title: Asunto C-205/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Szombathelyi Városi Bíróság (República de Hungría) el 8 de junio de 2009 — Proceso penal contra Emil Eredics y otro

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Szombathelyi Városi Bíróság (República de Hungría) el 8 de junio de 2009 — Proceso penal contra Emil Eredics y otro
   (Asunto C-205/09)
   2009/C 205/34
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Szombathelyi Városi Bíróság

      Partes en el proceso principal

   Emil Eredics y otro

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En el asunto penal pendiente ante el Szombathelyi Városi Bíróság, éste interesa saber si procede incluir a las «personas que no sean físicas» en el concepto de víctima descrito en el artículo 1, letra a), de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, habida cuenta de la obligación de procurar el impulso de la mediación entre víctima e inculpado en los asuntos penales a que se refiere el artículo 10 de dicha Decisión marco, así como al objeto de puntualizar y complementar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 28 de junio de 2007, Dell’Orto, C-467/05.

               2)

               En relación con el artículo 10 de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, cuyo apartado 1 establece que «los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida», el órgano judicial remitente interesa saber si el concepto de «infracciones» puede interpretarse en el sentido de que se refiere a toda infracción cuyo tipo legal sea sustancialmente idéntico.

               3)

               ¿Puede interpretarse la expresión «los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales […]», recogida en el artículo 10, apartado 1, de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, en el sentido de que los requisitos para la mediación impuestos al inculpado y a la víctima pueden cumplirse como mínimo hasta que se dicte sentencia en primera instancia, es decir, que la confesión del inculpado en el proceso judicial, una vez finalizada la investigación –en caso de que se cumplan todos los demás requisitos–, es un requisito adecuado para atenerse a la obligación de procurar el impulso de la mediación?

               4)

               En relación con el artículo 10, apartado 1, de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, ¿la obligación de que «los Estados miembros procur[en] impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida» implica que, en los asuntos penales, la posibilidad de tramitar una mediación ha de ser accesible de modo general, siempre que se cumplan los requisitos establecidos legalmente, sin margen de apreciación? Es decir (en el supuesto de que proceda responder afirmativamente a la cuestión), el establecimiento de un requisito según el cual «habida cuenta de la naturaleza de la infracción, la modalidad de autoría y la persona del sospechoso, pueda omitirse la tramitación del proceso judicial o bien pueda suponerse fundadamente que el tribunal tendrá en cuenta el arrepentimiento activo a efectos de la determinación de la pena», ¿es compatible con el régimen (los requisitos) del artículo 10?


title: Asunto T-64/13: Recurso interpuesto el 4 de febrero de 2013 — ANKO/Comisión

text:
               23.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/27

         Recurso interpuesto el 4 de febrero de 2013 — ANKO/Comisión
   (Asunto T-64/13)
   2013/C 86/46
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atenas, Grecia) (representante: V. Christianos, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare que la demandante no debe reembolsar, en concepto de pago sin causa, la cantidad que la Comisión le abonó por la obra DOC@HAND.

               —

               Declare que la demandante no debe abonar a la Comisión la indemnización a tanto alzado por la obra DOC@HAND.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas procesales de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso versa sobre la responsabilidad de la Comisión por el contrato no 508015 para la ejecución de la obra «Knowledge Sharing and Decisión Support for Healthcare Professionals» (DOC@HAND), en virtud del artículo 272 TFUE. En particular, la demandante sostiene que, pese a que ejecutó sus obligaciones contractuales, la Comisión, incumpliendo el contrato reseñado y vulnerando el principio de buena fe, de prohibición del abuso de derecho y de la proporcionalidad, solicitó el reembolso de las cantidades abonadas a ANKO. Además, la Comisión solicitó la compensación de pretensiones que no eran ciertas, liquidadas y exigibles.
   Por esa razón, la demandante sostiene, en primer lugar, que no debe reembolsar, en concepto de pago sin causa, la totalidad de las cantidades que la Comisión le abonó por la obra DOC@HAND y, en segundo lugar, que no debe abonar a la Comisión la indemnización a tanto alzado (liquidated damages) por la obra DOC@HAND.


title: Asunto C-574/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Düsseldorf (Alemania) el 16 de noviembre de 2011 — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Düsseldorf (Alemania) el 16 de noviembre de 2011 — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.
   (Asunto C-574/11)
   2012/C 32/24
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Novartis AG

      Demandada: Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE) no 469/2009 (1) en el sentido de que la protección que otorga un certificado complementario de protección concedido para un agente único (en el presente caso, valsartán) se extiende a una presentación que contiene una composición de principios activos en la que aparece dicho agente único (en el presente asunto, valsartán e hidroclorotiazida)?

      (1)  Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (versión codificada) (DO L 152, p. 1).


title: Asunto T-260/17: Auto del Tribunal General de 7 de julio de 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)

text:
               18.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 309/41

         Auto del Tribunal General de 7 de julio de 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)
   (Asunto T-260/17) (1)

   (2017/C 309/56)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 221 de 10.7.2017.


title: Asunto T-161/06: Sentencia del Tribunal General de 25 de octubre de 2012 — Arbos/Comisión ( «Recurso de indemnización — Programa “Cultura 2000” — Subvenciones concedidas en el marco de proyectos — Solicitudes de pago de diversas cantidades — Artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento — Inadmisibilidad» )

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/21

         Sentencia del Tribunal General de 25 de octubre de 2012 — Arbos/Comisión
   (Asunto T-161/06) (1)

   (Recurso de indemnización - Programa “Cultura 2000” - Subvenciones concedidas en el marco de proyectos - Solicitudes de pago de diversas cantidades - Artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento - Inadmisibilidad)
   2012/C 379/35
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt, Austria) (representante: H. Karl, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente L. Pignataro Nolin e I. Kaufmann-Bühler, posteriormente L. Pignataro-Nolin y W. Mölls, y finalmente W. Mölls y D. Roussanov, agentes)

      Objeto

   Recurso mediante el que se solicita que se condene a la Comisión, por un lado, al pago de la cantidad de 38 585,42 euros, incrementada con el 12 % de intereses a contar desde el 1 de enero de 2001, y de la cantidad de 27 618,91 euros, incrementada con el 12 % de intereses a contar desde el 1 de marzo de 2003, y, por otro lado, al pago de la cantidad de 26 459,38 euros –cantidad que no incluye el IVA– en concepto de gastos de abogados en que se ha incurrido en la fase administrativa previa.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

      (1)  DO C 212, de 2.9.2006.


title: Asunto T-512/09: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2009 — Rusal Armenal/Consejo

text:
               27.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/28

         Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2009 — Rusal Armenal/Consejo
   (Asunto T-512/09)
   2010/C 80/49
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Rusal Armenal ZAO (representante: B. Evtimov, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el Reglamento (CE) no 925/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de determinadas hojas de aluminio originarias de Armenia, Brasil y la República Popular China, en la medida en que afecta a la demandante.

               —

               Que se condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   Con su demanda, la demandante persigue la anulación del Reglamento (CE) no 925/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de determinadas hojas de aluminio originarias de Armenia, Brasil y la República Popular China (en lo sucesivo, «Reglamento impugnado») (DO L 262, p. 1), en la medida en que le afecta.
   En apoyo de su recurso, la demandante plantea los cinco motivos siguientes de nulidad, uno de los cuales se basa en un incidente de ilegalidad.
   Sobre la base de su primer motivo de nulidad, la demandante alega que la Comisión y el Consejo infringieron el artículo 6, apartados 1 a 6, del Reglamento de base (1) y el artículo 2, apartados 1 y 2, del Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI del GATT 1994 (en lo sucesivo, «Acuerdo antidumping» o «ADA»), al fijar un valor normal para la demandante basado en datos de un país tercero similar, llegando de este modo a conclusiones sustancialmente erróneas de dumping y de acumulación, daño y causalidad en relación con las importaciones procedentes de Armenia. Según la demandante, el Consejo y la Comisión debieran haber fijado el valor normal para la demandante basándose en sus propios datos armenios y no en virtud del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base.
   Además, la demandante alega, que a los efectos de revisión de los fundamentos de Derecho del primer motivo de nulidad, el Tribunal debe declarar, incidentalmente, de conformidad con el artículo 277 TFUE (antiguo artículo 241 TCE) la no aplicación a la demandante del artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, por cuanto que servía como marco jurídico para una metodología de campo análoga, usada para fijar el valor normal de la demandante en el Reglamento impugnado. La demandante invoca esta excepción de ilegalidad, al considerarse facultada para beneficiarse de una revisión judicial en su favor de la aplicación del artículo 2, apartado 7, pues afirma haber resultado afectada por las conclusiones relativas al valor normal del Reglamento impugnado, cuyo fundamento jurídico reside en el artículo 2, apartado 7 del Reglamento de base. Este último debe ser declarado inaplicable, según la demandante, sobre la base de que su aplicación a ella vulnera las disposiciones 2.1 y 2.2 del Acuerdo antidumping, que la UE pretendía aplicar como obligaciones multilaterales de Derecho de la Unión Europea que forman parte de los tratados en los que se basa la Unión Europea y que vinculan al Consejo y a la Comisión, de conformidad con una consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
   Sobre la base de su segundo motivo de nulidad, la demandante afirma que, aunque se considere que las instituciones no incumplieron el artículo 2, apartados 1 a 6 del Reglamento de base ni el Acuerdo antidumping, infringieron el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base e improcedentemente denegaron a la demandante el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado, cometiendo manifiestos errores en la apreciación de los hechos relativos a la aplicación del artículo 2, apartado 7, letra c).
   Sobre la base de su tercer motivo de nulidad, la demandante alega que las instituciones incumplieron el artículo 3, apartado 4, del Reglamento de base y cometieron un error manifiesto de valoración, al no desagregar a Armenia de las importaciones presuntamente objeto de dumping y dejando de hacer, pues, un repaso básico de la actividad productiva de Armenia en el período 2004-2006 y de los problemas de calidad del producto armenio en cuestión durante el relanzamiento y reajuste de la actividad productiva en 2007, coincidiendo con el período de investigación.
   Sobre la base de su cuarto motivo de nulidad, la demandante sostiene que la Comisión ha infringido el principio legal fundamental de igualdad de trato y no discriminación y ha incurrido en errores manifiestos en la apreciación, al estudiar y al justificar el rechazo de la oferta económica de la demandante aceptando al mismo tiempo la oferta empresarial de un exportador brasileño en las mismas condiciones.
   Sobre la base de su quinto motivo de nulidad, se plantea que la Comisión ha infringido el principio fundamental del Derecho de la Unión Europea de buena gobernanza, vulnerando así un requisito esencial del procedimiento, cuando hizo una referencia pública y directa a la demandante en la investigación antidumping en curso objeto del presente asunto, influyendo presuntamente en las instituciones responsables de la investigación antidumping para que impusieran a las exportaciones de la demandante derechos antidumping.

      (1)  Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1)


title: Asunto T-462/14: Recurso interpuesto el 18 de junio de 2014  — EEB/Comisión

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/67

         Recurso interpuesto el 18 de junio de 2014 — EEB/Comisión
   (Asunto T-462/14)
   2014/C 315/112
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: European Environmental Bureau (EEB) (Bruselas) (representante: B. Klooostra, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión impugnada de la Comisión, de 18 de abril de 2014.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Con su recurso, la demandante solicita la anulación de la decisión (Ares(2014)1102834) de la Comisión de 18 de abril de 2014 que declaró inadmisible la solicitud de la demandante de revisión interna de la Decisión 2013/687/UE de la Comisión de 26 de noviembre de 2013, relativa a la notificación por la República Helénica del plan nacional transitorio a que se refiere el artículo 32 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales.
   En apoyo de su recurso la demandante aduce tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 10 puesto en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006. (1) La demandante alega que al adoptar la medida impugnada la Comisión infringió el artículo 9, apartado3, del Convenio de Aarhus ya que las disposiciones aplicadas por la Comisión, el artículo 10 puesto en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006, son incompatibles con el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus. La ilegalidad de esas disposiciones del Reglamento no 1367/2006 debió llevar a la Comisión a declarar admisible la solicitud de revisión interna.

               2.

               Segundo motivo, a título subsidiario, basado en que al adoptar la medida impugnada la Comisión infringió su obligación de actuar conforme al Convenio en cuanto sea posible. La demandante alega que la Comisión debía haber interpretado el artículo 10 del Reglamento no 1367/2006 y en particular las palabras «acto administrativo» de esa disposición de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus y se debía haber separado de la definición de acto administrativo enunciada en el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006 que es demasiado restrictiva a juicio de la demandante.

               3.

               Tercer motivo, a título subsidiario de segundo grado, basado en que al adoptar la medida impugnada la Comisión infringió el artículo 2, apartado 1, letra g), por apreciar que la Decisión 2013/687/UE no constituye un acto de alcance individual.

      (1)  Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13).


title: Asunto F-82/13: Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2013 — ZZ/Comisión

text:
               9.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/52

         Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2013 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-82/13)
   2013/C 325/84
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: S. Orlandi, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión relativa a la transferencia de los derechos a pensión del demandante al régimen de pensiones de la Unión que aplica las nuevas DGA relativas a los artículos 11 y 12 del anexo VIII al Estatuto de los Funcionarios.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare contrario a Derecho el artículo 9 de las Disposiciones Generales de Aplicación del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII.

               —

               Que se anule la decisión de transferir los derechos a pensión del demandante con arreglo a los parámetros mencionados en las Disposiciones Generales de Aplicación del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto de 3 de marzo de 2011.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-490/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 6 de noviembre de 2014  — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH

text:
               2.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 34/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 6 de noviembre de 2014 — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH
   (Asunto C-490/14)
   (2015/C 034/05)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante y recurrente en casación: Freistaat Bayern

      Demandada y recurrida en casación: Verlag Esterbauer GmbH

      Cuestión prejudicial

   En lo que respecta a la cuestión de si estamos ante una recopilación de elementos independientes en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 96/9 (1) porque los elementos se pueden separar unos de otros sin que resulte afectado el valor de su contenido informativo, ¿es relevante todo valor informativo imaginable o sólo aquel que viene determinado por la finalidad perseguida con cada recopilación y teniendo en cuenta el comportamiento típico del usuario resultante de esa finalidad?

      (1)  Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77, p. 20).


title: Asunto T-217/02: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de noviembre de 2006 — Ter Lembeek/Comisión ( Ayudas de Estado — Ayuda al grupo belga Beaulieu — Condonación de crédito )

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/28

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de noviembre de 2006 — Ter Lembeek/Comisión
   (Asunto T-217/02) (1)

   («Ayudas de Estado - Ayuda al grupo belga Beaulieu - Condonación de crédito»)
   (2006/C 331/62)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Ter Lembeek International NV (Wielsbeke, Bélgica) (representantes: J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans y F. Tuytschaever, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Rozet y H. van Vliet, agentes)
   Objeto
   Anulación de los artículos 1 y 2 de la Decisión 2002/825/CE de la Comisión, de 24 de abril de 2002, relativa a la ayuda estatal concedida por Bélgica en favor del grupo Beaulieu (Ter Leembek International) (DO L 296, p. 60).
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 247, de 12.10.2002.


title: Asunto T-299/04: Recurso interpuesto el 7 de julio de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas por Abdelghani Selmani

text:
               20.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 284/18

         Recurso interpuesto el 7 de julio de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas por Abdelghani Selmani
   (Asunto T-299/04)
   (2004/C 284/38)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 7 de julio de 2004 un recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por Abdelghani Selmani, Dublín (Irlanda), representado por el Sr. C.Ó Briain, Solicitor.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo (1) y el artículo 1 de la Decisión 2004/306/CE del Consejo, (2) en la medida en que se apliquen, o puedan considerarse aplicables, al demandante.

               —

               Anule todas las decisiones adoptadas por el Consejo sobre la base del Reglamento no 2580/2001 que tengan un efecto similar a la Decisión 2004/306, en la medida en que se apliquen, o puedan considerarse aplicables, al demandante.

               —

               Si fuera preciso, anule el artículo 2 de la Posición común 2001/931/PESC, (3) el artículo 1 de la Posición común 2004/500/PESC del Consejo, (4) así como todas las posiciones comunes del Consejo adoptadas sobre la base de la Posición común 2001/931, en todos los supuestos en la medida en que se apliquen, o puedan considerarse aplicables, al demandante.

               —

               Alternativamente, declare que las disposiciones antes mencionadas son nulas, en la medida en que se apliquen, o puedan considerarse aplicables, al demandante.

               —

               Condene en costas al Consejo.

         Motivos y principales alegaciones
   La Posición común 2001/931/PESC del Consejo se adoptó con la finalidad declarada de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pide a todos los Estados signatarios que impidan la financiación de actos de terrorismo, entre otras cosas, mediante la congelación de los fondos y recursos de todas las personas que intervengan en tales actos. El Reglamento no 2580/2001 se adoptó en ejecución de esta posición común. Su artículo 2 prevé la congelación de los activos propiedad de personas implicadas en actividades terroristas, cuyos nombres serán fijados por el Consejo con arreglo al apartado 3 del artículo 2. Esta lista de personas está establecida en la Decisión 2004/306 del Consejo e incluye el nombre del demandante, de nacionalidad argelina. Como consecuencia de ello, se congelaron los activos del demandante en Irlanda, donde reside y goza del estatuto de refugiado.
   En apoyo de su recurso dirigido a la anulación de las disposiciones impugnadas, el demandante sostiene que, con arreglo a los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE, el Consejo carecía de competencia para adoptar el artículo 2 del Reglamento no 2580/2001 y el artículo 1 de la Decisión 2004/306 y que tanto el Consejo como la Comisión abusaron de las facultades que les otorgan aquellos artículos. Además, el demandante alega que la lista de nombres establecida en la Decisión 2004/306 no se elaboró de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931. Asimismo, afirma que, en virtud de los artículos 15 UE y 34 UE, el Consejo no estaba facultado para adoptar las Posiciones comunes 2001/931 y 2004/500 que, en su opinión, infringen dichos artículos y el Tratado CE en general.
   El demandante también sostiene que las disposiciones impugnadas vulneran varios principios fundamentales del Derecho comunitario, en particular, los principios de subsidiariedad, de proporcionalidad y de respeto de los derechos humanos fundamentales. Además alega que el Consejo y la Comisión no motivaron suficientemente por qué las medidas que consideraban necesarias no podían ser adoptadas por cada Estado miembro.

      (1)  Reglamento de 27 de diciembre de 2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO L 344, p. 70).

      (2)  Decisión de 2 de abril de 2004 relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2003/902/CE (DO L 99, p. 28).

      (3)  Posición común del Consejo de 27 de diciembre de 2001 sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344, p. 93).

      (4)  Posición común de 17 de mayo de 2004 por la que se actualiza la Posición común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición común 2004/309/PESC (DO L 196, p. 12).


title: Asunto T-758/16: Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2016 — Crédit Agricole/BCE

text:
               9.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/45

         Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2016 — Crédit Agricole/BCE
   (Asunto T-758/16)
   (2017/C 006/56)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Crédit Agricole SA (Montrouge, Francia) (representantes: A. Champsaur y A. Delors, abogadas)

      Demandada: Banco Central Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule, sobre la base de los artículos 256 TFUE y 263 TFUE, la decisión ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/165 adoptada por el Banco Central Europeo el 24 de agosto de 2016.

               —

               Condene en costas al Banco Central Europeo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en el error de Derecho que el Banco Central Europeo (BCE) cometió, a juicio de la demandante, en la interpretación de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 575/2013»).
               La parte demandante alega así, en particular, que la decisión del BCE de 24 de agosto de 2016 por la que se denegó la solicitud que presentó para obtener la autorización de exclusión de las exposiciones frente al sector público del cálculo del ratio de apalancamiento (en lo sucesivo, «decisión impugnada»):

                           —

                           Es contraria a la voluntad del legislador europeo y a los objetivos del Reglamento n.o 575/2013.

                           —

                           Priva al artículo 429, apartado 14, del citado Reglamento de todo efecto útil.

                           —

                           Es el resultado de una usurpación en las competencias del legislador europeo por parte del BCE.

               2.

               Segundo motivo, basado en un error manifiesto de que adolece, según la demandante, la decisión impugnada a la hora de apreciar el riesgo prudencial derivado del ahorro regulado, en la medida en que el BCE omitió tomar en consideración el marco legal y los datos empíricos relativos a dicho ahorro, así como los informes pertinentes de la Autoridad Bancaria Europea, y en la medida en que el BCE incurrió también, a juicio de la demandante, en error de apreciación en lo que respecta tanto al riesgo de apalancamiento como al resto de los correspondientes riesgos prudenciales.

               3.

               Tercer motivo, basado en la existencia de una violación del principio de proporcionalidad, en la medida en que la decisión impugnada, por un lado, vulnera el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, y por otro, incumple las exigencias específicas implícitas en dicho principio en materia de supervisión prudencial, que obligan a adaptar los requisitos prudenciales al modelo de empresa de la banca y a los riesgos para el sector financiero y la economía asociados a dicho modelo, a juicio de la demandante.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 14 de septiembre de 2000 en el asunto C-369/98 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)]: The Queen contra Minister of Agriculture, Fisheries &Food (Regímenes de ayudas — Base de datos informática — Comunicación de datos)

text:
C 335/4                   ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         25.11.2000
      salariales, el cesionario está obligado a tener en cuenta todos los         la familia del tomador del seguro, del conductor, o de cualquier
      perı́odos de empleo cubiertos tanto a su servicio como al del                otra persona cuya responsabilidad civil se genere en el siniestro
      cedente por el personal transferido, en la medida en que esta                y esté cubierta por el seguro obligatorio de automóviles, con
      obligación se derive de la relación laboral que vincula a dicho            independencia de que intervenga culpa por parte del conductor
      personal con el cedente y conforme a los criterios acordados en el           del vehı́culo que cause el accidente, únicamente si el Derecho
      marco de la citada relación. La Directiva 77/187 no se opone,               nacional del correspondiente Estado miembro impone tal
      sin embargo, a que el cesionario modifique las condiciones de                cobertura de los daños corporales causados en las mismas
      dicha relación laboral en la medida en que el Derecho nacional              condiciones a otros terceros ocupantes.
      admita tal modificación fuera del supuesto de la transmisión de
      empresa.                                                               2)    Los artı́culos 1, apartado 2, y 5, apartado 3, de la Segunda
                                                                                Directiva 84/5, en su versión modificada por el Anexo I,
(1) DO C 358 de 21.11.1998.
                                                                                parte IX, F, titulada «Seguros», del Acta relativa a las condicio-
                                                                                nes de adhesión del Reino de España y de la República
                                                                                Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados, se oponen a
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                        una normativa nacional que prevé importes máximos de
                             (Sala Quinta)                                         indemnización inferiores a los importes mı́nimos de garantı́a
                                                                                establecidos en dichos artı́culos cuando sólo se genere la
                    de 14 de septiembre de 2000                                    responsabilidad civil por riesgo, por no mediar culpa del
                                                                                conductor del vehı́culo que cause el accidente.
en el asunto C-348/98 (petición de decisión prejudicial del
Tribunal da Comarca de Setúbal): Vitor Manuel Mendes
Ferreira y Maria Clara Delgado Correia Ferreira contra                       (1) DO C 358 de 21.11.1998.
      Companhia de Seguros Mundial Confiança SA (1)
(Seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles
— Directivas 84/5/CEE y 90/232/CEE — Importes mı́nimos
de garantı́a — Régimen de responsabilidad civil — Daños
causados a los miembros de la familia del tomador del seguro
                            o del conductor)                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                           (2000/C 335/07)                                                                (Sala Cuarta)
                  (Lengua de procedimiento: portugués)
                                                                                de 14 de septiembre de 2000
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)          en el asunto C-369/98 [petición de decisión prejudicial
                                                                             planteada por la High Court of Justice (England & Wales),
En el asunto C-348/98, que tiene por objeto una petición                    Queen’s Bench Division (Divisional Court)]: The Queen
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del                contra Minister of Agriculture, Fisheries &Food (1)
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Tribunal da
Comarca de Setúbal (Portugal), destinada a obtener, en el litigio           (Regı́menes de ayudas — Base de datos informática —
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Vitor Manuel                                      Comunicación de datos)
Mendes Ferreira y Maria Clara Delgado Correia Ferreira y
Companhia de Seguros Mundial Confiança SA, una decisión                                                (2000/C 335/08)
prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 84/5/CEE del
Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados                                 (Lengua de procedimiento: inglés)
miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta
de la circulación de los vehı́culos automóviles (DO 1984, L 8,
p. 17; EE 13/15, p. 244), y de la Directiva 90/232/CEE del                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a                      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circula-             En el asunto C-369/98, que tiene por objeto una petición
ción de vehı́culos automóviles (DO L 129, p. 33), el Tribunal              dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. D.A.O. Edward,            Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por la High Court of
Presidente de Sala; L. Sevón (Ponente), P.J.G. Kapteyn, P; Jann             Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional
y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado General: Sr. G. Cosmans;                     Court) (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio
secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 14 de septiembre de 2000             pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre The Queen y
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                    Minister of Agriculture, Fisheries & Food, ex parte: Trevor
1)    El artı́culo 3 de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de                Robert Fisher and Penny Fischer, que actúan con la denomina-
      30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la               ción «TR and P Fisher», una decisión prejudicial sobre la
      aproximación de las legislaciones de los Estados miembros             interpretación de los artı́culos 3, apartado 1, y 9 del Regla-
      sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la             mento (CEE) no 3508/92 del Consejo, de 27 de noviembre de
      circulación de los vehı́culos automóviles, exige que el seguro       1992, por el que se establece un sistema integrado de gestión
      obligatorio de responsabilidad civil derivada de la circulación de    y control de determinados regı́menes de ayuda comunitarios
      vehı́culos automóviles cubra los daños corporales causados a los     (DO L 355, p. 1) y 9 del Reglamento (CEE) no 3887/92 de la
      ocupantes transportados gratuitamente que sean miembros de             Comisión, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen
 ---pagebreak--- 25.11.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 335/5
las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y              cial sobre la interpretación del artı́culo 13, parte A, apartado 1,
control relativo a determinados regı́menes de ayudas comuni-               letra c), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de
tarias (DO L 391, p. 36), el Tribunal de Justicia (Sala; P.J.G. Kap-       mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de
teyn (Ponente) y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado General:                    las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
Sr. S Alber; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto,          impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común
ha dictado el 14 de septiembre de 2000 una sentencia cuyo                  del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme
fallo es el siguiente:                                                     (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), el Tribunal de Justicia (Sala
                                                                           Quinta), integrado por los Sres.: L. Sevón (Ponente), Presidente
1)    Los artı́culos 3, apartado 1, y 9 del Reglamento (CEE)               de la Sala Primera, en funciones de Presidente de la Sala Quinta;
      no 3508/92 del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, por el           P.J.G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces,
      que se establece un sistema integrado de gestión y control de       Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretario: Sr. H.A. Rühl,
      determinados regı́menes de ayuda comunitarios, en relación con      administrador principal, ha dictado el 14 de septiembre de
      los principios generales de Derecho comunitario, permiten que,       2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      previa ponderación de los intereses respectivos de las personas
      afectadas, las autoridades competentes comuniquen los datos          El artı́culo 13, parte A, apartado 1, letra c), de la Directiva
      relativos a los cultivos herbáceos realizados durante los años     77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva
      anteriores y que hayan sido facilitados por o en nombre de un        en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
      antiguo solicitante de pagos con arreglo al régimen de pagos a       miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios —
      tierras de cultivo, a un nuevo titular de la explotación que los    Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible
      necesite para poder solicitar tales pagos en relación con las       uniforme, debe interpretarse en el sentido de que no están comprendi-
      mismas tierras y que no pueda obtenerlos de otra manera.             das en el ámbito de aplicación de dicha disposición las prestaciones
                                                                           médicas que no consisten en asistir a personas fı́sicas, mediante el
2)    En caso de que se deniegue la información solicitada, la
                                                                           diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra
      autoridad competente no puede imponer sanciones al solicitante,
                                                                           anomalı́a de la salud, sino en determinar, mediante análisis
      en virtud del artı́culo 9 del Reglamento (CEE) no 3887/92 de
                                                                           biológicos, la afinidad genética entre individuos. A este respecto,
      la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, por el que se
                                                                           carece de relevancia la circunstancia de que el médico que actúa en
      establecen las normas de aplicación del sistema integrado de
                                                                           calidad de perito haya sido nombrado por un órgano jurisdiccional.
      gestión y control relativo a determinados regı́menes de ayudas
      comunitarias, basándose en la información que no le comunicó
      al serle solicitada.                                                 (1) DO C 397 de 19.12.1998.
(1) DO C 397 de 19.12.1998.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
                             (Sala Quinta)
                                                                                de 14 de septiembre de 2000
                   de 14 de septiembre de 2000
                                                                           en el asunto C-16/99 (petición de decisión prejudicial de
en el asunto C-384/98 (petición de decisión prejudicial                  la Cour administrative): Ministre de la Santé contra Jeff
planteada por el Landesgericht St. Pölten): D. contra W. (1)                                              Erpelding (1)
(«Sexta Directiva sobre el IVA — Exención de la asistencia a              (Directiva 93/16/CEE del Consejo — Interpretación de los
personas fı́sicas realizada en el ejercicio de profesiones                 artı́culos 10 y 19 — Utilización de un tı́tulo de médico
médicas y sanitarias — Dictamen en materia de investigación               especialista en el Estado miembro de acogida, por parte de
de la paternidad emitido por un médico en calidad de perito                un médico que ha obtenido, en otro Estado miembro, un
                                judicial»)                                 tı́tulo que no figura, para este último Estado miembro, en la
                                                                                lista del artı́culo 7 de la Directiva)
                           (2000/C 335/09)
                                                                                (2000/C 335/10)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-384/98, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del         En el asunto C-16/99, que tiene por objeto una petición
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Landesgericht            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177
St. Pölten (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente         del Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por la Cour
ante dicho órgano jurisdiccional entre D. y W., con interven-             administrative (Luxemburgo), destinada a obtener, en el litigio
ción de: Österreichischer Bundesschatz, una decisión prejudi-           pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Ministre de la


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de octubre de 2003 en el asunto C-339/00: Irlanda contra Comisión de las Comunidades Europeas ("FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicios de 1997 y 1998 — Ayudas para la forestación de tierras agrícolas — Artículo 2, apartados 1, letra c), y 2, letra b), del Reglamento (CEE) n° 2080/92 — Concepto de persona jurídica de Derecho privado — Principio de protección de la confianza legítima — Deber de cooperación leal")

text:
C 289/2                 ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                  29.11.2003
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Sexta)
                           (Sala Quinta)
                                                                                de 16 de octubre de 2003
                    de 16 de octubre de 2003
                                                                            en el asunto C-223/01 (Petición de decisión prejudicial
                                                                            planteada por el Østre Landsret): AstraZeneca A/S contra
                                                                                Lægemiddelstyrelsen (1)
en el asunto C-339/00: Irlanda contra Comisión de las
                   Comunidades Europeas (1)
                                                                            («Medicamentos — Autorización de comercialización de un
                                                                            medicamento genérico — Revocación de la autorización de
(«FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicios de 1997 y                     comercialización del medicamento de referencia — Procedi-
1998 — Ayudas para la forestación de tierras agrícolas —                                              miento simplificado»)
Artículo 2, apartados 1, letra c), y 2, letra b), del Reglamento
(CEE) no 2080/92 — Concepto de “persona jurídica de                                                      (2003/C 289/03)
Derecho privado” — Principio de protección de la confianza
            legítima — Deber de cooperación leal»)                                               (Lengua de procedimiento: danés)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                         (2003/C 289/02)                                         «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                         En el asunto C-223/01, que tiene por objeto una petición
                                                                            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
                                                                            por el Østre Landsret (Dinamarca), destinada a obtener, en
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la        el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            AstraZeneca A/S y Lægemiddelstyrelsen, con intervención
                                                                            de: Generics (UK) Ltd, una decisión prejudicial sobre la
                                                                            interpretación de la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de
                                                                            26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las
                                                                            disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre
En el asunto C-339/00, Irlanda (agente: Sr. D. J. O’Hagan,
                                                                            medicamentos (DO 1965, 22, p. 369; EE 13/01, p. 18),
asistido por los Sres. R. Brady, SC, y A. M. Collins, BL)
                                                                            modificada por la Directiva 93/39/CEE del Consejo, de
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
                                                                            14 de junio de 1993 (DO L 214, p. 22), el Tribunal de Justicia
M. Niejahr y K. Fitch, asistidos por el Sr. J. O’Reilly, SC), que
                                                                            (Sala Sexta), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de
tiene por objeto la anulación de la Decisión 2000/449/CE de
                                                                            Sala, y los R. Schintgen y C. Gulmann (Ponente), la Sra.
la Comisión, de 5 de julio de 2000, por la que se excluyen de
                                                                            N. Colneric y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado
la financiación comunitaria determinados gastos efectuados
                                                                            General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von Holstein,
por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía
                                                                            Secretario adjunto, ha dictado el 16 de octubre de 2003 una
del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola
                                                                            sentencia cuyo fallo es el siguiente:
(FEOGA) (DO L 180, p. 49), en la medida en que excluye de la
financiación comunitaria, para los ejercicios de 1997 y 1998,
determinados gastos que por importe de 4 844 345,35 euros                   1)    El artículo 4, párrafo tercero, número8, párrafo segundo, letra a),
efectuó Irlanda en concepto de ayuda a la forestación, el                         inciso iii), de la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero
Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr.                          de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
C.W.A. Timmermans, Presidente de la Sala Cuarta, en funcio-                       reglamentarias y administrativas, sobre medicamentos, modifi-
nes de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. A. La Pergola,                   cada por la Directiva 93/39/CEE del Consejo, de 14 de junio
P. Jann, S. von Bahr (Ponente) y A. Rosas, Jueces; Abogado                        de 1993, debe interpretarse en el sentido de que los términos
General: Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administra-                 «productos comercializados» se refieren a medicamentos para los
dora principal, ha dictado el 16 de octubre de 2003 una                           que se ha concedido una autorización de comercialización en el
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                             Estado miembro de que se trate.
                                                                            2)    Para que una solicitud de autorización de comercialización de un
1)    Desestimar el recurso.                                                      medicamento genérico pueda tramitarse según el procedimiento
                                                                                simplificado previsto en el artículo 4, párrafo tercero, número 8,
                                                                                párrafo segundo, letra a), inciso iii), de la Directiva 65/65, en su
2)    Condenar en costas a Irlanda.                                               versión modificada, es necesario y suficiente que la autorización
                                                                                de comercialización del medicamento de referencia esté en vigor
                                                                                en el Estado miembro de que se trate en la fecha de dicha solicitud.
(1) DO C 335 de 25.11.2000.
                                                                            (1) DO C 227 de 11.8.2001.


title: Asunto F-159/12: Recurso interpuesto el 26 de diciembre de 2012 — ZZ/ECDC

text:
               2.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/26

         Recurso interpuesto el 26 de diciembre de 2012 — ZZ/ECDC
   (Asunto F-159/12)
   2013/C 63/52
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: V. Kolias, abogado)

      Demandada: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)

      Objeto y descripción del litigio

   Que se anule la decisión de apartar del servicio al demandante y que se ordene su reincorporación y se le abone la diferencia entre la retribución que hubiera debido percibir desde la fecha en que produjo sus efectos la decisión impugnada y la compensación económica que recibió.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión impugnada de ECDC de 24 de febrero de 2012 de apartar del servicio al demandante, de modo que, para dar cumplimiento a dicha resolución, ECDC deberá readmitirlo con arreglo al artículo 266 TFUE y abonarle todas las retribuciones que hubiera debido percibir desde la fecha en que produjo sus efectos la decisión impugnada junto con los intereses de demora al tipo establecido por el Banco Central Europeo para sus principales operaciones de refinanciación aplicable al período de que se trata, aumentadas en dos puntos porcentuales y reducidas en la compensación monetaria que recibió y la prestación por desempleo que recibirá hasta el momento de su reincorporación.

               —

               Que se anule el escrito de 18 de septiembre de 2012 del Jefe de la Unidad OCS de ECDC que desestima el recurso administrativo interpuesto por el demandante contra la decisión impugnada, en la media en que dicho escrito produce efectos jurídicos autónomos.

               —

               Que se condene en costas a ECDC.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 7 de septiembre de 2004, en el asunto C-319/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus): Petri Manninen («Impuesto sobre la renta — Crédito fiscal por los dividendos distribuidos por sociedades finlandesas — Artículos 56 CE y 58 CE — Coherencia del régimen tributario»)

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/4

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 7 de septiembre de 2004
   en el asunto C-319/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus): Petri Manninen (1)

   («Impuesto sobre la renta - Crédito fiscal por los dividendos distribuidos por sociedades finlandesas - Artículos 56 CE y 58 CE - Coherencia del régimen tributario»)
   (2004/C 262/07)
   Lengua de procedimiento: finés
   En el asunto C-319/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE, planteada por el Kortein hallinto-oikeus (Finlandia), mediante resolución de 10 de septiembre de 2002, registrada en el Tribunal de Justicia el 12 de septiembre de 2002, en el procedimiento iniciado por Petri Manninen, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet y J.N. Cunha Rodrigues, Presidentes de Sala, el Sr. R. Schintgen, las Sras. F. Macken y N. Colneric, los Sres. S. von Bahr y K. Lenaerts (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 7 de septiembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   Los artículos 56 CE y 58 CE se oponen a una normativa en virtud de la cual el derecho de una persona sujeta al pago de impuestos en un Estado miembro por obligación personal a que se le conceda el crédito fiscal por los dividendos que percibe de sociedades anónimas queda excluido cuando estas últimas no están establecidas en dicho Estado.

      (1)  DO C 274 de 9.11.2002.


title: Asunto T-208/03: Recurso interpuesto el 11 de junio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Stavroula Gogos-Skarpatzi y otros

text:
C 184/54                ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            2.8.2003
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:               contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                           por Stavroula Gogos-Skarpatzi, con domicilio en Waterloo
—     Anule la decisión de la jerarquía competente por la que se           (Bélgica), y otros 11 funcionarios, representados por los Sres.
      modifica, a partir de un año no especificado (1996, 1997             Gilles Bounéou y Frédéric Frabetti, abogados, que designan
      u otro y para el período durante el cual el demandante               domicilio en Luxemburgo.
      era funcionario de la Comisión de las Comunidades
      Europeas), el procedimiento empleado para el cálculo de
      los gastos de viaje anual con destino a Grecia por lo que            Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
      respecta al itinerario via Brindisi, tomado en consideración
      para los viajes destinados a Atenas.
                                                                           —     Anule la decisión de la jerarquía competente por la que se
      O, con carácter subsidiario:                                               modifica, a partir de un año no especificado (1993, 1996,
                                                                                1997 u otro y para el período durante el cual los
—     Anule la decisión de la jerarquía competente de reem-                      demandantes eran funcionarios de la Comisión de las
      bolsar, a partir de un año no especificado (1996, 1997 u                   Comunidades Europeas), el procedimiento empleado para
      otro y para el período durante el cual el demandante era                   el cálculo de los gastos de viaje anual con destino a
      funcionario de la Comisión de las Comunidades Euro-                        Grecia por lo que respecta al itinerario via Brindisi,
      peas), el pasaje marítimo de Brindisi hacia los diversos                   tomado en consideración para los viajes destinados a las
      puestos fronterizos griegos (Corfú, Igumenitsa, Patras)                    islas griegas para los que es necesario pasar por Atenas y
      sobre la base de un billete de tarifa «asiento tipo avión»                 el Pireo.
      («aircraft type seats»).
—     Anule todas las hojas de haberes del demandante que                        O, con carácter subsidiario:
      aplican las decisiones cuya anulación se solicita.
—     Reembolse al demandante, con intereses legales, la tota-             —     Anule la decisión de la jerarquía competente de reem-
      lidad de los importes no percibidos debido a la aplicación                 bolsar, a partir de un año no especificado (1993, 1996,
      de las decisiones cuya anulación se solicita.                              1997 u otro y para el período durante el cual los
                                                                                demandantes eran funcionarios de la Comisión de las
—     Se pronuncie sobre las costas y honorarios y condene a la                  Comunidades Europeas), el pasaje marítimo de Brindisi
      Comisión de las Comunidades Europeas a cargar con                          hacia los diversos puestos fronterizos griegos (Corfú,
      ellos.                                                                     Igumenitsa, Patras) sobre la base de un billete de tarifa
                                                                                «asiento tipo avión» («aircraft type seats»).
Motivos y principales alegaciones                                          —     Anule todas las hojas de haberes de los demandantes que
                                                                                aplican las decisiones cuya anulación se solicita.
El demandante en el presente asunto solicita la anulación de la
decisión de la Comisión por la que se modifica el método                   —     Reembolse a los demandantes, con intereses legales, la
empleado para calcular los gastos de viaje anual con destino a                   totalidad de los importes no percibidos debido a la
Grecia.                                                                          aplicación de las decisiones cuya anulación se solicita.
Los motivos y alegaciones invocados por el demandante en su
                                                                           —     Se pronuncie sobre las costas y honorarios y condene a la
recurso son similares a los invocados por los demandantes en
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas a cargar con
los asuntos T-221/02 (1) y T-44/03 (2).
                                                                                ellos.
(1) Comunicación en el DO C 247, 12.10.02, p. 17.
(2) Comunicación en el DO C 101, 26.04.03, p. 40.
                                                                           Motivos y principales alegaciones
                                                                           Los demandantes en el presente asunto solicitan la anulación
Recurso interpuesto el 11 de junio de 2003 contra la                       de la decisión de la Comisión por la que se modifica el
Comisión de las Comunidades Europeas por Stavroula                         método empleado para calcular los gastos de viaje anual con
                      Gogos-Skarpatzi y otros                              destino a Grecia.
                         (Asunto T-208/03)
                                                                           Los motivos y alegaciones invocados por los demandantes en
                          (2003/C 184/113)                                 su recurso son similares a los invocados por los demandantes
                                                                           en los asuntos T-221/02 (1) y T-44/03 (2).
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           (1) Comunicación en el DO C 247, 12.10.02, p. 17.
                                                                           (2) Comunicación en el DO C 101, 26.04.03, p. 40.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 11 de junio de 2003 un recurso


title: Asunto C-99/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Hovrätten för västra Sverige, de fecha 10 de marzo de 2000, en el asunto entre Kenny Roland Lyckeskog y Ministerio Fiscal, Uddevalla

text:
C 149/26                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     27.5.2000
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2000 contra la
lución del Hovrätten för västra Sverige, de fecha 10 de                 República Italiana por la Comisión de las Comunidades
marzo de 2000, en el asunto entre Kenny Roland Lyckes-                                                Europeas
                kog y Ministerio Fiscal, Uddevalla
                                                                                (Asunto C-100/00)
                         (Asunto C-99/00)
                          (2000/C 149/47)                                                         (2000/C 149/48)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         presentado el 16 de marzo de 2000 un recurso contra
resolución del Hovrätten för västra Sverige dictada el 10 de
                                                                         la República Italiana formulado por la Comisión de las
marzo de 2000 en el asunto entre Kenny Roland Lyckeskog y
                                                                         Comunidades Europeas, representada por el Sr. Richard Wai-
Ministerio Fiscal, Uddevalla, y recibida en la Secretarı́a del
                                                                         nwright, Consejero Jurı́dico principal y el Sr. Giacinto Bisogni,
Tribunal de Justicia el 16 de marzo de 2000. El Hovrätten för
                                                                         magistrado de apelación adscrito al citado Servicio Jurı́dico, en
västra Sverige solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
                                                                         calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem-
sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:
                                                                         burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre
1) ¿Un órgano jurisdiccional nacional que en la práctica               Wagner, Kirchberg.
     constituye la última instancia en un proceso, debido a que
     se exige una autorización especial del recurso a fin de que
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     el asunto pueda ser examinado por el Tribunal Supremo
     de dicho paı́s, es un órgano jurisdiccional en el sentido del
     artı́culo 234, párrafo tercero, del Tratado CE?                    — declare que la Republica Italiana ha incumplido las obliga-
                                                                             ciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario
2) ¿Un órgano jurisdiccional que se encuentre en la situación              al imponer a los calentadores de agua eléctricos de
     a que hace referencia el artı́culo 234, parrafo tercero, del            acumulación unas exigencias en materia de seguridad que
     Tratado CE, puede dejar de solicitar una decisión prejudicial          no se hallan previstas en la Directiva 73/23/CEE (1) y, por
     cuando considera que resulta claro cómo deben resolverse               consiguiente, al no establecer a favor de los productos
     las cuestiones de Derecho comunitario planteadas en el                  fabricados conforme a la norma EN 60335-2-21 la
     proceso, aun cuando dichas cuestiones no estén compre-                  presunción de conformidad a las exigencias en materia de
     ndidas en la doctrina del acte claire o del acte éclairé?               seguridad;
     En el caso de que el Tribunal de Justicia respondiera
     negativamente a la primera cuestión, o afirmativamente a           — condene a la República Italiana al pago de las costas del
     la primera cuestión y negativamente a la segunda, —pero                procedimiento.
     únicamente en este caso—, el hovrätt solicita que se
     responda asimismo a las cuestiones siguientes.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
3) A tenor del artı́culo 45 del Reglamento (CEE) no 918/83
     del Consejo (1), de 28 de marzo de 1983, relativo al
     establecimiento de un régimen comunitario de franquicias            La Directiva 73/23/CEE contiene en su artı́culo 9 la denomi-
     aduaneras, serán admitidas con franquicia de derechos de           nada cláusula de salvaguardia, que permite a los Estados
     importación, sin perjuicio de las disposiciones contenidas         miembros adoptar medidas restrictivas por razones de seguri-
     en los artı́culos 46 a 49, las mercancı́as contenidas en el         dad, también por lo que se refiere a los productos fabricados
     equipaje personal de los viajeros procedentes de un tercer          de conformidad con una norma armonizada. Las citadas
     paı́s, siempre que se trate de importaciones desprovistas de        medidas deben hallarse justificadas por datos de hecho que
     todo carácter comercial. ¿Implica esto que la naturaleza y         permitan afirmar que los productos de que se trata pueden
     la cantidad de las mercancı́as no deben dar lugar a dudas           llegar a poner en peligro la seguridad de los usuarios,
     en cuanto al carácter de la importación? ¿O bien deben ser        aun cuando hayan sido fabricados observando la norma
     tenidos en cuenta el modo de vida y los hábitos de cada            armonizada. A falta de los citados elementos de hecho y, de
     individuo?                                                          cualquier forma, en ausencia de una comunicación cursada en
                                                                         debida forma en los términos del artı́culo 9 de la Directiva
4) ¿Cual es la trascendencia jurı́dica de las disposiciones de
                                                                         72/23/CEE, la Comisión considera que aquellos calentadores
     las autoridades administrativas que fijan cuál es la cantidad      de agua de acumulación que se atengan a la norma EN 60335-
     que normalmente puede importarse con franquicia de una              2-21 deben poder ser comercializados libremente sin tener
     mercancı́a a la que es aplicable el Reglamento (CEE)
                                                                         que cumplir ningún otro requisito suplementario.
     no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al
     establecimiento de un régimen comunitario de franquicias
     aduaneras?
                                                                         (1) DO L 77 de 26.3.73, p. 29; EE 13/02, p. 182.
( 1) DO L 105, de 23.4.1983, p. 1; EE 02/09, p. 276.


title: Asunto T-392/05: Recurso interpuesto el  27 de octubre de 2005  — Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau/Comisión

text:
               28.1.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/14

         Recurso interpuesto el 27 de octubre de 2005 — Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau/Comisión
   (Asunto T-392/05)
   (2006/C 22/28)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH (Neustrelitz, Alemania) (representante: M. Grehsin, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de 5 de marzo de 2003 [número: C(2003) 519], en la medida en que, con arreglo al artículo 1, apartado 3, de la Decisión, se califica la Directriz del Land Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en lo relativo al subprograma C (oficinas empresariales compartidas) en el ámbito de los «candidatos oficiales a la adhesión», de ayuda de Estado ilegal en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

         Motivos y principales alegaciones
   En la Decisión impugnada, la Comisión declara que la Directriz sobre la concesión de ayudas en apoyo de la venta y exportación de productos de Mecklemburgo-Pomerania Occidental constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, en la medida en que prevé la concesión de ayudas que no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 69/2001. (1) Según la Comisión, también constituyen ayudas de Estado las ayudas previstas para actividades de fomento de las exportaciones en países que sean candidatos oficiales a la adhesión a la Unión Europea.
   La demandante afirma que la Decisión impugnada es ilegal, puesto que la demandada equipara a un candidato oficial a la adhesión con un Estado miembro de la Unión Europea y, en consecuencia, aplica la normativa del mercado interior. Por otro lado, en opinión de la demandante, el régimen de ayudas no infringe el Reglamento (CE) no 69/2001 ni el Reglamento (CE) no 70/2001. (2) Finalmente, la demandante alega que la Decisión impugnada es incomprensible. A estos efectos, señala que no se requiere procedimiento de notificación para las ayudas de minimis.

      (1)  Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis.

      (2)  Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas.


title: Asunto T-329/09: Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2010 — Fédération internationale des logis/OAMI (Color marrón característico) [ Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria consistente en un color marrón característico — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  207/2009 ]

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/38

         Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2010 — Fédération internationale des logis/OAMI (Color marrón característico)
   (Asunto T-329/09) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria consistente en un color marrón característico - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2011/C 30/69
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Fédération internationale des logis (Paris) (representantes: inicialmente C. Champagner Katz, posteriormente B. Brisset, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 11 de junio de 2009 (asunto R 202/2009-1), relativa a una solicitud de registro de un color marrón característico como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Fédération internationale des logis.

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009.


title: Asunto C-76/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de junio de 2014 — Comisión Europea/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE — Comunicaciones electrónicas — Redes y servicios — Designación de las empresas encargadas de las obligaciones de servicio universal — Transposición incorrecta — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — No ejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Cantidad a tanto alzado)

text:
               1.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 292/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de junio de 2014 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-76/13) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/22/CE - Comunicaciones electrónicas - Redes y servicios - Designación de las empresas encargadas de las obligaciones de servicio universal - Transposición incorrecta - Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento - No ejecución - Artículo 260 TFUE, apartado 2 - Sanciones pecuniarias - Multa coercitiva - Cantidad a tanto alzado))
   2014/C 292/06
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Guerra e Andrade, G. Braun, L. Nicolae y M. Heller, agentes)

      Demandada: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, agente, asistido por L. Morais, advogado)

      Fallo

               1)

               La República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia Comisión/Portugal (C-154/09, EU:C:2010:591).

               2)

               Condenar a la República Portuguesa a abonar a la Comisión Europea, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», la cantidad a tanto alzado de 3 millones de euros.

               3)

               Condenar a la República Portuguesa a abonar a la Comisión Europea, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», una multa coercitiva de 10  000 euros por cada día de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia Comisión/Portugal (EU:C:2010:591), a partir del pronunciamiento de la presente sentencia y hasta la fecha de ejecución de la sentencia mencionada.

               4)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 123, de 27.4.2013.


title: Asunto T-693/13: Recurso interpuesto el 31 de diciembre de 2013 — Mikhalchanka/Consejo

text:
               29.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/25

         Recurso interpuesto el 31 de diciembre de 2013 — Mikhalchanka/Consejo
   (Asunto T-693/13)
   2014/C 93/42
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Belarús) (representante: M. Michalauskas, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión 2013/534/PESC del Consejo, de 29 de octubre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús, en la medida en que afecta al demandante.

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1054/2013 del Consejo, de 29 de octubre de 2013, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús, en la medida en que afecta al demandante.

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa, al no haber respetado el Consejo el procedimiento contradictorio previo.

               2)

               Segundo motivo, basado en la insuficiente motivación, al no permitir la motivación de los actos a la parte demandante impugnar su validez ante el Tribunal General ni a éste ejercer su control sobre la legalidad de los mismos.

               3)

               Tercer motivo, basado en el error de apreciación pues el acto impugnado supuestamente carece de toda justificación de hecho.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad, en particular, en lo relativo a la restricción de entrada y de paso en tránsito en el territorio de la Unión Europea.


title: Archivo del asunto C-257/02

text:
               11.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/34

         Archivo del asunto C-257/02 (1)

   (2004/C 228/71)
   Mediante auto de 6 de mayo de 2004, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-257/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Stuij en de Man B.V. contra República de Austria.

      (1)  DO C 247 de 12.10.2002.


title: Asuntos acumulados T-309/04, T-317/04, T-329/04 y T-336/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 2008 — TV 2/Danmark/Comisión ( Ayudas de Estado — Medidas adoptadas por las autoridades nacionales danesas con respecto a la empresa pública de radiodifusión TV 2 para financiar su misión de servicio público — Medidas calificadas como ayudas de Estado parcialmente compatibles y parcialmente incompatibles con el mercado común — Recurso de anulación — Admisibilidad — Interés en ejercitar la acción — Derecho de defensa — Servicio público de la radiodifusión — Definición y financiación — Fondos estatales — Obligación de motivación — Obligación de examen )

text:
               6.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/23

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 2008 — TV 2/Danmark/Comisión
   (Asuntos acumulados T-309/04, T-317/04, T-329/04 y T-336/04) (1)

   («Ayudas de Estado - Medidas adoptadas por las autoridades nacionales danesas con respecto a la empresa pública de radiodifusión TV 2 para financiar su misión de servicio público - Medidas calificadas como ayudas de Estado parcialmente compatibles y parcialmente incompatibles con el mercado común - Recurso de anulación - Admisibilidad - Interés en ejercitar la acción - Derecho de defensa - Servicio público de la radiodifusión - Definición y financiación - Fondos estatales - Obligación de motivación - Obligación de examen»)
   (2008/C 313/42)
   Lengua de procedimiento: inglés y danés
   Partes

      Demandante en el asunto T-309/04: TV 2/Danmark A/S (Odense, Dinamarca) (representantes: O. Koktvedgaard y M. Thorninger, abogados)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandante en el asunto T-309/04: Union européenne de radio-télévision (UER) (Grand-Saconnex, Suiza), (representante: A. Carnelutti, abogado)

      Demandante en el asunto T-317/04: Reino de Dinamarca (representantes: J. Molde, agente, asistido por P. Biering y K. Lundgaard Hansen, abogados)

      Demandante en el asunto T-329/04: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Middlesex, Reino Unido) (representantes: S. Hjelmborg y M. Honoré, abogados)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandante en el asunto T-329/04: SBS TV A/S, anteriormente TV Danmark A/S (Skovlunde, Dinamarca); y SBS Danish Television Ltd, anteriormente Kanal 5 Denmark Ltd (Hounslow, Middlesex, Reino Unido) (representantes: D. Vandermeersch, K.-U. Karl y H. Peytz, abogados)

      Demandantes en el asunto T-336/04: SBS TV A/S, y SBS Danish Television Ltd

      Parte coadyuvante en apoyo de las demandantes en el asunto T-336/04: Viasat Broadcasting UK Ltd

      Demandada en los asuntos T-309/04, T-317/04, T-329/04 y T-336/04: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: en los asuntos T-309/04, T-317/04 y T-329/04, H. Støvlbæk y M. Niejahr, en el asunto T-329/04, también N. Kahn y, en el asunto T-336/04, N. Kahn y M. Niejahr, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada en el asunto T-309/04: SBS TV A/S; SBS Danish Television Ltd; y Viasat Broadcasting UK Ltd,

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada en los asuntos T-329/04 y T-336/04: Reino de Dinamarca; TV 2/Danmark A/S; y Union européenne de radio-télévision (UER)
   Objeto
   En los asuntos T-309 y T-317/04, varias demandas de anulación de la Decisión 2006/217/CE de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, sobre las medidas de Dinamarca a favor de TV 2/Danmark (DO 2006, L 85, p. 1, corrección de errores DO 2006, L 368, p. 112), con carácter principal, y, con carácter subsidiario, del artículo 2 de dicha Decisión o de los apartados 3 y 4 de ese artículo y, en los asuntos T-329/04 y T-336/04, varias demandas de anulación de esa misma Decisión, en la medida en que declara la existencia de una ayuda de Estado parcialmente compatible con el mercado común.
   Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-309/04, T-317/04, T-329/04 y T-336/04 a efectos de la sentencia.

               2)

               Anular la Decisión 2006/217/CE de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, sobre las medidas de Dinamarca a favor de TV 2/Danmark.

               3)

               TV 2/Danmark A/S, el Reino de Dinamarca y la Comisión cargarán, cada uno, con sus propias costas en los asuntos T-309/04 R y T-317/04 R.

               4)

               La Comisión cargará con sus propias costas en los asuntos T-309/04 y T-317/04, así como con las de TV 2/Danmark A/S y el Reino de Dinamarca en dichos asuntos.

               5)

               La Union européenne de radio-télévision (UER), SBS TV A/S, SBS Danish Television Ltd y Viasat Broadcasting UK Ltd cargarán, cada una, con sus propias costas en el asunto T-309/04.

               6)

               SBS TV, SBS Danish Television y Viasat Broadcasting UK cargarán, cada una, con sus propias costas, en las que incurrieron tanto en condición de partes principales como de partes coadyuvantes, en los asuntos T-329/04 y T-336/04.

               7)

               Viasat Broadcasting UK cargará con una décima parte de las costas en las que hayan incurrido la Comisión, TV 2/Danmark A/S, el Reino de Dinamarca y la UER en el asunto T-329/04.

               8)

               SBS TV y SBS Danish Television Ltd cargarán con una décima parte de las costas en las que hayan incurrido la Comisión, TV 2/Danmark A/S, el Reino de Dinamarca y la UER en el asunto T-336/04.

               9)

               La Comisión, TV 2/Danmark A/S, el Reino de Dinamarca y la UER cargarán, cada uno, con nueve décimas partes de sus propias costas en los asuntos T-329/04 y T-336/04.

      (1)  DO C 262 de 23.10.2004.


title: Asunto T-579/14: Sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016 — Birkenstock Sales/EUIPO (Representación de un motivo de líneas onduladas entrecruzadas) [«Marca de la Unión Europea — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca figurativa que representa un motivo de líneas onduladas entrecruzadas — Motivo de denegación absoluto — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Motivo de superficie — Aplicación de un motivo de superficie en el envase de un producto»]

text:
               9.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/33

         Sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016 — Birkenstock Sales/EUIPO (Representación de un motivo de líneas onduladas entrecruzadas)
   (Asunto T-579/14) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Registro internacional que designa a la Unión Europea - Marca figurativa que representa un motivo de líneas onduladas entrecruzadas - Motivo de denegación absoluto - Carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Motivo de superficie - Aplicación de un motivo de superficie en el envase de un producto»])
   (2017/C 006/39)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Alemania) (representantes: C. Menebröcker y V. Töbelmann, abogados)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: inicialmente G. Schneider y D. Walicka, posteriormente D. Walicka, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 15 de mayo de 2014 (asunto R 1952/2013-1), relativa al registro internacional, que designa a la Unión Europea, de una marca figurativa que representa un motivo de líneas onduladas entrecruzadas.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 15 de mayo de 2014 (asunto R 1952/2013-1), en lo que atañe a los siguientes productos: «miembros, ojos y dientes artificiales», «material de sutura; material de sutura para uso quirúrgico» y «pieles de animales, peletería».

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Birkenstock Sales GmbH cargará con sus propias costas y con la mitad de las de la EUIPO. La EUIPO cargará con la mitad de sus propias costas.

      (1)  DO C 351 de 6.10.2014.


title: Asunto T-304/14: Recurso interpuesto el 29 de abril de 2014 — Sun Alloys Europe/Comisión

text:
               14.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/52

         Recurso interpuesto el 29 de abril de 2014 — Sun Alloys Europe/Comisión
   (Asunto T-304/14)
   2014/C 223/55
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Sun Alloys Europe GmbH (Bad Sobernheim, Alemania) (representantes: D. Greinacher, J. Martin y B. Scholtka, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal en relación con el apoyo a la producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables y del grisú conforme a la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley por la que se concede prioridad a las fuentes de energía renovables; en lo sucesivo, «EEG») y el recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía contra la República Federal de Alemania — Ayuda de Estado SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), de 18 de diciembre de 2013 (DO C 37, p. 73, de 7.2.2014), con arreglo al artículo 263 TFUE, apartado 1, en la medida en que la Comisión clasifica el régimen especial de compensación de los artículos 40 y 41 de la EEG como ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE.

               —

               Condene a la Comisión a pagar las costas necesarias, con arreglo al artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE
               La demandante alega que la Comisión clasificó erróneamente el apoyo a las fuentes de energía renovables mediante el sistema de recargo y el régimen especial de compensación para reducir el recargo como ayudas y, por lo tanto, no podía incoar el procedimiento de investigación formal.

                           —

                           En este contexto la demandante aduce que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al efectuar la apreciación preliminar de la cuestión de si el régimen especial de compensación constituye una ayuda, toda vez que el régimen especial de compensación, como excepción al recargo EEG, no supone una ventaja que las empresas que consumen grandes cantidades de electricidad no tendrían en condiciones normales de mercado.

                           —

                           Asimismo, la demandante sostiene que no se ve afectado ningún recurso estatal. Habida cuenta de que los ingresos procedentes del recargo EEG no constituyen recursos estatales, tampoco se puede ver afectado ningún recurso estatal por la excepción prevista para los grandes consumidores de energía.

                           —

                           La demandante alega asimismo que el régimen especial de compensación tampoco origina una distorsión de la competencia. A lo sumo, establece las condiciones competitivas que existirían sin el recargo EEG.

               2.

               Segundo motivo, basado en una violación del principio de protección de la confianza
               La demandante alega que, al adoptar la Decisión, la Comisión también vulnera el principio de protección de la confianza. La normativa alemana en apoyo de las fuentes de energía renovables ya ha sido sometida a un profundo examen desde el punto de vista del régimen en materia ayudas de Estado, durante el cual la Comisión, en el año 2002, llegó a la conclusión de que una transferencia de recursos estatales no aparecía vinculada a la citada normativa. Habida cuenta de que la EEG de 2012 no introdujo ninguna modificación sustancial a este respecto en la situación jurídica entonces existente, los operadores económicos afectados no deberían haber confiado en que se efectuara un nuevo examen, sino en el mantenimiento de la normativa existente.

               3.

               Tercer motivo, basado en la utilización inadecuada de la una facultad
               Por último, la demandante sostiene que la Comisión no utilizó adecuadamente la facultad que le confieren los artículos 107 TFUE y 108 TFUE. Mediante la incoación del procedimiento de investigación formal, la Comisión persigue principalmente el objetivo fundamental de armonizar el apoyo a la electricidad procedente de fuentes de energía renovables. Este objetivo fundamental figura también en el nuevo proyecto de directrices relativas a las ayudas en el ámbito del medio ambiente y de la energía, en el que la Comisión establece por primera vez normas detalladas en apoyo de las fuentes de energía renovables. No obstante, para realizar tal armonización, la Comisión debería utilizar el procedimiento previsto a estos efectos para la aproximación de disposiciones legales, con arreglo a lo establecido en los artículos 116 TFUE y 117 TFUE.