title: Asunto C-324/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 24 de junio de 1999, en el procedimiento de control de legalidad entre DaimlerChrysler AG y Land Baden-Württemberg

text:
C 352/20                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        4.12.1999
— Anule la Decisión de la Comisión de 11 de enero de 1996                Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      dirigida al Gobierno portugués.                                      lución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 24 de junio
                                                                           de 1999, en el procedimiento de control de legalidad
      Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de           entre DaimlerChrysler AG y Land Baden-Württemberg
      Primera Instancia, con arreglo al artı́culo 54 del Estatuto
      del Tribunal de Justicia.                                                                   (Asunto C-324/99)
— Condene a la Comisión al pago de las costas de ambos
      recursos.                                                                                (1999/C 352/29)
                                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Motivos y principales alegaciones                                          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                           resolución del Bundesverwaltungsgericht, dictada el 24 de
El Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error de               junio de 1999, en el procedimiento de control de legalidad
Derecho al considerar que la Decisión de la Comisión de 3 de             entre DaimlerChrysler AG y Land Baden-Württemberg, y
julio de 1991 dirigida al Gobierno portugués garantiza el                  recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 30 de agosto
cumplimiento de las normas aplicables al sector del azúcar.               de 1999. El Bundesverwaltungsgericht solicita al Tribunal de
                                                                           Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
El Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error de
Derecho al considerar que la Comisión no estaba facultada                 1. La expresión «con arreglo al Tratado» que figura en el
para examinar la aplicación del Decreto-Ley no 95/90 a                        artı́culo 4, apartado 3, letra a), inciso i), del Reglamento
DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA                         (CEE) no 259/93, (1) ¿debe entenderse en el sentido de
directamente en relación con el artı́culo 87 CE (ex artı́culo 92).            que en caso de establecer una prohibición general a la
                                                                               exportación de los residuos que requieren una vigilancia
                                                                               especial para su eliminación, justificada por los principios
El Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error                      de proximidad, de prioridad de la valorización y de
de Derecho al considerar que la aplicación especı́fica del                    autosuficiencia en materia de eliminación, debe examinarse
Decreto-Ley no 95/90 a la industria del azúcar (la ayuda estatal              asimismo si la prohibición a la exportación es compatible
a DAI) no es incompatible con los objetivos de la polı́tica                    con el Derecho comunitario primario y, en particular, con
agrı́cola común, tal y como aparecen recogidos en la normativa                la prohibición de las restricciones cuantitativas al comercio
aplicable.                                                                     entre los Estados miembros conforme a los artı́culos 28 y
                                                                               ss. CE?
En la medida en que es cierto que los diferentes tipos de ayuda
examinados en la Decisión impugnada y por parte del                       2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, si
Tribunal de Primera Instancia aparecen regulados en diferentes                 existe una prohibición a la exportación establecida por ley y
conjuntos de normas jurı́dicas y, en consecuencia, han de                      cuantitativamente limitada, ¿basta con realizar un examen
examinarse individualmente a la luz de dichas normas y de los                  referido a la normativa legal como tal, o debe procederse a
objetivos que persiguen, el Tribunal de Primera Instancia ha                   dicho examen en cada caso concreto en que se prohı́ba
incurrido en un error de Derecho al no tener en cuenta al                      una proyectada exportación en aplicación de la normativa
analizar la legalidad de la Decisión impugnada y el modo en                   legal? En este contexto, ¿puede «fijarse» una prohibición a
que la Comisión ha hecho uso de su facultad discrecional, el                  la exportación de los residuos que requieren una vigilancia
efecto de las diferentes ayudas consideradas en su conjunto (el                especial para su eliminación por un perı́odo de 15 años
efecto combinado).                                                             mediante obligaciones de entrega a una instalación situada
                                                                               en el territorio nacional, si en el momento de establecer
Los artı́culos 87 CE (ex artı́culo 92) y 88 CE (ex artı́culo 93)               las obligaciones de entrega la seguridad en materia de
son de aplicación a las ayudas a las que es aplicable el                      eliminación de residuos que se pretendı́a conseguir sólo
Reglamento 866/90 (2). El Tribunal de Primera Instancia ha                     podı́a alcanzarse mediante una vinculación contractual
incurrido en un error de Derecho al considerar que la ayuda                    durante ese perı́odo con el operador de dicha instalación?
cofinanciable por la Comunidad con arreglo al Reglamento
866/90 no está sujeta a lo dispuesto en los artı́culos 87 CE (ex          3. El artı́culo 4, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 259/93,
artı́culo 92) y 88 CE (ex artı́culo 93).                                       ¿permite a los Estados miembros adoptar una normativa
                                                                               que, en el marco de las obligaciones de entrega, supedite el
El Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error de                   traslado, para su eliminación, a otro Estado miembro de
Derecho al considerar que la ayuda no es incompatible con el                   residuos que requieren una vigilancia especial a la condi-
Reglamento 866/90. La sentencia del Tribunal de Primera                        ción de que la eliminación propuesta cumpla las exigencias
Instancia no está adecuadamente motivada a este respecto, ya                  del Derecho medioambiental del Estado de expedición?
que el Tribunal de Primera Instancia no ha tomado en
consideración los diferentes motivos formulados por las                   4. ¿Es compatible con las disposiciones de los artı́culos 3 y
demandantes relativos a la inaplicabilidad del Reglamento                      ss. del Reglamento (CEE) no 259/93 el que, cuando se
866/90.                                                                        pretende proceder, para su eliminación, a un traslado
                                                                               transfronterizo de residuos que requieren una vigilancia
                                                                               especial, un Estado miembro implante un procedimiento
(1) DO C 233, de 10.8.1996, p. 15.                                             autónomo en materia de entrega y asignación de dichos
(2) Reglamento (CEE) no 866/90 del Consejo, de 29 de marzo de                  residuos previo al procedimiento de notificación?
     1990, relative a la majora de las condiciones de transformación y
     comercializaci6n de los productos agrı́colas (DO L 91, de
     6.4.1990, p. 1).                                                      (1) DO L 30, de 6.2.1993, p. 1.


title: Asunto F-12/14: Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2014 — ZZ/CdT

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/40

         Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2014 — ZZ/CdT
   (Asunto F-12/14)
   2014/C 184/65
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: N. Cambonie, D. Ciolino y E. Macchi, abogados)

      Demandada: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea que desestima la petición formulada por el demandante sobre la base del artículo 90, apartado 1, del Estatuto de que se adoptara una decisión que le presentara disculpas y reparase el perjuicio por él sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión denegatoria implícita del CdT, o alternativamente la decisión denegatoria emanada del escrito del abogado representante del CdT con fecha de 10 de abril de 2013 y, en la medida de lo necesario, la decisión confirmatoria del CdT de 8 de noviembre de 2013 que desestima la petición formulada por el demandante para que se adoptara una decisión.

               —

               Que se declare al CdT responsable de los perjuicios sufridos por el demandante y, en consecuencia, se le conceda una indemnización por un importe de 306 733,33 euros en concepto de daño material y 130 000 euros en concepto de daño moral, o cualquier otra cuantía, incluso superior, que determine el Tribunal o sea pericialmente evaluada.

               —

               Que se condene en costas al CdT.


title: Asunto T-410/09: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2012 — Almamet/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del carburo de calcio y del magnesio para las industrias del acero y el gas en el EEE, con excepción de Irlanda, España, Portugal y Reino Unido — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Fijación de los precios y reparto del mercado — Derecho de defensa — Facultades de inspección de la Comisión — Infracción única y continua — Multas — Cooperación durante el procedimiento administrativo — Proporcionalidad — Directrices para el cálculo del importe de las multas de 2006» )

text:
               2.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/17

         Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2012 — Almamet/Comisión
   (Asunto T-410/09) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado del carburo de calcio y del magnesio para las industrias del acero y el gas en el EEE, con excepción de Irlanda, España, Portugal y Reino Unido - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE - Fijación de los precios y reparto del mercado - Derecho de defensa - Facultades de inspección de la Comisión - Infracción única y continua - Multas - Cooperación durante el procedimiento administrativo - Proporcionalidad - Directrices para el cálculo del importe de las multas de 2006)
   2013/C 32/25
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Alemania) (representantes: S. Hautbourg y C. Renner, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: N. Khan, V. Bottka y N. von Lingen, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión de la Comisión C(2009) 5791 final, de 22 de julio de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 CE y al artículo 53 del acuerdo EEE (asunto COMP/39.396 — Reactivos de calcio y magnesio para las industrias del acero y el gas), en cuanto atañe a la demandante, y, con carácter subsidiario, pretensión de reducción del importe de la multa impuesta a la demandante mediante dicha Decisión.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall cargará además de con sus propias costas con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

      (1)  DO C 312, de 19.12.2009.


title: Asunto C-397/05: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de marzo de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Palermo — Italia) — Proceso penal contra Maria Grazia Di Maggio, Salvatore Buccola ( Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Interpretación de los artículos 43 CE y 49 CE — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Exclusión de operadores constituidos bajo determinadas formas de sociedades de capital — Exigencia de una autorización de policía — Sanciones penales )

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/20

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de marzo de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Palermo — Italia) — Proceso penal contra Maria Grazia Di Maggio, Salvatore Buccola
   (Asunto C-397/05) (1)

   («Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Interpretación de los artículos 43 CE y 49 CE - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Exclusión de operadores constituidos bajo determinadas formas de sociedades de capital - Exigencia de una autorización de policía - Sanciones penales»)
   (2007/C 96/35)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunale di Palermo
   Partes en el proceso principal
   Maria Grazia Di Maggio, Salvatore Buccola
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Palermo — Interpretación de los artículos 31 CE, 43 CE, 49 CE y 81 CE a 89 CE — Ley nacional que supedita el ejercicio de la actividad de recogida de apuestas a la obtención de una autorización.
   Fallo

               1)

               Una normativa nacional que prohíbe el ejercicio de actividades de recogida, aceptación, registro y transmisión de las propuestas de apuestas, en concreto de las relativas a acontecimientos deportivos, cuando no se dispone de una concesión o una autorización de policía expedidas por el Estado miembro de que se trate, constituye una restricción a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios reconocidas en los artículos 43 CE y 49 CE respectivamente.

               2)

               Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en la medida en que limita el número de operadores en el sector de los juegos de azar, la normativa nacional responde verdaderamente al objetivo de evitar la explotación de las actividades en dicho sector con fines delictivos o fraudulentos.

               3)

               Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal, que excluye y continúa excluyendo del sector de los juegos de azar a los operadores constituidos bajo la forma de sociedades de capital cuyas acciones cotizan en los mercados regulados.

               4)

               Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, que impone una sanción penal a personas como los imputados en los litigios principales por haber ejercido una actividad organizada de recogida de apuestas sin disponer de la concesión o de la autorización de policía exigidas por la normativa nacional, cuando tales personas no hayan podido obtener las citadas concesiones o autorizaciones debido a que el Estado miembro de que se trate, infringiendo el Derecho comunitario, se haya negado a concedérselas.

      (1)  DO C 10, de 14.1.2006.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 7 de marzo de 1996 en el asunto C-192/94 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 10 de Sevilla): El Corte Inglés SA contra Cristina Blázquez Rivero (Efecto directo de las Directivas a las que no se ha adaptado el Derecho interno - Directiva 87/102/CEE del Consejo en materia de crédito al consumo)

text:
N° C 180/2             ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           22 . 6 . 96
las aves silvestres, debe interpretarse en el sentido de que                   empresa que se hace cargo de una parte del personal y se
faculta a los Estados miembros para introducir excepciones                      beneficia de la promoción comercial desarrollada con la
a la prohibición general de cazar determinadas especies                        clientela, sin que se transmitan elementos del activo.
protegidas, establecida en los artículos 5 y 7 de dicha
Directiva, únicamente a través de medidas en las que se                  2 ) El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 77/1 87/CEE,
mencionen con el debido detalle los elementos que figuran                      antes citada no impide que un trabajador empleado por
en sus apartados 1 y 2 .                                                       el cedente en la fecha de la transmisión de la empresa se
                                                                               oponga a la transmisión de su contrato o de su relación
(M DO n" C 174 de 25 . 6 . 1994 .                                              de trabajo al cesionario. En dicho supuesto, corres
( 2 ) DO n" L 103 de 25 . 4 . 1979 , p . 1 ; EE 15/02 , p . 125 .              ponde a los Estados miembros determinar la suerte
                                                                               reservada al contrato o a la relación de trabajo con el
                                                                               cedente. No obstante, cuando se resuelve el contrato Q se
                                                                               pone fin a la relación de trabajo a causa de la
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                               modificación del nivel de la retribución convenida con el
                                                                               trabajador, el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva
                            ( Sala Sexta)                                      exige a los Estados miembros que establezcan que la
                    de 7 de marzo de 1996                                      resolución es imputable al empresario.
en los asuntos acumulados C-l 71/94 y C-l 72/94 ( peticio               (') DO n° C 233 de 20 . 8 . 1994 .
nes de decisión prejudicial planteadas por la Cour du travail            ( 2 ) DO n" L 61 de 5 . 3 . 1977, p . 26 ; EE 05/02, p . 122 .
de Bruxelles ): Albert Merckx y Patrick Neuhuys contra
            Ford Motors Company Belgium SA ( 1 )
(Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso
de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
partes de centros de actividad — Concepto de transmisión
          — Transmisión de una concesión de venta)                                                     ( Sala Sexta )
                          ( 96/C 180/03 )                                                      de 7 de marzo de 1996
                                                                         en el asunto C-192/94 ( petición de decisión prejudicial
              (Lengua de procedimiento: francés)                         planteada por el Juzgado de Primera Instancia n° 10 de
                                                                         Sevilla ): El Corte Inglés SA contra Cristina Blázquez
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi                                              Riveroí 1 )
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                            de justicia »)                               (Efecto directo de las Directivas a las que no se ha adaptado
                                                                         el Derecho interno — Directiva 87/1 02/CEE del Consejo en
En los asuntos acumulados C-171 /94 y C-172/94, que                                       materia de crédito al consumo)
tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de                                         ( 96/C 180/04 )
Justicia , con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por la
Cour du travail de Bruxelles, destinadas a obtener, en los                             (Lengua de procedimiento: espanol)
litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
Albert Merckx ( C-171 /94 ) y Patrick Neuhuys ( C-172/94 ) y             En el asunto C-192/94, que tiene por objeto una petición
Ford Motors Company Belgium SA, una decisión prejudi                    dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
cial sobre la interpretación de la Directiva 77/187/CEE del              del Tratado CE, por el Juzgado de Primera Instancia n° 1 0 de
Consejo , de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación                Sevilla, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
de las legislaciones de los Estados miembros relativas al                dicho órgano jurisdiccional entre El Corte Inglés SA y
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso                Cristina Blázquez Rivero, una decisión prejudicial sobre la
de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de               interpretación del artículo 129 A del Tratado CE y del
partes de centros de actividad ( 2 ), el Tribunal de Justicia            artículo 11 de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22
( Sala Sexta ), integrado por los Sres .: C. N. Kakouris,                de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las
Presidente de Sala ; G. F. Mancini ( Ponente ), F. A. Schock            disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
weiler, P. J. G. Kapteyn y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado                 los Estados miembros en materia de crédito al consumo ( 2 ),
General : Sr . C. O. Lenz; Secretario : Sra . D. Louterman              el Tribunal de Justicia ( Sala Sexta ), integrado por los Sres .:
Hubeau , administradora principal ; ha dictado el 7 de marzo             C. N. Kakouris, Presidente de Sala; G. Hirsch ( Ponente ),
de 1996 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                        P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray y H. Ragnemalm, Jueces;
                                                                         Abogado General: Sr. C. O. Lenz; Secretario: Sr. R. Grass;
1 ) El apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 77/1 87/CEE             ha dictado el 7 de marzo de 1996 una sentencia cuyo fallo es
      del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la                    el siguiente :
      aproximación de las legislaciones de los Estados miem
      bros relativas al mantenimiento de los derechos de los             Se declara que a falta de medidas de adaptación del Derecho
      trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de              interno a la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de
      centros de actividad o de partes de centros de actividad,          diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las
      debe interpretarse en sentido de que comprende en su               disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
      ámbito de aplicación una situación en la que una                   los Estados miembros en materia de crédito al consumo,
      empresa titular de una concesión de venta de vehículos             dentro de los plazos señalados, el consumidor, incluso
      automóviles para un territorio determinado cesa su                 habida cuenta del artículo 129 A del Tratado CE, no puede
      actividad y la concesión se transmite entonces a otra              basar en la propia Directiva una acción dirigida contra un
 ---pagebreak--- 22. 6 . 96           \_JS                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         N° C 180/3
concedente de crédito, persona privada, a causa de defectos                 Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios
en el suministro de bienes o en la prestación de servicios por              y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad
parte del proveedor o del prestador con el que dicho                        anónima, así como al mantenimiento y modificaciones
concedente de crédito ha celebrado un acuerdo de financia                  de su capital, se opone a una normativa nacional que
ción exclusiva e invocar este derecho ante un órgano                        permita que el aumento del capital de una sociedad
jurisdiccional nacional.                                                    anónima bancaria que, debido a su endeudamiento, se
                                                                            encuentre en una situación excepcional se decida
(M DO n" C 275 de 1 . 10 . 1994 .                                           mediante un acto administrativo y sin deliberación de la
( 2 ) DO n" L 42 de 12 . 2 . 1987, p . 48 .                                 junta general.
                                                                      2 ) La publicación de la oferta de suscripción en la prensa
                                                                            no constituye una información por escrito a los titulares
                                                                            de acciones nominativas en el sentido de la tercera frase
                                                                            del apartado 3 del artículo 29 de la Directiva 77/
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                     91 /CEE .
                    de 12 de marzo de 1996
                                                                      (') DO n" C 1 de 4 . 1 . 1994 .
en el asunto C-441/93 ( petición de decisión prejudicial
                                                                      ( 2 ) DO n" L 26 de 30 . 1 . 1977, p . 1 ; EE 17/01 , p . 44 .
planteada por el Polymeles Protodikeio Athinon ): Panagis
Pafitis y otros contra Trapeza Kentrikis Ellados AE y
                                otros ( 1 )
 (Derecho de sociedades — Directiva 77/91/CEE — Modi
ficación del capital de una sociedad anónima bancaria —                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Efecto directo del apartado 1 del artículo 25 y del apartado 3
      del artículo 29 de la Directiva — Abuso de derecho)                                         ( Sala Quinta )
                            ( 96/C 180/05 )                                                de 14 de marzo de 1996
                                                                      en el asunto C-275/94 ( petición de décision prejudicial
                (Lengua de procedimiento: griego)                     planteada por el Hof van cassatie van België ): Roger van der
                                                                      Linden contra Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi                                   Elektrotechnik ( 1 )
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal           (Convenio de Bruselas — Interpretación del número 1 del
                              de Justicia »)                          artículo 47 — Documentos que debe presentar la parte que
                                                                      solicita la ejecución — Obligación de aportarla prueba déla
En el asunto C-441 /93 , que tiene por objeto una petición            notificación de la resolución dictada — Posibilidad de
dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177        aportar la prueba de la notificación con posterioridad a la
del Tratado CEE, por el Polymeles Protodikeio Athinon,                                   presentación de la solicitud)
destinada a obtener, en los litigios pendientes ante dicho                                       ( 96/C 180/06 )
órgano jurisdiccional entre Panagis Pafitis y otros, en el que
participa Investment and Shipping Enterprises Est y otros, y                       (Lengua de procedimiento: neerlandés)
Trapeza Kentrikis Ellados AE y otros, en el que participa
Trapeza tis Ellados AE y otros, una decisión prejudicial              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
sobre la interpretación de los artículos 25 y siguientes y 29         cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de la Segunda Directiva 77/91 /CEE del Consejo, de 13 de                                           de Justicia »)
diciembre de 1976 , tendente a coordinar, para hacerlas
equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros          En el asunto C-275/94 , que tiene por objeto una petición
a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del                 dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3
artículo 58 del Tratado, con el fin de proteger los intereses         de junio de 1971 , relativo a la interpretación por el Tribunal
de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la      de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre
sociedad anónima , así como al mantenimiento y modifica              la competencia judicial y la ejecución de resoluciones
ciones de su capital ( 2 ), el Tribunal de Justicia, integrado por    judiciales en materia civil y mercantil, por el Hof van
los Sres .: C. N. Kakouris, Presidente de Sala , en funciones de      Cassatie van België, destinada a obtener, en el litigio
Presidente; D. A. O. Edward y G. Hirsch, Presidentes de               pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Roger van
Sala; G. F. Mancini , F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de           der Linden y Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Almeida , P. J. G. Kapteyn ( Ponente ), C. Gulmann, J. L.             Elektrotechnik, una decisión prejudicial sobre la interpreta
Murray, H. Ragnemalm y L. Sevón, Jueces; Abogado                      ción del número 1 del artículo 47 del Convenio de 27 de
General : Sr . G. Tesauro; Secretario : Sr. H. von Holstein,          septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la
Secretario adjunto; ha dictado el 12 de marzo de 1996 una             ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
sentencia cuyo fallo es el siguiente :                                mercantil ( 2 ), en su versión modificada por el Convenio de 9
                                                                      de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de
 1 ) El artículo 25 de la Segunda Directiva 77/91 /CEE del            Dinamarca , de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e
       Consejo, de 13 de diciembre de 1976, tendente a                Irlanda del Norte ( 3 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Quinta ),
       coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías           integrado por los Sres .: D. A. O. Edward, Presidente de Sala;
       exigidas en los Estados miembros a las sociedades,             J. -P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida ( Ponente ),
       definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del            C. Gulmann y P. Jann, Jueces; Abogado General : Sr . N.


title: Asunto F-18/11: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 7 de julio de 2011 — Zaffino/Comisión (Función pública — Personas que reivindican la condición de funcionario o de agente de la Unión Europea — Recurso — Inadmisibilidad manifiesta — Inobservancia del procedimiento administrativo previo)

text:
               12.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/31

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 7 de julio de 2011 — Zaffino/Comisión
   (Asunto F-18/11)
   (Función pública - Personas que reivindican la condición de funcionario o de agente de la Unión Europea - Recurso - Inadmisibilidad manifiesta - Inobservancia del procedimiento administrativo previo)
   2012/C 138/68
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Pasqualino Zaffino (Gallarate, Italia) (representante: S. Constantino, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto

   Pretensión del demandante de que se le reconozca la condición de agente de la Unión Europea.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

               2)

               El Sr. Zaffino cargará con sus propias costas.


title: Asunto T-390/02: Recurso interpuesto el 24 de diciembre de 2002 contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por Antonio Cagnato

text:
C 44/42                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           22.2.2003
Recurso interpuesto el 24 de diciembre de 2002 contra el                  Recurso interpuesto el 24 de diciembre de 2002 contra el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por                      Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
                        Antonio Cagnato                                   por la Bundesverbandes der Nahrungsmittel- und Speise-
                                                                                resteverwertung e.V. y el Sr. Josef Kloh
                       (Asunto T-390/02)
                                                                                (Asunto T-391/02)
                          (2003/C 44/78)
                                                                                (2003/C 44/79)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 24 de diciembre de 2002 un
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
recurso contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas formulado por Antonio Cagnato, con domicilio en                  Europeas se ha presentado el 24 de diciembre de 2002 un
                                                                          recurso contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Dippach-Gare (Luxemburgo), representado por los Sres. Juan
                                                                          Europea formulado por la Bundesverbandes der Nahrungsmit-
Ramón Iturriagagoitia y Karine Delvolvé, abogados.
                                                                          tel- und Speiseresteverwertung e.V., Bochum (Alemania), y el
                                                                          Sr. Josef Kloh, Eichenried (Alemania), representados por los
                                                                          Sres. R. Steiling y S. von Zimmerman-Wienhues, abogados.
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—    Anule la decisión del Tribunal de Justicia de 24 de                  Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
     septiembre de 2002 relativa a la reclamación presentada              Instancia que:
     por el demandante el 25 de enero de 2002 contra la
     decisión de 25 de octubre de 2001.
                                                                          —     Anule el artículo 32, apartado 2, del Reglamento (CE)
                                                                                no 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
—    Condene a la parte demandada a indemnizar al deman-                        3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas
     dante por los perjuicios morales de todo tipo que ha                       sanitarias aplicables a los subproductos animales no
     sufrido como consecuencia de su exposición al amianto                      destinados al consumo humano ( 1), en la medida en
     en el ejercicio de sus funciones en el Palacio de justicia                 que autoriza las medidas transitorias del artículo 32,
     del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia               apartado 1, del Reglamento por un período máximo de
     de las Comunidades Europeas, estimados, sin perjuicio de                   4 años a partir del 1 de noviembre de 2002.
     su posterior adaptación, en 350 000 euros.
                                                                          —     Condene en costas a la parte demandada.
—    Condene a la parte demandada a soportar todas las costas
     del procedimiento.
                                                                          Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones
                                                                          La demanda tiene por objeto el plazo establecido, con arreglo
El demandante, funcionario del Tribunal de Justicia, se opone             al artículo 32 del Reglamento impugnado, para las medidas
a la negativa de esta institución a indemnizarlo por los                  transitorias de los Estados miembros que tengan implantados
perjuicios que ha sufrido como consecuencia de su enfermedad              sistemas seguros para el uso de residuos de cocina.
profesional, ya reconocida por la decisión de la AFPN de 31 de
mayo de 2001, adoptada sobre la base del artículo 73 del
Estatuto y en razón de la cual se le ha concedido una                     1.    El Parlamento y el Consejo han excedido su margen de
indemnización.                                                                  discrecionalidad al establecer dicho plazo. La medida viola
                                                                                el principio de subsidiariedad (artículo 5 CE, apartado 2) y
                                                                                el principio de proporcionalidad (artículo 5 CE, apar-
Los motivos invocados en apoyo del presente recurso son                         tado 3).
similares a los invocados en el asunto T-255/02, H contra
Tribunal de Justicia (DO C 274 de 9.11.2002, p. 26).                            En el ámbito de la normativa comunitaria sobre salud e
                                                                                higiene, las instituciones no disponen de un amplio
                                                                                margen de actuación política, sino que tienen que basar
                                                                                sus decisiones en estudios científicos. No existen pruebas


title: Asunto T-213/03: Recurso interpuesto el 13 de junio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. Francesco Contesso

text:
23.8.2003               ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 200/29
La demandante afirma haber sufrido un perjuicio como conse-                 Recurso interpuesto el 13 de junio de 2003 por SIGLA,
cuencia de estas infracciones. Dicho perjuicio consiste, en                 S.A. contra la Oficina de Armonización del Mercado
primer lugar, en los beneficios obtenidos por First Choice y                                         Interior (OAMI)
recogidos en sus cuentas certificadas y que hubieran correspon-
dido a la demandante si la Comisión no hubiera prohibido la                                         (Asunto T-215/03)
adquisición. En segundo lugar, la demandante alega la pérdida
de los ahorros que se habrían conseguido gracias a la sinergia                                       (2003/C 200/53)
resultante de la fusión y, en tercer lugar, los costes de la
frustrada oferta de adquisición de First Choice, que la Decisión
de la Comisión hizo estériles.                                                               (Lengua de procedimiento: español)
(1) Decisión 2000/276/CE de la Comisión, de 22 de septiembre                En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    de 1999, por la que se declara una concentración incompatible
    con el mercado común y con el Acuerdo EEE (Asunto no IV/                europeas se ha presentado el 13 de junio de 2003 un recurso
    M.1524 — Airtours/First Choice) [notificada con el número               contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
    C(1999) 3022] (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 93 de          (OAMI) formulado por SIGLA, S.A., con domicilio en Madrid,
    13.4.2000, p. 13).                                                      representada por el letrado en ejercicio D. Enrique Armijo
(2) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre             Chávarri.
    de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre
    empresas (en su versión publicada en DO L 257 de 21.9.1990,
    p. 13).                                                                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
(3) Sentencia de 6 de junio de 2002 (T-342/99, Rec. p. II-2585).            que:
                                                                            —     anule la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la
                                                                                OAMI R 1127/2000-3 de 1 de abril de 2003 por ser
                                                                                contraria al artículo 8.5 del Reglamento no 40/94;
Recurso interpuesto el 13 de junio de 2003 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por el                                 —     con carácter subsidiario anule la resolución impugnada
                       Sr. Francesco Contesso                                     por vulnerar los derechos de defensa de Sigla, S.A. y el
                                                                                principio dispositivo que subyacen bajo el artículo 74 del
                          (Asunto T-213/03)                                       Reglamento no 40/94, y
                           (2003/C 200/52)                                  —     condene en costas a la OAMI.
                   (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                      Motivos y principales alegaciones
Europeas se ha presentado el 13 de junio de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                    Solicitante de la marca co-       ELLENI HOLDING BV.
por el Sr. Francesco Contesso, con domicilio en París, repre-               munitaria:
sentado por Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël
Louis y Etienne Marchal, abogados, que designa domicilio en
Luxemburgo.
                                                                            Marca comunitaria objeto          Marca verbal «VIPS» — Solicitud
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia               de la solicitud:                  no 459.875, para productos y
que:                                                                                servicios de las clases 9, 35 y
—      Anule la decisión por la que se establece el informe                                                   42, y, posterioremente, sólo
       definitivo de calificación para el período que abarca desde                                            para servicios de la clase 42
       el 1 de julio de 1999 hasta el 30 de junio de 2001.                                                    (servicios de programación de
—      Condene a la Comisión a abonar al demandante un euro                                                   ordenadores para servicios de
       simbólico en concepto de indemnización por el perjuicio                                                hotel, restaurante y cafés).
       moral sufrido.
—      Condene en costas a la parte demandada.
                                                                            Titular de la marca o signo       La demandante.
Motivos y principales alegaciones                                           que se invoca en el proce-
                                                                            dimiento de oposición:
En apoyo de su recurso, el demandante invoca el incumpli-
miento de la obligación que incumbe al calificador de
consultar previamente a los superiores jerárquicos del calificado
antes de redactar el informe de calificación, el incumplimiento
de la obligación que incumbe al calificador de hacer que éstos              Marca o signo que se opo-         Marca verbal española «VIPS» (no
rubriquen todas las páginas y firmen el informe definitivo de               ne:                               de registro 551.436), para pro-
calificación así como el incumplimiento de la obligación de                                                   ductos de la clase 42 (servicios
motivación, en la medida en que el calificador de alzada no                                                   de procurar alimentos y bebidas
indicó las razones por las que no tuvo en cuenta la opinión                                                   preparadas para el consumo,
formulada por los superiores jerárquicos consultados.                                                         restaurantes, autoservicios, canti-
                                                                                na, bar, cafetería y servicios de
                                                                                hotel).


title: Asunto T-425/05: Recurso interpuesto el  5 de diciembre de 2005  — Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A./Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               25.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/37

         Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2005 — Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A./Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-425/05)
   (2006/C 48/73)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: MEDIOCURSO — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A. (Lisboa, Portugal) (representantes: Sres. Carlos Botelho Moniz y Eduardo Maia Cadete, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la demandante
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Acuerde la acumulación a los presentes autos de los procedimientos administrativos relativos al expediente FSE no 890588/P1, tramitado en los servicios de la Comisión de las Comunidades Europeas y en los servicios del DAFSE — Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu, del Ministério para a Qualificação e o Emprego de la República Portuguesa, Departamento sito en la Av. Almirante Reis, no 72, 3o, P-1100 Lisboa, Portugal.

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 13 de septiembre de 2005, Relativa a la reducción del importe de la ayuda concedida por el Fondo Social Europeo a la entidad Mediocurso — Estabelecimento de Ensino particular, Lda., en virtud de la Decisión de la Comisión C(89) 0570, de 22 de marzo de 1989, en el ámbito del proyecto no 890588/P1, con la referencia C(2005) 3557.

               —

               Condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante es una sociedad mercantil cuyo objeto social es, a tenor de sus Estatutos, impartir cursos de formación y especialización técnica así como elaborar proyectos y estudios y prestar asesoramiento sobre problemas económicos, fiscales, contables y de administración y gestión de empresas. En 1988, presentó al Fondo Social Europeo, por mediación del Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu, varias solicitudes de ayudas relativas a las acciones de formación que se proponía llevar a cabo durante el año 1989, entre las que se incluía la solicitud de ayuda que dio origen al expediente no 890588/P1 y sobre la que versa el caso de autos. La solicitud de ayuda en el referido expediente resultó aprobada y se llevaron a cabo las correspondientes acciones de formación profesional, de modo que la demandante presentó la correspondiente solicitud de pago del saldo.
   Constituye el acto impugnado por la demandante la Decisión que la Comisión adoptó como consecuencia de la presentación de la mencionada solicitud de pago del saldo y de diversos trámites de procedimiento.
   La demandante alega que la Comisión incurrió en vicio sustancial de forma, habida cuenta de la insuficiente motivación de la Decisión impugnada.
   Alega también la violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, en la medida en que el acto impugnado resulta contrario, en un sentido perjudicial para la demandante, al acto previo mediante el que se certificó la exactitud fáctica y contable de los elementos aportados por la demandante en la solicitud de pago del saldo que había presentado. Por último, la demandante invoca un error manifiesto en la apreciación de los documentos justificativos de los gastos presentadas por Mediocurso y la violación del principio de proporcionalidad en lo que atañe a los hechos y fundamentos de Derecho que sirvieron de base para la reducción de la ayuda objeto del acto impugnado.


title: Asunto T-39/03: Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2003 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), por DaimlerChrysler AG

text:
C 101/38               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             26.4.2003
En último lugar, el demandante invoca una violación del                   ción del perjuicio material que supuestamente padeció en el
principio de no discriminación, en la medida en que las                   período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre
decisiones impugnadas han privado a la organización sindical              de 2001, interpuso el presente recurso. En apoyo de sus
presidida por el demandante de cualquier recurso humano y                 pretensiones invoca una vulneración del artículo del Estatuto
material, sin tener en cuenta su representatividad.                       antes mencionado.
                                                                          Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2003 contra la
                                                                          Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
Recurso interpuesto el 31 de enero de 2003 contra la
                                                                                dibujos y modelos), por DaimlerChrysler AG
Comisión de las Comunidades Europeas por José Pedro
                          Pessoa e Costa
                                                                                (Asunto T-39/03)
                        (Asunto T-36/03)
                                                                                (2003/C 101/70)
                         (2003/C 101/69)                                  (Lengua de procedimiento: pendiente de determinar con arreglo
                                                                          artículo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento —
                 (Lengua de procedimiento: francés)                                   Lengua en que se redactó el recurso: alemán)
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    Europeas se ha presentado el 7 de febrero de 2003 un recurso
Europeas se ha presentado el 31 de enero de 2003 un recurso               contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                  (marcas, dibujos y modelos), formulado por DaimlerChrysler
por José Pedro Pessoa e Costa, con domicilio en Bruselas,                 AG, con domicilio social en Stuttgart (Alemania), representada
representado por Mes Albert Coolen, Jean-Noël Louis y Etienne             por el Sr. Trimborn, siendo también parte ante la Sala de
Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.                   Recurso AXON Leasing GmbH, con domicilio social en
                                                                          Grasbrunn (Alemania).
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          que:
—    Declare que la Comisión incurrió en un comportamiento
     lesivo al no reintegrar al demandante en el primer puesto            —     Anule la resolución en el asunto no R 392/2201-4 de la
     vacante de grado A 5 correspondiente a sus aptitudes.                      Sala Cuarta de Recursos, de fecha 4 de noviembre
                                                                                de 2002.
—    Condene a la Comisión a reconstituir su carrera y, en
     particular, a pagarle la remuneración a la que tiene                 —     Condene en costas a la parte demandada.
     derecho por el período comprendido entre el 1 de agosto
     y el 31 de diciembre de 2001 con intereses de demora de
     un 5,25 % anual.
                                                                          Motivos y principales alegaciones
—    Condene en costas a la parte demandada.
                                                                          Solicitante de la marca        La demandante
                                                                          comunitaria:
                                                                          Marca solicitada:              Marca denominativa «AXOR»
Motivos y principales alegaciones                                                                        para productos y servicios de las
                                                                                clases 12 y 37 (vehículos y com-
                                                                                ponentes de vehículos en la
El demandante, funcionario al servicio de la demandada, en                                               medida en que estén comprendi-
excedencia voluntaria hasta el 30 de junio de 2001, pidió su                                             dos en la clase 12) y reparación y
reincorporación, conforme al artículo 40, apartado 4, letra d),                                          mantenimiento de vehículos) —
del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.                                            Número de solicitud 1111061
El 30 de mayo de 2002, el demandante presentó una
reclamación aduciendo que la demandada no le había reinte-                Titular de la marca o          AXON Leasing GmbH
grado en el primer puesto vacante correspondiente a su grado              signo que se invoca en el
y aptitudes. El demandante, alegando que esta reclamación fue             procedimiento de oposi-
parcialmente desestimada por lo que respecta a la indemniza-              ción:
 ---pagebreak--- 26.4.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 101/39
Marca o signo que se            Marca mixta alemana, figurativa y          Motivos y principales alegaciones
invoca en el procedi-           denominativa,
miento de oposición:            «AXON» (no 1108589) para pro-              Solicitante de la marca        Demandante.
                                ductos y servicios de las clases 10,       comunitaria:
                                12, 35 y 36
                                                                           Marca        comunitaria       Marca figurativa «Julián Murua
Resolución de la Divi-          Desestimación de la oposición              objeto de la solicitud:        Entrena» — Solicitud no 62588
sión de Oposición:                                                                                para productos de la clase 33
                                                                                (vinos).
Resolución de la Sala de        Anulación de la Decisión de la
                                                                           Titular de la marca o          Bodegas Murúa S.A.
Recurso:                        División de Oposición y devolu-
                                ción del asunto a la División de           signo que se invoca en el
                                Oposición                                  procedimiento de oposi-
                                                                           ción:
Motivos de recurso ante         —    Falta de similitud de los sig-        Marca o signo que se           Marca española «MURUA» y regi-
el Tribunal de Primera:              nos comparados, a efectos             opone:                         stro internacional no 482.779,
                                     del artículo 8, apartado 1,                                          con efectos en Alemania, Francia,
                                     letra b), del Reglamento (CE)                                        Austria, Suiza y Benelux, para los
                                     no 40/94 (1).                                                        productos de la clase 33.
                                —    Inexistencia de riesgo de
                                                                           Resolución de la Divi-         Estimación de la oposición.
                                     confusión.
                                                                           sión de Oposición:
                                                                           Resolución de la Sala de       Desestimación del recurso.
( 1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de           Recurso:
     1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).
                                                                           Motivos invocados:             Aplicación incorrecta del ar-
                                                                                tículo 8, apartado 1, letra b), del
                                                                                Reglamento (CE) no 40/94 (riesgo
                                                                                de confusión).
Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2003 por Julián
Murúa Entrena, contra la Oficina de Armonización del
                    Mercado Interior (OAMI)
                                                                           Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2003 contra la
                                                                           Comisión de las Comunidades Europeas por La Maison de
                         (Asunto T-40/03)
                                                                                l’Europe Avignon-Méditerranée
                          (2003/C 101/71)                                                          (Asunto T-43/03)
                  (Lengua de procedimiento: español)                                                (2003/C 101/72)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado el 10 de febrero de 2003 un recurso
contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior                     En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
(OAMI) formulado por Julián Murúa Entrena, con domicilio                   Europeas se ha presentado el 10 de febrero de 2003 un recurso
en El Ciego, Álava (España), representado por el letrado en                contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
ejercicio D. Ignacio Temiño Ceniceros,                                     por La Maison de l’Europe Avignon-Méditerranée, con sede en
                                                                           Aviñón (Francia), representada por el Sr. François Martineau,
                                                                           abogado.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                           que:
—      anule el acto administrativo impugnado, por el que se
       denegó la solicitud de marca comunitaria no 62588 en la             —     Condene a la parte demandada a pagar la suma de
       clase 33;                                                                 100 000 euros en concepto de reparación del perjuicio
                                                                                sufrido por La Maison de l’Europe Avignon-Méditerranée
—      cada parte corra con sus costas y las comunes por mitad.                  como consecuencia de la divulgación de informaciones


title: Asunto C-669/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 29 de diciembre de 2011 — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR)

text:
               24.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 89/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 29 de diciembre de 2011 — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR)
   (Asunto C-669/11)
   2012/C 89/08
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Société ED et F Man Alcohols

      Recurrida: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Constituyen la pérdida, del importe de 12,08 ecus por hectolitro de alcohol no exportado en el plazo previsto, de la garantía de correcta ejecución prestada por el adjudicatario ante los organismos de intervención en posesión del alcohol adjudicado, prevista en el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 360/95 de la Comisión de 22 de febrero de 1995, (1) si el adjudicatario sobrepasa el plazo de exportación y la pérdida, en cualquier caso, del 15 %, y del 0,33 % del importe restante por día de retraso, de la garantía de exportación prevista en el apartado 12 del artículo 91 del Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión de 25 de julio de 2000, (2) en caso de retraso en la exportación del alcohol adjudicado, sanciones administrativas, o se trata de medidas de otra naturaleza?

               2)

               ¿Constituye el mero incumplimiento, por parte de un operador, del plazo de exportación de alcohol de origen vínico que obra en poder de los organismos de intervención adjudicado por la Comisión mediante un procedimiento de adjudicación, un incumplimiento que tiene o puede tener por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades Europeas o a los presupuestos administrados por éstas, en el sentido del artículo 1 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo de 18 de diciembre de 1995? (3)

               3)

               En cuanto a posible aplicación de las disposiciones del Reglamento transversal (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo de 18 de diciembre de 1995 en relación con las del Reglamento sectorial (CE) no 360/95 de la Comisión de 22 de febrero de 1995:

                           —

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión formulada en el punto 2, ¿sería aplicable el régimen de ejecución de la garantía en caso de retraso en la exportación previsto por el reglamento sectorial de 22 de febrero de 1995 de la Comisión, con exclusión de cualquier otro régimen de medidas o sanciones, previsto por el Derecho de la Unión Europea? O, por lo contrario, ¿es el régimen de medidas y sanciones administrativas establecido por el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo de 18 de diciembre de 1995 el único aplicable? O, bien, por último, ¿deben las disposiciones, de los dos Reglamentos de 22 de febrero de 1995 y de 18 de diciembre de 1995 combinarse a los efectos de determinar las medidas y sanciones aplicables y, en tal caso, de qué modo?

                           —

                           En caso de respuesta negativa a la cuestión formulada en el punto 2, ¿prohíben las disposiciones del Reglamento transversal (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo de 18 de diciembre de 1995, la aplicación de la ejecución de la garantía prevista en el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento sectorial (CE) no 360/95 de la Comisión de 22 de febrero de 1995, por el motivo de que dicho Reglamento transversal de 18 de diciembre de 1995, al establecer un requisito basado en la existencia de un perjuicio financiero para las Comunidades, impide que se aplique una medida o sanción prevista en un Reglamento agrícola sectorial anterior o posterior de no existir tal perjuicio?

               4)

               Si, a la vista de las respuestas dadas a las cuestiones anteriores, ha de considerarse que la ejecución de la garantía constituye una sanción aplicable cuando el adjudicatario sobrepasa el plazo de exportación, ¿procede, entonces, aplicar retroactivamente las disposiciones del apartado 12 del artículo 91 del Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión de 25 de julio de 2000, a los efectos de calcular la garantía que ha de ejecutarse en razón del incumplimiento del plazo de exportación fijado para las adjudicaciones no 170/94 CE y 171/94 CE por el Reglamento (CE) no 360/95 de la Comisión de 22 de febrero de 1995 modificado, y en caso de respuesta afirmativa, de qué modo, teniendo en cuenta, por una parte, que el Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión de 25 de julio de 2000 no ha modificado ni derogado explícitamente las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 360/95 que regula específicamente las adjudicaciones no 170/94 CE y 171/94 CE, sino únicamente las del Reglamento (CE) no 377/93 de la Comisión de 12 de febrero de 1993, (4) que establecía el régimen de Derecho común de las adjudicación de alcoholes procedentes de destilaciones que están en posesión de los organismos de intervención y remitía, en lo tocante a la liberación de las garantías de correcta ejecución prestadas por los adjudicatarios, al Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión de 22 de julio de 1985, (5) cuya aplicación está expresamente excluida en relación con esta cuestión en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 360/95 de la Comisión de 22 de febrero de 1995, y teniendo en cuenta, por otra parte, que el Reglamento (CE) no 1623/2000 fue ideado tras la reforma de la organización común de los mercados vitivinícolas realizada en 1999, que modifica sustancialmente el sistema de adjudicaciones y el régimen de las garantías prestadas en este marco, tanto en cuanto a su objeto como en lo relativo a su importe y normas para su ejecución y liberación y, por último, que suprime Brasil de la lista de terceros países hacia los cuales se autorizan las exportaciones de los alcoholes adjudicados con vistas a una utilización exclusiva en el sector de carburantes?

      (1)  Reglamento (CE) no 360/95 de la Comisión, de 22 de febrero de 1995, por el que se abren ventas mediante licitación simple para la exportación de alcohol de origen vínico en poder de los organismos de intervención (DO L 41, p. 14).

      (2)  Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión, de 25 de julio de 2000, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado (DO L 194, p. 45).

      (3)  Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1).

      (4)  Reglamento (CEE) no 377/93 de la Comisión, de 12 de febrero de 1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas a la salida al mercado de los alcoholes obtenidos con arreglo a las destilaciones contempladas en los artículos 35, 36 y 39 del Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo, y en posesión de los organismos de intervención (DO L 43, p. 6).

      (5)  Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrícolas (DO L 205, p. 5; EE 03/36, p. 206).


title: Sentencia del Tribunal, de 24 de noviembre de 2014, en el asunto E-27/13 — Sævar Jón Gunnarsson contra Landsbankinn hf. (Indexación de préstamos — Directiva 87/102/CEE — Contratos de crédito al consumo — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Cláusulas obligatorias)

text:
               4.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/7

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 24 de noviembre de 2014
   en el asunto E-27/13
   Sævar Jón Gunnarsson contra Landsbankinn hf.
   (Indexación de préstamos — Directiva 87/102/CEE — Contratos de crédito al consumo — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Cláusulas obligatorias)
   (2015/C 183/08)
   En el asunto E-27/13, Sævar Jón Gunnarsson contra Landsbankinn hf. – PETICIÓN al Tribunal de acuerdo con el artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC relativo al establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia por parte del Tribunal de distrito de Reikiavik (Héraðsdómur Reykjavíkur) relativa a la interpretación de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, en materia de crédito al consumo y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, Presidente; Per Christiansen (Juez Ponente) y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 24 de noviembre de 2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:

               1.

               Cuando un contrato de crédito está vinculado al índice de precios de consumo, no es compatible con la Directiva 87/102/CEE calcular el coste total del crédito y la tasa anual equivalente sobre la base de una inflación del 0 % si la tasa de inflación registrada en la fecha del contrato no es del 0 %. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, analizar las consecuencias legales y las vías de recurso de esta información incorrecta, en la medida en que, según interpreta el Tribunal, el nivel de protección establecido en la Directiva 87/102/CEE no se ve afectado.
               En relación con el hecho de que el órgano jurisdiccional remitente no considera que las cláusulas contractuales relativas a la indexación de las cuotas de reembolso del crédito al consumo sean disposiciones legales o reglamentarias imperativas con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE, las respuestas a las subsiguientes preguntas son las siguientes:

               2.

               La Directiva 93/13/CEE no prohíbe de forma general cláusulas contractuales sobre la indexación de préstamos en contratos celebrados entre un proveedor y un consumidor. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar el posible carácter abusivo de la cláusula de que se trate. La valoración debe tener en cuenta la interpretación del Tribunal acerca del concepto de «cláusula abusiva».

               3.

               La Directiva 93/13/CEE no limita el margen de libertad de un Estado de la AELC para determinar, mediante disposiciones legales o normas administrativas, los factores que pueden motivar cambios en un índice predeterminado, como el índice de precios de consumo de la República de Islandia, o los métodos de medición de estos cambios, siempre que hayan sido descritos de forma explícita en el contrato.

               4.

               Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente establecer si una cláusula contractual determinada ha sido negociada individualmente de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE.

               5.

               Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente establecer si se considera que una cláusula contractual relativa a la indexación de las cuotas de reembolso de un crédito se ha explicado de forma explícita y comprensible al consumidor. Esta valoración debe realizarse teniendo en cuenta la redacción precisa de las cláusulas contractuales y todas aquellas circunstancias pertinentes, incluyendo aquellas descritas en los apartados a) y b) de la cuarta pregunta realizada por el órgano jurisdiccional nacional, así como las disposiciones legales a nivel nacional en materia de indexación de precios.

               6.

               El artículo 6, aparado 1, de la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal nacional considere que una cláusula concreta es abusiva de acuerdo con la Directiva 93/13/CEE, dicho órgano debe asegurarse de que esa cláusula no es vinculante para el consumidor, siempre que el contrato pueda continuar existiendo sin dicha cláusula, y que, de acuerdo con las normas del Derecho interno, la continuidad del contrato sea posible legalmente.


title: Asunto C-188/03: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Arbeitsgericht Berlin, de fecha 30 de abril de 2003, en el asunto entre Irmtraud Junk y Rechtsanwalt Wolfgang Kühnel, como administrador de la quiebra de la sociedad AWO Gemeinnützige Pflegegesellschaft Südwest mbH

text:
6.9.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 213/7
exigida por dicha disposición podía estar constituida por tres            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
documentos, a saber, el informe a la Comisión consultiva de               lución del Arbeitsgericht Berlin, de fecha 30 de abril de
compras y contratos (CCAM), el dictamen favorable de la                   2003, en el asunto entre Irmtraud Junk y Rechtsanwalt
CCAM y el anuncio de adjudicación de contrato publicado en                Wolfgang Kühnel, como administrador de la quiebra de la
el Diario Oficial.                                                        sociedad AWO Gemeinnützige Pflegegesellschaft
                                                                                Südwest mbH
                                                                                (Asunto C-188/03)
En su segundo motivo, la recurrente alega que existe una
contradicción en los fundamentos de Derecho de la sentencia                                        (2003/C 213/12)
recurrida, ya que el Tribunal de Primera Instancia consideró
que el contrato celebrado entre el Consejo y el adjudicatario
constituía la decisión de adjudicación (apartado 44), pero para           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
verificar si la decisión de adjudicación estaba suficientemente           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
motivada analizó el escrito del Consejo de 11 de marzo de                 resolución del Arbeitsgericht Berlin, dictada el 30 de abril de
2000 (apartados 56, 57 y 58). Con carácter subsidiario, la                2003, en el asunto entre Irmtraud Junk y Rechtsanwalt
recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia                  Wolfgang Kühnel, como administrador de la quiebra de
incumplió la obligación de motivación que establece el artí-              la sociedad AWO Gemeinnützige Pflegegesellschaft Südwest
culo 253 CE al considerar que el escrito del Consejo de 11 de             mbH, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de
marzo de 2000 estaba suficientemente motivado, habida                     mayo de 2003. El Arbeitsgericht Berlin solicita al Tribunal de
cuenta en particular de lo que dispone el artículo 8, apartado 1,         Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
de la Directiva 93/37.
                                                                          1)     La Directiva 98/59/CE (1) del Consejo, de 20 de julio de
                                                                                1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de
                                                                                los Estados miembros que se refieren a los despidos
En su tercer motivo, las recurrente alega que el Tribunal de                     colectivos, ¿debe interpretarse en el sentido de que por
Primera Instancia infringió los artículos 18 y 30, apartados 1 y                 «despido» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a),
2, de la Directiva 93/37 y el pliego de cláusulas administrativas                de dicha Directiva debe entenderse la comunicación del
particulares y vulneró los principios de igualdad y de transpa-                  despido como el primer acto destinado a resolver la
rencia al estimar que los criterios cualitativos tienen por                      relación laboral, o significa «despido» la resolución de la
función principal comprobar si cada licitador posee las                          relación laboral que se produce al expirar el plazo de
capacidades y aptitudes necesarias para ejecutar las obras y                     preaviso?
que los criterios de adjudicación tienen diferente peso, en
particular los cualitativos y los cuantitativos, aunque no es esto        2)     En caso de que por «despido» deba entenderse la comuni-
lo que se deduce del pliego de cláusulas administrativas                         cación del despido, ¿exige la Directiva que tanto el
particulares.                                                                    procedimiento de consulta con arreglo al artículo 2 de la
                                                                                Directiva como el procedimiento de notificación con
                                                                                arreglo a los artículo 3 y 4 de la Directiva se hayan
                                                                                completado antes de enviar la comunicación de los
En su cuarto motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de                       despidos?
Primera Instancia que haya desnaturalizado su argumentación
al considerar que, en relación con los tres criterios según los           (1 ) DO L 225, p. 16.
cuales la oferta de Strabag superaba a la del adjudicatario, la
recurrente ponía de nuevo en entredicho las apreciaciones del
Consejo en su informe a la CCAM, mientras que lo que ella
reprochaba a este último era que hubiera formulado en el
procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia aprecia-
ciones distintas de las recogidas en dicho informe.                       Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
                                                                          lución del Finanzgericht Hamburg, de fecha 29 de abril de
                                                                          2003, en el asunto entre Georg Friedrich Baur, hijo, en su
                                                                          condición de albacea testamentario de la herencia del
En apoyo de su pretensión de indemnización, la recurrente                      Sr. Georg Friedrich Baur, padre y Hauptzollamt Kiel
alega que el Consejo adoptó un comportamiento ilegal en
la adjudicación del contrato, que le hizo incurrir en una                                         (Asunto C-194/03)
responsabilidad extracontractual. Dicho comportamiento ile-
gal causó un perjuicio importante a la sociedad Strabag, que
                                                                                (2003/C 213/13)
perdió los beneficios que esperaba obtener al ejecutar el
contrato y ha visto dañadas su imagen comercial y su
reputación. La recurrente valora el total de los daños en
3 803 214 euros, o sea, el 10 % de la facturación que hubiera             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
podido realizar.                                                          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                          resolución del Finanzgericht Hamburg, dictada el 29 de abril
                                                                          de 2003, en el asunto entre Georg Friedrich Baur, hijo, en su
                                                                          condición de albacea testamentario de la herencia del Sr. Georg
                                                                          Friedrich Baur, padre y Hauptzollamt Kiel, y recibida en la


title: Recurso interpuesto el 7 de abril de 1997 por Léon Rappe contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-96/97)

text:
N° C 166/26          [ ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   31 . 5 . 97
en Bruselas, representada por el Sr. Nicolás Lhoëst, Aboga         — en la medida necesaria, anule la decisión denegatoria
do de Bruselas, que designa como domicilio en Luxembur                  expresa adoptada por la Comisión el 27 de diciembre
go el de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rué de Cessange .                 de 1996 en respuesta a la reclamación del deman
                                                                         dante;
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
tancia que :                                                        — condene a la parte demandada al pago de todas las
                                                                         costas del procedimiento .
— anule la decisión de la Comisión de 21 de junio de                Motivos y principales alegaciones
    1996 por la que se denegó la petición de la demandan
    te de que se considerara la posible aplicación del              Los motivos y principales alegaciones son similares a los
    apartado 2 del artículo 31 del Estatuto;                        invocados en el asunto T-16/97 í 1 ).
— en la medida necesaria , anule la decisión denegatoria            (') DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, p . 27.
    expresa adoptada por la Comisión el 27 de diciembre
    de 1996 en respuesta a la reclamación de la deman
    dante;
— condene a la parte demandada al pago de todas las                 Recurso interpuesto el 7 de abril de 1997 por Daniel
    costas del procedimiento .                                      Callebaut contra la Comisión de las Comunidades Euro
                                                                                peas
Motivos y principales alegaciones                                                           ( Asunto T-97/97)
Los motivos y principales alegaciones son similares a los                                      97/C 166/56 )
invocados en el asunto T-16/97 0 ).                                              (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
H DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, p . 27 .
                                                                    Europeas se ha presentado el 7 de abril de 1997 un recur
                                                                    so contra la Comisión de las Comunidades Europeas for
                                                                    mulado por el Sr. Daniel Callebaut, con domicilio en Mon
                                                                    dorf-les-Bains ( Luxemburgo ), representado por el Sr. Nico
Recurso interpuesto el 7 de abril de 1997 por Léon Rappe            lás Lhoëst, Abogado de Bruselas, que designa como
     contra la Comisión de las Comunidades Europeas                 domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson SARL,
                                                                    30, rué de Cessange .
                       ( Asunto T-96/97 )
                                                                    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
                          ( 97/C 166/55 )
                                                                    tancia que :
             (Lengua de procedimiento: francés)                     — anule la decisión de la Comisión de 20 de junio de
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         1996 por la que se denegó la petición del demandante
                                                                         en el sentido de que se considerara la posible aplica
Europeas se ha presentado el 7 de abril de 1997 un recur                ción del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto;
so contra la Comisión de las Comunidades Europeas for
mulado por el Sr. Léon Rappe, con domicilio en Hoegaar             — en cuanto sea necesario, anule la decisión denegatoria
den ( Bélgica ), representado por el Sr. Nicolás Lhoëst, Abo            expresa adoptada por la Comisión el 27 de diciembre
gado de Bruselas, que designa como domicilio en                          de 1996 en respuesta a la reclamación del deman
Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rué de                    dante;
Cessange .
                                                                    — condene a la parte demandada al pago de todas las
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                 costas del procedimiento.
tancia que :                                                        Motivos y principales alegaciones.
— anule la decisión de la Comisión de 18 de junio de                Los motivos y las principales alegaciones son similares a
    1996 por la que se denegó la petición del demandante            los invocados en el asunto T-16/97 (').
    de que se considerara la posible aplicación del
    apartado 2 del artículo 31 del Estatuto;                        O DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, p. 27.


title: Asunto C-133/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de septiembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fövárosi Bíróság — República de Hungría) — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Agricultura — Política agrícola común — Regímenes de ayuda — Reglamento (CE) n o  1782/2003 — Artículo 143 ter bis — Pago aparte por azúcar — Concesión — Decisión de los nuevos Estados miembros — Requisitos — Criterios objetivos y no discriminatorios]

text:
               20.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 317/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de septiembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fövárosi Bíróság — República de Hungría) — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
   (Asunto C-133/09) (1)

   (Agricultura - Política agrícola común - Regímenes de ayuda - Reglamento (CE) no 1782/2003 - Artículo 143 ter bis - Pago aparte por azúcar - Concesión - Decisión de los nuevos Estados miembros - Requisitos - Criterios objetivos y no discriminatorios)
   2010/C 317/16
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fövárosi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: József Uzonyi

      Demandada: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Fővárosi Bíróság — Interpretación del artículo 143 ter bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1) — Obligación de los Estados miembros de conceder el pago aparte por azúcar sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios — Normativa nacional que reserva dicho pago únicamente a los productores titulares de un contrato de entrega de remolacha azucarera celebrado directamente con una azucarera.

      Fallo

   El artículo 143 ter bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 319/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal, que excluye del beneficio al pago aparte por azúcar al agricultor que, sin ser titular de los derechos de suministro, entrega remolachas azucareras a un fabricante de azúcar a través de un integrador titular de dichos derechos, siendo así que dicha normativa concede un pago aparte por azúcar al agricultor titular de derechos de suministro que entrega remolachas azucareras directamente al fabricante de azúcar, así como al agricultor que sin ser titular de los derechos de suministro y siendo miembro de una agrupación de productores, entrega remolachas azucareras a un fabricante de azúcar a través de dicha agrupación, titular esta última de los derechos de suministro.

      (1)  DO C 153, de 4.7.2009.


title: Asunto T-9/13: Recurso interpuesto el 8 de enero de 2013 — National Iranian Gas Company/Consejo

text:
               16.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/23

         Recurso interpuesto el 8 de enero de 2013 — National Iranian Gas Company/Consejo
   (Asunto T-9/13)
   2013/C 79/41
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: The National Iranian Gas Company (Teherán, Irán) (representantes: E. Glaser y S. Perrotet, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el artículo 1, número 8, de la Decisión del Consejo no 2012/635/PESC de 15 de octubre de 2012 en la medida en que modificó el artículo 20, apartado c), de la Decisión 2010/413/PESC.

               —

               Anule la Decisión no 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, en la medida en que incluyó a la sociedad NIGC en la lista de entidades a las que se aplican las medidas de congelación de fondos previstas en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.

               —

               Anule conjuntamente el Reglamento de Ejecución no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, en la medida en que incluyó a la sociedad NIGC en la lista de entidades a las que se aplican las medidas de congelación de fondos previstas en el anexo IX del Reglamento no 267/2012.

               —

               Declare la inaplicabilidad a National Iranian Gas Company del Reglamento no 267/2012, de la Decisión no 2010/413/PESC en su versión modificada por las Decisiones 2012/35/PESC y 2012/635/PESC en sus disposiciones que introducen y posteriormente modifican el apartado c) del artículo 20 de la Decisión 2010/413/PESC y en virtud de las cuales se incluyó a la demandante en la lista que figura en el anexo II.

               —

               Con carácter subsidiario, en el caso de que no se anule el artículo 1, número 8, de la Decisión no 2012/635/PESC, de 15 de octubre de 2012, en la medida en que modificó el artículo 20, apartado c), de la Decisión 2010/413/PESC, declare su inaplicabilidad a National Iranian Gas Company.

               —

               Condene al Consejo al pago de todas las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca diez motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la inaplicabilidad del artículo 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413/PESC (1) tal como fue incluido y modificado por las Decisiones 2012/35/PESC (2) y 2012/635/PESC, (3) y en la ilegalidad del artículo 1, punto 8), de la Decisión 2012/635/PESC por el que se modifica el artículo 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413/PESC, ya que esas decisiones se basan en conceptos imprecisos e indeterminados contrarios al derecho de propiedad y al principio de proporcionalidad.

               2)

               Segundo motivo, basado en una irregularidad de procedimiento y en la incompetencia del Consejo para actuar sólo en virtud del artículo 251 TFUE.

               3)

               Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, ya que el Consejo se basó en elementos vagos e imprecisos cuya verificación resulta imposible.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante, toda vez que se privó a ésta de su derecho a la tutela judicial efectiva y de su derecho de propiedad, en la medida en que la Decisión impugnada adolece de insuficiencia de motivación, lo que impide a la parte demandante poder defenderse oportunamente y al Tribunal ejercer su control jurisdiccional. La parte demandante sostiene que no tuvo acceso a los documentos de su expediente ante el Consejo.

               5)

               Quinto motivo, basado en la ausencia de pruebas contra la parte demandante, ya que el Consejo se basa en meras alegaciones.

               6)

               Sexto motivo, basado en un error de Derecho, en la medida en que el Consejo dedujo del hecho que la demandante fuera una empresa pública que ésta prestaba apoyo financiero al Gobierno iraní.

               7)

               Séptimo motivo, basado en la inexactitud material de los hechos, ya que el Estado no era titular de la sociedad demandante ni la gestionaba ni ésta prestó apoyo financiero al Gobierno iraní.

               8)

               Octavo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación y en la violación del principio de proporcionalidad, puesto que las restricciones impuestas al derecho de propiedad de la parte demandante y a su derecho a ejercer una actividad económica son desproporcionadas respecto al objetivo perseguido. La parte demandante alega que la congelación de sus fondos no cumple el objetivo perseguido en la medida en que ella no participa en la ejecución del programa nuclear imputado al Gobierno iraní.

               9)

               Noveno motivo, basado en la inexistencia de base jurídica para el Reglamento de Ejecución no 945/2012. (4)

               10)

               Décimo motivo, basado en el hecho de que el Reglamento de Ejecución no 945/2012 está viciado por incompetencia e insuficiencia de motivación.

      (1)  Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39), en su versión corregida.

      (2)  Decisión 2012/35/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 19, p. 22), en su versión corregida.

      (3)  Decisión 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 58).

      (4)  Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 16).