title: Asunto T-473/15: Sentencia del Tribunal General de 16 de marzo de 2017 — Capella/EUIPO — Abus (APUS) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión APUS — Marca nacional denominativa anterior ABUS — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Riesgo de confusión — Limitaciones sucesivas de la solicitud de registro ante la Sala de Recurso — Artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.° 207/2009 — Competencia de la Sala de Recurso — Artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.° 207/2009 — Derecho a ser oído — Artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.° 207/2009 — Regla 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.° 2868/95»]

text:
               8.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/37

         Sentencia del Tribunal General de 16 de marzo de 2017 — Capella/EUIPO — Abus (APUS)
   (Asunto T-473/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa de la Unión APUS - Marca nacional denominativa anterior ABUS - Motivo de denegación relativo - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Riesgo de confusión - Limitaciones sucesivas de la solicitud de registro ante la Sala de Recurso - Artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 - Competencia de la Sala de Recurso - Artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 - Derecho a ser oído - Artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.o 207/2009 - Regla 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2868/95»])
   (2017/C 144/49)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Capella EOOD (Sofía, Bulgaria) (representante: F. Henkel, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: S. Hanne, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Abus August Bremicker Söhne KG (Wetter, Alemania) (representante: G. Hallwachs, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de junio de 2015 (asunto R 117/2014-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Abus August Bremicker Söhne y Capella.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 2 de junio de 2015 (asunto R 117/2014-4).

               2)

               La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Capella EOOD.

               3)

               Abus August Bremicker Söhne KG cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 328 de 5.10.2015.


title: Asunto F-24/15: Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2015 — ZZ/Consejo

text:
               20.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 127/43

         Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2015 — ZZ/Consejo
   (Asunto F-24/15)
   (2015/C 127/61)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: M. Velardo, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión por la que se deniega al demandante su solicitud de recalificación de su contrato de agente contractual grupo de funciones I en un contrato de agente temporal o, subsidiariamente, en un contrato de agente contractual grupo de funciones III, así como la solicitud de indemnización por los daños morales y materiales supuestamente sufridos.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Autoridad facultada para proceder a la contratación de 11 de abril de 2014, por la que se deniega al demandante la recalificación de su contrato de agente contractual en contrato de agente temporal o, subsidiariamente, en contrato de agente contractual grupo III, así como la decisión confirmatoria e implícita de desestimación de la reclamación con arreglo al artículo 90, apartado II, del Estatuto.

               —

               Que se condene a la demandada al pago de los daños e intereses de demora y compensatorios al tipo del 6,75 % por el perjuicio moral y material sufrido.

               —

               Que, en cualquier caso, se condene a la demandada a cargar con las costas de la instancia.


title: Asunto C-436/07 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de septiembre de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) el 12 de julio de 2007 en el asunto T-312/05, Comisión de las Comunidades Europeas/Efrosyni Alexiadou

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/39

         Recurso de casación interpuesto el 14 de septiembre de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) el 12 de julio de 2007 en el asunto T-312/05, Comisión de las Comunidades Europeas/Efrosyni Alexiadou
   (Asunto C-436/07 P)
   (2007/C 269/67)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: D. Triantafyllou)

      Recurrida: Efrosyni Alexiadou
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2007, en el asunto T-312/05, Comisión/E. Alexiadou, notificada a la Comisión el 18 de julio de 2007.

               —

               Que se estimen las pretensiones de la Comisión, tal como se formularon en el recurso en primera instancia.

               —

               Que se condene a la recurrida a pagar tanto las costas del recurso de casación como las efectuadas ante el Tribunal de Primera Instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   El Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente las cláusulas generales del contrato (vigente y con fuerza de ley entre las partes) y, en particular, la relativa a la auditoría financiera, que se refiere a dicha auditoría de modo flexible, como una simple facultad. Otra cláusula, invocada de oficio por el Tribunal de Primera Instancia, ni siquiera menciona dicha auditoría, aunque se trate de una mala ejecución del contrato. Por lo tanto, la obligación de efectuar una auditoría es independiente de la cláusula contractual invocada.
   En cualquier caso, resulta imposible exigir una auditoría financiera si ésta no tenía objeto alguno, ya que nadie está obligado a cumplir lo imposible y las cláusulas contractuales deben ser interpretadas de modo que tengan un efecto útil.
   El principio de buena gestión presupuestaria obliga a la Comisión a no efectuar controles sin motivo. El Tribunal de Primera Instancia excluyó, a priori, la aplicación de los principios de buena be y de buenas prácticas comerciales, que deberían haber guiado su interpretación.
   Al haberse pronunciado en rebeldía, el Tribunal de Primea Instancia no puede reprochar a la Comisión que no explicara algunas de sus alegaciones (en particular la expuesta en el párrafo anterior) sin vulnerar el principio jurídico de tutela judicial efectiva.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de noviembre de 2000 en el asunto C-135/99 (petición de decisión prejudicial del Bundessozialgericht): Ursula Elsen contra Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CEE) n° 1408/71 — Artículos 3 y 10 y Anexo VI, letra C, punto 19 — Seguro de vejez — Cómputo de períodos de crianza de un hĳo cubiertos en otro Estado miembro)

text:
C 79/2                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          10.3.2001
despacho de Mes Elvinger, Hoss y Prussen, 15, Côte d’Eich, que             Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Bundessozial-
tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la             gericht (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente
sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             ante dicho órgano jurisdiccional entre Ursula Elsen y Bundes-
Europeas (Sala Primera ampliada) de 24 de octubre de 1997,                 versicherungsanstalt für Angestellte, una decisión prejudicial
British Steel/Comisión (T-243/94, Rec. p. II-1887), por el que            sobre la interpretación del artı́culo 51 del Tratado CE (actual-
se solicita que se anule dicha sentencia, en la medida en que              mente artı́culo 42 CE, tras su modificación) y del Reglamento
desestimó su recurso dirigido contra las Decisiones de la                 (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971,
Comisión 94/258/CECA, de 12 de abril de 1994, relativa a las              relativo a la aplicación de los regı́menes de Seguridad social a
ayudas que España tiene previsto conceder a la empresa                    los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta
pública siderúrgica Corporación de la Siderurgia Integral (CSI),        propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro
y 94/259/CECA, de 12 de abril de 1994, relativa a las ayudas               de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por
que Italia tiene previsto conceder a las empresas siderúrgicas            el Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de
del sector público (grupo siderúrgico Ilva) (DO L 112, pp. 58            1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53), tal como habı́a sido
y 64, respectivamente), y en el que las otras partes en el                 modificado en la época en que ocurrieron los hechos, en
procedimiento son: Comisión de las Comunidades Europeas                   particular por el Reglamento (CEE) no 2195/91 del Consejo,
(agentes: Sres. N. Khan y P.F. Nemitz), Det Danske Stålval-                de 25 de junio de 1991 (DO L 206, p. 2), el Tribunal de
seværk A/S, con domicilio social en Frederiksværk (Dina-                   Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. A. La Pergola,
marca), representada por los Sres. J.A. Lawrence y A. Renshaw,             Presidente de Sala; los Sres. M. Wathelet (Ponente) y D.A.O.
Solicitors, que designa como domicilio en Luxemburgo el                    Edward, Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretario:
despacho de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, República              Sr. R. Grass, ha dictado el 23 de noviembre de 2000 una
Italiana (agente: Profesor U. Leanza, asistido por el Sr. P.G.             sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Ferri), Reino de España (agente: Sra. N. Dı́az Abad), Consejo de
la Unión Europea (agentes: Sres. J. Carbery y A.P. Feeney),               Los artı́culos 8 A, 48 y 51 del Tratado CE (actualmente artı́culos
Svenskt Stål AB (SSAB), con domicilio social en Estocolmo                  18 CE, 39 CE y 42 CE, tras su modificación) obligan a la institución
(Suecia), e Ilva Laminati Piani SpA, con domicilio social en               competente de un Estado miembro a computar como perı́odos
Roma (Italia), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por         cubiertos en el territorio nacional, a efectos de la concesión de una
el Sr. C. Gulmann, Presidente de Sala, el Sr. J.-P. Puissochet             pensión de vejez, los perı́odos dedicados a la crianza de un hijo
(Ponente) y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General: Sr. N.             cubiertos en otro Estado miembro por una persona que, en el
Fennelly; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 23 de noviembre          momento del nacimiento del hijo, tenı́a la condición de trabajador
de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           fronterizo empleado en el territorio del primer Estado miembro y
1)    Se desestima el recurso de casación.                                residente en el segundo Estado miembro.
2)    Se condena en costas a British Steel plc, actualmente Corus UK
      Ltd.                                                                 (1) DO C 188 de 3.7.1999.
3)    La República Italiana, el Reino de España y el Consejo de la
      Unión Europea, ası́ como Det Danske Stålvalseværk A/S,
      cargarán con sus propias costas.
(1) DO C 72, de 7.3.1998.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                            (Sala Tercera)
                            (Sala Quinta)                                                     de 23 de noviembre de 2000
                   de 23 de noviembre de 2000
                                                                           en el asunto C-319/99: Comisión de las Comunidades
en el asunto C-135/99 (petición de decisión prejudicial del                           Europeas contra República Francesa (1)
Bundessozialgericht): Ursula Elsen contra Bundesversi-
               cherungsanstalt für Angestellte (1)                         («Incumplimiento de Estado — Falta de adaptación del
                                                                                Derecho interno a la Directiva 95/47/CE»)
(Seguridad social de los trabajadores migrantes — Regla-
mento (CEE) no 1408/71 — Artı́culos 3 y 10 y Anexo VI,                                                (2001/C 79/04)
letra C, punto 19 — Seguro de vejez — Cómputo de perı́odos
   de crianza de un hijo cubiertos en otro Estado miembro)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                           (2001/C 79/03)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        En el asunto C-319/99, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                           peas (agente: Sr. M. Nolin) contra República Francesa (agentes:
En el asunto C-135/99, que tiene por objeto una petición                  Sras. K. Rispal-Bellanger y A. Maitrepierre), que tiene por
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del         objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido


title: Asunto C-430/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de noviembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Hristo Gaydarov/Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Libre circulación de un ciudadano de la Unión — Directiva 2004/38/CE — Prohibición de abandonar el territorio nacional debido a una condena penal en otro país — Tráfico de estupefacientes — Medida que puede estar justificada por razones de orden público)

text:
               28.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 25/16

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de noviembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Hristo Gaydarov/Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
      (Asunto C-430/10) (1)

      (Libre circulación de un ciudadano de la Unión - Directiva 2004/38/CE - Prohibición de abandonar el territorio nacional debido a una condena penal en otro país - Tráfico de estupefacientes - Medida que puede estar justificada por razones de orden público)
      (2012/C 25/25)
      Lengua de procedimiento: búlgaro

         Órgano jurisdiccional remitente

      Administrativen sad Sofia-grad

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Hristo Gaydarov

         Demandada: Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

         Objeto

      Petición de decisión prejudicial — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretación del artículo 27, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77), de los considerandos quinto y vigésimo del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras de Schengen) (DO L 105, p. 1), y del artículo 71, apartados 1, 2 y 5, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes (DO L 239, de 22 de septiembre de 2000, p. 19 — Restricción del ejercicio del derecho a la libre circulación de un ciudadano de la Unión — Prohibición de abandonar el territorio nacional a causa de un delito relativo al tráfico de estupefacientes cometido en un Estado tercero — Medida que puede justificarse por el orden público en atención a su finalidad de prevención general y especial

         Fallo

      Los artículos 21 TFUE y de la 27 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, no se oponen a una normativa nacional que permite restringir el derecho de un nacional de un Estado miembro a trasladarse al territorio de otro Estado miembro, en particular por haber sido condenado penalmente en otro Estado por tráfico de estupefacientes, siempre que, en primer lugar, la conducta personal de ese nacional constituya una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad; en segundo lugar, que la medida restrictiva prevista sea apropiada para garantizar la consecución del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo que sea necesario para alcanzarlo, y, en tercer lugar, que dicha medida pueda ser objeto de un control jurisdiccional efectivo que permita comprobar su legalidad de hecho y de Derecho en relación con las exigencias del Derecho de la Unión.

         (1)  DO C 301, de 6.11.2010.


title: Asunto T-233/16 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de mayo de 2016 por José Luis Ruiz Molina contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2016 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-60/15, Ruiz Molina/EUIPO

text:
               4.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/45

         Recurso de casación interpuesto el 12 de mayo de 2016 por José Luis Ruiz Molina contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2016 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-60/15, Ruiz Molina/EUIPO
   (Asunto T-233/16 P)
   (2016/C 243/50)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, España) (representantes: N. Lhoëst y S. Michiels, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia dictada el 2 de marzo de 2016 por el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea en el asunto F-60/15.

               —

               Condene a la parte demandada, ahora recurrida, a cargar con las costas causadas en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, párrafo primero, del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de 15 de septiembre de 2011, Bennett y otros/OAMI, F-102/09, EU:F:2011:138.

               3.

               Tercer motivo, basado en la violación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43), por la que se aplicó el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general, así como en la violación de principios y estándares bien establecidos en el Derecho internacional social sobre la estabilidad en el trabajo.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la falta de motivación de la sentencia recurrida.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundesfinanzhof, de fecha 26 de noviembre de 1996, en el asunto Reiner Woltmann, que actúa en nombre de la empresa Trans-Ex-Import, contra Hauptzollamt Potsdam (Asunto C-86/97)

text:
26 . 4 . 97            ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         N° C 131 /7
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                    guiente al trimestre en el que se ha producido la ins
lución de la Corte d'Appello di Torino —Sezione I Civi                       cripción en el registro del IVA, para los actos
le—, de fecha 31 de enero de 1997, en el asunto Ammini-                       sometidos al IVA y efectuados con anterioridad a dicha
Amministrazione       delle    Finanze       dello    Stato   contra          inscripción ?
Grafoplast Italiana SpA in proprio e quale incorporante le
                                                                         — ¿ Es contrario al artículo 95 del Tratado de Roma y al
           società Grafoplast Italiana Srl y Trasp. Srl
                                                                              principio « neutralidad fiscal », establecido por la Sexta
                       (Asunto C-84/97)                                       Directiva sobre el IVA, un sistema según el cual el IVA
                         ( 97/C 131/15 )                                      relativo a cualquier gratificación en especie concedida
                                                                              al empleado de una sociedad se calcula de forma « in
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                     terna » cuando el empresario ha pagado el IVA belga y
sido sometida una petición de decisión prejudicial median                    de forma « externa » cuando se ha pagado el IVA de
te resolución de la Corte d'Appello di Torino —Sezione I                      otro Estado miembro ?
Civile— dictada el 31 de enero de 1997 en el asunto entre
Amministrazione delle Finanze dello Stato y Grafoplast                   (') DO n° L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE 09/01 , p . 54 .
Italiana SpA in proprio e quale incorporante le società
Grafoplast Italiana Srl y Trasp. Srl, y recibida en la Secre
taría del Tribunal de Justicia el 25 de febrero de 1997.
La Corte d'Appello di Torino —Sezione I Civile— solicita                 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
al Tribunal de Justicia* que se pronuncie sobre la cuestión              lución del Bundesfinanzhof, de fecha 26 de noviembre de
siguiente:                                                               1996, en el asunto Reiner Woltmann, que actúa en nom
Si existe un principio de Derecho comunitario que impide                 bre de la empresa Trans-Ex-Import, contra Hauptzollamt
                                                                                Potsdam           ;
al Estado miembro que se encuentra en situación de in
cumplimiento por no haber adaptado la legislación nacio                                          ( Asunto C-86/97 )
nal al Derecho comunitario oponer limitaciones a las ac                                             ( 97/C 131/17)
ciones judiciales ejercitadas por un particular, basadas
directamente en el ordenamiento comunitario y relativas al               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
período anterior a la adaptación, y analice así, a la luz de             sido sometida una petición de decisión prejudicial median
dicho principio, el apartado 2 del artículo 13 del DPR                   te resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 26 de no
n° 641 , de 26 de octubre de 1972, por el que se somete a                viembre de 1996, en el asunto entre Reiner Woltmann,
caducidad trienal la acción de repetición de las cantidades              que actúa en nombre de la empresa Trans-Ex-Import, y
indebidamente pagadas por las empresas al Estado italia                 Hauptzollamt Potsdam, y recibida en la Secretaría del Tri
no, en el período anterior a la adaptación de la legislación             bunal de Justicia el 27 de febrero de 1997.
nacional al ordenamiento comunitaria, de conformidad
con normas legales contrarias al artículo 10 de la Directiva             El Bundesfinanzhof solicita al Tribunal de Justicia que se
69/335/CEE del Consejo (').                                              pronuncie sobre las cuestiones siguientes:
                                                                         1 ) ¿ Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 905 del
(') DO n° L 249 de 3 . 10 . 1969, p . 25 ; EE 09/01 , p. 22 .                 Reglamento ( CEE) n° 2454/93 de. la Comisión, de 2 de
                                                                              julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposi
                                                                              ciones de aplicación del Reglamento ( CEE ) n° 2913/92
                                                                              del Consejo por el que se establece el Código Aduane
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                    ro Comunitario ('), de forma que la autoridad aduane
lución del Tribunal de première instance de Liége ( Sala                      ra de decisión no debe considerar como « situación es
Quinta), de fecha 24 de febrero de 1997, en el asunto                         pecial resultante de circunstancias que no supongan
SPRL Société financière d'investissements ( SFI) contra État                  negligencia manifiesta o intento de fraude por parte
                               belge                                          del interesado » aquella en la que, habiéndose produci
                       (Asunto C-85/97)                                       do un robo de bienes en depósito ( mercancías no co
                                                                              munitarias ), no se cumplen los requisitos establecidos
                         ( 97/C 131/16 )                                      en la letra a ) del apartado 1 del artículo 900 del citado
                                                                              Reglamento de aplicación del Código Aduanero para
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                     la condonación de los derechos de aduana en favor del
sido sometida una petición de decisión prejudicial median                    depositario ?
te resolución del Tribunal de première instance de Liége
(Sala Quinta ), dictada el 24 de febrero de 1997, en el                  2 ) En caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta:
asunto entre SPRL Société financière d'investissements
                                                                              ¿ Se aplica esto igualmente en un caso de rigor en que
( SFI) y État belge, y recibida en la Secretaría del Tribunal                 el riesgo de robo no era asegurable y la percepción de
de Justicia el 27 de febrero de 1997.                                         los derechos de aduana destruiría económicamente al
El Tribunal de première instance de Liège solicita al Tribu                  depositario, o en un supuesto como el presente podría
nal de Justicia que se pronuncie sobre las cuestiones si                     calificarse de « situación especial » (apartado 1 del
guientes :                                                                    artículo 905 del Reglamento de aplicación del Código
                                                                              Aduanero ), con lo que el caso se transmitirá a la Co
— ¿ Es compatible con los artículos 4 y 10 de la Sexta Di
                                                                              misión para su resolución ?
     rectiva sobre el IVA ( ] ) la posición defendida por la
     Administration de la TVA, consistente en comenzar a
                                                                         (') DO n° L 253 de 11 . 10. 1993, p. 1 .
     computar el plazo de prescripción relativo a la recau
     dación del impuesto a partir del día 20 del mes si


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2002 en el asunto C-309/99 (Petición de decisión prejudicial del Raad van State): J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contra Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten ("Colegio profesional — Colegio nacional de abogados — Regulación del ejercicio de la profesión por el Colegio — Prohibición de colaboración integrada entre abogados y auditores — Artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE) — Asociación de empresas — Restricción de la competencia — Justificaciones — Artículo 86 del Tratado CE (actualmente artículo 82 CE) — Empresa o asociación de empresas — Artículos 52 y 59 del Tratado CE (actualmente artículos 43 CE y 49 CE, tras su modificación) — Aplicabilidad — Restricciones — Justificaciones")

text:
C 109/4                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              4.5.2002
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                2)    Una normativa nacional como el Samenwerkingsverordening
                                                                                1993, adoptada por un organismo como el Nederlandse Orde
                                                                                van Advocaten, no infringe el artı́culo 85, apartado 1,
                      de 19 de febrero de 2002                                    del Tratado, dado que dicho organismo pudo considerar
                                                                                razonablemente que tal normativa, a pesar de los efectos
en el asunto C-309/99 (Petición de decisión prejudicial del                     restrictivos de la competencia que le son inherentes, era necesaria
Raad van State): J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price                           para el buen ejercicio de la abogacı́a tal y como está organizada
Waterhouse Belastingadviseurs BV contra Algemene Raad                             en el Estado miembro de que se trata.
          van de Nederlandse Orde van Advocaten (1)
                                                                            3)    Un organismo como el Nederlandse Orde van Advocaten no
                                                                                constituye ni una empresa ni una asociación de empresas a
(«Colegio profesional — Colegio nacional de abogados —                            efectos del artı́culo 86 del Tratado CE (actualmente artı́culo 82
Regulación del ejercicio de la profesión por el Colegio —                       CE).
Prohibición de colaboración integrada entre abogados y
auditores — Artı́culo 85 del Tratado CE (actualmente                        4)    Los artı́culos 52 y 59 del Tratado CE (actualmente artı́culos 43
artı́culo 81 CE) — Asociación de empresas — Restricción de                      CE y 49 CE, tras su modificación) no se oponen a una
la competencia — Justificaciones — Artı́culo 86 del Tratado                       normativa nacional como el Samenwerkingsverordening 1993,
CE (actualmente artı́culo 82 CE) — Empresa o asociación de                       que prohı́be toda colaboración integrada entre abogados y
empresas — Artı́culos 52 y 59 del Tratado CE (actualmente                         auditores, dado que se pudo considerar razonablemente que era
artı́culos 43 CE y 49 CE, tras su modificación) — Aplicabili-                    necesaria para el buen ejercicio de la abogacı́a tal y como está
              dad — Restricciones — Justificaciones»)                             organizada en el paı́s de que se trata.
                           (2002/C 109/05)
                                                                            (1) DO C 299 de 16.10.1999.
                  (Lengua de procedimiento: neerlandés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
En el asunto C-309/99, que tiene por objeto una petición                                                 (Sala Sexta)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
por el Raad van State (Paı́ses Bajos), destinada a obtener, en los
                                                                                de 7 de marzo de 2002
litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingad-
viseurs BV y Algemene Raad van de Nederlandse Orde van                      en el asunto C-310/99: República Italiana contra Comisión
Advocaten, con intervención de: Raad van de Balies van de                                   de las Comunidades Europeas (1)
Europese Gemeenschap, una decisión prejudicial sobre la
interpretación de los artı́culos 3, letra g), del Tratado CE               («Ayudas de Estado — Directrices sobre ayudas al empleo
[actualmente artı́culo 3 CE, apartado 1, letra g), tras su                  — Acciones dirigidas a fomentar el empleo de los jóvenes y a
modificación], 5 del Tratado CE (actualmente artı́culo 10 CE),             la transformación de contratos temporales en indefinidos —
52 y 59 del Tratado CE (actualmente artı́culos 43 CE y 49 CE,                  Reducción de las cargas sociales de la seguridad social»)
tras su modificación), y 85, 86 y 90 del Tratado CE (actual-
mente artı́culos 81 CE, 82 CE y 86 CE), el Tribunal de Justicia,
integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, el                                           (2002/C 109/06)
Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von
Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward,                                (Lengua de procedimiento: italiano)
A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet (Ponente),
R. Schintgen, V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H. von Holstein,             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
Secretario adjunto; ha dictado el 19 de febrero de 2002 una                      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)     Un reglamento sobre la colaboración entre abogados y otras          En el asunto C-310/99, República Italiana (agente:
       profesiones liberales como el Samenwerkingsverordening 1993          Sr. U. Leanza, asistido por el Sr. O. Fiumara) contra Comisión
       (Reglamento de 1993 sobre la colaboración), adoptado por un         de las Comunidades Europeas (agentes: inicialmente los
       organismo como el Nederlandse Orde van Advocaten (Colegio            Sres. G. Rozet y P. Stancanelli, y posteriormente los
       de Abogados de los Paı́ses Bajos), debe considerarse una             Sres. G. Rozet y V. Di Bucci), que tiene por objeto la anulación
       decisión adoptada por una asociación de empresas a efectos del     de la Decisión 2000/128/CE de la Comisión, de 11 de mayo
       artı́culo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artı́-         de 1999, relativa al régimen de ayudas concedidas por Italia
       culo 81 CE, apartado 1).                                             en favor del empleo (DO 2000, L 42, p. 1), el Tribunal


title: Asunto C-163/14: Recurso interpuesto el 4 de abril de 2014 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/17

         Recurso interpuesto el 4 de abril de 2014 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-163/14)
   2014/C 184/21
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: F. Clotuche-Duvieusart e I. Martínez del Peral, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 3, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, al no haber concedido a las instituciones y órganos de la Unión Europea la exención prevista por el artículo 3, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea de las contribuciones establecidas por el artículo 26 de la Ordenanza relativa a la organización del mercado de la electricidad en la Región de Bruselas-Capital así como del artículo 20 de la Ordenanza relativa a la organización del mercado del gas en la Región de Bruselas-Capital, en sus versiones modificadas y al oponerse al reembolso de las citadas contribuciones así percibidas por la Región.

               —

               Que se condene en costas Reino de Bélgica.

      Motivos y principales alegaciones

   Las ordenanzas de 19 de julio de 2001 relativa a la organización del mercado de la electricidad en la Región de Bruselas-Capital y de 1 de abril de 2004 relativa a la organización del mercado del gas en la Región de Bruselas-Capital, en sus versiones modificadas, prevén la percepción de derechos a cargo de los proveedores de electricidad y de gas en beneficio de la Región de Bruselas-Capital. Estas contribuciones regionales se facturan posteriormente a los consumidores finales y, por tanto a las instituciones de la Unión al suministrar la electricidad o el gas en función de la potencia puesta a disposición de los clientes finales (para la electricidad) o del calibre de los contadores para los clientes finales (para el gas).
   La Comisión considera que estas contribuciones regionales deben considerarse impuestos indirectos percibidos por las autoridades belgas con motivo de compras importantes efectuadas por las instituciones para su uso oficial e incorporadas en el precio de la electricidad y el gas que se les factura. La Comisión señala que no es necesario, para identificar un impuesto indirecto, que la legislación prevea expresamente la obligación de repercutirlo en el cliente final y que lo esencial es que se trate de un impuesto recaudado con ocasión de un gasto o un consumo. En consecuencia, estima que el Estado belga debe conforme al artículo 3, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, reembolsar estos derechos indirectos o impuestos sobre las ventas a las instituciones de la Unión.
   La Comisión sostiene que estas contribuciones regionales no pueden considerarse simples remuneraciones de servicio de utilidad pública y que, por tanto, no están comprendidas dentro de la excepción a la exención prevista por el artículo 3, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. En efecto, estas contribuciones pretenden financiar diferentes funciones de servicio público y financian parcialmente diferentes políticas llevadas a cabo por los poderes públicos con un fin social (tarifa social, suministros mínimos de electricidad a los hogares por ejemplo) o medioambiental (promoción del uso racional de la energía por ejemplo). No se trata de pagar mediante estos impuestos la contrapartida de un servicio prestado específicamente a las instituciones.


title: Asunto C-313/13: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia — Rumanía) — Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu — Activitatea de Inspecţie Fiscală/Cătălin Ienciu

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/24

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia — Rumanía) — Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu — Activitatea de Inspecţie Fiscală/Cătălin Ienciu
   (Asunto C-313/13) (1)

   2014/C 184/38
   Lengua de procedimiento: rumano
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 226, de 3.8.2013.


title: Asunto T-327/13: Auto del Tribunal General de 16 de octubre de 2014  — Chatziioannou/Comisión y BCE ( «Recurso de anulación — Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre — Declaración del Eurogrupo relativa a la reestructuración del sector bancario en Chipre — Designación errónea de la parte demandada en el escrito de demanda — Inadmisibilidad» )

text:
               15.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 448/24

         Auto del Tribunal General de 16 de octubre de 2014 — Chatziioannou/Comisión y BCE
   (Asunto T-327/13) (1)

   ((«Recurso de anulación - Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre - Declaración del Eurogrupo relativa a la reestructuración del sector bancario en Chipre - Designación errónea de la parte demandada en el escrito de demanda - Inadmisibilidad»))
   (2014/C 448/31)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandantes: Lella Chatziioannou (Nicosia, Chipre) (representantes: E. Efstathiou, K. Efstathiou y K. Liasidou, abogados)

      Demandadas: Comisión Europea (representantes: B. Smoulders, J.-P. Keppenne y M. Konstantidinis, agentes); y Banco Central Europeo (BCE) (representantes: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan y F. Athanasiou, agentes, asistidos por W. Bussian, W. Devroe y D. Arts, abogados)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Declaración del Eurogrupo de 25 de marzo de 2013 relativa, en particular, a la reestructuración del sector bancario en Chipre.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar a la Sra. Lella Chatziioannou al pago de sus propias costas y de las de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

      (1)  DO C 252, de 31.8.2013.


title: Asunto C-114/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 8 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Eslovaca (Incumplimiento de Estado — Directiva 96/48/CE — Redes transeuropeas — Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad — No adaptación del ordenamiento jurídico interno)

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 8 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Eslovaca
   (Asunto C-114/06) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 96/48/CE - Redes transeuropeas - Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad - No adaptación del ordenamiento jurídico interno)
   (2007/C 82/12)
   Lengua de procedimiento: eslovaco
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Zavvos y T. Kukal, agentes)

      Demandada: República Eslovaca (representante: R. Procházka, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adaptación del ordenamiento jurídico interno, dentro del plazo previsto a tal fin, a la Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (DO L 235, p. 6)
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad. al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Eslovaca.

      (1)  DO C 96, de 22.4.2006.


title: Asunto C-556/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 3 de noviembre de 2016 — Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover

text:
               6.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 3 de noviembre de 2016 — Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover
   (Asunto C-556/16)
   (2017/C 038/11)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Hamburg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Lutz GmbH

      Demandada: Hauptzollamt Hannover

      Cuestiones prejudiciales

               1)

                           a)

                           ¿Deben interpretarse las Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea, (1) elaboradas por la Comisión Europea, relativas a la subpartida 6212 2000 (DO 2015, C 76, p. 1, concretamente p. 255) en el sentido de que en una faja braga la elasticidad está «limitada en sentido horizontal» desde el momento en que la elasticidad horizontal es menor que la vertical?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a):
                           ¿Qué criterios objetivos deben aplicarse para comparar la elasticidad horizontal y la vertical?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a):

                           a)

                           ¿Deben interpretarse las Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea, elaboradas por la Comisión Europea, relativas a la subpartida 6212 2000 (DO 2015, C 76, p. 1, concretamente p. 255) en el sentido de que en una faja braga la elasticidad sólo está «limitada en sentido horizontal» cuando la elasticidad horizontal es claramente menor que la vertical?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, letra a):
                           ¿Qué criterios objetivos deben aplicarse para comparar la elasticidad horizontal y la vertical y a qué baremo ha de atenderse?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, letra a):

                           a)

                           ¿Deben interpretarse las Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea, elaboradas por la Comisión Europea, relativas a la subpartida 6212 2000 (DO 2015, C 76, p. 1, concretamente p. 255) en el sentido de que la limitación de la elasticidad horizontal en las fajas braga no se define mediante una comparación entre la elasticidad horizontal y la vertical, sino que se refiere a una limitación absoluta de la elasticidad horizontal?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, letra a):

                     ¿Qué criterios objetivos deben aplicarse para determinar si la elasticidad de una faja braga está limitada horizontalmente en el sentido mencionado en la tercera cuestión, letra a)?

      (1)  Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987 L 256, p. 1).


title: Asunto C-239/12 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de mayo de 2012 por Abdulbasit Abdulrahim contra el auto del Tribunal General (Sala Segunda) dictado el 28 de febrero de 2012 en el asunto T-127/09, Abdulbasit Abdulrahim/Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea

text:
               7.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 200/8

         Recurso de casación interpuesto el 18 de mayo de 2012 por Abdulbasit Abdulrahim contra el auto del Tribunal General (Sala Segunda) dictado el 28 de febrero de 2012 en el asunto T-127/09, Abdulbasit Abdulrahim/Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea
   (Asunto C-239/12 P)
   2012/C 200/14
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Abdulbasit Abdulrahim (representantes: H.A.S. Miller, Solicitor, E. Grieves, Barrister)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule el auto del Tribunal General de 28 de febrero de 2012.

               —

               Que se declare que el recurso de anulación no carece de objeto.

               —

               Que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el recurso de anulación.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento y del procedimiento ante el Tribunal General, incluidas las debidas a la presentación de observaciones a requerimiento del Tribunal.

      Motivos y principales alegaciones

   La parte recurrente basa su recurso de casación en los dos motivos siguientes:

               —

               El Tribunal General incurrió en error:

                           —

                           al no oír al Abogado General; y/o

                           —

                           al no dar oportunidad a la parte recurrente para formular observaciones sobre si el recurso de anulación carecía de objeto; y/o

                           —

                           al no iniciar la fase oral del procedimiento para examinar la cuestión de si el recurso de anulación carecía de objeto.

               —

               El Tribunal General incurrió en error al considerar que el recurso de anulación no podía otorgar ninguna ventaja sustancial a la parte recurrente.


title: Asunto C-151/06: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo

text:
               2.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/38

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-151/06) (1)

   (2006/C 294/80)

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 108, de 6.5.2006.


title: Asunto C-181/13: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Latina — Italia) — Francesco Acanfora/Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina (Procedimiento prejudicial — Artículo 107 TFUE — Concepto de «ayuda de Estado»  — Normativa nacional que establece, en caso de impago de la notificación de recobro, una obligación para el sujeto pasivo de abonar a la sociedad concesionaria del servicio de recobro de los impuestos, un importe que asciende al 9 % de las cantidades inscritas en autos en concepto de remuneración de las actividades de percepción — Descripción del marco fáctico — Insuficiencia — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/5

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Latina — Italia) — Francesco Acanfora/Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina
   (Asunto C-181/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículo 107 TFUE - Concepto de «ayuda de Estado» - Normativa nacional que establece, en caso de impago de la notificación de recobro, una obligación para el sujeto pasivo de abonar a la sociedad concesionaria del servicio de recobro de los impuestos, un importe que asciende al 9 % de las cantidades inscritas en autos en concepto de remuneración de las actividades de percepción - Descripción del marco fáctico - Insuficiencia - Inadmisibilidad manifiesta))
   2014/C 184/07
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Commissione tributaria provinciale di Latina

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Francesco Acanfora

      Demandada: Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Commissione tributaria provinciale di Latina — Interpretación del artículo 107 TFUE — Concepto de ayuda de Estado — Normativa nacional que establece, en caso de impago de la notificación de recobro, una obligación para el sujeto pasivo de abonar a la sociedad concesionaria del servicio de recobro de los impuestos, un importe que asciende al 9 % de las cantidades inscritas en autos en concepto de gastos de percepción.

      Fallo

   La petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia), mediante resolución de 5 de diciembre de 2012, es manifiestamente inadmisible.

      (1)  DO C 207, de 20.7.2013.


title: Asunto C-526/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de septiembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf — Alemania) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe (Contratos públicos — Directiva 2004/18/CE — Artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c) — Concepto de «organismo de Derecho público» — Requisito relativo bien a la financiación de la actividad, bien al control de la gestión, o bien al control de la actividad por parte del Estado, entes territoriales u otros organismos de Derecho público — Colegio profesional de médicos — Financiación establecida por ley a través de cuotas abonadas por los miembros de dicho Colegio — Importe de las cuotas fijado por la asamblea del mencionado Colegio — Autonomía del mismo Colegio para determinar el alcance y las modalidades de ejecución de sus funciones legales)

text:
               9.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de septiembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf — Alemania) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe
   (Asunto C-526/11) (1)

   (Contratos públicos - Directiva 2004/18/CE - Artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c) - Concepto de «organismo de Derecho público» - Requisito relativo bien a la financiación de la actividad, bien al control de la gestión, o bien al control de la actividad por parte del Estado, entes territoriales u otros organismos de Derecho público - Colegio profesional de médicos - Financiación establecida por ley a través de cuotas abonadas por los miembros de dicho Colegio - Importe de las cuotas fijado por la asamblea del mencionado Colegio - Autonomía del mismo Colegio para determinar el alcance y las modalidades de ejecución de sus funciones legales)
   2013/C 325/05
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: IVD GmbH & Co. KG

      Demandada: Ärztekammer Westfalen-Lippe

      En el que participa: WWF Druck + Medien GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretación del artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Concepto de «organismo de Derecho público» — Requisitos de financiación mayoritaria y de control de la gestión por parte del Estado — Colegio profesional facultado por ley para cobrar cuotas a sus miembros, debiendo fijarse el importe y la atribución de dichas cuotas mediante un reglamento que precisa de la aprobación del Estado.

      Fallo

   El artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que un organismo como un colegio profesional de Derecho público no cumple ni el criterio relativo a la financiación mayoritaria por parte de los poderes públicos cuando dicho organismo está mayoritariamente financiado por las cuotas abonadas por sus colegiados, estando facultado por la ley para fijar las cuotas y cobrar su importe, en el caso de que dicha ley no determine el alcance ni las modalidades de las acciones que el mencionado organismo lleva a cabo en el marco del cumplimiento de sus funciones legales, que las mencionadas cuotas deben financiar, ni el criterio relativo al control de la gestión por parte de los poderes públicos por el mero hecho de que la resolución en cuya virtud el mismo organismo fija el importe de las citadas cuotas deba ser aprobada por una autoridad de supervisión.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.


title: Asunto F-16/08: Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2008 — Behmer/Parlamento

text:
               9.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 116/32

         Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2008 — Behmer/Parlamento
   (Asunto F-16/08)
   (2008/C 116/61)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Joachim Behmer (Bruselas, Bélgica) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, abogados)

      Demandada: Parlamento Europeo
   Objeto y descripción del litigio
   Anulación de las decisiones de la AFPN por las que se atribuyen al demandante dos puntos de méritos respecto a los ejercicios 2004 y 2006.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen las decisiones de la AFPN por las que se atribuyen al demandante dos puntos de méritos respecto a los ejercicios 2004 y 2006.

               —

               Que se condene en costas al Parlamento Europeo.


title: Asunto T-324/17: Recurso interpuesto el 29 de mayo de 2017 — SAS Cargo Group y otros/Comisión

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/53

         Recurso interpuesto el 29 de mayo de 2017 — SAS Cargo Group y otros/Comisión
   (Asunto T-324/17)
   (2017/C 239/66)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Dinamarca) Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Estocolmo, Suecia), SAS AB (Estocolmo) (representantes: B. Creve, M. Kofmann y G. Forwood, abogados, y J. Killick, Barrister)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule total o parcialmente la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías).

               —

               Con carácter subsidiario, reduzca la multa impuesta a las demandantes.

               —

               Adopte las diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de instrucción solicitadas o adopte cualquier otra diligencia que el Tribunal General considere necesaria.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la vulneración de los derechos de defensa de las demandantes y del principio de igualdad de armas, al denegar a las demandantes el acceso a pruebas relevantes, tanto inculpatorias como exculpatorias, que la Comisión recibió con posterioridad a la notificación de su pliego de cargos.

               2.

               Segundo motivo, en el que alegan incompetencia puesto que la decisión aplica los artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEE a los servicios de fletes aéreos dentro del Espacio EEE, así como a rutas entre Suiza y los tres Estados miembros del EEE que no son miembros de la Unión Europea.

               3.

               Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación de las pruebas por parte de la Comisión y en su conclusión de que queda probada la participación de las demandantes en un incumplimiento global, único y continuado o su conocimiento del mismo.

               4.

               Cuarto motivo, basado en un incumplimiento del artículo 266 TFUE, del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales y del artículo 296 TFUE, apartado 2, en la medida en que la Decisión impugnada es inconsistente en sí misma, en particular, en lo que respecta a la atribución de la responsabilidad de la infracción alegada.

               5.

               Quinto motivo, basado en que la Comisión incurrió en error al imponer cualquier multa a las demandantes, puesto que no pueden ser responsables de la infracción alegada y, en cualquier caso, en que la Comisión incurrió en error al calcular la multa, en lo que respecta a los valores de ventas, el grado de gravedad relacionado con la situación particular de SAS Cargo, la duración, el incremento por reincidencia y las diferentes circunstancias atenuantes. Por lo tanto, debe anularse la multa o, con carácter subsidiario, reducirse significativamente.


title: Asunto T-71/03: Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2003 por Tokai Carbon Co., Ltd. contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
10.5.2003              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                         C 112/33
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            —    La parte demandante sostiene también que la última parte
que:                                                                          de la ayuda estatal autorizada por la decisión 1998/332/
                                                                              CEE nunca le fue pagada y que la parte demandada lo
—     Anule total o parcialmente, con arreglo a los ar-                       sabía y lo había consentido; este hecho constituye además
      tículos 230 CE y 231 CE, la decisión de la Comisión                     una modificación del programa de reestructuración apro-
      (C(2002) 4831 fin), de 11 de diciembre de 2002, relativa                bado por la demandada. Sobre esta base, la demandante
      a la ayuda concedida por Grecia a la demandante.                        invoca una violación del principio del respeto de las
                                                                              expectativas legítimas, así como una vulneración de un
                                                                              requisito esencial del procedimiento por parte de la
—     Condene en costas a la parte demandada.
                                                                              demandada, que actualmente alega una infracción del
                                                                              programa inicial, cuando ella había dado su consenti-
                                                                              miento para que éste nunca se llevara a cabo. La parte
                                                                              demandante invoca asimismo una violación del principio
Motivos y principales alegaciones                                             ne bis in idem debido a que la falta de pago de la última
                                                                              parte de la ayuda estatal constituye una sanción de la
                                                                              parte demandada que agotó así su derecho a aplicar
La parte demandante es una sociedad de transporte aéreo con                   sanciones sin ninguna posibilidad de volver a conside-
domicilio social en Grecia. Mediante la decisión impugnada se                 rarlas.
declararon incompatibles con el mercado común, con arreglo
al artículo 87 CE, apartado 1, determinadas ayudas para la
reestructuración concedidas por Grecia a la demandante,
debido a que dichas ayudas ya no cumplían los requisitos a los
cuales la decisión 1999/332/CE había supeditado su concesión.
En la decisión asimismo se declararon incompatibles con el
mercado común las nuevas ayudas concedidas por Grecia a la
demandante al haber tolerado a ésta su falta crónica de pago
de las cotizaciones de Seguridad Social, del IVA, del impuesto
denominado «spatosimo», así como de las rentas y cánones
adeudados a los aeropuertos. La parte demandada conminó a                Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2003 por Tokai
Grecia a adoptar las medidas requeridas para recuperar las               Carbon Co., Ltd. contra la Comisión de las Comunidades
mencionadas ayudas de la parte demandante.                                                          Europeas
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los                                          (Asunto T-71/03)
motivos siguientes:
                                                                                (2003/C 112/65)
—     Errores manifiestos de apreciación y de evaluación,
      infracción de la obligación de motivación, errores de
      Derecho, infracciones relativas a la carga de la prueba, así
      como al derecho a ser oído, en lo que respecta a las                                (Lengua de procedimiento: inglés)
      pretensiones de la parte demandada según las cuales
      Grecia no había cumplido algunos de los compromisos
      que había asumido y que se mencionan en las decisiones
      1999/332/CEE y 94/696/CEE. La parte demandante
      considera también que ha existido violación o aplicación           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      errónea del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), debido           Europeas se ha presentado el 3 de marzo de 2003 un recurso
      a que la parte demandada no examinó suficiente o                   contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
      correctamente la cuestión de si la ayuda concedida en              por Tokai Carbon Co., Ltd., con domicilio social en Tokio
      1998 podía ser considerada conforme con dicho artículo.            (Japón), representada por los Sres. Gerwin Van Gerven y
                                                                         Thomas Franchoo, abogados, que designa domicilio en Luxem-
                                                                         burgo.
—     Errores manifiestos de apreciación y de evaluación,
      infracción de la obligación de motivación, errores de
      Derecho, infracción de las normas relativas a la carga de
      la prueba, infracción del derecho a ser oído y violación           La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      del principio de seguridad jurídica que deriva de las
      comprobaciones efectuadas por la parte demandada
      acerca de la nueva ayuda concedida por Grecia a la                 —    Anule el artículo 3 de la Decisión de la Comisión C(2002)
      demandante al haber tolerado a ésta su falta de pago de                 5083 final, de 17 de diciembre de 2002 (asunto COMP/
      impuestos, rentas y cánones mencionados supra.                          E-2/37.667 — Grafitos especiales), en la medida en que
                                                                              impone una multa de 6,97 millones de euros a la
                                                                              demandante, o, con carácter subsidiario, reduzca sustan-
—     Desviación de poder en la medida en que, según la parte                 cialmente dicha multa.
      demandante, la decisión impugnada en realidad se origina
      en la voluntad de asestar el «golpe de gracia» a la
      demandante o, por lo menos, de debilitarla.                        —    Condene en costas a la Comisión.
 ---pagebreak--- C 112/34               ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                         10.5.2003
Motivos y principales alegaciones                                       Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2003 por Toyo
                                                                        Tanso Co., Ltd. contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                                                                                (Asunto T-72/03)
El presente recurso se interpone contra la Decisión de la
Comisión, de 17 de diciembre de 2002, relativa a un procedi-
miento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE y del                                        (2003/C 112/66)
artículo 53 del Acuerdo EEE en el asunto no COMP/E-2/37.667
— Grafitos especiales, en la medida en que declaraba que
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
determinadas empresas, entre ellas Tokai, habían infringido
las normas sobre la Competencia CE/EEE fijando precios,
intercambiando información comercial, fijando condiciones
de transacción y dividiendo los clientes de grafito isostático.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 3 de marzo de 2003 un recurso
                                                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                        por Toyo Tanso Co., Ltd., con domicilio social en Osaka
                                                                        (Japón), representada por el Sr. Jean-François Bellis y la
La demandante, una empresa japonesa fabricante de productos             Sra. Stephanie Reinart, abogados, que designa domicilio en
de carbón, no impugna los hechos relativos a su participación           Luxemburgo.
en la infracción. Lo que pretende es que se anule, o se reduzca
sustancialmente, al menos, la multa que se le impuso.
                                                                        La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                        —     Reduzca sustancialmente el importe de la multa que se
                                                                              impuso a la demandante.
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega lo siguiente:
                                                                        —     Condene en costas a la Comisión.
—     La Comisión infringió el artículo 253 CE, los principios
      de proporcionalidad e igualdad de trato y los principios
      de non bis in idem y sobrepasó los límites de su                  Motivos y principales alegaciones
      competencia, al haber ignorado completamente las ventas
      EEE y la cuota de mercado para determinar el impacto
      competitivo de la conducta de cada empresa y el nivel de          La demandante es una pequeña empresa japonesa especializada
      la multa. Se destaca a este respecto que, como fabricante         en la fabricación de grafito especial. En la Decisión de la
      japonés, la demandante siempre ha sido mucho menos                Comisión de 17 de diciembre de 2002 en el asunto nº COMP/
      activa en el mercado EEE puesto que su mercado natural            E-2/37.667 — Grafitos especiales, la Comisión declaró que la
      es Asia y el Extremo Oriente.                                     demandante había participado, junto con otras siete empresas,
                                                                        en una infracción del artículo 81 CE, apartado 1 y del
                                                                        artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE relativa al grafito
—     La Comisión incurrió en un error manifiesto de aprecia-           especial isostático. La demandante solicita la reducción de la
      ción al estimar erróneamente la talla del mercado rele-           multa que se le impuso en el artículo 3 de la Decisión.
      vante, en la medida en que los propios datos en los que
      se basaba en la Decisión impugnada sugerían que la cuota
                                                                        La demandante alega que la Comisión ha vulnerado su derecho
      de la demandante en el mercado relevante es inferior al
      10 %, aunque se clasifica a Tokai Carbon Co., Ltd. en la          de defensa y ha infringido varios principios de Derecho
                                                                        comunitario, como el principio de proporcionalidad, de igual-
      categoría de empresas que tienen una cuota de mercado
                                                                        dad de trato y de seguridad jurídica.
      entre el 10 % y el 20 %.
                                                                        Según la demandante, la Comisión fijó erróneamente el
—     La Comisión aplicó erróneamente la Comunicación sobre             importe de partida para el cálculo de su multa refiriéndose
      la cooperación al no haber concedido a Tokai una                  únicamente a su volumen de negocios mundial y a su cuota de
      reducción por cooperación, al amparo de la Sección C,             mercado. La demandante alega que la Comisión violó el
      puesto que la demandante fue la primera en aportar                derecho de defensa, puesto que el pliego de cargos indicaba
      pruebas decisivas relativas a los períodos de tiempo en           que la práctica colusoria fuera del EEE estaba fuera de su
      los que UCAR International Inc. no participó en la                ámbito de competencia y no señalaba la importancia que la
      práctica colusoria.                                               Comisión iba a atribuir al volumen de negocios mundial del
                                                                        producto y a la cuota de mercado al determinar el importe de
                                                                        partida de la multa. Según la demandante, la infracción
                                                                        carecía de relevancia mundial y la Comisión sobrepasó sus
                                                                        competencias al basarse en este factor para calcular el importe
                                                                        de partida para el cálculo de la multa.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de octubre de 1999 en el asunto C-437/98 P: Industria del Frío Auxiliar Conservera, S.A. (Infrisa) contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de casación — Recurso declarado manifiestamente infundado — Policía sanitaria — Medidas de salvaguardia — Decisión 95/119/CE")

text:
C 34/8                    ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               5.2.2000
1) Se declara que la República Italiana ha incumplido las obligacio-       1) En el caso de un trabajador migrante de nacionalidad marroquı́
     nes que le incumben en virtud de los artı́culos 4, párrafo primero,       que ha adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida
     y 8, primer guión, de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de             antes de la fecha en que un miembro de su familia empezó a
     15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión               residir con él en dicho Estado miembro y solicitó la concesión de
     modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de               una prestación de la Seguridad Social en virtud de la legislación
     marzo de 1991, al no haber adoptado las medidas necesarias                 de ese Estado, dicho miembro de su familia no puede basarse en
     para asegurar que los residuos vertidos en el curso de agua que            el artı́culo 41, apartado 1, del Acuerdo de Cooperación entre la
     discurre por el barranco de San Rocco sean eliminados sin poner            Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado
     en peligro la salud humana y sin perjudicar el medio ambiente y            en Rabat el 27 de abril de 1976 y aprobado en nombre de la
     al no haber adoptado las medidas necesarias para que los vertidos          Comunidad mediante el Reglamento (CEE) no 2211/78 del
     acumulados en un vertedero ilegal sean entregados a un recolector          Consejo, de 26 de septiembre de 1978, para invocar la nacionali-
     privado o público o a una empresa de eliminación.                        dad marroquı́ del trabajador a fin de acogerse al principio de
                                                                                igualdad de trato en materia de Seguridad Social consagrado por
2) Se desestima el recurso en todo lo demás.                                   dicha disposición.
3) Se condena en costas a la República Italiana.                               Desde el momento en que un trabajador migrante marroquı́
                                                                                ostenta igualmente la nacionalidad del Estado miembro de
(1) DO C 387 de 20.12.1997.                                                     acogida, un miembro de su familia en tal situación sólo podrı́a
                                                                                invocar la nacionalidad marroquı́ del trabajador, a efectos de
                                                                                aplicación del artı́culo 41, apartado 1, del Acuerdo, basándose
                                                                                en el Derecho del Estado miembro de que se trate, cuya
                                                                                interpretación y aplicación en el marco del litigio es, no obstante,
                                                                                competencia exclusiva del órgano jurisdiccional nacional que
                                                                                conoce del asunto.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                            2) El concepto de «miembros de la familia» del trabajador migrante
                              (Sala Sexta)                                      marroquı́, en el sentido del artı́culo 41, apartado 1, del citado
                                                                                Acuerdo, engloba a los ascendientes de ese trabajador y de su
                   de 11 de noviembre de 1999                                   cónyuge que residen con él en el Estado miembro de acogida.
en el asunto C-179/98 (petición de decisión prejudicial                   (1) DO C 209 de 4.7.1998.
planteada por la Cour du travail de Bruxelles): État belge
                      contra Fatna Mesbah (1)
(«Acuerdo de Cooperación CEE-Marruecos — Artı́culo 41,
apartado 1 — Principio de no discriminación en materia de
      Seguridad Social — Ámbito de aplicación personal»)
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (2000/C 34/14)
                                                                                (Sala Primera)
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                de 14 de octubre de 1999
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        en el asunto C-437/98 P: Industria del Frı́o Auxiliar
                                                                            Conservera, S.A. (Infrisa) contra Comisión de las Comuni-
En el asunto C-179/98, que tiene por objeto una petición                                             dades Europeas (1)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 CE
(actualmente, artı́culo 234 CE), por el la Cour du travail de               («Recurso de casación — Recurso declarado manifiestamente
Bruxelles (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente           infundado — Policı́a sanitaria — Medidas de salvaguardia
ante dicho órgano jurisdiccional entre État belge y Fatna                                      — Decisión 95/119/CE»)
Mesbah, una decisión prejudicial sobre la interpretación del
artı́culo 41, apartado 1, del Acuerdo de Cooperación entre la                                          (2000/C 34/15)
Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos,
firmado en Rabat el 27 de abril de 1976 y aprobado en
nombre de la Comunidad por el Reglamento (CEE) no 2211/78                                     (Lengua de procedimiento: español)
del Consejo, de 26 de septiembre de 1978 (DO L 264, p. 1; EE
11/09, p. 3), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por
los Sres.: R. Schintgen (Ponente), Presidente de la Sala Segunda,           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
en funciones de Presidente de la Sala Sexta; P.J.G. Kapteyn y                    «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
H. Ragnemalm, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secreta-
ria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal, ha                 En el asunto C-437/98 P, Industria del Frı́o Auxiliar Conservera
dictado el 11 de noviembre de 1999 una sentencia cuyo fallo                 S.A. (Infrisa), con domicilio social en Bermeo (España), repre-
es el siguiente:                                                            sentada por el Sr. I. Sáenz-Cortabarrı́a Fernández y por la
 ---pagebreak--- 5.2.2000                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 34/9
Sra. M. Morales Isasi, Abogados de Vizcaya, que designa como               1) Se desestima el recurso de casación.
domicilio en Luxemburgo el despacho de Me G. Harles, 8-10,
rue Mathias Hardt, que tiene por objeto un recurso de casación            2) Se condena en costas a N.
interpuesto contra el auto dictado por el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) el                    (1) DO C 71 de 13.3.1999.
15 de septiembre de 1998, Infrisa/Comisión (T-136/95, Rec.
p. II-3301), por el que se solicita que se anule dicho auto, y en
el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las
Comunidades Europeas (Agente: Sr. J. Guerra Fernández), el
Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por los Sres.
L. Sevón (Ponente), Presidente de Sala; P. Jann y M. Wathelet,            Recurso interpuesto el 13 de octubre de 1999 contra la
Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr.                  República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
R. Grass, ha dictado el 14 de octubre de 1999 un auto                                                 des Europeas
resolviendo lo siguiente:
                                                                                (Asunto C-392/99)
1) Se desestima el recurso de casación.
                                                                                (2000/C 34/17)
2) Se condena en costas a Industria del Frı́o Auxiliar Conservera,
     S.A. (Infrisa).
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                           presentado el 13 de octubre de 1999 un recurso contra la
(1) DO C 20, de 23.1.1999.                                                 República Portuguesa formulado por la Comisión de las
                                                                           Comunidades Europeas, representada por Lena Ström y Antó-
                                                                           nio Caeiros, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
                                                                           en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                           Centre Wagner, Kirchberg.
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                            (Sala Tercera)                                 a) Declare que:
                     de 19 de octubre de 1999                                  — al no haber adoptado las disposiciones que establezcan
                                                                                que no podrá concederse autorización a las empresas
en el asunto C-21/99 P: N contra Comisión de las Comuni-                          que regeneren aceites usados o que los utilicen como
                         dades Europeas (1)                                        combustible más que cuando la autoridad competente
                                                                                se haya cerciorado de que se han tomado todas las
(«Recurso de casación — Antiguos funcionarios — Informe                           medidas apropiadas de protección de la salud en el
de calificación — Interés para ejercitar la acción — Inadmisi-                   ámbito del uso de aceites usados como combustible,
                               bilidad»)                                           incluida la utilización de la mejor tecnologı́a disponible
                                                                                que no implique costes excesivos en el ámbito de las
                           (2000/C 34/16)                                          actividades de regeneración de aceites usados y de
                                                                                utilización de aceites usados como combustibles;
                  (Lengua de procedimiento: francés)                           — al no haber establecido que los residuos de la combus-
                                                                                tión de los aceites usados sean eliminados de acuerdo
                                                                                con lo dispuesto en el artı́culo 9 de la Directiva
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                78/319/CEE (1) y, a partir del 27 de junio de 1995, de
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                acuerdo con el artı́culo 9 de la Directiva
                                                                                75/442/CEE (2), el cual, en la redacción que le dio la
En el asunto C-21/99 P, N, antiguo funcionario de la Comisión
                                                                                Directiva 91/156/CEE (3) y en virtud de lo dispuesto en
de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas
(Bélgica), representado por el Sr. G. Sakellaropoulos, Abogado                     la Directiva 91/689/CEE (4), sustituyó al artı́culo 9 de
                                                                                la Directiva 78/319/CEE;
de Atenas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho de Me A. May, 31, Grand-Rue, que tiene por objeto                     — al no haber dispuesto un control periódico de las
un recurso de casación interpuesto contra el auto dictado por                     empresas que regeneren aceites usados o que los
el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                       utilicen como combustible, ni tampoco el análisis de la
(Sala Quinta) el 30 de noviembre de 1998, N/Comisión                              evolución de la situación en el ámbito de la tecnologı́a
(T-97/94, RecFP, p. I-A-621 y p. II-1879), por el que se solicita                  y/o del medio ambiente con vistas a revisión, si resulta
la anulación de dicho auto y que se acojan las pretensiones                       necesario, de las autorizaciones concedidas a dichas
formuladas por el demandante en primera instancia, y en el                         empresas;
que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las
Comunidades Europeas (Agentes: Sr. G. Valsesia y F. Duvieu-                    — al no haber comunicado a la Comisión la información
sart-Clotuche), el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado                  relativa a los conocimientos técnicos, ni tampoco las
por los Sres.: J. C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala,                      experiencias y resultados adquiridos a través de la
C. Gulmann (Ponente) y J.-P. Puissochet, Jueces; Abogado                           aplicación de las disposiciones adoptadas en virtud de
General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el                  la Directiva 75/439/CEE, en la redacción que le dio la
19 de octubre de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:                            Directiva 87/101/CEE,


title: Asunto T-462/07: Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2007 — GALP Energia España y otros/Comisión

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/50

         Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2007 — GALP Energia España y otros/Comisión
   (Asunto T-462/07)
   (2008/C 51/92)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: GALP Energia España, S.A. (Madrid), Petróleos de Portugal, SA (Lisboa, Portugal) y GALP Energia, SGPS, SA (Lisboa, Portugal) (representante: M. Slotboom, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Con carácter principal, que se anule la Decisión impugnada.

               —

               Con carácter subsidiario de primer grado, que se anulen los artículos 1, 2 y 3 de dicha Decisión en cuanto afecta a las demandantes.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, que se anule el artículo 2 de la Decisión en la medida en que impone una multa a las demandantes.

               —

               Con carácter subsidiario de tercer grado, que se reduzca la multa impuesta a las demandantes en el artículo 2 de la Decisión.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   En su recurso, las demandantes solicitan la anulación, total o parcial, de la Decisión de la Comisión C(2007) 4441 final, de 3 de octubre de 2007, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 CE (Asunto COMP/38.710 — Betún — España), por la que la Comisión declaró que las demandantes, junto con otras empresas, habían participado en una serie de prácticas colusorias en el mercado del betún de penetración que afectaban al territorio de España y consistían en acuerdos de reparto del mercado y coordinación de los precios.
   Las demandantes han formulado las siguientes alegaciones en apoyo de sus pretensiones:

               —

               que la Comisión, infringiendo el principio de buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no ha realizado una investigación equitativa, minuciosa e imparcial, supliendo la falta de su propia investigación independiente de los hechos pertinentes con acusaciones vagas e incorrectas, formuladas por otros demandantes que accedieron a cooperar a cambio de una reducción en sus multas;

               —

               que acusan a la Comisión, por sus errores manifiestos de apreciación y su aplicación incorrecta del Derecho, de infringir el artículo 81 CE y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 (1), al declarar que GALP Energia España participaba en un reparto de los clientes, en mecanismos de control y compensación o en cualquiera de las medidas sobre precios, tal como se describen en la Decisión impugnada;

               —

               que la Comisión también ha infringido el artículo 81 CE y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, en su determinación de la duración de la supuesta infracción del artículo 81 CE, al declarar que la implicación de GALP Energía España en las prácticas prohibidas se prolongó hasta octubre de 2002. Las demandantes añaden que la Comisión también ha vulnerado las disposiciones anteriormente citadas al fijar el importe de la multa que les impuso;

               —

               finalmente, que dado que la Comisión no ha llevado a cabo una investigación minuciosa e independiente, la aportación de pruebas ha estado viciada y se ha incumplido la obligación de motivación, establecida en el artículo 253 CE.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).


title: Asunto T-103/08: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2012 — Versalis y Eni/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del caucho de cloropreno — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Fijación de los precios y reparto del mercado — Imputabilidad del comportamiento infractor — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Prueba de la participación en la práctica colusoria — Infracción única y continuada — Multas — Gravedad y duración de la infracción — Reincidencia — Efecto disuasorio — Circunstancias atenuantes — Límite máximo del 10 % del volumen de negocios — Cooperación — Comunicación sobre la cooperación de 2002 — Igualdad de trato — Proporcionalidad» )

text:
               9.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/18

         Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2012 — Versalis y Eni/Comisión
   (Asunto T-103/08) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado del caucho de cloropreno - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Fijación de los precios y reparto del mercado - Imputabilidad del comportamiento infractor - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Prueba de la participación en la práctica colusoria - Infracción única y continuada - Multas - Gravedad y duración de la infracción - Reincidencia - Efecto disuasorio - Circunstancias atenuantes - Límite máximo del 10 % del volumen de negocios - Cooperación - Comunicación sobre la cooperación de 2002 - Igualdad de trato - Proporcionalidad)
   2013/C 38/28
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Versalis SpA, anteriormente Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italia), y Eni SpA (Roma, Italia) (representantes: inicialmente, M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, V. Ruotolo, V. Larocca y D. Durante; posteriormente M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, V. Larocca y D. Durante, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, G. Conte y V. Bottka, agentes)

      Objeto

   Con carácter principal, pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2007) 5910 final de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.629 — Caucho de Cloropreno), en la medida en que afecta a las demandantes, y, con carácter subsidiario, pretensión de supresión de la multa impuesta solidariamente a las demandantes mediante dicha Decisión o de reducción del importe de la misma.

      Fallo

               1)

               Fijar el importe de la multa impuesta solidariamente a Eni SpA y a Versalis SpA por la infracción contemplada en el artículo 1, letra d), de la Decisión C(2007) 5910 final de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.629 — Caucho de Cloropreno), en 106 200 000 euros.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Eni y Versalis cargarán con cuatro quintos de sus costas y con cuatro quintos de las costas de la Comisión Europea. La Comisión cargará con un quinto de sus costas y con un quinto de las costas de Eni y de Versalis.

      (1)  DO C 92, de 12.4.2008.