title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 22 de mayo de 2000 en el asunto T-103/99, Associazione delle cantine sociali venete contra Defensor del Pueblo europeo y Parlamento Europeo (Recurso por omisión — Defensor del Pueblo — Inadmisibilidad)

text:
C 233/28                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          12.8.2000
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                      de 16 de junio de 2000                                                     de 22 de mayo de 2000
                                                                           en el asunto T-96/99, Pieter F. Fleurbaay contra Banco
en el asunto T-84/98, C contra Consejo de la Unión                                            Europeo de Inversiones (1)
                               Europea (1)
                                                                           (Banco Europeo de Inversiones (BEI) — Recursos de los
(Funcionarios — Recurso de anulación — Comisión de                       agentes — Acto impugnable — Inadmisibilidad manifiesta)
invalidez — Jubilación — Vicios sustanciales de forma —
            Desviación de poder — Perjuicio moral)                                                  (2000/C 233/52)
                           (2000/C 233/51)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           En el asunto T-96/99, Pieter F. Fleurbaay, antiguo agente del
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                       Banco Europeo de Inversiones, con domicilio en Walbredimus
                                                                           (Luxemburgo), representado por Me E. Boigelot, Abogado de
En el asunto T-84/98, C, antigua funcionaria del Consejo de la             Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
Unión Europea, con domicilio en Dublı́n, representada por el              despacho de Me L. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contra
Sr. S. O. Tuathail, Barrister de Irlanda, que designa como                 Banco Europeo de Inversiones (Agente: Sr. L. La Marca), que
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. M. O’Toole,                    tiene por objeto una solicitud de anulación de la decisión
Embajada de Irlanda, 28, route d’Arlon, contra Consejo de la               adoptada por el Banco Europeo de Inversiones, mediante
Unión Europea (Agentes: Sr. C. Robertson y Sra. T. Blanchet),             escrito de 18 de febrero de 1999 firmado por su Presidente, el
que tiene por objeto, por una parte, una pretensión de                    Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por
anulación de la Decisión no 677/97 del Consejo, de 11 de julio           la Sra. V. Tiili, Presidenta; los Sres. R. M. Moura Ramos y
de 1997, por la que se jubila de oficio a la demandante por                P. Mengozzi, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 22 de
motivo de invalidez permanente total, y, por otra parte, una               mayo de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:
pretensión de que se condene al Consejo a la reparación del
perjuicio material y moral sufrido, el Tribunal de Primera                 1)    Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
Instancia (Sala Primera), integrado por el Sr. B. Vesterdorf,
Presidente, y los Sres. M. Vilaras y N. Forwood, Jueces; Secreta-          2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
rio: Sr. H. Jung, ha dictado el 16 de junio de 2000 una
                                                                           3)    El Reino de los Paı́ses Bajos cargará con sus propias costas.
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           (1) DO C 226, de 7.8.1999.
1)    Se anula la Decisión no 677/97 del Consejo, de 11 de julio de
      1997, por la que se jubila de oficio a la demandante por
      motivo de invalidez permanente total.
2)    Se condena al Consejo a pagar a la demandante la diferencia
      entre la remuneración que percibı́a antes de su jubilación y la
      que le fue asignada con arreglo a la Decisión impugnada, ası́
                                                                               AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      como toda otra cantidad que la demandante percibiese antes de
      su jubilación, más intereses del 5,5 % anual.
                                                                                de 22 de mayo de 2000
3)    Se condena al Consejo a pagar a la demandante
                                                                           en el asunto T-103/99, Associazione delle cantine sociali
      2 000 000 BEF en concepto de reparación de su perjuicio
                                                                           venete contra Defensor del Pueblo europeo y Parlamento
      moral, más intereses del 5,5 % hasta que se produzca el pago.
                                                                                Europeo (1)
4)    Se desestima el recurso en todo lo demás.                           (Recurso por omisión — Defensor del Pueblo — Inadmi-
                                                                                sibilidad)
5)    Se condena en costas al Consejo.
                                                                                (2000/C 233/53)
(1) DO C 278 de 5.9.1998.                                                                   (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           En el asunto T-103/99, Associazione delle cantine sociali
                                                                           venete,con domicilio en Padua (Italia), representada por los
                                                                           Sres. I. Cacciavillani, Abogado de Venecia, y A. Cimino, Aboga-
 ---pagebreak--- 12.8.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 233/29
do de Padua, que designa como domicilio en Luxemburgo el                  Recurso interpuesto el 23 de mayo de 2000 contra la
despacho de Me A. Lorang, 51, rue Albert 1er, contra Defensor             Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
del Pueblo europeo (Agente: Sr. G. Grill), y Parlamento Europeo                 dibujos y modelos) por Erpo Möbelwerk GmbH
(Agentes: Sres. H. Krück y A. Caiola), que tiene por objeto un
recurso por el que se solicita que se declare que el Defensor del
Pueblo y, en su caso, el Parlamento se abstuvieron ilegalmente                                   (Asunto T-138/00)
de declarar un caso de mala administración en la actuación de
la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera),
integrado por los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente; M. Vilaras y                                   (2000/C 233/55)
N. Forwood, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 22 de
mayo de 2000 un auto resolviendo lo siguiente:
1)    Se declara la inadmisibilidad del recurso.
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
(1) DO C 204 de 17.7.99.                                                  En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 23 de mayo de 2000 un recurso
                                                                          contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                          (marcas, dibujos y modelos) formulado por Erpo Möbelwerk
                                                                          GmbH, Ertingen (RFA), representada por el Abogado Stephan
                                                                          v. Petersdorff-Campen, del bufete von Rospatt, von der Osten,
                                                                          Pross, de Düseldorf.
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA
                              INSTANCIA
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                      de 24 de mayo de 2000
                                                                          —     Anule la resolución R 392/1999-3 de la Sala Tercera de
en el asunto T-72/00 R: Steffen Skovmand contra Comi-
                                                                                Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado
              sión de las Comunidades Europeas
                                                                                Interior, de 23 de marzo de 2000, en la medida en que
                                                                                desestima el recurso.
(«Procedimiento sobre medidas provisionales — Decisión de
cambio de destino — Fumus boni juris — Urgencia —
                             Inexistencia»)                               —     Condene en costas a la demandada.
                           (2000/C 233/54)
                  (Lengua de procedimiento: francés)                      Motivos y principales alegaciones
En el asunto T-72/00 R, Steffen Skovmand, funcionario de la
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                   Marca objeto de la solici-     Marca denominativa «DAS PRIN-
Bucarest (Rumanı́a), representado por Me G. Vandersanden,                 tud:                           ZIP DER BEQUEMLICHKEIT» So-
Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem-                                                licitud nº 806620
burgo el despacho de Société de gestion fiduciaire, 2-4, rue
Beck, contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes:              Producto o servicio:           Productos de las clases 12 y 20
Sr. G. Valsesia y Sra. F. Clotuche-Duvieusart), que tiene por                                            (entre otros, aparatos de locomo-
objeto un recurso por el que se solicita, por un lado, con                                               ción terrestre y muebles)
carácter provisional, el acceso al expediente del Comité de
dirección del servicio exterior de la Comisión o, al menos, que
la Comisión aporte todos los informes, escritos y demás                 Resolución recurrida an-      Denegación del registro por parte
documentos relativos al demandante y, por otro lado, la                   te la Sala de Recurso:         del examinador
suspensión de la ejecución de la decisión del citado Comité de
28 de enero de 2000 por la que se acordaba el cambio de                   Motivos invocados:             — Aplicación incorrecta del
destino del demandante a la Dirección General del Mercado                                                    artı́culo 7, apartado 1, letra b),
Interior, de Bruselas, el Presidente del Tribunal de Primera                                                  del Reglamento (CE) no 40/94;
Instancia ha dictado el 24 de mayo de 2000 un auto resolvien-
                                                                                — Aplicación incorrecta del
do lo siguiente:
                                                                                artı́culo 7, apartado1, letra c),
1.    Se desestima la demanda de medidas provisionales.                                                       del Reglamento (CE) no 40/94.
2.    Se reserva la decisión sobre las costas.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 6 de mayo de 1997 en el asunto T-195/95: Guérin Automobiles contra Comisión de las Comunidades Europeas (Competencia - Recurso de indemnización - Inadmisibilidad)

text:
N° C 199/22         LES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    28 . 6 . 97
                                              TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              Francisco Enrique González Díaz y Guy Charrier, y poste
                DE PRIMERA INSTANCIA                               riormente los Sres. Giuliano Marenco y Guy Charrier ),
                    de 6 de mayo de 1997                           que tiene por objeto la obtención de una indemnización
                                                                   del perjuicio sufrido como consecuencia de una supuesta
en el asunto T- 169/95 : Agustín Quijano contra Comisión           omisión de la Comisión, al no haberse pronunciado esta
              de las Comunidades Europeas (')                      Institución sobre una denuncia presentada por la parte de
(Funcionarios — Licencia por enfermedad — Certificado              mandante, el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Segunda
médico — Reconocimiento médico de control — Conclu                ampliada ), integrado por los Sres .: C. W. Bellamy, Presi
        siones que contradicen el certificado médico)              dente; C. P. Briët y A. Kalogeropoulos, Jueces; Secretario :
                         ( 97IC 199/61 )                           Sr. A. Mair, administrador; ha dictado el 6 de mayo de
                                                                   1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
             (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                   1 ) Se declara la inadmisibilidad de las pretensiones de in
En el asunto T-l 96/95 , Agustín Quijano, funcionario de la             demnización.
Comisión de las Comunidades Europeas, representado por
los Sres . Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure y la Sra .           2 ) Se condena en costas a la parte demandante, incluidas
Ariane Tornel, Abogados de Bruselas, que designa como                   las correspondientes al procedimiento sobre las preten
                                                                        siones relativas a la omisión .
domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson Sàrl, 30,
rué de Cessange, contra Comisión de las Comunidades Eu
ropeas ( Agentes : Sra . Ana Maria Alves Vieira y Sr. Alberto      (') DO n° C 333 de 9 . 12 . 1995 .
Dal Ferro ), que tiene por objeto una petición de anulación
de una decisión de 21 de septiembre de 1994, mediante la
cual la Comisión consideró irregular una ausencia del de
mandante del 8 al 23 de agosto de 1994 y dedujo diez
días de sus vacaciones anuales, el Tribunal de Primera Ins
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
tancia ( Sala Segunda ), integrado por los Sres.: C. W. Be
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
llamy, Presidente; A. Kalogeropoulos y R. M. Moura Ra
mos, Jueces; Secretario : Sr. A. Mair, administrador; ha dic                           de 14 de mayo de 1997
tado el 6 de mayo de 1997 una sentencia cuyo fallo es el           en los asuntos acumulados T-70/92 y T-71/92 : Florimex
siguiente:                                                         BV y Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerij
                                                                   produkten contra Comisión de las Comunidades Euro
1 ) Se anula la decisión de 21 de septiembre de 1994, me                                         peas (')
     diante la cual la Comisión consideró irregular la au
    sencia del demandante del 8 al 23 de agosto de 1 994 y         (Competencia — Decisión de desestimar una denuncia no
     dedujo diez días de sus vacaciones anuales.                   tificada en el apartado de correos del Abogado de las de
                                                                   nunciantes — Cómputo del plazo para recurrir — Compa
2 ) Se condena en costas a la Comisión.                            tibilidad con el artículo 2 del Reglamento n° 26 de una
                                                                   cuota aplicada a los proveedores externos que grava los
0 ) DO n° C 299 de 11 . 11 . 1995 .                                productos de la fioricultura suministrados a mayoristas
                                                                   instalados en el recinto de una sociedad cooperativa de
                                                                               venta mediante subasta — Motivación)
                                                                                ( 97/C 199/63 )
                                                                               (Lengua de procedimiento: neerlandés)
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                 DE PRIMERA INSTANCIA                              En los asuntos acumulados T-70/92 y T-71 /92, Florimex
                    de 6 de mayo de 1997                           BV y Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerij
     en el asunto T-195/95 : Guérin Automobiles contra
                                                                   produkten, ambas con domicilio social en Aalsmeer ( Países
                                                                   Bajos ), representadas al principio por el Sr. D. J. Gijlstra,
         Comisión de las Comunidades Europeas O
                                                                   Abogado de Amsterdam , y posteriormente por el Sr.
(Competencia — Recurso de indemnización — Inadmisibi              J. A. M. P. Keijser, Abogado de Nimega, que designan
                              lidad)                               como domicilio en Luxemburgo el de Stanbrook y Hooker,
                         ( 97/C 199/62 )                           en el despacho del Sr. A. Kronshagen, 12, boulevard de la
                                                                   Foire, contra Comisión de las Comunidades Europeas
             (Lengua de procedimiento: francés)                    ( Agente : Sr. B. J. Drijber ), apoyada poor Coóperatieve Ver
                                                                   eniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA)
En el asunto T-195/95 , Guérin Automobiles, con domicilio          BA, con domicilio social en Aalsmeer, representada por el
social en Alençon ( Francia ), representada por el Sr. Jean        Sr. G. vander Wal, Abogado ante el Hoge Raad der Neder
Claude Fourgoux, Abogado de París, que designa como                landen, que designa como domicilio en Luxemburgo el
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Pierrot                despacho del Sr. A. May, 31 , Grand-rue, que tiene por ob
Schiltz, 4, rué Béatrix de Bourbon, contra Comisión de las         jeto que se anule la decisión de la Comisión ( IV/32.751 —
Comunidades Europeas ( Agentes: inicialmente los Sres.             Florimex/Aalsmeer II y IV/32.990 — VGB/Aalsmeer), co


title: Asunto F-117/13: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 17 de septiembre de 2014 — Wahlström/Frontex (Función pública — Personal de Frontex — Agente temporal — No renovación de un contrato de duración determinada — Procedimiento de renovación — Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a ser oído — Vulneración — Influencia en el sentido de la decisión)

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/65

      Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 17 de septiembre de 2014 — Wahlström/Frontex
      (Asunto F-117/13) (1)

      ((Función pública - Personal de Frontex - Agente temporal - No renovación de un contrato de duración determinada - Procedimiento de renovación - Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Derecho a ser oído - Vulneración - Influencia en el sentido de la decisión))
      (2014/C 395/79)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (representante: S. A. Pappas, abogado)

         Demandada: Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (representantes: S. Vuorensola y H. Caniard, agentes, D. Waelbroeck y A. Duron, abogados)

         Objeto

      Pretensión de anulación de la decisión de no renovar el contrato de agente temporal del demandante después de que el Tribunal de la Función Pública anulase, en el asunto F-87/11, la primera decisión de no renovar su contrato.

         Fallo

                  1)

                  Anular la decisión del Director ejecutivo de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, de 19 de febrero de 2013, de no renovar el contrato de agente temporal del Sr. Wahlström.

                  2)

                  Desestimar el recurso en todo lo demás

                  3)

                  Condenar a la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las costas del Sr. Wahlström.

         (1)  DO C 31, de 1.2.2014, p. 23.


               28.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/32

         Criterios de atribución de asuntos a las Salas
   (2006/C 261/65)
   El 20 de septiembre de 2006, el Tribunal de la Función Pública, de conformidad con los artículos 4 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia y 12 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, decidió mantener hasta el 30 de septiembre de 2007 los siguientes criterios de atribución de asuntos a las Salas:

               —

               Corresponderán a la Sala Primera todos los asuntos, excepto los relativos principalmente a la selección, calificación, promoción y cese, que serán asignados a la Sala Segunda.

               —

               Algunos asuntos serán atribuidos a la Sala Tercera por el turno que se determine en asamblea plenaria, con independencia de la materia a que se refieran.

               —

               Podrán establecerse excepciones a las anteriores reglas de reparto por razones de conexión o para garantizar un reparto equilibrado y razonablemente diversificado del volumen de trabajo del Tribunal de la Función Pública.


title: Asunto C-317/02: Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 2002 contra Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 261/8                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      26.10.2002
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 2002 contra
lución del Verwaltungsgerichtshof, de fecha 27 de agosto                  Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas
de 2002, en el asunto entre Anneliese Lenz y Finanzlan-
                      desdirektion für Tirol
                                                                                (Asunto C-317/02)
                       (Asunto C-315/02)
                                                                                (2002/C 261/13)
                        (2002/C 261/12)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
resolución del Verwaltungsgerichtshof, dictada el 27 de agosto         presentado el 11 de septiembre de 2002 un recurso contra
de 2002, en el asunto entre Anneliese Lenz y Finanzlandesdi-           Irlanda, formulado por la Comisión de las Comunidades
rektion für Tirol, y recibida en la Secretaría del Tribunal de         Europeas, representada por Thomas van Rijn y Keir Fitch, en
Justicia el 6 de septiembre de 2002. El Verwaltungsgerichtshof         calidad de agentes, que designa como domicilio el despacho
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las            de Luis Escobar Guerrero, Centro Wagner C-254, Luxemburgo.
siguientes cuestiones:
1)    ¿Se opone el artículo 73 B, apartado 1, en relación con el
      artículo 73 D, apartado 1, letras a) y b), y apartado 3, del     La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      Tratado CE (actualmente artículo 56 CE, apartado 1, en
      relación con el artículo 58 CE, apartado 1, letras a) y b), y
      apartado 3), a una normativa como la establecida en el           1.     Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que
      artículo 97, apartados 1 y 4, de la Einkommenssteuerge-                 le incumben en virtud del artículo 9, apartado 2, del
      setz 1988 (Ley austriaca del impuesto sobre la renta de                 Reglamento (CEE) no 3760/92 del Consejo, de
      1988; en lo sucesivo, «EStG»), en relación con el artí-                 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un
      culo 37, apartados 1 y 4, de la EStG 1988, con arreglo a                régimen comunitario de la pesca y la acuicultura ( 1), y de
      la cual el sujeto pasivo puede optar, en relación con los               los artículo 2, 21 y 31 del Reglamento (CEE) no 2847/93
      dividendos procedentes de acciones nacionales, si los                   del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se
      somete a una tributación a tanto alzado o definitiva a un               establece un régimen de control aplicable a la política
      tipo impositivo del 25 % o si tributa sometiéndolos a un                pesquera común (2),
      tipo impositivo equivalente a la mitad del tipo impositivo
      medio que grava la totalidad de sus rentas, mientras que
      los dividendos procedentes de acciones extranjeras se                   —     al no haber establecido criterios y disposiciones
      gravan en todos los casos al tipo impositivo normal?                          detalladas para la utilización de las cuotas pesqueras
                                                                                que se le atribuyeron,
2)    A efectos de la respuesta a la primera cuestión, ¿tiene
      alguna importancia la cuantía de la tributación de las
      rentas de la sociedad de capital que tiene su domicilio                 —     al no haber velado por el cumplimiento de la
      social y la dirección de la empresa en el otro Estado                         normativa comunitaria en materia de conservación
      miembro de la Unión Europea o en el Estado tercero en                         de los recursos marinos mediante el control de las
      el que se posee la participación?                                             actividades pesqueras, la inspección adecuada de los
                                                                                desembarcos y del registro de capturas y otras
                                                                                inspecciones y controles previstos por los Reglamen-
3)    En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,                        tos comunitarios aplicables,
      ¿puede producirse la situación prevista en el artículo
      73 B, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo
      56 CE, apartado 1) al establecer que el impuesto sobre                  —     al no haber prohibido provisionalmente la pesca por
      sociedades pagado en su respectivo Estado de estableci-                       parte de los buques que enarbolan su pabellón o que
      miento por las sociedades anónimas que tengan su                              están registrados en este Estado cuando se consideró
      domicilio social y la dirección de la empresa en otros                        agotadas las cuotas que se le habían atribuido, y
      Estados miembros de la UE o en Estados terceros se
      deduzca proporcionalmente del impuesto austriaco sobre
      la renta del perceptor de los dividendos?
                                                                              —     al no haber incoado procedimientos administrativas
                                                                                o penales contra los capitanes de buques que
                                                                                hubieran infringido los Reglamentos u otros respon-
                                                                                sables de infracciones.
 ---pagebreak--- 26.10.2002             ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 261/9
2.    Condene en costas a Irlanda.                                    La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                      de Justicia que:
                                                                      —     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
                                                                            plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
Motivos y principales alegaciones                                           Directiva 98/81/CE del Consejo, de 26 de octubre de
                                                                            1997, por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE
La Comisión alega que:                                                      relativa a la utilización confinada de microorganismos
                                                                            modificados genéticamente (1), al haberse limitado a
                                                                            adaptar el Derecho interno a una parte del artículo 1 y a
—     Irlanda ha infringido el artículo 9, apartado 2, del                  los anexos IV y V de dicha Directiva, o, en cualquier caso,
      Reglamento no 3760 al no haber adoptado disposiciones                 al no haber comunicado a la Comisión otras medidas de
      detalladas para la utilización adecuada de la cuota que se            adaptación.
      le había atribuido. Tales disposiciones deberían haber
      permitido a Irlanda garantizar que no se pescaba en
      exceso y que se respetaban las cuotas en todo momento.          —     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
—     Irlanda no veló por el cumplimiento de las normas
      comunitarias en materia de control, en contra de lo
      dispuesto en el artículo 2 del Reglamento no 2487/93.           Motivos y principales alegaciones
—     Irlanda no cumplió la obligación impuesta en el artí-
      culo 21 del Reglamento no 2487/93 de prohibir la pesca          El artículo 249 CE, a tenor del cual una Directiva obliga al
      provisionalmente cuando se consideró agotada la cuota           Estado destinatario en cuanto al resultado que debe conseguir-
      que se le había atribuido.                                      se, implica la obligación de los Estados miembros de atenerse
                                                                      a los plazos de adaptación del Derecho interno fijados en las
                                                                      Directivas.
—     Al no incoar procedimientos penales o administrativos
      contra los capitanes de buques u otros responsable con el
      fin de impedir que se rebasaran las cuotas, Irlanda no ha
                                                                      La Comisión constata que, a pesar de la expiración de los
      cumplido completamente las obligaciones impuestas en
                                                                      plazos fijados, el Gran Ducado de Luxemburgo sólo ha llevado
      el artículo 31 del Reglamento no 2847/93.
                                                                      a cabo una adaptación parcial de su Derecho interno a la
                                                                      Directiva mencionada en las conclusiones de la Comisión,
                                                                      limitada a una parte de su artículo 1 y a sus anexos IV y V.
( 1) DO L 389 de 31.12.1992, p. 1.
( 2) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
                                                                      (1 ) DO L 330, de 5.12.1998.
Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2002 contra
el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las                   Recurso interpuesto el 18 de septiembre de 2002 contra
                    Comunidades Europeas                              la República Helénica por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                       (Asunto C-325/02)
                                                                                (Asunto C-328/02)
                         (2002/C 261/14)                                                       (2002/C 261/15)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 16 de septiembre de 2002 un recurso contra el           presentado el 18 de septiembre de 2002 un recurso contra
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de                la República Helénica, formulado por la Comisión de las
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. U. Wölker           Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Con-
y la Sra. F. Simonetti, en calidad de agente, que designa             dou-Durande, consejero jurídico del Servicio Jurídico de la
domicilio en Luxemburgo.                                              Comisión, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto C-433/15: Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2015 — Comisión Europea/República Italiana

text:
               26.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 354/22

         Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2015 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-433/15)
   (2015/C 354/25)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Rossi, D. Nardi, J. Guillem Carrau, agentes)

      Demandada: República Italiana

      Pretensiones de la parte demandante

   La Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

                           a)

                           Declare que, al no garantizar que la tasa suplementaria adeudada por el exceso de producción resultante en Italia respecto del nivel de la cuota nacional, a partir de la primera campaña en que se impuso efectivamente dicha tasa en Italia (1995/1996) y hasta la última campaña en la que se verificó la existencia en este país de un exceso de producción (2008/2009), fuera efectivamente soportada por cada uno de los productores que hubieran contribuido al rebasamiento de la producción, así como que fuera pagada en los plazos señalados, previa notificación del importe adeudado, por el comprador o por el productor, en caso de ventas directas, o en el caso de que no se abonara en el plazo establecido, se registrara y se iniciara el correspondiente procedimiento ejecutivo frente a los propios compradores o productores, el Gobierno italiano ha incumplido las obligaciones impuestas por las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión aplicables a las campañas afectadas y, en particular, los artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) no 3950/92 (1); el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1788/2003 (2) y los artículos 79, 80 y 83 del Reglamento (CE) no 1234/2007 (3) y, en relación con las disposiciones de aplicación de la Comisión, el artículo 7 del Reglamento (CE) no 536/93 (4); el artículo 11, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1392/2001 (5) y, por último, los artículos 15 y 17 del Reglamento (CE) no 595/2004 (6).

               —

                           b)

                           Condene en costas a la República Italiana.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su pretensión, la Comisión alega que, conforme a los datos facilitados por las autoridades italianas y los aportados durante el procedimiento administrativo previo, la cuantía de la tasa suplementaria pendiente de recuperación es de 1  343 millones de euros. El importe total de la tasa suplementaria efectivamente recuperada es de aproximadamente 282 millones de euros de un total imputado en este concepto de aproximadamente 2  305 millones de euros, durante el período correspondiente a la primera campaña de comercialización en la que se introdujo formalmente el sistema de tasa suplementaria en Italia (período 1995/1996) hasta la última campaña en la que se registró un excedente de producción (período 2008/2009). Sin incluir las sumas correspondientes a programas de pago escalonado (469 millones de euros) y de las declaradas incobrables (211 millones de euros), la relación entre el importe de la tasa recaudada y el pendiente de recuperar una vez excluidas las sumas objeto de los programas de pago escalonado y las declaradas incobrables es del 21 %. En esencia, las cantidades efectivamente recuperadas equivalen a menos de la cuarta parte de las que aún están pendientes de recuperación en la fecha fijada por el dictamen motivado.
   La Comisión señala que los porcentajes alcanzados entre las sumas efectivamente recuperadas y las imputadas, correspondientes a cada período de comercialización afectado, una vez excluidas las correspondientes a los programas de pago escalonado y las declaradas incobrables, demuestran la ineficacia del método de aplicación de la tasa suplementaria, ya que durante los períodos considerados generalmente son inferiores al 21 %, y ello a pesar de que en la fecha fijada en el dictamen motivado habían transcurrido más de 5 años desde la finalización de la última campaña de comercialización en la que se había registrado un exceso de producción en Italia.
   En cuanto a la justificación esgrimida por Italia, según la cual el cobro efectivo de las cantidades adeudadas en concepto de tasa fue obstaculizado por numerosos recursos, todavía pendientes, que los deudores interpusieron contra las solicitudes de pago, la Comisión ha presentado los datos relativos a las sumas efectivamente percibidas en relación con las pendientes de recuperación de las que no se han impugnado los pagos, correspondientes a cada campaña de comercialización afectada. Los datos demuestran que de aproximadamente 1  068 millones de euros exigibles, sólo se han recuperado 241 millones de euros, que equivalen al 23 % de la cuantía exigible, sin que exista ninguna justificación al respecto.
   Dado que la función de la tasa suplementaria es disuadir de la producción excesiva de leche respecto de las cantidades de referencia nacionales (QRN), la persistencia de una situación en la que siguen sin cobrarse sumas de tal magnitud, transcurridos 20 años desde la introducción del régimen de contingentes de producción en Italia y cuando han pasado seis años desde el último rebasamiento registrado de las QRN italianas, ha tenido como consecuencia la pérdida del efecto útil del sistema de tasa suplementaria concebido por el legislador, como también demuestran los continuos rebasamientos verificados en cada una de las campañas, desde la de 1995/1996 hasta la de 2008/2009.
   La Comisión considera que el hecho de que no se hayan recuperado sumas tan importantes correspondientes a la tasa suplementaria se debe a determinadas actuaciones negligentes de la República Italiana, que explican la ineficaz aplicación de la tasa suplementaria en Italia en el período en cuestión.
   En primer lugar, la confusión legislativa que ha caracterizado a la normativa italiana de desarrollo de dicha tasa ha generado un retraso en la efectiva aplicación del sistema recaudatorio en Italia y una acumulación anómala de litigios que ha tenido como efecto obstaculizar la recaudación, a causa de las suspensiones de los pagos concedidas por los jueces nacionales con carácter cautelar.
   En segundo lugar, Italia no ha utilizado de modo eficaz todos los mecanismos administrativos disponibles que le habrían permitido recuperar las sumas adeudadas en concepto de tasa, como el de la compensación. La posibilidad de compensar las tasas que se deben recaudar y las ayudas instituidas en el ámbito de la política agrícola común se introdujo de manera ineficaz y tardía y aún en la actualidad siguen existiendo leyes italianas que obstaculizan su aplicación.
   En tercer lugar, los procedimientos de recaudación han sido bloqueados en gran medida desde la entrada en vigor de la Ley 33/2009 hasta el día de hoy, a causa de la inexistencia de disposiciones de aplicación o convenios entre las autoridades y las entidades afectadas, necesarios para reanudarlos.
   En cuarto lugar, la Comisión considera que como consecuencia de la inadecuación de los métodos aplicados por las administraciones competentes para la recuperación algunas de las sumas exigibles fueron erróneamente consideradas incobrables, lo que posteriormente incidió en la eficacia de la recaudación de la tasa suplementaria.

      (1)  Reglamento (CEE) no 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 405, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 270, p. 123).

      (3)  Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO L 299, p. 1).

      (4)  Reglamento (CEE) no 536/93 de la Comisión, de 9 de marzo de 1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 57, p. 12).

      (5)  Reglamento (CE) no 1392/2001 de la Comisión, de 9 de julio de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 3950/92 del Consejo por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 187, p. 19).

      (6)  Reglamento (CE) no 595/2004 de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 94, p. 22).


title: Asunto C-171/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Andrea Sacripanti/Ministero dell’Interno

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/32

      Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Andrea Sacripanti/Ministero dell’Interno
      (Asunto C-171/10)
      (2010/C 161/45)
      Lengua de procedimiento: italiano

         Órgano jurisdiccional remitente

      Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Andrea Sacripanti

         Demandada: Ministero dell’Interno

         Cuestión prejudicial

      ¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional […] que prevea, entre otras cosas:

                  a)

                  un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

                  b)

                  disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

                  c)

                  la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?


title: Asunto F-98/15: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 12 de abril de 2016 — CP/Parlamento (Función pública — Funcionarios — Jefe de unidad — Período de prueba — Inexistencia de confirmación en las funciones de jefe de unidad — Ejecución de una sentencia de anulación — Pérdida de oportunidad)

text:
               30.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/50

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 12 de abril de 2016 — CP/Parlamento
   (Asunto F-98/15) (1)

   ((Función pública - Funcionarios - Jefe de unidad - Período de prueba - Inexistencia de confirmación en las funciones de jefe de unidad - Ejecución de una sentencia de anulación - Pérdida de oportunidad))
   (2016/C 191/72)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: CP (representantes: L. Levi y A. Tymen, abogadas)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: V. Montebello-Demogeot y O. Caisou-Rousseau, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la decisión de 18 de julio de 2014, que, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de 26 de marzo de 2014, dictada en el asunto F-8/13, CP/Parlamento Europeo, confirma al demandante en las funciones de jefe de unidad, en la medida en que dicha decisión no prevé el reconocimiento retroactivo de la condición de jefe de unidad ni la concesión retroactiva del aumento del salario base correspondiente a su puesto (complemento de gestión), y pretensión de indemnización de daños los materiales y morales supuestamente sufridos.

      Fallo

               1)

               Condenar al Parlamento Europeo a abonar a CP el importe de 3 219,55 euros, incrementado en los intereses de demora calculados al porcentaje fijado por el Banco Central Europeo para las principales operaciones de financiación y aplicable durante el período de que se trata, incrementado en dos puntos a contar a partir del 1 de julio de 2011 hasta la fecha del pago efectivo.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 294 de 7.9.2015, p. 86.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2000 en el asunto C-49/99 P: Associazione Nazionale Bieticoltori (ANB) y otros contra Consejo de la Unión Europea ("Recurso de casación — Ayudas a los productores de remolacha azucarera — Supresión — Campaña 2001/2002 — Recurso de casación manifiestamente inadmisible e infundado")

text:
10.3.2001                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 79/9
              AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                               AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Tercera)
                       de 5 de octubre de 2000                                                            (Sala Cuarta)
en el asunto C-3/98 (petición de decisión prejudicial del
Hof van Beroep te Gent): Procesos penales contra Dany
                          Schacht y otros (1)                                                     de 6 de octubre de 2000
(«Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
— Cuestión idéntica a una cuestión sobre la que el Tribunal                en el asunto C-49/99 P: Associazione Nazionale Bieticol-
                    de Justicia ya dictó sentencia»)                        tori (ANB) y otros contra Consejo de la Unión Europea (1)
                             (2001/C 79/16)
                  (Lengua de procedimiento: neerlandés)                      («Recurso de casación — Ayudas a los productores de
                                                                             remolacha azucarera — Supresión — Campaña 2001/2002
En el asunto C-3/98, que tiene por objeto una petición dirigida             — Recurso de casación manifiestamente inadmisible e infun-
al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del Tratado                                            dado»)
CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Hof van Beroep te
Gent (Bélgica), destinada a obtener, en los procesos penales
seguidos ante dicho órgano jurisdiccional contra Dany Schacht
y otros, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los                                       (2001/C 79/17)
artı́culos 1, letra a), inciso i), y 14 bis, punto 1, letra a), del
Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de
1971, relativo a la aplicación de los regı́menes de seguridad
social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se
desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada
y puesta al dı́a por el Reglamento (CEE) no 2001/83 del
Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6), y,                          En el asunto C-49/99 P, Associazione Nazionale Bieticoltori
posteriormente, por el Reglamento (CEE) no 3811/86 del                       (ANB), con sede en Roma (Italia), Francesco Coccia, con
Consejo, de 11 de diciembre de 1986 (DO L 355, p. 5), el                     domicilio en Manfredonia (Italia), y Vincenzo Di Giovine, con
Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por los Sres.: J.C.           domicilio en Lucera (Italia), representados por Mes L.F. Paolucci
Moitinho de Almeida (Ponente), Presidente de Sala, C. Gulmann                y G.P. Galletti, Abogados de Bolonia, que designan como
y J.-P. Puissochet, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber,                   domicilio en Luxemburgo el despacho de Me A. Kronshagen,
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 5 de octubre de 2000 un              22, rue Marie-Adélaïde, que tiene por objeto un recurso de
auto resolviendo lo siguiente:                                               casación interpuesto contra el auto dictado por el Tribunal de
                                                                             Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta
1)     El término «trabajo», que figura en el artı́culo 14 bis, punto 1,     ampliada) el 8 de diciembre de 1998, ANB y otros/Consejo
       letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14
                                                                             (T-38/98, Rec. p. II-4191), en el que se solicita la anulación de
       de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regı́menes de
                                                                             dicho auto, siendo la otra parte en el procedimiento: Consejo
       Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los           de la Unión Europea (agentes: Sres. J. Carbery e I. Dı́ez Parra),
       trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias
                                                                             el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por los Sres.:
       que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión
                                                                             D.A.O. Edward, Presidente de Sala; P.J.G. Kapteyn (Ponente), y
       modificada y actualizada por el Reglamento (CEE) no 2001/83           A. La Pergola, Jueces; Abogado General: Sr. G. Cosmas;
       del Consejo, de 2 de junio de 1983, y, posteriormente, por el
                                                                             Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 6 de octubre de 2000 un
       Reglamento (CEE) no 3811/86 del Consejo, de 11 de diciembre
                                                                             auto resolviendo lo siguiente:
       de 1986, incluye toda prestación laboral, sea por cuenta ajena
       o por cuenta propia.
2)     Mientras no se retire o no se declare su invalidez, el certificado    1)    Se desestima el recurso de casación.
       E 101, expedido con arreglo al artı́culo 11 bis del Reglamento
       (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el
       que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento       2)    Se condena en costas a la Associazione Nazionale Bieticoltori
       no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el                  ası́ como a los Sres. Coccia y Di Giovine.
       Reglamento no 2001/83 y, posteriormente, por el Reglamento
       no 3811/86, vincula a la institución competente del Estado
       miembro al que el trabajador por cuenta propia se desplaza
       para efectuar un trabajo, ası́ como a la persona que utiliza los      (1) DO C 100, de 10.4.1999.
       servicios de dicho trabajador.
(1) DO C 72, de 7.3.1998.


title: Asunto C-430/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën (Sexta Directiva IVA — Artículos 8, apartado 1, letras a) y b), 28 bis, apartado 1, letra a), 28 ter, parte A, apartado 1, y 28 quater, parte A, letra a), párrafo primero — Exención de las entregas de mercancías expedidas o transportadas en el interior de la Unión — Entregas sucesivas de las mismas mercancías que dan lugar a una única expedición o a un solo transporte intracomunitario)

text:
               19.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-430/09) (1)

   (Sexta Directiva IVA - Artículos 8, apartado 1, letras a) y b), 28 bis, apartado 1, letra a), 28 ter, parte A, apartado 1, y 28 quater, parte A, letra a), párrafo primero - Exención de las entregas de mercancías expedidas o transportadas en el interior de la Unión - Entregas sucesivas de las mismas mercancías que dan lugar a una única expedición o a un solo transporte intracomunitario)
   2011/C 55/23
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Euro Tyre Holding BV

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación de los artículos 8, apartado 1, letras a) y b), 28 bis, apartado 1, letra a), 28 ter, parte A, apartado 1, y 28 quater, parte A, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/91, p. 54) — Exención de las entregas de mercancías expedidas o transportadas en el interior de la Comunidad — Entregas sucesivas de las mismas mercancías que dan lugar a una única expedición o transporte intracomunitario de mercancías.

      Fallo

   Cuando una mercancía es objeto de dos entregas sucesivas entre diferentes sujetos pasivos que actúan en su condición de tales, pero de un solo transporte intracomunitario, la determinación de la operación a la que debe imputarse dicho transporte, a saber, la primera o la segunda entrega –al corresponder de este modo dicha operación al concepto de entrega intracomunitaria en el sentido del artículo 28 quater, parte A, letra a), párrafo primero, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 96/95/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, en relación con los artículos 8, apartado 1, letras a) y b), 28 bis, apartado 1, letra a), párrafo primero, y 28 ter, parte A, apartado 1, de la misma Directiva–, ha de efectuarse en función de una apreciación global de todas las circunstancias particulares con el fin de determinar cuál de esas dos entregas cumple todos los requisitos correspondientes a una entrega intracomunitaria.
   En circunstancias como las del asunto principal, en las que el primer adquirente, que obtuvo el poder de disponer del bien en calidad de propietario en el territorio del Estado miembro de la primera entrega, manifiesta su intención de transportar dicho bien a otro Estado miembro y se presenta con su número de identificación a efectos del IVA atribuido por este último Estado, el transporte intracomunitario debería imputarse a la primera entrega, siempre que el poder de disponer del bien en calidad de propietario se haya transmitido al segundo adquirente en el Estado miembro de destino del transporte intracomunitario. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si este requisito se cumple en el litigio del que conoce.

      (1)  DO C 24, de 30.1.2010.


title: Asunto F-29/14: Auto del Tribunal de la Función Pública de 26 de febrero de 2016 — Wisniewski/Comisión

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/50

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 26 de febrero de 2016 — Wisniewski/Comisión
   (Asunto F-29/14) (1)

   (2016/C 136/72)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 184 de 16.6.2014, p. 44.


title: Asunto C-338/05 P: Auto del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2006 — Front national, Marie-France Stirbois, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Claude Martinez, Philip Claeys, Koen Dillen, Mario Borghezio/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea (Recurso de casación — Reglamento (CE) n o  2004/2003 — Estatuto y financiación de los partidos políticos a escala europea — Recurso de anulación — Excepción de inadmisibilidad — Acto impugnable — Legitimación — Inadmisibilidad — Recurso de casación manifiestamente inadmisible)

text:
               16.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 224/18

         Auto del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2006 — Front national, Marie-France Stirbois, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Claude Martinez, Philip Claeys, Koen Dillen, Mario Borghezio/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-338/05 P) (1)

   (Recurso de casación - Reglamento (CE) no 2004/2003 - Estatuto y financiación de los partidos políticos a escala europea - Recurso de anulación - Excepción de inadmisibilidad - Acto impugnable - Legitimación - Inadmisibilidad - Recurso de casación manifiestamente inadmisible)
   (2006/C 224/32)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrentes: Front national, Marie-France Stirbois, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Claude Martinez, Philip Claeys, Koen Dillen, Mario Borghezio (representante: W. de Saint Just, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Parlamento Europeo (representantes: H. Krück, N. Lorenz y D. Moore, agentes), Consejo de la Unión Europea (representantes: I. Díez Parra y M. Sims-Robertson, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación formulado contra el auto dictado el 11 de julio de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) en el asunto Front National y otros/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (T-17/04), por el que se declara la inadmisibilidad de un recurso de anulación dirigido contra el Reglamento (CE) no 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea (DO L 297, p. 1)
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a los recurrentes.

      (1)  DO C 315, de 10.12.2005.


title: Asunto T-407/11: Recurso interpuesto el 26 de julio de 2011 — SRF/Consejo

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/41

         Recurso interpuesto el 26 de julio de 2011 — SRF/Consejo
   (Asunto T-407/11)
   2011/C 282/77
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: SRF Ltd (Nueva Delhi) (representantes: F. Graafsma y J. Cornelis, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 469/2011 del Consejo, de 13 de mayo de 2011, que modifica el Reglamento (CE) no 1292/2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de películas de politereftalato de etileno (PET) originarias de la India (DO L 129, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»).

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un motivo principal, basado en que el Reglamento impugnado infringe el artículo 9, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) por cuanto:

               1)

               En primer lugar, dicho artículo establece que los derechos antidumping aplicables a los exportadores o productores que se hubiesen dado a conocer, pero que no hubiesen sido incluidos en la muestra, no deberán ser superiores a la media ponderada del margen de dumping establecida para las partes incluidas en la muestra, en la que no se tendrán en cuenta los márgenes nulos ni de minimis. Al imponer un derecho antidumping del 15,5 % a SRF, el Reglamento impugnado infringe esta norma, ya que la media ponderada del margen de dumping establecida para las partes incluidas en la muestra cuyos márgenes de dumping no sean nulos ni de minimis es inferior al 15,5 %.

               2)

               En segundo lugar, al exigir a un productor exportador que solicite una reconsideración provisional con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo para la aplicación del artículo 9, apartado 6, en una situación en la que los tipos vigentes del derecho antidumping se ajustan tras la expiración de medidas compensatorias simultáneas, el Reglamento impugnado introduce un requisito en el artículo 9, apartado 6, que no figura en el tenor expreso de dicha disposición, lo que equivale a una interpretación no autorizada del Consejo.

      (1)  DO L 343, p. 51 (versión consolidada).


title: Asunto C-219/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 1 de octubre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica (Incumplimiento de Estado — Libre prestación de servicios — Obstáculo injustificado — Desplazamiento de trabajadores de terceros países)

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 1 de octubre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-219/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Libre prestación de servicios - Obstáculo injustificado - Desplazamiento de trabajadores de terceros países)
   2009/C 282/18
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Traversa, J.-P. Keppene y G. Rozet, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica (representantes: C. Pochet, agente, y M. Detry, abogado)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 49 CE — Obstáculo injustificado a la libre prestación de servicios — Desplazamiento de trabajadores de terceros países.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La Comisión de las Comunidades Europeas y el Reino de Bélgica soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 183, de 19.7.2008.


title: Asunto C-288/12: Recurso interpuesto el 8 de junio de 2012 — Comisión Europea/Hungría

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/15

         Recurso interpuesto el 8 de junio de 2012 — Comisión Europea/Hungría
   (Asunto C-288/12)
   2012/C 227/22
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: B. Martenczuk y B.D. Simon, agentes)

      Demandada: Hungría

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que Hungría ha incumplido sus obligaciones derivadas de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (1) al destituir antes de tiempo al supervisor de protección de datos.

               —

               Que se condene en costas a Hungría.

      Motivos y principales alegaciones

   La Directiva 95/46 establece que una o más autoridades públicas de los Estados miembros, las cuales ejercerán las funciones que les son atribuidas con total independencia, se encargarán de vigilar la aplicación de las disposiciones nacionales que transpongan esa Directiva.
   En Hungría dicha autoridad era, hasta el 31 de diciembre de 2011, el supervisor de protección de datos. Con arreglo a la normativa húngara vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, el supervisor de protección de datos era elegido por el Parlamento húngaro por un período de seis años. El supervisor de protección de datos que ocupaba el cargo a 31 de diciembre de 2011 comenzó su mandato el 29 de septiembre de 2008, por lo que, en circunstancias ordinarias, debería haber continuado en el cargo hasta septiembre de 2014.
   Con efectos a 1 de enero de 2012 se modificó la normativa húngara en la materia. Como consecuencia de dichas modificaciones, se suprimió la figura del supervisor de protección de datos y se destituyó al supervisor de protección de datos que ocupaba el cargo desde el 29 de septiembre de 2008. La autoridad encargada de controlar la protección de datos en Hungría, en el sentido de la Directiva 95/46, pasó a ser la Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Autoridad nacional de protección de datos y libertad de información; en lo sucesivo, «Autoridad»], de nueva creación. Según la nueva normativa, el presidente que está al frente de dicha Autoridad es nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Primer Ministro para un mandato de nueve años. No se nombró para este cargo al anterior supervisor de protección de datos.
   En opinión de la Comisión, la destitución antes de tiempo de la autoridad encargada de controlar la protección de datos vulnera la independencia de esa autoridad exigida por la Directiva. La Directiva no fija la duración del mandato de dicha autoridad de control, así que, en principio, los Estados miembros tienen libertad para fijarla. No obstante, el mandato tiene que tener una duración razonable y es indispensable que, una vez que un Estado miembro haya fijado la duración del mandato, se respete dicha duración. Si no fuera así, se correría el peligro de que el ejercicio de las funciones de la autoridad de control quedara influido por el riesgo de una destitución antes de tiempo, y ese peligro perjudicaría la independencia de dicha autoridad.
   En lo relativo a la admisibilidad de la demanda, la Comisión alega que, dado que no ha repuesto en el cargo a la anterior autoridad encargada de controlar la protección de datos antes de que expirase el plazo señalado en el dictamen motivado, la infracción subsistía en dicho momento. Considera que la subsanación de la infracción no es imposible: Hungría tiene que adoptar las medidas necesarias para restituir en el cargo a que se refiere la Directiva 95/46 al anterior supervisor de protección de datos durante el período de tiempo de su mandato restante desde el 31 de diciembre de 2011. La Comisión aceptaría como subsanación adecuada que se nombre al anterior supervisor de protección de datos por el citado período de tiempo para el puesto de presidente de la nueva Autoridad. A este respecto, Hungría no puede ampararse en la independencia del actual presidente de la nueva Autoridad, porque ello supondría alegar en su defensa su propia infracción. Es preciso subsanar, y no mantener, los efectos de la infracción.
   Según la Comisión, la destitución antes de tiempo sólo podría justificarse por razones imperiosas y objetivamente verificables, pero Hungría no ha alegado tales razones.
   La Comisión no discute el derecho de Hungría a reorganizar la autoridad de control, pasando, por ejemplo, del anterior modelo consistente en un «supervisor de protección de datos» a un modelo conforme con el Derecho húngaro que consista en una «autoridad». Ahora bien, la reforma del modelo de institución no requería en modo alguno que se destituyera antes de tiempo a la anterior autoridad de control. Hungría podría haber dispuesto en su Derecho interno o bien que el nuevo modelo sólo resultase aplicable una vez que hubiera expirado el mandato del supervisor de protección de datos que ocupaba el cargo, o bien que se nombrase como primer presidente de la nueva Autoridad al anterior supervisor de protección de datos durante el período de tiempo restante de su mandato.
   Según la Comisión, si fuera admisible la alegación del Estado miembro relativa al cambio de modelo, todas las autoridades encargadas de controlar la protección de datos en la Unión estarían permanentemente expuestas al riesgo ser destituidas mediante una medida legislativa que suprimiera la autoridad existente y estableciera en su lugar otra autoridad de nueva creación para ejercer las funciones señaladas en la Directiva 95/46. No cabe excluir que tales reformas se utilizarían para sancionar y controlar a las autoridades encargadas de controlar la protección de datos que se ganasen la desaprobación de las autoridades políticas. El mero riesgo de tal influencia es incompatible con la total independencia de las autoridades de control.
   Por otro lado, en opinión de la Comisión, Hungría no puede ampararse en unas oscuras declaraciones del anterior supervisor de protección de datos publicadas en la prensa para presumir que éste ya no estaba dispuesto a cumplir con las funciones previstas en el artículo 28 de la Directiva 95/46, ni para destituirle antes de tiempo sobre esa base.

      (1)  DO L 281, p. 31; en lo sucesivo, «Directiva 95/46» o «Directiva».


title: Asunto C-674/16 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de diciembre de 2016 por Guccio Gucci SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 11 de octubre de 2016 en el asunto T-753/15, Guccio Gucci SpA/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

text:
               8.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/14

         Recurso de casación interpuesto el 29 de diciembre de 2016 por Guccio Gucci SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 11 de octubre de 2016 en el asunto T-753/15, Guccio Gucci SpA/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
   (Asunto C-674/16 P)
   (2017/C 144/20)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Guccio Gucci SpA (representantes: V. Volpi, P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta, avvocati)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Guess? IP Holder LP

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia recurrida.

               —

               Condene a la EUIPO a cargar con las costas en que incurrió la recurrente en este procedimiento.

               —

               Condene a Guess a cargar con las costas en que incurrió la recurrente en este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               Mediante el presente procedimiento, Guccio Gucci S.p.A. (en lo sucesivo, «Gucci» o «recurrente») solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Tercera) en el asunto T-753/15 (sentencia recurrida), mediante la que el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Gucci contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 14 de octubre de 2015 en el asunto R 1703/2014-4, que había anulado la resolución de la División de Oposición de 1 de julio de 2014, mediante la que se estimaba la oposición planteada por Gucci contra el Registro Internacional en el que se designa a la Unión Europea n.o 1090048, clase 9 («marca controvertida»), a nombre de Guess? IP Holder L.P. (en lo sucesivo, «Guess»).

               2.

               El presente recurso pretende mostrar que el Tribunal General cometió un error al concluir que los motivos de denegación del registro previstos en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 (1) del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, antes de ser modificado (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca comunitaria»), no son aplicables a la marca controvertida. En particular, el Tribunal General desnaturalizó claramente los hechos y las pruebas aportados ante él al evaluar la similitud entre las marcas en conflicto y, como consecuencia de ello, aplicó erróneamente el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento sobre la marca comunitaria e incumplió la obligación de motivar la sentencia recurrida.

               3.

               El Tribunal General excluyó la similitud entre las marcas controvertidas basándose en el supuesto de que el público relevante no percibirá en la marca [impugnada] la letra mayúscula «G», representada por las marcas anteriores, sino un motivo ornamental abstracto. Además, habida cuenta de la estilización del signo y del hecho de que sus elementos se entrelazan o juntan, podría percibirse que reproducen letras estilizadas, como una «X» mayúscula o la letra «e» y como una combinación de cifras y letras, como la cifra «3» y la letra «e» (véase, a este respecto, el apartado 32 de la sentencia recurrida). Esta suposición es el elemento crucial de la sentencia recurrida, que llevó al Tribunal General a excluir cualquier similitud entre las marcas en conflicto y, como consecuencia de ello, la aplicabilidad del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento sobre la marca comunitaria al presente asunto.

               4.

               Sin embargo, el supuesto descrito en el párrafo anterior es manifiestamente erróneo. Esto resulta claramente de los documentos aportados al expediente que muestran con claridad que el público pertinente percibe las letras mayúsculas «G» en la marca impugnada, como muestran los resultados de una encuesta sobre la percepción pública de la marca controvertida aportado por Gucci. Esta evidente desnaturalización de los hechos y de las pruebas afectó a la evaluación por parte del Tribunal General del recurso planteado por Gucci: si el Tribunal General hubiera admitido que el público relevante —o al menos una parte de dicho público— percibiría la marca impugnada como una combinación de letras mayúsculas «G», podría no haber excluido la similitud entre las marcas en conflicto y por ello la aplicabilidad del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

               5.

               Además, el Tribunal General infringió su obligación de motivar sus resoluciones, porque en su examen ignoró completamente la encuesta mencionada anteriormente, sin aportar razonamiento alguno, ni siquiera implícitamente, lo que hace posible entender por qué despreció esta significativa prueba.

               6.

               A la vista de lo anterior, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia impugnada y condene tanto a la EUIPO como a Guest a cargar con las costas generadas por la recurrente en este procedimiento.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (DO 2009, L 78, p. 1).


title: Asunto T-218/12: Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2014  — Micrus Endovascular/OAMI — Laboratorios Delta (DELTA) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa DELTA — Marcas figurativas internacional y nacional anteriores DELTA PORTUGAL y denominación social LABORATORIOS DELTA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               20.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 372/14

         Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2014 — Micrus Endovascular/OAMI — Laboratorios Delta (DELTA)
   (Asunto T-218/12) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa DELTA - Marcas figurativas internacional y nacional anteriores DELTA PORTUGAL y denominación social LABORATORIOS DELTA - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   2014/C 372/18
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Micrus Endovascular LLC (Wilmington, Delaware, Estados Unidos) (representante: B. Brandreth, Barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Laboratórios Delta L.da (Queluz, Portugal) (representante: J. Sena Mioludo, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 6 de marzo de 2012 (asunto R 244/2011-2) relativa a un procedimiento de oposición entre los Laboratórios Delta L.da y Micrus Endovascular Corp.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Micrus Endovascular LLC.

      (1)  DO C 217, de 21.7.2012.


title: Asunto C-682/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative (Luxemburgo) el 18 de diciembre de 2015 — Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l’administration des Contributions directes

text:
               29.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative (Luxemburgo) el 18 de diciembre de 2015 — Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l’administration des Contributions directes
   (Asunto C-682/15)
   (2016/C 078/07)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour administrative

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Berlioz Investment Fund S.A.

      Recurrida: Directeur de l’administration des Contributions directes

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Cuando, como sucede en el presente asunto, un Estado miembro impone a un administrado una sanción administrativa pecuniaria por incumplir la obligación de colaboración que le incumbe con respecto a una decisión de requerimiento adoptada por la autoridad nacional competente con arreglo a las normas de procedimiento de Derecho interno previstas a tal efecto en el marco de la ejecución, por ese Estado miembro, en su condición de Estado requerido, de una petición de información de otro Estado miembro, que éste haya basado en las disposiciones de la Directiva 2011/16 (1) relativas al intercambio de información previa petición, ¿está aplicando aquel Estado miembro el Derecho de la Unión de modo que la Carta resulta aplicable, conforme al artículo 51, apartado 1, de ésta?

               2)

               En caso de que se determine que la Carta resulta aplicable al presente asunto, ¿puede invocar un administrado el artículo 47 de la Carta si estima que la mencionada sanción administrativa pecuniaria que se le ha impuesto le obliga a facilitar información en el marco de la ejecución, por parte de la autoridad competente del Estado miembro requerido en el que reside, de una petición de información de otro Estado miembro que se considere injustificada en cuanto a la finalidad fiscal real, de forma que no existe un fin legítimo en este caso, y por la que se pretende obtener datos carentes de posible pertinencia para el supuesto de imposición de que se trata?

               3)

               En caso de que se determine que la Carta resulta aplicable al presente asunto, ¿exige el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, tal como se consagra en el artículo 47 de la Carta, el cual, conforme al artículo 52, apartado 1, de ésta, no puede ser objeto de restricciones, que el juez nacional competente disponga de competencia jurisdiccional plena y, por consiguiente, de la facultad de comprobar, al menos por vía de excepción, la validez de la decisión de requerimiento adoptada por la autoridad competente de un Estado miembro en el marco de la ejecución de una petición de información formulada por la autoridad competente de otro Estado miembro, sobre la base, en particular, de la Directiva 2011/16, al conocer de un recurso interpuesto por el tercero que posee la información, y que es el destinatario de dicha decisión de requerimiento, contra una resolución por la que se impone una sanción administrativa pecuniaria a este justiciable por incumplir la obligación de colaboración que le incumbe en el marco de la ejecución de dicha petición?

               4)

               En caso de que se determine que la Carta resulta aplicable al presente asunto, ¿deben interpretarse los artículos 1, apartado 1, y 5 de la Directiva 2011/16, habida cuenta, por un lado, del paralelismo con el criterio de la posible pertinencia dimanante del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE en relación con la renta y el patrimonio y, por otro, del principio de cooperación leal previsto en el artículo 4 TUE, junto con la finalidad de la Directiva 2011/16, en el sentido de que el carácter posiblemente pertinente, con respecto al supuesto de imposición contemplado y a la finalidad fiscal indicada, de la información solicitada por un Estado miembro a otro Estado miembro constituye un requisito que la petición de información debe cumplir para que la autoridad competente del Estado miembro requerido esté obligada a tramitarla y para legitimar una decisión de requerimiento a un tercero que posee la información adoptada por tal autoridad?

               5)

               En caso de que se determine que la Carta resulta aplicable al presente asunto, ¿deben interpretarse los artículos 1, apartado 1, y 5 de la Directiva 2011/16, en relación con el artículo 47 de la Carta, en el sentido de que se oponen a una norma jurídica de un Estado miembro que limita con carácter general el examen por parte de su autoridad nacional competente, cuando actúa como autoridad del Estado requerido, de la validez de una petición de información a un control de la regularidad formal, y de que obligan al juez nacional a comprobar, en el marco de un recurso contencioso-administrativo, como el descrito en la tercera cuestión, del que conoce, el cumplimiento del requisito de la posible pertinencia de la información solicitada en todos los aspectos referentes al vínculo con el supuesto de imposición de que se trata, a la finalidad fiscal invocada y a la observancia del artículo 17 de la Directiva 2011/16?

               6)

               En caso de que se determine que la Carta resulta aplicable al presente asunto, ¿se opone el artículo 47, apartado 2, de la Carta a una norma jurídica de un Estado miembro que excluye del control del juez nacional competente del Estado requerido, en el marco de un recurso contencioso-administrativo, como el descrito en la tercera cuestión, del que conoce, la petición de información formulada por la autoridad competente de otro Estado miembro, y exige que se presente tal documento ante el juez nacional competente y que se permita el acceso al tercero que posee la información, o incluso que se aporte ese documento ante el juez nacional sin conceder acceso a dicho tercero debido al carácter confidencial del documento, siempre y cuando todas las dificultades causadas a ese tercero como consecuencia de una limitación de sus derechos queden suficientemente compensadas por el procedimiento desarrollado ante el juez nacional competente?

      (1)  Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64, p. 1).