title: Asunto T-357/15 P: Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — García Mínguez/Comisión [«Recurso de casación — Función pública — Selección — Concurso interno de la Comisión abierto a los agentes temporales de la Institución — Inadmisión de un agente temporal de una agencia ejecutiva — Artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto — Igualdad de trato — Recurso de casación manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»]

text:
               22.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 68/28

         Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — García Mínguez/Comisión
   (Asunto T-357/15 P) (1)

   ([«Recurso de casación - Función pública - Selección - Concurso interno de la Comisión abierto a los agentes temporales de la Institución - Inadmisión de un agente temporal de una agencia ejecutiva - Artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto - Igualdad de trato - Recurso de casación manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»])
   (2016/C 068/37)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrentes: María Luisa García Mínguez (Bruselas, Bélgica) (representantes: L. Ortiz Blanco y Á. Givaja Sanz, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: inicialmente J. Currall, G. Gattinara y F. Simonetti, posteriormente G. Gattinara y F. Simonetti, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 28 de abril de 2015, García Mínguez/Comisión (F-72/14, RecFP, EU:F:2015:40), que pretende la anulación de dicho auto.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la Sra. María Luisa García Mínguez.

      (1)  DO C 279 de 24.8.2015.


title: Archivo del asunto T-284/99

text:
               25.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/28

         Archivo del asunto T-284/99 (1)

   (2004/C 239/63)

      (Lengua de procedimiento: neerlandés)

   Mediante auto de 4 de mayo de 2004, el Presidente de la Sala Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-284/99, Vlutters Kapitein B.V., apoyada por Reino de los Países Bajos, contra Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 47 de 19.2.2000.


title: Asunto C-227/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Antonino Accardo y otros/Comune di Torino (Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Agentes de policía municipal — Directiva 93/104/CE — Directiva 93/104/CE, en su versión modificada por la Directiva 2000/34/CE — Directiva 2003/88/CE — Artículos 5, 17 y 18 — Duración máxima del tiempo de trabajo semanal — Convenios colectivos o acuerdos de ámbito nacional o regional celebrados entre interlocutores sociales — Excepciones relativas al descanso semanal aplazado y al descanso compensatorio — Efecto directo — Interpretación conforme)

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Antonino Accardo y otros/Comune di Torino
   (Asunto C-227/09) (1)

   (Política social - Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores - Ordenación del tiempo de trabajo - Agentes de policía municipal - Directiva 93/104/CE - Directiva 93/104/CE, en su versión modificada por la Directiva 2000/34/CE - Directiva 2003/88/CE - Artículos 5, 17 y 18 - Duración máxima del tiempo de trabajo semanal - Convenios colectivos o acuerdos de ámbito nacional o regional celebrados entre interlocutores sociales - Excepciones relativas al descanso semanal aplazado y al descanso compensatorio - Efecto directo - Interpretación conforme)
   2010/C 346/24
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale ordinario di Torino

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro', Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

      Demandada: Comune di Torino

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale ordinario di Torino — Interpretación de los artículos 5, 17 y 18 de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 307, p. 18) — Excepciones relativas al descanso semanal diferido y al descanso compensatorio — Aplicabilidad a los agentes de policía urbana.

      Fallo

               1)

               El artículo 17, apartado 3, de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, tanto en su versión original como en la modificada por la Directiva 2003/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000, tiene carácter autónomo con respecto al apartado 2 del mismo artículo, de modo que el hecho de que una profesión no esté enumerada en dicho apartado 2 no impide que pueda aplicársele la excepción prevista en el artículo 17, apartado 3, de la Directiva 93/104 en las dos versiones citadas.

               2)

               En circunstancias como las del litigio principal, las excepciones facultativas establecidas en el artículo 17 de las Directivas 93/104 y 93/104, en su versión modificada por la Directiva 2000/34, así como, en su caso, por los artículos 17 y 18 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, no pueden invocarse frente a particulares como los demandantes en dicho litigio. Además, no puede interpretarse que las citadas disposiciones permitan o prohíban aplicar convenios colectivos como los controvertidos en el litigio, puesto que la aplicación de tales convenios depende del Derecho interno.

      (1)  DO C 205, 29.8.2009.


title: Asunto C-378/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Rethymnis (República Helénica) el 8 de agosto de 2007 — K. Angelidaki y otros/Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/24

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Rethymnis (República Helénica) el 8 de agosto de 2007 — K. Angelidaki y otros/Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis
   (Asunto C-378/07)
   (2007/C 269/47)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Monomeles Protodikeio Rethymnis
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Angelidaki Kyriakis y otros

      Demandada: Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse las cláusulas 5 y 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE del Consejo (DO L 175 de 10 de julio de 1999, p. 42), en el sentido de que (en aras de la aplicación de dicho Acuerdo marco) el Derecho comunitario no permite al Estado miembro adoptar medidas: a) cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya existían antes de la entrada en vigor de la Directiva medidas legales equivalentes — en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, y b) cuando, con las medidas adoptadas en ejecución del Acuerdo marco, se reduce el nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿la reducción de la protección prevista para los trabajadores con trabajo de duración determinada en casos en que no haya contratos de trabajo de duración determinada múltiples y sucesivos, sino un único contrato, que no obstante, tiene realmente por objeto la prestación de servicios por el trabajador para atender necesidades que no tiene carácter transitorio, extraordinario o urgente, sino que son «permanentes y duraderas», está vinculada a la aplicación de dicho Acuerdo marco y de la mencionada Directiva? En consecuencia, ¿esa reducción de la protección está prohibida o permitida desde el punto de vista del Derecho comunitario?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran antes de la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920 examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la adopción de una medida normativa como el artículo 11 del Decreto presidencial no 164/2004, examinado en el litigio principal, en aras de la aplicación del Acuerdo marco:

                           a)

                           cuando, en el ámbito de aplicación de dicha medida normativa, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, están comprendidos única y exclusivamente los casos de contratos o relaciones laborales de duración determinada múltiples y sucesivos y no están incluidos los casos de personas contratadas que han celebrado un único contrato de trabajo de duración determinada para que el trabajador atienda necesidades «permanentes y duraderas» del empresario (y no contratos múltiples y sucesivos), mientras que la medida legal equivalente anterior comprende todos los casos de contratos de trabajo de duración determinada, incluyendo los casos en los que el trabajador haya celebrado un único contrato de trabajo de duración determinada, que en realidad tiene por objeto la prestación de servicios por parte del trabajador para atender necesidades que no son transitorias, extraordinarias o urgentes, sino «permanentes y duraderas»?

                           b)

                           ¿Y cuando la medida legal en cuestión, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, establece como consecuencia jurídica para la protección de los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada y la prevención de los abusos en el sentido del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada la calificación de los contratos de trabajo de duración determinada como contratos de duración indefinida que despliegan sus efectos en el futuro (ex nunc), mientras que las medidas legales equivalentes anteriores disponen que la calificación de los contratos de trabajo de duración determinada como contratos de duración indefinida surta efecto desde el momento de su celebración inicial (ex tunc)?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de dicha Directiva, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920, examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la opción tomada por el legislador griego al adaptar el ordenamiento jurídico griego a la Directiva, que consiste — por un lado — en excluir del ámbito de protección del mencionado Decreto presidencial no 164/2004 los citados casos de abusos en los que el trabajador celebró un único contrato de trabajo de duración determinada, que en realidad tiene por objeto la prestación de servicios por el trabajador para atender necesidades que no son transitorias, extraordinarias o urgentes, sino «permanentes y duraderas» y — por otro — en no adoptar una medida análoga, específica para ese caso concreto, y eficaz, que atribuya efectos jurídicos a la protección de los trabajadores en este caso específico de abuso, además de la protección general, prevista de modo permanente por el Derecho común del Trabajo del ordenamiento jurídico griego en todos los casos de prestación laboral con arreglo a un contrato nulo, al margen de que exista o no abuso en el sentido del Acuerdo marco, y que comprende la reivindicación del trabajador del pago de su retribución y de una indemnización por despido, con independencia de que éste haya trabajado con un contrato de trabajo válido o no, teniendo en cuenta que:

                           a)

                           la obligación de pago de la retribución y de la indemnización por despido está prevista en el Derecho nacional en todos los casos de relación laboral y no se dirige específicamente a prevenir los abusos en el sentido del Acuerdo marco y que,

                           b)

                           la consecuencia jurídica de la aplicación de la medida legal equivalente anterior es el reconocimiento del (único) contrato de trabajo de duración determinada como contrato de duración indefinida?

               5)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones anteriores, ¿debe el juez nacional, al interpretar su Derecho nacional con arreglo a la Directiva 1999/70/CE, dejar de aplicar las disposiciones incompatibles con dicha Directiva contenidas en la medida legislativa adoptada en aras de la aplicación del Acuerdo marco, que sin embargo provoca una reducción del nivel general de protección de los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico interno, como las disposiciones del Decreto presidencial no 164/2004, que tácita e indirectamente, pero de modo claro, excluyen la protección correspondiente en los casos de abusos en los que el trabajador celebró un único contrato de trabajo de duración determinada, que en realidad tiene por objeto la prestación de servicios por el trabajador para atender necesidades que no son transitorias, extraordinarias o urgentes, sino «permanentes y duraderas», y aplicar en su lugar las disposiciones contenidas en la medida legal equivalente nacional, anterior a la entrada en vigor de la Directiva, como el artículo 8, no 3, de la Ley no 2112/1920?

               6)

               En caso de que el juez nacional considerase aplicable, en principio, en un asunto sobre el trabajo de duración determinada, una disposición (en el caso de autos el 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1902) que constituye una medida legal equivalente, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE, disposición en virtud de la cual el hecho de que se estime que un contrato de trabajo — aun uno solo — se celebró como contrato de duración determinada sin razón objetiva ligada a la naturaleza, al tipo y a las características de la actividad desarrollada, comporta el reconocimiento de que dicho contrato es un contrato de trabajo de duración indefinida, entonces:

                           a)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual constituye una razón objetiva para la celebración de contratos de trabajo de duración determinada, en cualquier caso, el hecho de se haya utilizado como fundamento jurídico de su celebración una norma sobre el empleo mediante contratos de trabajo de duración determinada para atender necesidades sociales transitorias, periódicas, temporales, extraordinarias o adicionales (en el caso de autos las disposiciones de la Ley no 3250/2004, Diario Oficial de la República Helénica A 124, de 7 de julio de 2004), aunque en realidad las necesidades atendidas sean permanentes y duraderas?

                           b)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual una disposición que prohíbe la transformación de contratos de trabajo de duración determinada en el sector público en contratos de trabajo de duración indefinida debe interpretarse en el sentido de que en el sector público está prohibida terminantemente y en todo caso la transformación de un contrato o relación laboral de duración determinada en un contrato o relación de duración indefinida, aun en el caso de que éste se haya celebrado abusivamente como un contrato de duración determinada, cuando en realidad las necesidades atendidas son permanentes y duraderas, y el juez nacional no tiene posibilidad, en un caso de este tipo, de declarar el verdadero carácter de la relación jurídica laboral controvertida y de calificarlo correctamente como contrato de duración indefinida? ¿O bien dicha prohibición debe circunscribirse solamente a los contratos de trabajo de duración determinada que se han celebrado efectivamente para atender necesidades transitorias, imprevistas, urgentes, extraordinarias, o similares, y no a los casos en que en realidad se celebraron para atender necesidades permanentes y duraderas?


title: Asunto C-439/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Paris (Francia) el 10 de noviembre de 2009 — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/27

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Paris (Francia) el 10 de noviembre de 2009 — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
   (Asunto C-439/09)
   2010/C 24/49
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour d’appel de Paris

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

      Otras partes en el procedimiento principal: Président de l’Autorité de la Concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

      Cuestión prejudicial

   Una prohibición general y absoluta de vender por Internet los productos objeto del contrato a usuarios finales, impuesta a los distribuidores autorizados en el marco de una red de distribución selectiva, ¿constituye efectivamente una restricción especialmente grave de la competencia por objeto en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, que no está comprendida en la exención por categoría prevista en el Reglamento no 2790/1999, (1) pero que puede acogerse eventualmente a una exención individual con arreglo al artículo 81 CE, apartado 3?

      (1)  Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 336, p. 21).


title: Asunto C-513/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Työtuomioistuin (Finlandia) el 3 de octubre de 2011 — Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry/Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Työtuomioistuin (Finlandia) el 3 de octubre de 2011 — Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry/Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy
   (Asunto C-513/11)
   2011/C 347/36
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Työtuomioistuin

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

      Demandadas: Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy

      Cuestión prejudicial

   ¿Se oponen la Directiva 2006/54/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, y la Directiva 92/85/CEE (2) del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, a la interpretación de un convenio colectivo nacional según la cual a la trabajadora que enlaza un permiso para el cuidado de hijos con un permiso de maternidad no se le abona la retribución por permiso de maternidad regulada en el convenio colectivo?

      (1)  DO L 204, p. 23.

      (2)  DO L 348, p. 1.


title: Recurso interpuesto el 3 de febrero de 1999 contra República Austríaca por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-25/99)

text:
27.3.1999             ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 86/11
     privados sobre el medio ambiente (1), al exceptuar                  diciembre de 1993, relativa a la protección de los ani-
     mediante las disposiciones del artículo 3 y el nuÂmero 8            males en el momento de su sacrificio o matanza (1), al
     del Anexo de la Gesetz über die Umweltverträgli-                    no adoptar dentro de plazo todas las disposiciones
     chkeitsprüfung (Ley sobre evaluación de impacto                     legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias
     medioambiental) de 12 de febrero de 1990, del                       para dar cumplimiento a dicha Directiva.
     artículo 17 de la Fernstraûengesetz (Ley de carreteras)
     de 14 de abril de 1994 y del artículo 8 de la Luftver-
     kehrsgesetz (Ley sobre el traÂfico aeÂreo) de 17 de            Ð Condene en costas a RepuÂblica Austríaca.
     diciembre de 1997, a los proyectos que cumplan deter-
     minados requisitos de la obligación de realizar una            Motivos y principales alegaciones
     evaluación de sus repercusiones sobre el medio
     ambiente.
                                                                    Los motivos y las principales alegaciones coinciden con los
2) Condene en costas a la RepuÂblica Federal de Alema-              formulados en el asunto C-20/99 (2).
     nia.
                                                                    (1) DO L 340 de 31.12.1993, p. 21.
Motivos y principales alegaciones                                   (2) VeÂase paÂgina 9 del presente Diario Oficial.
SeguÂn las disposiciones del Derecho alemaÂn senÄaladas en
el punto 1 de las pretensiones, es posible, en las circuns-
tancias mencionadas en ellas, ejecutar proyectos de cons-
trucción de carreteras y aeropuertos, que al tratarse de
proyectos incluidos en el Anexo I de la Directiva deben             Recurso interpuesto el 3 de febrero de 1999 contra el
someterse a una evaluación de sus repercusiones sobre el            Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
medio ambiente, sin previo procedimiento de aprobación                                    Comunidades Europeas
de un plan de construcción Ðy por lo tanto sin evaluación
                                                                                (Asunto C-26/99)
de impacto medioambientalÐ. SeguÂn las disposiciones
alemanas puede prescindirse de la evaluación de las                                            (1999/C 86/22)
repercusiones sobre el medio ambiente cuando no resulten
afectados los intereses puÂblicos y cuando ademaÂs no resul-
ten afectados derechos de terceros o se haya llegado con            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
los titulares a alguÂn tipo de acuerdo con el fin de ejecutar       ha presentado el 3 de febrero de 1999 un recurso contra el
los proyectos en cuestión. En cambio, no se mencionan las           Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión
disposiciones de la Directiva 85/337/CEE ni se toman en             de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Pie-
consideración las exigencias establecidas en ellas.                 ter Jan Kuijper, Consejero Jurídico, y la Sra. Nicola
                                                                    Yerrell, funcionaria nacional adscrita al Servicio Jurídico,
(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; EE 15/06, p. 9.                    en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
                                                                    Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                    Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                    La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
                                                                    bunal de Justicia que:
Recurso interpuesto el 3 de febrero de 1999 contra RepuÂ-
blica Austríaca por la Comisión de las Comunidades
                           Europeas                                 Ð Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha
                       (Asunto C-25/99)                                  incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
                                                                         del Tratado CE, al no haber adoptado y/o comunicado
                        (1999/C 86/21)                                   a la Comisión las disposiciones legales, reglamentarias
                                                                         y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
                                                                         la Directiva 95/30/CE de la Comisión, de 30 de junio
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                         de 1995, por la que se adapta al progreso teÂcnico la
ha presentado el 3 de febrero de 1999 un recurso contra
                                                                         Directiva 90/679/CEE del Consejo, sobre la protección
RepuÂblica Austríaca formulado por la Comisión de las
                                                                         de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Michael
                                                                         la exposición a agentes biológicos durante el tra-
Niejahr, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión,
                                                                         bajo (1).
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Ser-
vicio, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Luxemburgo.                  Ð Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                    Motivos y principales alegaciones
Ð Declare que RepuÂblica Austríaca ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE          El caraÂcter obligatorio del apartado 3 del artículo 189 y
     y de la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de              del apartado 1 del artículo 5 del Tratado CE obliga a los


title: Asunto T-376/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de noviembre de 2009 — Alemania/Comisión [ Ayudas de Estado — Ayudas a las pequeñas y medianas empresas — Decisión relativa a un requerimiento de información en relación con dos regímenes de ayudas de Estado — Facultades de control de la Comisión en virtud del artículo 9, apartado 2, cuarta frase, del Reglamento (CE) n o  70/2001 ]

text:
               16.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/24

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de noviembre de 2009 — Alemania/Comisión
   (Asunto T-376/07) (1)

   («Ayudas de Estado - Ayudas a las pequeñas y medianas empresas - Decisión relativa a un requerimiento de información en relación con dos regímenes de ayudas de Estado - Facultades de control de la Comisión en virtud del artículo 9, apartado 2, cuarta frase, del Reglamento (CE) no 70/2001»)
   2010/C 11/45
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma, J. Möller y B. Klein, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: K. Gross y B. Martenczuk, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión C(2007) 3226 de la Comisión, de 18 de julio de 2007, relativa a un requerimiento de información en relación con dos regímenes de ayudas de Estado comprendidas dentro del ámbito del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 CE y 88 CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO L 10, p. 33).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 297, de 8.12.2007.


title: Asunto T-86/03: Auto del Tribunal de Primera Instancia de  21 de marzo de 2006  — Holcim (France)/Comisión

text:
               20.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/18

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 21 de marzo de 2006 — Holcim (France)/Comisión
   (Asunto T-86/03) (1)

   (2006/C 121/34)

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 112, de 10.5.2003.


title: Asunto T-741/14: Recurso interpuesto el 27 de octubre de 2014  — Hersill/OAMI — KCI Licensing (VACUP)

text:
               15.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 448/37

         Recurso interpuesto el 27 de octubre de 2014 — Hersill/OAMI — KCI Licensing (VACUP)
   (Asunto T-741/14)
   (2014/C 448/46)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Hersill, S.L. (Móstoles, Madrid) (representante: M. Aznar Alonso, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Estados Unidos)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Solicitud de marca comunitaria no 9 9 43  499

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 14 de agosto de 2014 en el asunto R 1520/2013-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Estime el presente recurso y anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a pagar las costas, si comparecen como partes en el presente procedimiento.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 y de la regla 22, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2868/95.

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-55/12: Recurso interpuesto el 2 de febrero de 2012 — Comisión Europea/Irlanda

text:
               24.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 89/18

         Recurso interpuesto el 2 de febrero de 2012 — Comisión Europea/Irlanda
   (Asunto C-55/12)
   2012/C 89/28
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y W. Mölls, agentes)

      Demandada: Irlanda

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, (1) al conceder una exención del impuesto especial sobre el carburante para vehículos de motor usado por las personas minusválidas, sin respetar los niveles mínimos de imposición prescritos por dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas a Irlanda.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión alega que Irlanda incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva al mantener la exención del impuesto especial sobre los carburantes usados por las personas minusválidas.

      (1)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283, p. 51).


title: Asunto C-96/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del College van Beroep voor het bedrĳfsleven, de fecha 7 de enero de 2003, en el asunto entre A. Tempelman y Directeur van de Rĳksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

text:
C 146/14                   ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            21.6.2003
             carácter más subsidiario, condene a la Comunidad a               Motivos y principales alegaciones
             pagar la indemnización de daños y perjuicios que el
             Tribunal de Justicia determine en equidad, incremen-             —      Transposición incorrecta del Artículo 5 de la Directiva:
             tada con un interés del 8 % al año desde la fecha del                   La ley que incorpora al Derecho español el Artículo 5 de
             recurso hasta la fecha del pago íntegro.                                la Directiva 93/13/CEE omite la mención de que la norma
                                                                                de interpretación más favorable para el consumidor no
(3) Condene en costas a la Comisión, de conformidad con                              será aplicable en el marco de los procedimientos que
       el artículo 69, párrafo segundo, del Reglamento de                            establece el apartado 2o del Artículo 7 de la Directiva
       Procedimiento.                                                                (acciones de cesación). Así se crea una situación en la
                                                                                que el consumidor corre el riesgo de que la regla de
                                                                                interpretación se vuelva contra sus intereses, en la medida
                                                                                en que le impedirá la eliminación de los contratos a
                                                                                celebrar con los consumidores, a través de una acción de
Motivos y las principales alegaciones
                                                                                cesación, de las cláusulas oscuras que de acuerdo con una
                                                                                interpretación «normal» tengan carácter abusivo.
Los motivos y las principales alegaciones son análogos a los
formulados en el asunto C-41/03 P, con la salvedad de que se                  —      Transposición incorrecta del apartado 2 o del Artículo 6
                                                                                de la Directiva: Al remitirse a lo establecido «en el
refieren al Reglamento no 2081/2000/CE.
                                                                                Artículo 5 del Convenio de Roma de 1980 sobre la Ley
                                                                                aplicable a las obligaciones contractuales» la Ley española
                                                                                limita la protección conferida por la Directiva a los
( 1) Reglamento (CE) n o 2081/2000 de la Comisión, de 29 de
     septiembre de 2000, por el que se continúan aplicando medidas
                                                                                consumidores, introduciendo una doble restricción. Así,
     de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los                 la Directiva prevé la protección de todos los consumidores
     países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar             en todos los contratos con un profesional, mientras que
     de origen acumulado CE-PTU (DO L 246, p. 64).                                   la Ley española prevé dicha protección sólo para ciertos
                                                                                tipos de contratos y sólo cuando se cumplan ciertas
                                                                                condiciones, doble restricción prohibida por la Directiva.
                                                                              (1 ) del Consejo, DO L 095 de 21.4.1993, p. 29.
Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2003 contra el
Reino de España por la Comisión de las Comunidades
                                 Europeas
                                                                              Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
                            (Asunto C-70/03)                                  lución del College van Beroep voor het bedrijfsleven, de
                                                                              fecha 7 de enero de 2003, en el asunto entre A. Tem-
                             (2003/C 146/23)                                  pelman y Directeur van de Rijksdienst voor de keuring
                                                                                van Vee en Vlees
                                                                                (Asunto C-96/03)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 17 de febrero de 2003 un recurso contra el Reino                                          (2003/C 146/24)
de España formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por la Sra. Isabel Martínez del Peral y
el Sr. Miguel França, miembros de su Servicio jurídico, que
designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                              sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                              resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven,
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     dictada el 7 de enero de 2003, en el asunto entre A. Tempelman
                                                                              y Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en
1.     declare que el Reino de España, al no haber incorporado                Vlees, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de
       completamente en su Derecho interno el Artículo 5 y el                 marzo de 2003. El College van Beroep voor het bedrijfsleven
       apartado 2 o del Artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE (1),             solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
       de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los                 siguientes cuestiones:
       contratos celebrados con consumidores, ha incumplido
       las obligaciones que le incumben en virtud de las                      1)     ¿Puede un Estado miembro deducir del Derecho comuni-
       disposiciones del Tratado y de la citada Directiva;                           tario la facultad de ordenar el sacrificio de animales
                                                                                sospechosos de estar infectados con el virus de la fiebre
2.     condene en costas al Reino de España.                                         aftosa?
 ---pagebreak--- 21.6.2003              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 146/15
2)    La Directiva 85/511/CEE (1), en la versión modificada por          Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2003 contra la
      la Directiva 90/423/CEE (2), ¿deja a los Estados miembros          República Federal de Alemania por la Comisión de las
      margen para la adopción de medidas nacionales comple-                                  Comunidades Europeas
      mentarias de lucha contra la fiebre aftosa?
3)    ¿Qué límites establece el Derecho comunitario a un                                        (Asunto C-98/03)
      Estado miembro por lo que respecta a la adopción de
      medidas nacionales complementarias distintas de las
      previstas en la Directiva 85/511/CEE, en la versión                                        (2003/C 146/26)
      modificada por la Directiva 90/423/CEE?
( 1) DO L 315, p. 11; EE 03/39, p. 33.
( 2) DO L 224, p. 13.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 28 de febrero de 2003 un recurso contra la
                                                                         República Federal de Alemania formulado por la Comisión de
                                                                         las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Ulrich
                                                                         Wölker, Consejero Jurídico de la Comisión de las Comunidades
                                                                         Europeas, que designa domicilio en Luxemburgo.
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
lución del College van Beroep voor het bedrijfsleven, de
fecha 7 de enero de 2003, en el asunto entre el Sr. y la
Sra. T. H. J. M. van Schaijk y Directeur van de Rijksdienst              1)   Declare que la República Federal de Alemania República
               voor de keuring van Vee en Vlees                               Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que
                                                                              le incumben en virtud de los artículos 6, apartados 3 y 4,
                                                                              12, 13 y 16 de la Directiva 92/43/CEE ( 1) del Consejo, de
                        (Asunto C-97/03)                                      21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
                                                                              hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
                         (2003/C 146/25)
                                                                              —     al no establecer, para determinados proyectos fuera
                                                                                de las zonas especiales de conservación en el sentido
                                                                                del artículo 4, apartado 1, de la Directiva, que
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                           deben someterse a una evaluación del impacto
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                         medioambiental con arreglo al artículo 6, aparta-
resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven,                           dos 3 y 4 de la Directiva, la obligación de llevar a
dictada el 7 de enero de 2003, en el asunto entre el Sr. y la                       cabo tal evaluación, independientemente de que
Sra. T. H. J. M. van Schaijk y Directeur van de Rijksdienst voor                    tales proyectos puedan afectar de forma apreciable a
de keuring van Vee en Vlees, y recibida en la Secretaría del                        las zonas especiales de conservación;
Tribunal de Justicia el 4 de marzo de 2003. El College van
Beroep voor het bedrijfsleven solicita al Tribunal de Justicia
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                             —     al permitir la emisiones en una zona especial
                                                                                de conservación, independientemente de que tales
1)    ¿Puede un Estado miembro deducir del Derecho comuni-                          emisiones puedan afectar de forma apreciable a tales
      tario la facultad de ordenar el sacrificio de animales                        zonas;
      sospechosos de estar infectados con el virus de la fiebre
      aftosa?                                                                 —     al excluir del ámbito de aplicación de las disposicio-
                                                                                nes de protección de las especies determinadas
2)    La Directiva 85/511/CEE (1), en la versión modificada por                     perturbaciones no deliberadas de especies prote-
      la Directiva 90/423/CEE (2), ¿deja a los Estados miembros                     gidas;
      margen para la adopción de medidas nacionales comple-
      mentarias de lucha contra la fiebre aftosa?                             —     al no garantizar, en el caso de algunos actos
                                                                                compatibles con la protección de las zonas protegi-
3)    ¿Qué límites establece el Derecho comunitario a un                            das, la observancia de los supuestos de excepción
      Estado miembro por lo que respecta a la adopción de                           recogidos en el artículo 16 de la Directiva;
      medidas nacionales complementarias distintas de las
      previstas en la Directiva 85/511/CEE, en la versión
      modificada por la Directiva 90/423/CEE?                                 —     al mantener disposiciones relativas al empleo de
                                                                                pesticidas que no tienen suficientemente en cuenta
                                                                                las exigencias de protección de las especies;
( 1) DO L 315, p. 11; EE 03/39, p. 33.
( 2) DO L 224, p. 13.                                                         —     al no comunicar disposiciones sobre capturas pes-
                                                                                queras o al no imponer prohibiciones suficientes de
                                                                                capturas.


title: Asunto T-271/03: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Deutsche Telekom AG

text:
1.11.2003              ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 264/29
Motivos y principales alegaciones                                          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia:
Solicitante de la marca        La demandante.                              —     Con carácter principal, que anule la Decisión de la
comunitaria:                                                                     demandada, de 21 de mayo de 2003, notificada como
                                                                                C(2003)1536 final.
Marca objeto de la solici-     Marca figurativa de color
tud:                           «GLOVE» — Solicitud no 461016               —     Con carácter subsidiario, que reduzca con arreglo a su
                               para una gama de productos y                      criterio la multa impuesta por la demandada con arreglo
                               servicios de las clases 25, 35 y 41.              al artículo 3 de la Decisión.
Propietario de la marca        RCN-Companhia de Importação e               —     Condene en costas, incluidas las no procesales, a la
o signo citado en el pro-      Exportação de Têxteis, Lda.                       demandada.
ceso de oposición:
Marca o signo citado en        Marca       figurativa     española
oposición:                     «GLOIBE» (registro no 1.629.840)
                               e internacional (registro n                 Motivos y principales alegaciones
                               no 651.424) y marca mundial
                               «GLOBE» portuguesa (registro
                               no 310.796) y española (registro            Mediante la Decisión impugnada, la Comisión constató que la
                               no 1.981.850) para productos de             demandante infringió el artículo 82 CE, letra a), al exigir a sus
                               la clase 25 (vestidos, calzados,            competidores y clientes finales, por el acceso a su red local,
                               sombrerería).                               una tasa única y cuotas mensuales desproporcionadas y, de
                                                                           este modo, obstaculizar la libre competencia en el mercado del
Resolución de la Divi-         Denegación del registro para pro-           acceso a la red local. Se impuso a la demandante una multa
sión de Oposición:             ductos de la clase 25 (denomina-            por importe de 12,6 millones de euros.
                               das y admisión solicitud de marca
                               comunitaria para los restantes ser-
                               vicios de las clases 35 y 41.               La demandante alega que la Comisión infringió el artículo 82
                                                                           CE porque no puede imputársele ningún comportamiento
Resolución de la Sala de       Desestimación del recurso                   abusivo. Según la demandante, el importe de las cuotas
Recurso:                                                                   impugnadas, dado que no afectan a las condiciones de
                                                                           competencia, no es desproporcionado. En contra de la opinión
Motivos invocados:             Aplicación errónea del artículo 8,          de la Comisión, la demandante considera que, para determinar
                               apartado 1, del Reglamento (CE)             que la tasa de conexión y las cuotas exigidas a los consumidores
                               no 40/94 (ausencia de confusión             finales son abusivas, no es apropiada ni suficiente la prueba de
                               y de cualquier tipo de riesgo de            una diferencia entre costes y precios [Kosten-Preis-Schere] con
                               asociación y ligera similitud de los        arreglo al método empleado por ella. Según la demandante, el
                               productos).                                 análisis basado en la diferencia entre costes y precios efectuado
                                                                           por la Comisión es erróneo desde un punto de vista metodoló-
                                                                           gico, y no existe un obstáculo para los competidores.
                                                                           La demandante también alega que la Comisión, al adoptar la
                                                                           Decisión impugnada, se excedió en el ejercicio de su facultad
Recurso interpuesto el 30 de julio de 2003 contra la                       discrecional. A través de su Decisión, la Comisión usurpó la
Comisión de las Comunidades Europeas por Deutsche                          facultad conferida por el Derecho comunitario a las autoridades
                           Telekom AG                                      alemanas reguladoras de la Telecomunicación y Correos y
                                                                           quiere corregir las resoluciones sobre los precios de que
                                                                           se trata. Por el mismo motivo, la Decisión también es
                       (Asunto T-271/03)                                   desproporcionada. Somete las cuotas de la demandante para
                                                                           el acceso a la red local a una doble regulación y elimina,
                         (2003/C 264/51)                                   de este modo, la seguridad jurídica que debe obtenerse
                                                                           precisamente mediante el reparto de competencias realizado
                                                                           por el Derecho comunitario en relación con las cuotas en el
                (Lengua de procedimiento: alemán)                          sector de la telecomunicación.
                                                                           Finalmente, la demandante alega que la Comisión, al imponerle
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                     una multa, infringió requisitos sustanciales de forma y el
Europeas se ha presentado el 30 de julio de 2003 un recurso                artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17/62.
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Deutsche Telekom AG, Bonn (Alemania), representada por
los abogados Sres. K Quack, U. Quack y S. Ohlhoff.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) de 29 de mayo de 1997 en el asunto C-153/96 P: Jan Robert de Rijk contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación - Funcionario - Régimen de seguro de enfermedad complementario para los funcionarios destinados en países terceros - Requisitos de reembolso de los gastos médicos)

text:
N° C 228/2            \_ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    26 . 7 . 97
apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Directiva 89/552/CEE              (T-362/94, RecFP p. 11-365 ), por el que se solicita que se
del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordina               anule dicha sentencia, y en el que la otra parte en el proce
ción de determinadas disposiciones legales, reglamentarias             dimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas
y administrativas de los Estados miembros relativas al ejer           ( Agente: Sr. Julián Currall ), el Tribunal de Justicia ( Sala
cicio de actividades de radiodifusión televisiva ( 2 ), el Tri        Quinta ), integrado por los Sres .: J. C. Moitinho de
bunal de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres.: G. F.       Almeida ( Ponente ), Presidente de Sala; C. Gulmann,
Mancini, Presidente de Sala; J. L. Murray, C. N. Kakouris,             D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet y M. Wathelet, Jueces;
P. J. G. Kapteyn ( Ponente ) y H. Ragnemalm, Jueces; Abo              Abogado General : Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H. A. Rühl,
gado General : Sr. C. O. Lenz; Secretaria : Sra . D. Louter           administrador principal; ha dictado el 29 de mayo de
man-Hubeau, administradora principal, ha dictado el 29 de              1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
mayo de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :
                                                                       1 ) Se desestima el recurso de casación.
1 ) El apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/552/
       CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la              2 ) Se condena en costas a la parte recurrente.
       coordinación de determinadas disposiciones legales,
       reglamentarias y administrativas de los Estados miem
                                                                       0 ) DO n° C 197 de 6 . 7. 1996 .
       bros relativas al ejercicio de actividades de radiodifu
      sión televisiva, debe interpretarse en el sentido de que
       un organismo de radiodifusión televisiva depende de la
       competencia del Estado miembro en el que esté esta
       blecido. El origen de los programas difundidos por el
       organismo de radiodifusión o su conformidad con los                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL
      artículos 4 y 5 carecen de pertinencia a la hora de                                         ( Sala Sexta)
       determinar el Estado miembro de cuya competencia
       depende tal organismo en virtud del apartado 1 del                                   de 5 de junio de 1997
       artículo 2 .
                                                                       en el asunto C-285/95 (petición de decisión prejudicial
                                                                       planteada por el Oberverwaltungsgericht Berlin): Suat Kol
2 ) El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 89/552/
                                                                                contra Land Berlin ( ')
       CEE debe interpretarse en el sentido de que un Estado
       miembro no puede oponerse a que se retransmitan en              (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión del
       su territorio emisiones de un organismo de radiodifu           Consejo de Asociación — Libre circulación de los trabaja
      sión televisiva que dependa de la competencia de otro            dores — Empleo legal — Períodos de trabajo cubiertos a
       Estado miembro, cuando dichas emisiones no son con             raíz de una autorización de residencia conseguida fraudu
       formes a las exigencias de los artículos 4 y 5 de la                                       lentamente)
       misma Directiva .
                                                                                ( 97/C 228/04 )
(') DO n" C 64 de 2 . 3 . 1996 .                                                    (Lengua de procedimiento: alemán)
( 2 ) DO n° L 298 de 17. 10 . 1989 , p . 23 .
                                                                       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
                                                                       cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                                de Justicia »)
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                       En el asunto C-285/95 , que tiene por objeto una petición
                            ( Sala Quinta)                             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                      de 29 de mayo de 1997                            del Tratado CE, por el Oberverwaltungsgericht Berlin, des
                                                                       tinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
en el asunto C-153/96 P: Jan Robert de Rijk contra Comi               jurisdiccional entre Suat Kol y Land Berlin, una decisión
              sión de las Comunidades Europeas (')                     prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del
(Recurso de casación — Funcionario — Régimen de                        artículo 6 y del apartado 1 del artículo 14 de la Decisión
seguro de enfermedad complementario para los funciona                 n° 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarro
rios destinados en países terceros — Requisitos de reem               llo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asocia
                    bolso de los gastos médicos)                       ción creado por el Acuerdo de Asociación entre la Comu
                           ( 97/C 228/03 )
                                                                       nidad Económica Europea y Turquía, el Tribunal de Justi
                                                                       cia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres.: G. F. Mancini,
                (Lengua de procedimiento: francés)                     Presidente de Sala; C. N. Kakouris, G. Hirsch, H. Ragne
                                                                       malm y R. Schintgen ( Ponente ), Jueces; Abogado General :
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi            Sr. M. B. Elmer; Secretaria : Sra . D. Louterman-Hubeau,
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal            administradora principal; ha dictado el 5 de junio de 1997
                             de Justicia »)                            una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
En el asunto C-153/96 P, Jan Robert de Rijk (Abogado :                 El apartado 1 del artículo 6 de la Decisión n" 1 /80, de
Me Nicolás Lhoëst), que tiene por objeto un recurso de                 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Aso
casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tri           ciación, adoptada por el Consejo de Asociación creado
bunal de Primera Instancia de la Comunidades Europeas                  por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Econó
( Sala Quinta ) el 7 de marzo de 1996 , De Rijk/Comisión               mica Europea y Turquía, debe interpretarse en el sentido


title: Asunto T-676/13: Sentencia del Tribunal General de 4 de febrero de 2016 — Italian International Film/EACEA [«Programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007) — Medidas de ayuda a la distribución transnacional de filmes europeos — Convocatoria de propuestas en el marco del plan “Selective” 2013 — Acto de la EACEA por el que se informa a la demandante de la denegación de su solicitud en relación con la película “Only God Forgives” — Acto de la EACEA que confirma la denegación pero contiene nuevos motivos — Competencia — Reparto de tareas entre la Comisión y la EACEA — Competencia reglada — Recurso de anulación — Acto impugnable — Admisibilidad — Obligación de motivación — Directrices permanentes 2012-2013 — Acuerdo de distribución material o física — Falta de comunicación previa a la EACEA — Inadmisibilidad de la solicitud»]

text:
               21.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/30

         Sentencia del Tribunal General de 4 de febrero de 2016 — Italian International Film/EACEA
   (Asunto T-676/13) (1)

   ([«Programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007) - Medidas de ayuda a la distribución transnacional de filmes europeos - Convocatoria de propuestas en el marco del plan “Selective” 2013 - Acto de la EACEA por el que se informa a la demandante de la denegación de su solicitud en relación con la película “Only God Forgives” - Acto de la EACEA que confirma la denegación pero contiene nuevos motivos - Competencia - Reparto de tareas entre la Comisión y la EACEA - Competencia reglada - Recurso de anulación - Acto impugnable - Admisibilidad - Obligación de motivación - Directrices permanentes 2012-2013 - Acuerdo de distribución material o física - Falta de comunicación previa a la EACEA - Inadmisibilidad de la solicitud»])
   (2016/C 106/33)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Italian International Film Srl (Roma) (representantes: A. Fratini, B. Betelli y M. Bottino, abogadas)

      Demandada: Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) (representantes: H. Monet y D. Homann, agentes, asistidos por D. Fosselard y A. Duron, abogados)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión por la que se deniega la solicitud de subvención presentada por la demandante para la película «Only God Forgives», tras la convocatoria de propuestas EACEA/21/12 MEDIA 2007 — Ayuda a la Distribución Transnacional de Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2013 (DO 2012, C 300, p. 5), publicada en el marco de la Decisión no 1718/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativa a la aplicación de un programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007) (DO L 327, p. 12), establecido para el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a Italian International Film Srl y a la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) a cargar cada una con sus propias costas.

      (1)  DO C 45 de 15.2.2014.


title: Asunto T-33/16: Recurso interpuesto el 26 de enero de 2016 — TestBioTech/Comisión

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/36

         Recurso interpuesto el 26 de enero de 2016 — TestBioTech/Comisión
   (Asunto T-33/16)
   (2016/C 136/51)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: TestBioTech eV (Múnich, Alemania) (representantes: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister, R. Stein, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare el recurso admisible y fundado.

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 16 de noviembre de 2015, por la que se rechaza la solicitud de revisión interna, formulada por la demandante, de las Decisiones de Ejecución (UE) 2015/686, (1) (UE) 2015/696 (2) y (UE) 2015/698 (3) de la Comisión, de 24 de abril de 2015, por las que se conceden sendas autorizaciones de comercialización con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (4) (en lo sucesivo, «Reglamento MG») a Monsanto, para la soja modificada genéticamente MON 87769 y MON 87705, y a Pioneer, para la soja modificada genéticamente 305423.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

               —

               Adopte cualquier otra medida que considere conveniente.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la conclusión formulada por la Comisión en el sentido de que la inmensa mayoría de las solicitudes de revisión interna versan sobre cuestiones que no tienen cabida en el ámbito de aplicación del Reglamento Aarhus (5) conculca el artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento, en relación con el artículo 2, letras f) y g), y los considerandos 11 y 18 a 21 del mismo Reglamento.

                           —

                           Una organización no gubernamental que cumpla los necesarios requisitos puede formular una solicitud de revisión interna de un acto administrativo adoptado en virtud del Derecho medioambiental. Dado que el Reglamento MG forma parte de este Derecho, y que una autorización de comercialización es un acto administrativo adoptado en virtud de dicho Reglamento, la referida organización puede solicitar la revisión de tal autorización.

                           —

                           A la vista de la letra, el objeto y los fines del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de 25 de junio de 1998 (en lo sucesivo; «Convenio de Aarhus») y del Reglamento Aarhus, así como de la Guía para la aplicación del Convenio de Aarhus, no cabe deducir razón alguna que justifique la conclusión de la Comisión según la cual una decisión adoptada en virtud del Reglamento MG puede estar parcialmente comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Aarhus y, al mismo tiempo, parcialmente excluida del mismo.

                           —

                           Los organismos modificados genéticamente son elementos del medio ambiente. La alegación de la Comisión de que el efecto de dichos organismos sobre la salud de las personas no es una cuestión relacionada con el medio ambiente carece de fundamento.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la demora en la respuesta de la Comisión, hasta el 16 de noviembre de 2015, a la solicitud de revisión interna presentada el 29 de mayo de 2015, infringió el artículo 10, apartado 3 del Reglamento Aarhus.

                           —

                           La Comisión emitió la decisión impugnada el 16 de noviembre de 2015, es decir, cerca de veinticuatro semanas después de que se presentara la solicitud de revisión. La Comisión no explicó debidamente las razones por las que incumplió el plazo ordinario establecido para resolver de doce semanas y el máximo de dieciocho semanas en el que, en cualquier caso, debía pronunciarse.

      (1)  Decisión de Ejecución (UE) 2015/686 de la Comisión, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja MON 87769 modificada genéticamente (MON-87769-7) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (DO 2015 L 112, p. 16).

      (2)  Decisión de Ejecución (UE) 2015/696 de la Comisión, por la que por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON87705 (MON-877Ø5-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (DO 2015, L 112, p. 60).

      (3)  Decisión de Ejecución (UE) 2015/698 de la Comisión, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente 305423 (DP-3Ø5423-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (DO 2015, L 112, p. 71).

      (4)  Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO 2003, L 268, p. 1).

      (5)  Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13).


               7.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 66/28

         Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2012 por el Órgano de Vigilancia de la AELC contra el Principado de Liechtenstein
   (Asunto E-14/12)
   2013/C 66/08
   El 4 de diciembre 2012, el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Xavier Lewis, Clémence Perrin y Catherine Howdle, en calidad de agentes, 35, Rue Belliard, 1040 Bruselas, Belgium, presentó ante el Tribunal de la AELC un recurso contra el Principado de Liechtenstein.
   El Órgano de Vigilancia de la AELC solicita al Tribunal de la AELC que declare que:

               1)

               Al mantener en vigor una legislación que impone a las personas residentes en Liechtenstein que son responsables de una agencia de trabajo temporal la obligación de proporcionar una garantía de 50 000 francos suizos, mientras que la garantía impuesta a las personas que desempeñen una función similar y que residan fuera de Liechtenstein y a las agencias de trabajo temporal que deseen ofrecer servicios transfronterizos es de 100 000 francos suizos, el Principado de Liechtenstein («Liechtenstein») ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 31 y el artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

               2)

               El Principado de Liechtenstein soportará las costas de estos procedimientos.

      Antecedentes de hecho y de derecho y motivos invocados:

               —

               El Órgano de Vigilancia de la AELC aduce que Liechtenstein ha incumplido un dictamen motivado emitido el 25 de enero de 2012 por el Órgano de Vigilancia de la AELC relativo al incumplimiento de sus obligaciones derivadas de los artículos 31 y 36 del Acuerdo EEE en el ámbito del trabajo temporal y los servicios de empleo.

               —

               Las medidas de Liechtenstein en cuestión son los artículos 25 y 26 de la Verordnung vom 11. Juli 2000 zum Gesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Reglamento de 11 de julio de 2000 relativo a los servicios de colocación y de empleo temporal).
               El Órgano de Vigilancia de la AELC alega que, mediante estas medidas, la legislación nacional de Liechtenstein impone a las personas residentes en dicho país, responsables de una agencia de trabajo temporal, la obligación de proporcionar una garantía de 50 000 francos suizos. Mediante la misma legislación, se impone la obligación de facilitar una garantía de 100 000 francos suizos en el momento de prestar los servicios de trabajo temporal a las personas que desempeñen una función similar y que residan fuera de Liechtenstein. También se exige una garantía de 100 000 francos a las agencias de trabajo temporal establecidas fuera de Liechtenstein que pretendan prestar tales servicios transfronterizos.

               —

               El Órgano de Vigilancia de la AELC alega que, al mantener vigente su legislación, en su redacción actual, Liechtenstein está incumpliendo sus obligaciones en virtud de los artículos 31 y 36 del Acuerdo EEE.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002 en el asunto T-106/00: Streamserve Inc. contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) ("Marca comunitaria — Vocablo STREAMSERVE — Motivos de denegación absolutos — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Registros previos de carácter nacional — Principio de no discriminación")

text:
15.6.2002              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 144/41
3)   Condenar en costas a la demandada.                                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(1) DO C 122 de 29.4.2000.                                                                    de 27 de febrero de 2002
                                                                         en el asunto T-106/00: Streamserve Inc. contra Oficina de
                                                                         Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
                                                                                modelos) (OAMI) (1)
                                                                         («Marca comunitaria — Vocablo STREAMSERVE — Moti-
                                                                         vos de denegación absolutos — Artı́culo 7, apartado 1,
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94 — Registros
                                                                         previos de carácter nacional — Principio de no discrimina-
                                                                                ción»)
                  de 27 de febrero de 2002
en el asunto T-79/00: Rewe Zentral AG contra Oficina de                                            (2002/C 144/87)
Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
                      modelos) (OAMI) (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
(«Marca comunitaria — Vocablo LITE — Respeto del derecho
de defensa — Motivo inoperante — Motivo de denegación
absoluto — Artı́culo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento
                         (CE) no 40/94»)                                 En el asunto T-106/00, Streamserve Inc., con domicilio social
                                                                         en Raleigh, Carolina del Norte (Estados Unidos), representada
                                                                         por el Sr. M. Nedstrand, abogado, contra Oficina de Armoniza-
                        (2002/C 144/86)                                  ción del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (agentes:
                                                                         Sres. A. di Carlo y G. Humphreys), que tiene por objeto un
                                                                         recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de
                (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                         Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                         (marcas, dibujos y modelos) de 28 de febrero de 2000 (Asunto
                                                                         R 423/1999-2), relativa al registro del vocablo STREAMSERVE
                                                                         como marca comunitaria, Tribunal de Primera Instancia (Sala
En el asunto T-79/00, Rewe Zentral AG, con domicilio social              Cuarta), integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, la
en Colonia (Alemania), representada por el Sr. M. Kinkeldey,             Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces; Secretaria:
abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior            Sra. D. Christensen, administradora; ha dictado el 27 de marzo
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agente: inicialmente la              de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Sra. V. Melgar y el Sr. P. von Kapff, y posteriormente la
Sra. Melgar y el Sr. G. Schneider), que tiene por objeto un
recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de          1)    Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la
Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior                    Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
(marcas, dibujos y modelos) de 27 de enero de 2000 (Asunto                     y modelos) de 28 de febrero de 2000 (Asunto R 423/1999-
R 275/1999-3) relativa al registro del vocablo LITE como                       2) en lo que se refiere a los productos de las categorı́as
marca comunitaria, el Tribunal de Primera Instancia (Sala                      «manuales» y «publicaciones».
Cuarta), integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, la Sra.
V. Tiili y el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces; Secretaria: Sra.
D. Christensen, administradora, ha dictado el 27 de febrero de           2)    Desestimar el recurso en todo lo demás.
2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                         3)    La parte demandante soportará sus propias costas ası́ como los
1)   Desestimar el recurso.                                                    dos tercios de las costas de la parte demandada. Esta última
                                                                               cargará con un tercio de sus costas.
2)   Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                         (1) DO C 176 de 24.6.2000.
(1) DO C 163 de 10.6.2000.


title: Asunto T-87/12: Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2012 — Duff Beer/OAMI — Twentieth Century Fox Film (Duff)

text:
               14.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 109/32

         Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2012 — Duff Beer/OAMI — Twentieth Century Fox Film (Duff)
   (Asunto T-87/12)
   2012/C 109/64
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Duff Beer UG (Eschwege, Alemania) (representante: N. Schindler, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Twentieth Century Fox Film Corporation (Los Ángeles, Estados Unidos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 12 de diciembre de 2011 (asunto R 0456/2011-4) y de la División de Oposición de 14 de enero de 2011 (no B 1.603.771).

               —

               Condene en costas a la OAMI.

               —

               Subsidiariamente, suspenda el procedimiento hasta que recaiga una resolución firme en relación con la solicitud de caducidad pendiente ante la OAMI con el no de referencia 000005227 C y con la nulidad de la marca comunitaria no 001341130 declarada por el Tribunal de commerce de Bruselas en los asuntos no 2009/6122 y 2009/6129.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa de color negro, blanco y rojo «Duff» para productos y servicios de las clases 32, 35 y 41 (solicitud no 8.351.091)

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Twentieth Century Fox Film Corporation

      Marca o signo invocado: Marca figurativa «Duff BEER» (solicitud no 1.341.130) para productos de la clase 32

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición para productos y servicios de las clases 32 y 35

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento no 207/2009 por no existir riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, e infracción de la regla 20, apartado 7, letra c), en relación con la regla 50, apartado 1, del Reglamento no 2868/95 debido al erróneo ejercicio de la facultad de apreciación con respecto a la solicitud de la demandante de suspensión del procedimiento de recurso.


title: Asunto T-24/11: Sentencia del Tribunal General de 6 de septiembre de 2013 — Bank Refah Kargaran/Consejo ( «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán a fin de impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Derecho a una tutela judicial efectiva» )

text:
               19.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 304/14

         Sentencia del Tribunal General de 6 de septiembre de 2013 — Bank Refah Kargaran/Consejo
   (Asunto T-24/11) (1)

   (Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán a fin de impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Derecho a una tutela judicial efectiva)
   2013/C 304/24
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Bank Refah Kargaran (Teherán, Irán) (representante: J.-M. Thouvenin, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente F. Erlbacher y M. Konstantinidis, posteriormente A. Bordes y M. Konstantinidis, agentes)

      Objeto

   En primer lugar, pretensión de declaración de inaplicabilidad a la demandante de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39); en segundo lugar, recurso de anulación del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007 (DO L 281, p. 1), del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 marzo 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010 (DO L 88, p. 1), y del Reglamento (UE) no 1263/2012 del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento no 267/2012 (DO L 356, p. 34), así como todos los reglamentos futuros que complementen o sustituyan dichos Reglamentos, hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento, en la medida en que tales actos se refieran a la demandante; en tercer lugar, un recurso de anulación de la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (DO L 281, p. 81), de la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (DO L 319, p. 71), del Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento no 961/2010 (DO L 319, p. 11), y de la Decisión 2012/829/PESC del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (DO L 356, p. 71), así como todos los actos futuros que complementen o sustituyan dichos actos, hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento, en la medida en que tales actos se refieran a la demandante; y, en cuarto lugar, recurso de anulación de las decisiones contenidas en los escritos de 28 de octubre de 2010 y de 5 de diciembre de 2011.

      Fallo

               1)

               Anular, en la medida en que se refieren a la Bank Refah Kargaran:

                           —

                           el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, posteriormente por la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011;

                           —

                           la Decisión 2010/644;

                           —

                           el anexo VIII del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento no 961/2010;

                           —

                           la Decisión 2011/783;

                           —

                           el Reglamento de Ejecución no 1245/2011;

                           —

                           el anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 marzo 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010.

               2)

               Mantener los efectos del anexo II de la Decisión 2010/413, en su versión modificada por la Decisión 2010/644 y posteriormente por la Decisión 2011/783, respecto de la Bank Refah Kargaran hasta que surta efectos la anulación del anexo IX del Reglamento no 267/2012, en la medida en que éste se refiere a la Bank Refah Kargaran.

               3)

               No procede pronunciarse sobre la pretensión de que se declare que la Decisión 2010/413 no es aplicable a la Bank Refah Kargaran.

               4)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               5)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las de la Bank Refah Kargaran.

               6)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 80, de 12.3.2011.