title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2003 en el asunto C-469/00 (Petición de decisión prejudicial de la Cour de cassation): Ravil SARL contra Bellon import SARL, Biraghi SpA ("Denominaciones de origen protegidas — Reglamento (CEE) n° 2081/92 — Reglamento (CE) n° 1107/96 — Grana Padano rallado fresco — Pliego de condiciones — Convenio entre dos Estados miembros — Requisito de rallado y envasado del queso en la región de producción — Artículos 29 CE y 30 CE — Justificación — Oponibilidad del requisito frente a terceros — Seguridad jurídica — Publicidad")

text:
C 171/4                    ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                 19.7.2003
M. Wathelet (Ponente) y R. Schintgen, Presidentes de Sala, y                    por la Cour de cassation (Francia), destinada a obtener, en el
los Sres. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann                   litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Ravil
y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric, y los Sres. S. von             SARL og Bellon import SARL, Biraghi SpA, una decisión
Bahr, y J. N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:                         prejudicial sobre la interpretación del artículo 29 CE, el
Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora                   Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. G. C. Rodríguez
principal, ha dictado el 20 de mayo de 2003 una sentencia                       Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet,
cuyo fallo es el siguiente:                                                     R. Schintgen y C. W. A. Timmermans, Presidentes de Sala, y
                                                                                los Sres. C. Gulmann (Ponente), D. A. O. Edward, P. Jann y
1)     Los artículos 6, apartado 1, letra c), y 7, letras c) y e), de la        V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y los Sres. S. von
       Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de              Bahr y J. N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:
       24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas          Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora
       físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a        principal, ha dictado el 20 de mayo de 2003 una sentencia
       la libre circulación de estos datos, no se oponen a una normativa        cuyo fallo es el siguiente:
       nacional, como la controvertida en los asuntos principales,
       siempre que se demuestre que la amplia divulgación no sólo del
       importe de los ingresos anuales, cuando éstos superan un límite
       determinado, de las personas empleadas por entidades sujetas             1)     Por lo que respecta al período anterior a la entrada en vigor del
       al control del Rechnungshof, sino también de los nombres de                     Reglamento (CE) no 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio
       los beneficiarios de dichos ingresos, es necesaria y apropiada                  de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y
       para lograr el objetivo de buena gestión de los recursos                        de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento
       públicos perseguido por el constituyente, extremo que ha de ser                 establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2081/
       comprobado por los órganos jurisdiccionales remitentes.                         92 del Consejo, el artículo 29 CE debe interpretarse en el
                                                                                sentido de que no se opone a que un Convenio concluido entre
2)     Los artículos 6, apartado 1, letra c), y 7, letras c) y e), de la               dos Estados miembros A y B, como el Convenio entre la
       Directiva 95/46 son directamente aplicables, en el sentido                      República Francesa y la República Italiana sobre la protección
       de que un particular puede invocarlos ante los órganos                          de las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y
       jurisdiccionales nacionales para evitar la aplicación de normas                 demás denominaciones de determinados productos, firmado en
       de Derecho interno contrarias a dichas disposiciones.                           Roma el 28 de abril de 1964, haga aplicable en el Estado
                                                                                miembro A una legislación nacional del Estado miembro B,
                                                                                como aquella a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente,
( 1) DO C 79 de 10.03.2001 y DO C 173 de 16.06.2001.                                   en virtud de la cual la denominación de origen de un queso,
                                                                                protegida en el Estado miembro B, queda reservada, en lo que
                                                                                atañe al queso que se comercializa rallado, al que ha sido
                                                                                rallado y envasado en la región de producción.
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                    2)     El Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio
                                                                                de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas
                        de 20 de mayo de 2003                                          y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
                                                                                alimenticios, modificado por el Acta relativa a las condiciones
en el asunto C-469/00 (Petición de decisión prejudicial de                             de adhesión de la República de Austria, la República de
la Cour de cassation): Ravil SARL contra Bellon import                                 Finlandia y el Reino de Suecia y a las adaptaciones de los
                         SARL, Biraghi SpA (1)                                         Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, debe
                                                                                interpretarse en el sentido de que no se opone a que la utilización
                                                                                de una denominación de origen protegida esté sujeta al requisito
(«Denominaciones de origen protegidas — Reglamento
                                                                                de que se realicen en la región de producción operaciones como
(CEE) no 2081/92 — Reglamento (CE) no 1107/96 —
                                                                                las de rallado y envasado del producto, cuando tal requisito se
“Grana Padano” rallado fresco — Pliego de condiciones —
                                                                                prevea en el pliego de condiciones.
Convenio entre dos Estados miembros — Requisito de
rallado y envasado del queso en la región de producción —
Artículos 29 CE y 30 CE — Justificación — Oponibilidad
del requisito frente a terceros — Seguridad jurídica —                          3)     El hecho de supeditar la utilización de la denominación de
                               Publicidad»)                                            origen protegida «Grana Padano» para el queso que se
                                                                                comercializa rallado al requisito de que las operaciones de
                                                                                rallado y envasado se efectúen en la región de producción
                             (2003/C 171/04)
                                                                                constituye una medida de efecto equivalente a una restricción
                                                                                cuantitativa a la exportación en el sentido del artículo 29 CE,
                    (Lengua de procedimiento: francés)                                 pero puede considerarse justificado y, por tanto, compatible con
                                                                                esta última disposición.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                4)     Sin embargo, el requisito de que se trata no es oponible a los
                                                                                operadores económicos si no se les ha dado a conocer mediante
En el asunto C-469/00, que tiene por objeto una petición                               una publicidad adecuada en la normativa comunitaria. No
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,                      obstante, el principio de seguridad jurídica no excluye que el
 ---pagebreak--- 19.7.2003                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                     C 171/5
       juez nacional considere este requisito oponible a operadores que       Sala Quinta, los Sres. D. A. O. Edward, P. Jann, S. von Bahr y
       hayan desarrollado una actividad de rallado y envasado del             A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria:
       producto durante el período anterior a la entrada en vigor del         Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 22 de
       Reglamento n o 1107/96, si dicho juez estima que, durante ese          mayo de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       período, el Decreto de 4 de noviembre de 1991 era aplicable en
       virtud del referido Convenio entre la República Francesa y la          1)     Una sociedad anónima que ha sido creada por un ente territorial
       República Italiana y oponible a los sujetos de Derecho afectados              al que pertenece y que éste administra satisface una necesidad
       en virtud de las normas nacionales de publicidad.                             de interés general, en el sentido del artículo 1, letra b), párrafo
                                                                                segundo, de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de
                                                                                junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de
( 1) DO C 469 de 10.2.2001.                                                          adjudicación de los contratos públicos de servicios, cuando
                                                                                contrata servicios con objeto de fomentar el desarrollo de
                                                                                actividades industriales o comerciales en el territorio del referido
                                                                                ente. A fin de evaluar si dicha necesidad carece de carácter
                                                                                industrial o mercantil, corresponde al órgano jurisdiccional
                                                                                nacional apreciar las circunstancias que rodearon la creación de
                                                                                la sociedad y las condiciones en que ejerce su actividad, incluidas,
                                                                                en particular, la falta de ánimo de lucro como objetivo principal,
                                                                                la no asunción de los riesgos derivados de dicha actividad así
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         como la eventual financiación pública de la actividad de que se
                                                                                trate.
                             (Sala Quinta)                                    2)     La circunstancia de que los edificios que se vayan a construir se
                                                                                arrienden solamente a una empresa no desvirtúa la condición
                                                                                de organismo de Derecho público del arrendador, siempre que
                       de 22 de mayo de 2003
                                                                                se haya acreditado que éste satisface una necesidad de interés
                                                                                general que no tenga carácter industrial o mercantil.
en el asunto C-18/01 (Petición de decisión prejudicial del
Kilpailuneuvosto): Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korho-                        (1 ) DO C 95 de 24.3.2001.
nen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy, Raken-
nuttajatoimisto Vilho Tervomaa, contra Varkauden Taito-
                               talo Oy (1)
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(«Directiva 92/50/CEE — Contratos públicos de servicios
— Concepto de “entidad adjudicadora” — Organismo de                                                          (Sala Quinta)
Derecho público — Sociedad creada por un ente territorial
para fomentar el desarrollo de actividades industriales y
                    comerciales en su territorio»)                                                   de 22 de mayo de 2003
                                                                              en el asunto C-103/01: Comisión de las Comunidades
                           (2003/C 171/05)                                         Europeas contra República Federal de Alemania ( 1)
                                                                              («Incumplimiento de Estado — Directiva 89/686/CEE —
                    (Lengua de procedimiento: finés)
                                                                              Ámbito de aplicación — Excepciones — Equipos de protec-
                                                                              ción individual concebidos y fabricados específicamente para
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                las fuerzas armadas o las fuerzas de orden público»)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (2003/C 171/06)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
En el asunto C-18/01, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
por el Kilpailuneuvosto (Finlandia), destinada a obtener, en                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto
Pentti Toivanen Oy, Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa, y                    En el asunto C-103/01, Comisión de las Comunidades Euro-
Varkauden Taitotalo Oy, una decisión prejudicial sobre la                     peas (agente: Sr. J. Schieferer) contra República Federal de
interpretación del artículo 1, letra b), de la Directiva 92/50/               Alemania (agentes: Sr. W.-D. Plessing, Sra. B. Muttelsee-Schön
CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación                   y Sr. H.-W. Rengeling) apoyada por República Francesa
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-                 (agentes: Sres. G. de Bergues y D. Colas), que tiene por objeto
cos de servicios (DO L 209, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala              que se declare que la República Federal de Alemania ha
Quinta), integrado por el Sr. C. W. A. Timmermans (Ponente),                  incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los
Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la                artículos 1 y 4 de la Directiva 89/686/CEE del Consejo,


title: Asunto C-317/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 15 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — X/Staatssecretaris van Financiën (Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículo 64 TFUE — Movimientos de capitales, con destino a terceros países o procedentes de ellos, que supongan la prestación de servicios financieros — Activos financieros depositados en una cuenta bancaria suiza — Liquidación complementaria — Plazo para la liquidación complementaria — Ampliación del plazo para la liquidación complementaria en caso de activos depositados fuera del Estado miembro de residencia)

text:
               10.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 15 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — X/Staatssecretaris van Financiën
   (Asunto C-317/15) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Libre circulación de capitales - Artículo 64 TFUE - Movimientos de capitales, con destino a terceros países o procedentes de ellos, que supongan la prestación de servicios financieros - Activos financieros depositados en una cuenta bancaria suiza - Liquidación complementaria - Plazo para la liquidación complementaria - Ampliación del plazo para la liquidación complementaria en caso de activos depositados fuera del Estado miembro de residencia))
   (2017/C 112/09)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: X

      Demandada: Staatssecretaris van Financiën

      Fallo

               1)

               El artículo 64 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una normativa nacional que impone una restricción a los movimientos de capitales a los que se refiere esta disposición, como el plazo ampliado para la liquidación complementaria controvertido en el litigio principal, incluso cuando esa restricción sea aplicable igualmente a situaciones sin vínculo alguno con las inversiones directas, con el establecimiento, con la prestación de servicios financieros o con la admisión de valores en los mercados.

               2)

               La apertura de una cuenta de valores por parte de un residente de un Estado miembro en una entidad bancaria situada fuera de la Unión Europea, como la que se discute en el litigio principal, está comprendida en el concepto de movimientos de capitales que suponen la prestación de servicios financieros, en el sentido del artículo 64 TFUE, apartado 1.

               3)

               La facultad de los Estados miembros de aplicar restricciones a los movimientos de capitales que supongan la prestación de servicios financieros, reconocida por el artículo 64 TFUE, apartado 1, abarca igualmente las restricciones que, como el plazo ampliado para la liquidación complementaria controvertido en el litigio principal, no conciernen ni al prestador de los servicios ni a los requisitos y modalidades de la prestación de esos servicios.

      (1)  DO C 311 de 21.9.2015.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de  13 de octubre de 2005 , en el asunto C-200/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg contra ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH ( Sexta Directiva IVA — Régimen especial de las agencias de viajes y organizadores de circuitos turísticos — Artículo 26, apartado 1 — Ámbito de aplicación — Precio global que incluye el viaje al Estado de destino y/o la estancia en éste así como las clases de lenguas — Prestación principal y prestaciones accesorias — Concepto — Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados )

text:
               26.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/6

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 13 de octubre de 2005
   en el asunto C-200/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg contra ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (1)

   («Sexta Directiva IVA - Régimen especial de las agencias de viajes y organizadores de circuitos turísticos - Artículo 26, apartado 1 - Ámbito de aplicación - Precio global que incluye el viaje al Estado de destino y/o la estancia en éste así como las clases de lenguas - Prestación principal y prestaciones accesorias - Concepto - Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados»)
   (2005/C 296/12)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-200/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesfinanzhof (Alemania), mediante resolución de 18 de marzo de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de mayo de 2004, en el procedimiento entre Finanzamt Heidelberg e ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y el Sr. R. Schintgen, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. P. Kūris y G. Arestis (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal, ha dictado el 13 de octubre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El artículo 26 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a un operador económico que ofrece servicios como los programas «High-School» y «College», consistentes en la organización de viajes lingüísticos y de estudios en el extranjero y que, como contraprestación al pago de un precio global, suministra en su propio nombre a sus clientes una estancia en el extranjero de tres a diez meses y recurre a tal efecto a las prestaciones de servicios de otros sujetos pasivos.

      (1)  DO C 190, de 24.7.2004.


title: Asunto C-54/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 8 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Venezia — Italia) — Vinyls Italia SpA, en quiebra/Mediterranea di Navigazione SpA [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.° 1346/2000 — Artículos 4 y 13 — Actos perjudiciales para la masa de acreedores — Condiciones en las que el acto de que se trata puede ser impugnado — Acto sujeto a la ley de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia — Acto inimpugnable sobre la base de esa ley — Reglamento (CE) n.° 593/2008 — Artículo 3, apartado 3 — Ley elegida por las partes — Localización de la totalidad de los elementos de la situación de que se trata en el Estado de apertura — Relevancia]

text:
               31.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 249/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 8 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Venezia — Italia) — Vinyls Italia SpA, en quiebra/Mediterranea di Navigazione SpA
   (Asunto C-54/16) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Procedimientos de insolvencia - Reglamento (CE) n.o 1346/2000 - Artículos 4 y 13 - Actos perjudiciales para la masa de acreedores - Condiciones en las que el acto de que se trata puede ser impugnado - Acto sujeto a la ley de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia - Acto inimpugnable sobre la base de esa ley - Reglamento (CE) n.o 593/2008 - Artículo 3, apartado 3 - Ley elegida por las partes - Localización de la totalidad de los elementos de la situación de que se trata en el Estado de apertura - Relevancia])
   (2017/C 249/11)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Ordinario di Venezia

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Vinyls Italia SpA, sociedad en quiebra

      Demandada: Mediterranea di Navigazione SpA

      Fallo

               1)

               El artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que la forma y el plazo en los que el beneficiario de un acto perjudicial para la masa de acreedores debe proponer una excepción en virtud de ese artículo, para oponerse a una acción dirigida a obtener la revocación de ese acto según las disposiciones de la lex fori concursus, y la cuestión de si ese artículo puede aplicarse también de oficio por el órgano jurisdiccional competente, en su caso tras el vencimiento del plazo señalado a la parte de que se trata, se rigen por el Derecho procesal del Estado miembro en cuyo territorio está pendiente el litigio. Sin embargo, este Derecho no podrá ser sin embargo menos favorable que el que regula las situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión (principio de efectividad), extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.

               2)

               El artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que la parte sobre la que recae la carga de la prueba debe demostrar que, cuando la lex causae permite impugnar un acto considerado perjudicial, no se cumplen en concreto los requisitos exigidos para que pueda acogerse un recurso interpuesto contra ese acto, distintos de los previstos por la lex fori concursus.

               3)

               El artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000 puede invocarse válidamente cuando las partes de un contrato, que tienen su domicilio en un único Estado miembro, en cuyo territorio se localizan también todos los demás elementos pertinentes de la situación de que se trata, han designado como ley aplicable a ese contrato la ley de otro Estado miembro, siempre que las partes del contrato no hayan elegido esa ley de modo fraudulento o abusivo, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 156 de 2.5.2016.


title: Asunto F-6/14: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 23 de marzo de 2015 — Borghans/Comisión (Función Pública — Retribución — Pensión de supervivencia — Artículo 27, párrafo primero, del anexo VIII del Estatuto — Cónyuge divorciado de un funcionario fallecido — Existencia de una pensión alimenticia en la fecha de fallecimiento del funcionario — Artículo 42 del anexo VIII del Estatuto — Plazo de presentación de la solicitud de liquidación de los derechos a pensión)

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/41

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 23 de marzo de 2015 — Borghans/Comisión
   (Asunto F-6/14) (1)

   ((Función Pública - Retribución - Pensión de supervivencia - Artículo 27, párrafo primero, del anexo VIII del Estatuto - Cónyuge divorciado de un funcionario fallecido - Existencia de una pensión alimenticia en la fecha de fallecimiento del funcionario - Artículo 42 del anexo VIII del Estatuto - Plazo de presentación de la solicitud de liquidación de los derechos a pensión))
   (2015/C 155/60)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Julia Borghans (Auderghem, Bélgica) (representantes: F. Van der Schueren y F. Lefèvre, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y A.-C. Simon, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión por la que se deniega a la demandante la concesión de una pensión de supervivencia a raíz del fallecimiento de su anterior esposo.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de 3 de junio de 2013 por la que la Comisión Europea denegó la concesión de una pensión de supervivencia a la Sra. Borghans.

               2)

               Condenar a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Sra. Borghans.

      (1)  DO C 85, de 22.3.2014, p. 28.


title: Asunto C-394/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Rüsselsheim — Alemania) — Sandy Siewert y otros/Condor Flugdienst GmbH [Procedimiento prejudicial — Reglamento de Procedimiento — Artículo 99 — Transporte aéreo — Reglamento (CE) no 261/2004 — Gran retraso de los vuelos — Derecho del pasajero a obtener compensación — Condiciones de la exclusión de la obligación de abonar una compensación que recae sobre el transportista aéreo — Concepto de «circunstancias extraordinarias» — Avión dañado por una escalerilla móvil de embarque durante un vuelo anterior]

text:
               19.1.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/15

      Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Rüsselsheim — Alemania) — Sandy Siewert y otros/Condor Flugdienst GmbH
      (Asunto C-394/14) (1)

      (Procedimiento prejudicial - Reglamento de Procedimiento - Artículo 99 - Transporte aéreo - Reglamento (CE) no 261/2004 - Gran retraso de los vuelos - Derecho del pasajero a obtener compensación - Condiciones de la exclusión de la obligación de abonar una compensación que recae sobre el transportista aéreo - Concepto de «circunstancias extraordinarias» - Avión dañado por una escalerilla móvil de embarque durante un vuelo anterior)
      (2015/C 016/23)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Órgano jurisdiccional remitente

      Amtsgericht Rüsselsheim

         Partes personadas en el procedimiento principal

         Demandantes: Sandy Siewert, Emma Siewert y Nele Siewert

         Demandada: Condor Flugdienst GmbH

         Fallo

      El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, debe interpretarse en el sentido de que no cabe considerar que un acontecimiento como lo es en el litigio principal el choque de la escalerilla móvil de embarque de un aeropuerto contra un avión sea una «circunstancia extraordinaria» que excluya la obligación de abonar una compensación a los pasajeros que recae sobre el transportista aéreo en caso de gran retraso de los vuelos realizados por dicho avión.

         (1)  DO C 372, de 20.10.2014.


20150731040616982015/C 270/412822015TC27020150817ES01ESINFO_JUDICIAL20150526333311Asunto T-282/15: Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2015 — Pirelli Tyre/OAMI (Bandas de rodadura)
 ---documentbreak--- C2702015ES3310120150526ES0041331331Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2015 — Pirelli Tyre/OAMI (Bandas de rodadura)
   (Asunto T-282/15)2015/C 270/41Lengua de procedimiento: italiano
      Partes

      Demandante: Pirelli Tyre SpA (Milán, Italia) (representantes: D. Caneva y G. Fucci, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Dibujo o modelo controvertido: Modelo comunitario (Bandas de rodadura) — Modelo comunitario no 4700-0002

      Resolución impugnada: Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 11 de febrero de 2015 en el asunto R 1288/2014-3

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

            —

            Anule la resolución impugnada.

            —

            Estime la solicitud de restitución de derechos presentada por Pirelli Tyre SpA con arreglo al artículo 67 del Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, declarando válido el pago del derecho de mantenimiento relativo al segundo quinquenio mediante retirada de la cuenta corriente no 000069 a nombre de Bugnion SpA y, en consecuencia, que el título en cuestión está actualmente vigente.

            —

            Condene a la demandada al pago de las costas en que incurrió Pirelli Tyre SpA en el presente procedimiento.

      Motivo invocado

            —

            Infracción del artículo 67 del Reglamento (CE) no 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 6 de mayo de 2003 en el asunto T-45/02: DOW AgroSciences BV y DOW AgroSciences Ltd contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea ("Decisión 2455/2001/CEE — Recurso de anulación — Inadmisibilidad")

text:
C 184/34                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                              2.8.2003
4)    Condenar a la Comisión a pagar al demandante los intereses de         1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
      demora en el tipo fijado por el Banco Central Europeo para las
      operaciones principales de refinanciación, aplicable durante las      2)    Condenar en costas a la demandante.
      distintas etapas del período de que se trata, más dos puntos por
      año sobre los atrasos de pensión desde el 1 de enero de 2001
      hasta el 31 de marzo de 2001; dichos intereses deben calcularse       (1) DO C 275 de 29.9.2001.
      a partir de los distintos vencimientos en los cuales debería
      haberse efectuado cada pago en concepto del régimen de pensión
      y hasta el día del pago efectivo.
5)    En el recurso T-124/01, cada parte cargará con sus propias
      costas.
6)    En el recurso T-320/01, la Comisión cargará con sus propias                AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      costas y con la mitad de las costas del demandante.
7)    En el recurso T-320/01, el demandante cargará con la mitad de                               de 6 de mayo de 2003
      sus propias costas.
                                                                            en el asunto T-45/02: DOW AgroSciences BV y DOW
 1
( ) DO C 56 de 2.3.02.
                                                                            AgroSciences Ltd contra Parlamento Europeo y Consejo
                                                                                de la Unión Europea (1)
                                                                            («Decisión 2455/2001/CEE — Recurso de anulación —
                                                                                Inadmisibilidad»)
                                                                                (2003/C 184/77)
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                       de 30 de abril de 2003
en el asunto T-167/01: Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke                          En el asunto T-45/02, DOW AgroSciences BV, con domicilio
 GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)                       social en Rotterdam (Países Bajos), DOW AgroSciences Ltd, con
                                                                            domicilio social en Hitchin (Reino Unido), representadas por
                                                                            los Sres. K. Van Maldegem y C. Mereu, abogados, apoyadas por
(«Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción —
                                                                            European Crop Protection Association (ECPA), con sede en
Decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación
                                                                            Bruselas (Bélgica), representada por los Sres. D. Waelbroeck y
de ayudas de Estado — Recurso interpuesto por una empresa
                                                                            D. Brinckman, abogados, contra Parlamento Europeo (agentes:
que ha adquirido activos de una sociedad obligada a la
                                                                            Sres. C. Pennera y M. Moore) y Consejo de la Unión Europea
          devolución de las ayudas — Inadmisibilidad»)
                                                                            (agentes: Sra. M. Sims-Robertson y el Sr. B. Hoff-Nielsen),
                                                                            apoyada por Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
                           (2003/C 184/76)                                  Sres. G. Valero Jordana y K. Fitch), que tienen por objeto una
                                                                            demanda de anulación parcial de la Decisión no 2455/2001/CE
                                                                            del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                        de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias priorita-
                                                                            rias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se
                                                                            modifica la Directiva 2000/60/CE (Diario Oficial L 331 de 15/
En el asunto T-167/01, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH,                    12/2001 p. 1), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera),
con domicilio en Gotha (Alemania), representada por el Sr.                  integrado por los Sres.: los Sres. K. Lenaerts, Presidente; J. Azizi
M. Matzat, abogado, contra Comisión de las Comunidades                      y M. Jaeger, Jueces; Secretario: el Sr. H. Jung, ha dictado el 6 de
Europeas (agentes: Sres. V. Kreuschitz y V. Di Bucci) que tiene             mayo de 2003 un auto resolviendo lo siguiente:
por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2001/673/
CE de la Comisión, de 28 de marzo de 2001, relativa a las                   1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
ayudas estatales concedidas por Alemania a EFBE Verwaltungs
GmbH & Co. Management KG (en la actualidad, Lintra Beteili-
gungsholding GmbH, junto con las empresas Zeitzer                           2)    Los demandantes soportarán sus propias costas, así como las del
Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter                              Parlamento y el Consejo.
GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und
Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH,                         3)    La Comisión y el European Crop Protection Association sopor-
Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH                          tarán sus propias costas.
y Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (DO L 236, p. 3), el Tribunal
de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada), integrado por la
Sra. V. Tiili, Presidenta; y los Sres. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.        (1) DO C 144 de 15.6.2002.
H. Meij y M. Vilaras, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado
el 30 de abril de 2003 un auto resolviendo lo siguiente:


title: Asunto C-575/08: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/39

         Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-575/08)
   (2009/C 44/66)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Peere y P. Dejmek, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/56/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2005/56/CE expiró el 14 de diciembre de 2007. Pues bien, en el momento de interposición del presente recurso, la demandada no había adoptado todas las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno, o, en cualquier caso, no las había comunicado aún a la Comisión.

      (1)  DO L 310, p. 1.


title: Asunto C-325/06 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de julio de 2006 por Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Company, Timas Ltd (trading as Galileo Ireland) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) dictada el 10 de mayo de 2006 en el asunto T-279/03, Galileo International Technology LLC y otros/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               16.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 224/28

         Recurso de casación interpuesto el 25 de julio de 2006 por Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Company, Timas Ltd (trading as Galileo Ireland) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) dictada el 10 de mayo de 2006 en el asunto T-279/03, Galileo International Technology LLC y otros/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-325/06 P)
   (2006/C 224/53)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrentes: Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Company, Timas Ltd (trading as Galileo Ireland) (representantes: J.-N. Louis y C. Delcorde, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se declare
               la anulación en todos sus pronunciamientos de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada), de 10 de mayo de 2006, en el asunto T-279/03, Galileo y otros/Comisión.

               —

               Que se pronuncie sobre el fondo del litigio y

                           I.

                                       a)

                                       prohíba a la Comisión cualquier uso del término Galileo con relación al proyecto del sistema de radionavegación por satélite, así como que deje de inducir, directa o indirectamente, a cualesquiera terceros a utilizar dicho término en el contexto del mismo proyecto y, por último, que participe de cualquier forma en la utilización de dicho término por terceros.

                                       b)

                                       condene a la Comisión a pagar a los recurrentes, que actúan conjunta y solidariamente, la cantidad de 50 millones de euros en concepto de indemnización del perjuicio material sufrido.

                           II.

                           Con carácter subsidiario,
                           en el caso de que la Comisión siga utilizando el término Galileo, la condene a pagar a los recurrentes la cantidad de 240 millones de euros.

                           III.

                           Condene a la Comisión a pagar a los recurrentes, a partir de la fecha de interposición del presente recurso, intereses de demora calculados en función del tipo de referencia del Banco Central Europeo aumentado en 2 puntos a partir del día del envío del requerimiento de 30 de abril de 2001.

                           IV.

                           Condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su recurso, los recurrentes alegan que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al considerar que el ofrecimiento de bienes y servicios en el mercado por parte del titular de la marca es uno de los requisitos para que se reconozca un menoscabo de los derechos de ese titular en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, (1) y del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. (2)

   A continuación, refutan la interpretación restrictiva del concepto de «uso en el tráfico económico», en la medida en que ésta se refiere necesariamente a una actividad de naturaleza comercial. Según los recurrentes, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia está, además, aquejada de una serie de contradicciones en relación con determinados extremos, en particular, en lo que atañe a la finalidad comercial o no del proyecto «Galileo» y al carácter cierto o previsible del perjuicio.
   Los recurrentes reprochan asimismo al Tribunal de Primera Instancia que no se haya pronunciado de manera satisfactoria acerca de su alegación basada en el menoscabo inferido a sus razones sociales y nombres comerciales y que haya ignorado que el artículo 8 del Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, (3) constituye una base mínima obligatoria.
   Por último, los recurrentes también reprochan al Tribunal de Primera Instancia que no haya observado las normas aplicables a la responsabilidad de la Comisión por un acto ilícito. A su juicio, el derecho de marcas es, en realidad, un derecho de apropiación y no de creación.

      (1)  DO 1994, L 11, p. 1.

      (2)  DO 1989, L 40, p. 1.

      (3)  Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, no 11847, p. 108.


title: Asunto C-211/07: Recurso interpuesto el 20 de abril de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda

text:
               7.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/11

         Recurso interpuesto el 20 de abril de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda
   (Asunto C-211/07)
   (2007/C 155/21)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: N. Yerrell, agente)

      Demandada: Irlanda
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, y en particular, del artículo 1, apartado 4, párrafo tercero, de ésta, al haber mantenido en vigor el artículo 5, apartados 2 y 3, del Motor Insurance Agreement (Convenio sobre el Seguro de Automóviles) y, en particular, al haber i) excluido a los usuarios de vehículos de la posibilidad de percibir indemnización en los casos en que todos los vehículos implicados estuviesen sin asegurar y ii) al haber limitado el derecho a recibir indemnización de las personas que se encontrasen en un vehículo no asegurado que no hubiese ocasionado ningún daño material ni corporal.

               —

               Que se condene en costas a Irlanda.

         Motivos y principales alegaciones
   El artículo 5, apartado 3, del Convenio entre el Minister of Transport (Ministro de Transportes irlandés) y la Motor Insurers' Bureau of Ireland (Cámara de Compañías de Seguros de Automóviles de Irlanda) de 31 de mayo de 2004 (en lo sucesivo, «Convenio») establece que quedarán excluidos de la percepción de indemnización todos los conductores de vehículos no asegurados tanto si son los causantes del accidente como si no lo son, lo cual excede el ámbito de exclusión permitido, fijado en el artículo 1, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva.
   En lo que se refiere a la situación de los pasajeros que viajen en vehículos no asegurados, el artículo 5, apartado 2, del Convenio establece una exclusión general de la percepción de indemnización en todos aquellos casos en los que la persona que haya sufrido un daño corporal «supiese o hubiera debido razonablemente saber que no estaba vigente ninguna póliza de seguros aprobada». Por ello, todos los pasajeros de vehículos no asegurados son tratados de manera idéntica, independientemente del hecho de que estuviesen o no viajando en el vehículo causante del daño material o corporal. Esto es claramente contrario al tenor del artículo 1, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva, que hace una distinción expresa entre esas dos situaciones y limita la exclusión de la percepción de indemnización tan sólo en lo que se refiere a aquellas personas (incluido el conductor) que se encuentren en el vehículo causante del daño material o corporal.


title: Asunto T-341/15: Recurso interpuesto el 27 de junio de 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/OAMI (Forma de estación de servicio)

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/47

         Recurso interpuesto el 27 de junio de 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/OAMI (Forma de estación de servicio)
   (Asunto T-341/15)
   (2015/C 279/59)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (representante: M. Siciarek, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Marca comunitaria tridimensional (Forma de estación de servicio) — Solicitud de registro no 12 411 138

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 2 de abril de 2015 en el asunto R 2248/2014-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la OAMI a cargar con las costas, incluidas las causadas por la demandante en los procedimientos seguidos ante la Sala de Recurso de la OAMI y ante el Tribunal General.

      Motivo invocado

               —

               Infracción de los artículos 7, apartados 1, letra b), y 2, y 75 del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-494/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles — Bélgica) — Unión Europea/Axa Belgium SA (Procedimiento prejudicial — Funcionarios — Estatuto de los Funcionarios — Artículos 73, 78 y 85 bis — Accidente de tráfico — Derecho nacional que establece un régimen de responsabilidad objetiva — Subrogación de la Unión Europea — Concepto de «tercero responsable» — Concepto autónomo del Derecho de la Unión — Concepto que se refiere a todo persona obligada, en virtud del Derecho nacional, a reparar el daño sufrido por la víctima o por sus causahabientes — Prestaciones que no corren definitivamente a cargo de la Unión)

text:
               7.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 406/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles — Bélgica) — Unión Europea/Axa Belgium SA
   (Asunto C-494/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Funcionarios - Estatuto de los Funcionarios - Artículos 73, 78 y 85 bis - Accidente de tráfico - Derecho nacional que establece un régimen de responsabilidad objetiva - Subrogación de la Unión Europea - Concepto de «tercero responsable» - Concepto autónomo del Derecho de la Unión - Concepto que se refiere a todo persona obligada, en virtud del Derecho nacional, a reparar el daño sufrido por la víctima o por sus causahabientes - Prestaciones que no corren definitivamente a cargo de la Unión))
   (2015/C 406/12)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal de première instance de Bruxelles

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Unión Europea

      Demandada: Axa Belgium SA

      Fallo

               1)

               El concepto de «tercero responsable», que figura en el artículo 85 bis, apartado 1, del Estatuto de los Funcionario de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 781/98 del Consejo, de 7 de abril de 1998, debe ser objeto de interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento jurídico de la Unión.

               2)

               El concepto de «tercero responsable», que figura en el artículo 85 bis, apartado 1, del Estatuto de los Funcionario de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento no 259/68, en su versión modificada por el Reglamento no 781/98, se refiere a toda persona —incluidas las entidades aseguradoras— que esté obligada en virtud del Derecho nacional a reparar el daño sufrido por la víctima o sus causahabientes.

               3)

               El Estatuto de los Funcionario de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento no 259/68, en su versión modificada por el Reglamento no 781/98, no puede interpretarse en el sentido de que, en el ámbito de una acción directa ejercitada en virtud del artículo 85 bis, apartado 4, del propio Estatuto, la Unión deba hacerse cargo definitivamente de las prestaciones que tiene obligación de satisfacer con arreglo, por una parte, al artículo 73 del Estatuto –prestaciones destinadas a cubrir los riesgos de enfermedad y de accidente— y en virtud, por otra parte, del artículo 78 del Estatuto –pago de una pensión de invalidez.

      (1)  DO C 34, de 2.2.2015.


title: Asunto T-693/15: Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2015 — Clover Canyon/OAMI — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/68

         Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2015 — Clover Canyon/OAMI — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)
   (Asunto T-693/15)
   (2016/C 038/92)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Clover Canyon, Inc. (Los Ángeles, Estados Unidos) (representante: T. Schmitz, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Kaipa Sportswear GmbH (Heilbronn, Alemania)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante: Parte demandante

      Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca denominativa «CLOVER CANYON» — Solicitud de registro no 1120485

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 4 de agosto de 2015 en el asunto R 3018/2014-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la demandada al pago de las costas del recurso incluidas las del procedimiento de recurso ante la OAMI
               o

               —

               Condene en costas a la otra parte ante la Sala de Recurso incluidas las del procedimiento de recurso ante la OAMI.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-352/09: Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2009 — Novácke chemické závody/Comisión

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/77

         Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2009 — Novácke chemické závody/Comisión
   (Asunto T-352/09)
   2009/C 267/138
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Novácke chemické závody, a.s. (Nováky, República Eslovaca) (representante: A. Černejová, abogada)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión impugnada en lo que a ella respecta y, en consecuencia, se suprima la multa que le ha sido impuesta.

               —

               Con carácter subsidiario, que se suprima la multa que se le impone en el artículo 2 de la Decisión o, cuando menos, se reduzca significativamente su importe.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación de la Decisión de la Comisión de 22 de julio de 2009 (asunto no COMP/F/39.396 — Reactivos de calcio y magnesio para las industrias del acero y el gas), en la que la Comisión declaró a la demandante responsable, junto con otras empresas, de la infracción de los artículos 81 CE y 53 EEA por prácticas de reparto de mercados, establecimiento de cuotas, asignación de clientes, fijación de precios e intercambio de información comercial sensible entre proveedores de carburo de calcio y granulados de magnesio. Con carácter subsidiario, la demandante solicita, al amparo del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, la supresión o la reducción de la multa que le ha sido impuesta.
   El recurso se basa en los siguientes motivos:

               En primer lugar, la demandante sostiene que la Comisión vulneró los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, que son principios generales del Derecho comunitario, al imponerle una multa excesiva y desproporcionada.

               En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión no investigó su capacidad para pagar la multa ni el riesgo de que ésta pudiese originar una situación de insolvencia. Afirma, en particular, que la Comisión incurrió en vicios sustanciales de forma, y que no examinó adecuadamente las pruebas aportadas por ella que evidenciaban el inminente riesgo de que se viese inmersa en un procedimiento concursal en el caso de que la Comisión le impusiese una multa. Por lo tanto, la demandante afirma que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación al no constatar el mencionado riesgo y al no aplicar en su favor el punto 35 de las Directrices.

               En tercer lugar, la demandante alega que la imposición de una multa traerá como consecuencia directa su insolvencia y su eliminación como competidor del mercado de referencia. Por consiguiente, según la demandante, la Comisión infringió el artículo 3 CE, apartado 1, letra g), al falsear o eliminar la competencia en dicho mercado.


title: Asunto C-427/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) el 28 de octubre de 2009 — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc

text:
               16.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) el 28 de octubre de 2009 — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc
   (Asunto C-427/09)
   2010/C 11/29
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Generics (UK) Ltd

      Recurrida: Synaptech Inc

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A los efectos del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1768/92 (1) del Consejo, la «primera autorización de comercialización en la Comunidad» ¿es la primera autorización de comercialización en la Comunidad concedida de conformidad con la Directiva 65/65/CEE del Consejo (2) (actualmente sustituida por la Directiva 2001/83/CE) (3) o basta cualquier autorización que permita la comercialización en la Comunidad o en el EEE?

               2)

               Si, a los efectos del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo se debe conceder la «autorización de comercialización en la Comunidad» con arreglo a la Directiva 65/65/CEE (actualmente sustituida por la Directiva 2001/83/CE), una autorización concedida en 1963 en Austria de conformidad con la normativa nacional entonces vigente (que no cumplía los requisitos de la Directiva 65/65/CEE), que nunca fue modificada para adecuarse a la Directiva 65/65/CEE y que fue finalmente retirada en 2001, ¿debe ser tratada como una autorización concedida de conformidad con la Directiva 65/65/CEE a tales efectos?

      (1)  Reglamento (CEE) del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 182, p. 1).

      (2)  Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas (DO 22, p. 369; EE 13/01, p. 18).

      (3)  Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67).


title: Asunto C-379/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Rethymnis (República Helénica) el 8 de agosto de 2007 — Giannoudi/Dimos Geropotamou

text:
               10.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Rethymnis (República Helénica) el 8 de agosto de 2007 — Giannoudi/Dimos Geropotamou
   (Asunto C-379/07)
   (2007/C 269/48)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Monomeles Protodikeio Rethymnis
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Giannoudi

      Demandada: Dimos Geropotamou
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               Deben interpretarse las cláusulas 5 y 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE del Consejo (DO L 175 de 10 de julio de 1999, p. 42), en el sentido de que (en aras de la aplicación de dicho Acuerdo marco) el Derecho comunitario no permite al Estado miembro adoptar medidas:

                           a)

                           cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya existían antes de la entrada en vigor de la Directiva medidas legales equivalentes — en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, y

                           b)

                           cuando con las medidas adoptadas en ejecución del Acuerdo marco, se reduce el nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran antes de la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920 examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la adopción de una medida normativa como el artículo 11 del Decreto presidencial no 164/2004, examinado en el litigio principal, en aras de la aplicación del Acuerdo marco:

                           a)

                           cuando dicha medida legal, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, se adopta una vez transcurrido el plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE, pero en su ámbito de aplicación temporal sólo están comprendidos los contratos y relaciones laborales de duración determinada que estaban vigentes en el momento de su entrada en vigor o que finalizaron dentro de un intervalo de tiempo determinado anterior a su entrada en vigor, pero una vez transcurrido el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva, mientras que el ámbito de aplicación temporal de las medidas legales equivalentes anteriores no está limitado y éstas comprenden todos los contratos de trabajo de duración determinada que fueron celebrados, estaban vigentes o finalizaron en la fecha de entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE y de expiración del plazo para la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva;

                           b)

                           cuando en el ámbito de aplicación de esa medida legal, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, sólo están comprendidos contratos o relaciones laborales de duración determinada que, para ser considerados sucesivos a efectos de dicha medida legal deben reunir los siguientes requisitos acumulativos:

                                       1.

                                       Que entre ellos no transcurra un intervalo superior a tres meses y, además,

                                       2.

                                       que tengan una duración total de al menos veinticuatro (24) meses en el momento de la entrada en vigor de dicha medida, con independencia del número de prórrogas contractuales, o que sobre la base de dichos contratos haya un período de empleo total de al menos dieciocho meses dentro de un período total de veinticuatro meses computables a partir del contrato inicial en caso de que se hayan producido al menos tres prórrogas además del contrato inicial, mientras que las medidas legales equivalentes anteriores no imponen tales requisitos, incluyendo en cambio todos los contratos (sucesivos) de trabajo de duración determinada, sin que sea preciso un período mínimo de ocupación ni un número mínimo de prórrogas contractuales;

                           c)

                           cuando la medida legal en cuestión, cuyo objetivo es la aplicación del Acuerdo marco, establece como consecuencia jurídica para la protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada y para la prevención de los abusos en el sentido del Acuerdo marco sobre el contrato de duración determinada la calificación del contrato de trabajo de duración determinada como contrato de duración indefinida que despliega sus efectos en el futuro (ex nunc), mientras que las medidas legales equivalentes anteriores disponen que la calificación de los contratos de trabajo de duración determinada como contratos de duración indefinida surta efecto desde el momento de su celebración inicial (ex tunc)?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de dicha Directiva, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920, examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la adopción de una medida legal, en aras de la aplicación del Acuerdo marco, como el artículo 7 del Decreto presidencial no 164/2004, examinado en el litigio principal, cuando éste establece como único medio de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada frente a los abusos la obligación del empresario de abonarles su retribución y la indemnización por despido en caso de empleo abusivo mediante contratos sucesivos de trabajo de duración determinada, teniendo en cuenta que:

                           a)

                           la obligación de pago de la retribución y de la indemnización por despido está prevista en el Derecho nacional en todos los casos de relación laboral y no se dirige específicamente a prevenir los abusos en el sentido del Acuerdo marco y que,

                           b)

                           la consecuencia jurídica de la aplicación de la medida legal equivalente anterior es el reconocimiento de los contratos de trabajo sucesivos de duración determinada como contratos de duración indefinida?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones anteriores, ¿debe el juez nacional, al interpretar su Derecho nacional con arreglo a la Directiva 1999/70/CE, dejar de aplicar las disposiciones incompatibles con dicha Directiva contenidas en la medida legislativa adoptada en aras de la aplicación del Acuerdo marco, que sin embargo provoca una reducción del nivel general de protección de los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico interno, como los artículos 7 y 11 del Decreto presidencial no 164/2004, y aplicar en su lugar las disposiciones contenidas en la medida legal equivalente nacional, anterior a la entrada en vigor de la Directiva, como el artículo 8, no 3, de la Ley no 2112/1920?

               5)

               En caso de que el juez nacional considerase aplicable, en principio, en un asunto sobre el trabajo de duración determinada, una disposición (en el caso de autos el 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1902) que constituye una medida legal equivalente, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de la Directiva 1999/70/CE, disposición en virtud de la cual el hecho de que se estime que unos contratos de trabajo sucesivos se celebraron como contratos de duración determinada sin razón objetiva ligada a la naturaleza, al tipo y a las características de la actividad desarrollada, comporta el reconocimiento de que dicho contrato es un contrato de trabajo de duración indefinida, entonces:

                           a)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual constituye una razón objetiva para la celebración de contratos de trabajo de duración determinada, en cualquier caso, el hecho de se haya utilizado como fundamento jurídico de su celebración una norma sobre el empleo mediante contratos de trabajo de duración determinada para atender necesidades transitorias, periódicas, temporales o extraordinarias, aunque en realidad las necesidades atendidas sean permanentes y duraderas?

                           b)

                           ¿Es compatible con el Derecho comunitario una interpretación y aplicación del Derecho nacional por parte del juez nacional, según la cual una disposición que prohíbe la transformación de contratos de trabajo de duración determinada en el sector público en contratos de trabajo de duración indefinida debe interpretarse en el sentido de que en el sector público está prohibida terminantemente y en todo caso la transformación de un contrato o relación laboral de duración determinada en un contrato o relación de duración indefinida, aun en el caso de que éste se haya celebrado abusivamente como un contrato de duración determinada, cuando en realidad las necesidades atendidas son permanentes y duraderas, y el juez nacional no tiene posibilidad, en un caso de este tipo, de declarar el verdadero carácter de la relación jurídica laboral controvertida y de calificarlo correctamente como contrato de duración indefinida? ¿O bien dicha prohibición debe circunscribirse solamente a los contratos de trabajo de duración determinada que se han celebrado efectivamente para atender necesidades transitorias, imprevistas, urgentes, extraordinarias, o similares, y no a los casos en que en realidad se celebraron para atender necesidades permanentes y duraderas?


title: Asunto T-262/13: Sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2014  — Skysoft Computersysteme/OAMI — British Sky Broadcasting Group y Sky IP International (SKYSOFT) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa SKYSOFT — Marca comunitaria denominativa anterior SKY — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/37

         Sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2014 — Skysoft Computersysteme/OAMI — British Sky Broadcasting Group y Sky IP International (SKYSOFT)
   (Asunto T-262/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa SKYSOFT - Marca comunitaria denominativa anterior SKY - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   2014/C 421/50
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Alemania) (representantes: P. Ehrlinger y T. Hagen, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: P. Bullock y N. Bambara, agentes)

      Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvantes ante el Tribunal General: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Reino Unido), y Sky IP International Ltd (Isleworth) (representantes: J. Barry, S. Wright, Solicitors, y P. Roberts, Barrister)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 20 de marzo de 2013 (asunto R 2503/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre British Sky Broadcasting Group plc y Sky IP International Ltd, por una parte, y Skysoft Computersysteme GmbH, por otra parte.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Skysoft Computersysteme GmbH.

      (1)  DO C 207, de 20.7.2013.


title: Asunto C-129/15: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 7 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI) [Procedimiento prejudicial — Contratos públicos de suministro — Directiva 2004/18/CE — Artículo 1, apartado 9 — Concepto de «organismo de Derecho público» — Centro hospitalario creado con ánimo de lucro y cuyo capital es completamente privado — Ingresos procedentes en más de un 50 % o de un 30 % de pagos del régimen público del seguro de enfermedad como contrapartida de la realización de servicios médicos — Artículo 7, letra b) — Valor estimado del contrato — Umbral no alcanzado — Interés transfronterizo cierto — Falta de información — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Inadmisibilidad manifiesta]

text:
               19.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 343/10

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 7 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)
   (Asunto C-129/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Contratos públicos de suministro - Directiva 2004/18/CE - Artículo 1, apartado 9 - Concepto de «organismo de Derecho público» - Centro hospitalario creado con ánimo de lucro y cuyo capital es completamente privado - Ingresos procedentes en más de un 50 % o de un 30 % de pagos del régimen público del seguro de enfermedad como contrapartida de la realización de servicios médicos - Artículo 7, letra b) - Valor estimado del contrato - Umbral no alcanzado - Interés transfronterizo cierto - Falta de información - Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Inadmisibilidad manifiesta])
   (2016/C 343/13)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: H. M.

      Demandada: Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

      Fallo

   La petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía, Bulgaria), mediante resolución de 4 de marzo de 2015, es manifiestamente inadmisible.

      (1)  DO C 171 de 26.5.2015.


title: Asunto T-74/10: Sentencia del Tribunal General de 11 de mayo de 2011 — Flaco-Geräte/OAMI — Delgado Sánchez (FLACO) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa FLACO — Marca nacional denominativa anterior FLACO — Motivo de denegación relativo — Identidad de los productos — Artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Solicitud de la prueba del uso efectivo de la marca anterior presentada por primera vez ante la Sala de Recurso — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n ° 207/2009 y regla 22 del Reglamento (CE) n ° 2868/95» ]

text:
               25.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 186/25

         Sentencia del Tribunal General de 11 de mayo de 2011 — Flaco-Geräte/OAMI — Delgado Sánchez (FLACO)
   (Asunto T-74/10) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa FLACO - Marca nacional denominativa anterior FLACO - Motivo de denegación relativo - Identidad de los productos - Artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Solicitud de la prueba del uso efectivo de la marca anterior presentada por primera vez ante la Sala de Recurso - Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009 y regla 22 del Reglamento (CE) no 2868/95)
   2011/C 186/46
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Flaco-Geräte GmbH (Gütersloh, Alemania) (representante: M. Wirtz, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Jesús Delgado Sánchez (Socuéllamos, Ciudad Real)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 23 de noviembre de 2009 (asunto R 86/2009-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Jesús Delgado Sánchez y Flaco-Geräte GmbH.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Flaco-Geräte GmbH.

      (1)  DO C 100, de 17.4.2010.


title: Asunto C-141/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de septiembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania ( Incumplimiento de Estado — Medidas de efecto equivalente a una restricción cuantitativa — Protección de la salud pública — Justificación — Farmacias — Suministro directo de productos farmacéuticos a los hospitales — Proximidad al hospital interesado )

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/8

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de septiembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania
   (Asunto C-141/07) (1)

   («Incumplimiento de Estado - Medidas de efecto equivalente a una restricción cuantitativa - Protección de la salud pública - Justificación - Farmacias - Suministro directo de productos farmacéuticos a los hospitales - Proximidad al hospital interesado»)
   (2008/C 285/11)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: B. Schima, agente)

      Demandada: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma y C. Schulze-Bahr, agentes)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 28 CE y 30 CE — Normativa nacional que exige a las farmacias determinados requisitos para poder suministrar medicamentos directamente a los hospitales, requisitos que únicamente pueden cumplir en la práctica las farmacias establecidas cerca del hospital en cuestión.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 117 de 26.5.2007.


title: Asunto C-554/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda (Incumplimiento de Estado — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículos 2, 9 y 13 — Actividad económica ejercida por el Estado, las entidades locales y otros organismos de Derecho público — Exención)

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda
   (Asunto C-554/07) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículos 2, 9 y 13 - Actividad económica ejercida por el Estado, las entidades locales y otros organismos de Derecho público - Exención)
   2009/C 220/09
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal y M. Afonso, agentes)

      Demandada: Irlanda (representantes: D. O’Hagan, E. Fitzsimons y N. Travers, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Adaptación incorrecta del Derecho interno al artículo 13 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Exención de cualquier actividad económica realizada por el Estado, las entidades locales y otros organismos de Derecho público.

      Fallo

               1)

               Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 9 y 13 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido:
               Al no establecer, en la normativa nacional, ninguna disposición general con arreglo a la cual queden sujetas al impuesto sobre el valor añadido las actividades económicas ejercidas por organismos de Derecho público fuera del marco de la autoridad pública.
               Al no establecer, en la normativa nacional, ninguna disposición general con arreglo a la cual queden sujetos al impuesto sobre el valor añadido los organismos de Derecho público que actúen en calidad de autoridad pública cuando su no sujeción pueda originar distorsiones significativas de la competencia, ni ningún criterio que permita regular a ese respecto la facultad discrecional del Ministro de Hacienda.
               Al no contemplar, en la normativa nacional, ninguna disposición general con arreglo a la cual queden sujetos al impuesto sobre el valor añadido los organismos de Derecho público que ejerzan actividades de las enumeradas en el anexo I de la citada Directiva, cuando el volumen de éstas no sea insignificante.

               2)

               Condenar en costas a Irlanda.

      (1)  DO C 51, de 23.2.2008.


title: Asunto C-236/15: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanţa — Rumanía) — Dinu Antoci/Instituția Prefectului — județul Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

text:
               19.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 475/15

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanţa — Rumanía) — Dinu Antoci/Instituția Prefectului — județul Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
   (Asunto C-236/15) (1)

   (2016/C 475/23)
   Lengua de procedimiento: rumano
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 270 de 17.8.2015.


title: Asunto T-26/14: Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre de 2014 — Schönberger/Tribunal de Cuentas ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Promoción — Ejercicio de promoción 2011 — Porcentajes de multiplicación de referencia — Contradictorio» )

text:
               24.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 421/41

         Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre de 2014 — Schönberger/Tribunal de Cuentas
   (Asunto T-26/14) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Promoción - Ejercicio de promoción 2011 - Porcentajes de multiplicación de referencia - Contradictorio»))
   2014/C 421/58
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Peter Schönberger (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: O. Mader, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (representantes: B. Schäfer e I. Ní Riagáin Düro, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 5 de noviembre de 2013, Schönberger/Tribunal de Cuentas (F-14/12, RecFP, EU:F:2013:167), dirigido a obtener la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 5 de noviembre de 2013, Schönberger/Tribunal de Cuentas (F-14/12).

               2)

               Devolver el asunto al Tribunal de la Función Pública.

               3)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 93, de 29.3.2014.


title: Asunto T-229/08: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2009 — Impala/Comisión (Competencia — Concentración — Empresa en participación Sony BMG — Anulación por el Tribunal de Primera Instancia de la decisión inicial — Nueva decisión que declara la operación de concentración compatible con el mercado común — Desaparición del objeto del litigio — Sobreseimiento)

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/48

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2009 — Impala/Comisión
   (Asunto T-229/08) (1)

   (Competencia - Concentración - Empresa en participación Sony BMG - Anulación por el Tribunal de Primera Instancia de la decisión inicial - Nueva decisión que declara la operación de concentración compatible con el mercado común - Desaparición del objeto del litigio - Sobreseimiento)
   2009/C 282/93
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internacionale) (Bruselas) (representantes: S. Crosby, J. Golding, Solicitors, e I. Wekstein, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: X. Lewis, F. Arbault y K. Mojzesowicz, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Sony Corporation of America (Nueva York, Estados Unidos) (representantes: N. Levy, Barrister, R. Snelders y T. Graf, abogados) y Bertelsmann AG (Gütersloh, Alemania) (representantes: P. Chappatte, J. Boyce y A. Lyle-Smythe, Solicitors)

      Objeto

   Anulación de la Decisión C(2007) 4507 de la Comisión, de 3 de octubre de 2007, por la que se declaró compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo una operación de concentración de empresas que tenía por objeto la creación de una empresa en participación que agrupara las actividades de Sony Corporation of America y Bertelsmann AG en el ámbito de la música grabada (asunto no COMP/M.3333-Sony/BMG), adoptada a raíz de la anulación, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2006, Impala/Comisión (T-464/04, Rec. p. II-2289), de la Decisión 2005/188/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2004, por la que una concentración se declara compatible con el mercado común y el funcionamiento del Acuerdo EEE (asunto no COMP/M.3333-Sony/BMG) (DO 2005, L 62, p. 30).

      Fallo

               1)

               Sobreseer el presente recurso.

               2)

               Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internacionale) cargará con sus propias costas y las de la Comisión de las Comunidades Europeas.

               3)

               Bertelsmann AG y Sony Corporation of America cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 197, de 2.8.2008.


title: Asunto T-103/06: Recurso interpuesto el  27 de marzo de 2006  — ESOTRADE/OAMI

text:
               20.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/17

         Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2006 — ESOTRADE/OAMI
   (Asunto T-103/06)
   (2006/C 121/30)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español
   Partes

      Demandante: ESOTRADE, S.A. (Madrid) (Representante: Sr. Jaime de Rivera Lamo de Espinosa, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)
   Otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso: Sr. Antonio Segura Sánchez.
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Resolución de la Sala Segunda de la OAMI, de fecha 10 de enero de 2006, en el asunto R 217/2004-2, en el conflicto entre las marcas YOKANA/YOKONO.

               —

               Que se declare la registrabilidad de la marca comunitaria no 1.600.659, «YOKANA».

               —

               Que se condene en costas al oponente, tanto en el presente procedimiento como en los anteriores.

         Motivos y principales alegaciones
   Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa «YOKANA» (solicitud no 1.600.659), para productos de las clases 14, 18 y 25.
   Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: D. Antonio Segura Sánchez.

      Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marcas figurativas comunitaria y española «YOKONO», para productos de las clases 25 (no 1.099.356) y 18, 25 y 39 (no 336.750).

      Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición y denegando de la solicitud de registro para determinados productos de las clases 18 y 25.
   Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Aplicación incorrecta del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria.


title: Asunto T-336/13: Auto del Tribunal General de 2 de septiembre de 2014  — Borghezio/Parlamento ( «Recurso de anulación — Declaración del Presidente del Parlamento Europeo, en sesión plenaria, por la que se informa a la asamblea de la exclusión de un diputado europeo del grupo político en el que estaba inscrito — Acto no susceptible de recurso — Recurso manifiestamente inadmisible» )

text:
               27.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 380/12

         Auto del Tribunal General de 2 de septiembre de 2014 — Borghezio/Parlamento
   (Asunto T-336/13) (1)

   ((«Recurso de anulación - Declaración del Presidente del Parlamento Europeo, en sesión plenaria, por la que se informa a la asamblea de la exclusión de un diputado europeo del grupo político en el que estaba inscrito - Acto no susceptible de recurso - Recurso manifiestamente inadmisible»))
   2014/C 380/16
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Mario Borghezio (Turín, Italia) (representante: H. Laquay, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: N. Lorenz, N. Görlitz y M. Windisch, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación de la decisión del Parlamento, en forma de declaración de su Presidente en sesión plenaria de 10 de junio de 2013, con arreglo a la cual el demandante figuraba a partir del 3 de junio de 2013 entre los diputados no inscritos, por haber sido excluido del grupo político «Europa de la Libertad y de la Democracia» a partir de esa fecha.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Sr. Mario Borghezio cargará, además de con sus propias costas, con las costas del Parlamento Europeo, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

      (1)  DO C 252, de 31.8.2013.


title: Asunto T-179/06: Recurso interpuesto el 7 de julio de 2006 — Comisión/Burie Onderzoek en Advies

text:
               16.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 224/48

         Recurso interpuesto el 7 de julio de 2006 — Comisión/Burie Onderzoek en Advies
   (Asunto T-179/06)
   (2006/C 224/101)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: A. Weimar, agente, asistido por W.A.M. Rupert, abogado)

      Demandada: Burie Onderzoek en Advies B.V. (Nijeholtpade, Países Bajos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se condene a la demandada al pago a la Comisión de la cantidad de 646.871,28 euros, equivalente a un principal de 454.832,62 euros y unos intereses de demora de 192.039,66 euros, más los intereses legales que se devenguen a partir de la fecha de la interposición del presente recurso hasta la fecha del reembolso total de la deuda.

               —

               Que se condene a la demandada al pago de las costas judiciales y extrajudiciales.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comunidad Europea, representada por la Comisión, firmó con la demandada y otras partes contratantes dos contratos relativos a los trabajos que se realizan en el marco de la investigación y desarrollo en materia de tecnologías de comunicación avanzadas en Europa (programa RACE II — proyecto R2022 Barbara) y aplicaciones telemáticas de interés general (programa aplicaciones telemáticas Telepromise).
   De conformidad con el acuerdo, la Comisión inició una auditoría. A raíz del resultado de esta auditoría, la Comisión envió a la demandada una nota de débito. La Comisión alega que de las condiciones generales de los contractos se desprende que la demandada está obligada a reembolsar la diferencia entre los gastos aceptados y los pagos ya efectuados por la Comisión y que se trata de un pago indebido, con arreglo al artículo 203 del libro 6 del Código Civil neerlandés, de aplicación a los contratos de que se trata.