title: Asunto T-402/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2007 — Katalagarianakis/Comisión ( Funcionarios — Selección — Revisión de la clasificación en grado y en escalón — Aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Artículos 5, 31, apartado 2, 32, segundo párrafo, 45 y 62 del Estatuto )

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/36

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2007 — Katalagarianakis/Comisión
   (Asunto T-402/03) (1)

   («Funcionarios - Selección - Revisión de la clasificación en grado y en escalón - Aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia - Artículos 5, 31, apartado 2, 32, segundo párrafo, 45 y 62 del Estatuto»)
   (2007/C 95/72)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Georgios Katalagarianakis (Overijse, Bélgica) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión de la Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y H. Krämer, agentes)
   Objeto
   Demanda de anulación de la decisión de la Comisión por la que se revisa y se determina la clasificación del demandante con motivo de su selección en el grado A6, primer escalón, por la que se revisa y se determina su posterior clasificación en el grado A5, tercer escalón, el 1 de abril de 2000 y que fija el punto de partida de sus efectos pecuniarios el 5 de octubre de 1995.
   Fallo

               1)

               Anular la decisión de la Comisión de 14 de abril de 2003 en la medida en que fija el punto de partida de sus efectos pecuniarios el 5 de octubre de 1995.

               2)

               La Comisión deberá realizar un examen comparativo de los méritos del demandante y de los funcionarios promovidos al grado A5 en el marco de cada ejercicio de promoción desde el 1 de mayo de 1993.

               3)

               Tras dicho examen, y en caso de que la Comisión no pudiera lograr que el demandante se beneficiara de la promoción de grado que resultara justificada, se invita a las partes a tratar de llegar a un acuerdo sobre una compensación adecuada.

               4)

               Las partes habrán de informar al Tribunal de Primera Instancia en un plazo de tres meses desde que se dicte la presente sentencia, del contenido del acuerdo al que han llegado, en su caso, o, en su defecto, de sus propuestas de indemnización sobre la valoración del daño sufrido evaluadas cuantitativamente.

               5)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               6)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 35, de 7.2.2004.


title: Dictamen 2/00 del Tribunal de Justicia de 6 diciembre 2001 ("Protocolo de Cartagena — Conclusión — Base jurídica — Artículos 133 CE, 174 CE, apartado 4, y 175 CE, apartado 1 — Organismos vivos modificados — Protección del medio ambiente — Política comercial común")

text:
2.3.2002               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                 C 56/1
                                                                      I
                                                               (Comunicaciones)
                                              TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                           TRIBUNAL DE JUSTICIA
      DICTAMEN 2/00 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                              P. Léger, D. Ruiz-Jarabo Colomer, J. Mischo, A. Tizzano,
                                                                          L. A. Geelhoed et Mme C. Stix-Hackl, Abogados Generales,
                                                                          emite el siguiente dictamen:
                      de 6 diciembre 2001
                                                                          La Comunidad Europea y sus Estados miembros tienen competencia
                                                                          compartida para concluir el Protocolo de Cartagena sobre seguridad
(«Protocolo de Cartagena — Conclusión — Base jurı́dica —                 de la biotecnologı́a.
Artı́culos 133 CE, 174 CE, apartado 4, y 175 CE, apartado 1
— Organismos vivos modificados — Protección del medio
            ambiente — Polı́tica comercial común»)                       (1) DO C 355 de 9.12.2000.
                          (2002/C 56/01)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
Mediante solicitud presentada el 27 de octubre de 2000(1) con
                                                                                (Sala Quinta)
arreglo al artı́culo 300 CE, apartado 6, la Comisión de las
Comunidades Europeas ha recabado el dictamen del Tribunal
de Justicia sobre las siguientes cuestiones:                                                 de 13 de diciembre de 2001
                                                                          en el asunto C-235/00 (Petición de decisión prejudicial del
1)    Constituyen los artı́culos 133 y el apartado 4 del artı́-           High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench
      culo 174, en relación con las disposiciones pertinentes            Division (Crown Office)): Commissioners of Customs &
      del artı́culo 300 del Tratado CE, la base jurı́dica apropiada                Excise contra CSC Financial Services Ltd (1)
      del acto de conclusión, por la Comunidad Europea, del
      Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad?
                                                                          («Sexta Directiva sobre el IVA — Artı́culo 13, parte B,
                                                                          letra d), número 5 — Operaciones exentas — Operaciones
2)    En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿las        relativas a tı́tulos valores — Negociación — Prestación de
      competencias que los Estados miembros mantienen en el                un servicio denominado “call center” (centro de llamadas)»)
      ámbito de la protección del medio ambiente, y que
      pueden justificar su participación en el Protocolo de                                         (2002/C 56/02)
      Cartagena sobre la bioseguridad, tienen un carácter
      residual frente a la competencia predominante de la
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
      Comunidad para asumir compromisos internacionales en
      cuanto a las materias tratadas en este Protocolo?
                                                                          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
El Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. M. G. C. Rodrı́guez
Iglesias, Presidente, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric,
et M. S. von Bahr, Presidentes de Sala, MM. C. Gulmann,                   En el asunto C-235/00, que tiene por objeto una petición
D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón,              dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
M. Wathelet (Ponente), R. Schintgen et V. Skouris, Jueces,                por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench
oı́dos los Sres. S. Alber, Primer Abogado General, F. G. Jacobs,          Division (Crown Office) (Reino Unido), destinada a obtener,


title: Asunto T-414/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia» )

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/29

         Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Comisión
   (Asunto T-414/08) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Derechos de autor para la ejecución pública de las obras musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Reparto del mercado geográfico - Acuerdos bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva nacionales - Práctica concertada que excluye la posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio - Prueba - Presunción de inocencia)
   2013/C 156/50
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (Riga, Letonia) (representante: M. Favart, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre y A. Biolan, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandante: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (representantes: J.-F. Bellis y K. Van Hove, abogados) y European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Suiza) (representantes: D. Waelbroeck, abogado, y D. Slater, Solicitor)

      Objeto

   Pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2008) 3435 final de la Comisión, de 16 de julio de 2008, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/C2/38.698 — CISAC).

      Fallo

               1)

               Anular el artículo 3 de la Decisión C(2008) 3435 final de la Comisión, de 16 de julio de 2008, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/C2/38.698 — CISAC), en lo que respecta a Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas a la Comisión Europea.

      (1)  DO C 313, de 6.12.2008.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 14 de noviembre de 2002 en el asunto C-316/00: Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda ("Incumplimiento de Estado — Directiva 80/778/CEE — Calidad de las aguas destinadas al consumo humano — Aplicación inadecuada")

text:
21.12.2002                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 323/15
1)     El artículo 1, párrafo primero, del Convenio de 27 de septiembre      Sr. D. J. O’Hagan, asistido por los Sres. E. Fitzsimons, y
       de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de               E. Galligan, BL), que tiene por objeto que se declare que Irlanda
       resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión   ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de
       modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a         los artículos 7, apartado 6, 18 y 19 de la Directiva 80/778/
       la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino            CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad
       Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y por el Convenio           de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 229, p. 11;
       de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la                 EE 15/02, p. 174), así como del Tratado CE:
       República Helénica, debe interpretarse en el sentido de que está
       comprendida en el concepto de «materia civil» la acción de
       repetición mediante la cual un organismo público reclama a
       una persona de Derecho privado el reembolso de las cantidades         —      al no haber garantizado la observancia de los parámetros
       que abonó en concepto de asistencia social al cónyuge divorciado             biológicos 57 (coliformes totales) y 58 (coliformes feca-
       y al hijo de dicha persona, en la medida en que el fundamento                les), establecidos en el anexo I de la citada Directiva por
       y las modalidades de ejercicio de dicha acción estén regulados               lo que atañe a determinadas redes públicas de distribución
       por las normas de Derecho común aplicables a la obligación de                de agua y a determinadas redes que garantizan un
       alimentos. En el caso de que la acción de repetición se base en              suministro de agua conjunto (distintas de aquellos que
       disposiciones mediante las cuales el legislador haya conferido al            produzcan como media menos de 10 m 3 diarios o que
       organismo público una prerrogativa propia, dicha acción no                   abastezcan a menos de 50 personas, a no ser que el agua
       puede considerarse incluida en la «materia civil».                           se suministre como parte de una actividad comercial o
                                                                                pública), identificados en los informes oficiales sobre el
                                                                                agua destinada al consumo humano y en la corresponden-
2)     El artículo 1, párrafo segundo, número 3, de dicho Convenio
                                                                                cia relativa a la localidad de Ballycroy (Irlanda), y
       debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida en
       el concepto de «seguridad social» la acción de repetición mediante
       la cual un organismo público reclama a una persona de Derecho
       privado, con arreglo a las normas de Derecho común, el                —      al no haber tenido en cuenta, en su legislación por la que
       reembolso de las cantidades que abonó en concepto de asistencia              se aplica dicha Directiva, el carácter vinculante de las
       social al cónyuge divorciado y al hijo de dicha persona.                     exigencias del anexo I de ésta por lo que atañe a las redes
                                                                                que garantizan un suministro de agua conjunto,
( 1) DO C 259 de 9.9.2000.
                                                                             el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el
                                                                             Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, y los Sres. R. Schintgen
                                                                             y V. Skouris, la Sra. F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues
                                                                             (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario:
                                                                             Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 14 de
                                                                             noviembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Sexta)
                                                                             1)     Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
                                                                                incumben en virtud de los artículos 7, apartado 6, 18 y 19 de
                    de 14 de noviembre de 2002                                      la Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980,
                                                                                relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
en el asunto C-316/00: Comisión de las Comunidades                                  humano:
                     Europeas contra Irlanda (1)
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 80/778/CEE —                                 —     al no haber garantizado la observancia de los parámetros
Calidad de las aguas destinadas al consumo humano —                                       biológicos 57 (coliformes totales) y 58 (coliformes fecales)
                       Aplicación inadecuada»)                                            establecidos en el anexo I de la citada Directiva por lo que
                                                                                atañe a determinadas redes públicas de distribución de
                                                                                agua y a determinadas redes que garantizan un suministro
                            (2002/C 323/17)
                                                                                de agua conjunto (distintos de aquellos que produzcan
                                                                                como media menos de 10 m3 diarios o que abastezcan a
                    (Lengua de procedimiento: inglés)                                     menos de 50 personas, a no ser que el agua se suministre
                                                                                como parte de una actividad comercial o pública),
                                                                                identificados en los informes oficiales sobre el agua
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                      destinada al consumo humano y en la correspondencia
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                       relativa a la localidad de Ballycroy (Irlanda), y
En el asunto C-316/00, Comisión de las Comunidades Euro-                            —     al no haber tenido en cuenta, en su legislación por la que
peas (agente: Sr. R. B. Wainwright) contra Irlanda (agente:                               se aplica dicha Directiva, el carácter vinculante de las
 ---pagebreak--- C 323/16                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          21.12.2002
             exigencias del anexo I de ésta por lo que atañe a las redes             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
             que garantizan un suministro de agua conjunto.
2)     Condenar en costas a Irlanda.                                                                     (Sala Sexta)
( 1) DO C 302 de 21.10.2002.
                                                                                de 7 de noviembre de 2002
                                                                            en el asunto C-333/00 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                                Tarkastuslautakunta): Eila Päivikki Maaheimo ( 1)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                            («Reglamento (CEE) no 1408/71 — “Prestaciones familia-
                                                                            res” — Subsidio por guarda de un hijo a domicilio —
                    de 5 de noviembre de 2002
                                                                                Requisito de residencia del hijo»)
en el asunto C-325/00: Comisión de las Comunidades
     Europeas contra República Federal de Alemania (1)                                                (2002/C 323/19)
(«Libre circulación de mercancías — Medidas de efecto
          equivalente — Marca de calidad y de origen»)                                         (Lengua de procedimiento: finés)
                           (2002/C 323/18)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                              «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            En el asunto C-333/00, que tiene por objeto una petición
                                                                            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
En el asunto C-325/00, Comisión de las Comunidades Euro-                    por el Tarkastuslautakunta (Finlandia), destinada a obtener, en
peas (agentes: Sr. J. C. Schieferer y Sra. C. Schmidt) contra               un procedimiento incoado por Eila Päivikki Maaheimo, una
República Federal de Alemania (agente: Sr. W.-D. Plessing, en               decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 4,
calidad de Agente, asistido por el Sr. M. Loschelder), que tiene            apartado 1, letra h), 10 bis, 73 y 75 del Reglamento (CEE)
por objeto que se declare que la República Federal de Alemania              no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del                aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajado-
artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su             res por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a
modificación), al conceder la marca de calidad «Markenqualität              los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la
aus deutschen Landen» (calidad de marca del territorio alemán)              Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el
a productos acabados de una determinada calidad fabricados                  Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre
en Alemania, el Tribunal de Justicia, integrado por el                      de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala
Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet         Sexta), integrado por el Sr. R. Schintgen, Presidente de la Sala
y M. Wathelet, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann                    Segunda en funciones de Presidente de la Sala Sexta, el
(Ponente), A. La Pergola, P. Jann y V. Skouris, las Sras.                   Sr. V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric (Ponente) y el
F. Macken y N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha                Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:
Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario:            Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha
Sr. R. Grass, ha dictado el 5 de noviembre de 2002 una                      dictado el 7 de noviembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                       el siguiente:
1)     Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido
       las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del       1)    Una prestación como el subsidio por guarda de un hijo a
       Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación),             domicilio previsto por la laki (1128/1996) lasten kotihoidon
       al conceder la marca de calidad «Markenqualität aus deutschen              ja yksityisen hoidon tuesta (Ley finlandesa sobre el subsidio por
       Landen» (calidad de marca del territorio alemán) a productos               guarda de un hijo a domicilio y por custodia privada) constituye
       acabados de una determinada calidad fabricados en Alemania.                una prestación familiar, en el sentido del artículo 4, apartado 1,
                                                                                letra h), del Reglamento (CEE) n o 1408/71 del Consejo, de
2)     Condenar en costas a la República Federal de Alemania.                     14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes
                                                                                de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
                                                                                trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias
( 1) DO C 316 de 4.11.2000.                                                       que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión
                                                                                modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97
                                                                                del Consejo, de 2 de diciembre de 1996.


title: Asunto C-127/03: Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2002 contra Trendsoft (Irl) Ltd. por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 112/20               ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                           10.5.2003
Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2003 contra la                    Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2002 contra
República Federal de Alemania por la Comisión de las                    Trendsoft (Irl) Ltd. por la Comisión de las Comunidades
                     Comunidades Europeas                                                            Europeas
                       (Asunto C-125/03)
                                                                                (Asunto C-127/03)
                         (2003/C 112/34)
                                                                                (2003/C 112/35)
En el Tribunal de Justicia se ha presentado el 20 de marzo de
2002 un recurso contra la República Federal de Alemania
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por el Sr. Klaus Wiedner, miembro del Servicio             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Jurídico de Comisión de las Comunidades Europeas, que                   presentado el 21 de marzo de 2003 un recurso contra
designa domicilio en Luxemburgo.                                        Trendsoft (Irl) Ltd. formulado por la Comisión de las Comuni-
                                                                        dades Europeas, representada por los Sres. L. Flynn y C. Giolito,
                                                                        en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
—     Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud de la            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      Directiva 92/50 (1) al adjudicar los contratos de elimina-
      ción de residuos celebrados por las ciudades de Lüding-           —     Condene a la parte demandada a pagar a la demandante la
      hausen y Olfen y los municipios de Nordkirchen, Senden                  cantidad de 24 751,57 euros (veinticuatro mil setecientos
      y Ascheberg sin respetar las disposiciones relativas a la               cincuenta y un euros con cincuenta y siete céntimos),
      publicidad previstas en el artículo 8, en relación con los              correspondiente a 21 303,00 euros en concepto del
      artículos 15, apartado 2, y 16 de dicha Directiva.                      capital adeudado más 3.448, 57 euros en concepto de
                                                                              intereses de demora devengados hasta el 31 de marzo de
—     Condene en costas a la República Federal de Alemania.                   2003, al tipo del 6,09 % hasta el 31 de diciembre de
                                                                              2002 y al tipo del 8,09 % desde esta fecha en adelante.
Motivos y principales alegaciones                                       —     Condene a la parte demandada al pago de 4,72 euros
                                                                              (cuatro euros con setenta y dos céntimos) por día en
Si bien la demandada ha reconocido haber cometido los                         concepto de intereses devengados desde el 1 de abril de
incumplimientos que se le imputan y ha asegurado que en el                    2003 hasta la fecha del pago total de la deuda.
futuro pretende adjudicar los servicios de eliminación de
residuos con arreglo a las disposiciones comunitarias relativas         —     Condene en costas a la parte demandada.
a los contratos públicos, no ha llevado a cabo ninguna acción
para resolver los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre
de 2003.
                                                                        Motivos y principales alegaciones
Tampoco alega que con arreglo al Derecho alemán sea
imposible resolver los contratos. Señala tan sólo que una
resolución anticipada de los contratos puede dar lugar a
                                                                        Con arreglo al artículo 16, apartado 3, del anexo sobre la
reclamaciones de indemnización. Sin embargo, precisamente
                                                                        contribución financiera que figura en el contrato, la demandada
en aras de la eficiencia del Derecho comunitario de contrata-
                                                                        se comprometió a que, en caso de que la contribución
ción pública conviene que las entidades adjudicadoras deban
                                                                        financiera total calculada para el proyecto fuese inferior a
contar también, en su caso, con el pago de indemnizaciones.
                                                                        los pagos realizados, debía devolver inmediatamente dicha
                                                                        diferencia a la Comisión.
La obligación de poner fin a las infracciones del Derecho
comunitario de contratos públicos, incluso mediante la resolu-
ción de los contratos ya celebrados, tampoco puede resultar             En su propuesta de informe definitivo sobre el estado de gastos
desvirtuada por el artículo 2, apartado 6, de la Directiva 89/          de 23 de septiembre de 1999, la Comisión indicó que no
665 (2), que tiene por objeto los procedimientos dye recurso            tendría en cuenta determinados gastos declarados y explicó las
contra las posibles infracciones del Derecho comunitario de             razones por las cuales éstos no eran admisibles. Mediante fax
contratos públicos. Sólo puede considerarse que ha finalizado           de 5 de abril de 2000, la demandada aceptó la propuesta de
el incumplimiento del Tratado cuando el Estado miembro no               informe definitivo sobre el estado de gastos de la Comisión. Si
sólo ha reconocido la ilegalidad de su actuación, sino que              bien la demandada no discute su obligación de devolución de
también ha puesto fin por completo a la infracción.                     las cantidades indebidamente pagadas por la Comisión, no ha
                                                                        satisfecho dicha obligación y, en consecuencia, ha incumplido
( 1) DO L 209, p. 1.                                                    la obligación que para ella deriva del contrato.
( 2) DO L 395, p. 33.


title: Asunto C-262/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) el 10 de mayo de 2017 — Solvay Chimica Italia SpA y otros/Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

text:
               18.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 309/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) el 10 de mayo de 2017 — Solvay Chimica Italia SpA y otros/Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
   (Asunto C-262/17)
   (2017/C 309/23)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari F.lli Lunelli SpA, Fenice — Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA

      Recurrida: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la Directiva 2009/72/CE (1) y, en particular, sus artículos 3, apartados 5 y 6, y 28, en el sentido de que constituye necesariamente una red eléctrica y, por consiguiente una «red de distribución» en el sentido de dicha Directiva, una red creada y gestionada por una entidad privada a la que están conectadas un número limitado de unidades de producción y consumo y que, a su vez, está conectada con la red pública, de modo que no es posible excluir de dicha calificación a las redes privadas que presentan esas características, que fueron creadas antes de la entrada en vigor de la Directiva y que inicialmente fueron establecidas con fines de autoproducción?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, la única posibilidad que ofrece la Directiva para poner en valor las peculiaridades de una red eléctrica privada ¿consiste en incluirla entre las RDC mencionadas en el artículo 28 de la Directiva o puede el legislador nacional establecer una categoría distinta de redes de distribución sujetas a una normativa simplificada distinta de la prevista para las RDC?

               3)

               Con independencia de las cuestiones prejudiciales anteriores, ¿debe interpretarse dicha Directiva en el sentido de que las redes de distribución cerradas reguladas en el artículo 28 están, en todo caso, sujetas a la obligación de conexión de terceros?

               4)

               Con independencia de las cuestiones prejudiciales anteriores, la calificación de una red eléctrica privada como red de distribución cerrada en el sentido del artículo 28 de la Directiva 2009/72/CE ¿únicamente permite al legislador nacional prever para esa red las excepciones al régimen general aplicable a las redes de distribución expresamente previstas en los artículos 28 y 26, apartado 4, de dicha Directiva? O, a la luz de lo dispuesto en los considerandos 29 y 30 de dicha Directiva, ¿está facultado u obligado el Estado miembro a prever excepciones adicionales al régimen general aplicable a las redes de distribución, con el fin de garantizar que se alcanzan los objetivos previstos en tales considerandos?

               5)

               En caso de que el Tribunal de Justicia considere que el Estado miembro puede o debe promulgar una normativa que tenga en cuenta las especificidades de las redes de distribución cerradas, ¿se oponen las disposiciones de la Directiva 2009/72/CE, en particular sus considerandos 29 y 30, y sus artículos 15, apartado 7, 37, apartado 6, letra b), y 26, apartado 4, a una normativa nacional como la controvertida en el presente procedimiento que somete a las redes de distribución cerradas a una normativa en materia de ordenación y separación completamente idéntica a la que se aplica a las redes públicas y que, en lo que respecta a los costes generales del sistema eléctrico, prevé que el pago de las correspondientes contribuciones sea, en parte, proporcional a la electricidad consumida dentro de la red cerrada?

      (1)  Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 2009, L 211, p. 55).


title: Sentencia del Tribunal De Primera Instancia de 28 de febrero de 2002 en el asunto T-155/98: Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE) contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Ayudas de Estado — Ayuda de funcionamiento — Artículo 92, apartados 1 y 3, letra d), del Tratado CE [actualmente artículo 87 CE, apartados 1 y 3, letra d), tras su modificación] — Requisitos de una excepción a la prohibición enunciada en el artículo 92, apartado 1, del Tratado — Mercado de referencia — Ayudas a la exportación en el sector del libro")

text:
15.6.2002               ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 144/35
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                 3)    La Foreign Trade Association cargará con sus propias costas
                                                                                ası́ como con las del Consejo que sean consecuencia de su
                                                                                intervención.
                    de 28 de febrero de 2002
                                                                            4)    La Comisión cargará con sus propias costas.
en el asunto T-598/97: British Shoe Corporation Footwear
Supplies Ltd y otros contra Consejo de la Unión Euro-
                                pea(1)                                      (1) DO C 55 de 20.2.1998.
(«Antidumping — Recurso de anulación — Inadmisibili-
                                dad»)
                          (2002/C 144/74)
                                                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                                de 28 de febrero de 2002
                                                                            en el asunto T-155/98: Société internationale de diffusion
En el asunto T-598/97, British Shoe Corporation Footwear                    et d’édition (SIDE) contra Comisión de las Comunidades
Supplies Ltd, con domicilio social en Leicester (Reino Unido),                                           Europeas (1)
Clarks International Ltd, con domicilio social en Somerset
(Reino Unido), Deichmann-Schuhe GmbH & Co Vertriebs KG,                     («Ayudas de Estado — Ayuda de funcionamiento — Ar-
con domicilio social en Essen (Alemania), Groupe André SA,                  tı́culo 92, apartados 1 y 3, letra d), del Tratado CE
con domicilio social en Parı́s (Francia), Reno Versandhandel                [actualmente artı́culo 87 CE, apartados 1 y 3, letra d), tras
GmbH, con domicilio social en Thaleischweiler-Froschen                      su modificación] — Requisitos de una excepción a la
(Alemania), Leder & Schuh AG, con domicilio social en Graz                  prohibición enunciada en el artı́culo 92, apartado 1, del
(Austria), representadas por los Sres. A. Bell y M. Powell,                 Tratado — Mercado de referencia — Ayudas a la exportación
Solicitors, que designan domicilio en Luxemburgo, apoyadas                                          en el sector del libro»)
por Foreign Trade Association (FTA), representada por el
Sr. B. Sheridan, abogado, que designa domicilio en Luxem-
burgo, contra Consejo de la Unión Europea (agentes: Sres.                                             (2002/C 144/75)
S. Marquardt, H.-J. Rabe y G. Berrisch), apoyado por Comisión
de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. V. Kreuschitz,
Sra. S. Meany y Sr. N. Khan) y por la Confédération européenne                                 (Lengua de procedimiento: francés)
de l’industrie de la chaussure (CEC), representada por los Sres.
P. Vlaemminck, J. Holmens y L. Van Den Hende, abogados,
que designa domicilio en Luxemburgo, que tiene por objeto
un recurso de anulación del Reglamento (CE) no 2155/97 del                 En el asunto T-155/98, Société internationale de diffusion et
Consejo, de 29 de octubre de 1997, por el que se establece un               d’édition (SIDE), con domicilio social en Bagneux (Francia),
derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de                   representada por Me N. Coutrelis, abogado, que designa
determinado calzado con parte superior de materias textiles                 domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunida-
originario de la República Popular de China e Indonesia y por              des Europeas (agentes: Sres. G. Rozet y B. Mongin), apoyada
el que se recauda con carácter definitivo el derecho provisional           por República Francesa (agentes: Sres. J.-F. Dobelle, G. de
impuesto (DO L 298, p. 1), el Tribunal de Primera Instancia                 Bergues y F. Million), que tiene por objeto un recurso de
(Sala Cuarta ampliada), integrado por los Sres. P. Mengozzi,                anulación del artı́culo 1, última frase, de la Decisión 1999/
Presidente, y R. Garcı́a-Valdecasas, la Sra. V. Tiili y los Sres.           133/CE de la Comisión, de 10 de junio de 1998, relativa a la
R.M. Moura Ramos y J.D. Cooke, Jueces; Secretario:                          ayuda estatal en favor de la Coopérative d’exportation du livre
Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el 28 de                français (CELF) (DO 1999, L 44, p. 37), el Tribunal de Primera
febrero de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                   Instancia (Sala Cuarta ampliada), integrado por el
                                                                            Sr. P. Mengozzi, Presidente, el Sr. R. Garcı́a-Valdecasas, la
                                                                            Sra. V. Tiili, y los Sres. R.M. Moura Ramos y J.D. Cooke, Jueces;
1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.                              Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el
                                                                            28 de febrero de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
2)    Las demandantes cargarán con sus propias costas ası́ como,
      solidariamente, con las del Consejo, excepto las que sean             1)    Anular el artı́culo 1, última frase, de la Decisión 1999/133/
      consecuencia de la intervención de la Foreign Trade Association,           CE de la Comisión, de 10 de junio de 1998, relativa a la ayuda
      y con las de la Confédération européenne de l’industrie de la               estatal en favor de la Coopérative d’exportation du livre français
      chaussure.                                                                  (CELF).
 ---pagebreak--- C 144/36                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     15.6.2002
2)     La parte demandada cargará con sus propias costas y con las de     2)    Condenar en costas a la demandante.
       la parte demandante.
                                                                           (1) DO C 86 de 27.3.1999.
3)     La República Francesa cargará con sus propias costas.
(1) DO C 378 de 5.12.1998.
                                                                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 20 de marzo de 2002
                                                                           en el asunto T-23/99: LR AF 1998 A/S contra Comisión
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                de las Comunidades Europeas (1)
                                                                           («Competencia — Prácticas colusorias — Tubos de calefac-
                      de 20 de marzo de 2002
                                                                           ción urbana — Artı́culo 85 del Tratado CE (actualmente
                                                                           artı́culo 81 CE) — Infracción continuada — Boicot —
                                                                           Acceso al expediente — Multa — Directrices para el cálculo
en el asunto T-17/99: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH                           de las multas — Irretroactividad — Confianza legı́tima»)
      contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                                (2002/C 144/77)
(«Competencia — Prácticas colusorias — Tubos de calefac-
ción urbana — Artı́culo 85 del Tratado CE (actualmente
artı́culo 81 CE) — Multa — Igualdad de trato — Directrices                                   (Lengua de procedimiento: inglés)
        para el cálculo de las multas — Irretroactividad»)
                          (2002/C 144/76)
                                                                           En el asunto T-23/99, LR AF 1998 A/S, antes Løgstør Rør A/
                                                                           S, con domicilio social en Løgstør (Dinamarca), representada
                                                                           por los Sres. D. Waelbroeck y H. Peytz, abogados, que
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                       designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
                                                                           Comunidades Europeas (agentes: Sres. P. Olivier y E. Gip-
                                                                           pini Fournier), que tiene por objeto, con carácter principal, la
                                                                           anulación de la Decisión 1999/60/CE de la Comisión, de
                                                                           21 de octubre de 1998, relativa a un procedimiento con
En el asunto T-17/99, KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, con                    arreglo al artı́culo 85 del Tratado CE (IV/35.691/E-4: Cartel en
domicilio social en Linz (Austria), representada por los Sres.             el mercado de los tubos preaislados) (DO 1999, L 24, p. 1), o,
G. Grassner y W. Löbl, abogados, que designa domicilio en                  con carácter subsidiario, la reducción de la multa impuesta en
Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas                   dicha Decisión a la demandante, el Tribunal de Primera
(agentes: Sres. W. Mölls y E. Gippini Fournier), que tiene por             Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. P. Mengozzi,
objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión             Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces;
1999/60/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 1998,                      Secretario: Sr. G. Herzig, administrador, ha dictado el 20 de
relativa a un procedimiento con arreglo al artı́culo 85 del                marzo de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Tratado CE (IV/35.691/E-4: Cartel en el mercado de los tubos
preaislados) (DO 1999, L 24, p. 1), o, con carácter subsidiario,
la reducción de la multa impuesta en dicha Decisión a la                 1)    Desestimar el recurso.
demandante, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, y la Sra. V. Tiili y         2)    Condenar en costas a la demandante.
el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces; Secretario: Sr. G. Herzig,
administrador, ha dictado el 20 de marzo de 2002 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           (1) DO C 86 de 27.3.1999.
1)     Desestimar el recurso.


title: Asunto F-122/12: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 21 de noviembre de 2013 — Arguelles Arias/Consejo (Función pública — Agente contractual — Contrato por tiempo indefinido — Resolución — Puesto ocupado que necesita una habilitación de seguridad — Habilitación denegada por la autoridad nacional de seguridad — Decisión reformada por el órgano de recurso — Conclusiones de la autoridad nacional de seguridad y del órgano de recurso que no vinculan a la AFCC)

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/34

      Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 21 de noviembre de 2013 — Arguelles Arias/Consejo
      (Asunto F-122/12) (1)

      (Función pública - Agente contractual - Contrato por tiempo indefinido - Resolución - Puesto ocupado que necesita una habilitación de seguridad - Habilitación denegada por la autoridad nacional de seguridad - Decisión reformada por el órgano de recurso - Conclusiones de la autoridad nacional de seguridad y del órgano de recurso que no vinculan a la AFCC)
      (2014/C 71/66)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: Bruno Arguelles Arias (Awans, Bélgica) (representante: L. Lecuyer, abogado)

         Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bauer y A. Bisch, agentes)

         Objeto

      Pretensión de anulación de la decisión del Consejo de despedir al demandante y pretensión de indemnización del perjuicio material y moral.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  El Sr. Arguelles Arias cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

         (1)  DO C 26, de 26.1.2013, p. 72.


title: Asunto C-271/14: Petición de decisión prejudicial planteada por la Conseil d’État (Francia) el 4 de junio de 2014 — LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France)/Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État

text:
               25.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Conseil d’État (Francia) el 4 de junio de 2014 — LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France)/Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État
   (Asunto C-271/14)
   2014/C 282/28
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France)

      Demandadas: Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État

      Cuestión prejudicial

   ¿Exigen las disposiciones del punto 5 del artículo 6 de la Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad (1), que sean motivadas las decisiones de supresión de una especialidad de la lista de medicamentos dispensados a los pacientes hospitalizados en los centros sanitarios que pueden ser objeto de cobertura por los regímenes obligatorios de seguro de enfermedad además de las prestaciones de hospitalización cubiertas en el marco de los paquetes sanitarios de estancia y asistencia médica establecidos por grupos homogéneos de enfermos?

      (1)  DO L 40, p. 8.


title: Asunto C-499/12: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 7 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Tivoli — Italia) — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli y otros (Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Necesidad de conexión con el Derecho de la Unión — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/13

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 7 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Tivoli — Italia) — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli y otros
   (Asunto C-499/12) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Necesidad de conexión con el Derecho de la Unión - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)
   2013/C 108/27
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Tivoli

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Elisabetta Gentile

      Demandada: Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Tivoli — Interpretación del artículo 47, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con los artículos 6 TUE y 52, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales — Asistencia jurídica gratuita — Legislación nacional en la que se establece que los honorarios del asesor se reducirán a la mitad si al cliente se le ha concedido asistencia jurídica gratuita.

      Fallo

   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por el Tribunale di Tivoli (Italia).

      (1)  DO C 26, de 26.1.2013.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 17 de junio de 1997 en los asuntos acumulados C-65/95 y C-111/95 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la High Court of Justice, Queen's Bench Division): The Queen contra Secretary of State for the Home Department, ex parte: Mann Sigh Shingara, y the Queen contra Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abbas Radiom (Libre circulación de personas - Excepciones - Derecho de entrada - Medios de impugnación - Artículos 8 y 9 de la Directiva 64/221/CEE)

text:
26 . 7. 97               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           N° C 228/5
en un permiso no retribuido de larga duración, mientras                           tener en vigor disposiciones legislativas, reglamentarias
que sí tienen derecho los trabajadores cuyos hijos estén                          y administrativas que limitan el derecho a matricular
domiciliados en el Estado de que se trate.                                        buques, distintos de los buques de pesca, en el registro
                                                                                nacional irlandés a aquellas embarcaciones que perte
(M DO n° C 248 de 23 . 9 . 1995 .                                                 nezcan en su totalidad o en parte al Gobierno, a un
( 2 ) DO n° L 230 de 22 . 8 . 1983 , p . 6 ; EE 05/03 , p. 53 .                   ministro de Estado, a un ciudadano irlandés o a una
( 3 ) DO n° L 331 de 16 . 11 . 1989, p . 1 .                                     persona jurídica irlandesa.
                                                                           2 ) Se condena en costas a Irlanda.
                                                                           í 1 ) DO n° C 197 de 6 . 7. 1996 .
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                   ( 2 ) DO n° L 142 de 30 . 6 . 1970 , p . 24; EE 05/01 , p . 93 .
                                                                           (') DO n° L 14 de 20 . 1 . 1975 , p . 10; EE 06/01 , p. 183 .
                            ( Sala Quinta)
                      de 12 de junio de 1997
en el asunto C-151 /96 : Comisión de las Comunidades
                    Europeas contra Irlanda (')                                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL
(Incumplimiento de Estado — Matriculación de buques                                              de 17 de junio de 1997
distintos de los buques de pesca — Requisito de nacionali
                        dad del propietario)                               en los asuntos acumulados C-65/95 y C-l 11/95 (peticio
                                                                           nes de decisión prejudicial planteadas por la High Court
                             97/C 228/09 )                                 of Justice, Queen's Bench Division ): The Queen contra
                 (Lengua de procedimiento: inglés)                         Secretary of State for the Home Department, ex parte:
                                                                           Mann Sigh Shingara, y the Queen contra Secretary of
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi                State for the Home Department, ex parte: Abbas
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                                              Radiom (')
                             de justicia »)
                                                                           (Libre circulación de personas — Excepciones — Derecho
En el asunto C-151/96 , Comisión de las Comunidades                        de entrada — Medios de impugnación — Artículos 8 y 9
Europeas (Agentes: Sres . Frank Benyon y Xavier Lewis )                                       de la Directiva 64/221/CEE)
contra Irlanda ( Agente : Sr. Michael A. Buckley), que tiene                                          ( 97/C 228/ 10 )
por objeto que se declare que Irlanda ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 6,                                 (Lengua de procedimiento: inglés)
48 , 52 y 58 del Tratado CE, así como del artículo 7 del                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
Reglamento ( CEE ) n° 1251 /70 de la Comisión, de 29 de                    cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
junio de 1970, relativo al derecho de los trabajadores a                                                de Justicia »)
permanecer en el territorio de un Estado miembro después
de haber ejercido en él un empleo (2 ), y del artículo 7 de la             En los asuntos acumulados C-65/95 y C-l 11/95 , que tie
Directiva 75/34/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de                     nen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de
1974, relativa al derecho de los nacionales de un Estado                   Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por la
miembro a permanecer en el territorio de otro Estado                       High Court of Justice, Queen's Bench División ( Reino
miembro después de haber ejercido en él una actividad                      Unido ), destinadas a obtener, en los litigios pendientes
por cuenta propia ( 3 ), al mantener en vigor disposiciones                ante dicho órgano jurisdiccional entre The Queen y
legislativas, reglamentarias y administrativas que limitan el              Secretary of State for the Home Department, ex parte:
derecho a matricular buques distintos de los buques de                     Mann Singh Shingara ( C-65/95 ), y entre The Queen y
pesca en el registro nacional irlandés a aquellas embarca                 Secretary of State for the Home Department, ex parte:
ciones que pertenezcan en su totalidad o en parte al                       Abbas Radion ( C-l 11/95 ), una decisión prejudicial sobre
Gobierno, a un ministro de Estado, a un ciudadano irlan                   la interpretación de los artículos 8 y 9 de la Directiva 64/
dés o a una persona jurídica irlandesa, el Tribunal de Justi              221 /CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la
cia, integrado por los Sres .: J. C. Moitinho de Almeida,                  coordinación de las medidas especiales para los extranje
Presidente de Sala; C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann                  ros en materia de desplazamiento y de residencia , justifica
( Ponente ) y M. Wathelet, Jueces; Abogado General : Sr.                   das por razones de orden público, seguridad y salud
C. O. Lenz; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 12 de                  pública ( 2 ), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres .:
junio de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :                   G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; G. F. Mancini, J. L.
                                                                           Murray y L. Sevón ( Ponente ), Presidentes de Sala; C. N.
1 ) Se declara que Irlanda ha incumplido las obligaciones                  Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O.
       que le incumben en virtud de los artículos 6, 48, 52 y              Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y M. Wathelet, Jueces;
       58 del Tratado CE, así como del artículo 7 del Regla               Abogado General : Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario :
       mento (CEE) n" 1251 /70 de la Comisión, de 29 de                    Sr. R. Grass, ha dictado el 17 de junio de 1997 una sen
      junio de 1970, relativo al derecho de los trabajadores               tencia cuyo fallo es el siguiente :
       a permanecer en el territorio de un Estado miembro
       después de haber ejercido en él un empleo, y del                    1 ) El artículo 8 de la Directiva 64/221 /CEE del Consejo,
       artículo 7 de la Directiva 75/34/CEE del Consejo, de                       de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las
       17 de diciembre de 1974, relativa al derecho de los                        medidas especiales para los extranjeros en materia de
       nacionales de un Estado miembro a permanecer en el                         desplazamiento y de residencia, justificadas por razo
       territorio de otro Estado miembro después de haber                         nes de orden público, seguridad y salud pública, debe
       ejercido en él una actividad por cuenta ajena, al man                     interpretarse en el sentido de que, si la legislación
 ---pagebreak--- N° C 228/6             LU                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     26 . 7. 97
       nacional de un Estado miembro prevé, por un lado, un               la prosecución de la actividad de la empresa, teniendo en
       recurso contra los actos administrativos en general y,             cuenta que el DL n° 414, de 31 de julio de 1981 (conver
       por otro lado, otro tipo de recurso contra las decisio            tido en la ley n° 544/1981 ) excluye la posibilidad de inter
       nes referentes a la entrada de los nacionales de ese               poner o continuar acciones individuales de ejecución una
       Estado miembro, la obligación impuesta al Estado                   vez adoptada la disposición que ordena el inicio del proce
       miembro por dicha disposición se cumple si los nacio              dimiento de administración extraordinaria .
       nales de otros Estados miembros disponen del mismo
       medio de impugnación que el que existe contra los
       actos administrativos en general en ese Estado miem
       bro .
                                                                          Recurso interpuesto el 30 de mayo de 1997 contra el
2 ) El artículo 9 de la Directiva 64/221 /CEE debe inter
                                                                          Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
       pretarse en el sentido de que los tres supuestos mencio
                                                                                Europeas
       nados en el apartado 1 de dicha disposición, expresa
       dos por las palabras « Cuando no exista la posibilidad                                   ( Asunto C-207/97 )
       de recurso judicial o cuando dicho recurso se limite a                                      ( 97/C 228/ 12 )
       la legalidad de la decisión, o cuando el recurso no
       tenga efectos suspensivos » , se aplican también en el             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
       marco del apartado 2 de dicha disposición, es decir,               ha presentado el 30 de mayo de 1997 un recurso contra el
       cuando la decisión impugnada es una denegación de                  Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comu
       concesión del primer permiso de estancia o una deci               nidades Europeas, representada por los Sres. Richard B.
       sión de expulsión antes de la concesión de tal permiso.            Wainwright, Consejero Jurídico principal , y Jean-Francis
3 ) Un nacional de un Estado miembro, que haya sido                       Pasquier, funcionario nacional adscrito al Servicio Jurídico,
       objeto de una primera decisión por la que se le prohibe            en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
                                                                          Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
       la entrada en el territorio de otro Estado miembro por
                                                                          Centre Wagner.
       razones de orden público o de seguridad pública, dis
       pone del derecho de recurso, en virtud del artículo 8              La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
       de la Directiva 64/221 /CEE, y, en su caso, del derecho
       a obtener el dictamen de la autoridad competente                   — Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
       independiente, en virtud del artículo 9 de esta Direc                  obligaciones que le incumben en virtud del Tratado
       tiva, contra una nueva decisión adoptada por la auto                   CE, al no adoptar programas para reducir la contami
       ridad administrativa como consecuencia de una solici                   nación que incluyan objetivos de calidad, por lo menos
       tud presentada por dicho nacional tras un plazo razo                   en lo que respecta a las 99 sustancias que figuran en el
       nable a partir de la última decisión por la que se le                   anexo del recurso, o al no comunicar a la Comisión,
       prohibe la entrada en el territorio.                                    en forma resumida, dichos programas, así como los
                                                                               resultados de su aplicación, infringiendo el artículo 7
(') DO n° C 159 de 24 . 6 . 1995 .                                             de la Directiva 76/464/CEE ( 1 ).
( 2 ) DO n° 56 de 4 . 4 . 1964 , p . 850/64; EE 05/01 , p. 36 .
                                                                          — Condene en costas al Reino de Bélgica .
                                                                          Motivos y principales alegaciones
                                                                          La Directiva, que entró en vigor en la fecha de su notifica
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                ción, es decir, el 5 de mayo de 1976, de conformidad con
lución de la Corte Suprema di Cassazione —Sezione prima                   el artículo 191 del Tratado CE, entonces aplicable, no
civile—, de fecha 10 de febrero de 1997, en el asunto entre               prevé expresamente ningún plazo para la ejecución con
      Ecotrade Srl y AFS-Altiforni e Ferriere di Servóla SpA              creta de las obligaciones que establece . No obstante, en lo
                          ( Asunto C-200/97 )                             que respecta a los programas nacionales para reducir la
                                                                          contaminación causada por las sustancias recogidas en la
                             ( 97/C 228/ 11 )
                                                                          lista II de la Directiva, resulta de los artículos 7 y 12 de la
                                                                          Directiva que la obligación de los Estados miembros de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                          adoptar los programas y de comunicarlos en forma resu
sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                          mida a la Comisión debería cumplirse, en principio, para
mediante resolución de la Corte Suprema di Cassazione —
                                                                          el 5 de agosto de 1978 , pero la Comisión, mediante escrito
Sezione prima civile—, dictada el 10 de febrero de 1997
                                                                          de 3 de noviembre de 1976, propuso a los Estados miem
en el asunto entre Ecotrade Srl y AFS-Altiforni e Ferriere
                                                                          bros las fechas siguientes: el 15 de septiembre de 1981
di Servóla SpA, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
                                                                          para los programas de reducción de la contaminación por
Justicia el 26 de mayo de 1997.
                                                                          las sustancias que figuran en la lista II y el 15 de septiem
La Corte Suprema di Cassazione —Sezione prima civile—                     bre de 1986 para la aplicación de dichos programas .
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
siguiente cuestión:
                                                                          La Comisión no pretende que la lista de las 99 sustancias
                                                                          prioritarias que acompaña en anexo al escrito de requeri
Si puede considerarse ayuda, a efectos de los artículos 92                miento y al dictamen motivado tenga una forma jurídica
y siguientes del Tratado, una disposición estatal adoptada                vinculante; sin embargo, estima que mientras el Consejo
de conformidad con la ley n° 95/1979 que establece la                     no haya fijado valores límites de emisión para esas sustan
exención de las grandes empresas en crisis de los procedi                cias que podrían figurar en la lista I, deben seguir siendo
mientos concúrsales ordinarios y prevé, al mismo tiempo,                  tratadas como pertenecientes a la lista II .


title: Asunto C-521/03 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de diciembre de 2003, por Internationaler Hilfsfonds e.V. contra el auto dictado el 15 de octubre de 2003 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-372/02, Internationaler Hilfsfonds e.V. contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
6.3.2004               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 59/5
Recurso de casación interpuesto el 15 de diciembre de                     jurídicas perjudican a la recurrente. El Tribunal de Primera
2003, por Internationaler Hilfsfonds e.V. contra el auto                  Instancia no aplicó la disposición del artículo 48 del Regla-
dictado el 15 de octubre de 2003 por la Sala Quinta del                   mento de Procedimiento, conforme al cual la decisión sobre la
Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-372/02,                      admisibilidad del motivo se adoptará en la sentencia que ponga
Internationaler Hilfsfonds e.V. contra la Comisión de las                 fin al proceso.
                    Comunidades Europeas
                      (Asunto C-521/03 P)                                 La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia
                                                                          incurrió en otro error de procedimiento al no haber aceptado
                                                                          incluir en el expediente las observaciones finales de la recur-
                          (2004/C 59/08)
                                                                          rente de 14 de octubre de 2002. Con arreglo al artículo 48 del
                                                                          Reglamento de Procedimiento, pueden proponerse nuevas
                                                                          pruebas si se fundan en razones de hecho o de derecho que
                                                                          hayan aparecido durante el procedimiento. La recurrente
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              confirmó que el mensaje de ECHO había sido descubierto
presentado el 15 de diciembre de 2003, un recurso de casación             recientemente. Según la recurrente, el Tribunal de Primera
contra el auto dictado el 15 de octubre de 2003 por la Sala               Instancia no le informó de que se había puesto fin a la fase
Quinta del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-372/              escrita del procedimiento.
02 (1), Internationaler Hilfsfonds e.V. contra la Comisión de
las Comunidades Europeas formulado por Internationaler
Hilfsfonds e.V. (en lo sucesivo, «IH»), con domicilio social
en Roschbach (Alemania), representada por H. Kaltenecker,                 Además, el Tribunal de Primera Instancia ha de ser considerado
abogado.                                                                  responsable de no haber llevado a cabo diligencias de instruc-
                                                                          ción, conforme a la práctica procesal normal, sobre la cuestión
                                                                          de por qué ECHO no volvió a abrir el expediente de la
La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:                       recurrente tras haber recibido una respuesta positiva (aunque
                                                                          tardía) del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán sobre la
                                                                          situación de la recurrente.
—     Anule el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia
      el 15 de octubre de 2003.
—     Condene en costas a la parte demandada.                             Según la recurrente, al basar su apreciación en cuestiones de
                                                                          fondo, el Tribunal de Primera Instancia se fundó erróneamente
                                                                          en el Reglamento (CE) no 1257/96 (2), a pesar de que dicho
                                                                          Reglamento entró en vigor después de que IH hubiera presen-
Motivos y principales alegaciones                                         tado su solicitud para firmar el primer CMC.
La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia                  El Tribunal de Primera Instancia no examinó la «suspensión»
incurrió en un grave vicio de procedimiento al no haber                   del tratamiento de la solicitud de IH, que había sido calificada
organizado una fase oral, impidiendo así a la recurrente                  de medida ilegal por el Defensor del Pueblo Europeo. El
exponer detalladamente su punto de vista sobre la admisibili-             Tribunal de Primera Instancia ignoró el hecho de que ni las
dad de su recurso. Según la recurrente, el Tribunal de Primera            normas anteriores de cooperación con ECHO ni el nuevo
Instancia estimó erróneamente que no existía ningún motivo                Reglamento (CE) no 1257/96 incluyen referencia alguna a la
de inadmisión de la demanda. Asimismo, el Tribunal de                     necesidad de consultar a las autoridades nacionales.
Primera Instancia ignoró el hecho de que la demandada no le
había solicitado que se pronunciara sobre la admisibilidad
mediante escrito separado.
                                                                          Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no dio
                                                                          ninguna importancia a las decisiones del Defensor del Pueblo
Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia basó, por           Europeo (1702/2001/GG), quien declaró responsable a ECHO
el contrario, su apreciación en un escrito de la demandada, de            de cuatro actos de mala administración y formuló cierto
19 de julio de 2001, que no era, sin embargo, más que una                 número de críticas.
respuesta a las discusiones que tenían lugar ese año entre
ECHO y la recurrente. IH no podía reconocer que se trataba de
una «decisión». De hecho, la decisión impugnada (escrito de
22 de octubre de 2002, firmado en nombre del miembro                      Por lo que respecta a otra cuestión de fondo, tal como resulta
responsable de la Comisión, al que la recurrente había dirigido           del tenor de su auto, el Tribunal de Primera Instancia ignoró
una solicitud de decisión el 27 de agosto de 2002) era la                 las normas aplicables a las auditorías que el personal de ECHO
decisión final que cerraba el debate entre las partes. El Tribunal        pretendía realizar en la sede de IH. En particular, el Tribunal
de Primera Instancia interpretó incorrectamente tanto el                  de Primera Instancia no examinó si el principio de subsidiarie-
contenido como el significado de dichos escritos y, por                   dad era aplicable. Tampoco tuvo en cuenta que ni las antiguas
consiguiente, incurrió en un error judicial, cuyas consecuencias          reglas ni los nuevos reglamentos contenían referencia alguna a
 ---pagebreak--- C 59/6                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            6.3.2004
dichas auditorías. La auditoria propuesta por ECHO era de                 Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2003 contra
naturaleza discriminatoria, en la medida en que no se dio                 G. & E. Gianniotis EPE, que actúa con el nombre comercial
ninguna justificación para realizar una auditoría de este tipo            «Nosokomio Agia Eleni», por la Comisión de las Comuni-
una vez que el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán había                                       dades Europeas
confirmado el estatuto jurídico de IH como organización
caritativa.                                                                                (Asunto C-524/03)
(1) DO C 31 de 8.2.2003, p. 21.                                                                     (2004/C 59/10)
(2) Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de
    1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163, p. 1).
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          interpuesto el 16 de diciembre de 2003 un recurso contra
                                                                          G. & E. Gianniotis EPE, que actúa con el nombre comercial
                                                                          «Nosokomio Agia Eleni», formulado por la Comisión de
                                                                          las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Dimitri
                                                                          Triandafilou, miembro de su Servicio Jurídico, asistido por el
                                                                          Sr. Nicolao Korogiannakis, abogado de Atenas, que designa
Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 2003 contra                     domicilio en Luxemburgo.
Biotrast AE, Anonimi Eteria Tekhnologion Aikhmis por
          la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                       (Asunto C-523/03)                                  a)   Condene a la demandada a pagar el importe de
                                                                               236 977,93 euros, que comprende 212 010,17 euros de
                                                                               principal y 24 697,76 euros de intereses diarios desde la
                          (2004/C 59/09)                                       fecha de cada nota de adeudo hasta el 31 de octubre de
                                                                               2003.
                                                                          b)   Condene a la demandada a pagar un interés de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                   42,16 euros diarios desde el 31 de octubre de 2003 hasta
presentado el 15 de diciembre de 2003 un recurso contra                        completar el pago de la deuda.
Biotrast AE, Anonimi Eteria Tekhnologion Aikhmis formulado
por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada                 c)   Condene a la demandada a pagar las costas del procedi-
por el Sr. Dimitri Triantafillou, miembro del Servicio Jurídico                miento.
de la Comisión, asistido por el Sr. Nikolaos Koroyiannakis,
abogado de Atenas, que designa domicilio en Luxemburgo. La
demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                          Motivos y principales alegaciones
Condene a la parte demandada a pagar:                                     a)   Reembolso de la cantidad indebidamente pagada por la
                                                                               Comisión.
a)    la cantidad de 730 726,81 euros, a saber,                           b)   Fecha a partir de la cual son exigibles los intereses.
      661 838,82 euros de capital y 68 887,99 euros de
      intereses de demora devengados desde la fecha de exigibi-
      lidad de la nota de cargo, a los tipos del 4,77 % hasta el
      31.12.2002 y del 6,77 % desde el 1.1.2003.
b)    intereses a razón de 122,75 euros al día desde el
      31.10.2003 hasta el pago íntegro de la deuda.                       Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2003 contra la
                                                                          República Italiana por la Comisión de las Comunidades
c)    las costas del presente procedimiento.                                                           Europeas
                                                                                (Asunto C-525/03)
Motivos y principales alegaciones                                                                   (2004/C 59/11)
a)    Obligación de devolver la cantidad indebidamente abo-
      nada por la Comisión.
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 16 de diciembre de 2003 un recurso contra
b)    Fecha de devengo de los intereses.
                                                                          la República Italiana, formulado por la Comisión de las
                                                                          Comunidades Europeas, representada por los Sres. Klaus
                                                                          Wiedner y Claudio Loggi, en calidad de agentes.


title: Asunto C-65/11: Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2011 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

text:
               30.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 130/10

         Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2011 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos
   (Asunto C-65/11)
   2011/C 130/19
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: N. Nijenhuis y D. Triantafyllou, agentes)

      Demandada: Reino de los Países Bajos

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 9 y 11 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al no consultar al Comité consultivo del Impuesto sobre el Valor Añadido y permitir que quienes no sean sujetos pasivos entren a formar parte de un grupo, tal como se desprende de la Decisión de 18 de febrero de 1991, no VB91/347.

               —

               Que se condene en costas al Reino de los Países Bajos.

      Motivos y principales alegaciones

   El artículo 9, apartado 1 de la Directiva 2006/112/CE establece que serán considerados «sujetos pasivos» quienes realicen con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna actividad económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad. El artículo 11 de la Directiva IVA Establece que previa consulta al Comité consultivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (denominado en lo sucesivo «Comité del IVA»), cada Estado miembro podrá considerar como un solo sujeto pasivo a las personas establecidas en el territorio de ese mismo Estado miembro que gocen de independencia jurídica, pero que se hallen firmemente vinculadas entre sí en los órdenes financiero, económico y de organización.
   Según la Comisión, el Reino de los Países Bajos no ha cumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 9 y 11 de la Directiva 2006/112/CE al permitir que quienes no sean sujetos pasivos entren a formar parte de una unidad tributaria. Además, al no consultar al Comité del IVA, el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que impone el artículo 11 de la Directiva IVA.

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto T-564/17: Recurso interpuesto el 18 de agosto de 2017 — Tong Myong/Consejo y Comisión

text:
               9.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 338/19

         Recurso interpuesto el 18 de agosto de 2017 — Tong Myong/Consejo y Comisión
   (Asunto T-564/17)
   (2017/C 338/21)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: So Tong Myong (Piongyang, República Popular Democrática de Corea) (representantes: M. Lester y S. Midwinter, QC, T. Brentnall y A. Stevenson, Solicitors)

      Demandados: Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea

      Pretensiones

   El demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/993 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 329/2007 del Consejo sobre la aplicación de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 149, p. 67) y la Decisión (PESC) 2017/994 del Consejo, de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 149, p. 75), en la medida en que dichos actos incluyen al demandante en la lista de entidades sujetas a medidas restrictivas.

               —

               Condene a los demandados a cargar con las costas del demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, el demandante invoca seis motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que los demandados no han motivado de manera adecuada o suficiente la inclusión del demandante en la lista.

               2.

               Segundo motivo, basado en que los demandados han incurrido manifiestamente en error al considerar que en el caso del demandante se cumplían los requisitos para la inclusión en la lista de las medidas impugnadas. Por el contrario, no existe base fáctica alguna para su inclusión.

               3.

               Tercer motivo, basado en que los demandados han incurrido en desviación de poder al intentar privar de su efecto útil al derecho del demandante a la tutela judicial efectiva en relación con su inclusión en la lista en virtud del artículo 230 TFUE y/o han vulnerado el derecho del demandante a la igualdad de trato.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que los demandados han vulnerado el derecho de defensa del demandante al no poner en su conocimiento antes de volver a incluirlo en la lista las pruebas en las que se fundamentan.

               5.

               Quinto motivo, basado en que los demandados han incumplido la legislación en materia de protección de datos.

               6.

               Sexto motivo, basado en que los demandados han vulnerado, injustificada y desproporcionadamente, los derechos fundamentales del demandante, incluido su derecho a la protección de su propiedad, negocio y reputación.


title: Asunto F-136/12: Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2012 — ZZ/Consejo

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/75

         Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2012 — ZZ/Consejo
   (Asunto F-136/12)
   2013/C 26/155
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: M. Velardo, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación, en primer lugar, de la Decisión no 2011/866/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, por la que se decide no adoptar la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la adaptación anual de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión, y, en segundo lugar, de las hojas de haberes del demandante de enero, febrero y marzo de 2012 emitidas con arreglo a dicha Decisión.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen las decisiones del Consejo contenidas en las nóminas de los meses de enero de 2012 y siguientes, así como en las nóminas correspondientes a 2011, debido a que no aplican el coeficiente de adaptación del 1,7 % propuesto por la Comisión.

               —

               Que se condene al Consejo a reembolsar al demandante la diferencia entre los importes de las remuneraciones pagadas con arreglo a la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2011 hasta la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto y los que habrían debido ser abonados si la adaptación se hubiera calculado correctamente, más los intereses calculados al tipo fijado por el Banco Central Europeo para las operaciones principales de refinanciación aplicable en los períodos de que se trata, incrementado en tres puntos y medio, a partir de la fecha en que se devengaron las cantidades reclamadas en el procedimiento principal.

               —

               Que se condene en costas al Consejo.


title: Asunto C-270/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Areios Pagos (Grecia), de 9 de junio de 2005, en el asunto entre Athinaïïki Chartopoïïa AE y L Panagiotidis y otros

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/29

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Areios Pagos (Grecia), de 9 de junio de 2005, en el asunto entre Athinaïïki Chartopoïïa AE y L Panagiotidis y otros
   (Asunto C-270/05)
   (2005/C 217/56)
   Lengua de procedimiento: griego
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Areios Pagos (Grecia) dictada el 9 de junio de 2005, en el asunto entre Athinaïïki Chartopoïïa AE y L Panagiotidis y otros, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de julio de 2005.
   El Areios Pagos (Grecia) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
   «¿Los hechos mencionados anteriormente, admitidos por el Efeteío, están comprendidos en el concepto comunitario de “empresa”, a efectos de la aplicación de las Directivas del Consejo a que se hace referencia en los considerandos de la presente resolución y de la Ley no 1387/1983 sobre “Control de los despidos colectivos y otras disposiciones”?»


title: Asunto T-674/11: Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2011 — TV2/Danmark/Comisión

text:
               17.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/19

         Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2011 — TV2/Danmark/Comisión
   (Asunto T-674/11)
   2012/C 80/34
   Lengua de procedimiento: danés

      Partes

      Demandante: TV2/Danmark A/S (Odensa, Dinamarca) (representante: O. Koktvedgaard)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Pretensión principal: anule la Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2011, sobre las medidas ejecutadas por Dinamarca a favor de TV2/Danmark (C 2/2003), en la medida en que declara que las medidas investigadas constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107 TFUE, apartado 1 (considerandos 101 y 153 y primer párrafo de la Conclusión de la Decisión).

               —

               Pretensión subsidiaria: anule la Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2011, sobre las medidas ejecutadas por Dinamarca a favor de TV2/Danmark (C 2/2003), en la medida en que declara:

                           —

                           que las medidas investigadas constituían ayudas nuevas que, por lo tanto, tenían que notificarse (considerando 154 y primer párrafo de la Conclusión de la Decisión);

                           —

                           que el canon que, en los años 1997 a 2002, se transfirió a las emisoras regionales a través de TV2 constituyó ayuda estatal a TV2 (considerando 194 de la Decisión), y

                           —

                           que los ingresos publicitarios que, en 1995 y 1996 y cuando se suprimió el Fondo de TV2 en 1997, fueron transferidos de dicho Fondo a TV2 constituyeron ayuda estatal a TV2 (considerandos 90, 92, 193 y 195, y el Cuadro 1).

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante alega que la Decisión impugnada es contraria al artículo 107 TFUE, apartado 1, al artículo 14 TFUE y al Protocolo de Ámsterdam. La demandante alega:

               —

               Que la demandante no recibió ayudas estatales, por cuanto las medidas investigadas no favorecieron a TV2/Danmark en el sentido del artículo 107 TFUE, sino que constituyeron simplemente una compensación por los servicios públicos prestados por TV2/Danmark.
               La demandante afirma que la Comisión no aplicó los requisitos establecidos en la sentencia Altmark conforme a su espíritu y finalidad, y declaró incorrectamente que no concurrían los requisitos segundo y cuarto establecidos en dicha sentencia.

               —

               Que la supuesta ayuda a TV2/Danmark en forma de canon y exenciones del impuesto de sociedades no constituyó ayuda nueva del sentido del Reglamento no 659/1999, (1) ya que dichas medidas eran anteriores a la adhesión de Dinamarca a la UE.

               —

               Que el canon que se transfirió a las emisoras regionales a través de TV2/Danmark entre 1997 y 2002 no puede calificarse de ayuda estatal a TV2/Danmark, dado que TV2/Danmark no fue el destinatario real de dichos fondos, y

               —

               Que los fondos que se transfirieron de TV2/Reklame A/S a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2, procedentes de la venta de anuncios, no constituyeron ayudas estatales, puesto que se trataba del pago a TV2/Danmark de la difusión de los anuncios realizada en su red televisiva.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del [artículo 108 TFUE] (DO L 83, p. 1).