title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de marzo de 2002 en el asunto C-298/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana ("Incumplimiento de Estado — Directiva 85/384/CEE — Reconocimiento mutuo de diplomas en el sector de la arquitectura — Acceso a la profesión de arquitecto — Artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación)")

text:
C 118/4                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         18.5.2002
1)    Desestimar el recurso.                                               1)   no haber adoptado todas las medidas necesarias para
                                                                                ejecutar el artı́culo 4, apartado 1, párrafo segundo, el
2)    Condenar en costas al Reino de los Paı́ses Bajos.                         artı́culo 4, apartado 2, y los artı́culos 7, 11 y 14 de la
                                                                                Directiva 85/384;
3)    El Reino de España cargará con sus propias costas.
                                                                           2)   haber adoptado
(1) DO C 226 de 7.8.1999.
                                                                                —      el artı́culo 4, apartado 2, letra a), del Decreto-ley del
                                                                                Presidente de la República no 129, de 27 de enero
                                                                                de 1992 (GURI no 41 de 19 de febrero de 1992,
                                                                                p. 18), y el artı́culo 4, apartado 1, letra a), del
                                                                                Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca
                                                                                Scientifica e Tecnologica (Ministro de Universidades
                                                                                e Investigación Cientı́fica y Tecnológica) no 776, de
                                                                                10 de junio de 1994 (GURI no 234, de 6 de octubre
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                            de 1995, p. 3), que exigen con carácter general la
                                                                                presentación del tı́tulo original o de una copia
                                                                                autenticada del mismo;
                            (Sala Quinta)
                      de 21 de marzo de 2002                                    —      el artı́culo 4, apartado 2, letra c), del Decreto
                                                                                no 129/92 y el artı́culo 4, apartado 1, letra c), del
                                                                                Decreto no 776/94, que exigen con carácter general
en el asunto C-298/99: Comisión de las Comunidades                                    la aportación de un certificado de nacionalidad;
             Europeas contra República Italiana (1)
                                                                                —      el artı́culo 4, apartado 3, del Decreto no 129/92 y el
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 85/384/CEE —                                    artı́culo 10 del Decreto no 776/94, que exigen
Reconocimiento mutuo de diplomas en el sector de la                                    en todos los casos la traducción jurada de los
arquitectura — Acceso a la profesión de arquitecto —                                  documentos;
Artı́culo 59 del Tratado CE (actualmente artı́culo 49 CE,
                       tras su modificación)»)
                                                                                —      el artı́culo 11, apartado 1, letras c) y d), del Decreto
                          (2002/C 118/06)                                              no 129/92, que amplı́a la validez de los certificados
                                                                                más allá del 5 de agosto de 1987;
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           3)   haber prohibido a los arquitectos que prestan sus servicios
                                                                                mantener un estudio en su territorio (artı́culo 9, apar-
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         tado 1, del Decreto no 129/92);
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           4)   haber obligado a los arquitectos que prestan sus servicios
                                                                                a inscribirse en el Colegio de Arquitectos provincial
En el asunto C-298/99, Comisión de las Comunidades Euro-                       territorialmente competente (artı́culo 9, apartado 3, del
peas (agentes: Sr. E. Traversa y Sra. E. Montaguti) contra                      Decreto no 129/92 y artı́culos 7 y 8 del Decreto
República Italiana (agentes: Sr. U. Leanza, asistido por el Sr.                no 776/94), de un modo que no se ajusta a lo dispuesto
G. Aiello), que tiene por objeto que se declare que: La República              en el artı́culo 22 de la Directiva 85/384, y
Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en
virtud de los artı́culos 12, 20, 22, 27 y 31 de la Directiva
85/3841/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el                   5)   haber aplicado el artı́culo 4, apartados 6 a 8, del Decreto
reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros tı́tulos                 nº 129/92 de un modo contrario a lo dispuesto en el
en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas               artı́culo 20, apartado 1, de la Directiva 85/384,
a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y
de la libre prestación de servicios (DO L 223, p. 15; EE 06/03,
p. 9), en su versión modificada por la Directiva 86/17/CEE del            el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.
Consejo, de 27 de enero de 1986, por la que se modifica, con               P. Jann, Presidente de Sala, S. von Bahr, D.A.O. Edward
motivo de la adhesión de Portugal, la Directiva 85/384/CEE                (Ponente), A. La Pergola y C.W.A. Timmermans, Jueces;
(DO L 27, p. 71, y —rectificación— L 87, p. 36), y, por lo que            abogado general: Sr. S. Alber, secretaria: Sra. Lynn Hewlett,
se refiere al número 3 infra, del artı́culo 59 del Tratado CE             administradora, a dictado el 21 de marzo de 2002 una
(actualmente artı́culo 49 CE, tras su modificación), al:                  sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- 18.5.2002                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 118/5
1)   La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le                   —     haber obligado, mediante el artı́culo 9, apartado 3, del
     incumben en virtud de los artı́culos 12, 22, 27 y 31 de la                           Decreto no 129/92 y los artı́culos 7 y 8 del Decreto
     Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985,                            no 776/94, a los arquitectos establecidos en otros
     para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros                       Estados miembros que desean prestar servicios en Italia
     tı́tulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas                      a inscribirse en el Consejo provincial territorialmente
     destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de                          competente del Colegio de Arquitectos, y retrasar, como
     establecimiento y de la libre prestación de servicios, en su versión               consecuencia de esta formalidad, en infracción del artı́-
     modificada por la Directiva 86/17/CEE del Consejo, de 27 de                          culo 22 de la Directiva 85/384, la primera prestación de
     enero de 1986, por la que se modifica, con motivo de la                              servicios de estos arquitectos en Italia.
     adhesión de Portugal, la Directiva 85/384 y, por lo que se
     refiere a la prohibición prevista en el artı́culo 9, apartado 1, del    2)    Desestimar el recurso en todo lo demás.
     Decreto no 129/92, del artı́culo 59 del Tratado, al:
                                                                              3)    Condenar en costas a la República Italiana.
     —      no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar
            cumplimiento al artı́culo 4, apartado 1, párrafo segundo,        (1) DO C 299 de 16.10.1999.
            al artı́culo 4, apartado 2, al artı́culo 11, letra k), séptimo
            guión, y al artı́culo 14 de la Directiva 85/384;
     —      no haber adoptado todas las medidas necesarias para
            proceder al reconocimiento automático de los diplomas,
            certificados y otros tı́tulos de conformidad con los ar-
            tı́culos 2, 3, 7, 8 y 9 de la Directiva 85/384;                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 19 de marzo de 2002
     —      haber adoptado el artı́culo 4, apartado 2, letra a), del
            Decreto-ley del Presidente de la República no 129, de
            27 de enero de 1992, que, en infracción de los artı́culos 52     en los asuntos acumulados C-393/99 y C-394/99 (Petición
            y 59 del Tratado CE (actualmente artı́culos 43 CE y               de decisión prejudicial del Tribunal du travail de Tournai):
            49 CE, tras su modificación), exige con carácter general        Institut national d’assurances sociales pour travailleurs
            que la solicitud de reconocimiento de tı́tulo vaya acompa-        indépendants (Inasti) contra Claude Hervein, Hervillier
            ñada del tı́tulo original o de una copia autenticada de          SA (asunto C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA
            dicho diploma;                                                                            (asunto C-394/99) (1)
                                                                              («Libre circulación de trabajadores y libertad de estableci-
     —      haber adoptado el artı́culo 4, apartado 2, letra c), del
                                                                              miento — Seguridad social — Determinación de la legisla-
            Decreto no 129/92 y el artı́culo 4, apartado 1, letra c),
                                                                              ción aplicable — Personas que ejercen simultáneamente una
            del Decreto del Ministerio de Universidades e Investigación
                                                                              actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia
            Cientı́fica y Tecnológica no 776, de 10 de junio de 1994,
                                                                              en el territorio de diferentes Estados miembros — Sujeción a
            que, en infracción del artı́culo 52 del Tratado, exige con
                                                                              la legislación de seguridad social de cada uno de dichos
            carácter general que la solicitud de reconocimiento de
                                                                              Estados — Validez del artı́culo 14 quater, apartado 1, letra b)
            tı́tulo vaya acompañada de un certificado de nacionalidad;
                                                                              [actualmente artı́culo 14 quater, letra b)], y del anexo VII del
                                                                                Reglamento (CEE) no 1408/71»)
     —      haber adoptado el artı́culo 4, apartado 3, del Decreto
            no 129/92 y el artı́culo 10 del Decreto no 776/94, que,                                      (2002/C 118/07)
            en infracción del artı́culo 52 del Tratado, exigen en todos
            los casos la traducción jurada de todos los documentos
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
            adjuntos a una solicitud de reconocimiento de tı́tulo;
                                                                              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     —      haber adoptado el artı́culo 11, apartado 1, letras c) y d),            «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
            del Decreto no 129/92, que, en infracción del artı́culo 12
            de la Directiva 85/384, prevé el reconocimiento de tı́tulos
            obtenidos después del 5 de agosto de 1987;
                                                                              En los asuntos acumulados C-393/99 y C-394/99, que tienen
                                                                              por objeto dos peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con
     —      haber mantenido el artı́culo 9, apartado 1, del Decreto           arreglo al artı́culo 177 del Tratado CE (actualmente artı́culo
            no 129/92, que, en infracción del artı́culo 59 del Tratado,      234 CE), por el Tribunal du travail de Tournai (Bélgica),
            prohı́be de modo general a los arquitectos establecidos en        destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho
            otros Estados miembros que desean prestar servicios en            órgano jurisdiccional entre Institut national d’assurances socia-
            Italia crear en territorio italiano un establecimiento            les pour travailleurs indépendants (Inasti) y Claude Hervein,
            principal o secundario;                                           Hervillier SA (asunto C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA


title: Asunto C-354/08: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/18

         Recurso interpuesto el 30 de julio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa
   (Asunto C-354/08)
   (2008/C 285/31)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Traversa y J. Sénéchal, agentes)

      Demandada: República Francesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE al establecer un derecho de preferencia para el concesionario cesante en las convocatorias de licitación para la concesión de centrales hidroeléctricas, en particular al adoptar el artículo 29, apartado 3, del Decreto no 99/225, de 22 de marzo de 1999, relativo a la concesión y a la declaración de utilidad pública de las centrales hidroeléctricas.

               —

               Que se condene en costas República Francesa.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión alega que otorgar de un derecho de preferencia al concesionario cesante, en el momento de la renovación y adjudicación de concesiones de centrales hidroeléctricas constituye una violación del principio de no discriminación y obstaculiza la libertad de establecimiento. En efecto, al privilegiar a las sociedades que disponen de una concesión y que, de este modo, ya están establecidas en Francia, la legislación francesa dificulta el establecimiento de sociedades implantadas en otros Estados miembros.
   Por otra parte, las autoridades francesas no han invocado las excepciones previstas en los artículos 45 y 46 del Tratado o razones imperiosas de interés general para justificar la medida controvertida que sería, en todo caso, desproporcionada a la vista del objetivo perseguido. Así, por ejemplo, la carga financiera soportada por el concesionario cesante podría compensarse con otras obligaciones impuestas a cada nuevo competidor.


title: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Endemol Entertainment Holding BV, Veronica Omroep Organisatie, Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion SA, NV Verenigd Bezit VNU y RTL4 SA (Asunto T-221/95)

text:
N° C 64/14          [_ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       2 . 3 . 96
Por último, la demandante alega la inexistencia de una             ( CEE ) n° 4064/89 delimita y restringe directamente el
motivación adecuda, en violación del artículo 190 del              ámbito de la competencia de la Comisión para investigar
Tratado .                                                          una concentración .
La demandante invoca igualmente el artículo 175 del                Dado que, en el presente asunto el Gobierno de los Países
Tratado contra la actuación de la Comisión . Se precisa a este     Bajos solicitó a la Comisión que examinara la concentración
respecto que esta última no ha definido su posición ante el        sólo en relación con el mercado publicitario de televisión, la
requerimiento formulado por la demandante, no ha adop             Comisión no podía ampliar el ámbito de la investigación que
tado decisión alguna que suponga el cierre formal del              le fue solicitada, para abarcar otros mercados .
procedimiento antidumping y no ha emprendido, dentro de
un plazo razonable, ninguna de las actuaciones a que le            En segundo lugar, la Decisión debe ser anulada porque la
obliga el Reglamento de base, en caso de que una propuesta         Comisión ha vulnerado el derecho de defensa de las
de terminación de un procedimiento antidumping sin                 demandantes . La Comisión ha incumplido gravemente su
imposición de medidas sea rechazada por el Consejo .               obligación de conceder a las demandantes acceso al expe
                                                                   diente y a los documentos pertinentes para su defensa . Esta
                                                                   infracción del derecho de defensa se refiere no sólo a la
                                                                   manera sobre cómo la Comisión autorizó el « examen del
                                                                   expediente », sino también a la negativa de la Comisión a que
                                                                   se consultaran documentos esenciales que fueron obtenidos
Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 1995 contra la            por la Comisión con posterioridad a la fecha del « examen
Comisión de las Comunidades Europeas por Endemol                   del expediente » . Por consiguiente , existen indicios fundados
Entertainment Holding BV, Verónica Omroep Organisatie,             de que la Comisión ocultó a los demandantes documentos
Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion SA, NV                  que servían de apoyo a los criterios y alegaciones de
              Verenigd Bezit VNU y RTL4 SA                         éstos .
                      ( Asunto T-221/95 )
                                                                   En tercer lugar, la Decisión debe ser anulada porque la
                          ( 96/C 64/31 )
                                                                   Comisión ha incurrido en vicios sustanciales de forma y
                                                                   vulnerado el derecho de defensa de las demandantes al no
             (Lengua de procedimiento: inglés)                     facilitar el acta de la audiencia al Comité consultivo, a los
                                                                   comisarios y a las propias demandantes .
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado, el 4 de diciembre de 1995 , un          En cuarto lugar, la Decisión debe ser anulada porque la
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas             Comisión llegó erróneamente a la conclusión de que la
formulado por Endemol Entertainment Holding BV y                   participación de Endemol en HMG fortalecería una
Verónica Omroep Organisatie representadas por D. Onno              supuesta posición dominante de Endemol en un pretendido
W. Brouwer y D. Peter Wytinck, Stibbe Simont Monahan               mercado de producción televisiva neerlandesa indepen
Duhot, y por Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffu               diente .
sion SA, NV Verenigd Bezit VNU y RTL4 SA, representadas
por D. Mark B. W. Biesheuvel y D. T. Martijn Snoep, De             En quinto lugar, HMG no tiene una posición dominante en
Brauw Blackstone Westbroek, que designan como domicilio            el mercado de la radiodifusión y publicidad televisivas . Las
en Luxemburgo el despacho del Sr . Loesch, rué                     demandantes discrepan especialmente con el análisis de la
Goethe 11 .                                                        Comisión sobre la situación de las emisoras públicas en los
                                                                   Países Bajos . La Comisión se ha limitado a hacer suyas y
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                aceptar sin más las alegaciones que las emisoras públicas
Instancia que :                                                    neerlandesas le han formulado y los hechos que le han
                                                                   expuesto en su condición de denunciantes ( SBS, competidor
— anule la Decisión de la Comisión, de 20 de septiembre de         directo e HMG, y las emisoras públicas neerlandesas han
     1995 , relativa a un procedimiento con arreglo al             hecho todo lo posible para oponerse y hacer fracasar la
     Reglamento ( CEE) n° 4064/89 del Consejo ( IV/M.553          creación de HMG ).
     RTL/Veronica/Endemol ), e
                                                                   En sexto lugar, la Decisión debe ser anulada porque la
— imponga a la Comisión las costas de la parte deman              Comisión ha sostenido indebidamente que Endemol tiene
     dante con arreglo al artículo 87 del Reglamento de            una posición dominante . La Comisión ha definido incorrec
     Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia .             tamente el mercado productivo . Además, ni siquiera en este
                                                                   mercado estrictamente definido tiene Endemol una posición
                                                                   dominante . La Comisión ha calculado incorrectamente la
Motivos y principales alegaciones
                                                                   cuota de mercado de Endemol y se ha basado en otros
                                                                   hechos incorrectos al valorar la situación de ésta .
En primer lugar, las demandantes sostienen que la Decisión
debe ser anulada sobre la base de falta de competencia,
desviación de poder e infracción del apartado 3 del                En séptimo lugar, en ningún caso la concentración supondrá
artículo 22 del Reglamento ( CEE) n° 4064/89 y de la letra b )     un cambio significativo en la competencia efectiva en el
del artículo 3 del Tratado CE . Las demandantes alegan que         mercado productivo .
el texto y contenido de una solicitud de un Estado miembro
con arreglo al apartado 3 del artículo 22 del Reglamento


               26.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/16

         Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC formulada por el Norges Høyesterett con fecha de 19 de febrero de 2016 en el asunto Ski Taxi SA, Follo Taxi SA og Ski Follo Taxidrift AS/staten v/Konkurransetilsynet
   (Asunto E-3/16)
   (2017/C 26/07)
   Mediante comunicación de 19 de febrero de 2016, recibida en la Secretaría del Tribunal el 24 de febrero de 2016, se ha presentado al Tribunal de la AELC una solicitud de dictamen consultivo formulada por el Norges Høyesterett (el Tribunal Supremo de Noruega) en el asunto Ski Taxi SA, Follo Taxi SA og Ski Follo Taxidrift AS/staten v/Konkurransetilsynet sobre las siguientes cuestiones:

               1.

               ¿Cuál es el criterio jurídico para determinar si un acuerdo entre empresas tiene un objeto restrictivo de la competencia en el sentido del artículo 53 del Acuerdo EEE?

                           a)

                           A este respecto, ¿es suficiente para poder calificar un comportamiento como una infracción por el objeto con arreglo al artículo 53 del Acuerdo EEE que la cooperación pueda restringir la competencia?

               2.

               ¿Cuál es la trascendencia jurídica para la cuestión de si un comportamiento constituye una infracción por el objeto que esta cooperación se haya producido abiertamente frente a la autoridad contratante?

               3.

               En particular, ¿qué criterios jurídicos deben destacarse a la hora de examinar si debe considerarse una infracción por el objeto la cooperación que adopte la forma de presentación por parte de dos empresas competidoras de una oferta conjunta a través de una empresa en participación y en la que las dos empresas serán subcontratistas de la empresa en participación?


title: Asunto T-509/15: Sentencia del Tribunal General de 3 de febrero de 2017 — Kessel medintim/EUIPO — Janssen-Cilag (Premeno) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión Premeno — Marca nacional denominativa anterior Pramino — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Resolución adoptada tras la anulación de una resolución anterior por el Tribunal General — Derecho a ser oído — Artículo 75 del Reglamento n.° 207/2009»]

text:
               20.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/24

         Sentencia del Tribunal General de 3 de febrero de 2017 — Kessel medintim/EUIPO — Janssen-Cilag (Premeno)
   (Asunto T-509/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa de la Unión Premeno - Marca nacional denominativa anterior Pramino - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Resolución adoptada tras la anulación de una resolución anterior por el Tribunal General - Derecho a ser oído - Artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009»])
   (2017/C 086/32)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Kessel medintim GmbH (Mörfelden-Walldorf, Alemania) (representantes: A. Jacob y U. Staudenmaier, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: D. Walicka, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Alemania) (representante: M. Wenz, abogada)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de julio de 2015 (asunto R 349/2015-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Janssen-Cilag y Kessel medintim.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Kessel medintim GmbH.

      (1)  DO C 354 de 26.10.2015.


title: Asunto C-563/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 5 de diciembre de 2012 — BDV Hungary Trading Kft., en liquidación voluntaria/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 5 de diciembre de 2012 — BDV Hungary Trading Kft., en liquidación voluntaria/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
   (Asunto C-563/12)
   2013/C 114/33
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Kúria

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: BDV Hungary Trading Kft., en liquidación voluntaria

      Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Pueden interpretarse el artículo 15 de la Directiva 77/388/CEE (1) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (en lo sucesivo, «antigua Directiva IVA»), y el artículo 146 de la Directiva 2006/112/CE (2) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «nueva Directiva IVA»), en el sentido de que el transporte fuera del territorio comunitario de los bienes destinados a la exportación debe tener lugar dentro de un determinado plazo para que pueda calificarse de entrega exenta para la exportación?

               2)

               ¿Tienen relevancia a la hora de responder a la primera cuestión las cláusulas de comercio internacional; el hecho de que el vendedor, el comprador o el transportista hayan actuado de buena o de mala fe, con el debido cuidado o de modo eventualmente culpable; el período de declaración, o el hecho de que el transporte de los bienes se produzca efectivamente fuera de plazo, pero dentro del período de prescripción para la liquidación del impuesto?

               3)

               ¿Es compatible con los principios de neutralidad fiscal, seguridad jurídica y proporcionalidad el que la normativa de un Estado miembro prevea requisitos adicionales a los establecidos en las Directivas y supedite la consideración de una exportación como exenta a requisitos objetivos y acumulativos que no constan en éstas?

               4)

               ¿Pueden interpretarse los artículos 15 de la antigua Directiva IVA y 131 y 273 de la nueva Directiva IVA en el sentido de que, en aras de la prevención de la evasión, el abuso y el fraude fiscales y de la correcta liquidación y recaudación del impuesto, un Estado miembro puede supeditar las exportaciones exentas a requisitos como los previstos en el artículo 11, apartado 1, de la Ley no LXXIV de 1992, relativa al impuesto sobre el valor añadido, y en el artículo 98, apartado 1, de la Ley no CXXVII de 2007, relativa al impuesto sobre el valor añadido?

               5)

               ¿Es conforme con los principios fundamentales del Derecho de la Unión y con las disposiciones de las Directivas el que, por incumplirse requisitos que no constan en los artículos 15 y 146 de las Directivas, la autoridad tributaria cambie la calificación de una exportación exenta y exija el pago del impuesto al sujeto pasivo? Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué circunstancias es ello posible?

      (1)  DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.

      (2)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto C-604/15 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de noviembre de 2015 por Ana Pérez Gutiérrez contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 9 de septiembre de 2015 en el asunto T-168/14, Pérez Gutierrez/Comisión

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/35

         Recurso de casación interpuesto el 15 de noviembre de 2015 por Ana Pérez Gutiérrez contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 9 de septiembre de 2015 en el asunto T-168/14, Pérez Gutierrez/Comisión
   (Asunto C-604/15 P)
   (2016/C 038/48)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Ana Pérez Gutiérrez (representante: J. Soler Puebla, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

   Que se case y anule la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre y se continúe el procedimiento, dictándose una nueva sentencia en la que:

               1.

               Se declare la existencia de intromisión ilegítima en el Derecho al Honor a la intimidad familiar y a la propia imagen, por el uso sin consentimiento de la imagen de D. Patrick Johannes Jacquemyn, al incorporar la Comisión Europea su fotografía en la Biblioteca de imágenes de las Advertencias de Salud para los productos del Tabaco en la Unión Europea.

               2.

               Se condene a la demandada a satisfacer a la demandante la cantidad de 181 104 € en concepto de lucro cesante.

               3.

               Se condene a la demandada a satisfacer a la demandante la cantidad de Un céntimo de Euro (0,01 €) por cajetilla o producto del Tabaco en el que figure la imagen de D. Patrick Jacquemyn, cuantía total que se determinará en ejecución de sentencia, y que en estos momentos representa una cantidad de veintisiete millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos veinticuatro euros (27 588 524 €)

               4.

               Se condene a la demandada a satisfacer a la demandante la indemnización por el beneficio obtenido por la utilización ilícita de la imagen de D. Patrick Jacquemyn, que asciende a la cantidad de 13 790 000 € en España, lugar de residencia de la demandante y de D. Patrick Jacquemyn.

      Motivos y principales alegaciones

      Falta de identidad entre el desarrollo de la vista oral y lo expuesto en la sentencia

   La parte recurrente nunca aceptó las declaraciones de la Comisión Europea, si no que accedió a que se presentaran extemporáneamente los documentos sin tachar, lo cual no ha sido aclarado en la sentencia.

      Violación del artículo 15.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

   Violación del principio de la norma europea de acceso de los ciudadanos de la Unión a la documentación que ha utilizado cualquier órgano de la Unión para la toma de decisiones. La recurrente ha solicitado en numerosas ocasiones la documentación sobre los derechos de imagen de la fotografía controvertida y nunca se le ha proporcionado.

      Falta e insuficiencia de prueba que conlleva la falta de instrucción sobre el asunto por parte del Tribunal

   Las pruebas solicitadas por la recurrente no se han practicado y las aportadas por la recurrida impedían cualquier atisbo probatorio al estar prácticamente con todos los datos tachados.

      Vulneración del principio de contradicción e igualdad de armas procesales

   Los documentos aportados por la Comisión Europea estaban tachados y sin datos, e impedían cualquier análisis contradictorio por parte de la demandante, por lo que la recurrente no los considera pruebas válidas ni pueden ser clasificadas como elementos probatorios por el Tribunal.

      Desnaturalización de los hechos (Distort of facts)

   Los documentos tachados y sin datos han llevado al Tribunal a entender que existía un principio de legalidad en la supuesta realización de las fotografías, y esta simulación de realidad no ha podido ser desvirtuada por la recurrente al faltar todos los elementos probatorios de los documentos. La tacha de los datos en los documentos se ha realizado en una incorrecta aplicación de los principios de Protección de Datos derivados de la Directiva de 1995 (1).

      (1)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
         DO L 281 de 23.11.1995, p. 31


title: Archivo del asunto C-145/94

text:
N° C 180/26               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    22 . 6 . 96
Recurso de casación interpuesto el 7 de mayo de 1996 por el            La Cour de cassation del Gran Ducado de Luxemburgo
Sr. C. Williams contra la sentencia dictada el 7 de marzo de           solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
 1996 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia             siguientes cuestiones :
de las Comunidades Europeas en el asunto T-146/94,
promovido contra el Tribunal de Cuentas por el Sr. C.                   1 ) ¿ Deben interpretarse los artículos 59 y 60 del Tratado
                                 Williams                                   constitutivo de la Comunidad Económica Europea en el
                      ( Asunto C-156/96 P )                                 sentido de que se oponen a que una normativa condi
                                                                            cione la asunción de los costes de las prestaciones
                              ( 96/C 180/59 )                               reembolsables a la autorización de la entidad de la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                   Seguridad Social del asegurado , en el supuesto de que las
ha presentado el 7 de mayo de 1996 un recurso de casación                   citadas prestaciones se faciliten en un Estado miembro
formulado por el Sr. C. Williams, representado por el Sr .                  distinto de aquél en que reside el asegurado ?
Eric Boigelot, que designa como domicilio en Luxemburgo
el despacho del Sr . Louis Schiltz, 2 , rue du Fort Rheins,            2 ) ¿ Debe responderse de otra forma a la cuestión anterior
contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 1 996 por la Sala              cuando la normativa tiene por objeto mantener en una
Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni                     región determinada un servicio médico y hospitalario
dades Europeas en el asunto T-146/94 promovido contra el                    equilibrado y al alcance de todos ?
Tribunal de Cuentas por el Sr. C. Williams .
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
 1 ) Acuerde la admisión del presente recurso de casación y                           Archivo del asunto C-327/93 ( 1 )
      lo declare fundado;
                                                                                ( 96/C 180/61 )
2 ) En consecuencia :
                                                                       Mediante auto de 29 de marzo de 1 996 , el Presidente del
      a ) Anule la sentencia recurrida en su totalidad .
                                                                       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
      b ) Dicte el propio Tribunal de Justicia una sentencia en        decidido archivar el asunto C-327/93 ( Petición de decisión
          el presente litigio y, estimando las pretensiones            prejudicial de la High Court of Justice, Queen's Bench
          deducidas en su recurso inicial, anule la decisión de        Division ): The Queen contra Secretary of State for the
          24 de enero de 1994, notificada en la misma fecha en         National Heritage, ex parte: 1 ) Continental Televisión
          el domicilio del demandante mediante agente judi            BVio, 2 ) Continental Televisión pic y 3 ) Mark Roy
          cial y, en cuanto sea necesario, anule la decisión           Garner .
          denegatoria presunta opuesta el 23 de enero de 1 994
          a la reclamación presentada por el demandante el             (') DO n" C 211 de 5 . 8 . 1993 .
          23 de septiembre de 1993 con arreglo al apartado 2
          del artículo 90 del Estatuto .
      c ) Condene al Tribunal de Cuentas de las Comunida
          des Europeas al pago de las costas de ambos                                 Archivo del asunto C- 1 20/94 (M
          procedimientos .
                                                                                ( 96/C 180/62 )
Motivos y principales alegaciones
                                                                       Mediante auto de 19 de marzo de 1996, el Presidente del
Infracción del Derecho comunitario . El recurrente reitera los         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
motivos e imputaciones expuestos ante el Tribunal de                   decidido archivar el asunto C-120/94 : Comisión de las
Primera Instancia ( M.                                                 Comunidades Europeas contra República Helénica .
(') DO n° C 146 de 28 . 5 . 1994, p . 12 .                             (n DO n0 C 174 de 25 . 6 . 1994 .
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
lución de la Cour de cassation del Gran Ducado de                                    Archivo del asunto C-145/94 ( 1 )
Luxemburgo, de fecha 25 de abril de 1996, en el asunto
                                                                                96/C 180/63 )
    entre Raymond Kohll y Union des caisses de maladie
                        ( Asunto C-158/96 )                            Mediante auto de 13 de marzo de 1996, el Presidente del
                             ( 96/C 180/60 )                           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
                                                                       decidido archivar el asunto C-145/94 ( petición de decisión
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha              prejudicial planteada por el Juzgado de lo Penal ri° 2 de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante            Lleida ): Proceso penal contra José Antonio Alonso
resolución de la Cour de cassation del Gran Ducado de                  Rubio .
Luxemburgo, dictada el 25 de abril de 1996, en el asunto
entre Raymond Kohll y Union des caisses de maladie, y                  (M DO n" C 202 de 23 . 7. 1994 .
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de mayo
de 1 996 .


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 16 de julio de 1998 en el asunto T-156/96, Claus Jensen contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Retribución - Indemnización de instalación - Recuperación de pagos indebidos)

text:
26.9.98              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 299/31
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                              SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                 DE PRIMERA INSTANCIA                                                DE PRIMERA INSTANCIA
                   de 17 de julio de 1998                                               de 16 de julio de 1998
                                                                     en el asunto T-144/96, Y contra Parlamento Europeo (1)
      en el asunto T-111/96, ITT Promedia NV contra
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                  (Funcionarios Ð Condena penal Ð Sanción disciplinaria
                                                                   Ð Separación del servicio Ð Motivación Ð Deber de asis-
(Competencia Ð Recurso de anulación Ð Desestimación                                      tencia y protección)
de una denuncia Ð Artículo 86 del Tratado CE Ð Abuso
                                                                                (98/C 299/50)
de posición dominante Ð Acciones judiciales ante los
órganos jurisdiccionales nacionales Ð Derecho a la tutela
                                                                                (Lengua de procedimiento: franceÂs)
jurisdiccional Ð Solicitud de ejecución de un acuerdo Ð
Error manifiesto de apreciación Ð Obligación de examen
    Ð Error de calificación Ð Motivación insuficiente)             En el asunto T-144/96, Y, antiguo funcionario del Parla-
                                                                   mento Europeo, domiciliado en Bruselas, representado por
                       (98/C 299/49)                               el Sr. GeÂrard Collin, Abogado de Bruselas, que designa
                                                                   como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson
                                                                   SARL, 30, rue de Cessange, contra Parlamento Europeo
                                                                   (Agentes: Sres. Hans Krück y Hugo Vandenberghe), que
              (Lengua de procedimiento: ingleÂs)                   tiene por objeto que se anule la decisión disciplinaria del
                                                                   Parlamento de 19 de enero de 1996 de separación del ser-
                                                                   vicio del demandante, al Tribunal de Primera Instancia
                                                                   (Sala Quinta), integrado por los Sres.: J. Azizi, Presidente;
En el asunto T-111/96, ITT Promedia NV, con domicilio
                                                                   R. García-Valdecasas y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr.
social en Amberes (BeÂlgica), representada por los Sres. Ivo
                                                                   H. Jung, ha dictado el 16 de julio de 1998 una sentencia
Van Bael, Peter L'Ecluse y Kris van Hove, Abogados de
                                                                   cuyo fallo es el siguiente:
Bruselas, que designan como domicilio en Luxemburgo el
despacho de Abogados Loesch & Wolter, 11 Rue Goethe,
contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes:              1) Se desestima el recurso.
Sr. Wouter Wils y Sra. Rosemary Caudwell), apoyada por
Belgacom SA, con domicilio social en Bruselas, represen-           2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
tada inicialmente por el Sr. Jules Stuyck y posteriormente
por los Sres. Herman De Bauw y Paul Maeyaert, Aboga-               (1) DO C 354 de 23.11.1996.
dos de Bruselas, que designan como domicilio en Luxem-
burgo el despacho de los Sres. Arendt y Medernach, 8-10,
rue Mathias Hardt, que tiene por objeto una solicitud de
anulación de una decisión de la Comisión por la que se
desestimaban definitivamente las partes de una denuncia
presentada por la demandante seguÂn las cuales Belgacom                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SA había entablado contra la demandante acciones judi-                               DE PRIMERA INSTANCIA
ciales ante los tribunales belgas con fines vejatorios y                                de 16 de julio de 1998
había solicitado a la demandante que le entregara su
                                                                   en el asunto T-156/96, Claus Jensen contra Comisión de
know-how industrial y comercial en virtud de acuerdos
                                                                                las Comunidades Europeas (1)
contractuales que vinculaban a ambas partes, actos que
supuestamente infringían el artículo 86 del Tratado CE, el         (Funcionarios Ð Retribución Ð Indemnización de insta-
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                            lación Ð Recuperación de pagos indebidos)
Europeas (Sala Cuarta ampliada), integrado por la Sra. P.
                                                                                (98/C 299/51)
Lindh (Presidente); y los Sres. R. García-Valdecasas, K.
Lenaerts, J. D. Cooke y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr.
                                                                                (Lengua de procedimiento: franceÂs)
A. Mair, administrador, ha dictado el 17 de julio de 1998
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                   En el asunto T-156/96, Claus Jensen, antiguo agente tem-
                                                                   poral de la Comisión de las Comunidades Europeas, con
                                                                   domicilio en Waterloo (BeÂlgica), representado por el Sr.
1) Se desestima el recurso.                                        Marc-Albert Lucas, Abogado de Lieja, que designa como
                                                                   domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Evelyne
                                                                   Korn, 21, rue de Nassau, contra Comisión de las Comuni-
                                                                   dades Europeas (Agentes: Sr. Julian Currall y Sras. Chris-
2) La demandante cargaraÂ con sus propias costas, así              tine Berardis-Kayser y Florence Clotuche), que tiene por
     como con las costas de la Comisión y de la parte coad-        objeto que se anule la decisión de la Comisión, de 13 de
     yuvante Belgacom.                                             noviembre de 1995, relativa a la recuperación del importe
                                                                   pagado al demandante en concepto de indemnización de
                                                                   instalación, como consecuencia de la resolución de su con-
(1) DO C 269 de 14.9.1996.
                                                                   trato de agente temporal, y, subsidiariamente, de una
                                                                   demanda de reparación por los danÄos de eÂsta derivados, el
                                                                   Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado
                                                                   por los Sres. A. Kalogeropoulos, Presidente; C. W. Bellamy
 ---pagebreak--- C 299/32               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     26.9.98
y J. Pirrung, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el        3) Se desestima el recurso en todo lo demaÂs.
16 de julio de 1998 una sentencia cuyo fallo es el
                                                                    4) Se condena en costas a la Comisión.
siguiente:
1) Se desestima el recurso.                                         (1) DO C 370 de 7.12.1996.
2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
(1) DO C 354 de 23.11.1996.                                                        SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 14 de julio de 1998
                                                                    en el asunto T-192/96, Giorgio Lebedef contra Comisión
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                            de las Comunidades Europeas (1)
                  DE PRIMERA INSTANCIA                              (ComiteÂ de personal Ð Procedimiento Ð Modificación de
                     de 16 de julio de 1998                         los Estatutos Ð Asamblea general Ð Sistema electoral Ð
en el asunto T-162/96, Sandro Forcheri contra Comisión                                      Admisibilidad)
                de las Comunidades Europeas (1)                                             (98/C 299/53)
(Funcionarios Ð Comisión de servicio por intereÂs de eÂste                       (Lengua de procedimiento: franceÂs)
Ð Interinidad Ð Derecho a la indemnización diferencial
       Ð Facultad de apreciación de la administración)              En el asunto T-192/96, Giorgio Lebedef, funcionario de la
                                                                    Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
                         (98/C 299/52)                              Senningerberg (Luxemburgo), representado por el Sr.
                                                                    Gilles BouneÂou, Abogado de Luxemburgo, que designa
              (Lengua de procedimiento: franceÂs)                   como domicilio en Luxemburgo el despacho de este
                                                                    uÂltimo, 4, rue de l'Avenir, contra Comisión de las Comuni-
En el asunto T-162/96, Sandro Forcheri, funcionario de la
                                                                    dades Europeas (Agentes: Sres. Gianluigi Valsesia y Julian
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
                                                                    Currall), que tiene por objeto, la anulación, total o parcial,
Bruselas, representado por el Sr. Marc-Albert Lucas, Abo-
                                                                    de la Asamblea general del personal de la Comisión desti-
gado de Lieja, que designa como domicilio en Luxem-
                                                                    nado en Luxemburgo, celebrada el 5 de diciembre de
burgo el despacho del Sr. Evelyne Korn, 21, rue de Nas-
                                                                    1995 y del acuerdo de modificación de los Estatutos del
sau, contra Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                    ComiteÂ de personal adoptado en esta misma Asamblea así
(Agentes: Sres. Julian Curall y Denis Waelbroeck), que
                                                                    como cualquier otro acto posterior realizado en cumpli-
tiene por objeto principal, la anulación, por una parte, de
                                                                    miento del referido acuerdo, el Tribunal de Primera Instan-
la decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 1995,
                                                                    cia (Sala Primera), integrado por los Sres.: B. Vesterdorf,
por la que se deniega el reconocimiento de la interinidad
                                                                    Presidente, y R. M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces;
asumida por el demandante y el pago de la indemnización
                                                                    Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora principal, ha dic-
diferencial, y, por otra parte, de la decisión de la Comi-
                                                                    tado el 14 de julio de 1998 una sentencia cuyo fallo es el
sión, de 24 de julio de 1996, por la que se declara que el
                                                                    siguiente:
demandante desempenÄa las funciones de Jefe de la
División 4 («Arancel aduanero comuÂn») de la Dirección B            1) Se desestima el recurso.
(«Aduanas») de la Dirección General XXI («Aduanas y
                                                                    2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
fiscalidad indirecta») y se le reconoce la interinidad, en
cuanto que la fecha en que debe surtir efecto dicha deci-
                                                                    (1) DO C 54 de 22.2.1997.
sión se fija, por una duración de un anÄo, al 1 de agosto de
1996, y no por una duración indeterminada, al 29 de
octubre de 1992, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Segunda), integrado por los Sres.: A. Kalogeropoulos, Pre-
sidente, y C. W. Bellamy y J. Pirrung, Jueces; Secretario:                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Sr. A. Mair, administrador, ha dictado el 16 de julio de                             DE PRIMERA INSTANCIA
1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                          de 16 de julio de 1998
1) Se anulan las decisiones de la Comisión de 12 de                 en el asunto T-199/96, Laboratoires pharmaceutiques
     diciembre de 1995 y 24 de julio de 1996, salvo en la           Bergaderm SA y Jean-Jacques Goupil contra Comisión de
     parte en que la segunda reconoce al demandante la                              las Comunidades Europeas (1)
     interinidad.                                                   (Productos cosmeÂticos Ð Directiva 76/768/CEE Ð Direc-
                                                                    tiva 95/34/CE Ð Cremas solares y productos bronceado-
2) Se condena a la Comisión a pagar al demandante las               res Ð Salud puÂblica Ð Responsabilidad extracontractual
     mensualidades de la indemnización diferencial a la que                               de la Comunidad)
     se refiere el apartado 2 del artículo 7 del Estatuto, a la
     que eÂl hubiera tenido derecho si hubiera debido desem-                                (98/C 299/54)
     penÄar, interinamente, la función de Jefe de la Unidad
                                                                                (Lengua de procedimiento: franceÂs)
     XXI.B.4 el 24 de marzo de 1993, maÂs intereses de
     demora a razón del 8 % anual a partir de las fechas en         En el asunto T-199/96, Laboratoires pharmaceutiques Ber-
     que dichas mensualidades debieran haber sido pagadas           gaderm SA, con domicilio social en Rungis (Francia) y
     y hasta su pago íntegro.                                       Jean-Jacques Goupil, con domicilio en Chevreuse (Fran-


title: Asunto C-258/14: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia (Rumanía) el 26 de mayo de 2014 — Eugenia Florescu y otros/Casa Judeţeană de Pensii Sibiu y otros

text:
               1.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 292/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia (Rumanía) el 26 de mayo de 2014 — Eugenia Florescu y otros/Casa Judeţeană de Pensii Sibiu y otros
   (Asunto C-258/14)
   2014/C 292/18
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Curtea de Apel Alba Iulia

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (como heredera del difunto Mircea Bădilă), Anca Vidrighin (como heredera del difunto Mircea Bădilă) y Eugenia Elena Bădilă (como heredera del difunto Mircea Bădilă)

      Recurrida: Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Statul Român a través del Ministerul Finanțelor Publice y Ministerul Finanțelor Publice a través de la D.G.F.P. Sibiu

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Un memorando como el Memorando de Entendimiento entre la Comunidad Europea y Rumanía, de 23 de junio de 2009, publicado en el Monitorul Oficial no 455, de 1 de julio de 2009 ¿puede ser considerado un acto, una decisión o una comunicación etc. con efectos jurídicos en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 3 de febrero de 1976, 59/75, Flavia Manghera, y sentencia de 20 de marzo de 1997, C 57/95, Francia/Comisión) y puede estar sujeto a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión ¿procede interpretar el Memorando de Entendimiento entre la Comunidad Europea y Rumanía, de 23 de junio de 2009, publicado en el Monitorul Oficial no 455, de 1 de julio de 2009, en el sentido de que la Comisión Europea puede legítimamente, con vistas a reducir los efectos de la crisis económica disminuyendo los gastos de personal, exigir la adopción una ley nacional que revoque el derecho de una persona a cobrar la pensión contributiva generada durante más de treinta años, establecida legalmente y cobrada antes de la ley, por razón de que dicha persona percibe un salario por una actividad ejercida en virtud de un contrato laboral que es distinta de aquélla de la que trae causa su derecho a pensión?

               3)

               ¿Procede interpretar el Memorando de Entendimiento entre la Comunidad Europea y Rumanía, de 23 de junio de 2009, en el sentido de que la Comisión Europea puede legítimamente, con vistas a reducir la crisis económica, exigir la adopción de una ley nacional que revoca en su totalidad y sine die el derecho de una persona a cobrar una pensión contributiva generada durante más de treinta años, establecida legalmente y cobrada antes de la ley, por razón de que dicha persona percibe un salario por una actividad ejercida en virtud de un contrato laboral que es distinta de aquélla de la que trae causa su derecho a pensión?

               4)

               ¿Procede interpretar el Memorando in integrum y, sobre todo, su punto 5, letra d), referido a la reorganización de la Administración Pública y a dotar a ésta de mayor eficiencia, en el sentido de que la Comisión Europea actuó legítimamente, con vistas a reducir la crisis económica, al exigir la adopción de una ley nacional que establezca la prohibición de que los funcionarios jubilados de las instituciones públicas acumulen la pensión con el salario?

               5)

               ¿Pueden interpretarse los artículos 17, 20, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el principio de seguridad jurídica emanado del Derecho comunitario y de la jurisprudencia del TJUE en el sentido de que se oponen a una normativa como el artículo 21, apartado 2, de la Ley no 554/2004 que, ante una violación del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, sólo prevé la posibilidad de revisar las sentencias judiciales internas pronunciadas en el ámbito contencioso-administrativo, sin admitir la posibilidad de revisar las sentencias judiciales internas pronunciadas en otros ámbitos distintos del contencioso-administrativo (civil, penal, mercantil, etc.), cuando tales sentencias violen dicho principio de primacía del Derecho de la Unión Europea?

               6)

               ¿Se opone el artículo 6 TUE a una normativa de un Estado miembro que supedita el pago de la pensión de los magistrados de carrera —establecida sobre la base de sus cotizaciones por un periodo superior a treinta años de antigüedad en la magistratura— a la extinción del contrato laboral de éstos en la enseñanza superior jurídica?

               7)

               ¿Se oponen el artículo 6 TUE, el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 83/30.3.2010 y la jurisprudencia del TJUE a una normativa que priva del derecho de propiedad sobre la pensión, aun cuando éste se haya establecido sobre la base de una cotización durante más de treinta años, y aparte, por la actividad universitaria, los magistrados hayan cotizado y coticen al fondo de pensiones?

               8)

               ¿Se oponen el artículo 6 TUE, así como el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78 (1), sobre la igualdad de trato entre las personas, sin distinción de raza o de procedencia étnica, y la jurisprudencia del TJUE a una sentencia del Tribunal Constitucional de un Estado miembro, que, en el control de la constitucionalidad de una ley, declara que sólo las personas con mandato pueden acumular la pensión con el salario, quedando por ello privados de tal derecho los magistrados de carrera, a los que se prohíbe el cobro de la pensión determinada sobre la base de su cotización personal durante más de treinta años, debido a que han mantenido su función docente en la enseñanza superior jurídica?

               9)

               ¿Se opone el artículo 6 TUE y la jurisprudencia del TJUE a una normativa que supedita sine die el pago de la pensión de los magistrados, establecida sobre la base de una cotización durante más de treinta años, a que cese su actividad en la universidad?

               10)

               ¿Se oponen el artículo 6 TUE y la jurisprudencia del TJUE a una normativa que rompe el justo equilibrio que debe existir entre la protección de la propiedad personal y las exigencias del interés general, al imponer sólo a una determinada categoría de personas la pérdida de la pensión de magistrado so pretexto de que ejercen una actividad universitaria?

      (1)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16).


title: Archivo del asunto C-261/04

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/30

         Archivo del asunto C-261/04 (1)

   (2005/C 143/54)

      (Lengua de procedimiento: alemán)

   Mediante auto de 31 de enero de 2005, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-261/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Regensburg): Gerhard Schmidt contra Sennebogen Maschinenfabrik GmbH.

      (1)  DO C 228, de 11.9.04.


title: Asunto C-182/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d’arbitrage) — Bélgica] — Marie Noëlle Solvay y otros/Région wallonne (Evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente — Concepto de «acto legislativo» — Valor y alcance de las precisiones aportadas por la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus — Autorización de un proyecto sin una evaluación apropiada de sus repercusiones en el medio ambiente — Acceso a la justicia en materia de medio ambiente — Alcance del derecho de recurso — Directiva «hábitats» — Plan o proyecto que perjudica la integridad del lugar — Razón imperiosa de interés público de primer orden)

text:
               31.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d’arbitrage) — Bélgica] — Marie Noëlle Solvay y otros/Région wallonne
   (Asunto C-182/10) (1)

   (Evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente - Concepto de «acto legislativo» - Valor y alcance de las precisiones aportadas por la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus - Autorización de un proyecto sin una evaluación apropiada de sus repercusiones en el medio ambiente - Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Alcance del derecho de recurso - Directiva «hábitats» - Plan o proyecto que perjudica la integridad del lugar - Razón imperiosa de interés público de primer orden)
   2012/C 98/06
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d’arbitrage)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Marie Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels south Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Grégoire Stassin, André Gilliard, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Nicole Laloux, François Gevers, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Seraffin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Mariel Jeanne, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels south Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, La Hulpe, Notre village ASBL, André Philips, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Sartau SA, Philippe Grisard de la Rochette, Antoine Boxus, Pierre Deneye, Jean-Pierre Olivier, Paul Thiry, Willy Roua, Guido Durlet, Agrebois SA, Yves de la Court

      Demandada: Région wallonne

      En el que participan: Infrabel SA, Codic Belgique SA, Federal Express European Services Inc. (FEDEX), Société wallonne des aéroports (SOWEAR), Société régionale wallonne du transport (SRWT), Société Intercommunale du Brabant wallon (IBW)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d’arbitrage) — Interpretación de los artículos 2, apartado 2, 3, apartado 9, 6, apartado 9, y 9, apartados 2, 3 y 4, del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental, firmado el 25 de junio de 1998 y aprobado, en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1) — Interpretación de los artículos 1, apartado 5, 9, apartado 1, y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40) — Interpretación del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7) — Concepto de «autoridad pública» — Valor y alcance de las precisiones aportadas por la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus — Exclusión del ámbito de aplicación del Convenio de los actos legislativos, como las autorizaciones urbanísticas o medioambientales concedidas sobre la base de un decreto emitido por un legislador regional — Compatibilidad con el Convenio y el Derecho comunitario de un procedimiento que conduce a la expedición de autorizaciones recurribles únicamente ante la Cour constitutionnelle y los órganos jurisdiccionales — Autorización de un proyecto sin evaluación apropiada de sus repercusiones medioambientales.

      Fallo

               1)

               Aunque para la interpretación de los artículos 2, apartado 2, y 9, apartado 4, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, celebrado el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo de 17 de febrero de 2005, se puede tomar en consideración la Guía de aplicación de ese Convenio, dicha Guía no tiene sin embargo ninguna fuerza obligatoria y carece del alcance normativo inherente a las disposiciones del referido Convenio.

               2)

               El artículo 2, apartado 2, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, según su modificación por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, deben interpretarse en el sentido de que únicamente están excluidos del ámbito de aplicación respectivo de ambas disposiciones los proyectos detallados adoptados mediante un acto legislativo específico, de forma que los objetivos de dichas disposiciones se hayan alcanzado mediante el procedimiento legislativo. Corresponde al juez nacional comprobar que se han cumplido estos dos requisitos, teniendo en cuenta tanto el contenido del acto legislativo adoptado como el conjunto del procedimiento legislativo que condujo a su adopción, y en particular los trabajos preparatorios y los debates parlamentarios. A este respecto, un acto legislativo que no haga sino «ratificar» pura y simplemente un acto administrativo preexistente, limitándose a manifestar la existencia de razones imperiosas de interés general sin la previa apertura de un procedimiento legislativo de fondo que permita cumplir dichos requisitos, no puede considerarse un acto legislativo específico en el sentido de la citada disposición y por lo tanto no basta para excluir un proyecto del ámbito de aplicación respectivo del citado Convenio y de dicha Directiva.

               3)

               Los artículos 3, apartado 9, y 9, apartados 2 a 4, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el artículo 10 bis de la Directiva 85/337, según su modificación por la Directiva 2003/35, deben interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           cuando un proyecto que esté comprendido en el ámbito de aplicación de estas disposiciones se adopte mediante un acto legislativo, la cuestión de si dicho acto legislativo responde a los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 5, de la citada Directiva debe poder someterse, con arreglo a las normas de procedimiento nacionales, a un órgano jurisdiccional o a un órgano independiente e imparcial establecido por la ley;

                           —

                           en el supuesto de que contra dicho acto no existiese recurso alguno de la naturaleza y alcance indicados, correspondería a cualquier órgano jurisdiccional nacional que en el marco de su competencia conociese del asunto ejercer el control descrito en el guión precedente y deducir las conclusiones oportunas, dejando, en su caso, sin aplicación dicho acto legislativo.

               4)

               El artículo 6, apartado 9, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337, según su modificación por la Directiva 2003/35, deben interpretarse en el sentido de que no exigen que la propia decisión contenga las razones por las que la autoridad competente ha decidido que ésta era necesaria. No obstante, en el supuesto de que lo solicite una persona interesada, la autoridad competente está obligada a comunicarle los motivos por los que se ha adoptado dicha decisión o las informaciones y los documentos pertinentes en respuesta a la solicitud presentada.

               5)

               El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe interpretarse en el sentido de que no permite que una autoridad nacional, aun si es legislativa, autorice un plan o un proyecto sin haberse asegurado de que no perjudicará la integridad del lugar afectado.

               6)

               El artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43 debe ser interpretado en el sentido de que la realización de una infraestructura destinada a acoger un centro administrativo no puede considerarse, por principio, como una razón imperiosa de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica en el sentido de esa disposición, apta para justificar la realización de un plan o de un proyecto que perjudique la integridad del lugar afectado.

      (1)  DO C 179, de 3.7.2010.


title: Asunto C-227/14 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 23 de abril de 2015 — LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co. Ltd/Comisión Europea [Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEE — Mercado mundial de las pantallas de cristal líquido (LCD) — Fijación de los precios — Multas — Directrices para el cálculo de las multas (2006) — Punto 13 — Determinación del valor de las ventas — Compañía conjunta — Toma en consideración de las ventas a las sociedades matrices — Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (2002) — Punto 23, letra b), último párrafo — Dispensa parcial del pago de multas — Elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento previo]

text:
               22.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 23 de abril de 2015 — LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co. Ltd/Comisión Europea
   (Asunto C-227/14 P) (1)

   ([Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEE - Mercado mundial de las pantallas de cristal líquido (LCD) - Fijación de los precios - Multas - Directrices para el cálculo de las multas (2006) - Punto 13 - Determinación del valor de las ventas - Compañía conjunta - Toma en consideración de las ventas a las sociedades matrices - Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (2002) - Punto 23, letra b), último párrafo - Dispensa parcial del pago de multas - Elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento previo])
   (2015/C 205/17)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co. Ltd (representantes: A. Winckler y F.-C. Laprévote, avocats)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Ronkes Agerbeek y P. Van Nuffel, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a LG Display Co. Ltd y a LG Display Taiwan Co. Ltd.

      (1)  DO C 303, de 8.9.2014.


title: Asunto C-652/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 19 de diciembre de 2017 — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

text:
               20.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/11

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 19 de diciembre de 2017 — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
   (Asunto C-652/16)
   (2017/C 086/14)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov

      Demandada: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se deduce del artículo 78, apartados 1 y 2, letras a), d) y f), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del 12 considerando y del artículo 1 de la Directiva 2013/32/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición), que la razón para la inadmisibilidad de las solicitudes de protección internacional que establece el artículo 33, apartado 2, letra e), de dicha Directiva constituye una disposición de efecto directo que los Estados miembros no pueden abstenerse de aplicar, por ejemplo, aplicando disposiciones de Derecho nacional más favorables, con arreglo a las cuales la primera solicitud de protección internacional, tal y como exige el artículo 10, apartado 2, de la Directiva, debe examinarse determinando, en primer lugar, si el solicitante reúne los requisitos para ser refugiado y, en segundo lugar, si es una persona con derecho a protección subsidiaria?

               2)

               ¿Se deduce del artículo 33, apartado 2, letra e), de la Directiva 2013/32 en relación con los artículos 7, apartado 3, y 2, letras a), c) y g), y del considerando 60 de la misma Directiva, que en las circunstancias del procedimiento principal es inadmisible una solicitud de protección internacional presentada por uno de los progenitores en nombre de un menor acompañado si el hijo es miembro de la familia de la persona que solicitó protección internacional alegando ser refugiado a efectos del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra?

               3)

               ¿Se deduce del artículo 33, apartado 2, letra e), de la Directiva 2013/32 en relación con los artículos 7, apartado 1, y 2, letras a), c) y g), y del considerando 60 de la misma Directiva, que en las circunstancias del procedimiento principal es inadmisible una solicitud de protección internacional presentada en nombre de un mayor de edad si en el procedimiento ante la autoridad administrativa competente la solicitud se fundamentó únicamente en el hecho de que el solicitante es miembro de la familia de la persona que solicitó protección internacional alegando ser refugiado a efectos del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, y en el momento de presentar la solicitud el solicitante no tenía derecho a ejercer una actividad profesional?

               4)

               ¿Exige el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición), en relación con el considerando 36 de la misma Directiva, que para valorar la existencia de los fundados temores a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves se ha de atender exclusivamente a hechos y circunstancias referidos al solicitante?

               5)

               ¿Admite el artículo 4 de la Directiva 2011/95 en relación con su considerando 36 y el artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2013/32 una jurisprudencia nacional de un Estado miembro conforme a la cual:

                           a)

                           la autoridad competente está obligada a examinar las solicitudes de protección internacional de los miembros de una misma familia en un procedimiento conjunto cuando dichas solicitudes se fundamentan en los mismos hechos, concretamente en la alegación de que sólo uno de los miembros de la familia es refugiado;

                           b)

                           la autoridad competente está obligada a suspender el procedimiento relativo a las solicitudes de protección internacional presentadas por los miembros de la familia que personalmente no cumplen los requisitos para tal protección, hasta la conclusión del procedimiento relativo a la solicitud del miembro de la familia basada en que el interesado es refugiado a efectos del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra;

                     es admisible tal jurisprudencia también desde el punto de vista del interés del menor, del mantenimiento de la unidad familiar y del respeto de la vida privada y familiar, así como del derecho a la permanencia en el Estado miembro hasta que se examine la solicitud, en particular a la luz de los artículos 7, 18 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; de los considerandos 12 y 60 y el artículo 9 de la Directiva 2013/32; de los considerandos 16, 18 y 36 y el artículo 23 de la Directiva 2011/95, y de los considerandos 9, 11 y 35 y los artículos 6 y 12 de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional?

               6)

               ¿Se desprende de los considerandos 16, 18 y 36 y del artículo 3 de la Directiva 2011/95 en relación con su considerando 24 y los artículos 2, letras d) y j); 13 y 23, apartados 1 y 2, de la misma Directiva, que es admisible una disposición nacional como la controvertida en el procedimiento principal, contenida en el artículo 8, apartado 9, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (Ley de asilo y refugiados), con arreglo a la cual los miembros de la familia de un extranjero a quien se ha reconocido la condición de refugiado también se consideran refugiados, siempre que ello sea compatible con su estatuto personal y no existan razones de Derecho nacional para excluir el reconocimiento de la condición de refugiado?

               7)

               ¿Se deduce del régimen de los motivos de persecución que contiene el artículo 10 de la Directiva 2011/95 que la presentación de una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado de origen del interesado fundamenta su pertenencia a un determinado grupo social a efectos del artículo 10, apartado 1, letra d), de dicha Directiva, o la presentación de tal demanda se ha de considerar como opinión política en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra e), de la Directiva?

               8)

               ¿Se deduce del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 que el órgano jurisdiccional está obligado a examinar el fondo de los nuevos motivos de protección internacional formulados durante el procedimiento judicial pero que no fueron alegados en el recurso contra la decisión de denegación de la protección internacional?

               9)

               ¿Se deduce del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 que el órgano jurisdiccional está obligado a pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de protección internacional sobre la base del artículo 33, apartado 2, letra e), de dicha Directiva en el procedimiento judicial relativo al recurso contra la decisión de denegación de la protección internacional, cuando la solicitud ha sido examinada, tal y como exige el artículo 10, apartado 2, de la Directiva, determinando en primer lugar si el solicitante reúne los requisitos para ser refugiado y, en segundo lugar, si es una persona con derecho a protección subsidiaria?

      (1)  DO 2013, L 180, p. 60.


title: Asunto C-18/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 13 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Maks Pen EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, anteriormente Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia (Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Deducción del impuesto soportado — Prestaciones realizadas — Control — Prestador que no dispone de los medios necesarios — Concepto de fraude fiscal — Obligación de comprobar de oficio el fraude fiscal — Exigencia de prestación efectiva del servicio — Obligación de llevar una contabilidad suficientemente detallada — Procedimiento judicial — Prohibición de que el juez califique penalmente el fraude y agrave la situación del demandante)

text:
               29.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/16

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 13 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Maks Pen EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, anteriormente Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia
   (Asunto C-18/13) (1)

   (Fiscalidad - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Deducción del impuesto soportado - Prestaciones realizadas - Control - Prestador que no dispone de los medios necesarios - Concepto de fraude fiscal - Obligación de comprobar de oficio el fraude fiscal - Exigencia de prestación efectiva del servicio - Obligación de llevar una contabilidad suficientemente detallada - Procedimiento judicial - Prohibición de que el juez califique penalmente el fraude y agrave la situación del demandante)
   2014/C 93/25
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Maks Pen EOOD

      Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, anteriormente Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretación de los artículos 63, 178, apartado 1, letra a), 226, apartado 1, número 6, así como de los artículos 242 y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Concepto de «fraude fiscal» — Indicación en la factura de un suministrador que no dispone del personal, los recursos materiales y los activos que serían necesarios para prestar el servicio — Falta de pruebas contables — Elaboración de documentos falsos para justificar la realización de la prestación — Obligación de que el órgano jurisdiccional nacional constate de oficio la existencia de un fraude fiscal — Supeditación del derecho a la deducción a la realización efectiva de una prestación — Exigencia del respeto de las normas contables internacionales para responder a las necesidades de una contabilidad suficientemente detallada que permita el control del derecho a la deducción — Posible necesidad de indicar en las facturas información sobre la prestación efectiva del servicio — Normativa nacional que considera que el servicio ha sido prestado en la fecha en que se cumplen las condiciones necesarias para el reconocimiento del ingreso procedente de dicho servicio de conformidad con la normativa pertinente.

      Fallo

               1)

               La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un sujeto pasivo deduzca el impuesto sobre el valor añadido que figura en las facturas emitidas por un prestador de servicios cuando, aunque la prestación se haya realizado, resulte que no ha sido efectivamente realizada por ese prestador o por su subcontratista particularmente porque no disponían del personal, de los recursos materiales ni de los activos que serían necesarios para prestar el servicio, porque los costes de su prestación efectiva del servicio no se han justificado en su contabilidad o porque la identidad de las personas que firmaron determinados documentos como prestadores del servicio resultó ser incorrecta, siempre que se cumpla la doble condición de que tales hechos sean constitutivos de un comportamiento fraudulento y que, teniendo en cuenta los elementos objetivos presentados por las autoridades tributarias, se demuestre que el sujeto pasivo sabía o debería haber sabido que la operación invocada formaba parte de dicho fraude para fundamentar el derecho de deducción, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

               2)

               Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados o facultados para examinar de oficio los fundamentos de Derecho basados en una norma del Derecho nacional de carácter imperativo, deben hacerlo por referencia a una norma del Derecho de la Unión de carácter imperativo como la que exige a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales que denieguen el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido cuando resulte acreditado, mediante datos objetivos, que ese derecho ha sido invocado de modo fraudulento o abusivo. Incumbe a dichos órganos jurisdiccionales, al apreciar el carácter fraudulento o abusivo de la invocación del referido derecho a deducir, interpretar el Derecho nacional en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 2006/112 para alcanzar el resultado que ésta persigue, lo que requiere hacer todo lo que forme parte de su competencia tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste.

               3)

               La Directiva 2006/112, al exigir, en particular, según su artículo 242, que todos los sujetos pasivos deben llevar una contabilidad suficientemente detallada para hacer posible la aplicación del impuesto sobre el valor añadido y su control por la Administración tributaria, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el Estado miembro interesado exija, dentro de los límites establecidos en el artículo 273 de la misma Directiva, a todos los sujetos pasivos que observen a este respecto todas las normas nacionales de contabilidad conformes con las normas internacionales de contabilidad, siempre que las medidas adoptadas en este sentido no excedan de lo que es necesario para alcanzar los objetivos de garantizar la correcta recaudación del IVA y prevenir el fraude. A este respecto, la Directiva 2006/112 se opone a una disposición nacional conforme a la cual un servicio se considera prestado en la fecha en que se reúnen las condiciones para el reconocimiento de los ingresos que ha generado la prestación de que se trate.

      (1)  DO C 79, de 16.3.2013.


               7.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/8

         Recurso interpuesto el 11 de abril de 2011 contra la República de Islandia por el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-8/11)
   2011/C 199/04
   El 11 de abril de 2011 se ha presentado ante el Tribunal de la AELC un recurso contra Islandia por el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Xavier Lewis y Florence Simonetti, agentes de dicho órgano, 35, Rue Belliard, 1040 Bruselas, Belgium.
   El Órgano de Vigilancia de la AELC solicita al Tribunal de la AELC que declare que:

               1)

               al no poder garantizar que sus autoridades competentes han elaborado y, en su caso, aprobado mapas estratégicos de ruido, ni diseñado planes de acción para todos los grandes ejes viarios de su territorio cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año, y al no poder garantizar que la información procedente de los mapas estratégicos de ruido y los resúmenes de los planes de acción mencionados en el anexo VI de la Directiva son enviados al Órgano de Vigilancia de la AELC, la República de Islandia ha incumplido las obligaciones derivadas del artículo 7, apartado 1, del artículo 8, apartado 1 del artículo 10 del acto al que hace referencia el punto 32g del anexo XX del Acuerdo EEE (Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental), adaptado al Acuerdo EEE por su Protocolo 1;
               y

               2)

               condene en costas a la República de Islandia.

      Antecedentes de hecho y de Derecho y motivos invocados:

               —

               el Órgano de Vigilancia de la AELC aduce que Islandia no ha elaborado mapas estratégicos de ruido ni planes de acción para todos los grandes ejes viarios de su territorio cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año;

               —

               el Órgano de Vigilancia de la AELC aduce que dicha conducta constituye un incumplimiento del artículo 7, apartado 1, del artículo 8, apartado 1, y del artículo 10 de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, a la que se hace referencia en el punto 32g del anexo XX del Acuerdo EEE.


title: Asunto T-304/15: Sentencia del Tribunal General de 11 de mayo de 2017 — Abdulkarim/Consejo («Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Siria — Congelación de fondos — Error manifiesto de apreciación»)

text:
               3.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/27

         Sentencia del Tribunal General de 11 de mayo de 2017 — Abdulkarim/Consejo
   (Asunto T-304/15) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Siria - Congelación de fondos - Error manifiesto de apreciación»))
   (2017/C 213/36)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubái, Emiratos Árabes Unidos) (representantes: J.-P. Buyle y L. Cloquet, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente G. Étienne y N. Rouam, posteriormente G. Étienne y S. Kyriakopoulou, y finalmente S. Kyriakopoulou, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión de Ejecución (PESC) 2015/383 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2015, L 64, p. 41), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/375 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2015, L 64, p. 10), al haberse incluido el nombre del demandante en la lista de personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión de Ejecución (PESC) 2015/383 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/375 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en la medida en que se refieren al Sr. Mouhamad Wael Abdulkarim.

               2)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las del Sr. Abdulkarim.

      (1)  DO C 245 de 27.7.2015.