title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de enero de 2003 en el asunto C-462/01 (Petición de decisión prejudicial del Halmstads tingsrätt): Ulf Hammarsten ("Organización común del mercado en el sector del lino y el cáñamo — Artículos 28 CE y 30 CE — Normativa nacional que prohíbe cualquier tipo de cultivo y posesión de cáñamo sin autorización previa")

text:
22.2.2003                 ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                                    C 44/9
1)     Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligacio-          1)     En el caso de un transporte realizado por varios conductores, el
       nes que le incumben en virtud de los artículos 12 CE y 49 CE,                   artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 3820/85 del
       al reservar ventajas discriminatorias en las tarifas para el                    Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armoniza-
       acceso a los museos, monumentos, galerías, excavaciones                         ción de determinadas disposiciones en materia social en el sector
       arqueológicas, parques y jardines declarados monumentos                         de los transportes por carretera, ha de aplicarse como lex
       públicos, concedidas por las entidades locales o nacionales                     specialis con respecto al apartado 1 del mismo artículo. Por
       descentralizadas únicamente a los nacionales italianos o a los                  consiguiente, no procede aplicar estas disposiciones de forma
       residentes en el territorio de dichas entidades que administran el              acumulativa.
       establecimiento cultural en cuestión, mayores de 60 o de
       65 años, y al excluir de tales ventajas a los turistas nacionales        2)     Esta misma interpretación es válida para el artículo 8,
       de otros Estados miembros o a los no residentes que satisfacen                  apartados 1 y 2, del Acuerdo europeo sobre el trabajo
       los mismos requisitos objetivos de edad.                                        del personal de los vehículos contratados para el transporte
                                                                                internacional por carretera (AETC).
2)     Condenar en costas a la República Italiana.
                                                                                3)     Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, a la
                                                                                luz de los hechos del litigio principal, si procede aplicar las
( 1) DO C 348 de 8.12.2001.                                                            disposiciones del Reglamento no 3820/85 o las de dicho
                                                                                Acuerdo.
                                                                                4)     El examen del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento
                                                                                no 3820/85 a la luz del principio de seguridad jurídica no ha
                                                                                revelado ningún elemento que pueda afectar a su validez.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (1 ) DO C 31 de 2.2.2002.
                               (Sala Quinta)
                       de 16 de enero de 2003
en el asunto C-439/01 (Petición de decisión prejudicial
del Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Nieder-                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
österreich): Libor Cipra, Vlastimil Kvasnicka contra
             Bezirkshauptmannschaft Mistelbach ( 1)                                                         (Sala Quinta)
(«Transporte por carretera — Disposiciones en materia                                                 de 16 de enero de 2003
social — Reglamento (CEE) no 3820/85 — Pausas y tiempos
de descanso — Equipo de varios conductores — Competencia                        en el asunto C-462/01 (Petición de decisión prejudicial del
del Tribunal de Justicia para interpretar el Acuerdo AETC                                   Halmstads tingsrätt): Ulf Hammarsten (1)
                — Principio de seguridad jurídica»)
                                                                                («Organización común del mercado en el sector del lino y el
                              (2003/C 44/16)                                    cáñamo — Artículos 28 CE y 30 CE — Normativa nacional
                                                                                que prohíbe cualquier tipo de cultivo y posesión de cáñamo
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                                                  sin autorización previa»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                                       (2003/C 44/17)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: sueco)
En el asunto C-439/01, que tiene por objeto una petición                        (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,                     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
por el Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederöster-
reich (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente
ante dicho órgano jurisdiccional entre Libor Cipra, Vlastimil                   En el asunto C-462/01, que tiene por objeto una petición
Kvasnicka y Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, una decisión                     dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
prejudicial sobre la interpretación y la validez del artículo 8,                por el Halmstads tingsrätt (Suecia), destinada a obtener, en el
apartados 1 y 2, del Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo,                   proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra
de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de                       Ulf Hammarsten, una decisión prejudicial sobre la interpreta-
determinadas disposiciones en materia social en el sector de                    ción de los artículos 28 CE y 30 CE y de la normativa
los transportes por carretera (DO L 370, p. 1; EE 07/04,                        comunitaria aplicable al cultivo y comercio del cáñamo, el
p. 21), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los                Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. M. Wa-
Sres. M. Wathelet, Presidente de Sala, D.A.O. Edward, A. La                     thelet, Presidente de Sala y los Sres. D.A.O. Edward, A. La
Pergola, S. von Bahr y A. Rosas (Ponente), Jueces; Abogado                      Pergola (Ponente), P. Jann y A. Rosas, Jueces; Abogado General:
General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el                  Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el
16 de enero de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                   16 de enero de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- C 44/10                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                               22.2.2003
Los Reglamentos (CEE) no 1308/70 del Consejo, de 29 de junio                 2)     Condenar en costas al Reino de España.
de 1970, por el que se establece la organización común de mercados
en el sector del lino y del cáñamo, en su versión modificada por el
Reglamento (CE) no 2826/2000 del Consejo, de 19 de diciembre                 (1 ) DO C 68 de 16.3.2002.
de 2000, sobre acciones de información y de promoción de los
productos agrícolas en el mercado interior, y (CEE) n o 619/71 del
Consejo, de 22 de marzo de 1971, por el que se fijan las normas
generales de concesión de la ayuda para el lino y el cáñamo, en su
versión modificada por el Reglamento (CE) no 1420/98 del Consejo,
de 26 de junio de 1998, deben interpretarse en el sentido de que se
oponen a una normativa nacional que tiene por efecto prohibir el
cultivo y posesión del cáñamo industrial objeto de dichos Reglamentos.                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Primera)
( 1) DO C 84 de 6.4.2002.
                                                                                de 16 de enero de 2003
                                                                             en el asunto C-63/02: Comisión de las Comunidades
                                                                             Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
                                                                                del Norte (1)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                             («Incumplimiento de Estado — Falta de adaptación del
                            (Sala Primera)                                              Derecho interno a la Directiva 98/83/CE»)
                      de 16 de enero de 2003                                                            (2003/C 44/19)
en el asunto C-29/02: Comisión de las Comunidades                                               (Lengua de procedimiento: inglés)
              Europeas contra Reino de España ( 1)
                                                                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
(«Incumplimiento de Estado — Falta de adaptación del                               «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
           Derecho interno a la Directiva 98/83/CE»)
                           (2003/C 44/18)                                    En el asunto C-63/02, Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                             (agente: Sr. M. Shotter) contra Reino Unido de Gran Bretaña e
                  (Lengua de procedimiento: español)                         Irlanda del Norte (agentes: Sra. P. Ormond, asistida por la
                                                                             Sra. M. Demetriou, barrister), que tiene por objeto que se
                                                                             declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
                                                                             ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
En el asunto C-29/02, Comisión de las Comunidades Europeas                   artículo 17, apartados 1 y 2, de la Directiva 98/83/CE del
(agente: Sr. G. Valero Jordana) contra Reino de España (agente:              Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
Sra. L. Fraguas Gadea), que tiene por objeto que se declare que              las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330, p. 32),
el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le                     al no haber adoptado, en lo que atañe a Irlanda del Norte y al
incumben en virtud de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de                  País de Gales, todas las disposiciones legales, reglamentarias y
3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas                   administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha
destinadas al consumo humano (DO L 330, p. 32), al no                        Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales
haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y                   disposiciones a la Comisión, el Tribunal de Justicia (Sala
administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en dicha             Primera), integrado por los Sres.: M. Wathelet, Presidente de
Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales                 Sala, y P. Jann y A. Rosas (Ponente), Jueces; Abogado General:
disposiciones a la Comisión, el Tribunal de Justicia (Sala                   Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 16 de enero
Primera), integrado por los Sres. M. Wathelet, Presidente de                 de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Sala, y P. Jann y A. Rosas (Ponente), Jueces; Abogado General:
Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 16 de enero
                                                                             1)     Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                                Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
                                                                                del artículo 17, apartado 1, de la Directiva 98/83/CE del
1)    Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones                Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
      que le incumben en virtud de la Directiva 98/83/CE del                        las aguas destinadas al consumo humano, al no haber
      Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de                  adoptado, en lo que atañe a Irlanda del Norte y al País
      las aguas destinadas al consumo humano, al no haber adoptado                  de Gales, todas las disposiciones legales, reglamentarias y
      las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas                   administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha
      necesarias para atenerse a lo dispuesto en dicha Directiva.                   Directiva.


title: Asunto T-254/17: Recurso interpuesto el 28 de abril de 2017 — Intermarché Casino Achats/Comisión

text:
               17.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 231/29

         Recurso interpuesto el 28 de abril de 2017 — Intermarché Casino Achats/Comisión
   (Asunto T-254/17)
   (2017/C 231/37)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Intermarché Casino Achats (París, Francia) (representantes: Y. Utzschneider y J. Jourdan, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare inaplicable en el presente asunto, con fundamento en el artículo 277 TFUE, el artículo 20 del Reglamento n.o 1/2003.

               —

               Anule, con fundamento en los artículos 263 TFUE y 277 TFUE, la Decisión C(2017) 1056 de la Comisión Europea, de 9 de febrero de 2017.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la ilegalidad de la Decisión de la Comisión Europea de 9 de febrero de 2017, por la que se ordena a la parte demandante someterse a una inspección en virtud del artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). Según la parte demandante, la Decisión impugnada es ilegal en la medida en que se basa en disposiciones contrarias a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»). A este respecto, sostiene que:

                           —

                           El artículo 20 del Reglamento n.o 1/2003 vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta y el artículo 6 del CEDH, en la medida en que no prevé vías efectivas de recurso contra el desarrollo de las operaciones de inspección por parte de la Comisión.

                           —

                           El artículo 20 del Reglamento n.o 1/2003 también vulnera el principio de igualdad de armas garantizado por el artículo 47 de la Carta y el artículo 6 del CEDH, en la medida en que no prevé el acceso a los documentos en que se sustenta la decisión de inspección de la Comisión ni la comunicación de los mismos.

               2.

               Segundo motivo, basado en un defecto de motivación del que, según la demandante, adolece la Decisión impugnada, en la medida en que está insuficientemente motivada, en contra de lo exigido por el artículo 20, apartado 4, del Reglamento n.o 1/2003. Así, la demandante considera que la Decisión impugnada no explica en ningún momento cuál es la relación que una eventual infracción presenta con ella y tampoco indica con precisión el período a lo largo del cual se sospecha que se cometieron las infracciones al Derecho de la competencia. Afirma que este incumplimiento del deber de motivación es especialmente perjudicial habida cuenta de que la Decisión impugnada no va acompañada de los documentos en los que se fundamenta.

               3.

               Tercer motivo, basado en la ilegalidad de la Decisión impugnada, en la medida en que fue adoptada por la Comisión sin que ésta dispusiera de indicios suficientemente serios que permitan sospechar la comisión de una infracción de las normas en materia de competencia y, en consecuencia, justificar una inspección en los locales de la demandante.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la ilegalidad de la Decisión impugnada, en la medida en que no respeta el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio previsto en el artículo 7 de la Carta y en el artículo 8 del CEDH, habida cuenta del carácter desproporcionado de la medida de inspección que ordena y de la falta de garantías suficientes contra los abusos.


title: Recurso interpuesto el 20 de abril de 1998 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Théodore Giannakopoulos (Asunto T-67/98)

text:
4.7.98                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 209/41
sufrido a consecuencia de la negativa del agente financiero            pesar de haberlo solicitado, la demandante no tuvo, en
de la Comunidad a pagar las entregas de trigo efectuadas               ninguÂn momento del procedimiento administrativo
por la demandante a los precios acordados en febrero de                previo, la posibilidad de conocer, directa o indirecta-
1993.                                                                  mente a traveÂs de su meÂdico, las razones meÂdicas con-
                                                                       cretas sobre las que se basó la decisión administrativa
(1) Asuntos C-357/93 (posteriormente, T-494/93), DO C 231 de           que le afectaba ni, en consecuencia, la posibilidad de
    27.8.1993, p. 10.                                                  expresar su punto de vista sobre las afirmaciones y las
                                                                       conclusiones del meÂdico asesor y, en su caso, discutir
                                                                       su fundamento.
                                                                   Ð Infracción del artículo 8 del Convenio Europeo de los
                                                                       Derechos Humanos, en la medida en que, seguÂn afirma
Recurso interpuesto el 20 de abril de 1998 contra el Parla-            la demandante, nunca autorizó al meÂdico asesor de la
             mento Europeo por Giuliana Gaspari                        Oficina liquidadora de Luxemburgo a pedir la opinión
                      (Asunto T-66/98)                                 de los doctores expresamente mencionados en la deci-
                                                                       sión denegatoria expresa y, maÂs en concreto, a comu-
                        (98/C 209/86)                                  nicarles cualquier elemento relativo a su estado de
                                                                       salud.
              (Lengua de procedimiento: franceÂs)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 20 de abril de 1998 un
recurso contra el Parlamento Europeo formulado por Giu-
liana Gaspari, con domicilio en Sandweiler (Luxemburgo),           Recurso interpuesto el 20 de abril de 1998 contra la
representada por Mes Jean-NoeÈl Louis, Ariane Tornel y             Comisión de las Comunidades Europeas por TheÂodore
FrancËoise Parmentier, Abogados de Bruselas, que designa                                 Giannakopoulos
como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson                                  (Asunto T-67/98)
SARL, 30, rue de Cessange.
                                                                                (98/C 209/87)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
tancia que:                                                                    (Lengua de procedimiento: franceÂs)
Ð Anule la decisión de la Oficina liquidadora de Luxem-            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     burgo de 26 de agosto de 1997 por la que se denegó a          Europeas se ha presentado el 20 de abril de 1998 un
     la demandante la autorización previa para el reem-            recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
     bolso de los gastos de la cura termal recetada por su         formulado por TheÂodore Giannakopoulos, con domicilio
     meÂdico.                                                      en Bruselas, representado por Mes Jean-NoeÈl Louis, VeÂro-
                                                                   nique Leclercq, Ariane Tornel y FrancËoise Parmentier,
                                                                   Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en
Ð Condene en costas a la parte demandada.
                                                                   Luxemburgo la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Ces-
                                                                   sange.
Motivos y principales alegaciones
                                                                   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
La demandante afirma haber seguido entre 1990 y 1995               tancia que:
seis tratamientos mediante cura termal, motivados por sus
problemas de salud. El 8 de marzo de 1996, presentó una
solicitud de autorización previa para otro tratamiento             Ð Anule la decisión de la Comisión de no tomar en con-
meÂdido mediante cura termal. Aunque dicha cura fue con-               sideración los certificados meÂdicos que justifican la
siderada necesaria e indispensable, su solicitud fue dene-             ausencia del demandante por causa de enfermedad
gada sin motivación alguno. El 5 de junio de 1997, la                  desde el 17 de julio al 30 de septiembre de 1997.
demandante presentó una nueva solicitud de autorización
previa, sobre la base de un certificado meÂdico de su reu-         Ð Anule la decisión de 12 de mayo de 1997 Ðy, en caso
matólogo de fecha 3 de junio de 1997. Mediante la deci-                necesario, la de 18 de abril del mismo anÄoÐ, por la
sión impugnada, la Oficina liquidadora denegó la autori-               que se concedió al demandante la excedencia volunta-
zación previa para el reembolso de los gastos correspon-               ria desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de
dientes.                                                               1997.
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega los              Ð Condene a la Comisión a pagar al demandante la retri-
motivos siguientes:                                                    bución indebidamente retenida desde el 1 de agosto de
                                                                       1997, aumentada en intereses moratorios calculados al
Ð Violación del derecho de defensa, en la medida en que,               8 % anual desde la fecha de su devengo y hasta el día
     en su opinión, la decisión impugnada incurre en una               en que se produzca el pago.
     falta absoluta de motivación o, al menos, en una insu-
     ficiencia de motivación. A este respecto, afirma que, a       Ð Condene en costas a la parte demandada.
 ---pagebreak--- C 209/42             ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      4.7.98
Motivos y principales alegaciones                                  burgo, representado por Me Nicolas LhoeÈst, Abogado de
                                                                   Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                   de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange.
Mediante decisión de 12 de mayo de 1997, la AFPN con-
cedió al demandante, a instancia de eÂste, la excedencia           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
voluntaria del 1 de agosto al 31 de octubre del mismo              tancia que:
anÄo. Con autorización de su superior, disfrutó de las vaca-
ciones anuales del 1 de junio al 31 de julio de 1997. El 14
                                                                   Ð Declare que la petición del demandante para obtener
de julio fue víctima de un accidente que le incapacitó para
                                                                        un examen sobre la aplicación eventual del apartado 2
el trabajo desde el 14 de julio hasta el 30 de septiembre de
                                                                        del artículo 31 del Estatuto a efectos de una revalori-
1997. Mediante escrito de 24 de julio de 1997, el deman-
                                                                        zación de su clasificación en grado con efecto de 5 de
dante solicitó, habida cuenta de su situación de baja por
                                                                        octubre de 1995 es admisible y fundada.
enfermedad, la anulación de la excedencia voluntaria. El
acto lesivo es la decisión del Director General del Presu-
puesto por la que se denegó la solicitud del demandante,           Ð Anule la decisión presunta de la Comisión por la que
en situación de baja por enfermedad desde el 14 de julio                se deniega la petición del demandante de proceder a la
al 30 de septiembre de 1997, de anular dicha excedencia                 apreciación de la aplicación eventual del apartado 2
voluntaria.                                                             del artículo 31 del Estatuto.
                                                                   Ð En la medida en que sea necesario, anule la decisión
El demandante invoca una infracción del artículo 25 del                 de denegación expresa que la Comisión adoptó el 17
Estatuto. La decisión denegatoria de la anulación de la                 de diciembre de 1997 en respuesta a la reclamación
excedencia voluntaria adolece de una total falta de moti-               del demandante.
vación. El demandante no recibió ninguna información
directa o indirecta que le permita comprender las razones          Ð Condene a la parte demandada al pago de la totalidad
que justifican la decisión impugnada. La decisión no le fue             de las costas del procedimiento.
comunicada inmediatamente por escrito.
                                                                   Motivos y principales alegaciones
El segundo motivo se refiere a la infracción del artículo 59
del Estatuto. SeguÂn el demandante, la decisión impugnada          El demandante, funcionario de grado B 5, presentó el 13
es ilegal porque su ausencia desde el 1 de agosto hasta el         de enero de 1997 una petición con arreglo al apartado 1
30 de septiembre de 1997 estaÂ justificada, conforme al            del artículo 90 del Estatuto para que se revalorizara su
apartado 1 del artículo 59 del Estatuto, por los correspon-        clasificación en grado, a la luz, por un lado, de la Decisión
dientes certificados meÂdicos. AdemaÂs, esta decisión fue          de la Comisión de 7 de febrero de 1996, que autoriza a la
adoptada sin que la Comisión ejerciera su derecho a some-          AFPN a nombrar un funcionario en praÂcticas en el grado
ter al demandante a un reconocimiento meÂdico, con arre-           superior de la carrera y, por otro lado, de las excepciona-
glo al apartado 3 del artículo 59 del Estatuto.                    les calificaciones del demandante.
                                                                   El demandante impugna la adopción de una respuesta-tipo
En el uÂltimo motivo, invoca el incumplimiento del deber           de la Comisión, de 8 de enero de 1998, por la que se
de asistencia, la violación del principio de confianza legí-       desestimaba la reclamación manteniendo que la petición y
tima y la existencia de un error de apreciación manifiesto.        la reclamación del demandante eran extemporaÂneas y que
                                                                   los principios de irretroactividad y de seguridad jurídica se
                                                                   oponían a la reconsideración de decisiones que hubiesen
                                                                   pasado a ser definitivas.
                                                                   SeguÂn el demandante, al negarse a apreciar, en favor del
                                                                   demandante, la aplicación eventual del apartado 2 del
                                                                   artículo 31 del Estatuto, la Comisión vulneró el apartado 2
Recurso interpuesto el 23 de abril de 1998 contra Comi-
                                                                   del artículo 31 del Estatuto y la Decisión de la Comisión
     sión de las Comunidades Europeas por Stefan Jung
                                                                   de 7 de febrero de 1996 por la que se modifican los crite-
                      (Asunto T-68/98)                             rios de clasificación adoptados el 1 de septiembre de
                                                                   1983, así como el principio de igualdad de trato y el
                        (98/C 209/88)                              apartado 3 del artículo 5 del Estatuto y, finalmente, su
                                                                   deber de asistencia y protección. AdemaÂs, la Comisión no
                                                                   respetó el apartado 2 del artículo 25 del Estatuto, que
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                   preveÂ que las decisiones lesivas deben ser motivadas. Por
                                                                   uÂltimo, el demandante mantiene que la Comisión incurrió
                                                                   en un abuso manifiesto de poder y en un error manifiesto
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             de apreciación al no revalorizar la clasificación del deman-
Europeas se ha presentado el 23 de abril de 1998 un                dante.
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por el Sr. Stefan Jung, con domicilio en Luxem-


title: Asunto C-49/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien — Austria) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer (Procedimiento prejudicial — Directiva 97/7/CE — Protección de los consumidores — Contratos a distancia — Información al consumidor — Información facilitada o recibida — Soporte duradero — Concepto — Hipervínculo al sitio de Internet del proveedor — Derecho de resolución)

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien — Austria) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer
   (Asunto C-49/11) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Directiva 97/7/CE - Protección de los consumidores - Contratos a distancia - Información al consumidor - Información facilitada o recibida - Soporte duradero - Concepto - Hipervínculo al sitio de Internet del proveedor - Derecho de resolución)
   2012/C 287/12
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Wien

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Content Services Ltd

      Demandada: Bundesarbeitskammer

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Wien — Interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (DO L 144, p. 19) — Informaciones relativas al contrato puestas a disposición del consumidor mediante un hipervínculo (hyperlink) al sitio web del proveedor — Derecho del consumidor a recibir estas informaciones en un soporte duradero — Interpretación del concepto de «soporte duradero».

      Fallo

   El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, debe interpretarse en el sentido de que una práctica comercial que consiste en dar acceso a la información prevista en esta disposición sólo mediante un hipervínculo a un sitio de Internet de la empresa en cuestión no cumple lo exigido por dicha disposición, ya que tal información no es ni «facilitada» por esa empresa ni «recibida» por el consumidor, en el sentido de esta misma disposición, y un sitio de Internet como del que se trata en el litigio principal no puede considerarse un «soporte duradero» a efectos de dicho artículo 5, apartado 1.

      (1)  DO C 145, de 14.5.2011.


title: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 1997 por la Regione Puglia contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-609/97)

text:
7.3.98                 ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 72/21
Ð En cualquier caso, condene en costas a la Comisión de            para la campanÄa de comercialización 1996/97 del aceite
     las Comunidades Europeas.                                     de oliva, «la producción estimada seraÂ igual a
                                                                   1 859 400 toneladas y el importe de la ayuda unitaria a la
                                                                   producción que podraÂ ser anticipado es igual a 90,32 ecus/
Motivos y principales alegaciones                                  100 kg». La demandante considera a este respecto que
                                                                   dicha disposición ha sido adoptada a partir de las previsio-
Los motivos y principales alegaciones son anaÂlogos a los          nes de producción de aceite de oliva comunicadas por los
invocados en el asunto T-288/97, Regione Friuli-Venezia            Estados miembros al ComiteÂ de gestión de las materias
Giulia/Comisión (1).                                               grasas.
(1) DO C 7 de 10.1.1998, p. 25.
                                                                   Las quejas de la demandante se basan en el coeficiente
                                                                   aplicado a la ayuda, que, como la enorme producción pre-
                                                                   vista por EspanÄa ha hecho que se rebasara en un porcen-
                                                                   taje excepcional la cantidad maÂxima garantizada (CMG)
                                                                   con derecho a la ayuda, ha sido de tal magnitud que ha
                                                                   provocado, dentro del marco de la organización comuÂn de
Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 1997 por la              mercado del aceite de oliva, una reducción de alrededor
Regione Puglia contra la Comisión de las Comunidades               del 30 % en el importe de la ayuda unitaria a la produc-
                            Europeas                               ción para la campanÄa 1996/97 (por lo demaÂs ya reducido
                                                                   en un 10 % aproximadamente en la campanÄa anterior),
                      (Asunto T-609/97)
                                                                   repercutiendo así de modo devastador y decisivo sobre la
                          (98/C 72/48)                             economía agrícola de Italia, y sobre todo de la Región de
                                                                   Pulla, que, siempre en opinión de la demandante, es en teÂr-
                                                                   minos absolutos la primera región productora de aceite de
             (Lengua de procedimiento: italiano)                   oliva de la Comunidad, junto con Andalucía.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado, el 23 de diciembre de 1997, un          Las críticas de la Región de Pulla se centran esencialmente
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas,            en el hecho de que la Comisión haya fijado el importe de
formulado por la Regione Puglia (Región de Pulla), repre-          la ayuda unitaria a partir de una declaración de produc-
sentada por los Sres. Franscesco Rossi y Antonio Campa-            ción del Estado espanÄol que no se basa en datos proceden-
gnolo, Abogados de Roma, que designa como domicilio                tes del registro oleícola obligatorio previsto en el Regla-
en Luxemburgo el bufete Penning & AssocieÂs, 31, Grand-            mento (CEE) no 154/75 del Consejo, de 21 de enero de
rue.                                                               1975 (2). AdemaÂs, dicho Estado no dispone de un orga-
                                                                   nismo nacional de control, tal como exige la normativa
                                                                   comunitaria. Por lo tanto, la demandante afirma que los
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                datos sobre la producción del olivar espanÄol carecen de
Instancia que:                                                     una verificación objetiva que la Comunidad considera
                                                                   obligatoria.
Ð Con caraÂcter principal, anule el Reglamento (CE)
     no 1979/97 de la Comisión, de 10 de octubre de 1997.
                                                                   La demandante alega ademaÂs a este respecto que la Comi-
                                                                   sión ha omitido investigar y verificar los datos comunica-
Ð Con caraÂcter subsidiario, anule el Reglamento (CE)              dos. Considera a este respecto que el Reglamento impug-
     no 1979/97 en la parte en que considera correcta la           nado crea una grave disparidad de trato entre los países
     declaración de producción del Estado espanÄol y               productores que cumplen las obligaciones que les imponen
     declare por tanto ilegítimo el valor de la producción         los Reglamentos comunitarios y ven reducidas sus ayudas
     declarada por el Estado espanÄol, y en consecuencia           y otros países, como EspanÄa, que logran que se les reco-
     ordene que se calcule de nuevo el importe de la ayuda         nozca una producción excepcional sin someterse a los
     unitaria a partir de las producciones declaradas por los      mecanismos de inspección previstos en la normativa
     Estados miembros refirieÂndose uÂnicamente a datos que        vigente. Para la Región de Pulla, declarar legítimos tales
     se ajusten a la normativa comunitaria en vigor.               hechos, confirmando la actuación de la demandada, signi-
                                                                   ficaría legitimar una situación de absoluta incertidumbre,
                                                                   hasta el punto de anular por completo la función de la
Ð Condene en costas a la Comisión.                                 cantidad maÂxima garantizada y, lisa y llanamente, minar
                                                                   en su base la propia organización comuÂn de mercado.
Motivos y principales alegaciones
                                                                   (1) DO L 278 de 11.10.1997, p. 12.
                                                                   (2) Reglamento (CEE) no 154/75 del Consejo, de 21 de enero de
Mediante el presente recurso, la Región de Pulla impugna               1975, por el que se establece un registro oleícola en los Esta-
el Reglamento (CE) no 1979/97, de 10 de octubre de                     dos miembros productores de aceite de oliva (DO L 19 de
1997, por el que se fijan, para la campanÄa de comerciali-             24.1.1975, p. 1; EE 03/08, p. 72).
zación 1996/97, la producción estimada de aceite de oliva
y el importe de la ayuda unitaria a la producción que
puede ser anticipada (1). SeguÂn el artículo 1 del mismo,


title: Asunto T-384/15: Recurso interpuesto el 13 de julio de 2015 — EDF Luminus/Parlamento

text:
               12.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 337/24

         Recurso interpuesto el 13 de julio de 2015 — EDF Luminus/Parlamento
   (Asunto T-384/15)
   (2015/C 337/24)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: EDF Luminus (Bruselas, Bélgica) (representantes: D. Verhoeven y O. Vanden Berghe, abogados)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare el recurso admisible y fundado.

               —

               Por consiguiente, condene al Parlamento Europeo a:

               —

               abonar a EDF Luminus el importe de 4 39  672,95 €;

               —

               abonar a EDF Luminus los intereses contractuales devengados por dicho importe a partir del momento de la exigibilidad de las facturas;

               —

               cargar con las costas y los gastos procesales.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo, basado en la infracción de las disposiciones legales y contractuales aplicables y en la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, puesto que el Parlamento se niega a abonar a la demandante las contribuciones a la electricidad que ésta pagó a la Región de Bruselas-Capital. La demandante sostiene que las contribuciones controvertidas deben repercutirse al Parlamento, ya que se han generado por el suministro de electricidad a esta institución.


title: Asunto C-287/13 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de mayo de 2013 por Bilbaína de Alquitranes, S.A., Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, S.A., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV y Rütgers Poland Sp. z o.o. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima ampliada) dictada el 7 de marzo de 2013 en el asunto T-93/10, Bilbaína de Alquitranes y otros/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/15

         Recurso de casación interpuesto el 27 de mayo de 2013 por Bilbaína de Alquitranes, S.A., Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, S.A., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV y Rütgers Poland Sp. z o.o. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima ampliada) dictada el 7 de marzo de 2013 en el asunto T-93/10, Bilbaína de Alquitranes y otros/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
   (Asunto C-287/13 P)
   2013/C 252/23
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Bilbaína de Alquitranes, S.A., Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, S.A., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV y Rütgers Poland Sp. z o.o. (representante: K. Van Maldegem, avocat)

      Otra parte en el procedimiento: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General dictada en el asunto T-93/10.

               —

               Que se anule la decisión ED/68/2009 de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (en lo sucesivo, «decisión controvertida»), por la que se identifica a la brea de alquitrán de hulla a alta temperatura, no CAS 65996-93-2 (BAHAT), como sustancia que debe ser incluida en la lista de sustancias candidatas de acuerdo con el artículo 59 del Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH). (1)

               —

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la pretensión de anulación de las recurrentes.

               —

               Que se condene a la recurrida a cargar con todas las costas del procedimiento (incluidas las costas ante el Tribunal General).

      Motivos y principales alegaciones

   Las recurrentes alegan que, al desestimar su recurso de anulación parcial de la decisión controvertida, el Tribunal General infringió el Derecho comunitario. En particular, las recurrentes aducen que el Tribunal General incurrió en diversos errores al interpretar el marco jurídico aplicable a la situación de aquéllas. Ello dio lugar a que dicho Tribunal incurriera en diversos errores de Derecho, en concreto:

               —

               Al considerar que en ese asunto se trataba de hechos de carácter científico y técnico de gran complejidad y que la identificación de la BAHAT como sustancia que tiene propiedades PBT y mPmB sobre la base de sus componentes en una concentración de al menos el 0,1 % no adolecía de error manifiesto.

               —

               Al considerar que los componentes de la BAHAT no tienen que ser identificados individualmente como sustancias que tienen propiedades PBT y mPmB por una decisión separada de la ECHA sobre la base de una evaluación en profundidad con tal fin.

               —

               Al considerar que no se vulneró el principio de igualdad de trato.

         Por estos motivos las recurrentes solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General dictada en el asunto T-93/10 y de la decisión controvertida.

      (1)  Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).


title: Asunto F-10/15: Recurso interpuesto el 23 de enero de 2015  — ZZ y otros/Comisión

text:
               16.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 89/48

         Recurso interpuesto el 23 de enero de 2015 — ZZ y otros/Comisión
   (Asunto F-10/15)
   (2015/C 089/59)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: ZZ y otros (representantes: J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke y T. Van Lysebeth, abogados)

      Demandada: Comisión

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las decisiones que determinan los derechos de los demandantes al reembolso de las gastos de viaje anuales en aplicación del artículo 8 del anexo VII del Estatuto de los funcionarios, según su modificación por el Reglamento no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013 por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el RAA.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anulen las nóminas del mes de junio de 2014 de los demandantes en cuanto aplican por primera vez el artículo 8 del anexo VII del Estatuto en su versión vigente desde el 1 de enero de 2014 para determinar el reembolso de sus gastos de viaje.

               —

               De ser necesario, que se anulen las decisiones tipo de fecha 15 de octubre de 2014 denegatorias de su reclamación.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.


title: Asunto C-90/00: Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2000 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
24.6.2000              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 176/5
Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2000 contra el                   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Reino de los Paı́ses Bajos por la Comisión de las Comuni-
                         dades Europeas                               — Declare que el Reino de los Paı́ses Bajos ha incumplido las
                                                                          obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no
                        (Asunto C-82/00)                                  haber adoptado en el plazo señalado las medidas legales,
                                                                          reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
                         (2000/C 176/07)                                  plimiento a la Directiva 97/24/CE (1) del Parlamento Euro-
                                                                          peo y del Consejo, de 17 de junio de 1997, relativa a
                                                                          determinados elementos y caracterı́sticas de los vehı́culos
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              de motor de dos o tres ruedas.
presentado el 7 de marzo de 2000 un recurso contra el
Reino de los Paı́ses Bajos formulado por la Comisión de las          — Condene en costas al Reino de los Paı́ses Bajos.
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Chr. Van Der
Hauwaert, miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de
Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el                   Motivos y principales alegaciones
despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio
Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                      Con arreglo al artı́culo 8, apartado 1, de la Directiva 97/246/
                                                                      CEE, el Reino de los Paı́ses Bajos estaba obligado, a más tardar
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                      el 18 de diciembre de 1998 a poner en vigor las disposiciones
— Declare que el Reino de los Paı́ses Bajos ha incumplido las         legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajus-
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no        tarse a la Directiva.
     haber adoptado en el plazo señalado las medidas legales,
     reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-        (1) DO 1997, L 226, p. 1.
     plimiento a la Directiva 98/14/CE (1) de la Comisión, de
     6 de febrero de 1998, por la que se adapta al progreso
     técnico la Directiva 70/156/CEE relativa a la aproximación
     de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
     homologación de los vehı́culos a motor y de sus remolques.
— Condene en costas al Reino de los Paı́ses Bajos.
                                                                      Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2000 contra el
                                                                      Reino de los Paı́ses Bajos por la Comisión de las Comuni-
Motivos y principales alegaciones                                                              dades Europeas
Con arreglo al artı́culo 2, apartado 1, de la Directiva 70/156/                               (Asunto C-90/00)
CEE, el Reino de los Paı́ses Bajos estaba obligado, a más tardar
el 30 de septiembre de 1998 a poner en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajus-                                (2000/C 176/09)
tarse a la Directiva.
                                                                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                      presentado el 8 de marzo de 2000 un recurso contra el
(1) DO 1998, L 91, p. 1.                                              Reino de los Paı́ses Bajos formulado por la Comisión de las
                                                                      Comunidades Europeas, representada por el Sr. H.M.H. Spe-
                                                                      yart, miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente,
                                                                      que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
                                                                      Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico, Centre
                                                                      Wagner, Kirchberg.
Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2000 contra el
Reino de los Paı́ses Bajos por la Comisión de las Comuni-            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                         dades Europeas
                                                                      — Declare que el Reino de los Paı́ses Bajos ha incumplido las
                                                                          obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no
                        (Asunto C-83/00)                                  haber adoptado en el plazo señalado las medidas legales,
                                                                          reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
                         (2000/C 176/08)                                  plimiento a la Directiva 97/56/CE (1) del Parlamento Euro-
                                                                          peo y del Consejo, de 20 de octubre de 1997, por la que
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              se modifica por decimosexta vez la Directiva 76/769/CEE,
presentado el 7 de marzo de 2000 un recurso contra el                     relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
Reino de los Paı́ses Bajos formulado por la Comisión de las              reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Chr. Van Der                que limitan la comercialización y el uso de determinadas
Hauwaert, miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de                 sustancias y preparados peligrosos.
Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio           — Condene al Reino de los Paı́ses Bajos a pagar las costas de
Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.                                      este procedimiento.
 ---pagebreak--- C 176/6                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           24.6.2000
Motivos y principales alegaciones                                           Recurso interpuesto el 13 de marzo de 2000 contra la
                                                                            República Francesa por la Comisión de las Comunidades
En virtud del carácter imperativo del artı́culo 249 CE, párrafo                                          Europeas
tercero, y del artı́culo 10 CE, párrafo primero, los Estados
miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias                                            (Asunto C-97/00)
para ajustarse a las directivas de las que son destinatarios, y
ello antes de la expiración del plazo fijado en dichas directivas.
Este plazo expiró el 4 de diciembre de 1988 sin que los Paı́ses                                       (2000/C 176/11)
Bajos hubieran adoptado las disposiciones pertinentes.
                                                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
( 1) DO 1997, L. 333, p. 1.                                                 presentado el 13 de marzo de 2000 un recurso contra
                                                                            la República Francesa formulado por la Comisión de las
                                                                            Comunidades Europeas, representada por el Sr. Michel Nolin,
                                                                            miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, que
                                                                            designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
                                                                            Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2000 contra el                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Reino de los Paı́ses Bajos por la Comisión de las Comuni-
                           dades Europeas                                   — Declare que la República Francesa ha incumplido las
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud de la Directi-
                         (Asunto C-91/00)                                         va 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                                13 de octubre de 1997 (1), por la que se modifican las
                           (2000/C 176/10)                                        Directivas 92/50/CEE (2), 93/36/CEE (3) y 93/37/CEE (4), al
                                                                                no comunicar las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                                administrativas necesarias para dar cumplimiento a todas
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                                las disposiciones de dicha Directiva o al no adoptar las
presentado el 8 de marzo de 2000 un recurso contra el
                                                                                medidas necesarias para atenerse a ella.
Reino de los Paı́ses Bajos formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr. H.M.H. Spe-
yart, miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente,               — Condene en costas a la República Francesa.
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico, Centre
Wagner, Kirchberg.                                                          Motivos y principales alegaciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                   Los motivos y principales alegaciones son similares a los
                                                                            formulados en el asunto C-90/00 (5). El plazo establecido en el
— Declare que el Reino de los Paı́ses Bajos ha incumplido las               artı́culo 4, apartado 1, de la Directiva expiró el 13 de octubre
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no              de 1998 y el ordenamiento jurı́dico francés sólo ha sido
     haber adoptado en el plazo señalado las medidas legales,              adaptado a las disposiciones a que se refieren los artı́culos 1,
     reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-              apartado 1, letra a), 2, apartado 1, letra a), y 3, apartado 1,
     plimiento a la Directiva 98/77/CE (1) de la Comisión, de              letra a), de la Directiva 97/52/CE, relativos a los umbrales a
     2 de octubre de 1998, por la que se adapta al progreso                 partir de los cuales deben publicarse los anuncios de licitación
     técnico la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a la              en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
     aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
     en materia de medidas que deben tomarse contra la
     contaminación del aire causada por las emisiones de los
     vehı́culos de motor.                                                   (1) Sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
                                                                                contratos públicos de servicios, de los contratos públicos de
— Condene al Reino de los Paı́ses Bajos a pagar las costas de                    suministros y de los contratos públicos de obras, respectivamente
     este procedimiento.                                                         (DO L 328, de 28.11.1997, p. 1).
                                                                            (2) Del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los
                                                                                procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
Motivos y principales alegaciones                                                servicios (DO L 209, de 24.07.1992, p. 1).
                                                                            (3) Del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de
                                                                                los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de
Los motivos y principales alegaciones son análogos a los del                    suministro (DO L 199, de 9.08.1993, p. 1).
asunto C-90/00 (2); el plazo para adaptar el Derecho interno                (4) Del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los
expiró el 31 de diciembre de 1998.                                              procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras
                                                                                (DO L 199, de 9.08.1993, p. 54).
                                                                            (5) Véase la página 5 del presente Diario Oficial.
(1) DO 1998, L 286, p. 34.
(2) Véase la página 5 del presente Diario Oficial.


title: Asunto T-602/11: Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2011 — Pêra-Grave/OAMI — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/30

         Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2011 — Pêra-Grave/OAMI — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)
   (Asunto T-602/11)
   2012/C 32/63
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Pêra-Grave Sociedade Agrícola, Unipessoal, L.da, (Évora, Portugal) (representante: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Fundação Eugénio De Almeida (Évora, Portugal)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 19 de septiembre de 2011 en el asunto R 1797/2010-2 con la consecuencia de que se desestime íntegramente la oposición formulada contra la marca solicitada y se conceda, por tanto, el registro íntegro de la marca solicitada.

               —

               Condene a la demandada a cargar con sus propias costas y con aquellas en las que incurrió la demandante en relación con el presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA» para productos de la clase 33 — Solicitud de marca comunitaria no 7.291.669

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocado: Registro de marca portuguesa no 283.684 de la marca figurativa «VINHO PÊRAMANCA TINTO» para productos de la clase 33; registro de marca portuguesa no 308.864 de la marca figurativa «VINHO PÊRAMANCA BRANCO» para productos de la clase 33; solicitud de marca portuguesa no 405.797 de la marca figurativa «PÊRAMANCA» para productos de la clase 33

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Estimación de la oposición y del recurso, anulación de la resolución impugnada y desestimación de la solicitud de marca comunitaria para todos los productos controvertidos

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 del Consejo, ya que la Sala de Recurso: i) incurrió en un error de Derecho al infravalorar el peso global de las numerosas diferencias visuales, auditivas y conceptuales entre los signos y al incrementar y, por tanto, sobrevalorar el impacto global del único elemento común que incluían, los elementos denominativos «PERA»«MANCA»; y ii) inaplicó los principios y del enfoque establecido por el Tribunal General en el asunto T-332/05 «TERRANUS/TIERRA» al caso sub iudice y consideró equivocadamente que el grado de similitud global entre los signos enfrentados era suficiente para generar un riego de confusión.


title: Asunto T-452/08: Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2008 — DHL Aviation y DHL Hub Leipzig/Comisión

text:
               10.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/34

         Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2008 — DHL Aviation y DHL Hub Leipzig/Comisión
   (Asunto T-452/08)
   (2009/C 6/70)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: DHL Aviation NV (Zaventem, Bélgica) y DHL Hub Leipzig GmbH (Schkeuditz, Alemania) (representantes: A. Burnside, Solicitor, y B. van de Walle de Ghelcke, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la Decisión en la medida en que en ella se identifica a las demandantes como beneficiarias de una ayuda de Estado que se considera incompatible con el mercado común y se ordena a Alemania la recuperación de la supuesta ayuda de Estado.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes solicitan la anulación parcial de la Decisión de la Comisión, de 23 de julio de 2008, en el asunto C-48/2006 (ex N 227/2006) — Alemania, en la medida en que en ella se identifica a las demandantes como beneficiarias de una ayuda de Estado que se considera incompatible con el mercado común y se ordena a Alemania la recuperación de la supuesta ayuda de Estado.
   El 5 de abril de 2006, Alemania notificó las medidas adoptadas por el aeropuerto de Leipzig, de propiedad pública, y el Land de Sajonia relativas a la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva pista sur del aeropuerto de Leipzig y que atañen, en particular, al establecimiento del centro europeo del grupo DHL para sus operaciones de paquetería exprés en dicho aeropuerto. Las medidas notificadas eran, en concreto, el «acuerdo marco» (1) celebrado entre el aeropuerto y DHL Hub Leipzig y una «carta de garantía» expedida por el Land de Sajonia en favor del aeropuerto de Leipzig y DHL Hub Leipzig referente al pago de una determinada cantidad como indemnización en el supuesto de que DHL Hub Leipzig no pudiera ya operar en el aeropuerto según lo previsto. Las demandantes alegan que, como consecuencia de la Decisión impugnada, se ven privada de las obligaciones contractuales contraídas por el aeropuerto de Leipzig y Mitteldeutsche Flughafen («MFAG») con arreglo al acuerdo marco, así como de la garantía prevista en la carta de garantía y sujeta, asimismo, a la recuperación de la supuesta ayuda de Estado.
   Las demandantes invocan los motivos que se exponen a continuación.

               En sus motivos primero y segundo, las demandantes sostienen que la Comisión incurrió en errores manifiestos en la aplicación del artículo 87 CE, apartado 1. En su opinión, al calificar de ayudas de Estado la «cláusula vuelos nocturnos» y la «cláusula del 90 %», la Comisión no aplicó correctamente dicha disposición. Las demandantes alegan que la Comisión incurrió en error manifiesto en la aplicación del criterio del inversor privado al considerar que el punto de referencia era noviembre de 2004 y no la fecha de celebración del acuerdo marco. Además, las demandantes sostienen que la Comisión incurrió en error manifiesto al mantener que, con independencia del punto de referencia para la decisión de inversión, las denominadas garantías ilimitadas previstas en el acuerdo marco constituían ayudas de Estado en cualquier caso, puesto que los riesgos asumidos por DHL con arreglo a dichas disposiciones se financiaron mediante una aportación de capital que era per se una ayuda de Estado.

               Mediante su segundo motivo, las demandantes alegan que la Comisión no aplicó correctamente el artículo 87 CE, apartado 1, al considerar que la carta de garantía constituye una ayuda de Estado sin tener en cuenta la práctica comercial habitual entre sociedades holding matrices y filiales.

               En su tercer motivo, las demandantes aducen que la Comisión infringió el artículo 253 CE al no considerar todos los factores relevantes a la hora de calificar de ayudas de Estado la cláusula de vuelos nocturnos, la cláusula del 90 =% y la carta de garantía.

               En su cuarto motivo, las demandantes alegan que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al ordenar la recuperación de la supuesta ayuda de Estado.

               En su quinto motivo, las demandantes sostienen que la Comisión infringió el artículo 235 CE al considerar que los artículos 8 y 9 del acuerdo marco contienen la supuesta ayuda de Estado y al decidir que dichas disposiciones son incompatibles con el mercado común y que, por lo tanto, deben suprimirse.

      (1)  Con arreglo a la Comunicación publicada en el DO 2007, C 48, p. 7, este acuerdo impone al aeropuerto la obligación de construir la nueva pista sur y otras obligaciones relativas a capacidad y funcionamiento. En caso de incumplimiento (por ejemplo, si las autoridades reguladoras prohíben los vuelos de noche), DHL podrá reclamar la compensación de sus pérdidas y daños.


title: Asunto C-585/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Karlsruhe (Alemania) el 24 de noviembre de 2011 — Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg

text:
               18.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 49/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Karlsruhe (Alemania) el 24 de noviembre de 2011 — Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg
   (Asunto C-585/11)
   2012/C 49/24
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgericht Karlsruhe

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Philipp Seeberger

      Demandada: Studentenwerk Heidelberg

      Cuestión prejudicial

   ¿Se opone el Derecho de la Unión a una normativa nacional que niega la concesión de ayudas a la formación para cursar estudios superiores en otro Estado miembro exclusivamente basándose en que, al comenzar la formación, el estudiante que ha ejercitado su derecho a la libre circulación no tenía su residencia permanente desde al menos tres años en su Estado miembro de origen? (1)

      (1)  Interpretación de los artículos 20 y 21 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) — Ciudadanía de la Unión y libre circulación.


title: Archivo del asunto C-163/04

text:
               19.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/20

         Archivo del asunto C-163/04 (1)

   (2005/C 45/43)

      (Lengua de procedimiento: alemán)

   Mediante auto de 25 de octubre de 2004, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-163/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof): Franz Werner contra Finanzamt Cloppenburg.

      (1)  DO C 118, de 30.4.04.


title: Asunto T-395/13: Sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre de 2015 — Miettinen/Consejo [«Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo sobre las propuestas de Directiva y de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado — Denegación parcial de acceso — Excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico — Excepción relativa a la protección del proceso decisorio»]

text:
               3.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 363/32

         Sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre de 2015 — Miettinen/Consejo
   (Asunto T-395/13) (1)

   ([«Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo sobre las propuestas de Directiva y de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado - Denegación parcial de acceso - Excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico - Excepción relativa a la protección del proceso decisorio»])
   (2015/C 363/40)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (representantes: O. Brouwer y E. Raedts, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente K. Pellinghelli, P. Plaza García y K. Toomus, posteriormente P. Plaza García, A. Jensen y M. Bauer, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandante: Reino de Suecia (representantes: inicialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg y C. Hagerman, posteriormente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, K. Sparrman, E. Karlsson, L. Swedenborg y F. Sjövall, agentes), y República de Estonia (representante: N. Grünberg, agente)

      Objeto

   Anulación de la Decisión del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se deniega el acceso íntegro al Documento no 12979/12, de 27 de julio de 2012, que contiene el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo en relación con las propuestas de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, de Reglamento sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado y otros instrumentos relativos a la armonización de las sanciones administrativas en el marco de los servicios financieros.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se deniega el acceso íntegro al Documento no 12979/12, de 27 de julio de 2012, que contiene el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo en relación con las propuestas de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, de Reglamento sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado y otros instrumentos relativos a la armonización de las sanciones administrativas en el marco de los servicios financieros, y el escrito del Consejo de 23 de julio de 2013.

               2)

               Condenar al Consejo a cargar con sus propias costas y con las del Sr. Samuli Miettinen.

               3)

               El Reino de Suecia y la República de Estonia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 274, de 21.9.2013.


title: Asunto C-109/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del College van Beroep voor het bedrĳfsleven, de fecha 8 de enero de 2003, en el asunto entre KPN Telecom B.V. y Onafhankelĳke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), partes intervinientes: Denda Multimedia B.V. y Denda Directory Services B.V.

text:
C 146/18               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            21.6.2003
     —     con carácter subsidiario, devuelva el asunto ante el          Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
           Tribunal de Primera Instancia para que este órgano            lución del College van Beroep voor het bedrijfsleven, de
           jurisdiccional se pronuncie sobre el litigio.                 fecha 8 de enero de 2003, en el asunto entre KPN
                                                                         Telecom B.V. y Onafhankelijke Post en Telecommunicatie
                                                                         Autoriteit (OPTA), partes intervinientes: Denda Multime-
—    En todo caso, condene en costas a la OAMI.                                      dia B.V. y Denda Directory Services B.V.
                                                                                (Asunto C-109/03)
Motivos y principales alegaciones                                                                  (2003/C 146/30)
—    Motivo basado en la falta de consideración de que han
     sido objeto los escritos procesales o en el carácter
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     contradictorio de las alegaciones.
                                                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución del College van Beroep voor het bedrijfsleven,
     Contrariamente a lo que señala el Tribunal de Primera               dictada el 8 de enero de 2003, en el asunto entre KPN Telecom
     Instancia, el signo reproducido no tiene ninguno de                 B.V. y Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
     los veinticuatro rectángulos ni ninguno de los seis                 (OPTA), partes intervinientes: Denda Multimedia B.V. y Denda
     paralelogramos con que cuenta un paralelepípedo rectan-             Directory Services B.V., y recibida en la Secretaría del Tribunal
     gular.                                                              de Justicia el 10 de marzo de 2003. El College van Beroep
                                                                         voor het bedrijfsleven solicita al Tribunal de Justicia que se
—    Motivo relativo a la interpretación equivocada del con-             pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
     cepto de carácter distintivo:
                                                                         1)    El concepto de «información pertinente» que figura en el
     Al valorar la aptitud de un signo para cumplir su                         artículo 6, apartado 3, de la Directiva 98/10/CE (1), ¿debe
     función de marca individual para productos o servicios                    interpretarse en el sentido de que únicamente debe
     determinados, en la fase del examen de la procedencia de                  entenderse por el mismo el número de teléfono asignado
     una solicitud de registro como marca individual para                      por el organismo de que se trate junto con el nombre, la
     dichos productos o servicios, procede razonar en térmi-                   dirección, la localidad y el código postal de la persona a
     nos de percepción que se presume del uso que podría                       la que se asigne el número, así como, en su caso, la
     hacerse del signo y no en términos de percepción actual                   indicación de si el número se utiliza (exclusivamente)
     de uno u otro uso concreto que pudiera hacerse del signo.                 como línea de fax, o comprende también otros datos
     Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia sostiene que                  de que dispone dicho organismo, como la indicación
     el carácter distintivo de un signo debe apreciarse en                     adicional de una profesión, de otros números de teléfono
     relación «con la percepción que de él tiene el público al                 con otro nombre, en otro municipio o de números de
     que se dirige». A este respecto, el público pertinente                    teléfono móvil?
     está formado por todas las personas a las que puede
     presentarse el signo y, por lo tanto, no puede reducirse al         2)    La expresión «dar curso a todas las solicitudes razonables
     círculo mucho más limitados de los consumidores que                       [...] en unas condiciones equitativas, orientadas en función
     pueden adquirir el producto o el servicio que se supone                   de los costes y no discriminatorias» que figura en
     que el signo designa.                                                     la disposición citada en la primera cuestión, ¿debe
                                                                               interpretarse en el sentido de que
     Además, el Tribunal de Primera Instancia ha interpretado
     indirecta, pero realmente, de manera equivocada el con-                   a)     deben facilitarse los números de teléfono junto con
     cepto de carácter distintivo al no pronunciarse sobre la                         el nombre, la dirección, la localidad y el código
     cuestión de si el signo era o no adecuado para distinguir                        postal de la persona a la que se asigne el número
     un jabón de otro, según su procedencia de una empresa                            a cambio de una contraprestación que incluya
     determinada, sino si la imagen imperfecta de ese producto                        únicamente los costes marginales efectivamente
     poseía dicho carácter distintivo.                                                derivados de la puesta a disposición de dichos datos,
                                                                                y
     Por último, el Tribunal de Primera Instancia ha interpre-
     tado erróneamente el concepto de carácter distintivo al                   b)     cualesquiera otros datos distintos de los menciona-
     desdeñar la multifuncionalidad de los signos. El hecho de                        dos en la letra a) deben facilitarse a cambio de una
     que pueda presumirse que, al presentársele el signo                              contraprestación que sirva para cubrir los costes que
     controvertido, el público percibirá en él, sobre todo o                          el organismo que los facilite demuestre que ha
     ante todo, un signo que cumple una función técnica u                             efectuado para recoger o facilitar tales datos?
     ornamental no constituye un impedimento, y ni siquiera
     un menoscabo, de su función como marca individual.
                                                                         (1 ) DO L 101, p. 24.


title: Asunto C-210/08 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2008 por Sebirán, S.L. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) dictada el 12 de marzo de 2008 en el asunto T-332/04, Subirán, S.L./OAMI y El Coto de Rioja, S.A.

text:
               19.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/15

         Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2008 por Sebirán, S.L. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) dictada el 12 de marzo de 2008 en el asunto T-332/04, Subirán, S.L./OAMI y El Coto de Rioja, S.A.
   (Asunto C-210/08 P)
   (2008/C 183/29)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Recurrente: Sebirán, SL (representantes: Sr. J. Calderón Chavero y Sra. T. Villate Consonni, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y El Coto De Rioja, S.A.
   Pretensiones

               —

               Que se anule la decisión por sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia emitida el 12 de marzo de 2008 en el asunto T-332/04 por considerar claramente la compatibilidad de las marcas EL COTO/COTO DE IMAZ (por un lado) con COTO D'ARCIS (por otro lado).

               —

               Que se abonen las costas causadas.

         Motivos y principales alegaciones

      Discrepancia sobre la apreciación del Tribunal de Primera Instancia: Sebirán considera
         no
       incursa la marca comunitaria COTO D'ARCIS en la prohibición del art. 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 (1), pues mediando oposición del titular de una marca anterior, en este caso, las marcas comunitarias EL COTO y COTO DE IMAZ, no ha de procederse a denegar la más reciente por ser suficientemente desemejante, a los efectos de la norma prohibitiva, a las marcas anteriores a pesar de ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, desde un punto de vista integral y no desmembrado, además de darse la imposibilidad de existencia de un riesgo de confusión por parte del público en el territorio integral de la Unión Europea. En este riesgo de confusión no se incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto F-40/11: Auto del Tribunal de la Función Pública (Juez único) de 3 de mayo de 2013 — Marcuccio/Comisión (Función pública — Seguridad social — Antiguo funcionario jubilado por invalidez — Accidente — Falta de cobertura — Recurso que queda sin objeto — Sobreseimiento)

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/47

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Juez único) de 3 de mayo de 2013 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto F-40/11) (1)

   (Función pública - Seguridad social - Antiguo funcionario jubilado por invalidez - Accidente - Falta de cobertura - Recurso que queda sin objeto - Sobreseimiento)
   2013/C 252/83
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y C. Berardis-Kayser, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)

      Objeto

   Anulación de la decisión por la que se determinan las prestaciones a las que el demandante tiene derecho por razón de su invalidez permanente parcial.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso F-40/11, Marcuccio/Comisión.

               2)

               El Sr. Marcuccio cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

      (1)  DO C 186, de 25.6.2011, p. 34.


title: Asunto C-57/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 10 de febrero de 2009 — República Federal de Alemania/B, con la intervención de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

text:
               6.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 10 de febrero de 2009 — República Federal de Alemania/B, con la intervención de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
   (Asunto C-57/09)
   2009/C 129/04
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesverwaltungsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: República Federal de Alemania

      Recurrida: B

      Con la intervención de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Constituye un grave delito común o un acto contrario a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas en el sentido del artículo 12, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2004/83/CE (1) del Consejo, de 29 de abril de 2004, el hecho de que el solicitante haya pertenecido a una organización que utiliza métodos terroristas incluida en la lista de personas, grupos y entidades del anexo a la Posición común del Consejo sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y que el solicitante haya apoyado activamente la lucha armada de dicha organización?

               2)

               En el caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Presupone la exclusión del estatuto de refugiado prevista en el artículo 12, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2004/83/CE que el solicitante siga representando un peligro?

               3)

               En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión: ¿Exige la exclusión del estatuto de refugiado prevista en el artículo 12, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2004/83/CE que se realice un examen de proporcionalidad en el caso concreto?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión:

                           a)

                           ¿Debe tenerse en cuenta, en el examen de la proporcionalidad, que el solicitante disfruta de la protección frente a la deportación con arreglo al artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, o con arreglo a las disposiciones nacionales?

                           b)

                           ¿Es desproporcionada la exclusión sólo en determinados casos excepcionales?

               5)

               ¿Es compatible con la Directiva, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2004/83/CE, que el solicitante, a pesar de la existencia de una causa de exclusión con arreglo al artículo 12, aparado 2, de la Directiva, disfrute del derecho al asilo con arreglo al Derecho constitucional nacional?

      (1)  DO L 304, p. 12.


title: Asunto C-404/12 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de septiembre de 2012 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Comisión

text:
               12.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/27

         Recurso de casación interpuesto el 3 de septiembre de 2012 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Comisión
   (Asunto C-404/12 P)
   2013/C 9/45
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Moore y K. Michoel, agentes)

      Otras partes en el procedimiento: Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe, Comisión Europea, República de Polonia

      Pretensiones de la parte recurrente

   El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal General de 14 de junio de 2012 en el asunto T-338/08.

               —

               Desestime íntegramente el recurso de las demandantes en primera instancia.

               —

               Condene a las demandantes en primera instancia a cargar solidariamente con las costas del Consejo en el presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   El Consejo considera que la sentencia del Tribunal General en el asunto antes mencionado se basa en un error de Derecho. Aunque el Consejo no cuestiona la apreciación del Tribunal General según la cual la Comisión no actuó como legisladora en el correspondiente asunto, sostiene que el Tribunal General no ha interpretado ni aplicado correctamente la jurisprudencia denominada «Nakajima» (1) y «Fediol». (2) En consecuencia, el Consejo estima que el Tribunal General ha declarado infundadamente que podía apreciarse la legalidad del Reglamento (CE) no 1367/2006 (3) a la vista del Convenio de Aarhus (4) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
   Además, a juicio del Consejo, la opción elegida por el legislador en el Reglamento no 1367/2006 es, en cualquier caso, totalmente conforme con el Convenio de Aarhus. A este respecto, la interpretación que hace el Tribunal General del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus no es correcta, en la medida en que no respeta el margen de maniobra que corresponde a las partes del Convenio.
   Por consiguiente, el Consejo solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General en el presente asunto y se pronuncie de forma definitiva sobre este asunto desestimando íntegramente el recurso de las demandantes.

      (1)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo, C-69/89, Rec. p. I-2169.

      (2)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1989, Fediol/Comisión, 70/87, Rec. p. 1825.

      (3)  Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13).

      (4)  Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, aprobado por Decisión del Consejo de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1).


title: Asunto C-67/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad — Varna (Bulgaria) el 7 de febrero de 2017 — Todor Iliev/Blagovesta Ilieva

text:
               10.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/30

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad — Varna (Bulgaria) el 7 de febrero de 2017 — Todor Iliev/Blagovesta Ilieva
   (Asunto C-67/17)
   (2017/C 112/39)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rayonen sad — Varna

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Todor Iliev

      Demandada: Blagovesta Ilieva

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Una acción de partición de un bien mueble adquirido como patrimonio conyugal durante el matrimonio ejercitada entre ex cónyuges, ¿constituye un litigio en materia de régimen matrimonial en el sentido del artículo 1, apartado [2], letra a), del Reglamento n.o 44/2001 (1)?

               2)

               Un litigio que tiene por objeto la partición de un bien mueble, adquirido durante el matrimonio, pero registrado ante las autoridades nacionales competentes a nombre de uno solo de los cónyuges, ¿está excluido del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 44/2001 con arreglo al artículo 1, apartado 2, letra a), de éste?

               3)

               ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de un litigio entre ex cónyuges relativo a la propiedad de un bien mueble adquirido a lo largo del matrimonio civil de éstos si las partes son nacionales de un Estado miembro de la Unión pero en el curso del procedimiento se ha determinado que, en el momento de la celebración del matrimonio, de la adquisición del bien, del divorcio y del ejercicio de la acción de partición del bien tras el divorcio, tenían su domicilio en otro Estado miembro?

      (1)  Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).