title: Asunto C-391/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Corte di Appello di Lecce — Sala de lo Penal, de fecha 7 de octubre de 2002, en el procedimiento penal contra el Sr. Sergio Adelchi

text:
25.1.2003              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 19/11
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                   miembro que, al modificar la normativa en materia de
lución del Finanzgerichts Hamburg, de fecha 16 de octu-                      sanciones aplicables a los delitos societarios anterior-
bre de 2002, en el asunto entre Deutsche See-Bestattungs-                    mente vigente, establece, en relación con los incumpli-
          Genossenschaft e.G. y Hauptzollamt Kiel                            mientos de las obligaciones impuestas para proteger el
                                                                             principio de publicidad y de imagen fiel de las sociedades,
                       (Asunto C-389/02)                                     un sistema de sanciones que no responde de manera
                                                                             concreta a los criterios de efectividad, proporcionalidad y
                         (2003/C 19/20)                                      carácter disuasorio de las sanciones establecidas para
                                                                             garantizar dicha protección?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               2)   Las citadas Directivas y, en particular, las normas del
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,
resolución del Finanzgerichts Hamburg, dictada el 16 de                      apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
octubre de 2002, en el asunto entre Deutsche See-Bestattungs-                CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de
Genossenschaft e.G. y Hauptzollamt Kiel, y recibida en la                    la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada
Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de 2002.               por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes
El Finanzgerichts Hamburg solicita al Tribunal de Justicia que               citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                    (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado
                                                                             miembro que excluye la punibilidad de los incumplimien-
¿Debe entenderse por navegación marítima, a efectos del                      tos de las obligaciones de publicidad y de información
artículo 8, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/81/CEE (1)              fiel de determinados actos societarios (entre ellos el
del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armoniza-               balance y la cuenta de pérdidas y ganancias) cuando la
ción de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocar-            comunicación falsa de la sociedad o la falta de informa-
buros, la navegación con embarcaciones por aguas comunita-                   ción den lugar a una variación del resultado económico
rias con fines distintos de los fines privados de recreo?                    del ejercicio o a una variación del patrimonio social neto
                                                                             que no excedan de un determinado límite porcentual?
( 1) DO L 316 de 31.10.1992, p. 12.
                                                                        3)   Las citadas Directivas y, en particular, las normas del
                                                                             artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,
                                                                             apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
                                                                             CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de
                                                                             la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                   por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes
lución de la Corte di Appello di Lecce — Sala de lo Penal,                   citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
de fecha 7 de octubre de 2002, en el procedimiento penal                     (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado
                 contra el Sr. Sergio Adelchi                                miembro que excluye la punibilidad de los incumplimien-
                                                                             tos de las obligaciones de publicidad y de información fiel
                       (Asunto C-391/02)                                     que recaen sobre las sociedades cuando se proporcionan
                                                                             informaciones que, pese a estar destinadas a engañar a
                                                                             los socios o al público con objeto de obtener un beneficio
                         (2003/C 19/21)
                                                                             injusto, se derivan de valoraciones estimativas que, consi-
                                                                             deradas de manera aislada, no difieren de los datos reales
                                                                             en una cuantía superior a un determinado límite?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución de la Corte di Appello di Lecce — Sala de lo Penal,          4)   Con independencia de los límites progresivos o umbrales,
dictada el 7 de octubre de 2002, en el procedimiento penal                   las citadas Directivas y, en particular, las normas del
contra el Sr. Sergio Adelchi, y recibida en la Secretaría del                artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,
Tribunal de Justicia el 18 de noviembre de 2002. La Corte di                 apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
Appello di Lecce — Sala de lo Penal solicita al Tribunal de                  CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                   la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada
                                                                             por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes
1)    En relación con la obligación de los diferentes Estados                citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
      miembros de adoptar «sanciones apropiadas» para las                    (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado
      infracciones previstas en la Primera y en la Cuarta                    miembro que excluye la punibilidad de los incumplimien-
      Directivas (respectivamente, Directivas 68/151/CEE (1) y               tos de las obligaciones de publicidad y de información
      78/660/CEE (2), las propias Directivas y, en particular, las           fiel que recaen sobre las sociedades cuando las falsedades
      disposiciones de los artículos 44 CE, apartado 2, letra g);            o las omisiones fraudulentas, y, en todo caso, las comuni-
      y 2, apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/            caciones e informaciones que no reflejan fielmente la
      151/CEE, antes citada),y y 2, apartados 2, 3 y 4, de la                situación patrimonial o financiera o el resultado econó-
      Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada                  mico de la sociedad, no alteran «de manera sustancial» la
      por las Directivas 83/349/CEE (3) y 90/605/CEE (4), antes              situación patrimonial o financiera del grupo (aun cuando
      citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que               corresponda al legislador nacional la definición del con-
      tales normas se oponen a una legislación de un Estado                  cepto de «alteración sustancial»)?
 ---pagebreak--- C 19/12                   ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      25.1.2003
5)     Las citadas Directivas y, en particular, las normas del               la República Helénica, formulado por la Comisión de las
       artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,             Comunidades Europeas, representada por el Sr. Michel Nolin y
       apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/            la Sra. Nina Constantinidi, miembros de su Servicio Jurídico,
       CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de           que designa domicilio en Luxemburgo.
       la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada
       por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes
       citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
       (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado               La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
       miembro que, en relación con los incumplimientos de las
       obligaciones de publicidad y de información fiel que
       recaen sobre las sociedades, establecidas para proteger los           a)    Declare que la República Helénica ha incumplido las
       «intereses de socios y terceros», atribuye únicamente a los                 obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
       socios y acreedores la facultad de instar la imposición de la               93/38/CEE (1) del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
       sanción, con la consiguiente exclusión de una protección                    coordinación de los procedimientos de adjudicación de
       generalizada y efectiva de los terceros?                                    contratos en los sectores del agua, de la energía, de los
                                                                                transportes y de las telecomunicaciones y, en particular,
6)     Las citadas Directivas y, en particular, las normas del                     de los artículos 20 y siguientes de dicha Directiva, dado
       artículo 44 CE, apartado 2, letra g), de los artículos 2,                   que la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI) atribuyó la
       apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/                  construcción de un sistema de transportadores de cinta
       CEE, antes citada) y del artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de                 para la central eléctrica de Megalópolis mediante contrata-
       la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue completada                    ción directa y sin previa convocatoria de licitación.
       por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/CEE), antes
       citada, ¿deben interpretarse (o no) en el sentido de que
       (tales normas) se oponen a una legislación de un Estado               b)    Condene en costas a la República Helénica.
       miembro que, en relación con los incumplimientos de las
       obligaciones de publicidad y de información fiel que
       recaen sobre las sociedades, establecidas para proteger los
       «intereses de socios y terceros», establece mecanismos de
       persecución de las infracciones y sistemas de sanciones
       especialmente diferenciados, reservando la punibilidad a              Motivos y principales alegaciones
       instancia de parte y la imposición de sanciones más
       graves y efectivas exclusivamente para las infracciones
       que perjudiquen a los socios y acreedores?
                                                                             Las disposiciones de la Directiva 93/38/CEE regulan los
                                                                             procedimientos de contratación pública en los sectores del
( 1) Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de
     1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las             agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicacio-
     garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades             nes que se aplican a los contratos cuyo importe estimado sea
     definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para       igual o superior a 5 millones de euros.
     proteger los intereses de socios y terceros (DO L 65 de 14.3.1968,
     p. 8).
( 2) Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978,
     basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y      Según la Comisión, el contrato de que se trata, por su valor y
     relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad       su naturaleza, está comprendido en el ámbito de aplicación de
     (DO L 222 de 14.8.1978, p. 11).                                         la Directiva. Por consiguiente, la entidad contratante (DEI)
( 3) Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de
                                                                             debía seguir los procedimientos del artículo 20, apartado 1, de
     1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del
     Tratado, relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193 de               la Directiva y debía convocar una licitación con arreglo al
     18.7.1983, p. 1).                                                       artículo 21 de la Directiva. Sin embargo, no se efectuó una
( 4) Directiva 90/605/CEE del Consejo de 8 de noviembre de 1990              licitación, sino que se contrató directamente.
     por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE,
     relativas, respectivamente, a las cuentas anuales y a las cuentas
     consolidadas, en lo relativo a su ámbito de aplicación (DO L 317
     de 16.11.1990, p. 60).                                                  La Comisión sostiene que no concurren los requisitos de
                                                                             aplicación del artículo 20, apartado 2, letra c), de la Directiva
                                                                             (razones técnicas o artísticas que hacen que el contrato deba
                                                                             ser ejecutado por un contratista determinado) o del artículo 20,
Recurso interpuesto el 8 de noviembre de 2002 por la                         apartado 2, letra d), de la Directiva (razones de extremada
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-                         urgencia resultantes de hechos imprevisibles para las entidades
                              blica Helénica                                 contratantes).
                          (Asunto C-394/02)
                             (2003/C 19/22)                                  (1 ) DO L 199, de 9.8.1993, p. 84.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 8 de noviembre de 2002 un recurso contra


title: Asunto T-235/00: Auto del Tribunal General de 6 de octubre de 2011 — Codess Sociale y otros/Comisión

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/44

         Auto del Tribunal General de 6 de octubre de 2011 — Codess Sociale y otros/Comisión
   (Asunto T-235/00) (1)

   2011/C 347/78
   Lengua de procedimiento: italiano
   El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 4, de 6.1.2001.


Avis juridique important

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E1997P0008

Solicitud de dictamen consultivo formulada al Tribunal de la AELC por el Oslo Byrett mediante resolución de 21 de octubre de 1997 dictada en el asunto de TV 1000 Sverige AB contra el Gobierno Noruego, representado por su Ministerio de Asuntos Culturales (Asunto E-8/97)

Diario Oficial n° C 020 de 22/01/1998 p. 0018 - 0018

Solicitud de dictamen consultivo formulada al Tribunal de la AELC por el Oslo Byrett mediante resolución de 21 de octubre de 1997 dictada en el asunto de TV 1000 Sverige AB contra el Gobierno Noruego, representado por su Ministerio de Asuntos Culturales (Asunto E-8/97) (98/C 20/10)Al Tribunal de la AELC le ha sido sometida una solicitud de dictamen consultivo formulada por el Oslo Byrett (Tribunal de la ciudad de Oslo), Noruega, mediante resolución de 21 de octubre de 1997, recibida en la Secretaría del Tribunal el 24 de octubre de 1997, dictada en el asunto TV 1000 Sverige AB contra el Gobierno noruego, representado por su Ministerio de Asuntos Culturales, sobre las siguientes cuestiones:1. ¿Establece la primera frase del artículo 22 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo una norma común sobre lo que «puede perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores» o deja a discreción de cada Estado miembro de la Unión Europea o de la AELC la facultad de determinar el grado de pornografía, violencia etc. que se supone tiene los efectos perniciosos contemplados en el artículo 22?2. En el caso de que se considere que la primera frase del artículo 22 de la Directiva 89/552/CEE establece una norma común para el Espacio Económico Europeo, la norma sueca que autoriza los primeros planos de masturbación, sexo oral, relaciones sexuales, los planos fijos sobre eyaculación en la boca de mujeres o las escenas de sexo en grupo, ¿puede considerarse como expresión de la norma común del artículo 22 que es de aplicación en el Espacio Económico Europeo?3. La disposición prevista en la segunda frase del apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 89/552/CEE relativa a la elección de la hora de emisión y a medidas técnicas, ¿puede aplicarse a las circunstancias que deben incluirse en la primera frase del apartado 1 del artículo 22?4. Si una película se considera que va en contra de la primera frase del apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 89/552/CEE, ¿constituye la letra a) del apartado 2 del artículo 2 un obstáculo suplementario a la suspensión provisional de la retransmisión de emisiones televisadas en virtud del apartado 2 del artículo 22?5. La repetición de actuaciones contrarias al artículo 22 de la Directiva «Televisión sin fronteras» ¿debe incluirse en el ámbito de aplicación de la letra a) o de la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de dicha


title: Asunto C-477/03: Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2003 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
24.1.2004               ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 21/17
Recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2003 contra                    Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
la República Federal de Alemania por la Comisión de las                  lución de la House of Lords, de fecha 10 de noviembre
                     Comunidades Europeas                                de 2003, en el asunto entre Celtec Limited y Astley y
                                                                                otros
                        (Asunto C-477/03)
                                                                                (Asunto C-478/03)
                          (2004/C 21/31)
                                                                                (2004/C 21/32)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 17 de noviembre de 2003 un recurso contra la               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Claudia               resolución de la House of Lords, dictada el 10 de noviembre
Schmidt y el Sr. Wouter Wils, que designa domicilio en                   de 2003, en el asunto entre Celtec Limited y Astley y otros, y
Luxemburgo.                                                              recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de
                                                                         noviembre de 2003. La House of Lords solicita al Tribunal de
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                      Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
1)    Declare que la República Federal de Alemania ha incum-             1.    Deben interpretarse los términos «los derechos y obliga-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud de la                   ciones que resulten para el cedente de un contrato de
      Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del                        trabajo o de una relación laboral existente en la fecha [de
      Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica                la transmisión]» que figuran en el artículo 3, apartado 1,
      la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferro-                de la Directiva 77/187/CEE del Consejo (1), de 14 de
      carriles comunitarios (1), al no haber adoptado las disposi-             febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislacio-
      ciones legislativas, reglamentarias o administrativas nece-              nes de los Estados miembros relativas al mantenimiento
      sarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva o al               de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos
      no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.                  de empresas, de centro de actividad o de partes de centros
                                                                               de actividad, en el sentido de que existe un determinado
2)    Declare que la República Federal de Alemania ha incum-                   momento en el que se considera concluida la transmisión
      plido las obligaciones que le incumben en virtud de la                   de una empresa o de parte de ésta, y se efectúa la
      Directiva 2001/13/CE del Parlamento Europeo y del                        transferencia de derechos y obligaciones conforme al
      Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica                artículo 3, apartado 1?
      la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de
      licencias a las empresas ferroviarias (2), al no haber             2.    En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,
      adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias o                ¿como debe determinarse dicho momento?
      administrativas necesarias para adaptar su Derecho
      interno a la Directiva o al no haber comunicado dichas             3.    En caso de respuesta negativa a la primera cuestión,
      disposiciones a la Comisión.                                             ¿cómo debe interpretarse la expresión «en la fecha [de la
                                                                               transmisión]» empleada en el artículo 3, apartado 1?
3)    Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
      Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del                  (1) DO L 61 de 5.3.1977, p. 26.
      Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudica-
      ción de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplica-
      ción de cánones por su utilización y certificación de la
      seguridad (3), al no haber adoptado las disposiciones
      legislativas, reglamentarias o administrativas necesarias
      para adaptar su Derecho interno a la Directiva o al no
      haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.               Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2003 contra
                                                                         el Reino de España por la Comisión de las Comunidades
4)    Condene en costas a la República Federal de Alemania.                                          Europeas
                                                                                (Asunto C-485/03)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (2004/C 21/33)
El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva
expiró el 15 de marzo de 2003.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
(1) DO L 75, p. 1.                                                       presentado el 19 de noviembre de 2003 un recurso contra el
(2) DO L 75, p. 26.                                                      Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
(3) DO L 75, p. 29.                                                      des Europeas, representada por D. José Luis Buendía Sierra,
                                                                         miembro de su Servicio Jurídico, que designa domicilio en
                                                                         Luxemburgo.


title: Asunto C-42/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) el 27 de enero de 2014 — Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

text:
               5.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 135/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) el 27 de enero de 2014 — Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie
   (Asunto C-42/14)
   2014/C 135/21
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Naczelny Sąd Administracyjny

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente en casación: Minister Finansów

      Recurrida en casación: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse las disposiciones de los artículos 14, apartado 1, 15, apartado 1, y 24, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1, con modificaciones; en lo sucesivo, «Directiva 2006/112»), en el sentido de que existen entregas de electricidad, calor y agua y prestaciones de servicios de eliminación de residuos por parte del arrendador al arrendatario que usa directamente dichos bienes y servicios cuando dichas entregas y prestaciones son realizadas al correspondiente local por terceros especializados y el arrendador es parte en los respectivos contratos de suministro y solamente repercute al arrendatario que realmente utiliza dichos bienes y servicios los costes en que se ha incurrido?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Incrementan los costes por las entregas de electricidad, calor y agua y por las prestaciones de servicios de eliminación de residuos utilizadas por el arrendatario del local la base imponible (renta) a efectos del artículo 73 de la Directiva 2006/112 por la prestación de un servicio de arrendamiento, o constituyen las entregas de bienes y prestaciones de servicios correspondientes prestaciones separadas del arrendamiento del local?

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto F-2/11: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 13 de diciembre de 2012 — BW/Comisión (Función pública — Funcionarios — Selección — Funcionario en prácticas — Falta de nombramiento al finalizar el período de prácticas — Motivación de la decisión de separar del servicio a un funcionario en prácticas — Derecho de defensa)

text:
               9.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/30

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 13 de diciembre de 2012 — BW/Comisión
   (Asunto F-2/11) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Selección - Funcionario en prácticas - Falta de nombramiento al finalizar el período de prácticas - Motivación de la decisión de separar del servicio a un funcionario en prácticas - Derecho de defensa)
   2013/C 38/57
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: BW (Bruselas, Bélgica) (representantes: L. Levi, S. Bonté y A. Blot, abogados; posteriormente H. Soland, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Baquero Cruz y P. Pecho, agentes; posteriormente, J. Baquero Cruz, agente)

      Objeto

   El recurso tiene por objeto la anulación de la decisión de separar del servicio a la parte demandante al finalizar el período de prácticas y la reparación del perjuicio que le ha ocasionado esta decisión.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               BW cargará con sus propias costas y con las costas causadas por la Comisión Europea.

      (1)  DO C 72, de 5.3.2011, p. 36.


title: Asunto F-37/09: Recurso interpuesto el 2 de abril de 2009 — Doyle/Europol

text:
               18.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 167/26

         Recurso interpuesto el 2 de abril de 2009 — Doyle/Europol
   (Asunto F-37/09)
   2009/C 167/51
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Países Bajos) (representante: P. de Casparis)

      Demandada: Oficina Europea de Policía (Europol)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la resolución de 12 de junio de 2008 mediante la que se informó a la demandante de la imposibilidad de ofrecerle un empleo permanente, así como de la resolución de 7 de enero de 2009 mediante la que se rechazó la reclamación presentada contra la primera resolución.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de 12 de junio de 2008 por la que la demandada comunicó a la demandante que no podía proponerle un contrato permanente, así como la resolución de 7 de enero de 2009, adoptada tras una reclamación, en la que se consideran infundadas las alegaciones que la demandante formuló contra la resolución de 12 de junio de 2008.

               —

               Que se condene en costas a Europol.


title: Asunto C-256/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 28 de mayo de 2014 — Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

text:
               8.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 303/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 28 de mayo de 2014 — Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira
   (Asunto C-256/14)
   2014/C 303/16
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

      Partes en el procedimiento principal

      Instante: Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

      Instada: Autoridade Tributária e Aduaneira

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el Derecho de la Unión Europea a que se liquide IVA con ocasión de la repercusión, sin inclusión de ningún importe adicional, por una empresa privada suministradora de infraestructuras de distribución de gas natural a una empresa adquirente de sus servicios, de los importes correspondientes a las tasas de ocupación del subsuelo que se abonen a los municipios en que se encuentren las tuberías que integran esas infraestructuras?

               2)

               Dado que las entidades locales liquidan las tasas de ocupación del subsuelo en ejercicio de sus potestades de autoridad, sin inclusión de IVA, ¿se opone el Derecho de la Unión Europea a que se liquide IVA con ocasión de la repercusión de los importes correspondientes a esas tasas abonados por una empresa privada suministradora de infraestructuras de distribución de gas natural a una empresa adquirente de sus servicios?


title: Asunto T-114/13 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de febrero de 2013 por Maria Concetta Cerafogli contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 12 de diciembre de 2012 en el asunto F-43/10 Cerafogli/BCE

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/42

         Recurso de casación interpuesto el 22 de febrero de 2013 por Maria Concetta Cerafogli contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 12 de diciembre de 2012 en el asunto F-43/10 Cerafogli/BCE
   (Asunto T-114/13 P)
   2013/C 114/65
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Maria Concetta Cerafogli (Fráncfort del Meno, Alemania) (representante: L. Levi, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Banco Central Europeo

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia recurrida.

               —

               En consecuencia:

                           —

                           Anule la Decisión del Banco Central Europeo de 24 de noviembre de 2009 mediante la que se desestimaron las reclamaciones de la recurrente por discriminación y atentado contra su dignidad debido al comportamiento de la dirección de que depende y, si fuera necesario, que se anule la Decisión de 24 de marzo de 2010 por la que se desestimó el recurso extraordinario.

                           —

                           Estime las pretensiones de la recurrente tal como se formularon en su recurso administrativo, y más concretamente:

                           —

                           Ponga fin a cualquier forma de discriminación y acoso moral contra la recurrente, tanto mediante palabra como en lo que respecta a la asignación y distribución del trabajo.

                           —

                           Se haga entrega a la recurrente de una retractación por escrito del Sr. G. de sus declaraciones ofensivas y amenazantes.

                           —

                           En cualquier caso, ordene el pago de una indemnización del perjurio moral y material sufrido, que valora, ex aequo et bono, en 50 000 EUR (perjuicio moral) y 15 000 EUR (perjuicio material).

                           —

                           Ordene al BCE que presente su informe completo de la investigación administrativa interna acompañado de todos sus anexos, incluyendo las actas de las audiencias. Además, que se ordene al BCE que aporte todas las comunicaciones entre el comité de investigación y/o el investigador principal y el Comité Ejecutivo y/o el Presidente del BCE.

                           —

                           Cite como testigo al anterior asesor social de la recurrente.

               —

               Condene a la recurrida a cargar con las costas del procedimiento de casación y de primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración de su derecho de defensa, en la desnaturalización del expediente, la violación del principio de proporcionalidad, la infracción del artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001 (1) y en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. A este respecto, la recurrente sostiene que el Tribunal de la Función Pública de la UE incurrió en error de Derecho y vulneró su derecho de defensa al considerar que no podía invocar la obligación del BCE de observar el derecho de defensa. En efecto, la decisión mediante la que se denegó su solicitud de asistencia afectó significativamente los intereses de la recurrente y además se «incoó» el procedimiento contra la recurrente en el sentido de la jurisprudencia (Comisión/Lisrestal). Habida cuenta de que no se dio a la recurrente la oportunidad de familiarizarse con el expediente, ésta tampoco pudo ejercitar su derecho ante los órganos jurisdiccionales europeos en relación con el expediente en condiciones satisfactorias, lo que tuvo como consecuencia que también se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.

               2)

               Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y en el incumplimiento de la obligación de motivación que recae sobre los órganos jurisdiccionales. A este respecto, la recurrente solicitó al Tribunal de la Función Pública que conminase al BCE a aportar el expediente de la investigación, incluidos los anexos al informe de la investigación y las actas de las audiencias, en virtud del artículo 55 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública. La sentencia recurrida denegó la adopción de estas diligencias de ordenación del procedimiento vulnerando así el derecho de la recurrente a una tutela judicial efectiva e incumpliendo la obligación de motivación que recae sobre los órganos jurisdiccionales.

               3)

               Tercer motivo, basado en el incumplimiento del mandato del comité y del deber de asistencia, puesto que las conclusiones de ambos exámenes (esto es, la investigación y el del Tribunal de la Función Pública) son muy limitadas ya que únicamente se demostró que había compañeros de trabajo que informaron acerca de afirmaciones negativas sobre la recurrente y sobre su trabajo. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el alcance de su solicitud de asistencia, ni, en consecuencia, del mandato del comité, que era, en particular, evaluar las conclusiones en relación con los comentarios negativos sobre ella. Más aún, la sentencia recurrida hace caso omiso de la injusticia de la situación, en particular, del hecho de que la demandante no hubiese sido informada de las opiniones negativas constatadas, generándole, en consecuencia, una situación de indefensión puesto que su reputación se vio dañada y no se le dio la oportunidad de defenderse.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 6, apartado 5, de la Circular administrativa 1/2006 del Comité Ejecutivo del BCE, de 21 de marzo de 2006, sobre investigaciones administrativas internas, puesto que la sentencia recurrida consideró erróneamente que la comunicación del informe de la investigación junto con todo el expediente sólo debía figurar en la comunicación a la persona que llevó a cabo la investigación.

               5)

               Quinto motivo, basado en la incorrecta valoración del error manifiesto de apreciación y en el incumplimiento de la obligación de motivación que recae sobre los órganos jurisdiccionales puesto que la definición de error manifiesto de apreciación utilizada en la sentencia recurrida no es conforme a la sentencia del Tribunal General. Además, la sentencia recurrida apreció erróneamente el error manifiesto.

      (1)  Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1).


title: Asunto T-421/11: Sentencia del Tribunal General de 5 de diciembre de 2012 — Qualitest/Consejo ( «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán con el fin de impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Recurso de anulación — Obligación de motivación — Error manifiesto de apreciación» )

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/43

         Sentencia del Tribunal General de 5 de diciembre de 2012 — Qualitest/Consejo
   (Asunto T-421/11) (1)

   (Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán con el fin de impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Recurso de anulación - Obligación de motivación - Error manifiesto de apreciación)
   2013/C 26/82
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Qualitest FZE (Dubai, Emiratos Árabes Unidos) (representantes: L. Catrain González, abogado, y E. Wright y H. Zhu, Barristers)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: G. Marhic y R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agentes)

      Parte interviniente en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: S. Boelaert y T. Scharf, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación parcial de la Decisión 2011/299/PESC del Consejo, de 23 de mayo de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 136, p. 65), del Reglamento de Ejecución (UE) no 503/2011 del Consejo, de 23 de mayo de 2011, por el que se ejecuta el Reglamento (UE) no 961/2010 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 136, p. 26) y del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).

      Fallo

               1)

               Anular, en la medida en que afectan a Qualitest FZE:

                           —

                           la Decisión 2011/299/PESC del Consejo, de 23 de mayo de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán;

                           —

                           el Reglamento de Ejecución (UE) no 503/2011 del Consejo, de 23 de mayo de 2011, por el que se ejecuta el Reglamento (UE) no 961/2010 relativo a medidas restrictivas contra Irán;

                           —

                           el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010.

               2)

               Los efectos de la Decisión 2011/299 se mantendrán en lo que respecta a Qualitest hasta que sea efectiva la anulación del Reglamento de Ejecución no 503/2011 y del Reglamento no 267/2012.

               3)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas, así como con las correspondientes a Qualitest.

               4)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 282, de 24.9.2011.


title: Asunto T-130/05: Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Dominique Albert-Bousquet y 142 funcionarios más

text:
               28.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 132/31

         Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Dominique Albert-Bousquet y 142 funcionarios más
   (Asunto T-130/05)
   (2005/C 132/57)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 14 de marzo de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Dominique Albert-Bousquet, con domicilio en Bruselas, y 142 funcionarios más, representados por Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis y Etienne Marchal, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo.
   Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule las decisiones por las que se les nombra funcionarios de las Comunidades Europeas en la medida en que fijan su grado de reclutamiento con arreglo al artículo 12 del anexo XIII del Estatuto.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Los demandantes en el presente asunto, todos contratados después del 1 de mayo de 2004 por haber superado un concurso cuya convocatoria se había publicado con anterioridad a tal fecha, se oponen a la supuesta discriminación que resulta del hecho de que, con arreglo al artículo 12 del anexo XIII del Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios, sus condiciones de clasificación sean distintas de las de quienes aprobaron los mismos concursos pero fueron contratados antes de la referida modificación del Estatuto.
   En apoyo de sus pretensiones, los demandantes alegan:

               —

               la violación del principio de igualdad de trato;

               —

               la infracción de los artículos 31, apartado 1, y 29, apartado 1, del Estatuto;

               —

               la infracción del artículo 5, apartado 5, del Estatuto;

               —

               la vulneración del principio de confianza legítima.

         A este respecto, los demandantes consideran que de la jurisprudencia comunitaria se desprende que los aprobados en un mismo concurso se encuentran en una situación comparable y deben por consiguiente disfrutar del mismo trato. Además, presentaron su candidatura con el objeto de ser contratados para uno de los empleos vacantes contemplados en la respectiva convocatoria del concurso en el que participaron. Por consiguiente, podían esperar razonablemente que fueran contratados para los empleos y en los grados que figuraban en las convocatorias de los concursos en los que participaron.


title: Asunto C-264/12: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de junio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho de Porto — Portugal) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA (Procedimiento prejudicial — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Normativa nacional que impone reducciones salariales en lo que atañe a determinados trabajadores del sector público — Falta de aplicación del Derecho de la Unión — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/26

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de junio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho de Porto — Portugal) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA
   (Asunto C-264/12) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Normativa nacional que impone reducciones salariales en lo que atañe a determinados trabajadores del sector público - Falta de aplicación del Derecho de la Unión - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia))
   2014/C 315/39
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal do Trabalho de Porto

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

      Demandada: Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA

      Fallo

   El Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente para conocer de la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal) mediante resolución de 22 de mayo de 2012 (asunto C-264/12).

      (1)  DO C 209, de 14.7.2012.


title: Asunto C-431/14 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de marzo de 2016 — República Helénica/Comisión Europea [Recurso de casación — Ayudas de Estado — Ayudas compensatorias pagadas por el Instituto Griego de Seguros Agrarios (ELGA) en 2008 y 2009 — Decisión por la que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado interior y se ordena su recuperación — Concepto de ayuda de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b) — Directrices sobre ayudas estatales en el sector agrario — Obligación de motivación — Desnaturalización de las pruebas]

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de marzo de 2016 — República Helénica/Comisión Europea
   (Asunto C-431/14 P) (1)

   ([Recurso de casación - Ayudas de Estado - Ayudas compensatorias pagadas por el Instituto Griego de Seguros Agrarios (ELGA) en 2008 y 2009 - Decisión por la que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado interior y se ordena su recuperación - Concepto de ayuda de Estado - Artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b) - Directrices sobre ayudas estatales en el sector agrario - Obligación de motivación - Desnaturalización de las pruebas])
   (2016/C 156/11)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Recurrente: República Helénica (representantes: I. Chalkias y A. Vasilopoulou, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: A. Bouchagiar, R. Sauer y D. Triantafyllou, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 395 de 10.11.2014.


title: Asunto T-481/14: Recurso interpuesto el 20 de junio de 2014 — European Dynamics Luxembourg y Evropaïki Dynamiki/IET

text:
               6.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 351/10

         Recurso interpuesto el 20 de junio de 2014 — European Dynamics Luxembourg y Evropaïki Dynamiki/IET
   (Asunto T-481/14)
   2014/C 351/12
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburgo), y Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas, Grecia) (representantes: E. Siouti y M. Sfyri, abogados)

      Demandada: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión del demandado de otorgar el contrato relativo al anuncio de licitación notificado a la demandante en su escrito de 11 de abril de 2014 y cualesquiera otras decisiones del demandado relacionadas con dicho asunto, incluida la decisión de otorgar el contrato al adjudicatario (que no fue notificada a las demandantes).

               —

               Anule la decisión del Director del IET de 25 de abril de 2014, por la que se niega a revelar la formación del comité de evaluación.

               —

               Condene al demandado a abonar a las demandantes una indemnización de daños y perjuicios en la cantidad de 1 58  430,40 euros por el lucro cesante padecido al no recibir la adjudicación del contrato en el contexto de la licitación.

               —

               Condene al demandado a reembolsar a las demandantes las costas procesales causadas y demás gastos que deban atender en relación con el presente recurso.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en el hecho de que el demandado confundió los criterios de selección y los de adjudicación, por lo que infringió el artículo 110 del Reglamento sobre normas financieras (1) y el artículo 149 del Reglamento Delegado (2).

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 105 y 113 del Reglamento sobre normas financieras y el artículo 138 del Reglamento Delegado, por cuanto el demandado utilizó criterios desconocidos, que no se encuentran en el pliego de condiciones, al evaluar las ofertas, e incumplió su obligación de especificar los criterios de adjudicación y su correspondiente ponderación o, en su caso, el orden de importancia decreciente. Las demandantes alegan además que el demandado se basó en un sistema de puntuación discreto y discontinuo, que ocasionó distorsiones y errores en la evaluación.

               3.

               Tercer motivo, basado en que el demandado incurrió en varios errores manifiestos de apreciación.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción de los artículos 2, apartado 3, y 8 del Reglamento 1049/2001 (3) debido a la negativa a revelar la formación del comité de evaluación, que habría permitido que las demandantes comprobaran la falta de conflicto de intereses.

      (1)  Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298, p. 1).

      (2)  Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362, p. 1).

      (3)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).


title: Asunto T-243/16: Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2016 — Freddo/EUIPO — Freddo Freddo (Freggo)

text:
               4.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/48

         Recurso interpuesto el 18 de mayo de 2016 — Freddo/EUIPO — Freddo Freddo (Freggo)
   (Asunto T-243/16)
   (2016/C 243/54)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Freddo SA (Buenos Aires, Argentina) (representantes: S. Malynicz, QC, K. Gilbert y G. Lodge, Solicitors)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Freddo Freddo, S.L. (Madrid)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «Freggo» — Solicitud de registro n.o 7606064

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 17 de febrero de 2016 en el asunto R 919/2015-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la EUIPO (y si interviene, a la otra parte en el procedimiento ante la Oficina) a pagar sus propias costas y las costas de la demandante.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-539/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de noviembre de 2011 — Comisión Europea/República Federal de Alemania [Incumplimiento de Estado — Intención del Tribunal de Cuentas de efectuar controles en un Estado miembro — Negativa de dicho Estado miembro — Competencias del Tribunal de Cuentas — Artículo 248 CE — Control de la cooperación de las autoridades administrativas nacionales en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido — Reglamento (CE) n ° 1798/2003 — Ingresos de la Comunidad — Recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido]

text:
               28.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 25/5

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de noviembre de 2011 — Comisión Europea/República Federal de Alemania
      (Asunto C-539/09) (1)

      (Incumplimiento de Estado - Intención del Tribunal de Cuentas de efectuar controles en un Estado miembro - Negativa de dicho Estado miembro - Competencias del Tribunal de Cuentas - Artículo 248 CE - Control de la cooperación de las autoridades administrativas nacionales en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido - Reglamento (CE) no 1798/2003 - Ingresos de la Comunidad - Recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido)
      (2012/C 25/08)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Partes

         Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Caeiros y B. Conte, agentes)

         Demandada: República Federal de Alemania (representantes: C. Blaschke y N. Graf Vitzthum, agentes)

         Partes coadyuvantes en apoyo de la demandante: Parlamento Europeo (representantes: R. Passos y E. Waldherr, agentes), Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (representantes: R. Crowe, T. Kennedy y B. Schäfer, agentes)

         Objeto

      Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 10 CE y 248 CE, apartados 1, 2 y 3, y de los artículos 140, apartado 2, y 142, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1) — Negativa a que el Tribunal de Cuentas efectúe controles en Alemania en relación con la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido — Alcance de la competencia de control del Tribunal de Cuentas.

         Fallo

                  1)

                  La República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 248 CE, apartados 1 a 3, al no permitir que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea efectuara controles en Alemania en relación con la cooperación administrativa regulada por el Reglamento (CE) no 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, y por las correspondientes disposiciones de aplicación.

                  2)

                  Desestimar el recurso en todo lo demás.

                  3)

                  Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

                  4)

                  El Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.

         (1)  DO C 51, de 27.2.2010.


title: Asunto T-5/10: Auto del Tribunal General de 16 de febrero de 2011 — Comisión/Earthscan

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/20

         Auto del Tribunal General de 16 de febrero de 2011 — Comisión/Earthscan
   (Asunto T-5/10) (1)

   2011/C 113/41
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 80, de 27.3.2010.


title: Asunto C-17/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 16 de enero de 2014 — Société générale SA/Otra parte: Staatssecretaris van Financiën

text:
               28.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 16 de enero de 2014 — Société générale SA/Otra parte: Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-17/14)
   2014/C 129/13
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Société générale SA

      Otra parte: Staatssecretaris van Financiën

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A efectos de la aplicación del artículo 63 TFUE, ¿debe extenderse la comparación entre un no residente con un residente en un caso como el de autos, en el que el Estado de origen practica una retención del impuesto sobre los dividendos que grava un reparto de dividendos, al impuesto de sociedades, con el que se compensa el impuesto sobre los dividendos que recae sobre los residentes?

               2)

                           a.

                           En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿deben tenerse en cuenta en la comparación todos los costes que, en sentido económico, guardan relación con las acciones de las que procede el dividendo?

                           b.

                           En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿deben tenerse asimismo en cuenta la eventual contabilización de un dividendo procedente de beneficios existentes cuando se adquirió la acción y la eventual carga financiera generada por la tenencia de las correspondientes acciones?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, para apreciar si se neutraliza legalmente una eventual retención discriminatoria en la fuente en virtud de un convenio para evitar la doble imposición celebrado por el Estado de la fuente, ¿basta con que: i) el convenio contenga una disposición en este sentido, aunque esa posibilidad no sea incondicional, ii) en el caso concreto, ello dé lugar a que en los Países Bajos la presión fiscal soportada por un no residente no sea superior a la soportada por un residente? En el caso de que la compensación en el ejercicio en el que se percibieron los dividendos sea insuficiente, es relevante para apreciar la neutralización la posibilidad de trasladar la parte no compensada al ejercicio siguiente y de hacer uso de la compensación en ejercicios posteriores?


title: Asunto T-378/02: Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

text:
C 55/30                  ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                           8.3.2003
Motivos y principales alegaciones                                             Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2002 contra la
                                                                              Comisión de las Comunidades Europeas por Technische
                                                                                Glaswerke Ilmenau GmbH
Las demandantes, productoras principales del queso feta de
leche de vaca producido en Alemania, solicitan la anulación
del Reglamento (CE) no 1829/2002 de la Comisión ( 1).                                                (Asunto T-378/02)
                                                                                (2003/C 55/81)
En primer lugar, las demandantes alegan que los datos incluidos
en la solicitud de Grecia de 17 de enero de 1995 no cumplen
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
los requisitos formales para el registro de «feta» en la lista
de denominaciones de origen protegidas. En concreto, Grecia
presentó la solicitud fuera de plazo, por lo que la Comisión no
debió proceder a registrar la denominación «feta» en el marco                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
del procedimiento abreviado del artículo 17 del Reglamento                    Europeas se ha presentado el 17 de diciembre de 2002 un
(CEE) no 2081/92 ( 2). Además, no es posible protegerla denomi-               recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
nación feta en virtud del artículo 17 de este Reglamento, puesto              formulado por Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, con
que Grecia no introdujo la protección a nivel nacional de feta                domicilio en Ilmenau (Alemania), representada por G. Schohe y
hasta el 11 de enero de 1994, es decir, casi seis meses tras la               Chr. Arhold, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
entrada en vigor del Reglamento (CEE) no 2081/92.
                                                                              La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
A continuación, las demandantes alegan que el Reglamento
                                                                              —     Anule la Decisión de la Comisión de 2 de octubre de 2002
impugnado no responde en absoluto a los motivos que yacen
                                                                                (C(2002) 2147 final) sobre la ayuda estatal de Alemania
bajo la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 16 de marzo de 1999 (3), según la cual la Comisión                      en favor de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.
debía tomar en consideración en gran medida las marcas legal-                 —     Condene en costas a la Comisión.
mente desarrolladas en los Estados miembros antes de que
Grecia presentara su solicitud. Por consiguiente, el producto
«feta» no puede ser objeto de protección, porque no constituye
una denominación de origen protegida sino más bien una deno-                  Motivos y principales alegaciones
minación genérica. Según el artículo 3, apartado 1, del Regla-
mento (CEE) no 2081/92, no pueden registrarse las denomina-                   La demandante adquirió cuatro líneas de producción para la
ciones genéricas. Además, señalan que feta no es un producto                  fabricación de vidrio de Ilmenauer Glaswerke GmbH empresa
originario únicamente de Grecia, sino de la región mediterránea               en liquidación del Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
y balcánica. En seis Estados miembros se elabora y consume feta               Sonderaufgaben (organismo federal para cuestiones extraordi-
en considerables cantidades desde hace décadas. Por otro lado,                narias derivadas de la reunificación; en lo sucesivo: «BvS»). En
alegan que compete a Grecia demostrar que feta no es una                      la Decisión impugnada, la Comisión califica de ayudas dos
denominación genérica y no lo ha hecho, por lo que no ha                      medidas de Alemania relativas a esta adquisición. Existía una
cumplido con la carga de la prueba.                                           fianza en favor de BvS por una parte del precio de compra de
                                                                              1,8 millones de DEM. BvS accedió a sustituir esta fianza por
Por otro lado, las demandantes alegan que no se reúnen las                    una Grundschuld (deuda inmobiliaria) por el mismo importe.
condiciones de los artículos 2 y4 del Reglamento (CEE) no 2081/               Además, el Thüringer Aufbaubank («TAB») concedió a la
92. Feta no es un nombre geográfico tradicional. La denomina-                 demandante un crédito de 2 millones de DEM. La Comisión
ción feta procede del italiano y significa «lonja» o «tajada»; ya             ha declarado estas medidas incompatibles con el mercado
era una denominación genérica antes de la aprobación del                      común.
Reglamento (CEE) no 2081/92 y, por consiguiente, estaba admi-
tido su uso en el comercio intracomunitario entre los Estados                 La demandante alega que el préstamo de TAB a la demandante
miembros. Por último, el registro de «feta» vulnera los derechos              no es una ayuda, ya que se atiene a las condiciones de mercado,
fundamentales de Derecho comunitario de protección de la                      está comprendido en un régimen de ayudas autorizado por la
propiedad y del ejercicio profesional; tampoco cabe justificar la             Comisión y tiene por objeto compensar un derecho de
violación de la propiedad mediante el artículo 30 CE.                         indemnización de la demandante frente al Estado federado de
                                                                              Turingia, que se justifica desde le punto de vista de la
                                                                              responsabilidad estatal. Tampoco constituye una ayuda la
( 1) Reglamento (CE) no 1829/2002 de la Comisión, de 14 de octubre
     de 2002, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE)             sustitución, por una Grundschuld, de la fianza correspondiente
     no 1107/96 en lo que se refiere a la denominación «Feta» (DO             al precio de compra restante para tres líneas de producción.
     L 277, p. 10).
( 2) Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio
                                                                              La demandante alega asimismo que la Comisión no ha
     de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y
                                                                              demostrado que las medidas pueden afectar al comercio entre
     de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
     alimenticios (DO L 208, p. 1).                                           Estados miembros. Además, la denegación de autorización con
( 3) Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 1999,               arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra c), está viciada de
     Dinamarca/Comisión (asuntos acumulados C-289/96, C-293/96                un error manifiesto de apreciación y de deficiencias de
     y C-299/96, Rec. p. I-1541).                                             motivación. La Comisión se ha negado a incluir hechos
                                                                              relevantes en las consideraciones sobre las que basó el ejercicio
                                                                              de su facultad discrecional. Así, el competidor más importante
 ---pagebreak--- 8.3.2003                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 55/31
alcanzaría una posición de monopolio si la demandante                       recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
desapareciera. Al examinar las previsiones de rentabilidad de               formulado por la Confédération générale des producteurs de
la demandante, la Comisión no ha tenido en cuenta el                        lait de brebis et des industriels de roquefort, con domicilio en
compromiso de un inversor privado, el plan de reestructura-                 Millau (Francia), representada por Mes Michel-Jean Jacquot y
ción más reciente de la demandante, consideraciones esenciales              Olivier Prost, abogados.
contenidas en informes sobre su situación económica ni su
evolución positiva.
                                                                            La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
La demandante también expone que, en un procedimiento
anterior, la Comisión ya se había formado una idea errónea                  —     Anule el Reglamento (CE) no 1829/2002 de la Comisión,
sobre el ajuste del precio de compra ( 1) y, por tanto, ha                        de 14 de octubre de 2002, por el que se modifica el
desdoblado artificialmente su examen, que se refería a la                         anexo del Reglamento (CE) no 1107/96 en lo que se
reestructuración en su integridad. La apertura de un procedi-                     refiere a la denominación «Feta» (1)
miento formal de examen que tiene por objeto únicamente el
crédito de TAB y la transformación de la garantía ha sido                   —     Condene en costas a la parte demandada.
extemporánea. El principio de buena administración exigía
que la Comisión evaluara todo el proceso de reestructuración
conjuntamente y en su contexto.
                                                                            Motivos y principales alegaciones
La demandante alega también que la Comisión ha violado su
derecho de defensa. Como consecuencia del desdoblamiento
del procedimiento, la demandante sólo se ha podido pronun-                  La demandante es una asociación interprofesional que afirma
ciar sobre una parte de las medidas y la Comisión ha denegado               agrupar y representar los intereses de todos los productores de
erróneamente las solicitudes de acceso a documentos y de                    Feta a base de leche de oveja.
audiencia formuladas por la demandante. La Comisión ha
vulnerado el principio de imparcialidad al no dar a la
demandante y al Gobierno alemán la oportunidad de manifes-                  El Reglamento impugnado reserva la denominación «Feta»
tarse sobre las observaciones remitidas a la Comisión por un                —denominación de origen protegida— a los productores
competidor en respuesta a preguntas de ésta.                                griegos. En 1996, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
                                                                            Europeas ya había anulado un Reglamento de la Comisión
                                                                            sobre la misma materia ( 2).
Por último, la demandante sostiene que, en el presente caso, la
Comisión no ha demostrado que la recuperación de la supuesta
ayuda fuera adecuada para restablecer la situación anterior. Tal
recuperación es una sanción que excede las competencias                     Para fundamentar su recurso de anulación, la demandante
limitadas de la Comisión.                                                   alega que la elección del denominado procedimiento «simplifi-
                                                                            cado» del artículo 17 del Reglamento no 2081/92 ( 3) ni está
                                                                            justificada ni ha sido motivada. En efecto, para utilizar el
( 1) Decisión C(2001) 1549 de la Comisión, de 12 de junio de 2001           referido procedimiento no sólo es necesario que antes de la
     sobre la ayuda estatal de Alemania en favor de Technische              entrada en vigor del Reglamento no 2081/92 existiera una
     Glaswerke Ilmenau GmbH, contra la que la demandante interpuso          solicitud de las autoridades nacionales relativa a la denomina-
     recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (Asunto T-198/01,        ción legalmente protegida en el Estado solicitante, sino también
     DO C 303, p. 25).                                                      que tal denominación no se encuentre legalmente protegida
                                                                            en países distintos del Estado miembro solicitante y que
                                                                            tampoco sea usada en ellos. Ahora bien, en el momento de la
                                                                            entrada en vigor del Reglamento no 2081/92, el término «feta»
                                                                            no se encontraba legalmente protegido en Grecia —Estado
                                                                            solicitante— en el sentido en que lo entiende la normativa. En
                                                                            cambio, ese mismo término no sólo estaba legalmente prote-
Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2002 contra la                    gido en Dinamarca antes de la entrada en vigor del Reglamento
Comisión de las Comunidades Europeas por la Confédéra-                      no 2081/92, sino que su uso estaba extendido en Francia y en
tion générale des producteurs de lait de brebis et des                      el mundo entero.
                      industriels de roquefort
                         (Asunto T-381/02)                                  La demandante considera asimismo que la Comisión incumplió
                                                                            sus obligaciones al analizar el «carácter genérico» del término
                           (2003/C 55/82)                                   «feta» y que infringió el artículo 3, apartado 1, del Reglamento
                                                                            no 2081/92 al haber omitido de nuevo tener suficientemente
                  (Lengua de procedimiento: francés)                        en cuenta determinados factores y, en particular, la situación
                                                                            existente en el Estado miembro del que proceda el nombre, la
                                                                            situación en otros Estados miembros y las legislaciones
                                                                            nacionales o comunitarias pertinentes. Además, la demandante
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                      estima que la Comisión infringió el artículo 2, apartado 3, del
Europeas se ha presentado el 18 de diciembre de 2002 un                     Reglamento no 2081/92.


title: Asunto C-475/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, de fecha 8 de diciembre de 1999, en el asunto entre Ambulanz Glöckner y Landkreis Südwestpfalz, con la intervención de 1) Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., 2) Deutsches Rotes Kruze Landesverband Rehinland-Pfalz e.V., en el que participa Vertreter des öffentlichen Interesses, Mainz

text:
C 63/12                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        4.3.2000
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal              Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 1999 contra el
de Justicia que:                                                           Reino de Suecia por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
1. Declare que la República de Austria ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, al
     no haber adoptado dentro del plazo señalado todas                                            (Asunto C-478/99)
     las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
     necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva
     95/30/CE de la Comisión, (1) de 30 de junio de 1995, por                                       (2000/C 63/24)
     la que se adapta al progreso técnico la Directiva
     90/679/CEE del Consejo, sobre la protección de los
     trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     ción a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima               presentado un recurso contra el Reino de Suecia formulado
     Directiva especı́fica con arreglo al apartado 1 del artı́-            por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada
     culo 16 de la Directiva 89/391/CEE).                                  por los Sres. Leo Parpala y Paolo Stancanelli, miembros del
                                                                           Servicio Jurı́dico de la Comisión, en calidad de Agentes, que
2. Condene en costas a la República de Austria.                           designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.
                                                                           Carlos Gómez de la Cruz, Miembro del Servicio Jurı́dico de la
Motivos y principal alegaciones                                            Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
Los motivos y las principales alegaciones son similares a los
del asunto C-460/99. (2) El 30 de noviembre de 1996 expiró el             La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
plazo señalado en el artı́culo 2 de la Directiva 95/30/CE para
la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva.
                                                                           1) Declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligacio-
                                                                                nes que le incumben con arreglo a la Directiva
( 1) DO L 155 de 6.7.1995, p. 41.
                                                                                93/13/CEE (1) de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas
(2) Véase página 11 del presente Diario Oficial.
                                                                                abusivas en los contratos celebrados con consumidores al
                                                                                no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
                                                                                y administrativas necesarias para incluir el Anexo a que se
                                                                                refiere el artı́culo 3, apartado 3, de la Directiva en su
                                                                                legislación nacional.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, de                     2) Condene en costas al reino de Suecia.
fecha 8 de diciembre de 1999, en el asunto entre Ambu-
lanz Glöckner y Landkreis Südwestpfalz, con la interven-
ción de 1) Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband
Rheinland-Pfalz e.V., 2) Deutsches Rotes Kruze Landes-
                                                                           Motivos y principales alegaciones
verband Rehinland-Pfalz e.V., en el que participa Vertreter
               des öffentlichen Interesses, Mainz
                        (Asunto C-475/99)                                  La Comisión considera que es importante que la ejecución de
                                                                           la Directiva respete el principio de seguridad jurı́dica en el
                          (2000/C 63/23)                                   sentido de que las situaciones jurı́dicas deben ser claras para
                                                                           los particulares, de modo que éstos puedan conocer todos sus
Al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas le ha                   derechos.
sido sometida una petición de decisón prejudicial mediante
resolución del Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, dica-
tada el 8 de diciembre de 1999, el el asunto entr Ambulanz                 El artı́culo 8 de la Directiva determina su carácter de Directiva
Glöckner y Landkreis Südwestpfalz, con la intervención de 1)              de mı́nimos, mientras que el artı́culo 3, apartado 3 se refiere a
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.,                una lista indicativa que figura en el Anexo. Los Estados
2) Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.,               miembros pueden añadir nuevas cláusulas o modificar las
en el que participa Vertreter des öffentlichen Interesses, Mainz,          existentes haciéndolas más restrictivas (limitando en mayor
y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 15 de             medida la libertad de los operadores económicos) o modificar
diciembre de 1999. El Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz               el «alcance» establecido en el punto 2, letras a) a d) de la lista.
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la                 En cambio no pueden suprimir las cláusulas de un contrato ni
siguiente cuestión:                                                       formularlas de manera menos favorables para el consumidor.
                                                                           El hecho de que el artı́culo 3, apartado 3, haga referencia a la
¿Es compatible con los artı́culos 86, apartado 1 y 81 y                    lista y de que el decimoséptimo considerando establezca que
siguiente, CE, la concesión de un monopolio para servicios de             los Estados miembros, en el marco de su legislación nacional,
transporte de enfermos respecto de un ámbito geográfico                  pueden someterla a añadidos o a formulaciones más restricti-
limitado?                                                                  vas, en particular con respecto al alcance de dichas cláusulas,
                                                                           conduce también a la conclusión de que la lista debe ser
                                                                           incluida en el texto de las disposiciones nacionales.


title: Asunto F-35/06: Recurso interpuesto el  30 de marzo de 2006  — Grünheid/Comisión

text:
               17.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/36

         Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2006 — Grünheid/Comisión
   (Asunto F-35/06)
   (2006/C 143/70)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Sabine Grünheid (Overijse, Bélgica) (representante: E. Boigelot, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 20 de julio de 2004, que no se notificó a la demandante quien supo incidentalmente de su existencia el 23 de junio de 2005 con ocasión de la desestimación de otra reclamación que presentó, registrada con el número R/162/05, y de la que tuvo conocimiento, previa petición, el 29 de junio, en la medida en que la clasifica definitivamente en el grado A7, escalón 3, así como que se anule todo acto que sea consecuencia o esté relacionado con dicha decisión.

               —

               Que se anule la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) de 16 de diciembre de 2005, notificada el 10 de enero de 2006, por la que se desestima la reclamación de la demandante, registrada el 22 de septiembre de 2005 con el número R/732/05.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso, la demandante invoca motivos similares a los que ya había alegado en el marco del asunto F-101/05 (1), también presentado por ella.

      (1)  DO C 10 de 14.1.2004, p. 26 (el asunto se había presentado ante el Tribunal de Primera Instancia y se había registrado con el número T-388/05).