title: Asunto C-427/02 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2002 por Giuseppe Di Pietro contra el auto dictado el 27 de septiembre de 2002 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-254/01 promovido por Giuseppe Di Pietro contra el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

text:
C 19/20                   ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     25.1.2003
la relación laboral en el sentido del artículo 4.2 de las                          candidatos que los incumplen y anule la resolución del
Directivas, tienen derecho a solicitar la resolución de esa                        Tribunal de Cuentas al respecto, así como todas las
relación conforme a las modalidades definidas en la norma de                       medidas que se derivan de ella.
que se trata;
                                                                             —     Incorpore a los autos los documentos presentados hasta
( 1) Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977,                   la fecha de expiración del aviso público que confirman lo
     sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros            manifestado en relación con los requisitos en posesión
     relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en             del Sr. Hervé.
     caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes
     de centros de actividad (DO L 61 de 5.3.1977, p. 26 ).
( 2) Directiva 98/50/CE del Consejo de 29 de junio de 1998 por la            —     En cualquier caso, habida cuenta de la no conformidad
     que se modifica la Directiva 77/187/CEE sobre la aproximación                 de los requisitos documentados con los que objetivamente
     de las legislaciones de los Estados miembros relativas al manteni-            se deducen de la convocatoria, anule el nombramiento
     miento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de             del Sr. Hervé y adopte las medidas oportunas.
     empresas, de centros de actividad o de partes de centros de
     actividad (DO L 201 de 17.7.1998 p. 88).
( 3) Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001,               —     Declare, en caso de que el recurrente sea el único
     sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
                                                                                candidato, idóneo y en posesión de los requisitos, que
     relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en
     caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes
                                                                                haya conservado el interés en el nombramiento como
     de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001                   Secretario General del Tribunal de Cuentas, el derecho del
     p. 16).                                                                       Sr. Di Pietro a ser nombrado Secretario General, dado
                                                                                que en la convocatoria no había normas que reservaran
                                                                                el derecho del Tribunal de Cuentas a proceder o no al
                                                                                nombramiento de los candidatos considerados idóneos.
                                                                             —     Acuerde la devolución de los gastos en que ha incurrido
                                                                                el demandante y se pronuncie sobre los daños sufridos
                                                                                por éste como consecuencia de no haber sido nombrado
Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de                              para dicho puesto.
2002 por Giuseppe Di Pietro contra el auto dictado el
27 de septiembre de 2002 por la Sala Tercera del Tribunal
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
asunto T-254/01 promovido por Giuseppe Di Pietro
contra el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Euro-
                                   peas                                      Motivos y principales alegaciones
                         (Asunto C-427/02 P)
                                                                             El recurrente se opone al hecho de que el Tribunal de
                                                                             Primera Instancia haya declarado su recurso manifiestamente
                            (2003/C 19/35)                                   inadmisible, tras haber acogido la excepción propuesta por el
                                                                             Tribunal de Cuentas conforme a la cual su queja de 2 de agosto
                                                                             de 2001 no puede considerarse una reclamación.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 25 de noviembre de 2002 un recurso de casación
formulado por Giuseppe Di Pietro, asistido y representado por                Según el Tribunal de Primera Instancia, en su carta de 2 de
Giuseppe Monforte, abogado de Messina, contra el auto                        agosto, el recurrente no se opone a la legitimidad de la decisión
dictado el 27 de septiembre de 2002 por la Sala Tercera del                  que lesiona sus intereses ni busca la manera de obtener, por la
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                    vía amistosa, la satisfacción de sus peticiones, sino que se
en el asunto T-254/01, promovido contra el Tribunal de                       limita a plantear una serie de preguntas y a solicitar el acceso
Cuentas de las Comunidades Europeas.                                         a algunos documentos. Resulta, por tanto, que la citada carta
                                                                             no puede considerarse una reclamación en el sentido del
                                                                             artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que:
—      Incorpore a los autos los documentos relativos a los                  El recurrente sostiene que la tesis del Tribunal de Primera
                                                                             Instancia es errónea, dado que su queja de 2 de agosto de 2001
       candidatos que fueron admitidos al proceso de selección.
                                                                             contiene asimismo una solicitud de documentos.
—      Declare, habida cuenta de la no conformidad de los
       requisitos documentados con los que objetivamente se
       deducen de la convocatoria, la inadmisibilidad de los


title: Asunto T-380/08: Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 2008 — Países Bajos/Comisión

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/51

         Recurso interpuesto el 9 de septiembre de 2008 — Países Bajos/Comisión
   (Asunto T-380/08)
   (2008/C 285/92)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Reino de los Países Bajos (representantes: C. Wissels y M. de Mol, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de 30 de junio de 2008 con referencia SG.E3/MV/psi D(2008) 5364.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante Decisión de 13 de septiembre de 2006 en el asunto no COMP/38.456 — Betún (Países Bajos) (1), la Comisión impuso una serie de multas a gran número empresas, proveedores y compradores de betún para la construcción vial por haber infringido el artículo 81 CE. En esta Decisión, la Comisión no reveló todos los datos. Varias personas jurídicas, públicas o no, entre otras la demandante, sufrieron importantes daños a causa del comportamiento de las empresas. Dado que para el resarcimiento del daño sería de suma utilidad conocer dicha información, la demandante solicitó al amparo del artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1049/2001 (2) que se le concediera acceso a la versión íntegra, no censurada, de la Decisión de 13 de septiembre de 2006. Mediante Decisión de 30 de junio de 2008, la Comisión denegó dicha solicitud.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega en primer lugar que la Decisión impugnada vulnera el derecho de acceso como regulado en el artículo 255 CE, en relación con los artículos 1 y 4 del Reglamento no 1049/2001.
   En segundo lugar, la demandante sostiene que la Comisión debía haber concedido el acceso parcial, de conformidad con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 1049/2001.
   En tercer lugar, la demandante afirma que la Decisión impugnada vulnera el principio de proporcionalidad.
   En cuarto lugar, la demandante alega que la Decisión impugnada infringe el artículo 253 CE en la medida en que adolece de vicios de motivación.
   En quinto y último lugar, la demandante defiende que la Decisión impugnada infringe el artículo 10 CE, en relación con el principio de proporcionalidad.

      (1)  Decisión de la Comisión, de 13 de septiembre de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [Asunto no COMP/F/38.456–Betún (Países Bajos)] [notificada con el número C(2006) 4090] (DO 2007, L 196, p. 40).

      (2)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).


title: Asunto T-90/11: Recurso interpuesto el 18 de febrero de 2011 — ONP y otros/Comisión

text:
               11.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 173/13

         Recurso interpuesto el 18 de febrero de 2011 — ONP y otros/Comisión
   (Asunto T-90/11)
   2011/C 173/29
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Ordre nacional des pharmaciens (ONP) (París), Conseil nacional de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (París), Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (París) (representantes: O. Saumon, L. Defalque y T. Bontinck, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión C(2010) 8952 final de la Comisión Europea de 8 de diciembre de 2010, notificada a las demandantes el 10 de diciembre de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Asunto 39510 — LABCO/ONP).

               —

               Con carácter subsidiario, suponiendo que se demostrasen determinadas imputaciones, reduzca la multa de 5 000 000 de euros impuesta a las demandantes por la Comisión Europea por la infracción del artículo 101 del TFUE teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes existentes y la especificidad de la asociación de empresas de que se trata.

               —

               En cualquier caso, condene a la Comisión Europea a abonar la totalidad de las costas con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo del recurso, las partes demandantes invocan nueve motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en un error de interpretación y de aplicación del artículo 101 TFUE en la medida en que, a su entender, la Comisión consideró que la excepción establecida en la sentencia Wouters (1) no se aplica al presente asunto.

         Por lo que atañe a las restricciones al desarrollo de grupos de laboratorios en el mercado francés de análisis biomédicos:

               2)

               Segundo motivo basado en un error de Derecho debido a un error de apreciación del alcance de la normativa francesa por lo que respecta a las funciones respectivas del prefecto y del Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens por lo que respecta a los cambios que se producen a lo largo de la vida societaria de una sociedad que ejerce una profesión liberal.

               3)

               Tercer motivo basado en un desconocimiento del ámbito de aplicación de la obligación de comunicación, tal como se deriva de los artículos L 4221-19, L 6221-4 y L 6221-5 del code de la santé publique, así como de una circular de 22 de septiembre de 1998, en la medida en que, según las demandantes, la Comisión no tuvo en cuenta el papel que desempeña el Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens en el marco de su verificación a posteriori de la documentación societaria relativa a las sociedades que ejercen la actividad liberal de laboratorios de análisis biomédicos y de su obligación de transmisión de observaciones al prefecto.

               4)

               Cuarto motivo basado en un desconocimiento del papel que desempeña el Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens como garante de la independencia profesional del socio ejerciente, en la medida en que la Comisión, a su entender, ha apoyado la participación mínima del socio ejerciente en el capital de las sociedades que ejercen una profesión liberal, lo cual da lugar a la pérdida de su independencia económica y de gobierno.

               5)

               Quinto motivo basado en un error de apreciación sobre la intención del legislador por lo que respecta al desmembramiento de las participaciones sociales que superasen un tope del 25 % y en el desconocimiento del marco jurídico aplicable al desmembramiento de las participaciones sociales de las sociedades que ejercen una profesión liberal.

               6)

               Sexto motivo basado en un error de interpretación y de aplicación del artículo 101 TFUE al tomar en consideración, en la Decisión impugnada, las sanciones disciplinarias impuestas en la medida en que podían reforzar los efectos potenciales o reales de las decisiones de que se trata.

         Por lo que atañe a la imposición de precios mínimos en el mercado francés de los análisis biomédicos:

               7)

               Séptimo motivo basado en que la Comisión, a su entender, sobrepasó los límites de la Decisión de inspección (2) al hacerse en poder de documentos relativos a los «precios», lo cual, en su opinión, tuvo como consecuencia que los elementos de prueba obtenidos a través de ellos se obtuvieran ilegalmente y, por consiguiente, hace que la imputación relativa a los precios mínimos deba considerarse no demostrada.

         Si, quod non, las pruebas relativas a los precios mínimos pudieran haber sido válidamente obtenidas por la Comisión en el marco de su inspección:

               8)

               Octavo motivo basado en un error de apreciación acerca del alcance del antiguo artículo L 6211-6 del code de la santé publique y de la voluntad del legislador por lo que se refiere a la definición y a la práctica de descuentos.

               9)

               Noveno motivo basado en un error de apreciación de los hechos que dio lugar a un error de Derecho, al haber considerado la Comisión, por una parte, que el comportamiento de la ONP en relación con los descuentos no estaba comprendido dentro de sus misiones legales sino que reflejaba sus objetivos contrarios a la competencia y, por otra parte, que la ONP, con el fin de proteger los intereses de los pequeños laboratorios, trato sistemáticamente de imponer un precio mínimo en el mercado de los servicios de análisis biomédicos.

      (1)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C-309/99, Rec. p. I-1577.

      (2)  La Decisión de inspección C(2008) 6494 de la Comisión, de 29 de octubre de 2008, por la que se ordena a las demandantes que se sometan a una inspección en virtud del artículo 20, apartado 4, del Reglamento no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, es objeto del recurso T-23/09, CNOP y CCG/Comisión (DO 2009, C 55 p. 49).


title: Asunto C-69/07: Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/23

         Recurso interpuesto el 9 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-69/07)
   (2007/C 82/41)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Recchia y J.-B Laignelot, agentes)

      Demandada: República Italiana
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 de la Directiva 2003/35/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               —

               Que se condene a la República Italiana al pago de las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2003/35/CE expiró el 21 de junio de 2005.

      (1)  DO L 156, p. 17.


title: Asunto C-142/04: Peticiónde decisión prejudicial planteada mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias,de fecha 30 de diciembre de 2003, en el asuntoentre Maria Aslanidou y el Ministro de Sanidad y Prevención

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/42

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias, de fecha 30 de diciembre de 2003, en el asunto entre Maria Aslanidou y el Ministro de Sanidad y Prevención
   (Asunto C-142/04)
   (2004/C 106/73)
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado), dictada el 30 de diciembre de 2003, en el asunto entre Maria Aslanidou y el Ministro de Sanidad y Prevención, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 2004.
   El Symvoulio tis Epikrateias solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Son las disposiciones de los artículos 3, 4, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, y 10, apartados 1 a 4, de la Directiva 92/51/CEE del Consejo (1) relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209, p. 25) incondicionales y suficientemente precisas como para poder ser invocadas, durante el período transcurrido entre la expiración del plazo establecido para la adaptación de los Derechos internos a lo dispuesto en la Directiva y la adaptación tardía del Derecho interno de un determinado Estado miembro (el Estado miembro de acogida), por parte de una persona física frente a un órgano administrativo de dicho Estado miembro, al que la legislación nacional vigente en la época en que se adaptó el Derecho interno atribuía la competencia de autorizar el ejercicio de determinada profesión regulada, cuando dicha persona física, alegando poseer un título obtenido en otro Estado miembro y que entra dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones de la Directiva anteriormente señaladas, solicita que, como consecuencia de la aplicación de las mismas, se le autorice a acceder a la profesión regulada en cuestión y a ejercerla en el Estado miembro de acogida?

               2)

               En el caso de que se considere que, durante el período transcurrido entre la expiración del plazo establecido para la adaptación de los Derechos internos a lo dispuesto en la Directiva 92/51/CEE y la adaptación tardía del Derecho interno de un determinado Estado miembro (Estado miembro de acogida), una persona física no podía invocar válidamente las disposiciones de la Directiva frente al órgano administrativo de dicho Estado miembro al que la legislación nacional vigente en la época en que se adaptó el Derecho interno atribuía la competencia de autorizar el ejercicio de determinada profesión regulada a los titulados del correspondiente Centro de enseñanza y formación tecnológicas, o a los poseedores de un título extranjero reconocido como equivalente al de los Centros de enseñanza y formación tecnológicas del Estado miembro de acogida, con arreglo a un procedimiento de aplicación general que se describe en la resolución de remisión, ¿estaba dicho órgano administrativo facultado, a la vista de lo dispuesto en los artículos 39 CE y 43 CE (anteriormente artículos 48 y 52 del Tratado CE), para condicionar la aceptación de la petición de una persona física que, alegando poseer un título obtenido en otro Estado miembro, solicitaba, durante el período de tiempo antes señalado, que se le permitiese acceder a la citada profesión y ejercerla en el Estado miembro de acogida, al previo reconocimiento, conforme al procedimiento general referido, de la equivalencia del título que poseía con los que otorgaban los Centros de enseñanza y formación tecnológicas de dicho Estado, o bien debería haber procedido a adoptar la decisión correspondiente tras realizar por sí mismo un análisis comparativo entre las competencias acreditadas por el título presentado y los conocimientos y cualificaciones exigidos por el Derecho interno?

      (1)  DO L 209 de 24.7.1992, p. 25.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2002 en el asunto T-333/00: Rougemarine SARL contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Programa de estímulo al desarrollo y a la distribución de obras audiovisuales europeas (MEDIA II) — Decisión de ayuda financiera — Denegación — Motivación implícita" )

text:
C 219/16                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         14.9.2002
2)    Anular el artículo 3 de la Decisión 1999/484, en la medida         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      en que obliga al Reino de España a recuperar las ayudas de
      Estado concedidas en forma de condonación de deudas por                                 de 12 de junio de 2002
      organismos estatales.
                                                                         en el asunto T-66/00, B contra Comisión de las Comunida-
3)    Desestimar el recurso en cuanto al resto.
                                                                                des Europeas ( 1)
4)    La Comisión cargará con sus propias costas y con el 30 % de
      las costas en que haya incurrido la demandante.                    (Funcionarios — Asignación escolar — Asignación por hijo
                                                                         a cargo — Requisitos para su concesión — Devolución de
5)    El Reino de España cargará con sus propias costas.                               cantidades indebidamente pagadas)
                                                                                (2002/C 219/41)
( 1) DO C 246 de 28.8.1999.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         En el asunto T-66/00, B, funcionaria de la Comisión de las
                                                                         Comunidades Europeas, con domicilio en Tervuren (Bélgica),
                                                                         representada por Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier y V. Peere,
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                         abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall),
                      de 11 de julio de 2002                             que tiene por objeto una solicitud de anulación de la decisión
                                                                         de la Comisión de 4 de marzo de 1999, por la que se suspende
en el asunto T-205/99: Hyper Srl contra Comisión de las                  el pago a la demandante de las asignaciones escolar y por hijo
                    Comunidades Europeas (1)                             a cargo, a partir del 1 de septiembre de 1997, el Tribunal de
                                                                         Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. M. Vilaras,
                                                                         Presidente; la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretaria:
(«Derechos de aduana — Importación de televisores proce-                 Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 12 de junio
dentes de la India — Certificados de origen no válidos —                 de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Solicitud de condonación de derechos de importación —
Artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 1430/79 —                     1)    Se desestima el recurso.
           Derecho de defensa — Situación especial»)
                                                                         2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
                          (2002/C 219/40)
                                                                         (1 ) DO C 135 de 13.5.2000.
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto T-205/99, Hyper Srl, con domicilio social
en Limena (Italia), representada por los Sres. D. Ehle y
D. Ehle, avocats, que designa domicilio en Luxemburgo,                   SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
Sres. J.-C. Schieferer y M. Nuñez-Müller), que tiene por objeto
un recurso de anulación de la decisión REM 14/98 de la                                          de 9 de julio de 2002
Comisión, de 5 de febrero de 1999, por la que se declara
injustificada la condonación de los derechos de importación              en el asunto T-333/00: Rougemarine SARL contra Comi-
adeudados por la demandante en relación con televisores                              sión de las Comunidades Europeas ( 1)
procedentes de la India, el Tribunal de Primera Instancia
(Sala Tercera), integrado por los Sres. M. Jaeger, Presidente,           («Programa de estímulo al desarrollo y a la distribución de
K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado      obras audiovisuales europeas (MEDIA II) — Decisión de
el 11 de julio de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:          ayuda financiera — Denegación — Motivación implícita »)
1)    Desestimar el recurso.                                                                       (2002/C 219/42)
2)    Condenar en costas a la demandante.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
( 1) DO C 333 de 20.11.1999.
                                                                         En el asunto T-333/00, Rougemarine SARL, con domicilio
                                                                         social en París (Francia), representada por M es T. Levy y
 ---pagebreak--- 14.9.2002                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 219/17
O. Rezlan, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,                1)    Se acuerda la inadmisión del recurso en la medida en que tiene
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:                          por objeto que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la
Sras. K. Banks y M. Wolfcarius), apoyadas por Consejo de la                    demandada clasificar al demandante en un grado superior.
Unión Europea (agente: Sr. A. Lopes Sabino), que tiene por
objeto, por una parte, la anulación de la decisión de la                 2)    Se desestima el recurso, en todo lo demás, por infundado.
Comisión, contenida en su escrito de 5 de septiembre de 2000,
por la que se deniega a la demandante la concesión de una
ayuda financiera en el marco del programa MEDIA II, y, por               3)    Cada parte cargará con sus propias costas.
otra parte, la reparación del perjuicio sufrido por la deman-
dante como consecuencia de dicha denegación, el Tribunal de
Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. J.D. Cooke,        (1 ) DO C 95 de 24.3.2001.
Presidente, y el Sr. R. García-Valdecasas y la Sra. P. Lindh,
Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora principal, ha
dictado el 9 de julio de 2002 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:
1)    Desestimar el recurso.
2)    La parte demandante cargará con sus propias costas, así como
      con las costas de la parte demandada.                              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
3)    La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.
                                                                                de 12 de junio de 2002
( 1) DO C 372 de 23.12.2000.
                                                                         en el asunto T-9/01, Michael Becker contra Tribunal de
                                                                                Cuentas de las Comunidades Europeas (1)
                                                                         (Funcionarios — Excedencia voluntaria — Pensión de
                                                                                invalidez)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (2002/C 219/44)
                      de 11 de julio de 2002
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
en el asunto T-381/00, Franz-Martin Wasmeier contra
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)
(Funcionarios — Nombramiento — Clasificación en grado                    En el asunto T-9/01, Michael Becker, funcionario en situación
— Artículo 31, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios)             de excedencia voluntaria del Tribunal de Cuentas de las
                                                                         Comunidades Europeas, con domicilio en Luxemburgo, repre-
                                                                         sentado por Me R. Nathan, abogado, contra Tribunal de
                          (2002/C 219/43)                                Cuentas de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
                                                                         J.-M. Stenier y P. Giusta y Sra. B. Schäfer), que tiene por objeto
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                      un recurso de anulación de la decisión del Tribunal de Cuentas,
                                                                         de 13 de noviembre de 2000, por la que se deniega una
                                                                         solicitud de apertura de expediente de invalidez, el Tribunal de
                                                                         Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. M. Vilaras,
En el asunto T-381/00, Franz-Martin Wasmeier, funcionario                Presidente; la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretaria:
de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio                Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 12 de junio
en Bruselas, representado por el Sr. G. Maier, abogado, contra           de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. C.
Berardis-Kayser y Sr. B. Wägenbaur), que tiene por objeto un
                                                                         1)    Se desestima el recurso.
recurso de anulación de las decisiones de la Comisión de 24 de
septiembre de 1999, por la que se fija la clasificación definitiva
del demandante en el grado A 7, escalón 3, y de 7 de                     2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
septiembre de 2000, por la que se desestima la reclamación de
éste, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado
por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, el Sr. R. García-Valdecasas           (1 ) DO C 95 de 24.3.2001.
y la Sra. P. Lindh, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen,
administradora, ha dictado el 11 de julio de 2002 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto C-495/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de diciembre de 2013 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/The Bridport and West Dorset Golf Club Limited [Fiscalidad — IVA — Directiva 2006/112/CE — Exenciones — Artículo 132, apartado 1, letra m) — Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte — Acceso a un campo de golf — Visitantes que no son miembros de un club de golf y pagan un derecho de acceso al green ( «green fee» ) — Exclusión de la exención — Artículo 133, párrafo primero, letra d) — Artículo 134, letra b) — Ingresos suplementarios]

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/20

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de diciembre de 2013 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/The Bridport and West Dorset Golf Club Limited
   (Asunto C-495/12) (1)

   (Fiscalidad - IVA - Directiva 2006/112/CE - Exenciones - Artículo 132, apartado 1, letra m) - Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte - Acceso a un campo de golf - Visitantes que no son miembros de un club de golf y pagan un derecho de acceso al green («green fee») - Exclusión de la exención - Artículo 133, párrafo primero, letra d) - Artículo 134, letra b) - Ingresos suplementarios)
   2014/C 52/34
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

      Demandada: The Bridport and West Dorset Golf Club Limited

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) — Interpretación de los artículos 132, apartado 1, letra m), 133, letra d) y 134, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Exenciones — Prestaciones de servicios directamente relacionados con la práctica del deporte o con la educación física — Venta, por un organismo sin ánimo de lucro, de derechos a utilizar un terreno de golf durante un determinado período con el fin de practicar el golf

      Fallo

               1)

               El artículo 134, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no excluye del beneficio de la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra m), de dicha Directiva, la prestación de servicios consistente en que un organismo sin ánimo de lucro, que gestiona un campo de golf y propone un régimen de afiliación, conceda el derecho de utilizar dicho campo de golf a los visitantes que no son miembros de dicho organismo.

               2)

               El artículo 133, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros, en circunstancias como las del litigio principal, excluir del beneficio de la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra m), de dicha Directiva la prestación de servicios consistente en conceder el derecho de utilizar el campo de golf gestionado por un organismo sin ánimo de lucro que propone un régimen de afiliación cuando dicho servicio se presta a visitantes que no son miembros del referido organismo.

      (1)  DO C 32, de 2.2.2013.


title: Asunto F-11/10: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 29 de junio de 2010 — Palou Martínez/Comisión (Función Pública — Funcionarios — Inadmisibilidad manifiesta — Extemporaneidad — Inobservancia del procedimiento administrativo previo — Artículo 35, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento)

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/73

      Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 29 de junio de 2010 — Palou Martínez/Comisión
      (Asunto F-11/10)
      (Función Pública - Funcionarios - Inadmisibilidad manifiesta - Extemporaneidad - Inobservancia del procedimiento administrativo previo - Artículo 35, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento)
      (2010/C 288/137)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: María Soledad Palou Martínez (Barcelona) (representante: V. Balfagon Costa, abogado)

         Demandada: Comisión Europea

         Objeto

      Pretensión de que se anule la decisión de destinar de nuevo a la demandante a la sede de Bruselas.

         Fallo

                  1)

                  Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

                  2)

                  La Sra. Palou Martínez cargará con sus propias costas.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2000 en el asunto T-62/98, Volkswagen AG, contra Comisión de las Comunidades Europeas (Competencia — Distribución de vehículos automóviles — Compartimentación — Artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE) — Reglamento (CEE) n° 123/85 — Difusión a la prensa — Secreto profesional — Buena administración — Multa — Gravedad de la infracción)

text:
23.9.2000                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 273/11
                                                       TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                 2)    Se reduce a 90 000 000 EUR el importe de la multa impuesta
                                                                                a la demandante en el artı́culo 3 de la Decisión impugnada.
                          de 6 de julio de 2000                             3)    Se desestima el recurso en todo lo demás.
                                                                            4)    La demandante cargará con sus propias costas y con el 90 %
en el asunto T-62/98, Volkswagen AG, contra Comisión
                                                                                de la costas en que ha incurrido la Comisión.
                   de las Comunidades Europeas (1)
                                                                            5)    La Comisión cargará con el 10 % de sus propias costas.
(Competencia — Distribución de vehı́culos automóviles —
Compartimentación — Artı́culo 85 del Tratado CE (actual-
mente artı́culo 81 CE) — Reglamento (CEE) no 123/85 —                       (1) DO C 184 de 13.6.1998.
Difusión a la prensa — Secreto profesional — Buena
   administración — Multa — Gravedad de la infracción)
                            (2000/C 273/17)
                    (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
En el asunto T-62/98, Volkswagen AG, con domicilio social                                         de 27 de junio de 2000
en Wolfsburg (Alemania), representada por el Sr. R. Bechtold,
Abogado de Stuttgart, que designa como domicilio en Luxem-
burgo el despacho de los Sres. Loesch y Wolter, 11, rue Goethe,             en el asunto T-72/99, Karl L. Meyer contra Comisión de
contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres.                                  las Comunidades Europeas (1)
K. Wiedner y H.J. Freund), que tiene por objeto un recurso de
anulación de la Decisión 98/273/CE de la Comisión, de 28 de              (PTU — Proyecto financiado por el FED — Recurso de
enero de 1998, relativa a un procedimiento de aplicación del               indemnización — Confianza legı́tima — Obligación de
artı́culo 85 del Tratado CE (Caso IV/35.733 — VW) (DO                                             control de la Comisión)
L 124, p. 60), o, con carácter subsidiario, la reducción de la
multa impuesta en dicha Decisión a la demandante, el Tribunal
de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el                                                  (2000/C 273/18)
Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente; la Sra. V. Tiili y el
Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor, administra-
dora principal, ha dictado el 6 de julio de 2000 una sentencia
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
cuyo fallo es el siguiente:
                                                                            En el asunto T-72/99, Karl L. Meyer, con domicilio en Uturoa
1)     Se anula la Decisión 98/273/CE de la Comisión, de 28 de            (Isla de Raiatea, Polinesia Francesa), representado por los Sres.
       enero de 1998, relativa a un procedimiento de aplicación del        J.-D. des Arcis, Abogado de Papeete, y C.A. Kupferberg,
       artı́culo 85 del Tratado CE (Caso IV/35.733 — VW) en la              Abogado de Parı́s, que designa como domicilio en Luxemburgo
       medida en que declara                                                el despacho del Sr. H. Pakowski, Embajador de la República
                                                                            Federal de Alemania, 20-22, avenue Emile Reuter, contra
       a)     que un sistema de margen fraccionado y la resolución         Comisión de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. X. Lewis),
              de determinados contratos de concesión como sanción         que tiene por objeto la indemnización de los daños presunta-
              constituı́an medidas adoptadas para obstaculizar las          mente sufridos por el demandante por no abonarle el Fondo
              reexportaciones de vehı́culos de las marcas Volkswagen y      Europeo de Desarrollo una subvención que, según el deman-
              Audi desde Italia por consumidores finales y concesiona-      dante, se habı́a obligado a conceder en el marco de un
              rios de dichas marcas de otros Estados miembros.              programa de plantación de árboles y plantas frutales tropicales
                                                                            en la isla de Raiatea, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
                                                                            Tercera), integrado por los Sres. K. Lenaerts, Presidente; J. Azizi
       b)     que la infracción no habı́a terminado por completo en el     y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr. G. Hertzig, administrador, ha
              perı́odo comprendido entre el 1 de octubre de 1996 y la       dictado el 27 de junio de 2000 una sentencia cuyo fallo es el
              adopción de la Decisión.                                    siguiente:


title: Asunto T-103/10 P(R): Auto del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Parlamento/U ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Decisión de despido — Auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea dictado en un procedimiento sobre medidas provisionales — Falta de urgencia» )

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/41

      Auto del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Parlamento/U
      [Asunto T-103/10 P(R)] (1)

      («Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Decisión de despido - Auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea dictado en un procedimiento sobre medidas provisionales - Falta de urgencia»)
      (2010/C 161/65)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Recurrente: Parlamento Europeo (representantes: S. Seyr y K. Zejdová, agentes)

         Otra parte en el procedimiento: U (Luxemburgo) (representantes: F. Moyse y A. Salerno, abogados)

         Objeto

      Recurso de casación interpuesto contra el auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2009, U/Parlamento, (F-92/09 R, aún no publicado en la Recopilación) y que persigue la anulación de dicho auto.

         Fallo

                  1)

                  Anular el auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2009, U/Parlamento (F-92/09 R, aún no publicado en la Recopilación).

                  2)

                  Desestimar la demanda de medidas provisionales formulada por U.

                  3)

                  Reservar la decisión sobre las costas.

         (1)  DO C 113, de 1.5.2010.


title: Asunto C-157/04: Recursointerpuesto el 29 de marzo de 2004 contra el Reinode España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/47

         Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2004 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-157/04)
   (2004/C 106/82)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 29 de marzo de 2004 un recurso contra el Reino de España formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por D. Gregorio Valero Jordana y D. Minas Konstantinidis, miembros de su Servicio Jurídico, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1.

               declare que, al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar, respecto al vertedero de residuos incontrolado en la zona de Punta de Avalos en la isla de la Gomera, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la aplicación de los artículos 4, 8, 9 y 13 de la Directiva 75/442/CEE (1) del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE (2) del Consejo, de 18 de marzo de 1991; la aplicación del artículo 2 de la Directiva 91/689/CEE (3) del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos, y la aplicación del artículo 14 de la Directiva 1999/31/CE (4) del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las citadas Directivas;

               2.

               declare que, al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar, respecto al vertedero de residuos incontrolado en Olvera, provincia de Cádiz, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la aplicación de los artículos 4, 8, 9 y 13 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las citadas Directivas;

               3.

               condene en costas al Reino de España.

         Motivos y principales alegaciones:
   La existencia de los vertederos incontrolados de Punta de Avalos y de Olvera implica que el Reino de España no ha adoptado todas las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar la eliminación y la valorización responsables de los residuos, tal como exige la normativa comunitaria.

      (1)  DO L 194, de 25.7.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129

      (2)  DO L 78, de 26.3.1991, p. 32

      (3)  DO L 377, de 31.12.1991, p. 20

      (4)  DO L 182, de 16.7.1999, p. 1


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de mayo de 2003 en el asunto C-300/01 (Petición de decisión prejudicial del Landesgericht Feldkirch): Doris Salzmann ("Libre circulación de capitales — Artículo 73 B del Tratado CE (actualmente artículo 56 CE) — Procedimiento de autorización previa de las adquisiciones de terrenos edificables — Situación puramente interna — Artículo 70 del Acta de Adhesión de la República de Austria — Concepto de legislación vigente — Anexo XII, punto 1, letra e), del Acuerdo EEE")

text:
C 158/6                 ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                  5.7.2003
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         mediante la cual un Estado contratante insta, frente a una
                                                                                persona de Derecho privado, la ejecución de un contrato de
                            (Sala Quinta)                                           fianza de Derecho privado que se ha celebrado para permitir a
                                                                                otra persona prestar una garantía exigida y definida por dicho
                      de 15 de mayo de 2003                                         Estado, siempre que la relación jurídica entre el acreedor y el
                                                                                fiador, tal como resulta del contrato de fianza, no responda al
en el asunto C-266/01 (Petición de decisión prejudicial                             ejercicio por parte del Estado de facultades exorbitantes en
del Hoge Raad der Nederlanden): Préservatrice foncière                              relación con las normas aplicables en las relaciones entre
         TIARD SA contra Staat der Nederlanden (1)                                  particulares;
(«Convenio de Bruselas — Artículo 1 — Ámbito de aplica-                      —      no queda comprendida en el concepto de «materia aduanera»
ción — Concepto de “materia civil y mercantil” — Concepto                           que figura en la segunda frase de esta disposición una acción
de “materia aduanera” — Acción basada en un contrato de                             mediante la cual un Estado contratante insta la ejecución de un
fianza entre el Estado y una compañía de seguros — Contrato                         contrato de fianza destinado a garantizar el pago de una deuda
celebrado para cumplir un requisito impuesto por el Estado a                        aduanera, cuando la relación jurídica entre el Estado y el fiador
asociaciones de transportistas, como deudores principales, en                       que resulta de dicho contrato no responde al ejercicio por parte
             virtud del artículo 6 del Convenio TIR»)                               del Estado de facultades exorbitantes en relación con las normas
                                                                                aplicables en las relaciones entre particulares, y ello aunque el
                          (2003/C 158/08)                                           fiador pueda invocar motivos de oposición que impongan un
                                                                                examen de la existencia y el contenido de la deuda aduanera.
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                             (1 ) DO C 275 de 29.9.2001.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-266/01, que tiene por objeto una petición                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de
junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de                                              (Sala Sexta)
Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la
competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales                                     de 15 de mayo de 2003
en materia civil y mercantil, por el Hoge Raad der Nederlanden
(Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante            en el asunto C-300/01 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                                Landesgericht Feldkirch): Doris Salzmann (1)
dicho órgano jurisdiccional entre Préservatrice foncière TIARD
SA y Staat der Nederlanden, una decisión prejudicial sobre la
                                                                             («Libre circulación de capitales — Artículo 73 B del Tratado
interpretación del artículo 1 del Convenio de 27 de septiembre               CE (actualmente artículo 56 CE) — Procedimiento de
de 1968, antes citado (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado               autorización previa de las adquisiciones de terrenos edifica-
en español en DO 1990, C 189, p. 2), en su versión modificada
                                                                             bles — Situación puramente interna — Artículo 70 del Acta
por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión               de Adhesión de la República de Austria — Concepto de
del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran                 “legislación vigente” — Anexo XII, punto 1, letra e), del
Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y —texto                                                    Acuerdo EEE»)
modificado— p. 77; texto en español en DO 1989, L 285,
p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la                                          (2003/C 158/09)
adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en
español en DO 1989, L 285, p. 54) y por el Convenio de 26 de                                    (Lengua de procedimiento: alemán)
mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de
la República Portuguesa (DO L 285, p. 1), el Tribunal de                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. M. Wathelet,                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Presidente de Sala, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann
(Ponente) y A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado            En el asunto C-300/01, que tiene por objeto una petición
el 15 de mayo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:              dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
                                                                             por el Landesgericht Feldkirch (Austria), destinada a obtener,
El artículo 1, párrafo primero, del Convenio de 27 de septiembre de          en el marco del examen de una solicitud de inscripción en el
1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones            Registro de la Propiedad presentado por Doris Salzmann, una
judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por        decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 73 B
el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino         del Tratado CE (actualmente artículo 56 CE) y del anexo XII,
de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e                 punto 1, letra e), del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo         Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), el
a la adhesión de la República Helénica y por el Convenio de 26 de            Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J.-
mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la              P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres.
República Portuguesa, debe interpretarse del siguiente modo:                 R. Schintgen y V. Skouris, la Sra. F. Macken y el Sr. J.N. Cunha
                                                                             Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria:
—     queda comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil»        Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 15 de
      que figura en la primera frase de esta disposición una acción          mayo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- 5.7.2003                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                  C 158/7
1)    El artículo 73 B, apartado 1, del Tratado CE (actualmente              1)     Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
      artículo 56 CE, apartado 1) se opone a un procedimiento de                    que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 91/
      autorización administrativa previa a una adquisición inmobilia-               271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el
      ria como el establecido en la Vorarlberger Grundverkehrsgesetz                tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no haber
      (Ley de transmisión de bienes inmuebles del Land de Vorarl-                   identificado las zonas sensibles de la cuenca hidrográfica
      berg), de 23 de septiembre de 1993, en la versión modificada                  intracomunitaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña y
      publicada en el LGBl. 1997/85. Corresponde al órgano                          de las aguas costeras de las Comunidades Autónomas del País
      jurisdiccional nacional apreciar si tal procedimiento puede                   Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares y Canarias y de la Ciudad
      ampararse en la excepción establecida en el artículo 70 del Acta              Autónoma de Ceuta.
      relativa a las condiciones de adhesión de la República de
      Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y a las        2)     Desestimar el recurso en todo lo demás.
      adaptaciones a los Tratados en los que se fundamenta la Unión
      Europea.                                                               3)     Condenar en costas al Reino de España.
2)    El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas carece de          (1 ) DO C 348 de 8.12.2001.
      competencia para responder a la tercera cuestión planteada.
( 1) DO C 303 de 27.10.2001.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Cuarta)
                                                                                de 15 de mayo de 2003
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                             en el asunto C-483/01: Comisión de las Comunidades
                            (Sala Sexta)                                                  Europeas contra República Francesa ( 1)
                     de 15 de mayo de 2003                                   («Incumplimiento de Estado — Directiva 96/29/Euratom —
                                                                             Protección sanitaria de los trabajadores y de la población
                                                                             contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes
en el asunto C-419/01: Comisión de las Comunidades                                   — Adaptación incompleta del Derecho interno»)
              Europeas contra Reino de España ( 1)
                                                                                (2003/C 158/11)
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 91/271/CEE —
Artículo 5 — Tratamiento de las aguas residuales urbanas                                        (Lengua de procedimiento: francés)
       — Falta de identificación de las zonas sensibles»)
                                                                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                         (2003/C 158/10)
                  (Lengua de procedimiento: español)                         En el asunto C-483/01, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                             peas (agente: Sr. R. Tricot) contra República Francesa (agentes:
                                                                             Sr. G. de Bergues y Sra. C. Isidoro), que tiene por objeto que se
                                                                             declare que la República Francesa ha incumplido las obligacio-
En el asunto C-419/01, Comisión de las Comunidades Euro-                     nes que le incumben en virtud de la Directiva 96/29/Euratom
peas (agente: Sr. G. Valero Jordana) contra Reino de España                  del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen
(agente: Sra. L. Fraguas Gadea), que tiene por objeto que se                 las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los
declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones                trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan
que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 91/                 de las radiaciones ionizantes (DO L 159, p. 1), al no
271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el                         haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135, p. 40),               administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo estable-
al haber realizado la identificación de zonas sensibles en sólo              cido en la citada Directiva y, en cualquier caso, al no haber
algunas partes de su territorio, el Tribunal de Justicia (Sala               comunicado tales disposiciones a la Comisión, el Tribunal de
Sexta), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala,           Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans
y los Sres. R. Schintgen y C. Gulmann, la Sra. F. Macken                     (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. D.A.O. Edward y A. La
(Ponente) y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado                     Pergola, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario:
General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el            Sr. R. Grass, ha dictado el 15 de mayo de 2003 una sentencia
15 de mayo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                 cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto C-99/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles — Bélgica) — Eurofit SA/Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) [Petición de decisión prejudicial — Agricultura — Organización común de mercados — Reglamento (CEE) n ° 3665/87 — Restituciones a la exportación — Desvío de la mercancía destinada a la exportación — Obligación de reembolso por el exportador — Inexistencia de comunicación, por las autoridades competentes, de la información relativa a la fiabilidad de la otra parte contratante, sospechosa de fraude — Caso de fuerza mayor — Inexistencia]

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles — Bélgica) — Eurofit SA/Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
   (Asunto C-99/12) (1)

   (Petición de decisión prejudicial - Agricultura - Organización común de mercados - Reglamento (CEE) no 3665/87 - Restituciones a la exportación - Desvío de la mercancía destinada a la exportación - Obligación de reembolso por el exportador - Inexistencia de comunicación, por las autoridades competentes, de la información relativa a la fiabilidad de la otra parte contratante, sospechosa de fraude - Caso de fuerza mayor - Inexistencia)
   2013/C 260/20
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal de première instance de Bruxelles

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Eurofit SA

      Demandada: Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretación de las disposiciones del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1) — Obligación de reembolso, por parte del exportador, de las restituciones percibidas en caso de exportación de los productos — Falta de comunicación, por las autoridades competentes, de la información solicitada o comunicación de información errónea al exportador, constitutiva de un caso de fuerza mayor en el sentido del Reglamento antes citado.

      Fallo

   El hecho de que las autoridades aduaneras competentes no informen al exportador de que existe un riesgo de fraude cometido por su otra parte contratante no constituye un caso de fuerza mayor a efectos de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2945/94 de la Comisión, de 2 de diciembre de 1994, y, en particular, del artículo 11, apartado 1, párrafo tercero, tercer guión, de dicho Reglamento. Si bien tal omisión puede constituir un caso excepcional en el sentido del artículo 11, apartado 1, párrafo tercero, segundo guión, del Reglamento no 3665/87, en su versión modificada por el Reglamento no 2945/94, no puede, sin embargo, relevar a ese exportador de su obligación de devolver las restituciones a la exportación indebidamente percibidas, estando éste únicamente exento del pago de las sanciones adeudadas en virtud de este mismo artículo 11.

      (1)  DO C 138, de 12.5.2012.


title: Asunto C-7/14 P: Recurso de casación interpuesto el 10 de enero de 2014 por Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 12 de noviembre de 2013 en el asunto T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Comisión Europea

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/32

         Recurso de casación interpuesto el 10 de enero de 2014 por Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 12 de noviembre de 2013 en el asunto T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Comisión Europea
   (Asunto C-7/14 P)
   2014/C 52/58
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (representantes: K. Landry y G. Schwendinger, Rechtsanwälte)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule íntegramente la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 12 de noviembre de 2013 en el asunto T-147/12 y que se declare nula la Decisión REM 02/09 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2011 [C(2011) 6393 final].

               —

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie de nuevo.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Como primer motivo de casación aduce la recurrente que el Tribunal General ha infringido el artículo 220, apartado 2, letra b), del Código aduanero, (1) al haber estimado que la recurrente en casación podía haber detectado el error de las autoridades aduaneras alemanas, algo que, a juicio de ésta, no es correcto. Las disposiciones concretas son complejas y su tenor resulta poco claro y confuso, como muestra en particular la correspondencia entre el Bundesministerium für Finanzen y la Comisión. Además, la duración y el alcance de las prácticas erróneas de las autoridades aduaneras alemanas indican también, según afirma, que ella no podía detectar el error.
   En segundo lugar, la recurrente en casación alega que el Tribunal ha infringido el artículo 239, apartado 1, segundo guión, del Código aduanero al haber declarado, incurriendo con ello en un error de Derecho, que la recurrente actuó de manera manifiestamente negligente.
   En tercer lugar, la recurrente en casación señala que el Tribunal no ha motivado suficientemente su sentencia en dos extremos, de modo que no puede comprender cómo adoptó éste la decisión.

      (1)  Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).


title: Asunto C-82/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Bélgica) el 12 de febrero de 2016 — K. y otros/Belgische Staat

text:
               25.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Bélgica) el 12 de febrero de 2016 — K. y otros/Belgische Staat
   (Asunto C-82/16)
   (2016/C 145/28)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: A. K., Z. M., J. M., N. N. N., I. O. O., I. R., A. B.

      Demandada: Belgische Staat

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 20 TFUE, los artículos 5 y 11 de la Directiva 2008/115/CE (1) en relación con los artículos 7 y 24 de la Carta, (2) en el sentido de que, en determinadas circunstancias, se opone a una práctica nacional en virtud de la cual una solicitud de residencia presentada por un miembro de una familia, nacional de un tercer Estado, en el marco de la reagrupación familiar con un ciudadano de la Unión en el Estado miembro en el que reside el ciudadano de la Unión en cuestión, cuya nacionalidad posee y que no ha hecho uso de su derecho a la libre circulación y a la libertad de establecimiento (en lo sucesivo, «ciudadano sedentario de la Unión»), es desestimada —con la adopción de una decisión de expulsión o sin ella— por la mera razón de que dicho miembro de la familia, nacional de un tercer Estado, ha sido objeto de una prohibición en vigor de entrada a nivel europeo?

                           a)

                           ¿Es relevante para apreciar tales circunstancias que entre el miembro de la familia, nacional de un tercer Estado, y el ciudadano sedentario de la Unión exista una relación de dependencia que vaya más allá de un mero vínculo familiar? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué factores determinan la existencia de una relación de dependencia? ¿Puede invocarse válidamente a este respecto la jurisprudencia relativa a la existencia de una vida familiar con arreglo al artículo 8 del CEDH y el artículo 7 de la Carta?

                           b)

                           En lo que respecta en concreto a los hijos menores de edad, ¿exige el artículo 20 TFUE más que la existencia de un vínculo biológico entre el progenitor nacional de un tercer Estado y el menor ciudadano de la Unión? ¿Resulta relevante a este respecto que se acredite la convivencia o bien basta con vínculos afectivos y económicos como un régimen de residencia o visitas y el pago de alimentos? ¿Pueden invocarse válidamente a este respecto las sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, Ogieriakhi C-244/13, apartados 38 y 39; de 16 de julio de 2015, Singh y otros, C-218/14, apartado 54, y de 6 de diciembre de 2012, C-356/11 y C-357/11, O. y S., apartado 56? Véase a este respecto la remisión prejudicial pendiente en el asunto C-133/15.

                           c)

                           ¿En estas circunstancias, es relevante el hecho de que la vida familiar se iniciara en el momento en que el nacional de un tercer Estado estaba sujeto a una prohibición de entrada y, por tanto, sabía que residía irregularmente en el Estado miembro? ¿Pueden tomarse en consideración tales circunstancias para hacer frente a un posible abuso de los procedimientos de obtención de un permiso de residencia en el marco de la reagrupación familiar?

                           d)

                           ¿Es relevante para apreciar tales circunstancias el hecho de que no se interpusiera recurso con arreglo al artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE contra la decisión por la que se acuerda la prohibición de entrada o el hecho de que se desestimara el recurso interpuesto contra dicha decisión?

                           e)

                           ¿Es relevante el hecho de que la prohibición de entrada se haya dictado por razones de orden público o a raíz de una residencia regular? En caso de respuesta afirmativa, ¿debe también examinarse si el nacional afectado de un tercer Estado constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad? ¿Pueden aplicarse por analogía, desde esta perspectiva, los artículos 27 y 28 de la Directiva 2004/38/CE, que se han transpuesto en los artículos 43 y 45 de la Ley de extranjería, y la correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de orden público, a los miembros de la familia de ciudadanos sedentarios de la Unión? (véanse las remisiones prejudiciales pendientes en los asuntos C-165/14 y C-304/14)

               2)

               ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE y los artículos 7 y 24 de la Carta, en el sentido de que se opone a una práctica nacional en virtud de la cual se opone una prohibición de entrada en vigor para desestimar una posterior solicitud de reagrupación familiar con un ciudadano sedentario de la Unión, presentada en el territorio de un Estado miembro, sin tener en cuenta a tal respecto la vida familiar y privada y el interés de los hijos afectados mencionados en la posterior solicitud de reagrupación familiar?

               3)

               ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE y los artículos 7 y 24 de la Carta, en el sentido de que se opone a una práctica nacional en virtud de la cual respecto a un nacional de un tercer Estado que ya está sujeto a una prohibición de entrada en vigor se adopta una decisión de expulsión sin tener en cuenta en ese contexto la vida familiar y la vida privada y el interés de los hijos afectados a los que se ha hecho referencia en una posterior solicitud de reagrupación familiar con un ciudadano sedentario de la Unión, es decir, una vez dictada la prohibición de entrada?

               4)

               ¿Implica el artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2008/115/CE que un nacional de un tercer Estado debe presentar en principio una solicitud de revocación o suspensión de una prohibición de entrada válida y definitiva fuera de la Unión Europea, o bien existen circunstancias en las que también puede presentar dicha solicitud en la Unión Europea?

                           a)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 3, párrafos tercero y cuarto, de la Directiva 2008/115/CE en el sentido de que en cada caso concreto o en todas las categorías de casos debe cumplirse sin más lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, párrafo primero, de dicha Directiva, según el cual puede considerarse la posibilidad de revocar o suspender la prohibición de entrada únicamente si el nacional de un tercer Estado demuestra que ha abandonado el territorio en pleno cumplimiento de una decisión de retorno?

                           b)

                           ¿Se oponen los artículos 5 y 11 de la Directiva 2008/115/CE a una interpretación en virtud de la cual se considera que una solicitud de residencia en el marco de la reagrupación familiar con un ciudadano sedentario de la Unión que no ha ejercido su derecho a la libre circulación ni a la libertad de establecimiento constituye una solicitud implícita (temporal) de revocación o suspensión de la prohibición de entrada válida y definitiva, si se pone de manifiesto que no se cumplen los requisitos de residencia y se restablece la prohibición de entrada válida y definitiva?

                           c)

                           ¿Es relevante el hecho de que la obligación de presentar una solicitud de revocación o suspensión en el país de origen lleve consigo una mera separación temporal del nacional de un tercer Estado y el ciudadano sedentario de la Unión? ¿Existen circunstancias en las que los artículos 7 y 24 de la Carta se oponen no obstante a una separación temporal?

                           d)

                           ¿Es relevante el hecho de que la obligación de presentar una solicitud de revocación o suspensión en el país de origen tenga como única consecuencia que el ciudadano de la Unión deba abandonar, en tal caso, únicamente por tiempo limitado el territorio de la Unión Europea en su totalidad? ¿Concurren circunstancias en las que no obstante el artículo 20 TFUE se opone al hecho al hecho de que el ciudadano sedentario de la Unión deba abandonar con carácter temporal el territorio de la Unión Europea?

      (1)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO L 348, p. 98).

      (2)  DO 2000, C 364, p. 1.


title: Asuntos T-253/09 y T-254/09: Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2010 — Wilo/OAMI (Carcasa facetada de un motor eléctrico y representación de facetas verdes) [ Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria tridimensional — Carcasa facetada de un motor eléctrico — Solicitud de marca comunitaria figurativa que representa facetas verdes — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  207/2009] ]

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/37

         Sentencia del Tribunal General de 9 de diciembre de 2010 — Wilo/OAMI (Carcasa facetada de un motor eléctrico y representación de facetas verdes)
   (Asuntos T-253/09 y T-254/09) (1)

   (Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria tridimensional - Carcasa facetada de un motor eléctrico - Solicitud de marca comunitaria figurativa que representa facetas verdes - Motivos de denegación absolutos - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009])
   2011/C 30/66
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Wilo SE (Dortmund, Alemania) (representante: G. Braun, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: B. Schmidt y P. Quay, agentes)

      Objeto

   Dos recursos interpuestos contra las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 30 de marzo de 2009 en los asuntos R 1184/2008-1 y R 1196/2008-1, relativas a sendas solicitudes de registro de un signo tridimensional constituido por la forma de una carcasa facetada de un motor eléctrico y de un signo figurativo que representa facetas verdes.

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos.

               2)

               Condenar en costas a Wilo SE.

      (1)  DO C 205, de 29.8.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 28 de octubre de 1999 en el asunto C-193/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Köln): recurso interpuesto contra una multa administrativa por Alois Pfennigmann ("Directiva 93/89/CEE — Transporte de mercancías por carretera — Impuestos sobre los vehículos — Derechos de uso por la utilización de determinadas carreteras — Vehículos comerciales pesados")

text:
5.2.2000                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 34/7
     de la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de            para el transporte de mercancı́as por carretera, ası́ como de los
     1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los          peajes y derechos de uso percibidos por la utilización de
     Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de     determinadas infraestructuras (DO L 279, p. 32), el Tribunal
     igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y           de Justicia, integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn (Ponente),
     femeninos, y del artı́culo 4, apartado 1, de la Directiva              en funciones de Presidente de la Sala Sexta; G. Hirsch y
     79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a           H. Ragnemalm, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo
     la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre     Colomer; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha
     hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, al no haber          dictado el 28 de octubre de 1999 una sentencia cuyo fallo es
     suprimido, con efectos retroactivos a la fecha de entrada en vigor     el siguiente:
     en Grecia de dichas disposiciones del Derecho comunitario, las
     normas que, para la concesión a los trabajadores de prestaciones      Para determinar si un vehı́culo de motor o un conjunto de vehı́culos
     familiares o de la asignación por matrimonio, computadas para         acoplados está destinado únicamente al transporte de mercancı́as por
     determinar el importe de las retribuciones que dan derecho a           carretera, en el sentido del artı́culo 2, cuarto guión, de la Directiva
     pensión, imponen a las trabajadoras casadas requisitos especiales     93/89/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la
     que no imponen a los trabajadores de sexo masculino casados.           aplicación por los Estados miembros de los impuestos sobre determi-
                                                                            nados tipos de vehı́culos utilizados para el transporte de mercancı́as
2) Se condena en costas a la República Helénica.                           por carretera, ası́ como de los peajes y derechos de uso percibidos por
                                                                            la utilización de determinadas infraestructuras, debe tenerse en cuenta
(1) DO C 258, de 15.8.1998.                                                 el destino general del vehı́culo, independientemente de la utilización
                                                                            que pueda hacerse de él en un caso concreto.
                                                                            (1) DO C 234 de 25.7.1998.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Sexta)
                     de 28 de octubre de 1999                                        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
en el asunto C-193/98 (petición de decisión prejudicial                                       de 9 de noviembre de 1999
planteada por el Oberlandesgericht Köln): recurso inter-
puesto contra una multa administrativa por Alois Pfennig-                   en el asunto C-365/97: Comisión de las Comunidades
                                 mann (1)                                                 Europeas contra República Italiana (1)
(«Directiva 93/89/CEE — Transporte de mercancı́as por                       («Incumplimiento de Estado — Directivas 75/442/CEE y
carretera — Impuestos sobre los vehı́culos — Derechos de                                 91/156/CEE — Gestión de los residuos»)
uso por la utilización de determinadas carreteras — Vehı́culos
                        comerciales pesados»)                                                          (2000/C 34/13)
                            (2000/C 34/12)                                                     (Lengua de procedimiento: italiano)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        En el asunto C-365/97, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                            peas (Agente: Sr. P. Stancanelli, asistido por el Sr. M. Merola)
En el asunto C-193/98, que tiene por objeto una petición                   contra República Italiana (Agente: Profesor U. Leanza, asistido
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          por el Sr. P.G. Ferri), que tiene por objeto que se declare que la
Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Oberlandes-              República Italiana ha incumplido las obligaciones que le
gericht Köln (Alemania), destinada a obtener, en el procedi-                incumben en virtud del Tratado CE y de los artı́culos 4, 5, 7,
miento del recurso interpuesto contra una multa administrativa              primer guión, y 10 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de
ante este órgano jurisdiccional por Alois Pfennigmann, una                 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39;
decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 2,             EE 15/01, p. 129), o de las disposiciones concordantes, en su
apartado 1, del Acuerdo de 9 de febrero de 1994, relativo a la              versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo,
percepción de un derecho de uso para la utilización de                    de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32), al no haber aplicado
determinadas carreteras por vehı́culos comerciales pesados,                 ı́ntegra y correctamente la Directiva 75/442 en la zona del
celebrado entre los Gobiernos de la República Federal de                   cauce del arroyo de San Rocco, el Tribunal de Justicia integrado
Alemania, del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, del                 por los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho
Gran Ducado de Luxemburgo y del Reino de los Paı́ses Bajos                  de Almeida, D.A.O. Edward y R. Schintgen, Presidentes de Sala;
(Bundesgesetzblatt 1994, II, p. 1768), y del artı́culo 2, cuarto            P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y H. Ragne-
guión, de la Directiva 93/89/CEE del Consejo, de 25 de octubre             malm (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secre-
de 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros de              taria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 9 de novie-
los impuestos sobre determinados tipos de vehı́culos utilizados             mbre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto T-12/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de  30 de noviembre de 2005  — Almdudler-Limonade/OAMI ( Marca comunitaria — Marca tridimensional — Forma de una botella de gaseosa — Denegación del registro — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  40/94 )

text:
               11.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 36/30

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de noviembre de 2005 — Almdudler-Limonade/OAMI
   (Asunto T-12/04) (1)

   («Marca comunitaria - Marca tridimensional - Forma de una botella de gaseosa - Denegación del registro - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2006/C 36/65)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Almdudler-Limonade A. & S. Klein (Viena, Austria) (representante: G. Schönherr, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (representante: G. Schneider, agente)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 5 de noviembre de 2003 (asunto R 490/2003-2), relativa al registro de una marca tridimensional consistente en la forma de una botella de gaseosa
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto C-187/08: Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

text:
               21.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 158/15

         Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-187/08)
   (2008/C 158/23)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y J.-B. Laignelot, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios (1), al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2002/91/CE expiró el 4 de enero de 2006. Pues bien, en la fecha en que se interpuso el presente recurso, la parte demandada aún no había adoptado las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva por lo que atañe a la Región Valona o, en cualquier caso, no había comunicado las citadas medidas a la Comisión.

      (1)  DO 2003, L 1, p. 65.