title: Asunto T-107/14: Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2014 — República Helénica/Comisión

text:
               28.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/31

         Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2014 — República Helénica/Comisión
   (Asunto T-107/14)
   2014/C 129/39
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: República Helénica (representantes: I. Chalkias, E. Leftheriotou y A. Vasilopoulou)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de diciembre de 2013, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), notificada con el número C(2013) 8743 y publicada en el Diario Oficial 2013, L 338, en la parte en que se excluyen de la financiación de la Unión Europea gastos: a) por un importe total de 78 813 783,87 euros, efectuados por la República Helénica en el ámbito del régimen de pago única durante los ejercicios 2008 a 2010 y b) por un importe de 22 230 822,10 euros, efectuados por la República Helénica en el ámbito de la condicionalidad durante de los ejercicios 2006 a 2010.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los motivos siguientes:

               1.

               En relación con la corrección impuesta por la Decisión impugnada en el marco del régimen de pago único del Reglamento no 1782/2003 (1) (derechos de pago).

                           Primer motivo de anulación:

                                       —

                                       Inexistencia de base jurídica para imponer correcciones en lo que se refiere al cálculo de los derechos de pago único y al reparto de la reserva nacional e interpretación y aplicación erróneas de los artículos 42 y 43 del Reglamento no 1782/2003, de los artículos 21 y 28, apartados 1 y 2, del Reglamento no 795/2004 (2) y del artículo 31 del Reglamento no 1290/2005. (3)

                                       —

                                       Imposición ilegal de correcciones a tanto alzado en el marco del régimen de pago único, puesto que no existe base jurídica válida para aplicar las antiguas directrices del documento VI/5530/1997 a la nueva PAC y al régimen de pago único; en su defecto, la aplicación de las antiguas directrices a la nueva PAC constituye un mal uso de la facultad de apreciación de la Unión Europea en el ámbito de las correcciones financieras, que vulnera al mismo tiempo notablemente el principio de proporcionalidad.

                           Segundo motivo de anulación, relativo a la toma en consideración de todas las superficies forrajeras en el cálculo de los importes de referencia:

                                       —

                                       La Comisión propone una corrección a tanto alzado del 5 %, vulnerando los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad y extralimitándose en su facultad de apreciación, cuando no debía proponer corrección alguna. En su defecto, debería limitarla al 2 %.

                           Tercer motivo de anulación, relativo a la toma en consideración de todas las superficies forrajeras en el cálculo de los importes de referencia:

                                       —

                                       Infracción del artículo 4 del Reglamento no 2529/2001, lo que lleva a que la base de cálculo de la corrección a tanto alzado propuesta sea inexacta, corrección que debe limitarse a la cantidad de 162 920 267,28 euros para 2007, a 162 528 761,38 euros para 2008 y a 161 343 586,94 euros para 2009.

                           Cuarto motivo de anulación, relativo al reparto de la reserva nacional:

                                       —

                                       Interpretación errónea de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento no 1782/2003, y del artículo 21 del Reglamento no 795/2004 (criterios de reparto de la reserva nacional) y apreciación errónea de los hechos.

                           Quinto motivo de anulación, relativo al reparto de la reserva nacional:

                                       —

                                       No concurren los requisitos exigidos para aplicar el Reglamento no 1290/2005 porque las afirmaciones de la Comisión relativas a los criterios nacionales para el reparto de la reserva nacional no constituyen infracciones a dicho Reglamento.

                                       —

                                       Interpretación y aplicación erróneas del artículo 31 del Reglamento no 1290/2005 y de las directrices del documento VI/5530/1997, ya que, por un lado, las alegaciones formuladas por la Comisión en relación con los criterios de reparto de la reserva nacional, aunque resultaran probadas, no supusieron el pago de cantidades a no beneficiarios ni entrañaron un riesgo de pérdida para el Fondo; por otro lado, las alegaciones en cuestión no están relacionadas con el hecho de que no se estableciera un control básico y, por lo tanto, no justifican la imposición de una corrección a tanto alzado del 10 %.

               2.

               Por lo que se refiere a la corrección impuesta por la Decisión impugnada en el ámbito de la condicionalidad:

                           Sexto motivo de anulación:

                                       —

                                       El documento AGRI-2005-64043 de la Comisión, que fue adoptado el 9 de junio de 2006, no puede constituir una base legal para imponer una corrección financiera. En cualquier caso no puede ser utilizado retroactivamente para imponer una corrección para el año 2006 objeto de la reclamación.

                           Séptimo motivo de anulación, en particular para el año 2008 objeto de la reclamación:

                                       —

                                       Las correcciones financieras se impusieron infringiendo el procedimiento de los artículos 11 del Reglamento no 885/2006 y 31 del Reglamento no 1290/2005.

                                       —

                                       En cualquier caso, como consecuencia de una apreciación errónea de los hechos y de la insuficiencia de motivación, la Comisión llegó a la conclusión de que quedaron demostradas insuficiencias en cuanto a los controles básicos en el ámbito de la condicionalidad.

                           Octavo motivo de anulación: aplicación errónea del documento AGRI-2005-64043:

                                       —

                                       Se excedieron los límites de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión, lo que condujo a que se impusieran correcciones desproporcionadas respecto a las irregularidades señaladas, en la medida en que se impuso una corrección del 5 % para los ejercicios 2006 y 2007.

                                       —

                                       Error en la determinación de la base de cálculo de la corrección impuesta.

      (1)  Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 141, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 209, p. 1).

      (3)  Reglamento (CE) n o 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (JO L 209, p. 1).


title: Asunto C-299/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen (Fiscalidad — IVA — Hecho imponible — Aplicación a las necesidades de la empresa de bienes obtenidos «dentro de la actividad de la empresa» — Asimilación a entregas a título oneroso — Terrenos propiedad del sujeto pasivo transformados por un tercero)

text:
               12.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/17

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen
   (Asunto C-299/11) (1)

   (Fiscalidad - IVA - Hecho imponible - Aplicación a las necesidades de la empresa de bienes obtenidos «dentro de la actividad de la empresa» - Asimilación a entregas a título oneroso - Terrenos propiedad del sujeto pasivo transformados por un tercero)
   2013/C 9/26
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Staatssecretaris van Financiën

      Recurrida: Gemeente Vlaardingen

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación de los artículos 5, apartados 5 y 7, letra a), y 11, parte A, apartado 1, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Hecho imponible — Aplicación de un bien a las necesidades de la empresa — Aplicación a actividades exentas de la empresa de un terreno propiedad de ésta y transformado por su cuenta por un tercero a cambio de una contraprestación.

      Fallo

   El artículo 5, apartado 7, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, en relación con el artículo 11, parte A, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la aplicación por parte de un sujeto pasivo a las necesidades de una actividad económica exenta de IVA de unos campos que son de su propiedad y que ha hecho transformar por un tercero puede ser gravada con el IVA tomando como base la suma del valor del suelo sobre el que se asientan tales campos y el coste de la transformación de los mismos, siempre que dicho sujeto pasivo no haya pagado aún el IVA correspondiente a ese valor y a esos costes, y siempre que a los campos en cuestión no les sea aplicable la exención establecida en el artículo 13, parte B, letra h), de la Sexta Directiva.

      (1)  DO C 269, de 10.9.2011.


title: Recurso de casación interpuesto el 9 de junio de 1997 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia dictada el 16 de abril de 1997 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-80/96, promovido contra el Consejo de la Unión Europea por Ana Maria Fernandes Leite Mateus (Asunto C-218/97 P)

text:
N° c 228/IO           LES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      26 . 7 . 97
— Condene en costas a la República Portuguesa .                         El VAT and Dudes Tribunal, Belfast, solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestio
Motivos y principales alegaciones                                       nes :
A tenor del párrafo tercero del artículo 189 del Tratado,               1 . ¿ Debe interpretarse el apartado 1 de la parte A del
la Directiva obligará al Estado miembro destinatario en                       artículo 13 de la Sexta Directiva ( 1 ) en el sentido de
cuanto al resultado que deba conseguirse . Con arreglo al                     que dos personas físicas ( dos particulares ) que explo
artículo 395 y al Anexo XXXVI del Acta relativa a las                         tan una empresa en común como socios colectivos
condiciones de adhesión de la República Portuguesa a las                      (« partners ») no pueden invocar la exención establecida
Comunidades Europeas, la. Directiva 75/440/CEE es de                          en la letra b) de dicho apartado, en las circunstancias
aplicación en Portugal desde el 1 de enero de 1989 . Así                      expuestas en el anexo de la presente resolución de
pues, el plazo para la entrada en vigor de las disposiciones                  remisión, cuando
necesarias de Derecho interno finalizó en aquella fecha. A
pesar de que ya han transcurrido los plazos previstos, la                     i)   la empresa consiste en prestar asistencia sanitaria y
República Portuguesa no ha adoptado aún un plan de                                 demás prestaciones relacionadas directamente con
acción sistemático que incluya un calendario para el                               ésta y
saneamiento de las aguas superficiales , en particular las de                 ii ) esté « legalmente reconocida » y sus prestaciones
categoría A3 .                                                                     sean de naturaleza similar a las realizadas por
                                                                                « establecimientos hospitalarios » y/o « centros de
(') DO n" L 194 de 25 . 7. 1975 , p . 26 ; EE 15/01 , p. 123 .                     cuidados médicos y de diagnóstico »?
                                                                              En particular, ¿ están excluidos de la exención los
                                                                              socios colectivos (« partners ») porque
                                                                              a ) no constituyen una « entidad » de Derecho público
Petición de decisión prejudicial presentada mediante
                                                                                y
resolución del Tribunale Civile di Bologna —Sezione
Lavoro—, de fecha 16 de abril de 1997, en el asunto entre                     b ) no desarrollan sus actividades en condiciones
                Barbara Bellone y Yokohama SpA                                     sociales comparables a las que rigen para las enti
                        ( Asunto C-215 /97 )                                       dades de Derecho público ?
                            ( 97/C 228/20 )                             2 . ¿ Debe interpretarse el apartado 1 de la parte A del
                                                                              artículo 13 de la Sexta Directiva en el sentido de que
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                     dos personas físicas ( dos particulares ) que explotan
sido sometida una petición de decisión prejudicial                            una empresa en común como socios colectivos (« part
mediante resolución del Tribunale Civile di Bologna                           ners ») no pueden invocar la exención establecida en la
—Sezione Lavoro—, dictada el 16 de abril de 1997, en el                       letra g ) del apartado 1 , en las circunstancias expuestas
asunto entre Barbara Bellone y Yokohama SpA, y recibida                       en la presente resolución de remisión, cuando los servi
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de junio de                    cios que prestan están « directamente relacionados con
 1997 .                                                                       la asistencia social y con la Seguridad Social », inclui
                                                                              dos los servicios prestados por centros residenciales
El Tribunale Civile di Bologna solicita al Tribunal de Justi                 para la tercera edad ?»
cia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión prejudi
cial :                                                                  (') Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo de 17 de mayo de
La Directiva 86/653/CEE ('), ¿ es compatible con los                        1977 en materia de armonización de las legislaciones de los
                                                                            Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen
artículos 2 y 9 de la Ley interna italiana n° 204, de 3 de                  de negocios — sistema común del Impuesto sobre el Valor
mayo de 1985 , los cuales supeditan la validez de los con                  Añadido : base imponible uniforme ( DO n° L 145 de 13 . 6 .
tratos de agencia a la inscripción de los agentes de comer                 1977, p. 1 , EE 09/01 , p . 54 ).
cio en el correspondiente Registro ?
 ( ] ) DO n° L 382 de 31 . 12 . 1986 , p . 17.
                                                                        Recurso de casación interpuesto el 9 de junio de 1997 por
                                                                        el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia dic
                                                                        tada el 16 de abril de 1997 por la Sala Primera del Tribu
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso              nal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en
lución del VAT and Duties Tribunal, Belfast, de fecha 4 de              el asunto T-80/96, promovido contra el Consejo de la
junio de 1997, en el asunto entre Jennifer Gregg y Mervyn                  Unión Europea por Ana Maria Fernandes Leite Mateus
         Gregg y Commissioners of Customs and Excise                                           (Asunto C-2 18/97 P)
                        ( Asunto C-216/97 )
                                                                                ( 97/C 228/22 )
                            ( 97/C 228/21 )
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha              Europeas se ha presentado el 9 de junio de 1997 un
 sido sometida una petición de decisión prejudicial                     recurso de casación por el Consejo de la Unión Europea,
 mediante resolución del VAT and Duties Tribunal, Belfast,              representado por los Sres . Amadeu Lopes Sabino y Diego
 dictada el 4 de junio de 1997 en el asunto Jennifer Gregg              Canga Fano y por la Sra . Thérése Blanchet, miembros del
 y Mervyn Gregg y Commissioners of Customs and Excise,                  Servicio Jurídico, que designa como domicilio en Luxem
 recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de             burgo el despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Banco
 junio de 1997.                                                         Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,
 ---pagebreak--- 26 . 7. 97         IES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 228/ 11
contra la sentencia dictada el 16 de abril de 1997 por la          Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrij
Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las              ven, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
Comunidades Europeas en el asunto T-80/96, promovido               12 de junio de 1997.
contra el Consejo de la Unión Europea por Ana Maria
Fernandes Leite Mateus .                                           El Hoge Raad solicita al Tribunal de Justicia que se pro
                                                                   nuncie sobre las siguientes cuestiones:
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que :                                         a ) ¿ Debe considerarse como una empresa, en el sentido
— Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia                 de los artículos 85, 86 y 90 del Tratado CE, un fondo
     de 16 de abril de 1997 en el asunto T-80/96, Ana                  sectorial de pensiones como PVH en el que, en virtud
     Maria Fernandes Leite Mateus c/ Consejo de la Unión               de la WBPF y de conformidad con ésta, se ha impuesto
                                                                       la afiliación obligatoria a todos los grupos de empresas
     Europea .
                                                                       del sector o a alguno o varios de ellos ?
— Acoja las pretensiones que el Consejo formuló en pri
     mera instancia, a saber:                                      b ) Cuando cierto número de organizaciones, que el minis
                                                                       tro considera como una representación suficientemente
     — que se desestimara el recurso y                                 significativa de la industria y el comercio de un sector
     — que se condenara en costas a las demandantes.                   económico en el sentido del apartado 1 del artículo 3
                                                                       de la WBPF, solicitan al ministro, con arreglo a esta
— En cuanto a las costas relativas al procedimiento ante               disposición, que declare obligatoria la afiliación a
     el Tribunal de Justicia, resuelva como mejor proceda              determinado fondo sectorial de pensiones en el sentido
     en Derecho .                                                      de la mencionada Ley, ¿ debe esta actuación conjunta
                                                                       de dichas organizaciones calificarse de acuerdo entre
Motivos y principales alegaciones                                      empresas o de decisión de asociaciones de empresas o
                                                                       de práctica concertada, en el sentido del apartado 1
Infracción por la sentencia recurrida del marco jurídico               del artículo 85 del Tratado CE, que, a tenor de esta
fijado en la convocatoria del concurso:                                disposición, ( 1° ) pueda afectar al comercio entre los
                                                                       Estados miembros y (2o ) tenga por objeto o efecto
Infracción de las condiciones particulares de admisión al              impedir, restringir o falsear el juego de la competencia
concurso : como puede comprobarse mediante la lectura de               dentro del mercado común ?
la sentencia recurrida, la parte demandante en el asunto
T-80/96 se limitó a presentar como prueba de su experien
                                                                   c ) ¿ Debe calificarse la imposición de la mencionada obli
cia profesional un mero certificado; no presentó ni con               gación de medida que puede anular la eficacia de las
trato ni carta de contratación, como establecía la convoca
                                                                       normas sobre la competencia aplicables a las empresas
toria de concurso (reproducida en el apartado 3 de la sen
                                                                       o, al menos, de medida por la que un Estado miembro
tencia ). Este argumento fue alegado en la fase escrita y
                                                                       impone o favorece prácticas colusorias contrarias al
subrayado en varias ocasiones en la vista, pero la sentencia           artículo 85 o refuerza los efectos de las mismas, o tal
recurrida omite cualquier referencia al mismo .                        es el caso únicamente en determinadas circunstancias
( Con carácter subsidiario ) Error de Derecho sobre el                 y, si es así, en cuáles ?
alcance del concepto «I a Escrituraria ».
                                                                   d ) En caso de respuesta negativa a esta última cuestión,
( Con carácter subsidiario) Error de Derecho en la interpre           ¿ pueden hacer otras circunstancias que la imposición
tación del impreso de candidatura .                                    de dicha obligación sea incompatible con lo dispuesto
                                                                       en el artículo 90 del Tratado CE, y, en la afirmativa,
( Con carácter subsidiario ) La sentencia recurrida atribuye           cuáles ?
erróneamente al tribunal del concurso un error manifiesto
de apreciación en lo relativo a la experiencia profesional .       e ) ¿ Puede la imposición de la referida obligación ser cali
                                                                       ficada de concesión a un fondo sectorial de pensiones
                                                                       de un derecho exclusivo en el sentido del apartado 1
                                                                       del artículo 90 del Tratado CE y de este modo se pro
                                                                       porciona a dicho fondo de pensiones una posición
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso             dominante de la que abusa por el mero hecho de ejer
lución del Hoge Raad der Nederlanden de fecha 6 de junio               citar el derecho exclusivo que se le ha concedido, en
de 1997, en el asunto BV Maatschappij Drijvende Bokken,                particular porque dicha obligación puede afectar al
anteriormente Bonn & Mees contra Stichting Pensioen                   comercio entre los Estados miembros y porque, en
          fonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven                     contra de lo dispuesto en la letra b ) del párrafo
                     ( Asunto C-219/97 )                               segundo del artículo 86, la prestación de servicios es
                                                                       restringida en perjuicio de las empresas obligatoria
                        ( 97/C 228/23 )                                mente afiliadas, en el presente caso los trabajadores ?
                                                                       ¿O puede dicha obligación crear una situación en la
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha              que un fondo de pensiones sea inducido a tal abuso o
sido sometida una petición de decisión prejudicial                     sea colocado en una situación en la que él mismo no
mediante resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dic                podría ponerse sin infringir el artículo 86, mientras
tada el 6 de junio de 1997, en el asunto entre BV Maasts              que, en todo caso, no se garantiza un sistema en el que
chappij Drijvende Bokken, anteriormente Bonn & Mees y                  la competencia no resulte falseada ?


title: Recurso interpuesto el 30 de junio de 1998 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Christos Gogos (Asunto T-95/98)

text:
15.8.98                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 258/37
pos: 1) documentos elaborados por los Estados miembros                  la decisión de la autoridad competente de la Comisión
y por las autoridades argentinas y 2) documentos de la                  de aprobar y poner en vigor la referida lista, la desesti-
Comisión:                                                               mación presunta de la reclamación administrativa R/
                                                                        056/98 y cualquier acto definitivo equivalente adop-
Respecto a los primeros, se recomienda a la demandante                  tado por la Decisión.
que solicite una copia directamente a los Estados miem-
bros y a las autoridades de que se trate. En relación con
los documentos del segundo grupo, la Comisión le comu-              Ð Condene a la Comisión a abonar al demandante la
nicó que guardaban relación con un litigio que seguía pen-              cantidad de 300 000 BFR en concepto de indemniza-
diente (3) y que, por tanto, estaban amparados por la                   ción del danÄo moral.
excepción de protección del intereÂs puÂblico, especialmente
de la tramitación correcta de procedimientos judiciales,
                                                                    Ð Condene a la Comisión al pago de todas las costas del
expresamente mencionada en el código de conducta.
                                                                        proceso.
En su recurso, la demandante alega lo siguiente:
                                                                    Motivos y principales alegaciones
Respecto al grupo 1): La Comisión no puede denegar el
acceso a documentos alegando no ser su autora. No puede
justificar la denegación del acceso a los documentos ampa-          El demandante alega que, en el desarrollo del concurso
raÂndose en la correspondiente claÂusula del código de con-         interno COM/17/96 para el ascenso de la categoría B a la
ducta. Con ello la Decisión impugnada infringe la                   categoría A, en el cual participó, se produjeron varias
Decisión 94/90/CECA/CE/Euratom y el código de con-                  infracciones de las normas de procedimiento que rigen la
ducta. Subsidiariamente alega que la Decisión impugnada             celebración de los concursos para la selección de los fun-
infringe el artículo 190 del Tratado CE porque no estaÂ             cionarios en las Comunidades Europeas. SeguÂn el deman-
suficientemente motivada.                                           dante, las referidas infracciones entranÄan la nulidad del
                                                                    concurso y, al mismo tiempo, generan la obligación de
Respecto al grupo 2): En opinión de la demandante, la               indemnizar. Dichas infracciones consisten, concretamente,
Decisión impugnada es nula a este respecto puesto que               en lo siguiente:
infringe el código de conducta y la Decisión 94/90/CECA/
CE/Euratom. Subsidiariamente fundamenta el recurso en
la infracción del artículo 176 del Tratado CE en relación           Ð Violación del principio de igualdad de trato de los can-
con la sentencia dictada en el asunto T-124/96 y en la                  didatos
infracción del artículo 190 del Tratado CE.
(1) DO C 318 de 26.10.1996, p. 14.
                                                                        El demandante alega primeramente una triple viola-
(2) AuÂn no publicada oficialmente.                                     ción de la exigencia de igualdad de trato de los candi-
(3) Procedimiento pendiente del asunto T-50/96 (Primex Produkte         datos en los concursos para la promoción de funciona-
    Import und Export y otros/Comisión), DO C 180 de                    rios.
    22.6.1996, p. 33.
                                                                        1) Infracción debida a los cambios en la composición
                                                                            del tribunal del concurso durante la celebración de
                                                                            las pruebas orales y a la puntuación por etapas.
Recurso interpuesto el 30 de junio de 1998 contra la                    2) Infracción de la igualdad de trato por razón de la
Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Christos                    lengua/discriminación por razón de la nacionali-
                              Gogos                                         dad.
                       (Asunto T-95/98)
                                                                        3) Infracción por trato diferenciado de los candidatos
                          (98/C 258/67)
                                                                            con respecto al cuarto criterio (capacidad de sínte-
                                                                            sis).
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 30 de junio de 1998 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas              Ð Violación del principio de equidad y de las reglas gene-
formulado por el Sr. Christos Gogos, funcionario de la                  rales que rigen la valoración de los concursos
Comisión con grado B 5, representado por el Profesor
Charis Tagaras, Abogado de Atenas, que designa como
domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra. Evelyn               Ð Infracción del artículo 27 del Estatuto de los Funciona-
Korn, Abogada, rue Nassau, L-2213.                                      rios de las Comunidades Europeas (Estatuto)
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                    Ð Infracción del artículo 3 del Anexo III del Estatuto
que:
Ð Admita el recurso.                                                Ð Infracción de las bases del concurso
Ð Anule la decisión del tribunal del concurso COM/A/
     17/96 de no inscribirlo en la lista de aptitud, así como


title: Archivo del asunto T-29/00

text:
C 161/26              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   2.6.2001
               Archivo del asunto T-350/99 (1)                                       Archivo del asunto T-150/00 (1)
                       (2001/C 161/51)                                                       (2001/C 161/54)
                 (Lengua de procedimiento: inglés)                                    (Lengua de procedimiento: francés)
Mediante auto de 6 de marzo de 2001, el Presidente de la Sala          Mediante auto de 13 de marzo de 2001, el Presidente de la
Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades           Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las
Europeas ha decidido archivar el asunto T-350/99, Bogoljub             Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
Karic y otros contra Consejo de la Unión Europea.                     T-150/00, Groupement Européen des Producteurs de Verre
                                                                       Plat (GEPV) contra Comisión de las Comunidades Europeas.
(1) DO C 79 de 18.3.2000.
                                                                       (1) DO C 247 de 26.8.2000.
               Archivo del asunto T-29/00 (1)
                                                                                Archivo del asunto T-168/00 (1)
                       (2001/C 161/52)
                                                                                (2001/C 161/55)
                (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
Mediante auto de 15 de febrero de 2001, el Presidente de
                                                                       Mediante auto de 7 de marzo de 2001, el Presidente de la Sala
la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                       Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
                                                                       Europeas ha decidido archivar el asunto T-168/00, Düsseldor-
T-29/00, Deutsche Post AG contra Comisión de las Comunida-
                                                                       fer Senfspezialitäten contra Oficina de Armonización del
des Europeas.
                                                                       Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).
(1) DO C 135 de 13.5.2000.
                                                                       (1) DO C 259 de 9.9.2000.
               Archivo del asunto T-91/00 (1)                                        Archivo del asunto T-189/00 (1)
                       (2001/C 161/53)                                                       (2001/C 161/56)
               (Lengua de procedimiento: italiano)                                    (Lengua de procedimiento: alemán)
Mediante auto de 15 de febrero de 2001, el Presidente de               Mediante auto de 22 de febrero de 2001, el Presidente de
la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las               la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto                    Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
T-91/00, Adolfo Kind contra Comisión de las Comunidades               T-189/00, «Invest» Import und Export GmbH e Invest Com-
Europeas.                                                              merce SARL contra Comisión de las Comunidades Europeas.
(1) DO C 176 de 24.6.2000.                                             (1) DO C 285 de 7.10.2000.


title: Asunto C-454/01: Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2001 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
19.1.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 17/11
La República Helénica no niega que debı́a adoptar disposicio-         existan relativamente pocos aparatos que contengan PCB y la
nes para dar cumplimiento a la mencionada Directiva.                   cantidad de PCB que sea necesario eliminar y/o descontaminar
                                                                       sea pequeña.
La Comisión alega que, hasta el presente, la República Helénica
no ha adoptado las medidas apropiadas para adaptar plena-              (1) DO L 243 de 24.9.1996, p. 31.
mente el Derecho griego a la Directiva.                                (2) Véase la pagina 8 de este Diario Oficial.
(1) DO L 221 de 8.8.1998, p. 23.
                                                                       Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de
                                                                       2001 por el Sr. Andreas Tessas y la Sra. Polixeni Tessa
                                                                       contra el auto dictado el 11 de septiembre de 2001 por la
Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2001 contra                  Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
la República Federal de Alemania por la Comisión de las              Comunidades Europeas, en el asunto T-270/99 promovido
                     Comunidades Europeas                              por el Sr. Andreas Tessas y la Sra. Polixeni Tessa contra el
                                                                                Consejo de la Unión Europea
                       (Asunto C-454/01)
                                                                                (Asunto C-461/01 P)
                          (2002/C 17/18)
                                                                                (2002/C 17/19)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 22 de noviembre de 2001 un recurso contra la             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de           presentado el 28 de noviembre de 2001 un recurso de casación
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Götz zur             formulado por el Sr. Andreas Tessas y la Sra. Polixeni Tessa,
Hausen, asesor jurı́dico de la Comisión de las Comunidades            representados por el Sr. Larisas, abogado, contra el auto
Europeas, que designa domicilio en el despacho del Sr. Luis            dictado el 11 de septiembre de 2001 por la Sala Cuarta del
Escobar Guerrero, miembro del Servicio Jurı́dico de la Comi-           Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
sión, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburgo.                           en el asunto T-270/99 promovido por el Sr. Andreas Tessas y
                                                                       Polixeni Tessa contra el Consejo de la Unión Europea.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia de las
1.     Declare que la República Federal de Alemania ha incum-         Comunidades Europeas que:
       plido las obligaciones que le incumben en virtud del            —     Anule en su totalidad el auto dictado por el Tribunal de
       Tratado CE al no haber elaborado dentro del plazo                     Primera Instancia de 11 de septiembre de 2001 en el
       señalado el plan previsto en el articulo 11, apartado 1,             asunto T-270/99 y estime las pretensiones del recurso
       primer guión, de la Directiva 96/59/CE del Consejo (1), de           formulado ante dicho Tribunal.
       16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación
       de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos          —     Condene a la parte recurrida al pago de las costas.
       (PCB/PCT) y al no haber comunicado dicho plan a la
       Comisión.
                                                                       Motivos y principales alegaciones
2.     Condene en costas a la República Federal de Alemania.
                                                                       —     Determinación errónea del destinatario de la Decisión del
                                                                             Consejo: el Tribunal de Primera Instancia consideró
Motivos y principales alegaciones                                            erróneamente que el demandante no estaba afectado
                                                                             directa e individualmente.
Los motivos y principales alegaciones son análogos a los              —     Violación del principio general del derecho a un juicio
presentados en el asunto C-435/01 (2). El plazo para elaborar                justo.
y comunicar el plan expiró el 16 de septiembre de 1999. El
plan previsto en el artı́culo 11 debe elaborarse y comunicarse         —     Infracción de las disposiciones del Reglamento de Procedi-
a la Comisión aunque en la República Federal de Alemania                   miento en lo que respecta a las costas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2000 en el asunto C-387/97: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica ["Incumplimiento de Estado — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Incumplimiento — Artículo 171 del Tratado CE (actualmente artículo 228 CE) — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Residuos — Directivas 75/442/CEE y 78/319/CEE"]

text:
21.10.2000                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 302/5
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Tampereen                 lio en Turı́n (Italia), representado por Mes J.-N. Louis, F. Par-
käräjäoikeus (Finlandia), destinada a obtener, en el litigio pen-           mentier y V. Peere, Abogados de Bruselas, que designa como
diente ante dicho órgano jurisdiccional entre Tullihallitus y              domicilio en Luxemburgo el despacho de la Société de gestion
Kaupo Salumets y otros, una decisión prejudicial sobre la inter-           fiduciaire, apartado de correos 585, que tiene por objeto un
pretación de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de                 recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de
mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización                   Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda)
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los                de 9 de febrero de 1999, Politi/Fundación Europea de Forma-
impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del                 ción (T-124/98, RecFP p. I-A-9 y II-29), por el que se solicita
Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO               que se anule dicho auto, y en el que la otra parte en el
L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54); de las Directivas 92/12/CEE del              procedimiento es: Fundación Europea de Formación, represen-
Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general,             tada por el Sr. B. Wägenbaur, Abogado de Hamburgo, que
tenencia, circulación y controles de los productos objeto de               designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
impuestos especiales (DO L 76, p. 1), y 92/83/CEE del Consejo,              Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de la
de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las                Comisión de las Comunidades Europeas, Centre Wagner,
estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las              Kirchberg, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por
bebidas alcohólicas (DO L 316, p. 21), y del Reglamento (CEE)              los Sres.: D. A. O. Edward, Presidente de Sala; P. J. G. Kapteyn,
no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que                A. La Pergola, H. Ragnemalm y M. Wathelet (Ponente), Jueces;
se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), el             Abogado General: Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha
Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. L. Sevón,        dictado el 29 de junio de 2000 una sentencia cuyo fallo es el
Presidente de Sala; los Sres. P. Jann (Ponente) y M. Wathelet,              siguiente:
Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretario:
Sr. H. A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 29 de                1)    Se desestima el recurso de casación.
junio de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                            2)    Se condena en costas al Sr. Politi.
La Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de
los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de          (1) DO C 246 de 28.8.1999.
negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido:
base imponible uniforme, la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de
25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia,
circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales,
y la Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992,
relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos
especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, ası́ como el
Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de                        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
1992, por el que se establece el Código aduanero comunitario, deben
interpretarse en el sentido de que sus disposiciones relativas al carácter
imponible y a la deuda fiscal se aplican asimismo a la importación                                de 4 de julio de 2000
en el territorio aduanero comunitario de alcohol etı́lico de contrabando
procedente de paı́ses terceros.                                             en el asunto C-387/97: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra República Helénica (1)
(1) DO C 71 de 13.3.1999.
                                                                            [«Incumplimiento de Estado — Sentencia del Tribunal de
                                                                            Justicia por la que se declara un incumplimiento — Incumpli-
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                miento — Artı́culo 171 del Tratado CE (actualmente artı́culo
                                                                            228 CE) — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva —
                              (Sala Quinta)                                      Residuos — Directivas 75/442/CEE y 78/319/CEE»]
                       de 29 de junio de 2000
                                                                                (2000/C 302/10)
en el asunto C-154/99 P: Corrado Politi contra Fundación
                     Europea de Formación (1)
(«Recurso de casación — Agentes temporales — Plazo para                                      (Lengua de procedimiento: griego)
reclamar — Plazo para recurrir — Error de calificación —
                             Admisibilidad»)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                            (2000/C 302/09)                                      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                            En el asunto C-387/97, Comisión de las Comunidades Euro-
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     peas (Agente: Sra. M. Condou-Durande), apoyada por Reino
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Agente: Sr. J. E. Col-
                                                                            lins), contra República Helénica (Agentes: Sras. A. Samoni-
En el asunto C-154/99 P, Corrado Politi, antiguo agente                     Rantou y E. M. Mamouna, y Sr. G. Karipsiadis), que tiene por
temporal de la Fundación Europea de Formación, con domici-                objeto que se declare que la República Helénica ha incumplido
 ---pagebreak--- C 302/6                   ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          21.10.2000
las obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 171                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
del Tratado CE (actualmente artı́culo 228 CE), al no haber
adoptado las medidas indispensables para la ejecución de la                                         de 4 de julio de 2000
sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de abril de 1992,
Comisión/Grecia (C-45/91, Rec. p. I-2509) y, en particular, al              en el asunto C-424/97 (petición de decisión prejudicial
no haber establecido ni aplicado aún los planes y programas                 planteada por el Landgericht Düsseldorf): Salomone Haim
necesarios para la eliminación de los residuos y de los residuos               contra Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein (1)
tóxicos y peligrosos de la región de que se trata sin poner en
peligro la salud humana y sin perjudicar al medio ambiente, y                («Responsabilidad de un Estado miembro en caso de violación
que se la condene a abonar a la Comisión, en la cuenta                      del Derecho comunitario — Infracciones imputables a un
«recursos propios de la CE», una multa coercitiva por importe                organismo de Derecho público de un Estado miembro —
de 24 600 ECU por cada dı́a de retraso en la ejecución de las               Requisitos para la responsabilidad del Estado miembro y de
medidas necesarias para cumplir la sentencia Comisión/Grecia,               un organismo de Derecho público de ese mismo Estado —
antes citada, a partir de la comunicación de la presente                    Compatibilidad de una exigencia lingüı́stica con la libertad
sentencia, el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:                                           de establecimiento»)
G. C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J. C. Moitinho de Almeida,
D. A. O. Edward, L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala;                                          (2000/C 302/11)
P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,
P. Jann, H. Ragnemalm (Ponente), M. Wathelet y V. Skouris,                                      (Lengua de procedimiento: alemán)
Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secreta-
ria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 4 de julio de
2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                               (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
1)    Se declara que la República Helénica no ha adoptado todas las         En el asunto C-424/97, que tiene por objeto una petición
      medidas que entraña la ejecución de la sentencia de 7 de abril       dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
      de 1992, Comisión/Grecia (C-45/91), y ha incumplido las               Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Landgericht
      obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 171 del           Düsseldorf (Alemania), destinada a obtener, en el litigio
      Tratado CE, al no haber adoptado las medidas necesarias para           pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Salomone
      garantizar que en la región de La Canea los residuos serán           Haim y Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, una deci-
      eliminados sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar       sión prejudicial sobre la responsabilidad de un Estado miembro
      al medio ambiente, de conformidad con el artı́culo 4 de la             y, en su caso, de un organismo de Derecho público de ese
      Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975,              Estado, por los daños causados por una violación del Derecho
      relativa a los residuos, y al no haber establecido para esta región   comunitario, ası́ como sobre la legalidad de supeditar la
      planes para la eliminación de los residuos, de conformidad con        autorización de un nacional de otro Estado miembro para
      el artı́culo 6 de la Directiva 75/442, y programas para la             ejercer como odontólogo de una Caja del Seguro de Enferme-
      eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos, de conformidad     dad al requisito de poseer un conocimiento suficiente de la
      con el artı́culo 12 de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de         lengua del Estado de acogida, el Tribunal de Justicia, integrado
      20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y                por los Sres. G. C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; D. A. O. Ed-
      peligrosos.                                                            ward (Ponente), L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala;
                                                                             P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,
                                                                             P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces; Abogado Gene-
2)    Se condena a la República Helénica a pagar a la Comisión de          ral: Sr. J. Mischo; Secretario; Sr. H. von Holstein, Secretario
      las Comunidades Europeas, en la cuenta «recursos propios de la         adjunto, ha dictado el 4 de julio de 2000 una sentencia cuyo
      CE», una multa coercitiva de 20 000 EUR por dı́a de retraso            fallo es el siguiente:
      en la adopción de las medidas necesarias para cumplir la
                                                                             1)     El Derecho comunitario no se opone a que pueda generarse,
      sentencia Comisión/Grecia, antes citada, a partir del pronuncia-
                                                                                además de la responsabilidad del propio Estado miembro, la
      miento de la presente sentencia y hasta la ejecución de la
                                                                                responsabilidad que incumbe a un organismo de Derecho
      sentencia Comisión/Grecia, antes citada.
                                                                                público de reparar los daños causados a los particulares por
                                                                                las medidas que haya adoptado contraviniendo el Derecho
3)    Se condena en costas a la República Helénica.                                comunitario.
                                                                             2)     Para determinar si ha habido o no violación caracterizada del
4)    El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará                  Derecho comunitario, en el sentido de la jurisprudencia del
      con sus propias costas.                                                       Tribunal de Justicia, ha de tenerse en cuenta el margen de
                                                                                apreciación de que dispone el Estado miembro considerado. La
                                                                                existencia y amplitud de dicho margen de apreciación deben
                                                                                determinarse en relación con el Derecho comunitario, y no con
                                                                                el Derecho nacional.
(1) DO C 113 de 11.4.1998.
                                                                             3)     Los organismos competentes de un Estado miembro pueden
                                                                                supeditar la autorización para ejercer como odontólogo de una
                                                                                Caja del Seguro de Enfermedad solicitada por un nacional de
                                                                                otro Estado miembro establecido en el primer Estado miembro
                                                                                y habilitado allı́ para ejercer en él su profesión, pero que no


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de febrero de 2004 en el asunto C-312/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica

text:
               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/9

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 19 de febrero de 2004
   en el asunto C-312/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica (1)

   (Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/44/CE)
   (2004/C 94/17)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-312/03, Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. D. Martin, en calidad de agente, contra Reino de Bélgica, representado por la Sra. E. Dominkovits, en calidad de agente, que tiene por objeto que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171, p. 12), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la citada Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. R. Schintgen y la Sra. N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sr. F. G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 19 de febrero de 2004 una sentencia cuyo fallo es siguiente:

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado en el dictamen motivado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 213, de 6.9.2003.


title: Asunto F-139/11: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2011 — ZZ/Comisión

text:
               3.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/25

         Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2011 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-139/11)
   2012/C 65/48
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación parcial de la decisión del Director General de la OLAF que contiene un último requerimiento a una audiencia de la demandante en el marco de una investigación interna y que indica que se adoptará un informe final relativo a la investigación sobre la base únicamente de la información recabada y analizada unilateralmente por la OLAF, si la parte demandante no accede a dicho requerimiento, y del escrito que rechaza su reclamación.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 28 de octubre de 2011.

               —

               Que se anule el escrito de 2 de diciembre de 2011 que resuelve la reclamación de 21 de noviembre de 2011.

               —

               Que se conceda a la demandante la cuantía de 6 000 euros en concepto de daños y perjuicios y de intereses compensatorios.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.


title: Asunto T-71/12: Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2012 — Meskarian/Consejo

text:
               14.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 109/28

         Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2012 — Meskarian/Consejo
   (Asunto T-71/12)
   2012/C 109/57
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Mohammed Reza Meskarian (Londres) (representantes: S. Zaiwalla, P. Reddy y F. Zaiwalla, Solicitors, D. Wyatt, QC, y R. Blakeley, Barrister)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el apartado 13 del cuadro A del anexo a la Decisión 2011/783/PESC del Consejo (1) y al Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, (2) en la medida en que se refieren al demandante.

               —

               Declare la inaplicabilidad al demandante de los artículos 19, apartado 1, letra b), y 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, (3) y del artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo. (4)

               —

               Declare que la anulación de los actos impugnados comporta la suspensión de sus efectos con carácter inmediato, sin perjuicio del artículo 60, apartado 2, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

               —

               Condene en costas al demandado.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, el demandante invoca cinco motivos:

               1)

               En su primer motivo, el demandante alega que en una situación interna de la Unión Europea el Consejo de la Unión Europa carece de competencia para congelar los fondos y otros recursos financieros e imponer una prohibición de viajar basándose en la Política Exterior y de Seguridad Común («PESC»).

               2)

               En su segundo motivo, el demandante aduce que en su caso no concurren los criterios para la designación previstos por la Decisión 2010/413/PESC del Consejo y el Reglamento (UE) no 961/2010.

               3)

               En su tercer motivo, el demandante sostiene que las medidas restrictivas que se le impusieron vulneran manifiestamente sus derechos humanos y fundamentales y son incompatibles con el principio de proporcionalidad.

               4)

               En su cuarto motivo, el demandante alega que la imposición de medidas restrictivas en su contra por el demandado quebranta las obligaciones procedimentales que incumben al propio demandado y vulnera el derecho de defensa del demandante.

               5)

               En su quinto motivo, el demandante aduce que, en la medida en que sean estimadas las pretensiones de Persia Internacional Bank o de Bank Mellat, que tienen por objeto la anulación de sus designaciones respectivas, debe anularse también la designación del propio demandante.

      (1)  Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 71).

      (2)  Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010, sobre medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, p. 11).

      (3)  Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).

      (4)  Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007 (DO L 281, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de septiembre de 2001 en el asunto C-375/99: Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas ("FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicios de 1996 y 1997 — Almacenamiento público de carne de vacuno")

text:
C 303/4                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          27.10.2001
1)    Se desestima el recurso.                                                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
2)    Se condena en costas al Reino de España.
                                                                                (Sala Quinta)
(1) DO C 366 de 18.12.1999.
                                                                                de 13 de septiembre de 2001
                                                                         en el asunto C-417/99: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Reino de España (1)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                              («Incumplimiento de Estado — Directiva 96/62/CE —
                                                                         Evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente —
                                                                         Omisión de designar a las autoridades competentes y a los
                            (Sala Quinta)                                   organismos encargados de la aplicación de la Directiva»)
                  de 13 de septiembre de 2001
                                                                                (2001/C 303/05)
en el asunto C-375/99: Reino de España contra Comisión
                de las Comunidades Europeas (1)                                            (Lengua de procedimiento: español)
(«FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicios de 1996 y
    1997 — Almacenamiento público de carne de vacuno»)                  En el asunto C-417/99, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                         peas (agente: Sr. G. Valero Jordana) contra Reino de España
                                                                         (agente: Sra. N. Dı́az Abad), que tiene por objeto que se declare
                          (2001/C 303/04)                                que el Reino de España ha incumplido una de las obligaciones
                                                                         que le incumben en virtud de lo dispuesto en la Directiva
                 (Lengua de procedimiento: español)                     96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre
                                                                         evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (DO L 296,
                                                                         p. 55), al no haber designado a las autoridades competentes y
En el asunto C-375/99, Reino de España (agente: Sra. M. López-         a los organismos a los que se refiere su artı́culo 3, párrafo
Monı́s Gallego) contra Comisión de las Comunidades Europeas             primero, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los
(agente: Sr. J. Guerra Fernández), que tiene por objeto la              Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala, D.A.O. Edward
anulación parcial de la Decisión 1999/603/CE de la Comisión,          (Ponente), P. Jann, L. Sevón y C.W.A. Timmermans, Jueces;
de 28 de julio de 1999, por la que se excluyen de la                     Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha
financiación comunitaria determinados gastos efectuados por             dictado el 13 de septiembre de 2001 una sentencia cuyo fallo
los Estados miembros con cargo a la sección Garantı́a del               es el siguiente:
Fondo Europeo de Orientación y Garantı́a Agrı́cola (FEOGA)
(DO L 234, p. 6), en la medida en que aplica una corrección a
tanto alzado del 5 % a determinados importes declarados por
el Reino de España en las partidas presupuestarias 2111 (gastos         1)    Se declara que el Reino de España ha incumplido las obligacio-
técnicos), 2112 (gastos financieros) y 2113 (otros gastos),                    nes que le incumben en virtud de la Directiva 96/62/CE del
correspondientes al sector del almacenamiento público de                      Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y
carne de vacuno, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado              gestión de la calidad del aire ambiente, al no haber adoptado,
por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala; D.A.O. Edward,                en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y
P. Jann (Ponente), S. von Bahr y C.W.A. Timmermans, Jueces;                    administrativas necesarias para designar a las autoridades
Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass,                  competentes y a los organismos a los que se refiere el artı́culo 3,
ha dictado el 13 de septiembre de 2001 una sentencia cuyo                      párrafo primero, de dicha Directiva.
fallo es el siguiente:
                                                                         2)    Se condena en costas al Reino de España.
1)    Se desestima el recurso.
2)    Se condena en costas al Reino de España.
                                                                         (1) DO C 20 de 22.1.2000.
(1) DO C 366 de 18.12.1999.


title: Asunto T-79/09: Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2009 — Francia/Comisión

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/37

         Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2009 — Francia/Comisión
   (Asunto T-79/09)
   2009/C 113/75
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: República Francesa (representantes: E. Belliard, G. de Bergues y A.-L. Vendrolini, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión impugnada.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación de la Decisión C(2008) 7846 final de la Comisión, de 10 de diciembre de 2008, en la cual la Comisión había considerado que las cotizaciones, inicialmente voluntarias y después obligatorias, recaudadas por las organizaciones profesionales a los miembros de las profesiones que representan, con el fin de financiar distintas acciones que puedan llevar a cabo tales organizaciones, constituían una ayuda de Estado, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega, en cuanto al fondo, un motivo basado:

               —

               En una interpretación errónea del concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, en la medida en que la Comisión ha considerado, contrariamente a lo que opina el Gobierno francés, que dichas cotizaciones, primero voluntarias y después obligatorias, constituían exacciones parafiscales, es decir, recursos del Estado, siendo así que:

                           —

                           El procedimiento de reconocimiento de las organizaciones profesionales, así como el procedimiento de ampliación de los acuerdos interprofesionales, no pueden considerarse como medios del Estado destinados a aplicar una política determinada que dicho Estado hubiese definido previamente;

                           —

                           Tanto la base como el importe, de la misma forma que el destino y la utilización de las cotizaciones, primero voluntarias y después obligatorias, son fijados por las distintas organizaciones profesionales en sus acuerdos y las autoridades públicas no intervienen en ningún momento;

                           —

                           Las cotizaciones, primero voluntarias y después obligatorias, deben utilizarse necesariamente para financiar aquellas acciones a las que vayan destinadas y, en ningún caso, se ponen a disposición de las autoridades públicas;

                           —

                           Los sujetos pasivos de una cotización, primero voluntaria y después obligatoria, se benefician necesariamente de las acciones financiadas por esta última y el conjunto de los operadores del sector habrá de soportar la carga de la misma en su calidad de compradores o vendedores del producto de que se trata.


title: Asunto T-49/16: Sentencia del Tribunal General de 6 de abril de 2017 — Azanta/EUIPO — Novartis (NIMORAL) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión NIMORAL — Marca denominativa anterior de la Unión NEORAL — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               22.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/26

         Sentencia del Tribunal General de 6 de abril de 2017 — Azanta/EUIPO — Novartis (NIMORAL)
   (Asunto T-49/16) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa de la Unión NIMORAL - Marca denominativa anterior de la Unión NEORAL - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2017/C 161/36)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Azanta A/S (Hellerup, Dinamarca) (representante: M. Hoffgaard Rasmussen, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: J. Ivanauskas, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Novartis AG (Basilea, Suiza)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de diciembre de 2015 (asunto R 634/2015-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Novartis y Azanta.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Azanta A/S.

      (1)  DO C 106 de 21.3.2016.


title: Asunto C-119/07: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Darmstadt — Alemania) — Container Service Thorsten Sperzel GmbH/Land Hessen

text:
               25.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/25

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Darmstadt — Alemania) — Container Service Thorsten Sperzel GmbH/Land Hessen
   (Asunto C-119/07) (1)

   (2007/C 199/46)

      Lengua de procedimiento: alemán

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 117 de 26.5.2007.


title: Asunto C-541/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Wuppertal, Alemania) — Procedimiento incoado a instancia de Mircea Florian Freitag (Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE — Libertad de circular y residir en los Estados miembros — Ciudadano que tenga a la vez la nacionalidad del Estado miembro de su residencia y del Estado miembro de su nacimiento — Cambio del apellido en el Estado miembro de nacimiento sin residencia habitual en éste — Apellido que corresponde al apellido de nacimiento — Solicitud de inscripción de ese apellido en el Registro Civil del Estado miembro de residencia — Denegación de la solicitud — Motivo — No adquisición del apellido durante la residencia habitual — Existencia en el Derecho nacional de otros procedimientos para obtener el reconocimiento del mismo apellido)

text:
               31.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 249/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Wuppertal, Alemania) — Procedimiento incoado a instancia de Mircea Florian Freitag
   (Asunto C-541/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión - Artículo 21 TFUE - Libertad de circular y residir en los Estados miembros - Ciudadano que tenga a la vez la nacionalidad del Estado miembro de su residencia y del Estado miembro de su nacimiento - Cambio del apellido en el Estado miembro de nacimiento sin residencia habitual en éste - Apellido que corresponde al apellido de nacimiento - Solicitud de inscripción de ese apellido en el Registro Civil del Estado miembro de residencia - Denegación de la solicitud - Motivo - No adquisición del apellido durante la residencia habitual - Existencia en el Derecho nacional de otros procedimientos para obtener el reconocimiento del mismo apellido))
   (2017/C 249/06)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Amtsgericht Wuppertal

      Partes en el procedimiento principal

   Mircea Florian Freitag

      Fallo

   El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el Registro Civil de un Estado miembro deniegue el reconocimiento y la inscripción del apellido que un nacional de ese mismo Estado miembro haya adquirido legalmente en otro Estado miembro cuya nacionalidad también posea, y que corresponda a su apellido de nacimiento, basándose en una disposición del Derecho nacional que supedite la posibilidad de obtener tal inscripción, mediante declaración ante el Registro Civil, al requisito de que el mencionado apellido haya sido adquirido durante la residencia habitual en ese otro Estado miembro, salvo que existan en el Derecho nacional otras disposiciones que permitan el reconocimiento efectivo de ese apellido.

      (1)  DO C 48 de 8.2.2016.


title: Asunto C-11/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Países Bajos) — Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Política agrícola común — Sistema integrado de gestión y de control — Reducción o exclusión del beneficio de los pagos en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad — Responsabilidad por hechos ajenos)

text:
               9.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Países Bajos) — Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
   (Asunto C-11/12) (1)

   (Política agrícola común - Sistema integrado de gestión y de control - Reducción o exclusión del beneficio de los pagos en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad - Responsabilidad por hechos ajenos)
   2013/C 38/11
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   College van Beroep voor het Bedrijfsleven

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost

      Demandada: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretación del artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 30, p. 16) — Sistema integrado de gestión y control — Reducción o exclusión del beneficio de los pagos en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad — Agricultor que tomó en arrendamiento de un tercero tierras de cultivo y aceptó que éste las abone temporalmente — Incumplimiento, por dicho tercero, de los requisitos legales de gestión.

      Fallo

   El artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003, debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de las normas de condicionalidad por la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo que implica la reducción o la anulación del importe total de los pagos directos debe ser imputado íntegramente al agricultor que haya presentado la solicitud de ayuda.

      (1)  DO C 98, de 31.3.2011.


title: Asunto C-70/13 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de febrero de 2013 por Getty Images (US), Inc., contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 21 de noviembre de 2012 en el asunto T-338/11, Getty Images (US), Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/12

         Recurso de casación interpuesto el 8 de febrero de 2013 por Getty Images (US), Inc., contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 21 de noviembre de 2012 en el asunto T-338/11, Getty Images (US), Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-70/13 P)
   2013/C 101/26
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Getty Images (US), Inc. (representante: P. Olson, advokat)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia recurrida.

               —

               Anule la resolución impugnada en la medida en que desestima el recurso interpuesto por Getty Images contra la resolución de 2 de agosto de 2010 del examinador de la OAMI.

               —

               Condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente en casación invoca tres motivos: la vulneración del artículo 7, apartado 1, letra b), RMC, (1) la vulneración del artículo 7, apartado 1, letra c), RMC, y la violación del principio de igualdad de trato.
   De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), no podrá efectuarse el registro de las marcas que carezcan de «carácter distintivo». Basta un mínimo de carácter distintivo para que no pueda aplicarse el motivo de denegación previsto en dicho artículo. En este caso, el hecho de que se haya considerado en dos ocasiones que una marca idéntica, para productos o servicios idénticos y similares, posee el carácter distintivo exigido hace entrar en juego una presunción muy fundada de que PHOTOS.COM sí posee el carácter distintivo mínimo necesario. En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de esos elementos, considerados aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer tal carácter. Como combinación de PHOTOS y.COM, la marca adquiere un significado independiente de los significados propios de esos elementos. La audiencia a que se dirige entiende claramente que se trata del nombre de un dominio comercial. Los nombres de dominio son únicos por su propia naturaleza. Como tal, PHOTOS.COM indica al consumidor que constituye un origen único de productos y servicios, que se distingue de otras fuentes de productos y servicios que tienen nombres distintos. De ese modo, cumple con el propósito al que sirven las marcas y posee el carácter distintivo mínimo que exige el artículo 7, apartado 1, letra b).
   Al aplicar el artículo 7, apartado 1, letra b), lo que dicta el interés general es que se compruebe si la marca puede garantizar al consumidor la identidad de origen de los productos o servicios, permitiéndole distinguir sin confusión posible el servicio de los que tienen otra procedencia. Es indiscutible que cada nombre de dominio es único, y que un nombre de dominio que termina en.com indica que estamos ante un sitio comercial de Internet. En el apartado 22 de la resolución recurrida, el Tribunal General admitió que el público a que se dirige identificará inmediatamente que el elemento.com se refiere al nombre de una página comercial de Internet. El Tribunal incurrió en error al no tener en cuenta que el nombre de dominio cumple adecuadamente la función de permitir al consumidor distinguir los productos o servicios de la recurrente de los de la competencia. De ese modo, se protege al consumidor, como exige el interés general, y no se vulnera el artículo 7, apartado 1, letra b).
   Por lo que se refiere al artículo 7, apartado 1, letra c), el Tribunal General optó por no abordar la cuestión. No obstante, tampoco resulta vulnerada dicha disposición, puesto que la consideración de interés general en la que se basa es la protección de los competidores de la recurrente, y ninguno de dichos competidores se ve afectado por el registro, ya que se trata de un nombre de dominio que pertenece a la recurrente. Por último, la marca tampoco constituye una descripción objetiva de los productos o servicios.
   De conformidad con el principio de igualdad de trato, la OAMI estará vinculada por sus resoluciones anteriores al examinar solicitudes de marca idénticas, siempre que no existan indicios de que las marcas anteriores fueran registradas indebidamente. Dicho principio obliga al Tribunal a descartar la conclusión, que alcanzó la OAMI, de que no procedía el registro de PHOTOS.COM. El Tribunal General razona que es preciso preservar un equilibrio entre dichos principios y «el respecto de la legalidad», y que los solicitantes de marca no pueden invocar resoluciones anteriores para obtener una resolución idéntica, puesto que la resolución anterior «pudo constituir una ilegalidad cometida en favor de otro»; por tanto, el Tribunal declaró que «dicho examen se llevará a cabo caso por caso» (apartado 69 de la resolución recurrida).
   El principio de igualdad de trato entra en contradicción con el principio de legalidad. A partir del caso Streamserve (véase la sentencia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI, T-106/00), ha prevalecido el principio de legalidad, lo que ha provocado inseguridad jurídica y un gran aumento de los recursos. A la luz de esta experiencia, parece justificado que se preste más atención al principio de igualdad de trato. Los examinadores de la OAMI tienen el deber de actuar con coherencia, de aplicar normas comunes, de identificar casos análogos y de tratarlos de la misma manera. Cuando los solicitantes de marca invocan marcas registradas con anterioridad, los examinadores de la OAMI no deberían poder invocar sin más el asunto Streamserve y pasar por alto el principio básico de la igualdad de trato. En lugar de un principio de legalidad de acuerdo con el cual se considera textualmente que los registros anteriores constituyen errores, un método mucho más practicable es partir de la presunción de que las marcas anteriores no fueron registradas indebidamente. En ningún caso resulta tan evidente el deber de aplicar el principio de igualdad de trato como cuando las marcas y los productos son idénticos, cual sucede en el presente asunto.
   En conclusión, la marca PHOTOS.COM posee tanto carácter distintivo respecto de sus productos y servicios como las dos marcas registradas anteriormente. El registro de la marca de los referidos productos y servicios está tan fundado como el de las marcas originales, y el principio de igualdad de trato exige que el mismo se lleve a cabo.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto C-393/07: Recurso interpuesto el 9 de agosto de 2007 — República Italiana/Parlamento Europeo

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/18

         Recurso interpuesto el 9 de agosto de 2007 — República Italiana/Parlamento Europeo
   (Asunto C-393/07)
   (2007/C 247/23)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: I. M. Braguglia, agente, P. Gentili, Avvocato dello Stato)

      Demandada: Parlamento Europeo
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión del Parlamento Europeo de 24 de mayo de 2007, P6_TA-PROV(2007) 0209, notificada el 28 de mayo de 2007, relativa a la verificación de las credenciales del Sr. Beniamino Donnici.

               —

               Que se condene al Parlamento Europeo a pagar las costas del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El recurso desarrolla cinco motivos.
   Mediante el primer motivo, el Gobierno italiano alega la infracción de normas jurídicas respecto de los artículos 6 (anteriormente 4), 8 (anteriormente 7), 12 (anteriormente 11) y 13 (anteriormente 12) de la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom, de 20 de septiembre de 1976, por la que se adopta el Acto relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo (el Acto de 1976), en su versión modificada por la Decisión 2002/772/CE/Euratom (1), de 25 de junio de 2002, y respecto del artículo 6 UE. En efecto, el Parlamento Europeo, en el marco de la verificación de las credenciales de los diputados, no puede revisar la legalidad de los procesos electorales nacionales y debe únicamente tomar nota de los resultados oficialmente proclamados de éstos. La prohibición de dar instrucciones vinculantes y mandatos imperativos a los diputados, establecida por el artículo 6 del Acto de 1976, no tiene ninguna relación con la renuncia expresa de un candidato no electo a suceder a un candidato electo que ha cesado en su cargo.
   Mediante el segundo motivo, el Gobierno italiano alega la infracción de normas jurídicas respecto del artículo 2 del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo adoptado por la Decisión 2005/684/CE, Euratom (2), de 28 de septiembre de 2005. En efecto, estas disposiciones entrarán en vigor a partir de la legislatura de 2009 y, en cualquier caso, se refieren sólo a los diputados en ejercicio, por lo que no tienen relevancia alguna a la hora de valorar la renuncia de un candidato no electo a suceder a un candidato electo que ha cesado en su cargo.
   Mediante el tercer motivo, el Gobierno italiano alega la infracción de normas jurídicas respecto del artículo 199 CE y de los artículos 2 y 3 del Reglamento interno del Parlamento Europeo. Estas disposiciones regulan sólo el procedimiento interno del Parlamento en el marco, entre otros, de la verificación de las credenciales, por lo que no puede deducirse de ellas la facultad de revisar la regularidad de los procesos electorales nacionales, ni tampoco lo que atañe a la sucesión en el cargo de un candidato no electo por un candidato electo que haya cesado.
   Mediante el cuarto motivo, el Gobierno italiano alega la infracción de normas jurídicas respecto de los artículos 6 UE, 10 CE y 230 CE. El Parlamento Europeo no podía dejar de aplicar la sentencia del Consejo de Estado italiano, con fuerza de cosa juzgada, que había declarado la legalidad de la elección del Sr. Donnici. El Parlamento Europeo hubiera debido, a lo sumo, impugnar dicha sentencia interponiendo una tercería. En cualquier caso, la Decisión del Parlamento Europeo se opone al principio general, común a todos los Estados miembros, relativo a la fuerza de la cosa juzgada.
   Mediante el quinto motivo, el Gobierno italiano alega la falta de motivación de la Decisión impugnada. Ciertamente, ésta no indica los elementos de hecho de los que el Parlamento Europeo extrae la conclusión de que la renuncia del Sr. Occhetto a suceder al Sr. Di Pietro no fue decidida libremente.

      (1)  DO L 283, p. 1.

      (2)  DO L 262, p. 1.


title: Asunto T-210/07: Recurso interpuesto el 11 de junio de 2007 — RSA Security Ireland/Comisión

text:
               4.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/39

         Recurso interpuesto el 11 de junio de 2007 — RSA Security Ireland/Comisión
   (Asunto T-210/07)
   (2007/C 183/74)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: RSA Security Ireland (Shannon, Irlanda) (representantes: S. Daly, Solicitor y B. Conway, Barrister)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión notificada a la demandante por los Revenue Commissioners el 30 de marzo de 2007, en la medida en que clasifica erróneamente el producto de la demandante a efectos de su clasificación arancelaria conforme a la nomenclatura combinada atendiendo a las características y cualidades objetivas del producto.

               —

               Que se declare que la clasificación aduanera del producto debe ser determinada según las características intrínsecas de éste, tratándose, en el presente asunto, de una máquina automática para el tratamiento de datos, que, por tanto, ha de ser clasificada dentro del capítulo 8471 de la nomenclatura combinada, o, con carácter subsidiario:

               —

               Que se declare que el producto debe clasificarse con arreglo a su característica esencial como máquina o dispositivo de cálculo dentro del Capítulo 8470 de la nomenclatura combinada.

               —

               Que se declare que, de acuerdo con las normas de clasificación de bienes aceptadas a efectos aduaneros en la Comunidad, la característica esencial del producto no es que éste constituya un dispositivo de seguridad o que permita acceder a los registros almacenados en una máquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos o similar.

               —

               Que se ordene a la demandada pagar a la demandante el importe que ésta abonó en concepto de tales derechos de aduana por la importación del producto en la Comunidad desde la entrada en vigor de la Decisión de la Comisión, así como el pago de los intereses devengados.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su recurso, la demandante solicita la anulación de la Decisión de la Comisión, que le fue notificada a través de un correo electrónico enviado el 30 de marzo de 2007 por los Revenue Commissioners, en respuesta a su solicitud de una información arancelaria vinculante cursada por la demandante en relación con un dispositivo de seguridad que puede conectarse a una máquina automática de tratamiento de datos denominada «SID 800 Product».
   La demandante alega que la Decisión, tal y como fue notificada en primer lugar a los Revenue Commissioners y por tanto a la propia demandante, no clasificó su producto correctamente con arreglo a sus características y cualidades objetivas e incurrió en un error fundamental de Derecho al realizar la clasificación arancelaria.
   La demandante estima asimismo que la clasificación arancelaria correcta del producto, realizada con arreglo a sus características esenciales, es la de unidad de una máquina automática de tratamiento de datos del capítulo 8471 del Código Aduanero Comunitario (1), ya que el producto reúne los requisitos de la Nota 5 (B) del capítulo 8471 exigidos para tal clasificación, o es en sí misma una máquina automática de tratamiento de datos.
   Con carácter subsidiario, la demandante alega que la clasificación arancelaria correcta del producto, realizada con arreglo a sus características objetivas, es la de máquina o aparato de cálculo del Capítulo 8470 del Código Aduanero Comunitario.
   Por último, la demandante sostiene que la actuación de la Comisión al tratar su solicitud de una información arancelaria vinculante sobre el producto con arreglo a las características de éste como unidad de una máquina automática de tratamiento de datos constituye una infracción de requisitos de procedimientos esenciales y abuso de poder.

      (1)  Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).