title: Asunto C-115/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Cour de cassation (París) — Sala de lo mercantil, lo financiero y lo económico, de fecha 26 de marzo de 2002, en el asunto entre la Administration des Douanes et Droits indirects y la sociedad Rioglass SA y la sociedad Transremar SL

text:
1.6.2002                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 131/9
Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2002 contra la                     Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
República Francesa por la Comisión de las Comunidades                  lución de la Cour de cassation (Parı́s) — Sala de lo
                             Europeas                                    mercantil, lo financiero y lo económico, de fecha 26 de
                                                                         marzo de 2002, en el asunto entre la Administration des
                                                                         Douanes et Droits indirects y la sociedad Rioglass SA y la
                         (Asunto C-114/02)                                                   sociedad Transremar SL
                                                                                (Asunto C-115/02)
                          (2002/C 131/15)
                                                                                (2002/C 131/16)
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             resolución de la Cour de cassation (Parı́s) — Sala de lo
presentado el 27 de marzo de 2002 un recurso contra                      mercantil, lo financiero y lo económico, dictada el 26 de
la República Francesa formulado por la Comisión de las                 marzo de 2002, en el asunto entre la Administration des
Comunidades Europeas, representada por la Sra. L. Ström, en              Douanes et Droits indirects y la sociedad Rioglass SA y la
calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.                  sociedad Transremar SL, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
                                                                         de Justicia el 29 de marzo de 2002.
                                                                         La Cour de cassation (Parı́s) — Sala de lo mercantil, lo
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal            financiero y lo económicosolicita al Tribunal de Justicia que se
de Justicia que:                                                         pronuncie sobre la siguiente cuestión: ¿el artı́culo 30 del
                                                                         Tratado CE (actualmente artı́culo 28 CE, tras su modificación)
                                                                         debe interpretarse en el sentido de que se opone a la
—     Declare que la República Francesa ha incumplido las
                                                                         aplicación, basándose en el Code de propriété intellectuelle, de
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
                                                                         procedimientos de retención por las autoridades aduaneras
      98/8/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 16 de
                                                                         dirigidos contra mercancı́as legalmente fabricadas en un Estado
      febrero de 1998, relativa a la comercialización de bioci-
                                                                         miembro de la Comunidad Europea y destinadas, después de
      das (1), al no haber adoptado las disposiciones legales,
                                                                         haber transitado por el territorio francés, a ser comercializadas
      reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
                                                                         en un paı́s tercero, en el presente caso, en Polonia?
      plimiento a lo establecido en la Directiva.
—     Condene en costas a la República Francesa.
                                                                         Recurso interpuesto el 3 de abril de 2002 por la Comisión
                                                                         de las Comunidades Europeas contra la República Helé-
                                                                                nica
Motivos y principales alegaciones invocados                                                     (Asunto C-119/02)
                                                                                (2002/C 131/17)
La Comisión ha comprobado una adaptación muy parcial del
Derecho interno a la Directiva 98/8/CE. Francia ha comunicado            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
unas medidas de adaptación del Derecho interno por lo que               presentado el 3 de abril de 2002 un recurso contra la República
atañe al artı́culo 3, apartados 1, 2, 3 y 6, y a los artı́culos 5, 6,   Helénica, formulado por la Comisión de las Comunidades
7 y 9 de la Directiva. Por consiguiente, entre las obligaciones          Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana y la
impuestas por la Directiva que debı́an ser objeto de una                 Sra. Mina Konstantinidi, Consejeros Jurı́dicos.
adaptación del Derecho interno, continúan sin haberse adop-
tado y en cualquier caso sin haberse comunicado las medidas              La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
de adaptación del Derecho interno al artı́culo 3, apartados 4,
5, y 7, y a los artı́culos 4, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21,         —     Declare que la República Helénica ha incumplido las
22, 23, 24, 25 y 26 de la Directiva. El plazo para la adaptación              obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 3,
del Derecho interno expiró el 13 de mayo de 2000.                             apartado 1, y del artı́culo 5, apartado 2, de la Directiva
                                                                               91/271/CEE (1) del Consejo, sobre tratamiento de las
                                                                               aguas residuales urbanas, en su versión modificada por la
                                                                               Directiva 98/15/CE (2) de la Comisión, de 27 de febrero
(1) DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.                                               de 1998, por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE
                                                                               en relación con determinados requisitos establecidos en
                                                                               el anexo I, al no haber adoptado las disposiciones
                                                                               necesarias para instalar un sistema colector para las aguas
                                                                               residuales urbanas de la zona de Thriasio Pedio ni para


title: Asunto C-528/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen Sad Sofia (Bulgaria) el 18 de octubre de 2011 — Zuheyr Freyeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet

text:
               17.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 370/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen Sad Sofia (Bulgaria) el 18 de octubre de 2011 — Zuheyr Freyeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet
   (Asunto C-528/11)
   2011/C 370/30
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen Sad Sofia

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Zuheyr Freyeh Halaf

      Demandada: Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, (1) de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, en el sentido de que permite que un Estado miembro asuma la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo en el caso de que en el solicitante no concurra ninguna circunstancia personal que dé lugar a la aplicación de la cláusula humanitaria del artículo 15 de dicho Reglamento y cuando, en relación con el Estado miembro responsable con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento, concurre al menos alguna de estas circunstancias:

                           a)

                           en los archivos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se mencionan hechos y se llega a conclusiones conforme a las cuales el Estado miembro responsable con arreglo a la normativa infringe disposiciones de la Unión Europea en materia de asilo relativas a las condiciones para la admisión del solicitante de asilo, al acceso al procedimiento o a la calidad del procedimiento de examen de solicitudes de asilo;

                           b)

                           el Estado responsable con arreglo a la normativa no ha contestado a una petición de readmisión con arreglo al artículo 20, apartado 1, del Reglamento no 343/2003, teniendo en cuenta que este Reglamento no contiene ninguna disposición sobre la observancia del principio de solidaridad establecido en el artículo 80 TFUE?

               2)

               A efectos de la aplicación del artículo 3, apartado 2, del Reglamento no 343/2003, ¿puede el juez nacional de un Estado miembro ante el que se ha solicitado la aplicación de dicho Reglamento examinar, tomando como base afirmaciones relativas a la infracción de normas de Derecho comunitario en materia de asilo en el Estado miembro responsable con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento, si se han infringido dichas normas de Derecho y las consecuencias que de ello se derivan para los derechos que el solicitante de asilo deduce del Derecho de la Unión en el supuesto de ser trasladado al Estado miembro responsable, sin que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya constatado, en el procedimiento previsto en el Derecho de la Unión, que dicho Estado miembro ha cometido una infracción de las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión?
               Si se responde afirmativamente a la cuestión precedente, se solicita asimismo una respuesta a las siguientes cuestiones, con el fin de determinar los criterios para afirmar la existencia de una infracción del Derecho de la Unión:

                           ¿Deben tenerse en cuenta únicamente las infracciones esenciales del Derecho de la Unión? ¿Qué criterios ha de utilizar el juez nacional para determinar la existencia de dichas infracciones a la hora de aplicar las disposiciones del Reglamento no 343/2003 cuya interpretación se solicita?

                           ¿Únicamente puede calificarse de esencial una infracción del Derecho comunitario en materia de asilo si tiene como consecuencia la vulneración de un derecho conferido al solicitante de asilo por el Derecho de la Unión o, por el contrario, es preciso que se haya producido una restricción del derecho de asilo en el sentido del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

                           En el supuesto de que, conforme a los criterios y al nivel de protección del Derecho de la Unión, no exista base jurídica para estimar la petición de asilo del interesado, ¿procede comprobar únicamente si se han producido infracciones de las condiciones de admisión de solicitantes de asilo en el Estado miembro responsable conforme a la normativa?

               3)

               ¿Qué contenido tiene el derecho de asilo con arreglo al artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con el artículo 53 de la Carta, con la definición del artículo 2, letra c), y con el duodécimo considerando del Reglamento no 343/2003?

               4)

               ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Reglamento no 343/2003 en el sentido de que un juez nacional de un Estado miembro puede considerar que la presunción de observancia del principio de no devolución y de Estado seguro en el sentido del segundo considerando de dicho Reglamento en relación con el Estado responsable conforme al artículo 3, apartado 1, del Reglamento queda desvirtuada si no es constatada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para lo cual ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

                           —

                           las competencias de control reconocidas a la Oficina del ACNUR que se desprenden de la obligación impuesta en el artículo 78 TFUE, apartado 1, de ajustarse a los tratados internacionales en materia de asilo y expresamente, con arreglo al artículo 21 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, (2) de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, así como

                           —

                           los hechos y conclusiones recogidos en los expedientes de la Oficina del ACNUR, según los cuales el Estado miembro responsable conforme al artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 343/2003 infringe normas de la Unión Europea en materia de asilo?

               5)

               ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Reglamento no 343/2003 en relación con la obligación que impone el artículo 78 TFUE, apartado 1, de ajustarse a los tratados internacionales en materia de asilo, en el sentido de que, en los procedimientos para determinar el Estado responsable conforme al Reglamento no 343/2003, los Estados miembros están obligados a recabar la opinión de la Oficina del ACNUR, si en los expedientes de dicha oficina se refieren hechos y conclusiones según los cuales el Estado miembro responsable conforme al artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 343/2003 infringe normas de la Unión Europea en materia de asilo?
               Si se responde afirmativamente a esta cuestión, se solicita asimismo respuesta a las siguientes cuestiones:
               Si no se recaba tal opinión de la Oficina del ACNUR, ¿se incurre en un vicio esencial de forma en el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable conforme al artículo 3 del Reglamento no 343/2003 y, de esta manera, en una vulneración de los derechos a una buena administración y a la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, teniendo asimismo en cuenta el artículo 21 de la Directiva 2005/85, que establece el derecho de esta Oficina a manifestar su opinión al examinar la solicitudes individuales de asilo?

      (1)  DO L 50, p. 1.

      (2)  DO L 326, p. 13.


title: Asunto T-421/07: Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2007 — Deutsche Post/Comisión

text:
               26.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/46

         Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2007 — Deutsche Post/Comisión
   (Asunto T-421/07)
   (2008/C 22/86)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Deutsche Post AG (Bonn, Alemania) (representantes: J. Sedemund y T. Lübbig, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 12 de septiembre de 2007«Ayuda estatal C 36/07 (ex NN 25/07) — Ayuda estatal a Deutsche Post AG, Invitación a presentar observaciones con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado CE».

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita la anulación de la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, en relación con la ayuda estatal C-36/07 (ex NN 25/07). Tal decisión fue comunicada a Alemania mediante carta de 12 de septiembre de 2007 (DO C 245, p. 21). El procedimiento incoado a raíz de dicha decisión tenía por objeto una investigación complementaria al procedimiento incoado por la Comisión el 23 de octubre de 1999 y en el que ésta adoptó una decisión negativa el 19 de junio de 2002 (DO 2002, L 247, p. 27). En esa decisión negativa, la Comisión estableció que Deutsche Post AG facturaba los paquetes puerta a puerta a precios inferiores a los costes marginales y que esa política agresiva de reducciones no correspondía a su obligación universal de servicio público.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que la Decisión impugnada vulnera principios fundamentales del procedimiento. En particular, viola el principio de protección de la confianza legítima, dado que la Comisión conoce los hechos principales del caso de que se trata desde hace años y que el 19 de junio de 2002 adoptó, al respecto, una decisión definitiva por la que daba por finalizado el procedimiento. Además, se violaron los derechos de participación de la República Federal de Alemania y de la demandante en el procedimiento, por cuanto no se les concedió la posibilidad de aclarar su postura antes de que se adoptara la Decisión impugnada. En estas circunstancias, la demandante sostiene, por último, que se produce una violación del Reglamento (CE) no 659/1999 (1), puesto que de la sistemática de esta disposición se desprende que una decisión negativa como la de 19 de junio de 2002 tiene carácter definitivo y la demandada no puede convertir hechos que han sido ya sido apreciados definitivamente en objeto de un nuevo procedimiento de comprobación de las ayudas.
   La demandante alega asimismo que la demandada incumplió la obligación de motivación del artículo 253 CE y del artículo 6, número 1, del Reglamento 659/1999, por cuanto, por un lado, la decisión impugnada no permite establecer claramente las medidas que la Comisión considera ayudas de Estado y, por otro lado, no contiene ninguna valoración jurídica al respecto.
   Por último, se cuestiona la infracción de los artículos 87 CE, apartado 1, y 88 CE, por cuanto las medidas citadas no pueden ser consideradas como ayudas de Estado.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE (DO L 83, p. 1).


title: Asunto C-248/02: Recurso interpuesto el 8 de julio de 2002 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
24.8.2002               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 202/15
«¿Constituye el artı́culo 30, apartado 1, de la Directiva 93/37/        —     al haber remitido datos incompletos sobre las cantidades
CEE (1) de 14 de junio de 1993, en la medida en que atribuye                  de lodos utilizados anualmente en la agricultura como
a las diferentes entidades adjudicadoras la elección del criterio            sustancia seca (tal información es totalmente inexistente
de adjudicación entre el precio más bajo o, alternativamente,               respecto a las regiones de Abruzzo y Campania y se
la oferta más ventajosa económicamente, una aplicación                     remitió de manera incorrecta, es decir, no en relación con
consecuente del principio de libre competencia ya consagrado                  la sustancia seca, respecto a Toscana y Sicilia),
en el artı́culo 85 del Tratado CE (actualmente artı́culo 81 CE),
que exige que toda oferta presentada en el marco de una                 —     al no haber tomado las medidas adecuadas para actualizar,
licitación convocada dentro del mercado común sea valorada                  al menos por lo que respecta a las regiones de Lombardı́a,
de tal modo que no se impida, se restrinja ni se falsee el juego              Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle de
de la competencia entre ellas?»                                               Aosta, Sicilia y Marcas, los registros en los que anotan la
                                                                              composicióny y las caracterı́sticas de los lodos, con
«En consecuencia, ¿se opone el artı́culo 30 de la Directiva 93/               respecto a los parámetros previstos en el anexo II A de la
37/CEE de 14 de junio de 1993, a que el artı́culo 21 de la Ley                Directiva 86/278/CEE y
nº 109 de 11 de febrero de 1994 impida a las entidades
adjudicadoras elegir el criterio de la oferta más ventajosa
                                                                        —     al no haber tomado las medidas adecuadas para la
económicamente para la adjudicación de los contratos de
                                                                              actualización de los registros en los que se anotan las
obras públicas mediante procedimiento abierto o restringido,
                                                                              cantidades de fango producido (en relación con todo el
imponiendo con carácter general únicamente el criterio del
                                                                              territorio nacional) y los utilizados en la agricultura (en
precio más bajo?»
                                                                              relación con las regiones de Abruzzo, Campania, Toscana
                                                                              y Sicilia).
(1) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.
                                                                        Condene en costas a la República Italiana.
Recurso interpuesto el 8 de julio de 2002 contra la                     Motivos y principales alegaciones
República Italiana por la Comisión de las Comunidades
                             Europeas
                                                                        Con arreglo al artı́culo 17 de la Directiva 86/278/CEE, en su
                        (Asunto C-248/02)                               versión modificada por el artı́culo 5, en relación con el anexo
                                                                        VI, letra g), de la Directiva 91/692/CEE sobre la normalización
                         (2002/C 202/22)                                y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de
                                                                        determinadas directivas referentes al medio ambiente, cada tres
                                                                        años los Estados miembros deben remitir información sobre
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            la aplicación de la Directiva 86/278/CEE.
presentado el 8 de julio de 2002 un recurso contra la República
Italiana, formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por los Sres. Hans Stovlbaek y Roberto           Italia ha remitido información parcial e incompleta sobre la
Amorosi, en calidad de agentes.                                         cantidad de fangos de depuración utilizados en la agricultura
                                                                        en los años 1995 a 1997 y sobre la composición y las
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               caracterı́sticas de los fangos con respecto a los parámetros
                                                                        previstos en el anexo II A de la Directiva.
Declare que la República Italiana ha incumplido las obligacio-
nes que le incumben en virtud del artı́culo 17 de la Directiva
86/278/CEE (1), en su versión modificada por el artı́culo 5 de         Además, las autoridades italianas no han adoptado las medidas
la Directiva 91/6927CEE (2), y del artı́culo 10, apartado 1,            adecuadas para actualizar los registros en los que se anotan la
letras a) y b) de la Directiva 86/278/CEE al                            composición y las caracterı́sticas de los fangos, con respecto a
—     haber remitido una información incompleta sobre el               los parámetros previstos en el anexo II A de la Directiva ni
      valor medio de concentración (mg/kg de materia seca)             tampoco para actualizar los registros en los que se anotan las
      sobre una base anual, de los metales pesados (cadmio,             cantidades de fango producido y las utilizadas en la agricultura
      cobre, niquel, plomo, zinc, mercurio y cromo) y de los            lo cual infringe el artı́culo 10, apartado 1, letra b), de la
      elementos nitrógeno y fósforo contenidos en los lodos de        Directiva.
      depuración (tal información es totalmente inexistente
      respecto a las regiones de Lombardı́a, Emilia Romagna,
      Toscana, Abruzzo, Campania, Valle de Aosta, Sicilia, y            (1) DO L 181, de 4.7.1986, p. 6.
      son insuficientes para las Marcas),                               (2) DO L 377, de 31.12.1991, p. 48.
—     al no haber remitido ninguna información sobre la
      cantidad (t/año) de lodos de depuración producidos como
      sustancia seca,


title: Asunto C-213/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Países Bajos) el 25 de abril de 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/24

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Países Bajos) el 25 de abril de 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
   (Asunto C-213/17)
   (2017/C 239/30)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: X

      Demandada: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 23, apartado 3, del Reglamento de Dublín (1) en el sentido de que Italia ha pasado a ser responsable del examen de la petición de protección internacional presentada por el demandante en dicho país el 23 de octubre de 2014, pese a que los Países Bajos eran el Estado miembro en principio responsable en virtud de las solicitudes de protección internacional presentadas anteriormente en dicho país, en el sentido del artículo 2, inicio y letra d), del Reglamento de Dublín, la última de las cuales se hallaba todavía en fase de examen en los Países Bajos, pues el Consejo de Estado (Sección de Derecho administrativo) no se había pronunciado aún sobre el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia [AWB 14/13866] del rechtbank [de La Haya, Sección de Middelburg] de 7 de julio de 2014? [omissis]

               2)

               ¿Se desprende del artículo 18, apartado 2, del Reglamento de Dublín que las autoridades neerlandesas debían, inmediatamente después de presentarse la petición de readmisión de 5 de marzo de 2015, suspender el examen de la solicitud de protección internacional todavía en curso en los Países Bajos cuando se presentó dicha petición, y poner fin a dicho examen tras la expiración del plazo establecido en el artículo 24 revocando o modificando la decisión anterior de 11 de junio de 2014, por la que se denegaba la solicitud de asilo de 4 de junio de 2014?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿ha de considerarse que la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional presentada por el demandante no se ha trasladado a Italia, sino que sigue recayendo sobre las autoridades neerlandesas, puesto que el demandado no revocó ni modificó la decisión de 11 de junio de 2014?

               4)

               ¿Han incumplido las autoridades neerlandesas la obligación que les incumbe en virtud del artículo 24, apartado 5, del Reglamento de Dublín, de proporcionar a las autoridades italianas información que les permitiera examinar si Italia es responsable en virtud del citado Reglamento, al no haber informado a las autoridades italianas del recurso de apelación pendiente en los Países Bajos ante el Consejo de Estado (Sección de Derecho administrativo) en el segundo procedimiento de asilo?

               5)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿debe deducirse del incumplimiento que, por esa razón, la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional del demandante no se ha trasladado a Italia, sino que sigue incumbiendo a las autoridades neerlandesas?

               6)

               En caso de que la responsabilidad haya dejado de recaer sobre los Países Bajos, ¿estaban obligadas las autoridades neerlandesas, en relación con la entrega del demandante desde Italia a los Países Bajos en el marco del procedimiento penal incoado contra él, en virtud del artículo 17, apartado 1, del Reglamento de Dublín, no obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento, a examinar la solicitud de protección internacional que el demandante presentó en Italia, y, como consecuencia, no podían razonablemente hacer uso de la facultad, establecida en el artículo 24, apartado 1, del Reglamento de Dublín, de solicitar a las autoridades italianas la readmisión del demandante?

      (1)  Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31)


title: Asunto C-496/07: Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Checa

text:
               9.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/3

         Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Checa
   (Asunto C-496/07)
   (2008/C 37/03)
   Lengua de procedimiento: checo
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Rozet y M. Šimerdová, en calidad de agentes)

      Demandada: República Checa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 39 del Tratado CE, en la medida en que la normativa interna checa reserva el desempeño del empleo de capitán de los buques que enarbolen pabellón checo a los nacionales checos.

               —

               Que se condene en costas a la República Checa.

         Motivos y principales alegaciones
   Para fundamentar su recurso, la Comisión invoca los siguientes motivos:
   La normativa interna checa (Ley no 61/2000) impone al empresario del buque la obligación de garantizar que el capitán de un buque que enarbole pabellón checo sea ciudadano de la República Checa.
   En opinión de la Comisión de las Comunidades Europeas, este requisito claro y absolutamente incondicional de poseer la nacionalidad checa, es contrario a las conclusiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos C-405/01 (1) y C-47/02 (2). La Comisión hace especial hincapié en las conclusiones del apartado 44 de la sentencia en el asunto C-405/01 y del apartado 63 de la sentencia en el asunto C-47/02. El requisito establecido en la normativa checa de que el capitán del buque debe ser de nacionalidad checa es absoluto. Las disposiciones relevantes de la Ley checa no tienen en cuenta de qué forma y en qué medida el capitán de un buque ejerce realmente funciones de autoridad pública, como exige la jurisprudencia mencionada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El mero hecho de que la Ley checa confiera a los capitanes de los buques que enarbolen pabellón checo facultades pertenecientes al ámbito de las competencias del poder público no es suficiente para justificar la aplicación de la excepción a la libre circulación de los trabajadores establecida en el artículo 39, apartado 4, del Tratado CE.
   La Comisión de las Comunidades Europeas opina que la República Checa tiene la obligación de adecuar su normativa interna a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aun cuando (con arreglo a las declaraciones de la República Checa) no exista en la actualidad ningún buque que enarbole pabellón checo.

      (1)  Sentencia de 30 de septiembre de 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española/Administración del Estado (Rec. p. I-10391), relativa a la normativa española que reservaba los empleos de capitán y primer oficial en los buques que enarbolasen pabellón español a los nacionales españoles.

      (2)  Sentencia de 30 de septiembre de 2003, Albert Anker, Klaas Ras y Albertus Snoek/Bundesrepublik Deutschland (Rec. p. I-10447), relativa a la normativa alemana que reservaba el empleo de capitán en los buques de pabellón alemán dedicados a la pequeña navegación marítima («Kleine Seeschifffahrt») a los nacionales alemanes.


title: Asunto F-21/15: Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2015 — ZZ/Comité de las Regiones

text:
               20.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 127/41

         Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2015 — ZZ/Comité de las Regiones
   (Asunto F-21/15)
   (2015/C 127/58)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: M.-A. Lucas, abogado)

      Demandada: Comité de las Regiones

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la resolución que declaró que desde su promoción al grado AST 5 el demandante ya no tenía derecho al complemento a tanto alzado por horas extraordinarias y pretensión de reparación del perjuicio material y moral supuestamente sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución no 0112/2014 de supresión del complemento a tanto alzado por horas extraordinarias con efecto a 1/7/2014, adoptada el 3/6/2014 por el Director f.f. de Administración y Finanzas.

               —

               Que se condene al Comité de las Regiones a pagar de nuevo al demandante ese complemento con efecto desde la misma fecha, más los intereses al tipo de la operaciones de refinanciación del BCE sobre el importe del complemento que no se le haya concedido, a contar desde el día en que habría debido pagarse y hasta el pago íntegro.

               —

               Que se condene al Comité de las Regiones a pagar al demandante como reparación del perjuicio material que pueda resultar para él de la resolución impugnada una suma provisionalmente estimada en 1  000 euros, y como reparación del perjuicio oral la suma que el Tribunal determine.

               —

               Que se condene en costas al Comité de las Regiones.


title: Asunto T-638/14: Recurso interpuesto el 26 de agosto de 2014 — Frinsa del Noroeste/OAMI — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

text:
               27.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 380/17

         Recurso interpuesto el 26 de agosto de 2014 — Frinsa del Noroeste/OAMI — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)
   (Asunto T-638/14)
   2014/C 380/23
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, España) (representante: J. Botella Reyna, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brasil)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               se dicte resolución que deniegue el acceso al registro de la marca comunitaria no 1 0 3 29  721 FRISA para distinguir productos de la clase 29 y servicios de las clases 35 y 39.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa con elemento verbal «FRISA» para productos y servicios de las clases 29, 35 y 39 — Solicitud de marca comunitaria no 1 0 3 29  721

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Demandante

      Marca o signo invocado: Marca figurativa con elemento verbal «Frinsa» para productos de la clase 29

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la decisión de la división de oposición y desestimación total de la oposición

      Motivos invocados: En su resolución de 1 de julio de 2014 en los asuntos acumulados R 1547/2013-4 y R 1851/2013-4, la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) no ha pasado a examinar los argumentos de la demandante dado que se ha limitado a resolverlos de forma idéntica limitándose a estudiar únicamente la prueba de uso presentada en el procedimiento.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 1 de agosto de 2003 en el asunto T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayuda de Estado — Obligación de recuperación — Fumus boni iuris — Urgencia — Ponderación de intereses — Circunstancias excepcionales — Suspensión provisional")

text:
29.11.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                 C 289/23
la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de                     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
11 de marzo de 2002, por la que se rechaza la candidatura del
recurrente al empleo de administrador al que se refiere la
convocatoria para proveer plaza vacante CJ 62/01, el Tribunal                                      de 1 de agosto de 2003
de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por la Sra. V. Tiili,
Presidenta, y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras, Jueces;                    en el asunto T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau
Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el                 GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas
30 de septiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:
                                                                             («Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayuda de
1)    Desestimar el recurso.                                                 Estado — Obligación de recuperación — Fumus boni iuris
                                                                             — Urgencia — Ponderación de intereses — Circunstancias
2)    Cada parte cargará con sus propias.                                               excepcionales — Suspensión provisional»)
(1) DO C 305 de 7.12.2002.
                                                                                (2003/C 289/50)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                       de 3 de julio de 2003                                 En el asunto T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau
                                                                             GmbH, con domicilio social en Ilmenau (Alemania), represen-
en el asunto T-10/01, Lichtwer Pharma AG contra Oficina                      tada por los Sres. G. Schohe y C. Arhold, abogados, que
de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y                      designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
                        modelos) (OAMI) (1)                                  Comunidades Europeas (agentes: Sres. V. Di Bucci y V. Kreu-
                                                                             schitz), apoyada por Schott Glas, con domicilio social en
(«Marca comunitaria — Oposición — Retirada de la solici-                     Mainz (Alemania), representada por el Sr. U. Soltész, abogado,
        tud de marca comunitaria — Sobreseimiento»)                          que tiene por objeto una solicitud de prórroga de la suspensión
                                                                             de la ejecución del artículo 2 de la Decisión 2002/185/CE de
                          (2003/C 289/49)                                    la Comisión, de 12 de junio de 2001, relativa a la ayuda estatal
                                                                             que Alemania tiene previsto conceder en favor de Technische
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                           Glaswerke Ilmenau Gmbh (DO 2002, L 62, p. 30), ordenada
                                                                             en el presente asunto mediante auto del Presidente el Tribunal
                                                                             de Primera Instancia de 4 de abril de 2002, el Presidente del
En el asunto T-10/01, Lichtwer Pharma AG, con domicilio                      Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 1 de agosto de
social en Berlin (Alemania), representada por los Sres.                      2003 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
H.P. Kunz-Hallstein y R. Kunz-Hallstein, abogados, contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
                                                                             1)    Suspender hasta el 17 de febrero de 2004 la ejecución del
y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. O. Walbroeck y G. Schnei-
                                                                                artículo 2 de la Decisión 2002/185/CE, de la Comisión, de
der), en el que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia
                                                                                12 de junio de 2001, relativa a la ayuda estatal C 44/2001
Biofarma, antes denominada Orsem SARL, con domicilio
                                                                                concedida por Alemania en favor de Technische Glaswerke
social en Neuilly-sur-Seine (Francia), representada por los Sres.
                                                                                Ilmenau GmbH.
V. Gil Vega y A. Ruiz López, abogados, que tiene por objeto
un recurso interpuesto contra una resolución de la Sala
Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del                         2)    Dicha suspensión de la ejecución queda sometida a las siguientes
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 8 de                              condiciones: en primer lugar, que la demandante cumpla los
noviembre de 2000 (Asunto R 586/1999-2), relativa a un                             cuatro requisitos establecidos en el punto 2 de la parte
procedimiento de oposición entre Lichtwer Pharma AG y                              dispositiva del auto dictado hoy en el asunto T-378/02 R, en
Biofarma, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda),                         particular en cuanto a las fechas que allí se señalan; en segundo
integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres.                         lugar, que la demandante reembolse al Bundesanstalt für
J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha                      vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, a más tardar antes del
dictado el 3 de julio de 2003 un auto en el que se resuelve lo                     31 de diciembre 2003, un importe adicional de 256 000 euros
siguiente:                                                                         y que presente en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
                                                                                y ante la Comisión en el plazo de una semana después de dicho
1)    Sobreseer el recurso.                                                        reembolso, y a más tardar el 7 de enero de 2004, un justificante
                                                                                de dicho reembolso; en tercer lugar, que presente en la Secretaría
2)    Condenar a la demandante y a la coadyuvante a cargar con sus                 del Tribunal de Primera Instancia y ante la Comisión, como
      propias costas y a pagar cada una de ellas la mitad de las costas            muy tarde el 6 de febrero de 2004, un informe detallado de un
      de la demandada.                                                             auditor de cuentas sobre su situación financiera a 31 de
                                                                                diciembre de 2003, y en particular sobre el importe complemen-
(1) DO C 161 de 2.6.2001.
                                                                                tario que estaría en condiciones de pagar a más tardar antes del
                                                                                30 de junio de 2004 en caso de que no se haya pronunciado la
                                                                                sentencia en el procedimiento principal antes de dicha fecha.
 ---pagebreak--- C 289/24                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              29.11.2003
3)   Reservar la decisión sobre las costas, incluidas las de la parte          AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
     coadyuvante.
                                                                                de 1 de agosto de 2003
                                                                           en el asunto T-378/02 R, Technische Glaswerke Ilmenau
                                                                             GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                           («Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayuda de
                                                                           Estado — Obligación de recuperación — Fumus boni iuris
                                                                           — Urgencia — Ponderación de intereses — Circunstancias
                                                                                excepcionales — Suspensión provisional»)
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (2003/C 289/52)
                   de 9 de septiembre de 2003
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
en el asunto T-293/02, Éric Vranckx contra Comisión de
                  las Comunidades Europeas (1)
                                                                           En el asunto T-378/02 R, Technische Glaswerke Ilmenau
                                                                           GmbH, con domicilio social en Ilmenau (Alemania), represen-
                                                                           tada por los Sres. G. Schohe y C. Arhold, abogados, que
(Concurso general — No atribución del mínimo de puntos
                                                                           designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
exigido para superar la prueba oral — No inscripción en la                 Comunidades Europeas (agentes: Sres. V. Di Bucci y V. Kreu-
lista de reserva — Motivación — Concordancia entre la                      schitz), apoyada por Schott Glas, con domicilio social en
reclamación y la demanda — Recurso parcialmente despro-
                                                                           Mainz (Alemania), representada por el Sr. U. Soltész, abogado,
visto de todo fundamento jurídico y parcialmente inadmisi-
                                                                           que tiene por objeto una solicitud de suspensión de la ejecución
                                 ble)                                      del artículo 2 de la Decisión de la Comisión de 2 de octubre
                                                                           de 2002 [C (2002) 2147 final], relativa a la ayuda estatal
                                                                           C 44/2001 concedida por Alemania en favor de Technische
                         (2003/C 289/51)                                   Glaswerke Ilmenau GmbH, el Presidente del Tribunal de
                                                                           Primera Instancia ha dictado el 1 de agosto de 2003 un auto
                                                                           en el que se resuelve lo siguiente:
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           1)    Suspender hasta el 31 de octubre de 2003 la ejecución del
                                                                                artículo 2 de la Decisión C (2002) 2147 final de la Comisión,
                                                                                de 2 de octubre de 2002, relativa a la ayuda estatal
                                                                                C 44/2001 concedida por Alemania en favor de Technische
En el asunto T-293/02, Éric Vranckx, agente temporal de la                       Glaswerke Ilmenau GmbH.
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
Bruselas (Bélgica), representado por los Sres. J.N. Louis,                 2)    Dicha suspensión de la ejecución queda sometida a los siguientes
É. Marchal y A. Coolen, abogados, que designa domicilio en                       requisitos: en primer lugar, que la demandante reembolse a
Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas                          Thüringer Aufbaubank a más tardar antes del 30 de septiembre
(agentes: Sr. J. Currall y Sra. L. Lozano Palacios), que tiene por               de 2003 el importe de [...] euros y que presente en la Secretaría
objeto un recurso de anulación de la decisión del tribunal del                   del Tribunal de Primera Instancia Instancia y ante la Comisión,
concurso COM/B/1/00, por la que se atribuye al demandante,                       en el plazo de una semana después de dicho reembolso y a más
en la prueba oral de dicho concurso, una nota inferior al                        tardar el 7 de octubre de 2003, un justificante de dicho
mínimo exigido y no se le inscribe en la lista de reserva, el                    reembolso; en segundo lugar, que se libere la hipoteca de primer
Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el                   rango en favor de Thüringer Aufbaubank sobre el terreno del
Sr. K. Lenaerts, Presidente, y los Sres. J. Azizi y M. Jaeger,                   cuarto horno y se constituya de nuevo, a más tardar el
Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 9 de septiembre de                10 de octubre de 2003, en favor del Bundesanstalt für
2003 un auto en el que se resuelve lo siguiente:                                 vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, con el fin de garantizar
                                                                                el derecho de éste al reembolso del saldo del precio de venta del
                                                                                asset-deal 1; en tercer lugar, que el Sr. Geiß presente, a más
1)   Desestimar el recurso.                                                      tardar el 10 de octubre de 2003, una fianza a favor del
                                                                                Bundesanstalt für vereigungsbedingte Sonderaufgaben corres-
2)   Cada parte soportará sus propias costas.                                    pondiente al saldo del precio de venta del asset-deal 1 similar a
                                                                                la fianza personal y solidaria presentada por el Sr. Geiß el
                                                                                3 de marzo de 1998 para el reembolso del préstamo de
                                                                                Thüringer Aufbaubank; en cuarto lugar, que se presenten, a
(1) DO C 289, de 23.11.2002.                                                     más tardar el 17 de octubre de 2003, justificantes de la
                                                                                novación de las garantías, según lo exigido en los requisitos
                                                                                segundo y tercero, en la Secretaría del Tribunal de Primera
                                                                                Instancia y ante la Comisión.


title: Asunto F-136/15: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 21 de julio de 2016 — HD/Parlamento (Función pública — Funcionarios — Retribución — Asignaciones familiares — Asignación por escolaridad — Requisitos para su concesión — Artículo 67, apartado 2, del Estatuto — Deducción de una asignación de la misma naturaleza percibida de otra fuente — Artículo 85 del Estatuto — Devolución de cantidades indebidamente pagadas)

text:
               3.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 364/40

      Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 21 de julio de 2016 — HD/Parlamento
      (Asunto F-136/15) (1)

      ((Función pública - Funcionarios - Retribución - Asignaciones familiares - Asignación por escolaridad - Requisitos para su concesión - Artículo 67, apartado 2, del Estatuto - Deducción de una asignación de la misma naturaleza percibida de otra fuente - Artículo 85 del Estatuto - Devolución de cantidades indebidamente pagadas))
      (2016/C 364/48)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: HD (representante: C. Bernard-Glanz, abogado)

         Demandada: Parlamento Europeo (representantes: M. Ecker y L. Deneys, agentes)

         Objeto

      Recurso de anulación, por un lado, de la decisión del Parlamento de regularizar la situación de la parte demandante relativa al derecho a la asignación por escolaridad, y, por otro, de la decisión de recuperar los importes indebidamente percibidos por la demandante en este concepto.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  Cada parte cargará con sus propias costas.

         (1)  DO C 7 de 11.1.2016, p. 38.


title: Asunto C-449/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal du Travail de Bruxelles (Bélgica) el 6 de noviembre de 2006 — Sra. Sophiane Gysen/Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/38

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal du Travail de Bruxelles (Bélgica) el 6 de noviembre de 2006 — Sra. Sophiane Gysen/Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants
   (Asunto C-449/06)
   (2006/C 326/81)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunal du Travail de Bruxelles (Bélgica)
   Partes en el procedimiento principal

      demandante: Sra. Sophiane GYSEN

      demandada: Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants
   Cuestión prejudicial
   ¿Puede o debe considerarse que el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas […] (EE 01/01, p. 129) su Anexo VII: Normas relativas a las remuneraciones […], sección primera, complementos familiares, artículo 67, apartado 1, según el cual, los complementos familiares consistirán en:

               a)

               asignación familiar

               b)

               asignación por hijos a cargo

               c)

               asignación por escolaridad,

         constituyen lo que la normativa interna controvertida designa como «[…] convenio internacional en materia de seguridad social vigente en Bélgica?»

      (1)  DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129.


title: Recurso de casación interpuesto el 8 de diciembre de 1998 por International Express Carriers Conference (IECC) contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 1998 por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-110/95 promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, La Poste y The Post Office (Asunto C-449/98 P)

text:
C 48/14                 ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  20.2.1999
     nencia sólo estaÂ amparada provisionalmente por una               de 16 de septiembre de 1998 en el asunto T-110/94,
     solicitud de prórroga del permiso de residencia y las             International Express Carriers Conference (IECC)
     autoridades deniegan posteriormente dicha solicitud?              contra Comisión de las Comunidades Europeas.
3. La limitación del derecho que deduce un nacional
     turco del segundo guión del paÂrrafo primero del               Ð Se pronuncie sobre el asunto con arreglo al artículo 54
     artículo 7 de la Decisión no 1/80, impuesta, a conse-             del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia y anule la
     cuencia de la comisión de un delito contra la Ley de              Decisión de 17 de febrero de 1995 de la Comisión
     Estupefacientes, por motivos de prevención especial y             impugnada en el asunto T-110/95.
     general, sin decisión discrecional administrativa, ¿estaÂ
     «justificada» por motivos de orden puÂblico, y seguri-
     dad y salud puÂblica si el comportamiento personal del         Ð Condene a la Comisión al pago de las costas del proce-
     interesado justifica la expectativa de que no vuelva a            dimiento ante el Tribunal de Primera Instancia así
     cometer ninguÂn delito en el futuro? A este respecto,             como de las costas del presente procedimiento.
     ¿se aplican los mismos criterios que los aplicables al
     apartado 3 del artículo 48 del Tratado CE y a los
     apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Directiva                 Ð Condene a los coadyuvantes ante el Tribunal de Pri-
     64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964,                 mera Instancia al pago de las costas de la parte
     para la coordinación de las medidas especiales para los           demandante ante el Tribunal de Primera Instancia rela-
     extranjeros en materia de desplazamiento y de residen-            tivas a la intervención en dicho procedimiento.
     cia (1), justificadas por razones de orden puÂblico, segu-
     ridad y salud puÂblica?
                                                                    Ð Con caraÂcter subsidiario, en el supuesto de que no se
(1) DO L 56 de 4.4.1964, p. 850; EE 05/01, p. 36.                      pronuncie sobre el asunto, reserve la decisión sobre las
                                                                       costas y devuelva los autos a una Sala del Tribunal de
                                                                       Primera Instancia integrada por Jueces distintos de los
                                                                       del asunto T-110/95.
Recurso de casación interpuesto el 8 de diciembre de 1998           Motivos y principales alegaciones
por International Express Carriers Conference (IECC)
contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 1998
por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Ins-           1. Se alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió
tancia de las Comunidades Europeas en el asunto                        en un error de hecho manifiesto al examinar los docu-
T-110/95 (1) promovido contra la Comisión de las Comu-                 mentos que le fueron aportados. AqueÂl justificó las
nidades Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran                   afirmaciones de la Comisión, que se basan en un docu-
  BretanÄa e Irlanda del Norte, La Poste y The Post Office             mento (el Informe), haciendo referencia a otro docu-
                       (Asunto C-449/98 P)                             mento (el proyecto de Acuerdo REIMS) que, seguÂn
                                                                       consta, la Comisión no había examinado en el
                          (1999/C 48/24)                               momento en que se adoptó la Decisión.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                    2. La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instan-
ha presentado el 8 de diciembre de 1998 un recurso de
                                                                       cia incurrió en un error de Derecho al considerar que
casación formulado por International Express Carriers
                                                                       la Comisión tenía derecho a desestimar la denuncia
Conference (IECC), organización profesional suiza, con
                                                                       basaÂndose en el intereÂs comunitario, invocando el
sede social en Ginebra (Suiza), representada por los Sres.
                                                                       artículo 3 del Reglamento no 17 (2), aun cuando se
Eric Morgan de Rivery, Abogado de París, Jacques Deren-
                                                                       había demostrado la existencia de una restricción de la
ne, Abogado de París y Bruselas y Mónica Cunningham,
                                                                       competencia evidente.
Abogada de Bruselas, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. Alex Schmitt, Bonn &
Schmitt, 7, Val Ste Croix, contra la sentencia dictada el 16
de septiembre de 1998 por la Sala Tercera ampliada del                 Con caraÂcter subsidiario, la recurrente alega que, en el
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                       supuesto de que pueda invocarse el intereÂs comunitario
Europeas en el asunto promovido contra la Comisión de                  en un asunto que había sido investigado exhaustiva-
las Comunidades Europeas, apoyada por el Reino Unido                   mente, el Tribunal de Primera Instancia violó los prin-
de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte, La Poste y The Post              cipios jurídicos aplicables a dicho intereÂs comunitario.
Office.
                                                                       La recurrente alega asimismo que el Tribunal de Pri-
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
                                                                       mera Instancia incurrió en un error de Derecho al con-
Comunidades Europeas que:
                                                                       siderar que estaba justificado que la Comisión desesti-
                                                                       mase la denuncia basaÂndose en que tenía motivos fun-
Ð Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia                 dados para suponer que se modificaría la conducta de
     de las Comunidades Europeas (Sala Tercera ampliada)               las empresas afectadas en aras del intereÂs general.
 ---pagebreak--- 20.2.1999            ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 48/15
3. IECC senÄala que el Tribunal de Primera Instancia incu-          9. La demandante senÄala que el Tribunal de Primera Ins-
    rre en un error de Derecho al afirmar que la mera pre-               tancia ha incurrido en un error de Derecho y ha infrin-
    sunción de que en el futuro las praÂcticas denunciadas               gido el artículo 62 de su Reglamento de Procedimiento
    podían ser modificadas es suficiente para que la Comi-               al negarse a tomar en consideración los documentos
    sión considere que se ha logrado el objetivo general                 aportados por la demandante basaÂndose uÂnicamente
    establecido en la letra g) del artículo 3 del Tratado CE.            en que son de fecha posterior a la de la Decisión
                                                                         impugnada.
    El Tribunal de Primera Instancia ha confundido el ver-
    dadero alcance de la obligación que los artículos 85 y          (1) DO C 189 de 22.7.1995, p. 17.
                                                                    (2) Reglamento del Consejo no 17 de 6 de febrero de 1962 (Primer
    155 del Tratado CE imponen a la Comisión con el fin
                                                                        Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86) (DO no 13
    de garantizar una correcta aplicación del artículo 85               de 21.2.1962, p. 204/62; EE 08/01, p. 22).
    en relación con la letra g) del artículo 3 del Tratado.
4. Violación del principio en virtud del cual la legalidad
    de una Decisión impugnada uÂnicamente puede exami-
    narse a la luz de la situación jurídica y faÂctica vigente
    en el momento en que se adoptó dicha Decisión.
                                                                    Recurso de casación interpuesto el 8 de diciembre de 1998
                                                                    por International Express Carriers Conference (IECC)
5. La parte recurrente alega que:                                   contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 1998
                                                                    por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Ins-
    Ð La sentencia contiene contradicciones en su moti-             tancia de las Comunidades Europeas en los asuntos
        vación que equivalen a la inexistencia de motiva-           T-133/95 (1) y T-204/95 (2) entre International Express
        ción.                                                       Carriers Conference (IECC) y la Comisión de las Comuni-
                                                                    dades Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran
                                                                    BretanÄa e Irlanda del Norte, Deutsche Post AG y The Post
    Ð En el supuesto de que el Tribunal de Justicia consi-
                                                                    Office en los asuntos T-133/95 y T-204/95 y por La Poste
        dere que la aplicación del concepto de intereÂs
                                                                                en el asunto T-133/95
        comunitario incluye necesariamente una asunción
        de los criterios Automec II, la recurrente afirma                                 (Asunto C-450/98 P)
        que el Tribunal de Primera Instancia no motivó
                                                                                (1999/C 48/25)
        por queÂ consideraba que se cumplían dichos crite-
        rios.
                                                                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
    Ð El Tribunal de Primera Instancia infringe su obliga-          ha presentado el 8 de diciembre de 1998 un recurso de
        ción de motivación al no senÄalar las razones por           casación formulado por International Express Carriers
        las que los nuevos factores invocados por la                Conference (IECC), organización profesional suiza, con
        demandante para solicitar la reapertura de la fase          sede social en Ginebra (Suiza), representada por los Sres.
        oral no contenían ninguÂn elemento decisivo para el         Eric Morgan de Rivery, Abogado de París, Jacques Deren-
        resultado del litigio, en el sentido del artículo 62        ne, Abogado de París y Bruselas y Mónica Cunningham,
        del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de             Abogada de Bruselas, que designa como domicilio en
        Primera Instancia.                                          Luxemburgo el despacho del Sr. Alex Schmitt, Bonn &
                                                                    Schmitt, 7, Val Ste Croix, contra la sentencia dictada el 16
6. IECC afirma que el razonamiento del Tribunal de Pri-             de septiembre de 1998 por la Sala Tercera ampliada del
    mera Instancia destinado a refutar la alegación de dis-         Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    criminación formulada por la demandante se funda en             Europeas en los asuntos T-133/95 y T-204/95 entre Inter-
    un error de Derecho en su interpretación del concepto           national Express Carriers Conference (IECC) y la Comi-
    de discriminación.                                              sión de las Comunidades Europeas, apoyada por el Reino
                                                                    Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte, Deutsche Post
                                                                    AG y The Post Office en los asuntos T-133/95 y T-204/95
7. IECC afirma que el Tribunal de Primera Instancia, al             y por La Poste en el asunto T-133/95.
    aceptar ponderar la infracción del proyecto de
    Acuerdo REIMS y su reclamado efecto favorable a la
    competencia fuera del contexto del apartado 3 del               La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
    artículo 85 del Tratado CE, apartaÂndose de esta forma          Comunidades Europeas que:
    de una doctrina jurisprudencial larga y consolidada,
    ha violado el principio de seguridad jurídica.
                                                                    Ð Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
                                                                         de las Comunidades Europeas (Sala Tercera ampliada)
8. La negativa del Tribunal de Primera Instancia a efec-                 de 16 de septiembre de 1998 en los asuntos acumula-
    tuar una valoración general de todos los factores rele-              dos T-133/95 y T-204/95, International Express
    vantes e importantes invocados por la demandante y el                Carriers Conference (IECC) contra Comisión de las
    no haber examinado muchos de estos factores cons-                    Comunidades Europeas, por lo que se refiere al asunto
    tituye un error de Derecho en la aplicación del con-                 T-204/95 y a los apartados 78 a 83 del asunto
    cepto jurídico de desviación de poder.                               T-133/95.


title: Asunto F-8/16: Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2016 — ZZ/EMA

text:
               25.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/39

         Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2016 — ZZ/EMA
   (Asunto F-8/16)
   (2016/C 145/48)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: L. Levi y A. Blot, abogadas)

      Demandada: Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación del informe de calificación de la demandante correspondiente al año 2014 y de la decisión de 1 de abril de 2015 de la autoridad facultada para proceder a la contratación de no renovar el contrato de agente temporal de la demandante, y pretensión de indemnización por daños y perjuicios por el perjuicio moral supuestamente sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el informe de calificación de la demandante que cubre el período comprendido entre el 16 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, en su versión finalizada el 31 de marzo de 2015 por el evaluador de apelación («assessor») y firmada por la demandante el 14 de abril de 2015.

               —

               Que se anule la decisión de 1 de abril de 2015 de la autoridad facultada para proceder a la contratación de denegar la renovación del contrato de agente temporal de la demandante.

               —

               Que se anulen las dos decisiones de 26 de octubre de 2015 de la autoridad facultada para proceder a la contratación por las que se desestimaron las dos reclamaciones presentadas por la demandante el 30 de junio de 2015 contra los dos actos citados anteriormente.

               —

               Que se conceda a la demandante una indemnización por daños y perjuicios de un importe de 10 000 euros.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.


title: Archivo del asunto T-133/96

text:
14 . 6 . 97        ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 181 /23
              Archivo del asunto T-187/96 í 1 )                                     Archivo del asunto T-139/95 ( 1 )
                          ( 97/C 181 /50 )                                                      ( 97/C 181 /53 )
            (Lengua de procedimiento: francés)                                    (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 19 de marzo de 1997, el Presidente de
                                                                    Mediante auto de 15 de abril de 1997, el Presidente de la
la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el                 Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Co
asunto T-187/96 : Salini Costruttori SpA contra Comisión            munidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-139/
                                                                    95 : Georges Cantone contra Comisión de las Comunida
de las Comunidades Europeas.
                                                                    des Europeas .
(M DO n° C 27 de 25 . 1 . 1997 .
                                                                    i 1 ) DO n° C 229 de 2 . 9 . 1995 .
              Archivo del asunto T-l 88/96 (')
                          ( 97/C 181 /51 )                                          Archivo del asunto T-213/96 (M
                                                                                ( 97/C 181 /54 )
            (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 19 de marzo de 1997, el Presidente de                            (Lengua de procedimiento: francés)
la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia
                                                                    Mediante auto de 18 de abril de 1997, el Presidente de la
de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el                 Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Co
asunto T-188/96 : Salini Costruttori SpA contra Comisión
de las Comunidades Europeas.                                        munidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-213/
                                                                    96 : Giorgio Lebedef contra Comisión de las Comunidades
(M DO n° C 40 de 8 . 2 . 1997 .                                     Europeas.
                                                                    (') DO n° C 54 de 22 . 2 . 1997.
              Archivo del asunto T-l 96/96 (M
                          ( 97/C 181 /52 )
                                                                                Archivo del asunto T-l 3 3/96 (')
            (Lengua de procedimiento: francés)                                                  ( 97/C 181 /55 )
Mediante auto de 10 de abril de 1997, el Presidente de la
Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Co                       (Lengua de procedimiento: neerlandés)
munidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-l 96/
                                                                    Mediante auto de 23 de abril de 1997, el Presidente de la
96 : Giorgio Lebedef contra Comisión de las Comunidades             Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Co
Europeas.
                                                                    munidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-l 33/
(') DO n° C 54 de 22 . 2 . 1997.
                                                                    96 : Michael Boessen contra Comité Económico y Social .
                                                                    (') DO n" C 318 de 26 . 10 . 1996 .


title: Asunto F-102/15: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 12 de mayo de 2016 — FS/CESE (Función pública — Agentes temporales — Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Derecho de acceso de toda persona al expediente que le afecta — Acceso a los documentos relativos a una tentativa de mediación — Tentativa de mediación emprendida por el entonces Presidente en funciones del CESE y llevada a cabo bajo los auspicios de un antiguo Presidente del CESE — Derecho de acceso al informe realizado al término de dicha mediación — Investigación administrativa abierta con posterioridad a la mediación — Artículo 3 del anexo IX del Estatuto)

text:
               20.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 222/38

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 12 de mayo de 2016 — FS/CESE
   (Asunto F-102/15) (1)

   ((Función pública - Agentes temporales - Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales - Derecho de acceso de toda persona al expediente que le afecta - Acceso a los documentos relativos a una tentativa de mediación - Tentativa de mediación emprendida por el entonces Presidente en funciones del CESE y llevada a cabo bajo los auspicios de un antiguo Presidente del CESE - Derecho de acceso al informe realizado al término de dicha mediación - Investigación administrativa abierta con posterioridad a la mediación - Artículo 3 del anexo IX del Estatuto))
   (2016/C 222/49)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: FS (representantes: L. Levi y A. Tymen, abogadas)

      Demandada: Comité Económico y Social Europeo (representantes: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal y L. Camarena Januzec, agentes, B. Wägenbaur, abogado)

      Objeto

   Pretensión de anulación de las decisiones del CESE por las que se deniega la solicitud de acceso a documentos formulada por la demandante y la reparación del perjuicio moral supuestamente sufrido.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de 19 de noviembre de 2014 del Presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), en la medida en que se deniega la comunicación a FS de un informe que le afecta, emitido por un antiguo Presidente del CESE a solicitud del entonces Presidente en funciones del CESE.

               2)

               Las pretensiones de anulación carecen de objeto en todo lo demás.

               3)

               Condenar al Comité Económico y Social a indemnizar a FS con un importe de 1 000 euros por el perjuicio moral sufrido por la parte demandante.

               4)

               El Comité Económico y Social cargará con sus propias costas y con las de FS.

      (1)  DO C 302 de 14.9.2015, p. 70.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2002 en el asunto T-152/99: Hĳos de Andrés Molina, SA (HAMSA) contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Ayudas de Estado — Recurso de anulación — Ayudas concedidas con arreglo a regímenes generales de ayudas aprobados por la Comisión — Ayudas de salvamento y reestructuración de una empresa en crisis — Criterio del inversor privado — Condonación de deudas — Error manifiesto de apreciación — Afectación de los intercambios entre Estados miembros")

text:
14.9.2002               ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 219/15
                                                     TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                4)    Se declara la inadmisibilidad del recurso en el asunto T-18/00.
                                                                           5)    Cada parte cargará con sus propias costas, incluidas las
                      de 11 de julio de 2002                                     incurridas en el procedimiento de medidas provisionales.
                                                                           (1 ) DO C 246 de 28.8.99 y C 79 de 18.3.00.
en los asuntos acumulados T-137/99 y T-18/00, Natalia
Martínez Páramo y Serena Angioli y otros contra Comi-
             sión de las Comunidades Europeas ( 1)
(Contrato de agente temporal — Admisibilidad — Acto
lesivo — Cumplimiento de los plazos del Estatuto — Segunda                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
renovación de un contrato de agente temporal — Artículos 2,
letras a) y b), 3, letra a), 8, 9, 10, apartado 1, 12, 13, 14
y 15 del ROA — Resolución de un contrato de duración                                             de 11 de julio de 2002
determinada — Preaviso establecido en los artículos 47,
                    apartado 2, y 74 del ROA)                              en el asunto T-152/99: Hijos de Andrés Molina, SA
                                                                           (HAMSA) contra Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                                peas (1)
                          (2002/C 219/38)
                                                                           («Ayudas de Estado — Recurso de anulación — Ayudas
                                                                           concedidas con arreglo a regímenes generales de ayudas
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       aprobados por la Comisión — Ayudas de salvamento y
                                                                           reestructuración de una empresa en crisis — Criterio del
                                                                           inversor privado — Condonación de deudas — Error mani-
                                                                           fiesto de apreciación — Afectación de los intercambios entre
                                                                                Estados miembros»)
En los asuntos acumulados T-137/99 y T-18/00, Natalia                                                (2002/C 219/39)
Martínez Páramo, con domicilio en Bruselas, y otras 32 perso-
nas, y Serena Angioli, con domicilio en Bruselas y otras
4 personas, representadas por M e E. Boigelot, abogado, que                                  (Lengua de procedimiento: español)
designan domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
Comunidades Europeas (agentes: inicialmente el Sr. G. Valsesia,
posteriormente la Sra. F. Clotuche-Duvieusart), que tiene por
objeto, por una parte, la anulación de las decisiones de la                En el asunto T-152/99, Hijos de Andrés Molina, S.A. (HAMSA),
Comisión de 23 de marzo, 18 de mayo y 31 de mayo de 1999                   con domicilio social en Sevilla (España), representada por los
por las cuales se les confirmó el término de su contrato el                Sres. L. M. Olivencia Brugger y J.L. Ballester García-Izquierdo,
30 de junio de 1999, así como la fecha de vencimiento de                   abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, apoyada por
dicho contrato y, por otra parte, la anulación de la calificación          Reino de España (agente: Sr. D. S. Ortiz Vaamonde), contra
jurídica dada a sus contratos, el Tribunal de Primera Instancia            Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra.
(Sala Quinta), integrado por los Sres.: J. D. Cooke, Presidente,           I. Martínez del Peral y Sr. D. Triantafyllou), que tiene por
y R. García-Valdecasas y la Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario: Sr.         objeto un recurso de anulación de la Decisión 1999/484/CE
J. Plingers, administrador, ha dictado el 11 de julio de 2002              de la Comisión, de 3 de febrero de 1999, relativa a las ayudas
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                  estatales concedidas por el Gobierno español a la empresa
                                                                           Hijos de Andrés Molina, S.A. (HAMSA) (DO L 193, p. 1), el
                                                                           Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada), inte-
                                                                           grado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García-
1)    Se declara la admisibilidad del recurso en el asunto T-137/99,       Valdecasas, J.D. Cooke, M. Vilaras y N.J. Forwood, Jueces;
      en lo que respecta al Sr. Marenne.                                   Secretario: Sr. O. Speltdoorn, letrado, ha dictado el 11 de julio
                                                                           de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
2)    Se declara la inadmisibilidad del recurso en el asunto T-137/
      99, en lo que respecta a los demás demandantes.                      1)    Anular el artículo 1, apartado 3, de la Decisión 1999/484/
                                                                                CE de la Comisión, de 3 de febrero de 1999, relativa a las
                                                                                ayudas estatales concedidas por el Gobierno español a la
3)    Se desestima el recurso en el asunto T-137/99.                             empresa Hijos de Andrés Molina, S.A. (HAMSA).
 ---pagebreak--- C 219/16                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         14.9.2002
2)    Anular el artículo 3 de la Decisión 1999/484, en la medida         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      en que obliga al Reino de España a recuperar las ayudas de
      Estado concedidas en forma de condonación de deudas por                                 de 12 de junio de 2002
      organismos estatales.
                                                                         en el asunto T-66/00, B contra Comisión de las Comunida-
3)    Desestimar el recurso en cuanto al resto.
                                                                                des Europeas ( 1)
4)    La Comisión cargará con sus propias costas y con el 30 % de
      las costas en que haya incurrido la demandante.                    (Funcionarios — Asignación escolar — Asignación por hijo
                                                                         a cargo — Requisitos para su concesión — Devolución de
5)    El Reino de España cargará con sus propias costas.                               cantidades indebidamente pagadas)
                                                                                (2002/C 219/41)
( 1) DO C 246 de 28.8.1999.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         En el asunto T-66/00, B, funcionaria de la Comisión de las
                                                                         Comunidades Europeas, con domicilio en Tervuren (Bélgica),
                                                                         representada por Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier y V. Peere,
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                         abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall),
                      de 11 de julio de 2002                             que tiene por objeto una solicitud de anulación de la decisión
                                                                         de la Comisión de 4 de marzo de 1999, por la que se suspende
en el asunto T-205/99: Hyper Srl contra Comisión de las                  el pago a la demandante de las asignaciones escolar y por hijo
                    Comunidades Europeas (1)                             a cargo, a partir del 1 de septiembre de 1997, el Tribunal de
                                                                         Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. M. Vilaras,
                                                                         Presidente; la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretaria:
(«Derechos de aduana — Importación de televisores proce-                 Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 12 de junio
dentes de la India — Certificados de origen no válidos —                 de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Solicitud de condonación de derechos de importación —
Artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 1430/79 —                     1)    Se desestima el recurso.
           Derecho de defensa — Situación especial»)
                                                                         2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
                          (2002/C 219/40)
                                                                         (1 ) DO C 135 de 13.5.2000.
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto T-205/99, Hyper Srl, con domicilio social
en Limena (Italia), representada por los Sres. D. Ehle y
D. Ehle, avocats, que designa domicilio en Luxemburgo,                   SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
Sres. J.-C. Schieferer y M. Nuñez-Müller), que tiene por objeto
un recurso de anulación de la decisión REM 14/98 de la                                          de 9 de julio de 2002
Comisión, de 5 de febrero de 1999, por la que se declara
injustificada la condonación de los derechos de importación              en el asunto T-333/00: Rougemarine SARL contra Comi-
adeudados por la demandante en relación con televisores                              sión de las Comunidades Europeas ( 1)
procedentes de la India, el Tribunal de Primera Instancia
(Sala Tercera), integrado por los Sres. M. Jaeger, Presidente,           («Programa de estímulo al desarrollo y a la distribución de
K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado      obras audiovisuales europeas (MEDIA II) — Decisión de
el 11 de julio de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:          ayuda financiera — Denegación — Motivación implícita »)
1)    Desestimar el recurso.                                                                       (2002/C 219/42)
2)    Condenar en costas a la demandante.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
( 1) DO C 333 de 20.11.1999.
                                                                         En el asunto T-333/00, Rougemarine SARL, con domicilio
                                                                         social en París (Francia), representada por M es T. Levy y


title: Asunto C-343/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Bélgica) el 8 de junio de 2017 — Fremoluc NV/Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) y otros, otra parte: Vlaams Gewest

text:
               11.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Bélgica) el 8 de junio de 2017 — Fremoluc NV/Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) y otros, otra parte: Vlaams Gewest
   (Asunto C-343/17)
   (2017/C 300/18)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Fremoluc NV

      Demandadas: Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP), Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV (VMSW), Christof De Knop, Valérie De Knop, Melissa De Knop, Joanna De Keersmaecker, Marie-Jeanne Thielemans

      Otra parte: Vlaams Gewest

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los artículos 21, 45, 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los artículos 22 y 24 de la Directiva 2004/38/CE de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, (1) en el sentido de que se oponen a una normativa en virtud de la cual una autoridad pública puede desarrollar terrenos con vistas a ofrecer, en el mercado de adquisición y de alquiler, parcelas y viviendas en condiciones ventajosas, y con carácter prioritario a personas que tengan un estrecho vínculo social, económico y sociocultural con el ámbito de actuación de dicha autoridad, y conforme a la cual se establecen requisitos en materia de ingresos que pueden cumplir la gran mayoría de estas personas, como la normativa expuesta a continuación, resultante de:

               —

               el besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 25 februari 2014 houdende het provinciaal reglement betreffende de werking en het beheer van het Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant — Vlabinvest APB (Decreto de la Diputación Provincial de Vlaams-Brabant de 25 de febrero de 2014, por la que se establece el Reglamento provincial relativo al funcionamiento y a la gestión de la Agencia para la política del suelo y de la vivienda de la Región de Vlaams-Brabant — Vlabinvest APB)

               —

               el artículo 2/2 del besluit van de Vlaamse regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode (Decreto del Gobierno de la Región de Flandes, de 29 de septiembre de 2006, por la que se establecen los requisitos para la transmisión de bienes inmuebles por la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen —Sociedad flamenca para la vivienda social— y las sociedades de vivienda social, mediante el cual se desarrolla el Código flamenco de la vivienda) (y el artículo 17, apartados 2 a 6, del besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode —Decreto del Gobierno de Flandes de 12 de octubre de 2007, por el que se regula el régimen de alquiler social y se desarrolla el título VII del Código flamenco de la vivienda—)?

      (1)  DO 2004, L 158, p. 77.