title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 2000 en el asunto C-158/97: (petición de decisión prejudicial del Staatsgerichtshof des Landes Hessen): procedimiento de control de legalidad instado por Georg Badeck y otros (Igualdad de trato entre hombres y mujeres — Empleos en la Administración — Medidas que fomentan la promoción de la mujer)

text:
C 149/10                  ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             27.5.2000
2) El artı́culo 454, apartado 3, párrafos tercero y cuarto, del             1) Se declara que la República Francesa ha incumplido las
     Reglamento no 2454/93 debe interpretarse en el sentido de que                obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
     el mecanismo de compensación que establece se aplica también                93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la
     en el caso de que el Estado miembro en el que se haya comprobado             armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado
     la infracción haya cobrado los derechos y demás gravámenes,               y el control de los explosivos con fines civiles, al no adoptar
     cuando se habı́a probado de manera satisfactoria que el lugar en             dentro del plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias
     que efectivamente se cometió la infracción se hallaba en otro              y administrativas necesarias para dar cumplimiento a los artı́culos
     Estado miembro.                                                              9 a 12 de dicha Directiva.
3) Los artı́culos 454, apartado 3, párrafo primero, y 455, apartado         2) Se condena en costas a la República Francesa.
     1, del Reglamento no 2454/93 deben interpretarse en el sentido
     de que las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que           (1) DO C 327 de 24.10.1998.
     se haya comprobado la infracción o la irregularidad no pueden
     imponer al titular del cuaderno TIR un plazo de caducidad de
     tres meses para presentar la prueba satisfactoria del lugar en el
     que efectivamente se cometió la infracción o la irregularidad. El
     plazo concedido por el artı́culo 454, apartado 3, párrafo primero,
     del Reglamento no 2454/93 para aportar la prueba del lugar en                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
     que se cometió la infracción o la irregularidad es de un año.
                                                                                de 28 de marzo de 2000
(1) DO C 312, de 10.10.1998 y DO C 20, de 23.1.1999.                         en el asunto C-158/97: (petición de decisión prejudicial
                                                                             del Staatsgerichtshof des Landes Hessen): procedimiento
                                                                             de control de legalidad instado por Georg Badeck y
                                                                                otros (1)
                                                                             (Igualdad de trato entre hombres y mujeres — Empleos en la
                                                                             Administración — Medidas que fomentan la promoción de
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                                 la mujer)
                              (Sala Quinta)                                                             (2000/C 149/17)
                      de 23 de marzo de 2000                                                    (Lengua de procedimiento: alemán)
en el asunto C-327/98: Comisión de las Comunidades                          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
             Europeas contra República Francesa (1)                               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
    («Incumplimiento de Estado — Directiva 93/15/CEE»)                       En el asunto C-158/97, que tiene por objeto una petición
                                                                             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                            (2000/C 149/16)                                  Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Staatsge-
                                                                             richtshof des Landes Hessen (Alemania), destinada a obtener,
                                                                             en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional, en el
                   (Lengua de procedimiento: francés)                        marco de un procedimiento de control de legalidad instado
                                                                             por Georg Badeck y otros, con intervención de: Hessische
                                                                             Ministerpräsident y Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la      Landes Hessen, una decisión prejudicial sobre la interpretación
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         del artı́culo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva 76/207/CEE del
                                                                             Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del
En el asunto C-327/98, Comisión de las Comunidades Euro-                    principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo
peas (Agentes: Sres. R. Wainwright y O. Couvert-Castéra)                     que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
contra República Francesa (Agentes: Sra. K. Rispal-Bellanger y              promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L
Sr. D. Wibaux), que tiene por objeto que se declare que la                   39, p. 40; EE 05/02, p. 70), el Tribunal de Justicia, integrado
República Francesa ha incumplido las obligaciones que le                    por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho
incumben en virtud del Tratado CE, al no adoptar dentro del                  de Almeida y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G. Kapteyn
plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y                  (Ponente), C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y M.
administrativas necesarias para dar cumplimiento a los artı́-                Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretario:
culos 9 a 12 y 14 de la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5                Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 28 de
de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones           marzo de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos
con fines civiles (DO L 121, p. 20), el Tribunal de Justicia (Sala           El artı́culo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva 76/207/CEE del
Quinta), integrado por los Sres. D.A.O. Edward, Presidente de                Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del
Sala; L. Sevón (Ponente), C. Gulmann, J.-P. Puissochet y P.                 principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se
Jann, Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretaria: Sra.               refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
D. Louterman-Hubeau, administradora principal, ha dictado el                 profesionales, y a las condiciones de trabajo, no se opone a una
23 de marzo de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                normativa nacional
 ---pagebreak--- 27.5.2000                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 149/11
— que en los sectores de la función pública en que las mujeres están       Genova (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
    infrarrepresentadas, en caso de igualdad de cualificación entre          dicho órgano jurisdiccional entre Vincenzo Farina y Credito
    candidatos de distinto sexo, otorga preferencia a las candidatas          Italiano Spa, una decisión prejudicial sobre la interpretación
    femeninas siempre que sea necesario para la consecución de los           de los artı́culos 85 y 86 del Tratado CE (actualmente artı́culos
    objetivos del plan de promoción de la mujer, salvo que se oponga         81 CE y 82 CE) en relación con determinadas condiciones
    a ello un motivo de rango jurı́dico superior, a condición de que         bancarias uniformes que la Associazione Bancaria Italiana
    dicha normativa garantice que las candidaturas son objeto                 impone a sus miembros para la celebración de los contratos
    de una apreciación objetiva que tenga en cuenta situaciones              relativos a la apertura de un crédito en cuenta corriente y al
    particulares de naturaleza personal de todos los candidatos,              afianzamiento general, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda),
                                                                              integrado por los Sres.: R. Schintgen, Presidente de Sala; G.
— que establece que los objetivos vinculantes del plan de promoción          Hirsch (Ponente) y M. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. D.
    de la mujer para puestos de provisión temporal pertenecientes al         Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el
    sector cientı́fico o para los auxiliares cientı́ficos deben prever un     28 de enero de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:
    porcentaje mı́nimo de personal femenino equivalente al menos a
    la proporción que las mujeres representan entre los licenciados,         1) Las condiciones bancarias uniformes, por cuanto permiten a los
    los doctorados o los estudiantes de la respectiva especialidad,                bancos, en los contratos relativos a la apertura de crédito en
                                                                                cuenta corriente, modificar en cualquier momento el tipo de
— que, en la medida en que tiene por objeto eliminar una                           interés según las variaciones producidas en el mercado monetario,
    infrarrepresentación de la mujer, reserve a las mujeres al menos              y ello a través de una comunicación expuesta en sus locales o en
    la mitad de las plazas de formación en aquellas profesiones que               la forma que consideren más adecuada, no tienen por objeto o
    requieran una formación especializada en las que las mujeres                  por efecto restringir la competencia en el sentido del artı́culo 85,
    estén infrarrepresentadas y respecto de las cuales el Estado no                apartado 1, del Tratado CE (actualmente artı́culo 81, apar-
    ejerza un monopolio de formación, salvo que, pese a la adopción              tado 1, CE).
    de medidas apropiadas para divulgar entre las mujeres la
    existencia de plazas disponibles de formación profesional, las           2) Las condiciones bancarias uniformes relativas al afianzamiento
    candidaturas femeninas fueran insuficientes,                                   general que debe garantizar la apertura de un crédito en cuenta
                                                                                corriente y por las que se establecen excepciones al Derecho
— que, en caso de igualdad de cualificación entre candidatos de                   común en materia de afianzamiento, como en los asuntos
    distinto sexo, garantiza que las mujeres cualificadas sean                     principales, no pueden, en su conjunto, afectar al comercio entre
    convocadas a entrevistas de presentación en los sectores en que               los Estados miembros en el sentido del artı́culo 85, apartado 1,
    las mujeres están infrarrepresentadas,                                        del Tratado CE.
— relativa a la composición de los órganos de representación de los        3) La aplicación de dichas condiciones bancarias uniformes no
    trabajadores y los órganos de gestión y de control, que establece            constituye una explotación abusiva de una posición dominante
    que las disposiciones legales adoptadas para su aplicación tengan             en el sentido del artı́culo 86 del Tratado CE (actualmente artı́culo
    en cuenta el objetivo de que la participación de la mujer en el               82 CE).
    seno de dichas instancias sea al menos igual.
                                                                              (1) DO C 181 de 14.6.1997.
(1) DO C 199 de 28.6.1997.
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
                            (Sala Segunda)
                                                                                de 9 de marzo de 2000
                       de 28 de enero de 2000
                                                                              en el asunto C-291/98 P: Sarrió, S.A. contra Comisión de
en el asunto C-138/97 (petición de decisión prejudicial del                                    las Comunidades Europeas (1)
Tribunale di Genova): Vincenzo Farina contra Credito
                            Italiano SpA (1)                                  («Solicitud de reapertura de la fase escrita y de apertura de
                                                                                la fase oral»)
(«Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
            — Cuestión manifiestamente idéntica»)                                                         (2000/C 149/19)
                           (2000/C 149/18)                                                       (Lengua de procedimiento: italiano)
                   (Lengua de procedimiento: italiano)                        (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-138/97, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del            En el asunto C-291/98 P, Sarrió, S.A., con domicilio social en
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Tribunale di                Barcelona (España), representada por los Sres. A. Mazzoni,


title: Asunto C-364/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság — Hungría) — Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria — Apátridas de origen palestino que han recibido efectivamente asistencia del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) — Derecho de esos apátridas al reconocimiento del estatuto de refugiado con fundamento en el artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2004/83 — Requisitos para su aplicación — Cese de esa asistencia del UNRWA «por cualquier motivo» — Prueba — Consecuencias para los interesados solicitantes de la concesión del estatuto de refugiado — Derecho «ipso facto» a los beneficios del régimen de [esa] Directiva — Reconocimiento de pleno derecho de la condición de «refugiado» en el sentido del artículo 2, letra c), de la misma Directiva y concesión del estatuto de refugiado conforme al artículo 13 de ésta]

text:
               16.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság — Hungría) — Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
   (Asunto C-364/11) (1)

   (Directiva 2004/83/CE - Normas mínimas relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria - Apátridas de origen palestino que han recibido efectivamente asistencia del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) - Derecho de esos apátridas al reconocimiento del estatuto de refugiado con fundamento en el artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2004/83 - Requisitos para su aplicación - Cese de esa asistencia del UNRWA «por cualquier motivo» - Prueba - Consecuencias para los interesados solicitantes de la concesión del estatuto de refugiado - Derecho «ipso facto» a los beneficios del régimen de [esa] Directiva - Reconocimiento de pleno derecho de la condición de «refugiado» en el sentido del artículo 2, letra c), de la misma Directiva y concesión del estatuto de refugiado conforme al artículo 13 de ésta)
   2013/C 46/14
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail

      Demandada: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

      Con intervención de: ENSZ Menekültügyi Főbiztossága

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Fővárosi Bíróság — Interpretación del artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO L 304, p. 12) — Apátrida de origen palestino que ha obtenido la protección del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) — Derecho que tiene ipso facto ese apátrida a los beneficios del régimen de la Directiva 2004/83/CE en caso de que cese la protección garantizada por dicho organismo — Requisitos para poder considerar que se ha producido el cese de la protección — Concepto de «los beneficios del régimen de la presente Directiva».

      Fallo

               1)

               El artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que el cese de la protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) «por cualquier motivo» comprende también la situación de una persona que, tras haber recibido efectivamente esa protección o asistencia, deja de obtenerla por un motivo que escapa a su propio control y es independiente de su voluntad. Corresponde a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo presentada por esa persona comprobar, basándose en una evaluación individual de la solicitud, que esa persona ha sido forzada a marchar de la zona de operación de ese órgano u organismo, lo que sucede cuando se encontraba en un estado personal de inseguridad grave y el órgano u organismo referido estaba imposibilitado para asegurarle en esa zona condiciones de vida conformes con la misión que incumbe a dicho órgano u organismo.

               2)

               El artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2004/83 debe interpretarse en el sentido de que, cuando las autoridades competentes del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo hayan determinado que se cumple la condición del cese de la protección o la asistencia del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA)] en lo que afecta al solicitante, el hecho de tener ipso facto «derecho a los beneficios del régimen de [esa] Directiva» implica el reconocimiento por ese Estado miembro de la condición de refugiado en el sentido del artículo 2, letra c), de dicha Directiva y la concesión de pleno derecho del estatuto de refugiado a ese solicitante, siempre que los apartados 1, letra b), o 2 y 3, del citado artículo 12 no sean aplicables a este último.

      (1)  DO C 347, de 26.11.2011.


title: Asunto C-159/06: Recurso interpuesto el  23 de marzo de 2006  — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Finlandia

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/33

         Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Finlandia
   (Asunto C-159/06)
   (2006/C 131/62)
   Lengua de procedimiento: sueco
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: U. Wölker, F. Simonetti y K. Nyberg)

      Demandada: República de Finlandia
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva por lo que se refiere a la provincia de Åland y, en todo caso, al no haber informado de ello a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República de Finlandia.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo de adaptación del Derecho nacional a la Directiva expiró el 21 de julio de 2004.

      (1)  DO L 197, p. 30.


title: Asunto T-161/04: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2004 por Gregorio Valero Jordana contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               26.6.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 168/12

         Recurso interpuesto el 26 de abril de 2004 por Gregorio Valero Jordana contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-161/04)
   (2004/C 168/24)
   Lengua de procedimiento: español
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades europeas se ha presentado, el 26 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por D. Gregorio Valero Jordana, con domicilio en Bruselas, representado por el letrado en ejercicio D. Massimo Merola.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               anule la decisión de 10 de febrero de 2004 por la que la Comisión Europea deniega al demandante el acceso a la lista de reserva del concurso general A7/A6 COM/A/637 y las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios en el grado A6 a partir del 5 de octubre de 1995;

               —

               condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones:
   El demandante en el presente procedimiento se opone a la decisión de la demandada por la que se le niega el acceso a la lista de reserva del concurso general A 7/A 6 COM/A/637, así como a las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios en el grado A 6, a partir del 5 de octubre de 1995.
   En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega, en primer lugar, una invocación incorrecta de la excepción recogida en el art. 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (1). Dicha excepción se refiere a la protección de la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación comunitaria de protección de datos personales. se afirma, a este respecto, que no puede considerarse que la entrega de los documentos solicitados sea perjudicial para la intimidad de las personas que figuren en los mismos, ya que la condición de funcionario público no pertenece al ámbito de la intimidad personal.
   Por otra parte, y en la medida en que las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios europeos son públicas, cabe entender igualmente infringido el art. 5, letra b), del Reglamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. (2)

   La parte demandante invoca igualmente el desconocimiento del deber de motivación y la violación del principio de buena administración.

      (1)  DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

      (2)  DO L 8 de 12.01.2001, p. 1.


title: Recurso interpuesto el 18 de febrero de 1998 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra Silena SpA (Asunto C-39/98)

text:
C 137/6               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      2.5.98
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 11 de
febrero de 1998, en el asunto entre Staatssecretaris van            Ð condene a Silena al pago de la cantidad de 15 000 ecus,
                 FinancieÈn y BGM Verkooyen                             maÂs los intereses correspondientes, equivalente a
                       (Asunto C-35/98)                                 4,17 ecus diarios durante el período comprendido
                                                                        entre el 10.5.1995 y el 31.12.1996, que ascienden a un
                         (98/C 137/11)                                  total de 2 481,15 ecus, y 2,8 ecus diarios desde el
                                                                        1.1.1997 hasta el abono;
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial                  Ð condene a Silena al pago de las costas del procedi-
mediante resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dic-                 miento.
tada el 11 de febrero de 1998, en el asunto entre Staatsse-
cretaris van FinancieÈn y BGM Verkooyen, y recibida en la           Motivos y principales alegaciones
Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de febrero de
1998.                                                               El recurso, interpuesto al amparo de una claÂusula compro-
                                                                    misoria, tiene por objeto el pago de una cantidad de
El Hoge Raad solicita al Tribunal de Justicia que se pro-           dinero que adeuda la demandada como consecuencia de la
nuncie sobre las siguientes cuestiones:                             cesión de un derecho de mercado del package tecnológico
                                                                    en el marco del contrato no 10433-94-09-TICRISPI. La
1) ¿Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 1 de la           Comisión ha decidido resolver el contrato a causa del
     Directiva 88/361/CEE del Consejo (1), en relación con          incumplimiento de la demandada. Los efectos de la resolu-
     el punto 2 de la ruÂbrica I del anexo I de esta Directiva,     ción del contrato se hallan regulados en la ley italiana.
     en el sentido de que, con arreglo al apartado 1 de su
     artículo 6, desde el 1 de julio de 1990 estaÂ prohibida
     una restricción, dimanante de una disposición de la
     normativa de un Estado miembro en materia de
     impuesto sobre la renta, que exime a los dividendos,
     en cierta medida, del impuesto sobre la renta de los           Recurso interpuesto el 18 de febrero de 1998 por la Comi-
     accionistas, pero que limita esta exención a los divi-         sión de las Comunidades Europeas contra TVR-Tecnologie
     dendos de acciones de sociedades establecidas en dicho                               Vetroresina SpA
     Estado miembro?                                                                     (Asunto C-40/98)
                                                                                (98/C 137/13)
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión,
     ¿deben interpretarse los artículos 6 y/o 52 del
     Tratado CE en el sentido de que es incompatible con            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
     ellos una disposición restrictiva como la mencionada           ha presentado el 18 de febrero de 1998 un recurso contra
     en la cuestión 1?                                              TVR-Tecnologie Vetroresina SpA, con domicilio social en
                                                                    Roma, Italia, formulado por la Comisión de las Comuni-
3) ¿Es distinta la respuesta a las anteriores cuestiones            dades Europeas, representada por el Sr. Eugenio de March,
     seguÂn que quien pretenda la aplicación de la referida         Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el
     exención sea un accionista ordinario o un trabajador           Sr. Alberto Dal Ferro, Abogado de Vicenza, que designa
     (de una sociedad filial) que tenga las acciones de que         como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
     se trata en el marco de un plan de ahorro en favor de          Gómes de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
     los trabajadores por cuenta ajena?
                                                                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(1) DO L 178 de 8.7.1988, p. 5.                                     Ð condene a la demandada a devolver la cantidad de
                                                                        211 307 ecus maÂs los intereses correspondientes desde
                                                                        el 21 de diciembre de 1991 hasta el abono equivalente
                                                                        a 69,47 ecus diarios;
Recurso interpuesto el 18 de febrero de 1998 por la Comi-           Ð condene a la demandada a pagar la cantidad de
    sión de las Comunidades Europeas contra Silena SpA                  20 000 ecus en concepto de resarcimiento de danÄos;
                       (Asunto C-39/98)
                                                                    Ð condene a la demandada al pago de las costas del pro-
                         (98/C 137/12)
                                                                        cedimiento.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se           Motivos y principales alegaciones
ha presentado el 18 de febrero de 1998 un recurso contra
Silena SpA con domicilio social en Cernusco sul Naviglio            El recurso, interpuesto al amparo de una claÂusula compro-
(MI), Italia, formulado por la Comisión de las Comunida-            misoria, tiene por objeto la devolución de unas cantidades
des Europeas, representada por el Sr. Eugenio de March,             de dinero anticipadas en el marco del contrato 3440/1/0/
Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el           1867/91/6-BCR-I(30) para la realización de un proyecto
Sr. Alberto Dal Ferro, Abogado de Vicenza, que designa              relativo al estudio de los sistemas de medida de los pro-
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos             ductos fabricados con materiales compuestos. La Comi-
Gómes de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                         sión ha decidido rescindir el contrato regulado por el


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 29 de abril de 2004, en el asunto T-308/02: SGL Carbon AG contra Comisión de las Comunidades Europeas (Práctica colusoria — Multa — Desestimación de una solicitud de facilidades de pago — Recurso de anulación — Inadmisibilidad)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/41

      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 29 de abril de 2004
   en el asunto T-308/02: SGL Carbon AG contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Práctica colusoria - Multa - Desestimación de una solicitud de facilidades de pago - Recurso de anulación - Inadmisibilidad)
   (2004/C 118/89)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-308/02, SGL Carbon AG, con domicilio en Wiesbaden (Alemania), representada por el Sr. M. Klusmann, abogado, contra la Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. G. Wilms y W. Mölls), que tiene por objeto la anulación de la Decisión de la Comisión de 24 de julio de 2002, por cuanto desestimó la solicitud de la demandante encaminada a obtener facilidades de pago de la multa que le había impuesto la Comisión en el marco de un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (COMP/E-1/36.490 — Electrodos de grafito), y fija los intereses de demora superiores al 6,04 %, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, W.W.H. Meij y J. Forwood, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 29 de abril de 2004 un auto por el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               La demandante cargará con sus propias costas y con las causadas por la Comisión.

      (1)  DO C 31 de 8.2.2003.


title: Asunto T-275/16: Recurso interpuesto el 27 de mayo de 2016 — Mubarak y otros/Consejo

text:
               25.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 270/57

         Recurso interpuesto el 27 de mayo de 2016 — Mubarak y otros/Consejo
   (Asunto T-275/16)
   (2016/C 270/64)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (El Cairo, Egipto), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (El Cairo), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (El Cairo), Khadiga Mahmoud El Gammal (El Cairo) (representantes: B. Kennelly y J. Pobjoy, Barristers, y G. Martin y M. Rushton, Solicitors)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   Los demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule en lo que a los demandantes se refiere la Decisión (PESC) 2016/411 del Consejo, de 18 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO 2016, L 74, p. 40).

               —

               Declare inaplicables en lo que a los demandantes se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO 2011, L 76, p. 63) y el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 270/2011 del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO 2011, L 76, p. 4) y, en consecuencia, anule la Decisión (PESC) 2016/411 en lo que a los demandantes se refiere.

               —

               Condene al Consejo a cargar con las costas en que hayan incurrido los demandantes.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, los demandantes invocan seis motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que el Consejo no ha proporcionado una base jurídica adecuada para el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC (en lo sucesivo, «Decisión») ni para el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 270/2011 (en lo sucesivo, «Reglamento»). Según los demandantes no se ha aportado la prueba de que el Consejo haya controlado la base jurídica del artículo 1, apartado 1, de la Decisión al adoptar la Decisión (PESC) 2016/411 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), a pesar de que el artículo 5 de la Decisión impone expresamente tal obligación. A su parecer, el hecho de que el artículo 1, apartado 1, pudiera haber tenido una base jurídica válida cuando fue adoptado inicialmente el 21 de marzo de 2011 no confiere a dicha disposición una base jurídica que siga siendo válida en 2016 o más allá.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la presunción del Consejo de que los procedimiento jurisdiccionales en Egipto son conformes a los derechos humanos fundamentales vulnera los derechos que el artículo 6 TUE, en relación con los artículos 2 TUE y 3 TUE, y con los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, confieren a los demandantes.

               3.

               Tercer motivo, basado en que el Consejo incurrió en errores manifiestos de apreciación al considerar que concurría el criterio para incluir a los demandantes en la lista establecido en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión, y en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que el Consejo no motivó adecuadamente su decisión de volver a designar a los demandantes.

               5.

               Quinto motivo, basado en que el Consejo vulneró el derecho de defensa y los derechos a una buena administración y a la tutela judicial efectiva de los demandantes. En particular, los demandantes aducen que el Consejo no examinó con atención e imparcialidad si las supuestas razones para justificar la nueva designación eran fundadas, atendiendo a las alegaciones expuestas por los demandantes antes de ésta.

               6.

               Sexto motivo, basado en que el Consejo infringió sin justificación y de modo no proporcionado los derechos fundamentales de los demandantes, incluidos los derechos a la protección de su propiedad y de su reputación. Según afirman, Decisión impugnada afecta en gran medida a los demandantes, tanto en lo que respecta a su propiedad, como a su reputación mundial. A su parecer, el Consejo no demostró que la congelación de los capitales y los recursos económicos de los demandantes se relacionara con, o se justificara por un objetivo legítimo, y aún menos que fuera proporcionada a ese objetivo.


title: Asunto T-477/07: Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2007 — Cofra/Comisión

text:
               8.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/43

         Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2007 — Cofra/Comisión
   (Asunto T-477/07)
   (2008/C 64/69)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Cofra Srl (Barletta, Italia) (representante: M. A. Calabrese, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión SG/E/3/MIB/mbp D(2007) 8992 de la Comisión, de 17 de octubre de 2007.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son parecidos a los formulados en el asunto T-417/07, Lodato Gennaro & Co.


title: Asunto C-551/03 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de  6 de abril de 2006  — General Motors BV (antiguamente General Motors Nederland BV y Opel Nederland BV/Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Prácticas colusorias — Artículo 81 CE — Reglamentos (CEE) n o  123/85 y (CE) n o  1475/95 — Distribución de vehículos automóviles de la marca Opel — Compartimentación del mercado — Restricción de las exportaciones — Sistema de restricción de primas — Multa — Directrices para el cálculo de las multas)

text:
               17.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de abril de 2006 — General Motors BV (antiguamente General Motors Nederland BV y Opel Nederland BV/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-551/03 P) (1)

   (Recurso de casación - Prácticas colusorias - Artículo 81 CE - Reglamentos (CEE) no 123/85 y (CE) no 1475/95 - Distribución de vehículos automóviles de la marca Opel - Compartimentación del mercado - Restricción de las exportaciones - Sistema de restricción de primas - Multa - Directrices para el cálculo de las multas)
   (2006/C 143/10)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: General Motors BV (antiguamente General Motors Nederland BV y Opel Nederland BV)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: W. Mölls y A. Whelan, agentes, asistidos por J. Flynn)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 21 de octubre de 2003, General Motors Nederland BV y Opel Nederland BV/Comisión (asunto T 368/00) — Anulación parcial de la Decisión C (2000) 2707 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2000, relativa a un procedimiento incoado en virtud del artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/36.653 — Opel) y reducción de la multa impuesta a la demandante
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a General Motors BV.

      (1)  DO C 71, de 20.3.2004.


title: Asunto C-234/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de  16 de marzo de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Innsbruck) — Rosmarie Kapferer/Schlank & Schick GmbH (Competencia judicial en materia civil — Reglamento (CE) n o  44/2001 — Interpretación del artículo 15 — Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores — Promesa de premio — Publicidad engañosa — Resolución judicial que resuelve sobre la competencia — Fuerza de cosa juzgada — Reapertura en instancia de apelación — Seguridad jurídica — Primacía del Derecho comunitario — Artículo 10 CE)

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de marzo de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Innsbruck) — Rosmarie Kapferer/Schlank & Schick GmbH
   (Asunto C-234/04) (1)

   (Competencia judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 44/2001 - Interpretación del artículo 15 - Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores - Promesa de premio - Publicidad engañosa - Resolución judicial que resuelve sobre la competencia - Fuerza de cosa juzgada - Reapertura en instancia de apelación - Seguridad jurídica - Primacía del Derecho comunitario - Artículo 10 CE)
   (2006/C 131/25)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Landesgericht Innsbruck
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Rosmarie Kapferer

      Demandada: Schlank & Schick GmbH
   Objeto
   Prejudicial — Landesgericht Innsbruck — Interpretación del artículo 10 CE — Obligación para un órgano jurisdiccional de apelación de examinar de nuevo una resolución judicial de primera instancia definitiva sobre la competencia en caso de infracción del Derecho comunitario — Interpretación del art. 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1) — Legislación nacional en materia de protección de los consumidores que prevé un derecho al premio supuestamente ganado por el destinatario de una publicidad engañosa
   Fallo
   El principio de cooperación que se deriva del artículo 10 CE no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a no aplicar las normas procesales internas con el fin de examinar de nuevo una resolución judicial firme y anularla, cuando se ponga de manifiesto que vulnera el Derecho comunitario.

      (1)  DO C 251, de 9.10.2004.


               9.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 132/13

         Recurso interpuesto el 13 de febrero de 2013 por Míla ehf. contra el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-1/13)
   2013/C 132/08
   El 13 de febrero de 2013, Míla ehf., representada por Espen I. Bakken y Thomas Nordby, abogados, gabinete de abogados Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2, 0204 Oslo, Noruega, interpuso ante el Tribunal de la AELC un recurso contra el Órgano de Vigilancia de la AELC.
   El recurrente solicita al Tribunal de la AELC que:

               1)

               declare nulo el artículo 1 de la Decisión no 410/12/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC;

               2)

               condene a dicho Órgano al pago de las costas del presente procedimiento.

      Antecedentes de hecho y de derecho y motivos invocados:

               —

               El recurrente solicita la anulación de la Decisión no 410/12/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 21 de noviembre de 2012, de archivar el caso sin incoar el procedimiento de investigación formal para determinar si la concesión a Vodafone de un arrendamiento subvencionado para el uso de fibras ópticas, anteriormente explotadas por la OTAN, puede ser considerada como ayuda estatal.

               —

               La decisión impugnada se adoptó a raíz de una denuncia presentada por Míla ehf., relativa a la presunta ayuda estatal ilegal concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia mediante el arrendamiento subvencionado del uso de dos fibras ópticas previamente explotadas por la OTAN. En su decisión, el Órgano de Vigilancia de la AELC concluyó que el arrendamiento celebrado el 1 de febrero de 2010 por la Agencia de Defensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia con Og fjarskipti (también denominado «Vodafone»), para el uso y explotación de una fibra óptica, no constituía una concesión de ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, por lo cual archivó el caso sin hacer más indagaciones.

               —

               El recurrente alega, entre otros argumentos que:

                           —

                           la decisión impugnada se basa en una evaluación inadecuada de los hechos y una aplicación incorrecta de la jurisprudencia pertinente,

                           —

                           el Órgano de Vigilancia de la AELC no incoó el procedimiento de investigación formal de la ayuda concedida; y

                           —

                           el Órgano de Vigilancia de la AELC no motivó suficientemente sus conclusiones.


title: Asunto C-35/04: Recurso interpuesto el 30 de enero de 2004 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
20.3.2004              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 71/15
Recurso interpuesto el 30 de enero de 2004 contra el                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                    Comunidades Europeas
                                                                        —     anule los artículos 3, 4 y 6 del Reglamento (CE) no 1954/
                                                                              2003 (1) del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre
                        (Asunto C-35/04)
                                                                              la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a
                                                                              determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios,
                          (2004/C 71/24)                                      por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 y
                                                                              se derogan los Reglamentos (CE) no 685/95 y (CE)
                                                                              no 2027/95, y
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado un recurso, el 30 de enero de 2004, contra el Gran
                                                                        —     condene en costas a la institución demandada.
Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks, en
calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:                                                        Motivos y principales alegaciones
—     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud del
      artículo 13 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento             Violación del principio de no discriminación:
      Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa
      a la armonización de determinados aspectos de los
      derechos de autor y derechos afines a los derechos de             —     la utilización del período de referencia consagrado en los
      autor en la sociedad de la información (1) al no haber                  artículos 3, 4 y 6 del Reglamento impugnado, que se
      adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y               refiere a los años 1998 a 2002, supone una discrimina-
      administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva              ción de la flota española por razón de la nacionalidad,
      o, en cualquier caso, al no haber comunicado estas                      toda vez que en dichos años, en virtud de lo dispuesto en
      disposiciones a la Comisión.                                            el Acta de adhesión del Reino de España y de la República
                                                                              Portuguesa a las Comunidades Europeas, la flota española
—     Condene al Gran Ducado de Luxemburgo al pago de las                     tenía limitado su acceso a las zonas CIEM V b, VI, VII y
      costas del procedimiento.                                               VIII a, b, d y e.
                                                                        —     el establecimiento de la zona sensible a que se refiere el
Motivos y principales alegaciones                                             artículo 6 es igualmente discriminatorio para la flota
                                                                              española, teniendo en cuenta que la nueva zona sensible
                                                                              coincide en parte con el denominado «box irlandés» en el
El plazo señalado para adaptar la Directiva al Derecho interno                que se aplicaban restricciones para la flota española con
expiró el 22 de diciembre de 2002.                                            arreglo al Tratado de adhesión del Reino de España y de
                                                                              la República Portuguesa.
(1) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
                                                                        Desviación de poder: la protección de la zona sensible
                                                                        regulada en el artículo 6 debería haberse logrado aplicando los
                                                                        procedimientos previstos en el Reglamento (CE) no 850/1998,
                                                                        para la conservación de los recursos pesqueros a través de
Recurso interpuesto el 2 de febrero de 2004 contra el                   medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos
   Consejo de la Unión Europea por el Reino de España                   marinos, que establece medidas ligadas a determinados perío-
                                                                        dos del año, a determinadas zonas o a la utilización de
                                                                        determinados artes de pesca más selectivos para garantizar la
                        (Asunto C-36/04)                                supervivencia de estos juveniles. En cambio, bajo pretexto de
                                                                        conservación de la merluza, lo que el Reglamento impugnado
                          (2004/C 71/25)                                persigue es mantener la discriminación de la flota española en
                                                                        las aguas próximas a Irlanda.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 2 de febrero de 2004 (fax de 29 de enero de               (1) DO L 289 de 7.11.2003, p. 1.
2004) un recurso contra el Consejo de la Unión Europea
formulado por el Reino de España, representado por Dña.
Nuria Díaz Abad, Abogado del Estado, que designa domicilio
en Luxemburgo.


title: Asunto C-518/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet ( «Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines — Derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original — Directiva 2001/84/CE — Beneficiarios del derecho de participación tras el fallecimiento del autor de la obra — Concepto de “causahabientes” — Legislación nacional que mantiene el derecho de participación durante un período de 70 años tras el año del fallecimiento únicamente a favor de los herederos, con exclusión de cualquier legatario o causahabiente — Compatibilidad con la Directiva 2001/84» )

text:
               5.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 148/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet
   (Asunto C-518/08) (1)

   («Aproximación de las legislaciones - Propiedad intelectual - Derechos de autor y derechos afines - Derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original - Directiva 2001/84/CE - Beneficiarios del derecho de participación tras el fallecimiento del autor de la obra - Concepto de “causahabientes” - Legislación nacional que mantiene el derecho de participación durante un período de 70 años tras el año del fallecimiento únicamente a favor de los herederos, con exclusión de cualquier legatario o causahabiente - Compatibilidad con la Directiva 2001/84»)
   2010/C 148/10
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal de grande instance de Paris

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

      Demandadas: Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunal de grande instance de Paris — Interpretación de los artículos 6 y 8, apartados 2 y 3, de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (DO L 272, p. 32) — Beneficiarios del derecho de participación tras el fallecimiento del autor de la obra — Compatibilidad con la Directiva 2001/84/CE de una normativa nacional que mantiene, durante un período de 70 años, un derecho de participación reservado a los herederos, con exclusión de los legatarios y causahabientes.

      Fallo

   El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición de Derecho interno, como la controvertida en el litigio principal, que reserva el beneficio del derecho de participación únicamente a los herederos forzosos del artista, con exclusión de los legatarios testamentarios. No obstante, a los efectos de la aplicación de la disposición nacional que adapta el Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/84, incumbe al tribunal remitente tener debidamente en cuenta todas las reglas pertinentes dirigidas a resolver los conflictos de leyes en materia de atribución sucesoria del derecho de participación.

      (1)  DO C 32, de 7.2.2009.


title: Asunto T-454/17: Recurso interpuesto el 14 de julio de 2017 — «Pro NGO!»/Comisión

text:
               2.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 330/11

         Recurso interpuesto el 14 de julio de 2017 — «Pro NGO!»/Comisión
   (Asunto T-454/17)
   (2017/C 330/13)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante:«Pro NGO!» (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V. (Colonia, Alemania) (representante: M. Scheid, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión ARES (2017) 2484833 de 16 de mayo de 2017.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la incompleta relación de los hechos relevantes para la Decisión.

                           —

                           La demandante alega que la demandada no tuvo en cuenta que el censor de cuentas externo, Ernst & Young, corrigió posteriormente sus conclusiones iniciales, ni que la coordinadora del proyecto había declarado que entregó los documentos en persona.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la valoración de los hechos contradice otros informes.

                           —

                           Asimismo, alega que la demandada aplicó una valoración incorrecta de la conducta de la demandante respecto al cumplimiento del contrato, contradiciendo las comprobaciones del informe de auditoría final y del informe de la OLAF.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de audiencia.

                           —

                           Finalmente, sólo pasados varios años desde el inicio del procedimiento se permitió a la demandante la posibilidad de consultar algunos documentos decisivos, cuyo conocimiento se impidió parcialmente.

                           —

                           Asimismo, la demandante entiende que no existe obligación jurídica alguna por su parte consistente en convocar licitaciones o en observar determinadas normas de licitación en el proyecto.

                           —

                           La demandante niega además cualquier responsabilidad por las actividades del socio de la Unión Europea en el ámbito del proyecto.


title: Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC, de 8 de octubre de 2013 , formulada por el Hæstiréttur Íslands en el asunto Íslandsbanki hf. contra Gunnar V. Engilbertsson (Asunto E-22/13)

text:
               20.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 81/10

         Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC, de 8 de octubre de 2013, formulada por el Hæstiréttur Íslands en el asunto Íslandsbanki hf. contra Gunnar V. Engilbertsson
   (Asunto E-22/13)
   2014/C 81/09
   Mediante carta de 8 de octubre de 2013, recibida en la Secretaría del Tribunal el 9 de octubre de 2013, se presentó al Tribunal de la AELC una solicitud de dictamen consultivo formulada por el Hæstiréttur Íslands (Tribunal Supremo de Islandia) en el asunto Íslandsbanki hf. contra Gunnar V. Engilbertsson, sobre las cuestiones siguientes:

               1)

               ¿Es compatible con las disposiciones de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que la legislación de un Estado que sea parte en el Acuerdo EEE autorice los contratos celebrados entre consumidores y proveedores de préstamos para financiar la adquisición de bienes inmuebles que incluyan cláusulas que estipulen que el reembolso a plazos del préstamo esté vinculado a un índice predeterminado?

               2)

               Si la respuesta a la primera pregunta es que la indización del reembolso de los préstamos contraídos para sufragar la adquisición de bienes inmuebles es compatible con las disposiciones de la Directiva 93/13/CEE, la segunda pregunta es la siguiente: ¿Limita la Directiva la discrecionalidad del Estado del EEE correspondiente a la hora de determinar, mediante la legislación o disposiciones administrativas, los factores que deben dar lugar a variaciones en el índice predeterminado y los métodos de medición de esas variaciones?

               3)

               Si la respuesta a la segunda pregunta es que la Directiva 93/13/CEE no restringe la facultad discrecional del Estado miembro a que se refiere la pregunta, la tercera pregunta es la siguiente: ¿Se considera que una cláusula contractual se ha negociado individualmente a tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva si: a) se afirma en el contrato que el consumidor haya suscrito en el momento de pedir el préstamo que su contrato está indizado y que el índice de base que se deberá utilizar al calcular las variaciones de precios se especifica en dicho contrato, b) se ha adjuntado al contrato un calendario de pagos en el que figuran los pagos estimados y desglosados que habrán de abonarse en las fechas de vencimiento del préstamo y se estipula en el calendario que esas estimaciones pueden variar de conformidad con la disposición de indización prevista en el contrato, y c) el consumidor y el proveedor firman el calendario de pago al mismo tiempo y en relación con la firma del contrato por el consumidor?

               4)

               ¿Se considera que el método de cálculo de las variaciones de precios en los contratos de préstamo para financiar la adquisición de bienes inmuebles se ha explicado expresamente al consumidor a tenor del apartado 2, letra d), del anexo de la Directiva 93/13/CEE si se dan las circunstancias expuestas en la tercera pregunta?

               5)

               Un Estado que sea parte en el Acuerdo EEE, ¿tiene la facultad, al aplicar el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, de disponer en la legislación nacional que las cláusulas contractuales abusivas a tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva puedan ser declaradas no vinculantes para el consumidor o que tales cláusulas nunca serán vinculantes para el consumidor?


title: Asunto C-6/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Bélgica) el 12 de enero de 2015 — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest

text:
               13.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Bélgica) el 12 de enero de 2015 — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest
   (Asunto C-6/15)
   (2015/C 118/20)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: TNS Dimarso NV

      Demandada: Vlaams Gewest

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE (1) del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, considerado tanto individualmente como teniendo en cuenta el alcance de los principios del Derecho de la Unión de igualdad y transparencia en relación con la contratación pública, en el sentido de que, en caso de adjudicación al licitador con la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista de la administración contratante, ésta está siempre obligada a fijar previamente y a recoger en el anuncio o en el pliego de condiciones el método de valoración o las reglas de ponderación, con independencia de su previsibilidad, carácter usual o alcance, en función de las cuales se valorarán las ofertas con arreglo a los criterios o los subcriterios de adjudicación.

               2)

               O bien, en caso de que no exista semejante obligación general, ¿hay circunstancias, como, entre otras, el alcance, la falta de previsibilidad o la falta de carácter usual de dichas reglas de ponderación, en las que sí exista esa obligación?

      (1)  DO L 134, p. 114.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de  22 de noviembre de 2005 , en el asunto C-384/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Københavns Byret): proceso penal contra Knud Grongaard, Allan Bang ( Directiva 89/592/CEE — Operaciones con información privilegiada — Revelación de información privilegiada a terceros — Prohibición )

text:
               11.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 36/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 22 de noviembre de 2005
   en el asunto C-384/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Københavns Byret): proceso penal contra Knud Grongaard, Allan Bang (1)

   («Directiva 89/592/CEE - Operaciones con información privilegiada - Revelación de información privilegiada a terceros - Prohibición»)
   (2006/C 36/01)
   Lengua de procedimiento: danés
   En el asunto C-384/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Københavns Byret (Dinamarca), mediante resolución de 14 de agosto de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de octubre de 2002, en el proceso penal contra Knud Grongaard, Allan Bang, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans y A. Rosas, Presidentes de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, S. von Bahr (Ponente) y J.N. Cunha Rodrigues y la Sra. R. Silva de Lapuerta, Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 22 de noviembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               El artículo 3, letra a), de la Directiva 89/592/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, sobre coordinación de las normativas relativas a las operaciones con información privilegiada, prohíbe que una persona que recibe información privilegiada en su condición de representante de los trabajadores en el consejo de administración de una sociedad o en su condición de miembro del comité de enlace de un grupo de empresas revele tal información al presidente del sindicato que agrupa a estos trabajadores y que ha designado a esta persona como miembro del comité de enlace, salvo:

                           —

                           si existe un vínculo estrecho entre la revelación y el ejercicio de su trabajo, su profesión o sus funciones, y

                           —

                           si esta revelación es estrictamente necesaria para el ejercicio de dichos trabajo, profesión o funciones.

                     En el marco de su examen, el órgano jurisdiccional nacional debe, a la luz de las normas nacionales aplicables, tener en cuenta en particular:

                           —

                           que dicha excepción a la prohibición de revelar información privilegiada debe ser objeto de una interpretación estricta;

                           —

                           que cada revelación adicional puede aumentar el riesgo de que esta información sea explotada con una finalidad contraria a la Directiva 89/592, y

                           —

                           el carácter delicado de la información privilegiada.

               2)

               El artículo 3, letra a), de la Directiva 89/592 prohíbe al presidente de un sindicato revelar información privilegiada a colaboradores como los que se mencionan en las cuestiones tercera y cuarta, salvo en las condiciones enunciadas en la respuesta dada a las cuestiones primera y segunda.
               En el marco de su examen, el órgano jurisdiccional nacional debe, a la luz de las normas nacionales aplicables, tener en cuenta los criterios igualmente enunciados en esta respuesta.

      (1)  DO C 7, de 11.1.2003.


title: Asunto T-203/01: Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2001 por Manufacture française des pneumatiques Michelin contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
24.11.2001              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 331/21
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA                              Motivos y principales alegaciones
                             INSTANCIA
                  de 10 de septiembre de 2001
                                                                         La Decisión impugnada imputa a la demandante, un productor
en el asunto T-180/01 R, Euroagri Srl contra la Comisión                francés de neumáticos, la aplicación a sus distribuidores de
                 de las Comunidades Europeas                             condiciones generales en materia de precios y otras prácticas
                                                                         comerciales que fueron objeto de un procedimiento de aplica-
(Procedimiento sobre medidas provisionales — Admisibili-                 ción del artı́culo 82 del Tratado CE.
                                 dad)
                          (2001/C 331/35)
                                                                         La Comisión critica, en primer lugar, ciertos sistemas de
                                                                         descuentos, entre los que figuran descuentos cuantitativos que,
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                     según la Comisión, son abusivos. La demandante alega que la
                                                                         Decisión impugnada infringe el artı́culo 82 CE. A su juicio, la
                                                                         Comisión se equivoca cuando pretende que una empresa en
En el asunto T-180/01 R, Euroagri Srl, con domicilio social en           posición dominante no puede prevalerse del mencionado
Monte Vidon Combatte (Italia), representada por Me W. Mas-               sistema de descuentos y añade que el sistema de descuentos
succi, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas             cuantitativos no posee en la práctica ningún efecto de «fideliza-
(agente: Sr. L. Visaggio), que tiene por objeto una demanda de           ción» abusivo, como afirma la Comisión. Asimismo, el sistema
suspensión de la ejecución de la Decisión C (2001) 1274 de la         no tiene un efecto de compartimentación, ni presenta un
Comisión, de 6 de junio de 2001, por la que se suprime la               carácter que no sea equitativo.
ayuda concedida a la sociedad Euroagri mediante la Decisión
C (92) 3124 de la Comisión, de 3 de diciembre de 1992, en el
marco del proyecto no 92.IT.06.069, el Presidente del Tribunal
de Primera Instancia ha dictado el 10 de septiembre de 2001              En la Decisión impugnada, la Comisión imputa a la deman-
un auto resolviendo lo siguiente:                                        dante, en segundo lugar, la aplicación de primas, entre las que
                                                                         figura una «prima de servicio», que, en opinión de la Comisión,
1)   Se desestima la demanda de medidas provisionales.                   no resulta «equitativa». La demandante alega que el análisis de
                                                                         si una condición es o no «equitativa» debe basarse en elementos
2)   Se reserva la decisión sobre las costas.                           objetivos y no en una simple apreciación subjetiva de la
                                                                         Comisión y que dicha Institución no demostró que las
                                                                         modalidades de la prima de servicio no fueran equitativas. La
                                                                         demandante rechaza, además, el supuesto carácter «fidelizador»
                                                                         de la mencionada prima. El hecho de que una empresa se
                                                                         informe sobre la situación del mercado a través de sus
Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2001 por                       distribuidores no puede considerarse abusivo, sino que se
Manufacture française des pneumatiques Michelin contra                   enmarca únicamente en el ámbito de una competencia normal.
         la Comisión de las Comunidades Europeas
                        (Asunto T-203/01)
                                                                         En tercer lugar, la Comisión considera abusivas, entre otras, las
                          (2001/C 331/36)                                condiciones impuestas a los distribuidores miembros del «Club
                                                                         des Amis Michelin» (Club de amigos Michelin) en virtud de
                                                                         la «Convention de coopération commerciale» (Acuerdo de
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         cooperación comercial). La demandante subraya que el obje-
                                                                         tivo del Club era mejorar la profesionalidad de los distribuido-
                                                                         res y que el acuerdo no incluı́a ningún elemento de exclusivi-
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   dad. La demandante niega la existencia de una supuesta
Europeas se ha presentado el 4 de septiembre de 2001 un                  obligación que forzara a los distribuidores miembros a realizar
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  un cierto porcentaje de ventas de productos Michelin en su
formulado por Manufacture française des pneumatiques                     volumen de negocios y alega que la Comisión violó las reglas
Michelin, con domicilio social en Clermont-Ferrand (Francia),            relativas a la carga de la prueba. Por lo que respecta a otras
representada por Mes Jean-François Bellis, Markus Wellinger,             obligaciones de los miembros del Club, la demandante alega
Denis Waelbroeck y Mats Johnsson, abogados.                              que las acusaciones de la Comisión reposan sobre prejuicios
                                                                         sistemáticamente desfavorables a la demandante, sobre una
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:             interpretación personal e incorrecta de los hechos y sobre la
                                                                         ignorancia de la realidad económica.
—    Anule la Decisión de la Comisión de 20 de junio de 2001,
     en el asunto COM/E-2/36.041 — PO — Michelin, relativa
     a un procedimiento de aplicación del artı́culo 82 CE.
                                                                         Asimismo, la demandante alega que la Comisión no efectuó
—    Condene en costas a la Comisión.                                   un análisis concreto de las prácticas controvertidas.
 ---pagebreak--- C 331/22                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      24.11.2001
Por último, la demandante rechaza varios aspectos del cálculo         exclusivamente las ayudas de Estado concedidas a BAI en el
realizado por la Comisión del importe de la multa impuesta,            perı́odo comprendido entre 1995 y 1998. La demandante
entre los que se encuentran la determinación del punto de              consideró que si el examen se limitaba a ese perı́odo se dejarı́a
partida para el cálculo del importe de base, el cálculo de la         a un lado un importe sustancial de ayudas, por lo que presentó
duración de la infracción, el incremento del importe de base          una queja formal en febrero de 2001.
como consecuencia de las circunstancias agravantes y el
porcentaje de reducción del importe de base como resultado
de las circunstancias atenuantes. La demandante alega, entre            En diciembre de 2000, la demandante interpuso un recurso
otras cosas, que la Decisión impugnada viola el artı́culo 7 del        contra la Comisión, con arreglo al artı́culo 232 CE, porque no
Convenio Europeo para la protección de los Derechos Huma-              habı́a resuelto en relación con todos los elementos de su queja.
nos y de las Libertades Fundamentales.                                  Ese procedimiento está pendiente de resolución por el Tribunal
                                                                        de Primera Instancia (2).
                                                                        Mediante el presente recurso, la demandante solicita al Tribunal
                                                                        de Primera Instancia que anule la Decisión de la Comisión en
Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2001 contra la                la medida en que autoriza las ayudas concedidas a BAI. Afirma
Comisión de las Comunidades Europeas por P&O Ferries                   que el plazo de prescripción que establece el Reglamento
                      (Portsmouth) Limited                              no 659/1999 (3) no es aplicable a este caso y que la Comisión
                                                                        debe examinar expresamente las ayudas de Estado anteriores a
                                                                        1989 identificadas en su queja. Alega que la Comisión erró al
                        (Asunto T-206/01)
                                                                        considerar que BAI y las tres sociedades propietarias de buques
                                                                        (SPB) constituyen un único grupo económico y que los pagos
                          (2001/C 331/37)                               de fletamento entre BAI y las SPB son irrelevantes a efectos de
                                                                        las ayudas de Estado.
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                        Además, la demandante considera que las conclusiones de la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  Comisión en relación con el criterio del inversor en una
Europeas se ha presentado el 7 de septiembre de 2001 un                 economı́a de mercado son erróneas y alega que en la Decisión
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                 impugnada deberı́an haberse tenido en cuenta ciertas garantı́as,
formulado por P&O Ferries (Portsmouth) Limited, representada            pagos en metálico y préstamos concedidos por el sector
por los Sres. Julian Ellison y Mark Clough, abogados de Ashurst         público.
Morris Crisp, Bruselas (Bélgica).
                                                                        Por lo que respecta a la ayuda de reestructuración, la deman-
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           dante niega las conclusiones de la Comisión según las cuales el
que:                                                                    grupo formado por BAI y las SPB ha obtenido y seguirá
                                                                        obteniendo una rentabilidad satisfactoria y BAI paga a las SPB
—     Anule en virtud del artı́culo 230 CE (antiguo artı́culo 173
                                                                        el precio de mercado por el fletamento. Alega que dichas
      del Tratado CE) la Decisión C(2001)1442 de la Comisión,
                                                                        conclusiones se basan en unas premisas poco razonables sobre
      de 8 de mayo de 2001, relativa a las ayudas de Estado
                                                                        el valor residual de los buques. La demandante rechaza también
      concedidas por Francia en favor de la sociedad Bretagne
                                                                        las consideraciones de la Comisión respecto al mercado
      Angleterre Irlande, con excepción de su artı́culo 1,
                                                                        relevante, su conclusión según la cual la retirada de BAI dejarı́a
      apartados 2 y 3, en la medida en que autoriza las ayudas
                                                                        a la demandante en posición de monopolio en el o los
      concedidas a BAI.
                                                                        mercados relevantes y su valoración del volumen de las ayudas
                                                                        de reestructuración.
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                        Por último, la demandante alega que la Comisión ha incum-
Motivos y principales alegaciones                                       plido diversas obligaciones procesales derivadas de la regula-
                                                                        ción de las ayudas de Estado, en particular la obligación de
La demandante es una sociedad de transporte marı́timo que               informar a las partes afectadas de las cuestiones objeto de
presta servicios de transporte de turismo y carga en ciertas            examen.
rutas entre Francia y el Reino Unido en la parte oeste del Canal
de la Mancha. Su principal competidor es la sociedad francesa
Bretagne-Angleterre-Irlande S.A., «Brittany Ferries» («BAI»).           (1) Procedimiento no C 31/98.
                                                                        (2) Asunto T-49/01 (DO 2001, C 161, p. 19).
                                                                        (3) Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de
En mayo de 1998, la demandante comunicó informalmente a                    1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
la Comisión su preocupación en relación con las ayudas de                artı́culo 93 del Tratado CE (DO 1999, L 83, p. 1).
Estado recibidas por BAI, poco después de la apertura del
procedimiento formal por la Comisión (1). Posteriormente, a la
demandante le quedó claro que la Comisión estaba analizando


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 15 de octubre de 1998 en el asunto T-2/95, Industrie des poudres sphériques contra Consejo de la Unión Europea (Antidumping - Reglamento (CEE) no 2423/88 - Calcio metal - Reanudación de una investigación antidumping - Derechos de defensa - Producto similar - Perjuicio - Interés de la Comunidad - Motivación - Desviación de poder - Inoponibilidad de un Reglamento antidumping a un importador)

text:
21.11.98                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 358/13
                                                TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               3. La Chambre syndicale de l'eÂlectromeÂtallurgie et de
                 DE PRIMERA INSTANCIA                                    l'eÂlectrochimie y la Comisión cargaraÂn con sus propias
                                                                         costas.
                   de 15 de octubre de 1998
en el asunto T-2/95, Industrie des poudres spheÂriques
                                                                    (1) DO C 54 de 4.3.1995.
           contra Consejo de la Unión Europea (1)
(Antidumping Ð Reglamento (CEE) no 2423/88 Ð Calcio
metal Ð Reanudación de una investigación antidumping
Ð Derechos de defensa Ð Producto similar Ð Perjuicio
Ð IntereÂs de la Comunidad Ð Motivación Ð Desviación
de poder Ð Inoponibilidad de un Reglamento antidum-
                     ping a un importador)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                          (98/C 358/26)                                               DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 30 de septiembre de 1998
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                    en el asunto T-154/96, Christiane Chvatal y otros contra
                                                                        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (1)
En el asunto T-2/95, Industrie des poudres spheÂriques,             [Funcionarios Ð Cese definitivo con motivo de la adhe-
establecida en Annemasse (Francia), representada por la             sión de nuevos Estados miembros Ð Acto lesivo Ð Excep-
Sra. Chantal MomeÁge, Abogada de París, que designa                 ción de ilegalidad Ð Legalidad del Reglamento (CE, Eura-
como domicilio en Luxemburgo el bufete del Sr. Alex                 tom, CECA) no 2688/95 Ð Igualdad de trato Ð Vicios
Schmitt, 7, val Sainte-Croix, contra Consejo de la Unión            sustanciales de forma Ð Consulta previa a las Institucio-
Europea (Agentes: inicialmente los Sres. Ramón Torrent y                              nes y al ComiteÂ del Estatuto]
Jorge Monteiro, despueÂs, el Sr. Torrent y el Sr. Yves Cre-                                   (98/C 358/27)
tien, y, posteriormente, el Sr. Torrent, el Sr. Antonio Tanca
y el Sr. Philip Bentley), apoyado por Comisión de las
Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Nicholas Khan y
Xavier Lewis), PeÂchiney eÂlectromeÂtallurgie, establecida en                      (Lengua de procedimiento: franceÂs)
Courbevoie (Francia), y Chambre syndicale de l'eÂlectromeÂ-
tallurgie et de l'eÂlectrochimie, con sede en París, represen-
tadas, inicialmente, por los Sres. Jacques-Philippe Gunther
y Hubert de Broca, Abogados de París, y posteriormente              En el asunto T-154/96, Christiane Chvatal y otros, funcio-
sólo por el Sr. Gunther, que designan como domicilio en             narios del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Luxemburgo el bufete de los Sres. Loesch y Wolter, 11, rue          Europeas, representados por los Sres. Jean-NoeÈl Louis y
Goethe, que tiene por objeto un recurso de anulación del            Thierry Demaseure, e inicialmente por la Sra. Ariane Tor-
Reglamento (CE) no 2557/94 del Consejo, de 19 de octu-              nel, Abogados de Bruselas, que designan como domicilio
bre de 1994, por el que se establece un derecho antidum-            en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de
ping definitivo sobre las importaciones de calcio metal ori-        Cessange, contra Tribunal de Justicia de las Comunidades
ginario de la RepuÂblica Popular de China y Rusia (DO               Europeas (Agente: Sr. Timothy Millett), apoyado por Con-
L 270 de 21.10.1994, p. 27), y, con caraÂcter subsidiario,          sejo de la Unión Europea de las Comunidades Europeas
la declaración de inoponibilidad de dicho Reglamento                (Agentes: Sr. Diego Canga Fano y Sra. TheÂreÁse Blanchet) y
frente a la parte demandante, el Tribunal de Primera Ins-           Reino de los Países Bajos (Agentes: Sres. Marc Fierstra y
tancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta                     Johannes Steven van den Oosterkamp), que tiene por
ampliada), integrado por los Sres.: J. Azizi, Presidente; B.        objeto una solicitud de anulación de las decisiones del Tri-
Vesterdorf, R. García-Valdecasas, R. M. Moura Ramos y               bunal de Justicia por las que se deniegan las solicitudes de
M. Jaeger, Jueces; Secretarios: Sra. B. Pastor, administra-         los demandantes dirigidas a que se incluyesen sus respecti-
dora principal, y Sr. A. Mair, administrador, ha dictado el         vos nombres en la lista de personas que habían manifes-
15 de octubre de 1998 una sentencia cuyo fallo es el                tado su intereÂs por ser objeto de una decisión de cese defi-
siguiente:                                                          nitivo en sus funciones, con motivo de la adhesión de Aus-
                                                                    tria, de Finlandia y de Suecia, así como que se declare la
                                                                    ilegalidad del Reglamento (CE, Euratom, CECA) no 2688/
                                                                    95 del Consejo, de 17 de noviembre de 1995, por el que
1. Se desestima el recurso.                                         se establecen medidas especiales de cese definitivo en sus
                                                                    funciones de funcionarios de las Comunidades Europeas
                                                                    con motivo de la adhesión de Austria, de Finlandia y de
2. Se condena a la demandante a pagar sus propias cos-              Suecia (DO L 280 de 23.11.1995, p. 1), en la medida en
    tas, las costas del Consejo, incluidas las del procedi-         que uÂnicamente se aplica a los funcionarios del Parlamento
    miento sobre medidas provisionales, y las costas de la          Europeo, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta),
    parte coadyuvante PeÂchiney eÂlectromeÂtallurgie.               integrado por los Sres.: J. Azizi, Presidente R. García-Val-


title: Asunto T-110/10: Sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2012 — Insula/Comisión ( «Cláusula compromisoria — Contrato de financiación de proyectos de investigación y desarrollo — Contrato El Hierro — Inexistencia de justificantes y falta de conformidad de los gastos declarados con las cláusulas contractuales — Devolución de los importes anticipados — Reconvención de la Comisión» )

text:
               21.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/18

         Sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2012 — Insula/Comisión
   (Asunto T-110/10) (1)

   (Cláusula compromisoria - Contrato de financiación de proyectos de investigación y desarrollo - Contrato El Hierro - Inexistencia de justificantes y falta de conformidad de los gastos declarados con las cláusulas contractuales - Devolución de los importes anticipados - Reconvención de la Comisión)
   2012/C 217/37
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (París) (representantes: J.-D. Simonet y P. Marsal, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: incialmente, A.-M. Rochaud-Jöet y F. Mirza; posteriormente, A.-M. Rochaud-Jöet y D. Calciu, agentes, asistidos de L. Defalque y S. Woog, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto con arreglo al artículo 272 TFUE por el que se solicita, por un lado, que se declare infundado un escrito de la Comisión que tiene por objeto la devolución de un importe de 84 120 euros y, por otro, que se condene a la Comisión a emitir una «nota de débito» por un importe de 84 120 euros.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar al Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) a abonar a la Comisión Europea el importe principal de 84 120 euros, incrementado en los intereses de demora al tipo del 2,5 % al año desde el 26 de enero de 2010 hasta el abono total de dicho importe principal.

               3)

               Desestimar la reconvención de la Comisión en todo lo demás.

               4)

               Insula cargará con sus propias costas y con las causadas por la Comisión.

      (1)  DO C 134, de 22.5.2010.


title: Asunto C-353/11: Recurso interpuesto el 5 de julio de 2011 — Comisión Europea/República Checa

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/26

         Recurso interpuesto el 5 de julio de 2011 — Comisión Europea/República Checa
   (Asunto C-353/11)
   2011/C 252/49
   Lengua de procedimiento: checo

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Manhaeve y M. Thommannová-Körnerová, agentes)

      Demandada: República Checa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la Directiva 2010/5/UE de la Comisión, de 8 de febrero de 2010, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la acroleína como sustancia activa en su anexo I, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Checa.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo establecido para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 31 de agosto de 2010.

      (1)  DO L 36, p. 24.


title: Asunto C-191/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Lecce — Sezione distaccata di Gallipoli el  4 de abril de 2006  — Proceso penal contra Aniello Gallo y Gianluca Damonte

text:
               15.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Lecce — Sezione distaccata di Gallipoli el 4 de abril de 2006 — Proceso penal contra Aniello Gallo y Gianluca Damonte
   (Asunto C-191/06)
   (2006/C 165/24)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunale di Lecce — Sezione distaccata di Gallipoli
   Partes en el proceso principal
   Aniello Gallo, Gianluca Damonte
   Cuestión prejudicial
   El artículo 4, apartado 4 bis, de la Ley 401/89, ¿es incompatible, con los efectos que de ello se deriven en el ordenamiento jurídico interno, con los artículos 43 y 49 del Tratado CE, en materia de establecimiento y de libertad de prestaciones de servicios trasfronterizos, habida cuenta, en particular, de la interpretación divergente que dan las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en concreto, de la sentencia Gambelli), por un lado, y la sentencia no 23271/04 de la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, por otro? En concreto, ¿es aplicable la normativa sancionadora a la que se hace referencia en la resolución en Italia?


title: Asunto T-61/05: Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2005 por Cornelius Rozemeijer y otros contra el Consejo de la Unión Europea

text:
               30.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/30

         Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2005 por Cornelius Rozemeijer y otros contra el Consejo de la Unión Europea
   (Asunto T-61/05)
   (2005/C 106/64)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 10 de febrero de 2005 un recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por Cornelius Rozemeijer, con domicilio en Alkmaar (Países Bajos), Gaston Vaesken, con domicilio en Saint-Mandrier (Francia), y Pierrette Vaesken, con domicilio en Sanary/Mer (Francia), representados por el Sr. Georges Vandersanden y las Sras. Laure Levi y Aurore Finchelstein, abogados.
   Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               1)

               Anule las hojas de haberes pasivos de mayo de 2004 de las demandantes y les aplique el coeficiente corrector al nivel de la capital de su país de residencia o, al menos, un coeficiente corrector que refleje de manera adecuada el distinto coste de vida en los lugares en que, en principio, los demandante hacen sus gastos.

               2)

               Condene en costas al Consejo.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los invocados en el marco del asunto T-35/05, Elisabeth Agne-Dapper y otros contra la Comisión.