title: AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 18 de febrero de 1998 en el asunto T-189/97: Comité de empresa de la Société française de production y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (Ayudas de Estado - Decisión por la que se declara una ayuda incompatible con el mercado común - Recurso de anulación - Sindicatos y comités de empresa - Inadmisibilidad)

text:
C 113/16              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    11.4.98
Europeas, con domicilio en Luxemburgo, representada por             des Europeas (Agentes: Sr. Julian Currall y Sra. Christine
el Sr. Jean-NoeÈl Louis, Abogado de Bruselas, que designa           Berardis-Kayser), que tiene por objeto una pretensión de
como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson              anulación de la decisión de la Comisión publicada el 9 de
SaÁrl, 30, rue de Cessange, contra Tribunal de Justicia de          abril de 1996, en la medida en que deniega la promoción
las Comunidades Europeas (Agente: Sr. Timothy Millett),             de la demandante al grado C 1 en el marco del ejercicio
apoyado por Consejo de la Unión Europea (Agentes: Sr.               de promoción 1996, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Diego Canga Fano y Sra. TheÂreÁse Blanchet), que tiene por          Cuarta), integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta; los
objeto una solicitud de anulación de la decisión del Tribu-         Sres. K. Lenaerts y J. D. Cooke, Jueces; Secretaria: Sra. B.
nal de Justicia, de 5 de diciembre de 1995, por la que se           Pastor, administradora principal, ha dictado el 5 de marzo
nombra funcionaria a la demandante, en calidad de meca-             de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
nógrafa, en la cual se fija su clasificación en el tercer esca-
lón del grado C 4, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Segunda), integrado por los Sres. A. Kalogeropoulos, Presi-         1) Se desestima el recurso.
dente; C. W. Bellamy y J. Pirrung, Jueces; Secretario: Sr. A.
Mair, administrador, ha dictado el 4 de marzo de 1998
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                           2) Se condena en costas a la Comisión.
                                                                    (1) DO C 54 de 22.2.1997.
1) Se anula la decisión del Tribunal de Justicia, de 5 de
     diciembre de 1995, por la que se nombra a la deman-
     dante para el puesto de trabajo de mecanógrafa de
     grado C 4, en cuanto fija su clasificación en el tercer
     escalón de su grado.
                                                                       AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
2) El Tribunal de Justicia cargaraÂ con las costas, salvo las                         de 13 de febrero de 1998
     causadas por el Consejo de la Unión Europea y las
     causadas a la demandante por la intervención del Con-          en el asunto T-275/97: GueÂrin automobiles EURL contra
     sejo.                                                                  Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                    (Recurso de anulación Ð Plazo para recurrir Ð Inadmisi-
                                                                                bilidad manifiesta)
3) El Consejo cargaraÂ con sus propias costas y las causa-
                                                                                (98/C 113/38)
     das por la demandante debido a su intervención.
(1) DO C 354 de 23.11.1996.                                                     (Lengua de procedimiento: franceÂs)
                                                                    En el asunto T-275/97, GueÂrin Automobiles EURL, en
                                                                    liquidación judicial, con domicilio social en AlencËon
                                                                    (Francia), por quien actuÂa el Sr. Xavier LemeÂe, liquidador,
                                                                    representado por el Sr. Jean-Claude Fourgoux, Abogado
                                                                    de París y de Bruselas, que designa como domicilio en
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               Luxemburgo el despacho del Sr. Pierrot Schiltz, 4, rue BeÂa-
                 DE PRIMERA INSTANCIA                               trix de Bourbon, contra Comisión de las Comunidades
                   de 5 de marzo de 1998                            Europeas, que tiene por objeto una pretensión de anula-
                                                                    ción de la decisión de la Comisión SG(97) D/3183, de 25
en el asunto T-221/96: Immacolata Manzo-Tafaro contra               de abril de 1997, por la que se desestimó la denuncia de
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                   GueÂrin automobiles relativa al contrato tipo de distribu-
                                                                    ción de los automóviles Nissan en Francia y su aplicación
(Funcionarios Ð Denegación de promoción Ð Examen                    (caso IV-35.095 Ð GueÂrin/Nissan France), el Tribunal de
comparativo de los meÂritos Ð Consideración de la edad y            Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por los Sres.
                      de la antigüedad)                             A. Kalogeropoulos, Presidente; C. W. Bellamy y J. Pirrung,
                        (98/C 113/37)                               Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 13 de febrero
                                                                    de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                    1) Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
En el asunto T-221/96, Immacolata Manzo-Tafaro, funcio-             2) La demandante cargaraÂ con sus propias costas.
naria de la Comisión de las Comunidades Europeas, con
domicilio en Bruselas, representada por el Sr. Lucas Vogel,         (1) DO C 7 de 10.1.1998.
Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. Christian Kremer, 8-
10, rue Mathias Hardt, contra Comisión de las Comunida-
 ---pagebreak--- 11.4.98               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 113/17
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                            1997, por la que eÂsta se negó a iniciar contra la RepuÂblica
                  de 13 de febrero de 1998                           Francesa un procedimiento por incumplimiento, el Tribu-
                                                                     nal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por los
en el asunto T-276/97: GueÂrin automobiles EURL contra               Sres. A. Kalogeropoulos, Presidente; C. W. Bellamy y J.
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                    Pirrung, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 16
                                                                     de febrero de 1998 un auto resolviendo lo siguiente:
(Competencia Ð Recurso de anulación Ð Plazo para recu-
       rrir Ð Inadmisibilidad manifiesta del recurso)
                        (98/C 113/39)                                1) Se declara la inadmisibilidad del recurso.
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                     2) Se condena en costas a los demandantes.
                                                                     (1) DO C 271 de 6.9.1997.
En el asunto T-276/97, GueÂrin automobiles EURL, en
liquidación judicial, con domicilio social en AlencËon
(Francia), por quien actuÂa el Sr. Xavier LemeÂe, liquidador,
representado por el Sr. Jean-Claude Fourgoux, Abogado
de París y de Bruselas, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. Pierrot Schiltz, 4, rue BeÂa-
trix de Bourbon, contra Comisión de las Comunidades
Europeas, que tiene por objeto una pretensión de anula-                 AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
ción de la decisión de la Comisión SG(97) D/823182, de                                  de 18 de febrero de 1998
25 de abril de 1997, por la que se desestimó la denuncia
IV/F-2/34.423 presentada por la demandante, el Tribunal              en el asunto T-189/97: ComiteÂ de empresa de la SocieÂteÂ
de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por la Sra.           francËaise de production y otros contra Comisión de las
V. Tiili, Presidenta; los Sres. C. P. BrieÈt y A. Potocki, Jue-                        Comunidades Europeas (1)
ces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 13 de febrero de
                                                                     (Ayudas de Estado Ð Decisión por la que se declara una
1998 un auto resolviendo lo siguiente:
                                                                     ayuda incompatible con el mercado comuÂn Ð Recurso de
                                                                     anulación Ð Sindicatos y comiteÂs de empresa Ð Inadmisi-
1) Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso.                                          bilidad)
                                                                                (98/C 113/41)
2) La parte demandante cargaraÂ con sus propias costas.
                                                                                (Lengua de procedimiento: franceÂs)
(1) DO C 7 de 10.1.1998.
                                                                     En el asunto T-189/97, ComiteÂ de empresa de la SocieÂteÂ
                                                                     francËaise de production, con domicilio en Bry-sur-Marne
                                                                     (Francia), Syndicat national de radiodiffusion et de teÂleÂvi-
                                                                     sion CGT (SNRT-CGT), con domicilio en París, Syndicat
                                                                     unifieÂ de radio et de teÂleÂvision CFDT (SURT-CFDT), con
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                            domicilio en París, Syndicat national Force ouvrieÁre de
                                                                     radiodiffusion et de teÂleÂvision, con domicilio en París,
                  de 16 de febrero de 1998                           Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC
en el asunto T-182/97: Smanor SA y otros contra Comi-                (SNEA-CFE-CGC), con domicilio en París, representados
            sión de las Comunidades Europeas (1)                     por la Sra. HeÂleÁne Masse-Dessen, Abogada ante el Conseil
                                                                     d'EÂtat y la Cour de cassation, que designan como domici-
(Negativa a iniciar un procedimiento por incumplimiento              lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Guy Thomas,
        Ð Recurso de anulación Ð Inadmisibilidad)                    77, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, contra
                        (98/C 113/40)                                Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres.
                                                                     GeÂrard Rozet y Dimitris Triantafyllou), que tiene por
                                                                     objeto un recurso de anulación de la Decisión 97/238/CE
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                     de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, relativa a la
                                                                     ayuda concedida por el Gobierno franceÂs a la sociedad de
                                                                     producción audiovisual SocieÂteÂ francËaise de production
En el asunto T-182/97, Smanor SA, sociedad francesa, con             (DO L 95 de 10.4.1997, p. 19), el Tribunal de Primera
domicilio social en Saint-Martin-d'EÂcublei (Francia),               Instancia (Sala Segunda ampliada), integrado por los Sres.
Hubert SeÂgaud y Monique SeÂgaud, con domicilio en Saint-            A. Kalogeropoulos, Presidente; C. P. BrieÈt, C. W. Bellamy,
Martin-d'EÂcublei, representados por la Sra. Laurence                A. Potocki y J. Pirrung, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha
Roques, Abogada de Val de Marne, 7-9, rue du GeÂneÂral               dictado el 18 de febrero de 1998 un auto resolviendo lo
de Larminat, CreÂteil (Francia), contra Comisión de las              siguiente:
Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Richard Wainw-
right y Olivier Couvert-Castera), que tiene por objeto que
se anule la decisión de la Comisión de 21 de mayo de                 1) Se declara la inadmisibilidad del recurso.


title: Asunto T-341/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2009 — Sison/Consejo [ Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Posición común 2001/931/PESC y Reglamento (CE) n o  2580/2001 — Recurso de anulación — Adaptación de las pretensiones — Control jurisdiccional — Motivación — Requisitos de ejecución de una medida comunitaria de congelación de fondos ]

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/42

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2009 — Sison/Consejo
   (Asunto T-341/07) (1)

   («Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo - Posición común 2001/931/PESC y Reglamento (CE) no 2580/2001 - Recurso de anulación - Adaptación de las pretensiones - Control jurisdiccional - Motivación - Requisitos de ejecución de una medida comunitaria de congelación de fondos»)
   2009/C 282/78
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: José María Sison (Utrecht, Países Bajos) (representantes: J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses y W. Kaleck, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y E. Finnegan, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: S. Behzadi Spencer e I. Rao, agentes); Reino de los Países Bajos (representantes: C. Wissels, M. de Mol, M. Noort e Y. de Vries, agentes); y Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Aalto y S. Boelaert, agentes)

      Objeto

   Por una parte, la anulación parcial de la decisión 2007/445/CE del Consejo, de 28 de junio de 2007, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se derogan las Decisiones 2006/379/CE y 2006/1008/CE (DO L 169, p. 58), así como, por otra parte, un recurso de indemnización.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión 2007/445/CE del Consejo, de 28 de junio de 2007, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se derogan las Decisiones 2006/379/CE y 2006/1008/CE, la Decisión 2007/868/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 y se deroga la Decisión 2007/445/CE, la Decisión 2008/343/CE del Consejo, de 29 de abril de 2008, que modifica la Decisión 2007/868/CE, la Decisión 2008/583/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 y se deroga la Decisión 2007/868/CE, la Decisión 2009/62/CE del Consejo, de 26 de enero de 2009, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 y se deroga la Decisión 2008/583/CE, y el reglamento (CE) no 501/2009 del Consejo, de 15 de junio de 2009, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 y se deroga la Decisión 2009/62/CE, en la medida en que dichos actos afectan a José María Sison.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 269, de 10.11.2007.


title: Asunto T-287/13: Sentencia del Tribunal General de 13 de febrero de 2015 — Husky CZ/OAMI — Husky of Tostock (HUSKY) [«Marca comunitaria — Procedimiento de caducidad — Marca comunitaria denominativa HUSKY — Uso efectivo de la marca — Caducidad parcial — Prórroga del plazo — Regla 71, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 2868/95 — Traducción a la lengua de procedimiento»]

text:
               30.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 107/25

      Sentencia del Tribunal General de 13 de febrero de 2015 — Husky CZ/OAMI — Husky of Tostock (HUSKY)
      (Asunto T-287/13) (1)

      ([«Marca comunitaria - Procedimiento de caducidad - Marca comunitaria denominativa HUSKY - Uso efectivo de la marca - Caducidad parcial - Prórroga del plazo - Regla 71, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2868/95 - Traducción a la lengua de procedimiento»])
      (2015/C 107/33)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Husky CZ s.r.o. (Praga, República Checa) (representante: L. Lorenc, abogado)

         Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: P. Geroulakos e I. Harrington, agentes)

         Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Husky of Tostock Ltd (Woodbrigde, Reino Unido)

         Objeto

      Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 14 de marzo de 2013 (asunto R 748/2012-1) relativa a une procedimiento de caducidad entre Husky CZ s.r.o. y Husky of Tostock Ltd.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  Condenar en costas a Husky CZ s.r.o.

         (1)  DO C 207, de 20.7.2013.


title: Asunto T-500/10: Recurso interpuesto el 19 de octubre de 2010 — Dorma/OAMI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/52

         Recurso interpuesto el 19 de octubre de 2010 — Dorma/OAMI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)
   (Asunto T-500/10)
   ()
   2010/C 346/103
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Dorma GmbH & Co. KG (Ennepetal, Alemania) (representante: P. Koch Moreno, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Puertas Doorsa, S.L. (Petrel, Alicante)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 17 de agosto de 2010 en el asunto R 542/2009-4.

               —

               Que se condene en costas a la demandada y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS», para productos de las clases 6, 9 y 19 — Solicitud de marca comunitaria no 4.884.359

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: El demandante

      Marca o signo invocados en oposición: El registro alemán no 39.525.884 de la marca figurativa «DORMA», para productos y servicios de las clases 6, 9, 16, 19 y 37; el registro británico no 2.201.691 de la marca denominativa «DORMA», para productos de las clases 6, 7, 9, 16 y 19; el registro internacional no 722.009 de la marca figurativa «DORMA», para productos de las clases 6, 7, 9, 16 y 19

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: El demandante considera que la resolución impugnada infringe el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, por cuanto la Sala de Recurso aplicó indebidamente a la marca controvertida lo dispuesto en dicho precepto.


title: Asunto T-666/14: Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2014 — Monster Energy/OAMI (GREEN BEANS)

text:
               20.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 127/29

         Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2014 — Monster Energy/OAMI (GREEN BEANS)
   (Asunto T-666/14)
   (2015/C 127/40)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Monster Energy Company (Corona, Estados Unidos de América) (representante: P. Brownlow, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «GREEN BEANS» — Solicitud de registro no 11 410 801

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 2 de diciembre de 2013 en el asunto R 1530/2013-1

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-82/00: Recurso interpuesto el 5 de abril de 2000 contra el Consejo de la Unión Europea por BIC S.A., Flamagas S.A. y Swedish Match S.A.

text:
C 176/24               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       24.6.2000
Recurso interpuesto el 4 de abril de 2000 contra la                     Motivos y principales alegaciones
Comisión de las Comunidades Europeas por ACA —
               Associação Comercial de Aveiro                          El presente recurso va dirigido contra el Reglamento (CE)
                                                                        no 174/2000 del Consejo, de 24 de enero de 2000, por el que
                        (Asunto T-81/00)                                se deroga el Reglamento (CEE) no 3433/91 del Consejo, en lo
                                                                        relativo al establecimiento de un derecho antidumping defini-
                         (2000/C 176/41)                                tivo sobre las importaciones de encendedores de bolsillo no
                                                                        recargables, de gas y piedra, originarios de Japón (1).
               (Lengua de procedimiento: portugués)                     Las sociedades demandantes representan más del 75 % de
                                                                        la producción comunitaria de encendedores de bolsillo no
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  recargables, de gas y piedra. Por este motivo, son quienes
Europeas se ha presentado el 4 de abril de 2000 un recurso              soportan los efectos de la no adopción de las medidas
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado               antidumping de que se trata.
por ACA — Associação Comercial de Aveiro, asociación
empresarial sin fin lucrativo, con domicilio social en Aveiro           En apoyo de sus pretensiones, las demandantes alegan:
(Portugal), representada por los Sres. João Amaral e Almeida y
Bernardo Diniz de Ayala, Abogados de Lisboa.                            — La existencia de un manifiesto error en la apreciación
                                                                            de los hechos, habida cuenta de la patente falta de
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia               correspondencia entre los resultados del expediente
que:                                                                        instruido por la Comisión y el contenido dispositivo del
                                                                            acto del Consejo. Sobre este particular debe recordarse
a) Declare fundado el presente recurso y, en consecuencia,                  que, a tenor de las investigaciones llevadas a cabo por la
    anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades                   Comisión, el precio medio de los productos importados
    Europeas por la que se aprobó la solicitud de pago                     del Japón determinaba una rebaja del 22,9 % en la media
    del saldo relativa al expediente 891038 P3, de 30 de                    ponderada de los precios de los productores comunitarios,
    noviembre de 1999, y que fue notificada a la demandante                 y ello no obstante el efecto que producı́a sobre los precios
    el 27 de enero de 2000, mediante nota no 00723 del                      aplicados el tipo del derecho del 35,7 %, establecido
    DAFSE — Departamento para os Assuntos do Fundo                          mediante el Reglamento no 3433/91, a saber el aumento
    Social Europeu.                                                         de los mismos.
b) Condene en costas a la Comisión.                                    — La infracción del artı́culo 253 del Tratado, en la medida en
                                                                            que cabe observar una contradicción flagrante entre los
                                                                            datos de hecho y el contenido del Reglamento impugnado.
Motivos y principales alegaciones                                           A este respecto, procede destacar que no hay un sólo dato
                                                                            de hecho en el referido Reglamento que permita abogar
Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los del               por la supresión de las medidas antidumping. Antes bien,
asunto T-80/00.                                                             todos los «considerandos» que figuran en la exposición de
                                                                            motivos de la citada disposición ponen de manifiesto, por
                                                                            el contrario, la subsistencia de una situación de grave
                                                                            peligro para la industria comunitaria ası́ como la progresiva
                                                                            pérdida de rentabilidad que se ha venido registrando en
                                                                            este sector.
Recurso interpuesto el 5 de abril de 2000 contra el
Consejo de la Unión Europea por BIC S.A., Flamagas S.A.                (1) DO L 22 de 27.1.2000, p. 16.
                     y Swedish Match S.A.
                        (Asunto T-82/00)
                         (2000/C 176/42)
                                                                        Recurso interpuesto el 19 de abril de 2000 por Adolfo
                                                                          Kind contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                                (Asunto T-91/00)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 5 de abril de 2000 un recurso                                       (2000/C 176/43)
contra el Consejo de la Unión Europea, formulado por BIC
S.A., Flamagas S.A. y Swedish Match S.A., representadas por el                           (Lengua de procedimiento: italiano)
Sr. Alessio Vianello, Abogado.
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera                 Europeas se ha presentado el 19 de abril de 2000 un recurso
Instancia que:                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                        por el Sr. Adolfo Kind, representado por el Sr. Giuseppe
— Anule el Reglamento (CE) no 174/2000 del Consejo, de                  Marchesini, Abogado de Vicenza, que designa como domicilio
    24 de enero de 2000, y que condene a la parte demandada             en Luxemburgo el despacho de Me Ernest Arendt, rue Mathias
    al pago de las costas y honorarios del procedimiento.               Hardt.


title: Asunto C-345/10 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de julio de 2010 por Freixenet, S.A., contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 27 de abril de 2010 en el asunto T-110/08, Freixenet/OAMI

text:
               9.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/9

         Recurso de casación interpuesto el 8 de julio de 2010 por Freixenet, S.A., contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 27 de abril de 2010 en el asunto T-110/08, Freixenet/OAMI
   (Asunto C-345/10 P)
   ()
   2010/C 274/13
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrentes: Freixenet, S.A. (representantes: F. de Visscher, E. Cornu y D. Moreau, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Con carácter principal: que se anule la sentencia del Tribunal General, de 27 de abril de 2010, así como la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 20 de noviembre de 2007, y se declare que la solicitud de marca comunitaria no32 540 cumple los requisitos necesarios para ser publicada de conformidad con el artículo 40 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 39 del Reglamento no 207/2009).

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la sentencia del Tribunal General, de 27 de abril de 2010.

               —

               En cualquier caso, que se condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante invoca tres motivos en apoyo de su recurso de casación.
   Mediante su primer motivo, la demandante invoca esencialmente la vulneración del derecho de defensa y del derecho a un proceso justo, del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de los artículos 73 (segunda frase) y 38 (apartado 3) del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (1) [actualmente artículos 75 (segunda frase) y 37 (apartado 3) del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (2)].
   La primera parte de este motivo se refiere al incumplimiento del principio contradictorio. Según la demandante, contrariamente al criterio adoptado por el Tribunal General en la sentencia recurrida, la Sala de Recurso de la OAMI, en la resolución que se sometió al Tribunal General, llevó a cabo una nueva apreciación del carácter distintivo de la marca de la demandante, sin permitir que ésta formulase observaciones acerca de ese nuevo enfoque. En opinión de la demandante, a este respecto, la justificación que el Tribunal General dio a la resolución de la Primera Sala de Recurso fue inexacta e insuficiente por lo que atañe al principio de lealtad procesal y al respeto del derecho de defensa. A su entender, la sentencia recurrida también vulnera el principio de derecho de defensa y de lealtad procesal por haber declarado que la Oficina puede notificar a la demandante una serie de elementos de hecho indicándole a ésta que tiene la intención de basar su resolución de denegación en esos elementos y después, tras haber recibido las observaciones escritas de la demandante acerca de dichos elementos, decidir no tenerlos en cuenta, al menos parcialmente, y basar su resolución en una apreciación factual y conceptualmente diferente, sin dar a la demandante la posibilidad de formular ninguna observación.
   En la segunda parte del primer motivo, la demandante alega principalmente un incumplimiento, por parte del Tribunal General, de la obligación de motivación en la medida en que la sentencia recurrida no podía considerar suficientemente motivada la resolución de la Primera Sala de Recurso acerca de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), la cual no precisa ninguno de los documentos en los que se basa, ni declarar que remitirse a elementos de prueba hubiera resultado superfluo porque la Primera Sala de Recurso supuestamente se apoyó en «deducciones extraídas de la experiencia práctica». Además, según la demandante, la falta de certeza por lo que respecta a los hechos y los documentos en los que se basaron la Oficina y el Tribunal General, afectan tanto al derecho de defensa como a la obligación de motivación prevista en el artículo 73 del Reglamento no 40/94 anteriormente mencionado.
   Mediante su segundo motivo, la demandante alega una infracción, por parte del Tribunal General, del artículo 7, apartado 1, letra b), del antedicho Reglamento no 40/94. Según la demandante, aunque había demostrado, apoyándose en documentos, que la marca solicitada está constituida por una combinación de elementos muy característicos que la distinguen de modo significativo de las otras presentaciones en el mercado, el Tribunal General se limitó a reproducir las denegaciones vagas y generales de la Oficina para negar que la marca solicitada tuviese carácter distintivo alguno. En opinión de la demandante, el Tribunal General aplicó un criterio más estricto para apreciar el carácter distintivo de la marca que el aplicado en el caso de otras marcas más tradicionales. A su entender, de este modo, la sentencia recurrida vulneró la regla de la apreciación concreta del carácter distintivo de una marca. Por otra parte, según la demandante, al declarar que la gran mayoría de los consumidores no perciben el aspecto original de la marca como un elemento útil para determinar el origen del vino espumoso de que se trata, sino que prefieren prestar atención a la etiqueta, el Tribunal General excluyó de la protección la forma de presentación del envasado de un producto, cuando esta posibilidad está expresamente prevista en el artículo 4 del Reglamento anteriormente mencionado.
   Mediante su tercer motivo, la sociedad demandante invoca la infracción, por parte del Tribunal General, del artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94 en la medida en que la sentencia recurrida exige que la marca solicitada haya adquirido un carácter distintivo a través de su uso en cada uno de los Estados miembros de la Unión. En efecto, en opinión de la demandante, al negarse a reconocer una obtención del carácter distintivo por medio del uso en una parte significativa de los sectores interesados, cuando al mismo tiempo reconoce que la marca de la demandante había adquirido tal carácter al menos en el territorio de España, el Tribunal General formuló una regla excesiva e inexacta a la luz del Reglamento anteriormente mencionado.

      (1)  DO 1994, L 11, p. 1.

      (2)  DO L 78, p. 1.


title: Asunto T-362/05: Recurso interpuesto el  21 de septiembre de 2005  — Nuova Agricast/Comisión

text:
               26.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/33

         Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2005 — Nuova Agricast/Comisión
   (Asunto T-362/05)
   (2005/C 296/69)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Nuova Agricast (Cerignola, Italia) (representante: Michele Arcangelo Calabrese)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante
   La demandante, a menos que el procedimiento no lo permita, solicita que el Tribunal de Primera Instancia verifique y declare que la Comisión, al haber actuado ilegalmente en el sentido indicado en el recurso, ha infringido de modo grave y manifiesto el Derecho comunitario, ocasionando a la demandante un daño patrimonial; y en consecuencia, condene a la demandada a indemnizarla:

               a)

               Con 701 692,77 EUR, en concepto de indemnización del daño sufrido por no haber obtenido la primera cuota de la ayuda;

               b)

               Con 701 692,77 EUR, en concepto de indemnización del daño sufrido por no haber obtenido la segunda cuota de la ayuda;

               c)

               Con 701 692,77 EUR, en concepto de indemnización del daño sufrido por no haber obtenido la tercera cuota de la ayuda;

               d)

               Con los intereses correspondientes a dichos importes revalorizados.

               e)

               Con 1 453 387,03 EUR, o la cifra, mayor o menor, que se determine durante el curso del procedimiento –eventualmente, mediante acuerdo con la Comisión– en concepto de indemnización por el lucro cesante sufrido por la empresa en su gestión correspondiente al ejercicio financiero cerrado el 30 de junio de 2002 si se compara el resultado conseguido con el que habría obtenido si se hubiese ejecutado completamente el programa de inversiones.

               f)

               Con los intereses correspondientes a la cifra revalorizada mencionada en la letra e) anterior.

               g)

               Con el pago de las costas del procedimiento, incluidas las correspondientes a la asesoría técnica solicitada a instancia de parte.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante en el presente asunto, la misma que en los asuntos T-139/03, (1) T-151/03 (2) y T/98/04, (3) reprocha a la Comisión haber actuado de modo ilegal al llevar a cabo el examen preliminar de la ayuda de Estado N 715/99, concluido con una decisión de autorización sin objeciones. Esta autorización prorrogó durante el período 2000-2006 el régimen de ayudas de Estado de la Ley no 488/92, que en 1997 había sido previamente autorizado hasta el 31 de diciembre de 1999.
   Debe recordarse a este respecto que el procedimiento administrativo específico destinado a obtener la ayuda establecía que el Gobierno italiano debía convocar convocatorias semestrales en las que pudieran participar las empresas interesadas. Los recursos económicos destinados a la financiación de la convocatoria se asignarían a las empresas -hasta quedar agotados- según un orden establecido. Al haber participado en la tercera convocatoria, la demandante no pudo obtener la ayuda por haberse agotado los recursos destinados a la financiación de la lista.
   El Gobierno italiano, al proponer el examen de la ayuda N 715/99, pidió a la Comisión que permitiera que en la primera convocatoria del nuevo régimen se reformularan las solicitudes presentadas en la tercera y en la cuarta convocatoria. Sin embargo, la Comisión autorizó esta propuesta limitándola a la cuarta convocatoria.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante reprocha a la Comisión:

               —

               No haber incoado el procedimiento de investigación formal, cuando, tras recibir la propuesta del Gobierno italiano de permitir que fueran reformuladas las solicitudes correspondientes a la tercera convocatoria del régimen anterior, la consideró incompatible con el Mercado común. En opinión de la demandante, la demandada, al obrar de este modo, infringió el artículo 88, apartado 2 CE y el principio de protección del derecho de defensa.

               —

               a violación del principio de seguridad jurídica.

               —

               un error de apreciación.

         Según la demandante, la Comisión, al someter a un nuevo examen la compatibilidad con el Mercado común de la propuesta de permitir la reformulación de las empresas de la tercera convocatoria, y declarando, sin haber discutido al respecto con los interesados, su incompatibilidad, modificó su decisión de aprobación del régimen de 1997, para la adopción de la cual se supone que ya se había realizado un examen con arreglo al artículo 87 del Tratado.
   Por otra parte, al actuar sobre situaciones jurídicas aún existentes y suprimirlas, la demandante ha revocado verdadera y efectivamente su decisión de autorización de 1997, sin observar las garantías procedimentales que el Reglamento (CE) no 659/99 prevé en los casos de revocación de la ayuda.

      (1)  Auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 2005, no publicado.

      (2)  Auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 2005, aún no publicado en la Recopilación.

      (3)  Auto del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2005, no publicado.


title: Asunto C-496/09: Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2009 (fax de 30 de noviembre de 2009 ) — Comisión Europea/República Italiana

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/44

         Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2009 (fax de 30 de noviembre de 2009) — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-496/09)
   2010/C 24/77
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Pignataro y E. Righini, agentes)

      Demandada: República Italiana

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Decisión de la Comisión 200/128/CE, (1) de 11 de mayo de 1999, relativa al régimen de ayudas concedidas por Italia en favor del empleo, y del artículo 228 CE, párrafo 1, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de abril de 2004, en el asunto C-99/02 relativo a la recuperación de los beneficiarios de las ayudas que, con arreglo a la mencionada Decisión, fueron declaradas ilegítimas e incompatibles con el mercado común.

               —

               Que se ordene a la República Italiana que abone a la Comisión una multa coercitiva diaria de 285 696 euros por el retraso en la ejecución de la sentencia en el asunto C-99/02 relativa a la Decisión 2000/128/CE desde el día en que se dicte sentencia en el presente asunto hasta el día en que se haya cumplido la sentencia C-99/02.

               —

               Que se ordene a la República Italiana que abone a la Comisión una suma a tanto alzado, cuyo importe resultará de multiplicar una cantidad diaria de 31 744 euros por el número de días de persistencia de la infracción transcurridos desde la fecha en que se dicte la sentencia en el presente asunto por lo que atañe a la Decisión 2000/128/CE.

               —

               Que se condene en costas a la República Italiana.

      Motivos y principales alegaciones

   La República Italiana no ha adoptado todas las medidas necesarias para recuperar las ayudas declaradas ilegales e incompatibles por la Decisión ya que, en junio de 2009, ha recuperado únicamente 52 088 600,60 euros de un total de 281 525 686,79 euros que debía recuperar. La República Italiana reconoce que aún tiene que recuperar 229 437 086,19 euros. Por tanto, aún no ha adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión, tal como requiere la sentencia en el asunto C-99/02.

      (1)  DO L 42, p. 1.


title: Asunto C-39/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2012 — (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Proceso penal contra Vu Thang Dang, con la intervención de Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

text:
               6.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 303/21

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2012 — (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Proceso penal contra Vu Thang Dang, con la intervención de Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
   (Asunto C-39/12) (1)

   2012/C 303/42
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 118, de 21.4.2012.


title: Asunto T-79/15: Sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Olympus Medical Systems/OAMI (3D) [«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa 3D — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 207/2009»]

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/17

         Sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Olympus Medical Systems/OAMI (3D)
   (Asunto T-79/15) (1)

   ([«Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria figurativa 3D - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2016/C 059/18)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Olympus Medical Systems Corp. (Tokio, Japón) (representantes: A. Ebert-Weidenfeller y C. Opatz, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: K. Doherty y A. Folliard-Monguiral, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 11 de diciembre de 2014 (asunto R 1708/2014-2) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo 3D como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Olympus Medical Systems Corp.

      (1)  DO C 118 de 13.4.2015.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2002 en el asunto T-163/01, Juan Pedro Pérez Escanilla contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Promoción — Examen comparativo de los méritos — Recurso de anulación)

text:
14.9.2002               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 219/19
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               Bruselas, representado por el Sr. N. Korogiannakis, abogado,
                                                                          contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. X.
                     de 11 de julio de 2002                               Yataganas y Sra. C. Berardis-Kayser), que tiene por objeto un
                                                                          recurso de anulación de la decisión de la Comisión de 15 de
                                                                          diciembre de 2000 por la que se nombra y se fija la clasificación
en el asunto T-163/01, Juan Pedro Pérez Escanilla contra                  del demandante en el grado A 5, escalón 1, con efecto de
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                         16 de diciembre de 2000, el Tribunal de Primera Instancia
                                                                          (Juez único: Sr. M. Vilaras); Secretario: Sr. J. Palacio González,
(Funcionarios — Promoción — Examen comparativo de los                     administrador, ha dictado el 11 de julio de 2002 una sentencia
               méritos — Recurso de anulación)                            cuyo fallo es el siguiente:
                         (2002/C 219/47)                                  1)    Se anula la decisión de la Comisión de 15 de diciembre de
                                                                                2000 por la que se clasifica al demandante en el grado A 5,
                 (Lengua de procedimiento: francés)                             escalón 1, con efecto de 16 de diciembre de 2000.
                                                                          2)    Se condena en costas a la Comisión.
En el asunto T-163/01, Juan Pedro Pérez Escanilla, funcionario
de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
                                                                          (1 ) DO C 3 de 5.1.2002.
en Bruselas, representado por Mes J.-N. Louis y V. Peere,
abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra
Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sra.
C. Berardis-Kayser), que tiene por objeto una pretensión de
anulación de la decisión de la Comisión de no promover al
demandante al grado A 4 en el ejercicio de promoción de
1999, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado
por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y el Sr. R. García-Valdecasas
y la Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González,          Recurso interpuesto el 2 de junio de 2002 contra la
administrador, ha dictado el 11 de julio de 2002 una sentencia            Comisión de las Comunidades Europeas por Pierre
cuyo fallo es el siguiente:                                                                            Tomarchio
1)    Se anula la decisión de la Comisión de no promover al                                       (Asunto T-173/02)
      demandante al grado A 4 en el ejercicio de promoción de 1999.
2)    Se condena en costas a la Comisión.                                                           (2002/C 219/49)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
( 1) DO C 275 de 29.9.2001.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 2 de junio de 2002 un recurso
                                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                          por Pierre Tomarchio, con domicilio en Nancy (Francia),
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                          representado por Me Nicolas Lhoëst, abogado, que designa
                                                                          domicilio en Luxemburgo.
                     de 11 de julio de 2002
en el asunto T-263/01, Petros Mavromichalis contra Comi-                  El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
            sión de las Comunidades Europeas ( 1)
                                                                          —     Anule la decisión de la Comisión, de 27 de julio de 2001,
(Funcionarios — Reclamación administrativa previa —                             por la que se deniega al demandante una clasificación
Decisión denegatoria presunta — Clasificación en grado y                        superior en la carrera conforme al artículo 31, apartado 2,
                      escalón — Motivación)                                     del Estatuto de los Funcionarios.
                         (2002/C 219/48)                                  —     Anule todas las decisiones conexas o subsiguientes.
                                                                          —     Anule, en la medida de lo necesario, la decisión expresa
                  (Lengua de procedimiento: griego)
                                                                                de la Comisión, de 12 de febrero de 2002, por la que se
                                                                                desestima la reclamación presentada por el demandante
                                                                                con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
En el asunto T-263/01, Petros Mavromichalis, funcionario de
la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                 —     Condene en costas a la parte demandada.


title: Asunto C-520/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Lebara Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs ( «Fiscalidad — Sexta Directiva IVA — Artículo 2 — Prestación de servicios a título oneroso — Servicios de telecomunicaciones — Tarjetas telefónicas de prepago que contienen información que permite realizar llamadas telefónicas internacionales — Comercialización a través de una red de distribuidores» )

text:
               16.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 174/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Lebara Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
   (Asunto C-520/10) (1)

   (Fiscalidad - Sexta Directiva IVA - Artículo 2 - Prestación de servicios a título oneroso - Servicios de telecomunicaciones - Tarjetas telefónicas de prepago que contienen información que permite realizar llamadas telefónicas internacionales - Comercialización a través de una red de distribuidores)
   2012/C 174/11
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   First-tier Tribunal (Tax Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Lebara Ltd

      Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretación del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE, Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Tarjetas telefónicas vendidas por un sujeto pasivo que reside en un Estado miembro a un distribuidor que reside en otro Estado miembro y revendidas por dicho distribuidor a personas que las utilizan para hacer llamadas telefónicas — Operación que se descompone en varios elementos — Modalidades de imposición del impuesto sobre el valor añadido.

      Fallo

   Procede interpretar el artículo 2, número 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2003/92/CE del Consejo, de 7 de octubre de 2003, en el sentido de que un operador de telefonía que ofrece servicios de telecomunicaciones consistentes en vender a un distribuidor tarjetas telefónicas que contienen toda la información necesaria para realizar llamadas telefónicas internacionales mediante la infraestructura que él proporciona y que son revendidas por el distribuidor, en su nombre y por su cuenta, a usuarios finales, bien directamente, bien a través de otros sujetos pasivos, como mayoristas o minoristas, realiza una prestación de servicios de telecomunicaciones a título oneroso al distribuidor. Por el contrario, dicho operador no realiza una prestación de servicio a título operoso al usuario final cuando éste, tras adquirir la tarjeta telefónica, ejerce el derecho de realizar llamadas telefónicas utilizando la información que figura en dicha tarjeta.

      (1)  DO C 30, de 29.1.2011.


title: Asunto T-673/15: Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2015 — Guardian Europe/Unión Europea

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/23

         Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2015 — Guardian Europe/Unión Europea
   (Asunto T-673/15)
   (2016/C 059/26)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Guardian Europe Sàrl (Bertrange, Luxemburgo) (representantes: F. Louis, abogado, y C. O’Daly, Solicitor)

      Demandadas: Unión Europea, representada por la Comisión Europea, y Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               1) Ordene que se compense a la demandante por los siguientes daños infligidos por no haber resuelto el Tribunal General en un plazo razonable: a) costes derivados de la garantía por importe de 936 000 euros; b) coste de oportunidad/lucro cesante de 1 671 000 euros; c) pérdidas no pecuniarias de 14,8 millones de euros.

               —

               2) En la medida en que sea pertinente, incremente los importes mencionados en el anterior punto 1) con intereses, al tipo medio aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación durante el periodo pertinente, más dos puntos porcentuales.

               —

               3) Ordene que se compense a la demandante con los siguientes importes por los daños infligidos de resultas de la violación, por parte de la Comisión y del Tribunal General, del principio de igualdad de trato: a) costes derivados de la garantía por importe de 1 547 000 euros; b) coste de oportunidad/lucro cesante de 9 292 000 euros; c) pérdidas no pecuniarias de 14,8 millones de euros.

               —

               4) En la medida en que sea pertinente, incremente los importes mencionados en el anterior punto 3) con intereses, al tipo medio aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación durante el periodo pertinente, más dos puntos porcentuales.

               —

               5) Condene a las demandadas a cargar con las costas en las que incurrió la demandante en relación con su demanda.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en el derecho de la demandante a ser indemnizada por la Unión Europea, conforme a los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, al haber violado el Tribunal General su derecho a que se dictara sentencia en un plazo razonable, reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por no haberse dictado sentencia en un plazo razonable la demandante soportó tres tipos de pérdidas entre el 12 de febrero de 2010 y el 27 de septiembre de 2012: (1) mayores costes derivados de la garantía bancaria constituida por el importe de la multa no pagada inmediatamente por la demandante a la Comisión, a raíz de la adopción de la Decisión no C(2007)5791 final, de 28 de noviembre de 2007, en el Asunto COMP/39165 — Vidrio plano; (2) coste de oportunidad, pues el bajo tipo de interés del importe de la multa devuelta a la demandante tardíamente, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2014, era muy inferior a la ganancia que podría haber obtenido si, en vez de abonar ese dinero a la Comisión en 2008, lo hubiera invertido en sus negocios; y (3) daños no pecuniarios derivados de la Decisión que erróneamente impuso a la demandante la multa más cuantiosa en noviembre de 2007 y de que, por no haber resuelto el Tribunal General en un plazo razonable, el Tribunal de Justicia sólo lo corrigió muy posteriormente, en noviembre de 2014.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la demandante tiene derecho a ser indemnizada por la Unión Europea, conforme a los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, ya que tanto la Comisión Europea como el Tribunal General manifiestamente infringieron el principio de igualdad de trato y discriminaron a la demandante. La Decisión no C(2007)5791 final, de 28 de noviembre de 2007, en el Asunto COMP/39165 — Vidrio plano, excluyó erróneamente las ventas cautivas cuando calculó las multas impuestas a los demás destinatarios de la misma, sin corregir la consiguiente discriminación a la demandante que, como fabricante no integrado, carecía de ventas cautivas. El Tribunal General agravó el error de la Comisión al confirmar la decisión de excluir dichas ventas cautivas. Tal error solo fue corregido por el Tribunal de Justicia en noviembre de 2014, reduciendo en 44,4 millones de euros la multa impuesta por la Decisión. Sin embargo, dicha reducción no compensó los daños infligidos a la demandante entre noviembre de 2007 y noviembre de 2014, derivados de la imposición errónea de una multa exagerada, que sugería que ésta tenía una responsabilidad especial en el cártel del vidrio plano y que a su vez generaba mayores gastos financieros. El acto ilegal de la Comisión y del Tribunal General causó a la demandante los tres mismos tipos de pérdidas señalados en el primer motivo de recurso, pero durante un periodo más prolongado, esto es, entre noviembre de 2007 y noviembre de 2014.


title: Asunto C-92/05: Auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de  26 de enero de 2006  — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

text:
               1.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 154/13

         Auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de 26 de enero de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa
   (Asunto C-92/05) (1)

   (2006/C 154/32)

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 82, de 2.4.2005.


title: Asunto C-174/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 28 de abril de 2008 — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 28 de abril de 2008 — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet
   (Asunto C-174/08)
   (2008/C 171/37)
   Lengua de procedimiento: danés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Østre Landsret
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: NCC Construction Danmark A/S

      Demandada: Skatteministeriet
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿La expresión «operaciones accesorias inmobiliarias», que figura en la segunda frase del artículo 19, apartado 2, de la Sexta Directiva IVA (1), debe interpretarse en el sentido de que se aplica a las actividades de una empresa constructora sujeta al IVA correspondientes a la ulterior venta de los inmuebles que dicha empresa construyó por cuenta propia con objeto de revenderlos, estando dicha actividad de construcción plenamente sujeta al IVA?

               2)

               A efectos de responder a la primera cuestión, ¿resulta pertinente saber en qué medida las actividades de venta, consideradas por separado, requieren la utilización de bienes y servicios por los que debe pagarse el IVA?

               3)

               ¿Es compatible con el principio de neutralidad del IVA que una empresa constructora a la que la normativa del Estado miembro de que se trata exige, con arreglo a los artículos 5, apartado 7, y 6, apartado 3, de la Sexta Directiva, el pago del IVA por las entregas internas de bienes en el seno de la empresa para la construcción por cuenta propia de edificios destinados a una venta posterior, sólo tenga derecho a una deducción parcial del IVA por los gastos generales de sus actividades de construcción, habida cuenta de que la legislación de dicho Estado miembro en materia de IVA exime del IVA la venta posterior de los inmuebles, al amparo del artículo 28, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva IVA, en relación con el punto 16 de su anexo F?

      (1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).


title: Asunto F-33/09: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 9 de marzo de 2010 — Tzvetanova/Comisión (Función pública — Agentes temporales — Remuneración — Indemnización por expatriación — Requisitos establecidos en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto — Residencia habitual antes de la entrada en funciones — Residencia en calidad de estudiante en el lugar de destino durante el período de referencia — Períodos de prácticas fuera del lugar de destino durante el período de referencia — Toma en consideración de la residencia efectiva)

text:
               22.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 134/52

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 9 de marzo de 2010 — Tzvetanova/Comisión
   (Asunto F-33/09) (1)

   (Función pública - Agentes temporales - Remuneración - Indemnización por expatriación - Requisitos establecidos en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto - Residencia habitual antes de la entrada en funciones - Residencia en calidad de estudiante en el lugar de destino durante el período de referencia - Períodos de prácticas fuera del lugar de destino durante el período de referencia - Toma en consideración de la residencia efectiva)
   2010/C 134/86
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Aglika Tzvetanova (Bruselas) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente representada por D. Martin y J. Baquero Cruz, agentes, y posteriormente por J. Currall y J. Baquero Cruz, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de denegar a la demandante la indemnización por expatriación prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión de la Comisión Europea de 10 de julio de 2008 de denegar a la Sra. Tzvetanova la indemnización por expatriación prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto.

               2)

               Condenar a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas.

      (1)  DO C 129, de 6.6.2009, p. 22.


title: Asunto C-218/14: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland (Irlanda) el 5 de mayo de 2014 — Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality

text:
               14.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland (Irlanda) el 5 de mayo de 2014 — Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality
   (Asunto C-218/14)
   2014/C 223/10
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Ireland

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly

      Recurrida: Minister for Justice and Equality

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Cuando un matrimonio entre un ciudadano de la Unión y un nacional de un tercer Estado acaba en divorcio después de que el ciudadano de la Unión abandone el Estado miembro de acogida en el que ejercitó los derechos que le confiere el Derecho de la Unión y resultan aplicables los artículos 7 y 13, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/38/CE (1), ¿conserva el nacional de un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida a partir de ese momento? En caso de respuesta negativa, ¿tiene el nacional de un Estado tercero un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida durante el periodo anterior al divorcio tras la partida del ciudadano de la Unión del Estado miembro de acogida?

               2)

               ¿Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 cuando el cónyuge ciudadano de la Unión alega disponer de recursos suficientes, en el sentido del artículo 8, apartado 4, de la Directiva, contando, en parte, con los recursos de su cónyuge nacional de un Estado tercero?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿tienen derecho las personas que se encuentran en la misma situación que los recurrentes, con arreglo al Derecho de la Unión (al margen de la Directiva), a trabajar en el Estado miembro de acogida para aportar o contribuir a obtener «recursos suficientes» a los efectos del artículo 7 de la Directiva?

      (1)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77).


title: Asunto T-64/06: Recurso interpuesto el  23 de febrero de 2006  — FLS Plast/Comisión

text:
               22.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/24

         Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2006 — FLS Plast/Comisión
   (Asunto T-64/06)
   (2006/C 96/42)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: FLS Plast A/S (Copenhague, Dinamarca) (representantes: K. Lasok, QC, y M. Thill-Tayara, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen en su totalidad los artículos 1, letra h), y 2, letra f), de la Decisión impugnada, Decisión no C(2005) 4634 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2005, en el asunto COMP/F/38.354 — Sacos industriales, en la medida en que se refieren a la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, que se modifique el artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada y se reduzca sustancialmente el importe de la multa impuesta de forma solidaria a FLP Plast en el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena del Tribunal de Justicia, que se anule parcialmente el artículo 1, apartado 1, en la medida en que se refiere a las demandantes y que se anule parcialmente, o con carácter subsidiario, se reduzca adecuadamente la multa impuesta por el artículo 2 a las demandantes.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar los honorarios de abogado y demás costas y gastos en que incurra FLS Plast en relación con este asunto.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante la Decisión impugnada, la Comisión declaró que la demandante había infringido el artículo 81 CE al participar en una serie de acuerdos y prácticas concertadas en el sector de los sacos industriales de plástico que afectaron a Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y España, consistentes en la fijación de precios y el establecimiento de modelos de cálculo de precios comunes, el reparto de los mercados y la atribución de cuotas de venta, la distribución de los clientes, contratos y pedidos, la sumisión de ofertas concertadas en respuesta a determinados anuncios de licitación y el intercambio de información individualizada. La infracción de la demandante se refiere a la actuación de otra empresa, Trioplast Wittenheim, S.A. (en lo sucesivo, «TW»), que ha sido condenada por participar en el cartel en cuestión. La demandante poseía acciones de TW y, durante la mayor parte del tiempo por el que se ha declarado culpable a la demandante, TW fue su filial al 100 %. Se impuso una multa a TW, y se declaró a la demandante solidariamente responsable de parte de la misma.
   Sin negar la existencia ni la duración del cartel o la participación de su antigua filial, la demandante alega que la Comisión cometió un error de Derecho al determinar el importe de la multa que le impuso. La demandante señala que la parte de la multa de TW, de la que se ha declarado responsable a la demandante, es manifiestamente desproporcionada en relación con el período durante el cual poseyó acciones de TW.
   Además, la demandante afirma que la Decisión impugnada vulnera los principios de no discriminación y proporcionalidad, en la medida en que declara responsables de la actuación de TW tanto a la demandante como a su propia matriz, a pesar de que se decidió no dirigir la Decisión impugnada contra empresas holding intermedias y, de hecho, no se dirigió a ninguna de esas empresas aparte de la demandante.
   La demandante también alega que no tenía conocimiento de la conducta ilegal de TW, no ejerció ninguna influencia sobre su equipo directivo y no era parte de la empresa (TW) participante en las infracciones a las que se refiere la Decisión impugnada y que, por consiguiente, la Decisión impugnada es ilegal y debería anularse.
   Con carácter subsidiario, la demandante solicita al Tribunal de Justicia que reduzca el importe de la multa, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena. En este contexto, alega que la multa impuesta a TW es demasiado alta, puesto que la práctica y la gravedad de la infracción no justifican el nivel del importe básico de la multa, y que la Comisión no evaluó si las multas impuestas a TW y la demandante se ajustaban a la regla del límite máximo del 10 %.
   Respecto de la multa que se le ha impuesto, la demandante afirma también que es desproporcionadamente elevada, teniendo en cuenta la inexistencia de efecto disuasorio, la duración y la intensidad de las infracciones. Además, la demandante alega que la Comisión se equivocó al no reducir su responsabilidad de acuerdo con la Comunicación sobre la cooperación, más concretamente al no aplicar el 30 % de reducción concedido a TW a la responsabilidad de la demandante y al negarse a conceder una reducción a la demandante. Para terminar, la demandante invoca la vulneración del principio non bis in idem y el principio conforme al cual las multas deben ajustarse a las circunstancias concretas de cada demandante; en este contexto, señala que aunque sólo fue la empresa matriz de TW durante el 35 % del período en que ésta participó en el cartel, ha sido declarada responsable del 85,7 % de la multa de TW.


title: Asunto T-98/02: Recurso interpuesto el 3 de abril de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Maddalena Lebedef-Caponi

text:
15.6.2002              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 144/55
Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2002 contra la                    Recurso interpuesto el 3 de abril de 2002 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Michael                Comisión de las Comunidades Europeas por Maddalena
                           Hohenbichler                                                          Lebedef-Caponi
                        (Asunto T-95/02)                                                        (Asunto T-98/02)
                        (2002/C 144/108)
                                                                                (2002/C 144/109)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 28 de marzo de 2002 un recurso             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado              presentado el 3 de abril de 2002 un recurso contra la Comisión
por el Sr. Michael Hohenbichler, con domicilio en Bruselas,             de las Comunidades Europeas formulado por la Maddalena
representado por Me Jean-Noël Louis, abogado.                           Lebedef-Caponi, con domicilio en Senningerberg (Luxem-
                                                                        burgo), representada por el Sr. Gilles Bounéou, abogado, que
                                                                        designa domicilio en Luxemburgo.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
—    Anule la decisión de la Comisión relativa al cálculo de la
     bonificación de anualidades de pensión estatutaria que
     deben tenerse en cuenta, con arreglo al artı́culo 11,              —      Anule el informe de calificación de la demandante relativo
     apartado 2, del anexo VII del Estatuto.                                   al perı́odo 1995-1997.
—    Condene en costas a la Comisión.                                  —      Decida sobre las costas, condenando a la parte demandada
                                                                               a pagar los gastos y honorarios.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        Motivos y principales alegaciones
El demandante en el presente procedimiento, funcionario de la
demandada, impugna la manera cómo la AFPN ha procedido
a calcular la bonificación de anualidades de pensión que              La demandante, funcionaria de la Comisión, impugna la
deben tenerse en cuenta al transferir al régimen de pensión            denegación de su reclamación por la que solicitaba la anulación
comunitaria la totalidad de los derechos de pensión adquiridos         de su informe de calificación relativo al perı́odo 1995-1997.
antes de su incorporación al servicio de las Comunidades.
En apoyo de su recurso el demandante alega:                             En apoyo de su recurso, invoca una infracción del artı́culo 1,
                                                                        último párrafo, del anexo II del Estatuto, una infracción del
                                                                        artı́culo 13, párrafo segundo, del Acuerdo marco que regula
—    Infracción del artı́culo 11, apartado 2, del anexo VIII del       las relaciones entre la Comisión y las organizaciones sindicales
     Estatuto.                                                          y profesionales, ası́ como una infracción del artı́culo 15,
                                                                        párrafos primero y segundo, del Acuerdo marco. Alega que
                                                                        determinadas apreciaciones no están justificadas y que el
—    Infracción de las disposiciones generales de ejecución del       informe de calificación contiene determinados errores y omi-
     artı́culo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.             siones. Además, sostiene que fue objeto de acoso moral durante
                                                                        el perı́odo en el que ejercı́a actividades de representación del
                                                                        personal.
—    Violación del principio de igualdad de trato.


title: Asunto T-593/15: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2015 — The Art Company B & S/OAMI — G-Star Raw (THE ART OF RAW)

text:
               14.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 414/36

         Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2015 — The Art Company B & S/OAMI — G-Star Raw (THE ART OF RAW)
   (Asunto T-593/15)
   (2015/C 414/47)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: The Art Company B & S, S.A. (Quel, La Rioja) (representantes: J. Villamor Muguerza y L. Sánchez Calderón, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: G-Star Raw CV (Ámsterdam, Países Bajos)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «THE ART OF RAW» — Solicitud de registro no 11 093 036

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 9 de julio de 2015 en el asunto R 1980/2014-1

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la OAMI y al solicitante de la marca comunitaria (en caso de que intervenga) al pago de las costas del presente procedimiento.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 3 de mayo de 2001 en el asunto C-481/98: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa [Incumplimiento de Estado — Sexta Directiva IVA — Artículos 12, apartado 3, letra a), y 28, apartado 2, letra a) — Tipo impositivo reducido]

text:
C 200/10                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           14.7.2001
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Sexta)
                             (Sala Sexta)
                                                                                de 3 de mayo de 2001
                      de 3 de mayo de 2001
                                                                           en el asunto C-28/99 (petición de decisión prejudicial
                                                                           planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Gent):
en el asunto C-481/98: Comisión de las Comunidades                        Proceso penal contra Jean Verdonck, Ronald Everaert y
            Europeas contra República Francesa (1)                                                  Édith de Baedts (1)
[«Incumplimiento de Estado — Sexta Directiva IVA —                         («Directiva 89/592/CEE — Normativa nacional relativa a
Artı́culos 12, apartado 3, letra a), y 28, apartado 2, letra a)            las operaciones con información privilegiada — Facultad
                  — Tipo impositivo reducido»]                             de los Estados miembros de adoptar disposiciones más
                                                                           restrictivas — Concepto de disposición nacional de aplicación
                                                                                general»)
                          (2001/C 200/17)
                                                                                (2001/C 200/18)
                  (Lengua de procedimiento: francés)                                        (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           En el asunto C-28/99, que tiene por objeto una petición
En el asunto C-481/98, Comisión de las Comunidades Euro-                  dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
peas (agente: Sr. E. Traversa, asistido por el Sr. N. Coutrelis)           Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Rechtbank
contra República Francesa (agentes: Sra. K. Rispal-Bellanger y            van eerste aanleg te Gent (Bélgica), destinada a obtener, en el
Sr. S. Seam), apoyada por República de Finlandia (agentes:                proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra
Sr. H. Rotkirch y Sra. T. Pynnä), que tiene por objeto que se              Jean Verdonck, Ronald Everaert y Édith de Baedts, una decisión
declare que la República Francesa ha incumplido las obligacio-            prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 6 de la Directiva
nes que le incumben en virtud del artı́culo 12 de la Directiva             89/592/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, sobre
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta                       coordinación de las normativas relativas a las operaciones con
Directiva en materia de armonización de las legislaciones de              información privilegiada (DO L 334, p. 30), el Tribunal de
los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el                    Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres. C. Gulmann,
volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el                 Presidente de Sala, V. Skouris, J.-P. Puissochet (Ponente) y
valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE                R. Schintgen y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General:
09/01, p. 54), al establecer y mantener en vigor una normativa             Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal,
en materia del impuesto sobre el valor añadido a tenor de la              ha dictado el 3 de mayo de 2001 una sentencia cuyo fallo es
cual los medicamentos reembolsables por la seguridad social                el siguiente:
se gravan al tipo del 2,1 % mientras que los demás medicamen-
tos se gravan al tipo reducido del 5,5 %, el Tribunal de Justicia          1)    El artı́culo 6 de la Directiva 89/592/CEE del Consejo, de
(Sala Sexta), integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente de                  13 de noviembre de 1989, sobre coordinación de las normativas
Sala, V. Skouris, J.-P. Puissochet y R. Schintgen y la Sra. N. Col-              relativas a las operaciones con información privilegiada, no se
neric (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo;                         opone a la aplicación de disposiciones legales de un Estado
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 3 de                  miembro más restrictivas que las previstas en dicha Directiva
mayo de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                           en lo que respecta a la prohibición de explotar información
                                                                                privilegiada, siempre que el alcance de la definición de la
                                                                                información privilegiada utilizada para aplicar la legislación
1)    Se desestima el recurso.                                                   correspondiente sea idéntico para todas las personas fisicas o
                                                                                jurı́dicas a las que ésta se refiere.
2)    Se condena en costas a la Comisión de las Comunidades
                                                                           2)    En el caso de que determinadas disposiciones nacionales
      Europeas.
                                                                                infrinjan el artı́culo 6 de la Directiva 89/592, debido a que
                                                                                ciertas personas fisicas o jurı́dicas resultan especı́ficamente
3)    La República de Finlandia cargará con sus propias costas.                exentas de una prohibición de explotar información privilegiada
                                                                                más restrictiva que la prevista por dicha Directiva, el juez
                                                                                nacional debe descartar la aplicación de estas disposiciones más
                                                                                restrictivas a todas las personas a las que podrı́an aplicarse.
(1) DO C 48 de 20.2.1999.
                                                                           (1) DO C 121 de 1.5.1999.


title: Asunto C-348/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Alemania) — P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid (Libre circulación de personas — Directiva 2004/38/CE — Artículo 28, apartado 3, letra a) — Decisión de expulsión — Condena penal — Razones imperiosas de seguridad pública)

text:
               7.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 200/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Alemania) — P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid
   (Asunto C-348/09) (1)

   (Libre circulación de personas - Directiva 2004/38/CE - Artículo 28, apartado 3, letra a) - Decisión de expulsión - Condena penal - Razones imperiosas de seguridad pública)
   2012/C 200/02
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: P. I.

      Demandada: Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster — Interpretación del artículo 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77) — Decisión de expulsión adoptada por motivos imperiosos de seguridad pública contra un ciudadano europeo que residió durante los diez años anteriores en el Estado miembro de acogida y que ha sido condenado a una pena privativa de libertad — Concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública».

      Fallo

   El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están facultados para considerar que infracciones penales como las mencionadas en el artículo 83 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, constituyen un menoscabo especialmente grave de un interés fundamental de la sociedad, capaz de representar una amenaza directa para la tranquilidad y la seguridad física de la población, y que por consiguiente cabe incluir en el concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública» que pueden justificar una medida de expulsión en virtud del referido artículo 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38, siempre que la forma de comisión de tales infracciones presente características especialmente graves, extremo éste que incumbe verificar al tribunal remitente basándose en un examen individualizado del asunto del que conoce.
   Toda medida de expulsión está subordinada a que la conducta personal del interesado constituya una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad o del Estado miembro de acogida, apreciación que supone, como regla general, la tendencia del individuo interesado a proseguir esa conducta en el futuro. Antes de tomar una decisión de expulsión, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en ese Estado y la importancia de los vínculos con su país de origen.

      (1)  DO C 282, de 21.11.2009.


title: Asunto T-256/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de noviembre de 2008 — Neoperl Servisys/OAMI (HONEYCOMB) ( Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa HONEYCOMB — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n o  40/94 )

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/22

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de noviembre de 2008 — Neoperl Servisys/OAMI (HONEYCOMB)
   (Asunto T-256/06) (1)

   («Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria denominativa HONEYCOMB - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2008/C 327/39)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Neoperl Servisys AG (Reinach, Suiza) (representante: H. Börjes-Pestalozza, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: R. Pethke, agente)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 17 de julio de 2006 (asunto R 1388/2005-4), relativa a la solicitud de registro del signo denominativo HONEYCOMB como marca comunitaria.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Neoperl Servisys AG.

      (1)  DO C 261 de 28.10.2006.


title: Asunto C-119/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH (Comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/58/CE — Artículo 6, apartados 2 y 5 — Tratamiento de datos personales — Datos de tráfico necesarios a efectos de la facturación y del cobro de facturas — Cobro de créditos por una sociedad tercera — Personas que actúan bajo la autoridad del proveedor de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas)

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH
   (Asunto C-119/12) (1)

   (Comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/58/CE - Artículo 6, apartados 2 y 5 - Tratamiento de datos personales - Datos de tráfico necesarios a efectos de la facturación y del cobro de facturas - Cobro de créditos por una sociedad tercera - Personas que actúan bajo la autoridad del proveedor de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas)
   2013/C 26/26
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Josef Probst

      Recurrida: mr.nexnet GmbH

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Interpretación del artículo 6, apartados 2 y 5, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas («Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas», DO L 201, p. 37) — Transmisión de datos de tráfico relativos a los abonados y usuarios, tratados y conservados por el proveedor de una red pública de comunicaciones — Normativa nacional que permite dicha transmisión al cesionario de un crédito correspondiente al importe adeudado por servicios de telecomunicación, cuando concurren disposiciones contractuales que garantizan el tratamiento confidencial de los datos transmitidos y facultan a cada parte a verificar que la otra cumpla la normativa de protección de dichos datos.

      Fallo

   El artículo 6, apartados 2 y 5, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), debe interpretarse en el sentido de que permite al proveedor de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público transmitir datos de tráfico al cesionario de créditos suyos que correspondan a la prestación de servicios de telecomunicación con vistas al cobro de tales créditos, y de que permite a dicho cesionario tratar esos datos, siempre que el cesionario, en primer lugar, actúe bajo la autoridad del proveedor de servicios al encargarse del tratamiento de los referidos datos y, en segundo lugar, se limite al tratamiento de los datos de tráfico necesarios a efectos del cobro de los créditos cedidos.
   Comoquiera que se califique el contrato de cesión, se entenderá que el cesionario actúa bajo la autoridad del proveedor de servicios, en el sentido del artículo 6, apartado 5, de la Directiva 2002/58, cuando, a efectos del tratamiento de datos de tráfico, sólo actúe siguiendo instrucciones del proveedor de servicios y bajo el control de éste. Específicamente, el contrato suscrito entre ambos recogerá estipulaciones que garanticen que el tratamiento de los datos de tráfico por el cesionario será lícito y que permitan que el proveedor de servicios pueda asegurarse en todo momento de que el referido cesionario cumple dichas estipulaciones.

      (1)  DO C 174, de 16.6.2012.