title: Asunto C-105/00: Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2000 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 163/10                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        10.6.2000
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal          Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2000 contra la
de Justicia que:                                                       República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                                                                                des Europeas
— Declare que la República Helénica ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, al                                  (Asunto C-105/00)
     no haber adoptado ni haber comunicado a la Comisión,
     en el plazo señalado, las medidas necesarias para establecer                               (2000/C 163/16)
     un régimen de protección rigurosa de la tortuga marina
     Caretta caretta en la isla de Zante por el que se prohı́ba la     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     perturbación deliberada de dicha especie, especialmente          presentado el 21 de marzo de 2000 un recurso contra la
     durante el perı́odo de desove (desde finales de mayo hasta        República Portuguesa formulado por la Comisión de las
     finales de agosto), ası́ como cualquier otra actividad que        Comunidades Europeas, representada por la Sra. Ana Maria
     pueda deteriorar o destruir los lugares de reproducción y        Alves Vieira, miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de
     por consiguiente, ha incumplido las obligaciones que se le        Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
     imponen en el artı́culo 12, apartado 1, letras b) y d), de la     despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
     Directiva 92/43/CEE (1) del Consejo, de 21 de mayo de             Kirchberg.
     1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
     de la fauna y flora silvestres.                                   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                       1) Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
— Condene en costas a la República Helénica.                               obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al no
                                                                            haber adoptado en el plazo señalado todas las medidas
                                                                            necesarias para dar total cumplimiento a la Directi-
                                                                            va 97/70/CE (1) del Consejo, de 11 de diciembre de 1997.
Motivos y principales alegaciones
                                                                       2) Condene en costas a la República Portuguesa.
En primer lugar, según la Comisión, para aplicar completa y
eficazmente el artı́culo 12, apartado 1, de la Directiva se            Motivos y principales alegaciones
deben adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias, ası́ como disposiciones especı́ficas       El carácter vinculante de lo dispuesto en los artı́culos 249,
para dicha zona con el fin de proteger la mencionada especie.          párrafo tercero, y 10, párrafo primero, CE impone a los
                                                                       Estados miembros la obligación de adoptar las medidas
                                                                       necesarias para adaptar su ordenamiento jurı́dico interno a las
La Comisión comprobó en su dictamen motivado la inexisten-           Directivas antes de que finalice el plazo señalado al efecto. Este
cia de un marco normativo para la protección de la tortuga            plazo expiró el 1 de enero de 1999, sin que Portugal haya
marina Caretta caretta en la isla de Zante. Las autoridades            adoptado las medidas necesarias.
griegas no niegan dicho incumplimiento en su respuesta de
29 de octubre de 1999.
                                                                       (1) Directiva 97/70/CE del Consejo, de 11 de diciembre de 1997, por
                                                                           la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los
En segundo lugar, la Comisión señaló en su dictamen motivado            buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros (DO L 34,
la falta de medidas coordinadas para la protección de la tortuga          de 9.2.1998, p. 1).
marina Caretta caretta en la isla de Zante, en particular, durante
el sensible perı́odo de desove.
La República Helénica no ha negado que tiene la obligación de
tomar todas las medidas necesarias para establecer un régimen
                                                                       Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2000 contra la
eficaz de protección de dicha especie sobre la base del
                                                                       República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
artı́culo 12 de la Directiva 92/43/CEE.
                                                                                des Europeas
Por estas razones, la Comisión afirma que la República                                        (Asunto C-106/00)
Helénica no ha tomado las medidas adecuadas para la aplica-
ción completa y eficaz de las disposiciones del artı́culo 12 de                                 (2000/C 163/17)
la Directiva 92/43/CEE.
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 21 de marzo de 2000 un recurso contra la
                                                                       República Portuguesa formulado por la Comisión de las
(1) DO L 206, de 22 de julio de 1992, p. 7.                            Comunidades Europeas, representada por la Sra. Ana Maria
                                                                       Alves Vieira, miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de
                                                                       Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                       despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
                                                                       Kirchberg.


title: Asunto C-531/03: Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2003 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Federal de Alemania

text:
C 59/8                 ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                                            6.3.2004
2.   Condene en costas al Reino de los Países Bajos.                   Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2003 por la
                                                                       Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
                                                                                blica Federal de Alemania
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (Asunto C-531/03)
El plazo fijado para adaptar el Derecho interno a la Directiva
2000/59/CE finalizó el 28 de diciembre de 2002.                                                  (2004/C 59/14)
(1) DO L 332 de 28.12.2000, p. 81.
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 18 de diciembre de 2003 un recurso contra la
                                                                       República Federal de Alemania formulado por la Comisión de
                                                                       las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Josef
                                                                       Christian Schieferer, Miembro del Servicio Jurídico de la
Recurso interpuesto el 15 de diciembre de 2003 contra                  Comisión de las Comunidades Europeas y por la Sra. Florence
el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las                    Simonetti, funcionaria nacional adscrita al Servicio Jurídico de
                    Comunidades Europeas                               la Comisión.
                       (Asunto C-528/03)
                                                                       La demandante solicita al Tribunal de Justicia que declare que:
                          (2004/C 59/13)
                                                                       1)   La República federal de Alemania ha incumplido las
                                                                            obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, en
                                                                            relación con el anexo I, número 7, letras b) y c), así como
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                con el anexo II, número 10, letra e), de la Directiva 85/
presentado el 15 de diciembre de 2003 un recurso contra el                  337/CEE (1) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa
Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de                      a la evaluación de las repercusiones de determinados
las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Knut                   proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
Simonsson y Wouter Wils, en calidad de agentes.                             en la versión modificada por la Directiva 97/11/CE (2) en
                                                                            la medida en que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                            —     El Land Renania-Palatinado no ha adaptado su
1)   Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido                       legislación a la Directiva, en particular por lo que se
     las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                   refiere a los proyectos de construcción de carreteras
     2002/35/CE (1) de la Comisión, de 25 de abril de 2002,                       y
     que modifica la Directiva 97/70/CE del Consejo por la
     que se establece un régimen armonizado de seguridad
     para los buques de pesca de eslora igual o superior a                  —     En el Land de Renania del Norte-Westfalia aún se
     24 metros, al no adoptar las disposiciones legales,                          pueden autorizar proyectos de obras de carreteras
     reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse                    mediante el procedimiento de aprobación sin previa
     a dicha Directiva o, al menos, al no comunicarlas a la                       evaluación de las repercusiones sobre el medio
     Comisión.                                                                    ambiente.
2)   Condene en costas al Reino de los Países Bajos.                   2)   Condene en costas a la República Federal de Alemania.
Motivos y principales alegaciones
                                                                       Motivos y principales alegaciones
El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva
expiró el 1 de enero de 2003.
                                                                       El plazo para adaptar el Derecho nacional a la Directiva 97/
                                                                       11/CE por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE expiró
(1) DO L 112 de 27.4.2002, p. 21.
                                                                       el 14 de marzo de 1999, sin que el Land Renania-Palatinado
                                                                       haya adoptado las disposiciones normativas necesarias para
                                                                       proyectos de obras de carreteras.
 ---pagebreak--- 6.3.2004               ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                                                C 59/9
Además, en el Land Renania del Norte-Westfalia no está                 Con arreglo al apartado segundo del artículo 95 CE, la
legalmente garantizada la ejecución de la evalución de las             excepción al artículo 94 que establece el artículo 95, apar-
repercusiones sobre el medio ambiente cuando en relación               tado 1, no se aplicará a las disposiciones fiscales. Según la
con una obra de carretera se pueda esperar que, con arreglo al         Comisión, debe interpretarse que la expresión «disposiciones
Derecho del Bundesland, el impacto medioambiental sea                  fiscales» incluye las normas relativas a los sujetos pasivos,
considerable.                                                          hechos imponibles, bases imponibles, tipos de gravamen y
                                                                       exenciones, junto con la regulación detallada sobre valoración
                                                                       y aplicación de la normativa. Sin embargo, la Comisión alega
(1) DO L 175, p. 40 (EE 15/06, p. 9).                                  que dicho concepto no abarca la asistencia mutua en materia
(2) DO L 73, p. 5.                                                     fiscal. Las medidas de cooperación, comprobación e informa-
                                                                       ción, que tienen por objeto facilitar la eliminación de fronteras
                                                                       sin afectar a la esencia de la normativa fiscal propia de los
                                                                       Estados miembros no menoscaban la competencia de los
                                                                       Estados miembros en materia fiscal.
Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2003 por la                  La Comisión alega que no puede considerarse que las disposi-
Comisión de las Comunidades Europeas contra el Consejo                 ciones del Reglamento 1798/2003 lleven a cabo una armoni-
                      de la Unión Europea                              zación o aproximación de las normativas fiscales nacionales.
                                                                       El Reglamento 1798/2003 únicamente tiene por objeto el
                       (Asunto C-533/03)                               intercambio de información sobre las transacciones que se
                                                                       realizan a través de las fronteras interiores de la Comunidad,
                                                                       con el fin de posibilitar la cooperación de las autoridades
                          (2004/C 59/15)                               nacionales entre sí y con la Comisión para garantizar, a
                                                                       falta de controles fronterizos, la conformidad de dichas
                                                                       transacciones con la normativa del IVA. No afecta a ninguna
                                                                       norma que pueda considerarse una «disposición fiscal», en el
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           sentido del artículo 95 CE, apartado 2, o «legislación relativa al
presentado el 19 de diciembre de 2003 un recurso contra el             impuesto sobre el volumen de negocios», en el sentido del
Consejo de la Unión Europea, formulado por la Comisión de              artículo 93 CE.
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. R. Lyal, en
calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                       Por su parte, la Directiva 2003/93 únicamente modifica la
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    Directiva 77/799 mediante la supresión del impuesto sobre el
                                                                       valor añadido y la inclusión de los impuestos sobre las primas
1)    Anule el Reglamento (CE) no 1798/2003 del Consejo,               de seguros. No afecta a la naturaleza de esta Directiva, cuyo
      de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación               objeto es el intercambio de información, y por consiguiente
      administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor          no constituye una armonización de las «disposiciones fiscales»
      añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE)               en el sentido del artículo 95 CE, apartado 2.
      no 218/92 (1), así como la Directiva 2003/93/CE del
      Consejo, de 7 de octubre de 2003, por la que se modifica
      la Directiva 77/799/CEE relativa a la asistencia mutua
      entre las autoridades competentes de los Estados miem-           Debe concluirse, por lo tanto, que el objeto de la normativa en
      bros en el ámbito de los impuestos directos e indi-              cuestión es la realización del mercado interior. No constituye
      rectos (2).                                                      un conjunto de medidas de armonización de las disposiciones
                                                                       fiscales. Así pues, la base jurídica adecuada es el artículo 95 CE.
2)    Mantenga los efectos de dichas disposiciones hasta la
      entrada en vigor de una directiva adoptada sobre la base
      jurídica adecuada.
                                                                       Por consiguiente, la Comisión alega que el Reglamento (CE)
3)    Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.                1798/2003 del Consejo y la Directiva 2003/93/CE del Consejo
                                                                       fueron adoptados con arreglo a una base jurídica equivocada,
                                                                       ignorando las prerrogativas del Parlamento.
Motivos y principales alegaciones
                                                                       (1) DO L 264 de 15.10.2003, p. 1.
La cuestión que se plantea en el presente asunto es si la base         (2) DO L 264 de 15.10.2003, p. 23.
jurídica adecuada para la adopción de disposiciones como el
Reglamento 1798/2003 y la Directiva 2003/93 es la de los
artículos 93 CE y 94 CE, por una parte, y la del artículo 95 CE
por otra.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 10 de marzo de 2005, en el asunto C-178/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht): Franz Marhold contra Land Baden-Württemberg («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Trabajadores — Funcionarios que trabajan para el sector público nacional — Profesor universitario — Concesión de una prima especial anual»)

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/21

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 10 de marzo de 2005
   en el asunto C-178/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht): Franz Marhold contra Land Baden-Württemberg (1)

   («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Trabajadores - Funcionarios que trabajan para el sector público nacional - Profesor universitario - Concesión de una prima especial anual»)
   (2005/C 182/39)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-178/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania), mediante resolución de 28 de enero de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de abril de 2004, en el procedimiento entre Franz Marhold y Land Baden-Württemberg, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues y E. Levits (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 10 de marzo de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
   El artículo 39 CE se opone a una normativa nacional que niega el derecho a una prima especial anual a un funcionario que cesa en sus funciones antes del 31 de marzo del año siguiente para ocupar un puesto de trabajo en la función pública de otro Estado miembro, mientras que reconoce el derecho a dicha prima cuando el nuevo puesto de trabajo del funcionario pertenece al ámbito de la función pública nacional.

      (1)  DO C 156, de 12.6.2004.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 2003 en el asunto C-322/01, (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main): Deutscher Apothekerverband eV contra 0800 DocMorris NV, Jacques Waterval ("Artículos 28 CE y 30 CE — Directivas 92/28/CEE y 2000/31/CE — Legislación nacional que restringe la venta por Internet de medicamentos para uso humano efectuada por farmacias establecidas en otro Estado miembro — Exigencia de prescripción médica para la dispensación — Prohibición de la publicidad destinada a la venta de medicamentos por correspondencia")

text:
21.2.2004                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                     C 47/5
por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)                              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
dicho órgano jurisdiccional entre Debra Allonby y Accrington                                      de 11 de diciembre de 2003
& Rossendale College, Education Lecturing Services, trading as
Protocol Professional, Secretary of State for Education and                   en el asunto C-322/01, (petición de decisión prejudicial
Employment, una decisión prejudicial sobre la interpretación                  planteada por el Landgericht Frankfurt am Main): Deut-
del artículo 141 CE, el Tribunal de Justicia integrado por el                 scher Apothekerverband eV contra 0800 DocMorris NV,
Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C. W. A. Timmer-                                        Jacques Waterval (1)
mans, C. Gulmann y J. N. Cunha Rodrigues, Presidentes de
Sala, los Sres. A. La Pergola, J.-P. Puissochet y R. Schintgen, las           («Artículos 28 CE y 30 CE — Directivas 92/28/CEE y 2000/
Sras. F. Macken y N. Colneric (Ponente), y el Sr. S. von Bahr,                31/CE — Legislación nacional que restringe la venta por
Jueces; Abogado General: Sr. L. A. Geelhoed; Secretario:                      Internet de medicamentos para uso humano efectuada por
Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 13 de                farmacias establecidas en otro Estado miembro — Exigencia
enero de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                       de prescripción médica para la dispensación — Prohibición
                                                                              de la publicidad destinada a la venta de medicamentos por
1)    En circunstancias tales como las del asunto principal, el                                          correspondencia»)
      artículo 141 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de
      que, en el caso de una mujer a quien no se le renueva su contrato                                   (2004/C 47/08)
      laboral con una empresa y que es puesta de inmediato a
      disposición de su anterior empleador a través de otra empresa                              (Lengua de procedimiento: alemán)
      para prestar los mismos servicios, dicha mujer no puede invocar
      frente a la empresa intermediaria el principio de igualdad de           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      retribución, tomando como término de comparación la retribu-                 «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
      ción que percibe por un mismo trabajo o por un trabajo de
      igual valor un hombre empleado por el anterior empleador de
      dicha mujer.                                                            En el asunto C-322/01, que tiene por objeto una petición diri-
                                                                              gida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el
2)    El artículo 141 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido        Landgericht Frankfurt am Main (Alemania), destinada a obtener,
      de que una mujer que se encuentre en circunstancias como las            en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
      del asunto principal no tiene derecho a invocar el principio de         Deutscher Apothekerverband eV y 0800 DocMorris NV, Jac-
      igualdad de retribución a fin de poder adherirse a un régimen           ques Waterval, una decisión prejudicial sobre la interpretación
      de pensiones profesional para profesores, establecido por una           de los artículos 28 CE y 30 CE, así como del artículo 1, aparta-
      normativa estatal, al que sólo pueden adherirse los profesores          dos 3 y 4, y de los artículos 2 y 3 de la Directiva 92/28/CEE del
      titulares de un contrato de trabajo, utilizando como término de         Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los
      comparación la retribución que percibe por un mismo trabajo o           medicamentos para uso humano (DO L 113, p. 13), en relación
      por un trabajo de igual valor un hombre empleado por el                 con la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
      anterior empleador de dicha mujer, retribución que comprende            Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
      el derecho de adherirse al mencionado régimen.                          jurídicos de los servicios de la sociedad de la información,
                                                                              en particular el comercio electrónico en el mercado interior
3)    Cuando no exista justificación objetiva alguna, el requisito de         («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178, p. 1), el
      afiliación a un régimen de pensiones para profesores, establecido       Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente,
      por una normativa estatal, consistente en estar empleado en             los Sres. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha
      virtud de un contrato de trabajo no es aplicable si se demuestra        Rodrigues y A. Rosas, Presidentes de Sala; los
      que, entre los profesores que son trabajadores a efectos del            Sres. D. A. O. Edward (Ponente), A. La Pergola, J.-P. Puissochet y
      artículo 141 CE, apartado 1, y que cumplen todos los demás              R. Schintgen, las Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von
      requisitos de afiliación, el porcentaje de mujeres que pueden           Bahr, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario:
      cumplir dicho requisito es claramente inferior al de hombres. La        Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 11 de
      calificación formal de trabajador por cuenta propia con arreglo         diciembre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      al Derecho nacional no excluye que una persona deba ser
      calificada de trabajador a efectos del mencionado artículo si su        1)    a)     Una disposición nacional, como la establecida en el
      independencia sólo es ficticia.                                                      artículo 43, apartado 1, de la Arzneimittelgesetz (Ley
                                                                                sobre medicamentos), en su versión de 7 de septiembre de
4)    El artículo 141 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido                     1998, que prohíbe la venta por correspondencia de
      de que, cuando se discute una reglamentación estatal, la                             medicamentos cuya venta esté reservada exclusivamente a
      aplicabilidad de dicha disposición, a una empresa no está                            las farmacias en el Estado miembro afectado constituye
      subordinada al requisito de que el trabajador afectado pueda ser                     una medida de efecto equivalente en el sentido del
      comparado a un trabajador de otro sexo empleado, en la                               artículo 28 CE.
      actualidad o en el pasado, por el mismo empleador y que haya
      recibido, por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor,               b)     El artículo 30 CE puede ser invocado para justificar una
      una retribución más elevada.                                                         prohibición nacional de venta por correspondencia de
                                                                                medicamentos cuya venta esté reservada exclusivamente a
                                                                                las farmacias en el Estado miembro afectado, siempre que
(1) DO C 289 de 13.10.2001.                                                                se refiera a los medicamentos sujetos a prescripción
                                                                                médica. Por el contrario, no puede invocarse el artículo 30
                                                                                CE para justificar una prohibición absoluta de venta por
 ---pagebreak--- C 47/6                   ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                               21.2.2004
            correspondencia de los medicamentos que no estén sujetos        a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccio-
            a prescripción médica en el Estado miembro afectado.            nal entre Herederos del Sr. H. Barbier y Inspecteur van
                                                                            de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland te
      c)    Las cuestiones 1 a) y 1 b) no exigen una apreciación            Heerlen, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los
            diferente en caso de importación de medicamentos en un          artículos 48 y 52 del Tratado CEE (posteriormente artículos 48
            Estado miembro en el que están autorizados, aunque una          y 52 del Tratado CE, actualmente artículos 39 CE y 43 CE,
            farmacia establecida en otro Estado miembro los haya            tras su modificación), 67 del Tratado CEE (posteriormente
            adquirido previamente a mayoristas establecidos en el           artículo 67 del Tratado CE, derogado por el Tratado de
            Estado miembro de importación.                                  Amsterdam), 6 y 8 A del Tratado CE (actualmente artículos 12
                                                                            CE y 18 CE, tras su modificación), así como de las disposiciones
2)    El artículo 88, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del            de las Directivas 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de
      Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de                1990, relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26), y
      2001, por la que se establece un código comunitario sobre             88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la
      medicamentos para uso humano, se opone a una disposición              aplicación del artículo 67 del Tratado (DO L 178, p. 5), el
      nacional, comola prevista en el artículo 8, apartado 1, de la         Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. P. Jann,
      Heilmittelwerbegesetz (Ley sobre la publicidad de los medica-         en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los
      mentos), en su versión publicada el 19 de octubre de 1994, que        Sres. D. A. O. Edward (Ponente), y A. La Pergola, Jueces;
      prohíbe hacer publicidad para la venta por correspondencia de         Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. H. A. Rühl,
      medicamentos cuya dispensación esté reservada exclusivamente          administrador principal, ha dictado el 11 de diciembre de
      a las farmacias en el Estado miembro afectado,en la medida en         2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      que dicha prohibición se refiera a los medicamentos que no
      están sujetos a prescripción médica.
                                                                            El Derecho comunitario, en particular las disposiciones del Tratado
                                                                            CE relativas a la libre circulación de capitales, se opone a una
(1) DO C 348 de 8.12.2001.                                                  normativa nacional sobre la fijación de la cuota tributaria exigible en
                                                                            caso de adquisición por herencia de un bien inmueble situado en el
                                                                            Estado miembro de que se trate, según la cual, para estimar el valor
                                                                            de ese bien, la obligación incondicional que recaía sobre el poseedor
                                                                            del derecho real consistente en transmitirlo a otra persona, que tiene
                                                                            la propiedad económica del citado bien, puede ser tenida en cuenta si,
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 en la fecha de su fallecimiento, el causante residía en dicho Estado
                                                                            mientras que no puede ser tenida en cuenta si residía en otro Estado
                            (Sala Quinta)                                   miembro.
                   de 11 de diciembre de 2003                               (1) DO C 331 de 24.11.2001.
en el asunto C-364/01 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch): Here-
deros del Sr. H. Barbier contra Inspecteur van de Belas-
tingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland te
                              Heerlen (1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Interpretación de los artículos 48 y 52 del Tratado CEE
(posteriormente artículos 48 y 52 del Tratado CE, actual-                                               (Sala Quinta)
mente artículos 39 CE y 43 CE, tras su modificación), 67 del
Tratado CEE (posteriormente artículo 67 del Tratado CE,                                           de 7 de enero de 2004
derogado por el Tratado de Amsterdam), 6 y 8 A del
Tratado CE (actualmente artículos 12 CE y 18 CE, tras                       en el asunto C-500/01, Comisión de las Comunidades
su modificación) Directivas 88/361/CEE y 90/364/CEE                                       Europeas contra Reino de España (1)
Impuesto sobre sucesiones Necesidad de una actividad econó-
mica transfronteriza No discriminación en función del Estado
                       miembro de residencia)                               («Incumplimiento de Estado — Mercado de servicios de
                                                                            telecomunicaciones — Reequilibrio de tarifas — Acceso al
                                                                            bucle de abonado — Directiva 90/388/CEE — Artículo 4
                           (2004/C 47/09)
                                                                                quater»)
                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                                (2004/C 47/10)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                           (Lengua de procedimiento: español)
En el asunto C-364/01, que tiene por objeto una petición                    En el asunto C-500/01, Comisión de las Comunidades Euro-
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,           peas, (agente: Sr. S. Rating) contra Reino de España (agente:
por el Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Países Bajos), destinada            Sr. S. Ortiz Vaamonde) que tiene por objeto que se declare que


title: Asunto T-337/06: Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2006 — UniCredito Italiano/OAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit Wealth Management)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/79

         Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2006 — UniCredito Italiano/OAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit Wealth Management)
   (Asunto T-337/06)
   (2006/C 326/161)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: UniCredito Italiano SpA (Génova, Italia) (representantes: G. Floridia y R. Floridia, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Union Investment Privatfonds GmbH
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución impugnada.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante.

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «UniCredit Wealth Management» (solicitud de registro no 2.330.066), para productos y servicios incluidos en las clases 16, 35, 36, 41 y 42.

      Titular de la marca o signo invocados en el procedimiento de oposición: Union Investment Privatfonds GmbH.

      Marca o signo invocados: Marcas alemanas denominativas «UNIFONDS» (no 991.995) y «UNIRAK» (no 991.997) y marca figurativa «UNIZINS» (no 2.016.954), para servicios incluidos en la clase 36 (colocación de fondos).

      Resolución de la División de Oposición: Admisión parcial de la oposición en la medida en que se reconoce la existencia de un riesgo de confusión por lo que respecta a la colocación de fondos.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Aplicación errónea de la teoría de la protección ampliada de las denominadas marcas de serie, elaborada por el Tribunal de Primera Instancia comunitario, en la sentencia de 23.02.2006, en el asunto T-194/03 Bainbridge.


title: Asunto C-96/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de marzo de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Reglamento (CE) n°  615/98 — Directiva 91/628/CEE — Restituciones a la exportación — Denegación — Incumplimiento de la Directiva 91/628/CEE — Bienestar de los animales afectados — Carga de la prueba — Ausencia de pruebas)

text:
               9.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 116/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de marzo de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
   (Asunto C-96/06) (1)

   (Reglamento (CE) no 615/98 - Directiva 91/628/CEE - Restituciones a la exportación - Denegación - Incumplimiento de la Directiva 91/628/CEE - Bienestar de los animales afectados - Carga de la prueba - Ausencia de pruebas)
   (2008/C 116/05)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Finanzgericht Hamburg
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Viamex Agrar Handels GmbH

      Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Hamburg — Interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 615/98 de la Comisión, de 18 de marzo de 1998, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del régimen de restituciones por exportación en lo referente al bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte (DO L 82, p. 19) — Posibilidad que asiste a la autoridad competente de denegar la concesión de restituciones a la exportación cuando estime «a la vista […] de cualquier otro elemento que obre en su poder» que se han infringido las disposiciones de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE (DO L 340, p. 17) — Carga de la prueba — Denegación de las restituciones debido al uso de un buque inscrito en una lista de buques que no satisfacen las exigencias de la Directiva 91/628/CEE («lista negativa»), sin que existan indicios que permitan determinar que se atentó efectivamente contra el bien estar de los animales.
   Fallo

               1)

               No obstante los documentos presentados por el exportador con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 615/98 de la Comisión, de 18 de marzo de 1998, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del régimen de restituciones por exportación en lo referente al bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante el transporte, la autoridad competente podrá estimar que la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE, en su versión modificada por la Directiva 95/29/CE del Consejo, de 29 de junio de 1995, no se ha cumplido conforme al artículo 5, apartado 3, del citado Reglamento. Sin embargo, la autoridad competente únicamente podrá llegar a tal conclusión fundándose en los documentos contemplados en el artículo 5 del Reglamento no 615/98, en los informes a que se refiere el artículo 4 del propio Reglamento relativos a la salud de los animales o en cualquier otro elemento objetivo que afecte al bienestar de dichos animales y que pueda poner en cuestión los documentos presentados por el exportador, recayendo en este último, en su caso, la carga de demostrar por qué no son pertinentes los elementos invocados por la autoridad competente para afirmar que no ha respetado la Directiva 91/628, en su versión modificada por la Directiva 95/29.

               2)

               Con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 615/98, la autoridad competente podrá denegar la restitución a la exportación por no haberse cumplido lo dispuesto en la Directiva 91/628, en su versión modificada por la Directiva 95/29, relativas a la salud de los animales, aun cuando ningún elemento permita afirmar en concreto que el bienestar de los animales transportados ha resultado afectado.

      (1)  DO C 96 de 22.4.2006.


title: Asunto C-92/12 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland — Irlanda) — Health Service Excutive/SC, AC [ «Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n ° 2201/2003 — Menor que reside habitualmente en Irlanda, donde ha sido objeto de acogimiento en varias ocasiones — Conductas agresivas y peligrosas para la propia menor — Resolución por la que se dispone el acogimiento de la menor, en régimen cerrado, en un establecimiento en Inglaterra — Ámbito de aplicación material del Reglamento — Artículo 56 — Procedimientos de consulta y de aprobación — Obligación de reconocer o de declarar ejecutiva la resolución por la que se dispone el acogimiento de la menor en un establecimiento en régimen cerrado — Medidas provisionales — Procedimiento prejudicial de urgencia» ]

text:
               30.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 194/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland — Irlanda) — Health Service Excutive/SC, AC
   (Asunto C-92/12 PPU) (1)

   (Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Menor que reside habitualmente en Irlanda, donde ha sido objeto de acogimiento en varias ocasiones - Conductas agresivas y peligrosas para la propia menor - Resolución por la que se dispone el acogimiento de la menor, en régimen cerrado, en un establecimiento en Inglaterra - Ámbito de aplicación material del Reglamento - Artículo 56 - Procedimientos de consulta y de aprobación - Obligación de reconocer o de declarar ejecutiva la resolución por la que se dispone el acogimiento de la menor en un establecimiento en régimen cerrado - Medidas provisionales - Procedimiento prejudicial de urgencia)
   2012/C 194/08
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Ireland

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Health Service Excutive

      Demandada: SC, AC

      en el que participa: Attorney General

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — High Court of Ireland — Interpretación del artículo 56 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1) — Ámbito de aplicación material — Resolución de un órgano jurisdiccional irlandés por la que se ordena el acogimiento de una menor, que reside habitualmente en Irlanda, en régimen de internamiento para su protección en un establecimiento que proporciona atención terapéutica y educativa en el Reino Unido — Procedimiento de consulta y de aprobación para garantizar la protección eficaz de la menor — ¿Existe la obligación de que la resolución de acogimiento de la menor en régimen de internamiento para su protección se reconozca y/o se declare ejecutiva con anterioridad al acogimiento?

      Fallo

               1)

               Una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que dispone el acogimiento de un menor en régimen cerrado en un centro asistencial terapéutico y educativo situado en otro Estado miembro que implique, para su protección, una privación de libertad durante un período de tiempo determinado, está comprendida en el ámbito material de aplicación del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000.

               2)

               La aprobación a la que se refiere el artículo 56, apartado 2, del Reglamento no 2201/2003 debe darla, antes de que se dicte la resolución sobre el acogimiento de un menor, una autoridad competente de Derecho Público. No basta con que dé su aprobación el establecimiento en el que el menor ha de ser acogido. En circunstancias como las del asunto principal, en las que el órgano jurisdiccional del Estado miembro que dispuso el acogimiento tiene dudas acerca de si la aprobación se concedió válidamente en el Estado miembro requerido, ya que no se ha podido determinar con certeza cuál era la autoridad competente en ese último Estado, es posible proceder a una regularización con el fin de asegurarse de que el requisito de la aprobación que establece el artículo 56 del Reglamento no 2201/2003 se ha cumplido íntegramente.

               3)

               El Reglamento no 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que ordena el acogimiento forzoso de un menor en régimen cerrado en un establecimiento situado en otro Estado miembro debe, antes de ejecutarse en el Estado miembro requerido, ser declarada ejecutiva en ese Estado miembro. Con el fin de no privar al Reglamento de su efecto útil, la resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido acerca de la solicitud de declaración de ejecutoriedad debe dictarse con una particular celeridad, sin que los recursos interpuestos contra tal resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido puedan tener efecto suspensivo.

               4)

               Cuando haya sido dada por un período determinado, la aprobación de un acogimiento en virtud del artículo 56, apartado 2, del Reglamento no 2201/2003 no se aplicará a las resoluciones que tengan por objeto prorrogar la duración del acogimiento. En tales circunstancias, deberá solicitarse una nueva aprobación. Una resolución que ordene el acogimiento, adoptada en un Estado miembro y declarada ejecutiva en otro Estado miembro, sólo podrá ejecutarse en este último Estado miembro por el período indicado en la resolución de acogimiento.

      (1)  DO C 133, de 5.5.2012.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 21 de marzo de 2002 en el asunto T-355/99, Vatinel N.V. contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de anulación — Importación de televisores procedentes de Turquía — Sobreseimiento)

text:
C 144/44                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           15.6.2002
     —     «mediación y liquidación de tasas, en concreto, tasas de       condonación de derechos en lo que atañe a la importación de
           utilización de teléfonos; financiaciones y financiaciones de    televisores procedentes de Turquı́a, el Tribunal de Primera
           ventas, ası́ como su mediación; liquidación de servicios y     Instancia (Sala Tercera), integrado por el Sr. M. Jaeger, Presi-
           prestaciones en garantı́a», pertenecientes a la clase 36;        dente, y los Sres. K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces; Secretario:
                                                                            Sr. H. Jung, ha dictado el 21 de marzo de 2002 un auto
     —     «mediación de servicios y prestaciones en garantı́a»,           resolviendo lo siguiente:
           pertenecientes a la clase 37;
     —     «mediación de servicios de telecomunicación, en concreto,      1)    Se sobresee el presente procedimiento.
           llamadas telefónicas, servicios de mensajerı́a vocal, servi-
           cios de información; prestación de servicios de telecomuni-
                                                                            2)    La Comisión cargará con la totalidad de las costas.
           cación, en concreto, llamadas telefónicas, servicios de
           mensajerı́a vocal, servicios de información», pertenecientes
           a la clase 38;
                                                                            (1) DO C 79 de 18.3.2000.
     —     «alquiler y/o arrendamiento financiero de equipos para el
           tratamiento de la información; elaboración de datos de
           contabilidad y de liquidación; alojamiento temporal;
           mediación y/o reserva de alojamiento en hoteles o pensio-
           nes», pertenecientes a la clase 42.
2)   Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)   La parte demandante soportará sus propias costas y la mitad de
     las costas de la demandada. Esta última cargará con la mitad             AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
     de sus costas.
                                                                                de 4 de marzo de 2002
(1) DO C 28 de 27.1.2001.
                                                                            en el asunto T-337/00, Firma Sarah Tex Textil Groß- und
                                                                            Einzelhandel GmbH contra Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas (1)
                                                                            (Recurso de anulación — Revocación del acto impugnado —
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                             Sobreseimiento)
                     de 21 de marzo de 2002                                                           (2002/C 144/93)
en el asunto T-355/99, Vatinel N.V. contra Comisión de
                  las Comunidades Europeas (1)                                               (Lengua de procedimiento: alemán)
(Recurso de anulación — Importación de televisores proce-
             dentes de Turquı́a — Sobreseimiento)
                                                                            En el asunto T-337/00, Firma Sarah Tex Textil Groß- und
                                                                            Einzelhandel GmbH, con domicilio social en Essen (Alemania),
                          (2002/C 144/92)
                                                                            representada por el Sr. D. Ehle, abogado, que designa domicilio
                                                                            en Luxemburgo, apoyada por el Reino de Dinamarca (agente:
                  (Lengua de procedimiento: francés)                        Sr. J. Molde), contra Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                            (agentes: Sres. R. Tricot y M. Núñez Müller), que tiene por
                                                                            objeto una petición de anulación de la Decisión de la Comisión,
                                                                            de 29 de junio de 2000, documento C(2000) 1685 final,
En el asunto T-355/99, Vatinel N.V., con domicilio social en                dirigida a la República Federal de Alemania y relativa a una
Antwerpen (Bélgica), representada por el Sr. M. Famchon,                    condonación de derechos de importación, el Tribunal de
abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, apoyada por                   Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. J.D. Cooke,
el Reino de los Paı́ses Bajos (agentes: Sras. J. van Bakel y H.G.           Presidente, y por el Sr. R. Garcı́a-Valdecasas y la Sra. P. Lindh,
Sevenster), contra Comisión de las Comunidades Europeas                    Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 4 de marzo de
(agentes: Sres. R. Tricot y J. Stuyck), que tiene por objeto la             2002 un auto resolviendo lo siguiente:
anulación de la Decisión de la Comisión C(1999)2286 fin
(REC 12/98), de 22 de julio de 1999, por la que se declara
procedente la recaudación a posteriori y la denegación de la              1)    Se sobresee el presente procedimiento.


title: Asunto T-495/11: Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2011 — Streng/OAMI — Gismondi (PARAMETRICA)

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/37

         Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2011 — Streng/OAMI — Gismondi (PARAMETRICA)
   (Asunto T-495/11)
   2011/C 347/67
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Michael Streng (Erding, Alemania) (representante: A. Pappert, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Fulvio Gismondi (Roma)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 19 de julio de 2011 en el asunto R 1348/2010-4 y devuelva el asunto a dicha Sala.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «PARAMETRICA» para servicios de las clases 36 y 42 — Solicitud de marca comunitaria no 6.048.433

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado en la oposición: La marca alemana registrada no 30.311.096 del signo denominativo «parameta» para servicios de las clases 35, 38, 41 y 42

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición en su totalidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Oposición y desestimación de la oposición

      Motivos invocados: Infracción de las reglas 19, apartados 2 y 3, en relación con la regla 98, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, ya que la Sala de Recurso consideró erróneamente que los documentos presentados que contienen códigos WIPO INID no están redactados en la lengua del procedimiento y/o, apreciados junto con la traducción aportada con el escrito de 3 de noviembre de 2008, no constituyen una «traducción» en el sentido de la regla 98, apartado 1, del Reglamento no 2868/95.


title: Asunto T-735/15: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — Manifatture Daddato y Laurora (SHOP ART) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión SHOP ART — Marca figurativa anterior de la Unión art — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               23.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/31

         Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — Manifatture Daddato y Laurora (SHOP ART)
   (Asunto T-735/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión SHOP ART - Marca figurativa anterior de la Unión art - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2017/C 022/41)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: The Art Company B & S, S.A. (Quel, La Rioja) (representantes: L. Sánchez Calderón y J. Villamor Muguerza, abogados)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: S. Palmero Cabezas, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italia) (representante: D. Russo, abogado)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Sabina Laurora (Trani, Italia)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de octubre de 2015 (asunto R 3050/2014-1) relativa a un procedimiento de oposición entre, por un lado, The Art Company B & S, y, por otro, Manifatture Daddato y la Sra. Laurora.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 8 de octubre de 2015 (asunto R 3050/2014-1).

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 68 de 22.2.2016.


title: Asunto C-95/15 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de febrero de 2015 por H & R ChemPharm GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 12 de diciembre de 2014 en el asunto T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Comisión Europea

text:
               27.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/43

         Recurso de casación interpuesto el 24 de febrero de 2015 por H & R ChemPharm GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 12 de diciembre de 2014 en el asunto T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Comisión Europea
   (Asunto C-95/15 P)
   (2015/C 138/57)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: H & R ChemPharm GmbH (representantes: M. Klusmann y S. Thomas, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita:

               —

               Que se anule en su totalidad la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 12 de diciembre de 2014 en el asunto T-551/08, en la medida en que afecta a la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, que se reduzca la multa de 22 millones de euros impuesta a la demandante en el artículo 2 de la Decisión impugnada, de 1 de octubre de 2008.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, que se devuelva el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que dicte nueva resolución.

               —

               Que anule la imposición de gastos procesales por importe de 10  000 euros en virtud del artículo 90, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurso de casación se dirige contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 12 de diciembre de 2014 (no de registro 651533) dictada en el asunto T-551/08, H&R ChemPharm GmbH/Comisión, mediante la que el Tribunal General desestima el recurso de anulación de la Decisión C(2008) 5476 final de la Comisión, de 1 de octubre de 2008 (asunto COMP/39.181 — Ceras para velas), en cuanto afecta a la demandante.
   La recurrente (y demandante en la instancia tramitada ante el Tribunal General) basa su recurso de casación en los siguientes motivos:

               1)

               Mediante el primer motivo de casación, la recurrente alega, en particular, la infracción del artículo 81 CE [101 TFUE], debido a que el Tribunal General se basa en una motivación contradictoria e insuficiente relativa a la estructura y responsabilidad empresariales de la recurrente para justificar que ésta infringió el artículo 81 CE. Afirma que la contradicción fundamental reside en que el Tribunal General trata a la recurrente y a la empresa Tudapetrol, no vinculada a la recurrente, como una unidad a efectos de la imputación de la infracción, mientras que a efectos de la imposición de la multa parte de dos empresas distintas. Dado que de la motivación de la sentencia no se desprende si existe una unidad de empresa entre la demandante y Tudapetrol o si se trata de dos empresas, la recurrente aduce asimismo la infracción del deber de motivación (artículo 296 TFUE) y de sus derechos fundamentales de defensa.

               2)

               Mediante el segundo motivo de casación, la recurrente alega que se ha cometido un error de Derecho en la imputación de la conducta de un empleado que estaba pluriempleado paralelamente en distintas empresas jurídicamente autónomas. La recurrente se opone a que se le impute la conducta de dicho empleado sin que el Tribunal General haya comprobado si el empleado realizó las actuaciones controvertidas con la finalidad de llevarlas a cabo para la recurrente. Afirma que la postura jurídica adoptada al respecto por el Tribunal General es contraria al artículo 81 CE. Asimismo, la recurrente aduce que el Tribunal General ha vulnerado el principio fundamental del proceso equitativo, ya que inadmitió por motivos jurídicamente insostenibles la prueba propuesta por la recurrente respecto a las funciones efectivas del empleado (infracción del artículo 6 del CEDH).

               3)

               Mediante el tercer motivo de casación, la recurrente alega la comisión de errores relevantes a efectos del fallo en la interpretación del artículo 23, apartado 3, del Reglamento no 1/2003 (1) en lo relativo al volumen de negocios en que ha de basarse la multa. Dichos errores consisten en que el Tribunal General admite la inclusión de ventas de una tercera empresa en el cálculo de la multa, aun cuando es incontrovertido que dicha empresa no participó en la transgresión ni formaba una unidad económica con la recurrente. Asimismo, la recurrente afirma que la sentencia no motiva jurídicamente con qué fundamento computa ventas de terceros a efectos de la determinación de la multa a pesar de que no existe ninguna unidad económica. Por consiguiente, las consideraciones del Tribunal General no sólo vulneran el artículo 23, apartado 3, del Reglamento no 1/2003, sino también los requisitos sentados por la jurisprudencia en relación con la motivación suficiente (artículo 296 TFUE).

               4)

               Mediante el cuarto motivo de casación se alega, en primer lugar, que el Tribunal General computó, a efectos de la determinación de la multa, ventas de sociedades que no se adquirieron hasta el final del período al que se refiere la supuesta infracción y que extrapoló dichas ventas a la totalidad del presunto período de participación. Esto es contradictorio con el proceder del Tribunal General en la sentencia paralela dictada en el asunto Esso
                   (2). En la sentencia Esso, el propio Tribunal General declaró en un asunto idéntico, respecto de un extremo idéntico, que la actuación equivalente de la Comisión daba lugar a una elevación artificial del volumen de negocios que ha de tomarse como base para el cálculo de la multa. Según la recurrente, esta desigualdad de trato constituye una infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento no 1/2003. Dado que el Tribunal General no se pronuncia respecto de las objeciones formuladas por la recurrente, ello implica igualmente una falta de motivación de la sentencia recurrida (artículo 296 TFUE). Además, la recurrente aduce que el Tribunal General cometió errores en el cálculo del volumen de negocios que dieron lugar al cómputo doble de determinadas ventas, lo cual es contrario al artículo 23, apartado 3, del Reglamento no 1/2003.

               5)

               Mediante el quinto motivo de casación, la recurrente alega la comisión de varios errores en la determinación de la multa, especialmente la desproporción entre la multa impuesta a la recurrente frente a las impuestas a otras empresas que participaron en las supuestas infracciones (infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento no 1/2003). La recurrente aduce que el Tribunal General no ha tomado en consideración las diferencias en cuanto al contenido ilícito de la participación de la recurrente en los hechos con respecto a otras empresas participantes, así como que el tamaño de la empresa se ha tenido en cuenta de un modo desproporcionado.

               6)

               Mediante el sexto motivo de casación, la recurrente alega errores de Derecho en la determinación de las costas por el Tribunal General, en lo relativo a la imposición de gastos procesales del Tribunal General no justificados en detalle, supuestamente adicionales y provocados por la recurrente [infracción del artículo 90, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, así como del artículo 296 TFUE y del artículo 6 del CEDH]. La recurrente aduce que no se han producido tales gastos y que no se le dio audiencia antes de la adopción de la decisión sobre las costas.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).

      (2)  T-540/08, EU:T:2014:630.


title: Asunto T-245/13: Sentencia del Tribunal General de 4 de septiembre de 2015 — Reino Unido/Comisión [«FEOGA — Sección “Garantía” — FEAGA y FEADER — Gastos excluidos de la financiación — Régimen de pago único — Controles fundamentales — Controles auxiliares — Artículos 51, 53, 73 y 73 bis del Reglamento (CE) n° 796/2004»]

text:
               19.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/22

         Sentencia del Tribunal General de 4 de septiembre de 2015 — Reino Unido/Comisión
   (Asunto T-245/13) (1)

   ([«FEOGA - Sección “Garantía” - FEAGA y FEADER - Gastos excluidos de la financiación - Régimen de pago único - Controles fundamentales - Controles auxiliares - Artículos 51, 53, 73 y 73 bis del Reglamento (CE) no 796/2004»])
   (2015/C 346/24)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (representantes: inicialmente C. Murrell, M. Holt y E. Jenkinson, posteriormente M. Holt, agentes, asistidos por D. Wyatt, QC, y por V. Wakefield, Barrister)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Rossi y K. Skelly, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación parcial de la Decisión de Ejecución 2013/123/UE de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 67, p. 20), en la medida en que esta Decisión hace referencia en su anexo 1 a una partida relativa a una corrección extrapolada del 5,19 % aplicada a gastos efectuados en Irlanda del Norte (Reino Unido) durante el ejercicio financiero de 2010, por importe de 16 513 582,57 euros.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 189, de 29.6.2013.


title: Asunto T-364/15 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 7 de abril de 2016 — ADR Center/Comisión («Procedimiento sobre medidas provisionales — Cláusula compromisoria — Convenios celebrados para llevar a cabo proyectos subvencionados por la Unión en el marco del programa de “Justicia civil” — Decisión ejecutiva de la Comisión para recaudar las cantidades abonadas — Pretensión de que se suspenda la ejecución — Inexistencia de urgencia»)

text:
               30.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 191/31

         Auto del Presidente del Tribunal General de 7 de abril de 2016 — ADR Center/Comisión
   (Asunto T-364/15 R)
   ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Cláusula compromisoria - Convenios celebrados para llevar a cabo proyectos subvencionados por la Unión en el marco del programa de “Justicia civil” - Decisión ejecutiva de la Comisión para recaudar las cantidades abonadas - Pretensión de que se suspenda la ejecución - Inexistencia de urgencia»))
   (2016/C 191/41)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: ADR Center Srl (Roma, Italia) (representante: L. Tantalo, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Cappelletti y J. Estrada de Solà, agentes)

      Objeto

   Pretensión de que se suspenda la ejecución forzosa de la Decisión C(2015) 3117 final de la Comisión, de 4 de mayo de 2015, relativa a la recaudación del importe de 432 637,97 euros, más intereses, adeudados por ADR Center Srl en referencia a las notas de adeudo n.os 3241408192 y 3241409206 por importe, respectivamente, de 155 507,97 euros y 277 130 euros.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Revocar el auto de 22 de enero de 2016, en lo que se refiere al asunto T-364/15 R.

               3)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-407/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden el 5 de septiembre de 2007 — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden el 5 de septiembre de 2007 — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-407/07)
   (2007/C 283/24)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hoge Raad der Nederlanden
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën
   Cuestión prejudicial
   ¿Debe interpretarse el artículo 13, parte A, apartado 1, inicio y letra f), de la Sexta Directiva (1) en el sentido de que también comprende los servicios que las agrupaciones allí mencionadas presten a sus miembros, que sean directamente necesarios para las prestaciones exentas de tales miembros o para las prestaciones para las cuales éstos no tengan la cualidad de sujeto pasivo, y para los cuales no se pida una remuneración superior a los gastos incurridos con respecto a estos servicios, en el supuesto de que se presten dichos servicios a favor de sólo uno o varios de los miembros?

      (1)  Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).


title: Asunto C-311/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Nienburg — Alemania) — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/19

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeitsgericht Nienburg — Alemania) — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG
   (Asunto C-311/12) (1)

   2013/C 108/48
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 287, de 22.9.2012.


title: Asunto C-312/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesarbeitsgerichts Köln (Alemania) el 29 de junio de 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz

text:
               9.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesarbeitsgerichts Köln (Alemania) el 29 de junio de 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz
   (Asunto C-312/10)
   ()
   2010/C 274/04
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landesarbeitsgerichts Köln

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Land Nordrhein-Westfalen

      Recurrida: Melanie Klinz

      Cuestiones prejudiciales

      Primera cuestión

               a)

               ¿Es compatible con el sentido y la finalidad de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, (1) establecer que el análisis jurídico de la concurrencia de razones objetivas que justifiquen la renovación de un contrato por tiempo determinado en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), de dicho Acuerdo marco depende exclusivamente de las circunstancias existentes en la fecha de dicha renovación, sin tener en cuenta los contratos de duración determinada precedentes, o

               b)

               imponen el sentido y la finalidad de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco, a saber, evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo, exigencias tanto más severas a la «razón objetiva» cuantos más contratos sucesivos de duración determinada hayan precedido al contrato objeto de examen o, cuanto más largo haya sido el período de tiempo durante el cual el trabajador afectado estuvo contratado con sucesivos contratos de trabajo de duración determinada?

      Segunda cuestión

   ¿Se opone a la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada a una normativa nacional como la recogida en el artículo 14, apartado 1, segunda frase, número 7, de la Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Ley relativa al trabajo a tiempo parcial y a los contratos de trabajo de duración determinada; en lo sucesivo, «TzBfG»), que permite sólo en la función pública la sucesiva limitación temporal de contratos de trabajo justificada por la «razón objetiva» de que se remunera al trabajador con cargo a recursos presupuestarios destinados a un empleo de duración determinada, mientras que para los empleadores del sector privado estas razones económicas no se reconocen como «razón objetiva»?

      Tercera cuestión

               a)

               ¿Es conforme con el Acuerdo marco la norma que fija un término a la duración del contrato descrita en la segunda cuestión (artículo 14, apartado 1, segunda frase, número 7, de la TzBfG) cuando la norma presupuestaria en la que se basa dicho artículo 14, apartado 1, segunda frase, número 7, de la TzBfG contempla una finalidad suficientemente precisa de la limitación temporal del contrato de trabajo, relacionada principalmente con la actividad de que se trate y las condiciones en que ésta se desarrolla (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, Rec. p. I-6057, punto 2 del sumario)?

         En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, letra a),

               b)

               ¿Concurre una finalidad suficientemente precisa cuando, como sucede en el caso del artículo 7, apartado 3, de la Gesetz über die Feststellung der Haushaltspläne des Landes Nordrhein-Westfalen für die Haushaltsjahre 2004/2005 (Ley de presupuestos del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia para 2004 y 2005; en lo sucesivo, «HG NRW 2004/05»), pertinente en el presente asunto, la normativa presupuestaria únicamente dispone que los recursos presupuestarios están destinados a una actividad de duración determinada en calidad de «trabajador interino»?

         En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, letra b),

               c)

               ¿Procede la misma respuesta cuando se entiende que la actividad de un «trabajador interino» en este sentido no sólo tiene por objeto cubrir un aumento transitorio de la carga de trabajo o sustituir a un trabajador fijo cuya relación laboral queda suspendida temporalmente, sino que también comprende los casos en los que se remunera al trabajador con cargo a recursos presupuestarios disponibles a consecuencia de la suspensión temporal de la relación laboral de un trabajador contratado por tiempo indefinido en el mismo servicio, aunque las actividades encomendadas al «trabajador interino» formen parte de la carga de trabajo permanente y duradera del empleador y no guarden ninguna relación de fondo con la actividad laboral propia del trabajador fijo sustituido, o

               d)

               contradice la interpretación del concepto de «trabajador interino» descrita en la tercera cuestión, letra c), el sentido y la finalidad del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, a saber, evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo, y el principio recogido en el asunto Angelidaki [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2009 (C-378/07 a C-380/07, Rec. p. I-3071), apartado 2 del sumario], según el cual, la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa nacional «de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público se considere justificada por “razones objetivas” en el sentido de dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que permiten renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en realidad, dichas necesidades sean permanentes y duraderas»?

      Cuarta cuestión

   ¿Infringe un Estado miembro la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada al introducir en la ley de adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE un motivo presupuestario de limitación temporal de los contratos de trabajo como el descrito en la segunda cuestión con carácter general en el sector público, que con anterioridad a la aprobación de la Directiva únicamente regía en el Derecho interno en términos similares respecto a ámbitos parciales más reducidos de la función pública (ámbito de la enseñanza superior)? ¿Conduce dicho incumplimiento al deber de excluir la aplicación de dicha disposición nacional?

      (1)  (DO L 175, de 10.7.1999, p. 43).


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia, de 8 de marzo de 2005, en el asunto T-84/04, Axiom Medical, Inc. contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (Marca comunitaria — Oposición — Retirada de la oposición — Sobreseimiento)

text:
               25.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/22

      AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 8 de marzo de 2005
   en el asunto T-84/04, Axiom Medical, Inc. contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   (Marca comunitaria - Oposición - Retirada de la oposición - Sobreseimiento)
   (2005/C 155/44)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-84/04, Axiom Medical, Inc., con domicilio social en Rancho Dominguez (Estados Unidos de América), representada por el Sr. R. Köbbing, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agente: Sr. G. Schneider), y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es Paul Hartmann Aktiengesellschaft, con domicilio social en Heidenheim (Alemania), que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 17 de diciembre de 2003 (asunto R 193/2002-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Axiom Medical, Inc., y Paul Hartmann Aktiengesellschaft, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. P. Lindh y el Sr. V. Vadapalas, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 8 de marzo de 2005 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto C-420/06: Petición de decisión prejudicial planteada por Verwaltungsgericht Schwerin (Alemania) — el 16 de octubre de 2006 — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/27

         Petición de decisión prejudicial planteada por Verwaltungsgericht Schwerin (Alemania) — el 16 de octubre de 2006 — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow
   (Asunto C-420/06)
   (2006/C 326/55)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Verwaltungsgericht Schwerin
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Rüdiger Jager

      Demandada: Amt für Landwirtschaft Bützow
   Cuestión prejudicial
   ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (1), en el sentido de que procede aplicar retroactivamente una disposición que impone una sanción menor (relativa a las primas «animales») incluso en el supuesto de que dicha disposición esté, en principio, vigente en un período en el que, en el Estado miembro, ya no se conceden primas «animales», sino pagos directos?

      (1)  DO L 312, p. 1.


title: Asunto T-316/06: Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2006 — Comisión/Premium

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/68

         Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2006 — Comisión/Premium
   (Asunto T-316/06)
   (2006/C 326/143)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (Bruselas, Bélgica) (representantes: E. Montaguti, agente, asistido por J.-L. Fagnart y F Longfils, abogados)

      Demandada: Premium SA
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare admisible y fundada la pretensión expuesta en el presente recurso, y por consiguiente:

               —

               Que se condene a Premium SA al pago de un importe principal de 88 594,493 euros, correspondientes 57 605,74 euros en concepto del contrato ISAR A 2052 y 30 988,74 euros en concepto del contrato KAVAS-2 A2019.

               —

               Que se condene a Premium SA al pago de los intereses de demora devengados por el importe de 57 605,74 euros del contrato ISAR [al tipo indicado según las disposiciones del Derecho francés aplicable al contrato].

               —

               Que se condene a Premium SA al pago de los intereses de demora devengados por el importe principal de 30 988,74 euros del contrato KAVAS-2 [al tipo indicado según las disposiciones del Derecho danés aplicable al contrato].

               —

               Que se condene en costas a Premium SA.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comunidad Europea, representada por la Comisión Europea, celebró, el 11 de marzo de 1992 y el 29 de diciembre de 1993, con el consorcio en el que participaba una sociedad de la que la demandada era una parte contratante asociada, dos contratos relativos a los proyectos KAVAS-2, A2019 («Knowledge acquisition visualization and assessment system») e ISAR-AIM, A2052 («Integration System ARchitecture») realizados en el marco de un programa específico de investigación y de desarrollo tecnológico en el ámbito de las tecnologías de la información (1990-1994) adoptado por la Decisión 91/394/CE del Consejo (1).
   Los contratos preveían los importes de los costes financiables de los proyectos sobre la base de los cuales se calculó la contribución financiera de la Comunidad. De conformidad con las estipulaciones de los contratos, todos los pagos realizados por la Comisión debían considerarse anticipos hasta la aprobación del informe final. En caso de que la contribución financiera total que deba pagar la Comisión resulte inferior a los pagos ya realizados, las partes contratantes se habían comprometido a rembolsar inmediatamente la diferencia a la Comisión. Además, los contratos disponían que las partes contratantes eran conjunta y solidariamente responsable de todo incumplimiento de las obligaciones del contrato, salvo en los casos en los que uno de ellos no presente información financiera o presente información financiera falsa o incompleta. En este último caso, la responsabilidad incumbe a esta única parte contratante.
   En virtud de las disposiciones de los contratos, el consorcio debía presentar declaraciones periódicas de gastos así como informes periódicos sobre el desarrollo de los trabajos.
   La auditoría financiera realizada por la Comisión en 1996 sacó a la luz varios gastos no financiables facturados por Premium SA. En sus comentarios sobre el citado informe de auditoría, la demandada indicó que no podía aceptar que el informe no admitiese varios costes. Tras un intercambio de correspondencia entre la demandada y la Comisión, ésta emitió notas de adeudo contra Premium SA, que las rechazó. Dado que algunos anticipos que la Comisión tuvo en cuenta en sus primeras notas de adeudo no habían sido transferidos por el coordinador a Premium SA, la Comisión emitió nuevas notas de adeudo por los importes realmente pagados en exceso manteniendo, no obstante, las consideraciones del informe de auditoría relativo a los gastos no financiables facturados por la demandada. Premium rechazó también estas notas.
   La Comisión reiteró varias veces las solicitudes de pago que la demandada no había atendido. Por ello, sobre la base de las cláusulas compromisorias contenidas en los contratos, la Comisión ha interpuesto el presente recurso con el fin de que se condene a Premium SA a rembolsar una parte del anticipo pagado por la Comunidad incrementada con los intereses de demora ya que la demandada no ha alegado ningún motivo pertinente para rechazar la procedencia de la tesis de la Comisión respecto a los gastos considerados no financiables por el informe de auditoría.

      (1)  DO 1991, L 218, p. 22.


title: Asunto C-571/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano (Italia) el 7 de diciembre de 2010 — Kamberaj Servet/Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano

text:
               12.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano (Italia) el 7 de diciembre de 2010 — Kamberaj Servet/Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano
   (Asunto C-571/10)
   2011/C 46/11
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Bolzano

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Kamberaj Servet

      Demandadas: Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Obliga el principio de primacía (principe de primauté) del Derecho de la Unión al juez nacional a aplicar de modo pleno e inmediato las normas de la Unión provistas de eficacia directa, y a no aplicar normas de Derecho interno contrarias al Derecho de la Unión pese a que se adoptaran en aplicación de principios fundamentales del marco constitucional del Estado miembro?

               2)

               En caso de conflicto entre una norma interna y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ¿obliga la referencia que hace el artículo 6 TUE a dicho Convenio al juez nacional a aplicar directamente el artículo 14 y el artículo 1 del Protocolo adicional no 12, y a no aplicar la fuente interna incompatible, sin deber plantear previamente la cuestión de constitucionalidad ante la Corte Costituzionale nacional?

               3)

               ¿Se opone el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 2 y 6 TUE, 21 y 34 de la Carta y las Directivas 2000/43/CE y 2003/109/CE, a una normativa nacional (rectius: provincial) como la contenida en el artículo 15, párrafo tercero [rectius: segundo], en el Decreto del Presidente de la República no 670/1972, en relación con los artículos 1 y 5 de la Ley provincial no 13 de 1998 y con la Resolución no 1865 de la Giunta provinciale de 20 de julio de 2009, en la parte en que para las prestaciones que regula y en particular para la denominada «ayuda vivienda» atribuye relevancia a la nacionalidad reservando a los trabajadores residentes de larga duración que no pertenecen a la Unión o a los apátridas un trato peyorativo respecto a los ciudadanos residentes comunitarios (italianos y no italianos)?

         En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones precedentes:

               4)

               En el supuesto de una vulneración de los principios generales de la Unión como la prohibición de discriminación y la exigencia de seguridad jurídica, ante una norma nacional de adaptación del Derecho interno a la normativa de la Unión que permite al juez nacional «ordenar el cese de la conducta lesiva y adoptar las medidas idóneas, según las circunstancias y los efectos de la discriminación» e impone «que se ordene el cese de la conducta, del comportamiento o del acto discriminatorios, si éstos continúan, así como la eliminación de sus efectos» y permite que se ordene «con el fin de impedir su repetición, dentro del plazo establecido en la medida, un plan para la eliminación de las discriminaciones detectadas», ¿debe entenderse el artículo 15 de la Directiva 2000/43/CE, en la parte en que prevé que las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, en el sentido de que incluye, entre las discriminaciones detectadas y los efectos que deben eliminarse, también con el fin de evitar discriminaciones injustificadas a la inversa, cualquier vulneración incidental sobre los destinatarios de la discriminación, aunque no sean parte en el litigio?

         En el supuesto de que esta cuestión se responda en sentido afirmativo:

               5)

               ¿Se opone el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 2 y 6 TUE, 21 y 34 de la Carta y las Directivas 2000/43/CE y 2003/109/CE, a una normativa nacional (rectius: provincial) que exige únicamente a los ciudadanos extracomunitarios pero no a los ciudadanos comunitarios (italianos y no italianos), equiparados únicamente en relación con la obligación de residencia en la provincia durante más de 5 años, cumplir adicionalmente el requisito de haber trabajado durante 3 años para poder acceder al beneficio de la ayuda vivienda?

               6)

               ¿Se opone el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 2 y 6 TUE, 18, 45 y 49 TFUE, en relación con los artículos 1, 21 y 34 de la Carta, a una normativa nacional (rectius: provincial) que obliga a los ciudadanos comunitarios (italianos y no italianos) a declarar la pertenencia o agregación étnica a uno de los tres grupos lingüísticos existentes en el Alto Adige/Südtirol para acceder al beneficio de la ayuda vivienda?

               7)

               ¿Se opone el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 2 y 6 TUE, 18, 45 y 49 TFUE, en relación con los artículos 21 y 34 de la Carta, a una normativa nacional (rectius: provincial) que obliga a los ciudadanos comunitarios (italianos y no italianos) a haber residido o trabajado durante al menos 5 años para acceder al beneficio de la ayuda vivienda?


title: Asunto C-198/07 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2008 — Donal Gordon/Comisión de las Comunidades Europeas ( Recurso de casación — Informe de evolución de carrera — Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Funcionario en situación de invalidez permanente total )

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2008 — Donal Gordon/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-198/07 P) (1)

   («Recurso de casación - Informe de evolución de carrera - Recurso de anulación - Interés en ejercitar la acción - Funcionario en situación de invalidez permanente total»)
   (2009/C 44/16)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Donal Gordon (representantes: J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten y Ph. Reyniers, abogados)

      Recurrida: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y H. Krämer, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia, de 7 de febrero de 2007, en el asunto T-175/04, Donal Gordon/Comisión de las Comunidades Europeas — Recurso que tiene por objeto la anulación del informe de evolución de carrera del demandante para el ejercicio de evaluación 2001-2002 — Interés en ejercitar la acción — Funcionario jubilado por invalidez permanente y total durante el procedimiento judicial.
   Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 7 de febrero de 2007, Gordon/Comisión (T-175/04), en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia decidió sobreseer el recurso de anulación interpuesto por el Sr. Gordon.

               2)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso de casación en la medida en que impugna la desestimación de la demanda de indemnización en dicha sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

               3)

               Anular la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 11 de diciembre de 2003 por la que se desestima la reclamación del Sr. Gordon contra la decisión de 28 de abril de 2003 que confirma el informe de evolución de carrera del que éste fue objeto respecto del período comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2002.

               4)

               Condenar a la Comisión de las Comunidades Europeas a cargar con las costas en que incurrió el Sr. Gordon ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 129 de 9.6.2007.