title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2002 en el asunto T-205/99: Hyper Srl contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Derechos de aduana — Importación de televisores procedentes de la India — Certificados de origen no válidos — Solicitud de condonación de derechos de importación — Artículo 13, apartado 1, del Reglamento n° 1430/79 — Derecho de defensa — Situación especial")

text:
C 219/16                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         14.9.2002
2)    Anular el artículo 3 de la Decisión 1999/484, en la medida         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      en que obliga al Reino de España a recuperar las ayudas de
      Estado concedidas en forma de condonación de deudas por                                 de 12 de junio de 2002
      organismos estatales.
                                                                         en el asunto T-66/00, B contra Comisión de las Comunida-
3)    Desestimar el recurso en cuanto al resto.
                                                                                des Europeas ( 1)
4)    La Comisión cargará con sus propias costas y con el 30 % de
      las costas en que haya incurrido la demandante.                    (Funcionarios — Asignación escolar — Asignación por hijo
                                                                         a cargo — Requisitos para su concesión — Devolución de
5)    El Reino de España cargará con sus propias costas.                               cantidades indebidamente pagadas)
                                                                                (2002/C 219/41)
( 1) DO C 246 de 28.8.1999.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         En el asunto T-66/00, B, funcionaria de la Comisión de las
                                                                         Comunidades Europeas, con domicilio en Tervuren (Bélgica),
                                                                         representada por Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier y V. Peere,
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                         abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall),
                      de 11 de julio de 2002                             que tiene por objeto una solicitud de anulación de la decisión
                                                                         de la Comisión de 4 de marzo de 1999, por la que se suspende
en el asunto T-205/99: Hyper Srl contra Comisión de las                  el pago a la demandante de las asignaciones escolar y por hijo
                    Comunidades Europeas (1)                             a cargo, a partir del 1 de septiembre de 1997, el Tribunal de
                                                                         Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. M. Vilaras,
                                                                         Presidente; la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretaria:
(«Derechos de aduana — Importación de televisores proce-                 Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 12 de junio
dentes de la India — Certificados de origen no válidos —                 de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Solicitud de condonación de derechos de importación —
Artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 1430/79 —                     1)    Se desestima el recurso.
           Derecho de defensa — Situación especial»)
                                                                         2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
                          (2002/C 219/40)
                                                                         (1 ) DO C 135 de 13.5.2000.
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto T-205/99, Hyper Srl, con domicilio social
en Limena (Italia), representada por los Sres. D. Ehle y
D. Ehle, avocats, que designa domicilio en Luxemburgo,                   SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
Sres. J.-C. Schieferer y M. Nuñez-Müller), que tiene por objeto
un recurso de anulación de la decisión REM 14/98 de la                                          de 9 de julio de 2002
Comisión, de 5 de febrero de 1999, por la que se declara
injustificada la condonación de los derechos de importación              en el asunto T-333/00: Rougemarine SARL contra Comi-
adeudados por la demandante en relación con televisores                              sión de las Comunidades Europeas ( 1)
procedentes de la India, el Tribunal de Primera Instancia
(Sala Tercera), integrado por los Sres. M. Jaeger, Presidente,           («Programa de estímulo al desarrollo y a la distribución de
K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado      obras audiovisuales europeas (MEDIA II) — Decisión de
el 11 de julio de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:          ayuda financiera — Denegación — Motivación implícita »)
1)    Desestimar el recurso.                                                                       (2002/C 219/42)
2)    Condenar en costas a la demandante.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
( 1) DO C 333 de 20.11.1999.
                                                                         En el asunto T-333/00, Rougemarine SARL, con domicilio
                                                                         social en París (Francia), representada por M es T. Levy y


title: Asunto C-523/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de abril de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia)] — A [Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n o  2201/2003 — Ámbito de aplicación material — Concepto de materias civiles — Decisión relativa a la guarda de menores y a su acogimiento fuera del domicilio familiar — Residencia habitual del menor — Medidas cautelares — Competencia]

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de abril de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia)] — A
   (Asunto C-523/07) (1)

   (Cooperación judicial en materia civil - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Ámbito de aplicación material - Concepto de »materias civiles« - Decisión relativa a la guarda de menores y a su acogimiento fuera del domicilio familiar - Residencia habitual del menor - Medidas cautelares - Competencia)
   2009/C 141/22
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Korkein hallinto-oikeus

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: A

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Korkein hallinto-oikeus — Interpretación de los artículos 1, apartado 2, letra d), 8, apartado 1, 13, apartado 1, y 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1) — Ejecución de una resolución por la que se dispone, en unidad de acto, la asunción inmediata de la guarda de un menor y su acogimiento fuera del hogar familiar, adoptada en el ámbito de medidas de Derecho público relativas a la protección de la infancia — Situación de un menor cuya residencia permanente se encuentra en un Estado miembro, pero que lleva una vida errante en otro Estado miembro.

      Fallo

               1)

               El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida dentro del concepto de «materias civiles», en el sentido de esta disposición, una resolución por la que se decide asumir la guarda inmediata de un menor y ordenar su acogimiento fuera del domicilio de su familia de origen cuando dicha resolución ha sido adoptada en el marco de las normas de Derecho público relativas a la protección de menores.

               2)

               El concepto de «residencia habitual», a tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 2201/2003, debe interpretarse en el sentido de que dicha residencia se corresponde con el lugar en el que el menor tenga una cierta integración en un entorno social y familiar. A estos efectos deben considerarse, en particular, la duración, la regularidad, las condiciones y razones de la permanencia en el territorio de un Estado miembro y del traslado de la familia a dicho Estado, la nacionalidad del menor, el lugar y las condiciones de escolarización, los conocimientos lingüísticos, así como las relaciones familiares y sociales que el menor mantiene en el referido Estado. Es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales determinar la residencia habitual del menor teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias de hecho particulares en cada caso.

               3)

               Un órgano jurisdiccional nacional puede adoptar una medida cautelar como la guarda de menores con arreglo al artículo 20 del Reglamento no 2201/2003 cuando se cumplan los siguientes requisitos:

                           —

                           Dicha medida ha de ser urgente.

                           —

                           Debe adoptarse frente a personas presentes en el Estado miembro de que se trate.

                           —

                           Debe tener carácter provisional.

                     La adopción de la referida medida, así como su carácter vinculante se determinarán de conformidad con el Derecho nacional. Tras la adopción de la medida cautelar, el órgano jurisdiccional nacional no está obligado a remitir el asunto al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro. Sin embargo, siempre que la protección del interés superior del menor lo exija, el órgano jurisdiccional nacional que haya adoptado las medidas provisionales o cautelares, debe informar de ellas al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro directamente o por conducto de la autoridad central designada de conformidad con el artículo 53 del Reglamento no 2201/2003.

               4)

               El órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en el supuesto de que carezca de toda competencia, deberá declararse de oficio incompetente sin estar obligado a remitir el asunto a otro órgano jurisdiccional. Sin embargo, siempre que la protección del interés superior del menor lo exija, el órgano jurisdiccional nacional que se haya declarado de oficio incompetente deberá informar de ello al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro directamente o por conducto de la autoridad central designada de conformidad con el artículo 53 del Reglamento no 2201/2003.

      (1)  DO C 22, de 26.1.2008.


title: Asunto T-68/09: Sentencia del Tribunal General de 10 de octubre de 2014  — Soliver/Comisión [Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo del vidrio para automóviles — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Acuerdos de reparto de mercados e intercambios de información comercialmente sensible — Reglamento (CE) n ° 1/2003 — Infracción única y continuada — Participación en la infracción]

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/27

         Sentencia del Tribunal General de 10 de octubre de 2014 — Soliver/Comisión
   (Asunto T-68/09) (1)

   ([Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo del vidrio para automóviles - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Acuerdos de reparto de mercados e intercambios de información comercialmente sensible - Reglamento (CE) no 1/2003 - Infracción única y continuada - Participación en la infracción])
   2014/C 421/36
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Soliver NV (Roulers, Bélgica) (representantes: H. Gilliams, J. Bocken y T. Baumé, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet, M. Kellerbauer y F. Ronkes Agerbeeck, agentes)

      Objeto

   Anulación parcial de la Decisión C(2008) 6815 final de la Comisión, de 12 de noviembre de 2008, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE] y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39.125 — Vidrio para automóviles), en su versión modificada por la Decisión C(2009) 863 final de la Comisión, de 11 de febrero de 2009, en la medida en que afecta a la demandante y, con carácter subsidiario, anulación o reducción de la multa impuesta a la demandante.

      Fallo

               1)

               Anular el artículo 1, letra d), y el artículo 2, letra d), de la Decisión C(2008) 6815 final de la Comisión, de 12 de noviembre de 2008, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/39.125 — Vidrio para automóviles), en su versión modificada por la Decisión C(2009) 863 final de la Comisión, de 11 de febrero de 2009, en la medida en que, por una parte, se declara en ella la participación de Soliver NV, del 19 de noviembre de 2001 al 11 de marzo de 2003, en una práctica colusoria ilícita en el mercado del vidrio para automóviles en el Espacio Económico Europeo (EEE) y en que, por otra, se le impone por ello una multa de 4 3 96  000 euros.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión Europea.

      (1)  DO C 90, de 18.4.2009.


title: Asunto T-23/13: Recurso interpuesto el 16 de enero de 2013 — Senz Technologies/OAMI — Impliva (Paraguas)

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/19

         Recurso interpuesto el 16 de enero de 2013 — Senz Technologies/OAMI — Impliva (Paraguas)
   (Asunto T-23/13)
   2013/C 101/42
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Senz Technologies BV (Delft, Países Bajos) (representantes: W. Hoyng y C. Zeri, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Impliva BV (Ámsterdam, Países Bajos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 26 de septiembre de 2012 en el asunto R 2459/2010-3.

               —

               Acoja las alegaciones efectuadas ante el Tribunal General y declare la validez del registro del dibujo o modelo comunitario no 000579.032-0002.

               —

               Condene a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) al pago de sus propias costas y de las de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

      Dibujo o modelo comunitario registrado, respecto del que se interpuso un recurso de anulación: Dibujo o modelo «Paraguas» — Dibujo o modelo comunitario registrado no 000579.032-0002

      Titular del dibujo o modelo comunitario: La demandante

      Solicitante de la nulidad del dibujo o modelo comunitario: Impliva BV

      Motivación de la solicitud de nulidad: La solicitud de declaración de nulidad se basa en los artículos 4 y 9 del Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo

      Resolución de la División de Anulación: Estimación de la solicitud de nulidad

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, y del artículo 6, en relación con el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo.


title: Asunto F-28/16: Recurso interpuesto el 2 de junio de 2016 — ZZ/Comisión

text:
               16.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/45

         Recurso interpuesto el 2 de junio de 2016 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-28/16)
   (2016/C 296/57)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: J.-N. Louis y N. de Montigny, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Pretensión de anulación de la decisión de la parte demandada de no adoptar, en un plazo razonable, las medidas de ejecución de la sentencia recaída en el asunto F-96/13, y de anulación de la decisión de 22 de diciembre de 2015 por la que se readscribe a la demandante, con efectos retroactivos, de la Delegación de Cisjordania y la Banda de Gaza en Jerusalén Este a la DG Movilidad y Transportes, Dirección Recursos Comunes MOVE/ENER en Bruselas, por constituir una decisión confirmatoria de la negativa a ejecutar la sentencia citada.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión de no adoptar las medidas de ejecución de la sentencia recaída en el asunto F-96/13, así como la decisión de 22 de diciembre de 2015 de readscribir a la demandante, en interés del servicio, de la Delegación de la Unión Europea en Cisjordania y en la Banda de Gaza (Jerusalén Este) a la Dirección General Movilidad y Transportes (MOVE) en Bruselas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2013, decisión puramente confirmatoria y ya ejecutada hace más de 3 años.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto F-111/07: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 12 de diciembre de 2007 — Kerelov/Comisión (Funcionarios — Inadmisibilidad manifiesta — Artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Primera Instancia)

text:
               8.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/64

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 12 de diciembre de 2007 — Kerelov/Comisión
   (Asunto F-111/07)
   (Funcionarios - Inadmisibilidad manifiesta - Artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Primera Instancia)
   (2008/C 64/106)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (representante: A. Kerelov, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Objeto
   Por una parte, la solicitud de anulación de la decisión de la EPSO de 14 de diciembre de 2006 en virtud de la cual se le denegó la posibilidad de presentar el impreso oficial de candidatura, con vistas a una posible admisión al concurso y, por otra, la reparación del perjuicio que alega haber sufrido.
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.


title: Asunto C-229/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich de fecha 1 de junio de 2001, en el recurso interpuesto por Susanne Müller

text:
C 245/4                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         1.9.2001
1.    ¿Se sustrae a la vigilancia aduanera una mercancı́a                     mento Europeo y del consejo, de 20 de marzo de 2000 (2),
      despachada a tránsito comunitario cuando temporal-                     relativa a la aproximación de las legislaciones de los
      mente se separa del envı́o el documento de tránsito T1?                Estados miembros en materia de etiquetado, presentación
                                                                              y publicidad de los productos alimenticios (en lo sucesivo
2.    En caso de que el Tribunal de Justicia responda negativa-               Directiva 79/112) y especialmente su artı́culo 15,
      mente a la primera cuestión:
      ¿Se ha sustraı́do a la vigilancia aduanera una mercancı́a         —     ası́ como la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Euro-
      despachada a tránsito comunitario cuando se abre el                    peo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la
      precinto aduanero colocado como medida de identifica-                   aproximación de las legislaciones de los Estados miem-
      ción y se descarga parcialmente la mercancı́a, sin que el              bros en materia de etiquetado, presentación y publicidad
      envı́o se vuelva a entregar debidamente, a pesar de que                 de los productos alimenticios (en lo sucesivo Directiva
      funcionarios del servicio de inspección aduanera que                   00/13), y en especial su artı́culo 18,
      actuaron de incógnito acordaron la operación con las            ¿se oponen a la normativa de un Estado miembro, que exige
      personas implicadas y la observaron detalladamente?               que, para la comercialización de productos alimenticios cuya
                                                                        fecha de duración mı́nima ya haya transcurrido, además de la
3.    En caso de que el Tribunal de Justicia responda afirmativa-       indicación de la fecha de caducidad, se indique esta circunstan-
      mente a la primera o la segunda cuestión:                        cia de cualquier otra manera que sea clara y generalmente
      ¿Concurren circunstancias especiales en el sentido del            inteligible?
      artı́culo 13 del Reglamento no 1430/79 (1) cuando un
      funcionario del servicio de inspección aduanera que actúa
      de agente encubierto provoca infracciones al régimen de           (1) DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162.
                                                                        (2) DO 2000, L 109, p. 29.
      tránsito comunitario? La intención fraudulenta o el
      comportamiento manifiestamente negligente de personas
      utilizadas por el obligado principal para cumplir las
      obligaciones contraı́das en el marco del régimen de
      tránsito comunitario, ¿excluye la devolución al obligado
      principal de los tributos generados por la sustracción a la      Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      vigilancia aduanera de las mercancı́as despachadas a              lución del Juez de Paz de Palermo, de fecha 4 de mayo de
      tránsito comunitario?                                            2001, en el asunto entre R.A.S. Riunione Adriatica di
                                                                                Sicurtà SpA y Dario Lo Bue
(1) DO L 175 de 12.07.1979, p. 1.                                                               (Asunto C-233/01)
                                                                                (2001/C 245/08)
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        resolución del Juez de Paz de Palermo, dictada el 4 de mayo de
                                                                        2001, en el asunto entre R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            SpA y Dario Lo Bue, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
lución del Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Nie-                  Justicia el 18 de junio de 2001. El Juez de Paz de Palermo
derösterreich de fecha 1 de junio de 2001, en el recurso                solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
                interpuesto por Susanne Müller                          siguientes cuestiones:
                                                                        1)    ¿Debe interpretarse el artı́culo 8, apartado 3, párrafo
                       (Asunto C-229/01)                                      tercero, de la Directiva 73/239/CEE del Consejo (1), en su
                                                                              versión modificada por el artı́culo 6 de la Directiva
                         (2001/C 245/07)                                      92/49/CEE del Consejo (2), en el sentido de que se opone
                                                                              a una normativa nacional que, con la finalidad de
                                                                              controlar la inflación: tiene por objeto sólo el seguro
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                     de responsabilidad civil derivada de la circulación de
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                 vehı́culos de motor, ciclomotores y motocicletas, y, por
resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Nie-                    el contrario, no establece intervención alguna sobre la
derösterreich, dictada el 1 de junio de 2001, en el recurso                   generalidad de los precios de los bienes y servicios,
interpuesto por Susanne Müller y recibida en la Secretarı́a del               distintos del seguro de responsabilidad civil derivada de
Tribunal de Justicia el 11 de junio de 2001. El Unabhängiger                  la circulación de vehı́culos automóviles, que concurren
Verwaltungssenat im Land Niederösterreich solicita al Tribunal                en la formación del ı́ndice de precios al consumo;
de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                                                                        2)    establece la prohibición de modificar no sólo las tarifas
—     La Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre                 sino también el número de categorı́as de asegurados a
      de 1978 (1), relativa a la aproximación de las legislaciones           efectos e cuantı́a de bonificaciones, los coeficientes de
      de los Estados miembros en materia de etiquetado,                       determinación de la prima y respectivos criterios de
      presentación y publicidad de productos alimenticios                    variación de las fórmulas tarifarias que establecen modifi-
      destinados al consumidor final, en la versión anterior a la            caciones de la prima en función de la verificación de
      entrada en vigor de la Directiva 2000/13/CE del Parla-                  siniestros;


title: Asunto T-89/09: Recurso interpuesto el 25 de febrero de 2009 — Pollmeier Massivholz/Comisión

text:
               6.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/14

         Recurso interpuesto el 25 de febrero de 2009 — Pollmeier Massivholz/Comisión
   (Asunto T-89/09)
   2009/C 129/25
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (Creuzburg, Alemania) (representantes: J. Heithecker y F. von Alemann, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 21 de octubre de 2008, en el procedimiento «Ayuda estatal N 512/2007 — Alemania, Abalon Hardwood Hessen GmbH».

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 15 de diciembre de 2008, en el procedimiento «CP 195/2007 — Abalon Hardwood Hessen GmbH».

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   La demandante impugna la Decisión de la Comisión, de 21 de octubre de 2008, en el procedimiento Ayuda estatal N 512/2007 — Alemania, Abalon Hardwood Hessen GmbH, en la que la Comisión no se opuso a varias medidas para construir una nueva serrería en beneficio de Abalon Hardwood Hessen GmbH, una competidora directa de la demandante, así como la Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2008, por la que la Comisión decidió poner fin al procedimiento pendiente ante ella en el procedimiento de recurso CP 195/2007.
   La demandante basa su demanda en siete motivos.
   En primer lugar, alega que las Decisiones impugnadas son contrarias al artículo 88 CE, apartados 2 y 3 y al Reglamento (CE) no 659/1999, (1) al haber basado la Comisión su análisis de las medidas notificadas erróneamente en las normas vigentes en el momento de concesión de las medidas, por lo que llegó a una conclusión incompatible con el Derecho objetivo.
   En segundo lugar, la demandante alega, con carácter subsidiario y para el caso de que el Tribunal de Primera Instancia desestimara el primer motivo, que la demandada infringió el artículo 88 CE, apartado 3 y el Reglamento no 659/1999, al haber llevado a cabo el procedimiento para ayudas notificadas con arreglo al artículo 4 del Reglamento no 659/1999, pese a que las correspondientes ayudas ya se habían concedido.
   En tercer lugar, alega que la demandada infringe el artículo 88 CE, apartados 2 y 3, al no haber incoado el procedimiento de investigación formal pese a la existencia de graves dificultades de apreciación.
   En cuarto lugar, alega que la demandada incumplió su obligación de investigación diligente y sin prejuicios, al no haber tratado manifiestamente una serie de argumentos esenciales de la demandante.
   En quinto lugar, las Decisiones impugnadas revelan, según ella, defectos de motivación.
   En sexto lugar, alega que la demandada ha vulnerado el derecho de la demandante a participar adecuadamente en el procedimiento, al no haberla informado del tipo de procedimiento elegido.
   En séptimo lugar, alega que la demandada ha infringido el artículo 87 CE, apartado 1, y el artículo 88 CE, apartado 3, al haber calculado erróneamente el valor de ayuda de la garantía.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE.


title: Asunto T-429/15: Recurso interpuesto el 27 de julio de 2015 — Monster Energy/OAMI — Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/37

         Recurso interpuesto el 27 de julio de 2015 — Monster Energy/OAMI — Mad Catz Interactive (MAD CATZ)
   (Asunto T-429/15)
   (2015/C 320/54)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Monster Energy Company (Corona, Estados Unidos) (representante: P. Brownlow, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, Estados Unidos)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa que incluye el elemento denominativo «MAD CATZ» — Solicitud de registro no 11 390 846

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 21.5.2015 en el asunto R 2176/2014-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Anule la resolución de la División de Oposición de 23 de junio de 2014 en el procedimiento de oposición B 2 182 312.

               —

               Desestime la oposición de la marca para todos los productos de la clase 25.

               —

               Condene a la OAMI a cargar con sus propias costas y con las de la parte demandante.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-52/11: Sentencia del Tribunal General de 19 de abril de 2013 — Aecops/Comisión [ «FSE — Acción de formación — Reducción de la ayuda financiera inicialmente concedida — Reglamento (CE, Euratom) n ° 2988/95 — Prescripción — Seguridad jurídica — Derecho de defensa — Plazo razonable — Obligación de motivación» ]

text:
               1.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/39

         Sentencia del Tribunal General de 19 de abril de 2013 — Aecops/Comisión
   (Asunto T-52/11) (1)

   (FSE - Acción de formación - Reducción de la ayuda financiera inicialmente concedida - Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 - Prescripción - Seguridad jurídica - Derecho de defensa - Plazo razonable - Obligación de motivación)
   2013/C 156/70
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisboa, Portugal) (representantes: inicialmente, J. da Cruz Vilaça y L. Pinto Monteiro y, posteriormente, L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves y N. Morais Sarmento, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Guerra e Andrade y D. Recchia, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, por la que se fija el importe final de los gastos subvencionables en el marco de la ayuda del Fondo Social Europeo (FSE) concedida a la demandante mediante la Decisión C(89) 570, de 29 de marzo de 1989, para la financiación de una acción de formación (expediente 89 0979 P3).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops).

      (1)  DO C 139, de 7.5.2011.


title: Asunto C-138/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Bulgaria) el 15 de marzo de 2012 — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

text:
               26.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/24

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Bulgaria) el 15 de marzo de 2012 — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
   (Asunto C-138/12)
   2012/C 151/38
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad — Varna

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Rusedespred OOD

      Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Está legitimado un sujeto pasivo, conforme al principio de neutralidad fiscal, para solicitar, dentro del plazo de prescripción establecido, la devolución del IVA no adeudado e indebidamente facturado si con arreglo al Derecho interno la operación por la que repercutió el impuesto está exenta, se ha eliminado el riesgo de pérdida de ingresos fiscales y no es de aplicación la normativa establecida en la ley nacional en materia de rectificación de facturas?

               2)

               ¿Se oponen el sistema común del IVA y los principios de equivalencia, de efectividad y de igualdad de trato a la negativa por parte de la oficina tributaria competente, basada en una disposición nacional por la que se transpone el artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, (1) de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a devolver a un sujeto pasivo el IVA facturado por éste, cuando dicho impuesto no se debía por tratarse de una operación exenta pero se facturó, repercutió y pagó indebidamente, si al adquirente o destinatario de los servicios ya le fue denegado por resolución firme de la inspección fiscal el derecho a deducción respecto de la misma operación, basándose en que el proveedor o prestador del servicio había repercutido ilegalmente el impuesto?

               3)

               ¿Puede un sujeto pasivo invocar directamente los principios comunitarios que rigen el sistema común del IVA, en concreto los principios de neutralidad fiscal y de efectividad, para impugnar una disposición nacional, o su aplicación por las autoridades tributarias o judiciales, contraria a dichos principios, o a la inexistencia, contraria a dichos principios, de una disposición nacional?

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto F-53/09: Recurso interpuesto el 20 de mayo de 2009 — J/Comisión

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/64

         Recurso interpuesto el 20 de mayo de 2009 — J/Comisión
   (Asunto F-53/09)
   2009/C 180/119
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: J (Londres) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión por la que se desestima la solicitud de la parte demandante de que se reconozca como enfermedad profesional la enfermedad que padece, así como de la decisión de hacerle correr con los honorarios y gastos del médico que ella designó y con la mitad de los honorarios y gastos accesorios del tercer médico de la comisión médica.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión por la que se desestima la solicitud de la parte demandante de que se reconozca como enfermedad profesional, a efectos del artículo 73 del Estatuto, la enfermedad que padece y que le impide desempeñar sus funciones.

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión de hacerle correr con los honorarios y gastos del médico que ella designó y con la mitad de los honorarios y gastos accesorios del tercer médico de la comisión médica.

               —

               Que se condene a la Comisión a abonar a la parte demandante un euro simbólico en concepto de indemnización del daño moral sufrido.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas


title: Asunto C-435/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Landgericht Essen, de fecha 25 de noviembre de 2002, en el asunto entre Axel Springer AG y Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG

text:
C 44/12                ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                           22.2.2003
Recurso interpuesto el 16 de octubre de 2002 contra la                    Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de noviembre de 2002.
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                     El Verwaltungsgericht Minden solicita al Tribunal de Justicia
                             Europeas                                     que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
                       (Asunto C-374/02)
                                                                          ¿Es compatible con el Derecho comunitario de rango superior
                                                                          el artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE (1), relativa a la
                          (2003/C 44/22)                                  aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias
                                                                          y administrativas de los Estados miembros en materia de
                                                                          fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              en virtud del cual se prohíbe la puesta en el mercado de los
presentado el 16 de octubre de 2002 un recurso contra                     tabacos de uso oral sin perjuicio de las disposiciones del
la República Italiana formulado por la Comisión de las                    artículo 151 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Minas                    Suecia?
Konstantinidis y Roberto Amorosi, en calidad de agentes.
                                                                          (1 ) DO L 194, p. 26.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
—     Declare que la República Italiana ha incumplido las
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 de
      la Directiva 1999/31/CE ( 1) del Consejo, de 26 de abril de
      1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado
      las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
      necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      citada Directiva o, en cualquier caso, al no haberlas               lución del Landgericht Essen, de fecha 25 de noviembre
      comunicado a la Comisión.                                           de 2002, en el asunto entre Axel Springer AG y Zei-
                                                                                tungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG
—     Condene en costas a la República Italiana.
                                                                                (Asunto C-435/02)
Motivos y principales alegaciones                                                                  (2003/C 44/24)
El artículo 249 CE, según el cual la Directiva obligará al
Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
conseguirse, implica la obligación de los Estados miembros de             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
respetar los plazos establecidos en las Directivas para adaptar           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
sus Derechos internos a las mismas. Dicho plazo ha expirado               resolución del Landgericht Essen, dictada el 25 de noviembre
sin que la República Italiana haya adoptado las disposiciones             de 2002, en el asunto entre Axel Springer AG y Zeitungsverlag
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva           Niederrhein GmbH & Co. Essen KG, y recibida en la Secretaría
mencionada en las pretensiones de la Comisión.                            del Tribunal de Justicia el 2 de diciembre de 2002. El
                                                                          Landgericht Essen solicita al Tribunal de Justicia que se
                                                                          pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
( 1) DO L 182, de 16.7.1999, p. 1.
                                                                          1)    La Directiva 90/605/CEE ( 1), en relación con el artículo 47
                                                                                de la Directiva 78/660/CEE ( 2), ¿es compatible con el
                                                                                derecho fundamental comunitario al libre ejercicio de la
                                                                                profesión, en la medida en que obliga a las sociedades
                                                                                comanditarias cuyo socio con responsabilidad personal
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                      es una sociedad de responsabilidad limitada a dar publici-
lución del Verwaltungsgericht Minden, de fecha 14 de                            dad a las cuentas anuales y al informe de gestión, en
noviembre de 2002, en el asunto entre Arnold André                              particular, sin ninguna limitación por lo que respecta a
      GmbH & Co. KG y Landrat des Kreises Herford                               las personas que tienen derecho a consultarlos?
                       (Asunto C-434/02)                                  2)    La Directiva 90/605/CEE, en relación con el artículo 47
                                                                                de la Directiva 78/660/CEE, ¿es compatible con los
                                                                                derechos fundamentales comunitarios a la libertad de
                          (2003/C 44/23)                                        prensa y de radiodifusión, en la medida en que obliga a las
                                                                                sociedades comanditarias cuyo socio con responsabilidad
                                                                                personal es una sociedad de responsabilidad limitada y
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                       que ejercen su actividad en el sector de la prensa y de la
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                     industria editorial o en el sector de la radiodifusión a dar
resolución del Verwaltungsgericht Minden, dictada el 14 de                      publicidad a las cuentas anuales y al informe de gestión,
noviembre de 2002, en el asunto entre Arnold André GmbH                         en particular, sin ninguna limitación por lo que respecta
& Co. KG y Landrat des Kreises Herford, y recibida en la                        a las personas que tienen derecho a consultarlos?
 ---pagebreak--- 22.2.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 44/13
3)    La Directiva 90/605/CEE, ¿es compatible con el principio            sí solo para demostrar la pretendida irregularidad de su
      general de igualdad en la medida en que da lugar a una              comportamiento. Según la recurrente, la Guardia di Finanza
      discriminación de las sociedades comanditarias cuyo                 únicamente está facultada para plasmar en sus actas de los
      socio colectivo es una sociedad de responsabilidad limi-            elementos de hecho constatados durante sus investigaciones,
      tada frente a las sociedades comanditarias cuyo socio               mientras que carece por completo de una facultad de aprecia-
      colectivo es una persona física, aunque los acreedores de           ción específica de tales elementos, y la Comisión hubiera
      las sociedades comanditarias cuyo socio colectivo es una            debido proceder a un examen propio y autónomo del asunto.
      sociedad de responsabilidad limitada gozan de mayor                 Sostiene pues que, al reconocer un valor probatorio suficiente
      protección, en virtud de la obligación de publicidad de la          al informe de la Guardia di Finanza, el Tribunal de Primera
      sociedad de responsabilidad limitada, que los acreedores            Instancia incurrió en una valoración jurídica errónea que
      de una sociedad comanditaria cuyo socio colectivo, por              invalida su sentencia.
      ser una persona física, no está sujeto a ninguna obligación
      de publicidad?
                                                                          La recurrente alega además que la sentencia del Tribunal de
( 1) DO L 317 de 16.11.1990, p. 60.                                       Primera Instancia es inválida por no haber tenido en cuenta el
( 2) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.                                        elemento subjetivo como criterio decisivo para valorar la
                                                                          licitud de una decisión de supresión de una ayuda. Según la
                                                                          recurrente, el Tribunal de Primera Instancia hubiera debido
                                                                          distinguir el supuesto de incumplimiento culposo y no fraudu-
                                                                          lento de los requisitos financieros, que únicamente justifica
                                                                          una reducción o una suspensión de la ayuda, y el supuesto de
Recurso de casación interpuesto el 13 de diciembre de                     incumplimiento doloso de dicho requisitos, en el que la
2002 por Sgaravatti Mediterranea Srl contra la sentencia                  Comisión está autorizada para suprimir la ayuda en su
dictada el 26 de septiembre de 2002 por la Sala Quinta                    totalidad.
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas en el asunto T-199/99, promovido contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Sgaravatti                       Por último, la recurrente impugna la afirmación del Tribunal
                         Mediterranea Srl                                 de Primera Instancia en el sentido de que no se produjo
                                                                          violación alguna del principio de «non bis in idem», porque la
                      (Asunto C-455/02 P)                                 sanción impuesta mediante el requerimiento nacional fue
                                                                          posterior a la Decisión comunitaria. Según la recurrente,
                          (2003/C 44/25)                                  cuando la Comisión decidió suprimir la ayuda, sabía o hubiera
                                                                          debido saber que iba a imponérsele una sanción administrativa
                                                                          nacional.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 13 de diciembre de 2002 un recurso de casación
formulado por Sgaravatti Mediterranea Srl, con domicilio
social en Capoterra (CA), Italia, representada por los Sres.
Massimo Merola y Piero A.M. Ferrari, abogados, contra la
sentencia dictada el 26 de septiembre de 2002 por la Sala
Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas en el asunto T-199/99, promovido contra la Comi-
sión de las Comunidades Europeas por Sgaravatti Mediterranea              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Srl.                                                                      lución del Tribunal du travail de Bruxelles, de fecha
                                                                          21 de noviembre de 2002, en el asunto entre Michel
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:                 Trojani y Centre public d’aide sociale de Bruxelles,
                                                                                C.P.A.S.
—     Con carácter principal, anule la sentencia del Tribunal de
      Primera Instancia de 26 de septiembre de 2002 en el
      asunto T-199/99, y                                                                        (Asunto C-456/02)
—     Anule la Decisión C (1999) 1502 de la Comisión, de 4 de
      junio de 1999, o, con carácter subsidiario, devuelva el                                     (2003/C 44/26)
      asunto al Tribunal de Primera Instancia conforme al
      artículo 54 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia.
—     En cualquier caso, condene a la Comisión al pago de las
                                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      costas en ambas instancias.                                         sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                          resolución del Tribunal du travail de Bruxelles, dictada el
                                                                          21 de noviembre de 2002, en el asunto entre Michel Trojani y
Motivos y principales alegaciones                                         Centre public d’aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S., y recibida en
                                                                          la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de diciembre
La recurrente impugna la utilización inapropiada del acta de la           de 2002. El Tribunal du travail de Bruxelles solicita al Tribunal
Guardia di Finanza como medio de prueba suficiente por                    de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:


title: Asunto T-268/11 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de mayo de 2011 por la Comisión Europea contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 15 de marzo de 2011 en el asunto F-120/07, Strack/Comisión

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/31

         Recurso de casación interpuesto el 26 de mayo de 2011 por la Comisión Europea contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 15 de marzo de 2011 en el asunto F-120/07, Strack/Comisión
   (Asunto T-268/11 P)
   2011/C 232/56
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: J. Currall y B. Eggers, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Guido Strack (Colonia, Alemania)

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 15 de marzo de 2011 en el asunto F-120/07, Strack/Comisión.

               —

               Cada parte cargará con sus propias costas en el recurso y el procedimiento sustanciado en primera instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca, en esencia, tres motivos.

               1)

               Primer motivo: infracción del Derecho de la Unión al interpretar el artículo 4 del anexo V del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»).
               En primer lugar, el Tribunal de la Función Pública infringió el Derecho de la Unión y la jurisprudencia reiterada al interpretar el artículo 4, apartado 1, del anexo V del Estatuto en el sentido de que no es posible trasladar los días de vacaciones no disfrutados en el caso de enfermedades de larga duración.

               2)

               Segundo motivo: infracción del Derecho de la Unión al determinar ilícitamente el ámbito de aplicación y los efectos legales del apartado segundo del artículo 1 sexto del Estatuto.
               En segundo lugar, el Tribunal infringió el Derecho de la Unión Europea y no motivó suficientemente cuando interpretó erróneamente el ámbito de aplicación del apartado segundo del artículo 1 sexto del Estatuto de los Funcionarios, imponiendo una obligación general a las instituciones de garantizar a los funcionarios, en relación con las condiciones de trabajo relativas a la protección de la salud, unos requisitos mínimos en las Directivas adoptadas con arreglo al artículo 153 TFUE. Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 1 sexto, que se introdujo como parte de la reforma de 2004 del Estatuto de los Funcionarios, tenía simplemente como objetivo colmar la laguna que se producía por la inexistencia de disposiciones técnicas en el Estatuto de los Funcionarios para garantizar la salud y la seguridad de los funcionarios en los edificios de las instituciones (por ejemplo, protección contra incendios, sustancias peligrosas, ventilación, ergonomía, etc.). Así pues, el Estatuto de los Funcionarios permite la aplicación de los requisitos técnicos mínimos en las correspondientes Directivas que han sido objeto de transposición al Derecho nacional. No obstante, la norma no puede ni debe afectar a las condiciones de trabajo que se refieren a la posibilidad de trasladar días de vacaciones no disfrutados y de obtener una indemnización como contrapartida por esos días no agotados que se determinan exclusivamente por los organismos que aprobaron el Estatuto de los Funcionarios. En la medida en que el Tribunal de la Función Pública se pronunció en este sentido, la resolución es contraria no sólo a las disposiciones en vigor del Estatuto de los Funcionarios y a la jurisprudencia del Tribunal, sino que también vulnera el principio de seguridad jurídica.

               3)

               Tercer motivo: vicios de procedimiento.
               En tercer lugar, el Tribunal de la Función Pública vulneró los requisitos de procedimiento, al interpretar de oficio que la primera pretensión formulada por la demandante era contraria al párrafo segundo del artículo 1 sexto del Estatuto de los Funcionarios y anular, de hecho, una disposición del Estatuto de los Funcionarios cuando no existía motivo de ilegalidad y el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea no podían intervenir.


title: Asunto T-80/09: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2011 — Comisión/Q ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Recurso de casación incidental — Artículo 12 bis del Estatuto — Comunicación sobre la política en materia de acoso psicológico en la Comisión — Deber de asistencia que incumbe a la administración — Artículo 24 del Estatuto — Alcance — Solicitud de asistencia — Medidas provisionales de alejamiento — Deber de asistencia y protección — Responsabilidad — Solicitud de indemnización — Competencia jurisdiccional plena — Requisitos para la aplicación — Informe de evolución de carrera — Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción» )

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/32

         Sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2011 — Comisión/Q
   (Asunto T-80/09) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Recurso de casación incidental - Artículo 12 bis del Estatuto - Comunicación sobre la política en materia de acoso psicológico en la Comisión - Deber de asistencia que incumbe a la administración - Artículo 24 del Estatuto - Alcance - Solicitud de asistencia - Medidas provisionales de alejamiento - Deber de asistencia y protección - Responsabilidad - Solicitud de indemnización - Competencia jurisdiccional plena - Requisitos para la aplicación - Informe de evolución de carrera - Recurso de anulación - Interés en ejercitar la acción)
   2011/C 252/75
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Comisión Europea (representantes: V. Joris, D. Martin y B. Eggers, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Q (Donsjö, Suecia) (representantes: S. Rodrigues e Y. Miantchy, abogados)

      Objeto

   Recurso de anulación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 9 de diciembre de 2008, Q/Comisión (F-52/05, aún no publicada en la Recopilación) y que tiene por objeto la anulación de ésta.

      Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 9 de diciembre de 2008, Q/Comisión (F-52/05, aún no publicada en la Recopilación), en la medida en que en el punto 2 del fallo condena a la Comisión a abonar a Q 500 euros en concepto de indemnización y un importe de 15 000 euros, en la medida en que tiene por objeto la reparación del daño moral sufrido por Q en virtud del supuesto retraso en la apertura de la investigación administrativa y en que, a fin de desestimar el recurso interpuesto en primera instancia en todo lo demás, se pronuncia en los apartados 147 a 189 de los fundamentos jurídicos sobre «la imputación de acoso psicológico planteada por (Q)» y declara en el apartado 230 de los fundamentos jurídicos que no procede pronunciarse sobre las pretensiones que tienen por objeto la anulación de los informes de evolución de carrera que le afectan, elaborados respectivamente con relación a los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2003 y entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2003.

               2)

               Desestimar el recurso de casación y el recurso de casación incidental en todo lo demás.

               3)

               Devolver el asunto al Tribunal de la Función Pública para que se pronuncie sobre las pretensiones de anulación de los informes de evolución de carrera mencionados y sobre el importe adeudado a Q por la Comisión en concepto del daño moral derivado de la negativa de ésta a adoptar una medida provisional de alejamiento.

               4)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 102, de 1.5.2009.


title: Recurso interpuesto el 4 de enero de 1997 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Anna Maria Campogrande (Asunto T-3/97)

text:
N° C 74/22          I ES |                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           8. 3. 97
Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 1996 contra el            Motivos y principales alegaciones
Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas por
      J. J. M. van Rossum y C. C. W. M. van Rossum                  Los motivos y principales alegaciones coinciden con los
                      (Asunto T-207/96)                             formulados en el asunto T-206/96 .
                         ( 97/C 74/46 )
                                                                    (■) DO n° L 90 de 1 . 4. 1984, p. 13 ; EE 03/30, p. 64 .
                                                                    ( 2 ) DO n° L 84 de 29 . 3 . 1989, p. 2 .
            (Lengua de procedimiento: neerlandés)                   H DO n° L 131 de 26 . 5 . 1977, p . 1 ; EE 03/12, p. 143 .
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 12 de diciembre de 1996 un
recurso contra el Consejo y la Comisión de las Comunida
des Europeas formulado por J. J. M. van Rossum, con do
micilio en te Alphen (Países Bajos ), y C. C. W. M. van             Recurso interpuesto el 4 de enero de 1997 contra la
Rossum, con domicilio en Maasbommel ( Países Bajos ), re           Comisión de las Comunidades Europeas por Anna María
presentados ambos por A. A. M. van Beek, Abogado de                                             Campogrande
Tilburg.                                                                                (Asunto T-3/97)
                                                                                ( 97/C 74/47)
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instan
cia que :                                                                          (Lengua de procedimiento: francés)
1 ) Declare que la Comunidad Económica Europea está                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    obligada a indemnizar a los demandantes los daños su           Europeas se ha presentado el 4 de enero de 1997 un recur
    fridos por éstos.                                               so contra la Comisión de las Comunidades Europeas for
                                                                    mulado por Anna Maria Campogrande, con domicilio en
2 ) Declare que la Comunidad Económica Europea es res              Bruselas, representada por el Sr. Marc-Albert Lucas, Abo
    ponsable frente a los demandantes de la pérdida de in         gado de Lieja, que designa como domicilio en Luxembur
    gresos sufrida por éstos a consecuencia de la aplicación       go el despacho de la Sra . Evelyne Korn, 21 , rué de
                                                                   Nassau .
    del Reglamento ( CEE) n° 857/84 del Consejo ('), así
    como de la aplicación del Reglamento ( CEE) n° 764/
    89 del Consejo ( 2), por el que se modifica el Reglamen       La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
    to ( CEE) n° 857/84, en la medida en que los citados           que :
    Reglamentos no establecen ni establecían la posibili
    dad de asignar una cantidad de referencia específica a         — Anule o declare la ilegalidad de la Decisión de la Co
    los cesionarios SLOM que no hubieran efectuado en                    misión, de 19 de julio de 1988 , relativa a la provisión
    tregas de leche durante el año de referencia elegido                  de puestos de trabajo de directivos de nivel intermedio
    por el Estado miembro de que se trate en cumplimien                  [COM(88)PV 928 , publicada en « Informaciones admi
    to de un compromiso en el sentido del Reglamento                      nistrativas » n° 578 de 5 de diciembre de 1988 ], en la
    ( CEE ) n° 1078/77 del Consejo ( 3 ).                                 versión modificada por su Decisión de 28 de junio de
                                                                          1995 (publicada en « Informaciones administrativas »
3 ) Declare que los demandantes han sufrido una pérdida                   n° 898 de 7 de julio de 1995 ).
    de ingresos por una cantidad equivalente a la diferen
    cia entre, por una parte, los ingresos, incluidos espe        — Con carácter subsidiario, anule o declare la ilegalidad
    cialmente el volumen de negocios y el incremento rela                de la Decisión de la Comisión de atribuir a la carrera
    cionado con su ganado que normalmente habrían                         A 5/A 4 el puesto de Jefe de la Unidad « Pacto Andi
    resultado de la cantidad de leche que habrían entrega                no » (« Sumarios de las convocatorias para proveer pla
    do si, en el período comprendido entre el 1 de abril de               zas vacantes » n° 39 de 14 de diciembre de 1995 ,
    1984 ( fecha de la entrada en vigor del Reglamento                    COM/ 141 /95 ).
    ( CEE) n° 857/84 ) y el 31 de marzo de 1994 ( fecha de
    expiración del período de la tasa 1993-1994), hubieran         -— Con carácter subsidiario, anule o declare la ilegalidad
    dispuesto de la cantidad de referencia de leche a que                 de la convocatoria para proveer plaza vacante corres
    tenían derecho y, por otra parte, los ingresos que obtu              pondiente al puesto de que se trata .
    vieron en realidad durante el citado período.
                                                                   — Con carácter subsidiario, anule la Decisión de la
4) Declare que, sobre la cantidad adeudada a los deman                   AFPN de nombrar a otra persona para el puesto de
    dantes en concepto de indemnización, deberán pagarse                  que se trata .
    además, a partir de la fecha de la sentencia, intereses a
    razón del 8 % anual o de la tasa que considere adecua         — En cualquier caso, condene en costas a la AFPN.
    da el Tribunal de Justicia, hasta el día en que se com
    plete el pago de la deuda .                                    Motivos y principales alegaciones
5 ) Condene a los demandados al pago de las costas pro            La demandante, funcionaría de grado A 4, escalón 5 , im
    cesales .                                                      pugna la desestimación por la AFPN de su candidatura al
 ---pagebreak--- 8. 3 . 97            Les                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 74/23
puesto de Jefe de la Unidad encargada de las relaciones            Recurso interpuesto el 6 de enero de 1997 contra la
con los países miembros del Pacto Andino. Según la con            Comisión de las Comunidades Europeas por Roberto
vocatoria del concurso, dicho puesto correspondía a la ca                           D'Orazio y Pierre Hublau
rrera A 5/A 4 .
                                                                                ( Asunto T-4/97)
                                                                                ( 97/C 74/48
Para fundamentar sus pretensiones, la demandante alega,
en primer lugar, la infracción del apartado 4 del artículo 5                     (Lengua de procedimiento: francés)
y del Anexo I del Estatuto, por cuanto que, al aplicar en el
caso de autos su Decisión de 19 de julio de 1988 , relativa        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
a la provisión de puestos de trabajo de directivos de nivel
intermedio, la demandada definió de modo idéntico fun             Europeas se ha presentado el 6 de enero de 1997 un recur
ciones correspondientes a puestos de trabajo pertenecientes
                                                                   so contra la Comisión de las Comunidades Europeas for
                                                                   mulado por el Sr. Roberto D'Orazio, con domicilio en Cla
a carreras diferentes. A este respecto, la demandante esti
ma que, en la sentencia de 17 de mayo de 1995 , dictada            becq (Bélgica ), y el Sr. Pierre Hublau, con domicilio en
en el asunto T- 10/94, Kratz/Comisión ( 1 ), el Tribunal de        Tubize (Bélgica ), representados por los Sres. Patrice Bon
Primera Instancia no afirmó que la Comisión pudiera defi          bled, Caroline Skolovitch y Olivier Gemberling, Abogados
                                                                   de Bruselas .
nir las funciones correspondientes a dos puestos de trabajo
tipo pertenecientes a carreras distintas sin jerarquizarlas.
Parece haber admitido, por el contrario, que podían ser            La partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
cubiertas a niveles diferentes cuando eran de importancia          Instancia que:
desigual .
                                                                   — Anule la decisión de la Comisión .
En segundo lugar, la demandante invoca una desviación de
poder, en la medida en que la Decisión impugnada se ins           Motivos y principales alegaciones
cribe en una política que persigue un objetivo de rejuvene
cimiento de los directivos, distinto del relativo al interés       Los demandantes, presidentes de la Delegación sindical y
del servicio . Por otra parte, el procedimiento de provisión       de la Delegación laboral de la sociedad anónima Forges de
de puestos de trabajo de directivos de nivel intermedio me        Clabecq, una planta siderúrgica integrada que produce
noscaba, a su juicio, el carácter necesariamente objetivo de       acero líquido y productos acabados lisos, impugnan la De
la Decisión relativa al nivel del puesto de trabajo por            cisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, con
cubrir.                                                            traria a la intervención de la Región valona en favor de di
                                                                   cha empresa .
En último lugar, la demandante invoca la violación del             La referida intervención hubiera debido revestir en parti
principio de protección de las expectativas de carrera y la        cular la forma de una aportación de capital por un impor
infracción del apartado 3 del artículo 5 del Estatuto, por         te de 1 500 000 000 francos belgas, pagada por la Socie
cuanto que los criterios orientadores de la política de per       dad valona de siderurgia y destinada a recapitalizar la
sonal y los perfiles de carrera adoptados por la Comisión          sociedad beneficiaría .
privilegian a determinados funcionarios en detrimento de
aquellos que no corresponden a los mismos. En efecto, de
bido a esa política, los funcionarios de nivel A 4, una ma        En apoyo de sus pretensiones, los demandantes alegan en
yoría de los cuales poseen, al igual que la demandante,            primer lugar la violación de los principios fundamentales
una antigüedad considerable, no tienen otra opción, si de         que inspiran el conjunto de la normativa comunitaria. A
sean proseguir su carrera, que la de aspirar a puestos de          este respecto, señalan que el derecho al trabajo ha venido
Jefe de Unidad de nivel A 5/A 4, a fin de adquirir la expe        siendo reconocido tradicionalmente con carácter general
                                                                   en las constituciones de todos los Estados miembros . Di
riencia de gestión requerida . En cambio, los funcionarios
de grado A 5, una mayoría de los cuales son jóvenes fun           cha tradición fue recogida por el Parlamento Europeo, él
cionarios, disfrutan, por efecto de las nuevas normas de           12 de abril de 1989, en su Declaración de derechos y liber
                                                                   tadas fundamentales. Los demandantes ponen de manifies
provisión de puestos, de mayores facilidades de carrera .
                                                                   to que dicha declaración comprende, en particular, tanto
                                                                   los derechos sociales colectivos como la protección social .
Con carácter subsidiario, la demandante alega la ilegalidad        Pues bien, los demandantes consideran que la decisión im
de la decisión por la que se determina el nivel del puesto         pugnada aplica determinados principios jurídicos sin tener
de que se trata. A este respecto, la demandante estima             un cuenta los factores humanos y sociológicos.
que, habida cuenta de la importancia política de la unidad
«Pacto Andino », de su carga de trabajo, del personal a su         En segundo lugar, los demandantes afirman que la Comi
disposición y de su presupuesto, debería haberse asignado          sión no ha motivado suficientemente su decisión de califi
al puesto controvertido el grado A 3 . La demandante invo         car la citada reestructuración como ayuda pública. En su
ca asimismo, también con carácter subsidiario, la ilegali         opinión, la demandada no ha efectuado un análisis econó
dad de la convocatoria para proveer plaza vacante, por             mico de la empresa, limitándose a reproducir algunos dic
adolecer de insuficiente precisión, así como un error mani        támenes emitidos por determinados expertos de la Región
fiesto de apreciación .                                            valona . En concreto, ningún argumento económico permi
                                                                   te afirmar que, una vez efectuada la reestructuración, la
(*) Rec. 1995, p. 11-1457.                                         sociedad Forges de Clabecq no pueda ser viable.


title: Asunto C-445/13 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de agosto de 2013 por Voss of Norway ASA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 28 de mayo de 2013 en el asunto T-178/11, Voss of Norway ASA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

text:
               23.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 344/40

         Recurso de casación interpuesto el 6 de agosto de 2013 por Voss of Norway ASA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 28 de mayo de 2013 en el asunto T-178/11, Voss of Norway ASA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
   (Asunto C-445/13 P)
   2013/C 344/70
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Voss of Norway ASA (representantes: F. Jacobacci y B. La Tella, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 28 de mayo de 2013 (T-178/11).

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso de casación, Voss of Norway ASA (en lo sucesivo, «Voss»), solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 28 de mayo de 2013 en el asunto T-178/11 (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual el Tribunal General desestimó la solicitud de nulidad presentada por Voss contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 12 de enero de 2011 en el asunto R 785/2010-1 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), por la que se confirmó la solicitud de declaración de nulidad presentada por Nordic Spirit respecto a la marca comunitaria tridimensional registrada por Voss el 3 de diciembre de 2004.
   El recurso de casación se basa en los siguientes motivos:

                     Primer motivo: la sentencia recurrida no tuvo en cuenta el segundo motivo alegado por Voss ante el Tribunal General, a saber, que se había producido una inversión de la carga de la prueba ante la Sala de Recurso.

               El Tribunal General no examinó si la Sala de Recurso había cometido un error de Derecho respecto a la cuestión procesal de la carga de la prueba. Este motivo tiene una importancia independiente de alcance general para el Derecho de la marca comunitaria. Este modelo de inversión de la carga de la prueba –que vulnera principios generales del Derecho– podría integrarse en la correspondiente jurisprudencia. Esa razón debería ser suficiente para haber anulado la resolución de la Sala de Recurso y para anular la sentencia recurrida.

                     Segundo motivo: el Tribunal General estableció indebidamente una inversión de la carga de la prueba.

               El Tribunal General también invirtió la carga de la prueba, que le correspondía exclusivamente a Nordic Spirit AB como parte que pide la anulación y que impugna la validez de una marca comunitaria, imponiendo a Voss la obligación de presentar pruebas concretas del carácter distintivo de su marca tridimensional. A tal efecto el Tribunal General citó jurisprudencia relativa a solicitudes de marcas comunitarias –y a marcas no registradas– que no gozaban de una presunción de validez, al contrario de lo que sucedía con la marca tridimensional de Voss. Esto constituye una clara infracción de las normas que garantizan un juicio justo, del artículo 99 del Reglamento sobre la marca comunitaria (1) y de la Regla 37, letra b), inciso iv) del Reglamento no 2868/95, (2) lo que por sí mismo es suficiente para anular la resolución impugnada.

                     Tercer motivo: incorrecta definición de las normas y usos del sector que constituye una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

               El Tribunal General declaró acertadamente en el apartado 45 que es preciso comprobar si la marca impugnada difiere de manera significativa de las normas y usos del sector de que se trate. Así, para averiguar si la forma 3D de una marca tiene carácter distintivo es necesario, ante todo, examinar las «normas del sector» para después determinar si el consumidor puede diferenciar una determinada marca 3D de las marcas de otras empresas.
               Sin embargo, la identificación que efectúa el Tribunal General de este último extremo dista mucho de una definición bien fundamentada de las «normas» del sector de las bebidas. Las indicaciones señaladas por el Tribunal General respecto a las normas del sector son erróneas desde el punto de vista fáctico (la referencia a una «sección cilíndrica» inexistente) y tan imprecisas y generales que –de aplicarse– ninguna botella de bebida reuniría los criterios del carácter distintivo (ni siquiera la famosa botella de Coca-Cola, en el supuesto de que fuera objeto de una solicitud de anulación). En cambio, la División de Anulación sí definió correctamente las normas del sector.
               Además, la Sala de Recurso, en la resolución R 2465/2011-2, de 1 de febrero de 2012 (Freixenet v. OAMI) declaró en el apartado 36 que «ni la examinadora, ni las Salas de Recurso que conocieron el recurso anteriormente presentaron documentos que contuvieran referencias a la realidad del mercado existente en la fecha de la solicitud, pues no identificaron ni indicaron ejemplos concretos de botellas idénticas o similares utilizadas habitualmente por el sector antes de dicha fecha. Esta omisión es también una razón suficiente para estimar el recurso». De esta manera, el Tribunal General, al no indicar ejemplos concretos de las normas del sector, infringió claramente el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

                     Cuarto motivo: error de Derecho en la apreciación del carácter distintivo de la marca de Voss consistente en la forma de una botella — Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

               De la jurisprudencia aplicable relativa al carácter distintivo se desprende que una marca debe ser considerada y examinada en su conjunto, y que el examen de cada una de sus partes integrantes simplemente contribuye al examen global, al que no puede sustituir. En la sentencia recurrida, el Tribunal General únicamente examinó cada componente de manera individual, sin examinar la marca en su conjunto.
               El Tribunal General cometió por lo tanto un error de Derecho en la apreciación del carácter distintivo de la marca, porque no consideró, como era su obligación, la impresión de conjunto producida por la marca, sino que adoptó un enfoque erróneo, consistente en descomponer dicha marca y considerar la mayor o menor originalidad de cada parte.

                     Quinto motivo: grave desnaturalización de las pruebas, al comparar una forma 3D con una sección bidimensional y al identificar las normas y usos del sector.

               Las afirmaciones de que «la gran mayoría de las botellas disponibles en el mercado tienen una parte cilíndrica» y de que «las botellas tienen una gran variedad de formas y de tamaños» son manifiestamente erróneas, y sin embargo el Tribunal General reprodujo ambas implícita o expresamente para denegar la solicitud de anulación de la resolución de la Sala de Recurso, de forma que se desnaturalizaron los hechos y las pruebas, lo cual constituye un error de Derecho.

                     Sexto motivo: la resolución del Tribunal General en esencia obstaculiza el registro de marcas comunitarias en 3D, lo cual constituye una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 4 del mismo Reglamento.

               El razonamiento del Tribunal General tiene como consecuencia la efectiva imposibilidad de que el envase de un producto tenga a la vez carácter distintivo en su conjunto o como una combinación de sus componentes. Desde un punto de vista práctico, el resultado es que no podrá existir ningún envase de producto que reúna los criterios del carácter distintivo en la manera establecida en la sentencia recurrida, lo cual anula el objetivo del Reglamento sobre la marca comunitaria.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1).


title: Asunto F-75/11: Recurso interpuesto el 28 de julio de 2011 — ZZ/Consejo

text:
               15.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 305/11

         Recurso interpuesto el 28 de julio de 2011 — ZZ/Consejo
   (Asunto F-75/11)
   2011/C 305/13
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal y S. Orlandi, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la AFPN de no promover al demandante al grado AST 7 en el ejercicio de promoción de 2007.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la AFPN de desestimar la reclamación formulada por el demandante contra la decisión de no promoverlo al grado AST 7 en el ejercicio de promoción de 2007.

               —

               Que, si resulta necesario, se anule la decisión de la AFPN de no promover al demandante al grado AST 7 en el ejercicio de promoción de 2007.

               —

               Que se condene en costas al Consejo.


title: Asunto F-135/14: Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2014 — ZZ/EMA

text:
               19.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/50

      Recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2014 — ZZ/EMA
      (Asunto F-135/14)
      (2015/C 016/75)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: ZZ (representantes: S. Rodrigues y A. Blot, abogados)

         Demandada: Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

         Objeto y descripción del litigio

      Anulación de la decisión de declarar al demandante en situación de disponibilidad.

         Pretensiones de la parte demandante

      El demandante solicita al Tribunal que:

                  —

                  Anule la decisión de 31 de enero de 2014 de la EMA de declarar al demandante en situación de disponibilidad desde el 1 de febrero de 2014 hasta la alegada expiración de su contrato el 15 de marzo de 2014, así como el escrito fechado el 14 de marzo de 2014 mediante el que, al parecer, se pretende «aclarar» la motivación para declararlo en situación de disponibilidad.

                  —

                  Anule, en la medida necesaria, la decisión de la EMA fechada el 15 de agosto de 2014, por la que se desestima el recurso del demandante, fechado el 24 de abril de 2014, contra las decisiones arriba mencionadas.

                  —

                  Indemnice los perjuicios morales sufridos por el demandante, estimados en 20 000 euros.

                  —

                  Condene a la EMA al pago de todas las costas en que haya incurrido el demandante a raíz del presente recurso.


title: Asunto C-422/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Regeringsrätten, de fecha 23 de octubre de 2001, en el asunto entre, por una parte, Skandia y Ola Ramstedt y, por otra, Riksskatteverket

text:
C 84/36                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        6.4.2002
a)    ¿se oponen las normas del Reglamento (CEE) no 1785/81               nacionales que implican que un seguro suscrito con una
      del Consejo, de 30 de junio de 1981 (1), y/o del Regla-             aseguradora establecida en Inglaterra, Alemania o Dinamarca
      mento (CEE) no 193/82 del Consejo, de 26 de enero                   y que cumple los requisitos establecidos en Suecia para que sea
      de 1982 (2), a que dicha autoridad disponga que tal                 considerado un seguro de pensiones complementario, salvo el
      transferencia o reasignación de cuotas sea onerosa y, por          de que se haya suscrito con una aseguradora establecida en
      tanto, con obligación para la empresa o empresas que               Suecia, sea considerado un seguro de capital con efectos en
      lleguen a ser destinatarias de satisfacer una contrapresta-         materia de impuesto sobre la renta que, dependiendo de las
      ción económica?                                                   circunstancias de cada caso, pueden ser menos favorables que
                                                                          los efectos fiscales de un seguro de pensiones complementario?
b)    Aun en el caso de que la respuesta fuera negativa, ¿se
      oponen aquellas normas, sin embargo, a que el precio de
      la cuota a transferir y el reparto de la misma se decida
      mediante pública subasta?; ¿se oponen las repetidas
      normas a este mecanismo de la pública subasta incluso
      estando previsto que en la operación de reasignación de           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      cuotas que se realice mediante tal procedimiento de                 lución de la Cour de cassation del Gran Ducado de
      subasta se adoptarán las medidas oportunas para evitar             Luxemburgo, de fecha 8 de noviembre de 2001, en el
      cualquier eventual repercusión negativa sobre los agricul-            asunto entre Design Concept SA y Flanders Expo SA
      tores productores nacionales de remolacha azucarera?
                                                                                (Asunto C-438/01)
c)    ¿la interpretación de la normativa comunitaria es la
      misma y las respuestas deben serlo también tras el                                            (2002/C 84/61)
      Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
      junio de 2001 (3), por el que, derogados los Reglamentos
      anteriores, se establece la organización común de merca-
      dos en el sector del azúcar?                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                          sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                          resolución de la Cour de cassation del Gran Ducado de
(1) Por el que se establece la organización común de mercados en el     Luxemburgo, dictada el 8 de noviembre de 2001, en el asunto
    sector del azúcar DO L 177 de 1.7.1981, p. 4, EEE: Capı́tulo 3,      entre Design Concept SA y Flanders Expo SA, y recibida en la
    Tomo 22 p. 80.                                                        Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 13 de noviembre de 2001.
(2) Por el que se adoptan las normas generales relativas a las            La Cour de cassation del Gran Ducado de Luxemburgo solicita
    transferencias de cuotas en el sector del azúcar DO L 21 de          al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
    29.1.1982, p. 3, EEE: Capı́tulo 3, Tomo 24, p. 175.                   cuestión:
(3) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
                                                                          El artı́culo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 77/388/CEE
                                                                          del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en
                                                                          materia de armonización de las legislaciones de los Estados
                                                                          miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
                                                                          negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-              Añadido (1): base imponible uniforme, en lo que respecta a las
lución del Regeringsrätten, de fecha 23 de octubre de                    «prestaciones de publicidad», ¿se aplica a los servicios prestados
2001, en el asunto entre, por una parte, Skandia y Ola                    de modo indirecto al anunciante y facturados a un tercero que
            Ramstedt y, por otra, Riksskatteverket                        los facturará a su vez a aquél, si el anunciante no produce un
                                                                          bien en cuyo precio esté incluido el coste de la prestación?
                        (Asunto C-422/01)
                                                                          (1) DO L 145, p. 1.
                           (2002/C 84/60)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
resolución del Regeringsrätten, dictada el 23 de octubre de              lución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 18 de
2001, en el asunto entre, por una parte, Skandia y Ola                    septiembre de 2001, en el asunto entre Stadt Villingen-
Ramstedt y, por otra, Riksskatteverket, y recibida en la                             Schwenningen y Ophilia Akosua Owusu
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 25 de octubre de 2001. El
Regeringsrätten solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie                                 (Asunto C-444/01)
sobre las siguientes cuestiones:
                                                                                (2002/C 84/62)
¿Deben interpretarse las disposiciones de Derecho comunitario
sobre libre circulación de personas, servicios y capitales, en
especial el artı́culo 49 CE, en relación con el artı́culo 12 CE, en      Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
el sentido de que se oponen a la aplicación de normas fiscales           sometida una petición de decisión prejudicial mediante


title: Asunto C-71/09 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de febrero de 2009 por el Comitato Venezia vuole vivere contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta ampliada) dictada el 28 de noviembre de 2008 en los asuntos acumulados T-254/00, T-270/00 y T-277/00, Hotel Cipriani SpA y otros/Comisión

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/20

         Recurso de casación interpuesto el 17 de febrero de 2009 por el Comitato «Venezia vuole vivere» contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta ampliada) dictada el 28 de noviembre de 2008 en los asuntos acumulados T-254/00, T-270/00 y T-277/00, Hotel Cipriani SpA y otros/Comisión
   (Asunto C-71/09 P)
   2009/C 113/41
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Comitato «Venezia vuole vivere» (representante: A. Vianello, avvocato)

      Otras partes en el procedimiento: Hotel Cipriani SpA, Società Italiana per il gas SpA (Italgas), República Italiana, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se estime el presente recurso.

               —

               Que se anule en consecuencia la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta ampliada) de 28 de noviembre de 2008 en los asuntos acumulados T-254/00, T-270/00 y T-277/00, Comitato «Venezia vuole vivere» contra Comisión de las Comunidades Europeas, notificada el 3 de diciembre de 2008, así como la Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999 (1) y, subsidiariamente, que se anule el artículo 5 de dicha Decisión en la parte en que establece una obligación de recuperación del importe de las reducciones de cargas sociales de que se trata y dispone que a dicho importe se le sumarán los intereses correspondientes.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con las costas en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   El Comitato «Venezia vuole vivere» invoca seis motivos en apoyo de su recurso de casación.
   En su primer motivo, el recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error de Derecho, violando lo dispuesto en el artículo 87 CE, apartado 1, e incumplido la obligación de motivación que establece el artículo 253 CE. En particular, la sentencia recurrida no examina adecuadamente ni motiva las consideraciones relativas al carácter compensatorio de las ayudas contempladas en la Decisión ni las consideraciones relativas a las repercusiones de las mismas en el mercado, y viola el principio de no discriminación y de igualdad de trato en lo que respecta al examen de la situación de las empresas municipales en comparación con las empresas demandantes.
   El segundo motivo se refiere a la violación del artículo 86 CE, apartado 2, y más concretamente a la falta de examen de la aplicabilidad de la excepción relativa a la gestión de servicios de interés económico general en el presente asunto. Dicho examen se llevó a cabo, en cambio, en lo que respecta a las empresas municipales.
   El tercer motivo, que se refiere a la violación del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), critica la posición de la sentencia recurrida sobre la absoluta discrecionalidad de la Comisión en lo que respecta a la aplicabilidad de la excepción relativa a las dificultades regionales e invoca la falta de un examen adecuado de los hechos específicos del asunto.
   En su cuarto motivo, el recurrente invoca la violación del artículo 87 CE, apartado 3, letra d), y más concretamente la aceptación de la excepción relativa a las finalidades «culturales» en lo que respecta al Consorzio Venezia Nuova y la falta de examen de esta excepción en lo que respecta a las demás empresas.
   En su quinto motivo, el recurrente critica la omisión cometida al no valorar la continuidad existente entre las ayudas criticadas (posteriores a junio de 1994) y el régimen anterior (que se remonta a 1973), en contra de lo dispuesto en los artículos 1 y 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE]. (2)

   El sexto motivo se refiere al carácter automático de la orden de devolución de las ayudas, en contra de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento no 659/1999.

      (1)  Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997 y no 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales (DO 2000, L 150, p. 50).

      (2)  DO L 83, p. 1.