title: Asunto T-327/02: Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Muller Marine Holding B.V., Muller Maritime Holding B.V. y Handel- en Scheepvaartmaatschappĳ Multraschip B.V.

text:
C 323/40                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     21.12.2002
Las demandantes alegan que la Decisión impugnada vulnera,                 2)    Con carácter subsidiario, que anule los artículos 2 y 3 de
además, el principio de protección de la confianza legítima y                   la Decisión impugnada en los que la Comisión requiere al
el artículo 14 del Reglamento 659/1999. Según ellas, podían                     Gobierno neerlandés, entre otros, para que adopte todas
confiar en que la ayuda de Estado era lícita, dado que había                    las medidas necesarias para exigir a los beneficiarios la
sido autorizada por la Comisión. Por tanto, la exigencia de                     devolución de la ayuda, salvo la concedida antes del 12 de
devolución de la ayuda recibida también es contraria a sus                      septiembre de 1990.
expectativas legítimas.
                                                                          3)    Condene en costas a la Comisión.
Las demandantes estiman que la Decisión impugnada también
vulnera el principio de seguridad jurídica, puesto que la
Comisión ha modificado su opinión sobre las medidas fiscales
para el transporte marítimo. Según ellas, una modificación de             Motivos y principales alegaciones
la opinión sobre las medidas de ayuda no puede tener como
consecuencia que una medida de ayuda autorizada se califique
de ayuda nueva y no de ayuda existente.                                   Se invocan los mismos motivos que en el asunto T-326/02.
Las demandantes invocan, además, la vulneración de los
principios de igualdad y proporcionalidad, y el incumplimiento
de la obligación de motivación.
( 1) Reglamento (CE) n o 659/1999 del Consejo de 22 de marzo
     de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
     artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).                          Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2002 contra la
( 2) Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte        Comisión de las Comunidades Europeas por Smit Harbour
     marítimo (DO 1997, C 205, p. 5).                                                          Towage Rotterdam B.V.
                                                                                (Asunto T-328/02)
                                                                                (2002/C 323/66)
Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2002 contra la
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
Comisión de las Comunidades Europeas por Muller
Marine Holding B.V., Muller Maritime Holding B.V. y
    Handel- en Scheepvaartmaatschappij Multraschip B.V.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                          (Asunto T-327/02)
                                                                          Europeas se ha presentado el 24 de octubre de 2002 un
                                                                          recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                           (2002/C 323/65)                                formulado por Smit Harbour Towage Rotterdam B.V., con
                                                                          domicilio social en Rotterdam, representada por el
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)                    Sr. T.R. Ottervanger, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 24 de octubre de 2002 un                     1)    Con carácter principal, que anule la Decisión de la
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                          Comisión, de 19 de junio de 2002, C(2002) 2158 final,
formulado por Muller Marine Holding B.V., Muller Maritime                       relativa a la ayuda estatal concedida por los Países Bajos
Holding B.V. y Handel- en Scheepvaartmaatschappij Multras-                      en favor de las operaciones realizadas por remolcadores
chip B.V., con domicilio social en Rotterdam, representadas por                 neerlandeses en puertos marítimos y vías navegables
el Sr. T.R. Ottervanger, que designa domicilio en Luxemburgo.                   interiores de la Comunidad.
Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia:               2)    Con carácter subsidiario, que anule los artículos 2 y 3 de
                                                                                la Decisión impugnada en los que la Comisión requiere al
1)     Con carácter principal, que anule la Decisión de la                      Gobierno neerlandés, entre otros, para que adopte todas
       Comisión, de 19 de junio de 2002, C(2002) 2158 final,                    las medidas necesarias para exigir a los beneficiarios la
       relativa a la ayuda estatal concedida por los Países Bajos               devolución de la ayuda, salvo la concedida antes del 12 de
       en favor de las operaciones realizadas por remolcadores                  septiembre de 1990.
       neerlandeses en puertos marítimos y vías navegables
       interiores de la Comunidad.                                        3)    Condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-591/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 13 de noviembre de 2015 — The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

text:
               25.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 27/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 13 de noviembre de 2015 — The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury
   (Asunto C-591/15)
   (2016/C 027/22)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice Queens Bench Division (Administrative Court)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

      Demandadas: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

      Cuestiones prejudiciales

               1.

               A efectos del artículo 56 TFUE y habida cuenta de la relación constitucional existente entre Gibraltar y el Reino Unido:

                           1.1.

                           ¿Gibraltar y el Reino Unido deben tratarse como si fueran partes de un solo Estado miembro a efectos del Derecho de la Unión, de modo que el artículo 56 TFUE no es aplicable, salvo en la medida en que pueda aplicarse a medidas internas?

                           1.2.

                           ¿O bien, a la luz del artículo 355 TFUE, apartado 3, Gibraltar tiene el estatuto constitucional de un territorio distinto del Reino Unido en el interior de la Unión, de modo que la prestación de servicios entre Gibraltar y el Reino Unido debe tratarse como un comercio intracomunitario a los efectos del artículo 56 TFUE?

                           1.3.

                           ¿O bien Gibraltar debe tratarse como un país o territorio tercero, de modo que el Derecho de la Unión únicamente es aplicable al comercio entre ambos en los supuestos en que el Derecho de la Unión surte efectos entre un Estado miembro y un Estado no miembro?

                           1.4.

                           ¿O bien la relación constitucional entre Gibraltar y el Reino Unido debe tratarse de algún otro modo a efectos del artículo 56 TFUE?

               2.

               ¿Unas medidas impositivas nacionales con características tales como las del Nuevo régimen fiscal constituyen una restricción a libre prestación de servicios a efectos del artículo 56 TFUE?

               3.

               De ser así, ¿los objetivos que a juicio del órgano jurisdiccional remitente persiguen unas medidas nacionales como las del Nuevo régimen fiscal son objetivos legítimos, que pueden justificar una restricción a la libre prestación de servicios con arreglo al artículo 56 TFUE?


title: Rectificación de la comunicación del asunto T-475/08 P publicada en el Diario Oficial ( DO C 69 de 21.3.2009, p. 40 )

text:
               18.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 167/29

         Rectificación de la comunicación del asunto T-475/08 P publicada en el Diario Oficial
   (
         Diario Oficial de la Unión Europea C 69 de 21 de marzo de 2009, p. 40
      )
   2009/C 167/57
   La comunicación del asunto T-475/08 P, Duta/Tribunal de Justicia, publicada en el DO, debe decir lo siguiente:

         «Recurso de casación interpuesto el 29 de octubre de 2008 por Radu Duta contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 4 de septiembre de 2008 en el asunto F-103/07, Duta/Tribunal de Justicia
         (Asunto T-475/08 P)
         2009/C 69/93
         Lengua de procedimiento: francés

            Partes

            Recurrente: Radu Duta (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: F. Krieg, abogado)

            Otra parte en el procedimiento: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

            Pretensiones de la parte recurrente

                     —

                     En cuanto a la forma, que se declare la admisibilidad del presente recurso de apelación.

                     —

                     En cuanto al fondo, que se declare fundado el presente recurso.

                     —

                     Que, por lo tanto, modificando la resolución del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 4 de septiembre de 2008, se declare el recurso del apelante admisible y fundado.

                     —

                     Que, en consecuencia, se anulen las decisiones impugnadas por las razones antes expuestas.

                     —

                     Que, en la medida en que sea necesario, se devuelva el asunto a la autoridad competente para que ésta se pronuncie con arreglo a lo que disponga la resolución que se dictará en su día.

                     —

                     Que se condene a la parte apelada a abonarle una cantidad de un 1 100 000 (un millón cien mil) euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

                     —

                     Que, en la medida en que sea necesario, se ordene la realización de un peritaje para determinar el importe del perjuicio sufrido por el recurrente.

                     —

                     Que se condene a la parte apelada al pago de la totalidad de los gastos y costas del proceso.

                     —

                     Que quede constancia de que el apelante se remite expresamente a sus escritos de alegaciones en primera instancia, que se adjuntan al presente recurso de apelación y de los que se entiende que constituyen parte integrante del mismo.

                     —

                     Que quede constancia, por lo demás, de que el apelante se reserva expresamente todos sus derechos y acciones, y en particular el derecho de someter el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

            Motivos y principales alegaciones

         En el presente recurso de casación, el recurrente solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 4 septiembre de 2008 en el asunto Duta/Tribunal de Justicia, por la que se declaró la inadmisibilidad del recurso en el que el recurrente había solicitado, por una parte, la anulación del escrito en el que se le había informado de que no se le ofrecería un puesto de letrado en el gabinete de un Juez y, por otra parte, el abono de una indemnización por el perjuicio que alegaba haber sufrido.
         En apoyo de su recurso de casación, el recurrente sostiene, por una parte, que su derecho a un proceso equitativo, establecido por el artículo 6, apartado 1, del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, ha resultado violado a causa de la parcialidad estructural del Tribunal de Primera Instancia, así como de las relaciones personales existentes entre los jueces del Tribunal de Primera Instancia y los autores de las decisiones impugnadas ante el Tribunal de la Función Pública. Por otra parte, el recurrente se remite a las alegaciones y motivos que expuso en el procedimiento en primera instancia, entre los que figuran la violación de los principios de transparencia, de buena fe y de igualdad de trato.
         Por otra parte, el recurrente declara estar convencido de que sólo podrá obtener justicia ante un tribunal realmente independiente de su adversario en el proceso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y afirma que se reserva el derecho a invocar sus argumentos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»


title: Asunto C-198/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social n ° 1 de Benidorm — Alicante) — Víctor Manuel Julián Hernández y otros/Puntal Arquitectura, S.L., y otros (Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2088/94/CE — Ámbito de aplicación — Derecho a indemnización de un empresario frente a un Estado miembro por los salarios pagados a un trabajador durante el procedimiento de impugnación del despido de este último después del 60 ° día hábil desde la presentación de la demanda por despido — Inexistencia del derecho a indemnización en el caso de despidos nulos — Subrogación del trabajador en el derecho a indemnización de su empresario en caso de insolvencia provisional de este último — Discriminación de los trabajadores que han sido objeto de un despido nulo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Ámbito de aplicación — Artículo 20)

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm — Alicante) — Víctor Manuel Julián Hernández y otros/Puntal Arquitectura, S.L., y otros
   (Asunto C-198/13) (1)

   ((Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario - Directiva 2088/94/CE - Ámbito de aplicación - Derecho a indemnización de un empresario frente a un Estado miembro por los salarios pagados a un trabajador durante el procedimiento de impugnación del despido de este último después del 60o día hábil desde la presentación de la demanda por despido - Inexistencia del derecho a indemnización en el caso de despidos nulos - Subrogación del trabajador en el derecho a indemnización de su empresario en caso de insolvencia provisional de este último - Discriminación de los trabajadores que han sido objeto de un despido nulo - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Ámbito de aplicación - Artículo 20))
   2014/C 315/19
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Víctor Manuel Julián Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Selles Orozco, Alberto Martí Juan, Said Debbaj

      Demandadas: Puntal Arquitectura, S.L., Obras Alteramar, S.L., Altea Diseño y Proyectos, S.L., Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro, Subdelegación del Gobierno de España en Alicante

      Fallo

   Una normativa nacional, como la discutida en el litigio principal, según la cual el empresario puede reclamar al Estado miembro interesado el pago de los salarios de tramitación devengados durante el procedimiento de impugnación de un despido después del 60o día hábil siguiente a la presentación de la demanda, y, según la cual, cuando el empresario no ha pagado esos salarios y se encuentra en estado de insolvencia provisional, el trabajador interesado puede, como consecuencia de una subrogación legal, reclamar directamente a ese Estado el pago de dichos salarios, no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, y, por tanto, no puede ser examinada a la luz de los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, de su artículo 20.

      (1)  DO C 189 de 29.6.2013.


title: Asunto C-49/00: Recurso interpuesto el 16 de febrero de 2000 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Italiana

text:
C 135/4                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     13.5.2000
Recurso interpuesto el 16 de febrero de 2000 por la                      Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-                   lución del Oberlandesgericht Innsbruck, de fecha 15 de
                            blica Italiana                               febrero de 2000, en el asunto entre Leopold Hein y
                                                                                Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter
                         (Asunto C-49/00)                                                        (Asunto C-58/00)
                          (2000/C 135/05)                                                         (2000/C 135/06)
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
presentado el 16 de febrero de 2000 un recurso contra                    resolución del Oberlandesgericht Innsbruck, dictada el 15 de
la República Italiana, formulado por la Comisión de las                febrero de 2000, en el asunto entre Leopold Hein y Pen-
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Enrico Tra-                sionsversicherungsanstalt der Arbeiter, y recibida en la Secreta-
versa, Consejero Jurı́dico, y la Sra. Nicola Yerrell, miembro del        rı́a del Tribunal de Justicia el 23 de febrero de 2000. El
Servicio Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como              Oberlandesgericht Innsbruck solicita al Tribunal de Justicia
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez                que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                                    En artı́culo 10 bis del Reglamento (CEE) no 1408/71 del
                                                                         Consejo (1), de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                los regı́menes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta
                                                                         ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros
a) Declare que la República Italiana ha incumplido las                  de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en
     obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos 6,         su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CEE)
     apartado 3, letra a), y 7, apartados 3, 5 y 8, de la Directiva      no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, modificado
     89/391/CEE, de 12 de junio de 1989 (1), relativa a la               por el Reglamento (CEE) no 1247/92 del Consejo (2), de
     aplicación de medidas para promover la mejora de la                30 de abril de 1992, en relación con el Anexo II bis, ¿debe
     seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo,          interpretarse en el sentido de que la asignación para cuidados
                                                                         prevista en la Bundespflegegeldgesetz (Ley federal de asignacio-
     — al no haber establecido que los empresarios deben                 nes para cuidados; en lo sucesivo, BPGG) está comprendida
         evaluar todos los riesgos para la salud y la seguridad          dentro de su ámbito de aplicación y, por lo tanto, constituye
         existentes en el lugar de trabajo,                              una prestación especial de carácter no contributivo a efectos
     — al haber permitido que los empresarios decidan si                 del artı́culo 4, apartado 2 bis, del Reglamento, de forma que la
         desean utilizar o no los servicios externos de protección      situación de una persona que, como el demandante, cumple
         o prevención cuando las competencias internas sean             los requisitos de concesión de esta prestación después del 1 de
         insuficientes,                                                  junio de 1992, se rige exclusivamente por el sistema de
                                                                         coordinación establecido por el artı́culo 10 bis de dicho
     — al no haber definido las capacidades y aptitudes                  Reglamento?
         que deben poseer las personas responsables de las
         actividades de protección y prevención de los riesgos         (1) DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98.
                                                                         (2) DO 1992, L 136, p. 1.
         profesionales para la salud y seguridad de los trabaja-
         dores.
                                                                         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
b) Condene en costas a la República Italiana.                           lución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 18 de
                                                                         enero de 2000, en el asunto entre Land Baden-Württem-
                                                                         berg y Günther Schilling, en el que interviene el Oberbun-
Motivos y principales alegaciones                                        desanwalt beim Bundesverwaltungsgericht y entre
                                                                         Bezirksregierung Lüneburg y Hans-Otto Nehring, en el
La Comisión considera que la normativa italiana mediante la             que interviene el Oberbundesanwalt beim Bundesverwal-
que se adapta el ordenamiento jurı́dico interno a la Directiva                                      tungsgericht
89/391/CEE es insuficiente para dar cumplimiento a algunas
                                                                                (Asunto C-63/00)
obligaciones que la propia Directiva impone a los Estados
miembros. Concretamente, la Comisión imputa a la República                                      (2000/C 135/07)
Italiana el hecho de no haber ejecutado correcta e ı́ntegramente         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
las siguientes normas de la Directiva:                                   sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución del Bundesverwaltungsgericht, dictada el 18 de
— el artı́culo 6, apartado 3, letra a),
                                                                         enero de 2000, en el asunto entre Land Baden-Württemberg y
— el artı́culo 7, apartado 3,                                            Günther Schilling y entre Bezirksregierung Lüneburg y Hans-
                                                                         Otto Nehring, en el que interviene el Oberbundesanwalt beim
— el artı́culo 7, apartados 5 y 8.                                       Bundesverwaltungsgericht, y recibida en la Secretarı́a del
                                                                         Tribunal de Justicia el 28 de febrero de 2000. El Bundesverwal-
                                                                         tungsgericht solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
(1) DO L 183, de 29.06.1989, p. 1.                                       sobre la siguiente cuestión relativa a la interpretación del
                                                                         artı́culo 10, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 3887/92 (1),
                                                                         modificado por el Reglamento (CEE) no 1648/95 (2):


title: Asunto F-99/12: Auto del Tribunal de la Función Pública de 8 de abril de 2016 — Chevalier/Comité de las Regiones

text:
               30.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/54

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 8 de abril de 2016 — Chevalier/Comité de las Regiones
   (Asunto F-99/12) (1)

   (2016/C 191/79)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 343 de 10.11.2012, p. 24.


title: Asunto T-238/11 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de mayo de 2011 por Luigi Marcuccio contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 15 de febrero de 2011 en el asunto F-81/09, Marcuccio/Comisión

text:
               25.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 186/31

         Recurso de casación interpuesto el 4 de mayo de 2011 por Luigi Marcuccio contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 15 de febrero de 2011 en el asunto F-81/09, Marcuccio/Comisión
   (Asunto T-238/11 P)
   2011/C 186/57
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal que conoció en primera instancia: a) desestima el recurso promovido por la parte recurrente; b) acuerda que el demandante en la primera instancia del procedimiento cargue con los tres cuartos de las costas causadas por el mismo; y además,

                           —

                                 con carácter principal:

                                       (B.1.1)

                                       acoja todas las pretensiones formuladas por el demandante en primera instancia, a excepción de las inherentes al reembolso de las costas;

                                       (B.2.2)

                                       condene a la demandada a reembolsar al recurrente tres cuartas partes de las costas que el Tribunal que conoció en primera instancia decidió que fueran a cargo del recurrente; o,

                           —

                                 con carácter subsidiario:

                                       (B.2)

                                       devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública, con una composición distinta, al objeto de que se pronuncie nuevamente sobre el fondo, con respecto a cada una de las pretensiones a que se refieren los anteriores puntos (B.1.1.) y (B.2.2.).

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública (TFP) de 15 de febrero de 2011 (asunto F-81/09). Esta sentencia ha desestimado un recurso cuyo objeto era, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión Europea por la que se denegó parcialmente su solicitud de que le fueran pagados los intereses de demora sobre los atrasos relativos a la prestación de invalidez que le ha pagado dicha institución y, por otra, que se condenara a la Comisión a pagarle la cantidad correspondiente a la diferencia entre el importe de los intereses de demora calculado según los criterios que a su juicio debían ser aplicados y el realmente pagado.

               1)

               Primer motivo, relativo a una total falta de motivación de la decisión a que se refiere el apartado 32 de la sentencia recurrida, así como al incumplimiento de la obligación de motivación que incumbe a toda institución de la Unión (apartados 41 a 47 de la sentencia recurrida).

               2)

               Segundo motivo, relativo a la errónea, falsa e irracional interpretación y aplicación del texto de la comunicación de fecha 8 de mayo de 2003, a que se refiere el apartado 53 de la sentencia recurrida.

               3)

               Tercer motivo, relativo a la errónea, falsa e irracional interpretación y aplicación del concepto de aplicación analógica de una norma y de las correspondientes normas de Derecho y consideraciones jurisprudenciales (apartados 57 y 58 de la sentencia recurrida).

               4)

               Cuarto motivo, relativo a la violación del principio de Derecho patere legem quam ipse feristi, que afecta irremisiblemente a la decisión controvertida, y total falta de motivación en relación la desestimación de la argumentación referente a la violación de dicho principio (concretamente, apartado 59 de la sentencia recurrida).

               5)

               Quinto motivo, relativo al carácter contrario a Derecho de la desestimación (apartados 69 y 70 de la sentencia recurrida) de la «pretensión de condena pecuniaria», aunque sólo fuera por falta de pronunciamiento sobre una pretensión judicial del recurrente relativa a los intereses compensatorios.

               6)

               Sexto motivo, relativo al carácter contrario a Derecho de la desestimación (apartados 73 y 76 de la sentencia impugnada) de la pretensión de resarcimiento del daño.

               7)

               Séptimo motivo, relativo al carácter contrario a Derecho de la condena al pago por el recurrente de tres cuartas partes de las costas del procedimiento.


title: Asunto C-498/01 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de diciembre de 2001 (Fax: 20.12.2001) por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) contra la sentencia dictada el 3 de octubre de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-140/00, promovido por Zapf Creation AG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
C 56/8                   ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          2.3.2002
f)    La Comisión considera también que, a consecuencia de             desecados. También según la Comisión, debe considerarse que
      no haber respetado las exigencias de los artı́culos 9 y 10        se trata de la entrega a tı́tulo oneroso prevista en la Directiva
      de la Directiva en lo que atañe a las autorizaciones,            dado que el beneficiario de la subvención es la empresa de
      Irlanda no respeta el artı́culo 13 de la Directiva, que           fabricación de forraje desecado que lo vende a terceros. No
      dispone que los establecimientos o empresas que efectúen         obstante, Finlandia no recauda la cuota del impuesto sobre el
      tratamientos de residuos estarán sujetos a inspecciones          valor añadido correspondiente a tales subvenciones.
      periódicas apropiadas por parte de las autoridades compe-
      tentes, o el artı́culo 14 de la Directiva, que dispone que
      dichos establecimientos o empresas deberán llevar un             (1) Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los
      registro y facilitar esta información a las autoridades              Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
      competentes, a petición de éstas.                                    negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido:
                                                                            base común uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
                                                                        (2) DO L 63 de 21.3.1995, p. 1.
(1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129.
(2) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2001 contra la                Recurso de casación interpuesto el 24 de diciembre de
República de Finlandia por la Comisión de las Comunida-               2001 (Fax: 20.12.2001) por la Oficina de Armonización
                            des Europeas                                del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) contra
                                                                        la sentencia dictada el 3 de octubre de 2001 por la
                         (Asunto C-495/01)                              Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                        Comunidades Europeas, en el asunto T-140/00, promo-
                                                                        vido por Zapf Creation AG contra Oficina de Armoniza-
                           (2002/C 56/15)                                  ción del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                                  (Asunto C-498/01 P)
presentado el 21 de diciembre de 2001 un recurso contra la
República de Finlandia, formulado por la Comisión de las                                       (2002/C 56/16)
Comunidades Europeas, representada por los Sres. E. Traversa
y I. Koskinen, que designa domicilio en Luxemburgo a efectos
de notificaciones.
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               presentado el 24 de diciembre de 2001 (Fax: 20.12.2001) un
                                                                        recurso de casación formulado por la Oficina de Armonización
1)    Declare que la República de Finlandia ha infringido el           del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), asistida y
      artı́culo 11 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de           representada por los Sres. Detlef Schennen y Carina Røhl
      17 de mayo de 1977, Sexta Directiva referente al                  Søberg, en calidad de agentes, contra la sentencia dictada el
      impuesto sobre el valor añadido (1), al no recaudar la           3 de octubre de 2001 por la Sala Cuarta del Tribunal de
      parte de la cuota de dicho impuesto relativa a las                Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto
      subvenciones abonadas en virtud del Reglamento (CE)               T-140/00, promovido por Zapf Creation AG contra la Oficina
      no 603/95 del Consejo, de 21 de febrero de 1995, por el           de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
      que se establece la organización común de mercados en           modelos),
      el sector de los forrajes desecados (2).
2)    Condene en costas a la República de Finlandia.                   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                        1.     Desestime la demanda de Zapf Creation AG.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        2.     Condene a Zapf Creation AG (como demandante en el
                                                                               procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia) a
Según el artı́culo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Sexta
Directiva sobre el IVA, la base imponible está constituida por                cargar con las costas en primera instancia.
la contraprestación por una actividad comercial «incluidas
las subvenciones directamente vinculadas al precio de estas             3.     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
operaciones». Por cuanto la subvención comunitaria que se                     3 de octubre de 2001, en el asunto T-140/00, «New Born
concede por la elaboración y venta de forrajes desecados se                   Baby» (1).
abona sobre la base de la cantidad de forrajes vendidos y
procesados, debe considerarse, según la Comisión, que la              4.     Condene a Zapf Creation AG a cargar con las costas del
subvención afecta directamente al precio de los forrajes                      procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
 ---pagebreak--- 2.3.2002                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 56/9
Motivos y principales alegaciones                                          Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2001 contra el
                                                                           Reino de España por la Comisión de las Comunidades
—     Vulneración del artı́culo 7, apartado 1, letra c), del                                             Europeas
      Reglamento no 40/94 del Consejo en relación con los
      productos «muñecas para jugar»: La sentencia impugnada
      no tiene suficientemente en cuenta la distinción entre                                       (Asunto C-500/01)
      indicaciones sobre el origen (marcas válidas) e indicacio-
      nes que tienen un carácter meramente informativo [que
      están incluidas en el artı́culo 7, apartado 1, letra c)]. El                                   (2002/C 56/17)
      Tribunal de Primera Instancia limitó, erróneamente, la
      aplicación del artı́culo 7, apartado 1, letra c), a las
      indicaciones descriptivas del propio producto («que el
      signo de que se trata es descriptivo de las propias
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      muñecas») y excluyó del ámbito de aplicación de dicha
                                                                           presentado el 21 de diciembre de 2001 un recurso contra el
      disposición la descripción de las caracterı́sticas de las
                                                                           Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
      muñecas («[descripción] de lo que representan dichas
                                                                           des Europeas, representada por el Sr. Stefan Rating, miembro
      muñecas»). También adolece de un error de Derecho la
                                                                           de su Servicio Jurı́dico, que designa como domicilio en
      exigencia del Tribunal de Justicia en el sentido de que «el
                                                                           Luxemburgo el del Sr. Luis Escobar Guerrero, también miem-
      público al que se dirige el producto, al decidir comprarlo,
                                                                           bro del mismo Servicio Jurı́dico, en el Centro Wagner,
      [debe asimilar] ese juguete con lo que representa». De
                                                                           Kirchberg.
      este modo se exige una causalidad entre la indicación
      descriptiva y la decisión de compra que no guarda
      relación alguna con el artı́culo 7, apartado 1, letra c). El
      Tribunal de Primera Instancia no ha tenido en cuenta que             La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      una serie de indicaciones descriptivas no designan la
      especie del producto, sino lo que el producto representa
      o su contenido. Lo anterior puede afirmarse, en general,             1.    Declare que, al no ajustarse a las disposiciones del
      respecto a los juguetes, pero también en relación con los                 artı́culo 4 quater de la Directiva 90/388/CEE (1) modificada
      libros o revistas, juegos de vı́deo, etc.                                  por la Directiva 96/19/CE (2), el Reino de España ha
                                                                                incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
—     Vulneración del artı́culo 7, apartado 1, letra c), del                    del artı́culo 249 CE; y
      Reglamento no 40/90 del Consejo por lo que se refiere a
      los «accesorios de muñecas para jugar». El Tribunal de              2.    Condene en costas al Reino de España
      Primera Instancia aplicó erróneamente el principio, en sı́
      válido, del Derecho de marcas, según en cual debe
      examinarse la marca en relación con los productos para
      los que se solicita su registro, al examinar por separado,
      incorrectamente, el producto «accesorios de muñecas                 Motivos y principales alegaciones
      para jugar» del resto de la lista de productos. La indicación
      «accesorios de muñecas para jugar» está tan claramente
      relacionada con el producto principal «muñecas para
      jugar» que, desde la perspectiva del Derecho de marcas,              La Comisión estima que las cuotas de abono al por menor de
      debe compartir necesariamente el mismo destino que                   Telefónica no podrán orientarse a los costes antes del principio
      dicho producto principal.                                            del año 2003. Esta imposibilidad resulta de las limitaciones
                                                                           mecánicas impuestas por el sistema español de lı́mites máxi-
—     Vulneración del artı́culo 12 del Reglamento no 40/90 del            mos de precios, que impiden a Telefónica proceder a ajustes
      Consejo y de la sentencia «BMW/Deenik» (2) por lo que se             más rápidos del importe del abono. Añade que es difı́cil
      refiere a los accesorios de muñecas para jugar.                     defender que un reequilibrio repartido a lo largo de cerca de
                                                                           siete años responde al criterio de la mayor rapidez posible
                                                                           establecido por la Directiva y que el reequilibrio ha ido parejo
—     Vulneración del artı́culo 7, apartado 1, letra c), del
                                                                           con la apertura del mercado español de las telecomunicaciones
      Reglamento no 40/94 del Consejo: Puesto que en el
                                                                           a la competencia.
      presente asunto la desestimación, con arreglo al artı́culo 7,
      apartado 1, letra b), por falta de carácter distintivo, se
      fundamentó con los mismos argumentos que cabe aducir
      respecto al artı́culo 7, apartado 1, letra c), es lógico que el     (1) de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia
      resultado sea unitario, a saber, el contrario al acogido en              en los mercados de servicios de telecomunicaciones (DO L 192
      la sentencia impugnada.                                                  de 24.7.1990, p. 10).
                                                                           (2) de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica
                                                                               la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la
(1) Aún no publicada en la Recopilación de la jurisprudencia.                plena competencia en los mercados de telecomunicaciones (DO
(2) Sentencia del Tribunal de Justicia de 23.2.1999 (C-63/97, Rec.             L 74 de 13.3.1996, p. 13).
    p. I-925).


title: Asunto C-391/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH [Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales — Ámbito de aplicación ratione personae — Omisiones engañosas en los publirreportajes — Normativa de un Estado miembro que prohíbe cualquier publicación remunerada sin hacer constar la mención «publicidad» ( «Anzeige» ) — Armonización completa — Medidas más estrictas — Libertad de prensa]

text:
               14.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 367/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH
   (Asunto C-391/12) (1)

   (Directiva 2005/29/CE - Prácticas comerciales desleales - Ámbito de aplicación ratione personae - Omisiones engañosas en los publirreportajes - Normativa de un Estado miembro que prohíbe cualquier publicación remunerada sin hacer constar la mención «publicidad» («Anzeige») - Armonización completa - Medidas más estrictas - Libertad de prensa)
   2013/C 367/31
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: RLvS Verlagsgesellschaft mbH

      Demandada: Stuttgarter Wochenblatt GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Interpretación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149, p. 22) y, en particular, de sus artículos 3, apartado 5, 4 y 7, apartado 2, y del número 11 de su anexo I — Omisiones engañosas en los publirreportajes — Normativa de un Estado miembro que prohíbe las publicaciones remuneradas sin la mención «publicidad» («Anzeige»).

      Fallo

   En circunstancias como las del litigio principal, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), no puede ser invocada frente a los editores de prensa, de modo que, en esas circunstancias, dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de un precepto nacional en virtud del cual dichos editores están obligados a hacer constar una mención específica, en este caso el término «publicidad» («Anzeige»), en toda publicación de sus periódicos y revistas por la que perciban una retribución, salvo que la disposición o la configuración de la publicación permitan, de forma general, reconocer su carácter publicitario.

      (1)  DO C 343, de 10.11.2012.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 26 de mayo de 2005, en el asunto C-409/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof): Société d'exportation de produits agricoles SA (SEPA) contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas («Restituciones a la exportación — Carne de bovino — Sacrificio especial de urgencia — Reglamento (CEE) n° 3665/87 — Artículo 13 — Calidad sana, cabal y comercial — Carácter comercializable en condiciones normales»)

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/10

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 26 de mayo de 2005
   en el asunto C-409/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof): Société d'exportation de produits agricoles SA (SEPA) contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (1)

   («Restituciones a la exportación - Carne de bovino - Sacrificio especial de urgencia - Reglamento (CEE) no 3665/87 - Artículo 13 - Calidad sana, cabal y comercial - Carácter comercializable en condiciones normales»)
   (2005/C 182/18)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-409/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesfinanzhof (Alemania), mediante resolución de 15 de julio de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de octubre de 2003, en el procedimiento entre Société d'exportation de produits agricoles SA (SEPA) y Hauptzollamt Hamburg-Jonas, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y el Sr. K. Lenaerts, la Sra. N. Colneric y los Sres. K. Schiemann y E. Juhász (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 26 de mayo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El artículo 13 del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, debe interpretarse en el sentido de que no cabe considerar que una carne que satisface los criterios de higiene y cuya comercialización para el consumo humano en la Comunidad Europea está limitada por la normativa comunitaria al mercado local por proceder de animales que han sido sacrificados por el procedimiento especial de urgencia, es de «calidad sana, cabal y comercial», teniendo en cuenta que este requisito es necesario para la concesión de las restituciones a la exportación.

      (1)  DO C 275, de 15.11.2003.


title: Asunto T-390/14: Recurso interpuesto el 3 de junio de 2014  — Établissement Amra/OAMI (KJ KANGOO JUMPS XR)

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/64

         Recurso interpuesto el 3 de junio de 2014 — Établissement Amra/OAMI
   (KJ KANGOO JUMPS XR)
   (Asunto T-390/14)
   2014/C 315/108
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (representante: S. Rizzo, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule en su totalidad la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 10 de marzo de 2014 en el asunto R 1511/2013-2.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca de posición consistente la parte inferior de un resorte de un dispositivo para deporte y entrenamiento y que contiene el elemento denominativo «KJ KANGOO JUMPS XR» para productos de la clase 28 — Solicitud de marca comunitaria no 1 1 7 26  494

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-133/07: Recurso interpuesto el 18 de abril de 2007 — Mitsubishi Electric/Comisión

text:
               23.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 140/37

         Recurso interpuesto el 18 de abril de 2007 — Mitsubishi Electric/Comisión
   (Asunto T-133/07)
   (2007/C 140/62)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Japón) (representantes: R. Denton, Solicitor y K. Haegeman, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante
   La demandante solicita:

               —

               que se anule la Decisión, concretamente sus artículos 1 a 4, en la medida en que es aplicable a Melco y a TMT&D, respecto al período por el cual se reputa que Melco es responsable solidario con Toshiba por las actividades de TMT&D, o

               —

               que se anule el artículo 2 g) de la Decisión, y el artículo 2 h) en la medida en que afecta a Melco, o

               —

               que se modifique el artículo 2 de la Decisión en la medida en que afecta a Melco, con el fin de revocar o, en su caso, reducir sustancialmente la multa que en ella se impone a Melco, y, en todo caso,

               —

               que se imponga a la Comisión el pago de sus propias costas, así como el pago de las causadas por Melco en el presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante, Mitsubishi Electric Corporation (en lo sucesivo, «Melco») promovió un recurso de anulación, con arreglo a los artículos 230 CE y 229 CE, de la Decisión de la Comisión de 24 de enero de 2007 [asunto COMP/F/38.899 — Equipos de conmutación con aislamiento por gas — C(2006) 6762 final], en cuya virtud la Comisión declaró que la demandante, entre otras empresas, había infringido el artículo 81 CE, apartado 1, y, desde el 1 de enero de 1994, también el artículo 53 EEE en el sector de los equipos de conmutación con aislamiento por gas (en lo sucesivo «ECAG»), mediante algunos acuerdos que estipulan a) distribución de mercados, b) asignación de cupos y mantenimiento de las cuotas de mercado respectivas, c) asignación de proyectos de ECAG individuales (falseamiento de las licitaciones) a productores designados y manipulación del procedimiento de licitación para tales proyectos, d) fijación de precios, e) acuerdos para terminar convenios de licencia con elementos que no participan en la práctica colusoria y f) intercambios de información comercial sensible, y mediante prácticas concertadas consistentes en tales extremos. Con carácter subsidiario, la demandante solicita que se suprima o se reduzca la multa impuesta.
   Los motivos invocados por Melco en su recurso son los siguientes:
   Alega que la Comisión no probó satisfactoriamente que la demandante hubiera infringido el artículo 81 CE al participar en una práctica colusoria cuyos objeto y efecto eran la restricción de la competencia en el EEE.
   La demandante aduce que la Comisión no demostró que existiera ningún acuerdo del que Melco fuera parte que fuera en contra de lo establecido en el artículo 81 CE.
   La demandante afirma además que la Comisión cometió un error de apreciación al no tener en cuenta la documentación técnica y económica aclaratoria de que Melco no estaba presente en el mercado europeo y probatoria de las dificultades con que se enfrenta para introducirse en dicho mercado.
   La demandante sostiene que la Comisión infringió las normas en materia de prueba al invertir injustificadamente la carga de la prueba y violó el principio de presunción de inocencia.
   Además, según la demandante, la Comisión violó los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad de diversas formas: al determinar el punto de partida de la multa impuesta a Melco sobre la base de su volumen de negocio de 2001, y no del correspondiente a 2003; al calcular el coeficiente multiplicador aplicable a Melco y al definir erróneamente el mercado de ECAG a escala mundial y la cuota de Melco en este mercado. Por otra parte, según la demandante, la Comisión violó el principio de proporcionalidad, al determinar el importe de la multa impuesta a Melco por su implicación en el acuerdo CE, (1) del mismo modo que lo hizo en relación con los productores europeos implicados en los acuerdos tanto de CE como de EC. (2)

   La demandante afirma que la Comisión incumplió la obligación de motivación al declarar que la multa de Melco debía calcularse sobre la base de su volumen de negocio de 2001 y que a Melco correspondía entre el 15 % y el 20 % del volumen mundial de negocio de los ECAG.
   Por lo demás, considera que la Comisión violó el principio de buena administración al estimar el valor del mercado global de los ECAG.
   La demandante sostiene que la Comisión cometió un error al no tomar en consideración la documentación económica y técnica al valorar el impacto de la conducta de Melco y al calcular la multa impuesta a dicha sociedad. A su juicio, la Comisión cometió asimismo un error al determinar la duración de la supuesta práctica colusoria.
   Por otra parte, la demandante sostiene que la Comisión vulneró su derecho de defensa y el derecho a un juicio justo al no facilitar a Melco la prueba exculpatoria e inculpatoria crucial que se menciona en su Decisión por la que se impone la multa. Por último, observa que la Comisión no informó a Melco durante el procedimiento administrativo de sus apreciaciones referentes a la teoría de compensación, vulnerando de este modo su derecho de defensa.

      (1)  «C» es la inicial de «cuota»y «E»es la inicial de «equipo».

      (2)  «E» es la inicial de «europeo» y «C» es la inicial de cuota. En la Decisión impugnada se alude de otro modo al acuerdo EC como «Acuerdo de operación del grupo E respecto al Acuerdo CE»


title: Asunto F-133/11: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 12 de diciembre de 2013 — BV/Comisión (Función Pública — Nominación — Candidatos inscritos en listas de reserva de concursos cuya convocatoria se ha publicado antes de la entrada en vigor del nuevo estatuto — Clasificación en grado — Principio de igualdad de trato — Discriminación por razón de edad — Libre circulación de personas)

text:
               8.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/27

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 12 de diciembre de 2013 — BV/Comisión
   (Asunto F-133/11) (1)

   (Función Pública - Nominación - Candidatos inscritos en listas de reserva de concursos cuya convocatoria se ha publicado antes de la entrada en vigor del nuevo estatuto - Clasificación en grado - Principio de igualdad de trato - Discriminación por razón de edad - Libre circulación de personas)
   2014/C 39/48
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: BV (Berlín, Alemania) (representante: P. Goergen, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Curral y B. Eggers, agentes)

      Parte coadyuvante: Consejo de la Unión Europea (representantes: J. Herrmann y A.F. Jensen, agentes]

      Objeto

   Anulación de la decisión de la Comisión de clasificar a la demandante, inscrita en la lista de reserva del concurso EPSO/A/17/04 cuya convocatoria se había publicado antes de la entrada en vigor del nuevo estatuto, en el grado AD 6, escalón 2, en aplicación de disposiciones menos favorables

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               BV cargará con sus propias costas y con las costas de la Comisión Europea.

               3)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 133, de 5.5.2013, p. 29.


title: Asunto C-282/02: Recurso interpuesto el 31 de julio de 2002 contra Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 261/2                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   26.10.2002
3.      A efectos de determinar los cinco Jueces que conocerán          Sala Sexta
de cada asunto atribuido a una Sala grande, a saber, la Sala
Quinta y la Sexta (a cada una de las cuales están adscritos siete       (Presidente: Juez Sr. Puissochet)
Jueces), se elaborará una lista para cada año judicial. Esta lista      Sr. Gulmann, Sra. Macken, Sres. da Cunha Rodrigues, Schint-
comprenderá a todos los Jueces que formen parte de la Sala, a           gen, Skouris y Sra. Colneric, Jueces
excepción del Presidente, por el siguiente orden:
a)     los Jueces de la Sala pequeña de cuatro miembros, por            Designación del Primer Abogado General
       orden de antigüedad;
                                                                        En su reunión de 1 de octubre de 2002, conforme al artículo
b)     los Jueces de la otra Sala pequeña, por el mismo orden.          10, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal
                                                                        de Justicia designó Primer Abogado General al Sr. J. Mischo,
                                                                        para un período de un año a partir del 7 de octubre de 2002.
Para cada asunto, la Sala grande estará integrada por:
—      el Presidente,
—      el Juez Ponente,                                                 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                        lución del Verwaltungsgericht Stuttgart, de fecha 11 de
—      tres Jueces designados siguiendo el orden de la lista            julio de 2002, en el asunto entre Engin Ayaz y Land
       correspondiente, desplazándose el punto de partida un                                  Baden-Württemberg
       nombre en cada reunión general.
                                                                                (Asunto C-275/02)
En caso de impedimento de uno o varios Jueces, la sustitución                                    (2002/C 261/02)
se hará siguiendo el orden de la lista. No obstante, en caso de
impedimento del Presidente de una Sala grande, éste deberá
ser sustituido, preferentemente, por el Presidente de la Sala
pequeña.                                                                Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        resolución del Verwaltungsgericht Stuttgart, dictada el 11 de
Cuando el Tribunal de Justicia o la Sala estime que varios              julio de 2002, en el asunto entre Engin Ayaz y Land Baden-
                                                                        Württemberg, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
asuntos deben ser examinados conjuntamente (hayan sido
acumulados formalmente o no), la composición del Tribunal               Justicia el 26 de julio de 2002. El Verwaltungsgericht Stuttgart
                                                                        solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
o de la Sala será la fijada para el primero de los asuntos
                                                                        siguiente cuestión:
tratados en reunión general.
                                                                        «El hijastro menor de 21 años de un trabajador turco que
4.      Para el período que finalizará el 6 de octubre de 2003,         forma parte del mercado de trabajo legal de un Estado
las listas anteriormente mencionadas quedarán establecidas de           miembro, ¿es familiar a efectos del artículo 7, párrafo primero,
la siguiente forma:                                                     de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación CEE-
                                                                        Turquía?»
Sala Tercera
(Presidente: Juez Sr. Puissochet)
Sr. Gulmann, Sra. Macken y Sr. da Cunha Rodrigues, Jueces
                                                                        Recurso interpuesto el 31 de julio de 2002 contra Irlanda
Sala Cuarta                                                                    por la Comisión de las Comunidades Europeas
(Presidente: Juez Sr. Timmermans)                                                              (Asunto C-282/02)
Sres. Edward, La Pergola y von Bahr, Jueces                                                      (2002/C 261/03)
Sala Quinta
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
(Presidente: Juez Sr. Wathelet)                                         presentado el 31 de julio de 2002 un recurso contra Irlanda,
                                                                        formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
Sres. Edward, La Pergola, von Bahr, Timmermans, Jann y                  representada por el Sr. Michael Shotter, en calidad de agente,
Rosas, Jueces                                                           que designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 26.10.2002             ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 261/3
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                         lución del Bundesarbeitsgericht, de fecha 21 de marzo de
                                                                          2002, en el asunto entre Land Brandenburg y Ursula Sass
—     Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que                                    (Asunto C-284/02)
      le incumben en virtud de la Directiva 76/464/CEE del
      Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contamina-                                     (2002/C 261/04)
      ción causada por determinadas sustancias peligrosas
      vertidas en el medio acuático de la Comunidad ( 1), y en
      particular de los artículos 7 y 9 de la misma, así como las        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE,
      al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias            resolución del Bundesarbeitsgericht, dictada el 21 de marzo de
      para asegurar la correcta adaptación de su Derecho                 2002, en el asunto entre Land Brandenburg y Ursula Sass, y
      interno a dicha Directiva y la adecuada aplicación de la           recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de agosto
      misma.                                                             de 2002. El Bundesarbeitsgericht solicita al Tribunal de Justicia
                                                                         que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
                                                                         En un convenio colectivo según el cual los períodos de
—     Condene en costas a Irlanda.                                       suspensión de la relación laboral no se computan a efectos del
                                                                         período de confirmación el artículo 119 del Tratado CEE
                                                                         (actualmente artículo 141 CE) y la Directiva 76/207/CEE (1),
                                                                         ¿impiden excluir también del cómputo el período durante el
                                                                         cual la relación laboral estuvo suspendida por el hecho de que
                                                                         la trabajadora, tras la expiración del período de protección de
                                                                         ocho semanas computables establecido en el artículo 6 de la
                                                                         Mutterschutzgesetz (Ley de protección de la madre), se acogió
Motivos y principales alegaciones                                        a un permiso de maternidad hasta el término de la vigésima
                                                                         semana después del parto con arreglo al artículo 244, apar-
                                                                         tado 1, del Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen
                                                                         Republik (Código del Trabajo de la República Democrática de
                                                                         Alemania) de 16 de junio de 1977 (GBl. I, p. 185)?
La Comisión alega que, en términos generales, Irlanda no ha
                                                                         (1 ) DO L 39, p. 40.
reducido la contaminación causada por el fósforo en los
lugares en los que ya resultaba evidente en el momento en que
se adoptó la Directiva ni ha impedido que dicha contaminación
se produjera y se incrementara en otros lugares, infringiendo
así lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la Directiva. Además,         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
a juicio de la Comisión, los objetivos de calidad de Irlanda en          lución del Oberlandesgericht München, de fecha
lo que respecta al fósforo, establecidos en 1998, y las medidas          25 de julio de2002, en el asunto entre A.M.O.K. Verlags
irlandesas en materia de autorización de vertidos no cumplen                          GmbH y A & R Gastronomie GmbH
los requisitos de los artículos 7 y 9 de la Directiva. La Comisión
estima igualmente que los programas adoptados por Irlanda                                       (Asunto C-289/02)
para reducir la contaminación provocada por el fósforo
adolecen de importantes deficiencias.                                                             (2002/C 261/05)
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución del Oberlandesgericht München, dictada el 25 de
La Comisión alega también que Irlanda no ha llevado a su                 julio de 2002, en el asunto entre A.M.O.K. Verlags GmbH y
término ni aplicado correctamente los programas de reducción             A & R Gastronomie GmbH, y recibida en la Secretaría del
de la contaminación para las sustancias de la lista II distintas         Tribunal de Justicia el 9 de agosto de 2002. El Oberlandesge-
del fósforo, o no ha comunicado en forma resumida los                    richt München solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
resultados de la aplicación de los programas en lo que respecta          sobre la siguiente cuestión:
a dichas sustancias.
                                                                         «¿Deben interpretarse los artículos 49 y 12 CE en el sentido de
                                                                         que se oponen a una resolución judicial que establezca que en
                                                                         un Estado miembro sólo puede solicitarse la devolución de las
                                                                         costas originadas por la actividad de un abogado de otro
( 1) DO L 129 de 18.5.1976, p. 23 (EE 15/01, p. 165).                    Estado miembro en un proceso que tiene lugar en el primer
                                                                         Estado miembro y por la actividad del abogado que actúa de
                                                                         acuerdo con él en la medida en que no superen las costas,
                                                                         incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que ocasionaría
                                                                         la representación mediante un abogado nacional?»


title: Asunto T-242/15: Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2015 — ACDA y otros/Comisión

text:
               20.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/45

         Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2015 — ACDA y otros/Comisión
   (Asunto T-242/15)
   (2015/C 236/61)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Automobile Club des Avocats — ACDA (París, Francia); Organisation des Transporteurs Routiers Européens — OTRE (Burdeos, Francia); Fédération française des motards en colère — FFMC (París); Fédération française de motocyclisme (París) y Union nationale des automobile clubs (París) (representante: M. Lesage, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare su recurso admisible.

               —

               Anule el dictamen SA.38271 de la Comisión Europea de 28 de octubre de 2014 relativo a la ayuda de Estado SA.2014/N 38271, en relación con el Plan de reactivación de las autopistas en el territorio francés, publicado el 20 de febrero de 2015 en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que el plan francés de reactivación de las autopistas supone una ventaja específica para las sociedades concesionarias de autopistas con cargo a recursos públicos.

               2.

               Segundo motivo, basado en que el plan de reactivación de las autopistas afecta a la competencia.

               3.

               Tercer motivo, basado en una compensación excesiva a las cargas asumidas por las sociedades concesionarias de autopistas, incompatible con su misión de interés económico general.

               4.

               Cuarto motivo, basado en los obstáculos al comercio entre los Estados miembros.

               5.

               Quinto motivo, basado en que son contrarias a Derecho las modificaciones introducidas en el plan de reactivación de las autopistas sin una nueva notificación a la Comisión tras el dictamen SA.38271.


title: Asunto C-307/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de septiembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social n°  1 de San Sebastián — España) — Yolanda del Cerro Alonso/Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (Directiva 1999/70/CE — Cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada — Principio de no discriminación — Concepto de condiciones de trabajo — Primas de antigüedad — Inclusión — Razones objetivas que justifican una diferencia de trato — Inexistencia)

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de septiembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social no 1 de San Sebastián — España) — Yolanda del Cerro Alonso/Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
   (Asunto C-307/05) (1)

   (Directiva 1999/70/CE - Cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada - Principio de no discriminación - Concepto de «condiciones de trabajo» - Primas de antigüedad - Inclusión - Razones objetivas que justifican una diferencia de trato - Inexistencia)
   (2007/C 269/14)
   Lengua de procedimiento: español
   Órgano jurisdiccional remitente
   Juzgado de lo Social no 1 de San Sebastián
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Yolanda del Cerro Alonso

      Demandada: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Juzgado de lo Social no 1 de San Sebastián — Interpretación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43) — Inclusión o exclusión de las condiciones económicas en el concepto de condiciones de trabajo — Prima de antigüedad — No percepción debida a la existencia de acuerdos entre la representación sindical del personal y la administración — Razones objetivas suficientes
   Fallo

               1)

               El concepto de «condiciones de trabajo» a que se refiere la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que puede servir de fundamento a una pretensión como la controvertida en el procedimiento principal, dirigida a que se asigne a un trabajador con un contrato de duración determinada una prima de antigüedad reservada por el Derecho nacional únicamente a los trabajadores fijos.

               2)

               La cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone al establecimiento de una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinada y trabajadores fijos que esté justificada por la mera circunstancia de que esté prevista por una disposición legal o reglamentaria de un Estado miembro o por un convenio colectivo celebrado entre la representación sindical del personal y el empleador.

      (1)  DO C 257 de 15.10.2005.


title: Asunto T-256/06: Recurso interpuesto el 18 de septiembre de 2006 — Neoperl Servisys/OAMI (HONEYCOMB)

text:
               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/29

         Recurso interpuesto el 18 de septiembre de 2006 — Neoperl Servisys/OAMI (HONEYCOMB)
   (Asunto T-256/06)
   (2006/C 261/55)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Neoperl Servisys AG (Reinach, Suiza) (representante: H. Börjes-Pestalozza, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución impugnada R 1388/2005-4 y se obligue a la Oficina de Armonización del Mercado Interior a publicar la solicitud de marca comunitaria no 2906139 con el fin de que se proceda a su registro.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: la marca denominativa «HONEYCOMB» para productos de la clase 11 — Solicitud no 2.906.139

      Resolución del examinador: desestimación de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento (CE) no 40/94, (1) al haber apreciado erróneamente el signo cuyo registro se solicita tanto en su conjunto como en sus elementos individuales y haber presupuesto en la apreciación del público pertinente una percepción del comercio claramente exagerada.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 2 de junio de 2005, en el asunto T-177/03: Andreas Strohm contra Comisión de las Comunidades Europeas («Funcionarios — Denegación de promoción al grado A4 — Examen comparativo de los méritos — Obligación de motivación — Motivación complementaria — Recurso de anulación y de indemnización — Admisibilidad»)

text:
               6.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/24

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 2 de junio de 2005
   en el asunto T-177/03: Andreas Strohm contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Funcionarios - Denegación de promoción al grado A4 - Examen comparativo de los méritos - Obligación de motivación - Motivación complementaria - Recurso de anulación y de indemnización - Admisibilidad»)
   (2005/C 193/39)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-177/03, Andreas Strohm, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representado por el Sr. C. Illig, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. C. Berardis-Kayser, asistida por el Sr. B. Wägenbaur, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de la Comisión de fecha 14 de agosto de 2002 de no promover al demandante al grado A4 en virtud del ejercicio de 2002, así como un recurso de indemnización, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y D. Šváby, Jueces; Secretaria: Sra. C.Kristensen, administradora, ha dictado el 2 de junio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Anular la decisión de la Comisión de fecha 14 de agosto de 2002 de no promover al demandante al grado A4 en virtud del ejercicio de promoción de 2002.

               2)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la indemnización del demandante.

               3)

               La demandada cargará con todas las costas.

      (1)  DO C 200, de 20.8.2003.


title: Asunto C-684/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret (Dinamarca) el 23 de diciembre de 2013 — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter

text:
               22.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 85/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret (Dinamarca) el 23 de diciembre de 2013 — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter
   (Asunto C-684/13)
   2014/C 85/27
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Vestre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Johannes Demmer

      Demandada: Fødevareministeriets Klagecenter

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el requisito consistente en que una superficie agraria no debe utilizarse para «actividades no agrarias» en el sentido del artículo 44, apartado 2, del Reglamento no 1782/2003 (1) y el requisito de que una superficie agraria deba utilizarse para «una actividad agraria o […] predominantemente para actividades agrarias» a efectos del artículo 34, apartado 2, letra a), del Reglamento no 73/2009, (2) en el sentido de que constituye una condición para la obtención de una ayuda que la finalidad primordial de una superficie sea su uso agrario?

                           a)

                           En caso de respuesta afirmativa, se solicita al Tribunal de Justicia que especifique los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir qué finalidad en cuanto al uso es la «primordial» en el supuesto de que una superficie sea utilizada para varias finalidades diferentes simultáneamente.

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa, se solicita además al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si, en su caso, ello significa que las áreas de seguridad situadas alrededor de las pistas y de las pistas de rodaje y zonas de parada en los aeropuertos, que forman parte del aeropuerto y están sometidas a restricciones y normas especiales, como las controvertidas en el presente caso, relacionadas con el uso del terreno, pero que también se utilizan para la cosecha de heno para la producción de pienso en gránulos, son, por su propia naturaleza y su uso, admisibles a efectos de la obtención de una ayuda con arreglo a las disposiciones antes citadas.

               2)

               ¿Debe interpretarse el requisito consistente en que un terreno agrario forme parte de la «explotación» del ganadero en el sentido del artículo 44, apartado 2, del Reglamento no 1782/2003 y del artículo 34, apartado 2, letra a), del Reglamento no 73/2003 en el sentido de que las áreas de seguridad situadas alrededor de las pistas y de las pistas de rodaje y zonas de parada en los aeropuertos, que forman parte del aeropuerto y están sometidas a restricciones y normas especiales, como las controvertidas en el presente caso, relacionadas con el uso del terreno, pero que también se utilizan para la cosecha de heno para la producción de pienso en gránulos, son admisibles a efectos de la obtención de una ayuda con arreglo a las disposiciones antes citadas?

               3)

               En caso de que la respuesta a la primera cuestión, letra b), y/o a la segunda cuestión sea negativa ¿existirá entonces, por el hecho de que los terrenos, además de utilizarse para el cultivo de pastos permanentes para la producción de pienso en gránulos, sean asimismo áreas de seguridad situadas alrededor de las pistas y de las pistas de rodaje y zonas de parada,

                           a)

                           un error que el agricultor podría haber detectado razonablemente en el sentido del artículo 137 del Reglamento no 73/2009 cuando se hayan asignado pese a todo derechos de pago con respecto a dichas superficies?

                           b)

                           un error que el agricultor podría haber detectado razonablemente en el sentido del artículo 73, apartado 4, del Reglamento de aplicación de la Comisión no 796/2004, (3) cuando se hayan abonado pese a todo las ayudas con respecto a dichas superficies?

                           c)

                           un pago indebido con respecto al cual no quepa considerar que el beneficiario ha actuado de buena fe en el sentido del artículo 73, apartado 5, del Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de aplicación del Reglamento no 796/2004, cuando se hayan abonado pese a todo las ayudas con respecto a dichas superficies?

               4)

               ¿Cuál es el momento relevante para determinar si

                           a)

                           existe un error que el agricultor podría haber detectado razonablemente en el sentido del artículo 137 del Reglamento no 73/2009,

                           b)

                           existe un error que el agricultor podría haber detectado razonablemente en el sentido del artículo 73, apartado 4, del Reglamento no 796/2004,

                           c)

                           puede considerarse que el beneficiario actuó de buena fe en el sentido del artículo 73, apartado 5, del Reglamento no 796/2004?

               5)

               ¿Deben efectuarse las apreciaciones mencionadas en la cuarta cuestión, letras a) a c), con respecto a cada año de ayuda individual o, por el contrario, respecto de todos los pagos en su conjunto?

      (1)  Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 30, p. 16).

      (3)  Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 18).


title: Asunto T-167/08: Sentencia del Tribunal General de 27 de junio de 2012 — Microsoft/Comisión ( «Competencia — Abuso de posición dominante — Sistemas operativos para PC clientes — Sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo — Negativa de la empresa dominante a suministrar la información relativa a la interoperabilidad y a autorizar su utilización — Ejecución de las obligaciones derivadas de una Decisión que declara una infracción e impone medidas de comportamiento — Multa coercitiva» )

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/13

         Sentencia del Tribunal General de 27 de junio de 2012 — Microsoft/Comisión
   (Asunto T-167/08) (1)

   (Competencia - Abuso de posición dominante - Sistemas operativos para PC clientes - Sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo - Negativa de la empresa dominante a suministrar la información relativa a la interoperabilidad y a autorizar su utilización - Ejecución de las obligaciones derivadas de una Decisión que declara una infracción e impone medidas de comportamiento - Multa coercitiva)
   2012/C 243/24
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Estados Unidos) (representantes: J.-F. Bellis e I. Forrester, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: T. Christoforou, V. Di Bucci, F. Castillo de la Torre y N. Khan, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandante: The Computing Technology Industry Association, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois, Estados Unidos) (representantes: G. van Gerven y T. Franchoo, abogados), y Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Estados Unidos) (representantes: inicialmente D. Went y H. Pearson, Solicitors, posteriormente H. Mercer, QC)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: Free Software Foundation Europe eV (Hamburgo, Alemania) y Samba Team (New York, Estados Unidos) (representantes: C. Piana yt T. Ballarino, abogados); Software & Information Industry Association (Washington, DC, Estados Unidos) (representantes: T. Vinje y D. Dakanalis, Solicitors, y A. Tomtsis, abogado); European Committee for Interoperable Systems (ECIS) (Bruselas) (representantes: T. Vinje, Solicitor, M. Dolmans, N. Dodoo y A. Ferti, abogados); International Business Machines Corp. (Armonk, New York, Estados Unidos) (representantes: M. Dolmans y T. Graf, abogados); Red Hat, Inc. (Wilmington, Delaware, Estados Unidos) (representantes: C.-D. Ehlermann, S. Völcker, abogados, y C. O’Daly, Solicitor); y Oracle Corp. (Redwood Shores, California, Estados Unidos) (representantes: T. Vinje, Solicitor, y D. Paemen, abogado)

      Objeto

   Demanda de anulación de la Decisión C(2008) 764 final de la Comisión, de 27 de febrero de 2008, por la que se fija el importe definitivo de la multa coercitiva impuesta a Microsoft Corp. por la Decisión C(2005) 4420 final (Asunto COMP/C-3/37.792 — Microsoft), y subsidiariamente una pretensión de supresión o reducción de la multa coercitiva impuesta en esa Decisión a la demandante.

      Fallo

               1)

               Fijar en 860 millones de euros el importe de la multa coercitiva impuesta a Microsoft Corp. en el artículo 1 de la Decisión C(2008) 764 final de la Comisión, de 27 de febrero de 2008, por la que se fija el importe definitivo de la multa coercitiva impuesta a Microsoft Corp. por la Decisión C(2005) 4420 final (Asunto COMP/C 3/37.792 — Microsoft).

               2)

               Microsoft cargará con sus propias costas, con el 95 % de las costas de la Comisión Europea, excepto las costas de ésta ligadas a las intervenciones de The Computing Technology Industry Association, Inc. y de Association for Competitive Technology, Inc., y con el 80 % de las costas de Free Software Foundation Europe e.V., Samba Team, Software & Information Industry Association, European Committee for Interoperable Systems, International Business Machines Corp., Red Hat Inc. y Oracle Corp.

               3)

               La Comisión cargará con el 5 % de sus propias costas, excepto las ligadas a las intervenciones de The Computing Technology Industry Association, Inc. y de Association for Competitive Technology, Inc.

               4)

               The Computing Technology Industry Association y Association for Competitive Technology cargarán cada una con sus propias costas y con las de la Comisión ligadas a sus intervenciones.

               5)

               Free Software Foundation Europe, Samba Team, Software & Information Industry Association, European Committee for Interoperable Systems, International Business Machines, Red Hat y Oracle cargarán con el 20 % de sus propias costas.

      (1)  DO C 171, de 5.7.2008.


title: Asunto T-498/12: Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Comisión

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/58

         Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Comisión
   (Asunto T-498/12)
   2013/C 26/118
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou A.E.O.T.A. — Loutraki A.E. — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis A.E. (Loutraki, Grecia) (representante: S. Pappas, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión confirmatoria de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, Ares (2012)1082114 — con la que desestimaba la solicitud de la demandante de acceder a determinados documentos.

               —

               Condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso la demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, la anulación de la decisión de la Comisión Europea, de 18 de septiembre de 2012, con la que desestima definitivamente la solicitud confirmatoria de la demandante de acceder al escrito de 16 de mayo de 2012 de las autoridades griegas relativo a la cuantificación del importe de recuperación de la ayuda de Estado ilegal de conformidad con la Decisión de 24 de mayo de 2011 (1) de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguientes motivos:

               En primer lugar, la demandante sostiene que la Administración incumplió la obligación de motivar las resoluciones denegatorias, ya que en su respuesta, la Administración se limitó a hacer una referencia general a las excepciones contempladas en el Reglamento no 1049/2001, sin desarrollarlas ni motivar en la práctica la resolución.

               En segundo lugar, la demandante invoca la vulneración del principio de transparencia, en infracción del Reglamento no 1049/2001 y del Reglamento no 659/1999, (2) ya que la demandada no dio al público el mayor acceso posible a los documentos, sin interpretar ni aplicar con rigor las excepciones previstas en el Reglamento no 1049/2001.

               Por último, la demandante alega la infracción del artículo 108 TFUE, apartado 2, y de los artículos 6 y 20 del Reglamento no 659/1999, vulnerando los derechos de defensa de la demandante y, por extensión, el principio de buena administración.

      (1)  Decisión de la Comisión, de 24 de mayo de 2011, C(2011) 3504, relativa a la ayuda estatal concedida por Grecia a determinados casinos griegos [Medida de ayuda estatal C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009)] [notificada con el número C(2011) 3504].

      (2)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE.