title: Asunto C-39/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España ( Incumplimiento de Estado — Directiva 89/48/CEE — Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años — Normativa nacional que no prevé el reconocimiento de los títulos que permiten acceder a la profesión de farmacéutico hospitalario — No adaptación del Derecho interno a la Directiva )

text:
               21.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 158/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-39/07) (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 89/48/CEE - Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años - Normativa nacional que no prevé el reconocimiento de los títulos que permiten acceder a la profesión de farmacéutico hospitalario - No adaptación del Derecho interno a la Directiva»)
   (2008/C 158/08)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: H. Støvlbæk y R. Vidal Puig, agentes)

      Demandada: Reino de España (representante: M. Muñoz Pérez, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho interno a la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19, p. 16), en lo que se refiere a la profesión de farmacéutico hospitalario.
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, por lo que respecta a la profesión de farmacéutico hospitalario, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a lo dispuesto en dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 82 de 14.4.2007.


title: Asunto C-401/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative (Luxemburgo) el 24 de julio de 2015 — Noémie Depesme, Saïd Kerrou/Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche

text:
               14.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 302/27

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative (Luxemburgo) el 24 de julio de 2015 — Noémie Depesme, Saïd Kerrou/Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche
   (Asunto C-401/15)
   (2015/C 302/35)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour administrative

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Noémie Depesme, Saïd Kerrou

      Demandada: Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A fin de satisfacer debidamente los requisitos de no discriminación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (1), en relación con el artículo 45 TFUE, apartado 2, en el marco de la consideración del grado real de conexión de una estudiante no residente, que solicita una ayuda económica para estudios superiores, con la sociedad y el mercado de trabajo de Luxemburgo, Estado miembro donde un trabajador transfronterizo está empleado o ejerce su actividad en las condiciones previstas en el artículo 2 bis de la Ley de 22 de junio de 2000, sobre ayuda económica del Estado para estudios superiores, tal y como dicho artículo quedó redactado por la Ley de 19 de julio de 2013, promulgada como consecuencia directa de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2013 (asunto C-20/12) (2),
               ¿debe determinarse que el requisito de que dicha estudiante sea «hija» del trabajador transfronterizo como equivalente para él de «descendiente en línea directa y en primer grado cuya filiación se presume legalmente con respecto a su autor», haciendo hincapié en el vínculo de filiación acreditado entre la estudiante y el trabajador transfronterizo, en el que se basaría el vínculo de conexión exigido?, o bien
               ¿debe insistirse en el hecho de que el trabajador transfronterizo «continúa proveyendo al mantenimiento de la estudiante» sin que necesariamente un vínculo jurídico de filiación le una a ella, forjándose así un vínculo de comunidad de vida suficiente para vincularla a uno de los padres de la estudiante con respecto al cual el vínculo de filiación sí está jurídicamente establecido?

               2)

               Desde este segundo punto de vista, la contribución, por definición no obligatoria del trabajador transfronterizo, en caso de no ser exclusiva, sino paralela a la del padre o de los padres unidos por un vínculo jurídico de filiación con la estudiante y por ende sujetos en principio a una obligación legal de alimentos respecto a la misma, ¿debe ajustarse a ciertos criterios de relevancia?

      (1)  DO L 141, p. 1.

      (2)  EU:C:2013:411.


title: Asunto T-205/13 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de abril de 2013 por Luigi Marcuccio contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 28 de enero de 2013 en el asunto F-100/12, Marcuccio/Comisión

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/52

         Recurso de casación interpuesto el 8 de abril de 2013 por Luigi Marcuccio contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 28 de enero de 2013 en el asunto F-100/12, Marcuccio/Comisión
   (Asunto T-205/13 P)
   2013/C 156/97
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el auto recurrido in toto y sin excepción alguna.

               —

               Devuelva el asunto de qua al Tribunal de la Función Pública.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones son los ya formulados en el asunto T-203/13 P, Marcuccio/Comisión


title: Asunto T-323/08: Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2008 — Pescatori San Francesco di Paola e Sorrentino/Comisión

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/36

         Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2008 — Pescatori San Francesco di Paola e Sorrentino/Comisión
   (Asunto T-323/08)
   (2008/C 272/71)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola e Filippo Sorrentino (Vibo Valentia, Italia) (representantes: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento (CE) no 530/2008 de la Comisión, de 12 de junio de 2008, publicado en el DO L 155 de 13 de junio de 2008.

               —

               Que se condene a la demandada al pago de todos los gastos, costas y honorarios del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son similares a los invocados en el asunto T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc/Comisión.


title: Asunto T-135/09: Recurso interpuesto el 7 de abril de 2009 — Nexans France y Nexans/Comisión

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/48

         Recurso interpuesto el 7 de abril de 2009 — Nexans France y Nexans/Comisión
   (Asunto T-135/09)
   2009/C 141/101
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Nexans France SAS y Nexans SA (París) (representantes: M. Powell, Solicitor y J.-P. Tran Thiet, lawyer)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión, de 9 de enero de 2009, en el asunto COMP/39610 — Surge.

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de retirar cuatro DVD-Roms y una copia de todo el disco duro del ordenador portátil de un empleado de Nexans France para ser examinados en sus locales en Bruselas en un momento posterior.

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de interrogar a un empleado de Nexans France el 30 de enero de 2009.

               —

               Que se condene a la Comisión a devolver a Nexans France cualesquiera documentos o pruebas que pueda haber obtenido como consecuencia de las Decisiones anuladas, incluidos sin restricción alguna: a) documentos distintos de los obtenidos en la visita no anunciada; b) documentos relativos a proyectos de cables eléctricos situados fuera del Espacio Económico Europeo; c) documentos incautados inválidamente del disco duro y de los DVD-Roms, y d) declaraciones hechas durante los interrogatorios al empleado de Nexans France o basadas en ellos.

               —

               Que se condene a la Comisión a abstenerse de usar, a los efectos de los procedimientos de infracción de las normas comunitarias sobre competencia, cualesquiera documentos o pruebas que pueda haber obtenido como consecuencia de las Decisiones anuladas.

               —

               Que se condene a la Comisión a abstenerse de transmitir tales documentos o pruebas (o derivados o información basada en ellos) a autoridades de la competencia en otras jurisdicciones.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

               —

               Que se adopte cualquier otra medida que pueda resultar necesaria en aras de la justicia.

      Motivos y principales alegaciones

   En el presente asunto, las demandantes solicitan que se anule la Decisión de la Comisión C(2009) 92/1, de 9 de enero de 2009, por la que se ordenaba a Nexans SA y a todas las sociedades controladas por ella directa o indirectamente, incluida Nexans France SAS, a someterse a una inspección con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento no 1/2003 (1) del Consejo (Asunto COMP/39610 — Surge), así como el modo en que dicha inspección se llevó a cabo.
   En apoyo de sus pretensiones, las demandantes alegan que la Decisión impugnada vulnera los derechos fundamentales de las demandantes, incluidos los derechos de defensa, el derecho a un proceso justo, el derecho de oponerse a la autoinculpación y la presunción de inocencia, así como el derecho a la intimidad. Además, alegan que al ejecutar la Decisión impugnada la Comisión se excedió en el alcance de la inspección.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Asunto T-295/02: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Koninklĳke BAM NBM N.V.

text:
23.11.2002            ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 289/35
Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 2002 contra                        cantidad correspondiente a la diferencia entre, por un
la Comisión de las Comunidades Europeas por Miguel                            lado, las cantidades totales que haya percibido o perciba
                         Vicente-Nuñez                                        con posterioridad al 1 de abril de 2000 en concepto de
                                                                              retribución y, más tarde, de pensión de jubilación, habida
                      (Asunto T-294/02)                                       cuenta de su clasificación en el grado A 5/3 + 1 desde el
                                                                              1 de abril de 2000, y, por otro lado, las cantidades totales
                                                                              que habría debido obtener, por los mismos conceptos y
                        (2002/C 289/64)                                       durante el mismo período, si hubiera sido reclasificado
                                                                              en el grado A 5/2 + 6 desde el 1 de abril de 1998, con
                (Lengua de procedimiento: francés)                            deducción, en su caso, de la indemnización que ya se le
                                                                              hubiera abonado por el mismo motivo.
                                                                       En cualquier caso
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 25 de septiembre de 2002 un               —      Condene a la Comisión a abonar al demandante la
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                        cantidad de 5 000 euros en concepto de reparación del
formulado por Miguel Vicente-Nuñez, con domicilio en Krai-                    daño moral que sufrió como consecuencia de la ilegalidad
nem (Bélgica), representado por M e Marc-Albert Lucas, abo-                   de las decisiones impugnadas.
gado. El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                       —      Condene en costas a la Comisión.
que:
Con carácter principal:                                                Motivos y principales alegaciones
—    Anule la decisión de la autoridad facultada para proceder         Al igual que hizo en el asunto T-10/99 ( 1), en el presente
     a los nombramientos, de 17 de octubre de 2001, de                 asunto el demandante se opone a la manera en que, en
     promover al demandante al grado A 5/3 + 1 con efectos             ejecución de la sentencia dictada en aquel asunto, la AFPN
     desde el 1 de abril de 2000, en lugar de al grado A 5/            decidió nombrarle en el grado A 5, escalón 3, pero fijando su
     2 + 6 con efectos desde el 1 de abril de 1998.                    antigüedad en dicho grado en la fecha de 1 de marzo de 2000,
                                                                       en lugar de en la de 1 de abril de 1998.
—    Condene a la Comisión a abonar al demandante, en
     concepto de reparación del perjuicio de carrera que sufrió        Para fundamentar sus pretensiones, el demandante alega un
     como consecuencia de las decisiones impugnadas, una               motivo único, basado en el incumplimiento de la obligación
     cantidad correspondiente a la diferencia entre, por un            de ejecución de la citada sentencia, así como en la violación de
     lado, la retribución total que hubiera percibido desde el         los principios de igualdad de trato y de perspectivas de carrera,
     1 de abril de 2000 hasta la fecha en que se dicte la              en la medida en que la decisión impugnada permite que, en lo
     sentencia que recaiga, y, por otro lado, la retribución total     que atañe al período comprendido entre el 1 de abril de 1998
     que habría debido obtener durante el mismo período si             y el 1 de marzo de 2000, subsistan ciertos efectos de la
     hubiera sido reclasificado en el grado A 5/2+6 desde el           ilegalidad censurada por el Tribunal de Primera Instancia, al
     1 de abril de 1998, con deducción, en su caso, de la              colocar al demandante en una situación menos favorable que
     indemnización que ya se le hubiera abonado por el                 la de sus compañeros de trabajo que habían sido promovidos
     mismo motivo.                                                     al grado A 5 en el ejercicio de promoción de carrera a carrera
                                                                       de 1998, y al reducir sus posibilidades de ser promovido antes
—    Condene a la Comisión a abonar al demandante los                  al grado superior.
     intereses de demora al tipo del 8 % anual sobre la referida
     cantidad, a partir de la fecha en la que habrían debido
                                                                       (1 ) Sentencia de 9 de marzo de 2000, Vicente Nuñez/Comisión
     abonársele dichas retribuciones y hasta el pago íntegro de
                                                                            (T-10/99, RecFP pp. IA-47 y II-203).
     las mismas.
Con carácter subsidiario
—    Anule la decisión de la autoridad facultada para proceder
     a los nombramientos, de 11 de junio de 2002, por la que           Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2002 contra la
     se resolvió la reclamación administrativa de 30 de enero          Comisión de las Comunidades Europeas por Koninklijke
     de 2002, en la medida en que concede al demandante                                          BAM NBM N.V.
     una indemnización de 1 000 euros en razón del perjuicio
     moral y del perjuicio de carrera que le continuó irrogando                                (Asunto T-295/02)
     la decisión de 17 de octubre de 2001 de promoverle al
     grado A 5/3 + 1 con efectos desde el 1 de abril de 2000,                                    (2002/C 289/65)
     en lugar de al grado A 5/2 + 6 desde el 1 de abril de
     1998.                                                                              (Lengua de procedimiento: neerlandés)
—    Condene a la Comisión a abonar al demandante, en
     concepto de reparación del perjuicio material que sufrió          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     como consecuencia de las decisiones impugnadas, una               Europeas se ha presentado el 27 de septiembre de 2002 un
 ---pagebreak--- C 289/36               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        23.11.2002
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                 La demandante invoca, además, la infracción del artículo 9,
formulado por Koninklijke BAM NBM N.V., con domicilio                  apartado 3, del Reglamento no 4064/89 en lo que se refiere al
social en La Haya (Países Bajos), representada por los                 mercado de producción de asfalto. La demandante alega que la
Sres. E. H. Pijnacker Hordijk y G. W. H. Corstens.                     Comisión no indicó los mercados regionales específicos en los
                                                                       que se pueden producir consecuencias negativas para la
                                                                       competencia.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                       La demandante se refiere además a la violación de los principios
1)    Anule la Decisión que adoptó la Comisión el 3 de                 de contradicción y de motivación. La Comisión basa en
      septiembre de 2002, al amparo del artículo 9, apartado 3,        los resultados de un sondeo sus consideraciones sobre las
      del Reglamento (CEE) no 4064/89, en el asunto COMP/              consecuencias de la concentración para los sectores de la
      M.2881-BAM NMG/HBG.                                              construcción residencial y no residencial, por una parte, y los
                                                                       sectores de la ingeniería hidráulica y civil, por otra. La
2)    Condene en costas a la Comisión.                                 demandante alega que nunca pudo examinar dichos datos ni
                                                                       reaccionar a los mismos.
Motivos y principales alegaciones                                      La demandante alega, por último, la violación del principio de
                                                                       motivación en lo que se refiere a los mercados de la producción
                                                                       de asfalto.
La demandante notificó a la Comisión su proyecto de compra
de Hollandsche Beton Groep N.V. Ambas empresas actúan en
el sector de la construcción y en mercados conexos.                    (1 ) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre
                                                                            de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración
                                                                            entre empresas (DO L 395, p. 1).
Mediante la Decisión impugnada, la Comisión, a instancias del
Ministro de Economía neerlandés, remitió el asunto a las
autoridades neerlandesas en materia de competencia en lo
referente al sector de la construcción y al mercado regional del
asfalto. En cuanto a las demás actividades de la demandante
y de Hollandsche Beton Groep, la Comisión autorizó la
concentración proyectada mediante una decisión que adoptó
el mismo día con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), del
Reglamento no 4064/89 ( 1).
                                                                       Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2002 contra
En apoyo de su demanda, la demandante alega en primer lugar            la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
que, en la decisión mediante la que remitió este asunto, la                   dibujos y modelos), por Lidl Stiftung & Co. KG
Comisión apreció erróneamente los hechos. Aduce que la
Comisión cometió un error al estimar que la demandante y
Hollandsche Beton Groep tenían conjuntamente una cuota de                                      (Asunto T-296/02)
más del 25 % del mercado relevante de grandes obras públicas.
                                                                                (2002/C 289/66)
La demandante alega, además, que la Decisión impugnada
infringe el artículo 9, apartado 3, del Reglamento no 4064/89.
Según la demandante, la Comisión evaluó erróneamente las               (Lengua de procedimiento: deberá determinarse con arreglo al
consecuencias que podía traer la concentración para los                artículo 131, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento
sectores de la construcción residencial y no residencial, por                      Lengua en que está redactado el recurso: alemán)
una parte, y para los sectores de la ingeniería hidráulica y civil,
por otra. Alega que, en particular, las cuotas de mercado de
grandes proyectos que poseen la demandante y Hollandsche
Beton Groep en dichos sectores, son mucho menores de lo
que pretende la Comisión. Tales proyectos los desarrollan
distintas empresas que trabajan juntas en cada uno de ellos.           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Según la demandante, la Comisión incurrió en error al                  Europeas se ha presentado el 27 de septiembre de 2002 un
atribuirle la totalidad de la cuota de mercado correspondiente         recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado
a los referidos grupos de empresas, de los que forman parte la         Interior (marcas, dibujos y modelos), formulado por Lidl
demandante y Hollandsche Beton Groep, sin tener en cuenta              Stiftung & Co. KG, con domicilio social en Neckarsulm
las demás empresas integrantes.                                        (Alemania), representada por el Sr. Peter Groß, abogado.


title: Asunto C-367/10 P: Auto del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 2011 — EMC Development AB/Comisión Europea ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado cementero europeo — Recurso de anulación dirigido contra una decisión de desestimación de una denuncia que perseguía la adopción de una norma armonizada para el cemento — Procedimiento de adopción de la norma — Carácter vinculante de la norma — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado» )

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/9

         Auto del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 2011 — EMC Development AB/Comisión Europea
   (Asunto C-367/10 P) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado cementero europeo - Recurso de anulación dirigido contra una decisión de desestimación de una denuncia que perseguía la adopción de una norma armonizada para el cemento - Procedimiento de adopción de la norma - Carácter vinculante de la norma - Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)
   2011/C 252/17
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: EMC Development AB (representante: W.-N. Schelp, avocat)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representante: J. Bourke, agente)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta), de 12 de mayo de 2010, EMC Development/Comisión (T-432/05), por la que el Tribunal General desestimó un recurso que pretendía la anulación de la Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, por la que desestima la denuncia de la recurrente basada en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento no 17 relativa a las presuntas prácticas concertadas de los fabricantes europeos de cemento Portland consistente en hacer adoptar una norma europea del cemento (EN 197-1) que estaría destinada a excluir del mercado a los productos y las tecnologías rivales.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a EMC Development AB.

      (1)  DO C 288, de 23.10.2010.


title: Asunto C-263/12: Recurso interpuesto el 25 de mayo de 2012 — Comisión Europea/República Helénica

text:
               21.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/13

         Recurso interpuesto el 25 de mayo de 2012 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-263/12)
   2012/C 217/30
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Patakia y B. Stromsky, agentes)

      Demandada: República Helénica

      Pretensiones de la parte demandante

               1)

               Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión de la Comisión de 23 de febrero de 2011 [C(2011) 1006 final] y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al no haber adoptado dentro del plazo señalado todas las medidas necesarias para devolver la ayuda concedida por Grecia a Ellinikos Xrysos A. E [ayuda estatal C 48/08 (ex NN 61/08)] que se estimaron ilícitas e incompatibles con el mercado interior, con arreglo al artículo 1 de la Decisión, o, en todo caso, al no haber notificado a la Comisión las medidas adoptadas de acuerdo con dicho artículo.

               2)

               Que se condene en costas a la República Helénica.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               El 23 de febrero de 2011 la Comisión decidió que la ayuda de Estado ilegalmente otorgada por Grecia a Ellinikos Xrysos A.E. por valor de 15,34 millones de euros en infracción del artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea mediante la venta de activos y de suelo por debajo de su valor y mediante una exención fiscal de los correspondientes impuestos de transmisiones con el objetivo de proteger el empleo y el medio ambiente y ofrecer un incentivo a posibles compradores de las minas de Casandra es incompatible con el mercado interior. (1) Mediante la misma Decisión, la Comisión instó a la República Helénica a que recuperara la ayuda mencionada incrementada en los intereses. La República Helénica estaba obligada también a comunicar a la Comisión las medidas adoptadas para dar cumplimiento a dicha Decisión.

               2)

               La República Helénica solicitó una prórroga del plazo de dos meses fijado para la solicitud de información, lo que no le concedió la Comisión, ya que no consideró que existiera fundamento para ello.

               3)

               A pesar del intercambio de correspondencia de 19 de mayo de 2011 y de 14 de julio de 2011 entre la Comisión y la República Helénica, en el plazo acordado no se envió información alguna a la Comisión relativa a la adopción de medidas para dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión.

               4)

               El 8 de mayo de 2012, las autoridades helénicas remitieron a la Comisión su escrito de 25 de abril de 2012, mediante el cual exigían la solicitud de la mencionada ayuda a la empresa Ellinikos Xrysos A.E. en un plazo de 30 días. La Comisión subraya que, sin embargo, en dicho escrito no se incluye el importe de la ayuda que debe reembolsarse. Hay que señalar que aunque el importe principal de la ayuda estatal ha sido calculado por la Comisión en la Decisión antes mencionada, las autoridades helénicas no calcularon el importe de los intereses, como era su deber, y no lo mencionan en su escrito dirigido a la empresa. En todo caso, la primera reacción de las autoridades helénicas tuvo lugar catorce meses después de la adopción de la Decisión de la Comisión y desde entonces la Comisión no ha recibido ninguna información más acerca de la recuperación de la ayuda estatal de que se trata.

      (1)  Artículo 1 de la Decisión 2011/452/UE de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, relativa a la ayuda estatal C 48/08 (ex NN 61/08) otorgada por Grecia a Ellinikos Xrysos SA.


title: Asunto C-591/16 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de noviembre de 2016 por H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 8 de septiembre de 2016 en el asunto T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Comisión Europea

text:
               30.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/25

         Recurso de casación interpuesto el 18 de noviembre de 2016 por H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 8 de septiembre de 2016 en el asunto T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Comisión Europea
   (Asunto C-591/16 P)
   (2017/C 030/30)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd (representantes: R. Subiotto QC, Barrister, T. Kuhn, Rechtsanwalt)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule total o parcialmente la sentencia.

               —

               Que se anule la Decisión en la medida en que resulta aplicable a las recurrentes o, con carácter subsidiario, que se anulen las multas impuestas a las recurrentes con arreglo a la Decisión o, con carácter subsidiario de segundo grado, que se reduzcan considerablemente las multas impuestas a las recurrentes con arreglo a la Decisión.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar las costas y demás gastos de las recurrentes con relación a este procedimiento y al procedimiento ante el Tribunal General.

               —

               En caso de que resulte necesario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que éste resuelva de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia.

               —

               Que adopte cualquier otra medida que el Tribunal de Justicia considere adecuada.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su primer motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al confirmar la conclusión de la Comisión según la cual el objeto de los acuerdos amistosos era restringir la competencia. El Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar que un acuerdo restringe la competencia por el objeto incluso cuando está comprendido en el ámbito de eficacia de las patentes de Lundbeck. Tal acuerdo, por su propia naturaleza, no puede considerarse nocivo para la competencia, puesto que contiene restricciones comparables a aquellas que el titular de la patente podría haber obtenido invocando sus derechos judicialmente. Un simple pago no puede convertir en una restricción de la competencia por el objeto un acuerdo que de otro modo sería legítimo y que no plantearía problemas, como es un acuerdo amistoso comprendido en el ámbito de eficacia de la patente. Como resultado, el acuerdo GUK para el Reino Unido, que el Tribunal General consideró comprendido en el ámbito de eficacia de las patentes de Lundbeck, no debería haberse declarado restrictivo de la competencia por el objeto. Cabe concluir lo mismo en relación con los otros cinco acuerdos, ya que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerarlos no comprendidos dentro del ámbito de eficacia de las patentes de Lundbeck.
   Mediante su segundo motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General cometió un error de Derecho al no aplicar el criterio jurídico correcto para determinar si cinco de los seis acuerdos contienen restricciones que no están comprendidas dentro del ámbito de eficacia de las patentes de Lundbeck. El Tribunal General debería haber evaluado si existía un «acuerdo de voluntades», en el sentido del artículo 101 TFUE, entre Lundbeck y cada una de las empresas de genéricos, para que los correspondientes acuerdos, excepto el Acuerdo GUK para el Reino Unido, impusieran restricciones que excedieran del ámbito de eficacia de la patente. La aplicación de este criterio conduce a la inevitable conclusión jurídica de que los acuerdos forman parte del objeto de las patentes de Lundbeck.
   Mediante su tercer motivo, las recurrentes alegan que, aunque fueran correctas las calificaciones jurídicas del Tribunal General de que cinco, o menos, de los acuerdos están fuera del ámbito de eficacia de las patentes de Lundbeck, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al concluir que los acuerdos que están fuera de ese ámbito restringían la competencia por el objeto. En su contexto económico y jurídico, los acuerdos no eran, por su propia naturaleza, nocivos para la competencia y no son comparables a acuerdos de reparto de mercados, y el Tribunal General cometió un error de Derecho al no considerar una hipótesis contractual.
   Mediante su cuarto motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación de las pruebas y que dio motivaciones contradictorias para confirmar la conclusión de la Comisión de que Lundbeck y las empresas de genéricos eran competidores reales o potenciales en el momento de los acuerdos, independientemente de que los productos de las empresas de genéricos infringieran o no las patentes de Lundbeck. En primer lugar, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no tomar en consideración la existencia de barreras jurídicas, a saber, las patentes de Lundbeck, que impedían la entrada de las empresas de genéricos con productos de citalopram que las infringieran. En segundo lugar, la conclusión del Tribunal General de que Lundbeck dudaba de la viabilidad de sus patentes adolece de un error de Derecho y contiene un error manifiesto de apreciación de las pruebas y motivación contradictoria. En tercer lugar, el Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar que las pruebas de fecha posterior a la celebración de los acuerdos, pero que en muchos casos, sin embargo, eran de fecha anterior a la expiración de dichos acuerdos, no pueden ser decisivas para valorar si las empresas de genéricos eran competidores potenciales de Lundbeck. Estos documentos incluyen pruebas científicas de que las empresas de genéricos o sus productores de IFA infringieron las patentes de Lundbeck, resoluciones de tribunales nacionales que otorgaron mandamientos preliminares de cese u otras formas de medidas provisionales a Lundbeck frente a productos de citalopram basados en IFA que usaban algunas de las empresas de genéricos, y la confirmación de la Oficina Europea de Patentes («OEP») de la validez de la patente de Lundbeck sobre la cristalización en todos los aspectos pertinentes, cuya solidez cuestionó la Comisión. En último lugar, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y omitió la correspondiente motivación al declarar que cada una de las empresas de genéricos tenía posibilidades reales y concretas de entrar en el mercado, sin evaluar adecuadamente si podían hacerlo sin infringir los derechos sobre el citalopram.
   Mediante su quinto motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al confirmar las multas impuestas por la Comisión a Lundbeck. En primer lugar, el Tribunal General cometió un error de Derecho al aplicar de manera incorrecta el criterio de culpabilidad. En segundo lugar, el Tribunal General cometió un error de Derecho al confirmar la conclusión de la Comisión de que Lundbeck no podía desconocer la naturaleza anticompetitiva de su conducta. En tercer lugar, el Tribunal General ha violado el principio de seguridad jurídica y no retroactividad al confirmar la imposición de una multa más que simbólica.
   Mediante su sexto motivo, las recurrentes alegan, con carácter subsidiario, que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y omitió la correspondiente motivación al confirmar el cálculo efectuado por la Comisión de las multas impuestas a las recurrentes. El valor de las ventas sobre las que se basan las multas incluye las ventas de Lundbeck en ciertos Estados miembros del EEE en los que las empresas de genéricos no estaban autorizadas a entrar por no haber obtenido una autorización de comercialización antes de la expiración de los acuerdos o, con respecto a Austria, porque la patente de moléculas del citalopram de Lundbeck estaba aún vigente durante buena parte de la duración de los acuerdos. Además, este caso justifica la aplicación de un porcentaje de gravedad inferior, en particular debido a que los acuerdos no son comparables con carteles y su ámbito geográfico efectivo era mucho más limitado que su ámbito geográfico expresado.


title: Asunto C-146/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad von State (Países Bajos) el 26 de marzo de 2015 — J.H. Dees-Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

text:
               15.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 198/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad von State (Países Bajos) el 26 de marzo de 2015 — J.H. Dees-Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
   (Asunto C-146/15)
   (2015/C 198/30)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad von State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: J.H. Dees-Erf

      Demandadas: Staatssecretaris van Infrastructuur en milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

      Cuestión prejudicial

   El artículo 16 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1), habida cuenta de que el Derecho neerlandés ofrece acceso al juez de lo civil para la protección de los derechos que los pasajeros, en virtud del Derecho de la Unión, pueden deducir de los artículos 5, apartado 1, inicio y letra c), y 7, del Reglamento, ¿obliga a las autoridades nacionales a adoptar medidas de aplicación que ofrezcan una base para que la autoridad designada en virtud del artículo 16 pueda adoptar medidas administrativas con el fin de que se dé cumplimiento al Reglamento de forma individual en cada caso concreto en el que se infrinjan los artículos 5, apartado 1, inicio y letra c), y 7, del Reglamento, al objeto de poder garantizar de forma individual en cada caso concreto el derecho a compensación de un pasajero?


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de abril de 2004 enel asunto T-198/02, N contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios— Régimen disciplinario — Separación del servicio sin pérdida de los derechosa pensión — Motivación — Derecho de defensa — Proporcionalidad — Incumplimientode los plazos fijados en el artículo 7 del anexo IX del Estatuto — Artículo12, párrafo primero, del Estatuto)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/59

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
   de 1 de abril de 2004
   en el asunto T-198/02, N contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Funcionarios - Régimen disciplinario - Separación del servicio sin pérdida de los derechos a pensión - Motivación - Derecho de defensa - Proporcionalidad - Incumplimiento de los plazos fijados en el artículo 7 del anexo IX del Estatuto - Artículo 12, párrafo primero, del Estatuto)
   (2004/C 106/117)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-198/02, N, antiguo funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Asse (Bélgica), representado por los Sres. N. Lhoëst y E. Schietere de Lophem, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall), que tiene por objeto, por un lado, la pretensión de que se anule la decisión de 25 de febrero de 2002, por la que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la Comisión impuso al demandante la sanción disciplinaria de separación del servicio sin reducción ni supresión del derecho a pensión de jubilación, con arreglo al artículo 86, apartado 2, letra f), del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, y, por otro lado, una pretensión de indemnización de los daños y perjuicios, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres. M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, administrador, ha dictado el 1 de abril de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Condenar a la Comisión a pagar al demandante un importe de 700 euros en concepto de reparación del perjuicio moral sufrido.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión cargará con sus propias costas y con un sexto de las costas en que haya incurrido el demandante tanto en el presente procedimiento como en el procedimiento sobre medidas provisionales.

               4)

               El demandante cargará con cinco sextos de las costas en que haya incurrido tanto en el presente procedimiento como en el procedimiento sobre medidas provisionales.

      (1)  DO C 233, de 28.09.2002.


title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 7 de abril de 2000 en el asunto T-11/00 R: Michel Hautem contra Banco Europeo de Inversiones (Procedimiento sobre medidas provisionales — Ejecución forzosa de una sentencia — Competencia del Juez de medidas provisionales — Interpretación de sentencia)

text:
8.7.2000                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 192/17
Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1997                      miento del Derecho comunitario y la aplicación de las
(VI/51329), por la que se deniega la solicitud de la demandante           Decisiones del Consejo 86/283/CEE, de 30 de junio de 1986 y
de que se expidan certificados de importación de productos a             91/482/CEE, de 25 de julio de 1991, relativas a la asociación
base de azúcar hasta que el Tribunal de Primera Instancia se             de los paı́ses y territorios de Ultramar a la Comunidad
haya pronunciado sobre el fondo y, por otro lado, una solicitud           Económica Europea (DO L 175, p. 1, y DO L 263, p. 1,
de adopción de medidas provisionales por las que se prohı́ba             respectivamente), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Pri-
a la Comisión que aplique, durante el mismo perı́odo, las                mera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf, Presidente; M. Vila-
disposiciones del Reglamento (CE) no 2553/97 de la Comisión,             ras y N.J. Forwood, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el
de 17 de diciembre de 1997, relativo a las disposiciones de               10 de abril de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:
expedición de los certificados de importación de determinados
productos de los códigos NC 1701, 1702, 1703 y 1704 con                  1) Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
acumulación del origen ACP/PTU (DO L 349, p. 26), y/o del
artı́culo 108 ter de la Decisión 91/482/CEE del Consejo, de
25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los paı́ses y           2) El demandante cargará con sus propias costas ası́ como con las
territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea                     del Banco Europeo de Inversiones y las de la Comisión.
(DO L 263, p. 1), en su versión modificada, en la medida en que
dichas disposiciones tienen por efecto limitar la importación en
la Comunidad de azúcar originario de los paı́ses y territorios           (1) DO C 79, de 18.3.2000.
de Ultramar, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha
dictado el 6 de abril de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:
1) Se desestima la demanda que tiene por objeto que se suspenda el
     procedimiento en el presente asunto sobre medidas provisionales
     hasta que se pronuncie la sentencia que ponga fin al procedi-
     miento en el asunto principal (T-44/98).
2) Se libera, en beneficio de la Comunidad, la fianza constituida
     conforme a lo dispuesto en los fallos de los autos de 30 de abril    AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA
     y 29 de septiembre de 1999, Emesa Sugar/Comisión (T-44/98                                       INSTANCIA
      R II).
3) Se reserva la decisión sobre las costas.                                                    de 7 de abril de 2000
                                                                          en el asunto T-11/00 R: Michel Hautem contra Banco
                                                                                Europeo de Inversiones
                                                                          (Procedimiento sobre medidas provisionales — Ejecución
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               forzosa de una sentencia — Competencia del Juez de medidas
                                                                                provisionales — Interpretación de sentencia)
                      de 10 de abril de 2000
en el asunto T-361/99, Karl L. Meyer contra Comisión de                                            (2000/C 192/31)
las Comunidades Europeas y Banco Europeo de Inversio-
                                nes (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                   (Inadmisibilidad manifiesta)
                                                                          En el asunto T-11/00 R, Michel Hautem, agente del Banco
                          (2000/C 192/30)
                                                                          Europeo de Inversiones, representado por Mes M. Karp y
                                                                          J. Choucroun, Abogados de Luxemburgo, que designa como
                  (Lengua de procedimiento: francés)                      domicilio en Luxemburgo el despacho de estos últimos,
                                                                          84, Grand-rue, contra Banco Europeo de Inversiones (Agentes:
En el asunto T-361/99, Karl L. Meyer, con domicilio en Uturoa             Sres. J.-P Minnaert y G. Vandersanden), que tiene por objeto
(Isla de Raiatea, Polinesia francesa), representado por Me J.-            una demanda de medidas provisionales, el Presidente del
D. des Arcis, Abogado de Papeete, que designa como domicilio              Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 7 de abril de 2000
en Luxemburgo el despacho del Sr. H. Pakowski, Embajador                  un auto resolviendo lo siguiente:
de la República Federal de Alemania, 20-22, avenue Emile
Reuter, contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agen-               1) Se desestima la demanda de medidas provisionales.
tes: Sres. B. Martenczuk y X. Lewis) y Banco Europeo de
Inversiones (Agente: Sr. L. La Marca), que tiene por objeto una           2) Se reserva la decisión sobre las costas.
solicitud de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido
por el demandante, al no haber exigido la Comisión y el Banco
Europeo de Inversiones el cumplimiento a las autoridades
locales de la Polinesia francesa y al Banco Socredo el cumpli-


title: Asunto C-108/06: Auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de los Países Bajos

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/25

         Auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de los Países Bajos
   (Asunto C-108/06) (1)

   (2006/C 331/51)

      Lengua de procedimiento: neerlandés

   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 121, de 20.5.2006.


title: Asunto C-266/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional) — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security, S.L., Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A. (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2003/88/CE — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 2, punto 1 — Concepto de «tiempo de trabajo» — Trabajadores que carecen de centro de trabajo fijo o habitual — Tiempo de desplazamiento entre el domicilio de los trabajadores y los centros del primer y del último cliente)

text:
               3.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 363/16

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional) — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security, S.L., Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A.
   (Asunto C-266/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 2003/88/CE - Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores - Ordenación del tiempo de trabajo - Artículo 2, punto 1 - Concepto de «tiempo de trabajo» - Trabajadores que carecen de centro de trabajo fijo o habitual - Tiempo de desplazamiento entre el domicilio de los trabajadores y los centros del primer y del último cliente))
   (2015/C 363/18)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Audiencia Nacional

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

      Demandadas: Tyco Integrated Security, S.L., Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A.

      Fallo

   El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, en las que los trabajadores carecen de centro de trabajo fijo o habitual, el tiempo de desplazamiento que dichos trabajadores dedican a los desplazamientos diarios entre su domicilio y los centros del primer y del último cliente que les asigna su empresario constituye «tiempo de trabajo», en el sentido de dicha disposición.

      (1)  DO C 282, de 25.8.2014.


title: Asunto F-134/12: Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2012 — ZZ/Consejo

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/74

         Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2012 — ZZ/Consejo
   (Asunto F-134/12)
   2013/C 26/153
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas y S. Orlandi, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación, en primer lugar, de la Decisión no 2011/866/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, por la que se decide no adoptar la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la adaptación anual de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión, y, en segundo lugar, de las hojas de haberes del demandante de enero, febrero y marzo de 2012 emitidas con arreglo a dicha Decisión.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la ilegalidad de la Decisión 2011/866/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, relativa a la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2011, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones.

               —

               Que se anule la respuesta desestimatoria de la reclamación de 30 de julio de 2012 dirigida contra las hojas de haberes de enero, febrero y marzo de 2012 emitidas con arreglo a la Decisión no 2011/866/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2011.

               —

               Que se condene al Consejo a pagar al demandante los atrasos de las retribuciones y pensiones que por derecho le corresponden desde el 1 de julio de 2011, más los intereses de demora calculados, a partir de la fecha de vencimiento de los atrasos adeudados, al tipo fijado por el BCE para las operaciones principales de refinanciación incrementado en dos puntos.

               —

               Que se condene al Consejo a pagar al demandante un euro simbólico como indemnización del daño moral sufrido a consecuencia de la actuación ilícita en el funcionamiento del servicio cometida al adoptar la Decisión 2011/866/UE del Consejo de 19 de diciembre de 2011.

               —

               Que se condene en costas al Consejo.


title: Asunto T-185/15: Recurso interpuesto el 14 de abril de 2015 — Buonotourist/Comisión

text:
               8.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/27

         Recurso interpuesto el 14 de abril de 2015 — Buonotourist/Comisión
   (Asunto T-185/15)
   (2015/C 190/31)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Buonotourist Srl (Castel San Giorgio, Italia) (representantes: G. Capo y L. Visone, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea de 19 de enero de 2015 relativa a la ayuda de Estado SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN), notificada a la demandante el 20 de febrero de 2015, ejecutada por Italia.

               —

               Declare, con arreglo a los artículos 263 TFUE y 264 TFUE, que la Decisión de la Comisión Europea de 19 de enero de 2015, en el procedimiento relativo a la ayuda de Estado SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) (por un importe de 1 1 11  572 euros), es nula y sin efectos, en la medida en que establece que los importes recibidos a título de compensación por las obligaciones de servicio público con arreglo al Reglamento (CEE) no 1191/69, concedidos conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de dicho Reglamento en concepto de obligación tarifaria en el sector del Transporte Público Local, deben ser considerados una medida no notificada constitutiva de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, que es incompatible con el mercado interior.

               —

               Declare, con arreglo a los artículos 263 TFUE y 264 TFUE, que la Decisión de la Comisión Europea de 19 de enero de 2015, en el procedimiento relativo a la ayuda de Estado SA. 35843 (2014/C) (ex 2012/NN) (por un importe de 1 1 11  572 euros), es nula y sin efectos, por cuanto establece medidas operativas para la recuperación de la ayuda abonada por el Estado italiano.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con las costas de Buonotourist Srl.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante la Decisión impugnada en el presente asunto, la Comisión ha declarado que los pagos efectuados en favor de Buonotourist, tanto a título de compensación como a título de reparación de los perjuicios sufridos por la imposición unilateral ilícita de obligaciones de servicio público (OSP) durante los años 1996-2002, constituyen, como medida no notificada, una ayuda de Estado con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1, que es incompatible con el mercado interior. En consonancia con ello, la Comisión adoptaba medidas operativas para la recuperación de la ayuda.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca ocho motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 93 TFUE, 107 TFUE, 108 TFUE y 263 TFUE, en relación con el artículo 17 del Reglamento no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 156, p. 1).

                           —

                           A este respecto, se alega que la compatibilidad con el Derecho comunitario de las indemnizaciones compensatorias concedidas por las OSP tarifarias en aplicación del Reglamento no 1191/69 debía apreciarse conforme a lo dispuesto en ese Reglamento, y no acudiendo a las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas de Estado. Por lo tanto, la Comisión incurrió en error de Derecho al apoyarse en las disposiciones del Tratado.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1), en relación con los artículos 107 TFUE y 108 TFUE.

                           —

                           A este respecto, se invoca que la Comisión trató las indemnizaciones concedidas a Buonotourist por las OSP impuestas como una medida no notificada. Sin embargo, el pago de tales indemnizaciones fue efectuado posteriormente a la notificación de la medida de la Comisión. De ello se deduce que la Comisión incurrió en error de Derecho y de procedimiento al adoptar la decisión de incoar el procedimiento catorce meses después de la notificación recibida.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 93 TFUE, 107 TFUE y 108 TFUE, en relación con el artículo 17 del Reglamento no 1191/69 y el artículo 9 del Reglamento no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70.

                           —

                           En este sentido, se sostiene que la Comisión UE incurrió en error de Derecho al vulnerar los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, en la medida en que el asunto se rige por el Reglamento no 1191/69.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 1, letra f), en relación con la letra g), y los artículos 4, 7 y 15 del Reglamento no 659/1999, con arreglo al artículo 17 del Reglamento no 1191/69.

                           —

                           A este respecto, se alega que las compensaciones que resultan de la aplicación del mencionado Reglamento están dispensadas de respetar el procedimiento de información previa, y que las cantidades concedidas a Buonotourist están comprendidas, por lo tanto, en ayudas existentes. La Comisión incurrió en error de Derecho al no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, puesto que no podía ordenar la recuperación de las cantidades pagadas basándose en la calificación de la ayuda concedida como ilegal.

               5.

               Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 267 TFUE y de los artículos 6 y 13 CDDH, y de los artículos 93 TFUE, 107 TFUE y 108 TFUE.

                           —

                           A este respecto, se invoca que el Consiglio di Stato había ya procedido a una apreciación sobre la inclusión en las previsiones de los artículo de los artículos 11 y 17 del Reglamento no 1191/69, posicionándose de este modo sobre la inclusión de las cantidades concedidas en las ayudas existentes. La Comisión incurrió en abuso de poder, ya que no puede anular las decisiones de los órganos jurisdiccionales, incluidos los nacionales, cuando aplica el Derecho comunitario.

               6.

               Sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 6, 7 y 13 CDDH; de los artículos 93 a 107 TFUE y 108 TFUE, en relación con los artículos 258 y siguientes TFUE, el artículo 101 de la Constitución de la República Italiana, y el artículo 2909 del Código Civil italiano.

                           —

                           A este respecto, se alega que la Decisión impugnada viola lo declarado por el Consiglio di Stato en relación con la interpretación y la aplicación de las normas comunitarias. Así pues, la Comisión ha obrado con abuso de poder también en este sentido, ya que no puede anular lo que ha sido juzgado, sino que debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 258 TFUE.

               7.

               Séptimo motivo, basado en la infracción de los artículos 11 y 17 del Reglamento no 1191/1969, de los artículos 93 TFUE, 107 TFUE y 108 TFUE, y en la existencia en el presente asunto de una desviación de poder.

                           —

                           A este respecto, se sostiene que una medida puede ser calificada de ayuda de Estado si tiene una incidencia real y concreta en los intercambios y en la libre competencia, en el sentido de que esa incidencia debe ser concretamente efectiva y demostrada en la práctica. Sin embargo, la Comisión no ha probado en absoluto que se da esta circunstancia, más aún si cabe por el hecho de que en la región de Campania el mercado interior de los transportes públicos locales (TPL) no ha estado nunca abierto a la competencia.

               8.

               Octavo motivo, basado en la infracción de los artículos 1, 11 y 17 del Reglamento no 1191/69 y de los artículos 93 TFUE, 107 TFUE y 108 TFUE.

                           —

                           En este sentido, se alega que la Comisión incurrió en error de hecho porque consideró que las compensaciones concedidas fueron fijadas siguiendo un método de cálculo definido ex post. En cambio, de los documentos que figuran en los autos resulta que queda demostrado lo contrario.


title: Asunto T-810/16: Recurso interpuesto el 21 de noviembre de 2016 — Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

text:
               23.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/49

         Recurso interpuesto el 21 de noviembre de 2016 — Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)
   (Asunto T-810/16)
   (2017/C 022/66)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Alemania) (representante: M. Graf, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «Mediline» — Solicitud de registro n.o 14655385

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de septiembre de 2016 en el asunto R 2437/2015-1

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-540/13: Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2013 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea

text:
               7.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 359/6

         Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2013 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-540/13)
   2013/C 359/09
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Parlamento Europeo (representantes: F. Drexler, A. Caiola, M. Pencheva, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión 2013/392/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se establece la fecha a partir de la cual surtirá efecto la Decisión 2008/633/JAI sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves. (1)

               —

               Que se mantengan los efectos de la Decisión 2013/392/UE del Consejo hasta el momento en que ésta sea sustituida por un nuevo acto adoptado en debida forma.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   El Parlamento Europeo formula dos motivos en apoyo de su recurso.
   En primer lugar, el Parlamento Europeo cuestiona la utilización por el Consejo de un procedimiento decisorio erróneo para la adopción de la Decisión 2013/392/UE. El Parlamento Europeo considera que debería haber participado en la adopción de la Decisión impugnada en el marco del procedimiento legislativo ordinario. Al no haber intervenido en la adopción de este acto, el Parlamento Europeo estima que el procedimiento decisorio elegido por el Consejo adolece de un vicio sustancial de forma.
   En segundo lugar, el Parlamento Europeo reprocha al Consejo que utilizara bien una base jurídica derogada por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, bien una base jurídica derivada, lo que es contrario a Derecho en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
   Por último, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia decidiese anular la Decisión impugnada, el Parlamento cree que sería oportuno que, conforme al artículo 264 TFUE, párrafo segundo, el Tribunal de Justicia mantuviera los efectos de la Decisión impugnada hasta el momento en que ésta sea sustituida por un nuevo acto adoptado en debida forma.

      (1)  DO L 198, p. 45.


title: Asunto T-334/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de noviembre de 2009 — Denka International/Comisión [ Productos fitosanitarios — Sustancia activa diclorvos — No inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE — Procedimiento de evaluación — Dictamen de una comisión técnico científica de la EFSA — Excepción de ilegalidad — Artículo 20 del Reglamento (CE) n o  1490/2002 — Presentación de nuevos estudios y datos durante el procedimiento de evaluación — Artículo 8 del Reglamento (CE) n o  451/2000 — Artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) n o  178/2002 — Confianza legítima — Proporcionalidad — Igualdad de trato — Principio de buena administración — Derecho de defensa — Principio de subsidiariedad — Artículo 95 CE, apartado 3, artículo 4, apartado 1, y artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/414 ]

text:
               16.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/23

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de noviembre de 2009 — Denka International/Comisión
   (Asunto T-334/07) (1)

   («Productos fitosanitarios - Sustancia activa diclorvos - No inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE - Procedimiento de evaluación - Dictamen de una comisión técnico científica de la EFSA - Excepción de ilegalidad - Artículo 20 del Reglamento (CE) no 1490/2002 - Presentación de nuevos estudios y datos durante el procedimiento de evaluación - Artículo 8 del Reglamento (CE) no 451/2000 - Artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) no 178/2002 - Confianza legítima - Proporcionalidad - Igualdad de trato - Principio de buena administración - Derecho de defensa - Principio de subsidiariedad - Artículo 95 CE, apartado 3, artículo 4, apartado 1, y artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/414»)
   2010/C 11/44
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Denka International BV (Barneveld, Países Bajos) (representantes: C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Doherty y L. Parpala, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión 2007/387/CE de la Comisión, de 6 de junio de 2007, relativa a la no inclusión del diclorvos en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia (DO L 145, p. 16).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Denka International BV cargará con sus propias costas y con aquéllas en las que haya incurrido la Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 269, de 10.11.2007.


title: Asunto C-378/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de enero de 2014 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Reino Unido] — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department (Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Artículo 16, apartados 2 y 3 — Derecho de residencia permanente de los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión — Cómputo de los períodos de estancia en prisión de dichos nacionales)

text:
               22.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 85/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de enero de 2014 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Reino Unido] — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department
   (Asunto C-378/12) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Directiva 2004/38/CE - Artículo 16, apartados 2 y 3 - Derecho de residencia permanente de los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión - Cómputo de los períodos de estancia en prisión de dichos nacionales)
   2014/C 85/10
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Nnamdi Onuekwere

      Demandada: Secretary of State for the Home Department

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretación del artículo 16 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77) — Derecho de residencia permanente — Concepto de residencia legal durante un período de cinco años en el Estado miembro de acogida — Posibilidad de computar un período de estancia en prisión.

      Fallo

               1)

               El artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que los períodos de estancia en prisión en el Estado miembro de acogida de un nacional de un país tercero, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que ha adquirido el derecho de residencia permanente en dicho Estado miembro durante tales períodos, no pueden computarse a efectos de la adquisición por ese nacional del derecho de residencia permanente en el sentido de la referida disposición.

               2)

               El artículo 16, apartados 2 y 3, de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la continuidad de la residencia se interrumpe por los períodos de estancia en prisión en el Estado miembro de acogida de un nacional de un país tercero, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que ha adquirido el derecho de residencia permanente en dicho Estado miembro durante tales períodos.

      (1)  DO C 295, de 29.9.2012.


title: Asunto T-578/15: Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2015 — Azur Space Solar Power/OAMI (Representación de una célula solar)

text:
               14.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 414/33

         Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2015 — Azur Space Solar Power/OAMI (Representación de una célula solar)
   (Asunto T-578/15)
   (2015/C 414/43)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Alemania) (representante: J. Nicodemus, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea en relación con una marca figurativa (Representación de una célula solar) — Registro internacional no 1 201 973

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 27 de julio de 2015 en el asunto R 2780/2014-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la desestimación de la OAMI.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-480/10: Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2010 — Département du Gers/Comisión

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/50

         Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2010 — Département du Gers/Comisión
   (Asunto T-480/10)
   ()
   2010/C 346/97
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Département du Gers (Auch, Francia) (representantes: S. Mabile y J.-P. Mignard, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión 2010/426/UE de la Comisión Europea por la que se autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11xGA21 (SYN-BT Ø11-1xMON-ØØØ21-9) con arreglo al Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de todas las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones invocados por la demandante son idénticos o sustancialmente similares a los invocados en el marco del asunto T-478/10, Département du Gers/Comisión.


title: Asunto T-13/00: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de septiembre de 2006 — Baltussen y otros/Comisión

text:
               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/30

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de septiembre de 2006 — Baltussen y otros/Comisión
   (Asunto T-13/00) (1)

   (2006/C 261/61)

      Lengua de procedimiento: neerlandés

   El Presidente de la Sala Segunda ampliada ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 135, de 13.5.2000.


title: Asunto C-407/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 10 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/105/CE — Protección de los trabajadores — Riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas — No adaptación del derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
               23.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 140/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 10 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-407/06) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/105/CE - Protección de los trabajadores - Riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas - No adaptación del derecho interno dentro del plazo señalado)
   (2007/C 140/09)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y J. Hottiaux, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica (representante: D. Haven, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, en el plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO L 345, p. 97).
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 281 de 18.11.2006.


title: Asunto T-706/14: Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2014 — Holistic Innovation Institute/REA

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/44

         Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2014 — Holistic Innovation Institute/REA
   (Asunto T-706/14)
   2014/C 421/62
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, España) (representante: R. Muñiz García, abogado)

      Demandada: Agencia Ejecutiva de Investigación (REA)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               se anule la decisión impugnada de excluir a la demandante de los proyectos INACHUS y ZONeSEC;

               —

               se indemnice a la demandante y condene a la demandada al pago de la cantidad de 7 81  250 euros, correspondientes a los dos proyectos de los que ha sido excluida, más los intereses legales desde que debieron devengarse los pagos, y

               —

               se indemnice a la demandante y condene a la demandada al pago de la cantidad que determine el perito designado por el Tribunal, por los perjuicios adicionales que la exclusión de los proyectos le provoca.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la resolución de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Comisión Europea, de 24 de julio de 2014, referencia ARES (2014) 2461172, por la que se acuerda terminar la negociación y rechazar la participación de la demandante en los proyectos europeos INACHUS (607522) y ZONeSEC (607292) de la convocatoria FP7-SEC-2013-1, del Séptimo Programa Marco.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Se considera la resolución manifiestamente infundada, conteniendo sólo una motivación aparente.

               2.

               Los evaluadores independientes informaron favorablemente los proyectos con participación de la sociedad demandante.

               3.

               Después de estos informes, la demandada cambia de criterio por acción de represalia contra el administrador de la demandante, que previamente había demandado a la Comisión Europea por conflicto relativo a la sociedad Rose Visión S.L.

               4.

               Los agentes de la demandada presionaron con carácter previo a la resolución a otros participantes en los proyectos para que excluyeran a la demandante, intentando evitar así tener que dictar la resolución impugnada.

               5.

               La actuación de la demandada ha generado daños y perjuicios a la demandante.


title: Asunto T-268/08: Recurso interpuesto el 11 de julio de 2008 — Land Burgenland/Comisión

text:
               27.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/14

         Recurso interpuesto el 11 de julio de 2008 — Land Burgenland/Comisión
   (Asunto T-268/08)
   (2008/C 247/27)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Land Burgenland (Representantes: U. Soltész y C. Herbst, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que, con arreglo al artículo 231 CE, párrafo primero, se anule en su totalidad la Decisión de la Comisión C (2008) 1625 final, de 30 de abril de 2008 (no C 56/2006, ex NN 77/2006 — Privatización del Bank Burgenland).

               —

               Que, con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, se condene a la Comisión a cargar con las costas del demandante.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante impugna la Decisión de la Comisión C (2008) 1625 final, de 30 de abril de 2008, mediante la que la Comisión declaró incompatible con el mercado común la ayuda estatal que Austria, en infracción del artículo 88 CE, apartado 3, concedió a la compañía de seguros Grazer Wechselseitige Versicherung AG y a la GW Beteiligungserwerbs- und -verwaltungs-GmbH en el contexto de la privatización del HYPO Bank Burgenland AG.
   En apoyo de su recurso, el demandante invoca los siguientes motivos:

               —

               Aplicación errónea del artículo 87 CE, apartado 1, por parte de la Comisión al determinar el precio de mercado, por cuanto no existía obligación alguna de llevar a cabo una licitación.

               —

               Aplicación errónea del artículo 87 CE, apartado 1, por parte de la Comisión al contravenir su práctica anterior.

               —

               Aplicación errónea del artículo 87 CE, apartado 1, por parte de la Comisión, ya que un vendedor privado habría podido igualmente formular una previsión negativa sobre la resolución del organismo supervisor del mercado financiero austriaco en relación con el licitador que presentaba la mejor oferta.

               —

               Aplicación errónea del artículo 87 CE, apartado 1, por parte de la Comisión, por cuanto la demandante podía tener en cuenta, en la decisión de adjudicación, la «Ausfallhaftung» (responsabilidad subsidiaria) por determinadas obligaciones del banco privatizado.

               —

               Aplicación errónea del principio del «private vendor» por parte de la Comisión al examinar la influencia de la «Ausfallhaftung» en la decisión de venta.

               —

               Aplicación errónea del artículo 87 CE, apartado 1, por parte de la Comisión al ignorar la carga de la prueba, o la obligación de aportar pruebas, en una licitación.

               —

               Aplicación errónea del artículo 87 CE, apartado 1, por parte de la Comisión, por cuanto la mejor oferta presentada por un licitador no puede servir como fundamento para la fijación del valor de mercado.

               —

               Evaluación incorrecta por la Comisión del valor económico de las emisiones del banco privatizado.

               —

               Aplicación errónea del artículo 87 CE, apartado 1, por parte de la Comisión en el marco de la apreciación de un elemento de ayuda estatal.


title: Asunto C-608/15 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de noviembre de 2015 por Panasonic Corp. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 9 de septiembre de 2015 en el asunto T-82/13, Panasonic Corp. y MT Picture Display Co. Ltd/Comisión Europea

text:
               25.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 27/23

         Recurso de casación interpuesto el 17 de noviembre de 2015 por Panasonic Corp. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 9 de septiembre de 2015 en el asunto T-82/13, Panasonic Corp. y MT Picture Display Co. Ltd/Comisión Europea
   (Asunto C-608/15 P)
   (2016/C 027/27)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Panasonic Corp. (representantes: R. Gerrits, advocaat, M. Hoskins, QC y M. Gray, Barrister)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, MT Picture Display Co. Ltd

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General: (i) en la medida en que mediante dicha sentencia se declaró que la Decisión C(2012) 8839 final de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39.437 — Tubos para pantallas de televisor y de ordenador) no había vulnerado el derecho de defensa ni el derecho a ser oído de Panasonic en lo que concierne al período anterior al 10 de febrero de 2003; y/o (ii) en la medida en que no anuló ni total ni parcialmente la declaración contenida en el artículo 1, apartado 2, letras c) y e), de la Decisión según la cual Panasonic y MTPD habían participado en la infracción durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2003 y el 12 de junio de 2006.

               —

               Anule: (i) el artículo 1, apartado 2, letra c), de la Decisión en la medida en que declara que Panasonic participó en el cartel CPT durante el período comprendido entre el 15 de julio de 1999 y el 10 de febrero de 2003; y/o (ii) el artículo 1, apartado 2, letras c) y e), de la Decisión en lo que concierne al período comprendido entre el 1 de abril de 2003 y el 12 de junio de 2006.

               —

               Reduzca la multa impuesta mediante el artículo 2, apartado 2, letra f), de la Decisión, y/o anule y/o reduzca, en su caso, en mayor medida, las multas impuestas a Panasonic y a MTPD mediante el artículo 2, apartado 2, letras h) e i), de la Decisión, fijadas mediante la sentencia del Tribunal General en las cuantías de 82 826 000 EUR y 7 530 000 EUR respectivamente.

               —

               Asimismo, o con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que vuelva a examinarlo de manera conforme a Derecho.

               —

               Condene a la Comisión Europea a cargar con las costas en que incurra Panasonic con ocasión del presente recurso de casación.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               Primer motivo basado en que el Tribunal General consideró erróneamente que la Comisión había cumplido con la obligación de exponer en el pliego de cargos los elementos esenciales que invocaba en contra de Panasonic, incluyendo los motivos por los que alegaba que Panasonic tenía conocimiento de todo el cartel CPT. El Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que basta con que la Comisión exponga de forma implícita pero necesaria uno de los elementos esenciales de la infracción en el pliego de cargos.

               2.

               Segundo motivo basado en que el Tribunal General debe conceder a Panasonic y a MTPD la misma reducción que la que se conceda a Toshiba Corporation (en lo sucesivo, «Toshiba») en caso de que ésta interponga recurso de casación en relación con el período de tiemplo durante el cual se la consideró conjunta y solidariamente responsable junto con Panasonic y MTPD. En el asunto T-104/13 Toshiba/Comisión, el Tribunal General declaró que cualquier anulación o modificación de la Decisión en lo que concierne a la imputación de la conducta ilícita de la empresa común MTPD a Panasonic resultaban también aplicables a Toshiba. En consecuencia, Panasonic sostiene que si el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General en la medida en que éste no anuló la Decisión o en la medida en que no anuló ni redujo la multa en lo que concierne al período de tiempo durante el cual Toshiba fue considerada conjunta y solidariamente responsable de la infracción junto con Panasonic y MTPD, procederá declarar que el Tribunal General también incurrió en error al no conceder a Panasonic y a MTPD la misma reducción que la que debería de haberse concedido a Toshiba.


title: Asunto C-89/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 5 de marzo de 1999, en el asunto entre 1. v.o.f. Schieving-Nijstad, 2. W. G. Schieving, 3. H. Nijstad y R. Groeneveld

text:
C 136/12                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     15.5.1999
7) ¿El régimen contenido en el apartado 2 del artı́culo 24 de              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     la JAG y en el 14 bis de la JAO puede justificarse alegando           lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 5 de
     simplemente que compensa desventajas que no tienen que                marzo de 1999, en el asunto entre 1. v.o.f. Schieving-
     sufrir las mujeres, al no ester sometidas a la obligación de          Nijstad, 2. W. G. Schieving, 3. H. Nijstad y R. Groeneveld
     realizar el servicio militar o la prestación social sustitutoria?
8) ¿Puede deducirse del artı́culo 6 de la Directiva 76/207/CEE                                     (Asunto C-89/99)
     un derecho de acceso a la formación cuando la denegación
     de dicho acceso se basa en une discriminación y no existe                                     (1999/C 136/22)
     ningún otro régimen de sanción en forma de derechos
     sustitutorios?                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
(1) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40; EE 05/02, p. 70.                          resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dictada el 5 de
                                                                           marzo de 1999, en el asunto entre 1. v.o.f. Schieving-Nijstad,
                                                                           2. W. G. Schieving, 3. H. Nijstad y R. Groeneveld, y recibida
                                                                           en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 15 de marzo de
                                                                           1999. El Hoge Raad der Nederlanden solicita al Tribunal de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-               Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 26 de
febrero de 1999, en el asunto entre 1. Amsterdamsche                       1) ¿Tiene efecto directo el artı́culo 50 del Acuerdo ADPIC, y
Football Club «AJAX», 2. Langenberg Participaties B.V.,                        en particular el apartado 6 de dicho artı́culo?
que actúa bajo el nombre de Fan Promotions y 1. S.C.                      2) ¿Debe, en consecuencia, interpretarse el apartado 6 del
              Reule, 2. S.J. Reule, 3. Fan Image B.V.                          artı́culo 50 del Acuerdo ADPIC en el sentido de que las
                          (Asunto C-84/99)                                     medidas provisionales como las indicadas en los apartados
                                                                               1 y 2 de dicha disposición dejan de producir efecto de
                           (1999/C 136/20)                                     oficio, bien si no se inicia el procedimiento principal en el
                                                                               plazo indicado en la medida provisional, o bien por
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                      omisión de dicha indicación, si el procedimiento principal
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  no se inicia en el plazo de 20 dı́as laborables o 31 dı́as
resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dictada el 26 de                    naturales (aquel de los dos que fuese más largo), o para tel
febrero de 1999, en el asunto entre 1. Amsterdamsche Football                  pérdida de efecto se requiere (siempre) una solicitud de la
Club «AJAX», 2. Langenberg Participaties B.V., que actúa bajo                 parte contra la que se adopta la medida?
el nombre de Fan Promotions y 1. S.C. Reule, 2. S.J. Reule, 3.
Fan Image B.V., y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de               3) El plazo en el que debe iniciarse el procedimiento principal,
Justicia el 9 de marzo de 1999. El Hoge Raad der Nederlanden                   cuando no se determina por una medida provisional,
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la                     comienza a correr
siguiente cuestión: ¿Tiene efecto directo el apartado 6 del
artı́culo 50 del Acuerdo ADPIC?                                                a) ¿al dı́a siguiente de aquél en el que el Juez acuerda la
                                                                                medida provisional?, o
                                                                               b) ¿al dı́a siguiente de aquél en el que se notifica al
                                                                                demandado la resolución que contiene la medida
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                        provisional?, o
lución del tribunal de grande instance de Béthune, de
fecha 24 de marzo de 1998, en el asunto entre Roquette                         c) ¿al dı́a siguiente de aquél en el que la resolución que
         Frères SA y la Direction des services fiscaux                              contiene la media provisional es irrecurrible?, o
                          (Asunto C-88/99)                                     d) ¿en cualquier otro momento?
                           (1999/C 136/21)                                 4) El Juez que acuerda una medida provisional ¿debe estable-
                                                                               cer de oficio un plazo en el que debe iniciarse un
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                      procedimiento principal, o sólo puede establecer dicho
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  plazo cuando se presente una solicitud al respecto?
resolución del tribunal de grande instance de Béthune, dictada
el 24 de marzo de 1998, en el asunto entre Roquette Frères                 5) El Juez que debe sentenciar en apelación acerca de una
SA y la Direction des services fiscaux, y recibida en la Secretarı́a           medida acordada por el Juez de primera instancia y la
del Tribunal de Justicia el 15 de marzo de 1999. El tribunal de                confirma, ¿puede aún establecer, bien de oficio, bien a
grande instance de Béthune solicita al Tribunal de Justicia que                instancia de parte, un plazo como el antes indicado, si no
se pronuncie sobre la legalidad del artı́culo L 190 del Livre des              lo hizo el Juez de primera instancia?
procédures fiscales, y en especial, sobre la cuestión de si el
Gobierno francés ha podido realizar, válidamente, entre la                6) ¿Es aplicable el artı́culo 50 del Acuerdo ADPIC si dicho
caducidad de la acción y la del perı́odo de devolución, una                  acuerdo entra en vigor respecto del Estado miembro
distinción que causa una diferencia de trato entre los recursos               afectado en el momento en que el procedimiento en
puramente internos y los recursos que tienen su origen en la                   primera instancia ha concluido, pero el Juez aún no ha
declaración por el Juez comunitario de la ilegalidad de una                   pronunciado sentencia?
norma nacional con respecto al Derecho comunitario.