title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 27 de enero de 2005, en el asunto C-92/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa («Incumplimiento de Estado — Directiva 75/439/CEE — Eliminación de aceites usados — Prioridad al tratamiento por regeneración»)

text:
               2.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 27 de enero de 2005
   en el asunto C-92/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 75/439/CEE - Eliminación de aceites usados - Prioridad al tratamiento por regeneración»)
   (2005/C 82/05)
   Lengua de procedimiento: portugués
   En el asunto C-92/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 28 de febrero de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. A. Caeiros y M. Konstantidinis) contra República Portuguesa (agentes: Sr. L. Fernandes y Sra. M. Lois), apoyada por: República de Finlandia (agente: Sra. A. Guimaraes-Purokoski), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente) y los Sres. C. Gulmann, R. Schintgen y J. Klučka, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 27 de enero de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados, en su versión modificada por la Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, al no haber adoptado las medidas necesarias para dar prioridad al tratamiento de aceites usados por regeneración, cuando los condicionantes de orden técnico, económico y de organización lo permitían.

               2)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

               3)

               La República de Finlandia soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 112, de 10.5.2003.


title: Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante resoluciones del Dioikitiko Protodikeio Athinas, de fecha 30 de marzo de 1995, en los asuntos entre A. Kapasakalis, D. Skiathitis, A. Kougiagkas y Estado Helénico (Asuntos C-225/95, C-226/95 y C-227/95)

text:
2 . 9 . 95           1   ES    |               Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 229/ 13
      negocio jurídico o bien de una cotización en listas de            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
      precios públicas o privadas .                                     lución del Tribunal de première instance de Liége, de fecha 7
                                                                        de junio de 1995 , en el proceso penal seguido contra Bent
(') DO n° L 78 de 26 . 3 . 1991 , p . 32 .                              Carlsen; actor civil: Georges Vanhalle, en calidad de
( 2 ) DO n° L 377 de 31 . 12 . 1991 , p . 20 .
( 3 ) DO n° L 30 de 6 . 2 . 1993 , p . 1 .                                  presidente de la Association pharmaceutique belge
                                                                                ( Asunto C-231 /95 )
                                                                                95/C 229/26 )
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante                 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
resoluciones del Dioikitiko Protodikeio Athinas, de fecha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
30 de marzo de 1995 , en los asuntos entre A. Kapasakalis,              resolución del Tribunal de première instance de Liége,
        D. Skiathitis, A. Kougiagkas y Estado Helénico
                                                                        dictada el 7 de junio de 1995 , en el proceso penal seguido
          ( Asuntos C-225/95 , C-226/95 y C-227/95 )                    contra Bent Carlsen; actor civil : Georges Vanhalle, en
                            ( 95/C 229/24 )                             calidad de presidente de la Association pharmaceutique
                                                                        belge , y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               de julio de 1995 .
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resoluciones del Dioikitiko Protodikeio Athinas, dictadas el            El Tribunal de première instance de Liége solicita al
30 de marzo de 1995 , en los asuntos entre A. Kapasakalis,              Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
D. Skiathitis, A. Kougiagkas y Estado Helénico, y recibida              cuestión :
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de junio de
1995 .                                                                  El monopolio legal de los farmacéuticos para distribuir
El Dioikitiko Protodikeio Athinas solicita al Tribunal de
                                                                        artículos esterilizados y la prohibición correlativa impuesta
                                                                        a los distribuidores de artículos esterilizados de vender
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :             directamente los citados artículos a médicos, dentistas,
a ) ¿ Implica el resultado exigido por la Directiva 89/48/CEE           veterinarios y comadronas, o a establecimientos científicos u
      del Consejo (') el reconocimiento de derechos en favor            hospitalarios, con exclusión de los particulares, resultante
      de los particulares a los que afecta dicha Directiva ?            de la aplicación de las disposiciones de los artículos 1 y 44
                                                                        del Real Decreto de 6 . 6 . 1960, en relación con el Real
b ) ¿ Está el contenido de dichos derechos determinado con              Decreto n° 78 de 10 . 11 . 1967, ¿ constituyen una medida de
      la suficiente precisión como para que sea posible                 efecto equivalente a una restricción cuantitativa incompati
      juzgarlo sin más base que el marco ofrecido por las               ble con los artículos 30 y 36 del Tratado de Roma de 25 de
      disposiciones de la Directiva ?                                   marzo de 1957 ?
c ) ¿ Existe nexo de causalidad entre el incumplimiento de la
      obligación que incumbe al Estado Helénico en virtud de
      la Directiva y el daño que alega haber sufrido el
      demandante ?                                                      Recurso interpuesto el 5 de julio de 1995 contra la
                                                                        República francesa por la Comisión de las Comunidades
(') DO n° L 19 de 24 . 1 . 1989 , p . 16 .                                                           Europeas
                                                                                ( Asunto C-234/95 )
                                                                                ( 95/C 229/27)
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
lución del Arbeitsgericht de Wiesbaden, de fecha 18 de abril            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
de 1995 , en el asunto entre Simone Molí y Berhane                      ha presentado el 5 de julio de 1995 un recurso contra la
                               Mesghena                                 República francesa formulado por la Comisión de las
                        ( Asunto C-229/95 )                             Comunidades Europeas, representada por el Sr. Hendrik
                                                                        van Lier, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que
                            ( 95/C 229/25 )
                                                                        designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Arbeitsgericht de Wiesbaden dictada el 18 de             La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al
abril de 1995 en el asunto entre Simone Molí y Berhane                  Tribunal de Justicia que :
Mesghena , y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia         — Declare que la República francesa ha incumplido las
el 3 de julio de 19 95 .
                                                                            obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
El Arbeitsgericht de Wiesbaden solicita al Tribunal de                      92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992 ( ] ),
Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión :                     sobre coordinación de los procedimientos de adjudica
                                                                            ción de los contratos públicos de servicios y, principal
 ¿ Puede un contrato de limpieza de un edificio concreto                    mente, de su artículo 44 , al no adoptar las disposiciones
constituir una parte de centro de actividad de una empresa                  legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
de limpieza de edificios, en el sentido de la Directiva                     atenerse a dicha Directiva .
 77/187/CEE (')?
                                                                        — Con carácter subsidiario, declare que, en todo caso, la
 (>) DO n° L 61 de 5 . 3 . 1977, p . 26 .                                   República francesa ha incumplido las obligaciones que le
                                                                            incumben en virtud de estas mismas disposiciones, al no


title: Asunto T-174/03: Recurso interpuesto el 20 de mayo de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Franco Cozzani

text:
2.8.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                       C 184/41
Recurso interpuesto el 20 de mayo de 2003 contra la                       las Comunidades Europeas, un error manifiesto de apreciación
Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Franco                    y la violación de los principios de igualdad de trato, de
                              Cozzani                                     perspectivas de carrera y de salvaguarda de la confianza
                                                                          legítima así como el incumplimiento del deber de asistencia y
                        (Asunto T-174/03)                                 protección.
                          (2003/C 184/91)
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          Recurso interpuesto el 21 de mayo de 2003 contra la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    Agencia Europea de Reconstrucción por el Sr. Norbert
Europeas se ha presentado el 20 de mayo de 2003 un recurso                                              Schmitt
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por el Sr. Franco Cozzani, con domicilio en Bruselas, represen-                                   (Asunto T-175/03)
tado por Me Eric Boigelot, abogado.
                                                                                (2003/C 184/92)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
—     Anule la decisión de la Autoridad competente para cele-
      brar los contratos de 14 de agosto de 2002 de no incluir
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      al demandante en la lista de los funcionarios y de los
                                                                          Europeas se ha presentado el 21 de mayo de 2003 un recurso
      agentes temporales retribuidos con cargo a los créditos de
                                                                          contra la Agencia Europea de Reconstrucción formulado por el
      investigaciones considerados con mayores méritos para
                                                                          Sr. Norbert Schmitt, con domicilio en Köllerbach (Alemania),
      obtener un ascenso/reclasificación en 2002, lista que se
                                                                          representado por Me Lothar Polanz, abogado.
      publicó en las Informaciones administrativas del mismo
      día (IA — 70-2002).
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
—     En la medida en que sea necesario, anule la decisión de la          que:
      Autoridad competente para celebrar los contratos de
      16 de agosto de 2002 de ascender o reclasificar al                  —     Anule el acto de despido de 25 de febrero de 2003
      grado A4 a los funcionarios y agentes temporales retri-                   adoptado por el Director de la Agencia Europea de
      buidos con cargo a los créditos de investigaciones cuyos                  Reconstrucción.
      nombres figuran en la lista que se publicó en las Infor-
      maciones administrativas del mismo día (IA — 70-2002).                    Con carácter subsidiario,
—     Anule la decisión implícita de desestimación de la recla-           —     condene a la parte demandada a pagar al demandante una
      mación presentada el 11 de noviembre de 2002 por el                       indemnización por daños y perjuicios equivalente a dos
      demandante con arreglo al artículo 90, apartado 2, del                    años de salario, para reparar el perjuicio económico
      Estatuto, que fue inscrita en el registro el mismo día con                sufrido por la pérdida de su empleo.
      el no R/573/02 y mediante la que solicitó éste que se
      anulase la decisión impugnada.                                      —     Condene en costas a la Agencia Europea de Reconstruc-
                                                                                ción.
—     Como consecuencia de dichas anulaciones, añada el
      nombre del demandante a la lista de las personas con
      mayores méritos y le conceda la reclasificación al
      grado A4 en el ejercicio de promoción 2002.                         Motivos y principales alegaciones
—     Condene a la parte demandada a pagar al demandante la               La parte demandante en el presente procedimiento no está de
      cantidad de 15 000 euros en concepto de indemnización               acuerdo con que la parte demandada resuelva el contrato por
      por el perjuicio moral y de carrera que se le ha irrogado.          tiempo indefinido que las unía.
—     Condene en costas a la parte demandada, con arreglo al
      artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento            En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega que la
      del Tribunal de Primera Instancia.                                  forma con la que se le despidió es contraria a los principios
                                                                          generales de la función pública europea y, en particular, a los
                                                                          de legalidad, de confianza legítima, de buena administración y
                                                                          de proporcionalidad. Menciona al respecto que antes del
                                                                          despido en cuestión no se mantuvo ninguna entrevista previa
Motivos y principales alegaciones                                         por iniciativa de la autoridad administrativa.
En apoyo de su recurso, el demandante invoca la infracción del            El demandante invoca además el incumplimiento de la obliga-
artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, por la supuesta falta         ción de motivación.
de motivación de la decisión de no ascenderle, la infracción de
los artículos 10 y 15 del Régimen aplicable a otros agentes de


title: Asunto C-169/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la Cour de cassation de Bélgica, de 4 de abril de 2005, en el asunto entre URADEX y Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) y Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE)

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/28

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la Cour de cassation de Bélgica, de 4 de abril de 2005, en el asunto entre URADEX y Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) y Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE)
   (Asunto C-169/05)
   (2005/C 143/44)
   Lengua de procedimiento: francés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución de la Cour de cassation de Bélgica dictada el 4 de abril de 2005, en el asunto entre URADEX y Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) y Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE), y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de abril de 2005.
   La Cour de cassation de Bélgica solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
   El artículo 9, apartado 2, de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, (1) ¿debe interpretarse en el sentido de que, cuando se considera que una sociedad de gestión colectiva está encargada de la gestión de los derechos de un titular de derechos de autor o de derechos afines, que no haya encomendado la gestión de sus derechos a una sociedad de gestión colectiva, dicha sociedad no dispone de la facultad de ejercer el derecho del citado titular para conceder o denegar a un distribuidor por cable la autorización de retransmitir por cable una emisión, por estar encargada sólo de la gestión de los aspectos pecuniarios de los derechos de dicho titular?

      (1)  DO L 248, de 6.10.1993, p. 15.


title: Asunto C-138/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven, de 22 de marzo de 2005, en el asunto entre Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie y Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/22

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven, de 22 de marzo de 2005, en el asunto entre Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie y Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
   (Asunto C-138/05)
   (2005/C 143/31)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven dictada el 22 de marzo de 2005, en el asunto entre Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie y Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de marzo de 2005.
   El College van Beroep voor het bedrijfsleven solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Puede el juez nacional aplicar el artículo 8 de la Directiva sobre productos fitosanitarios (1) tras la expiración del plazo establecido en el artículo 23 de esta Directiva?

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 16 de la Directiva sobre biocidas (2) en el sentido de que esta disposición tiene el mismo significado que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva sobre productos fitosanitarios?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 2, de la Directiva sobre productos fitosanitarios como una obligación de stand-still en el sentido de que un Estado miembro está facultado para modificar el sistema o práctica actual únicamente si ello da lugar a una evaluación relativa a la autorización de productos fitosanitarios de conformidad con esta Directiva?

               4)

               En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión:
               ¿Impone el artículo 8, apartado 2 de la Directiva sobre productos fitosanitarios restricciones a la modificación de las normas nacionales relativas a la comercialización de biocidas y, de ser así, qué restricciones?

               5)

               En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión:
               ¿Con arreglo a qué criterios debe apreciarse si se está en presencia de medidas que ponen gravemente en peligro el resultado perseguido por la Directiva sobre productos fitosanitarios?

               6)

               En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:

                           a)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 2, de la Directiva sobre productos fitosanitarios en el sentido de que, si un Estado miembro autoriza la comercialización en su territorio de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas no incluidas en el anexo I de esta Directiva, ya comercializadas dos años después de la fecha de notificación de esta Directiva, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva sobre productos fitosanitarios?

                           b)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 2, de la Directiva sobre productos fitosanitarios en el sentido de que, si un Estado miembro autoriza la comercialización en su territorio de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas no incluidas en el anexo I de esta Directiva, ya comercializadas dos años después de la fecha de notificación de esta Directiva, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva sobre productos fitosanitarios?

               7)

               ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 3, de la Directiva sobre productos fitosanitarios en el sentido de que la «revisión» en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva sobre productos fitosanitarios comprende también un control de una nueva aplicación de un producto fitosanitario que ya está comercializado, debiendo apreciarse si existen riesgos inaceptables para los usuarios y trabajadores, la salud humana y el medio ambiente en el marco de una medida temporal prevista en el artículo 16aa de la Bmw?

               8)

               ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 3, de la Directiva sobre productos fitosanitarios en el sentido de que sólo contiene normas relativas a los datos que deben aportarse con anterioridad a una revisión o debe entenderse esta disposición en el sentido de que los requisitos que establece también afectan a la forma en que debe organizarse y hacerse una revisión?

      (1)  Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 230, p. 1).

      (2)  Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (DO L 123, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de septiembre de 2003 en el asunto C-94/02 P: Établissements Biret et Cie SA contra Consejo de la Unión Europea ("Recurso de casación — Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 96/22/CE — Prohibición de utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal — Prohibición de importar de terceros países carnes de animales de explotación a los que se hayan administrado dichas sustancias — Recurso de indemnización — Efecto directo del Acuerdo por el que se establece la OMC y de los acuerdos anexos — Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias — Recomendaciones y resoluciones del órgano de Solución de Diferencias de la OMC")

text:
15.11.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                C 275/19
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                   de 30 de septiembre de 2003                                                 de 30 de septiembre de 2003
en el asunto C-93/02 P: Biret International SA contra                        en el asunto C-94/02 P: Établissements Biret et Cie SA
                 Consejo de la Unión Europea (1)                                        contra Consejo de la Unión Europea (1)
(«Recurso de casación — Directivas 81/602/CEE, 88/146/                       («Recurso de casación — Directivas 81/602/CEE, 88/146/
CEE y 96/22/CE — Prohibición de utilizar determinadas                        CEE y 96/22/CE — Prohibición de utilizar determinadas
sustancias de efecto hormonal — Prohibición de importar de                   sustancias de efecto hormonal — Prohibición de importar de
terceros países carnes de animales de explotación a los que                  terceros países carnes de animales de explotación a los que
se hayan administrado dichas sustancias — Recurso de                         se hayan administrado dichas sustancias — Recurso de
indemnización — Efecto directo del Acuerdo por el que se                     indemnización — Efecto directo del Acuerdo por el que se
establece la OMC y de los acuerdos anexos — Acuerdo sobre                    establece la OMC y de los acuerdos anexos — Acuerdo sobre
la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias —                       la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias —
Recomendaciones y resoluciones del órgano de Solución de                     Recomendaciones y resoluciones del órgano de Solución de
                      Diferencias de la OMC»)                                                     Diferencias de la OMC»)
                           (2003/C 275/32)                                                             (2003/C 275/33)
                   (Lengua de procedimiento: francés)                                          (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-93/02 P, Biret International SA, en liquidación
judicial, con domicilio social en París (Francia) (abogados: Sr.             En el asunto C-94/02 P, Établissements Biret et Cie SA, con
M. de Thoré y el Sr. S. Rodrigues), que tiene por objeto un                  domicilio social en Paris (Francia), (abogado: Sr. S. Rodrigues),
recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal             que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala                       contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las
Primera) de 11 de enero de 2002, Biret International/Consejo                 Comunidades Europeas (Sala Primera) de 11 de enero de 2002,
(T-174/00, Rec. p. II-17), por el que se solicita que se anule               Établissements Biret et Cie SA/Consejo (T-210/00, Rec. p. II-
dicha sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento               47), por el que se solicita que se anule dicha sentencia, y en el
es: Consejo de la Unión Europea, (agentes: Sres. J. Carbery y                que la otra parte en el procedimiento es: Consejo de la Unión
F.P. Ruggeri Laderchi), apoyado por Reino Unido de Gran                      Europea (agentes: Sres. J. Carbery y F. P. Ruggeri Laderchi),
Bretaña e Irlanda del Norte, (agente: Sra. P. M. Ormond),                    apoyado por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
y Comisión de las Comunidades Europeas, (agentes: Sres.                      (agentes: Sra. P. M. Ormond), y Comisión de las Comunidades
T. Christoforou y A. Bordes), el Tribunal de Justicia, integrado             Europeas, (agentes: Sra. T. Christoforou y A. Bordes) el Tribunal
por los Sres. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, J.-P. Puisso-             de Justicia, integrado por los Sres. G.C. Rodríguez Iglesias,
chet, M. Wathelet (Ponente), R. Schintgen y C.W.A. Timmer-                   Presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet (Ponente),
mans, Presidentes de Sala, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann                R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala,
y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y los Sres. S. von           C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann y V. Skouris, las Sras.
Bahr y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr.                    F. Macken y N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha
S. Alber; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha             Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario:
dictado el 30 de septiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo                 Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 30 de sep-
es el siguiente:                                                             tiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Desestimar el recurso de casación.                                     1)    Desestimar el recurso de casación.
2)    Biret International SA cargará con sus propias costas y con dos        2)    Établissements Biret et Cie SA cargará con sus propias costas y
      tercios de las costas del Consejo de la Unión Europea.                       con dos tercios de las costas del Consejo de la Unión Europea.
3)    El Consejo cargará con un tercio de sus propias costas.                3)    El Consejo cargará con un tercio de sus propias costas.
4)    El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la                4)    El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la
      Comisión de las Comunidades Europeas cargarán con sus                        Comisión de las Comunidades Europeas cargarán con sus
      propias costas.                                                              propias costas.
(1) DO C 109 de 4.5.2002.                                                    (1) DO C 109 de 4.5.2002.


title: Asunto C-253/11 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 2011 por Alstom, T&D Holding, anteriormente Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, anteriormente Areva T&D SA y Alstom Grid AG, anteriormente Areva T&D AG, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 3 de marzo de 2011 en los asuntos acumulados T-117/07 y T-121/07, Areva y otros/Comisión

text:
               16.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/19

         Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 2011 por Alstom, T&D Holding, anteriormente Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, anteriormente Areva T&D SA y Alstom Grid AG, anteriormente Areva T&D AG, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 3 de marzo de 2011 en los asuntos acumulados T-117/07 y T-121/07, Areva y otros/Comisión
   (Asunto C-253/11 P)
   2011/C 211/37
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrentes: Alstom, T&D Holding, anteriormente Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, anteriormente Areva T&D SA, Alstom Grid AG, anteriormente Areva T&D AG (representantes: J. Derenne y A. Müller-Rappard, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Areva, Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 3 de marzo de 2011 en los asuntos T-117/07 y T-121/07, Areva SA, Areva T&D Holding SA, Areva T&D AG, Areva T&D SA y Alstom/Comisión Europea.

               —

               En el supuesto de que considere que el litigio se halla en estado de ser juzgado definitivamente:

                           —

                           Con carácter principal, que se anulen los siguientes artículos de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762, de 24 de enero de 2007 (asunto COMP/38.899 — Conmutadores con aislamiento de gas):

                                       —

                                       el artículo 1, letra b) [Alstom];

                                       —

                                       el artículo 1, letra d) [Alstom Grid AG (anteriormente Areva T&D AG];

                                       —

                                       el artículo 1, letra e) [T&D Holding (anteriormente Areva T&D Holding SA];

                                       —

                                       el artículo 1, letra f) [Alstom Grid SAS (anteriormente Areva T&D SA];

                                       —

                                       el artículo 2, letra b) [Alstom], y

                                       —

                                       el artículo 2, letra c) [Alstom, Alstom Gris AG (anteriormente Areva T&D AG), T&D Holding (anteriormente Areva T&D Holding SA) y Alstom Grid SAS (anteriormente Areva T&D SA).

                           —

                           Con carácter subsidiario, que se reduzcan sustancialmente las multas impuestas a las partes recurrentes.

                           —

                           Que se condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas las relativas al procedimiento ante el Tribunal General.

               —

               En el supuesto de que considere que el litigio no se halla en estado de ser juzgado definitivamente, que se devuelvan los asuntos a una Sala del Tribunal General con una composición diferente y se reserve la decisión sobre las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   Las partes recurrentes invocan cinco motivos en apoyo de su recurso de casación.
   Mediante su primer motivo, que consta de dos partes, las partes recurrentes aducen la infracción del artículo 269 TFUE por el Tribunal General en la medida en que éste considera que la Decisión de la Comisión está suficientemente motivada. A este respecto, reprochan, en primer lugar, al Tribunal General haber estimado, en los apartados 90 a 99 de la sentencia recurrida, que la Comisión motivó suficientemente en Derecho su conclusión de responsabilidad conjunta y solidaria de Alstom con Areva T&D SA y Areva T&D AG, basada en el hecho de que Alstom no desvirtuó la presunción de ejercicio de una influencia decisiva sobre sus filiales, aun cuando la Comisión no respondió a los datos presentados por Alstom para desvirtuar dicha presunción (primera parte). En segundo lugar, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber afirmado, en el apartado 200 de la sentencia recurrida, que la Comisión podía válidamente no aducir motivos sobre las razones por las que se puede imponer una multa solidaria a dos sociedades que no forman una entidad económica en la fecha de la adopción de una decisión.
   Mediante su segundo motivo, las recurrentes invocan la infracción por el Tribunal General de los artículos 36 y 53 del Estatuto del Tribunal de Justicia, en relación con el artículo 263 TFUE, en la medida en que, en los apartados 101 a 110 (primera parte), 148 a 150 (segunda parte) y 214 a 216 (tercera parte) de la sentencia, el Tribunal General sustituye el razonamiento de la Comisión por el suyo propio al añadir a posteriori a la Decisión impugnada motivos que no se encuentran en ella. Asimismo, Alstom y otros recurrentes reprochan al Tribunal General haber estimado, en el apartado 206 de la sentencia recurrida, que se pueda imponer una multa solidaria a dos sociedades que no forman una unidad económica en la fecha de adopción de la Decisión impugnada (cuarta parte).
   El tercer motivo, basado en la imposición por el Tribunal General de una probatio diabolica en contravención del artículo 101 TFUE y, en particular, de las normas que regulan la imputabilidad a una sociedad matriz de las prácticas de su filial y de los principios del derecho a un proceso justo y de la presunción de inocencia recogidos en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, consta de dos partes. Las recurrentes sostienen que:

               a)

               por una parte, al confirmar la imputación de responsabilidad de las prácticas cometidas por sus filiales a su sociedad matriz Alstom y al aplicar los principios jurisprudenciales de la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, el Tribunal General vulneró, en los apartados 84 a 110 de la sentencia recurrida, el derecho a un proceso justo y el principio de la presunción de inocencia, ya que adoptó, en un contexto de imputación de responsabilidad, una definición del ejercicio de influencia decisiva de una sociedad matriz sobre su filial sin ninguna relación con un comportamiento efectivo en el mercado de referencia y, en consecuencia, confirió un carácter irrefutable a dicha presunción;

               b)

               por otra parte, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho, en los apartados 144 a 152 de la sentencia recurrida, en la determinación del ejercicio efectivo de una influencia decisiva de Areva T&D Holding SA sobre Areva T&D SA y Areva T&D AG durante el periodo comprendido entre el 9 de enero y el 11 de mayo de 2004.

         El cuarto motivo se basa en la vulneración por el Tribunal General del concepto de solidaridad en la medida en que, en los apartados 214 a 216 de la sentencia recurrida, declara que la solidaridad determina las cuotas de las contribuciones respectivas de las sociedades a las que se impone una multa solidaria (primera parte) y en que, en los apartados 232 a 236 y 238 a 242 de la sentencia recurrida, vulnera los principios de la seguridad jurídica y de la individualización de las penas, así como el artículo 13 TUE, ya que la Comisión delegó la facultad de determinar la responsabilidad de cada una de las empresas sancionadas.
   El quinto motivo se basa en la vulneración por el Tribunal General de su obligación de responder a los motivos formulados en la medida en que, en los apartados 223 a 230 de la sentencia, interpreta erróneamente el alcance del motivo basado en la vulneración del derecho a un recurso efectivo y a la tutela judicial, y no responde, por tanto, al motivo planteado, sino a otro que no había sido formulado.


title: Asunto C-248/17 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de mayo de 2017 por Bank Tejarat contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 14 de marzo de 2017 en el asunto T-346/15, Bank Tejarat/Consejo

text:
               31.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 249/19

         Recurso de casación interpuesto el 11 de mayo de 2017 por Bank Tejarat contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 14 de marzo de 2017 en el asunto T-346/15, Bank Tejarat/Consejo
   (Asunto C-248/17 P)
   (2017/C 249/30)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Bank Tejarat (representantes: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, Solicitors, M. Brindle QC, T. Otty, R. Blakeley, Barristers)

      Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Estime el recurso de casación y anule los puntos 1 y 2 del fallo de la segunda sentencia del Tribunal General.

               —

               Estime la solicitud del Banco referente a su reinscripción en la lista.

               —

               Anule las medidas controvertidas en tanto en cuanto se aplican al Banco.

               —

               Condene al Consejo a cargar con las costas del recurso de casación y con las costas del procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no atribuir ninguna importancia o atribuir una importancia insuficiente a las pruebas aportadas por el Banco y desvirtuar, de ese modo, las pruebas esenciales pertinentes a la hora de dilucidar si las alegaciones contenidas en la motivación impugnada fueron fundamentadas por el Consejo.
   Con independencia del resultado del primer motivo del recurso de casación, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al desvirtuar las pruebas esenciales pertinentes por lo que atañe a la cuestión de si las alegaciones contenidas en la motivación impugnada fueron fundamentadas por el Consejo y erró al hacer recaer la carga de la prueba en el Banco.
   En relación tanto con el primer como con el segundo motivo del recurso de casación, si el Tribunal General hubiese aplicado los principios correctos y no hubiera desvirtuado las pruebas antes mencionadas, habría anulado las medidas impugnadas.
   El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que el Consejo tenía derecho a reinscribir al Banco en la lista basándose en motivos que podían y deberían haber sido formulados antes de la primera sentencia y que la conducta del Consejo no infringía el artículo 266 TFUE ni violaba los principios de fuerza de cosa juzgada, seguridad jurídica, finalidad y efectividad, ni el derecho a la tutela judicial efectiva, ni los derechos del Banco con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni los artículos 6 y 13 del CEDH, ni su derecho a una buena administración, ni el principio de proporcionalidad.


title: Prestación de juramento de un nuevo Juez del Tribunal de Justicia

text:
24.1.2004              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 21/1
                                                                     I
                                                            (Comunicaciones)
                                             TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                        TRIBUNAL DE JUSTICIA
Prestación de juramento de un nuevo Juez del Tribunal                    Listas elaboradas para la determinación de la composición
                            de Justicia                                                 de las formaciones del Tribunal
                          (2004/C 21/01)                                                         (2004/C 21/03)
                                                                         En su reunión de 13 de enero de 2004, el Tribunal de Justicia
Nombrado Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades                estableció como sigue la lista mencionada en el artículo 11 ter,
Europeas por decisión de los Gobiernos de los Estados                    apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, a efectos de la
miembros de las Comunidades Europeas de 23 de octubre de                 determinación de la composición de la Gran Sala:
2003 (1), el Sr. Schiemann prestó juramento ante el Tribunal
                                                                         —    Sr. Gulmann
de Justicia el 7 de enero de 2004.
                                                                         —    Sr. Schiemann
(1 ) DO L 285 de 1.11.2003, p. 42.                                       —    Sr. La Pergola
                                                                         —    Sr. Lenaerts
                                                                         —    Sr. Puissochet
                                                                         —    Sra. Silva de Lapuerta
          Adscripción de un nuevo Juez a las Salas                       —    Sr. Schintgen
                                                                         —    Sr Rosas
                          (2004/C 21/02)
                                                                         —    Sra. Macken
                                                                         —    Sr. Cunha Rodrigues
En su reunión de 13 de enero de 2004, el Tribunal de Justicia
decidió adscribir al Sr. Schiemann a las Salas Primera y Tercera.        —    Sra. Colneric
                                                                         —    Sr. von Bahr
Por consiguiente, las Salas Primera y Tercera tendrán la                 En su reunión de 13 de enero de 2004, el Tribunal de Justicia
siguiente composición:                                                   estableció como sigue la lista mencionada en el artículo
                                                                         11 quater, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de
Sala Primera                                                             Procedimiento, a efectos de la determinación de la composición
                                                                         de las Salas Primera y Tercera:
Sr. Jann, Presidente de Sala,
                                                                         Sala Primera
Sres. Rosas, La Pergola y von Bahr, Sra. Silva de Lapuerta y
Sres. Lenaerts y Schiemann, Jueces.                                      —    Sr. La Pergola
                                                                         —    Sr. Schiemann
Sala Tercera
                                                                         —    Sr. von Bahr
Sr. Rosas, Presidente de Sala,
                                                                         —    Sr. Lenaerts
Sr. Schintgen, Sra. Colneric y Sr. Schiemann, Jueces.                    —    Sr. Rosas
                                                                         —    Sra. Silva de Lapuerta


title: Asunto T-259/11: Auto del Tribunal General de 9 de octubre de 2013 — Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs/Comisión ( «Recurso de anulación — Programa Phare — Proyecto relativo al desarrollo de un centro de innovación y demostración de productos de construcción — Decisión de la Comisión de proceder a la recuperación de una parte de las cantidades abonadas — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad» )

text:
               7.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 359/11

         Auto del Tribunal General de 9 de octubre de 2013 — Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs/Comisión
   (Asunto T-259/11) (1)

   (Recurso de anulación - Programa Phare - Proyecto relativo al desarrollo de un centro de innovación y demostración de productos de construcción - Decisión de la Comisión de proceder a la recuperación de una parte de las cantidades abonadas - Inexistencia de afectación directa - Inadmisibilidad)
   2013/C 359/19
   Lengua de procedimiento: letón

      Partes

      Demandante: Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs (Jelgava, Letonia) (representante: E. Darapoļskis, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Van Nuffel y A. Sauka, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto, con arreglo al artículo 263 TFUE, por la asociación Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs, que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión notificada al Ministerio de Economía de la República de Letonia mediante escrito de 16 de noviembre de 2010.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Desestimar la solicitud de acceso a los documentos de la Comisión.

               3)

               Condenar en costas a Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs.

               4)

               Sobreseer las demandas de intervención de la República de Letonia y la República de Lituania.

      (1)  DO C 252, de 27.8.2011.


title: Asunto C-573/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 31 de enero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Asilo — Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados — Artículo 12, apartado 2, letra c), y artículo 12, apartado 3 — Exclusión del estatuto de refugiado — Concepto de «actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas» — Alcance — Miembro dirigente de una organización terrorista — Condena penal por participación en las actividades de un grupo terrorista — Evaluación individual]

text:
               3.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 104/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 31 de enero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani
   (Asunto C-573/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Asilo - Directiva 2004/83/CE - Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados - Artículo 12, apartado 2, letra c), y artículo 12, apartado 3 - Exclusión del estatuto de refugiado - Concepto de «actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas» - Alcance - Miembro dirigente de una organización terrorista - Condena penal por participación en las actividades de un grupo terrorista - Evaluación individual])
   (2017/C 104/18)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

      Demandada: Mostafa Lounani

      Fallo

               1)

               El artículo 12, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que no implica necesariamente que, para que pueda considerarse que concurre el motivo de exclusión del estatuto de refugiado que contiene, el solicitante de protección internacional haya sido condenado por uno de los delitos de terrorismo a los que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo.

               2)

               El artículo 12, apartado 2, letra c), y el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/83 deben interpretarse en el sentido de que pueden justificar la exclusión del estatuto de refugiado actos de participación en una organización terrorista como los que motivaron la condena del recurrido en el litigio principal, aun cuando no se haya demostrado que la persona de que se trate haya cometido un acto de terrorismo, tal como se precisa en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni haya intentado cometerlo o amenazado con hacerlo. A efectos de la evaluación individual de los hechos para apreciar si hay razones fundadas para considerar que una persona es culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas, ha incitado a la comisión de tales actos o ha participado en ellos, la circunstancia de que haya sido condenada por los tribunales de un Estado miembro por su participación en las actividades de un grupo terrorista tiene especial relevancia, así como el hecho de que haya sido miembro dirigente de ese grupo, sin que sea necesario demostrar que haya incitado personalmente a la comisión de un acto de terrorismo o haya participado en él.

      (1)  DO C 46 de 9.2.2015.


title: Asunto C-90/07: Recurso interpuesto el 16 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/23

         Recurso interpuesto el 16 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-90/07)
   (2007/C 95/41)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante/s: M. Konstantinidis y J.-B. Laignelot, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las disposiciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (1), al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva y, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2004/12/CE expiró el 18 de agosto de 2005.

      (1)  DO L 47, p. 26.


title: Asunto C-380/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Verwaltungsgerichtshof, de fecha 13 de septiembre de 2001, en el asunto entre Dr. Gustav Schneider y Bundesminister für Justiz

text:
C 348/14                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      8.12.2001
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                  febrero de 1995, por el que se establece la organización
lución del Verwaltungsgerichtshof, de fecha 13 de sep-                       común de mercados en el sector de los forrajes desecados.
tiembre de 2001, en el asunto entre Dr. Gustav Schneider
                   y Bundesminister für Justiz                          —     Condene a la República Italiana al pago de las costas del
                                                                              procedimiento.
                        (Asunto C-380/01)
                          (2001/C 348/24)                               Motivos y principales alegaciones
                                                                        A tenor del artı́culo 11, parte A, apartado 1, letra a) de la
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               Directiva, los Estados miembros se hallan obligados a incluir
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           en la base imponible del impuesto no sólo la totalidad de la
resolución del Verwaltungsgerichtshof, dictada el 13 de sep-           contraprestación abonada por el comprador del bien o el
tiembre de 2001, en el asunto entre Dr. Gustav Schneider y              destinatario de la prestación, sino también las subvenciones
Bundesminister für Justiz, y recibida en la Secretarı́a del             pagadas por terceros a quien realice la entrega del bien o preste
Tribunal de Justicia el 4 de octubre de 2001. El Verwaltungsge-         el servicio, con la condición de que las citadas subvenciones se
richtshof solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre       hallen «directamente vinculadas al precio de estas operaciones».
la siguiente cuestión:
                                                                        La Comisión afirma que la ayuda pagada a las empresas de
El artı́culo 6 de la Directiva 76/207/CEE (1) del Consejo, relativa     transformación que producen forraje desecado constituye una
a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres       parte del precio del bien producido por las citadas empresas,
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la                el cual, por consiguiente, se halla comprendido dentro de la
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones         categorı́a de las «subvenciones directamente vinculadas al
de trabajo, ¿debe interpretarse en el sentido de que la exigencia       precio» por lo cual debe quedar sujeta a tributar por el IVA.
que establece de que una persona pueda hacer valer sus
derechos por vı́a jurisdiccional (en el presente caso, una
demanda de indemnización por daños y perjuicios) no se                (1) DO L 145, de 13.6.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54.
                                                                        (2) DO L 63 de 21.3.1995, p. 1.
cumple de manera satisfactoria si sólo se puede acudir al
Verwaltungsgerichtshof austriaco, cuyas competencias están
jurı́dicamente limitadas (únicamente actúa como tribunal de
casación, sin competencia para examinar los hechos)?
(1) DO 1976, L 39, p. 40.
                                                                        Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2001 contra la
                                                                        República Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                                                                                (Asunto C-384/01)
Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2001 contra la                                            (2001/C 348/26)
República Italiana por la Comisión de las Comunidades
                              Europeas
                        (Asunto C-381/01)                               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 5 de octubre de 2001 un recurso contra
                                                                        la República Francesa formulado por la Comisión de las
                          (2001/C 348/25)                               Comunidades Europeas, representada por los Sres. E. Traversa
                                                                        y Ch. Giolito, en calidad de agentes, que designa domicilio en
                                                                        Luxemburgo.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 4 de octubre de 2001 un recurso contra
                                                                        La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
la República Italiana formulado por la Comisión de las
                                                                        de Justicia que:
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Enrico Tra-
versa, en calidad de agente.                                            —     Declare que la República Francesa ha incumplido las
                                                                              obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 12,
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     apartado 3, letras a) y b), de la Directiva 77/388/CEE del
                                                                              Consejo, de 17 mayo de 1977, Sexta Directiva en materia
—      Declare que la República Italiana ha incumplido las                   de armonización de las legislaciones de los Estados
       obligaciones que le impone el artı́culo 11 de la Directiva             miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
       77/388/CEE del Consejo (1), Sexta Directiva sobre el IVA,              negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor
       al no haber sujetado al IVA (impuesto sobre el valor                   Añadido: base imponible uniforme (1), al aplicar un tipo
       añadido) el importe de las ayudas pagadas con arreglo al              reducido del IVA a la parte fija del precio del suministro
       Reglamento (CE) no 603/95 del Consejo (2), de 21 de                    de gas y electricidad efectuado mediante redes públicas.


title: Asunto C-267/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), de fecha 21 de junio de 2000, en el asunto entre The Commissioners of Customs and Excise y Zoological Society of London

text:
C 259/6                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        9.9.2000
       No se puede invocar el artı́culo 1, apartado 3, de la              Recurso interpuesto el 26 de junio de 2000 contra
       Directiva 91/439 para justificar el registro obligatorio y         el Reino de los Paı́ses Bajos por la Comisión de las
       sistemático de los permisos de conducción expedidos                                  Comunidades Europeas
       por otros Estados miembros. El planteamiento de las
       autoridades de los Paı́ses Bajos se basa en una visión                                   (Asunto C-254/00)
       errónea de la interrelación entre los apartados 2 y 3 del
       artı́culo 1 de la Directiva y entre ésta y el artı́culo 43                                  (2000/C 259/09)
       CE. Además, los motivos aducidos por las autoridades
       neerlandesas son desproporcionados.                                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 26 de junio de 2000 un recurso contra el Reino
                                                                          de los Paı́ses Bajos, formulado por la Comisión de las
                                                                          Comunidades Europeas, representada por el Sr. H. van Lier,
—      Infracción del artı́culo 1, apartado 2, de la Directiva           Consejero Jurı́dico, en calidad de Agente, que designa como
       91/439, al reconducir la duración de validez de un                domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez
       permiso expedido en otro Estado miembro a la fecha de              de la Cruz, representante del Servicio Jurı́dico, Centre Wagner.
       expedición en dicho Estado: Las autoridades neerlandesas
       aplican las normas nacionales en materia de validez del            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
       permiso de conducción a partir de la fecha en que el
       permiso ha sido expedido en el otro Estado miembro y               1.    Declare que el Reino de los Paı́ses Bajos ha incumplido
       no desde la fecha de establecimiento en los Paı́ses Bajos.               las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
       Aquı́ también, las autoridades neerlandesas pasan por                    95/47/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de
       alto la interrelación entre los apartados 2 y 3 del artı́culo 1         24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para
       de la Directiva, de modo que el reconocimiento recı́proco                la transmisión de señales de televisión, al no haber
       establecido en el apartado 2 no tiene efecto alguno para                 comunicado todas las disposiciones legales, reglamenta-
       un grupo muy numeroso de titulares. Las autoridades                      rias y administrativas para ajustarse a la Directiva o al
       neerlandesas hacen una interpretación errónea del con-                 no haber adoptado las medidas necesarias para dar
       cepto de «reconocimiento recı́proco»: de ello resulta que                cumplimiento a la misma.
       no se da un trato igual a los titulares de permisos
                                                                          2.    Condene en costas al Reino e los Paı́ses Bajos.
       neerlandeses y de permisos expedidos por otro Estado
       miembro, sino que a este último tipo de permisos de
       conducción se les dan los mismos efectos jurı́dicos que en        Motivos y principales alegaciones
       el Estado miembro de expedición. Pues bien, no se trata de
       que los titulares de permisos de conducción neerlandeses          En virtud del carácter imperativo del artı́culo 249 CE, párrafo
       no sean discriminados en relación con los titulares de            tercero, los Estados miembros están obligados a adoptar las
       otros permisos, sino de que no se obstaculice a este               medidas necesarias para dar cumplimiento a las directivas de
       último grupo el ejercicio de la libertad de establecimiento       las que sean destinatarias y ello antes de la expiración del plazo
       en los Paı́ses Bajos.                                              señalado en dichas directivas. Este plazo expiró el 23 de agosto
                                                                          de 1996 sin que los Paı́ses Bajos hubieran adoptado las
                                                                          disposiciones necesarias.
—      Infracción del artı́culo 6, apartado 1, letra c), de la Direc-
                                                                          (1) DO 1995, L 281, p. 51.
       tiva 91/439: La Ley neerlandesa fija para los conductores
       de la categorı́a D la edad mı́nima de 18 años, mientras
       que, con arreglo al artı́culo 6, apartado 1, letra c), de la
       Directiva, deberı́a ser de 21 años.
                                                                          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
—      Infracción del Anexo III, punto 4, de la Directiva 91/439:        lución de la High Court of Justice (England & Wales),
       El artı́culo 100 del Reglement Rijbewijzen (neerlandés) es         Queen’s Bench Division (Crown Office), de fecha 21 de
       incompatible con el Anexo III, punto 4, de la Directiva,           junio de 2000, en el asunto entre The Commissioners of
       en la medida en que no prevé el reconocimiento médico                  Customs and Excise y Zoological Society of London
       periódico para los conductores del grupo 2, es decir,
                                                                                (Asunto C-267/00)
       conductores de camiones y autobuses.
                                                                                (2000/C 259/10)
                                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
( 1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1996,
                                                                          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
     Skanavi (C-193/94, Rec. p. I-929).                                   resolución de la High Court of Justice (England & Wales),
                                                                          Queen’s Bench Division (Crown Office), dictada el 21 de junio
                                                                          de 2000, en el asunto entre The Commissioners of Customs
                                                                          and Excise y Zoological Society of London, y recibida en la
                                                                          Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 3 de julio de 2000. La
                                                                          High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench
                                                                          Division (Crown Office) solicita al Tribunal de Justicia que se
                                                                          pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
 ---pagebreak--- 9.9.2000                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 259/7
¿Cómo debe interpretarse, teniendo en cuenta las circunstan-             los Paı́ses Bajos formulado por la Comisión de las Comunida-
cias del presente asunto, la expresión «gestionados y adminis-           des Europeas, representada por los Sres. G. Valero Jordana y
trados, con carácter esencialmente filantrópico, por personas           Chr. Van Der Hauwaert, miembros de su Servicio Jurı́dico, en
que no tengan, por sı́ mismas o por personas interpuestas,                calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem-
ningún interés directo ni indirecto en los resultados de la              burgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del
explotación» que figura en el artı́culo 13 A, 2, letra a), segundo       Servicio Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.
guión, de la Directiva 77/388/CEE (1) de 17 de mayo de 1977?
En particular:
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
a)    ¿Cuáles son los criterios para determinar quién gestiona
      y administra un organismo a efectos de ese precepto?                1.    Declare que el Reino de los Paı́ses Bajos no ha cumplido
      ¿Esa expresión se refiere:                                               las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho
                                                                                comunitario, al no cumplir en los plazos establecidos en
      i)    sólo a los miembros de los altos órganos de control               la Directiva 76/160/CEE (1) del Consejo, de 8 de diciembre
            del organismo, o                                                    de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño, las
                                                                                obligaciones impuestas por los artı́culos 4, apartado 1, y
      ii)   a cualesquiera personas que ejerzan funciones de                    6, apartado 1, de la Directiva.
            gestión o administración de cualquier tipo? De ser
            ası́, ¿cuáles son los criterios para determinar si una
                                                                          2.    Condene en costas al Reino de los Paı́ses Bajos.
            persona ejerce una función de gestión o administra-
            ción pertinente?
b)    ¿Cuáles son los criterios para determinar si la gestión y         Motivos y principales alegaciones
      administración de un organismo se realiza con carácter
      esencialmente filantrópico? ¿Esa expresión se refiere:
                                                                          Más de 14 años tras la expiración del plazo de 10 años desde
      i)    a la medida en que ejercen la gestión y administra-          la publicación de la Directiva 76/160/CEE, el Reino de los
            ción del organismo personas retribuidas y no retri-          Paı́ses Bajos todavı́a no ha cumplido la obligación de resultado
            buidas respectivamente, y en tal caso, cómo debe             sobre calidad mı́nima de las aguas de baño en el 8 % de las
            aplicarse el criterio, o                                      zonas de aguas de baño continentales y en el 1,3 % de las
                                                                          aguas costeras (temporada de baño 1999).
      ii)   a la relación económica individual en virtud de la
            cual desempeñan sus funciones cada una de las
            personas que realizan la gestión y administración           En la misma temporada tampoco se tomaron suficientes
            del organismo (por ejemplo, esas personas sólo               muestras en 4 de las 528 zonas de aguas de baño continentales.
            deben percibir una retribución simbólica), o
      iii)  a cualquier otro criterio o requisito, y en tal caso,         (1) DO 1976, L 31, p. 1; EE 15/01, p. 133.
            qué criterio o requisito?
(1) Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
    en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
    Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios
    — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base
    imponible uniforme (DO L 145, p. 13).
                                                                          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                          lución del Bundesfinanzhof, de fecha 25 de mayo de 2000,
                                                                             en el asunto Wolfgang Seeling y Finanzamt Starnberg
                                                                                (Asunto C-269/00)
Recurso interpuesto el 3 de julio de 2000 contra el Reino
de los Paı́ses Bajos por la Comisión de las Comunidades
                               Europeas                                                            (2000/C 259/12)
                          (Asunto C-268/00)                               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                          resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 25 de mayo de
                           (2000/C 259/11)                                2000, en el asunto entre Wolfgang Seeling y Finanzamt
                                                                          Starnberg, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              3 de julio de 2000. El Bundesfinanzhof solicita al Tribunal de
presentado el 3 de julio de 2000 un recurso contar el Reino de            Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:


title: Asunto C-352/04: Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de  14 de diciembre de 2005  (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Köln) — mdm Versandservice GmbH/Bundesrepublik Deutschland

text:
               17.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/29

         Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2005 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Köln) — mdm Versandservice GmbH/Bundesrepublik Deutschland
   (Asunto C-352/04) (1)

   (2006/C 143/57)

      Lengua de procedimiento: alemán

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 262, de 23.10.2004.


title: Asunto T-153/01: Recurso interpuesto el 4 de julio de 2001 por Mercedes Alvarez Moreno contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
29.9.2001              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 275/11
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera                Motivos y principales alegaciones
Instancia que:
—    Reconozca el derecho de Fedon y condene a la Comuni-              El demandante, empleado del Banco Central Europeo, es padre
     dad Europea a resarcirle el perjuicio ocasionado que              de dos hijos. Solicitó la concesión de una asignación por
     asciende a LIT 4 432 590 743 o cualquier cantidad                 escolaridad para la escolarización de sus hijos en una escuela
     considerada razonable, y, sin perjuicio de su precisión          internacional. La parte demandada denegó esta solicitud
     mientras perdure la obligación del pago de derechos de           basándose en que el demandante no cumplı́a los requisitos
     aduana extraordinarios, más los intereses al tipo legal          para ello, ya que no tenı́a derecho a una indemnización por
     italiano calculados a partir del momento del pago efectivo        expatriación (expatriation allowance) del 16 %.
     por parte de Fedon a la Administración de Aduanas
     americana, del 95,4 % del valor de la mercancı́a (derechos        El demandante alega que la denegación de la asignación por
     de aduana aumentados), hasta el pago del saldo, más los          escolaridad vulnera derechos contractuales del demandante y,
     intereses de demora del 8 %, según reiterada jurispruden-        en particular, el deber de asistencia y protección que incumbe
     cia comunitaria, en caso de retraso del pago de la suma           a la parte demandada en relación con el demandante.
     requerida.
—    Condene en costas a la Comunidad Europea.                         Además, la regulación del artı́culo 19 (i) de las «Conditions of
                                                                       Employment» (CoE) viola el principio de igualdad de trato. La
                                                                       parte demandada reconoció, en el artı́culo 9 (c) CoE, su
                                                                       obligación de respetar dicho principio. La asignación por
Motivos y principales alegaciones                                      escolaridad con arreglo al artı́culo 19 CoE sólo puede conce-
                                                                       derse a aquellos empleados que cumplan los requisitos para la
Los demandantes en el presente asunto, que operan en el                concesión de una indemnización por expatriación; de este
sector de las fundas y estuches para gafas y exportan a los            modo, se trata de manera diferente a dos categorı́as de
Estados Unidos, pretenden obtener la reparación de los                empleados, a saber, los empleados que cumplen estos requisi-
perjuicios sufridos a causa de determinadas medidas de                 tos y los empleados que no los cumplen. La desigualdad de
represalia comercial adoptadas por los Estados Unidos que han          trato sólo estarı́a objetivamente justificada si la finalidad de la
afectado al mencionado sector.                                         asignación por escolaridad fuera idéntica a la de la indemniza-
                                                                       ción por expatriación, cosa que no ocurre. Estos subsidios
                                                                       tienen finalidades fundamentalmente diferentes, de modo que
Los motivos y principales argumentos son similares a los               no está justificado vincular la concesión de una asignación por
invocados en el asunto T-69/00 FIAM y FIAM Technologies/               escolaridad con arreglo al artı́culo 19 (i) CoE al cumplimiento
Consejo y Comisión (1).                                               de los requisitos para una indemnización por expatriación con
                                                                       arreglo al artı́culo 17.
(1) DO C 135 de 13.5.2000, p. 30.
                                                                       Recurso interpuesto el 4 de julio de 2001 por Mercedes
Recurso interpuesto el 6 de julio de 2001 contra el Banco              Alvarez Moreno contra la Comisión de las Comunidades
           Central Europeo por Emanuele Nicastro                                                    Europeas
                       (Asunto T-152/01)                                                       (Asunto T-153/01)
                         (2001/C 275/24)                                                         (2001/C 275/25)
                (Lengua de procedimiento: alemán)                                       (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Europeas se ha presentado el 6 de julio de 2001 un recurso             presentado el 4 de julio de 2001 un recurso formulado
contra el Banco Central Europeo formulado por Emanuele                 por Mercedes Alvarez Moreno, con domicilio en Berlı́n,
Nicastro, Frankfurt am Main, representado por Norbert Pflüger,         representada por los Sres. Georges Vandersanden y Dominique
Regina Steiner y Silvia Mittländer, abogados.                          Dugois, abogados, contra la Comisión de las Comunidades
                                                                       Europeas.
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
—    Anule la decisión del Banco Central Europeo por la               que:
     que se le deniega la concesión de una asignación por
     escolaridad (education allowance) para sus dos hijos.             —     Anule la decisión adoptada por la demandada de aplicar
                                                                             a los intérpretes independientes un lı́mite de edad fijado
—    Condene en costas a la parte demandada.                                 en 65 años y, por tanto, de aplicarle dicho lı́mite de edad.
 ---pagebreak--- C 275/12                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     29.9.2001
—       Se la indemnice por el perjuicio sufrido, que evalúa, con        Recurso interpuesto el 10 de julio de 2001 contra la
        carácter provisional, en la cantidad de 1 Euro.                  Comisión de las Comunidades Europeas por Robert
                                                                                Walton
—       Condene a la demandada al pago de la totalidad de las
        costas.                                                                                (Asunto T-155/01)
                                                                                (2001/C 275/26)
Motivos y principales alegaciones                                                          (Lengua de procedimiento: inglés)
La demandante es una intérprete independiente que ha traba-               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
jado regularmente al servicio de la Comisión desde 1986.                 Europeas se ha presentado el 10 de julio de 2001 un recurso
Después de cumplir la edad de 65 años, la demandante                     contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
comprobó que la Comisión ya no la contactó más con el fin             por el Sr. Robert Walton, con domicilio en Oxford (Reino
de ofrecerle nuevas propuestas de trabajo. Posteriormente, la             Unido), representado por el Sr. Paul Harris, de Monckton
Comisión informó a la demandante de su decisión de no                  Chambers, Londres (Reino Unido).
volver a contratar intérpretes de conferencias mayores de
65 años y, por tanto, de no volver a recurrir a sus servicios
                                                                          El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
por dicho motivo. Según la Comisión, dicha decisión sucedió
a la adopción por el Consejo del Reglamento no 628/2000 (1)              1.   Anule la decisión de la Comisión de 3 de octubre de
por el que se modifica el artı́culo 78 del Régimen aplicable a                 2000.
los otros agentes (RAA).
                                                                          2.   Declare que dicha decisión o el escrito de la Comisión
                                                                               por el que le comunicó la rescisión de su contrato son
Según la demandante, la Comisión motivó su decisión de                     ilegales o incumplen las disposiciones sobre notificación
someter el fin de la contratación de los intérpretes independien-             de la rescisión del contrato que figuran en el artı́culo 5
tes al artı́culo 74 del RAA, y, por tanto, al lı́mite de edad de               del contrato o en el artı́culo 47 del Régimen Aplicable a
65 años, basándose en el artı́culo 78 del RAA. Ahora bien, la                Otros Agentes de las Comunidades Europeas.
demandante alega que el artı́culo 74 del RAA no puede tener,
de manera manifiesta, por finalidad regular la situación de los          3.   Condene a la Comisión a abonar al demandante una
intérpretes independientes. No resulta factible considerar que                 indemnización por incumplimiento de contrato o por
la contratación de un intérprete expira como lo prevé el                      infracción del artı́culo 47 del Régimen Aplicable a Otros
artı́culo 74, «al final del mes en el que el agente alcanza la edad            Agentes, en las cuantı́as que se indican en la parte de la
de 65 años», ya que su contratación se limitarı́a a algunos dı́as.           presente demanda relativa a la indemnización.
Un eventual lı́mite de edad para la prestación de servicios
de los intérpretes independientes sólo puede, por tanto,                 4.   Condene en costas a la Comisión, y
considerarse como una condición que interviene en la selección
de un intérprete independiente. Pues bien, en ningún texto se            5.   Con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto del Tribunal de
prevé un eventual lı́mite de edad con respecto a sus actividades.              Justicia o en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal
                                                                               de Primera Instancia, adopte cualquier otra medida o acto
                                                                               de tutela jurisdiccional que pueda resultar necesario, justo
La demandante alega que someter a los intérpretes indepen-                     o equitativo.
dientes que prestan sus servicios para las Instituciones europeas
a un lı́mite de edad constituye una discriminación en el mismo
seno de la categorı́a de intérpretes independientes entre                 Motivos y principales alegaciones
aquéllos que prestan sus servicios en las Instituciones comuni-
tarias y aquéllos que no los prestan.
                                                                          El demandante en el presente asunto es un ingeniero colegiado,
                                                                          especialista en proyectos de energı́a eléctrica y nuclear, que en
En apoyo de su recurso, la demandante invoca, además, una                octubre de 1999 fue contratado por la Comisión para organi-
violación del principio de irretroactividad, de los derechos             zar en la Dirección General XII — Investigación un servicio de
adquiridos, de la confianza legı́tima, de la buena administración        ayuda a las pequeñas y medianas empresas que trabajaran en
y de la seguridad jurı́dica. Además de su pretensión de                 temas de innovación e investigación.
anulación, solicita el resarcimiento del perjuicio material y
moral supuestamente sufrido a causa de la decisión de la                 El demandante solicita la anulación de la decisión contenida
Comisión.                                                                en la carta de despido de 3 de octubre de 2000, por la que «se
                                                                          rescinde el contrato de trabajo [del demandante] ... a partir del
(1) Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 628/2000 del Consejo, de            16.10.2000».
     20 de marzo de 2000, que modifica el Reglamento (CE, Euratom,
     CECA) no 259/68 por el que se establecen el Estatuto de los          El demandante sostiene que el despido es improcedente,
     Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable      alegando que:
     a los otros agentes de estas Comunidades (DO L 76, p. 1).
                                                                          —    La fecha en que entró en vigor el contrato fue el 1 de
                                                                               noviembre de 1999.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de octubre de 1999 en el asunto T-216/9C, Conserve Italia Soc. Coop. arl, anteriormente Massalombarda Colombani S.p.a., contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agricultura - Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola - Supresión de una ayuda financiera - Reglamento (CEE) no 355/77 - Reglamento (CEE) no 4253/88 - Reglamento (CEE) no 4256/88 - Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 - Principio de legalidad de la sanción - Confianza legítima - Desviación de poder - Principio de proporcionalidad - Motivación)

text:
C 352/32               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        4.12.1999
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                   de 12 de octubre de 1999
                                                                                de 6 de octubre de 1999
en el asunto T-216/9C, Conserve Italia Soc. Coop. arl,
anteriormente Massalombarda Colombani S.p.a., contra                    en el asunto T-110/97, Kneissl Dachstein Sportartikel AG
          Comisión de las Comunidades Europeas (1)                          contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
(Agricultura — Fondo Europeo de Orientación y de Garantı́a
Agrı́cola — Supresión de una ayuda financiera — Regla-                 («Decisión por la que se autoriza una ayuda de Estado a la
mento (CEE) no 355/77 — Reglamento (CEE) no 4253/88                     reestructuración — Comienzo del plazo de interposición del
— Reglamento (CEE) no 4256/88 — Reglamento (CE,                         recurso respecto a un tercero — Requisitos de compatibilidad
Euratom) no 2988/95 — Principio de legalidad de la sanción                                        de la ayuda»)
— Confianza legı́tima — Desviación de poder — Principio
              de proporcionalidad — Motivación)
                                                                                (1999/C 352/57)
                         (1999/C 352/56)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
                (Lengua de procedimiento: italiano)
En el asunto T-216/96, Conserve Italia Soc. Coop. arl, anterior-        En el asunto T-110/97, Kneissl Dachstein Sportartikel AG, con
mente Massalombarda Colombani S.p.a., con domicilio social              domicilio social en Molln (Austria), representada por el
en Massa Lombarda (Italia), representada por la Sra. Marina             Sr. Georg Diwok, Abogado de Viena, contra Comisión de las
Averani y el Sr. Andrea Pisaneschi, Abogados de Siena, y por            Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Paul F. Nemitz y Frank
el Sr. Paolo De Caterini, Abogado de Roma, que designa como             Paul), apoyada por República de Austria (Agentes: Sra. Chris-
domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Charles Turk,                 tine Stix-Hackl y Sr. Michael Krassnigg) y por HTM Sport- und
13 B, Avenue Guillaume, contra Comisión de las Comunidades             Freizeitgeräte AG, con domicilio social en Schwechat (Austria),
Europeas (Agentes: Sres. Paolo Ziotti, Francesco Paolo Ruggeri          representada por los Sres. Wolfgang Knapp, Abogado de
Laderchi y Massimo Moretto), que tiene por objeto una                   Bruselas y de Fráncfort del Meno, y Till Müller-Ibold, Abogado
solicitud de anulación de la decisión C(96) 2760 de la                de Francfort del Meno, que designa como domicilio en
Comisión, de 3 de octubre de 1996, por la que se suprime la            Luxemburgo el despacho de Mes Arendt & Medernach, 8-10,
ayuda financiera del Fondo Europeo de Orientación y de                 rue Mathias Hardt, que tiene por objeto una demanda de
Garantı́a Agrı́cola concedida a la sociedad Massalombarda               anulación de la Decisión 97/81/CE de la Comisión, de 3 de
Colombani S.p.a. mediante decisión C(90) 950/356 de la                 julio de 1996, relativa a las ayudas del Gobierno austriaco a la
Comisión, de 29 de junio de 1990, ası́ como de todo acto de            empresa Head Tyrolia Mares en forma de aportaciones de
la Comisión conexo con aquella decisión, en la medida en que          capital (DO 1997, L 25, p. 26), el Tribunal de Primera Instancia
resulte necesario, y en particular del documento de trabajo             (Sala Segunda ampliada), integrado por el Sr. A. Potocki,
no VI/1216/86-IT, relativo a la determinación del máximo              Presidente, y por los Sres. K. Lenaerts, C.W. Bellamy, J. Azizi y
importe posible de la ayuda del Fondo Europeo de Orientación           A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, admi-
y de Garantı́a Agrı́cola, sección «Orientación», en el marco del      nistrador, ha dictado el 6 de octubre de 1999 una sentencia
Reglamento (CEE) no 355/77 del Consejo, de 15 de febrero de             cuyo fallo es el siguiente:
1977, relativo a una acción común para la mejora de las
condiciones de transformación y de comercialización de los
productos agrı́colas (DO L 51, de 23.2.77, p. 1; EE 03/12,              1) Se desestima el recurso.
p. 3), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado
por los Sres.: M. Jaeger, Presidente; K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces;
Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora principal, ha dictado        2) La parte demandante soportará las costas de la Comisión y las
el 12 de octubre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el                      de la parte coadyuvante Head Tyrolia Mares.
siguiente:
1) Se desestima el recurso.                                             3) La República de Austria cargará con sus propias costas.
2) La demandante cargará con sus propias costas y con las costas
    en que hubiere incurrido la parte demandada.
                                                                        (1) DO C 199 de 28.6.1997.
(1) DO C 94 de 22.3.1997.


title: Asunto T-181/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión ( FEOGA — Sección Garantía — Gastos excluidos de la financiación comunitaria — Correcciones financieras — Frutas y legumbres — Productos lácteos — Cultivos herbáceos — Desarrollo rural — Incumplimiento de los plazos de pago )

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/20

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión
   (Asunto T-181/06) (1)

   («FEOGA - Sección “Garantía’ - Gastos excluidos de la financiación comunitaria - Correcciones financieras - Frutas y legumbres - Productos lácteos - Cultivos herbáceos - Desarrollo rural - Incumplimiento de los plazos de pago»)
   (2008/C 272/37)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: República Italiana (representante: G. Aiello, abogado del Estado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Cattabriga y F. Jimeno Fernández, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)
   Objeto
   Anulación parcial de la Decisión 2006/334/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2006, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (DO L 124, p. 21), en la parte en que excluye determinados gastos efectuados por la República Italiana en los sectores de las frutas y legumbres, de la leche y de los productos lácteos, de los cultivos herbáceos, del desarrollo rural y en materia de plazos de pago.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 212 de 2.9.2006.