title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2001 en el asunto T-192/99, Roderick Dunnett y otros contra Banco Europeo de Inversiones (Principio general del Derecho del trabajo común a los Estados miembros — Consulta de buena fe a los representantes del personal — Supresión de una ventaja económica)

text:
C 161/16                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         2.6.2001
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 7 de febrero de 2001
                      de 6 de marzo de 2001
                                                                          en el asunto T-118/99, Beatrice Bonaiti Brighina contra
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas (1)
en el asunto T-77/99, Girish Ojha contra Comisión de las                 (Funcionarios — Concurso — Régimen lingüı́stico — Admi-
                    Comunidades Europeas (1)                              sibilidad — Exclusión de las pruebas orales — Acceso a los
                                                                                documentos)
(Funcionarios — Importación de efectos personales con                                              (2001/C 161/35)
franquicia — Recurso de indemnización — Comportamiento
               lesivo — Perjuicio material y moral)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                          En el asunto T-118/99, Beatrice Bonaiti Brighina, funcionaria
                          (2001/C 161/34)                                 de la Comisión de las Comunidades Europeas destinada en el
                                                                          Centro Común de Investigación de Ispra, representada por los
                                                                          Sres. M. Rizzoglio y F. Colussi, abogados, que designa domicilio
                                                                          en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                          peas (agente: Sr. G. Valsesia), que tiene por objeto principal la
                  (Lengua de procedimiento: francés)                      pretensión de que se anule la decisión del tribunal del concurso
                                                                          COM/B/18/96 de no admitir a la demandante a las pruebas
                                                                          orales de dicho concurso y, en su caso, la clasificación
En el asunto T-77/99, Girish Ojha, funcionario de la Comisión            resultante de la evaluación de las pruebas escritas y la
de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bierbeek                    clasificación final de los aprobados del concurso, ası́ como el
(Bélgica), representado por Mes A. Ottati y M. Dallemagne,                nombramiento subsiguiente de estos últimos, el Tribunal de
abogados, contra Comisión de las Comunidades Europeas                    Primera Instancia (Sala Primera), integrado por los Sres. B. Ves-
(agente: Sra. C. Berardis-Kayser), que tiene por objeto una               terdorf, Presidente, y M. Vilaras y N.J. Forwood, Jueces;
solicitud de indemnización del perjuicio material y moral                Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el
sufrido por el demandante por el hecho de haber sido privado              7 de febrero de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
del uso de su vehı́culo del 1 de febrero de 1996 al 31 de
diciembre de 1997, el Tribunal de Primera Instancia (Sala                 1)    Se desestima el recurso.
Primera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf, Presidente, y
M. Vilaras y N.J. Forwood, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christen-          2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
sen, administradora, ha dictado el 6 de marzo de 2001 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                     (1) DO C 226 de 7.8.99.
1)    Se condena a la Comisión a pagar al demandante la cantidad
      de 35 000 BFR en concepto de reparación del perjuicio moral
      de éste, más los intereses al tipo anual de 6,75 %, desde la
      fecha de la sentencia hasta el pago total.
                                                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
2)    Se desestima el recurso en todo lo demás.
                                                                                de 6 de marzo de 2001
3)    Se condena a la Comisión a pagar sus propias costas ası́ como      en el asunto T-192/99, Roderick Dunnett y otros contra
      la mitad de las costas del demandante.                                             Banco Europeo de Inversiones (1)
                                                                          (Principio general del Derecho del trabajo común a los
4)    El demandante cargará con la mitad de sus costas.                  Estados miembros — Consulta de buena fe a los representan-
                                                                             tes del personal — Supresión de una ventaja económica)
                                                                                (2001/C 161/36)
(1) DO C 174 de 19.6.99.
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                          En el asunto T-192/99, Roderick Dunnett, con domicilio en
                                                                          Luxemburgo, Thomas Hackett, con domicilio en Rameldange
 ---pagebreak--- 2.6.2001                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 161/17
(Luxemburgo) y Mateo Turró Calvet, con domicilio en Ramel-                1)    Se anula la decisión de la Comisión, de 29 de junio de 1999,
dange, representados por el Sr. A. Dashwood y la Sra.                            por la que se desestima la denuncia presentada por Métropole
W.-J. Outhwaite, Barristers, que designan domicilio en Luxem-                    télévision SA el 5 de diciembre de 1997.
burgo, contra Banco Europeo de Inversiones (agentes: Sres.
J.-P. Minnaert, Z. Zachariadis y A. Barav), que tiene por objeto           2)    Se condena en costas a la Comisión.
sendas pretensiones de anulación de la decisión de la parte
demandada de suprimir, a partir del 1 de enero de 1999, el
sistema de tipos de conversión especiales, por una parte, y las           (1) DO C 33a3, de 20.11.1999.
hojas de haberes de los demandantes en las que se aplicó dicha
decisión, por otra, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Tercera), integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres.
K. Lenaerts y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sra. B. Pastor,
administradora principal, ha dictado el 6 de marzo de 2001
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Se anulan las hojas de haberes de los demandantes correspon-
      dientes al mes de enero de 1999 en la medida en que en ellas         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      no se aplica el sistema de tipos de conversión especiales.
2)    Se declara la inadmisibilidad del recurso en todo lo demás.                               de 6 de marzo de 2001
3)    Se condena en costas al Banco Europeo de Inversiones.                en el asunto T-100/00, Franco Campoli contra Comisión
                                                                                de las Comunidades Europeas (1)
(1) DO C 314 de 30.10.99.
                                                                           (Funcionarios — Traslado/Cambio de servicio — Motivación
                                                                                — Desviación de poder — Interés del servicio)
                                                                                (2001/C 161/38)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                  (Lengua de procedimiento: francés)
                     de 21 de marzo de 2001                                En el asunto T-100/00, Franco Campoli, funcionario de la
                                                                           Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
en el asunto T-206/99, Métropole télévision SA contra                      Bruselas, representado por Me S. Diana, abogado, contra
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                         Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. G. Val-
                                                                           sesia y D. Waelbroeck), que tiene por objeto, por una parte,
                                                                           unas peticiones de que se anule la decisión de la Comisión por
(Competencia — Desestimación de una denuncia — Ejecu-                     la que ésta traslada al demandante de la Unidad 1 «Productos
ción de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia por               alimenticios, legislación, aspectos cientı́ficos y técnicos» a la
la que se anula una Decisión de exención de la Comisión —               Unidad 2 «Industria agroalimentaria y biotecnologı́a» de la
Obligación de motivación — Obligaciones en materia de                    Dirección E «Asuntos industriales III: empresas de bienes de
                     tramitación de denuncias)                            consumo» de la Dirección general «Industrias» (DG III), ası́
                                                                           como la decisión por la que se nombra a otro funcionario al
                           (2001/C 161/37)                                 puesto de jefe adjunto de dicha Unidad 1 y, por otra parte, una
                                                                           pretensión de indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal
                                                                           de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por la
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres R. Garcı́a-Valdecasas
                                                                           y J.D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González,
                                                                           administrador, ha dictado el 6 de marzo de 2001 una sentencia
En el asunto T-206/99, Métropole télévision SA, con domicilio              cuyo fallo es el siguiente:
social en Parı́s, representada por el Sr. D. Théophile, abogado,
que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
                                                                           1)    Se desestima el recurso.
Comunidades Europeas (agentes: Sres. K. Wiedner y B. Mon-
gin), que tiene por objeto un recurso de anulación de la
decisión de la Comisión, de 29 de junio de 1999, por la que se           2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
desestima la denuncia presentada por Métropole télévision el
5 de diciembre de 1997, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Cuarta), integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los                 (1) DO C 176 de 24.6.00.
Sres. R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces; Secretario:
Sr. G. Herzig, administrador, ha dictado el 21 de marzo de
2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto T-455/15: Recurso interpuesto el 10 de agosto de 2015 — Vitra Collections/OAMI — Consorzio Origini (Forma de una silla)

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/48

         Recurso interpuesto el 10 de agosto de 2015 — Vitra Collections/OAMI — Consorzio Origini (Forma de una silla)
   (Asunto T-455/15)
   (2015/C 320/66)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Vitra Collections AG (Muttenz, Suiza) (representante: V. von Bomhard, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Consorzio Origini (Florencia, Italia)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca comunitaria tridimensional (Forma de una silla) — Marca comunitaria no 182 451

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de anulación

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 18 de marzo de 2015 en el asunto R 664/2011-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la OAMI y a la parte coadyuvante.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 75, segunda frase, del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-131/07: Recurso interpuesto el 24 de abril de 2007 — Mohr & Sohn/Comisión

text:
               7.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/25

         Recurso interpuesto el 24 de abril de 2007 — Mohr & Sohn/Comisión
   (Asunto T-131/07)
   (2007/C 155/50)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Paul Mohr & Sohn, Baggerei und Schiffahrt [Niederwalluf (Rheingau), Alemania] (representante: F. von Waldstein, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión Europea de 28 de febrero de 2007 y se ordene a ésta conceder al buque-grúa «Niclas» de la demandante la excepción prevista en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 718/1999 del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativo a una política de capacidad de las flotas comunitarias de navegación interior para fomentar el transporte por vía navegable (1).

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna la decisión de la Comisión (2007) D/200972, de 28 de febrero de 2007, por la que se resuelve sobre la solicitud que presentó con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 718/1999 al objeto de que se le concediera una excepción para el buque «Niclas». La demandante solicitó que se excluyera del ámbito de aplicación del régimen «viejo por nuevo» a este barco especializado. En la resolución impugnada, la demandada decidió no conceder la excepción al buque «Niclas».
   En apoyo de su recurso, la demandante alega, en particular, que el buque «Niclas» no está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento no 718/1999. A este respecto, precisa que el buque de que se trata no cuenta con el certificado de navegación por el Rin, pese a que éste es obligatorio a efectos del transporte legal de mercancías en las vías navegables europeas. En opinión de la demandante, no existe diferencia alguna entre el buque-grúa «Niclas» y los buques de almacenamiento de mercancías comprendidos en el artículo 2, apartado 2, letra f), del Reglamento no 718/1999 o los barcos de compuertas y la maquinaria flotante de las empresas de construcción a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra g), del mismo Reglamento.

      (1)  DO L 90, p. 1.


title: Asunto C-374/14 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de agosto de 2014 por Walcher Meßtechnik GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 22 de mayo de 2014 en el asunto T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               6.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 351/6

         Recurso de casación interpuesto el 4 de agosto de 2014 por Walcher Meßtechnik GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 22 de mayo de 2014 en el asunto T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-374/14 P)
   2014/C 351/08
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Walcher Meßtechnik GmbH (representante: S. Walter, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Anule la sentencia de la Sala Sexta del Tribunal General de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2014, en el asunto T-95/13 y la resolución impugnada de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 13 de diciembre de 2012 en el asunto R 1779/2012-1.

               —

               Con carácter subsidiario, anule la sentencia de la Sala Sexta del Tribunal General, de 22 de mayo de 2014, en el asunto T-95/13 y devuelva el asunto al Tribunal General.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente invoca dos motivos, el primero de los cuales está dividido en tres partes.

               1.

               Primer motivo:
               Señala que la sentencia recurrida infringe el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009 (1) por tres razones:

                           —

                           Al apreciar el carácter registrable de un signo ha de tenerse en cuenta el tenor de los bienes y/o servicios para los que se solicita. No fue así en el procedimiento ante el Tribunal General. En su lugar, el Tribunal tuvo en cuenta los sitios de Internet de la recurrente y la lista de productos de una marca de los EE.UU., que no eran objeto del litigo.

                           —

                           Incluso en el supuesto de que sea correcto el significado que el Tribunal considera que tiene la palabra HIPERDRIVE, el signo HIPERDRIVE meramente describe una característica de un modo de propulsión. Mediante la supuesta descripción de la parte de propulsión integrada en los productos para los que se solicita el signo, no se describe, en el presente asunto, ninguna característica esencial de los propios productos para los que se solicita el signo. Por lo tanto, en su más reciente jurisprudencia, el Tribunal General aplicó los criterios establecidos a este respecto incurriendo en error de Derecho (véanse las sentencias del Tribunal General de 15 de enero de 2013, BSH/OAMI [ecoDoor] (2), T-625/11, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, BSH/OAMI (3), C-126/13 P, apartado 27).

                           —

                           La consideración, supuestamente errónea, del Tribunal de que «HIPER» ha de equipararse a «hyper», pese a que dichos términos no se utilizan nunca como sinónimos, se basa en la afirmación errónea de que, en inglés, tanto «HIPER» como «hyper» se pronuncian de igual modo. El Tribunal no demuestra ni motiva esta afirmación supuestamente errónea, a pesar de los numerosos ejemplos en contra presentados por la recurrente. Según la jurisprudencia, la cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal es contradictoria o insuficiente es una cuestión de Derecho.

               2.

               Segundo motivo:

                           —

                           La recurrente señala que la sentencia recurrida es contraria a los principios generales del Derecho de la Unión, en concreto, al principio de igualdad de trato y a la prohibición de la arbitrariedad. Existe una práctica clara de la OAMI, de no equiparar las solicitudes que contienen el elemento HIPER con las que contienen el elemento «hyper». Esta práctica existía antes de solicitarse el signo objeto del litigio y continúa después. El caso de autos es distinto de los supuestos en los que los solicitantes se basan únicamente en la solicitud previa. El hecho de que, tras la denegación de las solicitudes objeto del litigio, la OAMI no denegara el registro de las marcas «HIPER» muestra que la denegación del registro de que se trata vulnera claramente el principio de igualdad de trato y la prohibición de la arbitrariedad.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

      (2)  EU:T:2013:14.

      (3)  EU:C:2014:2065.


title: Asunto C-134/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Jaworznie el 7 de marzo de 2007 — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/33

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Jaworznie el 7 de marzo de 2007 — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna
   (Asunto C-134/07)
   (2007/C 95/63)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Órgano jurisdiccional remitente
   Sąd Rejonowy w Jaworznie
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Piotr Kawala

      Demandada: Gmina Miasta Jaworzna
   Cuestión prejudicial
   ¿Se opone el artículo 90 CE a la aplicación del artículo 1 del Reglamento del Ministro de Infraestructuras, de 28 de julio de 2003, relativo a la cuantía de la tasa de la ficha de vehículos, en la medida en que supedita la matriculación de un vehículo adquirido fuera de la República de Polonia, en otro Estado miembro, al pago de una tasa de expedición de la ficha de vehículos por un importe de 500 PLN?


title: Asunto C-233/17 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de mayo de 2017 por GX contra el auto del Tribunal General (Sala Tercera) dictado el 3 de marzo de 2017 en el asunto T-556/16, GX/Comisión Europea

text:
               10.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/12

         Recurso de casación interpuesto el 4 de mayo de 2017 por GX contra el auto del Tribunal General (Sala Tercera) dictado el 3 de marzo de 2017 en el asunto T-556/16, GX/Comisión Europea
   (Asunto C-233/17 P)
   (2017/C 221/16)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: GX (representante: G.-M. Enache, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule el auto recurrido y, en consecuencia, se anule la decisión impugnada de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

               —

               Que se abone una compensación en concepto de daños materiales y morales sufridos debido a dicha decisión.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule el auto del Tribunal General de 3 de marzo de 2017 dictado en el asunto T-556/16, GX/Comisión, por el que se desestimó su recurso de anulación de la decisión del tribunal de la oposición general EPSO/AD/248/13 de no inscribir su nombre en la lista de reserva de los candidatos aprobados en dicha oposición.
   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca dos motivos:

               1.

               Primer motivo, basado en la ilegalidad de la convocatoria de oposición, de la corrección de errores y de los principios fundamentales del Centro de Evaluación.
               En primer lugar, la recurrente considera que la convocatoria de oposición es ilegal porque no aporta una justificación objetiva ni en relación con la limitación de las opciones de segunda lengua (alemán, inglés o francés) en función del interés del servicio ni en relación con la proporcionalidad de dicha limitación en función de las necesidades reales del servicio.
               En segundo lugar, la recurrente alega la ilegalidad y la falta de validez y de base científica de los principios fundamentales del Centro de Evaluación que rigen las oposiciones generales de EPSO, puesto que no existe indicio, prueba o verificación de las principales prácticas empleadas en EPSO basadas en los siguientes principios: i) «el comportamiento pasado es el mejor indicador del resultado futuro» y ii) «los centros de evaluación, al simular situaciones de trabajo reales, son los mejores indicadores de los resultados en condiciones reales».
               En tercer lugar, la recurrente aduce la ilegalidad de la corrección de errores publicada en el marco de la oposición EPSO/AD/248/13.

               2.

               Segundo motivo, basado en irregularidades de procedimiento en el Centro de Evaluación.
               La recurrente enumera una serie de supuestas irregularidades de procedimiento en el Centro de Evaluación de la oposición EPSO/AD/248/13.


title: Asunto C-233/02: Recurso interpuesto el 21 de junio de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Francesa

text:
C 180/18               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    27.7.2002
—     Condene en costas a la República de Austria.                     Recurso interpuesto el 18 de junio de 2002 contra el
                                                                        Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
Motivos y principales alegaciones                                                              (Asunto C-228/02)
El plazo para adaptar el Derecho nacional a la Directiva venció                                 (2002/C 180/31)
el 21 de agosto de 2001.
(1) DO L 101, de 1.4.1998, p. 17.                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 18 de junio de 2002 un recurso contra el Gran
                                                                        Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
                                                                        Comunidades Europeas, representada por el Sr. Denis Martin
                                                                        y el Sr. Miguel França, en calidad de agentes, que designa
                                                                        domicilio en Luxemburgo.
Recurso interpuesto el 18 de junio de 2002 contra el                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                    Comunidades Europeas                                —     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
                                                                              plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
                                                                              Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
                       (Asunto C-227/02)                                      de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los
                                                                              consumidores en materia de contratos a distancia (1), al
                         (2002/C 180/30)                                      no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                              administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva
                                                                              o, en todo caso, al no comunicar dichas disposiciones a
                                                                              la Comisión.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 18 de junio de 2002 un recurso contra el Gran             —     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Denis Martin
y el Sr. Miguel França, en calidad de agentes, que designa
domicilio en Luxemburgo.                                                Motivos y principales alegaciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               El plazo para la adaptación del ordenamiento jurı́dico interno
                                                                        a la Directiva expiró el 4 de junio de 2000.
1.    Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud de la            (1) DO L 144 de 4.6.2000, p. 19.
      Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
      de 6 de octubre de 1997 por la que se modifica la
      Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin
      de incluir en la misma la publicidad comparativa (1), al
      no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
      administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva
      o, en todo caso, al no comunicar dichas disposiciones a
      la Comisión.                                                     Recurso interpuesto el 21 de junio de 2002 contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por la República
                                                                                Francesa
2.    Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
                                                                                (Asunto C-233/02)
Motivos y principales alegaciones                                                                (2002/C 180/32)
El plazo para la adaptación del ordenamiento jurı́dico interno
a la Directiva expiró el 23 de abril de 2000.                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 21 de junio de 2002 un recurso contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
(1) DO L 290 de 23.10.1997, p. 18.
                                                                        República Francesa, representada por los Sres. R. Abraham,
                                                                        G. de Bergues y P. Boussaroque, en calidad de agentes, que
                                                                        designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 27.7.2002              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 180/19
La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que:             Recurso de casación interpuesto el 24 de junio de 2002
                                                                         por el Defensor del Pueblo Europeo contra la sentencia
                                                                         dictada el 10 de abril de 2002 por la Sala Tercera
                                                                         del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—    Anule la decisión mediante la cual la Comisión concluyó          Europeas en el asunto T-209/00 promovido por F. Lam-
     con los Estados Unidos directrices sobre cooperación en                    berts contra el Defensor del Pueblo Europeo
     el ámbito normativo y sobre transparencia.
                                                                                (Asunto C-234/02 P)
                                                                                (2002/C 180/33)
—    Condene en costas a la Comisión.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 24 de junio de 2002 un recurso de casación
                                                                         formulado por el Defensor del Pueblo Europeo, asistido y
                                                                         representado por el Sr. J. Sant’Anna, que designa domicilio en
                                                                         Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 10 de abril de
                                                                         2002 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                         las Comunidades Europeas en el asunto T-209/00, promovido
Motivos y principales alegaciones                                        en su contra por F. Lamberts.
                                                                         La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
—    A pesar de la cuidadosa redacción dada al documento
     adjunto a una nota que la Comisión envió al Comité 133,           —     Anule la resolución recurrida por lo que respecta a la
     encargado de la polı́tica comercial común, existen ele-                  admisibilidad del recurso de indemnización de la senten-
     mentos de fondo que conducen al Gobierno francés a                        cia dictada el 10 de abril de 2002 por el Tribunal de
     considerar que las directrices constituyen un verdadero                   Primera Instancia en el asunto T-209/00, Frank Lamberts/
     compromiso que crea obligaciones para las partes. Las                     Defensor del Pueblo Europeo, y declare en consecuencia
     directrices presentan, con gran precisión, los objetivos                 la inadmisibilidad de dicho recurso.
     perseguidos, el marco de actuación y las medidas que
     deben adoptarse para alcanzar los objetivos fijados. El
     hecho de que dichas directrices no estén destinadas en sı́          Motivos y principales alegaciones
     mismas a modificar el estado del Derecho comunitario
     no puede ocultar que implican, al menos, un compromiso
     de cooperación para las partes. Por otro lado, las disposi-        Vulneración del Derecho comunitario:
     ciones que figuran en el tı́tulo VI de las directrices, relativo
     al control de su aplicación, demuestran claramente el              La resolución recurrida es contraria al esquema constitucional
     carácter obligatorio del compromiso de cooperación                previsto en el Tratado con respecto a la responsabilidad del
     suscrito por las partes. La existencia de un mecanismo de           Defensor del Pueblo. Al controlar la legalidad del procedi-
     control pone de manifiesto que los autores de las                   miento de investigación seguido por el Defensor del Pueblo y
     directrices han excluido claramente la posibilidad de que           la decisión relativa al archivo del asunto, el Tribunal de Primera
     las partes se escuden en el carácter voluntario de la              Instancia ignoró los lı́mites del control jurisdiccional de la
     cooperación para neutralizar el compromiso suscrito.               actividad del Defensor del Pueblo. Controló el ejercicio de la
                                                                         actividad del Defensor del Pueblo, función que el Tratado
                                                                         reserva al Parlamento Europeo y que éste ya habı́a ejercido.
     Dado que dichas directrices constituyen un acuerdo
     internacional a efectos del artı́culo 300 CE, el acto por el        Al declarar admisible el asunto, el Tribunal de Primera
     que la Comisión decidió su conclusión adolece de un              Instancia no respetó la distinción existente entre el recurso de
     vicio de incompetencia y debe ser anulado.                          indemnización, por un lado, y los recursos de anulación y por
                                                                         omisión, por otro. El Defensor del Pueblo no niega en absoluto
                                                                         la posibilidad de que un ciudadano interponga un recurso de
                                                                         indemnización contra el Defensor del Pueblo cuando una
—    Las directrices también son contrarias al Tratado CE, en            acción o un comportamiento lesivo de éste le haya causado un
     la medida en que establecen una restricción al monopolio           perjuicio. Pues bien, si bien reconoce el Tribunal de Primera
     de iniciativa de que disfruta la Comisión en el marco del          Instancia consideró acertadamente que el Tratado concede a
     procedimiento normativo comunitario y afectan a dicho               los ciudadanos el derecho a dirigir una reclamación al Defensor
     procedimiento normativo en su conjunto.                             del Pueblo y a recibir una respuesta de éste, estimó errónea-
                                                                         mente que podı́a controlar las investigaciones realizadas por el
                                                                         Defensor del Pueblo y las conclusiones que de ellas se derivan
                                                                         para comprobar que no existió una falta que ocasionara un
                                                                         perjuicio al ciudadano. No existe ninguna tradición constitu-
                                                                         cional común de someter a control jurisdiccional las investiga-
                                                                         ciones y decisiones adoptadas por los Defensores del Pueblo.


title: Asunto C-238/07 P: Auto del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2007 — Derya Beyatli/Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Función pública — Oposición general reservada a los ciudadanos de la República de Chipre — Convocatoria de oposición — Plazos — Reclamación — Escrito dirigido al jefe de la Delegación de la Comisión en Chipre)

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/30

         Auto del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2007 — Derya Beyatli/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-238/07 P) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Oposición general reservada a los ciudadanos de la República de Chipre - Convocatoria de oposición - Plazos - Reclamación - Escrito dirigido al jefe de la Delegación de la Comisión en Chipre)
   (2008/C 51/51)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Derya Beyatli (representante: A. Demetriades, dikigorosd)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y M.H. Kraemer, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contre el auto Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 5 de marzo de 2007, Beyatli y Candan/Comisión (T-455/04), mediante el que dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad de un recurso de anulación de la decisión del tribunal de la oposición EPSO/A/1/03 — destinada a la constitución de una lista de reserva para administradores adjuntos de nacionalidad chipriota — de no admitir a los demandantes a las pruebas orales de dicha oposición — Plazo para presentar una reclamación al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la Sra. Beyatli.

      (1)  DO C 183 de 4.8.2007.


title: Asunto C-531/11: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Alemania) — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

text:
               10.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/25

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Alemania) — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg
   (Asunto C-531/11) (1)

   2012/C 73/48
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 30 de junio de 2005, en el asunto C-28/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de grande instance de Paris): Tod's SpA, Tod's France SARL contra Heyraud SA («Igualdad de trato — Principio de no discriminación por razón de nacionalidad — Derecho de autor y derechos afines»)

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/4

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 30 de junio de 2005
   en el asunto C-28/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de grande instance de Paris): Tod's SpA, Tod's France SARL contra Heyraud SA (1)

   («Igualdad de trato - Principio de no discriminación por razón de nacionalidad - Derecho de autor y derechos afines»)
   (2005/C 205/07)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-28/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el tribunal de grande instance de Paris (Francia), mediante resolución de 5 de diciembre de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de enero de 2004, en el procedimiento entre Tod's SpA, Tod's France SARL, por una parte, y Heyraud SA, por otra, en el que interviene Technisynthèse, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta, y los Sres. R. Schintgen, P. Kūris y G. Arestis, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 30 de junio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El artículo 12 CE, que establece el principio general de no discriminación por razón de nacionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legitimación de un autor para reclamar en un Estado miembro la protección del derecho de autor otorgada por la legislación de ese Estado se supedite a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra.

      (1)  DO C 71, de 20.3.2004.


title: Asunto F-29/16: Recurso interpuesto el 14 de junio de 2016 — ZZ y otros/Comisión

text:
               12.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 335/53

         Recurso interpuesto el 14 de junio de 2016 — ZZ y otros/Comisión
   (Asunto F-29/16)
   (2016/C 335/69)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: ZZ y otros (representante: C. Cortese, abogada)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de deducción con cargo a pensión, adoptada por la Comisión en virtud del artículo 85 del Estatuto, por importe de 22 368,13 euros, que deben deducirse de la pensión de supervivencia concedida al demandante y de la pensión de orfandad concedida a sus tres hijos.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la resolución de la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO.4) de 17 de agosto de 2015, que tiene por objeto la devolución de las cantidades indebidamente pagadas en concepto de pensiones de supervivencia y de orfandad, por lo que respecta a los derechos de ZZ y de sus dos hijos menores, y, en la medida en que sea necesario, la decisión explícita de desestimación de la reclamación.

               —

               Que se anule la resolución de la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO.4) de 17 de agosto de 2015, que tiene por objeto la devolución de las cantidades indebidamente pagadas en concepto de pensiones de supervivencia y de orfandad, por lo que respecta a los derechos de ZZ y de sus dos hijos menores, y, en la medida en que sea necesario, la denegación tácita de la reclamación.

               —

               Que se condene a la Comisión a resarcir el daño moral y los perjuicios materiales sufridos por los demandantes debido a la vulneración de su derecho a una buena administración y al incumplimiento del deber de asistencia y protección de la Administración respecto a ellos, por importe, respectivamente:

                           —

                           de la diferencia entre la remuneración percibida por ZZ como agente temporal de la EFSA de grado AD 9 y la remuneración que percibiría como funcionario de la Comisión de grado AD 12, por el período de un año;

                           —

                           de la suma a la que asciende la devolución reclamada a los demandantes en la resolución impugnada, incrementada en la diferencia entre el importe de las pensiones que se fija en el anuncio de modificación n.o 2 y el importe fijado en el anuncio de modificación n.o 3, desde el momento en que el anuncio n.o 3 empezó a surtir efectos y hasta la fecha en que la familia estará en condiciones de volver a instalarse en su anterior lugar de residencia, plazo que puede calcularse razonablemente en un año a partir de la resolución del presente asunto.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto F-117/10: Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2010 — Van Soest/Comisión

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/66

         Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2010 — Van Soest/Comisión
   (Asunto F-117/10)
   ()
   2011/C 30/131
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Barry Van Soest (Bruselas) (representante: S. Pappas, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión que puso fin al proceso de contratación del demandante, que había superado una oposición y estaba incluido en la lista de reserva debido a que no poseía un título de enseñanza secundaria que diera acceso a estudios superiores.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión HRB.2/TV/iu (2010) 6293.

               —

               Que se anule la decisión HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204, por la que se desestima la reclamación del demandante contra la primera decisión.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto T-680/14: Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014  — Lupin/Comisión

text:
               8.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 439/33

         Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014 — Lupin/Comisión
   (Asunto T-680/14)
   (2014/C 439/43)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Lupin Ltd (Maharashtra, India) (representantes: M. Pullen, R. Fawcett- Feuillette y M. Boles, Solicitors, y V. Wakefield, Barrister, y M. Hoskins, QC)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión en la medida en que declara que Lupin infringió el artículo 101 TFUE.

               —

               Subsidiaria o adicionalmente, reduzca el importe de la multa impuesta a Lupin.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación parcial de la Decisión C (2014) 4955 final de la Comisión, de 9 de julio de 2014, en el asunto AT.39612 — Perindopril (Servier).
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho al declarar que la demandante había cometido una infracción por el objeto del artículo 101 TFUE. La demandante alega que:

                           —

                           La declaración de la Comisión es ilegal porque aplica un criterio jurídico totalmente novedoso e incorrecto. Tal criterio exige, en particular, el pago de un «incentivo significativo» que, según la demandante, no se refleja en la jurisprudencia y es jurídicamente incorrecto.

                           —

                           El enfoque de la Comisión no reconoce ni hace efectivos los objetivos del Derecho de la competencia ni los del Derecho de patentes o los del procedimiento civil moderno. Según la demandante, la Comisión debería haber apreciado la cuestión de la restricción por el objeto a la luz de la doctrina de las restricciones accesorias o de los principios reconocidos en la sentencia Wouters. Al no hacer esto incurrió en un error de Derecho.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho al declarar que la demandante había cometido una infracción por el efecto del artículo 101 TFUE. La demandante considera que el enfoque de la Comisión para determinar si el acuerdo transaccional de patentes constituía una infracción por el efecto adolecía de los mismos defectos que su enfoque sobre las infracciones por el objeto.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Comisión erró al imponer una multa a la demandante o, subsidiariamente, al imponerle una multa demasiado elevada, que debería rebajarse. La demandante sostiene que:

                           —

                           La supuesta mala práctica era novedosa y no merece una multa o, subsidiariamente, no merece más que una multa simbólica.

                           —

                           La multa no refleja la gravedad relativa ni la duración de la supuesta infracción de la demandante y además es injusta.

                           —

                           La Comisión no tuvo en cuenta el justo valor de la propiedad intelectual transmitida por la demandante a Servier.

                           —

                           La Comisión infringió el principio de igualdad de trato en comparación con la multa impuesta a Krka.


title: Asunto T-67/01: Recurso interpuesto el 22 de marzo de 2001 por JCB Service contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
30.6.2001               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 186/9
El demandante impugna tales decisiones para lo que invoca:                En febrero de 1996, una sociedad francesa, Central Parts SA,
                                                                          presentó ante la Comisión una denuncia contra la demandante,
—     la infracción de los artı́culos 4, 5, 7, 25 y 29 del Estatuto      invocando que esta última habı́a adoptado medidas para evitar
      de los Funcionarios;                                                que Central Parts SA obtuviera material de JCB para su reventa
                                                                          a los distribuidores de la demandante autorizados en el Reino
—     la infracción del principio de correspondencia entre el
                                                                          Unido.
      grado y el empleo;
—     la infracción del principio de las expectativas de carrera;
                                                                          La demandante alega que efectivamente habı́a adoptado dichas
—     la inobservancia del interés del servicio;                          medidas y las habı́a aplicado con arreglo a las cláusulas
—     la infracción del principio de igualdad de trato;                  expresamente recogidas en su contrato tipo de distribución
                                                                          con sus distribuidores autorizados en el Reino Unido. Dicho
—     la infracción de la obligación de motivación; y                  contrato fue notificado, discutido y aprobado por la Comisión
                                                                          en los años setenta.
—     la infracción del principio de buena gestión y buena
      administración.
                                                                          Mediante la Decisión impugnada, la Comisión consideró que
                                                                          la demandante habı́a infringido el artı́culo 81 del Tratado al
                                                                          celebrar acuerdos o llevar a cabo prácticas concertadas con
                                                                          dichos distribuidores con el objeto de restringir la competencia.
                                                                          La demandante sostiene que el procedimiento por el que se
Recurso interpuesto el 22 de marzo de 2001 por JCB                        adoptó la Decisión impugnada vulneró su derecho fundamen-
Service contra la Comisión de las Comunidades Europeas                   tal de defensa y sus derechos con arreglo al artı́culo 6,
                                                                          apartado 1, y 6, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos
                                                                          Humanos. En concreto, la demandante alega que la Comisión
                         (Asunto T-67/01)                                 no actuó dentro de un plazo razonable ni de manera imparcial,
                                                                          no respetó la presunción de inocencia y denegó a la deman-
                                                                          dante el acceso al expediente que deberı́a haberle concedido.
                          (2001/C 186/14)
                                                                          Además, la demandante señala que la Comisión no ha
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                          demostrado de manera suficiente en Derecho las infracciones
                                                                          alegadas.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 22 de marzo de 2001 un recurso contra la
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por JCB                   La demandante también sostiene que de la jurisprudencia en
Service, Staffordshire (UK), representada por Richard Fowler              materia de redes de distribución exclusiva y selectiva se deduce
QC, Rupert Anderson, Barrister, Laura Carstensen y Marc Israel            que el contrato de distribución de la demandante, tal y como
de Slaughter y May, Londres (UK).                                         fue notificado a la Comisión y modificado, puede obtener una
                                                                          exención individual y que la Decisión impugnada no contiene
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                 motivos razonables por los que sus acuerdos no puedan
                                                                          beneficiarse de la exención prevista en el artı́culo 81, apar-
—     Declare nula en todas sus partes la Decisión de la                 tado 3.
      Comisión C(2000) 3887, de 21 de diciembre de 2000,
      en el asunto COMP.F.1/35/918-JCB.
—     Subsidiariamente, anule parcialmente la Decisión en la             Por último, la demandante discute la imposición de una
      medida en que el Tribunal considere justa y adecuada a              multa. Estima que todo o, en su caso, la mayor parte del
      las circunstancias y reduzca en consecuencia la multa               comportamiento que la Comisión considera equivocadamente
      impuesta a JCB.                                                     como una infracción del artı́culo 81 constituye una conducta
                                                                          legı́tima relativa a los acuerdos notificados a la Comisión y
—     Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas a                situada en el marco de tales acuerdos y que, por lo tanto, la
      soportar todas las costas del recurso de anulación.                Comisión no puede imponer multas en relación con dicho
                                                                          comportamiento, con arreglo al artı́culo 15, apartado 5,
                                                                          letra a), del Reglamento no 17. En cualquier caso, la multa
Motivos y principales alegaciones                                         impuesta es desproporcionada.
La demandante fabrica y distribuye maquinaria y recambios
para el desplazamiento de tierra, la excavación, la manipula-
ción de cargas y para usos agrı́colas.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 17 de noviembre de 1998 en el asunto C-391/95 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Van Uden Maritime BV, que gira bajo el nombre comercial de Van Uden Africa Line, contra Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line y otros (Convenio de Bruselas - Convenio arbitral - Pago en concepto de entrega a cuenta - Concepto de medidas provisionales)

text:
C 20/2                ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   23.1.1999
     secuencia hacerlas inapropiadas para el consumo                General: Sr. P. LeÂger; Secretaria: Sra. D. Louterman-
     humano.                                                        Hubeau, administradora principal, ha dictado el 17 de
                                                                    noviembre de 1998 una sentencia cuyo fallo es el
                                                                    siguiente:
2) Se condena en costas a la RepuÂblica Federal de Alema-
     nia.
                                                                    1) El artículo 5, nuÂmero 1, del Convenio de 27 de sep-
(1) DO C 158 de 1.6.1996.                                                tiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la eje-
                                                                         cución de resoluciones judiciales en materia civil y
                                                                         mercantil, modificado por el Convenio de 9 de octubre
                                                                         de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dina-
                                                                         marca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran BretanÄa
                                                                         e Irlanda del Norte y por el Convenio de 25 de octu-
                                                                         bre de 1982 relativo a la adhesión de la RepuÂblica
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                    HeleÂnica, debe interpretarse en el sentido de que el tri-
                de 17 de noviembre de 1998                               bunal competente en virtud de esta disposición es tam-
                                                                         bieÂn competente para adoptar medidas provisionales o
en el asunto C-391/95 (petición de decisión prejudicial                  cautelares, sin que esa uÂltima competencia esteÂ supedi-
planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Van Uden                    tada a otros requisitos.
Maritime BV, que gira bajo el nombre comercial de Van
Uden Africa Line, contra Kommanditgesellschaft in Firma
                     Deco-Line y otros (1)                          2) Cuando las partes han sustraído vaÂlidamente un litigio
(Convenio de Bruselas Ð Convenio arbitral Ð Pago en                      derivado de un contrato a la competencia de los tribu-
concepto de entrega a cuenta Ð Concepto de medidas                       nales estatales para atribuirlo a un órgano arbitral, no
                         provisionales)                                  pueden adoptarse medidas provisionales o cautelares
                                                                         basaÂndose en lo dispuesto en el nuÂmero 1 del artículo 5
                        (1999/C 20/02)                                   del Convenio de 27 de septiembre de 1968.
           (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)
                                                                    3) El Convenio de 27 de septiembre de 1968 se aplica en
                                                                         la medida en que el objeto de una demanda de medi-
                                                                         das provisionales se refiere a una cuestión compren-
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-              dida dentro de su aÂmbito de aplicación material y su
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal              artículo 24 puede fundamentar la competencia del juez
                          de Justicia»)                                  de medidas provisionales incluso si ya se ha iniciado o
                                                                         puede iniciarse un procedimiento sobre el fondo, y
                                                                         aunque dicho procedimiento deba desarrollarse ante
En el asunto C-391/95, que tiene por objeto una petición
                                                                         aÂrbitros.
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo
de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el
Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de
1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de reso-          4) El artículo 24 del Convenio de 27 de septiembre de
luciones judiciales en materia civil y mercantil, por el                 1968 debe interpretarse en el sentido de que su aplica-
Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada a                    ción estaÂ supeditada, en especial, a la existencia de un
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdic-             vínculo de conexión real entre el objeto de esta medida
cional entre Van Uden Maritime BV, que gira bajo el nom-                 y la competencia territorial del Estado contratante del
bre comercial de Van Uden Africa Line, y Kommanditgese-                  juez que conoce del asunto.
llschaft in Firma Deco-Line y otros, una decisión prejudi-
cial sobre la interpretación de lo dispuesto en el nuÂmero 4
del paÂrrafo segundo del artículo 1, del artículo 3, del            5) El pago en concepto de entrega a cuenta de una con-
nuÂmero 1 del artículo 5 y del artículo 24 del Convenio de               traprestación contractual no constituye una medida
27 de septiembre de 1968, antes citado (DO L 299                         provisional en el sentido del artículo 24 del Convenio
de 31.12.1972, p. 32; texto codificado en espanÄol en                    de 27 de septiembre de 1968, a menos que, por una
DO 1990, C 189, p. 2), modificado por el Convenio de                     parte, se garantice al demandado la devolución de la
9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de                 cantidad concedida en el supuesto de que el deman-
Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran BretanÄa                 dante no viera estimadas sus pretensiones sobre el
e Irlanda del Norte (DO L 304 de 30.10.1978, p. 1, y                     fondo del asunto y, por otra parte, la medida solicitada
Ðtexto modificadoÐ p. 77; texto en espanÄol en DO 1989,                  sólo se refiera a determinados bienes del demandado
L 285, p. 41) y por el Convenio de 25 de octubre de 1982                 que estuvieren situados, o debieren estar situados, den-
relativo a la adhesión de la RepuÂblica HeleÂnica (DO L 388              tro de la esfera de competencia territorial del juez que
de 31.12.1981, p. 54), el Tribunal de Justicia, integrado                conozca del asunto.
por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; P. J. G.
Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y P. Jann, Presidentes         (1) DO C 46 de 17.2.1996.
de Sala; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C.
Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm
(Ponente), L. Sevón y M. Wathelet, Jueces; Abogado


title: Asunto C-43/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias y otros/Ypourgos Perivallontos y otros (Procedimiento prejudicial — Directivas 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE y 2001/42/CE — Actuación comunitaria en el ámbito de la política de aguas — Desviación del curso de un río — Concepto de «plazo» para elaborar los planes hidrológicos de cuencas hidrográficas)

text:
               17.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias y otros/Ypourgos Perivallontos y otros
   (Asunto C-43/10) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Directivas 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE y 2001/42/CE - Actuación comunitaria en el ámbito de la política de aguas - Desviación del curso de un río - Concepto de «plazo» para elaborar los planes hidrológicos de cuencas hidrográficas)
   2012/C 355/03
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Symvoulio tis Epikrateias

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias, Dimos Agriniou, Dimos Oiniádon, Emporiko kai Viomichaniko Epimelitirio Aitoloakarnanias, Enosi Agrotikon Synetairismon Agriniou, Aitoliki Etaireia Prostasias Topiou kai Perivallontos, Elliniki Ornithologiki Etaireia, Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias, Dimos Mesologiou, Dimos Aitolikou, Dimos Inachou, Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton Nomou Aitoloakarnanias, Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas

      Demandadas: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis, Antagonistikotitas kai Naftilias, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Ypourgos Politismou

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327, p. 1) — Obras cuyo objeto es el trasvase de las aguas de un río — Concepto de plazo para el establecimiento de planes hidrológicos de cuenca en el sentido del artículo 13, apartado 6, de la Directiva.

      Fallo

               1)

               Los artículos 13, apartado 6, y 24, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, deben interpretarse en el sentido de que fijan respectivamente el 22 de diciembre de 2009 como la fecha de terminación del plazo prescrito para la publicación por los Estados miembros de los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas, y el 22 de diciembre de 2003 como la fecha en la que finaliza el plazo máximo de que disponen los Estados miembros para la transposición de esa Directiva, en particular de sus artículos 3 a 6, 9, 13 y 15.

               2)

               La Directiva 2000/60 debe interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           no se opone, en principio, a una disposición nacional que autorizó, antes del 22 de diciembre de 2009, un trasvase de agua de una cuenca hidrográfica a otra o de una demarcación hidrográfica a otra, cuando las autoridades nacionales competentes aún no habían adoptado los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas afectadas;

                           —

                           ese trasvase no debe poder comprometer gravemente la consecución de los objetivos prescritos por dicha Directiva;

                           —

                           no obstante, en el caso de que ese trasvase pudiera causar efectos negativos para el agua como los enunciados en el artículo 4, apartado 7, de la misma Directiva, puede ser autorizado, cuando menos, si concurren las condiciones previstas en las letras a) a d) de esa misma disposición, y

                           —

                           la imposibilidad de que la cuenca hidrográfica o la demarcación hidrográfica receptora satisfaga con sus propios recursos hídricos sus necesidades de abastecimiento de población, de producción de energía o de regadío no es una condición indispensable para que ese trasvase de aguas sea compatible con la referida Directiva si se cumplen las condiciones antes mencionadas.

               3)

               El hecho de que un Parlamento nacional apruebe planes hidrológicos de cuencas hidrográficas, como los que son objeto del litigio principal, sin que se haya tramitado ningún procedimiento de información, consulta y participación del público no entra en el campo de aplicación del artículo 14 de la Directiva 2000/60/CE, y en especial de su apartado 1.

               4)

               La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, según su modificación por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, y en particular su artículo 1, apartado 5, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una ley como la Ley 3481/2006, adoptada por el Parlamento griego el 2 de agosto de 2006, que aprueba un proyecto de desviación parcial de las aguas de un río, como el discutido en el litigio principal, con fundamento en un estudio de impacto ambiental de ese proyecto que había servido como base para una resolución administrativa adoptada al término de un procedimiento conforme con las obligaciones de información y de participación del público previstas por esa Directiva, a pesar de que esa resolución fue anulada en vía jurisdiccional, siempre que dicha Ley constituya un acto legislativo específico, de modo tal que los objetivos de esa Directiva puedan alcanzarse a través del procedimiento legislativo. Corresponde al juez nacional verificar el cumplimiento de esas dos condiciones.

               5)

               Un proyecto de desviación parcial de las aguas de un río, como el discutido en el litigio principal, no debe considerarse como un plan o un programa comprendido en el campo de aplicación de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

               6)

               Las zonas que figuraban en la lista nacional de los lugares de importancia comunitaria, comunicada a la Comisión Europea en aplicación del artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres e incluidas a continuación en la lista de los LIC aprobada por la Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, se beneficiaban, tras la notificación de la Decisión 2006/613 al Estado miembro interesado, de la protección de esa Directiva antes de la publicación de la Decisión mencionada. En particular, tras esa notificación, el Estado miembro interesado también debía tomar las medidas de protección previstas en el artículo 6, apartados 2 a 4, de esa Directiva.

               7)

               La Directiva 92/43, y en especial su artículo 6, apartados 3 y 4, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que sea autorizado un proyecto de desviación de aguas, no directamente relacionado con la preservación de una zona de protección especial o necesario para la misma, pero que puede afectarla de forma apreciable, a falta de información o datos fiables y actualizados relativos a la fauna aviaria de esa zona.

               8)

               La Directiva 92/43, y en particular su artículo 6, apartado 4, debe interpretarse en el sentido de que los motivos ligados al regadío, por un lado, y por otro al abastecimiento de población, invocados en apoyo de un proyecto de desviación de aguas, pueden constituir razones imperiosas de interés público de primer orden que justifiquen la realización de un proyecto que perjudique la integridad de los lugares afectados. Cuando un proyecto de esa clase perjudique la integridad de un lugar de importancia comunitaria que albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios su realización puede justificarse en principio por razones ligadas al abastecimiento de agua para la población. En determinadas circunstancias, su realización puede justificarse por las consecuencias positivas de primordial importancia que el regadío tiene para el medio ambiente. En cambio, el regadío no puede corresponder en principio a consideraciones ligadas a la salud humana y a la seguridad pública aptas para justificar la realización de un proyecto como el discutido en el litigio principal.

               9)

               En virtud de la Directiva 92/43, y en especial de su artículo 6, apartado 4, párrafo primero, primera frase, deben tomarse en consideración el alcance de la desviación de aguas y la dimensión de las obras que ésta exige, para determinar las medidas compensatorias adecuadas.

               10)

               La Directiva 92/43, y en particular su artículo 6, apartado 4, párrafo primero, interpretada a la luz del objetivo de desarrollo sostenible, reconocido en el artículo 6 CE, permite, en lugares que forman parte de la red Natura 2000, la transformación de un ecosistema fluvial natural en un ecosistema fluvial y lacustre fuertemente antrópico siempre que se cumplan las condiciones previstas por esa disposición de dicha Directiva.

      (1)  DO C 100, 17.4.2010.


title: Asunto T-679/16: Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 2016 — Athletic Club/Comisión

text:
               14.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 419/56

         Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 2016 — Athletic Club/Comisión
   (Asunto T-679/16)
   (2016/C 419/73)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Athletic Club (Bilbao, España) (representantes: E. Lucas Murillo de la Cueva y J. Luís Carrasco, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Se anule el artículo 1 de la Decisión de la Comisión C (2016) 4046 final, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concedida por España a determinados clubs de fútbol, en la medida en que afecta al Athletic Club.

               —

               Se anulen los artículos 4 y 5 de la Decisión de la Comisión C (2016) 4046 final, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concedida por España a determinados clubs de fútbol, en la medida en que ordena la recuperación de la ayuda supuestamente concedida al Athletic Club, así como la supresión del régimen del impuesto de sociedades para entidades sin ánimo de lucro conforme al que ha venido tributando el Athletic Club.

               —

               Se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la Decisión de la Comisión C (2016) 4046 final, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concedida por España a determinados clubs de fútbol. Por lo que respecta a la demandante, dicha ayuda consistiría en el beneficio fiscal que habría obtenido, durante el periodo considerado, como consecuencia de tributar como asociación sin ánimo de lucro, y no con base en el tipo general del Impuesto sobre Sociedades.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107.1 TFUE

                           —

                           Se alega a este respecto que, en el marco geográfico de referencia (Vizcaya), la medida analizada en la Decisión no puede considerarse selectiva, ya que todos los clubs de fútbol son entidades sin ánimo de lucro sometidas al mismo régimen y tipo impositivo del impuesto de sociedades.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107.1 TFUE

                           —

                           Se afirma a este respecto que la diferencia en la tributación entre las entidades sin ánimo de lucro y las sociedades anónimas está justificada por las diferencias esenciales existentes entre ambos tipos de entidades.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107.1 TFUE

                           —

                           Se afirma a este respecto que la medida analizada en la Decisión no genera distorsión de competencia ni afecta al comercio entre estados miembros.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción de los artículos 108 TFUE y 1.b.i, 17, 18 y 19 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 1999 L 83, p. 1).

                           —

                           Se afirma a este respecto que, si la medida analizada en la Decisión debiera considerarse ayuda de Estado, se le debería dar, en cualquier caso, el tratamiento previsto para las ayudas existentes.

               5.

               Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 296 TFUE y del artículo 41.1.c) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

                           —

                           Se afirma a este respecto que la Decisión impugnada incurre en falta de motivación, al no haber analizado requisitos esenciales de la definición de ayuda estatal y no haber respondido a alegaciones razonadamente formuladas por las partes, desconociendo con ello requisitos esenciales de la carga de la prueba.


title: Asuntos T-240/12 y T-211/13: Auto del Tribunal General de 7 de marzo de 2014 — Eni/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del caucho de butadieno y del caucho de estireno butadieno fabricado por polimerización en emulsión — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Anulación parcial y modificación por el Tribunal General de la decisión de la Comisión — Reanudación del procedimiento — Nuevo pliego de cargos — Conclusión del procedimiento — Sobreseimiento» )

text:
               5.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 135/36

         Auto del Tribunal General de 7 de marzo de 2014 — Eni/Comisión
   (Asuntos T-240/12 y T-211/13) (1)

   ((«Competencia - Prácticas colusorias - Mercado del caucho de butadieno y del caucho de estireno butadieno fabricado por polimerización en emulsión - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE - Anulación parcial y modificación por el Tribunal General de la decisión de la Comisión - Reanudación del procedimiento - Nuevo pliego de cargos - Conclusión del procedimiento - Sobreseimiento»))
   2014/C 135/46
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Eni SpA (Roma) (representantes: G.M. Roberti e I. Perego, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: V. Bottka, G. Conte, R. Striani y T. Vecchi, agentes)

      Objeto

   En el asunto T-240/12, anulación de la decisión de la Comisión supuestamente contenida en un escrito de 23 de abril de 2012 en el que se comunica a la demandante la intención de la Comisión de reanudar el procedimiento y de adoptar un nuevo pliego de cargos y, en el asunto T-211/13, anulación de las decisiones de la Comisión C(2013) 1200 final, de 26 de febrero de 2013, y C(2013) 1199 final, de 27 de febrero de 2013, de reanudar el procedimiento y de dirigir a la demandante un nuevo pliego de cargos en el asunto AT. 40032 — BR/ESBR — Reincidencia, a raíz de la anulación parcial por el Tribunal General de la Decisión C(2006) 5700 final de la Comisión, de 29 de noviembre de 2006, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 81 CE y 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.638 — Caucho de butadieno y caucho de estireno butadieno fabricado por polimerización en emulsión).

      Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-240/12 y T-211/13 a efectos del auto.

               2)

               Sobreseer los presentes recursos.

               3)

               Eni SpA y la Comisión Europea cargarán cada una con sus propias costas.

      (1)  DO C 217, de 21.7.2012.


title: Asunto T-502/10: Recurso interpuesto el 18 de octubre de 2010 — Département du Gers/Comisión

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/54

         Recurso interpuesto el 18 de octubre de 2010 — Département du Gers/Comisión
   (Asunto T-502/10)
   ()
   2010/C 346/105
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Département du Gers (Auch, Francia) (representantes: S. Mabile y J.-P. Mignard, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión 2010/428/UE de la Comisión Europea, de 28 de julio de 2010, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente de la línea 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), con arreglo al Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de todas las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones invocados por la demandante son idénticos o sustancialmente similares a los invocados en el marco del asunto T-478/10, Département du Gers/Comisión.


title: Asunto T-394/12: Recurso interpuesto el 28 de agosto de 2012 — Alfastar Benelux/Consejo

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/30

      Recurso interpuesto el 28 de agosto de 2012 — Alfastar Benelux/Consejo
      (Asunto T-394/12)
      (2012/C 331/57)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Alfastar Benelux (Ixelles, Bélgica) (representantes: N. Keramidas y N. Korogiannakis, abogados)

         Demandada: Consejo de la Unión Europea

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la decisión de la demandada de rechazar la oferta de la demandante presentada como respuesta al anuncio de licitación UCA-218-07 para la «Prestación de mantenimiento técnico — Servicio de asistencia e intervención sobre el terreno para ordenadores personales, impresoras y periféricos de la Secretaría General del Consejo» (DO S 2008/S 91 — 122796), notificada a la demandante mediante escrito de 18 de junio de 2012, a raíz de la anulación de la decisión previa de otorgar el contrato de 1 de diciembre de 2008 por parte del Tribunal General en su sentencia recaída en el asunto T-57/09, Alfastar Benelux/Consejo.

                  —

                  Condene a la demandada a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por la demandante como consecuencia de la licitación de que se trata.

                  —

                  Condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

                  1)

                  Primer motivo, basado en que la decisión impugnada vulneró una de las condiciones establecidas en la licitación ya que la utilización de trabajadores de compañías de mudanza para realizar las labores de asistencia técnica previstas en la oferta seleccionada es contraria a tales condiciones.

                  2)

                  Segundo motivo, basado en que la decisión impugnada incurre en varios errores manifiestos de apreciación que se refieren en particular a la certificación del adjudicatario, la cualificación del personal del adjudicatario frente a la de la demandante, las características del trasvase de competencias y la evaluación del número de personas propuesto por los participantes en la licitación.

                  3)

                  Tercer motivo, basado en que el comité de selección mezcló los criterios de selección con los criterios de adjudicación y las fases del procedimiento de licitación.

                  4)

                  Cuarto motivo, basado en la existencia de varias incoherencias y de información inexacta en el anuncio de la licitación.

                  5)

                  Quinto motivo, basado en que la demandada no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 100, apartado 2, del Reglamento financiero, (1) en particular por lo que atañe a la verificación de los criterios de selección.

         (1)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 248, p. 1).


title: Asunto C-75/06: Recurso interpuesto el  8 de febrero de 2006  contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/16

         Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2006 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-75/06)
   (2006/C 86/29)
   Lengua de procedimiento: portugués
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de febrero de 2006 un recurso contra la República Portuguesa formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por las Sras. Carmel O'Reilly y Piedade Costa, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

               2)

               Condene en costas a República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 6 de febrero de 2005.

      (1)  DO L 31, p. 18.


title: Asunto F-15/12: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 20 de abril de 2012 — Collado/Comisión

text:
               23.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/25

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 20 de abril de 2012 — Collado/Comisión
   (Asunto F-15/12)
   2012/C 184/57
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.


title: Asunto C-66/06: Recurso interpuesto el  6 de febrero de 2006  — Comisión/Irlanda

text:
               6.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/1

         Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2006 — Comisión/Irlanda
   (Asunto C-66/06)
   (2006/C 108/01)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: F. Simonetti y X. Lewis, agentes, F. Louis, abogado y C. O'Daly, Solicitor)
   Demandada: Irlanda
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, apartado 1, y 4, apartados 2, 3 y 4 de la Directiva EIM, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, correspondientes a las categorías de proyectos a las que se refiere el anexo II, parte 1, letras a), b), c) y f) se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10 de dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas Irlanda.

         Motivos y principales alegaciones
   Utilización de umbrales de tamaño uniforme y no condicionado
   La Comisión considera que la legislación de adaptación del Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva sobre Evaluación de Impacto Medioambiental (Directiva EIM) es deficiente, ya que no prevé, respecto de categorías de proyectos que entran en el ámbito de aplicación del anexo II, parte 1, letras a), b) y c), medidas efectivas para alcanzar los resultados exigidos por los artículos 2, apartado 1, 4, apartado 2, y 4, apartado 3, de la Directiva EIM.
   El artículo 4, apartado 2, permite que los Estados miembros determinen, mediante un estudio caso por caso, o mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro, la necesidad de realizar una evaluación de conformidad respecto de los proyectos enumerados en el anexo II. Cualquiera que sea el procedimiento de determinación aplicado por el Estado miembro, dicho procedimiento debe ajustarse al artículo 4, apartado 3, es decir, debe tener en cuenta los criterios pertinentes de selección establecidos en el anexo III. Estos criterios de selección incluyen, por ejemplo, el tamaño del proyecto, la acumulación con otros proyectos, su ubicación, la sensibilidad medioambiental del área geográfica y su impacto en paisajes de importancia histórica, cultural o arqueológica.
   Sin embargo, al adaptar su legislación relativa a los proyectos comprendidos en el anexo II, parte 1, letras a), b) y c), Irlanda, ha optado por un umbral de tamaño uniforme y no condicionado, sin ninguna posibilidad de evaluar ninguna otra característica de los proyectos.
   Piscicultura intensiva
   En lo que respecta a las piscifactorías de ensayo, parece que la legislación de adaptación permite la posibilidad de una evaluación de impacto medioambiental «si el Ministro de acuicultura considera que la acuicultura propuesta puede tener un impacto significativo sobre el medioambiente». Sin embargo, esta legislación no tiene en cuenta la ubicación propuesta de la piscifactoría de ensayo no ningún otro criterio de selección, a los efectos de determinar si es necesaria una evaluación de impacto medioambiental.
   La Comisión señala que Irlanda reconoce la necesidad de una disposición expresa para los criterios de selección del anexo III respecto de los proyectos de piscifactoría. Sin embargo, la Comisión no tiene constancia de que se haya aprobado o comunicado a la Comisión ninguna legislación de modificación.