title: Recurso interpuesto el 12 de mayo de 1995 contra la Comisión Europea por la República Portuguesa (Asunto C-150/95)

text:
N° C 208 /2            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      12 . 8 . 95
hecho que las caracterizan respecto a cualquier otro sujeto »,           el que se establecen las cantidades de referencia regio
suficientes para legitimar el recurso con arreglo al artícu             nales definitivas corregidas para los productores de
lo 173 del Tratado CEE .                                                 habas de soja , semillas de colza y nabina y semillas de
                                                                         girasol para la campaña de comercialización 1994/
Las asociaciones recurrentes estaban interesadas individual
                                                                         95 (-1 ).
mente por la decisión impugnada según doctrina jurispru
dencial comunitaria , « la calidad de negociador de la               b ) Condene en costas a la Comisión .
normativa comunitaria relativa » a una determinada política
constituye cualidad apta para legitimar a una asociación             Motivos y principales alegaciones
profesional para impugnar una decisión comunitaria aun
que no se dirije directamente a ella , pero que está en relación     — ( Por lo que respecta a la reducción en un 20% del
con dicha política .                                                     importe de las ayudas a los productores portugueses de
                                                                         girasol , apartado 2 del epígrafe II del Anexo I del
(') DO n " L 146 de 28 . 5 . 1994 , p . 8 .                              Reglamento impugnado ) — Error de cálculo respecto a
                                                                         la superación de la Superficie Máxima Garantizada —
                                                                         SMG — por los productores portugueses de semillas de
                                                                         girasol .
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
lución del Tribunal de pólice de Toulouse, de fecha 4 de                 — La reducción de la superficie básica CEE- 12 resul
abril de 1995 , en el asunto entre Ministére public, por una                 tante de la práctica del « set-aside » no es aplicable
            parte, y Jean-Louis Maurin, por otra                             con respecto a los productores portugueses que
                                                                             disfruten, en la campaña agrícola 1994/1995 , de un
                      ( Asunto C-144/95 )
                                                                             trato diferenciado, impuesto en el Acta de Adhesión .
                          ( 95/C 208/03 )                                    De ahí que la superación por los productores
                                                                             portugueses de la SMG para el cultivo del girasol
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    debería ser calculada por la Comisión con respecto a
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  la SMG de 122 000 hectáreas y no, como hizo dicha
resolución del Tribunal de pólice de Toulouse, dictada el 4                  Institución, con respecto a esta superficie con una
 de abril de 1995 , en el asunto entre Ministére public , por                deducción del 15% en concepto de « set-aside ».
 una parte, y Jean-Louis Maurin, por otra , y recibida en la
 Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de mayo de                    — En cualquier caso, la Comisión calculó erróneamente
 1995 .                                                                      la superficie en que los agricultores portugueses
                                                                             podrían realizar en esa campaña , sin penalización , el
 El Tribunal de pólice de Toulouse solicita al Tribunal de                   cultivo del girasol . En la parte del texto del Acuerdo
Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión :                      de Blair House trasladada a la legislación comunita
 El procedimiento relativo a la comprobación de infracciones                 ria , la superficie sembrada en el espacio comunitario
 tal como resulta de la Ley de 1 de agosto de 1905 sobre                     por los pequeños productores no puede ser tenida en
 fraudes y falsificaciones en materia de productos o servicios               cuenta por la Comisión para el cálculo de la
 en lo relativo al etiquetado y presentación de productos                    superación de las Superficies Nacionales de Referen
 alimenticios y, más concretamente, el hecho de no hacer                     cia , debiendo tenerse en cuenta la superficie culti
 firmar el acta a la persona sobre la que versan las                         vada por los productores del régimen general ( pro
 investigaciones, ¿ resultan compatibles con los principios                   ductores « profesionales »). Al haber cultivado los
 generales del Derecho sentados por el Tribunal de Justicia ,                 productores portugueses denominados « profesiona
 tales como el de respeto del derecho de defensa y el del                     les » 103 875 hectáreas, en lugar de las 103 700
 carácter contradictorio del procedimiento ?                                  hectáreas ( 122 000 — 15% correspondientes al
                                                                              « set-aside ») que estaban autorizados a cultivar sin
                                                                              penalización , la superación de la SMG fue práctica
                                                                              mente nula .
 Recurso interpuesto el 12 de mayo de 1995 contra la                      — Aun cuando la Comisión tuviese razones para no
       Comisión Europea por la República Portuguesa                           excluir las superficies cultivadas por pequeños agri
                       ( Asunto C-150/95 )                                    cultores del cálculo de la superación de la SMG
                           ( 95/C 208/04 )
                                                                              atribuida a Portugal para el cultivo de girasol, dicha
                                                                              Institución deberá descontar de la SMG una super
 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                    ficie de 21 397 hectáreas , es decir, la superficie
 ha presentado el 12 de mayo de 1995 un recurso contra la                     efectivamente cultivada por pequeños agricultores
  Comisión Europea , formulado por la República Portu                        dispensados de la obligación de « set-aside » para
 guesa , representada por el Profesor Dr . Joáo Mota de                       hallar la superficie eventualmente sujeta a « set
  Campos y por el Dr. Luis Eernandes, en calidad de Agentes,                  aside ». Por ello, el porcentaje máximo de penaliza
  que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la                      ción en que podrían haber incurrido los productores
  Embajada de Portugal, 33 , allée Scheffer .                                 portugueses en su conjunto sería del 17% , en lugar
                                                                               del 20% calculado por la Comisión .
  La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
                                                                          — La demandante invoca expresamente la ilegalidad de
  a ) Declare nulo y sin efecto alguno el Reglamento ( CE )                    las disposiciones de los Reglamentos ( CEE) nos 1765/
      n° 307/95 de la Comisión, de 14 de febrero de 1995 , por                 92 ( 2 ) y 232/94 ( 3 ) del Consejo, por contravenir lo
 ---pagebreak--- 12 . 8 . 95           I ES |                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° C 208/3
          dispuesto en el Acuerdo CEE/Estados Unidos cele             Recurso interpuesto el 17 de mayo de 1995 contra la
          brado en el ámbito del GATT, para el supuesto de             Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
          que se considerase que el Reglamento impugnado                                              Bélgica
          tiene su fundamento en dichas disposiciones .                                       (Asunto C-155/95 )
— ( Por lo que respecta a la exclusión indebida de la                                            ( 95/C 208/06 )
      superación por los productores portugueses de la SMG
      del cálculo de la superación global de la Superficie Básica      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
      Específica atribuida a la Comunidad en su conjunto ).            ha presentado el 17 de mayo de 1995 un recurso contra la
                                                                       Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
      — La exclusión de Portugal del beneficio de pondera             Reino de Bélgica, representado por el Sr. Devadder, bes
          ción de la superación de la Superficie Básica Especí        tuursdirecteur del ministerie van Buitenlandse zaken, Bui
          fica en el conjunto de la Comunidad no puede                 tenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, que
          fundarse en modo alguno en la letra f) del número 1          designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la
          del artículo 5 del Reglamento ( CEE ) n° 1765/92, con        Embajada de Bélgica , 4, rué des Girondins .
          la redacción del Reglamento ( CE ) n° 232/94, que
          aplicó en el ámbito comunitario el Acuerdo de Blair
          House ; dicha exclusión infringe lo dispuesto en el          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
          n° 6 de dicho Acuerdo; viola asimismo el principio de
          igualdad de los Estados miembros en el disfrute de           1 ) Anule el Reglamento ( CE ) n° 479/95 de la Comisión, de
          los beneficios derivados de la legislación comunitaria              1 de marzo de 1995 , por el que se establecen medidas
          en términos que no justifican la exclusión de algunos              transitorias para la importación de plátanos en Austria ,
          de ellos; y constituye una exclusión discriminatoria,              Finlandia y Suecia durante el segundo trimestre de
                                                                              1995 (').
          por razón de la nacionalidad, de determinados
          productores .
                                                                       2 ) Condene en costas a la Comisión.
(') DO n" L 36 de 16 . 2 . 1995 , p . 2 .
( 2 ) DO n° L 181 de 1 . 7 . 1992 , p . 12                             Motivos y principales alegaciones
( 3 ) DO n" L 30 de 3 . 2 . 1994 , p . 7.
                                                                       Son los mismos que los aducidos contra el Reglamento ( CE )
                                                                       n° 3303/94 en el asunto C-71/95 ( 2 ).
                                                                       (•) DO n° L 49 de 4 . 3 . 1995 , p . 18 .
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante                ( 2 ) DO n° C 159 de 24 . 6 . 1995 .
resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma — Sezione
distaccata di Tivoli, de fechas 25 . 3 . 1995 ( C-154/95 ), 3 . 4.
1995 ( C-157/95 ), 3 . 5 . 1995 ( C-174/95 ), 27. 4 . 1995
( C-175/95 ) y 10. 5 . 1995 ( C-176/95 ), en los procesos
penales seguidos contra Isidoro Narducci, Fulvio Smaldone,
          Siro Mattei, Bruno Belli y Armando Scrocca
                                                                       Recurso interpuesto el 17 de mayo de 1995 contra la
( Asuntos C-154/95 , C-157/95 , C-174/95 , C-175/95 y
                               C-176/95 )
                                                                       Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
                                                                                Bélgica
                            ( 95/C 208/05 )
                                                                                ( Asunto C-156/95 )
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han                                       ( 95/C 208/07 )
sido sometidas varias peticiones de decisión prejudicial
mediante resoluciones de 25 . 3 . 1995 ( C-154/95 ), 3 . 4. 1995       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
( C-157/95 ), 3 . 5 . 1995 ( C-174/95 ), 27. 4 . 1995 ( C-175/95 )     ha presentado el 17 de mayo de 1995 un recurso contra la
y 10 . 5 . 1995 ( C-176/95 ), recibidas en la Secretaría del           Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas los días              Reino de Bélgica , representado por el Sr . Devadder, bes
15 . 5 . 1995 ( C-154/95 ), 19 . 5 . 1995 ( C-157/95 ), 6 . 6 . 1995   tuursdirecteur del ministerie van Buitenlandse zaken, Bui
( C-174/95 y C-175/95 ) y 7. 6 . 1 995 ( C-176/95 ) respectiva        tenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, que
mente, dictadas en los procesos penales seguidos ante la               designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la
Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di                  Embajada de Bélgica , 4, rué des Girondins .
Tivoli, contra Isidoro Narducci , Fulvio Smaldone , Siro
Mattei, Bruno Belli y Armando Scrocca .
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
La Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di
Tivoli ha planteado al Tribunal de Justicia de las Comuni             1 ) Anule el Reglamento ( CE ) n° 510/95 de la Comisión, de
dades Europeas cuestiones idénticas a las formuladas en los                  7 de marzo de 1995 , relativo a la asignación excepcional
asuntos C-135/95 , C-140/95 y C- 141 /95 (').                                de una cantidad suplementaria al contingente arancela
                                                                             rio de importación para el primer trimestre de 1995 ,
(') DO n° C 159 de 24 . 6 . 1995 .                                           como consecuencia de la tormenta Debbie ( M.
                                                                       2 ) Condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-595/15 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de noviembre de 2015 por National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) y otros contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 4 de septiembre de 2015 en el asunto T-577/12, NIOC y otros/Consejo de la Unión Europea

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/3

         Recurso de casación interpuesto el 14 de noviembre de 2015 por National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) y otros contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 4 de septiembre de 2015 en el asunto T-577/12, NIOC y otros/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-595/15 P)
   (2016/C 059/03)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrentes:

   Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (representante: J.-M. Thouvenin, avocat)

      Otra parte en el procedimiento:

   Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule la sentencia dictada el 4 de septiembre de 2015 por la Sala Séptima del Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-577/12.

               —

               Que se estimen las pretensiones que los demandantes formularon ante el Tribunal General de la Unión Europea.

               —

               Que se condene a la parte demandada a cargar con las costas de los dos procedimientos.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               Como primer motivo de anulación, las demandantes sostienen que el Tribunal General cometió un error de Derecho en el apartado 44 de la sentencia recurrida al juzgar que, al mencionar el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (UE) no 267/2012, (1) debe considerarse que el Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, (2) manifiesta claramente que ese artículo 46, apartado 2, constituye su base jurídica.

               2.

               Como segundo motivo, las demandantes sostienen que el Tribunal General cometió un error de Derecho en los apartados 55 a 57 de la sentencia recurrida, que se resumen en la afirmación de que «no resulta del artículo 215 TFUE, apartado 2, que las medidas restrictivas adoptadas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales tengan que adoptarse según el procedimiento previsto en el artículo 215 TFUE, apartado 1». El artículo 215 TFUE, apartado 1, única disposición del TFUE dedicada a las medidas restrictivas, establece claramente que el procedimiento aplicable para esas medidas es el que prevé, y ningún otro; por otro lado el artículo 291 TFUE es incompatible con el artículo 215 TFUE, apartado 2; subsidiariamente, el artículo 291 TFUE, apartado 2, no puede entenderse en el sentido de que ofrezca al Consejo un fundamento jurídico complementario al del artículo 215 TFUE, apartado 2, para la adopción de medidas restrictivas; finalmente, a título subsidiario, suponiendo que se estime que el artículo 291 TFUE, apartado 2, puede ofrecer al Consejo un fundamento jurídico complementario al del artículo 215 TFUE, apartado 2, para la adopción de medidas restrictivas, aun así el recurso a ese fundamento jurídico no dejaría ser ilegal en el presente caso.

               3.

               Como tercer motivo, formulado a título subsidiario para el supuesto de que se juzgue que el recurso al artículo 291 TFUE, apartado 2, para sustentar la adopción de medidas restrictivas individuales es posible jurídicamente en el marco de una política de adopción de medidas restrictivas fundadas inicialmente en el artículo 215 TFUE, las demandantes mantienen que el Tribunal cometió un error de Derecho al estimar en sustancia en los apartados 75 a 83 de su sentencia que el Consejo de la Unión, según los términos del artículo 291 TFUE, apartado 2, «justificó debidamente» el recurso a ese procedimiento de excepción, que era el único disponible en este caso. Por un lado, la justificación exigida debe ser explícita; por otro, suponiendo que una justificación implícita pueda cumplir esa exigencia, en este asunto no se cumple ya que el Tribunal interpreta erróneamente las reglas consideradas.

               4.

               Como cuarto motivo, que se aduce a título subsidiario para el supuesto de que se estime que el recurso al artículo 291 TFUE, apartado 2, para fundamentar la adopción de medidas restrictivas individuales es posible jurídicamente en el marco de una política de adopción de medidas restrictivas basada en el artículo 215 TFUE, las demandantes alegan que el Tribunal cometió un error de Derecho al juzgar en el apartado 87 de su sentencia que el artículo 46, apartado 2, del Reglamento no 267/2012 «reserva al Consejo la competencia para ejecutar las disposiciones del artículo 23, apartados 2 y 3, de ese Reglamento», lo que basta para cumplir la obligación de motivación en lo concerniente a la indicación de la base jurídica de esa disposición, que es el artículo 291 TFUE, apartado 2. Según las demandantes, el Tribunal llegó a esa conclusión a partir de una interpretación errónea del artículo 46, apartado 2, del Reglamento no 267/2012.

               5.

               Como quinto motivo, formulado a título subsidiario para el supuesto de que se estime que el recurso al artículo 291 TFUE, apartado 2, para fundamentar la adopción de medidas restrictivas individuales es posible jurídicamente en el marco de una política de adopción de medidas restrictivas basadas en el artículo 215 TFUE, las demandantes afirman que el Tribunal cometió un error en los apartados 86 a 88 de su sentencia al estimar que la obligación de motivación de los actos jurídicos de la Unión no obligaba al Consejo a indicar expresamente que el Reglamento no 267/2012 se fundaba en el artículo 291 TFUE, apartado 2, en lo que se refiere a la base jurídica del artículo 46, apartado 2, del Reglamento no 267/201.

               6.

               Como sexto motivo, las demandantes alegan que el Tribunal cometió un error de Derecho al juzgar en los apartados 100 y 103 así como 108 y 110 que el respeto por las medidas restrictivas adoptadas por la Unión de los principios de seguridad jurídica y de previsibilidad de la ley, de los que resulta que esas medidas deben ser claras y precisas, se aprecia conforme a las reglas jurisprudenciales de interpretación uniforme de los actos de la Unión, que exigen que esos actos sean interpretados y aplicados a la luz de las versiones redactadas en las otras lenguas oficiales

               7.

               Como séptimo motivo, las demandantes afirman que el Tribunal cometió un error de Derecho en el apartado 134 de su sentencia al estimar que el artículo 23, apartado 2, letra d), del Reglamento no 267/2012 (el criterio discutido), se ajusta a los principios del Estado de Derecho y más en general al Derecho de la Unión Europea ya que no es «arbitrario ni discrecional», y en el apartado 140 de su sentencia que el «criterio discutido limita la facultad de apreciación del Consejo, estableciendo criterios objetivos, y garantiza el grado de previsibilidad exigido por el Derecho de la Unión». En ese sentido las demandantes arguyen que el Tribunal cometió un error de Derecho al interpretar el criterio discutido con referencia a la sentencia de 13 de marzo de 2012, Melli Bank/Consejo, (C-380/09 P).

               8.

               Como octavo motivo a título subsidiario, las demandantes afirman que, suponiendo que el sentido que debe atribuir al término «asociación» sea el determinado por el Tribunal, se debería apreciar que se aplicó de forma errónea en este caso.

      (1)  Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).

      (2)  Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 16).


title: Asunto C-397/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Sociedades de capital — Directiva 69/335/CEE — Artículos 2, apartados 1 y 3, 4, apartado 1, y 7 — Derecho de aportación — Exención — Requisitos — Traslado de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de un Estado miembro a otro Estado miembro — Derecho de aportación que grava el capital destinado a las actividades mercantiles ejercidas en un Estado miembro por sucursales o establecimientos permanentes de sociedades establecidas en otro Estado miembro)

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-397/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales - Sociedades de capital - Directiva 69/335/CEE - Artículos 2, apartados 1 y 3, 4, apartado 1, y 7 - Derecho de aportación - Exención - Requisitos - Traslado de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de un Estado miembro a otro Estado miembro - Derecho de aportación que grava el capital destinado a las actividades mercantiles ejercidas en un Estado miembro por sucursales o establecimientos permanentes de sociedades establecidas en otro Estado miembro)
   2009/C 205/06
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Gippini Fournier y M. Afonso, agentes)

      Demandada: Reino de España (representantes: B. Plaza Cruz y M. Muñoz Pérez, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22) — Traslado de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad — Normativa nacional por la que se grava el traslado siempre que la sociedad de que se trate no esté sujeta al impuesto sobre las aportaciones en el Estado miembro de origen — Requisitos para la aplicación de las exenciones obligatorias.

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España:

                           —

                           al supeditar a los requisitos establecidos en el artículo 96 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, la exención del derecho de aportación de las operaciones contempladas en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por las Directivas 73/79/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1973, 73/80/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1973, y 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985;

                           —

                           al gravar con un derecho de aportación el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de las sociedades de capital no sujetas en su Estado miembro de origen a un derecho similar al aplicado en España, y

                           —

                           al someter a un derecho de aportación el capital destinado a las actividades mercantiles ejercidas en territorio español por las sucursales o establecimientos permanentes de sociedades establecidas en un Estado miembro que no aplica un derecho análogo,
                           ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 69/335, en su versión modificada por las Directivas 73/79, 73/80 y 85/303.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 269, de 10.11.2007.


title: Asunto T-300/01: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2001 contra el Banco Europeo de Inversiones por el Sr. Carlo de Nicola

text:
C 44/24                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       16.2.2002
Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2001 contra el                  —     La renuncia tácita a la acción disciplinaria, en la medida
 Banco Europeo de Inversiones por el Sr. Carlo de Nicola                       en que hasta el 13 de junio de 2001 el Presidente de la
                                                                               BEI no comunicó mediante escrito dirigido al demandante
                                                                               las faltas e infracciones que se le imputan y que se
                       (Asunto T-300/01)                                       remontan a 1998. Por otra parte, dicho retraso vulnera, a
                                                                               su juicio, los derechos de defensa del trabajador.
                          (2002/C 44/43)                                 —     La composición irregular de la Comisión de disciplina. El
                                                                               demandante considera a este respecto que el artı́culo 40
                                                                               del Reglamento del personal es ilegal, en la medida en
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                           que no prevé en ningún caso la sustitución del Jefe de
                                                                               personal, a pesar de su posición enfrentada al deman-
                                                                               dante, ni establece que aquélla debe deliberar en todo
                                                                               caso en sesiones plenarias de cuatro votantes.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 7 de diciembre de 2001 un                   —     La inobservancia del procedimiento establecido en el
recurso contra el Banco Europeo de Inversiones formulado                       artı́culo 40 del Reglamento del personal.
por el Sr. Carlo de Nicola, representado por el Sr. Luigi Isola.
                                                                         —     La ilegalidad del despido verbal de 6 de septiembre de
                                                                               2001, en la medida en que tal despido no está previsto
                                                                               en ninguna normativa, comunitaria o no, habiendo sido
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                  notificado por el director de la oficina de Roma, cuando
que:                                                                           el Reglamento del personal atribuye dicha facultad única-
                                                                               mente al Presidente del BEI.
—    Anule el despido verbal de 6 de septiembre de 2001 que
     le ha sido notificado por el director de la oficina de Roma,        —     La ilegalidad del despido de 12 de septiembre de 2001.
     Sr. Thomas Hackett, el despido posterior que le ha sido                   Debe recordarse a este respecto que las faltas que
     notificado mediante escrito recibido el 12 de septiembre                  constituyen el objeto de la medida disciplinaria segura-
     de 2001, firmado por el Presidente de la BEI, Sr. Philippe                mente no se consideran graves, si se tiene en cuenta que,
     Maystadt, ası́ como todos los actos conexos, previos y                    basándose en el artı́culo 39 del Reglamento del personal,
     posteriores, entre los que se encuentran algunos de los                   el Presidente podrı́a haber suspendido inmediatamente al
     artı́culos del Reglamento del personal y del Código de                   interesado. Hay que añadir que la parte demandada no
     conducta, en la medida en que éste sea aplicable al                       indicó casi nunca las circunstancias precisas de tiempo y
     demandante.                                                               de lugar, ni probó ninguno de los hechos, y pretendió,
                                                                               sin embargo, despedirlo por no haber prestado su colabo-
—    Condene al BEI a reincorporar al demandante a su puesto                   ración durante el procedimiento disciplinario, aun cuando
     de trabajo, a reconstituir su carrera a partir de febrero                 esta supuesta falta nunca le fuera imputada.
     de 1999 y a pagarle todas las retribuciones vencidas
     entretanto (reevaluadas y con sus intereses correspondien-          (1) Sentencia de 23 de febrero de 2001, RecFP 2001, p. I-A-49, II-
     tes), al igual que las costas, ası́ como a una indemnización           185.
     de daños y perjuicios en los términos que se indican a             (2) DO C 227, de 11 de agosto de 2001, p. 30.
     continuación y que se especificarán más detalladamente
     en el transcurso del procedimiento.
Motivos y principales alegaciones
                                                                         Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2001 contra
                                                                         la Comisión de las Comunidades Europeas por Alitalia —
El demandante, que impugna su despido ası́ como las circuns-                                  Linee aeree italiane SpA
tancias que lo rodearon, es el mismo que en los asuntos
T-7/98, T-208/98 y T-109/99 De Nicola/BEI (1) y T-120/01,                                        (Asunto T-301/01)
De Nicola/BEI (2).
                                                                                (2002/C 44/44)
En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega:
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
—    La inaplicabilidad, por lo que a él respecta, del Código de
     conducta, en cuanto acto redactado unilateralmente y
     procedente únicamente del empresario, al que no se hace            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     referencia ni en el contrato de trabajo individual ni en el         Europeas se ha presentado el 30 de noviembre de 2001 un
     Reglamento del personal.                                            recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas


title: Asunto T-759/15: Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2015 — Fiat Chrysler Finance Europe/Comisión

text:
               15.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 59/49

         Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2015 — Fiat Chrysler Finance Europe/Comisión
   (Asunto T-759/15)
   (2016/C 059/57)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Fiat Chrysler Finance Europe (FCFE) (Luxemburgo, Luxemburgo) (representantes: J. Rodriguez, Solicitor, M. Engel y G. Maisto, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Admita el recurso.

               —

               Anule los artículos 1 a 4 de la decisión de la Comisión de 21 Octubre de 2015, dirigida al Gran Ducado de Luxemburgo (en lo sucesivo, «Luxemburgo»), en el asunto SA.38375 (2914/C ex 2014 NN) (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas de FCFE.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 107 TFUE en la medida en que la Comisión aplicó incorrectamente el concepto de «ventaja selectiva» y no demostró que el acuerdo previo sobre precios de transferencia («APP») puede genera una distorsión de la competencia.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 296 TFUE, apartado 2, e incumple la obligación de motivación al no explicar cómo deduce el principio de libre competencia del Derecho de la Unión, o incluso qué constituye dicho principio, y al dar una descripción superficial de los efectos del acuerdo previo sobre precios de transferencia en la competencia.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el principio de seguridad jurídica, por cuanto la novedosa formulación del principio de libre competencia de la Comisión introduce total inseguridad y confusión respecto al momento en el que un acuerdo previo sobre precios de transferencia, y, de hecho, cualquier análisis de precios de transferencia, podría infringir las normas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

               4.

               Cuarto motivo, basado que la decisión impugnada infringe el principio de confianza legítima, en la medida en que la Comisión originó una expectativa legítima en el sentido de que, en materia de ayudas de Estado, valora los acuerdos sobre precios de transferencia basándose en las Directrices de la OCDE y en la medida en que su repentina separación de esta práctica infringe el principio de confianza legítima.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de octubre de 2001 en el asunto C-438/99 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras): María Luisa Jiménez Melgar contra Ayuntamiento de Los Barrios ("Protección de las mujeres embarazadas — Directiva 92/85/CEE — Artículo 10 — Efecto directo y alcance — Despido — Contrato de trabajo de duración determinada")

text:
C 331/4                  ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         24.11.2001
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                        inmuebles), de 18 de diciembre de 1995, que supedita la
                                                                                calificación de entregas de bienes en los supuestos de constitu-
                             (Sala Quinta)                                         ción, transmisión, modificación, renuncia y extinción de dere-
                                                                                chos reales sobre bienes inmuebles a que se cumpla el requisito
                                                                                de que la cantidad abonada como contrapartida más el importe
                      de 4 de octubre de 2001                                      del impuesto sobre el volumen de negocios sea, como mı́nimo,
                                                                                igual al valor económico del bien inmueble sobre el que recaen
en el asunto C-326/99 (petición de decisión prejudicial                          dichos derechos reales.
planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Stichting
  «Goed Wonen» contra Staatssecretaris van Financiën (1)                     2.    El artı́culo 13, parte B, letra b), y parte C, letra a), de la
                                                                                Directiva 77/388 debe interpretarse en el sentido de que no se
(«Sexta Directiva IVA — Competencia de un Estado miembro                           opone a una disposición nacional, como el artı́culo 11,
para considerar ciertos derechos reales sobre un inmueble                          apartado 1, letra b), número 5, de la citada Ley de 28 de junio
como bienes corporales objeto de entrega — Ejercicio de                            de 1968, en su versión modificada por la Ley de 18 de
dicha competencia limitado al supuesto en el que el precio del                     diciembre de 1995, que, a efectos de la aplicación de la exención
derecho real sea al menos igual al valor económico del                            del impuesto sobre el valor añadido, permite asimilar al
inmueble — Arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles                            arrendamiento y al alquiler de bienes inmuebles la constitución,
                            — Exenciones»)                                         por un plazo pactado y a cambio de una retribución, de un
                                                                                derecho real que confiera a su titular un poder de utilización
                                                                                sobre un bien inmueble, como el usufructo controvertido en el
                           (2001/C 331/05)                                         procedimiento principal.
                  (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                             (1) DO C 333 de 20.11.1999.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-326/99, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
por el Hoge Raad der Nederlanden (Paı́ses Bajos), destinada a                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
entre Stichting «Goed Wonen» y Staatssecretaris van Financiën,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artı́-                                          (Sala Quinta)
culos 5, apartado 3, y 13, parte B, letra b) y parte C, letra a), de
la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones                                   de 4 de octubre de 2001
de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el                   en el asunto C-438/99 (petición de decisión prejudicial
valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE                  planteada por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras):
09/01, p. 54), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado              Marı́a Luisa Jiménez Melgar contra Ayuntamiento de Los
por los Sres. A. La Pergola (Ponente), Presidente de Sala,                                                  Barrios (1)
M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann y C.W.A. Timmermans,
Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria:
Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de división, ha dictado el 4 de              («Protección de las mujeres embarazadas — Directiva
octubre de 2001 una sentencia cuyo fallo es siguiente:                       92/85/CEE — Artı́culo 10 — Efecto directo y alcance —
                                                                              Despido — Contrato de trabajo de duración determinada»)
1.    El artı́culo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva 77/388/CEE
      del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en                                            (2001/C 331/06)
      materia de armonización de las legislaciones de los Estados
      miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios
      — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base                               (Lengua de procedimiento: español)
      imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que no
      se opone a una disposición nacional, como el artı́culo 3,
      apartado 2, de la Wet houdende vervaging van de bestaande
      omzetbelasting door een omzetbelasting volgens het stelsel van         En el asunto C-438/99, que tiene por objeto una petición
      heffing over de toegevoegde waarde (Ley que sustituye el               dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
      impuesto sobre el volumen de negocios existente por un impuesto        Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Juzgado de
      sobre el volumen de negocios según el sistema de impuesto sobre       lo Social Único de Algeciras, destinada a obtener, en el litigio
      el valor añadido), de 28 de junio de 1968, en su versión             pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Marı́a Luisa
      modificada por la Wet ter bestrijding van constructies met             Jiménez Melgar y Ayuntamiento de Los Barrios, una decisión
      betrekking tot onroerende zaken (Ley de medidas de lucha               prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 10 de la
      contra los instrumentos de evasión fiscal relativos a bienes          Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992,
 ---pagebreak--- 24.11.2001                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 331/5
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de                      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en perı́odo de lactancia
(Décima Directiva especı́fica con arreglo al apartado 1 del                                               (Sala Sexta)
artı́cilo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1), el
Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. A. La
Pergola, Presidente de Sala, M. Wathelet (Ponente), P. Jann,                                      de 2 de octubre de 2001
L. Sevón y C.W.A. Timmermans, Jueces; Abogado General:
Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretatio
adjunto, ha dictado el 4 de octubre de 2001 una sentencia
cuyo fallo es el siguiente:                                                  en el asunto C-449/99 P: Banco Europeo de Inversiones
                                                                                contra Michel Hautem (1)
1)     El artı́culo 10 de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de
       19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas
                                                                             («Recurso de casación — Agentes del Banco Europeo de
       para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
                                                                             Inversiones — Despido — Interpretación del Reglamento del
       trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o
                                                                             personal del Banco Europeo de Inversiones — Motivo basado
       en perı́odo de lactancia (Décima Directiva especı́fica con arreglo
                                                                             en la calificación errónea de la naturaleza jurı́dica de los
       al apartado 1 del artı́culo 16 de la Directiva 89/391/CEE),
                                                                             hechos y en un error de motivación — Supuesta infracción
       produce efecto directo y debe interpretarse en el sentido de que,
                                                                             de las normas aplicables a las relaciones entre el Banco
       en caso de que un Estado miembro no haya adoptado medidas
                                                                                Europeo de Inversiones y su personal»)
       de adaptación de su Derecho interno en el plazo señalado por
       la citada Directiva, confiere a los particulares derechos que éstos
       pueden invocar ante un órgano jurisdiccional nacional contra
       las autoridades de dicho Estado.                                                                 (2001/C 331/07)
2)     Al autorizar excepciones a la prohibición de despido de las
       trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en perı́odo                            (Lengua de procedimiento: francés)
       de lactancia en casos «excepcionales no inherentes a su estado
       admitidos por las legislaciones y/o [las] prácticas nacionales»,
       el artı́culo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 no obliga a los       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
       Estados miembros a especificar las causas de despido de dichas             «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
       trabajadoras.
3)     Aunque la prohibición de despido prevista en el artı́culo 10 de
       la Directiva 92/85 se aplica tanto a los contratos de trabajo de
       duración determinada como a los celebrados por tiempo
       indefinido, la falta de renovación de un contrato, cuando éste       En el asunto C-449/99 P, Banco Europeo de Inversiones
       ha llegado al vencimiento previsto, no puede ser considerada          (agente: Sr. G. Marchegiani, asistido por Me G. Vandersanden)
       como un despido prohibido por dicha disposición. No obstante,        que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra
       en la medida en que la falta de renovación de un contrato de         la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las
       trabajo de duración determinada esté motivada por el embarazo        Comunidades Europeas (Sala Quinta) el 28 de septiembre de
       de la trabajadora, constituye una discriminación directa por         1999, en el asunto Hautem/BEI (T-140/97, RecFP pp. I-A-171
       razón de sexo, contraria a los artı́culos 2, apartado 1, y 3,        y II-897), por el que se solicita la anulación parcial de dicha
       apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de           sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento es:
       febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de           Michel Hautem, agente del Banco Europeo de Inversiones,
       igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al     con domicilio en Schouweiler (Luxemburgo), (abogados: Mes
       acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales,    M. Karp y J. Choucroun), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),
       y a las condiciones de trabajo.                                       integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala,
                                                                             V. Skouris (Ponente), J.-P. Puissochet y R. Schintgen y la Sra.
4)     Al disponer que el despido de una trabajadora embarazada, que         N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
       haya dado a luz o en perı́odo de lactancia puede producirse, en       Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 2 de octubre de 2001
       circunstancias excepcionales, «en su caso, siempre que la             una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       autoridad competente haya dado su acuerdo», el artı́culo 10,
       punto 1, de la Directiva 92/85 ha de ser interpretado en el
       sentido de que no impone a los Estados miembros la obligación        1)    Se desestima el recurso de casación.
       de prever la intervención de una autoridad nacional que, tras
       comprobar la concurrencia de circunstancias excepcionales que
                                                                             2)    Se condena en costas al Banco Europeo de Inversiones.
       pueden justificar el despido de una de estas trabajadoras,
       otorgue su acuerdo previo a la decisión del empleador al
       respecto.
                                                                             (1) DO C 34 de 5.2.2000.
(1) DO C 20 de 22.1.2000.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 17 de marzo de 2005, en el asunto T-187/03, Isabella Scippacercola contra Comisión de las Comunidades Europeas («Acceso a los documentos de las instituciones — Artículo 4, apartado 5, del Reglamento (CE) n° 1049/2001»)

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/32

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 17 de marzo de 2005
   en el asunto T-187/03, Isabella Scippacercola contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Acceso a los documentos de las instituciones - Artículo 4, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1049/2001»)
   (2005/C 143/61)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto T-187/03, Isabella Scippacercola, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representada inicialmente por los Sres. K. Adamantopoulos y D. Papakrivopoulos, abogados, y posteriormente por el Sr. Adamantopoulos y el Sr. B. Keane, Solicitor, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. L. Flynn y P. Aalto, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 19 de marzo de 2003, por la que se denegó la solicitud formulada por la demandante para tener acceso a un documento referente al proyecto del nuevo aeropuerto internacional de Atenas, situado en Spata (Grecia), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres. M. Jaeger y O. Czúcz, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 17 de marzo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 200, de 23.8.2003.


title: Asunto T-79/10: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2010 — COLT Télécommunications France/Comisión

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/56

         Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2010 — COLT Télécommunications France/Comisión
   (Asunto T-79/10)
   2010/C 113/87
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: COLT Télécommunications France SAS (París) (representante: M. Debroux, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se ordene, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento y de prueba previstas por los artículos 49, 64 y 65 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la presentación por la Comisión de determinados documentos, mencionados en la Decisión C(2009) 7426 final de la Comisión (ayuda de Estado N 331/2008 — Francia).

               —

               Que se anule la Decisión en cuanto consideró que «la medida notificada no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87.1 del Tratado».

               —

               Que condene en la totalidad de las costas del procedimiento a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante solicita la anulación de la Decisión C(2009) 7426 final de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, que declaró que la compensación de las cargas de servicio público de 59 millones de euros, concedida por las autoridades francesas a favor de un grupo de empresas para el establecimiento y la explotación de una red de comunicaciones electrónicas de alto rendimiento (proyecto THD 92) en el departamento de Hauts-de-Seine no constituye una ayuda de Estado.
   En apoyo de su recurso la demandante invoca un motivo único basado en la falta de iniciación por la Comisión del procedimiento formal de examen previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Ese motivo se divide en siete partes.

               —

               la primera parte del motivo se apoya en la observación de que la duración de la tramitación previa a la Decisión, particularmente larga (15 meses), demuestra por sí sola la complejidad de la cuestión y la necesidad de iniciar un procedimiento formal de examen;

               —

               en la segunda parte del motivo la demandante alega que el calendario de desarrollo en dos fases de la red habría debido llevar a la Comisión a apreciar, a minima, que la primera fase de desarrollo de la red, centrada en zonas muy densas y rentables, no necesitaba ninguna subvención pública;

               —

               la tercera parte del motivo reposa en la demostración de que la metodología aplicada en la Decisión impugnada para definir supuestas «zonas no rentables» es muy criticable y contradictoria con las apreciaciones de ARCEP, el regulador sectorial francés; esas contradicciones y esos errores metodológicos habrían debido llevar a la iniciación de una fase de examen en profundidad;

               —

               la cuarta parte del motivo descansa en las numerosas y razonadas objeciones formuladas por los operadores competidores, que también habrían debido conducir a la Comisión a iniciar una fase de examen en profundidad;

               —

               en su quinta parte la demandante sostiene que la Comisión no ejerció un control, ni siquiera mínimo, con objeto de comprobar que las autoridades francesas no hubieran cometido un error manifiesto de apreciación en la creación de un supuesto servicio de interés económico general, en especial debido a la inexistencia de un defectuoso funcionamiento del mercado;

               —

               la sexta parte del motivo se refiere también a la falta de control, ni siquiera mínimo, de un error manifiesto de apreciación cometido por las autoridades francesas en la creación de SIEG, en especial debido a la falta de carácter específico de la intervención pública proyectada;

               —

               en la séptima parte del motivo, por último, la demandante mantiene que la Decisión no tuvo en cuenta el riesgo real de sobrecompensación de los supuestos sobrecostes ligados a las obligaciones de servicio público alegadas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de diciembre de 2000 en el asunto C-38/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 79/409/CEE — Conservación de las aves silvestres — Períodos de caza)

text:
21.4.2001                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 118/1
                                                                         I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                  TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                             TRIBUNAL DE JUSTICIA
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         conservación de las aves silvestres, al no haber adaptado
                                                                                correctamente su Derecho interno al artı́culo 7, apartado 4, de
                             (Sala Sexta)                                          dicha Directiva, al no haber comunicado todas las medidas de
                                                                                adaptación para el conjunto de su territorio y al no haber dado
                                                                                cumplimiento correctamente a la referida disposición.
                    de 7 de diciembre de 2000
                                                                             2)    Se condena en costas a la República Francesa.
en el asunto C-38/99: Comisión de las Comunidades
            Europeas contra República Francesa (1)
                                                                             (1) DO C 136 de 15.5.1999.
(Incumplimiento de Estado — Directiva 79/409/CEE —
    Conservación de las aves silvestres — Perı́odos de caza)
                           (2001/C 118/01)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Sala Tercera)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                              de 7 de diciembre de 2000
En el asunto C-38/99, Comisión de las Comunidades Europeas                  en el asunto C-69/99: Comisión de las Comunidades
(agentes: Sres. P. Stancanelli y O. Couvert-Castéra) contra                  Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
República Francesa (agentes: Sra. K. Rispal-Bellanger y                                                  del Norte (1)
Sr. D. Colas), que tiene por objeto que se declare que la
República Francesa ha incumplido las obligaciones que le                    (Incumplimiento de Estado — Directiva 91/676/CEE —
incumben en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo,                   Protección de las aguas contra la contaminación producida
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves               por nitratos utilizados en la agricultura — Identificación de
silvestres (DO L 103, p. 1; EE 15/02, p. 125), al no haber                   las aguas afectadas por la contaminación — Determinación
adaptado correctamente su Derecho interno al artı́culo 7 de                                  de las aguas dulces superficiales)
dicha Directiva, al no haber comunicado todas las medidas de
adaptación para el conjunto de su territorio y al no haber dado                                        (2001/C 118/02)
cumplimiento correctamente a la referida disposición, el
Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. C. Gul-
mann (Ponente), Presidente de Sala; los Sres. V. Skouris,                                       (Lengua de procedimiento: inglés)
J.-P. Puissochet, R. Schintgen y la Sra. F. Macken, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria:
Sra. D. Louterman-Hubeau, Jefe de División, ha dictado el 7 de              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
diciembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
1)    Se declara que la República Francesa ha incumplido las                En el asunto C-69/99, Comisión de las Comunidades Europeas
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                 (agente: Sr. R. Wainwright) contra Reino Unido de Gran
      79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la           Bretaña e Irlanda del Norte (agentes: Sra. M. Ewing asistida por


title: Asunto C-646/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Galați (Rumanía) el 5 de diciembre de 2013 — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S.

text:
               8.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Galați (Rumanía) el 5 de diciembre de 2013 — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S.
   (Asunto C-646/13)
   2014/C 39/22
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Curtea de Apel Galați

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Casa Județeană de Pensii Brăila

      Recurrida: E.S.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 883/2004 (1) debe interpretarse en el sentido de que excluye la aplicación de un convenio bilateral de seguridad social celebrado con anterioridad a la aplicación del Reglamento y que no figura en el anexo II del Reglamento, cuando el régimen aplicable por el convenio bilateral es más favorable para el asegurado que el que sería aplicable sobre la base del Reglamento.

               2)

               [Si] el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 883/2004 obliga a considerar, en la apreciación del carácter más favorable del convenio bilateral, que hay que limitarse a la interpretación jurídica del convenio bilateral, o que también está incluido su modo concreto de aplicación (desde la perspectiva de la cuantía de la pensión posible acordada por cada Estado, cuyo pago se establece en función de la aplicación/exclusión de la aplicación del convenio por el Reglamento).

               3)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión (en el sentido de que no está excluida la aplicación del convenio bilateral de seguridad social) ¿puede considerarse más favorable, en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 883/2004, un régimen jurídico según el cual un Estado signatario del convenio de seguridad social reconoce un periodo de cotización menor que el efectivamente completado y dicho Estado paga una pensión mayor que la que correspondería si se hubiera reconocido el periodo de cotización íntegro en el otro Estado signatario?

      (1)  Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1).


title: Asunto T-127/14 P: Sentencia del Tribunal General de 3 de diciembre de 2015 — Sesma Merino/OAMI («Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Calificación — Informe de evaluación — Objetivos 2011-2012 — Acto lesivo — Admisibilidad»)

text:
               25.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 27/43

         Sentencia del Tribunal General de 3 de diciembre de 2015 — Sesma Merino/OAMI
   (Asunto T-127/14 P) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Calificación - Informe de evaluación - Objetivos 2011-2012 - Acto lesivo - Admisibilidad»))
   (2016/C 027/52)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Álvaro Sesma Merino (El Campello, Alicante) (representante: H. Tettenborn, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: P. Saba y D. Botis, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera) de 11 de diciembre de 2013, Sesma Merino/OAMI (F-125/12, RecFP, EU:F:2013:192), y que tiene por objeto la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Álvaro Sesma Merino.

      (1)  DO C 184, de 16.6.2014.


title: Asunto C-375/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 21 de junio de 2017 — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

text:
               2.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 330/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 21 de junio de 2017 — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
   (Asunto C-375/17)
   (2017/C 330/07)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd

      Recurridas: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios así como los principios de no discriminación, transparencia, libre competencia, proporcionalidad y coherencia, en el sentido de que se opone a una normativa como la contenida en el artículo 1, apartado 653, de la Ley de estabilidad de 2015 y en su legislación de desarrollo que prevé un modelo de concesionario único exclusivo para el servicio del juego de la lotería y no para otros juegos, pronósticos y apuestas?

               2)

               ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión y, en particular, el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios y la Directiva 2014/23/UE, (1) así como los principios de no discriminación, transparencia, libre competencia, proporcionalidad y coherencia, en el sentido de que se opone a un anuncio de licitación que prevé una puja de salida muy superior e injustificada con respecto a los requisitos de capacidad económica, financiera, técnica y organizativa del tipo de los previstos en el pliego de condiciones en los apartados 5.3, 5.4, 11, 12.4 y 15.3 de la licitación para la adjudicación de la concesión del juego de la lotería?

               3)

               ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión y, en particular, el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios y la Directiva 2014/23/UE, así como los principios de no discriminación, transparencia, libre competencia, proporcionalidad y coherencia, en el sentido de que se opone a una normativa que impone una alternativa de hecho entre ser beneficiario de una nueva concesión o seguir prestando libremente los distintos servicios de apuestas de forma transfronteriza, como la que se deriva de la cláusula 30 del modelo de contrato, de modo que la decisión de participar en la licitación para la adjudicación de la nueva concesión entrañaría renunciar a la actividad transfronteriza, a pesar de que el Tribunal de Justicia ha reconocido en diversas ocasiones la legalidad de dicha actividad?

      (1)  Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO 2014, L 94, p. 1)


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) de 14 de julio de 1998 en el asunto C-125/97 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arrondissementsrechtbank te Alkmaar): AGR Regeling contra Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid (Política social - Directiva 80/987/CEE - Obligación de pago de las instituciones de garantía - Créditos impagados)

text:
26.9.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 299/5
     veÂs de otros medios, tales como dibujos, símbolos o                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
     pictogramas. Una etiqueta complementaria («Zusatzs-
                                                                                (Sala Quinta)
     child») colocada en el establecimiento, en el lugar en
     que se encuentra el producto de que se trate, no es una                           de 14 de julio de 1998
     medida suficiente para garantizar la información y la
     protección del consumidor final.                              en el asunto C-125/97 (petición de decisión prejudicial
                                                                   planteada por el Arrondissementsrechtbank te Alkmaar):
(1) DO C 26 de 25.1.1997.                                          AGR Regeling contra Bestuur van de Bedrijfsvereniging
                                                                                voor de Metaalnijverheid (1)
                                                                   (Política social Ð Directiva 80/987/CEE Ð Obligación de
                                                                   pago de las instituciones de garantía Ð CreÂditos impaga-
                                                                                dos)
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                                      (98/C 299/08)
                        (Sala Quinta)
                    de 14 de julio de 1998                                    (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)
en el asunto C-389/96 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Bundesverwaltungsgericht): Aher-Waggon
         GmbH contra Bundesrepublik Deutschland (1)
                                                                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-
(Medidas de efecto equivalente Ð Directivas sobre las
                                                                   caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
emisiones sonoras de las aeronaves Ð Límites nacionales
                                                                                de Justicia»)
maÂs estrictos Ð ObstaÂculo a la importación de una aero-
           nave Ð Protección del medio ambiente)
                        (98/C 299/07)
                                                                   En el asunto C-125/97, que tiene por objeto una petición
                                                                   dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
             (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                    del Tratado CE, por el Arrondissementsrechtbank te Alk-
                                                                   maar (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pen-
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-        diente ante dicho órgano jurisdiccional entre AGR Rege-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal        ling y Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnij-
                         de Justicia»)                             verheid, una decisión prejudicial sobre la interpretación
                                                                   del artículo 4 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de
                                                                   20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legis-
En el asunto C-389/96, que tiene por objeto una petición           laciones de los Estados miembros relativas a la protección
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177      de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del
del Tratado CE, por el Bundesverwaltungsgericht, desti-            empresario (DO L 283 de 20.10.1980, p. 23; EE 05/02,
nada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano          p. 219), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado
jurisdiccional entre Aher-Waggon GmbH y Bundesrepublik             por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala; M. Wathelet
Deutschland, una decisión prejudicial sobre la interpre-           (Ponente), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet y P. Jann,
tación del artículo 30 del Tratado CE, el Tribunal de Justi-       Jueces; Abogado General: Sr. G. Cosmas; Secretaria: Sra.
cia (Sala Quinta), integrado por los Sres. C. Gulmann, Pre-        L. Hewlett, administradora, ha dictado el 14 de julio de
sidente de Sala; M. Wathelet (Ponente), J. C. Moitinho de          1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Almeida, P. Jann y L. Sevón, Jueces; Abogado General: Sr.
G. Cosmas; Secretario: Sr. H. A.- Rühl, administrador
principal, ha dictado el 14 de julio de 1998 una sentencia
cuyo fallo es el siguiente:                                        El apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 80/987/CEE
                                                                   del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproxima-
                                                                   ción de las legislaciones de los Estados miembros relativas
El artículo 30 del Tratado CE no se opone a una norma-
                                                                   a la protección de los trabajadores asalariados en caso de
tiva nacional que supedita la primera matriculación en el
                                                                   insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido
territorio nacional de aviones previamente matriculados en
                                                                   de que, en el supuesto de que un trabajador sea titular
otro Estado miembro a la observancia de unas normas en
                                                                   frente a su empresario, simultaÂneamente, de creÂditos
materia de emisiones sonoras maÂs severas que las previstas
                                                                   correspondientes a períodos de empleo anteriores al
en la Directiva 80/51/CEE del Consejo, de 20 de diciem-
                                                                   período de referencia contemplado en dicha disposición y
bre de 1979, relativa a la limitación de las emisiones sono-
                                                                   de creÂditos que corresponden al propio período de referen-
ras de las aeronaves subsónicas, en su versión modificada
                                                                   cia, los pagos de retribuciones efectuados por el empresa-
por la Directiva 83/206/CEE, al mismo tiempo que exime
                                                                   rio durante este uÂltimo período deben imputarse, priorita-
de esta obligación a los aviones que hayan obtenido la
                                                                   riamente, a los creÂditos anteriores.
matriculación en el referido territorio antes de la aplica-
ción de dicha Directiva.
                                                                   (1) DO C 166 de 31.5.1997.
( ) DO C 26 de 8.2.1997.
 1


title: Asunto T-285/05: Recurso interpuesto el 19 de julio de 2005 por Bernd Lippert contra el Parlamento Europeo

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/34

         Recurso interpuesto el 19 de julio de 2005 por Bernd Lippert contra el Parlamento Europeo
   (Asunto T-285/05)
   (2005/C 229/72)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 19 de julio de 2005 un recurso contra el Parlamento Europeo formulado por Bernd Lippert, con domicilio en Helmsange (Luxemburgo), representado por Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis y Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               1.

               Anule la decisión por la que se le nombra funcionario de las Comunidades Europeas en la medida en que fija su grado de reclutamiento con arreglo al artículo 12 del anexo XIII del Estatuto.

               2.

               Condene en costas al Parlamento Europeo.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los invocados en el marco del asunto Albert-Bousquet y otros/Comisión, T-130/05. (1)

      (1)  DO C 132, de 28.5.2005, p. 31.


title: Asunto C-483/07 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de noviembre de 2007 por Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG contra el auto del Tribunal de Primera Instancia dictado el 28 de agosto de 2007 en el asunto T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               12.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 8/7

         Recurso de casación interpuesto el 5 de noviembre de 2007 por Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG contra el auto del Tribunal de Primera Instancia dictado el 28 de agosto de 2007 en el asunto T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-483/07 P)
   (2008/C 8/13)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (representante: K. Bott, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               1.

               Que se anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda), de 28 de agosto de 2007.

               2.

               Que se anule la decisión de la demandada de reservar el nombre de dominio galileo.eu.

               3.

               Que se condene a la demandada a abonar las costas ocasionadas en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y en el presente procedimiento de casación.

               4.

               Únicamente con carácter subsidiario respecto de las pretensiones segunda y tercera, que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia y se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente alega mediante el presente recurso una infracción del Derecho comunitario (artículo 58, apartado 1, frase segunda, del estatuto del Tribunal de Justicia), a saber, del artículo 230, párrafo cuarto, del Tratado CE. Según considera la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia cometió dicha infracción al desestimar su demanda por inadmisible basándose en que la decisión de la recurrida de reservarse el nombre de dominio galileo.eu, que la recurrente impugna mediante su demanda, no le «afecta individualmente». La recurrente considera que está afectada individualmente en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debido a los derechos asociados a la marca denominativa alemana Galileo de los que es titular, habida cuenta de la posición jurídica que se le concedió por el Reglamento 874/2004 de la Comisión en el procedimiento de registro, así como de la circunstancia de que el nombre de dominio galileo.eu es un bien económico susceptible de ser comercializado y únicamente puede atribuirse una vez.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de mayo de 2003 en el asunto T-80/01, Barbara Diehl-Leistner contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Pruebas selectivas de ingreso — Prueba oral — No inscripción en la lista de aptitud — Conocimientos lingüísticos de los miembros del tribunal — Igualdad de trato)

text:
C 171/22               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              19.7.2003
                                                   TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 7 de mayo de 2003
                    de 26 de febrero de 2003
                                                                           en el asunto T-23/01: Eugène Émile Marie Kimman contra
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas (1)
en el asunto T-184/00, Zissis Christou Drouvis contra
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                          (Funcionarios — Vacaciones anuales — Destino a un país
                                                                                tercero — Excepción de ilegalidad)
(Funcionarios — Pensiones — Coeficiente corrector —                                                 (2003/C 171/32)
Legalidad del artículo 82, apartado 1, segundo párrafo, del
Estatuto — Principio de igualdad de trato — Principios de                                    (Lengua de procedimiento: francés)
libre circulación de trabajadores y de libre establecimiento
                     dentro de la Comunidad)
                                                                           En el asunto T-23/01, Eugène Émile Marie Kimman, funciona-
                                                                           rio de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
                         (2003/C 171/31)                                   en Overijse (Bélgica), representado por Me N. Lhoëst, abogado,
                                                                           que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
                                                                           Comunidades Europeas (agentes: Sras. H. Tserepa-Lacombe y
                  (Lengua de procedimiento: griego)                        F. Clotuche-Duvieusart), que tiene por objeto la anulación de
                                                                           la decisión de la Comisión de 25 de mayo de 2000 por la que
                                                                           se dedujo un día de las vacaciones anuales del demandante
                                                                           para el año 2000, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
                                                                           Primera), integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y los
En el asunto T-184/00, Zissis Christou Drouvis, antiguo                    Sres. N.J. Forwood y H. Legal, Jueces; Secretaria: Sra. D. Chris-
funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con                tensen, administradora, ha dictado el 7 de mayo de 2003 una
domicilio en Maroussi-Attikis (Grecia), representado por el                sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Sr. I. Stamoulis, abogado, que designa domicilio en Luxem-
burgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:               1)    Anular la decisión de la Comisión de 25 de mayo de 2000 por
Sres. J. Currall y P. Anestis), apoyada por el Consejo de la                     la que se dedujo un día del derecho a las vacaciones anuales del
Unión Europea (agentes: Sra. D. Zahariou y Sr. A. Pilette), que                  demandante para el año 2000.
tiene por objeto la pretensión de que la decisión de la Comisión
notificada al demandante el 30 de noviembre de 1999, sobre                 2)    Condenar en costas a la Comisión.
el estado de liquidación de su pensión con aplicación del
coeficiente corrector para Grecia, se modifique mediante la
                                                                           (1 ) DO C 95 de 24.3.2001.
aplicación del mismo coeficiente corrector que el que afecta a
las pensiones que disfrutan los pensionistas que residen en el
Reino Unido o, con carácter subsidiario, del aplicado a los
pensionistas que residen en Bélgica, el Tribunal de Primera                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. M. Vilaras, Presi-
dente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretaria:                             de 20 de mayo de 2003
Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta, ha dictado el 26 de febrero
de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                          en el asunto T-80/01, Barbara Diehl-Leistner contra Comi-
                                                                                sión de las Comunidades Europeas ( 1)
1)    Desestimar el recurso.
                                                                           (Funcionarios — Pruebas selectivas de ingreso — Prueba
                                                                           oral — No inscripción en la lista de aptitud — Conocimientos
2)    Cada una de las partes cargará con sus propias costas.               lingüísticos de los miembros del tribunal — Igualdad de
                                                                                trato)
3)    El Consejo cargará con sus propias costas.                                                    (2003/C 171/33)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
( 1) DO C 335 de 25.11.2000.
                                                                           En el asunto T-80/01, Barbara Diehl-Leistner, con domicilio
                                                                           en Luxemburgo, representada por M e L. Thielen, abogado,
 ---pagebreak--- 19.7.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                C 171/23
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:                       SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Sra. C. Berardis-Kayser y Sr. B. Wägenbaur), que tiene por
objeto la anulación de la decisión del tribunal del concurso                                      de 10 de abril de 2003
general COM/A/12/98, de 17 de abril de 2000, de no inscribir
a la demandante en la lista de aptitud de dicho concurso, el
Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el               en el asunto T-186/01, Nicole Robert contra Parlamento
Sr. R. García-Valdecasas, Presidente, la Sra. P. Lindh y el                                             Europeo ( 1)
Sr. J.D. Cooke, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, adminis-
tradora, ha dictado el 20 de mayo de 2003 una sentencia cuyo                    (Funcionarios — Recursos — Plazos — Inadmisibilidad)
fallo es el siguiente:
                                                                                (2003/C 171/35)
1)    Desestimar el recurso.
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.                                              (Lengua de procedimiento: francés)
( 1) DO C 186 de 30.6.2001.
                                                                            En el asunto T-186/01, Nicole Robert, funcionario del Parla-
                                                                            mento Europeo, con domicilio en Strassen (Luxemburgo),
                                                                            representado por el Sr. A. Lorang, abogado, contra Parlamento
                                                                            Europeo (agentes: Sres. H. von Hertzen y D. Moore), que tiene
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                 por objeto la anulación de la decisión del Parlamento por la
                                                                            que no se promueve a la demandante al grado B 1 en el
                      de 8 de mayo de 2003                                  ejercicio de promoción 1999, el Tribunal de Primera Instancia
                                                                            (Sala Quinta), integrado por el Sr. R. García-Valdecasas,
en el asunto T-82/01: VOF Josanne y otros contra Comi-                      Presidente, y la Sra. P. Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces;
             sión de las Comunidades Europeas ( 1)                          Secretario: Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el 10 de
                                                                            abril de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
(«Navegación interior — Capacidad de las flotas comunita-
rias — Requisitos para la puesta en servicio de nuevos barcos               1)     Declarar la inadmisibilidad del recurso.
           (norma “viejo por nuevo”) — Exclusión»)
                                                                            2)     Cada una de las partes soportará sus propias costas.
                          (2003/C 171/34)
                 (Lengua de procedimiento: neerlandés)                      (1 ) DO C 317 de 10.11.2001.
En el asunto T-82/01, VOF Josanne, con domicilio social en
Papendrecht (Países Bajos), Pieter van Wijnen, con domicilio
en Papendrecht, Adrianus Jacobus van Wijnen, con domicilio
en Papendrecht, Anigje Veen, con domicilio en Meerkerk
(Países Bajos), representados por los Sres. J. van Dam e                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Y. Ooykaas, abogados, contra Comisión de las Comunidades
Europeas (agentes: Sres. H. van Vliet y W. Wils), que tiene por
                                                                                de 22 de mayo de 2003
objeto la anulación de la Decisión SG(2001) D/286100 de la
Comisión, de 9 de febrero de 2001, por la que ésta desestimó
la solicitud de los demandantes de que se excluyera el barco                en el asunto T-249/01: Marc Boixader Rivas contra Parla-
Josanne del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 718/                                        mento Europeo ( 1)
1999 del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativo a una
política de capacidad de las flotas comunitarias de navegación              («Funcionarios — Oposición — Convocatoria — Requisitos
interior para fomentar el transporte por vía navegable (DO                  de admisión — Título de licenciatura o equivalente — Título
L 90, p. 1), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera),               de ingeniero técnico — Conocimiento de una segunda lengua
integrado por los Sres. K. Lenaerts, Presidente, y J. Azizi y               oficial — Prueba — Recurso de anulación — Decisión del
M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers, administrador, ha           tribunal de la oposición — Excepción de ilegalidad de la
dictado el 8 de mayo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el                                    convocatoria de oposiciones»)
siguiente:
1)    Desestimar el recurso.                                                                          (2003/C 171/36)
2)    Los demandantes cargarán con sus propias costas así como con                            (Lengua de procedimiento: español)
      las de la demandada.
( 1) DO C 186 de 30.6.2001.
                                                                            En el asunto T-249/01, Marc Boixader Rivas, ingeniero técnico,
                                                                            de nacionalidad española, con domicilio en Madrid (España),


title: Asunto F-81/15: Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2015 — ZZ y ZZ/Comisión

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/42

         Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2015 — ZZ y ZZ/Comisión
   (Asunto F-81/15)
   (2015/C 262/57)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: ZZ y ZZ (representantes: T. Bontinck y A. Guillerme, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Declaración de la ilegalidad del artículo 45 y del anexo I del Estatuto de los Funcionarios y anulación de las decisiones de la AFPN de no incluir a las partes demandantes en la lista de funcionarios promovidos al grado AST 10 en el marco del ejercicio anual de promoción 2014.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Con carácter principal:

                           —

                           Que se declare la ilegalidad del artículo 45 y del anexo I del Estatuto y de las medidas transitorias relacionadas.

                           —

                           Que se anule la resolución de la AFPN de 14 de noviembre de 2014 de no incluir a las partes demandantes en la lista de funcionarios promovidos al grado AST10 en el ejercicio anual de promoción de 2014 previsto en el artículo 45 del Estatuto.

                           —

                           Que se condene en costas a la Comisión.

               —

               Subsidiariamente:

                           —

                           Que se anule la resolución de la AFPN de 14 de noviembre de 2014 de no incluir a las partes demandantes en la lista de funcionarios promovidos al grado AST 10 en el ejercicio anual de promoción de 2014 previsto en el artículo 45 del Estatuto.

                           —

                           Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto T-63/12: Sentencia del Tribunal General de 26 de octubre de 2012 — Oil Turbo Compressor/Consejo ( «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán a fin de impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Recurso de anulación — Obligación de motivación» )

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/24

         Sentencia del Tribunal General de 26 de octubre de 2012 — Oil Turbo Compressor/Consejo
   (Asunto T-63/12) (1)

   (Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán a fin de impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Recurso de anulación - Obligación de motivación)
   2012/C 379/41
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Teherán, Irán) (representante: K. Kleinschmidt, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y Z. Kupčová, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 71), en la medida en que afecta a la demandante.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán, en la medida en que afecta a Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock).

               2)

               El Consejo de la Unión Europea cargará, además de con sus propias costas, con las costas de Oil Turbo Compressor.

      (1)  DO C 98, de 31.3.2012.