title: Asunto T-84/02: Recurso interpuesto el 25 de marzo de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Armand De Buck

text:
C 131/22               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        1.6.2002
Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2002 contra el                    Motivos y principales alegaciones
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas por la
                Sra. Margot Wagemann-Reuter
                                                                        La demandante aduce la infracción del artı́culo 40, apartado 4,
                                                                        letra d), del Estatuto de los Funcionarios, alegando que la parte
                                                                        demandada no la reincorporó al puesto que quedó vacante
                        (Asunto T-81/02)                                tras la revalorización de puestos LA 5 al grado LA 4 en la
                                                                        sección alemana del servicio lingüı́stico del Tribunal de Cuentas
                                                                        y ni siquiera analizó la posibilidad de reincorporarla a dicho
                         (2002/C 131/41)                                empleo.
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                        Recurso interpuesto el 25 de marzo de 2002 contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por Armand De
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                                  Buck
Europeas se ha presentado el 18 de marzo de 2002 un recurso
contra el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas                                        (Asunto T-84/02)
formulado por la Sra. Margot Wagemann-Reuter, con domici-
lio en Luxemburgo, representada por Me Marc-Albert Lucas,                                         (2002/C 131/42)
abogado.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 25 de marzo de 2002 un recurso
                                                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
—    Anule la denegación presunta por el Tribunal de Cuentas,          por Armand De Buck, con domicilio en Koersel (Bélgica),
     el 22 de mayo de 2001, de su solicitud de reincorporación         representada por el Sr. Lucas Vogel, abogado, que designa
     tras un perı́odo de excedencia voluntaria.                         domicilio en Luxemburgo.
                                                                        El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—    Anule la decisión del Tribunal de Cuentas, de 12 de
     diciembre de 2001, por la que se desestima su reclama-             —      Anule la decisión adoptada por la AFPN el 14 de
     ción administrativa de 14 de agosto de 2001 contra la                    diciembre de 2001 por la que se desestima la reclamación
     primera decisión impugnada y la negativa del demandado                   presentada por el demandante el 19 de mayo de 2001
     a reincorporarla al puesto LA 4 de jefe de Equipo de                      contra la decisión de 20 de febrero de 2001 que hacı́a
     traducción que quedó vacante a finales de 2000 o a                      definitiva la decisión provisional de 1 de julio de 1999
     principios de 2001 en la sección alemana del servicio                    que desestimaba el carácter profesional de la enfermedad
     lingüı́stico o a examinar, al menos, su aptitud a ocupar el               sanguı́nea que padece el demandante.
     referido puesto.
                                                                        —      Anule las citadas decisiones de 20 de febrero de 2001 y
                                                                               de 1 de julio de 1999.
—    Condene al demandado a abonarle en concepto de
                                                                        —      Condene en costas a la parte demandada.
     indemnización por el perjuicio experimentado en su
     carrera a causa de la ilegalidad de las decisiones impugna-
     das una cantidad correspondiente a la retribución global
     que habrı́a percibido si se hubiera reincorporado a dicho          Motivos y principales alegaciones
     puesto, a la que deberá añadirse el interés de demora a
     razón del 8 % anual calculado a partir del dı́a en que se         En apoyo de su recurso, el demandante invoca una infracción
     adeudaron las referidas cantidades y hasta el momento en           del artı́culo 73, apartado 1, del Estatuto y una infracción del
     que se efectúe el pago completo.                                  artı́culo 3 de la Reglamentación relativa a la cobertura de
                                                                        los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los
                                                                        funcionarios de las Comunidades Europeas. A juicio del
—    Condene al demandado a abonarle la cantidad de                     demandante, la Comisión cometió un error manifiesto de
     2 500 EUR en concepto de indemnización por el perjuicio           apreciación al basarse en unos documentos médicos cuya
     moral que le ocasionó la ilegalidad de las decisiones             motivación incurrı́a en contradicciones y en apreciaciones
     impugnadas, evaluado ex aequo et bono.                             erróneas, que se deducı́an de un análisis incorrecto de los
                                                                        hechos debidamente acreditados.
—    Condene en costas al demandado.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 12 de julio de 2005, en los asuntos acumulados C-154/04 y C-155/04 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, Alliance for Natural Health y otros contra Secretary of State for Health y The Queen, National Association of Health Stores y otros contra Secretary of State for Health y otros («Aproximación de las legislaciones — Complementos alimenticios — Directiva 2002/46/CE — Prohibición de comercializar los productos que no se atienen a la Directiva — Validez — Base jurídica — Artículo 95 CE — Artículos 28 CE y 30 CE — Reglamento (CE) n° 3285/94 — Principios de subsidiariedad, de proporcionalidad y de igualdad de trato — Derecho de propiedad — Libre ejercicio de una actividad económica — Obligación de motivación»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/19

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 12 de julio de 2005
   en los asuntos acumulados C-154/04 y C-155/04 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, Alliance for Natural Health y otros contra Secretary of State for Health y The Queen, National Association of Health Stores y otros contra Secretary of State for Health y otros (1)

   («Aproximación de las legislaciones - Complementos alimenticios - Directiva 2002/46/CE - Prohibición de comercializar los productos que no se atienen a la Directiva - Validez - Base jurídica - Artículo 95 CE - Artículos 28 CE y 30 CE - Reglamento (CE) no 3285/94 - Principios de subsidiariedad, de proporcionalidad y de igualdad de trato - Derecho de propiedad - Libre ejercicio de una actividad económica - Obligación de motivación»)
   (2005/C 217/36)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En los asuntos acumulados C-154/04 y C-155/04, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido), mediante resoluciones de 17 de marzo de 2004, recibidas en el Tribunal de Justicia el 26 de marzo de 2004, en los procedimientos entre The Queen, a instancia de: Alliance for Natural Health (C-154/04), Nutri-Link Ltd y Secretary of State for Health y The Queen, a instancia de: National Association of Health Stores (C-155/04), Health Food Manufacturers Ltd y Secretary of State for Health, National Assembly for Wales, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas y K. Lenaerts (Ponente), Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits y A. Ó Caoimh, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora, ha dictado el 12 de julio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El examen de la cuestión planteada no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de los artículos 3, 4, apartado 1, y 15, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios.

      (1)  DO C 118, de 30.4.2004.


title: Asunto T-610/14: Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2014 — Laverana/OAMI (BIO ORGANIC)

text:
               13.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 361/24

         Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2014 — Laverana/OAMI (BIO ORGANIC)
   (Asunto T-610/14)
   2014/C 361/37
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Alemania) (representantes: J. Wachinger, M. Zöbisch y D. Chatterjee, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 2 de junio de 2014 en el asunto R 301/2014-4.

               —

               Condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene los elementos denominativos «BIO ORGANIC» para productos y servicios de las clases 3, 5 y 35 — Solicitud de marca comunitaria no 1 2 0 06  409

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud de registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados:

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Desviación de poder mediante una resolución basada en consideraciones de Derecho de la competencia.


title: Asunto C-660/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de marzo de 2017 — Viasat Broadcasting UK Ltd/Comisión Europea, Reino de Dinamarca, TV2/Danmark A/S (Recurso de casación — Ayuda de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Artículo 106 TFUE, apartado 2 — Medida de las autoridades danesas en favor del ente público de radiodifusión danés TV2/Danmark — Compensación de los costes inherentes a la ejecución de las obligaciones de servicio público — Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior)

text:
               8.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de marzo de 2017 — Viasat Broadcasting UK Ltd/Comisión Europea, Reino de Dinamarca, TV2/Danmark A/S
   (Asunto C-660/15 P) (1)

   ((Recurso de casación - Ayuda de Estado - Artículo 107 TFUE, apartado 1 - Artículo 106 TFUE, apartado 2 - Medida de las autoridades danesas en favor del ente público de radiodifusión danés TV2/Danmark - Compensación de los costes inherentes a la ejecución de las obligaciones de servicio público - Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior))
   (2017/C 144/14)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (representantes: M. Honoré y S. E. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: L. Grønfeldt, L. Flynn y B. Stromsky, agentes) Reino de Dinamarca (representantes: C. Thorning, agente, asistido por R. Holdgaard, Advokat), TV2/Danmark A/S (representante: O. Koktvedgaard, advokat)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar a Viasat Broadcasting UK Ltd a cargar con las costas de la Comisión Europea y de TV2/Danmark A/S.

               3)

               El Reino de Dinamarca cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 59 de 15.2.2016.


title: Asunto F-59/12: Recurso interpuesto el 7 de junio de 2012 — ZZ/Tribunal de Cuentas

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/38

         Recurso interpuesto el 7 de junio de 2012 — ZZ/Tribunal de Cuentas
   (Asunto F-59/12)
   2012/C 227/64
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: L. Levi, abogada)

      Demandada: Tribunal de Cuentas Europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la convocatoria para proveer plaza vacante ECA/2011/67, para el puesto de Director de la Dirección de Recursos Humanos.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la convocatoria para proveer plaza vacante ECA/2011/67.

               —

               Que se anulen todas las decisiones adoptadas en el procedimiento de selección abierto a raíz de la convocatoria para proveer plaza vacante ECA/2011/67.

               —

               Que se indemnice el perjuicio material sufrido por el demandante, consistente en la pérdida de los derechos económicos derivados del nombramiento (incluidos los relacionados con la carrera y con los derechos de pensión), y se le abonen por tanto las cantidades correspondientes a esos derechos a partir del 1 de enero de 2011.

               —

               Habida cuenta del contexto en que se adoptaron las decisiones, que se le otorgue una cantidad de 15 000 euros en concepto de reparación del perjuicio moral

               —

               Que se condene al Tribunal de Cuentas a cargar con la totalidad de las costas.


title: Asunto F-37/10: Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de mayo de 2011 — Stratakis/Comisión

text:
               12.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/39

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de mayo de 2011 — Stratakis/Comisión
   (Asunto F-37/10) (1)

   2012/C 138/96
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 246, de 11.9.2010, p. 41.


title: Asunto C-400/04: Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2004 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               6.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 273/22

         Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2004 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-400/04)
   (2004/C 273/41)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 21 de septiembre de 2004 un recurso contra el Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Knut Simonsson y Wouter Wils, en calidad de agentes.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de los graneleros (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber informado de ello a la Comisión.

               2)

               Condene en costas al Reino de los Países Bajos.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva 2001/96/CE expiró el 5 de agosto de 2003.

      (1)  DO L 13 de 16.1.2002, p. 9.


title: Asunto C-346/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte [Incumplimiento de Estado — Directiva 2001/80/CE — Contaminación y molestias — Instalaciones de combustión — Limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes — No aplicación de la referida Directiva a la central eléctrica de Lynemouth (Reino Unido)]

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/7

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
      (Asunto C-346/08) (1)

      (Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/80/CE - Contaminación y molestias - Instalaciones de combustión - Limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes - No aplicación de la referida Directiva a la central eléctrica de Lynemouth (Reino Unido))
      (2010/C 161/09)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Oliver y A. Alcover San Pedro, agentes)

         Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: L. Seeboruth, agente, y D. Wyatt, QC)

         Objeto

      Incumplimiento de Estado — Incumplimiento, en lo que respecta a la central térmica situada en Lynemouth, Nothumberland, de la Directiva 2001/80/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (DO L 309, p. 1) — No haber reducido significativamente las emisiones de la mencionada central en el plazo previsto en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva.

         Fallo

                  1)

                  El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, al no garantizar la aplicación de dicha Directiva a la central eléctrica explotada por Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd en Lynemouth, en el noreste de Inglaterra.

                  2)

                  Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

         (1)  DO C 260, de 11.10.2008.


title: Asunto T-95/14: Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2014 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consejo

text:
               7.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/40

         Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2014 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consejo
   (Asunto T-95/14)
   2014/C 102/61
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Irán) (representantes: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea y J. Iriarte Ángel, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule el artículo 1 de la decisión 2013/6661/PESC del Consejo en cuanto a ella atañe y proceda a excluirla de su anexo;

               —

               anule el artículo 1 del reglamento de Ejecución (UE) no 1154/2013 del Consejo en cuanto a ella atañe y proceda a excluirla de su anexo, y

               —

               condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra los artículos 1 del Reglamento de Ejecución (UE) no 1154/2013 del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 sobre medidas restrictivas contra Irán (JO L 306, p. 3), y de la Decisión 2013/661/PESC del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (JO L 306, p. 18), en la medida en que contemplan la inclusión de la demandante en la lista de personas y entidades a las que se aplican dichas medidas restrictivas.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en el error manifiesto en la apreciación de los hechos en los que se fundamentan las disposiciones impugnadas, puesto que carecen de fundamento fáctico y probatorio real.

               2.

               Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivar, ya que las normas impugnadas adolecen en cuanto a IOEC de una motivación, que no solo carece de fundamento, sino que es imprecisa, inespecífica y genérica, impidiendo articular adecuadamente su defensa.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a la motivación de los actos, la falta de prueba de los motivos alegados y los derechos de defensa y propiedad, puesto que no se han respetado la exigencia de motivación y la necesidad de aportar pruebas reales, lo que incide en los demás derechos.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la desviación de poder, puesto que existen indicios objetivos, precisos y concordantes que permiten sostener que el Consejo abusando de su posición y de manera fraudulenta, al adoptar las medidas sancionadoras pretendió fines distintos a los alegados por el mismo.

               5.

               Quinto motivo, basado en la incorrecta interpretación de las normas jurídicas que se pretenden aplicar, ya que se hace una interpretación y aplicación incorrecta y extensiva de las mismas, lo que es inadmisible cuando se trata de disposiciones sancionadoras.

               6.

               Sexto motivo, basado en la vulneración del derecho de propiedad, en cuanto que se ha limitado sin una justificación real.

               7.

               Séptimo motivo, basado en la violación del principio de igualdad de trato, ya que se ha perjudicado la posición comparativa de la empresa recurrente sin que existan causas para ello.


title: Asunto T-326/02: Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Kotug International B.V., Sleepdienst Adriaan Kooren B.V. y K&K International B.V.

text:
21.12.2002                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 323/39
Esta circunstancia, así como el archivo de datos que puedan                  Motivos y principales alegaciones
proporcionar información sobre la pertenencia sindical, consti-
tuye una infracción de lo dispuesto en el Reglamento 45/
2001/CE (1) .
                                                                             Las demandantes disfrutaron la denominada ventaja fiscal y se
                                                                             les aplicó el impuesto sobre el tonelaje, establecidos por los
                                                                             Países Bajos en favor, entre otros, de los buques destinados a
( 1) Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del
                                                                             actividades de remolque y salvamento en alta mar. En la
     Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de
     las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
                                                                             Decisión impugnada, la Comisión estima que dicha normativa
     personales por las instituciones y los organismos comunitarios y        constituye una ayuda de Estado nueva en favor de las
     a la libre circulación de estos datos (DO L 8, p. 1).                   actividades de los buques remolcadores que se realizan princi-
                                                                             palmente en, y alrededor de, los puertos de la Comunidad y en
                                                                             las vías navegables interiores de la Comunidad, y no en
                                                                             alta mar. La Comisión también requiere a las autoridades
                                                                             neerlandesas para que exijan la devolución de la ayuda.
                                                                             Las demandantes alegan que la Comisión vulnera el Tratado
                                                                             CE y el Reglamento 59/1999 ( 1) al calificar la normativa
                                                                             controvertida de ayuda de Estado nueva. Según las demandan-
Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2002 contra
                                                                             tes, la normativa objeto de litigio constituye un ayuda de
la Comisión de las Comunidades Europeas por Kotug
International B.V., Sleepdienst Adriaan Kooren B.V. y                        Estado existente autorizada por la Comisión.
                        K&K International B.V.
                                                                             Por tanto, no existe una modificación de una ayuda existente.
                           (Asunto T-326/02)                                 La Comisión indica que, con el transcurso de los años, se ha
                                                                             modificado la interpretación de la ley neerlandesa. De este
                                                                             modo, los buques remolcadores pueden acogerse a las ayudas
                             (2002/C 323/64)                                 de Estado más bien con arreglo a criterios técnicos que con
                                                                             arreglo al lugar en el que se realizan las actividades que
                                                                             desarrollan. Las demandantes estiman, no obstante, que lo
                   (Lengua de procedimiento: neerlandés)                     anterior resulta claramente de los textos legales notificados
                                                                             por las autoridades neerlandesas que no utilizan un criterio
                                                                             geográfico real, sino un criterio técnico de calidad. Por tanto,
                                                                             tampoco ha sido modificada la interpretación de las medidas
                                                                             de ayuda.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 24 de octubre de 2002 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por Kotug International B.V., Sleepdienst Adriaan                  Las demandantes sostienen, además, que la Comisión no siguió
Kooren B.V. y K&K International B.V., con domicilio social en                el procedimiento correcto. Según ellas, la Comisión, tras recibir
Rotterdam, representadas por el Sr. T.R. Ottervanger, que                    información complementaria, no emitió ninguna recomenda-
designa domicilio en Luxemburgo.                                             ción de adopción de medidas apropiadas con arreglo al
                                                                             artículo 18 del Reglamento 659/1999. Añaden que la Comi-
                                                                             sión tampoco examinó, con arreglo al artículo 9 del Regla-
Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia:                  mento 659/1999, la ayuda que había autorizado. Las deman-
                                                                             dantes alegan que tampoco concurren los requisitos previstos
                                                                             en dicho artículo, dado que no ha habido información
1)      Con carácter principal, que anule la Decisión de la                  incorrecta. Señalan, además, que la Comisión no demostró que
        Comisión, de 19 de junio de 2002, C(2002) 2158 final,                la normativas objeto de litigio no sea acorde con las medidas
        relativa a la ayuda estatal concedida por los Países Bajos           de ayuda que ella había autorizado previamente.
        en favor de las operaciones realizadas por remolcadores
        neerlandeses en puertos marítimos y vías navegables
        interiores de la Comunidad.
                                                                             Las demandantes aducen, a continuación, que la Decisión
                                                                             impugnada infringe el artículo 87 CE, apartado 3. Según
2)      Con carácter subsidiario, que anule los artículos 2 y 3 de
                                                                             ellas, la Comisión declara, erróneamente, que la normativa
        la Decisión impugnada en los que la Comisión requiere al
                                                                             controvertida es incompatible con el mercado común. Las
        Gobierno neerlandés, entre otros, para que adopte todas
                                                                             demandantes afirman que los servicios de remolque de los
        las medidas necesarias para exigir a los beneficiarios la
                                                                             buques remolcadores de alta mar a los buques marítimos, con
        devolución de la ayuda, salvo la concedida antes del 12 de
                                                                             independencia del lugar en el que se efectúan dichas activida-
        septiembre de 1990.
                                                                             des, están comprendidos en el ámbito de aplicación de las
                                                                             Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte
3)      Condene en costas a la Comisión.                                     marítimo (DO 1997, C 205, p. 5) ( 2).
 ---pagebreak--- C 323/40                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     21.12.2002
Las demandantes alegan que la Decisión impugnada vulnera,                 2)    Con carácter subsidiario, que anule los artículos 2 y 3 de
además, el principio de protección de la confianza legítima y                   la Decisión impugnada en los que la Comisión requiere al
el artículo 14 del Reglamento 659/1999. Según ellas, podían                     Gobierno neerlandés, entre otros, para que adopte todas
confiar en que la ayuda de Estado era lícita, dado que había                    las medidas necesarias para exigir a los beneficiarios la
sido autorizada por la Comisión. Por tanto, la exigencia de                     devolución de la ayuda, salvo la concedida antes del 12 de
devolución de la ayuda recibida también es contraria a sus                      septiembre de 1990.
expectativas legítimas.
                                                                          3)    Condene en costas a la Comisión.
Las demandantes estiman que la Decisión impugnada también
vulnera el principio de seguridad jurídica, puesto que la
Comisión ha modificado su opinión sobre las medidas fiscales
para el transporte marítimo. Según ellas, una modificación de             Motivos y principales alegaciones
la opinión sobre las medidas de ayuda no puede tener como
consecuencia que una medida de ayuda autorizada se califique
de ayuda nueva y no de ayuda existente.                                   Se invocan los mismos motivos que en el asunto T-326/02.
Las demandantes invocan, además, la vulneración de los
principios de igualdad y proporcionalidad, y el incumplimiento
de la obligación de motivación.
( 1) Reglamento (CE) n o 659/1999 del Consejo de 22 de marzo
     de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
     artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).                          Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2002 contra la
( 2) Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte        Comisión de las Comunidades Europeas por Smit Harbour
     marítimo (DO 1997, C 205, p. 5).                                                          Towage Rotterdam B.V.
                                                                                (Asunto T-328/02)
                                                                                (2002/C 323/66)
Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2002 contra la
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
Comisión de las Comunidades Europeas por Muller
Marine Holding B.V., Muller Maritime Holding B.V. y
    Handel- en Scheepvaartmaatschappij Multraschip B.V.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                          (Asunto T-327/02)
                                                                          Europeas se ha presentado el 24 de octubre de 2002 un
                                                                          recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                           (2002/C 323/65)                                formulado por Smit Harbour Towage Rotterdam B.V., con
                                                                          domicilio social en Rotterdam, representada por el
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)                    Sr. T.R. Ottervanger, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 24 de octubre de 2002 un                     1)    Con carácter principal, que anule la Decisión de la
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                          Comisión, de 19 de junio de 2002, C(2002) 2158 final,
formulado por Muller Marine Holding B.V., Muller Maritime                       relativa a la ayuda estatal concedida por los Países Bajos
Holding B.V. y Handel- en Scheepvaartmaatschappij Multras-                      en favor de las operaciones realizadas por remolcadores
chip B.V., con domicilio social en Rotterdam, representadas por                 neerlandeses en puertos marítimos y vías navegables
el Sr. T.R. Ottervanger, que designa domicilio en Luxemburgo.                   interiores de la Comunidad.
Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia:               2)    Con carácter subsidiario, que anule los artículos 2 y 3 de
                                                                                la Decisión impugnada en los que la Comisión requiere al
1)     Con carácter principal, que anule la Decisión de la                      Gobierno neerlandés, entre otros, para que adopte todas
       Comisión, de 19 de junio de 2002, C(2002) 2158 final,                    las medidas necesarias para exigir a los beneficiarios la
       relativa a la ayuda estatal concedida por los Países Bajos               devolución de la ayuda, salvo la concedida antes del 12 de
       en favor de las operaciones realizadas por remolcadores                  septiembre de 1990.
       neerlandeses en puertos marítimos y vías navegables
       interiores de la Comunidad.                                        3)    Condene en costas a la Comisión.


title: Asunto T-41/06: Recurso interpuesto el  6 de febrero de 2006  — República de Polonia/Comisión

text:
               22.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/17

         Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2006 — República de Polonia/Comisión
   (Asunto T-41/06)
   (2006/C 96/33)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Partes

      Demandante: República de Polonia (representante: Sr. Pawel Szalamacha, agente)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la invalidez de la Decisión de la Comisión (no COMP/M.3894 — UNICREDITO/HVB), de 18 de octubre de 2005, por la que se declara compatible con el mercado común la operación de concentración entre Unicredito Italiano SpA y Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita que se declare la invalidez de la Decisión de la Comisión (no COMP/M.3894 — UNICREDITO/HVB), de 18 de octubre de 2005, por la que se declara compatible con el mercado común la operación de concentración entre los bancos Unicredito Italiano SpA (en lo sucesivo, UCI) y Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (en lo sucesivo, HVB). Cada uno de esos dos bancos posee participaciones en instituciones bancarias polacas y, según afirma la demandante, la operación de concentración propuesta tendría como efecto que UCI adquiriría el control de las participaciones de HBV en el mercado polaco.
   Para fundamentar su recurso, la demandante formula los siguientes motivos:

               —

               Infracción del artículo 2, apartado 1, del Reglamento sobre concentraciones, (1), por haberse aprobado indebidamente la operación de concentración, dado que la Comisión no tuvo en cuenta la evolución histórica del sector bancario en Polonia, la elevada cuantía de las inversiones extranjeras y las razones por las que el Gobierno polaco introdujo limitaciones a las inversiones para el supuesto de privatización de bancos estatales. La demandante alega asimismo que la Comisión infringió el artículo 2, apartado 1, del Reglamento en la medida en que, al declarar la compatibilidad de la propuesta de concentración con el mercado común, no tuvo en cuenta la existencia y efectos del artículo 3, apartado 9, del Acuerdo de privatización, (2), el cual, a juicio de la demandante, equivale a un obstáculo a la entrada en el mercado en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre concentraciones. La demandante también alega que la Comisión llevó a cabo una apreciación inadecuada de las concentraciones en el mercado bancario polaco y que incurrió asimismo en error en su valoración de los efectos que la propuesta de concentración podría tener sobre la competencia en el mercado de los fondos de inversión y en varios mercados especializados del sector bancario polaco.

               —

               Infracción del artículo 6, apartado 1, del Reglamento sobre concentraciones, en la medida en que, a juicio de la demandante, la propuesta de concentración debería haber suscitado en la Comisión serias dudas sobre su compatibilidad con el mercado común y debería haber conducido a incoar el procedimiento o segunda fase de la investigación en lo relativo a si la operación propuesta entraba en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre concentraciones.

               —

               Infracción del artículo 11 del Reglamento sobre concentraciones y del artículo 5 del Reglamento de aplicación (3), así como violación del principio de administración recta y eficaz; la demandante estima que la notificación de la concentración, tal como la indicaron las partes, resultaba incompleta en la medida en que no contenía ninguna información sobre la cuestión de las condiciones del Acuerdo de privatización, especialmente de su artículo 3, y que la Comisión en modo alguno debería haber entrado a considerar tal notificación en el estado en que se encontraba.

               —

               Incumplimiento del deber de cooperación derivado del artículo 10 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea, debido a que, antes de adoptar la Decisión, no se tomaron en consideración los legítimos intereses de la República de Polonia, a cuya protección se refiere el artículo 21, apartado 4, del Reglamento sobre concentraciones. A juicio de la demandante, antes de adoptar una decisión que declarara la concentración compatible con el mercado común, la Comisión tenía la obligación de disponer lo necesario para obtener cabal información sobre cualesquiera intereses legítimos de los Estados miembros, máxime cuando a dicha institución le hubiera resultado perfectamente posible, al analizar el mercado bancario polaco en el transcurso del período anterior a la adhesión de la República de Polonia a la Unión Europea, familiarizarse con la estructura de dicho mercado. Asimismo, la Comisión debería haber sido consciente del legítimo interés público que tenía el Gobierno polaco en garantizar la aplicación y desarrollo de estrategias de privatización y supresión de monopolios.

               —

               Infracción del artículo 253 CE e incumplimiento de la obligación de motivar específicamente una Decisión, vicios que, a juicio de la demandante, hacen más difícil la reconstrucción y verificación del proceso de aplicación del Derecho por parte de la Comisión.

      (1)  Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395, p. 1).

      (2)  Acuerdo sobre la venta de acciones del Bank Polska Kasa Opieki Spólka Akeyjna – Grupa Pekao S.A., celebrado el 23 de junio de 1999 entre la Hacienda Pública de la República de Polonia, por un lado, y Unicredito Italiano SpA y Allianz AG, por otro.

      (3)  Reglamento (CE) no 802/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 133, p. 1).


title: Asunto T-331/07: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2007 — Chupa Chups/Comisión

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/40

         Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2007 — Chupa Chups/Comisión
   (Asunto T-331/07)
   (2007/C 247/66)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Chupa Chups, S.A. (Barcelona, España) (representante: Ramón Falcón Tella, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el apartado 2 del artículo 1 de la Decisión dictada por la parte demandada, en el que se declara incompatible con el mercado común la ayuda regional por importe de 800 000 euros, concedida en 2003 con arreglo al Programa «Minería 2», y se declara que, por consiguiente, dicha ayuda no podrá abonarse.

               —

               Que subsidiariamente, se anule la última frase del apartado 2 del artículo 1 de la Decisión, según la cual «por consiguiente, dicha ayuda no podrá concederse».

               —

               Que, en cualquiera de los dos casos, se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La Decisión impugnada considera incompatible con el Tratado CE una ayuda con finalidad regional por importe de 800 000 euros, concedida en 2003 en el marco del programa «Minería 2», previamente autorizado por la Comisión. La Decisión impugnada considera que la demandante no era elegible para dicho régimen de ayudas por quedar excluidas del mismo las empresas en crisis.
   En apoyo de sus pretensiones la parte demandante imputa a la Comisión un error manifiesto de apreciación, así como la violación del principio de la confianza legítima.
   Por lo que respecta a las inexactitudes materiales y el error de apreciación de la Comisión, la parte demandante alega que en 2002 fue el primer año en que se registraron pérdidas, y que al convocar la ayuda, las autoridades nacionales no podían conocer esas pérdidas, ya que las cuentas no estaban todavía aprobadas.
   Por otro lado, se alega que la empresa no puede considerarse como una empresa en crisis en el sentido del punto 5(a) de las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de salvamento y reestructuración de las empresas en crisis, según el cual una empresa se considera en crisis si ha perdido la mitad del capital suscrito y una cuarta parte de dicho capital se ha perdido en los últimos 12 meses. La Comisión incurre en este punto en un manifiesto error de apreciación en cuanto que, para calcular el porcentaje que representan las pérdidas y para determinar si éstas afectan al capital, no ha tenido en cuenta las reservas legales y voluntarias que existían en la sociedad, en cuantía más que suficiente para absorber todas las pérdidas.
   Ha sido la propia empresa, con su propios recursos y con los aportados por los acreedores y los Bancos privados, la que ha superado la situación de pérdidas, por lo que no puede ser considerada como una empresa en crisis, de acuerdo con el punto 4 de las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de salvamento y reestructuración de las empresas en crisis, el cual califica como empresas en crisis las que no son capaces de superar la situación sin ayuda externa.
   Tampoco se han producido los síntomas a que se refiere el punto 6 de las Directrices, pues las pérdidas no han sido crecientes, sino decrecientes. Las existencias no se incrementan sino que disminuyen. El endeudamiento no ha sido creciente sino decreciente. Y los gastos financieros no han aumentado, sino que el resultado financiero negativo se ha reducido de forma significativa entre 2002 y 2003.
   Alega igualmente la demandante que la prohibición de autos de hacer efectiva la ayuda de 800 000 euros, concedida en 2003 en el marco de un programa de ayudas regionales aprobado por la Comisión, infringe la confianza legítima.
   Se afirma a este respecto que la prohibición de que le sea efectivamente pagada la ayuda tiene la misma incidencia negativa en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa que una decisión de recuperación, con la única diferencia de que en el presente caso no proceden intereses.
   La ayuda había sido aprobada por la Comisión y Chupa Chups no tenía razón alguna para pensar que no fuera elegible para la misma. De no haber existido la ayuda regional, las decisiones de inversión podrían haber sido distintas.


title: Asunto C-193/15 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de abril de 2015 por Tarif Akhras contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 12 de febrero de 2015 en el asunto T-579/11: Tarif Akhras/Consejo de la Unión Europea

text:
               22.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/24

         Recurso de casación interpuesto el 27 de abril de 2015 por Tarif Akhras contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 12 de febrero de 2015 en el asunto T-579/11: Tarif Akhras/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-193/15 P)
   (2015/C 205/32)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Tarif Akhras (representantes: S. Millar, S. Ashley, Solicitors, D. Wyatt QC y R. Blakeley, Barrister)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule parcialmente la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 12 de febrero de 2015 en el asunto T-579/11, Tarif Akhras/Consejo de la Unión Europea.

               —

               Que se anulen las medidas impugnadas en el asunto T-579/11 adoptadas el 23 de marzo de 2012 y con posterioridad, en cuanto se refieren al recurrente.

               —

               Que se condene al Consejo a pagar las costas del presente recurso de apelación y del procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca dos motivos.
   En primer lugar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el Consejo podía aplicar la presunción de que el recurrente se había beneficiado del régimen y/o le había prestado su apoyo, y no aplicó el criterio adecuado, a saber, si los hechos acreditados constituían un conjunto de indicios lo suficientemente específicos, precisos y coherentes como para demostrar que el recurrente se benefició del régimen o le prestó su apoyo.
   En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho en cuanto que desnaturalizó las pruebas pertinentes para la cuestión de si el recurrente se benefició del régimen o le prestó su apoyo, las cuales, si no se hubieran desnaturalizado, habrían demostrado que el recurrente no apoyó al régimen ni se benefició de él.
   Según el recurrente, si el Tribunal General no hubiera aplicado la presunción y/o hubiera aplicado el criterio adecuado y/o no hubiera desnaturalizado las pruebas anteriormente mencionadas, habría anulado las medidas impugnadas en el asunto T-579/11 adoptadas el 23 de marzo de 2012 y con posterioridad.


title: Asunto C-133/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 18 de marzo de 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën/Q

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 18 de marzo de 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën/Q
   (Asunto C-133/13)
   2013/C 171/25
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën

      Otra parte: Q

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Constituye el interés en la conservación del patrimonio natural nacional y del patrimonio cultural histórico, al que se refiere la Natuurschoonwet 1928 (Ley de conservación del patrimonio natural de 1928), una razón imperiosa de interés general que justifica una normativa según la cual la aplicación de una exención del impuesto sobre donaciones (régimen de recaudación) se limita a las fincas ubicadas en los Países Bajos?

               2)

                           a)

                           ¿Pueden invocar las autoridades de un Estado miembro, al examinar si un bien inmueble situado en otro Estado miembro puede ser calificado como finca en el sentido de la Natuurschoonwet 1928, a efectos de la asistencia de las autoridades del Estado miembro en que está situado el inmueble, la Directiva 2010/24/UE del Consejo, (1) de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, aun cuando la clasificación como finca en virtud de la citada Ley tiene como consecuencia la exención del impuesto sobre donaciones devengado en el momento de la donación del bien inmueble?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2.a, ¿debe interpretarse el concepto de «investigación administrativa» del artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, (2) de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, en el sentido de que comprende también una investigación sobre el terreno?

                           c)

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2.b, para interpretar el concepto de «investigaciones administrativas» contenido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, ¿puede utilizarse la definición del concepto de «investigación administrativa» contenido en el artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CE?

               3)

               En caso de respuesta negativa a las preguntas 2.a, 2.b o 2.c, ¿debe interpretarse el principio de cooperación leal, establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 167 TFUE, apartado 2, en el sentido de que dicho principio lleva consigo que, cuando un Estado miembro solicita a otro Estado miembro colaboración para investigar si un inmueble ubicado en este otro Estado miembro puede ser calificado como finca en el sentido de una ley que tiene por objeto la conservación y la protección del patrimonio natural nacional y del patrimonio cultural histórico, el Estado miembro requerido está obligado a prestar dicha colaboración?

               4)

               ¿Puede justificarse una restricción a la libre circulación de capitales invocando la necesidad de garantizar controles fiscales eficaces, si el único riesgo para la eficacia de dichos controles se deriva de la circunstancia de que las autoridades nacionales, durante el período de 25 años establecido en el artículo 7, apartado 1, de la Natuurschoonwet 1928, deben desplazarse a otro Estado miembro para realizar en él los controles necesarios?

      (1)  DO L 84, p. 1.

      (2)  DO L 64, p. 1.


title: Asunto T-229/13 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de abril de 2013 por Luigi Marcuccio contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 21 de febrero de 2013 en el asunto F-113/11, Marcuccio/Comisión

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/37

         Recurso de casación interpuesto el 14 de abril de 2013 por Luigi Marcuccio contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 21 de febrero de 2013 en el asunto F-113/11, Marcuccio/Comisión
   (Asunto T-229/13 P)
   2013/C 171/70
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule en su totalidad y sin excepciones el auto recurrido.

               —

               Devuelva el asunto de qua al Tribunal de la Función Pública.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones son los invocados precedentemente en el asunto T-203/13 P, Marcuccio/Comisión.


title: Asunto C-618/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Reino Unido) el 29 de noviembre de 2016 — Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

text:
               6.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Reino Unido) el 29 de noviembre de 2016 — Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions
   (Asunto C-618/16)
   (2017/C 038/18)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Upper Tribunal

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Rafal Prefeta

      Recurrida: Secretary of State for Work and Pensions

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿El anexo XII del Tratado de adhesión permitía a los Estados miembros excluir a los nacionales polacos de los beneficios previstos en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011 (1) y en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38 (2) cuando el trabajador, aunque hubiese satisfecho con retraso el requisito nacional que exigía que su trabajo fuese declarado, no hubiese desempeñado todavía un trabajo declarado durante un período ininterrumpido de doce meses?

               2)

               En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea negativa, ¿puede un trabajador polaco, en las circunstancias previstas en la primera cuestión, invocar el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38, que se refiere al mantenimiento de la condición de trabajador?

      (1)  Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011 , relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO 2011, L 141, p. 1).

      (2)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO 2004, L 158, p. 77).


title: Asunto C-170/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Högsta domstolen, de fecha 30 de marzo de 2004, en el asunto entre Klas Rosengren, Bengt Morelli, Hans Särman, Mats Åkerström, Åke Kempe, Anders Kempe, Mats Kempe, Björn Rosengren, Martin Lindberg, Jon Pierre och Tony Staf y Riksåklagaren

text:
               12.6.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/4

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Högsta domstolen, de fecha 30 de marzo de 2004, en el asunto entre Klas Rosengren, Bengt Morelli, Hans Särman, Mats Åkerström, Åke Kempe, Anders Kempe, Mats Kempe, Björn Rosengren, Martin Lindberg, Jon Pierre och Tony Staf y Riksåklagaren
   (Asunto C-170/04)
   (2004/C 156/08)
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Högsta domstolen, dictada el 30 de marzo de 2004, en el asunto entre Klas Rosengren, Bengt Morelli, Hans Särman, Mats Åkerström, Åke Kempe, Anders Kempe, Mats Kempe, Björn Rosengren, Martin Lindberg, Jon Pierre och Tony Staf y Riksåklagaren, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de abril de 200. El Högsta domstolen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones relativas a la interpretación de los artículos 28, 30 y 31 del Tratado CE:

               1)

               ¿Puede considerarse que la prohibición de importación descrita anteriormente forma parte del funcionamiento del monopolio de venta al por menor y, por esta razón, el artículo 28 CE no se opone a ella y sólo puede ser examinada con arreglo al artículo 31 CE?

               2)

               Si la primera cuestión recibe una respuesta afirmativa, ¿es compatible, en tal caso, la prohibición de importación con los requisitos que el artículo 31 CE impone a los monopolios de carácter comercial?

               3)

               Si la primera cuestión recibe una respuesta negativa, ¿debe interpretarse el artículo 28 CE en el sentido de que se opone en principio a la prohibición de importación vigente, a pesar de que Systembolaget esté obligada, cuando se le solicite, a adquirir bebidas alcohólicas que no figuren en sus existencias?

               4)

               Si la tercera cuestión recibe una respuesta afirmativa, ¿puede considerarse que tal prohibición de importación es una medida justificada y proporcionada para proteger la salud y la vida de las personas?


title: Asunto C-229/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de abril de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH/Hauptzollamt Kiel (Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura Combinada — Semillas de calabazas que han perdido su capacidad de germinación)

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/17

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de abril de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH/Hauptzollamt Kiel
   (Asunto C-229/06) (1)

   (Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Semillas de calabazas que han perdido su capacidad de germinación)
   (2007/C 96/28)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Finanzgericht Hamburg
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH

      Demandada: Hauptzollamt Kiel
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Hamburg — Interpretación del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256, p. 1) — Subpartidas 1209 91 90 y 1212 99 80 — Semillas de calabaza descascarilladas que han perdido su capacidad de germinación y están destinadas a la industria de la panadería y pastelería
   Fallo
   La subpartida 1212 99 80 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que las semillas de calabaza descascarilladas que han perdido su capacidad de germinación y que están destinadas a la industria de la panadería deben clasificarse en dicha subpartida.

      (1)  DO C 190, de 12.8.2006.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de septiembre de 2003 en el asunto C-338/00 P: Volkswagen AG ("Recurso de casación — Competencia — Distribución de vehículos automóviles — Compartimentación — Artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE) — Reglamento (CEE) n° 123/85 — Imputabilidad de la infracción a la empresa afectada — Derecho a ser oído — Obligación de motivación — Consecuencias jurídicas de una divulgación a la prensa — Incidencia de la regularidad de la notificación en la cuantía de la multa — Adhesión a la casación")

text:
1.11.2003                 ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                 C 264/3
4)    Los artículos 12 CE y 34 CE, apartado 2, párrafo segundo, no                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
      se oponen a la adopción de medidas como las controvertidas en
      el litigio principal respecto a una cooperativa lechera que ocupa
      una posición fuerte en el mercado y explota esta posición en                                        (Sala Sexta)
      contra del interés público, por más que en otros Estados
      miembros se permita que operen importantes cooperativas
      lecheras integradas verticalmente.
                                                                                de 18 de septiembre de 2003
(1) DO C 176 de 24.6.2000.
                                                                                en el asunto C-338/00 P: Volkswagen AG (1)
                                                                              («Recurso de casación — Competencia — Distribución de
                                                                              vehículos automóviles — Compartimentación — Artículo 85
                                                                              del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE) — Reglamento
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   (CEE) no 123/85 — Imputabilidad de la infracción a la
                                                                              empresa afectada — Derecho a ser oído — Obligación de
                              (Sala Quinta)                                   motivación — Consecuencias jurídicas de una divulgación a
                                                                              la prensa — Incidencia de la regularidad de la notificación
                    de 18 de septiembre de 2003                                   en la cuantía de la multa — Adhesión a la casación»)
en el asunto C-331/00: República Helénica contra Comi-
              sión de las Comunidades Europeas (1)                                                     (2003/C 264/04)
(«FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicios 1996,
1997 y 1998 — Cultivos herbáceos — Carne de bovino —                                               (Lengua original: alemán)
                Ayudas a la jubilación anticipada»)
                            (2003/C 264/03)                                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                    (Lengua de procedimiento: griego)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                              En el asunto C-338/00 P, Volkswagen AG, con domicilio
                                                                              social en Wolfsburg (Alemania) (abogado: el Sr. R. Bechtold),
                                                                              que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra
En el asunto C-331/00, República Helénica (agentes: Sres.                     la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las
V. Kontolaimos e I. K. Chalkias y por la Sra. C. Tsiavou)                     Comunidades Europeas (Sala Cuarta) el 6 de julio de 2000, en
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sra.                     el asunto Volkswagen/Comisión (T-62/98, Rec. p. II-2707),
M. Condou-Durande), que tiene por objeto la anulación parcial                 por el que se solicita la anulación parcial de dicha sentencia, y
de la Decisión 2000/449/CE de la Comisión, de 5 de julio de                   en el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las
2000, por la que se excluyen de la financiación comunitaria                   Comunidades Europeas (agente: Sr. K. Wiedner, asistido por el
determinados gastos efectuados por los Estados miembros                       Sr. H.-J. Freund), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado
con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de                       por los Sres. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, C. Gulmann y
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (DO L 180,                         V. Skouris (Ponente), y las Sras. F. Macken y N. Colneric, Jueces;
p. 49), en la parte que afecta a la República Helénica,                       Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria: Sra.
el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr.                   M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 18 de
D.A.O. Edward (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala                septiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Quinta, y los Sres. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr y
A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario:
Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 18 de              1)    Desestimar el recurso de casación y la adhesión a la casación.
septiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Desestimar el recurso.                                                  2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
2)    Condenar en costas a la República Helénica.
                                                                              (1) DO C 335 de 25.11.2000.
(1) DO C 355 de 9.12.2000.


title: Asunto F-47/09: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 4 de mayo de 2010 — Fries Guggenheim/Cedefop (Función Pública — Agente temporal — No renovación del contrato — Artículo 11 bis del Estatuto — Artículo 1, párrafo sexto, del anexo II del Estatuto — Función de representación del personal — Deber de imparcialidad y de independencia)

text:
               9.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/33

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 4 de mayo de 2010 — Fries Guggenheim/Cedefop
   (Asunto F-47/09) (1)

   (Función Pública - Agente temporal - No renovación del contrato - Artículo 11 bis del Estatuto - Artículo 1, párrafo sexto, del anexo II del Estatuto - Función de representación del personal - Deber de imparcialidad y de independencia)
   2010/C 274/50
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Éric Mathias Fries Guggenheim (Estrasburgo, Francia) (representante: M.-A. Lucas, abogado)

      Demandada: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (representante: M. Fuchs, agente, asistida por B. Wägenbaur, abogado)

      Objeto

   Anulación de la decisión del CEDEFOP de no renovar el contrato de agente temporal del demandante y, a falta de readmisión, condena de la parte demandada a pagarle una indemnización como reparación del daño moral sufrido.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Fries Guggenheim.

      (1)  DO C 153, de 4.7.2009, p. 52.


title: Asunto T-310/15: Recurso interpuesto el 5 de junio de 2015 — European Union Copper Task Force/Comisión

text:
               7.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/74

         Recurso interpuesto el 5 de junio de 2015 — European Union Copper Task Force/Comisión
   (Asunto T-310/15)
   (2015/C 294/89)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: European Union Copper Task Force (Essex, Reino Unido) (representantes: C. Fernández Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, que establece una lista de sustancias candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, en cuanto se aplica a los compuestos de cobre.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, que establece una lista de sustancias candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, se adoptó con una base ilegal ya que el Reglamento no 1107/2009, en particular su artículo 24 y el anexo, punto 4, infringen el Derecho de la Unión Europea.

                           —

                           La demandante invoca las pruebas científicas acreditativas de que los criterios de persistencia, bioacumulatividad y toxicidad («PBT»), en especial la persistencia, no son apropiados para el cobre.

                           —

                           Además, la demandante afirma que la aplicación de los criterios PBT a sustancias inorgánicas no concuerda con otras normas legislativas que se han aplicado en el ámbito de las sustancias químicas reguladas.

                           —

                           en lo que atañe a las sustancias candidatas a la sustitución, la demandante alega que la aplicación de los criterios PBT a los compuestos de cobre va más lejos de lo necesario para lograr los objetivos pretendidos por el Reglamento no 1107/2009 y que éste interpreta indebidamente el principio de precaución.

               2.

               Segundo motivo, subsidiario, basado en que, al incluir los compuestos de cobre en el ámbito del Reglamento de Ejecución 2015/408, la Comisión infringió el principio de proporcionalidad.


title: Asunto T-422/04: Recurso interpuesto el 12 de octubre de 2004 por Luciano Lavagnoli contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               19.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/23

         Recurso interpuesto el 12 de octubre de 2004 por Luciano Lavagnoli contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-422/04)
   (2005/C 45/53)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 12 de octubre de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Luciano Lavagnoli, con domicilio en Berchem (Luxemburgo) representado por los Sres. Gilles Bounéou y Frédéric Frabetti, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               1.

               Anule la lista de funcionarios promovidos durante el año 2003, en la medida en que en esta lista no figura el nombre del demandante, y, con carácter incidental, los actos preparatorios de esta decisión.

               2.

               A título subsidiario, anule la atribución de puntos de promoción del ejercicio 2003 por lo que se refiere al demandando.

               3.

               Se pronuncie sobre las costas, gastos y honorarios y condene a la Comisión a su pago.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso, el demandante invoca la infracción del artículo 45 del Estatuto y de las disposiciones generales de ejecución del artículo 45, la inobservancia de la guía administrativa «evaluación y promoción de funcionarios» y la violación del principio de no discriminación. El demandante alega, asimismo, la prohibición de procedimiento arbitrario, el incumplimiento de la obligación de motivación y el abuso de poder. También invoca la violación de la confianza legítima, el incumplimiento de la regla patere legem quam ispe fecisti y, finalmente, la violación del deber de asistencia y solicitud.


title: Asunto F-9/15: Auto del Tribunal de la Función Pública de 7 de septiembre de 2015 — Verhelst/EMA

text:
               19.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/38

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 7 de septiembre de 2015 — Verhelst/EMA
   (Asunto F-9/15) (1)

   (2015/C 346/43)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 118, de 13.4.2015, p. 46.


title: Asunto C-592/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de septiembre de 2016 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General [Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Productos cosméticos — Reglamento (CE) n.° 1223/2009 — Artículo 18, apartado 1, letra b) — Productos cosméticos que contienen ingredientes o combinaciones de ingredientes que han sido objeto de ensayos en animales «con objeto de cumplir los requisitos del presente Reglamento» — Prohibición de introducción en el mercado de la Unión Europea — Alcance]

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de septiembre de 2016 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General
   (Asunto C-592/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Productos cosméticos - Reglamento (CE) n.o 1223/2009 - Artículo 18, apartado 1, letra b) - Productos cosméticos que contienen ingredientes o combinaciones de ingredientes que han sido objeto de ensayos en animales «con objeto de cumplir los requisitos del presente Reglamento» - Prohibición de introducción en el mercado de la Unión Europea - Alcance])
   (2016/C 419/10)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: European Federation for Cosmetic Ingredients

      Demandadas: Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General

      con intervención de: Cruelty Free International, anteriormente British Union for the Abolition of Vivisection, European Coalition to End Animal Experiments

      Fallo

   El artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre productos cosméticos, debe interpretarse en el sentido de que puede prohibir la introducción en el mercado de la Unión Europea de productos cosméticos, algunos de cuyos ingredientes hayan sido objeto de ensayos en animales fuera de la Unión, para hacer posible la comercialización de productos cosméticos en terceros países, si los datos resultantes de esos ensayos se utilizan para probar la seguridad de esos productos a fin de introducirlos en el mercado de la Unión Europea.

      (1)  DO C 81 de 9.3.2015.


title: Asunto F-9/07: Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2005 — Angé Serrano/Parlamento

text:
               24.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/31

         Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2005 — Angé Serrano/Parlamento
   (Asunto F-9/07)
   (2007/C 69/62)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Pilar Angé Serrano (Luxemburgo) (representante: E. Boigelot, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del Parlamento Europeo de 20 de marzo de 2006 por la que se reclasifica a la demandante en el grado B*6, escalón 8, a partir del 1 de mayo de 2004.

               —

               Que se condone a la parte demandada al pago, en concepto de indemnización por el daño moral y material sufrido y el menoscabo de la carrera de la demandante, de la cantidad de 25.000 euros, sin perjuicio de que ésta pueda ser incrementada y/o disminuida durante la sustanciación del procedimiento.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante, funcionaria del Parlamento Europeo que aprobó un curso de paso de categoría (de la categoría C a la categoría B) con anterioridad a la entrada en vigor, el uno de mayo de 2004, de la reforma del Estatuto, ya interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidades Europeas un recurso contra la decisión de reclasificarla en el grado B*5 (1).
   En el presente asunto, la demandante impugna la decisión de 20 de marzo de 2006, mediante la cual el Parlamento la reclasificó en el grado B*6, escalón 8. En apoyo de su recurso, la demandante formula motivos muy similares a los invocados en el asunto T-47/05. Además, alega que, a pesar de la nueva clasificación que se le ha asignado, el sistema derivado de la reforma del Estatuto desvirtúa, a su juicio, la eficacia de su paso de la categoría C a la categoría B, ya que la nueva clasificación no implica para la demandante ninguna ventaja con relación a la situación en la que se encuentran sus colegas que no superaron un concurso de paso de categoría.

      (1)  Asunto T-47/05, Angé Serrano y otros/Parlamento, DO C 93, de 14.4.2005, p. 36.


title: Asunto C-123/13 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de marzo de 2013 por Versalis SpA y Eni SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 13 de diciembre de 2012 en el asunto T-103/08, Versalis SpA, anteriormente Polimeri Europa SpA, y Eni SpA/Comisión

text:
               25.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 147/13

         Recurso de casación interpuesto el 15 de marzo de 2013 por Versalis SpA y Eni SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 13 de diciembre de 2012 en el asunto T-103/08, Versalis SpA, anteriormente Polimeri Europa SpA, y Eni SpA/Comisión
   (Asunto C-123/13 P)
   2013/C 147/23
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrentes: Versalis SpA y Eni SpA (representantes: M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante y V. Laroccia, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule, total o parcialmente, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2012 en la parte en que desestima el recurso interpuesto conjuntamente por Versalis y Eni, y, en consecuencia:

                           —

                           Que se anule, total o parcialmente, la Decisión de la Comisión Europea de 5 de diciembre de 2007 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, asunto COMP/F/38.629 -Caucho cloropreno.

                           —

                           Que se anule o, al menos, se reduzca, la multa impuesta a Versalis y Eni en la Decisión.

         Subsidiariamente,

               —

               Que se anule, total o parcialmente, la sentencia en la parte en que desestima el recurso de Versalis y Eni en el asunto T-103/08 y que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie en cuanto al fondo a la luz de las indicaciones que le proporcione el Tribunal de Justicia.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de costas, gastos y honorarios del presente procedimiento y del asunto precedente T-103/08.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo del recurso de casación contra la mencionada sentencia, Versalis y Eni alegan, en primer lugar, que el Tribunal General se apartó, vulnerando el artículo 101 TFUE, del criterio de la jurisprudencia comunitaria relevante a efectos de la imputación a la sociedad matriz, Eni, de la infracción cuya comisión se atribuye a las empresas controladas en el sector del caucho cloropeno, incumpliendo, en particular, los deberes de examen y motivación relevantes en el marco de la apreciación de las pruebas aportadas para desvirtuar la presunción de ejercicio efectivo de influencia determinante, y vulnerando, asimismo, los principios fundamentales de legalidad y de personalidad de la responsabilidad en relación con las conductas contrarias a la competencia, de presunción de inocencia, el derecho de defensa, y el principio de responsabilidad limitada de las sociedades.
   En segundo lugar, a juicio de las recurrentes en casación, el Tribunal General aplicó erróneamente la jurisprudencia comunitaria relevante para imputar a Versalis la infracción cometida por Syndial S.p.A. y motivó de forma insuficiente la desestimación de las impugnaciones formuladas por las mismas en el procedimiento en primera instancia.
   Mediante el tercer motivo de recurso, las recurrentes en casación critican al Tribunal General por haber aplicado de forma errónea y contradictoria el principio jurisprudencial en relación con la desvinculación expresa de un cartel, y haber vulnerado el principio in dubio pro reo al considerar que EniChem S.p.A. participó en la reunión celebrada los días 12 y 13 de mayo de 1993 en Florencia, y que las reuniones que tuvieron lugar en 2002, en las que participó Versalis, tuvieron un carácter contrario a la competencia. Por consiguiente, el Tribunal General ha realizado una valoración errónea y no ha llevado a cabo el pertinente control jurisdiccional pleno al concluir que éstas habían participado en la práctica colusoria a lo largo de toda su duración (esto es, desde mayo de 1993 a mayo de 2002).
   Asimismo, las recurrentes en casación estiman que el Tribunal General infringió el Derecho de la Unión Europea al no poner de manifiesto los graves errores en que incurrió la Comisión al determinar el importe de base de la sanción con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas.
   Consideran, igualmente, que el Tribunal General ha infringido el Derecho de la Unión Europea al confirmar parcialmente la aplicabilidad a Versalis de la circunstancia agravante de reincidencia y ha incurrido, además, en un defecto de motivación de su propia conclusión al respecto; subsidiariamente, consideran que el Tribunal General ha establecido erróneamente el porcentaje de reducción del incremento de la sanción y ha mantenido la responsabilidad solidaria de Eni en relación con el pago de la multa, incluida la parte correspondiente a la reincidencia.
   Por otra parte, según las recurrentes, el Tribunal General aplicó de forma manifiestamente errónea el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 (1) al determinar el importe máximo de la multa e incurrió en un error al no realizar un control jurisdiccional pleno en relación con la aplicación de la Comunicación sobre clemencia por parte de la Comisión. Asimismo, según las recurrentes, el Tribunal General no apreció que la Comisión vulneró los principios de equidad, igualdad de trato y confianza legítima, al haberles impedido competir «en igualdad de armas» con las otras empresas para obtener una reducción de la sanción, considerando, igualmente, que su colaboración no merecía una reducción de la multa en el sentido de la citada Comunicación o de las Directrices.
   Por último, las recurrentes en casación sostienen que el Tribunal General no llevó a cabo un control jurisdiccional pleno sobre las apreciaciones de la Comisión en relación con el cálculo de la multa final.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).