title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de octubre de 2002 en el asunto C-328/01: Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda ("Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/28/CE")

text:
7.12.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 305/7
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Tercera)                                                              (Sala Tercera)
                     de 15 de octubre de 2002                                                    de 15 de octubre de 2002
en el asunto C-327/01: Comisión de las Comunidades                         en el asunto C-328/01: Comisión de las Comunidades
                    Europeas contra Irlanda (1)                                                 Europeas contra Irlanda (1)
(«Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho                     («Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho
                interno a la Directiva 98/20/CE»)                                          interno a la Directiva 1999/28/CE»)
                           (2002/C 305/09)                                                             (2002/C 305/10)
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-327/01, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agente: Sr. M. Huttunen) contra Irlanda (agentes:                    En el asunto C-328/01, Comisión de las Comunidades Euro-
Sr. D.J. O’Hagan y Sra. C. O’Rourke), que tiene por objeto que             peas (agente: Sr. M. Huttunen) contra Irlanda (agentes:
se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le               Sr. D.J. O’Hagan y Sra. C. O’Rourke), que tiene por objeto que
incumben en virtud de la Directiva 98/20/CE del Consejo, de                se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
30 de marzo de 1998, por la que se modifica la Directiva 92/               incumben en virtud de la Directiva 1999/28/CE de la Comi-
14/CEE relativa a la limitación del uso de aviones objeto del              sión, de 21 de abril de 1999, por la que se modifica el anexo a
anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional,          la Directiva 92/14/CEE del Consejo relativa a la limitación del
volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988)               uso de aviones objeto del anexo 16 del Convenio relativo a la
(DO L 107, p. 4), al no haber adoptado las disposiciones                   aviación civil internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar              2, segunda edición (1988) (DO L 118, p. 53), al no haber
cumplimiento a lo establecido en la citada Directiva y, en                 adoptado y, en cualquier caso, al no haber comunicado a la
cualquier caso, al no haber informado a la Comisión acerca de              Comisión la adopción de las disposiciones legales, reglamenta-
la adopción de las referidas disposiciones, el Tribunal de                 rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha
Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet             Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por
(Ponente), Presidente de Sala, la Sra. F. Macken, y el                     el Sr. J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala, y la
Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:                         Sra. F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado
Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 15 de               General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el
octubre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                  15 de octubre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)     Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le          1)     Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
       incumben en virtud de la Directiva 98/20/CE del Consejo, de                incumben en virtud de la Directiva 1999/28/CE de la
       30 de marzo de 1998, por la que se modifica la Directiva 92/               Comisión, de 21 de abril de 1999, por la que se modifica el
       14/CEE relativa a la limitación del uso de aviones objeto del              anexo a la Directiva 92/14/CEE del Consejo relativa a la
       anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional,          limitación del uso de aviones objeto del anexo 16 del Convenio
       volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1998),              relativo a la aviación civil internacional, volumen 1, segunda
       al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposicio-           parte, capítulo 2, segunda edición (1988), al no haber adoptado
       nes legales, reglamentarias y administrativas necesarias para              las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
       dar cumplimiento a lo establecido en la referida Directiva.                necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
2)     Condenar en costas a Irlanda.                                       2)     Condenar en costas a Irlanda.
( 1) DO C 317 de 10.11.2001.                                               (1 ) DO C 317 de 10.11.2001.


title: Recurso interpuesto el 30 de mayo de 1997 por el Reino de Suecia contra el Consejo de las Comunidades Europeas (Asunto C-206/97)

text:
N° C 212/24                              Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     12 . 7. 97
Motivos y principales alegaciones                                          terreno de la competencia de importantísimas ven
                                                                           tajas sobre los productos similares originarios o
— Vicios sustanciales de forma :                                           procedentes de otros Estados miembros .
   — Infracción de los apartados 2 y 3 del artículo 93                 — Violación de los criterios generales de aplicación
       del Tratado CE: al celebrar una larga y compleja                    de las excepciones previstas en el apartado 3 del
       negociación con las autoridades francesas —que                      artículo 92 : al aprobar medidas de duración inde
       duró cerca de dieciséis meses, a partir de la fecha                 terminada cuyas modalidades y condiciones de eje
       de la notificación— en el marco de la fase prelimi                 cución no se enuncian - de forma transparente, la
       nar del apartado 3 del artículo 93 , la Comisión                    Comisión violó los criterios generales de aplicación
       alteró el sistema de normas de procedimiento esta                  de las excepciones previstas en el apartado 3 del
       blecido por dicha disposición. Efectivamente, la                    artículo 92, en particular, el criterio de la transpa
       Comisión trasladó a esa fase preliminar —que no                     rencia de las ayudas y el del carácter temporal y
       ofrece las garantías procesales, ni para los demás                  decreciente de las ayudas a la reestructuración .
       Estados miembros ni para terceros interesados, que
       resultan de la apertura del procedimiento previsto         (') DO n° C 70 de 6 . 3 . 1997, p . 14 .
       en el apartado 2 del artículo 93— el examen a
       fondo de las medidas notificadas que debe reali
       zarse en el marco del referido procedimiento .
       Por otro lado, la Comisión vulneró los derechos
       procesales de la AEVP ( Associa^áo de Empresas de
       Vinho de Porto ), como tercero reciamente, en la           Recurso interpuesto el 30 de mayo de 1997 por el Reino
       media en que privó por completo a dicha entidad            de Suecia contra el Consejo de las Comunidades Europeas
       de los derechos de participación en el procedi                                   (Asunto C-206/97)
       miento administrativo . Al haber celebrado una
       extensa negociación con las autoridades francesas,                                   ( 97/C 212/45 )
       en la fase preliminar, la Comisión tenía la obliga
       ción de informar a la AEVP tanto sobre los ele            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
       mentos esenciales de las medidas notificadas, como         ha presentado el 30 de mayo de 1997 un recurso contra el
       sobre las reservas emitidas por la Comisión en             Consejo de las Comunidades Europeas formulado por el
       relación con esas medidas, solicitando a la entidad        Reino de Suecia, representado por Lotty Nordling, Rátts
       reclamante que formulase las observaciones que             chef, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede
       considerase oportunas .                                    de la Embajada de Suecia, 2, rué H. Heine.
   — Infracción del artículo 190 del Tratado CE : el acto
       impugnado no expone de manera suficiente los               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
       fundamentos, de hecho o de Derecho, que habían
       determinado el sentido de la Decisión adoptada .           1 ) con arreglo al artículo 173 , declare la nulidad del
                                                                       Reglamento ( CE ) n° 390/97 í 1 ), en la parte en que se
— Violación del Tratado, o de cualquier norma jurídica                 establece el reparto de bacalao en la zona Illb, c, d, y
   relativa a su aplicación :                                          que
   — Infracción del apartado 1 del artículo 92 del Tra           2) condene al Consejo a resarcir a Suecia de las costas del
       tado CE, en relación con el artículo 95 del mismo
                                                                       procedimiento.
       Tratado: la Comisión no podía ignorar —dado que
       la entidad reclamante se refirió de manera expresa
       a esta cuestión— los términos de la legislación fis       Motivos y principales alegaciones
       cal nacional que se aplica tanto a los productos
       que disfrutan de las ayudas aprobadas como a los           Infracción del apartado 1 del artículo 121 del Acta relativa
       productos competidores. Aunque esta legislación            a las condiciones de adhesión de la República de Austria,
       francesa no sea formalmente discriminatoria, su            la República de Finlandia y el Reino de Suecia a los Trata
       efecto discriminatorio, a nivel sustancial, es inne       dos en los que se fundamenta la Unión Europea y a las
       gable . Así pues, a los vinos dulces naturales ( de los    adaptaciones de los Tratados, en su versión resultante de
       cuales el 92% es de producción francesa ) se aplica        la Decisión 95/1 /CE, Euratom, CECA del Consejo ( 2 ):
       un gravamen de 350 francos franceses, mientras
       que a los restantes vinos generosos ( de los cuales el     Para el año 1997 la Comunidad disponía de un total de
        81% se importa de otros Estados miembros ) se             capturas de 112 452 toneladas de bacalao en las aguas
        aplica un gravamen de 1 400 francos franceses por         comunitarias de la zona Illb, c, d. Conforme a lo dispuesto
        hectolitro de producto final ( es decir, cuatro veces     en el apartado 1 del artículo 121 del Acta de adhesión, a
        más ). Al aprobar un régimen de ayudas de dura           Suecia le correspondía un total de capturas de 39 999
       ción indeterminada, diseñada a la medida de los            toneladas ( 0,35037 x 50 000 toneladas + 0,4 x 62 452
        intereses de los productores de los vinos generosos       toneladas - 2 500 toneladas ). A tal efecto se ha tenido en
        franceses excluidos de la categoría fiscal más ven       cuenta que 2 500 toneladas de la cuota de Suecia deben
        tajosa, la Comisión no hizo más que crear un sis          ser transferidas a los demás Estados miembros con arreglo
        tema en virtud del cual la totalidad de los vinos          al Convenio celebrado con motivo de la firma del Acuerdo
        generosos de producción francesa disfruta en el            EEE. En lugar de esto a Suecia sólo le han correspondido
 ---pagebreak--- 12 . 7. 97             ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 212/25
38 860 toneladas con arreglo al Reglamento ( CE ) n° 390/                                 Archivo del asunto C-40/95 í 1 )
97, lo cual supone 139 toneladas menos que las que resul                                            ( 97/C 212/46 )
tan del Acta de adhesión .
                                                                          Mediante auto de 3 de febrero de 1997, el Presidente del
(') Reglamento ( CE) n° 390/97 del Consejo, de 20 de diciembre            Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci
      de 1996, por el que se fijan los totales admisibles de caputras
      (TAC ) de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones          dido archivar el asunto C-40/95 ( petición de decisión pre
      de peces para 1997 y determinadas condiciones en que pueden         judicial del VAT and Duties Tribunal, London ): Conoco
                                                                          Ltd contra Commissioners of Customs and Excise .
      pescarse (DO n° L 66 de 6. 3 . 1997, p. 1 ).
( 2 ) DO n° L 1 de 1 . 1 . 1995 , p . 1 .
                                                                          (') DO n° C 119 de 13 . 5 . 1995 ,
                                                                              DO n° C 31 de 3 . 2 . 1996 .
                                                     TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Decisiones adoptadas por el Tribunal de Primera Instancia                      nes, seguirá el orden inverso al rango que corresponda
                en su reunión de 5 de junio de 1997                            a los Jueces según la antigüedad en el ejercicio de sus
                             ( 97/C 212/47                                     funciones, conforme al artículo 6 del Reglamento de
                                                                               Procedimiento, salvo que tal designación recaiga en el
1 . Composición de la Sala Primera ampliada, de la Sala                        Juez Ponente . En este caso, se designará al Juez que
       Segunda y de la Sala Segunda ampliada — Adscripción                     preceda inmediatamente a éste en rango .
       de Jueces a Sala
       Mediante decisión de 29 de mayo de 1997, a raíz del                (') DO n° C 294 de 5 . 10 . 1996 , p . 10 .
       fallecimiento del Juez Sr. Heinrich Kirschner, los
       Gobiernos de los Estados miembros nombraron Juez
       del Tribunal de Primera Instancia al Sr. Karl Joerg
       Pirrung. Por consiguiente, en su reunión de 5 de junio
       de 1997, el Pleno del Tribunal de Primera Instancia ha
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
       decidido, conforme al artículo 10 de su Reglamento de
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
       Procedimiento, modificar la composición de las Salas,
       decidida el 12 de septiembre de 1996 H.                                                de 15 de mayo de 1997
                                                                          en el asunto T-273/94 : N contra Comisión de las Comuni
       Para el período comprendido entre el 11 de junio de                                       dades Europeas H
       1997 y el 30 de septiembre de 1997, el Juez Sr. Pirrung
       estará adscrito a la Sala Primera ampliada, a la Sala               (Funcionarios — Deber de lealtad — Sospecha de actos
       Segunda y a la Sala Segunda ampliada .                             contrarios a la dignidad de la función — Cooperación leal
                                                                          del funcionario en la investigación — Inexistencia — Pro
       En aquellos asuntos para los que, con arreglo al                        cedimiento disciplinario — Separación del servicio)
       apartado 3 del artículo 32 del Reglamento de Procedi                                         ( 97/C 212/48 )
       miento, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
       haya designado a otro Juez para completar las Salas en                           (Lengua de procedimiento: francés)
       sustitución del Juez Sr. Kirschner, estas Salas conserva
       rán tal composición a efectos de la fase oral, de las              En el asunto T-273/94, N, antiguo funcionario de la Comi
       deliberaciones y de la sentencia en caso de que, antes             sión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bru
       del 11 de junio de 1997, haya finalizado la fase escrita           selas, representado por el Sr. Xavier Magnée, Abogado de
       y se haya celebrado la vista o se haya fijado una fecha            Bruselas, que desgina como domicilio en Luxemburgo el
       para su celebración.                                               despacho del Sr. Louis Schiltz, Abogado, 2, rué Fort
                                                                          Rheinsheim, contra la Comisión de las Comunidades
 2.    Pleno del Tribunal de Primera Instancia                            Europeas ( Agentes: Sr. Gianluigi Valsesia, Sra . Ana Maria
                                                                          Alves Vieira y Sr. Denis Waelbroeck ), que tiene por objeto,
       En su reunión de 5 de junio de 1997, el Pleno del Tri             por una parte, una demanda de anulación de la Decisión
       bunal de Primera Instancia ha decidido, conforme al                 de la Comisión, de 4 de octubre de 1993 , relativa a la
       párrafo segundo del apartado 1 del artículo 32 de su                separación del servicio del demandante, y, por otra parte,
       Réglamento de Procedimiento, que si, como conse                    una demanda de indemnización, el Tribunal de Primera
       cuencia de la designación de un Abogado General con                Instancia ( Sala Cuarta ), integrado por el Sr. K. Lenaerts,
       forme al artículo 17 del Reglamento de Procedimiento,               Presidente; la Sra . P. Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces;
       el Pleno del Tribunal estuviera formado por un                      Secretario: Sr. A. Mair, administrador, ha dictado el 15 de
       número par de Jueces, el turno de rotación preestable              mayo de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
       cido, según el cual el Presidente del Tribunal determina
       qué Juez se abstendrá de participar en las deliberacio              1 ) Se desestima el recurso.


title: Asunto T-128/04: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de junio de 2008 — Piccinni-Leopardi/Comisión

text:
               2.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 197/35

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de junio de 2008 — Piccinni-Leopardi/Comisión
   (Asunto T-128/04) (1)

   (2008/C 197/64)

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 118 de 30.4.2004.


title: Asunto T-441/15: Recurso interpuesto el 31 de julio de 2015 — European Dynamics Luxembourg y otros/Agencia Europea de Medicamentos

text:
               5.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/26

         Recurso interpuesto el 31 de julio de 2015 — European Dynamics Luxembourg y otros/Agencia Europea de Medicamentos
   (Asunto T-441/15)
   (2015/C 328/24)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxemburgo, Luxemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas, Grecia), European Dynamics Belgium SA (Bruselas, Bélgica) (representantes: I. Ambazis y M. Sfyri, abogados)

      Demandada: Agencia Europea de Medicamentos

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), notificada mediante correo electrónico de 4 de junio de 2015 de la Directora de Recursos de Tecnología de la Información con el que la EMA desestimó dos de los candidatos presentados por las demandantes tras la solicitud de prestación de servicios SC001 al amparo del Acuerdo-marco EMA/2012/10/ICT.

               —

               Condene a la EMA a reparar el perjuicio de las demandantes por la oportunidad que perdieron de firmar contratos parciales para el Gestor de Proyecto en virtud de la solicitud de prestación de servicios SC001, que estiman ex aequo et bono en ocho mil euros (8  000,00 euros), junto con los intereses a partir de la fecha de adopción de la decisión o en cualquier otra cantidad que considere el Tribunal General.

               —

               Condene a la EMA al pago de la totalidad de las costas de las demandantes.

      Motivos y principales alegaciones

   En opinión de las demandantes, debe anularse la decisión impugnada en virtud del artículo 263 TFUE, por ser contraria al principio de proporcionalidad que rige los contratos públicos. En particular, la decisión impugnada desestimó los candidatos de las demandantes por no estar certificados con arreglo al método PRINCE2, criterio que no es ni adecuado ni necesario y por consiguiente vulnera el principio de la proporcionalidad en los contratos públicos.
   En consecuencia, la EMA infringió manifiestamente una norma concreta de Derecho (artículo 102, apartado 1, del Reglamento Financiero), que tiene por objeto la concesión de derechos a particulares, ocasionando perjuicio a las demandantes, dado que perdieron la oportunidad de celebrar los contratos parciales del Gestor de proyecto, de modo que concurren los requisitos para que se indemnicen los perjuicios sufridos por las demandantes.


title: Asunto C-495/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de noviembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Incumplimiento de Estado — Directiva 85/337/CEE — Evaluación de los efectos de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Obligación de motivar una decisión de no someter un proyecto a evaluación)

text:
               16.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de noviembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
   (Asunto C-495/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 85/337/CEE - Evaluación de los efectos de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Obligación de motivar una decisión de no someter un proyecto a evaluación)
   2010/C 11/07
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Oliver y J.-B. Laignelot, agentes)

      Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: L. Seeboruth y H. Walker, agentes y J. Maurici, Barrister)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40) — Obligación de motivar una decisión de no someter un proyecto a evaluación

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, al no haber sometido las solicitudes de revisión del plan de extracción de minerales («Review of Mineral Planning») presentadas en el País de Gales antes del 15 de noviembre de 2000 a los requisitos previstos en la referida Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

      (1)  DO C 32, de 7.2.2009.


title: Asunto T-53/12: Recurso interpuesto el 12 de febrero de 2012 — CF Sharp Shipping Agencies Pte/Consejo

text:
               24.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 89/29

         Recurso interpuesto el 12 de febrero de 2012 — CF Sharp Shipping Agencies Pte/Consejo
   (Asunto T-53/12)
   2012/C 89/48
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd (Singapur, Singapur) (representantes: S. Drury, Solicitor, K. Adamantopoulos y J. Cornelis, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo (1) y el Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo (2)
                  ab initio y con efectos inmediatos en lo relativo a la inclusión de la demandante en el Anexo VIII al Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que al declarar que la demandante es una sociedad tapadera de la Compañía Naviera de la República Islámica de Irán, que pertenece o está bajo el control de ésta, la demandada ha declarado hechos manifiestamente erróneos e incurrido en un error manifiesto en la aplicación del artículo 16, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo incluyendo a la demandante en el Anexo VIII de dicho Reglamento.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la demandada ha incumplido su obligación de motivación contenida en el artículo 296 TFUE y en el artículo 36, apartado 3, del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo.

               3)

               Tercer motivo, basado en que la falta de motivación de la demandada ha conllevado la vulneración del derecho a la defensa de la demandante, en concreto, del derecho a ser oída y a la tutela judicial efectiva.

      (1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010 sobre medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 11).

      (2)  Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007 (DO L 281, p. 1).


title: Asunto T-169/13: Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2016 — Benelli Q.J./OAMI — Demharter (MOTO B) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa MOTO B — Marcas nacionales figurativas no registradas anteriores MOTOBI — Motivo de denegación relativo — Prueba de la notoriedad de las marcas no registradas anteriores — Artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Artículo 6 bis del Convenio de París — Pruebas presentadas en apoyo de la oposición una vez finalizado el plazo fijado — Falta de toma en consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Disposición contraria — Circunstancias que se oponen a que se tengan en cuenta pruebas nuevas o adicionales — Artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 — Reglas 19 y 20 del Reglamento (CE) n° 2868/95 — Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n° 2868/95 — Artículo 75, primera frase, del Reglamento n° 207/2009 — Obligación de motivación»]

text:
               14.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/29

         Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2016 — Benelli Q.J./OAMI — Demharter (MOTO B)
   (Asunto T-169/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa MOTO B - Marcas nacionales figurativas no registradas anteriores MOTOBI - Motivo de denegación relativo - Prueba de la notoriedad de las marcas no registradas anteriores - Artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 6 bis del Convenio de París - Pruebas presentadas en apoyo de la oposición una vez finalizado el plazo fijado - Falta de toma en consideración - Facultad de apreciación de la Sala de Recurso - Disposición contraria - Circunstancias que se oponen a que se tengan en cuenta pruebas nuevas o adicionales - Artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 - Reglas 19 y 20 del Reglamento (CE) no 2868/95 - Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento no 2868/95 - Artículo 75, primera frase, del Reglamento no 207/2009 - Obligación de motivación»])
   (2016/C 098/37)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italia) (representantes: P. Lukácsi y B. Bozóki, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente F. Mattina, y posteriormente P. Bullock, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Demharter GmbH (Dillingen, Alemania) (representante: A. Kohn, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 16 de enero de 2013 (asunto R 95/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Benelli Q.J. Srl y Demharter GmbH.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Benelli Q.J. Srl.

      (1)  DO C 147 de 25.5.2013.


title: Recurso interpuesto el 20 de junio de 1997 por BP Chemicals Limited contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-184/97)

text:
N° C 252/36             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     16 . 8 . 97
 al apartado 2 del artículo 67 del Estatuto de los funciona         formulado por BP Chemicals Limited, representada por
 rios. En julio de 1996, se comunicó a las demandantes               James Flynn, que designa como domicilio en Luxemburgo
 que, a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Pri         el bufete Loesch y Wolter, 11 , rué Goethe .
 mera Instancia el 11 de junio de 1996 en el asunto T-147/
 95 , Pavan/Parlamento, y del examen de las condiciones de           La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
 concesión de la « prime de ménage », la Administración              que :
 había comprobado que no cabía considerar que esta prima
 tuviera la misma naturaleza que la asignación familiar pre         — anule la Decisión n° 941/96 de la Comisión, de 28 de
 vista en el artículo 1 del Anexo VII del Estatuto y que, en               abril de 1997, por la que se aprueba una ayuda de
 consecuencia, había decidido abstenerse en lo sucesivo de                 Estado concedida por Francia,
 deducir dicha prima del importe de la asignación familiar           — condene en costas a la Comisión .
 concedida a las demandantes . En vista de lo cual, las
 demandantes      solicitaron    la devolución  con   carácter
                                                                     Motivos y principales alegaciones
 retroactivo de todas las cantidades deducidas, junto con
 los correspondientes intereses de demora . La parte deman          Mediante el presente recurso, la demandante solicita que
 dada denegó dichas solicitudes, basándose en que las                se anule la Decisión por la que se aprueba un régimen de
 demandantes no habían reclamado dentro de plazo contra              ayudas francés que consiste esencialmente en una exención
 el acto lesivo, en este caso las hojas de haberes, en donde         fiscal en favor de los productores de determinados biocar
 se había efectuado la deducción controvertida .
                                                                     burantes, al objeto de promover entre ellos la adquisición
                                                                     de ciertas materias primas de origen agrícola ( Régimen
 Las demandantes subrayan, en primer lugar, que solicitan            1977 ).
 la reparación del perjuicio derivado de la culpa de la
 Administración y no la anulación de un acto lesivo, lo que          La demandante interpone el presente recurso contra la
 coloca su recurso en el marco del artículo 179 del Tratado
                                                                     Decisión impugnada en la medida en que ésta afecta a la
 CE y de los artículos 90 y 91 del Estatuto. Las demandan           producción de etil-tercio-butil-éter ( ETBE) y al mercado
 tes estiman, en consecuencia, que el procedimiento que              del etanol . A este respecto, alega que la Decisión impug
 siguieron resulta conforme con el Estatuto y con la juris          nada debería anularse, fundamentalmente, por tres moti
 prudencia y que procede declarar la admisibilidad de sus           vos :
 recursos .
                                                                    En primer lugar, la Comisión sobrepasó su margen de
 En cuanto al fondo, las demandantes mantienen que, con             apreciación desde tres puntos de vista . Autorizó una ayuda
 arreglo al apartado 2 del artículo 67 del Estatuto y a los         sin establecer límite económico alguno ni restricción
 artículos 1 , 2 y 3 de su Anexo VII, la Administración debe        alguna respecto a los volúmenes de producción o respecto
proceder a examinar los complementos declarados por sus             a la duración del Régimen 1977. Tampoco efectuó valora
funcionarios, con vistas a determinar su naturaleza a efec         ción alguna del impacto del Régimen sobre el mercado del
tos de la aplicación de la norma que prohibe las acumula           etanol y, en consecuencia, incumplió el requisito estable
ciones, no disponiendo , en el marco de tal examen, de nin         cido en la letra c ) del apartado 3 del artículo 92, que exige
guna facultad de apreciación. El hecho de haber conside            que las condiciones de los intercambios no se vean altera
rado erróneamente que la « prime de ménage » concedida a            das en forma contraria al interés común . Las ventajas
los empleados de banco luxemburgueses era de la misma               medioambientales que se atribuyen al Régimen son, en el
naturaleza que la asignación familiar que se abona a los            mejor de los casos, insignificantes y podrían alcanzarse a
funcionarios constituye, pues, a juicio de las demandantes,         través de medidas menos costosas y menos discriminato
una conducta culposa . Las demandantes deducen de ello              rias .
que la Administración debe proceder a la devolución de
las cantidades indebidamente deducidas a partir de la pri          En segundo lugar,, la Comisión no aplicó la Directiva 92/
mera decisión dictada, en la medida en que los                      81/CEE del Consejo ('), relativa al impuesto especial sobre
artículos 179 y 215 del Tratado CE y la jurisprudencia              los hidrocarburos . El único fundamento sobre el cual el
imponen la obligación de reparar íntegramente el perjuicio          Régimen 1977 podría ser objeto de una excepción al
irrogado, siempre que se demuestre que existe una con              requisito de pago del impuesto especial que impone dicha
ducta culposa, un daño y una relación de causalidad .               Directiva sería la adopción, por unanimidad, de una Deci
                                                                    sión del Consejo conforme al apartado 4 del artículo 8 de
                                                                    la Directiva . La afirmación según la cual el Régimen 1977
                                                                    puede acogerse a la exención prevista por la letra d ) del
                                                                    apartado 2 del artículo 8 de la Directiva para los proyec
                                                                    tos piloto es jurídicamente incorrecta y no se ajusta a la
Recurso interpuesto el 20 de junio de 1997 por BP                   postura adoptada por la Comisión en diciembre de 1996,
Chemicals Limited contra la Comisión de las Comunida
                                                                    cuando declaró que las medidas que precedieron al Régi
                           des Europeas                             men 1977 eran ilegales e incompatibles con el mercado
                       (Asunto T-l 84/97)                           común y afirmó expresamente que no podían acogerse a la
                          ( 97/C 252/78 )                           excepción prevista para los proyectos piloto. No se ha
                                                                   producido ninguna modificación que permita tal cambio
               (Lengua de procedimiento: inglés)                    de actitud .
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             Por último, el Régimen 1977 está totalmente orientado en
Europeas se ha presentado el 20 de junio de 1997 un                favor de los productores franceses interesados y de sus
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas             proveedores, que han disfrutado ya en gran medida de las
 ---pagebreak---  16 . 8 . 97               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 252/37
 medidas declaradas ilegales e incompatibles en diciembre                demandante que no podía darse ninguna garantía respecto
 de 1996 ( pero que siguen vigentes ). En consecuencia, Fran            a una ulterior prórroga de su contrato, dadas las orien
 cia está recaudando impuestos discriminatorios sobre la                 taciones que la Comisión se proponía adoptar en materia
 producción importada y, por consiguiente, no puede con                 de agentes temporales (compormisos de 23 de febrero y 16
 cederse al Régimen 1977 una exención conforme a la                      de marzo de 1994 ). El presente recurso se interpuso a raíz
 letra c ) del apartado 3 del artículo 92 .                              de la denegación de la solicitud del demandante de que se
                                                                         la aplicase el beneficio de la política anterior de la Comi
 Desde todos estos puntos de vista, la Comisión ha incum                sión a este respecto, contenida en la Decisión de 18 de
 plido también la obligación de motivar de forma suficien               marzo de 1992, que autoriza la prórroga de los contratos
 tes sus decisiones, establecida en el artículo 190 del Tra             de agentes temporales hasta completar un período máximo
 tado .                                                                  de cinco años .
 (') DO n° L 316 de 31 . 10 . 1992 , p . 12 .                            En apoyo de su recurso, el demandante alega los motivos
                                                                         siguientes :
                                                                         — el incumplimiento del deber de asistencia y protección;
                                                                         — la violación de los principios de confianza legítima y
 Recurso interpuesto el 23 de junio de 1997 por Philippe                      de no retroactividad, así como que no puede oponér
   Godts contra la Comisión de las Comunidades Europeas                       sele la Decisión de la Comisión de 16 de marzo de
                          ( Asunto T-l 85 /97 )                               1994 . Precisa sobre este particular que, según dicha
                             ( 97/C 252/79 )                                  Decisión, los nuevos contratos deben celebrarse, con
                                                                              carácter preventivo, y a la espera de una decisión defi
                (Lengua de procedimiento: francés)                            nitiva sobre la reorientación de conjunto de la política
                                                                              en materia de agentes temporales, por un período de
 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                       tres años, sin poder garantizar una prórroga de los
 Europeas se ha presentado el 23 de junio de 1997 un                          contratos o la posibilidad de participar en un con
 recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                       curso-oposición interno . Pues bien, en la medida en
 formulado por el Sr. Philippe Godt, con domicilio en Bru                    que reduce los derechos de los agentes temporales
 selas, representado por el Sr. Nicolás Lhoést, Abogado de                    reconocidos por la Comisión en sus anuncios de selec
 Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                        ción precedentes publicados en 1993 , dicha Decisión
 de Fiduciaire Myson SARL, 30, rué de Cessange.                               no puede oponerse al demandante;
 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                — la violación del principio de igualdad de trato, en el
tancia que :                                                                  sentido de que, en el caso de autos, los agentes tempo
                                                                             rales contratados antes del 16 de marzo de 1994, con
— anule la Decisión de la Comisión, de 1 de agosto de                        trariamente a los contratados después de dicha fecha ,
      1996, por la que se deniega expresamente la solicitud                  continúan disfrutando sin reservas de los principios
      del demandante de que se le conceda una prórroga                       contenidos en la Decisión de la Comisión de 18 de
      eventual de su contrato hasta completar un total de                    marzo de 1992 . Ahora bien, no podría negarse razona
      cinco años ,                                                           blemente que la situación objetiva de los agentes con
                                                                             tratados antes y después de dicha fecha sea idéntica .
— declare ilegal la Decisión de la Comisión adoptada el                      Én efecto, la mayoría de ellos presentaron su candida
      13 de noviembre de 1996, por cuanto limita todos los                   tura a raíz de los mismos anuncios de preselección que
      contratos de agentes temporales contemplados en la                     recogían la posibilidad de una prórroga del contrato
      letra a ) del artículo 2 del Régimen aplicable a los otros             hasta alcanzar una duración de cinco años;
      agentes a una duración determinada de tres años, con
      posibilidad de prórroga por un período máximo de un                — la infracción de los artículos 27 y 29 del Estatuto, en
      año ,                                                                  la medida en que, con su nueva política, la Comisión
                                                                             ha limitado la base de contratación de los concursos
— condene a la parte demandada al pago de la totalidad                       de nombramiento definitivo en sentido contrario al
     de las costas .                                                         interés del servicio;
Motivos y principales alegaciones                                       — la ilegalidad de la Decisión de la Comisión de 13 de
                                                                             noviembre de 1996 por la que se limita a tres años,
El demandante entró al servicio de la institución deman                     con una posibilidad de prórroga por un período
dada como agente temporal en octubre de 1995 . Tanto el                      máximo de un año, la duración de los contratos de los
anuncio de selección, publicado en las informaciones                         agentes temporales . El demandante considera que, al
administrativas de 10 de septiembre de 1993 y en la                          adoptar dicha Decisión, la institución demandada ha
prensa, como las informaciones que se le comunicaron                         renunciado a un derecho que le confiere el artículo 8
relativas al estatuto y a los criterios de contratación de los               del Régimen aplicable a los otros agentes de celebrar
agentes temporales, estipulaban expresamente que la dura                   contratos de incorporación por un período de duración
ción de los contratos, limitada a tres años, podía ser pro                  indeterminado .
rrogada hasta cinco años. No obstante, mediante escritos
de 23 y 30 de septiembre de 1994, la Comisión señaló al


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de julio de 2000 en el asunto C-412/98 (petición de decisión prejudicial planteada por la cour d'appel de Versailles): Group Josi Reinsurance Company SA contra Universal General Insurance Company (UGIC) ("Convenio de Bruselas — Ámbito de aplicación personal — Demandante domiciliado en un Estado no contratante — Ámbito de aplicación material — Reglas de competencia en materia de seguros — Litigio relativo a un tratado de reaseguro")

text:
C 316/4                    ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             4.11.2000
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Segunda)                                                                 (Sala Sexta)
                        de 13 de julio de 2000                                                          de 13 de julio de 2000
en el asunto C-261/98: Comisión de las Comunidades                            en el asunto C-412/98 (petición de decisión prejudicial
            Europeas contra República Portuguesa(1)                           planteada por la cour d’appel de Versailles): Group Josi
                                                                               Reinsurance Company SA contra Universal General Insu-
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 76/464/CEE —                                                  rance Company (UGIC) (1)
Contaminación de las aguas — No adaptación del Derecho
                                  interno»)                                    («Convenio de Bruselas — Ámbito de aplicación personal —
                                                                               Demandante domiciliado en un Estado no contratante —
                            (2000/C 316/06)                                    Ámbito de aplicación material — Reglas de competencia en
                                                                               materia de seguros — Litigio relativo a un tratado de
                                                                                reaseguro»)
                  (Lengua de procedimiento: portugués)
                                                                                (2000/C 316/07)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                               (Lengua de procedimiento: francés)
En el asunto C-261/98, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (Agente: Sr. F. de Sousa Fialho) contra República Portu-                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
guesa (Agentes: Sr. L. Fernandes, Sra. M. Telles Romão y                            «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Sr. J. Lopes Fernandes), que tiene por objeto que se declare que
la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de las disposiciones del artı́culo 7 de la                  En el asunto C-412/98, que tiene por objeto una petición
Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976,                        dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de
relativa a la contaminación causada por determinadas sustan-                  junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de
cias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad                 Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la
(DO L 129, p. 23; EE 15/01, p. 165), y del artı́culo 189,                      competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales
párrafo tercero, del Tratado CE (actualmente artı́culo 249 CE,                en materia civil y mercantil, por la cour d’appel de Versailles
párrafo tercero), al no haber adoptado ni/o comunicado de                     (Francia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
forma sucinta los programas de reducción de la contaminación                 órgano jurisdiccional entre Group Josi Reinsurance Company
que fijen objetivos de calidad, ası́ como sus resultados, para las             SA y Universal General Insurance Company (UGIC), una
noventa y nueve sustancias prioritarias a que se refiere el                    decisión prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones
primer guión de la lista II del Anexo de la citada Directiva, el              del Tı́tulo II del Convenio de 27 de septiembre de 1968, antes
Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por los Sres.:                  citado (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en
R. Schintgen, Presidente de Sala; G. Hirsch y V. Skouris                       DO 1990, C 189, p. 2), en su versión modificada por el
(Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretario:                 Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del
Sr. R. Grass, ha dictado el 13 de julio de 2000 una sentencia                  Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran
cuyo fallo es el siguiente:                                                    Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y —texto
                                                                               modificado— p. 77; texto en español en DO 1989, L 285,
1)     Se declara que la República Portuguesa ha incumplido las               p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la
       obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 7 de la            adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en
       Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976,                 español en DO 1989, L 285, p. 54) y por el Convenio de 26 de
       relativa a la contaminación causada por determinadas sustan-           mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de
       cias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad,         la República Portuguesa (DO L 285, p. 1), el Tribunal de
       al no haber establecido los programas de reducción de la               Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J.C. Moitinho de
       contaminación de las aguas, que contengan objetivos de calidad         Almeida, Presidente de Sala; los Sres. R. Schintgen (Ponente),
       con el fin de reducir la contaminación causada por las sustancias      J.-P. Puissochet y G. Hirsch y la Sra. F. Macken, Jueces; Abo-
       a que se refiere el primer guión de la lista II del Anexo de dicha     gado General: Sr. N. Fennelly; Secretaria: Sra. D. Louterman-
       Directiva.                                                              Hubeau, administradora principal, ha dictado el 13 de julio de
                                                                               2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
2)     Se condena en costas a la República Portuguesa.
                                                                               1)     El Tı́tulo II del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo
                                                                                a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones
(1) DO C 278 de 5.9.1998.                                                             judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada
                                                                                por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión
                                                                                del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran
                                                                                Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre
 ---pagebreak--- 4.11.2000                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 316/5
       de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica y por      El artı́culo 73 B del Tratado (actualmente artı́culo 56 CE) se opone
       el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del        a la legislación nacional de un Estado miembro que, por razones
       Reino de España y de la República Portuguesa, es aplicable, en     relacionadas con las exigencias de la defensa del territorio nacional,
       principio, desde el momento en que el demandado tiene su             dispensa a los nacionales de dicho Estado miembro, y sólo a ellos, del
       domicilio o domicilio social en el territorio de un Estado           deber de solicitar una autorización administrativa para cualquier
       contratante, aunque el demandante esté domiciliado en un paı́s       adquisición de un bien inmueble situado en una zona del territorio
       tercero. La situación sólo cambia en los casos excepcionales en    nacional declarada de importancia militar.
       que una disposición expresa de dicho Convenio establece que la
       aplicación de la regla de competencia que en ella se formula        Sólo cabrı́a una solución distinta si se pudiera demostrar ante el Juez
       depende de la localización del domicilio del demandante en el       nacional competente que, en una zona determinada, un trato no
       territorio de un Estado contratante.                                 discriminatorio de los nacionales de todos los Estados miembros
                                                                            implicarı́a que los intereses militares del Estado miembro afectado
2)     Las reglas de competencia especial en materia de seguros que         corriesen riesgos reales, concretos y graves, que no pudieran evitarse
       figuran en los artı́culos 7 a 12 bis de dicho Convenio no se         por procedimientos menos restrictivos.
       aplican a los litigios entre reasegurador y reasegurado en el
       marco de un tratado de reaseguro.
                                                                            (1) DO C 48 de 20.2.1999.
(1) DO C 1, de 4.1.1999.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Primera)
                               (Sala Sexta)
                                                                                de 13 de julio de 2000
                        de 13 de julio de 2000
                                                                            en el asunto C-456/98 (petición de decisión prejudicial
en el asunto C-423/98 (petición de decisión prejudicial                   planteada por el Pretore di Brescia): Centrosteel Srl contra
planteada por la Corte d’appello di Napoli): Procedimiento                                             Adipol GmbH (1)
                   iniciado por Alfredo Albore (1)
                                                                            («Directiva 861653/CEE — Agentes comerciales indepen-
(«Libertad de establecimiento — Libre circulación de capita-               dientes — Normativa nacional que prevé la nulidad de los
les — Artı́culos 52 del Tratado CE (actualmente artı́culo 43                contratos de agentes comerciales celebrados por personas que
CE, tras su modificación) y 73 B del Tratado CE (actualmente                          no estén inscritas en el Registro de agentes»)
artı́culo 56 CE) — Procedimiento de autorización de adquisi-
ciones de bienes inmuebles — Zonas de importancia militar                                              (2000/C 316/09)
        — Discriminación por razón de la nacionalidad»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                            (2000/C 316/08)
                    (Lengua de procedimiento: italiano)                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     En el asunto C-456/98, que tiene por objeto una petición
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                            Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Pretore di
En el asunto C-423/98, que tiene por objeto una petición                   Brescia (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          dicho órgano jurisdiccional entre Centrosteel Srl y Adipol
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por la Corte                     GmbH, una decisión prejudicial sobre la interpretación de la
d’appello di Napoli (Italia), destinada a obtener, en el procedi-           Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de
miento iniciado por Alfredo Albore, una decisión prejudicial               1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los
sobre la interpretación de los artı́culos 6, 52, 56 del Tratado            Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales
CE (actualmente artı́culos 12 CE, 43 CE y 46 CE, tras su                    independientes (DO L 382, p. 17), ası́ como sobre la interpreta-
modificación) y 67 del Tratado CE (derogado por el Tratado                 ción de los artı́culos del Tratado CE que figuran en la Tercera
de Amsterdam), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado              Parte de éste, en el Tı́tulo III, Capı́tulos 2 y 3, relativos,
por los Sres.: J.C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala;                respectivamente, a la libertad de establecimiento y a la libre
C. Gulmann, J.-P. Puissochet (Ponente), V. Skouris y la Sra.                prestación de servicios, el Tribunal de Justicia (Sala Primera),
F. Macken, Jueces; Abogado General: Sr. G. Cosmas; Secretaria:              integrado por los Sres.: L. Sevón, Presidente de Sala; P. Jann
Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal, ha dic-                 (Ponente) y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Ja-
tado el 13 de julio de 2000 una sentencia cuyo fallo es el                  cobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 13 de julio de 2000
siguiente:                                                                  una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto C-300/11: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 17 de junio de 2011 — ZZ/Secretary of State for the Home Department

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 17 de junio de 2011 — ZZ/Secretary of State for the Home Department
   (Asunto C-300/11)
   2011/C 252/37
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: ZZ

      Recurrida: Secretary of State for the Home Department

      Cuestión prejudicial

   ¿Exige el principio de tutela judicial efectiva, enunciado en el artículo 30, apartado 2, de la Directiva 2004/38 (1) e interpretado a la luz del artículo 346, apartado 1, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que un órgano judicial, que deba decidir sobre un recurso contra una decisión que prohíbe la entrada en un Estado miembro a un ciudadano de la Unión Europea por razones de orden público y seguridad pública conforme al capítulo IV de la Directiva 2004/38, garantice que el ciudadano de la UE afectado sea informado de las razones esenciales por las que se le prohíbe la entrada, a pesar del hecho de que las autoridades del Estado miembro y el correspondiente órgano jurisdiccional nacional, una vez consideradas todas las pruebas contra ese ciudadano de la Unión Europea en las que se apoyan las autoridades del Estado miembro, concluyan que la divulgación de esas razones esenciales sería contraria a los intereses de la seguridad nacional del Estado?

      (1)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77).


title: Asunto T-214/06: Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2006 — Imperial Chemical Industries/Comisión

text:
               30.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 237/11

         Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2006 — Imperial Chemical Industries/Comisión
   (Asunto T-214/06)
   (2006/C 237/20)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Imperial Chemical Industries plc (ICI) (Londres, Reino Unido) (representantes: Sres. D. Anderson, QC, H. Rosenblatt, B. Lebrun, abogados, W. Turner y S. Berwick, Solicitors)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el artículo 2, c), de la Decisión impugnada.

               —

               Con carácter subsidiario, que se modifique el artículo 2, c), de la Decisión impugnada en el sentido de reducir la multa impuesta a ICI.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita la anulación parcial de la Decisión C(2006) 2098 final de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, en el asunto COMP/F/38.645 –Metacrilato, en virtud de la cual la Comisión declaró que la demandante había infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al haber participado en un cártel en el sector del metacrilato, cártel consistente en discutir sobre los precios; en celebrar, llevar a efecto y verificar la aplicación de acuerdos sobre precios, tanto en forma de incrementos de los mismos como, al menos, de estabilización de los niveles de precios existentes; en discutir la posibilidad de hacer recaer sobre los consumidores costes adicionales por los servicios; en intercambiar información relevante sobre el mercado o las empresas de importancia comercial y de carácter confidencial, así como en participar con regularidad en reuniones y otros contactos con vistas a facilitar el incumplimiento.
   En primer lugar, la demandante alega que la Comisión no cumplió las obligaciones que le incumben en materia de carga de la prueba en virtud del artículo 2 del Reglamento no 1/2003 (1) del Consejo en lo que atañe a una infracción relacionada con componentes para moldes de polimetil metacrilato, puesto que basó sus comprobaciones de hecho sobre la actividad cartelística de la sociedad demandante en ciertas partes de las solicitudes de dispensa de pago o reducción de la multa que, en la medida en que se referían a los componentes para moldes de polimetil metacrilato y al período en el que la sociedad demandante fue propietaria del negocio de acrílicos, no se sustentaban en ninguna prueba relevante y, además, resultaban contradictorias unas con otras en aspectos importantes. La demandante alega que dicho material no cumple la obligación de la Comisión de acreditar la comprobación de un incumplimiento mediante pruebas sustanciales y fidedignas.
   En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión no motivó la cuantía de la multa al calcular la gravedad del elemento contrario al artículo 253 CE.
   En tercer lugar, la sociedad demandante alega que la Comisión incurrió en error de Derecho al considerar a dicha sociedad y a la sociedad Lucite competidoras en lugar de participantes sucesivas en la infracción alegada, razón por la cual se calculó que el impacto sobre la competencia había sido el doble. Lo anterior tuvo como resultado imponer en conjunto una multa más elevada simplemente porque el negocio había cambiado de manos.
   En cuarto lugar, la demandante aduce que la Comisión aplicó un estándar incorrecto al imponer un incremento de disuasión, por haberse basado exclusivamente en el volumen de negocios de dicha sociedad y no haber tomado en consideración pruebas de su capacidad económica. Más aún, la demandante considera el incremento de disuasión desproprocionado en relación con el que se impuso a otro de los participantes en el cártel.
   En quinto lugar, la demandante sostiene que la Comisión se negó indebidamente a concederle un trato de favor para recompensar su cooperación al margen de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y a la reducción de su importe (2). Según la demandante, el material que aportó voluntariamente a la Comisión cumple el requisito de facilitar elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponga la Comisión, requisito que exige la citada Comunicación.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).

      (2)  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).


title: Asunto C-174/03: Auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de  23 de marzo de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — Impresa Portuale di Cagliari Srl/Tirrenia di Navigazione SpA

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/28

         Auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — Impresa Portuale di Cagliari Srl/Tirrenia di Navigazione SpA
   (Asunto C-174/03) (1)

   (2006/C 178/47)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 213, de 6.9.2003.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 14 de julio de 2005, en el asunto C-180/00: Reino de los Países Bajos contra Comisión de las Comunidades Europeas («Régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar — Importaciones de azúcar y de mezclas de azúcar y cacao — Reglamento (CE) n° 465/2000 — Recurso de anulación — Medidas de salvaguardia — Proporcionalidad»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 14 de julio de 2005
   en el asunto C-180/00: Reino de los Países Bajos contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar - Importaciones de azúcar y de mezclas de azúcar y cacao - Reglamento (CE) no 465/2000 - Recurso de anulación - Medidas de salvaguardia - Proporcionalidad»)
   (2005/C 217/02)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-180/00, que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto, con arreglo al artículo 230 CE, el 12 de mayo 2000, Reino de los Países Bajos (agentes: Sr. M. Fierstra y Sra. J. van Bakel), contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. T. van Rijn y C. van der Hauwaert), apoyada por Reino de España (agente: Sra. N. Díaz Abad), y por República Francesa (agentes: Sres. G. de Bergues y D. Colas), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. R. Schintgen (Ponente), G. Arestis y J. Klučka, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 14 de julio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Reino de los Países Bajos.

               3)

               El Reino de España y la República Francesa soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 211, de 22.7.2000.


title: Asunto T-621/14: Sentencia del Tribunal General de 24 de junio de 2015 — Infocit/OAMI — DIN (DINKOOL) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa DINKOOL — Marca internacional figurativa anterior DIN — Identificador comercial nacional anterior DIN — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»]

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/26

         Sentencia del Tribunal General de 24 de junio de 2015 — Infocit/OAMI — DIN (DINKOOL)
   (Asunto T-621/14) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa DINKOOL - Marca internacional figurativa anterior DIN - Identificador comercial nacional anterior DIN - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 262/35)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, República de Angola) (representante: A. Oliveira, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: M. Fisher, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: DIN — Deutsches Institut für Normung eV (Berlín, Alemania) (representante: M. Bagh, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de junio de 2014 (asunto R 1312/2013-2) relativa a un procedimiento de oposición entre DIN — Deutsches Institut für Normung eV, por una parte, e Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda, por otra.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda, cargará, además de con sus propias costas, con aquéllas en que haya incurrido la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

               3)

               DIN — Deutsches Institut für Normung eV cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 351, de 6.10.2014.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 5 de diciembre de 1996 en el asunto C-91/96: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica (Incumplimiento no discutido - Directivas 92/118/CEE y 93/52/CEE - No adaptación del derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
N° C 40/4              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      8 . 2 . 97
2 ) Los artículos 30 y 36 del Tratado CE impiden la apli              General : Sr. D. Ruíz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R.
      cación de una legislación nacional que concede al titu          Grass, ha dictado el 5 de diciembre de 1996 una sentencia
      lar de una patente relativa a un producto farmacéutico           cuyo fallo es el siguiente :
      el derecho a oponerse a la importación por un tercero
      de este producto procedente de otro Estado miembro,              1 ) Se declara que la República Helénica ha incumplido
      cuando el titular ha comercializado por primera vez el                las obligaciones que le incumben en virtud del
     producto en dicho Estado tras la adhesión de este últi                apartado 1 del artículo 20 de la Directiva 92/118/CEE
      mo a la Comunidad Europea, pero en una fecha en la                    del Consejo, de 17 de diciembre de 1 992, por la que
      que el producto no podía estar protegido por una pa                  se establecen las condiciones de policía sanitaria y sa
      tente en tal Estado, a no ser que el titular de la patente            nitarias aplicables a los intercambios y a las impor
     pueda aportar la prueba de que está sometido a una                      taciones en la Comunidad de productos no sometidos,
      obligación jurídica real y actual de comercializar el                  con respecto a estas condiciones, a las normativas co
      producto en dicho Estado miembro.                                     munitarias específicas a que se refiere el capítulo I del
                                                                            Anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que se
(') DO n° C 248 de 23 . 9 . 1995 y                                           refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE, y
     DO n° C 268 de 14 . 10 . 1995 .                                         en virtud del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva
(2 ) DO n° L 302 de 15 . 11 . 1985 , p . 23 .                                93/52/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993 , por
                                                                             la que se modifica la Directiva 89/.SS6/CEE relativa a
                                                                             las condiciones de policía sanitaria aplicables a los in
                                                                             tercambios intracomunitarios y a las importaciones
                                                                            procedentes de terceros países de embriones de anima
                                                                             les domésticos de la especie bovina, al no haber adop
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                       tado, dentro del plazo señalado, las disposiciones lega
                            ( Sala Sexta)                                    les, reglamentarias y administrativas necesarias para
                                                                            atenerse a dichas Directivas.
                   de 5 de diciembre de 1996
en el asunto C-91/96 : Comisión de las Comunidades                     2 ) Se condena en costas a la República Helénica.
             Europeas contra República Helénica ( ')
                                                                       (') DO n° L C 145 de 18 . 5 . 1996 .
(Incumplimiento no discutido — Directivas 92/118/CEE y                 (2 ) DO n° L 62 de 15 . 3 . 1993 , p . 49 .
93/52/CEE — No adaptación del derecho interno dentro                   (') DO n° L 175 de 19 . 7. 1993 , p . 21 .
                       del plazo señalado)
                           ( 97/C 40/07 )
               (Lengua de procedimiento: griego)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                                         ( Sala Quinta )
                           de Justicia »)                                                 de 12 de diciembre de 1996
En el asunto C-91 /96 , Comisión de las Comunidades Eu                en el asunto C-104/95 ( petición de decisión prejudicial
ropeas ( Agente: Da Maria Condou-Durande ) contra Repú                planteada por Polymeles Protodikeio Athinon ): Georgios
blica Helénica (Agentes : Da Ioanna Galani-Maragkoudaki                             Kontogeorgas contra Kartonpak AE (')
y Da Nana Dafniou ), que tiene por objeto que se declare               (Aproximación de las legislaciones — Agentes comerciales
que la República Helénica ha incumplido las obligaciones               independientes — Derecho a comisión — Operaciones
que le incumben tanto en virtud del Tratado como de la                 comerciales concluidas durante la vigencia del contrato de
Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de                                                agencia)
 1992, por la que se establecen las condiciones de policía                                          ( 97/C 40/08 )
sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las
importaciones en la Comunidad de productos no someti                                  (Lengua de procedimiento: griego)
dos, con respecto a estas condiciones, a las normativas co
munitarias específicas a que se refiere el capítulo I del               (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
Anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que se refie             cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
re a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE ( 2 ), por                                            de Justicia »)
 una parte, y de la Directiva 93/52/CEE del Consejo, de 24
de junio de 1993 , por la que se modifica la Directiva 89/             En el asunto C-104/95 , que tiene por objeto una petición
 556/CEE relativa a las condiciones de policía sanitaria               dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
 aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las im            del Tratado CE, por el Polymeles Protodikeio Athinon,
 portaciones procedentes de terceros países de embriones                destinada a obtener en el litigio pendiente ante dicho órga
 de animales domésticos de la especie bovina ( 3 ), por otra,          no jurisdiccional entre Georgios Kontogeorgas y Karton
 al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las dis              pak AE, una decisión prejudicial sobre la interpretación
 posiciones legales, reglamentarias y administrativas necesa           del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 86/653/CEE
 rias para atenerse a ambas Directivas, el Tribunal de Justi           del Consejo, de 18 de diciembre de 1986 , relativa a la
 cia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres.: G. F. Mancini,            coordinación de los Derechos de los Estados miembros en
 Presidente de Sala; J. L. Murra, C. N. Kakouris, P. J. G.              lo referente a los agentes comerciales independientes (2 ), el
 Kapteyn y H. Ragnemalm ( Ponente ), Jueces; Abogado                    Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres .:


title: Asunto C-489/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Lahr (Alemania) el 5 de noviembre de 2007 — Pia Messner/Firma Stefan Krüger

text:
               26.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Lahr (Alemania) el 5 de noviembre de 2007 — Pia Messner/Firma Stefan Krüger
   (Asunto C-489/07)
   (2008/C 22/48)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Amtsgericht Lahr
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Pia Messner

      Demandada: Stefan Krüger, SFK Laptophandel
   Cuestión prejudicial
   Las disposiciones del artículo 6, apartado 2, en relación con el apartado 1, segunda frase, de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (1), ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que, en caso de resolución por el comprador dentro de plazo, el vendedor puede exigir al comprador una indemnización por el uso del bien entregado?

      (1)  DO L 144, p. 19.


title: Asunto C-385/13 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de julio de 2013 por la República Italiana contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 19 de abril de 2013 , en los asuntos acumulados T-99/09 y T-308/09, República Italiana/Comisión Europea

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/24

         Recurso de casación interpuesto el 4 de julio de 2013 por la República Italiana contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 19 de abril de 2013, en los asuntos acumulados T-99/09 y T-308/09, República Italiana/Comisión Europea
   (Asunto C-385/13 P)
   2013/C 252/40
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: República Italiana (representante: G. Palmieri y P. Gentili, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia de 19 de abril de 2013, notificada al Gobierno italiano el 24 de abril de 2013, dictada por el Tribunal General de la Unión Europea en los asuntos acumulados T-99/09 y T-308/09.

               —

               Que, resolviendo sobre el fondo, se anulen los siguientes actos:

                           —

                           Escrito de 2 de febrero de 2009, no 000841, de la Comisión Europea — Dirección General de Política Regional, que tenía por objeto «Pagos de la Comisión diferentes del importe solicitado» y que contenía la siguiente decisión: «Por tanto, la fecha a partir de la cual la Comisión Europea considera inadmisibles los gastos relativos a la medida 1.7 del POR 2000-2006 es el 29 de junio de 2007, y no el 17 de mayo de 2006, como se anunciaba en la nota de 22 de diciembre de 2008 antes citada».

                           —

                           Escrito de 6 de febrero de 2009, no 001059, de la Comisión Europea — Dirección General de Política Regional, que tenía por objeto la «Interrupción de la solicitud de pago y la petición de información relativa a las rectificaciones financieras con arreglo al artículo 39 del Reg. 1260/99 OR Campania» y que contenía la siguiente decisión «Por tanto, la fecha a partir de la cual la Comisión Europea considera inadmisibles los gastos relativos a la medida 1.7 del POR 2000-2006 es el 29 de junio de 2007, y no el 17 de mayo de 2006, como se indicó anteriormente».

                           —

                           Escrito de 22 de diciembre de 2008, no 012480, de la Comisión Europea — Dirección General de Política Regional, que tenía por objeto el POR Campania 2000-2006 (CCI no 1999 IT 16 1 PO 007) — Consecuencias del procedimiento de infracción 2007/2195 sobre la gestión de los residuos en Campania, en el que «la Comisión pide que se reduzcan, a partir de la siguiente solicitud de pago, todos los gastos efectuados con arreglo a la medida 1.7 en que se incurriera con posterioridad al 29 de junio de 2007.»

      Motivos y principales alegaciones

   La República Italiana alega los siguientes ocho motivos en apoyo de su recurso de casación:

               Primer motivo: Infracción del artículo 9, letras e), f), h), j), k), l) y m); del artículo 32, apartados 3, párrafo 1, letra f), 4 y 5; y del artículo 31, apartado2, párrafo segundo, del Reglamento no 1260/99. (1)

               Para declarar inadmisible una solicitud de pago de subvenciones de un Fondo estructural a las acciones previstas en una medida por estar pendiente un procedimiento de infracción, es preciso que entre la infracción y la medida haya una relación específica y no genérica, y la Comisión debe demostrar el riesgo concreto de que al financiar la medida acabe financiándose la infracción. No basta, como estimó el Tribunal General, con una mera «relación suficientemente directa» no cualificada de otro modo.

               Segundo motivo: Infracción del artículo 32, apartado 3, letra f), segundo supuesto del Reglamento 1260/1999.

               La recurrente señala que, en cualquier caso, en el presente asunto no existe dicha relación porque el Tribunal General consideró que de los autos resultaba que en el procedimiento de infracción se mencionaba el reciclaje insuficiente entre las causas de la insuficiencia de los vertederos; y que en la medida 1.7. se preveían ayudas a los municipios para que aumentara el reciclaje. La recurrente alega que, en consecuencia, el Tribunal General no había podido aclarar si la relación entre la infracción y la medida era tal que la financiación de la medida atenuaba, o por el contrario, agravaba la infracción. Por ello, según la recurrente, debería haber descartado la existencia de cualquier relación y estimar el primer motivo del recurso interpuesto en primera instancia.

               Tercer motivo: Falta de motivación.

               Según la recurrente, en el tercer motivo del recurso interpuesto en primera instancia, el Gobierno italiano demostró puntualmente que no había ninguna coincidencia entre la infracción y la medida. Señala que, al desestimar el primer motivo, el Tribunal General afirmó lo contrario sin examinar la demostración aportada por el Gobierno italiano, de modo que incurrió en una falta de motivación.

               Cuarto motivo: Infracción del artículo 32, apartado 3, letra f), del Reglamento 1260/1999. Falta de motivación.

               La recurrente sostiene que las partes de la sentencia en las que el Tribunal General desestimó el segundo motivo del recurso interpuesto en primera instancia adolecen asimismo de las mencionadas infracciones.

               Quinto motivo: Falta de motivación.

               La recurrente alega que también adolece de falta de motivación la desestimación del tercer motivo del recurso interpuesto en primera instancia, mediante el cual el Gobierno italiano destacaba que la motivación de los actos impugnados se basaba en una nota de la Comisión de 20 de octubre de 2008 que rebatía hechos no reproducidos en el procedimiento de infracción. Añade que el Tribunal General no se pronunció en absoluto sobre esta alegación.

               Sexto motivo: Infracción del artículo 32, apartado 3, letra f), segundo supuesto, del Reglamento 1260/1999.

               La recurrente sostiene que, en cualquier caso, al decidir sobre el cuarto motivo, el Tribunal General había hecho constar efectivamente que la nota de 20 de octubre de 2008 se refería a hechos ajenos al procedimiento de infracción; por lo que debería haber estimado el tercer motivo. La recurrente aduce que, al no haberlo hecho, infringió el artículo 32, apartado 3, letra f), segundo supuesto, del Reglamento 1260/1999.

               Séptimo motivo: Infracción del artículo 32, apartado 3, letra f), supuestos primero y segundo, y del artículo 39, apartados 1 y 2, del Reglamento 1260/1999.

               La recurrente alega que el Tribunal General desestimó erróneamente el cuarto motivo del recurso interpuesto en primera instancia, en el que se denunciaba que la Comisión había suspendido efectivamente los pagos advirtiendo de sus inquietudes sobre la correcta gestión de la medida; sin embargo, según la recurrente, ello habría exigido que se siguiera el procedimiento previsto en el artículo 39, apartados 1 y 2, del Reglamento, al que se refiere el artículo 32, apartado 3, letra f), primer supuesto. Añade que el Tribunal General no logró rebatir de hecho la tesis del Gobierno italiano de que ésa era la razón de la medida adoptada por la Comisión.

               Octavo motivo: Infracción del artículo 296 TFUE, apartado 2.

               La recurrente aduce que el Tribunal General se equivocó al descartar que la Comisión hubiese incurrido en falta de motivación. Atendido el carácter esencial de este aspecto, la Comisión debería haber explicado por qué no había contradicciones entre el hecho de censurar en el procedimiento de infracción el reciclaje insuficiente y el de negarse a financiar la medida destinada precisamente a financiar el reciclaje.

      (1)  Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161, p. 1).


title: Asunto T-271/10: Auto del Tribunal General de 10 de julio de 2014  — H/Consejo y otros ( «Recurso de anulación — Recurso de indemnización — Política exterior y de seguridad común — Experto nacional destacado en la MPUE en Bosnia y Herzegovina — Decisión de cambio de destino — Incompetencia del Tribunal General — Inadmisibilidad» )

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/48

         Auto del Tribunal General de 10 de julio de 2014 — H/Consejo y otros
   (Asunto T-271/10) (1)

   ((«Recurso de anulación - Recurso de indemnización - Política exterior y de seguridad común - Experto nacional destacado en la MPUE en Bosnia y Herzegovina - Decisión de cambio de destino - Incompetencia del Tribunal General - Inadmisibilidad»))
   2014/C 315/82
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: H (Catane, Italia) (representantes: inicialmente C. Mereu y M. Velardo, posteriormente M. Velardo, abogados)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. Vitro, G. Marhic y M.-M. Joséphidès, agentes); Comisión Europea (representantes: F. Erlbacher y B. Eggers, agentes); y Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina (Sarajevo, Bosnia y Herzegovina)

      Objeto

   En primer lugar, pretensión de anulación, por un lado, de la decisión de 7 de abril de 2010, firmada por el jefe del personal de la MPUE, por la que la demandante fue destinada al puesto de «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» en la oficina regional de Banja Luka (Bosnia y Herzegovina) y, por otro lado, en la medida en que resulte necesario, de la decisión de 30 de abril de 2010, firmada por el jefe de la misión contemplado en el artículo 6 de la Decisión 2009/906/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2009, relativa a la Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina (DO L 322, p. 22), que confirma la decisión de 7 de abril de 2010, y, en segundo lugar, una indemnización de daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Declarar el recurso inadmisible.

               2)

               H cargará con sus propias costas y con las costas en que incurrieron el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea.

      (1)  DO C 221, de 14.8.2010.


title: Asunto C-19/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Polonia) el 17 de enero de 2017 — Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego/Gminie Trzebnica

text:
               22.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Polonia) el 17 de enero de 2017 — Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego/Gminie Trzebnica
   (Asunto C-19/17)
   (2017/C 161/08)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sąd Okręgowy we Wrocławiu

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego

      Demandada: Gmina Trzebnica

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Constituyen las prestaciones obtenidas por un beneficiario en concepto de pena convencional o de indemnización por incumplimiento o mora en el cumplimiento de una obligación ingresos a los efectos de la norma 2 del Reglamento n.o 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1685/2000 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1145/2003? (1)

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

                           a)

                           ¿Pueden reducirse los ingresos obtenidos en concepto de pena convencional por el importe de las pérdidas o costes adicionales ocasionados al beneficiario por el incumplimiento o la mora en el cumplimiento de un contrato por el contratista?

                           b)

                           ¿Constituye un ingreso a los efectos de la norma 2 del Reglamento n.o 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1685/2000 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1145/2003, una prestación efectuada por el contratista en favor del beneficiario, que consiste en la realización de obras totalmente ajenas al objeto de la financiación y que extingue la obligación de pago de la pena convencional (datio in solutum)?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y a la letra a) de la segunda cuestión: ¿Debe entenderse que el importe de los ingresos percibidos por el beneficiario es el importe de la pena convencional o el valor de la prestación sustitutiva?

               4)

               ¿Cabe, aun después del final de la ayuda a los efectos de la norma 2 del Reglamento n.o 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1685/2000 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1145/2003, reducir la cofinanciación por el importe de los ingresos obtenidos por el beneficiario durante el período de duración de la cofinanciación?

               5)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión:
               ¿Cabe reducir la cofinanciación por el importe de los ingresos percibidos por el beneficiario si la comunicación de dichos ingresos a la Comisión no se produjo con anterioridad al final de la ayuda?

      (1)  DO L 72, p. 66.