title: Asunto C-413/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Immigration Appeal Tribunal (Londres), de 28 de mayo de 1999, en el asunto entre Baumbast y "R", por una parte, y Secretary of State for the Home Department, por otra

text:
C 6/18                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                 8.1.2000
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            C u e s t i o n e s e s p e c ı́ f i c a s d e l a s u n t o B a u m b a s t
lución del Immigration Appeal Tribunal (Londres), de
28 de mayo de 1999, en el asunto entre Baumbast y                       Cuestión no 3
«R», por una parte, y Secretary of State for the Home                   a) A la vista de los hechos en el asunto Baumbast, ¿tiene el
                       Department, por otra                                  Sr. Baumbast, como ciudadano de la Unión Europea, un
                                                                             derecho de residencia en otro Estado miembro, de efecto
                        (Asunto C-413/99)                                    directo, en virtud de lo dispuesto en el artı́culo 18 (antiguo
                                                                             artı́culo 8 A) del Tratado de Roma, una vez que ha dejado
                           (2000/C 6/33)                                     de disfrutar de su derecho de residencia como trabajador,
                                                                             previsto en el artı́culo 39 (antiguo artı́culo 48) del Tratado
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    de Roma, y que ninguna otra disposición del Derecho
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                comunitario le confiere el derecho a residir en el Estado de
resolución del Immigration Appeal Tribunal (Londres), dictada               acogida?
el 28 de mayo de 1999, en el asunto entre Baumbast y «R»,               b) En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior,
por una parte, y Secretary of State for the Home Department,                 ¿tienen por consiguiente su esposa e hijas un derecho de
por otra, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el           residencia derivado, un derecho de trabajo derivado y
28 de octubre de 1999. El Immigration Appeal Tribunal                        todos los demás derechos derivados legalmente previstos?
(Londres) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
las siguientes cuestiones:                                              c) En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿la
                                                                             base jurı́dica de tales derechos la constituyen los artı́culos
                                                                             11 y 12 del Reglamento no 1612/68, o bien otras
Cuestión no 1                                                               disposiciones del Derecho comunitario (y de ser ası́,
                                                                             ¿cuáles?)?
a) Los hijos de un ciudadano de la Unión Europea que son
     también ciudadanos de la Unión Europea y que se han               Cuestión no 4
     instalado y seguido cursos de enseñanza primaria en un            a) En el supuesto de que la respuesta a la cuestión precedente
     Estado miembro del que su progenitor no es nacional («el                sea desfavorable para el ciudadano de la Unión Europea,
     Estado de acogida») mientras este último ejercitaba su                 ¿conservan los miembros de la familia de dicha persona
     derecho a residir allı́ como trabajador, ¿tienen derecho a              los derechos derivados que adquirieron inicialmente al
     residir en el Estado de acogida para seguir en él cursos de             instalarse en el Reino Unido con el trabajador como
     enseñanza general, en virtud de lo dispuesto en el artı́culo           miembros de su familia?
     12 del Reglamento del Consejo no 1612/68? (1)
                                                                        b) En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿qué
b) ¿Qué criterios deben aplicar las autoridades nacionales en                condiciones se aplican?
     el caso de que la respuesta a la cuestión anterior pueda          (1) Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de
     variar si se da alguna de las circunstancias siguientes:               1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de
                                                                            la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).
     i) cuando los padres estén divorciados;
     ii) cuando sólo uno de sus progenitores sea ciudadano de
          la Unión Europea y dicho progenitor haya dejado de
          ser un trabajador en el Estado de acogida;                    Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                        lución de la High Court of Justice (England and Wales),
     iii) cuando los niños no sean también ciudadanos de la            Chancery Division (Patent Court), de fecha 24 de junio de
          Unión Europea?                                               1999, en el asunto entre Zino Davidoff SA y A & G
                                                                                Imports
Cuestión no 2                                                                                (Asunto C-414/99)
En el caso de que los hijos tengan derecho a residir en el Estado                                    (2000/C 6/34)
de acogida para seguir en él cursos de enseñanza general en
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
virtud de lo dispuesto en el artı́culo 12 del Reglamento el
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Consejo no 1612/68, ¿procede interpretar la obligación del
                                                                        resolución de la High Court of Justice (England and Wales),
Estado miembro de «fomentar las iniciativas que les permitan
                                                                        Chancery Division (Patent Court), de 24 de junio de 1999, en
seguir los mencionados cursos en las mejores condiciones» en
                                                                        el asunto entre Zino Davidoff y A & G Imports, y recibida en
el sentido de que al progenitor que es titular principal de la
                                                                        la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 29 de octubre de 1999.
potestad de guarda de los hijos, sea o no ciudadano de la               La High Court of Justice (England and Wales), Chancery
Unión, debe permitı́rsele residir con ellos a fin de facilitar el      Division (Patent Court), solicita al Tribunal de Justicia que se
ejercicio del mencionado derecho, con independencia del                 pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
hecho de que
                                                                        A) En la medida en que la Directiva (1) se refiere a productos
i)   los padres estén divorciados, o                                         comercializados en la Comunidad con el consentimiento
                                                                             del titular de un marca, ¿debe interpretarse en el sentido de
ii) el progenitor que es ciudadano de la Unión Europea deje                 que incluye el consentimiento dado expresa o implı́cita-
     de ser un trabajador en el Estado de acogida?                           mente y directa o indirectamente?


title: Asunto C-122/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías (Grecia) el 2 de abril de 2009 — Enosi Efoplistón Aktoploías, ANEK, Minoïkés Grammés, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries/Ypourgós Emporikís Naftilías (Ministro de la Marina Mercante) e Ypourgós Aigaíou (Ministro del Egeo)

text:
               20.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/30

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías (Grecia) el 2 de abril de 2009 — Enosi Efoplistón Aktoploías, ANEK, Minoïkés Grammés, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries/Ypourgós Emporikís Naftilías (Ministro de la Marina Mercante) e Ypourgós Aigaíou (Ministro del Egeo)
   (Asunto C-122/09)
   2009/C 141/52
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Symvoúlio tis Epikrateías

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Enosi Efoplistón Aktoploías, ANEK, Minoïkés Grammés, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries

      Demandada: Ypourgós Emporikís Naftilías (Ministro de la Marina Mercante) e Ypourgós Aigaíou (Ministro del Egeo)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe el legislador griego, durante el período de excepción provisional de aplicación en Grecia del Reglamento no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364), hasta el 1 de enero de 2004, introducido por el artículo 6, apartado 3 del mismo, evitar la adopción de disposiciones que puedan comprometer gravemente la plena aplicación efectiva de dicho Reglamento en Grecia a partir del 1 de enero de 2004? ¿Están facultados los particulares para invocar el Reglamento en cuestión para impugnar la validez de disposiciones adoptadas por el legislador griego antes del 1 de enero de 2004, en caso de que estas disposiciones nacionales comprometan gravemente la plena aplicación efectiva de este Reglamento en Grecia a partir del 1 de enero de 2004?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe considerarse que la adopción por parte del legislador griego, antes del 1 de enero de 2004, de disposiciones con carácter exhaustivo y estable que no prevén el fin de su vigencia desde el 1 de enero de 2004 y contravienen algunas disposiciones del Reglamento no 2577/92 compromete la plena aplicación en Grecia del Reglamento no 3577/92 a partir del 1 de enero de 2004?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y segunda, ¿debe considerarse que las disposiciones de los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento (CEE) no 3577/92 permiten la adopción de unas normas de Derecho interno con arreglo a las cuales los armadores únicamente pueden prestar servicios de cabotaje marítimo en determinadas líneas de transporte, establecidas anualmente por la autoridad nacional competente, previa autorización administrativa expedida en el marco de un sistema de autorización que tiene las siguientes características: a) se aplica, sin excepción, a todas las líneas de cabotaje que prestan servicio a las islas, y b) las autoridades nacionales competentes tienen la posibilidad de aceptar la solicitud de autorización de puesta en servicio de un buque en una línea modificando unilateralmente los datos de la solicitud relativos a la frecuencia de los itinerarios y a la fecha de interrupción del servicio, así como al flete, de manera discrecional y sin que se hayan determinado previamente los criterios aplicados?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y segunda, ¿debe considerarse que introduce una restricción no permitida a la libre prestación de servicios, en el sentido del artículo 49 CE, una normativa nacional que prevé que el armador al que la Administración concedió una autorización de puesta en servicio del buque en una línea determinada (tras la aceptación al efecto de su solicitud, tal y como fue presentada originalmente, o tras la aceptación de dicha solicitud previa modificación de determinados datos, aceptada por el armador) está obligado, en principio, a prestar servicio ininterrumpidamente en esa línea de cabotaje durante el período anual completo de servicio y que, en garantía del cumplimiento de esta obligación, debe depositar, antes de que comiencen a prestarse los servicios, un documento de garantía, que se hará efectiva, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o de cumplimiento inexacto de la obligación en cuestión?


title: Asunto C-554/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 31 de octubre de 2016 — EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

text:
               13.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 31 de octubre de 2016 — EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
   (Asunto C-554/16)
   (2017/C 046/15)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Verwaltungsgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: EP Agrarhandel GmbH

      Recurrida: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el artículo 2, apartado 4, de la Decisión 2001/672/CE (1) de la Comisión, de 20 de agosto de 2001, por la que se establecen normas específicas aplicables a los desplazamientos de animales de la especie bovina con ocasión del traslado a los pastos de verano de las zonas de montaña (en lo sucesivo, «Decisión de la Comisión»), en su versión resultante de la Decisión 2010/300/UE (2) de la Comisión, de 25 de mayo de 2010, a una disposición nacional como la del artículo 6, apartado 6, del Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (BGBl. II n.o 201/2008) (Reglamento del Ministro Federal de Agricultura, Silvicultura, Medio Ambiente y Aguas sobre la identificación y registro de animales de la especie bovina; en lo sucesivo, «Reglamento de identificación de animales de la especie bovina de 2008»), que declara determinante la recepción de la correspondiente comunicación a efectos del cumplimiento de todos los plazos comprendidos por dicha disposición (incluido el de comunicación de traslado a los pastos de verano)?

               2)

               ¿Qué efectos tiene el artículo 117, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 73/2009 (3) del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003, sobre el derecho a la prima por animales de la especie bovina cuyo traslado a los pastos de verano fue comunicado fuera de plazo a efectos del artículo 2, apartado 4, de la Decisión 2001/672 de la Comisión?

               3)

               En caso de que la comunicación fuera de plazo del traslado a los pastos de verano con arreglo al artículo 117, párrafo segundo, del Reglamento n.o 73/2009 no implique la pérdida del derecho a la prima, ¿pueden imponerse sanciones por el retraso?

      (1)  DO 2001, L 235, p. 23.

      (2)  DO 2010, L 127, p. 19.

      (3)  DO 2009, L 30, p. 16.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 14 de abril de 2005, en el asunto C-519/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo («Acuerdo marco sobre el permiso parental — Sustitución del permiso parental por el permiso de maternidad — Fecha a partir de la cual se concede el derecho individual al permiso parental»)

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/11

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 14 de abril de 2005
   en el asunto C-519/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)

   («Acuerdo marco sobre el permiso parental - Sustitución del permiso parental por el permiso de maternidad - Fecha a partir de la cual se concede el derecho individual al permiso parental»)
   (2005/C 143/13)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-519/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 12 de diciembre de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. D. Martin) contra Gran Ducado de Luxemburgo (agente: Sr. S. Schreiner), el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Borg Barthet (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Tercera, y los Sres. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 14 de abril de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, al establecer que el derecho a un permiso de maternidad o a un permiso de adopción que surge durante el permiso parental sustituya a este último, que finaliza en ese momento, sin posibilidad de que el progenitor aplace la parte del permiso parental que aún no ha podido disfrutar, y al limitar la concesión del derecho al permiso parental a los progenitores de hijos que hayan nacido después del 31 de diciembre de 1998 o para los que se haya iniciado el procedimiento de adopción después de esta fecha.

               2)

               Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      (1)  DO C 35, de 7.2.2004.


title: Asunto T-110/12: Recurso interpuesto el 27 de febrero de 2012 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consejo

text:
               28.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 126/23

         Recurso interpuesto el 27 de febrero de 2012 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consejo
   (Asunto T-110/12)
   2012/C 126/45
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (representantes: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea y J. Iriarte Ángel, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el artículo 1 de la Decisión 2011/783/PESC del Consejo en cuanto a ella atañe y proceda a excluirla de su anexo.

               —

               Anule el artículo 1 del reglamento de ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo en cuanto a ella atañe y proceda a excluirla de su anexo.

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente procedimiento se dirige contra la decisión 2011/783/PESC, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán, así como contra el Reglamento (UE) n o1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010 sobre medidas restrictivas contra Irán, en la medida en que sus disposiciones incluyen a la demandante como destinataria de las medidas en ella contempladas.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación de los actos, ya que las normas recurridas adolecen de una motivación errónea, que carece de fundamento respecto de la demandante.

               2)

               Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la motivación de los actos, puesto que no se ha respetado la exigencia de motivación.

               3)

               Tercer motivo, basado en la violación del derecho de propiedad, en cuanto que se ha limitado el mismo sin justificación real.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la violación del principio de igualdad de trato, al ser tratada la demandante de un modo equivalente a las empresas que realmente participan en la proliferación nuclear iraní, lo que la relega injustamente a una posición competitiva inferior respecto de las demás entidades nacionales y extranjeras que compiten con ella en los distintos mercados.

               5)

               Quinto motivo, basado en la desviación de poder, al existir indicios objetivos, precisos y concordantes que permiten sostener que, al adoptar la medida de congelación de activos, se han pretendido alcanzar fines distintos de los alegados por el Consejo.


title: Asunto T-284/07 P: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de noviembre de 2008 — OAMI/López Teruel ( Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Admisibilidad — Invalidez — Solicitud de convocatoria de una comisión de invalidez — Competencia reglada de la AFPN )

text:
               24.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/28

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de noviembre de 2008 — OAMI/López Teruel
   (Asunto T-284/07 P) (1)

   («Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Admisibilidad - Invalidez - Solicitud de convocatoria de una comisión de invalidez - Competencia reglada de la AFPN»)
   (2009/C 19/53)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (representantes: I. de Medrano Caballero y E. Maurage, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Adelaida López Teruel (Guadalajara, España) (representantes: inicialmente L. Levi y C. Ronzi, posteriormente L. Levi, abogados)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 22 de mayo de 2007, López Teruel/OAMI (F-97/06, aún no publicada en la Recopilación), por el que se solicita la anulación de dicha sentencia.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

      (1)  DO C 211 de 8.9.2007.


title: Asunto T-695/15: Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2015 — BVB/OAMI — (contenedores, cajas de confites)

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/70

         Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 2015 — BVB/OAMI — (contenedores, cajas de confites)
   (Asunto T-695/15)
   (2016/C 038/94)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: polaco

      Partes

      Demandante: BVB sp. z o.o. (Grójec, Polonia) (representante: K. Czubkowski, asesor jurídico)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Ferrero (Alba, Włochy)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular del dibujo o modelo controvertido: Parte demandante

      Dibujo o modelo controvertido: Dibujo o modelo comunitario no 826680-0001

      Resolución impugnada: Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 8 de septiembre de 2015 en el asunto R 1150/2012-3

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 61, apartados 1 y 2, del Reglamento no 6/2002.

               —

               Infracción de los artículos 62 y 63, apartado 1, del Reglamento no 6/2002.

               —

               Infracción del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento no 6/2002.

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-81/10 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2010 por France Télécom SA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictada el 30 de noviembre de 2009 en los asuntos acumulados T-427/04 y T-17/05, República Francesa y France Télécom/Comisión

text:
               5.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 148/12

         Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2010 por France Télécom SA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictada el 30 de noviembre de 2009 en los asuntos acumulados T-427/04 y T-17/05, República Francesa y France Télécom/Comisión
   (Asunto C-81/10 P)
   2010/C 148/19
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: France Télécom SA (representantes: S. Hautbourg, L. Olza Moreno, L. Godfroid y M. van der Woude, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea, República Francesa

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida.

               —

               Que se resuelva definitivamente el fondo del asunto de conformidad con el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia y que se estimen las pretensiones formuladas por France Télécom en primera instancia.

               —

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   La parte recurrente invoca cinco motivos en apoyo de su recurso de casación.
   Mediante su primer motivo, France Télécom invoca la vulneración del concepto de ayuda de Estado por el Tribunal de Primera Instancia, al haber aceptado tal calificación en el caso de autos, siendo así que reconoció, por otro lado, que la existencia (o no) de una eventual ventaja no dependía, en el presente asunto, de las características propias del régimen controvertido, sino de factores externos al propio régimen cuyos efectos tan sólo pudieron comprobarse ex post. Así, considera que el Tribunal de Primera Instancia vulneró la propia naturaleza del sistema de control previo de las ayudas de Estado establecido en los artículos 107 y 108 TFUE, sistema ex ante basado en un análisis objetivo de las características propias de los regímenes sobre la base de una notificación previa de las autoridades nacionales.
   Mediante su segundo motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia vulneró el concepto de ventaja en la medida en que se negó a llevar a cabo un análisis global del conjunto de disposiciones establecidas mediante el régimen tributario particular. Alega que este régimen, establecido por la Ley no 90-568, establecía, en efecto, dos modalidades de tributación específicas, la «contribución a tanto alzado», durante los años 1991 a 1993, que dio lugar a una imposición excesiva de la recurrente respecto del Derecho común, y la de Derecho común, durante el período 1994-2002, que tuvo un efecto tributario favorable para esta última. Al negarse a comparar con el Derecho común los efectos del régimen tributario particular en su conjunto durante los dos períodos en cuestión, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en varios errores de Derecho.
   Mediante su tercer motivo, la recurrente invoca la violación del principio de confianza legítima, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia se negó a considerar que el silencio guardado por la Comisión, en su Decisión de 8 de febrero de 2005 relativa a La Poste, respecto del régimen tributario establecido, pudo generar en la recurrente una confianza en cuanto a la conformidad de las medidas controvertidas con arreglo a las normas en materia de ayudas de Estado. Además, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta determinadas circunstancias excepcionales del presente asunto que justifican, a su juicio, la aplicación del principio de confianza legítima.
   Mediante su cuarto motivo, France Télécom invoca una falta de motivación de la sentencia, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia sustituyó la motivación de la Comisión por la suya propia en respuesta a sus alegaciones basadas en la violación del principio de prescripción del régimen de ayudas. Así, según la recurrente, el plazo de prescripción de diez años establecido por el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 (1) debería haber sido calculado a partir del 2 de julio de 1990, fecha en la que la Ley no 90-568 estableció el régimen tributario controvertido, y no a partir del día en que se concedió efectivamente la ayuda al beneficiario.
   Por último, mediante su quinto y último motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión podía, sin violar el principio de seguridad jurídica, cuantificar la ayuda en base a una «horquilla» y ordenar su recuperación, siendo así que era imposible determinar la ventaja real de que pudo beneficiarse. Asimismo, considera que el Tribunal de Primera Instancia no respondió a todas sus alegaciones basadas en la violación del principio de seguridad jurídica.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).


title: Asunto C-54/04: Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2004 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República de Austria

text:
C 71/18                ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                        20.3.2004
—    Condene en costas a la República Portuguesa.                       Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2004 por la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
                                                                                blica Francesa
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (Asunto C-55/04)
No resulta conforme con la mencionada Directiva lo dispuesto
en el artículo 508 del Código Civil portugués, que prevé,                                         (2004/C 71/32)
esencialmente en lo que atañe a la responsabilidad objetiva,
importes máximos de indemnización inferiores a los importes
mínimos de garantía que la Segunda Directiva del seguro de
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
automóviles establece en materia de seguro obligatorio.
                                                                        presentado, el 10 de febrero de 2004, un recurso contra
                                                                        la República Francesa formulado por la Comisión de las
(1) DO L 8 de 11.1.1984, p. 17; EE 13/15. p. 244.                       Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. Borde, en
                                                                        calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
                                                                        La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que:
Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2004 por la                     1)   Declare que la República Francesa ha incumplido las
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-                         obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
                         blica de Austria                                    2002/11/CE del Consejo, de 14 de febrero de 2002,
                                                                             referente a la comercialización de los materiales de
                        (Asunto C-54/04)                                     multiplicación vegetativa de la vid y por la que se deroga
                                                                             la Directiva 74/649/CEE (1) al no haber adoptado las
                                                                             disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
                          (2004/C 71/31)                                     necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha
                                                                             Directiva, o, en todo caso, al no haber notificado tales
                                                                             disposiciones a la Comisión.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 10 de febrero de 2004 un recurso contra la                2)   Condene en costas a la República Francesa.
República de Austria, formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Ulrich
Wölker y Gregorio Valero Jordana, que designa domicilio en
Luxemburgo.                                                             Motivos y principales alegaciones
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal            El plazo para adaptar el Derecho interno a esta Directiva
de Justicia que:                                                        expiró el 23 de febrero de 2002.
1)   Declare que la República de Austria ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             (1) DO L 53, de 23.2.2002, p. 20.
     2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de
     octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la
     atmósfera de determinados agentes contaminantes proce-
     dentes de grandes instalaciones de combustión (1), al
     no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
     administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en
     dicha Directiva o, al menos, a no comunicarlas a la                Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2004 contra la
     Comisión.                                                          República Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
2)   Condene en costas a la República de Austria
                                                                                (Asunto C-59/04)
Motivos y principales alegaciones                                                                 (2004/C 71/33)
El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva
expiró el 27 de noviembre de 2002.
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 11 de febrero de 2004 un recurso contra
(1) DO L 309, p. 1.                                                     la República Francesa formulado por la Comisión de las
                                                                        Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks, en
                                                                        calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Asunto T-485/09: Auto del Tribunal General de 11 de noviembre de 2013 — Francia/Comisión

text:
               18.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 15/20

         Auto del Tribunal General de 11 de noviembre de 2013 — Francia/Comisión
   (Asunto T-485/09) (1)

   2014/C 15/31
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 37, de 13.2.2010.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 21 de abril de 2005, en los asuntos acumulados C-207/03 y C-252/03 [Peticiones de decisión prejudicial planteadas por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) y por la Cour administrative]: Novartis AG y otros contra Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom y Ministre de l'Économie contra Millennium Pharmaceuticals Inc. («Derecho de patentes — Medicamentos — Certificado complementario de protección para los medicamentos»)

text:
               11.6.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/9

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 21 de abril de 2005
   en los asuntos acumulados C-207/03 y C-252/03 [Peticiones de decisión prejudicial planteadas por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) y por la Cour administrative]: Novartis AG y otros contra Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom y Ministre de l'Économie contra Millennium Pharmaceuticals Inc. (1)

   («Derecho de patentes - Medicamentos - Certificado complementario de protección para los medicamentos»)
   (2005/C 143/09)
   Lenguas de procedimiento: inglés y francés
   En los asuntos acumulados C-207/03 y C-252/03, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Reino Unido) (asunto C-207/03), y por la Cour administrative (Luxemburgo) (asunto C-252/03), mediante resoluciones de 6 de mayo y 3 de junio de 2003, recibidas en el Tribunal de Justicia el 14 de mayo y el 13 de junio de 2003, en los procedimientos entre Novartis AG, University College London e Institute of Microbiology and Epidemiology, por una parte, y Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom, por otra (asunto C-207/03), y entre Ministre de l'Économie y Millennium Pharmaceuticals Inc., antes Cor Therapeutics Inc. (asunto C-252/03), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puissochet, R. Schintgen y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretaria: Sra. M. Múgica Arzamendi, administradora principal, ha dictado el 21 de abril de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   En el caso de que una autorización de comercialización de un medicamento concedida por las autoridades suizas y automáticamente reconocida por el Principado de Liechtenstein en virtud de la legislación de este Estado sea la primera autorización de comercialización de dicho medicamento en uno de los Estados del Espacio Económico Europeo, ésta constituye la primera autorización de comercialización en el sentido del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, tal y como debe interpretarse a efectos de aplicación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

      (1)  DO C 158, de 5.7.2003, DO C 200, de 23.8.2003.


title: Asunto C-343/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), el 26 de agosto de 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/44

         Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), el 26 de agosto de 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport
   (Asunto C-343/09)
   2009/C 267/76
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Afton Chemical Limited

      Demandada: Secretary of State for Transport

      Cuestiones prejudiciales

   Con respecto a las disposiciones sobre aditivos metálicos contenidas en la Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del combustible utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE (en lo sucesivo, «Directiva»): (1)

               1)

               Por lo que se refiere a la parte del artículo 1, apartado 8, que inserta un nuevo artículo 8 bis, apartado 2, en la Directiva 98/70, (2) limitando el uso del tricarbonilo metilciclopentadienilo de manganeso en los combustibles a 6 mg de manganeso por litro a partir del 1 de enero de 2011 y a 2 mg a partir del 1 de enero de 2014, ¿es la imposición de dichos límites:

                           1)

                           contraria a Derecho por estar basada en un error manifiesto de apreciación;

                           2)

                           contraria a Derecho por no respetar las exigencias del principio de cautela;

                           3)

                           contraria a Derecho por adolecer de falta de proporcionalidad;

                           4)

                           contraria a Derecho por vulnerar el principio de igualdad de trato;

                           5)

                           contraria a Derecho por vulnerar el principio de seguridad jurídica?

               2)

               Por lo que se refiere a la parte del artículo 1, apartado 8, que inserta un nuevo artículo 8 bis, apartados 4, 5 y 6, en la Directiva 98/70, exigiendo el etiquetado de todos los combustibles que contengan aditivos metálicos con la frase «Contiene aditivos metálicos», ¿es la imposición de dicho requisito de etiquetado:

                           1)

                           contraria a Derecho por estar basada en un error manifiesto de apreciación;

                           2)

                           contraria a Derecho por adolecer de falta de proporcionalidad?

      (1)  Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 (DO L 140, p. 88).

      (2)  Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (DO L 350, p. 58).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 15 de septiembre de 2005, en el asunto C-199/03: Irlanda contra Comisión de las Comunidades Europeas («Recurso de anulación — Fondo Social Europeo — Reducción de una ayuda financiera comunitaria — Error manifiesto de apreciación — Proporcionalidad — Seguridad jurídica — Confianza legítima»)

text:
               29.10.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 271/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 15 de septiembre de 2005
   en el asunto C-199/03: Irlanda contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Recurso de anulación - Fondo Social Europeo - Reducción de una ayuda financiera comunitaria - Error manifiesto de apreciación - Proporcionalidad - Seguridad jurídica - Confianza legítima»)
   (2005/C 271/05)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-199/03, que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto, con arreglo al artículo 230 CE, el 13 de mayo 2003, Irlanda (agente: Sr. D. O'Hagan, asistido por los Sres. P. Gallagher, SC, y P. McGarry, BL) contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. L. Flynn), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente) y los Sres. R. Schintgen, G. Arestis y J. Klučka, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 15 de septiembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Irlanda.

      (1)  DO C 200, de 23.8.2003.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 2 de junio de 2005, en el asunto C-454/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo («Incumplimiento de Estado — Directiva 2001/55/CE — Protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido»)

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/18

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 2 de junio de 2005
   en el asunto C-454/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/55/CE - Protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido»)
   (2005/C 182/33)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-454/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 28 de octubre de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sras. C. O'Reilly y A.-M. Rouchaud-Joët) contra Gran Ducado de Luxemburgo (agente: Sr. S. Schreiner), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. A. Borg Barthet (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. A. La Pergola y A. Ó Caoimh, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 2 de junio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

      (1)  DO C 314, de 18.12.2004.


title: Asunto C-579/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 6 de noviembre de 2015 — Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski

text:
               25.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 27/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 6 de noviembre de 2015 — Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski
   (Asunto C-579/15)
   (2016/C 027/18)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank Amsterdam

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Openbaar Ministerie

      Demandada: Daniel Adam Popławski

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Puede transponer un Estado miembro el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI (1) en su Derecho nacional de modo que:

                           —

                           su autoridad judicial de ejecución está obligada sin más a denegar la entrega, a efectos de ejecución de una pena, de un nacional o de un residente del Estado miembro de ejecución,

                           —

                           dicha denegación entraña de pleno derecho la disponibilidad a hacerse cargo de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al nacional o residente,

                           —

                           pero la decisión de hacerse cargo de la ejecución sólo se adopta una vez que se ha denegado la entrega a efectos de ejecución, y la adopción de una decisión positiva depende de (1) la existencia de una base jurídica en un convenio vigente entre el Estado miembro emisor y el Estado miembro de ejecución, (2) los requisitos que establezca dicho convenio y (3) la cooperación del Estado miembro emisor, por ejemplo, mediante la formulación de una solicitud a tal fin,

                     de suerte que existe el riesgo de que, tras la denegación de la entrega a efectos de ejecución, el Estado miembro de ejecución no pueda hacerse cargo de ésta, mientras que dicho riesgo no afecta a la obligación de denegar la entrega a efectos de ejecución?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión,

                           a)

                           ¿puede aplicar directamente el juez nacional las disposiciones de la Decisión Marco 2002/584/JAI aun cuando, en virtud del artículo 9 del Protocolo (no 36) sobre las disposiciones transitorias, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se mantienen los efectos jurídicos de dicha Decisión Marco en tanto no haya sido derogada, anulada o modificada?

                           b)

                           en caso de respuesta afirmativa, ¿es el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI lo suficientemente preciso e incondicional como para ser aplicado por el juez nacional?

               3)

               En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda, letra b): un Estado miembro cuyo Derecho nacional exige, para hacerse cargo de la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta en el extranjero, una base en un convenio celebrado a tal fin, ¿puede transponer el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI a su Derecho nacional de modo que sea el propio artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI la base convencional requerida, al objeto de evitar el riesgo de impunidad asociado al requisito nacional de una base convencional (véase la primera cuestión)?

               4)

               En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda, letra b): ¿puede transponer un Estado miembro el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI a su Derecho nacional de modo que, para la denegación de la entrega a efectos de ejecución de una pena de un residente del Estado miembro de ejecución que sea nacional de otro Estado miembro, establece la condición de que el Estado miembro de ejecución sea competente respecto de los hechos mencionados en la orden de detención europea (ODE) y que no existan obstáculos afectivos para una (eventual) acción penal en el Estado miembro de ejecución del residente por tales hechos (tales como la negativa del Estado miembro emisor a entregar el sumario al Estado miembro de ejecución), mientras que no establece tal requisito para la denegación de la entrega a efectos de ejecución de una pena de un nacional del Estado miembro de ejecución?

      (1)  Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros — Declaraciones realizadas por algunos Estados miembros con ocasión de la adopción de la Decisión marco (DO L 190, p. 1).


title: Asunto F-70/10: Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2010 — Hidalgo/Parlamento Europeo

text:
               23.10.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/75

      Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2010 — Hidalgo/Parlamento Europeo
      (Asunto F-70/10)
      ()
      (2010/C 288/143)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: José Manuel Hidalgo (Bruselas) (representantes: A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

         Demandada: Parlamento Europeo

         Objeto y descripción del litigio

      Anulación de la nómina por la que se regulariza la retribución del demandante correspondiente al período comprendido entre julio y diciembre de 2009 y de las nóminas emitidas desde el 1 de enero de 2010 en el marco de la adaptación anual de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes basada en el Reglamento del Consejo (UE, Euratom) no 1296/2009, de 23 de diciembre de 2009, así como una pretensión de indemnización.

         Pretensiones de la parte demandante

                  —

                  Que se declare la inaplicabilidad del Reglamento (UE, Euratom) no 1296/2009 del Consejo, de 23 de diciembre de 2009.

                  —

                  Que se anule la decisión del Secretario General del Parlamento Europeo de 4 de junio de 2010 que desestima la reclamación presentada por el demandante contra la nómina por la que se regulariza su retribución correspondiente al período comprendido entre julio y diciembre de 2009 y contra las nóminas emitidas desde el 1 de enero de 2010 en aplicación del Reglamento (UE, Euratom) no 1296/2009 del Consejo, de 23 de diciembre de 2009.

                  —

                  Que se anulen, en la medida en que sea necesario, las decisiones del Parlamento Europeo por las que se emiten la nómina en que se regulariza su retribución correspondiente al período comprendido entre julio y diciembre de 2009 y sus nóminas desde el 1 de enero de 2010 en aplicación del Reglamento (UE, Euratom) no 1296/2009 del Consejo, de 23 de diciembre de 2009.

                  —

                  Que se condene al Parlamento a pagar al demandante los haberes atrasados a que tiene derecho, más los intereses de demora calculados, a partir de la fecha de exigibilidad de dichos haberes, al tipo fijado por el BCE para las operaciones principales de financiación, incrementado en dos puntos.

                  —

                  Que se condene al Parlamento a pagar al demandante un euro simbólico como indemnización por las actuaciones ilícitas cometidas, y en costas.


title: Asunto T-107/11 P: Sentencia del Tribunal General de 4 de diciembre de 2013 — ETF/Schuerings ( «Recurso de casación — Función pública — Agentes temporales — Contrato por tiempo indefinido — Decisión de rescisión — Competencia del Tribunal de la Función Pública — Artículos 2 y 47 del ROA — Deber de asistencia y protección — Concepto de interés del servicio — Prohibición de resolver ultra petita — Derecho de defensa» )

text:
               25.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/18

         Sentencia del Tribunal General de 4 de diciembre de 2013 — ETF/Schuerings
   (Asunto T-107/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Agentes temporales - Contrato por tiempo indefinido - Decisión de rescisión - Competencia del Tribunal de la Función Pública - Artículos 2 y 47 del ROA - Deber de asistencia y protección - Concepto de interés del servicio - Prohibición de resolver ultra petita - Derecho de defensa)
   2014/C 24/31
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Fundación Europea de Formación (ETF) (representante: L. Levi, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Gisela Schuerings (representante: N. Lhoëst, abogado)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la parte recurrente: Comisión Europea (representantes: J. Currall y D. Martin, agentes); Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (representantes: inicialmente V. Salvatore, posteriormente T. Jabłoński, agentes); Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) (representante: O. Cornu, agente); Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) (representante: P. Goudou, agente); Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) (representante: E. Maurage, agente); Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT) (representantes: J. Rikkert y M. Garnier, agentes); Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades (ECDC) (representante: M. Sprenger, agente); Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (representante: M. Heikkilä, agente); y Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (representante: D. Detken, agente)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda), de 9 de diciembre de 2010, Schuerings/ETF (F-87/08), que tenía por objeto la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 9 de diciembre de 2010, Schuerings/ETF (F-87/08), en la medida en que anuló la resolución de la Fundación Europea de Formación (ETF) de 23 de octubre de 2007 relativa a la rescisión del contrato de agente temporal por tiempo indefinido de la Sra. Gisela Schuerings y desestimó, en consecuencia, su pretensión de indemnización del perjuicio material sufrido por ser prematura.

               2)

               Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

               3)

               Devolver el asunto al Tribunal de la Función Pública.

               4)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 139, de 7.5.2011.


title: Asunto T-24/14: Recurso interpuesto el 7 de enero de 2014 — NCG Banco/Comisión

text:
               1.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 61/19

         Recurso interpuesto el 7 de enero de 2014 — NCG Banco/Comisión
   (Asunto T-24/14)
   2014/C 61/35
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: NCG Banco, SA (La Coruña, España) (representantes: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               anule la Decisión impugnada en la medida en que califica al conjunto de medidas que según ella constituyen el denominado sistema español de arrendamiento financiero como una ayuda de Estado nueva e incompatible con el mercado interior;

               —

               subsidiariamente, anule los artículos 1 y 4 de la Decisión impugnada, que identifican a los inversores de las AIEs como beneficiarios de las supuestas ayudas y como únicos beneficiarios de la orden de recuperación;

               —

               subsidiariamente, anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que ordena la recuperación de las supuestas ayudas;

               —

               anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que se pronuncia sobre la legalidad de los contratos privados entre los inversores y otras entidades, y

               —

               condene a la Comisión a las costas de este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Los motivos y principales argumentos son los ya invocados en el asunto T-700/13, Bankia/Comisión.


title: Asunto T-435/13: Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2013 — Triarii/Comisión

text:
               19.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 304/21

         Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2013 — Triarii/Comisión
   (Asunto T-435/13)
   2013/C 304/37
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Triarii BV (La Haya, Países Bajos) (representante: G. Verhellen, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea (asunto ENER B 1/IMMR(2013) ENER.B.1.2638778) de fecha 20 de junio de 2013 incluyendo la oferta de la demandante en la licitación.

               —

               En caso de que la resolución del Tribunal General, como se solicita, se adopte con posterioridad a la adjudicación a un licitador de la licitación:

                           —

                           Anule la actual licitación no ENER/B1/2013-371, dándole a la demandante la posibilidad de presentar una oferta de nuevo.

                           —

                           Anule la decisión que debe adoptar la Comisión Europea adjudicando la licitación no ENER/B1/2013-371 a un licitador; y/o

                           —

                           Indemnice por los daños y perjuicios de la oportunidad perdida derivada de la exclusión de la demandante de la licitación no ENER/B1/2013-371.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que el Tribunal General es competente para juzgar el presente asunto, de conformidad con el artículo 263 TFUE.

               2)

               Segundo motivo, basado en que, con su conducta, la Comisión creó la expectativa legítima de que la oferta se presentó en el debido momento.


title: Asunto C-446/14 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de febrero de 2016 — República Federal de Alemania/Comisión Europea (Recurso de casación — Ayudas de Estado — Servicios de destrucción de canales de animales y de desechos de matadero — Mantenimiento de reserva de capacidades productivas para la eventualidad de epizootia — Decisión por la que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado interior — Servicio de interés económico general — Error manifiesto de apreciación — Compensación por obligación de servicio público — Obligación de motivación)

text:
               25.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de febrero de 2016 — República Federal de Alemania/Comisión Europea
   (Asunto C-446/14 P) (1)

   ((Recurso de casación - Ayudas de Estado - Servicios de destrucción de canales de animales y de desechos de matadero - Mantenimiento de reserva de capacidades productivas para la eventualidad de epizootia - Decisión por la que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado interior - Servicio de interés económico general - Error manifiesto de apreciación - Compensación por obligación de servicio público - Obligación de motivación))
   (2016/C 145/10)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y J. Möller, agentes, T. Lübbig y M. Klasse, Rechtsanwälte)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: T. Maxian Rusche y C. Egerer, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 409 de 17.11.2014.


title: Asunto T-257/10: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 — Italia/Comisión ( «Ayudas de Estado — Implantación de una empresa en determinados Estados terceros — Préstamos bonificados — Decisión por la que se declaran las ayudas en parte incompatibles con el mercado común y por la que se ordena su recuperación — Decisión adoptada a raíz de la anulación por el Tribunal General de la decisión inicial relativa al mismo procedimiento — Fuerza de cosa juzgada — Obligación de motivación» )

text:
               17.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/24

         Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 — Italia/Comisión
   (Asunto T-257/10) (1)

   (Ayudas de Estado - Implantación de una empresa en determinados Estados terceros - Préstamos bonificados - Decisión por la que se declaran las ayudas en parte incompatibles con el mercado común y por la que se ordena su recuperación - Decisión adoptada a raíz de la anulación por el Tribunal General de la decisión inicial relativa al mismo procedimiento - Fuerza de cosa juzgada - Obligación de motivación)
   2012/C 355/52
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: P. Gentili y M. Fiorilli, avvocati dello Stato)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci y D. Grespan, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la Decisión 2011/134/UE de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, relativa a la ayuda estatal C 4/03 (ex NN 102/02) ejecutada por Italia en favor de WAM SpA (DO 2011, L 57, p. 29).

      Fallo

               1)

               Desestimar del recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 221, de 14.8.2010.


title: Archivo del asunto C-331/02

text:
26.4.2003             ES                       Diario Oficial de la Unión Europea                                       C 101/31
               Archivo del asunto C-331/02 (1)                       archivar el asunto C-339/02: Comisión de las Comunidades
                                                                     Europeas contra República Portuguesa.
                        (2003/C 101/53)
                                                                     (1 ) DO C 305 de 7.12.2002.
Mediante auto de 31 de enero de 2003, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-331/02: Comisión de las Comunidades
Europeas contra Reino Unido.
( 1) DO C 274 de 9.11.2002.                                                         Archivo del asunto C-344/02 (1)
                                                                                (2003/C 101/55)
               Archivo del asunto C-339/02 (1)                       Mediante auto de 6 de febrero de 2003, el Presidente del
                                                                     Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                        (2003/C 101/54)                              archivar el asunto C-344/02: Comisión de las Comunidades
                                                                     Europeas contra República Francesa.
Mediante auto de 13 de febrero de 2003, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido         (1 ) DO C 261 de 26.10.2002.


title: Asunto T-831/16: Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2016 — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld (ZOOM)

text:
               23.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/57

         Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2016 — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld (ZOOM)
   (Asunto T-831/16)
   (2017/C 022/76)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokio, Japón) (representante: M. de Arpe Tejero, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pensilvania, Estados Unidos)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «ZOOM» — Solicitud de registro n.o 11766111

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de septiembre de 2016 en el asunto R 1235/2015-5

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Desestime íntegramente la marca de la Unión n.o 11766111 «ZOOM» para la clase 9.

               —

               Condene en costas a la EUIPO y a la parte coadyuvante.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-85/07: Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/21

         Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-85/07)
   (2007/C 95/38)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: S. Pardo Quintillán y D. Recchia, agentes)

      Demandada: República Italiana
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones derivadas de los artículos 5, apartado 1, y 15, apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (1),

                           —

                           al no haber presentado el resumen de los análisis exigidos en el artículo 5, conforme a lo previsto en el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, y

                           —

                           al no haber efectuado los análisis y estudios previstos en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva,

                     en lo que respecta a la demarcación hidrográfica piloto del Serchio y a parte de las demarcaciones hidrográficas de los Alpes orientales y de los Apeninos septentrionales, centrales y meridionales.

               —

               Que se condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   La adaptación del Derecho italiano a la Directiva 2000/60/CE se produjo a través del Decreto Legislativo no 152, de 3 de abril de 2006. Dicha norma establece, en su artículo 64, ocho demarcaciones hidrográficas: la demarcación hidrográfica de los Alpes orientales, la demarcación hidrográfica del Po, la demarcación hidrográfica de los Apeninos septentrionales, la demarcación hidrográfica piloto del Serchio, la demarcación hidrográfica de los Apeninos centrales, la demarcación hidrográfica de los Apeninos meridionales, la demarcación hidrográfica de Cerdeña y la demarcación hidrográfica de Sicilia.
   La Directiva entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. Por consiguiente, en lo que respecta a estas ocho demarcaciones hidrográficas, los análisis y estudios previstos en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, habrían debido estar terminados antes del 23 de diciembre de 2004.
   Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de la Directiva, el resumen de los estudios exigidos para cada demarcación hidrográfica con arreglo al mencionado artículo 5 habría debido ser presentado a la Comisión antes del 23 de marzo de 2005.
   En cambio, el análisis de la documentación remitida por las autoridades italianas muestra que, en lo que respecta a cinco de las ocho demarcaciones hidrográficas, dicha información no existe o es incompleta.
   La República Italiana no ha presentado un resumen de los análisis y estudios previstos en el artículo 5 en lo que respecta a la demarcación hidrográfica piloto del Serchio y a parte de las demarcaciones hidrográficas de los Alpes orientales y de los Apeninos septentrionales, centrales y meridionales, incumpliendo así las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE.
   Por último, ante la falta de informaciones que prueben lo contrario, la Comisión considera que la República Italiana ha incumplido igualmente su obligación de efectuar, dentro del plazo fijado, los análisis y estudios contemplados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE, de conformidad con las especificaciones técnicas fijadas en los anexos II y III de dicha Directiva, en lo que respecta a las demarcaciones hidrográficas mencionadas en el párrafo anterior.

      (1)  DO L 327, p. 1.


title: Recurso interpuesto el 17 de abril de 1996 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Oleifici Italiani SpA y F. lli Rubino Industrie Olearie SpA (Asunto T-54/96)

text:
22 . 6 . 96            ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N0 C 180/35
trata de determinar la posible dimensión comunitaria de la            el comercio entre los Estados miembros, la salud pública y la
operación, sino que pretende únicamente definir cuándo                protección de los consumidores, medidas apropiadas de
una operación debe ser calificada de concentración. Con               protección de la salud pública con ocasión de la aparición de
ello, la Comisión infringe el apartado 4 del artículo 5 , que es      la encefalopatía espongiforme bovina, conocida como
el único aplicable al caso .                                          « enfermedad de las vacas locas ». Los demandantes afirman,
                                                                      en efecto, que deben considerarse insuficientes las acciones
Subsidiariamente, aun aceptando hipotéticamente que
                                                                      desarrolladas por la Comisión a partir de 1988 para evitar la
Sogecable estuviera « controlada conjuntamente » por Prisa
                                                                      propagación de la encefalopatía espongiforme bovina y, en
y Canal Plus Francia, como sostiene la Comisión, la
                                                                      su caso, de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, en vista de
demandante a firma, en primer lugar, que Prisa y Canal Plus           las medidas de embargo decididas súbitamente el 26 de
Francia no dispondrían conjuntamente de ninguno de los
                                                                      marzo de 1996 por la misma Comisión, siendo así que esta
poderes y derechos enunciados en la letra b ) del apartado 4
                                                                      Institución disponía, antes y después dicha fecha , de idéntica
del artículo 5 y, en segundo término, que, aunque dispusie           información sobre un riesgo potencial . Los demandantes
ran conjuntamente de los poderes y derechos enunciados en
                                                                      mantienen que la Comisión incurrió en responsabilidad, en
la letra b ) del apartado 4 del artículo 5 , su cifra de negocios     la medida en que vulneró el principio de proporcionalidad y
no debería sumarse a la cifra de negocios de Sogecable, en
                                                                      efectuó una apreciación errónea de los hechos, provocando
aplicación de la letra c ) del apartado 4 del artículo 5 .            un riesgo para la salud pública y los consumidores, así como
                                                                      repercusiones evidentes en el comercio de ganado bovino
                                                                      dentro de la Unión Europea .
Recurso interpuesto el 16 de abril de 1996 contra la                  Aun cuando el primer caso registrado de vacas locas data de
Comision de las Comunidades Europeas por el Syndicat des              1986 , en una granja de Kent en Gran Bretaña, y a pesar de
producteurs de viande bovine de la Coordination rurale, el            numerosas comunicaciones científicas y periodísticas, con
Syndicat des producteurs de lait de la Coordination rurale y          fidenciales o públicas, sobre el riesgo de propagación de la
                       Philippe de Villiers                           encefalopatía espongiforme bovina y el peligro de contami
                       ( Asunto T-53 /96 )                            nación de los seres humanos, la Comisión, con el pretexto de
                          ( 96/C 180/86 )                             la falta de certeza científica, no adoptó la única medida que
                                                                      resultaba adecuada ante un riesgo para la salud pública, a
              (Lengua de procedimiento: francés)                      saber, la prohibición total de las exportaciones y el sacrificio
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                      eventual del ganado .
Europeas se ha presentado el 16 de abril de 1996 un recurso           Los demandantes estiman que la Comisión incumplió su
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu                 obligación de control y vigilancia de los intercambios
lado por el Syndicat des producteurs de viande bovine de la           intracomunitarios . Como consecuencia de tal incumpli
Coordination rurale y el Syndicat des producteurs de lait de          miento, los demandantes sufrieron, al igual que cualquier
la Coordination rurale, con domicilio en L'Isle Jourdain              ciudadano europeo, un perjuicio moral cuya reparación
( Francia ), y por Philippe de Villiers, con domicilio en Les         reclaman; algunos de los demandantes alegan también la
Aubretières ( Francia ), representados por el Sr. Alexandre           existencia de daños materiales, cuya cuantía deberá deter
Varaut, Abogado de París .                                            minarse a lo largo del procedimiento .
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
que :
— Declare a la Comisión Europea responsable en virtud del             Recurso interpuesto el 17 de abril de 1996 contra la
     artículo 178 y del párrafo segundo del artículo 215 , del        Comisión de las Comunidades Europeas por Oleifici Italiani
    Tratado de la Unión Europea, como consecuencia de                           SpA y F. lli Rubino Industrie Olearie SpA
     haberse abstenido la Comisión de adoptar medidas para
     la protección de la salud pública con motivo de la                                       ( Asunto T-54/96 )
     aparición de la encefalopatía espongiforme bovina ,                                         ( 96/C 180/87 )
    conocida como enfermedad de las vacas locas .
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
— Condene a la Unión Europea a pagar al Syndicat des
     producteurs de viande bovine de la Coordination rurale,          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
     al Syndicat des producteurs de lait de la Coordination           Europeas se ha presentado el 17 de abril de 1996 un recurso
     rurale y a Philippe de Villiers la cantidad de 1 franco          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
     francés, en concepto de indemnización simbólica para             lado por Oleifici Italiani SpA con domicilio social en Ostuni
     reparar el daño moral sufrido .                                  ( BR, Italia ), y F. lli Rubino Industrie Olearie SpA, con
— Designe al perito que tenga por conveniente, a efectos de           domicilio social en Bari ( Italia ), representadas por los Sres .
     determinar el perjuicio sufrido por los miembros del             Antonio Tizzano y Gian Michele Roberti, Abogados de
     Syndicat des producteurs de viande bovine de la Coor            Nápoles, que designan como domicilio en Bruselas el bufete
     dination rurale y del Syndicat des produceurs de lait de la      Tizzano, Place du Grand Sablón 36 .
     Coordination rural .
                                                                      Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
Motivos y principales alegaciones                                     Instancia que :
Los demandantes reprochan a la Comisión el haberse                    — Anule la decisión de la Comisión contenida en el escrito
abstenido de adoptar, en el marco de su misión de velar por               del Director General de la Dirección General Agricultura
 ---pagebreak---  N° C 180/36          T ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    22 . 6 . 96
      (DG VI ) — Dirección G, Fondo Europeo de Orientación           consecuencia de un proceso químico totalmente natural
      y de Garantía Agrícola ( FEOGA) — Sr. G. Legras, de 7          debido al envejecimiento del aceite. Las conclusiones del
      de febrero de 1996 (VI/000513 ), por la que se disponía el     laboratorio español fueron totalmente confirmadas por los
      bloqueo de cualquier pago adeudado por el almacena            resultados del examen pericial dispuesto por la autoridad
      miento de aceite de oliva en las campañas 1991/92 y            judicial italiana .
      1992/93 .
                                                                    Tras los resultados de estos últimos análisis, la Comisión
— Ordene la indemnización de los daños sufridos por la               reconoció la admisibilidad a la intervención del referido
      demandante a consecuencia del comportamiento de la             aceite (escrito del Director de la DG VI de 2 de octubre de
      Comisión, considerado ilegal .                                 1995 a la AIMA, escrito del Director General de la DG VI de
                                                                    23 de noviembre de 1 995 a la AIMA y escrito del Director de
                                                                     la DG VI de 6 de febrero de 1996 ). A pesar de la inequívoca
— Condene en costas a la Comisión .                                  definición de postura de la Comisión, el Director General de
                                                                     la DG VI, mediante escrito de 7 de febrero de 1996, pidió al
                                                                    Estado miembro que mandara efectuar un análisis de
 Motivos y principales alegaciones                                   revisión, en un laboratorio independiente, sobre muestras
                                                                     que obraban en poder del FEOGA, de informar sobre el
                                                                    mismo a las partes interesadas y de bloquear mientras tanto
 Las demandantes están inscritas desde hace algunos años en         cualquier fianza y/o pago referente a los aceites de que se
el Registro de almacenistas de la AIMA [Azienda per gli             trata. Ante tal actitud, las demandantes interpusieron el
 Interventi nel Mercato Agricolo ( organismo de intervención        presente recurso .
 italiano )]. En tal calidad, se ocupan de la realización de las
operaciones ejecutivas de intervención en el mercado del
aceite de oliva de conformidad con la normativa comunita           Las demandantes alegan que el escrito de 7 de febrero de
ria . Para las campañas 1991/92 y 1992/93 las demandantes            1996 , en la medida en que impone el bloqueo de los pagos y
almacenaron 16 653,566 toneladas de aceite de oliva                 de las fianzas referentes a los mencionados aceites, consti
virgen. En el momento de la entrega, la AIMA llevó a cabo           tuye una revocación con carácter retroactivo de un acto legal
los controles y los análisis previstos por la normativa             que confiere derechos o ventajas a los particulares, revoca
comunitaria . Tras comprobar la total conformidad del               ción que, de conformidad con una jurisprudencia reiterada,
aceite entregado, la propia AIMA procedió debidamente al            debe considerarse contraria a los principios generales de
pago de la correspondiente retribución a los propietarios de        Derecho reconocidos por el ordenamiento jurídico comuni
dicho aceite .                                                      tario y, en particular, al principio fundamental de la
                                                                    protección de los derechos adquiridos . Aun prescindiendo
                                                                    de esta vulneración, debe señalarse, de todos modos, que los
En noviembre de 1993 , el servicio FEOGA de la DG VI de la          mencionados escritos de la Comisión de 2 de octubre y de 23
Comisión dispuso que se efectuara una investigación de              de noviembre de 1 995 constituyen actos que pueden generar
carácter general sobre los aceites entregados a la interven        por lo menos una confianza legítima por parte de las
ción en Italia . En el marco de esa comprobación se llevó a         demandantes en cuanto a la conformidad del aceite alma
cabo un muestreo contradictorio del aceite, y las muestras          cenado por ellas y a la ejecución de los pagos correspon
fueron enviadas a un laboratorio de análisis español. El            dientes; por tanto, el ulterior, imprevisto e injustificado
análisis permitió determinar que el aceite examinado                cambio de actitud de la Comisión resulta claramente
presentaba, salvo en lo que respecta al parámetro relativo a        contrario al principio del respeto de la confianza legítima,
las ceras, valores totalmente conformes a los criterios             reiteradamente mencionado por la jurisprudencia comuni
establecidos por la normativa comunitaria . No obstante,            taria . Las demandantes consideran además que la Comisión,
considerando la divergencia advertida en lo que respecta a          al decidir bloquear los pagos, incurrió en una desviación de
las ceras, el laboratorio llegó a la conclusión de que existía      poder y en un error manifiesto de apreciación de circuns
aceite de orujo en la muestra examinada . La Comisión,              tancias fácticas esenciales. Por último, las demandantes
teniendo en cuenta las objeciones y peticiones formuladas           señalan que la Comisión no se atuvo a los criterios de
por las autoridades italianas, estimó la solicitud de proceder      proporcionalidad en la medida en que, mediante el escrito de
a un nuevo análisis en un laboratorio italiano; las observa        7 de febrero de 1996, pidió el bloqueo de los pagos relativos
ciones de la Comisión sobre supuestas anomalías del aceite          no sólo a las partidas de aceite « controvertidas » — es decir,
de que se trata impidieron el pago a los almacenistas de las        las partidas en las que se había comprobado un elevado nivel
sumas que se les adeudaban .                                        de ceras — sino también a las partidas de aceite en las que no
                                                                    se había encontrado ninguna anomalía del parámetro
                                                                    ceras .
A finales de marzo de 1995 la autoridad judicial italiana
inició una investigación sobre el referido aceite, disponiendo
además su incautación. En junio de 1995 , una de las                Las demandantes solicitan también la reparación de los
demandantes envió al laboratorio español tres muestras de           daños (daño emergente y lucro cesante ) causados por la
aceite de oliva procedentes de los depósitos incautados; en         referida actitud de la Comisión, con arreglo a los artícu
un segundo análisis efectuado por dicho laboratorio se              los 178 y 215 del Tratado .
reconoció que, si todos los demás valores resultan confor
mes a la normativa, un contenido de ceras superior al límite
no indica por sí solo la presencia de aceite de orujo (y, por
tanto, de operaciones de mezcla irregulares), sino que es