title: Asunto C-435/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de noviembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — C (Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n°  2201/2003 — Ámbito de aplicación material y temporal — Concepto de materias civiles — Decisión relativa a la guarda de menores y a su acogimiento fuera del domicilio familiar — Medidas de protección de menores regidas por el Derecho público)

text:
               26.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de noviembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — C
   (Asunto C-435/06) (1)

   (Cooperación judicial en materia civil - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Ámbito de aplicación material y temporal - Concepto de «materias civiles» - Decisión relativa a la guarda de menores y a su acogimiento fuera del domicilio familiar - Medidas de protección de menores regidas por el Derecho público)
   (2008/C 22/20)
   Lengua de procedimiento: finés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Korkein hallinto-oikeus
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: C
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Korkein hallinto-oikeus — Interpretación de los artículos 1, apartados 1, letra b), y 2, letra d), y 64 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1) — Ámbito de aplicación material — Reconocimiento y ejecución de una decisión administrativa, confirmada por una resolución judicial, relativa a la guarda de un menor fuera del domicilio de su familia biológica — Normas de derecho público relativas a la protección de menores
   Fallo

               1)

               El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida dentro del concepto de «materias civiles», en el sentido de esta disposición, una resolución por la que, en unidad de acto, se decide asumir la guarda inmediata de un menor y ordenar su acogimiento fuera del domicilio de su familia de origen, en una familia de acogida, cuando dicha resolución ha sido adoptada en el marco de las normas de Derecho público relativas a la protección de menores.

               2)

               El Reglamento no 2201/2003, en su versión modificada por el Reglamento no 2116/2004, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional armonizada, relativa al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones administrativas sobre la guarda y el acogimiento de personas, adoptada en el marco de la Cooperación Nórdica, no puede aplicarse a una decisión de asumir la guarda de un menor, incluida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

               3)

               Sin perjuicio de las apreciaciones de hecho que sólo competen al órgano jurisdiccional remitente, el Reglamento no 2201/2003, en su versión modificada por el Reglamento no 2116/2004, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable ratione temporis a un asunto como el del litigio principal.

      (1)  DO C 326 de 30.12.2006.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 15 de junio de 2005, en el asunto T-98/04, Nuova Agricast Srl y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de anulación — Admisibilidad — Plazos — Término inicial — Publicación — Página web)

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/22

      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 15 de junio de 2005
   en el asunto T-98/04, Nuova Agricast Srl y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Recurso de anulación - Admisibilidad - Plazos - Término inicial - Publicación - Página web)
   (2005/C 229/48)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto T-98/04, Nuova Agricast Srl, con domicilio social en Cerignola (Italia); Società imballagi metallici Salerno Srl (SIMSA), con domicilio social en Portici (Italia); Poli Sud Srl, con domicilio social en Lamezia Terme (Italia); Tomasetto Achille Sas di Tomasetto Andrea & C., con domicilio social en Castegnero (Italia); Nuova fabbrica utensili diamantati Srl (Nuova Faudi), con domicilio social en Marcellina (Italia); Cofra Srl, con comicilio social en Barletta (Italia); Lavorazione cuoio e pelli Bieffe Srl, con domicilio social en San Miniato (Italia), representadas por el Sr. M. Calabrese, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. V. Di Bucci, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión, de 12 de julio de 2000, por la que se declara compatible con el mercado común un régimen de ayudas a las inversiones en las regiones desfavorecidas de Italia, [ayuda de Estado N 715/99 — Italia (SG 2000 D/105754)], el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y D. Šváby, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 15 de junio de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar a las demandantes a soportar sus propias costas y las de la Comisión.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto C-363/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Elegktikó Synédrio (Grecia) el 7 de julio de 2011 — Comisario del Elegktikó Synédrio en el Ministerio de Cultura y Turismo/Dirección de Control del Ministerio de Cultura y Turismo y Konstantinos Antonópoulos

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/37

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Elegktikó Synédrio (Grecia) el 7 de julio de 2011 — Comisario del Elegktikó Synédrio en el Ministerio de Cultura y Turismo/Dirección de Control del Ministerio de Cultura y Turismo y Konstantinos Antonópoulos
   (Asunto C-363/11)
   2011/C 269/77
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Elegktikó Synédrio

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Comisario del Elegktikó Synédrio en el Ministerio de Cultura y Turismo

      Demandadas: Dirección de Control del Ministerio de Cultura y Turismo y Konstantinos Antonópoulos

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Constituye el pago o no de remuneración al trabajador durante el tiempo de ausencia del trabajo debida a liberación sindical una condición de trabajo en el sentido del Derecho de la Unión? En particular, ¿unas disposiciones legales que reconocen el derecho a liberación sindical no remunerada a los trabajadores del Estado con relación de trabajo por cuenta ajena de duración determinada que no ocupan plaza de plantilla y son miembros del órgano de gobierno de una organización sindical, introducen «condiciones de trabajo», en el sentido del artículo 137 CE, apartado 1, letra b), y de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco (Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada; DO L 175, p. 43)? ¿Está incluida dicha cuestión en los ámbitos de las remuneraciones y del derecho de asociación y sindicación a los que no se aplica el Derecho de la Unión?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión precedente, ¿puede un trabajador con relación de trabajo por cuenta ajena de Derecho privado por tiempo indefinido en una entidad pública, que ocupa plaza de plantilla y que realiza el mismo trabajo que un trabajador con relación laboral de Derecho privado de duración determinada que no ocupa plaza de plantilla, ser «comparable» a dicho trabajador, en el sentido de las cláusulas 3, apartado 2, y 4, apartado 1, del Acuerdo marco? ¿O basta el hecho de que la Constitución nacional (artículo 103) y sus leyes de aplicación establezcan para éste un régimen especial (condiciones de contratación y garantías especiales con arreglo al artículo 103, apartado 3, de la Constitución) para que no sea un trabajador «comparable» respecto del trabajador con contrato de Derecho privado de duración determinada que no ocupa plaza de plantilla?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a las dos cuestiones precedentes:

                           a)

                           En el supuesto en que de la combinación de disposiciones nacionales con rango de Ley se desprenda que los trabajadores de una entidad pública con relación laboral por tiempo indefinido que ocupan plaza de plantilla y son miembros del órgano de gobierno de una organización sindical de segundo grado tienen derecho a liberación sindical remunerada (de hasta nueve días por mes), mientras que los trabajadores de la misma entidad con relación laboral de duración determinada que no ocupan plaza de plantilla y con el mismo cargo en el sindicato tienen derecho a liberación sindical con la misma duración pero no remunerada, ¿constituye dicha diferencia un trato menos favorable a los trabajadores de la segunda categoría, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco?

                           b)

                           ¿Constituyen la propia duración limitada de la relación laboral de los trabajadores de la segunda categoría y la distinción en cuanto a su régimen general (condiciones de contratación, promoción y resolución de la relación laboral) razones objetivas que justifiquen el trato diferente?

               4)

               ¿Constituye la diferencia controvertida entre los cargos del sindicato que son trabajadores por tiempo indefinido que ocupan plaza de plantilla en una entidad pública y aquellos que tienen el mismo cargo en el sindicato pero son trabajadores con contrato de duración determinada en la misma entidad pública una vulneración del principio de no discriminación en el ejercicio de los derechos sindicales según los artículos 12, 20, 21 y 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? ¿Puede justificarse la diferencia controvertida debido a que cada una de las categorías de trabajadores tiene un régimen distinto?


title: Asunto C-347/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (Italia) el 17 de agosto de 2006 — ASM Brescia S.p.A./Comune di Rodengo Saiano

text:
               18.11.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (Italia) el 17 de agosto de 2006 — ASM Brescia S.p.A./Comune di Rodengo Saiano
   (Asunto C-347/06)
   (2006/C 281/31)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: ASM Brescia S.p.A.

      Recurrido: Comune di Rodengo Saiano
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es contraria a los artículos 43, 49 y 83, apartado 1, del Tratado, así como a los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia la prórroga automática y general hasta el 31 de diciembre de 2007 de las actuales concesiones de distribución de gas natural, que se adjudicaron en su día sin que mediara el preceptivo procedimiento de licitación?

               2)

               ¿Son contrarias a los artículos 43, 49 y 86, apartado 1, del Tratado, así como a los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia las prórrogas ulteriores automáticas hasta el 31 de diciembre de 2009 de las actuales concesiones de distribución de gas natural, que se adjudicaron en su día sin que mediara el preceptivo procedimiento de licitación, en los siguientes casos:

                           a)

                           Cuando el adjudicatario haya realizado una fusión societaria que permita prestar servicio al doble de consumidores de aquéllos con los que contaba inicialmente la sociedad matriz?

                           b)

                           Cuando el adjudicatario haya alcanzado un número de usuarios superior a 100.000 consumidores finales, o bien una cantidad de gas distribuido superior a 100 millones de metros cúbicos anuales, o bien un ámbito operativo equivalente al menos a todo el término municipal?

                           c)

                           Cuando al menos el 40 % del capital social del adjudicatario se haya transferido a socios privados?

               3)

               ¿Es contraria a los considerandos cuarto, octavo, décimo y décimo octavo de la Directiva 2003/55/CE de 26 de junio de 2003, (1) así como al artículo 23, apartado 1 de dicha Directiva, al artículo 10 del Tratado y a los principios de racionalidad y de proporcionalidad la prórroga de las actuales concesiones de distribución de gas natural, tanto en las circunstancias descritas en la primera cuestión como en las descritas en la segunda cuestión, teniendo en cuenta, concretamente:

                           a)

                           La obligación de los Estados de conseguir el objetivo de liberalización del mercado del gas natural antes del 1 de julio de 2007?

                           b)

                           La prohibición que impide a los Estados aprobar o mantener en vigor normas nacionales contrarias a la liberalización del mercado del gas natural?

                           c)

                           La obligación de los Estados de vincular la duración del período transitorio a un plazo razonable y exigencias objetivas?

      (1)  DO L 176, p. 57.


title: Recurso interpuesto el 27 de junio de 1997 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-238/97)

text:
16. 8 . 97           LIS                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 252/21
de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que                2.1 ¿ Debe considerarse alojamiento, en el sentido de la
gravan la concentración de capitales ( ] ), en el sentido de                   letra b ) del apartado 1 del artículo 2, una estancia
que esta disposición no se opone a que, en caso de trans                      gratuita y de larga duración, cuya característica espe
misión de acciones, se perciba un impuesto, con indepen                       cial es la estancia con una familia, con un trata
dencia de que las referidas acciones se coticen en bolsa y                     miento comparable al de un hijo ?
de que la transmisión de las acciones tenga lugar en una                 2.2 ¿ Deben considerarse como « otros servicios turísti
bolsa o directamente entre el cedente y el adquirente ?                        cos », en el sentido de la letra c ) del apartado 1 del
                                                                               artículo 2, la formación del estudiante y de sus
(') DO n° L 249 de 3 . 10 . 1969, p . 25 ; EE 09/01 , p. 22 .
                                                                               padres, la elección de la familia y del centro docente
                                                                               en el país de acogida y la preparación de una docu
                                                                               mentación relativa al Estado de acogida ?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso               (') DO n° L 158 de 23 . 6 . 1990 , p . 59 .
lución de la Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo
Administrativo), de fecha 23 de junio de 1997, en el
asunto entre AFS Intercultural Programs Finland ry y
kuluttajavirasto ( Oficina para la protección del consumi               Recurso interpuesto el 27 de junio de 1997 contra el
                               dor)                                      Reino de España por la Comisión de las Comunidades
                       (Asunto C-237/97)                                                              Europeas
                         ( 97/C 252/42 )                                                       ( Asunto C-238/97)
                                                                                ( 97/C 252/43 )
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
mediante resolución de la Korkein hallinto-oikeus (Tribu                ha presentado el 27 de junio de 1997 un recurso contra el
nal Supremo Administrativo ), dictada el 23 de junio de                  Reino de España formulado por la Comisión de las Comu
1997 en el asunto entre AFS Intercultural Programs                       nidades Europeas, representada por los Sres. Frank Benyon
Finland ry y kuluttajavirasto ( Oficina para la protección               Consejero Jurídico, y Fernando Castillo de la Torre, miem
del consumidor) y recibida en la Secretaría del Tribunal de              bro del Servicio Jurídico, en calidad de agentes, que desig
Justicia el 27 de junio de 1997.                                         nan como domicilio en Luxemburgo el del Sr. Carlos
La Korkein hallinto-oikeus solicita al Tribunal de Justicia              Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
1.     ¿ Está también comprendido total o parcialmente den             — Declare que el Reino de España ha incumplido las
       tro del ámbito de aplicación de la Directiva 90/314/                  obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3 y
       CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a                   del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento ( CEE)
       los viajes combinados, las vacaciones combinadas y                    n° 4055/86 (') al no proceder a la adaptación del
       los circuitos combinados ( x ), un viaje realizado en el              acuerdo suscrito entre España y Túnez (2 ) para dar
      marco de un programa de intercambio de estudiantes,                    acceso a los nacionales comunitarios a los repartos de
      de una duración aproximada de seis meses o un año,                     carga o al no comunicar tales adaptaciones .
      efectuado no con un propósito de vacaciones o de                  — Condene en costas a la parte demandada .
      turismo, sino con la intención de asistir a un centro
      docente en el país de acogida y de conocer mejor la               Motivos y principales alegaciones
      sociedad y la cultura de ese país, alojándose gratuita           De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento ( CEE)
      mente con una familia local como si se tratase de un
                                                                        n° 4055/86, los acuerdos de reparto de carga contenidos
      miembro de ésta ? Para que los intercambios de estu              en los acuerdos bilaterales deben suprimirse gradualmente
      diantes estén comprendidos o no dentro del ámbito                 o ajustarse. Las disposiciones contenidas en los artículos 10
      de aplicación de la Directiva sobre los viajes combi             y 12 del acuerdo entre España y Túnez constituyen acuer
      nados, ¿ son relevantes determinadas características              dos de carga y están sujetos, por lo tanto, a tales disposi
      que ponen de manifiesto la naturaleza no comercial                ciones . En la letra b ) del apartado 1 del artículo 4 del
      de la organización de tales intercambios, como el                 mismo reglamento se prevé un período de ajuste que
      hecho de que quien participa en el programa de inter             expiró el 1 de enero de 1993 . Por lo que respecta a la
      cambios debe pagar sólo una parte de los costes del               letra a ) del citado apartado, la Comisión recuerda que
      programa y de que los intercambios se acuerdan en el              España no accedió al Código de conducta de las Conferen
      marco de una colaboración entre asociaciones sin fin              cias Marítimas de las Naciones Unidas hasta el 3 de
      de lucro de varios Estados, basándose en su mayor                 febrero de 1994 . El Reglamento ( CEE ) n° 4055/86 no se
      parte en el trabajo de voluntarios y son financiados              limita a prever que los Estados miembros soliciten a los
      mediante fondos asignados por el Estado para las                 terceros países el ajuste de tales acuerdos: de no aceptarse
      actividades culturales ?                                          o siquiera acusar recibo formal de tales solicitudes, los
2.    En el caso de que los viajes en el marco de los inter           acuerdos pueden denunciarse ( el artículo 22 del acuerdo
      cambios de estudiantes, antes mencionados, estén                 con Túnez prevé tal denuncia ).
      comprendidos en el ámbito de aplicación general de
      la Directiva sobre los viajes combinados, se pide que             (') DO n° L 378 de 31 . 12 . 1986 , p . 1 .
      se responda también a las siguientes cuestiones relati           (2) Sobre transporte marítimo, véase BOE 1986, p. 899.
     vas a la interpretación detallada del artículo 2 :


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) planteada el 26 de octubre de 1995 en el asunto C-144/94 (petición de decisión prejudicial por la Commissione tributaria centrale): Ufficio IVA di Trapani contra Italittica SpA (Sexta Directiva sobre el IVA - Interpretación del apartado 2 del artículo 10 - Hecho que hace exigible el impuesto - Alcance de la facultad conferida a los Estados miembros para hacer una excepción)

text:
9 . 12 . 95            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     N° C 333 /5
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                     artículo 10 déla Directiva 77/388/CEE no está obligado
                          ( Sala Quinta )                                  a adoptar disposiciones que prevean la extensión de
                                                                           documentos relativos a la prestación ejecutada y a la
             planteada el 26 de octubre de 1995                            cantidad debida como contrapartida, cuando no se haya
en el asunto C-144/94 (petición de decisión prejudicial por                extendido la factura o el documento que produzca sus
la Commissione tributaria centrale ): Ufficio IVA di Trapani               efectos o no se haya efectuado el cobro del precio.
                     contra Italittica SpA ( 1 )
(Sexta Directiva sobre el IVA — Interpretación del apar             (') DO n" C 188 de 9 . 7 . 1994 .
tado 2 del artículo 10 — Hecho que hace exigible el
impuesto — Alcance de la facultad conferida a los Estados
             miembros para hacer una excepción)
                          ( 95/C 333/08 )
              (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                ( Sala Sexta )
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                             de 26 de octubre de 1995
                            de Justicia »)                           en los asuntos acumulados C-l 99/94 P y C-200/94 P:
                                                                     Pesquería Vasco-Montañesa, S.A. ( Pevasa) y Compañía
                                                                         Internacional de Pesca y Derivados, S.A. ( Inpesca ) (')
En el asunto C-144/94, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177       (Pesca — Ayuda financiera comunitaria a la construcción de
del Tratado CE, por la Commissione tributaria centrale ,             barcos de pesca — Recurso de anulación — Plazos —
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho              Recurso por responsabilidad — Admisibilidad — Recurso
órgano jurisdiccional entre Ufficio IVA di Trapani e                             de casación manifiestamente infundado)
Italittica SpA , una decisión prejudicial sobre la interpreta                                ( 95/C 333/09 )
ción del apartado 2 del artículo 10 de la sexta Directiva
 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en
 materia de armonización de las legislaciones de los Estados                       (Lengua de procedimiento: español)
 miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
 negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
 Añadido : base imponible uniforme ( DO L 145 , p . 1 ; EE            cará en la « Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal
 09/01 , p . 54 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ),                                     de Justicia » )
 integrado por los Sres.: D. A. O. Edward, Presidente de Sala ;
 J. C. Moitinho de Almeida ( Ponente ), C. Gulmann, P. Jann y
 L. Sevón, Jueces; Abogado General : Sr . F. G. Jacobs;               En los asuntos acumulados C-l 99/94 P y C-200/94 P,
 Secretario : Sra . L. Hewlett, Administradora ; ha dictado el        Pesquería Vasco-Montañesa , SA ( Pevasa ), sociedad españo
 26 de octubre de 1995 una sentencia cuyo fallo es el                 la , con domicilio social en Bermeo ( España ), representada
 siguiente :                                                          por la Sra . María Iciar Angulo Fuertes , Abogada del Ilustre
                                                                      Colegio de Vizcaya, que ha designado como domicilio en
                                                                      Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest Arendt, 8-10 , rué
  1 ) El párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10 de la         Mathias Hardt, y Compañía Internacional de Pesca y
      Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de              Derivados, SA ( Inpesca ), sociedad española , con domicilio
      1 977, en materia de armonización de las legislaciones de       social en Bermeo ( España ), representada por la Sra . María
      los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el         Iciar Angulo Fuertes , Abogada del Ilustre Colegio de
      volumen de negocios — Sistema común del Impuesto                Vizcaya, que ha designado como domicilio en Luxemburgo
      sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme,                el despacho del Sr. Ernest Arendt, 8-10, rué Mathias Hardt,
      permite a los Estados miembros establecer que se                que tienen por objeto sendos recursos de casación interpues
      considere el cobro del precio como el hecho que hace            tos contra el auto dictado por el Tribunal de Primera
      exigible el impuesto en todas las prestaciones de               Instancia de las Comunidades Europeas ( Sala Segunda ) el 28
      servicios.
                                                                      de abril de 1 994, asuntos acumulados T-452/93 y T-453/93 ,
                                                                      Pevasa e Inpesca contra Comisión ( Rec . 1993 , p . 11-229 ), y
  2 ) Un Estado miembro que hace uso de la excepción                  por los que se solicitan , en primer lugar, que se anule dicho
      contemplada en el párrafo tercero del apartado 2 del             auto; en segundo lugar, que se anulen las Decisiones de la
      artículo 10 de la Directiva 77/388/CEE no está obligado          Comisión de 18 de diciembre de 1990 y de 8 de noviembre
      a establecer « un plazo determinado que comienza a               de 1991 , mediante las que se excluyó a las recurrentes de la
      partir de la fecha del devengo », plazo en el que debe           ayuda financiera comunitaria solicitada con arreglo al
       extenderse la factura o el documento que la sustituya,          Reglamento ( CEE ) n" 4028/86 del Consejo, de 18 de
       aun cuando todavía no se haya cobrado el precio.                diciembre de 1986 , relativo a acciones comunitarias para la
                                                                       mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero
                                                                       y de la acuicultura ( DO L 376 , p . 7 ); en tercer lugar, que se
  3 ) El Estado miembro que hace uso de la excepción                   ordene a la Comisión que adopte las medidas necesarias
       contemplada en el párrafo tercero del apartado 2 del            para conceder a las partes recurrentes dicha ayuda finan


title: Asunto T-278/04: Recurso interpuesto el 9 de julio de 2004 por Jabones Pardo, S.A. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

text:
               9.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/23

         Recurso interpuesto el 9 de julio de 2004 por Jabones Pardo, S.A. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)
   (Asunto T-278/04)
   (2004/C 251/43)
   Lengua de procedimiento: español
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades europeas se ha presentado el 9 de julio de 2004 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) formulado por Jabones Pardo, S.A., con domicilio en Madrid, representada por el letrado en ejercicio D. José Enrique Astiz Suárez, abogado del Ilustre Colegio de Madrid,
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               se modifique la resolución impugnada en sus conclusiones con respecto al parecido de los signos y de los productos resolviendo que la oposición ha de ser admitida a trámite y la solicitud denegada para los productos en clases 3 y 5, y

               —

               se revoque la decisión para que se realice una nueva y correcta comparación de los signos y productos que identifican teniendo en cuenta el extremo parecido visual y fonético entre «YUPI» y «YUKI», así como la identidad y quasi-identidad de muchos de los productos que identifican.

         Motivos y principales alegaciones:

               Solicitante de la marca comunitaria:

               QUIMI ROMAR S.L.

               Marca comunitaria objeto de la solicitud:

               Marca denominativa «YUKI» — Solicitud no 1.353.515 para productos de las clases 3, 5 y 28.

               Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               La demandante.

               Marca o signo que se opone:

               Marca denominativa española «YUPI» (no 246.715) para productos de la clase 3 (toda clase de productos de perfumería, cerería, esencias y dentífricos).

               Resolución de la División de Oposición:

               Estimación parcial de la oposición para los productos contra los que se dirigía; a saber: «jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos» (clase 3) y «productos farmacéuticos e higiénicos» (clase 5).

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Estimar el recurso interpuesto por el solicitante de la marca, anulando la resolución impugnada en la medida en que estima la oposición respecto a «jabones productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos» (clase 3) y «productos farmacéuticos e higiénicos» (clase 5), y desestimar el entablado por la demandante en oposición.

               Motivos invocados:

               Interpretación incorrecta del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 40/94.


title: Asunto C-373/05 P: Recurso de casación interpuesto el  10 de octubre de 2005  por Bart Nijs contra el auto dictado el  26 de mayo de 2005  por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-377/04, Bart Nijs contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

text:
               24.12.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 330/8

         Recurso de casación interpuesto el 10 de octubre de 2005 por Bart Nijs contra el auto dictado el 26 de mayo de 2005 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-377/04, Bart Nijs contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-373/05 P)
   (2005/C 330/16)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 10 de octubre de 2005 un recurso de casación formulado por el Sr. Bart Nijs, representado por el Sr. Fränk Rollinger, abogado, contra el auto dictado el 26 de mayo de 2005 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-377/04, Bart Nijs contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Acuerde la admisión del presente recurso de casación en cuanto a la forma.

               —

               En lo relativo al fondo del asunto, declare fundado el presente recurso de casación.

               —

               Declare que el objeto de la reclamación formulada por el Sr. Bart Nijs el 27 de febrero de 2004 es idéntico al objeto del recurso presentado el 16 de septiembre de 2004 en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Acuerde la admisión del escrito de interposición del recurso del Sr. Bart Nijs.

               —

               En consecuencia, anule el auto de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de 26 de mayo de 2005 y devuelva el presente asunto al Tribunal de Primera Instancia, integrado actualmente por otras personas, a fin de que las partes formulen sus alegaciones.

         Motivos y principales alegaciones
   La parte recurrente en casación estima que el Tribunal de Primera Instancia ha declarado indebidamente la inadmisibilidad del recurso del Sr. Bart Nijs, aun cuando reconoce que se había seguido en debida forma el procedimiento administrativo previo y, más concretamente, que se había respetado lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto.


title: Asunto C-590/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte Suprema di Cassazione (Italia) el 20 de noviembre de 2013 — Idexx Laboratoires Italia srl/Agenzia delle Entrate

text:
               25.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte Suprema di Cassazione (Italia) el 20 de noviembre de 2013 — Idexx Laboratoires Italia srl/Agenzia delle Entrate
   (Asunto C-590/13)
   2014/C 24/19
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte Suprema di Cassazione

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Idexx Laboratoires Italia srl

      Recurrida: Agenzia delle Entrate

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 8 de mayo de 2008, Ecotrade (C-95/07 y C-96/07, Rec. p. I 3457) –según los cuales los artículos 18, apartado 1, letra d), y 22 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, (1) en su versión modificada por la Directiva 91/680/CEE, (2) se oponen a una práctica de rectificación de las declaraciones y de recaudación del impuesto sobre el valor añadido que sanciona el incumplimiento, por una parte, de las obligaciones derivadas de las formalidades establecidas por la legislación nacional en aplicación de dicho artículo 18, apartado 1, letra d), y por otra parte, de las obligaciones de contabilidad y de declaración derivadas, respectivamente, del citado artículo 22, apartados 2 y 4, con la denegación del derecho a deducción cuando se aplique el régimen de autoliquidación– son también aplicables en un supuesto de incumplimiento total de las obligaciones previstas por dicha normativa cuando no quepa duda acerca de la condición de sujeto obligado al pago del impuesto y de su derecho a deducción?

               2)

               En los supuestos de la denominada autoliquidación previstos en materia de IVA, ¿las expresiones «obbligo sostanziale», «substantive requirements» y «exigences de fond» utilizadas por el Tribunal de Justicia en las distintas versiones lingüísticas de la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 2008, Ecotrade (C-95/07 y C-96/07, Rec. p. I 3457) hacen referencia a la necesidad del pago del IVA, a la asunción de la deuda tributaria o a la concurrencia de las condiciones materiales que justifican que el sujeto pasivo esté obligado al pago de dicho impuesto y que rigen el derecho a deducción que tiene por objeto salvaguardar el principio de neutralidad de dicho impuesto, común en toda la Unión –es decir, gasto inherente al desarrollo de una actividad profesional, sujeción al impuesto y deducibilidad plena?

      (1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145. p. 1).

      (2)  Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, que completa el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y que modifica, con vistas a la abolición de las fronteras, la Directiva 77/388/CEE (DO L 376, p. 1).


title: Asunto T-93/11: Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Comisión

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/19

         Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Comisión
   (Asunto T-93/11)
   2011/C 113/37
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam) (representantes: S. Crosby, Solicitor, y S. Santoro, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la Decisión de la Comisión de 6 de diciembre de 2010 en el procedimiento GESTDEM 2009/2508 infringe el Reglamento no 1049/2001 (1) y, en consecuencia, se anule aquélla.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas de la demandante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso la demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, que se anule la Decisión de la Comisión de 6 de diciembre de 2010 en el procedimiento GESTDEM 2009/2508 por la que se le deniega el pleno acceso a determinados documentos relativos a las negociaciones comerciales entre la UE y la India, de conformidad con el Reglamento no 1049/2001.
   En apoyo de su recurso la demandante alega un único motivo, basado en un error de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), tercer inciso, del Reglamento no 1049/2001, ya que en el presente asunto no se aplica la excepción relativa a las relaciones internacionales debido a que todos los documentos solicitados son de dominio público.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43)


title: Asunto C-172/05 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de abril de 2005 por O. Mancini contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2005 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-137/03, O. Mancini contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               28.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 132/21

         Recurso de casación interpuesto el 15 de abril de 2005 por O. Mancini contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2005 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-137/03, O. Mancini contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-172/05 P)
   (2005/C 132/39)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 15 de abril de 2005 un recurso de casación formulado por O. Mancini, representada por Me E. Boigelot, abogado, contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2005 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-137/03, O. Mancini contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare su recurso de casación admisible y lo estime.

               —

               Anule la sentencia dictada el 3 de febrero de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-137/03, Mancini/Comisión.

         La parte recurrente solicita asimismo al Tribunal de Justicia que resuelva por sí solo el litigio y, estimando el recurso inicial de la demandante en el asunto T-137/03:

               —

               Anule la decisión de la AFPN, de 28 de junio de 2002, de no seleccionar la candidatura de la demandante al puesto de asesor médico en la Unidad «Servicio médico Bruselas» — DG Admin B8.

               —

               Anule la decisión expresa de desestimación de la reclamación de la demandante, reclamación que fue formulada con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto el 29 de julio de 2002 y fue desestimada mediante decisión expresa de 23 de enero de 2003, notificada a la demandante el 27 de enero de 2003.

               —

               Anule el nombramiento del Dr. Dolmans para el puesto de asesor médico, que lleva implícito en particular la desestimación de la candidatura de la demandante al puesto vacante.

               —

               Condene a la demandada a pagar a la demandante una suma de 15 000 €, calculada ex aequo et bono, en concepto de daños y perjuicios por daño moral y perjuicio ocasionado a la carrera.

               —

               Condene, en cualquier caso, en costas a la parte demandante.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos del recurso de casación se basan, con arreglo al artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, en la violación del Derecho comunitario y en irregularidades del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia que lesionan los intereses de la parte recurrente.


title: Asunto T-503/12: Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2012 — Reino Unido/Comisión

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/62

         Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2012 — Reino Unido/Comisión
   (Asunto T-503/12)
   2013/C 26/123
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, Barrister, y C. Murrell, agente)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión 2012/500/UE de la Comisión, de 6 de septiembre de 2012, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros (DO L 244, p. 11), por lo que respecta a cuatro entradas del anexo relativas a la corrección a tanto alzado del 5 % de los gastos efectuados en Irlanda del Norte en el ejercicio 2008 (por importes de 277 231,60 euros y 13 671 558,90 euros) y en el ejercicio 2009 (por importes de 270 398,26 euros y 15 844 193,29 euros).

               —

               Condene a la demandada al pago de las costas de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la Comisión cometió errores de hecho y de Derecho, y no tuvo en cuenta consideraciones pertinentes respecto a la magnitud del posible perjuicio para los fondos de la Unión Europea, con relación al riesgo que supone para dichos fondos el gasto efectuado en 2007 y 2008, especialmente como consecuencia de errores en la determinación de las áreas que reunían los requisitos en 2005, que afectaron a la asignación inicial de derechos.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la Comisión cometió errores de hecho y de Derecho, en la medida en que llegó erróneamente a la conclusión de que el Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (DARD) no aplicó en absoluto disposiciones sobre sanciones, recuperación de pagos indebidos e incumplimiento intencionado, o bien no las aplicó adecuadamente, y por lo tanto sobrestimó y/o no tuvo en cuenta consideraciones pertinentes respecto a la magnitud del posible perjuicio para los fondos de la Unión Europea. En particular, la Comisión:

                           —

                           Criticó erróneamente un supuesto nuevo cálculo «sistemático» de pago de derechos por parte de DARD.

                           —

                           Alegó erróneamente que los errores de 2005 podían tener efectos materiales en el elemento histórico del valor del derecho.

                           —

                           Utilizó un método erróneo de cálculo de pagos excesivos.

                           —

                           Adoptó un enfoque erróneo respecto a las multas, en particular:

                                       —

                                       Adoptando un método erróneo para calcular las multas

                                       —

                                       Alegando erróneamente que se debía imponer una multa para cada año en los casos en los que la multa era de aplicación en 2005, pero no en años posteriores –en este caso, 2007 y 2008–, en los que se produjeron pagos excesivos como consecuencia del mismo error que el sancionado en 2005.

                           —

                           Adoptó un enfoque erróneo respecto al incumplimiento intencionado.


title: Asunto T-623/15: Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión JEDE FLASCHE ZÄHLT! — Marca constituida por un eslogan publicitario — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               21.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 277/36

         Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)
   (Asunto T-623/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca figurativa de la Unión JEDE FLASCHE ZÄHLT! - Marca constituida por un eslogan publicitario - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2017/C 277/53)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Alemania) (representantes: M. Wolter, A. Marx y A. Berger, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: M. Eberl y A. Schifko agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de septiembre de 2015 (asunto R 479/2015-4) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo JEDE FLASCHE ZÄHLT! como marca de la Unión Europea.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Lidl Stiftung & Co. KG.

      (1)  DO C 16 de 18.1.2016.


title: Archivo del asunto T-40/97

text:
C 318/36           ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                             18 . 10 . 97
             Archivo del asunto T-40/97 í 1 )                  las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
                     ( 97/C 318/71 )                           T-40/97: Pearle BV, Hans Prijsoptiek Franchise BV, Van
                                                               der Wiel BV, Prins Brillen BV, Brilservice BV y Optical
         (Lengua de procedimiento: neerlandés)                 Retail Group BV contra Comisión de las Comunidades
                                                               Europeas.
Mediante auto de 23 de julio de 1997, el Presidente de la
Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de      í 1 ) DO C 131 de 26 . 4 . 1997.


title: Asunto T-168/13: Auto del Tribunal General de 21 de enero de 2014 — EPAW/Comisión ( «Recurso de anulación — Persona jurídica de Derecho privado — Inexistencia de prueba de la existencia jurídica — Artículo 44, apartado 5, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal — Inadmisibilidad manifiesta» )

text:
               15.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/12

         Auto del Tribunal General de 21 de enero de 2014 — EPAW/Comisión
   (Asunto T-168/13) (1)

   (Recurso de anulación - Persona jurídica de Derecho privado - Inexistencia de prueba de la existencia jurídica - Artículo 44, apartado 5, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal - Inadmisibilidad manifiesta)
   2014/C 78/24
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: European Platform Against Windfarms (EPAW) (representante: C. Kiss, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente K. Herrmann y P. Oliver, posteriormente L. Pignataro Nolin, K. Herrmann y J. Tomkin, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, titulada «Energías renovables: un factor de primer orden en el mercado europeo de la energía», de 6 de junio de 2012, y de la Decisión de la Comisión de 21 de enero de 2013 por la que se declara inadmisible la petición de la demandante de que dicha institución revise la citada comunicación.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               European Platform Against Windfarms (EPAW) cargará, además de con sus propias costas, con las ocasionadas a la Comisión Europea.

      (1)  DO C 207, de 20.7.2013.


title: Asunto T-160/02: Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2002 por Naipes Heraclio Fournier, S.A. contra la Oficina de Armonización del mercado Interior ( en adelante OAMI).

text:
C 180/30               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       27.7.2002
Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2002 por Naipes                    Resolución de la Sala de      Anulación de la resolución de la
Heraclio Fournier, S.A. contra la Oficina de Armonización              Recurso:                       División de Anulación
         del mercado Interior ( en adelante OAMI).
                                                                        Motivos invocados:             Aplicación incorrecta del ar-
                                                                                tı́culo 7, apartado 1, letras b) y c),
                                                                                del Reglamento (CE) no 40/94
                       (Asunto T-160/02)
                         (2002/C 180/51)
                 (Lengua de procedimiento: español)
                                                                        Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2002 por Naipes
                                                                        Heraclio Fournier, S.A. contra la Oficina de Armonización
                                                                                del mercado Interior ( en adelante OAMI)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                         (Asunto T-161/02)
europeas se ha presentado, el 17 de mayo de 2002 un recurso
contra la OAMI formulado por Naipes Heraclio Fournier, con
domicilio en Alava (España), representado por el letrado en                                     (2002/C 180/52)
ejercicio D. Enrique Armijo Chavarri.
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        europeas se ha presentado, el 17 de mayo de 2002 un recurso
—      Anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la         contra la OAMI formulado por Naipes Heraclio Fournier, con
       OAMI de 28 de febrero de 2002;                                   domicilio en Alava (España), representada por el letrado en
                                                                        ejercicio D. Enrique Armijo Chavarri.
—      condene en costas a la OAMI.
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                        que :
                                                                        —     Anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la
                                                                              OAMI de 28 de febrero de 2002;
Motivos y principales alegaciones
                                                                        —     condene en costas a la OAMI.
Marca         comunitaria      Marca gráfica que reproduce un
objeto de la demanda de        as de espadas invertido — Marca
nulidad:                       registrada n. 000089565 para             Motivos y principales alegaciones
                               productos de la clase 16 (naipes)
                                                                        Marca        comunitaria       Marca gráfica que reproduce un
Titular de la marca            La demandante                            objeto de la demanda de        «caballo de bastos» — Marca regis-
comunitaria cuya nuli-                                                  nulidad:                       trada n. 0000089961 para pro-
dad se solicita:                                                                                ductos de la clase 16 (naipes).
Demandante en anula-           Société France Cartes
ción:                                                                  (Vease la comunicación relativa al asunto T-160/02 Heraclio
                                                                        Fournier/OAMI)
Resolución de la Divi-        Desestimación de la demanda
sión de Anulación:


title: Asunto T-704/13: Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Banco de Sabadell y Banco Gallego/Comisión

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/47

         Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Banco de Sabadell y Banco Gallego/Comisión
   (Asunto T-704/13)
   2014/C 52/91
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandantes: Banco de Sabadell, SA (Sabadell, España); y Banco Gallego, SA (Santiago de Compostela, España) (representantes: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               anule la Decisión impugnada en la medida en que califica al conjunto de medidas que según ella constituyen el denominado sistema español de arrendamiento financiero como una ayuda de Estado nueva e incompatible con el mercado interior;

               —

               subsidiariamente, anule los artículos 1 y 4 de la Decisión impugnada, que identifican a los inversores de las AIEs como beneficiarios de las supuestas ayudas y como únicos beneficiarios de la orden de recuperación;

               —

               subsidiariamente, anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que ordena la recuperación de las supuestas ayudas;

               —

               anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que se pronuncia sobre la legalidad de los contratos privados entre los inversores y otras entidades, y

               —

               condene a la Comisión a las costas de este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales argumentos son los ya invocados en el asunto T-700/13, Bankia/Comisión.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de septiembre de 2003 en el asunto C-224/01 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Gerhard Köbler contra República de Austria ("Igualdad de trato — Retribución de un profesor universitario — Discriminación indirecta — Complemento por antigüedad — Responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario que les sean imputables — Violación imputable a un órgano jurisdiccional nacional")

text:
15.11.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                                  C 275/13
por el Oberster Gerichtshof (Austria), destinada a obtener, en                        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Maria
Walcher y Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen                                          de 30 de septiembre de 2003
Steiermark, una decisión prejudicial sobre la interpretación de
la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de
                                                                            en el asunto C-224/01 (Petición de decisión prejudicial
1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores              planteada por el Landesgericht für Zivilrechtssachen
asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283,                  Wien): Gerhard Köbler contra República de Austria (1)
p. 23; EE 05/02, p. 219), en su versión modificada por el Acta
relativa a las condiciones de adhesión de la República de                   («Igualdad de trato — Retribución de un profesor universita-
Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y a las             rio — Discriminación indirecta — Complemento por anti-
adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la                    güedad — Responsabilidad de un Estado miembro por los
Unión Europea (DO 1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1,                       daños causados a los particulares por las violaciones del
p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J.-       Derecho comunitario que les sean imputables — Violación
P. Puissochet, Presidente de Sala, el Sr. C. Gulmann, las Sras.                     imputable a un órgano jurisdiccional nacional»)
F. Macken y N. Colneric (Ponente) y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues,
Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass,                                       (2003/C 275/21)
ha dictado el 11 de septiembre de 2003 una sentencia cuyo
fallo es el siguiente:                                                                         (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
1)     La Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de                  «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
       1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los
       Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores
       asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su
       versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de         En el asunto C-224/01, que tiene por objeto una petición
       adhesión de la República de Austria, la República de                 dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
       Finlandia y el Reino de Suecia y a las adaptaciones de los           por el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria),
       Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, se               destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
       opone a que un trabajador asalariado, que dispone de una             jurisdiccional entre Gerhard Köbler y República de Austria,
       participación significativa en la sociedad de responsabilidad        una decisión prejudicial sobre la interpretación, por una parte,
       limitada que lo emplea, pero que no ejerce una influencia            del artículo 48 del Tratado CE (actualmente artículo 39 CE,
       dominante sobre la misma, pierda, conforme a la jurispruden-         tras su modificación) y, por otra parte, de la jurisprudencia del
       cia austriaca relativa a los préstamos de socios equiparables        Tribunal de Justicia que se desprende en particular de las
       a una aportación de capital, el derecho a la garantía de los         sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y
       créditos salariales impagados a causa de la insolvencia del          Factortame (asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Rec. p. I-
       empresario y amparados por el artículo 4, apartado 2, de             1029), y de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult (C-54/
       dicha Directiva, cuando, una vez que pudo tener conciencia           96, Rec. p. I-4961), el Tribunal de Justicia, integrado por los
       del agotamiento del crédito de dicha sociedad, no haya               Sres. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, J.-P. Puissochet,
       reclamado seriamente en el plazo de 60 días la retribución           M. Wathelet, R. Schintgen y C.W.A. Timmermans (Ponente),
       periódica que debía habérsele abonado.                               Presidentes de Sala, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola,
                                                                            P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y los
                                                                            Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues y A. Rosas, Jueces;
2)     Un Estado miembro, para evitar abusos, está autorizado, en           Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H.A. Rühl,
       principio, a adoptar, medidas que denieguen a este asalariado        administrador principal, ha dictado el 30 de septiembre de
       el derecho a la garantía de los créditos saláriales devengados       2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       con posterioridad a la fecha en la que un trabajador que no
       tuviera la condición de socio habría abandonado sus funciones        1)    El principio según el cual los Estados miembros están obligados
       por impago de sus salarios, a menos que se demuestre la
                                                                                a reparar los daños causados a los particulares por las
       inexistencia de un comportamiento abusivo. En cuanto a la                  violaciones del Derecho comunitario que les sean imputables
       garantía de pago de los créditos amparados por el artículo 4,              también se aplica cuando la violación de que se trate se derive
       apartado 2, de la Directiva 80/987, modificada, el Estado                  de una resolución de un órgano jurisdiccional que resuelva en
       miembro no está facultado para presumir que, por regla general,
                                                                                última instancia, si la norma de Derecho comunitario vulnerada
       un trabajador que no tuviera la condición de socio habría                  tiene por objeto conferir derechos a los particulares, si la
       abandonado sus funciones por dicha razón antes de que los                  violación está suficientemente caracterizada y si existe una
       salarios impagados hubieran alcanzado un período de tres                   relación de causalidad directa entre dicha violación y el daño
       meses.
                                                                                sufrido por las personas perjudicadas. Para determinar si la
                                                                                violación está suficientemente caracterizada cuando se derive de
                                                                                una resolución de ese tipo, el juez nacional competente debe
(1) DO C 212 de 28.7.2001.                                                        examinar, habida cuenta de la especificidad de la función
                                                                                jurisdiccional, si dicha violación presenta un carácter manifiesto.
                                                                                Corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro
                                                                                designar el órgano jurisdiccional competente para conocer de los
                                                                                litigios relativos a dicha reparación.
 ---pagebreak--- C 275/14                   ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                            15.11.2003
2)     Los artículos 48 del Tratado CE (actualmente artículo 39 CE,             Estado miembro limítrofe y puesto a disposición del trabajador por su
       tras su modificación) y 7, apartado 1, del Reglamento (CEE)              empresa, establecida asimismo en ese Estado miembro.
       no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a
       la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad,         (1) DO C 227 de 11.8.2001.
       deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que se
       conceda, en condiciones como las previstas en el artículo 50 bis
       de la Gehaltsgesetz de 1956 (Ley de retribuciones de 1956),
       en su versión modificada de 1997, un complemento especial
       por antigüedad que constituye una prima de fidelidad según la
       interpretación dada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) en                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
       su sentencia de 24 de junio de 1998.
                                                                                de 30 de septiembre de 2003
3)     Una violación del Derecho comunitario como la que se desprende,
       en las circunstancias del asunto del procedimiento principal, de la      en el asunto C-239/01: República Federal de Alemania
       sentencia del Verwaltungsgerichtshof, de 24 de junio de 1998,                 contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
       no tiene el carácter manifiesto que se requiere para poder exigir,
       en virtud del Derecho comunitario, la responsabilidad de un              («Agricultura — FEOGA — Anulación parcial del Regla-
       Estado miembro por una resolución de uno de sus órganos                  mento (CE) no 690/2001 — Medidas especiales de apoyo al
       jurisdiccionales que resuelva en última instancia.                       mercado en el sector de la carne de vacuno — Reglamento
                                                                                de ejecución de la Comisión en el que se establece la
(1) DO C 212 de 28.7.2001.                                                      confinanciación obligatoria a cargo de los Estados miem-
                                                                                bros»)
                                                                                (2003/C 275/23)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                              (Sala Quinta)                                          «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                       de 2 de octubre de 2003
                                                                                En el asunto C-239/01, República Federal de Alemania (agente:
en el asunto C-232/01 (Petición de decisión prejudicial                         Sr. W.-D. Plessing, en calidad de Agente, asistido por el Sr.
planteada por el Politierechtbank te Mechelen): Proceso                         J. Sedemund) apoyada por Reino de Dinamarca (agentes: Sres.
              penal seguido contra Hans Van Lent (1)                            J. Molde y J. Bering Liisberg) que designan como domicilio en
                                                                                Luxemburgo contra Comisión de las Comunidades Europeas
(«Libre circulación de trabajadores — Leasing de automóviles                    (agentes: Sres. D. Booß y M. Niejahr), que tiene por objeto la
— Obligación de matricular el automóvil en el Estado                            anulación del artículo 5, apartado 5, del Reglamento (CE)
               miembro de residencia del trabajador»)                           no 690/2001 de la Comisión, de 3 de abril de 2001, relativo a
                                                                                medidas especiales de apoyo al mercado en el sector de la
                            (2003/C 275/22)                                     carne de vacuno (DO L 95, p. 8), en la medida en que obliga al
                                                                                Estado miembro interesado a financiar el 30 % del precio de la
                   (Lengua de procedimiento: neerlandés)                        carne adquirida con arreglo a dicho Reglamento, el Tribunal
                                                                                de Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias,
                                                                                Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los Sres.
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (Ponente), P. Jann
                                                                                y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von
                                                                                Bahr, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretari: Sra.
En el asunto C-232/01, que tiene por objeto una petición diri-                  M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 30 de
gida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el            septiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Politierechtbank te Mechelen (Bélgica), destinada a obtener, en
el proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra                1)    Anular el artículo 5, apartado 5, del Reglamento (CE) n o 690/
Hans Van Lent, una decisión prejudicial sobre la interpretación                       2001 de la Comisión, de 3 de abril de 2001, relativo a
del artículo 39 CE, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado                  medidas especiales de apoyo al mercado en el sector de la carne
por los Sres. M. Wathelet, Presidente de Sala, D.A.O. Edward,                         de vacuno, en la medida en que obliga al Estado miembro
P. Jann, S. von Bahr (Ponente) y A. Rosas, Jueces; Abogado                            interesado a financiar el 30 % del precio de la carne adquirida
General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administra-                     con arreglo a dicho Reglamento.
dora principal, ha dictado el 2 de octubre de 2003 una sentencia
cuyo fallo es el siguiente:                                                     2)    Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas.
El artículo39 CEse opone a unanormativa nacional como la controver-
tida, que prohíbe a un trabajador domiciliado en ese Estado miembro             (1) DO C 245 de 1.9.2001.
utilizar en su territorio un vehículo matriculado en un Estado miembro
limítrofe, perteneciente a una sociedad de leasing establecida en este


title: Asunto T-703/15: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2016 — Groupe Go Sport/EUIPO — Design Go (GO SPORT) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión GO SPORT — Marcas nacionales denominativas anteriores GO — Denegación parcial de registro por la División de Oposición — Presentación extemporánea del escrito en el que se exponen los motivos del recurso — Inadmisibilidad del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso — Artículo 60 del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Regla 49, apartado 1, del Reglamento (CE) n.° 2868/95»]

text:
               23.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/30

         Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2016 — Groupe Go Sport/EUIPO — Design Go (GO SPORT)
   (Asunto T-703/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa de la Unión GO SPORT - Marcas nacionales denominativas anteriores GO - Denegación parcial de registro por la División de Oposición - Presentación extemporánea del escrito en el que se exponen los motivos del recurso - Inadmisibilidad del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso - Artículo 60 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Regla 49, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2868/95»])
   (2017/C 022/40)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Groupe Go Sport (Sassenage, Francia) (representantes: G. Arbant y E. Henry-Mayer, abogadas)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: D. Gája, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Design Go Ltd (Londres, Reino Unido)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de septiembre de 2015 (asunto R 569/2015-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Design Go y Groupe Go Sport.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Groupe Go Sport.

      (1)  DO C 48 de 8.2.2016.


title: Asunto T-440/11: Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2011 — BT Telecommunications/Consejo

text:
               1.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 290/16

         Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2011 — BT Telecommunications/Consejo
   (Asunto T-440/11)
   2011/C 290/23
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: BT Telecommunications PUE (Minsk, Belarús) (representantes: V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas y E. Matulionyte, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento (UE) no 588/2011 del Consejo, de 20 de junio de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 765/2006 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas contra el Presidente Lukashenko y determinados funcionarios de Belarús (DO L 161, p. 1), en lo que se refiere a la demandante.

               —

               Anule la Decisión 2011/357/PESC del Consejo, de 20 de junio de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús (DO L 161, p. 25), en lo que se refiere a la demandante.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la demandada incumplió su obligación de razonar suficientemente la inclusión de la demandante en las listas de personas a las que se aplican las medidas restrictivas.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la demandada vulneró el derecho a la defensa y el derecho a un juicio justo previstos en el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y en los artículos 6 y 13 de la Convención Europea de Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, al:

                           —

                           no haber comunicado en ningún momento la motivación detallada de la inclusión de la demandante en las listas de personas sometidas a medidas restrictivas;

                           —

                           no haber facilitado a la demandante la posibilidad de ejercer efectivamente su derecho a la defensa, en concreto, el derecho a ser oída y el derecho a beneficiarse de un procedimiento que le permitiera solicitar efectivamente ser excluida de las listas de personas incluidas en las medidas restrictivas.

               3)

               Tercer motivo, basado en que la demandada incurrió en errores manifiestos de evaluación al proclamar en las medidas impugnadas que la demandante está en cierto modo asociada al régimen de Lukashenko y lo patrocina, o que en cierto modo participa en las vulneraciones de las normas electorales internacionales o en la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, o en la importación en Belarús de equipos que puedan utilizarse para la represión interna.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que la demandada vulneró el derecho fundamental a la propiedad previsto en el artículo 17 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 1 del Protocolo no 1 a la Convención Europea de Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales de modo injustificado y desproporcionado, sin pruebas concluyentes.

               5)

               Quinto motivo, basado en que la demandada vulnera el principio de proporcionalidad al haber impuesto una restricción desproporcionada a los derechos fundamentales de la demandante sin ofrecer las garantías procedimentales precisas ni pruebas concluyentes.


title: Asunto T-531/11: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2011 — Hamas/Consejo

text:
               28.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 126/18

         Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2011 — Hamas/Consejo
   (Asunto T-531/11)
   2012/C 126/37
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Hamas (representante: L. Glock, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión 2011/430/PESC del Consejo, de 18 de julio de 2011, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, en la medida en que afecta a Hamas (incluido Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem).

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 687/2011 del Consejo, de 18 de julio de 2011, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se derogan los Reglamentos de Ejecución (UE) no 610/2010 y (UE) no 83/2011, en la medida en que afecta a Hamas (incluido Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem).

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca ocho motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931/PESC, (1) en lo que atañe a la toma de la decisión por una autoridad competente, en la medida en que esa autoridad:

                           —

                           debería ser una autoridad judicial y no una autoridad administrativa;

                           —

                           debería poder invocar el principio de cooperación leal;

                           —

                           no puede ser el Gobierno de los Estados Unidos debido a las particularidades de las normas que regulan la operación de listado en los Estados Unidos;

                           —

                           no podría ser una autoridad que no respetara los derechos procesales de las personas interesadas.

                     Además, la parte demandante alega que el Consejo no aporta ningún elemento que demuestre que, en el caso de autos, las decisiones nacionales de que se trata se basan en pruebas o en indicios serios.

               2)

               Segundo motivo, basado en un error sobre la realidad de los hechos, dado que el Consejo no ha probado los hechos que alega de forma independiente. La parte demandante alega que las aproximaciones puestas de relieve en su demanda confirman el error sobre la realidad de los hechos.

               3)

               Tercer motivo basado en un error de apreciación en cuanto al carácter terrorista de la parte demandante, por cuanto la calificación que propone el Consejo no es acorde con los criterios establecidos en la Posición Común 2001/931/PESC. La parte demandante alega que los criterios barajados por el Consejo revelan una interpretación errónea del término «terrorismo», incompatible con el Derecho internacional positivo.

               4)

               Cuarto motivo, basado en una carencia en consideración a la evolución de la situación a causa del transcurso del tiempo, toda vez que el Consejo no procede realmente a la revisión prevista en el artículo 1, apartado 6, de la Posición Común 2001/931/PESC.

               5)

               Quinto motivo basado en la violación del principio de no injerencia.

               6)

               Sexto motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, ya que la exposición de motivos remitida a la parte demandante no contiene precisión alguna sobre las pruebas e indicios serios y creíbles apreciados contra la parte demandante.

               7)

               Séptimo motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva. La parte demandante alega que se han violado tales principios:

                           —

                           en el curso de la fase nacional del procedimiento, siendo así que el Consejo debía ejercer un control al respecto, y

                           —

                           en el curso de la fase europea debido a que los elementos remitidos por el Consejo a la parte demandante son insuficientes.

               8)

               Octavo motivo, basado en la vulneración del derecho de propiedad, toda vez que una medida de congelación de fondos ilegal no puede considerarse un ataque justificado al derecho de propiedad.

      (1)  Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344, p. 93).


title: Asunto T-501/08: Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 2008 — NEC Display Solutions Europe/OAMI — C More Entertainment (see more)

text:
               24.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/34

         Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 2008 — NEC Display Solutions Europe/OAMI — C More Entertainment (see more)
   (Asunto T-501/08)
   (2009/C 19/63)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: NEC Display Solutions Europe GmbH (Múnich, Alemania) (representante: P. Munzinger, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: C More Entertainment AB (Estocolmo)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 28 de agosto de 2008 en el asunto R 1388/2007-4 y se desestime la oposición.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

               —

               Que se condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso al pago de las costas, en el supuesto de que actúe como interviniente en este caso.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: El demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa «see more» para productos de la clase 9 — solicitud no 4 034 741

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocados en oposición: Registro como marca danesa no VR 2004 01590 de la marca denominativa «CMORE» para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 38 y 41; Registro como marca finlandesa no 231 366 de la marca denominativa «CMORE» para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 38 y 41

      Resolución de la División de Oposición: Estimar la oposición en su totalidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimar el recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, aparado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que existe riesgo de confusión entre las marcas de que se trata.


title: Asunto C-460/05: Recurso interpuesto el  23 de diciembre de 2005  por la República de Polonia contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea

text:
               11.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/22

         Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2005 por la República de Polonia contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-460/05)
   (2006/C 60/44)
   Lengua de procedimiento: polaco
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de diciembre de 2005 un recurso contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea formulado por la República de Polonia, representada por el Sr. Jarosław Pietras.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare la nulidad de los artículos 33, apartado 2, y 43, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. (1)

               2)

               Acuerde tramitar el procedimiento en polaco.

               3)

               Imponga al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo el pago de las costas del presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El Gobierno de la República de Polonia alega que se incurrió en un vicio sustancial de forma debido a la inadecuación de la motivación dada para el texto de los artículos 33, apartado 2, y 43, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE, tal como fueron adoptados.
   Dichos artículos establecen normas concretas autónomas para el reconocimiento de los derechos adquiridos, aplicables a los títulos polacos de formación de enfermero responsable de cuidados generales y de formación de matronas. Estas normas suponen una excepción a las normas relativas al reconocimiento de los derechos adquiridos específicos para enfermeros responsables de cuidados generales y matronas, que se hallan en vigor en relación con las cualificaciones obtenidas en otros Estados miembros. La exposición de motivos de la Directiva 2005/36/CE no contiene motivación alguna para la adopción de las mencionadas normas que establecen excepciones sobre el reconocimiento de derechos adquiridos específicos para enfermeros responsables de cuidados generales y matronas, que pueda justificar tales normas sobre la base de cualificaciones profesionales polacas.
   La inexistencia de motivos que aclaren por qué se adoptaron las disposiciones anteriormente mencionadas infringe el artículo 253 del Tratado CE si se considera el hecho de que, durante las discusiones legislativas que llevaron a la adopción de la Directiva 2005/36/CE, las disposiciones en cuestión perdieron su carácter de medidas que gozan de la condición de normas que no requieren ser motivadas individualmente. A pesar de que se estableció su contenido en las disposiciones del Tratado de Adhesión, en virtud del artículo 9 del Tratado de Adhesión y habida cuenta del curso que siguieron las discusiones con respecto a la Directiva 2005/36/CE, no puede presumirse que dichas medidas se motivaron debidamente por el mero hecho de que su texto se estableció en el Tratado.

      (1)  DO L 255, de 30.9.2005, p. 22.


title: Asunto C-103/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Reino Unido) el 13 de marzo de 2009 — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Weald Leasing Limited

text:
               6.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Reino Unido) el 13 de marzo de 2009 — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Weald Leasing Limited
   (Asunto C-103/09)
   2009/C 129/13
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Appeal

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

      Demandada: Weald Leasing Limited

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En circunstancias como las existentes en el presente litigio, en que un operador exento en gran medida adopta una estructura de arrendamiento financiero de activos en la que participa un tercero interpuesto, en lugar de comprar los activos directamente, ¿da lugar la estructura de arrendamiento financiero de activos o cualquier parte de ésta a una ventaja fiscal que es contraria a la finalidad de la Sexta Directiva (1) en el sentido del apartado 74 de la sentencia de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros (C-255/02)?

               2)

               Habida cuenta del hecho de que la Sexta Directiva del IVA prevé el arrendamiento financiero de activos por operadores exentos o parcialmente exentos, y teniendo en cuenta la referencia del Tribunal de Justicia a «transacciones comerciales normales» en los apartados 69 y 80 de la sentencia Halifax, así como en el apartado 27 de la sentencia de 22 de mayo de 2008, Ampliscientifica (C-162/02), y asimismo ante la falta de tal referencia en la sentencia de 21 de febrero de 2008, Part Service (C-425/06), ¿constituye una práctica abusiva el hecho de que un operador exento o parcialmente exento celebre dichos contratos, aunque en el marco de sus transacciones comerciales normales no realice operaciones de arrendamiento financiero?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:

                           a)

                           ¿Qué importancia tiene la expresión «transacciones comerciales normales» en el contexto de los apartados 74 y 75 de la sentencia Halifax? ¿Reviste importancia en relación con el apartado 74, con el apartado 75 o con ambos?

                           b)

                           ¿Constituye la referencia a «transacciones comerciales normales» una referencia a:

                                       1)

                                       transacciones que realiza habitualmente el contribuyente de que se trata;

                                       2)

                                       transacciones que dos o más partes realizan a precios de mercado;

                                       3)

                                       transacciones que son comercialmente viables;

                                       4)

                                       transacciones que originan cargas y riesgos comerciales habitualmente inherentes a los beneficios comerciales conexos;

                                       5)

                                       transacciones que no son ficticias en el sentido de que tienen un objeto comercial;

                                       6)

                                       cualquier otro tipo o categoría de transacciones?

               4)

               Si la estructura de arrendamiento financiero de activos o cualquier parte de ésta se declara constitutiva de una práctica abusiva, ¿cuál es la redefinición adecuada? En particular, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional o la autoridad recaudadora de impuestos:

                           a)

                           no tener en cuenta la existencia del tercero interpuesto y ordenar que se abone el IVA sobre el valor normal de mercado de las rentas;

                           b)

                           considerar la estructura de arrendamiento financiero como una compra directa, o

                           c)

                           redefinir las operaciones de cualquier otro modo que el órgano jurisdiccional o la autoridad recaudadora de impuestos considere adecuado para restablecer la situación que se habría producido si no se hubieran celebrado las operaciones constitutivas de la práctica abusiva?

      (1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).