title: Asunto C-226/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1 bis—, de fecha 22 de abril de 2004, en el asunto entre la sociedad «La Cascina Coop s.r.l.» y Zilch s.r.l., por un lado, y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Hacienda, Pedus Service P. Dussmann S.r.l. y otros, por otro

text:
               24.7.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/9

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1
         bis
      —, de fecha 22 de abril de 2004, en el asunto entre la sociedad «La Cascina Coop s.r.l.» y Zilch s.r.l., por un lado, y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Hacienda, Pedus Service P. Dussmann S.r.l. y otros, por otro
   (Asunto C-226/04)
   (2004/C 190/16)
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1 bis—, dictada el 22 de abril de 2004 en el asunto entre la sociedad «La Cascina Coop s.r.l.» y Zilch s.r.l., por un lado, y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Hacienda, Pedus Service P. Dussmann S.r.l. y otros, por otro, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2004.
   El Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1 bis— solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               La Directiva 92/50/CEE (1), únicamente en lo que respecta a las disposiciones del artículo 29, párrafo primero, letras e) y f), ¿debe interpretarse en el sentido de que, las expresiones «no haya cumplido sus obligaciones en lo referente al pago de la cotización a la seguridad social, según las disposiciones legales del país en el que esté establecido o del país de la entidad adjudicadora» o «no haya cumplido sus obligaciones fiscales según las disposiciones legales del país de la entidad adjudicadora» utilizadas por el legislador comunitario han de entenderse referidas, sólo y exclusivamente, a la circunstancia de que esa persona —en la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las solicitudes de participación en una licitación pública (o, en la época anterior a la adjudicación de la licitación, según lo indicado en el apartado III.4 supra)— haya pagado de modo íntegro y puntual dichas obligaciones;

               2)

               En consecuencia, la norma nacional de ejecución [artículo 12, letras d) y e), del Decreto Legislativo no 157 de 17 de marzo de 1995] —en donde, a diferencia de la norma comunitaria anteriormente citada, permite la exclusión de la licitación de las personas que « no estén en situación regular de las obligaciones relativas al pago de las cotizaciones de la seguridad social a favor de los trabajadores, según la legislación italiana o la del Estado en la que estén establecidos» o que «no estén en situación regular de las obligaciones relativas al pago de impuestos y tributos, según la legislación italiana o la del Estado en la que estén establecidos»—, ¿debe interpretarse necesariamente refiriéndose exclusivamente al incumplimiento —verificable en la fecha antes indicada (vencimiento del plazo para la presentación de las solicitudes de participación; o momento inmediatamente anterior a la adjudicación, incluso provisional, de la licitación)— de las cargas procedentes de tales obligaciones, excluyendo la pertinencia de cualquier regularización posterior de su situación?

               3)

               ¿O bien, por el contrario (si debiera considerarse que, a la luz de lo indicado en el anterior apartado 2, la norma nacional no se atiene a la ratio y a la finalidad de la norma comunitaria), puede estimarse que se permite al legislador nacional, a la luz de los límites a los que está sujeto con ocasión de la adaptación del Derecho interno a la Directiva de que se trata, introducir supuestos de admisibilidad a la licitación de personas que, aun no encontrándose en situación regular en el momento del vencimiento del plazo para la participación en la licitación, demuestren no obstante que pueden regularizar su situación (y que han adoptado medidas positivas al respecto) antes de la adjudicación?

               4)

               Asimismo, si se considera viable la interpretación mencionada en el apartado 3 anterior —y estuviera efectivamente autorizada la introducción de supuestos normativos más flexibles frente a una acepción más rigurosa del concepto de cumplimiento recogido por el legislador comunitario—, ¿esa normativa se opone a principios fundamentales del ordenamiento comunitario, como los de igualdad de trato a todas las personas de la Unión Europea o —exclusivamente en lo que se refiere a la materia de licitaciones públicas— de garantía de la igualdad de oportunidades de todas las personas que hayan solicitado ser admitidas en dichas licitaciones?

      (1)  DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.


20150731016616682015/C 270/222742015CJC27020150817ES01ESINFO_JUDICIAL20150608171822Asunto C-274/15: Recurso interpuesto el 8 de junio de 2015 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo
 ---documentbreak--- C2702015ES1720120150608ES0022172182Recurso interpuesto el 8 de junio de 2015 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-274/15)2015/C 270/22Lengua de procedimiento: francés
      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: F. Dintilhac y C. Soulay, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo

      Pretensiones de la parte demandante

            —

            Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva IVA (
                  1
               ) y, en particular, del artículo 2, apartado 1, letra c); artículo 132, apartado 1, letra f); artículo 1, apartado 2, párrafo segundo; artículo 168, letra a); artículo 178, letra a); artículo 14, apartado 2, letra c), y artículo 28 de la citada Directiva, al establecer el régimen de IVA aplicable a las agrupaciones autónomas de personas, tal como se define en el artículo 44, apartado 1, letra y), de la Ley del IVA, de 12 de febrero de 1979, en los artículos 1 a 4 del Reglamento gran ducal de 21 de enero de 2004, relativo a la exención del IVA de las prestaciones de servicios realizadas por las agrupaciones autónomas de personas en beneficio de sus miembros, en la Circular administrativa no 707 de 29 de enero de 2004, en la medida en que contiene comentarios a los artículos 1 a 4 del Reglamento gran ducal, y en la Nota de 18 de diciembre de 2008 redactada por el Grupo de trabajo que opera en el seno del Comité d’Observation des Marchés (COBMA), de acuerdo con la Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

            —

            Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      Motivos y principales alegaciones

   A tenor del artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva IVA, los Estados miembros eximirán del IVA «las prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas de personas que ejerzan una actividad exenta, o para la cual no tengan la cualidad de sujeto pasivo, con objeto de proporcionar a sus miembros los servicios directamente necesarios para el ejercicio de esa actividad, siempre que tales agrupaciones se limiten a exigir a sus miembros el reembolso exacto de la parte que les incumba en los gastos hechos en común, con la condición de que esta exención no sea susceptible de provocar distorsiones de la competencia».
   Sin embargo, según la Comisión, la exención del IVA prevista en la legislación aplicable en Luxemburgo no se limita únicamente a los servicios prestados por la agrupación autónoma de personas directamente necesarios para las actividades no sujetas o exentas realizadas por sus miembros.
   Además, la Comisión estima que, con arreglo al ordenamiento jurídico luxemburgués, los miembros de una agrupación autónoma de personas que realicen un volumen de operaciones constituido en parte por actividades sujetas pueden deducir, del IVA del que ellos mismos sean deudores, el IVA facturado a la agrupación autónoma de personas por las adquisiciones de bienes o servicios de terceros realizadas por dicha agrupación, siendo así que, en virtud del artículo 168 de la Directiva IVA, el derecho a deducir el IVA soportado se reconoce únicamente al sujeto pasivo adquirente de bienes o servicios sujetos al IVA que los utiliza para las necesidades directas de sus operaciones gravadas.
   Por último, la Comisión sostiene que los artículos 14, apartado 2, letra c), y 28 de la Directiva IVA se oponen a una legislación nacional que disponga que, cuando un miembro de una agrupación autónoma de personas adquiera bienes o servicios de un tercero, en nombre propio pero por cuenta de ésta, la repercusión del gasto que lleve a cabo dicho miembro a su agrupación estará excluida del ámbito de aplicación del IVA.
   (
         1
      )	Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).


title: Asunto T-94/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de octubre de 2007 — Ferriere Nord/Comisión ( Prácticas colusorias — Productores de redondos para cemento armado — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 65 CA — Decisión basada en el Tratado CECA tras la expiración de dicho Tratado — Incompetencia de la Comisión )

text:
               8.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/37

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de octubre de 2007 — Ferriere Nord/Comisión
   (Asunto T-94/03) (1)

   («Prácticas colusorias - Productores de redondos para cemento armado - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 65 CA - Decisión basada en el Tratado CECA tras la expiración de dicho Tratado - Incompetencia de la Comisión»)
   (2007/C 297/76)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (representantes: W. Viscardini, G. Donà y E. Perricone, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: L. Pignataro-Nolin y A. Whelan, agentes, asistidos por M. Moretto, abogado)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: República Italiana (representante: I. Braguglia, agente)
   Objeto
   Anulación de la Decisión C(2002) 5087 final de la Comisión, de 17 de diciembre de 2002, relativa a un procedimiento incoado con arreglo al artículo 65 CA (COMP/37.956 — Redondos para cemento armado).
   Fallo

               1)

               Anular la Decisión C(2002) 5087 final de la Comisión, de 17 de diciembre de 2002, relativa a un procedimiento incoado con arreglo al artículo 65 CA (COMP/37.956 — Redondos para cemento armado), por lo que respecta a Ferriere Nord SpA.

               2)

               Condenar a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las de Ferriere Nord.

               3)

               La República Italiana cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 112 de 10.5.2003.


               26.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/17

         Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por la Sala de Recurso de los Derechos de la Propiedad Industrial de Noruega, con fecha de 22 de marzo de 2016, en relación con un recurso presentado por el ayuntamiento de Oslo
   (Asunto E-5/16)
   (2017/C 26/08)
   Se ha presentado una solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC, con fecha de 22 de marzo de 2016, por parte de la Sala de Recurso de los Derechos de la Propiedad Industrial (Klagenemnda for industrielle rettigheter) de Noruega, recibida en la Secretaría del Tribunal el 31 de marzo de 2016, en relación con un recurso presentado por el ayuntamiento de Oslo sobre las preguntas siguientes:

               1.

               El registro de marcas de obras protegidas por derechos de autor cuyo plazo de protección haya expirado, ¿puede entrar en conflicto, en determinadas circunstancias, con la prohibición del registro de marcas «que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres» establecida en el artículo 3, apartado 1, letra f), de la Directiva sobre marcas registradas?

               2.

               En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 1, ¿incidirá en la apreciación el hecho de que la obra protegida por derechos de autor sea muy conocida y de gran valor cultural?

               3.

               En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 1, ¿pueden afectar a la apreciación factores o criterios distintos a los mencionados en la pregunta 2 y, en caso afirmativo, cuáles serían?

               4.

               ¿Es el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE aplicable a todas las representaciones en dos dimensiones de esculturas?

               5.

               ¿Es aplicable el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE como fundamento jurídico para denegar el registro de marcas que sean representaciones en dos o tres dimensiones de la forma o la apariencia de los productos?

               6.

               En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 5, ¿se entiende que el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95/CE significa que la autoridad nacional encargada del registro debe aplicar, a la hora de apreciar las marcas consistentes en representaciones en dos o tres dimensiones de la forma o la apariencia de los productos, el criterio de apreciación de si el dibujo en cuestión difiere en gran medida de la norma o usos del sector empresarial, o puede fundarse la denegación en el hecho que dicha marca es descriptiva de la forma o la apariencia de los productos?


title: Asunto C-408/04 P: Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2004(fax de 16.9.04) por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2004 por la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-308/00: Salzgitter AG, apoyada por la República Federal de Alemania, contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               18.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/3

         Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2004 (fax de 16.9.04) por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2004 por la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-308/00: Salzgitter AG, apoyada por la República Federal de Alemania, contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-408/04 P)
   (2004/C 314/06)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de septiembre de 2004 (fax de 16.9.2004) un recurso de casación formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Viktor Kreuschitz y Michael Niejahr, que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2004 por la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-308/00, Salzgitter AG, apoyada por la República Federal de Alemania contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Anule la sentencia dictada el 1 de julio de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-308/00 (1), Salzgitter AG contra Comisión de las Comunidades Europeas.

               2)

               Devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia para que se pronuncie de nuevo sobre el asunto.

               3)

               Condene en costas a Salzgitter AG.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia anuló los artículos 2 y 3 de la Decisión 2000/797/CECA relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania a Salzgitter AG, Preussag Stahl AG y a las filiales siderúrgicas del grupo. En las disposiciones que fueron anuladas la Comisión ordenaba a la República Federal de Alemania que procediera a la recuperación de las ayudas ilícitas e incompatibles con el mercado común concedidas a las empresas beneficiarias.
   Sin embargo, no se anuló el artículo 1 de dicha Decisión, mediante el cual la Comisión había declarado incompatibles con el mercado común las ayudas para amortizaciones extraordinarias y para reservas exentas de impuestos, que le habían sido concedidas a la demandante con arreglo al artículo 3 de la Zonenrandförderungsgesetz sobre una base subvencionable de 484 millones de DEM y 367 millones de DEM, respectivamente. La Zonenrandförderungsgesetz era una ley alemana que la Comisión había autorizado con arreglo al artículo 92, apartado 2, letra c), del Tratado CE [actualmente artículo 87 CE, apartado 2, letra c)] ya que el Tratado CECA no contenía una disposición similar. De ello se desprende que las ayudas concedidas a Salzgitter AG no son compatibles con el mercado común pero tampoco pueden recuperarse.
   La sentencia se basa fundamentalmente en que la situación creada tras la adopción del segundo y del tercer código de ayudas a la siderurgia se caracterizaba por la falta de seguridad y de claridad que era imputable a la Comisión.
   En contra de lo anterior, la parte recurrente invoca los siguientes motivos:

               En primer lugar, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia contradice su propia jurisprudencia al afirmar que la situación creada tras la sucesiva adopción del primer código de ayudas a la siderurgia, así como del segundo y del tercero «se caracterizaba por la falta de seguridad y de claridad». Según la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de marzo de 1998 (asunto T-129/96, Preussag Stahl/Comisión, Rec. p. II-609, apartado 43), los códigos limitaban en el tiempo la vigencia de la excepción que ellos mismos establecían al principio de prohibición absoluta de las ayudas que figura en el artículo 4, letra c), del Tratado CECA. Se desprende de esta jurisprudencia, que fue confirmada por el Tribunal de Justicia, que ni el primer código de ayudas a la siderurgia, ni el segundo, podían tener efectos jurídicos después de su derogación el 31 de diciembre de 1981y el 31 de diciembre de 1985 respectivamente. Desde la entrada en vigor el tercer código de ayudas a la siderurgia no cabía duda de que la Comisión debía ser «informada de los proyectos dirigidos a aplicar al sector siderúrgico regímenes de ayuda» sobre los cuales ya se había pronunciado (artículo 6, apartado 1, del tercer código de ayudas a la siderurgia, DO L 340 de 18.12.1985, p. 1). Sin embargo, los dos primeros códigos de ayudas a la siderurgia no se aplicaron en la Decisión impugnada y, además, carecen de pertinencia para resolver el asunto. En todo caso, en contra del tenor de la sentencia recurrida, tampoco pueden tener efectos fuera del ámbito del Tratado CECA.

               En segundo lugar, la parte recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia no solicitó prueba alguna de que la Comisión tenía efectivamente «conocimiento de las ayudas concedidas a la demandante». Además, afirma que dicho Tribunal no examinó la cuestión de si los informes de gestión que la demandante enviaba regularmente contenían de hecho ayudas no notificadas.

               En tercer lugar, alega que el Tribunal de Primera Instancia parece considerar que los documentos enviados a la Comisión fuera del procedimiento previsto en el artículo 88 CE pueden excluir la recuperación de las ayudas ilegalmente concedidas, cuando la demandante simplemente invoca el principio de seguridad jurídica.

               Por último, la sentencia podría, a su juicio, afectar negativamente al sistema de control de las ayudas por la Comisión, dado que se aparta de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual una empresa beneficiaria sólo puede, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando la misma se concedió con observancia del procedimiento previsto en dicho artículo. En efecto, todo agente económico diligente está normalmente en condiciones de comprobar si el referido procedimiento ha sido observado (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 1990 en el asunto C-5/89, Comisión/Alemania, Rec. p. I-3437, apartado 14). En esta jurisprudencia, el Tribunal de Justicia declaró que las empresas beneficiarias no pueden invocar la confianza legítima derivada del principio de seguridad jurídica para evitar la devolución de ayudas de Estado incompatibles con el mercado común.

      (1)  DO C 239 de 25.9.2004.


title: Asunto C-237/17 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de mayo de 2017 por Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 28 de febrero de 2017 en el asunto T-163/14, Canadian Solar Emea y otros/Consejo

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/28

         Recurso de casación interpuesto el 8 de mayo de 2017 por Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 28 de febrero de 2017 en el asunto T-163/14, Canadian Solar Emea y otros/Consejo
   (Asunto C-237/17 P)
   (2017/C 239/35)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (representantes: J. Bourgeois, Avocat, S. De Knop, Advocaat, M. Meulenbelt, Advocaat, A. Willems, Avocat)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

   Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-163/14.

               —

               Estime la demanda y anule el Reglamento impugnado en la medida en que afecta a las recurrentes.

               —

               Condene a la parte recurrida a cargar con sus propias costas y con las de las recurrentes, tanto de primera instancia como de la casación.

               —

               Condene a las demás partes del recurso de casación a cargar con sus propias costas.

         Con carácter subsidiario:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-163/14.

               —

               Devuelva el asunto al Tribunal General para su reexamen.

               —

               Reserve la decisión sobre las costas de la primera instancia y del recurso de casación hasta la resolución final por el Tribunal General.

               —

               Condene a las demás partes del recurso de casación a cargar con sus propias costas.

      Motivos y principales alegaciones

   El Tribunal General cometió un error de Derecho al exigir a las recurrentes que demostrasen la existencia de un interés en plantear los motivos primero y segundo: en todo caso, el Tribunal General cometió un error al calificar jurídicamente los hechos ya que las recurrentes tienen ese interés.


title: Prórroga de la composición de las Salas para el año judicial 2000/2001

text:
C 212/22                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         28.7.2001
                                                    TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Prórroga de la composición de las Salas para el año judicial          Wirtschaftsvereinigung Stahl) (DO 1998, L 1, p. 10), el
                             2000/2001                                   Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por los
                                                                         Sres. J. Azizi, Presidente, K. Lenaerts y M. Jaeger, Jueces;
                          (2001/C 212/39)                                Secretario: Sr. G. Herzig, administrador, ha dictado el 5 de
                                                                         abril de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
El Tribunal de Primera Instancia, en su reunión plenaria de
3 de julio de 2001, tomó conocimiento de que, debido a las              1)    Se anula la Decisión 98/4/CECA de la Comisión, de 26 de
vacaciones judiciales, la prestación de juramento ante el                     noviembre de 1997, relativa a un procedimiento de aplicación
Tribunal de Justicia del nuevo miembro del Tribunal de Primera                 del artı́culo 65 del Tratado CECA (Asunto IV/36.069 —
Instancia no tendrá lugar hasta después de dichas vacaciones y                Wirtschaftsvereinigung Stahl).
de que, por tanto, con arreglo al artı́culo 5, párrafo tercero, del     2)    La Comisión cargará con sus propias costas, ası́ como con las
Estatuto CE del Tribunal de Justicia, al artı́culo 5, párrafo                 costas de las demandantes.
tercero, del Estatuto CECA del Tribunal de Justicia y al
artı́culo 5, párrafo tercero, del Estatuto CECA del Tribunal de
Justicia, hasta la entrada en funciones del nuevo miembro del            (1) DO C 94 de 28.3.1998.
Tribunal de Primera Instancia, continuará aplicándose la
Decisión de 4 de julio de 2000 (DO C 259 de 9.09.2000)
sobre la designación de Presidentes de Sala, composición de
las Salas y atribución de los asuntos a éstas, y la Presidencia del
Tribunal de Primera Instancia será ocupada por el Presidente,
Sr. Vestordorf.
                                                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 2 de mayo de 2001
                                                                         en los asuntos acumulados T-167/99 y T-174/99, Carla
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              Giulietti y otros contra Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas (1)
                       de 5 de abril de 2001
                                                                         (Funcionarios — Concurso-oposición — Recurso de anula-
en el asunto T-16/98, Wirtschaftsvereinigung Stahl y otros               ción — Procedimiento de preselección — Desarrollo de las
      contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)                   pruebas — Principio de igualdad de trato — Obligación de
                                                                         motivación — Principio de confianza legı́tima — Principio
(Competencia — CECA — Acuerdo de intercambio de                          de buena administración — Consecuencias sobre el desarrollo
información — Notificación — Decisión de la Comisión que                              posterior del concurso-oposición)
       prescinde del contenido del acuerdo — Motivación)
                          (2001/C 212/40)                                                          (2001/C 212/41)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                                        (Lengua de procedimiento: francés)
En el asunto T-16/98, Wirtschaftsvereinigung Stahl, con                  En los asuntos acumulados T-167/99 y T-174/99, Carla
domicilio social en Düsseldorf (Alemania), AG der Dillinger              Giulietti y Ana Caprile, con domicilio en Bruselas, Fabrizio
Hüttenwerke, con domicilio social en Dillingen (Alemania),               Dell’Olio, con domicilio en Bari (Italia), y Konrad Fuhrmann y
EKO Stahl GmbH, con domicilio social en Eisenhüttenstadt                 Olivier Radelet, con domicilio en Bruselas, representados por
(Alemania), Krupp Thyssen Nirosta GmbH, con domicilio                    Mes G. Vandersanden y L. Levi, abogados, que designan
social en Bochum (Alemania), Thyssen Krupp Stahl GmbH,                   domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunida-
con domicilio social en Duisburg (Alemania), Salzgitter AG               des Europeas (agentes: Sres. G. Valsesia y J. Currall y
(antiguamente Preussag Stahl AG), con domicilio social en                Sra. C. Berardis-Kayser), que tiene por objeto una pretensión
Salzgitter (Alemania), Stahlwerke Bremen GmbH, con domici-               de anulación, por un lado, de la decisión del tribunal del
lio social en Bremen (Alemania), Thyssen Stahl AG, con                   concurso-oposición COM/A/10/98 por la que se excluye a los
domicilio social en Duisburg, representadas por el Sr. J. Sede-          demandantes de las pruebas posteriores a las pruebas de
mund, abogado, que designan domicilio en Luxemburgo,                     preselección y, por otro lado, del conjunto de diligencias
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:                   y actuaciones posteriores del citado concurso-oposición, el
Sres. K. Wiedner y H.-J. Freund), que tiene por objeto que se            Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por
anule la Decisión 98/4/CECA de la Comisión, de 26 de                   los Sres. A.W.H. Meij, Presidente, A. Potocki y J. Pirrung,
noviembre de 1997, relativa a un procedimiento de aplicación            Jueces; Secretario: Sr. G. Herzig, administrador, ha dictado el
del artı́culo 65 del Tratado CECA (Asunto IV/36.069 —                    2 de mayo de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto C-171/14 P: Recurso de casación interpuesto el 7 de abril de 2014 por Eleonora Giulia Calvi contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) dictado el 31 de marzo de 2014 en el asunto T-159/14, Eleonora Giulia Calvi/Tribunal Europeo de Derechos Humanos

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/12

         Recurso de casación interpuesto el 7 de abril de 2014 por Eleonora Giulia Calvi contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) dictado el 31 de marzo de 2014 en el asunto T-159/14, Eleonora Giulia Calvi/Tribunal Europeo de Derechos Humanos
   (Asunto C-171/14 P)
   (2015/C 007/16)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Eleonora Giulia Calvi (representantes: M. Schiró y G. Crespi, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
   Mediante auto de 9 de octubre de 2014, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha desestimado el recurso de casación por ser manifiestamente infundado.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de octubre de 2000 en el asunto T-123/99: JT's Corporation Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas (Transparencia — Acceso a los documentos — Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom — Alcance de la excepción relativa a la protección del interés público — Actividades de inspección e investigación — Regla del autor — Motivación)

text:
C 372/10               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       23.12.2000
                                                   TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 12 de octubre de 2000
                   de 17 de octubre de 2000
                                                                         en el asunto T-123/99: JT’s Corporation Ltd contra Comi-
                                                                                sión de las Comunidades Europeas (1)
en el asunto T-27/99, Humbert Drabbe contra Comisión
               de las Comunidades Europeas (1)
                                                                         (Transparencia — Acceso a los documentos — Decisión
                                                                         94/90/CECA, CE, Euratom — Alcance de la excepción
                                                                         relativa a la protección del interés público — Actividades de
(Funcionarios — Pensiones — Derechos adquiridos antes de                 inspección e investigación — Regla del autor — Motivación)
la entrada al servicio de las Comunidades — Transferencia
al régimen comunitario — Presentación de la solicitud —
                              Plazo)                                                               (2000/C 372/21)
                         (2000/C 372/20)                                                    (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                         En el asunto T-123/99, JT’s Corporation Ltd, con domicilio
                                                                         social en Bromley (Reino Unido), representada por el Sr.
               (Lengua de procedimiento: neerlandés)                     M. Cornwell-Kelly, Solicitor, que designa como domicilio en
                                                                         Luxemburgo el del bufete Wilson Associates, 3, boulevard
                                                                         Royal, contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agen-
                                                                         tes: Sres. U. Wölker y X. Lewis), que tiene por objeto un
En el asunto T-27/99, Humbert Drabbe, funcionario de la                  recurso de anulación contra la decisión de la Comisión de
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                  11 de marzo de 1999 por la que se deniega a la demandante
Overijse (Bélgica), representado por los Sres. G. van der Wal,           el acceso a determinados documentos, el Tribunal de Primera
Abogado ante el Hoge Raad de los Paı́ses Bajos y Me L.Y.J.M.             Instancia (Sala Cuarta), integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta,
Parret, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en               los Sres. R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces; Secretaria:
Luxemburgo el despacho de Me A. May, 31, Grand-rue,                      Sra. B. Pastor, administradora principal, ha dictado el 12 de
contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sra.              octubre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Duvieusart-Clotuche y Sr. C. Van der Hauwaert), que tiene por
objeto la anulación de la decisión de la Comisión, de 19 de
octubre de 1998, notificada al Sr. Humbert Drabbe el 23 de               1)    Se anula la decisión de la Comisión de 11 de marzo de 1999
octubre de 1998, por la que se desestima la reclamación                       en la medida en que deniega a la demandante el acceso a los
formulada por éste contra la decisión de la demandada                         informes de misión de la Unión Europea de 1993 a 1996
denegándole la posibilidad de transferir al régimen comunitario               relativos a Bangladesh, incluidos los anexos, y a la correspon-
sus derechos de pensión adquiridos en los Paı́ses Bajos, el                   dencia dirigida por la Comisión al Gobierno de Bangladesh en
Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por los                relación con la anulación de los certificados de origen en el
Sres. K. Lenaerts, Presidente; J. Azizi y M. Jaeger Jueces;                    marco del Sistema de Preferencias Generalizadas.
Secretario: Sr. G. Herzig, administrador, ha dictado el 17 de
octubre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                2)    Se desestima el recurso en todo lo demás.
1)   Se desestima el recurso.                                            3)    Se condena a la demandante a pagar la mitad de sus propias
                                                                               costas.
2)   Cada parte cargará con sus propias costas.                         4)    Se condena a la Comisión a pagar sus propias costas y la mitad
                                                                               de las de la demandante.
(1) DO C 71, de 13.3.98.
                                                                         (1) DO C 226 de 7.8.99.


title: Asunto T-278/05: Recurso interpuesto el 20 de julio de 2005 por The Black & Decker Corporation contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/59

         Recurso interpuesto el 20 de julio de 2005 por The Black & Decker Corporation contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   (Asunto T-278/05)
   (2005/C 217/118)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 20 de julio de 2005 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) promovido por The Black & Decker Corporation, con domicilio social en Towson, Maryland (USA), representada por el Sr. P. Harris, Solicitor.
   Atlas Copco Aktiebolag, con domicilio social en Estocolmo (Suecia), fue asimismo parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la resolución impugnada de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 3 de mayo de 2005 (asunto R 792/2004-1).

               —

               Declare la inadmisibilidad del procedimiento de oposición B623 688.

               —

               Imponga a la OAMI el pago de las costas causadas por la demandante en el presente procedimiento y en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria:

               La demandante

               Marca comunitaria controvertida:

               Marca consistente en los colores negro y amarillo, para productos comprendidos en la clase 7 (herramientas eléctricas móviles accionadas manualmente, etc.)

               Titular de la marca citada en el procedimiento de oposición:

               Atlas Copco Aktiebolag

               Marca o signo citado en la oposición:

               Marcas no registradas y signos, utilizados en el comercio en todos los Estados miembros para herramientas eléctricas

               Resolución de la División de Oposición:

               Declaración de inadmisibilidad de la oposición

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Anulación de la resolución impugnada y devolución del asunto a la División de Oposición para que resuelva

               Motivos invocados:

               La demandante considera que debería haberse declarado la inadmisibilidad de la oposición dado que no identificó de manera suficientemente clara los marcas y signos anteriores en los que se basó, con infracción de la regla 18, apartado 1, del Reglamento no 2868/1995 (1)

      (1)  Reglamento (CE) no 2868//95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 sobre la marca comunitaria (DO L 303, de 15.12.1995, p. 1).


title: Asunto T-279/10: Recurso interpuesto el 21 de junio de 2010 — K-Mail Order GmbH & Co. KG/OAMI — IVKO (MEN’Z)

text:
               28.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 234/45

         Recurso interpuesto el 21 de junio de 2010 — K-Mail Order GmbH & Co. KG/OAMI — IVKO (MEN’Z)
   (Asunto T-279/10)
   ()
   2010/C 234/81
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: K-Mail Order GmbH & Co. KG (Pforzheim, Alemania) (representante: T. Zeiher, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH (Baar-Wanderath, Alemania)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 30 de marzo de 2010, en el asunto R 746/2009-1.

               —

               Que se estime la oposición contra el registro de la solicitud de marca comunitaria impugnada; subsidiariamente, que se devuelva el asunto a la Sala de Recurso para un nuevo examen.

               —

               Que se condene en costas a la parte que pierda el proceso.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa MEN'Z para productos de las clases 9, 14 y 18

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

      Marca o signo invocados en oposición: El nombre comercial «WENZ» utilizado en el tráfico mercantil en Alemania para productos de las clases 14, 18 y 25

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) en relación con su artículo 41, apartado 1, letra c), y del artículo 76, apartado 1, porque el nombre comercial de la demandante es de alcance no únicamente local.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto T-161/06: Recurso interpuesto el 23 de junio de 2006 — ARBOS/Comisión

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/30

         Recurso interpuesto el 23 de junio de 2006 — ARBOS/Comisión
   (Asunto T-161/06)
   (2006/C 212/54)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: ARBOS, Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt, Austria) (representante: H. Karl, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se condene a la parte demandada abonar a la demandante la cantidad de 38 545,42 euros, incrementada con el 12 % de intereses a contar desde el 1 de enero de 2001, y la cantidad de 27 618,91 euros, incrementada con el 12 % de intereses a contar desde el 1 de marzo de 2003, haciendo efectivo el pago a su representante procesal.

               —

               Condene a la parte demandada a abonar a la demandante la cantidad de 26.459,38 euros neto en concepto de gastos en que incurrió en el procedimiento administrativo previo, así como las costas procesales.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante reclama de la Comisión, con arreglo al artículo 288 CE, la indemnización de los daños que afirma haber sufrido a consecuencia de la retención ilegal de ayudas económicas. Basa su reclamación en dos contratos de ayuda celebrados en 2000 y 2002 con fines de promoción cultural y cuyos anexos establecían sendas cláusulas de arbitraje.


title: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1997 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República de Irlanda (Asunto C-364/97)

text:
C 370/4                     ES |                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   6 . 12 . 97
Petición de decisión prejudicial presentada mediante                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
resolución del Centrale Raad van Beroep, de fecha 24 de                    — declare que la República de Irlanda ha incumplido las
septiembre de 1997, en el asunto entre H. Nijhuis y                             obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE
              Landelijk instituut sociale verzekeringen                         al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias
                           ( Asunto C-360/97 )                                  y administrativas necesarias para atenerse a lo dis
                               ( 97/C 370/07)                                   puesto en la Directiva 93/103/CEE del Consejo, de
                                                                                23 de noviembre de 1993 , relativa a las disposiciones
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                       mínimas de seguridad y de salud en el trabajo a bordo
 sido sometida una petición de decisión prejudicial                             de los buques de pesca ('), y/o al no informar de ello a
                                                                                la Comisión,
mediante resolución del Centrale Raad van Beroep, dic
tada el 24 de septiembre de 1997, en el asunto entre H.                    — condene en costas a la República de Irlanda.
Nijhuis y Landelijk instituut sociale verzekeringen, y reci               Motivos y principales alegaciones
bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de octu
 bre de 1997 .                                                             El artículo 189 del Tratado CE, según el cual las Directi
                                                                           vas obligarán a los Estados miembros destinatarios en
El Centrale Raad van Beroep solicita al Tribunal de Justi                 cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la obli
cia que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes:                      gación de los Estados miembros de respetar el plazo de
                                                                           ejecución establecido en ellas. En el presente asunto, este
 1 ) ¿ Debe interpretarse lo dispuesto en la letra a ) del                 plazo expiró el 23 de noviembre de -1995 sin que la Repú
       punto 4 de la sección J del anexo VI del Reglamento                 blica de Irlanda haya adoptado las disposiciones necesarias
       ( CE) n° 1408/71 del Consejo (') ( tal como estaba                  para atenerse a lo dispuesto en la Directiva mencionada en
       redactado en la época que aquí interesa ) en el sentido             las pretensiones de la Comisión .
       de que, en relación con una persona que trabajó en los
       Países Bajos exclusivamente en el período del 15 de                 (') DO L 307 de 13 . 12 . 1993 , p . 1 .
       octubre de 1968 al 1 de abril de 1974 y que durante
       todo este período estuvo asegurada contra la invalidez
       con arreglo a un régimen especial de funcionarios,
       para la aplicación del apartado 2 del artículo 46 en
       relación con el apartado 4 del artículo 45 del Regla               Petición de decisión prejudicial presentada mediante
       mento ( CEE ) n° 1408/71 , habida cuenta asimismo de                resolución del Tribunale civile e penale di Firenze, de fecha
       los artículos 48 y 51 del Tratado CE, también se debe               8 de octubre de 1997, en el proceso penal seguido contra
                                                                                Massimo y Paolo Romanelli
       tomar en consideración el mencionado período, con
       arreglo a la mencionada sección del anexo, para deter                                     ( Asunto C-366/97 )
       minar las prestaciones por invalidez ?                                                        ( 97/C 370/09 )
2 ) En caso de respuesta afirmativa, ¿ debe designarse                     Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
       como institución competente, para determinar las pres              sido sometida una petición de decisión prejudicial
       taciones en base a dichos períodos a la institución                 mediante resolución del Tribunale civile e penale di
       designada en la letra b) del punto 2 de la sección J del            Firenze, dictada el 8 de octubre de 1997, en el proceso
       anexo 2 del Reglamento ( CE ) n° 574/72 del Con                    penal seguido contra Massimo y Paolo Romanelli, y reci
       sejo (2 ) o a la institución competente, según el Derecho           bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de octu
       nacional, en materia de prestaciones de invalidez para              bre de 1997 .
       los funcionarios, pese a que esta última institución no
       figura en el mencionado anexo ?                                     El Tribunale civile e penale di Firenze solicita al Tribunal
                                                                           de Justicia que se pronuncie sobre la cuestión siguiente :
H DO L 149 de 5 . 7. 1971 , p . 2; EE 05/01 , p . 98 .                     La expresión « fondos reernbolsables » que figura en la.
( 2 ) DO L 74 de 27. 3 . 1972, p . 1 ; EE 05/01 , p . 156 .                Directiva 89/646/CEE del Consejo (') ¿ se refiere única
                                                                           mente a los instrumentos financieros que tienen intrínseca
                                                                           mente carácter reembolsable, o dicha expresión se refiere
                                                                           también a los instrumentos financieros que, aun cuando
                                                                           no posean dicho carácter intrínseco, son objeto de un
Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1997 por la                        acuerdo contractual de reembolso de la cantidad pagada ?
        Comisión de las Comunidades Europeas contra la
                         República de Irlanda                              (') DO L 386 de 30 . 12 . 1989 , p. 1 .
                          ( Asunto C-364/97)
                              ( 97/C 370/08 )
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                  Recurso interpuesto el 24 de octubre de 1997 por la
ha presentado el 22 de octubre de 1997 un recurso contra                   Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino
la República de Irlanda formulado por la Comisión de las                                         de los Países Bajos
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Pieter Jan                                         ( Asunto C-367/97 )
Kuijper, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que                                               ( 97/C 370/ 10
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurí                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
dico, Centre Wagner, Kirchberg.                                            ha presentado el 24 de octubre de 1997 un recurso contra


title: Asunto T-358/17: Recurso interpuesto el 31 de mayo de 2017 — Mubarak/Consejo

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/71

         Recurso interpuesto el 31 de mayo de 2017 — Mubarak/Consejo
   (Asunto T-358/17)
   (2017/C 239/83)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (El Cairo, Egipto) (representantes: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, M. Rushton y C. Enderby Smith, Solicitors)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión (PESC) 2017/496 del Consejo, de 21 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2011/172/PESC, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»; DO 2017, L 76, p. 22), y Reglamento de Ejecución (UE) 2017/491 del Consejo, de 21 de marzo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 270/2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»; DO 2017, L 76, p. 10), en la medida en que conciernen a la demandante.

               —

               Declare que el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (en lo sucesivo, «Decisión»; DO 2011 L 76, p. 63) y el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 270/2011 del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (en lo sucesivo, «Reglamento»; DO 2011, L 76, p. 4), son inaplicables en cuanto concierne a la demandante y, en consecuencia, anule la Decisión (PESC) 2016/411 en la medida en que concierne a la demandante.

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que el artículo 1, apartado 1, de la Decisión y el artículo 2, apartado 1, del Reglamento son ilegales porque a) carecen de un fundamento jurídico válido y/o b) vulneran el principio de proporcionalidad.

               2.

               Segundo motivo, basado en la violación de los derechos de la demandante conforme al artículo 6 TUE, en relación con los artículos 2 TUE y 3 TUE, y a los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debido a que el Consejo ha supuesto que el procedimiento judicial en Egipto respetó los derechos humanos fundamentales.

               3.

               Tercer motivo, basado en que el Consejo ha incurrido en errores de apreciación al considerar que se cumplía el criterio para incluir a la demandante en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión y en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que el Consejo ha vulnerado el derecho de defensa de la demandante, así como el derecho a la buena administración y a la tutela judicial efectiva. En particular, el Consejo no examinó detenida e imparcialmente si las supuestas razones alegadas para justificar la reelección eran fundadas a la luz de las declaraciones realizadas por la demandante antes de su reelección.

               5.

               Quinto motivo, basado en que el Consejo ha vulnerado sin justificación o proporción alguna los derechos fundamentales de la demandante, entre ellos su derecho a la protección de la propiedad y su derecho al honor. La repercusión que la Decisión impugnada y el Reglamento impugnado tienen para la demandante es de gran alcance, tanto en lo que respecta a sus bienes como a su honor en todo el mundo. El Consejo no ha demostrado que la congelación de los activos y recursos económicos de la demandante guarde relación con un objetivo legítimo o esté justificada por éste, y menos aún que sea proporcionada a dicho objetivo.


title: Asunto T-87/11: Recurso interpuesto el 18 de febrero de 2011 — GRP Security/Tribunal de Cuentas

text:
               16.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 120/13

         Recurso interpuesto el 18 de febrero de 2011 — GRP Security/Tribunal de Cuentas
   (Asunto T-87/11)
   2011/C 120/33
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: GRP Security (Bertrange, Luxemburgo) (representante: G. Osch, abogado)

      Demandada: Tribunal de Cuentas de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se estimen los motivos expuestos por la demandante en el presente recurso.

               —

               Sin perjuicio de todos los motivos de hecho y de Derecho y proposiciones de prueba que deban presentarse y aportarse posteriormente.

               —

               Que se admita el presente recurso en cuanto a la forma.

               —

               Que se declare fundado en cuanto al fondo.

               —

               Que basándose en las razones antes expuestas se anulen las decisiones impugnadas.

               —

               Que se permita a la demandante reservarse el derecho de reclamar la reparación del perjuicio sufrido por la ilegalidad de la conducta del Tribunal de Cuentas.

               —

               Que se condene al Tribunal de Cuentas al pago de todos los gastos y costas del procedimiento.

               —

               Que se acepte la expresa reserva de la demandante de ejercitar todos los derechos, pretensiones, motivos y acciones que procedan.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante solicita la anulación de las decisiones del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea por las que, por una parte, se impone una sanción administrativa de exclusión de la demandante de los contratos y subvenciones financiados por el presupuesto de la Unión Europea por un período de tres meses y, por otra parte, la rescisión del contrato marco de servicios no LOG/2026/10/2 titulado «servicios diversos de seguridad».
   En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo basado en la vulneración del principio de proporcionalidad, del derecho de defensa y del derecho a un proceso equitativo, en la medida en que la demandante actuó de buena fe dado que no fue responsable de las falsificaciones y falsas declaraciones realizadas por uno de sus empleados y en la medida en que el Tribunal de Cuentas pudo solicitar la sustitución del agente de que se trataba en vez de rescindir el contrato.

               2)

               Segundo motivo basado en un error manifiesto de apreciación, en la medida en que el Tribunal de Cuentas no tuvo en cuenta todos los elementos del expediente.

               3)

               Tercer motivo basado en la infracción de los artículos 93, 94 y 96 del Reglamento financiero, ya que la demandante no dio ninguna información errónea y no fue culpable de ninguna declaración falsa en el procedimiento de adjudicación del contrato de que se trata.


title: Asuntos acumulados T-65/10, T-113/10 y T-138/10: Sentencia del Tribunal General de 26 de febrero de 2013 — España/Comisión [ «FEDER — Reducción de una ayuda financiera — Política regional — Programas Operativos “Andalucía” y “Comunidad Valenciana” , correspondientes al Objetivo 1 (1994-1999), y “País Vasco” , correspondiente al Objetivo 2 (1997-1999) — Extrapolación» ]

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/20

         Sentencia del Tribunal General de 26 de febrero de 2013 — España/Comisión
   (Asuntos acumulados T-65/10, T-113/10 y T-138/10) (1)

   (FEDER - Reducción de una ayuda financiera - Política regional - Programas Operativos “Andalucía” y “Comunidad Valenciana”, correspondientes al Objetivo 1 (1994-1999), y “País Vasco”, correspondiente al Objetivo 2 (1997-1999) - Extrapolación)
   2013/C 108/54
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Reino de España (representantes: inicialmente, J. Rodríguez Cárcamo, posteriormente, A. Rubio González, abogados del Estado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Steiblyté y J. Baquero Cruz, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación dirigido contra las Decisiones de la Comisión C(2009) 9270, de 30 de noviembre de 2009; C(2009) 10678, de 23 de diciembre de 2009, y C(2010) 337, de 28 de enero de 2010, por las que se reducen las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al Programa Operativo «Andalucía», correspondiente al Objetivo 1 (1994-1999), en virtud de la Decisión C(94) 3456, de 9 de diciembre de 1994, al Programa Operativo «País Vasco», correspondiente al Objetivo 2 (1997-1999), en virtud de la Decisión C(1998) 121, de 5 de febrero de 1998, y al Programa Operativo «Comunidad Valenciana», correspondiente al Objetivo 1 (1994-1999), en virtud de la Decisión C(1994) 3043/6, de 25 de noviembre de 1994, respectivamente.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 100, de 17.4.2010.


title: Asunto T-254/12: Recurso interpuesto el 11 de junio de 2012 — Kühne + Nagel International y otros/Comisión

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/31

         Recurso interpuesto el 11 de junio de 2012 — Kühne + Nagel International y otros/Comisión
   (Asunto T-254/12)
   2012/C 227/52
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: Kühne + Nagel International AG (Schindellegi, Suiza), Kühne + Nagel Management AG (Schindellegi, Suiza), Kühne + Nagel Ltd (Uxbridge, Reino Unido), Kühne + Nagel Ltd (Shanghái, China), Kühne + Nagel Ltd (Hong Kong, China), (representantes: U. Denzel, C. Klöppner y C. von Köckritz, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Con carácter principal, y al amparo del artículo 263 TFUE, apartado 4, anule los artículos 1 a 3 de la Decisión C(2012) 1959 final de la Comisión, de 28 de marzo de 2012 (Asunto COMP/39.462 — Transporte de mercancías), en la medida en que afecta a las demandantes.

               —

               Con carácter subsidiario, reduzca el importe de las multas impuestas a las demandantes por el artículo 2 de dicha Decisión.

               —

               Condene en costas a la Comisión, de conformidad con el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión impuso multas a las demandantes por su participación en cuatro acuerdos ilegales distintos en relación con los recargos denominados «NES», «AMS», «CAF» y «PSS».
   En apoyo de su recurso en cuanto a todos los recargos, las demandantes invocan los siguientes motivos:

               —

               La imposición de multas contra las demandantes es ilegal, por haberse incurrido en error de apreciación. Por una parte, la Comisión ha cometido un error al fijar el volumen de negocios relevante, dado que el volumen que tomó en consideración no tiene relación directa ni indirecta con la infracción. Por otra parte, no ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes que concurren en el caso de las demandantes.

               —

               El importe de las multas impuestas viola el principio de proporcionalidad y el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dadas las peculiaridades del sector de los transportistas, las multas impuestas por la Comisión son absolutamente desproporcionadas e infringen el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales.

               —

               Se ha vulnerado el derecho de defensa de las demandantes, dado que la Comisión, al denegar la solicitud de acceso a los documentos del expediente administrativo del Asunto COMP/39.258 que presentaron las demandantes mediante escrito de 30 de noviembre de 2011, restringió el derecho de defensa de las mismas de una manera que ha de considerarse ilegal.

         En apoyo de su recurso en cuanto a los recargos denominados «NES» y «AMS», las demandantes invocan además los siguientes motivos:

               —

               El comercio entre los Estados miembros no ha resultado afectado. La Comisión ha aplicado erróneamente la normativa, dado que no se cumplen los requisitos del artículo 101 TFUE, apartado 1 (perjuicio para el comercio entre Estados miembros).

               —

               La Comisión ha aplicado erróneamente la normativa al realizar una interpretación inadecuada sobre su competencia para sancionar infracciones en el ámbito del tráfico aéreo con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1; en todo caso, la Comisión ha cometido un error de Derecho al no conceder una exención de conformidad con el Reglamento (CEE) no 3875/87 del Consejo, por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo. La Comisión no contaba con la competencia legal para sancionar con multas las infracciones cometidas contra el artículo 101 TFUE, apartado 1, puesto que antes del 1 de mayo de 2004 no existía Reglamento de Ejecución para el tránsito aéreo, por lo que el tráfico aéreo entre la Unión Europea y los Estados terceros gozaba de una exención (Air Transport Exemption).

               —

               La Comisión ha cometido un error de Derecho al apreciar erróneamente la duración de la infracción respecto de las demandantes. La Comisión ha aplicado erróneamente la normativa y respecto de las demandantes no ha motivado suficientemente su resolución por lo que se refiere a la fecha de inicio de dicha infracción. La participación de las demandantes en los hechos relevantes a efectos de la normativa de defensa de la competencia se produjo, en cuanto al recargo denominado «NES», como pronto a partir del 4 de noviembre de 2002, y, en cuanto al recargo denominado «AMS», como pronto a partir del 21 de octubre de 2003.


title: Asunto T-134/16: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées/BCE

text:
               17.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/31

         Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées/BCE
   (Asunto T-134/16)
   (2016/C 175/36)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Francia) (representante: Sr. H. Savoie, abogado)

      Demandada: Banco Central Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución del Banco Central Europeo de 29 de enero de 2016 (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/100), adoptada en virtud del artículo 4, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo y de los artículos L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 y R. 612-29-3 del Código monetario y financiero francés.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos que son, en esencia, idénticos o similares a los invocados en el asunto T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de noviembre de 2001 en el asunto T-9/98: Mitelldeusche Erdoel-Raffinerie GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Ayudas de Estado — Ampliación del plazo de inversión que da derecho a la utilización de una prima fiscal — Régimen general de ayudas — Recurso de anulación — Admisibilidad — Acto que afecta directa e individualmente a la demandante — Interés para ejercitar la acción — Ayuda adicional — Ayuda a la inversión o ayuda de funcionamiento — Principio de proporcionalidad")

text:
2.2.2002                  ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 31/7
                                                        TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                    de 22 de noviembre de 2001
                                                                                de 23 de octubre de 2001
en el asunto T-9/98: Mitelldeusche Erdoel-Raffinerie
 GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                             en el asunto T-155/99: Dieckmann & Hansen GmbH
                                                                                contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
(«Ayudas de Estado — Ampliación del plazo de inversión
que da derecho a la utilización de una prima fiscal —
Régimen general de ayudas — Recurso de anulación —
Admisibilidad — Acto que afecta directa e individualmente                    («Polı́tica agrı́cola común — Decisión 1999/244/CE, que
a la demandante — Interés para ejercitar la acción — Ayuda                  modifica la Decisión 97/296/CE por la que se establece la
adicional — Ayuda a la inversión o ayuda de funcionamiento                  lista de terceros paı́ses a partir de los cuales se autoriza
                — Principio de proporcionalidad»)                            la importación de productos de la pesca destinados a la
                                                                             alimentación humana — Responsabilidad extracontractual
                                                                                de la Comunidad»)
                            (2002/C 31/12)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                                                   (2002/C 31/13)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto T-9/98, Mitelldeuche Erdoel-Rafinerie GmbH
con domicilio social en Spergau (Alemania), representada
inicialmente por los Sres. M. Schütte y M. Maier, abogados, y,
posteriormente, por los Sres. Schütte y J. Lüdicke, abogado,
que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de
las Comunidades Europeas (agentes: Sres. V. Kreuschitz y                     En el asunto T-155/99, Dieckmann & Hansen GmbH, contra
P. Nemitz), que tiene por objeto que se anule la Decisión                   Comisión de las Comunidades Europeas, que tiene por objeto,
98/194/CE de la Comisión, de 1 de octubre de 1997, relativa                 por un lado, la anulación de la Decisión 1999/244/CE de la
a la prórroga de la prima fiscal a la inversión, del 8 %, en               Comisión, de 26 de marzo de 1999, que modifica la Decisión
beneficio de las inversiones en los antiguos Estados federados               97/296/CE por la que se establece la lista de terceros paı́ses a
alemanes mediante la Jahressteuergesetz (Ley tributaria) corres-             partir de los cuales se autoriza la importación de productos de
pondiente a 1996 (DO 1998, L 73, p. 38), el Tribunal de                      la pesca destinados a la alimentación humana (DO L 91, p. 37),
Justicia (Sala Quinta ampliada), integrado por la Sra. P. Lindh,             y, por otro, la indemnización del perjuicio supuestamente
Presidenta, los Sres. R. Garcı́a-Valdecasas, J.D. Cooke, M. Vilaras          sufrido por la demandante, el Tribunal de Primera Instancia de
y N.J. Forwood, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, adminis-            las Comunidades Europeas (Sala Quinta), integrado por: la
tradora, ha dictado el 22 de noviembre de 2001 una sentencia                 Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. Garcı́a-Valdecasas
cuyo fallo es el siguiente:                                                  y J.D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González,
                                                                             administrador; ha dictado el 20 de febrero de 2001 una
                                                                             sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Se anula la Decisión 98/194/CE de la Comisión, de 1 de
      octubre de 1997, relativa a la prórroga de la prima fiscal a la
      inversión, del 8 %, en beneficio de las inversiones en los antiguos
      Estados federados alemanes mediante la Jahressteuergesetz (Ley         1)    Se desestima el recurso.
      tributaria) correspondiente a 1996, en la medida en que afecta
      a la situación de la demandante.
                                                                             2)    La parte demandante cargará con sus propias costas y con las
                                                                                de la Comisión.
2)    La Comisión cargará con sus propias costas y con las de la
      demandante.
                                                                             (1) DO C 281 de 2.10.1999.
( 1) DO C 72 de 7.3.1998.


title: Asunto T-351/06: Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2006 — Dura Vermeer Groep/Comisión

text:
               27.1.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 20/21

         Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2006 — Dura Vermeer Groep/Comisión
   (Asunto T-351/06)
   (2007/C 20/30)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Dura Vermeer Groep NV (representante: M.M. Slotboom, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la nulidad de los artículos 1, letra d), y 2, letra d), de la Decisión en lo que respecta a la responsabilidad de Dura Vermeer Groep.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna la Decisión de la Comisión de 13 de septiembre de 2006 relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 CE (asunto COMP/38.456 — Betún asfáltico — NL) por la que se impuso a la demandante una multa por infracción del artículo 81.
   En apoyo de su recurso la demandante alega en primer lugar que la Comisión infringió el artículo 81 CE, párrafo primero, y el artículo 23, párrafo segundo del Reglamento (CE) no 1/2003. Según la demandante, la Comisión analizó incorrectamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas sobre la responsabilidad de las sociedades matrices por presuntas infracciones cometidas por sus sociedades filiales. La Comisión sometió a un control excesivamente estricto a la demandante. Además la Comisión describió incorrectamente los hechos en lo relativo a las relaciones reales en el seno del grupo Dura Vermeer. Por lo tanto, la Comisión no demostró que la demandante tuviera una influencia decisiva sobre la conducta de Vwermeer Infrastructuur BVC.
   La demandante invoca en segundo lugar vicios sustanciales de forma al haberse infringido el artículo 253 CE e incumplimiento del deber de motivación


title: Asunto C-240/01: Recurso interpuesto el 21 de junio de 2001 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 245/6                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            1.9.2001
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    financiados (parcialmente) mediante fuentes que no se
                                                                             integran en el presupuesto comunitario. Por la misma
                                                                             razón, la normativa sobre cofinanciación impugnada
1)   Anule el artı́culo 5, apartado 5, del Reglamento (CE)                   supone una elusión de la disposición presupuestaria que
     no 690/2001 de la Comisión, de 3 de abril de 2001 (1),                 figura en el artı́culo 269 CE, apartado 1. A ello se añade
     relativo a medidas especiales de apoyo al mercado en el                 que la limitación de los recursos propios con arreglo a
     sector de la carne de vacuno, en la medida en que obliga                los artı́culos 269 CE y 270 CE dejarı́a de constituir un
     al Estado miembro interesado a financiar el 30 % de los                 lı́mite efectivo para los gastos de la Comunidad si la
     gastos correspondientes a la adquisición de carne que                  Comisión fuera competente para ordenar gastos comuni-
     prevé dicho Reglamento.                                                 tarios sin que éstos tuvieran que ser financiados en su
                                                                             totalidad con cargo al presupuesto comunitario. De esta
2)   Condene en costas a la Comisión.                                       manera podrı́a eludirse, en particular, el procedimiento
                                                                             para incrementar los recursos propios previsto en el
                                                                             artı́culo 269 CE, apartado 2, que no sólo requiere
                                                                             la decisión unánime del Consejo (previa consulta al
                                                                             Parlamento), sino también la ratificación de esta decisión
Motivos y principales alegaciones                                            por los Parlamentos de los Estados miembros.
                                                                      —      Infracción del artı́culo 253 CE: la referencia a la limitación
                                                                             de los recursos presupuestarios no aclara qué habilitación
—    Falta de competencia de la Comisión para establecer una                emplea la Comisión para modificar, mediante el estableci-
     cofinanciación obligatoria en el marco de un reglamento                miento de una cofinanciación obligatoria, el principio
     de ejecución: el artı́culo 5, apartado 5, del Reglamento               de la financiación ı́ntegra con cargo al presupuesto
     impugnado no «ejecuta» una disposición general del                     comunitario de las medidas de apoyo al mercado en el
     Reglamento de base que autorice de manera general la                    sector de la carne de vacuno, ni tampoco por qué era
     confinanciación, y se aparta claramente de las disposicio-             preciso un reparto en una proporción de 70 %-30 %.
     nes de los Reglamentos del Consejo nos 1254/1999 y
     1258/1999, que parten de la base de una financiación
     procedente en su totalidad del presupuesto comunitario.          La demandante solicita al Tribunal de Justicia que, en caso de
     La financiación de una determinada medida de ayuda              que estime el recurso, mantenga en vigor los efectos del
     agrı́cola forma parte necesariamente de los elementos            Reglamento en aras de la estabilidad de los operadores del
     esenciales de la materia que se regule, y su regulación         mercado afectados.
     debe hallarse en el Reglamento de base del Consejo,
     máxime cuando todos los aspectos determinantes de la
     financiación de la polı́tica agrı́cola común —también
     para el mercado comunitario de la carne de vacuno— se            (1) DO L 95 de 5.4.2001, p. 8.
     encuentran ya regulados en el Reglamento del Consejo
     no 1258/1999 (o en el Reglamento del Consejo
     no 1883/78).
—    Infracción de las normas financieras constitucionales: con
     arreglo al sistema de la organización común de mercados
     en el sector de la carne de vacuno y a la prohibición
     de ayudas de Estado del artı́culo 87 CE, apartado 1,
     expresamente confirmada en el considerando 33 del                Recurso interpuesto el 21 de junio de 2001 contra la
     Reglamento no 1254/1999, las medidas de apoyo del                República Federal de Alemania por la Comisión de las
     Reglamento impugnado constituyen, a pesar de la finan-                                 Comunidades Europeas
     ciación parcial con cargo a los presupuestos nacionales,
     ayudas comunitarias y, por tanto, «gastos de la Comuni-                                   (Asunto C-240/01)
     dad» en el sentido del artı́culo 268 CE, apartado 1. No
     obstante, con arreglo al artı́culo 268 CE, apartado 1,
     «todos los ingresos y gastos de la Comunidad [...] deberán                                  (2001/C 245/12)
     estar comprendidos en las previsiones correspondientes
     a cada ejercicio presupuestario y consignados en el
     presupuesto». Al emplear el adjetivo «todos» (los ingresos       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     y gastos), el artı́culo 268 CE, apartado 1, establece el         presentado el 21 de junio de 2001 un recurso contra la
     principio de la integridad/unidad del presupuesto, que es        República Federal de Alemania formulado por la Comisión de
     un requisito fundamental para una ponderación polı́tica         las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Enrico
     de los ingresos y gastos en el procedimiento presupuesta-        Traversa, asesor jurı́dico, y Kilian Gross, miembro del Servicio
     rio y para un control democrático de la ejecución del          Jurı́dico de la Comisión de las Comunidades Europeas, que
     presupuesto. No es compatible con este principio que los         designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
     gastos de la Comunidad que se derivan de una normativa           Sr. Gérard Berscheid, asesor jurı́dico de la Comisión, Centre
     obligatoria del Derecho comunitario secundario sean              Wagner C 254, Kirchberg, Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 1.9.2001               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 245/7
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                       lución del Conseil d’État francés (Sala de lo Contencioso),
1)    Declare que la República Federal de Alemania ha incum-          de fecha 28 de mayo de 2001, en el asunto entre
      plido las obligaciones que le incumben en virtud del             Société National Farmers’ Union y Secrétariat général du
      artı́culo 2, apartado 2, de la Directiva 92/81/CEE del                                        gouvernement
      Consejo (1), de 19 de octubre de 1992, relativa a la
      armonización de las estructuras del impuesto especial                                     (Asunto C-241/01)
      sobre los hidrocarburos, al haber adoptado el artı́culo 4,
      apartado 1, número 2, letra b), de la Mineralölsteuerge-                                    (2001/C 245/13)
      setz, que no somete todos los hidrocarburos destinados
      al consumo como combustible al impuesto especial sobre           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      los hidrocarburos.                                               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                       resolución del Conseil d’État francés (Sala de lo Contencioso),
2)    Condene en costas a la República Federal de Alemania.           dictada el 28 de mayo de 2001, en el asunto entre Société
                                                                       National Farmers’ Union y Secrétariat général du gouverne-
                                                                       ment, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
                                                                       22 de junio de 2001. El Conseil d’État francés (Sala de lo
Motivos y principales alegaciones                                      Contencioso) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
                                                                       sobre si:
El recurso se interpone contra el régimen del artı́culo 4,
apartado 1, número 2, letra b), de la Mineralölsteuergesetz (ley      1)     habida cuenta del carácter normativo de las Decisiones
alemana del impuesto sobre los hidrocarburos), en particular                  98/692/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de
contra la interpretación de dicha disposición introducida                   1998 (1), y 1999/514/CE de la Comisión, de 23 de julio
mediante el Erlaß des Bundesministers der Finanzen (decreto                   de 1999 (2), y a pesar de la expiración del plazo para
del Ministro Federal de Hacienda) de 2 de febrero de 1998                     recurrir contra ellas, un Estado miembro puede invocar
(III A 1 — V 0355 — 19/97). En virtud de dicho Erlaß,                         cambios sustanciales en las circunstancias de hecho o de
debe entenderse por «combustión para obtener calor» el                       Derecho, acaecidos con posterioridad a la expiración de
aprovechamiento voluntario del efecto calorı́fico de un ele-                  los plazos para recurrir dichas Decisiones, cuando tales
mento, es decir la combustión total o parcial de un hidrocar-                cambios puedan afectar a su validez;
buro para producir calor, que se transmite total o parcialmente        2)     en la fecha en que las autoridades francesas adoptaron
a otro elemento. Este segundo elemento, al que se transmite el                sus resoluciones, las Decisiones de la Comisión antes
calor, debe entonces transformase en conductor de energı́a o                  mencionadas eran válidas a la luz del principio de cautela
calor. El uso concreto del nuevo conductor como combustible                   enunciado en el artı́culo 174 del Tratado constitutivo de
justifica la conclusión de que el hidrocarburo utilizado para                la Comunidad Europea;
producir dicho conductor ha sufrido una «combustión para
obtener calor». Ası́ pues, no existe tal «combustión» si el           3)     las disposiciones del artı́culo 30 (antiguo artı́culo 36) del
elemento que recibe la energı́a derivada de la combustión se                 Tratado constitutivo de la Comunidad Europea confieren
ha expuesto al calor empleando para fabricar un producto y a                  a un Estado miembro la facultad de prohibir importacio-
causa de ello ha perdido su naturaleza. Lo mismo sucede si la                 nes de productos agrı́colas y de animales vivos, en la
llama entra en contacto directo con el elemento que se                        medida en que no puede considerarse que las Directivas
pretende transformar o destruir. Tampoco debe considerarse                    89/662/CEE (3) y 90/425/CEE (4) armonicen las medidas
que existe «combustión para obtener calor» si se usa el                      necesarias para lograr el objetivo especı́fico de protección
hidrocarburo para alimentar una llama de encendido que                        de la salud y vida de las personas previsto en dicho
provoque la combustión de gases de escape nocivos, ni cuando                 artı́culo.
se mezcla el hidrocarburo en una cámara de combustión con
los gases de escape que se pretende destruir y se queman por           (1) Decisión 98/692/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de
completo.                                                                  1998, por la que se modifica la Decisión 98/256/CE en relación
                                                                           con determinadas medidas de emergencia en materia de protec-
                                                                           ción contra la encefalopatı́a espongiforme bovina (DO L 328,
Según la Comisión, lo anterior incumple la disposición citada           p. 28).
en el suplico del recurso. El concepto de «consumo como                (2) Decisión 1999/514/CE de la Comisión, de 23 de julio de 1999,
combustible» que emplea dicha disposición debe ser interpre-              por la que se fija la fecha en la que, de conformidad con el
tado como un concepto propio del Derecho comunitario y                     apartado 5 del artı́culo 6 de la Decisión 98/256/CE, puede
autónomo. El tenor literal, la exposición de motivos y la                iniciarse la expedición desde el Reino Unido de productos bovinos
sistemática de la Directiva inducen a entender el concepto de             con arreglo al régimen de exportación basado en una fecha (DO
«combustión para obtener calor» en sentido amplio y a                     L 195, p. 42).
considerar que incluye cualquier consumo de un hidrocarburo            (3) Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989,
como combustible. En particular, carece de relevancia que se               relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios
                                                                           intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior
utilice el calor de forma indirecta, para calentar un objeto por           (DO L 395, p. 13).
medio de un conductor, o de forma directa, para iniciar o              (4) Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990,
mantener un proceso quı́mico o industrial.                                 relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los
                                                                           intercambios intracomunitario de determinados animales vivos y
                                                                           productos con vistas a la realización del mercado interior (DO
(1) DO L 316 de 31.10.1992, p. 12.
                                                                           L 224, p. 29).


title: Asunto C-331/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia el 5 de julio de 2010 — E.On Produzione SpA/Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia el 5 de julio de 2010 — E.On Produzione SpA/Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
   (Asunto C-331/10)
   ()
   2010/C 346/42
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: E.On Produzione SpA

      Demandada: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

      Cuestión prejudicial

   ¿Se oponen los artículos 23, 43, 49 y 56 del Tratado CE, el artículo 11, apartados 2 y 6, y el artículo 24 de la Directiva 2003/54/CE (1) a una normativa nacional que, sin notificación a la Comisión, obliga con carácter permanente a determinados productores de energía eléctrica que, en determinadas circunstancias, sean esenciales para satisfacer la demanda para los servicios de ordenación, a presentar ofertas en los mercados de la bolsa de electricidad con arreglo a programas establecidos por el gestor de la red de forma obligatoria y que sustraiga la remuneración de tales ofertas a la libre determinación del productor, vinculándola a parámetros no prefijados con arreglo a procedimientos transparentes, no discriminatorios y basados en el mercado?

      (1)  DO L 176, p. 37.


title: Asunto C-485/15: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA), Società Aeroporto Brescia e Montichiari SpA (Abem SpA) y otros

text:
               29.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/12

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA), Società Aeroporto Brescia e Montichiari SpA (Abem SpA) y otros
   (Asunto C-485/15) (1)

   (2016/C 078/19)
   Lengua de procedimiento: italiano
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 414, de 14.12.2015.