkeio Rethymnis

      Partes

      Demandantes: Giórgios K. Lagoudákis (C-162/08), Dimítrios G. Ladákis, Andréas M. Bírtas, Konstantínos G. Kyriakopoúlos, Emmanouíl V. Klampónis, Sofoklís E. Mastorákis (C-163/08), Michaíl Zacharioudákis (C-164/08)

      Demandadas: Kéntro Anoiktís Prostasías Hlikioménon Dímou Rethýmnis (C-162/08), Dímos Geropotámou (C-163/08), Dímos Lámpis (C-164/08)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Monomelés Protodíkeio Rethymnis — Interpretación de las cláusulas 5 y 8, apartados 1 y 3, del Anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, de 10 de julio de 1999, p. 43) — Prohibición de adoptar una normativa nacional con el pretexto de la adaptación del Derecho interno a la Directiva, cuando existía anteriormente una medida nacional equivalente, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de la Directiva y la nueva normativa reduce el nivel de protección de los trabajadores en régimen de contrato de trabajo de duración determinada

      Fallo

               1)

               La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, sobre el Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el Estado miembro adopte una normativa nacional como el Decreto Presidencial 164/2004, que contiene disposiciones relativas a los trabajadores contratados mediante contratos de duración determinada en el sector público, que, con el fin de adaptar específicamente el Derecho interno a la Directiva 1999/70 para aplicar sus disposiciones al sector público, prevé la aplicación de medidas preventivas frente a la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada sucesivos, enumerados en el apartado 1, letras a) a c), de dicha cláusula, cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya existe (extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente) una medida legal equivalente en el sentido de la citada cláusula –como el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, relativa a la resolución obligatoria del contrato de trabajo de los empleados del sector privado–, siempre que, no obstante, esta normativa, por una parte, no afecte a la eficacia de la prevención de la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada, como se desprende de dicha medida legal equivalente y, por otra parte, respete el Derecho comunitario, concretamente la cláusula 8, apartado 3, del mencionado Acuerdo.

               2)

               La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades del Estado miembro de que se trate apliquen una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal de modo que la renovación de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de dicha cláusula debido únicamente a que esos contratos se basan en disposiciones legales que permiten su renovación para satisfacer determinadas necesidades provisionales cuando, en realidad, esas necesidades son permanentes y duraderas. En cambio, la citada cláusula no se aplica a la celebración de un primer o único contrato de trabajo o relación laboral de duración determinada.

               3)

               La cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que la «reducción» que contempla debe examinarse en relación con el nivel general de protección que era aplicable, en el Estado miembro de que se trata, tanto a los trabajadores que hubieran celebrado sucesivos contratos de trabajo de duración determinada como a los que hubieran celebrado un primer y único contrato de duración determinada.

               4)

               La cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como el Decreto presidencial 164/2004, que, a diferencia de una norma de Derecho interno anterior, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, por una parte, cuando se ha hecho una utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada en el sector público, ya no establece su recalificación como contratos por tiempo indefinido o somete ésta al respeto de determinados requisitos acumulativos y restrictivos y, por otra parte, excluye a los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración determinada del beneficio de las medidas de protección que impone, cuando estas modificaciones –extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente– se refieren a una categoría limitada de trabajadores que celebraron un contrato de trabajo de duración determinada o resultan compensadas por la adopción de medidas preventivas de la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco.

               5)

               Sin embargo, la aplicación del Acuerdo marco por una normativa nacional como el Decreto presidencial 164/2004 no puede suponer que la protección que el ordenamiento jurídico interno concedía anteriormente a los trabajadores con contrato de duración determinada se reduzca a un nivel inferior al determinado por las disposiciones protectoras mínimas previstas en el Acuerdo marco. En particular, el respeto de la cláusula 5, apartado 1, del citado Acuerdo marco exige que, en lo que respecta a la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, dicha normativa establezca medidas efectivas y vinculantes para prevenir esa utilización abusiva y sanciones que tengan un carácter suficientemente efectivo y disuasorio para garantizar la plena eficacia de esas medidas preventivas. Por consiguiente, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar que concurren esos requisitos.

               6)

               En circunstancias como las del litigio principal, el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate incluya, en el sector considerado, otras medidas efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada –en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo– no se opone a la aplicación de una norma de Derecho nacional que prohíbe de forma absoluta la transformación en un contrato de trabajo de duración indefinida de una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada en el sector público que, por haber cubierto necesidades permanentes y duraderas del empresario, deben ser considerados abusivos. Sin embargo, incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno constituyen una medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva por parte de la administración pública de sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada.

               7)

               En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, del citado Acuerdo marco no es aplicable a los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración determinada, esta disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuando dicho contrato atiende, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empresario.

               8)

               Corresponde al órgano jurisdiccional remitente dar a las disposiciones pertinentes de Derecho interno, en la medida de lo posible, una interpretación conforme con las cláusulas 5, apartado 1, y 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y dilucidar, en ese contexto, si debe aplicarse a los litigios principales una «medida legal equivalente» en el sentido de la primera de esas cláusulas, como la prevista en el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, en vez de determinadas disposiciones de Derecho interno.

      (1)  DO C 171 de 5.7.2008.


title: Asunto T-281/09: Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010 — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OAMI (CHROMA) [Marca comunitaria — Solicitud de la marca denominativa comunitaria CHROMA — Motivo absoluto de denegación — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n ° 207/2009]

text:
               12.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/12

         Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010 — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OAMI (CHROMA)
   (Asunto T-281/09) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de la marca denominativa comunitaria CHROMA - Motivo absoluto de denegación - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2011/C 46/22
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (Frechen, Alemania) (representante: J. Albrecht, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: S. Schäffner, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 8 de mayo de 2009 (asunto R 1429/2008-4), referente a la solicitud de registro del signo denominativo CHROMA como marca comunitaria

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG.

      (1)  DO C 244, de 10.10.2009.


title: Asunto C-85/17 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de febrero de 2017 por Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Société des produits Nestlé

text:
               6.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/5

         Recurso de casación interpuesto el 15 de febrero de 2017 por Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Société des produits Nestlé
   (Asunto C-85/17 P)
   (2017/C 178/05)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd (representantes: T. Mitcheson QC, Barrister, P. Walsh, J. Blum y S. Dunstan, Solicitors)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Société des produits Nestlé SA

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule las siguientes partes de la sentencia del Tribunal General en el asunto T-112/13:

                           1)

                           el razonamiento relativo a la segunda parte del primer motivo expuesto en los apartados 37 a 44.

                           2)

                           el razonamiento relativo a la primera parte del primer motivo expuesto en los apartados 58 a 64.

                           3)

                           el razonamiento relativo a la tercera parte del primer motivo expuesto en los apartados 78 a 111; y

                           4)

                           el razonamiento relativo a la cuarta parte del primer motivo expuesto en los apartados 144 a 169 y la parte expuesta en el apartado 177 que establece «Aunque se había acreditado que la marca de que se trata había adquirido carácter distintivo por el uso en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido».

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               El Tribunal General incurrió en un error de Derecho respecto al razonamiento relativo a la segunda parte del primer motivo expuesto en los apartados 37 a 44. La segunda parte se refiere al uso de la marca para todos los productos para los que fue registrada. El Tribunal General incurrió en un error cuando consideró que el uso en el comercio de una chocolatina consistente en cuatro barritas trapezoidales podía clasificarse como un caramelo o galleta.

               2)

               El Tribunal General incurrió en un error de Derecho respecto al razonamiento relativo a la primera parte del primer motivo expuesto en los apartados 58 a 64. La primera parte se refiere al uso de la marca en la forma en que fue registrada. Mondelez rechaza que la marca no se haya utilizado en absoluto en la forma en que se registró. El Tribunal General aplicó el criterio jurídico erróneo: (i) al no dar suficiente valor a su conclusión de que la chocolatina tiene una forma que viene a la cabeza para los productos en cuestión; y (ii) al basarse en una «asociación espontánea e inmediata» hecha entre la forma con la palabra KIT KAT en contra de las orientaciones en el asunto C-215/14 Société des Produits Nestlé, EU:C:2015:604 («asunto C-215/14»).

               3)

               El Tribunal General incurrió en un error de Derecho respecto al razonamiento relativo a la tercera parte del primer motivo expuesto en los apartados 78 a 111. La tercera parte se refiere a la falta de uso de la marca como un indicador del origen y las pruebas aportadas al respecto. El Tribunal General aplicó el criterio jurídico erróneo al basarse sobre las conclusiones de reconocimiento o asociación. El enfoque correcto es determinar si los sectores interesados perciben los productos o servicios designados exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada de conformidad con el razonamiento expuesto por el Tribunal de Justicia en el asunto C-215/14.

               4)

               El Tribunal General incurrió en un error de Derecho respecto al razonamiento relativo a la cuarta parte del primer motivo expuesto en los apartados 144 a 169 y en la parte del apartado 177 que establece «Aunque se había acreditado que la marca de que se trata había adquirido carácter distintivo por el uso en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido». La cuarta parte se refiere a la falta de acreditación del carácter distintivo adquirido por el uso de la marca en toda la Unión Europea. El Tribunal General consideró acertadamente que Nestlé no había demostrado que la marca hubiera adquirido carácter distintivo en toda la Unión Europea y Mondelez no desea discutir esta decisión. Sin embargo, Mondelez no acepta que Nestlé haya acreditado en ningún momento el carácter distintivo adquirido para los productos en 10 Estados miembros de la Unión Europea o simplemente que haya adquirido carácter distintivo alguno. El Tribunal General incurrió en un error al aplicar un criterio jurídico incorrecto en relación con cada uno de los Estados miembros de que se trata dado que ni el reconocimiento, la atribución o la asociación equivale a que los consumidores pertinentes de la marca la perciban como indicativa del origen, como exige el criterio establecido por el Tribunal de Justicia en el asunto C-215/14.


title: Asunto C-7/16: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.° 11 de Vigo — Pontevedra) — Banco Popular Español, S.A., PL Salvador S.A.R.L./María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Cesión de crédito — Derecho de extinción de su deuda por el obligado — Condiciones para el ejercicio de ese derecho)

text:
               19.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 343/17

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.o 11 de Vigo — Pontevedra) — Banco Popular Español, S.A., PL Salvador S.A.R.L./María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz
   (Asunto C-7/16) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Directiva 93/13/CEE - Cláusulas abusivas - Cesión de crédito - Derecho de extinción de su deuda por el obligado - Condiciones para el ejercicio de ese derecho))
   (2016/C 343/26)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de Primera Instancia n.o 11 de Vigo

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Banco Popular Español, S.A., PL Salvador, S.A.R.L.

      Demandadas: María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz

      Fallo

   La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, relativa al derecho del deudor de un crédito cedido por el acreedor a un tercero a extinguir su deuda reembolsando a éste el precio que haya pagado por esa cesión.

      (1)  DO C 118 de 4.4.2016.


title: Asunto T-377/02: Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2002 contra Comisión de las Comunidades Europeas por "P"

text:
C 44/38                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                         22.2.2003
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia             Motivos y principales alegaciones
que:
—     Anule la decisión de la Comisión de 14 de enero de 2002             El demandante es funcionario de la Comisión y ha trabajado
      de jubilar al demandante concediéndole una pensión de               en el edificio Berlaymont, donde ha estado expuesto al
      invalidez determinada conforme al artículo 78, párrafo              amianto. En 2001, el demandante presentó una solicitud de
      tercero del Estatuto de Funcionarios.                               declaración de invalidez con arreglo al artículo 78 del Estatuto.
                                                                          Dicha solicitud fue denegada por la Comisión.
—     Condene en costas a la parte demandada.
                                                                          El demandante afirma, en primer lugar, que al desestimar la
                                                                          reclamación, la Comisión ha interpretado incorrectamente los
                                                                          hechos del presente caso que condujeron al demandante a
Motivos y principales alegaciones                                         denunciar el mal funcionamiento de la Comisión de invalidez
                                                                          debido a problemas lingüísticos.
El demandante es funcionario de la Comisión. Mediante la
decisión impugnada, se le jubiló y se le concedió una pensión             El demandante invoca además la violación de los principios de
de invalidez determinada conforme a lo dispuesto en el                    buena administración y de diligencia, del principio de con-
artículo 78, párrafo tercero, del Estatuto de Funcionarios.               fianza legítima, del derecho de defensa y de la Carta de
                                                                          Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El demandante
                                                                          denuncia la existencia de irregularidades en el procedimiento
Para apoyar su recurso, el demandante invoca una infracción               ante la Comisión de invalidez, como el abandono de los
del artículo 7 del Anexo II del Estatuto y una infracción de las          reconocimientos médicos programados, el problema de comu-
normas relativas al funcionamiento de las comisiones de                   nicación y la ausencia de abogado en la reunión de la Comisión
invalidez. En opinión del demandante, la comisión de invalidez            de invalidez.
estaba irregularmente constituida. El demandante invoca ade-
más una infracción de la obligación de motivación.
                                                                          Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2002 contra
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Antonio
Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2002 contra                                                   Andolfi
      Comisión de las Comunidades Europeas por «P»
                                                                                (Asunto T-379/02)
                       (Asunto T-377/02)
                                                                                (2003/C 44/73)
                          (2003/C 44/72)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    Europeas se ha presentado el 18 de diciembre de 2002
Europeas se ha presentado el 17 de diciembre de 2002 un                   un recurso contra Comisión de las Comunidades Europeas
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    formulado por el Sr. Antonio Andolfi, representado y defen-
formulado por «P», representado por el Sr. Juan Ramón                     dido por el Sr. Salvatore Amato.
Iturriagagoitia, abogado.
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:              que:
—     Anule la decisión de la Comisión de 30 de septiembre                —    Anule la decisión impugnada.
      de 2002 por la que se responde a la reclamación
      presentada el 5 de julio de 2002 por el demandante con              —    Condene a la Comunidad Económica Europea a resarcir
      arreglo al artículo 90 del Estatuto de los funcionarios y                los perjuicios irrogados y que se están irrogando a
      otros agentes de las Comunidades Europeas.                               Seven Pictures y a Phoenix European s.r.l., que deberán
                                                                               calcularse durante el procedimiento, así como al pago de
—     Condene en costas a la parte demandada.                                  las costas judiciales.


title: Asunto T-202/12: Sentencia del Tribunal General de 12 de marzo de 2014 –Al Assad/Consejo ( «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Siria — Congelación de fondos — Inclusión de un particular en las listas de personas a las que se aplican dichas medidas — Vínculos personales con miembros del régimen — Derecho de defensa — Proceso equitativo — Obligación de motivación — Carga de la prueba — Derecho a una tutela judicial efectiva — Proporcionalidad — Derecho de propiedad — Derecho a la vida privada» )

text:
               28.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/18

         Sentencia del Tribunal General de 12 de marzo de 2014 –Al Assad/Consejo
   (Asunto T-202/12) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Siria - Congelación de fondos - Inclusión de un particular en las listas de personas a las que se aplican dichas medidas - Vínculos personales con miembros del régimen - Derecho de defensa - Proceso equitativo - Obligación de motivación - Carga de la prueba - Derecho a una tutela judicial efectiva - Proporcionalidad - Derecho de propiedad - Derecho a la vida privada»))
   2014/C 129/22
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Bouchra Al Assad (Damasco, Siria) (representantes: G. Karouni y C. Dumont, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: G. Étienne y M.-M. Joséphidès, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación parcial, en primer lugar, de la Decisión de Ejecución 2012/172/PESC del Consejo, de 23 de marzo de 2012, por la que se aplica la Decisión 2011/782/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 87, p. 103); en segundo lugar, de la Decisión 2012/739/PESC del Consejo, de 29 de noviembre de 2012, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y por la que se deroga la Decisión 2011/782/PESC (DO L 330, p. 21); en tercer lugar, del Reglamento de Ejecución (UE) no 363/2013 del Consejo, de 22 de abril de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 111, p. 1; corrección de errores DO 2013 L 127, p. 27), y, en cuarto lugar, de la Decisión 2013/255/PESC del Consejo, de 31 de mayo de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 147, p. 14), en la medida en que estos actos se refieren a la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Sra. Bouchra Al Assad.

      (1)  DO C 217, de 21.7.2012.