title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de julio de 2000 en el asunto C-399/99 P: Fratelli Murri SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Responsabilidad extracontractual — Plazo de prescripción)

text:
25.11.2000                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 335/23
marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de                  1)    Se desestima el recurso de casación.
información en materia de las normas y reglamentaciones
técnicas (DO L 109, p. 8; EE 13/14, p. 34), 91/156/CEE del                  2)    Se condena en costas a Fratelli Murri SpA.
Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos (DO L 78, p. 32)
y 94/62/CE del Parlemento Europeo y del Consejo, de 20 de                   (1) DO C 20 de 22.1.2000.
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases
(DO L 365, p. 10), el Tribunal de Justicia, integrado por
los Sres. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de
Almeida, D.A.O. Edward, L. Sévon (Ponente) y R. Schintgen,
Presidentes de Sala, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola,
J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathe-
let, V. Skouris y la Sra. F. Macken, Jueces, Abogado General:
Sr. F.G. Jacobs, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 28 de                          AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
junio de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:
                                                                                (Sala Segunda)
Declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial
presentada por la cour d’appel de Paris mediante resolución recibida
en el Tribunal de Justicia el 27 de marzo de 2000.                                                de 13 de julio de 2000
(1) DO C 163 de 10.6.2000.                                                  en el asunto C-8/99 P: Carmen Gómez de Enterrı́a y
                                                                                Sanchez contra Parlamento Europeo (1)
                                                                            (Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible
                                                                                y en parte manifiestamente infundado)
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                             (2000/C 335/43)
                             (Sala Cuarta)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                        de 6 de julio de 2000
en el asunto C-399/99 P: Fratelli Murri SpA contra Comi-                    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
             sión de las Comunidades Europeas (1)                               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Recurso de casación — Responsabilidad extracontractual                    En el asunto C-8/99 P, Carmen Gómez de Enterrı́a y Sánchez,
                      — Plazo de prescripción)                             antigua funcionaria del Parlamento Europeo, con domicilio en
                                                                            Luxemburgo (Luxemburgo), representada por Me E. Boigelot,
                           (2000/C 335/42)                                  Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem-
                                                                            burgo el despacho de Me L. Schiltz, 2, rue du Fort Reinsheim,
                                                                            que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                       la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                            Comunidades Europeas (Sala Primera), de 17 de noviembre de
                                                                            1998, Gómez de Enterrı́a y Sánchez/Parlamento (T-131/97,
(Traducción provisional: la traducción definitiva se publicará en la     RecFP p. I-A-613 y II-1855), por el que se solicita que se anule
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        dicha sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento
                                                                            es: Parlamento Europeo (Agentes: Sres. M. Peter y J. Sant’Anna,
En el asunto C-399/99 P, Fratelli Murri SpA, con domicilio                  asistidos por Me D. Waelbroeck), el Tribunal de Justicia (Sala
social en Roma (Italia), representada por el Sr. K.-G. von                  Segunda), integrado por los Sres. R. Schintgen, Presidente de
Luschka, Abogado de Chieming, que designa como domicilio                    Sala; G. Hirsch (Ponente) y V. Skouris, Jueces; Abogado General:
en Luxemburgo el despacho de Me C. Medernach, 8-10, rue                     Sr. N. Fennelly, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 13 de
Mathias Hardt, que tiene por objeto un recurso de casación                 julio de 2000 un auto cuyo fallo es el siguiente:
interpuesto contra el auto del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas (Sala Primera) de 4 de agosto de                   1)    Se desestima el recurso de casación.
1999, Fratelli Murri/Comisión (T-106/98, no publicado en la
Recopilación), por el que se solicita que se anule dicho auto, y           2)    Se condena en costas a la Sra. Carmen Gómez de Enterrı́a y
en el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de                      Sánchez.
las Comunidades Europeas (Agentes: Sra. B. Brandtner y Sr.
B. Martenczuk), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado
por los Sres.: D.A.O. Edward, Presidente de Sala, P.J.G. Kapteyn            (1) JO C 71 du 13.3.1999.
(Ponente) y A. La Pergola, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Ja-
cobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 6 de julio de 2000
um auto resolviendo lo siguiente:


title: Asunto T-220/06: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de septiembre de 2007 — JAKO-O/OAMI — P.I. Fashion (JAKO-O)

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/41

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de septiembre de 2007 — JAKO-O/OAMI — P.I. Fashion (JAKO-O)
   (Asunto T-220/06) (1)

   (2007/C 247/68)

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 249 de 14.10.2006.


title: Asunto T-305/08: Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2008 — Italia/Comisión

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/31

         Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2008 — Italia/Comisión
   (Asunto T-305/08)
   (2008/C 272/58)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: República Italiana (representante: F. Arena, avvocato dello Stato)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el artículo 1 del Reglamento (CE) no 530/2008 de la Comisión, de 12 de junio de 2008, por el que se establecen medidas de emergencia aplicables a los atuneros cerqueros que capturan atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45o O y en el mar Mediterráneo, publicado en el DO L no 155, de 13 de junio de 2008, en la medida en que dicha norma prohíbe, a partir del 16 de junio de 2008, la pesca del atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45o y en el mar Mediterráneo por parte de los atuneros cerqueros que enarbolen pabellón de Italia, así como en cuanto prohíbe asimismo a los citados buques conservar a bordo, enjaular para su engorde o su cría, transbordar, transferir o desembarcar peces de esta población capturados por los citados buques.

               —

               Que se condene a la Comisión de la Comunidades Europeas al pago de las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El Gobierno italiano ha recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas el artículo 1 del Reglamento (CE) no 530/2008, de 12 de junio de 2008, publicado en el DO L 155 de 13 de junio de 2008, por el que se establecen medidas de emergencia aplicables a los atuneros cerqueros que capturen atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45° y en el mar Mediterráneo.
   Dicho recurso se fundamenta en cinco motivos
   En el marco del primer motivo, la parte demandante afirma que el Reglamento impugnado adolece de una falta total de motivación, en la medida en que la afirmación contenida en el mismo según la cual la flota italiana había agotado todas sus propias posibilidades de pesca el 16 de junio de 2002 no se ve apoyada por ninguna alegación distinta a la mera referencia a la existencia de datos, no especificados, que obran en poder de la Comisión ni tampoco por el contenido de los informes de los inspectores correspondientes (contenido que también se ignora).
   En el marco del segundo motivo, la parte demandante señala que la Comisión ha incurrido en desviación de poder cuando aprobó las medidas de urgencia a que se refiere el artículo 7 del Reglamento (CE) no 2371/2008 del Consejo, no en razón de la existencia de los presupuestos de hecho contemplados en la citada norma, sino con la finalidad bien distinta de intervenir basándose en supuestos incumplimientos por parte del Estado miembro de las obligaciones que recaen sobre el mismo con arreglo al Reglamento (CE) no 1559/2007 del Consejo.
   En el marco del tercer motivo, se aduce la infracción de los artículos 7 y 26 del Reglamento (CE) no 2371/2008 por cuanto, en opinión de la parte demandante, los presupuestos de hecho indicados por la Comisión habrían permitido, todo lo más, la adopción de algunas medidas con arreglo al artículo 26 antes citado (en la observancia del procedimiento regulado en tales disposiciones) y no en base al artículo 7.
   En el marco del cuarto motivo, la parte demandante señala que la norma impugnada ha tergiversado los hechos, en la medida en que, de los datos cursados por las autoridades italianas a la Comisión se desprende que, también en un momento posterior a la fecha en que se aprobó el Reglamento impugnado, la cantidad de atún rojo capturada por los buques que enarbolan pabellón italiano resultaba inferior al 50 % de la cuota que tenían asignada, de forma que el presupuesto de hecho en el que se basa la medida impugnada (haberse superado las cuotas de pesca asignadas a la flota italiana) resulta inadecuado.
   En el marco del quinto y último motivo, la parte demandante señala el vicio de falta de motivación de que adolece la citada disposición, debido a la existencia de varias infracciones del Reglamento no 1559/2007, a las cuales se hace también genéricamente referencia en la disposición impugnada sin indicar la índole de las mismas ni tampoco los datos en virtud de los cuales se ha considerado que el Estado miembro demandante sigue incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud del citado Reglamento.


title: Recurso interpuesto el 11 de abril de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Enosi Tsimentoviomichanion Ellados (Asunto T-103/95)

text:
N° C 208/26            ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   12 . 8 . 95
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas             Recurso interpuesto el 17 de marzo de 1995 contra la
formulado por Bernard Laga , agricultor, que actúa bajo el         Comisión de las Comunidades Europeas por Jean-Pierre
nombre de Gaec Landuyt-Laga, con domicilio social en                                            Landuyt
Grisolles ( Francia ), representado por Me Jean-Fran^ois Le                              ( Asunto T-94/95 )
Petit, Abogado de París, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31 Grand                                           ( 95/C 208/58 )
Rué .
                                                                               (Lengua de procedimiento: francés)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Instancia que:                                                     Europeas se ha presentado el 17 de marzo de 1995 un
                                                                   recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
— Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al             formulado por Jean-Pierre Landuyt, agricultor, que actúa
     pago de la indemnización prevista por el Reglamento de        bajo el nombre de Gaec Landuyt-Laga , con domicilio social
     13 de mayo de 1993 del Consejo de las Comunidades             en Grisolles ( Francia ), representado por Me Jean-Fran<jois
     Europeas n° 93 C 15712 y, en consecuencia , a liquidar el     Le Petit, Abogado de París, que designa como domicilio en
     importe correspondiente de conformidad con lo previsto        Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31 Grand
     en dicho Reglamento .                                         Rué .
— Exija el pago de unos intereses de demora del 8 % a              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
     partir del 19 de mayo de 1992 según lo dispuesto en el        Instancia que :
     artículo 12 del mismo Reglamento .
                                                                   — Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al
— Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al                 pago de la indemnización prevista por el Reglamento de
     pago de la cantidad de 50 000 francos franceses ( cin            13 de mayo de 1993 del Consejo de las Comunidades
     cuenta mil francos franceses ) en concepto de gastos , o su       Europeas n° 93 C 15712 y, en consecuencia, a liquidar el
     equivalente en ecus, y a la totalidad de las costas .             importe correspondiente de conformidad con lo previsto
                                                                       en dicho Reglamento .
Motivos y principales alegaciones                                  — Exija el pago de unos intereses de demora del 8% a
El demandante, agricultor, el cual había suscrito un com              partir del 19 de mayo de 1992 según lo dispuesto en el
promiso de no comercialización de leche en virtud del                  artículo 12 del mismo Reglamento .
Reglamento ( CEE ) n° 1078/77, a quien se asignó en 1989           — Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al
una cantidad de referencia específica provisional, y que               pago de la cantidad de 50 000 francos franceses ( cin
recibió una oferta de indemnización con arreglo a lo previsto          cuenta mil francos franceses ) en concepto de gastos, o su
en el Reglamento ( CEE ) n° 2187/93 , centra su recurso en la          equivalente en ecus , y a la totalidad de las costas .
decisión de l'Office National Interprofessionnel du Lait
( ONILAIT ) por la que se le deniega el pago de esta               Motivos y principales alegaciones
indemnización por considerar que su cantidad de referencia
no puede considerarse definitiva, dado que él no reanudó           Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los
personalmente la producción lechera , incumpliendo las             expuestos en el asunto T- 93/95 Laga .
disposiciones del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento
 ( CEE ) n° 857/84 .
El demandante estima que la decisión impugnada es el               Recurso interpuesto el 11 de abril de 1995 contra la
resultado de una apreciación errónea de los hechos del             Comisión de las Comunidades Europeas por Enosi Tsimen
presente caso por parte de la autoridad competente . En                               toviomichanion Ellados
especial , alega a este respecto que debido al retraso en la                            (Asunto T- 103/95 )
adopción de la decisión del prefecto por la que se le asignaba
 una cantidad de referencia provisional específica , la rota                                ( 95/C 208/59 )
ción de cultivos en su explotación, denominada GAEC
 LANDUYT-LAGA, de 188 ha 20 ca de superficie, se había                          (Lengua de procedimiento: griego)
efectuado ya con trigo y colza cuando para la alimentación         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
 del ganado vacuno debería haberse realizado una rotación
 de cultivos de maíz. Por esta razón, el demandante se vio         Europeas se ha presentado el 1 1 de abril de 1995 un recurso
 obligado a alquilar vacas de forma perentoria dada la             contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
                                                                    lado por Enosi Tsimentoviomichanion Ellados, con domi
 imposibilidad de reunir el ganado en el plazo oportuno.
 Ahora bien, tal alquiler provisional no es en modo alguno         cilio social en Atenas, representada por los Sres . Ioannis
 contrario a los usos y prácticas habituales, y ha quedado          Georgaki y Maria Golfinopoulou, Abogados de Atenas, que
 acreditado que disponía de las instalaciones necesarias para       designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me
 la producción de leche, y que el resultado de los análisis         Tom Loesch, Abogado, 11 , rué Goethe .
 Uriane demuestra que dichas vacas estaban afectadas a la           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
 explotación administrada globalmente por el deman                 Instancia que :
 dante .
                                                                    — Anule la Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
                                                                        1994, relativa a un procedimiento de aplicación del
 ---pagebreak--- 12. 8 . 95          LES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                               N° C 208/27
    artículo 85 del Tratado CE (asuntos IV/33.126 y 33.322           La demandante sostiene que poderosas empresas europeas
    — Cemento ), en la medida en que afecta a la deman              del sector actuaban al margen de Cembureau —en todo
    dante .                                                          caso, sin que ETE lo supiera— exclusivamente en su propio
                                                                     interés, con la finalidad, entre otras, de impedir las
— Con carácter subsidiario, reduzca la multa impuesta a la           importaciones de cemento griego a los demás mercados
    demandante mediante la mencionada Decisión .                     comunitarios .
— Condene en costas a la Comisión, incluidos los honora             La demandante también alega que la Comisión utilizó
    rios de los Abogados de la demandante .                          criterios incoherentes para determinar quiénes , entre los
                                                                     participantes de una reunión de los jefes de Delegación —en
— Resuelva como proceda en Derecho.                                  la que supuso que se decidían las infracciones imputadas—,
                                                                     debían ser considerados como adherentes al acuerdo ilegal y
                                                                     sostiene que la Comisión fijó arbitrariamente el período de
Motivos y principales alegaciones                                    duración de las infracciones censuradas a ETE .
Mediante la impugnada Decisión, la Comisión declaró que              La demandante además aduce que el intercambio de
la empresa demandante, que en el período de que se trata             información sobre la fijación de precios en el marco de
estaba integrada por la totalidad de las empresas griegas            Cembureau, no tenía ninguna utilidad comercial y no podía
fabricantes de cemento, había infringido, conjuntamente              afectar, ni tampoco afectó, al comercio intracomunitario .
con otras asociaciones nacionales del mismo sector, y otras
empresas productoras de cemento, lo dispuesto en el                  Por otra parte, la demandante afirma que su participación
apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE . Dicha infracción         en el ECEC en modo alguno puede reprochársele y se opone
consistió en la participación de la asociación demandante            al razonamiento de la Comisión por ser infundado lógica y
en: 1 ) un acuerdo cuyo objeto consistía en el respeto de los        jurídicamente; dicho razonamiento imputa al ECEC una
mercados nacionales y en la regulación del transporte de             infracción por la única razón de que sus miembros son, a la
cemento de un país a otro ; 2 ) acuerdos relativos al inter         vez, miembros de Cembureau y de EPC ( European Policy
cambio de información sobre los precios , en prácticas               Committee ). También considera que son imprecisos y
concertadas destinadas a facilitar la ejecución del acuerdo          erróneos los criterios por los que se fijan las fechas del
mencionado en 1 ), así como en reuniones de los jefes de             principio y del cese de la supuesta infracción de ECEC .
Delegación y del Comité Ejecutivo de Cembureau ( Asocia
                                                                     Según la demandante, la Comisión no ha aportado las
ción Europea del Cemento ); y 3 ) prácticas concertadas, en el
                                                                     pruebas de las infracciones que le imputa, ni tampoco ha
marco de ECEC ( European Cement Export Committee ) con
                                                                     motivado suficientemente su Decisión . Además, ha privado
el objeto de intercambiar datos relativos tanto a la situación
de los mercados comunitarios como a la de los mercados de            a ETE de la posibilidad de acceder a todo el expediente,
                                                                     puesto que le comunicó sólo una parte de los motivos de
países terceros , destinadas a evitar el acceso de las empresas      infracción .
competidoras comunitarias a otros mercados nacionales de
la Comunidad . Como consecuencia de dichas infracciones ,            Finalmente, la demandante alega que la Comisión le impuso
la Comisión impuso a la demandante una multa de                      una multa tan elevada como la que impuso a otras
100 000 ecus .
                                                                     asociaciones que participaron en mayor medida en infrac
                                                                     ciones particularmente graves violando los principios de
Con carácter preliminar, la demandante señala que, como              igualdad de trato y de proporcionalidad , e infringiendo lo
por otra parte reconoce expresamente la Comisión, hasta              dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento
1985 , los mercados tradicionales del cemento griego se              n° 17 .
hallaban en Oriente Medio y en Africa del Norte con la
consecuencia de que, hasta entonces, la participación de la
asociación demandante ( en lo sucesivo, « ETE ») en Cembu
reau no podía vincularse con la « norma de respeto de los
mercados nacionales », puesto que los miembros de ETE no             Recurso interpuesto el 12 de abril de 1995 contra la
tenían razón alguna para estar presentes en los mercados             Comisión de las Comunidades Europeas por Tsimenta
comunitarios ni tenían interés en éstos . Pero incluso cuando                               Chalkidos AE
después del hundimiento de los mercados árabes y de África
del Norte, en 1986 , las empresas griegas fabricantes de                                 ( Asunto T-104/95 )
cemento orientaron sus actividades hacia los mercados                                       ( 95/C 208/60 )
comunitarios, el rápido aumento de las ventas de cemento
griego en dichos mercados demuestra que ETE era el único                          (Lengua de procedimiento: griego)
miembro de Cembureau que, « de hecho » manifestó su
desacuerdo con la norma del respeto de los mercados                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
nacionales .                                                         Europeas se ha presentado el 12 de abril de 1995 un recurso
                                                                     contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
Además, la demandante considera ilógico el razonamiento              lado por Tsimenta Chalkidos AE, con domicilio social en
según el cual, la Comisión, que se fundó en la mera calidad          Atenas, representada por el Sr . Panagiotis Bernitsa, Aboga
de ETE como miembro de Cembureau para asimilar su                    dos de Atenas, que designa como domicilio en Luxemburgo
conducta a la de los miembros de Cembureau a quienes se              el despacho del Sr . Philippe Dupont, del despacho de
imputaba una determinada conducta ilegal, en virtud de               Abogados Arendt & Medernach, 8-10, rué Mathias Hardt,
documentos encontrados .                                             B.p. 39 , L-2010 .


title: Asunto C-295/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 22 de mayo de 2017 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

text:
               7.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 22 de mayo de 2017 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira
   (Asunto C-295/17)
   (2017/C 256/10)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

      Partes en el procedimiento principal

      Instante: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.

      Instada: Autoridade Tributária e Aduaneira

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, letra c), 64, apartado 1, 66, letra a), y 73 de la Directiva 2006/112/CE (1) en el sentido de que adeuda el impuesto sobre el valor añadido un operador de telecomunicaciones (televisión, Internet, red móvil y red fija) por el cobro a sus clientes —en caso de que, por causa imputable al cliente, se ponga término a un contrato con obligación de permanencia por un período determinado (período de fidelización) antes de que finalice tal período— de un importe predeterminado, equivalente al valor de la mensualidad de base debida por el cliente conforme al contrato, multiplicado por el número de mensualidades que faltan hasta la conclusión del período de fidelización, en un contexto en el que cuando se factura el referido importe, y con independencia de su cobro efectivo, el operador ya ha cesado en la prestación de los servicios, en el caso de que:

                           a.

                           el importe facturado tenga por finalidad contractual disuadir al cliente de incumplir el período de fidelización a cuya observancia se ha comprometido y reparar los perjuicios sufridos por el operador a causa del incumplimiento del período de fidelización —fundamentalmente, por la pérdida del lucro que habría obtenido si el contrato hubiera seguido vigente hasta el final del período, por la contratación de tarifas más bajas, por la puesta a disposición de equipamiento u otras ofertas, gratuitamente o a precio reducido, o por los gastos de publicidad y captación de clientes—;

                           b.

                           los contratos con período de fidelización obtenidos supongan para quienes hayan promovido su captación una retribución superior a la de los contratos sin período de fidelización que hayan concluido, cuando, en uno u otro caso (es decir, en los contratos con o sin período de fidelización), la retribución se calcula sobre la base del importe de las mensualidades fijado en los contratos obtenidos;

                           c.

                           el importe facturado pueda calificarse, en Derecho nacional, de cláusula penal?

               2)

               ¿Puede modificar la respuesta a la primera cuestión la eventual inexistencia de alguna o algunas de las situaciones expuestas en las distintas letras de esa misma cuestión?

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).


title: Asunto C-265/09 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de julio de 2009 por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) dictada el 29 de abril de 2009 en el asunto T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               26.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 233/7

         Recurso de casación interpuesto el 15 de julio de 2009 por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) dictada el 29 de abril de 2009 en el asunto T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-265/09 P)
   2009/C 233/11
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider)

      Otra parte en el procedimiento: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Que se desestime el recurso interpuesto contra resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de 30 de noviembre de 2006 (asunto R 808/2006-4) y, con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Que se condene a la otra parte a cargar con las costas causadas tanto en primera instancia como en casación.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia mediante la que se anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización de 30 de noviembre de 2006, por la que se había desestimado la solicitud de registro del signo «α» como marca comunitaria efectuada por la otra parte en el procedimiento. El Tribunal de Primera Instancia consideró que la Sala de Recurso había aplicado erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo (en lo sucesivo, «RMC»), al deducir la falta de carácter distintivo del signo presentado de la mera inexistencia de alteraciones o de ornamentaciones gráficas respecto al tipo de letra Times New Roman, sin proceder a un examen concreto de su aptitud para distinguir, en la percepción del público de referencia, los productos de que se trata de los que proceden de los competidores de la otra parte en el procedimiento.
   En apoyo de su recurso de casación, la recurrente alega la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC. La Oficina considera que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente dicha disposición desde tres puntos de vista.
   En primer lugar, la OAMI alega que, contrariamente a lo que considera el Tribunal de Primera Instancia, el examen a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC no siempre requiere que se constate el carácter distintivo de un signo por medio de un examen concreto sobre los respectivos productos. La jurisprudencia ha admitido para determinadas categorías de signos (por ejemplo, signos tridimensionales, marcas de color, eslóganes, nombres de dominio) un examen del carácter distintivo concreto a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC basado en declaraciones generales sobre la percepción de los consumidores y su acondicionamiento y, por ello, ha renunciado a menudo a un examen concreto de los productos y servicios designados en la solicitud de registro. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que determinadas categorías de signos únicamente pueden adquirir un carácter distintivo concreto, por regla general, mediante su consagración por el uso.
   En segundo lugar, considera que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que el examen del carácter descriptivo constituye un pronóstico y, por ello, presenta siempre un carácter de presunción.
   En tercer lugar, alega que el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto el reparto de la carga de la alegación en el marco del examen a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC al afirmar que la Oficina debe demostrar siempre la falta de carácter distintivo del signo solicitado refiriéndose a hechos concretos. El procedimiento de registro es un procedimiento administrativo y no un procedimiento contradictorio, en el que la Oficina tiene que acreditar al solicitante los motivos de denegación. Por lo tanto, cuando un demandante invoque que la marca cuyo registro se solicita posee carácter distintivo, contrariamente a la apreciación efectuada por la Oficina, corresponde a dicho demandante proporcionar indicaciones concretas y sólidas que demuestren que dicha marca tiene carácter distintivo, bien intrínseco, bien adquirido por el uso.


title: Asunto C-437/01: Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2001 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Italiana

text:
C 31/4                   ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        2.2.2002
Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2001 por la                     gravamen, de nada menos que 1 260 000 liras por 1 000 kg.
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-                    de aceite lubricante. La infracción del artı́culo 3.2 de la
                            blica Italiana                                Directiva 92/12, en relación con el artı́culo 8.1.a) de la
                                                                          Directiva 92/81, resulta por tanto evidente.
                         (Asunto C-437/01)
                                                                          (1) DO L 76 de 23.3.1992, p. 1.
                                                                          (2) DO L 316 de 13.10.1992, p. 12.
                           (2002/C 31/07)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 12 de noviembre de 2001 un recurso contra
la República Italiana, formulado por la Comisión de las                 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Enrico                   lución del Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Nie-
Traversa y Kilian Gross, en calidad de agentes.                           derösterreich, de fecha 6 de noviembre de 2001, en el
                                                                          asunto entre el Sr. Libor Cipra y el Sr. Vlastimil Kvasnicka,
                                                                          de un lado, y Bezirkhauptmannschaft Mistelbach, de otro
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                                (Asunto C-439/01)
—      Declare que, al mantener en vigor un impuesto sobre los
       aceites lubricantes, la República Italiana ha incumplido                                    (2002/C 31/08)
       las obligaciones que le incumben con arreglo al artı́culo 3,
       apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de
       25 de febrero de 1992, relativa al régimen general,
       tenencia, circulación y controles de los productos objeto         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
       de impuestos especiales (1), y al artı́culo 8, apartado 1,         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
       letra a), de la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de          resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Nie-
       octubre de 1992, relativa a la armonización de las                derösterreich, dictada el 6 de noviembre de 2001, en el asunto
       estructuras del impuesto especial sobre los hidrocar-              entre el Sr. Libor Cipra y el Sr. Vlastimil Kvasnicka, de un lado,
       buros (2).                                                         y Bezirkhauptmannschaft Mistelbach, de otro, y recibida en la
                                                                          Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 13 de noviembre de 2001.
                                                                          El Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich
—      Condene en costas a la República Italiana.
                                                                          solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
                                                                          siguientes cuestiones:
Motivos y principales alegaciones                                         1)    En el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE)
                                                                                no 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 (1),
                                                                                relativo a la armonización de determinadas disposiciones
                                                                                en materia social en el sector de los transportes por
La Comisión afirma que si, se permitiera a Italia gravar con un                carretera, en caso de que haya dos conductores a bordo
impuesto nacional los aceites lubricantes que están obligatoria-               de un vehı́culo, ¿tienen que cumplir ambos conductores
mente exentos del impuesto especial armonizado conforme al                      de forma acumulativa los requisitos del artı́culo 8,
artı́culo 8, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/81, se privarı́a          apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, o prevalece el
a esta disposición de toda su eficacia práctica.                              apartado 2 de dicho artı́culo sobre el apartado 1, por
                                                                                tratarse de una lex specialis?
A efectos de aplicación del artı́culo 3.2 de la Directiva 92/12,         2)    En el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE)
la cuestión de la exención está comprendida, o en el ámbito de              no 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985,
las normas relativas a la determinación de la base imponible                   relativo a la armonización de determinadas disposiciones
de los impuestos especiales armonizados, o en el ámbito de las                 en materia social en el sector de los transportes por
normas que regulan los métodos de liquidación de los mismos.                   carretera, en el caso de que haya dos conductores a bordo
De ello se sigue que el impuesto italiano sobre los aceites                     de un vehı́culo, ¿deben dejar de aplicarse las disposiciones
lubricantes resulta incompatible con el artı́culo 3.2 de dicha                  del artı́culo 8, apartado 1, de dicho Reglamento o, en su
Directiva, en la medida en que tal gravamen fiscal «no respeta                  caso, del artı́culo 8, apartados 1 y 2, del mismo, por ser
el sistema general de las normas relativas a los impuestos                      contrarias a normas de Derecho comunitario de rango
especiales» sobre los hidrocarburos desde el punto de vista de                  superior?
los métodos de liquidación y de la base imponible. En efecto,
mientras que la aplicación del tipo del impuesto especial
armonizado a una actividad imponible exenta del impuesto                  (1) DO 1985, L 370, p. 1.
deberı́a dar como resultado un impuesto igual a cero, el
impuesto sobre el consumo italiano supone un importante


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de enero de 2001 en el asunto C-390/00 (petición de decisión prejudicial del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano): Giovanni Colapietro contra Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Ministero per le Politiche Agricole ("Remisión prejudicial — Incompetencia — Inadmisibilidad")

text:
14.7.2001                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 200/31
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                               AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                             (Sala Tercera)                                                               (Sala Sexta)
                    de 15 de diciembre de 2000
                                                                                de 19 de enero de 2001
en el asunto C-51/99 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Tribunale amministrativo regionale per                     en el asunto C-390/00 (petición de decisión prejudicial
la Basilicata): Massimo Triumbari y Questore di Potenza (1)                 del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano):
                                                                            Giovanni Colapietro contra Ispettorato Centrale Repre-
                                                                                ssione Frodi — Ministero per le Politiche Agricole(1)
(Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
— Cuestión idéntica a otra sobre la que el Tribunal de
                       Justicia ya ha resuelto)
                                                                            («Remisión prejudicial — Incompetencia — Inadmisibili-
                                                                                dad»)
                           (2001/C 200/55)
                                                                                (2001/C 200/56)
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
En el asunto C-51/99, que tiene por objeto una petición
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Tribunale
amministrativo regionale per la Basilicata (Italia), destinada a
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional          En el asunto C-390/00, que tiene por objeto una petición
entre Massimo Triumbari y Questore di Potenza, en el que                    dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
participan el Ministro delle Finanze y el Ministro dell’Interno,            por el Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano (Italia),
una decisión prejudicial sobre la interpretación de las disposi-          destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
ciones del Tratado CE en materia de libre prestación de                    jurisdiccional entre Giovanni Colapietro e Ispettorato Centrale
servicios, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por            Repressione Frodi — Ministero per le Politiche Agricole,
los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala, y J.-P. Puissochet                una decisión prejudicial sobre el régimen comunitario de
(Ponente) y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General:                     destilación obligatoria, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),
Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado            integrado por los Sres. C. Gulmann (Ponente), Presidente de
el 15 de diciembre de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:                Sala, V. Skouris y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric y el
                                                                            Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:
                                                                            Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 19 de
Las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre prestación de        enero de 2001 un auto resolviendo lo siguiente:
servicios no se oponen a una legislación nacional, como la italiana,
que reserva a ciertos organismos el derecho de recoger apuestas
sobre los acontecimientos deportivos, si dicha legislación se halla
efectivamente justificada por objetivos de polı́tica social dirigidos a     No procede responder a las cuestiones planteadas por el Tribunale di
limitar los efectos nocivos de dichas actividades y si las restricciones    Bari, sezione distaccata di Rutigliano, mediante resolución de 19 de
que impone no son desproporcionadas en relación con dichos                 septiembre de 2000.
objetivos.
                                                                            (1) DO C 4 de 6.1.2001.
(1) DO C 100 de 10.4.1999.


title: Asunto F-15/15: Recurso interpuesto el 26 de enero de 2015 — ZZ/Comisión Europea

text:
               20.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 127/40

         Recurso interpuesto el 26 de enero de 2015 — ZZ/Comisión Europea
   (Asunto F-15/15)
   (2015/C 127/55)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: M. Mock, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las decisiones de la demandada que fijan el pago a tanto alzado de los gastos de viaje desde su lugar de destino al lugar de origen en virtud del artículo 8 del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios, en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 de 22 de octubre de 2013.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen las hojas de haberes 6/2014 y 7/2014 tal como se contienen en la decisión de 15 de octubre de 2014, notificada el 17 de octubre de 2014, en la medida en que ésta fija el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen.

               —

               En caso de anulación, que se exija a la demandada que fije un nuevo pago a tanto alzado teniendo en cuenta los fundamentos de Derecho en los que se basa la anulación.

               —

               Que se resuelva sobre las costas como proceda en Derecho.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de  26 de enero de 2006 , en el asunto C-514/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España ( Incumplimiento de Estado — Artículos 43 CE y 49 CE — Restricciones al establecimiento y a la libre prestación de servicios — Empresas y servicios de seguridad privada — Requisitos — Personalidad jurídica — Capital social mínimo — Fianza — Plantilla mínima — Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE — Reconocimiento de cualificaciones profesionales )

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/4

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 26 de enero de 2006
   en el asunto C-514/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España (1)

   («Incumplimiento de Estado - Artículos 43 CE y 49 CE - Restricciones al establecimiento y a la libre prestación de servicios - Empresas y servicios de seguridad privada - Requisitos - Personalidad jurídica - Capital social mínimo - Fianza - Plantilla mínima - Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE - Reconocimiento de cualificaciones profesionales»)
   (2006/C 86/06)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-514/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 8 de diciembre de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. M. Patakia y Sr. L. Escobar Guerrero) contra Reino de España (agente: Sr. E. Braquehais Conesa), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y el Sr. K. Schiemann, la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues y E. Levits (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 26 de enero de 2006 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, por una parte, de los artículos 43 CE y 49 CE y, por otra, de la Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, y de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48, al mantener en vigor las disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, que imponen una serie de requisitos a las empresas extranjeras de seguridad privada para que puedan ejercer sus actividades en España, a saber, la obligación:

                           —

                           de revestir la forma de una persona jurídica;

                           —

                           de disponer de un capital social mínimo específico;

                           —

                           de depositar una fianza ante un organismo español;

                           —

                           de contratar una plantilla mínima, cuando la empresa en cuestión ejerza sus actividades en ámbitos distintos del de transporte y distribución de explosivos;

                           —

                           general de que su personal posea una autorización administrativa específica expedida por las autoridades españolas, y
                           al no adoptar las disposiciones necesarias para garantizar el reconocimiento de los certificados de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de detective privado.

               2)

               Se desestima el recurso en todo lo demás.

               3)

               Se condena al Reino de España a soportar sus propias costas y tres cuartas partes de las de la Comisión de las Comunidades Europeas.

               4)

               La Comisión de las Comunidades Europeas soportará una cuarta parte de sus propias costas.

      (1)  DO C 47, de 21.2.2004.


title: Asunto T-203/07: Recurso interpuesto el 5 de junio de 2007 — Cemex Polska/Comisión

text:
               21.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 170/40

         Recurso interpuesto el 5 de junio de 2007 — Cemex Polska/Comisión
   (Asunto T-203/07)
   (2007/C 170/76)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Partes

      Demandante: Cemex Polska (representantes: F. Puel y M. Szpunar, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión de 26 de marzo de 2007 relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero presentado por Polonia, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita la anulación de la decisión de la Comisión Europea K(2007) 1295, en su última versión de 26 de marzo de 2007, relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero presentado por Polonia de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), mediante la cual la Comisión declaró que determinados aspectos del plan nacional de asignación de derechos de emisión de CO2 para el período 2008-2012, notificado a la Comisión el 30 de junio de 2006, no se ajustaban a los artículos 9, apartados 1 y 3, 10 y 13, apartado 2, ni a los criterios enunciados en el anexo III de la Directiva 2003/87/CE. La decisión impugnada reduce en un 26,7 % el límite de emisión de dióxido de carbono correspondiente al período 2008-2012 con respecto al límite propuesto por Polonia en su plan nacional de asignación de derechos de emisión notificado a la Comisión.
   Los motivos y principales alegaciones del recurso interpuesto por la demandante son idénticos a los invocados por la demandante en el asunto T-195/07.

      (1)  Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32).


title: Asunto C-285/13 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 12 de junio de 2014  — Bimbo, SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) [Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n ° 40/94 — Artículo 8 — Solicitud de marca comunitaria figurativa Caffè KIMBO — Procedimiento de oposición — Marca nacional denominativa anterior BIMBO — Marca de renombre — Desestimación parcial de la oposición — Recurso de casación manifiestamente inadmisible]

text:
               11.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/5

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 12 de junio de 2014 — Bimbo, SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
   (Asunto C-285/13 P) (1)

   ([Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 8 - Solicitud de marca comunitaria figurativa Caffè KIMBO - Procedimiento de oposición - Marca nacional denominativa anterior BIMBO - Marca de renombre - Desestimación parcial de la oposición - Recurso de casación manifiestamente inadmisible])
   2014/C 261/07
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Bimbo, SA (representante: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente), Café do Brasil SpA (representantes: M. Mostardini y F. Mellucci, avvocati)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Bimbo SA.

      (1)  DO C 252, de 31.8.2013.


title: Asunto C-158/05: Recurso interpuesto el 6 de abril de 2005 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/26

         Recurso interpuesto el 6 de abril de 2005 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-158/05)
   (2005/C 143/41)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 6 de abril de 2005 un recurso contra la República Federal de Alemania formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. G. Braun y M. Huttunen, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de la Directiva 2002/30/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de marzo de 2002, sobre el establecimiento de normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               2)

               Condene en costas a la República Federal de Alemania.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 28 de septiembre de 2003.

      (1)  DO L 85, p. 40.


title: Recurso interpuesto el 18 de agosto de 1995 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-280/95)

text:
NH C 268/ 16           ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      14 . 10 . 95
peas en los asuntos acumulados T-462/93 , T-464/93 y                 Comunidades Europeas en el asunto T-459/93 promovido
T-470/93 promovidos contra la Comisión de las Comuni                por Siemens SA, apoyada por la República Federal de
dades Europeas .                                                     Alemania, contra la Comisión de las Comunidades Euro
                                                                     peas .
Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que :                                           La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
— Anule el auto ( de la Sala Cuarta del Tribunal de Primera          Comunidades Europeas que :
    Instancia ) de 14 de junio de 1995 en los asuntos                — Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
    acumulados T-462/93 , T-464/93 y T-470/93 , estime la                ( Sala Segunda ) de 8 de junio de 1995 en el asunto
    recusación del juez K. Lenaerts como Presidente de la                T-459/93 , Siemens SA y República Federal de Alemania/
    Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia , apartán             Comisión de las Comunidades Europeas .
    dolo de la causa , y resuelva los asuntos T-462/93 ,
    T-464/93 y T-470/93 conforme petitum de cada uno de              — En consecuencia, anule la letra c ) del artículo 1 y el
    dichos recursos (').                                                 artículo 2 de la Decisión 92/483/CEE de la Comisión, de
                                                                         24 de junio de 1992 , relativa a las ayudas concedidas por
Motivos del recurso y principales alegaciones                            la región de Bruselas-Capital ( Bélgica ) en favor de las
— El auto del Tribunal de Primera Instancia impugnado se                 actividades de Siemens SA en los sectores de la informá
    dictó en infracción de normas de procedimiento . Con                tica y las telecomunicaciones .
    forme al artículo 16 del Estatuto del Tribunal de Justicia       — Condene a la Comisión al pago de las costas del presente
    de la Comunidad Europea, el Tribunal de Justicia                     procedimiento así como al de las del procedimiento ante
    debería haberse pronunciado sobre la recusación del                  el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T
    Juez Lenaerts y haberlo apartado de la causa con el fin de           459/93 .
    que no pudiera participar en la adopción del recurso
    impugnado puesto que había participado intensamente              Motivos y principales alegaciones
    en procedimientos anteriores relativos al mismo
    asunto .                                                         Errores de Derecho, en particular en la medida en que el
                                                                     Tribunal de Primera Instancia examinó si las ayudas
— El recurso impugnado declaró indebidamente la inadmi              controvertidas constituían ayudas a inversiones en el sentido
    sibilidad de las demandas fundándose en que había                que el Derecho comunitario da a este concepto, siendo así
    transcurrido el plazo de interposición de las mismas . En        que debía haber verificado si dichas ayudas estaban com
    contra de lo afirmado en el recurso, no se había                 prendidas en el ámbito de aplicación material de la Ley belga
    tramitado ningún procedimiento relativo a las reclama           de 1959 « por la que se establecen y coordinan determinadas
    ciones de la demandante regulado en los artículos 90 y           medidas con vistas a favorecer la expansión económica y la
    91 del Estatuto de los funcionarios . Tal procedimiento          creación de nuevas industrias », tal como es interpretada en
    previo tampoco era necesario puesto que los recurrentes,         el Derecho belga y como fue aprobada por la Comisión .
    que no son funcionarios, alegaban derechos derivados
    de la responsabilidad extracontractual de la Comuni
    dad, los cuales, aun guardando relación con la cobertura
    social de los funcionarios comunitarios, no están some
                                                                     Recurso interpuesto el 18 de agosto de 1995 contra la
    tidos a las disposiciones procesales que rigen los recursos      República Italiana por la Comisión de las Comunidades
    en la Función pública .                                                                        Europeas
(') DO n0 C 33 de 5 . 2 . 1993 , p . 11 .                                                    ( Asunto C-280/95 )
    DO n" C .54 de 25 . 2 . 1993 , p . 4 .                                                      ( 95/C 268 /36
    DO n" C 139 de 18 . 5 . 1993 , p . 10 .
                                                                     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                     ha presentado el 18 de agosto de 1995 un recurso contra la
Recurso de casación interpuesto el 16 de agosto de 1995 por          República Italiana formulado por la Comisión de las
Siemens SA contra la sentencia dictada el 8 de junio de 1995         Comunidades Europeas, representada por los Sres . Antonio
por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las         Aresu y Anders C. Jessen, miembros de su Servicio Jurídico,
Comunidades Europeas, en el asunto T-459/93 promovido                en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
por Siemens SA, apoyado por la República Federal de                  Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
Alemania, contra la Comisión de las Comunidades Euro                Centre Wagner, Kirchberg.
                                peas
                                                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
                     ( Asunto C-278/95 P)
                          ( 95/C 268/35 )                            — Declare que la República Italiana ha incumplido las
                                                                          obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                 al no haber adoptado las medidas necesarias para
ha presentado el 16 de agosto de 1 995 un recurso de                      atenerse a la Decisión 93/496/CEE de la Comisión, de 9
casación formulado por Siemens SA, representada por los                   de junio de 1993 , relativa a la ayuda de Estado C 32/92
Sres . Michel Waelbroeck, Jules Stuyck y Olivier Speltdoorn,              ( ex NN 67/92 ) — Italia ( crédito fiscal para empresas de
Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en                       transporte por carretera de mercancías por cuenta
Luxemburgo el despacho del Sr. Marc Loesch, 11 , rue                      ajena ) (*), y, en particular, al no recuperar la ayuda , con
Goethe, contra la sentencia dictada el 8 de junio de 1 995 por            efectos al año fiscal 1992 , en forma de crédito fiscal
la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las                  relativo al impuesto sobre la renta, al impuesto munici
 ---pagebreak--- 14 . io . 95        LES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                               N° C 268/ 17
    pal o al IVA, indebidamente establecida por el Decreto               denunciante, cuando esta última lo había solicitado
    ministerial de 28 de enero de 1992 en favor de empresas              previamente dentro de plazo;
    de transporte por carretera de mercancías por cuenta
    ajena en Italia;                                                  — con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal de
                                                                         Primera Instancia interprete los escritos de la Comisión
— Condene en costas a la República Italiana .                            de 21 de enero de 1993 y de 4 de febrero de 1994 como
                                                                         expresión de una toma de postura reiterada de no
Motivos y principales alegaciones                                        tramitar la denuncia del Sr. Guérin, decidir la anulación
                                                                         de la decisión contenida en dichos escritos, conforme al
Hasta hoy, es decir, dos años después de la adopción de la               artículo 173 del Tratado;
Decisión 93/496/CEE, la República Italiana no ha respon              — condene en costas a la Comisión .
dido a las reiteradas peticiones de la Comisión de que ejecute
la Decisión, limitándose a comunicar a la Comisión las
dificultades jurídicas y prácticas que presentaba la ejecución        Motivos y principales alegaciones
de la Decisión, pero sin emprender ninguna iniciativa para la         — El procedimiento es irregular y la irregularidad perjudica
recuperación de la ayuda y sin proponer a la Comisión                    los intereses de la parte demandante en la medida en que
modalidades alternativas para la ejecución de la Decisión                el Tribunal de Primera Instancia se ha abstenido pura y
que permitieran superar las supuestas dificultades . Habida              simplemente de :
cuenta de todo ello , debe señalarse que la República Italiana
no puede alegar la imposibilidad absoluta de ejecutar la                 — analizar la correspondencia de junio a agosto de
Decisión .                                                                   1994 que permitía pronunciarse acerca de la califi
                                                                             cación de los hechos y contestar a los motivos y
C ) D O n0 L 233 de 16 . 9 . 1993 , p . 10 .                                 pretensiones de la parte demandante que hacían
                                                                             referencia a ellos,
                                                                         — deducir las consecuencias que se derivan de la
                                                                             negativa de la Comisión a proporcionarle los elemen
                                                                             tos de justificación del procedimiento en los que se
Recurso de casación interpuesto el 24 de agosto de 1995 por                  amparaba la Comisión para, de algún modo, suspen
Guérin automobiles contra la sentencia dictada el 27 de                      der su actuación ( respuesta provisional ).
junio de 1995 por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el                  — El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de
asunto T-l 86/94 promovido contra la Comisión de las                     Derecho en la apreciación de la naturaleza del escrito de
                   Comunidades Europeas                                  13 de junio de 1994 como acto, agravado por la falta de
                                                                         relación con la correspondencia subsiguiente de Guérin
                     ( Asunto C-282/95 P)
                                                                         automobiles —que ha sido ignorada—. El Tribunal de
                         ( 95/C 268/37 )                                 Primera Instancia debía aceptar como válida la califica
                                                                         ción, adoptada por la propia Comisión —respuesta
             (Lengua de procedimiento: francés)                          provisional—, lo que, según reiterada jurisprudencia del
                                                                         Tribunal de Justicia priva al acto del carácter de toma de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                postura que pone fin a la omisión.
ha presentado el 24 de agosto de 1995 un recurso de                   — El Tribunal de Primera Instancia no podía basar su
casación formulado por Guérin automobiles, representada                  decisión en las informaciones obtenidas por la Comisión
por el Sr. Jean-Claude Fourgoux, Abogado de París y de                   y alegadas por ésta para justificar su respuesta , cuando
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                    no existía ningún vestigio de ellas en el expediente .
despacho del Sr. Pierrot Schiltz, rue Béatrix de Bourbon, 4,
contra la sentencia dictada el 27 de junio de 1995 por la Sala        — El Tribunal no podía negarse a reconocer la violación del
Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las                principio de contradicción y admitir que la Comisión
Comunidades Europeas en el asunto T-l 86/94 promovido                    hubiera podido alegar en su escrito de 13 de junio de
contra la Comisión de las Comunidades Europeas .                         1994 , un supuesto procedimiento supuestamente similar
                                                                         cuya supuesta existencia justificaría la no tramitación
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las              del expediente de Guérin automobiles y respecto del cual
Comunidades Europeas que :                                               los agentes de la Comisión le han negado cualquier tipo
                                                                         de justificación .
— Anule la sentencia de la Sala Tercera ampliada del
    Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  — El Tribunal de Primera Instancia no podía , sin violar el
    Europeas, de 27 de junio de 1995 , en el asunto                      principio general del derecho a recurrir en vía jurisdic
    T-l 86/94 , Guérin automobiles/Comisión de las Comu                 cional , afirmar que el escrito de 13 de junio de 1994
    nidades Europeas, salvo en lo relativo a las costas .                producía el efecto de privar, en esta fase, a la deman
                                                                         dante de todo recurso judicial .
Y, pronunciándose sobre el fondo del asunto, vistos los
motivos desarrollados en primera instancia,                           — Al no poder negar el principio del derecho a recurrir en
                                                                         vía jurisdiccional , el Tribunal de Primera Instancia
— declare, con arreglo al artículo 175 del Tratado, que la               consideró erróneamente que la demandante tenía, pues,
    Comisión no ha adoptado una decisión respecto de la                  derecho a obtener una decisión de la Comisión en la que


title: Asunto C-28/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) el 23 de enero de 2015 — Koninklijke KPN NV y otros/Autoriteit Consument en Markt (ACM)

text:
               27.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/28

         Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) el 23 de enero de 2015 — Koninklijke KPN NV y otros/Autoriteit Consument en Markt (ACM)
   (Asunto C-28/15)
   (2015/C 138/40)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   College van Beroep voor het Bedrijfsleven

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Koninklijke KPN NV y KPN BV, T-Mobile Netherlands BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, UPC Nederland BV y UPC Business BV

      Demandada: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco (1), en relación con los artículos 8 y 13 de la Directiva acceso (2), en el sentido de que se permite en principio al órgano jurisdiccional nacional, en un litigio sobre la legalidad de una tarifa orientada en función de los costes impuesta por la Autoridad Nacional de la Reglamentación (ANR) en el mercado mayorista de terminación de llamadas, realizar una apreciación que se aparte de la Recomendación de la Comisión, de 7 de mayo de 2009, sobre el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE (2009/396/CE) (3), en la que se recomienda el método del BULRIC puro como régimen de aplicación de tarifas adecuado en los mercados de terminación de llamadas si, a su juicio, ello resulta necesario sobre la base de las circunstancias de hecho del asunto que ha de examinar y/o de las consideraciones del Derecho nacional o supranacional?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿en qué medida se atribuye un margen al órgano jurisdiccional nacional, a la hora de examinar un régimen de aplicación de tarifas orientado en función de los costes, para:

                           a)

                           en lo que respecta al artículo 8, apartado 3, de la Directiva marco, valorar el argumento de la ANR de que se fomenta el desarrollo del mercado interior a la luz de la medida en que el mercado interior se vea efectivamente influido?

                           b)

                           a la luz de los objetivos políticos y de los principios de regulación establecidos en el artículo 8 de la Directiva marco y en el artículo 13 de la Directiva acceso, comprobar si el régimen de aplicación de tarifas:

                                       i)

                                       es proporcionado;

                                       ii)

                                       es adecuado;

                                       iii)

                                       se aplica de forma equilibrada y está justificado?

                           c)

                           exigir a la ANR que demuestre suficientemente que:

                                       i)

                                       se realiza efectivamente el objetivo, mencionado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva marco, de que las ANR fomentarán la competencia en el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y los usuarios obtengan efectivamente el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad;

                                       ii)

                                       se realiza efectivamente el objetivo general, establecido en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva marco, de contribuir al desarrollo del mercado interior, y

                                       iii)

                                       se realiza efectivamente el objetivo general, mencionado en el artículo 8, apartado 4, de la Directiva marco, de que se promuevan los intereses de los ciudadanos?

                           d)

                           a la luz del artículo 16, apartado 3, de la Directiva marco, y del artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva acceso, tener en cuenta, a la hora de responder a la cuestión de la adecuación de la medida de aplicación de tarifas, que el régimen se impone en el mercado en el que las empresas reguladas poseen un peso considerable en el mercado, pero, en la forma elegida (BULRIC puro), está dirigido al fomento de uno de los objetivos de la Directiva marco, a saber, los intereses de los usuarios finales en un mercado distinto y no sujeto a regulación?

      (1)  Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33).

      (2)  Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7).

      (3)  DO L 124, p. 67.


title: Asunto T-29/02: Recurso interpuesto el 13 de febrero de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por S.A. Global Electronic Finance Management

text:
18.5.2002              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 118/27
Recurso interpuesto el 13 de febrero de 2002 contra la                  —     Que no se ha acreditado que la Comisión haya realizado
Comisión de las Comunidades Europeas por S.A. Global                         un pago por error.
                Electronic Finance Management
                                                                        —     Que la Comisión comunicó por primera vez su cambio
                        (Asunto T-29/02)                                      de postura sobre la aceptación de los costes del proyecto
                                                                              seis meses después de la terminación de éste y tres meses
                                                                              después del informe final de evaluación. De este modo, la
                         (2002/C 118/43)                                      demandada no planteó sus objeciones dentro de un plazo
                                                                              razonable.
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                        —     Que la Comisión no respetó los principios generales de
                                                                              protección de la confianza legı́tima, de derecho a un
                                                                              proceso justo y de cumplimiento de buena fe de los
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                        contratos.
Europeas se ha presentado el 13 de febrero de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por S.A. Global Electronic Finance Management, representada
por el Sr. Matthias E. Storme y la Sra. Ann Gobien del despacho
de abogados de Bruselas (Bélgica) Keuleneer, Storme, Vanneste,
Van Varenbergh, Verhelst.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:            Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2002 contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por Ricosmos B. V.
—     Declare la admisibilidad y la procedencia del recurso.
                                                                                (Asunto T-53/02)
—     Condene a la Comisión a pagar a la demandante el
      equivalente en euros de 40 693 ECU.
                                                                                (2002/C 118/44)
—     Declare la improcedencia de la reclamación de la Comi-
      sión de 273 516 ECU a la demandante y, por tanto,                               (Lengua de procedimiento: neerlandés)
      ordene a la Comisión que emita una «nota de crédito» por
      un valor de 273 516 ECU.
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 22 de febrero de 2002 un recurso
                                                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                        por Ricosmos B. V., con domicilio social en Delfzijl (Paı́ses
Motivos y principales alegaciones                                       Bajos), representada por los Sres. Martijn Hendrik Fleers,
                                                                        Michel Chatelin y Pierre Metzler, que designa domicilio en
                                                                        Luxemburgo.
El objeto del presente recurso, que se interpone en virtud de
una cláusula compromisoria en el sentido del artı́culo 238 CE
(antiguo artı́culo 181 del Tratado CE), es una reclamación para
que la Comisión, como representante de la Comunidad                    La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
Europea, abone a la demandante la cantidad de 40 693 ECU,
en relación con el cumplimiento de un contrato celebrado en            1)    Anule la Decisión de la Comisión C(2001) 3663 final, de
el marco el programa ESPRIT, cuyo objetivo consistı́a en                      16 de noviembre de 2001, en el asunto REM 09/00.
estimular el desarrollo de infraestructuras financieras, de
sistemas y de mecanismos de transacciones para conseguir el
                                                                        2)    Condene a la Comisión en costas.
crecimiento del comercio electrónico en la Unión Europea. Es
aplicable el Derecho belga.
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega lo siguiente:         Motivos y principales alegaciones
—     Que cumplió sus obligaciones contractuales, como afirmó
      reiteradamente la Comisión durante la ejecución del             La demandante dispone de diversas autorizaciones aduaneras
      proyecto y confirmó en el informe de evaluación. El             que le permiten organizar tránsitos comunitarios. De este
      saldo presentado por la demandante a la Comisión está           modo, la demandante organizó diversos transportes de cigarri-
      justificado y bien documentado. Por consiguiente, no              llos en régimen de tránsito comunitario externo a la República
      existe ninguna razón para que la Comisión reclame una           Checa. En algunos de los transportes correspondientes a 1994
      devolución.                                                      se cometieron fraudes por parte de terceros.


title: Asunto C-417/16 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de julio de 2016 por August Storck KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 10 de mayo de 2016 en el asunto T-806/14, August Storck KG/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

text:
               21.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 428/3

         Recurso de casación interpuesto el 27 de julio de 2016 por August Storck KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 10 de mayo de 2016 en el asunto T-806/14, August Storck KG/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
   (Asunto C-417/16 P)
   (2016/C 428/04)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: August Storck KG (representantes: I. Rohr, P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 10 de mayo de 2016 en el asunto T-806/14.

               —

               Que se anule la resolución de la Sala de Recurso en el asunto R 644/2014-5 y, con carácter subsidiario, en su caso, que se devuelva el asunto al Tribunal General.

               —

               Que se condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y la Sala de Recurso.

      Motivos y principales alegaciones

               I.

               Primer motivo de casación: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 (1) — Aplicación de criterios erróneos

                           1.

                           El Tribunal General exige erróneamente para que una marca sea distintiva que «difiera de manera significativa de la norma o usos del sector». Aplica la prueba para marcas tridimensionales que consiste en la apariencia de los propios productos sin elementos denominativos o gráficos, que es más estricta que la prueba para las marcas normales. No debería haberse aplicado esa prueba más estricta porque la marca solicitada es una marca de dos dimensiones que contiene un elemento gráfico. La aplicación de la prueba más estricta es contraria a una asentada jurisprudencia.

                           2.

                           El Tribunal General comete un error al basar su conclusión en la sentencia Storck/OAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422. El asunto que dio lugar a dicha sentencia no es en modo alguno comparable con el presente asunto ya que se refería a un producto (envasado) sin ningún elemento gráfico y/o denominativo.

                           3.

                           La aplicación de reglas más estrictas que las aplicables a las marcas denominativas y figurativas no está justificada además porque el alcance de la marca solicitada es inferior incluso al alcance del registro que ampararía únicamente el elemento gráfico. Al aplicar las reglas más estrictas, el Tribunal General infringió el artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento n.o 207/2009, que establece que (únicamente) se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

               II.

               Segundo motivo de casación: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 — inaplicación del principio de especialidad.

                           4.

                           El Tribunal General calificó los productos de que se trata de modo excesivamente amplio como productos asequibles de consumo habitual, cuya compra no va precedida de un período de reflexión prolongado. Esto llevó al Tribunal General a la conclusión errónea de que el público relevante tendría un nivel de atención más bien bajo en especial respecto a las características del envase.

                           5.

                           En lugar de ello, el Tribunal General debería haber analizado respecto a determinados productos concretos (confitería, chocolate, productos de chocolate, pasteles y helados) qué nivel de atención aplican en realidad los consumidores y qué papel juega en concreto el envase para el que se ha solicitado la marca. El Tribunal General omitió examinar la típica situación de compra con respecto a dichos productos.

                           6.

                           Al no tomar en consideración los detalles específicos de los productos relevantes, el Tribunal General no aplicó el principio de especialidad. De haberlo hecho correctamente, el Tribunal General habría tomado en consideración que los consumidores de los productos relevantes están habituados a prestar un nivel elevado de atención a los colores, la forma y el diseño del envase. Los consumidores de los productos relevantes no tendrían ningún problema en absoluto en identificar el origen de los productos basándose únicamente en la combinación de líneas, colores y formas recogida en la marca solicitada.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).


title: Asunto C-204/05: Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2005 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               9.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/9

         Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2005 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-204/05)
   (2005/C 171/16)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 10 de mayo de 2005 un recurso contra Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. B. Stromsky y la Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1.

               Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 30 CE al exigir una autorización, en Bélgica, a los distribuidores de instrumental médico de la clase 1 establecidos en otros Estados miembros de la Comunidad y al obligar a los médicos, a los psicólogos, al personal sanitario y a los asistentes sociales, cuando presten sus servicios con carácter profesional en un centro especializado, a abastecerse de material esterilizado en los farmacéuticos o en los distribuidores, comerciantes mayoristas, importadores y fabricantes homologados por el Ministerio de Sanidad.

               2.

               Condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión cuestiona la normativa que se halla en vigor en Bélgica, la cual exige que los distribuidores estén en posesión de una homologación cuando pretendan vender material esterilizado que lleve la marca CE a los médicos, enfermeros, psicólogos, personal sanitario o asistentes sociales. Esta obligación recae indistintamente sobre los distribuidores establecidos en Bélgica o en otro Estado miembro. Sin embargo, tiene entidad suficiente como para obstaculizar la venta de dicho instrumental médico al citado público concreto a través de distribuidores establecidos fuera de Bélgica.


title: Asunto C-95/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano (Italia) el 27 de febrero de 2014  — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

text:
               28.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano (Italia) el 27 de febrero de 2014 — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl
   (Asunto C-95/14)
   2014/C 245/03
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Milano

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

      Demandadas: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se oponen los artículos 34, 35 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, correctamente interpretados, a la aplicación del artículo 3, apartado 2, de la Ley nacional no 8, de 14 de enero de 2013, —que obliga a indicar con una etiqueta el Estado de procedencia de los productos elaborados en terceros países que utilizan el término italiano «pelle»— a los productos de piel legalmente tratada o comercializada en otros Estados miembros de la Unión Europea, por constituir dicha Ley nacional una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa prohibida por el artículo 30 del Tratado [probablemente se trata del artículo 34 TFUE] y no justificada por el artículo 36 del Tratado?

               2)

               ¿Se oponen los artículos 34, 35 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, correctamente interpretados, a la aplicación del artículo 3, apartado 2, de la Ley nacional no 8, de 14 de enero de 2013, —que obliga a indicar con una etiqueta el Estado de procedencia de los productos elaborados en terceros países que utilizan el término italiano «pelle»— a los productos de piel obtenida de su tratamiento en Estados no miembros de la Unión Europea y no comercializada legalmente en la Unión, por constituir dicha Ley nacional una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa prohibida por el artículo 30 del Tratado [probablemente se trata del artículo 34 TFUE] y no justificada por el artículo 36 del Tratado?

               3)

               ¿Se oponen los artículos 3 y 5 de la Directiva 94/11/CE (1), correctamente interpretados, a la aplicación del artículo 3, apartado 2, de la Ley nacional no 8, de 14 de enero de 2013, —que obliga a indicar con una etiqueta el Estado de procedencia de los productos elaborados en terceros países que utilizan el término italiano «pelle»— a los productos de piel legalmente tratada o legalmente comercializada en otros Estados miembros de la Unión?

               4)

               ¿Se oponen los artículos 3 y 5 de la Directiva 94/11/CE, correctamente interpretados, a la aplicación del artículo 3, apartado 2, de la Ley nacional no 8, de 14 de enero de 2013, que obliga a indicar con una etiqueta el Estado de procedencia, a los productos de piel obtenida de su tratamiento en Estados no miembros de la Unión Europea y no comercializada legalmente en la Unión?

               5)

               ¿Se opone el artículo 60 del Reglamento (UE) no 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013 (2), correctamente interpretado, a la aplicación del artículo 3, apartado 2, de la Ley nacional no 8, de 14 de enero de 2013, —que obliga a indicar con una etiqueta el Estado de procedencia de los productos elaborados en terceros países que utilizan el término italiano «pelle»— a los productos de piel obtenida de su tratamiento en Estados miembros de la Unión Europea y no comercializada legalmente a la Unión?

               6)

               ¿Se opone el artículo 60 del Reglamento (UE) no 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, correctamente interpretado, a la aplicación del artículo 3, apartado 2, de la Ley nacional no 8, de 14 de enero de 2013, —que obliga a indicar con una etiqueta el Estado de procedencia de los productos elaborados en terceros países que utilizan el término italiano «pelle»— a los productos de piel obtenida de su tratamiento en Estados no miembros de la Unión Europea y no comercializada legalmente a la Unión?

      (1)  DO L 100, p. 37.

      (2)  DO L 269, p. 1.


title: Asunto F-50/14: Recurso interpuesto el 3 de junio de 2014 — ZZ/Comisión

text:
               28.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/32

         Recurso interpuesto el 3 de junio de 2014 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-50/14)
   2014/C 245/43
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: S. Orlandi, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión por la que se deniega la indemnización por expatriación a la demandante.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de 3 de octubre de 2013 por la que se deniega la indemnización por expatriación a la demandante.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-466/08: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Chipre

text:
               27.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/27

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Chipre
   (Asunto C-466/08) (1)

   2010/C 51/44

      Lengua de procedimiento: griego

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 327, de 20.12.2008.


title: Asunto C-114/09: Recurso interpuesto el 25 de marzo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/28

         Recurso interpuesto el 25 de marzo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-114/09)
   2009/C 113/51
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Adsera Ribera y P. Dejmek, agentes)

      Demandada: Reino de España

      Pretensiones

               —

               Que se declare que, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la Directiva 2006/68/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE (2) del Consejo en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la directiva 2006/68/CE finalizó el 15 de abril de 2008.

      (1)  DO L 264, p. 32

      (2)  DO L 26, p. 1 — EE 17/01, P. 44