title: Asunto T-411/05: Recurso interpuesto el  18 de noviembre de 2005  — Gerolf Annemans/Comisión

text:
               11.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 36/32

         Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 2005 — Gerolf Annemans/Comisión
   (Asunto T-411/05)
   (2006/C 36/69)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Gerolf Annemans (representante: C. Symons, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia para que, con arreglo al artículo 231 CE, apartado 1, anule la decisión de la Comisión Europea de 5 de septiembre de 2005 (asunto COMP/39.225).

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante señala que presentó ante la Comisión una denuncia contra Belgacom y Telenet por infracción de los artículos 81 CE y 82 CE en el mercado de conexiones a internet de banda ancha para los usuarios finales.
   La Comisión informó al demandante que, en este estadio, no veía motivos en los hechos denunciados por el demandante para abrir una investigación y que su postura, basada en la información de la que disponían sus servicios, era provisional a la espera de indicaciones complementarias que el demandante eventualmente deseaba transmitir.
   En primer lugar, el demandante alega que no le corresponde a él buscar pruebas de su denuncia, sino a la propia Comisión sobre la base de las presunciones materiales aducidas por el demandante.
   Según el demandante, la explicación de la Comisión de que los operadores fijan a menudo sus precios en función del líder del mercado no resulta convincente para responder a la cuestión de si la casi inexistencia de diferencias entre los precios de internet de Belgacom y los de Telenet es fruto de una mera coincidencia en el mercado libre o de una infracción del artículo 81 CE.
   Asimismo, el demandante sostiene que los precios más elevados en Bélgica, contemplados en su denuncia, efectivamente no demuestran por sí solos una infracción del artículo 82 CE, pero que tampoco demuestran que no se hubiera cometido ninguna infracción. Por consiguiente, la Comisión no puede exonerar, sobre esta base, a las empresas denunciadas de haber infringido el artículo 82 CE.
   A continuación, el demandante explica que la Comisión se equivoca cuando duda de la posición dominante de Belgacom y de Telenet en el mercado belga. Señala que ambos operadores aplican aproximadamente los mismos precios elevados y que se reparten casi el 90 % del mercado belga de acceso a internet de banda ancha. Asimismo, considera que no cabe sacar ninguna conclusión del hecho de que en el mercado existan conexiones a internet competidoras y más económicas con una velocidad de descarga inferior. Además, según el demandante, la Comisión se contradice cuando afirma, por una parte, que el Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Instituto belga de Correos y Telecomunicaciones; en lo sucesivo «BIPT») garantiza la competencia y, por otra, que el BIPT examina en estos momentos si se garantiza efectivamente la competencia en el mercado belga.
   Por último, el demandante sostiene que la Comisión se abstiene de demostrar por qué hay un interés comunitario insuficiente.


title: Asunto C-388/05: Recurso interpuesto el  24 de octubre de 2005  contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               28.1.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/5

         Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-388/05)
   (2006/C 22/09)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 24 de octubre de 2005 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. Aresu y la Sra. D. Recchia, en calidad de agentes.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República Italiana:

                           a)

                           antes del 28 de diciembre de 1998, fecha de designación de la Zona de protección especial (ZPE) «Valloni e steppe pedegarganiche», incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 79/409/CEE (1) del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, al no haber adoptado las medidas adecuadas para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida en que tengan un efecto significativo, en relación con el plan denominado «pacto de área» y con los proyectos previstos en éste, que podían tener impacto en los hábitats y en las especies comprendidas en la IBA no 94 (del catálogo IBA 89) «Promontorio del Gargano» y han provocado efectivamente el deterioro de los hábitats, así como perturbaciones que afectan a las aves contenidas en las citadas IBA;

                           b)

                           después del 28 de diciembre de 1998, fecha de designación de la Zona de protección especial (ZPE) «Valloni e steppe pedegarganiche», ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 6, apartados 2, 3 y 4, y 7 de la Directiva 92/43/CEE (2) del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

               —

               Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   La República Italiana, al no haber adoptado las medidas adecuadas para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida en que tengan un efecto significativo, en relación con el plan denominado «pacto de área» y con los proyectos previstos en éste, en la zona posteriormente designada Zona de protección especial (ZPE) «Valloni e steppe pedegarganiche», ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y, después del 28 de diciembre de 1998, las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 6, apartados 2, 3 y 4, y 7 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

      (1)  DO L 103, de 25.4.1979, p. 1; EE 15/02, p. 125.

      (2)  DO L 206, de 22.7.1992, p. 7.


title: Asunto T-198/12: Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2012 — Alemania/Comisión

text:
               7.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 200/19

         Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2012 — Alemania/Comisión
   (Asunto T-198/12)
   2012/C 200/39
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y A. Wiedmann)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C(2012) 1384 final de la Comisión, de 1 de marzo de 2012, relativa a las disposiciones nacionales notificadas por el Gobierno de la República Federal de Alemania por las que se mantienen los valores límite para el plomo, el bario, el arsénico, el antimonio, el mercurio y las nitrosaminas y sustancias nitrosables en los juguetes después de que empezara a aplicarse la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, notificada el 2 de marzo de 2012,
               en la medida en que en ella no se aprueba el mantenimiento de las disposiciones nacionales notificadas que establecen límites para los elementos antimonio, arsénico y mercurio (artículo 1, apartado 1) y
               en la medida en que en ella se aprueba el mantenimiento de las disposiciones nacionales notificadas que establecen límites para los elementos plomo y bario, únicamente hasta el 21 de julio de 2013.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguientes motivos.

               1)

               Violación de los Tratados, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso tercero, en relación con el artículo 114 TFUE, debido a que no procede limitar el plazo relativo a la aprobación con respecto al plomo y al bario.
               La demandante alega que, por cuanto la Comisión ha aprobado el mantenimiento de las disposiciones nacionales de adaptación que establecen límites respecto a los elementos plomo y bario únicamente hasta el 21 de julio de 2013, la Decisión impugnada viola los Tratados en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso tercero, toda vez que el plazo supone eludir los regímenes de plazos y de ficción en materia de aprobación previstos en el artículo 114 TFUE.

               2)

               Vicio sustancial de forma, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso segundo, por incumplimiento de la obligación de motivación con arreglo al artículo 296 TFUE, párrafo segundo, con respecto al plazo relativo a la aprobación con respecto al plomo y al bario.
               La demandante alega que la Comisión ha incumplido su obligación de motivación según el artículo 296 TFUE, apartado 2, propiciando así un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso segundo, al aprobar el mantenimiento de las disposiciones nacionales propuestas, que establecen límites con respecto a los elementos plomo y bario, únicamente hasta el 21 de julio de 2013.

               3)

               Desviación de poder, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso cuarto, al sujetar a un plazo la aprobación en lo tocante al plomo y al bario.

               4)

               Violación de los Tratados, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso tercero, por incumplimiento de las normas relativas a la comprobación, con arreglo al artículo 114 TFUE, apartados 4 y 6, en relación con el antimonio, el arsénico y el mercurio.
               La demandante alega que, por cuanto la Comisión consideró que el Gobierno alemán no había demostrado que la Directiva 2009/48/CE (1) ya no deparaba ninguna protección adecuada ni, en su caso, que fuera perjudicial para la salud se da una violación de los Tratados, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso tercero, toda vez que, según la demandante, la Comisión ha incumplido las normas contenidas en el artículo 114 TFUE, apartados 4 y 6, relativas a la comprobación de si y en qué medida debe aprobarse el mantenimiento de disposiciones nacionales tras la adopción de una medida de armonización sobre la base exigencias de mayor importancia, en el sentido del artículo 36 TFUE.
               A juicio de la demandante, –en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sentada en la sentencia C-3/00, Dinamarca/Comisión– debe atenderse al criterio de si el Estado miembro solicitante ha probado que las medidas nacionales garantizan un grado de protección de la salud pública más elevado que las medidas de armonización comunitarias, y que tales medidas no traspasan los límites de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

               5)

               Violación del Tratado, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso tercero, debido a defectos fácticos y de Derecho en la aplicación de los artículos 114 TFUE, apartados 4 y 6 con respecto al antimonio, al arsénico y el mercurio.
               La demandante alega que, por cuanto la Comisión consideró que el Gobierno alemán no había demostrado que las disposiciones nacionales garantizan un grado de protección más elevado que la Directiva 2009/48/CE, la Decisión impugnada infringe asimismo el artículo 114 TFUE, apartados 4 y 6, y, por lo tanto, viola los Tratados, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso tercero, ya que, en realidad, mediante el establecimiento de límites para los elementos arsénico, antimonio y mercurio en lo tocante a los juguetes, las disposiciones nacionales garantizan un grado de protección para la salud de los niños más elevado que la Directiva 2009/48/CE, sin tampoco traspasar los límites de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, y además el Gobierno de la República Federal de Alemania ha probado de forma suficiente este extremo conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

      (1)  Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes (DO L 170, p. 1).


title: Asunto C-163/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Prododikeio Rethymnis (Grecia) el 17 de abril de 2008 — Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil B. Klamponis, Sofokis E. Hasterakis/Dimos Geropotamou

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Prododikeio Rethymnis (Grecia) el 17 de abril de 2008 — Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil B. Klamponis, Sofokis E. Hasterakis/Dimos Geropotamou
   (Asunto C-163/08)
   (2008/C 171/33)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Monomeles Prododikeio Rethymnis
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil B. Klamponis, Sofokis E. Hasterakis

      Demandada: Dimos Geropotamou
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               Deben interpretarse las cláusulas 5 y 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE del Consejo (DO L 175 de 10 de julio de 1999, p. 42), en el sentido de que (en aras de la aplicación de dicho Acuerdo marco) el Derecho comunitario no permite al Estado miembro adoptar medidas: a) cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya existían antes de la entrada en vigor de la Directiva medidas legales equivalentes — en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, y b) cuando con las medidas adoptadas en ejecución del Acuerdo marco, se reduce el nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran antes de la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920 examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la adopción de una medida normativa como el artículo 11 del Decreto presidencial no 164/2004, examinado en el litigio principal, en aras de la aplicación del Acuerdo marco:

                           a)

                           cuando dicha medida legal, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, se adopta una vez transcurrido el plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE, pero en su ámbito de aplicación temporal sólo están comprendidos los contratos y relaciones laborales de duración determinada que estaban vigentes en el momento de su entrada en vigor o que finalizaron dentro de un intervalo de tiempo determinado anterior a su entrada en vigor, pero una vez transcurrido el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva, mientras que el ámbito de aplicación temporal de las medidas legales equivalentes anteriores no está limitado y éstas comprenden todos los contratos de trabajo de duración determinada que fueron celebrados, estaban vigentes o finalizaron en la fecha de entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE y de expiración del plazo para la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva;

                           b)

                           cuando en el ámbito de aplicación de esa medida legal, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, sólo están comprendidos contratos o relaciones laborales de duración determinada que, para ser considerados sucesivos a efectos de dicha medida legal deben reunir los siguientes requisitos acumulativos:

                                       i)

                                       Que entre ellos no transcurra un intervalo superior a tres meses y, además,

                                       ii)

                                       que tengan una duración total de al menos veinticuatro (24) meses en el momento de la entrada en vigor de dicha medida, con independencia del número de prórrogas contractuales, o que sobre la base de dichos contratos haya un período de empleo total de al menos dieciocho meses dentro de un período total de veinticuatro meses computables a partir del contrato inicial en caso de que se hayan producido al menos tres prórrogas además del contrato inicial, mientras que las medidas legales equivalentes anteriores no imponen tales requisitos, incluyendo en cambio todos los contratos (sucesivos) de trabajo de duración determinada, sin que sea preciso un período mínimo de ocupación ni un número mínimo de prórrogas contractuales;

                           c)

                           cuando la medida legal en cuestión, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, establece como consecuencia jurídica para la protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada y para la prevención de los abusos en el sentido del Acuerdo marco sobre el contrato de duración determinada la calificación del contrato de trabajo de duración determinada como contrato de duración indefinida que despliega sus efectos en el futuro (ex nunc), mientras que las medidas legales equivalentes anteriores disponen que la calificación de los contratos de trabajo de duración determinada como contratos de duración indefinida surta efecto desde el momento de su celebración inicial (ex tunc)?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de dicha Directiva, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920, examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la adopción de una medida legal, en aras de la aplicación del Acuerdo marco, como el artículo 7 del Decreto presidencial no 164/2004, examinado en el litigio principal, cuando éste establece como único medio de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada frente a los abusos la obligación del empresario de abonarles su retribución y la indemnización por despido en caso de empleo abusivo mediante contratos sucesivos de trabajo de duración determinada, teniendo en cuenta que:

                           a)

                           la obligación de pago de la retribución y de la indemnización por despido está prevista en el Derecho nacional en todos los casos de relación laboral y no se dirige específicamente a prevenir los abusos en el sentido del Acuerdo marco y que,

                           b)

                           la consecuencia jurídica de la aplicación de la medida legal equivalente anterior es el reconocimiento de los contratos de trabajo sucesivos de duración determinada como contratos de duración indefinida?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones anteriores, ¿debe el juez nacional, al interpretar su Derecho nacional con arreglo a la Directiva 1999/70/CE, dejar de aplicar las disposiciones incompatibles con dicha Directiva contenidas en la medida legislativa adoptada en aras de la aplicación del Acuerdo marco, que sin embargo provoca una reducción del nivel general de protección de los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico interno, como los artículos 7 y 11 del Decreto presidencial no 164/2004, y aplicar en su lugar las disposiciones contenidas en la medida legal equivalente nacional, anterior a la entrada en vigor de la Directiva, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920?

               5)

               En caso de que el juez nacional considerase aplicable, en principio, en un asunto sobre el trabajo de duración determinada, una disposición (en el caso de autos el 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920) que constituye una medida legal equivalente, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE, disposición en virtud de la cual el hecho de que se estime que unos contratos de trabajo sucesivos se celebraron como contratos de duración determinada sin razón objetiva ligada a la naturaleza, al tipo y a las características de la actividad desarrollada, comporta el reconocimiento de que dicho contrato es un contrato de trabajo de duración indefinida, entonces:

                           a)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual constituye una razón objetiva para la celebración de contratos de trabajo de duración determinada, en cualquier caso, el hecho de se haya utilizado como fundamento jurídico de su celebración una norma sobre el empleo mediante contratos de trabajo de duración determinada para atender necesidades transitorias, periódicas, temporales o extraordinarias, aunque en realidad las necesidades atendidas sean permanentes y duraderas?

                           b)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual una disposición que prohíbe la transformación de contratos de trabajo de duración determinada en el sector público en contratos de trabajo de duración indefinida debe interpretarse en el sentido de que en el sector público está prohibida terminantemente y en todo caso la transformación de un contrato o relación laboral de duración determinada en un contrato o relación de duración indefinida, aun en el caso de que éste se haya celebrado abusivamente como un contrato de duración determinada, cuando en realidad las necesidades atendidas son permanentes y duraderas, y el juez nacional no tiene posibilidad, en un caso de este tipo, de declarar el verdadero carácter de la relación jurídica laboral controvertida y de calificarlo correctamente como contrato de duración indefinida? ¿O bien dicha prohibición debe circunscribirse solamente a los contratos de trabajo de duración determinada que se han celebrado efectivamente para atender necesidades transitorias, imprevistas, urgentes, extraordinarias, o similares, y no a los casos en que en realidad se celebraron para atender necesidades permanentes y duraderas?


title: Asunto C-177/13 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de abril de 2013 por Marek Marszałkowski contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 4 de febrero de 2013 en el asunto T-159/11, Marszałkowski/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

text:
               20.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 207/4

         Recurso de casación interpuesto el 9 de abril de 2013 por Marek Marszałkowski contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 4 de febrero de 2013 en el asunto T-159/11, Marszałkowski/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG
   (Asunto C-177/13 P)
   2013/C 207/06
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Recurrente: Marek Marszałkowski (representante: C. Sadkowski, radca prawny)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

      Pretensiones de la parte recurrente

   El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule, en su totalidad, la sentencia recurrida del Tribunal General y la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 11 de enero de 2011 (asunto R 760/2010-4), ordene a la OAMI que proceda al registro del signo «Marko Walichnowy» solicitado en nombre del recurrente referente a los productos mencionados en el recurso, y condene a la otra parte en el procedimiento al pago de las costas del presente procedimiento y del procedimiento ante el Tribunal General.

               —

               Con carácter subsidiario, anule en su totalidad la sentencia recurrida del Tribunal General y devuelva el asunto al Tribunal General para que vuelva a pronunciarse sobre él, conforme al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente invoca que el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 y el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
   En relación con la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, el recurrente alega que el Tribunal General:

               —

               Incurrió en una infracción de Derecho al no examinar correctamente la cuestión de si los productos a que se refieren las marcas en conflicto eran similares.

               —

               Incurrió en una infracción de Derecho al no aplicar correctamente el artículo 8, apartado 1, letra b), al considerar que las marcas en conflicto eran similares.

               —

               Incurrió en una infracción de Derecho al considerar que el término MARKO era el elemento dominante de la marca «Walichnowy Marko».

               —

               Incurrió en una infracción de Derecho al no definir el público relevante en relación con el cual había un riesgo de confusión, y al indicar que existía tal riesgo para el consumidor medio polaco.

               —

               Incurrió en una infracción de Derecho al no tener en cuenta la reputación de la marca «Walichnowy Marko» y al no tomar en consideración el hecho de que ha disfrutado de prioridad en Polonia desde 1995.

               —

               Incurrió en una infracción de Derecho al no tener en cuenta el grado de atención que el consumidor medio tiene para los productos a los que se refieren las marcas en conflicto y al no tomar en consideración si el grado de atención puede reducir el riesgo de confusión.

         Por lo que respecta a la infracción del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el recurrente alega que, en el apartado 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal general incurrió en un error al considerar que sólo en la vista el recurrente manifestó que la marca solicitada ya había estado registrada en Polonia desde 1995.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de octubre de 2001 en el asunto T-0140/00: Zapf Creation AG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos (OAMI) ("Marca comunitaria — Sintagma New Born Baby — Motivos de denegación absolutos — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n° 40/94")

text:
C 3/30                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       5.1.2002
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                    de 3 de octubre de 2001                                               de 19 de septiembre de 2001
en el asunto T-0140/00: Zapf Creation AG contra Oficina                   en el asunto T-152/00: E contra Comisión de las Comuni-
de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y                                          dades Europeas (1)
                        modelos (OAMI) (1)
                                                                          (Funcionarios — Desestimación de candidatura — Incumpli-
(«Marca comunitaria — Sintagma New Born Baby —                            miento de la convocatoria de puesto de trabajo vacante —
Motivos de denegación absolutos — Artı́culo 7, apartado 1,               Errores manifiestos de apreciación — Discriminación —
         letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94»)                                         Desviación de poder)
                           (2002/C 3/51)                                                            (2002/C 3/52)
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                                       (Lengua de procedimiento: francés)
En el asunto T-140/00, Zapf Creation AG, con domicilio social
en Rödental (Alemania), representada por el Sr. A. Kockläuner,            En el asunto T-152/00, E, agente temporal de la Comisión
abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra la                   de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas,
Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos            representada por Me G. Vandersanden, abogado, que designa
y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. D. Schennen y A. von                    domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunida-
Mühlendahl y la Sra. C. Røhl Søberg), que tiene por objeto un             des Europeas (agentes: Sres. G. Valsesia y J. Currall), que tiene
recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de           por objeto, por un lado, una pretensión de anulación de la
Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior               decisión desestimatoria de la candidatura de la demandante
(marcas, dibujos y modelos) de 21 de marzo de 2000 (asunto                para ocupar el puesto de jefe de la unidad «Mediterráneo» de la
R 348/1999-3) relativa al registro del sintagma New Born Baby             Dirección «Presencia internacional» de la Dirección General
como marca comunitaria, el Tribunal de Primera Instancia de               «Ciencia, investigación y desarrollo» de la Comisión y del
las Comunidades Europeas (Sala Cuarta), integrado por los                 nombramiento de la Sra. P. para ocupar dicho puesto y, por
Sres.: P. Mengozzi, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura      otro lado, una pretensión de indemnización por el perjuicio
Ramos, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;           moral supuestamente causado por ambas decisiones, el Tribu-
ha dictado el 3 de octubre de 2001 una sentencia cuyo fallo es            nal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el
el siguiente:                                                             Sr. A.W.H. Meij, Presidente, y los Sres. A. Potocki y J. Pirrung,
                                                                          Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el
                                                                          19 de septiembre de 2001 una sentencia cuyo fallo es el
                                                                          siguiente:
1)    Se anula la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la
      Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
      y modelos) de 21 de marzo de 2000 (asunto R 348/1999-3).
                                                                          1)   Se desestima el recurso.
2)    La Oficina cargará con sus propias costas y con las de la parte
      demandante.                                                         2)   Cada parte soportará sus propias costas.
(1) DO C 233 de 12.8.2000.                                                (1) DO C 259 de 9.9.2000.


title: Asunto F-91/10: Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2010 — AK/Comisión

text:
               15.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 13/40

         Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2010 — AK/Comisión
   (Asunto F-91/10)
   ()
   2011/C 13/79
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: AK (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión por la que se deniega la solicitud de la demandante de que se le indemnice el perjuicio sufrido por no haberse elaborado informes de evolución de carrera y de que se lleve a cabo una investigación administrativa para constatar actos de acoso, así como resarcimiento del daño sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión por la que se deniega la solicitud que la demandante presentó el 24 de noviembre de 2009 con objeto de que se le indemnizara el perjuicio sufrido por no haberse elaborado sus informes de evolución de carrera en los períodos 2001-2002, 2004, 2005 y 2008, y de que se llevara a cabo una investigación administrativa para constatar actos de acoso.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar a la demandante las siguientes cantidades: a) 53 000 euros por la pérdida de una oportunidad de promoción al grado A5 en el ejercicio de promoción de 2003, además de la regularización de sus derechos a pensión mediante el abono de las cotizaciones correspondientes, b) 400 euros por mes (cantidad correspondiente al 70 % de la diferencia entre la asignación por invalidez que hubiera percibido de haber sido promovida en 2003 y la que percibe), y c) 35 000 euros por el daño moral sufrido como consecuencia del mantenimiento de su situación administrativa irregular, a pesar de lo declarado en las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 2005 y de 6 de octubre de 2009 y en la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2007, entre otras.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.


title: Asunto F-103/09: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 13 de julio de 2010 — Allen y otros/Comisión (Función pública — Personal empleado en el proyecto JET — Recurso de indemnización — Plazo razonable — Extemporaneidad)

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/72

      Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 13 de julio de 2010 — Allen y otros/Comisión
      (Asunto F-103/09) (1)

      (Función pública - Personal empleado en el proyecto JET - Recurso de indemnización - Plazo razonable - Extemporaneidad)
      (2010/C 288/136)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: John Allen (Horspath, Reino Unido) y otros (representantes: P. Lasok, QC, I. Hutton y B. Lask, Barristers)

         Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y D. Martin, agentes)

         Objeto

      Demanda que tiene por objeto la indemnización de los daños y perjuicios causados a los demandantes al no haber sido contratados por la parte demandada como agentes temporales durante el período en que trabajaron en la Empresa Común JET.

         Fallo

                  1)

                  Declarar la inadmisibilidad del recurso.

                  2)

                  Condenar a la totalidad de las costas al Sr. Allen y a los otros 110 demandantes cuyos nombres se mantuvieron en la lista de demandantes.

         (1)  DO C 37, de 13.2.2010, p. 51.


title: Archivo del asunto C-376/99

text:
C 47/26                ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                         21.2.2004
Recurso interpuesto el 9 de enero de 2004 contra la                     La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
República Federal de Alemania por la Comisión de la                     de Justicia que:
                    Comunidades Europeas
                                                                        1)   Declare que la República de Austria ha incumplido las
                                                                             obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3 de
                         (Asunto C-5/04)
                                                                             la Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de
                                                                             1999, (1) relativa al Acuerdo sobre la ordenación del
                          (2004/C 47/44)                                     tiempo de trabajo de la gente de mar suscrito por la
                                                                             Asociación de Armadores de la Comunidad Europea
                                                                             (ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte de la
                                                                             Unión Europea (FST) — Anexo: Acuerdo Europeo sobre
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar, al
presentado el 9 de enero de 2004 un recurso contra la                        no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de                   administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en
las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Karen                     dicha Directiva o, al menos, a no comunicarlas.
Banks y la Dra. Claudia Schmidt, que designa domicilio en
Luxemburgo.                                                             2)   Condene en costas a la República de Austria.
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                        Motivos y principales alegaciones
1)    Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud de la            El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva
      Directiva 98/44/CE (1) del Parlamento Europeo y del               expiró el 30 de junio de 2002.
      Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección
      jurúidica de las invenciones biotecnológicas, al no haber
      adoptado o al no haber comunicado a la Comisión las               (1) DO L 167, p. 33.
      disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
      necesarias para atenerse a dicha Directiva.
2)    Condene en costas a la República Federal de Alemania.
                                                                                Archivo del asunto C-376/99 (1)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (2004/C 47/46)
El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva
expiró el 30 de julio de 2000.
                                                                        Mediante auto de 17 de septiembre de 2003, el Presidente del
                                                                        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha decidido
(1) DO L 213, p. 13.                                                    archivar el asunto C-376/99: República Federal de Alemania
                                                                        contra Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                        (1) DO C 352 de 4.12.1999.
Recurso interpuesto el 13 de enero de 2004 por la
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
                         blica de Austria                                              Archivo del asunto C-101/02 (1)
                        (Asunto C-10/04)                                                          (2004/C 47/47)
                          (2004/C 47/45)
                                                                        Mediante auto de 21 de octubre de 2003, el Presidente del
                                                                        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha decidido
                                                                        archivar el asunto C-101/02: Comisión de las Comunidades
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            Europeas contra República Italiana.
presentado el 13 de enero de 2004 un recurso contra la
República de Austria, formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Gérard                 (1) DO C 118 de 18.5.2002.
Rozet y Horstpeter Kreppel, que designa domicilio en Luxem-
burgo.


title: Asunto C-407/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 2013 — Comisión Europea/República de Eslovenia

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/58

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 2013 — Comisión Europea/República de Eslovenia
   (Asunto C-407/12) (1)

   2013/C 225/121
   Lengua de procedimiento: esloveno
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 331, de 27.10.2012.


title: Asunto C-585/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret (Dinamarca) el 13 de diciembre de 2010 — Niels Møller/Haderslev Kommune

text:
               5.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret (Dinamarca) el 13 de diciembre de 2010 — Niels Møller/Haderslev Kommune
   (Asunto C-585/10)
   2011/C 38/10
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Vestre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Niels Møller

      Recurrida: Haderslev Kommune

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse el punto 6, apartado 6, letra c), del anexo I a la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, (1) relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, en el sentido de que incluye los emplazamientos para cerdas jóvenes?

      (1)  DO L 257, p. 26.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Finanzgericht Düsseldorf, de fecha 14 de agosto de 1996, en el asunto entre Göritz Intransco International GmbH y Hauptzollamt Düsseldorf (Asunto C-292/96)

text:
 N° C 318/6              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     26 . 10 . 96
 El Amtsgericht Reutlingen solicita al Tribunal de Justicia             Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 1996 contra la
 que se pronuncie sobre la cuestión siguiente :                         Comisión de las Comunidades Europeas por la República
                                                                                Federal de Alemania
 ¿ Es compatible con el Derecho comunitario o infringe la                                      (Asunto C-293/96 )
 prohibición de discriminación impuesta en el artículo 6 del
                                                                                ( 96/C 318/ 11 )
 Tratado de la Unión Europea el hecho de que, en un escrito
 de calificación redactado por el Fiscal y que debe ser firmado
 a continuación por el Juez, dicho Fiscal deniegue expresa
 mente el uso de la fórmula de cortesía « Herr » frente a un           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 trabajador extranjero ( en el sentido de los artículos 48 a 51        ha presentado el 9 de septiembre de 1996 un recurso contra
 del Tratado de la Unión Europea ) nacional de un Estado               la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
 miembro de la Unión Europea, cuando además, ello                      República Federal de Alemania, representada por el Sr .
 contradice la práctica habitual de la Fiscalía e, incluso, la de      Ernst Róder, Ministerialrat en el Bundesministerium für
 dicho Fiscal ?                                                        Wirtschaft, D-53107 Bonn, y por el Sr. Alfred Dittrich,
                                                                       Regierungsdirektor en el Bundesministerium der Justiz,
                                                                       D-53175 Bonn .
 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
 lución del Finanzgericht Düsseldorf, de fecha 14 de agosto
 de 1996, en el asunto entre Góritz Intransco International
               GmbH y Hauptzollamt Düsseldorf                          — declare nulo el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
                       ( Asunto C-292/96 )                                  ( CE ) n° 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1996 ,
                            96/C 318/ 10 )
                                                                            relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las
                                                                            denominaciones de origen con arreglo al procedimiento
                                                                            establecido en el artículo 17 del Reglamento ( CEE )
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                            n° 2081 /92 del Consejo ( J ), en la medida en que en el
 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                            Anexo de dicha disposición se establece que la indica
resolución del Finanzgericht Düsseldorf —Sala Cuarta—,
                                                                            ción « feta » se registrará como denominación de origen
dictada el 14 de agosto de 1996 , en el asunto entre Góritz
                                                                            protegida ( DOP ) en el « Registro de las indicaciones
Intransco International GmbH y Hauptzollamt Düsseldorf,
                                                                            geográficas y de las denominaciones de origen protegi
y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de
                                                                            das » para quesos procedentes de Grecia,
septiembre de 1996 .
El Finanzgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia           — condene en costas a la demandada .
que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes :
 1 ) ¿ Constituye el apartado 1 del artículo 76 del Regla
       mento ( CEE ) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre          Motivos y principales alegaciones
       de 1992 , por el que se aprueba el Código aduanero
       comunitario ^), en relación con los artículos 398 y
       siguientes del Reglamento ( CEE ) n° 2454/93 de la              La designación « feta » no constituye una denominación de
       Comisión, de 2 de julio de 1993 , por el que se fijan           origen en el sentido del apartado 3 del artículo 2 del
       determinadas disposiciones de aplicación del Regla             Reglamento ( CEE ) n° 2081 /92 del Consejo ( 2 ). « Feta » no es
       mento ( CEE ) n° 2913/92 del Consejo, por el que se             una indicación geográfica . Tampoco es una denominación
       establece el Código aduanero comunitario ( 2 ), la base         tradicional que designe un producto agrícola o alimenticio
       jurídica de la concesión del estatuto de « expedidor            originario de una región determinada ; el queso comerciali
       autorizado » o tal concesión se rige, en virtud del             zado como « feta » se produce desde hace tiempo en
       apartado 4 del artículo 76 del Reglamento ( CEE )               numerosos países aparte de Grecia , como, por ejemplo, en
       n° 2913/92, exclusivamente por los artículos 398 y              Dinamarca , Alemania, Francia , en los Balcanes , en Irán y en
       siguientes ?                                                    Estados Unidos de América . Además, el queso « feta » no es
                                                                       un producto cuya calidad o características se deban funda
2 ) ¿ Excluye el artículo 398 del Reglamento ( CEE ) n° 2454/          mental o exclusivamente al medio geográfico con sus
       93 de la Comisión, por el que se fijan determinadas             factores naturales y humanos, y cuya producción, transfor
       disposiciones de aplicación del Reglamento ( CEE )              mación y elaboración se realicen en la zona geográfica
      n° 2913/92 del Consejo, por el que se establece el               delimitada . Según la especificación aportada por la autori
       Código aduanero comunitario, la concesión del estatuto          dad competente griega, la comarca administrativa de Lesbos
      de « expedidor autorizado » cuando, por haberse produ           es la única posible región de origen en el mar Egeo; en virtud
      cido ya la presentación, ha dejado de ser posible la             del Reglamento ( CEE ) n° 2019/93 del Consejo ( 3 ), se prevén
      exención de la obligación de presentar las mercancías            ayudas comunitarias a la producción de « feta » en determi
      prevista en dicha disposición ?                                  nadas islas no mencionadas en la referida especificación .
(') DO n" L 302 de 19 . 10 . 1992 , p . 1 .
( 2 ) DO n" L 253 de 11 . 10 . 1993 , p . 1 .                          El Gobierno federal considera que la designación « feta » es
                                                                       una denominación genérica que, con arreglo a la tercera
                                                                       frase del apartado 2 del artículo 17 del Reglamento


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 11 de julio de 1996 en el asunto T-161/94, Sinochem Heilongjiang contra Consejo de la Unión Europea (Antidumping - Recurso de anulación - Admisibilidad - Desarrollo de la investigación - Perjuicio)

text:
N° C 247/ 14           ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      24 . 8 . 96
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                  14 797 706 francos belgas que la demandante afirma haber
                   DE PRIMERA INSTANCIA                                 sufrido como consecuencia de la reducción de una ayuda
                     de 11 de julio de 1996                             económica concedida a la parte que contrató con ella , en el
                                                                        marco de un proyecto financiado por el Fondo Europeo de
en el asunto T-161 /94 , Sinochem Heilongjiang contra                   Desarrollo, el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Quinta ),
                 Consejo de la Unión Europea (')                        integrado por los Sres .: R. Schintgen , Presidente ; R. García-
 (Antidumping — Recurso de anulación — Admisibilidad —                  Valdecasas y J. Azizi , Jueces ; Secretario : Sr. H. Jung, ha
          Desarrollo de la investigación — Perjuicio)                   dictado el 11 de julio de 1996 una sentencia cuyo fallo es el
                            ( 96/C 247/28 )                             siguiente :
                (Lengua de procedimiento: inglés)                        1 ) Se desestima el recurso.
                                                                        2 ) Se condena en costas a la demandante.
En el asunto T-161 /94, Sinochem Heilongjiang, establecida
en Harbin ( China ), representada por el Sr . Izzet M. Sinan,
                                                                        (') DO n" C 174 de 25 . 6 . 1994 .
Barrister de Inglaterra y del País de Gales, que designa como
domicilio en Luxemburgo el despacho de los Sres . Arendt y
Medernach, 8-10, rué Mathias Hardt, contra Consejo de la
Unión Europea ( Agentes : Sres . Erik H. Stein, Ramón
Torrent y Hans-Jürgen Rabe ), apoyado por Comisión de las
Comunidades Europeas ( Agentes : Sres . Eric L. White y
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Claus-Michael Happe ), que tiene por objeto la anulación del
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
Reglamento ( CEE ) n° 3434/91 del Consejo, de 25 de
noviembre de 1991 , por el que se instituye un derecho                                       de 11 de julio de 1996
antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido                 en el asunto T-271 /94 : Eugénio Branco Lda. contra
oxálico originarias de la India y de la República Popular de                    Comisión de las Comunidades Europeas (')
China ( 2 ), el Tribunal de Primera Instancia de las Comuni
                                                                        (Recurso de anulación — Fondo Social Europeo — Reduc
dades Europeas ( Sala Primera ampliada ), integrado por los             ción de una ayuda económica concedida inicialmente —
Sres .: A. Saggio, Presidente; C. W. Bellamy y A. Kalogero
                                                                            Inexistencia de acto impugnable — Inadmisibilidad)
poulos, por la Sra . V. Tiili y por el Sr . R. M. Moura Ramos,
Jueces; Secretario : Sr. J. Palacio González, administrador, ha                                  ( 96/C 247/30 )
dictado el 11 de julio de 1996 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente :                                                                         (Lengua de procedimiento : portugués)
 1 ) Se desestima el recurso.
                                                                        En el asunto T-271 /94, Eugénio Branco Lda ., con domicilio
2 ) Se condena en costas a la demandante.                               social en Lisboa , representada por el Sr . Bolota Belchior,
                                                                        Abogado de Vila Nova de Gaia , que designa como domicilio
(') DO n" C 103 de 23 . 4 . 1992 .                                      en Luxemburgo el despacho del Sr . Jacques Schroeder, 6 , rué
( 2 ) DO n " L 326 de 28 . 11 . 1991 , p . 6 .                          Heine , contra Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                        ( Agente : Sra . Ana Maria Alves Vieira ), que tiene por objeto
                                                                        una solicitud de anulación de una decisión supuestamente
                                                                        adoptada por la parte demandada y notificada mediante
                                                                        escrito del Departamento para os Assuntos do Fundo Social
                                                                        Europeu ( Departamento de Asuntos del Fondo Social
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                        Europeo ) de 25 de mayo de 1994 y mediante escrito de la
                  DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                        demandada de 16 de junio de 1994 , por la que, por un lado,
                     de 11 de julio de 1996                             se deniega una solicitud de pago del saldo de las ayudas
en el asunto T-l 75 /94 : International Procurement Services            económicas concedidas a la demandante por el Fondo Social
     SA contra Comisión de las Comunidades Europeas ( 1 )               Europeo para dos programas de formación, y, por otro lado ,
                                                                        se reducen dichas ayudas económicas y se devuelven
(Recurso de indemnización — Contrato público — Fondo                    anticipos pagados anteriormente por el Fondo Social
Europeo de Desarrollo — Responsabilidad extracontrac                   Europeo y el Estado portugués, el Tribunal de Primera
        tual — Apreciación del origen de la mercancía)                  Instancia ( Sala Quinta ), integrado por los Sres .: R. Schint
                           ( 96/C 247/29 )                              gen, Presidente; R. García-Valdecasas y J. Azizi , Jueces;
                                                                        Secretaria : Sra . B. Pastor, administradora principal , ha
               (Lengua ae procedimiento: francés)                       dictado el 1 1 de julio de 1996 una sentencia cuyo fallo es el
                                                                        siguiente :
En el asunto T-175/94 , International Procurement Services
SA, con domicilio social en Bruselas , representada por el Sr .         1 ) Se declara la inadmisibilidad del recurso .
Peter De Troyer, Abogado de Audenarde , y la Sra . Lydie
Lorang, Abogado de Luxemburgo, que designa como                         2 ) Se condena en costas a la parte demandada.
domicilio en Luxemburgo el despacho de esta última, 6 , rué
Heine, contra Comisión de las Comunidades Europeas                      (') DO n" C 288 de 15 . 10 . 1994 .
(Agentes : Sres . Etienne Lasnet y Hervé Lehman ), que tiene
por objeto una solicitud de reparación de un perjuicio de


title: Asunto C-84/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 17 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Sonos Europe BV/Staatssecretaris van Financiën [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CEE) n.° 2658/87 — Unión aduanera y Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura Combinada — Partidas 8517, 8518, 8519, 8527 y 8543 — Aparato autónomo concebido para recabar, recibir y reproducir en flujo ficheros digitales de audio en forma de sonido amplificado]

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 17 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Sonos Europe BV/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-84/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CEE) n.o 2658/87 - Unión aduanera y Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Partidas 8517, 8518, 8519, 8527 y 8543 - Aparato autónomo concebido para recabar, recibir y reproducir en flujo ficheros digitales de audio en forma de sonido amplificado])
   (2016/C 156/19)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sonos Europe BV

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën

      Fallo

   La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión resultante, sucesivamente, de los Reglamentos (CE) n.o 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, y (CE) n.o 948/2009 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que un aparato autónomo concebido para recabar, recibir y reproducir en flujo ficheros digitales de audio en forma de sonido amplificado, como el controvertido en el litigio principal, debe clasificarse, sin perjuicio de que el tribunal remitente aprecie todos los elementos fácticos de los que dispone, en la partida 8519 de dicha Nomenclatura.

      (1)  DO C 146 de 4.5.2015.


title: Asunto C-128/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 6 de abril de 2009 — Antoine Boxus, Willy Roua/Région wallonne

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 6 de abril de 2009 — Antoine Boxus, Willy Roua/Région wallonne
   (Asunto C-128/09)
   2009/C 153/35
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Antoine Boxus, Willy Roua

      Demandada: Région wallonne

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede interpretarse el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, (1) en el sentido de que excluye de su ámbito de aplicación una normativa –tal como el Decreto de la Región Valona de 17 de julio de 2008 sobre permisos para los que existen razones imperiosas de interés general– que se limita a afirmar que «concurren las razones imperiosas de interés general» para la concesión de los permisos de urbanismo, de los permisos de medio ambiente y de los permisos únicos relativos a los actos y obras que enumera y que «ratifica» permisos para los que afirma que «concurren las razones imperiosas de interés general»?

               2)

                           a)

                           ¿Se oponen los artículos 1, 5, 6, 7, 8 y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE (2) del Consejo y por la Directiva 2003/35/CE (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, a un régimen jurídico en el que el derecho a realizar un proyecto sujeto a evaluación de las repercusiones se otorga mediante un acto legislativo contra el cual no cabe un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley, recurso que permita impugnar, en cuanto al fondo y al procedimiento seguido, la decisión que da derecho a realizar el proyecto?

                           b)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 9 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE (4) del Consejo, de 17 de febrero de 2005, en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones, de las decisiones, de los actos u omisiones que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 6?

                           c)

                           Habida cuenta del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, ¿debe interpretarse el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE, en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad de las decisiones, de los actos u omisiones, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones?

      (1)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40).

      (2)  Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, que modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privado sobre el medio ambiente (DO L 73, p. 5).

      (3)  Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo — Declaración de la Comisión (DO L 156, p. 17).

      (4)  Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 124, p. 1).


title: Asunto T-275/14: Recurso interpuesto el 30 de abril de 2014 — Drahtwerk St. Ingbert y otros/Comisión

text:
               14.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/28

         Recurso interpuesto el 30 de abril de 2014 — Drahtwerk St. Ingbert y otros/Comisión
   (Asunto T-275/14)
   2014/C 223/33
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: Drahtwerk St. Ingbert GmbH (St. Ingbert, Alemania), DWK Drahtwerk Köln GmbH (Colonia, Alemania), Kalksteingrube Auersmacher GmbH (Völklingen, Alemania), Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Alemania), Stahlguss Saar GmbH (St. Ingbert) y Zentralkokerei Saar GmbH (Dillingen) (representantes: S. Altenschmidt y H. Janssen, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 2013 en el asunto de la Ayuda estatal SA.33995 (2013/C) — Apoyo a la electricidad de fuentes renovables y recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos.

               1.

               Primer motivo: infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1

                           —

                           Las demandantes alegan que la Decisión impugnada infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1, ya que el recargo EEG previsto en la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley por la que se concede prioridad a las fuentes de energía renovables; en lo sucesivo, «EEG») y el régimen especial de compensación no constituían ninguna ayuda otorgada por los Estados o mediante fondos estatales. Afirma que todos los hechos relevantes para la calificación de estas medidas se determinaron en el procedimiento previo entre la Comisión y la República Federal de Alemania. Según las demandantes, no existía ninguna duda adicional que la Comisión debiese comprobar en un procedimiento con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, y al artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1).

               2.

               Segundo motivo: infracción del artículo 108 TFUE, apartado 1, y violación del principio de seguridad jurídica

                           —

                           Las demandantes alegan en este punto que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 1, y el principio de seguridad jurídica, por cuanto aplicó el procedimiento para las ayudas estatales nuevas establecido en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 en lugar del procedimiento para las ayudas estatales existentes, con arreglo al artículo 17 y siguientes del Reglamento no 659/1999, a efectos de revisar su calificación preliminar de la EEG como ayuda. A este respecto señalan, en particular, que la Comisión, en su decisión de 22 de mayo de 2002, no calificó a la EEG de 2000 como ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que no implicaba transferencia alguna de recursos estatales. Según las demandantes, las modificaciones introducidas en la EEG de 2000 por la EEG de 2012 no fueron sustanciales en comparación con la decisión de la Comisión de 22 de mayo de 2002. Por ello, señala, la Comisión podría haber invocado una interpretación jurídica modificada, a través del procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 1, sin implicar a las demandantes.

               3.

               Tercer motivo: infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y vulneración del principio del derecho a ser oído

                           —

                           Las demandantes alegan, además, que la demandada adoptó la Decisión impugnada sin dar previamente a la demandante la posibilidad de expresar su opinión al respecto.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE.


title: Asunto T-435/17: Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2017 — Grendene/EUIPO — Hipanema (HIPANEMA)

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/54

         Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2017 — Grendene/EUIPO — Hipanema (HIPANEMA)
   (Asunto T-435/17)
   (2017/C 283/83)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: Grendene, SA (Sobral, Brasil) (representante: J. L. de Castro Hermida, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Hipanema (París, Francia)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Titular de la marca controvertida: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca figurativa que incluye el elemento denominativo «HIPANEMA» — Registro internacional que designa a la Unión Europea no 1 154 586

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 20/01/2017 en el asunto R 629/2016-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               se revoque la resolución impugnada, dictándose otra en su lugar por la que se declare la afinidad entre los productos reivindicados por la marca impugnada y los amparados por las marcas prioritarias oponentes, en la medida necesaria para apreciar entre los mismos semejanza aplicativa a los efectos de lo preceptuado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea;

               —

               admitida que sea dicha semejanza aplicativa, entre el Tribunal a verificar el parangón denominativo entre los signos en pugna, que no ha sido realizado ni en fase de oposición ni de recurso administrativo, concluyendo la identidad concurrente en los aspectos fonético y semántico y la semejanza existente en el aspecto gráfico de los mismos, y sancionando la imposible convivencia pacífica entre las marcas en litigio y, por ende, la conveniencia de rechazar la solicitud de protección en la Unión Europea de la marca internacional no 1 154 586 «HIPANEMA», clase 14. O bien, si el Tribunal no tuviera competencia para ello, remita la cuestión a la Unidad de Recursos de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, bajo imperativo de tener por admitida la semejanza aplicativa entre las marcas contendientes.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-490/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH (Procedimiento prejudicial — Protección jurídica de las bases de datos — Directiva 96/9/CE — Artículo 1, apartado 2 — Ámbito de aplicación — Bases de datos — Mapas topográficos — Independencia de los elementos que constituyen una base de datos — Posibilidad de separar esos elementos sin afectar al valor de su contenido informativo — Consideración de la finalidad de un mapa topográfico para el usuario)

text:
               21.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 429/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH
   (Asunto C-490/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Protección jurídica de las bases de datos - Directiva 96/9/CE - Artículo 1, apartado 2 - Ámbito de aplicación - Bases de datos - Mapas topográficos - Independencia de los elementos que constituyen una base de datos - Posibilidad de separar esos elementos sin afectar al valor de su contenido informativo - Consideración de la finalidad de un mapa topográfico para el usuario))
   (2015/C 429/06)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Freistaat Bayern

      Demandada: Verlag Esterbauer GmbH

      Fallo

   El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, debe interpretarse en el sentido de que los datos geográficos extraídos de un mapa topográfico por un tercero con el fin de elaborar y comercializar otro mapa conservan, después de su extracción, un valor informativo suficiente para poder calificarse de «elementos independientes» de una «base de datos» a efectos de esa disposición.

      (1)  DO C 34, de 2.2.2015.


title: Asunto C-211/16: Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) el 15 de abril de 2016 — Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino

text:
               11.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) el 15 de abril de 2016 — Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino
   (Asunto C-211/16)
   (2016/C 251/10)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione Tributaria Provinciale di Torino

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Bimotor SpA

      Recurrida: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino

      Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone la normativa de la Unión en materia de IVA (Sexta Directiva 77/388/CEE (1) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en su versión modificada por la Directiva 2002/38/CE (2) y por la Directiva 2006/112/CE (3)) a la normativa de un Estado miembro que, como el artículo 34, apartado 1, de la Ley n.o 388 de 23 de diciembre de 2000, sólo permite obtener la devolución o la compensación del crédito fiscal correspondiente al IVA, en cada ejercicio fiscal, no por su importe íntegro, sino hasta un límite máximo predeterminado?

      (1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme. (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).

      (2)  Directiva 2002/38/CE del Consejo, de 7 de mayo de 2002, por la que se modifica y se modifica temporalmente la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios de radiodifusión y de televisión y a algunos servicios prestados por vía electrónica (DO L 128, p. 1).

      (3)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 9 de junio de 2005, en el asunto T-265/03, Helm Düngemittel GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas («Ayuda alimentaria — Ejecución parcial de la garantía de entrega — Solicitud de reembolso del importe ejecutado — Cláusula compromisoria — Recurso de anulación — Inadmisibilidad»)

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/18

      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 9 de junio de 2005
   en el asunto T-265/03, Helm Düngemittel GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Ayuda alimentaria - Ejecución parcial de la garantía de entrega - Solicitud de reembolso del importe ejecutado - Cláusula compromisoria - Recurso de anulación - Inadmisibilidad»)
   (2005/C 229/37)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-265/03, Helm Düngemittel GmbH, con domicilio en Hamburgo (Alemania), representada por el Sr. W. Waschmann, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. G. Berscheid y M. Niejahr, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión que supuestamente se contiene en un escrito de la Comisión de 23 de mayo de 2003, relativa a la ejecución de una parte de la garantía de entrega constituida por la demandante debido al retraso en el suministro de abonos en el contexto de una acción de ayuda alimentaria a favor de Corea del Norte con arreglo al Reglamento (CE) no 2519/97 de la Comisión, de 16 de diciembre de 1997, por el que se establecen las modalidades generales de movilización de productos que deben suministrarse en el marco del Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo en concepto de ayuda alimentaria comunitaria, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por los Sres. M. Jaeger, Presidente y J. Azizi y la Sra. E. Cremona, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 9 de junio de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 239, de 4.10.2003.


title: Asunto C-214/08 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de mayo de 2008 por Philippe Guigard contra la sentencia dictada el 11 de marzo de 2008 por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) en el asunto T-301/05, Guigard/Comisión

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/19

         Recurso de casación interpuesto el 22 de mayo de 2008 por Philippe Guigard contra la sentencia dictada el 11 de marzo de 2008 por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) en el asunto T-301/05, Guigard/Comisión
   (Asunto C-214/08 P)
   (2008/C 223/31)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Philippe Guigard (representantes: Mes S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se declare la admisibilidad del recurso de casación.

               —

               Que se anule la sentencia dictada el 11 de marzo de 2008 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-301/05.

               —

               Que se estimen las pretensiones de anulación y de indemnización formuladas por la parte recurrente en primera instancia.

               —

               Que se condene a la parte demandada en primera instancia al pago de todas las costas correspondientes al recurso de anulación y al recurso de casación.

         Motivos y principales alegaciones
   El recurrente invoca esencialmente tres motivos en apoyo de su recurso de casación.
   Mediante su primer motivo, que se compone de dos partes, el recurrente alega, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente el Convenio de Lomé (1).
   El error consiste, por un lado, en que el Tribunal de Primera Instancia declaró que, en virtud del artículo 313, apartado 2, letra k), del Convenio de Lomé, corresponde al ordenador de pagos nacional decidir la contratación de consultores y de otros expertos en asistencia técnica, sin tener en cuenta las competencias de control presupuestario y de gestión de fondos que dicho Convenio reconoce a la Comisión ni la obligación que pesa sobre esta última institución de ofrecer al ordenador nacional una asistencia técnica en la negociación de los contratos.
   Por otro lado, el error en que incurre el Tribunal de Primera Instancia consiste en que declaró que la solicitud del ordenador nacional a la Comisión para que se aprobara la decisión de renovar el contrato de trabajo del recurrente ha de contener una referencia expresa al artículo 314 del Convenio de Lomé para se inicie el cómputo del plazo de 30 días mencionado en esta disposición, mientras que de dicho artículo no se deriva en absoluto tal exigencia. Por lo tanto, según el recurrente, si el Tribunal de Primera Instancia hubiera interpretado correctamente el artículo antes citado, debería haber declarado el incumplimiento del referido plazo por la Comisión.
   Mediante su segundo motivo, el recurrente sostiene que la sentencia recurrida adolece de una evidente contradicción en su motivación, puesto que el Tribunal de Primera Instancia declaró, por lo que respecta al motivo basado en la infracción del artículo 317, letra a), del Convenio de Lomé, por un lado, que este motivo es extemporáneo y, por otro lado, que se confunde sustancialmente con el motivo basado en la infracción del artículo 313, apartado 2, letra k), del mismo Convenio. Según el recurrente, un mismo motivo no puede ser desestimado al mismo tiempo por inadmisible y por infundado.
   Por último, mediante su tercer motivo, el recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia vulneró su derecho de defensa en la medida en que, por un lado, no tuvo en cuenta toda la argumentación que desarrolló en la vista y, por otro lado, desnaturalizó el alcance de su motivo basado en la violación de los principios de asistencia y protección, de buena administración y de protección de la confianza legítima.

      (1)  Cuarto Convenio celebrado entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Comunidad Económica Europea, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989 [aprobado mediante la Decisión 91/400/CECA, CEE del Consejo y de la Comisión, de 25 de febrero de 1991, relativa a la celebración del cuarto Convenio ACP-CEE (DO L 229, p. 1)], en su versión revisada mediante el Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995 (DO 1998, L 156, p. 3).


title: Asunto T-42/13: Recurso interpuesto el 28 de enero de 2013 — 1. garantovaná/Comisión

text:
               16.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/30

         Recurso interpuesto el 28 de enero de 2013 — 1. garantovaná/Comisión
   (Asunto T-42/13)
   2013/C 79/51
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Eslovaquia) (representada por: M. Powell, Solicitor, G. Forwood, Barrister, M. Staroň y P. Hodál, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el escrito de la Comisión de 21 de diciembre de 2012, en el asunto COMP/39.396 — Carburo de calcio, en cuanto:

                           —

                           Aplica un tipo de interés del 4,5 % a los períodos durante los que el Tribunal General i) había suspendido la aplicación del artículo 2 de la Decisión C(2009) 5791 final de la Comisión, de 22 de julio de 2009, en el asunto COMP/39.396 — Reactivos basados en carburo de calcio y magnesio para las industrias del acero y el gas, en lo que afecta a la demandante, y ii) había suspendido la obligación de la demandante de constituir una garantía bancaria para evitar la ejecución inmediata de la multa impuesta por el artículo 2 de esa Decisión,

                           —

                           Liquida el saldo debido al 25 de enero de 2013, comprensivo de la multa y el interés por demora en el pago, en la suma de 20 293 586,60 euros,

                           —

                           Advierte formalmente que a más tardar el 25 de enero de 2013 la demandante debe, bien realizar el pago provisional de 20 293 586,60 euros, o bien constituir una garantía pecuniaria aceptable que cubra esa cantidad.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la falta de fundamento jurídico alguno para que la Comisión exigiera intereses por el período cubierto por el auto de medidas provisionales de 20 de octubre de 2009, que suspendió la aplicación del artículo 2 de la Decisión C(2009) 5791, en lo que afecta a la demandante. La multa como tal no devino «exigible» en el sentido del artículo 79, letra c), del Reglamento de desarrollo. (1) Conforme al principio accessorium sequitur principale, el interés accesorio de la multa sólo puede devengarse desde la fecha en la que la multa sea exigible.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la aplicación del tipo de interés del 4,5 % al período cubierto por el auto de medidas provisionales vulneró la confianza legítima de la demandante, ya que el auto de medidas provisionales de 2 de marzo de 2011 suspendió la obligación de la demandante de constituir una garantía bancaria para evitar el cobro inmediato de la multa que se le impuso por el artículo 2 de la Decisión C(2009) 5791. Ello situaba a la demandante en una posición igual a la que habría ocupado si hubiera constituido la garantía bancaria. Por tanto, la demandante podía apoyarse fundadamente en la confianza legítima, creada por el escrito de la Comisión de 24 de julio de 2009 que notificó la Decisión C(2009) 5791, de que el interés sobre la multa se devengaría al tipo establecido en el artículo 86, apartado 5, del Reglamento de desarrollo.

               3)

               Tercer motivo, basado en que la aplicación del tipo de interés del 4,5 % sobre la multa a los períodos cubiertos por los autos de medidas provisionales priva a éstos de sus efectos prácticos, porque la razón de los dos tipos de interés previstos en el artículo 86, apartado 2, letra b), y apartado 5, del Reglamento de desarrollo es incentivar a las empresas para que constituyan una garantía bancaria, y a la inversa, penalizar a quines rehúsan pagar la multa cuando deviene exigible o constituir una garantía bancaria apropiada. La demandante no debe sufrir la penalización de la imposición de un tipo de interés punitivo por no haber constituido una garantía bancaria, toda vez que i) el Tribunal General había suspendido la ejecución de la multa, y ii) había estimado que era imposible objetivamente para la demandante constituir una garantía bancaria.

               4)

               Cuarto motivo, fundado en que la aplicación del tipo de interés del 4,5 % sobre la multa a los períodos cubiertos por los autos de medidas provisionales infringe el principio de proporcionalidad. Es desproporcionado penalizar a la demandante con la imposición del tipo de interés previsto por el artículo 86, apartado 2, letra b), del Reglamento de desarrollo siendo así que i) la multa no es ejecutiva y ii) el juez de la Unión ha determinado que la demandante no puede pagar la multa o constituir una garantía bancaria apropiada.

      (1)  Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 357, p. 1), según su modificación.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, de fecha 17 de marzo de 1995, en el asunto entre Paul Daut GmbH & Co. KG y Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh (Asunto C-105/95)

text:
N° C 159/ 16          ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            24 . 6 . 95
    Comunidades Europeas en virtud de lo dispuesto en el            3 ) ¿ Debe interpretarse el apartado 43 de la sentencia del
    artículo 46 del citado Estatuto, introducido en este                  Tribunal de Justicia CEE de 19 de noviembre de 1991 en
    cuerpo legal mediante el artículo 7 de la Decisión del                el sentido de que las condiciones, de fondo y de forma ,
    Consejo de 24 de octubre de 1988 por la que se crea un                previstas por el Derecho interno de cada Estado
    Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                      miembro para la acción de indemnización por daños
    Europeas . La obligación de motivar las sentencias                    como consecuencia de la no adaptación del Derecho
    implica, en particular, que los fundamentos de Derecho                interno a una Directiva comunitaria deben ser las
    que se invocan han de ser legalmente admisibles, es decir             mismas ( o, en cualquier caso, no menos favorables ) que
    suficientes, pertinentes, que no adolezcan de errores de              las establecidas por el legislador nacional al adaptar
    Derecho o de hecho y no contradictorios;                              fuera de plazo el Derecho interno a la misma Direc
— del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades                     tiva ?
    Europeas ( en lo sucesivo, « el Estatuto »), en particular de   f 1 ) DO n° L 283 de 20 . 10 . 1980 , p . 23 ; EE 05/02 , p . 219 .
    su artículo 73 , de la Reglamentación relativa a la
    cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad
    profesional de los funcionarios de las Comunidades
    Europeas ( en lo sucesivo « la Reglamentación »), y, en
    particular, de su artículo 3 ;                                  Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
                                                                    lución del Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein
— de los principios generales del Derecho aplicables al             Westfalen, de fecha 17 de marzo de 1995 , en el asunto entre
    Derecho comunitario, a saber, en concreto los de                Paul Daut GmbH & Co. KG y Oberkreisdirektor des
    seguridad jurídica, buena fe, protección de la confianza                                  Kreises Gütersloh
    legítima, del deber de asistencia y protección, del plazo
                                                                                ( Asunto C-105/95 )
    razonable así como del principio conforme al cual todo
    acto administrativo debe tener unos motivos legalmente                                       ( 95/C 159/31
    admisibles, es decir, pertinentes y que no adolezcan de
    errores de Derecho y/o de hecho.                                Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                    sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                    resolución del Oberverwaltungsgericht für das Land Nordr
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante             hein-Westfalen, dictada el 17 de marzo de 1 995 , en el asunto
resoluciones de la Pretura Circondariale di Bassano del             entre Paul Daut GmbH & Co . KG, y Oberkreisdirektor des
Grappa, de fecha 21 de marzo de 1995 , en los asuntos entre         Kreises Gütersloh, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
1 ) Danila Bonifaci y otros y 2 ) Wanda Berto y otros e             Justicia el 31 de marzo de 1995 .
     Istituto Nazionale délia Previdenza Sociale ( INPS )
                                                                    El Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-West
                (Asuntos C-94/95 y C-95/95 )                        falen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
                         ( 95/C 159/30 )                            las siguientes cuestiones :
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han          El hecho de impedir, en virtud del Derecho nacional ( art. 17,
sido sometidas dos peticiones de decisión prejudicial               ap . 1 , n° 2, del Verordnung über die hygienischen Anfor
mediante resoluciones de la Pretura Circondariale di Bas
                                                                    derungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit
sano del Grappa dictadas el 21 de marzo de 1995 en los              Fleisch, de 30 de octubre de 1986 , BGBl . I, p . 1678 ,
asuntos entre 1 ) Danila Bonifaci y otros y 2 ) Wanda Berto y       modificado por última vez mediante Ley de 27 de abril de
otros e Istituto Nazionale délia Previdenza Sociale ( INPS ), y      1993 , BGBl. I, pp . 512, 552 ), el traslado de carne separada
recibidas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de        mecánicamente y congelada a un establecimiento alemán
marzo de 1995 .
                                                                    autorizado que es apto para aplicar un tratamiento térmico
La Pretura Circondariale di Bassano del Grappa solicita al          conforme a la Directiva 77/99/CEE y que, previa designa
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes          ción por el veterinario oficial belga, compra dicha carne en
cuestiones :                                                        un establecimiento belga autorizado con el fin de someterla
1 ) ¿ Debe interpretarse el apartado 2 del artículo 4 de la         al citado tratamiento térmico y de elaborarla posterior
     Directiva 80/987/CEE del Consejo ( l ) en el sentido de        mente, ¿ es compatible con los artículos 30 y 36 del Tratado
                                                                     CE, en relación con la Directiva 64/433/CEE i 1 ) del Con
     que los Estados miembros pueden invocar la facultad de
     limitar la obligación de pago de las instituciones de           sejo, relativa a las condiciones sanitarias de producción y
     garantía a las retribuciones comprendidas dentro de un         comercialización de carnes frescas, cuyo texto codificado
     período de tiempo determinado —en el caso de autos,             figura en Anexo a la Directiva 91/497/CEE (2 ) del Consejo,
     doce meses—, incluso en los supuestos en que el hecho           de 29 de julio de 1991 , y que fue modificada por la Directiva
     de que se rebase dicho plazo no pueda imputarse a una           92/5/CEE ( 3 ) del Consejo de 10 de febrero de 1992 , y en
                                                                    relación también con la Directiva 77/99/CEE ( 4 ), relativa a
     falta de actuación culpable del trabajador interesado y,
     de manera particular, en los supuestos en que éste             problemas sanitarios en materia de intercambios intraco
                                                                     munitarios de productos a base de carne, en su redacción
     invoque un derecho a la indemnización del daño por la          contenida en Anexo a la Directiva 92/5/CEE ?
     no adaptación o la adaptación fuera de plazo del
     Derecho interno a la propia Directiva ?                         f1)  DO  n" 121 de 29 . 7. 1964, p . 2012 ; EE 03/01 , p . 101 .
2 ) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior,          (2 ) DO  n° L 268 de 24 . 9 . 1991 , p . 69 .
     ¿ debe considerarse válido el apartado 2 del artículo 4 de      (3 ) DO  n° L 57 de 2 . 3 . 1992, p . 1 .
     la Directiva, a la luz del principio de igualdad y no           (4 ) DO  n° L 26 de 31 . 1 . 1977, p . 85 ; EE 03/11 , p . 174 .
     discriminación ?