title: Asunto C-268/16 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de mayo de 2016 por Binca Seafoods GmbH contra el auto del Tribunal General (Sala Cuarta) dictado el 11 de marzo de 2016 en el asunto T-94/15, Binca Seafoods GmbH/Comisión Europea

text:
               1.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/16

         Recurso de casación interpuesto el 13 de mayo de 2016 por Binca Seafoods GmbH contra el auto del Tribunal General (Sala Cuarta) dictado el 11 de marzo de 2016 en el asunto T-94/15, Binca Seafoods GmbH/Comisión Europea
   (Asunto C-268/16 P)
   (2016/C 279/22)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Binca Seafoods GmbH (representante: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               1.

               Que se anule el auto dictado por el Tribunal General el 11 de marzo de 2016 en el asunto T-94/15.

               2.

               Que se anule el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1358/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a la procedencia de los animales de la acuicultura ecológica, las prácticas zootécnicas acuícolas, los piensos para los animales de la acuicultura ecológica y los productos y sustancias autorizados para su uso en la acuicultura ecológica. (1)

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el recurso de casación se solicita la anulación del auto dictado por el Tribunal General el 11 de marzo de 2016 en el asunto T-94/15, por el que se desestimó el recurso de anulación interpuesto por la demandante contra el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1358/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a la procedencia de los animales de la acuicultura ecológica, las prácticas zootécnicas acuícolas, los piensos para los animales de la acuicultura ecológica y los productos y sustancias autorizados para su uso en la acuicultura ecológica, y se solicita asimismo la anulación de dicho Reglamento.
   La recurrente en casación alega la infracción de sus derechos procesales fundamentales consagrados en el título VI, artículo 47, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aduce que el recurso de anulación es admisible en cuanto al fondo en virtud del Derecho primario de la Unión Europea. El derecho fundamental establecido en el artículo 47, primera frase, de la Carta, tiene por objeto garantizar la tutela judicial efectiva de los recursos admisibles en cuanto al fondo. Por consiguiente, el auto del Tribunal General vulnera el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva a efectos del artículo 47, primera frase, de la Carta.
   La recurrente alega asimismo la vulneración de su derecho fundamental consagrado en el artículo 47, segunda frase, de la Carta, dado que se perjudica su derecho fundamental a la no discriminación establecido en el artículo 21 de la Carta y su derecho fundamental a la libertad de empresa establecido en el artículo 16 de la Carta, pese a lo cual su demanda no ha sido tramitada de conformidad con la tutela judicial efectiva. El Tribunal General interpretó la finalidad de la demanda de obtener protección frente a la competencia incorrectamente en el sentido de que la demandante pretendía beneficiarse de la prórroga del régimen transitorio, lo cual no era la finalidad del recurso de anulación.
   La recurrente aduce ser discriminada en su condición de proveedora de productos procedentes de la acuicultura del pangasio en Vietnam con respecto a los proveedores de productos procedentes de la acuicultura animal, en particular, en la Unión Europea, para los que el Reglamento impugnado ha prorrogado el régimen transitorio más allá de finales de 2015, mientras que el régimen transitorio relativo al pangasio ha terminado.
   La recurrente alega que, como consecuencia de un privilegio arbitrario, los competidores pueden ofrecer sus productos con la indicación «bio», mientras que a la demandante se le prohibe. Afirma que se produce una ventaja competitiva abusiva y completamente injustificada a favor de sus competidores, los cuales, a pesar de que no cumplen todos los requisitos de la normativa de la Unión Europea en materia de productos ecológicos, pueden utilizar la indicación «bio». La pretensión de la demandante consiste en recibir un trato igual por parte del legislador de la Unión.
   La recurrente aduce la vulneración del principio general de igualdad consagrado en el artículo 20 de la Carta, señalando que se produce una discriminación a efectos del artículo 21 de la Carta. Asimismo, alega la vulneración de su derecho fundamental a la libertad de empresa consagrado en el artículo 16 de la Carta.

      (1)  DO 2014, L 365, p. 97.


title: Asunto C-576/11: Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 2011 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo

text:
               11.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/9

         Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 2011 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-576/11)
   2012/C 39/16
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: O. Beynet y B. Simon, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 23 de noviembre de 2006, en el asunto C-452/05.

               —

               Que se ordene al Gran Ducado de Luxemburgo que abone a la Comisión la multa coercitiva propuesta de un importe de 11 340 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2006 en el asunto C-452/05, desde el día en que se dicte sentencia en el presente asunto hasta el día en que se ejecute la sentencia dictada en el asunto C-452/05.

               —

               Que se ordene al Gran Ducado de Luxemburgo que abone a la Comisión un importe a tanto alzado diario de 1 248 euros, desde el día en que se dictó la sentencia de 23 de noviembre en el asunto C-452/05 hasta el día en que se dicte la sentencia en el presente asunto o hasta el día en que se ejecute la sentencia dictada en el asunto C-452/05, si su ejecución se produce anteriormente.

               —

               Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la Comisión alega que, tal como se desprende del examen de la información remitida por las autoridades luxemburguesas, Luxemburgo no ha ejecutado plenamente, hasta ahora, la sentencia del Tribunal de Justicia, a pesar de haber transcurrido casi cinco años desde que se dictó esta última. En efecto, Luxemburgo no ha cumplido las disposiciones del artículo 5, apartado 4, ni las del artículo 5, apartado 2. En efecto, seis instalaciones de tratamiento de aguas residuales de aglomeraciones de más de 10 000 equivalentes-habitante en Luxemburgo aún no cumplen las exigencias previstas en la Directiva 91/271/CEE. (1)

      (1)  Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135, p. 40).


title: Asunto C-296/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 29 de julio de 2009 — Vlaamse Gemeenschap/M. Baesen

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/31

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 29 de julio de 2009 — Vlaamse Gemeenschap/M. Baesen
   (Asunto C-296/09)
   2009/C 267/57
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hof van Cassatie van België

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Vlaamse Gemeenschap

      Recurrida: M. Baesen

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 2, letra d), del Reglamento (CEE) no 1408/71, (1) ¿debe interpretarse el concepto de «funcionarios y el personal asimilado» sobre la base del sistema nacional de seguridad social al que la persona de que se trate esté afiliada?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿debe entenderse que una persona que ha sido contratada mediante contrato de trabajo por un empleador del sector público y que en virtud del sistema nacional de seguridad social se halla sometida para determinadas ramas de la seguridad social a las que se refiere el artículo 4, apartado 1, del Reglamento no 1408/71 al régimen general de la seguridad social para trabajadores, mientras que para las ramas de la seguridad social a las que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra e), del Reglamento no 1408/71 se halla sujeta a un régimen especial para los funcionarios, está asimilada a un funcionario en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra d), del Reglamento no 1408/71?

      (1)  Reglamento del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).


title: Asunto T-487/11: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2014  — Banco Privado Português y Massa Insolvente do Banco Privado Português/Comisión [ «Ayudas de Estado — Sector financiero — Garantía de Estado a un préstamo bancario — Ayuda destinada a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro — Artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b) — Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado interior — Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis — Conformidad con las Comunicaciones de la Comisión sobre las ayudas al sector financiero en el contexto de la crisis financiera — Confianza legítima — Obligación de motivación» ]

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/43

         Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2014 — Banco Privado Português y Massa Insolvente do Banco Privado Português/Comisión
   (Asunto T-487/11) (1)

   ([«Ayudas de Estado - Sector financiero - Garantía de Estado a un préstamo bancario - Ayuda destinada a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro - Artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b) - Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado interior - Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis - Conformidad con las Comunicaciones de la Comisión sobre las ayudas al sector financiero en el contexto de la crisis financiera - Confianza legítima - Obligación de motivación»])
   (2015/C 046/52)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Banco Privado Português, SA (Lisboa, Portugal), y Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA (Lisboa) (representantes: C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, T. Mafalda Santos, R. Leandro Vasconcelos y A. Kéri, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Flynn y M. Afonso, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión 2011/346/UE de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a la ayuda estatal C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) ejecutada por Portugal en forma de garantía estatal en favor de BPP (DO 2011, L 159, p. 95).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Banco Privado Português, SA, y Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 340, de 19.11.2011.


title: Auto del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2000 en el asunto C-278/00 R: República Helénica contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Medidas provisionales — Suspensión de ejecución — Ayudas de Estado")

text:
C 79/10                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          10.3.2001
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  der Betriebskrankenkassen, 3. IKK-Bundesverband, 4. Bundes-
                                                                           verband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 5. Verband
                     de 12 de octubre de 2000                              der Angestellten-Krankenkassen e.V., 6. AEV — Arbeiter-
                                                                           Ersatzkassen-Verband e.V., 7. Seekrankenkasse, 8. Bundes-
en el asunto C-278/00 R: República Helénica contra                        knappschaft, partes coadyuvantes 1. República Federal de
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                         Alemania y 2. Bundesausschuss der Ärtze und Krankenkassen,
                                                                           y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 20 de
(«Medidas provisionales — Suspensión de ejecución —                      noviembre de 2000. El Landessozialgericht Nordrhein-Westfa-
                         Ayudas de Estado»)                                len solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
                                                                           siguientes cuestiones:
                            (2001/C 79/18)                                 1.   ¿Debe considerarse que las entidades gestoras del seguro
                                                                                legal de enfermedad o sus confederaciones, que están
                                                                                sujetas a la supervisión del Estado, al adoptar conjunta-
                   (Lengua de procedimiento: griego)                            mente cantidades fijas uniformes para los medicamentos,
                                                                                cuya cuantı́a representa el tope máximo de la prestación
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         obligatoria de las entidades gestoras a los asegurados,
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)             constituyen empresas o asociaciones de empresas a
                                                                                efectos de los artı́culos 81 CE y ss.?
En el asunto C-278/00 R, República Helénica (Agentes:                     2.   En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,
Sr. I. Chalkias y Sra. C. Tsiavou) contra Comisión de las                      ¿debe considerarse que la adopción de cantidades fijas
Comunidades Europeas (Agentes: Sres. J. Flett y D. Trianta-                     como las descritas en la primera cuestión constituye un
fyllou), que tiene por objeto una demanda de suspensión de la                  acuerdo restrictivo de la competencia a efectos del
ejecución, con carácter principal, de la Decisión C(2000) 686                artı́culo 81 CE, apartado 1?
final de la Comisión, de 1 de marzo de 2000, relativa al
régimen de ayudas establecido por Grecia para el pago de las               3.   Los artı́culos 81 CE y 86 CE, ¿se oponen a una normativa
deudas de las cooperativas agrı́colas en 1992 y 1994, incluidas                 legal que confiere a las entidades gestoras de un sistema
las ayudas para la reorganización de la cooperativa lechera                    de seguridad social o a sus confederaciones la facultad de
AGNO o, con carácter subsidiario, del artı́culo 2 de dicha                     adoptar cantidades fijas para los medicamentos como las
Decisión, el Presidente del Tribunal de Justicia ha dictado el                 descritas en la primera cuestión?
12 de octubre de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:
1)    Se desestima la demanda de medidas provisionales.
2)    Se reserva la decisión sobre las costas.                            Recurso interpuesto el 13 de diciembre de 2000 contra la
                                                                           República Italiana por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
(1) DO C 259 de 9.9.2000.
                                                                                (Asunto C-455/00)
                                                                                (2001/C 79/20)
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                           presentado el 13 de diciembre de 2000 un recurso contra
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-               la República Italiana formulado por la Comisión de las
lución del Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, de                    Comunidades Europeas, representada por el Sr. Antonio Aresu,
fecha 28 de septiembre de 2000, en el asunto entre                         miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, que
Merz + Co. GmbH & Co. y 1. AOK-Bundesverband,                              designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
2. Bundesverband der Betriebskrankenkassen, 3. IKK-                        Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
Bundesverband, 4. Bundesverband der landwirtschaftli-
chen Krankenkassen, 5. Verband der Angestellten-Kran-                      La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
kenkassen e.V., 6. AEV — Arbeiter-Ersatzkassen-Verband
e.V., 7. Seekrankenkasse, 8. Bundesknappschaft, partes                     —    Declare que la República Italiana ha incumplido las
coadyuvantes 1. República Federal de Alemania y                                obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 9,
     2. Bundesausschuss der Ärtze und Krankenkassen                            apartados 1 a 3, de la Directiva 90/270/CEE (1) del
                                                                                Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las
                         (Asunto C-428/00)                                      disposiciones mı́nimas de seguridad y de salud relativas
                                                                                al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualiza-
                                                                                ción (quinta Directiva especı́fica con arreglo al apartado 1
                            (2001/C 79/19)
                                                                                del artı́culo 16 de la Directiva 89/391/CEE (2)), en la
                                                                                medida en que:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                   a)     no garantiza reconocimientos periódicos de los ojos
resolución del Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, dic-                          y de la vista a todos los trabajadores que utilizan
tada el 28 de septiembre de 2000, en el asunto entre Merz +                            equipos con pantallas de visualización, en el sentido
Co. GmbH & Co. y 1. AOK-Bundesverband, 2. Bundesverband                                del artı́culo 2, letra c), de la citada Directiva;


title: Asunto F-54/13: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de septiembre de 2014  — CV/CESE (Función pública — Recurso de indemnización — Investigaciones administrativas — Procedimiento disciplinario — Acoso moral)

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/52

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de septiembre de 2014 — CV/CESE
   (Asunto F-54/13) (1)

   ((Función pública - Recurso de indemnización - Investigaciones administrativas - Procedimiento disciplinario - Acoso moral))
   2014/C 421/72
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: CV (representantes: T. Bontinck y A. Guillerme, abogados)

      Demandada: Comité Económico y Social Europeo (representantes: inicialmente, M. Arsène y L. Camarena Januzec, agentes, y F.-M. Hislaire y M. Troncoso Ferrer, abogados; posteriormente, M. Pascua Mateo y L. Camarena Januzec, agentes, y F.M. Hislaire y M. Troncoso Ferrer, abogados)

      Objeto

   Anulación de la resolución del CESE que desestima una solicitud, presentada por el demandante sobre la base del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, con la finalidad de que se le indemnice el perjuicio que afirma haber sufrido debido al supuesto ensañamiento, e incluso acoso administrativo.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 207, de 20.7.2013, p. 64.


title: Asunto C-122/11: Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

text:
               28.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 160/12

         Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-122/11)
   2011/C 160/13
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Kreuschitz y G. Rozet, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 7 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, (1) y de los artículos 18 TFUE y 45 TFUE por los que se establece el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, al no haber eliminado hasta el 1 de agosto de 2004 el requisito de residencia que impedía la actualización de las pensiones de los ciudadanos europeos y del EEE con residencia fuera de un país con el que Bélgica hubiera celebrado un acuerdo de reciprocidad y al no haber corregido la discriminación sufrida por éstos en el período anterior al 1 de agosto de 2004 por haber quedado privados de una parte de su pensión.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión alega que la normativa nacional discrimina a los nacionales de los demás Estados miembros en la medida en que, hasta el 1 de agosto de 2004, para la actualización de su pensión, dicha normativa exigía únicamente a éstos el requisito de residencia en el territorio de alguno de los Estados miembros o de los demás países que hubieran celebrado un acuerdo de reciprocidad con Bélgica.
   La Comisión alega, por otra parte, que el Reglamento (CE) no 883/2004, antes citado, no contempla el requisito de residencia en el territorio de un Estado miembro para poder invocar el principio de igualdad de trato. Así pues, las personas cubiertas por este Reglamento pueden solicitar que se aplique este principio aunque residan en un tercer Estado. En consecuencia, un Estado no puede limitar exclusivamente a sus nacionales las actualizaciones de las pensiones y debe igualmente reconocerlas a los jubilados con residencia en un tercer Estado.
   Por último, la Comisión considera que no pueden aceptarse las alegaciones basadas en la confianza legítima, en las dificultades prácticas y en las repercusiones financieras que las autoridades belgas formularon para justificar la imposibilidad de aplicar retroactivamente la legislación modificada.

      (1)  DO L 166, p. 1, corrección de errores DO L 200, p. 1.


title: Asunto C-4/09 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de enero de 2009 por Gerasimos Potamianos contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) el 15 de octubre de 2008 en el asunto T-160/04, Potamianos/Comisión

text:
               4.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/11

         Recurso de casación interpuesto el 8 de enero de 2009 por Gerasimos Potamianos contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) el 15 de octubre de 2008 en el asunto T-160/04, Potamianos/Comisión
   (Asunto C-4/09 P)
   (2009/C 82/21)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Gerasimos Potamianos (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule en su totalidad la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 15 de octubre de 2008 en el asunto T-160/04 (Potaminos/Comisión) por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó todas las pretensiones deducidas en su recurso interpuesto el 26 de abril de 2004 contra la decisión de la autoridad facultada para proceder a la contratación (AFPC) de no prorrogar su contrato de agente temporal.

               —

               Que se anule la decisión de la AFPC de no renovar el contrato de agente temporal.

               —

               Que se condene a la parte recurrida al pago de las costas de ambos procedimientos.

         Motivos y principales alegaciones
   La parte recurrente formula cuatro motivos en apoyo de su recurso de casación.
   Según el primer motivo, es incorrecta la interpretación del Tribunal de Primera Instancia según la cual el hecho de no haber renovado el contrato de agente temporal del recurrente se basó en razones relativas al interés del servicio. El superior jerárquico del propio demandante había solicitado en repetidas ocasiones, que se prorrogase su contrato. Por el contrario, varios indicios objetivos, pertinentes y concordantes permiten determinar que la aplicación de la norma «destinada a evitar la acumulación» por la que se fijaba en seis años el plazo máximo de duración del contrato de un agente, fue el único motivo para decidir no renovar el contrato de que se trata.
   Mediante su segundo motivo, el recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al afirmar que no presentó su candidatura para el puesto de trabajo de que se trata, siendo así que, en su debido momento, había solicitado la prórroga de su contrato, habiendo reiterado asimismo en varias ocasiones su solicitud, incluso después de haberse publicado la convocatoria para proveer vacante.
   En el marco de su tercer motivo, el recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al señalar que la AFPC no había incurrido en desviación de poder. Efectivamente, la finalidad declarada de la contratación de agentes temporales era reducir el número de puestos vacantes en el seno de la Comisión, y en particular poner remedio al escaso número de aprobados del concurso.
   Pues bien, este último objetivo no se alcanzó en modo alguno mediante la negativa a prorrogar el contrato del recurrente a raíz de la aplicación de la norma «destinada a evitar la acumulación» ya que la vacante correspondiente a su puesto se había publicado antes de que se publicaran las listas de aprobados de los concursos. Además, se contrató a otro agente temporal para un período prolongado en el citado puesto, mientras que fueron prorrogados de oficio los contratos de todos los demás agentes temporales contratados por poco tiempo con la misma finalidad, sin haberse publicado previamente las vacantes de sus puestos.
   Para terminar, se vulneró el principio de igualdad, dado que se prorrogó el contrato de todos los demás agentes temporales que se encontraban en una situación similar, con independencia de su antigüedad, contrariamente al procedimiento que se había seguido en su caso. En este contexto, se invirtió indebidamente la carga de la prueba durante el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, ya que incumbía a la parte recurrida y no al recurrente acreditar el cumplimiento de las normas que ella misma había adoptado.


title: Asunto T-389/14: Auto del Tribunal General de 11 de noviembre de 2015 — salesforce.com/OAMI (MARKETINGCLOUD)

text:
               25.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 27/76

         Auto del Tribunal General de 11 de noviembre de 2015 — salesforce.com/OAMI (MARKETINGCLOUD)
   (Asunto T-389/14) (1)

   (2016/C 027/97)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 329, de 22.9.2014.


title: Asunto T-86/12: Auto del Tribunal General de 12 de diciembre de 2012 — Robert Group/OAMI — Hardford Sweden (Pierre Robert)

text:
               2.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/27

         Auto del Tribunal General de 12 de diciembre de 2012 — Robert Group/OAMI — Hardford Sweden (Pierre Robert)
   (Asunto T-86/12) (1)

   2013/C 32/47
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 118, de 21.4.2012.


title: Asunto T-79/06: Recurso interpuesto el  23 de febrero de 2006  — Sachsa Verpackung/Comisión

text:
               22.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/32

         Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2006 — Sachsa Verpackung/Comisión
   (Asunto T-79/06)
   (2006/C 96/52)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Sachsa Verpackung GmbH (Wieda, Alemania) (representantes: F. Puel y L. François-Martin, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen los artículos 1, letra k), 2, letra i) y 4, punto 21, de la Decisión.

               —

               Con carácter subsidiario, que se modifique el artículo 2, letra i), de la Decisión y que se reduzca el importe de la multa.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2005) 4634 final, de 30 de noviembre de 2005, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (asunto COMP/F/38.354 — Sacos industriales), por la que la Comisión decidió que las empresas destinatarias de la Decisión, entre ellas la demandante, habían infringido el artículo 81 CE al participar en una serie de acuerdos o prácticas concertadas en el sector de los sacos industriales que afectaron a los territorios de Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Francia y España. En la parte de la Decisión referente a la demandante, la Comisión declaró que la demandante había participado en la infracción única y continua y la condenó a una multa.
   En apoyo de su primera alegación, presentada con carácter principal, la demandante invoca tres motivos.
   Mediante su primer motivo, la demandante reprocha a la Comisión haber cometido un error manifiesto de apreciación en cuanto al grado de implicación de la demandante en el cartel, ya que consideró que la demandante había participado activamente en la determinación de cuotas generales, en el reparto de los clientes y en la fijación de los precios.
   El segundo motivo está basado en una falta de motivación, en la medida en que la Comisión no motivó suficientemente con arreglo a Derecho la participación de la demandante en un sub-grupo alemán en el seno del cartel.
   Mediante su tercer motivo, la demandante alega que la Comisión infringió el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 (1) y el artículo 15 del Reglamento no 17/62 (2), porque, según la demandante, la Comisión había considerado erróneamente que ella no era una empresa autónoma y porque había decidido, también indebidamente, que el Groupe Gascogne, su matriz, debía ser declarado conjuntamente y solidariamente responsable del pago de la multa. Asimismo, la demandante sostiene que la Comisión cometió un error al determinar la parte de la multa que se le imputa por el período de su participación en la infracción que, por consiguiente, superó el límite máximo del 10 % de su volumen de negocios.
   En apoyo de su pretensión invocada con carácter subsidiario, la demandante sostiene que la Comisión no apreció correctamente el importe de la multa impuesta y que vulneró el principio de proporcionalidad, al apreciar erróneamente la gravedad y la duración de la infracción, y al no tener en cuenta la existencia de circunstancias atenuantes ni la cooperación de la demandante en virtud de la comunicación sobre la cooperación (3).

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).

      (2)  Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 13, p. 204; EE 08/01, p. 22).

      (3)  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).


title: Asunto C-177/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 15 de mayo de 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh/Région wallonne

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/30

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 15 de mayo de 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh/Région wallonne
   (Asunto C-177/09)
   2009/C 180/51
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh

      Demandada: Région wallonne

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede interpretarse el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, (1) en el sentido de que excluye de su ámbito de aplicación una normativa –tal como el Decreto de la Región Valona de 17 de julio de 2008 sobre permisos para los que existen razones imperiosas de interés general– que se limita a afirmar que «concurren las razones imperiosas de interés general» para la concesión de los permisos de urbanismo, de los permisos de medio ambiente y de los permisos únicos relativos a los actos y obras que enumera y que «ratifica» permisos para los que afirma que «concurren las razones imperiosas de interés general»?

               2)

                           a)

                           ¿Se oponen los artículos 1, 5, 6, 7, 8 y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE (2) y por la Directiva 2003/35/CE, (3) a un régimen jurídico en el que el derecho a realizar un proyecto sujeto a evaluación de las repercusiones se otorga mediante un acto legislativo contra el cual no cabe un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley, recurso que permita impugnar, en cuanto al fondo y al procedimiento seguido, la decisión que da derecho a realizar el proyecto?

                           b)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 9 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, (4) en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones, de las decisiones, de los actos u omisiones que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 6?

                           c)

                           Habida cuenta del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, ¿debe interpretarse el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE, en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad de las decisiones, de los actos u omisiones, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones?

      (1)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40).

      (2)  Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 73, p. 5).

      (3)  Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo — Declaración de la Comisión (DO L 156, p. 17).

      (4)  Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 124, p. 1).


title: Asunto C-1/16: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de A Coruña (España) el 4 de enero de 2016– Abanca Corporación Bancaria S.A./María Isabel Vázquez Rosende

text:
               14.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/22

         Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de A Coruña (España) el 4 de enero de 2016– Abanca Corporación Bancaria S.A./María Isabel Vázquez Rosende
   (Asunto C-1/16)
   (2016/C 098/29)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Audiencia Provincial de A Coruña

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Abanca Corporación Bancaria S.A.

      Recurrido: María Isabel Vázquez Rosende

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993 (1), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, pueden interpretarse en el sentido de que los efectos restitutorios de la declaración de nulidad por abusiva de una cláusula suelo contenida en un contrato de préstamo no se retrotraigan a la fecha de celebración del contrato sino a una fecha posterior?

               2)

               El criterio de buena fe de los círculos interesados que opera como fundamento de la limitación de la eficacia retroactiva derivada de la declaración de nulidad de una cláusula por abusiva, ¿es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que deba interpretarse de manera uniforme por el conjunto de los Estados miembros?

               3)

               Si la respuesta a la anterior cuestión es afirmativa, ¿qué presupuestos deben atenderse para determinar la existencia de la buena fe de los círculos interesados?

               4)

               En cualquier caso, ¿es conforme con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, la interpretación del concepto de buena fe de los círculos interesados en el sentido de que puede concurrir la buena fe en la actuación del profesional que, en la generación del contrato, ha motivado la falta de transparencia determinante de la abusividad de la cláusula?

               5)

               ¿Es conforme con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, la interpretación del concepto de buena fe de los círculos interesados en el sentido de que la buena fe del profesional puede ser valorada en abstracto o, por el contrario, debe ser valorada atendiendo a la conducto seguida por el profesional en el supuesto de contratación concreto?

               6)

               El riesgo de trastornos graves que opera como fundamento de la limitación de la eficacia retroactiva derivada de una cláusula abusiva, ¿es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que deba interpretarse de manera uniforme por el conjunto de los Estados miembros?

               7)

               Si la respuesta a la anterior cuestión es afirmativa, ¿qué criterios deben ser tomados en consideración?

               8)

               En cualquier caso, el riesgo de trastornos graves, ¿es conforme con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, que se valore tomando solo en consideración el que pueda producir para el profesional o también se debe tomar en cuenta el quebranto que se ocasione a los consumidores por la no restitución íntegra de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula suelo?

               9)

               El riesgo de trastornos graves con trascendencia para el orden público económico, en el caso de ejercicio de una acción individual por un consumidor, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, ¿debe valorarse atendiendo solo a la repercusión económica de esa acción en concreto o atendiendo a los efectos económicos que tendría el potencial ejercicio de una acción individual por un elevado número de consumidores?

      (1)  DO L 95, p. 29.


title: Asunto T-200/14: Sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2016 — Ben Ali/Consejo («Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez — Congelación de fondos — Base jurídica — Inscripción del nombre del demandante basada en una nueva motivación a raíz de la anulación de las medidas de congelación de fondos anteriores — Obligación de motivación — Derecho de propiedad — Proporcionalidad — Error de hecho — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Desviación de poder — Derecho a la vida — Derecho al respeto de la vida familiar — Responsabilidad extracontractual»)

text:
               30.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/23

         Sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2016 — Ben Ali/Consejo
   (Asunto T-200/14) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez - Congelación de fondos - Base jurídica - Inscripción del nombre del demandante basada en una nueva motivación a raíz de la anulación de las medidas de congelación de fondos anteriores - Obligación de motivación - Derecho de propiedad - Proporcionalidad - Error de hecho - Derecho de defensa - Derecho a la tutela judicial efectiva - Desviación de poder - Derecho a la vida - Derecho al respeto de la vida familiar - Responsabilidad extracontractual»))
   (2016/C 191/29)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (representante: A. de Saint Remy, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: G. Étienne y A. de Elera-San Miguel Hurtado, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión 2014/49/PESC del Consejo, de 30 de enero de 2014, por la que se modifica la Decisión 2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez (DO L 28, p. 38), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 81/2014 del Consejo, de 30 de enero de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 101/2011 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Túnez (DO L 28, p. 2), por cuanto tales actos afectan al demandante, y, por otra parte, una pretensión de indemnización.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Consejo de la Unión Europea.

      (1)  DO C 202 de 30.6.2014.


title: Asunto F-2/14: Recurso interpuesto el 9 de enero de 2014 — ZZ y ZZ/Tribunal de Cuentas

text:
               1.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 61/22

         Recurso interpuesto el 9 de enero de 2014 — ZZ y ZZ/Tribunal de Cuentas
   (Asunto F-2/14)
   2014/C 61/39
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: ZZ y ZZ (representantes: D. de Abreu Caldas y J.-N. Louis, abogados)

      Demandada: Tribunal de Cuentas Europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión del Tribunal de Cuentas de no examinar el curso que debía darse a la denuncia presentada por los demandantes contra dos de sus colegas por la declaración calumniosa conjunta de éstos y de considerar que no procedía tomar las medidas correspondientes en aplicación de su deber de asistencia.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la decisión de 13 de diciembre de 2012 del Tribunal de Cuentas de archivar la denuncia de los demandantes al amparo del artículo 24 contra dos de sus colegas.

               —

               Que se condene al Tribunal de Cuentas a pagar a los demandantes, en concepto de daño moral, un euro a cuenta de un daño moral valorado en cien mil euros.

               —

               Que se condene al Tribunal de Cuentas al pago de las costas.


title: Asunto C-575/10: Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 2010 — Comisión Europea/República de Hungría

text:
               5.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 72/6

         Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 2010 — Comisión Europea/República de Hungría
   (Asunto C-575/10)
   2011/C 72/09
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Kukovec y A. Sipos, agentes)

      Demandada: República de Hungría

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE, (1) así como del artículo 54, apartados 5 y 6, de la Directiva 2004/17/CE, (2) al no haber garantizado que, en los procedimientos de contratación pública, los operadores económicos puedan, en su caso, basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

               —

               Que se condene en costas a la República de Hungría.

      Motivos y principales alegaciones

   Tanto la Directiva 2004/17 como la Directiva 2004/18 conceden a los licitadores en los procedimientos de contratación pública la posibilidad de basarse, para acreditar su aptitud y el cumplimiento de los criterios de selección, en las capacidades de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos existentes entre ellos.
   A juicio de la Comisión, no resulta conforme con las correspondientes disposiciones de las citadas Directivas una normativa húngara que, en el caso de determinados criterios de aptitud, únicamente permite a los licitadores utilizar los medios de otras entidades que no participen directamente en la ejecución del contrato si poseen una participación mayoritaria en dichas entidades que les permita influir en ellas. De esta forma, en el caso de entidades que no participen como subcontratistas en la ejecución del contrato, la normativa nacional impugnada impone un requisito adicional para que el licitador pueda basarse en las capacidades de tales entidades en el curso del procedimiento de contratación pública.
   Las disposiciones de las Directivas son inequívocas: sin requerir que las entidades que proporcionan los medios estén directamente implicadas en la ejecución del contrato, exige que la normativa nacional garantice la posibilidad de basarse en los medios de dichas entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos existentes ente el licitador y dichas entidades. El único requisito es que el licitador pueda demostrar a los poderes adjudicadores que dispondrá efectivamente de los medios necesarios para la ejecución del contrato.
   Sin embargo, continúa la Comisión, la normativa húngara objeto de recurso limita a este respecto las posibilidades de los licitadores, a los que, en la práctica, no les queda más opción que implicar en la ejecución del contrato, como subcontratistas, a las entidades que proporcionan dichos medios, a menos que, desde un primer momento, dispongan en tales entidades de una participación mayoritaria que les permita ejercer su influencia sobre ellas.
   La Comisión afirma que la normativa nacional censurada no puede justificarse con el objetivo de reprimir las prácticas destinadas a eludir las normas de contratación pública, porque tal objetivo no puede invocarse para justificar una disposición contraria a la normativa de la Unión relativa a la contratación pública que restringe de manera desproporcionada los derechos y obligaciones procedimentales que se desprenden de las Directivas. Naturalmente los Estados miembros tienen la posibilidad, dentro de los límites impuestos por las Directivas, de decidir la forma en que los licitadores deben acreditar que dispondrán efectivamente de los medios de otras entidades, pero deben hacerlo sin generar una distinción por razón de la naturaleza jurídica de los vínculos con tales entidades.
   La Comisión rechaza la tesis de la República de Hungría de que una entidad que no participa en la ejecución del contrato no puede acreditar que cumple los criterios mínimos de selección consistentes en poder poner efectivamente a disposición los medios necesarios en el momento de la ejecución del contrato. A este respecto, la Comisión hace hincapié en que el apartado 3 del artículo 48 de la Directiva 2004/18/CE dispone expresamente que el licitador puede acreditar la disponibilidad de los medios de otras entidades «mediante la presentación del compromiso de dichas entidades de poner a disposición del operador económico los medios necesarios». De ello se desprende que una entidad que aporta sus medios puede acreditar que posee los medios que deberá poner a disposición en el momento de la ejecución del contrato, sin tener que participar directamente en la ejecución del contrato.
   La Comisión señala, por último, que la normativa nacional controvertida puede producir efectos discriminatorios de los licitadores extranjeros. Aunque la legislación húngara pertinente se aplica todos los licitadores, de hecho limita las posibilidades de participar en las licitaciones en particular en el caso de los licitadores extranjeros, puesto que, en general, éstos no disponen, en el lugar de ejecución del contrato, de todos los medios necesarios para ello, por lo que, en los procedimientos de contratación pública, se ven obligados a recurrir, con mayor frecuencia que los licitadores húngaros, a las capacidades de operadores económicos locales independientes de ellos.

      (1)  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).

      (2)  Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 134, p. 1).


title: Asunto C-110/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 2 de marzo de 2015 — Nokia Italia SpA y otros/Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) y otros

text:
               1.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 2 de marzo de 2015 — Nokia Italia SpA y otros/Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) y otros
   (Asunto C-110/15)
   (2015/C 178/07)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

      Recurridas: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), en liquidación, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el ordenamiento jurídico de la Unión — en particular el considerando 31 y el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE (1) — a una normativa nacional (en particular, el artículo 71 sexies de la LDA [Ley sobre derechos de autor] italiana, en relación con el artículo 4 del [decreto de] 30 de diciembre de 2009) que establece que, en lo que se refiere a soportes y dispositivos adquiridos con fines manifiestamente ajenos a la copia privada — es decir, para uso exclusivamente profesional —, la determinación de los criterios de exención ex ante del canon se encomienda a la contratación — es decir, a la «libre negociación» — privada, en especial en lo que atañe a los «protocolos de aplicación» mencionados en el artículo 4, antes citado, y no contiene ninguna disposición de carácter general ni garantías de igualdad de trato entre la SIAE [Sociedad italiana de Autores y Editores] y las personas obligadas al pago de la compensación o sus asociaciones sectoriales?

               2)

               ¿Se opone el ordenamiento jurídico de la Unión — en particular el considerando 31 y el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE — a una normativa nacional (en particular, el artículo 71 sexies de la LDA italiana, en relación con el [decreto de] 30 de diciembre de 2009 y con las instrucciones impartidas por la SIAE en materia de devolución) que establece que, en lo que se refiere a soportes y dispositivos adquiridos con fines manifiestamente ajenos a la copia privada — es decir, para uso exclusivamente profesional —, la devolución sólo puede exigirla el usuario final y no el fabricante de tales soportes y dispositivos?

      (1)  Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).


title: Asunto C-122/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) el 15 de marzo de 2013 — Paola C./Presidenza del Consiglio dei Ministri

text:
               18.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) el 15 de marzo de 2013 — Paola C./Presidenza del Consiglio dei Ministri
   (Asunto C-122/13)
   2013/C 141/28
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Ordinario di Firenze

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Paola C.

      Demandada: Presidenza del Consiglio dei Ministri

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse el artículo 12 de la Directiva 2004/80/CE (1) en el sentido de que autoriza a los Estados miembros a establecer una indemnización para las víctimas de algunos tipos de delitos violentos o dolosos o de que obliga, por el contrario, a los Estados miembros a adoptar, en aplicación de la citada Directiva, un régimen de indemnización para las víctimas de todos los delitos violentos o dolosos?

      (1)  Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos (DO L 261, p. 15).


title: Asunto C-342/06 P: Recurso de casación interpuesto el 7 de agosto de 2006 por La Poste contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) dictada el 7 de junio de 2006 en el asunto T-613/97, Union française de l'express (Ufex) y otros/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               14.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 249/5

         Recurso de casación interpuesto el 7 de agosto de 2006 por La Poste contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) dictada el 7 de junio de 2006 en el asunto T-613/97, Union française de l'express (Ufex) y otros/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-342/06 P)
   (2006/C 249/10)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: La Poste (representante: H. Lehman, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas, República Francesa, Chronopost SA, Union française de l'express (Ufex), DHL International SA, Federal express international (France) SNC, CRIE SA
   Pretensiones de la parte recurrente
   Mediante su recurso, la parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia:

               —

               Que anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2006 en la medida que anula la Decisión 98/365/CE de la Comisión, de 1 de octubre de 1997, relativa a las ayudas que Francia habría otorgado a SFMI-Chronopost (1), en cuanto que afirma que ni el apoyo logístico y comercial prestado por La Poste a su filial, SFMI Chronopost, ni la transmisión de Postadex, constituyen ayudas estatales en favor de SFMI Chronopost.

               —

               Que condene a Union française de l'express y a las sociedades DHL International, Federal express international y CRIE al pago de las costas en que haya incurrido La Poste ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso de casación, la recurrente alega tres motivos:
   Mediante su primer motivo, la recurrente alega la infracción, por parte del Tribunal de Primera Instancia, de los artículos 6 UE y 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en la medida que dicho órgano jurisdiccional no ofrece todas las garantías de imparcialidad puesto que el Juez que había ejercido la función de Juez Ponente en la sentencia impugnada de 7 de junio de 2006 era también el Presidente de la Sala que dictó la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Ufex y otros/Comisión (T-613/97, Rec. p. II-4055), que fue anulada por el Tribunal de Justicia.
   Mediante su segundo motivo, que consta de dos partes, la recurrente reprocha además al Tribunal de Primera Instancia haber cometido varios errores de Derecho y de procedimiento. Por una parte, afirma que el Tribunal de Primera Instancia no declaró inadmisibles los motivos que no figuraban en la demanda inicial de las partes demandantes, y que los examinó, contraviniendo así el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Por otra parte, señala que este órgano jurisdiccional cometió un error de Derecho al considerar, erróneamente, que la realización de una actividad económica a través de filiales constituye, por principio, una ayuda estatal. Alega que el Tribunal de Primera Instancia, en concreto, aplicó de modo equivocado éste último concepto al no tomar en consideración la situación particular de la realización a través de filiales de una actividad económica anteriormente ejercida por el Estado y al abstenerse de apreciar los efectos que la medida tiene sobre el mercado.
   Mediante su tercer motivo, la recurrente reprocha además al Tribunal de Primera instancia haber impuesto a la Comisión una obligación de motivación excesiva que vulnera tanto el artículo 88 CE, por el que se reconoce a la Comisión una amplia facultad de apreciación cuando se trata de apreciaciones económicas complejas, como el artículo 253 CE, que no exige que la motivación de una resolución desestimatoria de una denuncia sea tan detallada como un informe de auditoría.

      (1)  DO 1998 L 164, p. 37.


title: Asunto T-188/12: Sentencia del Tribunal General de 27 de febrero de 2015 — Breyer/Comisión [«Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Escritos presentados por la República de Austria en un procedimiento por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia — Denegación de acceso»]

text:
               20.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 127/19

         Sentencia del Tribunal General de 27 de febrero de 2015 — Breyer/Comisión
   (Asunto T-188/12) (1)

   ([«Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Escritos presentados por la República de Austria en un procedimiento por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia - Denegación de acceso»])
   (2015/C 127/26)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Alemania) (representante: M. Starostik, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente P. Costa de Oliveira y H. Krämer, y posteriormente H. Krämer y M. Konstantinidis, agentes, asistidos inicialmente por A. Krämer y R. Van der Hout, y posteriormente por R. Van der Hout, abogados)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandante: República de Finlandia (representantes: J. Heliskoski y S. Hartikainen, agentes) y Reino de Suecia (representantes: inicialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre y H. Karlsson, y posteriormente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson y F. Sjövall, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación, por una parte, de la decisión de la Comisión de 16 de marzo de 2012 por la que se desestima una solicitud presentada por el demandante dirigida a obtener el acceso a su informe jurídico relativo a la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105, p. 54), y, por otra, de la decisión de la Comisión de 3 de abril de 2012 por la que se deniega conceder al demandante el acceso completo a los documentos relativos a la transposición de la Directiva 2006/24 por la República de Austria y a los documentos relativos al asunto que dio lugar a la sentencia de 29 de julio de 2010, Comisión/Austria (C-189/09, EU:C:2010:455), en la medida en que, por lo que respecta a esta última decisión, se denegó el acceso a los escritos presentados por la República de Austria en ese asunto.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de la Comisión Europea de 3 de abril de 2012 por la que se deniega conceder al Sr. Patrick Breyer el acceso completo a los documentos relativos a la transposición por la República de Austria de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, y a los documentos relativos al asunto que dio lugar a la sentencia de 29 de julio de 2010, Comisión/Austria (C 189/09), en la medida en que deniega el acceso a los escritos presentados por la República de Austria en el citado asunto.

               2)

               Sobreseer el recurso en cuanto a la pretensión de anulación de la decisión de la Comisión de 16 de marzo de 2012 por la que se deniega una solicitud presentada por el Sr. Breyer para obtener el acceso a su informe jurídico relativo a la Directiva 2006/24.

               3)

               La Comisión cargará, además de con sus propias costas, con la mitad de las costas del Sr. Breyer.

               4)

               La República de Finlandia y el Reino de Suecia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 194, de 30.6.2012.


title: Asunto T-804/14: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2014  — Ogrodnik/OAMI — Aviário Tropical (Tropical)

text:
               23.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/39

         Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2014 — Ogrodnik/OAMI — Aviário Tropical (Tropical)
   (Asunto T-804/14)
   (2015/C 065/54)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Polonia) (representantes: A. von Mühlendahl y H. Hartwig, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Aviário Tropical, S.A. (Loures, Portugal)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular de la marca controvertida: La demandante

      Marca controvertida: Marca figurativa en blanco y negro que contiene el elemento denominativo «Tropical» — Marca comunitaria no 3 435 773

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 22 de septiembre de 2014 en el asunto R 1948/2013-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento, si interviene como coadyuvante, a cargar con las costas.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, en relación con los artículos 53, apartado 1, letra a), y 75 del mismo Reglamento.


title: Asunto T-349/09: Recurso interpuesto el 3 de septiembre de 2009 — PAGO International/OAMI — Tirol Milch (Pago)

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/76

         Recurso interpuesto el 3 de septiembre de 2009 — PAGO International/OAMI — Tirol Milch (Pago)
   (Asunto T-349/09)
   2009/C 267/136
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Austria) (representantes: C. Hauer y C. Schumacher, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Austria)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se modifique la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 1 de julio de 2009, relativa al procedimiento de nulidad no 2025 C (marca comunitaria no915 488), en el sentido de desestimar el recurso interpuesto por Tirol Milch registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung contra la resolución de la División de Anulación de 4 de agosto de 2008, y que se condene a Tirol Milch registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung a cargar con las costas del procedimiento de recurso.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso y que se devuelva el asunto a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) para que ésta dicte una nueva resolución.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: marca figurativa en color «Pago» para productos de la clase 32 (Marca comunitaria no915 488)

      Titular de la marca comunitaria: La demandante

      Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: Tirol Milch registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

      Resolución de la División de Anulación: Declaración parcial de la caducidad de la marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación parcial de la resolución de la División de Anulación y declaración de la caducidad de la marca comunitaria
   Motivos invocados:

               —

               Infracción del artículo 51 en relación con el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) puesto que, según la demandante, se consideró erróneamente que el uso conservativo de la marca objeto del litigio no había quedado probado.

               —

               Infracción del artículo 75 del Reglamento no 207/2009 y vulneración de los derechos fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario, en particular del derecho a un juicio justo.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).


title: Asunto T-273/17: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2017 — Quadri di Cardano/Comisión

text:
               10.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/35

         Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2017 — Quadri di Cardano/Comisión
   (Asunto T-273/17)
   (2017/C 221/50)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Alessandro Quadri di Cardano (Schaerbeek, Bélgica) (representantes: N. De Montigny y J.-N. Louis, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare que la decisión de 19 de julio de 2016 de la PMO por la que se fijaban sus derechos individuales cuando entró en funciones en la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) es nula en la medida en que deniega la concesión de la indemnización por expatriación del 16 % en aplicación del artículo 4 del anexo VII del Estatuto y, por consiguiente, implica la no concesión de los derechos asociados a dicha indemnización y, en particular, los gastos de viaje anual.

               —

               Condene en costas a la parte demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que no se tuvieron en cuenta las discusiones y negociaciones ligadas al período anterior a la reforma del Estatuto de los Funcionarios y, en particular, en la vulneración de las expectativas legítimas, de los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica de la parte demandante, así como de los derechos adquiridos por esta última, como consecuencia del análisis repentinamente diferente de su expediente de derechos individuales.

               2.

               Segundo motivo, basado en un contrato de puesta a disposición de Derecho belga invocado por la Comisión para justificar la prueba de la residencia en Bélgica de la parte demandante durante una ocupación para un empleador privado. Este motivo se divide en tres partes.

                           —

                           Primera parte, basada en la desviación de poder y en el abuso de poder en el que, supuestamente, incurrió la Comisión, al intentar excluir cualquier vínculo de subordinación entre ésta y la parte demandante durante el período de ocupación como trabajador puesto a disposición para desentenderse de la existencia de un empleo en beneficio de una organización internacional que, en principio, debe retrotraer el análisis de los requisitos exigidos en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto.

                           —

                           Segunda parte, basada en el error de Derecho, en la infracción de las disposiciones legales belgas en materia de contratos de puesta a disposición y en la aplicación de la ley en contra del objetivo de la misma en los que, supuestamente, ha incurrido la Comisión.

                           —

                           Tercera parte, basada en un error manifiesto de apreciación y en una vulneración del principio de proporcionalidad y del principio de buena administración.


title: Asunto T-243/03: Recurso interpuesto el 27 de junio de 2003 por Guardant Inc. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
1.11.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 264/27
                                                   TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Recurso interpuesto el 27 de junio de 2003 por Guardant                   Motivos invocados:             —    La marca solicitada no carece
Inc. contra la Oficina de Armonización del Mercado                                                            de carácter distintivo en el
            Interior (marcas, dibujos y modelos)                                                              sentido del artículo 7, apar-
                                                                                tado 1, letra b), del Regla-
                                                                                mento (CE) no 40/94 (1).
                       (Asunto T-243/03)
                                                                                —    La marca solicitada no cons-
                                                                                tituye la forma normal de
                         (2003/C 264/48)                                                                      designar determinados servi-
                                                                                cios en los ámbitos del trans-
                                                                                porte, del almacenamiento
                 (Lengua de procedimiento: inglés)                                                            ni de los viajes.
                                                                          (1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20.12.93 sobre la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                        marca comunitaria (DO L 11, p. 1).
Europeas se ha presentado el 27 de junio de 2003 un recurso
contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) formulado por Guardant Inc., con
domicilio social en Atlanta (Estados Unidos), representada por
G. Farrington, Solicitor.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                      Recurso interpuesto el 21 de julio de 2003 contra la
                                                                            Comisión de las Comunidades Europeas por la Sra. «Z»
—    Anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la
     Oficina de 28 de abril de 2003.
                                                                                (Asunto T-259/03)
—    Ordene a la Oficina que remita la solicitud de registro de
     marca comunitaria no 1713213 a la División de Examen
                                                                                (2003/C 264/49)
     para que ésta vuelva a examinarla.
—    Condene en costas a la Oficina.                                                        (Lengua de procedimiento: griego)
Motivos y principales alegaciones                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 21 de julio de 2003 un recurso
                                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Marca comunitaria soli-        La marca denominativa «PENSA-              por la Sra. «Z», con domicilio en Atenas, representada por el
citada:                        MOS MÁS EN USTED» — solici-                Sr. Basilios Christianos.
                               tud de registro no 1713213
Productos o servicios          Servicios clasificados en la
para los que se solicita:      clase 39 (servicios de transporte,         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          que:
                               almacenamiento y viajes; trans-
                               porte de pasajeros y cargamentos;
                               programas de bonificación a pasa-          —     Condene a la parte demandada a pagar a la demandante,
                               jeros asiduos)                                   en concepto de indemnización por los daños causados, la
                                                                                cantidad de 900 000 euros, de los cuales 700 000 euros
Decisión      impugnada        Denegación de registro por el exa-               corresponden al daño moral y 200 000 euros al daño a
ante la Sala de Recurso:       minador.                                         la salud, así como los intereses correspondientes a partir
                                                                                de la fecha en que se determine el daño.
Resolución de la Sala de       Desestimación del recurso.
Recurso:                                                                  —     Condene en costas a la parte demandada.


title: Asunto F-87/12 RENV: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 21 de abril de 2015 — Alsteens/Comisión (Función pública — Devolución tras la anulación — Agente temporal — Renovación del contrato — Regla de los seis años)

text:
               8.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/32

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 21 de abril de 2015 — Alsteens/Comisión
   (Asunto F-87/12 RENV)
   ((Función pública - Devolución tras la anulación - Agente temporal - Renovación del contrato - Regla de los seis años))
   (2015/C 190/36)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Bélgica) (representante: S. Orlandi, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representante: J. Currall, agente)

      Objeto

   Devolución tras la anulación — Función pública — Anulación de la decisión de la Comisión de limitar el período de prórroga del contrato del demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Alsteens cargará con sus propias costas en los asuntos F-87/12, T-373/13 P y F-87/12 RENV, así como con las de la Comisión Europea en el asunto F-87/12.

               3)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas en los asuntos T-373/13 P y F-87/12 RENV.


title: Asuntos T-362/05 y T-363/05: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de diciembre de 2008 — Nuova Agricast y Cofra/Comisión ( Responsabilidad extracontractual de la Comunidad — Régimen de ayudas establecido por la legislación italiana — Régimen declarado compatible con el mercado común — Medida transitoria — Exclusión de determinadas empresas — Principio de protección de la confianza legítima — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Inexistencia )

text:
               24.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/24

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de diciembre de 2008 — Nuova Agricast y Cofra/Comisión
   (Asuntos T-362/05 y T-363/05) (1)

   («Responsabilidad extracontractual de la Comunidad - Régimen de ayudas establecido por la legislación italiana - Régimen declarado compatible con el mercado común - Medida transitoria - Exclusión de determinadas empresas - Principio de protección de la confianza legítima - Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Inexistencia»)
   (2009/C 19/44)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandantes: Nuova Agricast Srl (Cerignola, Italia) y Cofra Srl (Barletta, Italia) (representante: M.A. Calabrese, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Di Bucci y E. Righini, agentes)
   Objeto
   Demanda de resarcimiento del daño supuestamente sufrido por las demandantes como consecuencia de la adopción por la Comisión de la decisión de 12 de julio de 2000, que declara compatible con el Mercado común un régimen de ayudas establecido por la legislación italiana en forma de ayudas a la inversión en las regiones desfavorecidas de Italia [Ayuda de Estado no 715/99 — Italia (SG 2000 D/105754)] y del comportamiento de la Comisión durante el procedimiento anterior a la adopción de la mencionada decisión.
   Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-362/05 y T-363/05 a efectos de la sentencia.

               2)

               Desestimar los recursos.

               3)

               Condenar a Nuova Agricast Srl a cargar con sus propias costas y con aquéllas en las que haya incurrido la Comisión en el asunto T-362/05.

               4)

               Condenar a Cofra Srl a cargar con sus propias costas y con aquéllas en las que haya incurrido la Comisión en el asunto T-363/05.

      (1)  DO C 296 de 26.11.2005.


title: Asunto T-105/10: Recurso interpuesto el 1 de marzo de 2010 — BASF/Comisión

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/70

         Recurso interpuesto el 1 de marzo de 2010 — BASF/Comisión
   (Asunto T-105/10)
   2010/C 113/104
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Alemania) (representantes: F. Montag, J. Blockx y T. Wilson, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión impugnada.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   El demandante solicita la anulación de la Decisión C(2009) 10568 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2009, en el asunto no COMP/M.5355 — BASF/Ciba, por la que se rechaza la propuesta de 6 de noviembre de 2009 de reconocer a Roquette Frères como comprador de Divestment Business SDA, así como la solicitud de modificar los compromisos conforme a los que la Comisión, mediante su Decisión C(2009) 1961 de 12 de marzo de 2009, declaró compatible con el mercado común la operación por la que el demandante adquiere el control total de CIBA Holding AG («Ciba»).
   El demandante invoca los siguientes motivos en apoyo de su petición de anulación.
   En primer lugar, alega que al rechazar al comprador propuesto, la demandada infringió el artículo 6, apartado 2, del Reglamento no 139/2004, (1) los apartados 418 y 419 de la Decisión por la que se aprueba la adquisición de Ciba por BASF, los artículos 4, letras a) y b), 13, 14 y 34 y el anexo B de los compromisos anejos y los párrafos 31, 48, 73 y 102 de la Comunicación sobre las soluciones aceptables. (2)

   El demandante alega, en particular, que la demandada basó su rechazo del comprador propuesto en unos hechos erróneos e incurrió en manifiesto error de apreciación en cuanto al incentivo de Roquette Frères de mantener y desarrollar Divestment Business. Asimismo, alega que la demandada se basó en unos hechos erróneos e incurrió en error manifiesto de apreciación por lo que respecta a la solicitud del demandante de modificar los compromisos conforme a la cláusula de revisión de éstos.
   En segundo lugar, el demandante aduce que la Decisión impugnada vulnera el principio de proporcionalidad puesto que, en su opinión, el rechazo de su propuesta no era necesario para alcanzar el objetivo de los compromisos de evitar la creación o el fortalecimiento de una posición dominante.
   En tercer lugar, el demandante sostiene que la demandada vulneró el principio de buena administración y el artículo 296 TFUE al no oír al demandante antes de adoptar la Decisión impugnada y al no motivar adecuadamente dicha Decisión.

      (1)  Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO L 24, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 802/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 133, p. 1).


title: Archivo del asunto C-345/03

text:
               19.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/19

         Archivo del asunto C-345/03 (1)

   (2005/C 45/39)

      (Lengua de procedimiento: francés)

   Mediante auto de 29 de noviembre de 2004, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-345/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 226, de 20.9.03.


title: Asunto C-74/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) el 10 de febrero de 2014 — UAB «Eturas» y otros/Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

text:
               12.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) el 10 de febrero de 2014 — UAB «Eturas» y otros/Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
   (Asunto C-74/14)
   2014/C 142/22
   Lengua de procedimiento: Lituano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: UAB «Eturas» y otros

      Recurrida: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

      Otras partes en el procedimiento: UAB «Aviaeuropa», UAB «Grand Voyage», UAB «Kalnų upė», UAB «Keliautojų klubas», UAB «Smaragdas travel», UAB «700LT», UAB «Aljus ir Ko», UAB «Gustus vitae», UAB «Tropikai», UAB «Vipauta», UAB «Vistus»

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se debe interpretar el artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que, en una situación en la que operadores económicos participan en un sistema informático común de información como el descrito en el caso de autos y el Consejo de la Competencia ha demostrado que en dicho sistema se incluyeron un aviso del sistema sobre la restricción de descuentos y una restricción técnica a la introducción de porcentajes de descuento, cabe presumir que dichos operadores económicos tenían conocimiento o debían tener conocimiento del aviso del sistema incluido en el sistema informático de información y, al no oponerse a la aplicación de dicha restricción de los descuentos, manifestaron su consentimiento tácito a la misma, motivo por el que se les podría considerar responsables de participar en unas prácticas concertadas con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿qué factores deben tomarse en consideración para determinar si los operadores económicos que participan en un sistema informático común de información, en circunstancias como las del procedimiento principal, han participado en unas prácticas concertadas en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1?


title: Asunto T-106/13: Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2013 — Synergy Hellas/Comisión

text:
               18.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/21

         Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2013 — Synergy Hellas/Comisión
   (Asunto T-106/13)
   2013/C 141/38
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Atenas, Grecia) (representantes: M. Angelopoulos y K. Damis, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare que la Comisión Europea incumplió sus obligaciones contractuales en el marco del principio de proporcionalidad y de la confianza legítima al excluir a la demandante del programa ARTreat y obligue a la Comisión a abonar a la demandante la cantidad de trescientos cuarenta y tres mil ochocientos veintiocho euros con ochenta y ocho céntimos (343 828,88), por los pagos debidos por la Comisión Europea en relación con la obra ARTreat, junto con los intereses a partir de la presentación de la presente.

               —

               Obligue a la Comisión Europea a abonar a la demandante la cantidad de ochenta y nueve mil novecientos treinta y tres euros (89 933,16 EUR), en concepto de indemnización por el perjuicio económico y el menoscabo de su reputación profesional que sufrió la demandante, debido al abuso de autoridad e infracción del secreto profesional, junto con intereses compensatorios a partir del 14 de junio de 2012 hasta que se dicte la sentencia en el presente asunto y con intereses de demora desde que se dicte la sentencia en el presente litigio hasta el pago completo.

               —

               Condene a la Comisión Europea al pago de las costas procesales de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En su recurso, la parte demandante formula dos pretensiones.
   Primera pretensión, basada en la responsabilidad de la Comisión en virtud del contrato FP7-224297 para la ejecución de la obra «Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decisión support treatment, and vitual hand-on training (ARTreat)», de conformidad con el artículo 272 TFUE. En particular, la demandante sostiene que, pese a haber ejecutado por completo y debidamente sus obligaciones contractuales, la Comisión, sin estar facultada para ello y en incumplimiento de las obligaciones reseñadas y en vulneración de los principios de confianza legítima y de proporcionalidad, suspendió el pago a aquélla.
   Segunda pretensión, basada en la responsabilidad extracontractual de la Comisión, en virtud del artículo 340 TFUE, párrafo segundo. En particular, la demandante sostiene que la Comisión, debido a su conducta contraria a Derecho, menoscabó la reputación profesional de la demandante.


title: Asunto T-349/12: Sentencia del Tribunal General de 6 de septiembre de 2013 — Leiner/OAMI — Recaro (REVARO) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria gráfica REVARO — Marca internacional denominativa anterior RECARO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               19.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 304/19

         Sentencia del Tribunal General de 6 de septiembre de 2013 — Leiner/OAMI — Recaro (REVARO)
   (Asunto T-349/12) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria gráfica REVARO - Marca internacional denominativa anterior RECARO - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2013/C 304/33
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Rudolf Leiner GmbH (Sankt Pölten, Austria) (representantes: W. Emberger, I. Rudnay y L. Emberger, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Poch, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, coadyuvante ante el Tribunal General: Recaro Holding GmbH, anteriormente Recaro Beteiligungs- GmbH (Stuttgart, Alemania) (representante: J. Weiser, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 16 de mayo de 2012 (asunto R 482/2011-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Recaro Beteiligungs-GmbH y Rudolf Leiner GmbH.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Rudolf Leiner GmbH.

      (1)  DO C 287, de 22.9.2012.


title: Asunto C-106/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — M.J. Bakker/Minister van Financiën (Seguridad social de los trabajadores migrantes — Legislación aplicable — Trabajador de nacionalidad neerlandesa que trabaja a bordo de dragas que navegan fuera del territorio de la Unión Europea bajo pabellón neerlandés, para un empresario establecido en los Países Bajos — Residencia en el territorio de otro Estado miembro — Afiliación al sistema neerlandés de seguridad social)

text:
               21.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — M.J. Bakker/Minister van Financiën
   (Asunto C-106/11) (1)

   (Seguridad social de los trabajadores migrantes - Legislación aplicable - Trabajador de nacionalidad neerlandesa que trabaja a bordo de dragas que navegan fuera del territorio de la Unión Europea bajo pabellón neerlandés, para un empresario establecido en los Países Bajos - Residencia en el territorio de otro Estado miembro - Afiliación al sistema neerlandés de seguridad social)
   2012/C 217/07
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: M.J. Bakker

      Demandada: Minister van Financiën

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación de los artículos 1, letra a), 2 y 13, apartado 2, letra c), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98) — Trabajador de nacionalidad neerlandesa que trabaja a bordo de dragas que navegan fuera del territorio de la Unión Europea bajo pabellón neerlandés, para un empresario establecido en los Países Bajos — Trabajador residente en el territorio de otro Estado miembro — No afiliación al sistema neerlandés de seguridad social.

      Fallo

   El artículo 13, apartado 2, letra c), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, a su vez en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 307/1999 del Consejo, de 8 de febrero de 1999, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una medida legislativa de un Estado miembro excluya de la afiliación al régimen de seguridad social de dicho Estado a una persona que se encuentre en una situación como la del recurrente en el asunto principal, que tiene la nacionalidad de ese Estado miembro pero no reside en él, y trabaja en una draga con pabellón de dicho Estado miembro que desarrolla sus actividades fuera del territorio de la Unión Europea.

      (1)  DO C 160, de 28.5.2011.