title: Asunto T-27/04: Recurso interpuesto el 27 de enero de 2004 por El Corte Inglés, S.A. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

text:
20.3.2004              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 71/41
—     declara, en su artículo 3, que determinadas ayudas que              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
      España tiene previsto conceder a la demandante para                 que:
      cubrir cargas excepcionales de reestructuración en el año
      2001 son incompatibles con el artículo 7 del Reglamento             —     Anule la decisión de la AFPN de fecha 20 de diciembre
      (CE) no 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002,                    de 2002, por la que se confirma la clasificación inicial del
      sobre las ayudas estatales a la minoría del carbón (4)                    demandante en el grado A 7.
—     obliga a España, en su artículo 4, a recuperar, entre otros         —     En la medida en que fuere necesario, anule la decisión de
      importes, las ayudas mencionadas en el artículo 1.                        la AFPN de 9 de octubre de 2003, por la que se desestima
                                                                                la reclamación del demandante.
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:                        —     Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de
                                                                                las costas.
—     La falta de competencia de la Comisión para adoptar la
      Decisión impugnada, tras la expiración del Tratado CECA.
—     La improcedencia del procedimiento seguido para adop-               Motivos y principales alegaciones
      tar la Decisión impugnada, al no haber revocado previa-
      mente la Comisión los artículos 1, 2 y 5 de la Decisión             Como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Primera
      2002/827/CECA.                                                      Instancia en el asunto T-17/95 (1), la Comisión adoptó una
                                                                          modificación de las normas relativas a los criterios aplicables
—     La violación del principio de seguridad jurídica y la               al nombramiento en grado y a la clasificación en escalón en el
      concurrencia de vicios de procedimiento, al calificar el            momento del nombramiento. Mediante la decisión impugnada,
      artículo 1 de la Decisión impugnada como abusivas e                 la Comisión confirmó la clasificación del demandante en el
      incompatibles con el mercado común determinadas ayu-                grado A 7 en la fecha de su selección y, por consiguiente,
      das autorizadas por la Decisión 98/637/CECA, por cuanto             denegó su solicitud de reclasificación.
      dichas ayudas ya habían sido consideradas justificadas en
      la Decisión 2002/827/CECA.
                                                                          En apoyo de su recurso, el demandante invoca la falta de
—     La concurrencia de un manifiesto error en la apreciación            motivación de la decisión impugnada, un error manifiesto de
      de los hechos, al no considerar como justificadas determi-          apreciación así como una supuesta discriminación entre el
      nadas ayudas concedidas a la demandante para cubrir                 propio demandante, cuya solicitud de reclasificación fue
      cargas excepcionales de reestructuración.                           denegada, y otros funcionarios que, con una experiencia
                                                                          profesional tan amplia como la suya, fueron objeto de
                                                                          reclasificación.
(1) T-291/02 González y Díez/Comisión (DO C 289, de 23.11.2002,
    p. 33).
(2) DO L 303, de 13.11.1998, p. 57.                                       (1) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
(3) DO L 58, de 28.2.2001, p. 24.                                             Europeas de 5 de octubre de 1995, publicada en el DO C 315 de
(4) DO L 205, de 2.8.2002, p. 1.                                              25.11.1995, p. 14.
                                                                          Recurso interpuesto el 27 de enero de 2004 por El
Recurso interpuesto el 20 de enero de 2004 contra la
                                                                          Corte Inglés, S.A. contra la Oficina de Armonización del
Comisión de las Comunidades Europeas por Jacques
                                                                                Mercado Interior (OAMI)
                            Verborgh
                                                                                (Asunto T-27/04)
                        (Asunto T-26/04)
                                                                                (2004/C 71/72)
                         (2004/C 71/71)
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    europeas se ha presentado el 27 de enero de 2004 un recurso
Europeas se ha presentado el 20 de enero de 2004 un recurso               contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
interpuesto contra la Comisión de las Comunidades Europeas                (OAMI) formulado por El Corte Inglés, con domicilio en
por Jacques Verborgh, con domicilio en Aalter (Bélgica),                  Madrid, representado por los letrados en ejercicio D. Juan Luis
representado por Me Nicolas Lhoëst, abogado, que designa                  Rivas Zurdo y D. Emilio López Leiva, abogados del Ilustre
domicilio en Luxemburgo.                                                  Colegio de Madrid.
 ---pagebreak--- C 71/42                ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                               20.3.2004
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia              Recurso interpuesto el 26 de enero de 2004 por Castell-
que:                                                                       blanch, S.A. contra la Oficina de Armonización del
                                                                              Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)
—     anule la Decisión de la OAMI (Sala Segunda de Recursos)
      de fecha 10 de noviembre de 2003, dictada en el asunto                                       (Asunto T-29/04)
      R 0285/2002-2, en cuanto que, al desestimar el recurso
      de la demandante, da pie a una futura concesión de la
      marca comunitaria no 1.155.985 THE OBSERVER en                                                 (2004/C 71/73)
      clases 18, 25, 28, 35, 41;
                                                                           (La lengua de procedimiento se determinará con arreglo al ar-
—     deniegue el registro de la marca comunitaria no 1.155.985            tículo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento — Lengua
      THE OBSERVER en clases 18, 25, 28, 35, 41, y                                     en la que se ha presentado el recurso: inglés)
—     condene en costas a la parte o partes contrarias que se
      opongan a este recurso.
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 26 de enero de 2004 un recurso
                                                                           contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
                                                                           (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) formulado por Castell-
Motivos y principales alegaciones                                          blanch, S.A., con domicilio en Sant Sadurni d’Anoia (España),
                                                                           representada por los Sres. F. de Visscher, E. Cornu, y E. De
                                                                           Gryse y la Sra. D. Moreau, abogados. En el procedimiento
                                                                           seguido ante la Sala de Recurso también fue parte Champagne
Solicitante de la marca        Guardian Newspaper Limited.
                                                                           Louis Roederer S.A.
comunitaria:
Marca         comunitaria      Marca      denominativa         «THE        La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
objeto de la solicitud:        OBSERVER»           —       Solicitud
                               no 1.155.985, para productos y
                               servicios de las clases 9, 16, 18,          —     Anule la Resolución de la Sala Segunda de Recurso de la
                               25, 28, 35, 36, 38 y 41.                          Oficina de Armonización del Mercado Interior de 15 de
                                                                                noviembre de 2003.
Titular de la marca o          Demandante.
signo que se invoca en el                                                  —     Condene en costas a la OAMI.
procedimiento de oposi-
ción:
Marcas o signos que se         Marcas españolas figurativa                 Motivos y principales alegaciones
oponen:                        (no     953.859)         y    verbal
                               (no 2.116.030) para todos los
                               productos y servicios de las cla-           Solicitante de la marca         Castellblanch, S.A.
                               ses 18, 25, 28, 35 y 41.                    comunitaria:
                                                                           Marca comunitaria soli-         Marca figurativa «CRISTAL CAS-
Resolución de la Divi-         Desestimación de la oposición.              citada:                         TELLBLANCH» para productos de
sión de Oposición:                                                                                la clase 33 (vinos)
Resolución de la Sala de       Desestimación del recurso.                  Titular de la marca o           CHAMPAGNE LOUIS ROEDE-
Recurso:                                                                   signo invocado en el            RER S.A.
                                                                           procedimiento de oposi-
Motivos invocados:             —    Acreditación suficiente de las         ción:
                                    dos marcas en que se basa la
                                    oposición.                             Marca o signo invocado          Marca denominativa nacional
                                                                           en el procedimiento de          «CRISTAL» para productos de la
                               —    Aplicación incorrecta del              oposición:                      clase 33 (cavas, vinos espumosos)
                                    artículo 8, apartado 1,
                                    letras a) y b), del Reglamento         Resolución de la Divi-          Denegación del registro
                                    (CE) no 40/94.                         sión de Oposición:
                                                                           Resolución de la Sala de        Desestimación del recurso
                                                                           Recurso:


title: Asunto C-325/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Koszalinie — Polonia) — Krystyna Alder, Ewald Alder/Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski [Reglamento (CE) n ° 1393/2007 — Notificación o traslado de documentos — Parte domiciliada en el territorio de otro Estado miembro — Representante domiciliado en el territorio nacional — Inexistencia — Incorporación a los autos de escritos procesales — Presunción de conocimiento]

text:
               16.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Koszalinie — Polonia) — Krystyna Alder, Ewald Alder/Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski
   (Asunto C-325/11) (1)

   (Reglamento (CE) no 1393/2007 - Notificación o traslado de documentos - Parte domiciliada en el territorio de otro Estado miembro - Representante domiciliado en el territorio nacional - Inexistencia - Incorporación a los autos de escritos procesales - Presunción de conocimiento)
   2013/C 46/12
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sąd Rejonowy w Koszalinie

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Krystyna Alder, Ewald Alder

      Demandada: Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Sąd Rejonowy w Koszalinie — Interpretación del artículo 18 TFUE y del artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo (DO L 324, p. 79) — Normativa nacional que establece una presunción de conocimiento de los actos procesales que obran en los autos cuando una parte está domiciliada en el territorio de otro Estado y no ha designado un representante con domicilio en el territorio nacional.

      Fallo

   El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece que, cuando una parte con domicilio o residencia habitual en otro Estado miembro no haya designado un representante autorizado a recibir notificaciones domiciliado en el primer Estado, en el que está pendiente el procedimiento judicial, los documentos judiciales destinados a esa parte se incorporarán a los autos y se considerará que han sido notificados.

      (1)  DO C 269, de 10.9.2011.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de enero de 2001 en el asunto T-14/99, Marie-Jeanne Kraus contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Asignación familiar — Devolución de cantidades indebidamente pagadas — Irregularidad evidente del pago)

text:
5.5.2001                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 134/17
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 17 de enero de 2001
                      de 31 de enero de 2001
                                                                           en el asunto T-14/99, Marie-Jeanne Kraus contra Comisión
                                                                                de las Comunidades Europeas (1)
en el asunto T-156/98, RJB Mining contra Comisión de las
                     Comunidades Europeas (1)                              (Funcionarios — Asignación familiar — Devolución de
                                                                           cantidades indebidamente pagadas — Irregularidad evidente
                                                                                del pago)
(Tratado CECA — Concentración de empresas — Admisibi-
                    lidad — Ayudas de Estado)                                                       (2001/C 134/36)
                          (2001/C 134/35)                                                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           En el asunto T-14/99, Marie-Jeanne Kraus, funcionaria de la
                                                                           Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
                   (Lengua de procedimiento: inglés)                       Luxemburgo, representada por Me L. Thielen, abogado de
                                                                           Luxemburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el
                                                                           despacho de este último, 10, rue Willy Goergen, contra
En el asunto T-156/98, RJB Mining, con domicilio social en                 Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sras.
Harworth (Reino Unido), representada por los Sres. M. Brealey,             C. Berardis-Kayser y Sres. F. Clotuche-Duvieusart y B. Wägen-
Barrister, y J. Lawrence, Solicitor, que designa como domicilio            baur), que tiene por objeto una solicitud de anulación de la
en Luxemburgo el despacho de Mes Arendt y Medernach,                       decisión de la Comisión de 19 de octubre de 1998, por la que
8-10, rue Mathias Hardt, contra Comisión de las Comunidades               se obliga a la demandante a devolver la asignación familiar
Europeas (agentes: Sra. K. Leivo y Sr. R. Lyal), apoyada                   percibida, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta),
por RAG Aktiengesellschaft, con domicilio social en Essen                  integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente; la Sra. V. Tiili y el
(Alemania), representada por los Sres. M. Hansen, abogado de               Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio
Dinamarca, y S. Völcker, abogado de Berlı́n, que designa como              González, administrador, ha dictado el 17 de enero de 2001
domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Loesch y Wolter,                una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
11, rue Goethe, y por República Federal de Alemania (agentes:
Sres. W.-D. Plessing y C.-D. Quassowski), que tiene por objeto             1)   Se desestima el recurso.
un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de
29 de julio de 1998 por la que se autoriza la toma de control              2)   Cada parte cargará con sus propias costas.
de Saarbergwerke AG y Preussag Anthrazit GmbH por parte
de RAG Aktiengesellschaft (asunto no IV/CECA.1252 —                        (1) DO C 100 de 10.4.99.
RAG/Saarbergwerke AG/Preussag Anthrazit), el Tribunal de
Primera Instancia (Sala Primera), integrado por los Sres. B. Ves-
terdorf, Presidente; M. Vilaras y N.J. Forwood, Jueces; Secretario:
Sr. H. Jung, ha dictado el 31 de enero de 2001 una sentencia
cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
1)    Se anula la Decisión de la Comisión de 29 de julio de 1998
      por la que se autoriza la toma de control de Saarbergwerke AG y                          de 16 de enero de 2001
      Preussag Anthrazit GmbH por parte de RAG Aktiengesellschaft
      (asunto no IV/CECA.1252 — RAG/Saarbergwerke AG/                      en los asuntos acumulados T-97/99 y T-99/99, Michael
      Preussag Anthrazit).                                                 Chamier y Eoghan O’Hannrachain contra Parlamento
                                                                                Europeo (1)
2)    La Comisión cargará con sus propias costas y con las costas en
      que hubiera incurrido la demandante, excluyendo las ocasiona-        (Funcionarios — Puesto de grado A 1 — Artı́culo 29,
      das a esta última por las intervenciones de RAG Aktiengesell-       apartado 2 del Estatuto de los Funcionarios — Convocatoria
      schaft y de la República Federal de Alemania.                       para la provisión de puesto de trabajo vacante — Error
                                                                                manifiesto de apreciación — Desviación de poder)
3)    RAG Aktiengesellschaft y la República Federal de Alemania                                    (2001/C 134/37)
      cargarán con sus propias costas.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(1) DO C 358, de 21.11.1998.                                               En los asuntos acumulados T-97/99 y T-99/99, Michael
                                                                           Chamier, funcionario del Parlamento Europeo, con domicilio
                                                                           en Reckange-sur-Mess (Luxemburgo) y Eoghan O’Hannra-
                                                                           chain, funcionario del Parlamento Europeo, con domicilio en
                                                                           Cents (Luxemburgo), representados por Mes G. Vandersanden


title: Asunto T-750/16: Recurso interpuesto el 28 de octubre de 2016 — FV/Consejo

text:
               9.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/42

         Recurso interpuesto el 28 de octubre de 2016 — FV/Consejo
   (Asunto T-750/16)
   (2017/C 006/52)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: FV (Sint-Genesius-Rode, Bélgica) (representantes: L. Levi y A. Tymen, abogadas)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Acuerde la admisión del presente recurso y lo declare fundado.

         En consecuencia:

               —

               Anule la resolución de 8 de diciembre de 2015, adoptada basándose en el artículo 42 quater del Estatuto de los Funcionarios.

               —

               En la medida de lo necesario, anule la resolución de 19 de julio de 2016, mediante la que se desestimó la reclamación de 8 de marzo de 2016 de la parte demandante.

               —

               Condene a la parte demandada al pago de una indemnización por daños y perjuicios, sin perjuicio de la posible modificación posterior de la cantidad, de 151 101 euros, en reparación del daño material sufrido por la parte demandante.

               —

               Condene a la parte demandada al pago de una indemnización por daños y perjuicios fijada ex aequo et bono en 70 000 euros, en reparación del daño material sufrido por la parte demandante.

         Condene a la parte demandada a cargar con la totalidad de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos:

               1.

               Primer motivo, basado en una excepción de ilegalidad dirigida contra el artículo 42 quater del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en la infracción de los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la infracción de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p 16), así como en la infracción del artículo 1 quinquies del Estatuto.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 42 quater del Estatuto, en la infracción de la Comunicación al Personal n.o 71/15, cuyo objeto era facilitar información sobre la aplicación del artículo 42 quater del Estatuto, y en inexactitudes e irregularidades manifiestas tanto de hecho como de Derecho que se alega dieron lugar a que se pasara a la parte demandante a la situación administrativa de licencia de oficio.

               3.

               Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oído y del derecho de defensa.

               4.

               Cuarto motivo, basado en el incumplimiento del deber de asistencia y protección.

               5.

               Quinto motivo, basado en la desviación de poder.


title: Asunto C-63/16 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de febrero de 2016 por Actega Terra GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 23 de noviembre de 2015 en el asunto T-766/14, Actega Terra GmbH/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

text:
               18.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/15

         Recurso de casación interpuesto el 4 de febrero de 2016 por Actega Terra GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 23 de noviembre de 2015 en el asunto T-766/14, Actega Terra GmbH/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
   (Asunto C-63/16 P)
   (2016/C 260/19)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Actega Terra GmbH (representante: C. Onken, abogada)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) desestimó el recurso de casación mediante auto de 24 de mayo de 2016 y condenó a la recurrente a cargar con sus propias costas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de noviembre de 2000 en el asunto C-320/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa ("Incumplimiento de Estado — Directiva 97/68/CE — Máquinas móviles no de carretera — Emisiones de gases y partículas contaminantes")

text:
10.3.2001                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 79/3
las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                 (Sala Tercera), integrado por el Sr. C. Gulmann (Ponente),
95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de                    Presidente de Sala, el Sr. J.-P. Puissochet y la Sra. F. Macken,
octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión               Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio; Secretario: Sr. R. Grass,
de señales de televisión (DO L 281, p. 51), al no haber                  ha dictado el 23 de noviembre de 2000 una sentencia cuyo
adoptado o comunicado a la Comisión en el plazo establecido               fallo es el siguiente:
las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas
necesarias para atenerse a la mencionada Directiva, el Tribunal            1)    Se declara que la República Francesa ha incumplido las
de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr.: C. Gulmann                     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
(Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. J.-P. Puissochet y la Sra.               97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
F. Macken, Jueces, Abogado General: Sr. A. Saggio, Secretario:                   diciembre de 1997, relativa a la aproximación de las legislacio-
Sr. R. Grass, ha dictado el 23 de noviembre de 2000 una                          nes de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                            de gases y partı́culas contaminantes procedentes de los motores
                                                                                de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles
1)    Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligacio-           no de carretera, al no haber adoptado, en el plazo señalado,
      nes que le incumben en virtud de la Directiva 95/47/CE del                 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
      Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,                necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
      sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
      televisión, al no haber adoptado en el plazo señalado las          2)    Se condena en costas a la República Francesa.
      disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesa-
      rias para dar cumplimiento a la mencionada Directiva.                (1) DO C 299 de 16.10.1999.
2)    Condenar en costas a la República Francesa.
(1) DO C 299 de 16.10.1999.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 30 de noviembre de 2000
                             (Sala Tercera)
                                                                           en el asunto C-436/98 (petición de decisión prejudicial
                   de 23 de noviembre de 2000                              planteada por la Supreme Court): HMIL Ltd contra Minis-
                                                                                ter for Agriculture, Food and Forestry (1)
en el asunto C-320/99: Comisión de las Comunidades
             Europeas contra República Francesa (1)                                                  (2001/C 79/06)
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 97/68/CE —                                            (Lengua de procedimiento: inglés)
Máquinas móviles no de carretera — Emisiones de gases y
                     partı́culas contaminantes»)
                                                                           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                            (2001/C 79/05)                                      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                   (Lengua de procedimiento: francés)                      En el asunto C-436/98, que tiene por objeto una petición
                                                                           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
                                                                           Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por la Supreme
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    Court (Irlanda), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        dicho órgano jurisdiccional entre HMIL Ltd y Minister for
                                                                           Agriculture, Food and Forestry, una decisión prejudicial sobre
En el asunto C-320/99, Comisión de las Comunidades Euro-                  la interpretación del Reglamento (CEE) no 1964/82 de la
peas (Agente: Sr. M. Nolin) contra República Francesa (Agentes:           Comisión, de 20 de julio de 1982, por el que se establecen las
Sra. K. Rispal-Bellanger y Sr. G. Taillandier), que tiene por              condiciones de concesión de restituciones especiales a la
objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido             exportación para determinadas carnes de vacuno deshuesadas
las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                 (DO L 212, p. 48; EE 03/25, p. 306), en su versión resultante
97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de                    del Reglamento (CEE) no 3169/87 de la Comisión, de 23 de
diciembre de 1997, relativa a la aproximación de las legislacio-          octubre de 1987, por el que se modifican los Reglamentos
nes de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión               (CEE) nos 32/82, 1964/82 y 74/84, por lo que se refiere al
de gases y partı́culas contaminantes procedentes de los motores            cumplimiento de las formalidades aduaneras al exportar
de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles           determinadas carnes de vacuno que se beneficien de restitucio-
no de carretera (DO 1998, L 59, p. 1), al no haber adoptado,               nes especiales (DO L 301, p. 21), ası́ como del Reglamento
en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias           (CEE) no 2675/88 de la Comisión, de 29 de agosto de 1988,
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada             por el que se prevé la concesión de una ayuda, fijada
Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado las                 globalmente por adelantado, al almacenamiento privado de
referidas disposiciones a la Comisión, el Tribunal de Justicia            canales, de medias canales, de cuartos traseros y de cuartos


title: Asunto C-274/08: Recurso interpuesto el 25 de junio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Suecia

text:
               13.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/7

         Recurso interpuesto el 25 de junio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Suecia
   (Asunto C-274/08)
   (2008/C 236/10)
   Lengua de procedimiento: sueco
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y P. Dejmek, agentes)

      Demandada: Reino de Suecia
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (1), al no haber adoptado las medidas apropiadas para cumplir la exigencia de separación funcional entre intereses de generación y de distribución dentro de una empresa integrada verticalmente con arreglo al artículo 15, apartado 2, letras b) y c), de dicha Directiva, y al no haber encargado a la autoridad reguladora, con arreglo al artículo 23, apartado 2, letra a), de dicha Directiva, la aprobación anticipada de las metodologías empleadas para calcular o establecer las condiciones de acceso a la red nacional, incluidas las tarifas de transporte y distribución.

               —

               Que se condene en costas al Reino de Suecia.

         Motivos y principales alegaciones
   Para afirmar que ha adaptado su Derecho interno al artículo 15, apartado 2, letras b) y c), Suecia aduce diversas disposiciones de la Ley de Electricidad (ellag) de las que se desprende, entre otros extremos, que la actividad de red (actividad de distribución) debe rendir cuentas por separado y que los auditores de empresas gestoras de redes deben examinar de modo especial dichas cuentas separadas. Suecia también afirma que los costes que una empresa gestora de redes comparta con otra empresa se contabilizarán como gastos de la primera empresa únicamente en la medida en que se refieran a ella. Además, la empresa gestora de redes está obligada a establecer un programa de cumplimiento y a velar por su observancia.
   No obstante, la Comisión estima que no cabe considerar que se cumpla la exigencia de organización de las estructuras de gestión que claramente establece el artículo 15, apartado 2, letras b) y c), mediante normas generales relativas, por ejemplo, a la contabilidad separada de los costes o a prescripciones sancionadoras de aplicación general.
   Según Suecia la exigencia de separación funcional también se logra mediante las normas generales de la Ley de Sociedades Anónimas (aktiebolagslag) según las cuales la sociedad matriz y la sociedad filial son sujetos de Derecho y personas jurídicas distintas.
   La Comisión considera que la sociedad matriz, al ser propietaria mayoritaria, ejerce una influencia determinante en sus filiales, ya que determinadas cuestiones importantes están reservadas al derecho de decisión de los accionistas. Por tanto, una sociedad de distribución y sus órganos directivos nunca podrán ser independientes de su propietario mayoritario por mor exclusivamente del Derecho general de sociedades. Según la Comisión, la circunstancia de que una empresa integrada respete las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas sobre contabilidad y transferencias de valor tampoco implica que se cumpla la exigencia de independencia de las estructuras de gestión. La Comisión considera que para que el Derecho interno se adapte correctamente al artículo 15, apartado 2, letras b) y c), han de existir normas vinculantes que reflejen claramente las condiciones impuestas en dichas disposiciones, es decir, la garantía de que la gestión de la actividad de distribución pueda actuar autónoma e independientemente de la empresa eléctrica integrada con respecto a los activos necesarios para explotar, mantener o desarrollar la red en lo que atañe a la distribución. Esta exigencia no se satisface con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.
   Como se desprende de su tenor, en el artículo 23, apartado 2, letra a), de la Directiva se exige un sistema de aprobación anticipada de las tarifas de red o, en su caso, de las metodologías para su cálculo. Suecia ha reconocido expresamente que el método actual para calcular las tarifas de red y de los criterios que deben cumplir dichas tarifas se basa en un sistema en el que la supervisión se produce a posteriori, pero afirma se está efectuando un estudio con vistas a establecer un nuevo sistema de aprobación anticipada y que en junio de 2008 se podrá presentar un proyecto al Parlamento.
   Habida cuenta de las circunstancias expuestas, la Comisión considera que Suecia no ha adaptado correctamente su Derecho interno a la Directiva 2003/54 y, en concreto, a sus artículos 15, apartado 2, letras b) y c), y 23, apartado 2, letra a).

      (1)  DO L 176, p. 37.


title: Asunto T-121/09: Auto del Tribunal General de 13 de julio de 2010 — Al Shanfari/Consejo y Comisión

text:
               28.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 234/54

         Auto del Tribunal General de 13 de julio de 2010 — Al Shanfari/Consejo y Comisión
   (Asunto T-121/09) (1)

   ()
   2010/C 234/96
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 113, de 16.5.2009.


title: Asunto T-106/09: Recurso interpuesto el 13 de marzo de 2009 — adp Gauselmann/OAMI — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/40

         Recurso interpuesto el 13 de marzo de 2009 — adp Gauselmann/OAMI — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)
   (Asunto T-106/09)
   2009/C 113/80
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Alemania) (representante: P. Koch Moreno, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Archer Maclean (Banbury, Reino Unido)

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 12 de enero de 2009 en el asunto R 1266/2007-1 no es conforme al Reglamento del Consejo no 40/94.

               —

               Que se declare que la solicitud de marca comunitaria no4 290 227 para las clases 9 y 28 está comprendida en el ámbito de la prohibición contenida en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento del Consejo no 40/94.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI y a la parte interviniente según proceda.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «Archer Maclean’s Mercury» para productos de las clases 9, 16 y 28 — Solicitud no4 290 227

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

      Marca o signo invocados en oposición: El registro de la marca alemana de la marca denominativa «Merkur» para productos y servicios de las clases 6, 9, 28, 35, 37, 41 y 42

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento del Consejo no 40/94 por cuanto la Sala de Recurso concluyó erróneamente que no había similitudes de identidad gráfica, fonética o conceptual entre las marcas de que se trata, ni tampoco identidad de productos para las clases 9 y 28, y, por lo tanto, no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.


title: Asunto T-203/99: Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Patrizia de Palma, Jacqueline Escale, Claudine Hamptaux y Harry Wood

text:
C 333/32               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   20.11.1999
Por lo que respecta, en particular, al informe de calificación          — Violación del principio de no discriminación entre los
correspondiente al perı́odo 1995-1997, el demandante no                      funcionarios, en la medida en que la AFPN se niega a
ignora que las disposiciones de aplicación antes citadas                    conceder permiso por tiempo de viaje alguno unido a un
establecen que dicho informe no es obligatorio cuando el                     permiso para ejercer funciones sindicales, mientras que a
funcionario haya llegado a la edad de jubilación antes de que               los funcionarios a los que se concede un permiso especial
expire el plazo para la comunicación. Se alega, sin embargo,                distinto del permiso para ejercer funciones sindicales
que existen serias dudas sobre su legalidad con arreglo a la                 pueden conseguir un permiso por tiempo de viaje mediante
norma estatutaria de base.                                                   una decisión especial, teniendo en cuenta las necesidades.
                                                                         — Violación del principio de protección y de la confianza
                                                                             legı́tima, en la medida en que la AFPN debı́a respetar en
                                                                             todo caso la confianza legı́tima de los demandantes en la
                                                                             práctica anterior de conceder permisos por tiempo de viaje
                                                                             unidos a los permisos para ejercer funciones sindicales y
Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 1999 contra                       deberı́a haber adoptado las medidas transitorias oportunas
la Comisión de las Comunidades Europeas por Patrizia de                     en relación con el Congreso de referencia, suponiendo que
Palma, Jacqueline Escale, Claudine Hamptaux y Harry                          hubiera podido denegar los permisos por tiempo de viaje
                               Wood                                          objeto de controversia.
                       (Asunto T-203/99)                                 Los demandantes alegan asimismo la violación en este caso del
                                                                         principio de motivación de dichos actos.
                         (1999/C 333/72)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 13 de septiembre de 1999 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                         Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 1999 contra
formulado por Patrizia de Palma, Jacqueline Escale, Claudine
                                                                         el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las
Hamptaux y Harry Wood, con domicilio en Bruselas, represen-
                                                                                Comunidades Europeas por Olli Mattila
tados por Me Carlos Mourato, Abogado de Bruselas, que
designan como domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire
Myson SARL, 30, rue de Cessange.                                                                (Asunto T-204/99)
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia                                        (1999/C 333/73)
que:
— Anule las decisiones expresas de fecha 11 de junio de                                    (Lengua de procedimiento: inglés)
    1999, por las que se desestima la reclamación presentada
    por los demandantes los dı́as 8, 14, 18 y 10 de diciembre
    de 1998, respectivamente, ante la AFPN, mediante las                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    cuales se impugnaba la Decisión de la AFPN de 23 de                 Europeas se ha presentado el 23 de septiembre de 1999 un
    septiembre de 1998 de no cursar favorablemente la                    recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
    solicitud de un permiso para ejercer funciones sindicales o          de las Comunidades Europeas formulado por Olli Mattila,
    por tiempo de viaje con el fin de permitir a los demandantes         representado por el Professor Zacharias Sundström, que
    participar en el XIII Congreso del SFIE.                             designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Arendt
                                                                         & Medernach, 28-10, rue Mathias Hardt.
— Condene en costas a la parte demandada.
                                                                         El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
Motivos y principales alegaciones
                                                                         — Anule los escritos de 14 de julio de 1999 y de 5 de julio
                                                                             de 1999, en la medida en que contengan o comuniquen
El recurso va dirigido contra la negativa de la AFPN a                       cualquier decisión o acto del Consejo y de la Comisión en
cursar favorablemente la solicitud de un permiso para ejercer                respuesta a la petición del demandante con arreglo al
funciones sindicales o por tiempo de viaje, correspondiente a
                                                                             artı́culo 230.
los dı́as 25 y 28 de septiembre de 1998, con el fin de permitir
a los representantes sindicales del SFIE, entre los que se
                                                                         — Condene al Consejo y a la Comisión a cargar conjunta-
encuentran los demandantes, participar en el XIII Congreso de
                                                                             mente con las costas del presente procedimiento.
dicho sindicato celebrado en Italia.
En apoyo de sus recursos, los demandantes alegan:                        Motivos y principales alegaciones
— La infracción de los artı́culo 24 bis y 57, párrafo segundo,
    del Estatuto, de los artı́culos 6 y 7 del anexo V del Estatuto,      El demandante en el caso de autos impugna la negativa de las
    ası́ como el artı́culo 16 del Acuerdo marco de 20 de                 Instituciones demandadas a permitirle el acceso a documentos
    septiembre de 1974, relativo a las relaciones entre la               especı́ficos relativos a la cooperación de la UE con Rusia y
    Comisión y las organizaciones sindicales y profesionales.           otros Estados de la antigua Unión Soviética.


title: Asunto T-210/08: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2008 — Verhuizingen Coppens/Comisión

text:
               2.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 197/30

         Recurso interpuesto el 4 de junio de 2008 — Verhuizingen Coppens/Comisión
   (Asunto T-210/08)
   (2008/C 197/53)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Verhuizingen Coppens NV (Bierbeek, Bélgica) (representantes: J. Stuyck e I. Buelens, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule el artículo 1 de la Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2008, en el asunto COMP/38.543 por lo que se refiere a la demandante.

               —

               Que se anule el artículo 2 de la Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2008, en el asunto COMP/38.543 por lo que se refiere a la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, que se reduzca substancialmente el importe de la multa y se establezca un importe que sea como máximo del 10 % del volumen de negocios de la demandante en el mercado relevante de servicios de mudanzas internacionales.

               —

               En todo caso, que se condene en costas a la Comisión por lo que se refiere a la demandante.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante solicita, mediante sus dos primeros motivos, que se anule la Decisión de la Comisión C(2008) 926 final, de 11 de marzo de 2008, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (asunto COMP/38.543 — Servicios de mudanzas internacionales).
   En primer lugar, la demandante alega una infracción del artículo 81 CE, apartado 1. Aduce haber sido condenada por la participación en un cartel complejo a pesar de que, según el expediente de la Comisión, la demandante, a diferencia de los demás participantes, sólo participó en una pequeña parte del presunto cartel. Además, según la demandante, su presunta participación en el cartel fue más corta de lo indicado por la Comisión y ésta no tuvo en cuenta el peso relativo de la participación de la demandante en el cartel.
   En segundo lugar, la demandante alega una infracción del artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1/2003 (1) ya que la Comisión estableció erróneamente la duración y el carácter continuado de la infracción.
   Con carácter subsidiario, la demandante solicita que se condone la multa o, por lo menos, se reduzca drásticamente debido a que se calculó y estableció de modo erróneo el importe básico de la multa y, al establecerse la multa, se vulneró manifiestamente el principio de proporcionalidad.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 1, p. 1).


title: Asuntos acumulados C-297/10 y C-298/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt (C-297/10), Land Berlin/Alexander Mai (C-298/10) (Directiva 2000/78/CE — Artículos 2, apartado 2, y 6, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 21 y 28 — Convenio colectivo relativo a la retribución de los empleados públicos de un Estado miembro — Retribución fijada en función de la edad — Convenio colectivo por el que se suprime la fijación de la retribución en función de la edad — Mantenimiento de los derechos adquiridos)

text:
               22.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt (C-297/10), Land Berlin/Alexander Mai (C-298/10)
   (Asuntos acumulados C-297/10 y C-298/10) (1)

   (Directiva 2000/78/CE - Artículos 2, apartado 2, y 6, apartado 1 - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 21 y 28 - Convenio colectivo relativo a la retribución de los empleados públicos de un Estado miembro - Retribución fijada en función de la edad - Convenio colectivo por el que se suprime la fijación de la retribución en función de la edad - Mantenimiento de los derechos adquiridos)
   2011/C 311/17
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesarbeitsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Sabine Hennigs (C-297/10), Land Berlin (C-298/10)

      Demandadas: Eisenbahn-Bundesamt (C-297/10), Alexander Mai (C-298/10)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesarbeitsgericht — Interpretación del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 83, de 30 de marzo de 2010, p. 389), tal como ha sido concretada por la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16) — Remuneración de los agentes contractuales en la función pública de un Estado miembro — Normativa nacional que establece un tratamiento de base diferente en función de la edad

      Fallo

               1)

               El principio de no discriminación por razón de la edad, recogido en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y desarrollado en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y más concretamente los artículos 2 y 6, apartado 1, de dicha Directiva deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una medida prevista por un convenio colectivo, como la controvertida en el litigio principal, que establece que, dentro de cada grado, el escalón de salario base de un empleado público se determina en función de la edad que dicho empleado tenga en el momento de su contratación. A este respecto, el hecho de que el Derecho de la Unión se oponga a la referida medida y de que ésta figure en un convenio colectivo no vulnera el derecho a negociar y celebrar convenios colectivos reconocido en el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               2)

               Los artículos 2 y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, así como el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una medida prevista por un convenio colectivo, como la controvertida en el litigio principal en el asunto C-297/10, que sustituye un sistema retributivo que establece una discriminación por razón de la edad por otro basado en criterios objetivos, manteniendo a la vez, durante un período transitorio y limitado en el tiempo, algunos de los efectos discriminatorios del primero de dichos sistemas a fin de garantizar a los empleados ya contratados la transición al nuevo sistema sin que tengan que sufrir una pérdida de ingresos.

      (1)  DO C 260, de 25.9.2010.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de julio de 1999 en el asunto T-14/98, Heidi Hautala contra Consejo de la Unión Europea (Derecho de acceso del público a los documentos del Consejo - Decisión 93/731/CE - Excepciones al principio de acceso a los documentos - Protección del interés público en materia de relaciones internacionales - Acceso parcial)

text:
16.10.1999             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 299/23
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                 AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                     de 19 de julio de 1999                                                  de 20 de mayo de 1999
en el asunto T-14/98, Heidi Hautala contra Consejo de la                 el asunto T-139/96, MD Foods Amba y Danske Mejeriers
                        Unión Europea (1)                              Fællesorganisation contra Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas (1)
(Derecho de acceso del público a los documentos del Consejo
— Decisión 93/731/CE — Excepciones al principio de acceso                                      («Sobreseimiento»)
a los documentos — Protección del interés público en materia
       de relaciones internacionales — Acceso parcial)
                                                                                (1999/C 299/31)
                         (1999/C 299/30)
                                                                                (Lengua de procedimiento: danés)
                 (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                        En el asunto T-139/96, MD Foods Amba, con domicilio social
En el asunto T-14/98, Heidi Hautala, con domicilio en Helsinki,         en Viby (Dinamarca), y Danske Mejeriers Fællesorganisation,
representada por Mes Onno W. Brouwer y Thomas Janssens,                 con domicilio social en Århus (Dinamarca), representados por
Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem-              los Sres. G. Lett, Abogado de Copenhague, y N. Scandamis,
burgo el despacho de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe, apoyada            Abogado de Atenas, que designan como domicilio en Luxem-
por República de Finlandia (Agentes: Sr. Holger Rotkirch y             burgo el despacho de Me R. Assa, 1, rue J.P. Brasseur, contra
Sra. Tuula Pynnä) y Reino de Suecia (Agentes: Sras. Lotty               Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres. J.L.
Nordling, Karin Kussak, Kristina Svahn Starrsjö y Anders                Iglesias Buhigues y H. Støvlbæk), apoyada por la República
Kruse) contra Consejo de la Unión Europea (Agentes: Sra. Jill          Helénica, el Consejo de la Unión Europea y Koinopraktiki
Aussant, y Sres. Giorgio Maganza y Martin Bauer), apoyado               Tyrokomion Monadon Ioanninon Pindos AEBE, que tiene por
por República Francesa (Agentes: Sra. Kareen Rispal-Bellanger          objeto la anulación del Reglamento (CE) no 1107/96 de la
y Sr. Denys Wibaux), que tiene por objeto un recurso de                 Comisión, de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las
anulación de la decisión del Consejo, de 4 de noviembre de            indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen
1997, por la que se deniega a la demandante el acceso a un              con arreglo al procedimiento establecido en el artı́culo 17 del
documento, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera),             Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo (DO L 148, p. 1),
integrado por el Sr. B. Versterdorf, Presidente; y los Sres. J. Pir-    en lo que respecta la registro de «Feta» como denominación de
rung y M. Vilaras, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el       origen protegida, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Ter-
19 de julio de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:           cera), integrado por los Sres.: M. Jaeger, Presidente, y los Sres.
                                                                        K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung; ha dictado
                                                                        el 20 de mayo de 1999 un auto resolviendo lo seguiente:
1) Se anula la decisión del Consejo, de 4 de noviembre de 1997,
    por la que se deniega a la demandante el acceso al informe del
    Grupo de trabajo «Exportaciones de armamento convencional».         1) Se sobresee el recurso.
2) Se condena en costas al Consejo.                                     2) Cada una de las demandantes y la Comisión cargarán con sus
                                                                             propias costas.
3) La República de Finlandia, el Reino de Suecia y la República
    Francesa cargarán con sus propias costas.                          3) Cada una de las coadyuvantes cargará con sus propias costas.
(1) DO C 72 de 7.3.98.                                                  (1) DO C 354 de 23.11.1996.


title: Asunto C-234/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Radiodifusión televisiva — Directiva 2010/13/UE — Artículos 4, apartado 1, y 23, apartado 1 — Anuncios publicitarios — Normativa nacional que prevé para los organismos de radiodifusión televisiva de pago un porcentaje máximo de tiempo de emisión que puede dedicarse a la publicidad inferior al previsto para los organismos de radiodifusión televisiva de libre acceso — Igualdad de trato — Libre prestación de servicios)

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/16

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
   (Asunto C-234/12) (1)

   (Radiodifusión televisiva - Directiva 2010/13/UE - Artículos 4, apartado 1, y 23, apartado 1 - Anuncios publicitarios - Normativa nacional que prevé para los organismos de radiodifusión televisiva de pago un porcentaje máximo de tiempo de emisión que puede dedicarse a la publicidad inferior al previsto para los organismos de radiodifusión televisiva de libre acceso - Igualdad de trato - Libre prestación de servicios)
   2013/C 260/26
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sky Italia Srl

      Demandada: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

      en el que participan: Reti Televisive Italilane (RTI) SpA, Maria Iaccarino

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Interpretación del artículo 4 de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (DO L 95, p. 1) — Interpretación de los artículos 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE, así como del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 10 del CEDH, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos — Porcentaje máximo de tiempo de transmisión que puede dedicarse a la publicidad — Normativa nacional que prevé para los canales de televisión de pago un porcentaje máximo inferior al previsto para los demás canales.

      Fallo

   El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), el principio de igualdad de trato, y el artículo 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a una normativa nacional, como la analizada en el litigio principal, que establece límites horarios al tiempo de emisión de publicidad televisiva para los organismos de radiodifusión televisiva de pago inferiores a los establecidos para los organismos de radiodifusión televisiva en abierto, siempre que se respete el principio de proporcionalidad, extremo éste cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 217, de 21.7.2012.


title: Asunto T-201/04: Recurso interpuesto el 7 de junio de 2004 por Microsoft Corporation contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               10.7.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/18

         Recurso interpuesto el 7 de junio de 2004 por Microsoft Corporation contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-201/04)
   (2004/C 179/36)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 7 de junio de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Microsoft Corporation, con domicilio en Washington (EEUU), representada por I.S. Forrester, QC, y J.-F. Bellis, abogado.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 24 de marzo de 2004 o, con carácter subsidiario, anule o reduzca sustancialmente la multa impuesta.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna la Decisión de la Comisión por la que se declaró la existencia de dos abusos de posición dominante por parte de la demandante y le impuso una multa de 497 196,304 euros. En su Decisión, la Comisión declaró que la demandante se había negado a proporcionar «información sobre la interoperabilidad» y permitir su uso para desarrollar y distribuir aplicaciones de sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo. En segundo lugar, la Comisión concluyó que la demandante subordinó la disponibilidad del «sistema operativo Windows para PC clientes» a la adquisición simultánea del Windows Media Player.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega, en primer lugar, que la Comisión decidió erróneamente que la demandante había infringido el artículo 82 CE al negarse a suministrar los protocolos de comunicación a los competidores y a permitir el uso de dicha tecnología propietaria en los sistemas operativos de servidores de grupos de trabajo competidores.
   Según la demandante, en el presente asunto no se cumplen los requisitos exigidos por los órganos jurisdiccionales comunitarios para obligar a una empresa en situación de dominio a otorgar una licencia sobre sus derechos de propiedad intelectual. En su opinión, la tecnología para cuyo uso debe otorgar una licencia no es indispensable para lograr la interoperabilidad con los sistemas operativos para PC de Microsoft, la alegada negativa a suministrar tecnología no evitó la aparición de nuevos productos en un mercado secundario y, por último, no tuvo por efecto eliminar la competencia en un mercado secundario.
   Por otra parte, la demandante alega que la Decisión impugnada rechazó erróneamente que la demandante pudiera invocar sus derechos de propiedad intelectual como justificación objetiva para negarse, tal como se le imputa, a suministrar tecnología; en su lugar, la Decisión añadió un nuevo análisis, jurídicamente incorrecto, invocando el interés público en la divulgación.
   Asimismo, la demandante alega que hasta entonces nunca se había solicitado una licencia para desarrollar software en el EEE y que no se hallaba sometida a ninguna obligación respecto a la solicitud de Sun cuyo incumplimiento diera lugar a una responsabilidad especial en virtud del artículo 82 CE.
   Además, la demandante argumenta que la Comisión no tuvo en cuenta las obligaciones impuestas a las Comunidades Europeas en virtud del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio relativo a la protección de los aspectos comerciales de los derechos de propiedad intelectual (TRIPS) al aplicar el artículo 82 a los hechos que dieron lugar al presente litigio.
   En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión determinó erróneamente que aquélla había infringido el artículo 82 CE al subordinar la disponibilidad de sus sistemas operativos para PC a la adquisición simultánea de un reproductor multimedia denominado Windows Media Player.
   Según la demandante, la Decisión impugnada se basa en una teoría especulativa de exclusión, según la cual la distribución generalizada de reproductores multimedia con Windows podrá, en un futuro indeterminado, llevar a una situación en la que los proveedores y programadores de software utilizarán casi exclusivamente los formatos de Windows Media. La demandante señala que esta teoría se contradice con la Decisión de la Comisión sobre la concentración AOL/Time Warner (1), así como con las pruebas existentes que demuestran que los proveedores de contenidos continuarán codificando con formatos múltiples.
   La demandante también alega que la Decisión impugnada ignora los efectos beneficiosos de su modelo de empresa, que implica la integración de la nueva aplicación en Windows como respuesta a los avances tecnológicos y a los cambios en la demanda de consumo.
   Por otra parte, según la demandante, la Decisión impugnada no cumple los requisitos exigidos para declarar la existencia de una vulneración del artículo 82 CE, en particular su letra d). La demandante afirma que Windows y su reproductor multimedia no son dos productos independientes. Además, alega que la Decisión impugnada no demuestra que los productos supuestamente vinculados entre sí no estén conectados objetivamente o por su uso comercial. Por otra parte, afirma que la Decisión impugnada no tiene en cuenta la obligación impuesta a las Comunidades Europeas en virtud del TRIPS al aplicar el artículo 82 CE a los hechos que originaron el litigio y que la solución impuesta es desproporcionada.
   En tercer lugar, la demandante alega que el requisito que se le impone de nombrar a título oneroso un representante que controle el respeto de la Decisión y conozca de las denuncias presentadas es ilegal, por ser ultra vires. La demandante afirma que los poderes delegados al representante son poderes de investigación y ejecución que corresponden normalmente a la Comisión y que no pueden ser objeto de delegación.
   Por último, la demandante alega que no existe base alguna para imponerle una multa, a la vista del carácter jurídicamente novedoso de la constatación del abuso. Asimismo, la demandante afirma que el importe de la multa es manifiestamente excesivo.

      (1)  Decisión 2001/718/CE de la Comisión, de 11 de octubre de 2000, por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado común y con el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Asunto COMP/M.1845 — AOL/Time Warner) (DO 2001, L 268, p. 28).


title: Asunto C-271/03: Recurso interpuesto el 21 de junio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Irlanda

text:
23.8.2003             ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 200/17
¿El artículo 13, parte C, párrafo primero, letra a), de la Directiva      que recojan y transporten por cuenta propia residuos no
del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (77/388/CEE), Sexta                    peligrosos en el ejercicio de su actividad profesional específica.
Directiva en materia de armonización de las legislaciones de
los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
                                                                          Por otra parte, en lo que respecta a los residuos peligrosos que
volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el
                                                                          sean transportados directamente por el productor de los
valor añadido (1), permite que un Estado miembro, que haya
                                                                          mismos, la misma disposición del Decreto italiano exime de
ejercitado la facultad de conceder a sus sujetos pasivos el
                                                                          la obligación de inscribirse en el citado Registro a las empresas
derecho de optar por la tributación del arrendamiento de bienes
                                                                          que transporten hasta 30 litros o 30 kg de residuos al día.
inmuebles, haga depender la deducción plena del IVA soportado
de la obtención previa de una aprobación no retroactiva por
parte de la administración tributaria?                                    En resumen, dicha obligación queda limitada únicamente a los
                                                                          supuestos de recogida y transporte de residuos peligrosos,
                                                                          siempre que no se trate de residuos recogidos y transportados
(1) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.                                          por el productor de los mismos en una cantidad inferior a un
                                                                          determinado límite diario, así como a los supuestos de reco-
                                                                          gida y transporte de residuos no peligrosos por cuenta de
                                                                          terceros.
                                                                          Se produce así una contradicción evidente con lo dispuesto en
                                                                          la Directiva. En efecto, con arreglo al artículo 12 de esta
Recurso interpuesto el 23 de junio de 2003 contra la                      última, todas las empresas, sin distinción alguna, que efectúen
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                     con carácter profesional actividades de recogida o transporte de
                              Europeas                                    residuos de cualquier tipo, y por consiguiente tanto peligrosos
                                                                          como no peligrosos, deberán estar registradas ante las auto-
                                                                          ridades competentes, si no están sujetas a autorización.
                        (Asunto C-270/03)
                                                                          (1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129.
                         (2003/C 200/30)                                  (2) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 23 de junio de 2003 un recurso contra la
República Italiana, formulado por la Comisión de las Comuni-
dades Europeas, representada por los Sres. Luca Visaggio y
Roberto Amorosi, en calidad de agentes, que designa domicilio
en Luxemburgo.                                                            Recurso interpuesto el 21 de junio de 2003 contra la
                                                                              Comisión de las Comunidades Europeas por Irlanda
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:                                                                                (Asunto C-271/03)
—     Declare que la República Italiana ha incumplido las obli-                                    (2003/C 200/31)
      gaciones que le incumben en virtud del artículo 12 de la
      Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos (1), en su
      versión modificada por la Directiva 91/156/CEE (2), al
      eximir de la obligación de inscribirse en el Registro               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      nacional de empresas que prestan servicios de eliminación           presentado el 21 de junio de 2003 un recurso contra la
      de residuos a las empresas que recojan y transporten sus            Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Irlanda,
      propios residuos no peligrosos como actividad ordinaria y           representada por el Sr. D. J. O'Hagan, en calidad de agente,
      habitual, así como a las que transporten sus propios                asistido por los Sres. P. Gallagher SC, P. McGarry, Barrister y
      residuos peligrosos en cantidades inferiores a 30 kg y a            J. Buttimore del gabinete del Attorney General, que designa
      30 litros por día, según lo dispuesto en el artículo 30,            domicilio en Luxemburgo.
      párrafo cuarto, del Decreto Legislativo no 22, de 5 de
      febrero de 1997, en su versión modificada por la Ley                La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      no 426, de 9 de diciembre de 1998.
—     Condene en costas a la República Italiana.                          a)    Declare la admisibilidad del recurso.
                                                                          b)    Anule la Decisión de la Comisión C(2003)1084 por la
                                                                                que se reduce una ayuda concedida por el Fondo Europeo
                                                                                de Desarrollo Regional (FEDER) al Sistema Global de
Motivos y principales alegaciones                                               Subvenciones para el sector privado en Turismo y Desa-
                                                                                rrollo, Programa Operativo para el Turismo (1989-1993)
En lo que respecta a los residuos no peligrosos, el artículo 30,                subprograma 2, en Irlanda con arreglo a la Decisión de la
párrafo cuarto, del Decreto Legislativo exime expresamente de                   Comisión C89(2258/7) de 21 de diciembre de 1989.
la obligación de inscribirse en el Registro nacional de empresas
que prestan servicios de eliminación de residuos a las empresas           c)    Condene en costas a la Comisión.
 ---pagebreak--- C 200/18                ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                                              23.8.2003
Motivos y principales alegaciones                                      procedimientos utilizados eran siempre conformes con la
                                                                       mejor práctica del momento aprobada por la Comisión, equi-
                                                                       vale a una aplicación retroactiva de normas comunitarias por
La demandante alega que la Decisión de la Comisión C(2003)             parte de la Comisión.
1084 debe anularse por las siguientes razones:
                                                                       IV) Violación del principio de proporcionalidad y/o de los
I) Error manifiesto de enfoque o valoración por parte de la                  principios relativos al establecimiento de sanciones
    Comisión
                                                                       La Comisión disponía claramente de alternativas a la decisión
a)    Las autoridades irlandesas no aceptan la validez de la           que se adoptó en este caso. El enfoque adoptado por la
      extrapolación que la Comisión afirma haber llevado a             Comisión es totalmente desproporcionado con respecto al
      cabo y alegan que la extrapolación no es un método               resultado que se pretendía alcanzar, habida cuenta de la
      aceptable para establecer un valor monetario de reem-            continua eficacia de los proyectos en cuestión y de la natura-
      bolso en el caso de un sistema de subvenciones de base           leza del proyecto beneficiario. Tal enfoque equivale efectiva-
      muy amplia, como es el Programa Operativo para el                mente a imponer una sanción sin que haya pruebas de
      Turismo 1989-1993. Además, se alega que la Comisión              actuación ilícita alguna por parte de una empresa o autoridad.
      no identificó el fundamento jurídico en que se basa la
      extrapolación que afirma haber realizado.
                                                                       (1) Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de
                                                                           1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del
b)    La aplicación por parte de la Comisión de su propia                  Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la
      definición del significado de los términos utilizados en el          coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y,
      artículo 23 del Reglamento 4253/88 (1) de un modo que                por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con
                                                                           las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374 de
      le permite ampliar su ámbito de facultades equivale a un
                                                                           31.12.1988, p. 1).
      incumplimiento de lo dispuesto expresamente en dicho
      artículo y constituye un error manifiesto de valoración
      por parte de la Comisión en el ejercicio de su discrecio-
      nalidad con arreglo al artículo 24 del mismo Reglamento.
c)    Es manifiestamente erróneo por parte de la Comisión
      intentar justificar la imposición de una sanción a Irlanda
      basándose en las Fichas Técnicas publicadas en abril de
      1997, varios años después de finalizar el Programa argu-         Recurso interpuesto el 24 de junio de 2003 contra la
      mentando que constituían una codificación de una prác-           República de Irlanda por la Comisión de las Comunidades
      tica seguida anteriormente, mientras que ni la Comisión                                         Europeas
      ni el Tribunal de Cuentas, al controlar el Programa han
      demostrado la existencia de dicha práctica general.
                                                                                (Asunto C-274/03)
d)    Asimismo se alega que la Comisión incurrió en error
      manifiesto al concluir que el sistema de transmisión de                                    (2003/C 200/32)
      información desarrollado por las autoridades irlandesas
      adolecía de errores o que existían riesgos inherentes al
      mismo.
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 24 de junio de 2003 un recurso contra la
                                                                       República de Irlanda formulado por la Comisión de las Comu-
II) Incumplimiento de una norma jurídica fundamental rela-
                                                                       nidades Europeas, representada por el Sr. G. Zavos, en calidad
    tiva a la aplicación del Tratado
                                                                       de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
En el ejercicio de su discrecionalidad con arreglo al artículo 24
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
del Reglamento 4253/88, la Comisión evaluó incorrectamente
o incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta las
cuestiones suscitadas en la demanda. El enfoque de la Comi-            1.     Declare que la República de Irlanda ha incumplido las
sión viola lo dispuesto, entre otros, en los artículos 23 y 24                obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
del Reglamento 4253/88.                                                       2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                              16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
                                                                              legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de
III) Vulneración de los principios de irretroactividad, segu-                 responsabilidad civil derivada de la circulación de
     ridad jurídica y confianza legítima                                      vehículos automóviles y por la que se modifican las
                                                                              Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (Cuarta
                                                                              Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (DO
La aplicación retroactiva de normas de gestión financiera, y en               L 181 de 20.7.2000, p. 65), al no adoptar las disposi-
concreto el tema de los criterios de elegibilidad, que no se                  ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
desarrollaron hasta varios años después de haber finalizado los               para dar cumplimiento a dicha Directiva o, al menos, al
proyectos de que se trata en unas circunstancias en que los                   no comunicarlas a la Comisión.


title: Asunto C-481/03: Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2003 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 7/26                 ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                        10.1.2004
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:                       Motivos y principales alegaciones
—    Declare que la República Helénica ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             El plazo establecido para la adaptación del Derecho interno a
     2000/9/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de             la Directiva expiró el 8 de agosto de 2002.
     20 de marzo de 2000, relativa a las instalaciones de
     transporte de personas por cable, al no haber adoptado
     o, en cualquier caso, no haber notificado a la Comisión            (1) DO L 200 de 8.8.2000, p. 35.
     las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
     necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
—    Condene en costas a la República Helénica.
                                                                        Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2003 contra
Motivos y principales alegaciones                                       el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                                                                                Comunidades Europeas
El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva
expiró el 3 de mayo de 2002.                                                                    (Asunto C-481/03)
                                                                                (2004/C 7/45)
(1) DO L 106, de 3.5.2000, p. 21.
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 19 de noviembre de 2003 un recurso contra el
                                                                        Gran Ducado de Luxemburgo, formulado por la Comisión de
                                                                        las Comunidades Europeas, representada por el Sr. W. Wils, en
                                                                        calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
Recurso interpuesto el 18 de noviembre de 2003 contra
el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                    Comunidades Europeas                                La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que:
                       (Asunto C-479/03)
                                                                        1)   Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
                                                                             plido las obligaciones que le incumben en virtud de las
                          (2004/C 7/44)                                      Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                             26 de febrero de 2001, 2001/12/CE, por la que se
                                                                             modifica la Directiva 91/440/CEE del Consejo, sobre el
                                                                             desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (1), y 2001/
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 13/CE, por la que se modifica la Directiva 95/18/CE del
presentado el 18 de noviembre de 2003 un recurso contra el                   Consejo, sobre concesión de licencias a las empresas
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de                       ferroviarias (2), al no haber adoptado las medidas legales,
las Comunidades Europeas, representada por la Sra. M. Patakia,               reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.                   plimiento a lo dispuesto en las citadas Directivas o, en
                                                                             cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal            2)   Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
de Justicia que:
1)   Declare que, al no haber adoptado las disposiciones
     legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias          Motivos y principales alegaciones
     para la adaptación completa del Derecho interno a la
     Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del
     Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen          El plazo fijado para la adaptación del Derecho interno a las
     medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones            Directivas expiró el 15 de marzo de 2003.
     comerciales (1) y, en cualquier caso, al no haber comuni-
     cado dichas disposiciones a la Comisión, el Gran Ducado
     de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le                (1) DO L 75 de 15.3.2001, p. 1.
     incumben en virtud de dicha Directiva.                             (2) DO L 75 de 15.3.2001, p. 26.
2)   Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.


title: Asunto T-215/17: Recurso interpuesto el 7 de abril de 2017 — Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR)

text:
               29.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 168/33

         Recurso interpuesto el 7 de abril de 2017 — Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR)
   (Asunto T-215/17)
   (2017/C 168/44)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: Pear Technologies Ltd (Macao, China) (representantes: J. Coldham, Solicitor, y E. Himsworth, QC)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Apple Inc. (Cupertino, California, Estados Unidos)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante: Parte recurrente

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «PEAR» — Solicitud de registro n.o 13115076

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de enero de 2017 (asunto R 860/2016-5)

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada y/o

               —

               devuelva el asunto a la Sala de Recurso para un nuevo examen.

               —

               Condene en costas a la EUIPO, incluidas aquellas en que incurrió la recurrente ante la Sala de Recurso.

               —

               Condene en costas a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, en caso de que intervenga, incluidas aquellas en que incurrió la recurrente ante la Sala de Recurso.

      Motivo invocado

   Infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-456/14: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (España) el 2 de octubre de 2014 — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

text:
               8.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 439/23

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (España) el 2 de octubre de 2014 — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
   (Asunto C-456/14)
   (2014/C 439/31)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Manuel Orrego Arias

      Demandada: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

      Cuestión prejudicial

   Interpretación del artículo 3.1 a), primer apartado, de la Directiva 2001/40/CE (1), del Consejo, de 28 de mayo, y, en particular, sobre si la expresión infracción sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un año que contiene dicho precepto viene referida a la pena prevista en abstracto para el delito de que se trate o, por el contrario, a la concreta pena de prisión impuesta al condenado y, por consiguiente, si la decisión de un Estado miembro de expulsar a un nacional de un tercer país condenado a una pena privativa de libertad de ocho meses sería o no reconocida por otros Estados miembros.

      (1)  Del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países

      DO L 149, p. 34


title: Asunto C-421/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 28 de julio de 2016 — Ministre des finances et des comptes publics/Marc Lassus

text:
               24.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 392/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 28 de julio de 2016 — Ministre des finances et des comptes publics/Marc Lassus
   (Asunto C-421/16)
   (2016/C 392/12)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d’État

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Ministre des finances et des comptes publics

      Recurrida: Marc Lassus

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 8 de la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio de 1990, (1) en el sentido de que prohíben, en el caso de una operación de canje de títulos comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, un mecanismo de diferimiento en la tributación según el cual, como excepción a la regla de que el devengo del impuesto sobre una plusvalía se produce durante el año de su realización, una plusvalía resultante de un canje se declara y se liquida con motivo de la operación de canje de títulos y se somete a gravamen en el año en el que tenga lugar el acontecimiento que pone fin al diferimiento fiscal, el cual puede ser, en particular, la cesión de los títulos recibidos en el momento del canje?

               2)

               En caso de que la plusvalía del canje de títulos esté sujeta a tributación, ¿puede ser gravada por el Estado que tenía potestad tributaria para ello en el momento de la operación de canje pese a que la cesión de los títulos recibidos en el marco de tal canje esté comprendida en el ámbito de la potestad tributaria de otro Estado miembro?

               3)

               En caso de que se responda a las anteriores cuestiones que la Directiva no se opone a que la plusvalía resultante de un canje de títulos tribute en el momento de la cesión posterior de los títulos recibidos en el marco del canje, incluso cuando ambas operaciones no estén comprendidas en el ámbito de la potestad tributaria del mismo Estado miembro, ¿puede el Estado miembro en el que la plusvalía resultante del canje haya sido objeto de diferimiento fiscal, sin perjuicio de las estipulaciones del convenio fiscal bilateral aplicables, gravar dicha plusvalía con ocasión de la cesión sin tener en cuenta el resultado de ésta cuando sea una minusvalía? Esta cuestión se plantea tanto en relación con la Directiva [90/434] como a la luz de la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 43 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actualmente artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, habida cuenta de que un contribuyente residente a efectos fiscales en Francia en el momento de la operación de canje y de la operación de cesión de los títulos podría beneficiarse, en las condiciones recordadas en el apartado 4 de la presente resolución, de la imputación de una minusvalía derivada de la cesión.

               4)

               En caso de que se responda a la tercera cuestión que procede tener en cuenta la minusvalía resultante de la cesión de los títulos recibidos en el marco del canje, ¿el Estado miembro en el que se materializó la plusvalía del canje debe imputar a ésta la minusvalía resultante de la cesión o debe, dado que la cesión no está comprendida en el ámbito de su potestad tributaria, renunciar a gravar la plusvalía derivada del canje?

               5)

               En caso de que se responda a la cuarta cuestión que la minusvalía derivada de la cesión debe imputarse a la plusvalía resultante del canje, ¿qué precio de adquisición de los títulos cedidos ha de aplicarse a efectos de calcular la minusvalía materializada en la cesión? En particular, ¿debe adoptarse como precio de adquisición unitario de los títulos cedidos el valor total de los títulos de la sociedad recibidos con ocasión del canje, según consta en la declaración de la plusvalía, dividido por el número de títulos recibidos en el canje, o debe aplicarse un precio de adquisición medio ponderado, teniendo en cuenta asimismo las operaciones posteriores al canje, como otras adquisiciones o asignaciones de títulos de la misma sociedad a título gratuito?

      (1)  Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros (DO 1990, L 225, p. 1).