title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de  8 de diciembre de 2005 , en el asunto C-33/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gan Ducado de Luxemburgo ( Incumplimiento de Estado — Telecomunicaciones — Directiva 97/33/CE — Artículo 7, apartado 5 — Obligación de comprobar la conformidad de los sistemas de contabilidad de costes por un órgano independiente competente y de publicar una declaración de conformidad — Directiva 98/10/CE — Artículo 18, apartados 1 y 2 — Falta de aplicación correcta de las medidas adoptadas en lo referente al control de conformidad del sistema de contabilidad de costes por la autoridad reguladora nacional y a la publicación anual de una declaración de conformidad — Admisibilidad — Interés para ejercitar la acción — Procedimiento administrativo previo — Derecho de defensa — Directivas 2002/19/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE — Disposiciones transitorias — Abstención de los Estados miembros durante el plazo de adaptación del Derecho interno a una directiva de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado establecido en dicha directiva — Ofertas de interconexión de referencia )

text:
               11.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 36/8

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 8 de diciembre de 2005
   en el asunto C-33/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gan Ducado de Luxemburgo (1)

   («Incumplimiento de Estado - Telecomunicaciones - Directiva 97/33/CE - Artículo 7, apartado 5 - Obligación de comprobar la conformidad de los sistemas de contabilidad de costes por un órgano independiente competente y de publicar una declaración de conformidad - Directiva 98/10/CE - Artículo 18, apartados 1 y 2 - Falta de aplicación correcta de las medidas adoptadas en lo referente al control de conformidad del sistema de contabilidad de costes por la autoridad reguladora nacional y a la publicación anual de una declaración de conformidad - Admisibilidad - Interés para ejercitar la acción - Procedimiento administrativo previo - Derecho de defensa - Directivas 2002/19/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE - Disposiciones transitorias - Abstención de los Estados miembros durante el plazo de adaptación del Derecho interno a una directiva de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado establecido en dicha directiva - Ofertas de interconexión de referencia»)
   (2006/C 36/14)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-33/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 29 de enero de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. W. Wils y M. Shotter), contra Gan Ducado de Luxemburgo (agentes: Sres. M. Thill y S. Schreiner, asistidos por los Sres. A. Verheyden y F. Bimont, abogados), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. P. Kūris, G. Arestis (Ponente) y J. Klučka, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 8 de diciembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 5, de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP), al no haber cumplido las obligaciones de comprobar la conformidad de los sistemas de contabilidad de costes por un órgano independiente competente y de publicar una declaración de conformidad referida a los años 1998 y 1999, y en virtud del artículo 18, apartados 1 y 2, de la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo, al no haber aplicado correctamente, en la práctica, las medidas relativas al control de la conformidad del sistema de contabilidad de costes por la autoridad reguladora nacional u otro órgano competente, independiente del organismo de telecomunicaciones y reconocido por dicha autoridad reguladora, respecto del año 2000, tal y como se mantienen en el artículo 27 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en relación con el artículo 16 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal).

               2)

               La Comisión de las Comunidades Europeas y el Gran Ducado de Luxemburgo cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 71, de 23.3.2004.


title: Asuntos acumulados C-399/06 P y C-403/06 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de diciembre de 2009 — Faraj Hassan/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea (C-399/06 P), Chafiq Ayadi, Consejo de la Unión Europea (C-403/06 P) [Política exterior y de seguridad común (PESC) — Medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes — Reglamento (CE) n o  881/2003 — Congelación de los fondos y de los recursos económicos de una persona como consecuencia de su inclusión en un lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas — Comité de Sanciones — Posterior inclusión en el anexo I del Reglamento (CE) n o  881/2002 n o  881/2002 — Recurso de anulación — Derechos fundamentales — Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a un control judicial efectivo]

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de diciembre de 2009 — Faraj Hassan/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea (C-399/06 P), Chafiq Ayadi, Consejo de la Unión Europea (C-403/06 P)
   (Asuntos acumulados C-399/06 P y C-403/06 P) (1)

   (Política exterior y de seguridad común (PESC) - Medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Reglamento (CE) no 881/2003 - Congelación de los fondos y de los recursos económicos de una persona como consecuencia de su inclusión en un lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas - Comité de Sanciones - Posterior inclusión en el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 no 881/2002 - Recurso de anulación - Derechos fundamentales - Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a un control judicial efectivo)
   2010/C 24/02
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Faraj Hassan (representantes: E. Grieves, Barrister, H. Miller, Solicitor, J. Jones, Barrister y M. Arani, Solicitor) (C-399/06 P)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Marquardt, M. Bishop y E. Finnegan, agentes), Comisión Europea (representantes: P. Hetsch y P. Aalto, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandante: República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

      Parte recurrente: Chafiq Ayadi (representantes: S. Cox, Barrister, H. Miller, Solicitor) (C-403/06 P)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Marquardt, M. Bishop y E. Finnegan, agentes), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Comisión Europea (representantes: P. Hetsch y P. Aalto, agentes)

      Parte coadyuvantes en apoyo del Consejo de la Unión Europea: República Francesa

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra las sentencias del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de julio de 2006, Hassan/Consejo y Comisión (T-49/04) y Ayadi/Consejo (T-253/02) en los que el Tribunal de Primera Instancia había desestimado un recurso que tenía por objeto la anulación del Reglamento (CE) no 2049/2003 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2003, por el que se modifica por vigésima quinta vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usama bin Laden, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo (DO L 303, p. 20).

      Fallo

               1)

               Anular las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de julio de 2006, Hassan/Consejo y Comisión (T-49/04) y Ayadi/Consejo (T-253/02).

               2)

               Anular, en lo que atañe al Sr. Hassan, el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 46/2008 de la Comisión, de 18 de enero de 2008.

               3)

               Anular, en lo que atañe al Sr. Ayadi, el Reglamento no 881/2002, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1210/2006 de la Comisión, de 9 de agosto de 2006.

               4)

               Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y, además, con las costas en que hayan incurrido los Sres. Hassan y Ayadi, tanto en primera instancia como en los presentes procedimientos de casación.

               5)

               El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas, tanto en el procedimiento de primera instancia en el asunto relativo al Sr. Ayadi como en los presentes procedimientos de casación.

               6)

               La República Francesa cargará con sus propias costas en los procedimientos de casación.

               7)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas tanto en el procedimiento de primera instancia como en el procedimiento de casación en el asunto relativo al Sr. Hassan. Además, la Comisión Europea cargará con sus propias costas en el asunto relativo al Sr. Ayadi, tanto por lo que se refiere a su intervención ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas como al procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

      (1)  DO C 294, de 2.12.2006.


title: Asunto T-649/13: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2013 — TrekStor/OAMI (SmartTV Station)

text:
               8.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/25

         Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2013 — TrekStor/OAMI (SmartTV Station)
   (Asunto T-649/13)
   2014/C 39/45
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: TrekStor Ltd (Hong Kong, China) (representante: O. Spieker, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la demandada, de 1 de octubre de 2013 (asunto R 128/2013-4) y modifique la resolución impugnada en el sentido de que admita plenamente al registro la marca «SmartTV Station» (solicitud no10 595 577).

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria de que se trata: La marca denominativa «SmartTV Station» para productos de la clase 9 — Solicitud de marca comunitaria no10 595 577

      Resolución del examinador: Denegación del registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 12 de octubre de 2004, en el asunto C-313/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Nicole Wippel contra Peek & Cloppenburg GmbH & Co KG (Directiva 97/81/CE — Directiva 76/207/CEE — Política social — Igualdad de trato entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo — Igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras — Duración de la jornada y distribución del tiempo de trabajo)

text:
               4.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/11

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 12 de octubre de 2004
   en el asunto C-313/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Nicole Wippel contra Peek & Cloppenburg GmbH & Co KG (1)

   (Directiva 97/81/CE - Directiva 76/207/CEE - Política social - Igualdad de trato entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo - Igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras - Duración de la jornada y distribución del tiempo de trabajo)
   (2004/C 300/21)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-313/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberster Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 8 de agosto de 2002, registrada en el Tribunal de Justicia el 5 de septiembre de 2002, en el procedimiento entre Nicole Wippel y Peek & Cloppenburg GmbH & Co KG, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans y A. Rosas, la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. K. Lenaerts, Presidentes de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y R. Schintgen, la Sra. F. Macken (Ponente) y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues y K. Schiemann, Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 12 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Un trabajador cuyo contrato de trabajo estipule que la duración y distribución de la jornada laboral se determinan en función de la carga de trabajo y deben fijarse en cada caso de mutuo acuerdo entre las partes, como el del asunto principal, está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
               Dicho trabajador estará también comprendido en el ámbito de aplicación del Acuerdo marco anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, siempre que:

                           —

                           tenga un contrato o una relación de trabajo tal como se define en la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en el Estado miembro;

                           —

                           sea un trabajador asalariado cuya jornada normal de trabajo, calculada sobre una base semanal o como media de un período de empleo de hasta un máximo de un año, tenga una duración inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable, en el sentido de la cláusula 3, apartado 2, de dicho Acuerdo marco, y,

                           —

                           si se trata de un trabajador a tiempo parcial que trabaja de manera ocasional, el Estado miembro no haya excluido total o parcialmente a tales trabajadores de las disposiciones del citado Acuerdo marco, de conformidad con su cláusula 2, apartado 2.

               2)

               La cláusula 4 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 97/81/CE y los artículos 2, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE deben interpretarse en el sentido de:

                           —

                           que no se oponen a la existencia de una norma, como el artículo 3 de la Arbeitszeitgesetz (Ley relativa al tiempo de trabajo), que fija la jornada máxima, en principio, en cuarenta horas semanales y ocho horas diarias y, de esta forma, también establece la jornada máxima y la distribución del tiempo de trabajo tanto para los trabajadores a tiempo completo como para los que trabajan a tiempo parcial;

                           —

                           que, aun en el supuesto de que todos los contratos de trabajo del resto de los trabajadores de una empresa determinen previamente la duración de la jornada semanal y la distribución del tiempo de trabajo, no se oponen a la existencia de un contrato de trabajo a tiempo parcial para ciertos trabajadores de la misma empresa, como el del asunto principal, en el que la duración de la jornada semanal y su distribución no están establecidas, sino que dependen de la carga de trabajo y deben determinarse caso por caso, y en el que dichos trabajadores son libres de aceptar o rechazar cada trabajo que se les proponga.

      (1)  DO C 289 de 23.11.2002.


title: Recurso interpuesto el 27 de febrero de 1998 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Gran Ducado de Luxemburgo (Asunto C-59/98)

text:
C 151/4               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     16.5.98
de Sala; G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray              Abogado General: Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass,
(Ponente) y K. M. Ioannou, Jueces; Abogado General: Sr.             ha dictado el 12 de marzo de 1998 una sentencia cuyo
G. Cosmas; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 12 de            fallo es el siguiente:
marzo de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                    1) Se declara que la RepuÂblica Italiana ha incumplido las
1) Se declara que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las                 obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16
     obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1               de la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de
     del artículo 10 de la Directiva 92/74/CEE del Consejo,              noviembre de 1994, sobre reglas y estaÂndares comunes
     de 22 de septiembre de 1992, por la que se amplía el                para las organizaciones de inspección y peritaje de
     aÂmbito de aplicación de la Directiva 81/851/CEE rela-              buques y para las actividades correspondientes de las
     tiva a la aproximación de las disposiciones legales,                administraciones marítimas, al no haber adoptado,
     reglamentarias y administrativas sobre medicamentos                 dentro del plazo senÄalado, las disposiciones legales,
     veterinarios y por la que se adoptan disposiciones                  reglamentarias y administrativas necesarias para ate-
     complementarias para los medicamentos homeopaÂticos                 nerse a dicha Directiva.
     veterinarios, al no haber adoptado, en el plazo senÄa-
     lado, las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
     nistrativas para atenerse a dicha Directiva.                   2) Se condena en costas a la RepuÂblica Italiana.
                                                                    (1) DO C 331 de 1.11.1997.
2) Se condena en costas al Reino de BeÂlgica.
(1) DO C 212 de 12.7.1997.
                                                                    Recurso interpuesto el 27 de febrero de 1998 por la
                                                                    Comisión de las Comunidades Europeas contra el Gran
                                                                                Ducado de Luxemburgo
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                (Asunto C-59/98)
                         (Sala Quinta)
                                                                                (98/C 151/06)
                   de 12 de marzo de 1998
en el asunto C-313/97: Comisión de las Comunidades
            Europeas contra RepuÂblica Italiana (1)                 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                    ha presentado el 27 de febrero de 1998 un recurso contra
(Incumplimiento de Estado Ð Directiva 94/57/CE Ð No                 el Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comi-
adaptación del Derecho interno dentro del plazo senÄalado)          sión de las Comunidades Europeas, representada por los
                                                                    Sres. Giuliano Marenco, Consejero Jurídico principal, y
                         (98/C 151/05)
                                                                    JoseÂ F. Crespo Carrillo, miembro de su Servicio Jurídico,
                                                                    en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
              (Lengua de procedimiento: italiano)                   Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                    Centre Wagner, Kirchberg.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-         La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                          de Justicia»)
                                                                    Ð declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
                                                                         plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
En el asunto C-313/97, Comisión de las Comunidades                       Directiva 94/46/CE de la Comisión, de 13 de octubre
Europeas (Agente: Sra. L. Pignataro) contra RepuÂblica Ita-              de 1994, por la que se modifican las Directivas 88/
liana (Agente: U. Leanza, asistido por el Sr. G. Aiello), que            301/CEE y 90/388/CEE especialmente en relación con
tiene por objeto que se declare que la RepuÂblica Italiana               las comunicaciones por sateÂlite (1), al no adoptar todas
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud                 las disposiciones legales, reglamentarias y administrati-
del Tratado CE y de la Directiva 94/57/CE del Consejo, de                vas necesarias para atenerse a dicha Directiva;
22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estaÂndares comu-
nes para las organizaciones de inspección y peritaje de
buques y para las actividades correspondientes de las               Ð condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
administraciones marítimas (DO L 319 de 12.12.1994,
p. 20), al no haber adoptado y/o al no haber comunicado
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas         Motivos y principales alegaciones
necesarias para atenerse a dicha Directiva, el Tribunal de
Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.: C. Gul-
mann, Presidente de Sala; M. Wathelet (Ponente), J. C.              Del caraÂcter vinculante de las Directivas, seguÂn el paÂrrafo
Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet y L. Sevón, Jueces;           tercero del artículo 189 y del apartado 1 del artículo 5 del
 ---pagebreak--- 16.5.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 151/5
Tratado CE, se deduce que los Estados miembros destina-            deberían modificarse para resultar conformes con el Regla-
tarios de la Directiva deben conseguir los objetivos en ella       mento.
enunciados dentro del plazo senÄalado. El plazo fijado en el
artículo 4 de la Directiva 94/46/CE expiró el 8 de agosto          (1) DO L 378 de 31.12.1986, p. 1.
de 1995, sin que el Gran Ducado de Luxemburgo haya
adoptado todas las medidas necesarias.
(1) DO L 268 de 19.10.1994, p. 15.
                                                                   Recurso de casación interpuesto el 3 de marzo de 1998
                                                                   por Odette Nicos Petrides Co. Inc. contra la sentencia dic-
                                                                   tada el 17 de diciembre de 1997 por la Sala Cuarta del
                                                                   Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Recurso interpuesto el 27 de febrero de 1998 por la                Europeas en el asunto T-152/95: Odette Nicos Petrides
Comisión de las Comunidades Europeas contra la                     Co. Inc. contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                    RepuÂblica Portuguesa                                               (Asunto C-64/98 P)
                      (Asunto C-62/98)
                                                                                (98/C 151/08)
                        (98/C 151/07)
                                                                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se          ha presentado el 3 de marzo de 1998 un recurso de casa-
ha presentado el 27 de febrero de 1998 un recurso contra           ción formulado por Odette Nicos Petrides Co. Inc., repre-
la RepuÂblica Portuguesa formulado por la Comisión de las          sentada por los Sres. Nikolaos Vassilakakis y Evangelos
Comunidades Europeas, representada por el Sr. António              Vassilakakis, Abogados de Tesalónica, y por la Sra. Evan-
Caeiro, Consejero Jurídico principal, en calidad de Agente,        gelia Pallioudi, Abogada de Kavala, que designa como
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho               domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio              Zeyen, 56-58, rue Charles Martel, contra la sentencia dic-
Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.                                tada el 17 de diciembre de 1997 por la Sala Cuarta del
                                                                   Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                   Europeas en el asunto T-152/95: Odette Nicos Petrides
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                   Co. Inc. contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Ð declare que la RepuÂblica Portuguesa ha incumplido las
                                                                   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE
     y de lo dispuesto en el artículo 3 y en el apartado 1
     del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 4055/86 del            Ð admita el recurso de casación y anule la sentencia (1),
     Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la
     aplicación del principio de libre prestación de servicios
     al transporte marítimo entre Estados miembros y entre         Ð estime todas las pretensiones del recurso sobre indem-
     Estados miembros y países terceros (1), al no haber                nización por danÄos y perjuicios (2),
     denunciado o, cuando menos, adaptado los Acuerdos
     con Senegal, Cabo Verde, Angola y Santo TomeÂ y Prín-         Ð condene a la Comisión a pagar las costas procesales,
     cipe, a fin de permitir un acceso justo, libre y no dis-           tanto las causadas ante el Tribunal de Primera Instan-
     criminatorio de los ciudadanos de la Comunidad a los               cia como las causadas ante el Tribunal de Justicia.
     repartos de cargamento correspondientes a Portugal;
                                                                   Motivos y principales alegaciones
Ð condene en costas a la RepuÂblica Portuguesa.
                                                                   Ð Justificación insuficiente de la sentencia recurrida en
Motivos y principales alegaciones                                       extremos que influyen de modo sustancial en el princi-
                                                                        pio de proporcionalidad.
Los Acuerdos entre Portugal y los Estados mencionados en
el recurso reservan el transporte de cargamentos entre las         Ð Manifiesta inclusión errónea de los hechos reales en el
partes a los buques que enarbolen pabellón de alguna de                 concepto del principio de proporcionalidad en la
las partes o a los buques cuya explotación lleven a cabo                segunda licitación.
personas o empresas con nacionalidad de alguna de las
partes. De este modo, los buques cuya explotación lleven
a cabo nacionales de otros Estados miembros quedan                 Ð Alteración y desnaturalización por el Tribunal de Pri-
excluidos del comercio al que se refieren los Acuerdos. La              mera Instancia de los documentos acreditativos, al
Comisión considera que se trata de convenios de reparto                 haber admitido dichos elementos de modo manifiesta-
de cargamentos supeditados a las disposiciones y requisitos             mente contrario a su contenido real durante el examen
del Reglamento (CEE) no 4055/86 y, en particular, a los                 del principio de igualdad de trato con motivo de la
contenidos en el apartado 1 de su artículo 4. Por lo tanto,             segunda licitación, y error de Derecho en cuanto a los


title: Asunto T-330/07: Recurso interpuesto el 30 de agosto de 2007 — Kuiburi Fruit Canning/Consejo

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/53

         Recurso interpuesto el 30 de agosto de 2007 — Kuiburi Fruit Canning/Consejo
   (Asunto T-330/07)
   (2007/C 269/95)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd (Bangkok, Tailandia) (representantes: F. Graafsma y J. Cornelis, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento (CE) no 682/2007 del Consejo, de 18 de junio de 2007, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de determinado maíz dulce en grano preparado o conservado originario de Tailandia.

               —

               Que se condene al Consejo de las Comunidades Europeas a pagar las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   La demanda pretende la anulación del Reglamento (CE) no 682/2007 del Consejo (1), de 18 de junio de 2007, por infringir el artículo 17, apartado 3, del Reglamento (CE) no 384/1996 (2) y el artículo 6, apartado 10, párrafo segundo, del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (3), al desestimar la solicitud de un margen de dumping de la demandante, a pesar de que la demandante alega haber sido el único productor exportador que ha proporcionado la información necesaria para el cálculo del margen individual de dumping.
   En primer lugar, según la demandante, el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación al estimar que había más de una solicitud para el cálculo de un margen individual de dumping.
   En segundo lugar, la demandante alega que, puesto que sólo había un productor exportador que solicitase el cálculo de un margen individual de dumping, el Consejo no era libre para determinar si el examen individual de la demandante podría resultar excesivamente gravoso e impedir concluir oportunamente la investigación.
   En tercer lugar, en caso de que el Consejo hubiese tenido tal libertad, la demandante alega que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación al estimar que el examen adicional de un exportador habría resultado excesivamente gravoso, impidiendo la conclusión de la investigación a tiempo.
   Por último, la demandante alega que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación al estimar que el cálculo de un margen individual para la demandante habría sido discriminatorio para otros exportadores a los que no se incluyó en la muestra.

      (1)  Reglamento (CE) no 682/2007 del Consejo, de 18 de junio de 2007, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de determinado maíz dulce en grano preparado o conservado originario de Tailandia (DO L 159, p. 14).

      (2)  Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 56, p. 1).

      (3)  Negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) — Anexo 1 — Anexo 1A — Comercio — Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (OMC-GATT 1994) — Acuerdo antidumping — OMC-«GATT 1994» (DO L 336, p. 103).


title: Asunto T-553/11: Sentencia del Tribunal General de 23 de mayo de 2014 — European Dynamics Luxembourg/BCE ( «Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación de servicios en materia de infraestructuras y aplicaciones informáticas para el BCE — Rechazo de la candidatura — Recurso de anulación — Acto impugnable — Admisibilidad — Criterios de selección — Conformidad de una candidatura con los requisitos establecidos en la convocatoria para la presentación de candidaturas — Obligación de motivación — No ejercicio de la facultad de solicitar precisiones en relación con una candidatura — Errores manifiestos de apreciación — Desviación de poder — Recurso de indemnización» )

text:
               7.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/24

         Sentencia del Tribunal General de 23 de mayo de 2014 — European Dynamics Luxembourg/BCE
   (Asunto T-553/11) (1)

   ((«Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación - Prestación de servicios en materia de infraestructuras y aplicaciones informáticas para el BCE - Rechazo de la candidatura - Recurso de anulación - Acto impugnable - Admisibilidad - Criterios de selección - Conformidad de una candidatura con los requisitos establecidos en la convocatoria para la presentación de candidaturas - Obligación de motivación - No ejercicio de la facultad de solicitar precisiones en relación con una candidatura - Errores manifiestos de apreciación - Desviación de poder - Recurso de indemnización»))
   2014/C 212/28
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburgo) (representantes: N. Korogiannakis y M. Dermitzakis, abogados)

      Demandada: Banco Central Europeo (BCE) (representantes: F. von Lindeiner y P. Pfeifhofer, agentes)

      Objeto

   Por un lado, recurso de anulación de la resolución del BCE mediante la que se rechazó la candidatura de una unión temporal de empresas, incluida la demandante, en un procedimiento de licitación negociado para servicios informáticos, de la resolución del órgano de revisión de adquisiciones del BCE mediante la que se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución por la que se rechazó la candidatura, así como de todas las resoluciones conexas del BCE y, por otro lado, solicitud de indemnización de daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               European Dynamics Luxembourg SA cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Banco Central Europeo (BCE).

      (1)  DO C 6, de 7.1.2012.


title: Asunto C-346/17 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de junio de 2017 por Christoph Klein contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 28 de septiembre de 2016 en el asunto T-309/10 RENV, Christoph Klein/Comisión Europea

text:
               11.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/15

         Recurso de casación interpuesto el 9 de junio de 2017 por Christoph Klein contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 28 de septiembre de 2016 en el asunto T-309/10 RENV, Christoph Klein/Comisión Europea
   (Asunto C-346/17 P)
   (2017/C 300/19)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Christoph Klein (representante: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República Federal de Alemania

      Pretensiones de la parte recurrente

   El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1.

               Anule la sentencia del Tribunal General de 28 de septiembre de 2016 en el asunto T-309/10 RENV.

               2.

               Condene a la demandada a abonarle 1 562 662,30 euros más intereses al tipo básico incrementado en ocho puntos porcentuales, devengados desde el pronunciamiento de la sentencia.

               3.

               Declare que la Comisión debe indemnizarle el perjuicio que se le ha irrogado después del 15 de septiembre de 2006, en la cuantía que aún deberá establecerse.

               4.

               Condene en costas a la Comisión.

               5.

               Con carácter subsidiario, anule la sentencia del Tribunal General de 28 de septiembre de 2016 en el asunto T-309/10 RENV y devuelva el asunto a dicho Tribunal.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, el recurrente invoca los siguientes motivos:
   Primero. Según el recurrente, el Tribunal General ha infringido el artículo 61, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al apreciar indebidamente el alcance del efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia y considerar erróneamente que, puesto que el cuarto motivo de su recurso en el asunto C-120/14 P fue desestimado por inadmisible, no tenía derecho a una indemnización en relación con su producto «effecto».
   Segundo. El recurrente alega que el Tribunal General ha infringido también el artículo 61, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, al no atenerse a las cuestiones de Derecho dirimidas por el Tribunal de Justicia. En el apartado 95 de su sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que procedía anular la sentencia recurrida del Tribunal General en la medida en que éste desestimó el recurso en lo relativo a la pretensión de condena a la Comisión a indemnizar el perjuicio supuestamente sufrido por el recurrente […]. En contra de este pronunciamiento, el Tribunal General declaró indebidamente que no había lugar a una indemnización de daños y perjuicios porque no se daban los requisitos.
   Tercero. El recurrente alega que el Tribunal General ha infringido el artículo 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, al rechazar la alegación de que la Comisión había infringido también el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al no actuar con arreglo al procedimiento de la cláusula de salvaguardia del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 93/42, basándose en que se trataba de un motivo nuevo. En consecuencia, el Tribunal General ha incurrido con ello en error de Derecho, puesto que el recurrente ya había invocado en la demanda el principio de buena gobernanza, que está comprendido en el principio de buena administración y en el artículo 41 de la Carta, de manera que no se trata de un motivo nuevo.
   Cuarto. El recurrente aduce que el Tribunal General, al considerar que la Directiva no confiere ningún derecho directamente al recurrente ni a la sociedad atmed AG, vulnera el Derecho de la Unión, pues ambos son destinatarios en un procedimiento de cláusula de salvaguardia y pueden invocar los principios derivados de la libre circulación de mercancías en calidad de afectados en sus intereses económicos básicos.
   Quinto. Para el recurrente, el Tribunal General ha incurrido en error de Derecho al negar que existiera una relación de causalidad entre la actuación ilícita de la Comisión y el daño alegado, desvirtuando los hechos y calificándolos indebidamente, e infringiendo de nuevo el artículo 8, apartado 2, del Reglamento 93/42, además de omitir toda apreciación jurídica e incurrir en una motivación insuficiente.
   Sexto. El recurrente alega que, al no tener en cuenta los anexos COM RENV 1 y 2, el Tribunal General vulneró el derecho de defensa y el derecho a ser oído, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 47 de la Carta, y desvirtuó los hechos y las pruebas.
   Séptimo. Para el recurrente, al denegar su petición de que instara a la Comisión la presentación del expediente del procedimiento de cláusula de salvaguardia, el Tribunal General vulneró su derecho de defensa, e infringió el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 47 de la Carta, así como el artículo 64, apartado 3, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y el artículo 24 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


title: Asunto C-390/04: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de  12 de enero de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por el Regeringsrätten) — GöteborgsOperan AB/Skatteverket

text:
               1.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 154/13

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Regeringsrätten) — GöteborgsOperan AB/Skatteverket
   (Asunto C-390/04) (1)

   (2006/C 154/29)

      Lengua de procedimiento: sueco

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 273, de 6.11.2004.


title: Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 1997 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica (Asunto C-411/97)

text:
C 55/16                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    20.2.98
el Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de           Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 1997 por la
las Comunidades Europeas, representada por los Sres. B. J.          Comisión de las Comunidades Europeas contra el Gran
Drijber y H. Michard, miembros de su Servicio Jurídico,                               Ducado de Luxemburgo
en calidad de Agentes, que designa como domicilio en                                     (Asunto C-410/97)
Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner.                                                (98/C 55/30)
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                    ha presentado el 5 de diciembre de 1997 un recurso contra
Ð Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido            el Gran Ducado de Luxemburgo, formulado por la Comi-
     las obligaciones que le incumben en virtud del                 sión de las Comunidades Europeas, representada por la
     Tratado CE al no someter al Impuesto sobre el Valor            Sra. Marie Wolfcarius, miembro de su Servicio Jurídico,
     AnÄadido los peajes percibidos por la utilización de la        en calidad de Agente, que designa como domicilio en
     infraestructura de la red de carreteras, en contra de lo       Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
     dispuesto por los artículos 2 y 4 de la Sexta Directiva        Centre Wagner, Kirchberg.
     77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977, en materia de
     armonización de las legislaciones de los Estados miem-         La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
     bros relativas a los impuestos sobre el volumen de             bunal de Justicia que:
     negocios Ð Sistema comuÂn del Impuesto sobre el
     Valor AnÄadido: base imponible uniforme (1).
                                                                    Ð Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha
                                                                         incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
Ð Condene en costas al Reino de los Países Bajos.                        de la Directiva 92/29/CEE del Consejo, de 31 de
                                                                         marzo de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de
Motivos y principales alegaciones                                        seguridad y de salud para promover una mejor asisten-
                                                                         cia meÂdica a bordo de los buques (1), al no haber
                                                                         adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
La Comisión Ðal igual que el Gobierno neerlandeÂsÐ con-                  administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto
sidera que los peajes percibidos en los Países Bajos consti-             en dicha Directiva.
tuyen la contraprestación de un servicio en el sentido del
apartado 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva. Pero el
Gobierno neerlandeÂs afirma erróneamente que los organis-           Ð Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
mos puÂblicos encargados de la explotación de infraestruc-
turas por cuya utilización se percibe un peaje actuÂan en           Motivos y principales alegaciones
ejercicio de sus funciones puÂblicas en el sentido de la
excepción establecida en el apartado 5 del artículo 4 de la
Sexta Directiva. La regla es que los organismos puÂblicos           Los motivos y principales alegaciones invocados son anaÂ-
son sujetos pasivos, y sólo con caraÂcter excepcional dejan         logos a los del asunto C-406/97 (2); el plazo para la adap-
de tener tal condición. El primer paÂrrafo del apartado 5           tación del Derecho interno a la Directiva expiró el 31 de
constituye en efecto una excepción a los apartados 1 y 2            diciembre de 1994.
del artículo 4. El hecho de que los paÂrrafos segundo y ter-
cero del apartado 5 sean a su vez una excepción del pri-            (1) DO L 113 de 30.4.1992, p. 19.
mer paÂrrafo, sino que por el contrario confirma que el pri-        (2) DO C 41 de 7.2.1998, p. 11.
mer paÂrrafo establece una excepción específica. En cam-
bio, en las alegaciones del Gobierno neerlandeÂs la regla y
la excepción parecen invertirse. Que los organismos puÂbli-
cos no sean sujetos pasivos es la excepción, y así lo con-
firma ademaÂs el hecho de que no habrían sido necesarias
las exenciones establecidas en los artículos 13 y 28 de la
Sexta Directiva si con caraÂcter general los organismos             Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 1997 por la
puÂblicos no hubieran estado sometidos a la Directiva. Por          Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino
lo demaÂs una solución diferente iría en contra del caraÂcter                                 de BeÂlgica
general del sistema comuÂn del IVA. La exacción de peajes                                (Asunto C-411/97)
no es inherente al ejercicio de la función puÂblica que con-
siste en mantener y poner a disposición de los usuarios                                      (98/C 55/31)
tuÂneles o puentes, sino una actividad separada de eÂsta, que
forma parte de la explotación del objeto. No se acierta a
alcanzar por queÂ el suministro de gas, etc. no constituye          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
una actividad que se realiza a título de función puÂblica y         ha presentado el 5 de diciembre de 1997 un recurso contra
por queÂ sí lo sería la explotación de puentes o tuÂneles.          el Reino de BeÂlgica, formulado por la Comisión de las
                                                                    Comunidades Europeas, representada por la Sra. Marie
                                                                    Wolfcarius, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de
(1) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54.
                                                                    Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                    despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
                                                                    Kirchberg.
 ---pagebreak--- 20.2.98               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 55/17
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-                  a) de que la madera procedente de desechos de obras
bunal de Justicia que:                                                        de construcción y demolición, a partir de la cual se
                                                                              hacen las virutas, en un momento anterior a la
Ð Declare que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las                          incineración ya haya sido objeto de operación que
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                   deben considerarse como desprenderse de dichos
     92/29/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, rela-                     residuos, a saber, operaciones para hacer que los
     tiva a las disposiciones mínimas de seguridad y de                       residuos sean susceptibles de reutilización (la utili-
     salud para promover una mejor asistencia meÂdica a                       zación como combustible) (operaciones de reci-
     bordo de los buques (1), al no haber adoptado las dis-                   claje)?
     posiciones legales, reglamentarias y administrativas
     necesarias para atenerse a lo dispuesto en dicha Direc-                  En caso de respuesta afirmativa, una operación
     tiva.                                                                    para hacer que un residuo sea susceptible de reuti-
                                                                              lización (operación de reciclaje) ¿uÂnicamente puede
Ð Condene en costas al Reino de BeÂlgica.                                     considerarse como operación de valorización de un
                                                                              residuo, si dicha operación figura expresamente en
                                                                              el anexo II B de la Directiva 75/442/CEE o tam-
Motivos y principales alegaciones                                             bieÂn si dicha operación es anaÂloga a una operación
                                                                              que figura en dicho anexo?
Los motivos y principales alegaciones invocados son anaÂ-
logos a los del asunto C-406/97 (2); el plazo para la adap-               b) de que las virutas de madera seguÂn concepciones
tación del Derecho interno a la Directiva expiró el 31 de                     sociales sean residuos, para lo cual interesa saber
diciembre de 1994.                                                            si pueden ser valorizadas como combustible de una
                                                                              forma que respete el medioambiente sin someterlas
(1) DO L 113 de 30.4.1992, p. 19.                                             previamente a transformaciones radicales?
(2) DO C 41 de 7.2.1998, p. 11.
                                                                          c) de que la utilización de virutas de madera como
                                                                              combustible sea comparable a un meÂtodo corriente
                                                                              de valorización de residuos?
                                                                     (1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Nederlandse Raad van State, de fecha 25 de
noviembre de 1997, en el asunto entre Vereniging Dorps-
belang Hees, Stichting Werkgroep Weurt + y Vereniging
Stedelijk Leefmilieu y Directeur van de dienst Milieu en
              Water van de provincie Gelderland
                      (Asunto C-419/97)                              Recurso de casación interpuesto el 12 de diciembre de
                                                                     1997 por la SocieÂteÂ anonyme de traverses en beÂton armeÂ
                         (98/C 55/32)                                (Sateba) contra el auto dictado el 29 de septiembre de
                                                                     1997 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instan-
                                                                     cia de las Comunidades Europeas en el asunto T-83/97,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                     entre la SocieÂteÂ anonyme de traverses en beÂton armeÂ
sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                         (Sateba) y la Comisión de las Comunidades Europeas
mediante resolución del Nederlandse Raad van State, dic-
tada el 25 de noviembre de 1997, en el asunto entre Vere-                                  (Asunto C-422/97 P)
niging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt +,                                          (98/C 55/33)
Vereniging Stedelijk Leefmilieu y Directeur van de dienst
Milieu en Water van de provincie Gelderland, y recibida
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de diciembre         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
de 1997.                                                             ha presentado el 12 de diciembre de 1997 un recurso de
                                                                     casación formulado por la SocieÂteÂ anonyme de traverses
El Nederlandse Raad van State solicita al Tribunal de Jus-           en beÂton armeÂ (Sateba), representada por el Sr. Jacques
ticia que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes:              Manseau, Abogado de París, que designa como domicilio
                                                                     en Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest Arendt, 8-
1) ¿Puede deducirse de la mera circunstancia de que viru-            10, rue Mathias Hardt, contra el auto dictado el 29 de
     tas de madera sean sometidas a una operación que                septiembre de 1997 por la Sala Primera del Tribunal de
     aparece en el anexo II B de la Directiva 75/442/                Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
     CEE (1) que se trata de desprenderse de dicha sustancia         asunto T-83/97, entre la SocieÂteÂ anonyme de traverses en
     y que eÂsta debe ser calificada de residuo en el sentido        beÂton armeÂ (Sateba) y la Comisión de las Comunidades
     de dicha Directiva?                                             Europeas.
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, la           La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que
     respuesta a la cuestión de si la utilización de virutas de      anule el auto del Tribunal de Primera Instancia, dictado el
     madera como combustible se debe considerar como                 29 de septiembre de 1997, en el asunto T-83/97 (1), por
     desprenderse, ¿depende de la circunstancia:                     interpretación errónea de las disposiciones del Tratado CE


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 2 de abril de 1998 en el asunto C-213/96 (petición de decisión prejudicial planteada por el Uudenmaan lääninoikeus): procedimiento incoado por Outokumpu Oy (Impuesto especial sobre la electricidad - Tipos impositivos diferenciados según el modo de producción de la electricidad de origen nacional - Tipo único para la electricidad importada)

text:
C 209/4                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      4.7.98
(Agente: Sr. Marc Fierstra), que tiene por objeto un               rio: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el
recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada        2 de abril de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas (Sala Cuarta ampliada) el 28 de septiembre de
                                                                   El paÂrrafo primero del artículo 95 del Tratado CE se
1995, en el asunto Sytraval y Brink's France/Comisión
                                                                   opone a que un impuesto especial, que forma parte de un
(T-95/94, Rec. p. II-2651), por el que se solicita la anula-
                                                                   reÂgimen nacional de tributación de las fuentes de energía,
ción de dicha sentencia, y en el que las otras partes en el
                                                                   grave la electricidad de origen nacional con tipos diferen-
procedimiento son: Chambre syndicale nationale des entre-
                                                                   ciados seguÂn el meÂtodo de producción de eÂsta, mientras
prises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) y Brink's
                                                                   que grava la electricidad importada, cualquiera que sea su
France SARL, el Tribunal de Justicia, integrado por los
                                                                   meÂtodo de producción, con un tipo uÂnico que, aun cuando
Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann
                                                                   sea inferior al tipo maÂs elevado aplicable a la electricidad
(Ponente), H. Ragnemalm y M. Wathelet, Presidentes de
                                                                   de origen nacional, da lugar, aunque sólo sea en algunos
Sala; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G.
                                                                   casos, a una tributación superior de la electricidad impor-
Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet,
                                                                   tada.
G. Hirsch, P. Jann y L. Sevón, Jueces; Abogado General:
Sr. C. O. Lenz; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el 2 de
abril de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:            (1) DO C 247 de 24.8.1996.
1) Se desestima el recurso de casación.
2) La Comisión de las Comunidades Europeas, la RepuÂ-
     blica Federal de Alemania, el Reino de EspanÄa, la                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL
     RepuÂblica Francesa y el Reino de los Países Bajos
     soportaraÂn sus propias costas.                                                  de 28 de abril de 1998
                                                                   en el asunto C-120/95 (petición de decisión prejudicial
(1) DO C 16 de 20.1.1996.                                          planteada por el Conseil arbitral des assurances sociales):
                                                                   Nicolas Decker contra Caisse de maladie des employeÂs pri-
                                                                                veÂs (1)
                                                                   (Libre circulación de mercancías Ð Artículos 30 y 36 del
                                                                   Tratado CE Ð Reembolso de los gastos meÂdicos produci-
                                                                   dos en un Estado miembro Ð Autorización previa de la
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                         Caja competente Ð Compra de gafas)
                     de 2 de abril de 1998                                                 (98/C 209/07)
en el asunto C-213/96 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Uudenmaan lääninoikeus): procedimiento                          (Lengua de procedimiento: franceÂs)
                incoado por Outokumpu Oy (1)
(Impuesto especial sobre la electricidad Ð Tipos imposi-           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
tivos diferenciados seguÂn el modo de producción de la             caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
electricidad de origen nacional Ð Tipo uÂnico para la elec-                                 de Justicia»)
                      tricidad importada)
                         (98/C 209/06)                             En el asunto C-120/95, que tiene por objeto una petición
                                                                   dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
               (Lengua de procedimiento: fineÂs)                   del Tratado CE, por el Conseil arbitral des assurances
                                                                   sociales (Luxemburgo), destinada a obtener, en el litigio
                                                                   pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Nicolas
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-        Decker y Caisse de maladie des employeÂs priveÂs, una deci-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal        sión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30
                          de Justicia»)                            y 36 del Tratado CE, el Tribunal de Justicia, integrado por
                                                                   los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann
                                                                   y H. Ragnemalm (Ponente), Presidentes de Sala; G. F.
En el asunto C-213/96, que tiene por objeto una petición
                                                                   Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L.
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                                                                   Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y P.
del Tratado CE, por el Uudenmaan lääninoikeus (Finlan-
                                                                   Jann, Jueces; Abogado General: Sr. G. Tesauro; Secretaria:
dia), destinada a obtener, en un procedimiento incoado
                                                                   Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal, ha
por Outokumpu Oy, una decisión prejudicial sobre la
                                                                   dictado el 28 de abril de 1998 una sentencia cuyo fallo es
interpretación de los artículos 9, 12 y 95 del Tratado CE,
                                                                   el siguiente:
el Tribunal de Justicia integrado por los Sres.: G. C. Rodrí-
guez Iglesias, Presidente; C. Gulmann, H. Ragnemalm y R.
Schintgen (Ponente), Presidentes de Sala; G. F. Mancini,           Se declara que los artículos 30 y 36 del Tratado CE se
J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray,         oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual un
D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y L.         organismo de Seguridad Social de un Estado miembro
Sevón, Jueces; Abogado General: Sr. F. G. Jacobs; Secreta-         deniega a un asegurado el reembolso a tanto alzado de un


title: Asunto F-56/12: Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2012 — ZZ/Comisión

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/34

         Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2012 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-56/12)
   2012/C 243/58
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Pretensión de anulación de la Decisión de la Comisión de no abonar cotizaciones por el demandante al régimen de pensiones alemán o de la Unión Europea después de finalizar su contrato de agente temporal durante el período en el que estuvo desempleado y pretensión de ser incluido en el régimen de pensiones de la Unión Europea o de transferir sus derechos de pensión al régimen alemán.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la autoridad facultada para celebrar los contratos de personal de la Dirección General de la Comisión Europea de 24 de febrero de 2012 no R/813/11.

               —

               Que se condene a la demandada a incluir al demandante en el régimen de pensión de jubilación de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea para el período comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de agosto de 2009 y a abonar las cotizaciones correspondientes.

               —

               Subsidiariamente, que se condene a la demandada a solicitar al régimen alemán de pensiones la afiliación del demandante para el período comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de agosto de 2009 y a abonar a posteriori las cotizaciones al régimen alemán de pensiones por el demandante que correspondan legalmente.

               —

               Subsidiariamente, que se declare que la demanda está obligada a indemnizar al demandante, coincidiendo con el primer abono de su pensión de jubilación, por los daños sufridos, abonándole una cantidad equivalente a la cantidad que el demandante deja de percibir en concepto de pensión de jubilación en relación con la pensión que percibiría si se hubieran abonado las cotizaciones al régimen legal de pensiones, en su cuantía legal correspondientes a período comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de agosto de 2009.


title: Asunto F-82/13: Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de abril de 2016 — Bandieri/Comisión

text:
               20.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 222/46

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de abril de 2016 — Bandieri/Comisión
   (Asunto F-82/13) (1)

   (2016/C 222/65)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 325 de 9.11.2013, p. 52.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de enero de 2001 en el asunto C-459/98 P: Isabel Martínez del Peral Cagigal contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de casación — Funcionarios — Petición de revisión de la clasificación en grado — Recurso — Expiración de los plazos — Hecho nuevo — Igualdad de trato")

text:
C 161/2                  ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             2.6.2001
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Tribunale                 (T-224/97, RecFP pp. I-A-581 y II-1741), por el que se solicita
civile e penale di Cagliari (Italia), destinada a obtener, en el            que se anule dicho auto, y en el que la otra parte en el
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre                   procedimiento es la Comisión de las Comunidades Europeas
Azienda Agricola Monte Arcosu Srl y Regione Autonoma della                  (agentes: Sr. J. Guerra Fernández y Sra. F. Duvieusart-Clotuche),
Sardegna, Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna,                    el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) integrado por los
Ente Regionale per l’Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT),             Sres. D.A.O. Edward, en funciones de Presidente de la Sala
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 2,         Quinta, P. Jann y L. Sevón (Ponente), Jueces; Abogado General:
apartado 5, del Reglamento (CEE) no 797/85 del Consejo, de                  Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha
12 de marzo de 1985, relativo a la mejora de la eficacia de las             dictado el 11 de enero de 2001 una sentencia cuyo fallo es el
estructuras agrarias (DO L 93, p. 1; EE 03/34, p. 66), y del                siguiente:
artı́culo 5, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 2328/91 del
Consejo, de 15 de julio de 1991, relativo a la mejora de la                 1)    Se anula el auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de
eficacia de las estructuras agrarias (DO L 218, p. 1), el Tribunal                octubre de 1998, Martı́nez del Peral Cagigal/Comisión
de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. C. Gulmann,                        (T-224/97).
Presidente de Sala; el Sr. V. Skouris y la Sra. F. Macken
(Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:              2)    Se anula la decisión de la Comisión de las Comunidades
Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 11 de                       Europeas de 24 de octubre de 1996, por la que se desestimó la
enero de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                           petición de la Sra. Martı́nez del Peral Cagigal de que se revisara
                                                                                su clasificación en grado, confirmada por la decisión de la
El artı́culo 2, apartado 5, último párrafo, del Reglamento (CEE)                Comisión de 29 de abril de 1997, por la que se desestimó la
797/85 del Consejo, de 12 de marzo de 1985, relativo a la mejora                  reclamación presentada el 23 de enero de 1997.
de la eficacia de las estructuras agrarias, y el artı́culo 5, apartado 5,
último párrafo, del Reglamento (CEE) no 2328/91 del Consejo, de           3)    Se condena a la Comisión de las Comunidades Europeas al
15 de julio de 1991, relativo a la mejora de la eficacia de las                   pago de la totalidad de las costas de los procedimientos ante el
estructuras agrarias, no pueden ser invocados ante un órgano                     Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.
jurisdiccional nacional por sociedades de capitales para conseguir el
reconocimiento del estatuto de agricultor que ejerce la actividad           (1) DO C 48 de 20.2.1999.
agrı́cola como actividad principal cuando el legislador de un Estado
miembro no ha adoptado las disposiciones necesarias para su
ejecución en su ordenamiento jurı́dico interno.
(1) DO C 20 de 23.1.1999.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
                                                                                de 11 de enero de 2001
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                            en el asunto C-464/98 (petición de decisión prejudicial
                             (Sala Quinta)                                  planteada por el Landesgericht für Zivilrechtssachen
                                                                            Wien): Westdeutsche Landesbank Girozentrale contra
                      de 11 de enero de 2001                                Friedrich Stefan, con intervención de: Republik Öste-
                                                                                rreich (1)
en el asunto C-459/98 P: Isabel Martı́nez del Peral Cagigal
      contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)                      («Normativa nacional que prohı́be la inscripción de una
                                                                            hipoteca en moneda extranjera — Violación de dicha prohibi-
(«Recurso de casación — Funcionarios — Petición de revisión              ción antes de la entrada en vigor del Derecho comunitario en
de la clasificación en grado — Recurso — Expiración de los                Austria — Interpretación del artı́culo 73 B del Tratado CE
          plazos — Hecho nuevo — Igualdad de trato»)                        (actualmente artı́culo 56 CE) — Repercusión del Derecho
                                                                              comunitario en forma de regularización de la inscripción»)
                           (2001/C 161/03)
                                                                                (2001/C 161/04)
                  (Lengua de procedimiento: español)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto C-459/98 P, Isabel Martı́nez del Peral Cagigal,
funcionaria de la Comisión de las Comunidades Europeas, con
domicilio en Bruselas (Bélgica), representada por el Sr. A. Creus           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
y la Sra. B. Uriarte Valiente, abogados, que tiene por objeto un                 «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera)                En el asunto C-464/98/99, que tiene por objeto una petición
de 14 de octubre de 1998, Martı́nez del Peral Cagigal/Comisión             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del


title: Asunto T-681/16: Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2016 — Henkel Electronic Materials (Belgium)/Comisión

text:
               28.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 441/23

      Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2016 — Henkel Electronic Materials (Belgium)/Comisión
      (Asunto T-681/16)
      (2016/C 441/27)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Henkel Electronic Materials (Belgium) (Westerlo, Bélgica) (representantes: N. Reypens, C. Docclo y T. Verstraeten, abogados)

         Demandada: Comisión Europea

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Ordene la acumulación del presente asunto y el asunto T-131/16, por razones de conexión, a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia.

                  —

                  Admita y estime los motivos de anulación planteados en la presenta demanda.

                  —

                  Anule los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada. (1)

                  —

                  Con carácter subsidiario, anule el artículo 2 de la Decisión impugnada, en tanto en cuanto no establece medidas transitorias.

                  —

                  Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones

      En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

                  1.

                  Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación a la hora de identificar los actos jurídicos en virtud de los cuales se concede la supuesta ayuda estatal, así como en un error de Derecho en la interpretación del artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 2015/1589. (2)

                  2.

                  Segundo motivo, basado en un error de hecho en la descripción del régimen de referencia, un error manifiesto de apreciación en el análisis de dicho régimen y un error de Derecho en la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1, y del artículo 1, letra a), del Reglamento n.o 2015/1589.

                  3.

                  Tercer motivo, basado en un error de apreciación a la hora de evaluar la ventaja económica y un error de Derecho en la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1, y del artículo 1, letra a), del Reglamento n.o 2015/1589.

                  4.

                  Cuarto motivo, basado en un error en la apreciación del carácter selectivo necesario para calificar el régimen controvertido de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y del artículo 1, letra a), del Reglamento n.o 2015/1589, y en un error de apreciación del funcionamiento de dicho régimen.

                  5.

                  Quinto motivo, basado en un error de apreciación en el análisis de la justificación de las condiciones de aplicación del régimen controvertido.

                  6.

                  Sexto motivo, basado en un error de apreciación en la evaluación de la supuesta ventaja derivada del régimen controvertido y en la falta de precisión en el examen de éste.

                  7.

                  Séptimo motivo, basado en la vulneración de la seguridad jurídica y la confianza legítima del contribuyente.

         (1)  Decisión (UE) 2016/1699 de la Comisión, de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayudas estatales en la forma de exención de los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por Bélgica [notificada con el número C(2015) 9837] (DO 2016, L 260, p. 61).

         (2)  Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).


title: Asunto T-674/14 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 27 de noviembre de 2014 — SEA/Comisión ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado — Obligación de recuperar una ayuda concedida por el operador público de un aeropuerto en favor de una sociedad filial encargada de servicios de gestión — Liquidación de dicha sociedad — Constitución de una nueva sociedad encargada de servicios de gestión — Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento formal de examen en materia de ayudas de Estado para examinar si existe continuidad económica entre ambas sociedades — Demanda de suspensión de la ejecución — Inadmisibilidad manifiesta del recurso principal — Inadmisibilidad — Inexistencia de urgencia» )

text:
               26.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/34

         Auto del Presidente del Tribunal General de 27 de noviembre de 2014 — SEA/Comisión
   (Asunto T-674/14 R)
   ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Ayudas de Estado - Obligación de recuperar una ayuda concedida por el operador público de un aeropuerto en favor de una sociedad filial encargada de servicios de gestión - Liquidación de dicha sociedad - Constitución de una nueva sociedad encargada de servicios de gestión - Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento formal de examen en materia de ayudas de Estado para examinar si existe continuidad económica entre ambas sociedades - Demanda de suspensión de la ejecución - Inadmisibilidad manifiesta del recurso principal - Inadmisibilidad - Inexistencia de urgencia»))
   (2015/C 026/43)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Italia) (representantes: F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni y A. Scalini, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: S. Noë y G. Conte, agentes)

      Objeto

   Demanda de medidas provisionales para obtener, en esencia, la suspensión de la ejecución de la Decisión C(2014) 4537 final de la Comisión, de 9 de julio de 2014, de incoar el procedimiento formal de examen formal, con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, relativo a la constitución de la sociedad Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) — Italia — Constitución de Airport Handling].

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-388/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln (Alemania) el 14 de agosto de 2014 — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

text:
               20.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 372/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln (Alemania) el 14 de agosto de 2014 — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin
   (Asunto C-388/14)
   2014/C 372/08
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Köln

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Timac Agro Deutschland GmbH

      Demandada: Finanzamt Sankt Augustin

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 49 TFUE (artículo 43 CE) en el sentido de que se opone a una normativa como el artículo 52, apartado 3, de la EStG cuando la causa de la reintegración del importe de las pérdidas de un establecimiento permanente extranjero computadas anteriormente para reducir la carga tributaria es la enajenación de dicho establecimiento a otra sociedad de capital perteneciente al mismo grupo que la transmitente, y no la obtención de ganancias?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 49 TFUE (artículo 43 CE) en el sentido de que se opone a una normativa como el artículo 23, apartado 1a, del CDI entre Alemania y Austria de 2000, con arreglo al cual se deducen de la base imponible de los impuestos alemanes los rendimientos obtenidos en Austria, cuando éstos pueden tributar en Austria, en caso de que las pérdidas sufridas por un establecimiento austriaco de una sociedad de capital alemana dejen de ser computables en Austria debido a que el establecimiento ha sido transmitido a una sociedad de capital austriaca que pertenece al mismo grupo que la sociedad de capital alemana?


title: Asunto C-198/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 29 de abril de 2015 — Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

text:
               13.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 29 de abril de 2015 — Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
   (Asunto C-198/15)
   (2015/C 228/07)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   First-tier Tribunal (Tax Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd

      Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

      Cuestiones prejudiciales

   Las cuestiones prejudiciales se refieren al anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (1), modificado por el Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, y a la partida 8713 de dicho anexo.

               1)

               ¿La expresión «para inválidos» significa «únicamente» para inválidos?

               2)

               ¿Cuál es el significado del término «inválidos»? En particular:

                           a)

                           ¿su significado se restringe a las personas que sufren una discapacidad además de una limitación respecto de su capacidad para caminar o caminar sin dificultad, o incluye a personas cuya única limitación afecta a su capacidad para caminar o para caminar sin dificultad?

                           b)

                           ¿implica el término «inválido» algo más que una limitación marginal de una capacidad?

                           c)

                           ¿una limitación temporal como la ocasionada por la rotura de una pierna constituye una invalidez?

               3)

               ¿Modifica la nota explicativa de la Nomenclatura Combinada de 4 de enero de 2005 (2005/C 1/03) (2) el significado de la partida 8713 de la NC al excluir a los electromóviles que tienen una columna de dirección separada?

               4)

               ¿Afecta a la clasificación arancelaria la posibilidad de que una persona no inválida utilice un vehículo si se puede afirmar que dicho vehículo tiene unas características particulares que palian los efectos de una discapacidad?

               5)

               En caso de que la idoneidad para el uso por personas no discapacitadas sea una circunstancia pertinente, ¿en qué medida las desventajas de dicho uso han de ser también pertinentes para determinar dicha idoneidad?

      (1)  DO L 301, p. 1.

      (2)  Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada de la Unión Europea (DO C 137, p. 1).


title: Asunto T-554/13: Recurso interpuesto el 16 de octubre de 2013 — Hungría/Comisión

text:
               25.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/22

         Recurso interpuesto el 16 de octubre de 2013 — Hungría/Comisión
   (Asunto T-554/13)
   2014/C 24/39
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Demandante: Hungría (representantes: M.Z. Fehér y K. Szíjjártó, agentes)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de ejecución C(2013) 5029 final de la Comisión, de 6 de agosto de 2013, sobre el reembolso parcial de la ayuda financiera nacional concedida a las organizaciones de productores para los programas operativos ejecutados en Hungría en 2010.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante alega que la Comisión se extralimitó en el ejercicio de sus competencias, vulnerando las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, al determinar el importe del reembolso parcial a Hungría de la ayuda financiera nacional concedida en 2010 a las organizaciones de productores operativas en el sector de las frutas y hortalizas.
   Según la demandante, el Derecho de la Unión no prevé la posibilidad de que, en su decisión sobre el reembolso parcial comunitario de la ayuda financiera nacional concedida, conforme al artículo 103 sexies del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, (1) a las organizaciones de productores operativas en el sector de las frutas y hortalizas, la Comisión sólo acceda al reembolso de aquellos importes que hayan sido indicados por Hungría como importes «estimados» o «previsibles» en su petición de autorización para la concesión de ayuda nacional.
   La demandante considera que, con arreglo al artículo 103 sexies del Reglamento no 1234/2007, la autorización de la Comisión sobre la ayuda nacional se refiere a la concesión de ayuda y no al establecimiento, por parte de la Comisión, de un límite máximo a la ayuda que puede otorgarse. Según la demandante, tal límite máximo se prevé de manera inequívoca en el Reglamento no 1234/2007, que establece que la ayuda nacional no puede sobrepasar el 80 % de las contribuciones financieras a los fondos operativos de los miembros o de las organizaciones de productores. Las normas relativas al reembolso parcial comunitario de la ayuda nacional tampoco posibilitan que la Comisión, al autorizar dicho reembolso parcial, fije como límite máximo del rembolso el importe que el Estado miembro haya comunicado a la Comisión en su petición de autorización, bien como importe total de la ayuda, bien como importe de la ayuda prevista para ciertas organizaciones de productores, máxime cuando en la comunicación mencionada el Gobierno de Hungría presentaba los importes de que se trata como meramente programados o estimados.
   Asimismo, la demandante afirma que la Comisión tiene derecho a verificar que la ayuda realmente abonada no ha sobrepasado el límite máximo del 80 %, antes mencionado, y que el reembolso solicitado no supera el 60 % de la ayuda concedida, pero no a establecer como límite máximo para el reembolso los importes indicados en la solicitud de autorización, especialmente cuando esta solicitud destaque el carácter provisional o estimado de los datos. Cuando, por razones determinadas, cambie durante el año el importe de la ayuda nacional proporcionada a cualquier organización de productores, el reembolso parcial comunitario se concederá por la cantidad efectivamente abonada, siempre que se cumplan los requisitos impuestos por el Derecho de la Unión a este respecto.

      (1)  Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (DO L 299, p. 1).


title: Asunto T-383/17: Recurso interpuesto el 20 de junio de 2017 — Hansol Paper/Comisión

text:
               14.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/31

         Recurso interpuesto el 20 de junio de 2017 — Hansol Paper/Comisión
   (Asunto T-383/17)
   (2017/C 269/43)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Hansol Paper Co. Ltd (Seúl, República de Corea) (representantes: J.-F. Bellis, B. Servais y A. Tel, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/763 de la Comisión, de 2 de mayo de 2017, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado papel térmico ligero originario de la República de Corea.

               —

               Condenar en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la Comisión infringió los artículos 2, apartado 11, y 17, apartado 2, del Reglamento de base (1) y calculó ilegalmente el margen de dumping de la demandante.

                           —

                           La demandante alega que la Comisión recurrió al muestreo de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base a pesar de que lo niegue, infringiendo así el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de base ya que a la demandante no se le dio la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la muestra propuesta.

                           —

                           Asimismo, señala que la Comisión calculó errónea e ilegalmente su margen de dumping infringiendo así el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 9, apartado 3, del Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo 9, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento de base, así como el principio básico de buena administración.

                           —

                           Según la demandante, la Comisión infringió el artículo 9, apartado 3, del Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo 9, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento de base ya que el derecho antidumping establecido supera el importe del dumping constatado en la investigación.

                           —

                           Asimismo, la demandante señala que la Comisión vulneró el principio de buena administración al calcular su margen de dumping ad valorem de manera errónea e ilegal usando un valor CIF calculado en vez del valor CIF real.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Comisión aplicó de manera incorrecta el artículo 2, apartados 9 y 10, del Reglamento de base al realizar erróneamente ajustes indebidos por las ventas de rollos pequeños hechos a partir de rollos de gran tamaño adquiridos por Schades Ltd. a productores de la UE.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de base al calcular erróneamente en dos ocasiones el valor normal con arreglo al artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base.

               5.

               Quinto motivo, basado en que la Comisión infringió los artículos 1, apartado 1, y 3, apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, del Reglamento de base, la jurisprudencia de los tribunales de la UE y de la OMC, la práctica anterior de la Comisión y los principios de comparación equitativa y de igualdad de trato en el cálculo del margen de perjuicio.

                           —

                           La demandante aduce que la Comisión infringió los artículos 1, apartado 1, y 3, apartados 2, 3 y 6, del Reglamento de base, al incluir la reventa de rollos pequeños (producto no afectado) en el cálculo del margen del perjuicio.

                           —

                           Asimismo, la demandante afirma que la Comisión infringió el artículo 3, apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, del Reglamento de base, la jurisprudencia de los tribunales de la UE y de la OMC, la práctica anterior de la Comisión y los principios de comparación equitativa y de igualdad de trato al aplicar por analogía el artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base a efectos del cálculo del margen del perjuicio.

                           —

                           Por último, la demandante alega que la Comisión infringió el artículo 3, apartados 2, 3 y 6, del Reglamento base al no apreciar adecuadamente el impacto del margen de subcotización negativo constatado para el producto de que se trata.

      (1)  Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21).


title: Asunto T-452/10: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — ClientEarth/Consejo

text:
               4.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 328/37

         Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — ClientEarth/Consejo
   (Asunto T-452/10)
   ()
   2010/C 328/64
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: ClientEarth (Londres) (representantes: S. Hockman, QC, Barrister)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la demandada incumplió el Reglamento (CE) no 1049/2001. (1)

               —

               Que se declare que el Consejo incumplió el artículo 294 TFUE, apartado 6, al no haber informado al Parlamento Europeo cumplidamente de las razones que le llevaron a adoptar su posición en primera lectura.

               —

               Que se anule la Decisión impugnada de 26 de julio de 2010 (ref. 15/c/01/10), en virtud de la cual el Consejo dio una respuesta negativa amparándose en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001, reteniendo de ese modo el documento no 6865/09.

               —

               Que se ordene a la demandada que facilite el acceso al documento solicitado.

               —

               Que se condene a la demandada a pagar las costas en que incurrió la demandante con arreglo al artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, incluidas las costas de cualquier parte coadyuvante.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la demandante solicita, de conformidad con el artículo 263 TFUE, la anulación de la decisión del Consejo de 26 de julio de 2010, en virtud de la cual la demandada denegó a la demandante el acceso al documento no 6865/09, que contiene un dictamen del Servicio Jurídico de la demandada relativo a la propuesta de la Comisión de modificar la redacción del Reglamento (CE) no 1049/2001 y, en particular, las enmiendas recomendadas por el Parlamento Europeo que figuran en el informe Cashman.
   En apoyo de su recurso, la demandante invoca los siguientes motivos:

               En primer lugar, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 y el artículo 294 TFUE, apartado 6. La revelación de ese dictamen jurídico no menoscabaría la protección del asesoramiento jurídico del mismo modo que no menoscabaría el interés del Consejo en solicitar y recibir un asesoramiento jurídico sincero, objetivo y exhaustivo. La fase de la primera lectura del procedimiento legislativo debe suponer que se revelen los dictámenes jurídicos que se refieren a la admisibilidad de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.

               En segundo lugar, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1049/2001. El artículo 4, apartado 3, no es aplicable a la protección del asesoramiento jurídico. Aunque ello fuera así, la revelación del dictamen solicitado no comprometería seriamente el proceso decisorio del Consejo. La revelación no menoscabaría la capacidad del Servicio Jurídico para representar la posición del Consejo en juicio al margen de cualquier influencia externa así como la independencia del Servicio Jurídico del Consejo, ni tampoco impediría la discusión interna en el seno del Consejo acerca de las enmiendas del Parlamento.

               Además, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 2, último guión, y el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001, al no haber apreciado si existe un interés público predominante en que se produzca la revelación y en que se facilite una declaración pormenorizada sobre las razones de dicha negativa. El Consejo no sopesa la protección del asesoramiento jurídico frente al interés público en que se permita el acceso a dicho documento teniendo en cuenta las ventajas que resultan de una menor opacidad y del hecho de que el acceso al asesoramiento solicitado permitiría una participación más próxima de los ciudadanos en el proceso de modificación del Reglamento (CE) no 1049/2001, el cual afecta al público en general puesto que confiere a éste la base que le permite ejercer su derecho a acceder a los documentos que obren en poder de las instituciones de la UE.

               Por último, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1049/2001 al no haber permitido un acceso parcial al documento solicitado.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).