title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 14 de julio de 1998 en el asunto C-284/95 (petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Genova): Safety Hi-Tech Srl contra S & T Srl [Reglamento (CE) no 3093/94 - Medidas de protección de la capa de ozono - Restricciones relativas a la utilización de los hidroclorofluorocarburos y de los halones - Validez]

text:
26.9.98                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 299/3
     parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un          2) Del examen de las cuestiones planteadas no se deduce
     Estado miembro del que no sean nacionales, al no                   ninguÂn elemento que pueda afectar a la validez del
     adoptar dentro del plazo senÄalado las disposiciones               artículo 5 del Reglamento (CE) no 3093/94.
     legales, reglamentarias y administrativas necesarias
     para atenerse a dicha Directiva.
                                                                   (1) DO C 268 de 14.10.1995.
2) Se condena en costas al Reino de BeÂlgica.
(1) DO C 331 de 1.11.1977.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                de 14 de julio de 1998
                                                                   en el asunto C-341/95 (petición de decisión prejudicial
                                                                   planteada por la Pretura circondariale di Avezzano):
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                             Gianni Bettati contra Safety Hi-Tech Srl (1)
                    de 14 de julio de 1998
                                                                   [Reglamento (CE) no 3093/94 Ð Medidas de protección
en el asunto C-284/95 (petición de decisión prejudicial            de la capa de ozono Ð Restricciones relativas a la utiliza-
planteada por el Giudice di Pace di Genova): Safety                ción de los hidroclorofluorocarburos y de los halones Ð
               Hi-Tech Srl contra S & T Srl (1)                                               Validez]
[Reglamento (CE) no 3093/94 Ð Medidas de protección                                        (98/C 299/04)
de la capa de ozono Ð Restricciones relativas a la utiliza-
ción de los hidroclorofluorocarburos y de los halones Ð
                            Validez]                                            (Lengua de procedimiento: italiano)
                         (98/C 299/03)
             (Lengua de procedimiento: italiano)                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
                                                                   caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                                                                                de Justicia»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal        En el asunto C-341/95, que tiene por objeto una petición
                          de Justicia»)                            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
                                                                   del Tratado CE, por la Pretura circondariale di Avezzano
                                                                   (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
En el asunto C-284/95, que tiene por objeto una petición           dicho órgano jurisdiccional entre Gianni Bettati y Safety
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177      Hi-Tech Srl, una decisión prejudicial sobre la validez del
del Tratado CE, por el Giudice di Pace di Genova (Italia),         artículo 5 del Reglamento (CE) no 3093/94 del Consejo,
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho            de 15 de diciembre de 1994, relativo a las sustancias que
órgano jurisdiccional entre Safety Hi-Tech Srl y S & T Srl,        agotan la capa de ozono (DO L 333 de 22.12.1994, p. 1),
una decisión prejudicial sobre la interpretación y la validez      el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres. G. C. Rodrí-
del Reglamento (CE) no 3093/94 del Consejo, de 15 de               guez Iglesias, Presidente; C. Gulmann, H. Ragnemalm y
diciembre de 1994, relativo a las sustancias que agotan la         M. Wathelet, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, J. C.
capa de ozono (DO L 333 de 22.12.1994, p. 1), el Tribu-            Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, D. A. O. Edward,
nal de Justicia, integrado por los Sres. G. C. Rodríguez           P. Jann, L. Sevón y K. M. Ioannou (Ponente), Jueces; Abo-
Iglesias, Presidente; C. Gulmann, H. Ragnemalm y M.                gado General: Sr. P. LeÂger; Secretario: Sr. H. A. Rühl,
Wathelet, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, J. C. Moi-           administrador principal, ha dictado el 14 de julio de 1998
tinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, D. A. O. Edward, P.            una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Jann, L. Sevón y K. M. Ioannou (Ponente), Jueces; Abo-
gado General: Sr. P. LeÂger; Secretario: Sr. H. A. Rühl,
administrador principal, ha dictado el 14 de julio de 1998
                                                                   Del examen de la cuestión planteada no se deduce ninguÂn
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                   elemento que pueda afectar a la validez del artículo 5 del
                                                                   Reglamento (CE) no 3093/94 del Consejo, de 15 de
                                                                   diciembre de 1994, relativo a las sustancias que agotan la
1) El artículo 5 del Reglamento (CE) no 3093/94 del
                                                                   capa de ozono.
     Consejo, de 15 de diciembre de 1994, relativo a las
     sustancias que agotan la capa de ozono, debe interpre-
     tarse en el sentido de que prohíbe totalmente la utiliza-     (1) DO C 351 de 30.12.1995.
     ción y, en consecuencia, la comercialización de hidro-
     clorofluorocarburos destinados a la lucha contra
     incendios.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2003 en el asunto T-296/01, Antonio Tatti contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Informe de calificación — Elaboración tardía — Regularidad del procedimiento de calificación — Recurso de anulación — Recurso de indemnización)

text:
29.11.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                                C 289/21
Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas                     1)    Anular la decisión por la que se adoptó el informe de calificación
(agente: Sr. R. Wainwright), que tiene por objeto la anulación                    definitivo del demandante para el período comprendido entre el
del Reglamento (CE) no 1400/2001 de la Comisión, de 10 de                         1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1997.
julio de 2001, relativo a la clasificación de ciertas mercancías
en la Nomenclatura Combinada (DO L 189, p. 5); corrigendum                  2)    Condenar a la Comisión a abonar al demandante 1 500 euros
publicado en las versiones alemana, inglesa, finlandesa, portu-                   en concepto de indemnización por el perjuicio moral sufrido.
guesa y sueca del DO 2001, L 191, p. 49), el Tribunal de
Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por los Sres.
K. Lenaerts, Presidente; J. Azizi y M. Jaeger, Jueces; Secretario:          3)    Condenar en costas a la Comisión.
Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el 30 de septiembre
de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                            (1) DO C 56, de 2.3.2002.
1)    Anular el Reglamento (CE) no 1400/2001 de la Comisión, de
      10 de julio de 2001, relativo a la clasificación de ciertas
      mercancías en la Nomenclatura Combinada, en la parte en que
      clasifica la consola, cuya designación figura en la columna 1
      del cuadro que figura en el anexo de dicho Reglamento, en
      el código NC 9504 10 00 y su CD-ROM en el código
      NC 8524 39 90.
2)    Desestimar la solicitud de aportación del dictamen del Servicio       SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      Jurídico de la demandada.
3)    La demandada cargará con la totalidad de las costas.                                    de 30 de septiembre de 2003
(1) DO C 3 de 5.1.2002.                                                     en el asunto T-214/02: María-Angeles Martínez Valls
                                                                                contra Parlamento Europeo (1)
                                                                            («Función Pública — Concurso — No admisión a las pruebas
                                                                                orales — Acceso a los documentos»)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (2003/C 289/45)
                   de 30 de septiembre de 2003
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
en el asunto T-296/01, Antonio Tatti contra Comisión de
                   las Comunidades Europeas (1)
(Funcionarios — Informe de calificación — Elaboración
tardía — Regularidad del procedimiento de calificación —                    En el asunto T-214/02, María-Angeles Martínez Valls, con
     Recurso de anulación — Recurso de indemnización)                       domicilio en Bruselas (Bélgica), representada por Mes G. Van-
                                                                            dersanden y L. Levi, abogados, contra Parlamento Europeo
                                                                            (agentes: Sres. H. von Hertzen y D. Moore), que tiene por
                          (2003/C 289/44)
                                                                            objeto, por un lado, una pretensión de anulación de los escritos
                                                                            de 3 de abril y 31 de mayo de 2002 mediante los cuales el
                   (Lengua de procedimiento: francés)                       jurado declaró el suspenso de la demandante en las pruebas
                                                                            escritas del concurso PE/90/A y, respecto al escrito de 31 de
                                                                            mayo de 2002, en la medida en que el jurado había denegado
En el asunto T-296/01, Antonio Tatti, funcionario de la                     el acceso a determinados documentos y, por otro lado, una
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                      demanda de indemnización del perjuicio sufrido a causa de
Overijse (Bélgica), representado por el Sr. L. Vogel, abogado,              dichos escritos, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta),
que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las                 integrado por el Sr. R. García-Valdecasas, Presidente, y de la Sra.
Comunidades Europeas (agente: Sra. C. Berardis-Kayser), que                 P. Lindh y el Sr. J.D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas,
tiene por objeto, por una parte, una pretensión de anulación                administrador, ha dictado el 30 de septiembre de 2003 una
de la decisión por la que se adoptó el informe de calificación              sentencia cuyo fallo es el siguiente:
definitivo del demandante para el período comprendido entre
el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1997 y, por otra
parte, una pretensión de indemnización de daños y perjuicios,               1)    No procede pronunciarse sobre la pretensión de anulación del
el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por la                  escrito de 31 de mayo de 2002 en la medida en que deniega la
Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras,                  solicitud de acceso a los documentos.
Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha
dictado el 30 de septiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo                2)    Condenar al Parlamento a abonar a la demandante un euro en
es el siguiente:                                                                  concepto de indemnización del perjuicio moral que ha sufrido.


title: Asunto C-3/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 8 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/110/CE — Asistencia en casos de tránsito — Medidas de repatriación o alejamiento por vía aérea — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
               22.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/21

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 8 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-3/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/110/CE - Asistencia en casos de tránsito - Medidas de repatriación o alejamiento por vía aérea - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)
   (2007/C 315/35)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Condou-Durande y R. Troosters, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica (representante: S. Raskin, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2003/110/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea (DO L 321, p. 26).
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del la Directiva 2003/110/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de la misma.

               2)

               Desestimar el recurso por lo que respecta a la no adaptación del Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2003/110.

               3)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 69 de 24.3.2007.


title: Asunto C-450/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 24 de agosto de 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 24 de agosto de 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA
   (Asunto C-450/15)
   (2015/C 381/20)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Autorità Garante della Concorrenza e del mercato

      Recurrida: Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA

      Cuestión prejudicial

   ¿Se opone el principio de proporcionalidad que debe inspirar la cuantificación de las sanciones, consagrado en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a una interpretación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1/2003 (1) como la consolidada por la Comisión Europea en las Directrices para el cálculo de las multas (2006/C 210/02) y a su aplicación práctica, también en el ámbito nacional, conforme a las cuales la sanción que debe imponerse a las empresas que hayan incumplido la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia debe calcularse teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes sobre el importe de base resultado del cómputo de los distintos elementos que han de ser tomados en consideración con arreglo a la normativa de la Unión y, en todo caso, antes de aplicar el límite del 10 % de la facturación, de modo que puede ocurrir que la aplicación de las circunstancias atenuantes al importe de base no permita personalizar la sanción, cuyas circunstancias, no obstante, están preestablecidas a través de la ponderación del correspondiente importe en función de las características específicas del caso concreto?

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 1998 contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-466/98)

text:
13.3.1999             ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 71/7
b) «¿El artículo 73 B del Tratado CE produce efectos                contra el Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del
     retroactivos sobre las hipotecas inscritas en marcos           Norte formulado por la Comisión de las Comunidades
     alemanes antes de la adhesión de Austria a la CE, y            Europeas, representada por el Sr. Frank Benyon, Consejero
     por tanto, nulas de pleno derecho, de forma que las            Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domici-
     convalida a posteriori?» o                                     lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la
                                                                    Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
     «¿Han dado lugar las normas europeas relativas a la
     libre circulación de capitales, especialmente el
     artículo 73 B del Tratado CE, a consecuencia de la             La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     solicitud de adhesión presentada por Austria el 17 de
     julio de 1989 y del dictamen de 31 de julio de 1991, a
     que una inscripción de una hipoteca en moneda                  Ð Declare que el Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda
     extranjera realizada en Austria el 16 de diciembre de               del Norte ha incumplido las obligaciones que le
     1991 fuera legal?»                                                  incumben en virtud del artículo 52 del Tratado al
                                                                         haber celebrado con los Estados Unidos de AmeÂrica un
                                                                         convenio sobre traÂfico aeÂreo, firmado el 23 de julio de
                                                                         1977, que preveÂ la revocación, suspensión o limitación
                                                                         de los derechos de traÂfico cuando las companÄías aeÂreas
                                                                         designadas por el Reino Unido no sean propiedad del
                                                                         Reino Unido o de nacionales de este país, así como al
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                         aplicar dicho convenio.
lución del Oberlandesgericht Köln, de fecha 2 de diciem-
bre de 1998, en el asunto entre Verein gegen Unwesen in
     Handel und Gewerbe Köln e.V. y Adolf Darbo AG
                                                                    Ð Condene en costas al Reino Unido de Gran BretanÄa e
                      (Asunto C-465/98)                                  Irlanda del Norte.
                        (1999/C 71/12)
                                                                    Motivos y principales alegaciones
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución del Oberlandesgericht Köln, dictada
                                                                    Todo Estado miembro tiene la obligación de autorizar a
el 2 de diciembre de 1998, en el asunto entre Verein gegen
                                                                    los nacionales de cualquier otro Estado miembro a iniciar
Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. y Adolf Darbo
                                                                    y a continuar actividades comerciales en las mismas condi-
AG, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
                                                                    ciones que sus nacionales: no admitir esto en su integridad
18 de diciembre de 1998.
                                                                    supondría privar de su objeto al derecho de establecimien-
                                                                    to, convertirlo en papel mojado. El artículo 52 no versa
El Oberlandesgericht Köln solicita al Tribunal de Justicia          sobre en queÂ condiciones puede ejercerse o restringirse la
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                       libre prestación de servicios (que en el aÂmbito comunitario
                                                                    se regula en un artículo distinto del Tratado, en el
¿Es contrario al inciso i) de la letra a) del apartado 1 del        artículo 59), sino sencillamente sobre el derecho que tiene
artículo 2 de la Directiva 79/112/CEE, de 18 de diciembre           una empresa establecida en otro Estado miembro a ser tra-
de 1978 (denominada «Directiva sobre etiquetado») (1)               tada como un nacional de dicho Estado miembro en lo
que una mermelada producida en un Estado miembro (Re-               que atanÄe a sus actividades comerciales.
puÂblica Federal de Alemania) con la mención «naturrein»
(natural) contenga el gelificante pectina, < 0,01 mg/kg de
plomo (AAS) y 0,008 mg/kg de cadmio (AAS), así como                 Contrariamente a lo que alega el Reino Unido, el
pesticidas, a saber, 0,016 mg/kg de Procymidon y                    artículo 52 no se refiere por su propia naturaleza al trato
0,005 mg/kg de Vinclozolin?                                         con arreglo al Derecho comunitario [por ejemplo, a los
                                                                    derechos conferidos en virtud del Reglamento
(1) DO L 33 de 8.2.1979, p. 11; EE 13/09, p. 162.                   no 2408/92 (1)], sino a los derechos conferidos a nivel
                                                                    nacional, es decir, en el caso de autos, aquellos derechos
                                                                    que, seguÂn acertadamente senÄala el Reino Unido, «derivan
                                                                    de convenios bilaterales entre Estados miembros y países
                                                                    terceros». Al celebrar un convenio denominado de «open
                                                                    sky» (de cielo abierto), las autoridades del Reino Unido
                                                                    reconocieron el derecho a beneficiarse de los derechos de
Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 1998 contra el
                                                                    traÂfico concedidos con arreglo al convenio a determinadas
Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte por la
                                                                    líneas aeÂreas si estaban bajo control del Reino Unido, ya
            Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                    que en este caso Estados Unidos carecía de la posibilidad
                      (Asunto C-466/98)                             de denegar la reciprocidad, pero se limitaron a conceder
                        (1999/C 71/13)                              una mera posibilidad, sin garantía de ninguÂn tipo, de que
                                                                    se beneficiaran de ello las companÄías aeÂreas controladas
                                                                    por nacionales de otros Estados miembros. Esto constituye
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se           un incumplimiento por parte del Reino Unido de su deber
ha presentado el 18 de diciembre de 1998 un recurso                 de conceder igualdad de trato a los nacionales de otros
 ---pagebreak--- C 71/8                   ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      13.3.1999
Estados miembros, al margen de si los Estados Unidos de                 1. Declare
AmeÂrica ejercen o no sus derechos y de queÂ modo los
ejercen.
                                                                              Ð que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obli-
                                                                                gaciones que le incumben en virtud del Tratado
                                                                                CE, y en particular de sus artículos 5 y 52, así
Por uÂltimo, no es posible admitir la alegación de las auto-                       como del Derecho derivado vigente en esta materia
ridades del Reino Unido seguÂn la cual la disposición del                          y, en particular, del Reglamento (CEE) no 2407/92
convenio relativa a la propiedad y al control puede ampa-                          del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la con-
rarse en el artículo 234 porque «reproduce una claÂusula                           cesión de licencias a las companÄías aeÂreas (1); del
redactada en teÂrminos similares que figuraba en el conve-                         Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, de 23
nio sobre servicio aeÂreo entre el Reino Unido y los Estados                       de julio de 1992, relativo al acceso de las compa-
Unidos» de 1946. En primer lugar, el artículo 234 no se                            nÄías aeÂreas de la Comunidad a las rutas aeÂreas
aplica a los convenios celebrados con posterioridad a la                           intracomunitarias (2); del Reglamento (CEE)
adhesión del Reino Unido en 1973; y este convenio se                               no 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992,
celebró con posterioridad, en 1977. En segundo lugar,                              sobre tarifas y fletes de los servicios aeÂreos (3); del
incluso suponiendo que pudiera invocarse el artículo 234,                          Reglamento (CEE) no 2299/89 del Consejo, de 24
lo que no sucede en este caso, dicho artículo 234 no se                            de julio de 1989, por el que se establece un código
limita a prever que subsistiraÂn los convenios anteriores,                         de conducta para los sistemas informatizados de
sino que, en su paÂrrafo segundo, lo que maÂs bien hace es                         reserva (4), modificado por el Reglamento (CEE)
obligar a los Estados miembros a recurrir a todos los                              no 3089/93 (5) y del Reglamento (CEE) no 95/93
medios apropiados para eliminar las incompatibilidades                             del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a
que se hayan observado en relación con el Tratado y con                            normas comunes para la asignación de franjas
las normas dictadas en aplicación del mismo. El Reino                              horarias en los aeropuertos comunitarios (6), al
Unido no manifiesta que haya recurrido a cualesquiera                              negociar, rubricar y concluir con los Estados Uni-
medios apropiados ni que haya realizado esfuerzo alguno                            dos de AmeÂrica, en 1995, un convenio denomi-
para modificar las disposiciones infractoras, y ello a pesar                       nado «de cielo abierto» en el sector del transporte
de las claras indicaciones que, sobre las incompatibilidades                       aeÂreo,
con los Tratados, la Comisión puso de relieve en diversas
ocasiones.
                                                                              Ð y, con caraÂcter subsidiario, por lo que se refiere a
                          o
( ) Reglamento (CEE) n 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de
 1                                                                                las disposiciones del convenio de 1944/54 que se
    1992, relativo al acceso de las companÄías aeÂreas de la Comuni-               mantuvieron en vigor, en la medida en que se con-
    dad a las rutas aeÂreas intracomunitarias (DO L 240 de                         sidere que el convenio de 1995 no modifica de un
    24.8.1992, p. 8).                                                              modo radical ni sustituye, por tanto, a los conve-
                                                                                nios celebrados con anterioridad, declare que el
                                                                                Reino de Dinamarca ha incumplido las obligacio-
                                                                                nes que le incumben en virtud del artículo 234 del
                                                                                Tratado CE, al no haber suprimido las disposicio-
                                                                                nes del convenio incompatibles con el Tratado y,
                                                                                en particular, con su artículo 52, así como con el
                                                                                Derecho derivado vigente en esta materia, y al no
                                                                                haber adoptado con este fin todas las medidas
Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 1998 contra el                           legales posibles.
Reino de Dinamarca por la Comisión de las Comunidades
                             Europeas
                        (Asunto C-467/98)
                                                                        2. Condene en costas al Reino de Dinamarca.
                          (1999/C 71/14)
                                                                        Los motivos y principales alegaciones son anaÂlogos a los
                                                                        presentados en el asunto C-471/98 (7).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 18 de diciembre de 1998 un recurso
contra el Reino de Dinamarca formulado por la Comisión                  (1 ) DO L 240 de 24.8.1992, p. 1.
de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.                    (2 ) DO L 240 de 24.8.1992, p. 8.
Frank Benyon y Hans Peter Hartvig, Consejeros Jurídicos,                (3 ) DO L 240 de 24.8.1992, p. 15.
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho                    (4 ) DO L 220 de 29.7.1989, p. 1.
del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirch-                  (5 ) DO L 278 de 11.11.1993, p. 1.
                                                                        (6 ) DO L 14 de 22.1.1993, p. 1.
berg.
                                                                        (7 ) VeÂase paÂgina 10 del presente Diario Oficial.
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:


title: Asunto C-185/02: Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2002 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 180/10               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       27.7.2002
4.   subsidiariamente, en caso de que no considere pertinente            —    Error de derecho en la aplicación de los artı́culos 87 y 88
     juzgar él mismo el litigio, lo reenvı́e al TPI,                          CE y del artı́culo 1 del Reglamento 659/1999 del Consejo,
                                                                              por el que se establecen disposiciones de aplicación del
                                                                              artı́culo 93 del Tratado CE (1), al considerar que el crédito
                                                                              fiscal no es una ayuda existente, y falta de motivación: en
5.   condene a la Comisión al pago de las costas en que se                   el caso de que se considere que se ha producido una
     haya incurrido en ambas instancias.                                      evolución en el criterio de la Comisión con respecto a las
                                                                              medidas fiscales, el crédito fiscal constituirı́a una ayuda
                                                                              existente.
                                                                         —    Error de derecho al no considerar aplicable el principio
                                                                              de confianza legı́tima: en el momento en que Demesa
                                                                              solicitó y le fue concedida la aplicación del crédito fiscal,
                                                                              ha quedado claro que el criterio de la Comisión con
Motivos y principales alegaciones                                             respecto a las medidas fiscales susceptibles de constituir
                                                                              ayudas de estado distaba mucho de ser el actual. Siendo
                                                                              esta la situación en esa época, parece excesivo que el TPI
—    Error de derecho al aplicar el artı́culo 87 CE al crédito                exija a Demesa la diligencia de verificar que la medida
     fiscal del 45% de la inversión y falta de motivación de la             fiscal vigente en la legislación que le resultaba aplicable
     sentencia en relación con este aspecto:                                 reunı́a los elementos requeridos por el artı́culo 87 CE para
                                                                              su aplicación y necesitaba, por lo tanto, ser notificado a
                                                                              la Comisión. Ni siquiera la Comisión parecı́a tenerlo
                                                                              claro, dada su inacción con respecto a la medida en
     —     en relación con la discrecionalidad de la Administra-             cuestión.
           ción: lo que se estaba enjuiciando en el procedi-
           miento seguido ante el TPI era la aplicación concreta
           de la Norma Foral 22/1994 a la empresa Demesa y               (1) DOCE L 83 de 22 de marzo de 1999.
           no esta norma en general, que es objeto de otra
           decisión de la Comisión en materia de ayudas de
           estado y de otro procedimiento de anulación. Como
           se deriva de la decisión por la que acordó la
           aplicación del crédito fiscal a Demesa, que fue
           convenientemente aportada al procedimiento judi-
           cial ante el TPI, la Diputación Foral de Alava se
           limita a aplicar la norma tal cual, sin imponer
           condición alguna. La existencia de una autorización         Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2002 contra la
           previa de la Administración para la aplicación del          República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
           crédito fiscal es absolutamente lógica y deseada por                                    des Europeas
           las propias empresas. En efecto, este control previo
           confiere una enorme seguridad jurı́dica a las empre-                                  (Asunto C-185/02)
           sas que se benefician de la norma, pues supone el
           visto bueno de la Hacienda Foral a las cantidades de
           inversión, a los activos incluidos, etc en lugar de                                   (2002/C 180/18)
           la incertidumbre que les supondrı́a la aplicación
           automática del incentivo fiscal y la posterior sumi-
           sión a eventuales inspecciones.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 17 de mayo de 2002 un recurso contra la
                                                                         República Portuguesa formulado por la Comisión de las
     —     en relación con el requisito de inversión de
                                                                         Comunidades Europeas, representada por el Sr. António
           2 500 millones de pesetas: este requisito no es
                                                                         Caeiros, en calidad de agente, que designa domicilio en
           susceptible de conferir selectividad a la medida,
                                                                         Luxemburgo.
           puesto que se aplica de forma objetiva a todas las
           empresas de todos los sectores que invierten tal
           cantidad, la cual no se limita a empresas con
           considerables recursos económicos.                           La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                         —    Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
     En caso de ser selectivo, el crédito fiscal estarı́a justificado         obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
     por la naturaleza o la economı́a del sistema pues no se                  96/59/CE (1) del Consejo, de 16 de septiembre de 1996,
     trata de una medida de excepción sino de la norma                       relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los
     general que se aplica a toda empresa que inicia una                      policloroterfenilos (PCB/PCT), al no haber notificado los
     inversión en Alava y reúne las caracterı́sticas requeridas             planes y proyectos previstos en el artı́culo 11 de dicha
     previstas en la misma que, en ningún caso, pueden                       Directiva ni haber enviado el resumen de los inventarios
     calificarse de extraordinarias o discriminatorias.                       previstos en el artı́culo 4, apartado 1.
 ---pagebreak--- 27.7.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 180/11
—      Condene en costas a la República Portuguesa.                   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                       1.    declare admitido a trámite el presente recurso y, en
Motivos y principales alegaciones                                            consecuencia:
La Comisión considera que la República Portuguesa todavı́a
no le ha notificado los planes y proyectos con arreglo al              2.    case la sentencia del TPI de 6 de marzo de 2002,
artı́culo 11 de la Directiva 96/59/CE. En efecto, el «Plan
Nacional para la descontaminación y la eliminación de los
aparatos que figuran en el inventario y de los PCB que éstos           3.    juezgue él mismo el litigio en virtud de lo alegado por
contengan» transmitido por el Gobierno portugués, al no                      esta parte en su recurso inicial y, en particular, anule la
haber sido aprobado por el Gobierno ni publicado en el Diario                Decisión de la Comisión de 24 de febrero de 1999, en la
da República, no parece que tenga carácter vinculante. Además,            medida en que el crédito fiscal del 45 % de la inversión
no aborda determinadas cuestiones y, en lo que se refiere a                  previsto en la Norma Foral de Alava 22/1994 no
otras, se circunscribe a meras declaraciones de intenciones. Por             constituye una ayuda de estado en el sentido del ar-
último, no contiene ninguna referencia temporal (calendario)                tı́culo 87 CE o, en caso de serlo, es una ayuda existente,
en lo que atañe a las medidas que las autoridades portuguesas               en aplicación del artı́culo 88 CE y del artı́culo 1 del
se proponen adoptar.                                                         Reglamento de procedimiento de ayudas de estado,
Las autoridades portuguesas no disponen todavı́a de un
inventario de los aparatos que contengan un volumen de PCB             4.    subsidiariamente, en caso de que no considere pertinente
superior a 5 dm3, en contra de lo dispuesto en el artı́culo 4,               juzgar él mismo el litigio, lo reenvı́e al TPI,
apartado 1, de la Directiva 95/59/CE. Por esa razón, el
«resumen» que el Gobierno portugués alega haber transmitido
a la Comisión no puede ser considerado un resumen en el               5.    condene a la Comisión al pago de las costas en que se
sentido del referido artı́culo 4.                                            haya incurrido en ambas instancias.
(1) DO L 243 de 24.9.1996, p. 31.
                                                                       Motivos y principales alegaciones
Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2002                 Son análogos a los dos primeros motivos del asunto
contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2002 por la               C-183/02 P (1) y seguidos de un tercer motivo:
Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados
T-127/99, T-129/99 y T-148/99 (aún no publicada en el
                                                                       —     violación del derecho comunitario en la medida en que
Repertorio de Jurisprudencia) entre Territorio Histórico
                                                                             no se reconoce la desviación de poder cometida por la
de Álava — Diputación Foral de Álava y otros y Comisión
                                                                             Comisión y falta de motivación en relación con este
                de las Comunidades Europeas
                                                                             aspecto: resultan públicos y notorios los problemas que
                                                                             existen a nivel comunitario para llevar a cabo una
                      (Asunto C-187/02 P)                                    armonización fiscal, que permitirı́a a las empresas y
                                                                             ciudadanos operar en condiciones más igualitarias. La
                         (2002/C 180/19)                                     reticencia de varios Estados miembros hace que no sea
                                                                             posible lograr el necesario acuerdo en el seno del Consejo.
                                                                             Por la vı́a indirecta del procedimiento de ayudas de
                                                                             estado, en el que la Comisión goza de amplias facultades,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 esta institución ha logrado la desaparición de las medidas
presentado el 21 de mayo de 2002 un Recurso de casación                     fiscales «conflictivas».
interpuesto por el Territorio Histórico de Alava — Diputación
Foral de Alava, representado por el Sr. Antonio Creus Carreras
y la Sra. Begoña Uriarte Valiente, Abogados, calle Velázquez
no 63, Madrid, contra la sentencia dictada el 6 de marzo de            (1) Véase página 9 del presente Diario Oficial.
2002 por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumu-
lados T-127/99, T-129/99 y T-148/99 entre Territorio Histó-
rico de Álava — Diputación Foral de Álava y otros y Comisión
de las Comunidades Europeas,


title: Asunto C-657/15 P: Recurso de casación interpuesto el 7 de diciembre de 2015 por Viasat Broadcasting UK Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-674/11, TV2/Danmark/Comisión Europea

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/8

         Recurso de casación interpuesto el 7 de diciembre de 2015 por Viasat Broadcasting UK Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-674/11, TV2/Danmark/Comisión Europea
   (Asunto C-657/15 P)
   (2016/C 059/07)
   Lengua de procedimiento: danés

      Partes

      Recurrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (representantes: M. Honoré y S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)

      Otras partes en el procedimiento: TV2/Danmark A/S, Comisión Europea, Reino de Dinamarca

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule el punto 1 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-674/11, TV2/Danmark/Comisión (primera pretensión).

               —

               Que se anule la parte de la sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-674/11, TV2/Danmark/Comisión, en la que el Tribunal General estima la tercera parte del primer motivo invocado por la demandante (segunda pretensión).

               —

               Que se pronuncie en favor de la Comisión con respecto al recurso de anulación interpuesto por TV2 y el Reino de Dinamarca.

               —

               Que se condene a TV2/Danmark y al Reino de Dinamarca, demandantes en primera instancia, a cargar con las costas de Viasat.

      Motivos y principales alegaciones

   En relación con la primera pretensión, Viasat alega que el Tribunal General consideró erróneamente que la Comisión había incurrido en error al declarar que los ingresos publicitarios percibidos por TV2 Reklame A/S en 1995 y 1996 constituían ayudas de Estado.
   Viasat alega asimismo que los ingresos publicitarios de 1995 y 1996 implicaban una transferencia de fondos estatales, puesto que los ingresos publicitarios pasaban por la sociedad TV2 Reklame A/S y el Fondo de TV2, ambos controlados por el Estado. Además, el uso efectivo de los fondos era decidido por el ministro de Cultura (Kulturministeren) y la Comisión de Finanzas del Parlamento (Folketingets Finansudvalg). El Tribunal General también incurrió en error al estimar que TV2 tenía derecho a los recursos del Fondo de TV2 o a una parte de ellos.
   En relación con la segunda pretensión, Viasat aduce que el Tribunal General incurrió en error al estimar la alegación de la demandante de que el segundo requisito Altmark se cumplía en este caso (apartados 88 a 111). Viasat observa que, en su sentencia, el Tribunal General considera únicamente la interpretación de la Decisión controvertida que la Comisión, según el Tribunal General, debería haber presentado en sus escritos ante el Tribunal General, sin examinar la motivación de la Decisión controvertida. Nada en los apartados 114 a 116 de la Decisión controvertida muestra que el segundo requisito Altmark incluya una exigencia de eficiencia por parte del beneficiario de la compensación.
   Así pues, el Tribunal General debería haberse pronunciado sobre la cuestión de si la Comisión podía exigir legítimamente, en relación con el segundo requisito Altmark, no sólo la previsibilidad de los futuros ingresos publicitarios de TV2 (rendimientos), sino también de los costes en relación con el cálculo de la compensación.
   Viasat alega que la exigencia de la Comisión de un grado suficiente de transparencia en relación con los costes es una consecuencia lógica y necesaria de la amplia libertad de que goza un proveedor de servicio público en los sectores de la radio y de la televisión (véase, en particular, el apartado 214 de la sentencia BUPA/Comisión, T-289/03, EU:T:2008:29).
   La necesidad de transparencia con respecto a los costes es también relevante en relación con los demás requisitos Altmark (véase la sentencia del Tribunal General Viasat/Comisión, T-125/12, EU:T:2015:687, apartados 80 a 83).


title: Recurso interpuesto el 5 de enero de 1998 por la empresa D'Odorico Franco contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-3/98)

text:
7.3.98                 ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 72/23
Motivos y principales alegaciones                                  Recurso interpuesto el 5 de enero de 1998 por la empresa
                                                                   Birri Fiorindo contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
Los motivos y principales alegaciones son anaÂlogos a los                                  (Asunto T-4/98)
invocados en el asunto T-288/97, Regione Friuli-Venezia
Giulia/Comisión (1).                                                                         (98/C 72/52)
(1) DO C 7 de 10.1.1998, p. 25.                                                 (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                   Europeas se ha presentado, el 5 de enero de 1998, un
                                                                   recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                   formulado por la empresa Birri Fiorindo, representada por
                                                                   el Sr. Claudio Mussato, Abogado de Udine, que designa
Recurso interpuesto el 5 de enero de 1998 por la empresa           como domicilio el despacho del referido Abogado, via
D'Odorico Franco contra la Comisión de las Comunidades             Dante, 4, Udine.
                            Europeas
                        (Asunto T-3/98)                            La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
                                                                   Instancia que:
                          (98/C 72/51)
                                                                   Ð Con caraÂcter principal, anule la Decisión de la Comi-
             (Lengua de procedimiento: italiano)                        sión de las Comunidades Europeas de 30 de julio de
                                                                        1997 C (97) 2735 final.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                   Ð Con caraÂcter subsidiario, anule dicha Decisión en la
Europeas se ha presentado, el 5 de enero de 1998, un
                                                                        medida en que (artículo 5) impone al Estado la obliga-
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                        ción de recuperar las ayudas (concedidas con efectos
formulado por la empresa D'Odorico Franco, representada
                                                                        de 1 de julio de 1990) maÂs los intereses devengados a
por el Sr. Claudio Mussato, Abogado de Udine, que
                                                                        partir del día en que fue pagada la ayuda.
designa como domicilio el despacho del referido Abogado,
via Dante, 4, Udine.
                                                                   Ð En cualquier caso, condene en costas a la Comisión de
                                                                        las Comunidades Europeas.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
Instancia que:                                                     Motivos y principales alegaciones
Ð Con caraÂcter principal, anule la Decisión de la Comi-           Los motivos y principales alegaciones son anaÂlogos a los
     sión de las Comunidades Europeas de 30 de julio de            invocados en el asunto T-288/97, Regione Friuli-Venezia
     1997 C (97) 2735 final.                                       Giulia/Comisión (1).
                                                                   (1) DO C 7 de 10.1.1998, p. 25.
Ð Con caraÂcter subsidiario, anule dicha Decisión en la
     medida en que (artículo 5) impone al estado la obliga-
     ción de recuperar las ayudas (concedidas con efectos
     de 1 de julio de 1990) maÂs los intereses devengados a
     partir del día en que fue pagada la ayuda.
                                                                   Recurso interpuesto el 5 de enero de 1998 por la empresa
Ð En cualquier caso, condene en costas a la Comisión de            Framalicco Maria Cecilia contra la Comisión de las
     las Comunidades Europeas.                                                         Comunidades Europeas
                                                                                (Asunto T-5/98)
                                                                                (98/C 72/53)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
Los motivos y principales alegaciones son anaÂlogos a los
invocados en el asunto T-288/97, Regione Friuli-Venezia            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Giulia/Comisión (1).                                               Europeas se ha presentado, el 5 de enero de 1998, un
                                                                   recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
(1) DO C 7 de 10.1.1998, p. 25.                                    formulado por la empresa Framalicco Maria Cecilia,
                                                                   representada por el Sr. Claudio Mussato, Abogado de
                                                                   Udine, que designa como domicilio el despacho del refe-
                                                                   rido Abogado, via Dante, 4, Udine.


title: Dictamen 2/13: Solicitud de dictamen presentada por la Comisión Europea en virtud del artículo 218 TFUE, apartado 11

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/19

         Solicitud de dictamen presentada por la Comisión Europea en virtud del artículo 218 TFUE, apartado 11
   (Dictamen 2/13)
   2013/C 260/32
   Lengua de procedimiento: todas las lenguas oficiales

      Parte solicitante

   Comisión Europea (representantes: H. Krämer, L. Romero Requena, C. Ladenburger y B. Smulders, agentes)

      Cuestión planteada al Tribunal de Justicia

   ¿Es compatible con los Tratados el Proyecto de Acuerdo de adhesión de la Unión Europea al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales?


title: Asunto C-589/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 14 de diciembre de 2012 — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/GMAC UK PLC

text:
               9.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 14 de diciembre de 2012 — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/GMAC UK PLC
   (Asunto C-589/12)
   2013/C 71/12
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

      Recurrida: GMAC UK PLC

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En qué medida un sujeto pasivo puede, en relación con dos operaciones sobre los mismos bienes, tanto (i) invocar el efecto directo de una disposición de la Directiva 77/388/CEE (1) del Consejo (en lo sucesivo, «Sexta Directiva IVA») respecto a una operación como (ii) basarse en las disposiciones del Derecho nacional respecto a la otra operación, cuando de actuar así se produciría un resultado fiscal global respecto a las dos operaciones que ni el Derecho nacional ni la Sexta Directiva IVA aplicados por separado a esas dos operaciones produce o pretende producir?

               2)

               Si la respuesta a la primera cuestión es que hay circunstancias en las que el sujeto pasivo no puede hacerlo (o no tiene derecho a hacerlo en cierta medida), ¿en qué circunstancias sucede así y, en particular, qué relación entre las dos operaciones da lugar a tales circunstancias?

               3)

               La respuesta a las cuestiones 1 y 2 ¿será diferente en función de que el tratamiento de la operación por el Derecho nacional sea conforme con la Sexta Directiva IVA?

      (1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).


title: Asunto C-291/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Managment (Amsterdam) BV (Arancel Aduanero Común — Nomenclatura Combinada — Partidas arancelarias 3002 y 3502 — Albúmina de la sangre preparada para usos terapéuticos o profilácticos — Transformación del producto)

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Managment (Amsterdam) BV
   (Asunto C-291/11) (1)

   (Arancel Aduanero Común - Nomenclatura Combinada - Partidas arancelarias 3002 y 3502 - Albúmina de la sangre preparada para usos terapéuticos o profilácticos - Transformación del producto)
   2012/C 287/25
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Staatssecretaris van Financiën

      Demandada: TNT Freight Managment (Amsterdam) BV

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Nomenclatura Combinada — Partidas arancelarias — Interpretación — Albúmina de sangre preparada para usos terapéuticos o profilácticos — Concepto — Sangre que no tiene ningún efecto terapéutico pero es indispensable y se utiliza exclusivamente para la preparación de productos que sí tienen efectos terapéuticos o profilácticos.

      Fallo

   La nota 1, letra g), del capítulo 30 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, puesta en relación con la nota 1, letra b), del capítulo 35 de esa Nomenclatura, debe interpretarse en el sentido de que una albúmina de la sangre, que no tiene en sí misma eficacia terapéutica o profiláctica, pero que se ha elaborado con vistas a la preparación de productos que tienen eficacia terapéutica o profiláctica y es imprescindible para esa preparación, y que, por su naturaleza, sólo puede ser usada para tal fin, ha sido preparada para usos terapéuticos o profilácticos en el sentido de la citada nota.

      (1)  DO C 252, de 27.8.2011.


title: Recurso interpuesto el 10 de febrero de 1997 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-57/97)

text:
N° C 108/12            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      5 . 4 . 97
casación formulado por Association Internationale des Uti           La parte demandane solicita al Tribunal de Justicia que :
lisateurs de Fils de Filaments Artificiéis ( AIUFASS ) y Appa
rel, Knitting & Textiles Alliance ( AKT), representadas or           — declare que la República Francesa ha incumplido las
los Sres. M. Waelbroeck, J. Stuyck y O. Speltdoorn, Abo                 obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18
gados de Bruselas, que designan como domicilio en Lu                    de la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de di
xemburgo el despacho del Sr. E. Arendt, 8-10, rué Mathias                ciembre de 1993 , relativa a la protección de los anima
Hardt, contra la sentencia dictada el 12 de diciembre de                  les en el momento de su sacrificio o matanza ( J ), así
1996 por la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera                 como del Tratado CE, al no adoptar dentro del plazo
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto                       señalado las disposiciones legales, reglamentarias y ad
T-3 80/94 promovido contra la Comisión de las Comunida                  ministrativas en las que se prevean las sanciones nece
des Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran Breta                   sarias, en su caso, para atenerse a dicha Directiva;
ña e Irlanda del Norte .
                                                                     — condene en costas a la República Francesa .
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que:
                                                                     Motivos y principales alegaciones
— anule la sentencia dictada por la Sala Quinta ampliada
     del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades            El carácter obligatorio del apartado 3 del artículo 189 y
     Europeas el 12 de diciembre de 1996 en el asunto                del apartado 1 del artículo 5 del Tratado CE impone a los
     T-380/94 ;                                                      Estados miembros la adopción de las medidas necesarias
                                                                     para hacer aplicables las Directivas, de las que son los des
— en consecuencia, anule la Decisión de la Comisión de               tinatarios, antes de la expiración del plazo que se les ha se
     31 de mayo de 1994, contenida en la Comunicación                ñalado a tal efecto. Dicho plazo expiró el 1 de enero de
     94/C 271/06 de la Comisión, por la que se autoriza al           1995 , sin que la República Francesa haya adoptado las
                                                                     medidas necesarias .
     Gobierno del Reino Unido, en virtud de las letras a ) y
     c ) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, a
     conceder una ayuda de un importe de 61 millones de              (>) DO n° L 340 de 31 . 12 . 1993 , p . 21 .
     libras esterlinas a Hualon Corporation, para la crea
     ción de una fábrica de producción textil en Irlanda del
     Norte ;
— condene a la Comisión al pago de las costas del pre
     sente procedimiento, así como a las del procedimiento           Recurso interpuesto el 10 de febrero de 1997 contra la
     ante el Tribunal de Primera Instancia .                         República Francesa por la Comisipn de las Comunidades
                                                                                Europeas
Motivos y principales alegaciones                                                           ( Asunto C-57/97 )
                                                                                ( 97/C 108/22 )
Los demandantes sostienen que la Comisión no tuvo en
cuenta los efectos de la inversión controvertida en el sub
sector de los productos de la gama superior. Según lo ale           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
gado en su recurso sobre este extremo, en la sentencia im           ha presentado el 10 de febrero de 1997 un recurso contra
pugnada se hizo una interpretación errónea de la Decisión            la República Francesa formulado por la Comisión de las
de la Comisión y no se respondió de modo suficiente a sus            Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. X. Le
alegaciones .                                                        wis, en calidad de Agente, que designa como domicilio en
                                                                     Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                     Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                     La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri
                                                                     bunal de Justicia que :
Recurso interpuesto el 10 de febrero de 1997 contra la
República Francesa por la Comisión de las Comunidades                a ) Declare que, al no poner en vigor dentro del plazo
                             Europeas                                     señalado las disposiciones legales, reglamentarias y ad
                        (Asunto C-56/97)                                  ministrativas necesarias para atenerse a :
                          ( 97/C 108/21 )
                                                                           1 ) la Directiva 93/53/CEE del Consejo, de 24 de junio
                                                                               de 1993 , por la que se establecen medidas comuni
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                      tarias mínimas de lucha contra determinadas enfer
ha presentado el 10 de febrero de 1997 un recurso contra                       medades de los peces (');
 la República Francesa formulado por la Comisión de las
 Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. X. Le                  2 ) la Directiva 93/113/CE del Consejo, de 14 de di
wis, en calidad de Agente, que designa como domicilio en                       ciembre de 1993 , relativa a la utilización y comer
Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                        cialización de enzimas, microorganismos y sus pre
 Centre Wagner, Kirchberg.                                                     parados en la alimentación animal ( 2);
 ---pagebreak--- 5 . 4 . 97            I ES I                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N°C 108/13
      3 ) la Directiva 93/114/CE del Consejo ( 3 ), que modifi           miembros están obligados a cumplir los plazos para la
           ca la Directiva 70/524/CEE (4) sobre los aditivos              adaptación del Derecho nacional fijados en las Directivas.
           en la alimentación animal                                      Dicho plazo finalizó el 13 de septiembre de 1994, sin que
                                                                          la República Italiana haya adoptado las disposiciones ne
      y/o al no comunicarlas a la Comisión, la República                  cesarias para atenerse a la Directiva mencionada en las
      Francesa ha incumplido las obligaciones que le incum               pretensiones de la Comisión .
      ben en virtud del artículo 20 de la Directiva 93/53/
      CEE, del artículo 8 de la Directiva 93/113/CE y del                 (') DO n° L 247 de 5 . 10 . 1993 , p. 19 .
      artículo 2 de la Directiva 93/114/CE, así como del Tra
      tado CE .
b ) Condene en costas a la República Francesa.
Motivos y principales alegaciones                                         Recurso de casación interpuesto el 11 de febrero de 1997
                                                                          por el Sr. L. B. Rasmussen contra la sentencia dictada el
Los motivos y principales alegaciones que se invocan son                   12 de diciembre de 1996 por la Sala Tercera del Tribunal
análogos a los presentados en el asunto C-56/97 ( 5 ); los                de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
plazos señalados expiraron respectivamente el 1 de enero                  asunto T-130/95 , promovido por el Sr. L. B. Rasmussen
de 1994 (Directiva 93/53/CEE), el 1 de octubrte de 1994                         contra la Comisión de las Comunidades Europeas
( Directivas 93/113/CE y 93/114/CE ) y el 1 de enero de
                                                                                ( Asunto C-60/97 P)
 1995 (artículo 7 de la Directiva 93/113/CE ).
                                                                                97/C 108/24
(')   DO n° L 175 de 19 . 7. 1993 , p . 23 .
 (2 ) DO n° L 334 de 31 . 12 . 1993 , p . 17.                              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
 (3)  DO n° L 334 de 31 . 12 . 1993 , p . 24 .                             ha presentado el 11 de Febrero de 1997 un recurso de ca
 (4 ) DO n° L 270 de 14 . 12 . 1970, p . 1 ; EE 03/04, p . 82 .
 (5)  Véase la página 12 del presente Diario Oficial .                     sación formulado por el Sr. L. B. Rasmussen, representado
                                                                           por el Sr. Cario Revoldini , que designa como domicilio en
                                                                           Luxemburgo el despacho de este último, 180 route de
                                                                           Longwy, contra la sentencia dictada el 12 de diciembre de
                                                                           1996 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia
                                                                           de las Comunidades Europeas en el asunto T-130/95 , pro
 Recurso interpuesto el 7 de febrero de 1997 contra la                     movido por el Sr. L. B. Rasmussen contra la Comisión de
 República Italiana por la Comisión de las Comunidades                     las Comunidades Europeas .
                               Europeas
                                                                           La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
                          (Asunto C-58/97)
                                                                           Comunidades Europes que:
                             97/C 108/23 )
                                                                           — Anule en su totalidad la sentencia recurrida, excepto la
  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                     decisión relativa a las costas del procedimiento .
  ha presentado el 7 de febrero de 1997 un recurso contra la
  República Italiana formulado por la Comisión de las Co                  Y, haciendo lo que debería haber hecho el órgano jurisdic
                                                                           cional de primera instancia,
  munidades Europeas, representada por el Sr. Frank Ben
  yon, Consejero Jurídico y la Sra . Laura Pignataro, miem                — Anule la decisión de la Comisión de no ascender al re
  bro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que                       currente al grado A 4 en el ejercicio de promoción
  designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del                          1994 .
  Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                            — Anule la decisión de la Comisión de ascender al grado -
  La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     A 4 a los funcionarios inscritos en la lista publicada en
                                                                                el n° 859 de la publicación « Informations administrati
  1 ) Declare que la República Italiana ha incumplido las
                                                                                ves », de 8 . 9 . 1994.
        obligaciones que le incumben con arreglo a la Directi
        va 93/75/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de                    — Condene a la Comisión al pago de una indemnización
        1993 , sobre las condiciones mínimas exigidas a los bu                  de daños y perjuicios en reparación de los perjuicios
        ques con destino a los puertos marítimos de la Comu                     morales sufridos .
        nidad o que salgan de los mismos y transporten mer
        cancías peligrosas o contaminantes H , y al Tratado                 — Condene en todo caso a la parte demandada al pago
        CE, al no adoptar y/o al no comunicar las disposicio                    de las costas del procedimiento .
        nes legislativas, reglamentarias y administrativas nece
        sarias para atenerse a dicha Directiva .                            Motivos y principales alegaciones
   2 ) Condene en costas a la República Italiana .                          Fundamentación incorrecta e insuficiente de la sentencia
                                                                             impugnada, que no ha respondido a ciertas alegaciones y
   Motivos y principales alegaciones                                         pretensiones del recurrente í 1 ).
   El artículo 189 del Tratado CE, conforme al cual la Direc                O DO n° C 208 de 17. 8 . 1995 , p. 35 .
   tiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al
   resultado que deba conseguirse, implica que los Estados


title: Asunto T-120/05: Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2005 por Andreas Knaul y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               14.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 115/36

         Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2005 por Andreas Knaul y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-120/05)
   (2005/C 115/64)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de marzo de 2005 un recurso contra Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Andreas Knaul, con domicilio en Riga (Letonia), Antonio Márquez Camacho, con domicilio en Bruselas, María Teresa Reina Cantalejo, con domicilio en Bruselas y Miguel Tejada Fernández, con domicilio en Zaventem (Bélgica), representados por Mes Stéphane Rodrigues y Alice Jaume, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo.
   Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               1)

               Declare la anulación de las decisiones de la AFPN mediante las que se desestiman las reclamaciones de los demandantes, adoptadas junto con las decisiones de la AFPN de 1 de mayo de 2004 relativas a la modificación del grado de los demandantes al grado A*8 o B*8.

               2)

               Declare la anulación de las hojas de haberes de los demandantes correspondientes a la ejecución de la decisión de la AFPN de modificar los grados de los demandantes al grado A*8 o B*8, a partir del 1 de mayo de 2004.

               3)

               Solicite a la Comisión que reconozca que los demandantes son promovibles al grado A*10 y B*10 en su próxima promoción.

               4)

               Condene a la Comisión a reparar el perjuicio sufrido por los demandantes por no haber sido clasificados en el grado A*9 o B*9 a partir del 1 de mayo de 2004.

               5)

               Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son los invocados en el asunto T-114/05, Joerg Peter Block y otros/Comisión.


title: Asunto C-198/07 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de abril de 2007 por Donal Gordon contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictada el 7 de febrero de 2007 en el asunto T-175/04, Donal Gordon/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               9.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/12

         Recurso de casación interpuesto el 12 de abril de 2007 por Donal Gordon contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictada el 7 de febrero de 2007 en el asunto T-175/04, Donal Gordon/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-198/07 P)
   (2007/C 129/21)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Donal Gordon (representantes: J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten y Ph. Reyniers, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia dictada en el asunto T-175/04, y que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.

               —

               Que se confirme el interés propio del demandante en su informe de evolución de carrera, independientemente del interés de la Administración en él.

               —

               Que se reconozca que la invalidez es reversible por definición, y que el Servicio Médico de la Comisión la reconozca y la trate como tal.

               —

               Que se conceda al demandante el derecho a la tutela judicial en relación con su informe de evolución de carrera.

               —

               Que se estime su solicitud de indemnización y que se conceda al demandante 1,5 millones de euros como reparación.

               —

               Que se dicte una resolución apropiada respecto de las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   El recurrente alega que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia se basó en premisas erróneas y/o arbitrarias en la medida en que:

               —

               Niega el interés propio del recurrente en su informe de evolución de carrera.

               —

               Interpreta de modo erróneo la normativa sobre invalidez y su aplicación.

               —

               Niega al demandante la tutela judicial, a pesar de que no se ha resuelto si su invalidez era profesional o no.

               —

               Se pronuncia sobre la indemnización por daños ignorando la evolución de la situación del demandante.


title: Asunto C-167/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberster Gerichtshof (Austria), de fecha 13 de abril de 2000, en el asunto entre Verein für Konsumenteninformation y Karl Heinz Henkel

text:
8.7.2000               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 192/11
Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2000 contra la                    A tenor del artı́culo 10, párrafo primero, del Tratado, los
República Helénica por la Comisión de las Comunidades               Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o
                             Europeas                                 particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las
                                                                      obligaciones derivadas de dicho Tratado o resultantes de los
                       (Asunto C-166/00)                              actos de las Instituciones de la Comunidad.
                         (2000/C 192/18)
                                                                      La República Helénica no niega que tiene la obligación de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha          adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
presentado el 8 de mayo de 2000 un recurso contra la                  Directivas antes aludidas.
República Helénica formulado por la Comisión de las Comuni-
dades Europeas, representada por la Sra. Marı́a Condou-               La Comisión señala que, hasta la fecha, la República Helénica
Durande, miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión, que          no ha adoptado las medidas necesarias para adaptar plena-
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del                  mente su ordenamiento jurı́dico interno a las citadas Directivas.
Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de
la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                      ( 1) DO L 184 de 25.6.1997, p. 33.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal         ( 2) DO L 19 de 16.1.1998, p. 25.
de Justicia que:                                                      ( 3) DO L 208 de 24.7.1998, p. 43.
                                                                      ( 4) DO L 261 de 24.9.1999, p. 10.
a) Declare que la República Helénica ha incumplido las
    obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y de
    las Directivas:
    — 97/41/CE del Consejo, de 25 de junio de 1997, (1)
        por la que se modifican las Directivas 76/895/CEE,
        86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE relativas a la
        fijación de los contenidos máximos de residuos de           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
        plaguicidas en las frutas y hortalizas, sobre y en los        lución del Oberster Gerichtshof (Austria), de fecha 13 de
        cereales, sobre y en los productos alimenticios de            abril de 2000, en el asunto entre Verein für Konsumente-
        origen animal, y en determinados productos de origen                        ninformation y Karl Heinz Henkel
        vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, respectiva-
        mente;                                                                               (Asunto C-167/00)
    — 97/76/CEE del Consejo, (2) de 16 de diciembre de
        1997, por la que se modifican las Directivas 77/99/CEE                                (2000/C 192/19)
        y 72/462/CEE en lo que se refiere a las reglas aplicables
        a las carnes picadas, las preparaciones de carne y otros      Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
        determinados productos de origen animal;                      sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                      resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 13 de abril de
    — 98/51/CE de la Comisión, (3) de 9 de julio de 1997,            2000 en el asunto entre Verein für Konsumenteninformation
        relativa a determinadas disposiciones de aplicación de       y Karl Heinz Henkel y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
        la Directiva 95/69/CE del Consejo por la que se               Justicia el 8 de mayo de 2000. El Oberster Gerichtshof solicita
        establecen los requisitos y las normas aplicables a la        al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
        autorización y el registro de determinados estableci-        cuestión:
        mientos e intermediarios del sector de la alimentación
        animal, y
                                                                      La acción de cesación sobre eliminación de condiciones
    — 98/67/CE de la Comisión, (4) de 7 de septiembre de             generales de la contratación contrarias a la ley o a las buenas
        1998, por la que se modifican las Directivas                  costumbres, prevista en el artı́culo 28 de la Österreichisches
        80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE y la Directiva             Konsumentenschutzgesetz (Ley de Defensa de los Consumido-
        96/25/CEE del Consejo y se deroga la Directiva                res austriaca, en lo sucesivo KSchG), BGBI (Boletı́n Oficial
        92/87/CEE,                                                    Austriaco) 1979/140, que ejercita una asociación de consumi-
                                                                      dores, con arreglo al artı́culo 29 KSchG y en el sentido del
    al no haber adoptado, dentro de los plazos señalados en          artı́culo 7, apartado 2, de la Directiva del Consejo,
    las mismas, las disposiciones legales, reglamentarias y           93/13/CEE, (1) de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas
    administrativas necesarias para dar cumplimiento a las            abusivas en los contratos celebrados con consumidores ¿cons-
    citadas Directivas.                                               tituye una acción en materia delictual o cuasidelictual que
b) Condene a la República Helénica al pago de las costas del         pueda ejercitarse aplicando el fuero especial del artı́culo 5,
    procedimiento.                                                    número 3, del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de
                                                                      1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
Motivos y principales alegaciones                                     resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?
De acuerdo con el artı́culo 249, párrafo tercero, del Tratado        (1) DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
Constitutivo de la Comunidad Europea, las Directivas obligarán
al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que
deba conseguirse.


title: Asunto T-233/02: Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2002 contra el Consejo de la Unión Europea por Xaris Alexandratos y Maria Panagiotou

text:
28.9.2002              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 233/33
Motivos y principales alegaciones                                       contra el Consejo de la Unión Europea formulado por Xaris
                                                                        Alexandratos y Maria Panagiotou, con domicilio en Bruselas,
                                                                        representados por el Sr. X. Tagaras, abogado.
El demandante, presidente de la AIFO (Associazione Italiana
Frantoiani Oleari), impugna el Reglamento (CE) no 1019/2002
de la Comisión, de 13 de junio de 2002, sobre las normas de             Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
comercialización del aceite de oliva (1).                               que:
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega la vulnera-           —     Estime el presente recurso.
ción de los artículos 33, 34, apartado 2, párrafo segundo, 153,
157 y 253 del Tratado CE. A este respecto, aduce que el                 —     Anule los actos impugnados y ordene al Consejo admitir
Reglamento impugnado favorece el mantenimiento de la                          a los demandantes a la prueba oral.
posición dominante de las grandes empresas de dicho sector,
obstaculizando el desarrollo de las pequeñas y medianas                 —     Condene en costas a la parte demandada.
empresas, y no garantiza al consumidor el origen y la pureza
del producto. En particular, el Reglamento establece que el
etiquetado incluya informaciones sobre la categoría del aceite          Motivos y principales alegaciones
de oliva que son insuficientes para garantizar la calidad
intrínseca del producto. En concreto, se prevé que la designa-
ción del origen de los aceites de oliva virgen y virgen extra sea       El presente recurso está dirigido contra la decisión del tribunal
simplemente facultativa, cuando, para el consumidor, cada vez           del concurso general A/393 del Consejo por la cual se han
tiene mayor importancia el origen geográfico de las materias            atribuido notas insuficientes en una de las pruebas escritas,
primas. El Reglamento impone la presentación del producto al            por lo que los demandantes no fueron admitidos a las pruebas
consumidor final en envases de cinco litros como máximo, en             orales.
perjuicio de los pequeños empresarios como, por ejemplo, los
almazareros, que por lo general venden el producto a granel
en el lugar de producción.                                              Los demandantes invocan la violación del artículo 27, párrafo
                                                                        primero, del Estatuto de los Funcionarios y del principio de
                                                                        igualdad de trato, alegando que esta violación está agravada
Además, el Reglamento impugnado no ofrece garantías ade-                por la negativa del demandado a responder a las solicitudes de
cuadas sobre el origen y la pureza del producto y obstaculiza           información de los demandantes, en lo que atañe a las
la comercialización de tipos de aceite de mayor calidad y con           instrucciones de calificación y a los criterios de comparación
más posibilidades de control directo por parte del consumidor,          de sus pruebas con las de los candidatos seleccionados.
como es el producto vendido directamente por los almaza-
reros.
                                                                        Además, según los demandantes, esta negativa implica que los
                                                                        actos impugnados pueden ser anulados por violación del
Desde otro punto de vista, y en contra de la finalidad de la            principio de motivación de los actos lesivos, así como del
política agrícola común, el citado Reglamento perjudica la              principio de transparencia, en virtud del artículo 255 CE sobre
distribución de aceites de oliva de calidad, como el comerciali-        el derecho al acceso a documentos.
zado directamente por los almazareros, desalienta la producti-
vidad, el progreso técnico y el desarrollo racional de la
agricultura.
(1) DO L 155 de 14.6.2002, p. 27.
                                                                        Recurso interpuesto el 5 de agosto de 2002 contra
                                                                        la Oficina de Armonización del Mercado Interior por
                                                                                Strongline A/S
Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2002 contra el                                           (Asunto T-235/02)
Consejo de la Unión Europea por Xaris Alexandratos y
                        Maria Panagiotou                                                         (2002/C 233/59)
                       (Asunto T-233/02)                                                 (Lengua de procedimiento: inglés)
                         (2002/C 233/58)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                 (Lengua de procedimiento: griego)
                                                                        Europeas se ha presentado el 5 de agosto de 2002 un recurso
                                                                        contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                        formulado por Strongline A/S, representada por el Sr. Jacob
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  Ørndrup, del despacho Gorrissen, Federspiel, Kierkegaard,
Europeas se ha presentado el 2 de agosto de 2002 un recurso             Copenhague (Dinamarca).


title: Asunto C-63/03: Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2003 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
5.4.2003               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 83/13
«¿Está comprendida en el concepto de ayuda incompatible con              Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2003 contra el
el mercado común, en el sentido del artículo 87 CE, la                   Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
normativa nacional (Decreto Ley no 324 de 10 de septiembre                                            Europeas
de 1998, no ratificado, y artículo 43, apartado 7, de la Ley
no 448 de 23 de diciembre de 1998) que permite a una
empresa (Ferrovie dello Stato S.p.A.) resolver la relación
                                                                                (Asunto C-65/03)
laboral con aquellos de sus empleados que tengan una mayor
antigüedad que los demás, estableciendo la inaplicabilidad de
la normativa general que autoriza la continuación de la
relación laboral y dando así lugar a una situación de hecho en                                     (2003/C 83/23)
la que la empresa puede conseguir un ahorro en términos de
menores costes laborales (coste de las retribuciones y de las
cotizaciones a la seguridad social) que ocasiona, de modo
inmediato, un perjuicio para el Estado en forma de una
disminución de los ingresos por la reducción de las cotizacio-
nes abonadas y por el pago de las pensiones a los trabajadores           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
cuya relación laboral se ha resuelto?»                                   presentado el 14 de febrero de 2003 un recurso contra el Reino
                                                                         de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                         Europeas, representada por el Sr. D. Martin, en calidad de
                                                                         agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                         La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2003 contra                      de Justicia que:
el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las
                    Comunidades Europeas
                                                                         —     Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
                        (Asunto C-63/03)                                       obligaciones que le incumben en virtud de los artí-
                                                                               culos 12, 149 y 150 CE al no haber adoptado las medidas
                                                                               necesarias para garantizar que los titulares de diplomas
                          (2003/C 83/22)                                       de enseñanza secundaria obtenidos en los demás Estados
                                                                               miembros puedan acceder a la enseñanza superior organi-
                                                                               zada por la Comunidad francesa de Bélgica en las mismas
                                                                               condiciones que los titulares del CESS (certificado de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                   enseñanza secundaria superior).
presentado el 14 de febrero de 2003 un recurso contra el
Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr. W. Wils, en                —     Condene en costas al Reino de Bélgica.
calidad de agente.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1)    Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido             Motivos y principales alegaciones
      las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
      98/71/CE ( 1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de
      13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de
      los dibujos y modelos, al no adoptar las medidas legales           Las autoridades belgas de que se trata exigen a los nacionales
      y reglamentarias necesarias para atenerse a dicha Directiva        de los demás Estados miembros que sean titulares de diplomas
      o al no comunicárselas a la Comisión.                              y certificados que sancionan la terminación de estudios
                                                                         secundarios realizados en otros Estados miembros (excepto el
2)    Condene en costas al Reino de los Países Bajos.                    Gran Ducado de Luxemburgo) y que desean acceder a la
                                                                         enseñanza superior en Bélgica, que se presenten a un examen
                                                                         de aptitud y lo superen, a no ser que puedan acreditar, como
                                                                         requisito complementario, que han sido admitidos en su país
Motivos y principales alegaciones                                        de origen en la facultad universitaria que deseaban sin ningún
                                                                         examen de admisión ni cualquier otra forma de limitación
                                                                         del acceso. La Comisión considera que esta práctica es
El plazo de adaptación expiró el 28 de octubre de 2001.                  discriminatoria y contraria a los artículos mencionados en la
                                                                         pretensión.
( 1) DO L 289, p. 28.