title: Asunto T-107/08: Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2011 — Transnational Company «Kazchrome» y ENRC Marketing/Consejo y Comisión ( «Dumping — Importaciones de silicomanganeso originarias de China y de Kazajstán — Recurso de anulación — Precio de exportación — Comparación entre el precio de exportación y el valor normal — Cálculo del margen de subcotización — Responsabilidad extracontractual» )

text:
               28.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 25/48

      Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2011 — Transnational Company «Kazchrome» y ENRC Marketing/Consejo y Comisión
      (Asunto T-107/08) (1)

      (Dumping - Importaciones de silicomanganeso originarias de China y de Kazajstán - Recurso de anulación - Precio de exportación - Comparación entre el precio de exportación y el valor normal - Cálculo del margen de subcotización - Responsabilidad extracontractual)
      (2012/C 25/91)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandantes: Transnational Company «Kazchrome» AO (Aktobe, Kazajstán) y ENRC Marketing AG (Kloten, Suiza) (representantes: inicialmente, L. Ruessmann y A. Willems; posteriormente, A. Willems y S. De Knop, abogados)

         Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente J.-P. Hix, agente, asistido por G. Berrisch y G. Wolf, abogados; posteriormente, J.-P. Hix y B. Driessen, agentes, asistidos por G. Berrisch, abogado) y Comisión Europea (representantes: H. van Vliet y K. Talabér-Ritz, agentes)

         Parte coadyuvante en apoyo de las demandadas: Euroalliages (Bruselas) (representantes: J. Bourgeois, Y. van Gerven y N. McNelis, abogados)

         Objeto

      Por una parte, pretensión de anulación del Reglamento (CE) no 1420/2007 del Consejo, de 4 de diciembre de 2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de silicomanganeso originarias de la República Popular China y de Kazajstán y se da por concluido el procedimiento sobre las importaciones de silicomanganeso originarias de Ucrania (DO L 317, p. 5), en la medida en que se refiere a las importaciones de silicomanganeso producido por Transnational Company «Kazchrome» AO y, por otra parte, una pretensión de indemnización por daños y perjuicios.

         Fallo

                  1)

                  Anular el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1420/2007 del Consejo, de 4 de diciembre de 2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de silicomanganeso originarias de la República Popular China y de Kazajstán y se da por concluido el procedimiento sobre las importaciones de silicomanganeso originarias de Ucrania, en la medida en que se aplica a las importaciones de silicomanganeso producido por Transnational Company «Kazchrome» AO.

                  2)

                  Desestimar el recurso en todo lo demás.

                  3)

                  Transnational Company «Kazchrome» y ENRC Marketing AG cargarán con la mitad de sus propias costas y con las costas de la Comisión Europea.

                  4)

                  El Consejo de la Unión Europea cargará con la mitad de las costas de Transnational Company «Kazchrome» y de ENRC Marketing y con sus propias costas.

                  5)

                  Euroalliages cargará con sus propias costas.

         (1)  DO C 116, de 9.5.2008.


title: Asunto C-255/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 29 de mayo de 2015 — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland

text:
               7.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 29 de mayo de 2015 — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland
   (Asunto C-255/15)
   (2015/C 294/26)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Amtsgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Steef Mennens

      Demandada: Emirates Direktion für Deutschland

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se ha de interpretar el artículo 10, apartado 2, en relación con el artículo 2, letra f), del Reglamento (CE) no 261/2004 (1) en el sentido de que constituye un «billete» el documento que confiere al pasajero el derecho al transporte en el propio vuelo en el que se le cambió a una clase inferior, independientemente de si en ese documento constan, además, otros vuelos, tales como vuelos de conexión o vuelos de vuelta?

               2)

                           a.

                           En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
                           ¿Se ha de interpretar también el artículo 10, apartado 2, en relación con el artículo 2, letra f), del Reglamento no 261/2004 en el sentido de que el «precio del billete» es el importe pagado por el pasajero por todos los vuelos que constan en el billete, aunque el cambio a una clase inferior sólo afectase a uno de los vuelos?

                           b.

                           En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
                           Para determinar el importe que sirva de base para el reembolso previsto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 261/2004, ¿se ha de atender al precio anunciado por la compañía aérea para el transporte en el trayecto parcial afectado por el cambio de clase y en la clase reservada, o se ha de multiplicar por el precio total del vuelo el cociente resultante de dividir la distancia del trayecto parcial afectado por el cambio de clase entre la distancia total?

               3)

               ¿Se ha de interpretar también el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 261/2004 en el sentido de que el «precio del billete» es sólo el precio del vuelo, sin impuestos ni tasas?

      (1)  Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).


title: Asunto C-190/09: Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Chipre

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/33

         Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Chipre
   (Asunto C-190/09)
   2009/C 180/57
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: I. Chatzigiánnis, A. Margélis)

      Demandada: República de Chipre

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE, (1) al prohibir la comercialización y la venta de biocarburantes producidos a partir de plantas genéticamente modificadas y al adoptar la Sección sexta de la Ley 66(I) de 2005 sin comunicarlo previamente a la Comisión de las Comunidades Europeas.

               —

               Que se condene en costas a la República de Chipre.

      Motivos y principales alegaciones

   La Ley chipriota 66(I) de 2005, «sobre el fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte» adapta el Derecho chipriota a la Directiva 2003/30/CE, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte. Sin embargo, la Sección sexta de la Ley chipriota contiene una disposición en virtud de la cual se prohíbe la comercialización y la venta de biocarburantes producidos a partir de plantas genéticamente modificadas.
   El cultivo de variedades autorizadas de plantas genéticamente modificadas (GM) es legal en la Unión Europea con arreglo a la Directiva 2001/18/CE y al Reglamento (CE) no 1829/2003. No obstante, los biocarburantes elaborados producidos a partir de plantas genéticamente modificadas no están comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones legislativas de que se trata y, por consiguiente, procede examinar la compatibilidad de la mencionada disposición con los artículos 28 a 30 del Tratado CE.
   En cuanto a la infracción de los artículos 28 a 30 del Tratado CE, la Comisión considera, en primer lugar, que la prohibición chipriota no es necesaria para proteger cualquier tipo de interés general y, en segundo lugar, que las normas nacionales que prohíben totalmente un producto son contrarias al principio de proporcionalidad.
   En lo que atañe a la infracción de la Directiva 98/34/CE, la Comisión considera que la Sección sexta de la Ley no 66(I) de 2005 es un reglamento técnico en el sentido del artículo 1 y no está comprendida en la excepción del artículo 10, apartado 1, primer guión, de dicha Directiva. En consecuencia, las autoridades chipriotas tenían la obligación de comunicar a la Comisión la mencionada disposición. Las autoridades chipriotas han incumplido la obligación que les incumbe en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE, puesto que adoptaron la disposición sin comunicarlo previamente.

      (1)  DO L 204, de 21.7.1998, p. 37.


title: Archivo del asunto T-250/94

text:
25 . 3 . 95          ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                              N° C 74/17
Motivos y principales alegaciones                                                Archivo del asunto T-248/94 ( )
                                                                                ( 95/C 74/35 )
Los motivos y principales alegaciones son similares a los del
asunto T-20/94 .
                                                                              (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                  Mediante auto de 6 de febrero de 1995 , el Presidente de la
                                                                  Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                  Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
                                                                  T-248/94 : Hema BV contra Comisión de las Comunidades
Recurso interpuesto el 13 de febrero de 1995 contra el            Europeas .
Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las
Comunidades Europeas por el Sr. Hans-Christian Jacob             (M DO n° C 288 de 15 . 10. 1994 .
                                sen
                      (Asunto T-24/95 )
                          ( 95/C 74/33 )
            (Lengua de procedimiento: alemán)                                    Archivo del asunto T-249/94 ( )
                                                                                ( 95/C 74/36 )
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 13 de febrero de 1995 un                         (Lengua de procedimiento: neerlandés)
recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por                Mediante auto de 6 de febrero de 1995 , el Presidente de la
Hans-Christian Jacobsen con domicilio en Jarplund                Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las
Weding ( República Federal de Alemania ), representado por        Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
el Sr. Lukanow, Abogado de Euskirchen, que designa como           T-249/94 : Hema BV contra Comisión de las Comunidades
domicilio en Luxemburgo el despacho de Abogados                   Europeas.
Dupong & Associés, 14a rué des Bains .
                                                                  í 1 ) DO n° C 288 de 15 . 10 . 1994 .
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
Instancia que:
Condene a las partes demandadas a abonar a la parte
demandante una indemnización por el período correspon                           Archivo del asunto T-250/94 (')
diente a cinco campañas lecheras, a partir del 1 de abril de                                   95/C 74/37
1988 , por importe de 24 540 marcos alemanes, incremen
tada en los intereses devengados al 8 % a partir del 17 de                    (Lengua de procedimiento: neerlandés)
diciembre de 1983 .
                                                                  Mediante auto de 6 de febrero de 1995, el Presidente de la
Motivos y principales alegaciones                                 Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                  Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
Los motivos y principales alegaciones son similares a los         T-250/94 : M & S Mode contra Comisión de las Comuni
formulados en el asunto T-20/94 .                                 dades Europeas.
                                                                  (!) DO n° C 288 de 15 . 10. 1994 .
              Archivo del asunto T-124/93 ( )
                           ( 95/C 74/34)                                         Archivo del asunto T-251/94 ()
                                                                                ( 95/C 74/38 )
            (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                              (Lengua de procedimiento: neerlandés)
Mediante auto de 20 de enero de 1995 , el Presidente de la
                                                                  Mediante auto de 6 de febrero de 1995 , el Presidente de la
Primera Sala ampliada del Tribunal de Primera Instancia de        Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las
las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
T-124/93 : Georg Werner contra Comisión de las Comuni             Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
                                                                  T-251/94 : M & S Mode Nederland BV contra Comisión de
dades Europeas.
                                                                  las Comunidades Europeas.
(!) DO n° C 34 de 9 . 2 . 1991 .                                   O DO n° C 288 de 15 . 10. 1994.


title: Asunto T-63/06: Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2010 — Evropaïki Dynamiki/OEDT ( «Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación de la OEDT — Prestación de servicios informáticos de programación y de consultoría en aplicaciones informáticas — Rechazo de la oferta de un licitador — Criterios de atribución — Error manifiesto de apreciación — Igualdad de trato — Transparencia — Principio de buena administración — Obligación de motivación» )

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/30

      Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2010 — Evropaïki Dynamiki/OEDT
      (Asunto T-63/06) (1)

      (Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación de la OEDT - Prestación de servicios informáticos de programación y de consultoría en aplicaciones informáticas - Rechazo de la oferta de un licitador - Criterios de atribución - Error manifiesto de apreciación - Igualdad de trato - Transparencia - Principio de buena administración - Obligación de motivación)
      (2010/C 288/56)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas) (representante: N. Korogiannakis, abogado)

         Demandada: Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) (representantes: D. Storti, agente, asistido por J. Stuyck, abogado)

         Objeto

      Por una parte, la solicitud de anulación de la decisión del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías de 5 de diciembre de 2005, por la que se rechaza la oferta presentada por la demandante en el marco de la licitación relativa a la prestación de servicios de programación y de consultoría en aplicaciones informáticas (DO S 187) así como la decisión de atribuir el contrato a otro licitante y, por otra, una solicitud de indemnización de daños y perjuicios.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE cargará con sus propias costas y con las efectuadas por el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT).

         (1)  DO C 86, de 8.4.2006.


title: Asunto T-287/05: Recurso interpuesto el 15 de julio de 2005 contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por Idoia Bengoa Geisler y dos funcionarias más

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/35

         Recurso interpuesto el 15 de julio de 2005 contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por Idoia Bengoa Geisler y dos funcionarias más
   (Asunto T-287/05)
   (2005/C 229/74)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 15 de julio de 2005 un recurso contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas formulado por Idoia Bengoa Geisler, Cristina López Roca y Maria Manuela Farrajota, con domicilio en Luxemburgo, representadas por Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis y Etienne Marchal, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo.
   Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule las decisiones por las que se les nombra funcionarias de las Comunidades Europeas en la medida en que fijan su grado de reclutamiento con arreglo a los artículos 12 y 13 del anexo XIII del Estatuto.

               —

               Condene en costas al Tribunal de Justicia.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes, funcionarias del Tribunal de Justicia, contratadas después del 1 de mayo de 2004 por haber superado un concurso cuya convocatoria se había publicado con anterioridad a tal fecha, se oponen a la supuesta discriminación que resulta del hecho de que, con arreglo al artículo 12 del anexo XIII del Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios, sus condiciones de clasificación sean distintas de las de quienes aprobaron los mismos concursos pero fueron contratados antes de la referida modificación del Estatuto. En apoyo de sus pretensiones, invocan los mismos motivos y alegaciones que los invocados por los demandantes en el asunto T-130/05. (1)

      (1)  DO C 132, de 28.5.2005, p. 31.


title: Asunto T-393/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 13 de abril de 2011 — Westfälische Drahtindustrie y otros/Comisión ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Competencia — Decisión de la Comisión por la que se impone una multa — Aval bancario — Demanda de suspensión de la ejecución» )

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/20

         Auto del Presidente del Tribunal General de 13 de abril de 2011 — Westfälische Drahtindustrie y otros/Comisión
   (Asunto T-393/10 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Competencia - Decisión de la Comisión por la que se impone una multa - Aval bancario - Demanda de suspensión de la ejecución)
   2011/C 282/40
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Alemania); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm); Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Alemania), (representantes: C. Stadler y N. Tkatchenko, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: V. Bottka, R. Sauer y C. Hödlmayr, agentes, asistidos por R. Van der Hout, abogado)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión C(2010) 4387 final de la Comisión, de 30 de junio de 2010, relativa a un procedimiento conforme al artículo 101 TFUE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (COMP/38.344 — Acero para pretensado), en su versión modificada por la Decisión C(2010) 6676 final de la Comisión, de 30 de septiembre de 2010, en la medida en que impone multas a los demandantes..

      Fallo

               1)

               Suspender la ejecución de la obligación impuesta a las sociedades Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG y Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, de constituir un aval bancario en favor de la Comisión para evitar el cobro inmediato de las multas que les han sido impuestas por el artículo 2, apartado 1, de la Decisión C(2010) 4387 final de la Comisión, de 30 de junio de 2010, relativa a un procedimiento conforme al artículo 101 TFUE y al artículo 53 del Acuerdo EEE, (COMP/38.344 — Acero para pretensado), en su versión modificada por la Decisión C(2010) 6676 final de 30 de septiembre de 2010, con las siguientes condiciones:

                           a)

                           Las sociedades Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG y Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG han de abonar el importe de [confidencial] millones de euros a la Comisión antes del 30 de junio de 2011.

                           b)

                           Deberán abonar a la Comisión, a partir del 15 de julio de 2011, el día 15 de cada mes, mensualidades de 300 000 euros hasta nueva orden y, como muy tarde, hasta que se dicte sentencia en el asunto principal.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-141/11: Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2011 — Dogbo/Consejo

text:
               30.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 130/23

         Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2011 — Dogbo/Consejo
   (Asunto T-141/11)
   2011/C 130/46
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Blé Brunot Dogbo (Abiyán, Costa de Marfil) (representante: G. Collard, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que, en lo que afecta a la parte demandante, Sr. Blé Brunot DOGBO, el Reglamento UE no 25/2011 del Consejo de 14 de enero de 2011 y la Decisión 2011/18/PESC del Consejo, de 14 de enero de 2011, publicados el 15 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Unión Europea, carecen de fundamento fáctico.

               —

               En consecuencia,

                           —

                           que se anule el Reglamento UE no 25/2011 del Consejo de 14 de enero de 2011 y la Decisión 2011/18/PESC del Consejo de 14 de enero de 2011.

                           —

                           Subsidiariamente, que se ordene que el nombre del Sr. Blé Brunot DOGBO se retire de las listas anexas a dichos Reglamento y Decisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones invocadas por la parte demandante son, en esencia, idénticos o similares a los invocados en el asunto T-137/11, Guiai Bi Poin/Consejo.


title: Asunto C-76/09 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de febrero de 2009 por la Società Italiana per il gas SpA (Italgas) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta ampliada) dictada el 28 de noviembre de 2008 en los asuntos acumulados T-254/00, T-270/00 y T-277/00, Hotel Cipriani SpA y otros/Comisión

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/22

         Recurso de casación interpuesto el 19 de febrero de 2009 por la Società Italiana per il gas SpA (Italgas) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta ampliada) dictada el 28 de noviembre de 2008 en los asuntos acumulados T-254/00, T-270/00 y T-277/00, Hotel Cipriani SpA y otros/Comisión
   (Asunto C-76/09 P)
   2009/C 113/43
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Società Italiana per il gas SpA (Italgas) (representantes: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, avvocati)

      Otras partes en el procedimiento: Hotel Cipriani SpA, República Italiana, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comitato «Venezia vuole vivere», Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Que se anulen los artículos 1 y 2 de la Decisión, (1) en la parte en que declaran incompatibles con el mercado común las reducciones de cargas sociales otorgadas por Italia, y el artículo 5 de la Decisión o, subsidiariamente, que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia a los efectos previstos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con las costas en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

               —

               En el primer motivo se invoca un error de Derecho en la aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, y un defecto de motivación en cuanto al carácter compensatorio de las reducciones de cargas sociales examinadas, así como en cuanto a la prueba de la distorsión de la competencia y de la repercusión sobre los intercambios comerciales. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error porque, a pesar de reconocer que una medida no constituye una ayuda si se limita a compensar desventajas económicas objetivas, estimó inaplicable en el presente asunto dicho principio basándose en que: i) debe existir una relación directa entre el importe de la compensación y los costes adicionales soportados por las empresas a causa de su instalación en la laguna de Venecia y Chioggia; ii) los costes adicionales soportados por los empresas beneficiarias deben calcularse por comparación con los costes medios de las empresas comunitarias y no con los de las empresas establecidas en tierra firme. Además, el Tribunal de Primera Instancia omitió mencionar la contradicción en que había incurrido la Decisión impugnada, en la que, al analizar la situación de la empresa encargada de la gestión del servicio de aguas, la Comisión había considerado que cabía reconocer el carácter compensatorio de una medida aunque no existiera una correlación precisa entre la magnitud de la intervención pública y los costes adicionales soportados por las empresas, y que éstos no deben calcularse necesariamente por comparación con los costes medios de las empresas comunitarias.

               —

               En el segundo motivo se invoca un error de Derecho en la aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, y de la jurisprudencia comunitaria sobre la carga de la prueba en lo que respecta a la calificación de ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, aplicada por la Comisión a la medida impugnada, así como un defecto de motivación en la sentencia recurrida. En particular, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al afirmar que no correspondía a la Comisión, sino a la República Italiana y a los terceros interesados, demostrar que no concurrían los requisitos de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, en relación con ciertas categorías de empresas o sectores de actividad interesados en las reducciones de cargas sociales, llegando a la conclusión de que la Decisión impugnada no violaba el artículo 87 CE, apartado 1, ni el principio de igualdad de trato ni adolecía de contradicción interna o defecto de motivación. Además, el Tribunal de Primera Instancia omitió responder a la alegación formulada por la recurrente en su escrito de demanda sobre la violación del artículo 87 CE, apartado 1, en relación con el principio de no discriminación y el carácter manifiestamente contradictorio de la motivación relativa al examen de la excepción establecida en el artículo 86 CE, apartado 2.

               —

               El tercer motivo se refiere a una desnaturalización de los hechos y de las pruebas y a un error de Derecho en relación con la observancia por parte de la Comisión de sus obligaciones procedimentales y del principio de examen diligente e imparcial del asunto. En efecto, de la documentación presentada en el procedimiento en primera instancia se deduce que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos y pruebas de que disponía e incurrió en un grave error de Derecho al no señalar que la Comisión no había cumplido sus obligaciones procedimentales ni la obligación de examen diligente, preciso y no discriminatorio a que se encuentra sometida en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 87 CE y 88 CE.

               —

               En el cuarto motivo se invoca un error de Derecho, así como la insuficiencia y el carácter contradictorio de la motivación de la sentencia recurrida, en la valoración del defecto de motivación de la Decisión impugnada desde el punto de vista del alcance jurídico de los escritos de la Comisión de 29 de agosto y 29 de octubre de 2001 en relación con el examen de los requisitos de afectación de la competencia y de los intercambios comerciales, cuya existencia se discute. A la vista de las normas y principios en que se basa el sistema de control de las ayudas de Estado establecido por el Tratado, la postura del Tribunal de Primera Instancia resulta errónea e inmotivada en la medida en que dicho Tribunal: i) concluyó que la motivación de la Decisión impugnada era suficiente para permitir que las autoridades italianas determinasen cuáles eran las empresas obligadas a devolver las ayudas recibidas en ejecución de lo dispuesto en dicha Decisión; ii) minimizó el alcance jurídico de las indicaciones ofrecidas por la Comisión a las autoridades italianas en sus escritos de 29 de agosto y 29 de octubre de 2001 y de la integración de lagunas a la que procedió en ellos, calificando dichos escritos de actos que se inscribían en el marco de la cooperación leal entre la Comisión y las autoridades nacionales.

      (1)  Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997 y no 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales (DO 2000, L 150, p. 50).


title: Asunto T-405/15: Recurso interpuesto el 25 de julio de 2015 — Fulmen/Consejo

text:
               12.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 337/25

         Recurso interpuesto el 25 de julio de 2015 — Fulmen/Consejo
   (Asunto T-405/15)
   (2015/C 337/25)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Fulmen (Teherán, Irán) (representantes: A. Bahrami y N. Korogiannakis, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare admisible y fundado el recurso.

               —

               Condene al Consejo al pago de un importe de 1 1 0 09  560 euros en concepto de daños materiales y de un importe de 1 00  000 euros en concepto de daños morales.

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo basado en una infracción grave y acreditada cometida por el Consejo, que llega hasta la desviación de poder.
   La parte demandante alega que el Consejo no disponía de la menor prueba en su contra para fundamentar la motivación de la inclusión de su nombre en la lista de personas y entidades sometidas a las medidas restrictivas adoptadas en contra de Irán, y que utilizó las medidas controvertidas con el fin de perjudicar la capacidad industrial y el desarrollo económico de Irán.


title: Asunto T-36/09: Recurso interpuesto el 23 de enero de 2009 — dm-drogerie markt/OAMI — Distribuciones Mylar (dm)

text:
               4.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/30

         Recurso interpuesto el 23 de enero de 2009 — dm-drogerie markt/OAMI — Distribuciones Mylar (dm)
   (Asunto T-36/09)
   (2009/C 82/54)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Karlsruhe, Alemania) (representantes: O. Bludovsky y C. Mellein, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Distribuciones Mylar, S.A. (Gelves, España)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 30 de octubre de 2008 en el asunto R 228/2008-1 y, tras modificarla, se desestime la oposición en su totalidad.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 30 de octubre de 2008 en el asunto R 228/2008-1 y se devuelva el asunto a la OAMI.

               —

               Con carácter aún más subsidiario, que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 30 de octubre de 2008 en el asunto R 228/2008-1.

               —

               Que se condene en costas a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «dm» para productos de las clases 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32 y 34 y para servicios de la clase 40

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocados en oposición: El registro español no 2.561.742 de la marca figurativa «DM» para productos y servicios de las clases 9 y 39

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción de los artículos 57 y 59 del Reglamento (CE) no 40/94 en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en error cuando afirmó que el escrito de la demandada de 8 de junio de 2007 no había suspendido los plazos para la interposición del recurso; Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, en la medida en que la Sala de Recurso declaró indebidamente que existía riesgo de confusión entre las marcas de que se trata debido a la similitud de los productos en cuestión; Infracción de las reglas 17(2) y (4) del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión (1), en la medida en que la Sala de Recurso no declaró que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso no había señalado los detalles esenciales de la oposición.

      (1)  Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1).


title: Asunto C-576/14 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de diciembre de 2014 por Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. contra el auto del Tribunal General (Sala Quinta) dictado el 19 de noviembre de 2014 en el asunto T-430/14, Mirelta Ingatlanhasznosító Kft./Comisión Europea y Defensor del Pueblo Europeo

text:
               2.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/14

      Recurso de casación interpuesto el 11 de diciembre de 2014 por Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. contra el auto del Tribunal General (Sala Quinta) dictado el 19 de noviembre de 2014 en el asunto T-430/14, Mirelta Ingatlanhasznosító Kft./Comisión Europea y Defensor del Pueblo Europeo
      (Asunto C-576/14 P)
      (2015/C 073/20)
      Lengua de procedimiento: húngaro

         Partes

         Recurrente: Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. (representante: K.D. Pap, abogado)

         Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea y Defensor del Pueblo Europeo

         Pretensiones de la parte recurrente

      La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

                  —

                  Anule el auto recurrido y devuelva el asunto al Tribunal General.

         Motivos y principales alegaciones

            Motivo principal: interpretación errónea por parte del Tribunal General del recurso de la recurrente.

      Según la recurrente, el Tribunal General interpretó y reformuló erróneamente las pretensiones de su recurso, e interpretó erróneamente también los fundamentos en que se basan, al declarar que había interpuesto un recurso contra la Comisión por «la negativa de [ésta] a iniciar un procedimiento por incumplimiento».
      La recurrente afirma que su recurso tenía por objeto que el Tribunal General «oblig[ase] a la Comisión Europea a seguir un procedimiento conforme con el Derecho de la Unión que garanti[zase] la efectividad de este Derecho».

      De este modo, la recurrente interpuso un recurso contra la Comisión por considerar que la violación manifiesta de su derecho a un procedimiento equitativo había supuesto una violación del derecho fundamental que le garantiza la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. A su juicio, la Comisión la privó no sólo de su derecho a un procedimiento equitativo, sino también de su derecho a la tutela judicial efectiva, al llevar a cabo un procedimiento no equitativo, efectuar un análisis no conforme con el Derecho de la Unión y no garantizar la efectividad de este Derecho (en particular, de la citada Carta de los Derechos Fundamentales).
      La recurrente estima que la interpretación de su recurso efectuada por el Tribunal General implica que el procedimiento que incumbe efectuar a ésta conforme al Derecho de la Unión tiene directamente como consecuencia que, en caso de evaluación objetiva a la luz de este Derecho, la Comisión está obligada a incoar un procedimiento por incumplimiento, cosa que la recurrente no puede exigir.
      En cambio, la recurrente considera que de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales, que tienen la misma fuerza vinculante que los Tratados, se desprende que sólo después de realizar una evaluación equitativa la Comisión puede apreciar, basándose en la jurisprudencia, si inicia un procedimiento por incumplimiento. Por consiguiente, un procedimiento equitativo es un requisito primordial, y la Comisión sólo puede ejercer su facultad de apreciación — que, en opinión de la recurrente, no puede llevar a la inobservancia de los derechos fundamentales — después de un procedimiento equitativo, ya que de otro modo, como sucede en el presente caso, ni siquiera puede llegar a la situación de tener algo que apreciar.

            Motivo subsidiario: el Derecho de la Unión no prevé la facultad discrecional de apreciación de la Comisión para que ésta otorgue una exención a la obligación que tienen los Estados miembros de aplicar el Derecho derivado y el reglamento, y mucho menos de modo indirecto.

      El punto de vista del Tribunal General sobre la facultad discrecional de apreciación de la Comisión, expresado en los fundamentos de Derecho de la sentencia —apartado 6–, vulnera, desde varios puntos de vista, disposiciones imperativas y unívocas de los Tratados, que por ende no son susceptibles de apreciación por la Comisión, sin que, en opinión de la recurrente, ésta tampoco pueda apreciar la obligación de efectividad de los derechos fundamentales recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.
      En su recurso, la recurrente no se opone ni una sola vez a la facultad de apreciación de la Comisión, sino que, atendiendo al contenido real del recurso, reprocha que la Comisión no tuvo la posibilidad de ejercer su facultad de apreciación conforme a la jurisprudencia reiterada invocada por el Tribunal General, puesto que sólo cabe hablar de ejercicio de la facultad de apreciación si la propia evaluación es equitativa y hay algo que pueda apreciarse razonablemente.
      El Tratado, que tiene un rango superior a la jurisprudencia, establece que la Comisión debe garantizar la efectividad del Derecho de la Unión.

         En este caso concreto, el agente de la Unión (órgano de la Unión) que ha llevado a cabo la evaluación ha privado a la recurrente de su derecho fundamental al haber apreciado y decidido él mismo en lugar de la Comisión, de modo previo y no equitativo, sobre cuestiones que no pueden ser en sí mismas objeto de apreciación; es decir, en lugar de ejercerse la posibilidad de apreciación, el propio agente, basándose en consideraciones de hecho falsas, decidió sobre el asunto de la recurrente.

      La recurrente considera que ni el tribunal nacional ni la Comisión Europea pueden apreciar si, en el supuesto de que se aplique el artículo 101 TFUE, debe aplicarse o no el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, relativo a la aplicación de dicho artículo, sin que la Comisión pueda tampoco determinar que la negativa a aplicar un reglamento de la Unión (caso inequívoco de inaplicación) sea equivalente a una «aplicación de otro modo». En sí misma esta mera constatación ya demuestra la violación del derecho de la recurrente a un procedimiento equitativo y, en consecuencia, la privación de la tutela judicial efectiva y del juez predeterminado por la ley.


title: Asunto T-28/10: Recurso interpuesto el 26 de enero de 2010 — Euro-Information/OAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

text:
               27.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/37

         Recurso interpuesto el 26 de enero de 2010 — Euro-Information/OAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT)
   (Asunto T-28/10)
   2010/C 80/62
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Estrasburgo, Francia) (representante: A. Grolée, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución dictada el 11 de noviembre de 2009 por la Segunda Sala de Recurso en el asunto R 635/2009-2 en lo relativo a la desestimación de la solicitud de marca no7 077 654 en relación con los productos y servicios objeto del presente recurso.

               —

               Que se estime la solicitud de registro de la marca comunitaria «EURO AUTOMATIC PAYMENT» no7 077 654 para el conjunto de productos y servicios denegados en las clases 9 y 36.

               —

               Que se condene a la OAMI a cargar con las costas causadas a la demandante en el procedimiento ante la OAMI y en el presente recurso, con arreglo al artículo 87 del Reglamento de procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «EURO AUTOMATIC PAYMENT» para productos y servicios de las clases 9, 35, 36, 37, 38, 42 y 45 (solicitud de registro no7 077 654.

      Resolución del examinador: Denegación parcial del registro.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Vulneración del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 207/2009 en la medida en que la marca cuyo registro se solicita no es descriptiva, sino distintiva para el conjunto de productos y servicios para los que se denegó el registro.


title: Decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia en su reunión de 6 de octubre de 1999

text:
20.11.1999            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                 C 333/1
                                                                  I
                                                          (Comunicaciones)
                                           TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                     TRIBUNAL DE JUSTICIA
Decisión adoptada por el Tribunal de Justicia en su                 A d s c r i p c i ó n d e l a J u e z S r a . F . M a c k e n
       reunión general de 14 de septiembre de 1999
                                                                     El Tribunal de Justicia decidió adscribir a la Juez Sra. F. Macken
                       (1999/C 333/01)                               a las Salas Tercera y Sexta.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su
reunión general de 14 de septiembre de 1999, designó,
en virtud del artı́culo 10, apartado 1, del Reglamento de            D e s i g n a c i ó n d e l o s P r e s i d e n t e s d e S a l a
Procedimiento, Primer Abogado General al Sr. Nial Fennelly,
por el perı́odo comprendido entre el 7 de octubre de 1999 y
el 6 de octubre de 2000.                                             El Tribunal de Justicia designó, de conformidad con el
                                                                     artı́culo 10, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, por
                                                                     un perı́odo de un año a partir del 7 de octubre de 1999:
                                                                     — al Juez Sr. L. Sevón, Presidente de la Sala Primera,
                                                                     — al Juez Sr. R. Schintgen, Presidente de la Sala Segunda,
Juramento de un nuevo Miembro del Tribunal de Justicia               — al Juez Sr. J.C. Moitinho de Almeida, Presidente de las Salas
                                                                          Tercera y Sexta,
                       (1999/C 333/02)
                                                                     — al Juez Sr. D.A.O. Edward, Presidente de las Salas Cuarta y
La Sra. Fidelma Macken, que fue nombrada Juez del Tribunal                Quinta.
de Justicia de las Comunidades Europeas por decisión de los
Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de
las Comunidades Europeas de 15 de septiembre de 1999,(1)
desde la fecha de su juramento hasta el 6 de octubre de 2003,        C o m p o s i c i ó n d e l a s S a l a s
prestó juramento ante el Tribunal de Justicia el 5 de octubre
de 1999.
                                                                     1.     La composición de las Salas para este mismo perı́odo fue
                                                                     adoptada de la siguiente manera:
(1) DO L 248, p. 32.
                                                                     Sala Primera
                                                                     Sr. Sevón, Presidente de Sala,
                                                                     Sres. Jann y Wathelet, Jueces
Decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia en su
              reunión de 6 de octubre de 1999
                                                                     Sala Segunda
                       (1999/C 333/03)
                                                                     Sr. Schintgen, Presidente de Sala,
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su
reunión de 6 de octubre de 1999, adoptó las decisiones
siguientes:                                                          Sres. Hirsch y Skouris, Jueces
 ---pagebreak--- C 333/2                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     20.11.1999
Sala Tercera                                                            — el Juez Ponente,
Sr. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala,                            — tres Jueces designados siguiendo el orden de la lista
                                                                            correspondiente, desplazándose el punto de partida un
                                                                            nombre en cada reunión general.
Sres. Gulmann, Puissochet y Sra. Macken, Jueces
                                                                        En caso de impedimento de uno o varios Jueces, la sustitución
Sala Cuarta                                                             se hará siguiendo el orden de la lista. No obstante, en caso de
                                                                        impedimento del Presidente de una Sala grande, éste deberá
                                                                        ser sustituido, preferentemente, por el Presidente de la Sala
Sr. Edward, Presidente de Sala,                                         pequeña.
Sres. Kapteyn y Ragnemalm, Jueces                                       Cuando el Tribunal de Justicia o la Sala estime que varios
                                                                        asuntos deben ser examinados conjuntamente (hayan sido
Sala Quinta                                                             acumulados formalmente o no), la composición del Tribunal
                                                                        o de la Sala será la fijada para el primero de los asuntos
                                                                        tratados en reunion general.
Sr. Edward, Presidente de Sala,
                                                                        4.     Para el perı́odo que finalizará el 6 de octubre de 2000,
Sres. Sevón, Kapteyn, Jann, Ragnemalm y Wathelet, Jueces               las listas anteriormente citadas quedarán establecidas de la
                                                                        siguiente forma:
Sala Sexta
                                                                        Sala Tercera
Sr. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala,
                                                                        (Presidente: Sr. Moitinho de Almeida)
Sres. Schintgen, Gulmann, Puissochet, Hirsch, Skouris y Sra.
Macken, Jueces.                                                         Sres. Gulmann, Puissochet y Sra. Macken, Jueces
2.     Para cada asunto que le sea atribuido, la Sala Tercera (a        Sala Quinta
la que están adscritos cuatro Jueces), estará integrada por el
Presidente, el Juez Ponente y un tercer Juez designado siguiendo
el orden de una lista confeccionada por orden de antigüedad,            (Presidente: Sr. Edward)
cuyo punto de partida irá desplazándose un nombre en cada
reunión general.                                                       Sres. Kapteyn, Ragnemalm, Jann, Sevón y Wathelet, Jueces
3.     A efectos de determinar los cinco Jueces que conocerán          Sala Sexta
de cada asunto atribuido a una Sala grande, a saber, la Quinta
y la Sexta, se elaborará una lista para cada año judicial.
                                                                        (Presidente: Sr. Moitinho de Almeida)
La lista para la Sala Quinta (a la que actualmente están adscritos
seis Jueces) comprenderá a todos los Jueces que formen parte           Sres. Gulmann, Puissochet, Sra. Macken, Sres. Hirsch, Schint-
de la Sala, a excepción del Presidente, por el siguiente orden:        gen y Skouris, Jueces.
a) los Jueces de la Sala Cuarta, por orden de antigüedad;               5.     En lo que respecta a los asuntos ya examinados en
                                                                        reunión general antes del 6 de octubre de 1999:
b) los Jueces de la Sala Primera, por el mismo orden.
                                                                        — cuando el Juez Ponente ya no forme parte de la Sala a la
La lista para la Sala Sexta (a la que están adscritos siete Jueces)        que se atribuyó el asunto, si aún no ha tenido lugar la vista
comprenderá a todos los Jueces que formen parte de la Sala, a              o, a falta de ésta, si el Abogado General aún no ha
excepción del Presidente, por el siguiente orden:                          presentado sus conclusiones, el asunto volverá a atribuirse
                                                                            a la Sala equivalente de la que forme parte en lo sucesivo
                                                                            el Juez Ponente;
a) los Jueces de la Sala Tercera, por orden de antigüedad;
                                                                        — cuando el Juez Ponente siga formando parte de la Sala de
b) los Jueces de la Sala Segunda, por el mismo orden.
                                                                            que se trate, el asunto seguirá atribuido a esta última, que
                                                                            actuará en su nueva composición.
Para cada asunto, la Sala grande estará integrada por:
— el Presidente,


title: Asunto T-507/12: Sentencia del Tribunal General de 28 de enero de 2016 — Eslovenia/Comisión («Ayudas de Estado — Fabricación de equipos de entretenimiento — Ayuda a la reestructuración — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación — Obligación de motivación — Imputabilidad al Estado — Criterio del inversor privado»)

text:
               14.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/27

         Sentencia del Tribunal General de 28 de enero de 2016 — Eslovenia/Comisión
   (Asunto T-507/12) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Fabricación de equipos de entretenimiento - Ayuda a la reestructuración - Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación - Obligación de motivación - Imputabilidad al Estado - Criterio del inversor privado»))
   (2016/C 098/35)
   Lengua de procedimiento: esloveno

      Partes

      Demandante: República de Eslovenia (representantes: V. Klemenc y A. Grum, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche, M. Kocjan y B. Rous Demiri, agentes, asistidos inicialmente por M. Ulčar y M. Ménard, posteriormente por M. Ménard, P. Božičko y A. Krošel, abogados)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión 2014/273/UE de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, relativa a las medidas SA.26379 (C 13/10) (anteriormente NN 17/10), ejecutadas por Eslovenia en favor de la sociedad Elan d.o.o. (DO 2014, L 144, p. 1).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La República de Eslovenia cargará con las costas, incluidas las del procedimiento de medidas provisionales.

      (1)  DO C 32 de 2.2.2013.


title: Asunto C-89/06: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de junio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               16.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 224/33

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de junio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-89/06) (1)

   (2006/C 224/72)

      Lengua de procedimiento: portugués

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 86, de 8.4.2006.


title: Archivo del asunto C-506/99

text:
C 118/28              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   21.4.2001
              Archivo del asunto C-506/99 (1)                                     Archivo del asunto C-479/98 (1)
                       (2001/C 118/70)                                                    (2001/C 118/73)
Mediante auto de 22 de noviembre de 2000, el Presidente del        Mediante auto de 4 de diciembre de 2000, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-506/99: Comisión de las Comunidades          archivar el asunto C-479/98: Reino de España contra Comisión
Europeas contra República Portuguesa.                             de las Comunidades Europeas.
(1) DO C 79 de 18.3.2000.                                          (1) DO C 71 de 13.3.1999.
              Archivo del asunto C-189/99 (1)                                     Archivo del asunto C-209/99 (1)
                       (2001/C 118/71)                                                    (2001/C 118/74)
Mediante auto de 28 de noviembre de 2000, el Presidente del        Mediante auto de 6 de diciembre de 2000, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-189/99: Comisión de las Comunidades          archivar el asunto C-209/99 (petición de decisión prejudicial
Europeas contra Reino de España.                                  del Arbeitsgericht Bonn): Birgit Frings contra Blendermann
                                                                   GmbH.
(1) DO C 226 de 7.8.1999.
                                                                   (1) DO C 204 de 17.7.1999.
              Archivo del asunto C-468/99 (1)
                                                                                Archivo del asunto C-312/99 (1)
                       (2001/C 118/72)
                                                                                (2001/C 118/75)
Mediante auto de 28 de noviembre de 2000, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Mediante auto de 6 de diciembre de 2000, el Presidente del
archivar el asunto C-468/99: Comisión de las Comunidades          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del         archivar el asunto C-312/99: Comisión de las Comunidades
Norte.                                                             Europeas contra República Italiana.
(1) DO C 34 de 5.2.2000.                                           (1) DO C 299 de 16.10.1999.


title: Asunto F-138/07: Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2007 — Van Arum/Parlamento

text:
               12.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 92/48

         Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2007 — Van Arum/Parlamento
   (Asunto F-138/07)
   (2008/C 92/98)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Rinse van Arum (Winksele, Bélgica) (representante: W. van den Muijsenbergh, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo
   Objeto y descripción del litigio
   Por un lado, el demandante solicita la modificación de la decisión de la AFPN de concederle un sólo punto por méritos para que sea una decisión de concesión de dos puntos por méritos, y, con carácter subsidiario, la anulación de dicha decisión y que se ordene a la AFPN transmitir al Tribunal de la Función Pública todas las pruebas y documentos en los que se basa la decisión controvertida. Por otro lado, solicita la condena de la parte demandada al pago de una cantidad simbólica de 1 euro como indemnización de daños y perjuicios.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se modifique la decisión de concederle un sólo punto para que sea una decisión de concesión de dos puntos.

               —

               Con carácter subsidiario, que se ordene a la AFPN transmitir al Tribunal de la Función Pública todas las pruebas y documentos en los que se basó el Director general para adoptar sus decisiones de 7 de septiembre y de 23 de noviembre de 2006, y que se anulen tanto dichas decisiones como la decisión del comité paritario.

               —

               Que se condene a la AFPN a pagar al demandante una cantidad simbólica de 1 euro como indemnización de daños y perjuicios.

               —

               Que se condene en costas al Parlamento Europeo.


title: Asunto T-172/09: Recurso interpuesto el 24 de abril de 2009 — Gem Year y Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consejo

text:
               4.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/46

         Recurso interpuesto el 24 de abril de 2009 — Gem Year y Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consejo
   (Asunto T-172/09)
   2009/C 153/90
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Gem-Year Industry Co. Ltd. y Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd. (representantes: K. Adamantopoulos e Y. Melin, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule el Reglamento (CE) no 91/2009 del Consejo, de 26 de enero de 2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China, en la medida en que:

                           —

                           Ha incurrido en un error manifiesto en la valoración de los hechos con el fin de concluir que los productores de la Comunidad denunciantes tenían legitimación, con infracción del artículo 5, apartados 1 y 4, del Reglamento de base.

                           —

                           Ha infringido lo dispuesto en los artículos 1, apartados 1, 2 y 4, 2, apartado 8, y 5, apartados 2 y 10, del Reglamento de base, al imponer derechos antidumping sobre varios productos distintos.

                           —

                           Ha infringido el artículo 3, apartados 3 y 4 del Reglamento de base, al considerar, basándose en un error manifiesto en la valoración de los hechos del asunto, que la industria de la Comunidad sufrió un perjuicio importante.

                           —

                           Deniega sin motivo las solicitudes de trato de economía de mercado a los productores exportadores chinos, con infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), segunda parte del primer guión, del Reglamento de base.

                           —

                           Al rechazar la petición de trato de economía de mercado a los productores de la industria de elementos de fijación basándose en la situación preponderante en otra industria, ha infringido el citado artículo 2, apartado 7, letra c), interpretado en consonancia con el Acuerdo por el que se establece la OMC y el apartado 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC.

                           —

                           Sus conclusiones se basan en información insuficiente, con incumplimiento del deber de examinar atenta e imparcialmente todos los aspectos relevantes de cada caso individual, como garantiza el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos.

                           —

                           Infringe los artículos 1, apartados 1 y 2, 2, 3, apartado 1, 5, 6, 8, 10, apartado 1, 11 y 15 del Reglamento de base antisubvenciones, ya que utiliza la denegación del trato de economía de mercado con el fin de compensar subvenciones.

               —

               Que se condene al Consejo a pagar las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso, los demandantes pretenden la anulación del Reglamento (CE) no 91/2009, de 26 de enero de 2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China, (1) por las siguientes razones:
   Los demandantes consideran que el Consejo ha incurrido en un error manifiesto en la valoración de los hechos aplicada en el asunto, con el fin de concluir que los denunciantes tenían legitimación con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 4, del Reglamento de base, (2) pues alegan que debería haber tenido en cuenta el margen de error de las estadísticas que utilizó para calcular la producción comunitaria total y que debería haber hecho la correspondiente corrección de esta cifra. Asimismo, los demandantes alegan que el Reglamento impugnado infringe los artículos 1, apartados 1, 2 y 4, 2, apartado 8, y 5, apartados 2 y 10, del Reglamento de base, al imponer derechos antidumping contra varios productos distintos, cuando una investigación antidumping sólo puede referirse a un producto. Además, los demandantes exponen que el Consejo incurrió en un error manifiesto en la valoración de los hechos del asunto e infringió el artículo 3, apartados 3 y 4, del Reglamento de base, al concluir en el considerando 161 del Reglamento impugnado que la industria de la Comunidad sufrió un perjuicio importante, cuando esta conclusión se basa tan sólo en un indicador de perjuicios, en una conclusión contradictoria y en varias valoraciones especulativas.
   Los demandantes alegan asimismo que el Reglamento impugnado infringe la segunda parte del primer guión del artículo 2, apartado 7, letra c), ya que deniega la solicitud de tratamiento de economía de mercado a los productores exportadores chinos basándose en que el coste de sus principales factores de producción no refleja el precio de mercado internacional y no distorsionado, cuando esta disposición simplemente exige a las empresas que solicitan tratamiento de economía de mercado que demuestren que adquieren sus principales factores de producción a precios de mercado.
   Además, sostienen que el Reglamento impugnado infringe el artículo 2, apartado 7, letra c), interpretado en consonancia con el Acuerdo por el que se establece la OMC y el apartado 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, al rechazar la solicitud de tratamiento de economía de mercado a los productores de la industria de elementos de fijación basándose en la situación preponderante en otra industria. Asimismo, los demandantes aducen que las conclusiones del Reglamento impugnado se basan en información insuficiente, con incumplimiento del deber de examinar atenta e imparcialmente todos los aspectos relevantes de cada caso individual, como garantiza el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos.
   Por último, los demandantes alegan que el Reglamento impugnado infringe los artículos 1, apartados 1 y 2, 2 y 3, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, (3) por no determinar si las subvenciones cuya existencia se descubrió durante la investigación antidumping eran subvenciones en el sentido definido en esos artículos; es decir, que hubiera una contribución financiera, que fuera específica, que otorgara un beneficio y que, a consecuencia de ello, la industria de la UE resultara perjudicada. Del mismo modo, según los demandantes, la Comisión nunca analizó el perjuicio, en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento de base antisubvenciones, ni calculó el beneficio obtenido por el beneficiario, como imponen los artículos 5 y 6 de dicho Reglamento. Además, los demandantes alegan que la Comisión no observó los procedimientos establecidos en los artículos 10, apartado 1, y 11, ni comprobó, basándose en los hechos, la existencia de subvenciones sujetas a medidas compensatorias y los perjuicios causados por ellas como exige el artículo 15 del Reglamento de base antisubvenciones, ya que utiliza la denegación del trato de economía de mercado con el fin de compensar subvenciones.

      (1)  DO 2009 L 29, p. 1.

      (2)  Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996 L 56, p. 1) en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2117/2005 del Consejo (DO 2005 L 340, p. 17).

      (3)  Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 288, p. 1)


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de abril de 2002 en el asunto T-64/00, Continental and Overseas Investments N.V. contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de anulación — Importación de televisores procedentes de Turquía — Sobreseimiento)

text:
13.7.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 169/31
      c)   El Reino de España soportará sus propias costas.                  AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 16 de abril de 2002
(1) DO C 303 de 27.10.2001.
                                                                           en el asunto T-64/00, Continental and Overseas Invest-
                                                                           ments N.V. contra Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                                peas (1)
                                                                           (Recurso de anulación — Importación de televisores proce-
                                                                                dentes de Turquı́a — Sobreseimiento)
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                           (2002/C 169/55)
                       de 9 de abril de 2002                                               (Lengua de procedimiento: neerlandés)
en el asunto T-210/93, H. Hepp contra Consejo de la Unión                 En el asunto T-64/00, Continental and Overseas Investments
Europea y Comisión de las Comunidades Europeas (1)                        N.V. (anteriormente Jubertrade N.V.), con domicilio social en
                                                                           Amberes (Bélgica), representada por los Sres. Y. van Gerven e
(Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontrac-                 I. Bernaerts, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
tual — Leche — Productores que han suscrito compromisos                    contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
de no comercialización o de reconversión — Sobreseimiento)               R. Tricot y J. Stuyck), que tiene por objeto la anulación de la
                                                                           Decisión de la Comisión C(1999) 4419 fin (REC 4/99), de
                                                                           14 de diciembre de 1999, por la que se declara que procede la
                          (2002/C 169/54)                                  recaudación a posteriori y se deniega la condonación de los
                                                                           derechos relativos a la importación de televisores procedentes
                                                                           de Turquı́a, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera),
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y los Sres. K. Lenaerts
                                                                           y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 16 de
                                                                           abril de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:
En el asunto T-210/93, H. Hepp, con domicilio en Villmar-                  1)    Se sobresee el presente asunto.
Weyer (Alemania), representado por el Sr. H. Heep, abogado,
contra Consejo de la Unión Europea (agentes: Sr. A. Brautigam             2)    Se condena en costas a la Comisión.
y Sra. A.-M. Colaert) y Comisión de las Comunidades Europeas
(agentes: Sres. D. Booß, M. Niejahr, H.-J. Rabe y M. Nuñez-
Müller), que tiene por objeto una pretensión de indemnización,           (1) DO C 149 de 27.5.2000.
con arreglo a los artı́culos 178 y 215, párrafo segundo, del
Tratado (actualmente artı́culos 235 CE y 288 CE, párrafo
segundo), de los perjuicios causados al demandante por no
haber podido comercializar leche conforme a lo dispuesto en
el Reglamento (CEE) no 857/84 del Consejo, de 31 de marzo
de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa                 AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
contemplada en el artı́culo 5 quater del Reglamento (CEE)
no 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos
                                                                                de 16 de abril de 2002
(DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64), en su versión completada
por el Reglamento (CEE) no 1371/84 de la Comisión, de 16 de
mayo de 1984 (DO L 132, p. 11; EE 03/30, p. 208), el Tribunal              en el asunto T-204/00, CCBB Vervoer- en Distributiecen-
de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada), integrado por                trum B.V. contra Comisión de las Comunidades Euro-
el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, la Sra. V. Tiili y los Sres.                                          peas (1)
J. Pirrung, P. Mengozzi y A.W.H. Meij, Jueces; Secretario:
Sr. H. Jung, ha dictado el 9 de abril de 2002 un auto                      (Recurso de anulación — Importación de televisores proce-
resolviendo lo siguiente:                                                               dentes de Turquı́a — Sobreseimiento)
                                                                                (2002/C 169/56)
1)    Se sobresee el presente asunto.
                                                                                (Lengua de procedimiento: neerlandés)
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
(1) DO C 270 de 19.10.1992.                                                En el asunto T-204/00, CCBB Vervoer- en Distributiecentrum
                                                                           B.V., representada por el Sr. R.G. baron Snouckaert van
                                                                           Schauburg, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,
                                                                           contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente:


title: Asunto C-24/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) el 25 de enero de 2007 — Cantina Produttori Cormons, Luigi Soini/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venecia Giulia

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) el 25 de enero de 2007 — Cantina Produttori Cormons, Luigi Soini/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venecia Giulia
   (Asunto C-24/07)
   (2007/C 82/27)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia)
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Cantina Produttori Cormons, Luigi Soini

      Demandada: Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               El Tratado de adhesión de la República de Hungría a la Unión Europea (DOCE L 236, de 23 de septiembre de 2003), ¿debe interpretarse de modo que se considere que, a la denominación de los vinos producidos en Hungría y en la Comunidad Europea a partir del 1 de mayo de 2004, se aplicarán únicamente las disposiciones contenidas en la normativa comunitaria recogida en el Reglamento no 1493/1999 (1) y el Reglamento no 753/2002 (2), en su versión modificada por el Reglamento no 1429/2004 (3)?

               2)

               ¿Constituye el artículo 52 del Reglamento no 1493/1999 base jurídica suficiente para facultar a la Comisión Europea a suprimir la denominación de un vino (en particular, «Tocai friulano») derivada de una variedad de vid legítimamente inscrita en los correspondientes registros del Estado italiano y citada en los reglamentos comunitarios pertinentes?

               3)

               El artículo 34, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE, que prohíbe las discriminaciones entre productores y consumidores de productos agrícolas en la Comunidad Europea, ¿supone la prohibición de discriminar a los productores y usuarios de una única denominación de vino, la correspondiente al vino «Tocai friulano», que figura entre las 122 denominaciones enumeradas en el anexo I del Reglamento no 753/2002 (en su versión modificada por el Reglamento no 1429/2004), impidiendo que dicha denominación pueda seguir siendo utilizada después del 31 de marzo de 2007?

               4)

               El artículo 19, apartado 2, del Reglamento 753/2002 de la Comisión, que establece la legalidad de utilizar denominaciones de las variedades de vid enumeradas en el anexo I de dicho Reglamento (en su versión modificada por el Reglamento no 1429/2004), ¿debe interpretarse de modo que se considere posible y legalmente admitida la existencia de supuestos de homonimia entre denominaciones de variedades de vid e indicaciones geográficas relativas a vinos producidos en la Comunidad Europea?

               5)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿el artículo 34, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE, que prohíbe las discriminaciones entre productores y consumidores de productos agrícolas en la Comunidad Europea, impide a la Comisión aplicar, en su Reglamento no 753/2002, el criterio de la homonimia del modo resultante del anexo I de dicho Reglamento, es decir, en el sentido de reconocer la legalidad de la utilización de numerosos nombres de variedades de vid que contienen denominaciones parcial y totalmente homónimas a otras indicaciones geográficas, excluyendo la legalidad del uso para un solo nombre de variedad de vid («Tocai friulano»), utilizado legítimamente durante siglos en el mercado europeo?

               6)

               ¿Debe interpretarse el artículo 50 del Reglamento no 1493/1999 en el sentido de que, al aplicar las disposiciones de los artículos 23 y 24 del Acuerdo ADPIC y, en particular, lo previsto en el artículo 24.6 de dicho Acuerdo, en materia de denominaciones homónimas de vinos, el Consejo de Ministros y los Estados miembros (y, con mayor motivo, la Comisión Europea) no pueden adoptar ni autorizar normas, como el Reglamento no 753/2002 de la Comisión, que en materia de denominaciones homónimas dispensen un trato distinto a las denominaciones de vinos que presentan las mismas características desde el punto de vista de la homonimia?

               7)

               La referencia expresa a los artículos 23 y 24 del Acuerdo ADPIC que se contiene en el considerando 56 y en el artículo 50 del Reglamento no 1493/1999, ¿hace directamente aplicable en el ordenamiento comunitario, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo previsto en el artículo 24.6, que establece el derecho de los Estados firmantes de dicho Acuerdo a proteger las denominaciones homónimas?

      (1)  DO L 179, p. 1.

      (2)  DO L 118, p. 1.

      (3)  DO L 263, p. 11.


title: Asunto T-262/15: Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2015 — Kiselev/Consejo

text:
               7.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/70

         Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2015 — Kiselev/Consejo
   (Asunto T-262/15)
   (2015/C 294/85)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Dmitry Konstantinovich Kiselev (Korolev, Rusia) (representantes: T. Otty y B. Kennelly, Barristers, y J. Linneker, Solicitor)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión (PESC) 2015/432 del Consejo, de 13 de marzo de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como el Reglamento de aplicación (UE) no 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, en la medida en que se aplican al demandante.

               —

               Condene en costas al demandado.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en error manifiesto de apreciación al haber declarado que el demandante se ajustaba a los criterios para ser incluido en la lista con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Decisión (en su versión modificada) y al artículo 2, apartado 1, del Reglamento (en su versión modificada).

                           —

                           El demandante arguye que, a fin de garantizar el cumplimiento del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, los criterios para la inclusión en la lista que figuran en la Decisión y en el Reglamento deben interpretarse en consonancia con el derecho a la libertad de expresión. Según el demandante, el criterio de que una persona «apoya […] activamente» las políticas del Gobierno ruso en relación con Ucrania requiere que el grado de influencia que dicha persona tenga en la política relevante no se circunscriba meramente a expresar una opinión en un contexto periodístico. El demandante afirma que únicamente es periodista y director de una empresa de medios de comunicación, de manera que carece de la influencia requerida sobre la situación en Ucrania y no tiene la más mínima responsabilidad sobre tal situación. De hecho, contrariamente a lo que afirma el Consejo, el demandante en ningún momento expresó su apoyo al «despliegue de las fuerzas rusas en Ucrania».

               2.

               Segundo motivo, basado en la vulneración de la libertad de expresión.

                           —

                           Según el demandante, las medidas restrictivas suponen para él un castigo por el hecho de haber expresado opiniones políticas en su condición de periodista y comentarista. Tales medidas también restringen su capacidad para ejercitar el derecho a la libertad de expresión, así como para hacer funcionar la agencia de noticias que dirige, a saber, Rossiya Segodnya. El demandante añade que el mero hecho de que el Consejo cuestione el contenido de algunos de sus reportajes no puede justificar las restricciones. Además, no existe prueba alguna de que haya incitado a la violencia o adoptado cualquier conducta que pudiera justificar la restricción de su derecho a la libertad de expresión.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa del demandante, así como de su derecho a la tutela judicial efectiva.

                           —

                           El demandante sostiene que en ningún momento se le facilitaron «pruebas fundadas y creíbles» o «datos y elementos de prueba concretos» que pudieran resultar idóneos para justificar las medidas restrictivas adoptadas contra él. El demandante aduce que únicamente tuvo acceso a las pruebas del Consejo (y ello sólo parcialmente) después de haber sido incluido de nuevo en la lista.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la motivación insuficiente de la decisión del Consejo de incluir al demandante en la lista.

                           —

                           Según el demandante, la motivación es excesivamente vaga y no determina con precisión la razón específica para imponerle medidas restrictivas.

               5.

               Quinto motivo, basado, con carácter alternativo, en que el Consejo se apoyó en una medida contraria a Derecho (hasta el punto de que el criterio para incluirle en la lista supuso la vulneración del derecho del demandante a la libertad de expresión).

                           —

                           El demandante sostiene que si el criterio hubiera de interpretarse, contrariamente al primer motivo, en el sentido de que permite incluir en la lista a personas físicas que ejercen actividades en medios de comunicación por el único motivo de expresar opiniones políticas que el Consejo considere objetables, el criterio en cuestión carecería de una base legal adecuada y/o sería desproporcionado en relación con los objetivos de la Decisión y del Reglamento.

               6.

               Sexto motivo, basado en el incumplimiento del Acuerdo de colaboración y cooperación entre la UE y la Federación de Rusia.

                           —

                           El demandante aduce que el Consejo ni siquiera intentó justificar el incumplimiento del artículo 52 del Acuerdo de colaboración y cooperación consistente en restringir la libre circulación de los fondos del demandante (entre otras restricciones), y que aquél en ningún momento solicitó la intervención del Consejo de Cooperación con arreglo al artículo 90.


title: Asunto T-137/17: Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2017 — Kakol/Comisión

text:
               8.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/51

         Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2017 — Kakol/Comisión
   (Asunto T-137/17)
   (2017/C 144/70)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Danuta Kakol (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: R. Duta, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule las decisiones del tribunal calificador de 25 de noviembre de 2016 y de 2 de mayo de 2016, mediante las que se no se admitió la candidatura de la demandante, preadmitida a participar en la oposición EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrators-D5.

               —

               Condene a la demandada a abonar a la demandante, candidata preadmitida, un importe de 5 000 euros, o de cualquier otro importe, incluso superior, que fije el Tribunal ex aequo et bono en concepto de reparación del trato vejatorio dado a su candidatura.

               —

               Ordene todo lo que en Derecho proceda.

               —

               Condene a la demandada al pago de todas las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige, en esencia, contra las decisiones de 25 de noviembre de 2016 y de 2 de mayo de 2016, por las que la candidatura de la demandante a participar en la oposición «EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrateurs-AD5» no fue admitida debido a que no cumplía los requisitos de admisibilidad relativos a la formación requerida.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la inexistencia de delegación al tribunal calificador en lo que atañe a la decisión de 2 de mayo de 2016.

                           —

                           La demandante alega a este respecto que varios indicios demuestran que no es posible que el tribunal calificador adoptara la decisión de 2 de mayo de 2016.

               2.

               Segundo motivo, basado en la vulneración de los principios de confianza legítima, de seguridad jurídica y de estoppel.

                           —

                           La demandante afirma que la administración proporcionó garantías precisas en el marco de la oposición a la que se había presentado anteriormente, a saber, la EPSO/AD/172/09, que tenía los mismos requisitos de admisión que la oposición EPSO/AD/177/10. Pues bien, en el marco de la oposición EPSO/AD/172/09, el tribunal calificador concluyó que la demandante cumple los requisitos vinculados a la experiencia/formación profesional.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración de los principios de igualdad de trato y no discriminación.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la existencia de un error manifiesto de apreciación en el caso de autos.

                           —

                           La demandante aduce sobre este particular que se desprende de los títulos presentados controvertidos que ha cursado un nivel de estudios universitarios que equivale a un ciclo completo de al menos tres años, avalado por un título relacionado con la naturaleza de las funciones para las que se convoca la oposición.

               5.

               Quinto motivo, basado en la existencia de una desviación de poder y de falta de proporcionalidad.

                           —

                           La demandante asevera a este respecto que es evidente que su candidatura no fue inadmitida sobre la base de consideraciones vinculadas a sus cualificaciones y a sus títulos, sino de una cuestión de política general ajena a los fines perseguidos por el procedimiento selectivo.


title: Asunto C-430/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de junio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Decisión 2000/764/CE — Detección y vigilancia epidemiológica de la encefalopatía espongiforme bovina — Reglamento (CE) n o  2777/2000 — Medidas de apoyo al mercado — Medidas veterinarias — Contribución de la Comunidad a la financiación de una parte del coste de las pruebas — Directiva 85/73/CEE — Posibilidad de que los Estados miembros financien la parte del coste de la que no se hace cargo la Comunidad mediante la percepción de tasas nacionales por la inspección de carnes o de tasas para la lucha contra las epizootias]

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de junio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
   (Asunto C-430/07) (1)

   (Decisión 2000/764/CE - Detección y vigilancia epidemiológica de la encefalopatía espongiforme bovina - Reglamento (CE) no 2777/2000 - Medidas de apoyo al mercado - Medidas veterinarias - Contribución de la Comunidad a la financiación de una parte del coste de las pruebas - Directiva 85/73/CEE - Posibilidad de que los Estados miembros financien la parte del coste de la que no se hace cargo la Comunidad mediante la percepción de tasas nacionales por la inspección de carnes o de tasas para la lucha contra las epizootias)
   2009/C 205/07
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

      Demandada: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Raad van State (Países Bajos) — Interpretación del artículo 1, apartado 3, de la Decisión 2000/764/CE de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativa a la detección de la encefalopatía espongiforme ovina en los animales ovinos y que modifica la Decisión 98/272/CE relativa a la vigilancia epidemiológica de las encefalopatías espongiformes transmisibles (DO L 305, p. 35), del artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento CE no 2777/2000 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2000, por el que se adoptan medidas excepcionales de apoyo al mercado de la carne de vacuno (DO L 321, p. 47), del artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 160, p. 103), del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (DO L 160, p. 21), y del artículo 5, apartado 4, última frase, de la Directiva del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios de carnes frescas y carnes de aves de corral (DO L 32, p. 14; EE 03/33, p. 152), modificada y codificada por la Directiva 96/43/CE (DO L 162, p. 1). — Detección de la EEB — Pruebas rápidas autorizadas — Financiación exclusiva por la Comunidad o cofinanciación obligatoria por los Estados miembros con repercusión de los gastos sobre los operadores económicos por medio de tasas — Sentencia en el asunto C-239/01, Alemania/Comisión

      Fallo

               1)

               El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2777/2000 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2000, por el que se adoptan medidas excepcionales de apoyo al mercado de la carne de vacuno, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 111/2001 de la Comisión, de 19 de enero de 2001, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición comprende las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme bovina obligatoriamente realizadas en los Países Bajos, durante mayo y junio de 2001, a toda la carne procedente de animales bovinos de más de 30 meses de edad sacrificados para el consumo humano.

               2)

               El artículo 2, apartado 1, del Reglamento no 2777/2000, en su versión modificada por el Reglamento no 111/2001, debe interpretarse en el sentido de que la prohibición de comercializar carnes de animales bovinos de más de 30 meses de edad que no hubiesen dado un resultado negativo en la prueba de detección de la encefalopatía espongiforme bovina, que dicha disposición impuso a partir del 1 de enero de 2001, constituye una medida veterinaria, en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común, que forma parte de los programas de erradicación y vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina.

               3)

               El artículo 2, apartado 2, del Reglamento no 2777/2000, en su versión modificada por el Reglamento no 111/2001, y los artículos 4 y 5, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios contemplados en las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE y 91/496/CEE, en su versión modificada y codificada por la Directiva 96/43/CE del Consejo, de 26 de junio de 1996, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que los Estados miembros perciban tasas nacionales destinadas a financiar el coste de las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme bovina. El importe total de las tasas vinculadas con las operaciones de sacrificio de animales bovinos destinados al consumo humano debe fijarse respetando los principios aprobados para las tasas comunitarias, según los cuales, por una parte, el mencionado importe no debe sobrepasar los gastos soportados, que comprenden las cargas salariales y sociales y los gastos administrativos relacionados con la ejecución de las pruebas antedichas, y, por otra parte, se prohíbe toda restitución directa o indirecta de una tasa de ese tipo.

      (1)  DO C297, de 8.12.2007.


title: Asunto C-313/06: Recurso interpuesto el 19 de julio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

text:
               2.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/25

         Recurso interpuesto el 19 de julio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-313/06)
   (2006/C 212/42)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Lawunmi y D. Recchia, agentes)

      Demandada: República Italiana
   Pretensiones

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva 2004/26/CE expiró el 20 de mayo de 2005.

      (1)  DO L 146, p. 1.


title: Asunto T-461/14: Recurso interpuesto el 20 de junio de 2014 — Arocasa/Comisión

text:
               4.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 253/63

         Recurso interpuesto el 20 de junio de 2014 — Arocasa/Comisión
   (Asunto T-461/14)
   2014/C 253/85
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Arocasa, SA (Madrid, España) (representantes: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco y J. Corral García, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la Decisión impugnada, y

               —

               condene a la Comisión a la totalidad de las costas que se deriven del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales alegaciones son los ya invocados en el asunto T-392/14, Gutser/Comisión.