title: Asunto: T-398/94: Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 1994 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Kahn Scheepvaart BV

text:
31 . 12 . 94                          Diario Oficial de las Comunidades Europeas                             N° C 400 / 15
un recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la          — adopte cualquier otra medida que considere necesa
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por                 ria ;
Gerjet Meyenburg, con domicilio en Südbrookmerland
(República Federal de Alemania), representado por el           — condene en costas a la Comisión .
Dr. Bernd-Rüdiger Bessau, Abogado de Emden (Repú
blica Federal de Alemania).                                    Motivos y principales alegaciones :
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera            La demandante, una sociedad privada neerlandesa que
Instancia que :                                                pertenece al mismo grupo que Jumbo Shipping Company
Condene a las demandadas a pagar al demandante la              SA, y cuya principal actividad consiste en la carga y
cantidad de 72 791,37 DM más el 8 % de interés desde           transporte marítimo de cargamentos pesados, impugna la
el 1 de noviembre de 1994 .                                    Decisión de la Comisión por la que se aprueba la ayuda
                                                               a la producción que se concederá a Alemania para la
Motivos y principales alegaciones                              construcción de dos buques de carga de gran tonelaje.
Los motivos y las principales alegaciones coinciden con
los formulados en el asunto T-20 /94 .                         La demandante alega que esta medida de ayuda estatal
                                                               consiste en una subvención del 7 % del precio de los bu
                                                               ques, otorgada sobre la base de los reglamentos sobre la
                                                               continuación de los programas de ayuda a la competen
                                                               cia para el territorio de la República Federal, y de un
                                                               sistema de depreciación especial, con arreglo a la letra f)
                                                               del artículo 82 del Reglamento de aplicación del im
                                                               puesto sobre la renta (Einkommensteuer-Durchfüh
Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 1994 contra la       rungsverordnung — EStDV). Los efectos de la subven
Comisión de las Comunidades Europeas por Kahn                  ción producidos por la letra f) del artículo 82 del EStDV
                      Scheepvaart BV                           son mucho mayores que el 2 °/o que estaría permitido se
                    (Asunto : T-398/94)                        gún la Directiva del Consejo 90/684/CEE de 21 de di
                                                               ciembre de 1990 («Séptima Directiva»).
                      (94/C 400/06)
             (Lengua de procedimiento : inglés)                La demandante aduce que, al adoptar la Decisión im
                                                               pugnada, la Comisión :
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 30 de diciembre de 1994          — infringió lo dispuesto en la Séptima Directiva, dado
un recurso contra la Comisión de las Comunidades Eu               que los efectos del sistema alemán son netamente su
ropeas formulado por Kahn Scheepvaart BV, represen                periores al techo del 9 % permitido según el artículo
tada por el Sr. Thomas Jestaedt, Abogado de Dusseldorf,            4 de la Séptima Directiva ;
del bufete Droste, y por el Sr. T. R. Ottervanger, Abo
gado de Rotterdam, del bufete Loeff Claeys Verbeke,           — incumplió la obligación que le incumbe en virtud del
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho               apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE de inter
de Me Carlos Zeyen, 67, rué Ermesinde.                             poner recurso contra los regímenes de ayuda cuya
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                compatibilidad con el mercado común es discutible ;
                                                                   e
Instancia que :
— anule la Decisión de la Comisión, de 25 de octubre          — incumplió las obligaciones que le incumben en virtud
     de 1994, relativa a la ayuda concedida por el Go             del artículo 190 del Tratado CE, en la medida en que
    bierno alemán para la construcción de dos buques ;             no motivó suficientemente la Decisión .


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2002 en el asunto C-50/00 P: Unión de Pequeños Agricultores contra Consejo de la Unión Europea ("Recurso de casación — Reglamento (CE) n° 1638/98 — Organización común de mercados en el sector de las materias grasas — Recurso de anulación — Persona individualmente afectada — Tutela judicial efectiva — Admisibilidad")

text:
C 233/4                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        28.9.2002
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                    pequeños aparatos electrodomésticos, en la medida en que
                                                                               declaró ilegales e incompatibles con el mercado común determi-
                                                                               nadas ayudas concedidas a las empresas Industrias Domésticas,
                            (Sala Sexta)                                       S.A. (Indosa), Manufacturas Gur, S.A. (GURSA), Manufactu-
                                                                               ras Inoxidables Gibraltar, S.A. (MIGSA), y Cubertera del
                                                                               Norte, S.A. (Cunosa), y a la Decisión 1999/509/CE de la
                      de 2 de julio de 2002                                    Comisión, de 14 de octubre de 1998, relativa a la ayuda
                                                                               otorgada por España a las empresas del grupo Magefesa y sus
                                                                               empresas sucesoras, en la medida en que declaró ilegales e
                                                                               incompatibles con el mercado común determinadas ayudas
en el asunto C-499/99: Comisión de las Comunidades
                                                                               concedidas a las empresas GURSA, MIGSA y Cunosa, y, por
              Europeas contra Reino de España (1)
                                                                               otro lado, al no haber informado a la Comisión, dentro de los
                                                                               plazos señalados, de las medidas adoptadas para la ejecución
                                                                               de la Decisión 1999/509, en la medida en que declaró ilegales
(«Incumplimiento de Estado — Ayudas de Estado — Ayudas                         e incompatibles con el mercado común determinadas ayudas
concedidas a las empresas del grupo Magefesa — Decisiones                      concedidas a la empresa Indosa.
91/1/CEE y 1999/509/CE de la Comisión — Incumpli-
                              miento»)
                                                                         2)    Desestimar en todo lo demás el recurso de la Comisión de las
                                                                               Comunidades Europeas.
                         (2002/C 233/05)
                                                                         3)    Condenar en costas al Reino de España.
                 (Lengua de procedimiento: español)
                                                                         (1) DO C 79 de 18.3.2000.
En el asunto C-499/99, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agentes: Sres. G. Rozet y R. Vidal) contra Reino de España
(agente: Sra. R. Silva de Lapuerta), que tiene por objeto que se
declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud del artículo 249 CE, párrafo cuarto,                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
y de los artículos 2 y 3 de las Decisiones 91/1/CEE de la
Comisión, de 20 de diciembre de 1989, relativa a las ayudas
concedidas por el Gobierno español y los consejos de gobierno                                   de 25 de julio de 2002
de varias Comunidades Autónomas españolas a Magefesa,
fabricante de artículos de menaje de acero inoxidable y de
pequeños aparatos electrodomésticos (DO 1991, L 5, p. 18), y             en el asunto C-50/00 P: Unión de Pequeños Agricultores
                                                                                contra Consejo de la Unión Europea (1)
1999/509/CE de la Comisión, de 14 de octubre de 1998,
relativa a la ayuda otorgada por España a las empresas del
grupo Magefesa y sus empresas sucesoras (DO 1999, L 198,                 («Recurso de casación — Reglamento (CE) no 1638/98 —
p. 15), por las que se declara que ciertas ayudas públicas               Organización común de mercados en el sector de las materias
concedidas a las empresas del grupo Magefesa fueron otorgadas            grasas — Recurso de anulación — Persona individualmente
ilegalmente y son además incompatibles con el mercado                        afectada — Tutela judicial efectiva — Admisibilidad»)
común, al no haber adoptado en el plazo establecido las
medidas necesarias para dar cumplimiento a dichas Decisiones,
el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por la Sra.                                         (2002/C 233/06)
F. Macken, Presidenta de Sala, los Sres. J.-P. Puissochet
(Ponente), R. Schintgen, V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues,
Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass,                          (Lengua de procedimiento: español)
ha dictado el 2 de julio de 2002 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:
                                                                         En el asunto C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores
1)    Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones     (agentes: Sres. J. Ledesma Bartret y J. Jiménez Laiglesia y de
      que le incumben en virtud del artículo 249 CE, párrafo cuarto,     Oñate), que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto
      así como de los artículos 2 y 3 de las Decisiones 91/1/CEE y       contra el auto del Tribunal de Primera Instancia de las
      1999/509/CE, por un lado, al no haber adoptado las medidas         Comunidades Europeas (Sala Tercera) de 23 de noviembre de
      necesarias para dar cumplimiento a la Decisión 91/1/CEE de         1999, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo (T-173/98,
      la Comisión, de 20 de diciembre de 1989, relativa a las ayudas     Rec. p. II-3357), por el que se solicita que se anule dicho auto,
      concedidas por el Gobierno español y los consejos de gobierno      y en el que las otras partes en el procedimiento son: Consejo
      de varias Comunidades Autónomas españolas a Magefesa,              de la Unión Europea (agente: Sr. I. Díez Parra), apoyada por
      fabricante de artículos de menaje de acero inoxidable y de         Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. J. Guerra
 ---pagebreak--- 28.9.2002               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 233/5
Fernández y Sra. M. Condou-Durande), el Tribunal de Justicia,             L 172, p. 14; EE 06/01, p. 132), el Tribunal de Justicia,
integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, el Sr.          integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, la Sra.
P. Jann, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von                N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, los Sres.
Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann (Ponente),                C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, M. Wathelet,
D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet,              R. Schintgen y J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), Jueces; Abo-
R. Schintgen, V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;                  gado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. H.A. Rühl,
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. D. Lou-                administrador principal, ha dictado el 11 de julio de 2002 una
terman-Hubeau, jefa de división, ha dictado el 25 de julio de             sentencia cuyo fallo es el siguiente:
2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                          El artículo 49 CE, a la luz del derecho fundamental al respeto de la
1)    Desestimar el recurso de casación.                                  vida familiar, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que,
                                                                          en una situación como la del asunto principal, el Estado miembro de
                                                                          origen de un prestador de servicios establecido en ese mismo Estado,
2)    Condenar en costas a la Unión de Pequeños Agricultores.
                                                                          que presta servicios a destinatarios establecidos en otros Estados
                                                                          miembros, deniegue la residencia en su territorio al cónyuge, nacional
3)    La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con sus             de un país tercero, de dicho prestador.
      propias costas.
                                                                          (1) DO C 122 de 29.4.2000.
(1) DO C 176 de 24.6.2000.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                            (Sala Quinta)
                                                                                de 11 de julio de 2002
                      de 11 de julio de 2002
                                                                          en el asunto C-62/00 (Petición de decisión prejudicial del
en el asunto C-60/00 (Petición de decisión prejudicial del                Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)):
Immigration Appeal Tribunal): Mary Carpenter contra                       Marks & Spencer plc contra Commissioners of Customs
      Secretary of State for the Home Department (1)                                                   & Excise (1)
(«Libre prestación de servicios — Artículo 49 CE — Directiva              («Sexta Directiva IVA — Normativa nacional que reduce
73/148/CEE — Nacional de un Estado miembro establecido                    retroactivamente un plazo de prescripción para la devolución
en ese Estado que presta servicios a personas establecidas en             de cantidades pagadas indebidamente — Compatibilidad con
otros Estados miembros — Derecho de residencia en dicho                   los principios de efectividad y de protección de la confianza
       Estado del cónyuge nacional de un país tercero»)                                                 legítima»)
                                                                                (2002/C 233/08)
                         (2002/C 233/07)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                  (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la           «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                          En el asunto C-62/00, que tiene por objeto una petición
                                                                          dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
En el asunto C-60/00, que tiene por objeto una petición                   por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,         (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
por el Immigration Appeal Tribunal (Reino Unido), destinada a             dicho órgano jurisdiccional entre Marks & Spencer plc y
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional         commissioners of Customs & Excise, una decisión prejudicial
entre Mary Carpenter y Secretary of State for the Home                    sobre la interpretación del Derecho comunitario en materia de
Department, una decisión prejudicial sobre la interpretación              devolución de ingresos indebidos, el Tribunal de Justicia (Sala
del artículo 49 CE y de la Directiva 73/148/CEE del Consejo,              Quinta), integrado por los Sres. P. Jann, Presidente de Sala,
de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las                     D.A.O. Edward y A. La Pergola (Ponente), Jueces; Abogado
restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la             General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sra. L. Hewlett, adminis-
Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en                   tradora, ha dictado el 11 de julio de 2002 una sentencia cuyo
materia de establecimiento y de prestación de servicios (DO               fallo es el siguiente:


title: Asuntos acumulados T-20/08 y T-21/08: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2009 — Evets/OAMI (DANELECTRO y QWIK TUNE) [ Marca comunitaria — Marcas comunitarias denominativa DANELECTRO y figurativa QWIK TUNE — Incumplimiento del plazo para la presentación de la solicitud de renovación de las marcas — Petición de restitutio in integrum — Reformatio in peius — Derecho de defensa — Derecho a ser oído — Artículo 61, apartado 2, artículo 73, segunda frase, y artículo 78 del Reglamento (CE) n o  40/94 [actualmente artículo 63, apartado 2, artículo 75, segunda frase, y artículo 81 del Reglamento (CE) n o  207/2009] ]

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/62

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2009 — Evets/OAMI (DANELECTRO y QWIK TUNE)
   (Asuntos acumulados T-20/08 y T-21/08) (1)

   («Marca comunitaria - Marcas comunitarias denominativa DANELECTRO y figurativa QWIK TUNE - Incumplimiento del plazo para la presentación de la solicitud de renovación de las marcas - Petición de restitutio in integrum - Reformatio in peius - Derecho de defensa - Derecho a ser oído - Artículo 61, apartado 2, artículo 73, segunda frase, y artículo 78 del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 63, apartado 2, artículo 75, segunda frase, y artículo 81 del Reglamento (CE) no 207/2009]»)
   2009/C 267/110
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Evets Corp. (Irvine, California, Estados Unidos) (representante: S. Ryan, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra dos resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 5 de noviembre de 2007 (asuntos R 603/2007-4 y R 604/2007-4), relativa a la petición de restitutio in integrum presentada por la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos.

               2)

               Condenar en costas a Evets Corp.

      (1)  DO C 64, de 8.3.2008.


title: Asunto T-25/07: Recurso interpuesto el 30 de enero de 2007 — Iride SpA e Iride Energia SpA/Comisión

text:
               24.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/24

         Recurso interpuesto el 30 de enero de 2007 — Iride SpA e Iride Energia SpA/Comisión
   (Asunto T-25/07)
   (2007/C 69/53)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandantes: Iride SpA e Iride Energia SpA (Turín, Italia) (representantes: L. G. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se declare la nulidad de la Decisión en la parte en que califica de ayudas de Estado las medidas, así como en la parte en que suspende la concesión de las subvenciones hasta que Italia aporte la prueba de la restitución por parte de AEM Torino de la ayuda que se declaró ilegítima e incompatible mediante Decisión 2003/193/CE, de 5 de junio de 2002, relativa a las desgravaciones fiscales en favor de determinadas empresas municipales.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   El recurso interpuesto por Iride SpA e Iride Energia SpA («demandantes») tiene por objeto la Decisión de 8 de noviembre de 2006, mediante la cual la Comisión puso fin al procedimiento iniciado con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, al objeto de examinar la compatibilidad con el Derecho comunitario del reembolso que Italia se propone conceder a AEM Torino por los costes de transición a la competencia en el sector de la energía (1).
   Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas que declaren la nulidad de la Decisión en la parte en que califica de ayudas de Estado las medidas de reembolso a AEM Torino por los costes de transición a la competencia en los que incurrió durante el proceso de liberalización del sector de la energía y en la parte en que suspende la concesión de la ayuda hasta que Italia aporte la prueba de que AEM Torino no se benefició de la ayuda anterior, declarada ilegítima e incompatible mediante Decisión 2003/193/CE, relativa a las desgravaciones fiscales en favor de determinadas empresas municipales («Decisión desgravaciones fiscales»), o bien acredite que AEM Torino restituyó, con intereses, la ayuda obtenida en el marco del régimen citado.
   En concreto, el recurso se apoya en los motivos principales siguientes:

               a)

               La medida de que se trata no constituye una ayuda de Estado porque no está financiada con recursos estatales y no atribuye una ventaja gratuita a los beneficiarios.

               b)

               La sentencia Deggendorf (2) no es aplicable al presente caso. La Comisión no ha acreditado que se den los presupuestos (en concreto, la existencia de un efecto potencial de acumulación de las medidas anteriores con las nuevas medidas) que, según los principios que se desprenden de la citada sentencia, han de concurrir para poder suspender la concesión de la medida. En particular, la Comisión no explica cómo pueden producir efectos de acumulación con las ayudas que fueron objeto de la Decisión desgravaciones fiscales medidas como el reembolso de costes de transición a la competencia, que persiguen finalidades meramente equitativas y, por tanto, con efectos que se agotan en el pasado, permitiendo amortizar costes contraídos cuando el mercado estaba regulado de manera análoga a como lo habrían hecho las empresas de no haberse producido la liberalización del sector antes de que completara la amortización de los citados costes.

      (1)  DO L 366, de 21.12.2006, p. 62.

      (2)  Sentencia de 15 de mayo de 1997, TwD/Comisión (C-355/95, Rec. p. I-2549).


title: Asunto T-79/12: Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2012 — Cisco Systems y Messagenet/Comisión

text:
               14.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 109/31

         Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2012 — Cisco Systems y Messagenet/Comisión
   (Asunto T-79/12)
   2012/C 109/62
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Cisco Systems, Inc. (San José, Estados Unidos de América), Messagenet SpA (Milán, Italia) (representadas por: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo y K. Jörgens, abogados)

      Demandada: Comisión

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C(2011) 7279 final de la Comisión, de 7 de octubre de 2011 (DO C 341, p. 2), de no oponerse a la concentración notificada entre Microsoft Corporation y Skype Sarl y declararla compatible con el mercado común (asunto no COMP/M.6281), por la infracción de los artículos 2 y 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (Reglamento CE sobre concentraciones), (1) o subsidiariamente del artículo 296 TFUE.

               —

               Condene a la demandada a cargar con sus propias costas y con las de las demandantes.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que

                           —

                           La Comisión Europea cometió un error manifiesto de apreciación al estimar que la concentración no originaría ningún problema horizontal contrario a la competencia en los mercados de comunicaciones unificadas de los consumidores. En relación con ello las demandantes ponen de relieve que la concentración da lugar a cuotas combinadas de mercado superiores al 80 % en el mercado más reducido posible examinado en la Decisión (servicios de videollamada para los consumidores en PC basados en Windows). La combinación de potentes efectos de red propios de la base instalada más amplia de usuarios junto con el pleno control del sistema operativo Windows y otras aplicaciones conexas por la empresa que participa en la concentración reforzará la posición dominante y eliminará todo incentivo que la empresa nacida de la concentración pudiera tener en ofrecer la interoperabilidad con productos competidores.

               2)

               Segundo motivo, basado en que

                           —

                           La Comisión Europea también cometió un error manifiesto de apreciación al estimar que indudablemente la concentración no originaba ningún efecto anticompetitivo acumulado en los mercados de comunicaciones unificadas de las empresas. En relación con ello las demandantes destacan que, dada la creciente popularidad de los servicios de comunicaciones unificadas del consumidor, las empresas clientes desean conectar con los consumidores usando las herramientas de comunicaciones unificadas de los consumidores. Al ampliar su base instalada de clientes de las comunicaciones unificadas de los consumidores, la empresa que participa en la concentración tendrá superior capacidad así como incentivos para denegar la interoperabilidad con productos competidores de comunicaciones de las empresas. Los efectos de exclusión se reforzarán por la posición de liderazgo/dominante preexistente ya obtenida por esa empresa en mercados vecinos como los sistemas operativos y los productos de aplicaciones de software para empresas, por ejemplo Office y Outlook. En particular la Decisión impugnada es discordante con la práctica decisoria de la Comisión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionada con la importancia de los efectos de red en los mercados de IT y la necesidad de asegurar la interoperabilidad a fin de preservar la elección efectiva de los consumidores cuando operan esos efectos de red;

               3)

               Tercer motivo, subsidiario, basado en que

                           —

                           La Comisión Europea ha incumplido su obligación de motivación suficiente justificativa de la autorización de la concentración en su primera fase, sin estimar que eran necesarios compromisos de las partes.

      (1)  DO L 24, de 29.1.2004, p. 1.


title: Asunto C-128/02 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de abril de 2002 por Bernhard Schulte contra la sentencia dictada el 7 de febrero de 2002 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-261/94, Bernhard Schulte contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 144/20               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      15.6.2002
El Parlamento Europeo solicita al Tribunal de Justicia que:                   disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
                                                                              necesarias para adaptarse plenamente a lo dispuesto
1.   Declare nulas y sin valor de efecto alguno las resoluciones              en dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber
     de contratos de seguro notificadas por HDI el 30 de                      comunicado dichas disposiciones a la Comisión.
     octubre y el 13 y 20 de noviembre de 2001.
                                                                       —      Condene en costas al Reino de Bélgica.
2.   Condene a HDI al pago de una indemnización por los
     daños y perjuicios causados, que ascienden a
     44 556,84 euros, a fin de compensar los gastos en que
     incurrió el Parlamento al contratar un seguro complemen-         Motivos y principales alegaciones
     tario para sustituir los seguros resueltos abusivamente
     por la parte demandada y todos los gastos conexos, más
     los correspondientes intereses calculados al tipo de interés      El plazo para efectuar la adaptación, ampliado en un año, en
     legal, dejando constancia de que todos los siniestros que         razón de las especificidades de la red eléctrica de Bélgica,
     puedan producirse en 2002 serán declarados a HDI con             expiró el 19 de febrero de 2000 sin que el Reino de Bélgica
     arreglo a las pólizas resueltas abusivamente.                    hubiera adoptado todas las medidas necesarias y, en particular,
                                                                       la designación del gestionario de la red (prevista en el
                                                                       artı́culo 10 de la Ley belga sobre la organización del mercado
3.   Condene en costas a la demandada.                                 de la electricidad).
                                                                       (1) DO L 27, de 30.1.1997, p. 20.
Los motivos y principales alegaciones
Los motivos y principales alegaciones son análogos a los
invocados en el asunto C-123/02.
                                                                       Recurso de casación interpuesto el 8 de abril de 2002 por
                                                                       Bernhard Schulte contra la sentencia dictada el 7 de
                                                                       febrero de 2002 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera
                                                                       Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
                                                                       T-261/94, Bernhard Schulte contra Consejo de la Unión
                                                                            Europea y Comisión de las Comunidades Europeas
Recurso interpuesto el 8 de abril de 2002 contra el Reino                                    (Asunto C-128/02 P)
de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                                (2002/C 144/34)
                       (Asunto C-126/02)
                         (2002/C 144/33)                               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 8 de abril de 2002 un recurso de casación
                                                                       formulado por Bernhard Schulte, representado por el abogado
                                                                       y notario Sr. Reinhard Freise, Salzkotten, contra la sentencia
                                                                       dictada el 7 de febrero de 2002 (1) por la Sala Cuarta del
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
presentado el 8 de abril de 2002 un recurso contra el Reino de         en el asunto T-261/94, Bernhard Schulte contra Consejo de la
Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades                  Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.
Europeas, representada por el Sr. R. Tricot, en calidad de
agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                       La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              —      Anule la sentencia impugnada.
—    Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                 —      Condene a las demandadas a indemnizarle los daños
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                   causados por la denegación ilı́cita de la cantidad de
     96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de                        referencia de entrega solicitada, que calcula en
     19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el                    30 000 DEM como mı́nimo, más los intereses devenga-
     mercado interior de la electricidad (1), y en particular de              dos a un 5 % anual, como mı́nimo, desde el 1 de
     su artı́culo 27, al no haber adoptado aún todas las                     diciembre de 1989.
 ---pagebreak--- 15.6.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 144/21
Motivos y principales alegaciones                                                a)   un 64 % de azúcar granulado, un 1,9 % de extractos
                                                                                de té y agua, y
—     La sentencia impugnada admite erróneamente la prescrip-
      ción. Incluso después de la interposición de la demanda,                 b)   un 64 % de azúcar granulado, un 1,9 % de extractos
      las demandadas aseguraron al demandante que iban a                              de té, un 0,8 % de ácido cı́trico y agua?
      presentarle una oferta de indemnización vinculante tras la
      finalización de varios procedimientos modelo pendientes
      ante el Tribunal de Justicia. En opinión del demandante,            2.    ¿Debe considerarse válido respecto de las mercancı́as
      las demandadas no pueden meramente retractarse y                           descritas en los números 2 y 3 del anexo el Reglamento
      alegar la prescripción. Además, el Tribunal de Primera                   (CE) no 306/2001 (2) de la Comisión, de 12 de febrero de
      Instancia no ha tenido en cuenta que no se informó al                     2001, relativo a la clasificación de ciertas mercancı́as en
      demandante de sus posibilidades de recurso.                                la nomenclatura combinada (DO L 44, p. 25)?
—     La sentencia impugnada admite erróneamente que se
      denegó al demandante una cantidad de referencia por                 (1) DO L 279 de 23.10.2001, p. 1.
      motivos distintos a los contemplados en el artı́culo 3 bis           (2) DO L 44 de 15.2.2001, p. 25.
      del Reglamento 857/84 (2). En esta medida, el Tribunal de
      Primera Instancia no ha considerado y apreciado todos
      los elementos del proceso.
(1) Aún no publicada en la Recopilación.
(2) Reglamento (CEE) no 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de
    1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa
    contemplada en el artı́culo 5 quater del Reglamento (CEE) no 804/
                                                                           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
    68 en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 90 de
    1.4.1984, p. 13).                                                      lución de la Gerechtshof te Amsterdam, de fecha 2 de
                                                                           abril de 2002, en el asunto entre Timmermans Diessen
                                                                           B.V. y el Inspecteur Belastingdienst/Douanedistrict Roo-
                                                                                sendaal
                                                                                (Asunto C-133/02)
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                                       (2002/C 144/36)
lución del Finanzgericht München, de fecha 27 de febrero
de 2002, en el asunto entre Krings GmbH y Oberfinanzdi-
rektion Nürnberg, Zoll- u. Verbrauchsteuerabteilung,
                        Dienstort München                                  Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                         (Asunto C-130/02)                                 resolución de la Gerechtshof te Amsterdam, dictada el 2 de
                                                                           abril de 2002, en el asunto entre Timmermans Diessen B.V. y
                                                                           el Inspecteur Belastingdienst/Douanedistrict Roosendaal, y
                           (2002/C 144/35)                                 recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 10 de abril
                                                                           de 2002. La Gerechtshof te Amsterdam solicita al Tribunal de
                                                                           Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante              ¿Constituye el artı́culo 9, apartado 1, del Código Aduanero
resolución del Finanzgericht München, dictada el 27 de febrero            Comunitario (1), en relación con su artı́culo 12, apartado 5,
de 2002, en el asunto entre Krings GmbH y Oberfinanzdirek-                 letra a), inciso iii), una base jurı́dica que permite a las
tion Nürnberg, Zoll- u. Verbrauchsteuerabteilung, Dienstort                autoridades aduaneras revocar una información arancelaria
München y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el           vinculante cuando modifiquen el criterio que hayan fijado en
9 de abril de 2002. El Finanzgericht München solicita al                   ésta respecto a la interpretación de disposiciones legales
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes                 aplicables a la clasificación arancelaria de estas mercancı́as,
cuestiones:                                                                aunque dicha modificación se produzca dentro del citado
                                                                           plazo de seis años?
1.    ¿Debe interpretarse la Nomenclatura Combinada en la
      versión resultante del anexo I del Reglamento (CE)
      no 2031/2001 (1), [de 6 agosto de 2001], (DO L 279) por              (1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de
      el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE)                       1992, por el que se aprueba el .Código aduanero comunitario
      no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura                        (DO 1992, L 302, p.1).
      arancelaria y estadı́stica y al arancel aduanero común en
      el sentido de que no constituyen preparaciones a base de
      extractos de té mezclas que contienen


title: Asunto T-251/99: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Texaco Nederland B.V., Schreurs Oliemaatschappĳ B.V., Salland Oliemaatschappĳ B.V. y Nĳol Oliemaatschappĳ B.V.

text:
C 20/26                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    22.1.2000
— La normativa pertinente y los Convenios de servicio                    Motivos y principales alegaciones
    público de las sociedades del grupo Tirrenia fueron comu-
    nicados a la Comisión y autorizados por ella, expresamente
    en el caso de la Ley 856/86 y, tácitamente, en lo que               El presente asunto es conexo con el asunto T-210/99. La parte
    respecta a los Convenios entre el Estado y la sociedad y la          demandante invoca violación del principio de respecto de los
    normativa que constituye su fundamento. Por esta razón,             derechos de defensa, porque no se le dio la posibilidad de dar
    habrı́a que mencionar también el desconocimiento de la               a conocer su punto de vista sobre los hechos en los que se
    jurisprudencia Lorenz, hoy codificada en el artı́culo 4,             basa la Decisión. Por lo demás, los motivos y principales
    apartado 6, del Reglamento no 659/99.                                alegaciones son idénticos a los del asunto T-242/99.
— Los elementos esenciales de las OSP y de las correspondien-
    tes compensaciones remontan a un perı́odo anterior al
                                                                         (1) DO L 280, de 30.10.99, p. 87.
    Tratado CE.
    En último lugar, las demandantes alegan, en el caso de
    autos, la existencia de desviación de poder por falta de
    investigación, ası́ como del principio de confianza legı́tima
    de los derechos adquiridos.
                                                                         Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1999 contra la
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas por Texaco
                                                                         Nederland B.V., Schreurs Oliemaatschappij B.V., Salland
                                                                             Oliemaatschappij B.V. y Nijol Oliemaatschappij B.V.
Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1999 contra
la Comisión de las Comunidades Europeas por Shell                                              (Asunto T-251/99)
            Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
                                                                                (2000/C 20/53)
                         (Asunto T-250/99)
                           (2000/C 20/52)                                               (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)                    Europeas se ha presentado el 22 de octubre de 1999 un
                                                                         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   formulado por Texaco Nederland B.V., Schreurs Oliemaat-
Europeas se ha presentado el 22 de octubre de 1999 un                    schappij B.V., Salland Oliemaatschappij B.V. y Nijol Oliemaat-
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  schappij B.V., domiciliadas respectivamente en Rotterdam,
formulado por Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., de               Venlo, Hasselt y Nijmegen (Paı́ses Bajos), representadas por los
Rotterdam (Paı́ses Bajos), representada por los Sres. T.M. Snoep         Sres. H.G. Sevenster y E.P. Jorritsma, Abogados de Den Haag,
y B. van der Gaag, Abogados de Den Haag, que designa como                que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho del
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. M. Loesch,                   Sr. M. Loesch, Abogado, Rue Goethe 11.
Abogado, Rue Goethe 11.
                                                                         Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            Instancia que:
que:
                                                                         a) Obligue a la Comisión de las Comunidades Europeas a dar
a) Obligue a la Comisión de las Comunidades Europeas a dar                  a los asesores de las demandantes acceso a su expediente
    a los asesores de la demandante acceso a su expediente en                en relación con su Decisión [C(1999)2539 final] (1), de
    relación con su Decisión [C(1999)2539 final] (1), de 20 de             20 de julio de 1999, relativa a una ayuda estatal concedida
    julio de 1999, relativa a una ayuda estatal concedida por                por los Paı́ses Bajos a 633 estaciones de servicio neerlan-
    los Paı́ses Bajos a 633 estaciones de servicio neerlandesas              desas situadas en la frontera con Alemania y le ordene
    situadas en la frontera con Alemania y le ordene tomar                   tomar todas las demás medidas que estime necesarias.
    todas las demás medidas que estime necesarias.
b) Anule dos artı́culos 2 y 3 de la Decisión [C(1999)2539               b) Anule los artı́culo 2 y 3 de la Decisión [C(1999)2539 final]
    final] de la Comisión, de 20 de julio de 1999.                          de la Comisión, de 20 de julio de 1999.
c) Condene en costas a la Comisión.                                     c) Condene en costas a la Comisión.
 ---pagebreak--- 22.1.2000               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 20/27
Motivos y principales alegaciones                                                       Archivo del asunto T-524/93 (1)
El presente asunto es conexo con el asunto T-210/99. Los                                          (2000/C 20/55)
motivos y principales alegaciones son idénticos a los del
asunto T-250/99.
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
(1) DO L 280, de 30.10.99, p. 87.
                                                                          Mediante auto de 25 de octubre de 1999, el Presidente de la
                                                                          Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                          las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
                                                                          T-524/93, Patrick Wall contra Consejo de la Unión Europea y
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas.
Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1999 contra                       (1) DO C 319 de 26.11.93.
la Comisión de las Comunidades europeas por Total
             Nederland N.V. y Fina Nederland B.V.
                        (Asunto T-252/99)
                          (2000/C 20/54)
                                                                                Archivo de los asuntos T-195/94 y T-202/94 (1)
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                                (2000/C 20/56)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 22 de octubre de 1999 un                                    (Lengua de procedimiento: alemán)
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por Total Nederland N.V. y Fina Nederland B.V.,
domiciliadas respectivamente en Rotterdam y en Den Haag                   Mediante auto de 29 de septiembre de 1999, el Presidente de
(Paı́ses Bajos), representadas por los Sres. E.H. Pijnacker Hor-          la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de
dijk y R. Wesseling, Abogados de Den Haag, que designan                   las Comunidades Europeas ha decidido archivar los asuntos
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. M. Loesch,               T-195/94 y T-202/94, Friedhelm Quiller y Johann Heusmann
Abogado, Rue Goethe 11.                                                   contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las
                                                                          Comunidades Europeas.
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
Instancia que:                                                            (1) DO C 188 de 9.7.94 y C 218 de 6.8.94.
a) Obligue a la Comisión de las Comunidades Europeas a dar
     a los asesores de las demandantes acceso a su expediente
     en relación con su Decisión [C(1999)2539 final] (1), de
     20 de julio de 1999, relativa a una ayuda estatal concedida
     por los Paı́ses Bajos a 633 estaciones de servicio neerlan-
     desas situada en la frontera con Alemania y le ordene
     tomar todas las demás medidas que estime necesarias.                               Archivo del asunto T-10/96 (1)
b) Anule los artı́culos 2 y 3 de la Decisión [C(1999)2539
     final] de la Comisión, de 20 de julio de 1999.                                              (2000/C 20/57)
c) Condene en costas a la Comisión.
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
Motivos y principales alegaciones                                         Mediante auto de 10 de noviembre de 1999, el Presidente de
                                                                          la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
El presente asunto es conexo con el asunto T-210/99. Los                  Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
motivos y principales alegaciones son idénticos a los del                 T-10/96, Benjamin Laurence Lay contra Consejo de la Unión
asunto T-250/99.                                                          Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.
(1) DO L 280, de 30.10.99, p. 87.                                         (1) DO C 133 de 4.5.96.


title: Asunto T-521/11: Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2011 — Deutsche Bahn y otros/Comisión

text:
               3.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/23

         Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2011 — Deutsche Bahn y otros/Comisión
   (Asunto T-521/11)
   2011/C 355/43
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: Deutsche Bahn AG (Berlín), Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH (Bodenheim, Alemania), DB Netz AG (Fráncfort del Meno, Alemania), DB Schenker Rail GmbH (Maguncia, Alemania), DB Schenker Rail Deutschland AG (Maguncia, Alemania) (representantes: W. Deselaers, J. Brückner y O. Mross, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión en materia de inspección adoptada por la Comisión el 14 de julio de 2011, y notificada el 26 de julio de 2011.

               —

               Anule todas las medidas adoptadas en relación con las inspecciones que se llevaron a cabo basándose en dicha Decisión ilegal.

               —

               En especial, ordene a la Comisión que devuelva todas las copias de los documentos redactados en el ámbito de las inspecciones, so pena de que el Tribunal anule la decisión que adopte en su día la Comisión.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Las demandantes solicitan que se anule la Decisión C(2011) 5230 de la Comisión, de 14 de julio de 2011, (asuntos COMP/39.678 — DB I y COMP/39.731 — DB II) por la que se ordena efectuar inspecciones con arreglo a lo establecido en el artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2003 en la Deutsche Bahn AG y en todas las personas jurídicas controladas directa o indirectamente por ésta, debido a un modelo de aplicación estratégica posiblemente contrario a la competencia, relativo a la infraestructura gestionada por las sociedades del grupo DB.
   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio al no haberse obtenido una autorización judicial previa.

               2)

               Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al no existir ninguna posibilidad de control judicial previo de la Decisión en materia de inspección impugnada, ni desde el punto de vista fáctico, ni desde el punto de vista jurídico.

               3)

               Tercer motivo, basado en la ilegalidad de la Decisión en materia de inspección impugnada, dado que se basa en indicios obtenidos por la Comisión mediante vulneración del derecho de defensa.
               En opinión de las demandantes, dichos indicios se obtuvieron durante la ejecución de la Decisión en materia de inspección de 14 de marzo de 2011 en el ámbito de una investigación concebida con carácter amplio («fishing expedition»). Consideran que también es ilegal la obtención de indicios durante la ejecución de la segunda Decisión en materia de inspección, de 30 de marzo de 2011, ya que también la Decisión que dio lugar a esa investigación tenía su origen en datos obtenidos de forma ilegal y a que también esos indicios se obtuvieron basándose en una Decisión en materia de inspección ilegal.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa, dada la descripción desmesuradamente amplia e inconcreta del objeto de la inspección.

               5)

               Quinto motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad.

         Las demandantes consideran que la Comisión carece de competencia con respecto al objeto de la inspección y, en todo caso, la información pertinente podría haberse obtenido igualmente a través de la Bundesnetzagentur [autoridad alemana de reglamentación] competente o mediante una simple solicitud de información a las demandantes.


title: Asunto C-69/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 31 de enero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/35/CE — Medio ambiente — Participación del público en la elaboración de determinados planes y programas — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
               29.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 31 de enero de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-69/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/35/CE - Medio ambiente - Participación del público en la elaboración de determinados planes y programas - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)
   (2008/C 79/12)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Recchia y J.-B. Laignelot, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: I.M. Braguglia, agente, y S. Fiorentino, abogado)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 156, p. 17).
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/91/CE del Consejo, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 82 de 14.4.2007.


title: Asunto T-208/10: Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2011 — Cree/OAMI (TRUEWHITE) [ Marca comunitaria — Solicitud de marca denominativa comunitaria TRUEWHITE — Motivos de denegación absolutos — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n o  207/2009 — Marca descriptiva ]

text:
               19.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/18

         Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2011 — Cree/OAMI (TRUEWHITE)
   (Asunto T-208/10) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de marca denominativa comunitaria TRUEWHITE - Motivos de denegación absolutos - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Marca descriptiva)
   2011/C 340/36
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Cree, Inc. (Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos) (representante: V. Schiller, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente, S. Schäffner y, posteriormente, G. Schneider, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 17 de febrero de 2010 (asunto R 985/2009-2) relativa al registro como marca comunitaria del signo TRUEWHITE.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Cree, Inc.

      (1)  DO C 179, de 3.7.2010.


title: Asunto C-204/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 18 de abril de 2013 — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

text:
               22.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 18 de abril de 2013 — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg
   (Asunto C-204/13)
   2013/C 178/11
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesfinanzhof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandada y recurrente en casación: Finanzamt Saarlouis

      Demandante y recurrida en casación: Heinz Malburg

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los artículos 4, apartados 1 y 2, y 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, (1) considerando el principio de neutralidad, en el sentido de que un socio de una sociedad civil de asesoría fiscal que adquiere parte de la clientela de la sociedad con el único objetivo de cederla inmediatamente a título gratuito y para su uso profesional a una nueva sociedad civil de asesoría fiscal de la que posee una participación determinante tiene derecho a deducir el impuesto soportado con la adquisición de la clientela?

      (1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).


title: Asunto T-82/14: Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2016 — Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión LUCEO — Motivo de denegación absoluto — Mala fe al presentar la solicitud de registro — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               22.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 305/27

         Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2016 — Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO)
   (Asunto T-82/14) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca denominativa de la Unión LUCEO - Motivo de denegación absoluto - Mala fe al presentar la solicitud de registro - Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 305/37)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Reino Unido) (representante: F. Henkel, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: A. Schifko, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, coadyuvante ante el Tribunal General: Maquet GmbH (Rastatt, Alemania) (representante: N. Hebeis, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 25 de noviembre de 2013 (asunto R 2292/2012-4) relativa a un procedimiento de nulidad entre Copernicus-Trademarks y Maquet.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Copernicus-Trademarks Ltd cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Maquet GmbH.

      (1)  DO C 112 de 14.4.2014.


title: Asunto T-306/00: Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Conserve Italia Soc. Coop. a.r.l.

text:
9.12.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 355/35
—    Infracción del artı́culo 24, apartado 2, del Reglamento           Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2000 contra
     (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de                la Comisión de las Comunidades Europeas por WorldCom
     1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación                                          Inc.
     del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una
     parte, a la coordinación de las intervenciones de los                                    (Asunto T-310/00)
     Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del
     Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás
     instrumentos financieros existentes. (1) Afirma sobre el                                    (2000/C 355/75)
     particular que las irregularidades detectadas no influyen
     en el funcionamiento del proyecto ni en las condiciones
     de la acción, que se ha ejecutado ı́ntegramente dicho                               (Lengua de procedimiento: inglés)
     proyecto sin que la Comisión haya formulado objeción
     alguna al respecto, y que la demandada ha suprimido la
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     ayuda, siendo ası́ que tan sólo estaba facultada para
                                                                        Europeas se ha presentado el 27 de septiembre de 2000 un
     suspenderla o reducirla.
                                                                        recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
—    Violación del principio de proporcionalidad.                      formulado por WorldCom Inc., Mississippi (EE.UU.), represen-
                                                                        tada por los Sres. K.P.E. Lasok QC, Brian Hartnett y Jean-Yves
                                                                        Art, de Squire Sanders & Dempsey, Bruselas.
(1) DO L 374 de 31.12.1988, p. 1.
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                        que:
                                                                        —     Anule el artı́culo 1 de la Decisión C(2000) 1693 final de
                                                                              la Comisión, de 28 de junio de 2000, en el asunto
                                                                              no COMP/M.1741 — MCI WorldCom/Sprint.
Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2000 contra
la Comisión de las Comunidades Europeas por Conserve
                                                                        —     Condene en costas a la Comisión.
                      Italia Soc. Coop. a.r.l.
                        (Asunto T-306/00)
                                                                        Motivos y principales alegaciones
                         (2000/C 355/74)
                                                                        En virtud del artı́culo 1 de la Decisión impugnada, la Comisión
                                                                        declaró incompatible con el mercado común y con la aplica-
                (Lengua de procedimiento: italiano)                     ción del Acuerdo sobre el EEE la propuesta de concentración
                                                                        entre WorldCom y Sprint Corporation.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 21 de septiembre de 2000 un                La demandante solicita la anulación de la Decisión impugnada,
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                 por las razones siguientes:
formulado por Conserve Italia Soc. Coop. a.r.l., con domicilio
social en S. Lazzaro di Savena, representada por la Sra. Marina         —     La concentración propuesta no estaba comprendida den-
Averani, Abogada, y los Profesores Andrea Pisaneschi y                        tro del ámbito de aplicación del Reglamento de operacio-
Stefano Zunarelli, Abogados, que designa como domicilio en                    nes de concentración, dado que no se habı́an cumplido
Luxemburgo el despacho de Me Charles Turk, 13 B, avenue                       los umbrales de fusión cuando se adoptó la Decisión
Guillaume.                                                                    impugnada.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           —     La Comisión carecı́a de competencia para adoptar la
que:                                                                          Decisión impugnada, dado que, con anterioridad a su
                                                                              adopción, las partes habı́an retirado su notificación y las
—    Declare la nulidad de la Decisión C(2000) 1752 de                       soluciones que proponı́an.
     la Comisión, de 11 de julio de 2000, en virtud del
     artı́culo 230 CE, párrafo segundo.                                —     La Comisión se equivocó al definir el mercado de servicios
                                                                              pertinente.
—    Imponga a la Comisión las costas del presente procedi-
     miento.
                                                                        —     La Comisión se equivocó al considerar que la concentra-
                                                                              ción propuesta darı́a lugar a una posición dominante.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        —     La Comisión incurrió en una serie de errores de procedi-
                                                                              miento en el transcurso de su investigación sobre la
Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los
                                                                              concentración notificada.
invocados en el asunto T-305/00 Conserve Italia/Comisión.


title: Asunto C-95/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Strong Segurança, S.A./Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança ( «Contratos públicos de servicios — Directiva 2004/18/CE — Artículo 47, apartado 2 — Efecto directo — Aplicabilidad a los servicios incluidos en el anexo II B de la Directiva» )

text:
               7.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 139/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Strong Segurança, S.A./Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança
   (Asunto C-95/10) (1)

   (Contratos públicos de servicios - Directiva 2004/18/CE - Artículo 47, apartado 2 - Efecto directo - Aplicabilidad a los servicios incluidos en el anexo II B de la Directiva)
   2011/C 139/17
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Supremo Tribunal Administrativo

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Strong Segurança, S.A.

      Recurrida: Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretación de los artículos 21, 23, 35, apartado 4, y 47, apartado 2, y del anexo II B de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Capacidad económica y financiera de los licitadores — Posibilidad de un agente económico de invocar capacidades de otras entidades — Efecto directo de una directiva a la que el ordenamiento jurídico interno se ha adaptado fuera de plazo

      Fallo

   La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, no impone a los Estados miembros la obligación de aplicar su artículo 47, apartado 2, también a los contratos que tengan por objeto servicios incluidos en el anexo II B de la misma Directiva. Sin embargo, esta Directiva no impide que los Estados miembros y, en su caso, las entidades adjudicadoras prevean en su legislación y en la documentación relativa al contrato, respectivamente, la aplicación de dicha disposición.

      (1)  DO C 113, de 1.5.2010.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de octubre de 2001 en el asunto C-108/99 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)]: Commissioners of Customs & Excise contra Cantor Fitzgerald International ("Sexta Directiva sobre el IVA — Exención del arrendamiento de bienes inmuebles — Concepto — Prestación de servicios — Subrogación a título oneroso de un tercero en un contrato de arrendamiento")

text:
8.12.2001                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 348/1
                                                                         I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                  TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                             TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  No está exenta con arreglo al artı́culo 13, parte B, letra b), de la
                                                                             Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta
                             (Sala Sexta)                                    Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los
                                                                             Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
                                                                             negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base
                     de 9 de octubre de 2001                                 imponible uniforme, una prestación de servicios efectuada por una
                                                                             persona que no tiene tı́tulo alguno sobre un bien inmueble y que
en el asunto C-108/99 [petición de decisión prejudicial                    consiste en aceptar, a tı́tulo oneroso, la cesión por parte del
planteada por la High Court of Justice (England & Wales),                    arrendatario de un contrato de arrendamiento de dicho bien.
Queen’s Bench Division (Divisional Court)]: Com-
missioners of Customs & Excise contra Cantor Fitzgerald                      (1) DO C 188 de 3.7.1999.
                           International(1)
(«Sexta Directiva sobre el IVA — Exención del arrenda-
miento de bienes inmuebles — Concepto — Prestación de                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
servicios — Subrogación a tı́tulo oneroso de un tercero en un
                   contrato de arrendamiento»)                                                             (Sala Quinta)
                                                                                de 25 de octubre de 2001
                           (2001/C 348/01)
                                                                             en el asunto C-112/99 (petición de decisión prejudicial
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                          planteada por el Landgericht Düsseldorf): Toshiba Europe
                                                                                GmbH contra Katun Germany GmbH (1)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la      («Publicidad comparativa — Comercialización de piezas de
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)          repuesto y materiales consumibles — Indicación, por un
                                                                             vendedor de piezas de repuesto y materiales consumibles no
                                                                             originales, de los números de los artı́culos de las piezas de
                                                                             repuesto y los materiales consumibles originales — Directi-
En el asunto C-108/99, que tiene por objeto una petición                                       vas 84/450/CEE y 97/55/CE»)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por la High                                                   (2001/C 348/02)
Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division
(Divisional Court) (Reino Unido), destinada a obtener, en                                       (Lengua de procedimiento: alemán)
el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Commissioners of Customs & Excise y Cantor Fitzgerald                        (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
International, una decisión prejudicial sobre la interpretación                  «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
del artı́culo 13, parte B, letra b), de la Directiva 77/388/CEE
del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en                       En el asunto C-112/99, que tiene por objeto una petición
materia de armonización de las legislaciones de los Estados                 dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de                       Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Landgericht
negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor                        Düsseldorf (Alemania), destinada a obtener, en el litigio
añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01,                 pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Toshiba
p. 54), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por la               Europe GmbH y Katun Germany GmbH, una decisión prejudi-
Sra. F. Macken, Presidenta de Sala, la Sra. N. Colneric (Ponente)            cial sobre la interpretación del artı́culo 2, punto 2 bis, y del
y los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet y R. Schintgen, Jueces;             artı́culo 3 bis, apartado 1, letras c) y g), de la Directiva
Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. D. Lou-                    84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre
terman-Hubeau, jefa de división, ha dictado el 9 de octubre de              publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 250,
2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                               p. 17; EE 15/05, p. 55), en la versión modificada por la


title: Asunto C-434/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Alba (Rumanía) el 22 de agosto de 2011 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central — IPJ Alba/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

text:
               12.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Alba (Rumanía) el 22 de agosto de 2011 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central — IPJ Alba/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)
   (Asunto C-434/11)
   2011/C 331/14
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Alba

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central — IPJ Alba

      Demandadas: Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los artículos 17, apartado 1, 20 y 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a las reducciones retributivas como las llevadas a cabo por el Estado rumano en virtud de la Ley no 118/2010 y de la Ley no 285/2010?


title: Asunto C-247/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad (Bulgaria) el 21 de mayo de 2012 — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelnite» kam Natsionalnia osiguritelen institut

text:
               4.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 235/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad (Bulgaria) el 21 de mayo de 2012 — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelnite» kam Natsionalnia osiguritelen institut
   (Asunto C-247/12)
   2012/C 235/14
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Varhoven administrativen sad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Meliha Veli Mustafa

      Demandada: Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelnite» kam Natsionalnia osiguritelen institut

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 80/987/CEE (1) del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, a la luz del quinto considerando de la Directiva 2002/74, ¿debe interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados miembros a establecer garantías para satisfacer los créditos de los trabajadores en el procedimiento de insolvencia en cada una de las fases de dicho procedimiento hasta que se declare la insolvencia y no solamente en el momento de abrirse el procedimiento?

               2)

               ¿Es contraria al artículo 2, apartado 1, de la Directiva 80/987, en su versión modificada por la Directiva 2002/74, una disposición nacional que únicamente prevé la posibilidad de que la institución de garantía satisfaga créditos de trabajadores correspondientes a salarios impagados derivados de relaciones laborales siempre que dichos créditos hubiesen nacido antes de la fecha de inscripción de la resolución relativa a la apertura del procedimiento de insolvencia, si dicha resolución no pone fin a la actividad de la sociedad empresaria y no se declara su insolvencia?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones precedentes: ¿Tiene el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 80/987, en su versión modificada por la Directiva 2002/74, efecto directo y puede el órgano jurisdiccional nacional aplicarlo de manera directa?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones precedentes: A falta de una disposición nacional concreta relativa al plazo dentro del cual puede solicitarse que la institución de garantía satisfaga créditos de trabajadores nacidos antes de la fecha de inscripción de la resolución por la que se declara la insolvencia del empresario (y se pone fin a su actividad), ¿puede aplicarse, de conformidad con el principio de efectividad, el plazo de 30 días previsto en el ordenamiento jurídico nacional para el ejercicio de dicho derecho en supuestos distintos, considerándose que el plazo comienza a correr en la fecha en que se inscribe en el registro mercantil la resolución de declaración de la insolvencia?

      (1)  Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23).

      (2)  Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 270, p. 10).


title: Asunto C-3/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 3 de enero de 2017 — Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

text:
               10.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 3 de enero de 2017 — Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
   (Asunto C-3/17)
   (2017/C 112/25)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sporting Odds Limited

      Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), la prohibición de discriminación y la exigencia de que la limitación de las actividades de juegos de azar por los Estados miembros se realice de forma coherente y sistemática —objetivo legal que el Estado miembro motiva fundamentalmente apelando a la lucha contra la ludopatía y a la protección de los consumidores— en el sentido de que el monopolio nacional del Estado en materia de apuestas deportivas y de apuestas hípicas, en línea y fuera de Internet, es contrario a dichas normas si, por lo demás, en el Estado miembro, desde la reorganización del mercado llevada a cabo por éste, los proveedores privados de servicios sí pueden organizar, en los casinos físicos en régimen de concesión, otros juegos de azar (juegos de casino, juegos de cartas, máquinas tragaperras, juegos de casino en línea, juegos de cartas en línea), en línea y fuera de Internet, que conllevan a su vez un riesgo considerable de adicción?

               2)

               ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, la prohibición de discriminación y la exigencia de que la limitación de las actividades de juegos de azar por los Estados miembros se realice de forma coherente y sistemática en el sentido de que se infringe dicho artículo y se incumple dicha exigencia si se determina que la reorganización de la configuración del mercado, motivada por la lucha contra la ludopatía y por el objetivo legal de proteger a los consumidores, tiene como consecuencia efectiva o se materializa, desde la reorganización del mercado llevada a cabo por el Estado miembro, en un incremento continuado del número de casinos, del impuesto anual sobre los juegos de azar de los casinos, de la previsión presupuestaria estatal de ingresos derivados de los cánones de concesión de casinos, de las fichas de juego compradas por los jugadores y de la cantidad de dinero necesaria para adquirir el derecho a jugar en máquinas tragaperras?

               3)

               ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, la prohibición de discriminación y la exigencia de que la limitación de las actividades de juegos de azar por los Estados miembros se realice de forma coherente y sistemática en el sentido de que se infringe dicho artículo y se incumple dicha exigencia si se determina que la implantación de un monopolio nacional del Estado y la organización autorizada de juegos de azar por parte de proveedores privados de servicios, motivadas fundamentalmente por la lucha contra la ludopatía y por el objetivo legal de proteger a los consumidores, tienen, además, el objetivo de política económica de obtener mayores ingresos netos procedentes del juego y de conseguir un nivel de generación de ingresos extraordinariamente alto del mercado de los casinos de juego en el menor tiempo posible con el fin de financiar otros gastos presupuestarios y servicios públicos estatales?

               4)

               ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, la prohibición de discriminación y la exigencia de que la limitación de las actividades de juegos de azar por los Estados miembros se realice de forma coherente y sistemática en el sentido de que se infringe dicho artículo y se incumple dicha exigencia, así como que se produce una diferenciación injustificada entre los proveedores de servicios, si se determina que el Estado miembro, invocando la misma razón de orden público, reserva a favor del monopolio estatal nacional ciertos servicios de juegos de azar en línea mientras que permite acceder a otros servicios de juegos de azar adjudicando un número cada vez mayor de concesiones?

               5)

               ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a que únicamente los proveedores de servicios que disponen de casinos físicos (con concesión) en territorio húngaro puedan obtener licencia para ofrecer juegos de casino en línea, motivo por el cual los proveedores de servicios que no disponen de un casino físico en territorio húngaro (incluidos también los proveedores de servicios que disponen de un casino físico en otro Estado miembro) no pueden acceder a la licencia para ofrecer juegos de casino en línea?

               6)

               ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a que el Estado miembro, mediante la eventual convocatoria de una licitación para adjudicar concesiones de casinos físicos y mediante la posibilidad de presentar, en condición de operador de juegos de azar de probada fiabilidad, una oferta [de contratación] para obtener la concesión de un casino físico, garantice la posibilidad teórica de que cualquier proveedor de servicios que cumpla los requisitos legales —incluso uno establecido en otro Estado miembro— obtenga la concesión para operar un casino físico y, una vez en posesión de ésta, la licencia para operar un casino en línea, pero, en realidad, el Estado miembro en cuestión no convoca ninguna licitación pública y transparente para adjudicar concesiones, ni el proveedor de servicios tiene tampoco, en la práctica, posibilidad de presentar una oferta [de contratación], y, aun así, las autoridades del Estado miembro declaran que el proveedor de servicios actuó ilegalmente por haber prestado el servicio sin licencia y le imponen una sanción de carácter administrativo?

               7)

               ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, la prohibición de discriminación y la exigencia de que el procedimiento de autorización sea transparente, objetivo y público en el sentido de que se oponen a que el Estado miembro diseñe un sistema de adjudicación de concesiones respecto de determinados servicios de juegos de azar al mismo tiempo que el órgano que decide sobre las concesiones también puede, en lugar de convocar una licitación para adjudicar las concesiones, celebrar contratos de concesión con determinadas personas calificadas de operadores de juegos de azar de probada fiabilidad, en vez de dar a todos los proveedores de servicios, mediante la convocatoria de una única licitación, la posibilidad de participar en la licitación en las mismas condiciones?

               8)

               En caso de que se responda negativamente a la séptima cuestión y de que puedan establecerse una pluralidad de procedimientos en el Estado miembro de que se trate para la obtención de una misma concesión: ¿debe el Estado miembro garantizar, en aplicación del artículo 56 TFUE, la equivalencia de dichos procedimientos en aras del efecto útil de la normativa de la Unión en materia de libertades fundamentales, teniendo en cuenta la exigencia de que el procedimiento de autorización sea transparente, objetivo y público y el requisito de la igualdad de trato?

               9)

               ¿Influye en la respuesta que haya de darse a las cuestiones sexta a octava el hecho de que ni en un caso ni en otro esté garantizado el control jurisdiccional u otro recurso efectivo contra la resolución de adjudicación de la concesión?

               10)

               ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, la cláusula de lealtad del artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE») y la autonomía institucional y procesal de los Estados miembros, en relación con los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo, «Carta»), así como con el derecho a disponer de mecanismos de control jurisdiccional efectivos y con el derecho a la defensa que dichos preceptos consagran, en el sentido de que, al examinar los requisitos de Derecho de la Unión que derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como la necesidad y la proporcionalidad de la restricción adoptada por el Estado miembro de que se trata, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio puede ordenar y llevar a cabo de oficio el examen y la práctica de prueba incluso en el supuesto de que la legislación procesal nacional del Estado miembro no prevea legalmente dicha facultad?

               11)

               ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE, en relación con los artículos 47 y 48 de la Carta, así como con el derecho a disponer de mecanismos de control jurisdiccional efectivos y con el derecho a la defensa que dichos preceptos consagran, en el sentido de que, al examinar los requisitos de Derecho de la Unión que derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como la necesidad y la proporcionalidad de la restricción adoptada por el Estado miembro de que se trata, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio no puede atribuir la carga de la prueba a los proveedores de servicios afectados por la restricción, sino que corresponde al Estado miembro —y, concretamente, a la autoridad estatal que dicta la resolución impugnada en el litigio— justificar y demostrar la conformidad con el Derecho de la Unión, así como la necesidad y la proporcionalidad de la normativa nacional, lo cual, de no llevarse a cabo, provoca por sí solo que la normativa nacional vulnere el Derecho de la Unión?

               12)

               ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE, a la luz también del derecho a un procedimiento equitativo del artículo 41, apartado 1, del derecho a ser oído del artículo 41, apartado 2, letra a), y de la obligación de motivación del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, así como de la cláusula de lealtad del artículo 4 TUE, apartado 3, y de la autonomía institucional y procesal de los Estados miembros, en el sentido de que no se cumplen tales exigencias si la autoridad competente del Estado miembro no comunica al operador de juegos de azar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio con arreglo a la normativa nacional, ni tampoco recaba posteriormente, en el curso del procedimiento administrativo, la opinión de aquél sobre la conformidad de la normativa del Estado miembro con el Derecho de la Unión, y, sin explicar en detalle, en la motivación de su decisión, tal conformidad y las pruebas que la respaldan, impone, en un procedimiento de instancia única, una sanción calificada de administrativa por el Derecho nacional?

               13)

               Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 56 TFUE, en el artículo 41, apartados 1 y 2, letras a) y c), de la Carta y en los artículos 47 y 48 de ésta, así como al derecho a disponer de mecanismos de control jurisdiccional efectivos y al derecho a la defensa que dichos preceptos consagran, ¿se cumplen las exigencias que se establecen en los referidos artículos si el operador de juegos de azar puede cuestionar por primera vez y tan sólo ante el órgano jurisdiccional nacional la compatibilidad de la normativa nacional con el Derecho de la Unión?

               14)

               ¿Pueden interpretarse el artículo 56 TFUE y la obligación de los Estados miembros de justificar y motivar la restricción de la libre prestación de servicios en el sentido de que el Estado miembro no ha cumplido dicha obligación si ni en el momento de la adopción de la restricción ni en el del examen estaba ni está disponible la evaluación de impacto pertinente que respalde los objetivos de orden público de la restricción?

               15)

               Atendiendo al marco que señala la ley para fijar el importe de la sanción administrativa que puede imponerse, a la naturaleza de la actividad que se penaliza con la sanción y, en particular, a la medida en que la actividad afecta al orden público y a la seguridad pública, así como al fin represivo de la sanción, ¿puede considerarse, en virtud de los artículos 47 y 48 de la Carta, que la sanción administrativa en cuestión tiene «carácter penal»? ¿Influye esta circunstancia en la respuesta que haya de darse a las cuestiones prejudiciales undécima a decimocuarta?

               16)

               ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que si, en virtud de las respuestas dadas a las cuestiones precedentes, el órgano jurisdiccional que conoce del litigio declara la ilegalidad de la normativa y de su aplicación, debe declarar también que contraviene el Derecho de la Unión la sanción basada en la normativa nacional que no se atiene a lo dispuesto en el artículo 56 TFUE?


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 7 de octubre de 2004, en el asunto C-153/01: Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas (FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicios 1996 a 1998 — Decisión 2001/137/CE)

text:
               4.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 7 de octubre de 2004
   en el asunto C-153/01: Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (FEOGA - Liquidación de cuentas - Ejercicios 1996 a 1998 - Decisión 2001/137/CE)
   (2004/C 300/01)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-153/01, que tiene por objeto un recurso de anulación parcial interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, presentado el 9 de abril de 2001, Reino de España (agente: Sr. S. Ortiz Vaamonde) contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sra. S. Pardo Quintillán), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues y R. Schintgen y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 7 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Anular la Decisión 2001/137/CE de la Comisión, de 5 de febrero de 2001, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), en la medida en que aplica al Reino de España una corrección financiera por importe de 2 426 259 870 pesetas en concepto de intereses pendientes de pago en el marco del régimen de la tasa suplementaria sobre los productos lácteos.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               El Reino de España cargará con cuatro quintas partes de las costas.

               4)

               La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con una quinta parte de las costas.

      (1)  DO C 186 de 30.6.2001.