title: Asunto C-268/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Alemania) el 31 de mayo de 2011 — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Alemania) el 31 de mayo de 2011 — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg
   (Asunto C-268/11)
   2011/C 269/43
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hamburgisches Oberverwaltungsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Atilla Gülbahce

      Demandada: Freie und Hansestadt Hamburg

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, de la Decisión no 1/80 (1) en el sentido de que:

                           a)

                           un trabajador turco, a quien le fue legalmente concedido un permiso para desempeñar un empleo en el territorio de un Estado miembro por un tiempo determinado (o bien un permiso permanente) superior a la duración del permiso de residencia (el llamado «permiso de trabajo excedente») puede ejercer durante todo ese período los derechos que le confiere dicho permiso, siempre que no se opongan razones de protección de un interés legítimo del Estado, concretamente razones de orden público o de seguridad y salud públicas,

                           b)

                           y no le está permitido al Estado miembro negar de antemano todo efecto de dicho permiso sobre el derecho de residencia, remitiéndose a la legislación nacional vigente en el momento de su expedición, que supedita el permiso de trabajo al permiso de residencia (a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 1999, El-Yassini, C-416/96, Rec. p. I 1209, punto 3 del índice y apartados 62 a 65, sobre el alcance del artículo 40, apartado 1, del Acuerdo CEE-Marruecos, y de 14 de diciembre de 2006, Gattoussi, C-97/05, Rec. p. I 11917, punto 2 del índice y apartados 36 a 43, sobre el alcance del artículo 64, apartado 1, del Acuerdo euromediterráneo de asociación CE-Túnez)?

                     En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión:

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Decisión no 1/80 en el sentido de que la cláusula de «standstill» prohíbe también al Estado miembro privar a un trabajador turco integrado en el mercado legal de trabajo, mediante una disposición legal (en este caso, la Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet, de 30 de julio de 2004), de la posibilidad de invocar una violación del principio de no discriminación del artículo 10, apartado 1, de la Decisión no 1/80 a la vista del permiso de trabajo que previamente le había sido concedido y que excede de la duración del permiso de residencia?
               En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión:

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, de la Decisión no 1/80 en el sentido de que el principio de no discriminación que consagra no prohíbe a las autoridades nacionales, en todo caso, revocar los permisos de residencia temporales concedidos indebidamente, con arreglo a la legislación nacional, a un trabajador turco por un tiempo determinado, una vez concluido su plazo de validez conforme a la legislación nacional, por los períodos en que el trabajador turco utilizó efectivamente el permiso de trabajo permanente debidamente concedido con anterioridad y trabajó?

               4)

               ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, de la Decisión no 1/80, asimismo, en el sentido de que dicha disposición contempla exclusivamente el empleo ejercido por un trabajador turco en posesión de un permiso de trabajo debidamente concedido por las autoridades nacionales por tiempo indefinido y sin restricciones materiales en el momento en que expira su permiso de residencia temporal concedido para un determinado fin, y que, por ello, un trabajador turco en tal situación no puede exigir que las autoridades nacionales le permitan seguir residiendo, aun después de la finalización definitiva de ese empleo, para ejercer un nuevo empleo (en su caso, tras el período de tiempo necesario para la búsqueda del empleo)?

               5)

               ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, de la Decisión no 1/80, asimismo, en el sentido de que el principio de no discriminación (sólo) prohíbe a las autoridades nacionales del Estado miembro de acogida adoptar, tras expirar el último permiso de residencia concedido, medidas para poner fin a la residencia frente a un nacional turco integrado en el mercado legal de trabajo a quien inicialmente le fueron concedidos unos derechos más amplios para el ejercicio de un empleo que en relación con su residencia, siempre que dichas medidas no vayan dirigidas a proteger un interés legítimo del Estado, pero que no las obliga a conceder un permiso de residencia?

      (1)  Decisión no 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación CEE-Turquía.


title: Asunto T-104/13: Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2015 — Toshiba/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Mercado mundial de tubos para pantallas de televisor y de ordenador — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Acuerdos y prácticas concertadas en materia de precios, de reparto de mercados, de capacidades y de producción — Prueba de la participación en el cártel — Infracción única y continuada — Imputabilidad de la infracción — Control conjunto — Multas — Competencia jurisdiccional plena»)

text:
               19.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/21

         Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2015 — Toshiba/Comisión
   (Asunto T-104/13) (1)

   ((«Competencia - Prácticas colusorias - Mercado mundial de tubos para pantallas de televisor y de ordenador - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE - Acuerdos y prácticas concertadas en materia de precios, de reparto de mercados, de capacidades y de producción - Prueba de la participación en el cártel - Infracción única y continuada - Imputabilidad de la infracción - Control conjunto - Multas - Competencia jurisdiccional plena»))
   (2015/C 346/23)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Toshiba Corp. (Tokio, Japón) (representantes: J. MacLennan, Solicitor, J. Jourdan, A. Schulz y P. Berghe, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: M. Biolan, V. Bottka y M. Kellerbauer, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Decisión C(2012) 8839 final de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 TFUE y con el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (asunto COMP/39.437 — Tubos para pantallas de televisor y de ordenador), en la medida en que afecta a la demandante y, con carácter subsidiario, una pretensión de supresión o de reducción del importe de la multa que se le ha impuesto.

      Fallo

               1)

               Anular parcialmente el artículo 1, apartado 2, letra d), de la Decisión C(2012) 8839 final de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 TFUE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/39.437 — Tubos para pantallas de televisor y de ordenador), en la medida en que declara que Toshiba Corp. participó en un cártel mundial en el mercado de los tubos para pantallas de televisor en color, del 16 de mayo de 2000 al 31 de marzo de 2003.

               2)

               Anular el artículo 2, apartado 2, letra g), de dicha Decisión, en la medida en que impone una multa de 28 048 000 euros a Toshiba por su participación directa en un cártel mundial en el mercado de los tubos para pantallas de televisor en color.

               3)

               Fijar el importe de la multa impuesta a Toshiba en el artículo 2, letra h), de la Decisión de que se trata, conjunta y solidariamente con Panasonic Corp. y MT Picture Display Co. Ltd, en 82 826 000 euros.

               4)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               5)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 114, de 20.4.2013.


title: Asunto T-221/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de septiembre de 2009 — Hipp & Co/OAMI — Laboratorios Ordesa (Bebimil) [ Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa Bebimil — Marcas comunitaria y nacional denominativas anteriores BLEMIL — Marca nacional denominativa anterior BLEMIL 1 — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  207/2009] — Riesgo de confusión ]

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/54

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de septiembre de 2009 — Hipp & Co/OAMI — Laboratorios Ordesa (Bebimil)
   (Asunto T-221/06) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa Bebimil - Marcas comunitaria y nacional denominativas anteriores BLEMIL - Marca nacional denominativa anterior BLEMIL 1 - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009] - Riesgo de confusión»)
   2009/C 267/92
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Hipp & Co KG (Sachseln, Suiza) (representantes: M. Kinkeldey y A. Bognár, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: S. Laitinen y A. Folliard-Monguiral, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: Laboratorios Ordesa, S.L. (Sant Boi de Llobregat, España) (representantes: R. Thierie y E. Sugrañes Coca, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 2 de junio de 2006 (asunto R 571/2005-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Laboratorios Ordesa, S.L., y Hipp & Co. KG.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Hipp & Co. KG.

      (1)  DO C 237, de 30.9.2006.


title: Asunto C-653/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 — Comisión Europea/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 2006/12/CE — Artículos 4 y 5 — Gestión de residuos — Región de Campania — Sentencia del Tribunal de Justicia — Declaración de incumplimiento — Inejecución parcial de la sentencia — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Cantidad a tanto alzado)

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-653/13) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2006/12/CE - Artículos 4 y 5 - Gestión de residuos - Región de Campania - Sentencia del Tribunal de Justicia - Declaración de incumplimiento - Inejecución parcial de la sentencia - Artículo 260 TFUE, apartado 2 - Sanciones pecuniarias - Multa coercitiva - Cantidad a tanto alzado))
   (2015/C 311/06)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Recchia y E. Sanfrutos Cano, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia Comisión/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115).

               2)

               Condenar a la República Italiana a pagar a la Comisión Europea, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», una multa coercitiva de 1 20  000 euros por día de retraso en la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia Comisión/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115), desde el día del pronunciamiento de la presente sentencia y hasta que se ejecute íntegramente la sentencia Comisión/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115).

               3)

               Condenar a la República Italiana a pagar a la Comisión Europea, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», una cantidad a tanto alzado de 20 millones de euros.

               4)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 93, de 29.3.2014.


title: Asunto T-284/14: Auto del Tribunal General de 28 de abril de 2015 — Dyckerhoff Polska/Comisión («Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Extemporaneidad — Inexistencia de fuerza mayor o de caso fortuito — Inadmisibilidad manifiesta — Excepción de ilegalidad»)

text:
               22.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/32

         Auto del Tribunal General de 28 de abril de 2015 — Dyckerhoff Polska/Comisión
   (Asunto T-284/14) (1)

   ((«Recurso de anulación - Plazo para recurrir - Extemporaneidad - Inexistencia de fuerza mayor o de caso fortuito - Inadmisibilidad manifiesta - Excepción de ilegalidad»))
   (2015/C 205/43)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Dyckerhoff Polska sp. z o.o (Nowiny, Polonia) (representante: K. Kowalczyk, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: E. White y K. Herrmann, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Decisión 2013/448/UE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, relativa a las medidas nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 240, p. 27).

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

               2)

               Declarar que no procede pronunciarse sobre las demandas de intervención del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo.

               3)

               Condenar en costas a Dyckerhoff Polska sp. z o.o.

      (1)  DO C 245, de 28.7.2014.


title: Asuntos acumulados T-558/12 y T-559/12: Sentencia del Tribunal General de 29 de abril de 2015 — Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo [«Dumping — Importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de China — Modificación del reglamento por el que se impone un derecho antidumping definitivo — Artículo 2, apartados 10 y 11, del Reglamento (CE) no 1225/2009 — Cálculo del margen de dumping — Ajustes — Obligación de motivación»]

text:
               15.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 198/30

         Sentencia del Tribunal General de 29 de abril de 2015 — Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo
   (Asuntos acumulados T-558/12 y T-559/12) (1)

   ([«Dumping - Importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de China - Modificación del reglamento por el que se impone un derecho antidumping definitivo - Artículo 2, apartados 10 y 11, del Reglamento (CE) no 1225/2009 - Cálculo del margen de dumping - Ajustes - Obligación de motivación»])
   (2015/C 198/40)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Changshu City Standard Parts Factory (Changshu City, China); y Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (Ningbó, China) (representantes: R. Antonini y E. Monard, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Boelaert, agente, asistido inicialmente por G. Berrich y A. Polcyn, posteriormente por A. Polcyn y, por último, por D. Geradin, abogados)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: M. França y T. Maxian Rusche, agentes); y European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (representantes: J. Bourgeois y R. Grasso, abogados)

      Objeto

   Anulación del Reglamento de Ejecución (UE) no 924/2012 del Consejo, de 4 de octubre de 2012, que modifica el Reglamento (CE) no 91/2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China (DO L 275, p. 1)

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos.

               2)

               Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd cargarán con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea y European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI).

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 46, de 16.2.2013.


title: Asunto C-406/01: Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2001 contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea por la República Federal de Alemania

text:
C 348/18                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        8.12.2001
Motivos y principales alegaciones                                         Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2001 contra el
                                                                          Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
                                                                                por la República Federal de Alemania
—     Incumplimiento de las obligaciones que establece la
      Decisión 2001/376/CE (2): la Comisión adoptó la Deci-
      sión 2001/577/CE sin haber llevado a cabo las inspeccio-                                   (Asunto C-406/01)
      nes previstas en el artı́culo 21 de la Decisión
      2001/376/CE. El último informe de inspección de la
      OAV cuya comunicación recibió la República Francesa                                       (2001/C 348/33)
      antes de la Decisión de 25 de julio de 2001 fue el informe
      de los dı́as 25 a 27 de julio de 2001, en su versión final
      DG(SANCO) 3345/2001, que no contiene el examen de
      la evolución de la incidencia de la enfermedad y del               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      cumplimiento efectivo de las correspondientes medidas               presentado el 15 de octubre de 2001 un recurso contra el
      nacionales, y en el que no se realiza una determinación            Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
      del riesgo que demuestre si se han adoptado las medidas             formulado por la República Federal de Alemania, representada
      adecuadas para prevenir cualquier riesgo. De las conclu-            por el Sr. Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat, el Sr. Moritz
      siones del referido informe se desprende que, en el                 Lumma, Oberregierungsrat, ambos del Bundesministerium der
      momento en que se presentó el informe de inspección,              Finanzen, Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, y el
      todavı́a no estaba en vigor la normativa idónea y aun              Sr. Jochim Sedemund, abogado, del bufete Freshfields, Bruck-
      faltaba por llevar a cabo algunas inspecciones de la OAV            haus, Deringer, Postdamer Platz 1, D-10785 Berlı́n.
      con vistas a evitar los riesgos de contaminación «cruzada»
      que se habı́an puesto de manifiesto en otros paı́ses. El
      Decreto-ley portugués que adopta el «REBF» (régimen de
      exportación basado en una fecha) no se aprobó hasta el            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      12 de julio de 2001, es decir dos semanas antes de la
      terminación del embargo, fijada para el 1 de agosto                1)    Anule el artı́culo 3, apartado 1, en relación con el
      de 2001, y el manual de aplicación del «REBF» debı́a ser                 apartado 2, de la Directiva 2001/37/CE (1) del Parlamento
      presentado al ministro de Agricultura el 14 de julio. En                  Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a
      consecuencia, el Gobierno francés estima que, en el                       la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
      momento en que se adoptó la Decisión que fijaba la fecha                rias y administrativas de los Estados miembros en materia
      de terminación del embargo, no se habı́a comprobado «el                  de fabricación, presentación y venta de los productos del
      cumplimiento efectivo de las correspondientes medidas                     tabaco, en la medida en que dichas disposiciones prohı́ben
      nacionales», en el sentido de la letra d) del artı́culo 21.               la fabricación de cigarrillos para su exportación desde la
                                                                                Comunidad Europea a terceros Estados.
      Por otra parte, en el momento en que se adoptó la
      Decisión impugnada no era posible comprobar la eficacia
      del funcionamiento de los procedimientos instaurados, ni            2)    Condene en costas a los demandados.
      en términos de rastreabilidad de los productos bovinos,
      ni en términos de pruebas sobre bovinos, como tampoco
      era posible, por lo demás, efectuar tal comprobación el
      dı́a fijado para levantar parcialmente el embargo. Por              Motivos y principales alegaciones
      consiguiente, la Comisión infringió las disposiciones del
      artı́culo 22 de la Decisión 2001/376/CE.
                                                                          —     El artı́culo 95 CE no constituye una base jurı́dica suficiente
                                                                                para la prohibición de exportación impugnada: el objeto
—     Violación del principio de precaución: aun cuando el                    de las medidas de aproximación contempladas en el
      artı́culo 174 se sitúa en el marco de la polı́tica comunitaria           artı́culo 95 CE debe ser la supresión de las diferencias
      en materia de medio ambiente, la jurisprudencia comuni-                   existentes entre los ordenamientos de los Estados miem-
      taria no circunscribe el principio de precaución a ese                   bros, a fin de eliminar o evitar la aparición de distorsiones
      único ámbito sino que lo hace extensible a los objetivos                de la competencia en las relaciones entre los Estados
      de salud pública. La naturaleza y la gravedad de los                     miembros. Las medidas que afectan a la exportación a
      riesgos en materia de EEB justifican la plena observancia                 terceros Estados no entran dentro del ámbito del artı́-
      del principio de precaución.                                             culo 95 CE. Una prohibición de comercialización basta
                                                                                para alcanzar el objetivo del mercado interior relativo a
                                                                                la eliminación de los obstáculos al comercio, que tienen
                                                                                su origen en la existencia de distintas regulaciones
(1) DO L 203 de 28.7.2001, p. 27.                                               nacionales. El hecho de que todas las Directivas de
(2) Decisión 2001/376/CE de la Comisión, relativa a las medidas               armonización comparables (por ejemplo, en el ámbito de
    exigidas por la aparición de casos de encefalopatı́a espongiforme          la normativa sobre aditivos alimentarios) se contenten
    bovina en Portugal y a la implantación de un régimen de                    con una prohibición de la comercialización y no contem-
    exportación basado en la fecha (DO L 132 de 15.5.2001, p. 17).
                                                                                plen una prohibición de la fabricación demuestra que esta
                                                                                última no es necesaria para conseguir dicho objetivo. En
                                                                                realidad, la prohibición de fabricación en la Directiva
                                                                                impugnada tiene como única finalidad, por tanto, la
 ---pagebreak--- 8.12.2001               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 348/19
     protección de la salud de la población, ya que, con              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     arreglo al undécimo considerando de la Directiva, debe             lución del Tribunale civile e penale di L’Aquila, de fecha
     garantizarse que «no se menoscaban las disposiciones               5 de octubre de 2001, en el asunto entre Rolando Salusest
     relativas al mercado interior» (mediante una nueva impor-                                  y Giovanni Petrucci
     tación ilegal). En consecuencia, la prohibición de fabrica-
     ción aparece, conforme a su verdadera naturaleza, como
     una mera prohibición de exportación. En cualquier caso,
     a juicio del Gobierno federal alemán, una medida como                                      (Asunto C-409/01)
     ésta tampoco puede basarse en el artı́culo 95 CE, puesto
     que la protección contra las importaciones ilegales (tanto
     si obedecen a causas de naturaleza pública como privada)
     no entra dentro del ámbito de aplicación del artı́culo 95                                  (2001/C 348/34)
     CE. Por último, el artı́culo 95 no puede, a la vista de su
     objetivo (evitar la «elusión» de las disposiciones del
     mercado interior), constituir una base jurı́dica apropiada
     para una prohibición general de fabricación y exporta-
     ción, puesto que una amplia prohibición de este tipo
     resultarı́a manifiestamente desproporcionada para alcan-
     zar los objetivos planeados. De forma casi exclusiva, son
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     los cigarrillos fabricados en terceros Estados, y no los
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
     fabricados en la Comunidad, los que son importados
                                                                        resolución del Tribunale civile e penale di L’Aquila, dictada el
     ilegalmente.
                                                                        5 de octubre de 2001, en el asunto entre Rolando Salusest y
—    El Artı́culo 133 CE no constituye una base jurı́dica               Giovanni Petrucci y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
     adecuada para la prohibición de las exportaciones impug-          Justicia el 16 de octubre de 2001. El Tribunale civile e penale
     nada: En realidad, el objetivo de la medida impugnada no           di L’Aquila solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
     es regular el tráfico comercial con terceros Estados, ni          sobre las siguientes cuestiones:
     influir sobre la situación del comercio o sobre las
     corrientes comerciales, sino evitar que vuelvan a introdu-
     cirse ilegalmente productos exportados. En consecuencia,           1.    El establecimiento de tarifas mı́nimas obligatorias ¿vul-
     la medida no cumplirı́a los requisitos de competencia que                nera la libre competencia, al impedir la libre fijación de la
     el Tribunal de Justicia estableció en los dictámenes 1/94              contrapartida por la prestación de los servicios de abo-
     y 2/92.                                                                  gado, conforme a lo previsto en el artı́culo 81 CE,
     Con carácter subsidiario: Aun cuando se ampliara el                     apartado 1, letra a), y produce también el efecto de
     ámbito de aplicación del artı́culo 133 CE, el Gobierno                 consolidar la compartimentación de los mercados a nivel
     federal alemán estima que no es posible basar la prohibi-               nacional, obstaculizando de este modo la integración
     ción de exportación en dicho artı́culo, ya que ello limitarı́a         económica deseada por el Tratado?
     de manera desproporcionada el principio de la libertad
     de exportación que el legislador comunitario debe tener
     en cuenta y, por tanto, serı́a contrario al artı́culo 5 CE,              En efecto, también los abogados nacionales de los demás
     apartado 3. A la vista de la insignificante cantidad                     Estados miembros de la CE que ejercen en Italia están
     de cigarrillos fabricados en la Comunidad que son                        obligados, con arreglo al artı́culo 13 de la Ley de
     nuevamente introducidos en su territorio después de                      9.2.1982, a respetar la tarifa forense y, en consecuencia,
     haber sido exportados, la normativa impugnada no                         también la norma que prohı́be las contraprestaciones
     resulta, en absoluto, adecuada para proteger eficazmente                 inferiores a un determinado nivel mı́nimo.
     a la población de la Comunidad de los peligros para la
     salud derivados de las importaciones ilegales en la
     Comunidad. Dicho objetivo sólo puede alcanzarse de                2.    Los artı́culos 633, apartado 1, no 2 y 636, apartado 1, del
     manera eficaz a través de un reforzamiento de los                        Cod. proc. vic., al admitir que un abogado solicite que el
     controles sobre las importaciones, que, en cualquier caso,               Consiglio dell’Ordine al que pertenezca fije la remunera-
     a la hora de combatir el fraude aduanero, son necesarios,                ción que le corresponda, mediante la adopción de un
     ası́ como incomparablemente más eficaces y suponen                      dictamen vinculante para su cliente y para el juez (en
     para la industria comunitaria una distorsión de la compe-               el ámbito del procedimiento monitorio), permitiéndole
     tencia mucho menor. Puesto que las disposiciones impug-                  obtener un tı́tulo basado en dicha fijación unilateral de
     nadas no constituyen una medida «abierta» y «especı́fica»                los honorarios profesionales, en función de las citadas
     de la Polı́tica comercial exterior, sino que deben contribuir            tarifas mı́nimas, ¿vulnera la libre competencia, al impedir
     a garantizar una mejora de la salud en la Comunidad, la                  la libre fijación de la contrapartida por la prestación de
     utilización del artı́culo 133 CE da lugar a un incumpli-                los servicios de abogado, conforme a lo previsto en el
     miento del artı́culo 152 CE, apartado 4, letra c).                       artı́culo 81 CE, apartado 1, letra a), ya que la reserva a un
—    La combinación de las bases jurı́dicas antes mencionadas,               organismo compuesto exclusivamente por abogados?
     que resultan insuficientes si se consideran separadamente,
     no les proporciona un ámbito de aplicación más amplio.
(1) DO L 194 de 18.7.2001, p. 26.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Pretura Circondariale di Roma, de 3 de octubre de 1995, en el asunto entre Emanuele Iurlaro e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Asunto C-322/95)

text:
 30 . 12 . 95         ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 351 / 1
                                                                I
                                                        (Comunicaciones)
                                         TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                   TRIBUNAL DE JUSTICIA
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                             dictado el 26 de octubre de 1995 una sentencia cuyo fallo es
                          ( Sala Sexta )                           el siguiente :
                  de 26 de octubre de 1995
                                                                   1 ) Se declara que el Gran Ducado de Luxemburgo ha
en el asunto C-151 /94 : Comisión de las Comunidades                    incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
     Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (')                      del apartado 2 del artículo 48 del Tratado CE y del
(«Artículo 48 del Tratado CE — Igualdad de trato —                      apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n "
Impuesto sobre la Renta de los residentes temporales —                  1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1 968, relativo
      Devolución de impuestos recaudados en exceso»)                    a la libre circulación de los trabajadores dentro de la
                                                                        Comunidad, al mantener en vigor determinadas dispo
                        ( 95/C 351 /01                                  siciones en virtud de las cuales el exceso de las
                                                                        retenciones a cuenta del Impuesto practicadas sobre las
              (Lengua de procedimiento: francés)                        retribuciones y salarios de un nacional de un Estado
                                                                        miembro , que baya residido en el territorio nacional o
                                                                        haya ejercido en él una actividad por cuenta ajena
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi             durante sólo una parte del período impositivo, queda en
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal             beneficio del Tesoro y no puede ser objeto de devolución
                          de Justicia »)                                ni de regularización.
En el asunto C-151 /94, Comisión de las Comunidades                2 ) Se condena en costas al Gran Ducado de Luxem
Europeas ( Agentes : Sra . Héléne Michard y Sr . Enrico                 burgo.
Traversa ) contra Gran Ducado de Luxemburgo ( Agente : Sr.
Nicolás Schmit ), que tiene por objeto que se declare que el       (') DO n" C 202 de 23 . 7. 1994 .
Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligacio
nes que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 48
del Tratado CE y del Reglamento ( CEE ) n° 1612/68 del
Consejo, de 15 de octubre de 1968 , relativo a la libre
circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, en         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
particular del apartado 2 de su artículo 7 ( DO L 257, p . 2 ;     lución de la Pretura Circondariale di Roma, de 3 de octubre
EE 05/01 , p . 77 ), al mantener en vigor determinadas             de 1995 , en el asunto entre Emanuele Iurlaro e Istituto
disposiciones en virtud de las cuales el exceso de las                       nazionale della previdenza sociale ( INPS )
retenciones a cuenta del Impuesto practicadas sobre las
retribuciones y salarios de un nacional de un Estado                                     ( Asunto C-322/95 )
miembro, que haya residido en el territorio nacional y/o                                    ( 95/C 351 /02 )
haya ejercido en él una actividad por cuenta ajena sólo
durante una parte del período impositivo, queda en bene           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
ficio del Tesoro y no puede ser objeto de devolución ni de         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
regularización, el Tribunal de Justicia ( Sala Sexta ), inte      resolución de la Pretura Circondariale di Roma , dictada el 3
grado por los Sres .: C. N. Kakouris, Presidente de Sala ; G.      de octubre de 1995 , en el asunto entre Emanuele Iurlaro e
Hirsch, G. F. Mancini ( Ponente ), F. A. Schockweiler y H.         Istituto nazionale della previdenza sociale ( INPS ) y recibida
Ragnemalm, Jueces; Abogado General : Sr. F. G. Jacobs;             en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de octubre de
Secretario : Sr. H. von Holstein, secretario adjunto; ha           1995 .
 ---pagebreak--- N" C 351 /2              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     30 . 12 . 95
La Pretura Circondariale di Roma solicita al Tribunal de              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
Justicia que se pronuncie sobre la interpretación de la letra f)      lución del Tribunale di Genova — Sala Primera de lo Civil,
del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento ( CEE )                 de 5 de octubre de 1995 , en el asunto entre 1 ) F.lli Carli SpA,
n " 574/72 (') y el artículo 9 bis del Reglamento ( CEE )             2 ) Casa di Spedizione Viale sas y Amministrazione delle
n" 2332/89 ( 2 ) a la luz del artículo 48 del Tratado, al objeto                                      Finanze
de aclarar :
                                                                                ( Asunto C-333/95 )
                                                                                ( 95/C 351 /04 )
El artículo 4 de la Ley n" 222/ 1984 ¿ debe aplicarse
extendiendo el período de referencia para el reconocimiento
de la pensión de invalidez cuando el trabajador haya
disfrutado de las prestaciones por desempleo en otro Estado           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
miembro ( Alemania en el presente caso ) en el que semejante          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                      resolución del Tribunale di Genova — Sala Primera de lo
extensión está prevista y, en caso afirmativo, semejante
extensión está sujeta a que se cumplan determinados                   Civil , dictada el 5 de octubre de 1995 , en el asunto entre 1 )
requisitos ?                                                          F.lli Carli SpA, 2 ) Casa di Spedizione Viale sas y Amminis
                                                                      trazione delle Finanze , y recibida en la Secretaría del
                                                                      Tribunal de Justicia el 20 de octubre de 1995 .
(') DO n" L 74 de 27. 3 . 1972 , p . 1 .
(-) DO n" L 224 de 2 . 8 . 1989 , p . 1 .
                                                                      El Tribunale di Genova — Sala Primera de lo Civil solicita al
                                                                      Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las cuestiones
                                                                      siguientes :
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
lución del Lánsrátten i Stockholms Lán, de 13 de octubre de           La suspensión de los derechos de aduana para las importa
    1995 , en el asunto promovido por VAG Sverige AB                  ciones procedentes de España para los productos agrarios
                       ( Asunto C-329/95 )                            enumerados en el Anexo del Reglamento ( CEE ) n° 3835/
                                                                      90 ('), prevista por el artículo 1 del Reglamento ( CEE ) n"
                           ( 95/C 351 /03 )                           3416/91 ( 2 ), ¿ se aplica también a las importaciones de
                                                                      conservas de atún en aceite de oliva procedentes de dicho
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha             país ?
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Lánsrátten i Stockholms Lán, dictada el 13 de
octubre de 1995 , en el asunto promovido por VAG Sverige              Las autoridades aduaneras competentes, en aplicación de
AB, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19        los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Reglamento ( CEE ) n"
de octubre de 1995 .
                                                                      1697/79 ( 3 ), de 24 de julio de 1979, refundido en el
                                                                      Reglamento ( CEE ) n° 171 5/90 ( 4 ), de 20 de junio de 1990, y
El Lánsrátten i Stockholms Lán solicita al Tribunal de                del artículo 2 del Reglamento de aplicación ( CEE ) n°2164/
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :           91 C ), de 23 de julio de 1991 , ¿ pueden iniciar una acción de
                                                                      recuperación de derechos de aduana no percibidos en el
                                                                      momento de la importación por considerarlos totalmente
1 ) ¿ La exigencia de un certificado con arreglo al bilregis         suspendidos a causa de una interpretación errónea de la
     terkungórelse ( 1 ) sueco es compatible con las disposicio      normativa comunitaria vigente, pero que a posteriori ha
     nes de la Directiva 70/156/CEE del Consejo ( 2 ), en su
     última versión ?
                                                                      resultado que deben pagarse según una interpretación
                                                                      distinta de la misma normativa comunitaria dada por la
                                                                      Comisión de las Comunidades Europeas según dictamen de
2 ) Si la respuesta a la cuestión 1 fuese afirmativa, ¿ es            su Servicio Jurídico ? Este supuesto se refiere a una situación
     compatible la exigencia de que se trata con el artículo 30       en la que el deudor ha cumplido todas las disposiciones
     del Tratado de Roma o puede considerarse que consti             previstas para su declaración en aduana por la legislación
     tuye una « medida de efecto equivalente »?                       vigente y no consta que estuviera informado del error de
                                                                      interpretación que dieron en un primer momento las
                                                                      autoridades italianas de la normativa comunitaria .
3 ) En el supuesto de que la respuesta a la cuestión 1 fuese
     afirmativa y que la respuesta a la cuestión 2 fuese que
     debe ser considerada como una « medida de efecto
     equivalente », ¿ puede mantenerse la exigencia de un              ')  DO  n" L 370  de 31 . 12 . 1990 , p . 126 .
     certificado por parte de Suecia con base en el artícu            2)  DO  n" L 324  de 26 . 11 . 1991 , p . 11 .
     lo 36 ?
                                                                       !)  DO  n° L 197  de 3 . 8 . 1979 , p . 1 .
                                                                       4)  DO  n° L 160  de 26 . 6 . 1990 , p . 1 .
                                                                       ■') DO  n" L 201  de 24 . 6 . 1991 , p . 16 .
(') Punto 9 del apartado 1 del artículo 12 .
(-) DO n" L 42 de 23 . 2 . 1970 , p . 1 .


title: Asunto C-505/15 P: Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2015 por Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 15 de julio de 2015 en los asuntos acumulados T-389/10 y T-419/10

text:
               7.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 406/21

         Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2015 por Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 15 de julio de 2015 en los asuntos acumulados T-389/10 y T-419/10
   (Asunto C-505/15 P)
   (2015/C 406/22)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (representantes: G. Belotti, P. Ziotti, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se reduzca la multa impuesta a SLM, tanto individual como solidariamente, teniendo en cuenta, en particular, (i) los elementos valorados en el procedimiento seguido en primera instancia; (ii) las Directrices para el cálculo del importe de las multas en vigor cuando se produjeron los hechos objeto de impugnación; (iii) el papel marginal desempeñado por la recurrente en el cártel y el reducido período de tiempo durante el cual participó en él, cuyo inicio se sitúa en su caso a finales de 1999, única fecha que puede acreditarse de modo incuestionable conforme a los datos que constan en los autos.

               —

               Que se conceda una indemnización equitativa por la dilación de los trámites administrativos que caracterizó la gestión por parte de la Comisión de la solicitud de clemencia, cuestión totalmente desatendida por el Tribunal.

               —

               Que se le reconozca la clemencia solicitada como consecuencia de la tempestiva admisión de los hechos.

               —

               Que se conceda una indemnización equitativa por la dilación del procedimiento judicial.

               —

               En cualquier caso, que se condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, ORI invoca esencialmente cuatro motivos, que tienen por objeto demostrar que el Tribunal General:

               —

               De modo incoherente con los resultados procesales del caso de autos, no redefinió suficientemente la multa impuesta a la recurrente, por lo que infringió el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales y vulneró los principios consolidados del Derecho de la Unión de proporcionalidad de las sanciones en materia de competencia y de obligación de motivación.

               —

               Al no aplicar las Directrices sobre al cálculo de las multas vigentes cuando se produjeron los hechos, infringió el Derecho de la Unión Europea relativo a la irretroactividad de la ley penal desfavorable, en particular el artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales.

               —

               Ejerció de manera incompleta el control jurisdiccional objeto de su competencia, al valorar de forma manifiestamente inadecuada resultados procesales incoherentes y actuar con parcialidad y conforme a una motivación deficiente, por lo que infringió también el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

               —

               Eludió pronunciarse sobre la alegada deficiente administración de la Comisión debida a la lentitud en la tramitación de la solicitud de clemencia, a la que ésta respondió cuando ya habían transcurrido seis años desde su presentación.

               —

               No apreció las particularidades de la solicitud de clemencia de la recurrente, al concluir de modo contradictorio y manifiestamente injusto que sólo los artífices de un cártel podían beneficiarse de las reducciones del importe de las multas en el caso de que cooperaran, debido a que disponen de elementos de prueba con un valor añadido que otras empresas con un papel marginal en el cártel no pueden tener.

               —

               Al tardar cinco años en dictar sentencia, infringió el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que garantiza el derecho a que el asunto se examine en un tiempo razonable.


title: Asunto C-301/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009 — Irlanda/Parlamento europeo, Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Directiva 2006/24/CE — Conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas — Elección de la base jurídica)

text:
               4.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009 — Irlanda/Parlamento europeo, Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-301/06) (1)

   (Recurso de anulación - Directiva 2006/24/CE - Conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas - Elección de la base jurídica)
   (2009/C 82/03)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Irlanda (representantes: D. O'Hagan, agente, E. Fitzsimons, D. Barniville y A. Collins, SC)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: República Eslovaca (representante: J. Čorba, agente)

      Demandadas: Parlamento europeo (representantes: H. Duintjer Tebbens, M. Dean y A. Auersperger Matić, agentes, Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-C. Piris, J. Schutte y S. Kyriakopoulou, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de las demandadas: Reino de España (representantes: M.A. Sampol Pucurull y J. Rodríguez Cárcamo, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: C. ten Dam y C. Wissels, agentes), Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Docksey, R. Troosters y C. O'Reilly, agentes), Supervisor Europeo de Protección de Datos (representante: M.H. Hijmans, agente)
   Objeto
   Anulación de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE — Elección de la base jurídica.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Irlanda.

               3)

               El Reino de España, el Reino de los Países Bajos, la República Eslovaca, la Comisión de las Comunidades Europeas y el Supervisor Europeo de Protección de Datos soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 237 de 30.9.2006.


title: Asunto C-339/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 7 de junio de 2017 — Verein für lauteren Wettbewerb e.V./Princesport GmbH

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 7 de junio de 2017 — Verein für lauteren Wettbewerb e.V./Princesport GmbH
   (Asunto C-339/17)
   (2017/C 283/32)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Köln

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Verein für lauteren Wettbewerb e.V.

      Demandada: Princesport GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1007/2011 (1) en el sentido de que es obligatorio aclarar que se trata de un producto textil puro, compuesto exclusivamente de una misma fibra?

               2)

               ¿Es obligatorio el uso de uno de los tres indicativos mencionados en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1007/2011, a saber, «100 %», «puro» o «todo», o se trata sólo de una opción para dichos productos, pero no de una obligación?

               3)

               ¿La obligación establecida en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1007/2011 de etiquetar o marcar los productos textiles con la denominación y el porcentaje del peso de todas las fibras que lo componen, se aplica también a los productos textiles puros, como los contemplados en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1007/2011?

      (1)  Reglamento (UE) n.o 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles y por el que se derogan la Directiva 73/44/CEE del Consejo y las Directivas 96/73/CE y 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE (DO 2011, L 272, p. 1).


title: Asunto C-599/14 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de diciembre de 2014 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) dictada el 16 de octubre de 2014 en los asuntos acumulados T-208/11 y T-508/11, Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)/Consejo de la Unión Europea

text:
               16.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 89/6

         Recurso de casación interpuesto el 19 de diciembre de 2014 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) dictada el 16 de octubre de 2014 en los asuntos acumulados T-208/11 y T-508/11, Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-599/14 P)
   (2015/C 089/07)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: B. Driessen, E. Finnegan y G. Etienne, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Reino de los Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia recurrida.

               —

               Resuelva definitivamente sobre las pretensiones del recurso de casación y desestime el recurso formulado en primera instancia.

               —

               Condene al demandante en los asuntos acumulados T-208/11 y T-508/11 a cargar con las costas en que incurra el Consejo tanto en el procedimiento en primera instancia como en el recurso de casación.

      Motivos y principales alegaciones

   En la sentencia recurrida el Tribunal General anuló [las medidas relativas a] la inclusión del LTTE en la lista [a que se refiere el artículo 2 del Reglamento no 2580/2001] por razones relacionadas con el procedimiento utilizado para adoptar tales medidas. El Consejo alega que el Tribunal General incurrió en error sobre los siguientes extremos:
   Primer motivo de casación: El Tribunal General incurrió en error al declarar que el Consejo estaba obligado a demostrar, en su exposición de motivos, que había comprobado que la actividad de la autoridad que impulsó la inclusión en la lista en el tercer Estado se desarrolló con las suficientes garantías. Aunque el Consejo admite que la actividad de la autoridad competente de un tercer Estado debe ejercerse en el marco de una legislación y una práctica administrativa respetuosas de los derechos fundamentales de las personas afectadas, sostiene que el Tribunal General incurre en error de Derecho al exigir que la exposición de motivos contenga tal información.
   Segundo motivo de casación: El Tribunal General incurre en error de Derecho en su valoración de la utilización por el Consejo de información de dominio público. Además, el Tribunal General incurrió en error al censurar el uso por el Consejo de fuentes de acceso público. También se equivoca el Tribunal General al argumentar que el Consejo debería haber pedido a una autoridad competente que investigara los artículos de prensa a los que se hace referencia en la motivación de la exposición de motivos. Por último, el Tribunal General incurre en error al declarar que su negativa a admitir que el Consejo pueda basarse en fuentes de acceso público debería tener como resultado la anulación de la decisión impugnada.
   Tercer motivo de casación: El Tribunal General incurrió en error al no considerar que la inclusión en la lista pudiera fundamentarse en la UK Proscription Order de 2001. La interpretación del Tribunal General no sólo no está debidamente fundamentada en Derecho, sino que tiene como consecuencia el que una entidad podría obstaculizar su inclusión en la lista con arreglo a la Posición Común 931 negándose simplemente a impugnar su inclusión en la lista o proscripción en el Estado miembro del que emane la decisión dictada en virtud del artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 931. A mayor abundamiento, el razonamiento del Tribunal General es incompatible con la sentencia dictada en el asunto Kadi II.


title: Asunto T-423/04: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2004 por Bunker & BKR, S.L. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

text:
               18.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/24

         Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2004 por Bunker & BKR, S.L. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)
   (Asunto T-423/04)
   (2004/C 314/58)
   Lengua de presentación del recurso: español
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades europeas se ha presentado el 8 de octubre de 2004 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) formulado por Bunker & BKR, S.L., con domicilio en Almansa (España), representada por el letrado en ejercicio D. José Enrique Astiz Suárez,
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               se modifique la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 30 de junio de 2004, en el asunto R 0458/2002-4 en sus conclusiones con respecto al parecido de los signos y de los productos resolviendo que la oposición ha de ser rechazada y la solicitud aceptada para todos los productos para los que solicita protección, y

               —

               en su defecto, se revoque la decisión y el procedimiento se devuelva a la División de oposición para que se realice una nueva y correcta comparación del resto de los signos teniendo en cuenta las diferencias visuales y fonéticas entre «BOOTS & SHOES B.K.R. MADE IN SPAIN » y «BK RODS» y su compatibilidad en el mercado sin producir riesgo de asociación para los consumidores en cuanto al origen y calidad de los productos que identifican.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria:

               CALZADOS BUNKER, S.A. (la titularidad de la solicitud fue ulteriormente trasferida a la demandante).

               Marca comunitaria objeto de la Solicitud:

               Marca figurativa compuesta por las iniciales «B.K.R», enmarcadas en un rombo, con las menciones «Boots-Shoes-Made in Spain» — Solicitud no 649.756 para productos de las clases 18 y 25 y servicios de la clase 39.

               Titular de la marca o signo que Se invoca en el procedimiento de Oposición:

               MARINE STOCK LIMITED.

               Marca o signo que se opone:

               Distintas marcas nacionales, incluida la marca verbal austriaca «BK RODS» (no 149.254), para productos de la clase 25 (ropa y zapatos). La oposición iba dirigida contra todos los productos y servicios cubiertos por la solicitud de marca comunitaria objeto del litigio.

               Resolución de la División de Oposición:

               Acoger la oposición, por lo que respecta a los productos de la clase 25, y desestimarla en relación a los productos de la clase 18 y a los servicios de la clase 39.

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimar el recurso.


title: Asunto C-280/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Vestre Landsret, de fecha 25 de junio de 2004, en el asunto entre Jyske Finans contra Skatteministeriet

text:
               11.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/25

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Vestre Landsret, de fecha 25 de junio de 2004, en el asunto entre Jyske Finans contra Skatteministeriet
   (Asunto C-280/04)
   (2004/C 228/51)
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Vestre Landsret, dictada el 25 de junio de 2004, en el asunto entre Jyske Finans contra Skatteministeriet, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de junio de 2004.
   El Vestre Landsret solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 13, parte B, letra c), de la Sexta Directiva sobre el IVA (77/388/CEE) (1), en relación con los artículos 2, apartado 1, y 11, parte A, apartado 1, letra a), en el sentido de que dichas disposiciones se oponen a que un Estado miembro mantenga una situación jurídica derivada de su Ley del IVA en virtud de la cual un sujeto pasivo que haya integrado en su patrimonio profesional un volumen considerable de bienes de inversión está sujeto, a diferencia de los revendedores de vehículos de ocasión y de otros operadores económicos que venden vehículos usados, al IVA sobre la venta de dichos bienes de inversión aun en el caso de que haya adquirido dichos bienes a sujetos pasivos que no declararon el impuesto sobre el precio de los bienes, por lo que, con ocasión de la adquisición de los mismos, no se causó derecho a deducción de las cuotas del IVA soportadas?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 26 bis, parte A, letra e), de la Sexta Directiva sobre el IVA, en el sentido de que el concepto de «sujeto pasivo revendedor» se refiere únicamente a las personas cuya actividad principal consiste en la compraventa de bienes de ocasión cuando los bienes de ocasión de que se trata son adquiridos con el fin de obtener un beneficio de su reventa como objetivo único o principal de la adquisición, o dicho concepto comprende asimismo a aquellas personas que normalmente revenden dichos bienes tras su arrendamiento como actividad accesoria de la actividad económica general de leasing en las circunstancias anteriormente descritas?

      (1)  De 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145 p. 1).


title: Asunto C-46/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtten — Dinamarca) — LN/Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte [Ciudadanía de la Unión — Libre circulación de trabajadores — Principio de igualdad de trato — Artículo 45 TFUE, apartado 2 — Reglamento (CEE) n ° 1612/68 — Artículo 7, apartado 2 — Directiva 2004/38/CE — Artículo 24, apartados 1 y 2 — Excepción al principio de igualdad de trato con respecto a las ayudas de manutención para los estudios consistentes en becas o préstamos — Ciudadano de la Unión que estudia en un Estado miembro de acogida — Actividad laboral por cuenta ajena anterior y posterior al inicio de los estudios — Objetivo principal del interesado en el momento de su entrada en el territorio del Estado miembro de acogida — Repercusión en su calificación de trabajador y en su derecho a una beca]

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtten — Dinamarca) — LN/Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
   (Asunto C-46/12) (1)

   (Ciudadanía de la Unión - Libre circulación de trabajadores - Principio de igualdad de trato - Artículo 45 TFUE, apartado 2 - Reglamento (CEE) no 1612/68 - Artículo 7, apartado 2 - Directiva 2004/38/CE - Artículo 24, apartados 1 y 2 - Excepción al principio de igualdad de trato con respecto a las ayudas de manutención para los estudios consistentes en becas o préstamos - Ciudadano de la Unión que estudia en un Estado miembro de acogida - Actividad laboral por cuenta ajena anterior y posterior al inicio de los estudios - Objetivo principal del interesado en el momento de su entrada en el territorio del Estado miembro de acogida - Repercusión en su calificación de trabajador y en su derecho a una beca)
   2013/C 114/26
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtten

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: LN

      Demandada: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Ankenævnet for Uddannelsesstotten — Interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77) — Igualdad de trato de los ciudadanos de la Unión — Normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión obtengan ayudas de manutención para estudios cuando sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia en ese Estado miembro — Denegación de una solicitud de beca presentada por un ciudadano de la Unión que ha sido trabajador por cuenta ajena en el Estado miembro de acogida cuando el objetivo principal de su regreso a ese Estado miembro sea cursar estudios en él.

      Fallo

   Los artículos 7, apartado 1, letra c), y 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, deben interpretarse en el sentido de que no puede denegarse a un ciudadano de la Unión que curse estudios en un Estado miembro de acogida y que simultáneamente desarrolle en él una actividad por cuenta ajena real y efectiva apta para conferirle la condición de «trabajador» a efectos del artículo 45 TFUE las ayudas de manutención por estudios que se conceden a los nacionales de ese Estado miembro. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente realizar las verificaciones de hecho necesarias para apreciar si las actividades por cuenta ajena del demandante en el procedimiento principal bastan para conferirle dicha condición. La circunstancia de que el interesado entrara en el territorio del Estado miembro de acogida con la intención principal de cursar en él sus estudios no resulta pertinente para determinar si está revestido de la condición de «trabajador» a efectos del artículo 45 TFUE y, por lo tanto, si tiene derecho a las referidas ayudas en las mismas condiciones que un nacional del Estado miembro de acogida de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad.

      (1)  DO C 109, de 14.4.2012.


title: Asunto T-445/11: Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2011 — Charron Inox y Almet/Comisión

text:
               1.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 290/18

         Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2011 — Charron Inox y Almet/Comisión
   (Asunto T-445/11)
   2011/C 290/26
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Charron Inox (Marsella, Francia) y Almet (Satolas-et-Bonce, Francia) (representante: P.-O. Koubi-Flotte, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Con carácter principal, declare la nulidad del Reglamento (UE) no 627/2011 de la Comisión, de 27 de junio de 2011.

               —

               Con carácter subsidiario, declare la responsabilidad culposa de la Comisión por no haber establecido un plazo suficiente entre la publicación del Reglamento (UE) no 627/2011 de la Comisión, de 27 de junio de 2011, y su entrada en vigor y reconozca a las sociedades demandantes el derecho a percibir las cantidades siguientes en concepto de reparación:

                           —

                           en relación con el perjuicio:

                                       —

                                       a favor de la sociedad CHARRON: 123 297,69 euros,

                                       —

                                       a favor de la sociedad ALMET: 384 210 euros;

                           —

                           en relación con el lucro cesante indemnizable:

                                       —

                                       a favor de la sociedad CHARRON, por lo que respecta al contrato celebrado con la sociedad SURAJ, la suma de 78 051,76 USD, equivalente a 55 211,57 euros,

                                       —

                                       a favor de la sociedad ALMET, por lo que respecta al contrato celebrado con la sociedad SURAJ, la suma de 69 059,18 USD, equivalente a 48 827,61 euros a día de la fecha.

               —

               Con carácter aún más subsidiario, declare la responsabilidad no culposa de la Comisión por no haber establecido un plazo suficiente entre la publicación del Reglamento (UE) no 627/2011 de la Comisión, de 27 de junio de 2011, y su entrada en vigor y reconozca a las sociedades demandantes el derecho a percibir las cantidades siguientes en concepto de reparación:

                           —

                           en relación con el perjuicio:

                                       —

                                       a favor de la sociedad CHARRON: 123 297,69 euros,

                                       —

                                       a favor de la sociedad ALMET: 384 210 euros;

                           —

                           en relación con el lucro cesante indemnizable:

                                       —

                                       a favor de la sociedad CHARRON, por lo que respecta al contrato celebrado con la sociedad SURAJ, la suma de 78 051,76 USD, equivalente a 55 211,57 euros,

                                       —

                                       a favor de la sociedad ALMET, por lo que respecta al contrato celebrado con la sociedad SURAJ, la suma de 69 059,18 USD, equivalente a 48 827,61 euros a día de la fecha.

               —

               En cualquier caso, condene a la Comisión Europea en costas y al pago de 10 000 euros en concepto de contribución a los gastos de defensa de las sociedades demandantes.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en el carácter gravemente insuficiente de las constataciones realizadas por la Comisión antes de su decisión en la medida en que este carácter insuficiente determinó que los hechos considerados demostrados fueran inexactos.

               2)

               Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de confianza legítima en la medida en que la inmediata entrada en vigor del Reglamento impugnado no permitió a las demandantes adaptar sus prácticas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de octubre de 2002 en el asunto C-136/00 (Petición de decisión prejudicial del Kuopin hallinto-oikeus): Rolf Dieter Danner ("Seguro de jubilación voluntario — Suscripción con una sociedad establecida en otro Estado miembro — Carácter no deducible de las cotizaciones — Compatibilidad con los artículos 6 y 59 del Tratado CE (actualmente artículos 12 CE y 49 CE, tras su modificación), 60, 73 B y 73 D del Tratado CE (actualmente artículos 50 CE, 56 CE y 58 CE), y con el artículo 92 del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación)")

text:
23.11.2002              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 289/1
                                                                       I
                                                               (Comunicaciones)
                                                TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                          TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                               2)     Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas.
                            (Sala Sexta)
                                                                          (1 ) DO C 340 de 7.11.1998.
                   de 26 de septiembre de 2002
en el asunto C-351/98: Reino de España contra Comisión
                de las Comunidades Europeas (1)                                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
(«Ayudas de Estado — Repercusión en la competencia y los
intercambios entre Estados miembros — Regla de minimis
                                                                                de 3 de octubre de 2002
— Directrices sectoriales y directrices sobre ayudas en favor
del medio ambiente — Ayuda horizontal con repercusión
                                                                          en el asunto C-136/00 (Petición de decisión prejudicial del
                             sectorial»)
                                                                                Kuopin hallinto-oikeus): Rolf Dieter Danner ( 1)
                          (2002/C 289/01)                                 («Seguro de jubilación voluntario — Suscripción con una
                                                                          sociedad establecida en otro Estado miembro — Carácter no
                                                                          deducible de las cotizaciones — Compatibilidad con los
                  (Lengua de procedimiento: español)                      artículos 6 y 59 del Tratado CE (actualmente artículos 12
                                                                          CE y 49 CE, tras su modificación), 60, 73 B y 73 D del
                                                                          Tratado CE (actualmente artículos 50 CE, 56 CE y 58 CE), y
                                                                          con el artículo 92 del Tratado CE (actualmente artículo 87
                                                                                CE, tras su modificación)»)
En el asunto C-351/98, Reino de España (agente: Sra. R. Silva
Lapuerta) contra Comisión de las Comunidades Europeas                                                (2002/C 289/02)
(agentes: Sres. J. Guerra Fernández y D. Triantafyllou), que
tiene por objeto la anulación parcial de la Decisión 98/693/CE
                                                                                (Lengua de procedimiento: finés)
de la Comisión, de 1 de julio de 1998, relativa al régimen
español de ayudas a la compra de vehículos industriales Plan
Renove Industrial (agosto de 1994-diciembre de 1996) (DO                  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
L 329, p. 23), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por              «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
la Sra. F. Macken, Presidenta de Sala, y los Sres. C. Gulmann,
J.-P. Puissochet (Ponente), V. Skouris y J. N. Cunha Rodrigues,
Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria:                        En el asunto C-136/00, que tiene por objeto una petición
Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 26 de            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:              por el Kuopion hallinto-oikeus (Finlandia), destinada a obtener,
                                                                          en el procedimiento iniciado por Rolf Dieter Danner, una
                                                                          decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 6 y
1)    Anular los artículos 3 y 4 de la Decisión 98/693/CE de la           59 del Tratado CE (actualmente artículos 12 CE y 49 CE, tras
      Comisión, de 1 de julio de 1998, relativa al régimen español        su modificación), 60, 73 B y 73 D del Tratado CE (actualmente
      de ayudas a la compra de vehículos industriales Plan Renove         artículos 50 CE, 56 CE y 58 CE), y del artículo 92 del Tratado
      Industrial (agosto de 1994-diciembre de 1996).                      CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación), el
 ---pagebreak--- C 289/2                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         23.11.2002
Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los                      p. 1, y —texto modificado— p. 77; texto en español en DO
Sres. P. Jann, Presidente de Sala, S. von Bahr, D. A. O. Edward,           1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de
A. La Pergola y M. Wathelet (Ponente), Jueces; Abogado                     1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO
General: Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von Holstein,                L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por
Secretario adjunto, ha dictado el 3 de octubre de 2002 una                 el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                      Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1)
                                                                           y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la
El artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su         adhesión de la República de Austria, de la República de
modificación) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una       Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1), el
norma tributaria de un Estado miembro que limita o excluye el              Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra. F. Macken,
derecho a deducir, a efectos del impuesto sobre la renta, las              Presidenta de Sala, y los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet,
aportaciones a seguros de jubilación voluntarios abonadas a entidades      R. Schintgen (Ponente) y J. N. Cunha Rodrigues, Jueces;
de seguros de pensiones establecidas en otros Estados miembros al          Abogado General: Sr. F. G. Jacobs; Secretaria: Sra. M.-F. Contet,
mismo tiempo que concede el derecho a deducir tales aportaciones           administradora, ha dictado el 1 de octubre de 2002 una
cuando se pagan a organismos establecidos en el primer Estado              sentencia cuyo fallo es el siguiente:
miembro, si no excluye asimismo el carácter imponible de las
pensiones abonadas por dichas entidades.                                   Las reglas de competencia enunciadas en el Convenio de 27 de
                                                                           septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución
( 1) DO C 176 de 24.6.2000.                                                de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión
                                                                           modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la
                                                                           adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de
                                                                           Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre
                                                                           de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica, por el
                                                                           Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                de España y de la República Portuguesa y por el Convenio de 29 de
                                                                           noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria,
                             (Sala Sexta)                                  de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, deben interpretarse
                                                                           en el sentido de que una acción judicial preventiva, entablada por una
                     de 1 de octubre de 2002                               asociación para la protección de los consumidores con objeto de
                                                                           obtener la prohibición del uso por un comerciante de cláusulas
en el asunto C-167/00 (Petición de decisión prejudicial del                consideradas abusivas en los contratos celebrados con particulares, es
Oberster Gerichtshof): Verein für Konsumenteninforma-                      de carácter delictual o cuasidelictual en el sentido del artículo 5,
               tion contra Karl Heinz Henkel (1)                           número 3, de dicho Convenio.
(«Convenio de Bruselas — Artículo 5, número 3 — Compe-                     (1 ) DO C 192 de 8.7.2000.
tencia en materia delictual o cuasidelictual — Acción preven-
tiva de interés colectivo — Asociación para la protección de
los consumidores que solicita la prohibición del uso de
cláusulas abusivas por un comerciante en los contratos
                celebrados con los consumidores»)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                           (2002/C 289/03)
                                                                                (Sala Primera)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                de 3 de octubre de 2002
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        en el asunto C-347/00 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                           Juzgado de lo Social no 3 de Orense): Ángel Barreira Pérez
                                                                           contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
En el asunto C-167/00, que tiene por objeto una petición                        Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (1)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de
junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de              («Reglamento (CEE) no 1408/71 — Artículos 1, letras r) y
Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la                 s), y 46, apartado 2 — Liquidación de derechos a pensión —
competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales             Períodos de seguro cumplidos antes de la fecha del hecho
en materia civil y mercantil, por el Oberster Gerichtshof                            causante — Períodos de cotización ficticios»)
(Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
órgano jurisdiccional entre Verein für Konsumenteninforma-
                                                                                (2002/C 289/04)
tion y Karl Heinz Henkel, una decisión prejudicial sobre la
interpretación del artículo 5, número 3, del Convenio de 27 de
septiembre de 1968, antes citado (DO 1972, L 299, p. 32;                                     (Lengua de procedimiento: español)
texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), en su
versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978
relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del            En el asunto C-347/00, que tiene por objeto una petición
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304,                 dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234


title: Asunto C-386/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de travail de Bruxelles (Bélgica) el 30 de septiembre de 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consejo de la Unión Europea

text:
               19.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 312/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de travail de Bruxelles (Bélgica) el 30 de septiembre de 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-386/09)
   2009/C 312/29
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de travail de Bruxelles

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Jhonny Briot

      Recurridas: Randstad Interim, Sodexho SA, Consejo de la Unión Europea

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Cuando en una transmisión de empresa en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23, (1) la entidad transmitida, a saber, un restaurante de empresa de una institución comunitaria, empleaba un número importante de trabajadores puestos a su disposición por empresas de trabajo temporal en virtud de un contrato marco celebrado con distintas empresas de trabajo temporal, ¿la empresa de trabajo temporal, o en su defecto la institución bajo cuyo control y dirección trabajaban los trabajadores puestos a su disposición por empresas de trabajo temporal, debe ser considerada un empresario-cedente en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), de dicha Directiva?
               En el supuesto de que ni la empresa de trabajo temporal ni la empresa usuaria puedan calificarse de empresario-cedente, ¿procede considerar que los trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal no pueden beneficiarse de las garantías establecidas en la Directiva 2001/23?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE en el sentido de que la falta de renovación de los contratos de trabajo de duración determinada de los trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal, en razón de la transmisión de la actividad a la que se hallaban destinados, vulnera la prohibición establecida por dicha disposición, de modo que procede considerar que tales trabajadores seguían estando a disposición del usuario en la fecha de la transmisión?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE, eventualmente en relación con el artículo 2, apartado 2, letra c), en el sentido de que obliga al cesionario a mantener una relación laboral con los trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal que estaban destinados a la actividad que ha sido transmitida o de los que procede considerar que seguían estando a disposición del usuario en la fecha de la transmisión?
               Si la respuesta a esta cuestión fuera afirmativa, ¿debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, en el sentido de que obliga al cesionario a celebrar un contrato de trabajo de duración indefinida en el supuesto de que éste no sea una empresa de trabajo temporal y no pueda celebrar contratos de puesta a disposición de trabajadores?

      (1)  Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82, p. 16).


title: Asunto F-38/14: Recurso interpuesto el 21 de abril de 2014 — ZZ/Consejo

text:
               7.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/45

         Recurso interpuesto el 21 de abril de 2014 — ZZ/Consejo
   (Asunto F-38/14)
   2014/C 212/57
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Función pública — Pretensión de anulación de la decisión del Secretario General del Consejo de imponer la sanción de separación del servicio con reducción de la asignación por invalidez en un 15 % hasta la edad de jubilación.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la admisibilidad del presente recurso.

               —

               Que se anule la decisión impugnada y, en la medida de lo necesario, la decisión desestimatoria de la reclamación.

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.


title: Asunto T-200/06: Recurso interpuesto el 26 de julio de 2006 — IBERDROLA/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               16.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 224/49

         Recurso interpuesto el 26 de julio de 2006 — IBERDROLA/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-200/06)
   (2006/C 224/103)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: IBERDROLA S.A. (Bilbao, España) (representantes: Sr. J. Alfaro Aguilar y Sra. P. Liñán Hernández, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión impugnada.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas que se deriven del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso se dirige contra la decisión de la Comisión Europea, de 25 de abril de 2006 (asunto no COMP/M.4110 — E.ON/ENDESA), que ha declarado compatible con el mercado común la concentración por la cuál E.ON AG se propone adquirir el control sobre la totalidad de las acciones de ENDESA SA.
   La demandante precisa a este respecto que, en su opinión, la decisión impugnada pasa por alto los serios riesgos existentes de que se generen efectos coordinados en las relaciones de competencia entre los principales operadores con presencia paneuropea, que no pueden dejar de examinarse en una operación de esta magnitud y características, que afecta a las empresas dominantes en dos de los principales mercados energéticos nacionales.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega que la demandada:

               —

               Ha violado el principio de buena administración, al efectuar una investigación sesgada e insuficiente del funcionamiento de los mercados afectados y del impacto en ellos de la operación.

               —

               Ha cometido un error de Derecho al basar su examen de la operación en una visión estática de los mercados, contraria al reglamento de concentraciones y a la jurisprudencia comunitaria.

               —

               Ha desconocido su obligación de asegurar la aplicación coherente de las normas sobre control de concentraciones y abuso de posición dominante en el examen de la operación, notificada, autorizándola sin haber examinado el origen de los fondos previstos por E.ON para la adquisición de ENDESA, son el fin de determinar si tal concentración podía ser el resultado de un abuso de posición dominante.

               —

               Ha cometido una serie de errores manifiestos de apreciación y ha ignorado elementos pertinentes al concluir que la compatibilidad de la operación no plantea serias dudas y adoptar la decisión de autorizarla en primera fase. Se subraya a este respecto que, aún habiéndose adoptado con base en el nuevo Reglamento de concentraciones, que impone un análisis más sofisticado y exigente, la decisión impugnada:

                           —

                           ignora por completo el impacto negativo que tendrá la operación sobre el proceso de integración de los mercados mayoristas nacionales, que culminará con la realización del mercado único europeo del gas y de la electricidad,

                           —

                           ha evaluado insuficientemente el impacto de la operación proyectada en el emergente mercado pan-europeo de suministro eléctrico a empresas multinacionales,

                           —

                           considera que, a pesar de su vocación pan-europea y su fortaleza económica, E.ON no era u competidor potencial significativo de ENDESA en los mercados españoles de la generación de electricidad y de aprovisionamiento de gas,

                           —

                           concluye que con la operación no se refuerza a un dominante en el mercado alemán y que la desaparición de un reciente entrante, ENDESA, no cambia el contexto competitivo.

         Por último, la demandante alega la violación del deber de motivación de los actos.