title: Causa C-441/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Högsta domstolen de fecha 11 de noviembre de 1999, en el asunto entre Riksskatteverket y Soghra Gharehveran

text:
5.2.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 34/13
     — artı́culo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva                    Luxemburgo el del Sr. Pakowski, Embajador de la República
         86/280/CEE (10) del Consejo, de 12 de junio de 1986,           Federal de Alemania, 20-22, avenue Émile Reuter, contra el
         relativa a los valores lı́mite y los objetivos de calidad      auto dictado el 27 de octubre de 1999 por la Sala Tercera del
         para los residuos de determinadas sustancias peligrosas        Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
         comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva           en el asunto T-106/99, promovido contra la Comisión de las
         76/464/CEE, en su última versión, que le dio la              Comunidades Europeas.
         Directiva 90/415/CEE (11);
                                                                        La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
     en la redacción que dio a estas disposiciones el artı́culo 2,     Comunidades Europeas que:
     apartado 1, de la Directiva 91/692/CEE (12).
                                                                        — Declare admisibles y fundadas todas las pretensiones del
b) Condene en costas a la República Portuguesa.                             Sr. Karl Meyer.
                                                                        — Declare que el fax de la Comisión de 30 de marzo de 1999
                                                                             es un acto impugnable, correspondiente a una disposición
Motivos y principales alegaciones                                            que afecta a la situación jurı́dica del demandante como
                                                                             inversor privado europeo en la Polinesia francesa.
A tenor de los artı́culos 10 CE, párrafo primero, y 249 CE,
párrafo tercero, los Estados miembros adoptarán todas las             — Devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para la
medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las                      continuación del procedimiento en cuanto al fondo.
obligaciones resultantes de los actos de las Instituciones de la
Comunidad, deberán facilitar a ésta última el cumplimiento de         Motivos y principales alegaciones
su misión y tendrán la obligación de alcanzar los resultados
que se fijen en una Directiva dentro del plazo que en ésta se           Infracción del Derecho comunitario: el acto impugnado era el
establezca. En el caso presente, la Comisión comprobó que, a          último acto de una serie de indagaciones encaminadas a
pesar de haber finalizado el 30 de septiembre de 1995 el                encontrar textos comunitarios e información sobre las condi-
plazo establecido, la República Portuguesa todavı́a no le ha           ciones comunitarias de financiación, relativas a la inversión del
transmitido los informes relativos a la aplicación de las              demandante en una plantación de frutas tropicales en Polinesia.
Directivas mencionadas en las pretensiones.                             Se equivoca el Tribunal de Primera Instancia al no reconocer a
                                                                        la negativa de la Comisión a proporcionar dichos documentos
                                                                        e informaciones el carácter de una decisión.
(1) DO L 129, de 18.05.1976, p. 23; EE 15/01, p. 165.
(2) DO L 54, de 25.02.1978, p. 19; EE 15/01, p. 92.
(3) DO L 32, de 03.02.1983, p. 28; EE 15/04, p. 83.
(4) DO L 222, de 14.08.1978, p. 1; EE 15/02, p. 111.
(5) DO L 20, de 26.01.1980, p. 43; EE 15/02, p. 162.
(6) DO L 81, de 27.03.1982, p. 29; EE 15/03, p. 142.
(7) DO L 291, de 24.10.1983, p. 1; EE 15/04, p. 131.                    Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
(8) DO L 74, de 17.03.1984, p. 49; EE 15/05, p. 20.                     lución del Högsta domstolen de fecha 11 de noviembre
(9) DO L 274, de 17.10.1984, p. 11; EE 15/05, p. 59.                    de 1999, en el asunto entre Riksskatteverket y Soghra
(10) DO L 181, de 04.07.1986, p. 16.                                                               Gharehveran
(11) DO L 219, de 14.08.1990, p. 49.
(12) DO L 377, de 31.12.1991, p. 48.
                                                                                (Causa C-441/99)
                                                                                (2000/C 34/25)
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        resolución del Högsta domstolen de fecha 11 de noviembre de
                                                                        1999, en el asunto entre Riksskatteverket y Soghra Gharehve-
Recurso de casación interpuesto el 16 de noviembre de                  ran, y recibida en la secretarı́a del Tribunal de Justicia el 19 de
1999 por el Sr. Karl L. Meyer contra el auto dictado el
                                                                        noviembre de 1999. El Högsta domstolen solicita al Tribunal
27 de octubre de 1999 por la Sala Tercera del Tribunal de               de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
asunto T-106/99, promovido contra la Comisión de las                   1) La excepción aplicable a Suecia con arreglo al artı́culo 1,
                     Comunidades Europeas                                    apartado 2, de la Directiva 80/987/CEE (1) del Consejo, de
                                                                             20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las
                      (Asunto C-436/99 P)                                    legislaciones de los Estados miembros relativas a la protec-
                                                                             ción de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
                                                                             del empresario, ¿debe interpretarse en el sentido de que, de
                          (2000/C 34/24)                                     conformidad con la práctica jurı́dica sueca que se habı́a
                                                                             desarrollado y estaba vigente hasta el 1 de julio de 1994,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 se aplica a un empleado que, por sı́ solo, no poseı́a
presentado el 16 de noviembre de 1999 un recurso de                          participación alguna en la empresa, pero que tiene un
casación formulado por el Sr. Karl L. Meyer, representado por               pariente próximo que poseı́a una participación esencial en
Me Jean-Dominique des Arcis, que designa como domicilio en                   la misma?
 ---pagebreak--- C 34/14                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       5.2.2000
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:                Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 1999 por la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
     En el caso de que un Estado miembro haya adaptado su                                          blica Italiana
     Derecho interno a la Directiva 80/987/CEE del Consejo y
     haya designado al Estado como responsable del pago de
     los créditos de un trabajador por cuenta ajena frente a un                                 (Asunto C-444/99)
     empresario que haya sido declarado en quiebra, ¿tiene la
     Directiva por efecto que un empleado pueda invocar su
     derecho a la garantı́a salarial, quedando sin aplicación una                                (2000/C 34/27)
     disposición nacional que excluye a determinadas categorı́as
     de trabajadores por cuenta ajena del derecho a la garantı́a        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     salarial, pero no es conforme con la excepción a la               presentado el 22 de noviembre de 1999 un recurso contra
     Directiva aplicable a ese Estado miembro?                          la República Italiana formulado por la Comisión de las
                                                                        Comunidades Europeas, representada por las Sras. Marie Wolf-
(1) DO L 283, de 20.10.1980, p. 23; EE 05/02, p. 219.                   carius y Stefania Dragone, miembros del Servicio Jurı́dico, en
                                                                        calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem-
                                                                        burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centro
                                                                        Wagner, Kirchberg.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
lución del Oberlandesgericht Wien, de fecha 5 de noviem-
bre de 1999, en el asunto entre Merck, Sharp & Dohme
     GmbH y Paranova Pharmazeutika Handels GmbH                         1) Declare que la República Italiana ha incumplido las
                                                                             obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
                       (Asunto C-443/99)                                     92/106/CEE (1) del Consejo, de 7 de diciembre de 1992,
                                                                             relativa al establecimiento de normas comunes para deter-
                          (2000/C 34/26)                                     minados transportes combinados de mercancı́as entre
                                                                             Estados miembros y, en particular, de su artı́culo 2, al
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    mantener en vigor un régimen de autorizaciones y de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                contingentación para los transportes combinados.
resolución del Oberlandesgericht Wien, dictada el 5 de no-
viembre de 1999, en el asunto entre Merck, Sharp & Dohme
GmbH y Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, y recibida                  2) Condene en costas a la República Italiana.
en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 22 de noviembre de
1999. El Oberlandesgericht Wien solicita al Tribunal de Justicia
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                          Motivos y principales alegaciones
¿Debe interpretarse el artı́culo 7, apartado 2, de la Directiva
89/104/CEE (1) del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,                 El artı́culo 2 de la Directiva 92/106/CEE impone a cada uno
Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones      de los Estados miembros la obligación de liberar los transportes
de los Estados miembros en materia de marcas en el sentido              combinados de todo régimen de contingentación y de autoriza-
de que el titular de una marca puede oponerse a la venta de un          ción, a más tardar antes del 1 de julio de 1993.
producto farmacéutico comercializado bajo su marca si el
importador lo reenvasa, coloca en él nuevamente su marca y
cumple los demás requisitos mencionados en las sentencias              La República Italiana ha infringido lo dispuesto en el mencio-
C-427/93, C-429/93 y C-436/93 (2) del Tribunal de Justicia de           nado artı́culo puesto que, aun cuando ha modificado el
las Comunidades Europeas (que no quede afectado el producto             régimen de autorizaciones especiales para efectuar el transporte
contenido en el embalaje, que se indique claramente el                  combinado transformándolo en un régimen de autorizaciones
fabricante y el origen, que no se perjudique la reputación de la       generales, no obstante ha mantenido en vigor un régimen de
marca y la de su titular por un embalaje de mala calidad, ası́          autorizaciones para el transporte combinado.
como que se advierta al titular de la marca de la venta del
producto farmacéutico reenvasado), pero peligrase el éxito
comercial de la mercancı́a sin dicho reenvasado tan sólo               Además, al no conceder ninguna autorización general con
porque una parte considerable de los consumidores de produc-            arreglo al artı́culo 1 del Decreto de 27 de junio de 1992 de
tos farmacéuticos del Estado importador desconfı́an de produc-          modo que los transportistas puedan efectuar transportes
tos farmacéuticos que hayan sido manifiestamente fabricados             combinados, la República Italiana ha infringido lo dispuesto
para el mercado de otro Estado (de lengua extranjera) y cuyos           en el artı́culo 2 de la Directiva por haber mantenido en vigor
embalajes sólo se han adaptado mediante etiquetas a la                 un régimen de contingentación para el transporte combinado.
legislación nacional aplicable a la comercialización de produc-
tos farmacéuticos?
                                                                        (1) DO L 368 de 17.12.1992, p. 38.
(1) DO L 40, de 11.2.1989, p. 1.
(2) Rec. 1996, p. I-3457.


title: Asunto C-307/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de julio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 89/48/CEE — Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años — No reconocimiento de los diplomas que dan acceso a la profesión de farmacéutico especialista en análisis clínicos — No adaptación del Derecho interno)

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de julio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-307/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 89/48/CEE - Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años - No reconocimiento de los diplomas que dan acceso a la profesión de farmacéutico especialista en análisis clínicos - No adaptación del Derecho interno)
   (2008/C 223/24)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: H. Søtvlbæk y P. Andrade, agentes)

      Demandada: República Portuguesa (representantes: L. Fernandes, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho interno a la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19, p. 16), en lo que atañe a la profesión de farmacéutico especialista en análisis clínicos
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por lo que respecta a la profesión de farmacéutico especialista en análisis clínicos, al no haber adoptado las medidas necesarias para adaptar el Derecho interno a dicha Directiva.

               2)

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 199 de 25.8.2007.


title: Asunto T-373/07: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2007 — EOS/OAMI (PrimeCat)

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/37

         Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2007 — EOS/OAMI (PrimeCat)
   (Asunto T-373/07)
   (2007/C 283/67)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: EOS GmbH Electro Optical Systems (Krailling, Alemania) (representante: M. Mentjes, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 20 de julio de 2007, en el asunto R 333/2005-4, notificada por fax a la demandante el 27 de julio de 2007.

               —

               Que se condene en costas a la demandada conforme al artículo 87, apartados 2 y 5, del Reglamento de Procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «PrimeCast» para productos y servicios de las clases 1, 19, 40 y 42 — Solicitud no 2.854.677

      Resolución del examinador: Denegación parcial de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94 (1).

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 29 de junio de 1995 en el asunto C-454/93 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Brussel): Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening contra Joop van Gestel [Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Designación del Estado competente con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CEE) no 1408/71 - Residencia y empleo en un Estado miembro distinto del Estado competente - Prestaciones por desempleo abonadas en virtud de lo dispuesto en el inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71]

text:
2 . 9 . 95             ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           N° C 229/5
jurisdiccional entre Hauptzollamt Heilbronn y Temic Tele                ( Ponente ), J.L. Murray y G. Hirsch, Jueces; Abogado
funken microelectronic GmbH, en el que interviene el                     General : Sr . G. Cosmas; Secretario : Sr . H.A. Rühl , adminis
Bundesministerium der Finanzen, una decisión prejudicial                 trador principal, ha dictado el 29 de junio de 1995 una
sobre la interpretación de la letra d ) del apartado 2 y del             sentencia cuyo fallo es el siguiente :
párrafo primero del apartado 3 del artículo 18 , y del primer
guión de la letra a ) del apartado 1 del artículo 21 del                 1 ) El inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71
Reglamento ( CEE ) n° 1999/85 del Consejo, de 16 de julio de                    del Reglamento (CEE) n" 1408/71 del Consejo, de 14 de
1985 , relativo al régimen de perfeccionamiento activo ( 2 ), el                junio de 1971 , relativo a la aplicación de los regímenes
Tribunal de Justicia ( Sala Cuarta ), integrado por los Sres .:                 de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena,
P.J.G. Kapteyn, Presidente de Sala ; C.N. Kakouris y J.L.                       a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de
Murray ( Ponente ), Jueces ; Abogado General : Sr . G.                          sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad,
Tesauro; Secretaria : Sra . L. Hewlett, administradora , ha                     modificado y actualizado por el Reglamento (CEE)
dictado el 29 de junio de 1995 una sentencia cuyo fallo es el                   n" 2001 /83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, debe
siguiente:                                                                      interpretarse en el sentido de que se aplica asimismo en
                                                                                el supuesto de una persona desempleada que, mientras
La letra d) del apartado 2 y el párrafo primero del                             ocupó su último empleo, residió en el Estado miembro
apartado 3 del artículo 18, y el primer guión de la letra a) del                en el cual trabajaba, cuando, como excepción a lo
apartado 1 del artículo 21 del Reglamento (CEE) n" 1999/                        dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 13 de
85 del Consejo, de 16 de julio de 1 985, relativo al régimen de                 dicho Reglamento y con arreglo a su artículo 17, las
perfeccionamiento activo deben interpretarse en el sentido                      autoridades competentes de dos Estados miembros
de que la autorización de inclusión en el régimen de                            hayan acordado que el trabajador por cuenta ajena
transformación bajo control aduanero como modo de                               permanecerá sometido a la legislación sobre Seguridad
ultimación del régimen de perfeccionamiento activo no                           Social de uno de dichos Estados miembros que no es
puede someterse a restricciones cuantitativas.                                  aquél en cuyo territorio trabajaba la persona desemple
                                                                                ada .
(') DO n° C 332 de 8 . 12 . 1993 .
( 2 ) DO n° L 188 de 20 . 7 . 1985 , p . 1 ; EE 02/ 14 , p . 35 .        2 ) Dicho artículo se aplica incluso en el supuesto de que el
                                                                                acuerdo fundado en el artículo 1 7 del Reglamento se
                                                                                haya celebrado en un momento en que el trabajador por
                                                                                cuenta ajena trabajaba y residía ya en el territorio de un
                                                                                único Estado miembro .
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                          í 1 ) DO n° C 1 de 4. 1 . 1994 .
                             ( Sala Sexta )
                                                                          (2 ) DO n° L 149 de 5 . 7. 1971 , p . 2; EE 05/01 , p. 98 .
                    de 29 de junio de 1995                                ( 3 ) DO n° L 230 de 22 . 8 . 1983 , p . 6 ; EE 05/03 , p . 53 .
en el asunto C-454/93 ( petición de decisión prejudicial
planteada por el Arbeidshof te Brussel ): Rijksdienst voor
         Arbeidsvoorziening contra Joop van Gestel (')                                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL
[Seguridad Social de los trabajadores migrantes — Desig                                               ( Sala Sexta)
nación del Estado competente con arreglo al artículo 1 7 del
Reglamento (CEE) n° 1408/71 — Residencia y empleo en                                           de 29 de junio de 1995
 un Estado miembro distinto del Estado competente —                      en el asunto C-456/93 ( petición de decisión prejudicial
Prestaciones por desempleo abonadas en virtud de lo                      planteada por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main )
 dispuesto en el inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del             Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
                             artículo 71]                                 contra Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH
                           ( 95/ C 229/09                                                            & Co. KG (')
                                                                           (Designación de vinos — Repetición en la etiqueta de las
            (Lengua de procedimiento: neerlandés)                         menciones «Kabinett», «Spátlese», «Auslese» y « Weiß
                                                                                herbst» como integrantes de una marca)
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
 cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                                         ( 95/C 229/10 )
                             de Justicia »)                                              (Lengua de procedimiento: alemán)
 En el asunto C-454/93 , que tiene por objeto una petición                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
 dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177            cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
 del Tratado CE, por el Arbeidshof te Brussel , destinada a                                            de Justicia »)
 obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdic
 cional entre Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening y Joop van               En el asunto C-456/93 , que tiene por objeto una petición
 Gestel , una decisión prejudicial sobre la interpretación del             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
 artículo 17 y del inciso ii ) de la letra b ) del apartado 1 del          del Tratado CE, por el Oberlandesgericht Frankfurt am
 artículo 71 del Reglamento ( CEE ) n° 1408/71 del Consejo ,               Main ( Alemania ), destinada a obtener en el litigio pendiente
 de 14 de junio de 1971 , relativo a la aplicación de los                  ante dicho órgano jurisdiccional entre Zentrale zur Bekämp
 regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta               fung unlauteren Wettbewerbs e.V. y Privatkellerei Franz
 ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros              Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co . KG, una decisión
 de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (2 ),             prejudicial sobre la interpretación del apartado 3 del
 modificado y actualizado por el Reglamento ( CEE ) n" 2001 /              artículo 40 del Reglamento ( CEE ) n° 2392/89 del Consejo,
 83 del Consejo , de 2 de junio de 1983 ( 3 ), el Tribunal de              de 24 de julio de 1989 , por el que se establecen las normas
 Justicia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres .: F.A. Schock           generales para la designación y presentación de los vinos y
 weiler, Presidente de Sala ; G.F. Mancini , C.N. Kakouris                 mostos de uva ( 2 ), y del artículo 3 del Reglamento ( CEE )


title: Asunto C-134/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 2 de abril de 2008 — J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j./Hauptzollamt Bremen

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 2 de abril de 2008 — J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j./Hauptzollamt Bremen
   (Asunto C-134/08)
   (2008/C 171/21)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Bundesfinanzhof
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Hauptzollamt Bremen

      Recurrida: J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.
   Cuestión prejudicial
   El artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2193/2003 del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por el que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos de América (1), ¿debe interpretarse en sentido contrario a su tenor literal, de modo que no están sujetos a derechos de aduana adicionales tales productos cuando pueda demostrarse que ya han sido enviados a la Comunidad en la fecha inicial de aplicación de los derechos de aduana adicionales y no pueda modificarse su destino?

      (1)  DO L 328, p. 3.


title: Asunto C-469/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Trimeles Efeteio Athinon el 21 de noviembre de 2006 — Farmakemporiki A.E. Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton/Glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton

text:
               27.1.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 20/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Trimeles Efeteio Athinon el 21 de noviembre de 2006 — Farmakemporiki A.E. Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton/Glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton
   (Asunto C-469/06)
   (2007/C 20/04)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Trimeles Efeteio Athinon
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Farmakemporiki A.E. Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton

      Demandada: Glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               La negativa de una empresa que ocupa una posición dominante a servir en su totalidad los pedidos efectuados por los mayoristas de productos farmacéuticos, ¿constituye en sí misma un comportamiento abusivo en el sentido del artículo 82 CE cuando es debida a la voluntad de restringir la actividad de exportación de dichos mayoristas y de limitar de ese modo el perjuicio ocasionado por el comercio paralelo? ¿Se ve afectada la respuesta a esta pregunta por el hecho de que las diferencias de precios que resultan, dentro de la Unión Europea, de la intervención del Estado o, en otras palabras, de la aplicación al mercado de los productos farmacéuticos de un régimen que no es de competencia estricta y que, en cambio, se caracteriza por un nivel elevado de intervencionismo estatal, dan lugar a que el comercio paralelo sea especialmente lucrativo para los mayoristas? Por último, una autoridad nacional en materia de competencia, ¿está obligada a aplicar las normas comunitarias sobre la competencia del mismo modo a los mercados que funcionan en régimen de competencia y a los mercados en que la competencia está falseada por la intervención del Estado?

               2)

               En el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que la restricción del comercio paralelo por los motivos indicados no siempre constituye una práctica abusiva cuando es ejercida por una empresa dominante, ¿cómo debe apreciarse el eventual carácter abusivo? En particular:

               2.1)

               ¿Es posible considerar como criterios apropiados el porcentaje de la superación del consumo nacional normal y/o el perjuicio que la empresa que ocupa una posición dominante ha sufrido con respecto a su volumen de negocios total y a su beneficio total? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué modo procede determinar el nivel del porcentaje de superación y el del perjuicio –considerado éste como un porcentaje del volumen de negocios y del total de los beneficios– por encima del cual el comportamiento de que se trate será considerado abusivo?

               2.2)

               ¿Debe seguirse un planteamiento basado en una ponderación de intereses y, en caso de respuesta afirmativa, cuáles son los intereses que deben tenerse en cuenta en dicha ponderación? Más concretamente:

                           a)

                           ¿Se ve afectada la respuesta por el hecho de que el enfermo-consumidor final obtenga del comercio paralelo una ventaja económica limitada?

                           b)

                           ¿Debe tomarse en consideración el interés de los organismos de seguridad social en medicamentos menos caros y, en caso afirmativo, en qué medida?

               2.3)

               ¿Qué otros criterios y qué otros planteamientos pueden considerarse adecuados en el presente asunto?


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) de 18 de diciembre de 1997 en el asunto C-263/96: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado - Directiva 89/106/CEE - Productos de construcción)

text:
20.2.98              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 55/11
miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de             1) Se declara que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las
negocios Ð Sistema comuÂn del Impuesto sobre el Valor                   obligaciones que le incumben con arreglo a la Direc-
AnÄadido: base imponible uniforme (DO L 145 de                          tiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
13.6.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54), el Tribunal de Justicia              1988, relativa a la aproximación de las disposiciones
(Sala Quinta), integrado por los Sres. C. Gulmann                       legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
(Ponente), Presidente de Sala; M. Wathelet, J. C. Moitinho              miembros sobre los productos de construcción, al no
de Almeida, J.-P. Puissochet y L. Sevón, Jueces; Abogado                haber adoptado las disposiciones legales, reglamenta-
General: Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von Holstein,             rias y administrativas necesarias para dar cumpli-
Secretario adjunto, ha dictado el 18 de diciembre de 1997               miento a dicha Directiva.
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Se declara que el apartado 1 del artículo 6 y la letra a) del      2) Se condena en costas al Reino de BeÂlgica.
apartado 1 de la parte A del artículo 11 de la Directiva
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta               (1) DO C 269 de 14.9.1996.
Directiva en materia de armonización de las legislaciones
de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
volumen de negocios Ð Sistema comuÂn del Impuesto
sobre el Valor AnÄadido, base imponible uniforme, deben
interpretarse en el sentido de que el compromiso asumido
por un agricultor, en el marco de un reÂgimen de indemni-                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL
zaciones nacionales, de abstenerse de recoger por lo menos
el 20 % de las patatas cultivadas no constituye una pres-                                   (Sala Quinta)
tación de servicios a efectos de la Sexta Directiva. Por                             de 18 de diciembre de 1997
consiguiente, la indemnización percibida por ello no estaÂ
sujeta al impuesto sobre el volumen de negocios.                   en el asunto C-284/96 (petición de decisión prejudicial
                                                                   planteada por el Tribunal de grande instance de Briey):
(1) DO C 31 de 3.2.1996.
                                                                   Didier Tabouillot contra Directeur des services fiscaux de
                                                                                Meurthe-et-Moselle (1)
                                                                   (Artículo 95 del Tratado Ð Impuesto de cuota variable
                                                                                que grava los vehículos de motor)
                                                                                (98/C 55/20)
              SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                        (Sala Quinta)                                            (Lengua de procedimiento: franceÂs)
                de 18 de diciembre de 1997
en el asunto C-263/96: Comisión de las Comunidades                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
            Europeas contra Reino de BeÂlgica (1)                  caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                                de Justicia»)
(Incumplimiento de Estado Ð Directiva 89/106/CEE Ð
                Productos de construcción)
                                                                   En el asunto C-284/96, que tiene por objeto una petición
                        (98/C 55/19)
                                                                   dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
           (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)                  del Tratado CE, por el Tribunal de grande instance de
                                                                   Briey (Francia), destinada a obtener, en el litigio pendiente
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-        ante dicho órgano jurisdiccional entre Didier Tabouillot y
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal        Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, una
                         de Justicia»)                             decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 95
                                                                   del Tratado CE, para apreciar la compatibilidad del sis-
En el asunto C-263/96: Comisión de las Comunidades                 tema franceÂs de imposición de los vehículos de motor con
Europeas (Agente: Sr. Hendrik van Lier) contra Reino de            dicha disposición, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta),
BeÂlgica (Agente: Sr. Jan Devadder), que tiene por objeto          integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala;
que se declare que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las          M. Wathelet (Ponente), J. C. Moitinho de Almeida,
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/         D. A. O. Edward y J.-P. Puissochet, Jueces; Abogado
106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, rela-             General: Sr. F. G. Jacobs; Secretaria: Sra. D. Louterman-
tiva a la aproximación de las disposiciones legales, regla-        Hubeau, administradora principal, ha dictado el 18 de
mentarias y administrativas de los Estados miembros sobre          diciembre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
los productos de construcción (DO L 40 de 11.2.1989,
p. 12), al no haber adoptado las disposiciones legales,
                                                                   Una situación como la que resulta de la importación en un
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
                                                                   Estado miembro de un vehículo directamente procedente
plimiento a dicha Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala
                                                                   de un país tercero no estaÂ comprendida en el aÂmbito de
Quinta), integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente
                                                                   aplicación del artículo 95 del Tratado CE.
de Sala; J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, J.-
P. Puissochet y L. Sevón (Ponente), Jueces; Abogado Gene-
ral: Sr. G. Tesauro; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el       (1) DO C 318 de 26.10.1996.
18 de diciembre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:


title: Asunto T-106/07: Recurso interpuesto el 11 de abril de 2007 — Alcon/OAMI — *Acri.Tec (BioVisc)

text:
               9.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/19

         Recurso interpuesto el 11 de abril de 2007 — Alcon/OAMI — *Acri.Tec (BioVisc)
   (Asunto T-106/07)
   (2007/C 129/34)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: Alcon, Inc. (Hünenberg, Suiza) (representante: M. Graf, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte (Hennigsdorf, Alemania)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución dictada por la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) el 8 de febrero de 2007 en el asunto R 660/2006-2 Alcon, Inc./OAMI (BioVisc), en la medida en que desestimó la oposición formulada por Alcon, Inc., contra la solicitud de marca comunitaria 3.651.809, «BioVisc».

               —

               Que se condene a la Oficina de Armonización a cargar con sus propias costas, así como con las de la demandante.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte.

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «BioVisc», para productos comprendidos en la clase 5 — solicitud no 3.651.809.

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante.

      Marca o signo invocados en oposición: Las marcas denominativas comunitarias e internacionales «PROVISC »y «DUOVISC», para productos comprendidos en la clase 5.

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición en su totalidad.

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Oposición y desestimación de la oposición en su totalidad.

      Motivos invocados: Las marcas en cuestión son tan similares que pueden producir confusión. Los productos para los que se solicita el registro son idénticos a los que designan las marcas invocadas en el procedimiento de oposición.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 2 de octubre de 2001 en el asunto C-449/99 P: Banco Europeo de Inversiones contra Michel Hautem ("Recurso de casación — Agentes del Banco Europeo de Inversiones — Despido — Interpretación del Reglamento del personal del Banco Europeo de Inversiones — Motivo basado en la calificación errónea de la naturaleza jurídica de los hechos y en un error de motivación — Supuesta infracción de las normas aplicables a las relaciones entre el Banco Europeo de Inversiones y su personal")

text:
24.11.2001                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 331/5
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de                      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en perı́odo de lactancia
(Décima Directiva especı́fica con arreglo al apartado 1 del                                               (Sala Sexta)
artı́cilo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1), el
Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. A. La
Pergola, Presidente de Sala, M. Wathelet (Ponente), P. Jann,                                      de 2 de octubre de 2001
L. Sevón y C.W.A. Timmermans, Jueces; Abogado General:
Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretatio
adjunto, ha dictado el 4 de octubre de 2001 una sentencia
cuyo fallo es el siguiente:                                                  en el asunto C-449/99 P: Banco Europeo de Inversiones
                                                                                contra Michel Hautem (1)
1)     El artı́culo 10 de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de
       19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas
                                                                             («Recurso de casación — Agentes del Banco Europeo de
       para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
                                                                             Inversiones — Despido — Interpretación del Reglamento del
       trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o
                                                                             personal del Banco Europeo de Inversiones — Motivo basado
       en perı́odo de lactancia (Décima Directiva especı́fica con arreglo
                                                                             en la calificación errónea de la naturaleza jurı́dica de los
       al apartado 1 del artı́culo 16 de la Directiva 89/391/CEE),
                                                                             hechos y en un error de motivación — Supuesta infracción
       produce efecto directo y debe interpretarse en el sentido de que,
                                                                             de las normas aplicables a las relaciones entre el Banco
       en caso de que un Estado miembro no haya adoptado medidas
                                                                                Europeo de Inversiones y su personal»)
       de adaptación de su Derecho interno en el plazo señalado por
       la citada Directiva, confiere a los particulares derechos que éstos
       pueden invocar ante un órgano jurisdiccional nacional contra
       las autoridades de dicho Estado.                                                                 (2001/C 331/07)
2)     Al autorizar excepciones a la prohibición de despido de las
       trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en perı́odo                            (Lengua de procedimiento: francés)
       de lactancia en casos «excepcionales no inherentes a su estado
       admitidos por las legislaciones y/o [las] prácticas nacionales»,
       el artı́culo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 no obliga a los       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
       Estados miembros a especificar las causas de despido de dichas             «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
       trabajadoras.
3)     Aunque la prohibición de despido prevista en el artı́culo 10 de
       la Directiva 92/85 se aplica tanto a los contratos de trabajo de
       duración determinada como a los celebrados por tiempo
       indefinido, la falta de renovación de un contrato, cuando éste       En el asunto C-449/99 P, Banco Europeo de Inversiones
       ha llegado al vencimiento previsto, no puede ser considerada          (agente: Sr. G. Marchegiani, asistido por Me G. Vandersanden)
       como un despido prohibido por dicha disposición. No obstante,        que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra
       en la medida en que la falta de renovación de un contrato de         la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las
       trabajo de duración determinada esté motivada por el embarazo        Comunidades Europeas (Sala Quinta) el 28 de septiembre de
       de la trabajadora, constituye una discriminación directa por         1999, en el asunto Hautem/BEI (T-140/97, RecFP pp. I-A-171
       razón de sexo, contraria a los artı́culos 2, apartado 1, y 3,        y II-897), por el que se solicita la anulación parcial de dicha
       apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de           sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento es:
       febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de           Michel Hautem, agente del Banco Europeo de Inversiones,
       igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al     con domicilio en Schouweiler (Luxemburgo), (abogados: Mes
       acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales,    M. Karp y J. Choucroun), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),
       y a las condiciones de trabajo.                                       integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala,
                                                                             V. Skouris (Ponente), J.-P. Puissochet y R. Schintgen y la Sra.
4)     Al disponer que el despido de una trabajadora embarazada, que         N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
       haya dado a luz o en perı́odo de lactancia puede producirse, en       Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 2 de octubre de 2001
       circunstancias excepcionales, «en su caso, siempre que la             una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       autoridad competente haya dado su acuerdo», el artı́culo 10,
       punto 1, de la Directiva 92/85 ha de ser interpretado en el
       sentido de que no impone a los Estados miembros la obligación        1)    Se desestima el recurso de casación.
       de prever la intervención de una autoridad nacional que, tras
       comprobar la concurrencia de circunstancias excepcionales que
                                                                             2)    Se condena en costas al Banco Europeo de Inversiones.
       pueden justificar el despido de una de estas trabajadoras,
       otorgue su acuerdo previo a la decisión del empleador al
       respecto.
                                                                             (1) DO C 34 de 5.2.2000.
(1) DO C 20 de 22.1.2000.


title: Asunto C-293/15 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de junio de 2015 por Slovenská pošta a.s. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 25 de marzo de 2015 en el asunto T-556/08, Slovenská pošta/Comisión

text:
               14.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 302/16

         Recurso de casación interpuesto el 15 de junio de 2015 por Slovenská pošta a.s. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 25 de marzo de 2015 en el asunto T-556/08, Slovenská pošta/Comisión
   (Asunto C-293/15 P)
   (2015/C 302/21)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Slovenská pošta a.s. (representantes: O.W. Brouwer y A.A.J. Pliego Selie, advocaten)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República de Eslovaquia, Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s., ID Marketing Slovensko s.r.o. (anteriormente TNT Post Slovensko s.r.o.)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida en parte o en su totalidad, y se anule la resolución en parte o en su totalidad o —con carácter subsidiario— que se devuelva el asunto al Tribunal General.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia incluidas las costas de las partes.

      Motivos y principales alegaciones

   El Tribunal General desestimó el recurso de anulación de la Decisión de 7 de octubre de 2008, de la Comisión, sobre la legislación postal eslovaca relativa a servicios postales híbridos C(2008) 5912, dirigida a la República de Eslovaquia.
   Slovenská pošta a.s. solicita al Tribunal de Justicia que:

               a)

               Anule, en todo o en parte, la mencionada sentencia del Tribunal General por los siguientes motivos:

                           i)

                           Primer motivo: Errores de Derecho, aplicación de un nivel de prueba erróneo y error en la aplicación de la carga de la prueba al determinar que la República Eslovaca infringió el artículo 86, apartado 1, en relación con el artículo 82 CE.

                                       a.

                                       Errores de Derecho al llegar a la conclusión de que conceder un derecho exclusivo puede constituir en sí mismo una infracción del artículo 86 CE, apartado 1, en relación con el artículo 82 CE.

                                       b.

                                       Errores de Derecho al aplicar un nivel de prueba erróneo y error de aplicación de la carga de la prueba al llegar a la conclusión de que la República de Eslovaquia infringió el artículo 86 CE, apartado 1, en relación con el artículo 82 CE al limitar servicios en sentido descendente a los usuarios finales.

                           ii)

                           Segundo motivo: Errores de Derecho, nivel insuficiente de control y desnaturalización de la prueba al revisar y aceptar la definición de mercado pertinente presentada por la Comisión de la Unión Europea.

                                       a.

                                       Error de Derecho y nivel insuficiente de control al aceptar que un mercado relevante de servicios postales integrados híbridos debe definirse únicamente en la (supuesta) existencia de demanda y suministro de un servicio.

                                       b.

                                       Desnaturalización de la prueba y aplicación de un nivel insuficiente de control a llegar a la conclusión de que la demanda predominante en el mercado podía deducirse de la prueba presentada por la Comisión.

               b)

               Se pronuncie sobre el fondo, anulando la decisión impugnada en todo o en parte, o —con carácter subsidiario— devuelva el asunto al Tribunal General.

               c)

               Condene a la Comisión Europea al pago de las costas del procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia incluidas las costas en que hayan incurrido las partes.


title: Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 1998 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-391/98)

text:
C 397/24               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    19.12.98
a los Estados miembros la obligación de adoptar las medi-                     Ð Si resulta necesario, anule la Decisión denega-
das necesarias para adaptar su ordenamiento jurídico                              toria explícita que la Comisión adoptó el 3 de
interno a la Directiva antes de que finalice el plazo senÄa-                      febrero de 1997 en respuesta a la reclamación
lado al efecto, así como el deber de comunicar estas medi-                        del demandante.
das a la Comisión. Este plazo expiró el 31 de diciembre de
1996, sin que la RepuÂblica HeleÂnica haya comunicado a la               c) Condene a la recurrida a la totalidad de las costas
Comisión las medidas de adaptación del ordenamiento                           de ambas instancias.
jurídico interno a la Directiva 94/67/CE.
                                                                    Motivos y principales alegaciones
(1) DO L 365 de 31.12.1994, p. 34.
                                                                    Ð Error en la calificación jurídica de la petición del
                                                                         demandante, que dio lugar a consecuencias jurídicas
                                                                         inexactas: la petición del demandante, aunque basada
                                                                         en el apartado 2 del artículo 31 del Estatuto de los
                                                                         Funcionarios, tiene por objeto obtener una apreciación
Recurso de casación interpuesto el 2 de noviembre de                     de sus calificaciones con vistas a la eventual revisión
1998 por Hans Gevaert contra el auto dictado el 19 de                    de su clasificación actual, y no de su clasificación ini-
agosto de 1998 por la Sala Primera del Tribunal de Pri-                  cial, la cual no se cuestiona ni directa ni indirecta-
mera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto                  mente.
T-160/97, entre Hans Gevaert y la Comisión de las Comu-
                       nidades Europeas
                                                                    Ð (Con caraÂcter subsidiario) Error de calificación jurídica
                     (Asunto C-389/98 P)
                                                                         en lo relativo a la Decisión de 7 de febrero de 1996
                         (98/C 397/42)                                   (Informations administratives de 27.3.1996), en virtud
                                                                         de la cual la Comisión modificó su Decisión relativa a
                                                                         los criterios aplicables al nombramiento en grado y a
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                la clasificación en escalón en el momento de la selec-
ha presentado el 2 de noviembre de 1998 un recurso de                    ción; violación del principio de igualdad de trato, así
casación formulado por Hans Gevaert, representado por el                 como del apartado 3 del artículo 5 del Estatuto de los
Sr. Nicolas LhoeÈst, Abogado de Bruselas, que designa                    Funcionarios: resulta totalmente contrario al principio
como domicilio en Luxemburgo la sede de SARL Fidu-                       de igualdad de trato reservar el beneficio de la Deci-
ciaire Myson, 30, rue de Cessange, contra el auto dictado                sión de la Comisión de 7 de febrero de 1996 exclusiva-
el 19 de agosto de 1998 por la Sala Primera del Tribunal                 mente a los funcionarios nombrados con posterioridad
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el                   a su entrada en vigor, siendo así que estos funcionarios
asunto T-160/97, entre Hans Gevaert y la Comisión de las                 deberaÂn en el futuro coexistir en el seno de la misma
Comunidades Europeas.                                                    Institución con los restantes funcionarios, clasificados
                                                                         con arreglo a los antiguos criterios (menos favorables).
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                    Ð Contradicción en la motivación.
1) Acuerde la admisión del recurso de casación y lo                 (1) Auto de 19.8.1998 en el asunto T-160/97, DO C 327 de
     declare fundado.                                                   24.10.1998, p. 24.
2) En consecuencia:
     a) Anule el auto recurrido en casación (1).
                                                                    Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 1998 contra la
     b) Resuelva eÂl mismo el litigio y, estimando el recurso       RepuÂblica HeleÂnica por la Comisión de las Comunidades
         inicial:                                                                               Europeas
                                                                                (Asunto C-391/98)
         Ð Declare la admisibilidad de la petición del
             demandante de que se procediera a un examen                                     (98/C 397/43)
             relativo a la eventual aplicación del apartado 2
             del artículo 31 del Estatuto con vistas a revalo-
             rizar su clasificación en grado con efectos de 5       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
             de octubre de 1995.                                    ha presentado el 4 de noviembre de 1998 un recurso
                                                                    contra la RepuÂblica HeleÂnica formulado por la Comisión
         Ð Por consiguiente, anule la Decisión e la Comi-           de las Comunidades Europeas, representada por la Sra.
             sión, de 26 de agosto de 1996, por la que se           María Kondou-Durande, miembro de su Servicio Jurídico,
             desestimó la petición del demandante de que se         que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
             procediera a examinar la eventual aplicación           del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio
             del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto.           Jurídico de la Comisión, baÃtiment Wagner, Kirchberg.
 ---pagebreak--- 19.12.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                C 397/25
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                 entre productos nacionales y productos importados
                                                                          (en este caso, automóviles) y es compatible con el
                                                                          paÂrrafo primero del artículo 95 del Tratado CE
Ð Declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las                   una legislación que, como la portuguesa, grava a
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva               un tipo fijo los turismos de segunda mano impor-
     93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, rela-                 tados, teniendo en cuenta al respecto sólo la cilin-
     tiva a la higiene de los productos alimenticios (1), al no           drada del vehículo, con reducción en la cuota de
     adoptar, dentro del plazo senÄalado, las disposiciones               un porcentaje del 18 %, 24 %, 32 %, 41 %, 49 %,
     legales, reglamentarias y administrativas necesarias                 55 %, 61 % y 67 % (en función de que el vehículo
     para dar cumplimiento a dicha Directiva.                             importado tenga de uno a dos, de dos a tres, de
                                                                          tres a cuatro, de cuatro a cinco, de cinco a seis, de
Ð Condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.                            seis a siete, o de siete a ocho anÄos de antigüedad)
                                                                          de lo que pagaría un vehículo nuevo (importado o
                                                                          adquirido en el mercado nacional), debieÂndose
Motivos y principales alegaciones                                         pagar por un vehículo con maÂs de ocho anÄos de
                                                                          antigüedad un 33 % del Impuesto sobre los Auto-
                                                                          móviles que se pagaría por un vehículo nuevo
El caraÂcter vinculante de lo dispuesto en el paÂrrafo tercero            (importado o adquirido en el mercado nacional),
del artículo 189 y en el artículo 5 del Tratado CE impone                 sin que se tengan en cuenta, en ninguna de estas
a los Estados miembros la obligación de adoptar las medi-                 situaciones, todos los demaÂs factores que influyen
das necesarias para adaptar su ordenamiento jurídico                      en el valor de un automóvil, tales como el kilome-
interno a la Directiva antes de que finalice el plazo senÄa-              traje, el estado y el modelo, entre otros?
lado al efecto, así como el deber de comunicar estas medi-
das a la Comisión. Este plazo expiró el 14 de diciembre de
1995, sin que la RepuÂblica HeleÂnica haya comunicado a la             2. ¿Es compatible con el paÂrrafo 1 del artículo 95 del
Comisión las medidas de adaptación del ordenamiento
                                                                          Tratado CE una disposición legislativa nacional en
jurídico interno a la Directiva 93/43/CEE.
                                                                          virtud de la cual el impuesto que grava el producto
                                                                          importado y el que grava el producto nacional
(1) DO L 175 de 19.7.1993, p. 1.                                          similar se calculan de una forma distinta y con
                                                                          arreglo a modalidades diferentes [el Impuesto
                                                                          sobre los Automóviles que grava los vehículos de
                                                                          segunda mano importados se calcula con base en
                                                                          la cilindrada y con una reducción que depende
                                                                          sólo de la antigüedad, mientras que en las transac-
                                                                          ciones de los vehículos de segunda mano similares
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                efectuadas en el mercado nacional no se paga
lución del Supremo Tribunal Administrativo, Sala                          dicho Impuesto (ya que, al ser un impuesto mono-
Segunda, de fecha 7 de octubre de 1998, en el asunto entre                faÂsico, sólo se paga una vez, en el momento de la
MinisteÂrio PuÂblico y António Gomes Valente, por una                     colocación del vehículo nuevo en el mercado), si
               parte, y Fazenda PuÂblica, por otra                        bien es cierto que su precio puede incorporar toda-
                       (Asunto C-393/98)                                  vía una parte residual de tal Impuesto, si no tiene
                                                                          maÂs de unos cuatro o cinco anÄos, parte residual
                         (98/C 397/44)                                    cuya cuantía es incierta y no aparece disociada del
                                                                          precio de compra, ni puede disociarse, ya que,
                                                                          entre otras razones, la adquisición de un vehículo
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                 de segunda mano en el mercado nacional no estaÂ
sido sometida una petición de decisión prejudicial                        gravada con el Impuesto sobre los Automóviles]?
mediante resolución del Supremo Tribunal Administrativo,
Sala Segunda, dictada el 7 de octubre de 1998, en el
asunto entre MinisteÂrio PuÂblico y António Gomes Valente,
                                                                       3. ¿Puede considerarse, de acuerdo con el paÂrrafo pri-
por una parte, y Fazenda PuÂblica, por otra, y recibida en
                                                                          mero del artículo 95 del Tratado CE, que un sis-
la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de
                                                                          tema tal no puede conducir, ni siquiera en algunos
1998.
                                                                          casos, a un gravamen maÂs elevado del producto
                                                                          importado y que estaÂ regulado de tal forma que
El Supremo Tribunal Administrativo, Sala Segunda, soli-                   queda siempre excluida la posibilidad de que un
cita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las                   automóvil importado tribute a un nivel superior al
siguientes cuestiones:                                                    que lo hace un automóvil nacional similar?
a) ¿Son pertinentes las cuestiones formuladas en estos                 4. ¿Puede, a la luz del Derecho comunitario, conside-
     autos por el recurrente y descritas infra? ¿CuaÂl es la              rarse transparente, en la medida de lo necesario,
     solución de Derecho comunitario a esas cuestiones?                   un sistema tal, de manera que permita determinar
                                                                          objetivamente si la carga fiscal que soporta un
     1. ¿Garantiza la perfecta neutralidad de los tributos                automóvil importado excede la que soporta un
         internos por lo que se refiere a la competencia                  automóvil nacional similar?


title: Asunto C-39/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Procedimiento incoado por Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) (Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Venta de terrenos agrícolas por las autoridades públicas — Disposición nacional que permite a las autoridades competentes oponerse a la venta de un terreno agrícola cuando el precio acordado se considere «manifiestamente desproporcionado» respecto del valor de mercado — Ventaja otorgada a determinadas empresas o producciones — Criterio del inversor privado — Determinación del «valor de mercado»)

text:
               14.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 302/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Procedimiento incoado por Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)
   (Asunto C-39/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Ayudas de Estado - Artículo 107 TFUE, apartado 1 - Venta de terrenos agrícolas por las autoridades públicas - Disposición nacional que permite a las autoridades competentes oponerse a la venta de un terreno agrícola cuando el precio acordado se considere «manifiestamente desproporcionado» respecto del valor de mercado - Ventaja otorgada a determinadas empresas o producciones - Criterio del inversor privado - Determinación del «valor de mercado»))
   (2015/C 302/05)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Parte en el procedimiento principal

   Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)

      Con intervención de: Thomas Erbs, Ursula Erbs, Landkreis Jerichower Land

      Fallo

   El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que una norma de Derecho nacional, como la que es objeto del litigio principal, que, con el fin de salvaguardar los intereses de las explotaciones agrícolas, prohíba a una institución perteneciente al Estado vender, en el marco de una licitación pública, un terreno agrícola al mejor postor cuando la autoridad local competente considere que la oferta de éste último es manifiestamente desproporcionada respecto del valor estimado de ese terreno, no podrá calificarse de «ayuda de Estado» si la aplicación de dicha norma permite obtener un precio que sea lo más próximo posible al valor de mercado del terreno agrícola de que se trate, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 102, de 7.4.2014.


title: Asunto T-77/06: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/62

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión
   (Asunto T-77/06) (1)

   (2008/C 301/112)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 96 de 22.4.2006.


title: Asunto C-35/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte Suprema di Cassazione (Italia) el 24 de enero de 2013 — ASS.I.CA. y Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» y otros

text:
               23.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte Suprema di Cassazione (Italia) el 24 de enero de 2013 — ASS.I.CA. y Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» y otros
   (Asunto C-35/13)
   2013/C 86/21
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte Suprema di Cassazione

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: ASS.I.CA. — Associazione Industriali delle Carni, Krafts Foods Italia SpA

      Recurridas: Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» y otros

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2 del Reglamento no 2081/92 (1) en el sentido de que excluye que una asociación de productores pueda invocar el derecho a utilizar en exclusiva, dentro del territorio comunitario, una denominación de origen geográfica empleada en el territorio de un Estado miembro para designar un cierto tipo de embutido, sin haber obtenido previamente de tal Estado miembro una decisión jurídicamente vinculante en la que se establezcan los límites de la zona geográfica de producción, el pliego de condiciones del producto y los eventuales requisitos que los productores deben cumplir para disfrutar del derecho a utilizar dicha denominación?

               2)

               ¿Cuál es, a la vista de las disposiciones del Reglamento no 2081/92, el régimen que debe aplicarse en el mercado comunitario, y asimismo en el de un Estado miembro, a una denominación geográfica carente del registro de que se trata?

      (1)  Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1).


title: Asunto C-161/02: Recurso interpuesto el 30 de abril de 2002 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 169/18               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        13.7.2002
1.2.2.2. ¿Pueden alegar también los transportistas austria-             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
cos que resultan discriminados por la (excesiva) tarifa aplicada        lución del Oberster Gerichtshof, de fecha 26 de marzo de
por el trayecto completo frente a los usuarios de carreteras que        2002, en el asunto entre Friedrich Skalka y Sozialversiche-
utilizan únicamente trayectos parciales de la mencionada               rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (Instituto de
autopista?                                                              Seguridad Social de los Profesionales Artesanos, Indus-
                                                                                triales y Comerciantes)
1.3.     En caso únicamente de respuesta afirmativa a las
cuestiones 1.1 y 1.2:                                                                            (Asunto C-160/02)
1.3.1. La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunida-                                     (2002/C 169/33)
des Europeas de 5 de julio de 1995, C-21/94 (3), en la que se
declaró que los efectos de la Directiva 93/89/CEE de 25 de             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
octubre de 1993 que se anuló mediante la misma se manten-              sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
drı́an hasta que el Consejo hubiera adoptado una nueva                  resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 26 de marzo de
Directiva, ¿debe interpretarse en el sentido de que dichos              2002, en el asunto entre el Sr. Friedrich Skalka y Sozialversiche-
efectos se mantienen hasta que los Estados miembros hayan               rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (Instituto de Seguri-
adaptado su Derecho interno a las disposiciones de la nueva             dad Social de los Profesionales Artesanos, Industriales y Comer-
Directiva o hasta que haya expirado el plazo de adaptación de          ciantes), y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
sus Derechos internos?                                                  30 de abril de 2002. El Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
1.3.2. En caso únicamente de respuesta negativa a la
cuestión 1.3.1: ¿Tienen los Estados miembros, en el perı́odo           El artı́culo 10 bis del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo,
comprendido entre el 17 de junio de 1999 y el 1 de julio de             de 14 de junio de 1971 (1), relativo a la aplicación de los regı́me-
2000, alguna obligación de tener en cuenta la nueva Directiva,         nes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los
en el sentido, por ejemplo, de efectos anticipados que deben            trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias
respetarse?                                                             que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modifi-
                                                                        cada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Con-
(1) DO L 279, 1993, p. 32.                                              sejo, de 2 de diciembre de 1996 (2), en relación con el anexo II
(2) DO L 187, 1999, p. 42.                                              bis, ¿debe interpretarse en el sentido de que el suplemento
(3) Rec. 1995, p. I-1827.                                               compensatorio (Ausgleichszulage) establecido con arreglo a la
                                                                        Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978 über die Sozialversiche-
                                                                        rung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstäti-
                                                                        gen (Ley federal de 11 de octubre de 1978 relativa al régimen de
                                                                        seguridad social de los trabajadores autónomos de los sectores
                                                                        comercial, industrial y artesanal) está comprendido dentro de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            su ámbito de aplicación y, por consiguiente, constituye una
lución de la House of Lords, de fecha 13 diciembre de                  prestación especial de carácter no contributivo a efectos del
2001, en el asunto entre Gregory Paul Turner y Felix                    artı́culo 4, apartado 2 bis, del Reglamento, de modo que, en el
                  Fareed Ismail Grovit y otros                          caso de una persona que —como el demandante— cumpla
                                                                        con posterioridad al 1 de junio de 1992 los requisitos para la
                       (Asunto C-159/02)                                concesión de dicha prestación, debe aplicarse exclusivamente el
                                                                        régimen de coordinación establecido mediante el artı́culo 10
                         (2002/C 169/32)                                bis?
                                                                        (1) DO L 149, 1971, p. 2.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               (2) DO L 28, 1997, p. 1.
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución de la House of Lords, dictada el 13 de diciembre de
2001, en el asunto entre Gregory Paul Turner y Felix Fareed
Ismail Grovit y otros, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
Justicia el 29 de abril de 2002. La House of Lords solicita al          Recurso interpuesto el 30 de abril de 2002 contra la
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:     República Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
«¿Es incompatible con el Convenio relativo a la competencia
judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia                                   (Asunto C-161/02)
civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de
1968 (y al que posteriormente se adhirió el Reino Unido),                                        (2002/C 169/34)
dictar órdenes inhibitorias contra demandados que amenacen
con iniciar o proseguir un procedimiento judicial en otro
Estado contratante del Convenio cuando dichos demandados                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
actúan de mala fe con la intención dey frustrar u obstruir            presentado el 30 de abril de 2002 un recurso contra la
procedimientos debidamente instados ante los órganos juris-            República Francesa formulado por la Comisión de las Comuni-
diccionales ingleses?»                                                  dades Europeas, representada por el Sr. G. Valero Jordana y la
                                                                        Sra. J. Adda, en calidad de agentes, que designa domicilio en
                                                                        Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 13.7.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 169/19
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal          Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2002 contra la
de Justicia que:                                                       República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                                                                                des Europeas
—     Declare que la República Francesa ha incumplido las
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
      1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de                                      (Asunto C-171/02)
      13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre
      el consumo de combustible y sobre las emisiones de
      CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos                                    (2002/C 169/36)
      nuevos (1), al no haber comunicado las medidas de
      adaptación del Derecho interno a dicha Directiva o, por
      lo menos, no haber informado plenamente de ellas a la
      Comisión.
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
—     Condene en costas a la República Francesa.                      presentado el 8 de mayo de 2002 un recurso contra la
                                                                       República Portuguesa formulado por la Comisión de las
                                                                       Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Patakia
                                                                       y por el Sr. António Caeiros, en calidad de agentes, que designa
Motivos y principales alegaciones                                      domicilio en Luxemburgo.
El plazo de adaptación del Derecho interno expiró el 18 de
enero de 2001.                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(1) DO L 12 de 18.1.2000, p. 16.                                       I)   Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
                                                                            obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos
                                                                            39, 43 y 49 del Tratado CE, y de la Directiva 92/51/
                                                                            CEE (1):
                                                                            1)    habida cuenta de que, conforme al régimen de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                      autorización por el Ministro del Interior, las empre-
lución del Oberster Gerichtshof, de fecha 9 de abril de                          sas extranjeras que deseen ejercer en Portugal activi-
2002, en el asunto entre Rudolf Kronhofer y 1. Marianne                           dades de vigilancia de personas y bienes, en el sector
Maier, 2. Christian Möller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan                       de los servicios de seguridad privada:
                       (Asunto C-168/02)                                          a)    deben tener su domicilio social o un estableci-
                                                                                miento en territorio portugués,
                         (2002/C 169/35)
                                                                                b)    no pueden invocar las justificaciones y garan-
                                                                                tı́as ya presentadas en su Estado miembro de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                               establecimiento,
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 9 de abril de
2002, en el asunto entre Rudolf Kronhofer y 1. Marianne                           c)    deben poseer personalidad jurı́dica,
Maier, 2. Christian Möller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan, y
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 6 de mayo                  d)    deben tener un capital social determinado;
de 2002. El Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
                                                                            2)    habida cuenta de que el personal de las empresas
«La expresión “ante el tribunal del lugar donde se hubiere                       extranjeras que deseen ejercer en Portugal activida-
producido el hecho dañoso” que figura en el artı́culo 5,                         des de vigilancia de personas y bienes, en el sector
número 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo                      de los servicios de seguridad privada, debe poseer
a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones                       una tarjeta profesional emitida por las autoridades
judiciales en materia civil y mercantil, ¿debe interpretarse en el                portuguesas;
sentido de que, en los casos de daños puramente patrimoniales
producidos como consecuencia de la inversión de partes del                 3)    habida cuenta de que las profesiones comprendidas
patrimonio de la persona perjudicada, comprende en todo                           en el sector de la seguridad privada no están sujetas
caso también el lugar en el que se encuentra el domicilio de                      al régimen comunitario de reconocimiento de las
dicha persona, siendo ası́ que la inversión se realizó en otro                  cualificaciones profesionales.
Estado miembro de la Comunidad?».
                                                                       II)  Condene en costas a la República Portuguesa.


               23.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 90/7

         Solicitud de un dictamen consultivo del Tribunal de la AELC por Oslo tingrett con fecha de 21 de junio de 2016 en el asunto Netfonds Holding ASA m.fl./Staten v/Finansdepartementet
   (Asunto E-8/16)
   (2017/C 90/08)
   Mediante carta de 21 de junio de 2016, recibida en la Secretaría del Tribunal el 27 de junio de 2016, el Oslo tingrett (Tribunal de Distrito de Oslo) solicitó al Tribunal de la AELC un dictamen consultivo en el asunto Netfonds Holding ASA m.fl./Staten v/Finansdepartementet sobre las siguientes cuestiones:

               1.

               ¿Constituyen las normas de emisión contenidas en la sección 4 de la Ley de Bancos Comerciales y la sección 2-1 de la Ley de Actividades Aseguradoras, entendidas en el sentido de que exigen que tres cuartas partes de las acciones de nuevos bancos y compañías de seguros se suscriban sin derechos preferentes (es decir, mediante oferta pública), una restricción a tenor de los artículos 31, 36 o 40 del Acuerdo EEE, siempre que la licencia no se solicite únicamente para un segmento de actividad específico?

                           a)

                           Suponiendo que dicha normativa constituya una restricción en el sentido del Acuerdo EEE, ¿persiguen estas normas un objetivo público legítimo?

                           b)

                           Suponiendo que la restricción persiga un objetivo público legítimo, ¿es tal restricción idónea en el sentido del Derecho del EEE?

                           c)

                           Suponiendo que la restricción persiga un objetivo público legítimo, ¿es tal restricción necesaria en el sentido del Derecho del EEE?

               2.

               ¿Constituyen las normas de emisión contenidas en la sección 4 de la Ley de Bancos Comerciales y la sección 2-1 de la Ley de Actividades Aseguradoras, entendidas en el sentido de que exigen que tres cuartas partes de las acciones de nuevos bancos y compañías de seguros sean suscritas por personas que no figuren entre los fundadores, una restricción a tenor de los artículos 31, 36 o 40 del Acuerdo EEE, siempre que la licencia no se solicite únicamente para un segmento de actividad específico?

                           a)

                           Suponiendo que dicha normativa constituya una restricción en el sentido del Acuerdo EEE, ¿persiguen estas normas un objetivo público legítimo?

                           b)

                           Suponiendo que la restricción persiga un objetivo público legítimo, ¿es tal restricción idónea en el sentido del Derecho del EEE?

                           c)

                           Suponiendo que la restricción persiga un objetivo público legítimo, ¿es tal restricción necesaria en el sentido del Derecho del EEE?

               3.

               ¿Constituye una práctica administrativa consolidada por la que no se autorice a individuos o empresas a ser propietarios de más del veinte o el veinticinco por ciento de las acciones en instituciones financieras, excepto en aquellos casos en que la propia ley autorice la creación de un grupo financiero o en que la institución financiera únicamente vaya a ejercer sus actividades en lo que se conoce como un segmento de actividad específico, una restricción a tenor de los artículos 31, 36 o 40 del Acuerdo EEE, siempre que la licencia no se solicite únicamente para un segmento de actividad específico?

                           a)

                           Suponiendo que dicha práctica administrativa consolidada constituya una restricción en el sentido del Acuerdo EEE, ¿persigue la restricción un objetivo público legítimo?

                           b)

                           Suponiendo que la restricción persiga un objetivo público legítimo, ¿es tal restricción idónea en el sentido del Derecho del EEE?

                           c)

                           Suponiendo que la restricción persiga un objetivo público legítimo, ¿es tal restricción necesaria en el sentido del Derecho del EEE?