title: Asunto C-414/12 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de septiembre de 2012 por Bolloré contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 27 de junio de 2012 en el asunto T-372/10, Bolloré/Comisión

text:
               17.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/10

         Recurso de casación interpuesto el 13 de septiembre de 2012 por Bolloré contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 27 de junio de 2012 en el asunto T-372/10, Bolloré/Comisión
   (Asunto C-414/12 P)
   2012/C 355/17
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Bolloré (representantes: P. Gassenbach, C. Lemaire y O. de Juvigny, abogados)

      Recurrida: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia recurrida por cuanto, según la recurrente, el Tribunal General vulneró el principio de igualdad de trato y la exigencia de motivación al no deducir consecuencia alguna de que Bolloré fuese sancionada como sociedad matriz, a diferencia de Stora, que se encontraba en análoga situación.

               —

               Que se anule la sentencia recurrida por cuanto, según la recurrente, el Tribunal General infringió los artículos 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y 6 del CEDH, incumplió las exigencias de motivación y de no desnaturalización, vulneró el derecho de defensa de Bolloré, ignoró los efectos de la anulación de la Decisión 2004/337/CE (1) y la fuerza de cosa juzgada e infringió el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, al declarar que Bolloré fue juzgada en un plazo razonable y se encontraba en condiciones de defenderse frente a las imputaciones notificadas.

               —

               Que se anule la sentencia recurrida por cuanto, según la recurrente, el Tribunal General vulneró los principios de proporcionalidad y de equidad al negarse a reducir en atención al contexto fáctico y procesal del presente procedimiento el importe de la multa impuesta.

               —

               Que, con arreglo al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, se resuelva definitivamente el asunto T-372/10 anulando la Decisión controvertida en lo que respecta a Bolloré o que, en cualquier caso, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, el Tribunal de Justicia reduzca la multa impuesta a Bolloré por la Comisión y confirmada por el Tribunal General.

               —

               Que, en el caso de que el Tribunal de Justicia decida no resolver él mismo el presente asunto, se reserve la decisión sobre las costas y devuelva el asunto al Tribunal General para que éste lo examine nuevamente de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia.

               —

               Por último, que, con arreglo al artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia.

      Motivos y principales alegaciones

   La recurrente formula tres motivos para fundamentar su recurso de casación.
   Mediante su primer motivo, que consta de dos partes, la recurrente en casación sostiene que el Tribunal General vulneró el principio de igualdad de trato e incumplió la exigencia de motivación al no deducir consecuencia alguna de que ella fuese sancionada por las actuaciones de su antigua filial, a diferencia de Stora, que se encontraba en análoga situación.
   El segundo motivo, que consta de cuatro partes, pone de manifiesto que el Tribunal General infringió el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH, incumplió las exigencias de motivación y de no desnaturalización, vulneró el derecho de defensa de la recurrente, ignoró los efectos de la anulación de la Decisión 2004/337 y la fuerza de cosa juzgada, e infringió el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, por cuanto no sancionó la vulneración del derecho de la demandante a que su causa fuese juzgada dentro de un plazo razonable.
   Mediante su tercer motivo, la recurrente en casación alega la vulneración de los principios de proporcionalidad y de equidad, por cuanto el Tribunal General no tuvo en cuenta el contexto fáctico y jurídico del presente procedimiento al negarse a reducir el importe de la multa impuesta.

      (1)  Decisión 2004/337/CE, relativa a un procedimiento conforme al artículo 81 [CE] y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E-1/36.212 — Papel autocopiativo) (DO 2004, L 115, p. 1).


title: Asunto C-209/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías (Grecia) el 4 de mayo de 2011 — Sportingbet PLC/Ypourgós Politismoú e Ypourgós Oikonomías kai Oikonomikón

text:
               2.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 194/11

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías (Grecia) el 4 de mayo de 2011 — Sportingbet PLC/Ypourgós Politismoú e Ypourgós Oikonomías kai Oikonomikón
   (Asunto C-209/11)
   2011/C 194/15
   Lengua de procedimiento: griego

      Órgano jurisdiccional remitente

   Symvoúlio tis Epikrateías

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sportingbet PLC

      Demandadas: Ypourgós Politismoú e Ypourgós Oikonomías kai Oikonomikón

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con los artículos 43 y 49 del Tratado CE una normativa nacional que, con el fin de conseguir el objetivo de limitar la oferta de juegos de azar, concede un derecho exclusivo para la realización, gestión, organización y funcionamiento de juegos de azar a una única empresa –que tiene forma de sociedad anónima y cuyas acciones cotizan en un mercado de valores–, máxime cuando, además, dicha empresa hace publicidad de los juegos de azar que organiza, despliega sus actividades en el extranjero, los jugadores participan libremente y la cantidad máxima de apuestas y ganancias se determina por impreso y no por jugador?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera pregunta, ¿es compatible con los artículos 43 y 49 del Tratado CE una normativa nacional cuyo objetivo es luchar por sí misma contra la criminalidad a través del ejercicio de un control sobre las empresas que operan en dicho sector –de modo que se garantice que las actividades sólo se ejerzan dentro de circuitos controlables– concede un derecho exclusivo para la realización, gestión, organización y funcionamiento de juegos de azar a una única empresa, aunque dicha concesión tenga como efecto paralelo la expansión ilimitada de esa oferta? ¿O, en cualquier caso, para considerar que dicha restricción es adecuada para conseguir el objetivo de lucha contra la criminalidad, la expansión de la oferta debería estar siempre controlada, es decir, no ir más allá de lo necesario para conseguir el mencionado objetivo? Si esta expansión debe estar controlada en todo caso, ¿puede considerarse desde este punto de vista que la expansión está controlada si la concesión del derecho exclusivo en ese sector se hace a un organismo de las características expuestas en la primera cuestión? Por último, en caso de que se considere que la concesión del citado derecho exclusivo conduce a una expansión controlada de la oferta de los juegos de azar, ¿va la mencionada concesión a una única empresa más allá de lo necesario, en el sentido de que el mismo objetivo puede conseguirse útilmente mediante la concesión de ese derecho a varias empresas?

               3)

               Si, en relación con las dos cuestiones anteriores, se considera que la concesión –a través de las disposiciones nacionales examinadas en el caso de autos– de un derecho exclusivo para la realización, gestión, organización y funcionamiento de juegos de azar no es compatible con los artículos 43 y 49 del Tratado CE: a) ¿Es admisible, en el sentido de las citadas disposiciones del Tratado, que, durante un período transitorio –necesario para la adopción de una normativa compatible con las disposiciones del Tratado CE– las autoridades nacionales no examinen las solicitudes para el ejercicio de las citadas actividades presentadas por personas establecidas legalmente en otros Estados miembros? b) En caso de respuesta afirmativa, ¿con arreglo a qué criterios debe determinarse la duración de dicho período? c) Si no se autoriza ese período transitorio, ¿con arreglo a qué criterios deben examinar las autoridades nacionales las citadas solicitudes?


               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/89

         (2006/C 326/179)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 310 de 16.12.2006

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 294 de 2.12.2006

      DO C 281 de 18.11.2006

      DO C 261 de 28.10.2006

      DO C 249 de 14.10.2006

      DO C 237 de 30.9.2006

      DO C 224 de 16.9.2006

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex:http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto C-300/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Hessisches Finanzgericht, de fecha 25 de abril de 2003, en el asunto entre Honeywell Aerospace GmbH y Hauptzollamt Gießen — Dienstort Fulda

text:
C 226/6               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            20.9.2003
Petición de decisión prejudicial planteada mediante                     Petición de decisión prejudicial planteada mediante
resolución del Oberster Gerichtshof, de fecha 4 de junio                resolución del Hessisches Finanzgericht, de fecha
de 2003, en el asunto entre Sozialhilfeverband Rohrbach y               25 de abril de 2003, en el asunto entre Honeywell
1) Arbeitskammer Oberösterreich, 2) Österrecichischer                   Aerospace GmbH y Hauptzollamt Gießen — Dienstort
  Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst                                                  Fulda
                       (Asunto C-297/03)                                                       (Asunto C-300/03)
                        (2003/C 226/08)                                                          (2003/C 226/09)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
sometida una petición de decisión prejudicial mediante                  sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 4 de junio              resolución del Hessisches Finanzgericht, dictada el 25 de abril
de 2003, en el asunto entre Sozialhilfeverband Rohrbach y               de 2003, en el asunto entre Honeywell Aerospace GmbH y
1) Arbeitskammer Oberösterreich, 2) Österrecichischer                   Hauptzollamt Gießen — Dienstort Fulda, y recibida en la
Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, y reci-            Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de julio de 2003. El
bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de julio           Hessisches Finanzgericht solicita al Tribunal de Justicia que se
de 2003. El Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal de                pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
1)   Una sociedad de responsabilidad limitada de Derecho pri-
                                                                        1)   ¿Se considera, de conformidad con el artículo 215,
     vado cuyo único socio es una Sozialhilfeverband (manco-
                                                                             apartados 2 o 3, primer guión, del Reglamento (CEE)
     munidad de servicios sociales) de Derecho público
                                                                             no 2913/92 (1), en la versión en vigor hasta el 9 de
     (Gemeindeverband, mancomunidad de municipios) y a la
                                                                             mayo de 1999, que la deuda aduanera se ha originado en
     que se le han encomendado misiones de gestión
                                                                             el lugar en que las autoridades aduaneras comprueben que
     económica privada (asistencia social mediante la gestión
                                                                             la mercancía se encuentra en una situación que ha origi-
     de un taller para minusválidos), ¿debe ser considerada una
                                                                             nado una deuda aduanera (apartado 2), o en el lugar en
     autoridad pública, de modo que le sean directamente
                                                                             que se colocó la mercancía bajo el régimen de tránsito
     aplicables las disposiciones del artículo 3, apartado 1,
                                                                             externo (apartado 3, primer guión), si un envío colocado
     en relación con el artículo 1, apartado 1, letra c), de la
                                                                             bajo el régimen de tránsito externo comunitario no ha sido
     Directiva 77/187/CEE (1), en la versión resultante de la
                                                                             presentado a la oficina de destino y no es posible determi-
     Directiva 98/50/CE (2) (actualmente, Directiva 2001/23/CE),
                                                                             nar el lugar en que se ha cometido la infracción o irregu-
     a las que no se ha adaptado suficientemente el Derecho
                                                                             laridad, pero las autoridades aduaneras, en contra de lo
     interno, aun cuando la participación societaria de la manco-
                                                                             dispuesto en los artículos 378, apartado 1, último párrafo,
     munidad de servicios sociales deberá transferirse, en virtud
                                                                             y 379, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CEE)
     de un contrato de cesión que sólo está supeditado a la
                                                                             no 2454/93 (2), en la versión en vigor hasta el 30 de junio
     aprobación de la Junta de Gobierno de la mancomunidad, a
                                                                             de 2001, no han indicado en la notificación prevista en el
     una sociedad de responsabilidad limitada puramente privada?
                                                                             artículo 379, apartado 1, de dicho Reglamento el plazo
                                                                             dentro del cual debe presentarse a la oficina de partida la
     En caso de repuesta afirmativa a la primera cuestión:
                                                                             prueba de la regularidad de la operación de tránsito o del
                                                                             lugar en que se ha cometido efectivamente la infracción o
2)   En el caso de que no se haya adaptado suficientemente el
                                                                             irregularidad?
     Derecho interno a la disposición de la Directiva citada en la
     primera cuestión, una mancomunidad de servicios sociales
     (mancomunidad de municipios) que cede su centro de
     actividad, ¿puede invocar ella misma, como autoridad               2)   En caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta:
     pública en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de
     Justicia de las Comunidades Europeas, contra sus trabaja-
     dores, que se oponen a la transferencia de sus contratos de             La recaudación de los derechos por la autoridad aduanera
     trabajo a un cesionario (según lo expuesto en la primera                competente de conformidad con el artículo 379,
     cuestión) e insisten en la vigencia de sus relaciones                   apartado 2, tercera frase, del Reglamento (CEE) no 2454/93,
     laborales con el cedente, la aplicación directa del                     en la versión en vigor hasta el 30 de junio de 2001,
     artículo 3, apartado 1, en relación con el artículo 1,                  ¿presupone que las autoridades aduaneras hayan indicado
     apartado 1, letra c), de la Directiva citada en la primera              en la notificación prevista en el artículo 379, apartado 1, de
     cuestión, lo que tendría por efecto que los contratos de                dicho Reglamento el plazo dentro del cual debe presentarse
     trabajo se consideren trasferidos al cesionario? ¿Tiene                 a la oficina de partida la prueba de la regularidad de la
     alguna importancia, a este respecto, el hecho de que la                 operación de tránsito o del lugar en que se ha cometido
     autoridad pública cedente no tenga ninguna competencia                  efectivamente la infracción o irregularidad?
     legislativa propia por lo que respecta a la adaptación del
     Derecho interno a una Directiva, ya que dicha competencia
     recae en un legislador de rango superior (el Land)?
(1) DO L 61, p. 26.                                                     (1) DO L 302, p. 1.
(2) DO L 201, p. 88.                                                    (2) DO L 253, p. 1.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de noviembre de 2001 en el asunto C-430/00 P: Anton Dürbeck GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de casación — Organización común de mercados — Plátanos — Importaciones de los Estados ACP y de países terceros — Solicitud de concesión de certificados de importación suplementarios — Caso de rigor excesivo — Medidas transitorias — Artículo 30 del Reglamento (CEE) n° 404/93 — Limitación de los daños — Recurso de anulación")

text:
6.4.2002                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 84/33
3)    La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con sus            1)    Se sobresee el recurso de casación interpuesto por Zino Davidoff
      propias costas.                                                            SA y Zino Davidoff & Cie SA.
(1) DO C 259 de 9.9.2000.
                                                                           2)    Zino Davidoff SA, Zino Davidoff & Cie SA, el Parlamento
                                                                                Europeo y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus
                                                                                propias costas.
                                                                           3)    Lancaster BV y la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                                cargarán con sus propias costas.
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                           (1) DO C 302 de 21.10.2000.
                            (Sala Tercera)
                    de 23 de octubre de 2001
en el asunto C-313/00 P: Zino Davidoff SA contra
                Parlamento Europeo y otros (1)
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(«Directiva 98/43/CE en materia de publicidad y de patroci-
nio de los productos del tabaco — Recurso de casación —
                                                                                (Sala Tercera)
           Sobreseimiento — Imposición de costas»)
                           (2002/C 84/54)                                                     de 13 de noviembre de 2001
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                       en el asunto C-430/00 P: Anton Dürbeck GmbH contra
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas (1)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        («Recurso de casación — Organización común de mercados
                                                                           — Plátanos — Importaciones de los Estados ACP y de
                                                                           paı́ses terceros — Solicitud de concesión de certificados de
En el asunto C-313/00 P, Zino Davidoff SA, con domicilio                   importación suplementarios — Caso de rigor excesivo —
social en Friburgo (Suiza) y Davidoff & Cie SA, con domicilio              Medidas transitorias — Artı́culo 30 del Reglamento (CEE)
social en Ginebra (Suiza), representadas por R. Wägenbaur,                 no 404/93 — Limitación de los daños — Recurso de
avocat, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto                                         anulación»)
contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (Sala Tercera) de 27 de junio de                                                 (2002/C 84/55)
2000, Salamander y otros/Parlamento y Consejo (asuntos
acumulados T-172/98, T-175/98 a T-177/98, Rec. p. II-2487),
y por el que se solicita que se anule dicha sentencia y que se                               (Lengua de procedimiento: alemán)
estimen las pretensiones formuladas en primera instancia por
las recurrentes, en el que las otras partes en el procedimiento            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
son: Parlamento Europeo (agentes: Sres. C. Pennera y M. Ber-                    «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
ger), Consejo de la Unión Europea (agentes: Sres. R. Gosalbo
Bono y S. Marquardt), partes demandadas en primera instancia,
Lancaster BV, con domicilio social en Amsterdam (Paı́ses
Bajos), representada por el Sr. R. Wägenbaur, avocat, Comisión            En el asunto C-430/00 P, Anton Dürbeck GmbH,con domicilio
de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. U. Wölker y Sra.                 social en Francfort del Meno (Alemania), representada por el
I. Martı́nez del Peral), Markenverband eV, con domicilio social            Sr. G. Meier, Rechtsanwalt, que tiene por objeto un recurso de
en Wiesbaden (Alemania), Manifattura Lane Gaetano Marzotto                 casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de
& Figli SpA, con domicilio social en Valdagno (Italia), República         Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta),
Francesa, República de Finlandia, Reino Unido de Gran Bretaña            de 19 de septiembre de 2000, Dürbeck/Comisión (T-252/97,
y de Irlanda del Norte, partes coadyuvantes en primera                     Rec. p. II-3031), por el que se solicita que se anule dicha
instancia, y Salamander AG, con domicilio social en Kornwest-              sentencia, y en el que las otras partes en el procedimiento son:
heim (Alemania), Una Film «City Revue» GmbH, con domicilio                 Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.
social en Viena (Austria), Alma Media Group Advertising SA                 K.-D. Borchardt y C. van der Hauwaert), Reino de España
& Co. Partnership, Panel Two and Four Advertising SA,                      (agente: Sra. R. Silva de Lapuerta) y República Francesa
Rythmos Outdoor Advertising SA y Media Center Advertising                  (agentes: Sr. G. de Bergues y Sra. C. Vasak), el Tribunal de
SA, con domicilio social en Atenas (Grecia), el Tribunal de                Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), integrado
Justicia (Sala Tercera), compuesto por los Sres. C. Gulmann, en            por los Sres. C. Gulmann, en función de Presidente de la Sala
funciones de Presidente de la Sala Tercera, J.-P. Puissochet               Tercera, J.-P. Puissochet y J.N. Cunha Rodrigues (Ponente),
(Ponente) y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:                 Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. R. Grass,
Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado           ha dictado el 13 de noviembre de 2001 un auto disponiendo
el 23 de octubre de 2001 un auto resolviendo lo siguiente:                 lo siguiente:
 ---pagebreak--- C 84/34                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             6.4.2002
1)     Se desestima el recurso de casación.                                El artı́culo 3, letras a) y b), del Tratado CE [actualmente artı́culo
                                                                            3 CE, apartado 1, letras a) y b), tras su modificación], el primer
2)     Se condena en costas a Anton Dürbeck GmbH.                           considerando y el artı́culo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE
                                                                            del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general,
3)     La República Francesa y el Reino de España soportarán sus         tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos
       propias costas.                                                      especiales, ası́ como los considerandos sexto y octavo de la Directiva
                                                                            92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la
                                                                            armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los
(1) DO C 28 de 27.1.2001.                                                   hidrocarburos, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen
                                                                            a que un Estado miembro deniegue el reembolso de un impuesto
                                                                            especial como el impuesto interno sobre los productos derivados del
                                                                            petróleo pagado por un comerciante de productos derivados del
                                                                            petróleo en caso de impago por parte de un cliente de dicho
                                                                            comerciante.
             AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                            (1) DO C 108 de 7.4.2001.
                             (Sala Primera)
                   de 22 de noviembre de 2002
en el asunto C-80/01 (petición de decisión prejudicial
planteada por el tribunal d’instance de Châteauroux):                                    AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
         Michel SARL contra Recettes des douanes (1)
                                                                                de 24 de octubre de 2001
(«Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
— Cuestión cuya respuesta puede deducirse claramente de la
                                                                            en el asunto C-186/01 R (petición de decisión prejudicial
jurisprudencia — Directiva 92/12/CEE — Régimen general,
                                                                            planteada por el Verwaltungsgericht Stuttgart): Alexander
tenencia, circulación y controles de los productos objeto de
                                                                                Dory contra Bundesrepublik Deutschland (1)
impuestos especiales — Directiva 92/81/CEE — Armoniza-
ción de las estructuras del impuesto especial sobre los
hidrocarburos — No reembolso de un impuesto interno sobre                   («Procedimiento de medidas provisionales — Procedimiento
              los productos derivados del petróleo»)                           prejudicial — Incompetencia del Tribunal de Justicia»)
                            (2002/C 84/56)                                                              (2002/C 84/57)
                   (Lengua de procedimiento: francés)                                          (Lengua de procedimiento: alemán)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)              «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-80/01, que tiene por objeto una petición                    En el asunto C-186/01 R, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,          dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
por el tribunal d’instance de Châteauroux (Francia), destinada a            por el Verwaltungsgericht Stuttgart (Alemania) y destinada a
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional          obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
entre Michel SARL y Recettes des douanes, una decisión                     entre Alexander Dory y Bundesrepublik Deutschland, una
prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 3, letras a) y b),       decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 2 de la
del Tratado CE [actualmente artı́culo 3 CE, apartado 1, letras a)           Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976,
y b), tras su modificación], del primer considerando y del                 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
artı́culo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo,             hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a
de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia,            la formación y a la promoción profesionales, y a las condicio-
circulación y controles de los productos objeto de impuestos               nes de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70), el Tribunal de
especiales (DO L 76, p. 1), ası́ como de los considerandos                  Justicia, ha dictado el 24 de octubre de 2001 un auto
sexto y octavo de la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de              resolviendo lo siguiente:
octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras
del impuesto especial sobre los hidrocarburos (DO L 316,                    Se declara la inadmisibilidad de la demanda de medidas provisionales.
p. 12), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(Sala Primera), integrado por los Sres.: P. Jann, Presidente de
Sala, L. Sevón y M. Wathelet (Ponente), Jueces; Abogado                    (1) DO C 200 de 14.7.2001.
General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el
22 de noviembre un auto resolviendo lo siguiente:


title: Asunto C-336/16: Recurso interpuesto el 15 de junio de 2016 — Comisión Europea/República de Polonia

text:
               19.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 343/27

         Recurso interpuesto el 15 de junio de 2016 — Comisión Europea/República de Polonia
   (Asunto C-336/16)
   (2016/C 343/39)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Herrmann y E. Manhaeve, agentes)

      Demandada: República de Polonia

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que:
               la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13, apartado 1, en relación con el anexo XI, 23, apartado 1, párrafo segundo, y 22, apartado 3, en relación con el anexo XI, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, (1)

                           —

                           al haber superado, desde 2007 hasta al menos 2013, los valores límite diarios y los valores límite anuales de PM10 en 35 y en 9 zonas delimitadas a efectos de la gestión de la calidad del aire, respectivamente, sin haber proporcionado información sobre una eventual mejora de esta situación;

                           —

                           al no haber adoptado medidas adecuadas dentro del programa de gestión de la calidad del aire para que el período de superación de los valores límite de PM10 sea lo más breve posible;

                           —

                           al haber superado los valores límite diarios, junto con el margen de tolerancia, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 10 de junio de 2011, en las zonas 14.17 —Radom—, 14.18 —Pruszków-Żyrardów— y 16.15 —Kędzierzyn-Koźle— y, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 10 de junio de 2011, en la zona 30.3 —Ostrów-Kępno—, y

                           —

                           al no haber transpuesto correctamente el artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2008/50.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

      Motivos y principales alegaciones

   Desde el año 2007 se han venido superando los valores límite diarios y anuales de PM10 en 35 y en 9 zonas delimitadas a efectos de la gestión de la calidad del aire, respectivamente. Pese a esta infracción del artículo 13, apartado 1, en relación con el anexo XI, de la Directiva 2008/50, la República de Polonia, en contra de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2008/50, no ha adoptado ninguna medida adecuada dentro de los planes de calidad del aire para que el período de superación de los valores límite sea lo más breve posible.
   La ineficacia de las medidas correspondientes se deduce, en particular, de la duración del período en que se superaron esos valores y del hecho de que no se hayan adoptado normas jurídicas para establecer valores de emisión para los combustibles empleados en el ámbito de la calefacción individual ni criterios de emisión para las instalaciones de calefacción individual.

      (1)  DO 2008, L 152, p. 1.


title: Asunto C-200/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu (Rumanía) el 22 de abril de 2014  — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu București

text:
               21.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 235/5

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu (Rumanía) el 22 de abril de 2014 — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu București
   (Asunto C-200/14)
   2014/C 235/06
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Sibiu

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Silvia Georgiana Câmpean

      Demandadas: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș y Administrația Fondului pentru Mediu București

      Cuestión prejudicial

   ¿Pueden interpretarse el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, los artículos 17, 20, 21, apartado 1, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el principio de restitución de los impuestos contrarios al Derecho de la Unión derivado de la jurisprudencia del TJUE, la Recomendación 16/2003 del Comité de Ministros del Consejo de Europa [y] la Resolución no 1787/2011 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el sentido de que se oponen a una normativa como el artículo XV de la OUG 8/2014?


title: Asunto C-136/13 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de marzo de 2013 por Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anteriormente Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, y Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl contra el auto del Tribunal General (Sala Cuarta) dictado el 22 de enero de 2013 en el asunto T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro/Comisión

text:
               25.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 147/15

         Recurso de casación interpuesto el 18 de marzo de 2013 por Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anteriormente Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, y Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl contra el auto del Tribunal General (Sala Cuarta) dictado el 22 de enero de 2013 en el asunto T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro/Comisión
   (Asunto C-136/13 P)
   2013/C 147/25
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrentes: Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anteriormente Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl y Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl (representantes: A. Vianello, A. Bortoluzzi y A. Veronese, avvocati)

      Otras partes en el procedimiento: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C., Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anule o se reforme el auto recurrido, dictado por el Tribunal General (Sala Cuarta), el 22 de enero de 2013, notificado a los recurrentes el 23 de enero de 2013, en el asunto T-218/00, mediante el cual el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Cooperativa Mare Azzurro Soc. Coop. rl y otros con el fin de obtener la anulación de la Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997 y no 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales (DO 2000, L 150, p. 50).

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan errores de Derecho en la aplicación de los principios expresados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comitato Venezia vuole vivere, por un lado, por lo que atañe a la obligación de motivación de las decisiones de la Comisión en materia de ayudas de Estado y, por otro lado, por lo que respecta a la distribución de la carga de la prueba acerca de los requisitos contemplados en el artículo 107 TFUE, apartado 1.
   Con el auto objeto del presente recurso de casación el Tribunal General se apartó de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comitato Venezia vuole vivere de 9 de junio de 2011, en la que determina que la decisión de la Comisión «debe contener en sí misma todos los elementos esenciales para su aplicación por parte de las autoridades nacionales». Pues bien, pese a que en la decisión faltan los elementos esenciales para su aplicación por parte de las autoridades nacionales, el Tribunal General no determinó ningún incumplimiento por parte de la Comisión en la decisión controvertida, extremo que constituye error de Derecho.
   Sobre la base de los principios enunciados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comitato Venezia vuole vivere, en la fase de recuperación es el Estado miembro –y, por tanto, no el beneficiario concreto- quien debe demostrar, caso por caso, que concurren los requisitos contemplados en el artículo 107 TFUE, apartado 1. No obstante, en el presente asunto, la Comisión no aclaró en la decisión controvertida en qué modo se llevó a cabo dicha comprobación; en consecuencia, al no disponer de los elementos esenciales para demostrar, en la fase de recuperación, que los beneficios concedidos constituyeran ayudas de Estado para sus beneficiarios, la República Italiana –mediante la Ley no 228, de 24 de diciembre de 2012 (en su artículo 1, apartados 351 y siguientes)– decidió invertir la carga de la prueba, contrariamente a lo establecido en la jurisprudencia comunitaria. Según el legislador italiano, en particular, no corresponde al Estado, sino a las concretas empresas beneficiarias de las ayudas concedidas en forma de desgravación acreditar que las ventajas en cuestión no falsean la competencia, ni inciden en los intercambios comerciales entre los Estados miembros; a falta de ello, se presume que la ventaja concedida puede falsear la competencia e incidir en los intercambios comunitarios. Todo ello va contra los principios enunciados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comitato Venezia vuole vivere.


title: Asunto C-375/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 28 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Harald Kolassa/Barclays Bank plc [Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n° 44/2001 — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Contratos celebrados por los consumidores — Consumidor, domiciliado en un Estado miembro, que ha adquirido títulos, emitidos por un banco establecido en otro Estado miembro, a través de un intermediario establecido en un tercer Estado miembro — Competencia para conocer de las acciones contra el banco emisor de dichos títulos]

text:
               30.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 107/4

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 28 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Harald Kolassa/Barclays Bank plc
      (Asunto C-375/13) (1)

      ([Espacio de libertad, seguridad y justicia - Reglamento (CE) no 44/2001 - Competencia judicial en materia civil y mercantil - Contratos celebrados por los consumidores - Consumidor, domiciliado en un Estado miembro, que ha adquirido títulos, emitidos por un banco establecido en otro Estado miembro, a través de un intermediario establecido en un tercer Estado miembro - Competencia para conocer de las acciones contra el banco emisor de dichos títulos])
      (2015/C 107/04)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Órgano jurisdiccional remitente

      Handelsgericht Wien

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Harald Kolassa

         Demandada: Barclays Bank plc

         Fallo

                  1)

                  El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, el demandante que, como consumidor, ha adquirido un título de deuda al portador a un tercero profesional, sin que se haya celebrado un contrato entre dicho consumidor y el emisor de dicho título — lo que corresponde comprobar al tribunal remitente — no puede invocar la competencia establecida en esa disposición para interponer una acción frente a la entidad emisora del mencionado título de deuda basada en las condiciones del empréstito, en el incumplimiento de las obligaciones de información y de control y en la responsabilidad del folleto.

                  2)

                  El artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, un demandante que ha adquirido un título de deuda al portador a un tercero, sin que su emisor haya asumido libremente una obligación frente a dicho demandante, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente, no puede invocar la competencia establecida en esta disposición a los fines de la acción interpuesta contra el mencionado emisor basada en las condiciones del empréstito, en el incumplimiento de las obligaciones de información y de control y en la responsabilidad del folleto.

                  3)

                  El artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una acción que tiene por objeto que se declare la responsabilidad del emisor de un certificado por el folleto relativo a éste y por el incumplimiento de otras obligaciones jurídicas de información que incumben a dicho emisor, siempre que esta responsabilidad no esté incluida en la materia contractual, en el sentido del artículo 5, punto 1, de dicho Reglamento. En virtud del punto 3 del mismo artículo, los tribunales del domicilio del demandante son competentes, en razón de la materialización del daño, para conocer de tal acción, en particular, cuando el daño alegado se materializa directamente en una cuenta bancaria que el demandante tiene en un banco establecido en el territorio de estos tribunales.

                  4)

                  En el marco de la verificación de la competencia con arreglo al Reglamento no 44/2001, no es preciso llevar a cabo una práctica exhaustiva de la prueba relativa a los hechos controvertidos que son relevantes tanto para determinar la competencia como para demostrar la existencia del derecho invocado. No obstante, el tribunal que conoce del asunto puede examinar su competencia internacional a la luz de toda la información de que dispone, incluidas, en su caso, las objeciones expuestas por el demandado.

         (1)  DO C 274, de 21.9.2013.


title: Asunto T-339/15: Recurso interpuesto el 27 de junio de 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/OAMI (Forma de estación de servicio)

text:
               24.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/46

         Recurso interpuesto el 27 de junio de 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/OAMI (Forma de estación de servicio)
   (Asunto T-339/15)
   (2015/C 279/57)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (representante: M. Siciarek, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Marca controvertida: Marca comunitaria tridimensional (Forma de estación de servicio) — Solicitud de registro no 12 411 071

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 2 de abril de 2015 en el asunto R 2245/2014-5

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene a la OAMI a cargar con las costas, incluidas las causadas por la demandante en los procedimientos seguidos ante la Sala de Recurso de la OAMI y ante el Tribunal General.

      Motivo invocado

               —

               Infracción de los artículos 7, apartados 1, letra b), y 2, y 75 del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-345/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 27 de agosto de 2009 — J.A. van Delft y otros/College van zorgverzekeringen

text:
               16.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 27 de agosto de 2009 — J.A. van Delft y otros/College van zorgverzekeringen
   (Asunto C-345/09)
   2010/C 11/21
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Centrale Raad van Beroep

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: J.A. van Delft y otros

      Recurrida: College van zorgverzekeringen

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 28, 28 bis y 33 del Reglamento no 1408/71, (1) lo dispuesto en el anexo VI, parte R, punto 1, letras a) y b) del Reglamento no 1408/71 y el artículo 29 del Reglamento no 574/72 en el sentido de que se oponen a una disposición nacional como el artículo 69 de la Zvw, en la medida en que el titular de una jubilación o de una renta que, en principio, puede beneficiarse de los derechos derivados de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento no 1408/71, está obligado a inscribirse en el Cvz y en la medida en que debe retenerse una cotización de la jubilación o la renta de este titular, aunque no se haya inscrito en el sentido del artículo 29 del Reglamento no 574/72? (2)

               2)

               ¿Debe interpretarse el artículo 39 CE, o el artículo 18 CE, en el sentido de que dichos artículos se oponen a una disposición nacional como el artículo 69 de la Zvw, en la medida en que un ciudadano de la UE que, en principio, puede beneficiarse de los derechos derivados de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento no 1408/71, está obligado a inscribirse en el Cvz y en la medida en que debe retenerse una cotización de la jubilación o renta de este titular, aunque no se haya inscrito en el sentido del artículo 29 del Reglamento no 574/72?

      (1)  Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).

      (2)  Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156).


title: Asunto C-593/11 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2011 por Alliance One International, Inc. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 9 de septiembre de 2011 en el asunto T-25/06, Alliance One International, Inc./Comisión Europea

text:
               28.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 25/41

      Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2011 por Alliance One International, Inc. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 9 de septiembre de 2011 en el asunto T-25/06, Alliance One International, Inc./Comisión Europea
      (Asunto C-593/11 P)
      (2012/C 25/78)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Recurrente: Alliance One International, Inc. (representantes: C. Osti, A. Prastaro y G. Mastrantonio, avvocati)

         Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

         Pretensiones de la parte recurrente

                  —

                  Que se anule, en su totalidad, la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011, dictada en el asunto T-25/06, Alliance One/Comisión; y, si el estado del litigio así lo permite,

                  —

                  que se anule el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, en la medida en que se refiere a SCC, Dimon y Alliance One; y en consecuencia

                  —

                  que se reduzcan las multas impuestas a Transcatab y Dimon Italia (Mindo), de modo que no superen el 10 % del volumen de negocios del último ejercicio fiscal; y

                  —

                  que se reduzca la multa impuesta a Transcatab y Dimon Italia (Mindo), dado que el coeficiente multiplicador ya no es aplicable puesto que se basaba en el tamaño del grupo.

                  —

                  En cualquier caso, que se condene en costas a la Comisión, incluidas aquellas en que incurrió Alliance One ante el Tribunal General.

         Motivos y principales alegaciones

      Alliance One pretende: (i) la anulación, en su totalidad, de la sentencia recurrida y, además, (ii) la anulación del artículo 1, apartado 1, de la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2005 en el asunto COMP/C.38.281/B.2 — Tabaco crudo — Italia, en la medida en que se refiere a Standard Commercial Corp. («SCC»), Dimon Inc. («Dimon») y Alliance One; y, en consecuencia, (iii) una reducción de las multas impuestas a Transcatab S.p.A. («Transcatab») y a Dimon Italia S.r.l. («Dimon Italia», actualmente Mindo), de modo que no superen el 10 % del volumen de negocios del último ejercicio fiscal; o, con carácter subsidiario, (iv) una disminución de la multa impuesta a Transcatab y a Dimon Italia (actualmente Mindo), dado que no resulta aplicable el coeficiente multiplicador; (v) en cualquier caso, la condena en costas de la Comisión, incluidas aquellas en que incurrió Alliance One ante el Tribunal General.
      Alliance One alega que la sentencia recurrida debería ser anulada por los siguientes motivos:

                  —

                  En primer lugar, el Tribunal General infringió el artículo 296 TFUE y los artículos 48 y 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El hecho de no haber realizado un análisis concreto y completo de las pruebas pertinentes presentadas por la recurrente a fin de refutar la presunción de influencia decisiva y, en consecuencia, de no haber fundamentado suficientemente el razonamiento que le llevó a rechazar dichas pruebas, convirtió en irrefutable dicha presunción de que se ejercía el control, lo que significó una vulneración de los principios de presunción de inocencia, legalidad y responsabilidad individual.

                  —

                  En segundo lugar, el Tribunal General, al rechazar la prueba aportada por Alliance One, aplicó erróneamente los principios generales relativos a la carga de la prueba y las normas procesales relativas a la prueba y, en cualquier caso, violó el derecho de defensa de la recurrente.


title: Recurso interpuesto el 31 de enero de 1997 contra el Consejo de la Unión Europea por el Parlamento Europeo (Asunto C-42/97)

text:
8 . 3 . 97            I ES |                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 N° C 74/17
b) Condene a la República Federal de Alemania al pago                     1 ) ¿ Es compatible con el Derecho comunitario una nor
       de las costas procesales.                                              mativa nacional que prevé un plazo de prescripción
                                                                              para el ejercicio de una acción que protege un derecho
Motivos y principales alegaciones                                              de relevancia comunitaria, plazo que empieza a correr
                                                                              a partir de un momento anterior al de la correcta y to
Incumplimiento de las obligaciones derivadas de los                           tal adaptación del Derecho interno a la Directiva que
artículos 48 , 52 y 59 del Tratado CE, del artículo 4 de la                   ha reconocido ese derecho ?
Directiva 68/360/CEE del Consejo y del artículo 4 de la
Directiva 73/148/CEE del Consejo: el punto de partida lo                  2 ) ¿ Es compatible con el Derecho comunitario el prever
constituye el principio de libre circulación de las personas                  un modo de estimar las pretensiones del sujeto que ha
anclado en el Derecho comunitario y el principio de « trato                   sido reconocido lesionado en su Derecho y al que se
nacional ». Las infracciones de extranjeros comunitarios                      concede la devolución de las cantidades solicitadas,
contra el n° 2 del apartado 1 del artículo 12a de la Au                      con modalidades de cálculo diferentes y menos favora
fenthG/EWG son equiparables a las infracciones del n° 1 y                     bles que las previstas para las acciones de reembolso
del n° 2 del apartado 1 del artículo 5 de la Personalaus                     entre particulares, y materialmente determinadas me
weisG cometidas por nacionales . Esta similitud no sólo se                    diante acto de la misma Administración estatal que,
debe a que el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 68/                   con su incumplimiento, ha dado lugar a la lesión de
360/CEE y el artículo 7 de la Directiva 73/148/CEE se re                     ese derecho ?
fieran expresamente a los documentos de identidad. Puesto
que la carencia de un documento de identidad válido, de
un pasaporte o de alguno de los demás documentos men
cionados en el apartado 2 del artículo 12a de la Au
fenthG/EWG no priva del derecho de permanencia, que se
deduce del Derecho comunitario, la obligación de identifi                Recurso interpuesto el 31 de enero de 1997 contra el
carse en ambos casos, esto es, el del extranjero comunita                 Consejo de la Unión Europea por el Parlamento Europeo
rio y el del nacional, constituye un comportamiento admi                                       (Asunto C-42/97)
nistrativo en principio idéntico que , en el caso del
extranjero comunitario, tiene carácter meramente declara                                         ( 97/C 74/35 )
torio por lo que se refiere al permiso de residencia basado
en el Derecho comunitario .
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                          ha presentado el 31 de enero de 1997 un recurso contra el
De ello se deduce que no cabe imponer parámetros de cul                  Consejo de la Unión Europea, formulado por el Parlamen
pabilidad distintos ni sanciones de distinta magnitud.                    to Europeo, representado por los Sres . Johann Schoo y
                                                                          Norbert Lorenz, en calidad de Agentes, que designan
f 1 ) DO n° L 257 de 19 . 10 . 1968 , p. 13 ; EE 05/01 , p . 88 .         como domicilio en Luxemburgo la Secretaría General del
(2 ) DO n° L 172 de 28 . 6 . 1973 , p . 14; EE 06/01 , p . 132 .          Parlamento Europeo — Servicio de correo y de registro,
                                                                          Edificio Tour.
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante                   — anule, en aplicación del artículo 173 del Tratado CE,
resoluciones del Tribunale Civile di Genova, de fecha 19,                     la Decisión del Consejo, de 21 de noviembre de 1996,
21 y 23 de noviembre de 1996, en los asuntos entre                            relativa a la adopción de un programa plurianual des
1 ) Fiduciaria Internazionale Srl, 2 ) Gioito E C. Srl,                       tinado a promover la diversidad lingüística de la Co
3 ) Ligure Piemontese Società d'Intermediazione Mobiliare                     munidad en la sociedad de la información ( MLIS ), y
SpA, 4) SO.ME.FI. Srl, 5 ) SAIA Srl, 6) Svin Servizi SpA y
            Amministrazione delle Finanze dello Stato                     — condene en costas a la parte demandada .
                   (Asuntos C-25/97 y C-30/97 )
                                                                          Motivos y principales alegaciones
                            ( 97/C 74/34
                                                                          El objetivo y el contenido principal y final del acto impug
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le                    nado consiste en la promoción de la diversidad lingüística .
han sido sometidas peticiones de decisión prejudicial me                 En su diversidad y en su riqueza, las lenguas comunitarias
diante resoluciones del Tribunale civile di Genova, dic                  representan un patrimonio cultural de primer orden . A tra
tadas el 19, 21 y 23 de noviembre de 1996, en los asuntos                 vés del programa MLIS los ciudadanos comunitarios po
entre 1 ) Fiduciaria Internazionale Srl, 2 ) Giolfo E C. Srl,             drán mejorar sus conocimientos de las culturas de los de
3 ) Ligure Piemontese Società d'Intermediazione Mobiliare                 más Estados miembros, tal y como está expresamente
SpA, 4 ) SO.ME.FI. Srl, 5 ) SAIA Srl, 6 ) Svin Servizi SpA y              previsto por el primer guión del apartado 2 del
Amministrazione delle Finanze dello Stato, y recibidas en                 artículo 128 del Tratado CE. Por consiguiente, el acto im
la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de enero de                  pugnado debía haberse adoptado basándose en el
1997.                                                                     artículo 128 del Tratado CE, y no solamente en el
                                                                          artículo 130 del Tratado CE .
El Tribunale Civile di Genova solicita al Tribunal de Justi
cia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:


title: Asunto T-394/10: Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 2010 — Grebenshikova/OAMI — Volvo Trademark (SOLVO)

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/50

         Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 2010 — Grebenshikova/OAMI — Volvo Trademark (SOLVO)
   (Asunto T-394/10)
   ()
   2010/C 301/79
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Elena Grebenshikova (San Petersburgo, Federación Rusa) (representante: M. Björkenfeldt, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suecia)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 9 de junio de 2010 en el asunto R 861/2010-1.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca gráfica «SOLVO» para productos de la clase 9

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocados en oposición: Marca gráfica «VOLVO», registrada en el Reino Unido con el no 747.361, para una amplia gama de productos y servicios; marca denominativa «VOLVO», registrada en el Reino Unido con los nos 1552528, 1102971, 1552529 y 747362, para una amplia gama de productos y servicios; marcas denominativas comunitarias «VOLVO», registradas con los nos 2361087 y 2347193, para productos y servicios de las clases 9 y 12, entre otras

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición en su integridad

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Oposición y denegación de la solicitud de marca

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento del Consejo no 207/2009, dado que la Sala de Recurso aplicó indebidamente dicho artículo; violación por la Sala de Recurso del principio general del Derecho de la Unión Europea relativo a la igualdad de trato e infracción del artículo 1 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), así como infracción del artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.


title: Asunto C-71/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de octubre de 2015 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Information Rights) — Reino Unido] — East Sussex County Council/Information Commissioner (Procedimiento prejudicial — Convenio de Aarhus — Directiva 2003/4/CE — Artículos 5 y 6 — Acceso del público a la información en materia de medio ambiente — Contraprestación económica por el suministro de información medioambiental — Concepto de «importe razonable» — Costes del mantenimiento de una base de datos y gastos generales — Acceso a la justicia — Control administrativo y judicial de la decisión que impone una contraprestación económica)

text:
               23.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de octubre de 2015 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Information Rights) — Reino Unido] — East Sussex County Council/Information Commissioner
   (Asunto C-71/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Convenio de Aarhus - Directiva 2003/4/CE - Artículos 5 y 6 - Acceso del público a la información en materia de medio ambiente - Contraprestación económica por el suministro de información medioambiental - Concepto de «importe razonable» - Costes del mantenimiento de una base de datos y gastos generales - Acceso a la justicia - Control administrativo y judicial de la decisión que impone una contraprestación económica))
   (2015/C 389/07)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   First-tier Tribunal (Information Rights)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: East Sussex County Council

      Demandada: Information Commissioner

      con la participación de: Property Search Group y Local Government Association

      Fallo

               1)

               El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que la contraprestación económica impuesta por el suministro de un tipo concreto de información medioambiental no puede incluir parte alguna de los gastos generados por el mantenimiento de una base de datos como la del litigio principal, utilizada al efecto por la autoridad pública, pero sí puede incluir los gastos generales imputables al tiempo dedicado por el personal de dicha autoridad a responder a solicitudes de información individuales, debidamente computados en la determinación de dicha contraprestación económica, siempre que el importe global de esta última no exceda de lo razonable.

               2)

               El artículo 6 de la Directiva 2003/4 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional conforme a la cual el carácter razonable de la contraprestación económica impuesta por el suministro de un tipo particular de información medioambiental sólo está sujeto a un control administrativo y judicial limitado, como el previsto por el Derecho inglés, siempre que dicho control se efectúe sobre la base de elementos objetivos y analice, conforme a los principios de equivalencia y de efectividad, si la autoridad pública que impone la referida contraprestación económica ha respetado los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 2, de la citada Directiva, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 102, de 7.4.2014.


title: Asunto F-6/16: Recurso interpuesto el 29 de enero de 2016 — ZZ y otros/SEAE

text:
               25.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/38

         Recurso interpuesto el 29 de enero de 2016 — ZZ y otros/SEAE
   (Asunto F-6/16)
   (2016/C 145/46)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: ZZ y otros (representantes: N. de Montigny y J.-N. Louis, abogados)

      Demandada: Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de las nóminas de los demandantes de marzo de 2015 y de las emitidas con posterioridad a dicha fecha, por cuanto aplican la decisión adoptada por el SEAE de reducir la indemnización en concepto de condiciones de vida del 15 % al 10 %.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se declare inaplicable a los demandantes la decisión del director general administrativo del SEAE de 23 de febrero de 2015.

               —

               Por consiguiente, que se anulen sus nóminas de marzo de 2015 y las emitidas con posterioridad, en cuanto aplican una ICV del 10 %.

               —

               Que se condene en costas al SEAE.


title: Asunto T-170/16: Recurso interpuesto el 19 de abril de 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Comisión

text:
               4.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/35

         Recurso interpuesto el 19 de abril de 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Comisión
   (Asunto T-170/16)
   (2016/C 243/38)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Guardian Glass España, Central Vidriera, S.L. (Llodio, España) (representantes: M. Araujo Boyd, D. Armesto Macías, A. Lamadrid de Pablo, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               admita la demanda y los motivos de anulación en ella planteados;

               —

               estime los motivos de anulación planteados en la demanda y, en consecuencia, se sirva anular la decisión impugnada;

               —

               ordene la apertura de un procedimiento formal en el sentido del artículo 108, apartado 2 del TFUE, al objeto de que la demandante pueda ejercer sus derechos procesales y la Comisión pueda resolver formalmente, de forma ajustada a derecho, sus dudas acerca de la compatibilidad de las ayudas en cuestión;

               —

               condene en costas a la Comisión en este procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la decisión de la Comisión Europea de denegar la compatibilidad de determinadas ayudas recibidas por Guardian, comunicada a las autoridades españolas mediante escrito de la Comisión de 15 de julio de 2015 denominado «Asuntos fiscales en el País Vasco (Álava) – Mensaje informal sobre alegaciones adicionales de compatibilidad con las DAR de 1998» y notificada a la demandante por las autoridades españolas en fecha 19 de febrero de 2016.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo.
               Con carácter principal la demandante alega que la Comisión adoptó una decisión por la que declaró una ayuda individual incompatible con el mercado interior en vulneración del artículo 250 del TFUE y del principio de colegialidad al no haber sido la decisión adoptada por el Colegio de Comisarios, y en contravención tanto de los artículos 108, apartado 2 del TFUE, como de los artículos 4 y 13 del Reglamento 659/1999 (1), al no haber incoado el procedimiento formal con carácter previo a la adopción de la decisión.

               2.

               Segundo motivo.
               En su segundo motivo de anulación, formulado con carácter subsidiario, la demandante invoca una vulneración del artículo 107, apartado 3 del TFUE al considerar que la decisión de la Comisión erró al valorar la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, P.1).


title: Asunto T-380/04: Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Ioannis Terezakis

text:
               4.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/46

         Recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Ioannis Terezakis
   (Asunto T-380/04)
   (2004/C 300/90)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 22 de septiembre de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Ioannis Terezakis, Bruselas (Bélgica), representado por L. Defalque, abogado.
   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión de la Comisión recogida en un escrito fechado el 12 de julio de 2004 y recibido por el demandante el 16 de julio de 2004, por la que se deniega a este último el acceso al contrato principal, a los subcontratos, a los costes de construcción, a las facturas y al informe final relativos a la construcción del aeropuerto de Spata.

               —

               Condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   En lo que respecta a la negativa de la Comisión a darle acceso al contrato principal, el demandante alega en primer lugar que la Comisión incurrió en un error manifiesto de Derecho y de hecho al no aclarar si el autor del documento, el Aeropuerto Internacional de Atenas, es un tercero no incluido en la definición de Estado miembro o si se trata de un organismo del Estado griego ni, por tanto, si la disposición aplicable es el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001 (1) o el apartado 5 de dicho artículo. El demandante alega igualmente que la Comisión no aportó prueba alguna de haber examinado la posibilidad de darle acceso al documento sin consultar al tercero. Estima también que, al optar por una interpretación amplia del concepto de protección de los intereses comerciales, la Comisión violó el principio de concesión del acceso más amplio posible a los documentos, establecido en el artículo 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1049/2001.
   Refiriéndose a este mismo documento, el demandante alega igualmente que la Comisión infringió el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1049/2001 y el artículo 5, apartados 3 y 4, de la Decisión 2001/937 (2) al no valorar la justificación expuesta por el tercero para negarse a permitir el acceso al documento y al no informar al demandante de dicha valoración. El demandante alega también que la Comisión infringió el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1049/2001 al no tomar en consideración la posibilidad de concederle un acceso parcial y que también incumplió, por último, su obligación de motivar la decisión.
   En la decisión impugnada, la Comisión denegó igualmente el acceso a las facturas y al informe final sobre la terminación del aeropuerto, basándose en que estaban siendo examinados en una auditoría encargada por la Dirección General de Política Regional y aún no finalizada. En lo relativo a esta parte de la decisión de la Comisión, el demandante alega que la Comisión interpretó erróneamente el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001 y cometió un error de Derecho manifiesto al estimar que dicha disposición era aplicable a la mencionada auditoría. Invoca igualmente una violación del principio de concesión del acceso más amplio posible a los documentos, así como una infracción del anexo 5 de la decisión de la Comisión por la que se concedió una ayuda del Fondo de Cohesión, que dispone que el Estado miembro de que se trate garantizará al público un acceso libre y fácil a la información pertinente que éste solicite. Alega igualmente que la Comisión se abstuvo de tomar en consideración la posibilidad de conceder un acceso parcial.
   En lo que respecta a la negativa de la Comisión a darle acceso a los costes de construcción, el demandante alega que la Comisión consideró erróneamente que dicha solicitud no constituía una solicitud de acceso a unos documentos, infringiendo así los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) no 1049/2001.
   Finalmente, el demandante alega que la Comisión dio pruebas de una mala fe evidente y violó el principio de buena administración al no indicar en la decisión impugnada cuándo esperaba que obrasen en su poder los subcontratos.

      (1)  DO L 145, p. 43.

      (2)  DO L 345, p. 94.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2003 en el asunto C-323/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra Hydrowatt SARL ("Cláusula compromisoria — Incumplimiento de un contrato — Resolución — Reembolso de las cantidades anticipadas — Intereses")

text:
15.11.2003              ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                               C 275/21
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Sexta)
                                                                                (Sala Primera)
                  de 25 de septiembre de 2003
                                                                                de 11 de septiembre de 2003
en el asunto C-170/02 P: Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH
y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                            en el asunto C-323/02: Comisión de las Comunidades
(«Recurso de casación — Recurso por omisión — Competen-                                  Europeas contra Hydrowatt SARL (1)
cia — Denuncia — Control de las operaciones de concentra-
ción — Adopción de posición en el sentido del artículo 232 CE
                       — Inadmisibilidad»)                                  («Cláusula compromisoria — Incumplimiento de un contrato
                                                                            — Resolución — Reembolso de las cantidades anticipadas
                         (2003/C 275/36)                                                                — Intereses»)
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                (2003/C 275/37)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
En el asunto C-170/02 P, Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH,                   (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
con domicilio social en Innsbruck (Austria), J. Wimmer Medien                    «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
GmbH & Co. KG, con domicilio social en Linz (Austria), Styria
Medien AG, con domicilio social en Graz (Austria), Zeitungs-
und Verlags-Gesellschaft mbH, con domicilio social en Bregenz
(Austria), Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Drucke-
rei GmbH, con domicilio social en Schwarzach (Austria), «Die                En el asunto C-323/02, Comisión de las Comunidades Euro-
Presse» Verlags-Gesellschaft mbH, con domicilio social en
                                                                            peas (agente: Sr. H. Støvlbaek asistido por el Sr. E. Cabau)
Viena (Austria) y «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft
                                                                            contra Hydrowatt SARL, con domicilio social en Lyon (Fran-
mbH & Co. KG, con domicilio social en Salzburgo (Austria),
                                                                            cia), que tiene por objeto un recurso interpuesto por la
representadas por el Sr. M. Krüger, Rechtsanwalt, que tiene por             Comisión con arreglo al artículo 238 CE con el fin de obtener
objeto un recurso de casación interpuesto contra el auto del
                                                                            el reembolso del saldo del anticipo abonado por la demandante
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
                                                                            a la demandada en el marco del contrato HY 134/87 FR,
(Sala Tercera) de 11 de marzo de 2002, Schlüsselverlag
                                                                            relativo a la realización de un proyecto que goza de una ayuda
J.S. Moser y otros/Comisión (T-3/02, Rec. p. II-1473), por el               en virtud del Reglamento (CEE) no 3640/85 del Consejo, de
que se solicita la anulación de dicho auto, y en el que la otra
                                                                            20 de diciembre de 1985, dirigido a promover, por medio de
parte en el procedimiento es: Comisión de las Comunidades
                                                                            una ayuda financiera, proyectos de demostración y proyectos
Europeas (agente: Sr. K. Wiedner), el Tribunal de Justicia (Sala
                                                                            pilotos industriales en el ámbito de la energía (DO L 350,
Sexta), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente         p. 29; EE 12/05, p. 23), el Tribunal de Justicia (Sala Primera),
de Sala, y el Sr. C. Gulmann, las Sras. F. Macken y N. Colneric,
                                                                            integrado por los Sres. M. Wathelet, Presidente de Sala, P. Jann
y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General:
                                                                            (Ponente) y A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano;
Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el
                                                                            Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 11 de septiembre de 2003
25 de septiembre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el
                                                                            una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
siguiente:
1)    Desestimar el recurso de casación.                                    1)    Condenar a Hydrowatt SARL a pagar a la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas el importe de 25 109 euros, más los
2)    Condenar en costas a Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH,                       intereses contractuales que se elevan a 23 442,91 euros.
      J. Wimmer Medien GmbH & Co. KG, Styria Medien AG,
      Zeitungs— und Verlags-Gesellschaft mbH, Eugen Ruß Vorarl-
      berger Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, «Die Presse»                2)    Condenar en costas a Hydrowatt SARL.
      Verlags-Gesellschaft mbH y «Salzburger Nachrichten» Verlags-
      Gesellschaft mbH & Co. KG.
                                                                            (1) DO C 289 de 23.11.2002.
(1) DO C 156 de 29.6.2002.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de febrero de 2004 en el asunto C-329/01 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen contra Intervention Board for Agricultural Produce

text:
               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Sexta)
   de 19 de febrero de 2004
   en el asunto C-329/01 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen contra Intervention Board for Agricultural Produce (1)

   (Agricultura - Organización común de mercados - Azúcar - Reglamento (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2670/81 - Prueba de la exportación - Reglamento (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3719/88 - Corrección de un certificado de exportación - Inexactitud manifiesta - Principio de proporcionalidad)
   (2004/C 94/05)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-329/01, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre The Queen, a instancia de British Sugar plc, e Intervention Board for Agricultural Produce, una decisión prejudicial sobre la interpretación del Reglamento (CEE) no 2670/81 de la Comisión, de 14 de septiembre de 1981, por el que se establecen las modalidades de aplicación para la producción fuera de cuota en el sector del azúcar (DO L 262, p. 14; EE 03/23, p. 94), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 158/96 de la Comisión, de 30 de enero de 1996 (DO L 24, p. 3), así como sobre la interpretación y la validez del Reglamento (CEE) no 3719/88 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1988, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (DO L 331, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1199/95 de la Comisión, de 29 de mayo de 1995 (DO L 119, p. 4), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. V. Skouris, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, los Sres. C. Gulmann y J.-P. Puissochet, y las Sras. F. Macken y N. Colneric (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 19 de febrero de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               La prueba prevista en el artículo 2, apartado 2, letra a), del Reglamento (CEE) no 2670/81 de la Comisión, de 14 de septiembre de 1981, por el que se establecen las modalidades de aplicación para la producción fuera de cuota en el sector del azúcar, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 158/96 de la Comisión, de 30 de enero de 1996, no se aporta respecto a una cantidad de azúcar C efectivamente exportada cuando esta cantidad excede de la cantidad total indicada en el certificado de exportación o cuando la exportación tiene lugar una vez expirado el período de validez de ese certificado. El hecho de que el azúcar C de que se trate haya salido efectivamente del territorio aduanero de la Comunidad no es determinante a este respecto. Lo mismo puede afirmarse cuando las autoridades aduaneras han visado el extracto de un certificado relativo a una cantidad solicitada, pero que no refleja la verdadera intención del fabricante, teniendo en cuenta una declaración aduanera realizada en un impreso corregido y que corresponde a la cantidad total efectivamente exportada.

               2)

               El artículo 24 del Reglamento (CEE) no 3719/88 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1988, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1199/95 de la Comisión, de 29 de mayo de 1995, debe interpretarse en el sentido de que no permite que la autoridad competente rectifique el tonelaje indicado en el certificado de exportación o en el extracto de éste cuando estos documentos mismos no contengan una inexactitud de las menciones en ellos consignadas.

               3)

               El examen del artículo 24 del Reglamento no 3719/88, en su versión modificada por el Reglamento no 1199/95, no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a su validez.

               4)

               En circunstancias como las del asunto principal, ni el órgano jurisdiccional nacional ni la autoridad competente disponen de facultad discrecional alguna para modificar a la baja el importe que debe percibirse con arreglo al artículo 3 del Reglamento no 2670/81, en su versión modificada por el Reglamento no 158/96.

               5)

               El artículo 3 del Reglamento no 2670/81, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que se aplica cuando la exportación del azúcar C se haya efectuado tras la expiración del certificado de exportación correspondiente.

      (1)  DO C 303 de 27.10.2001.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 1 de abril de 2003 en el asunto T-12/01: Cristina Ascatigno Battistella contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Contrato de agente temporal — Admisibilidad — Acto lesivo — Respeto de los plazos previstos en el Estatuto — Segunda renovación de un contrato de agente temporal — Artículos 2, letra d), 8 y 47 del RAA)

text:
7.6.2003               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 135/29
     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                      de 1 de abril de 2003                                                      de 1 de abril de 2003
en el asunto T-12/01: Cristina Ascatigno Battistella contra                en el asunto T-13/01: Daniele Riva contra la Comisión de
        la Comisión de las Comunidades Europeas ( 1)                                        las Comunidades Europeas ( 1)
(Contrato de agente temporal — Admisibilidad — Acto                        (Contrato de agente temporal — Admisibilidad — Acto
lesivo — Respeto de los plazos previstos en el Estatuto —                  lesivo — Respeto de los plazos previstos en el Estatuto —
Segunda renovación de un contrato de agente temporal —                     Segunda renovación de un contrato de agente temporal —
             Artículos 2, letra d), 8 y 47 del RAA)                                     Artículos 2, letra d), 8 y 47 del RAA)
                         (2003/C 135/46)                                                            (2003/C 135/47)
                 (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
En el asunto T-12/01, Cristina Ascatigno Battistella, antigua
agente temporal de la Comisión de las Comunidades Europeas,                En el asunto T-13/01, Daniele Riva, antiguo agente temporal
residente en Verghera di Samarate (Italia), representada por los           de la Comisión de las Comunidades Europeas, residente en
Sres. B. Nascimbene y M. Condinanzi, abogados, que designa                 Leggiuno (Italia), representado por los Sres. B. Nascimbene y
domicilio en Luxemburgo, contra la Comisión de las Comuni-                 M. Condinanzi, abogados, que designa domicilio en Luxem-
dades Europeas (agentes: Sra. F. Clotuche-Duvieusart y                     burgo, contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Sr. A. Dal Ferro), que tiene por objeto la anulación de la                 (agentes: Sra. F. Clotuche-Duvieusart y Sr. A. Dal Ferro), que
decisión de 28 de septiembre de 2000 por la que la autoridad               tiene por objeto la anulación de la decisión de 28 de septiembre
facultada para celebrar contratos de trabajo desestimó la                  de 2000 por la que la autoridad facultada para celebrar
reclamación presentada por la demandante con el fin de que                 contratos de trabajo desestimó la reclamación presentada por
se declarase que la relación de trabajo que la unía a la Comisión          el demandante con el fin de que se declarase que la relación de
era una relación de duración indeterminada derivada de un                  trabajo que le unía a la Comisión era una relación de duración
contrato de agente temporal a efectos del artículo 2, letra d),            indeterminada derivada de un contrato de agente temporal a
del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades               efectos del artículo 2, letra d), del régimen aplicable a los otros
Europeas, renovada más de una vez con los efectos previstos                agentes de las Comunidades Europeas, renovada más de una
en el artículo 8, último párrafo, de este régimen, el Tribunal             vez con los efectos previstos en el artículo 8, último párrafo,
(Sala Quinta), integrado por el Sr. R. García-Valdecasas,                  de este régimen, el Tribunal (Sala Quinta), integrado por el
Presidente, y la Sra. P. Lindh y el Sr. J.D. Cooke, Jueces;                Sr. R. García-Valdecasas, Presidente, y la Sra. P. Lindh y el
secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 1 de abril de 2003 un auto          Sr. J.D. Cooke, Jueces; secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 1 de
en el que se resuelve lo siguiente:                                        abril de 2003 un auto en el que se resuelve lo siguiente:
1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.                             1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.                           2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
( 1) DO C 95 de 24.3.2001.                                                 (1 ) DO C 95 de 24.3.2001.