title: Asunto T-167/01: Recurso interpuesto el 17 de julio de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH

text:
C 275/16                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      29.9.2001
A este respecto se precisa que, en el asunto C-257/98 P (2),             Motivos y principales alegaciones
Lucaccioni/Comisión, el Tribunal de Justicia ha tomado en
consideración los perjuicios alegados únicamente en el con-
texto del Estatuto y en lo que respecta a la enfermedad
profesional. Pese a que el propio dictamen de la comisión
                                                                         Mediante la Decisión notificada a la República Federal de
médica habı́a fijado como fecha de diagnóstico enero de 1990,
                                                                         Alemania, la Comisión le instó a que exigiera la devolución de
el Tribunal de Justicia ha considerado que el pago de la
                                                                         ayudas por un importe total de 34 978 000 DEM a Lintra
indemnización o renta debı́a producirse a partir de abril de
                                                                         Beteiligungsholding GmbH o a sus filiales, incluida la empresa
1994, fecha de terminación del procedimiento. Está claro, por
                                                                         Gothaer Fahrzeugwerk GmbH.
tanto, que el Tribunal de Justicia no ha tomado en considera-
ción los perjuicios morales y biológicos sufridos por el
demandante y provocados sin duda por la Comisión Europea
desde septiembre de 1967 hasta abril de 1994, o al menos
hasta noviembre de 1980, tal como exigen el Derecho común,              Gothaer Fahrzeugwerk GmbH operaba, entre otras cosas, en
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el             el ámbito de la construcción de automóviles. Los bienes
Convenio de Derechos Humanos.                                            patrimoniales relacionados con dicha actividad fueron vendi-
                                                                         dos a la demandante. Según la demandante, la Comisión
                                                                         probablemente considera que ella es sucesora en todo o en
                                                                         parte de la empresa Gothaer Fahrzeugwerk GmbH, con la
(1) Recopilación 1988, pp. I A-203 y II-607.                            consecuencia de que existe una responsabilidad directa a pesar
(2) Recopilación 1999, p. I-5251.                                       de que sólo se efectuó una adquisición de bienes patrimoniales.
                                                                         La demandante afirma que Gothaer Fahrzeugwerk, en liquida-
                                                                         ción, devolvió la parte que le correspondı́a del importe
                                                                         total de las ayudas. Pero si se solicitase la apertura de un
                                                                         procedimiento concursal respecto a dicha sociedad, el sı́ndico
Recurso interpuesto el 17 de julio de 2001 contra la                     podrı́a impugnar esta devolución y exigir que se reintegrase
Comisión de las Comunidades Europeas por Schmitz-                       esta cantidad, o una parte, a la masa concursal. Por este motivo
                 Gotha Fahrzeugwerke GmbH                                la demandante tiene un interés, digno de protección jurı́dica,
                                                                         en que se declare la nulidad de la Decisión.
                        (Asunto T-167/01)
                         (2001/C 275/31)                                 La demandante alega vicios sustanciales de forma por motiva-
                                                                         ción insuficiente de la Decisión, en la medida en que dicha
                                                                         Decisión, en opinión de la Comisión, también puede servir de
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                     base para exigir a la demandante una devolución. Señala que
                                                                         cuando la Comisión establece en una Decisión que debe
                                                                         exigirse la devolución de ayudas a determinadas empresas,
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   nombradas en dicha Decisión, en principio dicha Decisión se
Europeas se ha presentado el 17 de julio de 2001 un recurso              circunscribe a las empresas concretas. Pero cuando la Comisión
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                considera que, además, también terceras empresas, jurı́dica-
por Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH, Gotha (Alemania),                  mente independientes y a las que meramente se han transmi-
representada por el abogado Martin Matzat, del bufete Alp-               tido bienes patrimoniales, deben responder de la devolución
mann Fröhlich.                                                           de las ayudas a través de una acción directa, es preciso que se
                                                                         indique concretamente el nombre de dichas empresas en la
                                                                         Decisión y que se fundamente de modo sustanciado por qué
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:             se da el supuesto de hecho que genera la responsabilidad
                                                                         directa.
—     Anule la Decisión de la Comisión, de 28.03.2001,
      nº C 41/99 (antes, N 49/95), en la medida en que
      establece una responsabilidad directa de la demandante
      respecto a la parte de las ayudas que Gothaer Fahrzeug-            Además, la demandante aduce que la Comisión infringió el
      werk GmbH debe devolver.                                           Tratado al suponer o establecer una responsabilidad directa en
                                                                         perjuicio de la demandante. Indica, entre otros, que una
                                                                         responsabilidad ilimitada de los adquirentes de bienes patrimo-
—     Con carácter subsidiario, si no es admisible o posible
                                                                         niales es incompatible con los principios de Derecho comunita-
      impugnar una parte de la Decisión, anule la Decisión de
                                                                         rio. En especial, una responsabilidad tan amplia vulnera
      la Comisión, de 28.03.2001, nº C 41/99 (antes, N 49/95).
                                                                         el principio de proporcionalidad. Además, las ayudas cuya
                                                                         devolución se exige no tienen relación alguna con los bienes
—     Condene en costas a la Comisión.                                  patrimoniales recibidos por la demandante.
 ---pagebreak--- 29.9.2001              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 275/17
Finalmente, la demandante alega un uso indebido de las                 La Comisión llegó a la conclusión de que estas cláusulas y
facultades discrecionales de la Comisión al exigir la devolución     condiciones de venta eran contrarias al artı́culo 81, apartado 1,
de ayudas por un importe total de 7 100 736 DEM en perjuicio           del Tratado CE, por restringir las importaciones y exportacio-
de Gothaer Fahrzeugwerk GmbH. Señala que la Comisión no              nes paralelas a otros Estados miembros. Esta decisión es la que
tuvo en cuenta la participación de Gothaer Fahrzeugwerk               ahora impugna la demandante.
GmbH en el resultado global. Además, 3 300 000 DEM se
emplearon, sin que sea objeto de discusión, para la finalidad         En apoyo de su recurso, la demandante niega la aplicabilidad
inicialmente prevista y la cantidad restante de 3 800 736 DEM          del artı́culo 81, apartado 1, del Tratado CE, basándose en que
fue establecida sobre la base de un criterio de reparto elegido        las condiciones de venta no constituyen un acuerdo y no
arbitrariamente por la Comisión, con la consecuencia de que           tienen ni objeto ni efecto restrictivo. La demandante alega
la Decisión impugnada es contraria al Derecho comunitario y           además que estas condiciones de venta compensan la alteración
nula.                                                                  del mercado causada por la fijación de precios efectuada
                                                                       por las autoridades españolas. Con carácter subsidiario, la
                                                                       demandante alega que las condiciones de venta pueden
                                                                       acogerse a la exención prevista en el artı́culo 81, apartado 3,
                                                                       del Tratado CE.
Recurso interpuesto el 23 de julio de 2001 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Glaxo Well-
                             come plc
                                                                       Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2001 contra la
                       (Asunto T-168/01)                               Comisión de las Comunidades Europeas por Euroagri s.r.l.
                                                                                (Asunto T-180/01)
                         (2001/C 275/32)
                                                                                (2001/C 275/33)
                  Lengua de procedimiento: inglés
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 23 de julio de 2001 un recurso            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado             Europeas se ha presentado el 3 de agosto de 2001 un recurso
por Glaxo Wellcome plc, con domicilio en Middlesex (Reino              contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Unido), representada por los Sres. I.S. Forrester Q.C. y               por Euroagri s.r.l., representada por el Sr. Walter Massucci,
A.P. Schulz, del bufete White & Case Bruselas, F. Depoortere,          abogado.
T. Louko e I. Vandenborre, del bufete Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP, Bruselas, y S. Martı́nez Lage, del bufete          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
Martı́nez Lage y Asociados.
                                                                       —     Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
                                                                             Europeas, de 6 de junio de 2001, C (2001) 1274.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                       —     Con carácter subsidiario, anule parcialmente la Decisión
—     Anule la decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2001.               impugnada y reduzca proporcionalmente a la inversión
                                                                             efectivamente realizada la ayuda financiera concedida a
—     Adopte cualquier otra medida que la justicia exija.                    Euroagri s.r.l. por medio de la Decisión de la Comisión de
                                                                             3 de diciembre de 1992.
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                       —     Condene en costas a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones                                      Motivos y principales alegaciones
La demandante notificó sus nuevas cláusulas y condiciones de         En el presente asunto, la sociedad demandante solicita que se
venta a la Comisión con arreglo al Reglamento nº 17/62. Las           anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas,
nuevas cláusulas y condiciones de venta de la demandante              de 6 de junio de 2001, C (2001) 1274, que suprime la ayuda
comprendı́an dos sistemas de precios diferentes para sus               concedida a la demandante mediante la Decisión C (92)
productos farmacéuticos. El primer sistema se aplicaba a los           3124, relativa a la concesión de la ayuda FEOGA, sección
productos destinados a ser vendidos en España y a ser                 Orientación, con arreglo al Reglamento (CEE) no 4256/88 del
financiados por el sistema español de seguridad social. En este       Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban
caso, según la demandante, todos los precios eran establecidos        las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
por las autoridades españolas a un nivel bajo. El segundo             no 2052/88, en lo relativo al FEOGA, sección «Orientación» (1),
sistema se aplicaba a los productos destinados a ser vendidos          en el ámbito del proyecto no 92.IT.06.069, titulado «Progetto
fuera del ámbito de aplicación del sistema español de fijación     pilota e di dimostrazione per l’utilizzo di nuova tecnologia
de precios, por mayoristas autorizados con arreglo al Derecho          “Endovena” sui fruttiferi» (proyecto piloto y de demostración
español. En este último sistema, la demandante establecı́a los       para la utilización de la nueva tecnologı́a «Endoneva» en los
precios.                                                               frutales).


title: Asunto C-634/16 P: Recurso de casación interpuesto el 7 de diciembre de 2016 por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 28 de septiembre de 2016 en el asunto T-476/15, European Food SA/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

text:
               20.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/7

         Recurso de casación interpuesto el 7 de diciembre de 2016 por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 28 de septiembre de 2016 en el asunto T-476/15, European Food SA/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
   (Asunto C-634/16 P)
   (2017/C 086/09)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: M. Rajh, agente)

      Otras partes en el procedimiento: European Food SA, Société des produits Nestlé SA

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia recurrida.

               —

               Condene en costas a la Oficina.

      Motivos y principales alegaciones

   En primer lugar, el Tribunal General no tuvo en cuenta que los Reglamentos n.os 207/2009 (1) y 2868/95 (2) establecen dos tipos de plazos para la presentación de elementos en los procedimientos ante la Oficina: los que se especifican en la propia legislación y que, por lo tanto, la Oficina no puede ampliar y los que establece la Oficina en cada caso concreto a efectos de una buena organización del procedimiento, que pueden ampliarse a petición de las partes cuando resulte oportuno según las circunstancias especiales del caso. En consecuencia, es errónea la afirmación del Tribunal General de que no se aplica plazo alguno a los procedimientos de nulidad por motivos absolutos.
   En segundo lugar, el Tribunal General se equivocó en cuanto al significado y efecto del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009. Este artículo se aplica a todo tipo de procedimientos ante la Oficina y a todos los plazos aplicables, a saber, (i) a los establecidos directamente en los Reglamentos n.os 207/2009 y 2868/95 y (ii) a los establecidos por la EUIPO en ejercicio de su competencia en materia de organización de los procedimientos que se tramitan ante ella.
   En tercer lugar, al concentrarse en el párrafo tercero del apartado 1 de la regla 50 del Reglamento n.o 2868/95, el Tribunal General no tuvo en cuenta el significado esencial de esta regla recogido en su párrafo primero, a saber, que la Sala de Recurso está sujeta a las mismas disposiciones procesales que la División que dictó la resolución impugnada. El párrafo primero no se limita a los procedimientos de oposición, sino que se aplica a todos los procedimientos, incluidos los de anulación.
   En cuarto lugar, la sentencia recurrida infringe el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 en la medida en que (i) no aplicó esta disposición a los plazos establecidos por la Oficina y (ii) privó a la Sala de Recurso de su facultad, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, de valorar si las pruebas presentadas por primera vez podían calificarse como «nuevas» y, por ello, de ejercer su facultad de apreciación en cuanto a la admisibilidad de dichas pruebas.
   Por último, la sentencia recurrida perturba el equilibrio entre los respectivos derechos procesales de las partes al conferir a todas las partes en un procedimiento de nulidad el derecho incondicional a presentar cualesquiera pruebas en cualquier fase del procedimiento ante la Oficina, incluso en apelación. Esto priva a la parte recurrida de una fase del examen administrativo si la parte recurrente en el procedimiento de nulidad decide deliberadamente no presentar ningún hecho ni prueba —o ninguno relevante— ante la División de Anulación. Además, conferir a todas las partes en un procedimiento de nulidad el derecho incondicional a presentar cualesquiera pruebas en cualquier fase del procedimiento viola asimismo los principios de economía procesal y de buena administración.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de 26 de enero de 1999 en el asunto C-18/95 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch): F. C. Terhoeve contra Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland (Libre circulación de trabajadores - Liquidación combinada del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones al régimen de seguros sociales generales - Inaplicación a los trabajadores que trasladan su residencia de un Estado miembro a otro de un tope máximo de cotización anual aplicable a los trabajadores que no han ejercido su derecho de libertad de circulación - Posible compensación mediante ventajas en materia del impuesto sobre la renta - Posible incompatibilidad con el Derecho comunitario - Consecuencias)

text:
10.4.1999              ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 100/3
2) Se condena en costas al Reino de BeÂlgica.                          octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los
                                                                       trabajadores dentro de la Comunidad, pueden ser
                                                                       invocados por un trabajador contra el Estado miembro
(1) DO C 228 de 26.7.1997.
                                                                       del que es nacional cuando haya residido y ejercido
                                                                       una actividad por cuenta ajena en otro Estado miem-
                                                                       bro.
                                                                   2) El artículo 48 del Tratado se opone a que un Estado
                                                                       miembro perciba de un trabajador, que en el curso de
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                       un anÄo natural traslada su residencia de un Estado
                    de 26 de enero de 1999                             miembro a otro para ejercer allí una actividad por
                                                                       cuenta ajena, una cotización a los seguros sociales
en el asunto C-18/95 (petición de decisión prejudicial                 superior a la que debe pagar, en las mismas circunstan-
planteada por el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch): F. C.               cias, un trabajador que haya mantenido durante todo
Terhoeve contra Inspecteur van de Belastingdienst Parti-               el anÄo su residencia en el Estado miembro de referen-
            culieren/Ondernemingen buitenland (1)                      cia, sin que el primer trabajador disfrute, por lo
(Libre circulación de trabajadores Ð Liquidación combi-                demaÂs, de prestaciones sociales adicionales.
nada del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones al
reÂgimen de seguros sociales generales Ð Inaplicación a los
trabajadores que trasladan su residencia de un Estado
                                                                   3) La imposición de una cotización superior a un trabaja-
miembro a otro de un tope maÂximo de cotización anual
                                                                       dor que traslada su residencia de un Estado miembro
aplicable a los trabajadores que no han ejercido su dere-
                                                                       a otro para ejercer allí una actividad por cuenta ajena,
cho de libertad de circulación Ð Posible compensación
                                                                       en principio contraria al artículo 48 del Tratado, no
mediante ventajas en materia del impuesto sobre la renta
                                                                       puede estar justificada por el hecho de que se derive de
Ð Posible incompatibilidad con el Derecho comunitario
                                                                       una normativa que persigue un objetivo de simplifica-
                       Ð Consecuencias)
                                                                       ción y de coordinación de la recaudación del impuesto
                        (1999/C 100/04)                                sobre la renta y de las cotizaciones a los seguros
                                                                       sociales, ni por dificultades de orden teÂcnico que
                                                                       obstaculicen otros criterios de recaudación, ni por la
            (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)                     circunstancia de que, en determinadas situaciones,
                                                                       otras ventajas derivadas del impuesto sobre la renta
                                                                       puedan compensar o incluso sobrepasar la desventaja
                                                                       relativa a las cotizaciones sociales.
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
 caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                          de Justicia»)
                                                                   4) Para apreciar si la cotización a los seguros sociales
                                                                       soportada por un trabajador que traslada su residencia
En el asunto C-18/95, que tiene por objeto una peticiôn                de un Estado miembro a otro para ejercer allí una
dirigida el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177          actividad por cuenta ajena es superior a la que soporta
del Tratado CE, por el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch                 un trabajador que mantuvo su residencia en el mismo
(Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente           Estado miembro, deben tomarse en consideración
ante dicho órgano jurisdiccional entre F. C. Terhoeve e                todas las rentas relevantes con arreglo a la legislación
Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Onderne-               nacional para determinar el importe de las cotizacio-
mingen buitenland, una decisión prejudicial sobre la inter-            nes, incluidas, en su caso, las procedentes de bienes
pretación de los artículos 7 y 48 del Tratado CEE y del                inmuebles.
apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE)
no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, rela-
tivo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la
Comunidad (DO L 257 de 19.10.1968, p. 2; EE 05/01,                 5) En caso de que la legislación nacional controvertida
p. 77), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:              sea incompatible con el artículo 48 del Tratado, un
P. J. G. Kapteyn, Presidente de las Salas Cuarta y Sexta, en           trabajador que traslade su residencia de un Estado
funciones de Presidente; G. Hirsch y P. Jann, Presidentes              miembro a otro para ejercer allí una actividad por
de Sala; G. F. Mancini (Ponente), J. C. Moitinho de                    cuenta ajena tiene derecho a que se le fije una
Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, L. Sevón, M. Wathe-                 cotización a la Seguridad Social ideÂntica a la que
let, R. Schintgen y K. M. Ioannou, Jueces; Abogado Gene-               corresponda a un trabajador que haya mantenido su
ral: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria: Sra. D. Lou-              residencia en el mismo Estado miembro.
terman-Hubeau, administradora principal; ha dictado el
26 de enero de 1999 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:                                                         (1) DO C 74 de 25.3.1995.
1) El artículo 48 del Tratado CEE y el artículo 7 del
     Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de


title: Asunto C-326/09: Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

text:
               19.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 312/10

         Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-326/09)
   2009/C 312/16
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. van Beek y M. Kaduczak, agentes)

      Demandada: República de Polonia

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, (1) de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado la adopción de tales disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva 2004/113/CE finalizó el 21 de diciembre de 2007.

      (1)  DO L 373, p. 37.


title: Asunto F-76/15: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 28 de abril de 2016 — FY/Consejo (Función Pública — Seguridad Social — Régimen común de seguro de enfermedad — Asunción de los gastos médicos — Tipo de reembolso — Reconocimiento de una enfermedad grave — Criterios — Artículo 72 del Estatuto y disposiciones generales de ejecución relativas al reembolso de gastos médicos)

text:
               20.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 222/37

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 28 de abril de 2016 — FY/Consejo
   (Asunto F-76/15) (1)

   ((Función Pública - Seguridad Social - Régimen común de seguro de enfermedad - Asunción de los gastos médicos - Tipo de reembolso - Reconocimiento de una enfermedad grave - Criterios - Artículo 72 del Estatuto y disposiciones generales de ejecución relativas al reembolso de gastos médicos))
   (2016/C 222/47)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: FY (representantes: J.-N. Louis y N. de Montigny, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bauer y M. Veiga, agentes)

      Objeto

   Anulación de la decisión de la Oficina liquidadora de Bruselas por la que se deniega la solicitud de prolongación del reconocimiento de la enfermedad que padece el hijo de la demandante como enfermedad grave y la solicitud de asunción del 100 % de los gastos médicos asociados a la misma.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de 8 de abril de 2014 por la que la Oficina liquidadora de Bruselas (Bélgica) del Régimen común de seguro de enfermedad denegó la solicitud de prolongación del reconocimiento de la enfermedad del hijo de FY como enfermedad grave.

               2)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y se le condena a cargar con las costas de FY.

      (1)  DO C 245 de 27.7.2015, p. 51.


title: Asunto F-145/06: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2006 — Pascual García

text:
               10.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/42

         Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2006 — Pascual García
   (Asunto F-145/06)
   (2007/C 56/79)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: César Pascual García (Madrid, España) (representantes: B. Cortese y C. Cortese, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 7 de abril de 2006 del Director General del JRC-Joint Research Centre de la Comisión de las Comunidades Europeas (JRC), notificada al demandante el 17 de abril de 2006, en la medida en que no ha considerado su candidatura correspondiente al puesto referente a la convocatoria para proveer plaza vacante COM/2005/2969 — B/3/B*11 — JRC.I.04 — IHCP — Ispra, y añadió una observación en la lista de reserva del concurso EPSO/B/23/04 (1) para informar a los servicios de la Comisión de que el demandante no cumple los criterios para participar en el referido concurso.

               —

               De ser necesario, que se anule la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) de la Comisión de 22 de septiembre de 2006, notificada al demandante el 13 de noviembre de 2006, mediante la que se desestima su reclamación no R/400/06.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante, que había aprobado el concurso general EPSO/B/23/04, no fue contratado por el JRC, por cuanto el Director General de este centro consideró que no cumplía los criterios necesarios para su admisión a dicho concurso.
   En su recurso el demandante alegó que la decisión impugnada: i) adolecía de un abuso de procedimiento, dado que, a su juicio, había modificado indebidamente la apreciación de sus títulos y de su experiencia realizada por el tribunal de concurso, y que, sin que éste hubiera incurrido en un error manifiesto de apreciación, ii) infringía el marco de legalidad establecido por la convocatoria de concurso, iii) adolecía de un error manifiesto de apreciación, así como de grave falta de motivación debido a su carácter ilógico, iv) violaba el principio de protección de la confianza legítima.
   Con carácter subsidiario, según el demandante, la decisión impugnada viola el principio de igualdad de trato. Considera que, en el supuesto de que la violación de dicho principio se derivara de las disposiciones de la convocatoria de concurso, debería declararse la ilegalidad de ésta con arreglo al artículo 241 CE.

      (1)  Convocatoria de oposición general EPSO/B/23/04 con miras a la constitución de listas de reserva para la contratación de agentes técnicos (B 5/B 4) en el ámbito de la investigación y la técnica (DO C 81 A, de 31 de marzo de 2004, p. 17).


title: Asunto T-124/07: Recurso interpuesto el 17 de abril de 2007 — Siemens Transmission & Distribution y Nuova Magrini Galileo/Comisión

text:
               23.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 140/32

         Recurso interpuesto el 17 de abril de 2007 — Siemens Transmission & Distribution y Nuova Magrini Galileo/Comisión
   (Asunto T-124/07)
   (2007/C 140/54)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandantes: Siemens Transmission & Distribution SA (Grenoble, Francia) y Nuova Magrini Galileo SpA (Bérgamo, Italia) (representantes: H. Wollmann y F. Urlesberger, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule el artículo 1 de la Decisión impugnada, en la medida en que se imputa a las demandantes haber infringido el artículo 81 CE y/o el artículo 53 del Acuerdo EEE en los períodos comprendidos entre el 15 de abril de 1988 y el 13 de diciembre de 2000, entre el 1 de abril de 2002 y el 9 de octubre de 2002 y entre el 21 de enero de 2004 y el 11 de mayo de 2004.

               —

               Que se anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en la medida en que afecta a las demandantes.

               —

               Subsidiariamente, que se reduzca la cuantía impuesta a las demandantes en el artículo 2, letra l), de la Decisión, hasta una cantidad no superior a 2 750 000 euros respecto a la primera demandante y 1 100 000 euros respecto a la segunda demandante.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes impugnan la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 def., de 24 de enero de 2007, en el asunto COMP/F/38.899 — Conmutadores con aislamiento de gas. En la Decisión impugnada, se impuso a las demandantes y a otras empresas una multa por infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. En opinión de la Comisión, las demandantes participaron en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas que afectaban al sector de «conmutadores con aislamiento de gas».
   Como fundamento de su recurso las demandantes alegan, en primer lugar, que se ha infringido el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 1/2003, (1) y el artículo 25 de dicho Reglamento. En este contexto alegan que la multa impuesta supera el 10 % de su respectivo volumen de negocios del último ejercicio económico anterior a la Decisión. A ello añaden que, al fijar la cuantía de la multa, la Comisión no tuvo en cuenta la situación económica individual de las demandantes. Alegan además que no se comprende y resulta errónea la forma en que se determinó las empresas con las que responden de manera solidaria de la totalidad de la multa adeudada y de las cantidades de la multa que corresponde a cada uno de los deudores solidarios. Además, la demandada incurrió en error al apreciar la duración de la eventual infracción y no tuvo en cuenta que la mayor parte de dicha eventual infracción ya ha prescrito. Por último, en el marco del primer motivo de recurso se alega que la Comisión declaró, sin pruebas concluyentes, que la supuesta infracción tenía por objeto o por efecto restringir hasta el 13 de diciembre de 2000 la competencia dentro de la Comunidad.
   En segundo lugar, las demandantes alegan que la demanda incurrió en vicios sustanciales de forma. A este respecto aducen que se violó el derecho de defensa.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Asunto T-249/99: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de septiembre de 2006 — Jongste/Comisión

text:
               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/30

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de septiembre de 2006 — Jongste/Comisión
   (Asunto T-249/99) (1)

   (2006/C 261/59)

      Lengua de procedimiento: neerlandés

   El Presidente de la Sala Segunda ampliada ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 6, de 8.1.2000.


title: Asunto T-207/11: Recurso interpuesto el 8 de abril de 2011 — EyeSense/OAMI — Osypka Medical (ISENSE)

text:
               2.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 194/15

         Recurso interpuesto el 8 de abril de 2011 — EyeSense/OAMI — Osypka Medical (ISENSE)
   (Asunto T-207/11)
   2011/C 194/23
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: EyeSense AG (Basilea, Suiza) (representante: N. Aicher, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Osypka Medical GmbH (Berlín, Alemania)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 4 de febrero de 2011 en el asunto R 1098/2010-4.

               —

               Condene a la demandada en costas, incluidas las del procedimiento de recurso ante la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Osypka Medical

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «ISENSE» para productos y servicios de las clases 9, 10 y 42 — Solicitud de registro no 7.165.327

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado: Marca nacional denominativa «EyeSense» para productos y servicios de las clases 10 y 42

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) ya que existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto T-66/02: Recurso interpuesto el 25 de febrero de 2002 por 1. la sociedad anónima Idiotiko Institouto Epangelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou — Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikes Scholes, 2. Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epangelmatikis Katartisis y 3. Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
4.5.2002               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 109/67
Recurso interpuesto el 4 de marzo de 2002 por Michelle                  Pues bien, al referirse al dictamen por el que se fijan los
       Boisset-Chetaud contra el Parlamento Europeo                     derechos a una pensión de invalidez emitido por el jefe de la
                                                                        división Dirección General V — Personal, la AFPN deberı́a
                                                                        haber considerado como único criterio el de la residencia.
                        (Asunto T-65/02)
                        (2002/C 109/125)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                        Recurso interpuesto el 25 de febrero de 2002 por 1. la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  sociedad anónima Idiotiko Institouto Epangelmatikis
Europeas se ha presentado el 4 de marzo de 2002 un recurso              Katartisis N. Avgerinopoulou — Anagnorismenes Techni-
contra el Parlamento Europeo formulado por la Sra. Michelle             kes Idiotikes Epangelmatikes Scholes, 2. Panellinia Enosi
Boisset-Chetaud, con domicilio en Niza (Francia), representada          Idiotikon Institouton Epangelmatikis Katartisis y 3. Panel-
por Me Laurent Mosar, abogado, que designa domicilio en                 linia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpaidefsis
Luxemburgo.                                                             kai Katartisis contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                                (Asunto T-66/02)
—     Anule la decisión que resulta de la correspondencia de                                    (2002/C 109/126)
      27 de junio de 2001 por la cual el Parlamento Europeo
      suspendió la aplicación del coeficiente corrector para
      Francia a partir del 1 de junio de 2001, a la espera de los                         (Lengua de procedimiento: griego)
      documentos que acreditasen sin ambigüedad que el
      centro de los intereses de Michelle Boisset-Chetaud se
      sitúa en Niza.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—     Anule la decisión del Secretario General del Parlamento          Europeas se ha presentado el 25 de febrero de 2002 un recurso
      Europeo formulada en el marco de la correspondencia de            contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
      6 de diciembre de 2001 como consecuencia de la                    por 1. la sociedad anónima «Idiotiko Institouto Epangelmatikis
      reclamación de la demandante, que, según dicha decisión,       Katartisis N. Avgerinopoulou — Anagnorismenes Technikes
      los documentos presentados por Michelle Boisset-Che-              Idiotikes Epangelmatikes Scholes», 2. Panellinia Enosi Idiotikon
      taud no han permitido al jefe de la división Asuntos             Institouton Epangelmatikis Katartisis y 3. Panellinia Enosi
      Sociales considerar que ella ha establecido el centro de          Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis,
      sus intereses en Niza y, por lo tanto, el lugar donde se          que tienen sus respectivos domicilios sociales en Atenas,
      supone que la demandante efectúa sus gastos.                     representadas por el Sr. Th. Antoniou, abogado de Atenas.
                                                                        Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
Motivos y principales alegaciones                                       Instancia que:
                                                                        —     Estime el recurso y declare nulo el hecho de que la
La demandante en el presente asunto impugna la negativa de                    Comisión de las Comunidades Europeas no haya supri-
la AFPN a considerar que su centro de intereses se sitúa en                  mido la distinción contraria a Derecho entre institutos
Niza y, por consiguiente, a aplicar a su pensión de jubilación              privados y los institutos públicos de formación profesio-
el coeficiente corrector para Francia.                                        nal en lo que atañe a la financiación exclusiva de los
                                                                              institutos citados en último lugar por el tercer Marco
                                                                              comunitario de apoyo, y en particular por el programa
En apoyo de su recurso, alega la vulneración del artı́culo 82                operativo para «la educación en la formación profesional
del Estatuto. La demandante afirma a este respecto que el                     inicial (EPEAEK) II».
concepto de residencia que figura en dicha disposición ha sido
objeto de interpretación jurisprudencial por la que se determina
que una persona establece un centro permanente habitual en
el lugar donde resida. En el marco de la apreciación de los
criterios del concepto de residencia, la parte demandada debe           Motivos y principales alegaciones
basarse en datos objetivos, como un certificado de residencia.
A este respecto, la demandante no sólo ha presentado un                —     Infracción del artı́culo 87 CE: la financiación exclusiva de
certificado de residencia, sino muchos otros documentos, tales                los institutos públicos de formación profesional consti-
como la escritura pública relativa a la compra de un piso, una               tuye una ayuda estatal (y comunitaria), que no se basa en
comunicación de cambio de domicilio y varias facturas.                       unas medidas de carácter general y no se halla justificada
 ---pagebreak--- C 109/68               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       4.5.2002
     por las obligaciones concretas de la enseñanza pública.          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     Esta financiación unilateral atenta contra la competencia
                                                                        —    Anule la primera denegación de acceso —que le fue
     y afecta a los intercambios entre los Estados miembros.
                                                                             comunicada mediante el escrito de la Comisión Europea
                                                                             de 19 de diciembre de 2001, prot. D/55293 COMP/GI/-
—    Violación del principio de igualdad consagrado en el                   PI/cpbD(01)1704— y la segunda denegación de acceso,
     artı́culo 12 CE: la financiación exclusiva de los institutos           que le fue opuesta como consecuencia del silencio
     estatales de enseñanza profesional y técnica introduce                 administrativo guardado a la solicitud de confirmación
     una discriminación contraria a Derecho en detrimento de                que cursó al Secretario General de la Comisión mediante
     los institutos privados de enseñanza profesional, en la                su escrito de 14 de enero de 2002.
     medida en que dicha discriminación no viene exigida por
     un interés público de rango superior.                             —    Condene a la Comisión Europea al pago de las costas del
                                                                             presente procedimiento.
—    Violación del principio de subsidiariedad.
                                                                        Motivos y principales alegaciones
                                                                        La parte demandante en el presente asunto impugna la negativa
                                                                        de la parte demandada a permitir el acceso a determinados
                                                                        documentos referentes al régimen de las ayudas de Estado,
                                                                        objeto de la Decisión de la Comisión de 2.8.2000, relativa a
                                                                        las contribuciones financieras en favor de las actividades
Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2002 contra la                    productivas en las áreas deprimidas del Paı́s previstas en la Ley
Comisión de las Comunidades Europeas por Mara Messina
                                                                        no 488/1992 (Ayuda de Estado no 715/99).
                        (Asunto T-76/02)                                —    En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega la
                                                                             infracción del artı́culo 4, apartado 2 del Reglamento (CE)
                                                                             no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                        (2002/C 109/127)                                     30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los
                                                                             documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
                (Lengua de procedimiento: italiano)                          Comisión, en la medida en que
                                                                        —    en el presente caso, no se ha dado, dentro del plazo
                                                                             señalado, una respuesta a la solicitud de confirmación de
                                                                             la denegación del referido acceso;
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 18 de marzo de 2002 un recurso             —    la divulgación de los documentos solicitados no irrogarı́a
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                    perjuicio alguno al interés público consistente en la
por la Sra. Mara Messina, representada por el Sr. Michele                    protección de las actividades de inspección y de investiga-
Arcangelo Calabrese, abogado.                                                ción o de los procesos judiciales.


title: Asunto C-482/04 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 2004 por SNF S.A.S. contra el auto dictado el 6 de septiembre de 2004 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-213/02, promovido por SNF S.A. contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               22.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/15

         Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 2004 por SNF S.A.S. contra el auto dictado el 6 de septiembre de 2004 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-213/02, promovido por SNF S.A. contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-482/04 P)
   (2005/C 19/29)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 22 de noviembre de 2004 un recurso de casación formulado por SNF S.A.S., con domicilio social en Andrézieux (Francia), representada por Mes K. van Meldegem y C. Mereu, abogados, contra el auto dictado el 6 de septiembre de 2004 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-213/02, (1) SNF S.A. contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare la admisibilidad del presente recurso de casación y lo declare fundado.

               —

               Anule el auto dictado el 6 de septiembre de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-213/02.

               —

               Declare la admisibilidad de lo solicitado por la recurrente en el asunto T-213/02.

               —

               Se pronuncie o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie, y

               —

               Condene a la Comisión Europea al pago de las costas de las dos instancias.

         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente alega que el auto recurrido del Tribunal de Primera Instancia debe ser anulado por los siguientes motivos:

               a)

               El Tribunal de Primera Instancia ha interpretado erróneamente el artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento y ha infringido el principio de eficacia jurídica y la obligación de motivación.

               b)

               El Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en error de Derecho en su apreciación jurídica de los hechos.

               c)

               El auto del Tribunal de Primera Instancia vulnera el derecho a una tutela judicial completa y efectiva, así como el derecho a ser oído.

      (1)  DO C 233, de 28.9.2002, p. 28.


title: Asunto C-482/99: Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 1999 por la República Francesa contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 63/14                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       4.3.2000
2) El Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de               ningún otro recurso de Estado (error de calificación jurı́dica
    Derecho al no reconocer que la Comisión hubiera debido                de los hechos). En todo caso, la Comisión nada explica
    notificar su Decisión a los recurrentes cuando éstos                  acerca de las razones que la condujeron a considerar que
    solicitaron formalmente la notificación de la misma el                solamente la comprobación del carácter público de una
    24 de agosto de 1998.                                                  empresa basta para determinar el origen público de los
                                                                           recursos utilizados en el sentido del artı́culo 87 del Tratado
3) En el procedimiento, ante el Tribunal de Primera Instancia              (infracción de la obligación de motivación). Por último, la
    se violaron los derechos de defensa de los recurrentes, lo             Comisión ni siguiera examina el carácter imputable o
    que constituye una irregularidad del procedimiento.                    inimputable al Estado de las medidas por ella censuradas
                                                                           (error de Derecho).
4) La resolución del Tribunal de Primera Instancia distorsiona
    manifiestamente el significado evidente de las pruebas y
    supone una apreciación jurı́dicamente errónea de los              — (Con carácter subsidiario) Error manifiesto de apreciación
    hechos.                                                                del carácter prudente de las ayudas concedidas a Stardust
                                                                           por SBT y Altus: sólo a partir de la liquidación de cuentas
                                                                           de 30 de junio de 1995, caracterizada por la comprobación
(1) DO C 358, de 21.11.1998, p. 19.                                        de una pérdida considerable (362 millones de francos) y al
(2) DO C 174, de 19.6.1999, p. 6.                                          haberse descubierto y tenido en cuenta las consecuencias
                                                                           de las maquinaciones y engaños de antiguos dirigentes, el
                                                                           compromiso financiero de SBT/Altus releva tener el carác-
                                                                           ter desproporcionado que le atribuye la Comisión. Pero
                                                                           antes de dicha fecha, las cuentas de Stardus mostraron una
                                                                           situación aceptable para una sociedad en sus inicios. La
                                                                           Comisión, erróneamente, se niega a tener en cuenta los
Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 1999 por la                      diversos engaños para apreciar el carácter prudente o
República Francesa contra la Comisión de las Comunida-                   imprudente del comportamiento de SBT, debido especial-
                           des Europeas                                    mente a que, a la espera de la resolución de los órganos
                                                                           jurisdiccionales nacionales ante los que se sometieron estos
                       (Asunto C-482/99)                                   asuntos, no puede pronunciarse sobre ellos.
                          (2000/C 63/27)                                — Contradicciones internas de los motivos de la decisión
                                                                           impugnada, en particular, en lo que se refiere a la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               identificación de quién concedió la ayuda, la Comisión
presentado el 20 de diciembre de 1999 un recurso contra la                 tanto se refiere conjuntamente al Crédit Lyonnais y al CDR,
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la                     como únicamente al Crédit Lyonnais, o únicamente al
República Francesa, representada por la Sra. Kareen Rispal-Be-            CDR. Todo el razonamiento de la Comisión parece fun-
llanger y por el Sr. Frédérik Million, en calidad de Agentes, que          darse en el hecho de que las ayudas, en su globalidad,
designa como domicilio en Luxemburgo la Embajada de                        son imputables al Crédit Lyonnais, incluidas las nuevas
Francia, 8b, boulevard Joseph II.                                          aportaciones de capital posteriores a la separación de las
                                                                           empresas, que tan sólo sufrieron un aplazamiento en
                                                                           cuanto al pago por parte del CDR, cuando la propia parte
La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que:               dispositiva de la decisión se refiere, por el contrario, a las
                                                                           ayudas de CDR a Stardust y ordena su recuperación.
— Anule en su totalidad la decisión de la Comisión de las
    Comunidades Europeas, de 8 de septiembre de 1999,
    adoptada sobre la base de los artı́culos 87 y 88 CE, relativa       — Violación del principio de seguridad jurı́dica: la decisión
    a las ayudas a la empresa Stardust Marine.                             impugnada recoge manifiestamente aspectos importantes
                                                                           de decisiones anteriores de la Comisión relativas a las
— Condene en costas a la Comisión.                                        ayudas concedidas al Crédit Lyonnais. En primer lugar, el
                                                                           razonamiento de la Comisión en la decisión impugnada
                                                                           vuelve a excluir la posibilidad de que el CDR efectúe
Motivos y principales alegaciones                                          cesiones (en su caso, tras nueva aportación de capital), aun
                                                                           cuando esta opción es, como en el caso de Stardust, la más
— Violación del artı́culo 87, apartado 1, del Tratado CE: La              racional desde un punto de vista económico y que, por
    decisión impugnada da una interpretación errónea del                tanto, responde a la misión que se le ha confiado. En
    concepto de recursos públicos en la medida en que la                  segundo lugar, la Comisión se niega a conceder importan-
    Comisión considera en ella el carácter supuestamente                 cia alguna al comportamiento prudente de CDR.
    público de los recursos utilizados por las filiales y subfiliales
    del Crédit Lyonnais (Altus Finance y SBT) como un hecho
    indiscutible. Pues bien, la naturaleza pública de los recursos     — Vulneración de los derechos de defensa del Gobierno
    de una empresa no puede resultar únicamente de la                     francés: en el marco del procedimiento administrativo
    circunstancia de pertenecer al sector público (error de               escrito, la Comisión nunca manifestó su intención de
    Derecho). En este caso, SBT y Altus (filiales del Crédit               aplicar el concepto de continuum de la acción del Estado,
    Lyonnais) no disponı́an, en el momento de las intervencio-             es decir, —en otros términos— imputar la totalidad de
    nes incriminadas, de ninguna dotación presupuestaria y de             las medidas de ayuda a Stardust al comportamiento
 ---pagebreak--- 4.3.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 63/15
    supuestamente imprudente de SBT y de Altus antes de la               Motivos y principales alegaciones
    separación de las empresas. Este razonamiento sólo aparece
    en la decisión impugnada, pese a constituir su concepto             — V i o l a c i ó n d e l a l i b e r t a d d e p r e s t a c i ó n d e
    fundamental.                                                            servicios
                                                                            a) Obstaculización de la participación en un consorcio
                                                                                para la realización de una obra de construcción.
                                                                                Para el sector de la construcción es particularmente
                                                                                relevante lo dispuesto en el artı́culo 1, número 1,
                                                                                segunda frase, de la Gesetz zur Regelung der
                                                                                gewerbsmässigen Arbeitsnehmerüberlassung (Ley de
                                                                                cesión de trabajadores; en lo sucesivo, AÜG), según la
Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 1999 contra la                         cual en determinadas circunstancias la cesión de perso-
República Federal de Alemania por la Comisión de las                           nal para la realización de una obra no constituye una
                     Comunidades Europeas                                        cesión de trabajadores sujeta a autorización. Ahora
                                                                                bien, dado que tal excepción prevé que será aplicable a
                                                                                todos los miembros de un consorcio cubiertos por los
                        (Asunto C-493/99)                                        convenios colectivos alemanes del sector, las construc-
                                                                                toras de otros Estados miembros sólo podrán participar
                          (2000/C 63/28)                                         cuando posean una sucursal en Alemania que emplee
                                                                                en este Estado trabajadores de la construcción sujetos,
                                                                                por tanto, a un convenio colectivo alemán. Las empre-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                     sas de otros Estados miembros no pueden ceder a un
presentado el 21 de diciembre de 1999 un recurso contra la                       consorcio formado en Alemania, que habitualmente
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de                     suele adoptar la forma de una sociedad de Derecho
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Jörn Sack,                     civil, ningún trabajador desde una sede o una estableci-
Consejero Jurı́dico, que designa como domicilio en Luxem-                        miento de otro Estado miembro sin que el consorcio
burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro                      pierda la posibilidad de invocar la mencionada excep-
del Servicio Jurı́dico, Centre Wagner C 254, Kirchberg.                          ción y sin que incurra en un caso de cesión de
                                                                                trabajadores no autorizada. Por consiguiente, las
                                                                                empresas de otros Estados miembros, a las que no son
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                              aplicables los convenios colectivos alemanes del sector,
                                                                                no son aceptadas en los consorcios formados o que se
1. Declare que la República Federal de Alemania ha incum-                       vayan a formar en Alemania. No se les reconoce, pues,
    plido las obligaciones que le incumben en virtud de los                      la libre prestación de servicios establecida por el
    artı́culos 43 CE y 49 CE, al haber establecido por Ley que                   Tratado CE.
    las empresas constructoras establecidas en los demás
    Estados miembros:                                                       b) Exclusión de la cesión de trabajadores entre constructo-
                                                                                ras. Con arreglo al artı́culo 1b, primera frase, de
    a) en el marco de un consorcio en el mercado alemán,                        la AÜG, la cesión de trabajadores para tareas que
         sólo podrán prestar servicios transfronterizos si tienen              habitualmente realizan obreros ha dejado, en principio,
         en Alemania una sede, o al menos un establecimiento,                    de estar permitida en el sector de la construcción. No
         donde se emplee a su propio personal y éste esté                        obstante, según la segunda frase de dicha disposición,
         cubierto por un contrato de empresa;                                    tal cesión se autoriza cuando se trata de empresas del
                                                                                sector que sean parte en los mismos convenios marco
                                                                                o de seguro social o a las que éstos les sea aplicable.
    b) sólo podrán proceder a la cesión transfronteriza de                    Ası́ se impide a las empresas, fundamentalmente
         trabajadores si tienen en Alemania una sede, o al                       extranjeras, que no cumplen dichos requisitos, prestar
         menos un establecimiento, donde se emplee a su                          la denominada «Kollegenhilfe» (colaboración) a empre-
         propio personal y éste esté cubierto por un convenio                    sas alemanas o incluso a empresas alemanas pertene-
         marco y un convenio en materia de seguro social como                    cientes a su mismo grupo de empresas.
         miembro de una asociación empresarial;
                                                                            En el presente caso deben excluirse desde un principio
    c) no podrán establecer en Alemania una sucursal, que                  motivos de seguridad y salud públicas como justificación
         actúe como constructora, si su personal sólo tiene               jurı́dica (artı́culo 55 CE en relación con el artı́culo 46 CE).
         encomendadas tareas de administración, comercializa-              Aun cuando se pretendiera considerar al orden social en
         ción, planificación, supervisión o realice trabajos por         términos muy generales como una parte del orden público
         encargo; por el contrario, tal establecimiento en el               de un Estado miembro en el sentido del artı́culo 46 CE,
         sector alemán debe emplear a trabajadores que dedi-               tampoco pueden justificarse las medidas alemanas por este
         quen más del 50 % del tiempo total de trabajo a la                motivo, ya que dichas medidas tienen carácter general y su
         realización de tareas de construcción.                           aplicación no se hace depender de que las prestaciones
                                                                            sociales y el salario de los trabajadores constituyan «dum-
2. Condene en costas a la República Federal de Alemania.                   ping laboral».


title: Asunto T-56/11: Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015 — SAS Cargo Group y otros/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo del transporte aéreo de mercancías — Acuerdos y prácticas concertadas sobre diversos elementos de los precios de los servicios de transporte aéreo de mercancías (establecimiento de recargos por combustible y recargos por seguridad y negativa a pagar una comisión sobre los recargos) — Artículo 101 TFUE, artículo 53 del Acuerdo EEE y artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad y Suiza sobre el transporte aéreo — Obligación de motivación»)

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/38

         Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015 — SAS Cargo Group y otros/Comisión
   (Asunto T-56/11) (1)

   ((«Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo del transporte aéreo de mercancías - Acuerdos y prácticas concertadas sobre diversos elementos de los precios de los servicios de transporte aéreo de mercancías (establecimiento de recargos por combustible y recargos por seguridad y negativa a pagar una comisión sobre los recargos) - Artículo 101 TFUE, artículo 53 del Acuerdo EEE y artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad y Suiza sobre el transporte aéreo - Obligación de motivación»))
   (2016/C 048/42)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Dinamarca); Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Estocolmo, Suecia), y SAS AB (Estocolmo) (representantes: inicialmente, M. Kofmann y B. Creve, abogados, I. Forrester, QC, y J. Killick y G. Forwood, Barristers, y, posteriormente, M. Kofmann, B. Creve, J. Killick y G. Forwood)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente, N. von Lingen, V. Bottka y S. Noë y, posteriormente, V. Bottka y A. Dawes, agentes, asistidos por B. Doherty, Barrister)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: F. Florindo Gijón y M. Simm, agentes)

      Objeto

   Pretensión de que se anule la Decisión C(2010) 7694 final de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto COMP/39258 — Transporte aéreo de mercancías).

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión C(2010) 7694 final de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto COMP/39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que se refiere a SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden y SAS AB.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que hayan incurrido SAS Cargo Group, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden y SAS.

               4)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 89 de 19.3.2011.


title: Asunto C-412/13 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de julio de 2013 por Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 20 de febrero de 2013 en el asunto T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               12.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 298/3

         Recurso de casación interpuesto el 19 de julio de 2013 por Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 20 de febrero de 2013 en el asunto T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-412/13 P)
   2013/C 298/04
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (representantes: R. Kunze y G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 20 de febrero de 2013 mediante la cual se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización de 10 de mayo de 2011 (asunto R 1598/2010-4) relativa a una reivindicación de la antigüedad de marcas anteriores.

               —

               Que se condene en costas a la parte recurrida.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia del Tribunal General, mediante la cual dicho Tribunal desestimó el recurso de anulación interpuesto por el recurrente contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 10 de mayo de 2011, relativa a una reivindicación de la antigüedad de marcas anteriores, en el marco de una solicitud de registro del signo figurativo MEDINET como marca comunitaria.
   Según el recurrente, el Tribunal General ha infringido el artículo 34 del Reglamento sobre la marca comunitaria, (1) en la medida en que declaró que dicha disposición debe interpretarse de forma restrictiva y, por lo tanto, no prevé la posibilidad de reivindicar la antigüedad de una parte de una marca anterior nacional. Añade que ha incumplido su obligación de motivación recogida en el artículo 75 de dicho Reglamento, al basar su resolución en consideraciones fácticas y jurídicas incompletas. Por último, considera que la resolución del Tribunal General, sin procedimiento oral, infringe el artículo 77 del citado Reglamento.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto C-537/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Reino Unido) el 21 de diciembre de 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio González Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/29

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Reino Unido) el 21 de diciembre de 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio González Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions
   (Asunto C-537/09)
   2010/C 63/48
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Upper Tribunal

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Ralph James Bartlett, Natalio González Ramos, Jason Michael Taylor

      Recurrida: Secretary of State for Work and Pensions

      Cuestiones prejudiciales

               1)

                           a)

                           En relación a los períodos a los que es aplicable el Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) del Consejo, de 14 de junio de 1971, en la versión vigente inmediatamente anterior al 5 de mayo de 2005, ¿puede el elemento de movilidad del subsidio de subsistencia para minusválidos regulado en los artículos 71 a 76 de la Social Security Contributions and Benefits Act 1992 ser clasificado de manera independiente respecto del subsidio de subsistencia para minusválidos en su conjunto, como una prestación de seguridad social a efectos del artículo 4, apartado 1, del Reglamento, como una prestación especial de carácter no contributivo a efectos del artículo 4, apartado 2 bis, o como otro tipo de prestación?

                           b)

                           Si la respuesta a la pregunta en la letra a) es afirmativa, ¿cuál es la clasificación correcta?

                           c)

                           Si la respuesta a la pregunta en la letra a) es negativa, ¿cuál es la clasificación correcta del subsidio de subsistencia para minusválidos?

                           d)

                           Si se responde a las preguntas en las letras b) y c) en el sentido de que se debe clasificar como prestación de seguridad social, ¿debe considerarse que la prestación en cuestión es una prestación de enfermedad, a efectos del artículo 4, apartado 1, letra a), o una prestación de invalidez, a efectos del artículo 4, apartado 1, letra b)?

                           e)

                           ¿Se ve alguna de las respuestas a las anteriores preguntas afectada por el límite temporal contenido en el punto 2 del fallo de la sentencia de fecha 18 de octubre de 2007, Comisión de las Comunidades Europeas/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, (C-299/05, Rec. p. I-869)?

               2)

                           a)

                           En relación con los períodos a los que es aplicable el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, en la versión vigente con posterioridad al 5 de mayo de 2005, modificada en virtud del Reglamento (CE) no 647/2005 (2) del Consejo, de 13 de abril de 2005, ¿puede el elemento de movilidad del subsidio de subsistencia para minusválidos regulado en los artículos 71 a 76 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 clasificarse de manera independiente del subsidio de subsistencia para minusválidos en su conjunto, como una prestación de seguridad social a efectos del artículo 4, apartado 1, del Reglamento, o como una prestación especial de carácter no contributivo a efectos del artículo 4, apartado 2 bis, o como otro tipo de prestación?

                           b)

                           Si la respuesta a la pregunta en la letra a) es afirmativa, ¿cuál es la clasificación correcta?

                           c)

                           Si la respuesta a la pregunta en la letra a) es negativa, ¿cuál es la clasificación correcta del subsidio de subsistencia para minusválidos?

                           d)

                           Si se responde a las preguntas en las letras b) y c) en el sentido de que se debe clasificar como prestación de seguridad social, ¿debe considerarse que la prestación en cuestión es una prestación de enfermedad a efectos del artículo 4, apartado 1, letra a), o una prestación de invalidez a efectos del artículo 4, apartado 1, letra b)?

               3)

               Si de las respuestas a las cuestiones precedentes se desprende que el elemento de movilidad debe clasificarse correctamente como prestación especial de carácter no contributivo, ¿existen normas o principios de Derecho comunitario relevantes en cuanto a si el Reino Unido tiene derecho a aplicar alguno de los requisitos de residencia y permanencia regulados en la regla 2, apartado 1, letra a), del Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991, en circunstancias como las de los presentes asuntos?

      (1)  Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).

      (2)  Reglamento (CE) no 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 (DO L 117, p. 1).


title: Asunto C-562/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de octubre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España ( Incumplimiento de Estado — Libre circulación de capitales — Artículos 56 CE y 40 del Acuerdo sobre el EEE — Fiscalidad directa — Personas físicas — Tributación de las ganancias patrimoniales — Diferencia de trato entre residentes y no residentes )

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de octubre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-562/07) (1)

   («Incumplimiento de Estado - Libre circulación de capitales - Artículos 56 CE y 40 del Acuerdo sobre el EEE - Fiscalidad directa - Personas físicas - Tributación de las ganancias patrimoniales - Diferencia de trato entre residentes y no residentes»)
   2009/C 282/08
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal e I. Martínez del Peral, agentes)

      Demandada: Reino de España (representante: M. Muñoz Pérez, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 39 CE y 56 CE y de los artículos 28 y 40 del Acuerdo EEE — Diferencia de trato entre residentes y no residentes respecto de la tributación de las rentas obtenidas en España.

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 56 CE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, al tratar de forma diferente, hasta el 31 de diciembre de 2006, las ganancias patrimoniales obtenidas en España según que los sujetos pasivos fuesen residentes o no residentes.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 64, de 8.3.2008.


title: Asunto C-34/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de mayo de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por Tribunale ordinario di Padova (Italia)] — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl [Agricultura — Organización común de mercados — Cuotas lecheras — Tasa — Validez del Reglamento (CEE) n o  1788/2003 — Objetivos de la política agrícola común — Principios de no discriminación y de proporcionalidad — Determinación de la cantidad de referencia nacional — Criterios — Pertinencia del criterio de Estado miembro deficitario]

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de mayo de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por Tribunale ordinario di Padova (Italia)] — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl
   (Asunto C-34/08) (1)

   (Agricultura - Organización común de mercados - Cuotas lecheras - Tasa - Validez del Reglamento (CEE) no 1788/2003 - Objetivos de la política agrícola común - Principios de no discriminación y de proporcionalidad - Determinación de la cantidad de referencia nacional - Criterios - Pertinencia del criterio de Estado miembro deficitario)
   2009/C 153/21
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale ordinario di Padova

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Azienda Agricola Disarò Antonio

      Demandada: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale ordinario di Padova — Interpretación y validez del Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 270, p. 123) — Reglamento que no contempla una actualización periódica, para cada país, de las cantidades de referencia exentas de la tasa y aplica del mismo modo la tasa suplementaria a los productores excedentarios y a los deficitarios — Incompatibilidad con los artículos 5 CE, 32 CE, 33 CE y 34 CE.

      Fallo

               1)

               El hecho de que el Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, no tenga en cuenta, al determinar la cantidad de referencia nacional, el carácter deficitario del Estado miembro de que se trate, no afecta a la conformidad de este Reglamento con los objetivos señalados, en particular, en el artículo 33 CE, apartado 1, letras a) y b).

               2)

               El examen del Reglamento no 1788/2003 desde el punto de vista del principio de no discriminación no ha mostrado la existencia de ningún elemento que menoscabe su validez.

               3)

               El examen del Reglamento no 1788/2003 desde el punto de vista del principio de proporcionalidad no ha mostrado la existencia de ningún elemento que menoscabe su validez.

      (1)  DO C 92, de 12.4.2008.


title: Asuntos acumulados C-439/04 y C-440/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de julio de 2006 [petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Bélgica)] — Axel Kittel/Estado belga (Sexta Directiva IVA — Deducción del IVA soportado — Fraude de tipo carrusel — Contrato de venta nulo de pleno derecho según el Derecho interno)

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de julio de 2006 [petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Bélgica)] — Axel Kittel/Estado belga
   (Asuntos acumulados C-439/04 y C-440/04) (1)

   (Sexta Directiva IVA - Deducción del IVA soportado - Fraude de tipo «carrusel» - Contrato de venta nulo de pleno derecho según el Derecho interno)
   (2006/C 212/07)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Cour de cassation (Bélgica)
   Partes en el proceso principal

      Demandantes: Axel Kittel (C-439/04), Estado Belga (C-440/04)

      Demandadas: Estado Belga (C-439/04), Recolta Recycling SPRL (C-440/04)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Cour de cassation de Bélgica — Interpretación de disposiciones de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Principio de neutralidad fiscal — Entrega de bienes realizada en virtud de un contrato de venta nulo de pleno derecho — Fraude de tipo carrusel — Pérdida del derecho a deducción del comprador de buena fe
   Fallo
   Cuando se realiza una entrega a un sujeto pasivo que no sabía y no podía haber sabido que la operación de que se trata formaba parte de un fraude cometido por el vendedor, el artículo 17 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho nacional según la cual la anulación del contrato de venta, en virtud de una norma de derecho civil que lo considera nulo de pleno derecho, al ser contrario al orden público por una causa ilícita imputable al vendedor, implica la pérdida del derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por el sujeto pasivo. A este respecto, es irrelevante la cuestión de si dicha nulidad resulta de un fraude en el impuesto sobre el valor añadido o de otros fraudes.
   En cambio, cuando resulte acreditado, mediante datos objetivos, que la entrega se realiza a un sujeto pasivo que sabía o debía haber sabido que, mediante su adquisición, participaba en una operación que formaba parte de un fraude en el IVA, corresponde al órgano jurisdiccional nacional denegar a dicho sujeto pasivo el derecho a deducir.

      (1)  DO C 6, de 8.1.2005.


title: Asunto T-470/08: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de mayo de 2009 — Comisión/Eurgit y Cirese

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/50

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de mayo de 2009 — Comisión/Eurgit y Cirese
   (Asunto T-470/08) (1)

   2009/C 153/96

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 327, de 20.12.2008.


title: Asunto C-239/00 P: Recurso de casación interpuesto por el Consejo de la Unión Europea el 13 de junio de 2000 contra la sentencia dictada el 6 de abril de 2000 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-188/98, promovido por Aldo Kuĳer contra el Consejo de la Unión Europea

text:
C 247/18              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         26.8.2000
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                  efectuadas por los Estados miembros y transmitidos a
lución de la High Court of Justice (England & Wales),                        este último, y a la lista de personas de contacto que se
Queen’s Bench Division (Crown Office) de fecha 25 de                          ocupan, en los Estados miembros, de las solicitudes de
mayo de 2000, en el asunto entre The Queen y el Minister                      asilo; condena al Consejo al pago de las costas del
of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: F. Machin &                     demandante además de sus propias costas.
                             Sons Ltd
                                                                        —     Resuelva definitivamente el asunto, deniegue las preten-
                      (Asunto C-234/00)                                       siones de primera instancia, por infundadas, y condene al
                        (2000/C 247/23)                                       demandante en primera instancia al pago de las costas
                                                                              del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           —     Decida sobre las costas del presente recurso de casación
resolución de la High Court of Justice (England & Wales),                    como resulte apropiado.
Queen’s Bench Division (Crown Office), dictada el 25 de mayo
de 2000, en el asunto entre The Queen y el Minister of
Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: F. Machin & Sons Ltd
                                                                        Motivos y principales alegaciones
y recibida en la Secretarı́a del Tribunal el 13 de junio de 2000.
La High Court of Justice solicita al Tribunal de Justicia que se
pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                 En apoyo de su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia
                                                                        contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el
¿Puede un porteador basarse en el punto 8 del Capı́tulo VII del         Consejo alega, como ya hizo en su recurso de casación (asunto
Anexo de la Directiva 91/628/CEE sobre la protección de los
                                                                        C-353/99 P) de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
animales durante el transporte (DO 1991 L 340, p. 17), según
                                                                        de 18 de julio de 1999 dictada en el asunto T-14/98 (Heidi
la redacción dada por la Directiva 95/29/CE (DO 1995 L 148,            Hautala/Consejo de la Unión Europea), que dicho Tribunal
p. 52), al proyectar un viaje y al presentar un plan de viaje con
                                                                        incurrió en un error fundamental de Derecho al interpretar en
respecto a ese viaje, o únicamente puede invocarse el punto 8
                                                                        esta última sentencia que el artı́culo 4, apartado 1, de la
en el caso de que se produzca algún retraso imprevisto durante         Decisión relativa al acceso del público a los documentos del
el viaje?
                                                                        Consejo imponı́a a éste la obligación jurı́dica de examinar si
                                                                        procedı́a conceder el acceso a partes de un documento a
                                                                        las que se hubiera pedido acceder. Esta jurisprudencia fue
                                                                        confirmada y aplicada por el Tribunal de Primera Instancia en
Recurso de casación interpuesto por el Consejo de la                   el presente caso. Por consiguiente, el Consejo impugna lo
Unión Europea el 13 de junio de 2000 contra la sentencia               declarado por el Tribunal de Primera Instancia en relación con
dictada el 6 de abril de 2000 por la Sala Cuarta del Tribunal           la alegación de la parte demandante relativa a la infracción de
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en                     la Decisión 93/731/CE (1) cometida por el Consejo al no
el asunto T-188/98, promovido por Aldo Kuijer contra el                 permitir el acceso parcial al documento, por considerar que se
                 Consejo de la Unión Europea                           basó en presunciones jurı́dicamente erróneas.
                     (Asunto C-239/00 P)
                                                                        El Consejo invoca como argumentos que el Tribunal de
                        (2000/C 247/24)                                 Primera Instancia, en su sentencia de 19 de julio de 1999
                                                                        dictada en el asunto T-14/98 y, por consiguiente, en el presente
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            caso,
presentado el 13 de junio de 2000 un recurso de casación
interpuesto por el Consejo de la Unión Europea, representado           a)    interpretó incorrectamente los efectos jurı́dicos de la
por la Sra. Jill Aussant, y el Sr. Martin Bauer, Directora y                  Decisión sobre acceso del público a los documentos del
Consejero Jurı́dico del Servicio Jurı́dico del Consejo, en calidad            Consejo;
de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Banco Europeo de                  b)    interpretó erróneamente el objetivo de la Decisión sobre
Inversiones, 100, Boulevard Konrad Adenauer, contra la                        acceso del público a los documentos del Consejo;
sentencia dictada el 6 de abril de 2000 por la Sala Primera del
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
en el asunto T-188/98 promovido por Aldo Kuijer contra el               c)    aplicó incorrectamente el principio de proporcionalidad,
Consejo de la Unión Europea.
                                                                        lo cual le llevó a una interpretación errónea del artı́culo 4,
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               apartado 1, de la Decisión 93/731/CE.
—     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
      6 de abril de 2000 en la medida en que anula la Decisión
      del Consejo de 28 de septiembre de 1998, modificada               (1) Decisión 93/731/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
      por la Decisión de 18 de mayo de 1999, por la que se                 relativa al acceso del público a los documentos del Consejo (DO
                                                                            L 340, de 31.12.93, p. 43).
      deniega al demandante el acceso a determinados informes
      elaborados por el Centro de Información, Discusión e
      Intercambio de Datos en Materia de Asilo y a determina-
      dos informes de misiones comunes, o de misiones