title: Asunto T-571/15: Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2015 — Bimbo/OAMI — ISMS (BIMBO BEL SIMPLY MARKET)

text:
               7.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 406/37

         Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2015 — Bimbo/OAMI — ISMS (BIMBO BEL SIMPLY MARKET)
   (Asunto T-571/15)
   (2015/C 406/37)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Bimbo, S.A. (Barcelona) (representante: J. Carbonell Callicó, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: International Supermarket Stores (ISMS) SA (Croix, Francia)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa que contiene el elemento denominativo «BIMBO BEL SIMPLY MARKET» — Solicitud de registro no 1 0 3 35  321

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 17 de julio de 2015 (asunto R 1297/2014-4)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Modifique, de acuerdo con el artículo 65 RMC, apartado 3, la resolución de la Sala de Recurso de 17 de julio de 2015 por la que se desestima la solicitud de marca comunitaria no 1 0 3 35  321 en su totalidad.

               —

               Con carácter subsidiario, y sólo en el supuesto de que se desestime la anterior pretensión, anule la resolución de la Sala de Recurso de 17 de julio de 2015.

               —

               Condene en costas a las demandadas.

      Motivo invocado

               —

               Infracción de los artículos 8, apartados 1, letra b), y 5, 42, apartados 2 y 3, y 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-507/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 17 de diciembre de 2010 — Uspaskich/Parlamento ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la inmunidad de un miembro del Parlamento Europeo — Demanda de suspensión de la ejecución» )

text:
               19.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/24

         Auto del Presidente del Tribunal General de 17 de diciembre de 2010 — Uspaskich/Parlamento
   (Asunto T-507/10 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la inmunidad de un miembro del Parlamento Europeo - Demanda de suspensión de la ejecución)
   2011/C 55/44
   Lengua de procedimiento: lituano

      Partes

      Demandante: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituania) (representante: V. Sviderskis, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: N. Lorenz, A. Pospíšilová Padowska y L. Mašalaite, agentes)

      Objeto

   Demanda de suspensión de la ejecución de la resolución del Parlamento Europeo de 7 de septiembre de 2010, por la que se suspende la inmunidad del demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-307/09: Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2009 — Earle Beauty/OAMI (NATURALLY ACTIVE)

text:
               10.10.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 244/13

         Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2009 — Earle Beauty/OAMI (NATURALLY ACTIVE)
   (Asunto T-307/09)
   2009/C 244/21
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, Reino Unido) (representante: M. Cover, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 11 de mayo de 2009, en el asunto R 27/2009-2 y se declare que la marca comunitaria de que se trata puede publicarse y registrarse.

               —

               Que se condene a la demandada a cargar con las costas del procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «NATURALLY ACTIVE» para productos y servicios comprendidos en las clases 3, 5, 16, 18, 35 y 44

      Resolución del examinador: Desestimó la solicitud de la marca comunitaria

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimó el recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 del Consejo [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 del Consejo], pues la Sala de Recurso erró al declarar que el sintagma «Naturally Active» era normal en la lengua inglesa, siendo por ello un término elogioso fácilmente comprensible por el público en general y careciendo, consiguientemente, de carácter distintivo intrínseco; infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94 del Consejo (actualmente artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 207/2009 del Consejo), pues la Sala de Recurso: (i) erró al declarar que la marca de que se trata no había adquirido carácter distintivo por el uso; y (ii) parece no haber valorado debidamente la prueba objetiva presentada por el solicitante y, por ello, no motivó de manera suficiente y adecuada su conclusión en relación con esta disposición; infracción del artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 40/94 del Consejo (actualmente artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 del Consejo), ya que la Sala de Recurso erró al realizar la comprobación contenida en esta disposición, en relación con sus conclusiones sobre el artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94 del Consejo, respecto de todos los Estados miembros de la Unión Europea, en lugar de realizar la comprobación pertinente sólo respecto de aquellos Estados miembros en que mayoritariamente se habla inglés.


title: Asunto C-449/99 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de 1999 por el Banco Europeo de Inversiones contra la sentencia dictada el 28 de septiembre de 1999 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-140/87, entre Michel Hautem y el Banco Europeo de Inversiones

text:
C 34/16                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        5.2.2000
Recurso de casación interpuesto el 26 de noviembre de                  — Infracción de las normas contractuales aplicables a las
1999 por el Banco Europeo de Inversiones contra la                          relaciones entre el BEI y su personal: el Tribunal de Primera
sentencia dictada el 28 de septiembre de 1999 por la                        Instancia creyó erróneamente que podı́a aplicar «por
Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las                        analogı́a» la norma contenida en el artı́culo 91, apartado 1,
Comunidades Europeas en el asunto T-140/87, entre                           del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades
     Michel Hautem y el Banco Europeo de Inversiones                        Europeas. Al condenar al BEI a pagar, a partir de la fecha
                                                                            del despido, las retribuciones atrasadas, el Tribunal de
                                                                            Primera Instancia se inscribe en una lógica estatutaria que
                       (Asunto C-449/99 P)                                  no cabe aplicar al BEI.
                          (2000/C 34/30)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 26 de noviembre de 1999 un recurso de casación
formulado por el Banco Europeo de Inversiones, representado
por el Sr. Giannangelo Marchegiani, Director de Asuntos
Jurı́dicos, en calidad de Agente, asistido por Me George Vander-
sanden, en calidad de Abogado, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho del Sr. Jean-Philippe Minnaert,
miembro de la Dirección de Asuntos Jurı́dicos, boulevard               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Konrad Adenauer, contra la sentencia dictada el 28 de septiem-          lución del Landesgericht Korneuburg (Austria), de fecha
bre de 1999 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera                  11 de noviembre de 1999, en el asunto entre Seiko
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-140/97,                         Kabushiki Kaisha y Bajrami Sinavere
entre Michel Hautem y el Banco Europeo de Inversiones.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:                                      (Asunto C-450/99)
— Anule los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia dictada por
     el Tribunal de Primera Instancia el 28 de septiembre de                                     (2000/C 34/31)
     1999, en el asunto T-140/97.
— Condene al recurrido a cargar con sus propias costas.                 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        resolución del Landesgericht Korneuburg (Austria), dictada el
                                                                        11 de noviembre de 1999, en el asunto entre Seiko Kabushiki
Motivos y principales alegaciones                                       Kaisha y Bajrami Sinavere, y recibida en la Secretarı́a del
                                                                        Tribunal de Justicia el 26 de noviembre de 1999. El Landesge-
— Calificación errónea de la naturaleza jurı́dica de los hechos,      richt Korneuburg solicita al Tribunal de Justicia que se
     error de motivación. En efecto, el Tribunal de Primera            pronuncie sobre la siguiente cuestión:
     Instancia obró equivocadamente:
     — al considerar que el Sr. Hautem no fue culpable de               El artı́culo 1 del Reglamento (CE) no 3295/94 del Consejo, de
         haber ejercido una actividad profesional de carácter          22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas
         comercial, cuando se da la circunstancia de que sı́            dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica la exportación,
         declaró la culpabilidad, actuando acertadamente esta          la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión
         vez, en el caso similar del Sr. Yasse (en el asunto            de las mercancı́as con usurpación de marca y las mercancı́as
         T-141/97);                                                     piratas (Diario Oficial de las Comunidades Europeas no L 341 de
                                                                        30 de diciembre de 1994), ¿ha de ser interpretado en el sentido
     — al considerar que el Sr. Hautem no se habı́a prevalido           de que este Reglamento también es aplicable a aquellos hechos
         de su adscripción al Banco, que no habı́a implicado al        en los que, mercancı́as como las descritas de modo preciso en
         Banco y que no habı́a utilizado personalmente los              el Reglamento, que se encuentren en tránsito desde un Estado
         medios materiales del Banco;                                   que no es miembro de la Comunidad Europea a otro Estado
                                                                        que no es miembro de la Comunidad Europea, a instancia de
     — al negarse a reconocer valor jurı́dico alguno a la               un titular del derecho que alega la vulneración de sus derechos
         utilización de documentos falsos y de declaraciones           y cuya empresa tiene su domicilio social en un Estado
         falsas en el marco de un procedimiento de despido              miembro, son retenidas provisionalmente en un Estado miem-
         basado en el ejercicio no autorizado de una actividad          bro por autoridades aduaneras de un Estado miembro, que
         comercial;                                                     invoca al efecto el citado Reglamento?
     — al negarse a atribuir importancia al hecho de que la
         esposa del Sr. Hautem hubiera ejercido sin autorización
         una actividad comercial en Andorra.


title: Asunto T-489/11: Sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2013 — Rousse Industry/Comisión ( «Ayudas de Estado — Ayuda concedida por Bulgaria en forma de renuncia de créditos — Decisión que declara esa ayuda incompatible con el mercado interior y ordena su recuperación — Ayuda nueva — Distorsión de la competencia — Obligación de motivación» )

text:
               4.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/18

         Sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2013 — Rousse Industry/Comisión
   (Asunto T-489/11) (1)

   (Ayudas de Estado - Ayuda concedida por Bulgaria en forma de renuncia de créditos - Decisión que declara esa ayuda incompatible con el mercado interior y ordena su recuperación - Ayuda nueva - Distorsión de la competencia - Obligación de motivación)
   2013/C 129/35
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Partes

      Demandante: Rousse Industry (Rousse, Bulgaria) (representantes: A. Angelov y S. Panov, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: C. Urraca Caviedes y D. Stefanov, agentes)

      Objeto

   Demanda de anulación parcial de la Decisión 2012/706/UE de la Comisión, de 13 de julio de 2011, sobre la ayuda estatal SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) concedida por Bulgaria a Ruse Industry (DO 2012, L 320, p. 27).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Rousse Industry cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales.

      (1)  DO C 347 de 26.11.2011.


title: Recurso interpuesto el 19 de mayo de 1998 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Unione provinciale degli agricoltori di Firenze, Azienda agraria Fattoria Giannozzi, Unione pratese degli agricoltori, Consorzio produttori dell'olio tipico di oliva della provincia di Firenze, Società fondiaria colline fiesolane s.r.l., Azienda agraria Fattoria di Maiano, Azienda agraria Tenuta Bossi, Azienda agraria Il Valico y Azienda agraria Il Bottaio (Asunto T-78/98)

text:
25.7.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 234/31
         (decisión publicada en Informations administrati-             (publicado en el Diario Oficial de las Comunidades
         ves no 999, de 12 de agosto de 1997).                         Europeas el 21 de marzo de 1998) «por el que se com-
                                                                       pleta el anexo del Reglamento (CE) no 1107/96 rela-
Ð Condene a la parte demandada al pago de una indem-                   tivo al registro de las indicaciones geograÂficas y de las
    nización de 833 000 francos belgas.                                denominaciones de origen con arreglo al procedi-
                                                                       miento establecido en el artículo 17 del Reglamento
Ð Condene en costas a la parte demandada.
                                                                       (CEE) no 2081/92 del Consejo» en la parte que preveÂ
Motivos y principales alegaciones                                      para Italia, entre los productos contemplados en el
                                                                       Anexo II del Tratado destinados a la alimentación
La demandante se opone a su no inclusión en la lista de                humana Ð materias grasas Ðaceite de olivaÐ la indi-
funcionarios con mayores meÂritos correspondiente al ejer-             cación geograÂfica de procedencia Ð I.G.P. «Toscano»
cicio de promoción de 1997, así como a la negativa de la               con las normas reguladoras fijadas por el Estado ita-
AFPN de promoverla al grado B 2 respecto del mismo                     liano.
ejercicio de promoción.
                                                                   Ð Condene en costas a la parte demandada.
Para fundamentar sus pretensiones, la demandante alega
los siguientes motivos:
                                                                   Motivos y principales alegaciones
Ð Infracción del apartado 2 del artículo 90 y del
    apartado 1 del artículo 2 del Estatuto, así como de la
    Decisión de la Comisión publicada en «Informations             Los demandantes en el presente asunto son dos asociacio-
    administratives» no 498, de 7 de abril de 1986, en             nes regionales que tienen la obligación estatutaria de velar
    cuanto que la decisión impugnada fue firmada por el            por los intereses de los agricultores de sus respectivas pro-
    miembro de la Comisión responsable de las cuestiones           vincias, un consorcio que reuÂne a diversos olivicultores de
    de personal y de Administración, siendo así que uÂnica-        la provincia de Florencia, así como algunos propietarios
    mente tenían competencia para firmarla la Comisión             de propiedades agrícolas de la misma provincia que produ-
    en su conjunto o el Director General de Personal y             cen cantidades considerables de aceites extravírgenes de
    Administración.                                                oliva de Toscana. Todos ellos han venido utilizando hasta
                                                                   la fecha libremente la denominación «Colli Fiorentini» (o
Ð Violación del principio de no discriminación, tal como           «colline di Firenze», o «di Firenze» u otras similares). Se
    se formula en el apartado 3 del artículo 5 del Estatuto,       sienten perjudicados por el Reglamento impugnado, en la
    así como infracción del apartado 1 del artículo 45 del         medida en que eÂste establece la indicación geograÂfica de
    mismo texto legal, en cuanto que en el caso presente           producción «toscano», y por sus respectivas normas regu-
    la AFPN no procedió al examen comparativo de los               ladoras, que imponen la adopción de una uÂnica denomina-
    meÂritos que allí se preveÂ.                                   ción principal comuÂn para todos los aceites toscanos y no
                                                                   permiten un adecuado disfrute de la ulterior indicación
                                                                   «Colli Fiorentini» (u otra anaÂloga). SeguÂn los demandan-
                                                                   tes, esta indicación, que es la uÂnica idónea, en realidad,
                                                                   para diferenciar un producto de renombre de otros
                                                                   muchos maÂs comunes, producidos en otras zonas de Tos-
Recurso interpuesto el 19 de mayo de 1998 contra la                cana, ha quedado relegada a mera especificación de sub-
Comisión de las Comunidades Europeas por Unione pro-               zona.
vinciale degli agricoltori di Firenze, Azienda agraria Fatto-
ria Giannozzi, Unione pratese degli agricoltori, Consorzio
produttori dell'olio tipico di oliva della provincia di            En apoyo de sus pretensiones, los demandantes alegan la
                                                                   infracción de los artículos 2 y 17 del Reglamento (CEE)
Firenze, SocietaÁ fondiaria colline fiesolane s.r.l., Azienda
agraria Fattoria di Maiano, Azienda agraria Tenuta Bossi,          no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, así como
   Azienda agraria Il Valico y Azienda agraria Il Bottaio          del artículo 43 del Tratado constitutivo de la Comunidad
                                                                   Europea. Afirman a este respecto no sólo que la normativa
                       (Asunto T-78/98)                            comunitaria no conoce las «subzonas» ni las «menciones
                         (98/C 234/61)                             geograÂficas adicionales», sino tambieÂn que una «indica-
                                                                   ción geograÂfica protegida», en el sentido del artículo 2 del
             (Lengua de procedimiento: italiano)                   citado Reglamento, articulada y subdividida en dichas
                                                                   «subzonas» o «menciones geograÂficas adicionales» parece
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                   un sinsentido jurídico, ya que dichas articulaciones y sub-
Europeas se ha presentado el 19 de mayo de 1998 un
                                                                   divisiones deberían ser consideradas, en realidad, como
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                   propias y autónomas «denominaciones de origen protegi-
formulado por Unione provinciale degli agricoltori di
                                                                   das». En otros teÂrminos, al tratarse de un producto como
Firenze y otros, representados por el Sr. Vittorio Chierroni,
                                                                   el aceite extravirgen de oliva producido en la zona de los
Abogado de Florencia, que designa como domicilio en
                                                                   Colli Fiorentini que reuÂne, seguÂn los demandantes, todos
Luxemburgo el despacho del Sr. Franco Colussi, rue de
                                                                   los requisitos establecidos en la letra a) del apartado 2 del
Wiltz, 36.
                                                                   artículo 2 del Reglamento no 2081/92, con la indicación
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-           geograÂfica controvertida, que a traveÂs de sus propias nor-
tancia que:                                                        mas reguladoras viene de hecho a articularse en subzonas,
                                                                   se ha relegado a dicho producto a mera especificación de
Ð Anule y/o declare la ilegalidad del Reglamento (CE)              su indicación geograÂfica, con operaciones que tienen maÂs
    no 644/98 de la Comisión de 20 de marzo de 1998                bien visos de un compromiso político que de una legítima
 ---pagebreak--- C 234/32              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    25.7.98
conclusión del procedimiento de reconocimiento de pro-             sificación del demandante en el momento de su incorpora-
ductos de calidad.                                                 ción en el grado 7, escalón 3.
Los demandantes senÄalan por otra parte que el 11 de               El demandante afirma, entre otras cosas, que la EMEA
marzo de 1996 el Director de la Dirección General IV de            incurrió, mediante dicha clasificación, en un error mani-
Agricultura de la Comisión comunicó al Estado italiano la          fiesto de apreciación, al basarse en que no estaba justifi-
inadmisibilidad de la propuesta de denominación de ori-            cada una experiencia profesional de doce anÄos, de ellos
gen «Toscano» articulada en subzonas como «varianti»               cinco de experiencia praÂctica en el aÂmbito especificado en
propuestas el 22 de enero de 1994, es decir, mucho des-            la descripción de las funciones para las que había postu-
pueÂs de transcurrido el plazo senÄalado en el apartado 1          lado. Dicho error manifiesto de apreciación perjudica las
del artículo 17 del Reglamento no 2081/92. Partiendo de            posibilidades de carrera del demandante y vulnera el prin-
esta consideración, los demandantes declaran que no com-           cipio de confianza legítima.
prenden cómo la Comisión ha podido llegar, en definitiva,
a reconocer la indicación geograÂfica de producción «Tos-
cano» con unas normas reguladoras que contienen aque-
llas «varianti», es decir, subzonas, manifiestamente inad-
misibles por cuanto han sido propuestas incumpliendo el
plazo senÄalado en el citado artículo 17.                          Recurso interpuesto el 25 de mayo de 1998 contra la
                                                                   Comisión de las Comunidades Europeas por CIT Belgique
                                                                                S.A.
                                                                                (Asunto T-80/98)
                                                                                (98/C 234/63)
Recurso interpuesto el 23 de mayo de 1998 contra la                             (Lengua de procedimiento: italiano)
Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos por
               Manuel TomaÂs Carrasco Benítez                      En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                      (Asunto T-79/98)                             Europeas se ha presentado el 25 de mayo de 1998 un
                                                                   recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                        (98/C 234/62)                              formulado por CIT Belgique, representada por el Profesor
                                                                   Aurelio Pappalardo, Abogado de Trapani, y por los Sres.
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                   Claudio Tesauro y Francesco Tesauro, Abogados de NaÂpo-
                                                                   les, que designa como domicilio en Luxemburgo el despa-
                                                                   cho del Sr. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 23 de mayo de 1998 un                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
recurso contra la Agencia Europea de Evaluación de Medi-           tancia que:
camentos formulado por el Sr. Manuel TomaÂs Carrasco
Benítez, representado por los Sres. Jean-NoeÈl Louis, VeÂro-
                                                                   Ð Anule la decisión de la Comisión de 23.3.1998 de reti-
nique Leclercq, Ariane Tornel y FrancËoise Parmentier,
                                                                        rar el anuncio de licitación 97/33/IX.C.1, y todos los
Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en
                                                                        actos precedentes, consiguientes y/o relacionados con
Luxemburgo el de Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de
                                                                        la misma y, en particular, la decisión de adjudicación
Cessange.
                                                                        del contrato que tiene por objeto: «prestación de servi-
                                                                        cios de agencia de viaje, para el suministro de billetes
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-                de viaje y servicios conexos, en particular reservas de
tancia que:                                                             hoteles, relativos a los desplazamientos de los funcio-
                                                                        narios y agentes de la Comisión en misión» (DO S de
                                                                        29.4.1998, p. 83).
Ð Anule la decisión de la EMEA por la que se fija la cla-
    sificación del demandante en el grado A/7, escalón 3.
                                                                   Ð Condene a la parte demandada a la indemnización de
                                                                        los danÄos sufridos por CIT como consecuencia de la
Ð Condene en costas a la parte demandada.                               adjudicación ilícita a BBL Travel del contrato de servi-
                                                                        cios de agencia de viajes para funcionarios y agentes
Motivos y principales alegaciones                                       en misión.
                                                                   Ð Condene a la parte demandada al pago de las costas
El demandante, agente temporal de grado A 7, aprobó el                  del presente procedimiento, incluidos los gastos de
concurso-oposición EMEA/A/105. La experiencia reque-                    asistencia jurídica de la demandante.
rida para una clasificación en el grado A 5 era de doce
anÄos, de ellos al menos cinco anÄos de experiencia praÂctica.     Motivos y principales alegaciones
Aun cuando el Director General de la EMEA hubiese indi-            La decisión impugnada constituye el uÂltimo acto de un
cado en un escrito, dirigido al demandante, su intención           procedimiento de licitación seguido por la parte deman-
de contratarlo como agente temporal de grado A 5, el               dada para la adjudicación del contrato de servicios de
Director Ejecutivo de la EMEA fijó definitivamente la cla-         agencia de viaje para funcionarios y agentes en misión.


title: Asunto T-218/17: Recurso interpuesto el 12 de abril de 2017 — HF/Parlamento

text:
               6.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 178/30

         Recurso interpuesto el 12 de abril de 2017 — HF/Parlamento
   (Asunto T-218/17)
   (2017/C 178/44)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: HF (representante: A. Tymen, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare el presente recurso admisible y fundado.
               En consecuencia, que:

               —

               Anule la decisión de 3 de junio de 2016, por la que se desestima la solicitud de ayuda de la demandante de 11 de diciembre de 2014.

               —

               En la medida en que resulte necesario, anule la decisión de 4 de enero de 2017, recibida el 11 de enero de 2017, por la que se desestima la reclamación de la demandante de 6 de septiembre de 2016.

               —

               Condene a la demandada al pago de una indemnización, fijada ex aequo et bono en 90 000 euros, como reparación del perjuicio moral sufrido por la demandante.

               —

               Condene a la demandada a la totalidad de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en una vulneración de los derechos de defensa, en una infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en una vulneración del derecho a ser oído y en una vulneración del principio de contradicción.

               2.

               Segundo motivo, basado en errores de procedimiento que pueden viciar la decisión impugnada y en la parcialidad del procedimiento seguido por el Comité.

               3.

               Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación, en un incumplimiento de la obligación de ayuda y del deber de asistencia y protección y en una infracción de los artículos 12 bis y 24 del Estatuto.


title: Asunto C-474/08: Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/13

         Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
   (Asunto C-474/08)
   (2009/C 32/21)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Patakia y B. Schima, agentes)

      Demandada: Reino de Bélgica
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (1),
               al no haber previsto que en los casos en que se deniegue el acceso a la red de distribución o de transporte se pueda acudir ante la autoridad reguladora para que resuelva mediante decisión vinculante en el plazo de dos meses, con arreglo al artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE,
               y al haber excluido de las competencias de la autoridad reguladora, establecidas en el artículo 23, apartado 2, de dicha Directiva, determinados elementos decisivos para calcular las tarifas.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   En primer lugar, la Comisión alega que no se ha efectuado la adaptación del Derecho belga al artículo 23, apartado 5, de la Directiva 2003/54/CE. A su juicio, las disposiciones pertinentes de la Ley belga relativa a la organización del mercado de la electricidad son tan generales que no permiten determinar con certeza si existe o no un derecho de recurso individual contra las decisiones por las que se deniega el acceso a la red de distribución o de transporte de electricidad. En particular, según la Comisión, dichas disposiciones no establecen ningún marco concreto de procedimiento y no prevén ningún plazo para la respuesta de la autoridad reguladora, en este caso, la Commission nationale de régulation de l'électricité (CRE).
   En segundo lugar, la demandante reprocha a la demandada haber incumplido el artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE, al conferir al Rey, es decir, a una autoridad distinta de la CRE, la facultad de establecer normas particulares sobre amortizaciones y margen de beneficio referentes a inversiones de interés nacional y de interés europeo. Según la Comisión, este procedimiento no es compatible con el artículo antes citado, ya que no parece que la autoridad reguladora tenga, en estos dos supuestos, ninguna influencia sobre las metodologías utilizadas para calcular o fijar las tarifas de transporte y de distribución.

      (1)  DO L 176, p. 37.


title: Asunto T-530/10: Sentencia del Tribunal General de 16 de mayo de 2013 — Reber/OAMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Marcas nacionales denominativas anteriores W. Amadeus Mozart — Falta de uso efectivo de la marca anterior — Artículo 15, apartado 1, párrafo primero y párrafo segundo, letra a), y artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               29.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 189/18

         Sentencia del Tribunal General de 16 de mayo de 2013 — Reber/OAMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)
   (Asunto T-530/10) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM - Marcas nacionales denominativas anteriores W. Amadeus Mozart - Falta de uso efectivo de la marca anterior - Artículo 15, apartado 1, párrafo primero y párrafo segundo, letra a), y artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2013/C 189/34
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Reber Holding GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Alemania) (representantes: O. Spuhler y M. Geitz, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente R. Manea, posteriormente D. Walicka, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, coadyuvante ante el Tribunal General: Anna Klusmeier (Bielefeld, Alemania) (representante: G. Schmitt-Gaedke, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 14 de septiembre de 2010 (asunto R 363/2008-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Reber Holding GmbH & Co. KG y la Sra. Anna Klusmeier.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Reber Holding GmbH & Co. KG, incluidos los gastos indispensables en que incurrió la Sra. Anna Klusmeier con motivo del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

      (1)  DO C 30, de 29.1.2011.


title: Asunto C-100/13: Recurso interpuesto el 27 de febrero de 2013 — Comisión Europea/República Federal de Alemania

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/29

         Recurso interpuesto el 27 de febrero de 2013 — Comisión Europea/República Federal de Alemania
   (Asunto C-100/13)
   2013/C 114/45
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Wilms y G. Zavvos, agentes)

      Demandada: República Federal de Alemania

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la demandante ha infringido las obligaciones que le incumben en virtud de lo establecido en la Directiva 89/106/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, (1) en particular, en el artículo 4, apartado 2, y en el artículo 6, apartado 1, en la medida en que las autoridades alemanas utilizan las normas técnicas de edificación para exigir autorizaciones adicionales para el acceso al mercado efectivo y para la utilización de productos de construcción, en lugar de adoptar los métodos y criterios de valoración prescritos con arreglo a las normas europeas armonizadas.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   Según la Comisión, la demandante ha infringido lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de la Directiva 89/106/CEE. La utilización de las normas técnicas de edificación conduce a que se exijan autorizaciones previas adicionales para el acceso efectivo al mercado y la utilización de esos productos. En muchos casos no se trata de exigencias eventuales en relación con nuevas características. A su entender, más bien se han mantenido las exigencias fijadas antes de la armonización, las cuales podrían y deberían haber sido suprimidas mediante la adopción de los métodos y criterios de valoración exigibles con arreglo al marco armonizado.

      (1)  DO 1989, L 40, p. 12.


title: Asunto C-135/12: Auto del Presidente de la Sala Octava del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2013 — Comisión Europea/República de Polonia

text:
               21.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 377/9

         Auto del Presidente de la Sala Octava del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2013 — Comisión Europea/República de Polonia
   (Asunto C-135/12) (1)

   2013/C 377/20
   Lengua de procedimiento: polaco
   El Presidente de la Sala Octava ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 126, de 28.4.2012.


title: Asunto T-347/14: Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2014 — Yanukovych/Consejo

text:
               4.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 253/39

         Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2014 — Yanukovych/Consejo
   (Asunto T-347/14)
   2014/C 253/53
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucrania) (representante: T. Beazley, QC)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 66, p. 26), en su versión modificada por la Decisión de Ejecución 2014/216/PESC del Consejo, de 14 de abril de 2014 (DO L 111, p. 91), y el Reglamento (UE) no 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014 (DO L 66, p. 1), relativos a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) no 381/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014 (DO L 111, p. 33), en la medida en que afecten al demandante.

               —

               Condene a la parte demandada al pago de las costas de la parte demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos:

               1.

               Primer motivo, basado en que el Consejo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Consejo») carecía de base jurídica adecuada para adoptar la Decisión y el Reglamento. Entre las alegaciones formuladas en apoyo de este motivo figuran las siguientes: a) que la Decisión no cumplía los requisitos para que el Consejo se basara en el artículo 29 TUE. En particular, i) el Consejo no podía, en realidad, fundamentar los objetivos invocados expresamente (consolidación del Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en Ucrania), por lo que indicó entonces motivos (relacionados con la supuesta malversación de fondos del Estado ucraniano y su transferencia ilegal fuera de Ucrania, lo que el demandante niega) que no son compatibles ni están en consonancia con los objetivos alegados del artículo 21 TUE o con cualesquiera otros objetivos de dicho artículo; ii) la Decisión y el Reglamento no se ajustan a otros objetivos indicados en el artículo 21 TUE por cuanto no «consolidan y respaldan la democracia […] [y] los principios del Derecho internacional», especialmente porque afirman erróneamente y se basan en que el Presidente Yanukovych, Presidente legítimo de Ucrania democráticamente elegido, era un «expresidente», en contra del Derecho de Ucrania y del Derecho internacional, y al apoyar a los denominados «Gobierno y Presidentes provisionales», que no han sido elegidos legal y democráticamente, y que asumieron el poder por la fuerza de manera ilegal, contraviniendo el Estado de Derecho, los principios democráticos y el Derecho internacional; b) que no concurrían los requisitos para basarse en el artículo 215 TFUE porque no existía una decisión válida adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea; c) que no había un vínculo suficiente para invocar contra el demandante el artículo 215 TFUE.

               2.

               Segundo motivo, basado en que el Consejo incurrió en desviación de poder. El propósito real del Consejo al adoptar la Decisión (y, por tanto, el Reglamento) fue, en definitiva, tratar de ganarse el favor del denominado «régimen provisional» de Ucrania para que este país estrechara sus vínculos con la UE (estos vínculos más estrechos han sido rechazados por el Presidente de Ucrania democráticamente elegido y su Gobierno), y no las razones indicadas en la Decisión y el Reglamento.

               3.

               Tercer motivo, basado en que el Consejo incumplió su obligación de motivación. La motivación de la Decisión y el Reglamento para incluir al demandante (además de ser errónea) es estereotipada, inadecuada e insuficientemente detallada.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que el demandante no cumplía los criterios establecidos para incluir en la lista a una persona en ese momento. En particular, el Consejo no facilitó la información necesaria, pero el demandante, en la medida en que tiene conocimiento, a) no había sido en ese momento declarado responsable de malversación de fondos del Estado ucraniano o de su transferencia ilegal por un órgano judicial o de otro tipo, y b) no era en ese momento objeto de una investigación por participar en delitos de malversación de fondos del Estado ucraniano y su transferencia ilegal al extranjero.

               5.

               Quinto motivo, basado en que el Consejo incurrió en errores de apreciación manifiestos al incluir al demandante en los actos impugnados. En particular, el Consejo no disponía de pruebas, y en cualquier caso de pruebas «concretas», que demostraran la «exactitud material» de las acusaciones contra el demandante y se basó erróneamente en las afirmaciones del denominado «régimen provisional» ilegítimo, que trataba de usurpar el poder y tenía razones evidentes para realizar dichas afirmaciones con fines ilícitos.

               6.

               Sexto motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y/o del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante. En particular, el Consejo no ha proporcionado al demandante una motivación exhaustiva, que incluya las pruebas contra él, y no le ha facilitado la información ni los documentos concretos que supuestamente justifican la congelación de activos, y el demandante se ha visto obligado interponer el presente recurso en un plazo injustamente breve.

               7.

               Séptimo motivo, basado en que se vulneró el derecho a la propiedad del demandante establecido en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por cuanto, en particular, las medidas restrictivas constituyen una restricción injustificada y desproporcionada de dicho derecho.


title: Asunto C-167/15: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile di Roma — Italia) — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

text:
               22.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/17

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale civile di Roma — Italia) — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri
   (Asunto C-167/15) (1)

   (2017/C 161/22)
   Lengua de procedimiento: italiano
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 245 de 27.7.2015.


title: Asunto C-315/17: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza (España) el 29 de mayo de 2017– Pilar Centeno Meléndez/Universidad de Zaragoza

text:
               14.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/9

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza (España) el 29 de mayo de 2017– Pilar Centeno Meléndez/Universidad de Zaragoza
   (Asunto C-315/17)
   (2017/C 269/13)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Pilar Centeno Meléndez

      Demandada: Universidad de Zaragoza

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si el artículo 4.1 del Convenio incluido como anexo en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio (1), sería aplicable al complemento retributivo de carrera horizontal que pretende la actora, por estar ante una condición de trabajo, o si, por el contrario, estamos ante un concepto retributivo que presenta las características expuestas en este auto y que atiende a la condición subjetiva del perceptor, obtenida por medio de un trabajo desarrollado a lo largo de varios años con arreglo a criterios de progresividad en complejidad y responsabilidad, estabilidad, especialización y profesionalidad.

               2)

               Si aun siendo afirmativa la contestación a la pregunta anterior, y considerándose por el TJUE una condición de trabajo de aquellas a las que se refiere el [artículo] 4.1 del Convenio, estamos ante una diferencia retributiva que responde a razones objetivas que la justifican.

      (1)  Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada

         DO 1999, L 175, p. 43


title: Asunto C-111/04 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de  16 de febrero de 2006  — Adriatica di Navigazione SpA/Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) — Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdo entre empresas — Prueba de la participación de un empresa en una práctica colusoria)

text:
               1.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 154/1

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de febrero de 2006 — Adriatica di Navigazione SpA/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-111/04 P) (1)

   (Recurso de casación - Artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) - Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdo entre empresas - Prueba de la participación de un empresa en una práctica colusoria)
   (2006/C 154/02)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Adriatica di Navigazione SpA (representantes: M. Siragusa y F. Moretti, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal y L. Pignataro, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 11 de diciembre de 2003, Adriatica di Navigazione/Comisión (T-61/99), por la que se desestima por infundado un recurso en el que se solicitaba la anulación de la Decisión de la Comisión de 9 de diciembre de 1998, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.466 — Transbordadores griegos)
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Desestimar la adhesión a la casación de la Comisión de las Comunidades Europeas.

               3)

               Condenar a Adriatica di Navigazione SpA a cargar con el 90 % de las costas.

               4)

               Condenar a la Comisión de las Comunidades Europeas a cargar con el 10 % de las costas.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto C-277/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2014  — Comisión Europea/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 96/67/CE — Artículo 11 — Transporte aéreo — Servicio de asistencia en tierra — Selección de agentes de asistencia en tierra)

text:
               17.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 409/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2014 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-277/13) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Directiva 96/67/CE - Artículo 11 - Transporte aéreo - Servicio de asistencia en tierra - Selección de agentes de asistencia en tierra))
   2014/C 409/19
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Guerra e Andrade y F.W. Bulst, agentes)

      Demandada: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, T. Falcao y V. Moura Ramos, agentes)

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad, al no haber adoptado las medidas necesarias para que se organice un procedimiento de selección de los agentes autorizados para prestar servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro, en lo que atañe a los «equipajes», a las «operaciones en pista» y a la «carga y correo», de conformidad con el citado artículo.

               2)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 233, de 10.8.2013.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 29 de junio de 1995 en el asunto C-56/94 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Piacenza): SCAC Srl contra Associazione dei Produttori Ortofrutticoli (ASIPO) [Organización común de mercados - Productos transformados a base de tomate - Límite a la concesión de la ayuda a la producción - Determinación de las cuotas - Validez del Reglamento (CEE) no 668/93]

text:
N° C 229/6              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       2 . 9 . 95
n° 3201 /90 de la Comisión, de 16 de octubre de 1990, sobre           del Tratado CE, por el Tribunale di Piacenza ( Italia ),
modalidades de aplicación para la designación y presenta             destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
ción de los vinos y mostos de uva ( 3 ), el Tribunal de Justicia      órgano jurisdiccional entre SCAC Srl y Associazione dei
( Sala Sexta ), integrado por los Sres .: F.A. Schockweiler,          Produttori Ortofrutticoli ( ASIPO ), una decisión prejudicial
Presidente de Sala ; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.L.                sobre la interpretación y la validez del apartado 2 del
Murray ( Ponente ) y G. Hirsch, Jueces; Abogado General : Sr.         artículo 1 del Reglamento ( CEE ) n° 668/93 del Consejo, de
P. Léger; Secretario : Sr. H.A. Rühl, administrador principal,        17 de marzo de 1993 , relativo al establecimiento de un límite
ha dictado el 29 de junio de 1995 una sentencia cuyo fallo es         a la concesión de la ayuda a la producción de productos
el siguiente:                                                         transformados a base de tomate ( 2 ), el Tribunal de Justicia
                                                                      ( Sala Sexta ), integrado por los Sres .: F.A. Schockweiler
1 ) El apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE)                 (Ponente ), Presidente de Sala ; P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini,
      n° 3201 /90 de la Comisión, de 16 de octubre de 1990,
                                                                      J.L. Murray y G. Hirsch, Jueces; Abogado General: Sr . D.
      sobre modalidades de aplicación para la designación y           Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario : Sra . L. Hewlett, adminis
      presentación de los vinos y mostos de uva debe
      interpretarse en el sentido de que no se opone a que en la      tradora ; ha dictado el 29 de junio de 1995 una sentencia
      etiqueta de los « Qualitätsweine mit Pradikat» (vinos de        cuyo fallo es el siguiente :
      calidad con mención) se reproduzcan las menciones
      « Kabinett» , « Spatlese » o «Auslese », además de su           1 ) El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
      indicación reglamentaria (con caracteres del mismo tipo               n° 668/93 del Consejo, de 17 de marzo de 1993, relativo
      y altura que el nombre de la región determinada o de una              al establecimiento de un límite a la concesión de la ayuda
      unidad geográfica de ámbito menor que la región                       a la producción de productos transformados a base de
      determinada) una vez más con caracteres de tipo                       tomate, debe interpretarse en el sentido de que cuando,
      distinto y de mayores dimensiones, de forma que capten                durante una campaña de comercialización, una empresa
      especialmente la atención como componentes de un                      de transformación ba realizado una transferencia de
      nombre de marca .                                                     tomate fresco de la categoría « tomate pelado » a la
                                                                            categoría « concentrado » u « otros productos a base de
2 ) El primer guión de la letra a) del párrafo primero y el                 tomates », sólo las cantidades realmente producidas por
      párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3 del                     esta empresa en cada categoría, tomando en considera
      Reglamento (CEE) n° 3201 /90, antes citado, deben                     ción la transferencia realizada, serán tenidas en cuenta
      interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en             durante la campaña de comercialización siguiente para
      los « Qualitätsweine b.A. » (vinos alemanes de calidad                el reparto de las cantidades máximas entre las empresas
      producidos en regiones determinadas) la mención                       de transformación por parte del Estado miembro de que
       « Weiβberbst» se reproduzca en la etiqueta, además de                se trate.
      haberla indicado con los caracteres utilizados para la
      designación de la región determinada, una vez más con
      caracteres de mayores dimensiones y de forma que capte          2 ) El examen del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento
      especialmente la atención como parte integrante de una                (CEE) n° 668/93 no ha revelado ningún elemento que
      marca .
                                                                            pueda afectar a la validez de esta disposición.
(') DO n° C 27 de 28 . 1 . 1994 .                                     (') DO n° C 90 de 26 . 3 . 1994 .
( 2 ) DO n° L 232 de 9 . 8 . 1989 , p . 13 .                          ( 2 ) DO n° L 72 de 25 . 3 . 1993 , p . 1 .
( 3 ) DO n° L 309 de 8 . 11 . 1990, p . 1 .
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                             ( Sala Sexta)                                                        ( Sala Quinta )
                     de 29 de junio de 1995                                                de 29 de junio de 1995
en el asunto C-56/94 (petición de decisión prejudicial                en los asuntos acumulados C-109/94, C-207/94 y
planteada por el Tribunale di Piacenza ): SCAC Srl contra             C-225/94 : Comisión de las Comunidades Europeas contra
     Associazione dei Produttori Ortofrutticoli ( ASIPO ) ( ] )                             República Helénica ( J )
[Organización común de mercados — Productos transfor                  (Incumplimiento de Estado — Directivas 90/61 8/CEE,
mados a base de tomate — Límite a la concesión de la ayuda             88/357/CEE y 90/619/CEE — No adaptación del Derecho
 a la producción — Determinación de las cuotas — Validez                                     interno — Seguros)
               del Reglamento (CEE) n° 668/93]                                                   ( 95/C 229/ 12
                           ( 95/C 229/11 )
                                                                                (Lengua de procedimiento: griego)
              (Lengua de procedimiento: italiano)
 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal            cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                             de Justicia »)                                                        de Justicia »)
En el asunto C-56/94, que tiene por objeto una petición                En los asuntos acumulados C-109/94 , C-207/94 y
dirigida al Tribunal de Justicia , con arreglo al artículo 177         C-225/94 , Comisión de las Comunidades Europeas


title: Asunto T-401/11 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de julio de 2011 por Livio Missir Mamachi di Lusignano contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 12 de mayo de 2011 en el asunto F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Comisión

text:
               24.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/38

         Recurso de casación interpuesto el 27 de julio de 2011 por Livio Missir Mamachi di Lusignano contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 12 de mayo de 2011 en el asunto F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Comisión
   (Asunto T-401/11 P)
   2011/C 282/73
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Bélgica) (representantes: F. Di Gianni, R. Antonini, G. Coppo y A. Scalini, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 12 de mayo de 2011 dictada en el asunto F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Comisión Europea, por la que se desestimó el recurso interpuesto por Livio Missir Mamachi di Lusignano con arreglo a los artículos 236 CE y 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios, mediante el que solicitaba la anulación de la decisión de la APN de 3 de febrero de 2009 y la condena de la Comisión al pago de una compensación por los daños morales y materiales derivados del asesinato de Alessandro Missir Mamachi di Lusignano y de su consorte.

               —

               Condene a la Comisión a pagar al recurrente y a los causahabientes de Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, representados por el primero, una cantidad en concepto de resarcimiento de los daños morales y materiales sufridos por éstos, así como del daño moral sufrido por la víctima antes de su muerte.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que, a juicio del recurrente, el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error al declarar inadmisible la pretensión de resarcimiento de los daños morales sufridos por el recurrente, por Alessandro Missir y por sus herederos.
               En apoyo de este motivo el recurrente sostiene, en primer lugar, que el Tribunal de la Función Pública aplicó de manera ilógica, errónea y discriminatoria la denominada regla de la concordancia, que exige identidad de causa y objeto exclusivamente entre la reclamación presentada con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, y el recurso presentado con arreglo al artículo 90, apartado 1 del Estatuto, y no entre la demanda presentada con arreglo al artículo 90, apartado 1, y la reclamación en virtud del artículo 90, apartado 2. En segundo lugar, el recurrente alega que la interpretación de la regla de la concordancia realizada por el Tribunal de la Función Pública impone una limitación al ejercicio del derecho fundamental a una protección judicial efectiva sancionado, entre otros, por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               2)

               Segundo motivo, según el cual el Tribunal de la Función Pública consideró incorrectamente que la Comisión sólo era responsable de un 40 % de los daños causados.
               En apoyo de este motivo el recurrente sostiene que el Tribunal de la Función Pública valoró erróneamente la relación entre el comportamiento ilícito de la Comisión y las posibles consecuencias de dicho comportamiento omisivo, ya que el daño provocado al funcionario fue consecuencia directa y previsible de la conducta negligente de la institución. Además, el recurrente alega que, aunque el daño fuera provocado por varias causas concurrentes, la Comisión debe ser considerada responsable solidariamente del asesinato y del resarcimiento del daño. En consecuencia, la pretensión de resarcimiento de los daños ejercitada por el recurrente frente a la Comisión debe admitirse al 100 %.

               3)

               Tercer motivo, según el cual el Tribunal de la Función Pública consideró erróneamente que la Comisión, debido a las prestaciones estatutarias ya efectuadas a favor de los herederos de Alessandro Missir, había resarcido por completo el daño del que es responsable.
               En apoyo de este motivo el recurrente aduce que, a la luz de los principios deducibles de una jurisprudencia comunitaria constante, las prestaciones estatutarias distintas a las contempladas en el artículo 73 no pueden converger para resarcir el daño, puesto que se trata de prestaciones que difieren del resarcimiento del daño de Derecho común en cuanto a su causa, presupuestos y finalidad. En consecuencia, dado que la Comisión no ha resarcido íntegramente el daño del que es responsable, debe ser condenada a pagar al recurrente los importes suficientes para garantizar el pleno resarcimiento de los daños sufridos por el funcionario asesinado y por sus causahabientes.


title: Asunto C-420/05 P: Recurso de casación interpuesto el  28 de noviembre de 2005  por Ricosmos B.V. contra la sentencia dictada el  13 de septiembre de 2005  por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-53/02, Ricosmos contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               22.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/1

         Recurso de casación interpuesto el 28 de noviembre de 2005 por Ricosmos B.V. contra la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2005 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-53/02, Ricosmos contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-420/05 P)
   (2006/C 96/02)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 28 de noviembre de 2005 un recurso de casación formulado por Ricosmos B.V., representada por los Sres. J.J.M. Hertoghs y J.H. Peek, del despacho de abogados Hertoghs advocaten-belastingkundigen, Parkstraat 8, (4818 SK) Breda, Países Bajos, contra la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) en el asunto T-53/02, Ricosmos B.V. contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare la admisibilidad y procedencia de su recurso de casación.

               —

               Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2005.

               —

               Estime el recurso en primera instancia para que se anule la Decisión de la Comisión REM 09/00, de 16 de noviembre de 2001, por la que se declara que la condonación de los derechos de importación en beneficio de la demandante no está justificada.

               —

               O, subsidiariamente, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas, tanto en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia como en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso de casación interpuesto contra la sentencia antes mencionada, la recurrente alega lo siguiente:

               1)

               La recurrente opina que el Tribunal de Primera Instancia partió de una interpretación errónea, o en cualquier caso demasiado restrictiva, de los artículos 905 a 909 del Reglamento de Aplicación del CAC (1), entre otros, por lo que se refiere a la devolución y/o condonación de los derechos de aduana. En efecto, el principio de seguridad jurídica exige que la situación jurídica de Ricosmos sea previsible en el caso concreto. Según Ricosmos, éste no fue el caso en el presente asunto debido a determinadas suspensiones del procedimiento que desconocía. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia partió indebidamente de una visión demasiado restrictiva del derecho de defensa, al interpretar de una forma demasiado estricta el derecho de acceso, en plazo, al expediente completo (tanto al expediente de la aduana nacional como al de la Comisión).

               2)

               Asimismo, la recurrente opina que la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia es contraria al Derecho comunitario. Entiende que el principio de seguridad jurídica también implica que los criterios para determinar la inexistencia de negligencia manifiesta han de ser claros y precisos. Justamente debido a la relativa elasticidad del concepto de negligencia manifiesta deben interpretarse estos criterios, en principio, de forma limitativa y caso por caso. La negligencia debe ser evidente y fundamental y además guardar una clara relación de causalidad con una determinada situación particular. A este respecto, la recurrente considera que en el presente asunto el Tribunal de Primera Instancia, por una parte, no dio, injustificadamente, ninguna importancia, o dio una importancia insuficiente, a la complejidad de la normativa y a la relativa experiencia profesional de la recurrente y, por otra, interpretó erróneamente una serie de obligaciones que le incumbían a la recurrente, o al menos las enfocó de manera demasiado formalista.

               3)

               La recurrente entiende igualmente que la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad y que el Tribunal de Primera Instancia no dio ninguna importancia, o al menos no dio la importancia suficiente, a unos nuevos hechos de los que se desprende que no procedía recaudar los derechos de aduana.

               4)

               Por último, la recurrente opina que la determinación por parte del Tribunal de Primera Instancia de los hechos que dieron lugar al procedimiento es parcialmente incorrecta, o al menos incompleta.

      (1)  Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 253, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de mayo de 1999 en los asuntos acumulados T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 y T-130/97 Moccia Irme SpA y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas («Recurso de anulación - Ayudas de Estado - Tratado CECA - Quinto Código de ayudas a la siderurgia - Requisito de regularidad de la producción en el sentido del apartado 2 del artículo 4 del Quinto Código de ayudas a la siderurgia»)

text:
28.8.1999                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 246/25
2) Se declara la inadmisibilidad de las peticiones de consolidación        Casilina SpA, con domicilio social en Montecompatri (Italia),
    de carrera formuladas en los dos recursos.                              Dora Ferriera Acciaieria Srl, con domicilio social en Bérgamo,
                                                                            Ferriera Lamifer SpA, con domicilio social en Travagliato
3) Se desestima el recurso en el asunto T-112/96.                           (Italia), representadas por los Sres. Carmine Punzi y Filippo
                                                                            Satta, Abogados de Roma, que designa como domicilio en
4) En el asunto T-115/96, se anula la decisión de la Comisión de          Luxemburgo el despacho de Me Charles Turk, 13 A, avenue
    1 de diciembre de 1995, en la medida en que mediante ella se            Guillaume, Nuova Sidercamuna SpA, con domicilio social en
    deniega la petición formulada con carácter subsidiario por el         Berzo Inferiore (Italia), representada por los Sres. Enrico
    demandante de que se le conceda el beneficio de la interinidad.         A. Raffaelli, Abogado de Milán, Ivo Van Bael, Abogado de
                                                                            Bruselas, y Fabrizio Di Gianni, Abogado de Roma, que designa
5) Se condena a la Comisión a pagar al demandante las mensualida-          como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Freddy
    des del emolumento complementario a que se refiere el artı́culo 7,      Brausch, 11, rue Goethe, contra Comisión de las Comunidades
    apartado 2, del Estatuto, a la que habrı́a tenido derecho si            Europeas (Agentes: Sres. Paul Nemitz, Enrico Altieri, Sra. Laura
    hubiese obtenido una respuesta favorable a su petición de que se       Pignataro y Sr. Massimo Moretto) que tiene por objeto varios
    le concediese la interinidad, más los correspondientes intereses de    recursos de anulación de las Decisiones 96/678/CECA de la
    demora al tipo del 4,5 % anual a partir de las fechas en las que        Comision, de 30 de julio de 1996, y 97/258/CECA de la
    deberı́an haberse pagado dichas mensualidades, a partir del 30          Comisión, de 18 de diciembre de 1996, relativas a las ayudas
    de diciembre de 1995 y hasta su completo pago.                          que Italia proyecta conceder en el marco del programa
                                                                            de reestructuración del sector siderúrgico privado italiano
6) Se desestima en todo lo demás el recurso en el asunto T-115/96.         (respectivamente DO L 316, p. 24, y DO L 102; p. 42), el
                                                                            Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada), inte-
7) En el asunto T-112/96, cada parte cargará con sus propias               grado por el Sr. M. Jaeger, Presidente; el Sr. K. Lenaerts, la Sra.
    costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre           V. Tiili y los Sres. J. Azizi y P. Mengozzi, Jueces; Abogado
    medidas provisionales. La Unión Sindical — Bruselas cargará           General: Sr. H. Jung, ha dictado el 12 de mayo de 1999 una
    con sus propias costas.                                                 sentencia cuyo fallo es el siguiente:
8) En el asunto T-115/96, la Comisión cargará con sus propias             1) Se desestiman los recursos.
    costas y con dos tercios de las costas contraidas por el demandante,    2) Se condena a las partes demandantes a cargar con sus propias
    que cargará con un tercio de sus costas. La Unión Sindical —               costas, ası́ como, solidariamente, con las costas en que haya
    Bruselas cargará con sus propias costas.                                    incurrido la Comisión.
(1) DO C 269 de 14.9.1996 y C 294 de 5.10.1996.                             (1) DO C 40 de 8.2.97 y C 199 de 28.6.97.
                                                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                                       de 19 de mayo de 1999
                                                                            en el asunto T-214/96, Bernard Connolly contra Comisión
                      de 12 de mayo de 1999                                                  de las Comunidades Europeas (1)
en los asuntos acumulados T-164/96, T-165/96, T-166/96,                     (Funcionarios — Artı́culo 90, apartado 1, del Estatuto —
T-167/96, T-122/97 y T-130/97 Moccia Irme SpA y otros                       Recurso de indemnización — Procedimiento administrativo
     contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)                             previo no conforme al Estatuto — Inadmisibilidad)
                                                                                (1999/C 246/51)
(«Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Tratado
CECA — Quinto Código de ayudas a la siderurgia —
Requisito de regularidad de la producción en el sentido del                                   (Lengua de procedimiento: francés)
apartado 2 del artı́culo 4 del Quinto Código de ayudas a la
                              siderurgia»)                                  En el asunto T-214/96, Bernard Connolly, antiguo funcionario
                                                                            de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
                                                                            en Everberg (Bélgica), representado por Mes Jacques Sambon y
                           (1999/C 246/50)                                  Pierre-Paul Van Gehuchten, Abogados de Bruselas, que designa
                                                                            como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Louis
                                                                            Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contra Comisión de las
                 (Lengua de procedimiento: italiano)                        Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Gianluigi Valsesia y
                                                                            Julian Currall), que tiene por objeto una solicitud de reparación
En los asunto acumulados T-164/96, T-165/96, T-166/96,                      de los perjuicios material y moral que el demandante considera
T-167/96, T-122/97 y T-130/97, Moccia Irme SpA, con                         haber sufrido como consecuencia de la publicación en la
domicilio social en Nápoles, representada por los Sres. Emilio             prensa de varias informaciones y declaraciones que le afectan,
Cappelli, Paolo de Caterini y Andrea Bandini, Abogados de                   el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera)), integrado por
Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo el despa-                    los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente, J. Pirrung y M. Vilaras,
cho de Me Charles Turk, 13 A, avenue Guillaume, Prolafer Srl,               Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 19 de mayo de
con domicilio social en Bérgamo (Italia), Ferriera Acciaieria               1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto C-141/06: Recurso interpuesto el  15 de marzo de 2006  — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

text:
               20.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/6

         Recurso interpuesto el 15 de marzo de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-141/06)
   (2006/C 121/10)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Aresu y J.R. Vidal Puig, agentes)

      Demandada: Reino de España
   Pretensiones

               —

               Que se declare que, al no haber adoptado, por lo que se refiere a los servicios financieros distintos de los seguros privados, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la Directiva 2002/65/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros prestados a consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE (2) del Consejo y las Directivas 97/7/CE (3) y 98/27/CE (4) y en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva;

               —

               Que se condene en costas al Reino de España.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Directiva 2002/65/CEE finalizó el 9 de octubre de 2004.

      (1)  DO no L 271, p. 16

      (2)  DO no L 330, p. 50

      (3)  DO no L 144, p. 19

      (4)  DO no L 166, p. 51


title: Asunto C-199/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la cour d'appel de Bruxelles, de fecha 28 de abril de 2005, en el asunto entre Comunidad Europea y Etat Belge

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/26

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la cour d'appel de Bruxelles, de fecha 28 de abril de 2005, en el asunto entre Comunidad Europea y Etat Belge
   (Asunto C-199/05)
   (2005/C 182/49)
   Lengua de procedimiento: francés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución de la cour d'appel de Bruxelles dictada el 28 de abril de 2005, en el asunto entre Comunidad Europea y Etat Belge, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de mayo de 2005.
   La cour d'appel de Bruxelles solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               El artículo 3, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, que prevé que los Gobiernos de los Estados miembros adoptarán las disposiciones apropiadas para la remisión o el reembolso de los derechos indirectos y de los impuestos sobre la venta, ¿debe interpretarse en el sentido de que incluye en su ámbito de aplicación un derecho proporcional que grava las sentencias y resoluciones de juzgados y tribunales, dictadas en cualquier clase de materias, que dispongan la condena al pago o la liquidación de cantidades de dinero o de valores mobiliarios?

               2)

               El artículo 3, párrafo tercero, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, que dispone que no se concederá ninguna exención de impuestos, tasas y derechos que constituyan una simple remuneración de servicios de utilidad pública, ¿debe interpretase en el sentido de que constituye la simple remuneración de un servicio de utilidad pública un tributo que, devengado al término de los procesos judiciales, grava a la parte que resulta vencida y que es condenada al pago de una cantidad determinada?


title: Asunto C-46/03: Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2003 contra la Comisión por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

text:
22.3.2003              ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 70/17
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     b.   una posterior decisión adoptada en fecha descono-
                                                                                cida para el Reino Unido en diciembre de 2002 o
—    Declare que la República Italiana ha incumplido las                           enero de 2003 por la que se libera este importe;
     obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2,
     apartado 1, de la Directiva 2000/77/CE del Parlamento                    c.   todo acto adoptado con arreglo a dichas decisiones,
     Europeo y del Consejo, por la que se establecen los
                                                                                incluyendo el acto de liberar este importe;
     principios relativos a la organización de los controles
     oficiales en el ámbito de la alimentación animal y del
     Tratado CE, al no haber adoptado las disposiciones                       d.   una decisión de la Comisión contenida en el escrito
     legales, reglamentarias y administrativas necesarias para                     de 22 de noviembre de 2002 por la que se dicta una
     dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva                        orden de ingreso por un importe de 9 272 767 EUR
     o, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas                           de dinero del FEDER entregado al Reino Unido en
     disposiciones.                                                                relación con los gastos efectuados en el MST 2; y
—    Condene a la República Italiana al pago de las costas del                e.   todo acto adoptado con arreglo a dicha decisión.
     procedimiento.
                                                                        2)    Con arreglo al artículo 231 CE, declare sin valor ni efecto
                                                                              alguno todas las medidas mencionadas.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        3)    Con arreglo al artículo 241 CE, declare que, en el caso de
El artículo 249 CE, según el cual la Directiva obligará al                    que la interpretación que hace la Comisión del artículo 52,
Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba                   apartado 5, del Reglamento no 1260/1999 (1) y/o del
conseguirse, implica la obligación de los Estados miembros de                 artículo 10 del anexo a la Decisión C(92) 1358/8 de la
respetar los plazos establecidos en las Directivas para adaptar               Comisión sea correcta, las referidas medidas no son
sus Derechos internos a éstas. El referido plazo expiró el 29 de              aplicables contra el Reino Unido.
diciembre de 2001 sin que la República Italiana hubiera
promulgado las disposiciones necesarias para dar cumpli-                4)    Ordene a la Comisión cargar con las costas del proceso.
miento a lo dispuesto en la Directiva mencionada en las
pretensiones de la Comisión.
                                                                        Motivos y principales alegaciones
Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2003 contra la                   1)   La lib eració n d e          1 1 63 2 6 0 0      EUR d e
Comisión por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda                        ay ud a del FED ER
                             del Norte
                        (Asunto C-46/03)                                El demandante alega que, al concluir que el Reino Unido había
                                                                        infringido el artículo 52, apartado 5, del Reglamento no 1260/
                                                                        1999, y en sus conclusiones sobre el efecto de dicha infracción,
                          (2003/C 70/27)
                                                                        la Comisión incurrió en un error de Derecho y/o cometió un
                                                                        error de interpretación y/o cometió un error manifiesto de
                                                                        apreciación.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 7 de febrero de 2003 un recurso contra la
Comisión formulado por el Reino Unido de Gran Bretaña e                 El demandante sostiene que la sanción impuesta en el ar-
Irlanda del Norte, representado por P. Ormond, en calidad de            tículo 52, apartado 5, del Reglamento sólo es aplicable si no
agente, asistido por D. Lloyd Jones QC y S. Lee, Barristers, que        se ha recibido una solicitud de pago definitivo a más tardar el
designa domicilio en Luxemburgo.                                        31 de marzo de 2001 y que el Reglamento sólo exige que se
                                                                        haya recibido una solicitud de pago definitivo en la fecha
                                                                        establecida. El Reglamento no requiere una forma particular
El demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     para la presentación de una solicitud.
1)   Con arreglo a los artículos 230 CE y 231 CE, anule las
     siguientes medidas:                                                En concreto, el Reglamento no exige que una solicitud de pago
                                                                        definitivo se efectúe en el formulario tipo del FEDER de
     a.    una decisión de la Comisión contenida en un escrito          Certificación de Gastos que normalmente se emplea a estos
           de 22 de noviembre de 2002 por la que se libera la           efectos. Por tanto, la Comisión incurrió en un error de Derecho
           cantidad de 11 632 600 EUR en relación con gastos            al concluir que el hecho de no presentar una solicitud de pago
           efectuados en el programa operativo Manchester/              definitivo en dicha forma conducía a la imposición de la
           Salford/Trafford 2 (MST 2);                                  sanción establecida en el artículo 52, apartado 5.
 ---pagebreak--- C 70/18                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                         22.3.2003
El demandante aduce que los documentos transmitidos a la                   Recurso interpuesto el 10 de febrero de 2003 contra la
Comisión constituían una solicitud de pago definitivo con                  República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
arreglo al artículo 52, apartado 5 y que al estimar lo contrario                                      des Europeas
la Comisión incurrió en un error de Derecho y/o cometió un
error manifiesto de apreciación.                                                                   (Asunto C-48/03)
                                                                                (2003/C 70/28)
Alega asimismo que la interpretación que la Comisión hace
del Reglamento vulnera los principios de seguridad jurídica y
de proporcionalidad.
                                                                           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                           presentado el 10 de febrero de 2003 un recurso contra la
El demandante alega que si la interpretación que la Comisión               República Portuguesa formulado por la Comisión de las
hace del artículo 52, apartado 5, del Reglamento y/o del anexo             Comunidades Europeas, representada por la Sra. Ana Maria
a su Decisión C(92) 1358/8 es correcta, la naturaleza absoluta             Alves Vieira, en calidad de agente, que designa domicilio en
de estas disposiciones es contraria al principio de proporciona-           Luxemburgo.
lidad. Además, estas disposiciones vulneran el principio de
seguridad jurídica en la medida en que su redacción no
es suficientemente clara y precisa, y aduce que, en estas                  La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
circunstancias, en virtud del artículo 241 CE, las disposiciones
del Reglamento y de la Decisión no son aplicables contra el                —     Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
Reino Unido.                                                                     obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto
                                                                                en la Directiva 2000/16/CE ( 1) del Parlamento Europeo y
                                                                                del Consejo, de 10 de abril de 2000, por la que se
El demandante sostiene que la decisión de la Comisión                            modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a
contenida en su escrito de 22 de noviembre de 2002 no                            la comercialización de los piensos compuestos y la
expone los principales elementos de hecho y de Derecho en                        Directiva 96/25/CE del Consejo sobre la circulación de
que se basa y, por tanto, debería ser anulada por falta de                       materias primas para la alimentación animal, al no
motivación.                                                                      haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
                                                                                y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
                                                                                dispuesto en dicha Directiva y, en cualquier caso, al no
                                                                                haberlas notificado a la Comisión.
2)    L a d e c i si ó n d e e x i gi r l a r e st i tu c i ón d e         —     Condene en costas a la República Portuguesa.
      9 2 7 2 76 7 E UR de ay uda de l F E D E R
                                                                           Motivos y principales alegaciones
El demandante alega que la decisión contenida en el escrito de
22 de noviembre de 2002 por la que la Comisión notificó al
Reino Unido su obligación de emitir una orden de ingreso por               El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva
importe de 9 272 767 EUR ha de anularse por los siguientes                 expiró el 2 de mayo de 2001.
motivos:
                                                                           (1 ) DO L 105 de 6.5.2000, p. 36.
—      la Comisión incurrió en un error de Derecho y/o cometió
       un error de interpretación y/o cometió un error mani-
       fiesto de apreciación;
—      la decisión vulneraba los principios de buena administra-
       ción, solidaridad comunitaria, cooperación regional y el
       principio de cooperación entre las instituciones comuni-            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
       tarias y los Estados miembros (artículo 10 CE);                     lución de la Cour d’appel de Rennes, de fecha 5 de febrero
                                                                           de 2003, en el asunto entre Alain Rousseau y Association
                                                                           Comité Économique Regional Fruits et Légumes de Bre-
—      falta de motivación adecuada.                                                               tagne (CERAFEL)
                                                                                (Asunto C-49/03)
( 1) Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de
     1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los
                                                                                (2003/C 70/29)
     Fondos Estructurales (DO L 161, 26.6.1999, p. 1).
.
                                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
                                                                           sometida una petición de decisión prejudicial mediante


title: Asunto C-435/08: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

text:
               12.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 220/30

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-435/08) (1)

   2009/C 220/59

      Lengua de procedimiento: polaco

   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 301, de 22.11.2008.


title: Asunto C-372/07: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 6 de agosto de 2007 — Nicole Hassett y Cheryl Doherty, The Medical Defence Union Limited y MDU Services Limited/Raymond Howard y Brian Davidson

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 6 de agosto de 2007 — Nicole Hassett y Cheryl Doherty, The Medical Defence Union Limited y MDU Services Limited/Raymond Howard y Brian Davidson
   (Asunto C-372/07)
   (2007/C 283/10)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Supreme Court, Irlanda
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Nicole Hassett y Cheryl Doherty

      Recurrentes: The Medical Defence Union Limited y MDU Services Limited

      Recurridas: Raymond Howard y Brian Davidson
   Cuestión prejudicial
   En el caso de médicos que constituyen una organización de defensa mutua que reviste la forma de una sociedad, constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro, con la finalidad de prestar asistencia e indemnizaciones a sus miembros en activo en ese y en otro Estado miembro en relación con su actividad profesional, siendo así que la prestación de tales asistencia e indemnizaciones depende de la decisión que adopte el consejo de administración de esa sociedad, según lo dispuesto en sus estatutos sociales, de forma enteramente discrecional, ¿los procesos en los que un médico que ejerce en el otro Estado miembro impugna una decisión por la que se le deniega asistencia o indemnización con arreglo a tal disposición al considerar que tal decisión implica el incumplimiento por la sociedad de derechos contractuales o de otros derechos legales del médico afectado, deben considerarse procesos que tienen por objeto la validez de una decisión de un órgano de esa sociedad a los efectos del artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) no 44/2001 (1) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de manera que son exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que la sociedad esté domiciliada?

      (1)  Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1).


title: Asunto F-127/06: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 27 de junio de 2007 — H/Consejo

text:
               25.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/54

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 27 de junio de 2007 — H/Consejo
   (Asunto F-127/06) (1)

   (2007/C 199/105)

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto, después de haberse llegado a una solución amistosa del litigio.

      (1)  DO C 326 de 30.12.2006, p. 85.