title: Asunto C-299/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Francesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/18/CE — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos — Normativa nacional que establece un procedimiento único para la adjudicación del contrato de definición de las necesidades y del contrato de ejecución subsiguiente — Compatibilidad con la citada Directiva)

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Francesa
   (Asunto C-299/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2004/18/CE - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos - Normativa nacional que establece un procedimiento único para la adjudicación del contrato de definición de las necesidades y del contrato de ejecución subsiguiente - Compatibilidad con la citada Directiva)
   2010/C 24/13
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Kukovec, G. Rozet y M. Konstantinidis, agentes)

      Demandada: República Francesa (representantes: G. de Bergues, J.-C. Gracia y J.-S. Pilczer, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 2, 28 y 31 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Recurso al procedimiento negociado sin publicación de licitación en casos no previstos por la Directiva 2004/18 — Distinción entre contratos de «definición», sujetos a las normas de la Directiva, y contratos de «ejecución», exentos del cumplimiento de tales normas — Vulneración de los principios de transparencia y de igualdad de trato.

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 28 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, al haber adoptado y mantenido en vigor los artículos 73 y 74-IV del Código de Contratación Pública, adoptado mediante el Decreto no 2006-975, de 1 de agosto de 2006, en los que se establece un procedimiento para la adjudicación de contratos de definición de proyectos que permite que un poder adjudicador adjudique un contrato de ejecución (de servicios, suministros u obras) a uno de los titulares de los contratos de definición iniciales, previa licitación limitada a dichos titulares.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas a la República Francesa.

      (1)  DO C 272, de 25.10.2008.


title: Asunto C-271/07: Recurso interpuesto el 7 de junio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

text:
               8.9.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/13

         Recurso interpuesto el 7 de junio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-271/07)
   (2007/C 211/24)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Alcover San Pedro y J.-B. Laignelot, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996 (1) relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, al haber adaptado parcialmente o incorrectamente su Derecho interno al artículo 2, apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11, al artículo 3, al artículo 5, al artículo 6, apartado 1, al artículo 8, al artículo 9, apartados 3, 4, 5 y 6, al artículo 10, al artículo 12, apartado 2, al artículo 13, apartados 1 y 2, al artículo 14, al artículo 17, apartado 2, al anexo I y al anexo IV de dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su recurso, la Comisión reprocha a la demandada el haber adaptado de forma parcial o incorrecta, o incluso no haber adaptado, su Derecho interno a varias disposiciones esenciales de la Directiva 96/61. El recurso, que tiene por objeto las medidas adoptadas (o no adoptadas) por la Región Valona y la Región de Bruselas Capital se refiere, en particular, a la ausencia de correspondencia entre el ámbito de aplicación material de dichas medidas y el de la Directiva y a la facultad de apreciación excesivamente amplia que se reconoce a las autoridades regionales en lo que respecta a los permisos de explotación y a las circunstancias en las que debe efectuarse una revisión y/o una actualización de las condiciones del permiso.

      (1)  DO L 257, p. 26.


title: Asunto F-29/12: Auto del Tribunal de la Función Pública de 18 de abril de 2016 — Hill y otros/Comisión

text:
               30.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/53

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 18 de abril de 2016 — Hill y otros/Comisión
   (Asunto F-29/12) (1)

   (2016/C 191/78)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 133 de 5.5.2012, p. 31.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2003 en el asunto T-66/99: Minoan Lines SA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Competencia — Reglamento (CEE) n° 4056/86 — Inspección de locales de una sociedad distinta de la destinataria de la decisión de inspección — Artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) — Normativa estatal sobre el transporte marítimo y práctica de las autoridades públicas — Aplicabilidad del artículo 85 del Tratado — Imputabilidad de la conducta infractora — Multa — Aplicación de las Directrices para el cálculo de las multas)

text:
20.3.2004               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 71/21
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                   de 11 de diciembre de 2003                                                 de 11 de diciembre de 2003
en el asunto T-65/99: Strintzis Lines Shipping SA contra                   en el asunto T-66/99: Minoan Lines SA contra Comisión
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                                          de las Comunidades Europeas (1)
(«Competencia — Reglamento (CEE) no 4056/86 — Inspec-
ción de locales de una sociedad distinta de la destinataria de             (Competencia — Reglamento (CEE) no 4056/86 — Inspec-
la decisión de inspección — Artículo 85, apartado 1, del                   ción de locales de una sociedad distinta de la destinataria de
Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1)                        la decisión de inspección — Artículo 85, apartado 1, del
—Normativa estatal sobre el transporte marítimo y práctica                 Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) —
de las autoridades públicas — Aplicabilidad del artículo 85                Normativa estatal sobre el transporte marítimo y práctica de
del Tratado — Imputabilidad de la conducta infractora —                    las autoridades públicas — Aplicabilidad del artículo 85 del
                                                                           Tratado — Imputabilidad de la conducta infractora — Multa
Multa — Aplicación de las Directrices para el cálculo de las
                             multas»)                                      — Aplicación de las Directrices para el cálculo de las multas)
                          (2004/C 71/36)                                                             (2004/C 71/37)
                  (Lengua de procedimiento: griego)                                          (Lengua de procedimiento: griego)
En el asunto T-65/99, Strintzis Lines Shipping SA, con                     En el asunto T-66/99, Minoan Lines SA, con domicilio social
domicilio social en el Pireo (Grecia), representada por los                en Heraklion (Grecia), representada por el Sr. I. Soufleros,
Sres. K. Adamantopoulos, V. Akritidis y A. Papakrivopoulos,                abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comi-
abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra                      sión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. R. Lyal,
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. R. Lyal,              D. Triantafyllou y A. Oikonomou), que tiene por objeto un
D. Triantafyllou y G. Athanassiou), que tiene por objeto un                recurso de anulación contra la Decisión 1999/271/CE de la
recurso de anulación contra la Decisión 1999/271/CE de la                  Comisión, de 9 de diciembre de 1998, relativa a un procedi-
Comisión, de 9 de diciembre de 1998, relativa a un procedi-                miento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.466
miento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.466             — Transbordadores griegos) (DO 1999, L 109, p. 24), el
— Transbordadores griegos) (DO 1999, L 109, p. 24), el                     Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el
Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el              Sr. J.D. Cooke, Presidente, y el Sr. R. García-Valdecasas y la
Sr. J.D. Cooke, Presidente, y el Sr. R. García-Valdecasas y la             Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers, administrador,
Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers, administrador,         ha dictado el 11 de diciembre de 2003 una sentencia cuyo
ha dictado el 11 de diciembre de 2003 una sentencia cuyo                   fallo es el siguiente:
fallo es el siguiente:
                                                                           1)    Desestimar el recurso.
1)    Desestimar el recurso.
2)    La demandante cargará con sus propias costas y con las de la         2)    La demandante cargará con sus propias costas y con las de la
      Comisión.                                                                  Comisión.
(1) DO C 136 de 15.5.1999.                                                 (1) DO C 136 de 15.5.1999.


title: Asunto C-281/14 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 21 de enero de 2016 — Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)/Comisión Europea, Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) (Recurso de casación — Red Transeuropea de Transporte — Ayuda financiera — Terminación — Decisión por la que se declaran no subvencionables determinados gastos y se establece la liquidación final — Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto — Recurso de anulación — Acto impugnable — Legitimación — Persona distinta del beneficiario de la ayuda)

text:
               14.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 21 de enero de 2016 — Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)/Comisión Europea, Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)
   (Asunto C-281/14 P) (1)

   ((Recurso de casación - Red Transeuropea de Transporte - Ayuda financiera - Terminación - Decisión por la que se declaran no subvencionables determinados gastos y se establece la liquidación final - Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto - Recurso de anulación - Acto impugnable - Legitimación - Persona distinta del beneficiario de la ayuda))
   (2016/C 098/07)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (representantes: G. Greco, M. Muscardini y G. Carullo, avvocati)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: J. Hottiaux y E. Montaguti, agentes, D. Gullo, avvocato), Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) (representantes: I. Ramallo, D. Silhol y Z. Szilvássy, agentes, A. Lanzi y M. Bozzo, avvocati)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA).

      (1)  DO C 292 de 1.9.2014.


title: Asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de noviembre de 2011 — Comisión Europea/Government of Gibraltar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino de España (C-106/09), Reino de España/Comisión Europea, Government of Gibraltar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (C-107/09) (Recurso de casación — Ayudas de Estado — Selectividad material — Régimen fiscal — Gibraltar — Sociedades extraterritoriales)

text:
               28.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 25/2

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de noviembre de 2011 — Comisión Europea/Government of Gibraltar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino de España (C-106/09), Reino de España/Comisión Europea, Government of Gibraltar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (C-107/09)
      (Asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P) (1)

      (Recurso de casación - Ayudas de Estado - Selectividad material - Régimen fiscal - Gibraltar - Sociedades extraterritoriales)
      (2012/C 25/02)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         C-106/09 P

         Recurrente: Comisión Europea (representantes: R. Lyal, V. Di Bucci y N. Khan, agentes)

         Otras partes en el procedimiento: Government of Gibraltar (representantes: J. Temple Lang, Solicitor, M. Llamas, Barrister, y A. Petersen, advokat), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: I. Rao, agente, D. Anderson, QC, y M. Gray, Barrister), Reino de España (representantes: N. Díaz Abad y J.M. Rodríguez Cárcamo, agentes)

         Parte coadyuvante en apoyo de Government of Gibraltar y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Irlanda (representantes: D. O’Hagan, agente, y B. Doherty, Barrister)

         C-107/09 P

         Recurrente: Reino de España (representantes: N. Díaz Abad y J.M. Rodríguez Cárcamo, agentes)

         Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: L. Lyal, V. Di Bucci y N. Khan, agentes), Government of Gibraltar (representantes: J. Temple Lang, Solicitor, M. Llamas, Barrister, y A. Petersen, advokat), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: I. Rao, agente, D. Anderson, QC, y M. Gray, Barrister)

         Objeto

      Recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 18 de diciembre de 2008, Government of Gibraltar/Comisión (T-211/04 y T-215/04), por la que el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión 2005/261/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, sobre el régimen de ayudas que el Reino Unido tiene previsto ejecutar con respecto a la reforma del impuesto de sociedades del Gobierno de Gibraltar [Ayuda estatal no C 66/2002 ex (N 534/2002) — Reino Unido].

         Fallo

                  1)

                  Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 2008, Government of Gibraltar y Reino Unido/Comisión (T-211/04 y T-215/04).

                  2)

                  Desestimar el recurso del Government of Gibraltar y el recurso del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

                  3)

                  Condenar al Government of Gibraltar y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a soportar, además de sus propias costas, las costas causadas por la Comisión Europea y el Reino de España con ocasión de los presentes recursos de casación, así como las costas causadas por la Comisión Europea en primera instancia.

                  4)

                  El Reino de España e Irlanda, como partes coadyuvantes en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Justicia, respectivamente, cargarán con sus propias costas.

         (1)  DO C 141, de 20.6.2009.


title: Asunto T-141/17 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de marzo de 2017 — Amisi Kumba/Consejo («Procedimiento sobre medidas provisionales — Medidas restrictivas — República Democrática del Congo — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»)

text:
               6.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/24

         Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de marzo de 2017 — Amisi Kumba/Consejo
   (Asunto T-141/17 R)
   ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Medidas restrictivas - República Democrática del Congo - Demanda de suspensión de la ejecución - Inexistencia de urgencia»))
   (2017/C 178/34)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Gabriel Amisi Kumba (Kasa-Vubu, República Democrática del Congo) (representantes: O. Okito y A. Ouannès, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto

   Demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE por la que se solicita la suspensión de la ejecución del Reglamento (UE) 2016/2230 del Consejo, de 12 de diciembre de 2016, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1183/2005 del Consejo por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo (DO 2016, L 336 I, p. 1).

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-178/00: Recurso interpuesto el 4 de julio de 2000 contra el Banco Central Europeo por el Sr. Jan Pflugradt

text:
9.9.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 259/29
Recurso interpuesto el 28 de junio de 2000 contra la                    Recurso interpuesto el 4 de julio de 2000 contra el Banco
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,                              Central Europeo por el Sr. Jan Pflugradt
     Dibujos y Modelos) por la empresa KWS Saat AG
                                                                                (Asunto T-178/00)
                       (Asunto T-173/00)
                                                                                (2000/C 259/53)
                         (2000/C 259/52)
                (Lengua de procedimiento: alemán)                                        (Lengua de procedimiento: alemán)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 28 de junio de 2000 un recurso             Europeas se ha presentado el 4 de julio de 2000 un recurso
contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior                 contra el Banco Central Europeo formulado por el Sr. Jan
(Marcas, Dibujos y Modelos) formulado por KWS Saat AG,                  Pflugradt, con domicilio en Francfort del Meno (RFA), represen-
Einbeck (RFA), representada por Dr. Gert Würtenberger, bufete           tado por el Sr. Norbert Pflüger y las Sras. Regina Steiner y
Wuesthoff & Wuesthoff, Munich (RFA).                                    Silvia Mittländer, Abogados de Francfort del Meno (RFA).
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
que:
                                                                        1.     Condene al Banco Central Europeo a que revoque el
—    Remita los autos para una nueva vista a la Sala de                        informe de calificación del demandante para el año 1999
     Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado                       y a que lo retire de su expediente personal sin sustituirlo
     Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).                                     por ningún otro documento.
     Con carácter subsidiario,                                         2.     Condene al Banco Central Europeo a que adopte un
                                                                               nuevo informe de calificación del demandante para el
—    anule la Decisión de la Sala Segunda de Recurso de 19 de                 año 1999, en cuya elaboración intervengan otras perso-
     abril de 2000 recaı́da en el procedimiento de recurso R                   nas que sean imparciales.
     282/1999-2 sobre la solicitud de marca comunitaria
     no 000 773 630, marca de color «Orange», declare que la            3.     Condene al Banco Central Europeo a que, de conformidad
     marca solicitada es susceptible de registro y ordene a la                 con el contrato, encomiende al demandante tareas que
     Oficina que inscriba la marca en el registro de marcas                    correspondan a actividades incluidas en la descripción de
     comunitarias.                                                             su puesto de trabajo.
                                                                        4.-7. Condene al Banco Central Europeo a que, de conformidad
Motivos y principales alegaciones
                                                                               con el contrato, encomiende al demandante una serie de
                                                                               responsabilidades que se especifican.
Marca objeto de la solici-     color «Orange» (HKS7) — Solici-
tud:                           tud no 773630                            8.     Declare que el Banco Central Europeo está obligado a
                                                                               encomendar al demandante tareas que estén incluidas en
Mercancı́a o servicio:         mercancı́as y servicios de las cla-             la descripción de su puesto de trabajo y a tomar
                               ses 7, 11, 31 y 42 (plantas de
                                                                               principalmente en consideración, para ello, las actividades
                               tratamiento de semillas, produc-                definidas en el contrato a que se refieren los apartados 4
                               tos agrı́colas y forestales, entre              a 7 del recurso.
                               otros)
Resolución      recurrida     denegación del registro por parte       9.     Condene en costas al demandado.
ante la Sala de Recurso:       del examinador
Motivos invocados:             — motivación insuficiente de la         Motivos y principales alegaciones
                                   resolución de la Sala de
                                   Recurso                              El demandante es empleado del BCE. Cuestiona la validez
                               — denegación errónea con arre-         jurı́dica de su informe de calificación correspondiente al año
                                   glo a Derecho del carácter          1999, elaborado por uno de sus superiores, y reclama que se
                                   distintivo de la marca por           elabore un nuevo informe de calificación para ese perı́odo.
                                   parte de la Sala de Recurso          Alega que su informe de calificación contiene datos erróneos,
                               — atribución errónea con arreglo       los cuales lesionan sus derechos de la personalidad y constitu-
                                   a Derecho de un imperativo           yen un obstáculo para su carrera profesional. Por otro lado, el
                                   de disponibilidad por parte de       demandado conculcó el derecho del demandante a realizar un
                                   la Sala de Recurso                   trabajo efectivo de conformidad con su contrato.


title: Asunto C-215/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy we Wrocławiu (República de Polonia) el 9 de mayo de 2011 — Iwona Szyrocka/SIGER Technologie GmbH

text:
               23.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy we Wrocławiu (República de Polonia) el 9 de mayo de 2011 — Iwona Szyrocka/SIGER Technologie GmbH
   (Asunto C-215/11)
   2011/C 219/08
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sąd Okręgowy we Wrocławiu

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Iwona Szyrocka

      Demandada: SIGER Technologie GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 7 del Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, (1) ¿debe interpretarse en el sentido de que

                           a)

                           regula de manera exhaustiva todos los requisitos que debe reunir una petición de requerimiento europeo de pago,
                           o en el sentido de que

                           b)

                           simplemente establece unas prescripciones mínimas para tal petición, siendo de aplicación el Derecho nacional a las cuestiones no reguladas en dicho precepto?

               2)

               En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión, apartado b), si la petición no reúne los requisitos formales conforme al Derecho del Estado miembro (por ejemplo, porque no se adjunte una copia de la petición para la otra parte o porque no se indique el valor del objeto del litigio), ¿debe requerirse al demandante para que complete la petición con arreglo al Derecho nacional, en virtud del artículo 26 del Reglamento no 1896/2006, o bien con arreglo al artículo 9 del Reglamento no 1896/2006?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 4 del Reglamento no 1896/2006 en el sentido de que las características de un crédito pecuniario mencionadas en dicho precepto –esto es, el importe determinado, así como que el crédito esté vencido y sea exigible en el momento de presentar la petición de requerimiento europeo de pago– se refieren únicamente al principal, o en el sentido de que se refieren también a la deuda de intereses de demora?

               4)

               ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, letra c), del Reglamento no 1896/2006 en el sentido de que en el procedimiento monitorio europeo, si el Derecho del Estado miembro de origen no contempla la adición automática de los intereses, se pueden reclamar, junto al principal:

                           a)

                           todos los intereses, incluidos los llamados «intereses abiertos» (calculados entre una fecha de vencimiento determinada exactamente y un día de pago no determinado mediante una fecha, por ejemplo «entre el 20 de marzo de 2011 y el día en que se efectúe el pago»);

                           b)

                           únicamente los intereses calculados entre una fecha de vencimiento determinada exactamente y la presentación de la petición o la expedición del requerimiento de pago;

                           c)

                           exclusivamente los intereses calculados entre una fecha de vencimiento determinada exactamente y la presentación de la petición?

               5)

               En caso de que se responda afirmativamente a la cuarta cuestión, apartado a), ¿cómo debe plasmarse en el requerimiento de pago, conforme al Reglamento no 1896/2006, la decisión del órgano jurisdiccional acerca de los intereses?

               6)

               En caso de que se responda afirmativamente a la cuarta cuestión, apartado b), ¿quién debe indicar el importe de los intereses, el demandante o el órgano jurisdiccional de oficio?

               7)

               En caso de que se responda afirmativamente a la cuarta cuestión, apartado c), ¿está obligado el demandante a indicar en la petición el importe de los intereses calculados?

               8)

               Si el demandante no calcula los intereses reclamados hasta la presentación de la petición, ¿debe el órgano jurisdiccional calcularlos de oficio o, por el contrario, requerir al demandante para que complete la petición con arreglo al artículo 9 del Reglamento no 1896/2006?

      (1)  DO L 399, p. 1.


title: Asunto T-629/15: Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2015 — Hako/OAMI (SCRUBMASTER)

text:
               18.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/47

         Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2015 — Hako/OAMI (SCRUBMASTER)
   (Asunto T-629/15)
   (2016/C 016/56)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Hako GmbH (Bad Oldesloe, Alemania) (representante: A. Marx, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «SCRUBMASTER» — Solicitud de registro no 12492617

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 1 de septiembre de 2015 en el asunto R 2197/2014-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la OAMI a pagar las costas, incluidas las costas del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 75 del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-173/17: Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2017 — TestBioTech/Comisión

text:
               22.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/31

         Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2017 — TestBioTech/Comisión
   (Asunto T-173/17)
   (2017/C 161/44)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: TestBioTech eV (Múnich, Alemania) (representantes: K. Smith, QC, y J. Stevenson, Barrister)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 9 de enero de 2017 por la que se deniega la solicitud de la demandante de que se revisen internamente las Decisiones de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/1215, (1) (UE) 2016/1216 (2) y (UE) 2016/1217, (3) de 22 de julio de 2016, por las que se autoriza la comercialización, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (4) (en lo sucesivo, «Reglamento MG»), de soja modificada genéticamente FG72, MON 87708 × MON 89788 y MON 87705 × MON 89788, respectivamente.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante formula, en esencia, un único motivo, en el que alega que la Comisión incumplió las obligaciones que le impone el Reglamento MG, en particular sus artículos 14 y 16, al no llevar a cabo íntegramente las adecuadas evaluaciones de seguridad antes de autorizar la comercialización o al no garantizar el efectivo seguimiento postautorización.
   Considera que la Comisión se equivocó al basarse en el Derecho de la Unión relevante relativo al control de pesticidas ya que el mismo no regula específicamente los organismos modificados genéticamente.

      (1)  Decisión de Ejecución (UE) 2016/1215 de la Comisión, de 22 de julio de 2016, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 (MST-FGØ72-2) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2016, L 199, p. 16).

      (2)  Decisión de Ejecución (UE) 2016/1216 de la Comisión, de 22 de julio de 2016, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2016, L 199, p. 22).

      (3)  Decisión de Ejecución (UE) 2016/1217 de la Comisión, de 22 de julio de 2016, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2016, L 199, p. 28).

      (4)  Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO 2003, L 268, p. 1).


title: Asunto C-27/04: Recurso interpuesto el 28 de enero de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
7.2.2004                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 35/5
Motivos y principales alegaciones                                          Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de
                                                                           las Comunidades Europeas, representada por el Sr. D. Martin,
La Comisión considera que el hecho de que el contrato de que               en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
se trata en el presente asunto esté incluido en el ámbito
de aplicación de la Directiva 92/50/CEE (1), en su versión                 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
modificada por la Directiva 97/52/CE (2), no impide que se
aplique el principio enunciado en la sentencia Telaustria (3),             1.   Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
que se deriva de las libertades fundamentales reconocidas en el                 plido las obligaciones que le incumben en virtud del
Tratado, ni los principios generales que se concretan en                        punto 1 de la cláusula 2 del capítulo II del anexo de la
tales libertades fundamentales. La obligación de los Estados                    Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996,
miembros de observar dichos principios generales se ve                          relativa al Acuerdo marco sobre el permiso paren tal cele-
confirmada por el propio artículo 3, apartado 2, de la Directiva,               brado por la UNICE, el CEEP y la CES (1), por lo que se
que prevé, con carácter general, que las entidades adjudicadoras                refiere:
velen por que no se cometa discriminación alguna entre los                      —     a la sustitución del permiso parental por el permiso
diferentes prestadores de servicios. Esta última obligación se                        de maternidad y
impone a las autoridades irlandesas en relación tanto con los
servicios del anexo IB como con los del anexo IA.                               —     al plazo a partir del cual se concede el derecho
                                                                                individual al permiso parental,
Se alega que el análisis de la Comisión es el único que puede
estimarse coherente con la lógica del Tratado en materia de                     al adoptar los artículos 7, apartado 2, y 19, párrafo
mercado interior. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia                    quinto, de la ley de 12 de febrero de 1999, por la que se
establece claramente que las disposiciones del Tratado sobre la                 crea un permiso parental y un permiso por razones
libertad de establecimiento y de prestación de servicios impo-                  familiares.
nen obligaciones a los Estados miembros a la hora de adjudicar             2.   Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
contratos públicos no incluidos en el ámbito de aplicación de
las directivas. Es lo que sucede con los contratos (como las
concesiones de servicios) que no se encuentran expresamente                Motivos y principales alegaciones
amparados en aquéllas y de los contratos que, pese a estar
previstos en ellas, se refieren a valores inferiores a los umbrales        1. Los objetivos del permiso de maternidad y del permiso
fijados en las diferentes directivas.                                      parental son completamente distintos. Además, el punto 1 de la
                                                                           cláusula 2 del Acuerdo marco establece expresamente que el
En estas circunstancias, la Comisión alega que sería incompati-            permiso parental es un derecho individual de una duración
ble con la lógica del mercado interior que, pese a que el                  mínima de tres meses. Por tanto, la obligación de finalizar el
Derecho comunitario exige un determinado nivel de publicidad               permiso parental cuando comienza el permiso de maternidad
en tales situaciones, aun cuando el contrato no se encuentre               no es compatible con esta disposición del anexo de la Directiva
incluido en el ámbito de aplicación de las directivas por su               96/34. Habida cuenta de la existencia de un derecho individual
estructura o valor, los Estados miembros fueran libres de no               a un permiso parental de, al menos, tres meses de duración, que
publicar de modo alguno ciertos contratos (cuyo valor supere               el punto 1 de la cláusula 2 del Acuerdo marco reconoce, la mujer
los umbrales) únicamente por estimar que los servicios a que               cuyo permiso de maternidad ha comenzado durante su permiso
se refieren se encuentran incluidos en el anexo IB de la                   parental debe poder aplazar la parte de permiso parental que aún
Directiva.                                                                 no haya podido disfrutar debido a su permiso de maternidad.
(1) Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre         2. Al exigir que los hijos hayan nacido o hayan sido
    coordinación de los procedimientos de adjudicación de los              adoptados después del 31 de diciembre de 1998, las autorida-
    contratos públicos de servicios (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1).         des luxemburguesas han añadido un requisito no autorizado
(2) Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de            por la Directiva.
    13 de octubre de 1997, por la que se modifican las Directivas 92/
    50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE sobre coordinación de los                (1) DO L 145 de 19.6.1996, p. 4.
    procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
    servicios, de los contratos públicos de suministros y de los
    contratos públicos de obras, respectivamente (DO L 328 de
    28.11.1997, p. 1).
(3) Sentencia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress        Recurso interpuesto el 28 de enero de 2004 contra el
    (C-324/98, Rec. 2000, p. I-10745).                                     Consejo de la Unión Europea por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
                                                                                (Asunto C-27/04)
Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2003 contra el
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las                                                     (2004/C 35/09)
                     Comunidades Europeas
                        (Asunto C-519/03)                                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                           presentado el 28 de enero de 2004 un recurso contra el
                          (2004/C 35/08)                                   Consejo de la Unión Europea formulado por la Comisión de
                                                                           las Comunidades Europeas, representada por los Sres. M. Petite,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               A. van Solinge y P. Aalto, en calidad de agentes, que designa
presentado el 12 de diciembre de 2003 un recurso contra el                 domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- C 35/6                  ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                               7.2.2004
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal                   sobre determinadas recomendaciones de la Comisión al
de Justicia que                                                                amparo del apartado 9. Ahora bien, no puede adoptarse
                                                                               una decisión al amparo del apartado 9 si no existe
1)    Declare que:                                                             una decisión previa de comprobación con arreglo al
                                                                               apartado 8. Al proceder a tal votación, el Consejo no
      —     las decisiones de no adoptar los instrumentos forma-               cumplió los requisitos de aplicación del artículo 104 CE,
            les contenidos en las recomendaciones de la Comi-                  apartado 9. Aun suponiendo que ello fuera posible, estaba
            sión con arreglo al artículo 104, apartados 8 y 9;                 obligado a proporcionar una motivación suficiente que
                                                                               justificase su decisión de no adoptar la recomendación, a
      —     las «conclusiones del Consejo sobre la evaluación de               pesar de que compartía, en realidad, el análisis económico
            las acciones emprendidas por Francia para responder                de la Comisión. Por lo tanto, el Consejo incumplió la
            a las recomendaciones del Consejo con arreglo al                   obligación de motivación establecida en el artículo 253
            apartado 7 del artículo 104 del Tratado constitutivo               CE.
            de la Comunidad Europea y el estudio de nuevas
            medidas dirigidas a la reducción del déficit para            —     La suspensión del procedimiento aplicable en caso de
            poner remedio a la situación de [déficit excesivo]»                déficit excesivo.
            y                                                                  De las conclusiones del Consejo se desprende que com-
                                                                               parte el análisis de la Comisión que conduce necesaria-
      —     «las conclusiones del Consejo sobre la evaluación                  mente a la conclusión de que no concurrían los requisitos
            de las acciones emprendidas por Alemania para                      necesarios para suspender los procedimientos. Así pues,
            responder a las recomendaciones del Consejo con                    la decisión de suspensión del Consejo no observa los
            arreglo al apartado 7 del artículo 104 del Tratado                 requisitos materiales del artículo 9 del Reglamento (CE)
            constitutivo de la Comunidad Europea y el estudio                  no 1467 (1) e incumple la obligación de motivación
            de nuevas medidas dirigidas a la reducción del                     establecida en el artículo 253 CE. La suspensión no se
            déficit para poner remedio a la situación de [déficit              acordó tampoco con arreglo a las normas sobre votación
            excesivo]»,                                                        establecidas en el apartado 13 del artículo 104 CE, ya que
                                                                               fue tomada por los Estados miembros que adoptaron el
      adoptadas por el Consejo el 25 de noviembre de 2003,                     euro y no por los 14 Estados miembros, al no tomar
      son ilegales y que procede anularlas.                                    parte en la votación el Estado afectado. Si se hubieran
                                                                               respetado las normas sobre votación, no está excluido
2)    Condene en costas al Consejo.                                            que no hubiesen podido adoptarse las conclusiones por
                                                                               falta de mayoría cualificada.
Motivos y principales alegaciones                                        —     La utilización de un instrumento no prevista por el
                                                                               Tratado.
El sistema establecido por el Tratado y, en particular, el                     Tras serle presentadas las recomendaciones de decisión
procedimiento del artículo 104 CE, prevé que, cuando la                        por la Comisión con arreglo a los apartados 8 y 9 del
Comisión considere que un Estado miembro presenta un                           artículo 104 CE, el Consejo adoptó «conclusiones», acto
déficit excesivo el Consejo está obligado a decidir si así sucede              no previsto por el Tratado y, en particular, por su
y, en tal caso, a fijar los medios vinculantes necesarios para                 artículo 104. En efecto, las instituciones están obligadas
poner remedio a dicha situación a la mayor brevedad posible.                   a atenerse a los instrumentos y a observar los procedi-
Ahora bien, aun cuando compartía el análisis económico en                      mientos previstos por el Tratado. El Consejo no podía,
que basó la Comisión sus recomendaciones, el Consejo no se                     por tanto, adoptar otros actos que los previstos por el
atuvo al marco preciso y vinculante establecido en el artí-                    artículo 104 CE, a saber, decisiones, que son actos
culo 104 CE y adoptó en su lugar un instrumento que no está                    vinculantes, máxime cuando sus «conclusiones» implican
previsto en el Tratado y es contrario al sistema establecido por               elementos de decisión como la suspensión del procedi-
éste.                                                                          miento y recomendaciones a los Estados miembros. El
                                                                               Consejo no puede liberarse pura y simplemente de la
                                                                               obligación de adoptar decisiones conforme a las normas
En efecto, la acción decidida por el Consejo el 25 de noviembre                del Tratado y del Derecho derivado, máxime cuando
de 2003 implica actos que producen efectos jurídicos y que                     comparte la motivación en que se basan las recomenda-
son contrarios al Tratado:                                                     ciones de decisión que le presentó la Comisión.
—     Las decisiones de no adoptar los instrumentos formales             —     La modificación de las recomendaciones decididas por el
      contenidos en las recomendaciones de la Comisión con                     Consejo con arreglo al artículo 104 CE, apartado 7.
      arreglo al artículo 104 CE, apartados 8 y 9.
                                                                               El Consejo no podía adoptar recomendaciones contrarias
      El Consejo no respetó el procedimiento preciso y vincul-                 a las previstas por sus propias decisiones, adoptadas con
      ante que debe seguir cuando ha de aplicar lo dispuesto en                arreglo al artículo 104 CE, apartado 7, sin seguir los
      los apartados 8 y 9 del artículo 104 CE. En efecto, no ha                procedimientos establecidos en el Tratado.
      realizado la comprobación a la cual está obligado cuando
      dirige recomendaciones a un Estado miembro en caso de              (1) Reglamento (CE) no 1467/97, de 7 de julio de 1997, relativo a la
      déficit excesivo y no se han seguido efectivamente estas               aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo
      recomendaciones. Procedió, sin embargo, a una votación                 (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).


title: Asunto T-406/09: Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2009 — Donau Chemie/Comisión

text:
               19.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 312/32

         Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2009 — Donau Chemie/Comisión
   (Asunto T-406/09)
   2009/C 312/53
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Donau Chemie AG (Viena, Austria) (representantes: S. Polster, W. Brugger y M. Brodey, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el artículo 2 de la Decisión impugnada de la Comisión C(2009) 5791 final, de 22 de julio de 2009, en el asunto COMP/39.396 — Reactivos de calcio y magnesio para las industrias del acero y el gas en la medida en que afecta a la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, que se reduzca de manera significativa y justa el importe de la multa impuesta en la decisión impugnada.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante impugna la Decisión de la Comisión C(2009) 5791 final, de 22 de julio de 2009, en el asunto COMP/39.396 — Reactivos de calcio y magnesio para las industrias del acero y el gas. En la Decisión impugnada se impuso una multa a la demandante y a varias empresas por la infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del acuerdo EEE. La Comisión consideró que la demandante participó en una infracción única y continuada en el sector del carburo de calcio y del magnesio a escala del EEE, con la excepción de España, Portugal, Irlanda y el Reino Unido, que consistió en prácticas de reparto de mercados, establecimiento de cuotas, asignación de clientes, fijación de precios e intercambio de información comercial confidencial sobre precios, clientes y volúmenes de ventas.
   Para fundamentar su recurso, la demandante invoca la infracción del Tratado CE y de las normas pertinentes para su aplicación y alega en particular lo siguiente:

               —

               Cálculo contrario a Derecho del importe de base de la multa así como de los importes adicionales a determinar con arreglo al punto 25 de las Directrices para el cálculo de las multas. (1)

               —

               Falta de toma en consideración, contraria a Derecho, de las circunstancias atenuantes al calcular la multa.

               —

               Aplicación contraria al Derecho de la Comunicación sobre la cooperación (2) debido a que la reducción de la multa concedida a la demandante a raíz de su solicitud de dispensa de la multa fue demasiado baja.

               —

               Vulneración de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad al calcular la multa.

               —

               No toma en consideración, contraria a Derecho, de una reducción de la multa en función de la capacidad contributiva de conformidad con el punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas y/o en razón de circunstancias específicas de conformidad con el punto 37 de dichas Directrices.

               —

               Infracción del artículo 253 CE por insuficiente motivación de la Decisión impugnada.

      (1)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO 2006 C 210, p. 2).

      (2)  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).


title: Asunto T-51/14: Recurso interpuesto el 22 de enero de 2014 — República Checa/Comisión

text:
               29.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/27

         Recurso interpuesto el 22 de enero de 2014 — República Checa/Comisión
   (Asunto T-51/14)
   2014/C 93/47
   Lengua de procedimiento: checo

      Partes

      Demandante: República Checa (representantes: M. Smolek, J. Vláčil y J. Vikáková, agentes)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de ejecución de la Comisión Europea C(2013) 7615, de 13 de noviembre de 2013, por la que se deniega una solicitud de inscripción en el registro de especialidades tradicionales garantizadas establecido por el Reglamento (UE) no 1151/2012, (1) del Parlamento Europeo y del Consejo [Pomazánkové máslo (ETG)].

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un motivo, basado en la infracción de los artículos 50 y 52 del Reglamento no 1151/2012 en relación con el artículo 18 del mismo Reglamento. La parte demandante alega que la Comisión no examinó si se reunían las condiciones de registro del nombre «Pomazánkové máslo» como especialidad tradicional garantizada y denegó la solicitud en cuestión por un motivo diferente del hecho de que no reuniera las mencionadas condiciones.

      (1)  Reglamento (EU) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2012 L 343, p. 1).


title: Asunto C-143/02: Recurso interpuesto el 17 de abril de 2002 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 144/24                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        15.6.2002
      puede ser efectuada también por un funcionario de ese                       —    No prevé la aplicabilidad de las medidas de conserva-
      otro paı́s tercero?                                                              ción recogidas en el artı́culo 6, apartado 2, de la
                                                                                Directiva 92/43/CEE a los lugares a que se refiere el
                                                                                artı́culo 5, apartado 1, de la misma Directiva.
(1) Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000,
    relativa a las medidas de protección contra la introducción en la           —    Condene en costas a la República Italiana.
    Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos
    vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad
    (DO L 169, de 10.7.2000, p. 1).
                                                                           Motivos y principales alegaciones
                                                                           El artı́culo 6, apartado 3, de la Directiva establece que cualquier
                                                                           plano o proyecto está comprendido en su ámbito de aplicación
                                                                           cuando tenga, de forma individual o conjuntamente con otros
                                                                           planos y proyectos, un efecto apreciable sobre un lugar de
Recurso interpuesto el 17 de abril de 2002 contra la                       importancia comunitaria. El término «cualquier» utilizado por
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                    el legislador comunitario no deja lugar a dudas respecto al
                               Europeas                                    hecho de que aquel se refiere a todos los proyectos, aun cuando
                                                                           no estén comprendidos en las Directivas sobre evaluación del
                                                                           impacto ambiental, y aunque no estén directamente vinculados
                         (Asunto C-143/02)
                                                                           y sean necesarios para la gestión del lugar.
                           (2002/C 144/41)
                                                                           Por el contrario, el artı́culo 5, apartado 3, del D.P.R. 357/97,
                                                                           limita su ámbito de aplicación a una lista taxativa de proyectos
                                                                           expresamente indicados en él, de forma que queda excluida
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               toda una serie de diversos proyectos que pueden tener, sin
presentado el 17 de abril de 2002 un recurso contra la                     embargo, un efecto apreciable sobre lugares de importancia
República Italiana formulado por la Comisión de las Comuni-              comunitaria.
dades Europeas, representada por los Sres. Gregorio Valero
Jordana y Roberto Amorosi, en calidad de agentes.
                                                                           El artı́culo 6 del Decreto italiano, mediante el que se adapta el
                                                                           Derecho interno al artı́culo 7 de la Directiva, aplica a las zonas
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                  de proyección especial únicamente las obligaciones derivadas
                                                                           del artı́culo 4, apartados 2 y 3, y del artı́culo 5, y no las
—     Declare que la República Italiana ha incumplido las                 recogidas en el apartado 1 del artı́culo 4 del citado Decreto,
      obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos 5,          mediante el que se adapta, por su parte, el Derecho interno al
      6 y 7 de la Directiva 92/43/CEE (1), al haber adoptado               artı́culo 6, apartado 2, de la Directiva.
      una normativa de adaptación del Derecho interno a la
      citada Directiva que:
                                                                           De lo antedicho se desprende que la legislación italiana
                                                                           controvertida no contempla obligación alguna de las autorida-
      —      Excluye los proyectos que pueden tener un efecto
                                                                           des nacionales competentes, por lo que respecta a las zonas de
             apreciable sobre los lugares de importancia comuni-
             taria, diferentes de los enumerados en la normativa           protección especial, de adoptar medidas destinadas a evitar el
                                                                           deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies,
             italiana de adaptación del Derecho interno a lo
                                                                           ası́ como las alteraciones que repercutan en las especies que
             dispuesto en las Directivas sobre evaluación del
             impacto ambiental, del ámbito de aplicación de las          hayan motivado la designación de las zonas.
             normas sobre evaluación de los efectos.
                                                                           Por último, el D.P.R. 357/97 nada dispone en relación con lo
      —      No prevé la aplicabilidad a las zonas de protección
                                                                           establecido en el artı́culo 5, apartado 4, de la Directiva.
             especial de la obligación de las autoridades compe-
             tentes del Estado miembro de adoptar las medidas
             apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats
             naturales y de los hábitats de especies ası́ como las        Ello implica que en el caso de que la Comisión, comprobada la
             alteraciones que repercutan en las especies que               inexistencia de una lista nacional de un Estado miembro, haya
             hayan motivado la designación de las zonas, en la            iniciado un procedimiento de concertación bilateral con dicho
             medida en que dichas alteraciones puedan tener un             Estado miembro y, transcurrido posteriormente el plazo de
             efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos          seis meses, en el supuesto de que no se haya solucionado la
             de la Directiva.                                              controversia, haya transmitido al Consejo una propuesta
 ---pagebreak--- 15.6.2002               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 144/25
relativa a la selección del lugar de que se trate como lugar de        3)    ¿Depende la respuesta a la segunda cuestión de si la
importancia comunitaria, Italia no establece ninguna obliga-                  discrepancia entre las normativas del Estado miembro de
ción de someter dicho lugar, durante el perı́odo de concerta-                fabricación y del Estado miembro de importación se debe
ción y en espera de una decisión del Consejo, a las medidas de              a un uso diferente de las posibilidades normativas que
conservación a que se refiere el artı́culo 6, apartado 2, de la              ofrece el artı́culo 12, apartado 2, primera frase, letra b),
Directiva.                                                                    de la Directiva 70/524/CEE?
                                                                        (1) DO L 270 de 14.12.1970, p. 1; EE 03/04, p. 82.
(1) DO L 206, de 22.7.1992, p. 7.
                                                                        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                        lución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil
                                                                        Division), de fecha 27 de marzo de 2002, en el asunto
                                                                        entre la Sra. M.K. Alabaster y 1) Woolwich PLC, 2) Secre-
                                                                                tary of State for Social Security
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 31 de                                            (Asunto C-147/02)
enero de 2002, en el asunto entre Land Nordhein-
Westfalen y Denkavit Futtermittel GmbH, parte intervi-
                                                                                (2002/C 144/43)
niente: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesver-
                         waltungsgericht
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                        (Asunto C-145/02)
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        resolución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil
                                                                        Division), dictada el 27 de marzo de 2002, en el asunto entre
                         (2002/C 144/42)                                la Sra. M.K. Alabaster y 1) Woolwich PLC, 2) Secretary of State
                                                                        for Social Security, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
                                                                        Justicia el 22 de abrio de 2002. La Court of Appeal (England &
                                                                        Wales) (Civil Division) solicita al Tribunal de Justicia que se
                                                                        pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        En una situación en la cual:
resolución del Bundesverwaltungsgericht, dictada el 31 de
enero de 2002, en el asunto entre Land Nordhein-Westfalen y
Denkavit Futtermittel GmbH, parte interviniente: Vertreter des          a)    la parte de la prestación legal por maternidad que depende
Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, y recibida                    del salario se calcula en función del salario semanal
en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 18 de abril de 2002.            normal percibido por la mujer durante un perı́odo de
El Bundesverwaltungsgericht solicita al Tribunal de Justicia que              ocho semanas anteriores a la decimoquinta semana que
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                 precede a la semana prevista para el parto,
                                                                        b)    en cualquier momento entre el final del perı́odo de
1)    ¿Deben apreciarse directamente con arreglo a los artı́-                 referencia considerado para calcular la parte de la presta-
      culos 28 CE y 30 CE las disposiciones de la legislación                ción legal por maternidad que depende del salario de la
      nacional en materia de alimentación animal que prohı́ben               interesada y el final del permiso por maternidad de
      las importaciones de piensos legalmente fabricados en                   ésta, el empresario le concede un aumento salarial no
      otro Estado miembro por su contenido en vitamina D 3,                   retroactivo al perı́odo de referencia.
      que no se corresponde con lo exigido en la legislación del
      Estado de importación?
                                                                        Cuestión No 1
2)    ¿Debe interpretarse el artı́culo 19 de la Directiva 70/524/
      CEE (1) sobre los aditivos en la alimentación animal en el       ¿Deben interpretarse el artı́culo 141 del Tratado y la sentencia
      sentido de que permite prohibir de la importación de un          dictada en el asunto Gillespie (Rec. p. I-475) en el sentido de
      pienso complementario legalmente fabricado en otro                que la mujer tiene derecho a que dicho aumento salarial sea
      Estado miembro por rebasar el contenido de vitamina D 3           tomado en consideración para calcular o recalcular la parte de
      permitido en el Estado miembro de importación?                   la prestación legal por maternidad que depende del salario?


title: Asunto F-36/06: Recurso interpuesto el  5 de abril de 2006  — Alejandro Martin Magone/Comisión

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/52

         Recurso interpuesto el 5 de abril de 2006 — Alejandro Martin Magone/Comisión
   (Asunto F-36/06)
   (2006/C 131/95)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Alejandro Martin Magone (Bruselas, Bélgica) (representante: E. Boigelot, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del Director General de ECHO, adoptada el 7 de junio de 2005 en su condición de evaluador de la reclamación y lesiva de los derechos del demandante, en la medida en que confirma y aprueba definitivamente el Informe de Evolución de Carrera (IEC) del demandante, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2004.

               —

               Que se anule el mencionado IEC controvertido.

               —

               Que se anule la decisión de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFP), de 22 de diciembre de 2005, recibida el 5 de enero de 2006, por la que se desestima la reclamación presentada el 6 de septiembre de 2005, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios, destinada a la anulación de la decisión impugnada.

               —

               Que se declare que el demandante es víctima de acoso moral y profesional.

               —

               Que se conceda una indemnización de los daños morales y materiales y por menoscabo de la carera, evaluados ex aequo et bono en 29 000 EUR, sin perjuicio de que dicha cantidad se aumente o disminuya durante el procedimiento.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso el demandante invoca un motivo basado en la infracción de los artículos 12 bis, 25, párrafo 2, 26 y 43 del Estatuto y de las disposiciones generales de ejecución relativas a la aplicación del artículo 43, como fueron adoptadas por la Comisión el 3 de marzo de 2004, la infracción de la Decisión de la Comisión de 28 de abril de 2004, relativa al mantenimiento del nivel de prestaciones, de la Guía administrativa y de las directrices a este respecto, y en la desviación de poder y la violación de principios generales del Derecho como el respeto de los derechos de la defensa, el principio de buena administración y el deber de asistencia y protección, el principio de igualdad de trato y los que imponen a la AFPN la obligación de que las decisiones adoptadas por ella se basen únicamente en motivos legalmente admisibles, es decir, pertinentes y no viciados con errores manifiestos de apreciación, de hecho o de Derecho.
   A continuación, el demandante alega que, al emitir, de la manera referida, la calificación controvertida correspondiente al ejercicio de 2004, resulta manifiesto que la AFPN no ha aplicado ni interpretado de manera correcta las disposiciones estatutarias y los principios mencionados. Por tanto, continúa el demandante, su decisión se basa en motivos inexactos tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico. Por consiguiente, el demandante se encuentra en una situación administrativa discriminatoria y no conforme a sus expectativas e intereses legítimos, constitutiva de acoso moral y profesional.


title: Archivo del asunto C-498/04

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/33

         Archivo del asunto C-498/04 (1)

   (2005/C 217/74)

      (Lengua de procedimiento: griego)

   Mediante auto de 13 de junio de 2005, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-498/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica.

      (1)  DO C 31, de 5.2.05.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 12 de octubre de 2004, en el asunto C-87/00 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Genova): Roberto Nicoli contra Eridania SpA («Azúcar — Régimen de precios — Regionalización — Zonas deficitarias — Clasificación de Italia — Campaña de comercialización 1998/1999 — Reglamentos (CEE) n° 1785/81 y (CE) n° 1361/98 — Validez del Reglamento n° 1361/98»)

text:
               5.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 31/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 12 de octubre de 2004
   en el asunto C-87/00 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Genova): Roberto Nicoli contra Eridania SpA (1)

   («Azúcar - Régimen de precios - Regionalización - Zonas deficitarias - Clasificación de Italia - Campaña de comercialización 1998/1999 - Reglamentos (CEE) no 1785/81 y (CE) no 1361/98 - Validez del Reglamento no 1361/98»)
   (2005/C 31/06)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el asunto C-87/00, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Giudice di pace di Genova (Italia), mediante resolución de 28 de febrero de 2000, registrada en el Tribunal de Justicia el 7 de marzo de 2000, en el procedimiento entre: Roberto Nicoli y Eridania SpA, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann y R. Schintgen y las Sras. F. Macken y N. Colneric (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 12 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento (CE) no 1361/98 del Consejo, de 26 de junio de 1998, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 1998/99, los precios de intervención derivados del azúcar blanco, el precio de intervención del azúcar bruto, los precios mínimos de la remolacha A y de la remolacha B, así como el importe del reembolso para la compensación por gastos de almacenamiento.

      (1)  DO C 149, de 27.5.2000.


title: Asunto T-363/15: Recurso interpuesto el 6 de julio de 2015 — Työhönvalmennus Valma/OAMI (Forma de una caja)

text:
               12.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 337/16

         Recurso interpuesto el 6 de julio de 2015 — Työhönvalmennus Valma/OAMI (Forma de una caja)
   (Asunto T-363/15)
   (2015/C 337/18)
   Lengua de procedimiento: finés

      Partes

      Demandante: Työhönvalmennus Valma Oy (Lahti, Finlandia) (representantes: S. Salonen y K. Parviainen, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Marca comunitaria tridimensional (Forma de una caja) — Solicitud de registro no 12 137 337

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de mayo de 2015 en el asunto R 1690/2014-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada en la medida en que confirma la resolución del examinador según la cual la marca cuyo registro de solicita carece de carácter distintivo para los productos de que se trata.

               —

               Autorice el registro de la marca o, con carácter subsidiario, devuelva la solicitud de registro a la OAMI para que ésta se pronuncie nuevamente sobre ella.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 3, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-430/03: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Iosif Dascalu

text:
21.2.2004               ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 47/37
—     Anule la decisión de la AFPN de 4 de septiembre de 2003,           Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2003 contra la
      comunicada al demandante el 11 de septiembre de 2003,              Comisión de las Comunidades Europeas por Iosif Dascalu
      por la que se desestima su reclamación R/173/03.
—     Anule la decisión de la AFPN de 24 de noviembre de                                        (Asunto T-430/03)
      2003, comunicada al demandante el 10 de diciembre
      de 2003, por la que se desestima su reclamación R/438/
      03.                                                                                (2004/C 47/70)
—     Condene a la parte demandada al pago de una indemniza-
      ción fijada provisionalmente en un importe de                                       (Lengua de procedimiento: francés)
      125 000 euros, en el supuesto de que le fuera imposible
      reconstituir la carrera de la demandante por lo que se
      refiere al grado.
—     Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      las costas de este proceso.                                        Europeas se ha presentado el 21 de diciembre de 2003 un
                                                                         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                         formulado por Iosif Dascalu, residente en Kraainem (Bélgica),
                                                                         representado por el Sr. Nicolas Lhoëst, abogado, que designa
                                                                         domicilio en Luxemburgo.
Motivos y principales argumentos
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         que:
A raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos
C-389/98 P y C-459/98 P, la Comisión reexaminó, con arreglo
al artículo 31, apartado 2, del Estatuto, la clasificación de los        —    Anule la decisión de la AFPN de 23 de diciembre de 2002,
funcionarios que han utilizado las vías de recurso previstas en               en la medida en que no ha concedido al demandante
el artículo 91 del Estatuto. Tras este nuevo examen, la                       ninguna bonificación de antigüedad y, por tanto, lo ha
Comisión adoptó la decisión impugnada que afecta al deman-                    reclasificado en el grado A6, escalón 1, en lugar de en el
dante.                                                                        grado A6, escalón 3.
                                                                         —    Anule la decisión de la AFPN de 14 de abril de 2003, por
En apoyo de su recurso, el demandante alega, por lo que se                    cuanto:
refiere a la antigüedad, el incumplimiento de las decisiones de
la Comisión de 6 de junio de 1973 y de 1 de septiembre
de 1983, relativas a los criterios aplicables a la determinación              —     No ha fijado la clasificación del demandante en
del grado y el escalón en el momento de la incorporación; la                        el grado A6, escalón 3, en el momento de su
infracción del artículo 5, apartado 3, del Estatuto; la violación                   incorporación.
del principio de igualdad de trato, y, finalmente, la infracción
del artículo 25, apartado 2, del Estatuto y el incumplimiento
de la obligación de motivación.                                               —     No ha reconstituido la carrera del demandado
                                                                                en cuanto al grado avanzando la fecha de sus
                                                                                promociones a A5 y A4.
Por otra parte, el demandante sostiene que la decisión impug-
nada viola el principio de las expectativas de carrera e infringe             —     Ha fijado el 5 de octubre de 1995 como fecha de
el artículo 5, apartado 3, y el artículo 45 del Estatuto por                        entrada en vigor de la decisión de reclasificación por
cuanto la decisión no reconstituye su carrera en cuanto al                          lo que se refiere a sus efectos económicos, limitando
grado.                                                                              así su retroactividad.
                                                                         —    Condene a la parte demandada al pago de una indemniza-
Por último, el demandante invoca la infracción del artículo 62                ción fijada provisionalmente en un importe de
del Estatuto por cuanto la Comisión ha limitado los efectos                   125 000 euros, en el supuesto de que le fuera imposible
económicos de la decisión impugnada al 5 de octubre de 1995.                  reconstituir la carrera del demandante en cuanto al grado.
                                                                         —    Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de
                                                                              las costas de este proceso.
 ---pagebreak--- C 47/38                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            21.2.2004
Motivos y principales alegaciones                                         El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                          —     Anule la decisión del tribunal calificador del procedi-
El demandante, clasificado en el grado A7, escalón 3, al entrar                 miento de selección de personal COM/TB/99 por la que
al servicio de la Comisión en septiembre de 1986, se opone a                    se le atribuye al demandante una nota insuficiente en la
la decisión de la AFPN, tras un nuevo examen de esta                            prueba oral para poder ser inscrito en la lista de reserva.
clasificación a raíz de la sentencia pronunciada por el Tribunal
de Justicia en el asunto C-389/98 P, Gevaert/Comisión, de                 —     Condene en costas a la parte demandada.
reclasificarle en el escalón 1 del grado A6, en lugar de en el
escalón 3 de ese mismo grado, revisando y fijando nuevas
fechas para su clasificación posterior como A5, escalón 2, y
A4, escalón 2, y limitando los efectos económicos de esta
                                                                          Motivos y principales alegaciones
reclasificación al 5 de octubre de 1995.
                                                                          A raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera
En apoyo de sus pretensiones, el demandante sostiene que la               Instancia el 13 de marzo de 2002 en el asunto T-364/00, Van
Comisión ha vulnerado:                                                    Weyenbergh, el demandante en el presente asunto, el mismo
                                                                          que en el asunto T-161/01, impugna la decisión del tribunal
—     Las decisiones de 6 de junio de 1973 y de 1 de septiembre           calificador del procedimiento de selección de personal COM/
      de 1983 en la medida en que no concedió al demandante               TB/99 para la constitución de una lista de reserva de asistentes
      la más mínima bonificación de antigüedad, así como el               adjuntos, asistentes y asistentes principales, relativa a las
      artículo 5, párrafo tercero, del Estatuto, por cuanto, a su         carreras B5/B4, B3/B2 y B1, respectivamente, de no inscribirle
      juicio, ha recibido de la Comisión un trato distinto del            en la lista de reserva de dicho procedimiento de selección,
      que reciben los funcionarios que pertenecen a la misma              debido a la atribución de una nota insuficiente en la prueba
      categoría.                                                          oral.
—     Los artículos 5, párrafo tercero, y 45 del Estatuto, al
      negarse a reconstituir su carrera en cuanto al grado tras           En apoyo de sus pretensiones, alega la violación de los
      su reclasificación en el grado A6, así como el deber de             principios de no discriminación y de buena administración, así
      asistencia y protección.                                            como la existencia de un error manifiesto de apreciación.
—     El artículo 62 del Estatuto, al limitar en el tiempo los            El demandante critica el método utilizado por el tribunal
      efectos económicos de su reclasificación.                           calificador para apreciar sus conocimientos lingüísticos y
                                                                          afirma, en particular, que no ha podido verificar si las preguntas
                                                                          formuladas durante la prueba oral corresponden al nivel del
                                                                          procedimiento de selección B5/B4, B3/B2 o B1.
Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2003 por
Liam O’Bradaigh contra la Comisión de las Comunidades
                             Europeas
                                                                          Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2003 por Jean
                                                                                Dehon contra el Parlamento Europeo
                       (Asunto T-431/03)
                                                                                (Asunto T-432/03)
                          (2004/C 47/71)
                                                                                (2004/C 47/72)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 22 de diciembre de 2003 un                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    Europeas se ha presentado el 22 de diciembre de 2003 un
formulado por Liam O’Bradaigh, con domicilio en Mechelen                  recurso contra el Parlamento Europeo formulado por Jean
(Bélgica), representado por Me Sébastien Orlandi, Me Albert               Dehon, con domicilio en Hagen (Luxemburgo), representado
Coolen, Me Jean-Noël Louis y Me Étienne Marchal, abogados,                por los Sres. Sébastien Orlandi, Jean-Noël Louis y Étienne
que designa domicilio en Luxemburgo.                                      Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto T-93/02: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Confédération Nationale du Crédit Mutuel

text:
1.6.2002               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 131/23
Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2002 contra la                     Con carácter subsidiario, la demandante alega que, de existir
Comisión de las Comunidades Europeas por la Confédéra-                  una ayuda, sólo puede ser calificada de ayuda existente
                tion Nationale du Crédit Mutuel                          conforme al artı́culo 15, apartado 3, del Reglamento (CE)
                                                                         no 659/1999 (1).
                        (Asunto T-93/02)
                                                                         Las competencias de la Comisión para ordenar la recuperación
                         (2002/C 131/43)                                 de la ayuda prescribieron en 1985 conforme al artı́culo 15 de
                                                                         dicho Reglamento, de modo que la Comisión ha violado el
                                                                         principio general de Derecho comunitario que le exige adoptar
                  (Lengua de procedimiento: francés)                     una decisión en un plazo razonable. Además, la decisión
                                                                         impugnada no demuestra de modo alguno que existiera una
                                                                         ayuda en el momento en que se creó la cartilla azul, a pesar de
                                                                         ser ésta una condición lógica y jurı́dica obligatoria para poder
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   calificar una ayuda de ayuda nueva.
Europeas se ha presentado el 28 de marzo de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, con domicilio
en Parı́s, representada por Me Alexandre Carnelutti, abogado.            Por último, la demandante alega que la Comisión vulneró el
                                                                         artı́culo 14 del Reglamento nº 659/1999, el artı́culo 253 CE y
                                                                         los principios de buena administración, de imparcialidad y de
                                                                         lealtad.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—     Anule ı́ntegramente la decisión de la Comisión, de 15 de         (1) Reglamento del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se
      enero de 2002, relativa a la ayuda de Estado concedida                  establecen disposiciones de aplicación del artı́culo 88 CE (DO
      por la República Francesa a Crédit Mutuel.                             L 83, p. 1).
—     Con carácter subsidiario, anule el artı́culo 2 de dicha
      decisión, en la medida en que ordena la recuperación de
      la ayuda identificada.
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                         Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2002 contra la
Motivos y principales alegaciones                                        Comisión de las Comunidades Europeas por Hugh Mc
                                                                                Bryan
La cartilla azul es un producto de ahorro desgravado destinado
al público general cuya ventaja fiscal revierte directamente a                                   (Asunto T-96/02)
los consumidores. Desde 1975 las autoridades francesas
reconocen en exclusiva a la demandante la misión de distribuir
esta cartilla de ahorros. Mediante la decisión impugnada, la                                      (2002/C 131/44)
Comisión estimó que el Estado francés habı́a concedido a la
demandante, en atención a los costes de gestión de la cartilla
azul, una compensación excesiva que vulnera las normas del
Tratado CE sobre ayudas de Estado.                                                         (Lengua de procedimiento: francés)
La demandante alega que la Comisión ha infringido el artı́-
culo 87 CE, apartado 1, por considerar que existı́a una ayuda.
A su juicio, la Comisión aplicó un método global injustificado e       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
injustificable en el presente caso, efectuando una identificación       Europeas se ha presentado el 29 de marzo de 2002 un recurso
errónea de fondos estatales. Además, incurrió en errores              contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
manifiestos de apreciación al negarse a tener en cuenta los             por Hugh Mc Bryan, con domicilio en Bruselas, representado
costes generados debidamente identificados, ası́ como al                 por el Sr. Jean-Noël Louis, abogado, que designa domicilio en
ratificar la postura del asesor de la Comisión.                         Luxemburgo.


title: Asunto C-168/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 3 de abril de 2017 — SH/TG

text:
               10.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 3 de abril de 2017 — SH/TG
   (Asunto C-168/17)
   (2017/C 221/07)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Kúria

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: SH

      Demandada: TG

      Interviniente: UF

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Están incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 204/2011 (1) o, en su caso, del Reglamento 2016/44 (2) las siguientes obligaciones de pago de los costes de garantía, derivadas de unos contratos de contragarantía celebrados, dentro de una cadena de contratos, para la emisión de una garantía bancaria en beneficio del Consejo Libio de Vivienda e Infraestructura (en lo sucesivo, «HIB»):

                           1.1.

                           cuando, en virtud de un contrato de contragarantía, un banco establecido en la Unión Europea tiene la obligación de pagar los costes a un banco libio que figura en la lista de prohibición del anexo III del Reglamento n.o 204/2011;

                           1.2.

                           cuando, en virtud de un contrato de contragarantía, un banco establecido en la Unión Europea tiene la obligación de pagar los costes a un banco libio que no figura en la lista de prohibición del anexo III del Reglamento n.o 204/2011, pero la garantía bancaria está emitida en beneficio de HIB, que sí está incluido en dicha lista;

                           1.3.

                           cuando, durante el período de tiempo posterior a la modificación del Reglamento n.o 204/2011 mediante el Reglamento n.o 45/2014, el Reglamento n.o 204/2011 prohíbe los pagos directos o indirectos a cualquier entidad libia;

                           1.4.

                           cuando la obligación de pago de los costes de garantía se deriva de un contrato de contragarantía celebrado, en el marco de la relación entre dos bancos establecidos en la Unión Europea, dentro de una cadena de contratos, para la emisión de una garantía bancaria en beneficio de HIB;

                           1.5.

                           cuando la liquidación de los costes de garantía se produce tras la expiración del período de garantía, en un procedimiento judicial, tras la entrada en vigor del Reglamento 2016/44?

               2)

               En el supuesto de que la obligación de pago de los costes de garantía señalada en los puntos 1.1 y 1.2 esté comprendida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, ¿procede considerar que constituyen capitales utilizados directa o indirectamente en beneficio de las personas jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo III del Reglamento n.o 204/2011 los costes de garantía pagados a un banco libio —que también figuró durante un tiempo en la lista de prohibición del anexo III— para la emisión de una garantía de reembolso del pago anticipado y de una garantía de buena ejecución en beneficio de HIB?

               3)

               ¿Ha de interpretarse el artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 204/2011, durante el período de tiempo posterior a la modificación de este Reglamento mediante el Reglamento n.o 45/2014 (punto 1.3), en el sentido de que procede considerar que constituyen directa o indirectamente reclamaciones a título de garantía los costes y gastos reclamados por un banco libio y pagados, en virtud de un contrato de contragarantía, por un banco establecido en la Unión Europea?

               4)

               ¿Debe tener la consideración de persona o entidad en el sentido del artículo 12, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 204/2011, en su versión modificada por el Reglamento n.o 45/2014 —persona o entidad que actúa a través o en nombre o en beneficio de una de las personas, entidades u organismos a que se refieren las letras a) y b) del citado artículo 12, apartado 1—, un banco establecido en la Unión Europea que, en virtud de un contrato de contragarantía celebrado, dentro de una cadena de contratos, para la emisión de una garantía bancaria en beneficio de HIB, está obligado a pagar los costes de garantía a una entidad libia (punto 1.4)? ¿Procede considerar que los costes de garantía reclamados por dicho banco a otro banco establecido en la Unión Europea constituyen directa o indirectamente reclamaciones a título de garantía?

               5)

               ¿Se refiere la norma de exclusión del artículo 9 del Reglamento n.o 204/2011 a cualquier pago?

               6)

               En la medida en que la liquidación de los costes de garantía se produce tras la entrada en vigor del Reglamento 2016/44 del Consejo, que derogó el Reglamento n.o 204/2011 pero que contiene, en esencia, idénticas disposiciones (punto 1.5), ¿será aplicable el Reglamento 2016/44 para la resolución del litigio entre las partes y deberá interpretarse el artículo 17, apartado 1, letra b), de este Reglamento en el sentido de que procede considerar que constituyen directa o indirectamente reclamaciones a título de garantía los costes y gastos reclamados por un banco libio y pagados, en virtud de un contrato de contragarantía, por un banco establecido en la Unión Europea? ¿Debe tener la consideración de persona o entidad en el sentido del artículo 17, apartado 1, letra c), de este Reglamento —persona o entidad que actúa a través o en nombre o en beneficio de una de las personas, entidades u organismos a que se refieren las letras a) y b) del citado artículo 17, apartado 1— un banco establecido en la Unión Europea que, en virtud de un contrato de contragarantía celebrado, dentro de una cadena de contratos, para la emisión de una garantía bancaria en beneficio de HIB, está obligado a pagar los costes de garantía a una entidad libia? ¿Procede considerar que los costes de garantía reclamados por dicho banco a otro banco establecido en la Unión Europea constituyen directa o indirectamente reclamaciones a título de garantía?

      (1)  Reglamento (UE) n.o 204/2011 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (DO L 58, p. 1).

      (2)  Reglamento (UE) 2016/44 del Consejo, de 18 de enero de 2016, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 204/2011 (DO L 12, p. 1).