title: Asunto T-385/02: Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Marta Andreasen

text:
C 44/40                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           22.2.2003
Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2002 contra                     —     vulneración del artículo 50 del Estatuto de los Funciona-
la Comisión de las Comunidades Europeas por Marta                               rios al utilizar el traslado de la demandante como medida
                            Andreasen                                           disciplinaria y
                                                                          —     vulneración del artículo 7 del Estatuto de los Funcionarios
                       (Asunto T-385/02)                                        mediante la adopción de una medida desproporcionada e
                                                                                innecesaria por la que se destina a la demandante a un
                                                                                puesto que no corresponde a su categoría y grado.
                          (2003/C 44/75)
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el
                                                                          Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2002 contra la
19 de diciembre de 2002 un recurso contra la Comisión de las              Comisión de las Comunidades Europeas por Kronoply
Comunidades Europeas formulado por Marta Andreasen, con
                                                                                GmbH & Co. KG y Kronotex GmbH & Co. KG
domicilio en Bruselas (Bélgica), representada por Ian
S. Forrester, QC.
                                                                                (Asunto T-388/02)
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                                (2003/C 44/76)
—     Anule la presunta decisión de la Comisión por la que
      desestima la reclamación de la demandante contra el cese                              (Lengua de procedimiento: alemán)
      en sus funciones de Contable.
—     Anule la presunta decisión de la Comisión por la que
      desestima la reclamación de la demandante contra su                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      traslado al puesto de Asesor principal.                             Europeas se ha presentado el 23 de diciembre de 2002 un
                                                                          recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                          formulado por Kronoply GmbH & Co. KG y Kronotex GmbH
—     Conceda a la demandante una indemnización por daños                 & Co. KG, Heiligengrabe (Alemania), representadas por el
      y perjuicios pecuniarios cuya cuantía fijará el Tribunal de         Sr. R. Nierer, abogado.
      Primera Instancia, más los intereses devengados del 5 %
      o del tipo que establezca el Tribunal de Primera Instancia.
                                                                          Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
—     Condene en costas a la demandada.                                   que:
                                                                          —     Anule la decisión de la Comisión de 19 de junio de 2002
                                                                                (ayuda de Estado N 240/02) de no formular ninguna
                                                                                objeción respecto a la concesión de una ayuda a Zellstoff
Motivos y principales alegaciones                                               Stendal GmbH por parte de la República Federal de
                                                                                Alemania.
El presente recurso pretende impugnar la decisión de cesar a la           —     Condene en costas a la Comisión.
demandante en su puesto de Contable y Director de Ejecución
presupuestaria de la Dirección General Presupuesto y de
trasladarla al puesto de Asesor principal de la Dirección
General Personal y Administración.
                                                                          Motivos y principales alegaciones
En apoyo de sus conclusiones, la demandante alega lo
                                                                          Las demandantes fabrican materiales a partir de madera de
siguiente:
                                                                          pino recién cortada, en particular planchas MDF, HDF, LDF y
                                                                          OSB. Su recurso se dirige contra la decisión de la Comisión de
—     Vulneración del principio de buena administración. Falta            no formular ninguna objeción respecto a la concesión a
      de motivación del cese en el puesto controvertido e                 Zellstoff Stendal GmbH de una subvención no reembolsable
      incumplimiento del deber de la Comisión de motivar                  por importe de 109,161 millones de euros y de una ayuda a la
      suficientemente la adopción de decisiones con efectos               inversión por importe de 165,515 millones de euros para la
      jurídicos;                                                          construcción de una instalación de producción de pulpa y para


title: Asunto T-554/14: Recurso interpuesto el 25 de julio de 2014 — Messi Cuccittini/OAMI — J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

text:
               29.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 339/24

         Recurso interpuesto el 25 de julio de 2014 — Messi Cuccittini/OAMI — J.M.-E.V. e hijos (MESSI)
   (Asunto T-554/14)
   2014/C 339/29
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, España) (representantes: J. L. Rivas Zurdo y M. Toro Gordillo, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, España)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 23 de abril de 2014 en el asunto R 1553/2013-1, en cuanto que al desestimar el recurso del solicitante confirma la resolución de la División de Oposición, de estimación de la oposición B 1 9 38  458 y de denegación de parte de la marca comunitaria no 1 0 1 81  154«MESSI» (figurativa);

               —

               condene en costas a la parte o partes contrarias que se opongan al recurso.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa con elemento verbal «MESSI» para productos de las clases 3, 9, 14, 16, 25 y 28 — Solicitud de marca comunitaria no 1 0 1 81  154

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocado: Marcas verbales comunitarias «MASSI» para productos de las clases 9, 25 y 28

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la Oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Sentencia del tribunal de justicia (Sala Sexta) de 20 de junio de 2002 en los asuntos acumulados C-388/00 y C-429/00 (Petición de decisión prejudicial del Giudice di pace di Genova): Radiosistemi Srl contra Prefetto di Genova ("Directiva 1999/5/CE — Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación — Compatibilidad de un régimen nacional que prohíbe la comercialización de aparatos de radio que no lleven una marca de homologación nacional — Procedencia de las sanciones previstas por la legislación nacional")

text:
10.8.2002                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 191/7
      de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el             Sres. J.-P. Puissochet, V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues
      volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el             (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secreta-
      valor añadido: base imponible uniforme, al haber eximido del          ria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 20 de junio
      impuesto sobre el valor añadido las actividades de investigación     de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      realizadas a tı́tulo oneroso por los centros públicos de enseñanza
      superior, con arreglo al artı́culo 4, número 21a, de la
      Umsatzsteuergesetz (Ley del impuesto sobre el volumen de               1)    El artı́culo 28 CE se opone a determinadas normas y prácticas
      negocios), de 27 de abril de 1993, en su versión modificada                 administrativas nacionales que, dejando los procedimientos de
      por el artı́culo 4, apartado 5, de la Umsatzsteuergesetz-                    evaluación de la conformidad para la comercialización y la
      Änderungsgesetz, de 12 de diciembre de 1996.                                puesta en servicio de los equipos radioeléctricos a la discrecionali-
                                                                                dad de la Administración, prohı́ben a los operadores económi-
2)    Condenar en costas a la República Federal de Alemania.                      cos, a falta de una homologación nacional, importar, comerciali-
                                                                                zar o poseer para la venta aparatos radioléctricos, sin que exista
                                                                                la posibilidad de probar de una forma equivalente y menos
(1) DO C 273 de 23.9.2000.                                                         onerosa la conformidad de dichos aparatos con los requisitos
                                                                                relativos al uso adecuado de las frecuencias de radio autorizadas
                                                                                por el Derecho nacional.
                                                                             2)    Las disposiciones de los artı́culos 6, apartado 1, segunda frase,
                                                                                7, apartado 1, y 8, apartado 1, de la Directiva 1999/5/CE del
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                        Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999,
                                                                                sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomuni-
                                                                                cación y reconocimiento mutuo de su conformidad, atribuyen a
                              (Sala Sexta)
                                                                                los justiciables derechos que pueden ser invocados ante los
                                                                                órganos jurisdiccionales nacionales aunque el Derecho interno
                       de 20 de junio de 2002                                      no se haya adaptado formalmente a la Directiva una vez
                                                                                expirado el plazo establecido a tal fin. El artı́culo 7, apartado 2,
en los asuntos acumulados C-388/00 y C-429/00 (Petición                           de dicha Directiva no permite el mantenimiento de normas o
de decisión prejudicial del Giudice di pace di Genova):                           prácticas del Derecho nacional que prohı́ben con posterioridad
        Radiosistemi Srl contra Prefetto di Genova (1)                             al 8 de abril de 2000 la comercialización o la puesta en
                                                                                servicio de equipos radioeléctricos que no lleven una marca de
(«Directiva 1999/5/CE — Equipos radioeléctricos y equipos                          homologación nacional, cuando se ha demostrado, o puede
terminales de telecomunicación — Compatibilidad de un                             comprobarse fácilmente, que dichos equipos hacen un uso
régimen nacional que prohı́be la comercialización de aparatos                     efectivo y apropiado del espectro de radiofrecuencias autorizado
de radio que no lleven una marca de homologación nacional                         por el Derecho nacional.
— Procedencia de las sanciones previstas por la legislación
                               nacional»)                                    3)    El concepto de «medida» a efectos del artı́culo 1 de la Decisión
                                                                                no 3052/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                            (2002/C 191/11)                                        13 de diciembre de 1995, por la que se establece un
                                                                                procedimiento de información mutua sobre las medidas nacio-
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                               nales de excepción al principio de libre circulación de mercancı́as
                                                                                en la Comunidad, comprende todas las medidas, a excepción de
                                                                                las decisiones judiciales, adoptadas por un Estado miembro y
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la            que tengan por efecto limitar la libre circulación de mercancı́as
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                fabricadas o comercializadas legalmente en otro Estado miem-
                                                                                bro. El mantenimiento de una incautación de un determinado
                                                                                modelo o un determinado tipo de producto comercializado
En los asuntos acumulados C-388/00 y C-429/00, que tienen                          legalmente en otro Estado miembro después de que las
por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia,                    autoridades nacionales encargadas de los controles técnicos
con arreglo al artı́culo 234 CE, por el Giudice di pace di                         hayan comprobado la conformidad del producto con la norma-
Genova (Italia), destinadas a obtener, en los litigios pendientes                  tiva nacional y comunitaria, está incluido en el concepto de
ante dicho órgano jurisdiccional entre Radiosistemi Srl y                         «medida» que debe ser notificada a la Comisión a efectos de la
Prefetto di Genova, una decisión prejudicial sobre la interpreta-                 mencionada disposición.
ción del artı́culo 28 CE de la Directiva 1999/5/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de                           4)    Cuando una normativa nacional ha sido declarada contraria al
1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de                        Derecho comunitario, la imposición de multas u otras medidas
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad                         coercitivas por haberse infringido dicha normativa es también
(DO L 91, p. 10), y de la Decisión nο 3052/95/CE del                              incompatible con el Derecho comunitario.
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
1995, por la que se establece un procedimiento de información
mutua sobre las medidas nacionales de excepción al principio                (1) DO C 28 de 27.1.2001.
de libre circulación de mercancı́as en la Comunidad (DO
L 321, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por
la Sra. F. Macken, Presidenta de Sala, la Sra. N. Colneric, los


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del tribunal administratif de Strasbourg, de fecha 10 de octubre de 1996, en el asunto entre el matrimonio R. Gilly y el Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin (Asunto C-336/96)

text:
7. 12 . 96          IES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N° C 370/5
Motivos y principales alegaciones                                      En lo que se refiere a la libre circulación de los trabajadores y
                                                                       al estatuto fiscal de los trabajadores fronterizos franco
El plazo de que disponían los Estados miembros para                    alemanes :
atenerse a lo dispuesto en la Directiva expiró el 21 de marzo
de 1994 . La Comisión señala que la República Helénica aún             — Si el principio de la libre circulación de los trabajadores,
no ha adaptado su Derecho interno a la Directiva .                         en la forma en que se consagra en el Tratado de Roma y
                                                                           en las disposiciones que lo desarrollan es conculcado por
(') DO n" L 297 de 13 . 10 . 1992 , p . 1 .                                un régimen tributario, aplicable a los trabajadores
                                                                           fronterizos, como el establecido por el Convenio franco
                                                                           alemán para evitar la doble imposición, en la medida en
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                 que éste prevé modalidades de imposición distintas para
lución del Verwaltungsgericht Düsseldorf, de fecha 24 de                   las personas retribuidas por una entidad pública y para
septiembre de 1996, en el asunto entre Stadt Dormagen                      las personas restribuidas por entidades privadas, por lo
y Bezirksregierung Düsseldorf; interviniente forzoso:                      cual puede influir en el acceso a los empleos públicos o
                        Sr. Klaus Máckel                                   privados en función del lugar de residencia en uno u otro
                                                                           Estado .
                      (Asunto C-334/96 )
                          ( 96/C 370/ 11 )                             — Si es compatible con el principio de libre circulación y
                                                                           abolición de toda discriminación por razón de la
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                  nacionalidad una norma , según la cual un trabajador
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                fronterizo que cobra una remuneración de un Estado o
resolución del Verwaltungsgericht Düsseldorf, dictada el                   de una persona de Derecho público de dicho Estado está
24 de septiembre de 1996 , en el asunto entre Stadt                        sujeto a tributación en dicho Estado, si bien, en el
Dormagen y Bezirksregierung Düsseldorf, en el que . inter                 supuesto de que el trabajador fronterizo posea la
viene el Sr. Klaus Máckel , y recibida en la Secretaría del                nacionalidad del otro Estado sin ser al propio tiempo
Tribunal de Justicia el 10 de octubre de 1996 .                            nacional del primer Estado, la remuneración está sujeta a
                                                                           tributación en el Estado en el que reside el trabajador
El Verwaltungsgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de                   fronterizo .
Justicia que se pronuncie sobre la cuestión siguiente :
                                                                       — Si es compatible con el artículo 7 del Tratado una
¿ Deben interpretarse los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la             disposición de Derecho fiscal que establece para los
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1 976 ,               trabajadores fronterizos, que prestan servicios a perso
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato                nas jurídicas de Derecho público y que residen en uno de
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al                  los Estados miembros, un régimen tributario distinto
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a                 según sean únicamente nacionales de este Estado o que
las condiciones de trabajo ( 1 ) en el sentido de que se oponen            posean las dos nacionalidades .
a una normativa nacional conforme a la cual en las
administraciones públicas en cuyos distintos grados de                 En lo que se refiere al régimen tributario especial del
escalafón a los que se acceda mediante promoción trabajen              personal docente :
menos mujeres que hombres, se concederá la preferencia a               — Si el principio de la libre circulación de los trabajadores,
las mujeres en el supuesto de idéntica capacitación ( aptitud,             en la forma que resulta del Tratado, es violado por unas
capacidad y rendimiento ) de los candidatos masculinos y                   disposiciones fiscales que pueden influir en la elección
femeninos, excepto si concurren en la persona de un                        del personal docente de los Estados firmantes de ejercer
candidato masculino motivos particulares ?                                 con carácter más o menos duradero su actividad en otro
                                                                           Estado, a la vista de las diferencias entre los regímenes
(') DO n" L 39 de 14 . 2 . 1976 , p . 40 ; EE 05/02 , p . 70 .             fiscales de los referidos Estados en función de la
                                                                           duración de su actividad .
                                                                       En lo que se refiere al mecanismo de crédito fiscal
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso             establecido por el artículo 20 del Convenio franco-alemán
lución del tribunal administratif de Strasbourg, de fecha              en lo relativo a los residentes en Francia :
10 de octubre de 1996 , en el asunto entre el matrimonio
  R. Gilly y el Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin             — Si debe considerarse que la finalidad de la eliminación de
                      ( Asunto C-336/96 )                                  la doble imposición, a que se refiere el artículo 220 del
                                                                           Tratado, habida cuenta de los plazos de que disponen los
                          ( 96/C 370/ 12 )                              , Estados miembros para ponerla en vigor, tiene el
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                  carácter de una norma directamente aplicable en virtud
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                de la cual ya no debe producirse la doble imposición, y si
resolución del tribunal administratif de Strasbourg, dictada               el objetivo de eliminar la doble imposición, encomen
el 1 0 de octubre de 1 996 , en el asunto entre el matrimonio R.           dado a los Estados miembros por el artículo 220, es
Gilly y el Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, y                   incumplido por un Convenio fiscal conforme al cual el
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de                régimen tributario aplicable a los trabajadores fronteri
octubre de 1996 .                                                          zos de los Estados firmantes del Convenio es distinto en
                                                                           función de su nacionalidad y del carácter público o
El tribunal administratif de Strasbourg solicita al Tribunal               privado del puesto de trabajo que ocupan y si un régimen
de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestio                 tributario de crédito fiscal aplicable a un matrimonio
nes :                                                                      residente en un Estado, que no tenga en cuenta el
 ---pagebreak---  N° C 370/6            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          7 . 12 . 96
    importe exacto del impuesto pagado en otro Estado sino                     consumo humano en varias zonas del Reino Unido
    tan sólo un crédito fiscal que puede ser inferior, cumple                  sea conforme a lo exigido por la Directiva 80/
    el objetivo de evitar la doble imposición encomendado a                    778/CEE, dado que se superan las concentraciones
    los Estados miembros .                                                     máximas admisibles de varios parámetros,
— Si el artículo 48 debe interpretarse en el sentido de que se             el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le
    opone a que los nacionales de un Estado miembro,                       impone el Tratado .
    trabajadores fronterizos en otro Estado miembro,
    soporten mayor presión fiscal que las personas que               — Condene en costas a la parte demandada .
    desarrollan su actividad profesional en su Estado de
    residencia, debido a un mecanismo de crédito de                  Motivos y principales alegaciones
    impuesto como el previsto en el Convenio fiscal franco
    alemán .                                                         Los motivos en virtud de los cuales la Comisión considera
                                                                     que el Reino Unido ha incumplido la Directiva pueden
                                                                     resumirse así:
                                                                     — al aceptar « compromisos » de las compañías de aguas, ha
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                incumplido la obligación de asegurar el cumplimiento de
lución del Tribunale civile di Genova, de fecha 7 de octubre              las exigencias de la Directiva , y
de 1996, en el asunto entre Ignazio Messina & c. SpA y
         Amministrazione delle Finanze dello Stato                   — ha incumplido la obligación de asegurar que la calidad
                     ( Asunto C-338/96 )                                  del agua puesta a disposición de los usuarios en varias
                                                                          zonas del Reino Unido cumpla las exigencias de la
                         ( 96/C 370/13 )                                  Directiva .
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha            (') Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980,
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante              relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano
resolución del Tribunale civile di Genova, dictada el 7 de               ( DO n° L 229 de 30. 8 . 1980, p. 11 ; EE 15/02, p . 174 ).
octubre de 1996 en el asunto entre Ignazio Messina & c .
SpA y Amministrazione delle Finanze dello Stato, y recibida
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de octubre de
1996 .
                                                                     Recurso interpuesto el 15 de octubre de 1996 contra la
El Tribunale civile di Genova solicita al Tribunal de Justicia
                                                                     República Federal de Alemania por la Comisión de las
que se pronuncie sobre cuestiones idénticas a las planteadas
                                                                                Comunidades Europeas
en los asuntos acumulados C-279/96 , C-280/96 y C
281/96Í 1 ).                                                                                ( Asunto C-341/96 )
                                                                                ( 96/C 370/ 15 )
(!) DO n° C 318 de 26 . 10 . 1996 , p . 3 .
                                                                     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                     ha presentado el 15 de octubre de 1996 un recurso contra la
                                                                     República Federal de Alemania formulado por la Comisión
Recurso interpuesto el 15 de octubre de 1996 contra                  de las Comunidades Europeas, representada por la Sra.
el Reino Unido por la Comisión de las Comunidades                    Claudia Schmidt, miembro del Servicio Jurídico de la
                            Europeas                                 Comisión , que designa como domicilio en Luxemburgo el
                     ( Asunto C-340/96 )                             despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centro Wagner
                                                                     C 254 , Kirchberg.
                           96/C 370/ 14 )
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
ha presentado el 15 de octubre de 1996 un recurso contra el          1 ) Declare que la República Federal de Alemania ha
Reino Unido formulado por la Comisión de las Comunida                     incumplido las obligaciones que le impone el párrafo
des Europeas, representada por el Sr. Richard Wainwright,                  tercero del artículo 189 del Tratado CE en relación con
Principal Legal Adviser, actuando en calidad de Agente, que                el apartado 1 del artículo 34 de la Directiva 93/36/CEE
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.                   del Consejo, de 14 de junio de 1993 , sobre coordinación
Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico,                    de los procedimientos de adjudicación de contratos
Centro Wagner.                                                             públicos de suministro ('), al no adoptar todas las
                                                                           medidas necesarias para atenerse a lo dispuesto en esa
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                  Directiva dentro del plazo señalado .
— declare que:
                                                                     2 ) Subsidiariamente, declare que la República Federal de
    — al no imponer a las compañías de aguas, por aceptar                  Alemania ha incumplido sus obligaciones al no comu
        compromisos, que cumplan con las exigencias de la                  nicar inmediatamente a la Comisión las medidas adop
        Directiva 80/778/CEE ( 1 ), y                                      tadas para atenerse a la Directiva .
    — al incumplir, con dicha actuación, la obligación de            3 ) Condene a la República Federal de Alemania al pago de
        asegurar que la calidad de las aguas destinadas al                 las costas procesales .


title: Asunto C-288/03 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de julio de 2003 por los Sres. B. Zaoui y L. Zaoui y la Sra. D. Zaoui, señora de Stain, contra el auto dictado el 23 de abril de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) en el asunto T-73/03 promovido por B. Zaoui y otros contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
3.4.2004                ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 85/11
vertidas en el medio acuático de la Comunidad (DO L 129,                      La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
p. 23; EE 15/01, p. 165), 78/659/CEE del Consejo, de 18 de
julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas continentales               —     Revoque el auto del Tribunal de Primera Instancia de las
que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida                       Comunidades Europeas dictado el 23 de abril de 2003.
de los peces (DO L 222, p. 1; EE 15/02, p. 111), y 80/68/CEE
del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la                        —     Declare a la demandada responsable del perjuicio sufrido
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación                        por los recurrentes a consecuencia del atentado cometido
causada por determinadas sustancias peligrosas (DO 1980,                            del 27 de marzo de 2002 en el Park Hotel de Netanya.
L 20, p. 43; EE 15/02, p. 162), en sus versiones modificadas
por la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre                   —     Condene a la demandada, en concepto de reparación del
de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los                         daño sufrido por los recurrentes, al pago de las siguientes
informes relativos a la aplicación de determinadas directivas                       cantidades:
referentes al medio ambiente (DO L 377, p. 48), al no haber
comunicado, dentro del plazo señalado, los informes previstos                       —     al Sr. Lucien Zaoui, la cantidad de 1 millón de euros
en dichas Directivas, por lo que atañe a la Región de Bruselas-                           en reparación del perjuicio moral;
Capital, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el
Sr. C. Gulmann, en funciones de Presidente de la Sala Tercera,                      —     al Sr. B. Zaoui, la cantidad de 1,5 millón de euros en
y el Sr. J.-P. Puissochet (Ponente) y la Sra. F. Macken, Jueces;                          reparación del perjuicio moral;
Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass,
ha dictado el 12 de febrero de 2004 una sentencia cuyo fallo                        —     a la Sra. D. Zaoui, señora de Stain:
es el siguiente:
                                                                                —     la cantidad de 1 millón de euros en reparación
1)    Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones                           de los daños físicos;
      que le incumben en virtud de la Directiva 91/692/CEE del
      Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización                         —     la cantidad de 2 millones de euros en repara-
      y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de                         ción del perjuicio moral;
      determinadas directivas referentes al medio ambiente, al no
      haber comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado, el                       —     la cantidad que se determine, en concepto de
      informe previsto en el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva,                        daños materiales.
      por lo que atañe a la Región de Bruselas-Capital.
                                                                              —     Condene a la demandada a soportar la totalidad de las
2)    Condenar en costas al Reino de Bélgica.                                       costas.
(1) DO C 7 de 11.1.2003.
                                                                              Motivos y principales alegaciones
                                                                              Los recurrentes estiman que el comportamiento ilegal de la
                                                                              Comisión, consistente en la concesión de financiación a la
                                                                              autoridad palestina, en total contradicción con los valores
                                                                              fundamentales de la Comunidad, la convierte en causante
                                                                              directa de los daños sufridos por los recurrentes a resultas del
Recurso de casación interpuesto el 3 de julio de 2003 por                     atentado perpetrado por un terrorista palestino en Netanya
los Sres. B. Zaoui y L. Zaoui y la Sra. D. Zaoui, señora de                   (Israel), cuya reparación solicitan ahora.
Stain, contra el auto dictado el 23 de abril de 2003 por
el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                              Los recurrentes consideran que la aplicación del artículo 111
Europeas (Sala Primera) en el asunto T-73/03 promovido
                                                                              del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera
por B. Zaoui y otros contra la Comisión de las Comunida-
                                                                              Instancia es claramente abusiva, ya que estima que no ha
                            des Europeas
                                                                              quedado acreditada la existencia de una relación de causalidad
                                                                              en el presente asunto y que el recurso carece manifiestamente
                       (Asunto C-288/03 P)                                    de fundamento jurídico, a partir de un error de derecho y de la
                                                                              desnaturalización de los motivos alegados por los recurrentes:
                           (2004/C 85/16)
                                                                              —     El Tribunal de Primera Instancia desestima el recurso
                                                                                presentado por los demandantes en primera instancia
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                        como carente manifiestamente de fundamento jurídico,
presentado el 3 de julio de 2003 un recurso de casación                             por considerar que falta en este caso uno de los requisitos
formulado por los Sres. B. Zaoui y L. Zaoui y la Sra. D. Zaoui,                     necesarios para la aplicación de la responsabilidad extra-
señora de Stain, representados por Me J.A. Buchinger, avocat,                       contractual de la Comisión, con arreglo al artículo 288,
contra el auto dictado el 23 de abril de 2003 por el Tribunal                       apartado 2, del Tratado CE, que es el de que exista una
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala                              relación de causalidad entre la actuación alegada y el
Primera) en el asunto T-73/03 promovido por B. Zaoui y otros                        perjuicio invocado. La parte recurrente no discute que
contra la Comisión de las Comunidades Europeas.                                     debe existir, tal y como establece el Tribunal de Primera
 ---pagebreak--- C 85/12                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                               3.4.2004
      Instancia, una relación directa de causa y efecto entre la         2.     Teniendo en cuenta también la Declaración relativa al
      falta cometida por la institución en cuestión y el perjuicio              artículo 73D del Tratado constitutivo de la Comunidad
      invocado, correspondiendo la carga de la prueba de dicha                  Europea, formulada con ocasión de la firma del «Acta final
      relación de causalidad a los demandantes. Adicional-                      y declaraciones de las conferencias intergubernamentales
      mente, la recurrente admite que la relación de causalidad                 sobre la Unión Europea» de 7 de febrero de 1992,
      debe referirse a una causa determinante del perjuicio. No                 ¿constituye el artículo 3, apartado 1, de la SW un medio
      obstante, la parte recurrente considera que el Tribunal                   prohibido de discriminación arbitraria o una restricción
      de Primera Instancia confunde los conceptos de causa                      encubierta de la libre circulación de capitales a la que se
      determinante y causa exclusiva. En este sentido, la                       refiere el artículo 58 CE, apartado 3, en caso de ser
      recurrente afirma no haber alegado en ningún momento                      aplicable a un movimiento de capitales entre un Estado
      que el comportamiento de la Comisión fuera la causa                       miembro y un tercer país?
      exclusiva del atentado de 27 de marzo de 2002. En
      cambio, lo que sí se ha demostrado ampliamente en el
      marco del recurso, según la recurrente, es que dicho
                                                                         (1) Ley sobre las sucesiones de 1956 (en lo sucesivo, «SW»).
      comportamiento de la Comisión fue una causa determi-
      nante. La parte recurrente concluye que, al tratar de
      demostrar que el comportamiento alegado no fue la causa
      exclusiva del perjuicio invocado, el Tribunal de Primera
      Instancia comete un error manifiesto de derecho, impi-
      diendo de esta forma un debate que los recurrentes
      pueden legítimamente plantear.
—     La parte recurrente considera que el Tribunal de Primera           Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2003 contra
      Instancia desnaturaliza sus alegaciones al afirmar, por               Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas
      una parte, que los recurrentes admiten que el atentado no
      se financió con los fondos objeto de litigio y, por otra,                                  (Asunto C-532/03)
      que los recurrentes no demuestran ni alegan que la
      educación palestina dependa exclusivamente de los fon-                                       (2004/C 85/18)
      dos objeto de litigio, limitándose a constatar que la
      Comunidad Europea es el mayor proveedor de fondos de
      la sociedad palestina.                                             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 19 de diciembre de 2003 un recurso contra
                                                                         Irlanda formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                         Europeas, representada por el Sr. K. Wiedner, en calidad de
                                                                         agente, asistido por el Sr. J.E. Flynn QC, que designa domicilio
                                                                         en Luxemburgo.
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
lución del Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, de fecha                 1)     Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que
5 de noviembre de 2003, en el recurso interpuesto por                           le incumben en virtud del Tratado al permitir que se
herederos de M.E.A. van Hilten-van der Heijden contra                           prestaran servicios de ambulancias de urgencia por el
Inspecteur van de Belastingdienst / Particulieren / Onder-                      Dublin City Council sin que la Eastern Regional Health
               nemingen Buitenland te Heerlen                                   Authority realizara ninguna publicidad previa.
                       (Asunto C-513/03 )                                2)     Condene en costas a Irlanda.
                         (2004/C 85/17)
                                                                         Motivos y principales alegaciones
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                La Comisión sostiene que, en circunstancias como las del
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante              presente asunto, el mantenimiento del acuerdo para la presta-
resolución del Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, dictada el           ción del servicio de ambulancias entre el Dublin City Council
5 de noviembre de 2003, en el recurso interpuesto por                    y la Eastern Regional Health Authority sin realizar ninguna
herederos de M.E.A. van Hilten-van der Heijden contra Inspec-            publicidad previa, constituye una infracción de las disposicio-
teur van de Belastingdienst / Particulieren / Ondernemingen              nes de libre circulación del Tratado (en particular, de los
Buitenland te Heerlen y recibida en la Secretaría del Tribunal           artículos 43 y 49) y, por tanto, de los principios generales del
de Justicia el 8 de diciembre de 2003. El Het Gerechtshof te             Derecho comunitario (en particular, los de transparencia,
’s-Hertogenbosch solicita al Tribunal de Justicia que se pronun-         igualdad y no discriminación) que deben respetarse en las
cie sobre las siguientes cuestiones:                                     situaciones en las que el Derecho comunitario es aplicable.
1.    ¿Constituye el artículo 3, apartado 1, de la SW (1) una
      restricción permitida en el sentido del artículo 57 CE,
      apartado 1?


title: Recurso interpuesto el 8 de marzo de 1996 contra el Parlamento Europeo por Bernd Schoch (Asunto T-29/96)

text:
N° C 133/30           ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     4 . 5 . 96
Para fundamentar su recurso, la demandante invoca el                — condene en costas al Parlamento Europeo, con arreglo a
motivo basado en la irregularidad del procedimiento de                  los artículos 87 y siguientes del Reglamento de Procedi
elección, en la medida en que la Junta Electoral computó los            miento y especialmente los gastos de domiciliación, de
votos emitidos por los agentes locales en la Delegación de las          desplazamiento, de estancia y los honorarios de Abo
Islas Salomón, siendo así que, contrariamente a lo previsto             gado .
en las instrucciones que la Junta Electoral comunicó a los
Jefes de todas las Delegaciones con fecha 19 de octubre de
1994, el número de votos emitidos no correspondía al                Motivos y principales alegaciones
número de votantes . El Jefe de la Delegación afirmó, por
supuesto, que los seis agentes locales habían emitido
válidamente su voto, pero nada permite comprobar tal                El demandante, antiguo agente temporal en el grupo ELDR
afirmación . Por lo tanto, la Junta Electoral actuó errónea        del Parlamento Europeo, que sufre una incapacidad laboral
                                                                    total a consecuencia de una enfermedad contraída durante el
mente al conferir validez a las elecciones correspondientes al
escrutinio regional celebradas en las Islas Salomón y al            último período de su contrato, impugna la negativa de la
computar todos los votos allí emitidos .                            Institución demandada a retribuirle las vacaciones que no
                                                                    cogió en 1994 .
La demandante pone de relieve, por otra parte, que, con
arreglo al apartado 2 del artículo 9 del Estatuto de los            El demandante niega muy particularmente la afirmación del
Funcionarios, la Comisión tiene el derecho y la obligación de       Parlamento según la cual estuvo ausente de forma injusti
velar por la regularidad de las elecciones al Comité de             ficada durante el mes de septiembre de 1994 y que, por lo
Personal y de intervenir si las normas electorales no son           tanto, dicha ausencia debía imputarse a la duración de sus
observadas . En el caso de autos, ha habido manifiestamente         vacaciones, con arreglo al artículo 60 del Estatuto .
una irregularidad en el procedimiento electoral; por consi
guiente, la Comisión habría debido intervenir para paliar
dicha irregularidad, cosa que no hizo .                             A este respecto, insiste en el hecho de que los certificados
                                                                    médicos relativos al período de que se trata fueron
                                                                    debidamente entregados a la Secretaría del Servicio Médico
                                                                    del Parlamento . Además, recuerda que el médico del
                                                                    demandante comunicó de modo expreso la incapacidad por
                                                                    enfermedad en septiembre de 1994, y que en ningún
                                                                    momento se le dijo que aquellos días de vacaciones de los
Recurso interpuesto el 8 dë marzo de 1996 contra el                 que no disfrutó no se le pagarían en todo o en parte porque el
           Parlamento Europeo por Bernd Schoch                      Parlamento no había recibido ningún certificado médico en
                                                                    septiembre de 1994 . De hecho, tuvo que esperar al 12 de
                       Asunto T-29/96 )
                                                                    mayo de 1995 para que se plantease la supuesta irregulari
                         96 /C 133/63                               dad de su ausencia . El demandante se permite subrayar a
                                                                    este respecto que, tras haberse negado que hubiera remitido
             (Lengua de procedimiento: francés)                     los certificados médicos relativos a los períodos posteriores
                                                                    al 15 de julio de 1994 , aparecieron sin embargo algunos
                                                                    certificados relativos al período del 16 de julio al 1 de
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              septiembre de 1994 .
Europeas se ha presentado el 8 de marzo de 1996 un recurso
contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr. Bernd
Schoch, con domicilio en Gottmadingen ( República Federal           En un plano estrictamente jurídico, el demandante alega que
de Alemania ), representado por el Sr. Lucas Vogel, Abogado         el artículo 60 del Estatuto establece que la ausencia
de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el            supuestamente irregular debe comprobarse y que, en la
despacho del Sr . Christian Kremer, 8-10 , rue Mathias              medida en que no es hasta siete meses después de los hechos
Hardt.                                                              que se le reprocha al demandante el no haber remitido
                                                                    ningún certificado médico en septiembre de 1994 — cuando
                                                                    ese mismo mes el médico del demandante había comunicado
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                 de modo expreso la incapacidad por enfermedad de su
Instancia que :                                                     cliente durante dicho mes — tal comprobación resulta
                                                                    excesivamente extemporánea para justificar la aplicación
— anule la decisión denegatoria implícita y la decisión             del citado artículo 60 .
    denegatoria explícita de 26 de febrero de 1 996 adopta
    das por el Parlamento Europeo en respuesta a la                 Por último, aun en el supuesto que el Tribunal de Primera
    reclamación presentada por el demandante el 9 de                Instancia considerase que la incapacidad del demandante no
    agosto de 1995 ;                                                puede justificar su ausencia en septiembre de 1994, dicha
                                                                    ausencia debería en cualquier caso considerarse justificada
— condene al Parlamento Europeo a pagar al demandante               por la decisión del grupo ELDR de no ofrecerle más trabajo
    la cantidad de 124 120 francos belgas brutos por los 19         y dispensarle de prestar el preaviso .
    días y medio de vacaciones que no disfrutó en 1994, más
    los intereses de demora al tipo del 8 % anual, a contar
    desde el 31 de diciembre de 1994, fecha en la que se le
    hubiera debido pagar dicha cantidad;


title: Asunto T-493/17: Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2017 — Stancu/ERCEA

text:
               25.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 318/21

         Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2017 — Stancu/ERCEA
   (Asunto T-493/17)
   (2017/C 318/28)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Magdalena Catalina Stancu (Bucarest, Rumanía) (representante: F. Elia, abogado)

      Demandada: Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA) (Bruselas, Bélgica)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               A) En cuanto al fondo: Declare la nulidad/ilegalidad del acto lesivo constituido por el acto de despido comunicado a la trabajadora oralmente el día 10 de enero de 2017, con la reanudación inmediata de la relación laboral, con condena al pago de todas las retribuciones devengadas medio tempore.

               —

               B) En cuanto al fondo: Declare la nulidad del acto lesivo constituido por el acto de prórroga del período de prueba, con fecha de 28 de octubre de 2016, y se declare la inexistencia del acuerdo de prueba a partir de 1 de noviembre de 2016.

               —

               C) En cuanto al fondo: Declare la nulidad/ilegalidad de los actos que constituyen la investigación administrativa CMS 16/035 — Administrative inquiry report de fecha 7 de noviembre de 2016 y comunicado con fecha 16 de noviembre de 2016, por los motivos expuestos en el escrito, con la condena a que se cancele la investigación administrativa del sistema Sysper y de cualquier otra base de datos presente en las instituciones de la Unión.

               —

               D) En cuanto al fondo: Declare la nulidad/ilegalidad del acto lesivo constituido por el despido con fecha de 22 de diciembre de 2016 denominado «note to the attention of ms Catalina stancu» recibido con fecha 24 de enero de 2017, por las razones expuestas en la demanda, con la inmediata reanudación de la relación laboral y la condena al pago de la indemnización por el daño constituido por las retribuciones devengadas desde la fecha del cese hasta la publicación de la sentencia. Con carácter subsidiario, si no se reincorpora a su puesto de trabajo, condene a ERCEA a la indemnización del perjuicio que se cuantificará en la pérdida de las retribuciones hasta el vencimiento del contrato (enero de 2018) equivalente a 39 000 euros.

               —

               E) En cuanto al fondo: En cualquier caso, condene a ERCEA al pago a favor de la trabajadora de la indemnización equivalente a 300 000 euros, o a la cantidad pecuniaria distinta, mayor o menor, que se considere en justicia, por el grave perjuicio de la imagen y la reputación personal y profesional de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               El cese oral y sin motivación infringe el artículo 25 del Estatuto, que establece que «las decisiones individuales adoptadas en aplicación del presente Estatuto deberán ser comunicadas inmediatamente por escrito al funcionario interesado. Las decisiones que le sean lesivas serán motivadas», señalando en la forma escrita de la notificación a la trabajadora los procedimientos con los que ésta puede tener conocimiento de las decisiones relativas a la relación laboral.

               2.

               El acto de prórroga del acuerdo de prueba infringe el artículo 84 del Estatuto — ROA que establece en su artículo 84, párrafo 3, que el período de prueba se prolongará en casos excepcionales «[…] con arreglo al apartado 1 […]», reenvío puntual que no justifica una prolongación a tiempo indeterminado o incierto; infringe el artículo 84, párrafo 2, que establece que la relación de prueba puede interrumpirse en cualquier momento anterior a su vencimiento natural concediendo ocho días para formular observaciones a la propuesta de cese y, en cualquier caso, «[…] dándole un preaviso de un mes […]».

               3.

               La investigación administrativa es ilícita y contraria a Derecho al basarse en correos electrónicos enviados por la trabajadora, cuyo contenido ha reconocido la otra parte que ha sido alterado, así como expresa una duda meramente subjetiva acerca de la veracidad de los documentos presentados por la trabajadora sin haber dispuesto ningún acto de comprobación técnica.

               4.

               El acto del empleador con fecha 22 de diciembre de 2016 es radicalmente nulo ya que tiene por objeto dar por concluida una relación laboral que ya no existía al haber concluido como consecuencia del despido oral. Además: A) El despido de la trabajadora por no haber superado el período de prueba es contrario a Derecho toda vez que desde el 1 de enero de 2016 ya no había período de prueba alguno. B) El carácter ilícito/contrario a Derecho de las afirmaciones contenidas en el informe de investigación administrativa en las que se basa la valoración de la no superación del período de prueba, dada la arbitrariedad total y absoluta y el carácter contrario a Derecho del acto de despido impugnado.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Employment Appeal Tribunal, de fecha 20 de noviembre de 1996, en el asunto entre B. J. Coote y Granada Hospitality Ltd (Asunto C-185/97)

text:
N° c 212 /16            IES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    12 . 7 . 97
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    bajo ( ] ), impone a los Estados miembros la obligación
                                                                             de incorporar a su Derecho nacional las medidas nece
1 ) declare que, al no establecer un programa con arreglo                    sarias para que una persona pueda entablar una
        al artículo 7 de la Directiva 76/464/CEE del Consejo,                demanda ante los tribunales en las circunstancias
        de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación                    siguientes:
        causada por determinadas sustancias peligrosas verti
        das en el medio acuático de la Comunidad ( ] ), que                  i)    la demandante fue empleada por el demandado;
        contenga los objetivos de calidad con objeto de dismi
        nuir la contaminación causada por las sustancias enu                ii ) en el transcurso de la relación laboral, la deman
        meradas en el Anexo II de la Directiva, la República                       dante presentó una demanda por discriminación
        Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones                         por razón de sexo contra el demandado y el litigio
        que le incumben en virtud del Tratado,                                     se resolvió mediante transacción entre las partes;
2 ) condene en costas a la República Federal de Alemania .                   iii ) una vez finalizada la relación laboral, la deman
                                                                                dante trató de encontrar, sin éxito, un puesto de
Motivos y principales alegaciones                                                  trabajo a tiempo completo;
Del tenor literal del apartado 1 del artículo 7 de la Direc                 iv) el demandando causó o aumentó las dificultades
tiva en relación con su artículo 1 se deduce claramente                            encontradas por la demandante al negarse a pro
que los Estados miembros están obligados a elaborar los                            porcionar referencias a empresarios potenciales
programas con los objetivos de calidad, destinados a dis                          cuando se le solicitó;
minuir la contaminación de las aguas dentro de un                            v ) el empresario decidió negarse a proporcionar refe
período determinado . Frente a ello, el Gobierno federal                           rencias cuando ya se había extinguido la relación
alemán alega indebidamente que la mayor parte de las sus                          laboral;
tancias incluidas en la lista han sido incluidas en paráme
tros compuestos e intenta mostrar la equivalencia, o                         vi ) el motivo, o uno de los motivos principales, de
incluso las ventajas, de su normativa nacional con las nor                        dicha decisión fue que la demandante había pre
mas de emisión de cada una de las sustancias . De la misma                         sentado anteriormente una demanda por discrimi
forma, tampoco puede considerarse que constituya una                               nación por razón de sexo contra el demandado ?
adaptación suficiente al artículo 7 de la Directiva la exis
tencia de programas generales para el saneamiento de las                 2 ) ¿ La Directiva 76/207/CEE impone a los Estados miem
aguas, que ha mencionado el Gobierno alemán ( 2 ).                           bros la obligación de incorporar a su Derecho nacional
                                                                             las medidas necesarias para que una persona pueda
í 1 ) DO n° L 129 de 18 . 5 . 1976, p. 23 ; EE 15/01 , p. 165 .              entablar una demanda ante los tribunales en las cir
( 2 ) Entre otros, el programa de acción Elbe de la Comisión inter          cunstancias expuestas en la primera cuestión , con las
      nacional para la protección del Elba (IKSE) y el plan de tra          salvedades siguientes:
      bajo de la IKSE hasta el año 2000, el programa de acción
      Rhein de la Comisión internacional para la protección del Rin          i ) el empresario tomó la decisión de negarse a pro
      ( ISKR) y el programa de acción en proyecto del Convenio del
      Danubio .
                                                                                porcionar referencias antes de que se hubiera aca
                                                                                bado la relación laboral , pero
                                                                             ii ) la negativa a proporcionar referencias se produjo
                                                                                cuando la demandante ya no trabajaba para el
                                                                                demandado ?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                         O DO n° L 39 de 14. 2. 1976, p. 40; EE 05/02, p. 70.
lución del Employment Appeal Tribunal,                  de fecha 20
de noviembre de 1996, en el asunto entre B. J. Coote y
                       Granada Hospitality Ltd
                          (Asunto C-l 85/97)
                             ( 97/C 212/28 )
                                                                         Recurso interpuesto el 15 de mayo de 1997 por la Comi
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                sión de las Comunidades Europeas contra la República
                                                                                Federal de Alemania
sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución del Employment Appeal Tribunal, dic                                         ( Asunto C-l 86/97)
tada el 20 de noviembre de 1996, en el asunto entre B. J.                                            97/C 212/29 )
 Coote y Granada Hospitality Ltd, y recibida en la Secreta
 ría del Tribunal de Justicia el 12 de mayo de 1997.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 El Employment Appeal Tribunal solicita al Tribunal de                   ha presentado el 15 de mayo de 1997 un recurso contra la
Justicia que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes:               República Federal de Alemania formulado por la Comi
                                                                         sión de las Comunidades Europeas, representada por el
 1 ) ¿ La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero              Dr. Klaus-Dieter Borchardt, miembro del Servicio Jurídico
         de 1976 , relativa a la aplicación del principio de igual      de la Comisión, que designa como domicilio en Luxem
         dad de trato entre hombres y mujeres en lo que se               burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miem
         refiere al acceso al empleo, a la formación y a la pro         bro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner
         moción profesionales, y a las condiciones de tra               C-254, Kirchberg.


title: Asunto T-112/02: Recurso interpuesto el 12 de abril de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Gustaaf Van Dyck

text:
C 131/26                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      1.6.2002
Recurso interpuesto el 12 de abril de 2002 contra la                      Recurso interpuesto el 11 de abril de 2002 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Gustaaf Van                     Comisión de las Comunidades Europeas por Gustaaf Van
                                Dyck                                                                     Dyck
                         (Asunto T-112/02)
                                                                                (Asunto T-113/02)
                          (2002/C 131/48)
                                                                                (2002/C 131/49)
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 12 de abril de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Gustaaf van Dyck, con domicilio en Wuustwezel (Bélgica),              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
representado por M. Matthias E. Storme y M. Ann Gobien.                   Europeas se ha presentado el 11 de abril de 2002 un recurso
                                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                          por Gustaaf van Dyck, con domicilio en Wuustwezel (Bélgica),
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          representado por M. Stefan Corbanie y M. André Bywater.
que:
1)     Anule la decisión denegatoria presunta adoptada por la
       autoridad facultada para proceder a los nombramientos,             La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
       por la que se deniega presuntamente la solicitud de 12 de          que:
       febrero de 2001 para que tomase una decisión sobre la
       posible aplicación del artı́culo 31, apartado 2, del Esta-        1)   Anule la decisión de la Comisión, adoptada el 10 de
       tuto, teniendo en cuenta la experiencia profesional y la                enero de 2002, y notificada el 15 de enero de 2002, por
       formación del demandante y, en la medida en que sea                    la que se desestima la reclamación del demandante de
       necesario, anule la decisión de 15 de enero de 2002,                   14 de agosto de 2001.
       redactada en francés, por la que se desestima la demanda
       de 10 de septiembre de 2001 interpuesta por el deman-              2)   Anule la decisión de la Comisión, de 5 de julio de 2001,
       dante, ası́ como la traducción neerlandesa de dicha                    de no dar curso a la reclamación interpuesta por el
       decisión, efectuada el 18 de febrero de 2002.                          demandante el 1 de julio de 2001 relativa al ascenso al
                                                                               grado B 2.
2)     Condene a la Comisión a adoptar todas las consecuencias
       adecuadas derivadas de la sentencia que se dicte.                  3)   Anule la decisión de la Comisión por la que se corrige la
3)     Condene en costas a la demandada.                                       apreciación del demandante.
                                                                          4)   Condene en costas a la demandada.
Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su demanda, el demandante invoca la infracción
del artı́culo 31, apartado 2, y del artı́culo 90 del Estatuto.            Motivos y principales alegaciones
Según el demandante, hasta el dı́a de hoy no se ha adoptado
ninguna decisión sobre el fondo que se haya pronunciado
                                                                          El demandante invoca la infracción del artı́culo 45, apartado 1
sobre el motivo de su solicitud de aplicar a su caso el
                                                                          y del artı́culo 25, apartado 2, del Estatuto del Personal. Según
artı́culo 31, apartado 2, del Estatuto. El demandante también
                                                                          el demandante, la decisión del Comité de promoción no estaba
invoca la vulneración del principio de diligencia, de la obliga-
                                                                          motivada. Además, las razones expuestas en la respuesta de la
ción de motivación y del principio de buena administración.
                                                                          Comisión a la reclamación del demandante tampoco están
                                                                          fundadas.


title: Asunto T-314/10: Sentencia del Tribunal General de 28 de junio de 2012 — Constellation Brands/OAMI (COOK’S) [ «Marca comunitaria — Marca comunitaria denominativa COOK’S — Inexistencia de solicitud de renovación de la marca — Cancelación de la marca tras la expiración del registro — Petición de restitutio in integrum — Artículo 81 del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/17

         Sentencia del Tribunal General de 28 de junio de 2012 — Constellation Brands/OAMI (COOK’S)
   (Asunto T-314/10) (1)

   (Marca comunitaria - Marca comunitaria denominativa COOK’S - Inexistencia de solicitud de renovación de la marca - Cancelación de la marca tras la expiración del registro - Petición de restitutio in integrum - Artículo 81 del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2012/C 243/32
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Constellation Brands, Inc. (Fairport, Nueva York, Estados Unidos) (representante: B. Brandreth, Barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: D. Botis y V. Melgar, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 29 de abril de 2010 (asunto R 1048/2009-1), en la medida en que deniega su petición de restitutio in integrum.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Constellation Brands, Inc.

      (1)  DO C 260, de 25.9.2010.


title: Asunto C-661/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 13 de diciembre de 2013 — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

text:
               28.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 13 de diciembre de 2013 — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works
   (Asunto C-661/13)
   2014/C 129/09
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Astellas Pharma Inc.

      Demandada: Polpharma SA Pharmaceutical Works

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2001/83/CE (1) en el sentido de que también quedan excluidos de la protección mediante patente aquellos actos de aprovisionamiento mediante los cuales un tercero, por razones puramente comerciales, ofrece o suministra a un fabricante de medicamentos genéricos un principio activo protegido mediante patente con el cual la empresa de fabricación de genéricos tiene previsto realizar estudios o ensayos para la obtención de una autorización de comercialización con arreglo a la normativa en materia de medicamentos en el sentido del artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2001/83?

               2)

               En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión:

                           a)

                           ¿La prerrogativa del tercero depende de que el fabricante de medicamentos genéricos al que surte utilice efectivamente el principio activo proporcionado para realizar ensayos o estudios cubiertos por la excepción en el sentido del artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2001/83? En tal caso, ¿la exclusión de la protección mediante patente opera también en el supuesto de que el tercero no tenga conocimiento de la intención de su cliente de dar a dicho principio activo un uso cubierto por la excepción y de que tampoco se haya asegurado de que así sea?
                           ¿O bien depende la prerrogativa del tercero únicamente de que, en el momento de llevar a cabo el acto de aprovisionamiento, a la luz de todas las circunstancias concurrentes (por ejemplo, a qué se dedica la empresa a la que suministra, la pequeña cantidad de principio activo proporcionada, la pronta expiración de la protección mediante patente del principio activo de que se trate, la experiencia acerca de la fiabilidad del cliente), pueda asumir legítimamente que la empresa de fabricación de medicamentos genéricos a la que suministra utilizará el principio activo proporcionado exclusivamente para realizar estudios y ensayos cubiertos por la excepción en el marco de la obtención de una autorización de comercialización?

                           b)

                           En el contexto de la realización del acto de aprovisionamiento, ¿tiene el tercero que adoptar él mismo precauciones para que su cliente utilice efectivamente el principio activo sólo para realizar estudios y ensayos cubiertos por la excepción? Las precauciones que ha de tomar, ¿son diferentes dependiendo de si simplemente ofrece el principio activo protegido mediante patente o de si lo suministra?

      (1)  Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67), en su versión modificada por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 136, p. 34).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2000 en el asunto C-84/98: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa ["Incumplimiento de Estado — Reglamento (CEE) n° 4055/86 — Libre prestación de servicios — Transporte marítimo — Artículo 234 del Tratado CE (actualmente artículo 307 CE, tras su modificación)"]

text:
21.10.2000               ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 302/7
      posee ningún tı́tulo de los enumerados en el artı́culo 3 de la       de conformidad con el citado Reglamento, el Tribunal de
      Directiva 78/686/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978,             Justicia, integrado por los Sres.: G. C. Rodrı́guez Iglesias,
      sobre reconocimiento recı́proco de los diplomas, certificados y       Presidente; J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward
      otros tı́tulos de odontólogo, que contiene además medidas           (Ponente), L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; C. Gul-
      destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de           mann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm y
      establecimiento y de libre prestación de servicios, al requisito de  M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:
      que dicho odontólogo posea los conocimientos lingüı́sticos           Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 4 de julio
      necesarios para ejercer su profesión en el Estado miembro de         de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      establecimiento.
                                                                            1)    Se declara que la República Portuguesa ha incumplido las
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos 3 y 4,
(1) DO C 41 de 7.2.1998.                                                          apartado 1, del Reglamento (CEE) no 4055/86 del Consejo,
                                                                                de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del
                                                                                principio de libre prestación de servicios al transporte marı́timo
                                                                                entre Estados miembros y entre Estados miembros y paı́ses
                                                                                terceros, al no haber denunciado ni adaptado el Acuerdo sobre
                                                                                marina mercante celebrado con la República de Angola, a fin
                                                                                de permitir un acceso justo, libre y no discriminatorio de los
                                                                                ciudadanos de la Comunidad a los repartos de cargamentos
                                                                                destinados a la República Portuguesa, de conformidad con el
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                citado Reglamento.
                       de 4 de julio de 2000                                2)    Se condena en costas a la República Portuguesa.
en el asunto C-62/98: Comisión de las Comunidades                          (1) DO C 151, de 16.5.1998.
           Europeas contra República Portuguesa (1)
[«Incumplimiento de Estado — Reglamento (CEE)
no 4055/86 — Libre prestación de servicios — Transporte
marı́timo — Artı́culo 234 del Tratado CE (actualmente
            artı́culo 307 CE, tras su modificación)»]
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                           (2000/C 302/12)
                                                                                de 4 de julio de 2000
                 (Lengua de procedimiento: portugués)
                                                                            en el asunto C-84/98: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra República Portuguesa (1)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         [«Incumplimiento de Estado — Reglamento (CEE)
                                                                            no 4055/86 — Libre prestación de servicios — Transporte
                                                                            marı́timo — Artı́culo 234 del Tratado CE (actualmente
En el asunto C-62/98, Comisión de las Comunidades Europeas                              artı́culo 307 CE, tras su modificación)»]
(Agentes: Sres. A. Caeiro, B. Mongin y Sra. M. Afonso) contra
República Portuguesa (Agentes: Sr. L. Fernandes y Sra. M. L.
                                                                                (2000/C 302/13)
Duarte), que tiene por objeto que se declare que la República
Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben
en virtud de los artı́culos 3 y 4, apartado 1, del Reglamento
(CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,                                     (Lengua de procedimiento: portugués)
relativo a la aplicación del principio de libre prestación de
servicios al transporte marı́timo entre Estados miembros y
entre Estados miembros y paı́ses terceros (DO L 378, p. 1), al              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
no haber denunciado ni adaptado los Acuerdos sobre marina                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
mercante celebrados con la República de Senegal, aprobado
mediante Decreto no 99/79, de 14 de septiembre de 1979; con                 En el asunto C-84/98, Comisión de las Comunidades Europeas
la República de Cabo Verde, aprobado mediante Decreto                      (Agentes: Sres. A. Caeiro, B. Mongin y Sra. M. Afonso) contra
no 119/79, de 7 de noviembre de 1979; con la República de                  República Portuguesa (Agentes: Sr. L. Fernandes y Sra. M. L.
Angola, aprobado mediante Decreto no 71/79, de 18 de julio                  Duarte), que tiene por objeto que se declare que la República
de 1979, y con la República Democrática de Santo Tomé y                   Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben
Prı́ncipe, aprobado mediante Decreto no 123/79, de 13 de                    en virtud de los artı́culos 3 y 4, apartado 1, del Reglamento
noviembre de 1979, a fin de permitir un acceso justo, libre y               (CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,
no discriminatorio de los ciudadanos de la Comunidad a los                  relativo a la aplicación del principio de libre prestación de
repartos de cargamentos destinados a la República Portuguesa,              servicios al transporte marı́timo entre Estados miembros y
 ---pagebreak--- C 302/8                  ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          21.10.2000
entre Estados miembros y paı́ses terceros (DO L 378, p. 1), al               Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por la House of
no haber denunciado ni adaptado el Acuerdo sobre marina                      Lords (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente
mercante celebrado con la República Federativa de Yugoslavia,               ante dicho órgano jurisdiccional entre Regina y Minister of
aprobado mediante Decreto no 74/81, firmado el 28 de junio                   Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: S. P. Anastasiou
de 1979 y que entró en vigor el 19 de mayo de 1981, a fin de                (Pissouri) Ltd y otros, con intervención de: Cypfruvex (UK) Ltd
permitir un acceso justo, libre y no discriminatorio de los                  y Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd,
ciudadanos de la Comunidad a los repartos de cargamentos                     una decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva
destinados a la República Portuguesa, de conformidad con el                 77/93/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa
citado Reglamento, el Tribunal de Justicia, integrado por los                a las medidas de protección contra la introducción en la
Sres.: G. C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J. C. Moitinho de              Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o
Almeida, D. A. O. Edward (Ponente), L. Sevón y R. Schintgen,                productos vegetales y contra su propagación en el interior de
Presidentes de Sala; C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,                la Comunidad (DO 1977, L 26, p. 20; EE 03/11, p. 121),
P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces; Abogado Gene-                   modificada, en particular, por la Directiva 92/683/CEE del
ral: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario              Consejo, de 19 de diciembre de 1991 (DO L 376, p. 29), y por
adjunto, ha dictado el 4 de julio de 2000 una sentencia cuyo                 la Directiva 92/103/CEE de la Comisión, de 1 de diciembre de
fallo es el siguiente:                                                       1992 (DO L 363, p. 1), el Tribunal de Justicia, integrado por
                                                                             los Sres.: G. C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; D. A. O. Edward,
1)    Se declara que la República Portuguesa ha incumplido las              L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P. J. G. Kapteyn,
      obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos 3 y 4,        C. Gulmann, J.-P. Puissochet (Ponente), G. Hirsch, P. Jann,
      apartado 1, del Reglamento (CEE) no 4055/86 del Consejo,               M. Wathelet y V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. N. Fen-
      de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del              nelly; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el
      principio de libre prestación de servicios al transporte marı́timo    4 de julio de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      entre Estados miembros y entre Estados miembros y paı́ses
      terceros, al no haber denunciado ni adaptado el Acuerdo sobre
      marina mercante celebrado con la República Federativa de              1)    La Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
      Yugoslavia, a fin de permitir un acceso justo, libre y no                    1976, relativa a las medidas de protección contra la introduc-
      discriminatorio de los ciudadanos de la Comunidad a los                      ción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales
      repartos de cargamentos destinados a la República Portuguesa,               o productos vegetales y contra su propagación en el interior de
      de conformidad con el citado Reglamento.                                     la Comunidad, en su versión modificada, permite a un Estado
                                                                                miembro dejar entrar en su territorio vegetales originarios de un
2)    Se condena en costas a la República Portuguesa.                             paı́s tercero y sujetos a la expedición de un certificado
                                                                                fitosanitario relativo, en particular, al cumplimiento de requisi-
(1) DO C 184, de 13.6.1998.                                                        tos particulares si, a falta de un certificado expedido por los
                                                                                servicios autorizados del paı́s de origen, los vegetales van
                                                                                acompañados de un certificado emitido en un paı́s tercero del
                                                                                que no son originarios, siempre que dichos vegetales:
                                                                                —      hayan sido importados en el territorio del paı́s en el que
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                               se ha producido el control antes de ser exportados hacia la
                                                                                Comunidad;
                       de 4 de julio de 2000
en el asunto C-219/98 (petición de decisión prejudicial                          —      hayan permanecido en este paı́s durante un perı́odo y en
planteada por la House of Lords): Regina contra Minister                                  unas condiciones tales que se hayan podido llevar a cabo
of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: S. P. Anasta-                               los controles adecuados;
                   siou (Pissouri) Ltd y otros (1)
                                                                                —      no estén sujetos a requisitos particulares que sólo pueden
(«Directiva 77/93/CEE — Expedición de certificados fitosa-                               cumplirse en su lugar de origen.
nitarios por paı́ses terceros distintos del paı́s de origen de los
vegetales — Productos originarios de la parte de Chipre
situada al norte de la zona de seguridad de las Naciones                     2)    No le corresponde al Estado miembro de que se trate tener en
                               Unidas»)                                            cuenta las razones por las que el certificado fitosanitario no se
                                                                                haya expedido en el paı́s de origen de los vegetales para apreciar
                           (2000/C 302/14)                                         su conformidad con las exigencias fijadas en la Directiva.
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                             (1) DO C 258 de 15.8.1998.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-219/98, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del


title: AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 21 de marzo de 1996 en el asunto T-161/95, Lino Liao contra Consejo de la Unión Europea (Funcionarios - Recurso de anulación dirigido contra un informe de calificación - Acto lesivo - Acto de trámite - Recurso de indemnización - Inadmisibilidad)

text:
N° C 158 / 14          ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        1 . 6 . 96
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
despacho del Sr. Louis Schiltz, 2 , rue du Fort Rheinsheim,                               de 21 de marzo de 1996
contra Comisión de las Comunidades Europeas ( Agentes :
Sra . Ana Maria Alves Vieira y Sr. Alberto Dal Ferro ), que            en el asunto T-161 /95 , Lino Liao contra Consejo de la
tiene por objeto la anulación , por una parte, de la decisión,                                 Unión Europea ( ] )
adoptada por la demandada el 24 de noviembre de 1993 ,                 (Funcionarios — Recurso de anulación dirigido contra un
por la que , en primer lugar, se suprime la asignación familiar        informe de calificación — Acto lesivo — Acto de trámite —
y la asignación por persona asimilada a hijo a cargo y, en                    Recurso de indemnización — Inadmisibilidad)
segundo lugar, se exige la recuperación de las cantidades                                         ( 96/C 158 /36 )
supuestamente indebidamente percibidas en concepto de
dichas asignaciones, y, por otra , de la decisión , adoptada                        (Lengua de procedimiento: francés)
por la demandada el 26 de enero de 1 994, por la que se fijan
las modalidades de reembolso de las cantidades que deben
recuperarse con arreglo a la citada decisión de 24 de                  En el asunto T-161 /95 , Lino Liao, funcionario del Consejo
noviembre de 1993 , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala            de la Unión Europea, con domicilio en Bruselas, represen
Quinta ), integrado por los Sres .: R. Schintgen , Presidente de       tado por los Sres . Pierre-Paul van Gehuchten y Constantin
Sala ; R. García-Valdecasas y J. Azizi, Jueces; Secretario : Sr.       Nickis, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio
J. Palacio González , administrador; ha dictado el 25 de abril         en Luxemburgo el despacho del Sr. Louis Schiltz, 2 , rue du
de 1996 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :                     Fort Rheinsheim, contra Consejo de la Unión Europea
                                                                       ( Agentes : Sr. Diego Canga Fano y Sra . Marie-Jeanne
1 ) Se desestima el recurso .
                                                                       Vernier ), que tiene por objeto la anulación de la Decisión del
                                                                       Consejo de 1 9 de mayo de 1 995 , adoptada para establecer el
                                                                       informe de calificación del demandante correspondiente al
2 ) Cada parte cargará con sus propias costas.                         período comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de
                                                                       junio de 1993 , así como la reparación del perjuicio material
C ) DO n° C 304 de 29 . 10 . 1994 .                                    y moral que considera haber sufrido, el Tribunal de Primera
                                                                       Instancia ( Sala Segunda ), integrado por los Sres .: H.
                                                                       Kirschner, Presidente ; C. W. Belamy y A. Kalogeropoulos,
                                                                       Jueces ; Secretario : Sr . H. Jung, ha dictado el 21 de marzo de
                                                                       1996 un auto resolviendo lo siguiente :
  AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                       1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso.
                           ( Sala Cuarta )
                     de 4 de marzo de 1996
                                                                       2 ) Cada parte cargará con sus propias costas.
en el asunto T-3 92/94 : Diarmuid Rossa Phelan contra
               Consejo de la Unión Europea (')                         (') DO n" C 299 de 11 . 11 . 1995 .
                         (Sobreseimiento)
                          ( 96/C 158 /35
              (Lengua de procedimiento : inglés)
                                                                       Recurso interpuesto el 22 de febrero de 1996 contra la
En el asunto T-392/94 , Diarmuid Rossa Phelan, con                     Comisión de las Comunidades Europeas por J. Langdon
domicilio en Bella Vista ( Irlanda ), representada por el Sr.                                         Limited
Desmond O'Neill , Barrister de Irlanda, contra Consejo de la
                                                                                ( Asunto T-22/96 )
Unión Europea ( Agentes : Sres . Michael Bishop y Diego
Canga Fano ), que tiene por objeto, por una parte, la                                             ( 96/C 158/37 )
anulación de la decisión del Consejo, de 16 de septiembre de
1994 , por la que no se admite la candidatura del deman                             (Lengua de procedimiento: inglés)
dante al concurso general CONS/A/338 debido a su
presentación fuera de plazo, y, por otra , que se condene al           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Consejo a pagarle daños y perjuicios, el Tribunal de Primera           Europeas se ha presentado el 22 de febrero de 1996 un
Instancia ( Sala Cuarta ), integrado por el Sr. K. Lenaerts,           recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Presidente; y por la Sra . P. Lindh y el Sr . J. D. Cooke , Jueces;    formulado por J. Langdon Limited, representada por el Sr .
Secretario : Sr . H. Jung, ha dictado el 4 de marzo de 1 996 un        Patrick O'Brien , Solicitor, y el Sr . Patrick McCann, Barris
auto resolviendo lo siguiente :                                        ter, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
                                                                       Faltz & Associés, 6 , rue Heine .
1 ) Se sobresee al asunto .
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
2 ) Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                       — Anule la Decisión de la Comisión C(95 ) 2726 Final de 3
(M DO n" C 400 de 31 . 12 . 1994 .                                          de noviembre de 1995 dirigida a Irlanda .
                                                                       — Condene en costas a la Comisión .