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Sentencia del Tribunal, de 10 de diciembre de 2010 , en el asunto E-9/10 — Órgano de Vigilancia de la AELC/Principado de Liechtenstein (Incumplimiento de las obligaciones de una Parte Contratante — Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales)

Diario Oficial n° C 148 de 19/05/2011 p. 0004 - 0004

		Sentencia del Tribunalde 10 de diciembre de 2010en el asunto E-9/10Órgano de Vigilancia de la AELC/Principado de Liechtenstein(Incumplimiento de las obligaciones de una Parte Contratante — Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales)2011/C 148/04En el asunto E-9/10, Órgano de Vigilancia de la AELC/Principado de Liechtenstein — SOLICITUD de declaración de que, al no haber adoptado ni notificado al Órgano de Vigilancia de la AELC en el plazo prescrito las medidas necesarias para la plena incorporación al ordenamiento jurídico nacional del acto al que se hace referencia en el punto 1 del anexo VII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, modificada por el Reglamento (CE) no 1430/2007 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, por el que se modifican los anexos II y III de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y por el Reglamento (CE) no 755/2008 de la Comisión, de 31 de julio de 2008, por el que se modifica el anexo II de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales], adaptado al Acuerdo EEE mediante el Protocolo 1 del mismo, el Principado de Liechtenstein ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63, párrafo primero, de la Directiva y del artículo 7 del Acuerdo EEE, el Tribunal, compuesto por Carl Baudenbacher, Presidente, Thorgeir Örlygsson y Henrik Bull (Juez ponente), Jueces, dictó sentencia el 10 de diciembre de 2010, cuyo fallo es el siguiente:El Tribunal:1) Declara que, al no haber adoptado en el plazo prescrito las medidas necesarias para la aplicación del acto al que se hace referencia en el punto 1 del anexo VII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, modificada por el Reglamento (CE) no 1430/2007 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, por el que se modifican los anexos II y III de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y por el Reglamento (CE) no 755/2008 de la Comisión, de 31 de julio de 2008, por el que se modifica el anexo II de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales], adaptado al Acuerdo EEE mediante el Protocolo 1 del mismo, el Principado de Liechtenstein ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63, párrafo primero, de la Directiva y del artículo 7 del Acuerdo EEE.2) Condena en costas al Principado de Liechtenstein.--------------------------------------------------


title: Asunto F-30/08: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 11 de mayo de 2010 — Nanopoulos/Comisión (Función pública — Funcionarios — Competencia del Tribunal de la Función Pública — Admisibilidad — Acto lesivo — Responsabilidad extracontractual — Filtraciones a la prensa — Principio de presunción de inocencia — Daño moral — Decisión de incoar un procedimiento disciplinario — Error manifiesto de apreciación — Deber de asistencia — Artículo 24 del Estatuto)

text:
               31.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/52

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 11 de mayo de 2010 — Nanopoulos/Comisión
   (Asunto F-30/08) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Competencia del Tribunal de la Función Pública - Admisibilidad - Acto lesivo - Responsabilidad extracontractual - Filtraciones a la prensa - Principio de presunción de inocencia - Daño moral - Decisión de incoar un procedimiento disciplinario - Error manifiesto de apreciación - Deber de asistencia - Artículo 24 del Estatuto)
   2010/C 209/79
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxemburgo) (representantes: V. Christianos, D. Gouloussis y V. Vlassi, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente J. Currall y K. Herrmann; posteriormente J. Currall y K. Herrmann, agentes, asistidos por E. Bourtzalas e I. Antypas, abogados)

      Objeto

   Condena de la Comisión a abonar al demandante una cantidad en concepto de reparación del daño sufrido como consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales en menoscabo de su honor y reputación

      Fallo

               1)

               Condenar a la Comisión Europea a abonar al Sr. Nanopoulos la cantidad de 90 000 euros.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión Europea cargará con todas las costas.

      (1)  DO C 171 de 5.7.2008, p. 50.


title: Asunto F-36/12: Recurso interpuesto el 15 de marzo de 2012 — ZZ/BEI

text:
               23.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/23

         Recurso interpuesto el 15 de marzo de 2012 — ZZ/BEI
   (Asunto F-36/12)
   2012/C 184/51
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: N. Thieltgen, abogado)

      Demandada: Banco Europeo de Inversiones

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la resolución presunta de desestimación de la solicitud de indemnización de la parte demandante y de reparación de los perjuicios que alega haber sufrido a causa de hechos ilícitos supuestamente cometidos por la parte demandada.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se condene al BEI a reparar los perjuicios físico, moral y material sufridos por la parte demandante derivados de los hechos ilícitos imputables al BEI, indemnización que debe comprender intereses de demora:

                           —

                           en lo que atañe al incumplimiento por el BEI de sus deberes de asistencia y protección: 114 100 euros;

                           —

                           en lo que atañe a la infracción del artículo 42 del Reglamento: 10 000 euros.

               —

               Que se condene en costas al BEI.


title: Asunto C-182/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Conseil d'État, de fecha 25 de enero de 2002, en el asunto entre Ligue pour la protection des Oiseaux, Association pour la protection des animaux sauvages, Rassemblement des opposants à la chasse, Union national des fédérations départementales de chasseurs y l'Association nationale de chaseurs de gibier d'eau y República Francesa

text:
C 169/24                  ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      13.7.2002
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
lución del Conseil d’État, de fecha 25 de enero de 2002,
en el asunto entre Ligue pour la protection des Oiseaux,
Association pour la protection des animaux sauvages,
Rassemblement des opposants à la chasse, Union national                  —    anule la Directiva 2002/15/CE (1) del Parlamento y del
des fédérations départementales de chasseurs y l’Associa-                     Consejo relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de
tion nationale de chaseurs de gibier d’eau y República                       las personas que realizan actividades móviles de trans-
                               Francesa                                       porte por carretera y
                          (Asunto C-182/02)
                                                                         —    condene en costas a la institución demandada
                           (2002/C 169/42)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Conseil d’État, dictada el 25 de enero de 2002,         Motivos y principales alegaciones
en el asunto entre Ligue pour la protection des Oiseaux,
Association pour la protection des animaux sauvages, Rassem-
blement des opposants à la chasse, Union national des
fédérations départementales de chasseurs y l’Association natio-
nale de chaseurs de gibier d’eau y República Francesa, y
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 15 de mayo
de 2002. El Conseil d’État solicita al Tribunal de Justicia que se      Infracción del derecho de libertad profesional y de empresa
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
—     ¿Permite el artı́culo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva
      79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 (1), relativa        —    la inclusión de los transportistas autónomos en el ámbito
      a la protección de las aves silvestres, que un Estado                  de aplicación de la directiva objeto de impugnación,
      miembro establezca excepciones a las fechas de apertura                 infringe el derecho fundamental al libre ejercicio de una
      y de cierre de la caza resultantes de la toma en considera-             actividad profesional o empresarial que forma parte de
      ción de los objetivos enumerados en el artı́culo 7,                    los principios generales del derecho cuyo respeto es
      apartado 4, de dicha Directiva?                                         asegurado por el Tribunal de Justicia.
—     En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son los criterios
      que permiten determinar los lı́mites de tal excepción?            —    Infracción del principio de no discriminación: la inclusión
                                                                              de los transportistas autónomos en el ámbito de aplica-
                                                                              ción de la directiva constituye una discriminación injusti-
(1) Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de           ficada de estos transportistas en relación con los transpor-
    las aves silvestres (DO L 59, p. 61).                                     tistas por cuenta ajena, dado que se está tratando de
                                                                              forma igual situaciones que son radicalmente distintas sin
                                                                              que exista justificación objetiva alguna que lo fundamente
                                                                              y, además, se está desconociendo el mandato del art. 74
                                                                              CE que obliga al Consejo, cuando adopta disposiciones
                                                                              en materia de precios y condiciones de transporte, a tener
                                                                              en cuenta la situación económica de los transportistas.
Recurso interpuesto el 16 de mayo de 2002 contra el
   Consejo de la Unión Europea por el Reino de España
                                                                              Además, la inclusión de los conductores autónomos en
                                                                              el ámbito de aplicación de la directiva desincentiva la
                          (Asunto C-184/02)                                   creación y limita la capacidad de desarrollo de las
                                                                              empresas de transporte al desdibujar su marco jurı́dico.
                           (2002/C 169/43)                                    Los pequeños empresarios no sabrán si sus actuaciones
                                                                              están dentro de un marco empresarial o dentro de una
                                                                              relación laboral como la de cualquier asalariado, o, lo que
                                                                              es peor, si están sujetos a las limitaciones pero no a los
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  derechos que a este último se le imponen y reconoce. En
presentado el 16 de mayo de 2002 un recurso contra el                         definitiva, al incluir al transportista autónomo en el
Consejo de la Unión Europea formulado por el Reino de                        ámbito de aplicación de la directiva se le está discrimi-
España, representado por la Sra. Rosario Silva de Lapuerta,                  nando respecto de los que operan a través de trabajadores
Abogado del Estado, que designa como domicilio en Luxem-                      por cuenta ajena, haciéndoles imposible el normal ejerci-
burgo el de la Embajada de España, 4 y 6, rue Emmanuel                       cio de su actividad, reduciendo su competitividad y
Servais.                                                                      llevándole a su paulatina expulsión del mercado.


title: Asunto F-24/09: Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2009 — Wagner-Leclercq/Consejo

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/47

         Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2009 — Wagner-Leclercq/Consejo
   (Asunto F-24/09)
   2009/C 113/101
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Bélgica) (representantes: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos publicada en la comunicación al personal (CP) no 75/08, de 24 de abril de 2008, por la que se aprobó la lista de los funcionarios del grupo AST (trayectoria profesional I-11), propuestos para una promoción en virtud del ejercicio 2008.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos, publicada en la comunicación al personal (CP) no 75/08, de 24 de abril de 2008, por la que se aprobó la lista de los funcionarios del grupo AST (trayectoria profesional I-11) propuestos para una promoción en virtud del ejercicio 2008.

               —

               En cuanto sea necesario, que se anule la decisión de la AFPN por la que se denegó la reclamación de la demandante.

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de febrero de 2003 en el asunto C-458/00: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo ("Incumplimiento de Estado — Artículo 7, apartados 2 y 4, del Reglamento (CEE) n° 259/93 — Calificación de la finalidad de un traslado de residuos (valorización o eliminación) — Residuos incinerados — Epígrafe R 1 del anexo II B de la Directiva 75/442/CEE — Concepto de utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía")

text:
C 83/2                  ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                                5.4.2003
por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
jurisdiccional entre Stichting ter Exploitatie van Naburige                                              (Sala Quinta)
Rechten (SENA) y Nederlandse Omroep Stichting (NOS), una
decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 8,                                      de 13 de febrero de 2003
apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de
19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en                  en el asunto C-458/00: Comisión de las Comunidades
el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61),                           Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)
el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el
Sr. J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala, y los                    («Incumplimiento de Estado — Artículo 7, apartados 2 y 4,
Sres. C. Gulmann y V. Skouris, la Sra. F. Macken y el Sr.                    del Reglamento (CEE) no 259/93 — Calificación de la
J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tiz-                   finalidad de un traslado de residuos (valorización o elimina-
zano; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal,               ción) — Residuos incinerados — Epígrafe R 1 del anexo II B
ha dictado el 6 de febrero de 2003 una sentencia cuyo fallo                  de la Directiva 75/442/CEE — Concepto de utilización
es el siguiente:                                                             principal como combustible o como otro medio de generar
                                                                                energía»)
                                                                                (2003/C 83/03)
1)    El concepto de remuneración equitativa que figura en el                                  (Lengua de procedimiento: francés)
      artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del
      Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de
                                                                             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
      autor en el ámbito de la propiedad intelectual, debe ser
      interpretado de una manera uniforme en todos los Estados
      miembros y ser aplicado por cada Estado miembro, a quien
      incumbe determinar en su territorio los criterios más                  En el asunto C-458/00, Comisión de las Comunidades Euro-
      pertinentes para lograr, dentro de los límites impuestos por el        peas (agente: Sr. H. Støvlbaek y Sra. J. Adda) contra Gran
      Derecho comunitario y en particular por la mencionada                  Ducado de Luxemburgo (agentes: Sr. J. Faltz), apoyado por
      Directiva, el respeto de dicho concepto comunitario.                   República de Austria (agente: Sra. C. Pesendorfer) que tiene
                                                                             por objeto que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo
                                                                             ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de
                                                                             los artículos 2, 6 y 7 del Reglamento (CEE) no 259/93 del
2)    El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 no se                Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al
      opone a un método de cálculo de la remuneración equitativa             control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada
      de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores         y a la salida de la Comunidad Europea (DO L 30, p. 1), y del
      de fonogramas que haga uso de factores variables y fijos,              artículo 1, letra f), en relación con el epígrafe R 1 del anexo II B
      tales como la cantidad de horas de difusión de los                     de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de
      fonogramas, los índices de audiencia de las emisoras de radio          1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01,
      y de televisión representadas por el organismo de difusión, las        p. 129), en su versión modificada por la Decisión 96/350/CE
      tarifas fijadas por contrato en materia de derechos de                 de la Comisión, de 24 de mayo de 1996 (DO L 135, p. 32), al
      ejecución y de radiodifusión de obras musicales protegidas por         formular objeciones injustificadas a ciertos traslados de resi-
      los derechos de autor, las tarifas practicadas por los                 duos hacia otro Estado miembro para su utilización principal
      organismos públicos de radiodifusión en los Estados miembros           como combustible, contrarias a lo dispuesto en el artículo 7,
      vecinos del Estado miembro de que se trate y las cantidades            apartados 2 y 4, de dicho Reglamento y en el artículo 1,
      pagadas por las emisoras comerciales, puesto que dicho                 letra f), en relación con el epígrafe R 1 del anexo II B de esta
      método permite alcanzar el equilibrio adecuado entre el interés        Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los
      de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores a       Sres. M. Wathelet, Presidente de Sala, y C.W.A. Timmermans
      percibir una remuneración por la difusión de un fonograma              (Ponente), D.A.O. Edward, P. Jann y S. von Bahr, Jueces;
      determinado y el interés de los terceros para poder emitir             Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H.A. Rühl,
      dicho fonograma en condiciones razonables y no es contrario            administrador principal, ha dictado el 13 de febrero de 2003
      a ningún principio del Derecho comunitario.                            una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                             1)     Desestimar el recurso.
                                                                             2)     Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades
( 1) DO C 247 de 26.08.2000.                                                        Europeas.
                                                                             3)     La República de Austria soportará sus propias costas.
                                                                             (1 ) DO C 45 de 10.2.2001.


title: Asunto T-166/08: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2009 — Ivanov/Comisión ( Responsabilidad extracontractual — Agentes locales de asistencia administrativa y técnica — Desestimación de candidatura — Competencia del Tribunal de Primera Instancia — Plazo de caducidad del recurso de anulación — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Acto del Defensor del Pueblo Europeo — Recurso en parte inadmisible y en parte carente manifiestamente de fundamento jurídico alguno )

text:
               21.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/48

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2009 — Ivanov/Comisión
   (Asunto T-166/08) (1)

   («Responsabilidad extracontractual - Agentes locales de asistencia administrativa y técnica - Desestimación de candidatura - Competencia del Tribunal de Primera Instancia - Plazo de caducidad del recurso de anulación - Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Acto del Defensor del Pueblo Europeo - Recurso en parte inadmisible y en parte carente manifiestamente de fundamento jurídico alguno»)
   2009/C 282/92
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Vladimir Ivanov (Boulogne–Billancourt, Francia) (representante: F. Rollinger, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y B. Eggers, agentes)

      Objeto

   Recurso que tiene por objeto la reparación del daño que el demandante alega haber sufrido a consecuencia de la decisión de la Comisión por la que no se le contrata como agente local de asistencia administrativa y técnica en la Delegación de la Comisión en Sofía (Bulgaria).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Vladimir Ivanov.

      (1)  DO C 183, de 19.7.2008.


title: Asunto C-9/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/D.G. Kieback (Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Legislación tributaria — Impuesto sobre la renta — Rendimientos obtenidos en el territorio de un Estado miembro — Trabajador no residente — Tributación en el Estado de empleo — Requisitos)

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/D.G. Kieback
   (Asunto C-9/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Libre circulación de los trabajadores - Legislación tributaria - Impuesto sobre la renta - Rendimientos obtenidos en el territorio de un Estado miembro - Trabajador no residente - Tributación en el Estado de empleo - Requisitos))
   (2015/C 279/12)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Staatssecretaris van Financiën

      Demandada: D.G. Kieback

      Fallo

   El artículo 39 CE, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en la tributación del impuesto sobre la renta de un trabajador no residente que ha ejercido su actividad profesional en un Estado miembro durante parte del ejercicio fiscal, dicho Estado miembro deniegue al referido trabajador la concesión de una ventaja fiscal relacionada con su situación personal y familiar debido a que, si bien ha percibido en ese Estado miembro todos o casi todos sus ingresos durante ese período, éstos no representan la parte principal de su renta imponible en dicho ejercicio considerado en su totalidad. El hecho de que dicho trabajador se haya trasladado para ejercer su actividad profesional a un Estado tercero y no a otro Estado miembro de la Unión resulta irrelevante para esta interpretación.

      (1)  DO C 102 de 7.4.2014.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 7 de julio de 2005, en el asunto C-364/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica («Incumplimiento de Estado — Directiva 84/360/CEE — Contaminación atmosférica — Instalaciones industriales — Central eléctrica»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/9

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 7 de julio de 2005
   en el asunto C-364/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica (1)

   («Incumplimiento de Estado - Directiva 84/360/CEE - Contaminación atmosférica - Instalaciones industriales - Central eléctrica»)
   (2005/C 217/17)
   Lengua de procedimiento: griego
   En el asunto C-364/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 22 de agosto de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. G. Valero Jordana y M. Konstantinidis) contra República Helénica (agente: Sra. E. Skandalou), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. R. Schintgen (Ponente), P. Kūris y G. Arestis, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 7 de julio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 de la Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales, al no haber definido políticas ni estrategias para adaptar progresivamente a la mejor tecnología disponible las turbinas de vapor y las turbinas de gas de la central de la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (empresa pública de electricidad), situada en Linoperamata, en la isla de Creta.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 251, de 18.10.2003.


title: Asunto C-5/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgerichts Hamburg (Alemania) el 7 de enero de 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück

text:
               22.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 85/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgerichts Hamburg (Alemania) el 7 de enero de 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück
   (Asunto C-5/14)
   2014/C 85/29
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Hamburg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

      Demandada: Hauptzollamt Osnabrück

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 267, párrafo segundo, en relación con el párrafo primero, letra [b)], del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) ¿faculta al órgano jurisdiccional de un Estado miembro para someter al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión que le hayan sido planteadas en relación con la adecuación a Derecho de una ley nacional también en el supuesto de que el órgano jurisdiccional no sólo tenga dudas acerca de la conformidad de dicha ley con el Derecho de la Unión, por una parte, sino que, por otra parte, haya llegado igualmente a la conclusión de que la ley nacional es contraria a la Constitución nacional, y por ello, en un procedimiento paralelo, haya recurrido ya ante el Tribunal Constitucional, único legitimado con arreglo al Derecho nacional para resolver acerca de la inconstitucionalidad de las leyes, no habiéndose pronunciado éste todavía al respecto?
               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:

               2)

               La introducción de un impuesto nacional que grava los combustibles nucleares utilizados para la producción comercial de electricidad, ¿es contraria a las Directivas 2008/118/CE (1) y 2003/96/CE, (2) adoptadas para armonizar en la Unión los impuestos especiales y la tributación de los productos energéticos y de la electricidad? ¿Depende de si cabe esperar que el impuesto nacional pueda ser repercutido sobre el consumidor a través del precio de la electricidad? En su caso, ¿qué debe entenderse por «repercusión»?

               3)

               ¿Puede una empresa oponerse a un impuesto con el que, con el fin de obtener ingresos, un Estado miembro grava la utilización de combustibles nucleares para la producción comercial de electricidad, alegando que la aplicación del impuesto constituye una ayuda de Estado contraria al Derecho de la Unión con arreglo al artículo 107 TFUE?
               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior:
               La Ley alemana del impuesto sobre combustibles nucleares, según la cual, con el fin de obtener ingresos, se cobra un impuesto únicamente a aquellas empresas que producen comercialmente electricidad mediante la utilización de combustibles nucleares, ¿constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE? ¿Qué circunstancias deben tenerse en cuenta al examinar si otras empresas a las que no se grava de un modo similar se hallan en una situación fáctica y jurídica comparable?

               4)

               La percepción del impuesto alemán sobre combustibles nucleares, ¿es contrario a las normas del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado CEEA)?

      (1)  Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO 2009, L 9, p. 12).

      (2)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283, p. 51).


title: Asunto T-706/16 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de octubre de 2016 por HB contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-125/15, HB/Comisión

text:
               5.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 454/30

      Recurso de casación interpuesto el 3 de octubre de 2016 por HB contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-125/15, HB/Comisión
      (Asunto T-706/16 P)
      (2016/C 454/52)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Recurrente: HB (Schweich, Alemania) (representantes: S. Orlandi y T. Martin, abogados)

         Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

         Pretensiones

      La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la sentencia del TFP en el asunto F-125/15, HB/Comisión.
                  Y que pronunciándose mediante nuevas disposiciones:

                  —

                  Anule la decisión de no promover a la recurrente en el marco del ejercicio de promoción de 2014.

                  —

                  Condene a la Comisión a abonar a la recurrente, como consecuencia del daño moral sufrido, el importe de 15 000 euros.

                  —

                  Condene en costas a la Comisión en ambas instancias.

         Motivos y principales alegaciones

      En apoyo de su recurso, la parte recurrente formula tres motivos de casación, basados en varios errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal de la Función Pública (en lo sucesivo, TFP).

                  1.

                  En primer término, la parte recurrente estima que el TFP incurrió en un error de Derecho al considerar que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, AFPN) realizó un análisis comparativo de los méritos efectivo, es decir, sobre una base objetiva y equitativa, porque se limitó a no tener en cuenta los méritos de la parte recurrente correspondientes al año 2013, al no haber evaluación en el informe de calificación de 2013, sin buscar fuentes de información comparable.

                  2.

                  En segundo término, considera que el TFP incurrió en un error de Derecho al declarar que la falta de evaluación en el informe de calificación de 2013 es imputable a la parte recurrente y que el hecho de no haberlo impugnado en los plazos estatutarios impide a la AFPN evaluar sus méritos correspondientes a ese año.

                  3.

                  En tercer término, la parte recurrente sostiene que el TFP incurrió en un error de Derecho al declarar que no acreditó unos hechos que permitían presumir la existencia de una discriminación por razón de sexo porque su informe de calificación carece de cualquier evaluación sustantiva, como consecuencia únicamente de sus ausencias prolongadas justificadas por bajas de maternidad y enfermedad debidas a complicaciones vinculadas con el embarazo.


title: Asunto C-255/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del London Tribunal Centre, de fecha 27 de junio de 2002, en el asunto entre Halifax plc. Leeds Permanent Devlopment Services Ltd. County Wide Property Investments Ltd y Commissioners of Customs and Excise

text:
C 233/12                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    28.9.2002
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 Recurso interpuesto el 29 de mayo de 2002 contra Chubb
                                                                          Insurance Company of Europe SA, Commercial General
                                                                          Norwich Union y Royal Sun Alliance por el Parlamento
                           (Sala Primera)                                                              Europeo
                                                                                (Asunto C-199/02)
                     de 14 de junio de 2002
                                                                                (2002/C 233/19)
en el asunto C-248/01 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Landesgericht Feldkirch): Hermann Pfan-
ner Getränke GmbH y otros, Getränkebetrieb GmbH y
                               otros (1)                                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 29 de mayo de 2002 un recurso contra
                                                                          Chubb Insurance Company of Europe SA, Commercial General
(Artículo 92, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento                 Norwich Union y Royal Sun Alliance, formulado por el
— Remisión prejudicial — Publicidad de las cuentas anuales                Parlamento Europeo, representado por los Sres. D. Petersheim
y del informe de gestión — Llevanza del registro mercantil y              y O. Caisou-Rousseau, en calidad de agentes, que designa
   de sociedades — Incompetencia del Tribunal de Justicia)                domicilio en Luxemburgo.
                          (2002/C 233/18)                                 El Parlamento Europeo solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                          1.    Condene a las demandadas a reembolsar al Parlamento
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                              Europeo los gastos de reparación de los daños causados a
                                                                                los paneles de Alucobond por la tormenta del día
                                                                                26 de diciembre de 1999, es decir, 1 194 378,43 euros y
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la            los intereses de demora correspondientes.
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                          2.    Condene a Chubb a reembolsar al Parlamento Europeo
                                                                                los gastos de peritaje, es decir, 2 200,64 euros y los
                                                                                intereses de demora correspondientes.
En el asunto C-248/01, que tiene por objeto una petición                  3.    Condene en costas a las demandadas.
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
por el Landesgericht Feldkirch (Austria), destinada a obtener,
en el marco de unos recursos interpuestos ante dicho órgano
jurisdiccional por Hermann Pfanner Getränke GmbH y otros y                Motivos y principales alegaciones
Getränkebetrieb GmbH y otros, una decisión prejudicial sobre
la validez y la interpretación de la Directiva 68/151/CEE del             El recurso se interpone sobre la base de una cláusula compro-
Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva tendente a              misoria. La parte demandante considera que las compañías de
coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en          seguros no tienen razón al invocar una cláusula de exclusión
los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo             contenida en las condiciones generales complementarias «tor-
párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses          menta y granizo» del contrato de seguro.
de socios y terceros (DO L 65, p. 8; EE 17/01, p. 3), y de la
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978,
Cuarta Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del
artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de
determinadas formas de sociedad (DO L 222, p. 11; EE 17/01,
p. 55), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por los
Sres. P. Jann, Presidente de Sala, M. Wathelet (Ponente) y
A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. L. A. Geelhoed;                    Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 14 de junio de 2002 un            lución del London Tribunal Centre, de fecha 27 de junio
auto en el que se resuelve lo siguiente:                                  de 2002, en el asunto entre Halifax plc. Leeds Permanent
                                                                          Devlopment Services Ltd. County Wide Property Invest-
                                                                              ments Ltd y Commissioners of Customs and Excise
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es manifiesta-
mente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por el                             (Asunto C-255/02)
Landesgericht Feldkirch en su resolución de 22 de junio de 2001.
                                                                                (2002/C 233/20)
(1) DO C 289 de 13.10.2001.
                                                                          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
                                                                          sometida una petición de decisión prejudicial mediante
 ---pagebreak--- 28.9.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 233/13
resolución del London Tribunal Centre, dictada el 27 de junio          Comunidades Europeas en el asunto T-339/00 Bactria Indus-
de 2002, en el asunto entre Halifax plc. Leeds Permanent               triehygiene-Service GmbH contra Comisión de las Comunida-
Devlopment Services Ltd. County Wide Property Investments              des Europeas.
Ltd y Commissioners of Customs and Excise, y recibida en la
Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de julio de 2002. El
London Tribunal Centre solicita al Tribunal de Justicia que se         La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                                                                       —     Declare que el presente recurso es admisible y fundado.
1.   a)    En las circunstancias de autos, las operaciones:
                                                                       —     Anule el auto dictado el 29 de abril de2002 por la
           i)   efectuadas por cada uno de los partícipes con                Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
                la única intención de obtener un beneficio                   Comunidades Europeas en el asunto T-339/00.
                fiscal y
                                                                       —     Declare que la recurrente tiene legitimación para interpo-
           ii)  que no tienen ninguna finalidad independiente                ner recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE,
                relacionada con la actividad de la empresa                   párrafo cuarto, contra el Reglamento 1896/2000/CE (2).
           ¿deben considerarse a efectos del IVA como entregas
                                                                       —     Remita el caso al Tribunal de Primera Instancia de las
           de bienes o prestaciones de servicios efectuadas por
                                                                             Comunidades Europeas para que resuelva sobre el fondo.
           o a los partícipes en el curso de sus actividades
           económicas?
                                                                       —     Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas a
     b)    En las circunstancias de autos, ¿qué factores deben               la totalidad de las costas en ambas instancias.
           considerarse para determinar la identidad de los
           destinatarios de las entregas de bienes o prestaciones
           de servicios efectuadas por los constructores inde-
           pendientes?                                                 Motivos y principales alegaciones
2.   La doctrina del abuso de derecho tal como ha sido
     desarrollada por el Tribunal de Justicia, ¿tiene por efecto       La recurrente alega que debería anularse el auto recurrido
     privar a las partes demandantes de su derecho a la                debido a que se adoptó con arreglo a una interpretación
     deducción o la devolución de las cuotas soportadas del            demasiado estricta del artículo 230 CE que, según la recurrente,
     impuesto derivado de la puesta en práctica de las                 no se aplica ya desde la reciente sentencia del Tribunal de
     operaciones de que se trata?                                      Primera Instancia en el asunto T-177/01, Jégo-Quéré y Cia SA
                                                                       contra Comisión de las Comunidades Europeas en la que se
                                                                       adoptaron nuevos criterios para determinar la legitimación. A
                                                                       juicio de la recurrente, su recurso es claramente admisible
                                                                       atendiendo a estos nuevos criterios en la medida en que el
                                                                       Reglamento impugnado restringe la protección de sus datos y
                                                                       sus derechos de propiedad de forma cierta e inmediata y la
                                                                       recurrente carece de otras vías de recurso para la tutela de sus
Recurso de casación interpuesto el 12 de julio de 2002                 derechos.
por Bactria Industriehygiene-Service GmbH contra el
auto dictado el 29 de abril de 2002 por la Sala Segunda
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   Además, la recurrente alega que, aun cuando no se aplicasen
Europeas en el asunto T-339/00, (1) Bactria Industrie-                 esos nuevos criterios, la valoración jurídica realizada por el
hygiene-Service GmbH contra Comisión de las Comunida-                  Tribunal de Primera Instancia al declarar que el Reglamento
                           des Europeas                                impugnado no afectaba individualmente a la recurrente es
                                                                       contradictoria, está insuficientemente motivada, se basa en
                                                                       una interpretación y aplicación erróneas del marco jurídico
                      (Asunto C-258/02 P)                              pertinente y es contraria a la jurisprudencia relativa a la
                                                                       impugnación de decisiones que afectan individualmente a una
                         (2002/C 233/21)                               persona.
                                                                       (1) DO C 4 de 6.1.2001, p. 9.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           (2) de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, relativo a la primera
presentado el 12 de julio de 2002 un recurso de casación                   fase del programa contemplado en el apartado 2 del artículo 16
                                                                           de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
formulado por Bactria Industriehygiene-Service GmbH, con                   sobre biocidas (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 228, de
domicilio social en Kirchheimbolanden (Alemania), represen-                8.9.2000, p. 6).
tada por los Sres. Koen Van Maldegem y Claudio Mereu,
abogados, contra el auto dictado el 29 de abril de 2002 por
la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las


title: Asunto C-516/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 15 de noviembre de 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

text:
               26.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 26/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 15 de noviembre de 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli
   (Asunto C-516/12)
   2013/C 26/63
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

      Recurridas: Regione Campania, Provincia di Napoli

      Cuestión prejudicial

   ¿A tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1191/69, (1) el derecho a la compensación únicamente nace si, tras haber sido presentada la correspondiente solicitud, las autoridades competentes no suprimen la obligación de servicio que provoca una desventaja económica a la empresa de transporte solicitante, o bien dicha norma sólo se aplica a las obligaciones de servicio respecto de las cuales el Reglamento prevé la supresión y no permite el mantenimiento?

      (1)  Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 156; p. 1; EE 08/01, p. 131).


title: Asunto T-192/99: Recurso interpuesto el 31 de agosto de 1999 contra el Banco Europeo de Inversiones por Roderick Dunnett, Thomas Hackett y Mateo Turró Calvet

text:
C 314/12                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    30.10.1999
En apoyo de sus pretensiones, los demandantes alegan:                    — Con carácter alternativo, anule la referida decisión supue-
                                                                              stamente adoptada por el Comité de Gestión.
— la infracción de los artı́culo 253 (antiguo artı́culo 190) y
     255 (antiguo artı́culo 191 A) del Tratado CE, modificados
     por el Tratado de Amsterdam;                                        — Además, o con carácter alternativo, anule la decisión
                                                                              adoptada por el Consejo de Administración del Banco
— la infracción del Código de conducta, de 6 de diciembre de                Europeo de Inversiones el 23 de febrero de 1999.
     1993, adoptado mediante Decisión no 94/90 de la Comi-
     sión CE y Euratom, sobre el acceso del público a los              — Anule asimismo las hojas de haberes extendidas a los
     documentos de la Comisión, y                                            demandantes relativas a su retribución correspondientes al
                                                                              mes de enero de 1999 y meses sucesivos.
— la violación de los principios de no contradicción, de lógica
     y de correcta ponderación de los intereses, que deben guiar
     el ejercicio de la facultad discrecional eventualmente              — Condene al Banco a pagar a los demandantes, con sus
     reconocida a la Comisión en la materia.                                 correspondientes intereses, la diferencia entre las cantida-
                                                                              des que los demandantes han percibido en concepto e
A este respecto, se considera que el Código de conducta                      retribución desde el 1 de enero de 1999 y las cantidades
mencionado se refiere, en los principios generales, «a los                    que deberı́an haber percibido si se hubiera aplicado «el tipo
documentos que posean la Comisión y el Consejo», y que el                    de conversión especial».
propio concepto de documento se define como «todo escrito
[…] que esté en poder de la Comisión o del Consejo». Por otro           — Condene al Banco al pago de las costas de los demandantes
lado, una decisión como la impugnada no satisface los criterios              en el presente procedimiento.
de trasparencia, sancionados por el Tratado de Amsterdam.
Por último, los demandantes mantienen que toda la documen-
tación, relativa a la investigación con arreglo al artı́culo 226
del Tratado, no parece poder ser incluida como tal en la                 Motivos y principales alegaciones
excepción basada en el Derecho público. En cualquier caso, no
podrı́a serlo de modo total e indiscriminado, sin una motiva-
ción especı́fica para cada documento.                                   La controversia objeto de este procedimiento se refiere a las
                                                                         medidas tomadas por el Banco Europeo de Inversiones relativas
                                                                         a la introducción, a partir del 1 de enero de 1999, del euro
                                                                         como moneda única en 11 de los 15 Estados miembros de la
                                                                         Unión Europea. Al igual que las demás Instituciones y
                                                                         organismos de la Unión Europea, el Banco decidió sustituir el
                                                                         franco belga y luxemburgués (BEF/LUF) por el euro como
Recurso interpuesto el 31 de agosto de 1999 contra el                    moneda en la que han de expresarse y calcularse, desde enero
Banco Europeo de Inversiones por Roderick Dunnett,                       de 1999, las retribuciones y pensiones de su personal. Se
             Thomas Hackett y Mateo Turró Calvet                        pretende que el impacto de la modificación del poder adquisi-
                                                                         tivo de los funcionarios de esas otras Instituciones y organis-
                        (Asunto T-192/99)                                mos sea totalmente neutro. Ello contrasta con la situación en
                                                                         que se encuentran, a partir del 1 de enero de 1999, los
                                                                         integrantes del personal del Banco. Algunos de ellos han visto
                         (1999/C 314/27)                                 reducido de forma considerable su poder adquisitivo, en
                                                                         comparación con la situación en que se encontraban en
                                                                         diciembre de 1998, debido a la supresión del mecanismo
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                     denominado «tipo de conversión especial», que ha venido
                                                                         aplicando el Banco desde 1982 con respecto a la parte de la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   retribución pagadera en una moneda distinta del BEF/LUF.
Europeas se ha presentado el 31 de agosto de 1999 un recurso
contra el Banco Europeo de Inversiones formulado por los
Sres. Roderick Dunnett, Thomas Hackett y Mateo Turró Calvet,            Parece que no existe texto formal alguno de ninguna decisión
representados por el Profesor A.A. Dashwood y por el                     del Comité de Gestión por la que se suprima dicho mecanismo.
Sr. Wendy Outhwaite, que designan como domicilio en                      El único rastro de tal decisión puede encontrarse en algunos
Luxemburgo el despacho de Me Arsène Kronshagen, 22 rue                   documentos que hacen referencia a la adopción de una
Marie Adelaïde.                                                          decisión mediante el denominado «procedimiento de no
                                                                         oposición», que concluyó el 11 de junio de 1998. En su
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            reunión de 23 de febrero de 1999 el Consejo de Administra-
que:                                                                     ción pretendió confirmar la decisión del Comité de Gestión de
                                                                         suprimir el mecanismo. Las hojas de haberes de los demandan-
— Declare que la nota interna dirigida al Comité de Gestión             tes correspondientes al mes de enero de 1999 acreditan que
     del Banco Europeo de Inversiones de fecha 5 de junio de             ha surtido efecto la supresión del referido mecanismo.
     1998 y las Actas de la decisión del Comité de Gestión
     relativas a la misma de fechas 10 y 11 de junio de 1998
     no constituyen, consideradas en su conjunto, una decisión          Los demandantes consideran, no obstante, que, en realidad, el
     válida del Comité de Gestión de suprimir, a partir de la          Comité de Gestión no adoptó, en el marco del procedimiento
     introducción de la moneda única del 1 de enero de 1999,           de no oposición de junio de 1998, la decisión de suprimir el
     el denominado «tipo de conversión especial».                       mecanismo. Al no existir tal decisión, el mecanismo no
 ---pagebreak--- 30.10.1999              ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 314/13
resultarı́a inaplicable automáticamente al introducirse el euro.      Recurso interpuesto el 30 de agosto de 1999 contra
Ni tampoco podrı́a conferir carácter retroactivo a la supresión      Comisión de las Comunidades Europeas por Cristiano
del mecanismo la decisión del Consejo de Administración de                                       Sebastiani
23 de febrero de 1999 mediante la «confirmación» de una
decisión inexistente del Comité de Gestión. De ello se des-                                 (Asunto T-194/99)
prende que el mecanismo siguió siendo aplicable en principio
a las retribuciones de todo el personal del Banco. En tal
supuesto, los demandantes estiman que procede que el Tribu-                                     (1999/C 314/28)
nal de Primera Instancia anule sus hojas de haberes correspon-
dientes al mes de enero, por cuanto éstas no contienen
elemento alguno que se refiera a la aplicación del mecanismo,                          (Lengua de procedimiento: francés)
y ordene al Banco que establezca de nuevo dicho mecanismo
y continúe aplicándolo.
                                                                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                       Europeas se ha presentado el 30 de agosto de 1999 un recurso
                                                                       contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
No obstante, si el Tribunal de Primera Instancia considerase           por el Sr. Cristiano Sebastiani, con domicilio en Bruselas,
que efectivamente se adoptó dicha decisión, los demandantes          representado por Mes Jean-Noël Louis, Greta-Françoise Par-
señalan que ésta es ilegal y debe ser anulada por las siguientes      mentier y Véronique Peere, Abogados de Bruselas, que designa
razones:                                                               como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson
                                                                       SARL, 30, rue de Cessange.
1. La decisión se adoptó sin consultar adecuadamente a los
    legı́timos representantes del personal, como lo exige el           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
    artı́culo 24 del Estatuto.                                         que:
                                                                       — Anule la decisión de la Comisión de no promover al
2. La decisión se basa en un error de Derecho tal que altera               demandante al grado A6 para el ejercicio de promoción
    su carácter esencial y, en consecuencia:                               1998.
                                                                       — Condene en costas la Comisión.
    — El Comité de Gestión adoptó ultra vires la decisión.
    — El Comité de Gestión no examinó detenidamente todos            Motivos y principales alegaciones
         los aspectos pertinentes para la adopción de una
         decisión de este tipo.                                       El demandante impugna la negativa de la AFPN de promoverle
                                                                       en el marco del ejercicio de promoción 1998.
    — El Comité de Gestión siguió un procedimiento ilegal
         para la adopción de la decisión.                            En apoyo de sus pretensiones, alega:
                                                                       — la infracción de los artı́culos 26, 43 y 45 del Estatuto,
3. La decisión conculca un derecho del que disfrutan los
    integrantes del personal con arreglo a los contratos de            — la violación de los derechos de defensa,
    trabajo celebrados con el Banco. Dicho derecho:
                                                                       — la violación de los principios de igualdad de trato, de buena
                                                                            administración y de vocación a la carrera,
    — O bien se ha incorporado de mutuo acuerdo en el
         correspondiente contrato de trabajo.
                                                                       — el incumplimiento de la obligación de motivación.
    — O bien se deriva de la aplicación del principio de los          A este respecto, afirma que su expediente personal no contenı́a,
         derechos contractuales adquiridos, contemplado de             en la fecha de la evaluación comparativa de los méritos de los
         algún modo en el Derecho laboral de la mayorı́a de los       candidatos a la promoción al grado A6, en lo que respecta al
         Estados miembros, y que es de aplicación a los               ejercicio en cuestión, ningún informe sobre sus prestaciones
         contratos de trabajo del personal del Banco en virtud         efectuadas en calidad de administrador.
         del artı́culo 44 del Estatuto.
                                                                       Además, la nota del Director General adjunto de la DG XII
4. La decisión vulnera la confianza legı́tima del personal,           que precisaba que el demandante habı́a sustituido como
    derivada de una pauta de conducta de la Administración            corresponsal titular de la CCCC para la DG XII con efectos de
    del Banco equiparable a un compromiso inequı́voco de               1 de septiembre de 1996 no fue consignada desde su adopción,
    que el mecanismo seguirı́a siendo aplicable después del            ni comunicada al demandante, ni incluida en su expediente
    1 de enero de 1999.                                                personal. Por esta razón, los miembros del Comité de Promo-
                                                                       ción no fueron informados de un dato esencial sobre la
                                                                       situación administrativa del demandante.


title: Asunto C-422/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Trier (Alemania) el 1 de agosto de 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb e.V./TofuTown.com GmbH

text:
               26.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 350/17

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Trier (Alemania) el 1 de agosto de 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb e.V./TofuTown.com GmbH
   (Asunto C-422/16)
   (2016/C 350/22)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Landgericht Trier

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

      Demandada: TofuTown.com GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se puede interpretar el artículo 78, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (en lo sucesivo, «Reglamento (UE) n.o 1308/2013»), en el sentido de que debe entenderse que las definiciones, designaciones y denominaciones a efectos del anexo VII
                     no
                   cumplen los requisitos correspondientes de dicho anexo si esas definiciones, designaciones o denominaciones se complementan con un texto aclaratorio o descriptivo (como por ejemplo «mantequilla de tofu» en el caso de un producto puramente vegetal)?

               2)

               ¿Debe interpretarse el anexo VII, parte III, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 en el sentido de que la expresión «leche» está reservada exclusivamente a la secreción mamaria normal obtenida a partir de uno o más ordeños, sin ningún tipo de adición ni extracción, o dicha expresión (en su caso, con la adición de términos aclaratorios como «leche de soja») puede utilizarse también para productos vegetales (veganos) en su comercialización?

               3)

               ¿Debe interpretarse el anexo VII, parte III, punto 2, en relación con el artículo 78 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 en el sentido de que las denominaciones que se especifican en su punto 2, letra a), en particular «suero lácteo», «nata», «mantequilla», «mazada», «queso» y «yogur», están reservados exclusivamente a productos lácteos o el ámbito de aplicación del anexo VII, parte III, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 incluye también productos puramente vegetales/veganos elaborados sin leche (animal)?

      (1)  DO L 347, p. 671


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de  17 de noviembre de 2005 , en el asunto C-378/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria ( Incumplimiento de Estado — Protección de los trabajadores — Riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos y a agentes mutágenos — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado )

text:
               11.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 36/14

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 17 de noviembre de 2005
   en el asunto C-378/04: Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria (1)

   («Incumplimiento de Estado - Protección de los trabajadores - Riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos y a agentes mutágenos - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»)
   (2006/C 36/27)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-378/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 2 de septiembre de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. D. Martin y V. Kreuschitz) contra República de Austria (agente: Sra. C. Pesendorfer), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. A. Borg Barthet (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. U. Lõhmus y A. Ó Caoihm, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 17 de noviembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/38/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se modifica por segunda vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo y por la que se amplía su ámbito de aplicación a los mutágenos, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la adaptación íntegra del Derecho interno a lo dispuesto en la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República de Austria.

      (1)  DO C 262, de 23.10.2004.


title: Asunto T-194/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de noviembre de 2007 — Bavarian Lager/Comisión ( Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n°  1049/2001 — Documentos relativos a un procedimiento por incumplimiento — Decisión por la que se deniega el acceso — Protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos personales — Reglamento (CE) n°  45/2001 — Concepto de intimidad )

text:
               22.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/33

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de noviembre de 2007 — Bavarian Lager/Comisión
   (Asunto T-194/04) (1)

   («Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Documentos relativos a un procedimiento por incumplimiento - Decisión por la que se deniega el acceso - Protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos personales - Reglamento (CE) no 45/2001 - Concepto de intimidad»)
   (2007/C 315/62)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: The Bavarian Lager Co. Ltd (Clitheroe, Reino Unido) (representantes: inicialmente J. Pearson y C. Bright, posteriormente J. Weber y M. Readings, Solicitors)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Docksey y P. Aalto, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) (representante: H. Hijmans, agente)
   Objeto
   Recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 18 de marzo de 2004, por la que se desestima una solicitud presentada por la demandante con objeto de obtener acceso completo al acta de una reunión celebrada en el marco de un procedimiento por incumplimiento y que se declare que la Comisión actuó erróneamente al poner fin al procedimiento incoado contra el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con arreglo al artículo 169 del Tratado CE (actualmente artículo 226 CE).
   Fallo

               1)

               Anular la Decisión de la Comisión, de 18 de marzo de 2004, por la que se deniega una solicitud de acceso al acta completa de la reunión de 11 de octubre de 1996, en la que se indiquen todos los nombres.

               2)

               La Comisión cargará con las costas de The Bavarian Lager Co. Ltd.

               3)

               El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 201 de 7.8.2004.


title: Asunto T-11/06: Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011 — Romana Tabacchi/Comisión ( Competencia — Prácticas colusorias — Mercado italiano de compra y primera transformación de tabaco crudo — Decisión mediante la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Fijación de precios y reparto del mercado — Participación en la infracción — Duración de la infracción — Multas — Circunstancias atenuantes — Límite máximo del 10 % del volumen de negocios — Igualdad de trato — Facultad de plena jurisdicción )

text:
               19.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/15

         Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011 — Romana Tabacchi/Comisión
   (Asunto T-11/06) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado italiano de compra y primera transformación de tabaco crudo - Decisión mediante la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Fijación de precios y reparto del mercado - Participación en la infracción - Duración de la infracción - Multas - Circunstancias atenuantes - Límite máximo del 10 % del volumen de negocios - Igualdad de trato - Facultad de plena jurisdicción)
   2011/C 340/27
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Romana Tabacchi Srl, anteriormente Romana Tabacchi SpA (Roma) (representantes: M. Siragusa y G.C. Rizza, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente É. Gippini Fournier y F. Amato, posteriormente É. Gippini Fournier y V. Di Bucci, y por último É. Gippini Fournier y L. Malferrari, agentes)

      Objeto

   Por un lado, recurso de anulación parcial de la Decisión C(2005) 4012 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 (CE) (asunto COMP/C.38.281/B.2 — Tabaco crudo — Italia), y, por otro lado, petición de reducción del importe de la multa impuesta a la demandante.

      Fallo

               1)

               Anular el artículo 1, letra b), de la Decisión C(2005) 4012 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 (CE) (asunto COMP/C.38.281/B.2 — Tabaco crudo — Italia) en la medida en que la Comisión Europea declaró en ella que Romana Tabacchi Srl había participado en la infracción más allá del mes de febrero de 1999.

               2)

               Fijar en 1 millón de euros el importe de la multa impuesta a Romana Tabacchi.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               La Comisión cargará con sus propias costas así como con aquellas en que haya incurrido Romana Tabacchi.

               5)

               En el asunto T-11/06 R, la Comisión cargará con sus propias costas así como con aquellas en las que haya incurrido Romana Tabacchi.

      (1)  DO C 60, de 11.3.2006.


title: Asunto C-192/10: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/38

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de España
   (Asunto C-192/10) (1)

   ()
   2010/C 346/72
   Lengua de procedimiento: español
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 195, de 17.7.2010.


title: Asunto C-286/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’Apello di Roma (Italia) el 24 de julio de 2009 — Luigi Ricci/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

text:
               26.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 233/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’Apello di Roma (Italia) el 24 de julio de 2009 — Luigi Ricci/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
   (Asunto C-286/09)
   2009/C 233/14
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte d’Apello di Roma

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Luigi Ricci

      Recurrida: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

      Cuestión prejudicial

   Se solicita al Tribunal de Justicia que, con arreglo al artículo 234 CE, se pronuncie sobre la cuestión prejudicial de si los artículos 17 CE, 39 CE y 42 CE y las normas pertinentes del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), deben interpretarse en el sentido de que el principio de acumulación de todos los períodos de cotización para el inicio, la obtención y el mantenimiento del derecho a las prestaciones –principio establecido mediante la adopción por el Consejo del Reglamento no 1408/71– es aplicable en todos los casos en los que es necesario recurrir al sistema de acumulación y asignación a prorrata para el reconocimiento del derecho a una determinada prestación, de modo que deben tomarse en consideración a esos efectos tanto los períodos de cotización realizados con arreglo a la legislación de cada Estado miembro como los períodos de cotización efectuados conforme al régimen de seguridad social aplicable a los funcionarios de las instituciones comunitarias.


title: Asunto C-122/05: Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               14.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 115/15

         Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-122/05)
   (2005/C 115/27)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 14 de marzo de 2005 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. U. Wölker y la Sra. D. Recchia, miembros del Servicio Jurídico de la Comisión.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE (2) del Consejo, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

               2)

               Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 31 de diciembre de 2003.

      (1)  DO L 275, de 25/10/2003, p. 32.

      (2)  DO L 257, de 10/10/1996, p. 26.


title: Asunto C-502/15: Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2015 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

text:
               18.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/14

         Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2015 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
   (Asunto C-502/15)
   (2016/C 016/17)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Mifsud-Bonnici y E. Manhaeve, agentes)

      Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 4, 5 y 10 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (1), al no haber aplicado correctamente la citada Directiva, en relación con Gowerton y Llanelli, Gibraltar y otras once aglomeraciones.

               —

               Que se condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que Reino Unido no ha ejecutado correctamente, en Gowerton y Llanelli, Gibraltar y otras once aglomeraciones, la Directiva 91/271/CEE del Consejo, sobre el tratamiento de las aguas residuales.
   En particular, la Comisión considera que Reino Unido no ha garantizado que las aguas recogidas en un sistema combinado de aguas residuales urbanas y aguas pluviales en Gowerton y Llanelli sean almacenadas y canalizadas para su tratamiento conforme a lo establecido en los artículos 3, 4 y 10 y los anexos I (A) y I (B) de la Directiva 91/271/CEE del Consejo.
   Además, la Comisión sostiene que al no haber puesto en funcionamiento un tratamiento secundario o equivalente o al no haber aportado pruebas suficientes para demostrar que se ha respetado lo establecido por la Directiva 91/271/CEE sobre este particular con respecto a tres aglomeraciones, así como al no haber efectuado tratamiento alguno de las aguas residuales urbanas en Gibraltar, Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 y de los anexos I (A) y I (B) de la Directiva 91/271/CEE del Consejo.
   Por último, la Comisión alega que Reino Unido no ha cumplido correctamente la obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 y de los anexos I (B) y I (D) de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, al no haber garantizado que las aguas residuales urbanas recogidas por los sistemas colectores de ocho aglomeraciones sean sometidas a un tratamiento más riguroso antes de ser vertidas a áreas sensibles.
   El período fijado para la transposición de la Directiva expiró el 30 de junio de 1993.

      (1)  DO L 135, p. 40.


               22.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/35

         Recurso interpuesto el 21 de junio de 2016 por Míla ehf. contra el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-7/16)
   (2016/C 347/07)
   Míla ehf., representada por Espen Bakken, abogado, y Atle Erling Lunder, abogado, gabinete de abogados Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2, 0204 Oslo, Noruega, interpuso un recurso el 21 de junio de 2016 contra el Órgano de Vigilancia de la AELC ante el Tribunal de la AELC.
   El recurrente solicita al Tribunal de la AELC que:

               1.

               Declare nulos los artículos 1 y 2 de la Decisión 061/16/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC;

               2.

               Condene a dicho Órgano al pago de las costas del procedimiento.

      Antecedentes de hecho y de derecho y motivos invocados:

               —

               La parte demandante solicita la anulación de la Decisión n.o 061/16/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 16 de marzo de 2016.

               —

               Como consecuencia de la sentencia del Tribunal de la AELC en el asunto E-1/13, el Órgano de Vigilancia de la AELC incoó un procedimiento formal de investigación para analizar el contrato de arrendamiento celebrado el 1 de febrero de 2010 por la Agencia de Defensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia con Og fjarskipti para el uso y explotación de una fibra óptica. La investigación concluyó mediante la Decisión n.o 061/16/COL, en la que el Órgano de Vigilancia de la AELC estimaba que el arrendamiento no entrañaba ayuda estatal a tenor del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

               —

               La parte demandante alega que la Decisión impugnada se basa en una aplicación errónea del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.


title: Asunto T-109/16: Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2016 — Laboratoire de la mer/EUIPO — Boehringer Ingelheim Pharma (RESPIMER)

text:
               10.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/16

         Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2016 — Laboratoire de la mer/EUIPO — Boehringer Ingelheim Pharma (RESPIMER)
   (Asunto T-109/16)
   (2016/C 165/18)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Laboratoire de la mer (Saint-Malo, Francia) (representante: S. Szilvasi, abogada)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Alemania)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «RESPIMER» — Solicitud de registro n.o 11228004

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de enero de 2016 en el asunto R 3109/2014-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Estime la solicitud de marca de la Unión «RESPIMER» n.o 11228004 apta para el registro, para todos los productos designados de las clases 3, 5 y 10.

               —

               Condene a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG a reembolsar a la demandante todos los gastos soportados por ésta en los procedimientos ante la División de Oposición de la EUIPO, ante la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO y ante el Tribunal General de la Unión Europea.

      Motivos invocados

               —

               La Resolución de la Quinta Sala de Recurso de 21 de enero de 2016 carece de base jurídica, por haberse negado dicha Sala a tomar en consideración la Resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial francés de 4 de abril de 2013 relativa a las mismas marcas.

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto T-236/13: Auto del Tribunal General de 7 de julio de 2014 — CMC France/Comisión ( «Recurso de anulación — Medio ambiente — Directiva 94/62/CE — Envases y residuos de envases — Directiva 2013/2/UE — Rollos, tubos y cilindros alrededor de los cuales se enrolla un material flexible — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad» )

text:
               15.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/56

         Auto del Tribunal General de 7 de julio de 2014 — CMC France/Comisión
   (Asunto T-236/13) (1)

   ((«Recurso de anulación - Medio ambiente - Directiva 94/62/CE - Envases y residuos de envases - Directiva 2013/2/UE - Rollos, tubos y cilindros alrededor de los cuales se enrolla un material flexible - Inexistencia de afectación directa - Inadmisibilidad»))
   2014/C 315/94
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: CMC France (Châtenois, Francia) (representantes: J.-M. Leprêtre y N. Chahid-Nouraï, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Alcover San Pedro y J.-F. Brakeland, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación parcial de la Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases (DO L 37, p. 10), en la medida en que la Comisión incluye los rollos, tubos y cilindros alrededor de los cuales se enrolla un material flexible, excepto los rollos, tubos y cilindros destinados a formar parte de maquinaria de producción y que no se utilicen para presentar un producto como unidad de venta, en la lista de ejemplos de productos que ilustran la aplicación de los criterios que precisan el concepto de «envase».

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               CMC France cargará tanto con sus propias costas como con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 171, de 15.6.2013.


title: Asunto C-202/08 P: Recurso de casación interpuesto el 16 de mayo de 2008 por American Clothing Associates SA contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) el 28 de febrero de 2008 en el asunto T-215/06, American Clothing Associates SA/OAMI

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/20

         Recurso de casación interpuesto el 16 de mayo de 2008 por American Clothing Associates SA contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) el 28 de febrero de 2008 en el asunto T-215/06, American Clothing Associates SA/OAMI
   (Asunto C-202/08 P)
   (2008/C 209/29)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: American Clothing Associates SA (representantes: P. Maeyaert, N. Clarembeaux y C. De Keersmaeker, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que declara que la Primera Sala de Recurso de la OAMI no infringió el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento sobre la marca comunitaria (1) al adoptar su resolución de 4 de mayo de 2006 (asunto R 1463/2005-1) en cuanto se refiere al registro de la marca solicitada para los productos de las clases 18 «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarnicionería» y 25 «vestidos, calzados, sombrerería».

               —

               Condenar en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente formula un motivo de casación único, basado en la infracción de los artículos 7, apartado 1, letra h), del Reglamento sobre la marca comunitaria y 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado y enmendado (2). Dicho motivo se compone, en esencia, de cuatro alegaciones.
   Mediante su primera alegación, la recurrente señala que la sentencia recurrida ha ignorado la pertinencia de la función esencial de un emblema de Estado para apreciar el ámbito de protección del emblema. Afirma que un emblema de Estado refleja símbolos de identidad y soberanía de un Estado, concebidos según un lenguaje artístico y una ciencia muy concreta en materia de escudos. Sea como fuere, considera que sólo se podrá denegar el registro de un emblema como marca o elemento de una marca en caso de que pueda vulnerar la identidad o la soberanía de un Estado. En cambio, la simple reproducción, como elemento de una marca, de un signo similar a un emblema de Estado que no muestre o muestre pocas características heráldicas no puede afectar a la función esencial del emblema.
   Mediante su segunda alegación, la recurrente señala que el Tribunal de Primera Instancia ha ignorado la pertinencia de las características heráldicas de un emblema de Estado al declarar que caben varias interpretaciones artísticas de un mismo emblema a partir de una única descripción heráldica. Según la recurrente, el artículo 6 ter, apartado 1, letra a) del Convenio de Paris y el concepto de «imitación desde el punto de vista heráldico» no tienen por objeto la protección del símbolo como tal, sino una interpretación artística muy concreta o una obra gráfica específica, que resulta de la aplicación de las normas que regulan el arte y ciencia de la heráldica.
   Mediante su tercera alegación, la recurrente señala que la sentencia recurrida ha ignorado el alcance del concepto de «imitación heráldica» y que, de este modo, ha consagrado una interpretación del Reglamento sobre la marca comunitaria y del Convenio de París que confiere a los Estados afectados un monopolio casi absoluto sobre signos que no muestran características heráldicas o que no las muestran de modo muy destacado con respecto a su registro o su utilización como elemento de una marca.
   Mediante su cuarta alegación, la recurrente critica finalmente que el Tribunal de Primera Instancia haya rechazado en su conjunto, por falta de pertinencia, ciertas circunstancias relativas al caso de autos, como la naturaleza de las características heráldicas cuya protección se invoca, la impresión de conjunto producida por una marca que contenga como elemento un emblema de Estado o una imitación de dicho emblema, la naturaleza de la protección otorgada en el país de origen del emblema de Estado afectado o los requisitos de uso de la marca en cuestión.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

      (2)  Recopilación de los tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, no 11847, p. 108.