title: Asunto C-421/08 P: Auto del Tribunal de Justicia de 23 de septiembre de 2009 — Calebus, S.A./Comisión de las Comunidades Europeas, Reino de España (Recurso de casación — Protección de los hábitats naturales — Lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea — Decisión de la Comisión — Recurso de anulación interpuesto por personas físicas o jurídicas — Admisibilidad — Recurso de casación manifiestamente infundado)

text:
               16.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/9

         Auto del Tribunal de Justicia de 23 de septiembre de 2009 — Calebus, S.A./Comisión de las Comunidades Europeas, Reino de España
   (Asunto C-421/08 P) (1)

   (Recurso de casación - Protección de los hábitats naturales - Lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea - Decisión de la Comisión - Recurso de anulación interpuesto por personas físicas o jurídicas - Admisibilidad - Recurso de casación manifiestamente infundado)
   2010/C 11/15
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Calebus, S.A. (representante: R. Bocanegra Sierra, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Recchia y A. Alcover San Pedro, agentes), Reino de España (representante: F. Díez Moreno, agente)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 14 de julio de 2008, Calebus/Comisión (T-366/06), mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad de un recurso de anulación parcial de la Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DO L 259, p. 1), en la medida en que designa el lugar denominado «Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», en el que se encuentra una finca de la demandante, como lugar de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Calebus, S.A.

               3)

               El Reino de España cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 55, de 7.3.2009.


title: Asunto T-484/17: Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2017 — Fidesban y otros/JUR

text:
               2.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 330/14

         Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2017 — Fidesban y otros/JUR
   (Asunto T-484/17)
   (2017/C 330/18)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Fidesban, SA (Madrid, España) y otros 69 demandantes. (representante: R. Pelayo Jiménez, abogado)

      Demandada: Junta Única de Resolución

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Junta Única de Resolución de 7 de junio de 2017 (SRB/EES/2017/08);

               —

               Condene a la demandada al pago de las costas procesales.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y argumentos principales son similares a los alegados en el asunto T-478/17, Mutualidad General de la Abogacía y otros/Junta única de Resolución.


title: Asunto C-274/10: Recurso interpuesto el 1 de junio de 2010 — Comisión Europea/República de Hungría

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/26

         Recurso interpuesto el 1 de junio de 2010 — Comisión Europea/República de Hungría
   (Asunto C-274/10)
   ()
   2010/C 221/42
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Triantafyllou y B.D. Simon, agentes)

      Demandada: República de Hungría

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) al obligar a los sujetos pasivos cuya declaración del impuesto correspondiente a cualquier período impositivo arroje un «excedente», en el sentido del artículo 183 de dicha Directiva, a trasladar dicho excedente o una parte del mismo al período impositivo siguiente siempre que el sujeto pasivo no haya pagado al proveedor el importe íntegro de la adquisición en cuestión, y al dar lugar a que, debido a dicha obligación, determinados sujetos pasivos en cuya declaración del impuesto figure regularmente un «excedente» puedan verse obligados a trasladar tal excedente en más de una ocasión al período impositivo siguiente.

               —

               Que se condene en costas a la República de Hungría.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso trata de una disposición tributaria húngara según la cual, al finalizar el ejercicio fiscal, los sujetos pasivos sólo pueden solicitar la devolución del excedente del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») en la medida en que dicho excedente sea superior al IVA que grave las operaciones que aún no hayan pagado efectivamente. Por tanto, como consecuencia de la normativa húngara impugnada, el sujeto pasivo no puede solicitar la devolución de la parte del excedente que equivalga al importe del IVA que grave las adquisiciones no pagadas, sino que tiene que trasladarla al período impositivo siguiente. En el supuesto de que, al final del período impositivo, el importe del excedente del IVA declarado sea inferior o igual al importe del IVA que grava las adquisiciones no pagadas, el sujeto pasivo tendrá que trasladar la totalidad del excedente del IVA al período impositivo siguiente. Del mismo modo ha de procederse al final del período impositivo siguiente: la normativa no limita en modo alguno este procedimiento en el tiempo, de forma que puede suceder que el sujeto pasivo tenga que continuar trasladando indefinidamente el excedente del IVA.
   La Comisión no discute que el artículo 183 de la Directiva 2006/112 (en lo sucesivo, «Directiva») deja a los Estados miembros la facultad de decidir sobre el traslado o devolución del excedente del IVA. Ahora bien, los Estados miembros sólo pueden ejercitar su facultad de decisión en cumplimiento de los principios del sistema común del IVA en su conjunto y, en particular, del principio de neutralidad fiscal. Dado que el artículo 183 de la Directiva, que permite a los Estados miembros que trasladen una vez el excedente del IVA al período impositivo siguiente, es una norma que obstaculiza la plena realización del principio de neutralidad fiscal, ha de interpretarse restrictivamente y no puede servir como base para adoptar normas nacionales que sean contrarias al principio de neutralidad fiscal o a la finalidad del régimen de deducción.
   Desde el punto de vista del principio de neutralidad fiscal, la finalidad del régimen de deducción consiste en que el empresario quede completamente liberado de la carga del IVA que tenga que pagar o haya pagado en el marco de cualquiera de sus actividades económicas. Este principio excluye que los Estados miembros supediten la devolución del excedente del IVA a requisitos que impliquen la imposición de una carga al sujeto pasivo e influyan en su situación financiera y de liquidez o en sus decisiones comerciales. Pues bien, la retención del excedente del IVA que regula la normativa húngara controvertida produce tales efectos negativos para el sujeto pasivo por dos motivos.
   Por un lado, porque el excedente del IVA deducible con respecto al IVA devengado ha de considerarse un crédito a favor del sujeto pasivo, y el aplazamiento del pago de dicho crédito reduce las posibilidades de beneficio y la liquidez del sujeto pasivo acreedor y, de este modo, incrementa el riesgo empresarial. El sujeto pasivo tiene que ingresar el IVA correspondiente a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que ofrece incluso aunque no se las hayan pagado, mientras que sólo puede conseguir la devolución del IVA correspondiente a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que haya obtenido en caso de que las haya pagado efectivamente.
   Por otro lado, la retención del excedente del IVA no sólo supone una carga para el sujeto pasivo que se encuentra en posición acreedora, sino también para el otro sujeto pasivo que ha participado en la operación gravada, es decir, para el vendedor. En efecto, al disminuir la liquidez del cliente, se incrementa el riesgo del vendedor de no obtener, o de obtener tan sólo con considerable retraso, la contraprestación por los bienes entregados o servicios prestados, mientras que, con independencia de dicha circunstancia, el vendedor tiene la obligación de ingresar el IVA correspondiente a dichas entregas de bienes o prestaciones de servicios.
   En opinión de la Comisión, el hecho de que la normativa imponga una carga a los sujetos pasivos, no se puede equilibrar imponiendo nuevas cargas a los sujetos pasivos. El equilibrio que persigue la normativa sólo se puede crear si, como contrapeso a la carga que recae en el sujeto pasivo que se encuentra en posición deudora, es decir, como contrapeso a la obligación de ingresar el impuesto, establece la posibilidad de que el sujeto pasivo que se encuentra en posición acreedora obtenga la devolución del IVA ingresado cuando estaba en posición deudora.
   Finalmente, dado que el artículo 183 de la Directiva sólo permite trasladar el excedente del IVA una vez «al período impositivo siguiente», la normativa húngara impugnada infringe dicho artículo en la medida en que no prevé que el sujeto pasivo obtenga la devolución del excedente a más tardar al finalizar el segundo período impositivo. Es más, la normativa húngara, que, en el fondo, al disminuir la liquidez del cliente, está a su vez reduciendo la probabilidad de que se produzca la devolución, ni siquiera garantiza que el sujeto pasivo vaya a recuperar en algún momento el excedente. En efecto, si el sujeto pasivo cierra su actividad sin pagar todas sus adquisiciones por haber llegado a la insolvencia, no hay forma de recuperar el IVA que grava las operaciones no pagadas, sino que se lo queda definitivamente en poder del Estado.
   Habida cuenta de los motivos expuestos, la Comisión considera que el legislador húngaro se ha extralimitado de la facultad discrecional que se le había atribuido y ha infringido el artículo 183 de la Directiva al adoptar una normativa relativa a los requisitos para la devolución del excedente del IVA que infringe el principio de neutralidad fiscal y permite traslados consecutivos del excedente.

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 7 de septiembre de 2004, en el asunto C-1/03 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Bruselas): Proceso penal contra Paul Van de Walle y otros y Texaco Belgium SA («Medio ambiente — Residuos — Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE — Conceptos de “residuos”, “productor de residuos” y de “poseedor de residuos” — Tierra contaminada por el vertido de hidrocarburos procedentes de una fuga — Gestión de una estación de servicio de una compañía petrolera»)

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/8

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 7 de septiembre de 2004
   en el asunto C-1/03 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Bruselas): Proceso penal contra Paul Van de Walle y otros y Texaco Belgium SA (1)

   («Medio ambiente - Residuos - Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE - Conceptos de “residuos”, “productor de residuos” y de “poseedor de residuos” - Tierra contaminada por el vertido de hidrocarburos procedentes de una fuga - Gestión de una estación de servicio de una compañía petrolera»)
   (2004/C 262/16)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-1/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour d'appel de Bruselas, mediante resolución de 3 de diciembre de 2002, registrada en el Tribunal de Justicia el 3 de enero de 2003, en el proceso penal que se sigue ante dicho órgano jurisdiccional contra Paul Van de Walle, Daniel Laurent, Thierry Mersch y Texaco Belgium SA, en el que interviene: Région de Bruxelles-Capitale, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet (Ponente) y R. Schintgen y las Sras. F. Macken y N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 7 de septiembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   Los hidrocarburos vertidos de manera no dolosa y que causan la contaminación de la tierra y las aguas subterráneas son residuos en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991. Lo mismo cabe decir respecto a la tierra contaminada por hidrocarburos, incluso en el supuesto de que esta tierra no haya sido excavada. En circunstancias como las del procedimiento principal, sólo puede considerarse que la sociedad petrolera que abastece a la estación de servicio es poseedora de dichos residuos, en el sentido del artículo 1, letra c), de la Directiva 75/442/CEE, si la fuga en las instalaciones de almacenamiento de la estación de servicio, que dio lugar a los residuos, es imputable al comportamiento de esta empresa.

      (1)  DO C 44, de 22.2.2003.


title: Asunto C-134/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de marzo de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE — Artículo 31 — Criterios para la concesión del estatuto de beneficiario de la obligación de transmisión — Objetivos de interés general que permiten la concesión de dicho estatuto — Impacto del número de usuarios finales de las redes de comunicaciones sobre la concesión de dicho estatuto — Principio de proporcionalidad)

text:
               30.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 130/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de marzo de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-134/10) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/22/CE - Artículo 31 - Criterios para la concesión del estatuto de beneficiario de la obligación de transmisión - Objetivos de interés general que permiten la concesión de dicho estatuto - Impacto del número de usuarios finales de las redes de comunicaciones sobre la concesión de dicho estatuto - Principio de proporcionalidad)
   2011/C 130/12
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Nijenhuis y C. Vrignon, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica (representantes: M. Jacobs y T. Materne, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Transposición incorrecta del artículo 31 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal») (DO L 108, p. 51) — Requisitos para la concesión del régimen de radio y teledifusión denominado «must carry» — Objetivos de interés general que permiten la concesión de dicho régimen — Impacto del número de usuarios finales de las redes de comunicación en la concesión de dicho régimen — Principio de proporcionalidad.

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) y del artículo 56 TFUE al no transponer correctamente el artículo 31 de dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 161, de 19.6.2010.


title: Asunto T-105/10: Auto del Tribunal General de 29 de noviembre de 2010 — BASF/Comisión

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/57

         Auto del Tribunal General de 29 de noviembre de 2010 — BASF/Comisión
   (Asunto T-105/10) (1)

   ()
   2011/C 30/104
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 113, de 1.5.2010.


title: Asunto C-435/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 13 de septiembre de 2010 — J.C. van Ardennen/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

text:
               20.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 317/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 13 de septiembre de 2010 — J.C. van Ardennen/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
   (Asunto C-435/10)
   ()
   2010/C 317/32
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Centrale Raad van Beroep

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: J.C. van Ardennen

      Recurrida: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la Directiva sobre insolvencia, (1) en particular sus artículos 4, 5 y 10, en el sentido de que se opone, con carácter general, a una normativa nacional que obliga a los trabajadores, en caso de insolvencia de su empresario, a registrarse como demandantes de empleo a más tardar el primer día hábil siguiente a la fecha en la que se resolvió la relación laboral o en la que razonablemente ésta debería haberse resuelto, al objeto de ejercitar (plenamente) su derecho a que se asuman los créditos salariales impagados? En caso de respuesta negativa:

               2)

               ¿Debe interpretarse la Directiva sobre insolvencia, en particular sus artículos 4, 5 y 10, en el sentido de que se opone a una normativa nacional que también impone esta obligación de registro a los trabajadores que durante el plazo de preaviso desarrollen actividades empresariales o profesionales por cuenta propia?

               3)

               ¿Debe interpretarse la Directiva sobre insolvencia, en particular sus artículos 4, 5 y 10, en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual la falta de cumplimiento (dentro de plazo) de esta obligación de registro puede dar lugar a un pago parcial de la prestación por insolvencia, de forma que para establecer la cuantía y la duración de la medida también es determinante el momento en que tal obligación es finalmente cumplida?

      (1)  Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219).


title: Asunto C-37/11: Recurso interpuesto el 25 de enero de 2011 — Comisión Europea/República Checa

text:
               12.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/16

         Recurso interpuesto el 25 de enero de 2011 — Comisión Europea/República Checa
   (Asunto C-37/11)
   2011/C 80/31
   Lengua de procedimiento: checo

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: Z. Malůšková y H. Tserepa-Lacombe, que actúan como agentes)

      Demandada: República Checa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo establecido en el artículo 115 del Reglamento (CE) no 1234/2007, (1) en relación con el apartado I, cláusula 2, subcláusulas primera y segunda del anexo XV del Reglamento (CE) no 1234/2007, y con la parte A, apartados 1 y 4, del apéndice al mencionado anexo, al haber establecido, en el apartado 1, número 2, letra q), del Decreto no 77/2003, que se entiende por «mantequilla para untar» (pomazánkové máslo) un producto lácteo obtenido de la nata agria, enriquecido con leche o con suero de leche en polvo, que contiene, en peso del producto, no menos de un 31 % de grasa láctea y de un 42 % de material seco; y al haber permitido la comercialización de dicho producto con la denominación «mantequilla para untar».

               —

               Que se condene en costas a la República Checa.

      Motivos y principales alegaciones

   El artículo 115 del Reglamento (CE) no 1234/2007, en relación con el apartado I, cláusula 2, subcláusulas primera y segunda, de su anexo XV, y con la parte A, apartado 1, del apéndice del citado anexo, establece que la denominación comercial «mantequilla» se reserva para productos con un contenido de materia grasa láctea igual o superior al 80 % y un contenido máximo de agua del 16 %. En la República Checa, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, número 2, letra q), del Decreto del Ministerio de Agricultura no 77/2003, de 6 de marzo de 2003, se ha introducido en el mercado un producto con la denominación comercial «mantequilla para untar». Dicho producto es una emulsión sólida y maleable del tipo de las de agua en aceite, obtenido principalmente de la nata agria, y que contiene, en peso del producto, no menos de un 31 % de grasa láctea y de un 42 % de material seco. Debido a que contiene una cantidad de grasa láctea inferior a la establecida, el producto denominado «mantequilla para untar» no reúne los requisitos para la utilización de la denominación comercial «mantequilla», por lo que se infringen las disposiciones de la UE anteriormente mencionadas.
   El punto I, segunda subcláusula, del anexo XV, en relación con la Parte A, apartado 4, del Apéndice al citado anexo del Reglamento (CE) no 1234/2007, exige que la denominación comercial para los productos lácteos que contienen menos de un 39 % de grasa láctea sea «[m]ateria grasa para untar X %». El producto denominado «mantequilla para untar» no se ha comercializado con dicha denominación, por lo que se han infringido, en consecuencia, las disposiciones de la UE anteriormente mencionadas.
   Como excepción, los productos pueden comercializarse con la denominación «mantequilla», aunque no reúnan los criterios anteriores, si se reúnen los requisitos establecidos por el punto I, cláusula 2, subcláusula tercera, letra a), del anexo XV al Reglamento (CE) no 1234/2007. Dichos productos figuran de forma exhaustiva en la relación de productos del anexo I del Reglamento de la Comisión (CE) no 445/2007. (2) El producto denominado «mantequilla para untar» no ha sido incluido en dicha lista, ya que no reúne los requisitos establecidos en el punto I, cláusula 2, subcláusula tercera, letra a), del anexo XV al Reglamento (CE) no 1234/2007. Por lo tanto, el producto denominado «mantequilla para untar» no puede acogerse a dichas excepciones.

      (1)  DO L 299, 16.11.2007, p. 1.

      (2)  DO L 106, de 24.4.2007, p. 24.


title: Asunto C-143/05: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2005 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/24

         Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2005 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-143/05)
   (2005/C 143/34)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 29 de marzo de 2005 un recurso contra el Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Knut Simonsson y Wouter Wils, en calidad de agentes.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/84/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por la que se modifican las Directivas relativas a la seguridad marítima y a la prevención de la contaminación por los buques, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber informado de ello a la Comisión.

               2)

               Condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva 2002/84/CE expiró el 23 de noviembre de 2003.

      (1)  DO L 324, p. 53.


title: Asunto T-214/09: Sentencia del Tribunal General de 20 de octubre de 2011 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OAMI — El Corte Inglés (COR) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de ampliación territorial de la protección de un registro internacional — Marca denominativa COR — Marca denominativa comunitaria anterior CADENACOR — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009] — Similitud de los signos — Similitud de los productos» ]

text:
               3.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/17

         Sentencia del Tribunal General de 20 de octubre de 2011 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OAMI — El Corte Inglés (COR)
   (Asunto T-214/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de ampliación territorial de la protección de un registro internacional - Marca denominativa COR - Marca denominativa comunitaria anterior CADENACOR - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009] - Similitud de los signos - Similitud de los productos)
   2011/C 355/28
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Alemania) (representantes: Y.-G. von Amsberg y A.-S. Loesenbeck, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: A. Folliard-Monguiral y G. Schneider, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: El Corte Inglés, S.A. (Madrid, España) (representantes: J.L. Rivas Zurdo, M.E. López Camba y E. Seijo Veiguela, abogados)

      Objeto

   Anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de marzo de 2009 (asunto R 376/2008-2), sobre el procedimiento de oposición entre El Corte Inglés, S.A., y COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG.

      (1)  DO C 180, de 1.8.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 26 de octubre de 2004, en el asunto T-55/03: Philippe Brendel contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Nombramiento — Clasificación en grado y escalón — Bonificación de antigüedad de escalón — Recurso de indemnización)

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/34

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 26 de octubre de 2004
   en el asunto T-55/03: Philippe Brendel contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Funcionarios - Nombramiento - Clasificación en grado y escalón - Bonificación de antigüedad de escalón - Recurso de indemnización)
   (2005/C 6/67)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-55/03, Philippe Brendel, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representado por Mes G. Vandersanden y L. Levi, abogados, contra la Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. J. Currall y Sra. F. Clotuche–Duvieusart, asistidos por el Sr. D. Waelbroeck, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto, por un lado, una solicitud de anulación de la decisión de la Comisión por la que se clasifica al demandante en el grado A7, escalón 2 y, por otro lado, una pretensión de indemnización de los daños y perjuicios que el demandante afirma haber sufrido, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, A.W.H. Meij y N. Forwood, Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta, ha dictado el 26 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Condenar a la Comisión a pagar los intereses de demora relativos al importe resultante de la diferencia entre la retribución debida al demandante, correspondiente al grado A7, escalón 3, y la retribución correspondiente al grado A7, escalón 2, a contar desde el 16 de abril de 2001. Los intereses se calcularán a partir de los respectivos vencimientos en que hubiera debido efectuarse cada pago con arreglo al Estatuto, hasta el abono total del mismo. El tipo de interés aplicable se calculará en función del tipo fijado por el Banco Central Europeo para las operaciones principales de refinanciación, aplicable durante las distintas fases del período en cuestión, aumentado en dos puntos.

               2)

               No ha lugar a pronunciarse sobre la pretensión relativa al pago de la diferencia entre la retribución debida al demandante, correspondiente al grado A7, escalón 3, y la retribución correspondiente al grado A7, escalón 2, a partir del 16 de marzo de 2001.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               La Comisión soportará sus propias costas y tres cuartas partes de las costas del demandante.

               5)

               El demandante soportará una cuarta parte de sus propias costas.

      (1)  DO C 101 de 26.4.2003.


title: Asunto T-722/15: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2015 — Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Comisión

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/38

         Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2015 — Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Comisión
   (Asunto T-722/15)
   (2016/C 059/45)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. (Mertingen, Alemania) (representantes: C. Bittner y N. Thies, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión impugnada en la medida en que:

                           —

                           declara, en el artículo 1, que, en relación con las pruebas de calidad de la leche efectuadas en Baviera, Alemania ha concedido ayudas estatales en favor de las empresas del sector de la leche afectadas de Baviera en violación de lo dispuesto en el artículo 108 TFUE, apartado 3, y que dichas ayudas son incompatibles con el mercado interior desde el 1 de enero de 2007;

                           —

                           ordena la recuperación de dichas ayudas, más intereses, de quienes se han beneficiado de ellas.

               —

               Condene a la parte demandada a cargar con las costas de la parte demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la parte demandante solicita la anulación parcial de la Decisión de la Comisión de 18 de septiembre de 2015 relativa a las ayudas estatales SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concedidas por Alemania a las pruebas de calidad de la leche en el marco de la Ley alemana sobre la leche y las materias grasas [notificada con el número C(2015) 6295].
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación con los artículos 6, apartado 1, y 20, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) no 659/1999. (1)

               La parte demandante alega que la Decisión impugnada se basa en elementos de hecho y de Derecho que no fueron objeto de la Decisión de incoación del procedimiento.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, debido a la calificación de los recursos procedentes de la tasa como fondos estatales.
               A juicio de la parte demandante, los recursos procedentes de la tasa no deben calificarse de estatales porque no estaban sometidos a un control permanente por parte del Estado, ni estaban a disposición de las autoridades nacionales. Las autoridades nacionales simplemente transmitieron al organismo de control de la leche encargado de efectuar las pruebas de calidad de la leche pagos realizados por las centrales lecheras bávaras.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, debido a la calificación de la financiación de las pruebas de calidad de la leche de ayuda en favor de las centrales lecheras bávaras.
               En este punto se expone que, por lo que respecta a los costes de las pruebas de calidad de la leche, no se trata de cargas que tengan que soportar normalmente las centrales lecheras bávaras. Los ensayos se llevaron a cabo en aras del interés público. Además, las supuestas ventajas de las centrales lecheras se veían compensadas por cargas en forma de contribución a la tasa.

               4.

               Cuarto motivo, a título subsidiario, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3.
               La parte demandante alega que, en el período comprendido entre 2000 y 2006, la parte demandada consideró los recursos controvertidos compatibles con el mercado interior. Desde entonces, los recursos controvertidos no se han modificado. Esta circunstancia aboga por considerar que la discrecionalidad de la parte demandada era red0ucida, hasta el punto de que debería haber considerado compatibles con el mercado común los recursos controvertidos concedidos desde el 1 de enero de 2007.

               5.

               Quinto motivo, a título subsidiario, basado en la infracción del artículo 108 TFUE, apartados 1 y 3, debido a la calificación de la financiación de las pruebas de calidad de la leche como ayuda nueva y, por tanto, sujeta a la obligación de notificación.

               6.

               Sexto motivo, a título subsidiario, basado en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima.
               Por último, la parte demandante alega que la Comisión declaró, respecto del período comprendido entre 2000 y 2006, que la financiación de las pruebas de calidad de la leche era compatible con el mercado interior. Además, en febrero de 2012, calificó de ayuda existente la financiación de las pruebas de calidad de la leche. De este modo, generó la confianza fundada de que, en cualquier caso, no se ordenaría la recuperación de las supuestas ayudas.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).


title: Asunto T-10/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de  15 de marzo de 2006  — Leite Mateus/Comisión ( Funcionarios — Nombramiento — Revisión de la clasificación en grado — Artículo 31, apartado 2, del Estatuto )

text:
               6.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/18

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2006 — Leite Mateus/Comisión
   (Asunto T-10/04) (1)

   («Funcionarios - Nombramiento - Revisión de la clasificación en grado - Artículo 31, apartado 2, del Estatuto»)
   (2006/C 108/30)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Carlos Alberto Leite Mateus (Zaventem, Bélgica) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y V. Joris, agentes)
   Objeto
   Anulación de la decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2002, por la que se clasifica definitivamente al demandante en el grado B3, con efectos a partir del 1 de marzo de 1988.
   Fallo

               1)

               Anular la decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2002, por la que se clasifica definitivamente al demandante en el grado B3, con efectos a partir del 1 de marzo de 1988.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión.

      (1)  DO C 59, de 6.3.04.


title: Asunto T-151/17: Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2017 — Marriott Worldwide/EUIPO — Graf (Representación de un toro alado)

text:
               24.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/35

         Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2017 — Marriott Worldwide/EUIPO — Graf (Representación de un toro alado)
   (Asunto T-151/17)
   (2017/C 129/54)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, Estados Unidos) (representante: A. Reid, Solicitor)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Johann Graf (Gumpoldskirchen, Austria)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Titular de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión (Representación de un toro alado) — Marca de la Unión n.o 10511723

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 17 de enero de 2017 en el asunto R 165/2016-4

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 53, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 53, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto T-700/13: Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Bankia/Comisión

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/45

         Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Bankia/Comisión
   (Asunto T-700/13)
   2014/C 52/87
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Bankia, SA (Valencia, España) (representantes: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo y A. Biondi, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la Decisión impugnada en la medida en que califica al conjunto de medidas que según ella constituyen el denominado sistema español de arrendamiento financiero («SEAF») como una ayuda de Estado nueva e incompatible con el mercado interior;

               —

               subsidiariamente, anule los artículos 1 y 4 de la Decisión impugnada, que identifican a los inversores de las AIEs como beneficiarios de las supuestas ayudas y como únicos destinatarios de la orden de recuperación;

               —

               subsidiariamente, anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que ordena la recuperación de las supuestas ayudas en vulneración de principios generales de Derecho de la UE;

               —

               anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que se pronuncia sobre la legalidad de contratos privados entre los inversores y otras entidades, y

               —

               condene a la Comisión a las costas de este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   La Decisión impugnada en el presente procedimiento es la misma que en el asunto T-515/13, España/Comisión (DOUE C 336, p. 29).
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo

                           —

                           La demandante considera que la Decisión impugnada vulnera el artículo 107 TFUE al calificar al supuesto SEAF y a las medidas individuales que lo configurarían como una ayuda de Estado. La demandante alega que la Comisión erró al valorar en conjunto, y al imputar al Reino de España, un conjunto de medidas públicas y privadas independientes y autónomas. La demandante niegan asimismo que las medidas en cuestión sean susceptibles de conferir una ventaja económica selectiva a sus supuestos beneficiarios, así como la posibilidad de que puedan distorsionar la competencia entre dichos beneficiarios y otras entidades y su pretendida incidencia en el comercio entre Estados miembros.

               2)

               Segundo motivo

                           —

                           En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error manifiesto de Derecho y en una infracción de los artículos 107 y 108 TFUE al calificar la aplicación del régimen español de tributación por tonelaje a determinados casos como una ayuda nueva en lugar de como una ayuda existente. En la medida en que la Comisión aprobó en 2002 el régimen de tributación por tonelaje notificado por España, si la Comisión deseaba cuestionar su aplicación debería, en todo caso, haberlo hecho siguiendo el procedimiento aplicable a las ayudas existentes. Las demandantes consideran que los argumentos expuestos en la Decisión para defender la existencia de una ayuda nueva son manifiestamente infundados.

               3)

               Tercer motivo

                           —

                           Mediante su tercer motivo de anulación la demandante invoca, con carácter subsidiario, una vulneración de los artículos 107 y 296 TFUE, puesto que la Comisión yerra, y en cualquier caso no motiva adecuadamente, las razones por las que entidades como la demandante (inversores en AIEs que realizaron operaciones cubiertas por la Decisión) son considerados beneficiarios últimos y únicos de las medidas controvertidas.

               4)

               Cuarto motivo

                           —

                           En cuarto lugar, la demandante alega, también con carácter subsidiario, que la orden de recuperación contenida en el artículo 4 de la Decisión impugnada vulnera el principio general de seguridad jurídica al introducir injustificadamente un límite temporal a la aplicación de dicho principio.

               5)

               Quinto motivo

                           —

                           En su quinto motivo de anulación la demandante expone las razones por las que la Decisión impugnada habría vulnerado asimismo el principio de atribución de competencias, los artículos 107 y 108 TFUE, el artículo 14 del Reglamento del Consejo 659/1999 y el artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE al pronunciarse la Decisión impugnada sobre la validez de cláusulas contractuales contenidas en contratos privados suscritos en base a Derecho español entre los inversores y otras entidades privadas.


title: Asunto T-259/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007 — Nikolaou/Comisión ( Responsabilidad extracontractual — Investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) relativa a un miembro del Tribunal de Cuentas — Divulgación de información — Protección de datos de carácter personal — Acceso al expediente de la investigación y al informe de la OLAF — Violación suficientemente caracterizada de normas jurídicas que confieren derechos a los particulares — Relación de causalidad — Perjuicio )

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/23

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007 — Nikolaou/Comisión
   (Asunto T-259/03) (1)

   («Responsabilidad extracontractual - Investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) relativa a un miembro del Tribunal de Cuentas - Divulgación de información - Protección de datos de carácter personal - Acceso al expediente de la investigación y al informe de la OLAF - Violación suficientemente caracterizada de normas jurídicas que confieren derechos a los particulares - Relación de causalidad - Perjuicio»)
   (2007/C 247/33)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Kalliopi Nikolaou (Atenas) (representantes: V. Christianos y V. Vlassi, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Condou-Durande y C. Ladenburger, agentes)
   Objeto
   Solicitud de reparación, con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo, del perjuicio causado a la demandante como consecuencia de la publicación de información referente a una investigación relativa a ella realizada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) así como de la negativa de la OLAF a concederle el acceso al expediente de la investigación y a proporcionarle una copia de su informe final.
   Fallo

               1)

               Condenar a la Comisión a pagar a la Sra. Kalliopi Nikolaou una indemnización de 3 000 euros.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Sra. Nikolaou cargará con tres cuartas partes de sus propias costas y tres cuartas partes de las costas de la Comisión, y ésta última cargará con una cuarta parte de sus propias costas y una cuarta parte de las costas de la Sra. Nikolaou.

      (1)  DO C 264 de 1.11.2003.


title: Asunto T-141/17: Recurso interpuesto el 6 de marzo de 2017 — Amisi Kumba/Consejo

text:
               24.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/31

         Recurso interpuesto el 6 de marzo de 2017 — Amisi Kumba/Consejo
   (Asunto T-141/17)
   (2017/C 129/47)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Gabriel Amisi Kumba (Kasa-Vubu, República Democrática del Congo) (representante: O. Okito, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento (UE) 2016/2230 por el que se aplica la Decisión (PESC) 2016/2231 del Consejo, de 12 de diciembre de 2016, que establece determinadas medidas restrictivas específicas contra las personas que actúan en violación del embargo de armas impuesto a la República Democrática del Congo y modifica la Decisión 2010/788/PESC, en la medida en que se refiere al Sr. Gabriel Amisi Kumba.

               —

               Condene al Consejo a cargar, además de con sus propias costas, con las del demandante y las de todos los coadyuvantes.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos que son sustancialmente idénticos o similares a los invocados en el asunto T-139/17, Kibelisa/Consejo.


title: Asunto F-32/06: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 4 de octubre de 2007 — De la Cruz y otros/Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (Función pública — Agentes contractuales — Reforma del Estatuto de los Funcionarios — Antiguos agentes locales — Fijación de la clasificación y de la remuneración en el momento de la selección — Equivalencia de los puestos — Consulta del comité de personal)

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/68

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 4 de octubre de 2007 — De la Cruz y otros/Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
   (Asunto F-32/06) (1)

   (Función pública - Agentes contractuales - Reforma del Estatuto de los Funcionarios - Antiguos agentes locales - Fijación de la clasificación y de la remuneración en el momento de la selección - Equivalencia de los puestos - Consulta del comité de personal)
   (2007/C 269/122)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: María del Carmen De la Cruz (Galdakao, España) y otros (representantes: G. Vandersanden y L. Levi, abogados)

      Demandada: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (representantes: E. Ortega, C. Georges y J.G. Blanch, agentes, asistidos por S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)
   Objeto
   Por una parte, anulación de las decisiones de la AFPN en las que se deniega la reclasificación en el grupo de funciones III de los demandantes, agentes contractuales clasificados en el grupo de funciones II, y, por otra parte, solicitud de indemnización por daños y perjuicios.
   Fallo

               1)

               Anular las decisiones de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA) por las que se clasifica a los demandantes en el grupo de funciones II, en virtud de contratos de agentes contractuales firmados los días 28 y 29 de abril de 2005.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas a la OSHA.

      (1)  DO C 131 de 3.6.2006, p. 51.


               8.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/32

         Recurso interpuesto el 10 de enero de 2014 contra el Reino de Noruega por el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-3/14)
   (2014/C 138/09)
   El 10 de enero de 2014. el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Xavier Lewis y Markus Schneider, agentes de dicho Órgano, con dirección en Rue Belliard 35, 1040 Bruselas, Bélgica, interpuso un recurso ante el Tribunal de la AELC contra el Reino de Noruega.
   El Órgano de Vigilancia de la AELC solicita al Tribunal que:

               1.

               Declare que, al no haber adoptado y/o notificado al Órgano de Vigilancia, en el plazo previsto a tal efecto, las medidas necesarias para incorporar a su ordenamiento jurídico el acto a que se hace referencia en el punto 65a del anexo XIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas aeroportuarias), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, Noruega ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo EEE.

               2.

               Condene al Reino de Noruega al pago de las costas del procedimiento.

      Antecedentes de hecho y de derecho y motivos invocados:

               —

               La solicitud se refiere al hecho de que Noruega no ha dado cumplimiento, a más tardar el 30 de marzo de 2013, al dictamen motivado emitido por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 30 de enero de 2013 relativo a la no incorporación por dicho Estado a su ordenamiento jurídico de la Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas aeroportuarias («el acto»), a que se hace referencia en el punto 65a del anexo XIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y adaptado a dicho Acuerdo mediante su Protocolo 1.

               —

               El Órgano de Vigilancia de la AELC aduce que Noruega ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 del Acto, y del artículo 7 del Acuerdo EEE al no adoptar o notificar al Órgano las disposiciones necesarias para la aplicación del acto en el plazo prescrito.


title: Asunto C-407/02: Recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2002 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Helénica

text:
C 19/14                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          25.1.2003
Petición de decisión rejudicial presentada mediante reso-                      Civil (es decir, los que afecten a sociedades mercantiles
lución del Tribunale di Milano — Sala IV de lo Penal, de                       que no coticen en bolsa) la querella de los perjudicados
fecha 29 de octubre de 2002, en el procedimiento penal                         (es decir, de socios o acreedores), también en relación con
seguido contra Marcello Dell’Utri, Romano Luzi y                               la tutela concreta del bien colectivo de la «transparencia»
                      Romano Comincioli                                        del mercado societario desde el punto de vista de la
                                                                               posible extensión comunitaria del mismo.
                       (Asunto C-403/02)                                (1 ) Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo
                                                                             de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las
                                                                             garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades
                                                                             definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para
                         (2003/C 19/24)                                      proteger los intereses de socios y terceros (DO L 65 de 14.3.1968
                                                                             p. 8).
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Tribunale di Milano — Sala IV de lo Penal,               Recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2002 por la
dictada el 29 de octubre de 2002, en el procedimiento penal             Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
seguido contra Marcello Dell’Utri, Romano Luzi y Romano                                              blica Helénica
Comincioli, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia
el 12 de noviembre de 2002. El Tribunale di Milano — Sala IV
de lo Penal solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie                                     (Asunto C-407/02)
sobre las siguientes cuestiones:
                                                                                (2003/C 19/25)
—    Si el artículo 6 de la Directiva 68/151 (Primera Directiva)
     CEE (1) puede interpretarse en el sentido de que obliga a
     los Estados miembros a establecer sanciones apropiadas,            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     no sólo para la falta de publicidad del balance y de               presentado el 15 de noviembre de 2002 un recurso contra
     la cuenta de pérdidas y ganancias de las sociedades                la República Helénica, formulado por la Comisión de las
     mercantiles, sino también para la falsificación de dichos          Comunidades Europeas, representada por el Sr. Michel Nolin
     documentos, de las demás informaciones sociales comu-              y la Sra. Mina Konstantinidi, miembros de su Servicio Jurídico,
     nicadas a los socios o al público o de cualquier otra              que designa domicilio en Luxemburgo.
     información que dicha sociedad esté obligada a propor-
     cionar sobre la situación económica, patrimonial o finan-
     ciera de la sociedad o del grupo al que pertenece.                 La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que:
—    Si, con arreglo al artículo 5 del Tratado CEE, el concepto         a)     Declare que la República Helénica ha incumplido las
     de «carácter apropiado» de la sanción debe interpretarse                  obligaciones que le incumben en virtud de las disposicio-
     de un modo susceptible de valoración concreta en el                       nes de la Directiva 92/50/CEE (1) (artículos 8 y siguientes),
     ámbito normativo (penal o procesal) del país miembro,                     que establecen una licitación y definen los procedimientos
     es decir, como sanción «eficaz, efectiva, realmente disua-                de contratación pública de servicios, dado que el munici-
     soria».                                                                   pio de Serres atribuyó el contrato «Revalorización de la
                                                                               ciudad de Serres: ámbito de servicios de investigación y
                                                                               programa piloto de aplicación», mediante un procedi-
—    Por último, si pueden encontrarse dichas características                  miento directo y sin previa convocatoria de licitación.
     en el conjunto de disposiciones de los nuevos artí-
     culos 2621 y 2622 del Código Civil, en su versión                  b)     Condene en costas a la República Helénica.
     modificada por el Decreto Legislativo no 61, adoptado
     por el Estado italiano el 11 de abril de 2002; en particular,
     si puede definirse como «efectivamente disuasoria» y
     «apropiada en concreto» la norma (el citado artículo 2621          Motivos y principales alegaciones
     del Código Civil) que sanciona en concepto de falta, con
     una pena de un año y seis meses de arresto, las falsedades
     en el balance que no provoquen perjuicios patrimoniales            Las disposiciones de la Directiva 92/50/CEE regulan la elección
     o que los provoquen pero no puedan perseguirse con                 de los procedimientos de contratación pública de servicios y
     arreglo el artículo 2622 del Código Civil por no haberse           establecen normas comunes en el sector de los contratos de
     interpuesto querella; en conclusión, si resulta apropiado          servicios de investigación y en el sector técnico que son
     exigir como presupuesto procesal para los delitos previs-          aplicables a los contratos cuyo importe sea igual o superior a
     tos en el párrafo primero del artículo 2622 del Código             un límite determinado.
 ---pagebreak--- 25.1.2003                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 19/15
Según la Comisión, el contrato «Revalorización de la ciudad de            2)    Anule la Decisión de la parte recurrida («BCE»), recogida
Serres: ámbito de servicios de investigación y programa piloto                  en su escrito de 28 de junio de 2000, por la que modificó
de aplicación» es un contrato público de servicios que está                     las funciones del demandante.
comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva, tanto             3)    Condene en costas al BCE.
por su objeto como por su valor. El municipio de Serres
no efectuó el anuncio de convocatoria, sino que confió
                                                                          Motivos y principales alegaciones
directamente los trabajos a la Universidad Aristóteles de
Tesalónica.                                                               —     La sentencia recurrida desconoce, según el recurrente, el
                                                                                alcance y configuración de la autonomía funcional que
                                                                                corresponde al BCE en el sistema de contratos de trabajo
                                                                                establecido en el artículo 36, apartado1, de los Estatutos del
Por otra parte, la Comisión sostiene que no concurren los
                                                                                SEBC y en el artículo 9, letra a), párrafo primero, de las
requisitos de aplicación de las excepciones contempladas en el
                                                                                Conditions of Employment (en lo sucesivo, «CoE»). Como
artículo 6 (contrato con una entidad que sea, a su vez, una
                                                                                consecuencia de este error jurídico, la sentencia ha conside-
entidad contratante de conformidad con la Directiva) y en el
                                                                                rado que el BCE posee en el sistema de contratos de trabajo
artículo 1, letra a), punto IX, de la Directiva.
                                                                                el mismo amplio margende apreciación que lecorresponde,
                                                                                en virtud del Derecho de funcionarios europeo, al emplea-
                                                                                dor en el marco de la utilizacióndel personal. La así caracte-
( 1) Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre             rizada facultad de apreciación —por lo que respecta a la
     coordinación de los procedimientos de adjudicación de los                  ocupación del personal— debe distinguirse de la facultad de
     contratos públicos de servicios (DO L 209 de 24 de julio de 1992,
                                                                                apreciación propia de la organización de la empresa. El
     p. 1).
                                                                                recurrente opina que el Tribunal de Primera Instancia ha
                                                                                considerado erróneamente que el BCE está legitimado para
                                                                                separarse de la descripción del puestode trabajo del deman-
                                                                                dante, que pasó a formar parte del contenido del contrato, y
                                                                                privarle de las funciones definidas en éste. Según el recu-
                                                                                rrente, el Tribunal de Primera Instancia no debió fundar su
                                                                                criterio —de conformidad con los principios generales de
                                                                                Derecho de los funcionarios— en la circunstancia de si las
                                                                                funciones de que se vio privado el demandante constituían
Recurso de casación interpuesto el 18 de noviembre de                           «elementos esenciales» del ámbito de actividad establecido
2002 por el Sr. Jan Pflugradt contra la sentencia dictada el                    en el contrato. Debió examinar si las funciones excluidas
22 de octubre de 2002 por la Sala Quinta del Tribunal de                        habían sido convenidas contractualmente.
Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en los                           Según el recurrente,en el caso de que la actividad convenida
asuntos acumulados T-178/00 y T-341/00 promovidos                               contractualmente ya no pudiera seguir realizándose por
  contra el Banco Central Europeo por el Sr. Jan Pflugradt                      causa de la desaparición del puesto de trabajo,el artículo11,
                                                                                letra a), inciso segundo, segunda frase, de las CoE prevé la
                                                                                posibilidad de un despido causado por las necesidades del
                       (Asunto C-409/02 P)                                      servicio. De este modo, esta disposición establece clara-
                                                                                mente que no es admisible una modificación unilateral
                                                                                del contenido del contrato que «desarrolle» las relaciones
                           (2003/C 19/26)                                       laborales sin consideración de las condiciones contractua-
                                                                                les. No es admisible atribuir al BCE, como empleador en el
                                                                                sentido del Derecho del trabajo, la decisión sobre la aplica-
                                                                                ción de dos medidas de organización que producen efectos
                                                                                contradictorios entre sí. En tal caso, el BCE podría —en su
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                    caso inclusode forma arbitraria— elegir entre la finalización
presentado el 18 de noviembre de 2002 un recurso de casación                    del contrato de trabajo, en virtud del artículo 11, letra a),
formulado por el Sr. Pflugradt, representado por el abogado                     inciso ii), de las CoE, y la continuación del contrato incum-
Dr. Norbert Pflüger, Kaiserstrasse 44, D-60329 Fráncfort del                    pliendo las condiciones previstas en él.
Meno, que designa domicilio en Luxemburgo, contra la
sentencia dictada el 22 de octubre de 2002 por la Sala                          El recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia
Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                     ha considerado de forma errónea que la competencia del
Europeas, en los asuntos acumulados T-178/00 y T-341/00                         demandante para calificar a los miembros del equipo UNIX
promovidos contra el Banco Central Europeo por el Sr. Jan                       es un elemento no esencial del contrato de trabajo, pese a
Pflugradt. La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia                 que la descripción del puesto de trabajo lo señala como
que:                                                                            una de las «key responsabilities». Además, considera que el
                                                                                Tribunal de Primera Instancia ha alterado la descripción del
                                                                                puesto de trabajo en la medida en que admite una cesión de
                                                                                competencias meramente provisional.
Anule la sentencia impugnada mediante el presente recurso
y (1):                                                                    —     Vulneración de los principios y normas aplicables en
                                                                                materia de prueba.
1)     Anule el informe de calificación del demandante para el            (1 ) Aún no publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
       año 1999, de 23 de noviembre de 1999.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundesfinanzhof, de fecha 2 de octubre de 1997, en el asunto entre Sarclad International Ltd, Wittington, Chesterfield (Gran Bretaña) y Bundesamt für Finanzen (Asunto C-428/97)

text:
C 55/18               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     20.2.98
y, en particular, de sus artículos 155, 169 y 86, y del            Petición de decisión prejudicial presentada mediante
Reglamento no 17, adoptado para aplicar este uÂltimo               resolución del Bundesfinanzhof, de fecha 2 de octubre
artículo, así como por infracción del artículo 173 y por           de 1997, en el asunto entre Sarclad International Ltd,
vicio sustancial de forma.                                         Wittington, Chesterfield (Gran BretanÄa) y Bundesamt für
                                                                                Finanzen
Motivos y principales alegaciones                                                        (Asunto C-428/97)
                                                                                (98/C 55/34)
Ð Error en la manera de calificar:
     Ð Interpretación errónea del Reglamento no 17.                Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                   sido sometida una petición de decisión prejudicial
     Ð Interpretación errónea del artículo 169 del Tra-            mediante resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 2 de
        tado CE: no basta con que «el incumplimiento de            octubre de 1997, en el asunto entre Sarclad International
        la Directiva 93/38» se tenga en cuenta y haya sido         Ltd, Wittington, Chesterfield (Gran BretanÄa) y Bundesamt
        formalmente mencionado en la denuncia para que             für Finanzen, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
        resulte aplicable el artículo 169, relativo al incum-      Justicia el 18 de diciembre de 1997.
        plimiento de Estado, puesto que uÂnicamente se
        contemplaban los comportamientos de la entidad             ¿Debe interpretarse la letra a) del artículo 3 de la Directiva
        adjudicataria, tanto en el plano de la competencia         79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en
        como de la libre circulación de mercancías.                materia de armonización de las legislaciones de los Esta-
                                                                   dos miembros relativas a los impuestos sobre el volumen
        El Tribunal de Primera Instancia tampoco se                de negocios (Octava Directiva) (1), en el sentido de que:
        refiere al caraÂcter apropiado del procedimiento
        seguido por la Comisión, recordando la jurispru-           Ð el duplicado de un documento sustitutorio tambieÂn
        dencia del Tribunal de Justicia que estima que los              puede ser considerado original de un documento de
        actos de las entidades adjudicatarias son impu-                 importación o de que permite a los Estados miembros
        tables a los Estados miembros de los que depen-                 en determinadas circunstancias considerar al duplicado
        den. Aplicada en el caso de autos, esta jurispruden-            como original de un documento de importación o, por
        cia daría lugar a que SNCB fuera irresponsable,                 contrario, en el sentido de que
        contrariamente al principio enunciado en el artí-
        culo 222 del Tratado, siendo así que su comporta-
        miento culpable es el mismo que el que puede               Ð los sujetos pasivos no establecidos en el interior del
        reprocharse a una empresa privada.                              país Ða los que se aplica la Directiva 79/1072/CEE
                                                                        del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en materia de
     Ð Vulneración del concepto de acto impugnable.                     armonización de las legislaciones de los Estados miem-
                                                                        bros relativas a los impuestos sobre el volumen de
                                                                        negocios (Octava Directiva)Ð dejan definitivamente
Ð Vicio sustancial de forma:                                            de poder invocar un derecho a la devolución de
                                                                        impuestos cuando el documento de importación expe-
     Ð Vulneración manifiesta del derecho de defensa: el                dido originariamente se ha perdido antes de presentar
        Tribunal de Primera Instancia violó este principio              la solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor
        fundamental, al sentar como principio que, en                   AnÄadido?
        el marco de un procedimiento con arreglo al
        artículo 169 del Tratado, las personas que han pre-
                                                                   (1) DO L 331 de 27.12.1979, p. 11; EE 09/01, p. 116.
        sentado una denuncia no disfrutan de derechos
        procedimentales.
     Ð Desnaturalización del objeto del litigio: en relación
        con la excepción de inadmisibilidad propuesta por
        la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia se
        abstuvo de declarar, in limine litis, la inexistencia      Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 1997 por la
        de base legal para el escrito de archivo de las            Comisión de las Comunidades Europeas contra la RepuÂ-
        actuaciones de la Comisión, a pesar de que la                                       blica Francesa
        SocieÂteÂ Sateba le instara a ello en su escrito de                              (Asunto C-429/97)
        demanda. Por consiguiente, el Tribunal de Primera
        Instancia no podía, sin rebasar sus facultades, sus-                                 (98/C 55/35)
        tituir a la Comisión en la elección de los procedi-
        mientos puestos a disposición de eÂsta en el marco
                                                                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
        del artículo 155 del Tratado, y ello para funda-
                                                                   ha presentado el 18 de diciembre de 1997 un recurso
        mentar la inadmisibilidad del recurso de la deman-
                                                                   contra la RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión
        dante.
                                                                   de las Comunidades Europeas, representada por la Sra.
                                                                   HeÂleÁne Michard y el Sr. Enrico Traversa, en calidad de
(1) DO C 357 de 22.11.1997, p. 27.                                 Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                   despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
                                                                   Kirchberg.


title: Asunto C-582/10: Auto del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2011 — Comisión Europea/República de Austria

text:
               18.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 49/22

         Auto del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2011 — Comisión Europea/República de Austria
   (Asunto C-582/10) (1)

   2012/C 49/39
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 30, de 29.1.2011.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 30 de mayo de 2002 en el asunto C-358/00 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf): Buchhändler-Vereinigung GmbH contra Saur Verlag GmbH & Co. KG, Die Deutsche Bibliothek ("Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Contratos públicos de servicios — Directiva 92/50/CEE — Concesión de servicios públicos")

text:
C 191/12                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          10.8.2002
1)    Se desestiman por ser manifiestamente inadmisibles y/o mani-         los Sres. G.M. Roberti y P. Criscuolo Gaito, avvocati, que tiene
      fiestamente infundados:                                              por objeto un recurso de casación interpuesto contra la
                                                                           sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      —     el segundo motivo, en sus partes segunda a quinta;             Europeas (Sala Cuarta ampliada) de 15 de marzo de 2000,
                                                                           Cimenteries CBR y otros/Comisión (asuntos acumulados T-25/
      —     el tercer motivo;                                              95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95,
                                                                           T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/
      —     el sexto motivo;                                               95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95,
                                                                           T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/
      —     el octavo motivo;                                              95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/
                                                                           95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95,
      —     el noveno motivo, en su primera parte;                         T-103/95 y T-104/95; Rec. p. II-491), dirigido a obtener la
                                                                           anulación parcial de dicha sentencia, siendo la otra parte en el
      —     el undécimo motivo, en sus partes primera, segunda,            procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
            cuarta y quinta;                                               (agente: Sr. R. Lyal, asistido por el Sr. A. Dal Ferro), el Tribunal
                                                                           de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. P. Jann,
      —     el decimosexto motivo;                                         Presidente de Sala, D.A.O. Edward (Ponente), A. La Pergola,
                                                                           M. Wathelet y A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-
      —     el decimoséptimo motivo;                                       Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el
                                                                           5 de junio de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:
      —     el decimonoveno motivo;
                                                                           1)    Se desestiman las partes cuarta y sexta del sexto motivo del
      —     el vigésimo motivo, y                                                recurso de casación, por ser manifiestamente infundadas.
      —     el vigesimoprimer motivo.
                                                                           2)    Se reserva la decisión sobre las costas.
2)    Se reserva la decisión sobre las costas.
                                                                           (1) DO C 247 de 26.8.2000.
(1) DO C 247 de 26.8.2000.
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Segunda)
                             (Sala Quinta)
                                                                                de 30 de mayo de 2002
                        de 5 de junio de 2002
                                                                           en el asunto C-358/00 (petición de decisión prejudicial
en el asunto C-219/00 P: Cementir — Cementerie del                         planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf):
Tirreno SpA contra Comisión de las Comunidades Euro-                      Buchhändler-Vereinigung GmbH contra Saur Verlag
                                 peas (1)                                          GmbH & Co. KG, Die Deutsche Bibliothek (1)
(«Recurso de casación — Competencia — Cemento —                           («Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
Artı́culo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente                      — Contratos públicos de servicios — Directiva 92/50/CEE
artı́culo 81 CE, apartado 1) — Recurso de casación manifies-                             — Concesión de servicios públicos»)
                         tamente infundado»)
                                                                                (2002/C 191/21)
                           (2002/C 191/20)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
«Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del
                     Tribunal de Primera Instancia»)
                                                                           En el asunto C-358/00, que tiene por objeto una petición
                                                                           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
En el asunto C-219/00 P, Cementir — Cementerie del Tirreno                 por Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania), destinada a
SpA, con domicilio social en Roma (Italia), representada por               obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
 ---pagebreak--- 10.8.2002               ES                          Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 191/13
entre Buchhändler-Vereinigung GmbH y Saur Verlag GmbH &                      Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann (Ponente),
Co. KG, Die Deutsche Bibliothek, una decisión prejudicial                   D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet,
sobre la interpretación de los artı́culos 1 y 8 de la Directiva             V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues y C.W.A. Timmermans,
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre                         Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario:
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los                  Sr. Grass, ha dictado el 26 de abril de 2002 un auto resolviendo
contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1), modificada                lo siguiente:
por la Directiva 97/52/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de octubre de 1997 (DO L 328, p. 1), el Tribunal
                                                                             Se declara la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial
de Justicia (Sala Segunda), integrado por la Sra. M. Colneric,
                                                                             presentada por la Corte di Apello di Milano, mediante resolución de
Presidenta de Sala, y los Sres. R. Schintgen y V. Skouris                    25 de octubre de 2000.
(Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secreta-
rio: Sr. R. Grass, ha dictado el 30 de mayo de 2002 un auto
resolviendo lo siguiente:                                                    (1) DO C 17 de 19.1.2002.
Un contrato de concesión de servicios públicos de edición está excluido,
en el estado actual del Derecho comunitario, del ámbito de aplicación
de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de servicios, modificada por la Directiva 97/52/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997,
aunque esté mencionado, en razón de su objeto especı́fico, en el                         AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
anexo I A de esa Directiva, al que remite el artı́culo 8 de la misma.
                                                                                de 17 de mayo de 2002
(1) DO C 355 de 9.12.2000.
                                                                             en el asunto C-406/01: República Federal de Alemania
                                                                             contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Euro-
                                                                                pea(1)
                                                                             («Recurso de anulación — Inadmisibilidad manifiesta —
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                             Extemporaneidad»)
                      de 26 de abril de 2002                                                            (2002/C 191/23)
en el asunto C-454/00 (Petición de decisión prejudicial de
la Corte di Apello di Milano): VIS Farmaceutici Istituto                                       (Lengua de procedimiento: alemán)
scientifico delle Venezie SpA contra Duphar International
                           Research BV (1)                                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
        («Procedimiento prejudicial — Inadmisibilidad»)
                          (2002/C 191/22)
                                                                             En el asunto C-406/01, República Federal de Alemania (agen-
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                         tes: Sres. W.-D. Plessing y M. Lumma, asistidos por el
                                                                             Sr. J. Sedemund) contra Parlamento Europeo (agentes:
                                                                             Sr. C. Pennera y Sra. E. Waldherr) y Consejo de la Unión
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la      Europea (agentes: Sra. E. Karlsson y Sr. J.-P. Hix), que tiene por
«Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del           objeto la anulación del artı́culo 3, apartado 1, en relación con
                    Tribunal de Primera Instancia»)                          el apartado 2, de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento
                                                                             Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la
                                                                             aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias
En el asunto C-454/00, que tiene por objeto una petición                    y administrativas de los Estados miembros en materia de
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE),          fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco
por la Corte di Apello di Milano, destinada a obtener, en el                 (DO L 194, p. 26), en la medida en que dichas disposiciones
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre VIS                prohı́ben la fabricación de cigarrillos para su exportación
Farmaceutici Istituto scientifico delle Venezie SpA y Duphar                 desde la Comunidad Europea a paı́ses terceros, el Tribunal de
International Research BV, con la intervención de Consorzio                 Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente,
Produttori Principi Attivi Generici (CPA), una decisión prejudi-            el Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von
cial sobre la interpretación del artı́culo 4 del Reglamento (CEE)           Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward,
no 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la                A. La Pergola (Ponente), J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schint-
creación de un certificado complementario de protección para               gen, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues, C.W.A. Timmermans y
los medicamentos (DO L 182, p. 1), el Tribunal de Justicia,                  A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secreta-
integrado por los Sres. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente,                rio: Sr. R. Grass, ha dictado el 17 de mayo de 2002 un auto
P. Jann, las Sras. F. Macken, y N. Colneric, y el Sr. S. von                 resolviendo lo siguiente:


title: Asunto T-26/02: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de  15 de marzo de 2006  — Daiichi Pharmaceutical/Comisión ( Competencia — Prácticas colusorias en el sector de los productos vitamínicos — Directrices para el cálculo de las multas — Fijación del importe de partida de la multa — Circunstancias atenuantes — Comunicación sobre la cooperación )

text:
               6.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/16

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2006 — Daiichi Pharmaceutical/Comisión
   (Asunto T-26/02) (1)

   («Competencia - Prácticas colusorias en el sector de los productos vitamínicos - Directrices para el cálculo de las multas - Fijación del importe de partida de la multa - Circunstancias atenuantes - Comunicación sobre la cooperación»)
   (2006/C 108/26)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Daiichi Pharmaceutical (Tokio, Japón) (representantes: J. Buhart y P.-M. Louis, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Wainwright y L. Pignatore-Nolin, agentes)
   Objeto
   Anulación o reducción de la multa impuesta a la demandante mediante el artículo 3, letra f), de la Decisión 2003/2/CE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/37.512 — Vitaminas) (DO 2003, L 6, p. 1)
   Fallo

               1)

               Reducir a 18 millones de euros el importe de la multa impuesta a la demandante mediante el artículo 3, letra f), de la Decisión 2003/2/CE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E 1/37.512 — Vitaminas).

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La parte demandante soportará cuatro quintas partes de sus propias costas y de las de la Comisión, y ésta soportará una quinta parte de sus propias costas y de las de la parte demandante.

      (1)  DO C 97, de 20.4.2002.


title: Asunto T-361/14: Sentencia del Tribunal General de 5 de abril de 2017 — HB y otros/Comisión [«Derecho institucional — Iniciativa ciudadana europea — Protección de los animales errantes — Efectos psicológicos en los adultos y en los niños — Denegación de registro — Manifiesta falta de competencia de la Comisión — Artículo 4, apartado 2, letra b), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.° 211/2011»]

text:
               22.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/21

         Sentencia del Tribunal General de 5 de abril de 2017 — HB y otros/Comisión
   (Asunto T-361/14) (1)

   ([«Derecho institucional - Iniciativa ciudadana europea - Protección de los animales errantes - Efectos psicológicos en los adultos y en los niños - Denegación de registro - Manifiesta falta de competencia de la Comisión - Artículo 4, apartado 2, letra b), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 211/2011»])
   (2017/C 161/29)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: HB (Linz, Austria) y otros 6 demandantes cuyos nombres figuran anexos a la sentencia (representantes: inicialmente C. Kolar y posteriormente F. Moyse, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: H. Krämer y J. Vondung, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE que tiene por objeto la anulación de la decisión C(2014) 2119 final de la Comisión, de 26 de marzo de 2014, por la que se deniega el registro de la iniciativa ciudadana propuesta con el título «Ethics for Animals and Kids».

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a HB y a los demás demandantes cuyo nombre figura anexo.

      (1)  DO C 409 de 17.11.2014.


title: Asunto T-78/02: Recurso interpuesto el 19 de marzo de 2002 contra el Banco Central Europeo por Stephan-Harald Voigt

text:
15.6.2002              ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 144/51
Los motivos invocados y las alegaciones formuladas en el                   del demandado para tomar decisiones sobre las amonestacio-
presente asunto son considerablemente similares a los deduci-              nes escritas en el sentido del artı́culo 43, inciso i) de las
dos en el asunto T-45/02, DOW AgroSciences y DOW                           «Conditions of Employment».
AgroSciences/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión
Europea (aún no publicado en el Diario Oficial).
(1) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
    23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco                Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2002 por Pedro
    comunitario de actuación en el ámbito de la polı́tica de las aguas.  Diaz, S.A. contra la Oficina de Armonización del Mercado
                                                                                Interior
                                                                                (Asunto T-85/02)
                                                                                (2002/C 144/103)
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
Recurso interpuesto el 19 de marzo de 2002 contra el
     Banco Central Europeo por Stephan-Harald Voigt
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           europeas se ha presentado, el 23 de marzo de 2002 un recurso
                        (Asunto T-78/02)                                   contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                           (OHMI) formulado por Pedro Dı́az, S.A., con domicilio en
                        (2002/C 144/102)                                   Carretera de Cartagena-La Palma, Km 2,400 Cartagena
                                                                           (España), representado por el letrado en ejercicio Dña. Patricia
                                                                           Koch Moreno.
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                           que:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                     —      Acuerde la nulidad de la resolución de 16 de enero de
Europeas se ha presentado el 19 de marzo de 2002 un recurso                       2002 dictada por la Tercera Sala de Recurso de la OAMI
contra el Banco Central Europeo formulado por Stephan-                            por la que se rechazó la solicitud de marca comunitaria
Harald Voigt, con domicilio en Langenselbold (Alemania),                          núm. 199.265 CASTILLO para distinguir «quesos»en
representado por el Sr. N. Pflüger, abogado.                                      clase 29;
                                                                           —      Declare la concesión de la solicitud de marca comunitaria
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                      no 199.265 CASTILLO para distinguir «quesos»en
                                                                                clase 29;
—     Anule la amonestación escrita dirigida por el demandado             —      Ordene pagar a la parte demandada y, en su caso, a la
      al demandante mediante escrito de 1 de marzo de 2002                        parte coadyuvante las costas del procedimiento.
      en virtud del artı́culo 43, inciso i), de las «Conditions of
      Employment».
                                                                           Motivos y principales alegaciones
—     Condene en costas al demandado.
                                                                           Solicitante de la marca         Pedro Dı́az, S.A.
                                                                           comunitaria:
Motivos y principales alegaciones                                          Marca         comunitaria       Marca denominativa «CASTILLO»
                                                                           objeto de la solicitud:         — Solicitud no 199.265 para pro-
                                                                                ductos de la clase 29 y 30
El demandante alega, en apoyo de su recurso, que la amonesta-              Titular de la marca o           Granjas Castillo, S.A.
ción escrita es nula porque conculca principios generales del             signo que se invoca en el
procedimiento. La amonestación se basa en suposiciones                    procedimiento de oposi-
falsas y no se ha respetado suficientemente el derecho del                 ción:
demandante a ser oı́do entre otras cuestiones. Además, el
demandado, con su comportamiento, infringe las disposiciones               Marca o signo que se            Marca gráfico-denominativa espa-
europeas relativas a la protección de datos.                              opone:                          ñola «EL CASTILLO» registrada
                                                                                para productos de la clase 29 y
                                                                                marca gráfico-denominativa espa-
Por otro lado, el demandante niega que el Comité Ejecutivo                                                 ñola «EL CASTILLO NADO 1»
haya habilitado, mediante una decisión eficaz, al vicepresidente                                          para productos de la clase 30