title: Asunto T-429/09: Recurso interpuesto el 21 de octubre de 2009 — Campailla/Comisión

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/42

      Recurso interpuesto el 21 de octubre de 2009 — Campailla/Comisión
      (Asunto T-429/09)
      (2010/C 161/66)
      Lengua de procedimiento: francés

         Partes

         Demandante: Massimo Campailla (Boulogne-sur-Mer, Francia) (representante: P. Goergen, abogado)

         Demandada: Comisión Europea

         Pretensiones de la parte demandante

                  —

                  Que se condene a la Comisión a indemnizar el perjuicio que el demandante supuestamente ha sufrido debido a la negativa de la Comisión a adoptar medidas a raíz de su denuncia de las violaciones de sus derechos fundamentales por las autoridades cameruneses.

         Motivos y principales alegaciones

      Mediante el presente recurso el demandante solicita la indemnización del daño que afirma haber sufrido a consecuencia de las decisiones de la Comisión, contenidas en el escrito D3 *3/2004/D/4809, de 30 de julio de 2004, y en el escrito D3 D3/2004/D/5438, de 9 de septiembre de 2004, dirigidas al demandante, mediante las que la Comisión se negó a adoptar medidas a raíz de su denuncia de supuestas violaciones de sus derechos fundamentales por las autoridades camerunesas.
      En apoyo de su recurso el demandante alega motivos basados en la ilegalidad de la decisión debido a la desnaturalización de los hechos y a la desviación de poder así como a la infracción de disposiciones y violación de principios del Tratado CE y del Tratado UE y de los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (entre otros, los principios de seguridad jurídica, de confianza legítima, de buena administración, de la obligación de no discriminación, de buen gobierno, de respeto de formas sustanciales y de la prohibición de tratos inhumanos o degradantes).


20150731013616652015/C 270/202582015CJC27020150817ES01ESINFO_JUDICIAL20150601161721Asunto C-258/15: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (España) el 1 de junio de 2015 — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias
 ---documentbreak--- C2702015ES1610120150601ES0020161172Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (España) el 1 de junio de 2015 — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias
   (Asunto C-258/15)2015/C 270/20Lengua de procedimiento: español
      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Gorka Salaberria Sorondo

      Demandada: Academia Vasca de Policía y Emergencias

      Cuestión prejudicial

   ¿La fijación del límite máximo de edad de 35 años como requisito para participar en la convocatoria de acceso a la plaza de agente de la policía autonómica vasca, se ajusta a la interpretación de los artículos 2, apartado 2, 4, apartado 1, y 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 2000/78/CE (
         1
      ), del Consejo, de 27 de noviembre de 2000?
   (
         1
      )	Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación

      DO L 303, p. 16.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 17 de septiembre de 2002 en el asunto C-392/00 (Petición de decisión prejudicial del Bundesfinanzhof): Finanzamt Hannover-Nord contra Norddeutsche Gesellschaft zur Beratung und Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei Kernkraftwerken mbH ("Concentración de capitales — Directiva 69/335/CEE — Impuesto sobre las aportaciones — Préstamos sin interés concedidos por algunos socios — Contrato de transferencia de resultados")

text:
9.11.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 274/13
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Sexta)
                             (Sala Quinta)
                                                                                de 17 de septiembre de 2002
                  de 12 de septiembre de 2002                              en el asunto C-392/00 (Petición de decisión prejudicial
                                                                           del Bundesfinanzhof): Finanzamt Hannover-Nord contra
                                                                           Norddeutsche           Gesellschaft        zur        Beratung       und
en el asunto C-351/00 (Petición de decisión prejudicial del                Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei Kernkraft-
               vakuutusoikeus): Pirkko Niemi ( 1)                                                     werken mbH (1)
                                                                           («Concentración de capitales — Directiva 69/335/CEE —
(«Política social — Igualdad de trato entre hombres y mujeres              Impuesto sobre las aportaciones — Préstamos sin interés
— Aplicabilidad del artículo 119 del Tratado CE (los                       concedidos por algunos socios — Contrato de transferencia
artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por                                            de resultados»)
los artículos 136 CE a 143 CE) o de la Directiva 79/7/CEE
— Concepto de “retribución” — Régimen de pensiones de                                                 (2002/C 274/21)
                          los funcionarios»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
                           (2002/C 274/20)                                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                   (Lengua de procedimiento: finés)
                                                                           En el asunto C-392/00, que tiene por objeto una petición
                                                                           dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                           por el Bundesfinanzhof (Alemania), destinada a obtener, en
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                           el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
                                                                           Finanzamt Hannover-Nord y Norddeutsche Gesellschaft zur
                                                                           Beratung und Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei
                                                                           Kernkraftwerken mbH, una decisión prejudicial sobre la inter-
                                                                           pretación del artículo 4, apartado 2, letra b), de la Directiva
En el asunto C-351/00, que tiene por objeto una petición                   69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,          impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales
por el vakuutusoikeus (Finlandia), destinada a obtener, en                 (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22), modificada por la Directiva
el procedimiento iniciado por Pirkko Niemi una decisión                    85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985 (DO L 156,
prejudicial sobre la interpretación del artículo 119 del Tratado           p. 23; EE 09/01, p. 171), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta),
CE (los artículos 117 a 120 CE del Tratado CE han sido                     integrado por la Sra. F. Macken, Presidenta de Sala, y la Sra.
sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) y de la Directiva           N. Colneric, y los Sres. J.-P. Puissochet, R. Schintgen (Ponente)
79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a               y V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;
la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre          Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado
hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979,                 el 17 de septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el
L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174), el Tribunal de Justicia (Sala               siguiente:
Quinta), integrado por los Sres. P. Jann, Presidente de Sala,
S. von Bahr, D.A.O. Edward, M. Wathelet y C.W.A. Timmer-
                                                                           El artículo 4, apartado 2, letra b), de la Directiva 69/335/CEE del
mans (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secreta-
                                                                           Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que
rio: Sr. H. von Holstein, secretario adjunto, ha dictado el 12 de
                                                                           gravan la concentración de capitales, modificada por la Directiva 85/
septiembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, debe interpretarse en el
                                                                           sentido de que no se opone a la recaudación del impuesto sobre las
                                                                           aportaciones sobre el importe de los intereses ahorrados por una
Una pensión como la abonada en virtud de la valtion eläkelaki (Ley         sociedad debido a que sus socios le han concedido un préstamo sin
sobre el régimen de pensiones de la función pública estatal) 280/          interés, cuando éstos y dicha sociedad han celebrado, antes de la
1966, en su versión modificada por la Ley 638/1994, está                   concesión de ese préstamo, un contrato de transferencia de resultados,
comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 119 CE del             si los intereses ahorrados de este modo han aumentado con carácter
Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido                duradero el patrimonio de dicha sociedad. Corresponde al órgano
sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE).                            jurisdiccional nacional comprobar, teniendo en cuenta todas las carac-
                                                                           terísticas de la operación de que se trata, si efectivamente los intereses
                                                                           ahorrados han tenido tal efecto y, en caso afirmativo, en qué medida.
( 1) DO C 335 de 25.11.2000.
                                                                           (1 ) DO C 372 de 23.12.2000.


title: Asunto T-64/12: Auto del Tribunal General de 7 de marzo de 2013 — Henkel y Henkel France/Comisión ( «Recurso de anulación — Solicitud de trasladar a la autoridad francesa de competencia determinados documentos que forman parte del expediente de la Comisión relativo a un procedimiento en materia de competencia en relación con el mercado europeo de productores de detergentes domésticos — Utilización en el marco de un procedimiento nacional que afecta al sector de las lejías en Francia — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad» )

text:
               4.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/20

         Auto del Tribunal General de 7 de marzo de 2013 — Henkel y Henkel France/Comisión
   (Asunto T-64/12) (1)

   (Recurso de anulación - Solicitud de trasladar a la autoridad francesa de competencia determinados documentos que forman parte del expediente de la Comisión relativo a un procedimiento en materia de competencia en relación con el mercado europeo de productores de detergentes domésticos - Utilización en el marco de un procedimiento nacional que afecta al sector de las lejías en Francia - Inexistencia de interés en ejercitar la acción - Inadmisibilidad)
   2013/C 129/41
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Alemania) y Henkel France (Boulogne-Billancourt, Francia) (representantes: R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet y É. Paroche, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: N. Khan y P. Van Nuffel, agentes)

      Objeto

   Por una parte, una pretensión de anulación de la decisión supuestamente contenida en un escrito de la Comisión de 7 de diciembre de 2011 (asunto COMP/39.579 — Detergentes domésticos — y asunto 09/0007 F) por la que ésta se negó a estimar una solicitud de las demandantes de que se diera traslado a la autoridad francesa de competencia (Francia), en el marco del asunto 09/0007 F que afecta al sector francés de los detergentes, de varios documentos aportados en el asunto COMP/39.579 y, por otra parte, una pretensión de que el Tribunal ordene a la Comisión que autorice a las demandantes a invocar los documentos en cuestión en el procedimiento ante la autoridad de la competencia o ante la jurisdicción francesa competente en el marco de un recurso contra la decisión de ésta y adopte cualquier medida que estime conveniente.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               No procede pronunciarse sobre la demanda de intervención presentada por Unilever PLC y Unilever NV.

               3)

               Henkel AG & Co. KGaA y Henkel France cargarán con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea.

      (1)  DO C 98, de 31.3.2012.


title: Asunto T-254/13: Sentencia del Tribunal General de 4 de junio de 2015 — Stayer Ibérica/OAMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER) [«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa STAYER — Marca internacional denominativa anterior STAYER — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009»]

text:
               20.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/33

         Sentencia del Tribunal General de 4 de junio de 2015 — Stayer Ibérica/OAMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER)
   (Asunto T-254/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria figurativa STAYER - Marca internacional denominativa anterior STAYER - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009»])
   (2015/C 236/44)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Stayer Ibérica, S.A. (Pinto, España) (representante: S. Rizzo, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Geroulakos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: ZAO Korporaciya «Masternet» (Moscú, Rusia) (representante: N. Bürglen, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de marzo de 2013 (asunto R 2196/2011-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre ZAO Korporaciya «Masternet» y Stayer Ibérica, S.A.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 4 de marzo de 2013 (asunto R 2196/2011-2) en la medida en que declara la nulidad de la marca comunitaria figurativa STAYER para las «piezas de máquinas con diamante para cortar y pulir; brocas y discos de corte para las siguientes producciones: mármol, granito, piedra, gres, baldosas, tejas y ladrillos y, en general, herramientas para cortar como piezas de máquinas comprendidas en la clase 7», comprendidas en la clase 7, así como para los «instrumentos abrasivos manuales (ruedas y muelas)», comprendidos en la clase 8.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La OAMI, Stayer Ibérica, S.A. y ZAO Korporaciya «Masternet» cargarán cada una con sus propias costas.

      (1)  DO C 207, de 20.7.2013.


title: Asunto T-500/07: Recurso interpuesto el 27 de diciembre de 2007 — República de Bulgaria/Comisión

text:
               8.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/51

         Recurso interpuesto el 27 de diciembre de 2007 — República de Bulgaria/Comisión
   (Asunto T-500/07)
   (2008/C 64/83)
   Lengua de procedimiento: búlgaro
   Partes

      Demandante: República de Bulgaria (representantes: Anani Ananiev, Daniela Drambozoba y Elina Petranova, agentes)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que, conforme al artículo 230 CE, se anule en su totalidad la Decisión C(2007) 5256 final de la Comisión, de 26 de octubre de 2007, relativa al plan nacional de asignación para 2007 para la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, presentado por Bulgaria conforme a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
               Subsidiariamente,

               —

               Que, conforme al artículo 230 CE, se anule la Decisión C(2007) 5256 final de la Comisión, de 26 de octubre de 2007, relativa al plan nacional de asignación para 2007 para la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, presentado por Bulgaria conforme a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en la parte que se refiere a la cantidad total de derechos de emisión por asignar.

               —

               Que se condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de las costas procesales en que incurra la República de Bulgaria.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante alega que la Decisión C(2007) 5256 final de la Comisión, de 26 de octubre de 2007, relativa al plan nacional de asignación para 2007 para la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA), impugnada debe ser anulada total o parcialmente, por los siguientes motivos:
   Vicios esenciales de forma
   La demandante alega que la Comisión rechazó el PNA búlgaro sin motivar suficientemente su conclusión de que el PNA no cumple los criterios 1, 2, 3 y 10 del anexo III de la Directiva 2003/87/CE (1), por lo que ha infringido el artículo 253 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
   Afirma que la Decisión de la Comisión impugnada se adoptó después de que hubiera expirado el plazo impuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE.
   Añade que, antes de adoptar la Decisión, la Comisión no proporcionó a Bulgaria la posibilidad de formular sus objeciones en contra de que el PNA se examinara tomando como base la última versión del modelo PRIMES, con lo que violó su derecho de defensa.
   Infracción del Tratado CE o de una norma jurídica relativa a su ejecución
   Conforme a los artículos 9, apartado 1 y 3, y 11, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros son los únicos competentes para decidir la cantidad total de derechos de emisión. La Comisión controla la aplicación de los criterios del anexo III de la Directiva, pero no está facultada para decidir la cantidad total de derechos de emisión sin tener en cuenta el PNA elaborado por los Estados miembros. La Comisión se extralimitó en las facultades de control que le confiere la Directiva al sustituir el método empleado por Bulgaria, que se ajusta a los criterios del anexo III, por un método que no es adecuado para analizar la economía búlgara y que infringe una parte de los criterios.
   La Comisión analizó el PNA búlgaro tomando como base la última versión del modelo PRIMES, cuyos datos sólo se pusieron a disposición de Bulgaria una vez adoptada la Decisión impugnada. Por consiguiente, la Comisión ha violado el principio de cooperación leal.
   Al examinar el PNA tomando como base el modelo PRIMES, la Comisión no analizó el PNA búlgaro adecuadamente desde el punto de vista de los objetivos de la Directiva 2003/87/CE. Al aplicar el modelo PRIMES para valorar el PNA búlgaro, la Comisión llegó indebidamente a la conclusión de que el plan no es compatible con los criterios 1, 2 y 3 del anexo III de la Directiva. El rechazo del plan y la disminución de la cantidad total de derechos de emisión en un 20 % dio lugar a que los titulares de las instalaciones búlgaros no quedaran equiparados a los demás titulares incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión en la Comunidad. De esta forma, la Comisión ha violado los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.
   Habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-374/04, la Comisión ha violado los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, puesto que, al examinar el PNA búlgaro, no aplicó completamente los actos jurídicos adoptados por ella en el marco de la Directiva 2003/87/CE. Se ha violado el principio de protección de la confianza legítima porque el PNA búlgaro se apreció tomando como base la última versión del modelo PRIMES, cuyos datos no se pusieron a disposición de Bulgaria antes de que se adoptara la Decisión impugnada.
   Se ha violado el principio de seguridad jurídica porque, al examinar el PNA búlgaro, la Comisión empleó un documento privado.
   Se ha violado el principio de buena administración porque, al examinar la adecuación del PNA búlgaro a los criterios 1, 2 y 3 del anexo III de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión no analizó detenida y objetivamente todos los factores económicos y ecológicos relevantes.
   Al analizar el PNA la Comisión no aplicó correctamente los actos jurídicos que había adoptado en relación con la Directiva 2003/87/CE y que le vinculan y, de esta forma ha infringido los criterios 1, 2, 3, 4, 6 y 10 del anexo III de la Directiva 2003/87/CE.

      (1)  Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).


title: Asunto C-194/14 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de octubre de 2015 — AC-Treuhand AG/Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Mercados europeos de los estabilizadores de estaño y de los estabilizadores térmicos ESBO/ésteres — Artículo 81 CE, apartado 1 — Ámbito de aplicación — Empresa asesora que no opera en los mercados afectados — Conceptos de «acuerdo entre empresas» y de «práctica concertada» — Cálculo del importe de las multas — Directrices de 2006 para el cálculo del importe de las multas — Competencia jurisdiccional plena)

text:
               14.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 414/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de octubre de 2015 — AC-Treuhand AG/Comisión Europea
   (Asunto C-194/14 P) (1)

   ((Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercados europeos de los estabilizadores de estaño y de los estabilizadores térmicos ESBO/ésteres - Artículo 81 CE, apartado 1 - Ámbito de aplicación - Empresa asesora que no opera en los mercados afectados - Conceptos de «acuerdo entre empresas» y de «práctica concertada» - Cálculo del importe de las multas - Directrices de 2006 para el cálculo del importe de las multas - Competencia jurisdiccional plena))
   (2015/C 414/06)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: AC-Treuhand AG (representantes: C. Steinle, I. Bodenstein y C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek y R. Sauer, agentes)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a AC-Treuhand AG.

      (1)  DO C 184, de 16.6.2014.


title: Recurso interpuesto el 28 de abril de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por International Express Carriers Conference (IECC) (Asunto T-110/95)

text:
 22 . 7. 95             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 189/ 17
 nel ( )], en cuanto somete la exención contemplada en              El 23 de noviembre de 1994, tras un largo procedimiento, la
 artículo 1 de la referida Decisión a determinadas condicio        demandante, con arreglo al artículo 175 del Tratado CE,
 nes; el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha            requirió a la Comisión que actuase y que definiera una
 dictado el 12 de mayo de 1 995 un auto resolviendo lo              posición definitiva sobre la denuncia por cuanto al artícu
 siguiente :                                                        lo 85 se refiere . El 15 de febrero de 1 995 , no habiendo
                                                                    recibido ninguna decisión de la Comisión, la demandante
 1 ) Se desestiman las demandas de medidas provisiona              interpuso, con arreglo al artículo 175 del Tratado, un
      les.                                                          recurso por omisión contra la Comisión ante el Tribunal de
                                                                    Primera Instancia ( asunto T-28/95 ). El 17 de febrero de
 2 ) Se reserva la decisión sobre las costas.                       1995 , la Comisión adopto la Decisión SG(95)D/1790
                                                                    mediante la que se abstenía de actuar en relación con la
 (M DO n" L 354 de 31 . 12 . 1994 .
                                                                    denuncia formulada por la demandante por cuanto al
                                                                    artículo 85 del Tratado CE se refiere ( ésta es la Decisión que
                                                                    se impugna ).
                                                                    La demandante alega que la Decisión impugnada debe
                                                                    anularse por los siguientes motivos :
Recurso interpuesto el 28 de abril de 1995 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por International              — Infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE,
              Express Carriers Conférence ( IECC )                      en la medida en que la Comisión se ha excedido en su
                      ( Asunto T-110/95 )                               facultad discrecional, cometiendo un error de Derecho al
                                                                        no condenar un acuerdo manifiestamente contrario a la
                           ( 95/C 189/36 )
                                                                        competencia .
               (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                    — Infracción del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        n° 17/62 y del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE,
                                                                        en la medida en que la Comisión concedió de -facto una
Europeas se ha presentado el 28 de abril de 19 95 un recurso
                                                                        excepción a las normas de la competencia a pesar de que
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formu
                                                                        no cumplía los requisitos de forma y de fondo estable
lado por International Express Carriers Conférence ( IECC ),            cidos en dichas disposiciones .
representada por Eric Morgan de Rivery y Jacques Derenne,
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
Alex Schmitt, Bonn & Schmitt, 62 , Avenue Guillaume,                — Incumplimiento de determinadas normas jurídicas rela
L-1650 Luxemburgo .                                                     tivas a la aplicación del Tratado CE, en la medida en que
                                                                        la Comisión cometió errores de Derecho y errores
                                                                        manifiestos de apreciación de los hechos del asunto al
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                     aplicar los principios jurídicos enunciados por el Tribu
Instancia que :                                                         nal de Primera Instancia , ya que , en las circunstancias de
— Anule la Decisión n° SG(95)D/1790 de 17 de febrero de                 este asunto, la Comisión no estaba facultada para
                                                                        basarse en el interés comunitario con el fin de abstenerse
     1 995 ( asunto n° EV/32791 — Reenvío ).
                                                                        de actuar en relación con la denuncia, o, en caso de
— Adopte las medidas que considere adecuadas para que la                estarlo, ejerció dicha facultad de manera incorrecta .
     Comisión cumpla el artículo 176 del Tratado CE.
                                                                    — Desvío de poder, en la medida en que el principal
— Condene en costas a la Comisión .                                     propósito de la Comisión al abstenerse de actuar en
                                                                        relación con la denuncia era, de hecho, alcanzar objeti
Motivos y principales alegaciones                                       vos políticos .
La demandante , una organización profesional integrada por          — Infracción al artículo 190 del Tratado Ce , en la medida
una serie de importantes empresas de correo privado                     en que la Comisión no motiva suficientemente en su
urgente, formuló ante la Comisión, el 13 de julio de 1988 ,             Decisión la alegada falta de interés comunitario en
una denuncia con arreglo al apartado 2 del artículo 3 del               adoptar una decisión que establece una prohibición ni la
Reglamento n0 17/62 relativa a una infracción del apartado              tesis según la cual los efectos positivos del acuerdo
1 del artículo 85 del Tratado CE por parte de determinados              REIMS se verían obstaculizados por dicha decisión.
operadores de correos públicos europeos y a una infracción
del artículo 86 del Tratado por parte de dos servicios de           — Incumplimiento de determinados principios generales de
correos que se basaban en un plan de reparto de mercado                 Derecho comunitario, en la medida en que, al adoptar la
establecido en el Convenio Postal Universal . La conducta
                                                                        Decisión, la Comisión ha violados los principios de
controvertida de los servicios de correos mencionados en la
                                                                        seguridad jurídica y de protección de la confianza
denuncia estaba destinada a suprimir o restringir la compe             legítima , el principio de no discriminación, el principio
tencia en el ámbito del « reenvío », prática mediante la cual           de proporcionalidad y el principio de recta administra
un expedidor prepara el correo internacional en un país pero            ción .
lo envía , no mediante el servicio de correos de dicho país ,
sino mediante un servicio de correos situado en otro
país .


title: Asunto T-367/14: Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre de 2016 — August Storck/EUIPO — Chiquita Brands (Fruitfuls) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión Fruitfuls — Uso efectivo — Artículo 51, apartado 1, letra a), y apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               28.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 441/15

      Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre de 2016 — August Storck/EUIPO — Chiquita Brands (Fruitfuls)
      (Asunto T-367/14) (1)

      ([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de caducidad - Marca denominativa de la Unión Fruitfuls - Uso efectivo - Artículo 51, apartado 1, letra a), y apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
      (2016/C 441/19)
      Lengua de procedimiento: inglés

         Partes

         Demandante: August Storck KG (Berlín, Alemania) (representantes: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum, T. Melchert y T. Reher, abogados)

         Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: inicialmente A. Poch, posteriormente G. Schneider y D. Gája, y finalmente D. Gája, agentes)

         Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Chiquita Brands LLC (Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos) (representante: L. Bakers, abogado)

         Objeto

      Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de marzo de 2014 (asunto R 1580/2013-5) relativa a un procedimiento de caducidad entre Chiquita Brands y August Storck.

         Fallo

                  1)

                  Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 27 de marzo de 2014 (asunto R 1580/2013-5) en la medida en que confirma la resolución de la División de Anulación por la que se declara la caducidad de la marca controvertida por lo que respecta a las «golosinas», comprendidas en la clase 30 en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

                  2)

                  Desestimar el recurso en todo lo demás.

                  3)

                  Cada parte cargará con sus propias costas.

         (1)  DO C 261 de 11.8.2014.


title: Asunto C-333/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2013 — Comisión Europea/República de Polonia

text:
               4.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/12

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2013 — Comisión Europea/República de Polonia
   (Asunto C-333/12) (1)

   2013/C 129/22
   Lengua de procedimiento: polaco
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 287, de 22.9.2012.


title: Archivo del asunto C-302/01

text:
21.6.2003                ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 146/35
—       Fiabilidad de los controles sobre el terreno, en particular,         Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
        la medición suficiente de las superficies de uso agrícola.           lución del Tribunale di Tolmezzo, de fecha 16 de abril de
        Mediante el tercer motivo, el Gobierno alemán impugna                2003, en el asunto entre Azienda Agricola Schnabl Rosa
        el reproche de la Comisión, según el cual, en el marco de                          y 1. A.G.E.A., 2. COSPALAT F.V.G.
        los controles sobre el terreno, Brandeburgo no procedió
        a medir suficiente superficie, lo que constituye una                                        (Asunto C-185/03)
        infracción del artículo 6, apartado 5, del Reglamento
                                                                                (2003/C 146/57)
        CE no 3887/92 ( 3). Según el Gobierno alemán, dicha
        imputación se basa en errores de hecho y de Derecho.
                                                                             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
—       Suficiente extensión de las muestras en los controles                sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
        sobre el terreno. Mediante el cuarto motivo el Gobierno              resolución del Tribunale di Tolmezzo, dictada el 16 de abril de
        alemán impugna el reproche según el cual Brandeburgo                 2003, en el asunto entre Azienda Agricola Schnabl Rosa y 1.
        no extendió suficientemente las muestras de control                  A.G.E.A., 2. COSPALAT F.V.G., y recibida en la Secretaría del
        necesarias dentro de las explotaciones inspeccionadas.               Tribunal de Justicia el 5 de mayo de 2003. El Tribunale di
                                                                             Tolmezzo solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
—       Establecimiento de un nivel suficiente de rendimientos de            sobre la siguiente cuestión:
        referencia de cultivos herbáceos no destinados a la
        alimentación (Non-Food) en parcelas puestas en barbe-                El artículo 1 del Reglamento (CEE) no 856/84 del Consejo (1),
        cho. En el marco del quinto motivo el Gobierno alemán                de 31 de marzo de 1984, por el que se modifica el Reglamento
        demuestra que carece de fundamento el reproche de la                 (CEE) no 804/68, por el que se establece la organización
        Comisión según el cual los rendimientos de referencia de             común de mercados en el sector de la leche y de los productos
        materias primas regenerativas se establecieron a un nivel            lácteos, y los artículos 1 a 4 del Reglamento (CEE) no 3950/92
        muy bajo.                                                            del Consejo (2), de 28 de diciembre de 1992, por el que se
                                                                             establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de
—       Indeterminación relativa a los ejercicios a los que se               los productos lácteos, ¿deben ser interpretados en el sentido
        imputaron los gastos. En el sexto motivo se impugna el               de que las tasas suplementarias sobre la leche y los productos
        importe de la Decisión de imputación de gastos. Se alega             lácteos tienen naturaleza de sanción administrativa? ¿El pago
        que la Decisión de la Comisión es imprecisa y, por                   de dichas tasas por parte de los productores se adeuda, en
        consiguiente, nula, debido a que el tenor y las explicacio-          consecuencia, sólo en el caso de que el rebasamiento de las
        nes del anexo respecto del importe por 12 927 107 euros              cantidades asignadas haya sido intencionado o provocado por
        se contradicen. En los ejercicios de 1999 y 2000 el Land             negligencia?
        Brandeburgo efectúo gastos por importe de
        270 387 968 en lo relativo a las cosechas de 1999 y                  (1 ) DO L 90 de 1.4.1984, p. 10; EE 03/30, p. 61.
        2000. Aplicando la corrección del 5 % a tanto alzado que             (2 ) DO L 405 de 31.12.1992, p. 1.
        exige la Comisión y que ahora se impugna, se llega a un
        importe de 13 519 398 euros. No obstante, se imputó de
        hecho un importe de 26 446 505 euros. De este modo,
        resulta contrario a Derecho la imputación del importe                                Archivo del asunto C-302/01 (1)
        adicional de 12 927 107 euros.
                                                                                (2003/C 146/58)
—       Cálculo erróneo del riesgo. Mediante el séptimo motivo,
        se alega, por último, que la mencionada imputación del
        riesgo del 5 % a tanto alzado es incorrecta debido a que             Mediante auto de 6 de febrero de 2003, el Presidente del
        en el período de tiempo correspondiente en Brandeburgo               Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
        no se apreció error alguno de la administración o de                 archivar el asunto C-302/01: Comisión de las Comunidades
        control. Además, el método de cálculo del supuesto daño              Europeas contra República Helénica.
        para el FEOGA es incorrecto y se realizó infringiendo el
        artículo 10 CE.                                                      (1 ) DO C 259 de 15.9.2001.
( 1) Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de
     1999, sobre la financiación de la política agrícola común (DO
     L 160, p. 103).                                                                          Archivo del asunto C-86/02 (1)
( 2) Reglamento (CE) n o 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de
     1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del                               (2003/C 146/59)
     Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al
     procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía
                                                                             Mediante auto de 7 de marzo de 2003, el Presidente del
     del FEOGA (DO L 158, p. 6).
( 3) Reglamento (CEE) no 3887/92 de la Comisión, de 23 de diciembre          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
     de 1992, por el que se establecen las normas de aplicación del          archivar el asunto C-86/02: Comisión de las Comunidades
     sistema integrado de gestión y control relativo a determinados          Europeas contra República Federal de Alemania.
     regímenes de ayudas comunitarias (DO L 391, p. 36).
                                                                             (1 ) DO C 131 de 1.6.2002.


title: Asunto T-752/14: Sentencia del Tribunal General de 19 de julio de 2017 — Combaro/Comisión [Unión aduanera — Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y la República de Letonia — Artículo 239 del Reglamento (CEE) n.° 2913/92 — Devolución y condonación de derechos de importación — Importación de tejido de lino de Letonia — Cláusula de equidad — Situación especial — Fraude o negligencia manifiesta — Decisión de la Comisión por la que se declara injustificada la condonación de los derechos de importación]

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/30

         Sentencia del Tribunal General de 19 de julio de 2017 — Combaro/Comisión
   (Asunto T-752/14) (1)

   ([Unión aduanera - Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y la República de Letonia - Artículo 239 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 - Devolución y condonación de derechos de importación - Importación de tejido de lino de Letonia - Cláusula de equidad - Situación especial - Fraude o negligencia manifiesta - Decisión de la Comisión por la que se declara injustificada la condonación de los derechos de importación])
   (2017/C 283/44)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Combaro SA (Lausana, Suiza) (representante: D. Ehle, abogado)

      Demandada: Comisión (representantes: A. Caeiros y B.-R. Killmann, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión C(2014) 4908 final de la Comisión, de 16 de julio de 2014, por la que se deniega una solicitud de la demandante relativa a la condonación de derechos de importación por un importe de 461 415,12 euros.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión C(2014) 4908 final de la Comisión, de 16 de julio de 2014, por la que se deniega la solicitud de Combaro SA relativa a la condonación de derechos de importación por un importe de 461 415,12 euros.

               2)

               La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las de Combaro.

      (1)  DO C 34 de 2.2.2015.


title: Asunto T-486/10: Auto del Tribunal General de 20 de junio de 2011 — Iberdrola/Comisión

text:
               13.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 238/36

         Auto del Tribunal General de 20 de junio de 2011 — Iberdrola/Comisión
   (Asunto T-486/10) (1)

   2011/C 238/63
   Lengua de procedimiento: español
   El Presidente de la Sala Octava ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 328, de 4.12.2010.


title: Asunto C-567/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Hungría) el 5 de noviembre de 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt.

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/2

      Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Hungría) el 5 de noviembre de 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt.
      (Asunto C-567/13)
      (2014/C 71/02)
      Lengua de procedimiento: húngaro

         Órgano jurisdiccional remitente

      Fővárosi Törvényszék

         Partes en el procedimiento principal

         Demandantes: Nóra Baczó y János István Vizsnyiczai

         Demandada: Raiffeisen Bank Zrt.

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  ¿Perjudica al consumidor el procedimiento judicial en el que el demandante en un litigio ante el tribunal local para que se declare la invalidez de un contrato (condiciones generales de la contratación), también solicita, en su demanda, que se declare abusiva una cláusula del contrato objeto del litigio, fundamentando con ello la competencia de otro tribunal, el tribunal provincial (törvényszék)? En efecto, en el litigio iniciado por la otra parte contratante, el consumidor puede invocar ante el tribunal local el carácter abusivo de una cláusula contractual, (1) mientras que la remisión al tribunal provincial grava al consumidor con tasas de mayor importe.

                  2)

                  ¿Se equilibraría la situación si el consumidor también pudiera invocar, en el procedimiento iniciado por él ante el tribunal local para que se declare la invalidez del contrato, el carácter abusivo de determinadas cláusulas de éste, sin que por ello dejara de ser competente el mismo tribunal local?

         (1)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).


title: Asunto T-553/13: Sentencia del Tribunal General de 2 de diciembre de 2015 — European Dynamics Luxembourg y Evropaïki Dynamiki/Empresa Común Fusion for Energy («Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación de servicios de tecnologías de la información, asesoramiento, realización de programas informáticos, Internet y auxiliares — Desestimación de la oferta de un licitador y adjudicación del contrato a otro licitador — Responsabilidad extracontractual»)

text:
               25.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 27/41

         Sentencia del Tribunal General de 2 de diciembre de 2015 — European Dynamics Luxembourg y Evropaïki Dynamiki/Empresa Común Fusion for Energy
   (Asunto T-553/13) (1)

   ((«Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación - Prestación de servicios de tecnologías de la información, asesoramiento, realización de programas informáticos, Internet y auxiliares - Desestimación de la oferta de un licitador y adjudicación del contrato a otro licitador - Responsabilidad extracontractual»))
   (2016/C 027/49)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbruck, Luxemburgo) y Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas, Grecia) (representantes: D. Mabger e I. Ampazis, abogados)

      Demandada: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (representantes: inicialmente H. Jahreiss, R. Hanak, A. Verpont, I. Costin y A. Nagy, posteriormente R. Hanak, A. Verpont, I. Costin y A. Nagy, agentes, asistidos por P. Wytinck y B. Hoorelbeke, abogados)

      Objeto

   Por una parte, pretensión de anulación de la resolución adoptada el 7 de agosto de 2013 por la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión en relación con el procedimiento abierto de licitación de referencia F4E-ADM-0464 sobre servicios de tecnologías de la información, asesoramiento, realización de programas informáticos, Internet y auxiliares (DO 2012/S 213 — 352451) y por la que desestimó la oferta presentada por European Dynamics Luxembourg SA y adjudicó los contratos a otros licitadores y, por otra parte, pretensión de condena al pago de daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a European Dynamics Luxembourg SA y a Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

      (1)  DO C 367, de 14.12.2013.


title: Asunto T-279/11: Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2011 — T&L Sugars y Sidul Açúcares/Comisión

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/33

         Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2011 — T&L Sugars y Sidul Açúcares/Comisión
   (Asunto T-279/11)
   2011/C 232/60
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: T&L Sugars Ltd (Londres) y Sidul Açúcares Ltd, Unipessoal, L.da. (Santa Iria de Azóia, Portugal) (representantes: D Waelbroeck, abogado, y D. Slater, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare admisible y fundado el presente recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, contra los Reglamentos no 222/2011, no 293/2011, no 302/2011 y no 3933/2011, y declare, con arreglo al artículo 277 TFUE, la ilegalidad de los citados Reglamentos.

               —

               Anule el Reglamento no 222/2011, por el que se establecen medidas excepcionales en lo que atañe a la venta en el mercado de la Unión de azúcar y de isoglucosa producidos al margen de las cuotas con una tasa reducida por excedente en la campaña de comercialización 2010/2011.

               —

               Anule el Reglamento no 293/2011, por el que se fija el coeficiente de asignación, se rechazan nuevas solicitudes y se cierra el período de presentación de solicitudes para las cantidades disponibles de azúcar producido al margen de la cuota, destinadas a la venta en el mercado de la Unión Europea con una tasa por excedente reducida.

               —

               Anule el Reglamento no 302/2011, que abre un contingente arancelario de importación excepcional de determinadas cantidades de azúcar en la campaña de comercialización 2010/11.

               —

               Anule el Reglamento no 393/2011, por el que se fija el coeficiente de asignación para la expedición de certificados de importación solicitados entre el 1 y el 7 de abril de 2011 para los productos del azúcar en el marco de determinados contingentes arancelarios y se suspende la presentación de solicitudes de dichos certificados.

               —

               Con carácter subsidiario, declare admisible y fundado el recurso de anulación contra los artículos 186, letra a), y 187 del Reglamento no 1234/2007 y declare la ilegalidad de esas disposiciones, y anule los Reglamentos impugnados que directa o indirectamente tengan esas disposiciones como base.

               —

               Condene a la Unión Europea, representada por la Comisión, a indemnizar todo perjuicio sufrido por las demandantes como consecuencia del incumplimiento por la Comisión de sus obligaciones legales y fije el importe de la indemnización del perjuicio sufrido por las demandantes durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011 en 35 485 746 euros, más las pérdidas corrientes sufridas por las partes demandantes desde esa fecha, o fije cualquier otro importe correspondiente al perjuicio que las demandantes han sufrido o sufrirán, tal como se establezca durante el presente procedimiento, en particular para tener debidamente en cuenta cualquier perjuicio futuro.

               —

               Ordene el pago de un interés que será el fijado en ese momento por el Banco Central Europeo para las principales operaciones de refinanciación, más dos puntos porcentuales, desde la fecha en que se dicte la sentencia hasta el pago efectivo, o cualquier otro tipo adecuado que corresponderá determinar al Tribunal.

               —

               Condene a la Comisión al pago de todas las costas en el presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en una infracción del Reglamento no 1234/2007 (1) y en la inexistencia de una base jurídica adecuada. El Reglamento no 222/2011 impugnado aumenta las cuotas de producción asignadas a los productores nacionales, infringiendo de ese modo lo dispuesto en el Reglamento no 1234/2007. Según las demandantes, la Comisión no está facultada para ello y tiene un mandato específico para reducir las cuotas de producción. Sin embargo, para llegar a un resultado equivalente, y a pesar de la obligación legal de la Comisión de imponer una cantidad disuasoria sobre los excedentes, el Reglamento no 222/2011 establece ilícitamente en 0 euros la tasa por excedente reducida para las cantidades disponibles de azúcar producido al margen de la cuota. Además, al tratar de corregir las perturbaciones del mercado causadas por la insuficiencia de importaciones, tanto el Reglamento no 222/2011 como el Reglamento no 302/2011 ignoran la prioridad que el Reglamento no 1234/2007 ha reservado jurídicamente a las medidas de importación y a las refinerías a tiempo completo.

               2)

               Segundo motivo, basado en la violación del principio de no discriminación. Las demandantes sostienen que, a pesar de la identidad química del azúcar de caña y del azúcar de remolacha, los Reglamentos impugnados favorecen a los productores nacionales en perjuicio de las refinerías importadoras.

               3)

               Tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad. Los Reglamentos impugnados se destinan a paliar la escasez en el mercado del azúcar en la UE a causa de un déficit de importación de azúcar de caña bruto. Sin embargo, en lugar de solucionar el problema autorizando las importaciones de azúcar de caña bruto necesarias, esos Reglamentos han aumentado las posibilidades de producción nacional de azúcar. Por lo tanto, son manifiestamente inadecuados y desproporcionados.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la violación del principio de la confianza legítima. Las partes demandantes sostienen que la Comisión les ofreció repetidas garantías de que no aumentaría las cuotas de azúcar y mantendría el equilibrio entre las partes afectadas. Sin embargo, los Reglamentos impugnados han sido claramente concebidos para favorecer la producción nacional en perjuicio de las refinerías importadoras.

               5)

               Quinto motivo, basado en la violación de los principios de diligencia y de buena administración. Las partes demandantes sostienen que la Comisión, en principio, se abstuvo totalmente de actuar, a pesar de las reiteradas advertencias de perturbaciones del mercado y, posteriormente, adoptó medidas manifiestamente inadecuadas par luchar contra esas perturbaciones y, al proceder de ese modo, rompió el equilibrio que el Consejo había establecido entre los distintos operadores del mercado.

         Las partes demandantes invocan asimismo los motivos de anulación anteriores contra el Reglamento no 222/2011 y el Reglamento no 302/2011 en apoyo de su ilegalidad, en virtud del artículo 277 TFUE. Con carácter subsidiario, las partes demandantes invocan también la ilegalidad, en virtud del artículo 277 TFUE, del artículo 186, letra a), y del artículo 187 del Reglamento no 1234/2007, que constituyen la base jurídica de los Reglamentos impugnados.

      (1)  Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO L 299, p. 1).


title: Asunto T-128/08: Recurso interpuesto el 25 de marzo de 2008 — CBI y Abisp/Comisión

text:
               7.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/30

         Recurso interpuesto el 25 de marzo de 2008 — CBI y Abisp/Comisión
   (Asunto T-128/08)
   (2008/C 142/55)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandantes: Coordination Bruxelloise d' Institutions Sociales et de Santé (CBI) (Bruselas) y Association Bruxelloise des Institutions de Soins Privées (Abisp) (Bruselas) (representantes: D. Waelbroeck, abogado, y D. Slater, Solicitor)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes solicitan la anulación de la decisión de la Comisión de 10 de enero de 2008 por la que se archivó su denuncia presentada los días 7 de septiembre y 15 de octubre de 2005 contra las ayudas de Estado concedidas por el Reino de Bélgica a algunos hospitales públicos de la red Iris de la región de Bruselas-Capital y se denegó la incoación del procedimiento de investigación formal de las ayudas de que se trata, con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2.
   Las demandantes afirman, en primer lugar, que la decisión impugnada adolece de distintos vicios de procedimiento, en la medida en que hubiera debido ser aprobada por la Comisión como institución colegiada, dirigida al Estado miembro destinatario y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   En cuanto al fondo del asunto, las demandantes alegan que la Comisión ha incurrido en varios errores manifiestos de apreciación y ha incumplido sus obligaciones de motivación al considerar que las medidas en cuestión eran compatibles con el artículo 86 CE, apartado 2, y que no procedía incoar el procedimiento de investigación formal, con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2.
   Las demandantes afirman que no concurren en el presente caso los requisitos que requiere la aplicación del artículo 86 CE, apartado 2, puesto que:

               —

               no se halla definida con claridad la misión de servicio público de los hospitales que reciben la ayuda;

               —

               no se han establecido previamente los criterios de compensación;

               —

               la compensación sobrepasa los costes realizados; y

               —

               no se ha efectuado una comparación entre los hospitales que reciben la ayuda y los hospitales privados comparables.

         Además, las demandantes afirman que, en el presente caso, no se ha respetado la Directiva sobre la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados Miembros y las empresas públicas (1).

      (1)  Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (DO L 318, p. 17).


title: Asuntos acumulados T-75/04 y T-77/04 a T-79/04: Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2011 — Arch Chemicals y otros/Comisión [ Recurso de anulación — Policía sanitaria — Comercialización de biocidas — Reglamento (CE) n o  2032/2003 — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad ]

text:
               29.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/11

         Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2011 — Arch Chemicals y otros/Comisión
   (Asuntos acumulados T-75/04 y T-77/04 a T-79/04) (1)

   (Recurso de anulación - Policía sanitaria - Comercialización de biocidas - Reglamento (CE) no 2032/2003 - Inexistencia de afectación individual - Inadmisibilidad)
   2011/C 319/19
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Arch Chemicals, Inc. (Norwalk, Connecticut, Estados Unidos) y Arch Timber Protection Ltd (Castleford, West Yorkshire, Reino Unido) (asunto T-75/04); Rhodia UK Ltd, anteriormente Rhodia Consumer Specialties Ltd (Watford, Hertfordshire, Reino Unido) (asunto T-77/04); Sumitomo Chemical (UK) plc (Londres) (asunto T-78/04); y Troy Chemical Co. BV (Vlaardingen, Países Bajos) (asunto T-79/04); (representantes: K. Van Maldegem y C. Mereu, abogados)

      Demandadas: Comisión Europea (representantes: inicialmente X. Lewis y F. Simonetti, posteriormente P. Oliver y G. Wilms, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de las demandantes: European Chemical Industry Council (CEFIC) (Bruselas) (representantes: inicialmente M. Bronckers, Y. van Gerven y P. Charro, posteriormente Y. van Gerven, abogados)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Parlamento Europeo (representantes: inicialmente A. Neergaard y M. Moore, posteriormente A. Neergaard y J. Rodrigues, agentes); Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente B. Hoff-Nielsen, M. Sims y F. Ruggeri Laderchi, posteriormente M. Sims y F. Florindo Gijón y finalmente F. Florindo Gijón y R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agentes), y Reino de los Países Bajos (representantes: inicialmente S. Terstal, posteriormente H. Sevenster, agentes)

      Objeto

   Anulación de los artículos 3, 4, apartado 2, 5, apartado 3, 10, apartado 2, párrafo segundo, 11, apartado 3, 13, 14, apartado 2, y del anexo II del Reglamento (CE) no 2032/2003 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2003, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1896/2000 (DO L 307, p. 1).

      Fallo

               1)

               Desestimar los recursos.

               2)

               Condenar a Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc y Troy Chemical Co. BV a cargar con sus propias costas así como con las expuestas por la Comisión Europea, incluidas, por lo que respecta a Sumitomo Chemical (UK) plc, las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

               3)

               Condenar al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea, al Reino de los Países Bajos y al Chemical Industry Council (CEFIC) a cargar con sus propias costas.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto F-83/13: Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2013 — ZZ/Comisión

text:
               23.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 344/69

         Recurso interpuesto el 4 de septiembre de 2013 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-83/13)
   2013/C 344/128
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: P. Joassart, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de asignar un nuevo destino a la demandante.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión, notificada mediante correo electrónico de 1 de febrero de 2013, adoptada por el jefe de unidad en la O.I.B., por la que se decide apartar a la demandante de sus funciones de enfermera y destinarla a la sala de biberones a partir del 4 de febrero de 2013.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto C-234/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) de fecha 25 de mayo de 2000, en el asunto entre The Queen y el Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: F. Machin & Sons Ltd

text:
C 247/18              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         26.8.2000
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                  efectuadas por los Estados miembros y transmitidos a
lución de la High Court of Justice (England & Wales),                        este último, y a la lista de personas de contacto que se
Queen’s Bench Division (Crown Office) de fecha 25 de                          ocupan, en los Estados miembros, de las solicitudes de
mayo de 2000, en el asunto entre The Queen y el Minister                      asilo; condena al Consejo al pago de las costas del
of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: F. Machin &                     demandante además de sus propias costas.
                             Sons Ltd
                                                                        —     Resuelva definitivamente el asunto, deniegue las preten-
                      (Asunto C-234/00)                                       siones de primera instancia, por infundadas, y condene al
                        (2000/C 247/23)                                       demandante en primera instancia al pago de las costas
                                                                              del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           —     Decida sobre las costas del presente recurso de casación
resolución de la High Court of Justice (England & Wales),                    como resulte apropiado.
Queen’s Bench Division (Crown Office), dictada el 25 de mayo
de 2000, en el asunto entre The Queen y el Minister of
Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: F. Machin & Sons Ltd
                                                                        Motivos y principales alegaciones
y recibida en la Secretarı́a del Tribunal el 13 de junio de 2000.
La High Court of Justice solicita al Tribunal de Justicia que se
pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                 En apoyo de su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia
                                                                        contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el
¿Puede un porteador basarse en el punto 8 del Capı́tulo VII del         Consejo alega, como ya hizo en su recurso de casación (asunto
Anexo de la Directiva 91/628/CEE sobre la protección de los
                                                                        C-353/99 P) de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
animales durante el transporte (DO 1991 L 340, p. 17), según
                                                                        de 18 de julio de 1999 dictada en el asunto T-14/98 (Heidi
la redacción dada por la Directiva 95/29/CE (DO 1995 L 148,            Hautala/Consejo de la Unión Europea), que dicho Tribunal
p. 52), al proyectar un viaje y al presentar un plan de viaje con
                                                                        incurrió en un error fundamental de Derecho al interpretar en
respecto a ese viaje, o únicamente puede invocarse el punto 8
                                                                        esta última sentencia que el artı́culo 4, apartado 1, de la
en el caso de que se produzca algún retraso imprevisto durante         Decisión relativa al acceso del público a los documentos del
el viaje?
                                                                        Consejo imponı́a a éste la obligación jurı́dica de examinar si
                                                                        procedı́a conceder el acceso a partes de un documento a
                                                                        las que se hubiera pedido acceder. Esta jurisprudencia fue
                                                                        confirmada y aplicada por el Tribunal de Primera Instancia en
Recurso de casación interpuesto por el Consejo de la                   el presente caso. Por consiguiente, el Consejo impugna lo
Unión Europea el 13 de junio de 2000 contra la sentencia               declarado por el Tribunal de Primera Instancia en relación con
dictada el 6 de abril de 2000 por la Sala Cuarta del Tribunal           la alegación de la parte demandante relativa a la infracción de
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en                     la Decisión 93/731/CE (1) cometida por el Consejo al no
el asunto T-188/98, promovido por Aldo Kuijer contra el                 permitir el acceso parcial al documento, por considerar que se
                 Consejo de la Unión Europea                           basó en presunciones jurı́dicamente erróneas.
                     (Asunto C-239/00 P)
                                                                        El Consejo invoca como argumentos que el Tribunal de
                        (2000/C 247/24)                                 Primera Instancia, en su sentencia de 19 de julio de 1999
                                                                        dictada en el asunto T-14/98 y, por consiguiente, en el presente
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            caso,
presentado el 13 de junio de 2000 un recurso de casación
interpuesto por el Consejo de la Unión Europea, representado           a)    interpretó incorrectamente los efectos jurı́dicos de la
por la Sra. Jill Aussant, y el Sr. Martin Bauer, Directora y                  Decisión sobre acceso del público a los documentos del
Consejero Jurı́dico del Servicio Jurı́dico del Consejo, en calidad            Consejo;
de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Banco Europeo de                  b)    interpretó erróneamente el objetivo de la Decisión sobre
Inversiones, 100, Boulevard Konrad Adenauer, contra la                        acceso del público a los documentos del Consejo;
sentencia dictada el 6 de abril de 2000 por la Sala Primera del
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
en el asunto T-188/98 promovido por Aldo Kuijer contra el               c)    aplicó incorrectamente el principio de proporcionalidad,
Consejo de la Unión Europea.
                                                                        lo cual le llevó a una interpretación errónea del artı́culo 4,
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               apartado 1, de la Decisión 93/731/CE.
—     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
      6 de abril de 2000 en la medida en que anula la Decisión
      del Consejo de 28 de septiembre de 1998, modificada               (1) Decisión 93/731/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
      por la Decisión de 18 de mayo de 1999, por la que se                 relativa al acceso del público a los documentos del Consejo (DO
                                                                            L 340, de 31.12.93, p. 43).
      deniega al demandante el acceso a determinados informes
      elaborados por el Centro de Información, Discusión e
      Intercambio de Datos en Materia de Asilo y a determina-
      dos informes de misiones comunes, o de misiones


title: Asunto C-290/07 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de junio de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el 29 de marzo de 2007 en el asunto T-366/00, Scott SA, apoyada por la República Francesa/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               4.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/25

         Recurso de casación interpuesto el 14 de junio de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el 29 de marzo de 2007 en el asunto T-366/00, Scott SA, apoyada por la República Francesa/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-290/07 P)
   (2007/C 183/45)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: J. Flett, agente)

      Otras partes en el procedimiento: Scott SA, República Francesa
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia impugnada.

               —

               Que se resuelvan definitivamente las cuestiones objeto del presente recurso de casación. En su defecto, la Comisión solicita con todo respeto al Tribunal de Justicia que devuelva el asunto al TPI para una nueva evaluación en lo que se refiere a las cuestiones que, conforme a la estimación del Tribunal de Justicia, el estado del litigio no permita resolver definitivamente.

               —

               Que se condene a la demandante a cargar con sus propias costas, así como con las de la Comisión en lo que respecta a los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, y que se condene a la República Francesa a cargar con sus propias costas en lo que respecta a los procedimientos ante ambos tribunales.

         Motivos y principales alegaciones
   Los primeros cuatro motivos de casación se refieren a errores de Derecho en la sentencia impugnada en lo que respecta a los derechos procesales de los terceros y las obligaciones procesales de la Comisión en los procedimientos de ayudas de Estado:

               El primer motivo de casación se refiere a la exclusión del expediente administrativo de las observaciones adicionales de Scott de 24.12.1999, enviadas 13 meses después del plazo establecido.

               El segundo motivo de casación se refiere a la apreciación de la sentencia impugnada conforme a la cual la Comisión tenía la obligación procesal de dar a Francia una nueva oportunidad de presentar las valoraciones invocadas.

               El tercer motivo de casación se refiere a la apreciación de la sentencia impugnada conforme a la cual la Comisión tenía la obligación procesal de dar a Scott una nueva oportunidad de presentar observaciones.

               El cuarto motivo de casación se refiere a la apreciación de la sentencia impugnada conforme a la cual la Comisión tenía la obligación procesal de utilizar un «peritaje externo».

         En relación con estas cuestiones, la Comisión alega que la sentencia impugnada ni expone ni aplica el criterio jurídico apropiado: determinar si la Comisión incurre en un vicio sustancial de forma. Además, mediante la sentencia impugnada no se podía legalmente dictaminar sobre estas cuestiones, ya que el recurso de Scott no incluía ningún motivo de anulación referido a esto. En cualquier caso, la Comisión afirma que no se ha producido ningún vicio sustancial de forma. El Reglamento de procedimiento no prevé ninguna de esas obligaciones y mediante la sentencia impugnada no se podía «otorgar» tales derechos o imponer tales obligaciones basadas en las consideraciones erróneas expuestas en la propia sentencia. Finalmente, no hubo ningún vicio sustancial de forma:

               Las observaciones adicionales de Scott excluidas fueron presentadas de nuevo por Francia el 21.2.2000, incluidas en el expediente administrativo, y analizadas en la Decisión recurrida.

               Habida cuenta de las cuatro solicitudes de información y del requerimiento de información, la Comisión no estaba obligada a dar a Francia una nueva oportunidad de presentar las valoraciones invocadas.

               Scott tuvo suficientes ocasiones de formular observaciones y, en particular, participó en la respuesta al requerimiento de información.

               Tanto Francia como Scott tuvieron suficientes ocasiones de presentar una valoración a fecha de la concesión de la ayuda, pero no lo hicieron.

         Los motivos de casación que van del quinto al octavo agrupan lo que la Comisión ha denominado únicamente por razones prácticas «cuestiones previas», y se refieren a errores de Derecho en la sentencia impugnada relativos a: la ausencia en el recurso de Scott de motivos de anulación que hagan referencia a las valoraciones invocadas; la pauta de control del Tribunal de Primera Instancia (se dice que la Comisión no tiene ningún margen de apreciación); la sustentación de la sentencia impugnada en especulaciones en lugar de en pruebas, la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos de ayudas de Estado y en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.
   Los motivos de casación noveno y décimo se refieren a errores de Derecho materiales relativos a la fábrica.
   El noveno motivo de casación atañe al método de determinación del importe de la ayuda de Estado en el caso de transferencias en especie. Contrariamente a lo que se declara en la sentencia impugnada, en ausencia de una valoración a fecha de la concesión de la ayuda o de licitación abierta, la Comisión está legitimada para utilizar los costes en sustitución del valor. Esto era particularmente adecuado en el presente asunto debido a que la fábrica fue adaptada teniendo especialmente en cuenta las necesidades de Scott. La argumentación de la sentencia impugnada en lo que respecta al supuesto precio de venta 11 años después de la ayuda se basa en supuestas irregularidades de procedimiento y otros errores de Derecho, y constituye en cualquier caso un error material.
   El décimo motivo de anulación atañe a los supuestos errores cometidos por la Comisión al aplicar el método basado en el coste. Las apreciaciones de la sentencia impugnada se fundan en supuestas irregularidades de procedimiento y otros errores de Derecho. La estimación cautelosa de la Comisión fue la más baja posible, y no puede anularse la Decisión impugnada tomando como fundamento el que la ayuda de Estado podría haber sido más elevada.
   Los motivos de casación que van del undécimo al decimotercero se refieren a errores de Derecho materiales relativos al terreno.
   El undécimo motivo de casación se refiere a la desestimación en la sentencia impugnada de las valoraciones moderadas contenidas en el acta de la comisión de gobierno del ayuntamiento de Orleans de 27.5.1994 por considerarlas «un resumen muy breve y sin explicación detallada».
   El duodécimo motivo de casación atañe al método de determinación del importe de la ayuda de Estado en el caso de transferencias en especie y es similar al noveno motivo de casación. En ausencia de una valoración a fecha de la concesión de la ayuda o de licitación abierta la Comisión está legitimada para utilizar los costes en sustitución del valor. Esto era particularmente adecuado en el presente asunto ya que la tercera compra del terreno se había realizado teniendo especialmente en cuenta las necesidades de Scott. La argumentación de la sentencia impugnada en lo que respecta a la supuesta inspección fiscal se basa en supuestas irregularidades de procedimiento y otros errores de Derecho, y constituye en cualquier caso un error material.
   El decimotercer motivo de casación atañe a los supuestos errores cometidos por la Comisión al aplicar el método basado en el coste. Las apreciaciones de la sentencia impugnada se fundan en supuestas irregularidades de procedimiento y otros errores de Derecho. La Comisión utilizó el valor económico del terreno más bajo posible tal y como afirmaron tanto Francia como Scott. Los hechos y las pruebas en los que se apoya la Comisión son: el Documento de Oferta; las valoraciones de Galtier y del Commissaire aux Apports invocadas; el acta de la comisión de gobierno del ayuntamiento de Orleans de 27.5.1994; y el precio medio de las tres compras de parcelas de terreno. No puede anularse la Decisión impugnada tomando como fundamento el que la ayuda de Estado podría haber sido más elevada.
   El decimocuarto motivo de casación atañe al requerimiento de información, en particular en lo que se refiere al terreno, al método basado en el coste en la determinación del importe de la ayuda de Estado, y a las tres compras de parcelas de terreno. Aunque se trata de una cuestión de procedimiento, se aborda al final debido a su relación con el decimotercer motivo de casación.
   Mediante el decimoquinto motivo de casación la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia impugnada en razón de que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en una desnaturalización de las pruebas que se le han aportado, y, en particular, debido a que el Tribunal de Primera Instancia ha sustituido la motivación de la Decisión controvertida por la suya propia.


title: Asunto C-517/10: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias) — María Luisa Gómez Cueto/Administración del Estado

text:
               25.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 186/17

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias) — María Luisa Gómez Cueto/Administración del Estado
   (Asunto C-517/10) (1)

   2011/C 186/30
   Lengua de procedimiento: español
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 30, de 29.1.2011.


title: Asunto T-453/15: Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2015 — Trinity Haircare/OAMI — Advance Magazine Publishers (VOGUE)

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/46

         Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2015 — Trinity Haircare/OAMI — Advance Magazine Publishers (VOGUE)
   (Asunto T-453/15)
   (2015/C 320/64)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Trinity Haircare AG (Herisau, Suiza) (representantes: J. Kroher y K. Bach, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Advance Magazine Publisher, Inc. (Nueva York, Estados Unidos)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Titular de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa en negro y blanco que incluye el elemento denominativo «VOGUE» — Marca comunitaria no 9 944 547

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de nulidad

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 27 de mayo de 2015 en el asunto R 2426/2014-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada y declare la nulidad de la marca comunitaria no 9 944 547 VOGUE.

               —

               Condene en costas a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-52/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Marknadsdomstolen — Suecia) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) ( Derecho de propiedad intelectual — Entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que disfruta de una situación de monopolio de hecho — Percepción de una remuneración relativa a la difusión por televisión de obras musicales — Método de cálculo de esta remuneración — Posición dominante — Abuso )

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Marknadsdomstolen — Suecia) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
   (Asunto C-52/07) (1)

   («Derecho de propiedad intelectual - Entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que disfruta de una situación de monopolio de hecho - Percepción de una remuneración relativa a la difusión por televisión de obras musicales - Método de cálculo de esta remuneración - Posición dominante - Abuso»)
   (2009/C 32/03)
   Lengua de procedimiento: sueco
   Órgano jurisdiccional remitente
   Marknadsdomstolen
   Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Kanal 5 Ltd, TV 4 AB

      Demandada: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Marknadsdomstolen — Interpretación del artículo 82 CE — Tarifas abonadas por las cadenas de televisión privadas a una entidad gestora de derechos de ejecución de obras musicales — Cálculo de las tarifas basado en un porcentaje de los ingresos procedentes, entre otros, de abonos y publicidad.
   Fallo

               1)

               El artículo 82 CE debe interpretarse en el sentido de que una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que tiene una posición dominante en una parte sustancial del mercado común no explota de forma abusiva dicha posición cuando, en concepto de retribución debida por la difusión por televisión de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual, aplica a las cadenas de televisión privadas un sistema de tarifas según el cual los importes de dichas tarifas corresponden a una parte de los ingresos de esas cadenas, siempre que dicha parte sea globalmente proporcional a la cantidad de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual realmente emitida o que pueda emitirse y salvo que exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de dichas obras así como la audiencia, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de dichas obras.

               2)

               El artículo 82 CE debe interpretarse en el sentido de que, al calcular las tarifas percibidas en concepto de retribución debida por la difusión por televisión de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual de modo diferente según se trate de sociedades de televisión privadas o de sociedades de servicio público, una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual puede explotar de forma abusiva su posición dominante a efectos de dicho artículo cuando aplica a estas sociedades condiciones desiguales para prestaciones equivalentes y les ocasiona por este motivo una desventaja competitiva, salvo que tal práctica pueda estar objetivamente justificada.

      (1)  DO C 95 de 28.4.2007.


title: Asunto C-235/14: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona (España) el 13 de mayo de 2014 — Safe Interenvios, S.A./Liberbank, S.A., y otros

text:
               21.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 235/9

         Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona (España) el 13 de mayo de 2014 — Safe Interenvios, S.A./Liberbank, S.A., y otros
   (Asunto C-235/14)
   2014/C 235/13
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Audiencia Provincial de Barcelona

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Safe Interenvios, S.A.

      Demandadas: Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Sobre la interpretación del artículo 11.1 de la Directiva 2005/60/CE (1):

                           a)

                           Puesto en relación con el artículo 7 de la propia Directiva ¿ha querido establecer el legislador comunitario una verdadera excepción a que las entidades de crédito puedan adoptar medidas de diligencia debida en relación con sus propios clientes cuando los mismos sean entidades de pagos, a su vez sometidas a su propio sistema de supervisión o una simple autorización para excepcionar?

                           b)

                           Puesto en relación con el artículo 5 de la propia Directiva, ¿puede el legislador nacional trasponer la excepción contenida en la norma referida en términos distintos a su propio contenido?

                           c)

                           ¿Es aplicable la excepción contenida en el artículo 11.1 también respecto de las medidas de diligencia reforzada en los mismos términos que respecto de las medidas de diligencia debida?

               2)

               Subsidiariamente, para el caso de que la respuesta a las anteriores cuestiones fuera favorable a la posibilidad de que las entidades de crédito pueden adoptar medidas de diligencia debida y de diligencia reforzada respecto de entidades de pagos:

                           a)

                           ¿Hasta dónde alcanza la posibilidad de las entidades de crédito de supervisar la operativa de la entidad de pagos? ¿Pueden considerarse autorizadas por virtud de lo dispuesto en la Directiva 2005/60/CE para poder supervisar los procedimientos y medidas de diligencia debida adoptadas a su vez por las entidades de pago o tal facultad corresponde en exclusiva a las instituciones públicas a las que se refiere la Directiva 2007/64/CE (2), en nuestro caso, el Banco de España?

                           b)

                           ¿La aplicación de esa facultad de adoptar medidas por parte de las entidades de crédito requiere alguna justificación especial deducible de los actos de la entidad de pago o bien puede ser adoptada con carácter general, por el simple hecho de que la entidad de pago se dedique a una actividad de riesgo como es la de envío de remesas al extranjero?

                           c)

                           Caso de estimarse que es exigible una justificación concreta para que las entidades de crédito puedan adoptar medidas de diligencia respecto de las entidades de pagos:

                                       i.

                                       ¿Cuáles son las conductas relevantes a las que debe prestar atención la entidad bancaria para adoptar medidas de diligencia?

                                       ii.

                                       ¿Puede considerarse la entidad de crédito facultada para poder evaluar, a tal efecto, las medidas de diligencia debida que aplica en sus procedimientos la entidad de pago?

                                       iii.

                                       ¿Exige el uso de esa facultad que la entidad bancaria haya podido detectar en la operativa de la entidad de pagos alguna conducta que la haga sospechosa de colaboración en las actividades de blanqueo de dinero o en la financiación del terrorismo?

               3)

               Para el caso, asimismo, de que se estime que las entidades de crédito están facultadas para adoptar medidas de diligencia reforzada respecto de entidades de pagos:

                           a)

                           ¿Resulta admisible que entre ellas se pueda encontrar la de exigirles la entrega de los datos de identidad de todos sus clientes de los que proceden los fondos que remesan, así como la identidad de los destinatarios?

                           b)

                           ¿Es acorde con la Directiva 95/46/CE (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos que las entidades de pagos deban facilitar los datos de sus clientes a las entidades de crédito con las que están forzadas a operar y con las que a la vez compiten en el mercado?

      (1)  Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo

      DO L 309, p. 15

      (2)  Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE

      DO L 319, p. 1

      (3)  DO L 281, p. 31


title: Archivo del asunto C-328/98

text:
3.7.1999              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 188/25
              Archivo del asunto C-353/98 (1)                                    Archivo del asunto C-328/98 (1)
                       (1999/C 188/58)
                                                                                (1999/C 188/59)
Mediante auto de 18 de marzo de 1999, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                   Mediante auto de 22 de marzo de 1999, el Presidente del
archivar el asunto C-353/98: Comisión de las Comunidades
                                                                   Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
Europeas contra República Francesa.
                                                                   archivar el asunto C-328/98: Comisión de las Comunidades
                                                                   Europeas contra Reino de Bélgica.
(1) DO C 340 de 7.11.1998.
                                                                   (1) DO C 327 de 24.10.1998.


title: Asunto T-74/07: Recurso interpuesto el 12 de marzo de 2007 — República Federal de Alemania/Comisión

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/54

         Recurso interpuesto el 12 de marzo de 2007 — República Federal de Alemania/Comisión
   (Asunto T-74/07)
   (2007/C 95/108)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma y C. Blaschke, asistidos por C. von Donat, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión C(2006) 7271 de la Comisión, de 27 de diciembre de 2006, por la que se reduce la ayuda financiera del FEDER concedida mediante la Decisión C(95) 2271 de la Comisión para el programa operativo desarrollado en el marco de la iniciativa comunitaria INTERREG II en las regiones de Sarre, Lorena y Palatinado Occidental.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante la Decisión impugnada, la Comisión redujo la ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el programa operativo de Renania del Norte-Westfalia desarrollado en el marco de la iniciativa comunitaria INTERREG II en las regiones de Sarre, Lorena y Palatinado Occidental.
   En apoyo de su recurso, la demandante alega que se ha vulnerado el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 4253/88 (1), por cuanto no concurren los requisitos para la reducción de la ayuda. En este contexto, aduce que las divergencias con respecto al plan indicativo de financiación no implican una modificación importante del programa. Aun cuando se hubiera producido una modificación de esta índole, la demandante sostiene que la Comisión había manifestado su conformidad a este respecto.
   La demandante afirma, asimismo, que la motivación de la reducción es insuficiente. En este sentido, destaca que no se ha explicado por qué no se ha aplicado la regla de flexibilidad que prevén las «Orientaciones para el cierre financiero de las medidas operacionales (1994-1999) de los Fondos Estructurales »[SEC(1999) 1316].
   Aun suponiendo que se reuniesen los requisitos para proceder a la reducción, la demandante critica que la demandada no haya hecho uso de la facultad de apreciación de que dispone respecto al programa concreto de que se trata. A juicio de la demandante, la Comisión debió ponderar si una reducción de la ayuda financiera del FEDER resultaba proporcionada.
   Por último, la demandante afirma que se ha vulnerado el principio de cooperación.

      (1)  Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1).