title: Asunto C-416/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica [Incumplimiento de Estado — Directivas 91/628/CEE y 93/119/CE — Reglamento (CE) n o  1/2005 — Protección de los animales durante el transporte y en el momento de su sacrificio o matanza — Infracción estructurada y generalizada de las normas comunitarias]

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica
   (Asunto C-416/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directivas 91/628/CEE y 93/119/CE - Reglamento (CE) no 1/2005 - Protección de los animales durante el transporte y en el momento de su sacrificio o matanza - Infracción estructurada y generalizada de las normas comunitarias)
   2009/C 267/17
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: H. Tserepa-Lacombe y F. Erlbacher, agentes)

      Demandada: República Helénica (representantes: S. Charitaki, S. Papaïoannou y E.-M. Mamouna, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 5, 8, 9 y 18, apartado 2, de la Directiva 91/628/CEE, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE (DO L 340, p. 17) — Infracción de los artículos 5, apartado 4, 6, apartado 1, 13, apartados 3 y 4, 15, apartado 1, 25, 26 y 27, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97 (DO 2005 L 3, p. 1) — Infracción de los artículos 3, 5, número 1, 6, número 1, y 8 de la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza (DO L 340, p. 21).

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, parte A, número 2, letra d), inciso i), primer guión, y del artículo 8 de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 806/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003, y del punto 7, letra b), que figura en la sección 48 del capítulo VII del anexo de esta misma Directiva, en su versión modificada por el Reglamento no 806/2003, así como del artículo 3, del artículo 5, apartado 1, letra d), del artículo 6, apartado 1, y del artículo 8 de la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza, al no haber adoptado las medidas necesarias:

                           —

                           para que las autoridades competentes efectúen los controles obligatorios de los planes de viaje;

                           —

                           para prever instalaciones en los puertos de trasbordo o en sus inmediaciones que permitan el descanso de los animales tras ser descargados de los buques;

                           —

                           para que se realicen efectivamente inspecciones de los medios de transporte y de los animales;

                           —

                           para garantizar el cumplimiento de las normas sobre el aturdimiento de los animales cuando son sacrificados, y

                           —

                           para que la inspección y el control de los mataderos se realicen de manera adecuada.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La República Helénica cargará con dos tercios de las costas. La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con un tercio de las costas.

      (1)  DO C 283, de 24.11.2007.


title: Asunto T-417/09: Recurso interpuesto el 16 de octubre de 2009 — Poslovni Sistem Mercator/OAMI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

text:
               5.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/33

         Recurso interpuesto el 16 de octubre de 2009 — Poslovni Sistem Mercator/OAMI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)
   (Asunto T-417/09)
   2009/C 297/50
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Poslovni Sistem Mercator, d.d. (Liubliana) (representantes: M. Curell Aguila y J. Güell Serra, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Mercator Multihull, Inc. (Vancouver, Canadá)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 16 de julio de 2009 en el asunto R 1031/2008-1.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «MERCATOR STUDIOS», para productos de la clase 42

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

      Marca o signo invocados en oposición: Registros eslovenos de la marca figurativa «Mercator», registrada para servicios de las clases 35, 36, 39, 41 y 42 y para productos de las clases 1 a 6, 8 a 11 y 13 a 34; registro esloveno de las marcas figurativas «Mercator Slovenska Košarica», registradas para productos y servicios de las clases 1 a 6, 8 a 11, 13 a 34, 39, 41, 43 y 44; registros internacionales de la marca «Mercator» para productos de las clases 1 a 6, 8 a 11, 13, 14, 16 a 18 y 20 a 23 y para servicios de las clases 36, 41 y 42

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 8, apartado 1, letra b), y 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo [actualmente artículos 8, apartado 1, letra b), y 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo] en la medida en que la Sala de Recurso no efectuó un análisis global de los factores pertinentes y, en cambio, desestimó la oposición sobre la base de ser distintos los servicios, y porque valoró incorrectamente el motivo de oposición fundado en la disposición legal citada en último lugar.


title: Asunto C-60/06: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerisches Landessozialgericht — Alemania) — Grete Schlepps/Deutsche Rentenversicherung Oberbayern

text:
               24.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 128/26

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerisches Landessozialgericht — Alemania) — Grete Schlepps/Deutsche Rentenversicherung Oberbayern
   (Asunto C-60/06) (1)

   (2008/C 128/47)

      Lengua de procedimiento: alemán

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 131 de 3.6.2006.


title: Asunto C-535/07: Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/32

         Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria
   (Asunto C-535/07)
   (2008/C 51/55)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Sauer y D. Recchia, agentes)

      Demandada: República de Austria
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (1), o del artículo 6, apartado 2, en relación con el artículo 7 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (2),

                           a)

                           al no designar correctamente («Hansa» en el Land de Burgenland) o al no delimitar correctamente («Niedere Tauern» en el Land de Estiria), desde el punto de vista de los criterios ornitológicos, como zonas especiales de protección, con arreglo al artículo 4, apartados 1 o 2, de la Directiva de protección de aves, los territorios de Austria más adecuados, en número y en superficie, para la conservación de las especies, y

                           b)

                           al no proporcionar a una parte de las zonas de especiales de protección designadas hasta el presente una protección jurídica que cumpla las exigencias impuestas en el artículo 4, apartados 1 o 2, de la Directiva de aves o en el artículo 6, apartado 2, en relación con el artículo 7 de la Directiva de hábitats.

               —

               Que se condene en costas República de Austria.

         Motivos y principales alegaciones
   El artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE del Consejo (Directiva de aves) obliga a los Estados miembros a clasificar como zonas de protección especial (ZPE) los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación en las especies mencionadas en el anexo I y a adoptar medidas semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el anexo I cuya llegada sea regular. Las ZPE deben contar con un estatuto jurídico de protección que permita, en particular, garantizar la conservación y la reproducción de las especies enumeradas en el anexo I de la Directiva, y la reproducción, la muda y la invernada de las especies migratorias no contempladas en el anexo I. Puesto que, conforme al artículo 7 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva de hábitats), las obligaciones impuestas en virtud de, entre otros, el apartados 2 del artículo 6 de dicha Directiva, que se refiere en particular a las zonas de protección especial, sustituyen a cualesquiera obligaciones derivadas de la primera frase del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva de aves, el estatuto jurídico de protección de dichas zonas debe garantizar, además, que se eviten en ellas el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas.
   La República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a dichas disposiciones comunitarias, al no designar la zona de «Hansag» como ZPE, no delimitar la ZPE «Niedere Tauern» cumpliendo las exigencias de la Directiva de aves y, por último, al no proporcionar a una parte de las ZPE designadas hasta el presente una protección jurídica que cumpla las exigencias de las disposiciones citadas anteriormente.
   Aunque la República de Austria ha reconocido la necesidad de designar la zona de «Hansag» como ZPE y ha declarado repetidamente su intención de llevar a cabo tal designación, al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado no había cumplido su obligación de designación.
   La falta de delimitación de la zona de «Niedere Tauern» de manera conforme a las exigencias de la Directiva de aves se refiere, por una parte, al hecho de no haber tenido suficientemente en cuenta los hábitats necesarios del chorlito carambolo y, por otra parte, a la inclusión deficiente de los hábitats comprobados de determinadas especies de aves silvestres, o de las especies de pito cano (Picus canus), y Grévol (Bonasa bonasia). Aunque, al seleccionar y delimitar las ZPE, los Estados miembros dispongan de cierta facultad discrecional, ésta encuentra sus limites en el hecho de que la designación de tales zonas debe atenerse a determinados criterios ornitológicos, fijados en la Directiva. En particular, al seleccionar y delimitar una ZPE, un Estado miembro no está facultado para tener en cuenta las razones de índole económica mencionadas en el artículo 2 de la Directiva de aves o en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva de hábitats.
   Por lo que se refiere al estatuto jurídico de protección de las ZPE designadas hasta la fecha en Austria, es preciso adoptar, en la zona que cumpla los requisitos para ser designada ZPE, «medidas especiales de protección» de las especies que hayan motivado la designación de las respectivas zonas y es asimismo necesario determinar exactamente las medidas de protección necesarias y guiarse por las características específicas y las condiciones ambientales de las ZPE y de las especies que habiten en ellas. Los objetivos específicos de conservación contenidos en los actos jurídicos de protección en el sentido del artículo 4, apartados 1 y 2 de la Directiva de aves o los objetivos específicos de protección en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva de hábitats respecto a las especies contempladas respectivamente, junto con las medidas y requisitos concretos necesarios (obligaciones y prohibiciones) para dichas zonas también deben tener carácter vinculante y deben ser objeto de publicidad suficiente. Tras examinar las normativas existentes en cada uno de los Bundesländer, se ha podido comprobar que el estatuto jurídico de protección contenido en dichas normas no cumple las exigencias citadas anteriormente y, por consiguiente, no pueden ser consideradas suficientes desde el punto de vista de los criterios que establecen las disposiciones de las Directivas de aves y de hábitats.

      (1)  DO L 103, p. 1; EE 15/02, p. 125.

      (2)  DO L 206, p. 7.


title: Asunto T-35/16: Recurso interpuesto el 21 de enero de 2016 — Sony Computer Entertainment Europe/OAMI — Vieta Audio (Vita)

text:
               21.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/42

         Recurso interpuesto el 21 de enero de 2016 — Sony Computer Entertainment Europe/OAMI — Vieta Audio (Vita)
   (Asunto T-35/16)
   (2016/C 106/49)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londres, Reino Unido) (representante: S. Malynicz, Barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Vieta Audio, S.A. (Barcelona)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «Vita» — Marca comunitaria no 9993361

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de caducidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 12 de noviembre de 2015 en el asunto R 2232/2014-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento a cargar con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la demandante.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-333/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de enero de 2010 — Comisión Europea/República Francesa (Incumplimiento de Estado — Libre circulación de mercancías — Artículos 28 CE y 30 CE — Restricción cuantitativa a la importación — Medida de efecto equivalente — Procedimiento de autorización previa — Aditivos utilizados con fines tecnológicos y productos alimenticios en cuya elaboración se hayan empleado dichos aditivos procedentes de otros Estados miembros en los que se fabrican y/o comercializan legalmente — Procedimiento que permite a los operadores económicos obtener la inclusión de esas sustancias en una lista positiva — Cláusula de reconocimiento mutuo — Marco regulador nacional que crea una situación de inseguridad jurídica para los operadores económicos)

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de enero de 2010 — Comisión Europea/República Francesa
   (Asunto C-333/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Libre circulación de mercancías - Artículos 28 CE y 30 CE - Restricción cuantitativa a la importación - Medida de efecto equivalente - Procedimiento de autorización previa - Aditivos utilizados con fines tecnológicos y productos alimenticios en cuya elaboración se hayan empleado dichos aditivos procedentes de otros Estados miembros en los que se fabrican y/o comercializan legalmente - Procedimiento que permite a los operadores económicos obtener la inclusión de esas sustancias en una «lista positiva» - Cláusula de reconocimiento mutuo - Marco regulador nacional que crea una situación de inseguridad jurídica para los operadores económicos)
   2010/C 63/12
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: B. Stromsky, agente)

      Demandada: República Francesa (representantes: G. de Bergues y R. Loosli-Surrans, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 28 CE — Régimen de autorización previa para los aditivos utilizados con fines tecnológicos y los productos alimenticios en cuya fabricación se hayan utilizado tales aditivos procedentes de otros Estados miembros donde se fabrican y/o comercializan legalmente — Falta de justificación y violación del principio de proporcionalidad

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE al haber establecido, para los auxiliares tecnológicos y los productos alimenticios en cuya elaboración se hayan utilizado auxiliares tecnológicos procedentes de otros Estados miembros donde éstos se fabrican y/o comercializan legalmente, un procedimiento de autorización previa que no respeta el principio de proporcionalidad.

               2)

               Condenar en costas a la República Francesa.

      (1)  DO C 285, de 8.11.2008.


title: Asuntos acumulados T-694/13 y T-2/15: Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre de 2016 — Ipatau/Consejo («Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas con respecto a Belarús — Congelación de fondos y de recursos económicos — Restricciones de entrada y paso en tránsito en el territorio de la Unión — Mantenimiento del nombre del demandante en la lista de personas afectadas — Derecho de defensa — Deber de motivación — Error de apreciación — Proporcionalidad»)

text:
               16.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 14/30

         Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre de 2016 — Ipatau/Consejo
   (Asuntos acumulados T-694/13 y T-2/15) (1)

   ((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas con respecto a Belarús - Congelación de fondos y de recursos económicos - Restricciones de entrada y paso en tránsito en el territorio de la Unión - Mantenimiento del nombre del demandante en la lista de personas afectadas - Derecho de defensa - Deber de motivación - Error de apreciación - Proporcionalidad»))
   (2017/C 014/35)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Vadzim Ipatau (Minsk, Belarús) (representante: M. Michalauskas, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: F. Naert y B. Driessen, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión 2013/534/PESC del Consejo, de 29 de octubre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO 2013, L 288, p. 69), del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1054/2013 del Consejo, de 29 de octubre de 2013, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO 2013, L 288, p. 1), de la Decisión 2014/750/PESC del Consejo, de 30 de octubre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO 2014, L 311, p. 39), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1159/2014 del Consejo, de 30 de octubre de 2014, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO 2014, L 311, p. 2), en la medida en que estas disposiciones afectan al demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Vadzim Ipatau.

      (1)  DO C 93 de 29.3.2014.


title: Asunto C-192/13 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de septiembre de 2014 — Reino de España/Comisión Europea (Recurso de casación — Fondo de Cohesión — Reducción de la ayuda financiera — Adopción de la decisión por la Comisión Europea — Existencia de un plazo — Incumplimiento del plazo señalado — Consecuencias)

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/14

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de septiembre de 2014 — Reino de España/Comisión Europea
      (Asunto C-192/13 P) (1)

      ((Recurso de casación - Fondo de Cohesión - Reducción de la ayuda financiera - Adopción de la decisión por la Comisión Europea - Existencia de un plazo - Incumplimiento del plazo señalado - Consecuencias))
      (2014/C 395/16)
      Lengua de procedimiento: español

         Partes

         Recurrente: Reino de España (representante: A. Rubio González, agente)

         Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: S. Pardo Quintillán y D. Recchia agentes)

         Fallo

                  1)

                  Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea España/Comisión (T-235/11, EU:T:2013:49).

                  2)

                  Anular la Decisión de la Comisión C(2011) 1023 final, de 18 de febrero de 2011, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a las fases de proyectos: «Suministro y montaje de materiales de vía en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Madrid-Lleida» (CCI no 1999.ES.16.C.PT.001); «Línea de Alta Velocidad ferroviaria Madrid-Barcelona. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma, 1a fase)» (CCI no 2000.ES.16.C.PT.001); «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Accesos a Zaragoza» (CCI no 2000.ES.16.C.PT.003); «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell. Subtramo X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés)» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.007) y «Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Subtramo La Gineta-Albacete (Plataforma)» (CCI no 2004.ES.16.C.PT.014).

                  3)

                  Condenar a la Comisión al pago de sus propias costas y de las del Reino de España, tanto en el procedimiento de primera instancia como en el marco del presente recurso de casación.

         (1)  DO C 178 de 22.6.2013.


title: Asunto C-402/02: Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2002 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 323/28               ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       21.12.2002
      al dictamen motivado no hacen referencia alguna a esta              las autoridades francesas están obligadas a adoptar un procedi-
      cuestión.                                                           miento de reconocimiento mutuo de los títulos obtenidos en
                                                                          otros Estados miembros, como exigen estas dos Directivas.
( 1) D0 L 194 de 25.7.75, p. 39, EEE: capítulo 15, tomo 1, p. 129.
( 2) DO L 78 de 26.3.91, p. 32.                                           El mecanismo de asimilación organizado por los Decretos sin
( 3) DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
                                                                          tener en cuenta lo dispuesto en la Directivas 89/48 y 92/81 se
                                                                          basa únicamente en el examen de los títulos presentados por
                                                                          los candidatos y no prevé el cómputo de la experiencia
                                                                          eventualmente adquirida en el ejercicio de la profesión para
                                                                          compensar una eventual diferencia en la duración o el
                                                                          contenido de la formación sancionada con estos títulos. Ahora
Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2002 contra                     bien, os Estados miembros están obligados a tener en cuenta
la República Francesa por la Comisión de las Comunidades                  la experiencia profesional eventual del candidato a efectos de
                             Europeas                                     la asimilación del título obtenido en otro Estado miembro y el
                                                                          acceso a la profesión regulada de que se trate.
                       (Asunto C-402/02)
                                                                          (1 ) Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
                         (2002/C 323/41)
                                                                               relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de
                                                                               enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de
                                                                               una duración mínima de tres años (DO L 019, p. 16).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              (2 ) Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa
presentado el 12 de noviembre de 2002 un recurso contra                        a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones
                                                                               profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209,
República Francesa formulado por la Comisión de las Comuni-
                                                                               p. 25).
dades Europeas, representada por la Sra. M. Patakia y el
Sr. D. Martin, en calidad de agentes, que designa domicilio en
Luxemburgo.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:
—     Declare que República Francesa ha incumplido las obliga-            Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2002 contra
      ciones que le incumben en virtud de las Directivas 89/48/           el Reino Unido por la Comisión de las Comunidades
      CEE (1) y 92//51/CEE (2) y del artículo 39 CE, al no                                              Europeas
      adoptar un procedimiento de reconocimiento mutuo de
      títulos, a efectos del acceso a la profesión de educador                                     (Asunto C-405/02)
      especializado en la función pública hospitalaria, por una
      parte, y en la función pública territorial, por otra parte, y
      al mantener una normativa nacional y una práctica de la                                        (2002/C 323/42)
      comisión de asimilación de títulos que no tiene en cuenta
      la experiencia profesional de los trabajadores migrantes.
—     Condene en costas a República Francesa.                             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 12 de noviembre de 2002 un recurso contra el
                                                                          Reino Unido formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                          Europeas, representada por las Sras. Maria Patakia y Karen
Motivos y principales alegaciones
                                                                          Banks, en calidad de agentes, que designa domicilio en
                                                                          Luxemburgo.
A efectos de las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE se considera
que una profesión está regulada en un Estado miembro cuando
está autorizada en él y el acceso a ella o su ejercicio se                La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
reserva a las personas que cumplan los requisitos legales que
determinan, directa o indirectamente, el régimen de esta                  1.     Declare que el Reino Unido ha incumplido las obligacio-
profesión. A este respecto carece de pertinencia el hecho de                     nes que le incumben en virtud de la Directiva 1999/42/
que el acceso a una profesión similar en el sector privado o                     CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio
asociativo no esté supeditado al mismo requisito. Asimismo,                      de 1999, por la que se establece un mecanismo de
la afirmación hecha por las autoridades francesa en su                           reconocimiento de títulos respecto de las actividades
respuesta al dictamen motivado, en el sentido de que una                         profesionales a que se refieren las Directivas de liberaliza-
profesión únicamente está «regulada» si está sometida a un                       ción y de medidas transitorias ( 1), al no adoptar las
requisito de titulación que se desprenda de una disposición                      disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
general de carácter legislativo es jurídicamente erróneo. Puesto                 necesarias para atenerse a dicha Directiva, o, en todo
que las Directivas 86/48 y 92/51 se aplican en materia de                        caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.
acceso a la profesión regulada de educador especializado en la
función pública hospitalaria y en la función pública territorial,         2.     Condene en costas al Reino Unido.


title: Asunto C-441/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de  23 de febrero de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Klagenfurt) — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt (Libre circulación de mercancías — Artículos 28 CE y 30 CE — Medidas de efecto equivalente — Venta a domicilio — Venta de joyas de plata — Prohibición)

text:
               3.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 131/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de febrero de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Klagenfurt) — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt
   (Asunto C-441/04) (1)

   (Libre circulación de mercancías - Artículos 28 CE y 30 CE - Medidas de efecto equivalente - Venta a domicilio - Venta de joyas de plata - Prohibición)
   (2006/C 131/32)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Landesgericht Klagenfurt
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: A-Punkt Schmuckhandels GmbH

      Demandada: Claudia Schmidt
   Objeto
   Prejudicial — Landesgericht Klagenfurt — Interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE — Normativa nacional que prohíbe la venta a domicilio de joyas de oro, plata o platino
   Fallo
   Los artículos 28 CE y 30 CE no se oponen a una disposición nacional por la que un Estado miembro prohíbe la venta y la recogida de pedidos de joyas de plata a domicilio cuando esta disposición se aplica a todos los operadores implicados, siempre que afecte de la misma forma, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los productos nacionales y a la de los productos procedentes de otras Estados miembros. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, la aplicación de la disposición nacional puede impedir el acceso al mercado de productos procedentes de otros Estados miembros o dificultar este acceso más de lo que dificulta el acceso al mercado de los productos nacionales y, si éste es el caso, verificar si la medida en cuestión se justifica por un objetivo de interés general en el sentido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia confiere a este concepto o por uno de los objetivos enumerados en el artículo 30 CE, y si dicha medida es proporcionada a este objetivo.

      (1)  DO C 314, de 18.12.2004.


title: Asunto F-103/11: Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2011 — ZZ/BEI

text:
               7.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/25

         Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2011 — ZZ/BEI
   (Asunto F-103/11)
   2012/C 6/46
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: N. Thieltgen, abogado)

      Demandada: Banco Europeo de Inversiones

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión del Presidente del BEI de no adoptar ninguna medida tras el procedimiento de investigación relativo al supuesto acoso moral y de la conclusión final del comité de investigación, así como solicitud de indemnización de daños y perjuicios.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la conclusión final del comité de investigación recogida en el dictamen emitido por éste el 11 de julio de 2011, en la medida en que declara que no existen hechos que, en su opinión, puedan calificarse de acoso.

               —

               Que se anule la decisión del Presidente del BEI de 27 de julio de 2011.

               —

               Que se declare que la demandante ha sido y es víctima de hechos constitutivos de acoso.

               —

               Que se ordene al BEI que ponga fin a dicho acoso.

               —

               Que se anule la decisión del Presidente del BEI de 1 de septiembre de 2011.

               —

               Que se declare la existencia de un funcionamiento anormal del servicio imputable al BEI.

               —

               Que se declare la responsabilidad del BEI frente a la demandante en relación con la ilegalidad de la decisión del Presidente del BEI de 27 de julio de 2011, con los hechos constitutivos de acoso de los que la demandante ha sido víctima y con el funcionamiento anormal del servicio imputable al BEI.

               —

               Que se condene al BEI a indemnizar los daños físicos, morales y materiales de la demandante, pasados y futuros, derivados de la ilegalidad de la decisión del Presidente del BEI de 27 de julio de 2011, del acoso moral del que ha sido víctima la demandante y del funcionamiento anormal del servicio imputable al BEI, más los correspondientes intereses de demora:

               —

               En relación con la ilegalidad del escrito del Presidente del BEI de 27 de julio de 2011:

                           —

                           en concepto de daños materiales por la pérdida de retribuciones: 113 100 euros;

                           —

                           en concepto de daños morales: 50 000 euros.

               —

               En relación con el acoso moral del que ha sido víctima la demandante:

                           —

                           en concepto de daños materiales por retribuciones y detrimento en la carrera profesional: 132 100 euros;

                           —

                           en concepto de daños morales: 50 000 euros;

                           —

                           en concepto de gastos incurridos: 13 361,93 euros.

               —

               En relación con el funcionamiento anormal del servicio imputable al BEI:

                           —

                           en lo relativo al incumplimiento por el BEI de su deber de confidencialidad y de protección de datos: 10 000 euros;

                           —

                           en cuanto al incidente relativo a la declaración de los testigos: 40 000 euros.

               —

               Que se condene en costas al BEI.


title: Asunto C-22/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove (Eslovaquia) el 17 de enero de 2012 — Katarína Hassová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová

text:
               31.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove (Eslovaquia) el 17 de enero de 2012 — Katarína Hassová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová
   (Asunto C-22/12)
   2012/C 98/22
   Lengua de procedimiento: eslovaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Krajský súd v Prešove

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Katarína Hassová

      Demandadas: Rastislav Petrík, Blanka Holingová

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 1, párrafo primero, de la Tercera Directiva 90/232/CEE (1) del Consejo, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE (2) del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, ¿debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho interno (como el artículo 4 de la Ley no 381/2001, sobre contrato de seguro obligatorio de los daños que resultan de la circulación de vehículos automóviles, y el artículo 6 de la Ley no 168/1999 [de la República Checa] sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos), con arreglo a la cual la responsabilidad civil que resulta del uso de vehículos automóviles no cubre los daños morales, expresados como una cantidad pecuniaria, que sufren los cónyuges supérstites de las víctimas de un accidente de tráfico producido por el uso de vehículos automóviles?

               2)

               En caso de que se responda a la primera cuestión que la citada norma de Derecho interno no es contraria al Derecho comunitario, ¿las disposiciones del artículo 4, apartados 1, 2 y 4, de la Ley no 381/2001, sobre contrato de seguro obligatorio de los daños que resultan de la circulación de vehículos automóviles, y del artículo 6, de la Ley no 168/1999 [de la República Checa] sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el órgano jurisdiccional nacional, de conformidad con el artículo 1, párrafo primero, de la Directiva 90/232/CEE [omissis] en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE, reconozca a los cónyuges supérstites de las víctimas de un accidente de tráfico provocado por el uso de vehículos automóviles, en su condición de perjudicados, el derecho a que se les indemnicen los daños morales también de forma pecuniaria?

      (1)  DO L 129, p. 33; EE 06/01, p. 249.

      (2)  Directiva 72/166/CEE del Consejo, de24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 103, p. 1; EE 06/01, p. 10).


title: Asunto C-368/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de julio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Baranya Megyei Bíróság — República de Hungría) — Pannon Gép Centrum kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály ( «Sexta Directiva IVA — Directiva 2006/112/CE — Derecho a deducir el impuesto soportado — Normativa nacional que sanciona una mención errónea en la factura con la pérdida del derecho a deducción» )

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de julio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Baranya Megyei Bíróság — República de Hungría) — Pannon Gép Centrum kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály
   (Asunto C-368/09) (1)

   (Sexta Directiva IVA - Directiva 2006/112/CE - Derecho a deducir el impuesto soportado - Normativa nacional que sanciona una mención errónea en la factura con la pérdida del derecho a deducción)
   2010/C 246/18
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Baranya Megyei Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Pannon Gép Centrum kft

      Demandada: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Baranya Megyei Bíróság — Interpretación de los artículos 17, apartado 1, 18, apartado 1, y 22, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1) y de la Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el impuesto sobre el valor añadido (DO L 15, p. 24) — Pérdida del derecho a deducción del destinatario de los servicios como consecuencia de un error en la fecha de terminación de las obras mencionada en la factura emitida por el prestador — Normativa nacional que sanciona cualquier deficiencia formal de la factura con la pérdida del derecho a deducción.

      Fallo

   Los artículos 167, 178, letra a), 220, punto 1, y 226 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa o práctica nacional con arreglo a la cual las autoridades nacionales deniegan a un sujeto pasivo el derecho a deducir del importe del impuesto sobre el valor añadido del que es deudor el importe del impuesto sobre el valor añadido devengado o pagado por los servicios que se le han prestado, basándose en que la factura inicial, en posesión de aquel en el momento de la deducción, contenía una fecha errónea de conclusión de la prestación de servicios y en que no existía una numeración continua de la factura rectificada posteriormente y de la nota de crédito por la que se anulaba la factura inicial, si se cumplen los requisitos materiales de la deducción y si, antes de que la autoridad competente adoptara su decisión, el sujeto pasivo presentó a esta última una factura rectificada que indicaba la fecha exacta en que había concluido dicha prestación de servicios, aunque no exista una numeración continua de dicha factura y de la nota de crédito por la que se anuló la factura inicial.

      (1)  DO C 11, de 16.1.2010.


title: Asunto C-398/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet (No devolución de un tributo indebidamente pagado — Enriquecimiento sin causa derivado de la relación existente entre el establecimiento de dicho tributo y la supresión de otros tributos)

text:
               22.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet
   (Asunto C-398/09) (1)

   (No devolución de un tributo indebidamente pagado - Enriquecimiento sin causa derivado de la relación existente entre el establecimiento de dicho tributo y la supresión de otros tributos)
   2011/C 311/08
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S

      Demandada: Skatteministeriet

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Østre Landsret — Interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-192/95, Comateb y otros, en materia de devolución de cantidades indebidamente pagadas — Denegación de la devolución de un gravamen nacional considerado incompatible con el Derecho comunitario, motivado por el enriquecimiento sin causa debido a la relación directa entre la introducción del gravamen ilícito y la supresión de otros gravámenes establecidos sobre otra base — No devolución que tiene como efecto desfavorecer a los operadores importadores de productos en relación con los operadores que compran productos equivalentes nacionales a causa de que el gravamen ilegal que pagan los primeros es proporcionalmente más elevado que el que pagan los segundos.

      Fallo

   Las normas del Derecho de la Unión en materia de cobro de lo indebido deben interpretarse en el sentido de que la devolución de lo pagado indebidamente tan sólo puede dar lugar a un enriquecimiento sin causa en el supuesto de que las cantidades indebidamente pagadas por un sujeto pasivo en concepto de un tributo recaudado en un Estado miembro contraviniendo el Derecho de la Unión hayan sido repercutidas directamente sobre el comprador. Por consiguiente, el Derecho de la Unión se opone a que un Estado miembro deniegue la devolución de un tributo ilícito basándose en que las cantidades indebidamente pagadas por el sujeto pasivo se hayan visto compensadas por el ahorro resultante de la supresión simultánea de otros gravámenes, puesto que, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, tal compensación no puede considerarse un enriquecimiento sin causa en relación con el referido tributo.

      (1)  DO C 312, de 19.12.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2003 en el asunto C-378/00: Comisión de las Comunidades Europeas contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea ("Comitología — Decisión 1999/468/CE del Consejo, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión — Criterios de elección entre los distintos procedimientos de adopción de las medidas de ejecución — Efectos — Obligación de motivar — Anulación parcial del Reglamento (CE) no 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE))"

text:
8.3.2003                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                    C 55/3
Division (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio                    Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Bacardi-                     y M. Wathelet, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann,
Martini SAS, Cellier des Dauphins, y Newcastle United Football                A. La Pergola (Ponente), P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken
Company Ltd, una decisión prejudicial sobre la interpretación                 y N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha Rodrigues,
del artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE,                   Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra.
tras su modificación), el Tribunal de Justicia, integrado por el              M.-F. Contet, administradora, ha dictado el 21 de enero
Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet           de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
y M. Wathelet, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann,
D.A.O. Edward, P. Jann (Ponente) y V. Skouris, las                            1)     Anular el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE)
Sras. F. Macken y N. Colneric, y los Sres. S. von Bahr y                             no 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano;                       17 de julio de 2000, relativo al instrumento financiero para el
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado                    medio ambiente (LIFE).
el 21 de enero de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                              2)     Las medidas de ejecución del Reglamento no 1655/2000 que
La petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of                   hayan sido adoptadas antes de la fecha de la presente sentencia
Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, mediante                          no se verán afectadas por ésta.
resolución de 28 de julio de 2000 no es admisible.                            3)     Se mantendrán en su integridad los efectos del artículo 11,
                                                                                apartado 2, del Reglamento n o 1655/2000 hasta que el
( 1) DO C 302 de 21.10.2000.                                                         Parlamento y el Consejo aprueben nuevas disposiciones relativas
                                                                                al procedimiento de comité al que estarán sometidas las medidas
                                                                                de ejecución de dicho Reglamento.
                                                                              4)     Condenar en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la
                                                                                Unión Europea.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                              (1 ) DO C 355 de 9.12.2000.
                      de 21 de enero de 2003
en el asunto C-378/00: Comisión de las Comunidades
Europeas contra Parlamento Europeo y Consejo de la
                          Unión Europea ( 1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(«Comitología — Decisión 1999/468/CE del Consejo, por la
que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las                                              (Sala Sexta)
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión —
                                                                                de 23 de enero de 2003
Criterios de elección entre los distintos procedimientos de
adopción de las medidas de ejecución — Efectos — Obliga-                      en los asuntos acumulados C-421/00, C-426/00 y C-16/
ción de motivar — Anulación parcial del Reglamento (CE)                       01 (Petición de decisión prejudicial del Unabhängiger
no 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo                    Verwaltungssenat für Kärnten, del Unabhängiger Verwal-
   al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE))»                  tungssenat Wien y del Verwaltungsgerichtshof): Renate
                                                                                Sterbenz y Paul Dieter Haug ( 1)
                            (2003/C 55/05)
                                                                              («Aproximación de las legislaciones — Artículos 28 CE y 30
                   (Lengua de procedimiento: francés)                         CE — Directiva 79/112/CEE — Etiquetado y presentación
                                                                                de los productos alimenticios»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                                     (2003/C 55/06)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto C-378/00, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agente: Sra. D. Maidani) contra Parlamento Europeo                      (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(agentes: Sres. C. Pennera y M. Moore), y Consejo de la Unión                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
Europea (agentes: Sres. J.-P. Jacqué y G. Houttuin) apoyado por
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (agente:
Sra. G. Amodeo, asistida por el Sr. M. Hoskins) que tiene por                 En los asuntos acumulados C-421/00, C-426/00 y C-16/01,
objeto la anulación del Reglamento (CE) no 1655/2000 del                      que tiene por objeto diversas peticiones dirigida al Tribunal de
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000,                     Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Unabhängiger
relativo al instrumento financiero para el medio ambiente                     Verwaltungssenat für Kärnten (Austria), el Unabhängiger Ver-
(LIFE) (DO L 192, p. 1), en tanto en cuanto somete la                         waltungssenat Wien (Austria) y el Verwaltungsgerichtshof
adopción de las medidas de ejecución del programa LIFE al                     (Austria), destinadas a obtener, en los procesos penales segui-
procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de                  dos ante dicho órgano jurisdiccional contra Renate Sterbenz
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,                  (Asunto C-421/00), una decisión prejudicial sobre la interpre-
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de              tación de los artículos 28 CE y 30 CE y de la Directiva 79/112/
las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO                    CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la
L 184, p. 23), el Tribunal de Justicia, integrado por el                      aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en


title: Asunto T-228/02: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2006 — Organización Mujahedin del Pueblo de Irán/Consejo (Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Congelación de fondos — Recurso de anulación — Derecho de defensa — Motivación — Derecho a una protección jurisdiccional efectiva — Recurso de indemnización)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/28

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2006 — Organización Mujahedin del Pueblo de Irán/Consejo
   (Asunto T-228/02) (1)

   (Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo - Congelación de fondos - Recurso de anulación - Derecho de defensa - Motivación - Derecho a una protección jurisdiccional efectiva - Recurso de indemnización)
   (2006/C 331/63)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Organización Mujahedin del Pueblo de Irán (Auvers-sur-Oise, Francia) (representantes: J.-P. Spitzer, abogado, D. Vaughan, QC, y É De Boissieu, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Vitsentzatos y M. Bishop, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: inicialmente J.E. Collins, y posteriormente R. Caudwell y C. Gibbs, agentes, asistidas por S. Moore, Barrister)
   Objeto
   Por una parte, un recurso de anulación de la Posición común 2002/340/PESC del Consejo, de 2 de mayo de 2002, por la que se actualiza la Posición común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 116, p. 75), de la Posición común 2002/462/PESC del Consejo, de 17 de junio de 2002, por la que se actualiza la Posición común 2001/931 y se deroga la Posición común 2002/340 (DO L 160, p. 32), así como de la Decisión 2002/460/CE del Consejo, de 17 de junio de 2002, relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2002/334/CE (DO L 160, p. 26), en la medida en que la demandante figura en la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican dichas disposiciones y, por otra parte, un recurso de indemnización
   Fallo

               1)

               Declarar el recurso en parte inadmisible y en parte infundado, en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Posición común 2005/936/PESC del Consejo, de 21 de diciembre de 2005, por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC y se deroga la Posición Común 2005/847/PESC.

               2)

               Anular, en cuanto afecta a la demandante, la Decisión 2005/930/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 2005, relativa a la aplicación del artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2005/848/CE.

               3)

               Desestimar la pretensión de indemnización por inadmisible.

               4)

               El Consejo cargará con sus propias costas y con cuatro quintos de las costas de la demandante.

               5)

               El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 247, de 12.10.2002.


title: Asunto T-305/13: Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2015 — SACE y Sace BT/Comisión («Ayudas de Estado — Seguro de crédito a la exportación — Cobertura de reaseguro concedida por una empresa pública a su filial — Aportaciones de capital para cubrir las pérdidas de la filial — Concepto de ayudas de Estado — Imputabilidad al Estado — Criterio del inversor privado — Obligación de motivación»)

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/18

         Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2015 — SACE y Sace BT/Comisión
   (Asunto T-305/13) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Seguro de crédito a la exportación - Cobertura de reaseguro concedida por una empresa pública a su filial - Aportaciones de capital para cubrir las pérdidas de la filial - Concepto de ayudas de Estado - Imputabilidad al Estado - Criterio del inversor privado - Obligación de motivación»))
   (2015/C 262/23)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) (Roma, Italia), y Sace BT SpA (Roma) (representantes: M. Siragusa y G. Rizza, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: G. Conte, D. Grespan y K. Walkerová, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de las demandantes: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

      Objeto

   Demanda de anulación de la Decisión 2014/525/UE de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, relativa a las medidas SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) ejecutadas por Italia en 2004 y en 2009 en favor de Sace BT SpA (DO 2014, L 239, p. 24).

      Fallo

               1)

               Anular el artículo 2, párrafo segundo, de la Decisión 2014/525/UE de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, relativa a las medidas SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) ejecutadas por Italia en 2004 y en 2009 en favor de Sace BT SpA.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) y Sace BT cargarán con sus propias costas, incluidas las del procedimiento de medidas provisionales.

               4)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas, incluidas las del procedimiento de medidas provisionales.

               5)

               La República Italiana cargará con sus propias costas, incluidas las del procedimiento de medidas provisionales.

      (1)  DO C 207, de 20.7.2013.


title: Asunto T-45/09: Auto del Tribunal General de 22 de marzo de 2010 — Al Barakaat International Foundation/Comisión

text:
               5.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 148/51

         Auto del Tribunal General de 22 de marzo de 2010 — Al Barakaat International Foundation/Comisión
   (Asunto T-45/09) (1)

   2010/C 148/87

      Lengua de procedimiento: sueco

   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 153, de 4.7.2009.


title: Asunto C-114/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de septiembre de 2014 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Acción exterior de la Unión Europea — Acuerdos internacionales — Protección de los derechos de los organismos de radiodifusión afines a los derechos de autor — Negociaciones relativas a un Convenio del Consejo de Europa — Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros por la que se autoriza la participación conjunta de la Unión y de sus Estados miembros en las negociaciones — Artículo 3 TFUE, apartado 2 — Competencia externa exclusiva de la Unión)

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/2

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de septiembre de 2014 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea
      (Asunto C-114/12) (1)

      ((Recurso de anulación - Acción exterior de la Unión Europea - Acuerdos internacionales - Protección de los derechos de los organismos de radiodifusión afines a los derechos de autor - Negociaciones relativas a un Convenio del Consejo de Europa - Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros por la que se autoriza la participación conjunta de la Unión y de sus Estados miembros en las negociaciones - Artículo 3 TFUE, apartado 2 - Competencia externa exclusiva de la Unión))
      (2014/C 395/02)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre, P. Hetsch, L. Gussetti y J. Samnadda, agentes)

         Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandante: Parlamento Europeo (representantes: R. Passos y D. Warin, agentes)

         Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: H. Legal, J.-P. Hix, F. Florindo Gijón y M. Balta, agentes)

         Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: República Checa (representantes: M. Smolek, E. Ruffer, D. Hadroušek y J. Králová, agentes), República Federal de Alemania (representantes: T. Henze, B. Beutler y N. Graf Vitzthum, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: C. Wissels y J. Langer, agentes), República de Polonia (representantes: inicialmente M. Szpunar, B. Majczyna, M. Drwięcki y E. Gromnicka, y posteriormente estos tres últimos, agentes), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: C. Murrell, agente, asistida por R. Palmer, Barrister)

         Fallo

                  1)

                  Anular la Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, relativa a la participación de la Unión Europea y de sus Estados miembros en las negociaciones de un Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión.

                  2)

                  Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

                  3)

                  La República Checa, la República Federal de Alemania, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Parlamento Europeo cargarán con sus propias costas.

         (1)  DO C 138, de 12.5.2012.


title: Asunto F-64/13: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de junio de 2015 — Z/Tribunal de Justicia (Función pública — Funcionarios — Informe de calificación — Elaboración del informe de calificación fuera de plazo — Recurso de anulación — Recurso de indemnización)

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/39

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de junio de 2015 — Z/Tribunal de Justicia
   (Asunto F-64/13) (1)

   ((Función pública - Funcionarios - Informe de calificación - Elaboración del informe de calificación fuera de plazo - Recurso de anulación - Recurso de indemnización))
   (2015/C 262/52)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Z (representante: F. Rollinger, abogado)

      Demandada: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (representante: A.V. Placco, agente)

      Objeto

   Pretensión de que se anule el informe de calificación de la demandante relativo al período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 y se condene a la parte demandada al abono de una cuantía en concepto de indemnización del daño moral.

      Fallo

               1)

               Desestimar recurso.

               2)

               Z cargará con sus propias costas y con los gastos en que haya incurrido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

      (1)  DO C 274, de 21.9.2013, p. 30.


title: Asunto T-30/10: Recurso interpuesto el 29 de enero de 2010 — Reagens/Comisión

text:
               27.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/39

         Recurso interpuesto el 29 de enero de 2010 — Reagens/Comisión
   (Asunto T-30/10)
   2010/C 80/64
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italia) (representantes: B. O’Connor, L. Toffoletti, D. Gullo y E. De Giorgi, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de 11 de noviembre de 2009 no C(2009)8682 final (asunto COMP/38.589 — Termoestabilizadores) en relación con los estabilizadores estánnicos en todo o en parte en la medida en que afecta a la demandante.

               —

               Declare que los plazos establecidos en el artículo 25 del Reglamento no 1/2003 son aplicables e impiden que se imponga una multa a la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, declare que la Comisión incurrió en un error al imponer una multa de 10 791 000 euros a la demandante, y, de ser necesario, ajuste dicha multa a un nivel adecuado a la naturaleza limitada de la eventual infracción de la demandante al artículo 101 TFUE con posterioridad a 1996.

               —

               Que se ordene una diligencia de prueba respecto a la aplicación del punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas en relación con Chemson y Baerlocher y en relación con todas las alegaciones formuladas por los destinatarios de la Decisión sobre los estabilizadores estánnicos tras la notificación del pliego de cargos.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas de este procedimiento

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso, la demandante pretende la anulación parcial de la Decisión de la Comisión de 11 de noviembre de 2009 no C(2009)8682 final en la medida en que consideró a la demandante responsable de la infracción de los artículos 81 CE y 53 EEE (asunto COMP/38.589 — Termoestabilizadores), y que le impone una multa.
   Para fundamentar sus alegaciones, la demandante invoca los siguientes motivos.
   La demandante afirma, en primer lugar, que la Comisión incurrió en un error manifiesto al valorar los hechos en relación con los estabilizadores estánnicos, en la medida en que consideró que la demandante participó en la infracción del artículo 81 CE (actualmente artículo 101 TFUE) tras el período de 1996/1997.
   En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error manifiesto al aplicar el artículo 25 del Reglamento (CE) 1/2003 (1) a los hechos del mercado de estabilizadores estánnicos y en particular al considerar que se habían respetado los plazos establecidos en dicho artículo. Según la demandante, la falta de prueba de una infracción posterior a 1996/1997 significa que ha prescrito la posibilidad de adoptar una decisión que imponga una multa a la demandante con arreglo a la norma de los cinco o diez años establecida en este artículo.
   En tercer lugar, la demandante sostiene que la Comisión vulneró los principios de buena administración y su confianza legítima en que llevaría a cabo la investigación lo mejor posible de modo riguroso y diligente y que no ignoraría pruebas de competencia. Asimismo, la demandante afirma que la Comisión actuó violando su derecho de defensa en tanto no examinó adecuadamente las pruebas aportadas por la demandante en respuesta al pliego de cargos y en la audiencia de las partes ni permitió a la demandante acceder de nuevo al expediente no confidencial de la investigación.
   En cuarto lugar, la demandante observa que la Comisión vulneró el principio que obliga a tratar a todas las empresas por igual ante la Ley, en tanto aplicó incorrectamente las Directrices para el cálculo de las multas. (2) Además, la demandante señala que la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad en tanto la multa que impuso a la demandante era desproporcionada en relación con todos los demás destinatarios de la Decisión sobre los estabilizadores estánnicos y, en particular, Baerlocher.
   En quinto lugar, la demandante indica que la Comisión actuó de un modo que falseó la competencia infringiendo el artículo 101 TFUE en la medida en que no aplicó correctamente la Directrices para el cálculo de las multas.
   Por último, la demandante alega que la Comisión vulneró el principio de buena administración al no llevar a cabo la investigación de manera diligente y respetando los plazos, así mismo lesionó el derecho de defensa de la demandante al no continuar la investigación durante el período de las solicitudes al Tribunal General de protección de los documentos en virtud de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes en el asunto Akzo. (3)

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).

      (2)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO C 210, p. 2).

      (3)  Sentencia del Tribunal General de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión (T-125/03 y T-253/03, Rec. p. II-3523).


title: Asunto T-3/11: Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015 — Portugal/Comisión [«FEOGA — Sección “Garantía” — FEAGA y FEADER — Gastos excluidos de la financiación — Deficiencias en el sistema de identificación de las parcelas agrícolas y el sistema de información geográfica (SIP-SIG), en la ejecución de los controles sobre el terreno y en el cálculo de sanciones (ejercicios 2005 a 2007)»]

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/13

         Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015 — Portugal/Comisión
   (Asunto T-3/11) (1)

   ([«FEOGA - Sección “Garantía” - FEAGA y FEADER - Gastos excluidos de la financiación - Deficiencias en el sistema de identificación de las parcelas agrícolas y el sistema de información geográfica (SIP-SIG), en la ejecución de los controles sobre el terreno y en el cálculo de sanciones (ejercicios 2005 a 2007)»])
   (2015/C 262/16)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo y J. Saraiva de Almeida, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Guerra e Andrade y P. Rossi, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión 2010/668/UE de la Comisión, de 4 de noviembre de 2010, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 288, p. 24), en la parte en que aplica, por el motivo «[d]eficiencias del SIP-SIG [sistema de identificación de las parcelas agrícolas-sistema de información geográfica], en la ejecución de los controles sobre el terreno y en el cálculo de sanciones», durante los ejercicios 2005 a 2007, correcciones financieras a la República Portuguesa por importe de 4 0 6 90  655,11 euros.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 139, de 7.5.2011.


title: Asunto C-290/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Napoli (Italia) el 11 de junio de 2012 — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

text:
               11.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Napoli (Italia) el 11 de junio de 2012 — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA
   (Asunto C-290/12)
   2012/C 243/17
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Napoli

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Oreste Della Rocca

      Demandada: Poste Italiane SpA

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Habida cuenta de la observación formulada en el apartado 36 del auto del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 2010, Briot (C-386/09), ¿la Directiva 1999/70/CE, (1) en particular la cláusula 2, hace referencia también a la relación laboral de duración determinada entre el trabajador cedido y la empresa de trabajo temporal, o entre el trabajador cedido y el usuario, y, por tanto, regula dichas relaciones?

               2)

               A falta de otras medidas limitativas, una disposición que permite la fijación de un término al contrato de trabajo celebrado con una empresa de trabajo temporal, así como su renovación, sobre la base de exigencias técnicas, de organización o de producción, no propias de la empresa de trabajo temporal ni relativas a la relación laboral específica de duración determinada, sino sobre la base de exigencias generales de la empresa usuaria, desvinculadas de la relación de trabajo específica, ¿cumple los requisitos establecidos en la cláusula 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 1999/70/CE, o puede constituir una elusión de dicha Directiva? ¿Las exigencias objetivas establecidas en la cláusula 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 1999/70/CE deben recogerse en un documento y referirse a la relación laboral específica de duración determinada y a su renovación, con la consecuencia de que la referencia a las exigencias objetivas generales que han justificado la celebración del contrato de puesta a disposición del trabajador es inadecuada para cumplir lo dispuesto en la cláusula 5, letra a)?

               3)

               ¿Se opone la cláusula 5 de la Directiva 1999/70/CE a que las consecuencias del abuso recaigan sobre el tercero, en el caso de autos el usuario?

      (1)  DO L 175, p. 43.


title: Asunto T-273/04: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 23 de mayo de 2008 — FagorBrandt/Comisión

text:
               19.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/30

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 23 de mayo de 2008 — FagorBrandt/Comisión
   (Asunto T-273/04) (1)

   (2008/C 183/56)

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 251 de 9.10.2004.


title: Asunto F-57/06: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 7 de noviembre de 2007 — Hinderyckx/Consejo (Funcionarios — Promoción — Ejercicio de promoción 2005 — No inclusión en la lista de los funcionarios promovidos — Infracción del artículo 45 del Estatuto — Examen comparativo de los méritos — Informes de calificación procedentes de instituciones distintas)

text:
               9.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/34

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 7 de noviembre de 2007 — Hinderyckx/Consejo
   (Asunto F-57/06) (1)

   (Funcionarios - Promoción - Ejercicio de promoción 2005 - No inclusión en la lista de los funcionarios promovidos - Infracción del artículo 45 del Estatuto - Examen comparativo de los méritos - Informes de calificación procedentes de instituciones distintas)
   (2008/C 37/55)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Jacques Hinderyckx (Bruselas, Bélgica) (representante: J. Martin, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Simm y M. Bauer, agentes)
   Objeto
   Por una parte, la anulación de la decisión de no promover al demandante al grado B*8 en virtud del ejercicio de promoción 2005 y, por otra parte, un recurso de indemnización por daños y perjuicios.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Consejo de la Unión Europea cargará, además de con su propias costas, con la tercera parte de las costas del Sr. Hinderyckx.

               3)

               El Sr. Hinderyckx cargará con las dos terceras partes de sus propias costas.

      (1)  DO C 178 de 29.7.2006, p. 34.


title: Asunto C-138/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 15 de marzo de 2010 — DP Grup EOOD/Direcktor na Agentsia «Mitnitsi»

text:
               5.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 148/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 15 de marzo de 2010 — DP Grup EOOD/Direcktor na Agentsia «Mitnitsi»
   (Asunto C-138/10)
   2010/C 148/25
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: DP Grup EOOD

      Demandada: Direcktor na Agentsia «Mitnitsi»

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 63 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, (1) ¿debe interpretarse, en las circunstancias del procedimiento principal, en el sentido de que obliga a la autoridad aduanera a realizar solamente un examen de la conformidad de la declaración en aduana con los requisitos del artículo 62 de dicho Reglamento, efectuando únicamente un control documental dentro del alcance mencionado en el artículo 68 del Reglamento, y a adoptar una decisión sobre la admisión de la declaración en aduana sólo sobre la base de los documentos presentados, cuando haya surgido una duda sobre la exactitud del código arancelario de la mercancía y sea necesario un dictamen pericial para determinar dicho código?

               2)

               La decisión de la autoridad aduanera sobre la admisión inmediata de la declaración en aduana en virtud del artículo 63 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario ¿debe considerarse, en las circunstancias del procedimiento principal, una decisión de una autoridad aduanera conforme al artículo 4, número 5, en relación con el artículo 8, apartado 1, primer guión, del Código aduanero, en particular, respecto a todo el contenido de la declaración en aduana efectuada, cuando simultáneamente concurren las siguientes circunstancias?:

                           a)

                           La decisión de la autoridad aduanera sobre la admisión de la declaración en aduana se adoptó únicamente sobre la base de los documentos presentados junto con la declaración.

                           b)

                           Al efectuarse los controles requeridos antes de la admisión de la declaración en aduana, existía la sospecha de que el código arancelario de la mercancía indicado no era correcto.

                           c)

                           Al efectuarse los controles requeridos antes de la admisión de la declaración en aduana, la información sobre el contenido de la mercancía declarada, que era importante para determinar correctamente el código arancelario, era incompleta.

                           d)

                           Al efectuarse los controles antes de la admisión de la declaración en aduana, se tomó una muestra para la elaboración de un dictamen a efectos de la correcta determinación del código arancelario de la mercancía.

               3)

               El artículo 63 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, ¿debe interpretarse, en las circunstancias del procedimiento principal,

                           a)

                           en el sentido de que permite impugnar ante los órganos jurisdiccionales la conformidad a Derecho de la admisión de la declaración en aduana tras el despacho a libre práctica de la mercancía,

                           b)

                           en el sentido de que la admisión de la declaración en aduana no es impugnable, porque con ella sólo se registra la declaración de las mercancías ante las autoridades aduaneras y se determina el momento en que se devenga el derecho de importación, y no constituye una decisión de una autoridad aduanera sobre las cuestiones de la correcta clasificación arancelaria y de la cuantía del derecho adeudado en virtud de dicha declaración?

      (1)  DO L 302, p. 1.


title: Asunto C-167/11 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de abril de 2011 por Cantiere navale De Poli SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 3 de febrero de 2011 en el asunto T-584/08, Cantiere navale De Poli/Comisión

text:
               11.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 173/7

         Recurso de casación interpuesto el 5 de abril de 2011 por Cantiere navale De Poli SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 3 de febrero de 2011 en el asunto T-584/08, Cantiere navale De Poli/Comisión
   (Asunto C-167/11 P)
   2011/C 173/15
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Cantiere navale De Poli SpA en liquidación y concurso de acreedores (representantes: A. Abate y A. Franchi, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se estime el recurso de casación dirigido a la anulación de la sentencia del Tribunal General de 3 de febrero de 2011 y de la correspondiente Decisión de la Comisión Europea de 21 de octubre de 2008, y, en la medida necesaria y posible, se pronuncie directamente sobre el fondo del recurso principal.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la sentencia y se devuelva el asunto al Tribunal General.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso de casación, la recurrente critica la sentencia del Tribunal General dictada el 3 de febrero de 2011 en el asunto T-584/08, Cantiere navale De Poli/Comisión, en particular, los siguientes aspectos:

               a)

                  Vicios de procedimiento por falta de motivación en relación con:

                           —

                           La interpretación teleológica del Reglamento (CE) no 1177/2002 del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción naval (en lo sucesivo, «Reglamento MDT»), (1) a fin de identificar los objetivos perseguidos por el Consejo para proteger los intereses de los astilleros comunitarios perjudicados por las condiciones de competencia desleales practicadas por los astilleros coreanos.

                           —

                           La relación (jerarquía de las normas jurídicas) entre el Reglamento MDT del Consejo y el Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE. (2)

                           —

                           El recurso al principio de subsidiariedad para determinar las normas que regulan las fechas de notificación de las ayudas por parte de los Estados miembros a la Comisión.

               b)

                  Violación del Derecho comunitario en relación con:

                           —

                           El ejercicio temporal de la facultad de los Estados miembros de notificar las ayudas a la Comisión en el marco del Reglamento MDT.

                           —

                           El ámbito de competencia de la Comisión en la apreciación de la «compatibilidad con el mercado común» de las ayudas contempladas en el Reglamento.

                           —

                           La regulación de las relaciones jurídicas surgidas estando en vigor el Reglamento, tras la expiración del plazo de vigencia de éste (31 de marzo de 2005).

                           —

                           La aplicación de los principios de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima.

      (1)  DO L 172, p. 1.

      (2)  DO L 140, p. 1.


               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/5

         Prestación de juramento de los nuevos miembros del Tribunal de Primera Instancia
   2009/C 267/09
   Tras haber sido nombrados Jueces del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas mediante decisiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas de 25 de febrero de 2009 (1) y de 8 de julio de 2009 (2), el Sr. Kanninen por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2010 y el Sr. Schwarcz por el período comprendido entre el 7 de octubre de 2009 y el 31 de agosto de 2010, ambos han prestado juramento ante el Tribunal de Justicia el 6 de octubre de 2009.

      (1)  DO L 56, de 28 de febrero de 2009, p. 17.

      (2)  DO L 181, de 14 de julio de 2009, p. 25.


title: Asunto T-79/14: Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2016 — Secop/Comisión («Ayudas de Estado — Salvamento de empresas en crisis — Ayuda consistente en una garantía del Estado — Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior — No incoación del procedimiento de investigación formal — Dificultades serias — Derechos procedimentales de las partes interesadas»)

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/29

         Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2016 — Secop/Comisión
   (Asunto T-79/14) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Salvamento de empresas en crisis - Ayuda consistente en una garantía del Estado - Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior - No incoación del procedimiento de investigación formal - Dificultades serias - Derechos procedimentales de las partes interesadas»))
   (2016/C 136/41)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Secop GmbH (Flensburg, Alemania) (representantes: U. Schnelle y C. Aufdermauer, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Armati, T. Maxian Rusche y R. Sauer, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión C(2013) 9119 final de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.37640 — Ayuda de salvamento en favor de ACC Compressors SpA — Italia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Secop GmbH.

      (1)  DO C 85 de 22.3.2014.


title: Asunto T-28/05: Recurso interpuesto el 17 de enero de 2005 por Ekabe International SCA contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior

text:
               2.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/40

         Recurso interpuesto el 17 de enero de 2005 por Ekabe International SCA contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
   (Asunto T-28/05)
   (2005/C 82/72)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de enero de 2005 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) formulado por Ekabe International SCA, representada por el Sr. Charles de Haas, abogado.
   Puleva SA fue asimismo parte en el procedimiento ante la Sala Cuarta de Recurso.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule y modifique la resolución de la Sala Cuarta de Recurso en la medida en que confirma la desestimación de la solicitud de marca comunitaria OMEGA 3 no 824573 y del posterior procedimiento de oposición no B 148132.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

               Solicitante de la marca comunitaria:

               La sociedad CEMA. La marca fue cedida a Primalliance y después a Ekabe International

               Marca comunitaria solicitada:

               La marca figurativa «OMEGA 3» para productos de la clase 29 (margarina) – solicitud no 824573

               Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               Puleva SA

               Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición:

               La marca denominativa nacional «PULEVA-OMEGA 3» para productos de la clase 29 (carne, pescado, aves y caza; frutas y verduras en conserva, secas y cocidas; huevos, leche y otros productos lácteos, …)

               Resolución de la División de Oposición:

               Desestimación de la solicitud de registro

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso

               Motivos invocados:

               Violación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 del Consejo