title: Asunto T-342/11: Recurso interpuesto el 30 de junio de 2011 — CEEES y Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Comisión

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/40

         Recurso interpuesto el 30 de junio de 2011 — CEEES y Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Comisión
   (Asunto T-342/11)
   2011/C 252/90
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandantes: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) (España) y Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Madrid, España) (representantes: A. Hernández Pardo, abogado, y B. Marín Corral, abogada)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               se anule el acto impugnado y,

               —

               que como consecuencia de lo anterior, la Comisión proceda a imponer a REPSOL multa sancionadora o multa coercitiva, sobre la base del incumplimiento del artículo 9 del Reglamento 1/2003.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la Decisión de la Comisión Europea, de 28 de abril de 2011, adoptada en el asunto COMP/39.461/CEEES AOP-REPSOL, que tenía por objeto resolver sobre la admisión a trámite de la denuncia interpuesta el 30 de mayo de 2007 por los demandantes. Esta denuncia se basó en tres alegaciones fundamentales:

               a)

               La existencia de acuerdos horizontales de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) y sus miembros, que limitaba la competencia entre ellos.

               b)

               La infracción de los artículos 101 y 102 TFUE por mantenimiento de los precios de venta al público.

               c)

               El incumplimiento por parte de REPSOL de la Decisión de la Comisión de 12 de abril de 2006 (2006/446/CE), relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y adoptada de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 (asunto COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP); así como las consecuencias sancionadoras por dicho incumplimiento.

         En la Decisión impugnada la Comisión considera que no hay motivos suficientes para adoptar frente a REPSOL ninguna de las medidas previstas en el Reglamento (CE) no 1/2003, para el caso de que las partes incumplan sus compromisos.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003, en consonancia con la infracción del principio de efecto directo del Derecho comunitario.

                           —

                           Se afirma, en particular, a este respecto que la Comisión, teniendo presentes las constataciones hechas por la Autoridad Nacional de la Competencia, no puede obviar el incumplimiento de los compromisos adquiridos por REPSOL, mediante la conducta consistente en fijar los precios de venta; práctica ésta en la que prometió no incurrir. De hecho, los hechos probados por la Autoridad Nacional de la Competencia, referentes a la infracción del artículo 101 TFUE, habrían de haber bastado a la Comisión para considerar plenamente probado el incumplimiento de los compromisos por parte de REPSOL; y que

                           —

                           la no intervención de la Comisión ante un incumplimiento de la Decisión de compromiso, por considerarse su competencia discrecional a este respecto, pondría en peligro la esencia misma de los mecanismos que subyacen en la aceptación de unos compromisos como solución alternativa a la incoación de un expediente sancionador, convirtiendo la facultad discrecional de la Comisión en una facultad arbitraria, susceptible de generar una flagrante indefensión.

               2)

               Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 23, apartado 2, letra c), y 24, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1/2003.

                           —

                           Según la demandante, ante una infracción del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003, como la que es objeto el presente procedimiento, la Comisión hubiera debido imponer las multas sancionadora y coercitiva previstas en las disposiciones apenas mencionadas.


title: Asunto C-67/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 16 de enero de 2014 — Comisión Europea/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/91/CE — Eficiencia energética de los edificios — Artículos 3, 7 y 8 — Transposición incompleta)

text:
               22.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 85/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 16 de enero de 2014 — Comisión Europea/Reino de España
   (Asunto C-67/12) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/91/CE - Eficiencia energética de los edificios - Artículos 3, 7 y 8 - Transposición incompleta)
   2014/C 85/03
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Herrmann e I. Galindo Martín, agentes)

      Demandada: Reino de España (representantes: A. Rubio González y S. Centeno Huerta, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Falta de adopción o de comunicación, dentro del plazo fijado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO 2003, L 1, p. 65), puestos en relación con el artículo 29 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153, p. 13).

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 7 y 8 de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, al no haber adoptado, dentro del plazo fijado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esos artículos.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 118, de 21.4.2012.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999 en el asunto C-254/97 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État): Société Baxter y otros contra Premier ministre y otros (Tributos internos - Deducción fiscal - Gastos para investigación - Especialidades farmacéuticas)

text:
20.11.1999               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 333/7
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 contra Consejo de la Unión Europea (Agentes: Sres. Jean-Paul
                                                                           Jacqué, John Carbery y Félix van Craeyenest), apoyado por
                             (Sala Sexta)                                  Reino de España (Agente: Sra. Rosario Silva de Lapuerta), que
                                                                           tiene por objeto un recurso de anulación del Reglamento (CE)
                       de 8 de julio de 1999                               no 408/97 del Consejo, de 24 de febrero de 1997, relativo a la
                                                                           celebración del Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca
en el asunto C-5/93 P: DSM NV contra Comisión de las                      Marı́tima entre la Comunidad Europea y la República Islámica
                    Comunidades Europeas (1)                               de Mauritania, y por el que se adoptan disposiciones para su
                                                                           aplicación (DO L 62, p. 1), el Tribunal de Justicia, integrado por
(«Recurso de casación — Demanda de revisión — Admisibili-                los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn,
                                 dad»)                                     J.-P. Puissochet (Ponente), G. Hirsch y P. Jann, Presidentes
                                                                           de Sala; J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray,
                           (1999/C 333/12)                                 D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet y
                                                                           R. Schintgen, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretaria:
               (Lengua de procedimiento: neerlandés)                       Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 8 de julio de
                                                                           1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    1) Se desestima el recurso.
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           2) Se condena en costas al Parlamento Europeo.
En el asunto C-5/93 P, DSM NV, con domicilio social en
Heerlen (Paı́ses Bajos), representada por el Sr. I.G.F. Cath,              3) El Reino de España cargará con sus propias costas.
Abogado de La Haya, que designa como domicilio en Luxem-
burgo el despacho de Me L Dupong, 14 A, rue des Bains, que                 (1) DO C 212 de 12.7.1997.
tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra el
auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (Sala Primera) el 4 de noviembre de
1992, en el asunto DSM/Comisión (T-8/89 Rev., Rec. p.
II-2399), por el que se solicita que se anule dicho auto, y en el
que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
Comunidades Europeas (Agente: Sr. B.J. Drijber), el Tribunal
de Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn,                                 de 8 de julio de 1999
Presidente de Sala; G. Hirsch, G.F. Mancini (Ponente), J.L.
Murray y H. Ragnemalm, Jueces; Abogado General: Sr. G. Cos-                en el asunto C-254/97 (petición de decisión prejudicial
mas; Secretarios: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, y Sra.          planteada por el Conseil d’État): Société Baxter y otros
D. Louterman-Hubeau, administradora principal, ha dictado el                              contra Premier ministre y otros (1)
8 de julio de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           (Tributos internos — Deducción fiscal — Gastos para
1) Se desestima el recurso de casación.                                            investigación — Especialidades farmacéuticas)
2) Se condena en costas a DSM NV.
                                                                                (1999/C 333/14)
(1) DO C 76 de 18.3.1993.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                           En el asunto C-254/97, que tiene por objeto una petición
                       de 8 de julio de 1999                               dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                           Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Conseil
en el asunto C-189/97: Parlamento Europeo contra Con-                      d’État (Francia), destinada a obtener, en los litigios pendientes
                   sejo de la Unión Europea (1)                           ante dicho órgano jurisdiccional entre Société Baxter, B. Braun
                                                                           Médical SA, Société Fresenius France, Laboratoires Bristol-
(«Acuerdo de pesca Comunidad Europea/Mauritania —                          Myers-Squibb SA y Premier ministre, Ministère du Travail et
Acuerdos que tengan implicaciones presupuestarias impor-                   des Affaires sociales, Ministère de I’Économie et des Finances,
                    tantes para la Comunidad»)                             Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation,
                                                                           una decisión prejudicial sobre la interpretación de los
                           (1999/C 333/13)                                 artı́culos 52 del Tratado CE (actualmente artı́culo 43 CE, tras
                                                                           su modificación), 58 del Tratado CE (actualmente, artı́culo 48
                                                                           CE), 92 y 95 del Tratado CE (actualmente artı́culos 87 CE y 90
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       CE, tras su modificación), el Tribunal de Justicia, integrado por
                                                                           los Sres: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    G. Hirsch y P. Jann, Presidentes de Sala; C. Gulmann (Ponente),
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm y L. Sevón, Jueces;
                                                                           Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretaria: Sra. D. Louterman-
En el asunto C-189/97, Parlamento Europeo (Agentes: Sres.                  Hubeau, administradora principal, ha dictado el 8 de julio de
Gregorio Garzón Clariana, Christian Pennera y Hans Krück)                 1999 una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente:
 ---pagebreak--- C 333/8                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         20.11.1999
Los artı́culos 52 del Tratado CE (actualmente artı́culo 43 CE, tras su     2) Se condena en costas a la República Francesa.
modificación) y 58 del Tratado CE (actualmente, artı́culo 48 CE) se
oponen a una normativa de un Estado miembro que, por una parte,
grava a las empresas establecidas en éste y que explotan en él             (1) DO C 209 de 4.7.1998.
especialidades farmacéuticas con un tributo extraordinario sobre el
volumen de negocios, impuestos excluidos, realizado por dichas
empresas mediante la venta de algunas de estas especialidades
farmacéuticas durante el último ejercicio fiscal anterior a la fecha de
adopción de esta normativa y, por otra parte, sólo les permite deducir
de la base imponible de este tributo los gastos efectuados durante el
mismo ejercicio fiscal relativos únicamente a las actividades de                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
investigación realizadas en el Estado de tributación, cuando se aplica
a empresas comunitarias que operan en este Estado miembro a través                                      (Sala Primera)
de un establecimiento secundario.
                                                                                de 8 de julio de 1999
(1) DO C 252 de 16.8.1997.
                                                                           en el asunto C-186/98 (petición de decisión prejudicial
                                                                           planteada por el Tribunal de Cı́rculo do Porto): Procesos
                                                                           penales contra Maria Amélia Nunes, Evangelina de
                                                                                Matos (1)
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                           («Ayuda concedida por el Fondo Social Europeo — Utiliza-
                             (Sala Quinta)                                 ción indebida — Sanciones en Derecho comunitario y
                                                                                nacional»)
                       de 8 de julio de 1999
                                                                                (1999/C 333/16)
en el asunto C-178/98: Comisión de las Comunidades
             Europeas contra República Francesa (1)
                                                                                (Lengua de procedimiento: portugués)
(Incumplimiento de Estado — Directiva 91/157/CEE relativa
a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas — Falta de adopción por el Estado                     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
miembro de los programas previstos en el artı́culo 6 de la                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                               Directiva)
                                                                           En el asunto C-186/98, que tiene por objeto una petición
                           (1999/C 333/15)                                 dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                           Tratado CE (actualmente, artı́culo 234 CE), por el Tribunal de
                   (Lengua de procedimiento: francés)                      Cı́rculo do Porto (Portugal), destinada a obtener, en los
                                                                           procesos penales seguidos ante dicho órgano jurisdiccional
                                                                           contra Maria Amélia Nunes, Evangelina de Matos, una decisión
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones del
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        Derecho comunitario que regulan la utilización indebida de las
                                                                           ayudas concedidas por el Fondo Social Europeo, el Tribunal de
En el asunto C-178/98, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                           Justicia (Sala Primera), integrado por los Sres.: P. Jann (Ponente),
peas (Agentes: Sres. Götz zur Hausen y Olivier Couvert-
                                                                           Presidente de Sala; D.A.O. Edward y L. Sevón, Jueces; Abogado
Castéra) contra República Francesa (Agentes: Sra. Kareen Ris-
                                                                           General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el
pal-Bellanger y Sr. Romain Nadal), que tiene por objeto que se
                                                                           8 de julio de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
declare que la República Francesa ha incumplido las obligacio-
nes que le incumben en virtud de la Directiva 91/157/CEE del               1) El Derecho comunitario no atribuye carácter penal a los actos de
Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los                   utilización indebida de la ayuda del Fondo Social Europeo.
acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas
(DO L 78, p. 38), al no adoptar y/o comunicar todas las                    2) El artı́culo 5 del Tratado CE (actualmente, artı́culo 10 CE)
medidas necesarias para dar cumplimiento al artı́culo 6 de                      obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas
dicha Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado               efectivas para sancionar unas conductas que afecten a los intereses
por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de Sala; P. Jann,                   financieros de la Comunidad. Tales medidas pueden incluir
C. Gulmann (Ponente), D.A.O. Edward y L. Sevón, Jueces;                        sanciones penales, incluso cuando la normativa comunitaria
Abogado General: Sr. G. Cosmas; Secretario: Sr. R. Grass, ha                    únicamente prevé una sanción de naturaleza civil. La sanción
dictado el 8 de julio de 1999 una sentencia cuyo dispositivo                    prevista debe ser análoga a la aplicable en el caso de infracción
es el siguiente:                                                                de las disposiciones del Derecho nacional de naturaleza e
1) Se declara que la República Francesa ha incumplido las                      importancia similares y debe ser efectiva, proporcionada y
    obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 6 de la                disuasiva.
    Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991,
    relativa a las pilas y los acumuladores que contengan determina-       (1) DO C 209 de 4.7.1998.
    das materias peligrosas, al no adoptar, en el plazo señalado,
    todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a dicho
    artı́culo.


title: Asunto C-597/12 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de diciembre de 2012 por Isdin, S.A., contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 9 de octubre de 2012 en el asunto T-366/11, Bial-Portela & C a , S.A./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               23.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/8

         Recurso de casación interpuesto el 19 de diciembre de 2012 por Isdin, S.A., contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 9 de octubre de 2012 en el asunto T-366/11, Bial-Portela & Ca, S.A./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-597/12 P)
   2013/C 86/12
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Isdin, S.A. (representantes: H.L. Mosback, Advocate, G. Marín Raigal, P. López Ronda, G. Macias Bonilla, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Bial-Portela & Ca, S.A.

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia recurrida.

               —

               Confirme la resolución de 6 de abril de 2001 de la Primera Sala de Recurso de la OAMI por la que se desestimaba la oposición en su totalidad.

               —

               Condene en costas a Bial-Portela & Ca, S.A.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente alega que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas, dado que afirmó, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, que «la Sala de Recurso incurrió en error al declarar que no había similitudes fonéticas entre los signos». Sin embargo, la Sala de Recurso no se equivocó al determinar que no había similitudes fonéticas entre los signos –como declaró el Tribunal General–, sino que analizó correctamente las similitudes fonéticas entre éstos, concluyendo que a pesar de las similitudes fonéticas entre ellos, la sonoridad global de los signos es diferente. Los representantes de la recurrente consideran que debería confirmarse dicha conclusión de la Sala de Recurso, desnaturalizada por el Tribunal General.
   Asimismo, la recurrente aduce que el Tribunal General desnaturalizó los hechos, al haber declarado éste en el apartado 40 de la sentencia recurrida que «los productos de la clase 3 y una gran proporción de los productos de la clase 5 […] se comercializan normalmente en supermercados, de modo que son elegidos por los clientes tras un examen visual de su envase». Esta aseveración fáctica no fue corroborada por ninguna prueba, por lo que desnaturalizó los hechos en los que debería haberse basado la sentencia. Además, este hecho no fue alegado por ninguna de las partes, por lo que sólo podía ser tenido en cuenta si era notorio (y dados los argumentos que apoyan la falta de plausibilidad de este hecho, considerarlo como tal implicaría una desnaturalización de los hechos). Por lo tanto, el mencionado hecho no puede emplearse como fundamento para determinar la existencia de riesgo de confusión.
   La recurrente alega asimismo la violación del principio de audi alteram partem consagrado en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria (1) (anteriormente artículo 74, apartado 1, del Reglamento 40/94) (2) y la aplicación incorrecta por parte del Tribunal de General del artículo 8, apartado l, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria y de la jurisprudencia pertinente, con la consiguiente infracción del Derecho de la Unión. El Tribunal General no llevó a cabo una valoración general de las marcas en conflicto, que debería haber tenido en cuenta todos los factores relevantes, dadas las circunstancias del presente asunto.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).


title: Asunto C-204/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg (Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Nacimiento y alcance del derecho a la deducción — Disolución de una sociedad por un socio — Adquisición de una parte de la clientela de esta sociedad — Aportación en especie a otra sociedad — Impuesto soportado — Posible deducción)

text:
               5.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 135/18

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg
   (Asunto C-204/13) (1)

   ((Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido - Nacimiento y alcance del derecho a la deducción - Disolución de una sociedad por un socio - Adquisición de una parte de la clientela de esta sociedad - Aportación en especie a otra sociedad - Impuesto soportado - Posible deducción))
   2014/C 135/19
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesfinanzhof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Finanzamt Saarlouis

      Demandada: Heinz Malburg

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesfinanzhof — Interpretación de los artículos 4, apartados 1 y 2, y 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE: Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Nacimiento y alcance del derecho a la deducción — Adquisición de una parte de la clientela de una sociedad disuelta por un socio de dicha sociedad con el fin de cederla, como aportación en especie, a una nueva sociedad — Posibilidad de deducir el impuesto soportado.

      Fallo

   Los artículos 4, apartados 1 y 2, y 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, deben interpretarse, en atención al principio de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que un socio de una sociedad civil de asesoría fiscal que adquiere de esa sociedad una parte de la clientela con el único objetivo de traspasarla inmediata y gratuitamente a una sociedad civil de asesoría fiscal de nueva constitución, de la que es el principal socio, para que la misma explote profesionalmente dicha clientela, sin que ésta entre, no obstante, en el patrimonio de la sociedad de nueva constitución, no tiene derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado en la adquisición de la clientela en cuestión.

      (1)  DO C 178, de 22.6.2013.


title: Asunto C-615/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimiento entablado por Insinööritoimisto InsTiimi Oy [Directiva 2004/18/CE — Contratos públicos en el sector de la defensa — Artículo 10 — Artículo 296 CE, apartado 1, letra b) — Protección de los intereses esenciales de la seguridad de un Estado miembro — Comercio de armas, de municiones y de material de guerra — Producto adquirido por un órgano de contratación con fines específicamente militares — Existencia, en lo tocante a ese producto, de la posibilidad de aplicación civil considerablemente similar — Plataforma giratoria ( «tiltable turntable» ) destinada a la realización de mediciones electromagnéticas — Inexistencia de concurso de conformidad con los procedimientos previstos en la Directiva 2004/18/CE]

text:
               21.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimiento entablado por Insinööritoimisto InsTiimi Oy
   (Asunto C-615/10) (1)

   (Directiva 2004/18/CE - Contratos públicos en el sector de la defensa - Artículo 10 - Artículo 296 CE, apartado 1, letra b) - Protección de los intereses esenciales de la seguridad de un Estado miembro - Comercio de armas, de municiones y de material de guerra - Producto adquirido por un órgano de contratación con fines específicamente militares - Existencia, en lo tocante a ese producto, de la posibilidad de aplicación civil considerablemente similar - Plataforma giratoria («tiltable turntable») destinada a la realización de mediciones electromagnéticas - Inexistencia de concurso de conformidad con los procedimientos previstos en la Directiva 2004/18/CE)
   2012/C 217/04
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Korkein hallinto-oikeus

      Partes en el procedimiento principal

   Insinööritoimisto InsTiimi Oy
   en el que interviene Puolustusvoimat

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Korkein hallinto-oikeus — Interpretación del artículo 10 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) y del artículo 346 TFUE — Lista de armas, municiones y material militar establecida por la Decisión 255/58 del Consejo, de 15 de abril de 1958 — Ámbitos de aplicación de la Directiva — Material destinado a fines esencialmente militares — Sistema de plataformas giratorias destinadas a la medición electromagnética.

      Fallo

   El artículo 10 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, en relación con el artículo 296 CE, apartado 1, letra b), debe interpretarse en el sentido de que sólo autoriza a un Estado miembro a dejar al margen de los procedimientos previstos en dicha Directiva un contrato público adjudicado por un órgano de contratación en el sector de la defensa para la adquisición de un material que, aunque se destine a fines específicamente militares, puede igualmente tener aplicaciones civiles esencialmente similares, si, por sus características propias, ese material puede considerarse especialmente concebido y desarrollado, incluidas, en consecuencia, las modificaciones sustanciales, para tales fines, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 72, de 5.3.2011.


title: Archivo del asunto C-368/99

text:
C 118/30              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 21.4.2001
               Archivo del asunto C-368/99 (1)                                     Archivo del asunto C-343/00 (1)
                       (2001/C 118/82)                                                      (2001/C 118/85)
Mediante auto de 17 de enero de 2001, el Presidente del             Mediante auto de 17 de enero de 2001, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-368/99 [petición de decisión prejudicial     archivar el asunto C-343/00: Comisión de las Comunidades
del Landesgericht Korneuburg (Austria)]: La Chemise Lacoste         Europeas contra República Francesa.
S.A. contra Coalle Fa-93.
                                                                    (1) DO C 335 de 25.11.2000.
(1) DO C 366 de 18.12.1999.
               Archivo del asunto C-126/00 (1)                                     Archivo del asunto C-378/99 (1)
                       (2001/C 118/83)                                                      (2001/C 118/86)
Mediante auto de 17 de enero de 2001, el Presidente del             Mediante auto de 23 de enero de 2001, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-126/00: Comisión de las Comunidades           archivar el asunto C-378/99: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República Portuguesa.                              Europeas contra República Federal de Alemania.
(1) DO C 163 de 10.6.2000.                                          (1) DO C 6 de 8.1.2000.
               Archivo del asunto C-402/00 (1)                                     Archivo del asunto C-335/00 (1)
                       (2001/C 118/84)                                                      (2001/C 118/87)
Mediante auto de 17 de enero de 2001, el Presidente del             Mediante auto de 25 de enero de 2001, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-402/00 (petición de decisión prejudicial     archivar el asunto C-335/00: Comisión de las Comunidades
del Employment Tribunal, Stratford): F. Harding contra Skandia      Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo.
Asset Management Ltd.
(1) DO C 372 de 23.12.2000.                                         (1) DO C 316 de 4.11.2000.


title: Asunto C-594/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën (Sexta Directiva IVA — Derecho a la deducción del impuesto soportado — Restricción — Uso de un bien mueble afectado a una empresa para las necesidades privadas del sujeto pasivo — Tratamiento fiscal del uso privado de un bien que forma parte del patrimonio de la empresa)

text:
               31.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-594/10) (1)

   (Sexta Directiva IVA - Derecho a la deducción del impuesto soportado - Restricción - Uso de un bien mueble afectado a una empresa para las necesidades privadas del sujeto pasivo - Tratamiento fiscal del uso privado de un bien que forma parte del patrimonio de la empresa)
   2012/C 98/10
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: T.G. van Laarhoven

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación del artículo 17, apartado 6, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Deducción del impuesto soportado — Exclusión del derecho a deducción — Normativa nacional que limita la deducción del impuesto para vehículos utilizados por un empresario tanto para fines profesionales como para fines privados.

      Fallo

   El artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, en relación con el artículo 11, parte A, apartado 1, letra c), de ésta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa tributaria nacional que autoriza, en un primer momento, a un sujeto pasivo cuyos vehículos automóviles se utilizan tanto para fines profesionales como para fines privados, a deducir íntegra e inmediatamente el impuesto sobre el valor añadido soportado, pero establece posteriormente, en lo que atañe a la utilización privada de dichos vehículos, una tributación anual basada, para la determinación de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido devengado durante un ejercicio dado, en un método de cálculo a tanto alzado de los gastos efectuados para dicho uso que no tiene en cuenta, de manera proporcional, el alcance efectivo de éste.

      (1)  DO C 80, de 12.3.2011.


title: Asunto T-222/12: Auto del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 — National Trust for Scotland/OAMI — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)

text:
               16.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 336/30

         Auto del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 — National Trust for Scotland/OAMI — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)
   (Asunto T-222/12) (1)

   2013/C 336/64
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 227, de 28.7.2012.


title: Asunto T-833/14: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2014 — Søndagsavisen/Comisión

text:
               27.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/51

         Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2014 — Søndagsavisen/Comisión
   (Asunto T-833/14)
   (2015/C 138/68)
   Lengua de procedimiento: danés

      Partes

      Demandante: Søndagsavisen A/S (Søborg, Dinamarca) (representante: M. Honoré, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 9 de julio de 2014 de no formular objeciones a la exención fiscal para determinados anuncios (SA.35683).

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante, que es una competidora de la receptora de las ayudas, planteó que la Comisión debería haber declarado que existían dudas acerca de si las exenciones fiscales en el material publicitario no nominativo y en los diarios de suscripción distribuidos a los hogares constituían ayudas.
   La demandante plantea que, con arreglo a ello, la Comisión debería haber decidido incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, y en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 (1). Al no hacerlo, la Comisión vulneró los derechos procesales de la demandante previstos en el artículo 108 TFUE, apartado 2.
   La parte demandante formula las siguientes alegaciones en apoyo de su argumento de que existían dudas razonables:

               —

               El tiempo empleado por la Comisión para tramitar el asunto fue extraordinariamente largo, lo que demuestra por sí mismo que existía una duda razonable —concretamente, porque afectaba a un régimen de ayuda notificado con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3.

               —

               La Decisión de la Comisión está viciada por una falta de motivación en lo relativo a las exenciones fiscales en el material publicitario no nominativo y en los diarios de suscripción distribuidos a los hogares.

               —

               La Comisión llevó a cabo un examen incompleto y erróneo de la normativa danesa sobre los impuestos que gravan la publicidad al determinar si las exenciones fiscales en el material publicitario no nominativo y en los diarios de suscripción distribuidos a los hogares constituían ayuda estatal.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).


title: Asunto C-220/08: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica

text:
               21.3.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/33

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica
   (Asunto C-220/08) (1)

   (2009/C 69/77)

      Lengua de procedimiento: griego

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 183 de 19.7.2008.


title: Asuntos C-128/03 y C-129/03: Peticiones de decisión prejudicial planteadas mediante resoluciones del Consiglio di Stato (Sala VI), de fecha 14 de enero de 2003, en los asuntos AEM S.p.A. (C-128/03) y AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contra la Autorità per l'energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'economia e delle finanze, y con la intervención de E.N.E.L. Produzione S.p.A.

text:
24.5.2003               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                                    C 124/9
La obligación de poner fin a las infracciones del Derecho                        energía hidroeléctrica y geotermoeléctrica producido,
comunitario de contratos públicos, incluso mediante la resolu-                   en los términos indicados en su motivación, por la
ción de los contratos ya celebrados, tampoco puede resultar                      modificación del marco normativo, con el fin de financiar
desvirtuada por el artículo 2, apartado 6, de la Directiva 89/                   las cargas generales del sistema eléctrico?
665 (2), que tiene por objeto los procedimientos de recurso
contra las posibles infracciones del Derecho comunitario de
contratos públicos. Sólo puede considerarse que ha finalizado             (1 ) Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                               19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado
el incumplimiento cuando el Estado miembro no sólo ha                          interior de la electricidad (DO L 27, de 30.01.97, p. 20).
reconocido la ilegalidad de su actuación, sino que también ha
puesto fin por completo a la infracción.
( 1) DO L 209, p. 1.
( 2) DO L 395, p. 33.
                                                                          Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2003 contra la
                                                                          República Italiana por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                                                                                (Asunto C-130/03)
Peticiones de decisión prejudicial planteadas mediante
resoluciones del Consiglio di Stato (Sala VI), de fecha                                                (2003/C 124/16)
14 de enero de 2003, en los asuntos AEM S.p.A. (C-128/
03) y AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contra la Autorità
per l’energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
produttive, il Ministero dell’economia e delle finanze, y                 presentado el 24 de marzo de 2003 un recurso contra
      con la intervención de E.N.E.L. Produzione S.p.A.                   la República Italiana formulado por la Comisión de las
                                                                          Comunidades Europeas, representada por los Sres. Niels Bertil
                 (Asuntos C-128/03 y C-129/03)                            Rasmussen y Luigi Cimaglia, en calidad de agentes.
                          (2003/C 124/15)                                 La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                          —      Declare que la República Italiana ha incumplido las
                                                                                obligaciones que le incumben en virtud del artículo 91
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le                           del Reglamento (CE) no 40/94 (1) del Consejo, de 20 de
han sido sometidas sendas peticiones de decisión prejudicial                     diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, al no
mediante resoluciones del Consiglio di Stato (Sala VI), dictadas                 haber designado los tribunales de marcas comunitarias
el 14 de enero de 2003, en los asuntos AEM S.p.A. (C-128/03)                     de primera y de segunda instancia o, en cualquier caso, al
y AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contra la Autorità per                            no haber comunicado a la Comisión en el plazo estable-
l’energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività                    cido una lista de dichos tribunales indicando su denomi-
produttive, il Ministero dell’economia e delle finanze, y con la                 nación y su competencia territorial.
intervención de E.N.E.L. Produzione S.p.A., y recibidas en la
Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de marzo de 2003. El            —      Condene en costas a la República Italiana.
Consiglio di Stato (Sala VI) solicita al Tribunal de Justicia que
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
a)     ¿Puede considerarse ayuda de Estado, a efectos de los              Motivos y principales alegaciones
       artículos 87 y siguientes del Tratado, una medida adminis-
       trativa que, en los términos y con los objetivos indicados
                                                                          Conforme al artículo 249, párrafo segundo, del Tratado
       en su motivación, impone a determinadas empresas que               que instituye la Comunidad Europea, los reglamentos son
       utilizan la red de transmisión de la energía eléctrica un
                                                                          obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables
       incremento del canon de acceso y uso con objeto de                 en cada Estado miembro.
       financiar las cargas generales del sistema eléctrico?
b)     ¿Deben interpretarse los principios establecidos en la             En el presente caso, el artículo 91 del Reglamento no 40/94
       Directiva [96/12] (1) en materia de liberalización del             impone a los Estados miembros la obligación de designar,
       mercado interior de la energía eléctrica y, en particular,         con arreglo al propio ordenamiento nacional, los tribunales
       las disposiciones previstas en los artículos 7 y 8 en              nacionales de primera y segunda instancia competentes en
       materia de gestión de la red de transmisión de la energía,         materia de violación y validez de las marcas comunitarias, así
       en el sentido de que se oponen a la posibilidad de que un          como la obligación de comunicar a la Comisión una lista de
       Estado adopte medidas que impongan con carácter                    los tribunales de marcas comunitarios designados indicando la
       transitorio a determinadas empresas, para el acceso y uso          denominación y la competencia territorial de cada uno de
       de la red de transmisión, un incremento del canon con              dichos tribunales. La fecha límite prevista para cumplir estas
       objeto de compensar el aumento de la valoración de la              obligaciones era el 15 de marzo de 1997.


title: Asunto C-148/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel — Bélgica) — DHL International NV, anteriormente Express Line NV/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Servicios postales — Procedimientos externos de tramitación de las reclamaciones de los usuarios — Directiva 97/67/CE — Artículo 19 — Ámbito de aplicación — Carácter complementario con respecto a los recursos disponibles en el Derecho nacional o en el Derecho de la Unión — Margen de maniobra de los Estados miembros — Límites — Artículo 49 TFUE — Libertad de establecimiento)

text:
               3.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel — Bélgica) — DHL International NV, anteriormente Express Line NV/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
   (Asunto C-148/10) (1)

   (Servicios postales - Procedimientos externos de tramitación de las reclamaciones de los usuarios - Directiva 97/67/CE - Artículo 19 - Ámbito de aplicación - Carácter complementario con respecto a los recursos disponibles en el Derecho nacional o en el Derecho de la Unión - Margen de maniobra de los Estados miembros - Límites - Artículo 49 TFUE - Libertad de establecimiento)
   2011/C 355/08
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hof van beroep te Brussel

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: DHL International NV, anteriormente Express Line NV

      Demandada: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Hof van beroep te Brussel — Interpretación del artículo 19 de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14), en su versión modificada por las Directivas 2002/39/CE (DO L 176, p. 21) y 2008/6/CE (DO L 52, p. 3) — Procedimientos para el tratamiento de las reclamaciones de los usuarios de servicios postales — Mecanismo externo de tratamiento.

      Fallo

               1)

               La Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, tanto en su versión inicial como en sus versiones modificadas por las Directivas 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, y 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que somete obligatoriamente a los proveedores de servicios postales no incluidos en el servicio universal a un procedimiento externo de tramitación de las reclamaciones de los usuarios de estos servicios.

               2)

               El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que somete obligatoriamente a los proveedores de servicios postales no incluidos en el servicio universal a un procedimiento externo de tramitación de las reclamaciones de los usuarios de estos servicios.

      (1)  DO C 161, de 19.6.2010.


title: Asunto T-506/16: Sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2017 — Bodson y otros/BEI («Función pública — Personal del BEI — Naturaleza contractual de la relación laboral — Retribución — Reforma del sistema de retribuciones y de progresión salarial — Confianza legítima — Seguridad jurídica — Error manifiesto de apreciación — Proporcionalidad — Deber de asistencia y protección — Artículo 11, apartado 3, del Reglamento interior del BEI»)

text:
               21.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 277/44

         Sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2017 — Bodson y otros/BEI
   (Asunto T-506/16) (1)

   ((«Función pública - Personal del BEI - Naturaleza contractual de la relación laboral - Retribución - Reforma del sistema de retribuciones y de progresión salarial - Confianza legítima - Seguridad jurídica - Error manifiesto de apreciación - Proporcionalidad - Deber de asistencia y protección - Artículo 11, apartado 3, del Reglamento interior del BEI»))
   (2017/C 277/66)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Jean-Pierre Bodson (Luxemburgo, Luxemburgo) y otros 483 demandantes cuyos nombres figuran en el anexo de la sentencia (representante: L. Levi, abogado)

      Demandada: Banco Europeo de Inversiones (BEI) (representantes: inicialmente C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli y T. Gilliams, posteriormente T. Gilliams y G. Faedo, agentes, asistidos por P.-E. Partsch, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE mediante el que se pretende, por una parte, la anulación de las decisiones contenidas en las hojas de haberes de abril de 2013 y posteriores por las que se aplica a los demandantes la decisión del Consejo de Administración del BEI de 18 de diciembre de 2012 y la decisión del Comité de Dirección del BEI de 29 de enero de 2013, así como el artículo publicado el 5 de febrero de 2013 por el que se informaba al personal de la adopción de estas dos decisiones, y, por otra parte, que se condene al BEI a pagar a los demandantes la diferencia entre el importe de las retribuciones pagadas conforme a las decisiones mencionadas anteriormente y el de las retribuciones adeudadas con arreglo al régimen anterior, así como una indemnización por los daños y perjuicios supuestamente sufridos por los demandantes por su pérdida de poder adquisitivo.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Jean-Pierre Bodson y a los demás miembros del personal del Banco Europeo de Inversiones (BEI) cuyos nombres figuran en el anexo de la sentencia.

      (1)  DO C 207 de 20.7.2013 (asunto registrado inicialmente en el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea con el número F-45/13 y transferido al Tribunal General de la Unión Europea el 1.9.2016).


title: Asuntos acumulados C-442/03 P y C-471/03 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de  1 de junio de 2006  — P&O European Ferries (Vizcaya), S.A./Diputación Foral de Vizcaya, Comisión de las Comunidades Europeas (Ayudas otorgadas por los Estados — Recurso de casación — Recurso de anulación — Decisión por la que se archiva un procedimiento de examen incoado en virtud del artículo 88 CE, apartado 2 — Concepto de ayuda de Estado — Fuerza de cosa juzgada absoluta — Ayudas que pueden declararse compatibles con el mercado común — Ayudas de carácter social — Requisitos)

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/1

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de junio de 2006 — P&O European Ferries (Vizcaya), S.A./Diputación Foral de Vizcaya, Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asuntos acumulados C-442/03 P y C-471/03 P) (1)

   (Ayudas otorgadas por los Estados - Recurso de casación - Recurso de anulación - Decisión por la que se archiva un procedimiento de examen incoado en virtud del artículo 88 CE, apartado 2 - Concepto de ayuda de Estado - Fuerza de cosa juzgada absoluta - Ayudas que pueden declararse compatibles con el mercado común - Ayudas de carácter social - Requisitos)
   (2006/C 178/01)
   Lenguas de procedimiento: inglés y español
   Partes

      Recurrente (en el asunto C-442/03 P): P&O European Ferries (Vizcaya), S.A. (representantes: J. Lever, QC, J. Ellison, Solicitor, y M. Pickford, Barrister, asistidos por E. Bourtzalas y J. Folguera Crespo, abogados)

      Recurrente (en el asunto C-471/03 P): Diputación Foral de Vizcaya (representantes: I. Sáenz-Cortabarría Fernández y M. Morales Isasi, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: N. Khan y J. Buendía Sierra, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 5 de agosto de 2003, P&O European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión (asuntos acumulados T-116/01 y T-118/01) por la que se desestima un recurso de anulación del artículo 2 de la Decisión 2001/247/CE de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativa al régimen de ayudas ejecutado por España en favor de la compañía marítima Ferries Golfo de Vizcaya, S.A., denominada actualmente P&O European Ferries (Vizcaya), S.A., mediante el que se ordena la devolución de la ayuda declarada incompatible con el mercado común
   Fallo

               1)

               Desestimar los recursos de casación.

               2)

               Condenar en costas a P&O European Ferries (Vizcaya), S.A., y a la Diputación Foral de Vizcaya.

      (1)  DO C 7, de 10.1.2004 y C 21, de 24.1.2004.


title: Asunto C-400/06: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 26 de septiembre de 2006 — Codirex Expeditie BV/Staatssecretaris van Financiën

text:
               16.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 310/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 26 de septiembre de 2006 — Codirex Expeditie BV/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-400/06)
   (2006/C 310/07)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos)
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Codirex Expeditie BV

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la partida 0202 30 50 de la Nomenclatura Combinada (NC) en el sentido de que la carne de animales de la especie bovina, congelada (deshuesada), procedente del corte de cuartos delanteros descrito en la nota complementaria 1, parte A), letra h), número 11, de la NC sólo puede ser clasificada en dicha partida si se trata de un trozo de carne entero?

               2.

               Si la respuesta a la primera cuestión implica que la carne en piezas separadas también puede clasificarse en la partida 0202 30 50, ¿basta, para la clasificación en dicha partida, con comprobar que el lote de carne importada está compuesto por trozos de carne congelada que proceden en su totalidad del corte de cuartos delanteros descrito en la nota complementaria 1, parte A), letra h), número 11, de la NC, del Capítulo 2 de la NC, o dicho lote de carne debe reunir además, en su totalidad o bien sus partes por separado (las cajas), otras características o cualidades?


title: Asunto C-469/02: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2002 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 44/16                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                              22.2.2003
Con el «nuevo régimen» [véase la Orden del Ministro de                   manifiesta a aceptar un empleo y, si no se permitiera al
Transporte de junio de 1999 «om registreing og syn af                    empresario proponerla, se disuadiría a los residentes daneses,
køretøjer» (sobre matriculación y control de vehículos de                a diferencia de los residentes en el extranjero, de aceptar un
motor)], los trabajadores domiciliados en Dinamarca pueden               empleo en una empresa extranjera que propone tal uso privado
utilizar en este Estado un vehículo matriculado en el extranjero         de un automóvil de empresa con carácter incidental.
sin necesidad de matricularlo en Dinamarca si se cumple el
requisito de que el empleo en la empresa o el establecimiento
estable en el extranjero constituya la actividad principal del           El Gobierno danés alega cuatro motivos principales como
interesado. En ese caso, no se debe pagar la totalidad del
                                                                         justificación, a saber, un objetivo de control (el interés por la
impuesto de matriculación, dado que no hay matriculación.                seguridad en carretera y por la vigilancia y el control de los
Sin embargo, la Ley del Impuesto de Matriculación exige el               usuarios de la carretera), el interés en evitar la erosión de los
pago de un impuesto calificado de pago deducible liquidado
                                                                         recursos fiscales en Dinamarca, la necesidad de adoptar
sobre la base del impuesto de matriculación íntegro o, previa            determinadas restricciones por la diferencia entre el nivel de
autorización y si se cumple el requisito adicional de que el
                                                                         las contribuciones fiscales y el interés en crear las mismas
vehículo se utilice exclusivamente para fines profesionales, el
                                                                         condiciones de competencia entre las empresas danesas y las
pago regular de una cantidad fija.                                       empresas extranjeras. Ninguno de las razones invocadas puede
                                                                         justificar el régimen danés, ni con arreglo a las excepciones al
                                                                         artículo 39 CE previstas en el Tratado ni con arreglo a la
                                                                         jurisprudencia según la cual se pueden admitir, si se cumplen
                                                                         determinados requisitos, las medidas nacionales que puedan
                                                                         obstaculizar las libertades fundamentales garantizadas por el
Tanto el «régimen anterior» como el «nuevo régimen» implican             Tratado o que puedan privar de atractivo a su ejercicio.
obstáculos a la libre circulación de trabajadores, en contra de
lo dispuesto en el artículo 39 CE en relación con el artículo 10
CE. El artículo 39 CE se opone a la introducción o al                    Por último, la Comisión niega que la Directiva 83/182/CEE del
mantenimiento de disposiciones nacionales que obstaculicen               Consejo ( 2) pueda interpretarse en el sentido de que las normas
la libre circulación de trabajadores, aun cuando sean indistinta-        danesas deban considerarse lícitas, con independencia de que
mente aplicables, si afectan al acceso de los trabajadores al            las disposiciones de Derecho comunitario derivado no pueden
mercado de trabajo. Así ocurre con las normas danesas. Un                eximir a un Estado miembro de las obligaciones que le impone
trabajador domiciliado en el extranjero podrá utilizar un                el artículo 39 CE en relación con el artículo 10 CE.
automóvil de empresa extranjero en Dinamarca sin problemas
y sin tener que obtener una autorización o pagar un impuesto.
Se trata, por tanto, de una diferencia de trato manifiesta de los        (1 ) Sentencia de 18 de enero de 2001 (C-297/99, Rec. p. I-590).
residentes daneses en relación con los residentes extranjeros            (2 ) Directiva de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias
en lo que se refiere a la utilización idéntica en Dinamarca de                fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de
un automóvil de empresa matriculado en el extranjero. Por                     importación temporal de determinados medios de transporte (DO
último, un trabajador que no tiene su «actividad principal» en                L 105, p. 59; EE 09/01, p. 156).
la empresa extranjera, lo que podría indicar precisamente un
uso extremadamente limitado del automóvil de empresa, no
podrá utilizarlo en Dinamarca. Resulta evidente que esta
circunstancia disuade a los empresarios de contratar a residen-
tes daneses, prefiriendo a los a los trabajadores domiciliados
fuera de Dinamarca, ya que las restricciones mencionadas
se aplican, incluso, al uso exclusivamente profesional. Es
indiferente a este respecto determinar si las normas danesas
pueden considerarse un obstáculo del derecho del trabajador a
buscar trabajo en el extranjero o un obstáculo a la posibilidad          Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2002 contra el
de que el empresario contrate a trabajadores domiciliados en             Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
Dinamarca. El obstáculo subsiste con independencia de que                                                Europeas
sea el trabajador o el empresario quien deba obtener la
autorización o efectuar la matriculación y cargar con los
gastos.                                                                                (Asunto C-469/02)
                                                                                (2003/C 44/30)
Por lo que se refiere, en particular, al uso privado incidental, la
Comisión señala con carácter preliminar, que no puede                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
considerarse un «uso privado» el transporte entre el domicilio           presentado el 23 de diciembre de 2002 un recurso contra el
y el lugar de trabajo, como se desprende de la sentencia Skills          Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunida-
Motor Coaches Ltd ( 1). La posibilidad de utilizar un automóvil          des Europeas, representada por la Sra. H. Michard, en calidad
de empresa con carácter privado e incidental es una incitación           de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 22.2.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 44/17
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
de Justicia que:                                                          lución de la Cour d’appel de Bruxelles, de fecha 20 de
                                                                          diciembre de 2002, en el asunto entre SIOMAB SA y
—     Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                   Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement, en
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 39                                       abreviatura IBGE
      del Tratado CE, del artículo 7 del Reglamento (CEE)
      no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968,
      relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro
      de la Comunidad (1), así como, más en concreto, por lo                                      (Asunto C-472/02)
      que atañe a la interrupción de carrera en el marco de un
      permiso parental, del artículo 73 del Reglamento (CEE)
      no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo                                      (2003/C 44/31)
      a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los
      trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por
      cuenta propia y a sus familiares que se desplazan dentro
      de la Comunidad (2), al haber supeditado la concesión y
      el pago de un subsidio en el marco del régimen de la
      interrupción de carrera ..., a la condición de que la               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      persona de que se trata tenga su residencia o su domicilio          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
      en Bélgica.                                                         resolución de la Cour d’appel de Bruxelles, dictada el 20 de
                                                                          diciembre de 2002, en el asunto entre SIOMAB SA y Institut
—     Condene en costas al Reino de Bélgica.                              Bruxellois pour la gestion de l’environnement, en abreviatura
                                                                          IBGE, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
                                                                          27 de diciembre de 2002. La Cour d’appel de Bruxelles solicita
Motivos y principales alegaciones                                         al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                          cuestiones:
(por lo que atañe a la cláusula de residencia): Las autoridades
belgas anuncian la supresión de la cláusula de residencia y
reconocen de esta forma la fundamentación de la alegación de
la Comisión. Sin embargo, aún no ha finalizado el trabajo de              En el supuesto de que un Estado miembro recurra al meca-
adecuación.                                                               nismo de notificación de un documento de seguimiento por la
                                                                          autoridad competente de expedición en virtud del artículo 3,
(por lo que se refiere a las cláusulas del pago en Bélgica): La           apartado 8, y del artículo 6, apartado 8, del Reglamento
exigencia de que las personas a las que se concede el subsidio            no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la
dispongan de una cuenta bancaria en Bélgica puede, en                     vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior,
determinados casos, poner en entredicho pura y simplemente                a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea ( 1), los
los efectos de la modificación de la legislación de que se trata.         artículos 3, apartado 8; 4, apartado 3; 6, apartado 8; 7,
En efecto, ocurre que algunas entidades bancarias exigen un               apartado 4 y artículo 26 del Reglamento ¿han de interpretarse
certificado de residencia para la apertura de una cuenta o para           en el sentido
su mantenimiento.
                                                                          a)    de que la autoridad competente de expedición a efectos
(por lo que se refiere al destino de las antiguas decisiones                    de este Reglamento, habilitada para verificar si un plan de
denegatorias): En orden a la seguridad jurídica, es esencial que                traslado clasificado en la notificación como «traslado
los derechos reales de los particulares se hallen protegidos                    de residuos destinados a la valorización» corresponde
contras las consecuencias perjudiciales de un comportamiento                    efectivamente a esta clasificación, puede, cuando estime
de las autoridades públicas que se fundamente en normas                         que esta clasificación es incorrecta,
incompatibles con el Derecho comunitario. El incumplimiento
de un Estado miembro no debe traducirse en ningún caso en
un beneficio financiero para éste último. Pues bien, si bien es                 1.    negarse a enviar el documento de seguimiento en
cierto que las autoridades belgas aclaran que cualquier persona                       razón de esta clasificación incorrecta, invitando al
a quien se le hayan denegado los subsidios por interrupción de                        notificante a enviarle un nuevo documento de
carrera sobre la base de la antigua normativa puede presentar                         seguimiento,
una nueva solicitud basándose en la nueva, no se ha previsto
que vuelvan a examinarse automáticamente los expedientes
correspondientes y no se ha facilitado precisión alguna acerca                  2.    proceder al envío del documento de seguimiento
de los requisitos de información y sobre las formas de pago                           tras haber realizado una nueva clasificación del plan
retroactivo de las prestaciones a las personas que quedaron                           de traslado como «traslado de residuos destinados a
privadas de ellas por el hecho de no residir en el territorio                         la eliminación»,
nacional.
( 1) DO L 257 de 15.10.1968, p. 2; EE 05/01, p. 77.
                                                                                3.    proceder al envío del documento de seguimiento
( 2) DO L 149, de 5.7.1971, p. 2; EE 05/01, p. 98.                                    que incluye la clasificación incorrecta, adjuntando
                                                                                inmediatamente a este envío una objeción basada en
                                                                                este error de clasificación,


title: Asunto C-97/12 P: Recurso de casación interpuesto el 23 de febrero de 2012 por Louis Vuitton Malletier contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 14 de diciembre de 2011 en el asunto T-237/10, Louis Vuitton Malletier/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Friis Group International ApS

text:
               28.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 126/8

         Recurso de casación interpuesto el 23 de febrero de 2012 por Louis Vuitton Malletier contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 14 de diciembre de 2011 en el asunto T-237/10, Louis Vuitton Malletier/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Friis Group International ApS
   (Asunto C-97/12 P)
   2012/C 126/16
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Louis Vuitton Malletier (representantes: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto y E. Gavuzzi, avvocati)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Friis Group International ApS

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Anule la sentencia recurrida en la medida en que desestimó el recurso interpuesto por la recurrente contra la resolución impugnada, y, en consecuencia, anule la resolución de la Primera Sala de Recurso en la medida en que declaró inválido el registro de marca comunitaria no 3.693.116 (figurativa) para «aparatos e instrumentos ópticos incluyendo gafas, gafas de sol y estuches para gafas» de la clase 9, «joyeros de metales preciosos, sus aleaciones o chapados» de la clase 14, y «bolsas de viaje, estuches de viaje (marroquinería), baúles y maletas, bolsas-funda de viaje para la ropa, cofrecillos destinados a contener artículos de tocador llamados “vanity cases”, mochilas, bolsas de bandolera, bolsos, maletines, portadocumentos y carteras de cuero, carterillas, carteras, bolsas, estuches para llaves, tarjeteros» de la clase 18.

               —

               Condene a la OAMI al pago de las costas en que haya incurrido Louis Vuitton Malletier S.A. durante este procedimiento.

               —

               Condene a Friis Group International ApS al pago de las costas en que haya incurrido Louis Vuitton Malletier S.A. durante este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso se pretende demostrar que el Tribunal General infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria (1) al considerar que el motivo de denegación absoluto establecido en dicho Reglamento podía aplicarse al registro de marca comunitaria no 3.693.116 (figurativa) (denominada «FERMOIR S») respecto de todos los bienes designados por ella de las clases 9, 14 y 18, excepto para «joyas, incluidos anillos, llaveros, hebillas y pendientes, gemelos, pulseras, colgantes, broches, collares, alfileres de corbatas, adornos, medallones; instrumentos y aparatos cronométricos y otros para medir el tiempo, incluyendo relojes de pulsera, cajas de relojes de pulsera, despertadores; cascanueces de metales preciosos, sus aleaciones o chapados, palmatorias de metales preciosos, sus aleaciones o chapados» de la clase 14 y «cuero e imitaciones de cuero» y «paraguas» de la clase 18.
   En primer lugar, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error al aplicar en el presente asunto la jurisprudencia relativa a las marcas de forma tridimensional (al menos respecto de la mayoría de los bienes designados por la marca objeto de controversia) y al exigir, en consecuencia, como criterio jurídico de distintividad, que «FERMOIR S»«difiera de una manera significativa de la norma o de los usos de ese ramo», lo cual es un umbral más alto que el general (esto es, el «carácter distintivo mínimo»).
   De hecho, la jurisprudencia muestra claramente que para aplicar el criterio de que «difiera de una manera significativa», originariamente previsto únicamente para las marcas de forma tridimensional, el signo relevante debería asociarse de forma inequívoca con los bienes en cuestión, esto es, que dicho signo debe consistir en una representación fidedigna de todo el producto o de una de sus partes principales, que pueda reconocerse inmediatamente como tal, y ser percibido por los consumidores de ese modo.
   Por el contrario, el Tribunal General consideró que cualquier signo que represente la forma de una parte de un producto está sujeto a los principios establecidos en relación con las marcas de forma tridimensional a no ser que sea absolutamente imposible percibir conceptualmente dicho signo como parte del producto que designa. En consecuencia, en lugar de examinar si el publico podría percibir la marca objeto de controversia como una parte esencial de los bienes que designa, el Tribunal General se limitó a determinar si la marca podría utilizarse teóricamente como un mecanismo de cierre para bienes de las clases 9, 14 y 18.
   En segundo lugar, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error al apreciar la validez de la marca controvertida respecto de aquellos bienes que, a su juicio, podían contener un mecanismo de cierre, infringiendo las normas relativas a la carga de la prueba y desnaturalizando los elementos de prueba.
   En particular, sostiene que el Tribunal General no tomó en consideración adecuadamente la presunción de validez de que gozan los registro de marca comunitaria al exigir a la recurrente que «aportase indicaciones concretas y fundadas que demostrasen que la marca solicitada está revestida de carácter distintivo intrínseco» desplazando así de Friis la carga de la prueba de la invalidez de la marca controvertida.
   Por todos motivos expuestos anteriormente, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida en la medida en que estimó en parte la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 14 de febrero de 2010, en el asunto R 1590/2008-1, que había declarado que la marca objeto de controversia carecía de validez para los bienes que designa de las clases 9, 14 y 18.

      (1)  DO L 11, p. 1.


title: Asunto C-154/03: Recurso interpuesto el 3 de abril de 2003 contra Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 124/14               ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                          24.5.2003
contra la sentencia dictada el 15 de enero de 2003 por la Sala                    —    al no considerar que los actos impugnados produje-
Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las                              ron efectos jurídicos por el mero hecho de privar a
Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-377/                                  la recurrente de determinados medios de protección
00 (1), T-379/00 (2), T-380/00 (2), T-260/01 (3) y T-272/01 ( 4),                      jurídicos y ventajas en el ordenamiento jurídico
Philip Morris International Inc., R.J. Reynolds Tobacco Hol-                           comunitario;
dings Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco
Company, R.J. Reynolds Tobacco International Inc. y Japan                         —    al considerar que el asunto C-345/00 P, FNAB,
Tobacco Inc. contra Comisión de las Comunidades Europeas,                              puede aplicarse al presente asunto;
apoyada por el Parlamento Europeo, el Reino de España,
la República Francesa, la República Italiana, la República                        —    al no considerar que, por tratarse de actos manifies-
Portuguesa, la República de Finlandia, la República Federal de                         tamente ilegales, los actos impugnados son recurri-
Alemania, la República Helénica y el Reino de los Países Bajos.                        bles; y, por último,
                                                                                —    por un lado, porque en caso de que sea correcto
                                                                                (quod non) el razonamiento del Tribunal de Primera
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:                              Instancia según el cual únicamente la resolución de
                                                                                la US District Court of the Eastern district of
                                                                                New York produce efectos jurídicos, el Tribunal de
—     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de                          Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al
      15 de enero de 2003 en los asuntos acumulados T-377/                             considerar, no obstante las circunstancias del asunto,
      00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 y T-272/01.                                     que los actos impugnados no pueden ser recurridos
                                                                                con arreglo al artículo 230 CE;
—     Resuelva definitivamente la cuestión de la admisibilidad                    —    por otro lado, porque en caso de que sea correcto
      con arreglo al artículo 61 del Protocolo sobre el Estatuto                       (quod non) el razonamiento del Tribunal de Primera
      del Tribunal de Justicia, declarando la admisibilidad del                        Instancia según el cual no es posible enjuiciar
      recurso de anulación interpuesto por la recurrente, y                            por separado una decisión de entablar acciones
      devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para                         judiciales, el Tribunal de Primera Instancia debió
      que se pronuncie sobre el fondo.                                                 haber unido el examen de la cuestión de la admisibi-
                                                                                lidad a la del fondo.
—     Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal              2)    El Tribunal de Primera Instancia se contradijo en un
      de Primera Instancia para que éste se pronuncie sobre la                    punto de Derecho esencial.
      cuestión de la admisibilidad y resuelva seguidamente y/o
      simultáneamente sobre el fondo del asunto.                            3)    El Tribunal de Primera Instancia vulneró el ar-
                                                                                tículo 292 CE.
—     Condene a la Comisión al pago de las costas ocasionadas
                                                                            4)    El Tribunal de Primera Instancia vulneró el derecho a la
      a la recurrente en los procedimientos ante el Tribunal de
                                                                                tutela judicial efectiva.
      Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia.
                                                                            (1 ) DO C 79 de 10.3.2001, p. 23.
                                                                            (2 ) DO C 79 de 10.3.2001, p. 24.
                                                                            (3 ) DO C 3 de 5.1.2002, p. 39.
                                                                            (4 ) DO C 3 de 5.1.2002, p. 45.
Motivos y principales alegaciones
La parte recurrente sostiene que el Tribunal de Primera
Instancia cometió los siguientes errores de Derecho en la
sentencia recurrida:
                                                                            Recurso interpuesto el 3 de abril de 2003 contra Irlanda
                                                                                por la Comisión de las Comunidades Europeas
1)    El Tribunal de Primera Instancia vulneró el concepto de
      acto recurrible en el sentido del artículo 230 CE:
                                                                                (Asunto C-154/03)
      —     al considerar que el ejercicio de acciones sobre la                                       (2003/C 124/24)
            base de los actos impugnados es comparable al
            ejercicio de acciones con arreglo al artículo 226 CE;
                                                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      —     al considerar que la falta de competencia reconocida            presentado el 3 de abril de 2003 un recurso contra Irlanda
            para adoptar los actos impugnados y la subsiguiente             formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
            creación y ejercicio de tal competencia no modifican            representada por la Sra. Karen Banks, en calidad de agente, que
            la situación jurídica de las partes del litigio;                designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 24.5.2003              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 124/15
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                   —     convocatoria de candidaturas al puesto de Secretaria/
                                                                                o en la Administración General. Ref.: 03/EJ/14
1)    Declare que Irlanda no ha cumplido las obligaciones que                     (2003/C 34 A/08) DO C 34 A de 13.2.2003;
      le incumben en virtud de la Directiva 1999/36/CE del
      Consejo, de 29 de abril de 1999, sobre equipos a presión
      transportables (1) y de la Directiva 2001/2/CE de la                  —     convocatoria de candidaturas al puesto de Bibliote-
      Comisión, de 4 de enero de 2001, por la que se adapta                       cario/Archivista. Ref.: 03/EJ/12 (2003/C 34 A/06)
      esta última Directiva al progreso técnico (2), al no haber                  DO C 34 A de 13.2.2003;
      adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
      nistrativas necesarias para dar cumplimiento a dichas
      Directivas o, en cualquier caso, al no haber comunicado               —     convocatoria de candidaturas al puesto de Contable.
      tales disposiciones a la Comisión.                                          Ref.: 03/EJ/08 (2003/C 34 A/02) DO C 34 A de
                                                                                13.2.2003;
2)    Condene a Irlanda al pago de las costas del presente
      procedimiento.
                                                                            —     convocatoria de candidaturas al puesto de Experto
                                                                                en red informática y tecnologías de la información
Motivos y principales alegaciones                                                 (Webmaster) de la Red Judicial Europea. Ref.: 03/EJ/
                                                                                09 (2003/C 34 A/03) DO C 34 A de 13.2.2003,
El artículo 249 CE, a tenor del cual la directiva obligará al
Estado miembro en cuanto al resultado que deba conseguirse,                 el punto que se refiere a la documentación a aportar en
implica la obligación por parte de los Estados miembros de                  inglés por parte de los que presenten el acta de convocato-
respetar el plazo para la adaptación del Derecho interno                    ria en otra lengua; así como los puntos relativos a los
previsto en la directiva. Estos plazos expiraron el 1 de                    requisitos de conocimientos lingüísticos de los candida-
diciembre de 2000 y el 1 de julio de 2001, respectivamente,                 tos, de cada convocatoria enumerados a continuación:
sin que Irlanda haya aprobado las disposiciones necesarias
para dar cumplimiento a las Directivas aludidas en las conclu-
siones de la Comisión.                                                      —     en la convocatoria de candidaturas al puesto de
                                                                                Responsable de protección de datos, como requi-
                                                                                sito 17: «excelente conocimiento de inglés y francés.
( 1) DO L 138, p. 20.                                                             Se valorará la capacidad para trabajar en otras
( 2) DO L 5, p. 4.
                                                                                lenguas de la Unión Europea».
                                                                            —     en la convocatoria de candidaturas al puesto de
                                                                                Jurista, como requisito 19: «excelente conocimiento
                                                                                de inglés y francés. Se valorará la capacidad para
Recurso interpuesto el 8 de abril de 2003 contra Eurojust                         trabajar en otras lenguas de la Unión Europea».
                     por el Reino de España
                       (Asunto C-160/03)                                    —     en la convocatoria de candidaturas al puesto de
                                                                                Agregado de prensa, como requisito 12: «capacidad
                         (2003/C 124/25)                                          para expresarse al menos en inglés y francés. Se
                                                                                valorará el conocimiento de otras lenguas oficiales
                                                                                de la Unión Europea».
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 8 de abril de 2003 un recurso contra Eurojust
formulado por el Reino de España, representado por la                       —     en la convocatoria de candidaturas al puesto de
Sra. L. Fraguas Gadea, con domicilio en Luxemburgo.                               Secretaria/o en la Administración General, como
                                                                                requisito 9: «se valorará un conocimiento profundo
                                                                                de inglés y francés, así como un conocimiento
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                                satisfactoria de otras lenguas comunitarias».
1.    anule, de las siguientes convocatorias:
      —     convocatoria de candidaturas al puesto de Responsa-             —     en la convocatoria de candidaturas al puesto de
            ble de protección de datos. Ref.: 03/EJ/07 (2003/                     Experto en red informática y tecnologías de la
            C 34 A/01) DO C 34 A de 13.2.2003;                                    información (Webmaster) de la Red Judicial Europea,
                                                                                como requisito 6: «se considera esencial un buen
      —     convocatoria de candidaturas al puesto de Jurista.                    conocimiento de inglés; se valorará, en particular, la
            Ref.: 03/EJ/11 (2003/C 34 A/05) DO C 34 A de                          capacidad para expresarse en al menos dos lenguas
            13.2.2003;                                                            oficiales adicionales de las Comunidades europeas,
                                                                                incluido el francés».
      —     convocatoria de candidaturas al puesto de Agregado
            de prensa. Ref.: 03/EJ/13 (2003/C 34 A/07) DO
            C 34 A de 13.2.2003;                                        2.  condene en costas al órgano demandado.