title: Asunto C-445/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Giudice Unico del Tribunale di Biella, de fecha 18 de octubre de 2001, en el asunto entre Roberto Simoncello y Piera Boerio contra Direzione Provinciale del Lavoro (Vercelli)

text:
6.4.2002                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 84/37
resolución del Bundesverwaltungsgericht, dictada el 18 de                resolución del Giudice Unico del Tribunale de Biella, dictada el
septiembre de 2001, en el asunto entre Stadt Villingen-                   18 de octubre de 2001, en el asunto entre Roberto Simoncello
Schwenningen y Ophilia Akosua Owusu, y recibida en la                     y Piera Boerio, y Direzione Provinciale del Lavoro (Vencelli), y
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 19 de noviembre de 2001.          recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 19 de
El Bundesverwaltungsgericht solicita al Tribunal de Justicia que          noviembre de 2001. El Giudice Unico del Tribunale de Biella
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                             solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
                                                                          siguiente cuestión:
1)    La libertad de establecimiento (artı́culo 52 del Tratado
      CE) o la libre prestación de servicios (artı́culo 59 del           Si son compatibles con los principios comunitarios enunciados
      Tratado CE), comprendı́a, en la situación jurı́dica aplicable      en los artı́culos 39 CE, 43 CE y 86 CE (antiguos artı́culos 48,
      del 16 de mayo de 1997, el ejercicio por cuenta propia              52 y 90 del Tratado CE), el artı́culo 9 bis, apartado 2, de la Ley
      de la prostitución por parte de una nacional del Estado            no 608, de 28 de noviembre de 1996, en donde se prevé la
      miembro A en el Estado miembro B? ¿Es relevante si, en              obligación del empresario de comunicar la contratación de
      dicha fecha, la prostitución estaba considerada, con               todo trabajador a la Sezione Circoscrizionale per l’impiego, ası́
      arreglo a la legislación nacional, como una actividad              como el artı́culo 10 del Decreto Legislativo no 469, de 23 de
      contraria a las buenas costumbres o antisocial?                     diciembre de 1997, que se remite al artı́culo 9 bis de la Ley
                                                                          608/1996, en caso de actividades de mediación realizadas por
2)    En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:               entidades no autorizadas.
      ¿Tenı́a la nacional del Estado miembro A, con arreglo a
      la situación jurı́dica aplicable el 16 de mayo de 1997, un
      derecho de residencia en el Estado miembro B directa-
      mente derivado del artı́culo 8 A del Tratado CE?
3)    En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                          lución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, de
      ¿Tenı́a dicha nacional, con arreglo a la situación jurı́dica       fecha 5 de noviembre de 2001, en el asunto entre DLD
      aplicable el 16 de mayo de 1997, un derecho de residencia           Trading Company Import-Export, spol .s.r.o. y Republik
      sujeto a los requisitos establecidos en el artı́culo 1 de la                                    Österreich
      Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de
      1990, relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26),                                  (Asunto C-447/01)
      a pesar de que, en dicha fecha, el Estado miembro B
      todavı́a no habı́a adaptado su Derecho interno a dicha
                                                                                (2002/C 84/64)
      Directiva?
4)    En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión:
                                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      ¿Debı́a dicha nacional disponer, en la fecha de entrada en          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      el paı́s, de medios de subsistencia suficientes y acreditarlo       resolución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, dic-
      ante las autoridades competentes, o es suficiente con que           tada el 5 de noviembre de 2001, en el asunto entre DLD
      durante su estancia en el Estado miembro B no haya                  Trading Company Import-Export, spol .s.r.o. y Republik
      recurrido a la asistencia social?                                   Österreich, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
                                                                          el 20 de noviembre de 2001. El Landesgericht für Zivilrechtssa-
                                                                          chen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
                                                                          siguiente cuestión:
                                                                          1.    ¿El comportamiento de los órganos públicos, tal como
                                                                                ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho, y, en
                                                                                particular, la modificación a partir del 1 de enero de 1998
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                    de la franquicia para viajeros procedentes de paı́ses
lución del Giudice Unico del Tribunale di Biella, de fecha                     terceros establecida en el artı́culo 97a de la ZollR-DG en
18 de octubre de 2001, en el asunto entre Roberto                               relación con el artı́culo 19a de la ZollR-DV a 75
Simoncello y Piera Boerio contra Direzione Provinciale                          y 100 euros respectivamente, ası́ como la limitación
                       del Lavoro (Vercelli)                                    cuantitativa de la exención del impuesto sobre el volumen
                                                                                de negocios y del impuesto sobre el consumo de tabaco,
                                                                                infringe alguna norma del Derecho comunitario directa-
                         (Asunto C-445/01)                                      mente aplicable o una Directiva, y en caso afirmativo,
                                                                                cuál?
                            (2002/C 84/63)
                                                                          2.    En caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta:
                                                                                ¿La norma del Derecho comunitario directamente aplica-
                                                                                ble o la Directiva infringida de que se trata, puede crear
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                       derechos subjetivos en favor de la parte demandante del
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                   litigio principal?


title: Asunto T-198/03: Recurso interpuesto el 6 de junio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Bank Austria Creditanstalt AG

text:
C 213/38               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                               6.9.2003
que no podía ser incluido en la lista de reserva debido a que la         Motivos y principales alegaciones
nota obtenida en la prueba oral (18 sobre 40 puntos) no
superaba el mínimo exigido de 20 puntos.
                                                                         La demandada impuso el 11 de junio de 2002 una multa a la
El demandante invoca los siguientes motivos de recurso:                  demandante y a otros siete bancos austriacos en el asunto
                                                                         COMP/36.571 (Bancos austriacos). La demandante interpuso
—     Violación de la prohibición de discriminación por razón            un recurso contra esta multa (1).
      de la nacionalidad impuesta en los artículos 12 y 39 CE,
      así como incumplimiento de la obligación de dispensar
      el mismo trato a todos los candidatos de oposiciones
      generales. El demandante alega que no se le permitió, por
      razón de su nacionalidad austriaca, participar en un               Mediante el presente recurso, la demandante se dirige contra
      seminario de preparación de la prueba oral organizado              la Decisión de la demandada de 5 de mayo de 2003, mediante
      por el Auswärtigen Amt alemán, en el que participaron              la cual la demandada anunció la publicación de la multa
      funcionarios de la Comisión.                                       impuesta por ella el 11 de junio de 2002 en el Diario Oficial y
                                                                         con anterioridad en internet. La demandada desestimó,
                                                                         mediante la Decisión impugnada, las solicitudes de la deman-
—     Composición inadecuada del tribunal de examen, viola-
                                                                         dante relativas a la publicación de la multa que la demandada
      ción de normas procesales fundamentales e infracción de
                                                                         preveía llevar a cabo.
      lo dispuesto en el anexo 3 del Estatuto.
—     Errores manifiestos de apreciación y abuso de poder por
      parte del tribunal de examen.
                                                                         La demandante considera que la publicación de la multa en la
                                                                         forma anunciada es contraria a Derecho. Alega que la multa
—     Violación de normas procesales fundamentales al no
      valorar los conocimientos lingüísticos del demandante,             no puede publicarse, porque el artículo 21, apartado 1, del
      en contra de lo dispuesto en la convocatoria.                      Reglamento no 17 no permite la publicación de decisiones
                                                                         adoptadas en virtud del artículo 15 del Reglamento no 17.
( 1) DO C 110 A, de 11.04.2001, p. 13.
                                                                         Además, considera que la multa no puede publicarse en la
                                                                         versión no confidencial presentada por la demandada, puesto
                                                                         que ésta constituye una reproducción literal —excepto por lo
                                                                         que respecta al anonimato de las personas físicas— de la multa.
                                                                         Por el contrario, el Reglamento no 17 únicamente permite la
                                                                         publicación del contenido esencial de una decisión susceptible
Recurso interpuesto el 6 de junio de 2003 contra la                      de ser publicada.
Comisión de las Comunidades Europeas por el Bank
                    Austria Creditanstalt AG
                       (Asunto T-198/03)                                 A continuación, la demandante alega que las partes de la multa
                                                                         relativas al año 1994 no pueden publicarse en ningún caso,
                                                                         puesto que estos datos no son relevantes para la parte
                        (2003/C 213/75)                                  dispositiva de la multa, y que la demandada no era competente
                                                                         para determinar que la demandante había incumplido el
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                       artículo 81 CE en 1994. Además, considera que la difusión de
                                                                         la versión no confidencial de la multa en el Diario Oficial y en
                                                                         internet incumple lo dispuesto en el Reglamento no 45/
                                                                         2001 (2).
En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el
6 de junio de 2003 un recurso contra la Comisión de
las Comunidades Europeas formulado por el Bank Austria
Creditanstalt AG, representado por los Sres. Christian                   (1 ) Asunto T-260/02, Bank Austria Creditanstalt/Comisión (DO
                                                                              C 274, p. 28).
Zschocke y Jürgen Beninca, abogados.
                                                                         (2 ) Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del
                                                                              Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de
                                                                              las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                  personales por las instituciones y los organismos comunitarios y
                                                                              a la libre circulación de estos datos (DO L 8, p. 1).
—     Declare la nulidad de la Decisión de la demandada de
      5 de mayo de 2003.
—     Condene en costas a la demandada.


title: Asunto C-471/01 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de diciembre de 2001 por Procter & Gamble Company contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2001 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-120/00, promovido por Procter & Gamble Company contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

text:
16.3.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 68/3
Recurso de casación interpuesto el 6 de diciembre de                  2001 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de
2001 por Procter & Gamble Company contra la sentencia                  las Comunidades Europeas en el asunto T-120/00, promovido
dictada el 19 de septiembre de 2001 por la Sala Segunda                por Procter & Gamble Company contra la Oficina de Armoni-
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   zación del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
Europeas en el asunto T-119/00 (1), promovido por Procter              (OAMI).
& Gamble Company contra la Oficina de Armonización
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)                La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
                      (Asunto C-470/01 P)                              —     Anule la sentencia recurrida.
                          (2002/C 68/05)                               —     Condene a la OAMI a pagar las costas de la primera
                                                                             instancia y las de la casación.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           Motivos y principales alegaciones invocados
presentado el 6 de diciembre de 2001 un recurso de casación
formulado por Procter & Gamble Company, con domicilio
social en Cincinnati, Ohio (Estados Unidos de América),                Véase el asunto C-468/01 P.
representada por los Sres. C. J. J. C. van Nispen y G. Kuipers,
abogados, contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de           (1) DO C 192 de 8.7.2000, p. 22.
2001 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas en el asunto T-119/00, promovido
por Procter & Gamble Company contra la Oficina de Armoni-
zación del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI).
                                                                       Recurso de casación interpuesto el 6 de diciembre de
                                                                       2001 por Procter & Gamble Company contra la sentencia
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:              dictada el 19 de septiembre de 2001 por la Sala Segunda
                                                                       del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—     Anule la sentencia recurrida.
                                                                       Europeas en el asunto T-121/00 (1), promovido por Procter
—     Condene a la OAMI a pagar las costas de la primera               & Gamble Company contra la Oficina de Armonización
      instancia y las de la casación.                                 del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)
                                                                                (Asunto C-472/01 P)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (2002/C 68/07)
Véase el asunto C-468/01 P.
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
( 1) DO C 192 de 8.7.2000, p. 21.
                                                                       presentado el 6 de diciembre de 2001 un recurso de casación
                                                                       formulado por Procter & Gamble Company, con domicilio
                                                                       social en Cincinnati, Ohio (Estados Unidos de América),
                                                                       representada por los Sres. C. J. J. C. van Nispen y G. Kuipers,
                                                                       abogados, contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de
                                                                       2001 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                       las Comunidades Europeas en el asunto T-121/00, promovido
Recurso de casación interpuesto el 6 de diciembre de                  por Procter & Gamble Company contra la Oficina de Armoni-
2001 por Procter & Gamble Company contra la sentencia                  zación del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
dictada el 19 de septiembre de 2001 por la Sala Segunda                (OAMI).
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas en el asunto T-120/00 (1), promovido por Procter
& Gamble Company contra la Oficina de Armonización                    La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)                —     Anule la sentencia recurrida.
                      (Asunto C-471/01 P)                              —     Condene a la OAMI a pagar las costas de la primera
                                                                             instancia y las de la casación.
                          (2002/C 68/06)
                                                                       Motivos y principales alegaciones invocados
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 6 de diciembre de 2001 un recurso de casación           Véase el asunto C-468/01 P.
formulado por Procter & Gamble Company, con domicilio
social en Cincinnati, Ohio (Estados Unidos de América),                (1) DO C 192 de 8.7.2000, p. 22.
representada por los Sres. C. J. J. C. van Nispen y G. Kuipers,
abogados, contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de


title: Asunto T-255/05: Recurso interpuesto el 8 de julio de 2005 por The Black & Decker Corporation contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/52

         Recurso interpuesto el 8 de julio de 2005 por The Black & Decker Corporation contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   (Asunto T-255/05)
   (2005/C 217/108)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de julio de 2005 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) promovido por The Black & Decker Corporation, con domicilio social en Towson, Maryland (USA), representada por el Sr. P. Harris, Solicitor.
   Atlas Copco Aktiebolag, con domicilio social en Estocolmo (Suecia), fue asimismo parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución impugnada de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 27 de abril de 2005 (asunto R 722/2004-1).

               —

               Declare la inadmisibilidad del procedimiento de oposición B503 468.

               —

               Imponga a la OAMI el pago de las costas causadas por la demandante en el presente procedimiento y en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria:

               La demandante

               Marca comunitaria controvertida:

               Marca gráfica de color negro y amarillo, en forma de herramienta para productos comprendidos en la clase 7 (herramientas eléctricas móviles accionadas manualmente, etc.)

               Titular de la marca citada en el procedimiento de oposición:

               Atlas Copco Aktiebolag

               Marca o signo citado en la oposición:

               Marcas no registradas y signos, utilizados en el comercio en todos los Estados miembros para herramientas eléctricas

               Resolución de la División de Oposición:

               Declaración de inadmisibilidad de la oposición

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Anulación de la resolución impugnada y devolución del asunto a la División de Oposición para que resuelva

               Motivos invocados:

               La demandante considera que debería haberse declarado la inadmisibilidad de la oposición dado que no identificó de manera suficientemente clara los marcas y signos anteriores en los que se basó, con infracción de la regla 18, apartado 1, del Reglamento no 2868/1995 (1)

      (1)  Reglamento (CE) no 2868//95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 sobre la marca comunitaria (DO L 303, de 15.12.1995, p. 1).


title: Asunto T-345/09: Recurso interpuesto el 28 de agosto de 2009 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

text:
               24.10.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/35

         Recurso interpuesto el 28 de agosto de 2009 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)
   (Asunto T-345/09)
   2009/C 256/62
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL (Autol, España) (representantes: J. Grimau Muñoz y J. Villamor Muguerza, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

      Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda (Labastida, España)

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la resolución dictada por la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de fecha 28 de mayo de 2009 en el asunto R 1021/2008-1, accediendo al registro de la solicitud de marca comunitaria «PUERTA DE LABASTIDA» (marca denominativa) en las clases 29, 33 y 35.

               —

               Que se haga expresa condena en costas.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: BODEGAS Y VIÑEDOS PUERTA DE LABASTIDA S.L.

      Marca comunitaria solicitada: Marca Verbal «PUERTA DE LABASTIDA» (solicitud de registro no 004473278), para productos y servicios de las clases 29, 33 y 35.

      Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: UNIÓN DE COSECHEROS DE LABASTIDA, S. COOP. LTDA.

      Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marca verbal española «CASTILLO DE LABASTIDA» (no617 137), para productos de la clase 33; marca verbal comunitaria «CASTILLO LABASTIDA» (no23 382), para productos de la clase 33; y marca verbal comunitaria «CASTILLO LABASTIDA» (no3 515 566), para servicios de las clases 35, 39 y 43.

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 42 y 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria.


title: Asunto C-457/99: Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Helénica

text:
C 47/18                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       19.2.2000
Motivos y principales alegaciones                                     Motivos y principales alegaciones
                                                                      El carácter vinculante de las disposiciones de los artı́culos 249,
Error en la calificación jurı́dica de los hechos declarados          párrafo tercero, y 10 CE (antiguos artı́culos 189, párrafo
probados, que dio lugar a la infracción de normas jurı́dicas,        tercero, y 5 del tratado CE) impone a los Estados miembros la
concretamente el artı́culo 7, apartado 3, del Anexo VII del           obligación de adoptar las medidas necesarias para adaptar su
Estatuto de los Funcionarios y disposiciones de ejecución.           ordenamiento jurı́dico interno a las Directivas antes de expirar
                                                                      el plazo señalado al efecto y de comunicar inmediatamente a
                                                                      la Comisión dichas medidas. Dichos plazos transcurrieron sin
                                                                      que la República Helénica comunicase a la Comisión las
                                                                      medidas de adaptación de su Derecho interno a las menciona-
                                                                      das Directivas.
                                                                      (1) DO L 265, de 8.11.1995, p. 17.
                                                                      (2) DO L 332, de 30.12.1995, p. 15.
                                                                      (3) DO L 351, de 23.12.1997, p. 55.
Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 por la
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
                           blica Helénica
                       (Asunto C-457/99)                              Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 1999 por la
                                                                      Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
                                                                                blica Helénica
                          (2000/C 47/28)
                                                                                (Asunto C-458/99)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                                    (2000/C 47/29)
presentado el 1 de diciembre de 1999 un recurso contra
la República Helénica formulado por la Comisión de las              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Kon-             presentado el 2 de diciembre de 1999 un recurso contra
dou-Durande, miembro de su Servicio Jurı́dico, que designa            la República Helénica formulado por la Comisión de las
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos               Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Kon-
Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de la               dou-Durande, miembro de su Servicio Jurı́dico, que designa
Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.                                  como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
                                                                      Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de la
                                                                      Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1) Declare que la República Helénica, al no adoptar las              — Declare que la República Helénica ha incumplido las
    disposiciones legales, reglamentarias y administrativas                obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y de la
    necesarias para atenerse a las Directivas siguientes:                  Directiva 98/19/CE (1) de la Comisión, de 18 de marzo de
                                                                           1998, por lo que se modifica la Directiva 70/524/CEE del
    — Directiva 95/53/CE del Consejo, de 25 de octubre de                  Consejo sobre los aditivos en la alimentación animal, al no
        1995, por la que se establecen los principios relativos            adoptar, y, subsidiariamente, no comunicar a la Comisión,
        a la vigencia de los controles oficiales en el ámbito de          dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, regla-
        la alimentación animal (1);                                       mentarias y administrativas necesarias para atenerse plena-
                                                                           mente a dicha Directiva.
    — Directiva 95/69/CE del Consejo, de 22 de diciembre de           — Condene en costas a la República Helénica.
        1995, por la que se establecen los requisitos y las
        normas aplicables a la autorización y el registro de
                                                                      Motivos y principales alegaciones
        determinados establecimientos e intermediarios del
        sector de la alimentación animal y se modifican              El carácter vinculante de las disposiciones de los artı́culos 249,
        las Directivas 70/524/CEE, 76/63/CEE, 79/373/CEE y            párrafo tercero, y 10 CE (antiguos artı́culos 189, párrafo
        82/471/CEE (2), y                                             tercero, y 5 del tratado CE) impone a los Estados miembros la
                                                                      obligación de adoptar las medidas necesarias para adaptar su
    — Directiva 97/72/CE de la Comisión, de 15 de diciembre          ordenamiento jurı́dico interno a las Directivas antes de expirar
        de 1997, por la que se modifica la Directiva                  el plazo señalado al efecto y de comunicar inmediatamente a
        70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en la               la Comisión dichas medidas. Dicho plazo venció el 31 de mayo
        alimentación animal (3),                                     de 1998 sin que la República Helénica hubiera comunicado a
                                                                      la Comisión las medidas de adaptación de su Derecho interno
    ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud          a la mencionada Directiva.
    del Tratado y de dichas Directivas.
                                                                      (1) DO L 96, de 28.3.1998, p. 39.
2) Condene en costas a la República Helénica.


title: Asunto C-316/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret — Dinamarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet [Artículo 288 TFUE, párrafo segundo — Reglamento (CE) n ° 1/2005 — Protección de los animales durante el transporte — Transporte por carretera de animales domésticos de la especie porcina — Altura mínima de los compartimentos — Inspección durante el viaje — Densidad de carga — Derecho de los Estados miembros a adoptar normas detalladas]

text:
               18.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 49/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret — Dinamarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet
   (Asunto C-316/10) (1)

   (Artículo 288 TFUE, párrafo segundo - Reglamento (CE) no 1/2005 - Protección de los animales durante el transporte - Transporte por carretera de animales domésticos de la especie porcina - Altura mínima de los compartimentos - Inspección durante el viaje - Densidad de carga - Derecho de los Estados miembros a adoptar normas detalladas)
   2012/C 49/11
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Vestre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Danske Svineproducenter

      Demandada: Justitsministeriet

      en el que participa: Union européenne de commerce de bétail et de la viande

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Vestre Landsret — Interpretación del artículo 249 CE, párrafo segundo (actualmente, artículo 288 TFUE, párrafo segundo), y del Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97 (DO L 3, p. 1) — Derecho de los Estados miembros a adoptar normas nacionales detalladas relativas a la altura mínima de los compartimentos, a la altura de inspección y a la densidad de carga dentro de los vehículos de transporte de porcinos.

      Fallo

   El Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97, debe ser interpretado en el sentido de que:

               —

               Este Reglamento no se opone a que un Estado miembro adopte normas aplicables a los transportes de cerdos por carretera que, para reforzar la seguridad jurídica, precisan, respetando el objetivo de protección del bienestar de los animales y sin establecer criterios excesivos al respecto, los requisitos previstos por dicho Reglamento en cuanto a la altura interna mínima de los compartimentos destinados a los animales, siempre que estas normas no generen sobrecostes ni dificultades técnicas tales que coloquen en una situación desventajosa a los productores del Estado miembro que ha adoptado dichas normas o a los productores de los demás Estados miembros que deseen exportar sus productos hacia o a través del primer Estado miembro, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente; no obstante, no pueden ser consideradas proporcionadas unas normas como las enunciadas en las disposiciones transitorias del artículo 36, apartado 4, del Decreto no 1729, de 21 de diciembre de 2006, relativo a la protección de los animales durante el transporte, puesto que el mismo Estado miembro ha adoptado normas menos exigentes, como las que figuran en el artículo 9, apartado 1, de este Decreto, en el marco del régimen de Derecho común.

               —

               Este Reglamento se opone a que un Estado miembro adopte normas aplicables a los transportes de cerdos por carretera que precisan los requisitos previstos por dicho Reglamento relativos al acceso a los animales para controlar regularmente sus condiciones de bienestar, que únicamente afectan a los viajes de más de ocho horas de duración.

               —

               Este Reglamento no se opone a que un Estado miembro adopte normas, conforme a las cuales, en caso de transporte de cerdos por carretera, los animales deben disponer de una superficie mínima variable en función de su peso, superficie que será, para un animal de 100 kg, de 0,42 m2 cuando la duración del viaje es inferior a ocho horas y de 0,50 m2 para los viajes de duración superior.

      (1)  DO C 234, de 28.8.2010.


title: Asunto C-96/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) el 26 de febrero de 2015 — Saint Louis Sucre SA, subrogada en los derechos de Saint Louis Sucre SNC/Directeur général des douanes et droits indirects

text:
               4.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 146/28

         Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) el 26 de febrero de 2015 — Saint Louis Sucre SA, subrogada en los derechos de Saint Louis Sucre SNC/Directeur général des douanes et droits indirects
   (Asunto C-96/15)
   (2015/C 146/34)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal de grande instance de Nanterre

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Saint Louis Sucre SA, subrogada en los derechos de Saint Louis Sucre SNC

      Demandada: Directeur général des douanes et droits indirects

      Cuestión prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el artículo 15, apartado 2, y el artículo 8 del Reglamento del Consejo no 1260/2001, de 19 de junio de 2001, (1) aplicado a la luz de sus considerandos 9 y 11 y de las sentencias Zuckerfabrik Jülich I y II, y los principios generales del Derecho Comunitario de prohibición de enriquecimiento sin causa, de proporcionalidad y de libertad de empresa, en el sentido de que un fabricante de azúcar tiene derecho a que se le devuelvan las cotizaciones por producción abonadas en el importe que corresponda a las cantidades de azúcar bajo cuota que aún estaban almacenadas a 30 de junio de 2006, teniendo en cuenta que el Reglamento del Consejo no 318/2006, de 20 de febrero de 2006, (2) no prorrogó el régimen de las cotizaciones por producción más allá de esa fecha?

               2)

                           a)

                           En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión prejudicial, ¿el importe de las cotizaciones que han de devolverse a los fabricantes debe basarse únicamente en el tonelaje de azúcar que figure como almacenado a 30 de junio de 2006?

                           b)

                           En caso de respuesta negativa a la anterior cuestión prejudicial, ¿el tonelaje de azúcar sobre el cual se calcula el rembolso de las cotizaciones debe basarse en la variación de las existencias comunitarias de azúcar entre el 1 de julio de 2001 y el 30 de junio de 2006?

               3)

               ¿Es correcto calcular la cotización que ha de devolverse multiplicando las existencias de azúcar tenidas en cuenta con arreglo a la respuesta a la segunda cuestión prejudicial por la media ponderada de las «pérdidas medias» acreditadas a lo largo de la organización común de mercados de 2001/2006, o debe calcularse de diferente forma? En tal supuesto, ¿de qué manera?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a las anteriores cuestiones, ¿es inválido el Reglamento no 164/2007, de 19 de febrero de 2007, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2005/2006, los importes de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar? (3)

      (1)  Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 178, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 58, p. 1).

      (3)  DO L 51, p. 17.


title: Asunto C-380/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Rethymnis (República Helénica) el 8 de agosto de 2007 — Georgios Karabousanos y Sofoclis Michopoulos/Dimos Geropotamou

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/27

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Rethymnis (República Helénica) el 8 de agosto de 2007 — Georgios Karabousanos y Sofoclis Michopoulos/Dimos Geropotamou
   (Asunto C-380/07)
   (2007/C 269/49)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Monomeles Protodikeio Rethymnis
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Georgios Karabousanos y Sofoclis Michopoulos

      Demandada: Dimos Geropotamou
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               Deben interpretarse las cláusulas 5 y 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE del Consejo (DO L 175 de 10 de julio de 1999, p. 42), en el sentido de que (en aras de la aplicación de dicho Acuerdo marco) el Derecho comunitario no permite al Estado miembro adoptar medidas: a) cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya existían antes de la entrada en vigor de la Directiva medidas legales equivalentes — en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, y b) cuando con las medidas adoptadas en ejecución del Acuerdo marco, se reduce el nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran antes de la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920 examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la adopción de una medida normativa como el artículo 11 del Decreto presidencial no 164/2004, examinado en el litigio principal, en aras de la aplicación del Acuerdo marco:

                           a)

                           cuando dicha medida legal, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, se adopta una vez transcurrido el plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE, pero en su ámbito de aplicación temporal sólo están comprendidos los contratos y relaciones laborales de duración determinada que estaban vigentes en el momento de su entrada en vigor o que finalizaron dentro de un intervalo de tiempo determinado anterior a su entrada en vigor, pero una vez transcurrido el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva, mientras que el ámbito de aplicación temporal de las medidas legales equivalentes anteriores no está limitado y éstas comprenden todos los contratos de trabajo de duración determinada que fueron celebrados, estaban vigentes o finalizaron en la fecha de entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE y de expiración del plazo para la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva;

                           b)

                           cuando en el ámbito de aplicación de esa medida legal, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, sólo están comprendidos contratos o relaciones laborales de duración determinada que, para ser considerados sucesivos a efectos de dicha medida legal deben reunir los siguientes requisitos acumulativos:

                                       1.

                                       Que entre ellos no transcurra un intervalo superior a tres meses y, además,

                                       2.

                                       que tengan una duración total de al menos veinticuatro (24) meses en el momento de la entrada en vigor de dicha medida, con independencia del número de prórrogas contractuales, o que sobre la base de dichos contratos haya un período de empleo total de al menos dieciocho meses dentro de un período total de veinticuatro meses computables a partir del contrato inicial en caso de que se hayan producido al menos tres prórrogas además del contrato inicial, mientras que las medidas legales equivalentes anteriores no imponen tales requisitos, incluyendo en cambio todos los contratos (sucesivos) de trabajo de duración determinada, sin que sea preciso un período mínimo de ocupación ni un número mínimo de prórrogas contractuales;

                           c)

                           cuando la medida legal en cuestión, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, establece como consecuencia jurídica para la protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada y para la prevención de los abusos en el sentido del Acuerdo marco sobre el contrato de duración determinada la calificación del contrato de trabajo de duración determinada como contrato de duración indefinida que despliega sus efectos en el futuro (ex nunc), mientras que las medidas legales equivalentes anteriores disponen que la calificación de los contratos de trabajo de duración determinada como contratos de duración indefinida surta efecto desde el momento de su celebración inicial (ex tunc)?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de dicha Directiva, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920, examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la adopción de una medida legal, en aras de la aplicación del Acuerdo marco, como el artículo 7 del Decreto presidencial no 164/2004, examinado en el litigio principal, cuando éste establece como único medio de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada frente a los abusos la obligación del empresario de abonarles su retribución y la indemnización por despido en caso de empleo abusivo mediante contratos sucesivos de trabajo de duración determinada, teniendo en cuenta que:

                           a)

                           la obligación de pago de la retribución y de la indemnización por despido está prevista en el Derecho nacional en todos los casos de relación laboral y no se dirige específicamente a prevenir los abusos en el sentido del Acuerdo marco y que,

                           b)

                           la consecuencia jurídica de la aplicación de la medida legal equivalente anterior es el reconocimiento de los contratos de trabajo sucesivos de duración determinada como contratos de duración indefinida?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones anteriores, ¿debe el juez nacional, al interpretar su Derecho nacional con arreglo a la Directiva 1999/70/CE, dejar de aplicar las disposiciones incompatibles con dicha Directiva contenidas en la medida legislativa adoptada en aras de la aplicación del Acuerdo marco, que sin embargo provoca una reducción del nivel general de protección de los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico interno, como los artículos 7 y 11 del Decreto presidencial no 164/2004, y aplicar en su lugar las disposiciones contenidas en la medida legal equivalente nacional, anterior a la entrada en vigor de la Directiva, como el artículo 8, no 3, de la Ley no 2112/1920?

               5)

               En caso de que el juez nacional considerase aplicable, en principio, en un asunto sobre el trabajo de duración determinada, una disposición (en el caso de autos el 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1902) que constituye una medida legal equivalente, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE, disposición en virtud de la cual el hecho de que se estime que unos contratos de trabajo sucesivos se celebraron como contratos de duración determinada sin razón objetiva ligada a la naturaleza, al tipo y a las características de la actividad desarrollada, comporta el reconocimiento de que dicho contrato es un contrato de trabajo de duración indefinida, entonces:

                           a)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual constituye una razón objetiva para la celebración de contratos de trabajo de duración determinada, en cualquier caso, el hecho de se haya utilizado como fundamento jurídico de su celebración una norma sobre el empleo mediante contratos de trabajo de duración determinada para atender necesidades transitorias, periódicas, temporales o extraordinarias, aunque en realidad las necesidades atendidas sean permanentes y duraderas?

                           b)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual una disposición que prohíbe la transformación de contratos de trabajo de duración determinada en el sector público en contratos de trabajo de duración indefinida debe interpretarse en el sentido de que en el sector público está prohibida terminantemente y en todo caso la transformación de un contrato o relación laboral de duración determinada en un contrato o relación de duración indefinida, aun en el caso de que éste se haya celebrado abusivamente como un contrato de duración determinada, cuando en realidad las necesidades atendidas son permanentes y duraderas, y el juez nacional no tiene posibilidad, en un caso de este tipo, de declarar el verdadero carácter de la relación jurídica laboral controvertida y de calificarlo correctamente como contrato de duración indefinida? ¿O bien dicha prohibición debe circunscribirse solamente a los contratos de trabajo de duración determinada que se han celebrado efectivamente para atender necesidades transitorias, imprevistas, urgentes, extraordinarias, o similares, y no a los casos en que en realidad se celebraron para atender necesidades permanentes y duraderas?


title: Asunto T-197/02: Recurso interpuesto el 2 de julio de 2002 por Georges Caravelis contra el Parlamento Europeo

text:
28.9.2002             ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 233/25
—    se invita al vicepresidente Kinnock a negociar con las             El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
     organizaciones sindicales y profesionales y a proponer
     para su adopción por el Colegio, antes de finales de               —    Estime el recurso.
     marzo de 2002, un nuevo acuerdo marco; así como a
     incluir en la serie de modificaciones que deban dar lugar          —    Anule el acto impugnado.
     a la concertación de las organizaciones sindicales y
     profesionales, una modificación que prevea la posibilidad          —    Condene al demandado a pagar 12 500 euros por el daño
     de adoptar un reglamento electoral mediante referéndum                  material y el perjuicio moral sufridos por el demandante.
     del personal de la institución.
                                                                        —    Condene al demandado a pagar los gastos de justicia del
                                                                             demandante, con independencia del resultado del litigio.
En apoyo de sus motivos, el demandante alega:
—    La voluntad manifiesta de eludir la sentencia del Tribunal
     de Primera Instancia de 22 e noviembre de 2001, dictada            Motivos y principales alegaciones
     en el asunto Lebedef/Comisión.
                                                                        1)   El demandado no ha dado cumplimiento a la sentencia
—    La vulneración del Acuerdo marco de 1974 y del                          del Tribunal de Primera Instancia dictada en el asunto
     principio «patere legem qum ipse fecisti».                              T-182/99, por la que se anula la falta de promoción del
                                                                             demandante.
—    La falta de examen objetivo de la representatividad de las
                                                                        2)   Utilización de procedimiento inadecuado.
     organizaciones sindicales y profesionales, así como la
     existencia de un error manifiesto en la apreciación
     comparativa de dicha representatividad.                            3)   Exceso de poder.
                                                                        4)   Utilización ilegal del margen de apreciación de que
—    La violación del principio de no discriminación.                        dispone el demandado en materia de promoción.
—    La violación del derecho de defensa.                               5)   Utilización incorrecta del margen de apreciación contro-
                                                                             vertido.
—    La violación del principio de protección de la confianza
     legítima.                                                          6)   Nuevo examen ficticio de la candidatura del demandante
                                                                             para la promoción.
—    El incumplimiento de la obligación de motivación.
                                                                        7)   Superioridad de la calificación del demandante no promo-
—    El incumplimiento del deber de asistencia y colaboración.               vido en relación con la calificación de las personas
                                                                             promovidas.
—    La vulneración del artículo 24 bis del Estatuto y del
     principio de libertad sindical.                                    8)   Responsabilidad por acto ilícito del demandado que
                                                                             implica un daño material y un perjuicio moral en
                                                                             detrimento del demandante.
Recurso interpuesto el 2 de julio de 2002 por Georges
          Caravelis contra el Parlamento Europeo                        Recurso interpuesto el 28 de junio de 2002 contra la
                                                                             Comisión de las Comunidades Europeas por «N»
                       (Asunto T-197/02)
                                                                                (Asunto T-198/02)
                        (2002/C 233/46)
                                                                                (2002/C 233/47)
                 (Lengua de procedimiento: griego)                                       (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 2 de julio de 2002 un recurso              Europeas se ha presentado el 28 de junio de 2002 un recurso
contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr. Georges               contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Caravelis, con domicilio en Bruselas, representado por el               por «N», representado por el Sr. Nicolas Lhoëst, abogado, que
Sr. H. Tagaras, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.           designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto F-61/09: Recurso interpuesto el 25 de junio de 2009 — Strack/Comisión

text:
               15.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/36

         Recurso interpuesto el 25 de junio de 2009 — Strack/Comisión
   (Asunto F-61/09)
   2009/C 193/60
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Guido Strack (Köln, Alemania) (representante: H. Tettenborn, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la demandada mediante la cual se deniega la solicitud de la parte demandante de que se le dé vista del expediente.

      Pretensiones de la parte demandante

   El demandante solicita:

               —

               Que se anulen las decisiones presuntas y expresas de la demandada, especialmente las adoptadas, con ocasión del ejercicio del derecho a tomar vista del expediente, los días 12.09.2008, 3.10.2008 y 14.11.2008, la decisión del Sr. Jansen de 19.09.2008 y, en lo menester, la decisión adoptada el 25.3.2009 mediante las que se desestimó la reclamación R/554/08 del demandante, en la medida en que deniegan o limitan al demandante el pleno acceso a todos los datos y documentos en poder de la demandada que se refieren a él, así como a los expedientes personal, médico y de otro tipo, regularmente seguidos, homogéneos y completos, los cuales resultan comprensibles y asequibles sin dificultad para el demandante tanto en relación con el texto como con la forma, es decir, conformes con los requisitos establecidos en los artículos 26 y 26 bis del Estatuto, y que, en caso necesario, hayan sido previamente objeto de mejoras, con lo que se desestimaron, al menos parcialmente, las solicitudes del demandante, entre las que se encuentran las de 10.7.2008, 19.9.2008 y 28.11.2008.

               —

               Que se condene a la demandada a pagar, a causa del comportamiento contrario a Derecho expuesto en el presente recurso, una indemnización equitativa de los daños y perjuicios causados al demandante, a cuyo efecto se deja a la justa apreciación del Tribunal de la Función Pública la fijación del importe de dicha indemnización, el cual no debería empero ser inferior a la cantidad de 2 500 euros.

               —

               Que se condene a la demandada a pagar mensualmente al demandante una indemnización de daños y perjuicios a partir del momento en que se notifique el presente recurso hasta que se conceda al demandante la autorización para acceder real y plenamente a todos los datos y documentos controvertidos, así como debidamente a sus expedientes personal y médico, a cuyo efecto se deja a la justa apreciación del Tribunal de la Función Pública la fijación del importe mensual de la referida indemnización, el cual no debería empero ser inferior a la cantidad de 200 euros.

               —

               Que se condene a la demandada a reembolsar al demandante los costes y gastos a los que éste deba atender por cualquier ulterior acto necesario que haya que realizar para consultar los expedientes, de manera análoga a lo establecido con respecto a los gastos de misión, o, con carácter subsidiario, sobre la mismas bases, los gastos correspondientes al viaje que el demandante hubo de realizar a Luxemburgo los días 12.9.2008 y 14.11.2008.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.


title: Asunto T-347/99: Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 1999 por el Territorio Histórico de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia — Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Comisión de las Comunidades europeas

text:
C 79/34                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        18.3.2000
— la existencia de un dossier paralelo, en relación con el                 y carece del carácter selectivo que la Comisión le atribuye.
    presente expediente; y                                                  Por otro lado, no queda claro que la aplicación de dicha
                                                                            medida dé lugar a un falseamiento de la competencia que
— la violación de sus derechos estatutarios (art. 4 del Anexo              afecte a los intercambios comunitarios.
    VII al Estatuto de los Funcionarios) en cuanto al fondo de
    la reclamación.                                                    — La errónea interpretación del concepto de «naturaleza o
                                                                            economı́a del sistema», que la propia institución deman-
                                                                            dada en su Comunicación sobre ayudad fiscales. Sobre este
                                                                            particular, la entidad demandante estima que la Norma
                                                                            Foral de autos viene amparada por una importante tradi-
                                                                            ción histórica, tanto a nivel foral como nacional, y establece
Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 1999 por el                        requisitos de aplicación objetivos y horizontales, que no
Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia —                     discriminan a unos operadores económicos en detrimento
Diputación Foral de Alava contra la Comisión de las                       de otros y que resultan necesarios para lograr la finalidad
                     Comunidades europeas                                   por ella pretendia, ası́ como la funcionalidad y eficacia del
                                                                            sistema en que se encuadra.
                        (Asunto T-346/99)
                                                                        — La imposibilidad de que las autoridades españolas hayan
                          (2000/C 79/72)                                    infringido la obligación de notificación prevista en el
                                                                            art. 88,3 del Tratado CE, cuando siempre han estado
                                                                            convencidas de que la reducción de la base imponible
                (Lengua de procedimiento: español)                         discutida no constituye, en modo alguno, una ayuda de
                                                                            Estado. Cabe calificar de absurdo, en opinión de la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                      demandante, que se exija la notificación de medidas sobre
europeas se ha presentado, el 6 de diciembre de 1999 un                     las que ni siquiera existen dudas sobre su carácter general.
recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas
formulado por el Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru           — La existencia de desviación de poder, por entender que, al
Aldundia, Diputación Foral de Alava, con domicilio en Alava ,              adoptar la decisión impugnada, la Comisión ha utilizado
con domicilio en Alava (España), representado por los letrados             los poderes de actuación que le confieren los arts. 87 y 88
en ejercicio D. Antonio Creus Carreras y Dña. Begoña Uriarte              CE para perseguir objetivos de armonización fiscal.
Valiente, abogados de los Ilustres Colegios de Barcelona y
Madrid, respectivamente, en Bruselas, Cuatrecasas Abogados,             En ultimo lugar la demandante alega la violación del deber de
Av. de Cortenbergh no 60.                                               motivación de los actos.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
— anule la Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 1999,
    en la medida en que califica de ayuda de Estado en el
    sentido del artı́culo 87 CE la reducción de la base imponible
    del impuesto de sociedades a favor de las empresas de
    nueva creación, prevista en el artı́culo 26 de la Norma            Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 1999 por
    Foral de Alava no 24/1996;                                          el Territorio Histórico de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru
                                                                        Aldundia — Diputación Foral de Gipuzkoa contra la
— condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas                     Comisión de las Comunidades europeas
    que se deriven del procedimiento.
                                                                                (Asunto T-347/99)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (2000/C 79/73)
La entidad demandante se opone a la calificación como ayuda
de Estado de la reducción de la base imponible del impuesto
de sociedades, prevista en el art. 26 de la Norma Foral de Alava                          (Lengua de procedimiento: español)
no 24/1996 a favor de empresas de nueva creación que
inviertan un mı́nimo de 80 millones de pesetas, creen 10
puestos de trabajo y tengan un capital mı́nimo desembolsado             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
de 20 millones de pesetas.                                              europeas se ha presentado, el 6 de diciembre de 1999 un
                                                                        recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:                      formulado por el Territorio Histórico de Gipuzkoa, Gipuzko-
                                                                        ako Foru Aldundia, Diputación Foral de Gipuzkoa, con
— La errónea interpretación, por la institución demandada,           domicilio en Gipuzkoa (España), representado por los letrados
    del art. 87 del Tratado CE, al haber considerado que la             en ejercicio D. Antonio Creus Carreras y Dña. Begoña Uriarte
    reducción de la base imponible para empresas de nueva              Valiente, abogados de los Ilustres Colegios de Barcelona y
    creación constituye una ayuda de Estado. Se afirma a este          Madrid, respectivamente, en Bruselas, Cuatrecasas Abogados,
    respecto que la medida fiscal de autos es de alcance general        Av. de Cortenbergh no 60.
 ---pagebreak--- 18.3.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 79/35
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           Motivos y principales alegaciones
que:
                                                                        Los motivos y argumentos principales son los invocados en el
— anule la Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 1999,           asunto T-346/99 Diputación Foral de Alava/Comisión.
    en la medida en que califica de ayuda de Estado en el
    sentido del artı́culo 87 CE la reducción de la base imponible
    del impuesto de sociedades a favor de las empresas de
    nueva creación, prevista en el artı́culo 26 de la Norma
    Foral de Gipuzkoa no 7/1996;
— condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas
    que se deriven del procedimiento.
                                                                        Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 1999 contra el
                                                                           Consejo de la Unión Europea por Miroslav Miskovic
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (Asunto T-349/99)
Los motivos y argumentos principales son los invocados en el
asunto T-346/99 Diputación Foral de Alava/Comisión.                                              (2000/C 79/75)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 8 de diciembre de 1999 un
                                                                        recurso contra el Consejo de la Unión Europea, formulado por
Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 1999 por el                    el Sr. Miroslav Miskovic, representado por los Sres. Nicolas
Territorio Histórico de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia                Rollason y Tim Eicke, que designa como domicilio en Luxem-
— Diputación Foral de Bizkaia contra la Comisión de las               burgo el bufete de Mes Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place
                     Comunidades europeas                               Winston Churchill.
                        (Asunto T-348/99)                               El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                          (2000/C 79/74)                                — Anule la Decisión 1999/612/PESC del Consejo.
                                                                        — Condene en costas al Consejo.
                (Lengua de procedimiento: español)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  Motivos y principales alegaciones
europeas se ha presentado, el 6 de diciembre de 1999 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades europeas                 La Decisión del Consejo impugnada, que aplica la Posición
formulado por el Territorio Histórico de Bizkaia, Bizkaiko             común 1999/318/PESC, relativa a medidas restrictivas adicio-
Foru Aldundia, Diputación Foral de Bizkaia, con domiciliio en          nales con respecto a la República Federativa de Yugoslavia,
Bizakaia (España), representado por los letrados en ejercicio          incluye al demandante, entre otros, en la lista de personas a las
D. Antonio Creus Carreras y Dña. Begoña Uriarte Valiente,             que se aplica la obligación de no admisión en el territorio de
abogados de los Ilustres Colegios de Barcelona y Madrid,                los Estados miembros.
respectivamente, en Bruselas, Cuatrecasas Abogados, Av. de
Cortenbergh no 60.
                                                                        El demandante critica el fundamento jurı́dico escogido por el
                                                                        Consejo. Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam,
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           las medidas sobre polı́tica de inmigración y en materia de asilo
que:                                                                    han pasado a formar parte del ámbito de las competencias
                                                                        exclusivas, con arreglo a lo dispuesto en el Tı́tulo IV CE. Al
— anule la Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 1999,           basar la Decisión impugnada en el Tı́tulo V UE, el Consejo ha
    en la medida en que califica de ayuda de Estado en el               basado su actuación en un fundamento jurı́dico erróneo.
    sentido del artı́culo 87 CE la reducción de la base imponible      Además, al utilizar la modalidad legislativa de la decisión para
    del impuesto de sociedades a favor de las empresas de               imponer la obligación de no admisión, el Consejo ha optado
    nueva creación, prevista en el artı́culo 26 de la Norma            por un instrumento jurı́dico que, en el presente contexto, no
    Foral de Bizkaia no 3/1996;                                         está previsto ni en el Tı́tulo V UE ni en el Tı́tulo IV CE.
— condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas
    que se deriven del procedimiento.


title: Asunto C-207/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italia) el 21 de abril de 2017 — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

text:
               21.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 277/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italia) el 21 de abril de 2017 — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
   (Asunto C-207/17)
   (2017/C 277/32)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Rotho Blaas Srl

      Recurrida: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Son inválidos, ilegales o incompatibles con el artículo VI del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y con la Decisión del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio de 28 de julio de 2011 el Reglamento (CE) n.o 91/2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular de China, (1) el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 924/2012, que modifica el Reglamento (CE) n.o 91/2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular de China, (2) y el Reglamento de Ejecución n.o 2015/519, que establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular de China, ampliado a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia, tras una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 (3)?

               2)

               En el supuesto de que se declare la invalidez, la ilegalidad o la incompatibilidad del Reglamento (CE) n.o 91/2009, por el que se establece el derecho antidumping, y de los Reglamentos de Ejecución n.os 924/2012 y 519/2015 relacionados con aquél, ¿despliega la derogación de los derechos antidumping establecidos sobre la base de las medidas impugnadas sus efectos jurídicos desde el momento de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 278/2016 (4) o desde la fecha de entrada en vigor de la medida impugnada, es decir, el Reglamento «de base» (CE) n.o 91/2009?

      (1)  Reglamento del Consejo de 26 de enero de 2009 (DO 2009, L 29, p. 1).

      (2)  Reglamento del Consejo de 4 de octubre de 2012 (DO 2012, L 275, p. 1).

      (3)  Reglamento de la Comisión de 26 de marzo de 2015 (DO 2015, L 82, p. 78).

      (4)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2016/278 de la Comisión, de 26 de febrero de 2016, por el que se deroga el derecho antidumping definitivo establecido en relación con las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular de China, y ampliado a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hubieran sido declarados o no originarios de Malasia (DO 2016, L 52, p. 24).


title: Asunto T-175/05: Recurso interpuesto el 27 de abril de 2005 por Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel AB, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB y Eka Chemicals AB contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               9.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/32

         Recurso interpuesto el 27 de abril de 2005 por Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel AB, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB y Eka Chemicals AB contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-175/05)
   (2005/C 171/52)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 27 de abril de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Akzo Nobel NV, con domicilio social en Arnhem (Países Bajos), Akzo Nobel Nederland BV, con domicilio social emn Arnhem (Países Bajos), Akzo Nobel AB, con domicilio social en Estocolmo (Suecia), Akzo Nobel Chemicals BV, con domicilio social en Amersfoort (Países Bajos), Akzo Nobel Functional Chemicals BV, con domicilio social en Amersfoort (Países Bajos), Akzo Nobel Base Chemicals AB, con domicilio social en Skoghall (Suecia), y Eka Chemicals AB, con domicilio social en Bohus (Suecia), representadas por los Sres. C.R.A. Swaak y A. Kayhko, abogados.
   Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Controle, con arreglo al artículo 230 CE, la legalidad de la Decisión C(2004)4876 final de la Comisión.

               —

               Anule, con arreglo al artículo 231 CE, la resolución impugnada.

               —

               Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa.

               —

               En ambos casos, imponga a la Comisión el pago de sus propias costas, así como de las causadas par las demandantes en el presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes impugnan la Decisión de la Comisión de 19 de enero de 2005 relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 CE y al artículo 53 EEE (Asunto COMP/E-1/37.773 — MCAA), mediante la que se decide que las demandantes estaban implicadas en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas, consistentes en fijación de precios, reparto de mercados y actuaciones concertadas contra competidores en el sector del ácido monocloroacético en el EEE y por la que se impone una multa a las demandantes.
   En apoyo de su demanda, las demandantes alegan un manifiesto error de apreciación y una infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento 1/2003, (1) por cuanto la Comisión atribuyó erróneamente la responsabilidad por la infracción asimismo a Akzo Nobel NV, la sociedad matriz más importante del grupo Akzo Nobel, así como a Akzo Nobel AB. Según las demandantes, Akzo Nobel NV no tuvo una influencia decisiva en la política comercial de sus filiales.
   Las demandantes alegan, por otra parte, que el importe de la multa impuesta de forma solidaria a las demandantes excede, respecto a las sociedades suecas en el negocio de producción del ácido monocloroacético, del límite del 10 % del volumen de negocios establecido por el Reglamento no 1/2003.
   Las demandantes alegan igualmente incumplimiento de la obligación de motivación, con arreglo al artículo 253.
   Con carácter subsidiario, las demandantes aducen que la Comisión incurrió en varios errores en relación con el cálculo de la multa. Según las demandantes, la Comisión cometió un error al clasificar las sociedades, con motivo de la valoración de la gravedad de la infracción, a efectos de determinar el importe básico de la multa, violó el principio de proporcionalidad al aplicar un factor multiplicador inadecuado, y el principio de igualdad de trato al aplicar indebidamente la Comunicación sobre la cooperación de 1996. (2)

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).

      (2)  Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO C 207, de 18.7.1996, p. 4).


title: Asunto C-400/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del 8° Juízo Cível da Comarca do Porto, 3a Secção, de fecha 31 de octubre de 2000, en el asunto entre Club-Tour, Viagens e Turismo, S.A. y Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido; parte coadyuvante: Club Med Viagens, Lda

text:
23.12.2000              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 372/7
3)    En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe      2)     ¿Puede interpretarse la expresión «combinación previa»
      interpretarse el artı́culo 20, apartado 3, de la Directiva              que figura en la citada norma en el sentido de que se
      92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, en el                  refiere al momento en que se celebra el contrato entre la
      mismo supuesto, en el sentido de que la persona que                     agencia y el cliente?
      haya garantizado el pago de los impuestos especiales, si
      no se le ha comunicado a tiempo que no se ha producido           (1) Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990,
      la ultimación del régimen suspensivo, puede presentar la             relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los
      prueba de la irregularidad de la operación o del lugar en            circuitos combinados (DO L 158, de 23.6.1990, p. 59).
      que se cometió realmente la irregularidad o la infracción
      aun cuando haya expirado el plazo de cuatro meses a
      partir de la fecha de envı́o de los productos?
                                                                       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
( 1) DO L 76, de 23 de marzo de 1992, p. 1.
                                                                       lución del Employment Tribunal, Stratford (Reino Unido),
                                                                       de fecha 10 de octubre de 2000, en el asunto entre la
                                                                              Sra. F. Harding y Skandia Asset Mamagement Ltd
                                                                                (Asunto C-402/00)
                                                                                (2000/C 372/14)
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial, mediante
                                                                       resolución del Employment Tribunal, Stratford (Reino Unido),
                                                                       dictada el 10 de octubre de 2000, en el asunto entre la
                                                                       Sra. F. Harding y Skandia Asset Management Ltd, y recibida en
                                                                       la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 31 de octubre de 2000.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-           El Employment Tribunal, Stratford (Reino Unido) solicita al
lución del 8o Juı́zo Cı́vel da Comarca do Porto, 3a Secção,          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se
de fecha 31 de octubre de 2000, en el asunto entre Club-               pronuncie sobre la siguiente cuestión:
Tour, Viagens e Turismo, S.A. y Alberto Carlos Lobo
Gonçalves Garrido; parte coadyuvante: Club Med Viagens,                ¿Tiene el artı́culo 141 del Tratado CE efecto directo de modo
                                 Lda                                   que pueda invocarlo la parte demandante de un proceso
                                                                       seguido ante un órgano jurisdiccional nacional para la inaplica-
                                                                       ción de una limitación territorial como la contenida en el
                        (Asunto C-400/00)                              artı́culo 1, apartado 6, de la Equal Pay Act y poder comparar
                                                                       su retribución con la de los hombres que desempeñan un
                                                                       puesto de trabajo para un empresario asociado con el empresa-
                         (2000/C 372/13)                               rio de la demandante, en un establecimiento situado en otro
                                                                       Estado miembro y que realizan el mismo trabajo o un trabajo
                                                                       equivalente?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del 8o Juı́zo Cı́vel da Comarca do Porto, 3a Secção,
dictada el 31 de octubre de 2000 en el asunto entre Club-
Tour, Viagens e Turismo, S.A. y Alberto Carlos Lobo Gonçalves
Garrido; parte coadyuvante: Club Med Viagens, Lda., y recibida         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 3 de noviembre de        lución del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, de fecha
2000. El 8o Juı́zo Cı́vel da Comarca do Porto solicita al              14 de julio de 2000, en el asunto entre Coopsette Scrl y
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes                        ANAS e Impresa Mambrini Costruzioni srl
cuestiones prejudiciales:
                                                                                (Asunto C-405/00)
1)    ¿Se hallan comprendidos dentro del ámbito de aplicación                                     (2000/C 372/15)
      del concepto contemplado en el artı́culo 2, no 1, de la
      Directiva comunitaria sobre los «viajes combinados», (1)         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      aquellos viajes organizados por una agencia, a petición y       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      por iniciativa del consumidor o de un grupo restringido          resolución del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, dictada el
      de consumidores, según lo solicitado por ellos, que             14 de julio de 2000, en el asunto entre Coopsette Scrl y ANAS
      incluyan el transporte y el alojamiento en un estableci-         e Impresa Mambrini Costruzioni srl, y recibida en la Secretarı́a
      miento turı́stico, por un precio global, cuando dicha            del Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2000. El Consiglio
      permanencia sobrepase las veinticuatro horas o incluya           di Stato, Sezione Quarta, solicita al Tribunal de Justicia que se
      una noche de estancia?                                           pronuncie sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:


title: Asunto T-23/11: Auto del Tribunal General de 11 de octubre de 2011 — El Corte Inglés/OAMI — BA&SH (ba&sh)

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/44

         Auto del Tribunal General de 11 de octubre de 2011 — El Corte Inglés/OAMI — BA&SH (ba&sh)
   (Asunto T-23/11) (1)

   2011/C 347/82
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 80, de 12.3.2011.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 15 de enero de 1998 en el asunto C-15/96 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Hamburg): Kalliope Schöning-Kougebetopoulou contra Freie und Hansestadt Hamburg (Libre circulación de personas - Convenio Colectivo para los trabajadores de la Administración Pública - Ascenso por antigüedad - Experiencia profesional adquirida en otro Estado miembro)

text:
20.2.98                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 55/13
del artículo 17 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Con-           Tratado CE y de los apartados 1 y 4 del artículo 7 del
sejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización             Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octu-
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los        bre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabaja-
impuestos sobre el volumen de negocios Ð Sistema comuÂn             dores dentro de la Comunidad (DO L 257 de 19.10.1968,
del Impuesto sobre el Valor AnÄadido: base imponible uni-           p. 2; EE 05/01, p. 77), el Tribunal de Justicia, integrado
forme (DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54), el            por los Sres. C. Gulmann, Presidente de las Salas Tercera y
Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por los Sres.        Quinta, en funciones de Presidente; H. Ragnemalm, M.
H. Ragnemalm, Presidente de la Sala Sexta, en funciones             Wathelet y R. Schintgen, Presidentes de Sala; G. F. Man-
de Presidente de la Sala Segunda; G. F. Mancini (Ponente)           cini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L.
y G. Hirsch, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo            Murray, D. A. O. Edward (Ponente), J.-P. Puissochet, G.
Colomer; Secretario: Sr. H. A. Rühl, administrador princi-          Hirsch, P. Jann y L. Sevón, Jueces; Abogado General: Sr.
pal; ha dictado el 15 de enero de 1998 una sentencia cuyo           F. G. Jacobs; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora,
fallo es el siguiente:                                              ha dictado el 15 de enero de 1998 una sentencia cuyo fallo
                                                                    es el siguiente:
El artículo 17 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de
17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armo-             1) Se declara que el artículo 48 del Tratado CE y los
nización de las legislaciones de los Estados miembros rela-              apartados 1 y 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE)
tivas a los impuestos sobre el volumen de negocios Ð Sis-                no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968,
tema comuÂn del Impuesto sobre el Valor AnÄadido: base                   relativo a la libre circulación de los trabajadores den-
imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de                  tro de la Comunidad, se oponen a una claÂusula de un
que permite a un sujeto pasivo que actuÂa como tal deducir               Convenio Colectivo aplicable a la Administración
el Impuesto sobre el Valor AnÄadido devengado por bienes                 PuÂblica de un Estado miembro que preveÂ, para los
que le fueron entregados o por servicios que le fueron                   empleados de dicha Administración PuÂblica, un
prestados para realizar obras de inversión destinadas a ser              ascenso por antigüedad despueÂs de ocho anÄos de acti-
utilizadas en el marco de operaciones sujetas al Impuesto.               vidad en un grado retributivo determinado por dicho
El derecho a deducción sigue existiendo cuando, por cir-                 Convenio, sin tener en cuenta los períodos de empleo,
cunstancias ajenas a su voluntad, el sujeto pasivo no haya               en un aÂmbito de actividad comparable, cubiertos ante-
utilizado nunca dichos bienes y servicios para realizar ope-             riormente en la Administración PuÂblica de otro Estado
raciones sujetas al Impuesto. En su caso, la entrega de un               miembro.
bien de inversión durante el período de regularización              2) Una claÂusula de un Convenio Colectivo que implica
puede dar lugar a una regularización de la deducción en                  una discriminación contraria al artículo 48 del Tratado
las condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 20               y al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CEE)
de la Directiva 77/388/CEE.                                              no 1612/68 es nula de pleno Derecho, en virtud del
                                                                         apartado 4 del artículo 7 del citado Reglamento. El
(1) DO C 101 de 22.4.1995.
                                                                         Juez nacional estaÂ entonces obligado, sin pedir o espe-
                                                                         rar a la previa eliminación de esta claÂusula por medio
                                                                         de la negociación colectiva o cualquier otro procedi-
                                                                         miento, a aplicar a los miembros del grupo perjudi-
                                                                         cado por dicha discriminación el mismo reÂgimen que
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                   se aplica a los demaÂs trabajadores.
                    de 15 de enero de 1998
                                                                    (1) DO C 64 de 2.3.1996.
en el asunto C-15/96 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Arbeitsgericht Hamburg): Kalliope
Schöning-Kougebetopoulou contra Freie und Hansestadt
                          Hamburg (1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
(Libre circulación de personas Ð Convenio Colectivo para
                                                                                de 15 de enero de 1998
los trabajadores de la Administración PuÂblica Ð Ascenso
por antigüedad Ð Experiencia profesional adquirida en               en el asunto C-44/96 (petición de decisión prejudicial
                     otro Estado miembro)                           planteada por el Bundesvergabeamt): Mannesmann Anla-
                                                                    genbau Austria AG y otros contra Strohal Rotationsdruck
                          (98/C 55/24)
                                                                                GesmbH (1)
              (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                    (Contratos puÂblicos Ð Procedimiento de adjudicación de
                                                                    los contratos puÂblicos de obras Ð Imprenta del Estado Ð
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-                    Filial que ejerce actividades mercantiles)
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                          de Justicia»)                                                       (98/C 55/25)
En el asunto C-15/96, que tiene por objeto una petición                           (Lengua de procedimiento: alemaÂn)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
del Tratado CE, por el Arbeitsgericht Hamburg (Alema-               caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
nia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho                                 de Justicia»)
órgano jurisdiccional entre Kalliope Schöning-Kougebeto-
poulou y Freie und Hansestadt Hamburg, una decisión                 En el asunto C-44/96, que tiene por objeto una petición
prejudicial sobre la interpretación del artículo 48 del             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177