title: Asunto T-401/07: Recurso interpuesto el 2 de noviembre de 2007 — Caixa Geral de Depósitos/Comisión

text:
               12.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 8/17

         Recurso interpuesto el 2 de noviembre de 2007 — Caixa Geral de Depósitos/Comisión
   (Asunto T-401/07)
   (2008/C 8/33)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Caixa Geral de Depósitos S.A. (Lisboa, Portugal) (representantes: Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro y Carla Farinhas, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se considere debidamente interpuesto el presente recurso de anulación, con arreglo al artículo 230 del Tratado CE y, de modo simultáneo y acumulativo, la acción de condena al amparo del artículo 238 del mismo Tratado, en virtud de la cláusula compromisoria del artículo 18 del acuerdo celebrado el 15 de noviembre de 1995 entre la Comisión y la CGD.

               —

               Que se anule el artículo 1 de la Decisión C(2007) 3772, de 31 de julio de 2007, en los términos y con los efectos previstos en el artículo 230 del Tratado CE.

               —

               Con independencia de que se estime o no el recurso interpuesto con arreglo al artículo 230 del Tratado CE, que se estime la acción ejercitada con arreglo al artículo 238 del Tratado 238 y las pretensiones correspondientes y, en consecuencia, que se condene a la Comisión al pago de 1 925 858,61 euros, más los intereses de demora, calculados desde la fecha del requerimiento, efectuada el 7 de marzo de 2003, con un interés legal del 7 %, conforme a la Portaria (Decreto) no 263/99, de 12 de abril, hasta el 30 de abril de 2003, y desde el 1 de mayo de 2003 en adelante, hasta la completa satisfacción de la deuda, a un interés legal del 4 %, conforme a la Portaria no 291/03, de 8 de abril.

               —

               Que se condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de las costas del procedimiento y al de aquéllas en que incurra la CGD.

         Motivos y principales alegaciones
   Aunque en teoría el Estado pueda abstenerse de exigir a la CGD la devolución del importe reclamado por la Comisión, la Decisión impugnada descarta con carácter preliminar la hipótesis de la liberación de un importe que la propia Comisión adeudaba a la CGD.
   Dado que, en la Decisión impugnada, la Comisión no distingue la posición jurídica del Estado y de la demandante, la CGD tiene interés en que se anule dicha Decisión, que le afecta directa e individualmente a pesar de esta dirigida a la República Portuguesa. La Decisión impugnada adolece de los siguientes vicios:

               —

               Falta de motivación: En la Decisión impugnada no figura ninguna explicación sobre el modo en que la Comisión calculó el importe de la ayuda anticipado por el FEDER y que considera que debe serle restituido. Además, la motivación es contradictoria, contiene omisiones, imprecisiones y errores.

               —

               Error de hecho: La Decisión impugnada da por supuesto que el intermediario paga a los beneficiarios las bonificaciones de los intereses de los préstamos objeto de la subvención global, cuando tal cosa no ocurre, ya que dichas bonificaciones se descuentan de los intereses que los beneficiarios adeudan a la CGD.

               —

               Error de Derecho, infracción de las normas jurídicas relativas a la aplicación del Tratado CE e incumplimiento del acuerdo celebrado entre la Comisión y la CGD: en el caso de autos, el hecho de que, el 31 de diciembre de 2001, la ayuda del FEDER correspondiera al 82 % del total de las bonificaciones de los intereses vencidos no es contrario al artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 2052/88 (1). Es cierto que el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 4253/88 (2) se refiere a los anticipos o pagos definitivos referentes a «gastos efectuados», pero existen cargos (no pagos) con bonificaciones de intereses que sólo surgieron a partir del 31 de diciembre de 2001. Las deudas correspondientes al flujo de las restantes bonificaciones FEDER (vencidas) de cada préstamo pueden certificarse a la Comisión como gastos FEDER efectivamente efectuados y pagados. La comprobación de la efectividad de los gastos o cargos no se hace a través del pago anticipado de esas bonificaciones a los beneficiarios finales, sino a través de la liquidación de las responsabilidades derivadas — o sea, «asumidas» — de contratos de préstamo vinculantes celebrados y ejecutados hasta esa fecha. No existe ninguna obligación de anticipar el «pago de las bonificaciones» vencidas a 31 de diciembre de 2001 ni, con carácter alternativo, de abrir una cuenta especial para el depósito de la contrapartida nacional.

               —

               Vulneración de los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima: en los apartados 19 y 26 de la Decisión impugnada, la Comisión alega que las dos condiciones alternativas de las que hace depender que se acepte la veracidad de la efectividad de los gastos antes del 31 de diciembre de 2001 figuran en las orientaciones dadas a conocer en una reunión del CDRR (Comité para el desarrollo y la reconversión de las regiones) celebrada el 29 de mayo de 2002, orientaciones que fueron distribuidas en el CDRR en fecha posterior al 31 de diciembre de 2001. La demandante admite que esas orientaciones pueden contribuir a conferir seguridad al cierre de las subvenciones globales destinadas a la bonificación de intereses y que los intereses debidos por el prestatario son netos de dichas bonificaciones. A pesar de todo, también es necesario que las decisiones de aplicación y de los acuerdos celebrados al efecto hayan sido diseñadas de conformidad con dichas soluciones o sean compatibles con éstas, lo que no ocurre con la Decisión SGAIA ni con el acuerdo en cuestión. En las mencionadas orientaciones, la Comisión admite que existen otros métodos para tener en cuenta los gastos en cuestión. Uno de esos métodos consiste en la denominada «asunción» integral de la financiación de las bonificaciones de intereses vencidas tras el cierre del programa. Ahora bien, es esa «asunción» lo que efectivamente se produce a partir del momento en que la CGD no puede exigir a los beneficiarios que le paguen más que los intereses netos de las bonificaciones. Así pues, la Decisión impugnada ignora soluciones más acordes con la SGAIA, más fáciles de ejecutar y menos desventajosas para el intermediario y para los beneficiarios, e igualmente capaces de proteger los intereses en juego. Por otro lado, la República Portuguesa y CGD tenían expectativas legítimas de contar con la subvención en condiciones distintas de las derivadas de las mencionadas orientaciones, que les fueron notificadas tras el cierre del programa.

      (1)  Reglamento (CEE) no 2052/88 del Consejo de 24 de junio de 1988 relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 185, p. 9).

      (2)  Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1).


title: Asuntos acumulados C-478/08 y C-479/08: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de marzo de 2010 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Italia)] — Buzzi Unicem SpA, y otros ( «Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Principio de “quien contamina paga” — Directiva 2004/35/CE — Responsabilidad medioambiental — Aplicabilidad ratione temporis — Contaminación anterior a la fecha prevista para la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva y que ha continuado con posterioridad — Normativa nacional por la que se imputan los gastos de reparación de los daños vinculados a dicha contaminación a una pluralidad de empresas — Exigencia de que haya habido culpa o negligencia — Exigencia de relación de causalidad — Medidas reparadoras — Obligación de consulta a las empresas interesadas — Anexo II de dicha Directiva» )

text:
               22.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 134/10

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de marzo de 2010 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Italia)] — Buzzi Unicem SpA, y otros
   (Asuntos acumulados C-478/08 y C-479/08) (1)

   («Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Principio de “quien contamina paga” - Directiva 2004/35/CE - Responsabilidad medioambiental - Aplicabilidad ratione temporis - Contaminación anterior a la fecha prevista para la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva y que ha continuado con posterioridad - Normativa nacional por la que se imputan los gastos de reparación de los daños vinculados a dicha contaminación a una pluralidad de empresas - Exigencia de que haya habido culpa o negligencia - Exigencia de relación de causalidad - Medidas reparadoras - Obligación de consulta a las empresas interesadas - Anexo II de dicha Directiva»)
   2010/C 134/16
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

      Partes

      Demandantes: Buzzi Unicem SpA, ISAB Energy srl, Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (C-478/08), Dow Italia Divisione Commerciale Srl (C-479/08)

      Demandadas: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agencia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Sviluppo Italia SpA, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Commissario Delegato per Emergenza Rifuiti e Tutela Acque (Sicilia)

      En el que participan: ENI Divisione Exploration and Production SpA, ENI SpA y Edison SpA

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Interpretación del artículo 174 CE y de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143, p. 56), y del principio de «quien contamina paga» — Normativa nacional que confiere a la Administración la potestad para obligar a empresarios privados a que ejecuten medidas de reparación, con independencia de la realización de una investigación propia para identificar al responsable de la contaminación en cuestión.

      Fallo

               1)

               En una situación de contaminación medioambiental como la controvertida en los asuntos principales:

                           —

                           Cuando, en una situación de contaminación medioambiental, no se cumplen las condiciones de aplicación ratione temporis y/o ratione materiae de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, tal situación estará sometida al Derecho nacional dentro del respeto de las reglas del Tratado y sin perjuicio de otros actos de Derecho derivado.

                           —

                           La Directiva 2004/35 no se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente, que actúa en el marco de dicha Directiva, presumir la existencia de un nexo causal, incluso en el supuesto de contaminación de carácter difuso, entre los operadores y una contaminación comprobada y ello por razón de la proximidad de sus instalaciones al área contaminada. No obstante, de conformidad con el principio de quien contamina paga, a fin de presumir que existe tal nexo causal, dicha autoridad ha de disponer de indicios plausibles que puedan constituir la base de su presunción, por ejemplo, la proximidad de la instalación del operador a la contaminación comprobada y la coincidencia entre las sustancias contaminantes encontradas y las componentes utilizadas por el referido operador en el marco de sus actividades.

                           —

                           Los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 5, y 11, apartado 2, de la Directiva 2004/35, deben interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad competente decida imponer medidas de reparación de daños medioambientales a los operadores cuyas actividades estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación del anexo III de dicha Directiva, la autoridad competente no está obligada a demostrar que ha habido culpa o negligencia, ni tampoco una intención dolosa por parte de los operadores cuyas actividades se consideren responsables de los daños causados al medio ambiente. Por el contrario, incumbe a dicha autoridad, por una parte, investigar previamente el origen de la contaminación comprobada, para lo que dispone de un margen de apreciación en lo referente a los procedimientos, los medios que han de desplegarse y a la duración de tal investigación. Por otra parte, dicha autoridad está obligada a demostrar, según las normas nacionales en materia de prueba, la existencia de un nexo causal entre las actividades de los operadores afectados por las medidas de reparación y la referida contaminación.

                           —

                           En la medida en que la obligación de reparación sólo afecta a los operadores en cuanto a su contribución a la contaminación o al riesgo de contaminación, la autoridad competente debe, en principio, acreditar el grado de contribución de cada operador a la contaminación que la misma pretende combatir y tener en cuenta su respectiva contribución en el cálculo del coste de las acciones de reparación que dicha autoridad asigna a cada operador, sin perjuicio del artículo 9 de la Directiva 2004/35.

               2)

               Los artículos 7 y 11, apartado 4, de la Directiva 2004/35, en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, en relación con el anexo II de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           la autoridad competente está facultada para modificar sustancialmente las medidas reparadoras de daños medioambientales que han sido adoptadas tras un procedimiento contradictorio llevado a cabo en colaboración con los operadores interesados y cuya ejecución ha comenzado o acabado. No obstante, para adoptar tal decisión:

                                       —

                                       dicha autoridad deberá oír a los operadores a los que se impongan tales medidas, salvo cuando la urgencia de la situación medioambiental exija una actuación inmediata por parte de la autoridad competente;

                                       —

                                       la referida autoridad también habrá de invitar, en particular, a las personas en cuyas tierras hayan de aplicarse tales medidas a presentar sus observaciones y las tendrá en cuenta, y

                                       —

                                       dicha autoridad deberá tener en cuenta los criterios previstos en el punto 1.3.1 del anexo II de la Directiva 2004/35 e indicar, en su decisión, los motivos exactos en los que se basa su elección así como, en su caso, los que justifiquen que no era necesario hacer un examen detallado a la vista de los referidos criterios o que éste no pudo efectuarse debido, por ejemplo, a la urgencia de la situación medioambiental.

                           —

                           En circunstancias como las que concurren en los litigios principales, la Directiva 2004/35 no se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente supeditar el ejercicio, por parte de los operadores a los que van dirigidas las medidas reparadoras del medio ambiente, del derecho a utilizar sus terrenos a la condición de que ejecuten los trabajos que éstas exijan y ello aunque los referidos terrenos no estén afectados por esas medidas al haber sido objeto de medidas de saneamiento anteriores o no haber sido jamás contaminados. No obstante, tal medida ha de justificarse por el objetivo de impedir la agravación de la situación medioambiental en el lugar en que se ejecutan las referidas medidas o, en aplicación del principio de cautela, por el objetivo de prevenir la aparición o reaparición de otros daños medioambientales en los referidos terrenos de los operadores, adyacentes a todo el litoral objeto de las citadas medidas reparadoras.

      (1)  DO C 19, de 24.1.2009.


title: Asunto T-159/09: Sentencia del Tribunal General de 18 de junio de 2012 — Biofrescos/Comisión [ «Unión Aduanera — Camarón congelado procedente de Indonesia — Certificados de origen inválidos — Recaudación a posteriori de derechos de importación — Solicitud de condonación de derechos de importación — Artículo 220, apartado 2, letra b), y artículo 239 del Reglamento (CEE) n ° 2913/92» ]

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/17

         Sentencia del Tribunal General de 18 de junio de 2012 — Biofrescos/Comisión
   (Asunto T-159/09) (1)

   (Unión Aduanera - Camarón congelado procedente de Indonesia - Certificados de origen inválidos - Recaudación a posteriori de derechos de importación - Solicitud de condonación de derechos de importación - Artículo 220, apartado 2, letra b), y artículo 239 del Reglamento (CEE) no 2913/92)
   2012/C 227/23
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, L.da (Linda-a-Velha, Portugal) (representante: A. de Magalhães Menezes, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: R. Lyal, P. Guerra e Andrade y L. Bouyon, agentes)

      Objeto

   Petición de que se anule la Decisión C(2009) 72 final de la Comisión, de 16 de enero de 2009, por la que declara que está justificado proceder a la contracción a posteriori de los derechos de importación y que no está justificado proceder a la condonación de tales derechos en un caso concreto.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, L.da.

      (1)  DO C 153, de 4.7.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 5 de julio de 2005, en el asunto T-370/03, Jacques Wunenburger contra Comisión de las Comunidades Europeas («Funcionarios — Puesto de Director en el seno de la Oficina de Cooperación de la Comisión EuropeAid — Convocatoria para proveer plaza vacante — Desestimación de candidatura — Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Motivación — Error manifiesto de apreciación»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/37

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 5 de julio de 2005
   en el asunto T-370/03, Jacques Wunenburger contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Funcionarios - Puesto de Director en el seno de la Oficina de Cooperación de la Comisión EuropeAid - Convocatoria para proveer plaza vacante - Desestimación de candidatura - Recurso de anulación - Interés en ejercitar la acción - Motivación - Error manifiesto de apreciación»)
   (2005/C 217/83)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-370/03, Jacques Wunenburger, con domicilio en Zagreb (Croacia), representado por el Sr. É. Boigelot, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. J. Currall y G. Berscheid), que tiene por objeto un recurso de anulación dirigido, por un lado, contra la decisión de la Comisión de no nombrar al demandante para el puesto de Director de la Dirección «África, Caribe, Pacífico» de la Oficina de Cooperación EuropeAid y, por otro lado, contra la decisión de nombrar a otro candidato para dicho puesto, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), integrado por los Sres. J.D. Cooke, Presidente, y R. García-Valdecasas y la Sra. I. Labucka, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 5 de julio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 21, de 24.1.2004.


title: Asunto C-522/15 P: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2015 — Comisión Europea/Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/23

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2015 — Comisión Europea/Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA
   (Asunto C-522/15 P) (1)

   (2016/C 136/32)
   Lengua de procedimiento: italiano
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 406 de 7.12.2015.


title: Asunto C-576/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 5 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Maya Marinova ET/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículo 2, apartado 1, letra a) — Artículo 9, apartado 1 — Artículo 14, apartado 1 — Artículos 73, 80 y 273 — Principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad — Fraude fiscal — Irregularidades contables — Ocultación de entregas e ingresos — Determinación de la base imponible]

text:
               28.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 441/5

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 5 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Maya Marinova ET/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
      (Asunto C-576/15) (1)

      ([Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículo 2, apartado 1, letra a) - Artículo 9, apartado 1 - Artículo 14, apartado 1 - Artículos 73, 80 y 273 - Principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad - Fraude fiscal - Irregularidades contables - Ocultación de entregas e ingresos - Determinación de la base imponible])
      (2016/C 441/07)
      Lengua de procedimiento: búlgaro

         Órgano jurisdiccional remitente

      Administrativen sad Veliko Tarnovo

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Maya Marinova ET

         Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

         Fallo

      El artículo 2, apartado 1, letra a), el artículo 9, apartado 1, el artículo 14, apartado 1, y los artículos 73 y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y el principio de neutralidad fiscal deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual, si no se hallan en el almacén de un sujeto pasivo las mercancías que se le suministraron ni existe registro en su contabilidad de los documentos fiscales relativos a las mismas, la administración tributaria puede presumir que dicho sujeto pasivo vendió posteriormente esas mercancías a terceros y determinar la base imponible de las ventas de dichas mercancías en función de los datos fácticos de que disponga, con arreglo a normas no previstas por dicha Directiva. No obstante, corresponde al tribunal remitente comprobar que las disposiciones de esa normativa nacional no vayan más allá de lo que es necesario para garantizar la correcta recaudación del impuesto sobre el valor añadido y evitar el fraude.

         (1)  DO C 27 de 25.1.2016.


title: Asunto C-85/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Telefónica Móviles España, S.A./Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ( «Servicios de telecomunicaciones — Directiva 97/13/CE — Autorizaciones generales y licencias individuales — Cánones y gravámenes aplicables a las empresas titulares de licencias individuales — Artículo 11, apartado 2 — Interpretación — Legislación nacional que no asigna una finalidad específica a un gravamen — Incremento del gravamen para los sistemas digitales, sin modificarlo para los sistemas analógicos de primera generación — Compatibilidad» )

text:
               7.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 139/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Telefónica Móviles España, S.A./Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
   (Asunto C-85/10) (1)

   (Servicios de telecomunicaciones - Directiva 97/13/CE - Autorizaciones generales y licencias individuales - Cánones y gravámenes aplicables a las empresas titulares de licencias individuales - Artículo 11, apartado 2 - Interpretación - Legislación nacional que no asigna una finalidad específica a un gravamen - Incremento del gravamen para los sistemas digitales, sin modificarlo para los sistemas analógicos de primera generación - Compatibilidad)
   2011/C 139/16
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Supremo

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Telefónica Móviles España, S.A.

      Demandada: Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunal Supremo — Interpretación del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 7/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones (DO L 117, p. 15) — Cánones y gravámenes aplicables a las empresas titulares de licencias individuales — Imposición de cargas pecuniarias superiores a las autorizadas por la Directiva y que tienen una finalidad no prevista por ésta — Penalización de las tecnologías más avanzadas en relación con las obsoletas.

      Fallo

   Las exigencias establecidas en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, según las cuales los gravámenes impuestos a los operadores de servicios de telecomunicaciones por la utilización de recursos escasos deben perseguir el objetivo de garantizar el uso óptimo de dichos recursos y tener en cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia, han de interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que impone un gravamen por el uso de radiofrecuencias a los operadores de servicios de telecomunicaciones titulares de licencias individuales sin asignar una finalidad específica a los ingresos obtenidos de ese gravamen, y que incrementa significativamente el importe del gravamen para una determinada tecnología sin modificarlo para una tecnología distinta.

      (1)  DO C 134, de 22.5.2010.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 2 de diciembre de 2004, en el asunto C-48/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa (Incumplimiento — Directiva 2000/76/CE — Incineración de residuos — No adaptación del Derecho interno)

text:
               22.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/7

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 2 de diciembre de 2004
   en el asunto C-48/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa (1)

   (Incumplimiento - Directiva 2000/76/CE - Incineración de residuos - No adaptación del Derecho interno)
   (2005/C 19/12)
   Lengua de procedimiento: portugués
   En el asunto C-48/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 6 de febrero de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. A. Caeiros y M. Konstantinidis) contra República Portuguesa (agentes: Sr. L. Fernandes y Sra. F. Andrade), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y el Sr. E. Levits (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 2 de diciembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 71, de 20.3.2004.


title: Asunto C-8/06 P: Recurso de casación interpuesto el  9 de enero de 2006  por Anna Herrero Romeu contra la sentencia dictada el  25 de octubre de 2005  por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-298/02 entre Anna Herrero Romeu y Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/27

         Recurso de casación interpuesto el 9 de enero de 2006 por Anna Herrero Romeu contra la sentencia dictada el 25 de octubre de 2005 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-298/02 entre Anna Herrero Romeu y Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-8/06 P)
   (2006/C 60/50)
   Lengua de procedimiento: el español
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 9 de enero de 2006 un recurso de casación interpuesto por Anna Herrero Romeu, representada por R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez y A. Sayagués Torres, abogados, contra la sentencia dictada el 25 de octubre de 2005 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-298/02 entre Anna Herrero Romeu y Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare admisible el presente recurso.

               2)

               Anule la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 25 de octubre de 2005.

               3)

               Condene a la Comisión de las C.E. al pago de la totalidad de las costas que se deriven del procedimiento ante el Tribunal de Justicia y así como las incurridas en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso de casación se fundamenta exclusivamente en un único motivo: la violación por el TPI del derecho comunitario en los considerandos 23 a 44 de la sentencia recurrida. En particular, la parte recurrente considera que el TPI ha realizado una interpretación incorrecta del concepto de «situaciones derivadas de servicios prestados a otros Estados» recogido en el artículo 4, apartado 1, letra a), párrafo segundo, del Anexo VII del Estatuto.


title: Asunto T-63/06: Recurso interpuesto el  16 de febrero de 2006  — Eyropaïki Dynamiki/OEDT

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/45

         Recurso interpuesto el 16 de febrero de 2006 — Eyropaïki Dynamiki/OEDT
   (Asunto T-63/06)
   (2006/C 86/84)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Eyropaïki Dynamiki Proigema Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas) (representante: N. Korogiannakis, abogado)

      Demandada: Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías de desestimar la oferta de la demandante y adjudicar el contrato al licitador elegido.

               —

               Que se condene al Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías a cargar con las costas de la demandante relativas al presente recurso, así como a reparar los perjuicios derivados del procedimiento de licitación.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante presentó una oferta en respuesta a una licitación organizada por el demandado en relación con la programación de aplicaciones informáticas y servicios de consultoría (DO 2005/S 187-183846). La demandante impugna la decisión de rechazar su oferta y adjudicar el contrato a otro licitador.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que la decisión impugnada se adoptó infringiendo el principio de no discriminación y de transparencia y contraviniendo la Directiva 92/50 (1) y el Reglamento financiero. (2) Según la demandante, su oferta fue rechazada en función de criterios que no se incluían en el anuncio de licitación. La demandante alega también que el demandado no solicitó aclaraciones a la demandante y, por tanto, infringió el principio de buena administra- ción. Por último, la demandante alega que la decisión impugnada contiene errores manifiestos de apreciación.

      (1)  Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de julio de 2003 en el asunto C-457/00: Reino de Bélgica contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Ayudas de Estado — Ayudas en favor del grupo belga Verlipack — Sector del vidrio hueco para envases")

text:
23.8.2003              ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                C 200/3
que prevé una corrección financiera aplicable a los gastos                 2)    Condenar en costas al Reino de Bélgica.
declarados por el Reino de España en concepto de ayuda
compensatoria a los productores de plátanos correspondiente a
las campañas 1995 y 1996, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta),           (1) DO C 45 de 10.2.2001.
integrado por el Sr. D.A.O. Edward, en funciones de Presidente
de la Sala Quinta, y los Sres. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr
(Ponente) y A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo;
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 19 de junio de 2003 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Desestimar el recurso en su totalidad.                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
2)    Condenar en costas al Reino de España.                                                      de 10 de julio de 2003
(1) DO C 335 de 25.11.2000.                                                en el asunto C-472/00 P: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Fresh Marine Company A/S (1)
                                                                           («Recurso de casación — Responsabilidad extracontractual de
                                                                           la Comunidad — Derechos antidumping y compensatorios
                                                                           provisionales sobre las importaciones de salmón atlántico de
                                                                                piscifactoría originario de Noruega»)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                           (2003/C 200/05)
                             (Sala Quinta)                                                     (Lengua de procedimiento: inglés)
                      de 3 de julio de 2003                                (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
en el asunto C-457/00: Reino de Bélgica contra Comisión
                de las Comunidades Europeas (1)
                                                                           En el asunto C-472/00 P, Comisión de las Comunidades
                                                                           Europeas (agentes: Sr. V. Kreuschitz y Sra. S. Meany, asistidos
(«Ayudas de Estado — Ayudas en favor del grupo belga                       por el Sr. N. Khan, Barrister), que tiene por objeto un recurso
      Verlipack — Sector del vidrio hueco para envases»)                   de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de
                                                                           Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera
                                                                           ampliada) de 24 de octubre de 2000, Fresh Marine/Comisión
                          (2003/C 200/04)                                  (T-178/98, Rec. p. II-3331), por el que se solicita que se anule
                                                                           dicha sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento
                                                                           es: Fresh Marine Company A/S, con domicilio social en Trond-
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       heim (Noruega) (abogados: Sres. J.-F. Bellis y B. Servais), el
                                                                           Tribunal de Justicia (Sala Tercera ampliada), integrado por los
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la       Sres. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, J.-P. Puissochet,
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y
                                                                           C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, S. von
                                                                           Bahr, J.N. Cunha Rodrigues (Ponente) y A. Rosas, Jueces;
                                                                           Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretaria: Sra.
En el asunto C-457/00, Reino de Bélgica (agente: Sra.                      L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 10 de julio
A. Snoecx, asistida por los Sres. J.-M. De Backer,                         de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
G. Vandersanden y L. Levi, abogados) contra Comisión de las
Comunidades Europeas (agente: Sr. G. Rozet), que tiene por                 1)    Desestimar el recurso de casación principal y la adhesión a la
objeto la anulación de la Decisión de la Comisión 2001/856/                      casación.
CE, de 4 de octubre de 2000, relativa a las ayudas estatales en
favor de Verlipack — Bélgica (DO 2001, L 320, p. 28), el
Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr.                   2)    Condenar a la Comisión de las Comunidades Europeas a cargar
C.W.A. Timmermans, Presidente de la Sala Cuarta, en                              con las costas correspondientes al recurso de casación principal.
funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres.
D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann y S. von Bahr (Ponente),             3)    Condenar a Fresh Marine Company A/S a cargar con las costas
Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von                 correspondientes a la adhesión a la casación.
Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 3 de julio de 2003
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           (1) DO C 61 de 24.2.2001.
1)    Desestimar el recurso.


title: Asunto T-13/00: Recurso interpuesto el 19 de enero de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas, por S.W.M. Baltussen y otros

text:
13.5.2000             ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 135/11
                                                    TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
                                                                          Instancia que:
                   de 22 de febrero de 2000
                                                                          1) Acuerde la admisión del recurso.
en el asunto T-22/99, Gustave Rose contra Comisión de
                 las Comunidades Europeas (1)                             2) Anule la Decisión [C(1999)2539 final] (1) de la Comisión,
                                                                               de 20 de julio de 1999, o, al menos, las partes de los
(Funcionarios — Denegación de promoción — Guı́a de la                        artı́culos 2 y 3 de la Decisión, en la medida en que
promoción — Protección de confianza legı́tima — Desviación                  disponen en relación con (una de) las demandantes que las
       de poder — Examen comparativo de los méritos)                           cantidades recibidas por la(s) demandante(s), con arreglo al
                                                                               Régimen transitorio de subvenciones a las estaciones de
                        (2000/C 135/20)                                        servicio en la zona fronteriza con Alemania, se consideran
                                                                               ayuda estatal en el sentido del artı́culo 87, apartado 1, del
                                                                               Tratado CE y/o deben ser reembolsadas, y/o en la medida
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                               en que de la Decisión se deriva que las cantidades que, en
                                                                               virtud del Régimen transitorio, se puedan pagar o se
En el asunto T-22/99, Gustave Rose, funcionario de la
                                                                               pagarán a la(s) demandante(s) se considerarán en derecho
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
                                                                               como ayuda prohibida en el sentido del artı́culo 87,
Goutroux (Bélgica), representado por Me L. Vogel, Abogado de
                                                                               apartado 1, del Tratado CE.
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho de Me C. Kremer, 6, rue Heinrich Heine, contra                   3) Condene en costas a la Comisión.
Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sras. C. Be-
rardis-Kayser y F. Duvieusart-Clotuche), que tiene por objeto
una solicitud de anulación de la decisión de la Comisión de no         Motivos y principales alegaciones
promover al demandante al grado C 1, correspondiente al
ejercicio de promoción de 1998, el Tribunal de Primera
                                                                          Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los del
Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. R. Garcı́a-Valdeca-
                                                                          asunto T-318/99.
sas, Presidente, por la Sra. P. Lindh y por el Sr. J.D. Cooke,
Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador, ha
dictado el 22 de febrero de 2000 una sentencia cuyo fallo es el           (1) DO L 280, de 30.10.1999, p. 87.
siguiente:
1) Se anula la decisión de la Comisión de no promover al
     demandante al grado C 1, en el ejercicio de promoción de 1998.
2) Se condena en costas a la Comisión.
(1) JO C 100 de 10.04.1999.
                                                                          Recurso interpuesto el 19 de enero de 2000 contra
                                                                          la Comisión de las Comunidades Europeas por CAV
                                                                                Ulestraten-Schimmert-Hulsberg y otros
                                                                                (Asunto T-14/00)
Recurso interpuesto el 19 de enero de 2000 contra la                                                (2000/C 135/22)
Comisión de las Comunidades Europeas, por S.W.M.
                       Baltussen y otros
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                       (Asunto T-13/00)
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                        (2000/C 135/21)                                   Europeas se ha presentado el 19 de enero de 2000 un recurso
                                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
               (Lengua de procedimiento: neerlandés)                      por CAV Ulestraten-Schimmert-Hulsberg y otros, de Ulestraten
                                                                          (Paı́ses Bajos), representados por el Sr. G. van der Wal,
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    Abogado de Bruselas, que designan como domicilio en Luxem-
Europeas se ha presentado el 19 de enero de 2000 un recurso               burgo el despacho de Me A. May, Grand-Rue 31.
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por S.W.M. Baltussen y otros, de Amsterdam (Paı́ses Bajos),               Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
representados por el Sr. G. van der Wal, Abogado de Bruselas,             Instancia que:
que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de
Me A. May, 31, Grand-Rue.                                                 1) Acuerde la admisión del recurso.


title: Asunto T-434/12: Sentencia del Tribunal General de 16 de enero de 2014 — Steiff/OAMI (Etiqueta con un botón de metal en la parte central de la oreja de un peluche) [ «Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria consistente en la colocación gracias a un botón de una etiqueta en la parte central de la oreja de un peluche — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/36

         Sentencia del Tribunal General de 16 de enero de 2014 — Steiff/OAMI (Etiqueta con un botón de metal en la parte central de la oreja de un peluche)
   (Asunto T-434/12) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria consistente en la colocación gracias a un botón de una etiqueta en la parte central de la oreja de un peluche - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2014/C 52/67
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Alemania) (representante: D. Fissl, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Pohlmann, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 19 de julio de 2012 (asunto R 1692/2011-1) relativa a una solicitud de registro de un signo constituido por la colocación gracias a un botón de una etiqueta en la parte central de la oreja de un peluche como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Margarete Steiff GmbH.

      (1)  DO C 366, de 24.11.2012.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 30 de junio de 2004, en el asunto T-317/01: M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa M+M EUROdATA — Marca denominativa anterior EURODATA TV — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94)

text:
               25.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/16

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 30 de junio de 2004
   en el asunto T-317/01: M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa M+M EUROdATA - Marca denominativa anterior EURODATA TV - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94)
   (2004/C 239/32)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-317/01, M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH, con domicilio social en Francfurt del Meno (Alemania), representada por el Sr. M. Treis, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sra. S. Laitinen y Sr. U. Pfleghar), y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es Mediametrie SA, con domicilio social en París (Francia), representada inicialmente por Me D. Dupuis-Latour y posteriormente por Me S. Szilvasi, abogados, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 2 de octubre de 2001 en el asunto R 698/2000-1, relativa a un procedimiento de oposición entre Mediametrie SA y M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 30 de junio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 2 de octubre de 2001 en el asunto R 698/2000-1, excepto en la medida en que devuelve el asunto a la División de Oposición para que resuelva sobre la solicitud de marca en relación con los productos y servicios a que ésta se refiere y que están comprendidos en las clases 9, 16 y 42.

               2)

               Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) al pago de las costas de la demandante.

               3)

               La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 56 de 2.3.2002.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 14 de abril de 2005, en el asunto C-299/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/77/CE — Mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/13

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 14 de abril de 2005
   en el asunto C-299/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/77/CE - Mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)
   (2005/C 143/17)
   Lengua de procedimiento: griego
   En el asunto C-299/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 14 de julio de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. T. Christoforou y Sra. K. Mojzesowicz) contra República Helénica (agente: Sra. N. Dafniou), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. A. Borg Barthet, Presidente de Sala, los Sres. J.-P Puissochet y J. Malenovský (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 14 de abril de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 228, de 11.9.2004.


title: Asunto C-645/13: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n ° 34 de Barcelona) — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

text:
               16.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/10

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona) — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez
   (Asunto C-645/13) (1)

   (2015/C 056/14)
   Lengua de procedimiento: español
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 71, de 8.3.2014.


title: Asunto C-433/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2010 — Comisión Europea/República de Austria (Incumplimiento de Estado — Fiscalidad — Directiva 2006/112/CE — IVA — Base imponible — Impuesto que grava la entrega de vehículos aún no matriculados en el Estado miembro de que se trata en función de su valor y de su consumo medio — «Normverbrauchsabgabe» )

text:
               19.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2010 — Comisión Europea/República de Austria
   (Asunto C-433/09) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Fiscalidad - Directiva 2006/112/CE - IVA - Base imponible - Impuesto que grava la entrega de vehículos aún no matriculados en el Estado miembro de que se trata en función de su valor y de su consumo medio - «Normverbrauchsabgabe»)
   2011/C 55/24
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: D. Triantafyllou, agente)

      Demandada: República de Austria (representantes: E. Riedl y C. Pesendorfer, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 78 y 79 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Venta de un vehículo automóvil — Inclusión en la base imponible de un impuesto que grava la entrega de vehículos aún no matriculados en el Estado miembro de que se trata en función de su valor y de su consumo medio («Normverbrauchsabgabe»).

      Fallo

               1)

               Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 78 de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en la medida en que incluyó el impuesto sobre el consumo normalizado de carburante en la base imponible del impuesto sobre el valor añadido exigido en Austria por la importación de un vehículo automóvil.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión Europea y la República de Austria cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 24, de 30.1.2010.


title: Asunto C-396/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanța — Rumanía) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța/ejecución de órdenes de detención europea dictadas contra Ciprian Vasile Radu (Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros — Orden de detención europea dictada para el ejercicio de acciones penales — Motivos de denegación de ejecución)

text:
               23.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanța — Rumanía) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța/ejecución de órdenes de detención europea dictadas contra Ciprian Vasile Radu
   (Asunto C-396/11) (1)

   (Cooperación policial y judicial en materia penal - Decisión marco 2002/584/JAI - Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros - Orden de detención europea dictada para el ejercicio de acciones penales - Motivos de denegación de ejecución)
   2013/C 86/07
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Curtea de Apel Constanța

      Parte en el procedimiento principal

   Ciprian Vasile Radu

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Curtea de Apel Constanța — Interpretación de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1), así como del artículo 6 TUE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, concretamente de sus artículos 6, 48 y 52 — Orden de detención europea dictada a efectos de un procedimiento penal — Posibilidad de que el Estado miembro de ejecución de la orden de detención deniegue la petición de entrega de la persona buscada alegando el incumplimiento del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o bien basándose en que la Decisión Marco 2002/584/JAI no haya sido objeto de transposición total o parcial por parte del Estado miembro de expedición de la orden de detención.

      Fallo

   La Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades judiciales de ejecución no pueden negarse a ejecutar una orden de detención europea dictada para el ejercicio de acciones penales por el motivo de que la persona buscada no ha sido oída en el Estado miembro emisor antes de que se dicte esa orden de detención.

      (1)  DO C 282, de 24.9.2011.


title: Asunto T-305/09: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2009 — Unicid/Comisión

text:
               10.10.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 244/12

         Recurso interpuesto el 30 de julio de 2009 — Unicid/Comisión
   (Asunto T-305/09)
   2009/C 244/19
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid) (París) (representantes: V. Ledoux y B. Néouze, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule en su totalidad la decisión impugnada.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación de la Decisión C(2008) 7846 final (1) de la Comisión, de 10 de diciembre de 2008, en la cual la Comisión había considerado que el régimen marco de acciones que pueden llevar a cabo las organizaciones interprofesionales agrícolas francesas, consistentes en ayudas a la asistencia técnica, a la producción y a la comercialización de productos agrícolas de calidad, a la investigación y al desarrollo y a la publicidad a favor de los productores iniciales y de las empresas activas en la transformación y la comercialización de productos agrícolas, financiado mediante cotizaciones voluntarias transformadas en obligatorias, recaudadas a los miembros de estas asociaciones profesionales constituye una ayuda de Estado compatible con el mercado común.
   Los motivos y principales alegaciones invocados por la demandante son básicamente idénticos o similares a los invocados en el marco de los asuntos T-293/09, CNIEL/Comisión, y T-302/09, CNIPT/Comisión.

      (1)  DO 2009, C 116, p. 14.


title: Asunto C-136/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) el 7 de marzo de 2016 — Sociedade Metropolitana de Deselvolvimento, S.A./Banco Santander Totta, S.A.

text:
               10.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/11

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) el 7 de marzo de 2016 — Sociedade Metropolitana de Deselvolvimento, S.A./Banco Santander Totta, S.A.
   (Asunto C-136/16)
   (2016/C 165/13)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Supremo Tribunal de Justiça

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante en primera instancia: Sociedade Metropolitana de Deselvolvimento, S.A.

      Demandada en primera instancia: Banco Santander Totta, S.A.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En un litigio entre dos empresas nacionales de un Estado miembro acerca de unos contratos, ¿constituye un elemento de extranjería suficiente para originar la aplicación de los Reglamentos (CE) n.o 44/2001 (1) y (UE) n.o 1215/2012 (2) a efectos de la determinación de la competencia internacional la existencia en tales contratos de cláusulas de atribución de competencia en favor de otro Estado miembro, o es necesario que concurran además otros elementos de extranjería?

               2)

               ¿Puede no aplicarse el acuerdo de atribución de competencia si la elección de los tribunales de un Estado miembro diferente del de la nacionalidad de las partes causa graves inconvenientes a una de ellas sin que exista en la otra parte un interés digno de protección que justifique tal elección?
               En el caso de que se concluya que son necesarios otros elementos de extranjería además del pacto de competencia:

               3)

               ¿Presentan los contratos de swap celebrados entre SMD y el Banco Santander Totta suficientes elementos de extranjería para dar lugar a la aplicación de los Reglamentos (CE) n.o 44/2001 y (UE) n.o 1215/2012 a efectos de la determinación de la competencia internacional para la decisión de los litigios que se refieren a ellas cuando:

                           a)

                           tales entidades son nacionales de un Estado miembro, Portugal, que celebraron en Portugal dos contratos de swap compuestos por un ISDA Master Agreements y dos «confirmations», negociados por la Región Autónoma de Madeira en representación de la SMD;

                           b)

                           en esa negociación, la Región Autónoma de Madeira, asesorada por el Banco BPI, S.A., y por un despacho de abogados, pidió a varios bancos internacionales que presentaran propuestas, entre los que se encontraba JP Morgan;

                           c)

                           el Banco Santander Totta, S.A., pertenece íntegramente al Banco Santander, con domicilio social en España;

                           d)

                           el Banco Santander Totta, S.A., actuó en calidad de banco internacional, con filiales en varios Estados miembros, y bajo la marca única Santander;

                           e)

                           el Banco Santander Totta, S.A., fue considerado en el ISDA Master Agreement una Multibranch Party, que puede realizar y recibir pagos en cualquier transacción a través de sus filiales en Londres y Luxemburgo;

                           f)

                           con arreglo al ISDA Master Agreement celebrado, las partes pueden, en determinados casos, transferir sus derechos y obligaciones en favor de otras oficinas de representación o filiales;

                           g)

                           las partes en los contratos de swap designaron como aplicable la ley inglesa y celebraron acuerdos de atribución de competencia que atribuían competencia exclusiva e íntegra a los tribunales ingleses;

                           h)

                           los contratos se redactaron en inglés y la terminología y los conceptos utilizados son anglosajones;

                           i)

                           los contratos de swap fueron celebrados con el objetivo de cubrir el riesgo de variación del tipo de interés de dos contratos de financiación, ambos redactados en inglés y celebrados con entidades extranjeras (una con sede en Holanda y otra en Italia), y en uno de los contratos de financiación se preveía que los pagos de los prestatarios debían efectuarse en la cuenta del banco HSBC Bank pic, en Londres, en las fechas señaladas por referencia al huso horario de Londres, y con sujeción a la ley inglesa y a los tribunales ingleses;

                           j)

                           el Banco Santander Totta, S.A., actuó como intermediario del mercado internacional, al haber celebrado contratos simétricos de cobertura en el ámbito del mercado internacional?

      (1)  Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2003 en el asunto T-254/99: Maja Srl contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Reglamento (CEE) n° 4028/86 — Ayuda financiera comunitaria — Cesión de empresa — Ejecución del proyecto — Procedimiento que tiene por objeto la supresión de la ayuda — Recurso de anulación")

text:
C 112/24              ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            10.5.2003
                                                  TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
               Adscripción de Jueces a las Salas                          por los Sres. P. Piva, R. Mastroianni y G. Arendt, abogados,
                                                                          que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
                        (2003/C 112/42)                                   Comunidades Europeas (agentes: la Sra. C. Cattabriga y el Sr.
                                                                          A. Dal Ferro), que tiene por objeto un recurso de anulación de
                                                                          la Decisión C(1999) 2183 de la Comisión, de 5 de agosto de
En su reunión de 2 de abril de 2003, el Pleno del Tribunal de             1999, relativa, por una parte, a la supresión de la ayuda
Primera Instancia decidió, de conformidad con el artículo 10              financiera concedida a la demandante mediante la Decisión
del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera                   C(91) 654/87 de la Comisión, de 29 de abril de 1991, en el
Instancia, para el período que se extiende hasta el 30 de                 marco del proyecto IT/0166/91/01, titulado «Modernización
septiembre de 2003, adscribir a la Juez Sra. Martins Ribeiro a            de una unidad de producción de acuicultura en Contarina
la Sala Primera, a la Sala Primera ampliada y a la Sala Quinta            (Véneto)», y, por otra parte, a la orden conminatoria dirigida a
ampliada.                                                                 la demandante para que devuelva a la Comisión la cantidad
                                                                          de 420 810 718 liras italianas (ITL) (217 330,59 euros), el
Por consiguiente, la composición de las Salas decidida el 4 de            Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el
julio de 2002 (DO C 202, de 24 de agosto de 2002, p. 19)                  Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y
queda modificada de la siguiente forma:                                   A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. Palacio González, adminis-
                                                                          trador principal; ha dictado el 12 de marzo de 2003 una
                                                                          sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Sala Primera
                                                                          1)    Desestimar el recurso.
Sr. Vesterdorf, Presidente de Sala; Sr. Legal y Sra. Martins
Ribeiro, Jueces.                                                          2)    Condenar en costas a la demandante, incluidos los gastos
                                                                                correspondientes al procedimiento de medidas provisionales.
Sala Primera ampliada
                                                                          (1 ) DO C 34 de 5.2.2000.
Sr. Vesterdorf, Presidente de Sala; Sres. Azizi, Jaeger y Legal y
Sra. Martins Ribeiro, Jueces.
Sala Quinta ampliada
Sr. García-Valdecasas, Presidente de Sala; Sra. Lindh,                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Sres. Cooke y Legal y Sra. Martins Ribeiro, Jueces.
                                                                                de 4 de marzo de 2003
                                                                          en el asunto T-319/99: Federación Nacional de Empresas
                                                                          de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               (FENIN) contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                   de 12 de marzo de 2003                                 («Competencia — Abuso de posición dominante — Servicio
                                                                          público de salud — Retrasos en el pago de facturas —
en el asunto T-254/99: Maja Srl contra Comisión de las                    Denuncia presentada por proveedores — Concepto de
                  Comunidades Europeas (1)                                                             empresa»)
(«Reglamento (CEE) no 4028/86 — Ayuda financiera comu-
nitaria — Cesión de empresa — Ejecución del proyecto —                                              (2003/C 112/44)
Procedimiento que tiene por objeto la supresión de la ayuda
                   — Recurso de anulación»)                                                (Lengua de procedimiento: español)
                        (2003/C 112/43)
                (Lengua de procedimiento: italiano)                       En el asunto T-319/99, Federación Nacional de Empresas de
                                                                          Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN),
                                                                          con sede en Madrid, representada por los Sres. R. García-
En el asunto T-254/99, Maja Srl, anteriormente denominada                 Gallardo Gil-Fournier y G. Pérez Olmo y la Sra. M.D. Domín-
Ca’Pasta Srl, con domicilio social en Padua (Italia), representada        guez Pérez, abogados, contra Comisión de las Comunidades


title: Asunto T-454/11: Sentencia del Tribunal General de 19 de abril de 2013 — Luna/OAMI — Asteris (Al bustan) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa Al bustan — Marca nacional figurativa anterior ALBUSTAN — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/40

         Sentencia del Tribunal General de 19 de abril de 2013 — Luna/OAMI — Asteris (Al bustan)
   (Asunto T-454/11) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria figurativa Al bustan - Marca nacional figurativa anterior ALBUSTAN - Uso efectivo de la marca anterior - Artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2013/C 156/74
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Luna International Ltd (Londres, Reino Unido) (representantes: S. Malynicz, Barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Asteris Industrial and Commercial Company SA (Atenas, Grecia)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 20 de mayo de 2011 (asunto R 1358/2008-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Asteris Industrial and Commercial Company SA y Luna International Ltd.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Luna International Ltd.

      (1)  DO C 319, de 29.10.2011.


title: Asunto T-282/04: Recurso interpuesto el 9 de julio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Italiana

text:
               9.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/24

         Recurso interpuesto el 9 de julio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Italiana
   (Asunto T-282/04)
   (2004/C 251/44)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 9 de julio de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la República Italiana, representada por el Sr. Gianni De Bellis, avvocato dello Stato, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la Decisión C(2004) 1706 de la Comisión, de 24 de abril de 2004, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), en la parte en que

               —

               se efectúa una corrección puntual de 19 058 682 euros «Desarrollo rural» — Medida b. «Instalación de jóvenes agricultores» del Plan de Desarrollo Rural de la Región de Toscana

               —

               se efectúa una corrección a tanto alzado del 2 % por importe de 2 758 501 euros en relación con el suministro de ayudas alimentarias a los indigentes.

               —

               Condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   Los gastos excluidos de la financiación comunitaria por la Decisión impugnada se refieren, en cuanto atañe a la demandante, a la medida sobre la «instalación de jóvenes agricultores», prevista en el documento relativo al programa de desarrollo rural en la Región de Toscana, aprobado mediante Decisión C(2000) 2510, de 7 de septiembre de 2000, así como a la corrección a tanto alzado del 2 % aplicada al suministro de ayudas alimentarias a los indigentes, las cuales, según la Comisión, no establecieron un sistema de controles dotado de las suficientes garantías.
   Para fundamentar sus pretensiones, la demandante invoca:

               —

               En lo que atañe a la medida sobre la «instalación de jóvenes agricultores», la infracción de los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) no 729/70 (1), de los artículos 35 y 37 del Reglamento (CE) no 1750/1999 (2) y del artículo 2, párrafo primero, del Reglamento (CE, EURATOM) no 2988/95 del Consejo (3), así como la violación de los principios en materia de corrección financiera.

               —

               En lo que atañe al suministro de ayudas alimentarias a los indigentes, la infracción de los artículos 2 y 3 del Reglamento (CE) no 729/70, antes citado.

      (1)  Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 90 de 28.4.1970, p. 13; EE 03/03, p. 220.

      (2)  Reglamento (CE) no 1750/1999 de la Comisión, de 23 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (DO L 214 de 13.8.1999, p. 1).

      (3)  Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).


title: Asunto T-421/10: Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/OAMI — Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO) [ Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria ROSALIA DE CASTRO — Marca denominativa nacional anterior ROSALIA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los productos — Apreciación de la similitud entre los signos en el plano conceptual — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  207/2009 ]

text:
               19.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/19

         Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/OAMI — Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)
   (Asunto T-421/10) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa comunitaria ROSALIA DE CASTRO - Marca denominativa nacional anterior ROSALIA - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Similitud entre los productos - Apreciación de la similitud entre los signos en el plano conceptual - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2011/C 340/39
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop Galega (Meaño, Pontevedra) (representante: E. Sánchez-Quiñones González, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: María Constantina Sotelo Ares (Cambados, Pontevedra) (representante: C. Lema Devesa, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 19 de julio de 2010 (asunto R 1804/2008-4), relativa a un procedimiento de oposición entre María Constantina Sotelo Ares y Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega.

      (1)  DO C 301, de 6.11.2010.


title: Asunto T-403/15: Recurso interpuesto el 22 de julio de 2015 — JYSK/Comisión

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/58

         Recurso interpuesto el 22 de julio de 2015 — JYSK/Comisión
   (Asunto T-403/15)
   (2015/C 311/63)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Polonia) (representante: H. Sønderby Christensen, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C(2015) 3228 final de la Comisión, de 11 de mayo de 2015, relativa a la contribución económica del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al gran proyecto «Centro Europeo de Servicios Compartidos — Sistemas Logísticos Inteligentes», que forma parte del programa operativo «Economía Innovadora» de ayuda procedente del FEDER de conformidad con el objetivo de convergencia de Polonia.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que JYSK cumplía los requisitos establecidos por el Gobierno polaco y los objetivos tanto del Programa Operativo Economía Innovadora 2007-2013 (en lo sucesivo, «OP IE») como del Derecho de la Unión.

               2.

               Segundo motivo, en el que alega que el proyecto es conforme con el OP IE y con el Derecho de la Unión.

                           —

                           La demandante alega que en su decisión, la Comisión no cuestiona que los criterios establecidos en la Submedida 4.5.2. (anexo 2) sean conformes con la OP IE y con el Derecho de la Unión. Además, la demandante aduce que la Comisión no cuestiona el hecho de que el proyecto sea conforme con los criterios establecidos ni/o que JYSK no mereciese 60,5 puntos.

               3.

               Tercer motivo, basado en la esencia de este juicio.

                           —

                           La demandante alega que este juicio no tiene, en realidad, nada que ver con JYSK, pues todas las partes (incluida la Comisión) están de acuerdo en el hecho de que, en realidad, JYSK cumplía los criterios establecidos. Así pues, según la demandante, este juicio es únicamente un conflicto de legitimación entre la Administración polaca, por una parte, y la Comisión, por otro, que no debería convertir a JYSK en una víctima.

               4.

               Cuarto motivo, en el que alega que el representante de la Comisión confirmó que la Administración polaca cumple el Derecho de la Unión y el OP IE.

                           —

                           Según la demandante, está claro que la Comisión estuvo de acuerdo con todos los requisitos establecidos y aceptó el OP IE y la concreta ejecución.

               5.

               Quinto motivo, basado en que la Comisión vulnera la división de competencias entre la Comisión y la Administración polaca y viola el principio de subsidiariedad y proporcionalidad.

                           —

                           La demandante alega que la Comisión no está facultada para denegar la ayuda nacional basándose en motivos que corresponde decidir a la Administración polaca, dada la más estrecha experiencia de ésta en la materia. Según la demandante, la Comisión no está facultada tampoco para la denegación basándose en motivos que conocía en el momento de la solicitud de JYSK. El «Marcador» (Submedida 4.5.2.) supuestamente expresa con exactitud los objetivos y finalidades del OP IE, conocidos ambos por el representante de la Comisión en el Comité Director en el momento de la solicitud de JYSK. La demandante sostiene que la correcta comprensión o interpretación del OP IE tendrá en cuenta el conocimiento específico de la Administración polaca en cuanto a los puestos y las aptitudes de los trabajadores en Radomsko y ni corresponde a la Comisión anular por completo la valoración de la Administración polaca al ejecutar el programa ni es correcto considerar decisivo cualquier pretensión u «objetivo» del OP IE, como hace la Comisión. Según la demandante, la correcta comprensión del OP IE y del Derecho de la Unión se basará en el hecho de que algunas de las disposiciones son más importantes que otras, como se muestra en el marcador (Submedida 4.5.2.).

               6.

               Sexto motivo, en el que rebate los argumentos de la Comisión.

                           —

                           La demandante alega que ninguno de los tres argumentos principales estaban vigentes y/o eran decisivos, en el sentido que afirma la Comisión y en el sentido en que se refiere a ellos, en el momento de la solicitud de JYSK (julio de 2008). Según la demandante, no pueden ser, por tanto, relevantes en este caso y, en el supuesto de que el Tribunal los considere relevantes, no fueron decisivos.


title: Asunto C-343/10: Recurso interpuesto el 7 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

text:
               28.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 234/29

         Recurso interpuesto el 7 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino de España
   (Asunto C-343/10)
   ()
   2010/C 234/47
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: S. Pardo Quintillán, agente)

      Demandada: Reino de España

      Pretensiones

               —

               Que se declare que el Reino de España, al no haber asegurado,

                           —

                           la colecta de las aguas residuales urbanas de las aglomeraciones de más de 15 000 e-h de Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre y Cariño de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 91/271/CEE (1) y

                           —

                           el tratamiento de las aguas residuales urbanas de las aglomeraciones de más de 15 000 e-h de Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepota (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irán (Hondarribia) de conformidad con los apartados 1, 3 y, en su caso, 4 del artículo 4 de la Directiva,

                     ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a las mencionadas disposiciones de la Directiva 91/271/CEE;

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

      Motivos y principales alegaciones

   De conformidad con el apartado 1 del artículo 3 y el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 91/271/CEE, las aglomeraciones de más de 15 000 e-h tenían que disponer de sistemas colectores y someter a un tratamiento secundario o un proceso equivalente las aguas residuales urbanas a más tardar el 31 de diciembre de 2000.
   De conformidad con el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva, los sistemas colectores de las aguas residuales urbanas han de cumplir los requisitos establecidos en la sección A del Anexo I.
   Por lo que se refiere a las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales urbanas, el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de velar por que las aguas residuales que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente.
   De conformidad con el apartado 3 del artículo 4, los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento han de cumplir los requisitos pertinentes de la sección B del Anexo I. A su vez, la sección B del Anexo I reenvía a los requisitos que figuran en el cuadro I de dicho anexo. Finalmente, los procedimientos de control establecidos en la sección D del anexo I permiten verificar si los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas cumplen con los reuisitos de la sección B del Anexo I.
   En lo que se refiere a las 38 aglomeraciones concernidas el Reino de España no ha asegurado el cumplimiento de los requisitos previstos por la Directiva.

      (1)  Del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas
   DO L 135, p. 40