title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 24 de julio de 2003 en el asunto C-166/02 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca de Alcácer do Sal): Daniel Fernando Messejana Viegas contra Companhia de Seguros Zurich SA, Mitsubishi Motors de Portugal SA ("Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Directiva 84/5/CEE — Seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles — Régimen de responsabilidad civil — Importes mínimos de garantía")

text:
C 226/2                   ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                              20.9.2003
      —     en tercer lugar, que la compensación no supera el nivel            domicilio social en Denham (Reino Unido), Hoechst Marion
            necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasio-      Roussel SA, con domicilio social en Bruselas (Bélgica),
            nados por la ejecución de las obligaciones de servicio público,    Marion Merrell SA, con domicilio social en Puteaux (Francia),
            teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio    Marion Merrell SA, con domicilio social en Barcelona
            razonable por la ejecución de estas obligaciones;                  (España), Sanova Pharma GmbH, con domicilio social en
                                                                               Viena (Austria), Temmler Pharma GmbH & Co.KG, con domi-
      —     en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada        cilio social en Marburg (Alemania), Schuck GmbH, con domi-
            de ejecutar obligaciones de servicio público no se haya            cilio social en Schwaig (Alemania), Laboratoires
            realizado en el marco de un procedimiento de contratación          Roussell Lda, con domicilio social en Mem Martins (Portugal),
            pública, que el nivel de la compensación necesaria se ha           Laboratoires Roussell Diamant SARL, con domicilio social en
            calculado sobre la base de un análisis de los costes que una       Puteaux, Roussel Iberica SA, con domicilio social en Barcelona
            empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada            (abogados: Sres. B. Sträter y M. Ambrosius), Gerot
            en medios de transporte para poder satisfacer las exigencias       Pharmazeutika GmbH, con domicilio social en Viena (abogado:
            de servicio público requeridas, habría soportado para eje-         el Sr. K. Grigkar), Cambridge Healthcare Supplies Ltd, con
            cutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos          domicilio social en Rackhearth (Reino Unido) (abogados:
            correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución         M. D. Vaughan, QC, la Sra. K. Bacon, Barrister, y el
            de estas obligaciones.                                             Sr. S. Davis, Solicitor), y Laboratoires pharmaceutiques Trenker
                                                                               SA, con domicilio social en Bruselas (abogados: Sres. L. Defalque
3)    El artículo 77 del Tratado CE (actualmente artículo 73 CE) no            y X. Leurquin), el Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. G.
      puede aplicarse a las subvenciones públicas que compensan los            C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet,
      costes adicionales ocasionados por la ejecución de obligaciones de       M. Wathelet, R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes
      servicio público sin tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento       de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola,
      no 1191/69, en su versión modificada por el Reglamento                   P. Jann (Ponente) y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric, y
      no 1893/91.                                                              los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues y A. Rosas, Jueces;
                                                                               Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. M. Múgica
                                                                               Arzamendi, administradora principal, ha dictado el 24 de julio
(1) DO C 273 de 23.9.2000.                                                     de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                               1)    Desestimar el recurso de casación.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                               2)    Condenar a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de
                                                                                las costas de la presente instancia y del procedimiento sobre
                       de 24 de julio de 2003                                        medidas provisionales.
en el asunto C-39/03 P: Comisión de las Comunidades
         Europeas contra Artegodan GmbH y otros (1)                            (1) DO C 70 de 22.3.2003.
(«Recurso de casación — Directivas 65/65/CEE y
75/319/CEE — Medicamentos de uso humano —
Anorexígenos: anfepramona, clobenzorex, fenproporex,                                        AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
norpseudoefedrina, fentermina — Retirada de una
autorización de comercialización — Competencia de la                                                      (Sala Primera)
             Comisión — Requisitos para la retirada»)
                                                                                de 24 de julio de 2003
                            (2003/C 226/02)
                                                                               en el asunto C-166/02 (Petición de decisión prejudicial plan-
          (Lengua de procedimiento: alemán, inglés y francés)                  teada por el Tribunal Judicial da Comarca de Alcácer do Sal):
                                                                               Daniel Fernando Messejana Viegas contra Companhia de
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la             Seguros Zurich SA, Mitsubishi Motors de Portugal SA (1)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                               («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento —
En el asunto C-39/03 P, Comisión de las Comunidades                            Respuesta que puede deducirse claramente de la juris-
Europeas (agentes: Sres. R. B. Wainwright y H. Støvlbæk, asis-                 prudencia — Directiva 84/5/CEE — Seguro obligatorio de
tidos por el Sr. B. Wägenbaur), que tiene por objeto un recurso                responsabilidad civil de automóviles — Régimen de
de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de                       responsabilidad civil — Importes mínimos de garantía»)
Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda
ampliada) de 26 noviembre 2002, Artegodan y otros/Comisión                                               (2003/C 226/03)
(asuntos acumulados T-74/00, T-76/00, T-83/00 a T-85/00,
T-132/00, T-137/00 y T-141/00, Rec. p. II-4945), por el que se                                  (Lengua de procedimiento: portugués)
solicita que se anule dicha sentencia, y en el que las otras partes
en el procedimiento son: Artegodan GmbH, con domicilio                         (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
social en Lüchow (Alemania) (abogado: el Sr. U. Doepner),                           «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Bruno Farmaceutici SpA, con domicilio social en Roma
(Italia), Essential Nutrition Ltd, con domicilio social en                     En el asunto C-166/02, que tiene por objeto una petición
Brough (Reino Unido), Hoechst Marion Roussel Ltd, con                          dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
 ---pagebreak--- 20.9.2003               ES                               Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 226/3
por el Tribunal Judicial da Comarca de Alcácer do Sal                              sido financiados mediante subvenciones, el Reino de
(Portugal), destinada a obtener en el litigio pendiente ante                       España ha incumplido las obligaciones que le incumben
dicho órgano jurisdiccional entre Daniel Fernando Messejana                        en virtud del Derecho comunitario y, en particular, los
Viegas y Companhia de Seguros Zurich SA, Mitsubishi Motors                         apartados 2 y 5 del artículo 17 y el artículo 19 de
de Portugal SA, una decisión prejudicial sobre la interpretación                   la Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977
de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de                        (77/388/CEE) (1) modificada, en materia de armonización
1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las                          de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de res-                      impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema
ponsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos                  común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base
automóviles (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244), el                            imponible uniforme.
Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por los Sres.
M. Wathelet, Presidente de Sala, P. Jann (Ponente) y A. Rosas,
Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass,              2.   Condene en costas al Reino de España.
ha dictado el 24 de julio de 2003 un auto resolviendo lo
siguiente:                                                                    Motivos y principales alegaciones
                                                                              La Comisión imputa al Reino de España el incumplimiento de
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de           determinadas disposiciones de la Sexta Directiva por dos motivos:
30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el            1)   Aplicación de la prorrata de deducción a los sujetos
seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los               pasivos que efectúan únicamente operaciones que conlle-
vehículos automóviles, se opone a una normativa nacional que                       van el derecho a deducción (art. 102, ap. 1, de la Ley
reconoce diversos regímenes de responsabilidad civil aplicables a los              española del IVA).
siniestros resultantes de la circulación de los vehículos automóviles y
que prevé, para uno de dichos regímenes, importes máximos de
garantía inferiores a los importes mínimos de garantía establecidos                Según la Comisión, la normativa española amplía
en dicho artículo.                                                                 ilegalmente el ámbito de aplicación de la prorrata de
                                                                                deducción, ya que ésta se aplica no solamente a los sujetos
                                                                                pasivos que efectúan operaciones que conllevan el derecho
                                                                                a la deducción y operaciones que no conllevan tal derecho
                                                                                (sujetos pasivos mixtos), sino también a los que efectúan
(1) DO C 156 de 29.6.2002.                                                         únicamente operaciones que conllevan el derecho a
                                                                                deducción (sujetos pasivos totales), por la simple razón
                                                                                de que han percibido subvenciones que no integran la base
                                                                                imponible de sus operaciones gravadas. Conforme al
                                                                                artículo 17, apartado 5, de la Sexta Directiva, el
                                                                                mecanismo de la prorrata de deducción sólo puede
Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2003 contra el                                aplicarse en el caso de que los sujetos pasivos efectúen
Reino de España por la Comisión de las Comunidades                                 indistintamente operaciones imponibles pero exentas y
                               Europeas                                            operaciones gravadas.
                         (Asunto C-204/03)
                                                                                La Comisión añade que la inclusión de las subvenciones en
                           (2003/C 226/04)                                         la prorrata de deducción de los sujetos pasivos mixtos es
                                                                                una facultad otorgada a los Estados miembros y constituye
                                                                                una excepción al principio general de la deducción de las
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                       cantidades soportadas en concepto de IVA por la
presentado el 14 de mayo de 2003 un recurso contra el Reino                        realización de operaciones sujetas y no exentas. Por lo
de España formulado por la Comisión de las Comunidades                             tanto, no se puede hacer uso de dicha facultad para tratar
Europeas, representada por el Sr. Enrico Traversa, Consejero                       de manera desfavorable situaciones distintas de las
jurídico, y por la Sra. Lidia Lozano Palacios, miembro de su                       previstas por la Directiva, en contra de lo dispuesto por
Servicio jurídico, que designa domicilio en Luxemburgo.                            el legislador comunitario. Las posibles consecuencias
                                                                                sobre la neutralidad del impuesto del hecho de que los
                                                                                Estados miembros utilicen la opción prevista en el artículo
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                          19 de la Sexta Directiva no pueden justificar la pretensión
                                                                                de las autoridades españolas de extender la limitación de la
                                                                                deducción a los sujetos pasivos totales, puesto que no
                                                                                existe la base jurídica necesaria para ello y se trataría de
1.    Declare que, al mantener en vigor las disposiciones que                      una medida contraria a lo previsto por la Directiva.
      prevén la aplicación de la prorrata de deducción para los
      sujetos pasivos que únicamente efectúan operaciones
      gravadas, y que instauran una norma particular que limita                    La disposición española de que se trata tiene como efecto
      el derecho a la deducción del IVA correspondiente a la                       una doble imposición, ya que el sujeto pasivo que recibe
      compra de bienes o servicios por el mero hecho de haber                      la subvención la utiliza como parte del precio que paga


title: Asunto T-151/07: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2007 — KONE y otros/Comisión

text:
               7.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/34

         Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2007 — KONE y otros/Comisión
   (Asunto T-151/07)
   (2007/C 155/62)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: KONE Corp. (Helsinki, Finlandia), KONE GmbH (Hannover, Alemania) y KONE BV (La Haya, Países Bajos) (representantes: T. Vinje, Solicitor, D. Paemen, J. Schindler, B. Nijs, abogados, J. Flynn, QC y D. Scannell, Barrister)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule el artículo 2, apartado 2, de la Decisión, en la medida en que impone una multa a KONE Corporation y KONE GmbH, y o bien no imponga multa alguna o imponga una multa de un importe inferior al señalado en la decisión de la Comisión.

               —

               Que se anule el artículo 2, apartado 4, de la Decisión de la Comisión, en la medida en que impone una multa a KONE Corporation y KONE BV, y fije la multa en un importe inferior al señalado en la decisión de la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su recurso, las demandantes solicitan la anulación parcial, con arreglo al artículo 230 CE, de la Decisión C(2007) 512 final de la Comisión, de 21 de febrero de 2007, (asunto COMP/E-1/38.823 — PO/Ascensores y Escaleras mecánicas), sobre cuya base se consideró que los solicitantes, junto con otras empresas, eran responsables por haber participado en cuatro infracciones simples, complejas y continuas del artículo 81 CE, apartado 1, repartiéndose cuotas de mercado mediante acuerdos y/o conciertos para adjudicar licitaciones y contratos para la venta, instalación, servicio y modernización de ascensores y escaleras mecánicas.
   Las demandantes, KONE Corporation y sus filiales, KONE GmbH y KONE BV, recurren la decisión impugnada únicamente por lo que se refiere a la imposición de multas a KONE en su conjunto por su participación en infracciones cometidas en Alemania y en los Países Bajos.
   En cuanto a la infracción que se produjo en Alemania, las demandantes alegan que la Comisión incurrió en un error al determinar el importe de la multa. En particular, las demandantes sostienen, en primer lugar, que la Comisión aplicó incorrectamente la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (1), en la medida en que 1) debía haber conferido inmunidad a KONE con arreglo a lo dispuesto en el punto 8, letras a) y b), letra a), de la Comunicación, y 2) debía haber reducido la multa de las demandantes con arreglo al último apartado del punto 23 de la citada Comunicación.
   En segundo lugar, las demandantes alegan que la Comisión no aplicó correctamente las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2, artículo 15, del Reglamento no 17 y del apartado 5, artículo 65, del Tratado CECA (2), de 1998 (en lo sucesivo, «Directrices sobre la imposición de multas de 1998»), por cuanto 1) no tomó supuestamente en consideración el tamaño del mercado de referencia al imponer la multa, y b) no reconoció adecuadamente la circunstancia de que las demandantes no cuestionaran los hechos, como demuestra la concesión de una reducción de sólo un 1 % sobre el tributo.
   En tercer lugar, las demandantes sostienen que la Comisión vulneró los principios fundamentales del Derecho comunitario, en la medida en que 1) violó el principio de confianza legítima al no informarles dentro del plazo previsto de que no disponían de inmunidad; 2) violó el principio de igualdad de trato, al otorgar un trato diferente a demandantes que se encontraban en situaciones similares con respecto a la inmunidad, y 3) vulneró el derecho de defensa de las demandantes al denegarles el acceso a algunos documentos.
   Por lo que se refiere a la infracción cometida en los Países Bajos, las demandantes alegan que la Comisión se equivocó al denegarles cualquier reducción de la multa y al fijar el importe de ésta en 79.750.000 euros. En particular, las demandantes señalan, en primer lugar, que la Comisión no aplicó correctamente la Comunicación sobre la cooperación de 2002, al no reducir la multa impuesta a las demandantes en reconocimiento del hecho de que las demandantes habían facilitado información y habían cooperado durante el procedimiento administrativo. En segundo lugar, las demandantes alegan que la Comisión vulneró los principios de confianza legítima y de igualdad de trato. Por último, las demandantes sostienen que la Comisión aplicó incorrectamente las Directrices sobre la imposición de multas de 1998 porque no tomó en consideración las circunstancias atenuantes a favor de las demandantes ni reconoció adecuadamente la circunstancia de que las demandantes no cuestionaran los hechos.

      (1)  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).

      (2)  DO 1998, C 9, p. 3.


title: Asunto T-87/08: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de junio de 2008 — Chipre/Comisión

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/58

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de junio de 2008 — Chipre/Comisión
   (Asunto T-87/08) (1)

   (2008/C 223/105)

      Lengua de procedimiento: griego

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 142 de 7.6.2008.


title: Asunto C-262/05: Recurso interpuesto el 22 de junio de 2005 contra la República de Austria por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/13

         Recurso interpuesto el 22 de junio de 2005 contra la República de Austria por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-262/05)
   (2005/C 205/25)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 22 de junio de 2005 un recurso contra la República de Austria formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Hans Stølvbæk y el Sr. Andreas Manville, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República de Austria ha incumplido su obligación de adaptación completa del Derecho interno a la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

               —

               Condene en costas a la República de Austria.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 3 de enero de 2003.

      (1)  DO L 206, de 31.7.2001, p. 1.


title: Asunto C-294/02: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2002 contra Alcatel Microelectronics N.V., A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH, Intracom S.A. Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, Ision Sales & Services GmbH & Co., Euram-Kamino GmbH, Landesbank Kiel-Girozentrale, e InterTeam GmbH (en liquidación) por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
23.11.2002               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 289/7
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-               Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2002 contra
lución del Berufungssenat I der Region Linz bei der                      Alcatel Microelectronics N.V., A-Consult EDV-Bera-
Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, de fecha 11 de                 tungsgesellschaft mbH, Intracom S.A. Hellenic Telecom-
julio de 2002, en el recurso interpuesto por Herbert                     munications & Electronic Industry, Ision Sales & Services
                         Handlbauer GmbH                                 GmbH & Co., Euram-Kamino GmbH, Landesbank Kiel-
                                                                         Girozentrale, e InterTeam GmbH (en liquidación) por la
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas
                         (Asunto C-278/02)
                                                                                (Asunto C-294/02)
                           (2002/C 289/11)
                                                                                (2002/C 289/12)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                En el Tribunal de Justicia se ha presentado el 14 de agosto de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante              2002 (presentado ante el Tribunal de Primera Instancia el
resolución del Berufungssenat I der Region Linz bei der                  12 de agosto de 2002) un recurso contra Alcatel Microelectro-
Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, dictada el 11 de               nics N.V., A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH, Intra-
julio de 2002, en el recurso interpuesto por Herbert                     com S.A. Hellenic Telecommunications & Electronic Industry,
Handlbauer GmbH, y recibida en la Secretaría del Tribunal de             Ision Sales & Services GmbH & Co., Euram-Kamino GmbH,
Justicia el 29 de julio de 2002. El Berufungssenat I der Region          Landesbank Kiel-Girozentrale, y InterTeam GmbH (en liquida-
Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich solicita           ción) formulado por la Comisión de las Comunidades Euro-
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes            peas, representada por el Sr. Günter Wilms, miembro del
cuestiones:                                                              Servicio Jurídico de la Comisión de las Comunidades Europeas,
                                                                         asistido por el Sr. Rolf Karpenstein, abogado, que designa
                                                                         domicilio en Luxemburgo.
1.    El Reglamento (CE, EURATOM) no 2988/95 del Consejo,
      de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de
      los intereses financieros de las Comunidades Europeas (1),         El demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      ¿es directamente aplicable en los Estados miembros, y en
      particular en el ámbito de las organizaciones de mercado
      (restitución a la exportación), en caso de existencia de           1.    Condene solidariamente a los demandados a pagar a la
      irregularidades?                                                         demandante la cantidad de 317 214,00 EUR, más intere-
                                                                               ses calculados dos puntos por encima del tipo de
                                                                               interés aplicado por el Instituto Monetario Europeo a las
      a)    El artículo 3, apartado 1, del citado Reglamento, que              transacciones en euros, compuesta por dos importes, de
            establece un plazo de prescripción de cuatro años                  125 820,00 EUR desde 8 de junio de 1988 y de
            para las diligencias abiertas contra las irregularida-             191 394,00 EUR desde el 6 de mayo de 1999.
            des, ¿es directamente aplicable por las autoridades
            aduaneras de los Estados miembros?                           2.    Condene en costas a los demandados.
2.    La comunicación de la realización de un control aduanero
      a los correspondientes responsables de una empresa,
      ¿constituye una diligencia de instrucción de una irregula-         Motivos y principales alegaciones
      ridad o de ejecución de una acción contra la misma que
      interrumpe el plazo de prescripción de 4 años previsto
      en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2988/95, si
      tal control, previsto en el Reglamento (CEE) no 4045/              El recurso tiene por objeto la devolución de la diferencia entre
      89 ( 2), se realiza como consecuencia del riesgo, conocido         los adelantos abonados para la subvención de un proyecto
      en todas partes, o de la frecuencia de acciones que                («Electronic Commerce Fulfilment Service for the Electronics
      perjudiquen los intereses financieros de la Comunidad en           Industry») y la contribución financiera que, en virtud del
      la ejecución de la Política Agrícola Común?                        contrato, debía aprobar la Comisión. Se reclama la competen-
                                                                         cia del Tribunal de Justicia sobre la base de una cláusula
                                                                         compromisoria («The Court of First Instance of the European
                                                                         Communities, (...) shall have exclusive jurisdiction in any
( 1) DO L 312, 1995, p. 1.                                               dispute between the Commission and the Contractors concer-
( 2) DO L 388, 1989, p. 18.                                              ning the validity, application and interpretation of this con-
                                                                         tract»).


title: Asunto T-87/11 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 9 de junio de 2011 — GRP Security/Tribunal de Cuentas ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Contrato público de servicios — Comprobación de irregularidades en algunos documentos aportados por el adjudicatario del contrato — Decisiones por la que se impone una sanción administrativa al adjudicatario y se rescinde unilateralmente el contrato — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia» )

text:
               23.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/17

         Auto del Presidente del Tribunal General de 9 de junio de 2011 — GRP Security/Tribunal de Cuentas
   (Asunto T-87/11 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Contrato público de servicios - Comprobación de irregularidades en algunos documentos aportados por el adjudicatario del contrato - Decisiones por la que se impone una sanción administrativa al adjudicatario y se rescinde unilateralmente el contrato - Demanda de suspensión de la ejecución - Inexistencia de urgencia)
   2011/C 219/27
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: GRP Security (Bertrange, Luxemburgo) (representante: G. Osch, abogado)

      Demandada: Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (representantes: T. Kennedy, J.-M. Stenier y J. Vermer, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución, por una parte, de la decisión de 14 de enero de 2011 por la que el Tribunal de Cuentas exigió a la demandante el pago de una indemnización por daños y perjuicios por valor de 16 000 euros y se reservó el derecho a reclamar una indemnización de daños y perjuicios posterior así como, por otra parte, de su decisión del mismo día por la que se impone una sanción administrativa de exclusión de la demandante de los contratos y subvenciones financiados por el presupuesto de la Unión Europea por un período provisional de tres meses.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-318/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de diciembre de 2011 — A2A SpA, anteriormente ASM Brescia SpA/Comisión Europea [Recurso de casación — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas concedidas a empresas de servicios públicos — Exenciones fiscales — Decisión por la que se declara la incompatibilidad del régimen de ayudas con el mercado común — Recurso de anulación — Admisibilidad — Legitimación — Interés en ejercitar la acción — Artículo 87 CE — Concepto de «ayuda» — Artículo 88 CE — Concepto de «ayuda nueva» — Artículo 10 CE — Obligación de cooperación leal — Reglamento (CE) n ° 659/1999 — Artículos 1 y 14 — Legalidad de una orden de recuperación — Principio de seguridad jurídica — Obligación de motivación]

text:
               18.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 49/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de diciembre de 2011 — A2A SpA, anteriormente ASM Brescia SpA/Comisión Europea
   (Asunto C-318/09 P) (1)

   (Recurso de casación - Ayudas de Estado - Régimen de ayudas concedidas a empresas de servicios públicos - Exenciones fiscales - Decisión por la que se declara la incompatibilidad del régimen de ayudas con el mercado común - Recurso de anulación - Admisibilidad - Legitimación - Interés en ejercitar la acción - Artículo 87 CE - Concepto de «ayuda» - Artículo 88 CE - Concepto de «ayuda nueva» - Artículo 10 CE - Obligación de cooperación leal - Reglamento (CE) no 659/1999 - Artículos 1 y 14 - Legalidad de una orden de recuperación - Principio de seguridad jurídica - Obligación de motivación)
   2012/C 49/05
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: A2A SpA, anteriormente ASM Brescia SpA (representantes: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff y G. Pizzonia, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: E. Righini, V. Di Bucci y D. Grespan, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava ampliada) de 11 de junio de 2009, ASM Brescia SpA/Comisión (T-189/03), mediante la que el Tribunal desestimó un recurso de anulación de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2003/193/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público (DO 2003, L 77, p. 21).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación principal y la adhesión a la casación.

               2)

               Condenar a A2A SpA al pago de las costas correspondientes al recurso de casación principal.

               3)

               Condenar a la Comisión Europea al pago de las costas correspondientes a la adhesión a la casación.

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009.


title: Asunto F-2/12: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 2014 — Hristov/Comisión y EMA (Función pública — Procedimiento de selección y de nombramiento del director ejecutivo de una agencia reguladora — Agencia Europea de Medicamentos (EMA) — Procedimiento de selección en dos fases — Preselección en la Comisión — Nombramiento por el consejo de administración de la EMA — Obligación del consejo de administración de la EMA de elegir al director ejecutivo entre los candidatos seleccionados por la Comisión — Recurso de anulación — Composición del comité de preselección — Acumulación de funciones de miembro del comité de preselección y de miembro del consejo de administración de la EMA — Candidatos miembros del consejo de administración de la EMA que figuran en la lista de candidatos seleccionados por la Comisión — Nombramiento del candidato miembro del consejo de administración de la EMA — Deber de imparcialidad — Incumplimiento — Anulación — Recurso de indemnización — Perjuicio moral separable de la ilegalidad que basa la anulación — Prueba — Inexistencia)

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/46

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 2014 — Hristov/Comisión y EMA
   (Asunto F-2/12) (1)

   ((Función pública - Procedimiento de selección y de nombramiento del director ejecutivo de una agencia reguladora - Agencia Europea de Medicamentos (EMA) - Procedimiento de selección en dos fases - Preselección en la Comisión - Nombramiento por el consejo de administración de la EMA - Obligación del consejo de administración de la EMA de elegir al director ejecutivo entre los candidatos seleccionados por la Comisión - Recurso de anulación - Composición del comité de preselección - Acumulación de funciones de miembro del comité de preselección y de miembro del consejo de administración de la EMA - Candidatos miembros del consejo de administración de la EMA que figuran en la lista de candidatos seleccionados por la Comisión - Nombramiento del candidato miembro del consejo de administración de la EMA - Deber de imparcialidad - Incumplimiento - Anulación - Recurso de indemnización - Perjuicio moral separable de la ilegalidad que basa la anulación - Prueba - Inexistencia))
   (2015/C 007/52)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Partes

      Demandante: Emil Hristov (Sofía, Bulgaria) (representantes: M. Ekimdjiev, K. Boncheva y G. Chernicherska, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: Inicialmente J. Currall y D. Stefanov, agentes, posteriormente J. Curral y N. Nikolova, agentes)

      Demandada: Agencia Europea de Medicamentos (representantes: inicialmente V. Salvatore y T. Jablonski, agentes, posteriormente J. Currall y N. Nikolova, agentes)

      Objeto

   En primer lugar, pretensión de que se anulen las decisiones de la Comisión relativas a la elaboración y aprobación de la lista de preselección que se presentó al consejo de administración de la EMA en el procedimiento de selección y de nombramiento del director ejecutivo de la citada Agencia, en segundo lugar, pretensión de que se anule el nombramiento de otro candidato al citado puesto y, en tercer lugar, pretensión de que se indemnice el perjuicio moral supuestamente sufrido.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de la Comisión Europea de 20 de abril de 2011, por la que se propone al consejo de administración de la Agencia Europea de Medicamentos una lista de cuatro candidatos recomendados por el comité de preselección y confirmados por el comité consultivo para los nombramientos.

               2)

               Anular la decisión del consejo de administración de la Agencia Europea de Medicamentos de 6 de octubre de 2011, por la que se nombra al director ejecutivo.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               La Comisión Europea y la Agencia Europea de Medicamentos cargarán, cada una de ellas, con sus propias costas y, a partes iguales, con todas aquellas en que haya incurrido el Sr. Hristov.

      (1)  DO C 184, de 23.6.2012, p. 21.


title: Asunto C-271/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 14 de julio de 2016 — Sea Handling SpA, en liquidación/Comisión Europea [Recurso de casación — Derecho de acceso del público a los documentos de las Instituciones de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.° 1049/2001 — Artículo 4, apartado 2, tercer guion — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Interpretación incorrecta — Obligación de motivación — Documentos relativos a un procedimiento de control de las ayudas de Estado — Protección de los objetivos de las actividades de inspección, investigación y auditoría — Presunción general de aplicación de la excepción al derecho de acceso a la totalidad de los documentos del expediente administrativo — Alcance de la presunción de confidencialidad — Solicitud de acceso a la denuncia que dio origen al procedimiento de investigación — Denegación de acceso — Interés público superior]

text:
               12.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 335/22

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 14 de julio de 2016 — Sea Handling SpA, en liquidación/Comisión Europea
   (Asunto C-271/15 P) (1)

   ([Recurso de casación - Derecho de acceso del público a los documentos de las Instituciones de la Unión Europea - Reglamento (CE) n.o 1049/2001 - Artículo 4, apartado 2, tercer guion - Excepciones al derecho de acceso a los documentos - Interpretación incorrecta - Obligación de motivación - Documentos relativos a un procedimiento de control de las ayudas de Estado - Protección de los objetivos de las actividades de inspección, investigación y auditoría - Presunción general de aplicación de la excepción al derecho de acceso a la totalidad de los documentos del expediente administrativo - Alcance de la presunción de confidencialidad - Solicitud de acceso a la denuncia que dio origen al procedimiento de investigación - Denegación de acceso - Interés público superior])
   (2016/C 335/30)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Sea Handling SpA, en liquidación (representantes: B. Nascimbene y M. Merola, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Clotuche-Duvieusart, D. Grespan y D. Nardi, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Sea Handling SpA.

      (1)  DO C 311 de 21.9.2015.


title: Asunto C-278/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Aachen (Alemania) el 19 de mayo de 2016 — Frank Sleutjes

text:
               12.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 335/31

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Aachen (Alemania) el 19 de mayo de 2016 — Frank Sleutjes
   (Asunto C-278/16)
   (2016/C 335/41)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Aachen

      Partes en el procedimiento principal

   Frank Sleutjes

      Otra parte: Staatsanwaltschaft Aachen

      Cuestión prejudicial

   El artículo 3 de la Directiva 2010/64/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales […], ¿debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «sentencia» del artículo 37, apartado 3, de la StPO también comprende las resoluciones penales a las que se refieren los artículos 407 y siguientes de la StPO?

      (1)  DO 2010, L 280, p. 1.


title: Asunto C-512/06 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de diciembre de 2006 por PTV Planung Transport Verkehr AG contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) el 10 de octubre de 2006 en el asunto T-302/03, PTV Planung Transport Verkehr AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               24.2.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 42/12

         Recurso de casación interpuesto el 18 de diciembre de 2006 por PTV Planung Transport Verkehr AG contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) el 10 de octubre de 2006 en el asunto T-302/03, PTV Planung Transport Verkehr AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-512/06 P)
   (2007/C 42/21)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: PTV Plannung Transport Verkehr AG (representante: Sr. F. Nielsen, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 10 de octubre de 2006 (asunto T-302/03).

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada y recurrida.

         Motivos y principales alegaciones
   La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de octubre de 2006 infringe el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 (1). Según la parte recurrente, el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al considerar que entre el signo «map&guide», por una parte, y el producto «Software informático» y los servicios «Programación para ordenadores», por otra, existe «una relación directa y concreta» y que el signo «map&guide» permite «una identificación inmediata» de dichos productos y servicios (apartado 40 de la sentencia). Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia incurrió, en su opinión, en error de Derecho al considerar que el signo «map&guide» permite al público relevante establecer «inmediatamente y sin mayor reflexión una relación directa y concreta con el software informático y los servicios de programación para ordenadores que ofrecen la función de plano (de ciudad) y de guía (de viaje)» (apartado 47 de la sentencia). Por último, en la sentencia se afirma que en la clase del producto «Software informático» y en la clase de los servicios «Programación para ordenadores» se incluyen asimismo productos y servicios cuya función consiste en ofrecer mapas (de ciudad) y guías (de viaje).
   La interpretación que el Tribunal de Primera Instancia realiza del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 en la citada sentencia es incorrecta. La parte recurrente señala que, contrariamente a la tesis del Tribunal de Primera Instancia, la marca solicitada no carece de carácter distintivo y no es descriptiva. Sólo se podría considerar que existe una «relación directa y concreta» y una «identificación inmediata», si se tratara de un concepto que se refiriera directamente a los productos o servicios en cuestión o bien describiera las características de los respectivos productos o servicios que les son directamente, es decir, como tales, «intrínsecas». Ello no sucede así en el caso del signo «map&guide». Este signo no se refiere de modo directo al producto «Software informático» ni a los servicios «Programación para ordenadores», ni siquiera expresa una cualidad que esté directamente unida a tales productos o servicios. El público no puede establecer «inmediatamente y sin mayor reflexión una relación directa y concreta con el software informático y los servicios de programación para ordenadores que ofrecen la función de plano (de ciudad) y de guía (de viaje)».
   En opinión de la parte recurrente, la relación establecida en la sentencia por el Tribunal de Primera Instancia entre el signo «map&guide», por una parte, y el producto «Software informático» y los servicios «Programación para ordenadores» a los que se refiere concretamente dicho signo, por otra, no existe originariamente sino que es resultado de una construcción intelectual.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto T-258/12: Recurso interpuesto el 12 de junio de 2012 — Mederer/OAMI — Katjes Fassin (SOCCER GUMS)

text:
               21.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/28

         Recurso interpuesto el 12 de junio de 2012 — Mederer/OAMI — Katjes Fassin (SOCCER GUMS)
   (Asunto T-258/12)
   2012/C 217/60
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Mederer GmbH (Fürth, Alemania) (representantes: O. Ruhl y C. Sachs, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Alemania)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso, de 10 de abril de 2012, en el asunto R 225/2011-4.

               —

               Condene a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y a Katjes Fassin GmbH & Co. KG a cargar con las costas del procedimiento de oposición, del procedimiento de recurso y del procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «SOCCER GUMS» para productos de la clase 30 — Solicitud de marca comunitaria no8 629 446

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Katjes Fassin GmbH & Co. KG

      Marca o signo invocado: La marca denominativa nacional «SOCCER STAR» para productos de la clase 30

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009 y del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-2/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de junio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinchev (Impuestos especiales — Tributación de los vehículos de segunda mano — Imposición de los vehículos de segunda mano importados superior a la de los vehículos que ya están en circulación en el territorio nacional — Imposición en función del año de fabricación y de los kilómetros que figuran en el cuentakilómetros de los vehículos — Concepto de «productos nacionales similares» )

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de junio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinchev
   (Asunto C-2/09) (1)

   (Impuestos especiales - Tributación de los vehículos de segunda mano - Imposición de los vehículos de segunda mano importados superior a la de los vehículos que ya están en circulación en el territorio nacional - Imposición en función del año de fabricación y de los kilómetros que figuran en el cuentakilómetros de los vehículos - Concepto de «productos nacionales similares»)
   2010/C 221/12
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Varhoven administrativen sad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv

      Demandada: Petar Dimitrov Kalinchev

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Varhoven administrativen sad — Interpretación de los artículos 25 CE y 90 CE, párrafo primero, y del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76, p. 1) — Impuesto nacional (especial) que grava a los vehículos automóviles de segunda mano procedentes de un Estado miembro en el momento de su introducción en el territorio nacional, superior al impuesto especial debido por los vehículos automóviles nuevos introducidos en el mismo territorio nacional, los cuales, al encontrarse ya en circulación, ya no son gravados con impuestos especiales en el momento de su reventa posterior como vehículos de segunda mano — Concepto de «productos nacionales similares» — Compatibilidad de la legislación nacional con la normativa comunitaria.

      Fallo

               1)

               El artículo 3, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, no resulta de aplicación a un asunto como el del litigio principal y, por tanto, no puede oponerse al establecimiento, por un Estado miembro, de un régimen impositivo en el que se graven con impuestos especiales en el momento de su introducción en el territorio de un Estado miembro los vehículos automóviles de segunda mano, impuestos que no se devengan directamente en el momento de la reventa de vehículos automóviles que ya se hallen en el territorio de dicho Estado miembro y por los que ya se pagaron dichos impuestos especiales en el momento de su primera introducción en el territorio del Estado miembro, siempre y cuando dicho régimen no dé lugar, en el comercio entre Estados miembros, a formalidades relativas al cruce de fronteras.

               2)

               El artículo 110 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que se debe considerar a los vehículos de segunda mano importados en Bulgaria como productos similares a los vehículos de segunda mano ya matriculados en el territorio de este Estado y que fueron importados en el territorio de dicho Estado como vehículos nuevos, con independencia de su origen.

               3)

               El artículo 110 TFUE, párrafo primero, se opone a un régimen diferenciado del impuesto especial aplicado por un Estado miembro a los vehículos automóviles en circunstancias como las del caso de autos por cuanto este régimen grava de modo distinto los vehículos de segunda mano importados de otros Estados miembros y los vehículos de segunda mano ya matriculados en el territorio de dicho Estado que fueron importados en el mismo como vehículos nuevos.

      (1)  DO C 55, de 7.3.2009.


title: Archivo del asunto T-165/99

text:
C 191/32                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     10.8.2002
Recurso interpuesto el 1 de julio de 2002 contra la                        que el propio tribunal de oposición anuló tales preguntas y
Comisión de las Comunidades Europeas por Anselmo                          calculó la puntuación sobre la base de las restantes, sin
                               Briganti                                    modificar la puntuación mı́nima exigida en la convocatoria del
                                                                           concurso.
                        (Asunto T-195/02)
                                                                           Para fundamentar sus pretensiones, el demandante alega:
                         (2002/C 191/54)
                                                                           —    Los errores del tribunal de oposición son de tal magnitud
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                            que falsean los resultados de los dos tests.
                                                                           —    Inexistencia de una valoración correcta, justa e igualitaria
                                                                                de la capacidad de los distintos candidatos, ası́ como
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                          violación del principio de igualdad y de igualdad de trato.
Europeas se ha presentado el 1 de julio de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                  —    Incumplimiento contractual por parte del tribunal de
por el Sr. Anselmo Briganti, representado por el Sr. Giovanni                   oposición.
Sciusco, abogado.
                                                                           —    Violación del principio de la confianza.
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—     Anule la decisión del tribunal de oposición que excluye
      al demandante de la siguiente fase de la oposición COM/
      A/11/01 por no haber obtenido en el test a) la puntuación                          Archivo del asunto T-152/98 (1)
      mı́nima requerida.
—     Anule el criterio de valoración establecido por el tribunal                                 (2002/C 191/55)
      de oposición a raı́z de la comprobación de los errores en
      que el propio tribunal habı́a incurrido en relación con la                          (Lengua de procedimiento: italiano)
      pregunta no 38 del test a), sector «justicia e interior», y
      con la pregunta no 3 del test c).
                                                                           Mediante auto de 16 de mayo de 2002, el Presidente de la Sala
—     Anule la prueba correspondiente al test a) de la oposición          Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      COM/A/11/01, sector «justicia e interior».                           Europeas ha decidido archivar el asunto T-152/98, Azienda
                                                                           Agricola Ponte S. Pietro contra Consejo de la Unión Europea.
—     Anule todas los actos del tribunal de la oposición
      COM/A/11/01, sector «justicia e interior», dictados con
                                                                           (1) DO C 358 de 21.11.1998.
      posterioridad al desarrollo del test.
—     Condene en costas a la demandada.
Motivos y principales alegaciones                                                         Archivo del asunto T-165/99 (1)
El recurrente en el caso de autos, que ha participado en la                                        (2002/C 191/56)
prueba de selección previa relativa a la oposición COM/A/11/
01 (administradores principales — sector justicia e interior),                              (Lengua de procedimiento: inglés)
impugna la decisión del tribunal de oposición de excluirlo de
la fase siguiente de dicha oposición, por no haber superado la
prueba a que se refiere el test a).                                        Mediante auto de 16 de mayo de 2002, el Presidente de la Sala
                                                                           Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
El demandante sostiene que recibió al mismo tiempo una carta              Europeas ha decidido archivar el asunto T-165/99, Omega Air
del tribunal de oposición en la que éste indicaba que, con                Limited and Seven Q Seven Inc contra Consejo de la Unión
posterioridad al desarrollo de la prueba, habı́a podido compro-            Europea.
bar errores en la formulación de las preguntas no 38 del test a),
sector «justicia e interior», y no 3 del test c), con el resultado de      (1) DO C 281 de 2.10.1999.


title: Asunto C-76/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln, Alemania) — Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz/Finanzamt Bergisch Gladbach (Artículo 8 A del Tratado CE (actualmente artículo 18 CE, tras su modificación) — Ciudadanía de la Unión — Artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación) — Libre prestación de servicios — Normativa en materia del impuesto sobre la renta — Gastos de escolaridad — Derecho a deducir limitado a las cantidades abonadas a colegios privados nacionales)

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln, Alemania) — Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz/Finanzamt Bergisch Gladbach
   (Asunto C-76/05) (1)

   (Artículo 8 A del Tratado CE (actualmente artículo 18 CE, tras su modificación) - Ciudadanía de la Unión - Artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación) - Libre prestación de servicios - Normativa en materia del impuesto sobre la renta - Gastos de escolaridad - Derecho a deducir limitado a las cantidades abonadas a colegios privados nacionales)
   (2007/C 269/10)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Finanzgericht Köln
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz

      Demandada: Finanzamt Bergisch Gladbach
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Köln — Compatibilidad con los artículos 18 CE, 39 CE, 43 CE y 49 CE de una normativa nacional en materia de impuestos sobre la renta de las personas físicas que supedita la posibilidad de deducir de la cuota del impuesto las tasas de escolaridad de los hijos al requisito de que éstos estén escolarizados en determinados colegios nacionales — Hijos escolarizados en colegios de otros Estados miembros
   Fallo

               1)

               Cuando los contribuyentes de un Estado miembro escolarizan a sus hijos en un colegio privado situado en otro Estado miembro y cuya financiación se realiza esencialmente con cargo a fondos privados, el artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que concede a los contribuyentes la posibilidad de declarar, como gastos extraordinarios que dan derecho a una reducción en el impuesto sobre la renta, el pago de gastos de escolaridad a determinados colegios privados establecidos en su territorio nacional, pero excluye de manera general esta posibilidad en el caso de gastos de escolaridad abonados a un colegio privado establecido en otro Estado miembro.

               2)

               Cuando los contribuyentes de un Estado miembro envían a sus hijos a cursar estudios en un colegio establecido en otro Estado miembro cuyas prestaciones no pueden ampararse en el artículo 49 CE, el artículo 18 CE se opone a una normativa de un Estado miembro que concede a los contribuyentes la posibilidad de declarar, como gastos extraordinarios que dan derecho a una reducción en el impuesto sobre la renta, el pago de gastos de escolaridad a determinados colegios privados establecidos en su territorio nacional, pero excluye de manera general esta posibilidad en el caso de gastos de escolaridad abonados a un colegio establecido en otro Estado miembro.

      (1)  DO C 93 de 16.4.2005.


title: Asunto T-221/09: Sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/OAMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de la marca comunitaria denominativa ERGO Group — Marca comunitaria denominativa anterior URGO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009]» ]

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/47

         Sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/OAMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group)
   (Asunto T-221/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de la marca comunitaria denominativa ERGO Group - Marca comunitaria denominativa anterior URGO - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009])
   2011/C 269/104
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Alemania) (representantes: V. von Bomhard, A.W. Renck, T. Dolde y J. Pause, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: B. Schmidt, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Société de développement et de recherche industrielle (Chenôve, Francia) (representante: K. Dröge, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 20 de marzo de 2009 (asunto R 520/2008-4), relativa a un procedimiento de oposición entre la Société de développement et de recherche industrielle y Ergo Versicherungsgruppe AG.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Ergo Versicherungsgruppe AG.

      (1)  DO C 180, de 1.8.2009.


title: Asunto C-470/09 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y otros/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               13.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/10

         Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 2009 por Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) dictada el 9 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y otros/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-470/09 P)
   2010/C 37/12
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (representantes: I. Sáenz-Cortabarría Fernández y M. Morales Isasi, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Comisión de las Comunidades Europeas y Comunidad Autónoma de la Rioja

      Pretensiones

               —

               Que se declare admisible y fundado el recurso de casación.

               —

               Que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Que se estime la demanda presentada en primera instancia, en concreto, la anulación del artículo 3 de la decisión controvertida.

               —

               Que, con carácter subsidiario, se devuelva el asunto al Tribunal al Tribunal de Primera Instancia y, en su caso, le ordene practicar la prueba rechazada.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y en casación, y a la parte coadyuvante, Comunidad Autónoma de la Rioja, al pago de las costas del procedimiento de primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

               Error de Derecho al considerar el TPI que la finalización de un procedimiento previo de examen respecto de la medida fiscal controvertida, con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 659/1999 (1), requería la existencia de una decisión explícita de la Comisión en tal sentido (dirigida al Estado miembro).

               2)

               Desnaturalización de la decisión de 28 de noviembre de 2000 al considerar el TPI que dicha decisión puso fin a un procedimiento previo de examen de la medida fiscal controvertida que traería su origen de una denuncia registrada en abril de 1994. Error de Derecho al no considerar el TPI que el reexamen de la medida fiscal controvertida, en el año 2000, había de realizarse en el marco del procedimiento establecido para las ayudas existentes.

               3)

               Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales de carga y valoración de la prueba, en particular respecto de la prueba documental que constituye la decisión de 28 de noviembre de 2000 (su credibilidad y fuerza probatoria). Infracción del derecho a un proceso justo.

               4)

               Error de Derecho al infringir el TPI las normas procesales de valoración y carga de la prueba con relación a los indicios objetivos, pertinentes, concordantes y concluyentes que obran en autos y que acreditan que, con anterioridad a la decisión de 28 de noviembre de 2000, la Comisión había examinado preliminarmente la medida fiscal controvertida y había cerrado ese examen. Error de Derecho al no considerar el TPI que el reexamen de la medida fiscal controvertida, en el año 2000, había de realizarse en el marco del procedimiento establecido para las ayudas existentes.

               5)

               Error de Derecho al confirmar el TPI la apreciación como ayuda de funcionamiento de la medida fiscal controvertida adoptada en 1993 mediante la aplicación de la definición de ayuda a la inversión con arreglo a las Directrices sobre ayudas de finalidad regional de 1998. Vulneración del principio de seguridad jurídica, y en particular, del principio de irretroactividad.

               6)

               Error de Derecho sobre el concepto de «información pertinente» para el examen preliminar de un régimen fiscal en el ámbito de las ayudas de Estado que conduce al TPI a no apreciar que la duración del procedimiento previo fue irrazonable.

               7)

               Error de Derecho al apreciar el TPI que un plazo de 79 meses, en el caso analizado, no es una duración irrazonable para un procedimiento previo de examen de la medida fiscal controvertida y estimar, así, que no se ha vulnerado el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 en conexión con el principio de seguridad jurídica.

               8)

               Error de Derecho al apreciar el TPI que un plazo de 79 meses, en el caso analizado, no es una duración irrazonable para un procedimiento previo de examen de la medida fiscal controvertida y estimar, así, que no se ha vulnerado el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 en conexión con el principio de buena administración.

               9)

               Error de Derecho al apreciar el TPI que, en el caso concreto, no concurren circunstancias excepcionales que justifican la confianza legítima en la regularidad de la medida fiscal controvertida que impiden ordenar la recuperación de las ayudas con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 659/1999. Desnaturalización de la decisión.

               10)

               Error de Derecho al apreciar el TPI que, en el caso concreto, no se ha vulnerado el principio de igualdad de trato que impide ordenar la recuperación de las ayudas con arreglo al artículo 14, apartado 1 del Reglamento no 659/1999.

               11)

               Error de Derecho al inobservar el TPI las normas procesales en materia de práctica de la prueba y decidir no practicar la prueba propuesta por el demandante relativa a la exhibición de determinados documentos de la Comisión que, a la luz de los argumentos empleados por el TPI para desestimar la pretensión del demandante, se revela esencial en la defensa de sus intereses. Violación del derecho a un proceso justo, del principio de igualdad de armas y del derecho de defensa.

      (1)  Del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE
   DO L 83, p. 1


title: Asunto C-435/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de marzo de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado — Directiva 85/337/CEE — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente — Criterios de selección — Determinación de umbrales — Dimensión del proyecto)

text:
               21.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 152/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de marzo de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-435/09) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente - Criterios de selección - Determinación de umbrales - Dimensión del proyecto)
   2011/C 152/10
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. van Beek, J.-B. Laignelot y C. ten Dam, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica (representante: T. Materne, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Adaptación incorrecta e incompleta del Derecho interno a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06 p. 9), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CEE del Consejo de 3 de marzo de 1997 (DO L 73, p. 5) — Art. 4, aps. 2 y 3, en relación con los anexos II y III (Comunidad flamenca), art. 4, ap. 1, en relación con el anexo I, apartado 8, letra a), y apartado 18, letra a), y art. 7, ap. 1, letra b) (Región Valona) y art. 4, aps. 2 y 3, en relación con los anexos II y III (Región de Bruselas capital — Umbrales y criterios

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 85/37/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución correcta y completa:

                           —

                           por lo que respecta a la normativa de la Región Flamenca, del artículo 4, apartados 2 y 3, de la Directiva 85/337/CEE en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, en relación con los anexos II y III de dicha Directiva;

                           —

                           por lo que respecta a la normativa de la Región Valona, del apartado 1, del mismo artículo 4, en relación con el anexo I, apartados 8, letra a), y 18, letra a), de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, y del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, y

                           —

                           por lo que respecta a la normativa de la Región de Bruselas Capital, de los apartados 2 y 3 del citado artículo 4, en relación con los anexos II y III de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, y de dicho anexo III como tal.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 24, de 30.1.2010.


title: Asunto T-187/15: Auto del Tribunal General de 10 de noviembre de 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici y otros/Comisión («Ayudas de Estado — Empresa que explota rutas en autobús en la región de Campania — Compensación por obligaciones de servicio público abonada por las autoridades italianas a raíz de una sentencia del Consiglio di Stato — Decisión de la Comisión por la que se declara la medida incompatible con el mercado interior — Recurso interpuesto por empresas que se encuentran en una situación análoga a la del beneficiario de la ayuda»)

text:
               18.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/38

         Auto del Tribunal General de 10 de noviembre de 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici y otros/Comisión
   (Asunto T-187/15) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Empresa que explota rutas en autobús en la región de Campania - Compensación por obligaciones de servicio público abonada por las autoridades italianas a raíz de una sentencia del Consiglio di Stato - Decisión de la Comisión por la que se declara la medida incompatible con el mercado interior - Recurso interpuesto por empresas que se encuentran en una situación análoga a la del beneficiario de la ayuda»))
   (2016/C 016/47)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Nápoles, Italia); Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italia); Actv SpA (Venecia, Italia); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italia); Asstra — Associazione Trasporti (Roma, Italia), y Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Roma) (representante: M. Malena, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Armati, G. Conte y P.J. Loewenthal, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión (UE) no 2015/1074 de la Comisión, de 19 de enero de 2015, relativa a la ayuda estatal SA 35842 (2014/C) (ex 2012/NN) ejecutada por Italia — Compensación complementaria de servicio público a favor de CSTP (DO L 179, p. 112).

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

               2)

               Compagnia Trasporti Pubblici SpA, Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA, Actv SpA, Ferrovie Appulo Lucane Srl, Asstra Associazione Trasporti y Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 190, de 8.6.2015.


title: Asunto T-534/12: Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 2012 — Still/OAMI (Fleet Data Services)

text:
               2.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/25

         Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 2012 — Still/OAMI (Fleet Data Services)
   (Asunto T-534/12)
   2013/C 32/39
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Still GmbH (Hamburgo, Alemania) (representante: S. Waller, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 10 de septiembre de 2012 en el asunto R 130/2012-1.

               —

               Condene en costas a la demandada.

               —

               Con arreglo al artículo 50, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, acumule este asunto con el del recurso interpuesto paralelamente contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en el asunto R 4/2012-1, también de 10 de septiembre de 2012, relativa a la solicitud no 9.931.429 de marca comunitaria «Truck Data Services».

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene los elementos denominativos «Fleet Data Services» para productos y servicios de las clases 9, 12, 35, 36, 37 y 39 — Solicitud de marca comunitaria no 9.931.387

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud de registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados:

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009

               —

               Infracción del artículo 73, apartado 2, del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-108/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Venecia — Italia) — Ivana Scattolon/Ministero dell’Università e della Ricerca (Política social — Directiva 77/187/CEE — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas — Conceptos de empresa y de transmisión — Cedente y cesionario de Derecho público — Aplicación desde la fecha de la transmisión del convenio colectivo vigente en la empresa del cesionario — Retribución — Reconocimiento de la antigüedad adquirida al servicio del cedente)

text:
               22.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Venecia — Italia) — Ivana Scattolon/Ministero dell’Università e della Ricerca
   (Asunto C-108/10) (1)

   (Política social - Directiva 77/187/CEE - Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas - Conceptos de «empresa» y de «transmisión» - Cedente y cesionario de Derecho público - Aplicación desde la fecha de la transmisión del convenio colectivo vigente en la empresa del cesionario - Retribución - Reconocimiento de la antigüedad adquirida al servicio del cedente)
   2011/C 311/12
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Ordinario di Venezia

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ivana Scattolon

      Demandada: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) — Ámbito de aplicación de las Directivas 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122), y 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82, p. 16) — Interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE — Transferencia de personal administrativo de limpieza de una administración local a una administración estatal — Mantenimiento de derechos, incluido el de antigüedad en el servicio adquirido en el seno de la entidad local.

      Fallo

               1)

               La subrogación por una autoridad pública de un Estado miembro en la relación laboral con el personal empleado por otra autoridad pública y encargado de la prestación a escuelas de servicios auxiliares que comprenden en especial tareas de mantenimiento y de asistencia administrativa constituye una transmisión de empresa incluida en el ámbito de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, cuando ese personal está constituido por un conjunto estructurado de empleados que están protegidos como trabajadores por el Derecho interno de ese Estado miembro.

               2)

               Cuando una transmisión de empresa, en el sentido de la Directiva 77/187, da lugar a la aplicación inmediata a los trabajadores transferidos del convenio colectivo vigente para el cesionario, y las condiciones de retribución previstas por dicho convenio están ligadas en especial a la antigüedad, el artículo 3 de la referida Directiva se opone a que los trabajadores transferidos sufran una pérdida salarial sustancial en relación con su situación inmediatamente anterior a la transmisión, debido a que su antigüedad adquirida al servicio del cedente, equivalente a la adquirida por trabajadores al servicio del cesionario, no se tenga en cuenta al determinar su condición salarial inicial al servicio de este último. Incumbe al tribunal remitente examinar si se ha producido tal pérdida salarial con ocasión de la transmisión de empresa objeto del litigio principal.

      (1)  DO C 134, de 22.5.2010.


title: Asunto T-683/13: Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2013 — Brammer/OAMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

text:
               1.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 61/14

         Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2013 — Brammer/OAMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)
   (Asunto T-683/13)
   2014/C 61/24
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Brammer GmbH (Viena, Austria) (representante: R. Kornfeld, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Office Ernest T. Freylinger SA (Strassen, Luxemburgo)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que, en la medida en que la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) ha confirmado también la resolución de la División de Oposición de 4 de julio de 2012, que estimó la oposición para los servicios de las clases 38 y 42:

               —

               Declare que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) ha incurrido en error.

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 8 de octubre de 2013 en el asunto R 1653/2012-1.

               —

               Condene en costas a la Oficina demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «EUROMARKER» para servicios de las clases 38, 42 y 45 — Solicitud de marca comunitaria no 9.852.849

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Office Ernest T. Freylinger SA

      Marca o signo invocado: Marca denominativa «EURIMARK» para servicios de las clases 35, 41, 42 y 45 — Marca comunitaria no 5.850.111

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asuntos T-84/10 R y T-223/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 25 de junio de 2010 — Regione Puglia/Comisión (Procedimiento de medidas provisionales — Decisión de reducir una ayuda económica comunitaria — Nota de adeudo — Demanda de suspensión de la ejecución — Falta de urgencia)

text:
               28.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 234/38

         Auto del Presidente del Tribunal General de 25 de junio de 2010 — Regione Puglia/Comisión
   (Asuntos T-84/10 R y T-223/10 R)
   (Procedimiento de medidas provisionales - Decisión de reducir una ayuda económica comunitaria - Nota de adeudo - Demanda de suspensión de la ejecución - Falta de urgencia)
   2010/C 234/68
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Regione Puglia (representantes: F. Brunelli y A. Aloia, abogados)

      Demandada): Comisión Europea (representantes: C. Cattabriga y A. Steiblyté, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución, por una parte, de la Decisión C(2009) 10350 final de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, en virtud de la cual se reducen las ayudas económicas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedidas en favor del programa operativo, POR Puglia, perteneciente al objetivo 1 (2000-2006), en Italia y, por otra parte, de la orden de pago contenida en la nota de adeudo de 26 de febrero de 2010, emitida a raíz de la citada Decisión.

      Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-84/10 R y T-223/10 R a efectos del presente auto.

               2)

               Desestimar las demandas de medidas provisionales.

               3)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-665/15: Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2015 — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/10

         Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2015 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-665/15)
   (2016/C 059/10)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Guerra e Andrade y J. Hottiaux, agentes)

      Demandada: República Portuguesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 5, letra d), de la Directiva 2006/126/CE, (1) al no haber efectuado la interconexión a la red de permisos de conducción de la Unión Europea.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

      Motivos y principales alegaciones

   De la Directiva 2006/126 y de la jurisprudencia se desprende que incumbe al Estado miembro que expide el permiso de conducción comprobar si se cumplen los requisitos mínimos para la expedición del permiso de conducción.
   Sin embargo, si el Estado portugués no está interconectado a la red de permisos de conducción de la Unión Europea (RESPER), no puede comprobar si se cumplen los requisitos mínimos para la expedición de un permiso de conducción. En particular, no puede comprobar si el solicitante es ya titular de otro permiso de conducción en otro Estado miembro.
   Por otro lado, al no estar interconectado a RESPER, los otros Estados miembros no pueden comprobar, conjuntamente con Portugal, si concurren los requisitos mínimos para la expedición de un permiso de conducción.
   Asimismo, los otros Estados miembros no pueden realizar control alguno, conjuntamente con Portugal, en aquellos casos en que, de forma manifiesta, no concurran los requisitos mínimos para la expedición de un permiso de conducción.
   Así pues, al no estar interconectado a RESPER, Portugal desvirtúa la finalidad esencial del deber de interconexión y de la Directiva 2006/16, que es mejorar la seguridad en carretera, facilitando la libre circulación de las personas.
   El artículo 7, apartado 5, letra d), de la Directiva establece, claramente, que los Estados miembros deberán utilizar la red de permisos de conducción de la Unión Europea, en particular, para efectuar los controles y, en concreto, para impedir que un titular lo sea de más de un permiso de conducción.
   El artículo 16, apartado 2, de la Directiva dispone que los Estados miembros debían aplicar el artículo 7, apartado 5, de la Directiva, a partir del 19 de enero de 2013.

      (1)  Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Refundición) (DO L 403, p. 18).