title: Asunto C-258/01: Recurso interpuesto el 3 de julio de 2001 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 245/12                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        1.9.2001
Recurso interpuesto el 3 de julio de 2001 contra el                        Recurso interpuesto el 3 de julio de 2001 contra la
Consejo de la Unión Europea por la Comisión de las                       República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                      Comunidades Europeas                                                             des Europeas
                                                                                (Asunto C-258/01)
                        (Asunto C-257/01)
                                                                                (2001/C 245/22)
                          (2001/C 245/21)
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                           presentado el 3 de julio de 2001 un recurso contra la República
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               Portuguesa formulado por la Comisión de las Comunidades
presentado el 3 de julio de 2001 un recurso contra el Consejo              Europeas, representada por los Sres. Bernard Mongin y Fran-
de la Unión Europea formulado por la Comisión de las                     cisco Miguel França, en calidad de agentes, que designa como
Comunidades Europeas, representada por las Sras. Dominique                 domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Luis Escobar
Maidani y Carmel O’Reilly, en calidad de agentes, que designa              Guerrero, Centre Wagner, Kirchberg.
domicilio en Luxemburgo.
                                                                           La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                           —      Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 6,
                                                                                apartado 1 y 4, de la Directiva 94/57/CE del Consejo, de
1.    Anule el Reglamento (CE) no 789/2001 del Consejo, de                        22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares
      24 de abril de 2001, por el que el Consejo se reserva                       comunes para las organizaciones de inspección y peritaje
      competencias de ejecución en relación con determinadas                    de buques y para las actividades correspondientes de las
      disposiciones detalladas y procedimientos prácticos de                     administraciones marı́timas (1), al no haber adaptado su
      examen de solicitudes de visado (1).                                        ordenamiento jurı́dico interno a lo dispuesto en tales
                                                                                normas, en particular, por no haber establecido una
2.    Anule el Reglamento (CE) no 790/2001 del Consejo, de                        relación de trabajo regida por un acuerdo formal por
      24 de abril de 2001, por el que el Consejo se reserva                       escrito y no discriminatorio, o por un régimen jurı́dico
      competencias de ejecución en relación con determinadas                    equivalente, con las sociedades de clasificación y por no
      normas de desarrollo y procedimientos prácticos para la                    haber facilitado a la Comisión información precisa sobre
      realización de controles y vigilancia en las fronteras (2).                dicha relación de trabajo.
3.    Condene en costas al demandado.                                      —      Condene en costas a la República Portuguesa.
                                                                           Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones                                          El ordenamiento jurı́dico interno se adaptó a lo dispuesto en
                                                                           la Directiva 94/57/CE mediante el Decreto-ley no 115/96, de
                                                                           6 de agosto de 1996.
La Comisión alega que, contrariamente al artı́culo 202 del
Tratado y al artı́culo 1 de la Decisión 1999/468 (3), el Consejo          Conforme a la información proporcionada a la Comisión en el
se reservó indebida e irregularmente competencias de ejecución           marco del comité creado por el artı́culo 7 de la Directiva
y que, en cualquier caso, el Consejo no motivó ni adecuada ni             94/57/CE, el Estado portugués delega deberes oficiales a ciertas
debidamente dicha reserva para sı́ mismo de competencias de                sociedades de clasificación (American Bureau of Shipping,
ejecución. Por otro lado, la Comisión considera irregular y              Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd,
contrario al artı́culo 202 CE el procedimiento establecido en              Lloyd’s Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai). La Comi-
el artı́culo 2 del Reglamento 789/2001 y en el artı́culo 2 del             sión considera que todavı́a no se han celebrado, como
Reglamento 790/20001, respectivamente, según el cual, en                  reconocen las propias autoridades portuguesas, los acuerdos
lo fundamental, los propios Estados miembros modifican                     formales por escrito no discriminatorios o los regı́menes
determinada información fáctica contenida en la Instrucción             jurı́dicos equivalentes (artı́culo 6, apartado 2, de la Directiva
Consular Común, en las Decisiones del Comité Ejecutivo                    94/57/CE), que establezcan los deberes y funciones especı́ficos
SCH/Com-ex (98) 56, SCH/Com-ex (99) 14 y SCH/Com-ex                        asumidos por las organizaciones, acuerdos que deberı́an
(94) 15, y en el Manual Común para el control de las fronteras            haberse adoptado y comunicado inmediatamente a la Comi-
externas, respectivamente.                                                 sión tras la mencionada delegación. Además, el artı́culo 6,
                                                                           apartado 4, de la Directiva 94/57/CE dispone que cada Estado
                                                                           miembro facilitará información precisa sobre la relación
(1) DO L 116, 26.04.2001, p. 2.
                                                                           funcional establecida con las sociedades de clasificación. Ahora
(2) DO L 116, 26.04.2001, p. 5.
(3) Decisión del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se           bien, las autoridades portuguesas aún no han facilitado esta
    establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias    información a la Comisión, que debe comunicarla seguida-
    de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, 17.07.1999,         mente a los demás Estados miembros.
    p. 23).
                                                                           (1) DO L 319, de 12.12.1994, p. 20.


title: Asunto T-52/13: Recurso interpuesto el 4 de febrero de 2013 — Efag Trade Mark Company/OAMI (FICKEN)

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/21

         Recurso interpuesto el 4 de febrero de 2013 — Efag Trade Mark Company/OAMI (FICKEN)
   (Asunto T-52/13)
   2013/C 101/46
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG (Schemmerhofen, Alemania) (representante: M. Wekwerth, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 18 de octubre de 2012 en el asunto R 493/2012-1.

               —

               Condene a la demandada a cargar con las costas de los procedimientos, incluidas las causadas en el procedimiento de recurso.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «FICKEN» para productos y servicios de las clases 25, 32, 33 y 43 — Solicitud de marca comunitaria no 9.274.366

      Resolución del examinador: Denegación del registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartados 1, letra f), y 2, del Reglamento no 207/2009


title: Asunto T-729/15: Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2015 — MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/41

         Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2015 — MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA
   (Asunto T-729/15)
   (2016/C 059/48)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: MSD Animal Health Innovation GmbH (Schwabenheim, Alemania), e Intervet international BV (Boxmeer, Países Bajos) (representantes: J. Stratford, QC, C. Thomas, Barrister, P. Bogaert, abogado, B. Kelly y H. Billson, Solicitors)

      Demandada: Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de la EMA de 25 de noviembre de 2015, comunicada a las demandantes el 3 de diciembre de 2015, de conceder acceso a un tercero a información sobre un medicamento veterinario, conforme al Reglamento (CE) no 1049/2001 (DO L 145, p. 43), en la medida en que la decisión se refiere a información comercial confidencial cuya divulgación vulnerará los derechos de las demandantes y en la medida en que la decisión está prohibida por la legislación de la UE.

               —

               Condene a la EMA a cargar con las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que los documentos controvertidos están protegidos por el artículo 4, apartados 2 y/o 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001 conforme a una presunción general de confidencialidad.

               2.

               Segundo motivo, basado en que los documentos controvertidos constituyen en su totalidad información comercial confidencial protegida por el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la divulgación de los documentos desvirtuaría el proceso decisorio de la EMA.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que la EMA incumplió su obligación de llevar a cabo un ejercicio de ponderación como exige la legislación.

               5.

               Quinto motivo, basado en que el resultado de un ejercicio de ponderación adecuado, como exige la legislación, habría sido una decisión de no divulgar ninguna parte de los documentos o, al menos, una decisión de aceptar la solicitud de ocultar determinada información propuesta por las demandantes.


title: Asunto T-575/08: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2008 — 4care/OAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)

text:
               7.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/43

         Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2008 — 4care/OAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)
   (Asunto T-575/08)
   (2009/C 55/76)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán
   Partes

      Demandante: 4care AG (Kiel, Alemania) (representante: S. Redeker, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Laboratorios Diafarm, S.A. (Barberà del Vallès, Barcelona)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 7 de octubre de 2008, en el asunto R 16636/2007-2 y se desestime la oposición.

               —

               Que se condene en costas a la demandada y a la parte coadyuvante.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: 4care

      Marca comunitaria solicitada: la marca figurativa «Acumed» para productos de las clases 3, 5 y 9 (solicitud no 4493136)

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Laboratorios Diafarm, S.A.

      Marca o signo invocados en oposición: la marca denominativa española «AQUAMED ACTIVE» (marca no 2506452) para productos de la clase 5 y la marca denominativa comunitaria «AQUAMED ACTIVE» (no 2882272) para productos de la clase 5

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 (1), dado que no existe riesgo de confusión entre las dos marcas de que se trata.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto C-19/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de octubre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Dinamarca (Incumplimiento de Estado — Recursos propios de las Comunidades — Derechos de aduana legalmente debidos que no fueron recaudados a consecuencia de un error de las autoridades aduaneras — Responsabilidad económica de los Estados miembros)

text:
               22.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de octubre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Dinamarca
   (Asunto C-19/05) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Recursos propios de las Comunidades - Derechos de aduana legalmente debidos que no fueron recaudados a consecuencia de un error de las autoridades aduaneras - Responsabilidad económica de los Estados miembros)
   (2007/C 315/05)
   Lengua de procedimiento: danés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: N.B. Rasmussen, G. Wilms y H.-P. Hartvig, agentes)

      Demandada: Reino de Dinamarca (representante: J. Molde, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Artículo 10 CE y los artículos 2 y 8 de la Decisión 94/728/CE, EURATOM, del Consejo, de 31 de octubre de 1994, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 293, p. 9) — Responsabilidad financiera de los Estados miembros por los recursos propios — Falta de puesta a disposición de la Comisión de la cantidad de 18 687 475 DKK que las autoridades aduaneras dejaron indebidamente de recaudar a una empresa en concepto de derechos de aduana
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario, particularmente, de los artículos 2 y 8 de la Decisión 94/728/CE, Euratom del Consejo, de 31 de octubre de 1994, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, al no haber puesto a disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas recursos propios por importe de 18 687 475 DKK, más los intereses de demora calculados desde el 27 de julio de 2000.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Dinamarca.

      (1)  DO C 93 de 16.4.2005.


title: Asunto T-168/15: Recurso interpuesto el 1 de abril de 2015 — Grecia/Comisión

text:
               27.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/29

         Recurso interpuesto el 1 de abril de 2015 — Grecia/Comisión
   (Asunto T-168/15)
   (2015/C 245/35)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: República Helénica (representantes: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou y A.-E. Vasilopoulou, agentes)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de enero de 2015, notificada con el número C(2015) 252 final, «sobre la reducción de los pagos intermedios relativos al Programa de Desarrollo Rural de Grecia para el período de programación 2007-2013 y los gastos correspondientes a los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2014 y entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de junio de 2014, CCI 2007 GR 06 RPO 001», por un importe de 2 75  118,75 euros y de 2 9 40  050 euros respectivamente.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Mediante el primer motivo, se sostiene que la Decisión impugnada fue adoptada sobre la base de una interpretación y aplicación erróneas del artículo 16, apartado 4, del Reglamento no 883/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006 (1), se violaron las normas que rigen la competencia de la Comisión ratione temporis y se produjeron vicios sustanciales de forma del procedimiento que establece esa disposición.

               2.

               Mediante el segundo motivo, se alega que la Decisión impugnada fue adoptada sobre la base de una interpretación y aplicación erróneas del artículo 41, apartado 1, del Reglamento no 1306/2013 (2).

               3.

               En virtud de su tercer motivo, se alega que la Comisión realizó una interpretación y aplicación erróneas de lo dispuesto en el artículo 26, apartado 5, del Reglamento no 1290/2005 (3), en el artículo 27, apartados 3 y 4, del mismo Reglamento, en el artículo 36, apartado 5, del Reglamento no 1306/2013 y en el artículo 41, apartado 3, de dicho Reglamento, y se vulneraron los principios de ne bis in idem y de protección de la confianza legítima así como los derechos de defensa y a ser oída la República Helénica.

               4.

               Mediante su cuarto motivo, se sostiene que la Comisión, al adoptar la Decisión, efectuó una interpretación y aplicación erróneas de los artículos 27, apartado 4, del Reglamento no 1290/2005, y 41, apartado 3, del Reglamento no 1306/2013, y vulneró el principio de proporcionalidad.

               5.

               Por último, mediante su quinto motivo, se alega que, al adoptar la Decisión impugnada, se realizó una interpretación y aplicación erróneas de los artículos 27, apartado 4, del Reglamento no 1290/2005, y 41, apartado 3, del Reglamento no 1306/2013, no se interpretó ni aplicó correctamente el concepto de fuerza mayor y se efectuó una interpretación errónea de las circunstancias excepcionales.

      (1)  Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a las condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del FEADER (DO L 171, p. 1).

      (2)  Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo (DO L 347, p. 549).

      (3)  Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 209, p. 1).


title: Asunto T-429/03: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Gregorio Valero Jordana

text:
C 59/28                ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                                             6.3.2004
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:           embargo, el 20 de octubre de 2003, la Comisión liquidó a la
                                                                       demandante la cantidad de 257 598,91 euros, que según
—     Ordene a la demandada que cumpla lo pactado en el                afirmaba en escrito posterior, era la cantidad final adeudada en
      acuerdo transaccional celebrado con la demandante y le           virtud del acuerdo.
      liquide la cantidad total de 40 919,65 euros en ejecución
      del acuerdo de subvención.
                                                                       En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega, en primer
—     Anule la decisión de la Comisión de 20 de octubre de             lugar, que en mayo de 2003 se celebró un acuerdo vinculante
      2003 de pagar sólo 257 598,91 euros, pese a la existencia        entre las partes, por el que se establecía que la cantidad a pagar
      del acuerdo transaccional.                                       era de 298 518,65 euros. Por lo tanto, solicita al Tribunal de
                                                                       Primera Instancia que haga ejecutar dicho acuerdo. Subsidiaria-
—     Subsidiariamente a las pretensiones primera y segunda            mente, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia
      anteriores, en el supuesto de que el Tribunal de Primera         declarase que no se llegó a un acuerdo transaccional, la
      Instancia declarase que no existió acuerdo transaccional,        demandante alega que la Comisión estaba obligada a pagar la
      condene a la demandada a pagar a la demandante la                cantidad inicialmente solicitada, a saber, 305 305,30 euros,
      cantidad definitiva señalada en su informe final, con            puesto que no formuló sus objeciones dentro del plazo de
      deducción de las cantidades ya liquidadas, esto es,              sesenta días a partir de la recepción de la solicitud de pago. La
      47 706,39 euros.                                                 demandante alega, además, que, en cualquier caso, la decisión
                                                                       de la Comisión de pagar a la demandante sólo
—     Con carácter aún más subsidiario, en el supuesto de que          257 598,91 euros debería anularse por falta de motivación y
      el Tribunal de Primera Instancia declarase que no existió        por vulnerar el derecho de la demandante a ser oída por la
      acuerdo transaccional, anule la decisión de la Comisión          Comisión antes de adoptar ésta su decisión definitiva.
      de 20 de octubre de 2003 de pagar sólo 257 598,91 euros
      pese a que, con arreglo al acuerdo, la demandante exigió
      en su informe final la cantidad de 305 305,30 euros.
—     Condene a la demandada al pago de los intereses
      correspondientes a las cantidades que, conforme a las
      anteriores pretensiones, el Tribunal de Primera Instancia
      declare pendientes de pago o pagadas fuera de plazo.
                                                                       Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2003 contra la
—     Condene en costas a la parte demandada.                          Comisión de las Comunidades Europeas por Gregorio
                                                                                Valero Jordana
Motivos y principales alegaciones                                                             (Asunto T-429/03)
La demandante es una asociación internacional sin ánimo de                                       (2004/C 59/45)
lucro que actúa en el campo de la seguridad en los automóviles
nuevos. El 22 de agosto de 2001, la demandante solicitó a la
Comisión una subvención para financiar el 25 % del coste de                             (Lengua de procedimiento: francés)
un proyecto relacionado con la evaluación de la seguridad en
determinados tipos de vehículos, en particular, los vehículos
de cuatro ruedas motrices. A raíz de ello, el 12 de octubre de
2001, la demandante y la Comisión celebraron un acuerdo de             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
subvención por el que se establecía que la demandante debía            Europeas se ha presentado el 21 de diciembre de 2003 un
presentar a la Comisión un informe final sobre la totalidad de         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
los costes subvencionables; que, sobre la base de un examen            formulado por Gregorio Valero Jordana, con domicilio en
de la liquidación final, la Comisión pagaría el importe corres-        Uccle (Bélgica), representado por el Sr. Nicolas Lhöest, abo-
pondiente a la subvención; y que la totalidad de las cantidades        gado, que designa domicilio en Luxemburgo.
objeto del acuerdo debían ser liquidadas dentro de un plazo de
sesenta días, a menos que, dentro de dicho plazo, la Comisión
notificase a la demandante la denegación de su solicitud. El           El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
10 de diciembre de 2002, la demandante solicitó el pago del
saldo pendiente de la subvención, que según ella ascendía a
                                                                       —    Anule la decisión de la AFPN de 19 de diciembre de
305 305,30 euros. El 31 de marzo de 2003, esto es, más de
                                                                            2002, por la que se confirma la clasificación inicial del
sesenta días después de recibir la solicitud, la Comisión, sin
                                                                            demandante en el grado A7.
haber pagado la cantidad reclamada, solicitó una serie de
aclaraciones a la demandante. Como consecuencia de ello, la
demandante presentó nuevos documentos y se celebró una                 —    En la medida en que sea necesario, anule la decisión de la
reunión entre los representantes de ambas partes. El 2 de mayo              AFPN de 9 de septiembre de 2003, por la que se
de 2003, la Comisión informó a la demandante de que la                      desestimó la reclamación del demandante.
cantidad definitiva que se pagaría era de 298 518,65 euros y
solicitó a la demandante su aprobación para el pago de dicha           —    Condene a la parte demandada al pago íntegro de las
cantidad, cosa que oportunamente hizo la demandante. Sin                    costas de la instancia.
 ---pagebreak--- 6.3.2004               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 59/29
Motivos y principales alegaciones                                          de 1996, en la que sostenía que el operador español de
                                                                           telecomunicaciones Telefónica, S.A. había cometido una serie
A raíz de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el             de abusos de posición dominante contrarios al artículo 82 CE
asunto T-17/95, (1) la Comisión adoptó una modificación                    al negarse a celebrar con la demandante un acuerdo transnacio-
de las normas relativas a los criterios aplicables para el                 nal de «roaming» (GSM). La demandante transformó posterio-
nombramiento en grado y la clasificación en escalón en el                  rmente aquella denuncia en una denuncia contra España en
momento de la selección, lo que ha permitido a dichos                      virtud del artículo 86 CE en relación con los artículos 82 CE,
funcionarios solicitar la revisión de su clasificación en la fecha         49 CE y 12 CE, en la que alegaba que Telefónica actuaba
de incorporación al servicio. Mediante la decisión impugnada,              siguiendo las instrucciones del Gobierno español, que reclama
la Comisión confirmó la clasificación del demandante en el                 su soberanía sobre Gibraltar.
grado A7 en la fecha de su selección y, por tanto, desestimó
una solicitud de reclasificación del demandante.
                                                                           En apoyo de su recurso, la demandante invoca una serie de
                                                                           supuestos errores manifiestos de apreciación en la Decisión
Para fundamentar su recurso, el demandante invoca la falta de              impugnada. A su juicio, la Comisión erró al considerar que
motivación de la decisión impugnada, un error manifiesto de                Telefónica no es una empresa pública o que no tiene derechos
apreciación, así como una supuesta discriminación entre,                   especiales en el sentido del artículo 86 CE. Alega asimismo que
por una parte, el propio demandante, cuya solicitud de                     Telefónica tiene una posición dominante y que la negativa a
reclasificación fue desestimada, y, por otra parte, otros funcio-          celebrar un acuerdo con la demandante afecta de manera
narios que con una experiencia profesional inferior a la                   sensible al comercio y a la competencia. En el marco del
suya, pudieron, a pesar de todo, beneficiarse de una nueva                 mismo motivo, la demandante afirma que la apreciación de la
clasificación a un grado superior de la carrera.                           Comisión según la cual los consumidores de Gibraltar tienen
                                                                           acceso a servicios de telefonía móvil en España carece manifies-
(1) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades         tamente de fundamento y que no existe una alternativa
    Europeas de 5 de octubre de 1995, publicada en DO C 315 de             adecuada a la intervención de la Comisión.
    25.11.95, p. 14.
                                                                           La demandante invoca también varios motivos de anulación
                                                                           de carácter procedimental y administrativo, relativos al razona-
                                                                           miento inadecuado y a la violación de las expectativas legítimas
                                                                           de la demandante que supuestamente resultaron de un escrito
Recurso interpuesto el 24 de diciembre de 2003 contra la                   enviado el 7 de junio de 2000 por tres Comisarios a España y
Comisión de las Comunidades Europeas por Gibtelecom                        al Reino Unido, en el que pedían a ambos países, entre otras
                              Limited                                      cosas, que encontrasen una solución a la denuncia sobre el
                                                                           «roaming». La demandante afirma igualmente, en el marco del
                                                                           mismo motivo, que la Comisión no actuó de manera imparcial
                       (Asunto T-433/03)
                                                                           y que violó el principio que le exige actuar en un plazo
                                                                           razonable.
                          (2004/C 59/46)
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 24 de diciembre de 2003 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,                    Recurso presentado el 24 de diciembre de 2003 por
formulado por Gibtelecom Limited, con domicilio social en                  Gybtelecom Limited contra la Comisión de las Comunida-
Gibraltar, representada por el Sr. M. Lamas, Barrister, y el Sr.                                     des Europeas
B. O’Connor, Solicitor.
                                                                                (Asunto T-434/03)
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—     Anule la Decisión de la Comisión de 17 de octubre de                                          (2004/C 59/47)
      2003 por la que se archiva la denuncia presentada por
      Gibtelecom con arreglo al artículo 86 CE en relación con                              (Lengua de procedimiento: inglés)
      el artículo 82 CE.
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 24 de diciembre de 2003 un
Motivos y principales alegaciones                                          recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                           formulado por Gibtelecom Limited, con domicilio social en
Mediante la Decisión impugnada, la Comisión archivó una                    Gibraltar, representada por el Sr. Llamas, Barrister y por el
denuncia presentada por la demandante el 14 de mayo                        Sr. O’Connor, Solicitor.


title: Asunto C-222/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Pécsi Törvényszék (Hungría) el 15 de mayo de 2015 — Hőszig Kft/Alstom Power Thermal Services

text:
               27.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Pécsi Törvényszék (Hungría) el 15 de mayo de 2015 — Hőszig Kft/Alstom Power Thermal Services
   (Asunto C-222/15)
   (2015/C 245/12)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Pécsi Törvényszék

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Hőszig Kft

      Demandada: Alstom Power Thermal Services

      Cuestiones prejudiciales

               I.

               En relación con el Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (1) [en lo sucesivo, «Reglamento no 593/2008»]:

                           1)

                           ¿Puede interpretar un tribunal de un Estado miembro la expresión «de las circunstancias resulta», recogida en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 593/2008, en el sentido de que el examen de «las circunstancias que deben tomarse en consideración» a efectos de determinar si es razonable que no se haya prestado el consentimiento, con arreglo a la ley del país en que la parte tenga su residencia habitual, ha de referirse a las circunstancias de la celebración del contrato, al objeto del contrato y a la ejecución del contrato?

                                       1.1.

                                       ¿Debe interpretarse el efecto al que se refiere el artículo 10, apartado 2, derivado de la situación descrita en el anterior punto 1, en el sentido de que cuando, a raíz de la referencia [a la ley del país de residencia habitual] hecha por cualquiera de las partes, resulte de las circunstancias que deben tomarse en consideración que la prestación de consentimiento a la ley aplicable con arreglo al apartado 1 no era un efecto razonable del comportamiento de esa parte, el tribunal debe apreciar la existencia y la validez de la cláusula contractual con arreglo a la ley del país de residencia habitual de la parte que hizo tal referencia?

                           2)

                           ¿Puede el tribunal de ese Estado miembro interpretar lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 593/2008 en el sentido de que el tribunal puede apreciar discrecionalmente —habida cuenta del conjunto de circunstancias que concurren en el caso— si, en atención a las circunstancias que deben tomarse en consideración, la prestación de consentimiento a la ley aplicable con arreglo al artículo 10, apartado 1, no era un efecto razonable del comportamiento de la parte?

                           3)

                           En el supuesto de que —con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 593/2008— cualquiera de las partes se refiera a la ley del país en que tenga su residencia habitual para establecer que no ha dado su consentimiento, ¿debe el tribunal de un Estado miembro tomar en consideración la ley del país de residencia habitual de dicha parte en el sentido de que, en virtud de la ley de ese país, debido a las mencionadas «circunstancias», el consentimiento de esa parte a la ley designada en el contrato no era un comportamiento razonable?

                                       3.1.

                                       En ese supuesto, ¿es contraria al Derecho comunitario la interpretación del tribunal de un Estado miembro con arreglo a la cual el examen de las «circunstancias» a efectos de determinar si es razonable que no se haya prestado el consentimiento se refiere a las circunstancias de la celebración del contrato, al objeto del contrato y a la ejecución del contrato?

               II.

               En relación con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I) (2) [en lo sucesivo, «Reglamento no 44/2001»]:

                           1)

                           ¿Es contraria a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 44/2001 la interpretación de un tribunal de un Estado miembro con arreglo a la cual es necesaria la designación de un tribunal preciso, o —habida cuenta de lo establecido en el considerando 14 de dicho Reglamento— es suficiente que de la redacción se deduzca inequívocamente la voluntad o la intención de las partes?

                                       1.1

                                       ¿Es compatible con lo establecido en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 44/2001 la interpretación del tribunal de un Estado miembro con arreglo a la cual una cláusula atributiva de competencia, incluida en las condiciones generales de contratación de una de las partes, en virtud de la cual las partes estipularon que los litigios surgidos o relacionados con la validez, la ejecución o la terminación de la orden de pedido que no pudieran solucionarse amistosamente entre las partes quedarán sometidos a la jurisdicción exclusiva y definitiva de los tribunales de una ciudad de un determinado Estado miembro —concretamente, los tribunales de París— es suficientemente precisa, por deducirse inequívocamente de su redacción —habida cuenta de lo establecido en el considerando 14 de dicho Reglamento— la voluntad o la intención de las partes en relación con el Estado miembro designado?

      (1)  DO L 177, p. 6.

      (2)  DO L 12, p. 1.


title: Asunto T-18/00: Recurso interpuesto el 20 de enero de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Serena Angioli y otros

text:
C 79/40                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      18.3.2000
    establece el acontecimiento externo al organismo del                (BEI), de 31 de enero de 1997, por la que el demandante fue
    demandante y repentino, violento o anormal, a saber, la             separado del servicio, y condenó al BEI a pagar al demandante
    infección con el virus VIH en 1995. Las consideraciones            las cantidades correspondientes a las retribuciones que habrı́a
    de la Comisión en cuanto a la prueba de la causa precisa           debido percibir desde su despido. El BEI interpuso ante el
    de dicha infección iban más allá de sus competencias             Tribunal de Justicia un recurso de casación contra esta
    puesto que se trataba de cuestiones jurı́dicas.                     sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pero no consideró
                                                                        oportuno, aunque hubiera podido hacerlo, presentar una
b) El error de Derecho acerca de los requisitos de un accidente:        demanda sobre medidas provisionales destinada a obtener la
    La Comisión médica y la Administración consideraron que           suspensión de la ejecución de la referida sentencia.
    el concepto de accidente, en el sentido de los artı́culos 73
    del Estatuto y 2 de la Reglamentación, requiere que el             No obstante lo cual, el BEI no dio curso favorable a las
    acontecimiento no sea el resultado de un riesgo libremente          solicitudes de ejecución de la sentencia que le formuló el
    asumido, o también que no sea imprevisible, o que no                demandante; por lo demás, en su recurso de casación dio
    tenga carácter negligente o doloso, mientras que tales             claramente a entender que no se consideraba en modo alguno
    requisitos no resultan del texto del artı́culo 2 de la              obligado a ejecutar la sentencia del Tribunal de Primera
    Reglamentación que define el concepto de accidente, sino           Instancia. Ası́ pues, el BEI se ha arrogado una facultad que
    de los artı́culos 4 y 7, que contemplan los casos excluidos         ninguna norma le atribuye, a saber, la facultad de pronunciarse
    de la cobertura.                                                    sobre la oportunidad de la ejecución de una resolución judicial,
                                                                        y ello sin tener en cuenta los intereses en juego, especialmente
c) El error manifiesto de apreciación, en la medida en que se          el perjuicio sufrido por el demandante.
    cumplı́an todos los requisitos del accidente previstos en el
    artı́culo 2 de la Reglamentación.                                  El demandante afirma que la inejecución de la sentencia del
                                                                        Tribunal de Primera Instancia constituye, por parte del BEI, un
                                                                        incumplimiento grave de las obligaciones que le incumben y
                                                                        una desviación de poder, y que esta actitud del BEI ocasiona al
                                                                        demandante un daño moral de enorme importancia y carácter
                                                                        irreversible, en la medida en que tal actitud puede hacer que
                                                                        surjan dudas acerca de su capacidad e integridad profesionales.
Recurso interpuesto el 18 de enero de 2000 contra el
    Banco Europeo de Inversiones por Michel Hautem
                        (Asunto T-11/00)
                          (2000/C 79/83)                                Recurso interpuesto el 20 de enero de 2000 contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por Serena
                                                                                Angioli y otros
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Asunto T-18/00)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 18 de enero de 2000 un recurso                                      (2000/C 79/84)
contra el Banco Europeo de Inversiones formulado por el
Sr. Michel Hautem, con domicilio en Schouweiler (Gran                                    (Lengua de procedimiento: francés)
Ducado de Luxemburgo), representado por Mes Michel Karp y
Joëlle Choucroun, Abogados de Luxemburgo, 84, Grand-rue.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 20 de enero de 2000 un recurso
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:            contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                        por Serena Angioli, Claudia Delloye-Lemoine, Ann Perks,
— Condene al Banco a que, en concepto del daño moral                   Geneviève Courtay y Claude Gaspart, con domicilio en Bruse-
    ocasionado por su pasividad en la ejecución de la sentencia        las, representados por Me Eric Boigelot, Abogado de Bruselas,
    del TPI, de 28 de septiembre de 1999, o incluso por su              que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
    voluntad de no llevar a cabo dicha ejecución, abone al             Me Louis Schilz, 2, rue du Fort Rheinsheim.
    demandante la cantidad de 20 000 EURO o cualquier otro
    importe, incluso superior, que determine ex aequo et bono           Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
    el Tribunal que conoce del asunto.                                  Instancia que:
— Condene en costas al Banco.                                           — Anule las decisiones del Sr. Roger Fry, Jefe de Unidad de la
                                                                             DG IX, dirigidas a la Sra. Courtay el 23 de marzo, a la
                                                                             Sra. Delloye el 18 de mayo y a los demás demandantes el
Motivos y principales alegaciones                                            31 de mayo de 1999, mediante las cuales se notificó a los
                                                                             demandantes el final de sus contratos con efectos a 30 de
El demandante indica que, en la sentencia de 28 de septiembre                junio de 1999, y la anulación de la fecha de expiración de
de 1999, dictada en el asunto T-140/97, el Tribunal de Primera               los contratos de cada uno de ellos, fijada el 30 de junio de
Instancia anuló la decisión del Banco Europeo de Inversiones               1999;
 ---pagebreak--- 18.3.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 79/41
— anule, si fuera necesario, la calificación jurı́dica dada al          — Condene a la parte demandada a abonarle una indemniza-
    contrato de los demandantes, en la medida en que en                       ción de daños y perjuicios como reparación de los
    realidad se trata, para cada uno de ellos de una renovación,             perjuicios material y moral que se le han irrogado,
    por duración indeterminada, de un contrato celebrado con                 indemnización cuyo importe deberá ser evaluado por el
    arreglo al artı́culo 2, a) del Régimen aplicable a otros                  Tribunal de Primera instancia.
    agentes de las Comunidades Europeas, por aplicación del
    artı́culo 8, último párrafo, de dicho Régimen;                     — Condene en costas a la parte demandada.
— anule la decisión de desestimación expresa de las reclama-
    ciones formuladas por los demandantes;
                                                                         Motivos y principales alegaciones
— condene en costas a la parte demandada.
                                                                         El demandante alega, en primer lugar, que la decisión impug-
                                                                         nada adolece de una falta total de motivación, lo cual
Motivos y principales alegaciones                                        constituye una infracción del artı́culo 25, párrafo segundo, del
                                                                         Estatuto de los Funcionarios.
Los motivos y las principales alegaciones coinciden con los
expuestos por los demandantes en el asunto T-137/99 (1).                 El demandante invoca, además, la violación del principio
                                                                         patere legem quam ipse fecisti, en la medida en que la decisión
(1) DO C 246, de 28.8.1999, p. 38.                                       impugnada no respeta las normas que se impuso a sı́ mismo el
                                                                         Director del CEDEFOP en su decisión de 12 de noviembre de
                                                                         1992, por la que se dictan las disposiciones y se establecen los
                                                                         criterios para la promoción de los agentes del Centro.
Recurso interpuesto el 24 de enero de 2000 contra el
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
          Profesional (CEDEFOP) por David Crabbe
                         (Asunto T-21/00)                                Recurso interpuesto el 27 de enero de 2000 por «A»
                                                                                contra Comisión de las Comunidades Europeas
                          (2000/C 79/85)
                                                                                (Asunto T-23/00)
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (2000/C 79/86)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 24 de enero de 2000 un recurso
contra el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación                              (Lengua de procedimiento: francés)
Profesional (CEDEFOP) formulado por el Sr. David Crabbe,
con domicilio en Perea-Salónica (Grecia), representado por              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Me Marc-Albert Lucas, Abogado de Lieja (Bélgica), que designa            Europeas se ha presentado el 27 de enero de 2000 un recurso
como domicilio en Luxemburgo el despacho de Thewes y                     contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Reuter, 33, rue des Capucins.                                            por «A», con domicilio en Saint-Hubert (Bélgica), representado
                                                                         por Me Lucas Vogel, Abogado de Bruselas, que designa como
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            domicilio en Luxemburgo, el despacho de Me Christian Kre-
que:                                                                     mer, 6, rue Heinrich Heine.
— Anule la decisión del Director del Cedefop de no promo-
    verle al grado A5 o LA5 en virtud del ejercicio de                   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
    promoción 1998, resultante de su nota de 12 de mayo de
    1999 por la que se publicó la lista de los funcionarios             — Anule la decisión expresa, adoptada el 4 de noviembre de
    promovidos.                                                               1999 (y notificada el 28 de octubre de 1999), por la que
                                                                              se deniega la reclamación presentada por el demandante,
— Anule la decisión presunta del Director del Cedefop por la                 el 22 de julio de 1999, ante la Autoridad Facultada para
    que se denegó su reclamación administrativa presentada el               Proceder a los Nombramientos, y mediante la cual se
    14 de junio de 1999 contra esta primera decisión, que se                 impugnaba la decisión adoptada por la AFPN el 23 de abril
    reputa adoptada el 14 de octubre de 1999 con arreglo al                   de 1999 por la que se impone al demandante una sanción
    artı́culo 90, apartado 2, párrafo segundo, del Estatuto, al              de separación del servicio, sin reducción o supresión del
    no haber recibido respuesta a dicha reclamación en el                    derecho a su pensión de jubilación.
    plazo de cuatro meses contados a partir del dı́a de su
    presentación.                                                       — Condene en costas a la parte demandada.


title: Asunto T-248/10: Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre de 2013 — Italia/Comisión ( «Régimen lingüístico — Convocatoria de oposición general para la contratación de administradores — Elección de la segunda lengua entre tres lenguas — Reglamento n ° 1 — Artículo 1 quinquies, apartado 1, artículo 27, párrafo primero, y artículo 28, letra f), del Estatuto — Artículo 1, apartado 1, letra f), del anexo III del Estatuto — Obligación de motivación — Principio de no discriminación» )

text:
               30.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 352/11

         Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre de 2013 — Italia/Comisión
   (Asunto T-248/10) (1)

   (Régimen lingüístico - Convocatoria de oposición general para la contratación de administradores - Elección de la segunda lengua entre tres lenguas - Reglamento no 1 - Artículo 1 quinquies, apartado 1, artículo 27, párrafo primero, y artículo 28, letra f), del Estatuto - Artículo 1, apartado 1, letra f), del anexo III del Estatuto - Obligación de motivación - Principio de no discriminación)
   2013/C 352/19
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistido por P. Gentili, avvocato dello Stato)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente J. Currall, J. Baquero Cruz y B. Eggers, posteriormente J. Currall y G. Gattinara, agents)

      Objeto

   Anulación de la convocatoria de oposición general EPSO/AD/177/10, para la constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores (AD 5) en los ámbitos de Administración Pública Europea, Derecho, Economía, Auditoría y Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) (DO 2010, C 64 A, p. 1).

      Fallo

               1)

               Anular la convocatoria de oposición general EPSO/AD/177/10, para la constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores (AD 5) en los ámbitos de Administración Pública Europea, Derecho, Economía, Auditoría y Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).

               2)

               Condenar a la Comisión Europea a cargar con las costas en que haya incurrido la República Italiana.

      (1)  DO C 209, de 31.7.2010.


title: Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 106 de 30.4.2004

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/54

         (2004/C 118/118)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el
         Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 106 de 30.4.2004

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 94 de 17.4.2004

      DO C 85 de 3.4.2004

      DO C 71 de 20.3.2004

      DO C 59 de 6.3.2004

      DO C 47 de 21.2.2004

      DO C 35 de 7.2.2004

   Estos textos se encuentran disponibles en:

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               CELEX:http://europa.eu.int/celex


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de julio de 2001 en el asunto C-256/99 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Crown Office)]: The Queen contra Secretary of State for the Home Department ("Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Cuestión idéntica a una cuestión sobre la que el Tribunal de Justicia ya ha resuelto")

text:
13.10.2001               ES                          Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 289/5
      2001/246/CE de la Comisión, de 27 de marzo de 2001, por                      primaria y en otros servicios de urgencias extrahospitalarias en
      la que se establecen las condiciones para el control y la                     el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia no está
      erradicación de la fiebre aftosa en los Paı́ses Bajos en aplicación         comprendida dentro del ámbito de aplicación de las excepciones
      del artı́culo 13 de la Directiva 85/511, en su versión                       o exclusiones previstas en el artı́culo 2 de la Directiva
      modificada por la Decisión 2001/279/CE de la Comisión, de                   89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a
      5 de abril de 2001.                                                           la aplicación de medidas para promover la mejora de la
                                                                                seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. Por el
(1) DO C 173 de 16.6.2001.                                                          contrario, tal actividad puede estar comprendida en las excepcio-
                                                                                nes previstas en el artı́culo 17 de la Directiva 93/104, en la
                                                                                medida en que se cumplan los requisitos establecidos por dicha
                                                                                disposición.
                                                                              3)    El tiempo de atención continuada en régimen de presencia fı́sica
             AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          del personal médico y de enfermerı́a que presta servicios por
                                                                                cuenta del Servicio Galego de Saúde en los puntos de atención
                              (Sala Sexta)                                          continuada, en los equipos de atención primaria y en otros
                                                                                servicios de urgencias extrahospitalarias debe considerarse
                        de 3 de julio de 2001                                       tiempo de trabajo en su totalidad y, en su caso, horas
                                                                                extraordinarias en el sentido de la Directiva 93/104.
en el asunto C-241/99 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia):
Confederación Intersindical Galega (CIG) contra Servicio                     (1) DO C 246 de 28.8.1999.
                   Galego de Saúde (SERGAS) (1)
(«Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
— Polı́tica social —Protección de la seguridad y de la salud
de los trabajadores — Directivas 89/391/CEE y 93/104/CE
— Ámbito de aplicación — Personal de servicios de atención
primaria — Duración media del trabajo — Inclusión del                                    AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                  tiempo de atención continuada»)
                                                                                (Sala Primera)
                            (2001/C 289/08)
                                                                                de 12 de julio de 2001
                   (Lengua de procedimiento: español)
                                                                              en el asunto C-256/99 [petición de decisión prejudicial
En el asunto C-241/99, que tiene por objeto una petición                     planteada por la High Court of Justice (Crown Office)]:
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,            The Queen contra Secretary of State for the Home
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (España),                                                Department (1)
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
jurisdiccional entre Confederación Intersindical Galega (CIG) y
Servicio Galego de Saúde (SERGAS), una decisión prejudicial                 («Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
sobre la interpretación de las Directivas 89/391/CEE del                     — Cuestión idéntica a una cuestión sobre la que el Tribunal
Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de                                       de Justicia ya ha resuelto»)
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
de los trabajadores en el trabajo (DO L 183, p. 1), y                                                    (2001/C 289/09)
93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa
a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de                                           (Lengua de procedimiento: inglés)
trabajo (DO L 307, p. 18), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),
integrado por los Sres, C. Gulmann, Presidente de Sala,                       (Traducción provisional; la traducción definitiva será publicada en la
V. Skouris y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric y el Sr. J.N. Cunha                 «Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Rodrigues (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano;
Secretario: ;Sr. R. Grass, ha dictado el 3 de julio de 2001 un                En el asunto C-256/99, que tiene por objeto una petición
auto resolviendo lo siguiente:                                                dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
1)    Una actividad como la del personal médico y de enfermerı́a que          por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench
      presta servicios por cuenta del Servicio Galego de Saúde en            Division (Crovvn Office) (Reino Unido), destinada a obtener,
      los puntos de atención continuada, en los equipos de atención         en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
      primaria y en otros servicios de urgencias extrahospitalarias en el     The Queen y Secretary of State for the Home Department, ex
      territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia está compren-          parte: Cheung Chiu Hung, en presencia de: Justice, una decisión
      dida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 93/104/CE        prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 8 y 8 A del
      del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determina-          Tratado CE (actualmente artı́culos 17 CE y 18 CE, tras su
      dos aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.                   modificación), ası́ como sobre la interpretación de la Declara-
                                                                              ción del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
2)    Una actividad como la del personal médico y de enfermerı́a que          del Norte sobre la definición del término «nacionales», anexa al
      presta servicios por cuenta del Servicio Galego de Saúde en los        Acta Final del Tratado relativo a la adhesión a las Comunidades
      puntos de atención continuada, en los equipos de atención             Europeas del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino
 ---pagebreak--- C 289/6                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        13.10.2001
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO 1972, L 73,                  SpA, con domicilio social en Termoli (Italia), y Società
p. 196), de la nueva Declaración del Gobierno del Reino Unido              Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR), con domicilio
y de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte sobre la definición              social en Cesena (Italia), representadas por el Sr. B. O’Connor,
del término «nacionales» (DO 1983, C 23, p. 1) y de la                      Solicitor, y el Sr. Ivano Vigliotti, avvocato, que tiene por objeto
Declaración no 2 relativa a la nacionalidad de un Estado                   un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del
miembro, anexa al Acta Final del Tratado de la Unión Europea               Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
(DO 1992, C 191, p. 98), el Tribunal de Justicia (Sala Primera),            (Sala Primera) de 8 de julio de 1999, Eridania y otros/Consejo
integrado por los Sres: M. Wathelet, Presidente de Sala; P. Jann            (T-158/95, Rec. p. II-2219), por el que: se solicita que se anule
y L. Sevón (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger;               dicha sentencia, y en el que las otras partes en el procedimiento
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 12 de julio de 2001 un              son: Consejo de la Unión Europea (agentes: Sres. I. Dı́ez Parra
auto resolviendo lo siguiente:                                              y J.-P. Hix), Comisión de las Comunidades Europeas (agente:
                                                                            Sr. F.P. Ruggeri Laderchi) y Ponteco Zuccheri SpA, con
Para determinar si una persona tiene la condición de nacional del          domicilio social en Pontelagoscuro (Italia), el Tribunal de
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con arreglo al             Justicia (Sala Segunda), integrado por los Sres. V. Skouris,
Derecho comunitario, procede referirse a la Declaración de 1982 del        Presidente de Sala, y R. Schintgen y la Sra. N. Colneric
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,              (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:
relativa a la definición del término «nacionales», que sustituyó a la     Sr. R. Grass, ha dictado el 28 de junio de 2001 un auto
Declaración de 1972 del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña          resolviendo lo siguiente:
e Irlanda del Norte sobre la definición del término «nacionales»,
anexa al Acta final del Tratado relativo a la Adhesión a las               1)    Se desestima el recurso de casación.
Comunidades Europeas del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.                           2)    Se condena a Eridania SpA, Industria Saccarifera Italiana
                                                                                Agroindustriale SpA (ISI), Sadam Zuccherifici, divisione della
                                                                                SECI — Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam
(1) DO C 246 de 28.8.1999.                                                        Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del
                                                                                Molise SpA y Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA
                                                                                (SFIR) a cargar solidariamente con las costas.
                                                                            3)    La Comisión cargará con sus propias costas.
             AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  (1) DO C 352, de 4.12.1999.
                            (Sala Segunda)
                      de 28 de junio de 2001
en el asunto C-351/99 P: Eridania SpA y otros contra                                    AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
            Consejo de la Unión Europea y otros (1)
                                                                                (Sala Segunda)
(«Recurso de casación — Organización común de mercados
en el sector del azúcar — Régimen de los gastos de                                               de 28 de junio de 2001
almacenamiento — Autorización para la concesión de una
ayuda nacional — Supresión — Campaña de comercializa-
ción 1995/1996 — Recurso de productores de azúcar —                       en el asunto C-352/99 P: Eridania SpA y otros contra
Actos que les afectan directa e individualmente — Disposi-                             Consejo de la Unión Europea y otros (1)
ción que fija la cuantı́a de devolución por la compensación de
los gastos de almacenamiento del azúcar — Inadmisibilidad»)                («Recurso de casación — Organización común de mercados
                                                                            en el sector del azúcar — Régimen de precios — Regionaliza-
                           (2001/C 289/10)                                  ción — Clasificación de Italia — Campaña de comercializa-
                                                                            ción 1995/1996 — Recurso de productores de azúcar —
                                                                            Actos que les afectan directa e individualmente — Disposi-
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                            ción que fija el precio de intervención derivado del azúcar
                                                                              blanco para todas las zonas de Italia — Inadmisibilidad»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (2001/C 289/11)
En el asunto C-351/99 P, Eridania SpA, anteriormente Eridania
Succherifici Nazionali SpA, con domicilio social en Génova                                   (Lengua de procedimiento: italiano)
(Italia), Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI),
con domicilio social en Padua (Italia), Sadam Zuccherifici,                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
divisione della SECI — Società Esercizi Commerciali Industriali                  «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
SpA, con domicilio social en Bolonia (Italia), Sadam Castiglio-
nese SpA, con domicilio social en Bolonia, Sadam Abruzzo                    En el asunto C-352/99 P, Eridania SpA, anteriormente Eridania
SpA, con domicilio social en Bolonia, Zuccherificio del Molise              Zuccherifici Nazionali SpA, con domicilio social en Génova


title: Sentencia del Tribunal, de 25 de abril de 2012 , en el asunto E-13/11 — Granville Establishment/Volker Anhalt, Melanie Anhalt y Jasmin Barbaro, nacida Anhalt (Acuerdos de jurisdicción — Libertad para suministrar y recibir servicios — Discriminación por nacionalidad — Justificación — Remedios en caso de falta de conformidad con la legislación EEE)

text:
               29.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 369/12

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 25 de abril de 2012
   en el asunto E-13/11
   Granville Establishment/Volker Anhalt, Melanie Anhalt y Jasmin Barbaro, nacida Anhalt
   (Acuerdos de jurisdicción — Libertad para suministrar y recibir servicios — Discriminación por nacionalidad — Justificación — Remedios en caso de falta de conformidad con la legislación EEE)
   2012/C 369/10
   En el asunto E-13/11, Granville Establishment/Volker Anhalt, Melanie Anhalt y Jasmin Barbaro, nacida Anhalt — PETICIÓN dirigida al Tribunal en virtud del artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia por el Fürstliches Obergericht (Tribunal de Justicia del Principado), Liechtenstein, referente a la interpretación de los artículos 4 y 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Tribunal, compuesto por Carl Baudenbacher, Presidente, Per Christiansen y Páll Hreinsson (Juez ponente), Jueces, dictó sentencia el 25 de abril de 2012, cuya parte dispositiva es la siguiente:

               —

               El artículo 36 EEE se opone a una disposición nacional, como la sección 53a(1) de la Ley de Jurisdicción, que concede solo a los nacionales el derecho a no ser demandados en el extranjero en virtud de un convenio jurisdiccional, si ese convenio no se ha registrado públicamente.

               —

               Corresponde al tribunal nacional, en la medida de lo posible, interpretar y aplicar las disposiciones nacionales pertinentes de manera que sea posible remediar debidamente las consecuencias de la infracción de la legislación EEE. En ese contexto, corresponde al tribunal nacional determinar si las disposiciones de la Ley de Jurisdicción o cualesquiera otras disposiciones nacionales pueden aplicarse a efectos de una interpretación de conformidad con la legislación EEE.


title: Asunto T-192/03: Recurso interpuesto el 3 de junio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Atlantean Limited

text:
C 184/48               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                2.8.2003
Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2003 contra la                       precisamente los que llevaron al Tribunal de Primera Instancia
Comisión de las Comunidades Europeas por Alexandre                        a anular el nombramiento anterior del mismo candidato en ese
                            Tilgenkamp                                    mismo puesto (1). A su juicio, la existencia de indicios obje-
                                                                          tivos, pertinentes y coherentes pone de relieve que los actos
                        (Asunto T-191/03)                                 controvertidos se adoptaron para alcanzar un fin distinto al de
                                                                          ejecutar de buena fe la sentencia de 9 de julio de 2002.
                         (2003/C 184/103)
                                                                          (1) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2002,
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                              Tilgenkamp/Comisión (T-158/01, aún no publicada en la Recopila-
                                                                              ción).
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 26 de mayo de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Alexandre Tilgenkamp, con domicilio en Overijse (Bélgica),
representado por el Sr. Eric Boigelot, abogado.
                                                                          Recurso interpuesto el 3 de junio de 2003 contra la
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:              Comisión de las Comunidades Europeas por Atlantean
                                                                                Limited
—     Anule la decisión de la Autoridad Facultada para Proceder
      a los Nombramientos (AFPN) de 24 de julio de 2002 de                                         (Asunto T-192/03)
      publicar la convocatoria para proveer plaza vacante COM/
      125/02 para el puesto de Director General adjunto de la                                       (2003/C 184/104)
      DG AGRI.
—     Anule la decisión de la AFNP de 19 de noviembre                                        (Lengua de procedimiento: inglés)
      de 2002 por la que se nombra a otro candidato para
      dicha vacante.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—     Anule la decisión de la AFNP de 27 de noviembre                     Europeas se ha presentado el 3 de junio de 2003 un recurso
      de 2002 de no seleccionar la candidatura de la deman-               contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
      dante para dicho puesto.                                            por Atlantean Limited, Donegal (Irlanda), representada por los
—     Condene a la Comisión a pagar al demandante, con                    Sres. A. Hussey, Solicitor, G. Hogen, Senior Counsel, y
      carácter provisional, la cantidad de un euro a cuenta del           E. Regan, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo.
      importe que se determine posteriormente por el daño
      moral sufrido, así como una cantidad calculada ex aequo             La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
      et bono en concepto de indemnización por el daño moral              que:
      sufrido y por el perjuicio irrogado a su carrera, equiva-
      lente a la mitad del importe que se determine finalmente            —      Anule la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de
      en concepto de perjuicio material.                                         4 de abril de 2003, en la medida en que desestima la
                                                                                solicitud de Irlanda, en relación con la nave MFV Atlan-
—     En cualquier caso, condene en costas a la Comisión.                        tean, de aumentar los objetivos de capacidad POP (IV) por
                                                                                razones de seguridad, navegación marítima, higiene,
                                                                                calidad de los productos y condiciones laborales que
Motivos y principales alegaciones                                                afectan a los buques de más de 12 metros de eslora,
                                                                                como se establece en el anexo 2 de la Decisión mencio-
                                                                                nada.
El demandante en el presente asunto impugna el rechazo de su
candidatura para el puesto de Director General adjunto de la              —      Condene en costas a la Comisión.
DG AGRI (convocatoria COM/125/02) y el nombramiento de
otro candidato en ese mismo puesto.
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega la infrac-              Motivos y principales alegaciones
ción de los artículos 7, 25, párrafo segundo, 27, párrafo
tercero, 29, apartado 1, letra a), y 45, apartado 1, del Estatuto         La demandante sustituyó su buque de pesca por uno nuevo, el
así como de las normas de conducta adoptadas el                           MFV Atlantean. Encargó el buque en 1997 y lo recibió en
18 de septiembre de 1999 para el nombramiento en cargos                   1999. Incorporaba mejoras de seguridad que dieron lugar a un
de grado A 1 y A 2; alega asimismo irregularidades en el                  aumento de la capacidad del tonelaje bruto. La demandante se
procedimiento de nombramiento, que hubo desviación de                     basaba a este respecto en el artículo 4, apartado 2, de la
poder, y que no se observaron los principios generales del                Decisión del Consejo 97/413/CEE (1), de 26 de junio de 1997,
Derecho como el principio de legalidad (infracción de la                  relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el
convocatoria) o el de protección de la confianza legítima.                sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el
                                                                          31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio
En particular, el demandante alega que el nombramiento del                sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos.
candidato que resultó finalmente seleccionado, que ya había               Dicho precepto establece que los aumentos de la capacidad
sido nombrado anteriormente, estaba decidido desde el prin-               resultantes exclusivamente de las mejoras de seguridad justifi-
cipio y que todo se organizó para nombrarlo de nuevo,                     carán individualmente un aumento del mismo nivel de los
incluida la publicación de una convocatoria particularmente               objetivos para segmentos de flota que no aumenten el esfuerzo
escueta, despojada de sus elementos esenciales, que fueron                de pesca que ejerzan los buques de que se trate.
 ---pagebreak--- 2.8.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                         C 184/49
Irlanda presentó la solicitud de aumento de la capacidad a la             —     Condene a la Comisión a pagar al demandante un euro
Comisión de las Comunidades Europeas, que la desestimó en la                    como indemnización simbólica del daño sufrido.
Decisión impugnada.
                                                                          —     Condene en costas a la demandada.
En apoyo del presente recurso la demandante alega que la
Comisión incurrió en un error de hecho y de Derecho. A su
juicio, el aumento de la capacidad cumple lo dispuesto en el
artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CEE             Motivos y principales alegaciones
y, por tanto, puede ser autorizado.
                                                                          En apoyo de su recurso, el demandante invoca una violación
Por otra parte, afirma que la Comisión violó el principio de              de la obligación de motivación, en la medida en que, al decidir
seguridad jurídica, la confianza legítima de la demandante y el           la calificación del demandante correspondiente al período
principio de irretroactividad. En su opinión, la Comisión aplicó          1999-2001, el calificador de alzada no indicó las razones por
criterios que no existían en el momento en que se encargó la              las que no tomó en consideración la opinión de las personas
sustitución del buque o en el momento en que se presentó la               consultadas ni las condiciones de trabajo difíciles. Tampoco
solicitud de aumento de la capacidad ante la Comisión.                    justificó los motivos exactos por los que su apreciación general
                                                                          era menos favorable que la que figuraba en el informe de
                                                                          calificación aprobado antes de consultar al Comité paritario de
Además, añade que la Comisión consideró la naturaleza de las
                                                                          calificación.
solicitudes de aumento previamente a adoptar los criterios
mencionados y que aplicó criterios discriminatorios en relación
con la demandante. Según ella, la excepción relativa a los                Asimismo, el demandante invoca el perjuicio moral sufrido por
buques perdidos en la mar y que permite un aumento de                     la aprobación tardía de su informe de calificación.
tonelaje con respecto a estos nuevos buques constituye una
discriminación injustificada.
También imputa a la Comisión haber violado el principio de
proporcionalidad, no haber expuesto motivos adecuados o
suficientes y haber denegado a la demandante su derecho a
ser oída.
                                                                          Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2003 por Il Ponte
                                                                          Finanziaria S.p.A. contra la Oficina de Armonización del
(1) DO L 175, p. 27.                                                              Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
                                                                                (Asunto T-194/03)
                                                                                (2003/C 184/106)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
Recurso interpuesto el 20 de mayo de 2003 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Giuseppe Piro
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                        (Asunto T-193/03)                                 Europeas se ha presentado el 30 de mayo de 2003 un recurso
                                                                          contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                          formulado por Il Ponte Finanziaria S.p.A., representada y
                         (2003/C 184/105)                                 defendida por el Profesor Pier Luigi Roncaglia y las Sras.
                                                                          Angelica Torrigiani Malaspina y Maria Boletto, abogados.
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          La otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso era:
                                                                          Marine Enterprise Projects Società Unipersonale di Alberto
                                                                          Fiorenzi S.r.l.
En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el
20 de mayo de 2003 un recurso contra la Comisión de las
Comunidades Europeas formulado por Giuseppe Piro, con                     La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
domicilio en Wezembeek Oppem (Bélgica), representado por                  que:
los Sres. Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis y
Étienne Marchal, abogados, que designan domicilio en Luxem-               —     Anule la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la
burgo.                                                                          Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
                                                                                dibujos y modelos) (OAMI), de 17 de marzo de 2003,
                                                                                dictada en el procedimiento R 1015/2001-4.
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                          —     Ordene a la OAMI que desestime la solicitud de marca
—     Anule la Decisión por la que se establece el informe de                   comunitaria no 940007 BAINBRIDGE (figurativa).
      calificación definitivo correspondiente al período de refe-
      rencia 1997-1999.                                                   —     Condene en costas a la OAMI.


title: Asunto C-268/02: Recurso interpuesto el 23 de julio de 2002 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
14.9.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 219/7
6)    ¿Qué tipos de uso pueden considerarse y, en particular,          Motivos y principales alegaciones:
      es necesario demostrar que la marca ha sido usada en el
      comercio en el Estado miembro de que se trate y, más
      concretamente, sería suficiente la importación en dicho          El artículo 249 CE, según el cual la directiva obligará al
      Estado miembro por un único cliente?                             Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
                                                                       conseguirse, implica la obligación de los Estados miembros de
                                                                       respetar los plazos para la adaptación de su Derecho interno a
7)    ¿Es necesario excluir, a este respecto, un uso posterior a       las disposiciones de la Directiva. Dicho plazo venció el 24 de
      la presentación de la solicitud de caducidad incluso a           octubre de 1998 sin que la República Italiana hubiese adoptado
      efectos de comprobar si hubo un uso efectivo de la marca         las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a las
      durante el período pertinente?                                   disposiciones contenidas en el artículo 5 de la Directiva
                                                                       mencionada en las pretensiones de la Comisión.
                                                                       (1 ) DO L 24, de 30.1.1998, p. 1.
( 1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
                                                                       Recurso interpuesto el 23 de julio de 2002 contra el
                                                                       Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
                                                                                (Asunto C-268/02)
Recurso interpuesto el 19 de julio de 2002 contra la
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                                           (2002/C 219/12)
                            Europeas
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                       (Asunto C-267/02)                               presentado el 23 de julio de 2002 un recurso contra el Gran
                                                                       Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
                                                                       Comunidades Europeas, representada por el Sr. D. Martin, en
                                                                       calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
                         (2002/C 219/11)
                                                                       La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                       de Justicia que:
                                                                       —     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 plido las obligaciones que le incumben en virtud de
presentado el 19 de julio de 2002 un recurso contra la                       Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998,
República Italiana formulado por la Comisión de las Comuni-                  relativa a la protección de la salud y la seguridad de los
dades Europeas, representada por los Sres. Michael Sotter y                  trabajadores contra los riesgos relacionados con los
Claudio Loggi, en calidad de agentes.                                        agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta Direc-
                                                                             tiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16
                                                                             de la Directiva 89/391/CEE), ( 1) al no haber adoptado o,
                                                                             en todo caso, al no haber comunicado, las disposiciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
                                                                             dar cumplimiento a dicha Directiva.
1.    Declare que la República Italiana ha incumplido las              —     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
      obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5
      y 15 de la Directiva 1997/66/CE del Parlamento Europeo
      y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al
      tratamiento de los datos personales y a la protección de         Motivos y principales alegaciones
      la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, ( 1) al
      no haber adoptado dentro del plazo señalado, o al no            El plazo para adaptar el Derecho interno a dicha Directiva
      haber comunicado, las disposiciones legales, reglamenta-         venció el 5 de mayo de 2001.
      rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento
      al artículo 5 de dicha Directiva.
                                                                       (1 ) DO L 131, de 5.5.1998, p. 11.
2.    Condene en costas a la República Italiana.


title: Asunto T-47/02: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de junio de 2006 — Danzer/Consejo ( Derecho de sociedades — Directivas 68/151/CEE y 78/660/CEE — Publicidad de las cuentas anuales — Protección del secreto comercial — Violación de los derechos fundamentales — Base jurídica — Recurso de indemnización — Inadmisibilidad )

text:
               12.8.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/17

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de junio de 2006 — Danzer/Consejo
   (Asunto T-47/02) (1)

   («Derecho de sociedades - Directivas 68/151/CEE y 78/660/CEE - Publicidad de las cuentas anuales - Protección del secreto comercial - Violación de los derechos fundamentales - Base jurídica - Recurso de indemnización - Inadmisibilidad»)
   (2006/C 190/28)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandantes: Manfred Danzer y Hannelore Danzer (Linz, Austria) (representantes: inicialmente, J. Hintermayr, M. Krüger, F. Haunschmidt, G. Minichmayr y P. Burgstaller; posteriormente, J. Hintermayr, F. Haunschmidt, G. Minichmayr, P. Burgstaller, G. Tusek, T. Riedler y C. Hadeyer, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Giorgi Fort y M. Bauer, agentes)
   Objeto
   Por un lado, una demanda de indemnización con arreglo al artículo 288 CE, destinada a la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes como consecuencia de la obligación de publicar determinada información en las cuentas anuales de las sociedades que gestionan, derivada del artículo 2, apartado 1, letra f), de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado [CEE] [posteriormente artículo 58, párrafo segundo, del Tratado CE, y actualmente artículo 48 CE, párrafo segundo], para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 65, p. 8; EE 17/01, p. 3), y del artículo 47 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, Cuarta Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado [CEE] [posteriormente artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado CE, y actualmente artículo 44 CE, apartado 2, letra g), tras su modificación] y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222, p. 11; EE 17/01, p. 55), y, por otro lado, la solicitud de que se declare la invalidez de las disposiciones anteriormente citadas
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a los demandantes a cargar con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Consejo.

      (1)  DO C 109, de 4.5.2002.


title: Sentencia del Tribunal, de 10 de noviembre de 2014, en el asunto E-9/14 — Otto Kaufmann AG (Admisibilidad — Intercambio de información del registro de antecedentes penales de personas jurídicas — Libertad de prestación de servicios — Libertad de establecimiento — Directiva 2004/18/CE — Directiva 2006/123/CE)

text:
               4.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/6

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 10 de noviembre de 2014
   en el asunto E-9/14
   Otto Kaufmann AG
   (Admisibilidad — Intercambio de información del registro de antecedentes penales de personas jurídicas — Libertad de prestación de servicios — Libertad de establecimiento — Directiva 2004/18/CE — Directiva 2006/123/CE)
   (2015/C 183/07)
   En el asunto E-9/14, Otto Kaufmann AG – PETICIÓN dirigida al Tribunal, de acuerdo con el artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia por el Tribunal de Justicia del Principado de Liechtenstein (Fürstliches Landgericht des Fürstentums Liechtenstein) sobre la interpretación del Derecho del EEE en relación con el registro de antecedentes penales de personas jurídicas, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, Presidente; Per Christiansen (Juez Ponente) y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 10 de noviembre de 2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:
   Los artículos 31 y 36 del Acuerdo EEE no estipulan que sea obligatorio registrar los antecedentes penales de una persona jurídica. Ciertas disposiciones, como el artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE y el artículo 33 de la Directiva 2006/123/CE, pueden exigir a un Estado del Acuerdo EEE que proporcione información, previa petición de otro Estado del Acuerdo EEE, sobre los antecedentes penales que afecten a la competencia o fiabilidad profesional de las personas jurídicas. No obstante, estas Directivas permiten que el mantenimiento y la tramitación de la información oportuna se realicen conforme a la legislación nacional.


title: Asunto C-118/07: Recurso interpuesto el 27 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Finlandia

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/30

         Recurso interpuesto el 27 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Finlandia
   (Asunto C-118/07)
   (2007/C 95/57)
   Lengua de procedimiento: finés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Huttunen, H. Støvlbæk y B. Martenczuk)

      Demandada: República de Finlandia
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 307 CE, al no adoptar, de conformidad con el párrafo segundo de dicho artículo, las medidas apropiadas para eliminar las incompatibilidades referentes a las transferencias realizadas en méritos de los convenios bilaterales celebrados con la Federación Rusa (antigua Unión Soviética), Bielorrusia, China, Malasia, Sri Lanka y Uzbekistán.

               —

               Que se condene en costas a la República de Finlandia.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso tiene por objeto los convenios de inversión bilaterales que Finlandia celebró con la Federación Rusa, Bielorrusia, China, Malasia, Sri Lanka y Uzbekistán con anterioridad a su adhesión a la Unión Europea. Los convenios de que se trata contienen disposiciones sobre transferencias de capital y pagos relacionadas con inversiones. La Comisión considera que estas disposiciones de dichos convenios son incompatibles con el ordenamiento jurídico comunitario, en la medida en que, a causa de las referidas disposiciones, Finlandia no puede respetar las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias en virtud de los artículos 57, apartado 2, 59 y 60, apartado 1. Toda vez que dichos convenios se celebraron antes de que Finlandia se convirtiera en Estado miembro de la Unión Europea, está obligada a hacer todo lo necesario para eliminar las incompatibilidades existentes en los convenios, con arreglo al artículo 370 CE, párrafo segundo.