title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de diciembre de 2001 en el asunto C-148/00: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana ("Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho interno a la Directiva 98/51/CE")

text:
6.4.2002                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 84/23
2)    Condenar en costas a la República Helénica.                         1)    Se declara que, al no haber observado lo dispuesto en el artı́culo
                                                                                4 quater de la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de
                                                                                junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de
                                                                                servicios de telecomunicaciones, modificada por la Directiva
(1) DO C 163 de 10.6.2000.
                                                                                96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, y no
                                                                                haber respetado el artı́culo 5, apartados 1 y 3 a 5, de la
                                                                                Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                                30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las
                                                                                telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio
                                                                                universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los
                                                                                principios de la oferta de red abierta (ONP), la República
                                                                                Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en
                                                                                virtud de las mencionadas Directivas.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                           2)    Se condena en costas a la República Francesa.
                             (Sala Sexta)
                                                                           (1) DO C 163 de 10.6.2000.
                    de 6 de diciembre de 2001
en el asunto C-146/00: Comisión de las Comunidades
             Europeas contra República Francesa (1)
(«Telecomunicaciones — Financiación del servicio universal                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
            — Aportación de los nuevos operadores»)
                                                                                (Sala Cuarta)
                           (2002/C 84/36)
                                                                                de 6 de diciembre de 2001
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           en el asunto C-148/00: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra República Italiana (1)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           («Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho
                                                                                interno a la Directiva 98/51/CE»)
En el asunto C-146/00, Comisión de las Comunidades Euro-                                             (2002/C 84/37)
peas (agentes: inicialmente Sr. B. Doherty y Sra. F. Siredey-
Garnier y, posteriormente, Sr. E. Gippini Fournier y
Sra. F. Siredey-Garnier), contra República Francesa (agentes:                               (Lengua de procedimiento: italiano)
inicialmente Sra. K. Rispal-Bellanger y Sres. F. Million y
S. Pailler y, posteriormente, Sres. G. de Bergues, F. Million y            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
S. Pailler), que tiene por objeto que se declare que, al no haber               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
observado lo dispuesto en el artı́culo 4 quater de la Directiva
90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990,
relativa a la competencia en los mercados de servicios de
telecomunicaciones (DO L 192, p. 10), modificada por la                    En el asunto C-148/00, Comisión de las Comunidades Euro-
Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996                 peas (agentes: inicialmente Sra. S. Dragone y Sr. F. P. Ruggeri
(DO L 74, p. 13), y no haber respetado el artı́culo 5,                     Laderchi, y posteriormente Sra. S. Dragone y Sr. L. Visaggio)
apartados 1 y 3 a 5, de la Directiva 97/33/CE del Parlamento               contra República Italiana (agente: Profesor U. Leanza), que
Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la               tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha
interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a              incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante           Tratado y de las Directivas:
la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)
(DO L 199, p. 32), la República Francesa ha incumplido las                —     97/41/CE del Consejo, de 25 de junio de 1997, por la
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de                       que se modifican las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE,
las mencionadas Directivas, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),                86/363/CEE y 90/642/CEE relativas a la fijación de los
integrado por la Sra. F. Macken, Presidenta de Sala, la                          contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las
Sra. N. Colneric y los Sres. C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puisso-                 frutas y hortalizas, sobre y en los cereales, sobre y en los
chet y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:                            productos alimenticios de origen animal, y en determina-
Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 6 de                  dos productos de origen vegetal, incluidas las frutas y
diciembre de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                      hortalizas, respectivamente (DO L 184, p. 33),
 ---pagebreak--- C 84/24                  ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           6.4.2002
—     97/76/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1997,                      Helénica (agentes: Sr. G. Kanellopoulos y las Sras. C. Tsiavou y
      por la que se modifican las Directivas 77/99/CEE y                     D. Tsagkaraki), que tiene por objeto que se declare que la
      72/462/CEE en lo que se refiere a las reglas aplicables a              República Helénica ha incumplido las obligaciones que le
      las carnes picadas, las preparaciones de carne y otros                 incumben en virtud del Tratado y de las Directivas:
      determinados productos de origen animal (DO 1998,
      L 10, p. 25), y
                                                                             —    97/41/CE del Consejo, de 25 de junio de 1997, por la
—     98/51/CE de la Comisión, de 9 de julio de 1998, relativa
                                                                                que se modifican las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE,
      a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva
                                                                                86/363/CEE y 90/642/CEE relativas a la fijación de los
      95/69/CE del Consejo por la que se establecen los
                                                                                contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las
      requisitos y las normas aplicables a la autorización y el
                                                                                frutas y hortalizas, sobre y en los cereales, sobre y en los
      registro de determinados establecimientos e intermedia-
                                                                                productos alimenticios de origen animal, y en determina-
      rios del sector de la alimentación animal (DO L 208,
                                                                                dos productos de origen vegetal, incluidas las frutas y
      p. 43),
                                                                                hortalizas, respectivamente (DO L 184, p. 33),
al no haber adoptado y, en cualquier caso, al no haber
comunicado a la Comisión las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las              —    97/76/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1997,
referidas Directivas, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta),                      por la que se modifican las Directivas 77/99/CEE y
integrado por los Sres. S. von Bahr, Presidente de Sala, A. La                    72/462/CEE en lo que se refiere a las reglas aplicables a
Pergola y C. W. A. Timmermans (Ponente), Jueces; Abogado                          las carnes picadas, las preparaciones de carne y otros
General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 6 de               determinados productos de origen animal (DO 1998,
diciembre de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                       L 10, p. 25),
1)    Se declara que la República Italiana ha incumplido las
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                 —    98/51/CE de la Comisión, de 9 de julio de 1997, relativa
      98/51/CE de la Comisión, de 9 de julio de 1998, relativa                   a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva
      a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva                 95/69/CE del Consejo por la que se establecen los
      95/69/CE del Consejo por la que se establecen los requisitos y              requisitos y las normas aplicables a la autorización y el
      las normas aplicables a la autorización y el registro de                   registro de determinados establecimientos e intermedia-
      determinados establecimientos e intermediarios del sector de la             rios del sector de la alimentación animal (DO L 208,
      alimentación animal, al no haber adoptado, dentro del plazo                p. 43), y
      señalado, las disposiciones legislativas, reglamentarias y admi-
      nistrativas necesarias para atenerse a la citada Directiva.
2)    Se condena en costas a la República Italiana.                         —    98/67/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 1998,
                                                                                por la que se modifican las Directivas 80/511/CEE,
                                                                                82/475/CEE, 91/357/CEE y la Directiva 96/25/CE del
(1) DO C 176 de 24.6.2000.                                                        Consejo y se deroga la Directiva 92/87/CEE (DO L 261,
                                                                                p. 10),
                                                                             al no haber adoptado, dentro de los plazos señalados en las
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  mismas, las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
                                                                             tivas necesarias para atenerse a las citadas Directivas, el
                             (Sala Cuarta)                                   Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por los Sres. S. von
                                                                             Bahr, Presidente de Sala, A. La Pergola y C. W. A. Timmermans
                    de 6 de diciembre de 2001                                (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario:
                                                                             Sr. R. Grass, ha dictado el 6 de diciembre de 2001 una
en el asunto C-166/00: Comisión de las Comunidades                          sentencia cuyo fallo es el siguiente:
             Europeas contra República Helénica (1)
(«Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho
 interno a las Directivas 97/41/CE, 98/51/CE y 98/67/CE»)                    1)   Se declara que la República Helénica ha incumplido las
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud las Directivas:
                           (2002/C 84/38)
                   (Lengua de procedimiento: griego)                              —     97/41/CE del Consejo, de 25 de junio de 1997, por la
                                                                                que se modifican las Directivas 76/895/CEE,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE relativas a
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                     la fijación de los contenidos máximos de residuos de
                                                                                plaguicidas en las frutas y hortalizas, sobre y en los
                                                                                cereales, sobre y en los productos alimenticios de origen
En el asunto C-166/00, Comisión de las Comunidades Euro-                               animal, y en determinados productos de origen vegetal,
peas (agente: Sra. M. Condou-Durande) contra República                                 incluidas las frutas y hortalizas, respectivamente;


title: Asunto C-471/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de julio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Helsingin käräjäoikeus — Finlandia) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj (Política social — Directiva 92/85/CEE — Protección de la seguridad y de la salud de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia — Artículos 5, apartado 2, y 11, punto 1 — Trabajadora destinada provisionalmente en otro puesto de trabajo durante su embarazo — Traslado obligatorio a otro puesto a causa de un riesgo para su seguridad o su salud y la de su hijo — Remuneración inferior a la remuneración media percibida antes de ese traslado — Remuneración anterior compuesta de un salario base y de diversos complementos — Cálculo del salario al que tiene derecho la trabajadora embarazada durante su destino provisional)

text:
               28.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 234/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de julio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Helsingin käräjäoikeus — Finlandia) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj
   (Asunto C-471/08) (1)

   (Política social - Directiva 92/85/CEE - Protección de la seguridad y de la salud de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia - Artículos 5, apartado 2, y 11, punto 1 - Trabajadora destinada provisionalmente en otro puesto de trabajo durante su embarazo - Traslado obligatorio a otro puesto a causa de un riesgo para su seguridad o su salud y la de su hijo - Remuneración inferior a la remuneración media percibida antes de ese traslado - Remuneración anterior compuesta de un salario base y de diversos complementos - Cálculo del salario al que tiene derecho la trabajadora embarazada durante su destino provisional)
   2010/C 234/13
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Helsingin käräjäoikeus

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sanna Maria Parviainen

      Demandada: Finnair Oyj

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Helsingin käräjäoikeus — Interpretación del artículo 11, apartado 1, de la Directiva 92/85/CE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (DO L 348, p. 1) — Azafata que ha desarrollado la actividad propia de jefe de cabina, trasladada a causa de su embarazo a un puesto de trabajo con una retribución inferior a la correspondiente al puesto de trabajo en tierra ocupado antes del traslado — Mantenimiento de una retribución equivalente a la percibida con anterioridad al traslado.

      Fallo

   El artículo 11, punto 1, de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) debe interpretarse en el sentido de que una trabajadora embarazada que, conforme al artículo 5, apartado 2, de esa Directiva 92/85 haya sido provisionalmente destinada, a causa de su embarazo, a un puesto de trabajo en el que realiza tareas distintas de las que ejercía antes de ese traslado, no tiene derecho a la remuneración que percibía como promedio antes del citado traslado. Además del mantenimiento de su salario base, dicha trabajadora tiene derecho en virtud del citado artículo 11, punto 1, a los componentes de la remuneración o a los complementos inherentes a su condición profesional, como los complementos relacionados con su calidad de superiora jerárquica, con su antigüedad y con sus cualificaciones profesionales. Si bien el artículo 11, punto 1, de la Directiva 92/85 no se opone a la utilización de un método de cálculo de la remuneración que debe pagarse a dicha trabajadora basado en el importe promedio de los complementos ligados a las condiciones de trabajo de todo el personal de vuelo perteneciente al mismo grupo salarial durante un período de referencia determinado, la falta de cómputo de los componentes de la remuneración o de los complementos antes referidos debe considerase contraria a esa última disposición.

      (1)  DO C 19, de 24.1.2009.


title: Asunto T-38/07: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2011 — Shell Petroleum y otros/Comisión ( «Competencia — Cárteles — Mercado del caucho de butadieno y del caucho de estireno-butadieno fabricado por polimerización en emulsión — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Imputabilidad de la conducta infractora — Multas — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes» )

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/41

         Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2011 — Shell Petroleum y otros/Comisión
   (Asunto T-38/07) (1)

   (Competencia - Cárteles - Mercado del caucho de butadieno y del caucho de estireno-butadieno fabricado por polimerización en emulsión - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Imputabilidad de la conducta infractora - Multas - Gravedad de la infracción - Circunstancias agravantes)
   2011/C 269/89
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Shell Petroleum NV (La Haya, Países Bajos); Shell Nederland BV (La Haya); y Shell Nederland Chemie BV (Rótterdam, Países Bajos) (representantes: inicialmente, T. Snoep y J. Brockhoff, posteriormente T. Snoep y S. Chamalaun, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente, M. Kellerbauer, V Bottka y J. Samnadda, posteriormente M. Kellerbauer y V. Bottka, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación, en la medida en que afecta a Shell Petroleum NV y Shell Nederland BV, de la Decisión C(2006) 5700 final de la Comisión, de 29 de noviembre de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.638 — caucho de butadieno y caucho de estireno-butadieno fabricado por polimerización en emulsión), o, con carácter subsidiario, la anulación o reducción de la multa impuesta a Shell Petroleum, Shell Nederland y Shell Nederland CEIME BV.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV y Shell Nederland CEIME BV.

      (1)  DO C 82, de 14.4.2007.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de junio de 2003 en el asunto C-334/01 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Glencore Grain Rotterdam BV contra Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ("Agricultura — Organización común de mercados en el sector de los cereales — Procedimiento de licitación permanente — Cereal destinado a ser exportado a Estados ACP — Hecho que da inicio al plazo para presentar la prueba del despacho a consumo en el Estado de destino — Artículos 8, apartado 2, párrafo segundo, segundo guión, del Reglamento (CE) n° 2372/95 y 47, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 3665/87")

text:
2.8.2003                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                 C 184/11
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por
                                                                            el Reglamento (CE) no 2955/94 de la Comisión, de 5 de diciembre de
                            (Sala Tercera)                                  1994, en el plazo de los doce meses siguientes al día de la aceptación
                                                                            de la declaración de exportación, excepto en caso de fuerza mayor o si
                                                                            el exportador, habiendo hecho lo posible para obtener dicha prueba, no
                      de 26 de junio de 2003
                                                                            ha podido presentarla en este plazo y la autoridad competente le ha
                                                                            concedido un plazo suplementario.
en el asunto C-334/01 (Petición de decisión prejudicial
planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main):
Glencore Grain Rotterdam BV contra Bundesanstalt für                        (1) DO C 317 de 10.11.2001.
                Landwirtschaft und Ernährung (1)
(«Agricultura — Organización común de mercados en el
sector de los cereales — Procedimiento de licitación perma-
nente — Cereal destinado a ser exportado a Estados ACP —
Hecho que da inicio al plazo para presentar la prueba del                              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
despacho a consumo en el Estado de destino — Artículos 8,
apartado 2, párrafo segundo, segundo guión, del Reglamento                                          de 17 de junio de 2003
(CE) no 2372/95 y 47, apartado 2, del Reglamento (CE)
                             no 3665/87»)                                   en el asunto C-383/01 (Petición de decisión prejudicial
                                                                            planteada por el Østre Landsret): De Danske Bilim-
                           (2003/C 184/19)                                  portører contra Skatteministeriet, Told- og Skattesty-
                                                                                relsen (1)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                            («Libre circulación de mercancías — Impuesto sobre la matri-
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la        culación de automóviles nuevos — Tributo interior —
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)          Medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa»)
                                                                                (2003/C 184/20)
En el asunto C-334/01, que tiene por objeto una petición                                         (Lengua de procedimiento: danés)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Alemania), desti-              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
nada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano                         «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
jurisdiccional entre Glencore Grain Rotterdam BV y Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung, una decisión prejudi-
cial sobre la interpretación de los artículos 8, apartado 2,
párrafo segundo, segundo guión, del Reglamento (CE)                         En el asunto C-383/01, que tiene por objeto una petición
no 2372/95 de la Comisión, de 10 de octubre de 1995, relativo               dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
a la convocatoria de licitaciones permanentes para la venta de              por el Østre Landsret (Dinamarca), destinada a obtener, en el
trigo blando panificable de los organismos de intervención                  litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre De
francés y alemán destinado a ser exportado a determinados                   Danske Bilimportører y Skatteministeriet, Told- og Skattesty-
países ACP durante la campaña 1995/1996 (DO L 242, p. 3), y                 relsen, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los
47, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la                       artículos 28 CE y 30 CE, el Tribunal de Justicia, integrado por
Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se                         el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de la Sala Sexta, en funciones
establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen                de Presidente, los Sres. M. Wathelet (Ponente) y R. Schintgen,
de restituciones a la exportación para los productos agrícolas              Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, A. La Pergola,
(DO L 351, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento                P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y los
(CE) no 2955/94 de la Comisión, de 5 de diciembre de 1994                   Sres. S. von Bahr y J. N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado
(DO L 312, p. 5), el Tribunal de Justicia (Sala Tercera),                   General: Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von Holstein,
integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, y la             Secretario adjunto, ha dictado el 17 de junio de 2003 una
Sra. F. Macken (Ponente) y el Sr. J. N. Cunha Rodrigues, Jueces;            sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretaria: Sra. L. Hewlett,
administradora principal, ha dictado el 26 de junio de 2003                 1)     Un impuesto sobre la matriculación de automóviles nuevos
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                          establecido por un Estado miembro que carece de producción
                                                                                nacional de automóviles, como el previsto en la lov om
                                                                                registreringsafgift af motorkøretøjer (Ley del impuesto de matri-
El artículo 8, apartado 2, párrafo segundo, segundo guión, del                     culación de automóviles), en su versión codificada de 14 de abril
Reglamento (CE) no 2372/95 de la Comisión, de 10 de octubre de                     de 1999, constituye un tributo interno cuya compatibilidad con
1995, relativo a la convocatoria de licitaciones permanentes para la               el Derecho comunitario no debe examinarse con arreglo al
venta de trigo blando panificable de los organismos de intervención                artículo 28 CE, sino con arreglo al artículo 90 CE.
francés y alemán destinado a ser exportado a determinados países ACP
durante la campaña 1995/1996, debe interpretarse en el sentido de           2)     El artículo 90 CE debe interpretarse en el sentido de que no se
que la prueba de la importación de la mercancía en los Estados ACP                 opone a tal impuesto.
de que se trate, que es necesaria para la liberación de la garantía por
importe de 40 ecus por tonelada, debe aportarse, conforme al
artículo 47, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la              (1) DO C 331 de 24.11.2001.
Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las
modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la


title: Asunto C-16/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de febrero de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc (Aproximación de las legislaciones — Telecomunicaciones — Redes y Servicios — Directiva 2002/22/CE — Designación de empresas para la prestación del servicio universal — Imposición de obligaciones específicas a la empresa designada — Servicios de información sobre números de abonados y guías telefónicas)

text:
               2.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 103/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de febrero de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc
   (Asunto C-16/10) (1)

   (Aproximación de las legislaciones - Telecomunicaciones - Redes y Servicios - Directiva 2002/22/CE - Designación de empresas para la prestación del servicio universal - Imposición de obligaciones específicas a la empresa designada - Servicios de información sobre números de abonados y guías telefónicas)
   2011/C 103/11
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd

      Demandadas: Office of Communications, British Telecommunications plc

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretación de las Directivas 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización») (DO L 108, p. 21), 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco») (DO L 108, p. 33) y 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal») (DO L 108, p. 51) — Designación de empresas para la prestación del servicio universal — Obligaciones específicas que pueden ser impuestas a la empresa designada.

      Fallo

   El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), autoriza a los Estados miembros, cuando deciden con arreglo a esta disposición designar a una o varias empresas para garantizar el suministro del servicio universal, o de diversos elementos del servicio universal, según se define en los artículos 4 a 7 y 9, apartado 2, de dicha Directiva, a imponer a dichas empresas únicamente las obligaciones específicas establecidas en las disposiciones de esta Directiva relativas al suministro a los usuarios finales de dicho servicio o de dichos elementos del servicio mediante las propias empresas designadas.

      (1)  DO C 63, de 13.3.2010.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 17 de abril de 1997 en el asunto C-147/95 (petición de decisión prejudicial planteada por Dioikitiko Efeteio Athinon): Dimossia Epicheirissi Ilektrismou (DEI) contra Efthimios Evrenopoulos (Política social - Trabajadores y trabajadoras - Igualdad de trato - Aplicabilidad del artículo 119 del Tratado CE o de la Directiva 79/7/CEE - Régimen de seguros sociales de una empresa pública de electricidad - Pensión de viudedad - Protocolo no 2 anexo al Tratado de la Unión Europea - Concepto de acción ante los tribunales)

text:
 28 . 6 . 97          ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 199/3
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                     cuando el órgano jurisdiccional nacional le baya con
                            ( Sala Sexta)                                    cedido un nuevo plazo para presentar tal reclamación.
                      de 17 de abril de 1997                          4 ) El artículo 119 del Tratado exige que los viudos vícti
 en el asunto C-147/95 (petición de decisión prejudicial                     mas de una discriminación prohibida por dicha dispo
planteada por Dioikitiko Efeteio Athinon ): Dimossia                         sición puedan obtener una pensión u otra prestación
Epicheirissi Ilektrismou ( DEI) contra Efthimios Evreno                     por muerte y supervivencia en las mismas condiciones
                              poulos (')                                     que las viudas.
 (Política social — Trabajadores y trabajadoras — Igualdad            í 1 ) DO n° C 189 de 22 . 7. 1995 .
de trato — Aplicabilidad del artículo 119 del Tratado CE              (2) DO n° L 6 de 10. 1 . 1979, p. 24; EE 05/02, p. 174.
o de la Directiva 79/7/CEE — Régimen de seguros socia
les de una empresa pública de electricidad — Pensión de
 viudedad — Protocolo n" 2 anexo al Tratado de la Unión
      Europea — Concepto de acción ante los tribunales)
                          ( 97/C 199/04 )                                              SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                (Lengua de procedimiento: griego)                                                ( Sala Cuarta)
                                                                                de 17 de abril de 1997
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi           en los asuntos acumulados C-274/95 , C-2 75/95 y
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal           C-276/95 (peticiones de decisión prejudicial planteadas
                            de Justicia »)                            por Bundesfinanzhof): Ludwig Wünsche & Co. contra
                                                                                Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( ' )
En el asunto C-147/95 , que tiene por objeto una petición
                                                                      (Arancel Aduanero Común — Nomenclatura Combinada
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
del Tratado CE, por el Dioikitiko Efeteio Athinon ( Gre                                     — Fécula de patata)
cia ), destinada a obtener en el litigio pendiente ante dicho                                     97/C 199/05 )
órgano jurisdiccional entre Dimossia Epicheirissi Ilektris
mou (DEI) y Efthimios Evrenopoulos, una decisión preju                              (Lengua de procedimiento: alemán)
dicial sobre la interpretación del artículo 119 del Tratado
CE, del Protocolo sobre el artículo 119 del Tratado consti           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
tutivo de la Comunidad Europea y de la Directiva 79/7/                cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 , relativa a                                          de Justicia »)
la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato           En los asuntos acumulados C-274/95, C-275/95 y C-276/
entre hombres y mujeres en materia de Seguridad So                   95 que tienen por objeto peticiones dirigidas al Tribunal
cial ( 2 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por     de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE,
los Sres.: G. F. Mancini, Presidente de Sala ( Ponente ); J. L.       por el Bundesfinanzhof, destinadas a obtener, en los liti
Murray, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn y H. Ragne                  gios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
malm, Jueces; Abogado General: Sr. F. G. Jacobs; Secreta             Ludwig Wünsche & Co. y Haupzollamt Hamburg-Jonas,
rio: Sra . L. Hewlett, administradora; ha dictado el 17 de
                                                                      una decisión prejudicial sobre la interpretación del arancel
abril de 1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :              aduanero común, en la versión del Reglamento ( CEE )
                                                                      n° 3618/86 del Consejo, de 24 de noviembre de 1986 , por
1 ) Las prestaciones concedidas en virtud de un Flan de               el que se modifica el Reglamento ( CEE) n° 3331 /85 por el
     pensiones como el régimen de seguros sociales de Di             que se modifica el Reglamento ( CEE) n° 950/68 relativo al
     mossia Epicheirissi Ilektrismou, incluidas las prestacio        arancel aduanero común (2), y de la nomenclatura combi
      nes por muerte y supervivencia, están comprendidas en           nada, en la versión del Reglamento ( CEE ) n° 2658/87 del
     el ámbito de aplicación del artículo 119 del Tratado             Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatu
      CE .
                                                                      ra arancelaria y estadística y al arancel aduanero co
                                                                      mún (3 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Cuarta ), integrado
2 ) El artículo 119 del Tratado se opone a la aplicación de           por los Sres .: J. L. Murray, Presidente de Sala; P. J. G.
     una disposición nacional que supedite la obtención por           Kapteyn ( Ponente ) y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado
      los viudos de una pensión incluida en el concepto de            General : Sr. G. Tesauro; Secretario: Sr. H. A. Rühl, admi
      retribución en el sentido de ese mismo artículo a requi        nistrador principal; ha dictado el 17 de abril de 1997 una
     sitos especiales que no se exijan a las viudas y ninguna         sentencia cuyo fallo es el siguiente :
      norma de Derecho comunitario puede justificar que se
      mantenga en vigor dicha disposición.                            1 ) La clasificación de la fécula de patata esterificada en
                                                                            la partida 11.08 A IV del Reglamento (CEE) n° 3618/
3 ) El Protocolo sobre el artículo 119 del Tratado consti                  86 del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, por el
      tutivo de la Comunidad Europea debe interpretarse en                  que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3331 /85 por
      el sentido de que el artículo 119 puede invocarse en el               el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 950/68 re
      marco de una acción ejercitada antes del 17 de mayo                   lativo al arancel aduanero común [y en la subpartida
      de 1 990 con vistas a obtener prestaciones en virtud de                1108 13 00 de la nomenclatura combinada, en la ver
      un régimen profesional de Seguridad Social, aunque se                 sión del Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo,
      haya declarado la inadmisibilidad de dicha acción por                 de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura
      no haber presentado el interesado reclamación previa,                 arancelaria y estadística y al arancel aduanero común],


title: Asunto T-63/16: Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2016 — E-Control/ACER

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/49

         Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2016 — E-Control/ACER
   (Asunto T-63/16)
   (2016/C 156/67)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Viena, Austria) (representante: F. Schuhmacher, abogado)

      Demandada: Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de la Sala de Recurso de la ACER de 16 de diciembre de 2015 en el asunto A-001-2015.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en un vicio sustancial de forma.
               Se incurrió en un vicio sustancial de forma en el procedimiento que llevó a la adopción de la decisión impugnada, consistente en la vulneración del derecho procedimental fundamental de E-Control a impugnar la legalidad del dictamen de la ACER n.o 09/2015 de 23 de septiembre de 2015 acerca de la conformidad de las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales aprobatorias de los métodos de asignación de capacidad transfronteriza de transmisión en la región de Europa Central y del Este con el Reglamento (CE) n.o 714/2009 (1) y las directrices sobre la gestión de la congestión y asignación de la capacidad de transmisión disponible en las interconexiones entre redes nacionales contenidas en su anexo I (el dictamen), y del derecho de E-Control a dar a conocer su criterio jurídico.

               2.

               Segundo motivo, basado en un error de Derecho al considerar que el dictamen no constituye una decisión en el sentido del artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 713/2009. (2)

               La Sala de Recurso de la ACER cometió un error de Derecho al considerar que el recurso de E-Control contra el dictamen era inadmisible porque éste no constituye una decisión en el sentido del artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 713/2009, denegando el derecho de recurso de E-Control. El dictamen recurrido constituye una decisión en el sentido señalado porque tiene efectos jurídicos directos para E-Control. Por tanto existe derecho de recurso y la Sala de Recurso debió apreciar el fondo del recurso de E-Control.

               3.

               Tercer motivo, basado en la falta de justificación apropiada.
               La Sala de Recurso de la ACER omitió exponer una justificación apropiada en la decisión impugnada dado que su valoración jurídica se limita en principio a la apreciación de que el dictamen es una medida intermedia y preparatoria de potenciales actuaciones posteriores de la Comisión. La decisión impugnada no se basa en la apreciación de los argumentos jurídicos de E-Control ni contiene una justificación apropiada de los criterios (posiblemente opuestos) de la Sala de Recurso de la ACER.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la incorrecta aplicación de los principios jurídicos relevantes.
               La Sala de Recurso de la ACER limitó su apreciación jurídica del recurso de E-Control a la constatación de que el dictamen de ACER es una medida provisional e intermedia que sólo sirve como etapa preparatoria de potenciales actuaciones futuras de la Comisión. A juicio de la Sala de Recurso de la ACER el dictamen, como medida intermedia, no puede ser objeto de recurso. Ese criterio jurídico no es correcto. El dictamen es un acto independiente, definitivo y diferenciado de una agencia de la Unión Europea y por tanto constituye por sí mismo el objeto de una acción de anulación y en consecuencia también de un recurso conforme al artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 713/2009. Si la Sala de Recurso hubiera aplicado correctamente los principios jurídicos relevantes habría anulado el dictamen.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (DO L 211, p. 15).

      (2)  Reglamento (CE) n.o 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO L 211, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 20 de enero de 2005, en el asunto C-464/01 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Johann Gruber contra Bay Wa AG («Convenio de Bruselas — Artículo 13, párrafo primero — Requisitos de aplicación — Concepto de “contrato celebrado por un consumidor” — Compra de tejas por un agricultor para el tejado de una granja utilizada parcialmente para usos privados y parcialmente para usos profesionales»)

text:
               5.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 57/1

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 20 de enero de 2005
   en el asunto C-464/01 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Johann Gruber contra Bay Wa AG (1)

   («Convenio de Bruselas - Artículo 13, párrafo primero - Requisitos de aplicación - Concepto de “contrato celebrado por un consumidor” - Compra de tejas por un agricultor para el tejado de una granja utilizada parcialmente para usos privados y parcialmente para usos profesionales»)
   (2005/C 57/02)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-464/01, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, por el Oberster Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 8 de noviembre de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de diciembre de 2001, en el procedimiento entre Johann Gruber y Bay Wa AG, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann, R. Schintgen (Ponente), G. Arestis y J. Klučka, Jueces, Abogado General: Sr. F.G. Jacobs, Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 20 de enero de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   Las reglas de competencia establecidas por el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica, por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, deben interpretarse de la siguiente manera:

               —

               Una persona que ha celebrado un contrato relativo a un bien destinado a un uso parcialmente profesional y parcialmente ajeno a su actividad profesional no puede invocar las reglas de competencia específicas establecidas en los artículos 13 a 15 de dicho Convenio, salvo que el uso profesional sea marginal hasta el punto de tener un papel insignificante en el contexto global de la operación de que se trate, siendo irrelevante a este respecto el hecho de que predomine el aspecto no profesional.

               —

               Corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del asunto decidir si el contrato de que se trata se celebró para satisfacer, en gran medida, necesidades vinculadas a la actividad profesional de la persona interesada o si, por el contrario, el uso profesional solamente tenía un papel insignificante.

               —

               A tal efecto, dicho órgano jurisdiccional debe tener en cuenta el conjunto de elementos fácticos pertinentes que se deriven objetivamente de los autos; en cambio, no es preciso tener en cuenta las circunstancias o los elementos que el cocontratante podía haber conocido al celebrarse el contrato, salvo que la persona que invoca su calidad de consumidor se haya comportado de tal manera que diera la impresión a la otra parte contratante de que estaba actuando con fines profesionales.

      (1)  DO C 56, de 2.3.2002.


title: Asunto T-349/12: Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2012 — Leiner/OAMI — Recaro (REVARO)

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/39

         Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2012 — Leiner/OAMI — Recaro (REVARO)
   (Asunto T-349/12)
   2012/C 287/70
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Rudolf Leiner GmbH (Sankt Pölten, Austria) (representantes: W. Emberger, I. Rudnay y L. Emberger, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Recaro Beteiligungs GmbH (Kaiserslautern, Alemania)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Se modifique la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 16 de mayo de 2012 en el asunto R 482/2011-1 en el sentido de que se estime el recurso, subsidiariamente, que se anule la resolución.

               —

               Se condene en costas a la parte demandada y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca gráfica, que contiene el elemento denominativo «REVARO», para productos comprendidos en las clases 11, 20 y 24

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Recaro Beteiligungs-GmbH

      Marca o signo invocado: Marca internacional registrada «RECARO» para productos comprendidos en las clases 10, 12, 14, 20, 25 y 28

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009.


title: Asunto C-197/10: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 23 de abril de 2010 — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado y Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español

text:
               17.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 195/4

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 23 de abril de 2010 — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado y Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español
   (Asunto C-197/10)
   2010/C 195/07
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Supremo

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Unio de Pagesos de Catalunya

      Otras partes: Administración del Estado y Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español

      Cuestión prejudicial

   ¿Es conforme el artículo 42.3 del Reglamento CE no 1782/2003 (1), del Consejo, de 29 de septiembre el artículo 9.2.b) del Real Decreto 1470/2007, de dos de noviembre, que condiciona la posibilidad de obtener derechos de pago único de la reserva nacional a que se trate de agricultores jóvenes que hayan realizado su primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural establecido en base al Reglamento 1698/2005 (2) del Consejo de 20 de septiembre?

      (1)  Por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001
   DO L 270, p. 1

      (2)  Relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
   DO L 277, p. 1


title: Asunto C-387/14: Petición de decisión prejudicial planteada por la Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) el 14 de agosto de 2014 — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie

text:
               1.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 431/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) el 14 de agosto de 2014 — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie
   (Asunto C-387/14)
   (2014/C 431/13)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Krajowa Izba Odwoławcza

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Esaprojekt sp. z o.o.

      Demandada: Województwo Łódzkie

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Permite el artículo 51 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (en lo sucesivo, «Directiva 2004/18/CE») (1) en relación con el principio de igualdad de trato y no discriminación de los operadores económicos y de transparencia, consagrado por el artículo 2 de dicha Directiva, que, al aclarar o completar la documentación, un operador económico indique contratos ejecutados (es decir, suministros efectuados) distintos de los indicados en la relación de suministros que adjuntó a su oferta y en particular, puede referir contratos ejecutados por otro operador económico si en la oferta no mencionó que puede disponer de las capacidades de éste?

               2)

               A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 2013 dictada en el asunto C-336/12, Manova, de la que se desprende que «el principio de igualdad de trato debe interpretarse en el sentido que no se opone a que, una vez transcurrido el plazo de presentación de candidaturas a un contrato público, una entidad adjudicadora solicite a un candidato que presente documentos descriptivos de su situación, como el balance publicado, cuya existencia antes del transcurso del plazo de presentación de candidaturas sea objetivamente verificable, siempre que los documentos de dicho contrato no exigieran expresamente su presentación bajo pena de exclusión de la candidatura», ¿debe interpretarse el artículo 51 de la Directiva 2004/18/CE, en el sentido de que sólo es posible completar la documentación si es aportando documentos cuya existencia anterior al transcurso del plazo de presentación de ofertas o de solicitudes de participación sea objetivamente verificable, o bien en el sentido de que el Tribunal de Justicia sólo señaló una de las posibilidades y también es posible completar la documentación en otros casos, por ejemplo aportando posteriormente documentos que no existían antes del transcurso de dicho plazo pero que pueden acreditar objetivamente el cumplimiento de un requisito de participación?

               3)

               En caso de que se responda a la segunda cuestión en el sentido de que también puede completarse la documentación con documentos distintos de los mencionados en la sentencia Manova, C 336/12, ¿pueden aportarse documentos procedentes del mismo operador económico, de un tercero subcontratado o de otros operadores económicos a cuyas capacidades se base el operador económico, si éstas no fueron mencionadas al formular su oferta?

               4)

               ¿Permite el artículo 44 en relación con el artículo 48, apartado 2, letra a), y el principio de igualdad de trato de los operadores económicos consagrado en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, remitirse a las capacidades de otro operador económico a las que se refiere el artículo 48, apartado 3, de tal manera que se sumen los conocimientos y la experiencia de dos operadores económicos que, por separado, no poseen los conocimientos y la experiencia exigidos por el poder adjudicador, cuando dicha experiencia sea indivisible (es decir, que la condición para participar en el procedimiento deba cumplirla íntegramente un mismo operador económico) y la ejecución del contrato también sea indivisible (constituya un todo)?

               5)

               ¿Permite el artículo 44 en relación con el artículo 48, apartado 2, letra a), así como el principio de igualdad de trato de los operadores económicos consagrado en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, remitirse a la experiencia de un grupo de operadores económicos, de tal manera que un operador económico que ha ejecutado un contrato como miembro de un grupo de operadores económicos puede remitirse a la ejecución por ese grupo con independencia de su grado de participación en la ejecución de dicho contrato, o sólo puede remitirse a la experiencia propia y efectivamente adquirida por él mismo en la ejecución de la parte del contrato que se le asignó internamente dentro del grupo?

               6)

               ¿Puede interpretarse el artículo 45, apartado 2, letra g), de la Directiva 2004/18/CE, con arreglo al cual puede ser excluido de la participación en el contrato todo operador económico al que se le considere gravemente culpable de hacer declaraciones falsas al proporcionar información o que no haya proporcionado dicha información, en el sentido de que se excluye del procedimiento a todo operador económico que haya proporcionado información falsa que haya influido o haya podido influir en el resultado del procedimiento, asumiendo que la responsabilidad de tal inducción a error resulta únicamente de haber facilitado al poder adjudicador información falsa que haya influido en su decisión sobre la exclusión del operador económico (y la desestimación de su oferta), con independencia de si el operador económico actuó con dolo, ligereza o culpa o sin observar la diligencia debida? ¿Sólo puede considerarse a un operador económico «gravemente culpable de hacer declaraciones falsas» o de no haber «proporcionado [...] información» en el caso de que haya aportado datos falsos (no conformes con la realidad) o también en el caso de que, pese a haber aportado datos correctos, el operador económico lo haya hecho de una manera que pretenda crear en el poder adjudicador la convicción de que el operador económico cumple los requisitos establecidos por aquél, sin ser cierto?

               7)

               ¿Permite el artículo 44 en relación con el artículo 48, apartado 2, letra a), y con el principio de igualdad de trato de los operadores económicos consagrado en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE que un operador económico se remita a su experiencia haciendo referencia a dos o más contratos en conjunto como si fueran uno solo, aunque el poder adjudicador no previera tal posibilidad ni en el anuncio de licitación ni en el pliego de condiciones?

      (1)  DO L 134, p. 114.


title: Asunto C-136/14: Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2014 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/27

         Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2014 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-136/14)
   2014/C 175/34
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Parlamento Europeo (representantes: J. Rodrigues y L. Visaggio, agentes)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Directiva 2013/64 UE del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por la que se modifican las Directivas 91/271/CEE y 1999/74/CE del Consejo y las Directivas 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE y 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo como consecuencia de la modificación del estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea. (1)

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   El Parlamento Europeo solicita la anulación de la Directiva 2013/64/UE que el Consejo ha adoptado tomando como base jurídica el artículo 349 TFUE.
   Según el Parlamento, la elección de base jurídica realizada por el Consejo es errónea, ya que las medidas objeto de la Directiva impugnada forman parte de las competencias de la Unión en virtud de diferentes políticas comunes. Por tanto, esas medidas deberían haberse adoptado tomando como fundamento bases jurídicas sectoriales relativas a los ámbitos del medio ambiente, la agricultura, la política social y la salud pública, a saber, los artículos 43 TFUE, apartado 2, 114 TFUE, 153 TFUE, apartado 2, 168 TFUE y 192 TFUE, apartado 1, en vez de sobre la base del artículo 349 TFUE.
   El Parlamento considera que medidas que no tienen como objetivo dar respuesta a las dificultades de carácter económico o social a las que se enfrenta una región ultraperiférica a través de una excepción a la plena aplicación del Derecho de la Unión en la región de que se trate no pueden fundarse válidamente en la base jurídica del artículo 349 TFUE. Así pues, en opinión del Parlamento, no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicho artículo medidas que únicamente tengan por objeto aplazar la aplicación de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión a una región ultraperiférica.

      (1)  DO L 353, p. 8.


title: Asunto C-484/10: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 7 de octubre de 2010 – Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/32

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 7 de octubre de 2010– Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)
   (Asunto C-484/10)
   ()
   2010/C 346/54
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Supremo

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)

      Demandada: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

      Cuestión prejudicial

               1)

               ¿Puede entenderse que la exhaustiva regulación contenida en el Anejo 19 del Real Decreto 1247/08, de 18 de julio, en relación con el artículo 81 para la obtención del reconocimiento oficial de los distintivos de calidad resulta excesiva, desproporcionada a la finalidad perseguida e implica una limitación injustificada que dificulta el reconocimiento de la equivalencia de los certificados y un obstáculo o restricción a la comercialización de los productos importados contraria a los artículos 28 y 30 CE?


title: Asunto C-80/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 15 de febrero de 2012 — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ldt, AS Watson card Services (UK) Ldt, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ldt, Superdrug Stores plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

text:
               23.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 15 de febrero de 2012 — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ldt, AS Watson card Services (UK) Ldt, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ldt, Superdrug Stores plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
   (Asunto C-80/12)
   2012/C 184/02
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ldt, AS Watson card Services (UK) Ldt, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ldt, Superdrug Stores plc

      Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En un supuesto en el que:

                           1)

                           las disposiciones de un Estado miembro (como el Reino Unido) permiten que una sociedad (en lo sucesivo, «la sociedad solicitante») solicite una deducción por pérdidas de empresas del grupo por las pérdidas de una sociedad propiedad de un consorcio empresarial (en lo sucesivo, «la sociedad del consorcio») a condición de que una sociedad miembro del mismo grupo de empresas que la sociedad solicitante sea también miembro de dicho consorcio empresarial (en lo sucesivo, «la sociedad de enlace»), y

                           2)

                           la sociedad matriz del grupo de empresas (que no es ni la sociedad solicitante, ni la sociedad del consorcio, ni la sociedad de enlace) no tiene la nacionalidad del Reino Unido ni de ningún otro Estado miembro,

                     ¿se oponen los artículos 49 y 54 TFUE al requisito de que la «sociedad de enlace» sea una sociedad residente en el Reino Unido o desarrolle una actividad mercantil en el Reino Unido a través de un establecimiento permanente en dicho país?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿está obligado el Reino Unido a dar una solución jurídica a la sociedad solicitante (por ejemplo, permitiéndole deducir las pérdidas de la sociedad del consorcio) en un supuesto en el que:

                           1)

                           la «sociedad de enlace» ha ejercido su libertad de establecimiento pero la sociedad del consorcio y las sociedades solicitantes no han ejercido ninguna de las libertades protegidas por el Derecho Europeo;

                           2)

                           el vínculo o vínculos entre la sociedad transferente y la sociedad solicitante son unas sociedades de las cuales no todas están establecidas en la UE/EEE?


title: Asunto C-468/07 P: Auto del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2008 — Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd/Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento — Competencia — Prácticas colusorias — Multa — Pretensiones dirigidas a reducir el importe de la multa fijada por el Tribunal de Primera Instancia)

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/11

         Auto del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2008 — Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-468/07 P) (1)

   (Recurso de casación - Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento - Competencia - Prácticas colusorias - Multa - Pretensiones dirigidas a reducir el importe de la multa fijada por el Tribunal de Primera Instancia)
   (2009/C 69/17)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrentes: Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd (representantes: W. Sibree y C. Jeffs, Solicitors)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: F. Castillo de la Torre y K. Mojzesowicz, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de septiembre de 2007 en el asunto Coats Holdings y Coats/Comisión (T-36/05), por el cual el Tribunal de Primera Instancia anuló en parte la decisión C(2004) 4221 final de la Comisión, de 26 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/F-1/38.338 — PO/Needles), en relación con acuerdos para el reparto del mercado de productos de mercería y el reparto del mercado geográfico, y fijó el importe de la multa impuesta a las recurrentes en 20 millones de euros — Solicitud de reducción del importe de la multa.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Coats Holdings Ltd y J & P Coats Ltd.

      (1)  DO C 297 de 8.12.2007.


title: Asunto C-54/13 P: Recurso de casación interpuesto el 31 de enero de 2013 por la República Federal de Alemania contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 21 de noviembre de 2012 en el asunto T-270/08, República Federal de Alemania/Comisión Europea

text:
               23.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/14

         Recurso de casación interpuesto el 31 de enero de 2013 por la República Federal de Alemania contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 21 de noviembre de 2012 en el asunto T-270/08, República Federal de Alemania/Comisión Europea
   (Asunto C-54/13 P)
   2013/C 86/22
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: República Federal de Alemania (representantes: T. Henze, agente, C. von Donat y J. Lipinsky, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Reino de España, Reino de los Países Bajos, República Francesa

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 21 de noviembre de 2012 dictada en el asunto T-270/08 [República Federal de Alemania, Reino de España (coadyuvante), República Francesa (coadyuvante) y Reino de los Países Bajos (coadyuvante)/Comisión Europea], sobre la anulación de la Decisión C(2008) 1615 final de la Comisión, de 29 de abril de 2008, relativa a la reducción de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedida mediante la Decisión C(94) 1973 de la Comisión, de 5 de agosto de 1994, al programa operativo para Berlín-Este (Alemania) correspondiente al Objetivo 1 (1994-1999), y que se anule la Decisión C(2008) 1615 final de la Comisión, de 29 de abril de 2008, impugnada en el asunto T-270/08, relativa a la reducción de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedida mediante la Decisión C(94) 1973 de la Comisión, de 5 de agosto de 1994, al programa operativo para Berlín-Este (Alemania) correspondiente al Objetivo 1 (1994-1999).

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca cuatro motivos:

                  Primer motivo de casación: Según la recurrente, el Tribunal General infringió el artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88, (1) en relación con el artículo 1 del Reglamento no 2988/95 (2) y con el principio de atribución (artículos 5 TUE, apartado 2, y 7 TFUE; anteriormente artículo 5 CE), en la medida en que consideró en la sentencia recurrida, incurriendo en error de Derecho, que meros errores administrativos de las autoridades nacionales también constituyen «irregularidades» que autorizan a la Comisión a realizar correcciones financieras de conformidad con el artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88.

                  Segundo motivo de casación: Alega la recurrente que el Tribunal General infringió, además, el artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88, en relación con el principio de atribución (artículos 5 TUE, apartado 2, y 7 TFUE), puesto que atribuyó a la Comisión, incurriendo en error de Derecho, la facultad para realizar correcciones financieras extrapoladas (primera parte del segundo motivo de casación). Aunque pudiera desprenderse del artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88 la facultad de la Comisión para realizar reducciones extrapoladas, a juicio de la recurrente el Tribunal General confirmó en el caso de autos, incurriendo en error de Derecho, el modo de llevar a cabo la extrapolación. Por una parte, la Comisión no debería haber calificado los errores apreciados de sistemáticos respecto del conjunto del programa operativo, ni debería haber extrapolado al conjunto del programa la cuota de error calculada a tales efectos. Por otra parte, la Comisión no debería haber utilizado el procedimiento de muestreo aleatorio para proceder a una reducción extrapolada para el conjunto del programa (segunda parte del segundo motivo de casación). Además, según la recurrente, la Comisión llevó a cabo, mediante la extrapolación de errores no representativos y correcciones a tanto alzado, una reducción desproporcionada de la participación financiera en el programa operativo (tercera parte del segundo motivo de casación).

                  Tercer motivo de casación: Según la recurrente, la sentencia del Tribunal General recurrida infringe además el artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88, en relación con el principio de atribución, porque el Tribunal General parece suponer, incurriendo en error de Derecho, que la Comisión tiene la facultad de llevar a cabo correcciones financieras a tanto alzado (primera parte del tercer motivo de casación). Ahora bien, aun cuando exista tal facultad para llevar a cabo correcciones a tanto alzado, a juicio de la recurrente, el Tribunal General confirmó en el caso de autos, incurriendo en error de Derecho, la práctica de correcciones a tanto alzado desproporcionadas (segunda parte del tercer motivo de casación).

                  Cuarto motivo de casación: La recurrente alega, por último, que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación con arreglo al artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en relación con los artículos 36 y 53, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia, porque de los fundamentos de la sentencia recurrida no se desprende que el Tribunal General haya examinado las alegaciones de la recurrente acerca de la inadmisibilidad de las correcciones financieras a tanto alzado (primera parte del segundo motivo de casación) ni qué consideraciones llevaron al Tribunal General a desestimar tales alegaciones.

      (1)  Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1).


title: Asunto T-561/15: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2015 — Universidad Internacional de la Rioja/OAMI — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

text:
               23.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/63

         Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2015 — Universidad Internacional de la Rioja/OAMI — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)
   (Asunto T-561/15)
   (2015/C 389/71)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, España) (representantes: C. Lema Devesa y A. Porras Fernandez-Toledano, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Universidad de la Rioja (Logroño, España)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa que incluye los elementos denominativos «UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR» — Solicitud de registro no 11 738 093

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI, de 22 de junio de 2015 en el asunto R 1914/2014-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la resolución impugnada, en la medida en la que denegó el registro de la marca comunitaria no 11 738 093 y, por lo tanto, procede su concesión.

               —

               condene en costas a la OAMI.

      Motivos invocados

               —

               La resolución impugnada no identifica adecuadamente los consumidores medios de los productos y servicios concretos.

               —

               La resolución impugnada no realiza un análisis adecuado del riesgo de confusión.


title: Solicitud de un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por Statens helsepersonellnemnd, con fecha 25 de enero de 2011 , en relación con un recurso presentado por A (Asunto E-1/11)

text:
               16.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 176/9

         Solicitud de un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por Statens helsepersonellnemnd, con fecha 25 de enero de 2011, en relación con un recurso presentado por A
   (Asunto E-1/11)
   2011/C 176/06
   Mediante carta de 25 de enero de 2011, recibida en el Registro del Tribunal el 31 de enero de 2011, la Statens helsepersonellnemnd (Comisión de apelación noruega para personal sanitario) solicitó al Tribunal de la AELC un dictamen consultivo en relación con un recurso presentado por A sobre la cuestión siguiente:
   ¿Permite la Directiva 2005/36/CE o alguna otra norma del EEE a las autoridades de los Estados miembros aplicar disposiciones nacionales que den derecho a denegar o a limitar la autorización para ejercer la medicina a los solicitantes con cualificaciones profesionales insuficientes o a los migrantes de otros Estados miembros que, formalmente, cumplan los requisitos que establece la Directiva 2005/36/CE para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales (autorización para ejercer la medicina sin limitaciones), si su experiencia profesional en Noruega ha puesto de manifiesto sus insuficientes cualificaciones profesionales?


title: Asunto C-519/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Anotato Dikastirio Kyprou (Chipre) el 27 de septiembre de 2013 — Alpha Bank Cyprus Ltd/Dau Si Senh y otros

text:
               21.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 377/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Anotato Dikastirio Kyprou (Chipre) el 27 de septiembre de 2013 — Alpha Bank Cyprus Ltd/Dau Si Senh y otros
   (Asunto C-519/13)
   2013/C 377/11
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Anotato Dikastirio Kyprou

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Alpha Bank Cyprus Ltd

      Recurridas: Dau Si Senh, Alpha Panareti Public Ltd, Susan Towson, Stewart Cresswell, Gillian Cresswell, Julie Gaskell, Peter Gaskell, Richard Wernham, Tracy Wernham, Joanne Zorani y Richard Simpson

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es necesaria la notificación del formulario normalizado con arreglo al Reglamento no 1393/2007 (1) en todos los supuestos o pueden existir excepciones?

               2)

               En caso de que dicha notificación sea necesaria, ¿la omisión en el presente asunto constituye causa de nulidad de la notificación?

               3)

               En caso de respuesta negativa, ¿puede llevarse a cabo, de conformidad con el espíritu del Reglamento no 1393/2007, mediante la notificación al abogado de las recurridas que comparecen bajo reserva, el cual está obligado a aceptarla en nombre de sus clientes, o debe realizarse una nueva notificación con arreglo al procedimiento previsto en el Reglamento no 1393/2007?

      (1)  Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo (DO L 324, pp. 79-120).


title: Asunto C-596/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de febrero de 2014 — Comisión Europea/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Despidos colectivos — Concepto de «trabajadores» — Exclusión de los «dirigenti» — Directiva 98/59/CE — Artículo 1, apartados 1 y 2 — Infracción)

text:
               29.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de febrero de 2014 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-596/12) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Despidos colectivos - Concepto de «trabajadores» - Exclusión de los «dirigenti» - Directiva 98/59/CE - Artículo 1, apartados 1 y 2 - Infracción)
   2014/C 93/22
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: J. Enegren y C. Cattabriga, agentes)

      Demandada: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistido por S. Varone, avvocato dello Stato)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 225, p. 16) — Ámbito de aplicación — Concepto de trabajadores — Inclusión de los directivos en dicho concepto.

      Fallo

               1)

               La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, al haber excluido la categoría de los «dirigenti» del ámbito de aplicación del procedimiento de movilidad previsto en el artículo 2 de dicha Directiva mediante el artículo 4, apartado 9, de la Ley no 223, relativa a las normas en materia de paro técnico, movilidad, subsidios de desempleo, aplicación de las Directivas comunitarias, colocación de mano de obra y otras disposiciones relativas al mercado de trabajo (legge n. 223 — Norme in materia di cassa integrazione, mobilita’, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita’ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), de 23 de julio de 1991.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 71, de 9.3.2013.


title: Asunto C-15/06 P: Recurso de casación interpuesto el  11 de enero de 2006  por Regione Siciliana contra la sentencia dictada el  18 de octubre de 2005  por la Sala Primera Ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-60/03, Regione Siciliana contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               25.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 74/5

         Recurso de casación interpuesto el 11 de enero de 2006 por Regione Siciliana contra la sentencia dictada el 18 de octubre de 2005 por la Sala Primera Ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-60/03, Regione Siciliana contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-15/06 P)
   (2006/C 74/11)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 11 de enero de 2006 un recurso de casación formulado por Regione Siciliana, representada por I. M. Braguglia, abogado y G. Aiello, avvocato dello Stato, contra la sentencia dictada el 18 de octubre de 2005 por la Sala Primera Ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-60/03, Regione Siciliana contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y, en consecuencia, anule la Decisión de la Comisión de 11 de diciembre de 2002 C(2002) 4905, relativa a la supresión de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en favor de una inversión en infraestructuras, por importe igual o superior a 15 millones de euros en Italia (región: Sicilia) y al reembolso del anticipo pagado por la Comisión en concepto de dicha ayuda, así como a la liberación de los importes aún no abonados. Con la decisión que corresponda sobre las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   Según la demandante, la sentencia impugnada adolece de los siguientes defectos:

               1.

               Infracción y aplicación incorrecta de los artículos 18, apartado 1 y 32, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1787/84 del Consejo, de 19 de junio de 1984, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, (1) en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 3641/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985. (2)

               2.

               Infracción y aplicación incorrecta del artículo 24 del Reglamento no 4253 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, (3) en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, (4) en su versión modificada por el Reglamento CEE no 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1984. (5)

               3.

               Motivación incorrecta de un aspecto decisivo de la controversia.

      (1)  Ya no está en vigor.

      (2)  Ya no está en vigor.

      (3)  Ya no está en vigor.

      (4)  Ya no está en vigor.

      (5)  DO L 193 de 31.7.1993, p. 20.


title: Asunto C-630/11 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2011 por HGA Srl y otros contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 20 de septiembre de 2011 en los asuntos acumulados T-394/08, T-408/08, T-453/08 y T-454/08, Regione autonoma della Sardegna y otros/Comisión

text:
               21.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/8

         Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2011 por HGA Srl y otros contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 20 de septiembre de 2011 en los asuntos acumulados T-394/08, T-408/08, T-453/08 y T-454/08, Regione autonoma della Sardegna y otros/Comisión
   (Asunto C-630/11 P)
   2012/C 118/12
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrentes: HGA Srl y otros (representantes: G. Dore, F. Ciulli y A. Vinci, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Regione autonoma della Sardegna, Selene di Alessandra Cannas Sas y otros

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule y/o modifique la sentencia del Tribunal General dictada el 20 de septiembre de 2011 en los asuntos acumulados T-394/08, T-408/08, T-453/08 y T-454/08.

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión Europea, de 3 de julio de 2008 (ayuda de Estado C1/2004 Italia — SG-Greffe (2008) D/204339), relativa al régimen de ayudas estatales «Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la ayuda N 272/98».

      Motivos y principales alegaciones

   Las recurrentes alegan seis motivos en apoyo de su recurso.
   Mediante el primer motivo, las recurrentes sostienen, en particular, la existencia de vicios sustanciales de forma, la infracción y la aplicación incorrecta de los artículos 4, 6, 7 y 16, del Reglamento (CE) no 659/99, (1) la violación de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, así como la infracción del artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Las recurrentes aducen que la Decisión de la Comisión es ilegal por haber sido adoptada después de que se hubiera rectificado la calificación de la ayuda, rectificación que no estaba prevista en disposición alguna. Añaden que sólo les fue comunicado que se había iniciado el procedimiento -una vez operada la rectificación- tres años y medio después de que la Comisión hubiera recibido toda la documentación relativa a la ayuda. Las recurrentes señalan que alegaron este motivo en primera instancia, pero que el Tribunal General no se pronunció al respecto.
   El segundo motivo se refiere a la violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima y a la infracción y aplicación incorrecta de los artículos 4, 7, 10 y 16, del Reglamento (CE) no 659/99. Las recurrentes exponen que la Comisión no cumplió los plazos procedimentales prescritos al adoptar su Decisión.
   El objeto del tercer motivo es la infracción del artículo 108 TFUE y de los artículos 1, 7, 14 y 16, del Reglamento (CE) no 659/99. En apoyo de este motivo, las recurrentes afirman que la Decisión de la Comisión es ilegal porque la Regione nunca modificó la ayuda respecto de cuanto estaba previsto en la Legge Regionale no 9/1998.
   Mediante el cuarto motivo se aduce la violación y la aplicación incorrecta del principio de necesidad, del principio del efecto incentivador y del principio de protección de la competencia, con la consiguiente infracción de los artículos 7 y 14, del Reglamento (CE) no 659/99, la infracción e interpretación incorrecta del artículo 108 TFUE, falta de motivación y la infracción del artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Según las recurrentes, la Decisión de la Comisión es ilegal porque, en realidad, la ayuda se caracterizaba por su efecto incentivador, circunstancia que la Comisión debería haber comprobado también en caso de que la solicitud se presentara una vez iniciadas las obras. Añaden que el Tribunal General no se pronunció sobre este aspecto.
   El quinto motivo se refiere a la violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima en otro aspecto, y a la infracción del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/99. Las recurrentes alegan que la sentencia se basó en el supuesto erróneo de que el juez comunitario no puede apreciar la confianza legítima que los órganos nacionales hicieron surgir en los beneficiarios.
   El último motivo se refiere a la violación de los principios de imparcialidad y de protección de la competencia. Las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en un error al considerar que la Comisión no cometió ninguna desigualdad de trato en la Decisión impugnada, al imponer la obligación de recuperar la ayuda concedida a las recurrentes y, al mismo tiempo, declarar que el efecto incentivador existía en relación con otras diez empresas que habían iniciado las obras tras presentar la solicitud, a pesar de que la ésta no garantizara la certeza de que se iba a obtener la ayuda.

      (1)  DO L 83, p. 1.