title: Asunto T-169/03: Recurso interpuesto el 12 de mayo de 2003 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) por Sergio Rossi S.p.A.

text:
C 171/38               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              19.7.2003
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                       que:
—      Condene a la Comisión a indemnizarle el perjuicio que               —     Anule la Decisión de la Comisión, de 6 de mayo de 2002,
       ha sufrido a consecuencia de la no ejecución, en parte, de                por la que se fija en el grado A 7, escalón 3, la clasificación
       la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de                   definitiva del demandante.
       febrero de 2002.
                                                                           —     Condene en costas a la parte demandada.
—      Condene en costas a la Comisión.
                                                                           Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones                                          El demandante entró en funciones como funcionario en
                                                                           prácticas el 1 de agosto de 2001, y se le clasificó provisional-
                                                                           mente en el grado A 7, escalón 1. El demandante presentó una
Este recurso tiene por objeto que se declare la responsabilidad            solicitud de clasificación en el grado superior. Tal solicitud fue
extracontractual de la Comisión debida a la no ejecución de la             denegada.
totalidad de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
28 de febrero de 2002 ( 1), dictada tras haber devuelto los autos
el Tribunal de Justicia, y en la que se redujo la cuantía de la            En apoyo de su recurso, el demandante invoca la infracción
multa impuesta mediante la Decisión de 94/601/CE (Cartonci-                del artículo 31, apartado 2, del Estatuto, en la medida en que
llo), relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85            la Comisión no tuvo en cuenta las necesidades específicas del
del Tratado CE (IV/C/33.833 — Cartoncillo) ( 2).                           servicio. El demandante invoca además un error manifiesto de
                                                                           apreciación.
Según la demandante, la Comisión aún debe devolver los
intereses devengados sobre la cantidad resultante de la diferen-
cia entre la suma abonada y la cuantía de la multa fijada en
último lugar por el Tribunal de Primera Instancia, así como
los gastos, fijados, de común acuerdo entre las partes, en                 Recurso interpuesto el 12 de mayo de 2003 contra la
50 000 euros. El perjuicio ocasionado por ello genera la                   Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
responsabilidad extracontractual de la demandada.                                   dibujos y modelos) por Sergio Rossi S.p.A.
( 1) T-308/94, Cascades/Comisión (Rec. p. II-813).                                                 (Asunto T-169/03)
( 2) DO L 243 de 19.9.91, p. 1.
                                                                                (2003/C 171/65)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 12 de mayo de 2003 un recurso
Recurso interpuesto el 30 de abril de 2003 por Pascal                      contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior,
  Millot contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    formulado por Sergio Rossi S.p.A., representada por el Sr. Ales-
                                                                           sandro Ruo, abogado.
                        (Asunto T-162/03)
                                                                           La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso era:
                                                                           Sissi Rossi s.r.l.
                         (2003/C 171/64)
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       que:
                                                                           —     Reconozca la existencia de un riesgo de confusión entre
                                                                                las marcas de que se trata para todos los productos para
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                           los que se ha formulado oposición y anule la resolución
Europeas se ha presentado el 30 de abril de 2003 un recurso                      impugnada objeto del litigio; con carácter subsidiario,
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                         reconozca la incompatibilidad entre las marcas de que se
por Pascal Millot, con domicilio en Bruselas, representado por                   trata para «bolsos de señora» y «calzado de señora» y la
los Sres. Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Nöel Louis y                    existencia de una afinidad entre dichos productos.
Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxem-
burgo.                                                                     —     Condene en costas a la parte demandada.
 ---pagebreak--- 19.7.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 171/39
Motivos y principales alegaciones                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          que:
Solicitante de la marca        Sissi Rossi S.r.l.
comunitaria:                                                              —     Anule la decisión de la demandada consistente en denegar
                                                                                el acceso a determinados documentos requeridos por la
                                                                                demandante en su solicitud confirmatoria de 17 de enero
Marca        comunitaria       Marca      denominativa      «SISSI              de 2003.
objeto de la solicitud:        ROSSI» — Solicitud de registro
                               no 837.906, para productos de las
                               clases 14, 18, 25 y 26.                    —     Condene a la demandada a pagar todas las costas de la
                                                                                demandante con arreglo al artículo 87 del Reglamento de
Titular de las marcas o        La demandante.                                   Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
signos distintivos que se
oponen:
Marcas o signos distinti-      Marca italiana no 553.016 y
vos que se invocan en el       marca internacional no 577.643             Motivos y principales alegaciones
procedimiento de oposi-        «MISS ROSSI», para productos de
ción:                          la clase 25 (calzado de señora).
                                                                          La demandante en el presente caso se opone a la negativa de la
Resolución de la Divi-         Estimación de la oposición y des-          demandada a concederle acceso a determinados documentos
sión de Oposición:             estimación de la solicitud de regis-       relativos a la clasificación del tabaco expandido a efectos de
                               tro.                                       derechos aduaneros e impuestos especiales. Respecto a este
                                                                          tema, señala que tiene un interés vital en saber por qué un
Resolución de la Sala de       Estimación del recurso y desesti-          determinado producto —el tabaco expandido— se considera
Recurso:                       mación de la oposición.                    como tabaco para fumar en el sentido del artículo 5, apar-
                                                                          tado 1, de la Directiva 95/59/CE, de 27 de noviembre de 1995,
Motivos invocados:             Riesgo de confusión por asocia-            relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el
                               ción y similitud entre la marca            volumen de negocios que gravan el consumo de labores del
                               solicitada y la marca en que se            tabaco (1), y, por consiguiente, como un producto sujeto a
                               basa la oposición [artículo 8, apar-       impuestos especiales. La demandante considera que se trata de
                               tado 1, letra b), del Reglamento           un producto intermedio, imposible de fumar sin transforma-
                               no 40/94].                                 ción ulterior, y por lo tanto no sujeto a impuestos especiales.
                                                                          Hace hincapié en que no se ha publicado ninguna resolución
                                                                          que resuelva la cuestión y motive la elección de esa clasifica-
                                                                          ción.
                                                                          Por lo que respecta a dos de las series de conjuntos de
                                                                          documentos requeridos (una serie completa de documentos
                                                                          del Consejo de Cooperación Aduanera sobre la clasificación
                                                                          del tabaco expandido a efectos de clasificación aduanera y
Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2003 contra                          todas las listas de asistencia a todas las reuniones del Comité
la Comisión de las Comunidades Europeas por British                       de impuestos especiales, o de cualquier otro Comité relevante,
         American Tobacco (Investments) Limited                           en las que se debatió la definición de «tabaco para fumar»), la
                                                                          demandante alega que la Comisión infringió el artículo 8,
                                                                          apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001 ( 2), al no
                       (Asunto T-170/03)
                                                                          contestar dentro de los plazos reglamentarios.
                         (2003/C 171/66)
                                                                          En relación con las actas completas de todas las reuniones del
                                                                          Comité de impuestos especiales, o de cualquier otro Comité
                 (Lengua de procedimiento: inglés)                        relevante, en las que se debatió la definición de «tabaco para
                                                                          fumar», incluidas las actas completas de las deliberaciones
                                                                          sobre otros puntos del orden del día, la demandante afirma
                                                                          que la denegación impugnada:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 14 de mayo de 2003 un recurso                —     aplica incorrectamente el principio de proporcionalidad.
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                        En particular, la Comisión no intentó llegar a un arreglo
por British American Tobacco (Investments) Limited, Londres                     amistoso y equitativo con el solicitante, de conformidad
(Reino Unido), representada por el Sr. S. Crosby, abogado.                      con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1049/2001.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de diciembre de 2003 En el asunto C-63/01, (Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division): Samuel Sidney Evans contra Secretary of State for Environment, Transport and the Regions, Motor Insurers' Bureau (Aproximación de las legislaciones — Directiva 84/5/CEE — Seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil — Daños causados por vehículos no identificados o asegurados insuficientemente — Protección de las víctimas — Adaptación incorrecta del Derecho interno — Responsabilidad del Estado miembro)

text:
7.2.2004                ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                      C 35/1
                                                                        I
                                                                 (Comunicaciones)
                                                TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                            TRIBUNAL DE JUSTICIA
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  1)    El artículo 1, apartado 4, de la Directiva 84/5/CEE del
                                                                                Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva
                           (Sala Quinta)                                          relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
                                                                                miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de
                                                                                la circulación de los vehículos automóviles, debe interpretarse en
                  de 4 de diciembre de 2003
                                                                                el sentido de que:
En el asunto C-63/01, (Petición de decisión prejudicial
planteada por la High Court of Justice (England & Wales),                         —      Puede considerarse que un organismo está autorizado por
Queen’s Bench Division): Samuel Sidney Evans contra                                      un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición,
Secretary of State for Environment, Transport and the                                    cuando su obligación de otorgar una indemnización a las
             Regions, Motor Insurers’ Bureau (1)                                         víctimas de daños causados por vehículos no identificados
                                                                                o asegurados insuficientemente tiene su fuente en un
(Aproximación de las legislaciones — Directiva 84/5/CEE                                  acuerdo celebrado entre dicho organismo y una autoridad
— Seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil                              pública del Estado miembro, siempre que tal acuerdo se
— Daños causados por vehículos no identificados o asegura-                               interprete y aplique de tal modo que dicho organismo
dos insuficientemente — Protección de las víctimas —                                     quede obligado a otorgar a las víctimas la indemnización
Adaptación incorrecta del Derecho interno — Responsabili-                                que les garantiza la Directiva 84/5 y las víctimas puedan
                    dad del Estado miembro)                                              dirigirse directamente al referido organismo.
                          (2004/C 35/01)
                                                                                —      Una regulación procesal como la establecida en el Reino
                 (Lengua de procedimiento: inglés)                                       Unido es suficiente para garantizar la protección que la
                                                                                Directiva 84/5 confiere a las víctimas de daños causados
                                                                                por vehículos no identificados o asegurados insuficiente-
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                     mente.
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                —      La indemnización concedida por daños causados por un
En el asunto C-63/01, que tiene por objeto una petición                                  vehículo no identificado o asegurado insuficientemente,
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,                        abonada por el organismo autorizado para ello, debe tener
por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench                            en cuenta el tiempo transcurrido hasta el pago efectivo de
Division (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio                               las cantidades concedidas para garantizar una indemniza-
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Samuel                                  ción suficiente a las víctimas. Corresponde a los Estados
Sidney Evans contra Secretary of State for Environment,                                  miembros establecer las normas aplicables al respecto.
Transport and the Regions, Motor Insurers’ Bureau, una
decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 1,
apartado 4, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de                              —      La indemnización concedida por daños causados por un
30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la                                 vehículo no identificado o asegurado insuficientemente,
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros                                abonada por el organismo autorizado para ello, sólo debe
sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la                               prever el reembolso de los gastos en que incurren las
circulación de los vehículos automóviles (DO L 8, p. 17; EE                              víctimas en relación con su solicitud de indemnización en
13/15, p. 244), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) integrado                          la medida en que tal reembolso sea necesario para proteger
por el Sr. P. Jann (Ponente), en funciones de Presidente de la                           los derechos que la Directiva 84/5 confiere a las víctimas,
Sala Quinta, y los Sres. D.A.O. Edward y S. von Bahr, Jueces;                            y siempre que se respeten los principios de equivalencia y
Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. L. Hewlett,                              efectividad. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente
administradora principal, ha dictado el 4 de diciembre de 2003                           apreciar si concurren tales requisitos en el sistema procesal
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                                establecido en el Estado miembro de que se trata.
 ---pagebreak--- C 35/2                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            7.2.2004
2)   En el supuesto de que el examen del sistema de indemnización           «El artículo 6, apartado 2, de la Decisión no 1/80, de
     establecido ponga de manifiesto una deficiencia en la adaptación       19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la
     del Derecho interno a la Directiva 84/5 y de que esta deficiencia      Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación instituido
     haya causado un perjuicio al Sr. Evans, corresponde al                 por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica
     órgano jurisdiccional remitente determinar si el incumplimiento        Europea y Turquía, debe interpretarse en el sentido de que un
     apreciado de la obligación de adaptación del Derecho interno           nacional turco pierde los derechos reconocidos en el artículo 6,
     está suficientemente caracterizado.                                    apartado 1, de la Decisión no 1/80 si se encuentra en prisión
                                                                            en cumplimiento de una pena privativa de libertad de tres
                                                                            años?»
(1) DO C 181 de 21.4.2001.
Petición de autorización para practicar un embargo de
bienes en poder de la Comisión de las Comunidades
Europeas presentada el 21 de noviembre de 2003 por
                      Icon Institute GmbH                                   Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
                                                                            lución del Tampereen käräjäoikeus (Tribunal de primera
                       (Asunto C-1/03 SA)                                   instancia de Tampere), de fecha 7 de noviembre de 2003,
                                                                            en el asunto entre Sociedad italiana A.G.M.–COS.MET
                          (2004/C 35/02)                                              s.r.l.y Estado finlandés y Tarmo Lehtinen
                                                                                (Asunto C-470/03)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
sometida una petición de autorización para practicar un
embargo de bienes en poder de la Comisión de las Comunida-
                                                                                (2004/C 35/04)
des Europeas, presentada el 21 de noviembre de 2003 por
Icon Institute GmbH, representada por el Sr. R. Nathan, con
domicilio en Luxemburgo. La parte demandante solicita al
Tribunal de Justicia que:
                                                                            Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Proceda a levantar la inmunidad de la Comisión para que                     sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
pueda practicarse un embargo sobre los fondos de CESD-                      resolución del Tampereen käräjäoikeus (Tribunal de primera
Communautaire a.s.b.l. que se hallan en poder de la Comisión,               instancia de Tampere), dictada el 7 de noviembre de 2003 en
ya que no existe ninguna razón de hecho ni de Derecho que se                el asunto entre Sociedad italiana A.G.M.–COS.MET s.r.l.y
oponga a que esta última libere, a favor de la parte que solicita           Estado finlandés y Tarmo Lehtinen y recibida en la Secretaría
el embargo, los fondos que posee en precario                                del Tribunal de Justicia el 11 de noviembre de 2003. El
                                                                            Tampereen käräjäoikeus (Tribunal de primera instancia de
                                                                            Tampere) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
                                                                            las siguientes cuestiones:
                                                                            1)    ¿Resulta legítimo hablar de una medida de efecto equiva-
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                         lente a restricciones cuantitativas a efectos del artí-
lución del Verwaltungsgerichtshof, de fecha 4 de sep-                             culo 28 CE, o bien de una medida de la que proceda
tiembre de 2003, en el recurso interpuesto por Ergül                              abstenerse en el sentido del artículo 10 CE, párrafo
                              Dogan                                               segundo, si un funcionario especializado, perteneciente a
                                                                                la administración del Estado encargada de la protección
                        (Asunto C-383/03)                                         en el trabajo, pero que no tiene facultad de decisión,
                                                                                realiza declaraciones en el principal programa informa-
                                                                                tivo televisado de una cadena nacional y en periódicos de
                          (2004/C 35/03)
                                                                                amplia difusión, así como ante organizaciones comercia-
                                                                                les y profesionales, después de que se haya incoado un
                                                                                procedimiento de control del mercado, pero sin que se
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                         haya adoptado una decisión, en condiciones tales que sus
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                       declaraciones, bien directamente, bien a través de otras
resolución del Verwaltungsgerichtshof, dictada el 4 de sep-                       personas, sobre los riesgos para la salud, e incluso para la
tiembre de 2003, en el recurso interpuesto por Ergül Dogan, y                     vida, de las personas inherentes a un aparato comerciali-
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de sep-                  zado por un fabricante determinado, pueden dar una
tiembre de 2003. El Verwaltungsgerichtshof solicita al Tribunal                   imagen pública negativa del aparato controvertido e
de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                         impedir su comercialización?


title: Asunto C-467/04: Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Primera, dictado el 8 de julio de 2004, en el recurso contra el auto de incoación de procedimiento abreviado de 21 de noviembre de 2003 introducido por G. Francesco Gasparini y otros

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/31

         Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Primera, dictado el 8 de julio de 2004, en el recurso contra el auto de incoación de procedimiento abreviado de 21 de noviembre de 2003 introducido por G. Francesco Gasparini y otros
   (Asunto C-467/04)
   (2005/C 6/57)
   Lengua de procedimiento: español
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Primera, dictado el 8 de julio de 2004, en el recurso contra el auto de incoación de procedimiento abreviado de 21 de noviembre de 2003 introducido por G. Francesco Gasparini y otros, y recibido en la Secretaría del Tribunal el 4 de noviembre de 2004.
   La Audiencia Provincial de Málaga solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               —

               Con respecto a la cosa juzgada penal, este Tribunal de Málaga precisa de la interpretación del artículo 54 del Convenio de Schengen sobre:

                           1.

                           La apreciación de la prescripción de un delito por los Tribunales de un Estado comunitario, ¿Es vinculante para los Tribunales del resto de los Estados comunitarios?

                           2.

                           La absolución de un acusado por un delito, por prescripción, ¿tiene efectos reflejos beneficiosos para los acusados en otro Estado comunitario, cuando los hechos son idénticos?, o, lo que es lo mismo, ¿podría entenderse que la prescripción también favorece a los acusados en otro Estado comunitario en base a hechos idénticos?

                           3.

                           Si los Tribunales penales de un Estado comunitario declaran que no consta la extracomunitariedad de una mercancía a los efectos de un delito de contrabando, y absuelven, ¿pueden los Tribunales de otro Estado comunitario ampliar la investigación para demostrar que la introducción de la mercancía sin pagar Arancel Aduanero, lo ha sido desde un Estado no comunitario?

               —

               Con respecto al concepto de mercancía en libre práctica, este Tribunal de Málaga precisa de la interpretación del artículo 24 del Tratado de la Comunidad Europea sobre:
               «Declarado por un Tribunal penal comunitario que no consta que la mercancía haya sido introducida ilícitamente en territorio comunitario o que ha prescrito el delito de contrabando»:

                           a)

                           ¿Dicha mercancía puede considerarse en libre práctica en el resto del territorio comunitario?

                           b)

                           ¿Puede considerarse la comercialización en un tercer Estado comunitario posterior a la importación en el Estado comunitario que absuelve, como una conducta autónoma y por lo tanto punible, o, por el contrario, una conducta consustancial a la importación?


title: Asunto T-85/02: Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2002 por Pedro Diaz, S.A. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior

text:
15.6.2002              ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 144/51
Los motivos invocados y las alegaciones formuladas en el                   del demandado para tomar decisiones sobre las amonestacio-
presente asunto son considerablemente similares a los deduci-              nes escritas en el sentido del artı́culo 43, inciso i) de las
dos en el asunto T-45/02, DOW AgroSciences y DOW                           «Conditions of Employment».
AgroSciences/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión
Europea (aún no publicado en el Diario Oficial).
(1) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
    23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco                Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2002 por Pedro
    comunitario de actuación en el ámbito de la polı́tica de las aguas.  Diaz, S.A. contra la Oficina de Armonización del Mercado
                                                                                Interior
                                                                                (Asunto T-85/02)
                                                                                (2002/C 144/103)
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
Recurso interpuesto el 19 de marzo de 2002 contra el
     Banco Central Europeo por Stephan-Harald Voigt
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           europeas se ha presentado, el 23 de marzo de 2002 un recurso
                        (Asunto T-78/02)                                   contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                           (OHMI) formulado por Pedro Dı́az, S.A., con domicilio en
                        (2002/C 144/102)                                   Carretera de Cartagena-La Palma, Km 2,400 Cartagena
                                                                           (España), representado por el letrado en ejercicio Dña. Patricia
                                                                           Koch Moreno.
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                           que:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                     —      Acuerde la nulidad de la resolución de 16 de enero de
Europeas se ha presentado el 19 de marzo de 2002 un recurso                       2002 dictada por la Tercera Sala de Recurso de la OAMI
contra el Banco Central Europeo formulado por Stephan-                            por la que se rechazó la solicitud de marca comunitaria
Harald Voigt, con domicilio en Langenselbold (Alemania),                          núm. 199.265 CASTILLO para distinguir «quesos»en
representado por el Sr. N. Pflüger, abogado.                                      clase 29;
                                                                           —      Declare la concesión de la solicitud de marca comunitaria
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:                      no 199.265 CASTILLO para distinguir «quesos»en
                                                                                clase 29;
—     Anule la amonestación escrita dirigida por el demandado             —      Ordene pagar a la parte demandada y, en su caso, a la
      al demandante mediante escrito de 1 de marzo de 2002                        parte coadyuvante las costas del procedimiento.
      en virtud del artı́culo 43, inciso i), de las «Conditions of
      Employment».
                                                                           Motivos y principales alegaciones
—     Condene en costas al demandado.
                                                                           Solicitante de la marca         Pedro Dı́az, S.A.
                                                                           comunitaria:
Motivos y principales alegaciones                                          Marca         comunitaria       Marca denominativa «CASTILLO»
                                                                           objeto de la solicitud:         — Solicitud no 199.265 para pro-
                                                                                ductos de la clase 29 y 30
El demandante alega, en apoyo de su recurso, que la amonesta-              Titular de la marca o           Granjas Castillo, S.A.
ción escrita es nula porque conculca principios generales del             signo que se invoca en el
procedimiento. La amonestación se basa en suposiciones                    procedimiento de oposi-
falsas y no se ha respetado suficientemente el derecho del                 ción:
demandante a ser oı́do entre otras cuestiones. Además, el
demandado, con su comportamiento, infringe las disposiciones               Marca o signo que se            Marca gráfico-denominativa espa-
europeas relativas a la protección de datos.                              opone:                          ñola «EL CASTILLO» registrada
                                                                                para productos de la clase 29 y
                                                                                marca gráfico-denominativa espa-
Por otro lado, el demandante niega que el Comité Ejecutivo                                                 ñola «EL CASTILLO NADO 1»
haya habilitado, mediante una decisión eficaz, al vicepresidente                                          para productos de la clase 30
 ---pagebreak--- C 144/52               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      15.6.2002
Resolución de la Divi-        Denegación de la solicitud para          Norma Foral 18/1993 de 5 de julio, de medidas fiscales
sión de oposición:           ciertos productos                         urgentes de apoyo a la inversión e impulso de la actividad
                                                                         económica (Boletı́n Oficial del Territorio Histórico de Alava
Resolución de la Sala de      Anulación parcial de la resolución      no 79, de 16.7.1993), que prevé una exención del impuesto de
Recurso:                       de la División de Oposición y           sociedades aplicable a las empresas que se creen entre la
                               denegación de la solicitud para un       entrada en vigor de dicha Norma Foral y el 31 de diciembre de
                               producto suplementario («que-             1994, siempre que inviertan en activos fijos materiales más de
                               sos»)                                     80 millones de pesetas (480 810 euros), creen más de diez
                                                                         puestos de trabajo y hayan iniciado sus actividades con un
Motivos invocados:             —     Violación del artı́culo 8,         capital mı́nimo desembolsado de 20 millones de pesetas
                                     apartado 1, b) del Regla-           (120 202 euros).
                                     mento 40/94
                               —     Incorrecta interpretación de
                                     la noción de riesgo de confu-      La demandante funda su recurso esencialmente en cinco
                                     sión                               motivos:
                                                                         a)   Infracción del apartado primero del artı́culo 87 CE, por
                                                                              la apreciación manifiestamente errónea de la Comisión al
                                                                              considerar, de entrada, que la medida fiscal enjuiciada
                                                                              constituye una ayuda de Estado en el sentido del citado
Recurso interpuesto el 26 de marzo de 2002 por El                             artı́culo. A juicio de la demandante, no existe en el
Territorio Historico de Alava, La Diputación Foral de                        presente caso el carácter de ventaja selectiva, propio de
 Alava contra la Comisión de las Comunidades Europeas                        toda ayuda de Estado en aplicación de dicha norma, dado
                                                                              que se trata de una medida que, establecida en base a
                        (Asunto T-86/02)                                      criterios objetivos, afecta por igual a todos los operadores
                                                                              económicos (personas fı́sica o jurı́dicas).
                        (2002/C 144/104)
                                                                         b)   A tı́tulo subsidiario en relación con el primer motivo,
                 (Lengua de procedimiento: español)                          errónea interpretación por parte de la Comisión del
                                                                              concepto de ayuda existente. La demandante mantiene
                                                                              que, si el Tribunal entendiera que la medida enjuiciada
                                                                              constituye efectivamente una ayuda de Estado, se tratarı́a
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                        en cualquier caso de un régimen de ayudas existente, bien
europeas se ha presentado, el 26 de marzo de 2002 un recurso                  en el sentido de lo dispuesto en el inciso (v) de la letra b)
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                     del artı́culo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999, puesto
por El Territorio Historico de Alava, La Diputación Foral de                 que, en el momento en que se llevó a efecto, la medida
Alava, con domicilio en Alava (España), representados por los                no constituı́a una ayuda, bien en el sentido de lo dispuesto
letrados en ejercicio D. Ignacio Saenz-Cortabarria y Dña. Marta              en el inciso (ii) de la misma letra y artı́culo del citado
Morales Isasi.                                                                Reglamento, al tratarse de una ayuda que, su dı́a, fue
                                                                              tácitamente autorizada por la Comisión.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                         c)   También a tı́tulo subsidiario respecto al primer motivo,
                                                                              inobservancia del procedimiento legalmente establecido.
—     Anule la decisión de la Comisión de 20 de Diciembre de
                                                                              De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
      2001, relativa a un régimen de ayudas ejercitado por
                                                                              artı́culo 88 CE y en el Reglamento (CE) no 659/1999,
      España en 1993 a favor de algunas empresas de reciente
                                                                              para el supuesto de regı́mes de ayudas existentes, el
      creación en Alava;
                                                                              procedimiento de reexamen adecuado es el previsto en
                                                                              los artı́culos 17 a 19 del citado Reglamento y no el
—     Subsidiariamente, anule la primera frase del artı́culo 3 la
                                                                              seguido por la Comisión en el presente asunto, que es el
      Decisión;
                                                                              aplicable a las ayudas ilegales.
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                         d)   Con carácter subsidiario respecto a los tres primeros
                                                                              motivos, abuso por parte de la Comisión de su facultad
Motivos y principales alegaciones                                             de autorizar ayudas con arreglo a lo dispuesto en la
                                                                              letra c) del apartado 3 del artı́culo 87 CE, al considerar la
                                                                              medida fiscal controvertida como ayuda de funciona-
La demandante impugna la Decisión C(2001) 4475 final de la                   miento y declarar, en consecuencia, que se trata de ayudas
Comisión, de 20 de diciembre de 2001, en la que se declara                   incompatibles con el mercado común. La Comisión
ayuda estatal incompatible con el mercado común la exención                 equipara, de manera improcedente, lo que no serı́a más
del impuesto de sociedades resultante del artı́culo 14 de la                  que el método de evaluación del elemento de ayuda con


title: Asunto T-429/11: Recurso interpuesto el 4 de agosto de 2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Comisión

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/46

         Recurso interpuesto el 4 de agosto de 2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Comisión
   (Asunto T-429/11)
   2011/C 282/85
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, España) (representantes: J. Ruiz Calzado, abogado,M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, y J. Domínguez Pérez, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Se anule el apartado 1 del artículo 1 de la Decisión;

               —

               a título subsidiario, se anule en parte los apartados 4 y 5 del artículo 1 de la Decisión;

               —

               a título subsidiario, se anule el artículo 4 de la Decisión, o modifique su alcance según corresponda, y

               —

               se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas que se deriven del proceso.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra el apartado primero del artículo 1 la Decisión de la Comisión Europea de 12 de enero de 2011 en el asunto no C 45/2007 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007) relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras aplicada por España (la «Decisión»).
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la violación de los artículos 107 y 108 TFUE al considerar que el artículo 12, apartado 5 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades español («TRLIS») constituye una ayuda de Estado en cuanto permite la amortización fiscal del fondo de comercio para la adquisición de participaciones societarias extracomunitarias.

               2)

               Segundo motivo, basado en el error de derecho y violación del procedimiento al considerar que para concluir que una medida es una ayuda de Estado que debe ser prohibida en su totalidad, basta con que su aplicación lleve a determinadas situaciones que constituyen ayuda.

               3)

               Tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad, al concluir la Decisión que: (i) la Medida es ayuda ilegal en su totalidad incluso respecto de países como China o India y en otros países en los que se ha demostrado o se pueda demostrar la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas, y que (ii) la Medida es una ayuda de Estado incompatible en su totalidad, incluso al autorizar la deducción del fondo de comercio financiero en relación a adquisiciones de participaciones mayoritarias en empresas extranjeras fuera de la Unión.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la violación de los principios de confianza legítima y de igualdad de trato al haberse apartado la Comisión de las orientaciones de la Comunicación sobre fiscalidad directa y de su práctica administrativa.

               5)

               Quinto motivo basado en la violación del principio de buena administración al no haber verificado la Comisión el alcance exacto de los obstáculos prácticos a la fusión mercantil extracomunitaria.

               6)

               Sexto motivo, basado en los errores de derecho y apreciación en el alcance de la confianza legítima reconocida en la Decisión.

               7)

               Séptimo motivo, basado en la insuficiente motivación de la Decisión.


title: Asunto T-489/15: Auto del Tribunal General de 28 de marzo de 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP) («Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Retirada de la solicitud de registro — Sobreseimiento»)

text:
               6.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/16

         Auto del Tribunal General de 28 de marzo de 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)
   (Asunto T-489/15) (1)

   ((«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Retirada de la solicitud de registro - Sobreseimiento»))
   (2017/C 178/20)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: LG Electronics, Inc. (Seúl, República de Corea) (representante: M. Graf, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: L. Rampini, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlín, Alemania) (representantes: A. Wulff y U. Hildebrandt, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de junio de 2015 (asunto R 1938/2014-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Cyrus Wellness Consulting GmbH y LG Electronics, Inc.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar a LG Electronics, Inc., a cargar con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Cyrus Wellness Consulting GmbH.

      (1)  DO C 337 de 12.10.2015.


title: Asunto C-375/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Grenoble (Francia) el 6 de agosto de 2012 — Margaretha Bouanich/Direction départamentale des finances publiques de la Drôme

text:
               20.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Grenoble (Francia) el 6 de agosto de 2012 — Margaretha Bouanich/Direction départamentale des finances publiques de la Drôme
   (Asunto C-375/12)
   2012/C 319/03
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal administratif de Grenoble

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Margaretha Bouanich

      Demandada: Direction départamentale des finances publiques de la Drôme

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se oponen los artículos 43, 56 y 58 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (actualmente, artículos 49, 63 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) a una legislación, como la controvertida en el procedimiento principal, con arreglo a la cual, cuando un residente en un Estado miembro de la Unión Europea, accionista de una sociedad establecida en otro Estado miembro, perciba dividendos gravados en ambos Estados y la doble imposición se regule mediante la imputación en el Estado de residencia de un crédito fiscal de un importe igual al del impuesto abonado en el Estado de la sociedad que distribuye los dividendos, el mecanismo por el que se aplique a los impuestos un tope del 60 o del 50 % de los ingresos percibidos a lo largo del ejercicio impositivo en cuestión, no tenga en cuenta o sólo tenga en cuenta parcialmente el impuesto pagado en el otro Estado?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa, ¿puede esta restricción estar justificada por la necesidad de mantener la coherencia del sistema fiscal o por el reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, o por cualquier otra razón imperiosa de interés general?


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de febrero de 2002 en el asunto T-308/94: Cascades SA contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Competencia — Artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) — Imputabilidad de la conducta infractora — Multa — Recurso de casación — Devolución al Tribunal de Primera Instancia — Igualdad de trato — Fuerza de cosa juzgada")

text:
15.6.2002                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 144/33
                                                     TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                     de 28 de febrero de 2002
                                                                                de 28 de febrero de 2002
en el asunto T-308/94: Cascades SA contra Comisión de
                   las Comunidades Europeas (1)                           en el asunto T-395/94, Atlantic Container Line AB y otros
                                                                               contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
(«Competencia — Artı́culo 85, apartado 1, del Tratado CE
(actualmente artı́culo 81 CE, apartado 1) — Imputabilidad
de la conducta infractora — Multa — Recurso de casación                  (Competencia — Conferencias marı́timas — Reglamento
— Devolución al Tribunal de Primera Instancia — Igualdad                 (CEE) no 4056/86 — Ámbito de aplicación — Exención por
               de trato — Fuerza de cosa juzgada»)                        categorı́a — Reglamento (CEE) no 1017/68 — Exención
                                                                                individual)
                          (2002/C 144/71)
                                                                                (2002/C 144/72)
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
En el asunto T-308/94, Cascades SA, con domicilio social en
Bagnolet (Francia), representada por Me J.-Y. Art, abogado, que
designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
Comunidades Europeas (agentes: Sres. R. Lyal y É. Gippini
Fournier), que tiene por objeto un recurso de anulación contra           En el asunto T-395/94, Atlantic Container Line AB, con
la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994,           domicilio social en Göteborg (Suecia), Cho Yang Shipping
relativa a un procedimiento de aplicación del artı́culo 85 del           Company Ltd, con domicilio social en Seúl (Corea del Sur),
Tratado CE (IV/C/33.833 — Cartoncillo) (DO L 243, p. 1), el               DSR-Senator Line GmbH, con domicilio social en Bremen
Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada), inte-              (Alemania), Hapag Lloyd AG, con domicilio social en Ham-
grado por los Sres. B. Vesterdorf, Presidente, y K. Lenaerts,             burgo (Alemania), Mediterranean Shipping Company SA, con
J. Pirrung, M. Vilaras y N.J. Forwood, Jueces; Secretaria:                domicilio social en Ginebra (Suiza), A.P. Møller-Mærsk Line,
Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 28 de febrero          con domicilio social en Copenhague (Dinamarca), Nedlloyd
de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                         Lijnen BV, con domicilio social en Rotterdam (Paı́ses Bajos),
                                                                          Neptune Orient Lines Ltd , con domicilio social en Singapur
                                                                          (Singapur), Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), con domicilio
1)    Fijar en 13 538 000 euros la cuantı́a de la multa impuesta a        social en Tokio (Japón), Orient Overseas Container Line (UK)
      la demandante por el artı́culo 3 de la Decisión 94/601/CE de       Ltd, con domicilio social en Levington (Reino Unido), P & O
      la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedi-        Containers Ltd, con domicilio social en Londres, Polish Ocean
      miento de aplicación del artı́culo 85 del Tratado CE (IV/C/        Lines, (POL), con domicilio social en Gdynia (Polonia), Sea-
      33.833 — Cartoncillo).                                              Land Service Inc., con domicilio social en Jersey City, New
                                                                          Jersey (Estados Unidos de América), Tecomar SA de CV, con
2)    La demandante cargará con cinco sextos de sus propias costas y     domicilio social en México (México), Transportación Marı́tima
      de las de la Comisión ante el Tribunal de Justicia y ante el       Mexicana SA de CV, con domicilio social en México, represen-
      Tribunal de Primera Instancia, incluidos los gastos relativos al    tadas por los Sres. J. Pheasant, N. Bromfield e, inicialmente,
      procedimiento sobre medidas provisionales.                          por el Sr. S. Kim, posteriormente por el Sr. M. Levitt, Solicitors,
                                                                          que designan domicilio en Luxemburgo, apoyadas por The
                                                                          European Community Shipowners’ Association ASBL, con
3)    La Comisión cargará con un sexto de las costas de la              domicilio social en Bruselas, representada por Me D. Wael-
      demandante y de sus propias costas ante el Tribunal de Justicia     broeck, avocat, y por The Japanese Shipowners’ Association,
      y ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los gastos       con domicilio social en Tokio, representada inicialmente por
      relativos al procedimiento sobre medidas provisionales.             los Sres. N. Forwood, QC, y P. Rutley, Solicitor, que designa
                                                                          domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunida-
                                                                          des Europeas (agentes: Sres. B. Langeheine y R. Lyal), apoyada
(1) DO C 351 de 10.12.1994.                                               por The Freight Transport Association Ltd, con domicilio
                                                                          social en Turnbridge Wells (Reino Unido), que comprende
                                                                          The British Shipping Council, Association des utilisateurs de
                                                                          transport de fret, con domicilio social en Parı́s, que comprende


title: Asunto T-22/07: Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2007 — US Steel Košice/Comisión

text:
               10.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/38

         Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2007 — US Steel Košice/Comisión
   (Asunto T-22/07)
   (2007/C 56/71)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: US Steel Košice s.r.o. (Košice, República Slovaca) (representantes: E. Vermulst y S. Van Cutsem, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión D/59829 de la Comisión de, 22 de noviembre de 2006, relativa a la aplicación del límite de ventas a Bulgaria y Rumania.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas de la demandante.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su recurso, la demandante solicita la anulación de la Decisión D/59829 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2006, por la que se amplió la aplicación del límite de ventas establecido en el título 4, punto 2, letra a), inciso i), del anexo XIV al Acta de Adhesión, de forma que se incluyera a Bulgaria y Rumania. La Decisión impugnada estableció que debía volverse a calcular el límite de ventas para 2007 y los años posteriores teniendo en cuenta los datos relativos a las ventas a Rumania y Bulgaria en 2001. Para ello solicitó a la República Eslovaca que le facilitara los datos correspondientes a dichos países durante 2001.
   La demandante disfruta de una ayuda consistente en una exención fiscal, sobre la base de unas medidas transitorias en el sector de las ayudas de Estado que la República Eslovaca puede aplicar a un beneficiario en el sector siderúrgico.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega que la Decisión impugnada es contraria a Derecho en la medida en que exige a la demandante que modifique su política de ventas y limite sus ventas de algunos productos siderúrgicos a sus clientes en Bulgaria y Rumania para poder disfrutar de la ayuda autorizada por el Derecho Comunitario.
   La demandante afirma que la Decisión impugnada impone un requisito adicional que no existía cuando entró en vigor el Acta de Adhesión, con lo cual contradice el tenor literal, el espíritu y el sistema general del Acta de Adhesión. En opinión de la demandante, el término «UE ampliada» a que se refiere el anexo XIV, título 4, punto 2, letra a), inciso i), no incluye ni a Rumania ni a Bulgaria.
   Además, la demandante señala que procede anular la Decisión impugnada dado que la Comisión era incompetente para aprobarla, defraudó las legítimas esperanzas de la demandante y violó asimismo el principio de proporcionalidad.


title: Asunto C-419/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 30 de julio de 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

text:
               19.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 30 de julio de 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH
   (Asunto C-419/15)
   (2015/C 346/09)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

      Demandada: Grüne Welle Vertriebs GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el artículo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) no 6/2002 (1) del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, al ejercicio de acciones por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario registrado, por parte de un licenciatario no inscrito en el Registro de Dibujos y Modelos Comunitarios?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Puede el licenciatario exclusivo de un dibujo o modelo comunitario, con el consentimiento del titular, ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos en un procedimiento iniciado por él solo, conforme al artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular por infracción de los derechos sobre su dibujo o modelo comunitario, conforme al apartado 4 del artículo citado?

      (1)  DO L 3, p. 1.


title: Asunto C-307/06: Recurso interpuesto el 14 de julio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania

text:
               16.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 224/24

         Recurso interpuesto el 14 de julio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania
   (Asunto C-307/06)
   (2006/C 224/45)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Kreuschitz e I. Kaufmann-Bühler, agentes)

      Demandada: República Federal de Alemania
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Federal de Alemania infringe el artículo 39 CE y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68 (1) al limitar, sobre la base de la normativa nacional establecida en el Bundeserziehungsgeldgesetz (Ley federal relativa a la concesión de prestaciones y permisos de crianza), la concesión de la prestación por crianza a los trabajadores que residen en otro Estado miembro a aquéllos cuya relación laboral no sea de escasa entidad (geringfügig), requisito que únicamente han de cumplir los trabajadores fronterizos.

               —

               Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

         Motivos y principales alegaciones
   Con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68, un trabajador nacional de un Estado miembro se beneficiará, en el territorio de otro Estado miembro, de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales de este último Estado.
   En Alemania, en virtud del artículo 1, apartado 7, del Bundeserziehungsgeldgesetz, sólo se concede la prestación por crianza a un trabajador residente en otro Estado miembro en el supuesto de que su relación laboral no sea de escasa entidad. Únicamente los trabajadores fronterizos han de cumplir este requisito; los trabajadores residentes en Alemania no se ven afectados por tal regla y tienen derecho a la prestación con independencia de la duración de su jornada de trabajo semanal o de la cuantía de su retribución. Así pues, según la Comisión, el legislador alemán parte de la base de que, en el caso de las personas que residen en Alemania, la escasa entidad de su empleo no impide su calificación como trabajadores.
   La Comisión considera que este requisito es incompatible con el artículo 39 CE y con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo.
   Aun cuando los trabajadores cuyo empleo tenga escasa entidad no estén incluidos en el ámbito de aplicación personal del Reglamento (CEE) no 1408/71 si no se cumplen los requisitos establecidos en el anexo IC (actualmente D) — para Alemania –, ello no permite en absoluto concluir que no resulte de aplicación el Reglamento (CEE) no 1612/68. El Tribunal de Justicia ha destacado en su jurisprudencia que la exclusión de una prestación del ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 no dispensa a los Estados miembros de la obligación de asegurarse de que ninguna otra disposición del Derecho comunitario, en particular del Reglamento (CEE) no 1612/68, se opone al establecimiento de un requisito de residencia. En relación con la prestación por crianza, el Tribunal de Justicia ha llegado a declarar expresamente que constituye una ventaja social en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68.
   Una persona que ejerza un empleo de escasa entidad puede calificarse de trabajador en el sentido del artículo 39 CE. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de trabajador del artículo 39 CE y del Reglamento (CEE) no 1612/68 tiene un alcance comunitario y no debe interpretarse restrictivamente. La característica objetiva de una relación laboral radica en que una persona realice, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales percibe una retribución. El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el empleo a tiempo parcial no está excluido del ámbito de aplicación de las disposiciones en materia de libre circulación de los trabajadores.
   Una disposición de Derecho nacional que no esté justificada objetivamente ni sea proporcionada al objetivo perseguido constituirá una discriminación indirecta cuando, por su propia naturaleza, pueda afectar más a los trabajadores migrantes que a los trabajadores nacionales e implique por consiguiente el riesgo de perjudicar especialmente a los primeros. En opinión de la Comisión, un requisito por el cual se supedita el pago de la prestación alemana por crianza a los trabajadores migrantes con empleo de escasa entidad al hecho de que éstos residan en Alemania no está justificado objetivamente ni es proporcionado, por lo que infringe el artículo 39 CE y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68.

      (1)  DO L 257, p. 2 (EE 05/01 p. 77).


title: Asunto T-581/13: Sentencia del Tribunal General de 26 de marzo de 2015 — Royal County of Berkshire Polo Club/OAMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Royal County of Berkshire POLO CLUB — Marcas comunitarias figurativas anteriores BEVERLY HILLS POLO CLUB — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009»]

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/25

         Sentencia del Tribunal General de 26 de marzo de 2015 — Royal County of Berkshire Polo Club/OAMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)
   (Asunto T-581/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa Royal County of Berkshire POLO CLUB - Marcas comunitarias figurativas anteriores BEVERLY HILLS POLO CLUB - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Obligación de motivación - Artículo 75 del Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009»])
   (2015/C 155/29)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (Londres, Reino Unido) (representante: J. Maitland-Walker, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: P. Bullock y N. Bambara, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Lifestyle Equities CV (Ámsterdan, Países Bajos) (representante: D. Russo, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 25 de julio de 2013 (asunto R 1374/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Lifestyle Equities CV y Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 25 de julio de 2013 (asunto R 1374/2012-2), en la medida en que desestima la solicitud de marca comunitaria no 9642621 para los productos «fustas, arneses, guarnicionería».

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 24, de 25.1.2014.


title: Asunto C-470/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Arnhem (Países Bajos) el 3 de noviembre de 2008 — K. van Dijk/Gemeente Kampen

text:
               10.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Arnhem (Países Bajos) el 3 de noviembre de 2008 — K. van Dijk/Gemeente Kampen
   (Asunto C-470/08)
   (2009/C 6/24)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Gerechtshof te Arnhem
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: K. van Dijk

      Demandada: Gemeente Kampen
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               A falta de una normativa nacional en la materia, ¿está obligado el arrendatario al término del contrato de arrendamiento, de conformidad con los Reglamentos nos 1782/2003 (1) y 795/2004 (2) o con los principios generales del Derecho comunitario, en particular, el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, a entregar al arrendador, junto con la parcela arrendada, los derechos de ayuda generados en virtud de estas parcelas o relacionados con éstas?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: A falta de una normativa nacional en la materia, ¿está obligado el arrendador, de conformidad con los Reglamentos nos 1782/2003 y 795/2004 o con los principios generales del Derecho comunitario, en particular, el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, a pagar al arrendatario una indemnización por los derechos de ayuda entregados al arrendador y, en su caso, debe indemnizarle por el valor total o parcial de estos derechos y, de ser parcial, por qué parte de dicho valor?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: A falta de una normativa nacional en la materia, ¿está obligado el arrendatario, de conformidad con los Reglamentos nos 1782/2003 y 795/2004 o con los principios generales del Derecho comunitario, en particular, el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, a pagar al arrendador una indemnización por los derechos de ayuda no entregados al arrendador y, en su caso, debe indemnizarle por el valor total o parcial de estos derechos y, de ser parcial, por qué parte de dicho valor?

      (1)  Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 1).


title: Asunto C-38/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Budai Központi Kerületi Bíróság (Hungría) el 24 de enero de 2017 — GT/HS

text:
               6.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Budai Központi Kerületi Bíróság (Hungría) el 24 de enero de 2017 — GT/HS
   (Asunto C-38/17)
   (2017/C 178/02)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Budai Központi Kerületi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: GT

      Demandada: HS

      Cuestiones prejudiciales

   ¿Es compatible con las funciones de la Unión Europea relativas a la garantía de un alto nivel de protección de los consumidores
   y con la igualdad ante la ley y los derechos fundamentales de la Unión Europea relativos a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, así como
   con ciertas partes del preámbulo de la Directiva 93/13/CEE (1) («[…] considerando que los dos programas comunitarios de política de protección e información de los consumidores hicieron hincapié en la importancia de proteger a los consumidores contra las cláusulas contractuales abusivas; que esta protección deberían proporcionarla las disposiciones legales y reglamentarias armonizadas a nivel comunitario o adoptadas directamente a ese nivel; considerando que con arreglo al principio establecido en ambos programas en el título “Protección de los intereses económicos de los consumidores”, los adquirientes de bienes y servicios deben estar protegidos contra el abuso de poder del vendedor o del prestador de servicios, en especial contra los contratos de adhesión y la exclusión abusiva de derechos esenciales en los contratos; considerando que puede obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas; que tales normas deben aplicarse a todos los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor; que por consiguiente quedan excluidos de la presente Directiva, en particular, los contratos de trabajo, los contratos relativos a los derechos de sucesión, los contratos relativos al estatuto familiar, los contratos relativos a la constitución y estatutos de sociedades; considerando que el consumidor debe gozar de la misma protección, tanto en el marco de un contrato verbal como en el de un contrato por escrito y, en este último caso, independientemente de que los términos de dicho contrato figuren en uno o varios documentos; considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones nacionales sólo se puede plantear una armonización parcial; que, en particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente Directiva; […] considerando que los contratos deben redactarse en términos claros y comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas y que, en caso de duda, deberá prevalecer la interpretación más favorable al consumidor; […]») y, finalmente,
   con los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13/CEE
   una jurisprudencia nacional de carácter normativo [vinculante] que (a y/o b):

               a)

               no obliga a que la parte que contrata con el consumidor, como requisito de validez del contrato, dé a conocer al consumidor previamente a la celebración del contrato las cláusulas contractuales, redactadas de manera clara y comprensible, que constituyen el objeto principal del contrato —incluido el tipo de cambio aplicable al desembolso de un crédito denominado en divisas—, con el fin de evitar la nulidad del contrato;

               b)

               permite que la parte que contrata con el consumidor sólo comunique (por ejemplo, en un documento aparte) las cláusulas contractuales, redactadas de manera clara y comprensible, que constituyen el objeto principal del contrato —incluido el tipo de cambio aplicable al desembolso de un crédito denominado en divisas— una vez que el consumidor ya ha contraído la obligación irrevocable de cumplir el contrato, sin que esta circunstancia sea considerada motivo de nulidad del contrato?

      (1)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).


title: Asunto C-427/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 1 de agosto de 2016 — «Chez Elektro Bulgaria» AD/Yordan Kotsev

text:
               10.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 371/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 1 de agosto de 2016 — «Chez Elektro Bulgaria» AD/Yordan Kotsev
   (Asunto C-427/16)
   (2016/C 371/07)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sofiyski rayonen sad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante:«Chez Elektro Bulgaria» AD

      Demandado: Yordan Kotsev

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el artículo 101 TFUE, apartado 1 (prohibición de impedir, restringir o falsear la competencia), al artículo 36, apartado 2, de la Ley búlgara de la abogacía, con arreglo al cual una asociación de empresarios que ejercen profesiones liberales (el Alto Consejo de la Abogacía) dispone de discrecionalidad para establecer de antemano, en virtud de las competencias que tiene legalmente atribuidas, el importe mínimo de los precios de las prestaciones que realicen dichos empresarios (honorarios de abogado)?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 78, apartado 5, in fine, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil (en la parte en que dicha disposición prohíbe pactar unos honorarios por debajo de un importe mínimo establecido)?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 132, apartado 5, de la Ley búlgara de la abogacía (por lo que se refiere a la aplicación del artículo 136, apartado 1, de dicha Ley)?

               4)

               ¿Se opone el artículo 56 TFUE, párrafo primero (prohibición de restricción de la libre prestación de servicios), al artículo 36, apartado 2, de la Ley búlgara de la abogacía?

               5)

               ¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 78, apartado 8, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil?

               6)

               ¿Es contrario a la Directiva 77/249/CEE (1) el artículo 78, apartado 8, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil (por lo que respecta al derecho de las personas representadas por asesores legales a reclamar honorarios de abogado)?

               7)

               ¿Es contrario el artículo 2a de las disposiciones complementarias del reglamento n.o 1 a la Directiva 2006/112/CE, (2) que permite considerar el IVA como elemento integrante del precio de una prestación realizada en ejercicio de una profesión liberal (en relación con la inclusión del IVA como parte de los honorarios de abogado adeudados)?

      (1)  Directiva del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados (DO 1977, L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224).

      (2)  Directiva del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 29 de abril de 2004, en el asunto C-341/01 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Korneuburg): Plato Plastik Robert Frank GmbH contra Caropack Handelsgesellschaft mbH (Directiva 94/62/CE — Envases y residuos de envases — Bolsas de plástico con asas — Normativa nacional en materia de recogida y recuperación de envases usados y de residuos de envases — Recogida y recuperación de envases usados y de residuos de envases — Obligación de recurrir a una empresa autorizada o de organizar un sistema de recogida — Admisibilidad)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/12

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Quinta)
   de 29 de abril de 2004
   en el asunto C-341/01 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Korneuburg): Plato Plastik Robert Frank GmbH contra Caropack Handelsgesellschaft mbH (1)

   (Directiva 94/62/CE - Envases y residuos de envases - Bolsas de plástico con asas - Normativa nacional en materia de recogida y recuperación de envases usados y de residuos de envases - Recogida y recuperación de envases usados y de residuos de envases - Obligación de recurrir a una empresa autorizada o de organizar un sistema de recogida - Admisibilidad)
   (2004/C 118/22)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-341/01, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Landesgericht Korneuburg (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Plato Plastik Robert Frank GmbH y Caropack Handelsgesellschaft mbH, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, número 1, de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (DO L 365, p. 10), y de otras disposiciones comunitarias, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, los Sres. A. Rosas (Ponente) y S. von Bahr, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. M. Múgica Arzamendi, administradora principal, ha dictado el 29 de abril de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               El artículo 3, número 1, de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, debe interpretarse en el sentido de que las bolsas de plástico con asas entregadas a los clientes en un comercio gratuitamente o a título oneroso son envases en el sentido de la citada Directiva.

               2)

               En el contexto del artículo 3, número 1, párrafo primero, de la Directiva 94/62, el concepto de «fabricante» se refiere al fabricante de las mercancías, y no al fabricante de los productos de envasado.

      (1)  DO C 331 de 24.11.2001.


title: Asunto C-449/03: Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2003 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 289/18               ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                       29.11.2003
Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2003 contra la                  Recurso interpuesto el 27 de octubre de 2003 contra el
República Francesa por la Comisión de las Comunidades                   Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                             Europeas                                                       Comunidades Europeas
                       (Asunto C-449/03)                                                       (Asunto C-450/03)
                         (2003/C 289/35)                                                         (2003/C 289/36)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 24 de octubre de 2003 un recurso contra                   interpuesto el 27 de octubre de 2003 un recurso contra el
la República Francesa, formulado por la Comisión de las                 Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de
Comunidades Europeas, representada por los Sres. M. Konstan-            las Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks,
tinidis y B. Stromsky, en calidad de agentes, que designa               en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
domicilio en Luxemburgo.
                                                                        La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal            de Justicia que:
de Justicia que:
                                                                        1)   Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
1)    Declare que la República Francesa ha incumplido las                    plido las obligaciones que le incumben en virtud del
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9 de               artículo 15 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento
      la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos, en su                Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a
      versión modificada por la Directiva 91/156/CEE (1), al                 la protección jurídica de las invenciones biotecnológi-
      omitir la concesión de la autorización para la explotación             cas (1) al no haber adoptado las disposiciones legislativas,
      de la descarga situada en el territorio del municipio de               reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
      Saint-Laurent de Maroni.                                               plimiento a lo dispuesto en la citada Directiva o, en
                                                                             cualquier caso, al no comunicar dichas disposiciones a la
2)    Declare que la República Francesa ha incumplido las                    Comisión.
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 de
      la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos, en su           2)   Condene al Gran Ducado de Luxemburgo a pagar las
      versión modificada por la Directiva 91/156/CEE, al no                  costas del procedimiento.
      adoptar las medidas necesarias para garantizar que la
      valorización y eliminación de los residuos en el lugar de
      dicha descarga se efectúe sin poner en peligro la salud
      humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que               Motivos y principales alegaciones
      puedan perjudicar al medio ambiente.
3)    Declare que la República Francesa ha incumplido las               El plazo fijado para la adaptación del Derecho interno a la
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8 de          Directiva expiró el 30 de julio de 2000.
      la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos, en su
      versión modificada por la Directiva 91/156/CEE, al                (1) DO L 213 de 30.07.1998, p. 13.
      no adoptar las medidas necesarias para que el propio
      explotador de dicha descarga garantice la valoración o la
      eliminación de los residuos o los entregue a un recolector
      privado o público.
4)    Condene en costas a la República Francesa.
                                                                        Recurso interpuesto el 28 de octubre de 2003 contra el
                                                                        Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones                                                                    Europeas
La existencia de una descarga incontrolada explotada por el                                    (Asunto C-454/03)
municipio de Saint-Laurent du Maroni ha supuesto una
degradación del medio ambiente durante un largo período de                                       (2003/C 289/37)
tiempo. La República Francesa no ha procedido al cierre de la
descarga ilegal y a su rehabilitación, ni ha garantizado el
depósito de los residuos en una descarga autorizada.
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        interpuesto el 28 de octubre de 2003 un recurso contra el
(1) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.                                        Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunida-
                                                                        des Europeas, representada por la Sra. K. Banks, en calidad de
                                                                        agente, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Recurso interpuesto el 1 de abril de 1997 por la Regione Toscana contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-81/97)

text:
31 . 5 . 97          1 ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       N°C 166/21
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins           A este respecto, procede recordar que la correspondiente
tancia que :                                                       solicitud de pago de dicha cantidad se formuló mediante
                                                                   escrito del Asesor regional de Agricultura de 31 de marzo
— Anule la dicisión de la Comisión de 18 de junio de               de 1995 , el cual no recibió respuesta alguna de la Comi
     1996, por la que se deniega la petición del demandante        sión . Por consiguiente, en noviembre de 1996 la Región
     de que se proceda a examinar la posibilidad de aplica        demandante, al no haber recibido el pago, dirigió a la pro
     ción del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto .            pia Comisión un escrito de requerimiento, en respuesta al
— En la medida en que fuere necesario, anule la decisión           cual la demandada aclaro que, dado que la solicitud de
     denegatoria expresa adoptada por la Comisión el 27            pago de la cantidad asignada para el citado proyecto debía
     de diciembre de 1996 en respuesta a la reclamación            haberle llegado antes del 31 de marzo de 1995 , siendo así
     del demandante .                                              que la citada solicitud le llegó de hecho cuatro días des
                                                                   pués, procedía desbloquear la aportación comunitaria, se
— Condene a la parte demandada al pago de la totalidad             gún dispone el artículo 10 del Reglamento ( CEE ) n° 4256/
     de las costas .                                               88 n .
Motivos y principales alegaciones                                  La demandante alega, en primer lugar, la infracción del ci
                                                                   tado artículo 10 del Reglamento ( CEE) n° 4256/88 en la
Los motivos y principales alegaciones son similares a los          medida en que esta norma no dispone que las solicitudes
invocados en el asunto T-16/97 í 1 ).                              de pago deban llegar a la Comisión antes del 31 de marzo,
                                                                   sino únicamente que las mismas deben ser « objeto de una
O DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, p . 27 .                             solicitud », que deberá formalizarse dentro de dicho plazo .
                                                                   Por consiguiente, el escrito de la Región Toscana constitu
                                                                   ye un cumplimiento correcto de la norma del citado Regla
                                                                   mento, la cual establece el plazo para el envío de la solici
                                                                   tud, y no el plazo para su recepción .
Recurso interpuesto el 1 de abril de 1997 por la Regione
Toscana contra la Comisión de las Comunidades Europeas             En su recurso, se invoca asimismo la violación del princi
                                                                   pio de proporcionalidad. Según la demandante, aun acep
                       (Asunto T-81/97)                            tando, quod non, que la Región haya seguido incurriendo
                         ( 97/C 166/43 )                           en una actitud de cumplimiento inexacto de sus obligacio
                                                                   nes, debe señalarse el hecho de que, para alcanzar el fin
             (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                   que se persigue, se ha impuesto un gravamen económico
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             excesivo, a saber, la sanción automática de la pérdida de
Europeas se ha presentado el 1 de abril de 1997 un recur          la fianza prevista con el fin de castigar una infracción mu
so contra la Comisión de las Comunidades Europeas for             cho menos grave que el incuplimiento de la obligación
mulado por la Regione Toscana, con sede en Florencia, re          principal , en garantía de la cual se constituyó la propia
                                                                   fianza .
presentada por el Sr. Vito Vacchi y la Sra . Lucia Bora,
Abogados de Florencia, que designa como domicilio en               Finalmente, la demandante señala otra infracción del De
Luxemburgo el despacho del Sr. Paolo Benocci, 50, rué de           recho comunitario consistente en la violación del principio
Vianden.
                                                                   de protección de la confianza legítima . Sobre este particu
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins           lar, pone de relieve que la Comisión mantuvo un silencio
tancia que :                                                       absoluto entre los meses de mayo de 1995 y noviembre
                                                                   1996 . Este silencio hubiera podido generar en la Región
— Anule la nota de la Comisión Europea — Dirección                 Toscana la legítima confianza en que recibiría la financia
     General de Agricultura de 21 . 11 . 1994/VI/040551 .          ción ya concedida para la citada obra, dado que se había
                                                                   acreditado que la misma se había efectuado correcta
— Anule el acto, nunca comunicado a la Región deman               mente .
     dante, mediante el cual la Comisión Europea desblo
     queó la aportación comunitaria acordada al proyecto           ( 1 ) Reglamento ( CEE ) n° 4256/88 del Consejo , de 19 de diciembre
     n° 88.20.IT.006.0 ( obras para el abastecimiento de                 de 1988 , por el que se aprueban las disposiciones de aplicación
     agua potable en Toscana ), en el marco del programa                 del Reglamento ( CEE ) n" 2052/88 , en lo relativo al FEOGA,
     integrado mediterráneo PIM .                                        sección « Orientación » ( DO n° L 374 de 31 . 12 . 1988 , p . 25 ),
                                                                         en la versión modificada por el Reglamento ( CEE ) n" 2085/93
— Anule la nota de la Comisión Europea de 31 de enero                    ( DO n° L 193 de 31 . 7. 1993 , p . 44 ).
     de 1997, que llegó a conocimiento de la demandante
     el 7 de febrero de 1997, mediante la cual la propia Co
     misión comunicaba haber procedido al citado desblo
     queo .
                                                                   Recurso interpuesto el 28 de marzo de 1997 por Patrick
Motivos y principales alegaciones                                  Rousseaux contra Comisión de las Comunidades Europeas
En el presente asunto, la Regione Toscana impugna el acto                                     ( Asunto T-82/97 )
de la demandada mediante el cual se desbloqueó la apor                                          ( 97/C 166/44 )
tación financiera acordada , en el marco del programa inte                         (Lengua de procedimiento: francés)
grado mediterráneo PIM, a un proyecto de abastecimiento
de agua potable en Toscana, por un importe total de alre          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
dedor de 900 000 ecus .                                            Europeas se ha presentado el 28 de marzo de 1997 un re