title: Asunto C-517/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de  8 de junio de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof/Productschap Vis (Exacción sobre el transporte de quisquillas a bordo de buques pesqueros matriculados en un Estado miembro destinada a financiar instalaciones de tamizado y pelado de quisquillas en dicho Estado miembro — Artículo 25 CE — Exacción de efecto equivalente a derechos de aduana — Artículo 90 CE — Tributos internos)

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de junio de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof/Productschap Vis
   (Asunto C-517/04) (1)

   (Exacción sobre el transporte de quisquillas a bordo de buques pesqueros matriculados en un Estado miembro destinada a financiar instalaciones de tamizado y pelado de quisquillas en dicho Estado miembro - Artículo 25 CE - Exacción de efecto equivalente a derechos de aduana - Artículo 90 CE - Tributos internos)
   (2006/C 178/06)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   College van Beroep voor het bedrijfsleven
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof

      Demandada: Productschap Vis
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Compatibilidad con el Derecho comunitario y, en particular, con los artículos 25 CE y 90 CE de una exacción que, en un Estado miembro, grava a las empresas por el transporte de quisquillas con un barco matriculado en ese Estado — Exacción asimismo adeudada por tal empresa por las quisquillas transportadas a otro lugar en la Comunidad — Exacción destinada a financiar el tamizado y pelado de quisquillas en ese mismo Estado miembro — Exacción de efecto equivalente — ¿Exacción aplicable a las empresas o a los productos?
   Fallo
   Una exacción recaudada por un organismo de Derecho público de un Estado miembro siguiendo criterios idénticos para los productos nacionales destinados al mercado nacional o a la exportación hacia otros Estados miembros, constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana de exportación, prohibida por los artículos 23 CE y 25 CE, si los ingresos procedentes de dicha exacción sirven para financiar actividades de las que se benefician únicamente los productos nacionales destinados al mercado nacional y si las ventajas que supone el destino dado a los ingresos procedentes de la referida exacción compensan íntegramente la carga soportada por los citados productos. Por el contrario, tal exacción constituiría una vulneración de la prohibición de discriminación establecida en el artículo 90 CE, si las ventajas que supone el destino dado a los ingresos procedentes de la referida exacción para aquellos productos nacionales que se transformen o comercialicen en el mercado nacional tan sólo compensasen parcialmente la carga soportada por éstos.

      (1)  DO C 69, de 19.3.2005.


title: Asunto C-621/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 23 de noviembre de 2015 — W y otros/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 23 de noviembre de 2015 — W y otros/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko
   (Asunto C-621/15)
   (2016/C 048/25)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour de cassation

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrentes: W y otros

      Recurridas: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el artículo 4 de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, (1) en el ámbito de la responsabilidad de los laboratorios farmacéuticos por los daños causados por las vacunas que fabrican, a un medio de prueba según el cual, en el ejercicio de su facultad soberana de apreciación, el juez que conoce del fondo puede estimar que los elementos de hecho invocados por el demandante constituyen presunciones graves, precisas y concordantes capaces de demostrar el defecto de la vacuna y la existencia de una relación de causalidad entre dicho defecto y la enfermedad, a pesar de haberse constatado que la investigación médica no establece una relación entre la vacunación y la aparición de la enfermedad?

               2)

               En caso de respuesta en sentido negativo a la primera cuestión prejudicial, ¿se opone el artículo 4 de la citada Directiva 85/374 a un mecanismo de presunciones según el cual la existencia de una relación de causalidad entre el defecto atribuido a una vacuna y el daño sufrido por el perjudicado se considerará en todo caso probada si se concurren determinados indicios de causalidad?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 4 de la referida Directiva 85/374 en el sentido de que la prueba, que incumbe al perjudicado, de la existencia de una relación de causalidad entre el defecto invocado y el daño sufrido por aquél, sólo se entenderá aportada si se demuestra dicha relación de causalidad con arreglo a criterios científicos?

      (1)  DO L 210, p. 29; EE 13/19, p. 8.


title: Asunto C-225/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'Etat — Bélgica) — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tilleut, Willy Gregoire, Marac Lacroix/Région wallonne (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Residuos — Directiva 75/442/CEE — Artículo 7, apartado 1 — Plan de gestión — Lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de residuos — Concepto de «plan de gestión de residuos»  — Directiva 1999/31/CE — Artículos 8 y 14 — Vertederos ya autorizados o que ya estén en funcionamiento en la fecha de transposición de esa Directiva)

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'Etat — Bélgica) — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tilleut, Willy Gregoire, Marac Lacroix/Région wallonne
   (Asunto C-225/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Residuos - Directiva 75/442/CEE - Artículo 7, apartado 1 - Plan de gestión - Lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de residuos - Concepto de «plan de gestión de residuos» - Directiva 1999/31/CE - Artículos 8 y 14 - Vertederos ya autorizados o que ya estén en funcionamiento en la fecha de transposición de esa Directiva))
   2014/C 175/15
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d'Etat

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tilleut, Willy Gregoire, Marac Lacroix

      Demandada: Région wallonne

      en el que participa: Shanks SA

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Conseil d’État — Interpretación del artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), y del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197, p. 30) — Eliminación de residuos — Concepto de plan de gestión de residuos — Normativa nacional que no autoriza un centro de enterramiento técnico fuera de los emplazamientos previstos por dicho plan de gestión — Norma excepcional que permite la renovación, después de la entrada en vigor del plan de gestión de residuos, de las autorizaciones concedidas a los centros de enterramiento técnico anteriores a la entrada en vigor de dicho plan — Concepto de plan y de programa.

      Fallo

   El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, según su modificación por la Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo de 1996, debe interpretarse en el sentido de que una disposición normativa nacional, como la discutida en el litigio principal, que, como excepción a la regla de que no puede autorizarse ningún centro de enterramiento técnico fuera de los lugares previstos por el plan de gestión de residuos exigido por ese artículo, prevé que los centros de enterramiento técnico autorizados antes de la entrada en vigor de ese plan puedan obtener después de esa fecha nuevas autorizaciones en los mismos terrenos, no constituye un «plan de gestión de residuos», en el sentido de esa disposición de la Directiva 75/442, en su versión modificada por la Decisión 96/350.
   El artículo 8 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, según su modificación por la Directiva 2011/97/UE del Consejo, de 5 de diciembre de 2011, no se opone sin embargo a esa disposición normativa nacional, que puede tener su fundamento jurídico en el artículo 14 de la misma Directiva y aplicarse a vertederos ya autorizados o que ya estén en funcionamiento en la fecha de la transposición de ésta, siempre que se cumplan los otros requisitos mencionados en ese artículo 14, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.

      (1)  DO C 207, de 20.7.2013.


title: Asunto F-137/14: Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 2014 — ZZ/Comisión

text:
               2.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 34/54

         Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 2014 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-137/14)
   (2015/C 034/67)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: H. Tettenborn, abogado)

      Demandada: Comisión

      Objeto y descripción del litigio

   Pretensiones de anulación de la decisión del Servicio Europeo de Acción Exterior de 29 de enero de 2014 mediante la que se resuelve la relación laboral por tiempo indefinido de la parte demandante y de resarcimiento de los daños morales que ha sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión del SEAE de resolver la relación laboral de la parte demandante con efectos a 31 de agosto de 2014 a las cero horas, que se le comunicó, cumpliendo con el plazo de preaviso de siete meses, mediante escrito de 29 de enero de 2014.

               —

               Que se condene al SEAE a resarcir a la parte demandante, en la cuantía que el Tribunal considere adecuada, de los daños morales que le ha ocasionado la decisión mencionada en el primer petitum.

               —

               Que se condene además al SEAE a resarcir a la parte demandante, en particular, mediante el abono de todos los haberes pendientes y demás gastos que le ha causado el comportamiento contrario a Derecho del SEAE (deducidos la prestación por desempleo y, en su caso, los ingresos derivados de su trabajo), de la totalidad de los daños materiales que ha sufrido.
               Con carácter subsidiario, en caso de que por motivos de hecho o de Derecho no se readmitiera a la parte demandante al Servicio o no se la siguiera empleando en las mismas condiciones, que se condene al SEAE a abonarle una indemnización por los daños materiales que le ha ocasionado la separación ilegal de su trabajo, en la cuantía equivalente a la diferencia entre los ingresos que efectivamente puede esperar obtener a lo largo de su vida y los ingresos que obtendría de subsistir el contrato, habida cuenta también de las prestaciones de vejez y demás derechos.

               —

               Que se condene en costas al SEAE.


title: Asunto F-79/15: Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2015 — ZZ/BCE

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/57

         Recurso interpuesto el 26 de mayo de 2015 — ZZ/BCE
   (Asunto F-79/15)
   (2015/C 279/73)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: S. Pappas, abogado)

      Demandada: Banco Central Europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Pretensión de anulación de la decisión del Banco Central Europeo por la que se pone fin al procedimiento de reconocimiento del origen profesional de la enfermedad de la demandante y pretensión de indemnización de los perjuicios morales y materiales supuestamente sufridos por ella.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión impugnada.

               —

               Que se condene al Banco Central Europeo a abonarle una cantidad de 30  000 euros en concepto de indemnización de los perjuicios materiales y morales sufridos.

               —

               Que se condene en costas al Banco Central Europeo.


title: Asunto C-63/06: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas, de  20 de diciembre de 2005 , en el asunto entre UAB Profisa y Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/14

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas, de 20 de diciembre de 2005, en el asunto entre UAB Profisa y Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
   (Asunto C-63/06)
   (2006/C 86/26)
   Lengua de procedimiento: lituano
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas dictada el 20 de diciembre de 2005, en el asunto entre UAB Profisa y Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de febrero de 2006.
   El Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
   Teniendo en cuenta las divergencias entre las distintas versiones lingüísticas de la Directiva 92/83/CEE (1) del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, ¿debe interpretarse el artículo 27, apartado 1, letra f), de dicha Directiva en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de eximir del impuesto especial al alcohol etílico importado en el territorio aduanero de la Comunidad Europea y que se contiene en bombones destinados para su consumo directo, cuando el contenido de alcohol no supera los 8,5 litros por cada 100 kilogramos de bombones?

      (1)  DO L 316, p. 21.


title: Asuntos C-145/06 y C-146/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de julio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria di secondo grado di Trento — Italia) — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento (Directiva 2003/96/CE — Régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad — Ámbito de aplicación de la Directiva — Hidrocarburos — Aceites lubrificantes utilizados para fines distintos de los de combustible o de carburante — Exclusión — Derogación de la Directiva 92/81/CEE — Régimen nacional de imposición)

text:
               25.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de julio de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria di secondo grado di Trento — Italia) — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento
   (Asuntos C-145/06 y C-146/06) (1)

   (Directiva 2003/96/CE - Régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad - Ámbito de aplicación de la Directiva - Hidrocarburos - Aceites lubrificantes utilizados para fines distintos de los de combustible o de carburante - Exclusión - Derogación de la Directiva 92/81/CEE - Régimen nacional de imposición)
   (2007/C 199/17)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Commissione tributaria di secondo grado di Trento
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Fendt Italiana Srl

      Demandada: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Commissione tributaria di secondo grado di Trento — Interpretación de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283, p. 51) — Compatibilidad de una ley nacional que establece un régimen de imposición de los aceites lubrificantes destinados a usos distintos de la combustión o la carburación.
   Fallo
   La Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, en su versión modificada por la Directiva 2004/75/CEE del Consejo, de 29 de abril de 2004, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional, como la que se cuestiona en el asunto principal, la cual prevé la percepción de un impuesto sobre el consumo que grave los aceites lubrificantes cuando éstos vayan destinados, se pongan a la venta o se utilicen con unos fines distintos de los de combustible o carburante.

      (1)  DO C 143 de 17.6.2006.


title: Asunto T-38/06: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/62

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión
   (Asunto T-38/06) (1)

   (2008/C 301/110)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 74 de 25.3.2006.


title: Asunto T-358/11: Recurso interpuesto el 27 de junio de 2011 — Italia/Comisión

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/44

         Recurso interpuesto el 27 de junio de 2011 — Italia/Comisión
   (Asunto T-358/11)
   2011/C 252/96
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representante: P. Marchini, avvocato dello Stato)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule los siguientes actos: la Decisión de ejecución de la Comisión Europea C(2011) 2517, de 15 de abril de 2011, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea gastos efectuados por Italia en el ámbito del FEOGA Sección Garantía en relación con la medida Almacenamiento público — azúcar, ejercicios financieros 2006 (corrección a tanto alzado del 10 %, de 171 418,00 euros), 2007 (corrección a tanto alzado del 10 % de 182 006,00 euros), 2008 (corrección a tanto alzado del 10 % de 111 062,00 euros), 2009 (corrección a tanto alzado del 10 % de 34 547,00 euros), «Aumento del 35 % en los costes de almacenamiento», ejercicio financiero 2006 (corrección a tanto alzado del 5 % de 781 044,00 euros), «Controles de inventario tardíos», indicadas en el Anexo al artículo 1 de la citada Decisión, por no ser conformes a las normas de la Unión Europea; el escrito de la Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección J, Auditoría de los gastos agrarios, no ARES (2011) 2287, de 3 de enero de 2011, y del punto 2 del Anexo, en el que se exponen las motivaciones finales en apoyo de la posición definitiva tras el informe del Órgano de conciliación en el asunto 10/IT/435, por ser actos precedentes a la Decisión; el escrito de la Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección J, Auditoría de los gastos agrarios, no ARES (2010) 57525, de 3 de febrero de 2010 y su anexo, que contiene los motivos de exclusión de la financiación, por ser actos precedentes a la Decisión.

               —

               Con carácter incidental: admita la excepción de invalidez del Reglamento (CE) no 915/2006.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma (artículo 269 TUE, anteriormente artículo 253 TCE) debido a la falta de instrucción en relación con la corrección financiera de los gastos «Aumento del 35 % en los costes de almacenamiento respecto de los ejercicios financieros 2006, 2007, 2008, 2009».
               Según el Gobierno italiano, la Comisión no llevó a cabo una instrucción adecuada de las pruebas aportadas por la AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricultura; en lo sucesivo, «AGEA»), que demuestran que se realizó dicho estudio de mercado y que se conocían las causas del aumento de los precios de los alquileres de los silos, que dependían precisamente de la difícil situación del citado mercado de los alquileres de los depósitos de almacenamiento de azúcar que debía recolectarse desde el año 2005

               2)

               Segundo motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma (artículo 269 TUE, anteriormente artículo 253 TCE) debido a la falta de motivación en relación con la corrección financiera de los gastos «Aumento del 35 % en los costes de almacenamiento respecto de los ejercicios financieros 2006, 2007, 2008, 2009».
               La Comisión no expuso los motivos por los que no se consideró que las atestaciones de los funcionarios de la AGEA y las tarifas de uno de los mayores operadores económicos de almacenamiento fueran documentos de prueba que pudieran demostrar la demanda generalizada de un aumento de los precios de hasta un 50 % por parte de las empresas azucareras.

               3)

               Tercer motivo, basado en la infracción y en la interpretación incorrecta de los artículos 8 del Reglamento (CE) no 884/2006, y del Anexo I de dicho Reglamento, y del artículo 4 del Reglamento (CE) no 2148/1996, en su versión modificada por el Anexo al Reglamento (CE) no 915/2006 de la Comisión, así como la violación de los principios de seguridad jurídica, de irretroactividad de las normas y de protección de la confianza legítima en relación con la corrección financiera a tanto alzado del 5 % para el ejercicio 2006 «Controles de inventario tardíos».
               El Gobierno italiano considera que la Comisión infringió el régimen transitorio previsto en el Anexo I al Reglamento no 884/2006, punto A/II/5. Dado que la AGEA ya había llevado a cabo dichas actividades, en virtud del control interno realizado con arreglo a normas nacionales, y había procedido a probarlas ante los Servicios de la Comisión, entregándole todos los registros de cargo y de descargo y las actas levantadas durante la misión de mayo de 2007, el régimen transitorio debería haberse aplicado en el sentido de no penalizar al Estado que, debido a dificultades organizativas objetivas de coordinación con Agecontrol, podía estimarse que sólo estaba autorizado a entregar el informe de síntesis de febrero de 2007. El Gobierno italiano reprocha la violación de los principios de seguridad jurídica, de irretroactividad de las normas, de protección de la confianza legítima y de proporcionalidad, dado que disponer la aplicación inmediata de una obligación de redactar inventarios de operaciones finalizadas mucho antes, en el momento de la entrada en vigor de los citados Reglamentos, 23 y 24 de junio de 2006 (en particular el Anexo al Reglamento no 915/2006) y a poca distancia del cierre contable del ejercicio 830, septiembre de 2006), es contrario a dichos principios.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma (artículo 269 TUE, anteriormente artículo 253 TCE) debido a la falta de motivación en relación con la corrección financiera a tanto alzado del 5 % para el ejercicio 2006 «Controles de inventario tardíos».
               Según el Gobierno italiano, la Comisión no motivó adecuadamente su decisión de no adherirse a la propuesta del Órgano de conciliación de aplicar la nueva norma sobre el plazo final de los inventarios que, según el Reglamento no 915/2006, sólo se refiere a los movimientos de azúcar realizados a partir de su entrada en vigor, y no retroactivamente a todo el ejercicio 2006, con el efecto de conminar la corrección financiera en una medida inferior, proporcionada al retraso (aproximadamente casi 8 meses).

               5)

               Quinto motivo, basado en la excepción de invalidez del Reglamento no 915/2006.
               El Gobierno italiano opone la excepción de invalidez del citado Reglamento en la medida en que impone la obligación de guardar los inventarios de los restos finales del ejercicio 2004-2005 (30 de septiembre de 2005) y de las existencias iniciales del ejercicio 2005-2006 (1 de octubre de 2005) y los restos finales el ejercicio 2005-2006 (30 de septiembre de 2006) durante el ejercicio 2006, a sólo tres meses aproximadamente del nuevo plazo de redacción de los inventarios. Según el demandante, es contrario a los principios generales del Derecho comunitario imponer mediante reglamento comportamientos relativos a hechos pasados ya transcurridos y, por consiguiente, sancionar su omisión a través del procedimiento de corrección financiera

               6)

               Sexto motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma debido a la falta de motivación y a la falta de pruebas (artículo 269 TUE, anteriormente artículo 253 TCE).
               Según el Gobierno italiano, la Comisión desnaturalizó los hechos porque ordena la corrección financiera basándose en la premisa errónea afirmada por la DG AGRI de que la AGEA no llevó a cabo controles sobre las entradas y salidas de azúcar, y de que «se trataron (sin comprobar oficialmente el peso) alrededor de 127 000 toneladas de azúcar». Además, el Gobierno italiano reprocha la falta de pruebas respecto del hecho «de que no se hubiera llevado a cabo un control anual de los inventarios (…) cuando se realizaron las operaciones de almacenamiento» y del hecho de que «alrededor de 127 000 toneladas de azúcar fueron trasladadas (sin que mediara verificación o peso oficial) entre el 30 de septiembre de 2006 (fecha límite dentro de la que debería haberse redactado el inventario) y febrero de 2007». En efecto, ante la prueba documental aportada por la AGEA –es decir, la contabilidad que demostraba las cantidades de los movimientos y de las existencias de azúcar por cada depósito– entregada a los servicios de la Comisión, éstos no podían sostener lo contrario sin presentar pruebas de ello.

               7)

               Séptimo motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma en lo tocante a la motivación y a la falta de pruebas (artículo 269 TUE, anteriormente artículo 253 TCE), en relación con el supuesto peligro de daños para el Fondo.
               Según el Gobierno italiano, la Decisión adolece de falta de motivación al no haberse examinado el efecto útil de los controles efectuados por la AGEA sobre las entradas y salidas del azúcar de los almacenes y sobre sus existencias finales mensuales.


title: Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 1995 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995 por la Sala Primera (ampliada) del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-548/93 promovido en su contra por Ladbroke Racing Ltd (Asunto C-359/95 P)

text:
 N° C 31 / 10               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       3 . 2 . 96
 La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                 Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, contra la sentencia
 Comunidades Europeas que :                                                  dictada el 18 de septiembre de 1995 por la Sala Primera
                                                                             ( ampliada ) del Tribunal de Primera Instancia de las Comu
 1 ) Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera                   nidades Europeas en el asunto T-548/93 promovido por
       Instancia el 13 de septiembre de 1995 , en los asuntos                Ladbroke Racing Ltd contra la Comisión, que estuvo
       acumulados T-244/93 y T-486/93 TWD Textilwerke                       apoyada por la República Francesa .
       Deggendorf GmbH/Comisión ( ] ).
                                                                            La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
2 ) Declare nulo el artículo 2 de la Decisión 91 /391 /CEE de               Comunidades Europeas que :
       la Comisión, de 26 de marzo de 1991 , relativa a las
       ayudas concedidas por el Gobierno alemán a la empresa                 1 ) Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
       Deggendorf GmbH ( DO n° L 215 , p. 16 ) y el artículo 2                   ( Sala Primera ampliada ) de 18 de septiembre de 1995 ,
       de la Decisión 92/330/CEE de la Comisión, de 18 de                        Ladbroke Racing Ltd/Comisión ( asunto T-548/93 ), en
       diciembre de 1991 , relativa a una ayuda concedida por                    la medida en que anula la decisión de la Comisión,
       la República Federal de Alemania en favor de la misma                     contenida en su escrito de 29 de julio de 1993 , por la que
       empresa ( DO n° L 183 , p . 36 ).                                         se desestima la denuncia de Ladbroke Racing Limited
                                                                                presentada el 24 de noviembre de 1989 ( IV/33.374 );
3 ) Condene en costas a la Comisión .
                                                                            2 ) Desestime, por infundado, el recurso interpuesto con
                                                                                arreglo al artículo 173 ;
Motivos y principales alegaciones
                                                                            3 ) Condene a la parte demandante al pago de las costas
Infracción del Derecho comunitario : la recurrente se reitera
                                                                                ocasionadas en ambos procedimientos .
en las alegaciones formuladas en primera instancia ( 2 ) y
alega, por lo demás, que el Tribunal de Primera Instancia                   Motivos y principales alegaciones
alteró, de manera contraria a Derecho, el significado de las
Decisiones impugnadas en el sentido de que la Comisión                      La Comisión alega que la sentencia del Tribunal de Primera
había declarado la incompatibilidad de las nuevas ayudas                    Instancia adolece de errores de Derecho y solicita su
con el mercado común hasta tanto se hubieran restituido las                 anulación . En primer lugar, la sentencia adolece de un error
antiguas . Para llegar a esa conclusión, el Tribunal de Primera             de Derecho al formular un principio general conforme al
Instancia tiene que prescindir del tenor y sistemática de las               cual la Comisión debe examinar la compatibilidad con el
Decisiones de la Comisión y solo puede basarse en las                       Tratado de una legislación que impone obligaciones previa
motivaciones de la Comisión; siendo así que éstas están, por                mente contenidas en acuerdos de carácter privado, antes de
el contrario, supeditadas a la parte dispositiva de la decisión .           examinar si los artículos 85 y 86 del Tratado son aplicables a
Por otra parte, ya por el mero hecho de que únicamente se                   dichos acuerdos . En segundo lugar, la sentencia no tiene en
había impugnado el artículo 2 de las Decisiones, la                         cuenta el hecho de que, con independencia de la compati
alteración del significado del artículo 1 es contraria a                    bilidad de la legislación francesa con el Tratado, la
Derecho .                                                                   Comisión no apreció ninguna infracción de los artículos 85
                                                                            y 86 del Tratado . En otras palabras, la Comisión tenía
(') DO n° C 286 de 28 . 10 . 1995 , p 8 .                                   suficientes motivos para desestimar la denuncia de la
( 2 ) Véase el DO n° C 212 de 14 . 8 . 1991 , p . 10, por lo que se refiere demandante relativa a la supuesta infracción de los artícu
      al asunto T-244/93 , inicialmente registrado como asunto              los 85 a 86 por parte de las empresas, sin tener que
      C-161 /91 , y el DO n° C 167, de 4 . 7 . 1992 , p . 8 , por lo que se determinar si la legislación francesa era o no incompatible
      refiere al asunto T-486/93 , registrado inicialmente como asunto      con el Tratado . En tercer lugar, la sentencia no está
      C-220/92 .
                                                                            suficientemente motivada .
                                                                            (') DO n" C 286 de 28 . 10 . 1995 , p . 12 .
Recurso de casación interpuesto el 22 de noviembre de 1995
por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la                       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995 por la Sala                   lución del Tribunale di Salerno de fecha 12 de octubre de
Primera ( ampliada ) del Tribunal de Primera Instancia de las               1995 , en el asunto entre Somalfruit SpA, Camar SpA y
Comunidades Europeas, en el asunto T-548/93 promovido                       Ministero delle Finanze, Ministero del Commercio con
            en su contra por Ladbroke Racing Ltd i 1 )                                                    l'Estero
                         ( Asunto C-359/95 P)                                                     ( Asunto C-369/95 )
                               ( 96/C 31 / 19 )                                                       ( 96/C 31 /20 )
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
ha presentado el 22 de noviembre de 1995 un recurso de                      sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
casación formulado por la Comisión de las Comunidades                       resoluciones del Tribunale de Salerno dictada el 12 de
Europeas, representada por los Sres . D. Francisco Enrique                  octubre de 1995 , en el asunto entre y recibidas en Somalfruit
González-Díaz y D. Richard Lyal, miembros de su Servicio                    SpA, Camar SpA y Ministero delle Finanze, Ministero del
Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio                 Commercio con l'Estero y recibida en la Secretaría del
en Luxemburgo el despacho del Sr. D. Carlos Gómez de la                     Tribunal de Justicia el 28 de noviembre de 1995 .


title: Recurso de casación interpuesto el 6 de julio de 1998 por Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contra la sentencia dictada el 28 de abril de 1998 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-184/95, promovido contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-237/98 P)

text:
5.9.98                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 278/19
Petición de dicisión prejudicial presentada mediante reso-             sual fija, o ha de considerarse como una compensación
lución del Arbetsdomstolen, de fecha 2 de julio de 1998,               separada que debe incluirse en la comparación de las
en el asunto entre Jämställdhetsombudsmannen Lena                      retribuciones?
              Svenaeus y Örebro läns landsting
                     (Asunto C-236/98)                            5) Para resolver la cuarta cuestión, ¿es relevante el hecho
                                                                       de que las comadronas, a diferencia del ingeniero clí-
                        (98/C 278/32)                                  nico, realizan un trabajo a turnos que, con arreglo al
                                                                       convenio colectivo, confiere el derecho a una reduc-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le                 ción de la jornada de trabajo?
ha sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución del Arbetsdomstolen, dictada el 2 de          (1) DO L 45 de 19.2.1975, p. 19; EE 07/02, p. 52.
julio de 1998, en el asunto entre Jämställdhetsombuds-
mannen Lena Svenaeus y Örebro läns landsting, y recibida
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de julio de
1998.
Arbetsdomstolen solicita al Tribunal de Justicia que se           Recurso de casación interpuesto el 6 de julio de 1998 por
pronuncie sobre las cuestiones siguientes:                        Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contra la sen-
                                                                  tencia dictada el 28 de abril de 1998 por la Sala Segunda
1) Con arreglo al artículo 119 del Tratado de Roma y a            del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero         Europeas, en el asunto T-184/95, promovido contra el
    de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones      Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las
    de los Estados miembros que se refieren a la aplicación                            Comunidades Europeas
    del principio de igualdad de retribución entre los tra-
    bajadores masculinos y femeninos (1), una compensa-                                 (Asunto C-237/98 P)
    ción por jornada especial ¿debe formar parte de la                                      (98/C 278/33)
    base para una comparación de las retribuciones con
    motivo de una supuesta discriminación salarial? ¿QueÂ         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
    importancia tiene el hecho de que la compensación             ha presentado el 6 de julio de 1998 un recurso de casación
    por jornada especial varíe de un mes a otro en función        formulado por Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH,
    de la programación?                                           con domicilio social en MuÂnich (Alemania), representada
                                                                  por el Sr. Karl M. Meessen, que designa como domicilio
2) Para resolver la primera cuestión, ¿es relevante el
                                                                  en Luxemburgo el despacho del Sr. Patrick Kinsch,
    hecho de que las tareas de las comadronas, por regla
                                                                  100, boulevard de la PeÂtrusse, contra la sentencia dictada
    general, se realizan en un horario que da derecho a
                                                                  el 28 de abril de 1998 por la Sala Segunda del Tribunal
    una compensación por jornada especial, mientras que
                                                                  de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
    el ingeniero clínico normalmente no trabaja en horas
                                                                  asunto T-184/95, promovido contra el Consejo de la
    que dan derecho a tal compensación?
                                                                  Unión Europea y la Comisión de las Comunidades
3) El hecho de que, de conformidad con la legislación             Europeas.
    nacional, la compensación por jornada especial forme
                                                                  La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
    parte de la base de cotización para la determinación
    de las pensiones, del subsidio por enfermedad, de las
                                                                  1) anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera
    indemnizaciones y de otras compensaciones relaciona-
                                                                       Instancia el 28 de abril de 1998 en el asunto T-184/
    das con la retribución, ¿es relevante a la hora de dilu-
                                                                       95 (1);
    cidar si dicha compensación por jornada especial debe
    computarse en la base para una comparación de las             2) estime las pretensiones del recurso formulado ante el
    retribuciones con motivo de una supuesta discrimina-               Tribunal de Primera Instancia;
    ción salarial?
                                                                  3) con caraÂcter subsidiario, devuelva el asunto al Tribu-
4) Con arreglo al artículo 119 del Tratado de Roma y a
                                                                       nal de Primera Instancia;
    la Directiva 75/117/CEE sobre la aproximación de las
    legislaciones de los Estados miembros que se refieren a       4) condene a pagar las costas del proceso a las partes
    la aplicación del principio de igualdad de retribución             demandadas en primera instancia y partes recurridas
    entre los trabajadores masculinos y femeninos, ¿debe               en casación.
    ser considerada una reducción de la jornada de trabajo
    Ðconsistente en la distinta duración del tiempo de tra-       Motivos y principales alegaciones
    bajo en la jornada diurna y en la jornada permanente
    a tres turnosÐ en una comparación de las retribucio-          Sobre la cuestión de la existencia de un perjuicio real y
    nes con motivo de una supuesta discriminación sala-           cierto
    rial? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿queÂ relevancia
    tiene el hecho de que la menor duración del tiempo de         Ð La opinión jurídica del Tribunal de Primera Instancia
    trabajo en jornada permanente a tres turnos constituya             de que los hechos por eÂl determinados no constituyen
    una jornada completa con arreglo al convenio colec-                un «perjuicio real y cierto» no se ajusta a Derecho.
    tivo? Si ha de atribuirse un valor especial a la reduc-            Una calificación correcta hubiera deducido de los
    ción de la jornada de trabajo, ¿debe en tal caso                   hechos constatados en la sentencia o en el informe de
    computarse este valor en la retribución líquida men-               la vista la existencia de un danÄo real y cierto.
 ---pagebreak--- C 278/20              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       5.9.98
Ð Dicha opinión jurídica del Tribunal de Primera Instan-                facultad discrecional de establecer la cuantía de la
    cia se basa uÂnicamente en fundamentos que son irrele-              reparación del perjuicio.
    vantes, reflejan a su vez opiniones jurídicas erróneas o
    falsean de modo contrario a Derecho los hechos que se          (1) DO C 184 de 13.6.1998, p. 9.
    desprenden de los autos.
Ð Con caraÂcter subsidiario, el Tribunal de Primera Ins-
    tancia no ha intentado esclarecer la incertidumbre, que
    eÂl mismo constató, en relación con los hechos, ya que
    no obtuvo, no analizó y, parcialmente, ni siquiera
    mencionó pruebas propuestas por la recurrente.                 Recurso interpuesto el 7 de julio de 1998 por Comisión de
                                                                     las Comunidades Europeas contra la RepuÂblica Francesa
Sobre la cuestión de una relación de causalidad directa y                                (Asunto C-239/98)
previsible                                                                                (98/C 278/34)
Ð La opinión jurídica del Tribunal de Primera Instancia
    seguÂn la cual de los hechos por eÂl determinados no se        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
    desprende una «relación directa [y previsible] de cau-         ha presentado el 7 de julio de 1998 un recurso contra la
    salidad entre el perjuicio invocado y la adopción del          RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión de las
    Reglamento (CEE) no 2340/90» no se ajusta a Dere-              Comunidades Europeas, representada por la Sra. Christina
    cho. Una calificación correcta hubiera deducido de los         Tufvesson, Consejera Jurídica, y el Sr. Bernard Mongin,
    hechos constatados por el Tribunal de Primera Instan-          miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que
    cia la existencia de tal relación de causalidad.               designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
                                                                   Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
Ð Los fundamentos en los que se basa esta opinión jurí-
    dica del Tribunal de Primera Instancia son irrelevantes,       La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
    se fundan a su vez en opiniones jurídicas contrarias a         bunal de Justicia que:
    Derecho o no pueden emplearse por derivarse de una
    determinación incorrecta de los hechos desde el punto
    de vista jurídico.                                             1) declare que la RepuÂblica Francesa ha incumplido las
                                                                        obligaciones que le incumben en virtud del Tratado
                                                                        CE así como de la Directiva 92/49/CEE del Consejo,
Ð Con caraÂcter subsidiario, el Tribunal de Primera Ins-
                                                                        de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las dis-
    tancia no ha intentado esclarecer la incertidumbre, que
                                                                        posiciones legales, reglamentarias y administrativas
    eÂl mismo constató, en relación con los hechos, ya que
                                                                        relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y
    no obtuvo, no analizó y, parcialmente, ni siquiera
                                                                        por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y
    mencionó pruebas propuestas por la recurrente.
                                                                        88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del
                                                                        seguro de vida) (1), y de la Directiva 92/96/CEE del
Sobre la cuestión del perjuicio anormal y especial                      Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordina-
                                                                        ción de las disposiciones legales, reglamentarias y
Ð Una calificación correcta hubiera deducido de los                     administrativas relativas al seguro directo de vida, y
    hechos constatados por el Tribunal de Primera Instan-               por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y
    cia la existencia de un perjuicio anormal y especial.               90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida) (2),
                                                                        al no haber adoptado (y al no haber puesto en vigor) y
                                                                        al no haber comunicado todas las disposiciones lega-
Sobre la pretensión subsidiaria de indemnización del per-               les, reglamentarias y administrativas necesarias para
juicio sufrido a consecuencia de un acto ilícito                        dar cumplimiento de un modo completo a dichas
                                                                        Directivas y, en particular, al no haber adaptado el
Ð La opinión jurídica expuesta por el Tribunal de Pri-                  Derecho interno a la mismas en lo que atanÄe a las
    mera Instancia de que la pretensión contenida en el                 «mutuelles reÂgies par le code de la mutualiteÂ»;
    recurso formulado ante dicho Tribunal no puede apo-
    yarse en el motivo subsidiario de la recurrente por el
    que se pide una indemnización por la cuantía del per-          2) condene en costas a la RepuÂblica Francesa.
    juicio, ya que en principio no existe un derecho a la
    reparación del perjuicio causado por un acto lícito, se        Motivos y principales alegaciones
    basa en un error de Derecho. La recurrente, que no
    formuló una pretensión subsidiaria, sino, como resulta
    de los autos, sólo expuso un motivo secundario en              La adaptación del Derecho interno franceÂs a las Directivas
    apoyo de su pretensión, tiene, al menos en principio y         92/49/CEE y 92/96/CEE es incompleta porque no cubre
    en contra de la opinión del Tribunal de Primera Ins-           las «mutuelles reÂgies par le code de la mutualiteÂ», a las
    tancia, derecho a que se repare un perjuicio causado           que se refieren los artículos 8 modificados de las Directi-
    por un acto lícito, y, por tanto, en el presente caso,         vas 73/239/CEE (3) y 79/267/CEE (4). La mera comunica-
    puede solicitar la reparación del perjuicio en toda su         ción de un proyecto de Ley que no se ha aprobado todavía
    cuantía, ya que el legislador comunitario no ejercitó su       y que se estaÂ discutiendo con los agentes económicos afec-


title: Asunto T-516/08: Auto del Tribunal General de 24 de marzo de 2010 — Eriksen/Comisión [ «Recurso de indemnización — Consecuencias para la salud pública del accidente nuclear de Thule (Groenlandia) — Directiva 96/29/Euratom — Falta de adopción por la Comisión de medidas contra un Estado miembro — Recurso que carece manifiestamente de todo fundamento jurídico» ]

text:
               22.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 134/34

         Auto del Tribunal General de 24 de marzo de 2010 — Eriksen/Comisión
   (Asunto T-516/08) (1)

   («Recurso de indemnización - Consecuencias para la salud pública del accidente nuclear de Thule (Groenlandia) - Directiva 96/29/Euratom - Falta de adopción por la Comisión de medidas contra un Estado miembro - Recurso que carece manifiestamente de todo fundamento jurídico»)
   2010/C 134/58
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Heinz Helmuth Eriksen (Ebeltoft, Dinamarca) (representante: I. Anderson, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: E. White y M. Patakia, agentes)

      Objeto

   Recurso de indemnización dirigido a obtener la reparación del perjuicio sufrido por la supuesta falta de adopción por la Comisión de las medidas necesarias para obligar al Reino de Dinamarca a adoptar las disposiciones legales y administrativas que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes (DO L 159, p. 1), y a aplicar dichas disposiciones a los trabajadores implicados en el accidente nuclear de Thule (Groenlandia).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Heinz Helmuth Eriksen.

      (1)  DO C 44, de 21.2.2009.


title: Asunto C-207/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, de fecha 26 de abril de 2004, en el asunto entre Vergani Paolo y Agencia delle Entrate, Ufficio locale di Arona

text:
               10.7.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/6

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, de fecha 26 de abril de 2004, en el asunto entre Vergani Paolo y Agencia delle Entrate, Ufficio locale di Arona
   (Asunto C-207/04)
   (2004/C 179/13)
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución de la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, dictada el 26 de abril de 2004, en el asunto entre Vergani Paolo y Agencia delle Entrate, Ufficio locale di Arona, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de mayo de 2004.
   La Commissione Tributaria Provinciale di Novara solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:

      «El artículo 17, apartado 4 bis, del Decreto del Presidente de la República no 917/86, cuando establece que, en igualdad de circunstancias, las cantidades abonadas como incentivo a la dimisión del trabajador y con motivo de la extinción del contrato de trabajo tributarán a un tipo reducido a la mitad (50 %) en el caso de trabajadores que hayan superado los 50 años, si son mujeres, o los 55 años, si son hombres, ¿infringe, se opone o, en cualquier caso, crea condiciones de desigualdad de trato entre hombres y mujeres prohibidas por el artículo 141 CE (anteriormente artículo 119 del Tratado CE) y por la Directiva 76/207/CEE? (1).

      (1)  DO L 39 de 14.2.1976, p. 40.».


title: Asunto C-201/05: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2008 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue ( Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Fiscalidad directa — Impuesto sobre sociedades — Dividendos de acciones que una sociedad residente percibe de una sociedad no residente — Régimen de las sociedades extranjeras controladas (SEC) — Situación con relación a un país tercero — Calificación de las reclamaciones interpuestas contra la Administración tributaria — Responsabilidad de un Estado miembro por infracción del Derecho comunitario )

text:
               15.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/13

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2008 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue
   (Asunto C-201/05) (1)

   («Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre circulación de capitales - Fiscalidad directa - Impuesto sobre sociedades - Dividendos de acciones que una sociedad residente percibe de una sociedad no residente - Régimen de las sociedades extranjeras controladas (SEC) - Situación con relación a un país tercero - Calificación de las reclamaciones interpuestas contra la Administración tributaria - Responsabilidad de un Estado miembro por infracción del Derecho comunitario»)
   (2008/C 209/18)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   High Court of Justice (Chancery Division)
   Partes

      Demandante: The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation

      Demandada: Commissioners of Inland Revenue
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretación de los artículos 43 CE, 49 CE y 56 CE — Legislación fiscal nacional — Impuesto sobre sociedades — Exención — Dividendos abonados por otras sociedades a una sociedad establecida en el territorio nacional — Situación diferente según el Estado en el que están establecidas las otras sociedades.
   Fallo

               1)

               El artículo 43 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades los dividendos que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, mientras que sujeta a dicho impuesto los dividendos que una sociedad residente percibe de una sociedad no residente de la que posee una participación que le confiere una influencia real en las decisiones de dicha sociedad y le permite determinar las actividades de ésta, concediendo un crédito fiscal por el impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios en su Estado miembro de residencia, siempre que el tipo impositivo sobre los dividendos de origen extranjero no sea superior al tipo impositivo aplicado a los dividendos de origen nacional y que el crédito fiscal sea al menos igual al importe pagado en el Estado miembro de la sociedad que distribuye beneficios hasta el límite de la cuantía impositiva aplicada en el Estado miembro de la sociedad beneficiaria.
               El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades los dividendos que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, mientras que sujeta a dicho impuesto los dividendos que una sociedad residente percibe de una sociedad no residente de la que posee al menos el 10 % de los derechos de voto, concediendo un crédito fiscal por el impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios en su Estado miembro de residencia, siempre que el tipo impositivo sobre los dividendos de origen extranjero no sea superior al tipo impositivo aplicado a los dividendos de origen nacional y que el crédito fiscal sea al menos igual al importe pagado en el Estado miembro de la sociedad que distribuye beneficios hasta el límite de la cuantía impositiva aplicada en el Estado miembro de la sociedad beneficiaria.
               Además, el artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades los dividendos que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, mientras que sujeta a dicho impuesto los dividendos que una sociedad residente percibe de una sociedad no residente de la que posee menos del 10 % de los derechos de voto, sin concederle un crédito fiscal por el impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios en su Estado de residencia.

               2)

               El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la legislación de un Estado miembro que permite que determinados dividendos que compañías aseguradoras residentes perciben de sociedades residentes queden exentos del impuesto sobre sociedades, pero excluye tal exención para dividendos análogos percibidos de sociedades no residentes, siempre que esto implique un tratamiento menos favorable de estos últimos dividendos.

               3)

               Los artículos 43 CE y 48 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la inclusión, en la base imponible de una sociedad residente establecida en un Estado miembro, de los beneficios obtenidos por una sociedad extranjera controlada en otro Estado miembro cuando dichos beneficios estén sujetos en este último a un nivel de tributación inferior al aplicable en el primer Estado, a menos que tal inclusión concierna únicamente a los montajes puramente artificiales destinados a eludir el impuesto nacional normalmente adeudado.
               Por consiguiente, la aplicación de esa medida tributaria debe descartarse cuando resulte, en función de elementos objetivos y verificables por terceros, que, a pesar de que existan motivos de índole fiscal, la citada sociedad extranjera controlada está implantada realmente en el Estado miembro de acogida y ejerce en él actividades económicas efectivas.
               No obstante, los artículos 43 CE y 48 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación fiscal nacional que impone determinados requisitos cuando la sociedad residente pretende quedar exenta de los impuestos ya pagados por los beneficios de dicha sociedad controlada en su Estado de residencia, siempre que dichos requisitos tengan como objetivo comprobar la realidad de la implantación de la sociedad extranjera controlada y el carácter efectivo de las actividades económicas de ésta sin que ello implique restricciones administrativas excesivas.

               4)

               Los artículos 56 CE a 58 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la legislación de un Estado miembro que concede una ventaja fiscal en relación con el impuesto sobre sociedades para determinados dividendos que sociedades residentes perciben de sociedades residentes, pero excluye tal ventaja para los dividendos percibidos de sociedades establecidas en un país tercero especialmente cuando la concesión de dicha ventaja está supeditada a requisitos cuya observancia sólo puede ser comprobada por las autoridades competentes de dicho Estado miembro recabando información del Estado en que esté establecida la sociedad que reparte los dividendos.

               5)

               A falta de normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, incluida la calificación de las demandas presentadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales por quienes hayan sido perjudicados. No obstante, dichos órganos están obligados a garantizar que los justiciables disponen de un cauce procesal efectivo que les permita obtener la devolución del impuesto indebidamente recaudado y de las cantidades pagadas a dicho Estado miembro o retenidas por éste en relación directa con tal impuesto. Por lo que respecta a otros perjuicios sufridos por una persona por una infracción del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro, éste está obligado a reparar los daños causados a los particulares en las condiciones recogidas en el apartado 51 de la sentencia de 5 de marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur y Factortame (C-46/93 y C-48/93), sin que esto excluya que, con arreglo al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos.
               Cuando la legislación de un Estado miembro constituya una restricción a la libertad de establecimiento prohibida por el artículo 43 CE o una restricción a la libre circulación de capitales prohibida por el artículo 56 CE, el órgano jurisdiccional remitente, para determinar el perjuicio indemnizable, puede comprobar si los perjudicados han actuado con una diligencia razonable para evitar el perjuicio o reducir su importancia, y, si, en especial, han ejercitado en tiempo oportuno todas las acciones que en Derecho les correspondían. No obstante, para evitar que el ejercicio de los derechos que los artículos 43 CE y 56 CE confieren a los particulares sea imposible o excesivamente difícil, el órgano jurisdiccional remitente puede determinar si la aplicación de dicha legislación, en relación, en su caso, con las disposiciones pertinentes de los convenios para evitar la doble imposición, hubiera conducido, en cualquier caso, al fracaso de las pretensiones de las demandantes en el litigio principal ante la Administración tributaria del Estado miembro de que se trate.

      (1)  DO C 182 de 23.7.2005.


title: Asunto C-145/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 — Comisión Europea/República de Bulgaria (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 1999/31/CE — Artículo 14 — Vertido de residuos — Residuos no peligrosos — No conformidad de los vertidos existentes)

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 — Comisión Europea/República de Bulgaria
   (Asunto C-145/14) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 1999/31/CE - Artículo 14 - Vertido de residuos - Residuos no peligrosos - No conformidad de los vertidos existentes))
   (2015/C 311/11)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: S. Petrova y E. Sanfrutos Cano, agentes)

      Demandada: República de Bulgaria (representantes: E. Petranova y D. Drambozova, agentes)

      Fallo

               1)

               Declarar que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado las medidas necesarias para que, a partir del 16 de julio de 2009, únicamente sigan en funcionamiento los vertederos para residuos no peligrosos existentes en su territorio que cumplan las condiciones exigidas por dicha Directiva.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar a la Comisión Europea y a la República de Bulgaria a cargar con sus propias costas.

      (1)  DO C 159, de 26.5.2014.


title: Asunto T-409/07: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2009 — Cohausz/OAMI — Izquierdo Faces (acopat) [ Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa acopat — Marcas nacionales denominativas anteriores COPAT — Motivo de denegación relativo — Falta de uso efectivo de las marcas anteriores — Artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n o  40/94 [actualmente artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n o  207/2009] ]

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/61

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2009 — Cohausz/OAMI — Izquierdo Faces (acopat)
   (Asunto T-409/07) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria figurativa acopat - Marcas nacionales denominativas anteriores COPAT - Motivo de denegación relativo - Falta de uso efectivo de las marcas anteriores - Artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009]»)
   2009/C 267/107
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Alemania) (representantes: inicialmente I. Friedhoff, posteriormente S. von Petersdorff-Campen y H. Timmann, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Botis, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: José Izquierdo Faces (Bilbao) (representante: H. Bock, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 6 de septiembre de 2007 (asunto R 289/2006-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Helge B. Cohausz y José Izquierdo Faces.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Helge B. Cohausz.

      (1)  DO C 8, de 12.1.2008.


title: Asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2008 — Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Consejo de la Unión Europea, Comisión de las Comunidades Europeas, Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte ( Política exterior y de seguridad común (PESC) — Medidas restrictivas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes — Naciones Unidas — Consejo de Seguridad — Resoluciones aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas — Aplicación en la Comunidad — Posición común 2002/402/PESC — Reglamento (CE) n o  881/2002 — Medidas dirigidas contra personas y entidades incluidas en una lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas — Congelación de fondos y de recursos económicos — Comité del Consejo de Seguridad creado por el párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad (Comité de Sanciones) — Inclusión de estas personas y entidades en el anexo I del Reglamento (CE) n o  881/2002 — Recurso de anulación — Competencia de la Comunidad — Base jurídica conjunta compuesta por los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE — Derechos fundamentales — Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a un control jurisdiccional efectivo )

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2008 — Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Consejo de la Unión Europea, Comisión de las Comunidades Europeas, Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte
   (Asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P) (1)

   («Política exterior y de seguridad común (PESC) - Medidas restrictivas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Naciones Unidas - Consejo de Seguridad - Resoluciones aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas - Aplicación en la Comunidad - Posición común 2002/402/PESC - Reglamento (CE) no 881/2002 - Medidas dirigidas contra personas y entidades incluidas en una lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas - Congelación de fondos y de recursos económicos - Comité del Consejo de Seguridad creado por el párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad (Comité de Sanciones) - Inclusión de estas personas y entidades en el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 - Recurso de anulación - Competencia de la Comunidad - Base jurídica conjunta compuesta por los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE - Derechos fundamentales - Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a un control jurisdiccional efectivo»)
   (2008/C 285/03)
   Lenguas de procedimiento: inglés y sueco
   Partes

      Recurrentes: Yassin Abdullah Kadi (representantes: I. Brownlie, D. Anderson QC, P: Saini, Barrister, G. Martin, Solicitor), Al Barakaat International Foundation (representantes: L. Silbersky y T. Olsson, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop, E. Finnegan y E. Karlsson, agentes), Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Brown, J. Enegren y P.J. Kuijper, agentes), Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (representantes: R. Caudwell, E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, agentes, y C. Greenwood QC, A. Dashwood, Barrister)

      Partes coadyuvantes en apoyo del Consejo de la Unión Europea: Reino de España (representante: J. Rodríguez Cárcamo, agentes), República Francesa (representantes: G. de Bergues, E. Belliard y S. Gasri, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: H.G. Sevenster y M. de Mol, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la Comisión de las Comunidades Europeas: República Francesa (representantes: G. de Bergues, E. Belliard y S. Gasri, agentes)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 21 de septiembre de 2005, Kadi/Consejo y Comisión (T-315/01), en la que dicho Tribunal decidió: a) sobreseer el asunto en lo que respecta a la pretensión de la parte demandante de que se anule el Reglamento (CE) no 2062/2001 de la Comisión, de 19 de octubre de 2001, que modifica por tercera vez el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, y se deroga el Reglamento (CE) no 337/2000 del Consejo (DO L 277, p. 25), en la medida en que incluye al demandante en la lista de personas y entidades a quienes se aplica la congelación de fondos impuesta por dicho Reglamento, y b) desestimar por infundada la pretensión de la parte demandante de que se anule el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento no 467/2001 (DO L 139, p. 9), en la medida en que dichos actos afectan al demandante.
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 21 de septiembre de 2005 en el asunto T-306/01, Yusuf y Al Barakaat International Foundation contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas, en la que dicho Tribunal desestimó un recurso que tenía por objeto la anulación del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento no 467/2001.
   Fallo

               1)

               Anular las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 21 de septiembre de 2005, Kadi/Consejo y Comisión (T-315/01) y Yusuf y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (T-306/01).

               2)

               Anular en lo que respecta al Sr. Kadi y a Al Barakaat International Foundation el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán.

               3)

               Mantener los efectos del Reglamento no 881/2002, en lo que respecta al Sr. Kadi y a Al Barakaat International Foundation, durante un período de tres meses como máximo a partir de la fecha en que se dicte la presente sentencia.

               4)

               Condenar al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión de las Comunidades Europeas a soportar sus propias costas y, además, condenar a cada una de estas instituciones a cargar con la mitad de las costas en que hayan incurrido el Sr. Kadi y Al Barakaat International Foundation, tanto en primera instancia como en los presentes procedimientos de casación.

               5)

               El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportará las costas en las que haya incurrido, tanto en primera instancia como en los presentes procedimientos de casación.

               6)

               El Reino de España, la República Francesa y el Reino de los Países Bajos soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 36 de 11.2.2006.

      DO C 48 de 25.2.2006.


title: Asunto T-306/14: Recurso interpuesto el 30 de abril de 2014 — Polymer-Chemie/Comisión

text:
               14.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/55

         Recurso interpuesto el 30 de abril de 2014 — Polymer-Chemie/Comisión
   (Asunto T-306/14)
   2014/C 223/57
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Polymer-Chemie GmbH (Sobernheim, Alemania) (representantes: D. Greinacher, J. Martin y B. Scholtka, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal en relación con el apoyo a la producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables y del grisú conforme a la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley por la que se concede prioridad a las fuentes de energía renovables; en lo sucesivo, «EEG») y el recargo EEG reducido para grandes consumidores de energía contra la República Federal de Alemania — Ayuda de Estado SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), de 18 de diciembre de 2013 (DO C 37, p. 73, de 7.2.2014), con arreglo al artículo 263 TFUE, apartado 1, en la medida en que la Comisión clasifica el régimen especial de compensación de los artículos 40 y 41 de la EEG como ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE.

               —

               Condene a la Comisión a pagar las costas necesarias, con arreglo al artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE
               La demandante alega que la Comisión clasificó erróneamente el apoyo a las fuentes de energía renovables mediante el sistema de recargo y el régimen especial de compensación para reducir el recargo como ayudas y, por lo tanto, no podía incoar el procedimiento de investigación formal.

                           —

                           En este contexto la demandante aduce que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al efectuar la apreciación preliminar de la cuestión de si el régimen especial de compensación constituye una ayuda, toda vez que el régimen especial de compensación, como excepción al recargo EEG, no supone una ventaja que las empresas que consumen grandes cantidades de electricidad no tendrían en condiciones normales de mercado.

                           —

                           Asimismo, la demandante sostiene que no se ve afectado ningún recurso estatal. Habida cuenta de que los ingresos procedentes del recargo EEG no constituyen recursos estatales, tampoco se puede ver afectado ningún recurso estatal por la excepción prevista para los grandes consumidores de energía. ¡

                           —

                           La demandante alega asimismo que el régimen especial de compensación tampoco origina una distorsión de la competencia. A lo sumo, establece las condiciones competitivas que existirían sin el recargo EEG.

               2.

               Segundo motivo, basado en una violación del principio de protección de la confianza
               La demandante alega que, al adoptar la Decisión, la Comisión también vulnera el principio de protección de la confianza. La normativa alemana en apoyo de las fuentes de energía renovables ya ha sido sometida a un profundo examen desde el punto de vista del régimen en materia ayudas de Estado, durante el cual la Comisión, en el año 2002, llegó a la conclusión de que una transferencia de recursos estatales no aparecía vinculada a la citada normativa. Habida cuenta de que la EEG de 2012 no introdujo ninguna modificación sustancial a este respecto en la situación jurídica entonces existente, los operadores económicos afectados no deberían haber confiado en que se efectuara un nuevo examen, sino en el mantenimiento de la normativa existente.

               3.

               Tercer motivo, basado en la utilización inadecuada de la una facultad
               Por último, la demandante sostiene que la Comisión no utilizó adecuadamente la facultad que le confieren los artículos 107 TFUE y 108 TFUE. Mediante la incoación del procedimiento de investigación formal, la Comisión persigue principalmente el objetivo fundamental de armonizar el apoyo a la electricidad procedente de fuentes de energía renovables. Este objetivo fundamental figura también en el nuevo proyecto de directrices relativas a las ayudas en el ámbito del medio ambiente y de la energía, en el que la Comisión establece por primera vez normas detalladas en apoyo de las fuentes de energía renovables. No obstante, para realizar tal armonización, la Comisión debería utilizar el procedimiento previsto a estos efectos para la aproximación de disposiciones legales, con arreglo a lo establecido en los artículos 116 TFUE y 117 TFUE.


title: Asunto C-129/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Alemania) el 8 de marzo de 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

text:
               16.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 174/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Alemania) el 8 de marzo de 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg
   (Asunto C-129/12)
   2012/C 174/23
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

      Demandada: Finanzamt Magdeburg

      Cuestión prejudicial

   ¿Concede la Decisión C(1998) 1712 (1) de la Comisión, de 20 de mayo de 1998, al legislador alemán un margen de apreciación para configurar el artículo 2, frase segunda, número 4, de la Investitionszulagengesetz (InvZulG 1996), en su versión resultante de la Steuerentlassungsgesetz 1999 de 19 de diciembre de 1998, de tal manera que dicho margen de actuación da cobertura a una normativa que favorece las inversiones en cuestión, en relación con las cuales la decisión de inversión vinculante se haya adoptado antes de concluir el plazo para la ejecución de la Decisión de la Comisión o antes de la publicación de las medidas previstas en el Bundessteuerblatt (Boletín tributario alemán; en lo sucesivo, «BStBl»), pero la entrega del objeto de la inversión y la determinación y el pago de la subvención se hayan producido después?

      (1)  Decisión 1999/183/CE de la Comisión, de 20 de mayo de 1998, relativa a las ayudas estatales para la transformación y comercialización de productos agrícolas que podrían concederse por Alemania con base en los regímenes de ayudas regionales existentes [notificada con el número C(1998) 1712] (DO 1999, L 60, p. 61).


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores contra Consejo de la Unión Europea (Inadmisibilidad manifiesta)

text:
C 79/26                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        18.3.2000
por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la                    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Comisión de 10 de octubre de 1997 por la que se impuso al
demandante, por incumplimiento de sus obligaciones estatuta-                                de 23 de noviembre de 1999
rias, la sanción de descenso del grado D1, escalón 8, al grado
D2, escalón 8, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta),          en el asunto T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores
integrado por el Sr. R. Garcı́a-Valdecasas, Presidente, y por la                      contra Consejo de la Unión Europea (1)
Sra. P. Lindh y el Sr. J.D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung,
ha dictado el 24 de noviembre de 1999 un auto resolviendo                                    (Inadmisibilidad manifiesta)
lo siguiente:
                                                                                (2000/C 79/58)
1) Se declara la inadmisibilidad del recurso
2) Cada parte cargará con sus propias costas.                                             (Lengua de procedimiento: español)
                                                                         En el asunto T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores, con
(1) DO C 312 de 10.10.1998.                                              sede en Madrid, representada por los Sres. Javier Ledesma
                                                                         Bartret y José Ma Jiménez Laiglesia y de Oñate, Abogados del
                                                                         Ilustre Colegio de Madrid, que designa como domicilio en
                                                                         Luxemburgo el de la Sra. Concepción Llasser Moyano, 22, rue
                                                                         Wenkelhiel, Dalheim, contra Consejo de la Unión Europea
                                                                         (Agentes: Sres. Ignacio Dı́ez Parra y Antonio Tanca), que tiene
                                                                         por objeto un recurso de anulación parcial del Reglamento
                                                                         (CE) no 1638/98 del Consejo, de 20 de julio de 1998, que
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              modifica el Reglamento no 136/66/CEE por el que se establece
                                                                         la organización común de mercados en el sector de las materias
                    de 8 de diciembre de 1999                            grasas (DO L 210, p. 32), el Tribunal de Primera Instancia (Sala
                                                                         Tercera), integrado por los Sres.: K. Lenaerts, Presidente; J. Azizi
en el asunto T-161/98, Henri de Compte contra Parla-                     y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 23 de
                        mento Europeo (1)                                noviembre de 1999 un auto resolviendo lo siguiente:
                                                                         1) Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
(Funcionarios — Anulación de una decisión disciplinaria —
Recurso manifiestamente inadmisible — Recurso que carece                 2) La demandante cargará con sus propias costas ası́ como con las
         manifiestamente de todo fundamento jurı́dico)                        incurridas por el Consejo.
                                                                         3) La Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Comunidades de
                          (2000/C 79/57)                                      Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno de la Comunidad
                                                                              Autónoma de Andalucı́a y la Comisión cargarán con sus propias
                                                                              costas.
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                         (1) DO C 71, de 13.3.1999.
En el asunto T-161/98, Henri de Compte, antiguo funcionario
del Parlamento Europeo, con domicilio en Longeville-lès-Metz
(Francia), representado por Me Henri Ferretti, Abogado de
Thionville, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho de Me André Lutgen, 1, rue J.-P. Brasseur, contra
Parlamento Europeo (Agentes: Sres. Manfred Peter, Yannis
Pantalis y Denis Waelbroeck), que tiene por objeto una                       AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
solicitud de anulación de la decisión del Presidente del
Parlamento Europeo de 18 de enero de 1988 por la que se                                      de 8 de diciembre de 1999
impone al demandante la sanción de descenso del grado A 3,
escalón 8, al grado A 7, escalón 6, el Tribunal de Primera             en el asunto T-79/99, Euro-Lex European Law Expertise
Instancia (Sala Cuarta), integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta;     GmbH contra Oficina de Armonización del Mercado
y los Sres. R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces; Secretario:                       Interior (marcas, dibujos y modelos) (1)
Sr. H. Jung, ha dictado el 8 de diciembre de 1999 un auto
resolviendo lo siguiente:                                                (Marca comunitaria — Representación por un Abogado que
                                                                             es gerente de la parte demandante — Inadmisibilidad)
1) Se desestima el recurso
                                                                                (2000/C 79/59)
2) Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
( 1) DO C 378 de 5.12.1998.
                                                                         En el asunto T-79/99, Euro-Lex European Law Expertise
                                                                         GmbH, con domicilio social en Emmerich (Alemania), repre-
                                                                         sentada por el Sr. Eckhard Benkelberg, Abogado de Emmerich


title: Asunto C-471/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien (Austria) el 15 de octubre de 2014 — Seattle Genetics Inc.

text:
               22.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 462/16

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien (Austria) el 15 de octubre de 2014 — Seattle Genetics Inc.
   (Asunto C-471/14)
   (2014/C 462/26)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Wien

      Partes en el proceso principal

      Recurrente: Seattle Genetics Inc.

      Recurrida: Österreichisches Patentamt

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Está regulada la fecha de la primera autorización de comercialización en la Comunidad, en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 469/2009 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, por el Derecho comunitario o se refiere dicha disposición a la fecha en que la autorización pasa a ser efectiva con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate?

               2)

               En caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entienda que el Derecho comunitario determina la fecha a la que se refiere la primera cuestión, ¿a qué fecha se ha de atender: a la de la autorización o a la de su publicación?

      (1)  DO L 152, p. 1.


title: Asunto C-37/13 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de enero de 2013 por Nexans France SAS, Nexans SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 14 de noviembre de 2012 en el asunto T-135/09, Nexans France SAS, Nexans SA/Comisión Europea

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/10

         Recurso de casación interpuesto el 24 de enero de 2013 por Nexans France SAS, Nexans SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 14 de noviembre de 2012 en el asunto T-135/09, Nexans France SAS, Nexans SA/Comisión Europea
   (Asunto C-37/13 P)
   2013/C 101/22
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Nexans France SAS, Nexans SA (representantes: M. Powell, Solicitor, J-P. Tran-Thiet, avocat, G. Forwood, Barrister, A. Rogers, advocate)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule la sentencia recurrida en la medida en que desestimaba la segunda parte del primer motivo de la parte demandante, según la cual el alcance geográfico de la decisión de inspección era excesivamente amplio e insuficientemente preciso.

               —

               Que, basándose en la información de que dispone, se anule la decisión de inspección en la medida en que su alcance geográfico era excesivamente amplio, insuficientemente justificado e insuficientemente preciso, o, con carácter subsidiario, se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie conforme a la apreciación jurídica contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia.

               —

               Que se anule la sentencia recurrida en la medida en que condena a Nexans a cargar con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido la Comisión en el procedimiento ante el Tribunal General, y se condene a la Comisión a cargar con las costas en que haya incurrido Nexans en el procedimiento ante el Tribunal General por el importe que el Tribunal de Justicia considere oportuno.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con todas las costas en que haya incurrido Nexans en la presente instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   Los recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error al desestimar su recurso de anulación de la decisión de inspección en la medida en que era insuficientemente precisa, excesivamente amplia en su alcance geográfico y se aplicaba a los acuerdos y/o prácticas concertadas objeto de sospecha que tenían «probablemente un alcance mundial». Asimismo, los recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error en su pronunciamiento en costas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de julio de 2004 en los asuntos acumulados C-37/02 y C-38/02 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Di Lenardo Adriano Srl y Dilexport Srl contra Ministero del Commercio con l'Estero (Plátanos — Organización común de mercados — Reglamento (CE) n° 896/2001 — Régimen común de intercambios con países terceros — Importaciones primarias — Validez — Protección de la confianza legítima — Retroactividad — Competencia de ejecución)

text:
               11.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 15 de julio de 2004
   en los asuntos acumulados C-37/02 y C-38/02 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Di Lenardo Adriano Srl y Dilexport Srl contra Ministero del Commercio con l'Estero (1)

   (Plátanos - Organización común de mercados - Reglamento (CE) no 896/2001 - Régimen común de intercambios con países terceros - Importaciones primarias - Validez - Protección de la confianza legítima - Retroactividad - Competencia de ejecución)
   (2004/C 228/06)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En los asuntos acumulados C-37/02 y C-38/02, que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia), destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre Di Lenardo Adriano Srl (C-37/02), Dilexport Srl (C-38/02) y Ministero del Commercio con l'Estero, una decisión prejudicial sobre la validez de los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 31 del Reglamento (CE) no 896/2001 de la Comisión, de 7 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad (DO L 126, p. 6), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y R. Schintgen (Ponente) y las Sras. F. Macken y N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 15 de julio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El examen de las cuestiones prejudiciales no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, letra c), y 31 del Reglamento (CE) no 896/2001 de la Comisión, de 7 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad.

      (1)  DO C 97 de 20.4.2002.