title: Asunto T-352/08: Recurso interpuesto el 25 de agosto de 2008 — Pannon Hőerőmű Zrt./Comisión

text:
               8.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 285/46

         Recurso interpuesto el 25 de agosto de 2008 — Pannon Hőerőmű Zrt./Comisión
   (Asunto T-352/08)
   (2008/C 285/85)
   Lengua de procedimiento: húngaro
   Partes

      Demandante: Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Pécs, Hungría) (representantes: M. Kohlrusz, P. Simon y G.Ormai, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Con carácter principal, que se anule la Decisión de la Comisión, de 4 de junio de 2008, relativa a la ayuda concedida por Hungría en el marco de los acuerdos de compra de electricidad a largo plazo [(C-41/2005 (ex NN 49/2005)] (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

               —

               Subsidiariamente, que se exima a la demandante de la obligación, impuesta en la Decisión impugnada respecto a Hungría, de devolver la ayuda.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante es una sociedad anónima cerrada que se dedica principalmente a la producción de energía eléctrica. Con anterioridad a la adhesión de Hungría a la Unión Europea algunos productores de electricidad, como vendedores, y MVM Trade Villamosenergia-kereskedelmi Zrt. (en lo sucesivo, «MVM») como compradora, celebraron acuerdos de compra de electricidad a largo plazo (en lo sucesivo, «acuerdos»). En virtud de dichos acuerdos, MVM tiene la obligación de comprar una determinada cantidad mínima de electricidad a los productores que operaran en el marco de los acuerdos. Conforme a la Decisión impugnada, esta obligación de compra constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado común, que debe ser restituida por los beneficiarios.
   En apoyo de su pretensión principal, destinada a la anulación de la Decisión impugnada, la demandante alega esencialmente que se incurrió en vicios sustanciales de forma, que se aplicaron erróneamente las normas jurídicas, y que existe una obligación de suministro de interés económico general.
   Respecto a los vicios sustanciales de forma, la demandante censura, en primer lugar, que la Comisión no examinó cada uno de los acuerdos, sino que llegó a dicha conclusión con carácter general, respecto a todos los acuerdos. En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión no tuvo en cuenta la vigencia a largo plazo de los acuerdos, sino únicamente a partir del 1 de mayo de 2004, esto es, examinó el período comprendido entre la adhesión de Hungría a la Unión Europea y la adopción de la Decisión impugnada. En tercer lugar, la demandante afirma que la Comisión únicamente examinó cómo habría actuado un operador económico de haber estado en el lugar de la MVM y no analizó qué comportamiento habría mostrado un operador económico de haber estado en el lugar de un productor de electricidad. En cuarto lugar alega que la Comisión calificó erróneamente de «garantía» el mecanismo de fijación de precios adoptado en el marco de los acuerdos. En quinto y último lugar aduce que, en relación con el falseamiento de la competencia, la Comisión únicamente realizó afirmaciones de carácter general y no examinó las circunstancias reales.
   La demandante alega un motivo basado en la aplicación errónea de la normativa al presente asunto, en el supuesto de que resultara infundado el motivo jurídico basado en la existencia de vicios sustanciales de forma. Según la demandante, en el caso de los acuerdos celebrados por ella, no se cumplen los requisitos para poder calificarlos de ayuda de Estado. En primer lugar, la Comisión erró al afirmar que se cumplía el criterio de inversor privado, puesto que la situación de MVM no puede compararse a la del inversor privado típico. En segundo lugar, tampoco podía afirmarse el carácter selectivo de la medida, puesto que la firma de los acuerdos obedecía a una obligación legal expresa. En tercer lugar, la ventaja no se concedía con cargo a fondos públicos, puesto que MVM es una sociedad mercantil que opera en condiciones de economía de mercado. En cuarto lugar, no existe un falseamiento de la competencia, puesto que no es posible acreditar que los acuerdos produzcan efectos sobre la competencia.
   Para el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considerara, no obstante, que se cumplen los requisitos de la ayuda de Estado, la demandante afirma que el servicio prestado por ella tiene carácter de servicio de interés económico general, por lo que los acuerdos celebrados por la demandante no constituyen una ayuda de Estado incompatible con el mercado común.
   En apoyo de la pretensión formulada con carácter subsidiario en su escrito de recurso, destinada a que se le exima de la obligación de restitución, la demandante invoca los principios de proporcionalidad, de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, así como el derecho a un recurso jurisdiccional.


title: Asunto T-312/10: Sentencia del Tribunal General de 2 de octubre de 2012 — ELE. SI.A/Comisión [ «Cláusula compromisoria — Sexto Programa Marco plurianual de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de Investigación e Innovación (2002-2006) — Contrato relativo al proyecto “I-Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety” — Resolución del contrato — Solicitud de devolución de la contribución financiera abonada — Indemnización por daños y perjuicios — Recurso por el que se pretende obtener la totalidad de la contribución financiera solicitada e impugnar la solicitud de devolución — Reconvención» ]

text:
               17.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 355/25

         Sentencia del Tribunal General de 2 de octubre de 2012 — ELE. SI.A/Comisión
   (Asunto T-312/10) (1)

   (Cláusula compromisoria - Sexto Programa Marco plurianual de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de Investigación e Innovación (2002-2006) - Contrato relativo al proyecto “I-Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety” - Resolución del contrato - Solicitud de devolución de la contribución financiera abonada - Indemnización por daños y perjuicios - Recurso por el que se pretende obtener la totalidad de la contribución financiera solicitada e impugnar la solicitud de devolución - Reconvención)
   2012/C 355/54
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Italia) (representantes: P. Tomassi, S. Baratti y P. Caprile, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Aresu y A. Sauka, agentes)

      Objeto

   Demanda mediante la que se solicita el abono de la contribución financiera a la que la demandante estima tener derecho en virtud del contrato no 27.195 celebrado el 13 de diciembre de 2005 entre la Comisión y la demandante, relativo al proyecto de investigación denominado «I-Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety», y demanda reconvencional por la que se solicita la devolución de una parte de la contribución financiera abonada y el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso interpuesto por Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA.

               2)

               Condenar a ELE.SI.A a abonar a la Comisión Europea la cantidad de 184 129,74 euros más los intereses a partir del 18 de mayo de 2010, así como la cantidad de 7 344,46 euros más los intereses a partir del 18 de junio de 2010.

               3)

               Condenar en costas a ELE.SI.A.

      (1)  DO C 260, de 25.9.2010.


title: Asuntos acumulados C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 y C-473/03: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de  4 de mayo de 2006  — (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale di Milano y el Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Procedimientos penales contra Michel Mulliez y otros y Giuseppe Momblano (asuntos acumulados C-23/03 y C-52/03), Alessandro Nizza y Giacomo Pizzi (asunto C-133/03), Fabrizio Barra (asunto C-337/03) y Adelio Aggio y otros (asuntoC-473/03) (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Derecho de sociedades — Primera Directiva 68/151/CEE, Cuarta Directiva 78/660/CEE y Séptima Directiva 83/349/CEE — Cuentas anuales — Principio de imagen fiel — Sanciones previstas en caso de datos falsos sobre las sociedades (falsedad en documentos contables) — Artículo 6 de la Primera Directiva 68/151/CEE — Obligación del carácter apropiado de las sanciones por vulneraciones del Derecho comunitario)

text:
               29.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/11

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de mayo de 2006 — (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale di Milano y el Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Procedimientos penales contra Michel Mulliez y otros y Giuseppe Momblano (asuntos acumulados C-23/03 y C-52/03), Alessandro Nizza y Giacomo Pizzi (asunto C-133/03), Fabrizio Barra (asunto C-337/03) y Adelio Aggio y otros (asuntoC-473/03)
   (Asuntos acumulados C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 y C-473/03) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Derecho de sociedades - Primera Directiva 68/151/CEE, Cuarta Directiva 78/660/CEE y Séptima Directiva 83/349/CEE - Cuentas anuales - Principio de imagen fiel - Sanciones previstas en caso de datos falsos sobre las sociedades (falsedad en documentos contables) - Artículo 6 de la Primera Directiva 68/151/CEE - Obligación del carácter apropiado de las sanciones por vulneraciones del Derecho comunitario)
   (2006/C 178/17)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órganos jurisdiccionales remitentes
   Tribunale di Milano y Tribunale ordinario di Torino
   Partes en los procedimientos penales
   Michel Mulliez, Patrick Lesaffre, Peter Hordjk, Michel Hoste, Christophe Dubrulle, Benoit Lheureux, Guy Geffroy, Gregory Sartorius y Giuseppe Momblano (asuntos acumulados C-23/03 y C-52/03), Alessandro Nizza y Giacomo Pizzi (asunto C-133/03), Fabrizio Barra (asunto C-337/03) y Adelio Aggio y otros (asuntoC-473/03)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Tribunale Ordinario di Torino — Interpretación del artículo 6 de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 65, p. 8; EE 17/01, p. 3) — Cuentas anuales — Delitos de omisión de comunicación y de comunicación de información falsa — Sanciones apropiadas
   Fallo
   En situaciones como las controvertidas en el litigio principal, la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros, no puede invocarse como tal por las autoridades de un Estado miembro contra los inculpados en el marco de procedimientos penales, dado que una directiva no puede, por sí sola y sin que exista una ley interna de un Estado miembro adoptada para su aplicación, determinar o agravar la responsabilidad penal de los inculpados.

      (1)  DO C 70, de 22.3.2003.


title: Asunto T-824/14: Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre de 2016 — Eveready Battery Company/EUIPO — Hussain y otros (POWER EDGE) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión POWER EDGE — Marca denominativa anterior de la Unión EDGE — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 15, apartado 1, y artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009»]

text:
               28.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 441/17

      Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre de 2016 — Eveready Battery Company/EUIPO — Hussain y otros (POWER EDGE)
      (Asunto T-824/14) (1)

      ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión POWER EDGE - Marca denominativa anterior de la Unión EDGE - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Uso efectivo de la marca anterior - Artículo 15, apartado 1, y artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009»])
      (2016/C 441/21)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: Eveready Battery Company, Inc. (San Luis, Missouri, Estados Unidos) (representante: N. Hebeis, abogado)

         Demandada: Oficina de Propiedad intelectual de la Unión Europea (representantes: J. Garrido Otaola y M. Fischer, agentes)

         Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvantes ante el Tribunal General: Imran Hussain, Rizwana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain y Zahra Hussain (Leeds, Reino Unido) (representante: S. Malynicz, QC)

         Objeto

      Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 6 de octubre de 2014 (asunto R 38/2014-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Eveready Battery Company, por una parte, y los Sres. y las Sras. Hussain, por otra parte.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso.

                  2)

                  Condenar en costas a Eveready Battery Company, Inc.

         (1)  DO C 65 de 23.2.2015.


title: Sentencia del Tribunal, de 28 de enero de 2015, en el asunto E-14/14 — Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia (Incumplimiento por una parte contratante de sus obligaciones — Incumplimiento — Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes)

text:
               18.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 201/8

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 28 de enero de 2015
   en el asunto E-14/14
   Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia
   (Incumplimiento por una parte contratante de sus obligaciones — Incumplimiento — Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes)
   (2015/C 201/08)
   En el asunto E-14/14, Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia — SOLICITUD de declaración de que, al no haber adoptado o notificado al Órgano de Vigilancia de la AELC, en el plazo previsto a tal efecto, las disposiciones necesarias para aplicar el acto a que se hace referencia en el punto 1a del capítulo XXIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes), adaptado al Acuerdo EEE mediante su Protocolo 1 y mediante la Decisión del Comité Mixto no 127/2012, de 13 de julio de 2012, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen y Páll Hreinsson (juez ponente), jueces, dictó sentencia el 28 de enero de 2015, cuyo fallo es el siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que, al no haber adoptado, en el plazo fijado a tal efecto, las disposiciones necesarias para aplicar el acto al que se hace referencia en el punto 1a del capítulo XXIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes), adaptado al Acuerdo EEE mediante su Protocolo 1 y mediante la Decisión del Comité Mixto no 127/2012, de 13 de julio de 2012, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

               2.

               Condena en costas a Islandia.


title: Asunto C-230/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag — Países Bajos) — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.° 44/2001 — Artículo 22, punto 4 — Competencia judicial respecto de los litigios en materia de propiedad intelectual — Artículo 71 — Convenios celebrados entre Estados miembros sobre materias específicas — Convención del Benelux sobre propiedad intelectual — Competencia judicial respecto de los litigios relativos a las marcas, dibujos y modelos Benelux — Artículo 350 TFUE]

text:
               12.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 335/21

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag — Países Bajos) — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA
   (Asunto C-230/15) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) n.o 44/2001 - Artículo 22, punto 4 - Competencia judicial respecto de los litigios en materia de propiedad intelectual - Artículo 71 - Convenios celebrados entre Estados miembros sobre materias específicas - Convención del Benelux sobre propiedad intelectual - Competencia judicial respecto de los litigios relativos a las marcas, dibujos y modelos Benelux - Artículo 350 TFUE])
   (2016/C 335/28)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank Den Haag

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Brite Strike Technologies Inc.

      Demandada: Brite Strike Technologies SA

      Fallo

   El artículo 71 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, leído a la luz del artículo 350 TFUE, no se opone a que la regla de competencia judicial respecto de los litigios relativos a las marcas, dibujos y modelos Benelux, enunciada en el artículo 4.6 de la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), de 25 de febrero de 2005, firmada en La Haya por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, se aplique a esos litigios.

      (1)  DO C 254 de 3.8.2015.


title: Asunto C-586/12 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de diciembre de 2013 — Koninklijke Wegenbow Stevin BV/Comisión Europea (Recurso de casación — Prácticas colusorias — Mercado neerlandés del betún para el recubrimiento de carreteras — Fijación del precio bruto del betún para el recubrimiento de carreteras — Fijación de un descuento a los constructores de carreteras — Prueba — Principio de igualdad de trato — Competencia jurisdiccional plena — Proporcionalidad de la multa — Control del Tribunal de Justicia)

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/21

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de diciembre de 2013 — Koninklijke Wegenbow Stevin BV/Comisión Europea
   (Asunto C-586/12 P) (1)

   (Recurso de casación - Prácticas colusorias - Mercado neerlandés del betún para el recubrimiento de carreteras - Fijación del precio bruto del betún para el recubrimiento de carreteras - Fijación de un descuento a los constructores de carreteras - Prueba - Principio de igualdad de trato - Competencia jurisdiccional plena - Proporcionalidad de la multa - Control del Tribunal de Justicia)
   2014/C 52/36
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Recurrente: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (representante: E. Pijnacker Hordijk, advocaat)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representante: F. Ronkes Agerbeek, agente)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 27 de septiembre de 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Comisión (T-357/06), por la que el Tribunal desestimó un recurso que tenía por objeto, con carácter principal, una demanda de anulación de la Decisión C(2006) 4090 final de la Comisión, de 13 de septiembre de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] [Asunto COMP/F/38.456 — Betún (Países Bajos)], en la medida en que afecta a la recurrente y, con carácter subsidiario, una demanda de reducción de la cuantía de la multa impuesta a la recurrente en la referida decisión.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Koninklijke Wegenbouw Stevin BV.

      (1)  DO C 71, de 9.3.2013.


title: Asunto F-116/11: Recurso interpuesto el 7 de noviembre de 2011 — ZZ/Comisión

text:
               28.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 25/69

      Recurso interpuesto el 7 de noviembre de 2011 — ZZ/Comisión
      (Asunto F-116/11)
      (2012/C 25/135)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: ZZ (representante: A. Salerno, abogada)

         Demandada: Comisión Europea

         Objeto y descripción del litigio

      Anulación de la decisión de excluir a la parte demandante de las pruebas de evaluación de la oposición EPSO/AD/2007/11.

         Pretensiones de la parte demandante

                  —

                  Que se anule la decisión impugnada.

                  —

                  Que se condene a la Comisión a abonar a la parte demandante un importe de 10 000 euros para indemnizar el daño moral causado como consecuencia de la decisión impugnada.

                  —

                  Que se condene en costas a la Comisión.


title: Recurso interpuesto el 18 de enero de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Lögstör Rör (Deutschland) GmbH (Asunto T-16/99)

text:
27.3.1999                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 86/27
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                     Desde un principio, la demandante admitió su participa-
que:                                                                        ción en la infracción y con su recurso sólo se dirige contra
                                                                            aspectos de la infracción y contra la cuantía de la multa.
                                                                            Aunque no cuestiona la infracción del apartado 1 del
I.   C o n c a r aÂ c t e r p r i n c i p a l :                             artículo 85 del Tratado CE, la demandante solicita la anu-
                                                                            lación de la Decisión controvertida, en la medida en que
                                                                            viola el deber de motivación o en la medida en que es ilí-
1) Anule la Decisión de la Comisión de 21 de octubre de                     cita por aplicar retroactivamente las «nuevas directrices
                                                                            sobre multas» (2).
     1998 [K(1998) 3117 endg.] y de 6 de noviembre de
     1998 [K(1998) 3415 endg. y K(1998) 3117 endg./
     Korr.].
                                                                            Los motivos y principales alegaciones formulados son
                                                                            similares a los del asunto T-9/99.
2) Condene en costas a la Comisión.
                                                                            (1) VeÂase asunto T-9/99.
                                                                            (2) Directrices para el caÂlculo de las multas impuestas en aplica-
                                                                                ción del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del
II. C o n c a r aÂ c t e r s u b s i d i a r i o :                              apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO C 9 de
                                                                                14.1.1998, p. 3).
1) Anule el artículo 1 de la Decisión de la Comisión de
     21 de octubre de 1998 [K(1998) 3117 endg.] y de 6 de
     noviembre de 1998 [K(1998) 3415 endg. y K(1998)
     3117 endg./Korr.] en la medida en que imputa a la
     demandante su participación
                                                                            Recurso interpuesto el 18 de enero de 1999 contra la
                                                                            Comisión de las Comunidades Europeas por Lögstör Rör
     i)   en un cartel que abarcaba todo el mercado comuÂn;                                       (Deutschland) GmbH
                                                                                (Asunto T-16/99)
     ii) en infracciones cometidas antes de diciembre de
          1994 y despueÂs de febrero de 1996;                                                         (1999/C 86/48)
     iii) en la concertación y adopción de medidas contra                                 (Lengua de procedimiento: alemaÂn)
          Powerpipe AB.
                                                                            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                            Europeas se ha presentado el 18 de enero de 1999 un
2) Reduzca, en la medida que juzgue procedente, la multa
                                                                            recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
     impuesta a la demandante en el artículo 3 de la Deci-
                                                                            formulado por Lögstör Rör (Deutschland) GmbH, con
     sión.
                                                                            domicilio social en Fulda (RepuÂblica Federal de Alemania),
                                                                            representada por el Sr. Hans-Joachim Hellmann, Abogado
                                                                            del bufete Sozietät Shilling, Zutt & Anschütz de Mann-
3) Condene en costas a la Comisión.                                         heim (RepuÂblica Federal de Alemania), que designa como
                                                                            domicilio en Luxemburgo el despacho de Abogados
                                                                            Loesch & Wolter, 11, rue Goethe.
III. C o n c a r aÂ c t e r       subsidiario        en    segundo
     grado:
                                                                            La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                            que:
1) Reduzca, en la medida que juzgue procedente, la multa
     impuesta a la demandante en el artículo 3 de la Deci-
     sión.                                                                  1) Anule la decisión de la demandada, dirigida a la
                                                                                demandante, de 21 de octubre de 1998, relativa a un
                                                                                procedimiento con arreglo al artículo 85 del
                                                                                Tratado CE [IV/35.691/E-4: Cartel en el mercado de
2) Condene en costas a la Comisión.
                                                                                los tubos preaislados Ð K(1998) 3117 endg./Korr.-
                                                                                DE], confirmada por la decisión de la demandada de 6
                                                                                de noviembre de 1998 [K(1998) 3415-DE endg.-de],
Motivos y principales alegaciones                                                en la medida en que se refiere a la demandante.
La Comisión impuso a la demandante una multa de                                  Con caraÂcter subsidiario: Reduzca la multa.
925 000 ECU basaÂndose en que eÂsta había participado en
un cartel de empresas que producen y comercializan tubos
preaislados (1).                                                            2) Condene en costas a la Comisión.
 ---pagebreak--- C 86/28                 ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                27.3.1999
Motivos y principales alegaciones                                      recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                       formulado por KE KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft
La Comisión impuso a la demandante una multa de                        GmbH, con domicilio social en Linz (RepuÂblica de Aus-
1 500 000 ECU basaÂndose en que eÂsta había participado                tria), representada por el bufete de Abogados Grassner
en un cartel de empresas que producen y comercializan                  Lenz Thevanger & Partner de Linz (RepuÂblica de Austria),
tubos preaislados (1).                                                 que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
                                                                       de Abogados Loesch & Wolter, 11, rue Goethe.
La demandante alega:
                                                                       La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
Ð Violación del derecho de audiencia.                                  que:
Ð Incumplimiento del deber                de    motivación     del     1. Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
     artículo 190 del Tratado CE.                                           Europeas, dirigida contra KE KELIT Kunststoffwerk
                                                                            Gesellschaft mbH, de 21 de octubre de 1998, K(1998)
Ð Violación de la prohibición de retroactividad y del                       3117 endg. DE, o la Decisión de rectificación, de 6 de
     principio de protección de la confianza legítima, así                  noviembre de 1998, K(1998) 3415 endg. DE, relativas
     como la violación del principio de legalidad de la                     a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
     acción administrativa.                                                 Tratado CE, asunto IV/35.691/E-4: Cartel en el mer-
                                                                            cado de los tubos preaislados, en la medida en que se
                                                                            refiere a KE KELIT.
Ð Desviación de poder en la aplicación de las directri-
     ces (2).
                                                                       2. Con caraÂcter subsidiario, anule la multa impuesta a
Ð Desaviación de poder y discriminación en la aplicación                    KE KELIT.
     de las normas sobre reducción de multas.
                                                                       3. Con caraÂcter subsidiario en segundo grado, reduzca la
Ð Aplicación errónea del apartado D de las normas sobre                     multa impuesta a KE KELIT Kunststoffwerk Gese-
     reducción de multas.                                                   llschaft mbH.
Ð Violación de los principios de igual de trato y propor-
                                                                       4. En cualquier caso, condene en costas a la Comisión.
     cionalidad así como de la prohibición de arbitrariedad.
Ð Inexactitud de los hechos imputados.                                 Motivos y principales alegaciones
Ð Cómputo erróneo del volumen de negocios a efectos                    La Comisión impuso a la demandante una multa de
     del caÂlculo de la multa.                                         360 000 ECU, basaÂndose en que eÂsta había participado en
                                                                       un cartel de empresas que producen y comercializan tubos
Ð Fijación de intereses indebidamente elevados.                        preaislados (1).
Ð Apreciación jurídica errónea.                                        Los motivos y principales alegaciones formulados por la
                                                                       demandante son similares, en lo esencial, a los invocados
(1) VeÂase asunto T-9/99.                                              en los asuntos T-9/99 y T-16/96.
(2) Directrices para el caÂlculo de las multas impuestas en aplica-
    ción del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del
    apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO C 9 de             (1) VeÂase asunto T-9/99.
    14.1.1998, p. 3).
                                                                       Recurso interpuesto el 21 de enero de 1999 contra la
Recurso interpuesto el 20 de enero de 1999 contra la                   Comisión de las Comunidades Europeas por Cordis Obst-
Comisión de las Comunidades Europeas por KE KELIT                                      und Gemüsegroûhandel GmbH
              Kunststoffwerk Gesellschaft GmbH
                                                                                (Asunto T-18/99)
                        (Asunto T-17/99)
                                                                                (1999/C 86/50)
                          (1999/C 86/49)
              (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                                     (Lengua de procedimiento: alemaÂn)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 20 de enero de 1999 un                    Europeas se ha presentado el 21 de enero de 1999 un


title: Asunto C-544/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de septiembre de 2011 — República Federal de Alemania/Comisión Europea (Recurso de casación — Ayudas de Estado — Introducción de la televisión digital terrestre en la región de Berlín-Brandemburgo — Artículo 87 CE, apartado 3 — Fallo de mercado — Proporcionalidad — Neutralidad tecnológica — Incentivo)

text:
               29.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de septiembre de 2011 — República Federal de Alemania/Comisión Europea
   (Asunto C-544/09 P) (1)

   (Recurso de casación - Ayudas de Estado - Introducción de la televisión digital terrestre en la región de Berlín-Brandemburgo - Artículo 87 CE, apartado 3 - Fallo de mercado - Proporcionalidad - Neutralidad tecnológica - Incentivo)
   2011/C 319/07
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: República Federal de Alemania (representante: M. Lumma, J. Möller y B. Klein, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: H. van Vliet y K. Gross, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 6 de octubre de 2009, Alemania/Comisión (T-21/06), por la que dicho Tribunal desestimó el recurso de anulación de la Decisión 2006/513/CE de la Comisión, de 9 de noviembre de 2005, relativa a la ayuda estatal concedida por la República Federal de Alemania a favor de la introducción de la televisión digital terrestre en Berlín-Brandemburgo (DO 2006, L 200, p. 14) — Vulneración del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

      (1)  DO C 51, de 27.2.2010.


title: Asunto C-141/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Södertörns tingsrätt — Suecia) — Torsten Hörndeldt/Posten Meddelande AB (Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Prohibición de discriminaciones por razón de la edad — Normativa nacional que concede un derecho absoluto a trabajar hasta los 67 años de edad y que autoriza la extinción automática del contrato de trabajo al finalizar el mes en el cual el trabajador alcanza dicha edad — No consideración del importe de la pensión de jubilación)

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 287/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Södertörns tingsrätt — Suecia) — Torsten Hörndeldt/Posten Meddelande AB
   (Asunto C-141/11) (1)

   (Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Prohibición de discriminaciones por razón de la edad - Normativa nacional que concede un derecho absoluto a trabajar hasta los 67 años de edad y que autoriza la extinción automática del contrato de trabajo al finalizar el mes en el cual el trabajador alcanza dicha edad - No consideración del importe de la pensión de jubilación)
   2012/C 287/18
   Lengua de procedimiento: sueco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Södertörns tingsrätt

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Torsten Hörndeldt

      Demandada: Posten Meddelande AB

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Södertörns tingsrätt — Interpretación del principio general de no discriminación por razón de edad y del artículo 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16) — Normativa nacional y convenio colectivo que conceden al trabajador un derecho absoluto a trabajar hasta los 67 años de edad y que establecen la extinción automática y sin resolución de la relación laboral al finalizar el mes en el cual el trabajador cumple los 67 años, sin tener en cuenta la pensión que pueda efectivamente percibir.

      Fallo

   El artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una medida nacional, como la controvertida en el litigo principal, que permite al empresario rescindir el contrato de trabajo de un trabajador basándose únicamente en que éste ha cumplido los 67 años de edad, sin tener en cuenta la cuantía de la pensión de jubilación que percibirá el interesado, si tal medida está justificada objetiva y razonablemente por una finalidad legítima relativa a las políticas de empleo y del mercado de trabajo y constituye un medio adecuado y necesario para lograrla.

      (1)  DO C 152, de 21.5.2011.


title: Asunto T-870/16: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2016 — Miserini Johansson/BEI

text:
               20.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/28

         Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2016 — Miserini Johansson/BEI
   (Asunto T-870/16)
   (2017/C 086/38)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Virna Miserini Johansson (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: A. Senes, abogado)

      Demandada: Banco Europeo de Inversiones (BEI)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:
   Con carácter principal:

               —

               Anule la Decisión del BEI de 25 de enero de 2016.

               —

               Condene al BEI a que restituya a la demandante la totalidad de sus derechos a su salario y todos sus complementos relevantes, incluida la totalidad de sus derechos de pensión y las contribuciones al régimen complementario voluntario de previsión (RCVP).

               —

               Condene al BEI a reembolsar la cantidad correspondiente a la pérdida de su salario (que se evalúa provisionalmente en un importe de 24 000 euros a 31 de diciembre de 2016).

               —

               Condene al BEI a calcular retroactivamente la totalidad de los derechos de pensión y las contribuciones al RCVP de la demandante, con efecto a partir del 1 de febrero de 2016.

               —

               Condene al BEI a indemnizar a la demandante por el daño moral que ésta alega haber sufrido, que se evalúa provisionalmente en 5 000 euros.

               —

               Condene al BEI a pagar las costas del presente procedimiento, incluidos los honorarios de abogados y peritos (según proceda).

         Con carácter subsidiario:

               —

               Condene al BEI a indemnizar el perjuicio que la demandante ha sufrido por la pérdida de su derecho a percibir su salario íntegramente mediante el abono a la demandante de una cantidad por los correspondientes daños que se evalúa provisionalmente en un importe de 24 000 euros a 31 de diciembre de 2016.

               —

               Designe a un perito para determinar la cantidad final exacta por el concepto anterior, de los derechos a percibir una pensión y de las contribuciones al RCPV de la demandante, con efecto a partir del 1 de febrero de 2016.

               —

               Condene al BEI a reembolsarle los gastos médicos y psicológicos relacionados con los problemas de salud desarrollados como consecuencia del estrés considerable al que se vio sometida la demandante y que no son reembolsados por el régimen de seguro de enfermedad del BEI.

               —

               Condene al BEI a indemnizar a la demandante por los daños morales que ésta alega haber sufrido, evaluados en 5 000 euros, y además disponga el nombramiento de un perito, si el Tribunal de Justicia lo estimara procedente, para determinar la cantidad exacta.

               —

               Condene al BEI a pagar las costas del presente procedimiento, incluidos los honorarios de abogados y peritos (según proceda).

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo, en virtud del cual alega que el BEI violó sus derechos fundamentales garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la protección de los derechos fundamentales (en particular, la sentencia de 13 de diciembre de 1979, Hauer/Rheinland-Pfalz, C-44/79, EU:C:1979:290).
   La demandante sostiene que el BEI incumplió su deber general de prudencia que asiste a la demandante en relación con su situación médica y los riesgos que para ella dicha enfermedad entrañaba. Además, no se informó adecuadamente a la demandante del procedimiento que debía seguir en relación con las pruebas de una enfermedad profesional. En cualquier caso, la demandante sostiene que varios dictámenes médicos declararon que la enfermedad que padecía era una enfermedad profesional en su origen y que aportó al BEI todos los documentos pertinentes para que se adoptara una decisión en este sentido. La demandante estima que no es necesario que ella lleve a cabo ningún nuevo acto procesal y que el BEI debe de forma inmediata adoptar las medidas solicitadas por ella.


title: Asunto C-84/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 19 de febrero de 2015 — Sonos Europe BV, otra parte: Staatssescretaris van Financiën

text:
               4.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 146/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 19 de febrero de 2015 — Sonos Europe BV, otra parte: Staatssescretaris van Financiën
   (Asunto C-84/15)
   (2015/C 146/26)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hoge Raad der Nederlanden

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sonos Europe BV

      Otra parte: Staatssescretaris van Financiën

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse las partidas 8517, 8518, 8519 y 8527 de la NC en el sentido de que un producto como el descrito en la presente resolución (el Zoneplayer), que recibe información digital y, sin almacenarla («streaming»), la reproduce en forma de sonido amplificado mediante cinco altavoces (integrados) y/o la envía a otros aparatos de la red local puede clasificarse en una o más de esas partidas y, en caso afirmativo, en cuál? ¿O debe interpretarse la partida 8543 de la NC en el sentido de que un aparato como el Zoneplayer debe clasificarse en la misma como un aparato eléctrico con función propia?


title: Asunto C-408/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Karlsruhe (Alemania) el 18 de julio de 2013 — Barbara Huber/Manfred Huber

text:
               21.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 274/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Karlsruhe (Alemania) el 18 de julio de 2013 — Barbara Huber/Manfred Huber
   (Asunto C-408/13)
   2013/C 274/26
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Amtsgericht Karlsruhe

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Barbara Huber

      Demandada: Manfred Huber

      Cuestión prejudicial

   ¿Es compatible con el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, (1)

   que en el artículo 28, apartado 1, primera frase, de la Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten (Ley sobre cobro internacional de pensiones alimenticias; en lo sucesivo, «AUG»), se establezca
   que, cuando una de las partes no tenga su residencia habitual en el territorio nacional, en los casos contemplados en el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 4/2009, será exclusivamente competente para resolver en materia de obligación de alimentos el tribunal de primera instancia de la sede del tribunal regional superior en cuya circunscripción tengan su residencia habitual la parte demandada o el acreedor de alimentos?

      (1)  DO L 7, p. 1.


title: Asunto T-83/15: Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2015 — Swatch AG/OAMI — L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeelsTheWatchYouGet)

text:
               20.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 127/34

         Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2015 — Swatch AG/OAMI — L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeelsTheWatchYouGet)
   (Asunto T-83/15)
   (2015/C 127/46)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Swatch AG (Biel, Suiza) (representante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: L’atelier Wysiwyg (Besançon, Francia)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa que incluye los elementos denominativos «wysiwatch» y «WhatYouSeelsTheWatchYouGet» — Solicitud de registro no 11 041 597

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de diciembre de 2014 en el asunto R 1873/2014-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la OAMI y a L’atelier Wysiwyg.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-333/01: Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2001 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 317/14                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     10.11.2001
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              Motivos y principales alegaciones
1.    Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que           La República Helénica sostiene que se le ha impuesto ilegal-
      le incumben en virtud de la Directiva 1999/28/CE (1) de          mente una corrección financiera en los sectores del algodón,
      la Comisión, de 21 de abril de 1999, por la que se              el aceite de oliva, las uvas y la carne de caprino y de ovino.
      modifica el anexo a la Directiva 92/14/CEE (2) del Consejo
      relativa a la limitación del uso de aviones objeto del
      anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil              La República Helénica sostiene que deberı́a anularse la correc-
      internacional, volumen 1, segunda parte, capı́tulo 2, al         ción financiera propuesta por las siguientes razones: interpreta-
      no haber adoptado y, en cualquier caso, al no haber              ción e inaplicación erróneas de las disposiciones de los
      comunicado a la Comisión las medidas legales, reglamen-         Reglamentos aplicables; error en los hechos y apreciación
      tarias y administrativas necesarias para la adaptación del      equivocada de los mismos; motivación defectuosa, insuficiente
      Derecho interno a dicha Directiva.                               e imprecisa; infracción del principio de proporcionalidad y
                                                                       rebasamiento de los lı́mites de su facultad discrecional por
2.    Condene en costas a Irlanda.                                     parte de la Comisión.
Motivos y principales alageciones
                                                                       Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2001 contra el
Los motivos y las principales alegaciones invocados son                Reino de España por la Comisión de las Comunidades
análogos a los del asunto C-232/01 (3); el plazo señalado para                                     Europeas
la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 1 de
septiembre de 1999.                                                                            (Asunto C-333/01)
                                                                                (2001/C 317/25)
(1) DO L 118, 6.5.1999, p. 53.
(2) DO L 76, 23.3.1992, p. 21.
(3) Véase página 12 del Diario Oficial.                               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 6 de septiembre de 2001 un recurso contra el
                                                                       Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
                                                                       des Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana,
                                                                       miembro de su servicio jurı́dico, en calidad de agente, que
                                                                       designa como domicilio en Luxemburgo el del Sr. Luis Escobar
                                                                       Guerrero, miembro también de su servicio jurı́dico, Centro
                                                                       Wagner.
Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2001 por la
República Helénica contra la Comisión de las Comunida-               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                           des Europeas
                                                                       —     declare que, al no haber adoptado las disposiciones
                                                                             legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
                        (Asunto C-332/01)                                    cumplir la Directiva 98/81/CE (1) del Consejo, de 26 de
                                                                             octubre de 1998, por la que se meodifica la Directiva
                         (2001/C 317/24)                                     90/219/CEE relativa a la utilización confinada de micro-
                                                                             organismos modificados genéticamente, o, en cualquier
                                                                             caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 la Comisión, el Reino de España ha incumplido las
presentado el 6 de septiembre de 2001 un recurso contra la                   obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva.
Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por la
República Helénica, representada por el Sr. Vasilios Kontolai-        —     condene en costas al Reino de España
mos, Consejero Jurı́dico del Servicio Jurı́dico del Estado, y por
el Sr. Ioannis Khalkias, miembro del mismo Servicio, que
designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada            Motivos y principales alegaciones
de Grecia, 177, Val Ste. Croix, Luxemburgo.
                                                                       Motivos y principales alegaciones son análogos a los del asunto
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:              C-323/01 (2); el plazo para la adaptación finalizó el 5 de junio
                                                                       de 2000.
—     Anule o, en su caso, modifique la Decisión definitiva C
      2001/1795 de la Comisión, de 11 de julio de 2001,               (1) D.O. L 330 de 5.12.98, p. 13.
      por la que se excluyen de la financiación comunitaria           (2) Véase página 12 del presente Diario Oficial.
      determinados gastos efectuados por los Estados miembros
      con cargo a la sección Garantı́a del FEOGA.


title: Asunto C-463/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de marzo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S [Procedimiento prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículos 5, apartado 2, letra b), y 6 — Derecho de reproducción — Excepción — Copias para uso privado — Reproducciones efectuadas con tarjetas de memoria de teléfonos móviles — Compensación equitativa — Canon aplicable a los soportes — Igualdad de trato — Devolución del canon — Perjuicio mínimo]

text:
               27.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de marzo de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S
   (Asunto C-463/12) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor - Directiva 2001/29/CE - Artículos 5, apartado 2, letra b), y 6 - Derecho de reproducción - Excepción - Copias para uso privado - Reproducciones efectuadas con tarjetas de memoria de teléfonos móviles - Compensación equitativa - Canon aplicable a los soportes - Igualdad de trato - Devolución del canon - Perjuicio mínimo])
   (2015/C 138/02)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Copydan Båndkopi

      Demandada: Nokia Danmark A/S

      Fallo

               1)

               El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, no se opone a una normativa nacional que establece una compensación equitativa por la excepción al derecho de reproducción con respecto a las copias para uso privado, en relación con los soportes multifuncionales, como las tarjetas de memoria de teléfonos móviles, con independencia de que la función principal de estos soportes sea o no la realización de tales copias, siempre que una de las funciones de estos soportes, aunque fuera secundaria, permita a quienes los poseen utilizarlos con este fin. No obstante, el carácter principal o secundario de esa función y la importancia relativa de la capacidad del soporte para realizar reproducciones pueden influir en la cuantía de la compensación equitativa adeudada. En la medida en que el perjuicio causado a los titulares de derechos se considerara mínimo, la puesta a disposición de dicha función podría no dar origen a una obligación de pago de tal compensación.

               2)

               El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 no se opone a una normativa nacional que grava con un canon, destinado a financiar la compensación equitativa por la excepción al derecho de reproducción con respecto a las copias para uso privado, el suministro de soportes que pueden utilizarse con fines de reproducción para uso privado, como las tarjetas de memoria de teléfonos móviles, pero que no grava con ese canon el suministro de componentes destinados principalmente a almacenar copias para uso privado, como las memorias internas de los reproductores MP3, siempre que estas diferentes categorías de soportes y componentes no sean comparables o que la diferencia de trato de que son objeto esté justificada, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

               3)

               El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone el pago del canon destinado a financiar la compensación equitativa por la excepción al derecho de reproducción con respecto a las copias para uso privado a los fabricantes e importadores que venden tarjetas de memoria de teléfonos móviles a profesionales sabiendo que las tarjetas están destinadas a volver a venderse por estos últimos pero ignorando si los adquirentes finales de las tarjetas son particulares o profesionales, siempre que:

                           —

                           el establecimiento de tal régimen esté justificado por dificultades prácticas;

                           —

                           los obligados al pago estén exentos del pago de dicho canon si demuestran que han suministrado las tarjetas de memoria de teléfonos móviles a personas distintas de las personas físicas, con fines manifiestamente ajenos al de reproducción para uso privado, en el bien entendido de que esta exención no puede limitarse a la entrega únicamente a los profesionales que estén inscritos en la organización encargada de gestionar el canon;

                           —

                           ese régimen establezca un derecho a la devolución de dicho canon que sea efectivo y no dificulte excesivamente la devolución del canon pagado, devolución que podrá obtener únicamente el adquirente final de una tarjeta de memoria de este tipo, el cual deberá presentar a tal efecto una solicitud en la referida organización.

               4)

               El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, en relación con el considerando 35 de ésta, debe interpretarse en el sentido de que permite a los Estados miembros establecer, en determinados casos que están incluidos en el ámbito de aplicación de la excepción al derecho de reproducción con respecto a las copias para uso privado, una exención del pago de la compensación equitativa por esta excepción, siempre que el perjuicio causado a los titulares de derechos, en esos casos, sea mínimo. Es competencia de dichos Estados fijar el umbral de semejante perjuicio, en el bien entendido de que tal umbral debe aplicarse, en particular, de manera conforme con el principio de igualdad de trato.

               5)

               La Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha decidido excluir, en virtud del artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, en el ámbito de aplicación material de esta disposición, el derecho del titular a autorizar la reproducción a título privado de sus obras, la autorización dada por un titular de derechos para la utilización de los archivos que contienen sus obras no puede afectar a la obligación de compensación equitativa por la excepción al derecho de reproducción con respecto a las reproducciones efectuadas conforme al artículo 5, apartado 2, letra b), de la citada Directiva mediante tales archivos y no puede dar origen, en sí misma, a una obligación de pago de una remuneración, sea del tipo que sea, por parte del usuario de los archivos de que se trate a ese titular.

               6)

               La aplicación de las medidas tecnológicas previstas en el artículo 6 de la Directiva 2001/29 en relación con los dispositivos utilizados para reproducir obras protegidas, como los DVD, los CD, los reproductores MP3 o los ordenadores, no puede afectar a la obligación de compensación equitativa por la excepción al derecho de reproducción con respecto a las reproducciones a título privado, efectuadas a partir de esos dispositivos. No obstante, tal aplicación puede incidir en el nivel concreto de la compensación.

               7)

               La Directiva 2001/29 se opone a una normativa nacional que establece una compensación equitativa por la excepción al derecho de reproducción con respecto a las reproducciones efectuadas a partir de fuentes ilícitas, a saber, a partir de obras protegidas que se ponen a disposición del público sin la autorización de los titulares de derechos.

               8)

               La Directiva 2001/29 no se opone a una normativa nacional que establece una compensación equitativa por la excepción al derecho de reproducción con respecto a las reproducciones de obras protegidas efectuadas por una persona física a partir o mediante un dispositivo que pertenece a un tercero.

      (1)  DO C 399, de 22.12.2012.


title: Asunto T-17/15: Recurso interpuesto el 15 de enero de 2015 — Italia/Comisión

text:
               9.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 81/27

         Recurso interpuesto el 15 de enero de 2015 — Italia/Comisión
   (Asunto T-17/15)
   (2015/C 081/35)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: P. Gentili, avvocato dello Stato, y G. Palmieri, agente)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la convocatoria de concurso EPSO/AD/294/14 — Administradores (AD 6) en el ámbito de la protección de datos.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 263 TFUE, 264 TFUE y 266 TFUE.

                           —

                           La Comisión ha incumplido la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-566/10 P, mediante la que se declaran ilegales las convocatorias que limiten al inglés, el francés y el alemán las lenguas que los candidatos a las oposiciones generales de la Unión pueden elegir como segunda lengua.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 342 TFUE y de los artículos 1 y 6 del Reglamento no 1/58.

                           —

                           A este respecto, se alega que, al limitar la elección de la segunda lengua de los candidatos a las oposiciones generales de la Unión a tres lenguas, la Comisión ha establecido en realidad un nuevo régimen lingüístico de las instituciones, invadiendo de este modo la competencia exclusiva del Consejo en la materia.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 12 CE, actualmente 18 TFUE; 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; 6 TUE, apartado 3; 1, apartado 2, y 3 del anexo III del Estatuto de los Funcionarios; 1 y 6 del Reglamento no 1/58; 1 quinquies, apartados 1 y 6, 27, párrafo segundo, y 28, letra f), del Estatuto de los Funcionarios.

                           —

                           A este respecto, se alega que la limitación lingüística introducida por la Comisión es discriminatoria, debido a que las disposiciones mencionadas prohíben imponer a los ciudadanos europeos y a los propios funcionarios de las instituciones restricciones lingüísticas que no hayan sido previstas con carácter general y de modo objetivo en los reglamentos internos de las instituciones mencionados en el artículo 6 del Reglamento no 1/58, que hasta ahora no han sido adoptados, así como introducir tales limitaciones si no existe un interés específico del servicio suficientemente motivado.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 6 TUE, apartado 3, en la medida en que establece el principio de protección de la confianza legítima como derecho fundamental emanado de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.

                           —

                           A este respecto, se alega que la Comisión ha quebrantado la confianza de los ciudadanos en la posibilidad de elegir como segunda lengua cualquiera de las lenguas de la Unión Europea, como había venido ocurriendo hasta 2007 y tal como había sido confirmado por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-566/10 P.

               5.

               Quinto motivo, basado en la desviación de poder y en la infracción de las normas sustantivas inherentes a la naturaleza y la finalidad de las convocatorias de oposiciones, en particular de los artículos 1 quinquies, apartados 1 y 6; 28, letra f); 27, párrafo segundo; 34, apartado 3, y 45, apartado 1, del Estatuto de los Funcionarios, así como en la violación del principio de proporcionalidad.

                           —

                           A este respecto, se alega que, al limitar con carácter previo y general a tres las lenguas que se pueden elegir como segunda lengua, la Comisión anticipó de hecho a la etapa de la convocatoria, e incluyó entre las condiciones de admisión, la evaluación de las competencias lingüísticas de los candidatos, que no obstante debería tener lugar durante el desarrollo de las pruebas. Se señala que, de este modo, los conocimientos lingüísticos adquieren un valor decisivo en relación con las competencias profesionales.

               6.

               Sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 18 TFUE y 24 TFUE, párrafo cuarto; 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 2 del Reglamento no 1/58 y 1 quinquies, apartados 1 y 6, del Estatuto de los Funcionarios.

                           —

                           A este respecto, se alega que, al establecer que las candidaturas deben presentarse obligatoriamente en inglés, francés o alemán y que éstas serán a su vez las lenguas de comunicación utilizadas por EPSO durante el desarrollo de la oposición, se ha vulnerado el derecho que asiste a los ciudadanos europeos de comunicarse con las instituciones en su propia lengua y se ha introducido una discriminación adicional en perjuicio de los ciudadanos que no tengan un conocimiento profundo de una de estas tres lenguas.

               7.

               Séptimo motivo, basado en la infracción de los artículos 1 y 6 del Reglamento no 1/58; 1 quinquies, apartados 1 y 6, y 28, letra f), del Estatuto de los Funcionarios; 1, apartado 1, letra f), del anexo III del Estatuto de los Funcionarios y 296 TFUE, párrafo segundo (falta de motivación), así como en la violación del principio de proporcionalidad y en la distorsión de los hechos.

                           —

                           A este respecto, se alega que la motivación aducida por la Comisión en defensa de la limitación a las tres lenguas mencionadas es la exigencia de que el personal recién contratado sea inmediatamente operativo y capaz de comunicarse en el seno de las instituciones. Esta motivación distorsiona los hechos porque nada indica que las tres lenguas a que se hace referencia sean las más utilizadas en la comunicación entre diferentes grupos lingüísticos en el seno de las instituciones, al tiempo que resulta desproporcionada en cuanto implica la limitación de un derecho fundamental, como es el derecho a no sufrir discriminación por razón de la lengua, cuando existen métodos menos restrictivos para garantizar una comunicación eficaz en el seno de las instituciones.


title: Asunto C-493/06 P: Recurso de casación interpuesto el 30 de noviembre de 2006 por Tesco Stores Ltd contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 13 de septiembre de 2006 en el asunto T-191/04, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

text:
               10.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/13

         Recurso de casación interpuesto el 30 de noviembre de 2006 por Tesco Stores Ltd contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 13 de septiembre de 2006 en el asunto T-191/04, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
   (Asunto C-493/06 P)
   (2007/C 56/22)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Tesco Stores Ltd (representantes: E. Kelly, Solicitor, y S. Malynicz, Barrister)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 13 de septiembre de 2006 en el asunto T-191/04.

               —

               Que se condene a la parte recurrida al pago de las costas de Tesco causadas ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal de Primera Instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente sostiene que procede anular la sentencia recurrida, dado que el Tribunal de Primera Instancia cometió irregularidades procesales que le perjudicaron y porque dicho órgano jurisdiccional infringió el Derecho comunitario. En particular, alega lo siguiente:

               1)

               Los artículos 8 y 42 del Reglamento sobre la marca comunitaria (1) no obligan al oponente a demostrar que los requisitos para formular oposición se cumplen una vez expirado el plazo de oposición. Con arreglo a una interpretación correcta de estas disposiciones, que garantiza la seguridad jurídica, el oponente debe probar una sola vez, esto es, en el momento de la oposición, que cumple ciertos requisitos como el derecho de propiedad y la titularidad del derecho anterior.

               2)

               Las reglas 15, 16 y 20 del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (2), no exigían que el oponente aportara otras pruebas de la marca anterior y, en particular, no le obligaba a acreditar la renovación de la marca anterior más allá del plazo de oposición.

               3)

               Tesco tenía una confianza legítima de que no era preciso aportar pruebas complementarias para acreditar su derecho anterior.

               4)

               Obligar a Tesco a que demuestre la renovación, el 28 de enero de 2000, el 24 de febrero de 2000, el 13 de junio de 2000 o incluso el 23 de octubre de 2000, implicaría obligarle, de modo retroactivo, a probar algo que en dichas fechas no estaba en condiciones de probar y/o entonces no estaba obligada a hacer según la legislación nacional.

               5)

               Se produjeron varias irregularidades procesales ante el Tribunal de Primera Instancia que perjudicaron a Tesco, en la medida en que: (a) la OAMI intentó basarse en una versión de sus directrices internas que rigen el procedimiento de oposición que en el momento de los hechos no estaban en vigor, y (b) la OAMI alegó argumentos que se excedían de los términos del litigio delimitados por las partes.

      (1)  DO L 11, p. 1.

      (2)  DO L 303, p. 1.


title: Asunto T-642/11 P: Auto del Tribunal General de 4 de septiembre de 2012 — Mische/Parlamento ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Clasificación en grado — Concurso publicado antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de los Funcionarios — Desnaturalización de los hechos — Recurso de casación manifiestamente infundado» )

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/25

      Auto del Tribunal General de 4 de septiembre de 2012 — Mische/Parlamento
      (Asunto T-642/11 P) (1)

      (Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Nombramiento - Clasificación en grado - Concurso publicado antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de los Funcionarios - Desnaturalización de los hechos - Recurso de casación manifiestamente infundado)
      (2012/C 331/48)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Recurrente: Harald Mische (Bruselas) (representantes: R. Holland, J. Mische y M. Velardo, abogados)

         Otras partes en el procedimiento: Parlamento Europeo (representantes: S. Seyr y S. Alves, agentes) y Consejo de la Unión Europea (representantes: A. Jensen y J. Herrmann, agentes)

         Objeto

      Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 29 de septiembre de 2011, Mische/Parlamento (F-93/05, aún no publicada en la Recopilación), mediante el que se solicita la anulación de dicha sentencia.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso de casación.

                  2)

                  El Sr. Harald Mische cargará con sus propias costas y con aquellas en las que haya incurrido el Parlamento Europeo en el marco del presente procedimiento.

                  3)

                  El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

         (1)  DO C 49, de 18.2.2012.


title: Asunto C-239/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 10 de mayo de 2017 — Gert Teglgaard y Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter

text:
               10.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 10 de mayo de 2017 — Gert Teglgaard y Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter
   (Asunto C-239/17)
   (2017/C 221/17)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Gert Teglgaard y Fløjstrupgård I/S

      Demandada: Fødevareministeriets Klagecenter

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Cuando un agricultor no cumple los requisitos legales en materia de gestión ni las buenas condiciones agrarias y medioambientales durante un año natural y, por ello, conforme al artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 1782/2003 del Consejo, (1) en relación con el artículo 66, apartado 1, del Reglamento n.o 796/2004 de la Comisión, (2) debe aplicarse una reducción a los pagos directos destinados a dicho agricultor ¿debe practicarse la reducción de la ayuda a los pagos directos del agricultor:

                           (a)

                           correspondientes al año natural en el que se haya producido el incumplimiento, o

                           (b)

                           correspondientes al año natural (posterior) en el que se haya declarado/descubierto tal incumplimiento?

               2)

               ¿Lleva al mismo resultado lo dispuesto en el posterior artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 73/2009 del Consejo, (3) en relación con el artículo 70, apartados 4 y 8, letra a), del Reglamento n.o 1122/2009 de la Comisión? (4)

               3)

               Cuando un agricultor no cumple los requisitos legales en materia de gestión ni las buenas condiciones agrarias y medioambientales en 2007 y 2008, pero el incumplimiento no se declara/descubre hasta 2011 ¿debe aplicarse, para determinar la reducción o de la ayuda, el Reglamento n.o 1782/2003 del Consejo, en relación con el Reglamento n.o 796/2004 de la Comisión, o debe aplicarse el Reglamento n.o 73/2009 del Consejo, en relación con el Reglamento n.o 1122/2009 de la Comisión?

      (1)  Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) n.o 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO 2004, L 141, p. 18).

      (3)  Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (DO 2009, L 30, p. 16).

      (4)  Reglamento (CE) n.o 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola (DO 2009, L 316, p. 65).


title: Asunto T-489/11: Recurso interpuesto el 20 de septiembre de 2011 — Ruse Industry/Comisión

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/36

         Recurso interpuesto el 20 de septiembre de 2011 — Ruse Industry/Comisión
   (Asunto T-489/11)
   2011/C 347/66
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Partes

      Demandante: Ruse Industry AD (Ruse, Bulgaria) (representantes: A. Angelov y S. Panov, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto

   Solicitud de anulación de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2011 relativa a la ayuda estatal C 12/2010 y N 389/2009 otorgada por Bulgaria en favor de Ruse Industry.

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare la nulidad de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2011 relativa a la ayuda estatal C 12/2010 y N 389/2009 otorgada por Bulgaria en favor de Ruse Industry.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que, con arreglo a dicha disposición, lo que la Comisión considera una omisión del Estado a la hora de cobrar las cantidades que se le adeudan no constituye ni una nueva ayuda estatal en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, (1) ni una modificación de una ayuda estatal existente. Además, la demandante alega que no aumenta el riesgo total para el Estado, pero, aun cuando así fuese, ello no podría ser tampoco motivo para calificar de nueva ayuda estatal los hechos controvertidos.

               2)

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 263 TFUE, apartado 2, tercer supuesto, en la medida en que la Comisión, sin indicar prueba alguna y sin señalar ninguna razón, ha asumido indebidamente que el hecho de que las cantidades adeudadas no hayan sido reclamadas por el Estado representa para la sociedad una ventaja contraria a la competencia y es, por tanto, incompatible con el mercado interior.

               3)

               Tercer motivo, basado en la existencia de un vicio de procedimiento porque la Decisión de la Comisión no recoge los motivos que condujeron a la formulación de las conclusiones a las que se llegó.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999, porque en la Decisión impugnada no se indican ni el importe de la cantidad cuya devolución ha de reclamarse a la demandante ni los intereses correspondientes a un tipo adecuado fijado por la Comisión.

      (1)  DO L 83, p. 1.


title: Asunto C-396/11: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Constanța (Rumanía) el 27 de julio de 2011 — Proceso penal contra Ciprian Vasile Radu

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Constanța (Rumanía) el 27 de julio de 2011 — Proceso penal contra Ciprian Vasile Radu
   (Asunto C-396/11)
   2011/C 282/29
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Curtea de Apel Constanța

      Imputado en el proceso principal

   Ciprian Vasile Radu.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y del artículo 6, en relación con los artículos 48 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en relación con los artículos 5, apartados 3 y 4, y 6, apartados 2 y 3, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ¿son normas de Derecho comunitario primario, contenidas en los Tratados constitutivos?

               2)

               La actuación de la autoridad judicial competente del Estado de ejecución de una orden de detención europea, que consiste en la privación de libertad y la entrega coactiva, sin el consentimiento de la persona contra la que se ha dictado la orden de detención europea (la persona buscada para ser detenida y entregada), ¿constituye una injerencia, por el Estado de ejecución de la orden, en el derecho a la libertad individual de la persona buscada para su detención y entrega, reconocido por el Derecho de la Unión, en virtud del artículo 6 TUE, en relación con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en virtud del artículo 6, en relación con los artículos 48 y 52, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en relación asimismo con el artículo 5, apartados 3 y 4, y el artículo 6, apartados 2 y 3, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales?

               3)

               La injerencia del Estado de ejecución de una orden de detención europea en los derechos y garantías previstos en el artículo 5, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el artículo 6, en relación con los artículos 48 y 52, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación asimismo con el artículo 5, apartados 3 y 4, y el artículo 6, apartados 2 y 3, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ¿debe cumplir el requisito de necesidad en una sociedad democrática y de proporcionalidad con respecto al objetivo que se persigue en concreto?

               4)

               ¿La autoridad judicial competente del Estado de ejecución de una orden de detención europea puede desestimar la solicitud de entrega, sin incumplir las obligaciones establecidas en los Tratados constitutivos y en otras normas de Derecho comunitario, porque no concurren todos los requisitos necesarios según el artículo 5, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 6, en relación con los artículos 48 y 52, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en relación asimismo con el artículo 5, apartados 3 y 4, y el artículo 6, apartados 2 y 3, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales?

               5)

               ¿La autoridad judicial competente del Estado de ejecución de una orden de detención europea puede denegar la solicitud de entrega, sin incumplir las obligaciones establecidas en los Tratados constitutivos y en otras normas de Derecho comunitario, por falta de transposición o transposición incompleta o incorrecta (en el sentido de incumplimiento de los requisitos de reciprocidad) de la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI), (1) por parte del Estado emisor de la orden de detención europea?

               6)

               El artículo 5, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 6, en relación con los artículos 48 y 52, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación asimismo con el artículo 5, apartados 3 y 4, y el artículo 6, apartados 2 y 3, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al que remite el artículo 6 TUE, ¿se oponen a la legislación nacional de un Estado miembro de la Unión Europea –Rumanía– en particular al título III de la Ley no 302/2004? ¿Estas normas han adaptado correctamente el Derecho interno a la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI)?

      (1)  Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002, 2002/584/JAI, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1).


title: Recurso interpuesto el 14 de febrero de 1997 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-64/97)

text:
5 . 4 . 97               rjn                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° C 108/15
      del artículo 5 , contiene una disposición transitoria res            Recurso interpuesto el 14 de febrero de 1997 contra la
      pecto a los derechos conferidos por la marca, ¿ son li               República Italiana por la Comisión de las Comunidades
      bres, por lo demás, los Estados miembros para regular                                                      Europeas
      la materia o implican el Derecho comunitario, en gene                                             ( Asunto C-64/97 )
      ral, y la finalidad y el alcance de la Directiva, en parti
      cular, que aquéllos no son plenamente libres al respec                                               ( 97/C 108/28 )
      to, sino que deben atenerse a determinadas
      limitaciones, y, en caso afirmativo, a cuáles;                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                            ha presentado el 14 de febrero de 1997 un recurso contra
b) Si alguien, sin el consentimiento del titular de la mar                 la República Italiana formulado por la Comisión de las
      ca, hace uso de la marca exclusiva de éste para deter                Comunidades Europeas, representada por el Sr. Paolo
      minados productos con la finalidad de anunciar al pú                 Stancanelli, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de
      blico: ( a ) que presta servicios de reparación y                     Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
      mantenimiento de los productos comercializados bajo                   despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
      dicha marca por el titular de la misma o con su con                  Kirchberg.
      sentimiento, o ) b) que es especialista o está especializa
      do en dichos productos, ¿ cabe hablar en el sistema del               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      artículo 5 de la Directiva :
                                                                             1 ) Declare que la República Italiana ha incumplido las
       i)    de uso de la marca para productos idénticos a                         obligaciones que le incumben con arreglo a la Directi
             aquéllos para los que la marca está registrada, en                    va 93/95/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993 ,
             el sentido de la letra a ) del apartado 1 del                         por la que se modifica la Directiva 89/686/CEE sobre
             artículo 5 ;                                                          la aproximación de las legislaciones de los Estados
                                                                                miembros relativas a los equipos de protección indivi
       ii ) de uso de dicha marca para servicios, que debe                         dual ( EPI ) ( ] ), y al Tratado CE, al no adoptar las dis
             considerarse como uso de la marca, en el sentido
                                                                                posiciones legislativas, reglamentarias y administrati
             de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 , o como
                                                                                vas necesarias para atenerse a dicha Directiva .
             uso de la marca en el sentido de la letra b ) del
             apartado 1 del artículo 5 , suponiendo que pueda                2 ) Condene en costas a la República Italiana .
             decirse que existe similitud entre dichos servicios y
             los productos para los que la marca esté registra              Motivos -y principales alegaciones
             da;
       iii ) de uso de la marca en el sentido del apartado 2 del             El artículo 189 del Tratado CE, conforme al cual la Direc
             artículo 5 ; o                                                  tiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al re
                                                                             sultado que deba conseguirse, implica que los Estados
        iv) de uso de la marca en el sentido del apartado 5 del              miembros están obligados a cumplir los plazos para la
              artículo 5 ?                                                   adaptación del Derecho nacional fijados en las Directivas .
                                                                             Dicho plazo finalizó el 29 de enero de 1994, sin que la
 c ) ¿ Tiene importancia para responder a la cuestión b ) el                 República Italiana haya adoptado las disposiciones necesa
        hecho de que se trate del anuncio ( a ) o del anuncio                 rias para atenerse a la Directiva mencionada en las preten
        (b)?                                                                  siones de la Comisión .
 d) Para responder a la cuestión de si el titular de la marca                 (') DO n° L 2 76 de 9 . 11 . 1993 , p . 11 .
        puede oponerse al uso de su marca exclusiva registrada
        para determinados . productos, habida cuenta de lo
         dispuesto en el artículo 7 de la Directiva, ¿ tiene impor
        tancia que se trate del uso al que se refieren los
         incisos i), ii), iii) o iv ) de la cuestión b)?
                                                                              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
  e ) Suponiendo que, en ambos casos o en uno de los casos                    lución del Tribunal Cível da Comarca de Lisboa, I o Juízo,
         descritos en el inicio de la cuestión b), se trate de uso            de fecha 29 de enero de 1997, en el asunto entre Banco de
         de la marca en el sentido bien de la letra a ) bien de la            Fomento e Exterior, SA y CTV — ConfecfSes Texteis de
         letra b) del apartado 1 del artículo 5 , ¿ puede oponerse            Vouzela, SA, Amándio Mauricio Martins Pechim y María
         el titular de la marca únicamente a dicho uso cuando                               da Luz Lima Barros Raposo Pechim
         quien haga tal uso de la marca dé con ello la impre                                              ( Asunto C-66/97 )
         sión de que su empresa forma parte de la organización
                                                                                ( 97/C 108/29 )
          del titular de la marca o puede éste, asimismo, oponer
          se a dicho uso si existe la posibilidad obvia de que por
          la forma en que se utiliza la marca en dichos anuncios               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
          se dé al público la impresión de que la marca es utili              sido sometida una petición de decisión prejudicial median
          zada en gran medida para hacer publicidad de la pro                 te resolución del Tribunal Cível da Comarca de Lisboa ,
          pia empresa como tal sugiriendo determinada calidad ?                I o Juízo, dictada el 29 de enero de 1997, en el asunto en
                                                                               tre Banco de Fomento e Exterior, SA y CTV — Confec^oes
   O DO n° L 40 de 11.2 . 1989 , p. 1 .                                        Texteis de Vouzela , SA, Amándio Mauricio Martins
                                                                               Pechim y Maria da Luz Lima Barros Raposo Pechim, y
                                                                                recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de