title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de septiembre de 2000 en el asunto C-238/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal administrif de Châlons-en-Champagne): Hugo Fernando Hocsman contra Ministre de l'Emploi et de la Solidarité ["Artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) — Directiva 93/16/CEE del Consejo — Nacional comunitario titular de un diploma argentino reconocido por las autoridades de un Estado miembro como equivalente al título de licenciado en medicina y en cirugía — Obligaciones de otro Estado miembro al que se ha solicitado la habilitación para ejercer la medicina en su territorio"]

text:
25.11.2000                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 335/3
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              (Sala Quinta)                                                              (Sala Sexta)
                                                                                de 14 de septiembre de 2000
                   de 14 de septiembre de 2000
                                                                            en el asunto C-343/98 (petición de decisión prejudicial
en el asunto C-238/98 (petición de decisión prejudicial                   planteada por el Pretore di Pinerolo): Renato Collino,
planteada por el tribunal administrif de Châlons-en-                              Luisella Chiappero contra Telecom Italia SpA (1)
Champagne): Hugo Fernando Hocsman contra Ministre
                 de l’Emploi et de la Solidarité (1)                        («Directiva 77/187/CEE — Mantenimiento de los derechos
                                                                            de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas —
                                                                            Transmisión de una entidad gestionada por un organismo
[«Artı́culo 52 del Tratado CE (actualmente artı́culo 43 CE,                 público de la Administración del Estado a una sociedad de
tras su modificación) — Directiva 93/16/CEE del Consejo                    Derecho privado con capital público — Concepto de trabaja-
— Nacional comunitario titular de un diploma argentino                      dor — Consideración de la antigüedad global de los trabaja-
reconocido por las autoridades de un Estado miembro como                                          dores por el cesionario»)
equivalente al tı́tulo de licenciado en medicina y en cirugı́a
— Obligaciones de otro Estado miembro al que se ha                                                     (2000/C 335/06)
solicitado la habilitación para ejercer la medicina en su
                               territorio»]                                                   (Lengua de procedimiento: italiano)
                            (2000/C 335/05)                                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                   (Lengua de procedimiento: francés)                       En el asunto C-343/98, que tiene por objeto una petición
                                                                            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                            Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Pretore di
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     Pinerolo (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            ante dicho órgano jurisdiccional entre Renato Collino, Luisella
                                                                            Chiappero y Telecom Italia SpA, una decisión prejudicial sobre
En el asunto C-238/98, que tiene por objeto una petición                   la interpretación de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del          14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislacio-
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el tribunal                  nes de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los
administratif de Châlons-en-Champagne (Francia), destinada a                derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas,
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional          de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO
entre Hugo Fernando Hocsman y Ministre de l’Emploi et de la                 L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122), el Tribunal de Justicia (Sala
solidarité, una decisión prejudicial sobre la interpretación del          Sexta), integrado por los Sres.: J.C. Moitinho de Almeida,
artı́culo 52 del Tratado CE (actualmente artı́culo 43 CE, tras su           Presidente de Sala, C. Gulmann y J.-P. Puissochet (Ponente),
modificación), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado            Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. H.A. Rühl,
por los Sres. D.A.O. Edward (Ponente), Presidente de Sala,                  administrador principal, ha dictado el 14 de septiembre de
J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.-P. Puissochet y                    2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
P. Jann, Jueces, Abogado General: Sr. F.G. Jacobs, Secretario:
Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 14 de                1)    El artı́culo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del
septiembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                      Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación
                                                                                de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
El artı́culo 52 del Tratado CE (actualmente artı́culo 43 CE, tras su              mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
modificación) debe interpretarse en el sentido de que, cuando en una             traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de
situación no regulada por una Directiva relativa al reconocimiento               centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que ésta
mutuo de diplomas, un nacional comunitario presente una solicitud                 puede aplicarse a una situación en la que una entidad que presta
de habilitación para ejercer una profesión cuyo acceso está subordi-           servicios públicos de telecomunicaciones, gestionada por un
nado, según la legislación nacional, a la posesión de un tı́tulo o de          organismo público integrado en la Administración del Estado,
una capacitación profesional, o también a perı́odos de experiencia               es transmitida a tı́tulo oneroso en régimen de concesión
práctica, las autoridades competentes del Estado miembro de que se               administrativa, por decisión de los poderes públicos, a una
trata están obligadas a tomar en consideración todos los diplomas,              sociedad de Derecho privado constituida por otro organismo
certificados y otros tı́tulos, ası́ como la experiencia pertinente del            público que posee la totalidad de sus acciones. Es preciso, sin
interesado, efectuando una comparación entre, por una parte, las                 embargo, que las personas afectadas por dicha transmisión
aptitudes acreditadas por dichos tı́tulos y por dicha experiencia, y, por         hayan estado protegidas inicialmente, como trabajadores, con
otra, los conocimientos y capacitación exigidos por la legislación              arreglo a la legislación nacional en materia de Derecho del
nacional.                                                                         trabajo.
                                                                            2)    El artı́culo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva
(1) DO C 258 de 15.8.1998.
                                                                                77/187 debe interpretarse en el sentido de que, para el cálculo
                                                                                de los derechos de carácter pecuniario, vinculados, en el
                                                                                cesionario, a la antigüedad de los trabajadores, como son la
                                                                                indemnización por finalización de contrato o los incrementos


title: Asunto F-41/15 DISS I: Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de noviembre de 2015 — FL, FM y FO/CEPOL

text:
               21.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 429/30

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de noviembre de 2015 — FL, FM y FO/CEPOL
   (Asunto F-41/15 DISS I)
   (2015/C 429/40)
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberlandesgericht Wien, de fecha 1 de septiembre de 1997, en el asunto entre Verein zur Förderung des freien Wettbewerbes im Medienwesen y Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG (Asunto C-314/97)

text:
C 331/12           1 ES [                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   1 . 11 . 97
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:           Recurso de casación interpuesto el 12 de septiembre de
                                                                    1997 contra la sentencia dictada el 9 de julia de 1997 por
— declare que la República Italiana ha incumplido las               la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
    obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva          Comunidades Europeas en el asunto T-156/95 entre
    que se cita a continuación y del Tratado, al no adoptar         D. Echauz Brigaldi, J. L. Buendía Sierra, C. Montoliu
    y/o al no comunicar las disposiciones legales, regla           García, M. J. Ruiz Monroy, C. Ochoa de Michelena,
    mentarias y administrativas necesarias para atenerse a          V. Pagadigorria Wicke, M. Abellán López, I. Gil Tardón,
    la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviem             A. García Velázquez, M. C. Labrador Rubio, C. Casado
    bre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para             Salinas, D. González Marín, E. M. Rasines Martín,
    las organizaciones de inspección y peritaje de buques y         J. Vizcarra Soriano y L. Fabra Utray por una parte, y la
    para las actividades correspondientes de las adminis                Comisión de las Comunidades Europeas, por otra
    traciones marítimas ( ] ),                                                           (Asunto C-315/97 P)
                                                                                ( 97/C 331 /22 )
— condene en costas a la República Italiana .
Motivos y principales alegaciones                                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                    ha presentado el 12 de septiembre de 1997 un recurso de
El artículo 189 del Tratado CE, según el cual la Directiva          casación interpuesto por D. Echauz Brigaldi, C. Montoliu
obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resul           García, M. J. Ruiz Monroy, C. Ochoa de Michelena,
tado que deba conseguirse, implica la obligación de los             M. C. Labrador Rubio y L. Fabra Utray, representados
Estados miembros de respetar los plazos establecidos en             por el Sr. Ramón García-Gallardo, Abogado, con domici
las Directivas para la adaptación del Derecho interno. Este         lio a efectos de notificaciones en J. y B. Cremades y Aso
plazo expiró el 31 de diciembre de 1995 sin que la Repú            ciados, avenue Louise Louizalaan, 391 , B-1050 Bruxelles/
blica Italiana haya adoptado las disposiciones necesarias           Brussel , contra la sentencia dictada el 9 de julio de 1997
para atenerse a la Directiva citada en las pretensiones de          por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
la Comisión .                                                       Comunidades Europeas en el asunto T-156/95 entre D.
                                                                    Echauz Brigaldi, J. L. Buendía Sierra, C. Montoliu García,
H DO L 319 de 12 . 12 . 1994 , p . 20 .                             M. J. Ruiz Monroy, C. Ochoa de Michelena, V. Pagadigo
                                                                    rria Wicke, M. Abellán López, I. Gil Tardón, A. García
                                                                    Velázquez, M. C. Labrador Rubio, C. Casado Salinas, D.
                                                                    González Marín, E. M. Rasines Martín, J. Vizcarra
                                                                    Soriano y L. Fabra Utray, por una parte, y la Comisión de
                                                                    las Comunidades Europeas, por otra .
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
lución del Oberlandesgericht Wien, de fecha 1 de septiem           La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
bre de 1997, en el asunto entre Verein zur Förderung des
                                                                    — declare que el presente recurso es admisible y fundado
freien Wettbewerbes im Medienwesen y Heinrich Bauer
                                                                        para los funcionarios recurrentes,
                Spezialzeitschriften Verlag KG
                     (Asunto C-3 14/97)                             — anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
                        ( 97/C 331/21 )                                 fecha de 9 de julio de 1997 en el asunto T-156/95 H
                                                                    — condene a la Comisión de las Comunidades Europeas
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               al pago de las costas.
sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución del Oberlandesgericht Wien, dictada             Motivos y principales alegaciones
el 1 de septiembre de 1997, en el asunto entre Verein zur
Forderung des freien Wettbewerbes im Medienwesen y                  — Error manifiesto en la interpretación y aplicación de la
Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG, y recibida               normativa comunitaria vigente y, en concreto, de la
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de septiem             Conclusión n° 201 /92 de la Junta de Jefes de la Admi
bre de 1997 .                                                           nistración ( aplicada mediante la circular interna de la
                                                                         Comisión de 24 de enero de 1992 ), así como la letra b)
El Oberlandesgericht Wien solicita al Tribunal de Justicia              del artículo 12 del Protocolo sobre privilegios e inmu
que se pronuncie sobre la cuestión siguiente:                           nidades de las Comunidades Europeas y del artículo 20
                                                                        del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades
¿ Debe interpretarse el artículo 30 del Tratado CE en el                Europeas: el Tribunal no toma en consideración que
sentido de que se opone a la aplicación de las disposicio              un funcionario que legítimamente desee mantener su
nes de un Estado miembro A, que prohíbe a la empresa                    residencia oficial en España no tiene otra alternativa,
domiciliada en el Estado miembro B que venda también                     para ejercer su derecho al voto, que trasladarse a su
en el Estado miembro A la revista de publicación periódica              país de origen .
editada en el Estado miembro B, cuando en la referida
revista se contienen concursos con premios, o premios por           — Discriminación .
resolver | enigmas, cuya celebración es legal en el Estado
miembro B ?                                                         (') DO C 252 de 16 . 8 . 1997, p . 27.


title: Asunto C-482/13: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n ° 2 de Marchena (España) el 10 de septiembre de 2013 — Unicaja Banco SA/José Hidalgo Rueda y otros

text:
               30.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 352/4

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (España) el 10 de septiembre de 2013 — Unicaja Banco SA/José Hidalgo Rueda y otros
   (Asunto C-482/13)
   2013/C 352/06
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Unicaja Banco SA

      Demandada: José Hidalgo Rueda, María del Carmen Vega Martín, Gestión Patrimonial Hive SL, Francisco Antonio López Reina, Rosa María Hidalgo Vega

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo (1), de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular con el artículo 6.1 de la Directiva, y a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad, cuando un Juez Nacional aprecie la existencia de una cláusula abusiva relativa a interés moratorio en préstamos hipotecarios debe proceder a declarar la nulidad de la cláusula y su carácter no vinculante o por el contrario debe proceder a moderar la cláusula de intereses dando traslado al ejecutante o prestamista para que recalculen los intereses

               2)

               Si la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013 de 14 de Mayo, no supone sino una limitación clara a la protección del interés del consumidor, al imponer implícitamente al órgano jurisdiccional la obligación de moderar una cláusula de interés de demora que haya incurrido en abusividad, recalculando los intereses estipulados y manteniendo la vigencia de una estipulación que tenía un carácter abusivo, en lugar de declarar la nulidad de la cláusula y la no vinculación del consumidor a la misma.

               3)

               Si la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013 de 14 de Mayo, contraviene la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular el artículo 6.1 de la mencionada directiva, al impedir la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad en materia de protección al consumidor y evitar la aplicación de la sanción de nulidad y no vinculación sobre las cláusulas de interés de demora incursas en abusividad estipuladas en préstamos hipotecarios concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 de 14 de Mayo.

      (1)  DO L 95, p. 29


title: Asunto T-248/99: Recurso interpuesto el 18 de octubre de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por vennootschap onder firma Autobedrĳf Diepenmaat V.O.F.

text:
8.1.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 6/33
Recurso interpuesto el 19 de octubre de 1999 contra la                   — Incumplimiento por parte de la Comisión de su obligación
Comisión de las Comunidades Europeas por Marie-                             sobre el plazo y el modo de corrección del supuesto error
                          Laurence Buisson                                   existente en su escrito de 30 de abril de 1999.
                                                                         — Violación del principio de buena administración, ya que la
                         (Asunto T-243/99)
                                                                             Comisión no hizo todo lo posible para asegurarse de que
                                                                             el escrito que alegó haber enviado a la demandante el 5 de
                            (2000/C 6/58)                                    mayo de 1999 llegó realmente a su destino.
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 19 de octubre de 1999 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  Recurso interpuesto el 18 de octubre de 1999 contra la
formulado por Marie-Laurence Buisson, representada por Ian               Comisión de las Comunidades Europeas por vennoots-
S. Forrester, QC at the Scots Bar, Elisabethann Wright, Barrister             chap onder firma Autobedrijf Diepenmaat V.O.F.
of the Inn of Court of Northern Ireland, Fiona M. Murray,
Barrister of the Middle Temple, y Frederik Lindblom, Biträ-
dande Jurist, que designa como domicilio en Luxemburgo el                                       (Asunto T-248/99)
despacho de Me Aloyse May, 31 Grand rue, BP 144.
                                                                                (2000/C 6/59)
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
— anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 1999,
     por la que se desestima la reclamación de la demandante
     contra su exclusión de las pruebas escritas de la oposición       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     general COM/A/10/98;                                                Europeas se ha presentado el 18 de octubre de 1999 un
                                                                         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                         formulado por vennootschap onder firma Autobedrijf Diepen-
— conceda una indemnización por daños y perjuicios por                 maat V.O.F., de Borne (Paı́ses Bajos), representada por el
     importe de 100 000 BEF;                                             Sr. H.W. Kesler, Abogado de Enschede, que designa como
                                                                         domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. K. Manhaeve,
— condene en costas a la Comisión.                                      Abogado, rue Charles Martel, 56-58.
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                         que:
Motivos y principales alegaciones
                                                                         a) Anule la Decisión [C(1999)2539 final] (1) de la Comisión,
El objeto del recurso es la impugnación de la legalidad de una              de 20 de julio de 1999, relativa a una ayuda de Estado de
decisión de la Comisión por la que se desestima una reclama-               los Paı́ses Bajos a 633 estaciones de servicio neerlandesas
ción de la demandante contra su exclusión de la segunda                    de la zona fronteriza con Alemania.
fase del procedimiento de selección en la oposición general
COM/A/10/98. En apoyo de su recurso, la demandante                       b) Condene en costas a la Comisión.
formula los siguientes motivos:
— Violación de las legı́timas expectativas de la demandante             Motivos y principales alegaciones
     de que serı́a admitida a las pruebas escritas. El escrito de la
     Comisión de 30 de abril de 1999 generó claramente dicha           El presente asunto es conexo con el asunto T-210/99. La parte
     expectativa. Según la demandante, dado que el punto IV.5           demandante alega, entre otras cosas, que la Comisión ha
     de la convocatoria de oposición general establecı́a que se         interpretado erróneamente el concepto de «empresa», ası́ como
     elaborarı́a una lista con aquellos candidatos que cumplie-          el concepto de «ayuda», por entender que la ayuda concedida
     sen las condiciones de admisión y hubiesen obtenido una            por las autoridades y la ayuda concedida por una empresa
     de las 200 mejores calificaciones en las pruebas de                 privada son de naturaleza tan similar que cabe hablar de
     preselección, y que el punto VIII.1 establecı́a que estos          acumulación en el sentido de la normativa de minimis.
     candidatos serı́an admitidos a las pruebas escritas, el escrito
     sólo podı́a interpretarse en el sentido de que la demandante
     se encontraba entre los 200 candidatos que iban a ser               (1) DO L 280, de 30.10.99, p. 87.
     admitidos a las pruebas escritas y que la Comisión estaba
     comprobando que su candidatura cumplı́a las condiciones
     de admisión recogidas en el punto III de la convocatoria.


title: Asunto C-160/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de mayo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías — Grecia) — Ioánnis Katsivardás — Nikoláos Tsitsíkas O.E./Ypourgós Oikonomikón [Reglamento (CEE) n ° 1591/84 — Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y por otra el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela — Cláusula de la nación más favorecida — Efecto directo — Impuesto especial sobre la importación de plátanos en Grecia]

text:
               3.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de mayo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías — Grecia) — Ioánnis Katsivardás — Nikoláos Tsitsíkas O.E./Ypourgós Oikonomikón
   (Asunto C-160/09) (1)

   (Reglamento (CEE) no 1591/84 - Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y por otra el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela - Cláusula de la nación más favorecida - Efecto directo - Impuesto especial sobre la importación de plátanos en Grecia)
   2010/C 179/20
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Symvoúlio tis Epikrateías

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Ioánnis Katsivardás — Nikoláos Tsitsíkas O.E.

      Demandada: Ypourgós Oikonomikón

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Symvoúlio tis Epikrateías — Interpretación del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1591/84 del Consejo, de 4 de junio de 1984, relativo a la celebración del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y por otra el Acuerdo de Cartagena y sus Países Miembros, la República de Bolivia, la República de Colombia, la República de Ecuador, la República de Perú y la República de Venezuela (DO L 153, p. 1; EE 11/20, p. 83) — Cláusula de la nación más favorecida — Derecho a invocar dicho Acuerdo por parte de un particular que solicita la devolución de un impuesto interno para demostrar la incompatibilidad de éste con el Acuerdo — Régimen de importación de los plátanos.

      Fallo

   El artículo 4 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y por otra el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, aprobado mediante el Reglamento (CEE) no 1591/84 del Consejo, de 4 de junio de 1984, no confiere a los particulares derechos que puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro.

      (1)  DO C 153, de 4.7.2009.


title: Asunto C-49/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 27 de enero de 2016 — Unibet International Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 27 de enero de 2016 — Unibet International Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
   (Asunto C-49/16)
   (2016/C 136/20)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Unibet International Limited

      Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») en el sentido de que se opone a una medida nacional según la cual la normativa de un Estado miembro, que convocando, en su caso, una licitación para adjudicar una concesión, o aceptando una oferta presentada para obtener la concesión, garantiza la posibilidad teórica de que cualquier operador que cumpla los requisitos legales —incluso un operador establecido en otro Estado miembro— obtenga la concesión para la prestación de servicios de juegos de azar en línea no liberalizados, bien a través de una licitación pública o bien mediante la presentación de una oferta, siendo así que el Estado miembro en cuestión, en realidad, no convoca una licitación para adjudicar la concesión y el prestador del servicio tampoco tiene, en la práctica, la posibilidad de presentar una oferta y, aun así, las autoridades del Estado miembro declaran que el prestador del servicio cometió una infracción de normas jurídicas por haber prestado el servicio sin la autorización basada en la concesión y le imponen la sanción administrativa prevista en la normativa (inaccesibilidad temporal y multa en caso de infracción reiterada)?

               2)

               ¿Se opone el artículo 56 TFUE a que un Estado miembro introduzca normas de rango superior desde el punto de vista de su Derecho interno, que ofrecen a los operadores de juegos de azar en línea la posibilidad teórica de prestar de modo transfronterizo servicios de juegos de azar en línea, siendo así que, por la falta, en el Estado miembro, de normas de ejecución de rango inferior, tales operadores no pueden realmente obtener de las autoridades las autorizaciones necesarias para la prestación del servicio?

               3)

               En la medida en que el tribunal que conoce del litigio principal declare, a la vista de las respuestas que se den a las cuestiones anteriores, que la medida del Estado miembro es contraria al artículo 56 TFUE, ¿actúa dicho tribunal de manera compatible con el Derecho de la Unión si considera contrarias al artículo 56 TFUE tanto la infracción de normas jurídicas declarada en las resoluciones de las autoridades del Estado miembro, por haberse prestado el servicio sin autorización, como la sanción administrativa impuesta por dicha infracción (inaccesibilidad temporal y multa)?


title: Archivo del asunto C-327/96

text:
10.10.98             ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 312/9
              Archivo del asunto C-12/96 (1)                    prejudicial del Landgericht Berlin): VR-Leasing GmbH
                       (98/C 312/19)                            contra Margit Bertram.
Mediante auto de 26 de junio de 1998, el Presidente del         (1) DO C 94 de 28.3.1998.
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
dido archivar el asunto C-12/96: RepuÂblica Portuguesa
contra Comisión de las Comunidades Europeas.
(1) DO C 95 de 30.3.1996.
                                                                              Archivo del asunto C-351/97 (1)
                                                                                (98/C 312/23)
                                                                Mediante auto de 10 de julio de 1998, el Presidente del
              Archivo del asunto C-39/98 (1)                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
                       (98/C 312/20)                            dido archivar el asunto C-351/97: Comisión de las Comu-
                                                                nidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo.
Mediante auto de 2 de julio de 1998, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha             (1) DO C 357 de 22.11.1997.
decidido archivar el asunto C-39/98: Comisión de las
Comunidades Europeas contra Silena SpA.
(1) DO C 137 de 2.5.1998.
                                                                              Archivo del asunto C-250/96 (1)
                                                                                (98/C 312/24)
             Archivo del asunto C-327/96 (1)                    Mediante auto de 13 de julio de 1998, el Presidente del
                       (98/C 312/21)                            Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala
                                                                Quinta) ha decidido archivar el asunto C-250/96 (petición
Mediante auto de 9 de julio de 1998, el Presidente del          de decisión prejudicial de la Pretura circondariale di Bres-
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha             cia): Proceso penal contra Riccardo Piccaluga.
decidido archivar el asunto C-327/96 (petición de decisión
prejudicial del Tribunale di Genova): Ente Autonomo             (1) DO C 294 de 5.10.1996.
Fiera Internazionale di Genova contra Ministero delle
Finanze.
(1) DO C 370 de 7.12.1996.
                                                                              Archivo del asunto C-297/97 (1)
                                                                                (98/C 312/25)
              Archivo del asunto C-30/98 (1)                    Mediante auto de 17 de julio de 1998, el Presidente del
                       (98/C 312/22)                            Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
                                                                dido archivar el asunto C-297/97: Comisión de las Comu-
Mediante auto de 9 de julio de 1998, el Presidente del          nidades Europeas contra RepuÂblica Italiana.
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
decidido archivar el asunto C-30/98 (petición de decisión       (1) DO C 318 de 18.10.1997.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de septiembre de 2000 en el asunto C-134/99 (petición de decisión prejudicial del Supremo Tribunal Administrativo): IGI — Investimentos Imobiliários SA contra Fazenda Pública ("Directiva 69/335/CEE — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Derechos de inscripción en un Registro nacional de personas jurídicas — Derechos de carácter remunerativo")

text:
C 335/14                   ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          25.11.2000
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   4)    El artı́culo 10 de la Directiva 69/335, en su versión modificada
                                                                                por la Directiva 85/303, confiere derechos que los particulares
                               (Sala Quinta)                                         pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
                    de 26 de septiembre de 2000
                                                                               (1) DO C 188 de 3.7.1999.
en el asunto C-134/99 (petición de decisión prejudicial del
Supremo Tribunal Administrativo): IGI — Investimentos
            Imobiliários SA contra Fazenda Pública (1)
(«Directiva 69/335/CEE — Impuestos indirectos que gravan
la concentración de capitales — Derechos de inscripción en
un Registro nacional de personas jurı́dicas — Derechos de                               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                        carácter remunerativo»)
                             (2000/C 335/26)                                                                (Sala Quinta)
                  (Lengua de procedimiento: portugués)                                            de 26 de septiembre de 2000
                                                                               en el asunto C-408/99: Comisión de las Comunidades
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                Europeas contra Irlanda (1)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-134/99, que tiene por objeto una petición                      («Incumplimiento de Estado — Directivas 94/55/CE y
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del             96/86/CE — No adaptación del Derecho interno dentro del
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Supremo                                                 plazo señalado»)
Tribunal Administrativo (Portugal), destinada a obtener, en el
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre IGI —                                           (2000/C 335/27)
Investimentos Imobiliários SA y Fazenda Pública, en el que
interviene: Ministério Público, una decisión prejudicial sobre la
interpretación de los artı́culos 4, 10 y 12, apartado 1, de la                                    (Lengua de procedimiento: inglés)
Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969,
relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración
de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22), en su versión                (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
junio de 1985 (DO L 156, p. 23; EE 09/01, p. 171), el Tribunal
de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. D.A.O. Edward,              En el asunto C-408/99, Comisión de las Comunidades Euro-
Presidente de Sala; L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm (Ponente)                 peas (agente: Sra. M. Wolfcarius) contra Irlanda (agente:
y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. G. Cosmas; Secre-                  Sr. M.A. Buckley), que tiene por objeto que se declare que
tario: Sr. R. Grass, ha dictado el 26 de septiembre de 2000 una                Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                          virtud de las Directivas 94/55/CE del Consejo, de 21 de
                                                                               noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones
1)     La Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de                  de los Estados con respecto al transporte de mercancı́as
       1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la                 peligrosas por carretera (DO L 319, p. 7), y 96/86/CE de la
       concentración de capitales, en su versión modificada por la           Comisión, de 13 de diciembre de 1996, para la adaptación al
       Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985,               progreso técnico de la Directiva 94/55 (DO L 335, p. 43), al
       debe interpretarse en el sentido de que los derechos percibidos         no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
       por la inscripción en un Registro nacional de personas jurı́dicas      administrativas necesarias para dar cumplimiento a las citadas
       del aumento del capital social de una sociedad de capital, como         Directivas o, en cualquier caso, al no haber informado a la
       los controvertidos en el litigio principal, constituyen un impuesto     Comisión acerca de las referidas disposiciones, el Tribunal de
       en el sentido de dicha Directiva.                                       Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres.: D.A.O. Edward,
2)     Los derechos devengados por la inscripción en un Registro              Presidente de Sala, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm
       nacional de personas jurı́dicas del aumento del capital social de       (Ponente) y M. Wathelet, Jueces, Abogado General: Sr. A. Sag-
       una sociedad de capital, cuando constituyen un impuesto en el           gio, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 26 de septiembre de
       sentido de la Directiva 69/335, en su versión modificada por           2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       la Directiva 85/303, están, en principio, prohibidos por el
       artı́culo 10, letra c), de la misma Directiva.                          1)    Se declara que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
                                                                                incumben en virtud de las Directivas 94/55/CE del Consejo,
3)     No tienen carácter remunerativo, con arreglo al artı́culo 12,                de 21 de noviembre de 1994, sobre aproximación de las
       apartado 1, letra e), de la Directiva 69/335, en su versión                  legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte
       modificada por la Directiva 85/303, los derechos que se                       de mercancı́as peligrosas por carretera, y 96/86/CE de la
       perciban por la inscripción en un Registro nacional de personas              Comisión, de 13 de diciembre de 1996, para la adaptación al
       jurı́dicas del aumento del capital social de una sociedad de                  progreso técnico de la Directiva 94/55, al no haber adoptado,
       capital, como los controvertidos en el procedimiento principal,               dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamenta-
       cuyo importe aumente directamente y sin lı́mites en proporción               rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las
       al capital social suscrito.                                                   citadas Directivas.


title: Asunto C-207/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Corte di Appello di Firenze, de fecha 23 de enero de 2001, en el asunto entre Altair Chimica SpA y ENEL Distribuzione SpA

text:
C 200/54                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       14.7.2001
      de confusión y de errores de clasificación. Un Estado             resolución de la High Court of Justice (England & Wales),
      miembro no puede alegar el mero concepto de «gestión               Queen’s Bench Division (Commercial Court), dictada el 13 de
      nacional» para hallarse autorizado a separarse de las               noviembre de 2000, en el asunto entre Joseph Lennox (cuyo
      disposiciones comunitarias aplicables en la medida en               nombre comercial es R. Lennox & Son) e Industria Lavorazione
      que no hay ningún dato que permita apreciar en qué                 Carni Ovine, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
      medida la gestión de los residuos en Luxemburgo presenta           el 30 de mayo de 2001. La High Court of Justice (England &
      «necesidades especı́ficas» no cubiertas por la normativa            Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) solicita al
      comunitaria en la materia.                                          Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                          cuestiones:
(1) DO L 194, de 25.07.1975, p. 39, EE 15/01, p. 129.
(2) DO L 78 de 26.03.1991.                                                1.   a)    Cuando se exporta un lote de animales de la especie
(3) DO L 5 de 07.01.1994, p. 15.                                                     ovina de un Estado miembro a otro y éstos van
                                                                                destinados al sacrificio a su llegada, ¿se cumple el
                                                                                requisito establecido en el artı́culo 9 de la Directiva
                                                                                91/68/CEE (1) si el certificado sanitario de acompa-
                                                                                ñamiento no es un certificado según el modelo I,
                                                                                como el recogido en el anexo E de aquélla, sino un
                                                                                certificado según el modelo II?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución de la Corte di Appello di Firenze, de fecha 23 de
                                                                               b)    En caso de respuesta negativa a la cuestión 1. a), de
enero de 2001, en el asunto entre Altair Chimica SpA y
                                                                                forma que el lote haya de ir acompañado únicamente
                     ENEL Distribuzione SpA
                                                                                de un certificado según el modelo I, ¿incumbe la
                                                                                responsabilidad de determinar cuál es el certificado
                        (Asunto C-207/01)                                            adecuado, antes de la exportación, al exportador o
                                                                                al destinatario de los animales, o corresponde al
                         (2001/C 200/96)                                             Derecho nacional aplicable al contrato determinar
                                                                                sobre qué parte recae esta responsabilidad?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  c)    Cuando se exporta un lote de animales de la especie
resolución de la Corte di Appello di Firenze, dictada el 23 de                      ovina de un Estado miembro a otro y éstos van
enero de 2001 en el asunto entre Altair Chimica SpA y ENEL                           destinados al sacrificio a su llegada y acompañados
Distribuzione SpA, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de                      de un certificado sanitario según el modelo II, ¿puede
Justicia el 18 de mayo de 2001, con el fin de que precise cuál                      el Derecho nacional del Estado de destino calificar
es la interpretación exacta de los artı́culos 81, 82 y 85 del                       de ilegal dicha importación, puesto que el referido
Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, de la                              certificado no sigue el modelo I?
Directiva no 92/12 (1) y de la Recomendación del Consejo CEE
no 924, de 27 de octubre de 1981, al objeto de determinar
                                                                          2.   a)    En julio de 1997, ¿era conforme al Derecho comuni-
si la normativa interna constituida por los Decretos-leyes
                                                                                tario y, en particular, a los artı́culos 28 CE a 30 CE
nos 347/44 y 896/47, el Decreto del Presidente de la República
                                                                                (artı́culos 30 a 36 del Tratado CE) y/o al artı́culo 152
no 373/94, el Decreto-ley no 98/48 y la Ley no 9/91, es
                                                                                CE (antiguo artı́culo 129 del Tratado CE), y/o al
contraria a dicha normativa comunitaria.
                                                                                artı́culo 6 CE y al artı́culo 174 CE (antiguo artı́-
                                                                                culo 130 R del Tratado CE), ası́ como a las Directivas
(1) Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992,                       89/662/CEE (2), 90/425/CEE (3) y 91/68/CEE del
    relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de               Consejo, que un Estado miembro exigiese que los
    los productos objeto de impuestos especiales, DO L 76, de                        certificados sanitarios requeridos con arreglo al
    23.03.92, p. 1.                                                                  artı́culo 9 de la Directiva 91/68/CEE incluyeran la
                                                                                siguiente declaración: "Los animales mencionados
                                                                                en el presente certificado han nacido y han sido
                                                                                criados en explotaciones en las que no se ha
                                                                                registrado ningún caso de Encefalopatı́a Espongi-
                                                                                forme Transmisible (EET) durante los seis últimos
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                         años"?
lución de la High Court of Justice (England & Wales),
Queen’s Bench Division (Commercial Court), de fecha                            b)    En caso de respuesta negativa a la cuestión 2 a),
13 de noviembre de 2000, en el asunto entre Joseph                                   ¿está obligado el órgano jurisdiccional nacional, en
Lennox (cuyo nombre comercial es R. Lennox & Son) e                                  el marco de un proceso civil entre el exportador y el
               Industria Lavorazione Carni Ovine                                     destinatario relativo a sus derechos y obligaciones
                                                                                respectivos por lo que atañe a la importación de los
                        (Asunto C-220/01)                                            ovinos, cuando el exportador haya cumplido, por
                                                                                otra parte, sus obligaciones derivadas del Derecho
                         (2001/C 200/97)                                             aplicable al contrato de entregar los animales en el
                                                                                domicilio comercial del destinatario, a hacer caso
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido                       omiso de cualquier obligación impuesta por el
sometida una petición de decisión prejudicial mediante                             Derecho nacional del Estado miembro de destino de


title: Recurso interpuesto el 1 de febrero de 1999 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-24/99)

text:
C 86/10               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  27.3.1999
¿Prohíbe el artículo 3 del Reglamento (CE) no 804/68 del             requisitos y de las modalidades de protección de dibujos y
Consejo (1) al Estado italiano que regule mediante Ley la            modelos para estas piezas auÂn no ha sido objeto de armo-
celebración de acuerdos interprofesionales que tengan por            nización a nivel comunitario. Las disposiciones francesas
objeto fijar de antemano los precios de la leche seguÂn el           controvertidas en el presente asunto se refieren a la atribu-
procedimiento y con las consecuencias de la Ley no 88, de            ción a las autoridades aduaneras francesas de una facultad
16 de marzo de 1988 (2)?                                             que pueden ejercer en el marco de sus controles. Estas
                                                                     disposiciones se refieren específicamente al control de
                                                                     mercancías procedentes de fuera del territorio franceÂs y
(1) DO L 148 de 28.6.1968, p. 13.
(2) GURI no 69 de 23.3.1988, Vol. V, p. 2469.                        constituyen, por tanto, medidas «distintamente aplicables»
                                                                     en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
                                                                     Habida cuenta de su naturaleza y finalidad, las disposicio-
                                                                     nes controvertidas no constituyen un instrumento ade-
                                                                     cuado para garantizar la seguridad de los compradores de
                                                                     piezas sueltas para vehículos de motor; ademaÂs, las autori-
                                                                     dades francesas no han acreditado en modo alguno que las
                                                                     mercancías retenidas constituían efectivamente un riesgo
Recurso interpuesto el 2 de febrero de 1999 contra RepuÂ-
                                                                     para la seguridad y la vida de las personas. En cualquier
blica Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                     caso, un Estado miembro no puede invocar el artículo 36
                           Europeas
                                                                     del Tratado para defender intereses situados en el territo-
                       (Asunto C-23/99)                              rio de otro Estado miembro.
                        (1999/C 86/19)
                                                                     El derecho exclusivo conferido al titular del derecho sobre
                                                                     los dibujos y modelos comprende la fabricación y la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se            comercialización en el territorio nacional y, habida cuenta
ha presentado el 2 de febrero de 1999 un recurso contra              del principio de territorialidad del derecho de propiedad
RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión de las                 industrial, no puede producir el efecto de proteger este
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Richard B.             derecho en otros mercados distintos del nacional. El mero
Wainwright, Consejero Jurídico Principal, y el Sr. Olivier           traÂnsito por territorio franceÂs de mercancías que no han
Couvert-CasteÂra, funcionario nacional adscrito al Servicio          sido fabricadas en eÂl y que no se destinan a ser comerciali-
Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domici-            zadas en eÂl, no constituye, por sí solo, una violación del
lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la             derecho exclusivo reconocido por el Derecho franceÂs al
Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Cen-             titular del derecho sobre los dibujos y modelos.
tre Wagner, Kirchberg.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
bunal de Justicia que:
                                                                     Recurso interpuesto el 1 de febrero de 1999 contra la
Ð Declare que RepuÂblica Francesa ha incumplido las                  RepuÂblica Federal de Alemania por la Comisión de las
     obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30                             Comunidades Europeas
     del Tratado CE al poner en praÂctica, basaÂndose en el                                (Asunto C-24/99)
     code de la proprieÂteÂ intellectuelle, procedimientos de
                                                                                (1999/C 86/20)
     retención, por parte de las autoridades aduaneras, de
     mercancías legalmente fabricadas en un Estado miem-
     bro de la Comunidad Europea y destinadas, despueÂs
     de haber transitado por territorio franceÂs, a ser comer-       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
     cializadas en otro Estado miembro, en el que pueden             ha presentado el 1 de febrero de 1999 un recurso contra la
     legalmente serlo;                                               RepuÂblica Federal de Alemania formulado por la Comi-
                                                                     sión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.
                                                                     Götz zur Hausen, Consejero Jurídico del Servicio Jurídico
Ð condene en costas a la RepuÂblica Francesa.                        de la Comisión, que designa como domicilio en Luxem-
                                                                     burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miem-
                                                                     bro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner
Motivos y principales alegaciones                                    C 254, Kirchberg.
                                                                     La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Infracción de los artículos 30 a 36 del Tratado CE: la lici-
tud, desde el punto de vista del Derecho comunitario, de
las retenciones aduaneras practicadas en Francia en piezas           1) Declare que la RepuÂblica Federal de Alemania ha
sueltas para vehículos de motor, fabricadas en EspanÄa y                  incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
destinadas al mercado italiano, debe apreciarse uÂnica-                   del apartado 1 del artículo 2 y del apartado 1 del
mente desde el punto de vista de lo dispuesto en los                      artículo 4 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de
artículos 30 y 36 del Tratado en relación con la libre cir-               27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
culación de las mercancías, puesto que la fijación de los                 repercusiones de determinados proyectos puÂblicos y
 ---pagebreak--- 27.3.1999             ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 86/11
     privados sobre el medio ambiente (1), al exceptuar                  diciembre de 1993, relativa a la protección de los ani-
     mediante las disposiciones del artículo 3 y el nuÂmero 8            males en el momento de su sacrificio o matanza (1), al
     del Anexo de la Gesetz über die Umweltverträgli-                    no adoptar dentro de plazo todas las disposiciones
     chkeitsprüfung (Ley sobre evaluación de impacto                     legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias
     medioambiental) de 12 de febrero de 1990, del                       para dar cumplimiento a dicha Directiva.
     artículo 17 de la Fernstraûengesetz (Ley de carreteras)
     de 14 de abril de 1994 y del artículo 8 de la Luftver-
     kehrsgesetz (Ley sobre el traÂfico aeÂreo) de 17 de            Ð Condene en costas a RepuÂblica Austríaca.
     diciembre de 1997, a los proyectos que cumplan deter-
     minados requisitos de la obligación de realizar una            Motivos y principales alegaciones
     evaluación de sus repercusiones sobre el medio
     ambiente.
                                                                    Los motivos y las principales alegaciones coinciden con los
2) Condene en costas a la RepuÂblica Federal de Alema-              formulados en el asunto C-20/99 (2).
     nia.
                                                                    (1) DO L 340 de 31.12.1993, p. 21.
Motivos y principales alegaciones                                   (2) VeÂase paÂgina 9 del presente Diario Oficial.
SeguÂn las disposiciones del Derecho alemaÂn senÄaladas en
el punto 1 de las pretensiones, es posible, en las circuns-
tancias mencionadas en ellas, ejecutar proyectos de cons-
trucción de carreteras y aeropuertos, que al tratarse de
proyectos incluidos en el Anexo I de la Directiva deben             Recurso interpuesto el 3 de febrero de 1999 contra el
someterse a una evaluación de sus repercusiones sobre el            Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
medio ambiente, sin previo procedimiento de aprobación                                    Comunidades Europeas
de un plan de construcción Ðy por lo tanto sin evaluación
                                                                                (Asunto C-26/99)
de impacto medioambientalÐ. SeguÂn las disposiciones
alemanas puede prescindirse de la evaluación de las                                            (1999/C 86/22)
repercusiones sobre el medio ambiente cuando no resulten
afectados los intereses puÂblicos y cuando ademaÂs no resul-
ten afectados derechos de terceros o se haya llegado con            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
los titulares a alguÂn tipo de acuerdo con el fin de ejecutar       ha presentado el 3 de febrero de 1999 un recurso contra el
los proyectos en cuestión. En cambio, no se mencionan las           Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión
disposiciones de la Directiva 85/337/CEE ni se toman en             de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Pie-
consideración las exigencias establecidas en ellas.                 ter Jan Kuijper, Consejero Jurídico, y la Sra. Nicola
                                                                    Yerrell, funcionaria nacional adscrita al Servicio Jurídico,
(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; EE 15/06, p. 9.                    en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
                                                                    Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                    Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                    La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
                                                                    bunal de Justicia que:
Recurso interpuesto el 3 de febrero de 1999 contra RepuÂ-
blica Austríaca por la Comisión de las Comunidades
                           Europeas                                 Ð Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha
                       (Asunto C-25/99)                                  incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
                                                                         del Tratado CE, al no haber adoptado y/o comunicado
                        (1999/C 86/21)                                   a la Comisión las disposiciones legales, reglamentarias
                                                                         y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
                                                                         la Directiva 95/30/CE de la Comisión, de 30 de junio
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                         de 1995, por la que se adapta al progreso teÂcnico la
ha presentado el 3 de febrero de 1999 un recurso contra
                                                                         Directiva 90/679/CEE del Consejo, sobre la protección
RepuÂblica Austríaca formulado por la Comisión de las
                                                                         de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Michael
                                                                         la exposición a agentes biológicos durante el tra-
Niejahr, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión,
                                                                         bajo (1).
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Ser-
vicio, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Luxemburgo.                  Ð Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                    Motivos y principales alegaciones
Ð Declare que RepuÂblica Austríaca ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE          El caraÂcter obligatorio del apartado 3 del artículo 189 y
     y de la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de              del apartado 1 del artículo 5 del Tratado CE obliga a los


title: Asunto T-91/99: Recurso interpuesto el 15 de abril de 1999 contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por Ford Motor Company

text:
C 174/14                  ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          19.6.1999
Los regı́menes de la Zonenrandförderungsgesetz constituyen                   — Emprenda cualquier actuación adicional que considere
medidas tributarias generales de la República Federal de                         apropiada.
Alemania que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de                        Marca objeto de la «OPTIONS» — Solicitud no 128611
Justicia, deben analizarse desde el punto de vista del artı́culo 67               solicitud:
del Tratado CECA, y no desde el punto de vista de la letra c)
del artı́culo 4 del mismo Tratado o del Código de ayudas a la                    Producto o servico:    Seguros, garantı́a, financiación, venta
siderurgia.                                                                                a plazos y arrendamiento financiero
                                                                                («leasing»)
Los regı́menes tributarios de la Zonenrandförderungsgesetz
siempre se han comunicado debidamente a la Comisión con                          Resolución recurri- Denegación del registro por parte del
arreglo al artı́culo 93 del Tratado CE y, durante el perı́odo de                  da ante la Sala de examinador.
vigencia de dicha Ley, la Comisión las ha autorizado. Jamás se                  Recurso:
han formulado objeciones con arreglo al apartado 2 del                            Motivos invocados:     — El artı́culo 7, 2 no establece por sı́
artı́culo 67 del Tratado CECA.                                                                                mismo motivos de denegación,
Además, la Decisión impugnada se basa en disposiciones del                                                  sino que se limita a guiar la aplica-
Código de ayudas a la siderurgia vigente desde 1986, que la                                                  ción del artı́culo 7, 1, b) y c);
Comisión no debı́a haber adoptado con arreglo al procedi-                                               — El carácter distintivo adquirido a
miento de los apartados 1 y 2 del artı́culo 95 del Tratado                                                    través del uso en una parte de la
CECA. Las disposiciones de este Código, que incluyen en el                                                   Comunidad justifica la aplicación
supuesto de hecho de la ayuda también las ayudas de los                                                       del artı́culo 7, 3.
Estados miembros no especı́ficas, no deberı́an haberse aplicado
al presente asunto.
Con carácter subsidiario la demandante alega que la Decisión
impugnada tiene una base jurı́dica que no debe aplicarse.
Según se afirma en su artı́culo 9, el «Sexto Código de ayudas a
la siderurgia» no entró en vigor hasta el 1 de enero de 1997,
esto es, en un momento en el que la Zonenrandförderungsge-                   Recurso interpuesto el 20 de abril de 1999 contra la
setz ya habı́a dejado de existir.                                            Comisión de las Comunidades Europeas por UPS Europe
                                                                                NV/SA
(1) Decisión no 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre
     de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a                               (Asunto T-98/99)
     las ayudas estatales en favor de la siderurgia (DO L 338, p. 42).
(2) Ley de 5 de agosto de 1971, Bundesgesetzblatt I, p. 1237.                                         (1999/C 174/28)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
Recurso interpuesto el 15 de abril de 1999 contra la                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)                         Europeas se ha presentado el 20 de abril de 1999 un recurso
                     por Ford Motor Company                                  contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                             por UPS Europe NV/SA, representada por el Sr. Tom R. Otter-
                           (Asunto T-91/99)                                  vanger, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                             despacho de Abogados Loeff Clayes Verbeke, 5 rue Charles
                            (1999/C 174/27)                                  Martel.
                    (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                             La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 15 de abril de 1999 un recurso                  — Declare, con arreglo al artı́culo 175 del Tratado CE, que la
contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior                            Comisión se ha abstenido de adoptar una decisión defini-
(OAMI), formulado por Ford Motor Company, con domicilio                            tiva en un plazo razonable sobre la denuncia presentada
social en Delaware (Estados Unidos de América), representada                       por la demandante ante la Comisión el 8 de junio de 1998.
por el Sr. Anthony James Tweedale Willoughby, que designa
como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Katia Man-                      — Condene en costas a la Comisión.
haeve, 56-58, rue Charles Martel.
                                                                             — Acuerde las demás medidas que estime necesarias.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                             Motivos y principales alegaciones
— Anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la
      Oficina de Armonización del Mercado Interior por la que,
      en virtud de lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 1         El 8 de junio de 1998, la demandante presentó formalmente
      del artı́culo 7 del Reglamento sobre la marca comunitaria,             una denuncia contra la República Federal de Alemania por
      se deniega el registro como marca de la palabra «OPTIONS».             haber concedido ésta una ayuda de Estado ilı́cita, contraria al
                                                                             artı́culo 92 del Tratado CE, en relación con el proyecto de
— Condene en costas a la Oficina de Armonización del                        adquisición por Deutsche Post AG del 22,5 % de las acciones
      Mercado Interior.                                                      de DHL. La demandante consideraba que la financiación de la


title: Asunto T-513/14: Auto del Tribunal General de 30 de noviembre de 2015 — GreenPack/OAMI (greenpack) («Marca comunitaria — Denegación de registro — Retirada de la solicitud de registro — Sobreseimiento»)

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/54

         Auto del Tribunal General de 30 de noviembre de 2015 — GreenPack/OAMI (greenpack)
   (Asunto T-513/14) (1)

   ((«Marca comunitaria - Denegación de registro - Retirada de la solicitud de registro - Sobreseimiento»))
   (2016/C 038/71)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: GreenPack GmbH (Berlín, Alemania) (representantes: inicialmente P. Ruess y A. Doepner-Thiele, y posteriormente C. Glasemann, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente G. Schneider, y posteriormente G. Schneider y D. Botis, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 29 de abril de 2014 (asunto R 2324/2013-1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo greenpack como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar en costas a GreenPack GmbH.

      (1)  DO C 303, de 8.9.2014.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 26 de enero de 1995 en el asunto T-527/93: O contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Recurso de anulación - Decisión mediante la que se suspende el pago de la retribución con arreglo al artículo 60 del Estatuto)

text:
N° C 54/16             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     4 . 3 . 95
1 ) Se anula la Decisión de la Comisión de 29 de marzo de          4) En el asunto T-62/92, cada parte cargará con sus
      1 993, por la que se reduce la ayuda concedida inicial           propias costas.
      mente a la demandante por el FSE.
                                                                   (!) DO n° C 28 de 5 . 2 . 1992 y
2 ) Se condena en costas a la Comisión.                                DO n° C 258 de 7. 10 . 1992 .
í 1 ) DO n° C 120 de 30 . 4. 1994 .
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 26 de enero de 1995
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                             en el asunto T-527/93 : O contra Comisión de las Comu
                 DE PRIMERA INSTANCIA                                                   nidades Europeas (*)
                    de 26 de enero de 1995                         (Funcionarios — Recurso de anulación — Decisión
                                                                   mediante la que se suspende el pago de la retribución con
en los asuntos acumulados T-90/91 y T-62/92: Henri de                           arreglo al artículo 60 del Estatuto)
            Compte contra Parlamento Europeo ( x )
                                                                                95/C 54/29
(Funcionarios — Revocación de una decisión por la que se
reconoce una enfermedad profesional — Adopción poste                           (Lengua de procedimiento: francés)
rior de una decisión por la que se niega la enfermedad
                   profesional — Anulación)                        En el asunto T-527/93 , 0, funcionaria de la Comisión de las
                          (95/C 54/28 )                            Comunidades Europeas, representada por Me Jean-Frangais
                                                                   Neven, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio
                                                                   en Luxemburgo el bufete de Me Catherine Dessoy, 31 , rué
              (Lengua de procedimiento: francés)                   d'Eich, contra Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                   (Agentes: Sres . Sean van Raepenbusch y Gianluigi Valsesia ),
En los asuntos acumulados T-90/91 y T-62/92, Henri de              que tiene por objeto la anulación de la Decisión de 23 de
Compte, antiguo funcionario del Parlamento Europeo, con            diciembre de 1992 de la Comisión, mediante la que se
domicilio en Estrasburgo (Francia), representado por Mes           ordena la suspensión, con arreglo al artículo 60 del Estatuto,
Edmond Lebrun y Eric Boigelot, Abogados de Bruselas, que           del pago de la retribución de la demandante a partir del 1 de
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me             enero de 1991 , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala
Louis Schiltz, 2, rué du Fort Rheinsheim, contra Parlamento        Primera), integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaga, Presi
Europeo (Agente: Sr. Frangois Vainker), que tienen por             dente; H. Kirschern y A. Kalogeropoulos, Jueces; Secretario:
objeto, por una parte, la anulación de la Decisión del             Sr. J. Palacio González, administrador; ha dictado el 26 de
Parlamento Europeo de 18 de abril de 1991 , por la que se          enero de 1995 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
revocaba con efecto retroactivo la Decisión de 24 de enero
de 1991 por la que se había reconocido que el demandante           1 ) Se anula la Decisión de la Comisión de 23 de diciembre
padecía una enfermedad profesional, en el sentido del                   de 1992 mediante la que se ordena la suspensión del
artículo 73 del Estatuto de los funcionarios de las Comu               pago de la retribución de la demandante a partir del 1 de
nidades Europeas, y la condena de la Institución demandada              enero de 1993 .
a abonar al demandante la indemnización concedida por
dicho concepto (asunto T-90/91 ) y, por otra parte, la             2 ) Se condena a la Comisión al pago de la totalidad de las
                                                                        costas.
anulación de la decisión del Parlamento Europeo de 20 de
enero de 1992, por la que dicha Institución se negaba a
reconocer que el demandante padeciera una enfermedad               (M DO n° C 299 de 5 . 11 . 1993 .
profesional, y la condena de la Institución demandada a
abonar al demandante la indemnización prevista por dicho
concepto ( asunto T-62/92 ), el Tribunal de Primera Instancia
( Sala Primera ), integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vila^a,                      SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Presidente; H. Kirschner y A. Kalogeropoulos, Jueces;                               DE PRIMERA INSTANCIA
Secretario: Sr. H. Jung; ha dictado el 26 de enero de 1995                            de 26 de enero de 1995
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                   en el asunto T-549/93, D contra Comisión de las Comuni
                                                                                dades Europeas ( x )
1 ) En el asunto T-90/91 , se desestiman las pretensiones del
      recurso y se condena al Parlamento a abonar al               (Funcionarios — Procedimiento disciplinario — Consejo de
      demandante 200 000 francos belgas en concepto de                     disciplina — Investigación — Acoso sexual)
      reparación del perjuicio moral.                                                        ( 95/C 54/30)
2 ) En el asunto T-62/92, se desestima el recurso.                              (Lengua de procedimiento: francés)
3 ) En el asunto T-90/91 , el Parlamento cargará con sus           En el asunto T-549/93 , D, antiguo funcionario de la
      propias costas y con una cuarta parte de las costas del      Comisión de las Comunidades Europeas, representado por
      demandante, que cargará así con las tres cuartas partes      Me Eric Boigelot, Abogado de Bruselas, que designa como
      de sus propias costas.                                       domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Louis Schiltz,


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de marzo de 2001 en el asunto C-165/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal correctionnel d'Arlon): André Mazzoleni, contra Inter Surveillance Assistance SARL ("Libre prestación de servicios — Desplazamiento temporal de trabajadores para la ejecución de un contrato — Directiva 96/71/CE — Salario mínimo")

text:
16.6.2001                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 173/19
1)    Una normativa de un Estado miembro que, por una parte,                servicios (DO 1997, L 18, p. 1), ası́ como de los artı́culos 59 del
      obliga a las empresas privadas suministradoras de electricidad        Tratado CE (actualmente artı́culo 49 CE, tras su modificación) y
      a adquirir la electricidad generada en su zona de suministro por      60 del Tratado CE (actualmente artı́culo 50 CE), el Tribunal de
      fuentes de energı́a renovables a precios mı́nimos superiores al       Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. D.A.O. Edward
      valor económico real de este tipo de electricidad y, por otra,       (Ponente), en función de Presidente de la Sala Quinta,
      reparte la carga financiera derivada de esta obligación entre        J.-P. Puissochet y L. Sevón, Jueces; Abogado General:
      dichas empresas suministradoras de electricidad y los gestores        Sr. S. Alber; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal,
      privados de redes eléctricas situados en un nivel de distribución    ha dictado el 15 de marzo de 2001 una sentencia cuyo fallo es
      anterior no constituye una ayuda de Estado en el sentido del          el siguiente:
      artı́culo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artı́-
      culo 87 CE, apartado 1, tras su modificación).                       Los artı́culos 59 del Tratado CE (actualmente artı́culo 49 CE, tras su
                                                                            modificación) y 60 del Tratado CE (actualmente artı́culo 50 CE) no
2)    En el estado actual del Derecho comunitario relativo al mercado       se oponen a que un Estado miembro imponga a una empresa
      de la electricidad, una normativa de este tipo no es incompatible     establecida en otro Estado miembro y que efectúe una prestación de
      con el artı́culo 30 del Tratado CE (actualmente artı́culo 28 CE,      servicios en el territorio del primer Estado miembro la obligación de
      tras su modificación).                                               pagar a sus trabajadores la retribución mı́nima que fijen las normas
                                                                            nacionales de dicho Estado. Sin embargo, la aplicación de tales
                                                                            normas podrı́a resultar desproporcionada cuando se trate de trabaja-
(1) DO C 397 de 19.12.1988.
                                                                            dores de una empresa establecida en una región fronteriza que deban
                                                                            realizar, a tiempo parcial y durante breves perı́odos, parte de su
                                                                            trabajo en el territorio de uno o varios Estados miembros distintos del
                                                                            Estado de establecimiento de la empresa. En consecuencia, incumbe a
                                                                            las autoridades competentes del Estado miembro de acogida determi-
                                                                            nar si la aplicación a la referida empresa de una normativa nacional
                                                                            que establece un salario mı́nimo es necesaria y proporcionada para
                                                                            garantizar la protección de los trabajadores afectados y, de ser ası́, en
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 qué medida.
                             (Sala Quinta)                                  (1) DO C 209 de 4.7.1998.
                      de 15 de marzo de 2001
en el asunto C-165/98 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Tribunal correctionnel d’Arlon): André
 Mazzoleni, contra Inter Surveillance Assistance SARL (1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(«Libre prestación de servicios — Desplazamiento temporal
de trabajadores para la ejecución de un contrato — Directiva                                             (Sala Quinta)
                   96/71/CE — Salario mı́nimo»)
                                                                                de 15 de marzo de 2001
                           (2001/C 173/32)
                                                                            en el asunto C-265/99: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra República Francesa (1)
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                            («Incumplimiento de Estado — Artı́culo 95 del Tratado CE
                                                                            (actualmente artı́culo 90 CE, tras su modificación) —
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                  Impuesto sobre los vehı́culos de motor»)
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (2001/C 173/33)
En el asunto C-165/98, que tienen por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por la el Tribunal                                  (Lengua de procedimiento: francés)
correctionnel d’Arlon (Bélgica), destinada a obtener, en el
proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra
André Mazzoleni, e Inter Surveillance Assistance SARL, civil-
mente responsable, con intervención de: Éric Guillaume y                  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
otros, una decisión prejudicial sobre la interpretación de la
Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de                      En el asunto C-265/99, Comisión de las Comunidades Euro-
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de                    peas (agentes: Sr. E. Traversa y Sra. H. Michard) contra


title: Asunto C-270/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de febrero de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Areios Pagos, Grecia) — Athinaïki Chartopoïïa AE/L. Panagiotidis y otros (Despidos colectivos — Directiva 98/59/CE del Consejo — Artículo 1, apartado 1, letra a) — Cese de las actividades del centro de trabajo por voluntad del empresario — Concepto de centro de trabajo )

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de febrero de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Areios Pagos, Grecia) — Athinaïki Chartopoïïa AE/L. Panagiotidis y otros
   (Asunto C-270/05) (1)

   (Despidos colectivos - Directiva 98/59/CE del Consejo - Artículo 1, apartado 1, letra a) - Cese de las actividades del centro de trabajo por voluntad del empresario - Concepto de «centro de trabajo»)
   (2007/C 82/08)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Areios Pagos
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Athinaïki Chartopoïïa AE

      Demandada: L. Panagiotidis y otros

      Parte coadyuvant en apoyo de la demandada: Geniki Synomospondia Ergaton Elládas (GSEE)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Areios Pagos (Grecia) — Interpretación del artículo 1, apartado 2, letra d), de la Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975 (DO L 48, p. 29; EE 05/02, p. 54), del artículo 2, apartado 4, de la Directiva 92/56/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992 (DO L 245, p. 3) y del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998 (DO L 225, p. 16), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos — Obligación del empresario de informar y de consultar a los representantes de los trabajadores — Alcance de las condiciones de despido derogatorias cuando el cese de la actividad resulte de una resolución judicial.
   Fallo
   La Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, y concretamente su artículo 1, apartado 1, letra a), debe interpretarse en el sentido de que una unidad de producción como la del litigio principal está comprendida en el concepto de «centro de trabajo »a efectos de la aplicación de dicha Directiva.

      (1)  DO C 217, de 3.9.2005.


title: Archivo del asunto C-246/01

text:
               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/33

         Archivo del asunto C-246/01 (1)

   (2004/C 94/76)
   Mediante auto de 20 de enero de 2004, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-246/01: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos.

      (1)  DO C 245 de 1.9.2001.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 22 de mayo de 2003 en el asunto C-18/01 (Petición de decisión prejudicial del Kilpailuneuvosto): Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy, Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa, contra Varkauden Taitotalo Oy ("Directiva 92/50/CEE — Contratos públicos de servicios — Concepto de entidad adjudicadora — Organismo de Derecho público — Sociedad creada por un ente territorial para fomentar el desarrollo de actividades industriales y comerciales en su territorio")

text:
19.7.2003                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                     C 171/5
       juez nacional considere este requisito oponible a operadores que       Sala Quinta, los Sres. D. A. O. Edward, P. Jann, S. von Bahr y
       hayan desarrollado una actividad de rallado y envasado del             A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria:
       producto durante el período anterior a la entrada en vigor del         Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 22 de
       Reglamento n o 1107/96, si dicho juez estima que, durante ese          mayo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       período, el Decreto de 4 de noviembre de 1991 era aplicable en
       virtud del referido Convenio entre la República Francesa y la          1)     Una sociedad anónima que ha sido creada por un ente territorial
       República Italiana y oponible a los sujetos de Derecho afectados              al que pertenece y que éste administra satisface una necesidad
       en virtud de las normas nacionales de publicidad.                             de interés general, en el sentido del artículo 1, letra b), párrafo
                                                                                segundo, de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de
                                                                                junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de
( 1) DO C 469 de 10.2.2001.                                                          adjudicación de los contratos públicos de servicios, cuando
                                                                                contrata servicios con objeto de fomentar el desarrollo de
                                                                                actividades industriales o comerciales en el territorio del referido
                                                                                ente. A fin de evaluar si dicha necesidad carece de carácter
                                                                                industrial o mercantil, corresponde al órgano jurisdiccional
                                                                                nacional apreciar las circunstancias que rodearon la creación de
                                                                                la sociedad y las condiciones en que ejerce su actividad, incluidas,
                                                                                en particular, la falta de ánimo de lucro como objetivo principal,
                                                                                la no asunción de los riesgos derivados de dicha actividad así
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         como la eventual financiación pública de la actividad de que se
                                                                                trate.
                             (Sala Quinta)                                    2)     La circunstancia de que los edificios que se vayan a construir se
                                                                                arrienden solamente a una empresa no desvirtúa la condición
                                                                                de organismo de Derecho público del arrendador, siempre que
                       de 22 de mayo de 2003
                                                                                se haya acreditado que éste satisface una necesidad de interés
                                                                                general que no tenga carácter industrial o mercantil.
en el asunto C-18/01 (Petición de decisión prejudicial del
Kilpailuneuvosto): Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korho-                        (1 ) DO C 95 de 24.3.2001.
nen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy, Raken-
nuttajatoimisto Vilho Tervomaa, contra Varkauden Taito-
                               talo Oy (1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(«Directiva 92/50/CEE — Contratos públicos de servicios
— Concepto de “entidad adjudicadora” — Organismo de                                                          (Sala Quinta)
Derecho público — Sociedad creada por un ente territorial
para fomentar el desarrollo de actividades industriales y
                    comerciales en su territorio»)                                                   de 22 de mayo de 2003
                                                                              en el asunto C-103/01: Comisión de las Comunidades
                           (2003/C 171/05)                                         Europeas contra República Federal de Alemania ( 1)
                                                                              («Incumplimiento de Estado — Directiva 89/686/CEE —
                    (Lengua de procedimiento: finés)
                                                                              Ámbito de aplicación — Excepciones — Equipos de protec-
                                                                              ción individual concebidos y fabricados específicamente para
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                las fuerzas armadas o las fuerzas de orden público»)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (2003/C 171/06)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto C-18/01, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
por el Kilpailuneuvosto (Finlandia), destinada a obtener, en                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto
Pentti Toivanen Oy, Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa, y                    En el asunto C-103/01, Comisión de las Comunidades Euro-
Varkauden Taitotalo Oy, una decisión prejudicial sobre la                     peas (agente: Sr. J. Schieferer) contra República Federal de
interpretación del artículo 1, letra b), de la Directiva 92/50/               Alemania (agentes: Sr. W.-D. Plessing, Sra. B. Muttelsee-Schön
CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación                   y Sr. H.-W. Rengeling) apoyada por República Francesa
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-                 (agentes: Sres. G. de Bergues y D. Colas), que tiene por objeto
cos de servicios (DO L 209, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala              que se declare que la República Federal de Alemania ha
Quinta), integrado por el Sr. C. W. A. Timmermans (Ponente),                  incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los
Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la                artículos 1 y 4 de la Directiva 89/686/CEE del Consejo,