title: Recurso interpuesto el 6 de febrero de 1996 contra el Consejo de la Unión Europea por John Carvel y Guardian Newspapers Limited (Asunto T-19/96)

text:
N° C 133 /24          ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     4 . 5 . 96
dicho régimen de no comercialización limitado no debería            Recurso interpuesto el 6 de febrero de 1996 contra el
afectar negativamente la posibilidad de que un cesionario de        Consejo de la Unión Europea por John Carvel y Guardian
una parte de la explotación produzca en ella una adecuada                                Newspapers Limited
cantidad de leche durante diez años a partir de la expiración                              ( Asunto T-19/96 )
de dicho período.
                                                                                ( 96/C 133/56 )
Los productores SLOM III constituyen un grupo claramente
determinado . De la misma manera que la normativa                                 (Lengua de procedimiento: inglés)
comunitaria ha reconocido que debe tratar de modo distinto
a aquellos productores que conservaron la totalidad de su           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
explotación durante el período de no comercialización y a           Europeas se ha presentado el 6 de febrero de 1996 un
aquellos que transfirieron una parte de ella, considerándolos       recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado
como dos grupos distintos a efectos de la concesión de              por el Sr. John Carvel y Guardian Newspapers Limited,
cuotas SLOM, las autoridades comunitarias deben saber               representados por los Sres. Onno W. Brouwer y Frédéric P.
que para este grupo de cedentes de parte de la explotación          Louis, que designan como domicilio en Luxemburgo el
existe un correspondiente grupo, separado y distinto, de            despacho del Sr. Marc Loesch, 11 , rue Goethe .
 « cesionarios de una parte de la explotación ».
                                                                    Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
Por último, el demandante alega que sus expectativas                Instancia que :
legítimas de poder reanudar la producción de leche, una vez
finalizado el período de no comercialización que se había           — Anule la decisión del Consejo por la que deniega el
comprometido a respetar, se han visto frustradas porque el              acceso a los documentos de las decisiones adoptadas por
Consejo y la Comisión no introdujeron una cuota SLOM III                el Consejo de los Ministros de Justicia e Interior de 29 y
hasta 1993 .                                                            30 de noviembre de 1993 .
(') DO n" L 187 de 29 . 7. 1993 , p . 8 .
                                                                    — Condene al Consejo al pago de las costas de las partes
                                                                        demandantes con arreglo al artículo 87 del Reglamento
                                                                        de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia .
                                                                    Motivos y principales alegaciones
Recurso interpuesto el 26 de enero de 1996 contra el                Los mismos demandantes que en el asunto T-l 94/94, que
Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las                    dio lugar a la sentencia de 19 de octubre de 1995 , impugnan
Comunidades Europeas por Donald George Gage y David                 la decisión del Consejo contenida en su escrito de 27 de
                            John Gage                               noviembre de 1995 , por la que se niega a distribuirles el
                                                                    texto de las decisiones adoptadas por el Consejo de los
                      ( Asunto T-ll/96 )
                                                                    Ministros de Justicia e Interior celebrado los días 29 y 30 de
                         ( 96/C 133/55 )                            noviembre de 1993 .
                                                                    En la sentencia antes citada el Tribunal de Primera Instancia
              (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                    consideró que el demandado, al negarse a enviar a los
                                                                    demandantes determinados documentos relativos al Con
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                    sejo de los Ministros de Justicia e Interior, así como otros
Europeas se ha presentado el 26 de enero de 1996 un recurso
contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las          documentos relativos al Consejo de Ministros de Agricul
Comunidades Europeas formulado por los Sres . Donald                tura, no realizó una ponderación de los intereses que
George Gage y David John Gage, representados por el Sr .            pudiera tener en salvaguardar la confidencialidad de sus
                                                                    deliberaciones con el interés de los demandantes en tener
Alan Maclean y la Sra . Joanne Keddie, Dawson &c Co,
                                                                    acceso a dichos documentos . La decisión impugnada en el
2 New Square, Lincoln's Inn, London WC2A 3RZ, Ingla
terra .
                                                                    presente caso se adoptó con el objeto de atenerse a la citada
                                                                    sentencia .
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                 Los demandantes alegan en primer lugar que la decisión
Instancia que :                                                     contenida en el escrito del Consejo de 27 de noviembre de
                                                                    1995 infringe la Decisión 93/731 /CE del Consejo (*), en la
— Condene al Consejo y/o a la Comisión a indemnizarle               medida en que la Institución demandada, contraviniendo el
     conforme al informe del Sr. D. R. Gasson, incluido en el       tenor literal de dicha Decisión, que establece las normas
     escrito de interposición del recurso.                          para el acceso a los documentos, envió a los demandantes un
                                                                    comunicado de prensa que contenía una lista de las
— Condene en costas al Consejo y/o a la Comisión .                  decisiones adoptadas en la reunión del Consejo de los
                                                                    Ministros de Justicia e Interior celebrada los días 29 y 30 de
Motivos y principales alegaciones                                   noviembre de 1993 , en lugar de proporcionarles, el texto
                                                                    íntegro de los documentos que habían solicitado .
Los motivos y principales alegaciones son los mismos que
los del asunto T- 1 0/96 , Benjamin Laurence Lay.                   Mediante el segundo motivo en el que se basan para solicitar
                                                                    la anulación, los demandantes alegan que el Consejo no
                                                                    motivó su decisión, por lo que infringió el apartado 3 del
 ---pagebreak--- 4 . 5 . 96            ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                               N° C 133/25
artículo 7 de la Decisión 93/73 1/CE y el artículo 190 del            Alega, en primer lugar, que al haber sido excluido para dar
Tratado .                                                             entrada a un candidato que no poseía ni los conocimientos
                                                                      ni la experiencia mínima exigidos, contraviniendo el artícu
(') DO n" L 340 de 31 . 12 . 1993 , p . 43 .                          lo 7 del Estatuto, el citado nombramiento no se efectuó en
                                                                      interés del servicio . Por consiguiente, parece que dicho
                                                                      nombramiento incurrió necesariamente en desviación de
                                                                      poder.
Recurso interpuesto el 21 de febrero de 1996 contra la
                                                                      Además, es de señalar una violación del principio de
Comisión de las Comunidades Europeas por Antonio
                              Giannini
                                                                      confianza legítima en la medida en que, contrariamente a lo
                                                                      que constituye la práctica comúnmente seguida por la
                       ( Asunto T-21 /96 )                            Comisión en esta materia, la descripción del puesto que
                          ( 96/C 133/57 )                             debía cubrirse adolecía de una importante anomalía debido
                                                                      a que, contrariamente a las descripciones habituales de la
             (Lengua de procedimiento: francés)                       casi totalidad de los puestos publicados por la Comisión, no
                                                                      se hacía ninguna referencia ni a los cometidos que debían
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                      desempeñarse ni a las aptitudes exigidas en cuanto a los
Europeas se ha presentado el 21 de febrero de 1996 un                 conocimientos y a la experiencia relacionadas con dichos
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                cometidos . De ello se desprende que, en el presente caso, el
formulado por el Sr. Antonio Giannini, con domicilio en               comportamiento de la Comisión no resulta compatible ni
Bruselas, representado por los Sres . Marc Dallemagne y               con la finalidad de la convocatoria para proveer vacante,
Cario Locchi, Abogados de Bruselas, que designa como                  que es informar a los interesados con el debido detalle acerca
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Jeannot Biver,            de los requisitos exigidos para aspirar al citado puesto, ni
côte d'Eich, 7.                                                       con el principio según el cual el funcionario debe poder
                                                                      confiar en una práctica continua de la autoridad adminis
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                   trativa .
Instancia que :
                                                                      Finalmente, el demandante invoca la existencia, en el
— Anule la decisión de la Comisión por la que se desestima
                                                                      presente caso, de un manifiesto error de apreciación,
     la candidatura del demandante para el puesto COM/
                                                                      fundado en la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 4,
     151/94 , notificada al demandante el 28 de abril de
     1995 .
                                                                      en el apartado 1 del artículo 29 y en el artículo 45 del
                                                                      Estatuto, así como en la propia convocatoria para proveer
— Anule la decisión de la demandada por la que se nombra              vacante . Concretamente, al examinar los méritos del candi
     a otro candidato Jefe de la Unidad « Negociación y               dato que finalmente resultó elegido, se puso de manifiesto
     gestión de acuerdos en materia de productos textiles;            que su candidatura no cumplía los requisitos mínimos
     calzados; diversos » ( DG I/D/l ), de grado A3 , a raíz de la    exigidos por la convocatoria para proveer plaza vacante . La
     convocatoria para proveer plaza vacante COM/151 /94,             persona en cuestión no posee ninguna experiencia ni en la
     puesta en conocimiento del demandante el 3 de mayo de            gestión ni en la negociación de acuerdos internacionales en
     1995 .                                                           materia de productos textiles . Tampoco posee los conoci
                                                                      mientos necesarios para el desempeño de los cometidos que
— Anule la decisión denegatoria de la reclamación presen             tiene atribuidos dicha unidad. De ello se desprende que la
     tada por el demandante el 25 de julio de 1995 , que llegó        Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos
     a su conocimiento el 23 de noviembre de 1995 .                   no ha respetado el marco establecido por la citada convo
                                                                      catoria para proveer vacante .
— Condene a la demandada a pagar al demandante una
     indemnización de 5 000 ecus como reparación del
     perjuicio moral que se le ha irrogado, sin perjuicio de que
     se incremente o reduzca dicha cantidad en el transcurso
     del procedimiento.                                               Recurso interpuesto el 27 de febrero de 1996 contra la
— Condene a la demandada a pagar al demandante una                    Comisión de las Comunidades Europeas por Eisa De
                                                                                Persio
     indemnización de 15 000 ecus sin perjuicio de que se
     incremente o se reduzca esta cantidad en el transcurso                                 (Asunto T-23/96 )
     del procedimiento, como reparación del perjuicio mate                                    ( 96/C 133/58 )
     rial que se le ha irrogado.
— Condene a la demandada al pago de todas las costas.                              (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                      En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Motivos y principales alegaciones
                                                                      Europeas se ha presentado el 27 de febrero de 1 996 un
El demandante, funcionario de la Comisión, de grado A4                recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
impugna la desestimación de su candidatura para el puesto             formulado por la Sra . Eisa De Persio, funcionaría de la
de Jefe de la Unidad « Negociación y gestión de acuerdos en           Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
materia de productos textiles; calzados; diversos » ( DG 1/           Bruselas, representada por los Sres. Giovanni Petroni y
D/l ), de grado A3 , a la luz especialmente de la convocatoria        Franco Giampietro, Abogados de Roma, que designa como
para proveer plaza vacante en base a la cual fue provisto             domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Gilles Bouné
dicho puesto .                                                        ou, 15 , avenue du Bois.


title: Asunto C-520/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de septiembre de 2011 — Arkema SA/Comisión Europea ( Recurso de casación — Prácticas colusorias — Artículos 81 CE y 53 del Acuerdo EEE — Mercado europeo del ácido monocloroacético — Normas relativas a la imputabilidad de las prácticas contrarias a la competencia de una filial a su sociedad matriz — Presunción de ejercicio efectivo de una influencia determinante — Obligación de motivación )

text:
               19.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de septiembre de 2011 — Arkema SA/Comisión Europea
   (Asunto C-520/09 P) (1)

   (Recurso de casación - Prácticas colusorias - Artículos 81 CE y 53 del Acuerdo EEE - Mercado europeo del ácido monocloroacético - Normas relativas a la imputabilidad de las prácticas contrarias a la competencia de una filial a su sociedad matriz - Presunción de ejercicio efectivo de una influencia determinante - Obligación de motivación)
   2011/C 340/02
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Arkema SA (representante: M. Debroux, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet y F. Castillo de la Torre, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 30 de septiembre de 2009, Arkema/Comisión (T-168/05), por la que el Tribunal desestimó el recurso mediante el que la recurrente pretendía, con carácter principal, la anulación de la Decisión C(2004) 4876 final de la Comisión, de 19 de enero de 2005, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 (CE) y al artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con una práctica concertada en el mercado del ácido monocloroacético y, con carácter subsidiario, la reducción del importe de la multa impuesta a la recurrente — Inobservancia de las normas relativas a la imputabilidad de las prácticas contrarias a la competencia de una filial a su sociedad matriz — Violación del principio de igualdad de trato y del derecho a un proceso justo — Inobservancia del alcance de las Directrices para el cálculo de las multas.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Arkema SA.

      (1)  DO C 37, de 13.2.2010.


title: Asunto T-195/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2008 — Lafarge Cement/Comisión ( Recurso de anulación — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Plan nacional de asignación de derechos de emisión para Polonia correspondiente al período comprendido entre 2008 y 2012 — Decisión de la Comisión de no formular objeciones si concurren determinados requisitos — Competencia de los Estados miembros en el reparto individual de los derechos de emisión — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad )

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/36

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2008 — Lafarge Cement/Comisión
   (Asunto T-195/07) (1)

   («Recurso de anulación - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Plan nacional de asignación de derechos de emisión para Polonia correspondiente al período comprendido entre 2008 y 2012 - Decisión de la Comisión de no formular objeciones si concurren determinados requisitos - Competencia de los Estados miembros en el reparto individual de los derechos de emisión - Inexistencia de afectación directa - Inadmisibilidad»)
   (2008/C 301/61)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Partes

      Demandante: Lafarge Cement S.A. (Małogoszcz, Polonia) (representantes: P.K. Rosiak y F. Puel, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: U. Wölker y K. Herrmann, agentes)
   Objeto
   Anulación de la Decisión C(2007) 1295 final de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, notificado por Polonia para el período comprendido entre 2008 y 2012, con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32).
   Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Lafarge Cement S.A. cargará con sus propias costas y con las de la Comisión.

      (1)  DO C 170 de 21.7.2007.


title: Asunto T-126/04: Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Willem Goris

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/50

         Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Willem Goris
   (Asunto T-126/04)
   (2004/C 118/107)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 24 de marzo de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Willem Goris, con domicilio en Strassen (Luxemburgo), representado por el Sr. Nicolas Lhoëst, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la decisión de la AFPN de 5 de mayo de 2003 en cuanto:

                           —

                           No fijó la clasificación del demandante en el grado B4, escalón 3, en el momento de su incorporación.

                           —

                           No reconstituyó la carrera en cuanto al grado del demandante adelantando la fecha de su promoción al grado B3 y concediéndole, en su caso, una promoción al grado B2.

                           —

                           Limitó la fecha de efectividad de la decisión de reclasificación por lo que respecta a los efectos pecuniarios al 5 de octubre de 1995.

               —

               En la medida en que sea necesario, anule la decisión de la AFPN de 14 de diciembre de 2003, por la que se desestima la reclamación del demandante R/487/03.

               —

               Condene a la parte demandada al pago de una indemnización fijada provisionalmente en un importe de 125 000 euros en caso de que no fuera posible reconstituir la carrera del demandante.

               —

               Condenar a la parte demandada a la totalidad de las costas de la instancia.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante en el presente litigio, que había sido clasificado en el grado B5, escalón 3, en el momento de su incorporación, en septiembre de 1994, se opone a la decisión de la AFPN de fijar su clasificación, al realizar su revisión, en el grado B4, escalón 2, y no en el grado B4, escalón 3, de no reconstituir su carrera y de limitar la fecha de efectividad de la decisión sobre su reclasificación al 5 de octubre de 1995.
   Los motivos invocados son idénticos a los del asunto T-125/04, Rousseaux/Comisión.


title: Asunto C-32/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 30 de noviembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 2000/60/CE — No comunicación de las medidas de adaptación del Derecho interno — Obligación de adoptar una legislación marco en Derecho nacional — Inexistencia — Adaptación incompleta o no adaptación del Derecho interno a los artículos 2, 7, apartado 2, y 14)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 30 de noviembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo
   (Asunto C-32/05) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2000/60/CE - No comunicación de las medidas de adaptación del Derecho interno - Obligación de adoptar una legislación marco en Derecho nacional - Inexistencia - Adaptación incompleta o no adaptación del Derecho interno a los artículos 2, 7, apartado 2, y 14)
   (2006/C 331/11)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: S. Pardo Quintillán y J. Hottiaux, agentes)

      Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo (representantes: S. Schreiner, agente y P. Kinsch, avocat)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327, p. 1)
   Fallo

               1)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 24 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, con excepción de las relativas al artículo 3 de esta Directiva, al no haber comunicado a la Comisión de las Comunidades Europeas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que apliquen dicha Directiva.

               2)

               Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 24 de la Directiva 2000/60, al no haber adoptado, en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en artículos 2, 7, apartado 2, y 14 de dicha Directiva.

               3)

               Se desestima el recurso en todo lo demás.

               4)

               La Comisión de las Comunidades Europeas y el Gran Ducado de Luxemburgo soportarán sus propias costas.

      (1)   DO C 82, de 2.4.2005.


title: Asunto C-200/08: Recurso interpuesto el 15 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/28

         Recurso interpuesto el 15 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa
   (Asunto C-200/08)
   (2008/C 171/43)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Bordes y H. Stølbæk, agentes)

      Demandada: República Francesa
   Pretensiones

               —

               Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben tanto en virtud de los artículos 39, 43 y 49 del Tratado CE como del artículo 6 de la Directiva 92/51/CEE (1), al haber denegado a los monitores de surf sobre nieve alemanes y británicos que impartan la enseñanza de esta disciplina en Francia y al no haber mencionado en el Decreto de 4 de mayo de 1995, modificado, los diplomas de monitor de surf sobre nieve obtenidos en otros Estados miembros.

               —

               Que se condene en costas a la República Francesa.

         Motivos y principales alegaciones
   Mientras que en varios Estados miembros la enseñanza del esquí y del surf sobre nieve pueden impartirla profesionales que hayan recibido distintas formaciones, la enseñanza de surf sobre nieve en Francia únicamente pueden impartirla los monitores de esquí.
   La parte demandante considera que la negativa a autorizar el acceso únicamente a la profesión de monitor de surf sobre nieve no puede justificarse sobre la base de los principios fundamentales de la libre circulación de personas, de la libre prestación de servicios y del derecho de establecimiento. La Comisión estima, por otra parte, que los cuatro requisitos acumulativos excepcionales establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para justificar una eventual restricción de dichos principios —no discriminación, razón imperiosa de interés general, aptitud para garantizar la realización del objetivo perseguido y consideración del principio de proporcionalidad— no se cumplen.

      (1)  Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209, p. 25).


title: Asunto C-426/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberlandesgericht Düsseldorf, de fecha 30 de septiembre de 1999, en el asunto entre Connaught Laboratories Inc. y 1. SmithKline Beecham Pharma GmbH, por una parte y 2. Smithkline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., por otra parte

text:
5.2.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 34/11
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,              3. ¿Se mantiene la prioridad temporal de una acción por
                                                                             violación del derecho de patente entablada por el deman-
    ¿se aplica también el Reglamento (CEE) no 1408/71 a un                   dante en virtud de la legitimación procesal que la ha
    refugiado que desempeña un trabajo por cuenta ajena y a                 conferido el titular de la patente, cuando la patente objeto
    los miembros de su familia que han entrado en un Estado                  de la demanda ha sido transmitida al demandante durante
    miembro directamente desde un Estado tercero y no se                     el litigio y en lo sucesivo éste ya no invoca en el
    han desplazado dentro de la Comunidad?                                   procedimiento pretensiones de un tercero, sino derechos
                                                                             propios como titular de la patente?
3) ¿Se oponen las disposiciones comunitarias a una normativa
    nacional conforme a la cual el derecho de prestaciones
    familiares se hace depender de la concesión efectiva               4. ¿Sigue teniendo validez la prioridad temporal de una
    de determinado tı́tulo de residencia, aun en caso de                     acción declarativa negativa entablada contra el titular de
    reconocimiento del derecho de asilo del refugiado?                       una patente, mediante la que se pretende dilucidar si un
                                                                             determinado producto viola su derecho de patente, cuando
                                                                             la patente objeto de la demanda ha sido transmitida
(1) DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98.                                         durante el litigio y la acción declarativa negativa se dirige
                                                                             posteriormente contra el nuevo titular de la patente?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Oberlandesgericht Düsseldorf, de fecha 30 de
septiembre de 1999, en el asunto entre Connaught Labora-
tories Inc. y 1. SmithKline Beecham Pharma GmbH, por
una parte y 2. Smithkline Beecham Biologicals Manufactu-                Recurso interpuesto el 5 de noviembre de 1999 contra la
                    ring S.A., por otra parte                           República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                                                                                des Europeas
                       (Asunto C-426/99)
                                                                                (Asunto C-429/99)
                         (2000/C 34/20)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                                         (2000/C 34/21)
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Oberlandesgericht Düsseldorf, de fecha 30 de            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
septiembre de 1999, en el asunto entre Connaught Laborato-              presentado el 5 de noviembre de 1999 un recurso contra la
ries Inc. y 1. SmithKline Beecham Pharma GmbH, por una                  República Portuguesa formulado por la Comisión de las
parte y 2. Smithkline Beecham Biologicals Manufacturing S.A.,           Comunidades Europeas, representada por la Sra. Ana Maria
por otra parte, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de            Alves Vieira y por el Sr. Barry Doherty, miembros del Servicio
Justicia el 3 de noviembre de 1999. El Oberlandesgericht                Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie            en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
sobre las siguientes cuestiones de interpretación del artı́-           Centre Wagner, Kirchberg.
culo 21, párrafo primero, del Convenio de Bruselas de 27 de
septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(DO 1972, L 299, p. 32), en la versión de los Convenios de
9 de octubre de 1978 (DO L 304, p. 1 y 77), de 25 de octubre            — Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
de 1982 (DO L 388, p. 1) y de 26 de mayo de 1989 (DO                         obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 2,
L 285, p. 1):                                                                apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva
                                                                             90/388/CEE, (1) modificada por la Directiva 96/19/CE. (2)
1. El objeto de una demanda perseguido mediante una
    pretensión subsidiaria, ¿debe considerarse «pendiente» tan         — Condene en costas a la República Portuguesa.
    pronto como se produce un incidente (en el presente caso,
    la notificación de la citación) que, con arreglo al Derecho
    nacional, origina en sı́ mismo su litispendencia, o la              Motivos y principales alegaciones
    litispendencia a efectos del artı́culo 21 del Convenio de
    Bruselas nace únicamente en el momento en que concurre
    (adicionalmente) la condición procesal a que está supedi-         La Comisión considera que los servicios de devolución de
    tada la pretensión subsidiaria?                                    llamadas («call-back») no son servicios de telefonı́a vocal en el
                                                                        sentido de la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, relativa a
2. ¿A quién debe considerarse «parte» cuando el demandante              la competencia en los mercados de servicios de telecomunica-
    invoca en su propio nombre, en virtud de un poder para              ciones, y que, por consiguiente, el artı́culo 3 de la Decisión
    pleitos otorgado por el titular material de los derechos,           97/310/CE de la Comisión no concede ningún plazo adicional
    pretensiones (de un tercero) de este último: al titular de la      para la prestación de tales servicios, que ya debı́an haber sido
    legitimación procesal que interviene en el litigio o al titular    liberalizados en Portugal a partir de la entrada en vigor de
    material de los derechos?                                           dicha Directiva. Portugal no puede, so pena de infringir la


title: Asunto C-15/00: Recurso interpuesto el 19 de enero de 2000 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Banco Europeo de Inversiones

text:
29.4.2000              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 122/9
El Reglamento (CE) no 1073/1999 es aplicable al Banco Central          Comunidades Europeas, representada por los Sres. Christiaan
Europeo. El Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «BCE») ha           Timmermans, Director General Adjunto del Servicio Jurı́dico,
sido creado por el Tratado CE y es un órgano de la Comunidad,         Hans Peter Hartvig, Consejero Jurı́dico, y Carlos Gómez de la
sin perjuicio de su régimen particular. La independencia               Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agentes,
reivindicada por el BCE es sólo una independencia funcional y         que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
limitada a la ejecución de sus tareas particulares con arreglo al     Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
Tratado y a los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC). La protección de los intereses financieros de       La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
la Comunidad puede ir más allá de la mera protección del            de Justicia que:
presupuesto comunitario, ya que también comprende la
protección de los «presupuestos administrados» por las Comu-
                                                                       — Anule la decisión del Comité de Dirección del Banco
nidades, como por ejemplo el Fondo Europeo de Desarrollo
                                                                            Europeo de Inversiones sobre cooperación con la Oficina
(FED), o de los presupuestos de los organismos comunitarios
                                                                            Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (1).
descentralizados, que están separados del presupuesto general
de las Comunidades y algunos de los cuales se alimentan por
lo demás con ingresos propios. Por consiguiente, el hecho de          — Condene en costas al Banco Europeo de Inversiones.
que el BCE tenga su propio presupuesto y sus propios recursos
financieros no impide que se le apliquen las medidas adoptadas
en base al artı́culo 280, apartado 4, del Tratado CE, como el          Motivos y principales alegaciones
Reglamento (CE) no 1073/1999. Aunque la distinción entre el
presupuesto de las Comunidades Europeas, por una parte, y el           El recurso se basa, con carácter principal, en el artı́culo 237
presupuesto del BCE y sus recursos propios, por otra, fuera            CE, letra b), y, subsidiariamente, en el artı́culo 230 CE, y en él
pertinente, no por ello quedarı́a sin embargo el BCE fuera del         se invoca una infracción del Reglamento (CE) no 1073/1999
ámbito de aplicación de dicho Reglamento, ya que dicho               del Parlamento Europeo y del Consejo, y del Reglamento
órgano gestiona también recursos presupuestarios de las               (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, relativos a las investiga-
Comunidades. En efecto, el BCE recauda el impuesto comunita-           ciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el
rio que grava los sueldos y salarios de sus dirigentes y de su         Fraude (OLAF).
personal, y gestiona las operaciones de empréstito y de
préstamo efectuadas por las Comunidades en concepto de
ayuda financiera a medio plazo.                                        Los Reglamentos (CE) no 1073/1999 y 1074/99 son aplicables
                                                                       al Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de
                                                                       Inversiones (en lo sucesivo, «BEI») ha sido creado por el Tratado
La Decisión recurrida infringe el artı́culo 4 del Reglamento
                                                                       CE y es un organismo comunitario, sin perjuicio de su régimen
(CE) no 1073/1999, ya que
                                                                       particular. Dicho régimen particular tiene sólo carácter funcio-
— su artı́culo 2 constituye una negación pura y simple de la          nal y está limitado a la ejecución de las tareas particulares del
     facultad de la OLAF de efectuar investigaciones internas en       BEI con arreglo al Tratado y a sus Estatutos. Hasta ahora el BEI
     el seno del BCE;                                                  no ha logrado demostrar cómo puede impedirle ejecutar sus
                                                                       tareas particulares o dificultar, en concreto, la ejecución de las
— no contiene ninguna medida de ejecución de las obligacio-           mismas una normativa adoptada por el Consejo en materia de
     nes que impone el artı́culo 4, apartado 6, del Reglamento,        lucha contra el fraude. La protección de los intereses financie-
     pero define la obligación de los funcionarios del Banco de       ros de la Comunidad puede ir más allá de la mera protección
     informar de toda actividad fraudulenta indicando que los          del presupuesto comunitario, ya que también comprende
     destinatarios de la información serán la Dirección de          la protección de los «presupuestos administrados» por las
     auditorı́a interna y el Comité de lucha contra el fraude          Comunidades, como por ejemplo el Fondo Europeo de Desar-
     creado por la Decisión, y no la OLAF.                            rollo (FED), o de los presupuestos de los organismos comunita-
                                                                       rios descentralizados, que están separados del presupuesto
                                                                       general de las Comunidades y algunos de los cuales se
(1) BCE/1999/5, DO L 291 de 13.11.1999, p. 36.                         alimentan por lo demás con ingresos propios. Por consiguiente,
                                                                       el hecho de que el BEI tenga su propio presupuesto y sus
                                                                       propios recursos financieros no impide que se le apliquen las
                                                                       medidas adoptadas en base al artı́culo 280, apartado 4, del
                                                                       Tratado CE, como el Reglamento (CE) no 1073/1999. Aunque
                                                                       el ámbito de aplicación del artı́culo 280, apartado 4, sólo
                                                                       comprendiera los intereses financieros directamente relaciona-
Recurso interpuesto el 19 de enero de 2000 por la                      dos con el presupuesto comunitario, resulta innegable que el
Comisión de las Comunidades Europeas contra el Banco                  Reglamento (CE) no 1073/1999 debe aplicarse al BEI, que
                     Europeo de Inversiones                            gestiona también recursos presupuestarios de las Comunida-
                                                                       des. En efecto, el BEI recauda el impuesto comunitario que
                        (Asunto C-15/00)                               grava los sueldos y salarios de los miembros de sus órganos y
                                                                       de su personal, y gestiona igualmente recursos presupuestarios
                         (2000/C 122/14)                               de la Comunidad en el contexto de mandatos especı́ficos; otro
                                                                       ejemplo es la gestión por el BEI, por cuenta de la Comunidad,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           de los capitales de riesgo y de las bonificaciones de intereses
presentado el 19 de enero de 2000 un recurso contra el Banco           financiadas con cargo a los recursos del Fondo Europeo de
Europeo de Inversiones, formulado por la Comisión de las              Desarrollo (FED).
 ---pagebreak--- C 122/10                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           29.4.2000
La decisión recurrida infringe el artı́culo 4 de los Reglamentos       c) A efectos de la aplicación del artı́culo 1, apartados 1 y 2,
(CE) nos 1073/1999 y 1074/99, ya que                                         letra c), en relación con el artı́culo 2, apartado 1, párrafo
                                                                             segundo, del Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo,
— constituye una negación pura y simple de la facultad de la                de 24 de julio de 1979, ¿puede considerarse como término
     OLAF de efectuar investigaciones internas en el seno del                final del plazo de caducidad de la acción de recaudación a
     BEI, y en realidad de la aplicabilidad al BEI de los                    posteriori un primer acto de determinación del importe de
     Reglamentos (CE) nos 1073/1999 y 1074/99. Además, el                   las exacciones reguladoras adeudadas o debe, por el
    acceso de la OLAF a las informaciones en poder del BEI                   contrario, fijarse ese término final en el momento en que
    requiere en cada caso una autorización del Presidente                   se practique un segundo acto que revoque el primero o lo
    del BEI, que determina igualmente las modalidades de                     sustituya, determinando un nuevo importe de las exaccio-
    dicho acceso;                                                            nes reguladoras?
— al prever una mera asistencia de la OLAF para la lucha                d) ¿Qué sentido debe atribuirse al artı́culo 254 del Tratado de
     contra el fraude en lo que respecta a las operaciones                   Adhesión (2) al imponer a la República Portuguesa la
     ejecutadas con recursos propios del BEI, dicha decisión                obligación de suprimir las existencias excedentarias de
     establece una distinción entre los diferentes recursos                 productos y, en particular, al determinar que lo realice «a
     financieros que no es compatible con la protección de «los             sus expensas»?
     intereses financieros» de la Comunidad Europea;                    e) ¿Debe considerase incompatible con la obligación prevista
— dicha decisión no constituye en absoluto una medida de                    en el artı́culo 254 del Tratado de Adhesión, completada
     ejecución suficiente de las obligaciones que impone el                 por la especificación realizada por los dos Reglamentos de
     artı́culo 4, apartado 6, de los dos Reglamentos menciona-               aplicación —Reglamento (CEE) no 3771/85 (3) del Consejo,
     dos.                                                                    de 20 de diciembre de 1985 (artı́culo 8), y Reglamento
                                                                             (CEE) no 579/86 (4) de la Comisión, de 28 de febrero de
                                                                             1986 (artı́culos 4 y 8)— el hecho de que las autoridades
(1) No publicada, comunicada a la Comisión mediante escrito de              aduaneras portuguesas exijan, a los poseedores de exceden-
    16.11.1999.                                                              tes de azúcar, el pago de las exacciones reguladoras
                                                                             previstas en el Reglamento (CEE) no 579/86 (artı́culo 7,
                                                                             apartado 1), en una situación en que la República Portu-
                                                                             guesa omitió las medidas necesarias para su exportación
                                                                             fuera de la Comunidad?
                                                                        f) A efectos de lo dispuesto en el artı́culo 5, apartado 2, del
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                 Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de 24 de
lución del Supremo Tribunal Administrativo, Sala                            junio de 1979, ¿debe entenderse por error relevante una
Segunda, de fecha 12 de enero de 2000, en el asunto entre                    valoración inexacta de las necesidades de azúcar para el
        William Hinton & Sons, Lda y Fazenda Pública                        abastecimiento público de la Región Autónoma de
                                                                             Madeira, sobre la que se basaba una autorización de
                         (Asunto C-30/00)                                    importación con exención de derechos aduaneros con
                                                                             pleno conocimiento del artı́culo 254 del Tratado de
                          (2000/C 122/15)                                    Adhesión y del Reglamento (CEE) no 3771/85 del Consejo?
                                                                        g) A efectos de lo dispuesto en el artı́culo 5, apartado 2,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    del Reglamento (CEE) no 1697/79, ¿deben considerarse
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                relevantes los sucesivos errores fácticos y jurı́dicos cometi-
resolución del Supremo Tribunal Administrativo, dictada el                  dos por la autoridad aduanera competente en el procedi-
12 de enero de 2000, en el asunto entre William Hinton &                     miento de recaudación?
Sons, Lda y Fazenda Pública, y recibida en la Secretarı́a del
Tribunal de Justicia el 4 de febrero de 2000. El Supremo                h) En caso de respuesta afirmativa a las dos cuestiones
Tribunal Administrativo solicita al Tribunal de Justicia que se              anteriores, ¿puede el deudor razonablemente detectar esos
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                   errores de las autoridades aduaneras competentes?
a) ¿Debe desprenderse del artı́culo 1, apartado 2, letra c), del        (1) Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de
     Reglamento (CEE) no 1697/79 (1) del Consejo, de 24 de                  1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de
     julio de 1979, que, cuando haya sido practicado el                     importación o de los derechos de exportación que no hayan sido
     acto jurı́dico denominado contracción, dicho acto deberá             exigidos al deudor por mercancı́as declaradas en un régimen
                                                                            aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO
     adoptarse necesariamente con anterioridad a la notificación           L 197 de 3.8.1979, p. 1; EE 02/06, p. 54).
     a efectos de recaudación y a la propia recaudación?              (2) DO L 302 de 15.11.1985.
                                                                        (3) Reglamento (CEE) no 3771/85 del Consejo, de 20 de diciembre
b) ¿Debe considerarse verificada la situación de inexistencia              de 1985, relativo a las existencias de productos agrı́colas que se
     de contracción, a efectos de lo dispuesto en el artı́culo 2,          encuentren en Portugal (DO L 362 de 31.12.1985, p. 21; EE
     apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CEE)                     03/39, p. 237).
     no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, cuando             (4) Reglamento (CEE) no 579/86 de la Comisión, de 28 de febrero de
     el primer acto por el que la autoridad aduanera inscribe el            1986, por el que se establecen las normas relativas a las existencias
                                                                            de productos del sector del azúcar que se encuentren en España y
     importe de las exacciones reguladoras en registros conta-
                                                                            Portugal el 1 de marzo de 1986 (DO L 57 de 1.3.1986, p. 21).
     bles o en otro soporte equivalente tiene por finalidad
     registrar la recaudación de dichas exacciones?


               30.4.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/9

         Recurso interpuesto el 28 de enero de 2015 por la Asociación Islandesa de Servicios Financieros contra el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-4/15)
   (2015/C 143/10)
   El 28 de enero de 2015, la Asociación Islandesa de Servicios Financieros, representada por Hans-Jörg Niemeyer, abogado, y Christian Kovács, abogado, del despacho Hengeler Mueller, Square de Meeûs 40, 1000 Bruselas, Bélgica, interpuso ante el Tribunal de la AELC un recurso contra el Órgano de Vigilancia de la AELC.
   El demandante solicita al Tribunal de la AELC que:

               1.

               Anule la Decisión no 298/14/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 16 de julio de 2014 (DO C 400 de 13.11.2014, p. 13) de cerrar el asunto relativo a la ayuda existente al Fondo Islandés de Financiación de la Vivienda (Íbúðalánasjóður), y

               2.

               Condene en costas a dicho Órgano de Vigilancia.

      Antecedentes de hecho y de derecho y motivos invocados:

               —

               El demandante, la Asociación Islandesa de Servicios Financieros, es una asociación que representa a todas las empresas financieras registradas en Islandia, incluidos los bancos universales, de inversiones y de ahorros, así como las empresas de seguros, sociedades de arrendamiento financiero, sociedades de valores y empresas de tarjetas. Su objetivo es fomentar un entorno operativo competitivo para las empresas financieras en Islandia y promover sus intereses a nivel internacional.

               —

               El asunto se refiere a una solicitud de anulación de una decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC de cerrar un caso de ayuda existente al Fondo Islandés de Financiación de la Vivienda.

         El demandante alega que el Órgano de Vigilancia de la AELC:

               —

               ha asumido erróneamente que el apoyo concedido al Fondo Islandés de Financiación de la Vivienda constituye una ayuda existente cuando en realidad es una nueva ayuda,

               —

               no justificó con razones adecuadas las conclusiones que extrajo en la Decisión y, por consiguiente, infringió el artículo 16 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción,

               —

               erró de forma manifiesta en su interpretación del artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE.


title: Asunto C-57/08 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de febrero de 2008 por Gateway, Inc. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) dictada el 27 de noviembre de 2007 en el asunto T-434/05, Gateway, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/12

         Recurso de casación interpuesto el 13 de febrero de 2008 por Gateway, Inc. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) dictada el 27 de noviembre de 2007 en el asunto T-434/05, Gateway, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
   (Asunto C-57/08 P)
   (2008/C 171/20)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Gateway, Inc. (representante: C.R. Jones, Solicitor)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Fujitsu Siemens Computers GmbH
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 27 de noviembre de 2007, dictada en el asunto T-434/05.

               —

               Que se admita íntegramente la oposición de la recurrente al registro de la marca solicitada.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en los siguientes errores:

               a)

               Los términos «media gateway» y «gateway» tienen un significado muy específico en el mercado de las tecnologías de la información, de determinados tipos de instrumentos que convierten un protocolo o formato en otro. Sin embargo, el Tribunal de Primera instancia sostuvo incorrectamente que, cuando «gateway» se incorpora como un elemento de la marca solicitada, sirve para designar características descriptivas de todos los productos o servicios comprendidos en la especificación recurrida, mientras que de hecho ninguno de los productos o servicios comprendidos en la marca controvertida constituyen «media gateways» o «gateways».

               b)

               Definió erróneamente al público relevante como compuesto por consumidores que únicamente adquieren productos y servicios informáticos, más que consumidores de todos los productos y servicios comprendidos en la especificación impugnada.

               c)

               Sostuvo incorrectamente que las marcas en conflicto no presentan similitud visual, fonética o conceptual.

               d)

               Sostuvo incorrectamente que la similitud respecto de dos marcas denominativas en conflicto debe estar sujeta al requisito de que la impresión visual, fonética o conceptual global producida por el término compuesto debe estar dominada por la parte que representa la marca anterior.

               e)

               Cuando llevó a cabo su examen de la similitud entre las marcas en conflicto, no concedió el suficiente peso al carácter distintivo de «gateway» entre el público relevante, como marca anterior propiedad del recurrente para productos y servicios informáticos.

               f)

               No prestó la suficiente atención al hecho de que las marcas con mayor carácter distintivo, bien per se o por la reputación que poseen, gozan de mayor protección que las que tienen menor carácter distintivo.

               g)

               Concluyó erróneamente que «gateway» carece de papel independiente distintivo en la marca solicitada.

               h)

               Sostuvo erróneamente que el riesgo de confusión debe estar sujeto al requisito de que la impresión global producida por el signo compuesto debe estar dominada por la parte que representa la marca anterior.

               i)

               No examinó correctamente el posible impacto visual, conceptual y fonético que el término «gateway» podría tener en el consumidor medio de los productos y servicios en cuestión al incorporarse como un elemento de la marca solicitada.


title: Asunto F-12/11: Recurso interpuesto el 13 de febrero de 2011 — Hecq/Comisión

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/22

         Recurso interpuesto el 13 de febrero de 2011 — Hecq/Comisión
   (Asunto F-12/11)
   2011/C 113/46
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Bélgica) (representante: L. Vogel, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Recurso dirigido a la anulación de la decisión presunta de desestimación de la solicitud del demandante con el fin de obtener la vuelta a sus actividades profesionales y el pago completo de su remuneración de funcionario, calculada desde el 1 de agosto de 2003, al igual que daños y perjuicios, junto con los intereses de demora calculados al tipo del 7 % anual a partir del 1 de agosto de 2003.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión adoptada por la AFPN el 29 de octubre de 2010 por la que se desestimó una reclamación planteada por el demandante el 6 de julio de 2010 contra una decisión presunta que se considera adoptada el 15 de abril de 2010 y por la que se deniega una solicitud que había sido presentada por el demandante el 15 de diciembre de 2009, con el fin de obtener la vuelta a sus actividades profesionales y el pago completo de su remuneración de funcionario, calculada desde el 1 de agosto de 2003, al igual que daños y perjuicios, junto con los intereses de demora calculados al tipo del 7 % anual a partir del 1 de agosto de 2003.

               —

               Que se anule, en la medida en que sea necesario, la decisión presunta que la AFPN hubiere adoptado el 15 de abril de 2010, en tanto desestima la solicitud antes citada del demandante, presentada el 15 de diciembre de 2009.

               —

               Que se condene a la Comisión a pagar al demandante, en concepto de daños y perjuicios, una suma correspondiente a las remuneraciones de funcionario de la que ha sido injustamente privado, a partir del 1 de agosto de 2003, con carácter principal y accesorio, además de una suma de 50 000 euros, junto con los intereses de demora calculados desde el 1 de agosto de 2003, al tipo del 7 % anual.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea.


title: Asunto T-324/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 2008 — Plant y otros/Comisión

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/68

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 2008 — Plant y otros/Comisión
   (Asunto T-324/07) (1)

   (2009/C 44/115)

      Lengua de procedimiento: inglés

   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 247 de 20.10.2007.


title: Asunto T-94/15: Auto del Tribunal General de 11 de marzo de 2016 — Binca Seafoods/Comisión [«Recurso de anulación — Reglamento de ejecución (UE) n.° 1358/2014 — Falta de prórroga de la medida transitoria en relación con los animales de acuicultura, establecida en el artículo 95, apartado 11, del Reglamento (CE) n.° 889/2008 — Falta de legitimación — Inadmisibilidad»]

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/44

         Auto del Tribunal General de 11 de marzo de 2016 — Binca Seafoods/Comisión
   (Asunto T-94/15) (1)

   ([«Recurso de anulación - Reglamento de ejecución (UE) n.o 1358/2014 - Falta de prórroga de la medida transitoria en relación con los animales de acuicultura, establecida en el artículo 95, apartado 11, del Reglamento (CE) n.o 889/2008 - Falta de legitimación - Inadmisibilidad»])
   (2016/C 156/59)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Binca Seafoods GmbH (Múnich, Alemania) (representante: H. Schmidt, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: K. Walkerová, H. Kranenborg y G. von Rintelen, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1358/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 en lo que se refiere a la procedencia de los animales de la acuicultura ecológica, las prácticas zootécnicas acuícolas, los piensos para los animales de la acuicultura ecológica y los productos y sustancias autorizados para su uso en la acuicultura ecológica (DO L 365, p. 97).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Binca Seafoods GmbH.

      (1)  DO C 155 de 11.5.2015.


title: Asunto C-311/15: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus — Finlandia) — TrustBuddy AB/Lauri Pihlajaniemi

text:
               1.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/46

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus — Finlandia) — TrustBuddy AB/Lauri Pihlajaniemi
   (Asunto C-311/15) (1)

   (2016/C 038/59)
   Lengua de procedimiento: finés
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 294, de 7.9.2015.


title: Asunto T-659/15: Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2015 — Hunter/Parlamento

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/72

         Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2015 — Hunter/Parlamento
   (Asunto T-659/15)
   (2016/C 048/80)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Mark Lee Hunter (París, Francia) (representante: N. Pirc Musar, abogada)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión A(2015)8684 C del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 2015, mediante la que se desestima la solicitud confirmatoria por la que el demandante interesaba el acceso a determinados documentos relativos a información sobre gastos de viaje, dietas de estancia, dietas para gastos generales y gastos basados en disposiciones en materia de dotación de personal de los diputados al Parlamento Europeo.

               —

               Condene en costas al Parlamento, incluidas aquéllas en que hayan incurrido, en su caso, las partes coadyuvantes, de conformidad con los artículos 134 y 140 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos:

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001, (1) en relación con el artículo 8, letra b), del Reglamento no 45/2001, (2) puesto que los datos personales que se solicitan no están protegidos por la legislación comunitaria.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001, en relación con el artículo 8, letra b), del Reglamento no 45/2001, dado que se denegó el acceso a la información solicitada pese a concurrir las condiciones necesarias para su divulgación.

               3.

               Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación general de llevar a cabo el análisis separado de cada documento, la cual existe de conformidad con los artículos 2 y 4, en relación con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 1049/2001, dado que carecía de justificación la denegación del acceso parcial a los documentos solicitados.

               5.

               Quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de exponer motivos que establecen los artículos 7, apartado 1, y 8, apartado 1, del Reglamento no 1049/2001, dado que el Parlamento no dio respuesta a todas las alegaciones del demandante.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

      (2)  Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, (DO 2001, L 8, p. 1).


title: Asunto C-531/09: Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               27.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/22

         Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-531/09)
   2010/C 51/35
   Lengua de procedimiento: portugués

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: N. Yerrell y M. Teles Romão, agentes)

      Demandada: República Portuguesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en todo caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

      Motivos y principales alegaciones

   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 10 de junio de 2008.

      (1)  DO L 157, p. 8.


title: Asunto T-597/13: Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2015 — Calida/OAMI — Quanzhou Green Garments (dadida) [«Marca comunitaria — Registro internacional en el que se designa a la Comunidad Europea — Marca figurativa dadida — Marca comunitaria denominativa anterior CALIDA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009»]

text:
               14.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 414/25

         Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2015 — Calida/OAMI — Quanzhou Green Garments (dadida)
   (Asunto T-597/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Registro internacional en el que se designa a la Comunidad Europea - Marca figurativa dadida - Marca comunitaria denominativa anterior CALIDA - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   (2015/C 414/32)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Calida Holding AG (Sursee, Suiza) (representantes: R. Kaase y H. Dirksmeier, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: I. Harrington, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, China)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 16 de septiembre de 2013 (asunto R 1190/2012-4) relativa a un procedimiento de anulación entre Calida Holding AG y Quanzhou Green Garments Co. Ltd.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Calida Holding AG.

      (1)  DO C 24, de 25.1.2014.


title: Asunto C-167/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Reino Unido) — C. D./S. T. (Procedimiento prejudicial  — Política social  — Directiva 92/85/CEE  — Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia  — Artículo 8  — Madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución  — Negativa a concederle un permiso de maternidad  — Directiva 2006/54/CE  — Igualdad de trato entre los trabajadores y las trabajadoras  — Artículo 14  — Trato menos favorable de una madre subrogante en lo que atañe a la atribución de un permiso de maternidad)

text:
               12.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Reino Unido) — C. D./S. T.
   (Asunto C-167/12) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 92/85/CEE - Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia - Artículo 8 - Madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución - Negativa a concederle un permiso de maternidad - Directiva 2006/54/CE - Igualdad de trato entre los trabajadores y las trabajadoras - Artículo 14 - Trato menos favorable de una madre subrogante en lo que atañe a la atribución de un permiso de maternidad))
   2014/C 142/06
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: C. D.

      Demandada: S. T.

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Employment Tribunal Newcastle upon tyne — Interpretación de los artículos 1, apartado 1, 2, letra c), 8, apartado 1, y 11, apartado 2, letra b), de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1) — Interpretación de los artículos 14 y 2, apartados 1, letras a) y b), y 2, letra c), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204, p. 23) — Prohibición de todo trato menos favorable de una mujer vinculado al embarazo o al permiso de maternidad en el sentido de la Directiva 92/85/CEE — Ámbito de aplicación — Madre no gestante que ha recurrido a una maternidad subrogada — Derecho a un permiso de maternidad.

      Fallo

               1)

                  La Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros no están obligados en virtud del artículo 8 de esa Directiva a conferir un permiso de maternidad a una trabajadora, en su calidad de madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución, incluso cuando puede amamantar a ese niño tras su nacimiento o lo amamanta efectivamente.

               2)

                  El artículo 14 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, puesto en relación con el artículo 2, apartados 1, letras a) y b), y 2, letra c), de esa Directiva, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un empleador deniegue un permiso de maternidad a una madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución no constituye una discriminación basada en el sexo.

      (1)  DO C 194, de 30.6.2012.


title: Asunto C-271/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Consiglio di Stato, de 18 de enero de 2005, en los asuntos entre 1) Francesco Rauty y Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali y Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia; parte coadyuvante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 2) entre Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia y Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, parte coadyuvante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

text:
               17.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 229/6

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Consiglio di Stato, de 18 de enero de 2005, en los asuntos entre 1) Francesco Rauty y Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali y Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia; parte coadyuvante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 2) entre Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia y Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, parte coadyuvante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
   (Asunto C-271/05)
   (2005/C 229/12)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Consiglio di Stato dictada el 18 de enero de 2005, en los asuntos entre 1) Francesco Rauty y Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali y Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia; parte coadyuvante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 2) entre Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia y Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, parte coadyuvante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de junio de 2005.
   El Consiglio di Stato solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               En virtud de los artículos 10 y 11 de la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, (1) ¿debe considerarse que los diplomas de arquitectura y de ingeniería civil expedidos por Universidades e Institutos italianos tienen el mismo valor en Italia y que los ingenieros civiles que disponen de la correspondiente habilitación pueden ejercer la profesión de arquitecto y, por tanto, efectuar todas las funciones y encargos que eventuales normas internas del Estado hayan reservado a los arquitectos?

               2)

               O bien, lo dispuesto en los artículos 10 y 11 ¿únicamente equipara los dos títulos (arquitectura e ingeniería civil) en el sentido de que ambos permiten acceder a la profesión de arquitecto tras haber superado el examen específico de habilitación para ejercer la profesión de arquitecto?

      (1)  DO L 223, de 21.8.1985, p. 15.


title: Asunto T-71/06: Recurso interpuesto el  27 de febrero de 2006  — ENERCON/OAMI

text:
               6.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/23

         Recurso interpuesto el 27 de febrero de 2006 — ENERCON/OAMI
   (Asunto T-71/06)
   (2006/C 108/42)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: ENERCON GmbH (Aurich, Alemania) (representante: R. Böhm, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 30 de noviembre de 2005 (asunto R 0179/2005-2).

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca tridimensional en forma de un fragmento de un conversor de energía eólica para productos de la clase 7 — Solicitud no 2 496 743

      Resolución del examinador: Denegación del registro

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, puesto que la forma del producto que se solicita con la marca no es una de las múltiples formas habituales. Por ese motivo, la marca tridimensional tiene carácter distintivo.
   Infracción del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, porque, habida cuenta de las circunstancias del asunto, la Sala de Recurso debería haber instado a la parte demandante a aportar más dictámenes periciales, si ello hubiera permitido acreditar los extremos a que se refiere el artículo 7, apartado 3.


title: Asunto T-313/16: Auto del Tribunal General de 19 de enero de 2017 — Grupo Riberebro Integral y Riberebro Integral/Comisión

text:
               13.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 78/43

         Auto del Tribunal General de 19 de enero de 2017 — Grupo Riberebro Integral y Riberebro Integral/Comisión
   (Asunto T-313/16) (1)

   (2017/C 078/61)
   Lengua de procedimiento: español
   El Presidente de la Sala Octava ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 287 de 8.8.2016.


title: Asunto C-194/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de mayo de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden, Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V. (Artículos 56 CE a 58 CE — Libre circulación de capitales — Tributación de los dividendos — Compensación otorgada a una institución de inversión colectiva de carácter fiscal debido a retenciones fiscales efectuadas en la fuente por otro Estado sobre los dividendos percibidos por tal institución — Limitación de dicha compensación a la cantidad que un socio residente del Estado miembro de establecimiento de esa institución que ha efectuado una inversión sin intermediación de tal institución podría imputar al impuesto sobre la renta en virtud de un convenio para evitar la doble imposición — Limitación de dicha compensación en función de la participación de socios no residentes en el capital de esa institución)

text:
               5.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de mayo de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden, Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V.
   (Asunto C-194/06) (1)

   (Artículos 56 CE a 58 CE - Libre circulación de capitales - Tributación de los dividendos - Compensación otorgada a una institución de inversión colectiva de carácter fiscal debido a retenciones fiscales efectuadas en la fuente por otro Estado sobre los dividendos percibidos por tal institución - Limitación de dicha compensación a la cantidad que un socio residente del Estado miembro de establecimiento de esa institución que ha efectuado una inversión sin intermediación de tal institución podría imputar al impuesto sobre la renta en virtud de un convenio para evitar la doble imposición - Limitación de dicha compensación en función de la participación de socios no residentes en el capital de esa institución)
   (2008/C 171/05)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Hoge Raad der Nederlanden
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Staatssecretaris van Financiën

      Demandada: Orange European Smallcap Fund N.V.
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación de los artículos 56 CE, 57 CE, apartado 1, y 58 CE, apartado 1 — Normativa nacional que concede un crédito fiscal a una sociedad de inversión debido a la práctica de una retención en la fuente sobre los dividendos en otro Estado miembro — Limitación en caso de socios no residentes en los Países Bajos o que no están sujetos al impuesto de sociedades neerlandés.
   Fallo

               1)

               Los artículos 56 CE y 58 CE no se oponen a la normativa de un Estado miembro como la controvertida en el asunto principal que, al establecer, en favor de las instituciones de inversión colectiva de carácter fiscal establecidas en el territorio de ese Estado miembro, una compensación cuyo objeto es tener en cuenta las retenciones fiscales practicadas en la fuente por otro Estado miembro sobre los dividendos pagados a dichas instituciones, restringe la referida compensación al importe que una persona física residente en el territorio de ese primer Estado miembro habría podido imputar, a causa de retenciones similares, en virtud de un convenio para evitar la doble imposición celebrado con ese otro Estado miembro.

               2)

               Los artículos 56 CE y 58 CE se oponen a la normativa de un Estado miembro como la controvertida en el asunto principal que, al establecer, en favor de las instituciones de inversión colectiva de carácter fiscal establecidas en el territorio de ese Estado miembro, una compensación cuyo objeto es tener en cuenta las retenciones fiscales practicadas en la fuente por otro Estado miembro o por un país tercero sobre los dividendos pagados a tales instituciones, reduce esa compensación si y en la medida en que los socios de éstas sean personas físicas o jurídicas que residen o están establecidas en otros Estados miembros o en países terceros, toda vez que tal reducción perjudica indistintamente a todos los socios de dichas instituciones.
               Al respecto, carece de influencia el hecho de que los socios extranjeros de una institución de inversión colectiva de carácter fiscal residan o estén establecidos en un Estado con el cual el Estado miembro de establecimiento de esa institución haya celebrado un convenio que, sobre una base de reciprocidad, establezca la imputación de las retenciones fiscales practicadas en la fuente sobre los dividendos.

               3)

               Una restricción está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 57 CE, apartado 1, como restricción a los movimientos de capitales que implican inversiones directas siempre que se refiera a las inversiones de todo tipo que realizan las personas físicas o jurídicas y que sirven para crear o mantener vínculos duraderos y directos entre el proveedor de fondos y la empresa a la que se destinan tales fondos para el ejercicio de una actividad económica.

      (1)  DO C 178 de 29.7.2006.


title: Asunto F-37/12: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez único) de 18 de diciembre de 2015 — De Nicola/BEI (Función pública — Personal del BEI — Acoso moral — Procedimiento de investigación — Informe del comité de investigación — Definición errónea del acoso moral — Decisión del Presidente del BEI de no dar curso a la denuncia — Anulación — Recurso de indemnización)

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/88

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez único) de 18 de diciembre de 2015 — De Nicola/BEI
   (Asunto F-37/12) (1)

   ((Función pública - Personal del BEI - Acoso moral - Procedimiento de investigación - Informe del comité de investigación - Definición errónea del acoso moral - Decisión del Presidente del BEI de no dar curso a la denuncia - Anulación - Recurso de indemnización))
   (2016/C 048/98)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representante: L. Isola, abogado)

      Demandada: Banco Europeo de Inversiones (representantes: G. Nuvoli y T. Gilliams, agentes, A. Dal Ferro, abogado)

      Objeto

   Petición de anulación, por un lado, del escrito del Presidente del BEI mediante el que desestimó, a raíz del informe del Comité «Dignity at work», la denuncia por acoso moral presentada por el demandante y, por otro lado, las conclusiones del dictamen del citado comité en la medida en que no determinó que existieran hechos constitutivos de acoso moral.

      Fallo

               1)

               Anular la decisión de 20 de diciembre de 2011 mediante la que el Presidente del Banco Europeo de Inversiones desestimó la denuncia por acoso moral presentada por el Sr. De Nicola.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               El Banco Europeo de Inversiones cargará con sus propias costas y con las costas del Sr. De Nicola.

      (1)  DO C 184 de 23.6.2012, p. 24.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de julio de 1999 en el asunto T-188/97, Rothmans International BV contra Comisión de las Comunidades Europeas (Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión - Decisión por la que se deniega el acceso a documentos - Regla del autor - Comités denominados de comitología)

text:
C 299/22               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      16.10.1999
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                     de 19 de julio de 1999                                                     de 9 de julio de 1999
en el asunto T-188/97, Rothmans International BV contra                  en el asunto T-231/97, New Europe Consulting Ltd y
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                       Michael P. Brown contra Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas (1)
(Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom sobre el acceso del
público a los documentos de la Comisión — Decisión por la             (Programa PHARE — Recurso de indemnización — Requisi-
que se deniega el acceso a documentos — Regla del autor —                tos — Principio de buena administración — Evaluación del
             Comités denominados de comitologı́a)                                                     perjuicio)
                         (1999/C 299/28)                                                           (1999/C 299/29)
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                                      (Lengua de procedimiento: neerlandés)
En el asunto T-188/97, Rothmans International BV, anterior-              En el asunto T-231/97, New Europe Consulting Ltd, con
mente Rothmans Group Holdings BV, con domicilio social en                domicilio social en Dublı́n y Michael P. Brown, con domicilio
Amsterdam, representada por el Sr. Scott Crosby, Solicitor,              en Ballinasloe, County Galway (Irlanda), representados por los
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de                  Sres. Alberic De Roeck y Benjamin De Roeck, Abogados de
Me Victor Elvinger, 31, rue d’Eich, apoyada por Reino de Suecia          Amberes, Lange Lozanastraat, 2, Amberes (Bélgica), contra
(Agente: inicialmente el Sr. Erik Brattgård y, posteriormente,           Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sra. Marie-
el Sr. Anders Kruse), contra Comisión de las Comunidades                José Jonczy y Sr. Maurits Lugard), que tiene por objeto una
Europeas (Agentes: inicialmente el Sr. Ulrich Wölker y la                demanda por la que se solicita la reparación del perjuicio
Sra. Carmel O’Reilly, y, posteriormente, los Sres. Wölker y              supuestamente causado a las partes demandantes por el
Xavier Lewis), que tiene por objeto un recurso de anulación de          comportamiento culpable de la Comisión en el marco del
la decisión de la Comisión por la que se deniega a la                  Programa PHARE, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
demandante el acceso a las actas del Comité del Código                  Cuarta), integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente; la
aduanero, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera                 Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces; Secretario: Sr. A. Mair,
ampliada), integrado por los Sres: B. Vesterdorf, Presidente;            administrador, ha dictado el 9 de julio de 1999 una sentencia
C.W. Bellamy, J. Pirrung, A.W.H. Meij y M. Vilaras, Jueces;              cuyo fallo es el siguiente:
Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 19 de julio de 1999 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                         1) Se condena a la parte demandada a pagar a la sociedad New
                                                                             Europe Consulting Ltd una indemnización de 100 000 euros y
1) Se anula la decisión de la Comisión de 30 de abril de 1997, por         al Sr. Michael P. Brown una indemnización de 25 000 euros.
    la que se deniega a la demandante el acceso a las actas del
    Comité del Código aduanero.
                                                                         2) Dichas cantidades producirán intereses de demora al tipo anual
                                                                             del 4,5 % a partir de la fecha de la presente sentencia, hasta el
2) La Comisión cargará, además de con sus propias costas, con las         pago efectivo.
    costas de la demandante.
                                                                         3) La parte demandada cargará con sus propias costas, ası́ como
3) El Reino de Suecia cargará con sus propias costas.                       con las efectuadas por las partes demandantes.
(1) DO C 252 de 16.8.97.                                                 (1) DO C 357 de 22.11.1997.


title: Asunto C-650/15 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de diciembre de 2015 por Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta ampliada) dictada el 25 de septiembre de 2015 en el asunto T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

text:
               8.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/25

         Recurso de casación interpuesto el 4 de diciembre de 2015 por Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta ampliada) dictada el 25 de septiembre de 2015 en el asunto T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
   (Asunto C-650/15 P)
   (2016/C 048/30)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (representantes: R. Cana, abogado, D. Abrahams, Barrister, E. Mullier, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), Reino de los Países Bajos, Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal General en el asunto T-268/10 RENV.

               —

               Que se anule el acto impugnado.

               —

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la pretensión de anulación de las recurrentes.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada, incluyendo las costas del procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurso de casación se interpone contra la sentencia del Tribunal General dictada en el asunto T-268/10 RENV, mediante la que se desestimó el recurso de anulación de la recurrente contra la decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) de identificar la acrilamida como una sustancia que cumple los criterios establecidos en el artículo 57 del Reglamento no 1907/2006, (1) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas, conforme al artículo 59 del Reglamento no 1907/2006.
   Los fundamentos de Derecho en los que se basan las recurrentes pueden resumirse del siguiente modo:

               1.

               El Tribunal General cometió un error de Derecho al no interpretar correctamente el Reglamento REACH en su interpretación de la definición de «sustancia intermedia» del artículo 3, apartado 15, del Reglamento REACH:

                           a)

                           Al interpretar los usos finales de la sustancia sintetizada como un criterio de exclusión contrario a la clara redacción del artículo 3, apartado 15.

                           b)

                           Al interpretar la definición de «sustancia intermedia» de manera contraria al objetivo de las disposiciones del Reglamento REACH.

                           c)

                           Al no evaluar independientemente el anexo 4 de las directrices de la ECHA sobre «sustancias intermedias» y basarse en partes no pertinentes de éste.

               2.

               El Tribunal General ha incumplido la obligación de motivación al no considerar las alegaciones de las recurrentes de que el artículo 2, apartado 8, letra b), del Reglamento REACH incluye el título VII del Reglamento REACH en su integridad.

               3.

               El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al interpretar de manera errónea el Reglamento REACH en la medida en que declaró que las sustancias intermedias no están exentas de lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento REACH.

               4.

               El Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar que la parte demandada no ha incurrido en error manifiesto de apreciación a no tomar en consideración la información del anexo XV del Reglamento REACH.

               5.

               El Tribunal General incurrió en un error de Derecho en su apreciación de la proporcionalidad del acto impugnado.

               6.

               El Tribunal General incumplió su obligación de motivación al no considerar las medidas menos onerosas propuestas por las recurrentes.

      (1)  Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).