title: Asunto C-176/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 29 de abril de 2008 — Kamil Hasan/República Federal de Alemania

text:
               2.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 197/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 29 de abril de 2008 — Kamil Hasan/República Federal de Alemania
   (Asunto C-176/08)
   (2008/C 197/05)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Bundesverwaltungsgericht
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Kamil Hasan

      Demandada: República Federal de Alemania
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004 (1), en el sentido de que, a excepción de lo dispuesto en el artículo 1 C, número 5, segunda frase, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 (Convención de Ginebra sobre los Refugiados), el estatuto de refugiado cesa cuando dejan de existir fundados temores del refugiado a ser perseguido a los que se refiere el artículo 2, letra c), de la Directiva, por los cuales se produjo el reconocimiento, y tampoco tiene que temer ser perseguido por otros motivos con arreglo al artículo 2, letra c), de la Directiva?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿el cese del estatuto de refugiado con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva exige, además, que en el país de la nacionalidad del refugiado,

                           a)

                           exista un agente de protección en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva y, para ello, es suficiente que sólo se pueda proporcionar la protección con ayuda de tropas multinacionales,

                           b)

                           no exista para el refugiado riesgo de daños graves en el sentido del artículo 15 de la Directiva, que den lugar a la concesión de la protección subsidiaria del artículo 18 de la Directiva, y/o

                           c)

                           que las condiciones de seguridad sean estables y las condiciones generales de vida garanticen un mínimo de subsistencia?

               3)

               En una situación en que cesan las circunstancias hasta entonces existentes, en virtud de las cuales se reconoció al interesado el estatuto de refugiado, ¿deben examinarse nuevas circunstancias de otra naturaleza que fundamenten la persecución

                           a)

                           con arreglo al criterio de probabilidad, aplicable al reconocimiento de refugiados o ha de aplicarse otro criterio en favor del interesado,

                           b)

                           teniendo en cuenta la atenuación de la carga de la prueba prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva?

      (1)  DO L 304, p. 12.


               27.1.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 20/1

         (2007/C 20/01)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 326 de 30.12.2006

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 310 de 16.12.2006

      DO C 294 de 2.12.2006

      DO C 281 de 18.11.2006

      DO C 261 de 28.10.2006

      DO C 249 de 14.10.2006

      DO C 237 de 30.9.2006

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex:http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto T-635/15: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2016 — Tuum/EUIPO — Thun (TUUM) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión TUUM — Marca nacional figurativa anterior THUN — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               23.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/29

         Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2016 — Tuum/EUIPO — Thun (TUUM)
   (Asunto T-635/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca figurativa de la Unión TUUM - Marca nacional figurativa anterior THUN - Motivo de denegación relativo - Inexistencia de riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2017/C 022/39)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Tuum Srl (San Giustino, Italia) (representante: B. Saguatti, abogada)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: L. Rampini, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Thun SpA (Bolzano, Italia) (representantes: L. Sergi y G. Muscas, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de septiembre de 2015 (asunto R 2624/2014-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Thun y Tuum.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 3 de septiembre de 2015 (asunto R 2624/2014-1).

               2)

               Desestimar la oposición.

               3)

               La EUIPO cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido Tuum Srl, tanto ante el Tribunal General como ante la Sala de Recurso.

               4)

               Thun SpA cargará con sus propias costas y y con la mitad de las costas en que haya incurrido Tuum, tanto ante el Tribunal General como ante la Sala de Recurso.

      (1)  DO C 16 de 18.1.2016.


title: Asuntos acumulados C-578/10 a C-580/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10) ( «Artículos 18 CE y 56 CE — Vehículos automóviles — Utilización en un Estado miembro de vehículos de motor privados que se han tomado prestados y se encuentran matriculados en otro Estado miembro — Tributación de los vehículos en el primer Estado miembro con motivo de su primera utilización en la red viaria nacional» )

text:
               16.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 174/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)
   (Asuntos acumulados C-578/10 a C-580/10) (1)

   (Artículos 18 CE y 56 CE - Vehículos automóviles - Utilización en un Estado miembro de vehículos de motor privados que se han tomado prestados y se encuentran matriculados en otro Estado miembro - Tributación de los vehículos en el primer Estado miembro con motivo de su primera utilización en la red viaria nacional)
   2012/C 174/13
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Staatssecretaris van Financiën

      Demandadas: L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) — Interpretación del artículo 18 CE (actualmente, artículo 21 TFUE) — Normativa nacional que grava con un impuesto de matriculación la primera utilización de un vehículo en la red viaria nacional — Sujeción de un residente en el Estado miembro de que se trata que toma prestado un vehículo matriculado en otro Estado miembro de una persona residente en éste para un uso privado de corta duración en el primer Estado miembro.

      Fallo

   El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que exige a los residentes en su territorio que hayan tomado prestado de un residente en otro Estado miembro un vehículo matriculado en este último Estado, con motivo de la primera utilización del vehículo en la red viaria nacional, el pago íntegro de un impuesto, generalmente devengado por la matriculación de un vehículo en el primer Estado miembro, sin que se tenga en cuenta la duración de la utilización del vehículo en la red viaria nacional y sin que pueda ejercitarse ningún derecho a exención o devolución, cuando dicho vehículo no se destine a ser utilizado esencialmente en el primer Estado miembro con carácter permanente ni, de hecho, sea utilizado de esta manera.

      (1)  DO C 72, de 5.3.2011.


title: Asunto F-125/15: Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2015 — ZZ/Comisión

text:
               30.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 398/80

         Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2015 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-125/15)
   (2015/C 398/95)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: S. Orlandi y T. Martin, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión de no promover a la demandante al grado AD8 en el marco del ejercicio de promoción 2014 e indemnización del daño moral supuestamente sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la AFPN de 14 de noviembre de 2014 de no promover a la demandante en el marco del ejercicio de promoción 2014.

               —

               Que se condene a la Comisión Europea a abonar, como consecuencia del daño moral sufrido, la suma de 15  000 euros.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto T-259/02: Recurso interpuesto el 30 de agosto de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft

text:
C 274/28               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          9.11.2002
—     La infracción de los artículos 8, 12 y 14 del Convenio            En primer lugar, la demandante alega que la demandada
      Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y              dedujo erróneamente que los acuerdos controvertidos podían
      de las Libertades Fundamentales.                                  restringir el comercio intracomunitario. Los acuerdos de los
                                                                        bancos austriacos se limitaban exclusivamente a Austria. Según
—     La vulneración de principios generales del Derecho como           la demandante, tampoco podían compartimentar el mercado
      el principio de no discriminación y de igualdad de                austriaco, teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación de
      trato, el de igualdad de retribución entre trabajadores y         servicios de que se trata. Por tanto, considera que no se ha
      trabajadoras, el principio de respeto a la vida privada y         infringido el artículo 81 CE. Además, alega que la orden de la
      familiar, el principio de unicidad del estado civil de los        Comisión de que cese la infracción en el futuro carece de
      nacionales comunitarios, así como los principios de               fundamento. La propia Comisión constató que la demandante
      buena administración y de protección de la confianza              había puesto fin a los acuerdos ya el 24 de junio de 1998.
      legítima.
                                                                        La demandante censura, por otro lado, la clasificación de la
                                                                        infracción como una infracción «muy grave» en el sentido de
                                                                        las directrices para el cálculo de las multas. En su opinión, la
                                                                        Comisión, al calcular la gravedad de la infracción, no tuvo en
                                                                        cuenta especialmente el hecho de que los bancos no habían
                                                                        establecido las rondas bancarias con el fin de limitar la
Recurso interpuesto el 30 de agosto de 2002 contra la
                                                                        competencia, sino que, por el contrario, se celebraron durante
Comisión de las Comunidades Europeas por el Raiffeisen
                                                                        más de 50 años en respeto del ordenamiento jurídico austriaco
         Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
                                                                        y con la participación —hasta ahora— de instancias públicas.
                       (Asunto T-259/02)
                                                                        Además, la demandante impugna el cálculo de la multa que le
                         (2002/C 274/50)                                ha sido impuesta. Considera que la Comisión, haciendo caso
                                                                        omiso de la situación del sector en el que actúa el grupo de
                                                                        Raiffeisen y en contradicción con la jurisprudencia, ha atri-
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                      buido a la demandante cuotas de mercado de empresas en las
                                                                        que la demandante no participaba y cuyo comportamiento en
                                                                        el mercado no podía determinar. Por otra parte, la Comisión
                                                                        ha desestimado todas las circunstancias atenuantes propuestas
En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el 30 de
                                                                        sin motivación suficiente. Por último, opina que la Comisión
agosto de 2002 un recurso contra la Comisión de las                     ha aplicado de forma errónea el sistema de dispensa del
Comunidades Europeas formulado por el Raiffeisen Zentral-
                                                                        pago (1).
bank Österreich Aktiengesellschaft, con domicilio en Viena,
representado por S. Völcker, abogado.
                                                                        (1 ) Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de
                                                                             multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                con acuerdos entre empresas (DO 1996 C 207, p. 4).
que:
—     Anule la Decisión de la Comisión de 11 de junio de 2002
      [C(2002)2091 final], en la medida en que afecta a la
      demandante.
—     Con carácter subsidiario, reduzca la multa de 30,38 millo-
      nes EUR impuesta a la demandante mediante la Decisión.            Recurso interpuesto el 2 de septiembre de 2002 contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por el Bank
—     Condene en costas a la demandada.                                                       Austria Creditanstalt AG
                                                                                (Asunto T-260/02)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (2002/C 274/51)
El procedimiento incoado por la demandada se dirigía contra
las reuniones periódicas de los bancos en Austria («rondas                                 (Lengua de procedimiento: alemán)
bancarias»). Mediante la Decisión impugnada, la Comisión
declaró que la demandante —junto con otras siete entidades
bancarias austriacas— vulneró el artículo 81 CE, en la medida
en que formó parte de acuerdos y prácticas concertadas sobre            En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el 2 de
precios, tasas bancarias y publicidad comercial que, entre el           septiembre de 2002 un recurso contra la Comisión de
1 de enero de 1995 y el 24 de junio de 1998, tenían como fin            las Comunidades Europeas formulado por el Bank Austria
restringir la competencia en el mercado bancario austriaco. La          Creditanstalt AG, con domicilio en Viena, representado por
Comisión impuso multas a los bancos en cuestión.                        C. Zschocke y J. Beninca, abogados.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2003 en el asunto T-76/94, Rendert Jansma contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual — Leche — Tasa suplementaria — Cantidad de referencia — Productor que ha suscrito un compromiso de no comercialización — Venta de la explotación SLOM — Prescripción — Sobreseimiento)

text:
C 124/20                  ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              24.5.2003
de la decisión de la Comisión, de 29 de enero de 2001, por la                2)    Declarar la admisibilidad del recurso en todo lo demás.
que se fijó en Bruselas el lugar de selección de la demandante
y se le denegó la concesión de la indemnización diaria y, de                 3)    La Comisión cargará, además de con sus propias costas, con la
otra parte, una pretensión de que se condene a la Comisión a                       mitad de las costas del demandante.
pagar a la demandante las cantidades correspondientes a los
derechos que se deducen de la fijación de su lugar de selección              4)    El demandante cargará con la mitad de sus costas.
en Roma, el Tribunal de Primera Instancia (Juez Único:
Sr. M. Vilaras); Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta, ha          (1 ) DO C 180 de 27.7.02.
dictado el 5 de marzo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:
1)     Desestimar el recurso.
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
2)     Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                                de 20 de marzo de 2003
( 1) DO C 44 de 16.2.02.
                                                                             en el asunto T-76/94, Rendert Jansma contra Consejo
                                                                             de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas ( 1)
                                                                             (Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontrac-
                                                                             tual — Leche — Tasa suplementaria — Cantidad de
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                  referencia — Productor que ha suscrito un compromiso de
                                                                             no comercialización — Venta de la explotación SLOM —
                      de 13 de marzo de 2003                                                  Prescripción — Sobreseimiento)
en el asunto T-166/02, José Pedro Pessoa e Costa contra                                                (2003/C 124/36)
          Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
(Funcionarios — Decisión de incoar un procedimiento disci-
plinario — Decisión por la que se desestima una propuesta
                                                                             En el asunto T-76/94, Rendert Jansma, con domicilio en
de transferencia al Observatorio Europeo de la Droga y las
                                                                             Engelbert (Países Bajos), representado por los Sres. E.H.
                             Toxicomanías)
                                                                             Pijnacker Hordijk y H.J. Bronkhorst, abogados, que designa
                                                                             domicilio en Luxemburgo contra Consejo de la Unión Europea
                           (2003/C 124/35)                                   (agente: Sra. A.-M. Colaert) y Comisión de las Comunidades
                                                                             Europeas (agentes: Sres. T. van Rijn y H.-J. Rabe), que tiene por
                   (Lengua de procedimiento: francés)                        objeto un recurso de indemnización, de conformidad con
                                                                             los artículos 178 y 215, párrafo segundo, del Tratado CE
                                                                             (actualmente artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo), de
                                                                             los perjuicios sufridos por el demandante por el hecho
En el asunto T-166/02, José Pedro Pessoa e Costa, funcionario
                                                                             de habérsele impedido comercializar leche en virtud del
de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
                                                                             Reglamento (CEE) no 857/84 del Consejo, de 31 de marzo
en Lisboa, representado por M es J.-N. Louis, E. Marchal y
                                                                             de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa
A. Coolen, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
                                                                             contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE)
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
                                                                             no 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos
Sr. J. Currall, Sra. F. Clotuche-Duvieusart y Sr. D. Waelbroeck),
                                                                             (DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64), en su versión completada
que tiene por objeto las pretensiones de que se anule, por un
                                                                             por el Reglamento (CEE) no 1371/84 de la Comisión, de 16 de
lado, la decisión de la Comisión, de 3 de julio de 2001, de
                                                                             mayo de 1984, por el que se establecen las modalidades
incoar un procedimiento disciplinario contra el demandante y,
                                                                             de aplicación de la tasa suplementaria contemplada en el
por otro lado, la decisión de la Comisión, de 23 de julio de
                                                                             artículo 5 quater del Reglamento no 804/68 (DO L 132, p. 11;
2001, por la que se desestima la propuesta del Director del
                                                                             EE 03/30, p. 208), el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías relativa
                                                                             Primera), integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y los
a la transferencia del demandante a dicho organismo, el
                                                                             Sres. R.M. Moura Ramos y H. Legal, Jueces; Secretario:
Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el
                                                                             Sr. H. Jung, ha dictado el 20 de marzo de 2003 un auto en el
Sr. K. Lenaerts, Presidente, y los Sres. J. Azizi y M. Jaeger,
                                                                             que se resuelve lo siguiente:
Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha
dictado el 13 de marzo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el
                                                                             1)    Sobreseer el recurso.
siguiente:
                                                                             2)    Condenar en costas a las partes demandadas.
1)     Anular la decisión de la Comisión, de 23 de julio de 2001, por
       la que se desestima la propuesta del Director del Observatorio        (1 ) DO C 90 de 26.3.94.
       Europeo de la Droga y las Toxicomanías relativa a la
       transferencia del demandante a dicho organismo.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de enero de 2001 en el asunto C-226/99 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile e penale di Genova): Siples Srl, en liquidación, contra Ministero delle Finanze, Servizio della Riscossione dei Tributi — Concessione Provincia di Genova — San Paolo Riscossioni Genova SpA ("Código aduanero comunitario — Recurso — Suspensión de la ejecución de una decisión de las autoridades aduaneras")

text:
2.6.2001                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 161/3
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Landesge-               CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Tribunale civile e
richt für Zivilrechtssachen Wien (Austria), destinada a obtener,           penale di Genova (Italia), destinada a obtener, en el litigio
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre            pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Kofisa Italia
Westdeutsche Landesbank Girozentrale y Friedrich Stefan, con               Srl y Ministero delle Finanze, Servizio della Riscossione dei
intervención de: Republik Österreich, una decisión prejudicial          Tributi — Concessione Provincia di Genova — San Paolo
sobre la interpretación del artı́culo 73 B del Tratado CE                 Riscossioni Genova SpA, una decisión prejudicial sobre la
(actualmente artı́culo 56 CE), el Tribunal de Justicia (Sala               interpretación de los artı́culos 243 y 244 del Reglamento (CEE)
Quinta), integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de              no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que
Sala; M. Wathelet (Ponente), D.A.O. Edward, P. Jann y L. Sevón,           se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), el
Jueces, Abogado General: Sr. P. Léger, Secretario: Sr. H. von              Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. A. La
Holstein, ha dictado el 11 de enero de 2001 una sentencia                  Pergola, Presidente de Sala; M. Wathelet, D.A.O. Edward,
cuyo fallo es el siguiente:                                                P. Jann (Ponente) y L. Sevón, Jueces; Abogado General:
                                                                           Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. H.A. Rühl, adminis-
1)    El artı́culo 73 B del Tratado CE (actualmente artı́culo 56 CE)       trador principal, ha dictado el 11 de enero de 2001 una
      debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición se        sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      opone a una normativa nacional como la controvertida en el
      procedimiento principal, que obliga a inscribir en moneda            1)    El artı́culo 243 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo,
      nacional una hipoteca destinada a garantizar un crédito                    de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código
      pagadero en la moneda nacional de otro Estado miembro.                     aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que
                                                                                corresponde al Derecho nacional determinar si los operadores
2)    El artı́culo 73 B del Tratado debe interpretarse en el sentido de          deben, en un primer momento, presentar un recurso ante la
      que dicha disposición no se aplicaba en Austria antes de la               autoridad aduanera o si pueden dirigirse directamente a la
      fecha de adhesión de la República de Austria a la Unión                 autoridad judicial.
      Europea.
                                                                           2)    El artı́culo 244 del Reglamento no 2913/92 debe interpretarse
3)    El artı́culo 73 B del Tratado debe interpretarse en el sentido de          en el sentido de que atribuye la facultad de suspender la
      que dicha disposición no puede regularizar, a partir de la                ejecución de una decisión impugnada únicamente a las autorida-
      entrada en vigor en Austria del Tratado CE, una inscripción               des aduaneras. No obstante, la referida disposición no limita la
      hipotecaria que adolecı́a en dicho sistema jurı́dico nacional de           facultad de que disponen las autoridades judiciales que conocen
      una nulidad absoluta e insanable que producı́a efectos ex tunc y           de un recurso con arreglo al artı́culo 243 del mismo Reglamento
      entrañaba la inexistencia de dicha inscripción.                          para ordenar dicha suspensión en cumplimiento de su obligación
                                                                                de garantizar la plena eficacia del Derecho comunitario.
(1) DO C 71 de 13.3.1999.
                                                                           (1) DO C 71, de 13.3.1999.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                             (Sala Quinta)                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                      de 11 de enero de 2001                                                            (Sala Quinta)
en el asunto C-1/99 (petición de decisión prejudicial                                          de 11 de enero de 2001
planteada por el Tribunale civile e penale di Genova):
Kofisa Italia Srl contra Ministero delle Finanze, Servizio                 en el asunto C-226/99 (petición de decisión prejudicial
della Riscossione dei Tributi — Concessione Provincia di                   planteada por el Tribunale civile e penale di Genova):
      Genova — San Paolo Riscossioni Genova SpA (1)                        Siples Srl, en liquidación, contra Ministero delle Finanze,
                                                                           Servizio della Riscossione dei Tributi — Concessione
(«Cuestión prejudicial — Competencia del Tribunal de                      Provincia di Genova — San Paolo Riscossioni Genova
Justicia — Legislación nacional que reproduce disposiciones                                                 SpA (1)
comunitarias — Código aduanero comunitario — Recurso
— Obligatoriedad de las dos fases del recurso — Suspensión                («Código aduanero comunitario — Recurso — Suspensión
de la ejecución de una decisión de las autoridades aduaneras»)           de la ejecución de una decisión de las autoridades aduaneras»)
                           (2001/C 161/05)                                                            (2001/C 161/06)
                   (Lengua de procedimiento: italiano)                                        (Lengua de procedimiento: italiano)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)             «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-1/99, que tiene por objeto una petición dirigida           En el asunto C-226/99, que tiene por objeto una petición
al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del Tratado          dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
 ---pagebreak--- C 161/4                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            2.6.2001
por el Tribunale civile e penale di Genova (Italia), destinada a           en concepto de indemnización de daños y perjuicios, en
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional         resarcimiento del perjuicio sufrido por la Comisión, el Tribunal
entre Siples Srl, en liquidación, y Ministero delle Finanze,              de Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres. C. Gulmann
Servizio della Riscossione dei Tributi — Concessione Provincia             (Ponente), Presidente de Sala; J.-P. Puissochet y R. Schintgen,
di Genova — San Paolo Riscossioni Genova SpA, una decisión                Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secreta-
prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 244 del Regla-          rio: Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 16 de
mento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre                       enero de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunita-
rio (DO L 302, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta),               1)     Se condena a Technologie Vetroresina SpA (TVR) a pagar a
integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala;                        la Comisión de las Comunidades Europeas la cantidad de
M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (Ponente) y L. Sevón,                        211 307 euros, más los intereses al tipo pactado, desde el
Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secreta-                     21 de diciembre de 1991 hasta el pago total de la deuda.
rio: Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 11 de
enero de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                    2)     Se desestima el recurso en todo lo demás.
El artı́culo 244 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de           3)     Se condena en costas a Tecnologie Vetroresina SpA (TVR).
12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero
comunitario, debe interpretarse en el sentido de que atribuye la           (1) DO C 137, de 2.5.1998.
facultad de suspender la ejecución de una decisión impugnada
únicamente a las autoridades aduaneras. No obstante, la referida
disposición no limita la facultad de que disponen las autoridades
judiciales que conocen de un recurso con arreglo al artı́culo 243 del
mismo Reglamento para ordenar dicha suspensión en cumplimiento
de su obligación de garantizar la plena eficacia del Derecho
comunitario.                                                                        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(1) DO C 246, de 28.8.1999.                                                                              (Sala Sexta)
                                                                                de 16 de enero de 2001
                                                                           en el asunto C-41/98: Comisión de las Comunidades
                                                                              Europeas contra Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) (1)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                           («Cláusula compromisoria — Incumplimiento de un con-
                             (Sala Sexta)                                                                   trato»)
                     de 16 de enero de 2001                                                            (2001/C 161/08)
en el asunto C-40/98: Comisión de las Comunidades
   Europeas contra Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) (1)                                      (Lengua de procedimiento: italiano)
(Cláusula compromisoria — Incumplimiento de un contrato)                  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                          (2001/C 161/07)
                                                                           En el asunto C-41/98, Comisión de las Comunidades Europeas
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                       (agentes: Sres. E. de March y A. Dal Ferro) contra Tecnologie
                                                                           Vetroresina SpA (TVR) (agente: Sr. G. Merla), que tiene por
                                                                           objeto un recurso interpuesto por la Comisión, en virtud del
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    artı́culo 181 del Tratado CE (actualmente artı́culo 238 CE) con
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        el fin de que se condene a Tecnologie Vetroresina SpA, por
                                                                           una parte, a devolver la cantidad de 77 558,80 ECU, pagada
En el asunto C-40/98, Comisión de las Comunidades Europeas                por la Comisión por anticipado en el marco del contrato
(agentes: Sr. E. de March, asistido por el Sr. A. Dal Ferro) contra        no BREU-0114-I (A), más los intereses pactados devengados
Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) (agente: Sr. G. Merla), que               desde el 1 de febrero de 1990 y, por otra, a pagar la cantidad
tiene por objeto un recurso interpuesto por la Comisión, en               de 7 700 ECU en concepto de indemnización de daños y
virtud del artı́culo 181 del Tratado CE (actualmente artı́-                perjuicios, en resarcimiento del perjuicio sufrido por la Comi-
culo 238 CE), con el fin de que se condene a Tecnologie                    sión, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los
Vetroresina SpA, por una parte, a devolver la cantidad de                  Sres. C. Gulmann (Ponente), Presidente de Sala, J.-P. Puissochet
211 307 ECU, pagada por la Comisión por anticipado en el                  y R. Schintgen, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo
marco del contrato no 3440/1/0/187/91/6-BCR-I(30), más los                Colomer, Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha
intereses pactados devengados desde el 21 de diciembre                     dictado el 16 de enero de 2001 una sentencia cuyo fallo es el
de 1991 y, por otra, a pagar la cantidad de 20 000 ECU,                    siguiente:


title: Asunto F-16/06: Auto del Tribunal de la Función Pública de 23 de septiembre de 2008 — Augenault y otros/Consejo

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/68

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 23 de septiembre de 2008 — Augenault y otros/Consejo
   (Asunto F-16/06) (1)

   (2008/C 301/135)

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 96 de 22.4.2006, p. 38.


title: Asunto C-152/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 24 de marzo de 2017 — Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

text:
               3.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 24 de marzo de 2017 — Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA
   (Asunto C-152/17)
   (2017/C 213/25)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA

      Recurrida: Rete Ferroviaria Italiana SpA

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con el Derecho de la Unión Europea (en particular con los artículos 3 TUE, apartado 3, y los artículos 26 TFUE, 56 TFUE a 58 TFUE y 101 TFUE, y con el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) y con la Directiva 2004/17 (1) una interpretación del Derecho interno que excluye la revisión de los precios en los contratos relativos a los denominados sectores especiales, y en particular en relación con los que tienen un objeto distinto de aquellos a que hace referencia dicha Directiva, pero están vinculados a estos últimos por un vínculo de instrumentalidad?

               2)

               ¿Es compatible la Directiva 2004/17 (si se considera que la exclusión de la revisión de los precios en todos los contratos celebrados y ejecutados en el ámbito de los denominados sectores especiales se deriva directamente de ésta) con los principios de la Unión Europea (en particular con los artículos 3 TUE, apartado 1, y a los artículos 26 TFUE, 56 TFUE a 58 TFUE y 101 TFUE, así como con el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), «por su carácter injusto y desproporcionado, por alteración del equilibrio contractual y, por tanto, de las normas de mercado eficiente»?

      (1)  Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. (DO 2004, L 134, p. 1).


title: Recurso de casación interpuesto el 3 de abril de 1998 por Edouard Dubois et Fils SA contra la sentencia dictada el 29 de enero de 1998 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-113/96 promovido contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-95/98 P)

text:
C 166/8                ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          30.5.98
pueden introducir/mantener disposiciones en virtud de las                 v) empresas del mismo grupo que la titular de la
cuales se produce el agotamiento de los derechos de marca                      autorización      de     comercialización        de    la
cuando los productos designados con la marca son comer-                        especialidad X continuÂan fabricando y comerciali-
cializados fuera de la Comunidad con dicha marca?                              zando la especialidad X en Estados miembros dis-
                                                                               tintos del Estado miembro B?
(1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
                                                                     2. ¿En queÂ medida tiene pertinencia, a efectos de la res-
                                                                          puesta a la primera cuestión, el hecho de que:
                                                                          i)     la autorización de comercialización de la especia-
                                                                                lidad farmaceÂutica X haya dejado de estar vigente
                                                                                en el Estado miembro B como consecuencia de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                                una renuncia voluntaria por parte de la persona a
lución de la Divisional Court, Queen's Bench Division, de
                                                                                la que se concedió; y/o
fecha 31 de julio de 1997, en el asunto entre The Queen y
The Licensing Authority Established by the Medicines Act                  ii)   la fórmula de la especialidad farmaceÂutica Y fue
1968 (en cuyo nombre actuÂa la Medicines Control                                desarrollada e introducida con el fin de propor-
Agency), ex parte: 1) Rhône-Poulenc Rohrer Ltd 2) May                           cionar una ventaja para la salud puÂblica que la
                           & Baker Ltd                                          especialidad farmaceÂutica X (fabricada conforme
                        (Asunto C-94/98)                                        a una fórmula distinta) no proporciona; y/o
                          (98/C 166/12)                                   iii) dicha ventaja para la salud puÂblica no se conse-
                                                                                guiría si las especialidades X e Y se comercializa-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                       sen ambas, simultaÂneamente, en el Estado
sido sometida una petición de decisión prejudicial                              miembro B; y/o
mediante resolución de la Divisional Court, Queen's Bench
                                                                          iv)   las diferencias entre las fórmulas de la especiali-
Division, dictada el 31 de julio de 1997 en el asunto entre
                                                                                dad farmaceÂutica X y la especialidad farmaceÂutica
The Queen y The Licensing Authority Established by the
                                                                                Y son tales que ninguna de ellas puede, legal-
Medicines Act 1968 (en cuyo nombre actuÂa la Medicines
                                                                                mente, comercializarse al amparo de la autoriza-
Control Agency), ex parte: 1) Rhône-Poulenc Rohrer Ltd
                                                                                ción de comercialización correspondiente a la
2) May & Baker Ltd, y recibida en la Secretaría del Tribu-
                                                                                otra; y/o
nal de Justicia el 1 de abril de 1998.
                                                                          v)    la autoridad competente posee los datos pertinen-
La Divisional Court, Queen's Bench Division, solicita al                        tes exigidos con arreglo a la Directiva 65/65/CEE
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes                      en relación con ambas especialidades, X e Y; y/o
cuestiones:
                                                                          vi)   la autoridad competente considera que la prohibi-
1. En un caso en que se trata de importar una especiali-                        ción de las importaciones de la especialidad X del
     dad farmaceÂutica X del Estado miembro A al Estado                         Estado miembro A produciría el efecto de com-
     miembro B, ¿estaÂ facultada la persona que tiene inten-                    partimentar el mercado, y/o
     ción de comercializar la especialidad importada en el
                                                                          vii) la autoridad competente considera que no existen
     Estado miembro B para solicitar y obtener una autori-
                                                                                razones, a efectos del artículo 36 del Tratado CE,
     zación de comercialización de la autoridad competente
                                                                                que puedan justificar una prohibición de la
     del Estado miembro B sin cumplir los requisitos de la
                                                                                importación y venta de la especialidad X?
     Directiva 65/65/CEE (1) del Consejo (modificada), si:
     i)   la especialidad farmaceÂutica X es objeto de una           (1) Directiva del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la
          autorización de comercialización concedida en el               aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                         administrativas, sobre especialidades farmaceÂuticas, DO 22 de
          Estado miembro A y fue objeto de una autoriza-
                                                                         9.2.1965, p. 369; EE 13/01, p. 18.
          ción de comercialización que ha dejado de estar
          vigente en el Estado miembro B;
     ii) la especialidad farmaceÂutica X tiene los mismos
          ingredientes activos y efecto terapeÂutico que la
          especialidad farmaceÂutica Y, aunque no se fabrica
                                                                     Recurso de casación interpuesto el 3 de abril de 1998 por
          conforme a la misma fórmula que eÂsta;
                                                                     Edouard Dubois et Fils SA contra la sentencia dictada el
     iii) la especialidad farmaceÂutica Y es objeto de una           29 de enero de 1998 por la Sala Quinta del Tribunal de
          autorización de comercialización concedida en              Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el
          Estado miembro B, pero no de una autorización de           asunto T-113/96 promovido contra Consejo de la Unión
          comercialización     concedida     en    el   Estado            Europea y Comisión de las Comunidades Europeas
          miembro A;                                                                        (Asunto C-95/98 P)
     iv) las autorizaciones de comercialización menciona-                                      (98/C 166/13)
          das en los incisos i) y iii) precedentes se concedie-
          ron a distintos miembros del mismo grupo de                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
          empresas y los fabricantes de las especialidades far-      ha presentado el 3 de abril de 1998 un recurso de casación
          maceÂuticas X e Y son tambieÂn miembros de ese             formulado por Edouard Dubois et Fils SA, asistida y repre-
          grupo de empresas, y                                       sentada por el Sr. Pierre Richard, Abogado ante el Consejo
 ---pagebreak--- 30.5.98               ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 166/9
de Estado y la Cour de cassation francËaise, y el Sr. Alain       Recurso interpuesto el 3 de abril de 1998 contra la RepuÂ-
Crosson de Cormier, Abogado de París, que designa como            blica Francesa por la Comisión de las Comunidades
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Marc Feiler,                                      Europeas
67, rue Ermesinde, contra la sentencia dictada el 29 de                                  (Asunto C-96/98)
enero de 1998 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto                                         (98/C 166/14)
T-113/96 promovido contra el Consejo de la Unión Euro-
pea y la Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las       ha presentado el 3 de abril de 1998 un recurso contra la
Comunidades Europeas que:                                         RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión de las
                                                                  Comunidades Europeas, representada por los Sres. Paolo
                                                                  Stancanelli, miembro del Servicio Jurídico, y Olivier Cou-
Ð Anule la sentencia impugnada con todas sus conse-               vert-Castera, funcionario nacional adscrito al mismo servi-
     cuencias jurídicas.                                          cio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
                                                                  Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                  Centre Wagner, Kirchberg.
Ð Declare a las partes demandadas responsables, en el
     sentido del paÂrrafo segundo del artículo 215 del Tra-
     tado, del danÄo causado por las repercusiones sobre sus      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     actividades de comisionista de aduanas.
Ð Condene a las partes demandadas al pago solidario al            Ð Declare que la RepuÂblica Francesa ha incumplido las
     demandante, en concepto de indemnización de este                  obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4
     danÄo, la cantidad de 112 339 702 FF.                             de la Directiva 79/409/CEE (1), al no haber adoptado
                                                                       las medidas especiales necesarias para la conservación
                                                                       de los haÂbitats de las aves en el Marais Poitevin, ni las
Ð Condene en costas a las partes demandadas.                           medidas adecuadas para evitar el deterioro de dichos
                                                                       haÂbitats.
Motivos y principales alegaciones
                                                                  Ð Condene en costas a la RepuÂblica Francesa.
Respecto a la responsabilidad objetiva, el Tribunal de Pri-
mera Instancia consideró indebidamente que la causa del
danÄo es el Acta Única Europea y el establecimiento de un         Motivos y principales alegaciones
espacio sin fronteras que de ella se deduce. En esta ocasión
se imponían a las Instituciones comunitarias nuevas obli-
                                                                  El artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2
gaciones de actuar, especialmente por lo que se refiere a la
                                                                  de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves sil-
adopción de medidas de acompanÄamiento compensadoras
                                                                  vestres, impone en sus apartados 1 y 2 la obligación de
para favorecer la adaptación de la profesión de comisio-
                                                                  clasificar como Zonas de Protección Especial (ZPE) los
nista de aduanas.
                                                                  territorios maÂs adecuados para la conservación de los
                                                                  haÂbitats de las especies a las que se refiere la Directiva y,
Respecto a la responsabilidad por actuación culposa, el           en su apartado 4, la obligación de tomar las medidas ade-
Tribunal de Primera Instancia consideró indebidamente             cuadas para evitar dentro de las zonas de protección el
que las Instituciones no soportaban ninguna obligación            deterioro de los haÂbitats. SeguÂn la jurisprudencia del Tri-
legal de actuar y que, por ese motivo, la no adopción de          bunal de Justicia (2), esta uÂlima obligación afecta no sólo a
medidas apropiadas no podía generar la responsabilidad            los territorios efectivamente clasificados como ZPE, sino
de la Comunidad. En efecto, las Instituciones habían              tambieÂn a los territorios que deberían haber sido clasifica-
optado por intervenir adoptando el Reglamento (CEE)               dos como tales.
no 3904/92, de 17 de diciembre de 1992, relativo a las
medidas de adaptación de las profesiones de agente y
comisionista de aduanas al mercado interior (1). Sin              El territorio del Marais Poitevin clasificado como ZPE es
embargo, esta acción de las Instituciones es muy fragmen-         insuficiente. Actualmente estaÂ clasificada como tal una
taria e insuficiente. El Tribunal de Primera Instancia tam-       superficie de 29 790 hectaÂreas. Esta clasificación se hizo
bieÂn obró indebidamente al considerar que, en cualquier          tardíamente, de forma sucesiva y con posterioridad a
caso, no se había cometido una infracción de una norma            1991. SeguÂn los datos científicos maÂs pertinentes de que se
legal de rango superior en protección de los particulares.        dispone, a saber, el inventario de Zonas Importantes para
En efecto, se produjo una violación de derechos adquiri-          la Conservación de las Aves (ZICA), publicado en 1994
dos, puesto que la profesión de los comisionistas de adua-        por el Ministerio de Medio Ambiente franceÂs, 77 980 hec-
nas había sido reconocido por la normativa comunitaria.           taÂreas tienen, no obstante, las características objetivas que
                                                                  justifican la clasificación como ZPE. La insuficiencia de
                                                                  las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los haÂbi-
(1) DO L 394 de 31.12.1992, p. 1.
                                                                  tats se desprende de la falta de dispositivos de protección
                                                                  adecuada, así como de las molestias y perturbaciones de
                                                                  los haÂbitats naturales. Se trata, en particular, de la desapa-


title: Asunto C-599/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie (Contratos públicos — Directiva 2004/18/CE — Procedimientos de adjudicación de los contratos — Licitación restringida — Valoración de la oferta — Peticiones de aclaración de la oferta presentadas por el poder adjudicador — Requisitos)

text:
               26.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie
   (Asunto C-599/10) (1)

   (Contratos públicos - Directiva 2004/18/CE - Procedimientos de adjudicación de los contratos - Licitación restringida - Valoración de la oferta - Peticiones de aclaración de la oferta presentadas por el poder adjudicador - Requisitos)
   2012/C 151/13
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Najvyšší súd Slovenskej republiky

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA

      Demandada: Úrad pre verejné obstarávanie

      En el que participa: Národná dial’ničná spoločnost’ a.s.,

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretación de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) y, en particular, de sus artículos 2, 51 y 55 — Posible obligación del poder adjudicador de solicitar, si fuera preciso, aclaraciones sobre una oferta — Alcance de dicha obligación.

      Fallo

   El artículo 55 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que exige la presencia en la legislación nacional de una disposición como el artículo 42, apartado 3, de la Ley no 25/2006 de contratos públicos, en su versión aplicable al litigio principal, en la que se establece esencialmente que, si un candidato propone un precio anormalmente bajo, el poder adjudicador le solicitará por escrito que aclare su propuesta de precio. Incumbe al juez nacional verificar, teniendo en cuenta todos los documentos que figuran en autos, si la petición de aclaraciones permitió que el candidato de que se trata explicara suficientemente la composición de su oferta.
   El artículo 55 de la Directiva 2004/18 se opone a la postura de un poder adjudicador que considere que no le corresponde solicitar al candidato que explique su precio anormalmente bajo.
   El artículo 2 de la Directiva 2004/18 no se opone a una disposición del Derecho nacional de la índole del artículo 42, apartado 2, de la citada Ley no 25/2006, según la cual, básicamente, el poder adjudicador puede solicitar por escrito a los candidatos que aclaren su oferta, sin solicitar ni aceptar, no obstante, una modificación de la misma. En el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone así el poder adjudicador, este último está obligado a tratar a los diferentes candidatos del mismo modo y con lealtad, de manera que, al término del procedimiento de selección de las ofertas y en vista de los resultados de éste, no pueda concluirse que la petición de aclaración benefició o perjudicó indebidamente al candidato o candidatos que la recibieron.

      (1)  DO C 72, de 5.3.2011.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002 en el asunto T-181/00, Carmelo Morello contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Funcionarios — Procedimiento de provisión de plazas vacantes — Motivación — Examen comparativo de las candidaturas e igualdad de trato de los funcionarios — Recurso de anulación — Recurso de indemnización")

text:
C 44/24                 ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                              22.2.2003
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                  de 12 de diciembre de 2002                                                 de 12 de diciembre de 2002
en el asunto T-164/00, Carmelo Morello contra Comisión                    en el asunto T-181/00, Carmelo Morello contra Comisión
               de las Comunidades Europeas (1)                                            de las Comunidades Europeas (1)
(«Funcionarios — Procedimiento de provisión de plazas                     («Funcionarios — Procedimiento de provisión de plazas
vacantes — Motivación — Examen comparativo de las                         vacantes — Motivación — Examen comparativo de las
candidaturas e igualdad de trato de los funcionarios —                    candidaturas e igualdad de trato de los funcionarios —
     Recurso de anulación — Recurso de indemnización»)                         Recurso de anulación — Recurso de indemnización»)
                           (2003/C 44/43)                                                           (2003/C 44/44)
                 (Lengua de procedimiento: francés)                                        (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          En el asunto T-181/00, Carmelo Morello, funcionario de la
En el asunto T-164/00, Carmelo Morello, funcionario de la                 Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
                                                                          Bruselas, representado por Mes J. Sambon y P.-P. Van Gehuch-
Bruselas, representado por M es J. Sambon y P.-P. Van Gehuch-             ten, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra
ten, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra                Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:                            Sra. C. Berardis-Kayser y Sr. D. Waelbroeck), que tiene por
Sra. C. Berardis-Kayser y Sr. D. Waelbroeck), que tiene por               objeto, por una parte, una demanda de anulación de la decisión
objeto, por una parte, una demanda de anulación de la decisión
                                                                          de la Comisión de no nombrar al demandante para el
de la Comisión de no nombrar al demandante para el puesto                 puesto de Jefe de la Unidad 1 «Correos y telecomunicaciones,
de Jefe de la Unidad 2 «Industrias de base», en la Dirección E            coordinación de los aspectos relacionados con la sociedad de
«Carteles, Industrias de Base y Energía» de la Dirección General          la información» en la Dirección C «Información, comunicación
«Competencia» (COM/091/99), así como de la decisión de                    y multimedios» de la Dirección General «Competencia» (COM/
nombrar a otro candidato para dicho empleo y, por otra parte,             090/99), así como de la decisión de nombrar a otro candidato
una reclamación de daños y perjuicios, el Tribunal de Primera             para dicho empleo y, por otra parte, una reclamación de daños
Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. M. Jaeger, Presi-          y perjuicios, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera),
dente, y los Sres. K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces; Secretario:
                                                                          integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y los Sres. K. Lenaerts
Sr. J. Palacio González, administrador principal, ha dictado el           y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administra-
12 de diciembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el                    dor principal, ha dictado el 12 de diciembre de 2002 una
siguiente:                                                                sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)     Condenar a la Comisión a pagar al demandante una cantidad          1)    Condenar a la Comisión a pagar al demandante una cantidad
       de 5 000 euros.                                                          de 5 000 euros.
2)     Desestimar el recurso en todo lo demás.                            2)    Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)     Condenar en costas a la Comisión.                                  3)    Condenar en costas a la Comisión.
( 1) DO C 247 de 26.8.2000.                                               (1 ) DO C 273 de 23.9.2000.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de febrero de 2004 en el asunto C-357/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo): Fazenda Pública contra SONAE Distribuição SGPS SA

text:
               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/14

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 5 de febrero de 2004
   en el asunto C-357/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo): Fazenda Pública contra SONAE Distribuição SGPS SA (1)

   (Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Directiva 69/335/CEE - Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales - Tasa sobre la transmisión no bursátil de acciones)
   (2004/C 94/28)
   Lengua de procedimiento: portugués
   En el asunto C-357/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con arreglo al artículo 234 CE, por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Fazenda Pública y SONAE Distribuição SGPS SA, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 11 y 12 de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22), en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985 (DO L 156, p. 23; EE 09/01, p. 171), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. V. Skouris, en funciones de Presidente de la Sala Segunda, y el Sr. R. Schintgen (Ponente) y la Sra. N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 5 de febrero de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
   Los artículos 11 y 12 de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la percepción de una tasa por la transmisión no bursátil de acciones cuyo importe aumente directamente y sin límites en proporción al valor de la transacción.

      (1)  DO C 289, de 23.11.2002.


title: Asunto C-121/09: Recurso interpuesto el 1 de abril de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/29

         Recurso interpuesto el 1 de abril de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-121/09)
   2009/C 141/51
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: W. Wils y C. Cattabriga, agentes)

      Demandada: República Italiana

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7 de la Directiva 90/314/CEE. (1)

               —

               Que se condene en costas a la República Italiana.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               La República Italiana, al fijar un plazo de tres meses a partir de la fecha de la finalización del viaje para la presentación de una solicitud de intervención del fondo de garantía para el consumidor de un paquete turístico, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7 de la Directiva 90/314.

               2.

               El artículo 7 de la Directiva 90/314 establece que el organizador y/o el detallista que sean parte en el contrato facilitará pruebas suficientes de que, en caso de insolvencia o de quiebra, quedarán garantizados el reembolso de los fondos depositados y la repatriación del consumidor. Según la interpretación dada por la jurisprudencia comunitaria, esta disposición impone a los Estados una obligación de resultado, que implica la atribución al adquirente de viajes combinados del derecho a una protección efectiva contra los riesgos de insolvencia y de quiebra de los organizadores y, en particular, el reembolso de las cantidades pagadas y la repatriación.

               3.

               El artículo 8 siguiente permite a los Estados miembros adoptar disposiciones más estrictas, pero sólo cuando ofrezcan una mayor protección al consumidor.

               4.

               En el caso de autos, la normativa italiana controvertida, según las informaciones remitidas por las autoridades nacionales en el transcurso del procedimiento por infracción, tiene como objetivo garantizar la posibilidad de recuperar, con destino a los presupuestos del Estado, los importes pagados a los consumidores y, en consecuencia, proteger los intereses económicos del Estado más que garantizar una mayor protección a los adquirentes de viajes combinados.

               5.

               Aunque la Comisión entienda el interés de Italia por garantizar una gestión sana y equilibrada del fondo de garantía, facilitando la acción de reembolso de este último frente al operador turístico, considera que dicha medida, al imponer un plazo perentorio para la presentación de las solicitudes de intervención del fondo, introduce un requisito que puede privar al consumidor de las garantías de la Directiva 90/314.

               6.

               Es cierto, como sostienen las autoridades italianas, que el consumidor puede presentar su solicitud de intervención del Fondo tan pronto como conozca las circunstancias que amenazan con impedir la ejecución del contrato. Para disfrutar de dicha posibilidad, es necesario, sin embargo, que conozca esas circunstancias. En efecto, si se excluyen los casos en los que la quiebra del organizador del viaje puede conocerse fácilmente por haber sido declarada por un tribunal, en la mayor parte de los casos el consumidor ignora cuál es la situación patrimonial exacta de dicho operador. Por ello, lo normal es que se dirija en primer lugar hacia este último para obtener el reembolso de los importes pagados, enviando un escrito, eventualmente una advertencia y por último un requerimiento. De este modo, se corre el riesgo de que el plazo de tres meses fijado en el artículo 5 del decreto ministerial no 349/1999 haya transcurrido sobradamente en el momento de presentar la solicitud de intervención del fondo de garantía, con la consecuencia de privar al consumidor del derecho a obtener el reembolso de las cantidades pagadas.

               7.

               Para subsanar el incumplimiento impugnado en el presente procedimiento, las autoridades italianas han anunciado, primero que querían ampliar de tres a doce meses el plazo para la presentación de la solicitud de intervención del fondo, y después que querían suprimirlo.

               8.

               Las referidas autoridades han publicado además en el Diario Oficial de la República Italiana un comunicado dirigido a informar a los posibles interesados de que, entre tanto se derogase el plazo de que se trata, para garantizar la protección de los consumidores, las solicitudes de acceso al fondo de garantía pueden presentarse en cualquier momento.

               9.

               La Comisión considera que dichas medidas, si bien constituyen un intento loable de subsanar las consecuencias de la infracción impugnada, no son suficientes para eliminar el riesgo de privar al adquirente de viajes combinados de su derecho a una protección efectiva en caso de quiebra del organizador.

               10.

               Para garantizar plenamente la seguridad jurídica, permitiendo así a los particulares conocer plenamente el alcance de sus derechos e invocarlos ante los tribunales, las disposiciones de una directiva deben aplicarse con eficacia, especificidad y claridad irrefutable y no mediante meras prácticas administrativas, modificables por su propia naturaleza al arbitrio de la administración nacional.

               11.

               La coexistencia, en el ordenamiento jurídico italiano, por un lado, de una disposición, nunca derogada formalmente, que establece, so pena de caducidad, un plazo de tres meses para la presentación de las solicitudes de intervención del fondo y, por otro, de un comunicado de la administración en el que se invita a no tener en cuenta dicho plazo, da lugar a una evidente situación de inseguridad para los adquirentes de viajes combinados.

      (1)  Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158, p. 59).


title: Recurso interpuesto el 29 de junio de 1995 contra Comisión de las Comunidades Europeas por Francisca Soto Revaliente (Asunto T-135/95)

text:
2. 9. 95              Qs                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 229/23
Recurso interpuesto el 22 de junio de 1995 contra Comisión                   ni que los denunciantes representaran al menos un 25 %
de las Comunidades Europeas por Dysan Magnetics Limited                      de la producción total de discos de 3,5 pulgadas.
            y Review Magnetics (MACAO ) Limited
                        ( Asunto T-134/95 )                            ( ] ) DO n° C 84 de 6 . 4 . 1995 , p. 4.
                            ( 95 /C 229/50
                (Lengua de procedimiento: inglés)                      Recurso interpuesto el 29 de junio de 1995 contra Comisión
                                                                       de las Comunidades Europeas por Francisca Soto Reva
                                                                                liente
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                                ( Asunto T-135/95 )
Europeas se ha presentado el 22 de junio de 1995 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu                                              ( 95/C 229/51 )
lado por Dysan Magnetics Limited y Review Magnetics
( MACAO ) Limited, representadas por los Sres . Mark                                  (Lengua de procedimiento: francés)
Clough y Mark Brealey, Barristers, designados por Rosen               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
blatt, Solicitors, que designan como domicilio en Luxem
                                                                       Europeas se ha presentado el 29 de junio de 1995 un recurso
burgo el despacho de Me Aloyse May, 31 , Grand-Rue,
                                                                       contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
L-1661 Luxemburgo .
                                                                       lado por Francisca Soto Revaliente con domicilio en Málaga
                                                                        (España ), representada por Me Jean-Frangois Neven, Abo
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                    gado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem
Instancia que :                                                         burgo el despacho de Me Catherine Dessoy, 31 , rué
                                                                        d'Eich .
— Anule la Decisión de 6 de abril de 1995 , por la que se               La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
      inicia un procedimiento antidumping con respecto a las            Instancia que:
      importaciones de determinados discos magnéticos ( mi
      crodiscos de 3,5 pulgadas ) originarios de Canadá,                — Anule la decisión de 6 de septiembre de 1994, tal como
      Indonesia, Macao y Tailandia (*).                                      ha sido mantenida, a tenor de la reclamación, por la
                                                                             decisión de la Comisión el 4 de abril de 1995 .
— Imponga a la Comisión el pago de las costas de la parte               — Condene en costas a la Comisión .
      demandante .
                                                                        Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones                                       La demandante impugna la decisión de la Comisión por la
                                                                        que se considera que la ausencia de la demandante no estaba
 Las demandantes sostienen que la Decisión impugnada es                  autorizada entre el 6 de marzo y el 25 de octubre de 1994 y
 ilegal por dos motivos :                                               por la que se suspende el pago de la retribución correspon
                                                                        diente a dicho período, de conformidad con el artículo 60
                                                                         del Estatuto de los Funcionarios . En efecto, la demandante
 a ) La Decisión infringe el apartado 7 del artículo 5 del
       Reglamento ( CE) n° 3283/94, que establece que « la               estima que esta decisión adolece de falta de motivación y ha
       solicitud (léase, " denuncia ") será rechazada cuando no          sido adoptada en infracción de los artículos 59 y 60 del
                                                                         Estatuto .
       existan elementos de prueba suficientes del dumping ni
       del perjuicio que justifiquen la continuación del proce          A este respecto, la demandante destaca que la decisión de la
       dimiento relativo al caso ». La denuncia que formuló un           Comisión se basa en un supuesto control médico que se
       reducido grupo de fabricantes de discos de la Comuni             había efectuado el 16 de marzo de 1994, cuando, en esa
       dad se basó en alegaciones injustificadas . En realidad, en       fecha, no tuvo lugar ningún control médico destinado a
       su mayor parte, se trataba de una copia exacta de una             verificar su capacidad para el trabajo. En realidad, si bien en
       denuncia anterior formulada por los mismos producto              la mencionada fecha , la demandante se sometió efectiva
       res; la única diferencia consistió en que se habían               mente al examen de una comisión de peritos, a la que la
       cambiado los países .                                             Comisión le había encomendado verificar su aptitud para
                                                                         viajar a Bruselas a fin de ser oída en el marco de un
  b ) La Decisión es contraria al apartado 4 del artículo 5 del           procedimiento disciplinario, y que dicha comisión había
       Reglamento ( CE) n° 3283/94, que establece que « no se             estimado que las dolencias que aquejaban a la demandante
       iniciará una investigación [. . .] salvo que se haya               no imposibilitaban el mencionado viaje, no obstante, no se
       determinado [. . .] que la solicitud ( léase " denuncia ") ha      pronunció sobre su capacidad para el trabajo .
       sido presentada por la industria de la Comunidad o en su
                                                                          En estas circunstancias, la demandante considera que la
       nombre » y que « no se iniciará ninguna investigación
                                                                          decisión impugnada fue adoptada sin efectuar el control
       cuando los productores comunitarios que apoyen expre
       samente la solicitud ( léase " denuncia ") representen
                                                                          médico sobre su capacidad para el trabajo y que, en
                                                                          consecuencia , infringe el artículo 60 del Estatuto, basado en
       menos del 25 % de la producción total del producto
                                                                          el concepto de « ausencia no autorizada debidamente
        similar producido por la industria de la Comunidad ».
                                                                          comprobada ».
       La Comisión no ha acreditado que la denuncia se
        presentara en nombre de la industria de la Comunidad


title: Asunto T-444/09: Auto del Tribunal General de 16 de mayo de 2012 — La City/OAMI — Bücheler y Ewert (citydogs) ( «Marca comunitaria — Designación de un nuevo representante — Inacción de la parte demandante — Sobreseimiento» )

text:
               14.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/7

         Auto del Tribunal General de 16 de mayo de 2012 — La City/OAMI — Bücheler y Ewert (citydogs)
   (Asunto T-444/09) (1)

   (Marca comunitaria - Designación de un nuevo representante - Inacción de la parte demandante - Sobreseimiento)
   2012/C 209/11
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: La City (La Courneuve, Francia) (representante: inicialmente, S. Bénoliel-Claux, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: inicialmente, S. Schäffner y R. Pethke, agentes)

      Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que intervienen ante el Tribunal General: Andreas Bücheler y Konstanze Ewert (Engelskirchen, Alemania) (representantes: G. Würtenberger y R. Kunze, abogados)

      Objeto

   Recurso promovido contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 5 de agosto de 2009 (asunto R 233/2008-1) relativa a un procedimiento de oposición entre, por una parte, La City y, por otra, el Sr. Andreas Bücheler y la Sra. Konstanze Ewert.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el presente recurso.

               2)

               La City, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), así como el Sr. Andreas Bücheler y la Sra. Konstanze Ewert cargarán respectivamente con sus propias costas.

      (1)  DO C 11, de 16.1.2010.


title: Asunto C-251/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Calidad del combustible diésel — Especificación técnica nacional que establece requisitos de calidad adicionales a los del Derecho de la Unión)

text:
               7.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 406/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
   (Asunto C-251/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Calidad del combustible diésel - Especificación técnica nacional que establece requisitos de calidad adicionales a los del Derecho de la Unión))
   (2015/C 406/07)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: György Balázs

      Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

      Fallo

               1)

               Los artículos 4, apartado 1, y 5 de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo, en la redacción que le da el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que en su Derecho nacional los Estados miembros establezcan para la comercialización de combustible diésel requisitos de calidad que se recojan en una norma nacional y que sean adicionales a los dispuestos en dicha Directiva, como puede ser el requisito relativo al punto de inflamación que es controvertido en el asunto principal, teniendo en cuenta que no se trata de una especificación técnica del combustible diésel que, a efectos de dicha Directiva, tenga relación con la protección de la salud y el medio ambiente.

               2)

               El artículo 1, puntos 6 y 11, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en la redacción que le da la Directiva 2006/96/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que los Estados miembros otorguen obligatoriedad a una norma nacional como la norma húngara MSZ EN 590:2009 que es controvertida en el asunto principal.

               3)

               El artículo 1, punto 6, de la Directiva 98/34, en la redacción que le da la Directiva 2006/96, debe interpretarse en el sentido de que no exige que las normas que son objeto de dicha disposición se pongan a disposición del público en la lengua oficial del Estado de que se trate.

      (1)  DO C 303, de 8.9.2014.


title: Asunto T-482/15: Recurso interpuesto el 24 de agosto de 2015 — Ahrend Furniture/Comisión

text:
               12.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 337/40

         Recurso interpuesto el 24 de agosto de 2015 — Ahrend Furniture/Comisión
   (Asunto T-482/15)
   (2015/C 337/45)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Ahrend Furniture (Zaventem, Bélgica) (representantes: A. Lepièce, V. Dor y S. Engelen, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión, cuya fecha se ignora, por la que se adjudica el lote no 1 de la licitación no OIB.DR.2/PO/2014/055/622 — «Suministro de mobiliario» a otro licitador.

               —

               Condene a la demandada a pagar todas las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la demandada, al proceder a la evaluación de la calidad y a la evaluación técnica de la oferta de la demandante, incurrió en errores de hecho y de Derecho.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la demandada no comunicó a la demandante, a pesar de las solicitudes de ésta en tal sentido, determinados datos relativos a la evaluación financiera de las ofertas.


title: Asunto C-507/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria), el 26 de septiembre de 2016 — «Еntertainment Balgaria System» ЕООD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofía

text:
               28.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 441/13

      Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria), el 26 de septiembre de 2016 — «Еntertainment Balgaria System» ЕООD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofía
      (Asunto C-507/16)
      (2016/C 441/16)
      Lengua de procedimiento: búlgaro

         Órgano jurisdiccional remitente

      Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria)

         Partes en el procedimiento principal

         Recurrente:«Еntertainment Balgaria System» ЕООD

         Recurrida: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofía

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  ¿Debe interpretarse el artículo 214 de la Directiva 2006/112 (1) en el sentido de que, en relación con el derecho a deducción, deben atribuirse diferentes efectos a los distintos casos de registro a efectos del IVA, o se opone dicha disposición a que los Estados miembros atribuyan diferentes efectos a los casos de registro, como sucede en el artículo 97a y el artículo 70, apartado 4, de la ZDDS?

                  2)

                  ¿Deben interpretarse los artículos 168, letra a), y 169, letra a), de la Directiva 2006/112 en el sentido de que una persona que esté registrada conforme al artículo 214, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/112 no tiene derecho a deducir el impuesto pagado por ella por las prestaciones de servicios recibidas de sujetos pasivos de otros Estados miembros, si utiliza dichas prestaciones de servicios para efectuar prestaciones de servicios en otros Estados miembros y se cumplen los demás requisitos jurídicos sustantivos y de procedimiento para el ejercicio del derecho a deducción?

                  3)

                  ¿Deben interpretarse los artículos 168, letra a), y 169, letra a), de la Directiva 2006/112 en el sentido de que se oponen a una disposición nacional como la del artículo 70, apartado 4, de la ZDDS, conforme a la cual en ninguna circunstancia se genera el derecho a deducción a favor de una persona registrada a efectos del IVA en virtud del artículo 214, apartado 1, letras d) o e), y no virtud del artículo 214, apartado 1, letra a), de la Directiva?

         (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).