title: Asunto C-321/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de febrero de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica [Incumplimiento de Estado — Directiva 2007/2/CE — Política medioambiental — Infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) — Intercambio y actualización de datos en formato electrónico — Transposición incompleta]

text:
               2.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 103/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de febrero de 2011 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-321/10) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2007/2/CE - Política medioambiental - Infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) - Intercambio y actualización de datos en formato electrónico - Transposición incompleta)
   2011/C 103/15
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representante: J. Sénéchal, agente)

      Demandada: Reino de Bélgica (representantes: T. Materne y M. Jacobs, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — No adopción ni comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108, p. 1).

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire), al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Bélgica.

      (1)  DO C 246, de 11.9.2010.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2001 en los asuntos acumulados T-202/98, T-204/98 y T-207/98: Tate & Lyle plc y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (Competencia — Mercado del azúcar — Infracción del artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE) — Multas)

text:
5.1.2002                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 3/21
                                                      TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                5)     Se condena a la demandante en el asunto T-204/98 a cargar
                                                                                con sus propias costas, ası́ como las correspondientes a la
                       de 12 de julio de 2001                                     Comisión en este asunto, incluidas las del procedimiento de
                                                                                medidas provisionales.
en los asuntos acumulados T-202/98, T-204/98 y                             6)     Se condena a la demandante en el asunto T-207/98 a cargar
T-207/98: Tate & Lyle plc y otros contra Comisión de las                         con sus propias costas, ası́ como las correspondientes a la
                     Comunidades Europeas (1)                                     Comisión en este asunto.
(Competencia — Mercado del azúcar — Infracción del                       (1) DO C 48 de 20.2.1999.
artı́culo 85 del Tratado CE (actualmente artı́culo 81 CE) —
                                Multas)
                             (2002/C 3/32)
                    (Lengua de procedimiento: inglés)                      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 12 de julio de 2001
En los asuntos acumulados T-202/98, Tate & Lyle plc,
representada por los Sres. R. Fowler, QC, y A. L. Morris,                  en el asunto T-2/99: T. Port GmbH & Co. KG contra
Solicitors, que designa domicilio en Luxemburgo, T-204/98,                                  Consejo de la Unión Europea (1)
British Sugar plc, representada por los Sres. T. Sharpe, QC,
D. Jowell, Barristers, la Sra. L. R. Lindsay y el Sr. A. Nourry,           (Plátanos — Importaciones de Estados ACP y de paı́ses
Solicitors, que designa domicilio en Luxemburgo y T-207/98,                terceros — Reglamento (CEE) no 404/93 — Normas de la
Napier Brown & Co. Ltd, representada por las Sras. D. Guy,                 OMC — Invocabilidad — Artı́culo 234, párrafo primero, del
Solicitor, y S. Sheppard, Barrister, que designa domicilio en              Tratado CE (actualmente artı́culo 307 CE, párrafo primero,
Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas                         tras su modificación) — Recurso de indemnización)
(agentes: Sres. B. Doherty y K. Wiedner), que tiene por objeto
un recurso de anulación de la Decisión 1999/210/CE de la
Comisión, de 14 de octubre de 1998, relativa a un procedi-                                            (2002/C 3/33)
miento con arreglo al artı́culo 85 del Tratado CE (asuntos IV/
F-3/33.708 — British Sugar plc, IV/F-3/33.709 — Tate & Lyle                                  (Lengua de procedimiento: alemán)
plc, IV/F-3/33.710 — Napier Brown & Company Ltd y IV/
F-3/33.711 — James Budgett Sugars Ltd) (DO 1999, L 76,
p. 1), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado           En el asunto T-2/99, T. Port GmbH & Co. KG, con domicilio
por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, la Sra. V. Tiili y el                  en Hamburgo (Alemania), representada por Me G. Meier,
Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio                   abogado, contra Consejo de la Unión Europea (agentes:
González, administrador, ha dictado el 12 de julio de 2001                Sres. S. Marquand y J.-P. Hix), apoyado por República Francesa
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                  (agentes: Sras. K. Rispal-Bellanger, C. Vasak, y Sres. S. Seam y
                                                                           F. Million) y por Comisión de las Comunidades Europeas
1)    Se anula, en la medida en que afecta a la demandante en el           (agente: Sr. K.-D. Borchardt), que tiene por objeto un recurso
      asunto T-202/98, el artı́culo 3 de la Decisión 1999/210/CE          de indemnización del perjuicio que la demandante afirma
      de la Comisión, de 14 de octubre de 1998, relativa a un             haber sufrido como consecuencia de la adopción por parte del
      procedimiento con arreglo al artı́culo 85 del Tratado CE             Consejo, en el marco de su Reglamento (CEE) no 404/93, de
      (asuntos IV/F-3/33.708 — British Sugar plc, IV/F-3/33.709            13 de febrero de 1993, por el que se establece la organización
      — Tate & Lyle plc, IV/F-3/33.710 — Napier Brown &                    común de mercados en el sector del plátano (DO L 47, p. 1),
      Company Ltd y IV/F-3/33.711 — James Budgett Sugars Ltd).             de disposiciones supuestamente contrarias a los artı́culos 1,
                                                                           apartado 1, y XIII del Acuerdo General sobre Aranceles
2)    Se fija en 5,6 millones de euros el importe de la multa impuesta     Aduaneros y Comercio (GATT), el Tribunal de Primera Instan-
      en el artı́culo 3 de la Decisión 1999/210 a la demandante en        cia (Sala Quinta), integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y
      el asunto T-202/98.                                                  los Sres. R. Garcı́a-Valdecasas y J.D. Cooke, Jueces; Secretario:
                                                                           Sr. G. Herzig, administrador, ha dictado el 12 de julio de 2001
3)    Se condena a la Comisión, en el asunto T-202/98, a cargar           una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      con sus propias costas y con las de la demandante.
                                                                           1)     Se desestima el recurso.
4)    Se desestiman los recursos en los asuntos T-204/98 y
      T-207/98.                                                            2)     Se condena en costas a la demandante.


title: Asunto C-521/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de septiembre de 2011 — Elf Aquitaine SA/Comisión Europea (Recurso de casación — Prácticas colusorias — Artículos 81 CE y 53 del Acuerdo EEE — Mercado del ácido monocloroacético — Normas relativas a la imputabilidad de las prácticas restrictivas de la competencia de una filial a su sociedad matriz — Presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante — Derecho de defensa — Obligación de motivación)

text:
               19.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de septiembre de 2011 — Elf Aquitaine SA/Comisión Europea
   (Asunto C-521/09 P) (1)

   (Recurso de casación - Prácticas colusorias - Artículos 81 CE y 53 del Acuerdo EEE - Mercado del ácido monocloroacético - Normas relativas a la imputabilidad de las prácticas restrictivas de la competencia de una filial a su sociedad matriz - Presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante - Derecho de defensa - Obligación de motivación)
   2011/C 340/03
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Elf Aquitaine SA (representantes: E. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger y E. Lagathu, avocats)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet y F. Castillo de la Torre, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima), de 30 de septiembre de 2009, Elf Aquitaine/Comisión (T-174/05), por la que se desestima el recurso de la recurrente para que, con carácter principal, se anulara la Decisión C(2004) 4876 final de la Comisión, de 19 de enero de 2005, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con una práctica concertada en el mercado del ácido monocloroacético y, con carácter subsidiario, se anulara o se redujera el importe de la multa impuesta a la recurrente — Violación de los principios de presunción de inocencia y de individualidad de las penas e infracción de las normas relativas a la imputabilidad de las prácticas contrarias a la competencia de una filial a su sociedad matriz — Infracción del derecho de defensa e incumplimiento de la obligación de motivación.

      Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 30 de septiembre de 2009, Elf Aquitaine/Comisión (T-174/05).

               2)

               Anular la Decisión C(2004) 4876 final de la Comisión, de 19 de enero de 2005, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 (CE) y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E-1/37.773 — AMCA), en la medida en que imputa a Elf Aquitaine SA la infracción en cuestión y le impone una multa.

               3)

               Condenar a Elf Aquitaine SA y a la Comisión Europea a cargar cada una con sus propias costas relativas al presente recurso de casación.

               4)

               Condenar a la Comisión Europea a las costas de la primera instancia.

      (1)  DO C 37, de 13.2.2010.


title: Asunto F-124/10: Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2010 — Labiri/CESE

text:
               26.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/34

         Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2010 — Labiri/CESE
   (Asunto F-124/10)
   2011/C 63/63
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Vassiliki Labiri (Bruselas) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

      Demandada: Comité Económico y Social Europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de dar por concluido, sin otras consecuencias, el procedimiento administrativo de investigación iniciado a raíz de la denuncia por acoso moral interpuesta por el demandante.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 18 de enero de 2010 del Secretario General del Comité Económico y Social Europeo de no imputar ningún cargo al jefe de unidad del demandante y de dar por concluido, sin otras consecuencias, el procedimiento administrativo de investigación iniciado conjuntamente por el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones a raíz de la denuncia por acoso moral.

               —

               Que se condene en costas al Comité Económico y Social Europeo.


title: Asunto C-81/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, dictado el 28 de enero de 2005, en el asunto entre Anacleto Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial

text:
               16.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/16

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, dictado el 28 de enero de 2005, en el asunto entre Anacleto Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial
   (Asunto C-81/05)
   (2005/C 93/30)
   Lengua de procedimiento: español
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, dictado el 28 de enero de 2005, en el asunto entre Anacleto Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial, y recibido en la Secretaría del Tribunal el 18 de febrero de 2005.
   El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1.

               ¿La obligación impuesta a los Estados miembros de adoptar todas las medidas generales o particulares para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado de la Comunidad Europea o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad (artículo 10 del Tratado), así como el principio de primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Nacional, implican, por sí mismos y sin necesidad de disposiciones explícitas de Derecho interno, la atribución a los órganos judiciales nacionales de la potestad de dejar de aplicar todo tipo de normas de Derecho interno que sean contrarias al Derecho comunitario, con independencia del rango de estas disposiciones en la jerarquía normativa (reglamentos, leyes o incluso Constitución)?

               2.

                           a)

                           Cuando las instituciones administrativas y judiciales españolas han de resolver sobre el derecho de un trabajador cuyo empresario ha sido declarado insolvente a percibir, a cargo del Fondo de Garantía Salarial, las indemnizaciones que le son debidas por finalización de un contrato de trabajo cuya garantía frente a la insolvencia ha sido establecida por la legislación nacional, ¿están aplicando Derecho comunitario aunque la Directiva 80/987/CEE (1) no contemple en sus artículos 1 y 3 las indemnizaciones por finalización del contrato de forma expresa?

                           b)

                           En caso afirmativo, ¿están vinculadas las instituciones administrativas y judiciales españolas, en la aplicación de la Directiva 80/987/CEE y de las normas de Derecho interno que incorporan el contenido de la misma, por el principio de igualdad ante la Ley e interdicción de discriminación resultante del Derecho comunitario y con el alcance precisado por la interpretación dada al mismo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, aunque ésta no coincida con la interpretación del derecho fundamental análogo reconocido por la Constitución Española en la interpretación dada al mismo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español?

                           c)

                           En caso afirmativo, ¿impone el derecho fundamental de igualdad ante la Ley resultante del Derecho comunitario una obligación de igualdad de trato entre aquellos supuestos en los que el derecho del trabajador a la indemnización por finalización del contrato ha sido establecido por una sentencia judicial y aquellos otros supuestos en los que es el resultado de un acuerdo entre trabajador empresario celebrado en presencia judicial y con la aprobación del órgano judicial?

               3.

                           a)

                           ¿Cuándo un Estado miembro reconocía ya en su legislación interna el derecho del trabajador a obtener la protección de la Institución de Garantía para el caso de insolvencia empresarial en relación con una indemnización por extinción de contrato, todo ello con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 2002/74/CE (2), puede entenderse que a partir de la entrada en vigor de dicha Directiva, el 8 de octubre de 2002, el Estado miembro está aplicando Derecho comunitario, aunque no haya transcurrido el plazo máximo para la incorporación de la misma, cuando resuelve sobre el abono por la institución de garantía de esas indemnizaciones por finalización de contrato en situaciones de insolvencia empresarial declaradas con posterioridad al 8 de octubre de 2002?

                           b)

                           En caso afirmativo ¿están vinculadas las instituciones administrativas y judiciales españolas, en la aplicación de la Directiva 80/987/CEE y de las normas de Derecho interno que incorporan el contenido de la misma, por el principio de igualdad ante la Ley e interdicción de discriminación resultante del Derecho comunitario y con el alcance precisado por la interpretación dada al mismo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, aunque ésta no coincida con la interpretación del derecho fundamental análogo reconocido por la Constitución Española en la interpretación dada al mismo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español?

                           c)

                           En caso afirmativo, ¿impone el derecho fundamental de igualdad ante la Ley resultante del Derecho comunitario una obligación de igualdad de trato entre aquellos supuestos en los que el derecho del trabajador a la indemnización por finalización del contrato ha sido establecido por una sentencia judicial y aquellos otros supuestos en los que es el resultado de un acuerdo entre trabajador empresario celebrado en presencia judicial y con la aprobación del órgano judicial?

      (1)  Directiva del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario D.O. L 283, de 28.10.1980, p. 23. EE 05/02, p. 219.

      (2)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo D.O. L 270, de 8.10.2002, p. 10.


title: Asunto T-126/15: Sentencia del Tribunal General de 24 de mayo de 2016 — El Corte Inglés/EUIPO — Grup Supeco Maxor (Supeco) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Supeco — Marca figurativa anterior de la Unión SUPER COR — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Amplitud del examen efectuado por la Sala de Recurso — Productos y servicios en los que se basó la oposición — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Regla 15, apartado 2, letra f), del Reglamento (CE) n.° 2868/95 — Comunicación n.° 2/12»]

text:
               4.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/31

         Sentencia del Tribunal General de 24 de mayo de 2016 — El Corte Inglés/EUIPO — Grup Supeco Maxor (Supeco)
   (Asunto T-126/15) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión Supeco - Marca figurativa anterior de la Unión SUPER COR - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Amplitud del examen efectuado por la Sala de Recurso - Productos y servicios en los que se basó la oposición - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Regla 15, apartado 2, letra f), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 - Comunicación n.o 2/12»])
   (2016/C 243/33)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: El Corte Inglés, S.A. (Madrid) (representante: J.L. Rivas Zurdo, abogado)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: E. Scheffer y A. Folliard-Monguiral, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Grup Supeco Maxor, S.L. (Madrid) (representante: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, abogada)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de diciembre de 2014 (asunto R 1112/2014-5) relativa a un procedimiento de oposición entre El Corte Inglés, S.A., y Grup Supeco Maxor, S.L.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a El Corte Inglés, S.A.

      (1)  DO C 155 de 11.5.2015.


title: Asunto C-433/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handens Tingsrätt — Suecia) — Proceso penal contra Lars Sandström (Directivas 94/25/CE y 2003/44/CE — Aproximación de las legislaciones — Embarcaciones de recreo — Prohibición de uso de motos acuáticas fuera de las vías de navegación públicas — Artículos 28 CE y 30 CE — Medidas de efecto equivalente — Acceso al mercado — Obstáculo — Protección del medio ambiente — Proporcionalidad — Directiva 98/34/CE — Artículo 8 — Modificación de la legislación nacional — Obligación de notificación — Requisitos)

text:
               5.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 148/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handens Tingsrätt — Suecia) — Proceso penal contra Lars Sandström
   (Asunto C-433/05) (1)

   (Directivas 94/25/CE y 2003/44/CE - Aproximación de las legislaciones - Embarcaciones de recreo - Prohibición de uso de motos acuáticas fuera de las vías de navegación públicas - Artículos 28 CE y 30 CE - Medidas de efecto equivalente - Acceso al mercado - Obstáculo - Protección del medio ambiente - Proporcionalidad - Directiva 98/34/CE - Artículo 8 - Modificación de la legislación nacional - Obligación de notificación - Requisitos)
   2010/C 148/03
   Lengua de procedimiento: sueco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Handens Tingsrätt

      Parte en el proceso principal

   Lars Sandström

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Handens tingsrätt — Interpretación de los artículos 28 CE a 30 CE y de la Directiva 2003/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, por la que se modifica la Directiva 94/25/CE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo (DO L 214, p. 18) — Prohibición de utilizar motos acuáticas fuera de las vías de navegación públicas.

      Fallo

               1)

               La Directiva 94/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo, en su versión modificada por la Directiva 2003/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, no se opone a una normativa nacional que, por motivos de protección del medio ambiente, prohíbe la utilización de motos acuáticas fuera de las vías designadas.

               2)

               Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE no se oponen a tal normativa nacional siempre que:

                           —

                           las autoridades nacionales competentes estén obligadas a adoptar las medidas de aplicación previstas para designar las zonas situadas fuera de las vías de navegación públicas en las que puedan utilizarse las motos acuáticas;

                           —

                           dichas autoridades hayan ejercido efectivamente la competencia que les ha sido conferida a este respecto y hayan designado las zonas que cumplen los requisitos establecidos en la normativa nacional, y

                           —

                           tales medidas hayan sido adoptadas en un plazo razonable tras la entrada en vigor de dicha normativa.

                     Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si, en el litigio principal, se cumplen esos requisitos.

               3)

               El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, debe interpretarse en el sentido de que una modificación introducida en un proyecto de reglamento técnico ya notificado a la Comisión Europea, con arreglo al párrafo primero de ese artículo, y que sólo implica, respecto del proyecto notificado, una flexibilización de los requisitos de utilización del producto de que se trata y, por tanto, reduce el impacto potencial del reglamento técnico en los intercambios comerciales, no constituye una modificación significativa del proyecto en el sentido del tercer párrafo de dicha disposición y no debe ser objeto de notificación previa a la Comisión. A falta de tal obligación de notificación previa, no haber comunicado a la Comisión una modificación no significativa de un reglamento técnico, con anterioridad a la adopción de éste, no afecta a su aplicabilidad.

      (1)  DO C 36, de 11.2.2006.


title: Asunto C-40/06: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Finanzgericht München, de  8 de diciembre de 2005 , en el asunto entre Juers Pharma Import-Export GmbH y Oberfinanzdirektion Nürnberg

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/11

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Finanzgericht München, de 8 de diciembre de 2005, en el asunto entre Juers Pharma Import-Export GmbH y Oberfinanzdirektion Nürnberg
   (Asunto C-40/06)
   (2006/C 86/19)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Finanzgericht München dictada el 8 de diciembre de 2005, en el asunto entre Juers Pharma Import-Export GmbH y Oberfinanzdirektion Nürnberg, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de enero de 2006.
   El Finanzgericht München solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
   ¿Debe interpretarse la Nomenclatura Combinada (NC), en la versión del anexo I del Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, (1) por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en el sentido de que deben clasificarse en la partida 3004 las cápsulas de melatonina que, al carecer de autorización conforme a la normativa en materia de medicamentos, están acondicionadas como complemento alimenticio?

      (1)  DO L 281, p. 1.


title: Archivo del asunto C-398/96

text:
17.7.1999              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 204/35
2) Condene en costas a Luxemburgo.                                                      Archivo del asunto C-320/97(1)
Los motivos y principales alegaciones que se invocan son análogos                              (1999/C 204/74)
a los presentados en el asunto C-168/99 (2); el plazo señalado
por el apartado 2 del artı́culo 14 de la Directiva expiró el 27 de      Mediante auto de 18 de marzo de 1999, el Presidente del
junio de 1997.                                                           Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                         archivar el asunto C-320/97: Comisión de las Comunidades
                                                                         Europeas contra República Federal de Alemania.
(1) DO L 143, de 27.06.1995, p. 75.
(2) Véase el presente DO, p. 28.
                                                                         (1) DO C 331 de 1.11.1997.
                Archivo del asunto C-330/98 (1)                                          Archivo del asunto C-5/99 (1)
                         (1999/C 204/71)                                                        (1999/C 204/75)
Mediante auto de 10 de marzo de 1999, el Presidente del                  Mediante auto de 18 de marzo de 1999, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido             Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-330/98 (petición de decisión prejudicial          archivar el asunto C-5/99 (petición de decisión prejudicial
del Oberster Gerichtshof): The Wellcome Foundation Ltd                   del Landgericht Regensburg): Procedimiento iniciado por la
contra Nycomed Austria GmbH.                                             empresa Wiesenhof Geflügelspezialitäten, sucursal de Loh-
                                                                         mann & Co. AG.
(1) DO C 340 de 7.11.1998.
                                                                         (1) DO C 86 de 27.3.1999.
                Archivo del asunto C-186/97 (1)                                         Archivo del asunto C-245/98 (1)
                         (1999/C 204/72)                                                        (1999/C 204/76)
Mediante auto de 18 de marzo de 1999, el Presidente del                  Mediante auto de 19 de abril de 1999, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido             Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-186/97: Comisión de las Comunidades                archivar el asunto C-245/98: Comisión de las Comunidades
Europeas contra República de Alemania.                                  Europeas contra Républica Francesca.
(1) DO C 212 de 12.7.1997.                                               (1) DO C 278 de 5.9.1998.
                                                                                Archivo del asunto C-398/96 (1)
                Archivo del asunto C-192/97 (1)
                                                                                (1999/C 204/77)
                         (1999/C 204/73)
                                                                         Mediante auto de 21 de abril de 1999, el Presidente del
                                                                         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Mediante auto de 18 de marzo de 1999, el Presidente de la
                                                                         archivar el asunto C-398/96 (petición de decisión prejudicial
Sala Segunda del Tribunal de Justicia de las Comunidades
                                                                         del Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Associazone
Europeas ha decidido archivar el asunto C-192/97: Comisión
                                                                         Produttori Vitivinicoli della Provincia di Treviso y otros
de las Comunidades Europeas contra República Federal de
                                                                         contra Ministero delle Risorse Agricole, Alimentaria e Forestali
Alemania.
                                                                         (actualmente Ministero per le Politische Agricole).
(1) DO C 212 de 12.7.1997.                                               (1) DO C 54 de 22.2.1997.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 9 de noviembre de 2004, en el asunto C-203/02 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division): The British Horseracing Board Ltd y otros contra William Hill Organization Ltd («Directiva 96/9/CE — Protección jurídica de las bases de datos — Derecho sui generis — Obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos — Parte (no) sustancial del contenido de una base de datos — Extracción y reutilización — Explotación normal — Perjuicio injustificado causado a los intereses legítimos del fabricante — Base de datos hípicos — Listas de carreras — Apuestas»)

text:
               8.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/4

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 9 de noviembre de 2004
   en el asunto C-203/02 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division): The British Horseracing Board Ltd y otros contra William Hill Organization Ltd (1)

   («Directiva 96/9/CE - Protección jurídica de las bases de datos - Derecho sui generis - Obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos - Parte (no) sustancial del contenido de una base de datos - Extracción y reutilización - Explotación normal - Perjuicio injustificado causado a los intereses legítimos del fabricante - Base de datos hípicos - Listas de carreras - Apuestas»)
   (2005/C 6/06)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-203/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), mediante resolución de 24 de mayo de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de mayo de 2002, en el procedimiento entre The British Horseracing Board Ltd y otros y William Hill Organization Ltd, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas y K. Lenaerts (Ponente), Presidentes de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric y el Sr. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretarias: Sras. M. Múgica Arzamendi y M.-F. Contet, administradoras principales, ha dictado el 9 de noviembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               El concepto de inversión destinada a la obtención del contenido de una base de datos, a efectos del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, debe entenderse en el sentido de que designa los recursos dedicados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en dicha base. No incluye los recursos utilizados para la creación de los datos constitutivos del contenido de la base de datos.
               El concepto de inversión destinada a la verificación del contenido de la base de datos, a efectos del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9, debe entenderse en el sentido de que se refiere a los recursos que, con vistas a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de que se trate, se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución de la base de datos como durante el período de funcionamiento de ésta. No se incluyen en dicho concepto los recursos dedicados a operaciones de verificación durante la fase de creación de datos posteriormente reunidos en una base.
               Los recursos dedicados a la elaboración de una lista de los caballos que participan en una carrera y a las operaciones de verificación que se inscriben en dicho marco no corresponden a una inversión destinada a la obtención y a la verificación del contenido de la base de datos en la que figura la referida lista.

               2)

               Los conceptos de extracción y de reutilizacion, a efectos del artículo 7 de la Directiva 96/9/CE, deben interpretarse en el sentido de que se refieren a todo acto no autorizado de apropiación y de difusión al público de la totalidad o de una parte del contenido de una base de datos. Tales conceptos no suponen un acceso directo a la base de datos de que se trate.
               La circunstancia de que el contenido de la base de datos se haya hecho accesible al público por obra de la persona que constituyó dicha base o con su consentimiento no afecta al derecho de esta última a prohibir los actos de extracción y/o de reutilización relativos a la totalidad o a una parte sustancial del contenido de una base de datos.

               3)

               A efectos del artículo 7 de la Directiva 96/9, el concepto de parte sustancial del contenido de una base de datos, evaluada cuantitativamente, se refiere al volumen de datos extraído y/o reutilizado de la base y debe apreciarse en relación con el volumen del contenido total de ésta.
               El concepto de parte sustancial del contenido de una base de datos, evaluada cualitativamente, se refiere a la magnitud de la inversión destinada a la obtención, la verificación o la presentación del contenido del objeto del acto de extracción y/o de reutilización, con independencia de si dicho objeto representa una parte cuantitativamente sustancial del contenido general de la base de datos protegida.
               En el concepto de parte no sustancial del contenido de una base de datos se incluye toda parte que no responda al concepto de parte sustancial desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo.

               4)

               La prohibición que establece el artículo 7, apartado 5, de la Directiva 96/9/CE se refiere a aquellos actos no autorizados de extracción y/o de reutilización que, en virtud de su efecto acumulativo, tiendan a reconstituir y/o a poner a disposición del público, sin autorización de la persona que haya constituido la base de datos, la totalidad o una parte sustancial del contenido de dicha base y que, de este modo, perjudiquen gravemente la inversión de esa persona.

      (1)   DO C 180 de 27.7.2002.


title: Asunto C-8/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Oldenburg (Alemania) el 6 de enero de 2011 — Johann Bilker y otros/EWE AG

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Oldenburg (Alemania) el 6 de enero de 2011 — Johann Bilker y otros/EWE AG
   (Asunto C-8/11)
   2011/C 113/03
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Oldenburg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Johann Bilker y otros

      Demandada: EWE AG

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (1) en el sentido de que tampoco estarán sometidas a dicha Directiva las disposiciones legales o reglamentarias a las que se remita un profesional en sus cláusulas contractuales en el supuesto de que dichas disposiciones legales o reglamentarias hubiesen sido adoptadas para otra categoría de consumidores y otro tipo de contrato? En caso de que la Directiva no resulte aplicable, ¿se extiende la inaplicabilidad al principio de redacción clara y comprensible recogido en el artículo 5?

               2)

               ¿Deben interpretarse el artículo 5, primera frase, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y el artículo 3, apartado 3, cuarta frase, de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, (2) sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, en el sentido de que una cláusula no será «clara y comprensible» o bien no garantizará «un elevado nivel de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales generales», en el supuesto de que un profesional pretenda ejercer un derecho unilateral a modificar los precios sobre la base de que, en sus condiciones contractuales generales, se hace referencia, con carácter general, a un reglamento adoptado para otra categoría de consumidores y otro tipo de contrato y en el que, además, el precepto determinante para el derecho a modificar los precios no cumple la obligación de transparencia?

      (1)  DO L 95, p. 29.

      (2)  Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y que deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57).


title: Asunto T-596/10: Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2012 — Almunia Textil/OAMI — FIBA-Europe (EuroBasket) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa EuroBasket — Marca comunitaria figurativa anterior Basket — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               17.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/18

         Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2012 — Almunia Textil/OAMI — FIBA-Europe (EuroBasket)
   (Asunto T-596/10) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa EuroBasket - Marca comunitaria figurativa anterior Basket - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2012/C 80/29
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Almunia Textil, S.A. (La Almunia de Doña Godina, Zaragoza) (representante: J.E. Astiz Suárez, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: R. Manea, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: FIBA–Europe eV (Munich, Alemania) (representante: T. Hogh Holub, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 6 de octubre de 2010 (asunto R 280/2010-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Almunia Textil, S.A., y FIBA-Europe eV.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Almunia Textil, S.A., cargará, además de con sus propias costas, con las costas soportadas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y por FIBA-Europe eV, incluidos, en cuanto a ésta, los gastos indispensables soportados en el procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso.

      (1)  DO C 80, de 12.3.2011.


title: Asunto T-451/12: Auto del Tribunal General de 24 de octubre de 2013 — Stromberg Menswear/OAMI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de caducidad — Marca comunitaria denominativa anterior STORMBERG — Renuncia del titular a la marca impugnada — Decisión de conclusión del procedimiento de caducidad — Petición de restitutio in integrum — Obligación de motivación — Artículos 58, apartado 1, 76, apartado 1, y 81, apartado 1, del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno» ]

text:
               14.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 367/28

         Auto del Tribunal General de 24 de octubre de 2013 — Stromberg Menswear/OAMI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)
   (Asunto T-451/12) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de caducidad - Marca comunitaria denominativa anterior STORMBERG - Renuncia del titular a la marca impugnada - Decisión de conclusión del procedimiento de caducidad - Petición de restitutio in integrum - Obligación de motivación - Artículos 58, apartado 1, 76, apartado 1, y 81, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 - Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno)
   2013/C 367/50
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Stromberg Menswear Ltd (Leeds, Reino Unido) (representantes: A. Tsoutsanis, abogado, y C. Tulley, Solicitor)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Leketoy Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Noruega) (representantes: inicialmente T. Mølsgaard, y posteriormente J. Løje, abogados)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 3 de agosto de 2012 (asunto R 389/2012-4) relativa a un procedimiento de caducidad entre Stromberg Menswear Ltd y Leketoy Stormberg Inter AS.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Stromberg Menswear Ltd.

      (1)  DO C 63, de 2.3.2013.


title: Asunto C-333/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Bács-Kiskun Megyei Bíróság, de  12 de julio de 2005 , en el asunto entre Ilona Németh y Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága

text:
               10.12.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/8

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Bács-Kiskun Megyei Bíróság, de 12 de julio de 2005, en el asunto entre Ilona Németh y Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága
   (Asunto C-333/05)
   (2005/C 315/14)
   Lengua de procedimiento: húngaro
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Bács-Kiskun Megyei Bíróság dictada el 12 de julio de 2005, en el asunto entre Ilona Németh y Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de septiembre de 2005.
   El Bács-Kiskun Megyei Bíróság solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               Un impuesto de un Estado miembro, como el impuesto de matriculación húngaro, ¿puede considerarse un derecho de aduana o una exacción de efecto equivalente?

               2)

               De darse una respuesta negativa a la primera cuestión: un impuesto de un Estado miembro, como el impuesto de matriculación húngaro –el cual impone el pago de una tasa como condición previa para la inscripción en el registro y la puesta en circulación de un automóvil de turismo–, ¿puede considerarse un tipo de impuesto de importación?

               3)

               De darse una respuesta negativa a la segunda cuestión: un impuesto de un Estado miembro, como el impuesto de matriculación húngaro, ¿es compatible con lo exigido en el artículo 90 del Tratado de Roma, o con lo dispuesto en el artículo 33 de la Directiva 77/388/CEE, (1) o bien vulnera dicho impuesto de matriculación húngaro el Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido?

               4)

               En el estado actual del Derecho comunitario, un impuesto de un Estado miembro, como el impuesto de matriculación húngaro, ¿se ajusta a las disposiciones de Derecho comunitario cuando el importe adeudado del impuesto de matriculación sobre los automóviles de turismo nuevos y usados –dejando aparte la clasificación de los automóviles en función de consideraciones medioambientales– tiene la misma cuantía y no refleja de ningún modo la depreciación existente en el valor de los automóviles usados y es totalmente independiente de la fecha en que el automóvil fue puesto en circulación y del tiempo que lleve en circulación (legal)?

      (1)  DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.


title: Asunto C-262/11: Petición de decisión prejudicial planteada por la Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) el 26 mayo de 2011 — Kremikovtsi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) el 26 mayo de 2011 — Kremikovtsi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma
   (Asunto C-262/11)
   2011/C 232/30
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen Sad Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Kremikovtsi AD

      Demandada: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Ministro y Viceministro de Economía, Energía y Turismo)

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Las disposiciones del Acuerdo europeo y especialmente las decisiones del Consejo de Asociación UE-Bulgaria son aplicables a las ayudas públicas concedidas con arreglo a las disposiciones del Acuerdo europeo y especialmente con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2, antes de la adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea, cuando la apreciación de la incompatibilidad de las ayudas públicas así concedidas se efectúa después de la adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea? En caso de respuesta afirmativa, es necesaria la siguiente interpretación:

                           a)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Protocolo adicional al Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, en lo referente a una prórroga del período previsto en el artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 del Acuerdo europeo, en el sentido de que sólo la Comisión Europea puede declarar si el programa de reestructuración y los planes con arreglo al artículo 2 del Protocolo Adicional se han aplicado íntegramente y se cumplen los requisitos del artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 del Acuerdo europeo? En caso de respuesta negativa, es necesaria la siguiente interpretación:

                           b)

                           ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, del Protocolo adicional al Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, en lo referente a una prórroga del período previsto en el artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 al Acuerdo europeo, en el sentido de que la autoridad nacional competente de la República de Bulgaria tiene derecho a dictar una decisión sobre la recuperación de una ayuda pública que no cumple los requisitos del artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 del Acuerdo europeo? En caso de respuesta negativa por parte del Tribunal de Justicia, se solicita la interpretación de la siguiente cuestión:

               2)

               ¿La disposición del número 1 de la parte del Anexo V relativa a las normas sobre competencia del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que la ayuda pública en cuestión es una «ayuda nueva» en el sentido del número 1, párrafo segundo, de dicho Anexo? En caso de respuesta afirmativa, ¿son de aplicación a dichas «nuevas ayudas» las disposiciones de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE (artículos 87 CE y 88 CE) relativas a las ayudas públicas, así como las disposiciones del Reglamento no 659/1999? (1)

                           a)

                           En caso de respuesta negativa, es necesario responder a la siguiente cuestión: Las disposiciones del número 1, en el anexo V, del Acta de adhesión, ¿deben interpretarse en el sentido de que las autoridades nacionales competentes no pueden proceder a recuperar una ayuda pública como la del procedimiento principal si antes la Comisión no ha dictado una decisión en la que declare que la ayuda pública en cuestión es incompatible con el mercado común?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: ¿Debe interpretarse la Decisión de la Comisión de 15 de diciembre de 2009, presentada al Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo Administrativo), como decisión negativa referente a una ayuda ilegal en el sentido del artículo 14 Reglamento no 659/1999?

      (1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).


title: Asunto C-307/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Finanzgericht Hamburg, de fecha 15 de julio de 1999, en el asunto entre Firma OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH y Hauptzollamt Hamburg-St. Annen

text:
C 299/14                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      16.10.1999
     ii) una proporción sustancial del comercio y del público              — declare la inadmisibilidad del recurso por omisión de TF1,
          cree que bienes de dicha forma provienen del titular de                 en la medida en que se dirige contra la Comisión por no
          la marca, salvo declaración contraria?                                 actuar en virtud del artı́culo 90 del Tratado CE;
6. El derecho exclusivo otorgado por el artı́culo 5, apartado 1,             — condene a TF1 a cargar con las costas del procedimiento
     ¿faculta al titular para prohibir a cualquier tercero el uso                 ante el Tribunal de Justicia y se pronuncie de nuevo sobre
     de cualquier signo idéntico o similar a la marca en                          las costas en el procedimiento ante el TPI, a fin de reducir
     circunstancias en las que dicho uso no indica un origen o                    la condena de la Comisión de forma proporcional al
     está limitado únicamente a prohibir aquel uso que indique,                 resultado del presente recurso de casación.
     en todo o en parte, su origen?
7. No obstante el uso de una forma de bienes que supuesta-                   Motivos y principales alegaciones
     mente viola el derecho de marca, que es y se considera un
     indicio en cuanto a la especie de los bienes o su destino,              Error del Tribunal de Primera Instancia en la interpretación del
     ¿indica el origen si una parte sustancial del comercio y del            artı́culo 90 CE (actualmente, artı́culo 86 CE): El Tribunal se
     público cree que los bienes de dicha forma impugnada                   equivoca cuando enuncia, de forma un tanto dogmática, el
     proceden del titular de la marca, salvo declaración con-               principio según el cual el poder que el artı́culo 86 del
     traria?                                                                 Tratado CE confiere a la Comisión tiene como finalidad
                                                                             proteger los derechos de los particulares. Partiendo de esta
                                                                             premisa, considera de forma general que un particular debe
(1) Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de          tener la posibilidad de acceder a un recurso jurisdiccional
    1988, relativa a al aproximación de las legislaciones de los Estados    efectivo contra las decisiones que puedan vulnerar un derecho
    miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).                     reconocido por los Tratados. Al sugerir que debe ser posible
                                                                             interponer un recurso por omisión, a fin de respetar el
                                                                             principio del recurso jurisdiccional efectivo, aun cuando el
                                                                             artı́culo 90 (1) del Tratado CE tiene efecto directo y puede, por
                                                                             tanto, invocarse ante el juez nacional para eliminar medidas
                                                                             estatales que entren dentro de su ámbito de aplicación, el
                                                                             Tribunal de Primera Instancia ha interpretado de forma
                                                                             incorrecta dicho artı́culo.
Recurso de casación interpuesto el 10 de agosto de 1999
por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la
sentencia dictada el 3 de junio de 1999 por la Sala
Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas en el asunto T-17/96 promovido
por la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada
por la República Francesa, contra Télévision française 1
                                                                             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                              SA (TF1)
                                                                             lución del Finanzgericht Hamburg, de fecha 15 de julio de
                                                                             1999, en el asunto entre Firma OGT Fruchthandelsgesell-
                        (Asunto C-302/99 P)                                        schaft mbH y Hauptzollamt Hamburg-St. Annen
                           (1999/C 299/14)                                                           (Asunto C-307/99)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                                          (1999/C 299/15)
presentado el 10 de agosto de 1999 un recurso de casación
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                      Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
representada por el Sr. Giuliano Marenco, Consejero Jurı́dico                sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
principal, y el Sr. Klaus Wiedner, miembro del Servicio Jurı́dico,           resulución del Finanzgericht Hamburg, dictada el 15 de julio de
que designa como domicilio en Luxemburgo el Centro Wagner,                   1999, en el asunto entre Firma OGT Fruchthandelsgesellschaft
Kirchberg, contra la sentencia dictada el 3 de junio de 1999                 mbH y Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, y recibida en la
por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia               Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 13 de agosto de 1999. El
de las Comunidades Europeas en el asunto T-17/96, promo-                     Finanzgericht Hamburg solicita al Tribunal de Justicia que se
vido por la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada                   pronuncie sobre la siguiente cuestión:
por la República Francesa, contra Télévision française 1 SA
(TF1).                                                                       ¿Es inaplicable el artı́culo 18, apartado 1, párrafo segundo, del
                                                                             Reglamento (CEE) no 404/93 (1), en su versión modificada por
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    el Reglamento (CE) no 1637/98 (2), por infringir los artı́culos I
                                                                             y XIII del GATT (1994), que los particulares pueden invocar
— Anule la sentencia de 3 de junio de 1999 del Tribunal de                   ante los tribunales?
     Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
     asunto T-17/96 Télévision française 1 SA «TF1»/Comisión,               (1) DO 1993, L 47, p. 1.
     en la medida en que declara la admisibilidad del recurso                (2) DO 1998, L 210, p. 28.
     por omisión de TF1 dirigido contra la Comisión por no
     actuar en virtud del artı́culo 90 del Tratado CE (actual-
     mente, artı́culo 86 CE);


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de octubre de 2001 en el asunto C-172/97 OP: SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, contra Comisión de las Comunidades Europeas e Hydro-Réalisations SARL ("Cláusula compromisoria — Incumplimiento de contrato — Oposición formulada contra la sentencia en rebeldía")

text:
10.11.2001               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 317/1
                                                                         I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                  TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                             TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  2)    Se condena solidariamente a SIVU du plan d’eau de la Vallée du
                                                                                Lot, también denominada SIVU du pays d’accueil de la Vallée du
                                                                                Lot, y a Hydro-Réalisations SARL a pagar a la Comisión de las
                            (Sala Tercera)                                         Comunidades Europeas la cantidad de 35 404,78 euros, más
                                                                                los intereses contractuales que se devenguen desde el 30 de octubre
                                                                                de 1998 hasta el pago completo de la deuda.
                     de 2 de octubre de 2001
                                                                             3)    Se desestima la oposición formulada por SIVU du plan d’eau
                                                                                de la Vallée du Lot, también denominada SIVU du pays
en el asunto C-172/97 OP: SIVU du plan d’eau de la Vallée                          d’accueil de la Vallée du Lot, en todo lo demás.
du Lot, contra Comisión de las Comunidades Europeas e
                   Hydro-Réalisations SARL(1)                                4)    SIVU du plan d’eau de la Vallée du Lot, también denominada
                                                                                SIVU du pays d’accueil de la Vallée du Lot, y la Comisión de
                                                                                las Comunidades Europeas cargarán cada una con sus propias
(«Cláusula compromisoria — Incumplimiento de contrato —                           costas en la presente instancia.
    Oposición formulada contra la sentencia en rebeldı́a»)
                                                                             (1) DO C 226 de 7.8.1999.
                          (2001/C 317/01)
                  (Lengua de procedimiento: francés)                                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                             de 13 de septiembre de 2001
                                                                             en el asunto C-169/99 (petición de decisión prejudicial
En el asunto C-172/97 OP, SIVU du plan d’eau de la Vallée du                 planteada por el Bundesgerichtshof): Hans Schwarzkopf
Lot, también denominada SIVU du pays d’accueil de la Vallée                  GmbH & Co. KG contra Zentrale zur Bekämpfung unlau-
du Lot, con domicilio en La Canourgue (Francia) (abogado:                                          teren Wettbewerbs eV (1)
Me T. Vernhet), que tiene por objeto la oposición formulada
contra la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades              («Artı́culo 6, apartado 1, letra d), última frase, de la Directiva
Europeas (Sala Tercera) de 10 de junio de 1999, Comisión/                   76/768/CEE, modificada por la Directiva 93/35/CEE —
SIVU e Hydro-Réalisations (C-172/97, Rec. p. I-3363), en el                  “Imposibilidad en la práctica” que justifica reproducir en el
que las otras partes en el procedimiento son: Comisión de las               recipiente y en el envase de productos cosméticos una versión
Comunidades         Europeas       (agentes:      inicialmente      los      abreviada de las advertencias obligatorias — Indicaciones en
Sres. R.B. Wainwright y O. Couvert-Castéra y posteriormente                  nueve lenguas en aras de una mayor flexibilidad en la
los Sres. R.B. Wainwright y J.-F. Pasquier) e Hydro-Réalisations                               distribución de las mercancı́as»)
SARL, con domicilio social en Rodez (Francia), el Tribunal de
Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. C. Gulmann,                                               (2001/C 317/02)
Presidente de Sala, el Sr. J.-P. Puissochet (Ponente) y la
Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secreta-                                 (Lengua de procedimiento: alemán)
rio: Sr. R. Grass, ha dictado el 2 de octubre de 2001 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                        (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
1)    Se anula el punto 1 del fallo de la sentencia dictada en rebeldı́a     En el asunto C-169/99, que tiene por objeto una petición
      el 10 de junio de 1999, Comisión/SIVU e Hydro-Réalisations            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
      (C-172/97).                                                            por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinada a obtener, en


title: Asunto C-218/05: Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               23.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 182/31

         Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-218/05)
   (2005/C 182/55)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de mayo de 2005 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. K. Simonsson y C. Loggi, en calidad de agentes.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 29 de la Directiva 2002/59/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y por la que se deroga la Directiva 93/75/CEE del Consejo, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en todo caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

               2)

               Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a la Directiva finalizó el 5 de febrero de 2004.

      (1)  DO L 208, de 5.8.2002, p. 10.


title: Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 146 de 29.5.2004

text:
               12.6.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/10

         (2004/C 156/19)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el
         Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 146 de 29.5.2004

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 106 de 30.4.2004

      DO C 94 de 17.4.2004

      DO C 85 de 3.4.2004

      DO C 71 de 20.3.2004

      DO C 59 de 6.3.2004

      DO C 47 de 21.2.2004

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex

               CELEX: http://europa.eu.int/celex


title: Asuntos acumulados C-436/08 y C-437/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de febrero de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)/Finanzamt Linz ( «Libre circulación de capitales — Impuesto sobre sociedades — Exención de los dividendos de origen nacional — Exención de los dividendos de origen extranjero sometida a la observancia de determinados requisitos — Aplicación de un sistema de imputación a los dividendos de origen extranjero no exentos — Pruebas exigidas sobre el impuesto extranjero imputable» )

text:
               2.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 103/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de febrero de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)/Finanzamt Linz
   (Asuntos acumulados C-436/08 y C-437/08) (1)

   (Libre circulación de capitales - Impuesto sobre sociedades - Exención de los dividendos de origen nacional - Exención de los dividendos de origen extranjero sometida a la observancia de determinados requisitos - Aplicación de un sistema de imputación a los dividendos de origen extranjero no exentos - Pruebas exigidas sobre el impuesto extranjero imputable)
   2011/C 103/02
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)

      Demandada: Finanzamt Linz

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Unabhängiger Finanzsenat — Interpretación del Derecho comunitario — Normativa nacional que sujeta los dividendos de origen nacional a un sistema de exención mientras que este sistema sólo se aplica a los dividendos de origen extranjero cuando la participación en el capital alcanza el umbral del 25 % — Práctica administrativa y judicial que, con el fin de respetar las exigencias del Derecho comunitario, aplica un sistema de imputación a los dividendos de origen extranjero cuando la participación es inferior al umbral del 25 %.

      Fallo

               1)

               El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la legislación de un Estado miembro que prevé la exención del impuesto sobre sociedades para los dividendos de cartera procedentes de participaciones en sociedades residentes y que subordina esa exención para los dividendos de cartera procedentes de sociedades establecidas en los terceros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, a la existencia de un acuerdo completo de asistencia mutua en materia administrativa y de recaudación entre el Estado miembro y el tercer Estado interesados, dado que únicamente es necesaria la existencia de un acuerdo de asistencia mutua en materia administrativa para lograr los objetivos de la legislación controvertida.

               2)

               El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro que exonera del impuesto sobre sociedades los dividendos de cartera que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, en tanto que somete a ese impuesto los dividendos de cartera que una sociedad residente percibe de una sociedad establecida en otro Estado miembro o en un tercer Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, siempre no obstante que el impuesto pagado en el Estado de residencia de esa última sociedad se impute en el impuesto debido en el Estado miembro de la sociedad beneficiaria y que las cargas administrativas impuestas a la sociedad beneficiaria para poder beneficiarse de ese imputación no sean excesivas. Las informaciones exigidas por la Administración tributaria nacional a la sociedad beneficiaria de los dividendos acerca del impuesto que haya gravado efectivamente los beneficios de la sociedad que distribuye los dividendos en el Estado de residencia de esta última son inherentes al funcionamiento mismo del método de imputación y no pueden considerarse como una carga administrativa excesiva.

               3)

               El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, con objeto de prevenir la doble imposición económica, exonera del impuesto sobre sociedades los dividendos de cartera percibidos por una sociedad residente y distribuidos por otra sociedad residente, y que no prevé la exención de los dividendos distribuidos por una sociedad establecida en un tercer Estado que no sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, ni un sistema de imputación del impuesto pagado por la sociedad que los distribuye en su Estado de residencia.

               4)

               El artículo 63 TFUE no se opone a la práctica de una autoridad fiscal nacional que aplica a los dividendos procedentes de determinados terceros Estados el método de imputación si la participación de la sociedad beneficiaria en el capital de la sociedad que los distribuye es inferior a cierto límite, y el método de exención si es superior, en tanto que aplica sistemáticamente el método de exención a los dividendos de origen nacional, siempre no obstante que los mecanismos tendentes a prevenir o atenuar la doble imposición en cadena de los beneficios distribuidos conduzcan a un resultado equivalente. El hecho de que la Administración tributaria nacional exija a la sociedad beneficiaria de los dividendos informaciones sobre el impuesto que haya gravado efectivamente los beneficios de la sociedad que distribuye los dividendos en el Estado de residencia de esta última es inherente al funcionamiento mismo del método de imputación y no afecta como tal a la equivalencia de los métodos de exención y de imputación.

               5)

               El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que:

                           —

                           se opone a una normativa nacional que concede a las sociedades residentes la posibilidad de trasladar las pérdidas sufridas durante un ejercicio fiscal a los ejercicios fiscales posteriores, y que previene la doble imposición económica de los dividendos aplicando el método de exención a los dividendos de origen nacional, en tanto que aplica el método de imputación a los dividendos distribuidos por sociedades establecidas en otro Estado miembro o en un tercer Estado, cuando dicha normativa no permite, en caso de aplicación del método de imputación, el aplazamiento de la imputación del impuesto sobre sociedades pagado en el Estado en el que está establecida la sociedad que distribuye los dividendos a los ejercicios siguientes si la sociedad beneficiaria ha sufrido pérdidas de explotación durante el ejercicio en el que ha percibido los dividendos de origen extranjero, y

                           —

                           no obliga a un Estado miembro a prever en su legislación fiscal la imputación del impuesto recaudado sobre los dividendos mediante retención en origen en otro Estado miembro o en un tercer Estado, a fin de prevenir la doble imposición jurídica de los dividendos percibidos por una sociedad establecida en el primer Estado miembro, imposición ésa que deriva del ejercicio paralelo por los Estados interesados de su competencia fiscal respectiva.

      (1)  DO C 19, de 24.1.2009.


title: Asunto C-595/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 19 de diciembre de 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

text:
               23.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 19 de diciembre de 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
   (Asunto C-595/12)
   2013/C 86/11
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Loredana Napoli

      Recurrida: Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En primer lugar: ¿es aplicable el artículo 15 de la Directiva 2006/54/CE (1) (reincorporación tras el permiso de maternidad) a la asistencia a un curso de formación profesional inherente a una determinada relación laboral? ¿Debe interpretarse dicho artículo en el sentido de que, una vez finalizado el período de permiso, la trabajadora tiene derecho a volver a ser admitida en el mismo curso que aún se está impartiendo, o en el sentido de que la trabajadora puede ser inscrita en un curso posterior, aunque la celebración de éste sea incierta, al menos en cuanto al momento de su inicio?

               2)

               En segundo lugar: ¿debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2006/54/CE, que considera discriminatorio cualquier trato menos favorable por razones vinculadas al permiso de maternidad, en el sentido de que garantiza a la trabajadora una protección absoluta y no limitada por otros intereses divergentes frente a cualquier desigualdad sustancial (sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1998, Thibault, C-136/95, Rec. p. I-2011), de modo que se opone a un normativa nacional que, al imponer la baja de un curso profesional garantizando a la vez el derecho a inscribirse en el siguiente curso, persigue el objetivo de asegurar una formación adecuada, pero priva a la trabajadora de la oportunidad de acceder, en un momento anterior, a un nuevo puesto profesional junto con sus compañeros de concurso-oposición y de curso de sexo masculino, y de percibir la correspondiente remuneración?

               3)

               En tercer lugar: ¿debe interpretarse el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/54/CE, según el cual no es discriminatoria una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo que constituya un requisito esencial para el desarrollo de la actividad profesional, en el sentido de que permite al Estado miembro aplazar el acceso al empleo en perjuicio de la trabajadora que no ha podido adquirir una formación profesional completa a causa del permiso de maternidad?

               4)

               En cuarto lugar: en el supuesto planteado en la letra c), aun admitiendo en abstracto que el artículo 14, apartado 2, sea aplicable al mencionado supuesto, ¿debe interpretarse, no obstante, dicha disposición, en relación con el principio de proporcionalidad, en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone que la trabajadora ausente debido al permiso de maternidad cause baja del curso en lugar de garantizar la organización de cursos paralelos de recuperación que permitan superar el déficit formativo, conciliando los derechos de la madre trabajadora con el interés público, aunque ello entrañe gastos organizativos y financieros?

               5)

               Por último: ¿contiene desde dicho punto de vista la Directiva 2006/54/CE, interpretada en el sentido de que se opone a la normativa nacional expuesta, normas autoejecutivas directamente aplicables por el órgano jurisdiccional nacional?

      (1)  Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204, p. 23).


title: Recurso interpuesto el 17 de enero de 1997 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Elf Atochem (Asunto T-9/97)

text:
N° C 74/26             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    8 . 3 . 97
Recurso interpuesto el 17 de enero de 1997 contra la               representantes se negaron a firmar pero que fueron firma
 Comisión de las Comunidades Europeas por Elf Atochem              das por los representantes del Estado miembro, constituye
                        (Asunto T-9/97 )                           un motivo de impugnación, ya que, aun siendo imperfec
                                                                   tos, tales documentos, al tener la apariencia de actas, pue
                          ( 97/C 74/52 )                           den influir en la determinación de los hechos investigados
                                                                   por la Comisión, en su calificación, modificando de forma
              (Lengua de procedimiento: francés)                   perjudicial su situación jurídica, en la evolución del expe
                                                                   diente y en la preparación del acto final. En lugar de
                                                                   arriesgarse a viciar de nulidad el acto final que podrá
El el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             adoptar la Comisión, parece más acorde con una buena
Europeas se ha presentado el 17 de enero de 1997 un re            administración de justicia y una mejor garantía del dere
curso contra la Comisión de las Comunidades Europeas               cho de defensa hacer que se declaren nulos los actos lesi
formulado por Elf Atochem, con domicilio social en Pu             vos, antes de que produzcan efectos más graves que pue
teaux ( Francia ), representada por el Sr. Xavier de Roux,         dan viciar la totalidad del procedimiento.
Abogado de París, que designa como domicilio en Luxem
burgo el despacho del Sr. Marc Loesch, 11 , rué Goethe .
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que :
                                                                   Recurso interpuesto el 20 de enero de 1997 contra el
                                                                   Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por
— Anule la totalidad de las actas, y sus anexos, de la ins                              Antoinette Losch
    pección de Elf Atochem, a saber:
                                                                                (Asunto T-13/97)
    — El acta de inspección del día 18 de noviembre de                                     ( 97/C 74/53 )
         1996, redactada los días 18 y 19 de noviembre de
         1996, que incluye, en su Anexo 1 , un resumen de
         las explicaciones orales de Elf Atochem que los re                    (Lengua de procedimiento: francés)
         presentantes de esta empresa se negaron a firmar.
                                                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    — El acta de inspección de los días 19 y 20 de no             Europeas se ha presentado el 20 de enero de 1997 un re
         viembre de 1996, redactada el 20 de noviembre de
                                                                   curso contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades
         1996, que incluye, en su Anexo 1 , un resumen de          Europeas formulado por la Sra . Antoinette Losch, con do
         las explicaciones orales de Elf Atochem que los re       micilio en Capellen, representada por los Sres. Jean-Noël
         presentantes de esta empresa se negaron a firmar.
                                                                   Louis, Thierry Demaseure y Ariane Tornel, Abogados de
                                                                   Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
Motivos y principales alegaciones                                  de la Fiduciaire Myson sàrl , 30 , rué de Cessange.
El 8 de noviembre de 1996, la Comisión comunicó a la de           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
mandante, mediante fax, que había decidido llevar a cabo           tancia que :
una inspección, conforme al apartado 2 del artículo 14 del
Reglamento n° 17, en Elf Aquitaine, en sus filiales y, más
en particular, en la demandante. Esta inspección tuvo lu          — Anule la decisión del Tribunal de Justicia por la que se
gar los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1996 .                        denegó la petición de la demandante de que se incluye
                                                                       ra su nombre en la lista de personas que habían mani
                                                                       festado su interés en ser objeto de una decisión de cese
La demandante solicita que se anulen las actas elaboradas              definitivo en sus funciones con motivo de la adhesión
por los agentes de la Comisión, ya que considera que esta              de Austria, Finlandia y Suecia .
Institución violó el derecho de defensa, en primer lugar, al
redactar a posteriori actas relativas a las conversaciones
que tales agentes habían mantenido con algunos miembros            — Condene en costas a la parte demandada.
del personal de la demandante (cosa que no está prevista
por el artículo 14 del Reglamento n° 17); en segundo lu
gar, al abusar del procedimiento previsto por el artículo 14       Motivos y principales alegaciones
del Reglamento n° 17 para intentar obtener información
que sólo puede solicitarse con arreglo al artículo 11 del
mismo Reglamento y en el marco de las garantías de pro            Los motivos y principales alegaciones son los que ya se in
cedimiento que acompañan a su aplicación y, finalmente,            vocaron en el marco del asunto T- 154/96, Chvatal y otros
al redactar estos documentos, en cualquier caso, de mane          contra Tribunal de Justicia (*).
ra discutible .
                                                                   H DO n° C 354 de 23 . 11 . 1996, p. 33.
Respecto a la anulación de las actas en sí, la demandante
expone que la propia existencia de las actas, que sus


title: Asunto T-101/05: Recurso interpuesto el 1 de marzo de 2005 por BASF Aktiengesellschaft de Ludwigshafen contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               14.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 115/28

         Recurso interpuesto el 1 de marzo de 2005 por BASF Aktiengesellschaft de Ludwigshafen contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-101/05)
   (2005/C 115/51)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 1 de marzo de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por BASF Aktiengesellschaft de Ludwigshafen, con domicilio social en Ludwigshafen (Alemania), representada por los Sres. N. Levy y J. Temple Lang, Solicitors, y el Sr. C. Feddersen, abogado.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule o reduzca considerablemente la multa impuesta a BASF con arreglo a la Decisión impugnada.

               —

               Condene a la Comisión a pagar los honorarios de abogado y demás costas y gastos ocasionados a BASF en relación con este asunto.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante se opone a la multa que se le impuso mediante la Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre de 2004, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 CE y del artículo 53 EEE (Asunto COMP/E-2/37.533 — Cloruro de colina), que establece que la demandante participó en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas que incluían la fijación de precios, el reparto de los mercados y las acciones conjuntas contra los competidores en el sector del cloruro de colina del EEE.
   Para fundamentar su recurso, la demandante alega la vulneración de su derecho de defensa, dado que el pliego de cargos no señaló claramente los elementos relevantes a efectos del cálculo de la multa que se le impuso en la Decisión final. La demandante señala, en particular, que el pliego de cargos no explicaba adecuadamente el incremento de la multa en un 100 % a efectos disuasorios.
   La demandante también alega que el incremento de la multa a efectos disuasorios y en función de su tamaño no está autorizado por los Reglamentos 17/62, (1) actualmente sustituido por el Reglamento 1/2003, (2) ni por las Directrices para el cálculo de las multas, (3) y es además innecesario. Según la demandante, el tamaño global de una empresa sólo puede utilizarse para medir el impacto de una infracción en el mercado y no para incrementar la multa. La demandante añade que el incremento a efectos disuasorios debe aplicarse con moderación y sólo cuando existan argumentos claros para ello, lo que no sucedía en su caso.
   Por otra parte, la demandante sostiene que el incremento de su multa en un 50 % por reincidencia, basado en infracciones que sucedieron hace casi 40 y 20 años, respectivamente, es contrario a los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad. La demandante también señala que el incremento por reincidencia no fue calculado correctamente, dado que el porcentaje del 50 % no se aplicó sobre el importe inicial, sino sobre la suma de éste con los incrementos por tamaño y a efectos disuasorios.
   La demandante afirma que cumplía los requisitos para que se le concediera una mayor reducción de su multa con arreglo a la sección D de la Comunicación sobre la cooperación. (4) En primer lugar, la demandante señala que, dado que la reducción resultaba de aplicación por no haber puesto en duda la veracidad de los hechos, la única cuestión a dilucidar es si la Comisión evaluó correctamente la cooperación de la demandante en relación con otros aspectos de la Comunicación sobre la cooperación. Según la citada parte, el hecho de que la Comisión perdiese parte del expediente le llevó a evaluar de forma errónea e incompleta la cooperación de la demandante. En su opinión, la Decisión expresa incorrectamente el contenido de determinadas alegaciones de la demandante, omite ciertas informaciones relativas a su cooperación con la investigación y contiene descripciones incoherentes de dicha cooperación. La demandante añade que, en cualquier caso, merecía una mayor reducción de su multa.
   Por último, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error al establecer que sólo hubo una infracción continuada y que la revelación del importe de la multa a los medios de comunicación antes de que se adoptara la Decisión constituye un incumplimiento de la obligación de secreto profesional de la Comisión y de su deber de administración diligente, que impidió que el Colegio de Comisarios realizase una evaluación correcta y un análisis independiente del asunto.

      (1)  Reglamento (CEE) no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22).

      (2)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).

      (3)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3).

      (4)  Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4).