title: Asuntos acumulados C-316/07, C-358/07 a C-360/07, C-409/07 y C-410/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial del Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart-Alemania) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service Online Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Artículos 43 CE y 49 CE — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Organización de apuestas deportivas sujeta a un monopolio público en el ámbito de un Land — Objetivo de prevención de la incitación al gasto excesivo en juego y de lucha contra la adicción al juego — Proporcionalidad — Medida restrictiva que debe tener como verdadero objetivo reducir las oportunidades de juego y limitar las actividades de juegos de azar de forma coherente y sistemática — Publicidad del titular del monopolio que fomenta la participación en loterías — Otros juegos de azar que pueden ofrecer los operadores privados — Expansión de la oferta de otros juegos de azar — Licencia expedida en otro Estado miembro — Inexistencia de obligación de reconocimiento mutuo)

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/7

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial del Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart-Alemania) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service Online Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)
      (Asuntos acumulados C-316/07, C-358/07 a C-360/07, C-409/07 y C-410/07) (1)

      (Artículos 43 CE y 49 CE - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Organización de apuestas deportivas sujeta a un monopolio público en el ámbito de un Land - Objetivo de prevención de la incitación al gasto excesivo en juego y de lucha contra la adicción al juego - Proporcionalidad - Medida restrictiva que debe tener como verdadero objetivo reducir las oportunidades de juego y limitar las actividades de juegos de azar de forma coherente y sistemática - Publicidad del titular del monopolio que fomenta la participación en loterías - Otros juegos de azar que pueden ofrecer los operadores privados - Expansión de la oferta de otros juegos de azar - Licencia expedida en otro Estado miembro - Inexistencia de obligación de reconocimiento mutuo)
      (2010/C 288/12)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Órgano jurisdiccional remitente

      Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart

         Partes en el procedimiento principal

         Demandantes: Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service Online Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)

         Demandadas: Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)

         Objeto

      Peticiones de decisión prejudicial — Interpretación de los artículos 43 CE y 49 CE — Normativa nacional que prohíbe, so pena de sanciones penales y administrativas, la actividad de recogida de apuestas deportivas sin autorización de la autoridad competente y que, a través del establecimiento de un monopolio estatal, prácticamente imposibilita la obtención de dicha autorización.

         Fallo

                  1)

                  Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que:

                              a)

                              para que un monopolio público en materia de apuestas deportivas y loterías, como los controvertidos en los asuntos principales, pueda justificarse por un objetivo de prevención de la incitación al gasto excesivo en juego y de lucha contra la adicción al juego, no es necesario que las autoridades nacionales competentes puedan presentar un estudio que demuestre la proporcionalidad de dicha medida y sea anterior a su adopción;

                              b)

                              el hecho de que un Estado miembro prime este monopolio sobre un régimen que autorice la actividad de operadores privados en el marco de una normativa de carácter no exclusivo puede cumplir la exigencia de proporcionalidad, siempre que, en relación con el objetivo de obtener un elevado nivel en la protección de los consumidores, el establecimiento de este monopolio se acompañe de la adopción de un marco normativo que garantice que el titular del monopolio puede efectivamente conseguir, de modo coherente y sistemático, este objetivo mediante una oferta cuantitativamente moderada, cualitativamente orientada a dicho objetivo y sometida al estricto control de las autoridades públicas;

                              c)

                              la circunstancia de que las autoridades competentes de un Estado miembro podrían enfrentarse a dificultades para garantizar que un monopolio de ese tipo sea respetado por los organizadores de juegos y apuestas establecidos en el extranjero que concierten en Internet, burlando el monopolio, apuestas con residentes en el ámbito territorial de dichas autoridades no puede, como tal, afectar a la eventual conformidad de dicho monopolio con las disposiciones del Tratado mencionadas;

                              d)

                              en una situación en la que un órgano jurisdiccional nacional constata al mismo tiempo:

                                          —

                                          que las medidas publicitarias del titular de dicho monopolio sobre otros juegos de azar incluidos en su oferta no se limitan a lo necesario para orientar a los consumidores hacia la oferta de dicho titular y apartarlos de otros canales de juego no autorizados, sino que pretenden fomentar la propensión de los consumidores al juego e incentivar su participación activa en el juego con el fin de maximizar los ingresos derivados de estas actividades;

                                          —

                                          que la explotación de otros juegos de azar puede quedar a cargo de operadores privados que dispongan de una autorización, y

                                          —

                                          que, con respecto a otros tipos de juegos de azar no sujetos a ese monopolio que presenten un potencial adictivo superior al de los juegos comprendidos en dicho monopolio, las autoridades competentes llevan a cabo o toleran políticas de ampliación de la oferta que pueden desarrollar e incentivar las actividades de juego, en particular con el fin de maximizar los ingresos procedentes de éstas;

                                    dicho órgano jurisdiccional nacional puede verse legítimamente inducido a considerar que tal monopolio no es adecuado para garantizar la consecución del objetivo de prevención de la incitación al gasto excesivo en juego y de lucha contra la adicción al juego para el que fue establecido, contribuyendo a reducir las oportunidades de juego y a limitar las actividades en este ámbito de forma coherente y sistemática.

                  2)

                  Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho de la Unión, el hecho de que un operador disponga, en el Estado miembro en el que está establecido, de una autorización para ofrecer juegos de azar no impide que otro Estado miembro supedite, dentro del respeto de las exigencias impuestas por el Derecho de la Unión, la posibilidad de que dicho operador ofrezca estos servicios a los consumidores residentes en su territorio a la obtención de una autorización expedida por sus propias autoridades.

         (1)  DO C 269, de 10.11.2007.

         DO C 283, de 24.11.2007.


title: Asunto T-329/13: Auto del Tribunal General de 16 de octubre de 2014  — Chatzithoma/Comisión y BCE ( «Recurso de anulación — Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre — Declaración del Eurogrupo relativa a la reestructuración del sector bancario en Chipre — Designación errónea de la parte demandada en el escrito de demanda — Inadmisibilidad» )

text:
               15.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 448/23

         Auto del Tribunal General de 16 de octubre de 2014 — Chatzithoma/Comisión y BCE
   (Asunto T-329/13) (1)

   ((«Recurso de anulación - Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre - Declaración del Eurogrupo relativa a la reestructuración del sector bancario en Chipre - Designación errónea de la parte demandada en el escrito de demanda - Inadmisibilidad»))
   (2014/C 448/30)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandantes: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Chipre) y Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (representantes: E. Efstathiou, K. Efstathiou y K. Liasidou, abogados)

      Demandadas: Comisión Europea (representantes: B. Smoulders, J.-P. Keppenne y M. Konstantidinis, agentes) y Banco Central Europeo (BCE) (representantes: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan y F. Athanasiou, agentes, asistidos por W. Bussian, W. Devroe y D. Arts, abogados)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Declaración del Eurogrupo de 25 de marzo de 2013 relativa, en particular, a la reestructuración del sector bancario en Chipre.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar al Sr. Petros Chatzithoma y a la Sra. Elenitsa Chatzithoma a pagar, además de sus propias costas, las de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

      (1)  DO C 252, de 31.8.2013.


title: DICTAMEN 3/94 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 13 de diciembre de 1995 (GATT - OMC - Acuerdo marco sobre los plátanos)

text:
2 . 3 . 96              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 64/7
     las cuales, en los partidos de las competiciones por ellas          DICTAMEN 3/94 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
     organizadas, los clubes de fútbol sólo pueden alinear un                       de 13 de diciembre de 1995 ( ] )
     número limitado de jugadores profesionales nacionales
     de otros Estados miembros.                                       (GATT — OMC — Acuerdo marco sobre los plátanos)
                                                                                ( 96/C 64/ 14 )
3 ) El efecto directo del artículo 48 del Tratado CEE no
     puede ser invocado en apoyo de reivindicaciones relati
     vas a una compensación por transferencia, formación o           Mediante una solicitud formulada al Tribunal de Justicia , el
     promoción que, en la fecha de la presente sentencia, ya         25 de julio de 1994 , con arreglo al apartado 6 del
     baya sido pagada o se adeude aún en cumplimiento de             artículo 228 del Tratado CE, la República Federal de
     una obligación nacida antes de dicha fecha, salvo para          Alemania solicitó un dictamen sobre la compatibilidad con
     los justiciables que, antes de dicha fecha, hayan iniciado      el Tratado del Acuerdo marco sobre los plátanos entre la
     una acción judicial o formulado una reclamación                 Comunidad Europea y Colombia, Costa Rica , Nicaragua y
     equivalente según el Derecho nacional aplicable.                Venezuela y solicitó al Tribunal de Justicia que emitiera
                                                                     dictamen sobre si :
(') DO n° C 312 de 18 . 11 . 1993 .
                                                                     a ) El Acuerdo marco sobre los plátanos firmado por la
                                                                         Comisión el 28 y 29 de marzo de 1994 ¿ fue negociado de
                                                                         modo legalmente válido desde el punto de vista del
                   AUTO DEL TRIBUNAL                                     procedimiento, es decir:
                          ( Sala Primera )
                                                                         — sobre la base de un mandato de negociación sufi
                  de 14 de diciembre de 1995                                 ciente conferido por el Consejo y
en el asunto C-173/95 P: Anne Hogan contra Tribunal de
           Justicia de las Comunidades Europeas ( 1 )                    — con observancia de las directrices marcadas por el
(Recurso de casación manifiestamente inadmisible y mani                     Consejo para las negociaciones ?
                     fiestamente infundado)
                            ( 96/C 64/ 13                            b ) El Acuerdo marco sobre los plátanos ¿ es compatible en
                                                                         cuanto al fondo con las disposiciones del Tratado ?
              (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                     El Tribunal de Justicia, integrado por los Sres .: G. C.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi          Rodríguez Iglesias, Presidente ; C. N. Kakouris, D. A. O.
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal          Edward y G. Hirsch, Presidentes de Sala ; G. F. Mancini ,
                            de Justicia »)                           F. A. Schockweiler ( Ponente ), J. C. Moitinho de Almeida ,
                                                                     P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H.
En el asunto C-173/95 P, que tiene por objeto un recurso de          Ragnemalm y L. Sevón, Jueces ; oídos los Sres .: G. Tesauro ,
casación promovido por Anne Hogan, funcionaría del                   Primer Abogado General ; C. O. Lenz, F. G. Jacobs, A. La
Parlamento Europeo, con domicilio en Luxemburgo, repre              Pérgola , G. Cosmas, P. Léger, M. B. Elmer, N. Fennelly y D.
sentada por el Sr . D. Giancarlo Lattanzi, Abogado de                Ruiz-Jarabo Colomer, Abogados Generales; emite el
Massa-Carrara, que ha designado como domicilio en                    siguiente dictamen:
Luxemburgo el n° 33 de la rué Godchaux, contra la
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas ( Sala Cuarta ) el 29 de marzo de               No procede responder a la solicitud de dictamen.
1995 en el asunto T-497/93 ( Hogan contra Tribunal de
Justicia, Rec . 1995 , p . 11-703 ), entre Hogan y Tribunal de       (!) DO n" C 275 de 1 . 10 . 1994 .
Justicia , en el que se solicita que se anule dicha sentencia ,
siendo la otra parte en el procedimiento el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, representado por la
Sra . Dña . Luigia Maggioni y el Sr. D. Niels Lierow, en
calidad de Agentes, que ha designado como domicilio en
Luxemburgo el despacho de la Sra . Maggioni , en la sede del
Tribunal de Justicia , Kirchberg, el Tribunal de Justicia ( Sala     Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 1995 contra la
Primera ), integrado por los Sres .: D. A. O. Edward,                Comisión de las Comunidades Europeas por la República
Presidente de Sala ; P. Jann ( Ponente ) y M. Wathelet, Jueces;                          Federal de Alemania
Abogado General: Sr. A. La Pérgola; Secretario : R. Grass; ha                             ( Asunto C-396/95 )
dictado el 14 de diciembre de 1995 un auto resolviendo lo
siguiente :                                                                                ( 96/C 64/ 15 )
1 ) Se desestima el recurso de casación .                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                     ha presentado el 18 de diciembre de 1995 un recurso contra
2 ) Se condena en costas a la recurrente.
                                                                     la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
(M DO n° C 208 de 12 . 8 . 1995 .
                                                                     República Federal de Alemania, representada por el Sr . D.
                                                                     Ernst Röder, Ministerialrat del Bundesministerium für
                                                                     Wirtschaft, D-53107 Bonn .


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberste Gerichtshof, de fecha 11 de marzo de 1996, en el asunto entre Stephen Austin Saldanha y MTS Securities Corporation, por una parte, y HIROSS Holding Aktiengesellschaft, por otra (Asunto C-122/96)

text:
22. 6 . 96         LES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 180/ 19
Se declara la inadmisibilidad de la petición de decisión             resolución del Oberste Gerichtshof, dictada el 1 1 de marzo
prejudicial presentada por la Pretura circondariale di Ivrea,        de 1996, en el asunto entre Stephen Austin Saldanha y MTS
Sezione di Strambino, mediante resolución de 14 de                   Secundes Corporation, por una parte, y HIROSS Holding
diciembre de 1995 .                                                  Aktiengesellschaft, por otra, y recibida en la Secretaría del
                                                                     Tribunal de Justicia el 16 de abril de 1996 .
(M DO n" C 46 de 17 . 2 . 1996 .
                                                                     El Oberste Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se
                                                                     pronuncie sobre la cuestión siguiente :
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso           Un nacional británico que posee asimismo nacionalidad de
lución del Finanzgericht Düsseldorf, de fecha 26 de marzo            los Estados Unidos de América y tiene su domicilio en el
de 1996 , en el asunto entre FRUKO-Handelsgesellschaft               territorio de éste Estado ( Florida ) y que ha interpuesto una
                                                                     demanda ante un tribunal austríaco de lo civil contra una
              mbH y Hauptzollamt Emmerich
                                                                     sociedad anónima con domicilio social en Austria en la que
                     ( Asunto C-120/96 )
                                                                     se solicita que omita vender o ceder de otra forma
                        ( 96/C 180/39 )                              participaciones en sociedades filiales que se designan exac
                                                                     tamente, a su filial italiana o a sus filiales con domicilio
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha            social en Italia sin recabar el consentimiento de la Junta
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante          General, concedido por mayoría cualificada de tres cuartos
resolución de la Sala Cuarta del Finanzgericht Düsseldorf,           o, subsidiariamente , por mayoría simple, y que no tiene en
dictada el 26 de marzo de 1996 , en el asunto entre
                                                                     Austria domicilio ni patrimonio, ¿ resulta descriminado por
FRUKO-Handelsgesellschaft mbH y Hauptzollamt Emme                   razón de su nacionalidad, en infracción del apartado 1 del
richt, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el       artículo 6 del Tratado CE, por el hecho de que el Tribunal
15 de abril de 1996 .
                                                                     ( de Primera Instancia ) austríaco competente para dirimir el
El Finanzgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia         litigio le exija, a instancias de la sociedad anónima deman
que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes :                   dada, la constitución de una cautio iudicatum solvi por una
                                                                     cantidad determinada, con arreglo al apartado 1 del
1 ) ¿ Qué intensidad debe tener la lesión para que pueda             artículo 57 de la Zivilprozefêordnung ( Ley de Enjuicia
    hablarse de daño irreparable en el sentido del párrafo           miento Civil ) austríaca ?
     segundo del artículo 244 del Reglamento ( CEE )
    n° 2913/92 ( M ?
2 ) ¿ Cuándo existe daño a los fines del párrafo segundo del         Recurso interpuesto el 17 de abril de 1996 contra la
    artículo 244 del Reglamento ( CEE) n° 2913/92 ?                  Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
3 ) ¿ Qué grado de probabilidad debe existir para afirmar                                          España
    que puede temerse un daño irreparable en el sentido del                                 ( Asunto C-123/96 )
    párrafo segundo del artículo 244 del Reglamento ( CEE )                                    ( 96/C 180/41 )
    n° 2913 /92 ?
4 ) Si hubiera que responder a la primera cuestión en el             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                     ha presentado el 17 de abril de 1996 un recurso contra la
    sentido de que constituye un daño de suficiente inten
    sidad la mera posibilidad de solicitar la declaración de         Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
                                                                     Reino de España, representado por Da Gloria Calvo Díaz,
    quiebra con expectativas de éxito a consecuencia de la
    situación patrimonial del deudor de los derechos de              Abogado del Estado, que designa como domicilio en
                                                                     Luxemburgo el de la Embajada de España , 4-6, boulevard E.
    aduana , presentando la decisión de las autoridades              Servais .
    aduaneras impugnada, cuya ejecución, sin embargo, no
    ha sido suspendida, ¿ procede ordenar la suspensión de           La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
    la ejecución si la solicitud de declaración en quiebra
    pudiera presentarse incluso sin tener en cuenta la               1 ) Anule la Directiva 96/2/CE de la Comisión ('), en los
    decisión de las autoridades aduaneras cuya ejecución no               artículos siguientes :
    se ha suspendido ?                                                    — artículo 1 , punto 3 , en sus siguientes apartados :
(') DO n" L 302 de 19 . 10 . 1992 , p . 1 .                                    — apartado segundo del artículo 3 bis que se
                                                                                introduce en la Directiva 90/388/CEE (2 ),
                                                                               — apartado quinto ( último ) del artículo 3 bis que se
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                        introduce en la Directiva 90/388/CEE,
lución del Oberste Gerichtshof, de fecha 11 de marzo de                        — artículo 3 quater que se introduce en la Directiva
1996, en el asunto entre Stephen Austin Saldanha y MTS                            90/388 /CEE,
Securities Corporation, por una parte, y HIROSS Holding
                 Aktiengesellschaft, por otra                                  — artículo 3 quinquies que se introduce en la
                                                                                Directiva 90/388/CEE ,
                     ( Asunto C-122/96 )
                        ( 96/C 180/40 )                                   — artículo 2 en sus puntos 1 y 2, y
                                                                          — artículo 4;
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante          2 ) Condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-39/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 27 de enero de 2014 — Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) y otros

text:
               7.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 27 de enero de 2014 — Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) y otros
   (Asunto C-39/14)
   2014/C 102/26
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Solicitante y recurrente en casación: Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)

      Otras partes: Thomas Erbs, Ursula Erbs

      Autoridad competente: Landkreis Jerichower Land

      Cuestión prejudicial

   ¿Se opone el artículo 107 TFUE, apartado 1, a una normativa nacional como el artículo 9, apartado 1, número 3, de la Gründstücksverkehrsgesetz, que, para mejorar la estructura agraria de una institución perteneciente al Estado como la BVVG, prohíbe, como resultado, vender al mejor postor de una licitación pública un terreno agrícola en venta cuando la máxima oferta es manifiestamente desproporcionada respecto al valor del terreno?


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 29 de abril de 2004, en el asunto C-171/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa («Artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE — Directiva 92/51/CEE — Sistema general de reconocimiento de las formaciones profesionales — Actividad de seguridad privada — Medidas de un Estado miembro que exige como requisito para poder ejercer una actividad de seguridad privada que la sociedad tenga su domicilio o un establecimiento de explotación en el territorio portugués, que revista la forma de persona jurídica, que tenga un determinado capital social y que alegue justificaciones y garantías ya presentadas en el Estado miembro de origen — Hecho de no prever el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el sector de los servicios de seguridad privada»)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/22

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Quinta)
   de 29 de abril de 2004
   en el asunto C-171/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa (1)

   («Artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE - Directiva 92/51/CEE - Sistema general de reconocimiento de las formaciones profesionales - Actividad de seguridad privada - Medidas de un Estado miembro que exige como requisito para poder ejercer una actividad de seguridad privada que la sociedad tenga su domicilio o un establecimiento de explotación en el territorio portugués, que revista la forma de persona jurídica, que tenga un determinado capital social y que alegue justificaciones y garantías ya presentadas en el Estado miembro de origen - Hecho de no prever el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el sector de los servicios de seguridad privada»)
   (2004/C 118/39)
   Lengua de procedimiento: portugués
   En el asunto C-171/02, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. M. Patakia y Sr. A. Caeiros), que designa domicilio en Luxemburgo, contra República Portuguesa (agente: Sr. L. Fernández, asistido por el Sr. J.M. Calheiros), que designa domicilio en Luxemburgo, que tiene por objeto que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE, así como de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209, p. 25),

               1.

               habida cuenta de que, en el marco del régimen de homologación que debe expedir el Ministro del Interior, las empresas extranjeras que deseen ejercer en Portugal actividades de vigilancia de personas y de bienes, en el sector de los servicios de seguridad privada,

                           a)

                           deben tener su domicilio o un establecimiento de explotación en el territorio portugués,

                           b)

                           no pueden alegar las justificaciones y garantías ya presentadas en su Estado miembro de establecimiento,

                           c)

                           deben revestir la forma de persona jurídica,

                           d)

                           deben tener un capital social determinado,

               2.

               habida cuenta de que los miembros del personal de las empresas extranjeras que deseen ejercer en Portugal actividades de vigilancia de personas y de bienes, en el sector de los servicios de seguridad privada, deben estar en posesión de una tarjeta de identidad profesional expedida por las autoridades portuguesas, y

               3.

               habida cuenta de que las profesiones del sector de los servicios de seguridad privada no están sujetas al régimen comunitario de reconocimiento de las cualificaciones profesionales,
               el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. A. Rosas y S. von Bahr, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 29 de abril de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE al exigir como requisitos para que los operadores extranjeros puedan ejercer en Portugal, en el sector de los servicios de seguridad privada, actividades de vigilancia de personas y de bienes, que dichos operadores

                           —

                           tengan su domicilio o un establecimiento de explotación permanente en el territorio portugués;

                           —

                           revistan la forma de persona jurídica;

                           —

                           posean un capital social mínimo;

                           —

                           obtengan una autorización expedida por las autoridades portuguesas sin que se tengan en cuenta ni las justificaciones ni las garantías ya presentadas en el Estado miembro de origen, y que

                           —

                           los miembros de su personal estén en posesión de una tarjeta de identidad profesional expedida por las citadas autoridades, sin que se tengan en cuenta ni los controles ni las comprobaciones ya efectuados en el Estado miembro de origen.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 169 de 13.7.2002.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2002 en el asunto C-164/00 (Petición de decisión prejudicial del High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division): Katia Beckmann contra Dynamco Whicheloe Macfarlane Ltd ("Directiva 77/187/CEE — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas, centros de actividad o partes de centros de actividad — Requisitos para la aplicación de las excepciones al mantenimiento de los derechos — Prestaciones previstas en caso de despido")

text:
C 169/8                    ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           13.7.2002
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                       al cedente frente a dicho trabajador, se transfieren al cesionario
                                                                                en las condiciones y con los lı́mites definidos en este artı́culo,
                         de 4 de junio de 2002                                    con independencia de que tales obligaciones tengan su origen en
                                                                                actos de la autoridad pública o se ejecuten mediante este tipo
en el asunto C-164/00 (Petición de decisión prejudicial del                     de actos y del procedimiento práctico adoptado para dicha
High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench                            ejecución.
Division): Katia Beckmann contra Dynamco Whicheloe
                            Macfarlane Ltd (1)                              (1) DO C 192 de 8.7.2000.
(«Directiva 77/187/CEE — Mantenimiento de los derechos
de los trabajadores en caso de transmisión de empresas,
centros de actividad o partes de centros de actividad —
Requisitos para la aplicación de las excepciones al manteni-
miento de los derechos — Prestaciones previstas en caso de                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                despido»)
                                                                                (Sala Segunda)
                            (2002/C 169/12)
                                                                                de 30 de mayo de 2002
                    (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                            en los asuntos acumulados C-284/00 y C-288/00 (Petición
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     de decisión prejudicial del Bundesverwaltungsgericht):
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         Stratmann GmbH und Co. KG contra Landrätin des
                                                                            Kreises Wesel (C-284/00) y Fleischversorgung Neuss
                                                                            GmbH und Co. contra Landrat des Kreises Neuss
                                                                                (C-288/00) (1)
En el asunto C-164/00, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
                                                                            («Polı́tica agrı́cola común — Tasas en materia de inspeccio-
por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench
Division (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio                          nes y de controles sanitarios de carnes frescas»)
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Katia Beck-
mann y Dynamco Whicheloe Macfarlane Ltd, una decisión                                                 (2002/C 169/13)
prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 3 de la Directiva
77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la                                    (Lengua de procedimiento: alemán)
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de                   «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26; EE 05/02,
p. 122), el Tribunal de Justicia, integrado por el
Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente, la Sra. N. Colneric y el          En los asuntos acumulados C-284/00 y C-288/00, que tienen
Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann,               por objeto varias peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con
D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (Ponente),                   arreglo al artı́culo 234 CE, por el Bundesverwaltungsgericht
M. Wathelet, R. Schintgen, J.N. Cunha Rodrigues y C.W.A. Tim-               (Alemania), destinadas a obtener, en los litigios pendientes
mermans, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria:                 ante dicho órgano jurisdiccional entre Stratmann GmbH und
Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 4 de junio de                Co. KG y Landrätin des Kreises Wesel (Asunto C-284/00), y
2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                              entre Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG y Landrat
                                                                            des Kreises Neuss (Asunto C-288/00), y contra Fleischversor-
1)    Prestaciones de jubilación anticipada, ası́ como prestaciones        gung Neuss GmbH und Co. KG y Landrat des Kreises Neuss
      destinadas a mejorar las condiciones de dicha jubilación,            (C-288/00), una decisión prejudicial sobre la interpretación,
      abonadas en caso de despido a trabajadores que han alcanzado          por una parte, de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de
      determinada edad, como aquellas de que se trata en el litigio         enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y
      principal, no constituyen prestaciones de jubilación, de invalidez   controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral
      o para los supervivientes con arreglo a regı́menes complementa-       (DO L 32, p. 14; EE 03/33, p. 152), y de la Decisión 88/408/
      rios de previsión profesionales o interprofesionales a las que se    CEE, del Consejo, de 15 de junio de 1988, referente a los
      refiere el artı́culo 3, apartado 3, de la Directiva 77/187/CEE        niveles de la tasa que se deberá percibir por las inspecciones y
      del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación         controles sanitarios de carnes frescas, de conformidad con la
      de las legislaciones de los Estados miembros relativas al             Directiva 85/73 (DO L 194, p. 24), ası́ como, por otra parte,
      mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de          de la Directiva 85/73, en su versión modificada por la Directiva
      traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de         93/118/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993 (DO
      centros de actividad.                                                 L 340, p. 15, y corrección de errores en DO 1994, L 280,
                                                                            p. 91), en relación con la Directiva 64/433/CEE del Consejo,
2)    El artı́culo 3 de la Directiva 77/187 debe interpretarse en el        de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios en
      sentido de que determinadas obligaciones aplicables en caso de        materia de intercambios de carne fresca (DO 1964, 121,
      despido de un trabajador, resultantes de un contrato de trabajo,      p. 2012; EE 03/01, p. 101), en la versión resultante tanto de la
      de una relación laboral o de un convenio colectivo que vincule       Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de


title: Asunto T-245/11: Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2011 — ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA

text:
               2.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 194/20

         Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2011 — ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA
   (Asunto T-245/11)
   2011/C 194/33
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: ClientEarth (Londres) y The International Chemical Secretariat (Gotemburgo, Suecia) (representante: P. Kirch, abogado)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General:

               —

               Que declare que la demandada vulneró el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

               —

               Que declare que la demandada infringió el Reglamento (CE) no 1367/2006. (1)

               —

               Que declare que la demandada infringió el Reglamento (CE) no 1049/2001. (2)

               —

               Que anule la decisión contenida en la respuesta confirmatoria de la demandada de 4 de marzo de 2011 de no divulgar los documentos solicitados.

               —

               Que condene a la demandada al pago de las costas de los demandantes, incluidas las costas de las partes coadyuvantes.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso, las demandantes solicitan que se anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la decisión contenida en la respuesta confirmatoria de la demandada de 4 de marzo de 2011 de denegar el acceso a los documentos que contienen el nombre y los datos de contacto de los solicitantes de registro (fabricantes/importadores) de un número considerable de sustancias supuestamente peligrosas para la salud humana y el medio ambiente y en qué cantidades se comercializan en la UE.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 8, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001 al no contestar dentro de los límites temporales establecidos a la solicitud confirmatoria de los demandantes, sin justificar dicha forma de proceder.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartados 4 y 6, del Reglamento no 1049/2001 al no consultar a los solicitantes de registro con el fin de determinar si existía un interés comercial para no desvelar los documentos y al no motivar suficientemente que los documentos no debían divulgarse.

               3)

               Tercer motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartados 1, 2, 3 y 4 del Convenio de Aarhus al denegar a los demandantes el acceso a la información solicitada. La decisión impugnada también infringe el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006 al no interpretar restrictivamente las excepciones que contempla el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001 tomando en consideración el interés público que reviste la divulgación y si la información solicitada se refiere a las emisiones en el medio ambiente.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 3, primer párrafo, del Reglamento no 1049/2001, al no demostrar que la divulgación de los documentos solicitados perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones de la ECHA, así como el artículo 4, apartado 2, último guión, de dicho Reglamento, al no demostrar que existe un interés comercial que justifique la no divulgación.

               5)

               Quinto motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartados 3, segundo párrafo, y 2, primer párrafo, del Reglamento no 1049/2001 al no determinar si la divulgación reviste un interés público superior ni motivar detalladamente dicha denegación.

      (1)  Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13).

      (2)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).


title: Asunto C-397/07: Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/31

         Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-397/07)
   (2007/C 269/54)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Gippini Fournier y M. Afonso, agentes)

      Demandada: Reino de España
   Pretensiones

               —

               Que se declare que:

                           —

                           al supeditar a ciertas condiciones la aplicación de las exenciones obligatorias del derecho de aportación;

                           —

                           al gravar con un impuesto indirecto el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de las sociedades que no hayan estado sujetas a un tributo similar al español en el país de procedencia;

                           —

                           al someter a un impuesto indirecto el capital utilizado para realizar operaciones de tráfico mercantil a través de sucursales o establecimientos permanentes de sociedades establecidas en un Estado miembro que no aplique un impuesto análogo al español,

                     el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a la Directiva 69/335/CEE (1) del Consejo, de 17 de julio de 1969.

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

         Motivos y principales alegaciones

               —

               La Directiva 69/335 dispone el mantenimiento del statu quo respecto de las posibilidades de los Estados miembros de volver a introducir un derecho de aportación o de volver a someter a dicho impuesto operaciones que en la actualidad están exentas. Por lo tanto, España no puede abolir sus exenciones y gravar todas las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial del R.D.L. 4/2004, pero que queden excluidas del ámbito de aplicación del antiguo artículo 7.1.b) y 7.1.b) bis. España tiene que aplicar la exención del artículo 45.1.B.10 a todas las operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del régimen especial del R.D.L. 4/2004, con independencia de que ese régimen especial se aplique o no de hecho.

               —

               El artículo 4 de la Directiva 69/335 establece una lista exhaustiva de hechos imponibles a efectos del impuesto sobre las aportaciones. Conforme al artículo 4, apartado 1, letra g), estará sujeto al impuesto sobre las aportaciones el traslado de la sede de la dirección efectiva de una sociedad, asociación o persona jurídica, cuando ésta esté considerada, a efectos de la percepción del impuesto sobre las aportaciones, como sociedad de capital en el Estado de acogida, aunque no lo esté en el Estado de origen. Por consiguiente, España no puede gravar con un derecho de aportación el traslado de la sede de dirección o del domicilio social cuando una sociedad de capital no haya sido gravada con un impuesto similar en el Estado miembro de procedencia. El traslado de su sede a otro Estado miembro por parte de una sociedad de capitales no es un hecho imponible a efectos del derecho de aportación, aún en el supuesto de que el Estado miembro donde se haya constituido la sociedad no haya percibido dicho gravamen. Por lo demás, no hay nada que indique que la legislación española se aplica únicamente a los casos de evasión o fraude fiscal.

               —

               España no puede gravar con un derecho de aportación la parte de capital utilizada para realizar operaciones de tráfico mercantil, en territorio español, a través de sucursales o establecimientos permanentes. Tal como se indica claramente en el artículo 2, apartado1, de la Directiva 69/335, España no puede someter al derecho de aportación a aquellas sociedades cuya sede de dirección efectiva esté situada en otro Estado miembro y no en España. El artículo 2.3 de la Directiva 69/335 prevé una medida como la aplicada por España únicamente para el supuesto específico de una sociedad cuyo domicilio social y sede de dirección efectiva se encuentren en un tercer país. En lo relativo a la cuestión del fraude o la evasión fiscal, la Comisión subraya que las disposiciones españolas se aplican sin ninguna limitación o distinción en función de que exista o no una situación de elusión o fraude fiscal. En consecuencia, España no puede invocar de forma válida esa justificación.

      (1)  Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que grava la concentración de capitales; DO L 249, p. 25 (EE 09/01, p. 22).


title: Asunto C-403/12 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de agosto de 2012 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisión

text:
               12.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/26

         Recurso de casación interpuesto el 27 de agosto de 2012 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisión
   (Asunto C-403/12 P)
   2013/C 9/44
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: P. Oliver, J.-P. Keppenne, G. Valero Jordana, P. van Nuffel, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Vereiniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, Reino de los Países Bajos, Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 14 de junio de 2012 en el asunto T-396/09.

               —

               Se pronuncie sobre el fondo del asunto y desestime el recurso de anulación interpuesto contra la Decisión C(2006) 6121 de la Comisión.

               —

               Condene a las demandantes en el asunto T-396/09 a cargar con las costas de la Comisión en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurso de casación se refiere, en esencia, a la cuestión de si el Tribunal General podía examinar, a la vista, concretamente, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2011 en el asunto C-240/09, la validez del artículo 10, apartado 1, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) no 1367/2006, (1) con arreglo al artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus. (2)

   La Comisión formula dos motivos.
   Mediante el primer motivo, la Comisión alega que el Tribunal General, aunque citó correctamente los requisitos estrictos conforme a los cuales, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los particulares pueden invocar normas del Derecho convencional internacional para que se examine la validez de actos jurídicos de la Unión (en particular que el examen con arreglo a las disposiciones de un tratado sólo es posible cuando la naturaleza y el sistema de ese tratado no se oponen a ello y las disposiciones invocadas son, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas), declaró erróneamente que la excepción a esos requisitos que resulta de la denominada jurisprudencia Fediol y Nakajima (sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1989 en el asunto 70/87 y de 7 de mayo de 1991 en el asunto C-68/89) era también aplicable al artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.
   Según la Comisión, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en su sentencia en el asunto C-240/09, que el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus carece de efecto directo. Además, la jurisprudencia Fediol y Nakajima, al tener carácter excepcional, debe ser interpretada estrictamente; hasta la fecha sólo se ha aplicado en el ámbito de la política comercial, y sólo puede aplicarse en el ámbito de otras políticas si se cumplen claramente los requisitos para ello, lo que aquí no ocurre. El artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006 no remite a las normas jurídicas del Convenio de Aarhus y esa disposición tampoco constituye la ejecución de una obligación especial del Convenio en el sentido de la jurisprudencia Nakajima. Por último, el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus no es suficientemente claro y preciso para que se pueda aplicar la excepción prevista en la jurisprudencia Nakajima.
   Mediante el segundo motivo, la Comisión alega, subsidiariamente, que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus al declarar que el artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006 es contrario a dicho precepto por la única razón de que el procedimiento de revisión previsto en ese artículo 10 está limitado a actos de alcance individual, mientras que el Tribunal General debería haber examinado, concretamente, si no se había dado suficiente ejecución al artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus a través de todos los procedimientos jurídicos con los que cuentan los particulares a nivel nacional y de la Unión.

      (1)  Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13).

      (2)  Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, aprobado por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1).


title: Asunto C-445/14: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Seusen Sume/Landkreis Stade, con intervención de: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/26

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Seusen Sume/Landkreis Stade, con intervención de: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
   (Asunto C-445/14) (1)

   (2015/C 320/38)
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 439, de 8.12.2014.


title: Asunto T-623/11: Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2011 — PICO Food/OAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/38

         Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2011 — PICO Food/OAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)
   (Asunto T-623/11)
   2012/C 32/75
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: PICO Food GmbH (Tamm, Alemania) (representante: M. Douglas, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Bogumit Sobieraj (Milanówek, Polonia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 8 de septiembre de 2011 en el asunto R 553/2010-1.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «MILANÓWEK CREAM FUDGE», para productos de la clase 30 — Solicitud de marca comunitaria no 6342455

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado: Registro alemán no 30522224 de la marca figurativa que representa una vaca, para productos de la clase 30; registro alemán no 30523439 de la marca figurativa «Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT», para productos de la clase 30; registro alemán no 30702751 de la marca figurativa «Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT», para productos de la clase 30; registro alemán no 30702748 de la marca figurativa «Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT», para productos de la clase 30; registro alemán no 30700574 de la marca figurativa «SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE», para productos de la clase 30

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición en su totalidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, por cuanto la Sala de Recurso interpretó erróneamente los principios generales establecidos por los tribunales europeos y negó la existencia de riesgo de confusión entre las marcas invocadas y la marca solicitada. Infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009 del Consejo, por cuanto la Sala de Recurso basó la decisión en hechos no comunicados por las partes en el procedimiento.


title: Asunto C-556/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 3 de diciembre de 2012 — TDC A/S/Teleklagenævnet

text:
               9.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 3 de diciembre de 2012 — TDC A/S/Teleklagenævnet
   (Asunto C-556/12)
   2013/C 38/16
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: TDC A/S

      Demandada: Teleklagenævnet

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Engloba la definición de «acceso» contenida en el artículo 2, letra a), (1) de la Directiva acceso el acceso mediante la instalación de cables de acometida entre el punto de distribución en la red de acceso y el segmento de terminación en el inmueble del usuario final? ¿Supone alguna diferencia en la respuesta a la cuestión el hecho de que la longitud de tales cables de acometida sea, como máximo, de 30 metros?

               2)

               ¿Abarca la expresión «acceso a elementos específicos de las redes y a recursos asociados, así como […] su utilización», contenida en el artículo 12 de la Directiva acceso, de conformidad con el artículo 2 y el artículo 8 de la misma Directiva, la instalación de un cable de acometida en una distancia de 30 metros, como máximo, entre el punto de distribución en una red de acceso y el segmento de terminación en el inmueble del usuario?

               3)

               ¿Resulta pertinente para responder a la cuestión 1 y a la cuestión 2, en el supuesto de que la obligación de acceso suponga la exigencia, por ejemplo, de instalar cables de acometida entre el punto de distribución de una red de acceso y el segmento de terminación en el inmueble del usuario final, que el propietario de una red de comunicaciones electrónica deba realizar una inversión que exceda considerablemente del coste de adquisición de la red de comunicaciones electrónicas a la que debe facilitarse el acceso?

               4)

               ¿Resulta pertinente para responder a la cuestión 3 el hecho de que el propietario pueda recuperar los costes de instalación de los cables de acometida mediante una obligación establecida de control de precios?

      (1)  Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7).


title: Asunto T-260/07: Recurso interpuesto el 17 de julio de 2007 — Las Marismas de Lebrija/Consejo y Comisión

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/52

         Recurso interpuesto el 17 de julio de 2007 — Las Marismas de Lebrija/Consejo y Comisión
   (Asunto T-260/07)
   (2007/C 211/98)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Las Marismas de Lebrija, S. Coop. And. (Sevilla, España) (representante: Sr. L. Ortiz Blanco, abogado)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se dicte sentencia por la que estimando el presente recurso de indemnización por daños y perjuicios, a tenor de lo establecido en el artículo 288 CE, declare el derecho de la demandante a ser reparada económicamente por el Consejo y la Comisión solidariamente en la cuantía total de un millón quinientos setenta y cinco mil ciento veintidós euros (1 575 122 EUR), y

               —

               que se condene en costas a las instituciones demandadas.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y argumentos principales son los ya invocados en el asunto T-217/07, Las Palmeras/Consejo y Comisión.


title: Asunto T-207/05: Recurso interpuesto el 25 de mayo de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Gudrun Schulze

text:
               6.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/36

         Recurso interpuesto el 25 de mayo de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Gudrun Schulze
   (Asunto T-207/05)
   (2005/C 193/60)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 25 de mayo de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Gudrun Schulze, con domicilio en Bruselas, representada por el Sr. Stéphane Rodrigues y la Sra. Alice Jaume, abogados.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               1.

               Anule la decisión de la AFPN por la que se desestima la reclamación de la demandante, tomada junto con la decisión de nombramiento adoptada por la AFPN el 11 de octubre de 2004 en la medida en que fija su grado con arreglo al artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto y su escalón en virtud del actual artículo 32 del Estatuto.

               2.

               Indique a la AFPN los efectos que provoca la anulación de las decisiones impugnadas, y en particular la nueva clasificación de la demandante en el grado A*10, escalón 4, y ello con efecto retroactivo desde el 16 de junio de 2004, fecha en que tuvo efecto la decisión de nombramiento de 11 de octubre de 2004.

               3.

               Condene a la parte demandada al pago de todas las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   Entre marzo de 2000 y diciembre de 2003, la demandante ejerció funciones en la Comisión como agente temporal, clasificada, en primer lugar, en el grado A4, y posteriormente, a partir de enero de 2001, en el grado A6. Del 1 de enero hasta el 30 de abril de 2004, la demandante fue agente auxiliar clasificada en el grupo AI 04.
   Al haber superado el concurso general COM/A/3/02 para administradores de grado A7/A6 en el ámbito «investigación», se nombró a la demandante funcionaria en la decisión impugnada de 11 de octubre de 2004. Fue nombrada en el puesto que había ocupado anteriormente como agente temporal o auxiliar. Con arreglo al artículo 12 del anexo XIII del Estatuto, se clasificó a la demandante, en el momento de su reclutamiento, en el nuevo grado A*6, inferior a los antiguos grados A7/A6 que corresponden a los grados A*8/A*10 del nuevo sistema.
   Para fundamentar su recurso, la demandante alega que en su caso no resulta de aplicación el artículo 12 del anexo XIII del Estatuto. Según la demandante, dicho artículo sólo se aplica a los funcionarios incluidos en una lista de aptitud. Los aprobados inscritos en una lista de reserva de reclutamiento no pueden considerarse funcionarios.
   Con carácter subsidiario, la demandante aduce la supuesta ilegalidad de ese mismo artículo que, a su juicio, vulnera la igualdad de trato entre los candidatos seleccionados en concursos publicados antes del 1 de mayo de 2005 así como la infracción del artículo 5, apartado 5, del Estatuto. Afirma también que su nombramiento en el grado A*6 constituye una discriminación indirecta por razón de la edad en relación con los administradores nombrados en ese grado, en la medida en que no se reconocería su dilatada carrera. Además, la demandante considera que el principio de igualdad de trato entre los funcionarios que ejercen las mismas funciones se vulnera igualmente por el hecho de que posee la misma experiencia y ejerce las mismas funciones que otros funcionarios que, sin embargo, están clasificados en grados superiores y perciben una remuneración superior.
   La demandante invoca asimismo la infracción del artículo 31 del Estatuto, la vulneración de la confianza legítima, de la seguridad jurídica, del principio de buena administración, así como el incumplimiento del deber de asistencia. La demandante estima que la decisión impugnada vulnera su confianza legítima en beneficiarse de una bonificación de antigüedad según el artículo 32 del Estatuto tal como resultaba de aplicación antes del 1 de mayo de 2004.
   La demandante solicita finalmente la reparación del perjuicio material y moral sufrido por su nombramiento en un grado inferior.


title: Asunto C-355/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, de fecha 28 de julio de 2003, en el asunto entre Fulcrum Electronics Limited (en liquidación) y Commissioners of Customs and Excise

text:
18.10.2003              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 251/7
Petición de decisión prejudicial planteada mediante                    Motivos y principales alegaciones
resolución de la High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Division, de fecha 28 de julio de 2003,               Es indudable que la mencionada central de la DEI está incluida
en el asunto entre Fulcrum Electronics Limited (en                     en las categorías de instalaciones industriales enumeradas en el
   liquidación) y Commissioners of Customs and Excise                  anexo I de la Directiva 84/360 y constituye una «instalación
                                                                       existente» en el sentido del artículo 2, número 2), de la propia
                        (Asunto C-355/03)                              Directiva. En consecuencia, la República Helénica tiene
                                                                       obligación, en virtud del artículo 13 de la Directiva, de aplicar
                         (2003/C 251/13)                               políticas y estrategias que incluyan medidas adecuadas para
                                                                       adaptar la citada instalación a la mejor tecnología disponible.
                                                                       Con arreglo al artículo 16 de la Directiva, la referida obligación
                                                                       existe desde el 30 de junio de 1987, sin que la República
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido         Helénica haya definido aún las políticas y estrategias
sometida una petición de decisión prejudicial mediante                 adecuadas.
resolución de la High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division, dictada el 28 de julio de 2003, en el asunto
entre Fulcrum Electronics Limited (en liquidación) y
Commissioners of Customs and Excise, y recibida en la
Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de agosto de 2003.           (1) DO L 188 de 16.7.1984, p. 20; EE 15/05, p. 43.
Las cuestiones prejudiciales son idénticas a las de asunto
C-354/03 (1).
(1) Ver página 6 de éste Diario Oficial.
                                                                       Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2003 contra la
                                                                       Comisión de las Comunidades Europeas por la República
                                                                                Helénica
                                                                                (Asunto C-370/03)
                                                                                (2003/C 251/15)
Recurso interpuesto el 22 de agosto de 2003 contra la
República Helénica por la Comisión de las Comunidades                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                              Europeas                                 presentado el 27 de agosto de 2003 un recurso contra la
                                                                       Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
                        (Asunto C-364/03)                              República Helénica, representada por el Sr. Georgios
                                                                       Kanellopoulos, asesor del Consejo de Estado, que designa
                         (2003/C 251/14)                               como domicilio en Luxemburgo la Embajada de Grecia, 27,
                                                                       rue Marie Adelaïde.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 22 de agosto de 2003 un recurso contra la
República Helénica formulado por la Comisión de las                    La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Comunidades Europeas, representada por los Sres. G. Valero
Jordana y M. Konstantinidis, miembros del Servicio Jurídico.
                                                                       —     Anule la Decisión 2003/481/CE de la Comisión, en lo
                                                                             que atañe específicamente a la imputación al presupuesto
                                                                             del Estado miembro, en lugar de al presupuesto de la
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                          Sección Garantía del FEOGA, del importe de
                                                                             DR 14 272 278 (41 884,90 euros) no recuperado por
                                                                             las autoridades helénicas.
—     Declare que la República Helénica ha incumplido las obli-
      gaciones que le incumben en virtud del artículo 13 de la         —     Declare que la Comunidad debe hacerse cargo de las
      Directiva 84/360/CEE (1) del Consejo, de 28 de junio                   consecuencias financieras de la no recuperación del refe-
      de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación                   rido importe.
      atmosférica procedente de las instalaciones industriales,
      al no haber definido políticas y estrategias para adaptar
      progresivamente las turbinas de vapor y de gas de la             Motivos y principales alegaciones
      central de la DEI en Linoperamata, Creta, a la mejor
      tecnología disponible.
                                                                       —     Vicio sustancial de forma, porque la Comisión no dio a
                                                                             Grecia la posibilidad de presentar sus observaciones, con-
                                                                             traviniendo lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del
—     Condene en costas a la República Helénica.                             Reglamento no 1663/95.


title: Asunto C-69/09 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de febrero de 2009 por Makhteshim-Agam Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl y Magan Italia Srl contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) el 26 de noviembre de 2008 en el asunto T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV y otros/Comisión

text:
               4.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/22

         Recurso de casación interpuesto el 14 de febrero de 2009 por Makhteshim-Agam Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl y Magan Italia Srl contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) el 26 de noviembre de 2008 en el asunto T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV y otros/Comisión
   (Asunto C-69/09 P)
   (2009/C 82/39)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrentes: Makhteshim-Agam Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl y Magan Italia Srl (representantes: K. Van Maldegem y C. Mereu, advocaten)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes recurrentes
   Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que, tras la celebración de una vista pública:

               —

               Anule el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-393/06 y declare la admisibilidad del recurso de anulación interpuesto por las partes recurrentes.

               —

               Anule la Decisión impugnada.

               —

               Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para de que éste se pronuncie sobre el recurso de anulación presentado por las recurrentes.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas de ambos procedimientos (incluyendo las correspondientes al recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia).

         Motivos y principales alegaciones
   Las recurrentes afirman que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho cuando desestimó su recurso de anulación de la Decisión de la Comisión Europea, contenida en un escrito fechado el 12 de octubre de 2006, de no incluir la sustancia activa azinfos-metil en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE (1) del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios («Decisión impugnada»).
   Las recurrentes afirman, en particular, que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho cuando desestimó su recurso basándose en razones de admisibilidad. Dicho órgano jurisdiccional declaró indebidamente que la Decisión impugnada no era un acto recurrible en el sentido del artículo 230 del Tratado CE.

      (1)  DO L 230, p. 1.


title: Asunto T-234/11 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de abril de 2011 por Oscar Orlando Arango Jaramillo y otros contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 4 de febrero de 2011 en el asunto F-34/10, Arango Jaramillo y otros/BEI

text:
               16.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/27

         Recurso de casación interpuesto el 28 de abril de 2011 por Oscar Orlando Arango Jaramillo y otros contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 4 de febrero de 2011 en el asunto F-34/10, Arango Jaramillo y otros/BEI
   (Asunto T-234/11 P)
   2011/C 211/58
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrentes: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxemburgo), María Esther Badiola (Luxemburgo), Marcella Bellucci (Luxemburgo), Stefan Bidiuc (Grevenmacher, Luxemburgo), Raffaella Calvi (Schuttrange, Luxemburgo), María José Cerrato (Luxemburgo), Sara Confortola (Verona, Italia), Carlos D’Anglade (Luxemburgo), Nuno Da Fonseca Pestana Ascenso Pires (Luxemburgo), Andrew Davie (Medernach, Luxemburgo), Marta De Sousa e Costa Correia (Itzig, Luxemburgo), Nausica Di Rienzo (Luxemburgo), José Manuel Fernández Riveiro (Sandweiler, Luxemburgo), Eric Gällstad (Rameldange, Luxemburgo), Andrés Gavira Etzel (Luxemburgo), Igor Greindl (Canach, Luxemburgo), José Doramas Jorge Calderon (Luxemburgo), Mónica Lledó Moreno (Sandweiler), Antonio Lorenzo Ucha (Luxemburgo), Juan Antonio Magaña-Campos (Luxemburgo), Petia Manolova (Bereldange, Luxemburgo), Ferrán Minguella Minguella (Gonderange, Luxemburgo), Barbara Mulder-Bahovec (Luxemburgo), István Papp (Luxemburgo), Stephen Richards (Blaschette, Luxemburgo), Lourdes Rodríguez Castellanos (Sandweiler), Daniela Sacchi (Mondorf-les-Bains, Luxemburgo), Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos (Almargem do Bispo, Portugal), Isabelle Stoffel (Mondorf-les-Bains), Fernando Torija (Luxemburgo), María del Pilar Vargas Casasola (Luxemburgo), Carolina Vento Sánchez (Luxemburgo), Pé Verhoeven (Bruselas), Sabina Zajc (Contern, Luxemburgo) y Peter Zajc (Contern) (representantes: B. Cortese y C. Cortese, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Banco Europeo de Inversiones

      Pretensiones

   Los recurrentes en casación solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule el auto impugnado, desestime la excepción de inadmisibilidad formulada por el BEI en el asunto F-34/10 y devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública para que se pronuncie sobre el fondo y sobre las costas con arreglo a las pretensiones formuladas por las partes demandantes en primera instancia.

               —

               Con carácter subsidiario, habida cuenta de la novedad de las cuestiones jurídicas que se plantean en el presente recurso de casación, reparta las costas entre las partes en la medida en que la equidad lo exija.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, los recurrentes en casación invocan tres motivos.

               1)

               Primer motivo, dividido en tres partes y basado en un error de Derecho en la fijación del plazo razonable aplicable a la presentación de la demanda en los litigios entre el BEI y sus agentes.

                           —

                           Mediante la primera parte, los recurrentes en casación reprochan al Tribunal de la Función Pública haber otorgado a la jurisprudencia relativa a los plazos de recurso de los agentes del BEI un alcance que le es ajeno, al abandonar de facto la regla del plazo razonable que, por su propia naturaleza, es flexible y está abierto al equilibrio preciso de los intereses en juego, para sustituirlo por un plazo de aplicación estricta y generalizada de tres meses.

                           —

                           Con arreglo a la segunda parte, los recurrentes en casación alegan que, en relación con los litigios entre el BEI y sus agentes, no se ha fijado ningún plazo en las normas aplicables, mientras que el Tribunal de la Función Pública aplicó por analogía el plazo de tres meses y diez días previsto en el artículo 91 del Estatuto de los Funcionarios y en el artículo 100, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

                           —

                           En virtud de la tercera parte, los recurrentes en casación invocan la vulneración del principio de proporcionalidad y la violación de su derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el Tribunal de la Función Pública calificó como irrazonable el plazo aplicado por los recurrentes en casación, el cual presentaba varios segundos de diferencia en relación con los plazos de referencia aplicados en las relaciones estatutarias.

               2)

               Segundo motivo, invocado con carácter subsidiario y basado en la existencia de un error de Derecho en la interpretación de las normas procesales aplicables, leídas a la luz del principio del caso fortuito.

               3)

               Tercer motivo, invocado con carácter subsidiario y basado en la desnaturalización de las pruebas presentadas para demostrar la existencia de un caso fortuito y de una infracción de las normas relativas a la instrucción y a la organización del procedimiento.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de febrero de 2000 en el asunto C-156/97: Comisión de las Comunidades Europeas contra Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV ("Cláusula compromisoria — Resolución de un contrato — Derecho a la devolución de anticipos")

text:
C 102/8                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            8.4.2000
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Bayerisches                      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
Verwaltungsgericht Ansbach (Alemania), destinada a obtener,
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Ömer Nazli, Caglar Nazli, Melike Nazli y Stadt Nürnberg, una                                          (Sala Segunda)
decisión prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 6,
apartado 1, y 14, apartado 1, de la Decisión no 1/80, de 19 de
septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación,                                   de 17 de febrero de 2000
adoptada por el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo
de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y
Turquı́a, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por los          en el asunto C-156/97: Comisión de las Comunidades
Sres.: R. Schintgen (Ponente), Presidente de la Sala Segunda, en            Europeas contra Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV (1)
funciones de Presidente de la Sala Sexta; P.J.G. Kapteyn y
G. Hirsch, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:
H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 10 de febrero            («Cláusula compromisoria — Resolución de un contrato —
de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                       Derecho a la devolución de anticipos»)
                                                                                (2000/C 102/12)
1) Un nacional turco que durante un perı́odo ininterrumpido de
    más de cuatro años ha ejercido un empleo legal en un Estado
    miembro, pero que posteriormente es sometido durante más de                              (Lengua de procedimiento: alemán)
    un año a prisión provisional a causa de una infracción por la que
    se le condena mediante sentencia firme a una pena privativa de
    libertad cuya ejecución es suspendida en su integridad, no deja de
    pertenecer al mercado legal de trabajo del Estado miembro de           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
    acogida por no haber ejercido un empleo durante el perı́odo de               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
    prisión provisional, cuando encuentra un empleo en un plazo
    razonable después de quedar en libertad, y puede solicitar en
    dicho Estado miembro la prórroga de su permiso de residencia          En el asunto C-156/97, Comisión de las Comunidades Euro-
    con el fin de seguir ejerciendo su derecho al libre acceso a           peas (Agentes: Sres. H. van Lier y G. zur Hausen, asistidos por
    cualquier actividad laboral por cuenta ajena de su elección con       el Sr. B. Wägenbaur) contra Van Balkom Non-Ferro Scheiding
    arreglo al artı́culo 6, apartado 1, tercer guión, de la Decisión     BV, con domicilio social en Oss (Paı́ses Bajos), representada
    no 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de        por el Sr. D. Baas, Abogado de Mannheim, Postfach 10 27 50,
    la Asociación adoptada por el Consejo de Asociación creado por       D-68027 Mannheim, que tiene por objeto que la devolución
    el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea        de un anticipo que la Comisión concedió a la demandada para
    y Turquı́a.                                                            un proyecto de demostración en el ámbito de la producción
                                                                           de energı́a a partir de residuos triturados de automóviles, el
                                                                           Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por los Sres.:
                                                                           R. Schintgen, Presidente de Sala; G. Hirsch (Ponente) y V. Skou-
                                                                           ris, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sra.
2) El artı́culo 14, apartado 1, de la Decisión no 1/80 debe               L. Hewlett, administradora, y posteriormente Sr. H.A. Rühl,
    interpretarse en el sentido de que se opone a la expulsión de un      administrador principal, ha dictado el 17 de febrero de 2000
    nacional turco titular de un derecho conferido directamente por        una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
    dicha Decisión, cuando tal medida se acuerda a raı́z de una
    condena penal y con la finalidad de disuadir a otros extranjeros,
    sin que el comportamiento personal del interesado haga pensar          1) Se condena a Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV a pagar a
    concretamente que cometerá nuevas infracciones graves que                  la Comisión de las Comunidades Europeas la cantidad de
    puedan perturbar el orden público del Estado miembro de                    251 649 euros, más los intereses devengados por dicha cantidad
    acogida.                                                                    a partir del 1 de mayo de 1995, calculados según los tipos
                                                                                publicados el primer dı́a laborable de cada mes utilizados por el
                                                                                Fondo Europeo para la Cooperación Monetaria en sus transaccio-
                                                                                nes en euros.
                                                                           2) Se desestima el recurso en todo lo demás.
(1) DO C 357 de 22.11.1997.
                                                                           3) Se condena en costas a Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV.
                                                                           (1) DO C 212 de 12.7.1997.


title: Asunto T-73/16 P: Auto del Tribunal General de 3 de mayo de 2017 — De Nicola/BEI («Recurso de casación — Función pública — Personal del BEI — Acoso psicológico — Responsabilidad extracontractual — Errores de Derecho — Recurso de casación manifiestamente infundado»)

text:
               3.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/30

         Auto del Tribunal General de 3 de mayo de 2017 — De Nicola/BEI
   (Asunto T-73/16 P) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Personal del BEI - Acoso psicológico - Responsabilidad extracontractual - Errores de Derecho - Recurso de casación manifiestamente infundado»))
   (2017/C 213/40)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representante: G. Ferabecoli, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Banco Europeo de Inversiones (BEI) (representantes: inicialmente G. Nuvoli y T. Gilliams, posteriormente G. Nuvoli y G. Faedo, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Juez Único) de 18 de diciembre de 2015, De Nicola/BEI (F-37/12, EU:F:2015:162), que tiene por objeto la anulación parcial de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               El Sr. Carlo De Nicola cargará con sus propias costas y con las del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el marco del presente procedimiento.

      (1)  DO C 118 de 4.4.2016.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 8 de julio de 2004, en los asuntos acumulados C-502/01 y C-31/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sozialgericht Hannover y el Sozialgericht Aachen): Silke Gaumain-Cerri contra Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse, y Maria Barth contra Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Seguridad social — Libre circulación de trabajadores — Tratado CE — Reglamento (CEE) n° 1408/71 — Prestaciones destinadas a cubrir el riesgo de dependencia — Asunción por el seguro de dependencia del pago de las cotizaciones del seguro de vejez del tercero que se ocupa del cuidado de una persona dependiente)

text:
               28.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 8 de julio de 2004
   en los asuntos acumulados C-502/01 y C-31/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sozialgericht Hannover y el Sozialgericht Aachen): Silke Gaumain-Cerri contra Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse, y Maria Barth contra Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (1)

   (Seguridad social - Libre circulación de trabajadores - Tratado CE - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Prestaciones destinadas a cubrir el riesgo de dependencia - Asunción por el seguro de dependencia del pago de las cotizaciones del seguro de vejez del tercero que se ocupa del cuidado de una persona dependiente)
   (2004/C 217/02)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En los asuntos acumulados C-502/01 y C-31/02, que tienen por objeto que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Sozialgericht Hannover (Alemania) (asunto C-502/01) y el Sozialgericht Aachen (Alemania) (asunto C-31/02) destinadas a obtener, en el litigio pendiente ante dichos órganos jurisdiccionales entre Silke Gaumain-Cerri y Kaufmännische Krankenkasse – Pflegekasse, por una parte, y entre Maria Barth y Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, por otra, una decisión prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones del Tratado CE y del Derecho derivado relativas a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y, en particular, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, los Sres. J.-P. Puissochet (Ponente) y R. Schintgen y las Sras. F. Macken y N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 8 de julio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Una prestación como la asunción, por la entidad que asegura el riesgo de dependencia, de las cotizaciones sociales del seguro de vejez del tercero que presta asistencia domiciliaria a una persona dependiente, en las circunstancias del litigio principal, constituye una prestación de enfermedad de la que es beneficiaria la persona dependiente y a la que resulta aplicable el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996.

               2)

               En el caso de prestaciones, como las del seguro de dependencia alemán, otorgadas en condiciones como las de los asuntos principales a un asegurado residente en el territorio del Estado competente o a una persona que reside en el territorio de otro Estado miembro y está afiliada a dicho seguro en concepto de familiar de un trabajador, el Tratado, en particular el artículo 17 CE, y el Reglamento (CEE) no 1408/71 se oponen a que la entidad competente se niegue a asumir el pago de las cotizaciones del seguro de vejez de un nacional de un Estado miembro que actúa como tercero que presta asistencia al beneficiario de las referidas prestaciones basándose en que dicho tercero o tal beneficiario residen en un Estado miembro distinto del Estado competente.

      (1)  DO C 84 de 6.4.2002.

      DO C 109 de 4.5.2002.


title: Asunto T-369/00: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2000 contra Comisión de las Comunidades Europeas por Département du Loiret

text:
C 61/18                  ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      24.2.2001
En apoyo de su recurso, las demandantes alegan que la                   Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2000 contra
Comisión ha ido demasiado lejos en sus apreciaciones y que la          Comisión de las Comunidades Europeas por Département
multa es excesivamente elevada, e invocan, en particular, los                                        du Loiret
siguientes argumentos:
                                                                                (Asunto T-369/00)
—     A diferencia de lo que sostiene la Comisión, Opel
      Nederland no impuso a sus concesionarios ninguna                                            (2001/C 61/35)
      práctica general destinada a dificultar o restringir todas
      las exportaciones de vehı́culos nuevos sino que aplicó
      una polı́tica lı́cita para disuadir a dichos concesionarios                        (Lengua de procedimiento: francés)
      de que vendieran vehı́culos de forma irregular a interme-
      diarios no autorizados con objeto de proteger la integri-         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      dad de su sistema de distribución selectiva.                     Europeas se ha presentado el 4 de diciembre de 2000
                                                                        un recurso contra Comisión de las Comunidades Europeas
—     Las demandantes no niegan que Opel Nederland decidiera            formulado por Département du Loiret, Orléans (Francia),
      limitar la distribución de su producto con arreglo a             representado por Me Alexandre Carnelutti, abogado de Parı́s.
      determinados objetivos de ventas. Sin embargo, no puede
      considerarse que tal decisión unilateral constituya un           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
      acuerdo con sus concesionarios que tenga por objeto               que:
      restringir las exportaciones en infracción del artı́culo 81
      CE. Dicha decisión no llegó a aplicarse y ni siquiera fue       —     Anule la Decisión de la Comisión, de 12 de julio de 2000,
      comunicada a los concesionarios. En cualquier caso,                     en la medida en que declara ilegal una ayuda de Estado
      permitı́a que los concesionarios exportaran legalmente                  concedida en forma de precio preferencial de venta de
      vehı́culos hasta el lı́mite del volumen supuestamente                   un terreno y ordena la devolución de un importe de
      atribuido a cada uno de ellos.                                          48,7 millones de FRF (100 millones en valor actualizado).
                                                                        —     Condene en costas a la Comisión.
—     La Comisión yerra al sostener que la polı́tica de bonifica-
      ciones de Opel conculca el artı́culo 81 CE. No se ha
      probado que los concesionarios acordaran expresa o                Motivos y principales alegaciones
      implı́citamente restringir sus exportaciones como conse-
      cuencia de la polı́tica de bonificaciones. Además, el
      margen normal de los concesionarios era suficiente                El objeto de la presente demanda es la anulación de la misma
      para garantizar la rentabilidad de las exportaciones. En          Decisión de la Comisión impugnada en el asunto T-366/00
      cualquier caso, no cabe considerar que la polı́tica de            Scott S.A./Comisión (1). El demandante es una de las dos
      bonificaciones restringiera las exportaciones, ya que en          entidades que otorgaron la ayuda controvertida.
      ningún momento se limitaron los suministros.
                                                                        En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega, en primer
                                                                        lugar, que la Comisión aplica una interpretación estricta del
—     No existió ningún acuerdo de interrupción de las exporta-      principio del inversor privado, puesto que se niega a tener en
      ciones que afectara a todos los concesionarios de la red          cuenta el carácter de la colectividad, sus perspectivas de
      de distribución de Opel en los Paı́ses Bajos. Los supuestos      inversión ası́ como el razonamiento económico que ésta
      acuerdos de restricción de exportaciones afectaron a un          sigue cuando decide sobre la venta de un terreno industrial
      número muy reducido de concesionarios durante un                 urbanizado. Afirma al respecto que toda colectividad, cuando
      breve perı́odo de tiempo y no provocaron ninguna                  busca un candidato para instalarse en su territorio, incluye
      restricción apreciable de la competencia entre productos         necesariamente entre los parámetros económicos de su análisis
      de una misma marca o de marcas distintas.                         los ingresos fiscales especı́ficos que le correspondan, como los
                                                                        de los impuestos profesionales y de la contribución territorial,
                                                                        y que resulten de la actividad que se instala.
En cuanto al importe de la multa, las demandantes alegan que
es desproporcionado y que no refleja la escasa duración de la
supuesta infracción y el reducido número de concesionarios            El demandante reprocha también a la Comisión que mantenga
implicados, e invocan la falta de intencionalidad por parte de          en el mencionado importe gastos que manifiestamente no se
Opel Nederland, la existencia de pruebas que demuestran                 efectuaron en favor de Scott S.A. Se trata concretamente de
claramente el incumplimiento a gran escala del sistema de               2 372 000 FRF, correspondientes a estudios anteriores a la
distribución selectiva de Opel por parte de algunos concesiona-        concesión.
rios, la escasa repercusión en el comercio intracomunitario y,
finalmente, las medidas que Opel Nederland adoptó por                  El demandante alega, por último, un error en el método de
iniciativa propia para corregir la situación de forma eficaz e         cálculo aplicado por la Comisión.
inmediata.
                                                                        (1) Aún no publicada en el DOCE.