title: Asunto C-263/02 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de julio de 2002 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2002 por la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-177/01, Jégo-Quéré & Cie SA contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 233/14                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      28.9.2002
Recurso de casación interpuesto el 17 de julio de 2002                    Según el nuevo criterio desarrollado por el Tribunal de Primera
por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la                     Instancia, ha de considerarse que una persona física o jurídica
sentencia dictada el 3 de mayo de 2002 por la Sala                        queda individualmente afectada por una disposición comunita-
Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las                 ria de alcance general que le afecta directamente si la disposi-
Comunidades Europeas, en el asunto T-177/01, Jégo-                        ción de que se trata afecta de manera cierta y actual a su
Quéré & Cie SA contra Comisión de las Comunidades                         situación jurídica restringiendo sus derechos o imponiéndole
                             Europeas                                     obligaciones.
                       (Asunto C-263/02 P)
                         (2002/C 233/22)
                                                                          Dicho criterio es contrario al sistema jurisdiccional del Tratado.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              Este sistema es completo y establece vías procesales y de
presentado el 17 de julio de 2002 un recurso de casación                  recurso destinadas a confiar al Tribunal de Justicia el control
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                    de la legalidad de los actos de las Instituciones. Las personas
representada por los Sres. Th. van Rijn y A. Bordes, con                  físicas y jurídicas están protegidas a fin de que no se les
domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 3 de              apliquen actos de alcance general que no puedan impugnar
mayo de 2002 por la Sala Primera ampliada del Tribunal de                 directamente ante el Tribunal de Justicia como consecuencia
Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto               de los requisitos restrictivos del artículo 230 del Tratado: las
T-177/01, Jégo-Quéré & Cie SA contra Comisión de las                      vías de recurso de que disponen los particulares consisten en
Comunidades Europeas.                                                     un recurso indirecto, basado en la impugnación de la validez
                                                                          de la disposición en el marco de un recurso interpuesto contra
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las               una medida de aplicación de dicha disposición (artículo 241),
Comunidades Europeas que:                                                 en una reclamación de indemnización de daños y perjuicios
                                                                          (artículos 235 y 288) o, asimismo, en un recurso prejudicial
—     Anule la sentencia dictada el 3 de mayo de 2002 por el              (artículo 234).
      Tribunal de Primera Instancia.
—     Resuelva él mismo el presente asunto, declarando la
      inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto
      contra el Reglamento no 1162/2001 (1) o, con carácter
      subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera
      Instancia.                                                          El Tribunal de Primera Instancia ha cometido, además, un
                                                                          error de derecho al confundir el derecho a un recurso efectivo,
—     Condenar a la demandante en primera instancia al pago               derecho efectivamente reconocido y protegido, con un derecho
      de las costas, incluidas las relativas al procedimiento ante        general de los particulares a un recurso en un procedimiento
      el Tribunal de Primera Instancia.                                   contencioso de anulación de actos de alcance general. Ni la
                                                                          jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ni la jurisprudencia del
                                                                          Tribunal de Derechos Humanos asimila «recurso efectivo» a
Motivos y principales alegaciones                                         «recurso directo». Por consiguiente, no es exacto que ya no
                                                                          pueda considerarse, a la luz de los artículos 6 y 13 del
La Comisión alega dos motivos en apoyo de su recurso de                   Convenio de Derechos Humanos y del artículo 47 de la Carta
casación.                                                                 de los Derechos fundamentales, que las vías de recurso de que
                                                                          disponen los particulares frente a las disposiciones de alcance
                                                                          general garanticen a los justiciables el derecho a un recurso
Primer motivo: Infracción del Reglamento de Procedimiento                 efectivo. Una asimilación de este tipo tampoco puede deducirse
del Tribunal de Primera Instancia, ya que el asunto debería               de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados
haber sido atribuido al Pleno del Tribunal de Primera Instancia.          miembros. En la mayor parte de los Estados miembros el
                                                                          derecho de los particulares a un recurso de anulación directo
Según el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de Procedi-              contra un acto de alcance general se halla limitado de varias
miento del Tribunal de Primera Instancia, podrá atribuirse un             maneras.
asunto al Pleno cuando la dificultad de las cuestiones de
derecho o la importancia del asunto o las circunstancias
particulares lo justifiquen. En el presente asunto, el Tribunal
de Primera Instancia se pronunció sobre una cuestión impor-
tante en contra de una jurisprudencia reiterada. El asunto no
fue atribuido al Pleno como consecuencia de un error mani-                Constituye un error considerar, como ha hecho el Tribunal de
fiesto de apreciación que el Tribunal de Justicia puede censurar.         Primera Instancia, que, al tratarse de un reglamento que tiene
                                                                          un efecto directo y es directamente aplicable, no existe ninguna
Segundo motivo: Violación del Derecho comunitario, puesto                 posibilidad de recurso ante el juez nacional, salvo en el
que el Tribunal de Primera Instancia interpretó el concepto de            supuesto en que el demandante infrinja el ordenamiento
«individualmente afectada» del artículo 230, apartado 4, del              jurídico, y que no puede pedirse a los particulares que infrinjan
Tratado CE en un sentido que contradice el sistema jurisdiccio-           la ley a fin de poder acceder a la justicia. Así ocurre, sin
nal establecido por el Tratado.                                           embargo, en numerosos ordenamientos jurídicos nacionales.
 ---pagebreak--- 28.9.2002                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 233/15
En consecuencia, las críticas dirigidas al Tribunal de Primera               —      En caso negativo, dichas Directivas, ¿deben ser interpreta-
Instancia sobre la falta de carácter efectivo de las vías de                        das en el sentido de que deben llevar al Juez a dar
recurso que el ordenamiento jurídico comunitario ofrece a los                       preferencia a la interpretación del Derecho interno que le
particulares carecen de fundamento jurídico.                                        autoriza a inaplicar una disposición de su Derecho
                                                                                nacional en la que se prohíbe que el consumidor invoque
(1) Reglamento (CE) no 1162/2001 de la Comisión, de 14 de junio                     o que el Juez aprecie de oficio un motivo de irregularidad
    de 2001, por el que se establecen medidas encaminadas a la                      que afecta a la celebración o a la renovación de un
    recuperación de la población de merluza en las subzonas CIEM III,               contrato de crédito al consumo una vez transcurrido un
    IV, V, VI y VII en las divisiones CIEM VIII a, b, e, y las condiciones          plazo que constituye una excepción al Derecho común,
    correspondientes para el control de las actividades de los buques               en la medida en que supone una restricción extraordinaria
    pesqueros (DO L 159, p. 4).                                                     a los derechos de actuación del consumidor y que
                                                                                perjudicaría a la efectividad de su protección?
                                                                             (1) Directiva 87/102/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                       relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
                                                                                rias y administrativas de los Estados Miembros en materia de
lución del Tribunal d’Instance de Vienne, de fecha 5 de                          crédito al consumo (DO L 42 de 12.2.1987, p. 48).
julio de 2002, en el asunto entre S.A. Cofinoga, Mérignac                    (2) Directiva 90/88/CEE del Consejo de 22 de febrero de 1990 que
                     y Sachithanathan, Sylvain                                   modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de
                                                                                las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
                          (Asunto C-264/02)                                      Estados Miembros en materia de crédito al consumo (DO L 61 de
                                                                                10.3.1990, p. 14).
                            (2002/C 233/23)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Tribunal d’Instance de Vienne, dictada el 5 de                Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
julio de 2002 en el asunto entre S.A. Cofinoga, Mérignac y                   lución de la Corte Suprema di Cassazione — Sezioni
Sachithanathan, Sylvain, y recibida en la Secretaría del Tribunal            Unite Civili, de fecha 11 de abril de 2002, en el asunto
de Justicia el 18 de julio de 2002. El Tribunal d’Instance de                                entre Frahuil S.A. y Assitalia S.P.A.
Vienne solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre                                        (Asunto C-265/02)
las siguientes cuestiones:
—     La Directiva 87/102/CEE (1) del Consejo, de 22 de diciem-                                        (2002/C 233/24)
      bre de 1986, relativa a la aproximación de las disposicio-
      nes legales, reglamentarias y administrativas de los Esta-             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      dos miembros en materia de crédito al consumo, y la                    sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      Directiva 90/88/CEE (2) del Consejo, de 22 de febrero de               resolución de la Corte Suprema di Cassazione — Sezioni Unite
      1990, que modifica la Directiva 87/102/CEE, ¿deben                     Civili, dictada el 11 de abril de 2002, en el asunto entre Frahuil
      interpretarse en el sentido de que obligan al Juez nacional            S.A. y Assitalia S.P.A., y recibida en la Secretaría del Tribunal
      a dar preferencia a la interpretación del Derecho interno              de Justicia el 18 de julio de 2002. La Corte Suprema di
      que obliga a las entidades de préstamos al consumo                     Cassazione — Sezioni Unite Civili solicita al Tribunal de
      a comunicar por escrito al prestatario-consumidor el                   Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
      porcentaje anual de cargas financieras vigente, con ante-
      rioridad a cada prórroga de un contrato de crédito                     «El artículo 5, apartado 1, del Convenio de Bruselas de 27 de
      renovable por fracciones, en el que se ha estipulado un                septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la
      cláusula de interés variable?                                          ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
                                                                             en la versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de
—     Las citadas Directivas, ¿deben interpretarse en el sentido             1978, relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de
      de que obligan al Juez nacional a dar preferencia a la                 Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
      interpretación del Derecho interno que obliga a las                    por el Convenio de 25 de octubre de 1982, relativo a la
      entidades de préstamo al consumo a comunicar al propio                 adhesión de la República Helénica; por el Convenio de 26 de
      consumidor la cláusula de variación de ese porcentaje                  mayo de 1989, relativo a la adhesión del Reino de España y de
      anual de cargas financieras con anterioridad a cada                    la República Portuguesa, y por el Convenio de 29 de noviembre
      prórroga del contrato?                                                 de 1996, relativo a la adhesión de la República de Austria, de
—     Las referidas Directivas, ¿deben interpretarse en el sentido           la República de Finlandia y del Reino de Suecia, ¿debe ser
      de que deben llevar al Juez a dar preferencia a la                     interpretado en el sentido de que el concepto de “materia
      interpretación del Derecho interno que le autoriza a alegar            contractual” comprende la obligación cuyo cumplimiento
      un motivo de irregularidad que afecta a la celebración o               solicite judicialmente el fiador, que en virtud del contrato de
      a la renovación de un contrato de crédito al consumo,                  fianza celebrado con el comisionista de aduanas haya pagado
      como el basado en la falta de indicación del porcentaje                los derechos de aduana, por subrogación de la Administración
      anual de cargas financieras, invocado por el consumidor                Tributaria y en vía de regreso frente al tercer deudor propietario
      o de oficio, sin límite de tiempo, en el marco de un litigio           de las mercancías importadas, que es ajeno al contrato de
      derivado de una demanda de pago interpuesta por la                     fianza?»
      entidad prestamista?


title: Asunto T-581/10: Auto del Tribunal General de 28 de marzo de 2012 — X Technology Swiss/OAMI — Brawn (X-Undergear)

text:
               26.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/33

         Auto del Tribunal General de 28 de marzo de 2012 — X Technology Swiss/OAMI — Brawn (X-Undergear)
   (Asunto T-581/10) (1)

   2012/C 151/59
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 63, de 26.2.2011.


title: Asunto T-97/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2008 — Imelios/Comisión ( Recurso de anulación — Recurso de indemnización — Quinto programa marco de la Comunidad Europea para las acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) — Cláusula compromisoria — Nota de adeudo — Inadmisibilidad )

text:
               21.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 158/17

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2008 — Imelios/Comisión
   (Asunto T-97/07) (1)

   («Recurso de anulación - Recurso de indemnización - Quinto programa marco de la Comunidad Europea para las acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) - Cláusula compromisoria - Nota de adeudo - Inadmisibilidad»)
   (2008/C 158/26)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Imelios SA (Velizy-Villacoublay, Francia) (representante: C. Curtil, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Ladenburger y E. Manhaeve, agentes)
   Objeto
   En primer lugar, solicitud de anulación de la decisión adoptada por la Comisión, a raíz de un informe de auditoría de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), de proceder, mediante una nota de adeudo de 17 de enero de 2007, a la recuperación de los anticipos abonados por el contrato, con la referencia IST-1999-10934-Assist, relativo al proyecto «Knowledge Management for Help Desk Operators», celebrado dentro del quinto programa marco para acciones comunitarias de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, en el ámbito de la sociedad de la información fácilmente accesible para los usuarios (1998-2002), en segundo lugar, solicitud de pago de la cantidad de 34 368 euros en concepto de tramo de la subvención pendiente de abono con arreglo al citado contrato y, en tercer lugar, solicitud de indemnización dirigida a obtener la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por la demandante a consecuencia de la adopción de la referida decisión.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a Imelios SA a cargar, además de con sus propias costas, con aquellas en las que haya incurrido la Comisión.

      (1)  DO C 129 de 9.6.2007.


title: Archivo del asunto T-407/03

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/90

         Archivo del asunto T-407/03 (1)

   (2004/C 106/183)

      (Lengua de procedimiento: italiano)

   Mediante auto de 18 de marzo de 2004, el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-407/03, Antonio Aresu contra Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 35, de 7.2.04.


title: Asunto T-297/08: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 2009 — Mepos Electronics/OAMI (MEPOS)

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/42

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 2009 — Mepos Electronics/OAMI (MEPOS)
   (Asunto T-297/08) (1)

   2009/C 220/88

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente de la Sala Octava ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 247, de 27.9.2008.


title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2002 en el asunto T-236/02 R, Luigi Marcuccio contra Comisión de las Comunidades Europeas (Procedimiento sobre medidas provisionales — Funcionarios — Decisión de cambio de destino — Urgencia — Inexistencia)

text:
C 323/36                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    21.12.2002
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA                               El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                            INSTANCIA
                                                                          —     Anule la decisión de 26 de noviembre de 2001 del
                  de 27 de septiembre de 2002                                   Secretario General de la Comisión, Sr. David O’Sullivan,
                                                                                por la que se destina al demandante, como consejero ad
en el asunto T-236/02 R, Luigi Marcuccio contra Comisión                        personam, a la unidad SG/F/1 «Desarrollo institucional de
                 de las Comunidades Europeas                                    la Unión y Gobernanza», y la de 19 de febrero de 2002
                                                                                por la que se le destina, tras la reorganización de la
(Procedimiento sobre medidas provisionales — Funcionarios                       Secretaría General de la Comisión, a la unidad SG/TF/AU
— Decisión de cambio de destino — Urgencia — Inexisten-                         2.
                                  cia)
                                                                          —     Anule las decisiones de la Comisión por las que se
                          (2002/C 323/59)                                       desestima su candidatura al puesto de grado A3 de
                                                                                jefe de la unidad SG/B/2 «Transparencia, acceso a los
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                            documentos, relaciones con la sociedad civil» y se nombra
                                                                                a otra persona para dicho puesto.
En el asunto T-236/02 R, Luigi Marcuccio, funcionario de la               —     Condene en costas a la parte demandada.
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
Tricase (Italia), representado por el Sr. L. Garofalo, abogado,
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
Sra. C. Berardis-Kayser y Sr. A. Dal Ferro), que tiene por objeto
una solicitud por la que se pretende obtener, por una parte, la           Motivos y principales alegaciones
suspensión de la ejecución de la decisión de cambio de destino
del puesto A7/A6 y de su titular, Sr. Luigi Marcuccio, de la
Dirección General de Desarrollo, Delegación de la Comisión
en Luanda (Angola) a la Dirección General de Desarrollo en                El demandante, funcionario de grado A4 de la Comisión, alega
Bruselas, y, por otra, su reincorporación inmediata a las                 que el hecho de no haber sido destinado, con prioridad, al
funciones que anteriormente ejercía en la mencionada Delega-              primer puesto vacante de jefe de unidad para el que poseía la
ción, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha dictado          cualificación necesaria es ilegal. Por otra parte, considera que
el 27 de septiembre de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:             fue destinado de manera ilegal, como consejero ad personam,
                                                                          a la unidad SG/F/1 y, posteriormente, a la unidad SG/TF/AU 2.
1)    Desestimar la solicitud de medidas provisionales.                   Según alega, las funciones que ejerce efectivamente desde la
                                                                          adopción de las decisiones impugnadas no se corresponden
2)    Reservar la decisión sobre las costas.                              con las funciones que desempeña normalmente un funcionario
                                                                          de grado A4.
                                                                          En apoyo de su recurso, el demandante invoca:
Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2002 contra                    —     la vulneración del procedimiento de reorganización;
la Comisión de las Comunidades Europeas por Renaud
                               Denuit
                                                                          —     la vulneración del procedimiento de provisión de puestos
                         (Asunto T-306/02)                                      directivos intermedios;
                          (2002/C 323/60)                                 —     la violación del principio de expectativas de carrera;
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          —     la infracción del artículo 45 del Estatuto;
                                                                          —     un error manifiesto d’aprecición;
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 27 de septiembre de 2002 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    —     el incumplimiento de la obligación de motivación.
formulado por Renaud Denuit, con domicilio en Bruselas,
representado por los Sres. Albert Coolen, Jean-Noël Louis y
Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxem-
burgo.


title: Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1997 contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas por Maria de Lurdes Esteves Afonso y Ana Paula Afonso Lourenço de Oliveira y otros (Asunto T-509/97 a T-517/97)

text:
C 166/16             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     30.5.98
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-          Motivos y principales alegaciones
tancia que:
                                                                  Los motivos y las principales alegaciones son ideÂnticos a
Ð Declare al Consejo y a la Comisión responsables soli-           los formulados en el asunto T-316/97, Hermínia Fernanda
    dariamente de los perjuicios causados en virtud de la         dos Santos Morais Antas/Consejo y Comisión.
    no aplicación de las medidas de transición y adap-
    tación necesarias para el sector en que actuÂa la deman-
    dante, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 215 y
    178 del Tratado CE;
Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago solidario            Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1997 contra el
    de la cantidad de 3 126 768 escudos en concepto de            Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comu-
    indemnización del perjuicio mencionado en el paÂrrafo          nidades Europeas por Fernando EugeÂnio de Abreu y otros
    anterior, junto con los intereses vencidos, a razón del                      (Asunto T-518/97 a T-564/97)
    tipo legal del 10 %, desde la citación hasta el pago
    íntegro y efectivo;                                                                   (98/C 166/42)
Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago de las cos-                     (Lengua de procedimiento: portugueÂs)
    tas.
                                                                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                 Europeas se ha presentado el 15 de diciembre de 1997 un
                                                                  recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comi-
Los motivos y las principales alegaciones son ideÂnticos a        sión de las Comunidades Europeas formulado por Fer-
los formulados en el asunto T-316/97, Hermínia Fernanda           nando EugeÂnio de Abreu y otros, con domicilio en Portu-
dos Santos Morais Antas/Consejo y Comisión.                       gal, representados por los Sres. Cristina Ferreira, Francisco
                                                                  Espregueira Mendes, Teresa Fonseca y Rui GimaraÄes
                                                                  Lopes, Abogados de Oporto.
                                                                  La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
                                                                  tancia que:
Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1997 contra el
Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comu-            Ð Declare al Consejo y a la Comisión responsables soli-
nidades Europeas por Maria de Lurdes Esteves Afonso y                 dariamente de los perjuicios causados en virtud de la
      Ana Paula Afonso LourencËo de Oliveira y otros                  no aplicación de las medidas de transición y adap-
               (Asunto T-509/97 a T-517/97)                           tación necesarias para el sector en que actuÂa la deman-
                                                                      dante, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 215 y
                        (98/C 166/41)                                 178 del Tratado CE;
           (Lengua de procedimiento: portugueÂs)                  Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago solidario
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                de la cantidad de 3 126 768 escudos en concepto de
Europeas se ha presentado el 15 de diciembre de 1997 un               indemnización del perjuicio mencionado en el paÂrrafo
recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comi-              anterior, junto con los intereses vencidos, a razón del
sión de las Comunidades Europeas formulado por Maria                  tipo legal del 10 %, desde la citación hasta el pago
de Lurdes Esteves Afonso y Ana Paula Afonso LourencËo                 íntegro y efectivo;
de Oliveira y otros, con domicilio en Portugal, representa-
                                                                  Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago de las cos-
dos por los Sres. Cristina Ferreira, Francisco Espregueira
                                                                      tas.
Mendes, Teresa Fonseca y Rui GimaraÄes Lopes, Abogados
de Oporto.                                                        Motivos y principales alegaciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-          Los motivos y las principales alegaciones son ideÂnticos a
tancia que:                                                       los formulados en el asunto T-316/97, Hermínia Fernanda
Ð Declare al Consejo y a la Comisión responsables soli-           dos Santos Morais Antas/Consejo y Comisión.
    dariamente de los perjuicios causados en virtud de la
    no aplicación de las medidas de transición y adap-
    tación necesarias para el sector en que actuÂa la deman-
    dante, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 215 y
    178 del Tratado CE;                                           Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 1997 contra el
Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago solidario            Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comu-
    de la cantidad de 3 126 768 escudos en concepto de              nidades Europeas por JoaÄo Luís de Sousa Abreu y otros
    indemnización del perjuicio mencionado en el paÂrrafo                        (Asunto T-565/97 a T-595/97)
    anterior, junto con los intereses vencidos, a razón del                               (98/C 166/43)
    tipo legal del 10 %, desde la citación hasta el pago
    íntegro y efectivo;                                                      (Lengua de procedimiento: portugueÂs)
Ð condene al Consejo y a la Comisión al pago de las cos-          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    tas.                                                          Europeas se ha presentado el 15 de diciembre de 1997 un


title: Asunto C-241/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — República de Estonia) — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) [FEOGA — Reglamento (CE) n o  1257/1999 — Ayudas comunitarias al desarrollo rural — Ayudas a los métodos de producción agroambientales]

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — República de Estonia) — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
   (Asunto C-241/07) (1)

   (FEOGA - Reglamento (CE) no 1257/1999 - Ayudas comunitarias al desarrollo rural - Ayudas a los métodos de producción agroambientales)
   2009/C 180/04
   Lengua de procedimiento: estonio

      Órgano jurisdiccional remitente

   Riigikohus

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: JK Otsa Talu OÜ

      Demandada: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Riigikohus — Interpretación de los artículos 22, 23, 24, apartado 1, 37, apartado 4, y 39 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (DO L 160, p. 80) — Normativa nacional que reserva las ayudas agroambientales únicamente a los solicitantes que ya hubieran percibido ayudas en el ejercicio presupuestario precedente y exclusión de nuevos solicitantes que se comprometen a producir de manera ecológica

      Fallo

   Las disposiciones del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2223/2004 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, en combinación con los artículos 37, apartado 4, y 39 de dicho Reglamento, no se oponen a que un Estado miembro restrinja, debido a la insuficiencia de fondos presupuestarios, la categoría de beneficiarios de ayudas al desarrollo rural a los agricultores en favor de los cuales se adoptó una decisión de concesión de dicha ayuda con cargo al ejercicio presupuestario anterior.

      (1)  DO C 170, de 21.7.2007.


title: Asunto C-353/12: Recurso interpuesto el 25 de julio de 2012 — Comisión Europea/República Italiana

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/28

         Recurso interpuesto el 25 de julio de 2012 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-353/12)
   2012/C 287/54
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: S. Thomas, D. Grespan y B. Stromsky, agentes)

      Demandada: República Italiana

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones establecidas en los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión C(2009) 8123 de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la ayuda de Estado C 59/2007 (ex N 127/2006 y NN 13/2006), que Italia ejecutó a favor de Ixfin SpA (notificada el 29 de octubre de 2009 y publicada en DO L 167, de 1.7.2010, p. 39), y en el Tratado FUE, al no haber adoptado, dentro de los plazos establecidos, todas las medidas necesarias para recuperar la ayuda de Estado considerada ilegal e incompatible con el mercado interior en virtud de dicha Decisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Italiana.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurso de la Comisión tiene por objeto la no aplicación por parte de la República Italiana de la Decisión de la Comisión relativa a la ayuda de Estado en forma de garantía concedida por el Ministero dello Sviluppo Economico para garantizar un préstamo obtenido por Ixfin de la Banca Apulia SpA.
   La Comisión observa que Italia debería haberse asegurado de que la obligación de recuperación de la ayuda se cumpliera no más tarde del 1 de marzo de 2010 y, además, debería haber informado a la Comisión de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la Decisión, no más tarde del 29 de diciembre de 2009.
   En la fecha de la interposición del presente recurso la demandada aún no había adoptado todas las medidas necesarias para atenerse a tales obligaciones.


title: Asunto C-242/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de octubre de 2016 — Land Hessen/Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG y Comisión Europea (Recurso de casación — Ayudas de Estado — Medidas estatales relativas al establecimiento de un aserradero en el Land de Hesse — Decisión por la que se declara la inexistencia de una ayuda de Estado — No incoación del procedimiento de investigación formal — Dificultades serias — Cálculo del elemento de ayuda de las garantías estatales — Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía)

text:
               12.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de octubre de 2016 — Land Hessen/Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG y Comisión Europea
   (Asunto C-242/15 P) (1)

   ((Recurso de casación - Ayudas de Estado - Medidas estatales relativas al establecimiento de un aserradero en el Land de Hesse - Decisión por la que se declara la inexistencia de una ayuda de Estado - No incoación del procedimiento de investigación formal - Dificultades serias - Cálculo del elemento de ayuda de las garantías estatales - Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía))
   (2016/C 462/07)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Land Hessen (representantes: U. Soltész y A. Richter, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (representantes: J. Heithecker y J. Ylinen, Rechtsanwälte), Comisión Europea (representantes: F. Erlbacher y C. Urraca Caviedes, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Land Hessen.

      (1)  DO C 236 de 20.7.2015.


title: Asunto C-482/15 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de septiembre de 2015 por Westermann Lernspielverlag GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 15 de julio de 2015 en el asunto T-333/13, Westermann Lernspielverlag GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               7.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 406/16

         Recurso de casación interpuesto el 9 de septiembre de 2015 por Westermann Lernspielverlag GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 15 de julio de 2015 en el asunto T-333/13, Westermann Lernspielverlag GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-482/15 P)
   (2015/C 406/17)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Westermann Lernspielverlag GmbH (representantes: A. Nordemann y M.C. Maier, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General dictada el 15 de julio de 2015 en el asunto T-333/13.

               —

               Devuelva el asunto al Tribunal General para que sea examinado de nuevo.

               —

               Condene en costas a la demandada.

         Con carácter subsidiario, de concluir el Tribunal de Justicia que la sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2015 ha quedado sin objeto debido a la declaración de caducidad total de la marca en que se basaba la oposición con efectos a partir del 13 de junio de 2013, la parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que el presente recurso ha quedado sin objeto y ya no procede pronunciarse al respecto.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se basa en los siguientes motivos:

               1.

               Vulneración del principio de protección de los derechos de la defensa, en particular, del derecho de audiencia.

               2.

               Violación del derecho a un juicio justo.

               3.

               Infracción del artículo 69, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

               4.

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC. (1)

         La recurrente opina que no se ha respetado su derecho fundamental a ser oída por el Tribunal General habida cuenta de que 1) el Secretario del Tribunal General la informó el 3 de julio de 2015 de que no podía tenerse en cuenta el escrito que había presentado, por el que se hacía saber al Tribunal General que la marca que constituía la base de la oposición había dejado de existir ex tunc, y de que 2) la sentencia del Tribunal General dictada el 15 de julio de 2015 no mencionaba en absoluto que la marca de la otra parte sobre la que se basaba principalmente la oposición ya no existía en el momento del pronunciamiento de la sentencia.
   La recurrente considera que el Tribunal General ha violado su derecho fundamental a un juicio justo habida cuenta de que 1) el Tribunal General desestimó la solicitud de suspensión del procedimiento presentada por la demandante, haciendo con ello caso omiso del hecho de que tanto la solicitud de caducidad presentada por la demandante el 13 de junio de 2013 como el recurso de nulidad por motivo absoluto interpuesto por la misma parte contra la marca de la otra parte son medios de defensa legítimos que repercuten directamente en el resultado del presente procedimiento, y de que 2) el Tribunal General se negó a tener en cuenta las observaciones de la demandante de 12 de junio de 2015.
   La recurrente estima que el Tribunal General ha infringido el artículo 69, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General al desestimar sin explicación alguna las dos solicitudes de suspensión del procedimiento que presentó, a pesar de que en ambos casos la demandada no se oponía a la suspensión y de que la demandante razonó sustancialmente por qué parecía resultar necesaria dicha suspensión.
   La recurrente sostiene que el Tribunal General ha infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC al incurrir en un error de Derecho y desnaturalizar los hechos pertinentes del asunto, ya que la apreciación del riesgo de confusión se basaba en una marca cuya caducidad se declaró el 22 de mayo de 2015 con efectos a partir del 13 de junio de 2013, por lo tanto, antes de que la demandante interpusiera recurso ante el Tribunal General el 17 de junio de 2013 y antes de que el Tribunal General dictara sentencia. Por consiguiente, en el momento del pronunciamiento de la sentencia de 15 de julio de 2015, no podía tenerse en cuenta la marca comunitaria denominativa y figurativa  no 003915121 de la otra parte ni podían sacarse conclusiones basándose en dicha marca.
   Por último, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que, de concluir que la sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2015 ha quedado sin objeto debido a la declaración de caducidad total de la marca en que se basaba la oposición con efectos a partir del 13 de junio de 2013, declare que el presente recurso ha quedado sin objeto y ya no procede pronunciarse al respecto.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto T-291/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2009 — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/OAMI — Byass (ALFONSO) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria ALFONSO — Marcas denominativas comunitaria y nacional anteriores PRÍNCIPE ALFONSO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  207/2009] — Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso — Obligación de pronunciarse sobre la totalidad del recurso — Artículo 62, apartado 1, del Reglamento n o  40/94 [actualmente artículo 64, apartado 1, del Reglamento n o  207/2009]]

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/59

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2009 — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/OAMI — Byass (ALFONSO)
   (Asunto T-291/07) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa comunitaria ALFONSO - Marcas denominativas comunitaria y nacional anteriores PRÍNCIPE ALFONSO - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009] - Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso - Obligación de pronunciarse sobre la totalidad del recurso - Artículo 62, apartado 1, del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 64, apartado 1, del Reglamento no 207/2009])
   2009/C 267/103
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe, S.A. (Cenicero, La Rioja) (representantes: M. Lobato García-Miján y B. Díaz de Escauriaza, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: S. Palmero Cabezas y J. Laporta Insa, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: González Byass, S.A. (Cádiz)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 29 de mayo de 2007 (asunto R 1110/2006-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe, S.A., y González Byass, S.A.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 29 de mayo de 2007 (asunto R 1110/2006-2).

               2)

               Condenar en costas a la OAMI.

      (1)  DO C 235, de 6.10.2007.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de  8 de diciembre de 2005 , en el asunto C-115/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo ( Incumplimiento de Estado — Directiva 2001/65/CE — Cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad — No adaptación del Derecho interno )

text:
               11.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 36/17

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 8 de diciembre de 2005
   en el asunto C-115/05: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/65/CE - Cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad - No adaptación del Derecho interno»)
   (2006/C 36/34)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-115/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 8 de marzo de 2005, Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. G. Braun) contra Gran Ducado de Luxemburgo (agente: Sr. S. Schreiner), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. K. Schiemann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) y E. Levits, Jueces, Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 8 de diciembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE en lo que se refiere a las normas de valoración aplicables en las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad, así como de los bancos y otras entidades financieras, al no haber adoptado, dentro del plazo fijado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2005.


title: Asunto F-27/06: Recurso interpuesto el  10 de marzo de 2006  — Lofaro/Comisión

text:
               6.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/35

         Recurso interpuesto el 10 de marzo de 2006 — Lofaro/Comisión
   (Asunto F-27/06)
   (2006/C 108/64)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Alessandro Lofaro (Bruselas, Bélgica) (representante: J.-L. Laffineur, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de 6 de junio de 2005 de prolongar durante seis meses el período de prácticas del demandante, la Decisión de 28 de septiembre de 2005 de despedirle al término de dicho período, así como los informes de fin de prácticas en los que se basan ambas decisiones.

               —

               Que se anule, en la medida que sea necesario, la Decisión de la autoridad facultada para proceder a la contratación (AFPC) de 23 de noviembre de 2005, por la que se desestima la reclamación presentada por el demandante.

               —

               Que se condene a la parte demandada a abonar al demandante una indemnización en reparación de los daños y perjuicios sufridos, estimados ex aequo et bono en 85 473 euros por el daño material y en 50 000 euros por el daño moral, sin perjuicio de incremento o disminución durante el procedimiento.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante, antiguo agente temporal de la Comisión, había sido contratado desde el 16 de septiembre de 2004 hasta el 15 de septiembre de 2009 mediante un contrato que preveía un período de prácticas de seis meses, con arreglo al artículo 14 del Régimen aplicable a los otros agentes (RAA). Tras un primer informe de evaluación negativo, una prórroga de seis meses del período de prácticas y un segundo informe de evaluación negativo, la demandada resolvió dicho contrato.
   En su recurso, el demandante manifiesta que la demandada incurrió en errores manifiestos de apreciación. A su juicio, también formuló críticas superfluas y vulneró los principios generales de garantía del derecho a la dignidad y a la defensa.


title: Asunto T-380/17: Recurso interpuesto el 16 de junio de 2017 — HeidelbergCement y Schwenk Zement/Comisión

text:
               31.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 249/48

         Recurso interpuesto el 16 de junio de 2017 — HeidelbergCement y Schwenk Zement/Comisión
   (Asunto T-380/17)
   (2017/C 249/65)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Alemania) y Schwenk Zement KG (Ulm, Alemania) (representantes: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, M. Raible, U. Soltész, G. Wecker y H. Weiß, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C(2017) 1650 final de la Comisión Europea, de 5 de abril de 2017, por la que se declara la incompatibilidad de una operación de concentración con el mercado interior y con el funcionamiento del Acuerdo EEE en el Asunto M. 7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas de las demandantes.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la Comisión no era competente para decidir acerca de la operación, ya que la operación no tenía dimensión comunitaria. La Comisión incurrió en un error de Derecho e infringió el artículo 1 del Reglamento n.o 139/2004 del Consejo (1) (Reglamento sobre concentraciones) al considerar que HeidelbergCement y Schwenk, en vez de Duna-Dráva Cement, eran las «empresas afectadas».

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Comisión infringió los artículos 2 y 8 del Reglamento sobre concentraciones, incurrió en errores manifiestos de apreciación e incumplió el deber de motivación al definir el mercado geográfico de referencia.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento sobre concentraciones al prohibir una operación sin probar que existiese un obstáculo significativo a la competencia efectiva en una parte sustancial del mercado interior.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación al valorar los efectos que tendría la operación para la competencia.

               5.

               Quinto motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho y en errores manifiestos de apreciación en su valoración y desestimación del remedio propuesto.

               6.

               Sexto motivo, basado en que la Comisión incurrió en varios errores de procedimiento, vulnerando, de ese modo, requisitos procedimentales esenciales, el derecho de defensa de las demandantes, sus derechos fundamentales y el principio de buena administración y el deber de diligencia.

               7.

               Séptimo motivo, basado en que la Comisión no tenía competencia para prohibir la adquisición de Cemex Hungary tras haber remitido la parte húngara de la operación a la autoridad de la competencia húngara para que ésta la evaluase, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento sobre concentraciones.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO 2004, L 24, p. 1).


title: Asunto C-419/03: Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2003 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 275/40               ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                        15.11.2003
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               2)    Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
1)   Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
     2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de                Motivos y principales alegaciones
     12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en
     el medio ambiente de organismos modificados genética-
                                                                        El plazo de adaptación de la normativa interna a la Directiva
     mente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del
                                                                        expiró el 17 de octubre de 2002.
     Consejo (1), al no adoptar todas las medidas legales,
     reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
     plimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, y, en cualquier       (1) DO L 106, p. 1.
     caso, al no informar de ello a la Comisión.
2)   Condene en costas al Reino de Bélgica.
Motivos y principales alegaciones                                       Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2003 contra la
                                                                        República Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
El plazo de adaptación de la normativa interna a la Directiva
expiró el 17 de octubre de 2002.
                                                                                (Asunto C-419/03)
(1) DO L 106, p. 1.                                                                              (2003/C 275/63)
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 3 de octubre de 2003 un recurso contra
                                                                        la República Francesa formulado por la Comisión de las
                                                                        Comunidades Europeas, representada por el Sr. U. Wölker y la
Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2003 contra el                   Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las                        en Luxemburgo.
                    Comunidades Europeas
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                       (Asunto C-418/03)
                                                                        1)    Declare que la República Francesa ha incumplido las
                         (2003/C 275/62)                                      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
                                                                              2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                              12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en
                                                                              el medio ambiente de organismos modificados genética-
                                                                              mente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  Consejo (1), al no adoptar todas las medidas legales,
presentado el 3 de octubre de 2003 un recurso contra el Gran                  reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las                         plimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, y, en
Comunidades Europeas, representada por el Sr. B. Stromsky,                    cualquier caso, al no informar de ello inmediatamente a
en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.                    la Comisión.
                                                                        2)    Condene en costas a la República Francesa.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1)   Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
     plido las obligaciones que le incumben en virtud de la             Motivos y principales alegaciones
     Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del
     Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación
     intencional en el medio ambiente de organismos modifi-             El plazo de adaptación de la normativa interna a la Directiva
     cados genéticamente y por la que se deroga la Directiva            expiró el 17 de octubre de 2002.
     90/220/CEE del Consejo (1), al no adoptar todas las
     medidas legales, reglamentarias y administrativas necesa-
     rias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha                 (1) DO L 106, p. 1.
     Directiva y, en cualquier caso, al no informar de ello a la
     Comisión.


title: Asunto C-514/99: Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Francesa

text:
C 63/18                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          4.3.2000
de asignaciones de asistencia) está incluida en su ámbito de          El Gobierno francés sostiene que la Comisión no respetó el
aplicación y, consiguientemente, constituye una prestación            principio de precaución, limitándose a citar las conclusiones
especial no contributiva en el sentido del artı́culo 4, aparta-         del CCD sin examinar siquiera la necesidad de nuevas medidas
do 2 a) del reglamento, de forma que procede aplicar exclusiva-         y confundiendo «la evaluación del riesgo» con «la gestión del
mente el régimen de coordinación creado por el artı́culo 10            riesgo». El Gobierno francés sostiene que la Comisión no
bis de dicho Reglamento al supuesto de una persona que,                 analizó aquellos informes cientı́ficos relativos a la encefalopatı́a
como sucede en el caso de la demandante, cumple desde el 1              espongiforme bovina (EEB) que, aun siendo minoritarios,
de junio de 1992 los requisitos para la concesión de dicha             reflejaban la incertidumbre en cuanto a la existencia o alcance
asignación?                                                            de los riesgos para la salud de las personas (y especialmente el
                                                                        dictamen de la Agence française pour la sécurité sanitaire des
                                                                        aliments (AFSSA) y el documento de los expertos sobre las
(1) DO L 149, 5.7.1971, p. 2; EE 05/01, p. 98.                          encefalopatı́as espongiformes subagudas transmisibles (EEST)
(2) DO L 230, 22.8.1983, p. 6; EE 05/03, p. 53.                         que se adjuntaba); que la Comisión no tomó las medidas de
(3) DO L 136, 19.5.1992, p. 1.                                          protección adecuadas, que procedı́a adoptar sin esperar a
                                                                        que hubieran sido plenamente demostradas la realidad y la
                                                                        gravedad de los referidos riesgos; que, al negarse a modificar o
                                                                        a revocar su decisión de levantar el embargo sobre la carne de
                                                                        bovino británica a partir del 1 de agosto de 1999, la Comisión
                                                                        violó el principio de precaución, tal como resulta del Tratado
                                                                        y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por consiguiente,
                                                                        la decisión de la Comisión infringe los Tratados, incurre en
Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 1999 contra la                irregularidades de procedimiento y adolece de un defecto de
Comisión de las Comunidades Europeas por la República                 motivación.
                             Francesa
                                                                        (1) DO L 195 de 28.07.1999: Decisión 1999/514/CE de la Comisión,
                        (Asunto C-514/99)                                   de 23 de julio de 1999, por la que se fija la fecha en la que, de
                                                                            conformidad con el apartado 5 del artı́culo 6 de la Decisió-
                                                                            n 98/256/CE, puede iniciarse la expedición desde el Reino Unido
                          (2000/C 63/33)                                    de productos bovinos con arreglo al régimen de exportación
                                                                            basado en una fecha (DO L 113, p. 33).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 29 de diciembre de 1999 un recurso contra la
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
República Francesa, representada por el Sr. Rony Abraham,
directeur des affaires juridiques del ministère des Affaires
étrangères, y por las Sras. Kareen Rispal-Bellanger, sous-direc-
tor y Régine Loosli-Surrans, chargé de mission, de ese mismo            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Ministerio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio           lución de la Cour d’appel de Bruxelles, de fecha 22 de
en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 8 b,                   diciembre de 1999, en el asunto entre Richard Gaillard y
boulevard Joseph II.                                                                              Alaya Chekili
La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que:                                   (Asunto C-518/99)
— Anule la decisión de la Comisión por la que ésta se negó a                                  (2000/C 63/34)
     modificar o a revocar la Decisión 1999/514/CE (1).
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidas Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Motivos y principales alegaciones                                       resolución de la Cour d’appel de Bruxelles, dicatada el 22 de
                                                                        diciembra de 1999, en el asunto entre Richard Gaillard y Alaya
                                                                        Chekili, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 31
El recurso se dirige contra una decisión de la Comisión que se        de dicembre de 1999. La Cour d’appel de Bruxelles solicita al
conoció en virtud de la declaración del Comisario Byrne de            Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
29 de octubre de 1999, en la que éste estimó que, a raı́z del          cuestión:
dictamen del Comité Cientı́fico Director (CCD) emitido ese
mismo dı́a, no resultaba necesario «volver a examinar la
                                                                        La acción de resolución de la venta de un inmueble y de
decisión de levantar el embargo sobre las exportaciones de
                                                                        indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por esta
carne de bovino británica», y sobre todo en virtud de la
                                                                        resolución, constituye una acción «en materia de derechos
decisión de 17 de noviembre de 1999, por la cual la Junta de
                                                                        reales immobiliarios», en el sentido del artı́culo 16 del Conve-
Comisarios requirió a Francia para que se atuviera a la
                                                                        nio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
Decisión 1999/514/CE y levantara el embargo. El recurso se
                                                                        resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en
basa, con carácter principal, en la violación del principio de
                                                                        Bruselas el 26 de septiembre de 1968.
precaución por parte de la Comisión, y, con carácter subsidia-
rio, en el carácter inadecuado del procedimiento seguido y en
la motivación insuficiente de la decisión impugnada.


title: Asuntos acumulados C-483/11 y C-484/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 14 de diciembre de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunalul Argeș — Rumanía) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11)/Statul român (Procedimiento prejudicial — Artículos 43, 92, apartado 1, y 103, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Indemnización de personas que sufrieron condenas de carácter político durante el régimen comunista — Derecho a la reparación del daño moral sufrido — Falta de aplicación del Derecho de la Unión — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)

text:
               10.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/14

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 14 de diciembre de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunalul Argeș — Rumanía) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11)/Statul român
   (Asuntos acumulados C-483/11 y C-484/11) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Artículos 43, 92, apartado 1, y 103, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Indemnización de personas que sufrieron condenas de carácter político durante el régimen comunista - Derecho a la reparación del daño moral sufrido - Falta de aplicación del Derecho de la Unión - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)
   2012/C 73/24
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Argeș

      Partes

      Demandantes: Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11)

      Demandada: Statul român

      en presencia de: Iulian-Nicolae Cujbescu (C-484/11)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunalul Argeș — Interpretación del artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos — Indemnización de personas que sufrieron condenas políticas durante el régimen comunista — Admisibilidad de una normativa nacional que limita el derecho a la reparación del daño moral sufrido.

      Fallo

   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunalul Argeș (Rumanía), mediante resolución de 4 de abril y de 4 de julio de 2011.

      (1)  DO C 347, de 26.11.2011.


title: Asunto T-108/16: Recurso interpuesto el 17 de marzo de 2016 — Naviera Armas/Commission

text:
               17.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/19

         Recurso interpuesto el 17 de marzo de 2016 — Naviera Armas/Commission
   (Asunto T-108/16)
   (2016/C 175/23)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Naviera Armas, SA (Las Palmas de Gran Canaria, España) (representantes: J. Buendía Sierra y Á. Givaja Sanz, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la Decisión de la Comisión Europea de 8 de diciembre de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.36628 (2015/NN-2) (DO C 25, p. 2), por la que se declara la inexistencia de ayudas de Estado a favor de la Compañía naviera Fred Olsen S.A., en relación con las medidas adoptadas por el reino de España en el Puerto de las Nieves.

               —

               condene a la demandada a cargar con sus propias costas y con las de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante la Decisión impugnada la Comisión ha determinado que no constituyen ayudas de Estado el presunto derecho exclusivo de Fred Olsen para operar desde el Puerto de las Nieves (Canarias, España), su exoneración total o parcial del pago de las correspondientes tasas portuarias, así como las condiciones de utilización de dicho Puerto que, al excluir a los buques convencionales, supondría igualmente una ventaja injustificada para dicha naviera.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo, basado en el hecho de haber aportado una motivación suficiente para que la Comisión tuviese dudas razonables respecto a la existencia de ayudas de Estado en favor de Fred Olsen, procediendo a la apertura del procedimiento formal de investigación.
   En apoyo de este motivo la parte demandante alega:

               —

               que la excesiva duración del examen previo realizado por la Comisión desde que Naviera Armas presentara su denuncia el 26 de abril de 2013 hasta la adopción de la Decisión impugnada, evidencia por sí misma la complejidad del caso, que hubiese requerido la apertura de un procedimiento formal.

               —

               que la Decisión impugnada adolece de determinados errores manifiestos en la apreciación de los hechos, como pretender que ninguna empresa solicitase operar en el Puerto de las Nieves con trasbordadores rápidos antes de 2013, que Fred Olsen fuese la única empresa interesada en utilizar el Puerto en los años 90, o que en dicho Puerto sólo puedan operar transbordadores rápidos.

               —

               que Fred Olsen viene realizando un uso exclusivo del Puerto de las Nieves desde el año 1991, lo que le otorga una ventaja competitiva que ha sido discrecionalmente concedida por las autoridades españolas.

               —

               que Fred Olsen se ha beneficiado durante más de veinte años de una exoneración total de determinadas tasas portuarias.


title: Asunto T-232/11: Auto del Tribunal General de 21 de mayo de 2015 — Stichting Greenpeace Nederland y PAN Europe/Comisión

text:
               13.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/25

         Auto del Tribunal General de 21 de mayo de 2015 — Stichting Greenpeace Nederland y PAN Europe/Comisión
   (Asunto T-232/11) (1)

   (2015/C 228/30)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 194, de 2.7.2011.


title: Asunto C-650/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāta (República de Letonia) el 19 de diciembre de 2011 — Ilgvars Brunovskis/Lauku atbalsta dienests

text:
               18.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 49/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāta (República de Letonia) el 19 de diciembre de 2011 — Ilgvars Brunovskis/Lauku atbalsta dienests
   (Asunto C-650/11)
   2012/C 49/31
   Lengua de procedimiento: letón

      Órgano jurisdiccional remitente

   Augstākās tiesas Senāta

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Ilgvars Brunovskis

      Recurrida: Lauku atbalsta dienests

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 125, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003 (1) en el sentido de que la prima por vaca nodriza es aplicable en función del número total de vacas nodrizas nacidas en el año civil?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 102, apartado 2, del Reglamento no 1973/2004 (2) en el sentido de que por período de seis meses se ha de entender el plazo para presentar las solicitudes de prima?

               3)

               Si la respuesta a la segunda cuestión es afirmativa, en el supuesto de que un Estado miembro haya reducido este plazo de presentación ¿tendría el Estado miembro la obligación de indemnizar por las pérdidas en que hubiera incurrido el agricultor si no le fue posible hacer uso plenamente del plazo de solicitudes establecido en el Reglamento?

      (1)  Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión, de 29 de octubre de 2004, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo en lo que respecta a los regímenes de ayuda previstos en los títulos IV y IV bis de dicho Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas (DO L 345, p. 1).


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias, de fecha 6 de abril de 1998, en el asunto entre Charalambos Dounias y Ministro de Economía (Asunto C-228/98)

text:
C 278/16              ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       5.9.98
Recurso interpuesto el 25 de junio de 1998 por la Comi-           Dounias y Ministro de Economía, y recibida en la Secreta-
sión de las Comunidades Europeas contra la RepuÂblica de          ría del Tribunal de Justicia el 26 de junio de 1998.
                            Irlanda
                     (Asunto C-227/98)                            El Symvoulio tis Epikrateias solicita al Tribunal de Justicia
                                                                  que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes:
                        (98/C 278/25)
                                                                  1) ¿Es contrario a las disposiciones por las que se rige la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              Comunidad Económica Europea y, en particular, a los
ha presentado el 25 de junio de 1998 un recurso contra la              artículos 30 y 95 del Tratado de Roma el meÂtodo de
RepuÂblica de Irlanda formulado por la Comisión de las                 caÂlculo del valor imponible previsto en la Ley no 1477/
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Frank Ben-               1984 y, en particular, en el apartado 2 del artículo 1,
yon, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa             el apartado 3 del artículo 2, el apartado 3 del
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos                artículo 3 y el apartado 3 del artículo 4 de eÂsta, así
Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la                  como en el artículo 16 de la Ley no 1642/1986, a efec-
Comisión, Centre Wagner C 254, Kirchberg.                              tos de la imposición de los tributos contemplados en
                                                                       dichas Leyes?
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                  2) ¿Tiene efecto directo el Reglamento (CEE) no 1224/80
                                                                       del Consejo, de 28 de mayo de 1980, referente al valor
Ð declare que la RepuÂblica de Irlanda ha incumplido las               en aduana de las mercancías (1), tambieÂn en relación
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva            con la imposición de un tributo previsto en la legisla-
     91/328/CEE del Consejo, de 21 de junio de 1991, por               ción de un Estado miembro a un producto importado
     la que se modifica la Directiva 77/143/CEE relativa a             de otro Estado miembro?
     la aproximación de las legislaciones de los Estados
     miembros en materia de control teÂcnico de los               3) Si la respuesta a la cuestión precedente fuese afirma-
     vehículos de motor y de sus remolques (1), derogada               tiva, ¿es contrazio el artículo 11 de dicho Reglamento
     por la Directiva 96/96/CE (2) la cual, no obstante,               a las disposiciones del Tratado de Roma y, en particu-
     mantenía en vigor las obligaciones de los Estados                 lar, a su artículo 30?
     miembros sobre el plazo de adaptación del Derecho
     interno senÄalado por la Directiva 91/328/CEE al no          4) Si la respuesta a la segunda cuestión fuese afirmativa,
     haber adoptado o comunicado las disposiciones lega-               ¿es contraria a las disposiciones del Tratado de Roma
     les, reglamentarias y administrativas necesarias para             y, en particular, a su artículo 30 la remisión efectuada
     atenerse a dicha Directiva;                                       por las disposiciones citadas de las Leyes no 1477/
                                                                       1984 y no 1642/1986 al Reglamento (CEE) no 1224/
Ð condene en costas a la RepuÂblica de Irlanda.                        80?
Motivos y principales alegaciones                                 5) Si la respuesta a la segunda cuestión fuese afirmativa,
                                                                       ¿es contrario el artículo 16 del Código de Leyes relati-
El artículo 189 del Tratado CE, seguÂn el cual las Directi-            vas al arancel aduanero (Decreto de codificación de
vas obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado              25/30 de julio de 1920), sustituido por el artículo 1 de
que deba conseguirse, implica la obligación de eÂstos de               la Ley no 428/1943, a las disposiciones del Tratado de
cumplir el plazo de adaptación del Derecho interno senÄa-              Roma y, en particular, a su artículo 30?
lado en la Directiva. Dicho plazo expiró el 1 de julio de
1993, sin que la RepuÂblica de Irlanda haya adoptado las          6) ¿Es contrario el procedimiento de resolución adminis-
disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva men-             trativa de los litigios contemplado en el artículo 10 del
cionada en las pretensiones de la Comisión.                            citado Código de Leyes relativas al arancel aduanero y
                                                                       en el artículo 136 del Decreto Presidencial no 636/
(1) DO L 178 de 6.7.1991, p. 29.
                                                                       1977 a las disposiciones del Tratado de Roma y, en
(2) DO L 46 de 17.2.1997, p. 1.                                        particular, a su artículo 30, en caso de imposición de
                                                                       un tributo interno a un producto importado de otro
                                                                       Estado miembro?
                                                                  7) ¿Son contrarias las disposiciones del artículo 50 del
                                                                       Decreto Presidencial no 341/1978, en relación con el
                                                                       artículo 152 del Código de procedimiento tributario y
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                       con el artículo 4 de la Ley no 1406/1983, a las disposi-
lución del Symvoulio tis Epikrateias, de fecha 6 de abril de
                                                                       ciones del Tratado de Roma y, en particular, a su
1998, en el asunto entre Charalambos Dounias y Ministro
                                                                       artículo 30, cuando el procedimiento de que conoce el
                         de Economía
                                                                       órgano jurisdiccional contencioso-administrativo tiene
                     (Asunto C-228/98)                                 por objeto la responsabilidad del Estado para la repa-
                        (98/C 278/26)                                  ración de un perjuicio ocasionado por la infracción de
                                                                       las disposiciones por las que se rige la Comunidad
                                                                       Económica Europea?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le
ha sido sometida una petición de decisión prejudicial             (1) DO L 134 de 31.5.1980, p. 1; EE 02/06, p. 224.
mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias, dictada
el 6 de abril de 1998, en el asunto entre Charalambos


title: Asunto C-32/02: Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2002 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
6.4.2002               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 84/51
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            —     Condene en costas a la República Italiana.
lución del Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes
Salzburg, de fecha 16 de enero de 2002, en el procedi-
miento de recurso en el que son partes: Roman Moser y
otros, Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg y                    Motivos y principales alegaciones
      Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg
                                                                        La Comisión señala que la Directiva 98/59 se aplica a los
                        (Asunto C-15/02)                                despidos colectivos efectuados por cualquier «[empleador]», o
                                                                        sea cualquier persona fı́sica o jurı́dica que haya hecho nacer
                          (2002/C 84/89)                                una relación de trabajo, aunque no persiga con ello un fin de
                                                                        lucro. Por lo tanto, resulta incompatible con dicha Directiva la
                                                                        normativa italiana que adapta el Derecho interno y, en
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        particular, la Ley 223/91, que limita la aplicación de las
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        garantı́as de los trabajadores solamente a las «empresas»,
resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes
                                                                        excluyendo indebidamente a todos los empleadores que, en el
Salzburg, dictada el 16 de enero de 2002, en el procedimiento
                                                                        ejercicio de su actividad, carezcan de ánimo de lucro.
de recurso en el que son partes Roman Moser y otros,
Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg y Grund-
verkehrsbeauftragter des Landes Salzburg, y recibida en la              (1) DO L 225 de 12.8.98, p. 16.
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 22 de enero de 2002. El
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Salzburg solicita
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
cuestión:
¿Las disposiciones de los artı́culos 56 y ss. del Tratado CE
deben interpretarse en el sentido de que son contrarias a la            Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2002 contra la
aplicación de los artı́culos 12, 36 y 43 de la Salzburger              República de Austria por la Comisión de las Comunidades
Grundverkehrsgesetz 1997 (Ley de Transmisión de Bienes                                              Europeas
Inmuebles del Land de Salzburgo) en la versión publicada en
el LGBl no 11/1999, según la cual quien desee adquirir una
parcela edificable en el Bundesland de Salzburgo debe someter                                   (Asunto C-33/02)
dicha adquisición inmobiliaria a un procedimiento de notifica-
ción y aprobación, y de que con ello se vulnera en el presente                                  (2002/C 84/91)
caso alguna de las libertades fundamentales del adquirente
garantizadas por la legislación de la Unión Europea?
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 6 de febrero de 2002 un recurso contra la
                                                                        República de Austria formulado por la Comisión de las
                                                                        Comunidades Europeas, representada por el Sr. Josef Christian
Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2002 contra la                   Schieferer, miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                 Europea, en calidad de agente, que designa como domicilio en
                             Europeas                                   Luxemburgo el despacho del Sr. Luis Escobar Guerrero,
                                                                        miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión Europea, Centre-
                        (Asunto C-32/02)                                Wagner, Luxemburgo-Kirchberg.
                          (2002/C 84/90)
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            —     Declare que la República de Austria ha incumplido las
presentado el 5 de febrero de 2002 un recurso contra                          obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos 3,
la República Italiana formulado por la Comisión de las                      apartados 3 y 4, 7, apartados 1 y 2, 11, apartado 3, y 13,
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Antonio Aresu,                  apartado 1 en relación con el artı́culo 2, no 3, de la
en calidad de agente.                                                         Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre de
                                                                              1994, relativa a la incineración de residuos peligrosos (1),
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     al
—     Declare que la República Italiana ha incumplido las                    1)   haber adaptado incorrectamente su Derecho interno
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                       a la Directiva en la medida en que el artı́culo 3,
      98/59/CE (1) del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa                   apartados 3.2 y 3.3, de la BMwA-Verordnung no
      a la aproximación de las legislaciones de los Estados                       corresponde a la normativa relativa al 40 % de calor
      miembros que se refieren a los despidos colectivos, al no                    liberado en los casos de coincineración del artı́culo 3,
      haber adoptado disposiciones respecto de los empresarios                     apartado 3, de la Directiva respecto del «calor total
      que, en el ejercicio de su actividad, carezcan de ánimo de                  liberado en la instalación en cualquier momento de
      lucro.                                                                       su funcionamiento»,


title: Asunto C-316/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Högsta domstolen, de 9 de agosto de 2005, en el asunto entre Nokia Corporation y Joacim Wärdell

text:
               15.10.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 257/4

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Högsta domstolen, de 9 de agosto de 2005, en el asunto entre Nokia Corporation y Joacim Wärdell
   (Asunto C-316/05)
   (2005/C 257/07)
   Lengua de procedimiento: sueco
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Högsta domstolen dictada el 9 de agosto de 2005, en el asunto entre Nokia Corporation y Joacim Wärdell, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de agosto de 2005.
   El Högsta domstolen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               El elemento «razones especiales» previsto en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ¿debe interpretarse en el sentido de que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, con independencia de las demás circunstancias, no dictar una resolución por la que se le prohíba seguir vulnerando el derecho de marca, cuando dicho tribunal estime que el riesgo de infracción continuada no es evidente o sólo tiene, por algún otro motivo, un carácter limitado?

               2)

               El elemento «razones especiales» previsto en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento sobre la marca comunitaria, ¿debe interpretarse en el sentido de que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, aunque no concurra un motivo para no adoptar la resolución prohibitoria a que se refiere la primera cuestión, no dictar tal resolución prohibitoria por considerar que está claro que, con arreglo al Derecho nacional, la infracción continuada está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida por ley, y además puede imponerse una sanción penal al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?

               3)

               Si se responde de modo negativo a la segunda cuestión, ¿deben adoptarse en tal caso medidas especiales, como por ejemplo unir a la prohibición la amenaza de multa, para garantizar que se cumpla la prohibición, aunque esté claro que la infracción continuada está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida por ley, y además puede imponerse una sanción penal al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?

               4)

               Si se responde de modo afirmativo a la tercera cuestión, ¿esto también es aplicable cuando se considere que, si se tratara de una infracción similar de un derecho de marca nacional, no se cumplen los requisitos para adoptar tal medida especial?


title: Asunto C-503/06: Recurso interpuesto el 13 de diciembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/12

         Recurso interpuesto el 13 de diciembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-503/06)
   (2007/C 82/23)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: D. Recchia, agente)

      Demandada: República Italiana
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE (1), al haber adoptado y aplicar la regione Liguria una normativa relativa a la autorización de las excepciones al régimen de protección de las aves silvestres que no cumple los requisitos exigidos por el artículo 9 de la citada Directiva.

               —

               Que se condene en costas República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   A raíz de una denuncia, la Comisión tuvo conocimiento de que la regione Liguria había aprobado la Ley no 34, de 5 de octubre de 2001, con el fin de regular las modalidades de adopción de las excepciones al régimen de protección de las aves silvestres con arreglo al artículo 9 de la citada Directiva. Dicha Ley regional fue modificada por la Ley regional no 31, de 13 de agosto de 2002.
   En opinión de la Comisión, la Ley regional no 34/2001, en su versión modificada, constituye una autorización del ejercicio regular de la caza de especies de aves protegidas con arreglo a la Directiva, ya que:

               —

               identifica de manera general y abstracta y sin límite de tiempo, las especies afectadas por la excepción, cuando la excepción se configura como una medida extraordinaria, que se adopta una vez comprobado que se dan determinados presupuestos científicos;

               —

               no impone la obligación, para las medidas individuales que establezcan excepciones, de invocar una de las razones abstractas por las cuales es posible conceder la excepción con arreglo al artículo 9 de la Directiva y no impone la obligación de hacer explícitos los motivos concretos por los cuales una medida puede reconducirse a la exigencia invocada como razón abstracta;

               —

               no se refiere al requisito de comprobar la falta de otras soluciones satisfactorias, ni tampoco exige que se indique la autoridad facultada para declarar que se cumplen los requisitos establecidos por el artículo 9 de la Directiva.

         La incompatibilidad de la Ley regional no 34/2001, en su versión modificada, se refleja en las medidas concretas de autorización de capturas, que no acreditan la falta de otras soluciones satisfactorias y que no mencionan la razón abstracta ni los motivos concretos por los que la excepción resulta necesaria.
   Una vez expirado el plazo señalado en el dictamen motivado, de 31 de octubre de 2006, la regione Liguria derogó la Ley regional no 34/2001, en su versión modificada, mediante la Ley regional no 35/2006, de 31 de octubre de 2006, y adoptó la Ley regional no 36/2006, en la que se autorizan capturas que presentan los mismos elementos de incompatibilidad con el artículo 9 de la Directiva que los que se acaban de exponer en relación con el marco jurídico regional anterior.

      (1)  Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103, p. 1).