title: Asunto C-59/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Artículos 1, apartado 2, y 3, apartado 1, párrafo primero — Recuperación de una restitución a la exportación — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo (dies a quo) — Acción u omisión del agente económico — Realización del perjuicio — Infracción continua — Infracción puntual]

text:
               30.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 398/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
   (Asunto C-59/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 - Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Artículos 1, apartado 2, y 3, apartado 1, párrafo primero - Recuperación de una restitución a la exportación - Plazo de prescripción - Inicio del cómputo (dies a quo) - Acción u omisión del agente económico - Realización del perjuicio - Infracción continua - Infracción puntual])
   (2015/C 398/03)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Hamburg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

      Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

      Fallo

               1)

               Los artículos 1, apartado 2, y 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, deben interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, en las que no se detectó la infracción de una disposición del Derecho de la Unión hasta después de la realización del perjuicio, el plazo de prescripción empieza a correr a partir del momento en que tienen lugar tanto la acción o la omisión de un agente económico que constituye una infracción del Derecho de la Unión como el perjuicio al presupuesto de la Unión o a los presupuestos administrados por ésta.

               2)

               El artículo 1, apartado 2, del Reglamento no 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, se realiza el perjuicio desde el momento en que se haya adoptado la decisión de conceder la restitución a la exportación al exportador de que se trate.

      (1)  DO C 142, de 12.5.2014.


title: Asunto C-31/13 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014 — Hungría/Comisión Europea, República Eslovaca [Recurso de casación — Indicaciones geográficas protegidas — Reglamento (CE) n ° 1234/2007 — Registro de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en materia de vinos — Base de datos E-Bacchus — Tokaj]

text:
               29.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/17

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014 — Hungría/Comisión Europea, República Eslovaca
   (Asunto C-31/13 P) (1)

   (Recurso de casación - Indicaciones geográficas protegidas - Reglamento (CE) no 1234/2007 - Registro de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en materia de vinos - Base de datos E-Bacchus - Tokaj)
   2014/C 93/26
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Recurrente: Hungría (representantes: M.Z. Fehér y K. Szíjjártó, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: V. Bottka, B. Schima y B. Eggers, agentes), República Eslovaca (representante: B. Ricziová, agente)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima), de 8 de noviembre de 2012, en el asunto Hungría/Comisión (T-194/10), mediante la que el Tribunal declaró la inadmisibilidad de un recurso de anulación de la inscripción de la denominación de origen protegida «Vinohradnícka oblast Tokaj», que figura, como originaria de Eslovaquia, en el registro electrónico de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en materia de vinos (base de datos E-Bacchus) — Efectos jurídicos de la inscripción en E-Bacchus — Obligación de motivación — Principios de buena administración, de cooperación leal y de seguridad jurídica.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Hungría.

               3)

               La República Eslovaca cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 71, de 9.3.2013.


title: Asunto C-147/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Hamburg (Alemania) el 10 de abril de 2008 — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Hamburg (Alemania) el 10 de abril de 2008 — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg
   (Asunto C-147/08)
   (2008/C 171/26)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Arbeitsgericht Hamburg
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Jürgen Römer

      Demandada: Freie und Hansestadt Hamburg
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Constituyen las pensiones complementarias para antiguos empleados públicos de la Freie und Hansestadt Hamburg y sus supervivientes, reguladas en la 1. Ruhegeldgesetz (Primera Ley de pensiones; en lo sucesivo, «1. RGG») de dicha ciudad, «pagos […] efectuados por los regímenes públicos o asimilados, incluidos los regímenes públicos de seguridad social o de protección social» en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo (1), de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, con la consecuencia de que dicha Directiva (en lo sucesivo, «Directiva») no rige en el ámbito de aplicación de la 1. RGG?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior:

                           2.1.

                           ¿Constituyen «legislación nacional sobre el estado civil y de las prestaciones que dependen del estado civil» en el sentido del vigésimo segundo considerando de la Directiva las disposiciones de la 1. RGG que, en el cálculo de las pensiones, distinguen entre beneficiarios casados, por un lado, y el resto de los beneficiarios, por otro, favoreciendo a los beneficiarios casados, incluidas, precisamente, las personas que han establecido una relación de pareja con una persona de su mismo sexo al amparo de la Lebenspartnerschaftsgesetz (Ley de parejas de hecho) de la República Federal de Alemania (en lo sucesivo, «personas emparejadas»).

                           2.2.

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior:
                           ¿Tiene esto como consecuencia que la Directiva no sea de aplicación a las mencionadas disposiciones de la 1. RGG, aunque la propia Directiva no contenga en este sentido ninguna restricción de su ámbito de aplicación análoga a la de su vigésimo segundo considerando?

               3)

               En caso de respuesta negativa a las cuestiones 2.1 o 2.2:
               ¿Infringe el artículo 1, en relación con el artículo 2 y con el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el artículo 10, apartado 6, de la 1. RGG, según el cual las pensiones, para los beneficiarios casados que no vivan permanentemente separados, se calculan tomando como base de forma ficticia el grupo de tributación III/0 (más favorable para el sujeto pasivo), mientras que para los demás beneficiarios se toma como base de forma ficticia el grupo de tributación I (menos favorable para el sujeto pasivo), en el caso de un beneficiario que está emparejado con una persona de su mismo sexo y que no vive permanentemente separado de ella?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión o a la cuestión 2.2 o de respuesta negativa a la tercera cuestión:
               ¿Es contrario al artículo 141 CE o a algún principio general del Derecho comunitario el artículo 10, apartado 6, de la 1. RGG, por las disposiciones o consecuencias jurídicas descritas en la tercera cuestión?

               5)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones tercera o cuarta:
               ¿Tiene esto como consecuencia que, en tanto no sea modificado el artículo 10, apartado 6, de la 1. RGG de manera que sea eliminada la presunta desigualdad de trato, el beneficiario emparejado que no viva permanentemente separado puede exigir ser tratado, a los efectos del cálculo de las pensiones, como un beneficiario casado que no vive permanentemente separado? De ser así (en caso de que sea aplicable la Directiva y de respuesta afirmativa a la tercera cuestión), ¿esto es igualmente válido antes de haber expirado el plazo de adaptación previsto en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva?

               6)

               En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión:
               ¿Debe entenderse esto, de forma análoga a los fundamentos de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de mayo de 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), con la limitación de que la igualdad de trato en el cálculo de las pensiones sólo debe realizase en relación con la parte proporcional de las pensiones devengadas con posterioridad al 17 de mayo de 1990?

      (1)  DO L 303, p. 16.


title: Asunto T-211/04: Recurso interpuesto el 9 de junio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Government of Gibraltar

text:
               28.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/27

         Recurso interpuesto el 9 de junio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Government of Gibraltar
   (Asunto T-211/04)
   (2004/C 217/49)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 9 de junio de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europea, formulado por el Government of Gibraltar, representado por M. Llamas, abogado, J. Temple Lang, solicitor, A. Petersen, abogado, y K. Nordlander, abogado.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la Decisión en su totalidad.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas y demás gastos, jurídicos o no, relacionados con este asunto.

         Motivos y principales alegaciones:
   La parte demandante impugna la Decisión de la Comisión de 30 de marzo de 2004 relativa al régimen de ayudas que el Reino Unido pretende aplicar en lo relativo a la reforma del impuesto de sociedades del Gobierno de Gibraltar (1). En dicha Decisión, la Comisión considera que la reforma fiscal propuesta constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado común.
   La parte demandante indica que la Comisión considera que la reforma es regionalmente selectiva, en la medida en que otorga ventajas fiscales a las sociedades gibraltareñas con respecto a las sociedades del Reino Unido, y materialmente selectiva, en la medida en que determinados aspectos de la misma otorgan ventajas fiscales a ciertas sociedades gibraltareñas con respecto a otras sociedades gibraltareñas.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante alega en primer lugar que la Comisión ha incurrido en un error de Derecho y en varios errores de razonamiento al concluir que la reforma fiscal proyectada por Gibraltar es regionalmente selectiva.
   A este respecto, la parte demandante califica de erróneo el presupuesto de que Gibraltar forma parte del Reino Unido, afirmando que así se deduce claramente tanto del Derecho constitucional nacional como del Derecho internacional público y del Derecho comunitario.
   Alega igualmente que el principio de selectividad regional de la Comisión no puede aplicarse a Gibraltar. Según la parte demandante, la Decisión hace referencia a dos sistemas fiscales totalmente separados y mutuamente excluyentes, de modo que no cabe considerar las normas fiscales gibraltareñas como normas que establezcan excepciones a las normas fiscales del Reino Unido.
   En segundo lugar, la parte demandante alega que la Comisión ha incurrido en un error de Derecho y en varios errores de razonamiento al concluir que la reforma fiscal es materialmente selectiva. Según dicha parte, la reforma es de carácter general y representa una opción razonable de política económica por parte de Gibraltar.
   La parte demandante sostiene que las normas que establecen que las sociedades que no obtengan beneficios no estarán sujetas a impuesto y que no se exigirá a las sociedades el pago de una cantidad superior a un determinado importe máximo sólo tratan de evitar una imposición excesiva, y no se aplican selectivamente a un grupo o categoría especial.
   La parte demandante alega igualmente que la Comisión cometió un error al afirmar, refiriéndose al hecho de que el impuesto sobre los salarios y el impuesto sobre bienes inmuebles no se aplican a las sociedades que no disponen de local de negocios o de empleados en Gibraltar, que la reforma exime al sector «offshore» y que es materialmente selectiva por esta razón. Sostiene además que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma a este respecto al no ofrecer al Reino Unido ni a la parte demandante la posibilidad de pronunciarse sobre esta cuestión en el procedimiento de investigación formal.
   Finalmente, la parte demandante alega que la reforma no puede considerarse selectiva, ya que la naturaleza, la estructura general y los rasgos esenciales de la misma fueron concebidos para ajustarse a las especiales características de la economía de Gibraltar, y en especial a su limitado tamaño, a la escasez de mano de obra, al predominio del sector de servicios y a la simplicidad en los procedimientos que requiere una administración pequeña.

      (1)  Ayuda de Estado no C 66/2002 — Gibraltar government corporation tax reform


title: asunto C-304/01: Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de España

text:
13.10.2001             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 289/15
que el artı́culo 43 CE prohı́be cualquier discriminación basada             materia pesquera la tiene, con carácter general, el Consejo,
en la nacionalidad que restrinja el acceso a una actividad no                de acuerdo con el procedimiento previsto en el artı́-
asalariada o su ejercicio. En consecuencia, la imposición del               culo 37 CE. En el presente caso, la Comisión ha tardado
requisito de residir durante un perı́odo determinado en el Gran              seis meses en adoptar unas medidas que, en teorı́a, eran
Ducado (10 años con arreglo a la ley de julio de 1986, o bien               urgentes, para paliar una situación grave e imprevista, lo
5 años con arreglo a la nueva ley de abril de 1999) para                    que pone de manifiesto que no son medidas urgentes, y
conceder a los nacionales de los demás Estados miembros el                  que en ese perı́odo de seis meses el Consejo podrı́a haber
ingreso mı́nimo garantizado infringe el principio de igualdad                adoptado las medidas de conservación necesarias sin
de trato, tal y como se recoge en el artı́culo 7, apartado 2, del            que la Comisión hubiera debido utilizar una facultad
Reglamento no 1612/68, relativo a la libre circulación de los               normativa que tiene un marco muy estricto y predetermi-
trabajadores asalariados, y en el artı́culo 43 del Tratado CE por            nado. Además existen medidas en la norma impugnada
lo que respecta a los trabajadores no asalariados.                           que no son estrictamente medidas de emergencia y
                                                                             excepcionales como los incrementos de las mallas previs-
                                                                             tos en el artı́culo 2 y las normas del artı́culo 12 para
(1) DO L 257, de 19.10.1968, p. 2; EE 05/01, p. 77.                          establecer puertos designados para los desembarques.
                                                                             Por otro lado, el reglamento impugnado no contiene
                                                                             disposición alguna que limite su vigencia a un perı́odo
                                                                             inferior a los seis meses y, en consecuencia su aplicación
                                                                             no se ve limitada en el tiempo, debiendo entenderse
                                                                             vigente hasta que no exista una disposición posterior que
                                                                             lo derogue.
Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2001 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
                              España
                                                                        —    Violación del principio de no discriminación: El artı́culo 2,
                                                                             apartado 2, del reglamento impugnado establece un
                        (asunto C-304/01)                                    régimen distinto para los buques de eslora total inferior a
                                                                             12 metros que vuelvan dentro de las 24 horas posteriores
                         (2001/C 289/29)                                     a su salida a puerto, de aquel que se aplica para el resto
                                                                             de los buques. Esta medida perjudica casi en exclusiva o,
                                                                             por lo menos, en mucha mayor medida, a la flota
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 española que, en las zonas donde se aplican las medidas
presentado el 2 de agosto de 2001 un recurso contra la                       de emergencia, está constituida en su totalidad por buques
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el                       mayores de 12 metros, que realizan mareas de más de un
Reino de España, representado por la Sra. Rosario Silva de                  dı́a, mientras que los demás Estados miembros sı́ que
Lapuerta, Abogado del Estado, que designa como domicilio en                  tienen en su flota buques de eslora inferior a 12 metros
Luxemburgo el de la Embajada de España, 4-6, boulevard                      que pueden beneficiarse de la excepción. Este trato
E. Servais.                                                                  discriminatorio para la flota española no se encuentra
                                                                             objetivamente justificado porque no existe ninguna rela-
                                                                             ción entre el tamaño de la malla y la eslora del buque.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    Además, se da la coincidencia de que los buques peque-
                                                                             ños, al realizar mareas cortas, pescan en zonas cercanas a
—    anule el Reglamento 1162/2001 (1) de la Comisión, de                   la costa donde hay mayor concentración de juveniles y,
     14 de junio de 2001, por el que se establecen las medidas               por tanto, su pesca puede afectar de forma mucho más
     encaminadas a la recuperación de la población de la                   clara y directa a la conservación del stock amenazado.
     merluza en las subzonas CIEM III, IV, V, VI y VII, en
     las divisiones CIEM VIIIa, b, d, e y las condiciones
     correspondientes para el control de las actividades de los
     buques pesqueros.                                                  —    Falta de motivación: No existe en el reglamento impug-
                                                                             nado elemento alguno que permita conocer, de forma
—    condene en costas a la Institución demandada.                          clara e inequı́voca, cuál ha sido el razonamiento de la
                                                                             Comisión a la hora de establecer la derogación del
                                                                             apartado 2 del artı́culo 2.
Motivos y principales alegaciones
—    Base jurı́dica incorrecta y falta de competencia de la
     Comisión: El reglamento que se impugna tiene como                 (1) DO L 159, de 15.6.2001, p. 4.
     base jurı́dica el artı́culo 15, apartado 1, del regla-
                                                                        (2) DO L 389, de 31.12.1992, p. 1.
     mento 3760/92 (2) del Consejo, por el que se establece
     un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura.
     Este precepto atribuye a la Comisión una competencia
     normativa limitada que esta Institución sólo puede ejercer
     en los supuestos y con las condiciones previstas en
     esta disposición, mientras la competencia normativa en


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de abril de 2003 en el asunto C-217/01 P: Michel Hendrickx contra Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) ("Recurso de casación — Funcionarios — Indemnización por gastos de reinstalación — Recurso que queda sin objeto — Sobreseimiento")

text:
C 146/10                 ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                 21.6.2003
—      se opone a la aplicación de una normativa nacional que niegue                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
       a los trabajadores turcos que pertenecen al mercado legal de
       trabajo del Estado miembro de acogida el derecho de elegibilidad                                  (Sala Segunda)
       a la asamblea general de un organismo de representación y de
       defensa de los intereses de los trabajadores como las Cámaras                                de 8 de mayo de 2003
       de trabajadores y empleados de Austria.
                                                                             en el asunto C-268/01 (Petición de decisión prejudicial
( 1) DO C 173 de 16.6.2001.                                                  planteada por el Verwaltungsgericht Weimar): Agrarge-
                                                                             nossenschaft Alkersleben eG contra Freistaat Thürin-
                                                                                gen (1)
                                                                             («Leche y productos lácteos — Reglamento (CEE) no 3950/
                                                                             92 — Régimen aplicable al territorio de la antigua República
                                                                             Democrática Alemana — Cantidades de referencia — Con-
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 ceptos de “productor” y “explotación” — Arrendatario de
                                                                                una explotación situada en dicho territorio»)
                             (Sala Sexta)
                                                                                (2003/C 146/17)
                       de 10 de abril de 2003                                                  (Lengua de procedimiento: alemán)
en el asunto C-217/01 P: Michel Hendrickx contra Centre                      (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
européen pour le développement de la formation profes-                            «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                       sionnelle (Cedefop) ( 1)
(«Recurso de casación — Funcionarios — Indemnización por                     En el asunto C-268/01, que tiene por objeto una petición
gastos de reinstalación — Recurso que queda sin objeto —                     dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
                          Sobreseimiento»)                                   por el Verwaltungsgericht Weimar (Alemania), destinada a
                                                                             obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
                           (2003/C 146/16)                                   entre Agrargenossenschaft Alkersleben eG y Freistaat Thürin-
                                                                             gen, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los
                                                                             artículos 3, apartado 2, 4, apartado 4, 5 y 9, letras c) y d), del
                   (Lengua de procedimiento: francés)                        Reglamento (CEE) no 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre
                                                                             de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 405, p. 1),
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)          en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 751/1999
                                                                             de la Comisión, de 9 de abril de 1999 (DO L 96, p. 11), el
                                                                             Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el
                                                                             Sr. R. Schintgen, Presidente de Sala, y el Sr. V. Skouris (Ponente)
En el asunto C-217/01 P, Michel Hendrickx (avocats: Sres.                    y la Sra. N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger;
J.-N. Louis y V. Peere), que tiene por objeto un recurso de                  Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 8 de mayo de 2003 una
casación interpuesto contra el auto del Tribunal de Primera                  sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) de 12 de
marzo de 2001, Hendrickx/Cedefop (T-298/00, no publicado                     1)    El artículo 9, letras c) y d), del Reglamento (CEE) no 3950/92
en la Recopilación), por el que se solicita que se anule dicho                     del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece
auto, y en el que la otra parte en el procedimiento es:                            una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos
Centre européen pour le développement de la formation                              lácteos, en su versión modificada por el Reglamento (CE)
professionnelle (Cedefop) (Rechtsanwalt: Sr. B. Wägenbaur), el                     no 751/1999 de la Comisión, de 9 de abril de 1999, en
Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr.                            relación con los artículos 3, apartado 2, 4, apartado 4, y 5 de
J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, y el Sr. C. Gulmann, las                     dicho Reglamento, debe ser interpretado en el sentido de que
Sras. F. Macken y N. Colneric (Ponente), y el Sr. J.N. Cunha                       toda la producción lechera obtenida de modo autónomo por un
Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario:                    ganadero establecido en el territorio de la antigua República
Sr. R. Grass, ha dictado el 10 de abril de 2003 una sentencia                      Democrática Alemana, en instalaciones que ha tomado en
cuyo fallo es el siguiente:                                                        arrendamiento y que están situadas en ese territorio pero en
                                                                                distintos Länder, debe ser imputada a la cantidad de referencia
1)     Desestimar el recurso de casación.                                          que le fue provisionalmente atribuida.
2)     Condenar en costas al Sr. Hendrickx.                                  2)    El artículo 9, letras c) y d), del Reglamento no 3950/92, en su
                                                                                versión modificada por el Reglamento no 751/1999, en
                                                                                relación con los artículos 3, apartado 2, 4, apartado 4, y 5 de
( 1) DO C 212 de 28.7.2001.                                                        dicho Reglamento, debe ser interpretado en el sentido de que se
                                                                                opone a que las autoridades nacionales competentes prohíban a
                                                                                un productor, establecido en el territorio de la antigua República


title: Asuntos acumulados C-39/08 y C-43/08: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de febrero de 2009 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundespatentgericht — Alemania) — Bild digital GmbH & Co. KG, anteriormente Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08)/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Directiva 89/104/CEE — Solicitudes de registro de una marca — Examen caso por caso — No consideración de resoluciones anteriores — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/15

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de febrero de 2009 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundespatentgericht — Alemania) — Bild digital GmbH & Co. KG, anteriormente Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08)/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts
   (Asuntos acumulados C-39/08 y C-43/08) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Directiva 89/104/CEE - Solicitudes de registro de una marca - Examen caso por caso - No consideración de resoluciones anteriores - Inadmisibilidad manifiesta)
   2009/C 113/30
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundespatentgericht

      Partes

      Recurrentes: Bild digital GmbH & Co. KG, anteriormente Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08)

      Recurrida: Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundespatentgericht (Alemania) — Interpretación del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40. p. 1) — Examen de las solicitudes de registro de marca caso por caso sin tener en cuenta resoluciones anteriores adoptadas en situaciones similares — Denegación de registro de una marca dirigida a un solicitante titular de una serie de marcas análogas.

      Fallo

   La autoridad competente de un Estado miembro que ha de pronunciarse sobre una solicitud de registro de una marca no está obligada a excluir las causas de denegación de registro recogidas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por la Decisión 92/10/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, y a acceder a dicha solicitud debido a que el signo cuyo registro como marca se solicita está compuesto de forma idéntica o comparable a un signo cuyo registro como marca ya aceptó y que se refiere a productos o servicios idénticos o similares.

      (1)  DO C 107, de 26.4.2008.


title: Archivo del asunto T-124/03

text:
C 35/20               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                        7.2.2004
              Archivo del asunto T-124/03 (1)                            Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-161/
                                                                         03, Cascades S.A. contra Comisión de las Comunidades
                        (2004/C 35/37)                                   Europeas.
                 (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                         (1) DO C 171 de 19.7.2003.
Mediante auto de 21 de octubre de 2003, el Presidente de la
Sala Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-124/
03, AES Drax Power Limited contra Comisión de las Comuni-
dades Europeas.                                                                        Archivo del asunto T-243/03 (1)
                                                                                (2004/C 35/40)
(1) DO C 135 de 7.6.2003.
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                         Mediante auto de 14 de noviembre de 2003, el Presidente de
              Archivo del asunto T-127/03 (1)                            la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                         Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-243/
                        (2004/C 35/38)                                   03, Guardant Inc. contra Oficina de Armonización del Mercado
                                                                         Interior (marcas, diseños y modelos) (OAMI).
              (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                         (1) DO C 264 de 1.11.2003.
Mediante auto de 7 de noviembre de 2003, el Presidente de
la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-127/
03, Antoinette Pascucci contra Europol.
(1) DO C 158 de 5.7.2003.                                                              Archivo del asunto T-244/03 (1)
                                                                                (2004/C 35/41)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
              Archivo del asunto T-161/03 (1)
                        (2004/C 35/39)                                   Mediante auto de 15 de octubre de 2003, el Presidente de
                                                                         la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                         Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-244/
                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         03, Flavia Angeletti contra Comisión de las Comunidades
                                                                         Europeas.
Mediante auto de 4 de noviembre de 2003, el Presidente de la
Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las                    (1) DO C 200 de 23.8.2003.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 7 de julio de 1998 en los asuntos acumulados T-238/95, T-239/95, T-240/95, T-241/95 y T-242/95, Francesco Mongelli y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Pensiones - Coeficiente corrector - Determinación - Tipo de cambio)

text:
15.8.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                C 258/31
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Jacques                por una parte, una serie de peticiones de anulación de las
Loesch, 11, rue Goethe, que tiene por objeto una solicitud         hojas de haberes pasivos correspondientes a las pensiones
de anulación de la Decisión 94/653/CE de la Comisión, de           de jubilación de los demandantes a partir del mes de enero
27 de julio de 1994, relativa a la ampliación de capital           de 1995, en la medida en que aplican el coeficiente correc-
notificada de Air France (DO L 254 de 30.9.1994, p. 73),           tor de 94,2, fijado para Italia por el Reglamento (CE,
el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada),          Euratom, CECA) no 3161/94 del Consejo, de 19 de
integrado por los Sres.: C. W. Bellamy, Presidente; K.             diciembre de 1994, por el que se adaptan, a partir del 1
Lenaerts, C. P. BrieÈt, A. Kalogeropoulos y A. Potocki, Jue-       de julio de 1994, las retribuciones y pensiones de los fun-
ces; Secretario: Sr. J. Palacio GonzaÂlez, administrador, ha       cionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas así
dictado el 25 de junio de 1998 una sentencia cuyo fallo es         como los coeficientes correctores que afectan a dichas
el siguiente:                                                      retribuciones y pensiones (DO L 335 de 23.12.1994, p. 1),
                                                                   y, por otra parte, una serie de peticiones de pago de los
1) Se acumulan los asuntos T-371/94 y T-394/94 a efectos           atrasos adeudados, maÂs los correspondientes intereses de
     de la sentencia.                                              demora calculados al 8 %, el Tribunal de Primera Instan-
                                                                   cia (Sala Segunda), integrado por los Sres.: A. Kalogero-
2) Se anula la Decisión 94/653/CE de la Comisión, de 27            poulos, Presidente; C. W. Bellamy y J. Pirrung, Jueces;
     de julio de 1994, relativa a la ampliación de capital         Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 7 de julio de 1998
     notificada de Air France.                                     una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
3) La Comisión cargaraÂ con las costas, incluidas las de
                                                                   1) Se desestiman los recursos.
     las partes coadyuvantes Maersk Air I/S y Maersk Air
     Ltd.                                                          2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
4) La Compagnie nationale Air France, la RepuÂblica
                                                                   (1) DO C 64 de 2.3.1996.
     Francesa, el Reino de Dinamarca, el Reino Unido de
     Gran BretanÄa e Irlanda del Norte, El Reino de Suecia
     y el Reino de Noruega cargaraÂn con sus propias cos-
     tas.
(1) DO C 386 de 31.12.1994 y DO C 392 de 31.12.1994.                  AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 10 de junio de 1998
                                                                   en el asunto T-116/95, Cementir Ð Cementerie del
                                                                   Tirreno SpA contra Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas (1)
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                    (Inadmisibilidad Ð Acto confirmatorio Ð Litispendencia)
                 DE PRIMERA INSTANCIA
                     de 7 de julio de 1998                                                (98/C 258/53)
en los asuntos acumulados T-238/95, T-239/95, T-240/                           (Lengua de procedimiento: italiano)
95, T-241/95 y T-242/95, Francesco Mongelli y otros
      contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)              En el asunto T-116/95, Cementir Ð Cementerie del
                                                                   Tirreno SpA, establecida en Roma, representada por los
(Funcionarios Ð Pensiones Ð Coeficiente corrector Ð
                                                                   Sres. Gian Michele Roberti y Antonio Tizzano, Abogados
              Determinación Ð Tipo de cambio)
                                                                   de NaÂpoles, que designa como domicilio en Luxemburgo
                         (98/C 258/52)                             el despacho de Sr. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er, contra
                                                                   Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. Giu-
             (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                   liano Marenco), que tiene por objeto un recurso de anula-
En los asuntos acumulados T-238/95, T-239/95, T-240/95,            ción del escrito de la Comisión de 2 de marzo de 1995
T-241/95 y T-242/95, Francesco Mongelli, antiguo funcio-           por el que se deniega una petición de reducción de la
nario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con              multa impuesta a la demandante mediante la Decisión 94/
domicilio en Cecina (Italia); Alberto Castagnoli, antiguo          815/CE de la Comisión, de 30 de noviembre de 1994, rela-
funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas,            tiva a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
con domicilio en Segrate (Italia); Eduardo Capuano, anti-          Tratado CE (Asuntos IV/33.126 y 33.322 Ð Cemento)
guo funcionario de la Comisión de las Comunidades                  (DO L 343 de 30.12.1994, p. 1), el Tribunal de Primera
Europeas, con domicilio en Roma; Vittorio Sadini, antiguo          Instancia (Sala Cuarta ampliada), integrado por la Sra. P.
funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas,            Lindh, Presidenta, y los Sres.: R. García Valdecasas, K.
con domicilio en Segrate (Italia), y Lando Tinelli, antiguo        Lenaerts, J. Azizi y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr. H.
funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas,            Jung, ha dictado el 10 de junio de 1998 un auto resol-
con domicilio en Roma, representados por el Sr. Giuseppe           viendo lo siguiente:
Marchesini, Abogado ante la Corte suprema di cassazione,
                                                                   1) Se declara la inadmisibilidad del recurso.
que designan como domicilio en Luxemburgo el bufete del
Sr. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contra la              2) Se condena en costas a la parte demandante.
Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. Gian-
luigi Valsesia), apoyada por el Consejo de la Unión Euro-          (1) DO C 208 de 12.8.1995.
pea (Agentes: Sres. Diego Canga Fano, Marco-Umberto
Moricca y Paolo Martino Cossu), que tienen por objeto,


title: Asunto C-243/05 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de junio de 2005 por Agraz, SA y otros contra la sentencia dictada el 17 de marzo de 2005 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-285/03, Agraz, SA y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               6.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/20

         Recurso de casación interpuesto el 6 de junio de 2005 por Agraz, SA y otros contra la sentencia dictada el 17 de marzo de 2005 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-285/03, Agraz, SA y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-243/05 P)
   (2005/C 193/31)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 6 de junio de 2005 un recurso de casación formulado por Agraz, SA y otros, representados por el Sr. José Luís da Cruz Vilaça y la Sr. Dorothée Choussy, abogados, contra la sentencia dictada el 17 de marzo de 2005 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-285/03, Agraz, SA y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

               1.

               Anule parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 17 de marzo de 2005, en la medida en que consideró que el perjuicio no revestía un carácter cierto; y, pronunciándose en cuanto al fondo.

               2.

               Con carácter principal, declare que en el presente caso se cumplen los requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comisión; condene a la parte recurrida al pago a cada sociedad recurrente del saldo de la ayuda a la producción (tal como se describe en el anexo A.27), más los intereses al tipo que determine el Tribunal de Primera Instancia, a partir del 12 de julio de 2000 (o, subsidiariamente, a partir del 13 de julio de 2000, o, con carácter subsidiario de segundo grado, a partir del 16 de julio de 2000) y hasta el día del pago efectivo; condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas ocasionadas en las dos instancias, incluidas las correspondientes a las partes recurrentes.

               3.

               Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie sobre el importe de las indemnizaciones que han de pagarse a las partes recurrentes, tras oírlas de nuevo, y condene a la Comisión al pago de las costas (incluidas las correspondientes a las partes recurrentes) ocasionadas en el recurso de casación y en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso de casación, las sociedades recurrentes invocan los siguientes motivos:
   1er motivo: Error de derecho en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia consideró que el perjuicio sufrido por las partes recurrentes no revestía carácter cierto y, por tanto, no podía servir de fundamento a su derecho a ser indemnizadas.
   Este motivo se divide en dos partes:
   En la primera parte, las recurrentes sostienen que el Tribunal de Primera Instancia no se atuvo a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios ni a los principios reconocidos por los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros en materia de responsabilidad civil extracontractual, al interpretar de manera errónea el concepto de «perjuicio cierto» y al confundir la determinación del carácter del perjuicio con el cálculo de su importe.
   En la segunda parte, las recurrentes presentan alegaciones con objeto de demostrar que, en lo que se refiere al reconocimiento del derecho de las partes recurrentes a ser indemnizadas, el Tribunal de Primera Instancia no extrajo las consecuencias que se derivaban de sus apreciaciones en cuanto a la ilegalidad del comportamiento de la Comisión, por la infracción del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (1) y la vulneración de los principios de diligencia y de buena administración.
   2do motivo: Vulneración del principio de contradicción y del derecho de las partes recurrentes a ser oídas.
   3er motivo: Desnaturalización de las pretensiones de las partes recurrentes.
   4o motivo: Dejación por parte del Tribunal de Primera Instancia de su facultad jurisdiccional plena y de su deber de juzgar; denegación de justicia, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia no extrajo las consecuencias que se derivaban de sus apreciaciones, respecto a la fijación del importe del perjuicio.

      (1)  DO L 297, p. 29.


title: Asunto T-149/01: Recurso interpuesto el 3 de julio de 2001 por Bruno Heim y Franz Gustav Andersson contra la Oficina de Armonización Para el Mercado Interior (OAMI)

text:
C 245/30                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         1.9.2001
Motivos y principales alegaciones                                       Motivos y principales alegaciones
Mediante el presente recurso, el demandante impugna la                  Solicitantes de la marca       Bruno Heim y Franz Gustav
negativa de la AFPN a reconocer el origen profesional de una            comunitaria:                   Andersson
enfermedad que, según el propio demandante, fue provocada              Marca        comunitaria       Marca gráfica «Dockers by Gerli»
por el hecho de que, en el desempeño de sus tareas, tuvo que           objeto de la solicitud:        — Solicitud no 22.129 para pro-
transportar y levantar cargas de cierto peso.                                                          ductos de la clase 25a
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega:                      Titular de la marca o          Levi Strauss & Co.
                                                                        signo que se invoca en el
—      El carácter supuestamente incomprensible de las conclu-         procedimiento de oposi-
       siones de la comisión médica.                                   ción:
—      La infracción de los artı́culos 73 del Estatuto y 3,            Marca o signo que se           Marcas nominativas francesa y
       apartado 2, de la Reglamentación relativa a la cobertura        opone:                         sueca «DOCKERS», registradas
       de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de                                         para productos de la clase 25
       los funcionarios de las Comunidades Europeas, ası́ como          Resolución de la Divi-        Denegación de la solicitud de
       la vulneración del deber de asistencia y protección y del      sión de oposición:           inscripción de la marca comuni-
       principio de proporcionalidad.                                                                  taria
—      Infracción del procedimiento establecido en el artı́culo 21     Resolución de la Sala de      Desestimación del recurso y con-
       de la Reglamentación de cobertura.                              Recurso:                       firmación de la denegación de
                                                                                la solicitud de inscripción de la
                                                                                marca comunitaria
                                                                        Motivos invocados:             — vulneración de los artı́culos 34
                                                                                y     35    del     Reglamento
Recurso interpuesto el 3 de julio de 2001 por Bruno                                                        no 40/94 (1);
Heim y Franz Gustav Andersson contra la Oficina de                                                     — vulneración del artı́culo 8,
       Armonización Para el Mercado Interior (OAMI)                                                       apartado 2, letra c) del Regla-
                                                                                mento no 40/94, ası́ como de
                         (Asunto T-149/01)                                                                 la Regla 8 del Reglamento
                                                                                no 2868/95, por el que se
                          (2001/C 245/48)                                                                  establecen normas de ejecu-
                                                                                ción del Reglamento antes
(Lengua de procedimiento: será determinada con arreglo al ar-                                             citado (2);
tı́culo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento —                                             — vulneración de la noción de
                    Demanda redactada en español)                                                         «riesgo de confusión».
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  (1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
europeas se ha presentado, el 3 de julio de 2001 un recurso                 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).
contra la Oficina de Armonización Para el Mercado Interior             (2) Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre
(OAMI) formulado por Bruno Heim y Franz Gustav Andersson,                   de 1995, por le que se establecen normas de ejecución del
                                                                            Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria
ambos con domicilio en Alemania, representados por el                       (DO L 303, p. 1).
letrado en ejercicio D. Juan José Carreño Moreno.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                        Recurso interpuesto el 2 de julio de 2001 contra la
—      revoque la resolución dictada por la Tercera Sala de
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por Cristiano
       Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado
                                                                                Sebastiani
       Interior (Marcas, Diseños y Modelos) el dı́a 4 de abril de
       2001 en el procedimiento de recurso R 588/199-3, en                                     (Asunto T-150/01)
       la que se desestimaba el recurso interpuesto por los
       demandantes contra el acuerdo de Denegación de la                                        (2001/C 245/49)
       Marca Comunitaria no 22.129 gráfica «DockerS by Gerli»,
       para distinguir productos encuadrados en la Clase 25a del
       Nomenclator Internacional; y                                                      (Lengua de procedimiento: francés)
—      dicte una nueva resolución por la que revocando la              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       anterior, se acuerde la Concesión de registro de la Marca       Europeas se ha presentado el 2 de julio de 2001 un recurso
       comunitaria no 22.129 gráfica «DockerS by Gerli», para          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
       distinguir productos encuadrados en la Clase 25a del             por Cristiano Sebastiani, con domicilio en Bruselas (Bélgica),
       Nomenclator internacional, titularidad de los deman-             representado por Mes Jean Noël Louis y Véronique Peere,
       dantes.                                                          abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto C-25/08 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de enero de 2008 por Giuseppe Gargani contra el auto dictado el 21 de noviembre de 2007 en el asunto T-94/06, Giuseppe Gargani/Parlamento Europeo

text:
               29.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/20

         Recurso de casación interpuesto el 24 de enero de 2008 por Giuseppe Gargani contra el auto dictado el 21 de noviembre de 2007 en el asunto T-94/06, Giuseppe Gargani/Parlamento Europeo
   (Asunto C-25/08 P)
   (2008/C 79/35)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: Giuseppe Gargani (representante: W. Rothley, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule íntegramente el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), de 21 de noviembre de 2007.

               —

               Que se devuelvan los autos al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie de nuevo.

               —

               Que se condene a la parte demandada al pago de las costas del recurso de casación.

         Motivos y principales alegaciones
   El Tribunal de Primera Instancia ha privado al recurrente de sus derechos de defensa al no analizar sus alegaciones y confundir la identidad de las partes para, a continuación, acordar la inadmisibilidad del recurso.
   El recurso, que fue presentado por el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, y no por un «particular», como se le designa en el auto impugnado, se dirige expresamente contra el Presidente a la sazón del Parlamento Europeo, y no contra el Parlamento Europeo en sí o contra una «persona física». El Tribunal de Primera Instancia considera que el recurrente es un demandante italiano cualquiera, que desea que se declare la ilegalidad de un acto del Parlamento Europeo y que el Presidente a la sazón del Parlamento Europeo es un demandado español cualquiera, a quien se le imputa un acto ilegal del Presidente del Parlamento Europeo.
   El Tribunal de Primera Instancia no ha analizado si el sistema jurisdiccional prevé un recurso mediante el que el Presidente de una Comisión pueda solicitar que se declare la ilegalidad de un acto del Presidente del Parlamento Europeo cuando éste se excede de las competencias que le atribuye el Reglamento del Parlamento Europeo y, de esta forma, vulnera los derechos del Presidente de una Comisión o del Parlamento en su conjunto.


title: Asunto C-277/01 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de julio de 2001 por el Parlamento Europeo contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-99/00, promovido en su contra por Ignacio Samper

text:
1.9.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 245/15
Recurso interpuesto el 12 de julio de 2001 contra el Reino               Recurso de casación interpuesto el 13 de julio de 2001
de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas                  por el Parlamento Europeo contra la sentencia dictada el
                                                                         3 de mayo de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de
                                                                         Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                        (Asunto C-274/01)                                asunto T-99/00, promovido en su contra por Ignacio
                                                                                Samper
                         (2001/C 245/27)                                                       (Asunto C-277/01 P)
                                                                                (2001/C 245/28)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 12 de julio de 2001 un recurso contra el Reino
de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades                 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Europeas, representada por la Sra. M. Wolfcarius, en calidad             presentado el 13 de julio de 2001 un recurso de casación
de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.                          formulado por el Parlamento Europeo, representado por los
                                                                         Sres. H. von Hertzen y D. Moore, que designa domicilio en
                                                                         Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 3 de mayo por la
                                                                         Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunida-
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal            des Europeas en el asunto T-99/00, promovido en su contra
de Justicia que:                                                         por Ignacio Samper.
1)    Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
      98/76/CE del Consejo, de 1 de octubre de 1998, por la
      que se modifica la Directiva 96/26/CE relativa al acceso a         —     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
      la profesión de transportista de mercancı́as y de transpor-             recurrida.
      tista de viajeros por carretera, ası́ como al reconocimiento
      recı́proco de los diplomas, certificados y otros tı́tulos
      destinados a favorecer el ejercicio de la libertad de              —     Se pronuncie definitivamente sobre el litigio y desestime
      establecimiento de estos transportistas en el sector de los              el recurso de anulación del Sr. Samper por infundado.
      transportes nacionales e internacionales (1), al no haber
      adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y admi-         —     Subsidiariamente, devuelva el asunto al Tribunal de
      nistrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispue-                Primera Instancia para que se pronuncie de nuevo sobre
      sto en dicha Directiva.                                                  el recurso de anulación del Sr. Samper.
2)    Condene en costas al Reino de Bélgica.                             —     Decida sobre las costas como mejor proceda en derecho.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones
                                                                         El Parlamento alega que el Tribunal de Primera Instancia ha
                                                                         desvirtuado los elementos de prueba y se ha extralimitado en
El artı́culo 2, apartado 1, de la Directiva de que se trata              el ejercicio de su control jurisdiccional.
establece que los Estados miembros pondrán en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesa-
rias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a            Desvirtuación de los elementos de prueba:
más tardar el 1 de octubre de 1999, e informarán de ello a la
Comisión.
                                                                         El Tribunal de Primera Instancia yerra al declarar, e el
                                                                         apartado 40 de la sentencia, que para el ejercicio de 1997, el
Bélgica aún no ha adoptado las medidas necesarias.                      criterio «determinante» debı́a ser, según la decisión de la
                                                                         autoridad facultada para proceder a los nombramientos
                                                                         (AFPN), el nivel de las responsabilidades ejercidas, el grado de
                                                                         compromiso personal y la constancia del esfuerzo desplegado
(1) DO L 277 de 14.10.1998, p. 17.                                       en tales responsabilidades. Sin embargo, la decisión impugnada
                                                                         sólo tiene en cuenta los datos resultantes de los informes de
                                                                         calificación y sólo se refiere a una comparación de las
                                                                         responsabilidades ejercidas par justificar su decisión de no
                                                                         seguir las propuestas del Comité de promoción.
 ---pagebreak--- C 245/16                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        1.9.2001
El Tribunal de Primera Instancia se equivoca al declarar, en el          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
apartado 47 de la sentencia, que la apreciación del Comité de
promoción se basó en la idea de que el demandante tuvo                 —     declare que, al no haber adoptado, con incumplimiento
problemas de adaptación a la hora de ejercer sus funciones de                 de las obligaciones impuestas por el artı́culo 4 de la
jefe de la Oficina de Información de Madrid. No obstante,                     Directiva 76/160/CEE (1) relativa a la calidad de las aguas
según el acta de la reunión del Comité, sólo fue una apreciación           de baño, las medidas para que la calidad de las aguas de
del presidente del Comité, que ni siquiera participa en las                    baño interiores en el territorio español se ajuste a los
votaciones que se realizan en el seno de dicho Comité.                         valores lı́mites fijados en virtud del artı́culo 3 de dicha
                                                                               Directiva, el Reino de España no ha ejecutado la sentencia
                                                                               del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea de
Finalmente, en el apartado 48 de la sentencia, el Tribunal de                  12 de febrero de 1998 en el asunto C-92/96 (2), y ha, por
Primera Instancia afirma equivocadamente que el Comité de                      lo tanto, incumplido las obligaciones que le incumben en
promoción sólo se basó en las calificaciones contenidas en los              virtud del artı́culo 228 del Tratado CE;
informes de calificación. En efecto, del acta de la reunión del
Comité se desprende que éste decidió tener en cuenta el                 —     ordene al Reino de España a pagar a la Comisión de las
nivel de responsabilidad de las funciones ejercidas por el                     Comunidades Europeas, en la cuenta «recursos propios
demandante y revalorizar en consecuencia la calificación                      de la Comunidad Europea», una multa coercitiva de
atribuida a éste.                                                              45 600 euros por cada dı́a de retraso en la ejecución de
                                                                               las medidas necesarias par cumplir con la sentencia en el
                                                                               asunto C-92/96, desde el dı́a de emisión de la sentencia
Lı́mites del control jurisdiccional:                                           en el presente asunto hasta el dı́a en que se haya cumplido
                                                                               la sentencia en el asunto C-92/96;
El Tribunal de Primera Instancia sustituye por u propia                  —     condene en costas al Reino de España.
apreciación subjetiva la valoración de los méritos del deman-
dante efectuada por el Comité de promoción. Se trata de un
comité paritario y su recomendación de no promover al                   Motivos y principales alegaciones
demandante para el ejercicio de 1997 fue adoptada por sus
miembros por unanimidad.
                                                                         En la sentencia del 12 de febrero de 1998, asunto C-92/96,
                                                                         Comisión Europea contra el Reino de España, el Tribunal de
El Tribunal de Primera Instancia yerra al declarar, en el                Justicia declaró que el Reino de España habı́a incumplido las
apartado 52 de la sentencia, que el demandante ejerció con              obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 4 de la
éxito las funciones de jefe de la Oficina de Información, con lo        Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975,
que evita llevar a cabo una comparación objetiva entre el               relativa a la calidad de las aguas de baño, al no adoptar las
demandante y sus colegas.                                                disposiciones necesarias para que la calidad de las aguas de
                                                                         baño interiores en el territorio español se ajuste a los valores
                                                                         lı́mite fijados en virtud de su artı́culo 3.
El Tribunal de Primera Instancia se equivoca al afirmar, en el
apartado 53 de la sentencia, que la AFPN no valoró las
funciones que fueron efectivamente ejercidas con éxito por el            El artı́culo 228, párrafo 1, del Tratado CE obliga al Reino de
demandante. Pues bien, esta apreciación subjetiva no permite            España a adoptar las medias necesarias para la ejecución de la
concluir que el Comité de promoción incurrió en un error               sentencia.
manifiesto de apreciación.
                                                                         No hay duda alguna de que el Reino de España deberı́a haber
                                                                         adoptado hace mucho tiempo las medidas necesarias para
                                                                         asegurar que la calidad de las aguas de baño fuera conformes
                                                                         con los valores lı́mite establecidos por el artı́culo 3 de la
                                                                         Directiva; más de dos años transcurrieron entre la sentencia y
                                                                         el dictamen motivado sin que el Gobierno español adoptara
                                                                         medida alguna.
Recurso interpuesto el 13 de julio de 2001 contra el Reino
 de España por la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                         Conforme al artı́culo 228, párrafo 2, CE la Comisión solicita
                                                                         al Tribunal que ordene al Reino de España pagar una multa
                        (Asunto C-278/01)                                coercitiva de 45 600 euros por cada dı́a de retraso en la
                                                                         ejecución de la medidas necesarias para cumplir con la
                         (2001/C 245/29)                                 sentencia en el asunto C-92/26, desde el dı́a de emisión de la
                                                                         sentencia en el presente asunto.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             (1) del Consejo, de 8 de diciembre de 1975; DO L 31 de febrero de
presentado el 13 de julio de 2001 un recurso contra el Reino                 1976, p. 1; EEE: Capı́tulo 15 Tomo I p. 133.
de España formulado por la Comisión de las Comunidades                 (2) Recopilación de Jurisprudencia 1998, p. I-505.
Europeas, representado por el Sr. Gregorio Valero Jordana, que
designa como domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto C-191/03: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Labour Court, de fecha 14 de abril de 2003, en el asunto entre North Western Health Board y Margaret McKenna

text:
C 158/12               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           5.7.2003
Motivos y principales alegaciones                                              La obligación de pago por la expedición de tal documento
                                                                               constituye, además, una carga financiera complementaria
                                                                               incompatible con el artículo 49 CE.
—    Motivos primero y segundo: autorizaciones obligatorias
     para las empresas y su personal
                                                                         —     Cuarto motivo: reconocimiento de la formación profe-
                                                                               sional
     El requisito de autorización para la prestación de servicios
     por una empresa de seguridad privada que quiere prestar                   En el reglamento neerlandés se exige el diploma «Alge-
     servicios en los Países Bajos constituye una restricción a                meen Beveiligingsmedewerker» expedido por un orga-
     la libre prestación de servicios de las empresas afectadas.               nismo neerlandés para los miembros del personal de las
     Tal restricción sólo está justificada si existe una razón                 empresas de seguridad. Además, se exige determinada
     imperiosa de interés general, si dicho interés no está                    formación a los «instaladores de alarmas» sin que se
     garantizado en el Estado miembro en el que está estable-                  tengan en cuenta los diplomas conseguidos en otros
     cida la empresa y si la medida nacional no va más allá de                 Estados miembros. En dicho reglamento no se prevé
     lo necesario para conseguir el objetivo perseguido.                       expresamente un procedimiento para el reconocimiento
                                                                               de los diplomas obtenidos y la formación adquirida para
     Sin embargo, por lo que se refiere, en primer lugar, a la                 el ejercicio de las profesiones de que se trata en otros
     idoneidad de la medida para la consecución del objetivo                   Estados miembros. El reglamento objeto de litigio no
     de interés general perseguido, que podría ser la protección               parece incluir disposición alguna que se refiera a los
     de los destinatarios de los servicios, no existen elementos               mecanismos de reconocimiento de la formación profesio-
     que permitan concluir que la obligación de disponer de                    nal, como están establecidos en la correspondiente legisla-
     una autorización, como la existente en los Países Bajos,                  ción nacional. Esta situación es incompatible con el
     constituya una medida adecuada.                                           Derecho comunitario, en especial con la Directiva 89/48/
                                                                               CEE y la Directiva 92/51/CEE que establecen, conjunta-
     Además, el reglamento neerlandés no tiene en cuenta los                   mente, un sistema general de reconocimiento de la
     requisitos que el prestador de servicios extranjero ya debe               formación profesional adquirida en otros Estados miem-
     cumplir en su Estado miembro de establecimiento, en                       bros.
     especial, cuando ya dispone de una autorización para
     ejercer sus actividades en dicho Estado miembro.
                                                                         (1 ) DO 1989, L 19, p. 16.
                                                                         (2 ) DO 1992, L 209, p. 25.
     Por otro lado, el sistema de autorización entraña costes
     para las empresas extranjeras. Dichos costes constituyen
     una carga financiera complementaria para las empresas
     extranjeras que ya están obligadas, en su país de origen, a
     solicitar una autorización y a abonar los importes asocia-
     dos a ésta. Los costes anteriormente mencionados tam-
     bién parecen incompatibles con el artículo 49 CE.
     Al igual que la obligación de las empresas de disponer de           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     una autorización, el requisito de que los directivos deban          lución de la Labour Court, de fecha 14 de abril de 2003,
     obtener un permiso especial tampoco parece constituir               en el asunto entre North Western Health Board y Margaret
     una medida adecuada que pueda estar justificada por una                                         McKenna
     de las razones invocadas por las autoridades neerlandesas.
     En cualquier caso, dado que la propia empresa debe
     obtener una autorización en los Países Bajos, el requisito                                 (Asunto C-191/03)
     de que los directivos deban disponer de un permiso
     constituye una medida doble innecesaria. Por tanto, el                                       (2003/C 158/21)
     permiso especial exigido a los directivos es contrario al
     principio de proporcionalidad y, en consecuencia, al
     artículo 49 CE.
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
—    Tercer motivo: documento de identidad                               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución de la Labour Court, dictada el 14 de abril de 2003,
     Las empresas extranjeras están obligadas a garantizar que           en el asunto entre North Western Health Board y Margaret
     los empleados que han sido destinados a los Países Bajos            McKenna, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
     desde el Estado de establecimiento dispongan de un                  12 de mayo de 2003. La Labour Court solicita al Tribunal de
     documento de identidad expedido por las autoridades                 Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
     neerlandesas. Este requisito también es aplicable en caso
     de prestaciones de servicios temporales. Dado que el                1.    ¿Está comprendido en el ámbito de aplicación de la
     personal desplazado ya debe estar en posesión, con                        Directiva 76/207 (1) un régimen de baja por enfermedad
     arreglo a la normativa comunitaria, de un carnet de                       que depara a las trabajadoras que sufren enfermedades
     identidad o de un pasaporte, no es proporcionado exigir                   relacionadas con el embarazo el mismo trato que a los
     un documento de identidad.                                                trabajadores que sufren enfermedades patológicas?
 ---pagebreak--- 5.7.2003                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 158/13
2.     En el supuesto de que la cuestión 1 se responda en                     formulado por Alcon Inc., anteriormente denominada Alcon
       sentido afirmativo, ¿infringe la Directiva 76/207 el hecho             Universal Ltd, con domicilio social en Hünenberg (Suiza),
       de que un empresario deduzca del período íntegro a que                 representada por los Sres. S. Clark, Solicitor, y C. Morcom QC,
       tiene derecho un empleado con arreglo a un régimen de                  que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia
       baja laboral por enfermedad, un período de ausencia                    dictada el 5 de marzo de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal
       laboral imputable a la incapacidad motivada por una                    de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
       enfermedad relacionada con el embarazo contraída                       T-237/01, Alcon Inc., anteriormente denominada Alcon Uni-
       durante su período de gestación?                                       versal Ltd contra la Oficina de Armonización del Mercado
                                                                              Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).
3.     En el supuesto de que la cuestión 1 se responda en
       sentido afirmativo, ¿exige la Directiva 76/207 que un
       empresario adopte medidas especiales para suplir la                    La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
       ausencia laboral debida a incapacidad causada por una
       enfermedad relacionada con el embarazo contraída
                                                                              —     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
       durante la gestación?
                                                                                dictada el 5 de marzo de 2003, así como las resoluciones
4.     ¿Está comprendida en el ámbito de aplicación del ar-                         impugnadas de la División de Anulación de
       tículo 141 CE y de la Directiva 75/117 (2) la gestión de                     15 de diciembre de 1999 y de la Sala Primera de Recurso
       un régimen de baja por enfermedad que regula el trato                        de 13 de julio de 2001.
       que debe darse a las trabajadoras aquejadas de una
       enfermedad relacionada con el embarazo y a los trabaja-                —     Resuelva sobre sus costas.
       dores aquejados de una enfermedad patológica?
5.     En el supuesto de que la cuestión 4 se responda en
       sentido afirmativo, ¿infringe el artículo 141 del Tratado y
       la Directiva 75/117 el hecho de que un empresario                      Motivos y principales alegaciones
       reduzca la retribución de una mujer tras haber causado
       baja laboral por un tiempo determinado si la ausencia se               La parte recurrente sostiene que la resolución del Tribunal de
       debe a una incapacidad imputable a una enfermedad                      Primera Instancia de 5 de marzo de 2003 incurre en error de
       relacionada con el embarazo contraída durante la gesta-                Derecho en varios aspectos. En particular, el Tribunal
       ción en circunstancias en las que una mujer no embara-
       zada o un hombre que hubiera causado baja laboral                      (i)   no examinó adecuadamente o no examinó en absoluto
       durante el mismo períoydo motivada por una incapacidad                       los requisitos específicos del artículo 7, apartado 1,
       debida a una enfermedad meramente patológica sufriría                        letra d), del Reglamento sobre la marca comunitaria,
       la misma reducción?                                                          respecto al uso habitual, en el lenguaje común o en las
                                                                                costumbres leales y constantes del comercio;
( 1) Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976,
     relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre        (ii)  consideró erróneamente que las meras anotaciones en
     hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la               registros u otras fuentes de referencia cumplían por sí
     formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de               solas los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra d);
     trabajo (DO L 39 de 14.2.1976 p. 40; EE 05/02, p. 70).
( 2) Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975,
     relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados           (iii) tomó en consideración erróneamente documentación no
     Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad             publicada o cuya publicación en la Unión Europea con
     de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO               anterioridad al 1 de abril de 1996 no estaba acreditada,
     L 45 de 19.2.1975 p. 19; EE 05/02, p. 52).                                     con lo cual no abordó la distinción entre los requisitos de
                                                                                los artículos 7, apartado 1, letra d), y 50, apartado 1,
                                                                                letra b), del Reglamento, siendo únicamente el primero
                                                                                de ellos esencial a efectos de la solicitud de declaración de
                                                                                invalidez;
Recurso de casación interpuesto el 12 de mayo de
2003 por Alcon Inc., anteriormente denominada Alcon                           (iv) no tuvo en cuenta la prueba del control sustancial por
Universal Ltd, contra la sentencia dictada el 5 de marzo                            parte de Alcon de la marca BSS durante un período de
de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera                                 tiempo muy considerable;
Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto
T-237/01 ( 1), Alcon Inc., anteriormente denominada Alcon                     (v)   con carácter subsidiario, rechazó indebidamente el argu-
Universal Ltd, contra la Oficina de Armonización del                                mento expuesto en nombre de Alcon, de que la marca
    Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)                             BSS había adquirido en realidad carácter distintivo como
                                                                                consecuencia del uso, por lo que cumplía los requisitos
                         (Asunto C-192/03 P)                                        del artículo 51, apartado 2, del Reglamento.
                           (2003/C 158/22)
                                                                              (1 ) DO C 369 de 22.12.2001, p. 13.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 12 de mayo de 2003 un recurso de casación


title: Asunto T-86/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de diciembre de 2008 — Deichmann-Schuhe/OAMI — Design for Woman (DEITECH) ( Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa DEITECH — Marcas nacional e internacional figurativas anteriores DEI-tex — Motivo de denegación relativo — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n o  40/94 )

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/30

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de diciembre de 2008 — Deichmann-Schuhe/OAMI — Design for Woman (DEITECH)
   (Asunto T-86/07) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa DEITECH - Marcas nacional e internacional figurativas anteriores DEI-tex - Motivo de denegación relativo - Uso efectivo de la marca anterior - Artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2009/C 32/55)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Alemania) (representantes: inicialmente O. Rauscher, posteriormente O. Tauscher y A. Schulz, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: R. Pethke, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: Design for Woman SA (Bogotá, Colombia)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 22 de enero de 2007 (asunto R 791/2006-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG y Design for Women SA.
   Fallo

               1)

               Anular parcialmente la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 22 de enero de 2007 (asunto R 791/2006-2) en la medida en que considera que no se ha acreditado el uso efectivo de las marcas anteriores respecto al «calzado» de la clase 25, a que se refiere la solicitud de la marca comunitaria.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas a la OAMI.

      (1)  DO C 117 de 26.5.2007.


title: Asunto T-412/10: Sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 — Roca/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercados belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco de productos y accesorios para cuartos de baño — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Coordinación de los incrementos de precios e intercambio de información comercial sensible — Imputabilidad de la conducta infractora — Multas — Directrices para el cálculo de las multas de 2006 — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Crisis económica — Comunicación de 2002 sobre la cooperación — Reducción del importe de la multa — Valor añadido significativo» )

text:
               9.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/30

         Sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 — Roca/Comisión
   (Asunto T-412/10) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercados belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco de productos y accesorios para cuartos de baño - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE - Coordinación de los incrementos de precios e intercambio de información comercial sensible - Imputabilidad de la conducta infractora - Multas - Directrices para el cálculo de las multas de 2006 - Gravedad de la infracción - Circunstancias atenuantes - Crisis económica - Comunicación de 2002 sobre la cooperación - Reducción del importe de la multa - Valor añadido significativo)
   2013/C 325/50
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Roca (Saint Ouen L’aumone, Francia) (representante: P. Vidal Martínez, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis y F. Castilla Contreras, posteriormente F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis y F. Jimeno Fernández, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2010) 4185 final de la Comisión, de 23 de junio de 2010, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 TFUE y con el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/39.092 — Productos y accesorios para cuartos de baño) y pretensión de reducción del importe de la multa impuesta a la demandante en esa Decisión.

      Fallo

               1)

               Anular el artículo 2, apartado 4, letra b), de la Decisión C(2010) 4185 final de la Comisión, de 23 de junio de 2010, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 TFUE y con el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/39.092 — Productos y accesorios para cuartos de baño), en la medida en que la Comisión Europea fijó el importe de la multa impuesta solidariamente a Roca sin tomar en consideración su cooperación.

               2)

               Fijar en 6 298 000 euros el importe de la multa impuesta a Roca en el artículo 2, apartado 4, letra b), de la Decisión C(2010) 4185 final.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               La Comisión cargará, además de con sus propias costas, con un tercio de las de Roca.

               5)

               Roca cargará con dos tercios de sus propias costas.

      (1)  DO C 301, de 6.11.2010.


title: Asunto C-38/07 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de febrero de 2007 por Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 30 de noviembre de 2006 en el asunto T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/18

         Recurso de casación interpuesto el 1 de febrero de 2007 por Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 30 de noviembre de 2006 en el asunto T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-38/07 P)
   (2007/C 82/32)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Recurrente: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (representante: H. de Bie, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 30 de noviembre de 2006 en el asunto T-382/04.

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión Europea de 17 de junio de 2004 (REM 19/2002), en la que la Comisión establece que la condonación de los derechos de importación carecía de justificación en el presente asunto.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente impugna la sentencia recurrida por los siguientes motivos:

               Infracción del artículo 239 del Código Aduanero (1), en relación con los artículos 899 a 909 del Reglamento (CEE) no 2454/93 (2) de la Comisión («Reglamento de aplicación») y falta de motivación de las conclusiones o, por lo menos, el hecho de que se haya formulado una motivación insuficiente para fundamentar dichas conclusiones.

               La verificación de la naturaleza del error cometido, de la experiencia profesional de la recurrente y del grado de diligencia perseguida por la recurrente debe, en su conjunto, llevar a la conclusión de que la condonación procede. El Tribunal de Primera Instancia basa su sentencia indebidamente en el hecho de que la normativa aplicable en el presente asunto con respecto a la clasificación del denominado papel de arroz en la nomenclatura arancelaria y estadística y el arancel aduanero común, el Reglamento (CEE) no 2658/87 (3) del Consejo, de 23 de julio de 1987, no sea complejo. La recurrente impugna la clasificación del papel de arroz sin freír, según establecida por el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión y las autoridades aduaneras neerlandesas. El Tribunal de Primera Instancia afirma indebidamente que Heuschen & Schrouff dispone de una amplia experiencia profesional en cuanto a la importación y exportación. Así, el Tribunal de Primera Instancia califica indebidamente a Heuschen & Schrouff de operador económico experimentado y, de este modo, de experto en materia de formalidades de importación y exportación. En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia impone unas exigencias demasiado elevadas al deber de diligencia que incumbe a Heuschen & Schrouff, aun cuando ésta fuera un operador económico experimentado. Además, el Tribunal de Primera Instancia identifica indebidamente a Heuschen & Schrouff con el representante directo designado por la recurrente.

      (1)  Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).

      (2)  Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1).

      (3)  Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256, p. 1).