title: Asunto C-222/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Teleklagenævnet (Dinamarca) el 25 de abril de 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen

text:
               20.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 207/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Teleklagenævnet (Dinamarca) el 25 de abril de 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
   (Asunto C-222/13)
   2013/C 207/22
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Teleklagenævnet

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: TDC A/S

      Recurrida: Erhvervsstyrelsen

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Servicio Universal), (1) en particular su artículo 32, a que un Estado miembro establezca normas que no permiten a una empresa presentar una demanda contra el Estado miembro para cobrar de forma independiente los costes netos soportados para prestar servicios obligatorios adicionales no comprendidos en el capítulo II de dicha Directiva, cuando los beneficios de la empresa derivados de otros servicios que están comprendidos en las obligaciones de servicio universal de dicha empresa con arreglo al capítulo II de la citada Directiva son superiores a las pérdidas vinculadas a la prestación de tales servicios obligatorios adicionales?

               2)

               ¿Se opone la Directiva Servicio Universal a que un Estado miembro establezca normas que únicamente permiten a las empresas presentar una demanda contra el Estado miembro para cobrar los costes netos soportados para prestar servicios obligatorios adicionales no comprendidos en el capítulo II de dicha Directiva cuando los costes netos suponen una carga excesiva para las empresas?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la cuestión 2, ¿está facultado el Estado miembro para determinar que no se ha generado una carga excesiva derivada de la prestación de servicios obligatorios adicionales no comprendidos en el capítulo II de dicha Directiva si la empresa, sujeta a una obligación de servicio universal, en su conjunto ha obtenido beneficios de la prestación de todos esos servicios, incluidos aquellos que la empresa también habría prestado sin tener la obligación de servicio universal?

               4)

               ¿Se opone la Directiva Servicio Universal a que un Estado miembro establezca normas en el sentido de que los costes netos de un determinada empresa soportados para prestar el servicio universal con arreglo al capítulo II de dicha Directiva deben calcularse sobre la base de todos los ingresos y costes derivados de la prestación del servicio en cuestión, incluidos los ingresos y gastos que la empresa también habría tenido sin estar sujeta a una obligación de servicio universal?

               5)

               ¿Influye en las respuestas a las cuestiones 1 a 4 el hecho de que se exija la prestación de un servicio obligatorio adicional en Groenlandia que, con arreglo al anexo II del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es un país o territorio de ultramar, cuando las autoridades danesas impongan tal obligación a una empresa con domicilio en Dinamarca que no tiene ninguna otra actividad en Groenlandia?

               6)

               ¿Qué relevancia tienen los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 3, y la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106 TFUE, apartado 2, a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general para las respuestas a las cuestiones 1 a 5?

               7)

               ¿Qué relevancia tiene el principio de mínima distorsión de la competencia previsto, entre otras disposiciones, en los artículos 1, apartado 2, y 3 apartado 2, en los considerandos cuarto, décimo octavo, vigésimo tercero y vigésimo sexto de la exposición de motivos, y en la parte B del anexo IV de la Directiva Servicio Universal, para las respuestas a las cuestiones 1 a 5?

               8)

               En caso de que las disposiciones de la Directiva Servicio Universal se opongan a una normativa nacional como la mencionada en las cuestiones 1, 2 y 4, ¿tienen dichas disposiciones o prohibiciones efecto directo?

      (1)  DO L 108, p. 51.


title: Asunto T-380/11: Recurso interpuesto el 15 de julio de 2011 — Palirria Souliotis/Comisión

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/29

         Recurso interpuesto el 15 de julio de 2011 — Palirria Souliotis/Comisión
   (Asunto T-380/11)
   2011/C 282/60
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE (Psacha, Grecia) (representante: S. Pappas, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 447/2011 de la Comisión, de 6 de mayo de 2011, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (DO L 122, p. 63).

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma ya que no consultó formalmente al Comité de la Nomenclatura. Asimismo, la Comisión no trató la observación formulada por la demandante.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la Comisión se excedió en las facultades que le otorga el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256, p. 1).

               3)

               Tercer motivo, basado en que la Comisión incurrió en error de Derecho al clasificar las hojas de parra rellenas en conserva con el código NC del anexo del Reglamento impugnado.


title: Asunto C-171/06 P: Recurso de casación interpuesto el  31 de marzo de 2006  por T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) dictada el  12 de enero de 2006  en el asunto T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc S.A./Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S.

text:
               20.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/10

         Recurso de casación interpuesto el 31 de marzo de 2006 por T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) dictada el 12 de enero de 2006 en el asunto T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc S.A./Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S.
   (Asunto C-171/06 P)
   (2006/C 121/17)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S. (representantes: M. Francetti y F. Jacobacci, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Devinlec Développement Innovation Leclerc S.A., Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se reforme la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2006 dictada en el asunto T–147/03, dado que infringe el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 (1),

               —

               Que se admitan las pretensiones presentadas por T.I.M.E. en el procedimiento sustanciado en primera instancia en su escrito de 28 de octubre de 2003.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante alega que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia debe anularse en la medida en que dicho Tribunal infringió y aplicó incorrectamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94:

               —

               Al no tener en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior («QUANTIEME»), elemento esencial que debe tomarse en consideración al apreciar el riesgo de confusión.

               —

               Al concluir que, a pesar de la diferencia conceptual existente entre ambas marcas, persiste un riesgo de confusión debido a sus similitudes fonéticas y visuales.

      (1)  DO L 11, de 14.1.1994, pp. 1-36.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 30 de abril de 2004, en el asunto C-172/02 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation): Robert Bourgard contra Institut nacional d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Política social — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Trabajadores independientes — Excepción admitida en materia de fijación de la edad de jubilación — Posibilidad para los trabajadores de sexo masculino de alegar el derecho a una pensión de jubilación anticipada — Limitación únicamente a las discriminaciones necesaria y objetivamente vinculadas a la diferencia en cuanto a la edad de jubilación — Método de cálculo — Reducción por anticipación»)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/26

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 30 de abril de 2004
   en el asunto C-172/02 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation): Robert Bourgard contra Institut nacional d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) (1)

   («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Política social - Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social - Directiva 79/7/CEE - Trabajadores independientes - Excepción admitida en materia de fijación de la edad de jubilación - Posibilidad para los trabajadores de sexo masculino de alegar el derecho a una pensión de jubilación anticipada - Limitación únicamente a las discriminaciones necesaria y objetivamente vinculadas a la diferencia en cuanto a la edad de jubilación - Método de cálculo - Reducción por anticipación»)
   (2004/C 118/45)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-172/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Robert Bourgard e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174), el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. R. Schintgen y la Sra. N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 30 de abril de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
   El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, cuando la normativa nacional de un Estado miembro ha mantenido una diferencia en la edad de jubilación entre los trabajadores masculinos y los trabajadores femeninos, a que, en unas circunstancias como las del procedimiento principal, dicho Estado miembro calcule la cuantía de la pensión de un modo diferente en función del sexo del trabajador y aplique a los trabajadores de sexo masculino, que son los únicos que tienen derecho a solicitar durante los cinco años anteriores a la edad normal de jubilación el beneficio de una pensión de jubilación anticipada, una reducción del 5 % por cada año de anticipación.

      (1)  DO C 156 de 29.6.2002.


title: Asunto C-200/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) el 12 de abril de 2016 — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A./ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial, S.A., y otros

text:
               13.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/36

      Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) el 12 de abril de 2016 — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A./ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial, S.A., y otros
      (Asunto C-200/16)
      (2016/C 211/47)
      Lengua de procedimiento: portugués

         Órgano jurisdiccional remitente

      Supremo Tribunal de Justiça

         Partes en el procedimiento principal

         Recurrente: Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A.

         Recurridas: ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial, S.A., Arthur George Resendes, Jorge Alberto Rodrigues Pereira, José Manuel Duque Medeiros, José Octávio Pimentel do Couto Macedo, Márcio Aurélio Mendes, Marco Paulo Viveiros Câmara, Milton César Pimentel Freitas, Milton Miguel Miranda Santos, Nelson Manuel Rego Sousa, Osvaldo Manuel Rego Arruda, Pedro Miguel Amaral Pacheco, Pedro Miguel Costa Tavares, Rui Miguel Costa Tavares, Rui Sérgio Gouveia Terra, Jaime Amorim Amaral Melo, Marcos Daniel Varandas Carvalho, Valter Eurico Rocha da Silva e Sousa

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  ¿Constituye la situación descrita en los autos una transmisión de empresa o de establecimiento, de tal modo que ha tenido lugar la transmisión de la empresa ICTS a la empresa Securitas a raíz de la celebración de un concurso público en el que se adjudicó a Securitas, seleccionada en este concurso, la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en el puerto de Ponta Delgada, en la isla de San Miguel (las Azores), y conforma la transmisión de una unidad económica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2001/23/CE (1) del Consejo, de 12 de marzo?

                  2)

                  ¿Constituye la situación descrita en los autos una mera sucesión de empresas en competencia, a raíz de la adjudicación de la prestación de servicios a la empresa seleccionada en el concurso público mencionado, de tal modo que queda excluida del concepto de transmisión de empresa o de centro de actividad a efectos de dicha Directiva?

                  3)

                  ¿Es contrario al Derecho comunitario relativo a la definición de transmisión de empresa o de centro de actividad derivada de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo, el apartado 2 de la cláusula 13 del convenio colectivo mencionado, celebrado entre la AES [Associação de Empresas de Segurança Privada], la AESIRF [Associação Nacional das Empresas de Segurança] y el STAD [Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Domésticas e Atividades Diversas] y otras asociaciones sindicales, en la medida en que dispone que: «No se incluye en el concepto de transmisión de empresa o de centro de actividad la pérdida de un cliente por parte de un operador por la adjudicación del servicio a otro operador»?

         (1)  Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisión] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO 2001, L 82, p. 16).


title: Sentencia del Tribunal, de 29 de julio de 2016, en el asunto E-32/15 — Órgano de Vigilancia de la AELC/Principado de Liechtenstein (Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones — No incorporación al ordenamiento jurídico nacional — Directiva 2006/126/CE — Directiva 2011/94/UE — Directiva 2012/36/UE)

text:
               6.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/15

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 29 de julio de 2016
   en el asunto E-32/15
   Órgano de Vigilancia de la AELC/Principado de Liechtenstein
   (Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones — No incorporación al ordenamiento jurídico nacional — Directiva 2006/126/CE — Directiva 2011/94/UE — Directiva 2012/36/UE)
   (2017/C 108/13)
   En el asunto E-32/15, Órgano de Vigilancia de la AELC/Principado de Liechtenstein — SOLICITUD de una declaración de que el Principado de Liechtenstein ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los actos mencionados en el punto 24f del anexo XIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (refundición), Directiva 2011/94/UE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2011, que modifica la Directiva 2006/126/CE, y Directiva 2012/36/UE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, que modifica la Directiva 2006/126/CE], adaptados al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para incorporar dichos actos al ordenamiento jurídico nacional en el plazo prescrito o, en cualquier caso, al no haber informado de ello al Órgano de Vigilancia de la AELC, el Tribunal de la AELC, integrado por Carl Baudenbacher, Presidente, Per Christiansen y Páll Hreinsson (Juez Ponente), Jueces, dictó sentencia el 29 de julio de 2016, cuyo fallo es el siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que el Principado de Liechtenstein ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los actos mencionados en el punto 24f del anexo XIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (refundición), Directiva 2011/94/UE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2011, que modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y Directiva 2012/36/UE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, que modifica la Directiva 2006/126/CE], adaptados al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para incorporar dichos actos al ordenamiento jurídico nacional en los plazos prescritos.

               2.

               Condena en costas al Principado de Liechtenstein.


title: Asunto T-391/08: Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2008 — Ellinika Nafpigeia/Comisión

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/29

         Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2008 — Ellinika Nafpigeia/Comisión
   (Asunto T-391/08)
   (2008/C 327/55)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Ellinika Nafpigeia (Skaramagkas, Grecia) (representantes: I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Chiotellis, Ch. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, B. Voutsakis y X. Gkousta, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen los artículos 1, apartado 2, 2, 3, 5, 6, 8, apartado 2, y 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Decisión impugnada de la Comisión de 2 de julio de 2008«sobre las ayudas no C 16/2004 (anteriormente ΝΝ 29/2004, CP 71/2002 y CP 133/2005) concedidas por Grecia a la empresa Ellinika Nafpigeia Α.Ε.».

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas en que incurra la demandante en el curso de este procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante (en lo sucesivo, «ΕΝΑΕ») impugna doce de las dieciséis medidas impuestas por la Decisión C(2008) 3118 final de la Comisión, de 2 de julio de 2008, en relación con las ayudas C 16/2004 (anteriormente ΝΝ 29/2004, CP 71/2002 y CP 133/2005) invocando nueve motivos de anulación en apoyo de su recurso.
   Con arreglo al primer motivo de anulación, la demandante sostiene que la Comisión no aplicó el artículo 298 CE, a pesar de admitir en la Decisión impugnada que ΕΝΑΕ es un astillero militar.
   En el marco del segundo motivo de anulación, la demandante señala que la demandada no aplicó o aplicó incorrectamente el artículo 296 CE.
   En su tercer motivo de anulación, la demandante alega que la Decisión impugnada incurrió en un error manifiesto de apreciación, o bien adolece de motivación insuficiente, al admitir que la solvencia de ΕΝΑΕ se redujo desde 1997 hasta junio de 1999, siendo inexistente desde ese año. Concretamente, la demandada: a) No valoró la solvencia de ΕΝΑΕ teniendo en cuenta su carácter específico de unidad industrial militar. b) Puso en duda injustificadamente los datos económicos proporcionados por ΕΝΑΕ así como todas las garantías admisibles que estaba en condiciones de ofrecer para recibir financiación de cualquier banco privado. c) Ignoró injustificadamente y valoró incorrectamente el interés de la Elliniki Trapeza Biomichanikis Anaptixis (Banco Griego de Desarrollo Industrial) (en lo sucesivo, «ETBA»), como accionista principal de ΕΝΑΕ, en el valor y el rendimiento de esta participación empresarial.
   En el marco del cuarto motivo de anulación, en relación con la aplicación abusiva de la ayuda en forma de liquidación de deudas por un valor de 160 millones de euros, la demandante sostiene que la Decisión de aprobación C-10/1994 no impuso condiciones ni se aplicó abusivamente, o bien, con carácter subsidiario, que no se concedió íntegramente a ΕΝΑΕ la cantidad antes mencionada y, en consecuencia, no pueden recuperarse cantidades no entregadas. Además, la demandante considera que debe aplicarse el artículo 296 CE tanto en relación con la valoración de la posible existencia de una ayuda como respecto del cálculo de cualquier beneficio recuperable. Por último, según la demandante, la recuperación de la ayuda vulnera los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de la confianza legítima del receptor de la ayuda.
   Como quinto motivo de anulación, relacionado con la aplicación abusiva de la ayuda para el cierre de las instalaciones por un valor de 29,5 millones de euros, aprobada en 2002, debido al supuesto incumplimiento del requisito compensatorio sobre la limitación de la capacidad de reparación de la demandante, esta última alega que se aplicó incorrectamente la Decisión de aprobación Ν 513/2001.
   Mediante los motivos de anulación sexto y séptimo, en relación con la aplicación abusiva de la ayuda a la inversión por un valor de 22,9 millones de euros y la supuesta participación ilegal de ETBA en el aumento del capital participado para la materialización de esa inversión, la demandante sostiene que la Decisión de aprobación Ν 401/1997 fue aplicada incorrectamente, que se infringió el artículo 87 CE, apartado 1, que la Comisión admitió incorrectamente que la medida Ε10 constituye una ayuda de Estado ilegal, que se vulneró el principio de confianza legítima y que no se aplicó el artículo 296 CE.
   Mediante el octavo motivo de anulación, relacionado con los préstamos y las garantías que recibió la demandante durante el período relevante, 1997–2001, además de lo que se ha dicho al efecto en el tercer motivo de anulación invocado en relación con la apreciación incorrecta de la solvencia de la demandante, se alega lo siguiente: a) Aplicación incorrecta del criterio del inversor privado en condiciones de economía de mercado. b) Aplicación incorrecta del artículo 87 CE, apartado 2, del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1540/1998 (1), y del artículo 4 de la Directiva 90/684/CEE (2). c) Vulneración del principio de proporcionalidad y error manifiesto de apreciación en lo que respecta a la solvencia de ΕΝΑΕ tras su completa privatización en junio de 2002, en relación con el cálculo de las cantidades que deben recuperarse a través de las medidas examinadas, así como que la Decisión impugnada no redujo el interés de referencia aplicable. d) Error de hecho en relación con los préstamos y las garantías que ΕΤΒΑ concedió a la demandante, en la medida en que la Decisión impugnada no tuvo en cuenta que con posterioridad a la privatización de ETBA las medidas examinadas no contienen elementos de ayuda.
   Con arreglo a su noveno motivo de anulación, relacionado con la financiación ilegal de una actividad no militar a través de la actividad militar de ΕΝΑΕ, la demandante invoca: a) La infracción de los artículos 296 CE, 298 CE y 88 CE, apartado 1. b) La aplicación incorrecta del criterio del inversor privado respecto de contratos militares y c) La falta de motivación y la apreciación incorrecta de la determinación de las cantidades que deben recuperarse.

      (1)  Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval (DO L 202, p. 1).

      (2)  Directiva 90/684/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1990, sobre ayudas a la construcción naval (DO L 380, p. 27).


title: Asunto C-374/14 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 12 de febrero de 2015 — Walcher Meßtechnik GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) [Recurso de casación — Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículo 181 — Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa HIPERDRIVE — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 7, apartado 1, letra c) — Principio general de igualdad de trato]

text:
               4.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 146/12

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 12 de febrero de 2015 — Walcher Meßtechnik GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
   (Asunto C-374/14 P) (1)

   ([Recurso de casación - Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Artículo 181 - Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria denominativa HIPERDRIVE - Motivos de denegación absolutos - Carácter descriptivo - Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 7, apartado 1, letra c) - Principio general de igualdad de trato])
   (2015/C 146/18)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Walcher Meßtechnik GmbH (representante: S. Walter, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Walcher Meßtechnik GmbH.

      (1)  DO C 351, de 6.10.2014.


title: Archivo del asunto C-28/97

text:
17.7.1999             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 204/37
                Archivo del asunto C-27/97 (1)                                    Archivo del asunto C-7/99 P (1)
                       (1999/C 204/86)                                                    (1999/C 204/90)
Mediante auto de 30 de abril de 1999, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Mediante auto de 30 de abril de 1999, el Presidente del
archivar el asunto C-27/97 (petición de decisión prejudicial     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
del Tribunale di Genova): Ligure Piemontese SpA (Società           archivar el asunto C-7/99 P: Franco Campoli contra Comisión
d’Intermediazione Mobiliare) contra Amministrazione delle          de las Comunidades Europeas.
Finanze dello Stato.
                                                                   (1) DO C 71 de 13.3.1999.
( 1) DO C 74 de 8.3.1997.
                Archivo del asunto C-28/97 (1)                                    Archivo del asunto C-326/98 (1)
                        (1999/C 204/87)
                                                                                (1999/C 204/91)
Mediante auto de 30 de abril de 1999, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Mediante auto de 30 de abril de 1999, el Presidente del
archivar el asunto C-28/97 (petición de decisión prejudicial     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
del Tribunale di Genova): SO.ME.FI Srl contra Amministra-          archivar el asunto C-326/98: Comisión de las Comunidades
zione delle Finanze dello Stato.                                   Europeas contra República Francesa.
(1) DO C 74 de 8.3.1997.                                           (1) DO C 312 de 10.10.1998.
                Archivo del asunto C-29/97 (1)
                        (1999/C 204/88)                                           Archivo del asunto C-320/98 (1)
Mediante auto de 30 de abril de 1999, el Presidente del                                   (1999/C 204/92)
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-29/97 (petición de decisión prejudicial     Mediante auto de 7 de mayo de 1999, el Presidente de la Sala
del Tribunale di Genova): Società Anonima Immobiliare              Tercera del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Alessandro Srl (SAIA) contra Amministrazione delle Finanze         ha decidido archivar el asunto C-320/98: Comisión de las
dello Stato.                                                       Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo.
(1) DO C 74 de 8.3.1997.
                                                                   (1) DO C 299 de 26.9.1998.
                Archivo del asunto C-30/97 (1)
                       (1999/C 204/89)                                            Archivo del asunto C-73/98 (1)
Mediante auto de 30 de abril de 1999, el Presidente del                                   (1999/C 204/93)
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-30/97 (petición de decisión prejudicial
del Tribunale di Genova): SVIN Servizi SpA contra Amminis-         Mediante auto de 10 de mayo de 1999, el Presidente del
trazione delle Finanze dello Stato.                                Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                   archivar el asunto C-73/98: Comisión de las Comunidades
                                                                   Europeas contra Reino de España.
(1) DO C 74 de 8.3.1997.
                                                                   (1) DO C 151 de 16.5.1998.


title: Asunto T-284/05: Recurso interpuesto el 14 de julio de 2005 por Xristos Michail contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/33

         Recurso interpuesto el 14 de julio de 2005 por Xristos Michail contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-284/05)
   (2005/C 229/71)
   Lengua de procedimiento: griego
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 14 de julio de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Christos Michail, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representado por el Sr. Charalambos Meidanis, abogado.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule los actos impugnados.

               —

               Declare su derecho a percibir una indemnización económica por el perjuicio moral sufrido, por un importe de 90 000 euros.

               —

               Resuelva sobre las costas con arreglo a Derecho.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante, funcionario de la Comisión, solicita la anulación del informe de evolución de su carrera, correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril de 2003 y el 31 de diciembre de 2003, así como la concesión de una indemnización económica por el perjuicio moral que alega haber sufrido. En apoyo de su recurso, sostiene que el informe controvertido no contenía la descripción de su puesto, ya que, además, como alega, durante el citado período de tiempo simplemente no ocupó puesto alguno. Asimismo, afirma que el informe controvertido tampoco contenía descripción alguna de las objetivos particulares que debía cumplir, ni ninguna justificación sobre el grado que se le asignó. Además, dicho informe fue redactado por un órgano y una persona incompetentes y no se basó en el trabajo que había realizado en la práctica, sino en juicios de valor contenidos en un anterior informe de evolución de carrera. A la vista de las consideraciones precedentes, el demandante alega la infracción del artículo 43 del Estatuto de los Funcionarios y del conjunto de sus Disposiciones Generales de Aplicación, la infracción del artículo 12 bis de dicho Estatuto, que se refiere al acoso psicológico, el error manifiesto en la apreciación de las circunstancias de hecho, la falta ο insuficiencia de motivación de los actos impugnados, la desviación de poder por parte de la Comisión y la violación de los principios de igualdad de trato del personal y de buena administración.


title: Asunto C-518/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de noviembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Amsterdam — Países Bajos) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum (Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directivas 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE — Ámbito de aplicación ratione materiae — Suministro de un paquete básico de programas de radio y televisión de acceso mediante cable — Transmisión por parte de un municipio de su red de cable a una empresa privada — Cláusula contractual relativa al precio — Competencias de las autoridades nacionales de reglamentación — Principio de cooperación leal)

text:
               11.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de noviembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Amsterdam — Países Bajos) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum
   (Asunto C-518/11) (1)

   (Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directivas 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE - Ámbito de aplicación ratione materiae - Suministro de un paquete básico de programas de radio y televisión de acceso mediante cable - Transmisión por parte de un municipio de su red de cable a una empresa privada - Cláusula contractual relativa al precio - Competencias de las autoridades nacionales de reglamentación - Principio de cooperación leal)
   2014/C 9/05
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Gerechtshof te Amsterdam

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: UPC Nederland BV

      Demandada: Gemeente Hilversum

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretación del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33), y de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51) — Suministro de un conjunto de programas de radio y de televisión de libre acceso por cable — Municipio que vendió su empresa de red por cable — Limitación de los precios al por menor — Limitación de los precios minoristas — Normas sobre competencia — Aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales.

      Fallo

               1)

               El artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), debe interpretarse en el sentido de que un servicio consistente en el suministro de un paquete básico de acceso mediante cable, en cuya facturación se incluyen tanto los costes de transmisión como el pago a los organismos de radiodifusión y los derechos abonados a entidades de gestión colectiva de derechos de autor por la difusión del contenido de las obras, puede calificarse como «servicio de comunicaciones electrónicas» y, en consecuencia, se encuentra comprendido en el ámbito material de aplicación de esta Directiva y de la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones electrónicas; de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso); de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), y de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), que conforman el nuevo marco normativo aplicable a los servicios de comunicaciones electrónicas, siempre que ese servicio comprenda principalmente la transmisión de contenidos televisivos mediante la red de teledistribución por cable hasta el terminal de recepción del consumidor final.

               2)

               Estas Directivas deben interpretarse en el sentido de que, después de que venza su plazo de transposición, no permiten que una entidad territorial como la implicada en el litigio principal, que no tiene la condición de autoridad nacional de reglamentación, intervenga directamente en las tarifas aplicadas a los consumidores finales como contrapartida de la prestación de un paquete básico de acceso mediante cable.

               3)

               Esas mismas Directivas deben interpretarse en el sentido de que no permiten, en las circunstancias que concurren en el litigio principal y habida cuenta del principio de cooperación leal, que una entidad territorial que no tenga la condición de autoridad nacional de reglamentación invoque, frente a un proveedor de paquetes básicos de acceso mediante cable, una cláusula que figura en un contrato celebrado antes de la adopción del nuevo marco normativo aplicable a los servicios de comunicaciones electrónicas y que limita la libertad de este proveedor de fijar los precios.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.


title: Archivo del asunto T-75/01

text:
C 144/64             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  15.6.2002
               Archivo del asunto T-75/01 (1)                                       Archivo del asunto T-185/01 (1)
                      (2002/C 144/125)                                                      (2002/C 144/126)
               (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 21 de enero de 2002, el Presidente de la Sala
Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades           Mediante auto de 28 de enero de 2002, el Presidente de la Sala
Europeas ha decidido archivar el asunto T-75/01, Systems-             Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europe S.A. contra Comisión de las Comunidades Europeas.             Europeas ha decidido archivar el asunto T-185/01, Dominique
                                                                      Ramaekers contra Comisión de las Comunidades Europeas.
(1) DO C 161 de 2.6.2001.
                                                                      (1) DO C 317 de 10.11.2001.


title: Asunto F-58/14: Recurso interpuesto el 23 de junio de 2014 — ZZ/EMA

text:
               1.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 292/63

         Recurso interpuesto el 23 de junio de 2014 — ZZ/EMA
   (Asunto F-58/14)
   2014/C 292/82
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: S. Rodrigues, abogado)

      Demandada: Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la EMA de no prorrogar el contrato de trabajo de la demandante como agente temporal e indemnización por el perjuicio sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la EMA de 12 de septiembre de 2013 de no prorrogar el contrato de trabajo de la demandante.

               —

               En la medida en que resulte necesario, que se anule también la decisión de la EMA de 13 de marzo de 2014 que desestima la reclamación de 19 de noviembre de 2013 presentada por la demandante contra la citada decisión.

               —

               Que se indemnice a la demandante por el daño material sufrido.

               —

               Que se indemnice a la demandante por el perjuicio moral sufrido, valorado en 20  000 euros.

               —

               Que se condene a la EMA al pago de las costas en que incurrió la demandante en el presente procedimiento.


title: Asunto F-49/13: Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2013 — ZZ/Consejo

text:
               27.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 215/20

         Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2013 — ZZ/Consejo
   (Asunto F-49/13)
   2013/C 215/29
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: T. Bontinck y A. Guillerme, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de no tomar en consideración la candidatura de la demandante para un puesto vacante en el Consejo.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 17 de enero de 2013 del Servicio de movilidad de la SGC de no tomar en consideración la candidatura de la demandante para el puesto 2244 DGA 2A, confirmada, tras la reclamación de la demandante, mediante la decisión de 12 de febrero de 2013 del servicio de movilidad.

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión.


title: Asunto C-270/08: Recurso interpuesto el 24 de junio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Hungría

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/35

         Recurso interpuesto el 24 de junio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Hungría
   (Asunto C-270/08)
   (2008/C 209/53)
   Lengua de procedimiento: húngaro
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: W. Wils y V. Bottka, agentes)

      Demandada: República de Hungría
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva o al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República de Hungría.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 12 de junio de 2007.

      (1)  DO L 149, p. 22.


title: Asunto C-363/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) el 21 de julio de 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/19

      Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) el 21 de julio de 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA
      (Asunto C-363/10)
      ()
      (2010/C 288/31)
      Lengua de procedimiento: portugués

         Órgano jurisdiccional remitente

      Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Maria de Jesus Barbosa Rodrigues

         Demandada: Companhia de Seguros Zurich SA

         Cuestión prejudicial

      En caso de colisión entre vehículos y cuando el accidente, con resultado de muerte para uno de los conductores, no pueda imputarse a ninguno de los conductores a título de culpa, ¿es contraria al Derecho comunitario y, en concreto, al artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva (72/166/CEE), (1) al artículo 2, apartado 1, de la Segunda Directiva (84/5/CEE) (2) y al artículo 1 de la Tercera Directiva (90/232/CEE), (3) en la interpretación que de estas disposiciones viene realizando el Tribunal de Justicia, la posibilidad de establecer un reparto de la responsabilidad por riesgo (artículo 506, apartados 1 y 2, del Código Civil) que tiene reflejo directo en la cuantía de la indemnización que debe atribuirse a las personas con derecho a ella –los padres de la víctima–, por cuanto implica la reducción de esta cuantía en igual proporción?

         (1)  Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 103, p. 1; EE 13/02, p. 113).

         (2)  Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244).

         (3)  Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (DO L 129, p. 33).


title: Asunto T-717/13: Recurso interpuesto el 27 de diciembre de 2013 — Chair Entertainment Group/OAMI — Libelle (SHADOW COMPLEX)

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/23

      Recurso interpuesto el 27 de diciembre de 2013 — Chair Entertainment Group/OAMI — Libelle (SHADOW COMPLEX)
      (Asunto T-717/13)
      (2014/C 71/43)
      Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

         Partes

         Demandante: Chair Entertainment Group LLC (Utah, Estados Unidos de América) (representante: E. Armijo Chávarri, abogado)

         Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

         Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Libelle AG (Stuttgart, Alemania)

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 1 de octubre de 2013 en el asunto R 776/2011-2.

                  —

                  Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones

         Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

         Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «SHADOW COMPLEX» para productos y servicios de la clase 9 — Solicitud de marca comunitaria no8 235 434

         Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

         Marca o signo invocado: La marca denominativa «DBShadow» para productos y servicios de las clases 9 y 42 — Registro de marca comunitaria no1 457 944, la marca denominativa «BusinessShadow» para productos y servicios de las clases 9 y 42 — Registro de marca comunitaria no3 749 439, la marca alemana denominativa «BusinessShadow» para productos y servicios de las clases 9 y 42 y la marca alemana denominativa «FSShadow» para productos y servicios de las clases 9 y 42

         Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

         Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

         Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.


title: Asunto F-157/12: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2012 — ZZ/Parlamento

text:
               9.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/31

         Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2012 — ZZ/Parlamento
   (Asunto F-157/12)
   2013/C 71/56
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: S. Rodrigues, A. Tymen, abogados)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de cambio de destino de la parte demandante y de la decisión tácita que puso fin con efectos retroactivos a sus funciones de consejero del Director de una Dirección del Parlamento Europeo, e indemnización del perjuicio sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 20 de junio de 2012 por la que se desestima su reclamación contra la decisión de cambio de destino de 20 de marzo de 2012.

               —

               Que se anule la decisión del Presidente del Parlamento Europeo de 20 de marzo de 2012 que puso fin, con efectos retroactivos a 15 de marzo de 2012, a las funciones de la parte demandante como consejero del Director y que lo transfirió, en esa misma fecha, a un servicio de otra Dirección en calidad de consejero.

               —

               Que se re reconozca el perjuicio sufrido por la parte demandante en diversos aspectos (salud, dignidad, reputación profesional, pérdida de igualdad de oportunidades en la evolución de su carrera) a causa de los actos de acoso y de mala administración que se produjeron sin solución de continuidad desde 2009.

               —

               Que se ordene la reparación de ese perjuicio otorgando a la parte demandante una indemnización cuyo importe puede ser evaluado equitativamente en 400 000 euros.

               —

               Que se condene en costas al Parlamento.


title: Asunto C-52/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de febrero de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Stockholms tingsrätt — Suecia) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB (Procedimiento prejudicial — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Precios aplicados por un operador de telecomunicaciones — Insumos para ADSL — Prestaciones de conexión de banda ancha a los clientes finales — Compresión de los márgenes de los competidores o efecto de «precios tijeras» )

text:
               2.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 103/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de febrero de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Stockholms tingsrätt — Suecia) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB
   (Asunto C-52/09) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Artículo 102 TFUE - Abuso de posición dominante - Precios aplicados por un operador de telecomunicaciones - Insumos para ADSL - Prestaciones de conexión de banda ancha a los clientes finales - Compresión de los márgenes de los competidores o efecto de «precios tijeras»)
   2011/C 103/03
   Lengua de procedimiento: sueco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Stockholms tingsrätt

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Konkurrensverket

      Demandada: TeliaSonera AB

      En el que participa: Tele2 Sverige AB

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Stockholms tingsrätt (Suecia) — Interpretación del artículo 82 CE — Compresión de márgenes — Precios aplicados por un operador de telecomunicaciones anteriormente titular de un monopolio histórico para el acceso ADSL — Diferencia entre los precios facturados por el operador a los operadores intermediarios para el suministro al por mayor de acceso ADSL y las tarifas aplicadas por el operador a los consumidores para el acceso ADSL que no bastan para cubrir los costes adicionales soportados por el propio operador para el suministro de dichos servicios al por menor

      Fallo

   A falta de toda justificación objetiva, puede constituir un abuso en el sentido del artículo 102 TFUE el hecho de que una empresa verticalmente integrada, que ocupa una posición dominante en el mercado mayorista de los insumos para ADSL, aplique una práctica tarifaria como la de que la diferencia entre los precios aplicados en dicho mercado y los aplicados en el mercado minorista de las prestaciones de conexión de banda ancha a los clientes finales no baste para cubrir los costes específicos que esa misma empresa ha de soportar para acceder a este mercado minorista.
   En el marco del examen del carácter abusivo de tal práctica, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de cada caso concreto. En particular:

               —

               han de tomarse en consideración, en principio y de manera preferente, los precios y costes que la empresa de que se trate aplique en el mercado de las prestaciones minoristas. Únicamente cuando, habida cuenta de las circunstancias, no sea posible hacer referencia a dichos precios y costes, procede examinar los de los competidores que operan en ese mismo mercado, y

               —

               es necesario demostrar que, habida cuenta, en particular, del carácter indispensable del producto mayorista, dicha práctica produce un efecto contrario a la competencia, al menos potencial, en el mercado minorista, sin que esto esté económicamente justificado.

         Para realizar dicha apreciación no son pertinentes, en principio:

               —

               la falta de toda obligación reglamentaria de que la empresa de que se trate suministre los insumos para ADSL en el mercado mayorista en el que ocupa una posición dominante;

               —

               el grado de dominio del mercado por parte de dicha empresa;

               —

               el hecho de que la referida empresa no ocupe también una posición dominante en el mercado minorista de las prestaciones de conexión de banda ancha a los clientes finales;

               —

               el hecho de que los clientes a los que se aplica tal práctica tarifaria sean clientes nuevos o existentes de la empresa de que se trate;

               —

               la imposibilidad de que la empresa dominante recupere las posibles pérdidas que el establecimiento de tal práctica tarifaria le hubiera podido causar, ni

               —

               el grado de madurez de los mercados de que se trata y la presencia en ellos de una nueva tecnología que exija grandes inversiones.

      (1)  DO C 90, de 18.4.2009.


title: Asunto C-117/12: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Burgos — España) — La Retoucherie de Manuela, S.L./La Retoucherie de Burgos, S.C. [Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento — Competencia — Acuerdos entre empresas — Artículo 81 CE — Exención por categorías de acuerdos verticales — Reglamento (CE) n ° 2790/1999 — Artículo 5, letra b) — Cláusula de no competencia impuesta al comprador al término de un contrato de franquicia — Local y terrenos desde los que el comprador haya operado durante el período contractual]

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/8

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Burgos — España) — La Retoucherie de Manuela, S.L./La Retoucherie de Burgos, S.C.
   (Asunto C-117/12) (1)

   (Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento - Competencia - Acuerdos entre empresas - Artículo 81 CE - Exención por categorías de acuerdos verticales - Reglamento (CE) no 2790/1999 - Artículo 5, letra b) - Cláusula de no competencia impuesta al comprador al término de un contrato de franquicia - Local y terrenos desde los que el comprador haya operado durante el período contractual)
   2013/C 108/16
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Audiencia Provincial de Burgos

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: La Retoucherie de Manuela, S.L.

      Demandada: La Retoucherie de Burgos, S.C.

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Audiencia Provincial de Burgos — Interpretación del artículo 5, letra b), del Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 336, p. 21) — Exención por categorías — Restricciones de la competencia no exentas — Condiciones impuestas al comprador al término de un contrato de franquicia — Concepto de «local y terrenos desde los que el comprador haya operado durante el período contractual».

      Fallo

               1)

               El artículo 5, letra b), del Reglamento no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 [CE] a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, debe interpretarse en el sentido de que la expresión «local y terrenos desde los que el comprador haya operado durante el período contractual» se refiere únicamente a los lugares desde los cuales se ponen a la venta los bienes o servicios contractuales y no a todo el territorio en el que tales bienes o servicios pueden venderse en virtud de un contrato de franquicia.

      (1)  DO C 151, de 26.5.2012.


title: Asunto T-358/09: Sentencia del Tribunal General de 13 de abril de 2011 — Sociedad Agrícola Requingua/OAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa TORO DE PIEDRA — Marca comunitaria figurativa anterior D. ORIGEN TORO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud de los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Derecho a ser oído — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento n ° 207/2009» ]

text:
               28.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 160/20

         Sentencia del Tribunal General de 13 de abril de 2011 — Sociedad Agrícola Requingua/OAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)
   (Asunto T-358/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa TORO DE PIEDRA - Marca comunitaria figurativa anterior D. ORIGEN TORO - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Similitud de los signos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Derecho a ser oído - Obligación de motivación - Artículo 75 del Reglamento no 207/2009)
   2011/C 160/30
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Sociedad Agrícola Requingua Ltda (Santiago, Chile) (representantes: E. Vorbuchner, C. Ley y M. Heidelberg, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: J. Crespo Carrillo y A. Folliard-Monguiral, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Zamora)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 18 de junio de 2009 (asunto R 1117/2008-2), relativa a un procedimiento de oposición entre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro y la Sociedad Agrícola Requingua Ltda.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Sociedad Agrícola Requingua Ltda.

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009.


title: Asunto C-610/16 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de 2016 por Gaki contra el auto del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 19 de septiembre de 2016 en el asunto T-112/16, Gaki/Parlamento

text:
               19.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 195/8

         Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de 2016 por Gaki contra el auto del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 19 de septiembre de 2016 en el asunto T-112/16, Gaki/Parlamento
   (Asunto C-610/16 P)
   (2017/C 195/12)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Anastasia-Soultana Gaki (representante: G. Keisers, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento:
      Parlamento Europeo

   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima) ha desestimado el recurso de casación mediante auto de 6 de abril de 2017 y ha resuelto que la recurrente cargue con sus propias costas.


title: Asunto T-46/10: Sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2014 — Faci/Comisión ( «Competencia  — Prácticas colusorias  — Mercado europeo de los termoestabilizadores ESBO/ésteres  — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE  — Fijación de precios, reparto de mercados y de clientes e intercambio de información comercial sensible  — Prueba de una de las partes de la infracción  — Multas  — Igualdad de trato  — Buena administración  — Plazo razonable  — Proporcionalidad» )

text:
               12.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/30

         Sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2014 — Faci/Comisión
   (Asunto T-46/10) (1)

   ((«Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo de los termoestabilizadores ESBO/ésteres - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE - Fijación de precios, reparto de mercados y de clientes e intercambio de información comercial sensible - Prueba de una de las partes de la infracción - Multas - Igualdad de trato - Buena administración - Plazo razonable - Proporcionalidad»))
   2014/C 142/37
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Faci SpA (Milán, Italia) (representantes: S. Piccardo, abogado, S. Crosby, Solicitor, y S. Santoro, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente K. Mojzesowicz, F. Ronkes Agerbeek y J. Bourke, posteriormente F. Ronkes Agerbeek, J. Bourke y F. Castilla Contreras y por último F. Ronkes Agerbeek, F. Castilla Contreras y R. Sauer, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Decisión C(2009) 8682 final de la Comisión, de 11 de noviembre de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE] y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/38 589 — Termoestabilizadores), o, con carácter subsidiario, pretensión de anulación de la multa impuesta a la demandante o de reducción de su importe.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Faci SpA.

      (1)  DO C 100, de 17.4.2010.


title: Asunto T-31/05: Recurso interpuesto el 25 de enero de 2005 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) por Sergio Rossi S.p.A.

text:
               16.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/30

         Recurso interpuesto el 25 de enero de 2005 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) por Sergio Rossi S.p.A.
   (Asunto T-31/05)
   (2005/C 93/60)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 25 de enero de 2005 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por Sergio Rossi S.p.A., con domicilio social en San Mauro Pascoli (Italia), representada por el Sr. A. Ruo, abogado.
   K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, con domicilio social en Weilheim (Alemania), fue asimismo parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria:

               K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG

               Marca comunitaria solicitada:

               La marca denominativa «ROSSI» para productos de la clase 25 (ropa exterior e interior: guantes, fulares, pañuelos, bufandas, corbatas, sombrerería) – Solicitud no 876 094

               Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               Sergio Rossi

               Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               Las marcas nacionales e internacionales, denominativas y figurativas «SERGIO ROSSI» para productos de la clase 25 (prendas de vestir, incluidas botas, zapatos y zapatillas, bufandas, corbatas…)

               Resolución de la División de Oposición:

               Estimación de la oposición

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Anulación de la resolución de la División de Oposición

               Motivos invocados:

               Infracción del artículo 8 del Reglamento (CE) no 40/94


title: Asunto T-146/08: Recurso interpuesto el 17 de abril de 2008 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI — Redrock Construction (REDROCK)

text:
               21.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 158/19

         Recurso interpuesto el 17 de abril de 2008 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI — Redrock Construction (REDROCK)
   (Asunto T-146/08)
   (2008/C 158/32)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán
   Partes

      Demandante: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Alemania) (representante: S. Beckmann, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Redrock Construction s.r.o. (Praga, República Checa)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la demandada de 18 de febrero de 2008 en el asunto R 506/2007-4.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Redrock Construction s.r.o.

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «REDROCK» para productos y servicios de las clases 1, 2, 17, 19, 36 y 37 (solicitud no 3.866.365).

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante.

      Marca o signo invocados en oposición: La marca denominativa alemana «ROCK» para productos y servicios de las clases 1, 6 a 8, 17, 19, 37 y 42 (no 302.29.274), dirigiéndose la oposición contra el registro en todas las clases excepto la clase 36.

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición y denegación parcial de la solicitud de registro.

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución recurrida y desestimación de la oposición.

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 (1) dado que entre las marcas en pugna existe un riesgo de confusión o, al menos, un riesgo de asociación.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto F-136/06: Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2006 — Reali/Comisión

text:
               27.1.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 20/38

         Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2006 — Reali/Comisión
   (Asunto F-136/06)
   (2007/C 20/58)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Enzo Reali (Sofía, Bulgaria) (representante: S.A. Pappas, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de fecha 30 de agosto de 2006, por la que se denegó la reclamación presentada el 7 de julio de 2006 por el Sr. Enzo Reali.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante es un agente temporal clasificado en el grupo de función IV, grado 14. Sostiene que debería haber sido clasificado en el grado 16, por cuanto, al valorar su experiencia profesional, la Comisión hubiera debido considerar su titulación (Laurea in Scienze Agrarie) como una licenciatura más una especialización.
   En apoyo de su recurso, el demandante afirma que:

               —

               La Comisión ha infringido la Directiva 89/48/CEE, (1) en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE, (2) y ha violado el principio de subsidiariedad, al negarse a reconocer que la titulación del demandante equivale a una «Licenciatura más una especialización» aun cuando, previamente, la citada equivalencia hubiera sido reconocida claramente a nivel nacional por su universidad.

               —

               La Comisión ha violado el principio de no discriminación al negarse indebidamente a considerar la especialización cursada por el demandante como un año de experiencia profesional.

               —

               La Decisión impugnada es contraria a Derecho debido a un manifiesto error de apreciación al calcular la experiencia profesional del demandante y por carecer también de motivación.

               —

               La denegación de la reclamación se fundamentó en unas medidas de ejecución [artículo 3, apartado 1, letra c), de las Disposiciones generales de aplicación de los procedimientos que regulan la contratación y el uso de personal temporal al servicio de la Comisión] que exceden de las atribuciones conferidas a la Comisión por el artículo 86, apartado 6, de las condiciones de contratación de otros agentes de las Comunidades.

      (1)  Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16).

      (2)  Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico (DO L 2006, p. 1).


title: Asunto C-588/14: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Cluj (Rumanía) el 18 de diciembre de 2014 — Sergiu Octav Constantinescu/Administraţia Judeţeană a Fianţelor Publice Salăj

text:
               30.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 107/17

      Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Cluj (Rumanía) el 18 de diciembre de 2014 — Sergiu Octav Constantinescu/Administraţia Judeţeană a Fianţelor Publice Salăj
      (Asunto C-588/14)
      (2015/C 107/23)
      Lengua de procedimiento: rumano

         Órgano jurisdiccional remitente

      Curtea de Apel Cluj

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Sergiu Octav Constantinescu

         Demandada: Administraţia Judeţeană a Fianţelor Publice Salăj

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley no 9/2012 y el objeto del impuesto establecido por dicha Ley ¿ha de considerarse necesariamente que el artículo 110 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone al establecimiento por un Estado miembro de la Unión Europea de un impuesto sobre las emisiones contaminantes aplicable en el momento de la matriculación de los automóviles procedentes de otros Estados de la Unión Europea, pero que no se aplica al matricular, con motivo de la transmisión del derecho de propiedad, automóviles internos por los que ya se pagó tal impuesto u otro similar, cuando el valor residual de dicho impuesto incorporado al valor de automóvil del mercado interno es inferior al nuevo impuesto?

                  2)

                  Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley no 9/2012 y el objeto del impuesto establecido por dicha Ley ¿ha de considerarse necesariamente que el artículo 110 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone al establecimiento por un Estado miembro de la Unión Europea de un impuesto sobre las emisiones contaminantes aplicable en el momento de la matriculación de automóviles procedentes de otros Estados de la Unión Europea, el cual sólo se paga por los automóviles internos cuando se transmite el derecho de propiedad sobre ellos, lo que conlleva que un automóvil externo no pueda utilizarse sin el pago del impuesto mientras que un automóvil interno puede utilizarse indefinidamente sin pagar el impuesto hasta el momento en que se produzca, si se produce, una transmisión del derecho de propiedad del citado automóvil seguida de la matriculación por el nuevo propietario?


title: Asunto C-553/10 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de septiembre de 2010 en el asunto T-452/04, Éditions Jacob/Comisión Europea

text:
               12.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/5

         Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de septiembre de 2010 en el asunto T-452/04, Éditions Jacob/Comisión Europea
   (Asunto C-553/10 P)
   2011/C 46/07
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet, O. Beynet y S. Noë, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Éditions Odile Jacob SAS, Wendel Investissement SA, Lagardère SCA

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2010, Éditions Odile Jacob SAS/Comisión (T-452/04), en la medida en que anula la Decisión (2004) D/203365 de la Comisión, de 30 de julio de 2004, relativa a la aceptación de Wendel Investissement como adquirente de los activos cedidos con arreglo a la Decisión 2004/422/CEE de la Comisión, de 7 de enero de 2004, por la que se declara compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo una operación de concentración (Asunto no COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP). (1)

               —

               Que, en su caso, se resuelvan definitivamente las cuestiones objeto del presente recurso de casación y se desestime el recurso de anulación.

               —

               Que se condene a la parte actora en la primera instancia [Éditions Jacob] al pago de las costas en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente invoca tres motivos en apoyo de su recurso de casación.
   En su primer motivo, la Comisión alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no analizar las consecuencias de la eventual falta de independencia del mandatario respecto de Editis sobre su misión en relación con Wendel. Según la recurrente, en efecto, la falta de independencia de una persona a la que se encomienda la evaluación de un candidato sólo es jurídicamente relevante cuando se demuestre que esta persona se ha guiado al realizar su evaluación por un interés distinto del que requiere el correcto ejercicio de la misión que tiene asignada.
   Mediante su segundo motivo, la recurrente imputa al Tribunal General haber cometido un error de Derecho y desnaturalizado los hechos al apreciar que el informe del mandatario influyó de modo determinante en la Decisión impugnada siendo así que, en realidad, si bien es cierto que la Comisión debe tomar en consideración el informe del mandatario, no lo es menos que no se encuentra vinculada por el mismo y que sigue estando obligada a realizar las comprobaciones necesarias para verificar que el adquirente cumple los criterios para ser aceptado.
   Mediante su tercer motivo, dividido en dos partes, la Comisión sostiene, en primer lugar, que se ha realizado una interpretación jurídica errónea respecto de la posibilidad de que prospere el primer motivo formulado por la parte actora en la primera instancia acerca de la validez de la Decisión impugnada y, en segundo lugar, que se ha cometido una infracción del deber de motivación a este respecto.

      (1)  DO L 125, p. 54.


title: Asunto T-210/02: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de de 13 de septiembre de 2006 — British Aggregates/Comisión ( Ayudas de Estado — Impuesto medioambiental sobre los áridos en el Reino Unido — Decisión de la Comisión de no plantear objeciones — Recurso de anulación — Admisibilidad — Persona individualmente afectada — Carácter selectivo — Obligación de motivación — Examen diligente e imparcial )

text:
               18.11.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/29

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de de 13 de septiembre de 2006 — British Aggregates/Comisión
   (Asunto T-210/02) (1)

   («Ayudas de Estado - Impuesto medioambiental sobre los áridos en el Reino Unido - Decisión de la Comisión de no plantear objeciones - Recurso de anulación - Admisibilidad - Persona individualmente afectada - Carácter selectivo - Obligación de motivación - Examen diligente e imparcial»)
   (2006/C 281/48)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: British Aggregates Association (Lanark, Reino Unido) (representantes: Pouncey, Solicitor, y el Sr. L. Van Den Hende, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Flett y S. Meany, en calidad de agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: inicialmente por P. Ormond, y posteriormente T. Harris y R. Caudwell, en calidad de agentes, asistidas inicialmente por J. Stratford y M. Hall, Barristers, y posteriormente por M. Hall
   Objeto
   Anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2002) 1478 final, de 24 de abril de 2002, relativa al expediente de ayudas de Estado no 863/01 — Reino Unido/Impuesto sobre los áridos
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La parte demandante cargará con las costas de la Comisión, además de con las suyas propias.

               3)

               La interviniente soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 219, de 14.9.2002.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 1 de octubre de 1998 en el asunto C-71/97: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España (Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a una Directiva)

text:
C 358/4                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       21.11.98
tradora, ha dictado el 1 de octubre de 1998 una sentencia                  tera a otros tipos de contratos, relativos a servicios
cuyo fallo es el siguiente:                                                diferentes, como, en particular, los contratos resultan-
                                                                           tes de un procedimiento de licitación y los contratos
                                                                           de fletamento, siempre que la fijación de las tarifas res-
1) Se desestima el recurso.                                                pete criterios de intereÂs puÂblico definidos por la Ley y
                                                                           que los poderes puÂblicos no abandonen sus prerrogati-
                                                                           vas en manos de operadores económicos privados
2) Se condena en costas al RepuÂblica Italiana.
                                                                           teniendo en cuenta, antes de aprobar las propuestas,
                                                                           las observaciones de otros organismos puÂblicos y pri-
(1) DO C 294 de 5.10.1996.                                                 vados e incluso fijando las tarifas de oficio.
                                                                      2) El concepto de intereÂs general al que se refirió el Tri-
                                                                           bunal de Justicia en las sentencias de 17 de noviembre
                                                                           de 1993, Reiff (C-185/91), y de 9 de junio de 1994,
                                                                           Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft (C-153/
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                     93), corresponde al concepto de intereÂs puÂblico men-
                         (Sala Segunda)                                    cionado en la sentencia de 5 de octubre de 1995, Cen-
                                                                           tro Servizi Spediporto (C-96/94).
                    de 1 de octubre de 1998
en el asunto C-38/97 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Giudice di Pace di Genova): Autotrasporti            3) Corresponde a los Estados miembros determinar los
Librandi Snc di Librandi F. & C. contra Cuttica spedizioni                 criterios concretos que deben utilizarse para fijar tari-
                 e servizi internazionali Srl (1)                          fas, como los vigentes en el ordenamiento jurídico ita-
                                                                           liano, y a los órganos jurisdiccionales nacionales con-
(Competencia Ð Transporte por carretera Ð Tarifa obli-                     trolar si, en la praÂctica, se respetan los criterios defini-
gatoria Ð Normativa estatal Ð Conceptos de intereÂs                        dos de este modo.
                  general y de intereÂs puÂblico)
                         (98/C 358/08)
                                                                      4) La posibilidad de celebrar acuerdos colectivos, como
                                                                           los contemplados en el artículo 13 de la Orden Minis-
              (Lengua de procedimiento: italiano)                          terial de 18 de noviembre de 1982, aun siendo oponi-
                                                                           bles con arreglo al Derecho nacional a operadores que
                                                                           no los han suscrito, no tiene por efecto restringir la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-                competencia en el sentido del artículo 85 del Tratado.
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                           de Justicia»)                              (1) DO C 94 de 22.3.1997.
En el asunto C-38/97, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
del Tratado CE, por el Giudice di Pace di Genova (Italia),
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
órgano jurisdiccional entre Autotrasporti Librandi Snc di
Librandi F. & C. y Cuttica spedizioni e servizi internazio-                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL
nali Srl, una decisión prejudicial sobre la interpretación de                                    (Sala Sexta)
las letras f) y g) del artículo 3 y de los artículos 5, 85 y 86
del Tratado CE, así como de los conceptos de «intereÂs                                    de 1 de octubre de 1998
general» y de «acuerdo colectivo», el Tribunal de Justicia
                                                                      en el asunto C-71/97: Comisión de las Comunidades
(Sala Segunda), integrado por los Sres.: R. Schintgen
                                                                                Europeas contra Reino de EspanÄa (1)
(Ponente), Presidente de Sala; G. F. Mancini y G. Hirsch,
Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. L.            (Incumplimiento de Estado Ð No adaptación del Derecho
Hewlett, administradora; ha dictado el 1 de octubre de                                    interno a una Directiva)
1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                                (98/C 358/09)
1) Las letras f) y g) del artículo 3 y los artículos 5, 85, 86
     y 90 del Tratado CE no se oponen a una normativa de                            (Lengua de procedimiento: espanÄol)
     un Estado miembro que preveÂ que las tarifas de los
     transportes de mercancías por carretera sean aproba-
     das y dotadas de caraÂcter ejecutivo por la Administra-          En el asunto C-71/97, Comisión de las Comunidades
     ción puÂblica, sobre la base de propuestas de un ComiteÂ         Europeas (Agente: Sr. Fernando Castillo de la Torre)
     central compuesto por una mayoría de representantes              contra Reino de EspanÄa (Agente: Santiago Ortiz Vaa-
     de los operadores económicos interesados, y que                  monde), que tiene por objeto que se declare que el Reino
     amplía las tarifas obligatorias aplicables en el aÂmbito         de EspanÄa ha incumplido las obligaciones que le incumben
     de los contratos de transporte de mercancías por carre-          en virtud de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/676/CEE
 ---pagebreak--- 21.11.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 358/5
del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la pro-         uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos
tección de las aguas contra la contaminación producida              (DO L 262 de 27.9.1976, p. 201; EE 13/05, p. 208), en su
por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de              versión modificada por la Directiva 91/173/CEE del Con-
31.12.1991, p. 1), por una parte, al no haber designado             sejo, de 21 de marzo de 1991 (DO L 85 de 5.4.1991,
las zonas consideradas como vulnerables y al no haber               p. 34), así como del apartado 4 del artículo 100 A del
comunicado estas designaciones a la Comisión, así como,             Tratado CE, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado
por otra parte, al no haber elaborado los códigos de bue-           por los Sres.: H. Ragnemalm, Presidente de Sala; R.
nas praÂcticas agrarias y al no haberlos comunicado a la            Schintgen, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (Ponente) y G.
Comisión, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado           Hirsch, Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretario:
por los Sres.: H. Ragnemalm, Presidente de Sala; G. F.              Sr. H. A. Rühl, administrador principal; ha dictado el 1 de
Mancini, J. L. Murray (Ponente), G. Hirsch y K. M. Ioan-            octubre de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
nou, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:
Sr. R. Grass; ha dictado el 1 de octubre de 1998 una sen-
                                                                    El límite fijado en la primera frase del punto 23 del
tencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                    Anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27
                                                                    de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposi-
1) Se declara que el Reino de EspanÄa ha incumplido las             ciones legales, reglamentarias y administrativas de los
     obligaciones que le incumben en virtud de los                  Estados miembros que limitan la comercialización y el uso
     artículos 3 y 4 de la Directiva 91/676/CEE del Con-            de determinadas sustancias y preparados peligrosos, en su
     sejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protec-        versión modificada por la Directiva 91/173/CE del Con-
     ción de las aguas contra la contaminación producida            sejo, de 21 de marzo de 1991, es aplicable al PCF, a sus
     por nitratos utilizados en la agricultura, por una parte,      sales y eÂsteres, así como a los preparados realizados con
     al no haber designado las zonas consideradas como              dichas sustancias, pero no a los productos tratados con
     vulnerables y al no haber comunicado estas designa-            tales sustancias o preparados.
     ciones a la Comisión, así como, por otra parte, al no
     haber elaborado los códigos de buenas praÂcticas agra-
                                                                    (1) DO C 181 de 14.6.1997.
     rias respecto a las Comunidades Autónomas distintas
     de Andalucía, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y
     Valencia y al no haberlos comunicado a la Comisión.
2) Se condena en costas al Reino de EspanÄa.
(1) DO C 108 de 5.4.1997.                                                      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 23 de septiembre de 1998
                                                                    en los asuntos acumulados C-332/96 y C-333/96 (petición
                                                                    de decisión prejudicial de la Pretura circondariale di
                                                                    Roma): Consorzio Nazionale Tabacchi soc. coop. a.r.l.
                                                                    (Conata) (C-332/96), Agrindustria Srl (C-333/96) contra
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
                          (Sala Sexta)                                                        (AIMA) (1)
                    de 1 de octubre de 1998                         (Apartado 3 del artículo 104 del Reglamento de Procedi-
en el asunto C-127/97 (Petición de decisión prejudicial                    miento Ð Cuestión manifiestamente ideÂntica)
planteada por el Bayerisches Verwaltungsgericht Regens-                                     (98/C 358/11)
        burg): Willi Burstein contra Freistaat Bayern (1)
       (Apartado 4 del artículo 100 A del Tratado CE)                            (Lengua de procedimiento: italiano)
                         (98/C 358/10)
                                                                    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
              (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                    caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                                de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal         En los asuntos acumulados C-332/96 y C-333/96, que tie-
                          de Justicia»)                             nen por objeto una petición dirigida al Tribunal de Pri-
                                                                    mera Instancia de las Comunidades Europeas, con arreglo
En el asunto C-127/97, que tiene por objeto una petición            al artículo 177 del Tratado CE, por la Pretura circonda-
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177       riale di Roma, en los litigios pendientes ante dicho órgano
del Tratado CE, por el Bayerisches Verwaltungsgericht               jurisdiccional entre Consorzio Nazionale Tabacchi soc.
Regensburg (Alemania), destinada a obtener, en el litigio           coop. a.r.l. (Conata) (C-332/96), Agrindustria Srl (C-333/
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Willi              96) y Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agri-
Burstein y Freistaat Bayern, una decisión prejudicial sobre         colo (AIMA), destinada a obtener una decisión prejudicial
la interpretación de la Directiva 76/769/CEE del Consejo,           sobre la validez del Reglamento (CE) no 3477/93 de la
de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las           Comisión, de 17 de diciembre de 1993, relativo a a los
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de          tipos de conversión agrícolas aplicables en el sector del
los Estados miembros que limitan la comercialización y el           tabaco (DO L 317 de 18.12.1993, p. 30), el Tribunal de