title: Asunto C-136/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 13 de marzo de 2012 — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

text:
               26.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 13 de marzo de 2012 — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
   (Asunto C-136/12)
   2012/C 151/36
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Consiglio Nazionale dei Geologi

      Demandada: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

      Cuestiones prejudiciales

               I.

                           1)

                           ¿Se opone a la aplicación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en relación con la obligación, que incumbe al órgano jurisdiccional de última instancia, de plantear con carácter prejudicial una cuestión de interpretación de Derecho comunitario formulada por una parte en un litigio, la normativa procesal nacional que prevé un sistema de exigencias procesales, como los plazos de recurso, la obligación de especificar los motivos, la prohibición de modificar las pretensiones durante la tramitación del litigio y la prohibición de que el juez modifique las pretensiones de las partes?

                           2)

                           ¿Se opone a la aplicación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en relación con la obligación que incumbe al órgano jurisdiccional de última instancia de plantear con carácter prejudicial una cuestión de interpretación de Derecho comunitario formulada por una parte en un litigio, una facultad de filtro del órgano jurisdiccional nacional en relación con la pertinencia de la cuestión y de la apreciación del grado de claridad de la norma comunitaria?

                           3)

                           Si se interpreta en el sentido de que impone al órgano jurisdiccional nacional de última instancia una obligación incondicionada de plantear con carácter prejudicial una cuestión de interpretación de Derecho comunitario formulada por una parte en un litigio, ¿es compatible el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, con el principio de duración razonable del proceso, establecido asimismo en el Derecho comunitario?

                           4)

                           ¿En qué circunstancias fácticas y jurídicas la inobservancia por el órgano jurisdiccional nacional del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, constituye una «violación manifiesta del Derecho comunitario»? ¿Tiene este concepto un alcance y ámbito distintos en función de que se aplique en relación con la acción especial contra el Estado, en virtud de la Ley no 117, de 13 de abril de 1988, para la «indemnización de los daños causados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y por responsabilidad civil de los magistrados» o con la acción general contra el Estado por violación del Derecho comunitario?

               II.

               Para el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acogiera la tesis del «filtro de malla ancha» (…), contraria a la aplicación de las normas procesales nacionales relativas a la especificación de los motivos de recurso, ¿debe plantearse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial en los mismos términos en que ha sido formulada por la parte recurrente (en el procedimiento principal) y reproducidos (a continuación)?

                           1)

                           «(…) se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 101 del Tratado (anteriormente artículo 81) en relación con la normativa legal y deontológica que regula la profesión de geólogo y las funciones institucionales y normas de funcionamiento del Consiglio Nazionale dei Geologi, pertinente en este asunto, que se reproduce a continuación, con objeto de compararla, y determinar su compatibilidad y legalidad, con la normativa europea (artículo 101 citado) en materia de competencia. (…)
                           Artículo 9, en particular la letra g), de la Ley no 112/1963: “el Consiglio Nazionale dell’Ordine ejercerá las siguientes funciones, además de las que le atribuyan otras normas: a) velará por la observancia de la ley que regula la profesión y de todas las demás disposiciones relativas a la misma; b) velará por la llevanza del registro y de la lista especial, y procederá a las inscripciones y cancelaciones pertinentes; c) controlará la protección del título profesional y desarrollará las actividades dirigidas a sancionar el ejercicio ilícito de la profesión; d) adoptará decisiones disciplinarias; e) procederá, previa solicitud, a la liquidación de los honorarios; f) administrará los bienes que pertenezcan al Colegio Nacional y formulará con carácter anual el balance provisional y las cuentas definitivas; g) establecerá, dentro de los límites estrictamente necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento del Colegio Nacional, mediante acuerdo que deberá ser aprobado por el Ministro de Justicia, la cuantía de la cuota anual que las personas inscritas en el registro o en la lista especial deben abonar, así como el importe de la tasa de inscripción en el registro o en la lista y de la tasa por la expedición de certificados y dictámenes sobre la liquidación de honorarios.”
                           Artículo 14, apartado 1, de la Ley no 616/1966, según el cual “a la persona inscrita en el registro o en la lista especial que se comporte de un modo no conforme con la dignidad o el decoro profesionales se le podrán imponer, en función de la gravedad del hecho, una de las siguientes sanciones disciplinarias: 1) amonestación; 2) suspensión del ejercicio profesional por un tiempo no superior a un año; 3) expulsión.”
                           Artículo 17 de la Ley no 616/1966, según el cual “la tarifa profesional por honorarios y retribuciones, así como los criterios para el reembolso de gastos, se establecerán mediante Decreto del Ministro de Indultos y Justicia (actualmente Ministro de Justicia) de acuerdo con el Ministro de Industria y Comercio (actualmente Ministro para las Actividades Productivas) a propuesta del Consejo Nacional de Geólogos.”
                           Artículo 6 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, relativo a la “prestación profesional”, según el cual “la eficiencia y la eficacia de la prestación vendrán determinadas esencialmente por: la dificultad técnica intrínseca; el alcance de la responsabilidad asumida; la novedad de la solicitud; si existen o no soluciones técnicas anteriores aplicables al caso de que se trate; la importancia de los elementos técnicos objeto de valoración; la entidad de los elementos técnicos que han de coordinarse; la novedad de la solución; la duración y la intensidad del trabajo desarrollado; la capacidad de interacción con el cliente y con las demás personas, incluidas las empresas, que participan en la prestación, y el valor de la obra”.
                           Artículo 7 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, sobre “el decoro profesional”, según el cual “el decoro del profesional consiste esencialmente en: la corrección y la exhaustividad de la prestación profesional; la capacidad de asumir responsabilidades, disponer de un equipamiento técnico y profesional eficaz; la disponibilidad y la rapidez en la utilización de instrumentos actualizados; la organización de una oficina y de equipos profesionales eficaces; velar por la diligencia de las personas intervinientes; la disponibilidad de medios y estructuras para la formación continuada, incluida la de los colaboradores autónomos y trabajadores; la capacidad de intervenir con rapidez y eficacia ante el cliente y ante entidades e instituciones privadas y públicas, así como ante el público en general.”
                           Artículo 17 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, relativo a los “Criterios de fijación de tarifas”, según el cual “al establecer sus honorarios profesionales el geólogo deberá atenerse a lo establecido en el Decreto Legislativo 223/2006, convalidado mediante la Ley no 248/2006; al principio de adecuación consagrado en el artículo 2233, apartado 2, del Codice Civile (Código Civil italiano) y, por lo demás, al conjunto de las disposiciones vigentes en la materia. La tarifa profesional aprobada mediante Decreto Ministerial de 18 de noviembre de 1971 y sus modificaciones posteriores, y la tarifa aplicable a las profesiones liberales aprobada mediante Decreto Ministerial de 4 de abril de 2001, en la parte aplicable a los geólogos, constituyen un criterio técnico-profesional lícito y objetivo que las partes deben tener en cuenta a la hora de considerar, determinar y definir las remuneraciones”. En particular, se solicita a este respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si es contrario al artículo 101 del Tratado haber indicado, como norma legislativa en vigor obligatoria en todo su contenido, el Decreto Legislativo 223/2006 con su sistema numérico-cronológico, único sistema histórico y lícito, tanto a nivel interno como comunitario, que, ciertamente, no incide en modo alguno en el conocimiento y en el alcance obligatorio de la norma jurídica.
                           Artículo 18 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, relativo a la “Adecuación de los honorarios”, según el cual “en el ámbito de la normativa en vigor, en garantía de la calidad de las prestaciones, el geólogo que desarrolle actividades profesionales en sus diversas formas –individual, societaria o asociada– deberá adecuar siempre sus honorarios a la magnitud y dificultad del trabajo encomendado, al decoro profesional, a los conocimientos técnicos y al trabajo exigido. El Colegio, habida cuenta de los principios de competencia profesional, controlará la observancia de cuanto antecede”.
                           Artículo 19 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, sobre “Licitaciones”, según el cual “en los procedimientos de licitación en los que la Administración Pública, de forma lícita, no se atenga a la tarifa profesional como criterio de remuneración, el geólogo deberá adecuar su oferta a la magnitud y dificultad del trabajo encomendado, al decoro profesional, a los conocimientos técnicos y al trabajo exigido”.

                                       —

                                       Reglamento (CEE) no 2137/85 del Consejo, relativo a la constitución de una “agrupación europea de interés económico (AEIE) (1) con el objeto de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros”, establece, en su sexto considerando, que las disposiciones (en él contenidas) no afectan a la aplicación, a nivel nacional, de las normas legales o deontológicas relativas a las condiciones de ejercicio de una actividad o de una profesión;

                                       —

                                       Directiva 2005/36/CE del Parlamento y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, (2) que establece en su considerando cuadragésimo tercero que “en la medida en que estén reguladas, la presente Directiva contempla también las profesiones liberales, que son las que ejercen quienes, gracias a sus especiales cualificaciones profesionales, prestan personalmente, bajo su propia responsabilidad y de manera profesionalmente independiente, servicios intelectuales y conceptuales en interés del mandante y de la población en general. El ejercicio profesional puede estar sometido en los Estados miembros a obligaciones legales específicas con arreglo a la legislación nacional y a las disposiciones establecidas autónomamente en este marco por los órganos correspondientes de representación profesional, que garantizan y fomentan la profesionalidad, la calidad del servicio y la confidencialidad de las relaciones con el cliente”.

                                       —

                                       Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como “Directiva servicios”, (3) dispone en su considerando centésimo decimoquinto que “los códigos de conducta comunitarios pretenden fijar normas mínimas de comportamiento y complementan los requisitos legales de los Estados miembros. No obstan para que los Estados miembros, de conformidad con el Derecho comunitario, adopten medidas legislativas más estrictas, ni para que los colegios profesionales dispongan una mayor protección en sus códigos de conducta nacionales”.

                                       —

                                       Se solicita, por último, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la compatibilidad con el artículo 101 del Tratado de la distinción antes expuesta, en los aspectos jurídicos y de organización colegial, entre empresa profesional y empresa comercial, así como entre la competencia profesional y la competencia comercial».

                           2)

                                       «a)

                                       ¿Prohíbe o impide el artículo 101 TFUE u otra norma europea la referencia a la dignidad y el decoro del profesional –en el caso de autos, geólogo– como elementos que han de tenerse en cuenta para la remuneración profesional?

                                       b)

                                       A efectos del artículo 101 TFUE o de cualquier norma europea, ¿entraña la referencia a la dignidad y el decoro profesional efectos restrictivos de la competencia profesional?

                                       c)

                                       ¿Establece el artículo 101 TFUE u otra norma europea que los requisitos de dignidad y decoro, en cuanto elementos que han de tenerse en cuenta para la remuneración del profesional de acuerdo con tarifas definidas expresamente como sujetas a excepciones en sus importes mínimos –vista la referencia expresa y formal, contenida en el artículo 17 del Nuevo Código Deontológico de Geólogos, a la normativa legal que permite tal excepción (Decreto Legislativo no 223/2006, convalidado mediante la Ley no 248/2006)– pueden inducir a comportamientos restrictivos de la competencia?

                                       d)

                                       ¿Prohíbe el artículo 101 TFUE o una norma europea la referencia a la tarifa profesional –establecida, respecto a los geólogos, mediante disposición estatal: Decreto Ministerial del Ministro de Justicia de acuerdo con el Ministro de las Actividades Productivas, y cuyos importes mínimos pueden ser objeto de excepciones en virtud, una vez más, de la referencia expresa y formal al Decreto Legislativo no 223/2006 recogida en el artículo 17 del Nuevo Código Deontológico– como simple elemento técnico-profesional de referencia para determinar las remuneraciones?

                                       e)

                                       ¿Prohíbe el artículo 101 TFUE u otra norma europea la correspondencia entre la magnitud de las prestaciones y los requisitos de dignidad y decoro, definidos en los artículos 6 y 7 del Nuevo Código Deontológico de Geólogos, con la remuneración profesional, tal como se prevé en el artículo 2233, apartado 2, del c.c. (Código Civil italiano), según el cual “la cuantía de la remuneración (profesional) deberá adecuarse a la magnitud del trabajo y al decoro de la profesión”?

                                       f)

                                       Así pues, según el artículo 101 TFUE, ¿puede considerarse que la referencia al artículo 2233, apartado 2, del c.c. es lícita y que no da lugar a efectos restrictivos de la competencia?

                                       g)

                                       ¿Equipara jurídicamente el artículo 101 TFUE u otra norma europea en materia en materia de competencia a un Colegio Profesional, en el caso de autos el de geólogos, tal como se regula en normas específicas del Estado dictadas con fines institucionales, a los acuerdos y concentraciones de empresas comerciales que constituyen acuerdos restrictivos de la competencia?

                                       h)

                                       ¿Permite el artículo 101 TFUE u otra norma europea equiparar la cuota abonada a los colegios por imperativo legal –establecida para el ejercicio de las funciones y la consecución de fines institucionales– con la actividad de venta de bienes y servicios y el beneficio económico, desarrollada y obtenido, respectivamente, a través de comportamientos restrictivos de la competencia por parte de concentraciones de empresas comerciales?

                                       i)

                                       ¿Justifica el artículo 101 TFUE u otra norma europea la aplicación de sanciones en el caso de autos?

                                       j)

                                       ¿Legitima el artículo 101 TFUE u otra norma europea la sujeción a la recaudación forzosa de la cuota de afiliación, obligatoria por imperativo legal, equiparando tal cuota a los beneficios e ingresos fruto de un acuerdo económico-comercial restrictivo de la competencia?

                                 (…)».

               III.

                           1)

                           Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte reviste carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿se opone el Derecho comunitario de la competencia y de las profesiones, y en particular las disposiciones comunitarias invocadas por la parte recurrente en su cuestión, a la adopción de códigos deontológicos profesionales que disponen que la remuneración sea acorde con el decoro y la dignidad profesionales y con la calidad y la cantidad de trabajo desarrollado, con el resultado de que las remuneraciones inferiores a las tarifas mínimas (y que, por tanto, son competitivas) pueden ser sancionadas, en el plano disciplinario, por vulneración de normas deontológicas?

                           2)

                           Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte tiene carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿Puede interpretarse el Derecho comunitario de la competencia, y en particular la normativa que prohíbe los acuerdos restrictivos, en el sentido de que un acuerdo restrictivo puede estar constituido por normas deontológicas adoptadas por colegios profesionales, cuando tales normas, al establecer el decoro y la dignidad profesional, así como la calidad y la magnitud del trabajo desarrollado, como parámetros de cuantificación de la remuneración del profesional, tengan como efecto la imposibilidad de establecer excepciones a las tarifas mínimas y, por tanto, también un efecto restrictivo de la competencia como consecuencia de dicha imposibilidad de establecer excepciones?

                           3)

                           Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte tiene carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: Si el Derecho nacional establece normas de defensa de la competencia más estrictas que las comunitarias, indicando en particular que pueden establecerse excepciones a los importes mínimos de las tarifas profesionales, aunque el Derecho comunitario parece, en cambio, permitir aún en ciertas condiciones la posibilidad de no establecer excepciones a las tarifas mínimas y, por consiguiente, si una actuación del colegio profesional que imponga la imposibilidad de establecer excepciones a las tarifas mínimas constituye, respecto al Derecho nacional, un acuerdo restrictivo de la competencia mientras que podría no serlo para el Derecho comunitario, ¿se opone el Derecho comunitario de la competencia, y en particular la normativa comunitaria sobre acuerdos restrictivos de la competencia, a considerar una determinada conducta sancionable como acuerdo restrictivo sobre la base de la normativa nacional y no sobre la base de la normativa comunitaria, cuando las normas nacionales de defensa de la competencia sean más estrictas que las comunitarias?

      (1)  DO L 199, p. 1.

      (2)  DO L 255, p. 22.

      (3)  DO L 376, p. 36.


title: Asunto T-318/02: Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2002 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) por H.O. Sports Company, Inc.

text:
11.1.2003              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 7/19
                                                   TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
                                                                         L. Visagio y A. Dal Ferro), que tiene por objeto un recurso de
                  de 25 de septiembre de 2002                            anulación del Reglamento (CE) no 896/2001 de la Comisión,
                                                                         de 7 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones
en el asunto T-178/01, Di Lenardo Adriano SRL contra                     de aplicación del Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo en
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                        lo relativo al régimen de importación de plátanos en la
                                                                         Comunidad (DO L 126, p. 6), el Tribunal de Primera Instancia
                                                                         de las Comunidades Europeas (Sala Quinta), integrado por el
(Plátanos — Reglamento no 896/2001 — Recurso de anula-
                                                                         Sr. J. D. Cooke, Presidente, por el Sr. R. García-Valdecasas y
ción — Persona individualmente afectada — Admisibilidad)
                                                                         por la Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado
                                                                         el 25 de septiembre de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:
                          (2003/C 7/38)
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                     1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
                                                                         2)    La demandante soportará la totalidad de las costas.
En el asunto T-178/01, Di Lenardo Adriano SRL, representada
por Mes. A. Bozzi, C. Gatti y B. Telchini, abogados, contra              (1 ) DO C 289 de 13 de octubre de 2001.
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
L. Visagio y A. Dal Ferro), que tiene por objeto un recurso de
anulación del Reglamento (CE) no 896/2001 de la Comisión,
de 7 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo en
lo relativo al régimen de importación de plátanos en la
Comunidad (DO L 126, p. 6), el Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas (Sala Quinta), integrado por el              Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2002 contra la
Sr. J.D. Cooke, Presidente, por el Sr. R. García-Valdecasas y por        Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
la Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el              dibujos y modelos) por H.O. Sports Company, Inc.
25 de septiembre de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:
                                                                                (Asunto T-318/02)
1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2)    La demandante soportará la totalidad de las costas.                                          (2003/C 7/40)
( 1) DO C 289 de 13.10.2001.                                                               (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 11 de octubre de 2002 un
                                                                         recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por H.O.
                                                                         Sports Company, Inc., Redmond, Washington (EE.UU.), repre-
                  de 25 de septiembre de 2002                            sentada por el Sr. Fabrizio Jacobacci, abogado.
en el asunto T-179/01, Dilexport SRL contra Comisión de
                  las Comunidades Europeas (1)                           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         que:
(Plátanos — Reglamento no 896/2001 — Recurso de anula-
ción — Persona individualmente afectada — Admisibilidad)                 —     Modifique la decisión de 17 de julio de 2002 (expediente
                                                                               no R 140/2002-3) de la Sala Tercera de Recurso de la
                                                                               Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
                          (2003/C 7/39)
                                                                               dibujos y modelos), y estime la solicitud de marca
                                                                               comunitaria para el registro en relación con los siguientes
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                           productos:
                                                                               —    «mochilas; bolsos de viaje; sacos de lona para la
En el asunto T-179/01, Dilexport SRL, representada por                              práctica del wakeboard» incluidos en la clase 18 de
Mes. A. Bozzi, C. Gatti y B. Telchini, abogados, contra                             la clasificación internacional;
 ---pagebreak--- C 7/20                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         11.1.2003
     —     «ropa deportiva, chaquetas; camisetas, sudaderas;              Motivos de recurso:             La resolución es contradictoria en
           polos, pantalones cortos de volea, pantalones cortos                                           la medida en que, a pesar de que
           de entrenamiento y pantalones cortos de deporte;                                               la Sala de Recurso reconoce que
           trajes de baño; sombreros; trajes húmedos para                                                 todas las observaciones y docu-
           deportes acuáticos; botas de trajes húmedos; trajes                                            mentos presentados por H.O.
           secos para deportes acuáticos; botas de esquí acuá-                                            Sports, Inc. se refieren en su totali-
           tico; chalecos de esquí acuático, guantes de esquí                                             dad constantemente al mercado
           acuático; protecciones para las piernas para la                                                particular del wakeboard, consi-
           práctica del wakeboard, todo ello para la práctica                                             dera que el carácter distintivo
           del wakeboard», incluidos en la clase 25;                                                      adquirido, con arreglo al artí-
                                                                                culo 7, apartado 3, del Regla-
     —     «cuerdas de arrastre para deportes acuático; manive-                                           mento (CE) no 40/94 (1), sólo se ha
           las de cuerdas de arrastre para deportes acuáticos;                                            comprobado para determinados
           flotadores de arrastre para deportes acuáticos; tubos                                          productos.
           inflables de uso recreativo en el agua; juguetes
           acuáticos de arrastre diseñados para llevar a una              (1 ) Reglamento (CE) no 40/94 de Consejo de 20 de diciembre de
           persona; tablas de wakeboard; fijaciones de tablas de               1993 sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).
           wakeboard; aletas de tablas de wakeboard; esquíes
           acuáticos; esquíes acuáticos de figura; esquíes de
           salto; fijaciones de esquí acuático; aletas ajustables
           de esquí; harneses de arrastre para embarcaciones de
           esquí acuático; guantes de esquí acuático; tablas de
           rodillas; tablas para deportes acuáticos; bolsas para          Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2002 contra la
           artículos de deportes acuáticos; bolsas para esquíes           Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
           acuáticos, tablas de wakeboard y tablas de rodillas;                dibujos y modelos) por H.O. Sports Company, Inc.
           artículos para deportes acuáticos; amortiguadores
           para su uso con esquíes acuáticos; tablas de wake-                                      (Asunto T-319/02)
           board para limitar las vibraciones y ajustar la
           flexibilidad, todo ello para la práctica del wake-                                        (2003/C 7/41)
           board», incluidos en la clase 28.
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
—    Condene a la demandada al pago de las costas causadas
     en el presente procedimiento, así como en los anteriores
     ante, respectivamente, la División de examen de la OAMI              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     y la Sala Tercera de Recurso.                                        Europeas se ha presentado el 11 de octubre de 2002 un
                                                                          recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado
                                                                          Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por H.O.
                                                                          Sports Company, Inc., Redmond, Washington (EE.UU.), repre-
                                                                          sentada por el Sr. Fabrizio Jacobacci, abogado.
Motivos y principales alegaciones
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
Marca comunitaria de           La marca denominativa «HYPER-              que:
que se trata:                  LITE» — Solicitud no 997122
                                                                          —      Modifique la decisión de 17 de julio de 2002 (expediente
Productos o servicios de       Los productos de las clases 18, 25                no R 140/2002-3) de la Sala Tercera de Recurso de la
que se trata:                  y 28                                              Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
                                                                                dibujos y modelos), y estime la solicitud de marca
Resolución impugnada           Denegación de registro del exami-                 comunitaria para el registro en relación con los siguientes
ante la Sala de Recurso:       nador                                             productos:
                                                                                —    «mochilas; bolsos de viaje; sacos de lona para la
Resolución de la Sala de       Anulación de la resolución del                         práctica del wakeboard» incluidos en la clase 18 de
Recurso:                       examinador en lo que respecta a                        la clasificación internacional;
                               la denegación de registro de la
                               solicitud para «tablas de wake-                   —    «ropa deportiva, chaquetas; camisetas, sudaderas;
                               board, fijaciones de tablas de                         polos, pantalones cortos de volea, pantalones cortos
                               wakeboard; aletas de tablas de                         de entrenamiento y pantalones cortos de deporte;
                               wakeboard; bolsas para tablas de                       trajes de baño; sombreros; trajes húmedos para
                               wakeboard; amortizadores para                          deportes acuáticos; botas de trajes húmedos; trajes
                               su uso con tablas de wakeboard                         secos para deportes acuáticos; botas de esquí acuá-
                               para limitar las vibraciones y ajus-                   tico; chalecos de esquí acuático, guantes de esquí
                               tar la flexibilidad», incluidos todos                  acuático; protecciones para las piernas para la
                               en la clase 28, y desestimación del                    práctica del wakeboard, todo ello para la práctica
                               resto del recurso.                                     del wakeboard», incluidos en la clase 25;


title: Asunto F-30/13: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2013 — Roda/Comisión (Función pública — Pensión de supervivencia — Fallecimiento de un ex cónyuge — Pensión alimenticia — Procedimiento administrativo previo — Exigencia de una reclamación — Extemporaneidad — Inadmisibilidad manifiesta)

text:
               8.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/30

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2013 — Roda/Comisión
   (Asunto F-30/13)
   (Función pública - Pensión de supervivencia - Fallecimiento de un ex cónyuge - Pensión alimenticia - Procedimiento administrativo previo - Exigencia de una reclamación - Extemporaneidad - Inadmisibilidad manifiesta)
   2014/C 39/55
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Silvana Roda (Ispra, Italia) (representante: L. Ribolzi, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión de la Comisión por la que se deniega la solicitud de la demandante de una pensión de supervivencia del 60 % del último sueldo base de su ex marido difunto.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

               2)

               La Sra. Roda cargará con sus propias costas.


title: Asunto T-613/15: Auto del Tribunal General de 19 de septiembre de 2016 — European Dynamics Luxembourg y otros/Frontex

text:
               5.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 454/33

      Auto del Tribunal General de 19 de septiembre de 2016 — European Dynamics Luxembourg y otros/Frontex
      (Asunto T-613/15) (1)

      (2016/C 454/56)
      Lengua de procedimiento: griego
      El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto.

         (1)  DO C 7 de 11.1.2016.


title: Asunto T-187/12: Auto del Tribunal General de 13 de septiembre de 2012 — Bäßler/OAMI (MAX) ( «Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Inadmisibilidad manifiesta» )

text:
               22.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 399/23

         Auto del Tribunal General de 13 de septiembre de 2012 — Bäßler/OAMI (MAX)
   (Asunto T-187/12)
   (Escrito de interposición del recurso - Requisitos de forma - Inadmisibilidad manifiesta)
   2012/C 399/43
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Uwe Bäßler (Gmunden, Austria) (representante: M., abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 2 de febrero de 2012 (asunto R 0909/2011-1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo MAX como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               La demandante cargará con sus propias costas.


title: Asunto C-320/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 29 de mayo de 2017 — Marle Participations SARL/Ministre de l’Économie et des Finances

text:
               14.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 29 de mayo de 2017 — Marle Participations SARL/Ministre de l’Économie et des Finances
   (Asunto C-320/17)
   (2017/C 269/14)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Marle Participations SARL

      Recurrida: Ministre de l’Économie et des Finances

      Cuestión prejudicial

   Se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si y, en su caso, en qué condiciones el arrendamiento de un inmueble por parte de una sociedad de cartera a una filial constituye una intervención directa o indirecta en la gestión de dicha filial que tenga como efecto conferir a la adquisición y a la posesión de participaciones de dicha filial el carácter de actividad económica en el sentido de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA. (1)

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).


title: Asunto C-341/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Montreuil (Francia) el 4 de julio de 2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft, en nombre de DBI-Fonds APT n ° 737/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Montreuil (Francia) el 4 de julio de 2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft, en nombre de DBI-Fonds APT no 737/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État
   (Asunto C-341/11)
   2011/C 269/67
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal administratif de Montreuil

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft, en nombre de DBI-Fonds APT no 737

      Demandada: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe tenerse en cuenta la situación de los partícipes, además de la de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿qué requisitos deben concurrir para que pueda considerarse que la retención en origen controvertida es conforme con el principio de libre circulación de capitales?


title: Asunto C-448/03: Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2003 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
29.11.2003             ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 289/17
Recurso interpuesto el 21 de octubre de 2003 contra el                   Por otra parte, las exigencias impuestas parecen ir más allá de
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las                         lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido. En efecto, la
                     Comunidades Europeas                                exigencia de una autorización previa constituye un obstáculo,
                                                                         habida cuenta de que un prestador de servicios ésta sometido
                                                                         a menudo a limitaciones de tiempo que debe respetar frente a
                       (Asunto C-445/03)                                 clientes establecidos en Luxemburgo, puesto que las autoriza-
                                                                         ciones previas y el posible retraso en su expedición pueden
                                                                         hacer ilusoria la prestación de servicios. Las exigencias de un
                         (2003/C 289/33)                                 contrato de trabajo concertado por tiempo indefinido y de un
                                                                         empleo anterior de al menos seis meses antes de cualquier
                                                                         destino provisional parecen también desproporcionadas, ya
                                                                         que la presencia de los trabajadores de que se trata no tiene
                                                                         repercusiones en el mercado de trabajo luxemburgués. En
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             cuanto a la garantía bancaria, una carga económica de este
presentado el 21 de octubre de 2003 un recurso contra el                 tipo perjudica a los prestadores de servicios extranjeros, que
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de                   ya están sujetos a gravámenes para obtener un permiso de
las Comunidades Europeas, representada por la Sra. M. Patakia,           trabajo en el Estado miembro en que están establecidos.
en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:
                                                                         Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2003 contra la
1)    Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-                 República Francesa por la Comisión de las Comunidades
      plido las obligaciones que le incumben en virtud del                                            Europeas
      artículo 49 CE:
                                                                                (Asunto C-448/03)
      —     al exigir un permiso individual de trabajo o una
                                                                                (2003/C 289/34)
            autorización colectiva de trabajo a un prestador de
            servicios establecido en otro Estado miembro
            cuando este último desea destinar provisionalmente
            a su personal, formado por nacionales de países              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
            terceros que residen y trabajan regularmente en este         interpuesto el 24 de octubre de 2003 un recurso contra
            otro Estado miembro, y la expedición de dicho                la República Francesa formulado por la Comisión de las
            permiso o autorización se subordina a consideracio-          Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks, en
            nes vinculadas al mercado de trabajo, así como a la          calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
            existencia de un contrato concertado por tiempo
            indefinido y de un empleo anterior con el mismo              La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
            prestador de servicios desde al menos seis meses;            de Justicia que:
      —     al exigir una garantía bancaria al mismo prestador           1)   Declare que la República Francesa ha incumplido las
            de servicios que alcanza un mínimo de 60 000 LUF                  obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de
            (1 487 euros).                                                    la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del
                                                                              Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección
                                                                              jurídica de las invenciones biotecnológicas (1) al no haber
2)    Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.                         adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y
                                                                              administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
                                                                              dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no
                                                                              comunicar dichas disposiciones a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones                                        2)   Condene a la República Francesa a pagar las costas del
                                                                              procedimiento.
Los requisitos para destinar provisionalmente a trabajadores
nacionales de países terceros a Luxemburgo en el marco de                Motivos y principales alegaciones
una prestación de servicios transfronteriza son incompatibles
con el Derecho comunitario, en particular con la libre presta-
ción de servicios contemplada en el artículo 49 CE. El hecho             El plazo fijado para la adaptación del Derecho interno a la
de imponer tales requisitos a un prestador de servicios de otro          Directiva expiró el 30 de julio de 2000.
Estado miembro le discrimina respecto a sus competidores
establecidos en el país de acogida que pueden utilizar libre-            (1) DO L 213 de 30.07.1998, p. 13.
mente su propio personal y, además, afecta a su capacidad de
realizar la prestación.


title: Asunto T-637/14: Auto del Tribunal General de 13 de abril de 2015 — noon Copenhagen/OAMI — Wurster Diamonds (noon)

text:
               22.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/42

         Auto del Tribunal General de 13 de abril de 2015 — noon Copenhagen/OAMI — Wurster Diamonds (noon)
   (Asunto T-637/14) (1)

   (2015/C 205/58)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 361, de 13.10.2014.


title: Asunto T-254/07: Recurso interpuesto el 17 de julio de 2007 — Pinzón/Consejo y Comisión

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/49

         Recurso interpuesto el 17 de julio de 2007 — Pinzón/Consejo y Comisión
   (Asunto T-254/07)
   (2007/C 211/92)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: S. Coop. And. Agrícola y Ganadera de Pinzón (representante: Sr. L. Ortiz Blanco, abogado)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se dicte sentencia por la que estimando el presente recurso de indemnización por daños y perjuicios, a tenor de lo establecido en el artículo 288 CE, declare el derecho de la demandante a ser reparada económicamente por el Consejo y la Comisión solidariamente en la cuantía total de un millón doscientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y un euros (1 298 861 EUR), y

               —

               que se condene en costas a las instituciones demandadas.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y argumentos principales son los ya invocados en el asunto T-217/07, Las Palmeras/Consejo y Comisión.


title: Asunto C-87/17 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de febrero de 2017 por CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH contra el auto del Tribunal General (Sala Tercera) dictado el 19 de diciembre de 2016 en el asunto T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Tribunal de Justicia de la Unión Europea

text:
               21.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 277/20

         Recurso de casación interpuesto el 17 de febrero de 2017 por CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH contra el auto del Tribunal General (Sala Tercera) dictado el 19 de diciembre de 2016 en el asunto T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Tribunal de Justicia de la Unión Europea
   (Asunto C-87/17 P)
   (2017/C 277/29)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (representante: A. Schuster, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), mediante auto de 5 de julio de 2017, ha desestimado el recurso de casación y condenado a la recurrente a cargar con sus propias costas.


title: Asunto F-129/14: Recurso interpuesto el 3 de noviembre de 2014  — ZZ/SEAE

text:
               12.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/61

         Recurso interpuesto el 3 de noviembre de 2014 — ZZ/SEAE
   (Asunto F-129/14)
   (2015/C 007/79)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, abogados)

      Demandada: SEAE

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión del SEAE de separar del servicio al demandante, sin reducción de los derechos de pensión.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Anular la decisión de 16 de enero de 2014 del SEAE de separar del servicio al demandante, sin reducir sus derechos de pensión.

               —

               Condenar en costas al SEAE.


title: Asunto T-454/07: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2007 — Prym y otros/Comisión

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/45

         Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2007 — Prym y otros/Comisión
   (Asunto T-454/07)
   (2008/C 51/85)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandantes: William Prym GmbH & Co. KG (Stolberg, Alemania), Prym Inovan GmbH & Co. KG (Stolberg, Alemania), EP Group S.A. (Comines-Warneton, Bélgica) (representantes: H.-J. Niemeyer y C. Herrmann, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la Decisión de la demandada, de 19 de septiembre de 2007, en la medida en que se dirige contra las demandantes.

               —

               Con carácter subsidiario, que se reduzca a una cantidad proporcionada la multa impuesta a las demandantes en el artículo 2 de la Decisión.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes impugnan la Decisión C(2007) 4257 final, de la Comisión, de 19 de septiembre de 2007, en el asunto COMP/E-1/39.168 — Artículos de mercería: cierres. En la Decisión impugnada se impuso a las demandantes una multa por infringir el artículo 81 CE al cometer tres infracciones independientes en el sector de los artículos de mercería; la Comisión contó un total de cuatro infracciones.
   Las demandantes fundan su demanda en once motivos.
   En relación con la imputación de cooperación multilateral en el sector de «otros tipos de cierre» y de las máquinas de cierre, alegan:

               —

               la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 (1), dado que se dividió en dos infracciones separadas un solo acto tipificado;

               —

               la aplicación incorrecta de la Comunicación de clemencia de 2002 (2), ya que consideran que la reducción de la multa en un 30 % es demasiado poca.

         Con respecto a la imputación de la cooperación trilateral en el sector de las cremalleras, alegan lo siguiente:

               —

               la incorrecta imputación de los actos ejercidos por una empresa comunitaria de la primera y de la segunda demandante, así como incorrecto cálculo de la multa impuesta a la tercera demandante;

               —

               la infracción de los apartados C o D de la Comunicación de clemencia de 1996 (3).

         En cuanto a la imputación de la cooperación bilateral con una empresa del Grupo Coat, alegan:

               —

               la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, ya que esa cooperación y una infracción investigada en la Decisión C(2004) 4221 final, de la Comisión, de 26 de octubre de 2004 (asunto COMP/F-1/38.338 — Agujas), fueron divididas en dos infracciones independientes, pese a que debían considerarse una sola infracción;

               —

               la vulneración del principio ne bis in idem al volver a imponer una multa por la misma conducta;

               —

               la infracción del artículo 253 CE por no motivar suficientemente la división de la infracción unitaria;

               —

               la vulneración del principio de cooperación y del de igualdad de trato.

         Por lo que atañe al cálculo de la multa, alegan:

               —

               el incumplimiento de las Directrices para el cálculo de las multas (4), así como de los principios de proporcionalidad y de igualdad;

               —

               la infracción del artículo 253 CE por no motivar suficientemente la fijación de la cantidad inicial y la definición del mercado objetivo de referencia;

               —

               con carácter subsidiario, la vulneración del principio de proporcionalidad al imponer una multa excesiva en suma a las demandantes, y falta de motivación.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).

      (2)  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).

      (3)  Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4).

      (4)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3).


title: Recurso interpuesto el 3 de junio de 1996 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-185/96)

text:
  N° C 247/4                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               24 . 8 . 96
                                                         TRIBUNAL DE JUSTICIA
  Recurso interpuesto el 24 de mayo de 1996 contra el Gran               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
  Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comuni
                             dades Europeas                              1 ) Declare que la República Helénica ha incumplido las
                          ( Asunto C-l 79/96 )
                                                                              obligaciones que le incumben en virtud del Derecho
                                                                              comunitario y , en particular, de las disposiciones de los
                               ( 96/C 247/05 )                                artículos 48 y 52 del Tratado CE y del artículo 7 del
                                                                              Reglamento ( CEE ) n° 1612/68 ('), del artículo 7 del
 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                    Reglamento ( CEE ) n° 1251 /70 ( 2 ), del artículo 7 de la
 ha presentado el 24 de mayo de 1996 un recurso contra el                     Directiva 75/34/CEE (-1 ) y del artículo 3 del Reglamento
 Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión                          ( CEE ) n" 1408/71 ( 4 ), al excluir, en las disposiciones de
 de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.                         su normativa o en su práctica administrativa , a los
 Dimitrios Gouloussis, en calidad de Agente , que designa                     trabajadores comunitarios por cuenta ajena o por
 como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr . Carlos                     cuenta propia y a los miembros de sus familias, por
 Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                                  razón de su nacionalidad , por una parte, del reconoci
                                                                              miento de la calidad de familia numerosa para la
 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :                   concesión del correspondiente complemento salarial y,
                                                                              por otra , de los subsidios familiares .
  1 ) Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha
      incumplido las obligaciones que le incumben en virtud             2 ) Condene en costas a la República Helénica .
      del artículo 59 del Tratado CE, al exigir que los
      mandatarios generales tengan en Luxemburgo su domi               Motivos y principales alegaciones
      cilio social ( en el caso de las personas jurídicas ) o su
      domicilio y residencia ( en el caso de las personas físicas ),    El apartado 2 del artículo 7 del Reglamento ( CEE )
      así como al exigir que estén domiciliados en Luxem               n° 1612/68 , adoptado en ejecución del artículo 48 del
      burgo los directores, mandatarios generales, inspecto            Tratado, dispone que los trabajadores comunitarios se
      res, agentes , corredores y cualesquiera otras personas           beneficiarán de las mismas ventajas sociales y fiscales que los
      dedicadas a operaciones de seguro .                               trabajadores nacionales y, según reiterada jurisprudencia
                                                                        del Tribunal de Justicia , esta disposición no debe ser
 2 ) Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo .                   interpretada en un sentido restrictivo . La Comisión sostiene
                                                                        que el reconocimiento de la calidad de familia numerosa y la
 Motivos y principales alegaciones                                      concesión de subsidios familiares y de complementos
                                                                        salariales por familia numerosa , antes mencionados, son
 La restricción a la libre prestación de servicios de seguro que        ventajas sociales en el sentido de dicho artículo . Por otra
 la legislación impugnada impone en base a la circunstancia             parte , ninguna razón de política demográfica puede justifi
de que el prestador del servicio esté establecido en un Estado          car medidas discriminatorias en perjuicio de nacionales
miembro distinto de aquel donde se presta el servicio , resulta        comunitarios que residen y trabajan en la República
manifiestamente contraria al artículo 59 del Tratado ,                  Helénica .
habida cuenta de que hace imposible para los nacionales de
los Estados miembros establecidos en un país de la                      (')  DO   n" L 257 de 19 . 10 . 1968 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 77 .
Comunidad distinto de Luxemburgo el ejercicio de las                    (-)  DO   n" L 142 de 30 . 6 . 1970 , p . 24 ; EE 05/01 , p . 93 .
funciones de directivo o de intermediario mediante presta              (5)  DO  n"  L 14 de 20 . 1 . 1975 , p . 10 ; EE 06/01 , p . 183 .
ción de servicios en Luxemburgo .                                       (4 ) DO  n"  L 149 de 5 . 7. 1971 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 98 .
Recurso interpuesto el 3 de junio de 1996 contra la                    Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante
República Helénica por la Comisión de las Comunidades                  resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
                                  Europeas                             distaccata di Tivoli— de 21 de febrero y 15 de mayo de
                        ( Asunto C-185 /96 )                           1996, en los procesos penales seguidos contra Mario
                                                                                Modesti y Lahlou Hassan
                              ( 96/C 247/06 )
                                                                                ( Asuntos C-191 /96 y C-196/96 )
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                                          ( 96/C 247/07 )
ha presentado el 3 de junio de 1996 un recurso contra la
República Helénica formulado por la Comisión de las                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han
Comunidades Europeas, representada por la Sra . Maria                  sido sometidas peticiones de decisión prejudicial mediante
Patakia , miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, que            resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr .              distaccata di Tivoli— dictadas el 21 de febrero y el 15 de
Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio                    mayo de 1996 , en los procesos penales seguidos contra
Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.                                    Mario Modesti y Lahlou Hassan y recibidas en la Secretaría


title: Archivo del asunto C-413/97

text:
15.5.1999             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 136/13
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                         Archivo del asunto C-329/98 (1)
lución de la Commissione Tributaria Regionale di Venezia,
de fecha 14 de enero, 25 de febrero y 11 de marzo de                                          (1999/C 136/26)
1999, en el asunto entre Veneta Assocurazione SpA y
                Ufficio del Registro di Padova
                                                                       Mediante auto de 12 de febrero de 1999, el Presidente del
                                                                       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                      (Asunto C-102/99)                                archivar el asunto C-329/98: Comisión de las Comunidades
                                                                       Europeas contra Reino de Bélgica.
                        (1999/C 136/23)
                                                                       (1) DO C 327 de 24.10.1998.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución de la Sala Sexta de la Commissione Tributaria
Regionale di Venezia, dictada el 14 de enero, 25 de febrero y
11 de marzo de 1999, en el asunto entre Veneta Assicurazione
SpA y Ufficio del Registro di Padova, y recibida en la
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 22 de marzo de 1999.
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia solicita al                            Archivo del asunto C-85/98 (1)
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
cuestión:                                                                                (1999/C 136/27)
¿Es compatible con lo dispuesto en la Directiva 69/335/CEE(1)          Mediante auto de 16 de febrero de 1999, el Presidente del
y sus modificaciones lo dispuesto en el artı́culo 4 del                Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
DPR 131/86 Parte Primera, nota I?                                      archivar el asunto C-85/98: Comisión de las Comunidades
                                                                       Europeas contra República Helénica.
(1) DO L 249 de 3.10.1969, p. 25; EE 09/01, p. 22.
                                                                       (1) DO C 184 de 13.6.1998.
                Archivo del asunto C-413/97 (1)
                                                                                Archivo del asunto C-396/97 (1)
                        (1999/C 136/24)
                                                                                (1999/C 136/28)
Mediante auto de 8 de febrero de 1999, el Presidente de la Sala
Primera del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas           Mediante auto de 23 de febrero de 1999, el Presidente de la
ha decidido archivar el asunto C-413/97: Comisión de las              Sala Primera del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania.            Europeas ha decidido archivar el asunto C-396/97: Comisión
                                                                       de las Comunidades Europeas contra República Italiana.
(1) DO C 41 de 7.2.1998.
                                                                       (1) DO C 26 de 24.1.1998.
              Archivo del asunto C-300/97 P (1)                                      Archivo del asunto C-429/98 (1)
                        (1999/C 136/25)                                                       (1999/C 136/29)
Mediante auto de 11 de febrero de 1999, el Presidente de la            Mediante auto de 24 de febrero de 1999, el Presidente del
Sala Sexta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
ha decidido archivar el asunto C-300/97 P: Tiercé Ladbroke             archivar el asunto C-429/98: Comisión de las Comunidades
SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.                       Europeas contra Reino de Bélgica.
(1) DO C 318 de 18.10.1997.                                            (1) DO C 20 de 23.1.1999.


title: Asunto C-217/01 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 2001 por el Sr. Michel Hendrickx contra el auto dictado el 12 de marzo de 2001 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-298/00 promovido por el Sr. Michel Hendrickx contra el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)

text:
28.7.2001              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 212/17
—     No adaptación del Derecho interno al artı́culo 9 de la           marzo de 2001 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera
      Directiva: En la medida en que Alemania no ha adoptado            Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-298/00
      ninguna medida para adaptar su ordenamiento a los                 promovido por el Sr. Michel Hendrickx contra el Centro
      artı́culos 6 y 7, tampoco existen medidas sobre los               Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
      procedimientos relativos a la difusión de la información        (CEDEFOP).
      y sus destinatarios.
                                                                        La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
(1) DO L 357 de 7.12.1989, p. 31.                                       Comunidades Europeas que decida:
                                                                        Anular el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta)
                                                                        de 12 de marzo de 2001, dictado en el asunto T-298/00
                                                                        (Michel Hendrickx/CEDEFOP) (1).
                                                                        Se pronuncie seguidamente dictando nuevas disposiciones por
Petición de decisión prejudicı́al presentada mediante reso-           las que:
lución del Amtsgericht Augsburg —Sección de lo Penal y                —    Se autorice al demandante a adaptar sus motivos y
de Multas Administrativas—, de fecha 26 de febrero de                        pretensiones.
2001, en el procedimiento de imposición de multa contra
                        Bruno Schnitzer                                 Con carácter subsidiario:
                                                                        —    Declare que la decisión del director del CEPEFOP de 14 de
                       (Asunto C-215/01)
                                                                             noviembre de 2000 fue adoptada por una autoridad que
                                                                             carecı́a de competencia.
                        (2001/C 212/29)
                                                                        —    En consecuencia, la anule, ası́ como a la decisión denega-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    toria presunta del CEDEFOP de la solicitud de pago de una
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                indemnización de (nueva) instalación correspondiente a
resolución del Amtsgericht Augsburg —Sección de lo Penal y                 2 meses del sueldo de base del demandante.
de Multas Administrativas—, dictada el 26 de febrero de 2001,
en el procedimiento de imposición de multa contra Bruno                —    Condene a la parte demandada a pagar al demandante la
Schnitzer, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el          cantidad de 361 292 FB, más los intereses de demora a
23 de mayo de 2001. El Amtsgericht Augsburg solicita al                      razón del 7 % anual desde el 22 de julio de 1999 y a las
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes                   costas de las dos instancias.
cuestiones:
                                                                        Motivos y principales alegaciones
¿Es compatible con el Derecho comunitario en materia de libre
prestación de servicios que una empresa portuguesa, que en su
Estado de origen reúne los requisitos para ejercer una actividad       —    Error de Derecho en que incurrió el Tribuna de Primera
industrial o mercantil, deba reunir requisitos adicionales                   Instancia al decidir que el CEDEFOP habı́a estimado la
aunque de carácter meramente formal (en el caso de autos, la                solicitud del demandante cuando la decisión de 14 de
inscripción en el Registro de Oficios) para ejercer dicha                   noviembre de 2000 es una decisión inexistente que
actividad en Alemania no sólo durante un breve perı́odo de                  habı́a sido adoptada por una autoridad que carecı́a de
tiempo, sino también durante un perı́odo más prolongado?                    competencia: el director del CEDEFOP ya no podı́a
                                                                             pronunciarse legalmente sobre la solicitud de demandante
                                                                             puesto que se la habı́a sometido a la Comisión de
                                                                             recursos.
                                                                        —    (Con carácter subsidiario) Error de Derecho en que
                                                                             incurrió el Tribunal de Primera Instancia que, al no
Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 2001                       autorizar al demandante a adaptar sus pretensiones y
por el Sr. Michel Hendrickx contra el auto dictado el                        motivos, no le permitió someter ante el Juez comunitario
12 de marzo de 2001 por la Sala Quinta del Tribunal de                       el litigio que lo oponı́a al CEDEFOP, por una parte, en
Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el                         cuanto a la fijación de la indemnización de (nueva)
asunto T-298/00 promovido por el Sr. Michel Hendrickx                        instalación a la que tenı́a derecho por su nuevo destino
contra el Centro Europeo para el Desarrollo de la Forma-                     en el Consejo, en Bruselas, y, por otra parte, en cuanto a
                 ción Profesional (CEDEFOP)                                 la devolución de las cantidades que, supuestamente, le
                                                                             fueron indebidamente pagadas en concepto de indemni-
                      (Asunto C-217/01 P)                                    zación de instalación que le habı́an sido abonadas en
                                                                             el momento de hacerse cargo de sus funciones en
                        (2001/C 212/30)                                      Tesalónica.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            (1) DO C 161 de 2.06.2001, p. 18.
presentado el 25 de mayo de 2001 un recurso de casación
formulado por el Sr. Michel Hendrickx, representado por
Mes J. N. Louis y V. Peere, contra el auto dictado el 12 de


title: Asunto C-325/08: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 17 de julio de 2008 — Société Olympique lyonnais/Olivier Bernard, Newcastle UFC

text:
               27.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 17 de julio de 2008 — Société Olympique lyonnais/Olivier Bernard, Newcastle UFC
   (Asunto C-325/08)
   (2008/C 247/15)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Cour de cassation
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Société Olympique lyonnais

      Recurridas: Olivier Bernard, Newcastle UFC
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el principio de libre circulación de los trabajadores establecido en el artículo 39 CE a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual un jugador «promesa» que suscribe, al finalizar su período de formación, un contrato de jugador profesional con un club de otro Estado miembro de la Unión Europea, se expone a ser condenado a pagar una indemnización por daños y perjuicios?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿constituye la necesidad de fomentar la contratación y la formación de jóvenes jugadores profesionales un objetivo legítimo o una razón imperiosa de interés general que pueda justificar tal restricción?


title: Asunto T-401/14: Recurso interpuesto el 10 de junio de 2014 — Duro Felguera/Comisión

text:
               4.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 253/51

         Recurso interpuesto el 10 de junio de 2014 — Duro Felguera/Comisión
   (Asunto T-401/14)
   2014/C 253/67
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Duro Felguera, SA (Gijón, España) (representante: A. López Gómez, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la Decisión impugnada;

               —

               subsidiariamente, anule la Decisión que califica el conjunto de medidas fiscales que agrupa bajo la denominación de Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF) como una ayuda de Estado nueva e incompatible con el mercado interior;

               —

               subsidiariamente, anule los artículos 1 y 4 de la decisión impugnada, que identifican a las entidades inversoras de las AIE como únicos beneficiarios de estas hipotéticas ayudas y, a su vez, como únicos obligados a la recuperación;

               —

               subsidiariamente, anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que ordena la recuperación de las supuestas ayudas en vulneración de los principios generales de Derecho de la UE;

               —

               subsidiariamente, anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que se pronuncia sobre la legalidad de los contratos privados celebrados entre los inversores y otras entidades, y

               —

               condene a la Comisión a satisfacer íntegramente las costas de este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   La Decisión impugnada en el presente procedimiento es la misma que en el asunto T-515/13, España/Comisión.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

               1.

               En su primer motivo la demandante considera que la Decisión impugnada vulnera el artículo 107 TFUE al calificar el SEAF y las medidas que lo configuran como una ayuda de Estado. La demandante alega que el enfoque global del que parte la Comisión es erróneo, dado que ésta confunde un conjunto de negocios jurídicos privados realizados por los obligados tributarios para optimizar sus beneficios, con el establecimiento de un mecanismo ad hoc por las autoridades fiscales para generar ventajas fiscales.

               2.

               La demandante basa su segundo motivo en que la Comisión ha determinado incorrectamente el beneficiario de la ayuda, ya que la propia Comisión reconoce que el que recibe la ayuda, o la mayor parte de la misma, es el armador que adquiere el buque, y no la AIE. En efecto, si bien la amortización anticipada es solicitada por la AIE y beneficia en un primer momento a sus miembros, ésta se traslada en un 90 % a las entidades navieras.

               3.

               En su tercer motivo la demandante considera vulnerados los artículos 107 y 108 TFUE, al calificar el régimen español de tributación por tonelaje a determinados casos como una ayuda nueva, en lugar de como una ayuda existente.

               4.

               Mediante su cuarto motivo la demandante alega la vulneración de los artículos 107 y 296 TFUE, al no haber motivado la Comisión suficientemente las razones que llevan a la misma a considerar como beneficiarios únicos y últimos de la ayuda de Estado, y obligados a soportar la recuperación, a la AIE y a sus inversores.

               5.

               En quinto lugar, y con carácter subsidiario, la demandante alega la imposibilidad de decretar la recuperación de la ayuda, ya que en la Decisión impugnada se vulneran los principios generales de igualdad de trato, de proporcionalidad y de confianza legítima.

               6.

               En sexto lugar, y con carácter subsidiario, la demandante expone que ha existido una violación del principio de atribución de competencias con base en los artículos 107 y 108 TFUE, el artículo 14 del reglamento del Consejo 659/1999 y el artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, al pronunciarse la Decisión impugnada sobre la validez de cláusulas contractuales contenidas en contratos privados suscritos con base en el Derecho español entre los inversores y otras entidades.


title: Asunto T-762/14: Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2014 — Philips y Philips France/Comisión

text:
               2.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/37

      Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2014 — Philips y Philips France/Comisión
      (Asunto T-762/14)
      (2015/C 073/48)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandantes: Koninklijke Philips NV (Eindhoven, Países Bajos) y Philips France (Suresnes, Francia) (representantes: J. de Pree, S. Molin y A. ter Haar, abogados)

         Demandada: Comisión Europea

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la Decisión impugnada, en la medida en que afecta a Philips.

                  —

                  Con carácter subsidiario, anule o reduzca el importe de la multa impuesta a Philips mediante la citada Decisión.

                  —

                  En cualquiera de ambos casos, condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones

      Mediante el presente recurso, las demandantes solicitan la anulación parcial de la Decisión C (2014) 6250 final de la Comisión, de 3 de septiembre de 2014, en el asunto AT.39574 — Smart Card Chips (circuitos integrados de tarjetas inteligentes).
      En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca nueve motivos.

                  1)

                  Primer motivo, basado en la infracción de lo dispuesto en los artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEA, ya que la Comisión no demostró de modo suficiente en Derecho que los contactos establecidos por Philips debían ser calificados como restricción de la competencia por su objeto.

                  2)

                  Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEA, ya que la Comisión declaró que la infracción afectaba a las smart card chips de todas las aplicaciones y no se limitaba a las [tarjetas] SIM.

                  3)

                  Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEA, ya que la Comisión no demostró de modo suficiente en Derecho que Philips formara parte de un cártel multilateral junto a Infineon, Renesas y Samsung, y que participara en una infracción única y continuada.

                  4)

                  Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en la vulneración del principio de buena administración y el incumplimiento del deber de diligencia, pues la Comisión no llevó el asunto de manera equitativa e imparcial.

                  5)

                  Quinto motivo, basado en la infracción de los artículos 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEA, ya que, por su forma de tramitar el procedimiento, la Comisión no demostró la infracción imputada de modo suficiente en Derecho.

                  6)

                  Sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 27 del Reglamento 1/2003 (1), 11 del Reglamento 773/2004 (2), y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, así como en la vulneración del derecho de defensa de Philips, ya que la Comisión no informó de pruebas exculpatorias importantes.

                  7)

                  Séptimo motivo, basado en la infracción del artículo 25 del Reglamento 1/2003, ya que la Comisión no estaba facultada para sancionar la conducta imputada, pues tuvo lugar antes del 3 de septiembre del año 2004.

                  8)

                  Octavo motivo, basado en el incumplimiento de las Directrices para el cálculo de las multas, ya que la Comisión calculó incorrectamente el importe de las ventas que debía tenerse en cuenta.

                  9)

                  Noveno motivo, basado en el incumplimiento de las Directrices para el cálculo de las multas y del artículo 23 del Reglamento 1/2003, así como en la vulneración del principio de proporcionalidad, ya que la Comisión aplicó una circunstancia agravante de manera desproporcionada.

         (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).

         (2)  Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18).


title: Asunto C-297/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de septiembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de los Países Bajos (Identificación e inspección técnica obligatoria previos a la matriculación de vehículos en un Estado miembro — Artículos 28 CE y 30 CE — Directivas 96/96/CE y 1999/37/CE — Reconocimiento de los permisos de circulación expedidos y de las inspecciones técnicas realizadas en otros Estados miembros)

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de septiembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de los Países Bajos
   (Asunto C-297/05) (1)

   (Identificación e inspección técnica obligatoria previos a la matriculación de vehículos en un Estado miembro - Artículos 28 CE y 30 CE - Directivas 96/96/CE y 1999/37/CE - Reconocimiento de los permisos de circulación expedidos y de las inspecciones técnicas realizadas en otros Estados miembros)
   (2007/C 269/12)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. van Beek y D. Zijlstra, agentes)

      Demandada: Reino de los Países Bajos (representantes: H.G. Sevenster y D.J.M. de Grave, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: República de Finlandia (representante: E. Bygglin, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 28 CE y 30 CE — Exigencia de de que vehículos ya matriculados en otro Estado miembro pasen un control técnico antes de su matriculación en los Países Bajos
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 30 CE, al haber sometido a los vehículos de más de tres años de antigüedad matriculados anteriormente en otros Estados miembros a una inspección de su estado físico, antes de su matriculación en los Países Bajos.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión de las Comunidades Europeas, el Reino de los Países Bajos y la República de Finlandia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 296 de 26.11.2005.


title: Asunto T-222/10: Sentencia del Tribunal General de 14 de julio de 2011 — ratiopharm/OAMI — Nycomed (ZUFAL) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria ZUFAL — Marca denominativa comunitaria anterior ZURCAL — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud de los signos — Similitud de los productos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Limitación de los productos designados en la solicitud de marca — Artículo 43, apartado 1, del Reglamento n ° 207/2009» ]

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/48

         Sentencia del Tribunal General de 14 de julio de 2011 — ratiopharm/OAMI — Nycomed (ZUFAL)
   (Asunto T-222/10) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa comunitaria ZUFAL - Marca denominativa comunitaria anterior ZURCAL - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Similitud de los signos - Similitud de los productos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Limitación de los productos designados en la solicitud de marca - Artículo 43, apartado 1, del Reglamento no 207/2009)
   2011/C 269/107
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: ratiopharm GmbH (Ulm, Alemania) (representante: S. Völker, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: B. Schmidt, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Nycomed GmbH (Constanza, Alemania) (representante: A. Ferchland, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 12 de marzo de 2010 (asunto R 874/2008-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Nycomed GmbH y ratiopharm GmbH.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a ratiopharm GmbH.

      (1)  DO C 195, de 17.7.2010.


title: Asunto C-319/07 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de julio de 2009 — 3F, anteriormente Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Comisión de las Comunidades Europeas, Reino de Dinamarca, Reino de Noruega (Recurso de casación — Medidas de exención fiscal aplicables a los marinos empleados a bordo de los buques inscritos en el registro internacional danés — Decisión de la Comisión de no formular objeciones — Recurso de anulación — Concepto de interesado — Sindicato de trabajadores — Admisibilidad del recurso de casación)

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de julio de 2009 — 3F, anteriormente Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Comisión de las Comunidades Europeas, Reino de Dinamarca, Reino de Noruega
   (Asunto C-319/07 P) (1)

   (Recurso de casación - Medidas de exención fiscal aplicables a los marinos empleados a bordo de los buques inscritos en el registro internacional danés - Decisión de la Comisión de no formular objeciones - Recurso de anulación - Concepto de «interesado» - Sindicato de trabajadores - Admisibilidad del recurso de casación)
   2009/C 205/03
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: 3F, anteriormente Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (representantes: A. Bentley, QC, y A. Worsøe, advokat)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: N. Khan y H. van Vliet, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 23 de abril de 2007, SID/Comisión (T-30/03), por el que el Tribunal de Primera Instancia declaró inadmisible el recurso por el que solicita que se anule la Decisión de la Comisión C(2002) 4370 final, de 13 de noviembre de 2002, de considerar ayudas de Estado compatibles con el mercado común las medidas fiscales danesas aplicables a los marinos contratados a bordo de los buques daneses –Concepto de interesado — Sindicato de trabajadores.

      Fallo

               1)

               Anular parcialmente el auto del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 23 de abril de 2007, SID/Comisión (asunto T-30/03), en la medida en que no respondió a las alegaciones de 3F relativas, por una parte, a la posición competitiva de éste frente a otros sindicatos en la negociación de convenios colectivos aplicables a los marinos y, por otra parte, a los aspectos sociales derivados de las medidas fiscales relativas a los marinos contratados en los buques inscritos en el registro internacional danés de buques.

               2)

               Desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión de las Comunidades europeas ante el Tribunal de Primera Instancia.

               3)

               Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva sobre las pretensiones de 3F dirigidas a la anulación de la Decisión de la Comisión C(2002) 4370 final, de 13 de noviembre de 2002, por la que se decide no plantear objeciones a las medidas fiscales danesas aplicables a los marinos contratados a bordo de los buques inscritos en el registro internacional danés.

               4)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 211, de 8.9.2007.


title: Asunto C-135/11 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de marzo de 2011 por IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 13 de enero de 2011 en el asunto T-362/08: IFAW/Comisión Europea

text:
               18.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/8

         Recurso de casación interpuesto el 18 de marzo de 2011 por IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 13 de enero de 2011 en el asunto T-362/08: IFAW/Comisión Europea
   (Asunto C-135/11 P)
   2011/C 179/14
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (representantes: S. Crosby, Advocaat, S. Santoro, Avvocato)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Reino de Dinamarca, República de Finlandia, Reino de Suecia

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Declare que la sentencia recurrida está viciada de errores de Derecho y que, en consonancia con ello, sea anulada.

               —

               Anule la Decisión de la Comisión por la que se denegó el acceso a la carta del Sr. Schröder.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas correspondientes al recurrente en ambos procedimientos, con arreglo a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la sentencia recurrida, por los siguientes motivos:

               —

               Al no reconocer que la Comisión debe controlar plenamente si las razones invocadas por el Estado miembro para denegar el acceso a un documento están comprendidas entre las excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, (1) cotejando las excepciones con el contenido del documento.

               —

               Al resolver que era conforme a Derecho realizar un control pleno de la denegación de acceso sin ver el documento en cuestión.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).