title: Asunto F-106/10: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2010 — Gross y otros/Tribunal de Justicia

text:
               5.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 72/34

         Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2010 — Gross y otros/Tribunal de Justicia
   (Asunto F-106/10)
   2011/C 72/55
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Ivo Gross (Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo) y otros (representante: J. Kayser, abogado)

      Demandada: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las decisiones recogidas en las hojas de regularización de haberes de los demandantes correspondientes al período comprendido entre julio y diciembre de 2009 y en las hojas de haberes emitidas desde el 1 de enero de 2010 en el marco de la adaptación anual de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) no 1296/2009 del Consejo, de 23 de diciembre de 2009.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anulen las decisiones de la AFPN por las que se adaptan las retribuciones de los demandantes, tal como se reflejan en las nóminas de adaptación retroactiva 12/2009 (entregadas en 2010), en las nóminas 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 y en todas las nóminas emitidas posteriormente hasta la fecha de la resolución que ponga fin definitivamente a la presente instancia, por aplicar ilegalmente un valor de adaptación de la retribución del 1,85 % en lugar de un valor del 3,7 %.

               —

               Que se condene en costas al Tribunal de Justicia.


title: Asunto C-278/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, de fecha 22 de junio de 2005, en el asunto entre Carol Marilyn Robins y John Burnett, por un lado, y Secretary of State for Work and Pensions, por otro

text:
               1.10.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/7

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, de fecha 22 de junio de 2005, en el asunto entre Carol Marilyn Robins y John Burnett, por un lado, y Secretary of State for Work and Pensions, por otro
   (Asunto C-278/05)
   (2005/C 243/09)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, dictada el 22 de junio de 2005, en el asunto entre Carol Marilyn Robins y John Burnett, por un lado, y Secretary of State for Work and Pensions, por otro, y recibida en la Sercetaría del Tribunal de Justicia el 6 de julio de 2005.
   La High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Debe interpretarse que el artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE (1) exige que los Estados miembros garanticen, con los medios que sean necesarios, que los derechos adquiridos por los trabajadores asalariados de una sociedad en virtud de planes de pensiones complementarios, profesionales o interprofesionales, basados en el último salario sean íntegramente financiados por los Estados miembros en el supuesto de que el empresario sea declarado insolvente y de que los recursos patrimoniales de sus planes sean insuficientes para financiar tales prestaciones?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe considerarse que una legislación como la vigente en el Reino Unido conforme a lo antes descrito adapta de manera suficiente el Derecho interno a las exigencias del artículo 8?

               3)

               Si las disposiciones legislativas del Reino Unido incumplen lo dispuesto en el artículo 8, ¿qué criterio debe aplicar el órgano jurisdiccional nacional al determinar si la vulneración resultante del Derecho comunitario es lo suficientemente grave como para generar una responsabilidad por daños y perjuicios? En particular, ¿es suficiente la mera vulneración para acreditar la existencia de un incumplimiento suficientemente grave, o debe haber existido también una inobservancia manifiesta y grave por parte de los Estados miembros en relación con los límites en el ejercicio de sus facultades normativas, o debe aplicarse otro criterio y, en tal caso, cuál?

      (1)  Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. DO L 283, 28.10.1980, p. 23; EE 05/02, p. 219.


title: Asunto C-266/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de marzo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — L. Kik/Staatssecretaris van Financiën [Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CEE) no 1408/71 — Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — Nacional de un Estado miembro, en el que también reside, que trabaja como empleado por cuenta ajena a bordo de un buque colocador de tuberías que enarbola pabellón de un Estado tercero — Trabajador que ejerce una actividad, inicialmente, al servicio de una empresa establecida en los Países Bajos y, con posterioridad, al servicio de una empresa establecida en Suiza — Trabajo que se desarrolló, sucesivamente, en la plataforma continental adyacente a un Estado tercero, en aguas internacionales y en la parte de la plataforma continental adyacente a determinados Estados miembros — Ámbito de aplicación personal del Reglamento mencionado — Determinación de la legislación aplicable]

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de marzo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — L. Kik/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-266/13) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra - Nacional de un Estado miembro, en el que también reside, que trabaja como empleado por cuenta ajena a bordo de un buque colocador de tuberías que enarbola pabellón de un Estado tercero - Trabajador que ejerce una actividad, inicialmente, al servicio de una empresa establecida en los Países Bajos y, con posterioridad, al servicio de una empresa establecida en Suiza - Trabajo que se desarrolló, sucesivamente, en la plataforma continental adyacente a un Estado tercero, en aguas internacionales y en la parte de la plataforma continental adyacente a determinados Estados miembros - Ámbito de aplicación personal del Reglamento mencionado - Determinación de la legislación aplicable])
   (2015/C 155/02)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: L. Kik

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën

      Fallo

               1)

               El Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión del mismo modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificada a su vez por el Reglamento (CE) no 307/1999 del Consejo, de 8 de febrero de 1999, debe interpretarse en el sentido de que sí está comprendido en su ámbito de aplicación personal un trabajador por cuenta ajena que, como el Sr. L. Kik, es nacional de un Estado miembro en el que también reside y en el que sus rentas están sujetas a gravamen, que trabaja en un buque colocador de tuberías que enarbola pabellón de un Estado tercero y que navega por distintos lugares del mundo, en particular a la altura de la plataforma continental adyacente a determinados Estados miembros, que estuvo anteriormente empleado por una empresa establecida en su Estado miembro de residencia, y que cambia de empresa y entra al servicio de una empresa establecida en Suiza pero sigue residiendo en el mismo Estado miembro y navegando en el mismo buque.

               2)

               Las disposiciones de determinación de la legislación nacional aplicable contenidas en el título II del Reglamento no 1408/71, en la versión del mismo modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, modificada a su vez por el Reglamento no 307/1999, deben interpretarse en el sentido de que el nacional de un Estado miembro o de la Confederación Suiza (Estado, éste último, que debe asimilarse a los Estados miembros a efectos de la aplicación de dicho Reglamento) que ejerza fuera del territorio de la Unión, incluso sobre la plataforma continental de un Estado miembro, una actividad por cuenta ajena a bordo de un buque que enarbole pabellón de un Estado tercero, pero que trabaje para una empresa establecida en territorio de la Confederación Suiza, quedará sujeto a la legislación del Estado de establecimiento de su empresario. No obstante, concurriendo circunstancias como las del asunto principal, en el supuesto de que, de conformidad con el mencionado Reglamento, la aplicación de dicha legislación entrañase la afiliación a un régimen de seguro voluntario o no entrañase la afiliación a ningún régimen de seguridad social, dicho nacional estaría sujeto a la legislación del Estado miembro de su residencia.

      (1)  DO C 207 de 20.7.2013.


title: Asunto C-349/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de mayo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’Etat — Francia) — Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej (Procedimiento prejudicial — Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea — Artículo 12, párrafo segundo — Impuesto recaudado en beneficio de las entidades locales que grava a las personas que disponen o disfrutan de una vivienda en el territorio de aquéllas — Límite máximo — Medida social — Toma en consideración de los sueldos, salarios y emolumentos abonados por la Unión Europea a sus funcionarios y otros agentes)

text:
               20.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/20

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de mayo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’Etat — Francia) — Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej
   (Asunto C-349/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea - Artículo 12, párrafo segundo - Impuesto recaudado en beneficio de las entidades locales que grava a las personas que disponen o disfrutan de una vivienda en el territorio de aquéllas - Límite máximo - Medida social - Toma en consideración de los sueldos, salarios y emolumentos abonados por la Unión Europea a sus funcionarios y otros agentes))
   (2015/C 236/28)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’Etat

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ministre délégué, chargé du budget

      Demandada: Marlène Pazdziej

      Fallo

   El artículo 12, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, anejo a los Tratados UE, FUE y CEEA, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, que toma en consideración los sueldos, salarios y emolumentos abonados por la Unión Europea a sus funcionarios y otros agentes para determinar el límite máximo de la cuota adeudada en concepto de un impuesto por residencia recaudado en beneficio de las entidades locales, en vistas a una eventual desgravación de éste.

      (1)  DO C 372, de 20.10.2014.


title: Asunto C-181/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 31 de marzo de 2016 — Sadikou Gnandi/État belge

text:
               30.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 31 de marzo de 2016 — Sadikou Gnandi/État belge
   (Asunto C-181/16)
   (2016/C 191/26)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Sadikou Gnandi

      Recurrida: État belge

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse el artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, (1) que obliga a los Estados miembros a respetar el principio de no devolución al aplicar dicha Directiva, así como el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 13, apartado 1, de la misma Directiva y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a la adopción de una decisión de retorno como la prevista en el artículo 6 de la de la Directiva 2008/115/CE antes citada, en el artículo 52/3, apartado 1, de la Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre entrada en el territorio, residencia, establecimiento y expulsión de los extranjeros y en el artículo 75, apartado 2, del Real Decreto de 8 de octubre de 1981 sobre entrada en el territorio, residencia, establecimiento y expulsión de los extranjeros desde la desestimación de la solicitud de asilo por el Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides y, por tanto, antes de que puedan agotarse los recursos jurisdiccionales contra esta decisión y de que pueda cerrarse definitivamente el procedimiento de asilo?

      (1)  DO L 348, p. 98.


title: Asunto C-173/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative d’appel de Lyon (Francia) el 9 de abril de 2013 — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative d’appel de Lyon (Francia) el 9 de abril de 2013 — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
   (Asunto C-173/13)
   2013/C 171/40
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour administrative d’appel de Lyon

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Maurice Leone, Blandine Leone

      Recurridas: Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se puede considerar que las disposiciones combinadas de los artículos L.24 y R.37 del code des pensions civiles et militaires de retraites, en la versión resultante de la aplicación de la loi no 2004-1485 de 30 de diciembre de 2004 de finances rectificative pour 2004 y el décret no 2005-449 de 10 de mayo de 2005, llevan a cabo una discriminación indirecta entre hombres y mujeres en el sentido del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?

               2)

               ¿Se puede considerar que las disposiciones del artículo 15 del décret 2003-1306 de 26 de diciembre de 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales llevan a cabo una discriminación indirecta entre hombres y mujeres en el sentido del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a alguna de las dos primeras cuestiones, ¿se puede justificar dicha discriminación indirecta en virtud de las estipulaciones del artículo 157, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?


title: Asunto T-108/08: Sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2011 — Zino Davidoff/OAMI — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria GOOD LIFE — Marca denominativa nacional anterior GOOD LIFE — Uso efectivo de la marca anterior — Deber de diligencia — Artículo 74, apartado 1, del Reglamento (CE) n ° 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) n ° 207/2009]]

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/46

         Sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2011 — Zino Davidoff/OAMI — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)
   (Asunto T-108/08) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa comunitaria GOOD LIFE - Marca denominativa nacional anterior GOOD LIFE - Uso efectivo de la marca anterior - Deber de diligencia - Artículo 74, apartado 1, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009])
   2011/C 269/100
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Zino Davidoff (Friburgo, Suiza) (representantes: H. Kunz-Hallstein y R. Kunz-Hallstein, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: R. Pethke y J. Laporta Insa, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que interviene ante el Tribunal General: I. Kleinakis kai SIA OE (Atenas) (representante: K. Siotou, abogado)

      Objeto

   Recurso que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 30 de noviembre de 2007 (asunto R 298/2007-2), relativa a un procedimiento de oposición entre I. Kleinakis kai SIA OE y Zino Davidoff SA.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 30 de noviembre de 2007 (asunto R 298/2007-2).

               2)

               La OAMI cargará con sus propias costas y con las de Zino Davidoff SA.

               3)

               I. Kleinakis kai SIA OE cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 116, de 9.5.2008.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 18 de enero de 2005, en el asunto C-325/03 P: José Luis Zuazaga Meabe contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) («Recurso de casación — Marca comunitaria — Recurso de anulación — Inadmisibilidad por razón de extemporaneidad — Recurso de casación manifiestamente infundado»)

text:
               30.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/11

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 18 de enero de 2005
   en el asunto C-325/03 P: José Luis Zuazaga Meabe contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   («Recurso de casación - Marca comunitaria - Recurso de anulación - Inadmisibilidad por razón de extemporaneidad - Recurso de casación manifiestamente infundado»)
   (2005/C 106/20)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-325/03 P, que tiene por objeto un recurso de casación con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, interpuesto el 21 de julio de 2003, José Luis Zuazaga Meabe, con domicilio en Bilbao (España) (abogados: Sr. J.A. Calderón Chavero y Sra. N. Moya Fernández), y en el que las otras partes en el procedimiento son: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. O. Montalto e I. de Medrano Caballero) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), con domicilio social en Madrid (abogado: Sr. J. de Rivera Lamo de Espinosa), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues y M. Ilešič (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 18 de enero de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               El Sr. Zuazaga Meabe cargará con sus propias costas y con las de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

               3)

               La Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 239, de 4.10.2003.


title: Asunto C-95/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano — Italia) — Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.co.pel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl (Procedimiento prejudicial — Libre circulación de mercancías — Artículos 34 TFUE a 36 TFUE — Medidas de efecto equivalente — Directiva 94/11/CE — Artículos 3 y 5 — Armonización exhaustiva — Prohibición de obstaculizar la comercialización de artículos de calzado conforme a las disposiciones en materia de etiquetado de la Directiva 94/11 — Normativa nacional que exige la indicación del país de origen en la etiqueta de los productos transformados en el extranjero utilizando la expresión en italiano «pelle» — Artículos despachados a libre práctica)

text:
               14.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 302/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano — Italia) — Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.co.pel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl
   (Asunto C-95/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Libre circulación de mercancías - Artículos 34 TFUE a 36 TFUE - Medidas de efecto equivalente - Directiva 94/11/CE - Artículos 3 y 5 - Armonización exhaustiva - Prohibición de obstaculizar la comercialización de artículos de calzado conforme a las disposiciones en materia de etiquetado de la Directiva 94/11 - Normativa nacional que exige la indicación del país de origen en la etiqueta de los productos transformados en el extranjero utilizando la expresión en italiano «pelle» - Artículos despachados a libre práctica))
   (2015/C 302/07)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Milano

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.co.pel)

      Demandadas: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

      Fallo

   Los artículos 3 y 5 de la Directiva 94/11 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe, entre otras cosas, la comercialización de componentes en cuero de artículos de calzado procedentes de otros Estados miembros o de países terceros y que, en este caso, ya han sido comercializados en otro Estado miembro o en el Estado miembro de que se trata, cuando dichos productos no incluyen una indicación relativa a su país de origen.

      (1)  DO C 245, de 28.7.2014.


title: Asunto C-165/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig (Fiscalidad — Directiva 92/12/CEE — Artículos 7 a 9 — Régimen general de los productos sujetos a impuestos especiales — Productos despachados a consumo en un Estado miembro y poseídos con fines comerciales en otro Estado miembro — Exigibilidad del impuesto especial al tenedor de tales productos que los ha adquirido en el Estado miembro de destino — Adquisición al término de la operación de entrada)

text:
               1.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 292/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig
   (Asunto C-165/13) (1)

   ((Fiscalidad - Directiva 92/12/CEE - Artículos 7 a 9 - Régimen general de los productos sujetos a impuestos especiales - Productos despachados a consumo en un Estado miembro y poseídos con fines comerciales en otro Estado miembro - Exigibilidad del impuesto especial al tenedor de tales productos que los ha adquirido en el Estado miembro de destino - Adquisición al término de la operación de entrada))
   2014/C 292/09
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesfinanzhof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Stanislav Gross

      Demandada: Hauptzollamt Braunschweig

      Fallo

   El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, en su versión modificada por la Directiva 92/108/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, en relación con el artículo 7 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido que dicha disposición permite que un Estado miembro designe como deudor del impuesto especial a una persona que, en el territorio fiscal de ese Estado, posea con fines comerciales productos sujetos a impuestos especiales despachados a consumo en otro Estado miembro, en circunstancias como las del litigio principal, aun cuando esa persona no hubiera sido la primera poseedora de tales productos en el Estado miembro de destino.

      (1)  DO C 207, de 20.7.2013.


title: Asunto C-170/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de junio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia (Incumplimiento de Estado — Tributos internos — Obligación de que los vehículos de ocasión importados se sometan a una inspección técnica — Artículos 28 CE y 30 CE — Directiva 96/96/CE — Reconocimiento de las inspecciones técnicas efectuadas en otros Estados miembros)

text:
               19.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de junio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-170/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Tributos internos - Obligación de que los vehículos de ocasión importados se sometan a una inspección técnica - Artículos 28 CE y 30 CE - Directiva 96/96/CE - Reconocimiento de las inspecciones técnicas efectuadas en otros Estados miembros)
   (2008/C 183/06)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Hottiaux y K. Herrmann, agentes)

      Demandada: República de Polonia (representante: E. Ośniecka-Tamecka, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 28 CE — Normativa nacional en la que se impone a los vehículos de ocasión importados la obligación de someterse a una inspección técnica antes de su matriculación, pese a que los vehículos nacionales de las mismas características no están sujetos a una exigencia semejante
   Fallo

               1)

               Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE al haber sometido a los vehículos de ocasión importados matriculados anteriormente en otros Estados miembros a una inspección técnica antes de su matriculación en Polonia.

               2)

               Condenar en costas a la República de Polonia.

      (1)  DO C 183 de 4.8.2007.


title: Asunto T-96/02: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Hugh Mc Bryan

text:
1.6.2002               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 131/23
Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2002 contra la                     Con carácter subsidiario, la demandante alega que, de existir
Comisión de las Comunidades Europeas por la Confédéra-                  una ayuda, sólo puede ser calificada de ayuda existente
                tion Nationale du Crédit Mutuel                          conforme al artı́culo 15, apartado 3, del Reglamento (CE)
                                                                         no 659/1999 (1).
                        (Asunto T-93/02)
                                                                         Las competencias de la Comisión para ordenar la recuperación
                         (2002/C 131/43)                                 de la ayuda prescribieron en 1985 conforme al artı́culo 15 de
                                                                         dicho Reglamento, de modo que la Comisión ha violado el
                                                                         principio general de Derecho comunitario que le exige adoptar
                  (Lengua de procedimiento: francés)                     una decisión en un plazo razonable. Además, la decisión
                                                                         impugnada no demuestra de modo alguno que existiera una
                                                                         ayuda en el momento en que se creó la cartilla azul, a pesar de
                                                                         ser ésta una condición lógica y jurı́dica obligatoria para poder
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   calificar una ayuda de ayuda nueva.
Europeas se ha presentado el 28 de marzo de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, con domicilio
en Parı́s, representada por Me Alexandre Carnelutti, abogado.            Por último, la demandante alega que la Comisión vulneró el
                                                                         artı́culo 14 del Reglamento nº 659/1999, el artı́culo 253 CE y
                                                                         los principios de buena administración, de imparcialidad y de
                                                                         lealtad.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—     Anule ı́ntegramente la decisión de la Comisión, de 15 de         (1) Reglamento del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se
      enero de 2002, relativa a la ayuda de Estado concedida                  establecen disposiciones de aplicación del artı́culo 88 CE (DO
      por la República Francesa a Crédit Mutuel.                             L 83, p. 1).
—     Con carácter subsidiario, anule el artı́culo 2 de dicha
      decisión, en la medida en que ordena la recuperación de
      la ayuda identificada.
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                         Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2002 contra la
Motivos y principales alegaciones                                        Comisión de las Comunidades Europeas por Hugh Mc
                                                                                Bryan
La cartilla azul es un producto de ahorro desgravado destinado
al público general cuya ventaja fiscal revierte directamente a                                   (Asunto T-96/02)
los consumidores. Desde 1975 las autoridades francesas
reconocen en exclusiva a la demandante la misión de distribuir
esta cartilla de ahorros. Mediante la decisión impugnada, la                                      (2002/C 131/44)
Comisión estimó que el Estado francés habı́a concedido a la
demandante, en atención a los costes de gestión de la cartilla
azul, una compensación excesiva que vulnera las normas del
Tratado CE sobre ayudas de Estado.                                                         (Lengua de procedimiento: francés)
La demandante alega que la Comisión ha infringido el artı́-
culo 87 CE, apartado 1, por considerar que existı́a una ayuda.
A su juicio, la Comisión aplicó un método global injustificado e       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
injustificable en el presente caso, efectuando una identificación       Europeas se ha presentado el 29 de marzo de 2002 un recurso
errónea de fondos estatales. Además, incurrió en errores              contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
manifiestos de apreciación al negarse a tener en cuenta los             por Hugh Mc Bryan, con domicilio en Bruselas, representado
costes generados debidamente identificados, ası́ como al                 por el Sr. Jean-Noël Louis, abogado, que designa domicilio en
ratificar la postura del asesor de la Comisión.                         Luxemburgo.
 ---pagebreak--- C 131/24                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       1.6.2002
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            —    Condene en costas a la Comisión.
que:
—      Anule la decisión de la Comisión por la que se establece
       el cálculo de bonificación de los derechos a pensión           Motivos y principales alegaciones
       adquiridos por el demandante antes de su entrada en
       servicio y transferidos al régimen comunitario de pensión
                                                                         El demandante basa su recurso en una infracción del artı́-
       con arreglo al artı́culo 11, apartado 2, del anexo VIII del
                                                                         culo 45 del Estatuto y en la violación del principio de igualdad
       Estatuto.
                                                                         de trato y de aptitud para la carrera. En su opinión, no se
                                                                         tuvieron en cuenta todos sus méritos durante el ejercicio de
—      Condene en costas a la Comisión de las Comunidades               promoción de 2001.
       Europeas.
Motivos y principales alegaciones
                                                                         Recurso interpuesto el 11 de abril de 2002 contra la
En apoyo de su recurso, el demandante invoca el incumpli-                 Comisión de las Comunidades Europeas por Bollore S.A.
miento de la obligación de motivación y la infracción del
artı́culo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y de sus
disposiciones generales de ejecución, ası́ como la violación del                              (Asunto T-109/02)
principio de igualdad de trato. Según el demandante, el cálculo
tendrı́a que haberse hecho basándose en su situación en el                                      (2002/C 131/46)
momento de su entrada en servicio en las Comunidades como
agente temporal y no basándose en su situación en el momento
de su titularización como funcionario, nueve años después.                              (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 11 de abril de 2002 un recurso
                                                                         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                         por Bollore S.A., con domicilio social en Puteaux (Francia),
                                                                         representada por Mes Robert Saint-Esteben y Hugues Calvet,
Recurso interpuesto el 2 de abril de 2002 contra la                      abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
Comisión de las Comunidades Europeas por Prodromos
                              Mavridis
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         que:
                         (Asunto T-97/02)
                                                                         —    Anule, con carácter principal, los artı́culos 1, 2 y 3 de la
                                                                              Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, con
                          (2002/C 131/45)                                     la referencia «COMP/E-1/36.212 — Papel autocopiante»,
                                                                              relativa a un procedimiento de aplicación del artı́culo 81
                  (Lengua de procedimiento: francés)                          CE, y del artı́culo 53 del acuerdo EEE, en la medida en
                                                                              que afectan a Bollore.
                                                                         —    Con carácter subsidiario, reduzca sustancialmente el
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                        importe de la multa impuesta a Bollore por el artı́culo 3
Europeas se ha presentado el 2 de abril de 2002 un recurso                    de dicha Decisión.
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Prodromos Mavridis, con domicilio en Bruselas, represen-             —    Condene en costas a la Comisión.
tado por el Sr. Jean-Noël Louis, abogado, que designa domicilio
en Luxemburgo.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                         Mediante el presente recurso, la sociedad demandante impugna
—      Anule la decisión de la Comisión de no promover al              la Decisión de la Comisión en la que se le acusa de haber
       demandante al grado A 5 durante el ejercicio de promo-            participado en una práctica colusoria contraria a los artı́-
       ción de 2001.                                                    culos 81 CE, apartados 1 y 53, apartado 1, del acuerdo EEE.


title: Asunto T-393/12: Sentencia del Tribunal General de 22 de enero de 2015  — Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa KENZO — Marca comunitaria denominativa anterior KENZO — Motivo de denegación relativo — Notoriedad — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento n ° 207/2009 — Presentación extemporánea de documentos — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Artículo 76, apartado 2, del Reglamento n ° 207/2009» ]

text:
               9.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 81/15

         Sentencia del Tribunal General de 22 de enero de 2015 — Tsujimoto/OAMI — Kenzo (KENZO)
   (Asunto T-393/12) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa KENZO - Marca comunitaria denominativa anterior KENZO - Motivo de denegación relativo - Notoriedad - Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 207/2009 - Obligación de motivación - Artículo 75 del Reglamento no 207/2009 - Presentación extemporánea de documentos - Facultad de apreciación de la Sala de Recurso - Artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009»])
   (2015/C 081/19)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japón) (representante: A. Wenninger-Lenz, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Bullock, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Kenzo (París, Francia) (representantes: P. Roncaglia, G. Lazzeretti y N. Parrotta, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 29 de mayo de 2012 (asunto R 1659/2011-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Kenzo y el Sr. Kenzo Tsujimoto.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Kenzo Tsujimoto.

      (1)  DO C 355, de 17.11.2012.


title: Asunto C-298/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de abril de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — UAB «Borta»/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 2004/17/CE — Contrato que no alcanza el umbral establecido por dicha Directiva — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Limitación de la subcontratación — Presentación de una oferta conjunta — Capacidades profesionales de los licitadores — Modificaciones del pliego de condiciones)

text:
               29.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 168/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de abril de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — UAB «Borta»/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ
   (Asunto C-298/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Contratos públicos - Directiva 2004/17/CE - Contrato que no alcanza el umbral establecido por dicha Directiva - Artículos 49 TFUE y 56 TFUE - Limitación de la subcontratación - Presentación de una oferta conjunta - Capacidades profesionales de los licitadores - Modificaciones del pliego de condiciones))
   (2017/C 168/06)
   Lengua de procedimiento: lituano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: UAB «Borta»

      Demandada: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ

      Fallo

               1)

               Tratándose de un contrato público no incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1336/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, pero que presenta un interés transfronterizo cierto, los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de una normativa nacional como el artículo 24, apartado 5, de la Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Ley lituana de contratación pública), que establece que, en caso de subcontratar la ejecución de un contrato de obras, el propio adjudicatario estará obligado a realizar la obra principal, definida como tal por la entidad adjudicadora.

               2)

               Tratándose de un contrato público de este tipo, los principios de igualdad de trato y de no discriminación y la obligación de transparencia que derivan, en particular, de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que la entidad adjudicadora modifique, una vez publicado el anuncio de licitación, una cláusula del pliego de condiciones relativa a las condiciones y a la regulación de la acumulación de las capacidades profesionales, como la cláusula 4, apartado 3, controvertida en el litigio principal, a condición de que, en primer término, las modificaciones realizadas no sean tan esenciales como para haber atraído a potenciales licitadores que, sin ellas, no podrían presentar ofertas; en segundo término, que dichas modificaciones sean objeto de una publicidad adecuada; y, en tercer término, que tengan lugar antes de la presentación de ofertas por los licitadores, que el plazo de presentación de esas ofertas se amplíe cuando las correspondientes modificaciones sean importantes, que la duración de esa ampliación dependa de la importancia de dichas modificaciones y que tal duración baste para permitir a los operadores económicos interesados adaptar sus ofertas en consecuencia, lo que corresponde verificar al tribunal remitente.

               3)

               El artículo 54, apartado 6, de la Directiva 2004/17, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1336/2013, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una cláusula de un pliego de condiciones, como la cláusula 4, apartado 3, controvertida en el litigio principal, que, en caso de presentación de una oferta conjunta por varios licitadores, exige que la aportación de cada uno de ellos para cumplir los requisitos aplicables en materia de capacidades profesionales corresponda, proporcionalmente, a la parte de las obras que efectivamente llevará a cabo si se le adjudica el contrato en cuestión.

      (1)  DO C 311 de 21.9.2015.


title: Asunto C-446/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'Etat (Francia) el 9 de octubre de 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Societé Source Claire, Nord Plantes EURL, Societé RCS Distribution, Soieté Ponroy Santé — Parte interviniente: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'Etat (Francia) el 9 de octubre de 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Societé Source Claire, Nord Plantes EURL, Societé RCS Distribution, Soieté Ponroy Santé — Parte interviniente: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
   (Asunto C-446/08)
   (2008/C 327/27)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Conseil d'Etat
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Societé Source Claire, Nord Plantes EURL, Societé RCS Distribution, Soieté Ponroy Santé

      Demandadas: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
   Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la Directiva 2002/46/CE de 10 de junio de 2002 (1), en particular sus artículos 5, apartado 4, y 11, apartado 2, en el sentido de que, si bien corresponde en principio a la Comisión definir las cantidades máximas de vitaminas y de minerales presentes en los complementos alimenticios, los Estados miembros son competentes para aprobar normas en la materia hasta que la Comisión adopte el acto comunitario exigido?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

                           a)

                           En la determinación de estas cantidades máximas ¿están obligados los Estados miembros, además de a respetar lo dispuesto en los artículos 28 CE y 30 CE, a seguir los criterios definidos en el artículo 5 de la Directiva 2002/46, incluida la exigencia de una evaluación del riesgo a partir de datos científicos reconocidos en un sector que sigue estando caracterizado por una relativa incertidumbre?

                           b)

                           ¿Puede un Estado miembro fijar índices máximos cuando –como en el caso del flúor– es imposible cuantificar con precisión las aportaciones de vitaminas y minerales procedentes de otras fuentes alimenticias, en particular del agua de distribución, para cada grupo de consumidores y territorio por territorio? ¿En ese caso, puede un Estado fijar un índice cero cuando existan riesgos comprobados sin recurrir al procedimiento de salvaguardia previsto en el artículo 12 de la Directiva 2002/46?

                           c)

                           Para la fijación de cantidades máximas, si es posible tener en cuenta los diferentes grados de sensibilidad de las distintas categorías de consumidores conforme al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/46, puede también basarse un Estado miembro en que una medida dirigida únicamente al público particularmente expuesto al riesgo —por ejemplo un etiquetado adaptado— podría disuadir a ese grupo de recurrir a un nutriente benéfico para él en dosis reducidas. ¿La consideración de esa diferencia de sensibilidad puede llevar a que se aplique al conjunto de la población la cantidad máxima adaptada a un público vulnerable, en particular los niños?

                           d)

                           ¿En qué medida pueden fijarse índices máximos cuando no haya límites de seguridad debido a la inexistencia de un peligro demostrado para la salud? Más generalmente, ¿en qué medida y en qué condiciones la ponderación de los criterios que deban tenerse en cuenta podría conducir a fijar índices máximos sensiblemente inferiores a los límites de seguridad admitidos para estos nutrientes?

      (1)  Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (DO L 183, p. 51).


title: Asunto C-254/10 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2010 por Centre de Coordination Carrefour SNC contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 18 de marzo de 2010 en el asunto T-94/08, Centre de Coordination Carrefour/Comisión

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/16

         Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2010 por Centre de Coordination Carrefour SNC contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 18 de marzo de 2010 en el asunto T-94/08, Centre de Coordination Carrefour/Comisión
   (Asunto C-254/10 P)
   ()
   2010/C 246/28
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Centre de Coordination Carrefour SNC (representantes: X. Clarebout, C. Docclo y M. Pittie, avocats)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se declare el recurso de casación admisible y fundado.

               —

               En consecuencia, que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Por consiguiente:

                           —

                           Que devuelva el asunto al Tribunal General para que éste se pronuncie de nuevo.

                           —

                           O que resuelva el propio Tribunal de Justicia definitivamente el litigio, estimando las pretensiones formuladas por la recurrente en casación en primera instancia y anulando la Decisión controvertida. (1)

               —

               Que se condene a la Comisión Europea al pago de todas las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca cinco motivos.
   Mediante su primer motivo, la recurrente en casación alega que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación en la medida en que declaró, por una parte, que la recurrente en casación no tenía interés en ejercitar la acción debido a la falta de autorización válida con arreglo al Derecho belga y, por otra, que la admisibilidad de su recurso no estaba subordinada a que poseyera una autorización válida. A su juicio, esta motivación es contradictoria, puesto que el Tribunal General no puede declarar de manera simultánea la inexistencia de interés en ejercitar la acción por falta de autorización válida y la irrelevancia de la existencia de tal autorización para apreciar la admisibilidad del recurso.
   Mediante su segundo motivo, la recurrente en casación sostiene que el Tribunal General desnaturalizó los hechos expuestos, al desconocer el sistema de la normativa belga relativa a los centros de coordinación, al interpretar de manera errónea el Real Decreto no 187, de 30 de diciembre de 1982, relativo a la creación de centros de coordinación, (2) al desnaturalizar su alcance y al vulnerar la jerarquía de las fuentes de Derecho belga. Considera que el Real Decreto en cuestión es un «arrêté de pouvoirs spéciaux», el cual tiene en Derecho belga el mismo valor jurídico que una ley y que aún es de aplicación a la recurrente en casación, que, en consecuencia, tiene derecho a una autorización por un plazo de diez años.
   Por su tercer motivo, la recurrente en casación invoca la infracción por parte del Tribunal General de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 22 de junio de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión (C-182/03 y C-217/03), en la medida en que consideró que la anulación de la Decisión controvertida llevada a cabo por dicha sentencia tuvo por efecto prohibir la renovación de las autorizaciones de los centros de coordinación desde la notificación de la Decisión controvertida. Ahora bien, la recurrente en casación considera que esta sentencia del Tribunal de Justicia anuló la Decisión controvertida precisamente debido a la inexistencia de períodos transitorios adecuados para los centros de coordinación cuya solicitud de renovación de la autorización estaba pendiente en la fecha de dicha notificación o cuya autorización expiraba en la fecha de la notificación de la Decisión controvertida o poco después de dicha fecha.
   Mediante su cuarto motivo, la recurrente en casación reprocha al Tribunal General haber malinterpretado el concepto de «interés en ejercitar la acción», en la medida en que declaró que el recurso interpuesto por la recurrente en casación no podía procurarle, por su resultado, un beneficio, dado que no existía seguridad de que las autoridades belgas admitieran el mantenimiento del estatuto de centro de coordinación de la recurrente en casación más allá del 31 de diciembre de 2005 en el supuesto de que se anulara la Decisión controvertida. Pues bien, sostiene que, por un lado, las autoridades belgas no tenían ningún poder discrecional en el caso de autos, dado que la autorización debía concederse por diez años en caso de que se cumplieran los criterios establecidos por el Real Decreto no 187. Por otro lado, afirma que el propio Tribunal General declaró en la sentencia recurrida que las autoridades belgas no habían excluido conceder a la recurrente en casación el derecho al régimen en cuestión más allá del 31 de diciembre de 2005 y habían decidido no sancionarle en tanto en cuanto no hubiera recaído resolución definitiva sobre su recurso.
   Por su quinto y último motivo, la recurrente en casación alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que una medida transitoria no puede tener efectos retroactivos. En efecto, arguye que no es extraño que un período transitorio comience a contar a partir de una fecha anterior, especialmente en materia fiscal.

      (1)  Decisión 2008/283/CE de la Comisión, de 13 de noviembre de 2007, relativa al régimen de ayudas aplicado por Bélgica en favor de los centros de coordinación establecidos en Bélgica y que modifica la Decisión 2003/757/CE (DO 2008, L 90, p. 7).

      (2)  Moniteur belge de 13 de enero de 1983, p. 502.


title: Asunto C-172/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de febrero de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia)] — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio (Medio ambiente — Directiva 1999/31/CE — Artículo 10 — Impuesto especial sobre el depósito de residuos sólidos en vertederos — Sujeción de la entidad explotadora de un vertedero a dicho impuesto — Costes de explotación de un vertedero — Directiva 2000/35/CE — Intereses de demora)

text:
               17.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 100/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de febrero de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia)] — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio
   (Asunto C-172/08) (1)

   (Medio ambiente - Directiva 1999/31/CE - Artículo 10 - Impuesto especial sobre el depósito de residuos sólidos en vertederos - Sujeción de la entidad explotadora de un vertedero a dicho impuesto - Costes de explotación de un vertedero - Directiva 2000/35/CE - Intereses de demora)
   2010/C 100/02
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione tributaria provinciale di Roma

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Pontina Ambiente Srl

      Demandada: Regione Lazio

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Italia) — Interpretación del artículo 10 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1), de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200, p. 35) y de los artículos 12 CE, 14 CE, 43 CE, y 46 CE — Normativa nacional que establece un impuesto sobre el depósito de residuos sólidos en vertederos y que obliga al explotador del vertedero al pago anticipado del impuesto, fijado en función de la cantidad de residuos depositados, y devengado por el sujeto que los deposita.

      Fallo

               1)

               El artículo 10 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la aplicable en el litigio principal, que establece a la entidad explotadora de un vertedero como sujeto pasivo de un impuesto especial sobre el depósito de residuos sólidos en vertederos que le debe reembolsar la colectividad local que ha depositado los residuos y que establece sanciones pecuniarias contra aquélla en caso de pago tardío de dicho impuesto, a condición no obstante de que dicha normativa vaya acompañada de medidas cuyo objeto sea garantizar que el reembolso de dicho impuesto se lleve a cabo efectivamente y en un breve plazo y que todos los costes relacionados con el cobro y, en concreto, los costes resultantes de la demora en el pago de cantidades adeudadas por este concepto por dicha colectividad local a la mencionada entidad explotadora, incluidas las sanciones pecuniarias eventualmente impuestas a esta última como consecuencia de dicha demora, se repercutan en el precio que dicha colectividad debe abonar a la mencionada entidad explotadora. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales verificar el cumplimiento de dichos requisitos.

               2)

               Los artículos 1, 2, apartado 1, y 3 de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, deben interpretarse en el sentido de que las cantidades que una colectividad local que deposita residuos debe a la entidad explotadora de un vertedero, como las adeudadas en concepto de reembolso de un impuesto, están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva y, por tanto, los Estados miembros deben velar, con arreglo al artículo 3 de la misma, por que dicha entidad explotadora pueda exigir intereses en caso de demora en el pago de dichas cantidades imputable a la mencionada colectividad local.

      (1)  DO C 183, de 19.7.2008.


title: Asunto T-508/13: Sentencia del Tribunal General de 18 de noviembre de 2015 — Government of Malaysia/OAMI — Vergamini (HALAL MALAYSIA) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa HALAL MALAYSIA — Marca figurativa anterior no registrada HALAL MALAYSIA — Motivo relativo de denegación — Inexistencia de derechos al signo anterior adquiridos conforme al Derecho del Estado miembro antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Utilización de la marca anterior como signo de garantía — Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) — Inexistencia de “goodwill”»]

text:
               11.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/21

         Sentencia del Tribunal General de 18 de noviembre de 2015 — Government of Malaysia/OAMI — Vergamini (HALAL MALAYSIA)
   (Asunto T-508/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa HALAL MALAYSIA - Marca figurativa anterior no registrada HALAL MALAYSIA - Motivo relativo de denegación - Inexistencia de derechos al signo anterior adquiridos conforme al Derecho del Estado miembro antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria - Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 - Utilización de la marca anterior como signo de garantía - Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) - Inexistencia de “goodwill”»])
   (2016/C 007/29)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Government of Malaysia (representantes: inicialmente R. Volterra, Solicitor, R. Miller, Barrister, V. von Bombard y T. Heitmann, abogados, posteriormente R. Volterra, R. Miller y V. von Bombard)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: P. Bullock y N. Bambara, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Paola Vergamini (Castelnuovo di Garfagnana, Italia)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI du 27 de junio de 2013 (asunto R 326/2012-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Government of Malaysia y la Sra. Paola Vergamini.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Government of Malaysia.

      (1)  DO C 352, de 30.11.2013.


title: Asunto C-226/09: Recurso interpuesto el 19 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/18

         Recurso interpuesto el 19 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda
   (Asunto C-226/09)
   2009/C 220/33
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Konstantinidis y A.-A. Gilly, agentes)

      Demandada: Irlanda

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los principios de igualdad de trato y transparencia, como los interpreta el Tribunal de Justicia, al atribuir los coeficientes de ponderación de los criterios de adjudicación a la fecha de cierre del plazo de presentación de ofertas y modificarlos tras un examen previo de las ofertas enviadas.

               —

               Que se condene en costas a Irlanda.

      Motivos y principales alegaciones

   En el caso de la licitación en cuestión, el poder adjudicador publicó una licitación de la que se desprendía razonablemente que los criterios de adjudicación se aplicarían en orden de importancia decreciente. A la fecha de cierre del plazo de presentación de ofertas, decidió atribuir a los criterios de adjudicación una ponderación relativa. Tras un examen previo de las ofertas enviadas, la mesa de contratación del poder adjudicador discutió la posibilidad de variar estas ponderaciones, y en su caso modificarlas.
   Las ponderaciones relativas asignadas a los criterios de adjudicación tras la presentación de las ofertas y el examen inicial modificaron la importancia de los criterios de adjudicación y atribuyeron una importancia relativa sustancialmente diferente de la que el licitador habría razonablemente inferido de la licitación.
   Toda vez que la licitación en cuestión versaba sobre la provisión de servicios que no están enumerados en el anexo II A de la Directiva 2004/18/CE, (1) las detalladas normas de procedimiento de esta Directiva no son de aplicación. Del mismo modo, el artículo 40 de la Directiva, con arreglo al cual los poderes adjudicadores han de especificar en la invitación a presentar una oferta al menos la ponderación relativa de los criterios de adjudicación, tampoco era aplicable. No obstante, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el poder adjudicador está obligado a respetar los principios fundamentales del Tratado, incluidos los principios de igualdad de trato y transparencia.
   La Comisión alega que el poder adjudicador, que está sujeto a la obligación de respeto de las normas y principios fundamentales del Tratado CE, vulneró los principios de igualdad de trato y transparencia, tal y como los interpreta el Tribunal de Justicia, al modificar los criterios de adjudicación durante el procedimiento de licitación.

      (1)  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001 en el asunto C-390/98 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: H.J. Banks & Co. Ltd contra The Coal Authority Secretary of State for Trade and Industry ("Tratado CECA — Licencias de extracción de carbón en bruto — Discriminación entre productores — Gravámenes especiales — Ayudas de Estado — Artículo 4, letras b) y c), del Tratado — Decisión n° 3632/93/CECA — Código de ayudas a la industria del carbón — Efecto directo — Competencias respectivas de la Comisión y de los órganos jurisdiccionales nacionales")

text:
C 17/2                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             19.1.2002
G. Houttuin), apoyado por Reino de España (agente:                        Tratado CECA, por la Court of Appeal (England & Wales)
Sra. N. Dı́az Abad), por Republica Francesa (agentes:                      (Civil Division) (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio
Sra. K. Rispal-Bellanger y el Sr. C. Chavance), por Republica              pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre H.J. Banks &
Italiana (agente: Sr. U. Leanza, asistido por la Sra. F. Quadri)           Co. Ltd y The Coal Authority, Secretary of State for Trade and
y por Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:                      Industry, una decisión prejudicial sobre la interpretación del
Sres. P.J. Kuijper y T. van Rijn), que tiene por objeto la                 artı́culo 4, letras b) y c), del Tratado CECA y de la Decisión
anulación del Reglamento (CE) no 1036/97 del Consejo, de                  no 3632/93/CECA de la Comisión, de 28 de diciembre de
2 de junio de 1997, por el que se adoptan medidas de                       1993, relativa al régimen comunitario de las intervenciones de
salvaguardia respecto de la importación de arroz originario de            los Estados miembros en favor de la industria del carbón (DO
los paı́ses y territorios de Ultramar (DO L 151, p. 8), el                 L 329, p. 12), el Tribunal de Justicia, integrado por los
Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez                 Sres. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, C. Gulmann, A. La
Iglesias, Presidente, el Sr. P. Jann y la Sra. F. Macken (Ponente),        Pergola, M. Wathelet y V. Skouris, Presidentes de Sala,
Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La            D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (Ponente), P. Jann, L. Sevón y
Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen y          R. Schintgen y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General:
V. Skouris, Jueces, Abogado General: Sr. P. Léger, Secretario:             Sr. N. Fennelly; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha
Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 22 de               dictado el 20 de septiembre de 2001 una sentencia cuyo fallo
noviembre de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                es el siguiente:
1)    Se desestima el recurso por infundado.
                                                                           1)     Una situación como la del litigio principal desde la fecha de la
2)    Se condena en costas al Reino de los Paı́ses Bajos.
                                                                                reestructuración hasta la transmisión a las empresas privadas
                                                                                adjudicatarias de las participaciones de las sociedades pertene-
3)    El Reino de España, la República Francesa, la República
                                                                                cientes a la Corona que sucedieron a British Coal Corporation
      Italiana y la Comisión de las Comunidades Europeas soportaran
                                                                                en su actividad de explotación supone la existencia de ayudas
      sus propias costas.
                                                                                en el sentido del artı́culo 4, letra e), del Tratado CECA, pero no
                                                                                de gravámenes especiales en el sentido de esta disposición.
(1) DO C 318 de 18.10.1997.                                                       Esta misma situación puede revelar la existencia de una
                                                                                discriminación entre productores, en el sentido del artı́culo 4,
                                                                                letra b), del mismo Tratado. Ello ocurrirı́a si diferencias
                                                                                objetivas importantes entre, por una parte, la situación de
                                                                                British Coal Corporation y las sociedades pertenecientes a la
                                                                                Corona que la sucedieron en su actividad de explotación, y, por
                                                                                otra parte, la de los demás explotadores, no justificasen el trato
                                                                                diferenciado aplicado a las dos categorı́as de productores.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                Una situación como la del litigio principal a partir de la
                   de 20 de septiembre de 2001
                                                                                transmisión de las participaciones de las sociedades pertenecien-
                                                                                tes a la Corona que sucedieron a British Coal Corporation en su
en el asunto C-390/98 [petición de decisión prejudicial                         actividad de explotación a las empresas privadas adjudicatarias
planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil                         no revela la existencia de ayudas o gravámenes especiales en el
Division)]: H.J. Banks & Co. Ltd contra The Coal Authority                        sentido del artı́culo 4, letra c), del Tratado, ni de una
         Secretary of State for Trade and Industry (1)                            discriminación entre productores en el sentido del articulo 4,
                                                                                letra b), del Tratado, puesto que el acceso a las distintas
(«Tratado CECA — Licencias de extracción de carbón en                           fórmulas de adquisición de los derechos asociados a las licencias
bruto — Discriminación entre productores — Gravámenes                           y concesiones no ha sido ni es discriminatorio.
especiales — Ayudas de Estado — Artı́culo 4, letras b) y c),
del Tratado — Decisión no 3632/93/CECA — Código de
ayudas a la industria del carbón — Efecto directo —                       2)     El artı́culo 4, letra b), del Tratado, en la medida en que se
Competencias respectivas de la Comisión y de los órganos                        refiere a las discriminaciones entre productores, ası́ como
                    jurisdiccionales nacionales»)                                 el artı́culo 9, apartado 4, primera frase, de la Decisión
                                                                                no 3632/93/CECA de la Comisión, de 28 de diciembre de
                           (2002/C 17/03)                                         1993, relativa al régimen comunitario de las intervenciones de
                                                                                los Estados miembros en favor de la industria del carbón, crean
                                                                                directamente en favor de los particulares derechos que los
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                              órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar. En
                                                                                cambio, el artı́culo 4, letra c), del Tratado, en la medida en que
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la           se refiere a la compatibilidad de las ayudas con el mercado
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)               común, no crea por sı́ solo tales derechos. No obstante,
                                                                                los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para
                                                                                interpretar el concepto de ayuda en el sentido de los artı́culos 4,
                                                                                letra c), del Tratado y 1 de la Decisión no 3632/93, con vistas
En el asunto C-390/98, que tiene por objeto una petición                         a extraer las consecuencias de una eventual infracción del
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 41 del                 artı́culo 9, apartado 4, primera frase, de dicha Decisión.
 ---pagebreak--- 19.1.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 17/3
     La comprobación, en una situación como la del litigio principal,              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
     de la existencia de una ayuda ilegal por no haber sido autorizada
     por la Comisión en el momento de su concesión y, en su caso,
     de una discriminación entre productores en el sentido del                                de 27 de septiembre de 2001
     artı́culo 4, letra b), del Tratado, en forma de sujeción de
     determinados productores al pago de cánones mientras otros
     quedan exentos de ello, no puede dar lugar a la no sujeción          en el asunto C-63/99 [petición de decisión prejudicial
     retroactiva a dichos cánones de los productores que han estado       planteada por la High Court of Justice (England & Wales),
     sujetos a ellos.                                                      Queen’s Bench Division (Divisional Court)]: The Queen
                                                                           contra Secretary of State for the Home Department, ex
3)   Un órgano jurisdiccional nacional puede declarar la existencia            parte: Wieslaw Gloszczuk y Elzbieta Gloszczuk (1)
     de una discriminación entre productores en el sentido del
     artı́culo 4, letra b), del Tratado, o de una ayuda en el sentido
     de los artı́culos 4, letra c), del Tratado y 1 de la Decisión        («Relaciones exteriores — Acuerdo de asociación Comunida-
     no 3632/93, derivada del sistema de cánones controvertido en         des/Polonia — Libertad de establecimiento — Autorización
     el procedimiento principal, y ello pese a la adopción por la                       de entrada obtenida fraudulentamente»)
     Comisión de:
                                                                                (2002/C 17/04)
     —      la Decisión 94/995/CECA, de 3 de noviembre de 1994,
            relativa a las intervenciones financieras del Reino Unido
            en relación con la industria del carbón en los ejercicios
            financieros de 1994/1995 y 1995/1996;                                              (Lengua de procedimiento: inglés)
     —      la Decisión de 21 de diciembre de 1994 por la que se          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
            autoriza la adquisición de Central and Northern Mining              «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
            Ltd por RJB Mining (UK) plc, y
     —      las decisiones contenidas en los escritos de 4 de mayo y
            14 de julio de 1995 enviados a la National Association
            of Licensed Opencast Operators en respuesta a la denuncia      En el asunto C-63/99, que tiene por objeto una petición
            de esta asociación de 19 de agosto de 1994.                   dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                           Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por la High
                                                                           Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division
4)   El hecho de que H.J. Banks & Co. Ltd o la National Association
                                                                           (Divisional Court) (Reino Unido), destinada a obtener, en el
     of Licensed Opencast Operators
                                                                           litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre The
                                                                           Queen y Secretary of State for the Home Department, ex
     —      no hayan interpuesto, con arreglo al artı́culo 33 del          parte: Wieslaw Gloszczuk y Elzbieta Gloszczuk, una decisión
            Tratado CECA, recurso de anulación contra la Decisión        prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 44 y 58 del
            94/995, la Decisión de 21 de diciembre de 1994 por la         Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
            que se autoriza la adquisición de Central and Northern        Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
            Mining Ltd por RJB Mining (UK) plc, o las decisiones           parte, y la República de Polonia, por otra, celebrado y
            contenidas en los escritos de 4 de mayo y 14 de julio de       aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión
            1995 enviados a la National Association of Licensed            93/743/Euratom, CECA, CE del Consejo y de la Comisión, de
            Opencast Operators;                                            13 de diciembre de 1993 (DO L 348, p. 1), el Tribunal
                                                                           de Justicia, integrado por los Sres. G.C. Rodrı́guez Iglesias,
                                                                           Presidente, C. Gulmann, A. La Pergola (Ponente), M. Wathelet y
     —      no hayan ejercitado ninguna acción sobre la base del          V. Skouris, Presidentes de Sala, D.A.O. Edward J.-P. Puissochet,
            artı́culo 35 del Tratado CECA para obligar a la Comisión      P. Jann, L. Sevón y R. Schintgen y la Sra. F. Macken, Jueces;
            a pronunciarse sobre supuestas infracciones del artı́culo 4,   Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. H. von Holstein,
            letra b), del Tratado, en la medida en que se refiere a las    Secretario adjunto, ha dictado el 27 de septiembre de 2001
            discriminaciones entre productores, o del articulo 9,          una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
            apartado 4, primera frase, de la Decisión no 3632/93,
     no impide que H.J. Banks & Co. Ltd invoque dichas infracciones        1)     El artı́culo 44, apartado 3, del Acuerdo europeo por el que se
     ante los órganos jurisdiccionales nacionales.                               crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus
                                                                                Estados miembros, por una parte, y la República de Polonia,
                                                                                por otra, celebrado y aprobado en nombre de la Comunidad
                                                                                mediante la Decisión 93/743/Euratom, CECA, CE del Consejo
(1) DO C 20 de 23.1.1999.                                                         y de la Comisión, de 13 de diciembre de 1993, debe
                                                                                interpretarse en el sentido de que establece, en el ámbito de
                                                                                aplicación del Acuerdo, un principio preciso e incondicional
                                                                                suficientemente operativo para ser aplicado por un juez nacional


title: Asunto C-468/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del London Tribunal Centre, de fecha 29 de octubre de 2003, en el asunto entre Overland Footwear Ltd y Commissioners of Customs and Excise

text:
10.1.2004              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                               C 7/25
—     condene en costas a la institución demandada.                     Conforme al Reglamento no 2913/92 del Consejo («Código
                                                                        Aduanero»), en particular sus artículos 29, 32 y 33, así como
                                                                        a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando, con ocasión
                                                                        del despacho aduanero de las mercancías, un importador
Motivos y principales alegaciones                                       declara por inadvertencia, como precio pagado o por pagar
                                                                        por las mercancías, una cantidad que incluye una comisión de
1)     Vicio sustancial de forma, por infracción del régimen            compra e igualmente por inadvertencia no refleja en la
lingüístico del Consejo: la delegación española no recibió una          declaración de importación dicha comisión de manera diferen-
convocatoria en español para la reunión del Comité de Gestión           ciada del precio efectivamente pagado o por pagar, pero, una
de Pesca y Acuicultura en que se discutió la propuesta de               vez que las mercancías han sido despachadas a libre práctica,
reglamento. Además, en el curso de dicha reunión la Comisión            demuestra, a satisfacción de las autoridades aduaneras, que en
presentó una enmienda sustancial de su propuesta únicamente             el precio pagado o por pagar por las mercancías declarado se
en inglés.                                                              había incluido de buena fe la comisión de compra, que podía
                                                                        haber sido válidamente deducida en el momento de la
                                                                        importación, y solicita la devolución de los derechos pagados
2)     Violación del principio de jerarquía normativa: el artí-         sobre la comisión de compra dentro del plazo de tres años a
culo 7, apartado 1, del Reglamento 1438/2003 vulnera lo                 partir de la fecha de comunicación de los derechos de
dispuesto:                                                              importación:
—     en el artículo 13 del Reglamento 2371/2002, que no                1)     ¿Puede la comisión de compra incluida de buena fe en el
      impone a los Estados miembros la obligación de garanti-                  precio quedar sujeta a derechos de importación como
      zar que la capacidad de arqueo no supere determinados                    parte del precio efectivamente pagado o por pagar por
      límites, y                                                               las mercancías en virtud del artículo 29 del Código
                                                                               Aduanero?
—     en el artículo 11 del Reglamento 2371/2002, que exige
      que, al determinar el balance de entradas y salidas, no se        2)     En caso de respuesta negativa a la primera cuestión,
      tome en cuenta el aumento de la capacidad de arqueo de                   ¿puede la comisión de compra incluida de buena fe en el
      la flota.
                                                                               precio deducirse del valor declarado de la transacción,
                                                                               habida cuenta de las disposiciones de los artículos 32,
3)     Violación del principio de confianza legítima: el carácter              apartado 3, y 33 del Código Aduanero?
retroactivo de la norma puede suponer un perjuicio para los
interesados.                                                            3)     En estas circunstancias, ¿están obligadas las autoridades
                                                                               aduaneras, con arreglo al Código Aduanero y, en parti-
                                                                               cular, a su artículo 78, apartado 3, a aceptar la rectifica-
4)     Arbitrariedad: la norma introduce como período para la                  ción del precio pagado o por pagar por las mercancías
aportación previa de bajas la franja de 2000 a 2002 sin                        importadas y, en consecuencia, la reducción de su valor
justificación técnica alguna.                                                  en aduana?
(1) DO L 204, de 13.8.2003, p. 21.                                      4)     En consecuencia, ¿tiene derecho el importador, con
                                                                               arreglo al Código Aduanero y, en particular, a su artí-
                                                                               culo 236, a la devolución de los derechos pagados sobre
                                                                               la comisión de compra?
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
lución del London Tribunal Centre, de fecha 29 de octubre
de 2003, en el asunto entre Overland Footwear Ltd y
            Commissioners of Customs and Excise                         Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2003 contra
                                                                        la República Helénica por la Comisión de las Comunidades
                       (Asunto C-468/03)                                                             Europeas
                          (2004/C 7/42)                                                         (Asunto C-474/03)
                                                                                (2004/C 7/43)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del London Tribunal Centre, dictada el
29 de octubre de 2003, en el asunto entre Overland Footwear             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Ltd y Commissioners of Customs and Excise, y recibida en la             presentado el 17 de noviembre de 2003 un recurso contra
Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2003.          la República Helénica formulado por la Comisión de las
El London Tribunal Centre solicita al Tribunal de Justicia que          Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Patakia,
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                           miembro del Servicio Jurídico.


title: Archivo del asunto C-478/04

text:
               26.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/19

         Archivo del asunto C-478/04 (1)

   (2005/C 296/39)

      (Lengua de procedimiento: italiano)

   Mediante auto de 24 de junio de 2005, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha resuelto archivar el asunto C-478/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana.

      (1)  DO C 31, de 5.2.05.


title: Asunto T-295/17: Recurso interpuesto el 15 de mayo de 2017 — Danpower Baltic/Comisión

text:
               7.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/29

         Recurso interpuesto el 15 de mayo de 2017 — Danpower Baltic/Comisión
   (Asunto T-295/17)
   (2017/C 256/35)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Danpower Baltic UAB (Kauno, Lituania) (representantes: D. Fouquet, J. Nysten y J. Voß, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión sobre ayudas de Estado de 19 de septiembre de 2016 en el asunto SA.41539 (2016/N) — Lituania, ayuda a la inversión en una planta eléctrica de cogeneración de alto rendimiento en Vilnius, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė Viniaus Kogeneracinee Jeqaine — C(2016) 5943 final.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos:

               1.

               Primer motivo, basado en que la Decisión de la Comisión contiene un error de valoración manifiesto, al basarse en pruebas insuficientes, incompletas, irrelevantes e inconsistentes.

                           —

                           La Decisión de la Comisión se basa en pruebas insuficientes, incompletas, irrelevantes e inconsistentes. Esto afecta específicamente a la disponibilidad de inversión privada en centrales de cogeneración eléctricas y térmicas (CET) y en otras centrales térmicas, las repercusiones de las CET en la naturaleza, las capacidades de incineración de desechos en Lituania, el status quo del mercado de la calefacción en Vilnius y la incapacidad de Lietuvos Energija de tramitar un procedimiento de licitación eficaz para seleccionar a un contratista privado. La demandada no tuvo en cuenta esta información.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Decisión de la Comisión infringe el artículo 107 TFUE, al no respetar la notificación y valoración individuales preceptivas en el caso de las ayudas de gran cuantía y porque da por supuesta la contribución a un objetivo de interés común.

                           —

                           La Decisión de la Comisión infringe el artículo 107 TFUE porque no respeta la notificación y la valoración individuales preceptivas en el caso de las ayudas de gran cuantía y da por supuesta la contribución a un objetivo de interés común. La Decisión de la Comisión no valora adecuadamente, de acuerdo con el apartado 33 de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020, si la ayuda de Estado sirve para la protección del medio ambiente. La demandada utilizó el criterio de valoración habitual incorrecto y no tuvo en cuenta que las posibles reducciones de CO2 son notablemente inferiores a lo declarado en la Decisión.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Decisión de la Comisión infringe el artículo 107 TFUE, pues dará lugar a que se eluda la jerarquía entre los residuos vigente en Lituania.

                           —

                           La Decisión de la Comisión infringe el artículo 107 TFUE porque dará lugar a que se eluda la jerarquía entre los residuos vigente en Lituania. La ayuda de Estado incrementará en mayor medida el exceso de capacidad de las plantas de incineración en Lituania y reducirá los incentivos para fomentar el reciclaje y la reutilización. Esto impedirá a Lituania alcanzar el objetivo de reciclaje del 50 % con arreglo a la Directiva 2008/98/CE. La propia Comisión Europea ha instado al Gobierno lituano a no incentivar la construcción de plantas de incineración de residuos.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que la Decisión de la Comisión infringe el artículo 107 TFUE, al concluir que sería necesaria una intervención estatal en forma de ayuda estatal.

                           —

                           La demandada no investigó ni examinó las pruebas de que el mercado de la calefacción del distrito de Vilnius podría experimentar mejoras similares en la protección ambiental sustituyendo el gas por biomasa sin necesidad de intervención estatal. No ha habido fallos de mercado en el mercado de la calefacción en Vilnius. El mercado de la calefacción es competitivo y tiene precios competitivos que incentivan adecuadamente la inversión en instalaciones de biomasa neutras en emisiones CO2 y de incineración de residuos.

               5.

               Quinto motivo, basado en que la Decisión de la Comisión infringe el artículo 107 TFUE, al concluir que la ayuda es proporcionada.

                           —

                           La Decisión de la Comisión no lleva a cabo una valoración adecuada de la proporcionalidad al aceptar la información proporcionada por el Gobierno lituano sin comprobarla, y utiliza un plan alternativo incorrecto al comparar proyectos de inversión completamente diferentes (CET y centrales de una sola caldera, en vez de comparar dos proyectos de CET).

               6.

               Sexto motivo, basado en que la Decisión de la Comisión infringe el artículo 107 TFUE, al concluir que la ayuda estatal tendría efecto incentivador.

                           —

                           La demandada dio por válidas las declaraciones del Gobierno lituano de que, en otras circunstancias, el beneficiario no habría construido la CET de Vilnius, lo cual sin embargo es incorrecto, ya que esas actividades se encuentran exactamente dentro del ámbito de actividad empresarial del beneficiario, esto es, no necesitan mayores incentivos.

               7.

               Séptimo motivo, basado en que la Decisión de la Comisión infringe el artículo 107 TFUE, al apreciar de forma errónea las repercusiones en el mercado de la calefacción de Vilnius.

                           —

                           La demandada disponía de información sobre la competencia en el mercado de la calefacción de Vilnius. Al parecer, sin embargo, la valoró incorrectamente al concluir que no habría repercusiones. En particular, no se prestó suficiente atención al riesgo de exclusión de los competidores presentes en el mercado, como es el caso de la demandante, y las conclusiones de la demandada, por lo tanto, son incorrectas. La citada ayuda expulsará a los productores independientes de electricidad que utilizan centrales térmicas de biomasa neutras en emisiones de CO2. Además, la ayuda de Estado permite a Vilnius KJ convertirse en el acto en un competidor dominante en el mercado, con una cuota de mercado de aproximadamente el 51 %.