title: Asunto T-439/15: Recurso interpuesto el 4 de agosto de 2015 — Amrita y otros/Comisión

text:
               5.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/24

         Recurso interpuesto el 4 de agosto de 2015 — Amrita y otros/Comisión
   (Asunto T-439/15)
   (2015/C 328/23)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Soc. coop. Amrita arl (Scorrano, Italia), Cesi Marta (Alliste, Italia), Comune Agricola Lunella — Soc. Mutua Coop Agricola (Galatone, Italia), Mustich Loredana Faustina (Lequile, Italia), Rollo Olga (Lecce, Italia), Borrello Claudia (Salve, Italia), Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi (Miggiano, Italia), Marzo Luigi (Specchia, Italia), Azienda Agricola Piccapane di Pellegrino Giuseppe (Castrignano del Capo, Italia), Azienda Agricola Le Lame di Russo Antonello e Russo Gianluigi Ss (Cutrofiano, Italia), Lanzieri Ivana (Ugento, Italia), Stendardo Giovanni (Presicce, Italia), Stasi Anna Maria (Castrignano del Capo), Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi (Muro Leccese, Italia), Castriota Maria Grazia (Galatone), Gabrieli Tommasi Emanuele (Calimera, Italia), Azienda Agricola di Canioni Fiorella (Melendugno, Italia), Azienda Agricola Spirdo Ss agricola (Ruffano, Italia), Coppola Silvia (Guagnano, Italia), Fondazione le Costantine (Uggiano la Chiesa, Italia), Impresa Agricola Stefania Stamerra (Lecce), Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco (Trepuzzi, Italia), Cooperativa Sociale Terrarossa (Tricase, Italia), Vaglio Irene (Tricase), Simone Cosimo Antonio (Morciano di Leuca, Italia), Azienda Agrituristica «Gli Ulivi» di Baglivo Cesaria (Tricase), Preite Osvaldo (Taurisano, Italia), Masseria Alti Pareti Società Agricola arl (Maglie, Italia), Società Agricola Li Matonni Sas di Sammarco Ascanio & C. (Erchie, Italia) (representantes: L. Paccione y V. Stamerra, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que anule la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de 18 de mayo de 2015, no 789, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 125/36 de 21 de mayo de 2015, que tiene por objeto la «Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión de 18 de mayo de 2015 sobre medidas para evitar la introducción y la propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.)», en la medida en que resulte necesario tras desaplicar la Directiva 2000/29/CE, del Consejo, de 8 de mayo de 2000, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea no 169, de 10 de julio de 2000. Todo ello acompañado de la condena en costas con arreglo a Derecho.

      Motivos y principales alegaciones

   La decisión impugnada en el presente asunto es la misma que en los asuntos T-436/15, Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi y Negro/Comisión, y T-437/15, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe y otros/Comisión.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dieciséis motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en el carácter ilegal de la Directiva 2000/29 por infringir el artículo 48 TFE en relación con el artículo 3 TFUE y el artículo 5 TUE, en la incompetencia y en la vulneración del principio de cooperación leal.

                           —

                           A este respecto, sostienen que la Directiva atribuye a la Unión una competencia exclusiva no reconocida por los Tratados.

               2.

               Segundo motivo, basado en la ilegalidad de la Directiva 2000/29 por incompetencia y por infracción del artículo 5 TUE en relación con los principios de cooperación leal y de subsidiariedad.

                           —

                           A este respecto, sostienen que la Directiva confiere a la Comisión la facultad, no reconocida por los Tratados, de derogar las medidas fitosanitarias adoptadas por el Estado miembro en materia de regulación de los requisitos fitosanitarios de los vegetales.

               3.

               Tercer motivo, basado en la ilegalidad de la Decisión 2015/789 de la Comisión por la supuesta ilegalidad de la mencionada Directiva 2000/29 como resulta de los anteriores puntos 1 y 2.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 por infringir el artículo 6 TUE en relación con el principio de la tutela jurisdiccional efectiva ya concedida a las partes demandantes por el juez italiano de lo contencioso-administrativo.

               5.

               Quinto motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 por infracción del artículo 5 TUE en relación con los principios de cooperación leal y de subsidiariedad por la falta absoluta de motivación acerca del punto decisivo de la eventual insuficiencia de las acciones de lucha contra la bacteria Xylella fastidiosa por parte del Estado miembro.

               6.

               Sexto motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 por infracción del artículo 5 TUE, en relación con los principios de proporcionalidad y de precaución.

                           —

                           A este respecto, sostienen que el contenido prescriptivo de la decisión impugnada resulta excesivo respecto de los objetivos declarados.

               7.

               Séptimo motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 de la Comisión por infracción de la norma ISPM no 9 en relación con el artículo 5 TUE y el Protocolo (no 2) TFUE sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

               8.

               Octavo motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 en la parte en que, infringiendo el artículo 5 TUE y vulnerando el principio de proporcionalidad que en él se proclama, señala a la totalidad de la provincia de Lecce como «zona infectada» y una franja de al menos 10 km al norte de la citada provincia como «zona tampón». La medida impugnada vulnera además las formas esenciales de la decisión por faltar la instrucción y la motivación así como por llegar a conclusiones injustas y erróneas.

               9.

               Noveno motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 por infracción del artículo 5 TUE y por incompetencia, ya que únicamente el Estado italiano puede identificar y delimitar la eventual zona infectada.

               10.

               Décimo motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 por infracción del artículo 5 TUE y por incompetencia en la parte en que se señala la prohibición de plantar plantas hospedadoras en la «zona infectada», y por infracción del artículo 1 del Protocolo adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales, ya que la medida impugnada menoscabó los derechos reales de las partes recurrentes sobre los suelos agrícolas que poseían.

               11.

               Décimo primer motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 por infracción de los artículo 11 TFUE y 191 TFUE, por vulneración del principio de precaución e infracción del artículo 5 TUE en relación con la Directiva 2001/42/CE, en cuanto la medida de arrancar las plantas sanas e infectadas en un radio de 100 metros, junto con la prescripción de tratamientos fitosanitarios obligatorios para la erradicación del insecto vector, acarrea daños al medio ambiente y altera el perfil paisajístico de Salento a falta de la evaluación medioambiental estratégica y del examen de los riesgos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas.

               12.

               Décimo segundo motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 por infracción de los artículos 11 TFUE y 19 TFUE y de la Directiva 92/43/CEE, ya que las medidas adoptadas no valoran los riesgos que el arrancado, la erradicación y los fitofármacos pueden comportar en partes del territorio especialmente protegidas por el Derecho de la Unión al estar catalogadas como zonas de protección especial, parques naturales y lugares de interés comunitario.

               13.

               Décimo tercer motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2018/789 por infracción del Convenio Europeo del Paisaje firmado en Florencia el 20 de octubre de 2000 y por infracción de los artículos 191 TFUE y 11 TFUE, en relación con la Directiva 92/43.

                           —

                           A este respecto, se afirma que la medida de la UE obliga a arrancar indiscriminadamente olivos y a suministrar pesticidas químicos expresamente prohibidos en la agricultura biológica, implicando de hecho la desaparición de las empresas demandantes que practican desde hace años la agricultura biológica.

               14.

               Motivo décimo cuarto, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 por infracción del Reglamento no 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, y de los artículos 11 TFUE y 191 TFUE también en relación con la Directiva 2009/128/CE, y por vulneración del principio de proporcionalidad y de las formas sustanciales.

                           —

                           A este respecto, se afirma que la Decisión de la Unión obliga a las partes demandantes a suministrar sustancias químicas no permitidas en la agricultura biológica y a arrancar las plantas ante una mera sospecha de infección. Dichas medidas resultan contrarias a las opiniones científicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y se basan en el convencimiento de la existencia de un vínculo causal entre el secado rápido del olivo y la bacteria Xylella que aún no ha sido demostrado.

               15.

               Décimo quinto motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 en la medida en que la Comisión Europea, al adoptar medidas provisionales de gestión del riesgo necesarias para garantizar un nivel elevado de protección de la salud, llevó a cabo un enfoque meramente hipotético del riesgo que el Tribunal de Justicia excluye de modo taxativo.

               16.

               Décimo sexto motivo, basado en la ilegalidad directa de la Decisión 2015/789 por infracción del artículo 5 TUE, por violación de las formas sustanciales y por vulneración del principio de proporcionalidad.

                           —

                           A este respecto, se afirma que el uso de pesticidas y la medida de erradicación, consideradas por la EFSA ineficaces e impracticables, resultan innecesarias para el fin que la normativa de la Unión se fija con la Directiva 2009/29, vulnerando el principio de proporcionalidad.


title: Asunto F-27/11: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 15 de enero de 2013 — BO/Comisión (Función pública — Seguridad social — Asunción de gastos de transporte vinculados a asistencia médica — Gastos de transporte por razones lingüísticas)

text:
               16.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/33

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 15 de enero de 2013 — BO/Comisión
   (Asunto F-27/11) (1)

   (Función pública - Seguridad social - Asunción de gastos de transporte vinculados a asistencia médica - Gastos de transporte por razones lingüísticas)
   2013/C 79/54
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: BO (Ammán, Jordania) (representantes: L. Levi, M. Vandenbussche y C. Bernard-Glanz, abogados)

      Demandadas: Comisión Europea (representantes: J. Currall y D. Martin, agentes)

      Objeto

   Función pública — Pretensión de que se anulen las decisiones de la demandada por las que se deniega la autorización de prestaciones médicas solicitadas por el demandante para su hijo, su esposa y él mismo.

      Fallo

               1)

               Anular las decisiones de la Comisión Europea de 1 de junio de 2010 por las que se deniega la asunción de los gastos de transporte y de acompañamiento del hijo de BO.

               2)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en las que haya incurrido BO.

      (1)  DO C 186, de 25.6.2011, p. 33.


title: Recurso interpuesto el 17 de octubre de 1996 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Gundolf Bosetti (Asunto T-161/96)

text:
7. 12. 96           | E§                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 370/ 17
Motivos y principales alegaciones                                  efecto, sostiene que la Comisión no concede al sindicato que
                                                                   representa todos los derechos que le corresponden, en la
Sobre la admisibilidad de su recurso, el demandante alega          medida en que la decisión impugnada implica una prohibi
que éste no se dirige contra una actuación de la Autoridad         ción de participar en las reuniones organizadas entre las
Facultada para Proceder a los Nombramientos, sino más              instituciones y las OSP, la negativa a otorgarle los medios
bien contra una omisión de ésta . La omisión consiste en que,      necesarios para el correcto desempeño de sus tareas, la
debido a que no se fijaron definitivamente los coeficientes        denegación de sus derechos de difusión y la prohibición de
correctores, aún no se ha determinado definitivamente la           ejercer las actividades sindicales en horas de trabajo y dentro
pensión del demandante correspondiente al período com             de los edificios de la Comisión .
prendido entre el 1 de julio de 1991 y de 30 de junio de
1994 .                                                             El demandante imputa igualmente a la Comisión no haber
                                                                   cumplido el Acuerdo marco y haber desvirtuado su finali
Además, alega que su recurso está fundado, ya que no se            dad .
comprende por qué, para los funcionarios que residen en la
República Federal de Alemania, deben regir principios              Finalmente, invoca la infracción de la obligación de moti
distintos de los que rigen para otros países, ni se comprende      vación contenida en el apartado 2 del artículo 25 y en el
por qué la Autoridad Facultada para Proceder a los                 apartado 1 del artículo 90 del Estatuto .
Nombramientos no quiere aplicar los principios indiscuti
blemente vigentes desde junio de 1994 también para el
período anterior a dicha fecha .                                   Recurso interpuesto el 18 de octubre de 1996 contra
                                                                   la Comisión de las Comunidades Europeas por Sandro
                                                                                Forcheri
                                                                                ( Asunto T-162/96 )
Recurso interpuesto el 17 de octubre de 1996 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Gundolf                                            ( 96/C 370/37 )
                             Bosetti
                                                                                (Lengua de procedimiento : francés)
                      (Asunto T-161 /96 )
                                                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                         ( 96/C 370/36 )
                                                                   Europeas se ha presentado el 18 de octubre de 1996 un
            (Lengua de procedimiento: francés)                     recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                   formulado por el Sr. Sandro Forcheri, con domicilio en
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             Bruselas, representado por el Sr. Marc-Albert Lucas, Abo
Europeas se ha presentado el 17 de octubre de 1996 un              gado de Lieja, que designa como domicilio en Luxemburgo
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas             el despacho de la Sra . Evelyne Korn, 21 , rué de Nassau .
formulado por Gundolf Bosetti, con domicilio en Luxem
burgo, representado por el Sr . Gilíes Bounéou, Abogado de         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
Luxemburgo , que designa como domicilio en Luxemburgo              Instancia que :
su despacho, 15 , avenue du Bois .                                 — Anule o declare la no conformidad a Derecho de la
                                                                       decisión de la demandada de no destinar al Jefe de la
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                    División B/4 de la DG XXI a SAMCOMM en la misma
Instancia que:                                                         fecha de su ingreso en el servicio o, por lo menos, con
— Anule la decisión de la Comisión de 31 de octubre de                 efectos de 29 de octubre de 1992 .
    1995 por la que se deniega la adhesión del sindicato           — Anule la decisión adoptada por la demandada el 12 de
    autónomo Action et Defense — Luxemburgo al Acuerdo                 diciembre de 1995 , mediante la que denegó su solicitud
    marco, de 20 de septiembre de 1974 , sobre las relaciones          tendente a que se le pagara el emolumento complemen
    entre la Comisión y las organizaciones sindicales y                tario previsto en el apartado 2 del artículo 7 del
    profesionales .                                                    Estatuto .
— Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las             — Anule la decisión de la Comisión de 24 de julio de 1996
    costas del procedimiento .                                         por la que se estimó parcialmente su reclamación
                                                                       administrativa, en la medida en que dicha decisión no
Motivos y principales alegaciones                                      señala que el demandante desempeña interinamente las
El demandante, secretario general adjunto del sindicato                funciones de Jefe de la División XXI B/4 desde el 29 de
« Action et Défense — Luxemburgo », expone que, el 9 de                octubre de 1992 y, por consiguiente, en cuanto no le
octubre de 1995 , dicha organización solicitó la adhesión al           reconoce el derecho a percibir el emolumento comple
Acuerdo marco de 20 de septiembre de 1974, sobre las                   mentario a partir del 30 de enero de 1-993 y sin limitación
relaciones entre la Comisión y las organizaciones sindicales           en el tiempo .
y profesionales ( OSP ). El 31 de octubre de 1995 , el             — Condene a la demandada a pagar al demandante el
Comisario competente desestimó la solicitud , alegando que             referido emolumento complementario, junto con los
la situación no le permitía apreciar, en aquella época, la             intereses de demora calculados al tipo del 8 % anual a
representatividad de la organización de que se trata .                 partir de las fechas en las cuales se le hubieran debido
                                                                       abonar las distintas mensualidades del citado emolu
El demandante considera que esta decisión incumple los
                                                                       mento y hasta el momento del pago completo .
artículos 9 y 24 bis del Estatuto de los Funcionarios, tal
como han sido interpretados por la jurisprudencia . En             — Condene en costas a la demandada .


title: Asuntos acumulados C-147/06 y C-148/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Cuarta Sala) de 15 de mayo de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — SECAP SpA (C-147/06)/Comune di Torino, en el que participan: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, y Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)/Comune di Torino, en el que participan: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Contratos públicos de obras — Adjudicación de los contratos — Ofertas anormalmente bajas — Modalidades de exclusión — Contratos de obras que no alcanzan los umbrales establecidos por las Directivas 93/37/CEE y 2004/18/CE — Obligaciones de la entidad adjudicadora derivadas de los principios fundamentales del Derecho comunitario)

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Cuarta Sala) de 15 de mayo de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — SECAP SpA (C-147/06)/Comune di Torino, en el que participan: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, y Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)/Comune di Torino, en el que participan: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl
   (Asuntos acumulados C-147/06 y C-148/06) (1)

   (Contratos públicos de obras - Adjudicación de los contratos - Ofertas anormalmente bajas - Modalidades de exclusión - Contratos de obras que no alcanzan los umbrales establecidos por las Directivas 93/37/CEE y 2004/18/CE - Obligaciones de la entidad adjudicadora derivadas de los principios fundamentales del Derecho comunitario)
   (2008/C 171/04)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Consiglio di Stato
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: SECAP SpA (C-147/06), Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)

      Demandada: Comune di Torino

      En los que participan: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte (C-147/06) y Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (C-148/06)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Consiglio di Stato (Italia) — Interpretación del artículo 30, apartado 4, de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54) y del artículo 55, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Ofertas anormalmente bajas — Alcance de la obligación de iniciar un procedimiento de verificación contradictoria.
   Fallo
   Las normas fundamentales del Tratado CE sobre la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como el principio general de no discriminación son contrarios a una normativa nacional que, en lo que respecta a los contratos cuyo valor es inferior al umbral previsto en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997, y que revistan un interés transfronterizo cierto, cuando el número de ofertas válidas es superior a cinco, obliga imperativamente a las entidades adjudicadoras a excluir automáticamente las ofertas consideradas anormalmente bajas en relación con la prestación, con arreglo a un criterio matemático establecido en dicha normativa, sin dejar a las mencionadas entidades adjudicadoras ninguna posibilidad de verificar la composición de esas ofertas pidiendo precisiones sobre ellas a los licitadores interesados. No ocurre lo mismo cuando una normativa nacional o local o incluso la entidad adjudicadora de que se trate, debido a un número excesivamente elevado de ofertas que podría obligar a la entidad adjudicadora a verificar de manera contradictoria un número de ofertas tan elevado que sobrepasaría su capacidad administrativa o podría poner en peligro la realización del proyecto, a causa del retraso que dicha verificación podría ocasionar, fijan un umbral razonable por encima del cual se aplica la exclusión automática de las ofertas anormalmente bajas.

      (1)  DO C 143 de 17.6.2006.

      DO C 154 de 1.7.2006.


title: Asunto T-698/16: Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2016 — Trasta Komercbanka y otros/BCE

text:
               28.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 441/29

      Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2016 — Trasta Komercbanka y otros/BCE
      (Asunto T-698/16)
      (2016/C 441/34)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandantes: Trasta Komercbanka AS (Riga, Letonia) y otros 6 (representantes: O. Behrends, L. Feddern y M. Kirchner, abogados)

         Demandada: Banco Central Europeo

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la decisión del BCE de 3 de marzo de 2016 por la que se retiraba la licencia bancaria a Trasta Komercbanka AS.

                  —

                  Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

                  1.

                  Primer motivo, basado en que el BCE infringió el artículo 24 del Reglamento del MUS, (1) y las disposiciones conexas en relación con la revisión de la anterior decisión del BCE por parte del Comité Administrativo de Revisión.

                  2.

                  Segundo motivo, basado en que el BCE no analizó ni realizó una apreciación minuciosa e imparcial de todas las cuestiones de hecho, incluido, a mero título de ejemplo, que el BCE no dio una respuesta adecuada a las inexactitudes de los datos y documentos presentados por la autoridad regulatoria letona.

                  3.

                  Tercer motivo, basado en que el BCE violó el principio de proporcionalidad al pasar por alto la existencia de medidas alternativas.

                  4.

                  Cuarto motivo, basado en que el BCE vulneró el principio de igualdad de trato.

                  5.

                  Quinto motivo, basado en que el BCE infringió el artículo 19 y el considerando 75 del Reglamento del MUS e incurrió en desviación de poder.

                  6.

                  Sexto motivo, basado en que el BCE violó el principio de protección de la confianza legítima y el principio de seguridad jurídica.

                  7.

                  Séptimo motivo, basado en que el BCE vulneró formalidades de procedimiento, incluidos el derecho a ser oído, el derecho de acceso al expediente, el derecho a que se motive la resolución de modo suficiente, el artículo 83, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS y el derecho a un procedimiento administrativo equitativo.

         (1)  Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).


title: Asunto C-178/12: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social n ° 1 de Córdoba — España) — Rafaela Rivas Montes/Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) (Artículos 53, apartado 2, y 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Política social — Principio de igualdad de trato — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público — Determinación de la antigüedad — Diferencia de trato entre personal funcionario y personal laboral — Toma en consideración de los períodos de servicio prestados anteriormente en la Administración — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)

text:
               4.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/4

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba — España) — Rafaela Rivas Montes/Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)
   (Asunto C-178/12) (1)

   (Artículos 53, apartado 2, y 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Política social - Principio de igualdad de trato - Directiva 1999/70/CE - Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada - Cláusula 4 - Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público - Determinación de la antigüedad - Diferencia de trato entre personal funcionario y personal laboral - Toma en consideración de los períodos de servicio prestados anteriormente en la Administración - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)
   2013/C 129/06
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Rafaela Rivas Montes

      Demandada: Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba — Interpretación del artículo 45 TFUE, apartado 4 — Norma nacional que rige el método de cálculo de los complementos salariales por antigüedad en la función pública — Aplicación por parte de una Administración pública de reglas diferentes en función de la naturaleza administrativa o laboral de la relación de servicio — Falta de toma en consideración de determinados períodos cubiertos por el personal no funcionario.

      Fallo

   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas con carácter prejudicial por el Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba mediante resolución de 27 de febrero de 2012.

      (1)  DO C 209, de 14.7.2012.


title: Asunto T-310/17: Recurso interpuesto el 15 de mayo de 2017 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

text:
               17.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 231/49

         Recurso interpuesto el 15 de mayo de 2017 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners)
   (Asunto T-310/17)
   (2017/C 231/62)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Recurrente: Lion’s Head Global Partners LLP (Londres, Reino Unido) (representante: R. Nöske, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Lion Capital LLP (Londres, Reino Unido)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Titular de la marca controvertida: Parte recurrente

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye los elementos denominativos «LION’S HEAD global partner» — Registro internacional n.o 996979

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 28 de febrero de 2017 en el asunto R 1477/2016-4

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 28 de febrero de 2017 (asunto R 1477/2016-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Lion’s Head Global Partners LLP y Lion Capital LLP y desestime la oposición.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-585/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 24 de diciembre de 2008 — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/40

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 24 de diciembre de 2008 — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG
   (Asunto C-585/08)
   (2009/C 44/68)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Oberster Gerichtshof
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Peter Pammer

      Recurrida: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Constituye un «viaje en carguero» un viaje combinado en el sentido del artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (1) («Reglamento Bruselas I»)?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Basta con que se pueda acceder en Internet a la página web de un intermediario para que se cumpla el criterio de la actividad «dirigida» que se establece en el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 44/2001?

      (1)  DO 2001, L 12, p. 1.


title: Asunto C-310/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Consiglio di Stato, de fecha 29 de mayo de 2001, en el asunto entre 1) Comune di Udine contra Diddi Dino Figli srl. y A.G.E.S.I. — Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati y 2) AMGA — Azienda Multiservizi SpA contra Diddi Dino Figli s.r.l. y A.G.E.S.I. — Associazione Nazionalle Imprese Gestione servizi tecnici integrati

text:
C 289/16               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     13.10.2001
Recurso de casación interpuesto el 3 de agosto de 2001                       candidatos sin tener en cuenta el interés del servicio,
por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia                       infringiendo el artı́culo 45 del Estatuto de los Funciona-
dictada el 14 de junio de 2001 por la Sala Cuarta                             rios.
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas, en el asunto T-230/99, promovido por Hans Mc
         Auley contra Consejo de la Unión Europea                      (1) DO C 6, de 8.1.2000, p. 29.
                      (Asunto C-309/01 P)
                         (2001/C 289/30)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
presentado el 3 de agosto de 2001 un recurso de casación               lución del Consiglio di Stato, de fecha 29 de mayo de
formulado por el Consejo de la Unión Europea, representado             2001, en el asunto entre 1) Comune di Udine contra Diddi
por los Sres. Frédéric Anton y Alain Pilette, en calidad de             Dino Figli srl. y A.G.E.S.I. — Associazione Nazionale
agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, contra la                 Imprese Gestione servizi tecnici integrati y 2) AMGA —
sentencia dictada el 14 de junio de 2001 por la Sala Cuarta del         Azienda Multiservizi SpA contra Diddi Dino Figli s.r.l. y
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas               A.G.E.S.I. — Associazione Nazionalle Imprese Gestione
en el asunto T-230/99 (1), promovido por el Sr. Hans Mc Auley                                servizi tecnici integrati
contra el Consejo de la Unión Europea.
                                                                                (Asunto C-310/01)
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                                (2001/C 289/31)
—     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la
      medida en que anula el nombramiento de la Sra. K.                 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        resolución del Consiglio di Stato, dictada el 29 de mayo de
—     Desestime, al mismo tiempo, el recurso formulado en
                                                                        2001, en el asunto entre 1) Comune di Udine contra Diddi
      primera instancia.
                                                                        Dino Figli srl. y A.G.E.S.I. — Associazione Nazionale Imprese
                                                                        Gestione servizi tecnici integrati y 2) AMGA — Azienda
—     Resuelva sobre las costas como proceda.                           Multiservizi SpA contra Diddi Dino Figli s.r.l. y A.G.E.S.I.
                                                                        — Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici
                                                                        integrati, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
                                                                        7 de agosto de 2001. El Consiglio di Stato solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
Motivos y principales alegaciones
                                                                        1)    Con arreglo al artı́culo 2 de la Directiva 92/50/CEE del
—     Desnaturalización del contenido de la convocatoria para                Consejo (1), de 18 de junio de 1992, ¿es aplicable
      proveer plaza vacante: considerar los conocimientos                     esta disposición al caso que es objeto del presente
      lingüı́sticos y la capacidad de gestión como los dos                   procedimiento, cuando en el contrato de que se trata
      criterios determinantes, y en la práctica los únicos, de una          prevalece el suministro de bienes sobre la prestación de
      convocatoria para proveer plaza vacante relativa a un                   servicios, y cuál es la interpretación que debe darse a
      puesto que implica funciones de dirección constituye una               dicho artı́culo a efectos de la comprobación de la
      desnaturalización del contenido de dicha convocatoria                  conformidad de los acuerdos impugnados con la norma-
      considerada en su conjunto.                                             tiva comunitaria?
—     Error de derecho en la medida en que el Tribunal de               2)    Con arreglo a lo dispuesto en el artı́culo 6, en relación
      Primera Instancia comparó de modo autónomo los                        con el artı́culo 1, letra b), de la Directiva 92/50/CEE del
      méritos de los candidatos y sustituyó su apreciación por              Consejo de 18 de junio de 1992, ¿es aplicable esta
      la de la AFPN, sobrepasando de este modo su facultad de                 disposición al caso que es objeto del presente procedi-
      control del error manifiesto de apreciación. Al estimar                miento, y cuál es la interpretación que debe darse a dicho
      que la experiencia de la Sra. K. era «limitada», mientras               artı́culo a efectos de la comprobación de la conformidad
      que la del recurrente era «muy considerable», el Tribunal               de los acuerdos impugnados con la normativa comuni-
      de Primera Instancia entró directamente en el ámbito de               taria?
      la comparación mediante un «juicio de valor», que es, no
      obstante, competencia exclusiva de la AFPN.
                                                                        (1) DO L 209, de 24.07.1992, p. 1.
—     Error de derecho del Tribunal de Primera Instancia al
      efectuar el examen comparativo de los méritos de los


title: Asunto C-209/05: Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2005 contra la República de Austria por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               9.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/10

         Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2005 contra la República de Austria por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-209/05)
   (2005/C 171/18)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 13 de mayo de 2005 un recurso contra la República de Austria formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Condou y el Sr. Wolfgang Bogensberger, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               a)

               Declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 6 y 8 de la Directiva 64/221/CEE, (1) en la medida en que, en la denegación de visado a nacionales de Estados terceros, que sean familiares de ciudadanos de la Unión, que ejercen su derecho a la libre circulación:

                           —

                           no expone los motivos con exactitud, con suficiente detalle y en su integridad, a pesar de que tal exposición no resultaría contraria a la seguridad del Estado;

                           —

                           no reconoce al interesado los mismos recursos contra la resolución por la que se le deniega el visado, que de los que disponen los nacionales contra los actos administrativos.

               b)

               Condene en costas a la República de Austria.

         Motivos y principales alegaciones
   La Directiva 64/221/CEE impone a los Estados miembros diversas obligaciones en relación con las disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas que adopten respecto de las personas comprendidas en su ámbito de aplicación personal, en particular, en lo relativo a la motivación de la resolución y a los recursos disponibles contra tal resolución. Con arreglo al artículo 6 de dicha Directiva, deberán ponerse en conocimiento del interesado las razones de orden público, seguridad o salud públicas en que se basa la denegación del visado a un familiar de un ciudadano de la Unión. Según el artículo 8 de la Directiva, han de reconocerse al interesado a quien se denegare el visado, al menos, los mismos recursos contra dicha resolución que aquellos de que disponen los nacionales del Estado en cuestión contra los actos administrativos.
   La Comisión considera que ciertas disposiciones de la Ley de Extranjería austriaca no responden a los requisitos señalados, recogidos en la Directiva e impuestos por el Derecho comunitario.
   Señala que, con arreglo al artículo 93, apartado 2, de dicha Ley, la resolución sólo se adoptará por escrito a petición de parte, comunicada por escrito o declarada en acta, y será suficiente que la motivación indique las disposiciones legales en que se basa la resolución. Sin embargo, según el artículo 6 de la Directiva, los Estados miembros tienen una obligación de motivación automática, sin que la motivación pueda hacerse depender de la urgencia ni de la solicitud del afectado. Además, la mera cita de la disposición legal aplicada no cumple los requisitos de motivación: en caso de resolución denegatoria, una mera remisión a las disposiciones legales en que se ha basado la resolución no constituye una información suficiente sobre los motivos de la denegación. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende, asimismo, que es necesaria una motivación exacta, suficientemente detallada e íntegra para que el interesado pueda defenderse frente a la resolución desfavorable y salvaguardar adecuadamente sus intereses.
   La Comisión continúa alegando que, con arreglo al artículo 94, apartado 2, de la Ley de Extranjería austriaca, contra la denegación o la declaración de nulidad de un visado no cabe recurso. Este precepto infringe la obligación establecida en el artículo 8 de la Directiva, conforme a la cual, la persona interesada podrá interponer los mismos recursos de que disponen los nacionales del Estado en cuestión contra los actos administrativos, con independencia de que se trate de recursos administrativos o judiciales. La Comisión señala que no es admisible la argumentación de la República de Austria, según la cual, en este contexto se justifica la inexistencia de recurso puesto que ni la denegación ni la declaración de nulidad de un visado despliegan efectos más allá del acto individual, y una nueva solicitud permitirá alcanzar el objetivo con mayor rapidez que un recurso contra la resolución. Según la Comisión, una nueva solicitud encierra el riesgo de que simplemente se repita la resolución objetivamente incorrecta.

      (1)  DO L 56, p. 850; EE 05/01, p. 36.


title: Asunto T-445/08: Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2008 — FIFA/OAMI — Ferrero (GERMANY 2006)

text:
               6.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/50

         Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2008 — FIFA/OAMI — Ferrero (GERMANY 2006)
   (Asunto T-445/08)
   (2008/C 313/89)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Zúrich, Suiza) (representantes: D. Alexander, QC, A. Barav, Barrister, R. Buchel y C. Rassmann, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Alemania)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule, en su totalidad o en parte, la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 30 de junio de 2008 en el asunto R 1467/2005-1.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: La marca denominativa «GERMANY 2006» para productos y servicios de las clases 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 — Registro de la marca comunitaria no 2.153.005

      Titular de la marca comunitaria: La demandante

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Resolución de la División de Anulación: Denegación de la solicitud de que se declare la nulidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Anulación

      Motivos invocados: i) Infracción de los artículos 73 y 74, apartado 1, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, en la medida en que la Sala de Recurso basó, en gran medida, su resolución en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, disposición que no había sido invocada ni por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso ni por la División de Anulación; ii) con carácter subsidiario, infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, en la medida en que la Sala de Recurso no consideró que la marca comunitaria registrada hubiese sido objeto, en su conjunto, de una solicitud de declaración de nulidad a los ojos del consumidor medio y hubiese aplicado la norma que rige la apreciación del carácter descriptivo de los bienes y/o servicios para los que se había formulado la solicitud; iii) infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en error cuando señaló que la marca comunitaria registrada respecto a la que se había solicitado la declaración de nulidad carecía del carácter distintivo necesario, y iv) infracción de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94, en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en error cuando afirmó que la marca comunitaria registrada para la que se había solicitado la declaración de nulidad no había adquirido carácter distintivo para los servicios de la clase 41.


title: Asunto F-4/13: Recurso interpuesto el 15 de enero de 2013 — ZZ/Comisión

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/38

         Recurso interpuesto el 15 de enero de 2013 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-4/13)
   2013/C 108/90
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: N. Lhoëst, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión por la que se establece el informe de calificación del demandante para el período comprendido entre 1995 y 1997 y demanda de indemnización de daños y perjuicios.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del Secretario General Administrativo del Servicio Europeo de Acción Exterior de 12 de marzo de 2012, por la que se establece el informe de calificación del demandante correspondiente al período comprendido entre 1995 y 1997.

               —

               En la medida en que sea necesario, que se anule la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la Comisión de 4 de octubre de 2012, por la que se desestima la reclamación presentada por el demandante el 20 de junio de 2012 con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de un importe de 25 000 euros en concepto de indemnización por el perjuicio moral.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-556/10: Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República Federal de Alemania

text:
               5.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/5

         Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República Federal de Alemania
   (Asunto C-556/10)
   2011/C 38/07
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Braun y H. Støvlbæk, agentes)

      Demandada: República Federal de Alemania

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los siguientes artículos:

                           —

                           artículo 6, apartado 3 y anexo II de la Directiva 91/440/CEE, (1) así como del artículo 4, apartado 2, y del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE; (2)

                           —

                           artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE;

                           —

                           artículo 7, apartado 3, artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE, y

                           —

                           artículo 30, apartado 4, de la Directiva 2001/14/CE, en relación con el artículo 10, apartado 7, de la Directiva 91/440/CEE,

                     al aplicar el primer paquete ferroviario.

               —

               Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

      Motivos y principales alegaciones

   Las Directivas 91/440/CEE y 2001/14/CE tienen por objeto el acceso en condiciones de igualdad y no discriminatorias a la infraestructura ferroviaria de todas las empresas y el fomento en Europa de un mercado ferroviario competitivo, dinámico y transparente. El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 91/440/CEE exige que el ejercicio de «funciones esenciales» de un administrador de una infraestructura ha de atribuirse a entidades o empresas «que no presten a su vez servicios de transporte ferroviario».
   La Comisión considera que, en Alemania, no está garantizada la independencia del administrador de la infraestructura en el ejercicio de las funciones esenciales que exige la Directiva, puesto que varias de dichas «funciones esenciales» han sido atribuidas a una sociedad que, si bien es jurídicamente independiente, forma parte de un holding al que pertenecen, entre otros, empresas que prestan servicios de transporte ferroviario.
   La independencia establecida en la Directiva 2001/14/CE no ha de plasmarse tan sólo a escala jurídica sino también en la organización y en la toma de decisiones. Por consiguiente, la empresa que ejerce las funciones esenciales únicamente puede estar organizada junto a empresas que prestan servicios de transporte ferroviario en un mismo holding, no solamente si está jurídicamente separada de dichas empresas, sino si puede demostrarse que tampoco forma con ellas una unidad económica, es decir, que es, además, económicamente independiente de ellas. Por lo tanto, si en el marco de un holding se prestaran las «funciones esenciales» por una sucursal, tendría que garantizarse mediante medidas de protección que la sociedad matriz y la sucursal no puedan actuar como unidad económica y, en consecuencia, como una única empresa. Sin embargo, en Alemania no se han adoptado dichas medidas de protección adecuadas y suficientes, que puedan garantizar la independencia económica del administrador de la infraestructura de las empresas ferroviarias. Las medidas de protección adoptadas por Alemania no bastan para garantizar la independencia de las funciones esenciales, evitar conflictos de intereses e impedir que el holding controle la entidad que ejerce las funciones esenciales.
   Por una parte, el cumplimiento de los requisitos de independencia no viene controlado por una autoridad independiente y, en caso de vulneración del principio de independencia, los competidores no pueden recurrir. Por otra, no queda garantizado que los trabajadores, o los gremios de dirección y directivos, de la entidad que ejerce las funciones esenciales sean independientes de la sociedad holding por las siguientes razones:

               —

               no se impide a los miembros del consejo de administración del holding o de las demás sociedades pertenecientes al mismo, ocupar un asiento en el consejo de administración de la entidad que ejerce las funciones esenciales;

               —

               no está previsto que los miembros del gremio directivo de la entidad que ejerce funciones esenciales, así como del personal que ejerce las funciones esenciales, no puedan ocupar, tras el cese en su actividad en la entidad de que se trata, un puesto de dirección en el holding o en otras instituciones controladas por el holding durante un número adecuado de años;

               —

               no existen condiciones claras para el nombramiento del gremio de dirección de la entidad que ejerce las funciones esenciales ni existen para éste las correspondientes obligaciones jurídicas para garantizar con ellas la plena independencia de la toma de decisiones;

               —

               la entidad que ejerce las funciones esenciales no dispone de personal propio que trabaje en un lugar separado o con control de acceso, cuyos contactos con la sociedad holding y con otras empresas controladas por ésta queden limitados a las comunicaciones oficiales relacionadas con el ejercicio de las funciones esenciales;

               —

               el acceso a los sistemas de información no está controlado, de modo que no cabe excluir que el holding reciba información sobre el ejercicio de las funciones esenciales.

         Además, de la vulneración del principio de independencia del administrador de la infraestructura en el ejercicio de las funciones esenciales, antes descrito, la República Federal de Alemania también ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 91/440 y 2001/14,

               —

               al no haber adaptado de manera suficientemente clara su normativa interna a la Directiva 2001/14/CE relativa a la aplicación de cánones por la utilización de la infraestructura ferroviaria y al no haber creado las condiciones para la correcta aplicación del principio de costes totales;

               —

               al no haber adoptado las medidas necesarias para obligar a los operadores de las infraestructuras a reducir los costes de las infraestructuras y de los cánones por la utilización de la red ferroviaria;

               —

               al no haber facultado a la autoridad reguladora para poder ejercer efectivamente su derecho a información frente al administrador de la infraestructura mediante sanciones adecuadas.

      (1)  Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25).

      (2)  Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75, p. 29).


title: Asunto T-362/08: Sentencia del Tribunal General de 13 de enero de 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisión [ «Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n ° 1049/2001 — Documentos relativos a la realización de un proyecto industrial en una zona protegida con arreglo a la Directiva 92/43/CEE — Documentos originarios de un Estado miembro — Oposición manifestada por el Estado miembro — Denegación parcial de acceso — Excepción relativa a la política económica de un Estado miembro — Artículo 4, apartados 5 a 7, del Reglamento n ° 1049/2001» ]

text:
               19.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/21

         Sentencia del Tribunal General de 13 de enero de 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisión
   (Asunto T-362/08) (1)

   (Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Documentos relativos a la realización de un proyecto industrial en una zona protegida con arreglo a la Directiva 92/43/CEE - Documentos originarios de un Estado miembro - Oposición manifestada por el Estado miembro - Denegación parcial de acceso - Excepción relativa a la política económica de un Estado miembro - Artículo 4, apartados 5 a 7, del Reglamento no 1049/2001)
   2011/C 55/36
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (Hamburgo (Alemania)) (representantes: S. Crosby, Solicitor, y S. Santoro, abogada)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: C. O’Reilly y P. Costa de Oliveira, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandante: Reino de Dinamarca (representantes: J. Bering Liisberg y B. Weis Fogh, agentes); República de Finlandia (representantes: inicialmente J. Heliskoski, M. Pere y H. Leppo, posteriormente J. Heliskoski, agentes, y Reino de Suecia (representantes: K. Petkovska, A. Falk y S. Johannesson, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión de la Comisión, de 19 de junio de 2008, por la que se denegó parcialmente a la demandante el acceso a determinados documentos, cursados a la Comisión por las autoridades alemanas en el marco de un procedimiento relativo al cambio de categoría de un lugar protegido en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH a cargar con sus propias costas y con aquéllas en las que haya incurrido la Comisión Europea.

               3)

               El Reino de Dinamarca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 301, de 22.11.2008.


title: Asunto C-472/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen — Suecia) — Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren [Procedimiento prejudicial — Registro, evaluación y autorización de sustancias químicas — Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (Reglamento REACH) — Alcance de la armonización — Registro de sustancias químicas en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas antes de su comercialización — Artículo 5 — Registro nacional de productos químicos — Obligación de notificación a efectos de registro — Compatibilidad con el Reglamento REACH — Artículos 34 TFUE y 36 TFUE — Restricción cuantitativa a la importación]

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen — Suecia) — Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren
   (Asunto C-472/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Registro, evaluación y autorización de sustancias químicas - Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (Reglamento REACH) - Alcance de la armonización - Registro de sustancias químicas en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas antes de su comercialización - Artículo 5 - Registro nacional de productos químicos - Obligación de notificación a efectos de registro - Compatibilidad con el Reglamento REACH - Artículos 34 TFUE y 36 TFUE - Restricción cuantitativa a la importación])
   (2016/C 156/14)
   Lengua de procedimiento: sueco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Högsta domstolen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén

      Demandada: Riksåklagaren

      Fallo

               1)

               El Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, modificado por el Reglamento (CE) n.o 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que obligue a un importador de productos químicos a registrar esos productos ante la autoridad nacional competente pese a que ya tenga la obligación de registrar esos mismos productos en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al citado Reglamento, siempre que el registro ante la autoridad nacional competente no constituya un requisito previo para la comercialización de dichos productos, tenga por objeto información diferente de la requerida por el Reglamento y contribuya a alcanzar los objetivos perseguidos por éste, en particular, garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación de esas sustancias en el mercado interior, mediante la implantación de un sistema de controles de la gestión segura de tales productos en el Estado miembro de que se trate y mediante la evaluación de dicha gestión, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional.

               2)

               Las disposiciones del artículo 34 TFUE, en relación con las del artículo 36 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la obligación de notificación y de registro de productos químicos, tal como está establecida en la normativa nacional controvertida en el litigio principal.

      (1)  DO C 448 de 15.12.2014.


title: Asunto C-41/16 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de enero de 2016 por Min Liu contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 18 de noviembre de 2015 en el asunto T-813/14, Liu/EUIPO

text:
               5.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/7

         Recurso de casación interpuesto el 25 de enero de 2016 por Min Liu contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 18 de noviembre de 2015 en el asunto T-813/14, Liu/EUIPO
   (Asunto C-41/16 P)
   (2016/C 326/13)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Min Liu (representante: Y. Zhang, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
   Mediante auto de 8 de junio de 2016, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declaró la inadmisibilidad del recurso de casación.


title: Asunto T-115/16: Auto del Tribunal General de 13 de junio de 2017 — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Adveo Group International (ADVEON)

text:
               7.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/41

         Auto del Tribunal General de 13 de junio de 2017 — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Adveo Group International (ADVEON)
   (Asunto T-115/16) (1)

   (2017/C 256/48)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 211 de 13.6.2016.


title: Asunto C-105/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 20 de marzo de 2009 — Terre Wallonne/Région wallonne

text:
               6.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 20 de marzo de 2009 — Terre Wallonne/Région wallonne
   (Asunto C-105/09)
   2009/C 129/14
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Terre Wallonne

      Demandada: Région wallonne

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es el programa de gestión del nitrógeno relativo a las zonas vulnerables designadas prescrito por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, (1) un plan o programa en el sentido del artículo 3, apartado 3, párrafo 2, letra a), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, (2) destinada a los sectores de la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y, define el citado programa de gestión el marco para la autorización en el futuro, de la ejecución de los proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE? (3)

               2)

               ¿Es el programa de gestión del nitrógeno relativo a las zonas vulnerables designadas prescrito por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, un plan o programa en el sentido del artículo 3, apartado 3, párrafo 2, letra b), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, para el que, dados los efectos pueden producirse en determinados lugares, se requiere una evaluación en virtud de los artículos 6 y 7 de la Directiva 92/43/CEE, (4) en particular cuando el programa de gestión se aplica a todas las zonas vulnerables de la Región Valona?

               3)

               ¿Es el programa de gestión del nitrógeno relativo a las zonas vulnerables designadas prescrito por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, un plan o programa, distinto de los referidos en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva, que define el marco para la futura autorización de la ejecución proyectos, para los que los Estados miembros deben determinar, en virtud del artículo 3, apartado 4, si son susceptibles de tener efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo con el párrafo quinto?

      (1)  DO L 375, p. 1.

      (2)  DO L 197, p. 30.

      (3)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9)

      (4)  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (DO L 206, p. 7).


title: Asunto C-453/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 13 de noviembre de 2006 — 01051 Telecom GmbH/República Federal de Alemania

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/41

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 13 de noviembre de 2006 — 01051 Telecom GmbH/República Federal de Alemania
   (Asunto C-453/06)
   (2006/C 326/85)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Bundesverwaltungsgericht
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: 01051 Telecom GmbH

      Demandada: República Federal de Alemania

      Otra parte: Vodafone D2 GmbH
   Cuestión prejudicial
   ¿Es compatible con el artículo 27, párrafo primero, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (1), y con el artículo 7 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (2), que, aun cuando no lo exija el Derecho comunitario, el Derecho interno ordene mantener transitoriamente una obligación establecida legalmente con anterioridad en esta materia, en virtud de la cual los precios de interconexión han de calcularse en función del coste de suministro eficaz de los servicios?

      (1)  DO L 108, p. 33.

      (2)  DO L 108, p. 7.


title: Asunto T-321/05: Sentencia del Tribunal General de 1 de julio de 2010 — AstraZeneca/Comisión ( «Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado de los medicamentos contra la úlcera — Decisión que declara una infracción del artículo 82 CE — Definición de mercado — Limitaciones competitivas significativas — Utilización abusiva de los procedimientos relativos a los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de los procedimientos de autorización de comercialización de los medicamentos — Declaraciones engañosas — Cancelación de las autorizaciones de comercialización — Obstáculos a la comercialización de los medicamentos genéricos y a las importaciones paralelas — Multas» )

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/33

         Sentencia del Tribunal General de 1 de julio de 2010 — AstraZeneca/Comisión
   (Asunto T-321/05) (1)

   (Competencia - Abuso de posición dominante - Mercado de los medicamentos contra la úlcera - Decisión que declara una infracción del artículo 82 CE - Definición de mercado - Limitaciones competitivas significativas - Utilización abusiva de los procedimientos relativos a los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de los procedimientos de autorización de comercialización de los medicamentos - Declaraciones engañosas - Cancelación de las autorizaciones de comercialización - Obstáculos a la comercialización de los medicamentos genéricos y a las importaciones paralelas - Multas)
   2010/C 221/52
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: AstraZeneca AB (Södertälje, Suecia); y AstraZeneca plc (Londres) (representantes: inicialmente, M. Brealey, QC, M. Hoskins, D. Jowell, Barristers, F. Murphy, G. Sproul, I. MacCallum y C. Brown, Solicitors; posteriormente, M. Brealey, M. Hoskins, D. Jowell, F. Murphy y C. Brown; y por último, M. Brealey, M. Hoskins, D. Jowell y F. Murphy)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente, F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier y A. Whelan; posteriormente, F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier y J. Bourke, agentes)

      Parte interviniente en apoyo de las demandantes: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ginebra, Suiza) (representante: M. Van Kerckhove, abogado)

      Objeto

   Demanda de anulación de la Decisión C(2005) 1757 final de la Comisión, de 15 de junio de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 82 [CE] y el artículo 54 del Acuerdo EEE (asunto COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca).

      Fallo

               1)

               Anular el artículo 1o, apartado 2, de la Decisión C(2005) 1757 final de la Comisión, de 15 de junio de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 82 [CE] y el artículo 54 del Acuerdo EEE (asunto COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca), en la medida en que aprecia que Astra Zeneca AB y Astra Zeneca plc han infringido el artículo 82 CE y el artículo 54 del Acuerdo EEE al solicitar la cancelación de las autorizaciones de comercialización de las cápsulas de Losec en Dinamarca y en Noruega, en paralelo con la retirada del mercado de las cápsulas de Losec y con el lanzamiento de tabletas de Losec MUPS en ambos países, en cuanto se consideró que esos actos podían restringir las importaciones paralelas de cápsulas de Losec en dichos países.

               2)

               Fijar el importe de la multa impuesta por el artículo 2 de esa Decisión a Astra Zeneca AB y Astra Zeneca plc, conjunta y solidariamente, en 40 250 000 euros, y el de la multa impuesta por ese artículo a Astra Zeneca AB en 12 250 000 euros.

               3)

               Desestimar el recurso en lo demás.

               4)

               Astra Zeneca AB y Astra Zeneca plc cargarán con el 90 % de sus propias costas y el 90 % de las costas de la Comisión Europea, excepto las costas de esta última vinculadas con la intervención de la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

               5)

               EFPIA cargará con sus propias costas.

               6)

               La Comisión cargará con la parte de sus propias costas vinculada con la intervención de EFPIA y con el 10 % del resto de sus propias costas, y con el 10 % de las costas de Astra Zeneca AB y Astra Zeneca plc.

      (1)  DO C 271 de 29.10.2005.


title: Asunto T-625/11: Sentencia del Tribunal General de 15 de enero de 2013 — BSH/OAMI (ecoDoor) [ «Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa ecoDoor — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               23.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/12

         Sentencia del Tribunal General de 15 de enero de 2013 — BSH/OAMI (ecoDoor)
   (Asunto T-625/11) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria denominativa ecoDoor - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2013/C 55/20
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Munich, Alemania) (representante: S. Biagosch, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Walicka, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 22 de septiembre de 2011 (asunto R 340/2011-1), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo ecoDoor como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

      (1)  DO C 32, de 4.2.2012.


title: Asunto C-527/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (República de Hungría) el 15 de noviembre de 2010 — ERSTE Bank Hungary Nyrt./Magyar Állam, B.C.L Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt.

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (República de Hungría) el 15 de noviembre de 2010 — ERSTE Bank Hungary Nyrt./Magyar Állam, B.C.L Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt.
   (Asunto C-527/10)
   ()
   2011/C 30/34
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: ERSTE Bank Hungary Nyrt.

      Recurrida: Magyar Állam, B.C.L Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt.

      Interviniente: dr. Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Komerční banka, a.s.

      Cuestión prejudicial

   ¿Es aplicable el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, (1) de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (en lo sucesivo, «Reglamento»), a un procedimiento judicial civil relativo a la existencia de un derecho real (de garantía), si el país en el que se encontraban el título valor que servía de garantía y posteriormente la cantidad en metálico que lo sustituyó todavía no era un Estado miembro en el momento de apertura del procedimiento de insolvencia en otro Estado miembro, pero sí en el momento de interposición de la demanda?

      (1)  DO L 160, de 30.6.2000, p. 1.


title: Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 1997 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa (Asunto C-429/97)

text:
C 55/18               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     20.2.98
y, en particular, de sus artículos 155, 169 y 86, y del            Petición de decisión prejudicial presentada mediante
Reglamento no 17, adoptado para aplicar este uÂltimo               resolución del Bundesfinanzhof, de fecha 2 de octubre
artículo, así como por infracción del artículo 173 y por           de 1997, en el asunto entre Sarclad International Ltd,
vicio sustancial de forma.                                         Wittington, Chesterfield (Gran BretanÄa) y Bundesamt für
                                                                                Finanzen
Motivos y principales alegaciones                                                        (Asunto C-428/97)
                                                                                (98/C 55/34)
Ð Error en la manera de calificar:
     Ð Interpretación errónea del Reglamento no 17.                Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                   sido sometida una petición de decisión prejudicial
     Ð Interpretación errónea del artículo 169 del Tra-            mediante resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 2 de
        tado CE: no basta con que «el incumplimiento de            octubre de 1997, en el asunto entre Sarclad International
        la Directiva 93/38» se tenga en cuenta y haya sido         Ltd, Wittington, Chesterfield (Gran BretanÄa) y Bundesamt
        formalmente mencionado en la denuncia para que             für Finanzen, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
        resulte aplicable el artículo 169, relativo al incum-      Justicia el 18 de diciembre de 1997.
        plimiento de Estado, puesto que uÂnicamente se
        contemplaban los comportamientos de la entidad             ¿Debe interpretarse la letra a) del artículo 3 de la Directiva
        adjudicataria, tanto en el plano de la competencia         79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en
        como de la libre circulación de mercancías.                materia de armonización de las legislaciones de los Esta-
                                                                   dos miembros relativas a los impuestos sobre el volumen
        El Tribunal de Primera Instancia tampoco se                de negocios (Octava Directiva) (1), en el sentido de que:
        refiere al caraÂcter apropiado del procedimiento
        seguido por la Comisión, recordando la jurispru-           Ð el duplicado de un documento sustitutorio tambieÂn
        dencia del Tribunal de Justicia que estima que los              puede ser considerado original de un documento de
        actos de las entidades adjudicatarias son impu-                 importación o de que permite a los Estados miembros
        tables a los Estados miembros de los que depen-                 en determinadas circunstancias considerar al duplicado
        den. Aplicada en el caso de autos, esta jurispruden-            como original de un documento de importación o, por
        cia daría lugar a que SNCB fuera irresponsable,                 contrario, en el sentido de que
        contrariamente al principio enunciado en el artí-
        culo 222 del Tratado, siendo así que su comporta-
        miento culpable es el mismo que el que puede               Ð los sujetos pasivos no establecidos en el interior del
        reprocharse a una empresa privada.                              país Ða los que se aplica la Directiva 79/1072/CEE
                                                                        del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en materia de
     Ð Vulneración del concepto de acto impugnable.                     armonización de las legislaciones de los Estados miem-
                                                                        bros relativas a los impuestos sobre el volumen de
                                                                        negocios (Octava Directiva)Ð dejan definitivamente
Ð Vicio sustancial de forma:                                            de poder invocar un derecho a la devolución de
                                                                        impuestos cuando el documento de importación expe-
     Ð Vulneración manifiesta del derecho de defensa: el                dido originariamente se ha perdido antes de presentar
        Tribunal de Primera Instancia violó este principio              la solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor
        fundamental, al sentar como principio que, en                   AnÄadido?
        el marco de un procedimiento con arreglo al
        artículo 169 del Tratado, las personas que han pre-
                                                                   (1) DO L 331 de 27.12.1979, p. 11; EE 09/01, p. 116.
        sentado una denuncia no disfrutan de derechos
        procedimentales.
     Ð Desnaturalización del objeto del litigio: en relación
        con la excepción de inadmisibilidad propuesta por
        la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia se
        abstuvo de declarar, in limine litis, la inexistencia      Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 1997 por la
        de base legal para el escrito de archivo de las            Comisión de las Comunidades Europeas contra la RepuÂ-
        actuaciones de la Comisión, a pesar de que la                                       blica Francesa
        SocieÂteÂ Sateba le instara a ello en su escrito de                              (Asunto C-429/97)
        demanda. Por consiguiente, el Tribunal de Primera
        Instancia no podía, sin rebasar sus facultades, sus-                                 (98/C 55/35)
        tituir a la Comisión en la elección de los procedi-
        mientos puestos a disposición de eÂsta en el marco
                                                                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
        del artículo 155 del Tratado, y ello para funda-
                                                                   ha presentado el 18 de diciembre de 1997 un recurso
        mentar la inadmisibilidad del recurso de la deman-
                                                                   contra la RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión
        dante.
                                                                   de las Comunidades Europeas, representada por la Sra.
                                                                   HeÂleÁne Michard y el Sr. Enrico Traversa, en calidad de
(1) DO C 357 de 22.11.1997, p. 27.                                 Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                   despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
                                                                   Kirchberg.
 ---pagebreak--- 20.2.98                  ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 55/19
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-              Petición de decisión prejudicial presentada mediante
bunal de Justicia que:                                                resolución del Amtsgericht Köln, de fecha 3 de septiembre
                                                                      de 1997, en el asunto entre Jutta Johannes y Hartmut
                                                                                Johannes
Ð Declare que la RepuÂblica Francesa ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud de la Octava                                    (Asunto C-430/97)
     Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre                                      (98/C 55/36)
     de 1979 (1), en particular de su artículo 2, al negarse a
     devolver el IVA a los sujetos pasivos no establecidos            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     en el interior del país cuando tales sujetos pasivos sub-        sido sometida una petición de decisión prejudicial
     contratan una parte de su trabajo con un sujeto pasivo           mediante resolución del Amtsgericht Köln, dictada el 3 de
     establecido en Francia.                                          septiembre de 1997, en el asunto entre Jutta Johannes y
                                                                      Hartmut Johannes, y recibida en la Secretaría del Tribunal
Ð Condene en costas a la RepuÂblica Francesa.                         de Justicia el 19 de diciembre de 1997.
                                                                      El Finanzgericht Bremen solicita al Tribunal de Justicia
Motivos y principales alegaciones                                     que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes:
                                                                      1) ¿Es el Estatuto de los funcionarios europeos, en parti-
La Comisión rechaza la interpretación dada a la letra c)                  cular su anexo VIII (ReÂgimen de pensiones), y maÂs
del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva (2) por               en particular el artículo 27 de eÂste, una normativa
las autoridades francesas, que «reducen» el concepto de                   exhaustiva y cerrada sobre los derechos a pensión del
prestación de servicios de eliminación de residuos a la                   cónyuge divorciado de un funcionario, que excluye
mera realización de trabajos relacionados con bienes mue-                 derechos maÂs amplios previstos por un Derecho nacio-
bles corporales, que deben gravarse en el lugar en que se                 nal (en este caso, el reparto compensatorio de una pen-
realizan materialmente. Tal concepción de la noción de                    sión prevista por el Derecho alemaÂn)?
prestación de servicios de eliminación de residuos, cuando
revisten caraÂcter transfronterizo, conduce a imponer de              2) ¿El hecho de que la normativa de un Estado miembro
modo unilateral y arbitrario un reparto del derecho de tri-               (en este caso, Alemania) sobre los efectos del divorcio
butar al Estado miembro del lugar de establecimiento del                  imponga a un funcionario, con la obligación de re-
prestador de servicios titular del contrato principal. Por                parto compensatorio de una pensión, una carga maÂs
otra parte, el enfoque de las autoridades francesas genera                gravosa por el uÂnico motivo de que posee la nacionali-
una situación de enorme incertidumbre jurídica, no sólo                   dad alemana, es compatible con el Estatuto de los fun-
para que el operador de que se trate determine respecto de                cionarios europeos y el artículo 6 del Tratado CE?
sus clientes el reÂgimen IVA de su prestación en el marco
del contrato, sino tambieÂn para la Administración tributa-
ria del Estado miembro en el que este sujeto pasivo estaÂ
establecido. Tal concepción conduce a crear situaciones
potenciales de doble imposición, que las normas del
                                                                      Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 1997 por la
artículo 9, y aquí concretamente del apartado 1, permiten
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda
evitar al garantizar una tributación uniforme, homogeÂnea
y racional de las prestaciones de servicios de que se trata                                 (Asunto C-431/97)
en la Comunidad. Por uÂltimo, para determinar el lugar de                                      (98/C 55/37)
imposición, las autoridades francesas efectuÂan una verda-
dera relectura o interpretación del contrato celebrado                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
entre el titular del contrato principal y su cliente, y ello sin      ha presentado el 19 de diciembre de 1997 un recurso
que las autoridades del Estado miembro de estableci-                  contra Irlanda formulado por la Comisión de las Comuni-
miento en el que este prestador de servicios es sujeto                dades Europeas, representada por el Sr. Berend Jan Drijber,
pasivo hayan estado en condiciones de determinar si dicha             miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente,
interpretación podía conculcar su propia competencia tri-             que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
butaria, tal como se define en el marco del artículo 9 de la          del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de su Servicio
Sexta Directiva y, maÂs concretamente, del apartado 1 de              Jurídico, Centre Wagner.
dicho artículo.
                                                                      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(1) Octava Directiva del Consejo en materia de armonización de
    las legislaciones de los Estados miembros relativas a los         Ð Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones
    impuestos sobre el volumen de negocios Ð Modalidades de               que le incumben en virtud de la Directiva que se indica
    devolución del Impuesto sobre el Valor AnÄadido a los sujetos         a continuación y del Tratado, al no adoptar las dispo-
    pasivos no establecidos en el interior del país (DO L 331 de          siciones legales, reglamentarias o administrativas nece-
    27.12.1979, p. 1; EE 09/01, p. 116).                                  sarias para atenerse a lo dispuesto en la Directiva 94/
(2) Sexta Directiva del Consejo en materia de armonización de las         57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994,
    legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos       sobre reglas y estaÂndares comunes para las organiza-
    sobre el volumen de negocios Ð Sistema comuÂn del Impuesto
                                                                          ciones de inspección y peritaje de buques y para las
    sobre el Valor AnÄadido: base imponible uniforme (DO L 145
    de 13.6.1977, p. 1; EE 09/91, p. 54).                                 actividades correspondientes de las administraciones
                                                                          marítimas (1).
                                                                      Ð Condene en costas a Irlanda.


title: Asunto C-248/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de noviembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Antwerpen — Bélgica) — Trespa International B.V./Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V. (Reglamento de aplicación del Código aduanero comunitario — Artículos 291 y 297 — Tratamiento arancelario favorable — Destino especial — Concepto de persona que importe o haga importar la mercancía para su despacho a libre práctica — Concepto de cesión de mercancías en el interior de la Comunidad — Concepto de cesionario )

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de noviembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Antwerpen — Bélgica) — Trespa International B.V./Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V.
   (Asunto C-248/07) (1)

   (Reglamento de aplicación del Código aduanero comunitario - Artículos 291 y 297 - Tratamiento arancelario favorable - Destino especial - Concepto de «persona que importe o haga importar la mercancía para su despacho a libre práctica» - Concepto de «cesión de mercancías en el interior de la Comunidad» - Concepto de «cesionario»)
   (2008/C 327/05)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hof van beroep te Antwerpen
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Trespa International B.V.

      Demandada: Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V.
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Hof van beroep te Antwerpen (Bélgica) — Interpretación de los artículos 1 bis, 291 y 297 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1) — Conceptos de «cesión de mercancías en el interior de la Comunidad», de «persona que importe o haga importar la mercancía para su despacho a libre práctica» y de «cesionario».
   Fallo

               1)

               El artículo 291, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 89/97 de la Comisión, de 20 de enero de 1997, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «persona que importe o haga importar la mercancía» contenido en dicha disposición se refiere a la persona a la que la mercancía va destinada y que tiene la intención de afectarla al destino especial prescrito, independientemente de que ella misma realice la declaración de aduana o que se haga representar a tal efecto en el sentido del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario. Dicho concepto no se refiere al representante de esta persona ante las autoridades aduaneras, salvo cuando se entiende que dicha persona actúa en nombre propio y por cuenta propia con arreglo al artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento no 2913/92 y, por ende, debe considerarse importador.

               2)

               El artículo 297, apartado 1, del Reglamento no 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento no 89/97, debe interpretarse en el sentido de que no existe cesión de mercancías en el interior de la Comunidad europea en una situación en que las mercancías son importadas en Bélgica y luego son transportadas a los Países Bajos si la persona autorizada actúa por cuenta del importador final, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. El mero hecho de que las mercancías hayan sido importadas y despachadas en aduana en Bélgica y luego hayan sido transportadas a los Países Bajos es irrelevante para determinar si existe cesión en el sentido de esta disposición. En caso de cesión, el cesionario debe disponer de una autorización expedida de acuerdo con el artículo 291 de dicho Reglamento.

               3)

               El artículo 297, apartado 1, del Reglamento no 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento no 89/97, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «cesionario» contenido en esta disposición no se refiere a un agente de aduanas que efectúe las formalidades aduaneras por cuenta del importador.

      (1)  DO C 170 de 21.7.2007.