title: Asunto T-560/12: Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2012 — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos

text:
               16.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/18

         Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2012 — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
   (Asunto T-560/12)
   2013/C 79/33
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Brzesko, Polonia) (representante: T. Dobrzyński, abogado)

      Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión SME(2012) 3538 de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, de 15 de octubre de 2012, por la que se impuso a la demandada una tasa administrativa por importe de 20 700 euros.

               —

               Anule, con carácter cautelar, la Decisión MB/D/29/2010 del Consejo de Administración de la ECHA, de 12 de noviembre de 2010, sobre la clasificación de servicios por los que se aplican tasas.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos:

               1)

               Primer motivo, basado en incompatibilidad con el Reglamento (CE) no 340/2008 de la Comisión y con el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como en la violación del principio de atribución de competencias

                           —

                           La Decisión impugnada es incompatible con el Reglamento de Tasas porque la demandada sólo está facultada para imponer tasas administrativas, mientras que la facultad para imponer multas de carácter disuasivo corresponde a los Estados miembros. Las tasas administrativas deberán tener adecuadamente en cuenta el alcance de los trabajos realizados por la ECHA. La imposición de una tasa administrativa de 20 700 euros por haber declarado el tamaño de la empresa de manera errónea tiene carácter sancionador y equivale a una multa. Al imponer dicha tasa, la demandada invadió las competencias de los Estados miembros, lo cual resulta incompatible con el principio de atribución de competencias consagrado en el artículo 5 TUE y constituye un acto viciado de incompetencia, en el sentido del artículo 263 TFUE.

               2)

               Segundo motivo, basado en la violación del principio de igualdad

                           —

                           Hacer depender el importe de la tasa administrativa del tamaño de la empresa viola el principio de igualdad, consagrado en el artículo 5 del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa y el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dado que, por definición, el fin de una tasa administrativa es cubrir el coste del servicio público recibido, no cabe justificar objetivamente que se diferencie en función del tamaño de la empresa objeto de registro, puesto que el coste que le supone a la ECHA el proceso de verificación del tamaño de la empresa es equiparable en todos los casos. En tales circunstancias, las grandes empresas que declararan erróneamente ser una pequeña o mediana empresa abonan una tasa que no sólo cubre el coste del servicio que se le presta en el contexto del procedimiento de verificación de su propio tamaño, sino también el coste del proceso de verificación del tamaño de otras empresas o incluso el coste de otros servicios prestados por la ECHA.

               3)

               Tercer motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica

                           —

                           La demandante indicó ser una pequeña empresa porque cometió un error, por causas que no le son imputables, respecto de la clasificación que corresponde al tamaño de su sociedad. De acuerdo con la información ofrecida en el apartado relativo a «Tasas» del sitio Internet del servicio nacional de asistencia técnica para REACH, es la Ley de libertad de la actividad económica la que define el tamaño de las empresas. De conformidad con dicha Ley, no es la estructura de su accionariado o sus partícipes la que determina el tamaño de la empresa, sino que éste depende del número de sus asalariados y su volumen de negocios neto anual, datos que la demandante sí tuvo en cuenta. No se informó debidamente a los interesados de la obligación de respetar, a la hora de determinar el tamaño de la empresa, la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003. Además, la ECHA, violando el principio de seguridad jurídica, no comunicó a las empresas el importe de las tasas administrativas que podrían imponérseles en caso de que clasificaran erróneamente sus tamaños respectivos.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la desviación de poder

                           —

                           La demandada incurrió en desviación de poder al imponer en la Decisión MB/D/29/2010 unos niveles elevadísimos de tasas y concederse a sí misma competencias muy amplias consistentes en la disponibilidad de todos los instrumentos jurídicos posibles para obtener el cobro de la tasa y en la imposibilidad de eludir ésta. El artículo 13, apartado 4, del Reglamento no 340/2008 no justifica la atribución de dichas competencias. La imposición de la tasa administrativa persigue en realidad un objetivo distinto del declarado en el considerando 2 del Reglamento no 340/2008 (que es cubrir el coste de los servicios prestados por la ECHA) y no responde a la carga de trabajo de la demandada, sino que se trata de una multa que se ha impuesto injustamente a la demandante.


title: Asunto C-396/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Bari — Italia) — Interedil Srl, en liquidación/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti Spa [ «Procedimiento prejudicial — Legitimación de un órgano jurisdiccional inferior para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia — Reglamento (CE) n ° 1346/2000 — Procedimientos de insolvencia — Competencia internacional — Centro de los intereses principales del deudor — Traslado del domicilio social a otro Estado miembro — Concepto de establecimiento» ]

text:
               10.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 362/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Bari — Italia) — Interedil Srl, en liquidación/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti Spa
   (Asunto C-396/09) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Legitimación de un órgano jurisdiccional inferior para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia - Reglamento (CE) no 1346/2000 - Procedimientos de insolvencia - Competencia internacional - Centro de los intereses principales del deudor - Traslado del domicilio social a otro Estado miembro - Concepto de establecimiento)
   2011/C 362/04
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale ordinario di Bari

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Interedil Srl, en liquidación

      Demandadas: Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti Spa

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale ordinario di Bari — Interpretación del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160, p. 1) — Centro de los intereses principales del deudor — Presunción relativa al lugar de su domicilio social — Establecimiento en otro Estado miembro — Conceptos comunitarios o nacionales.

      Fallo

               1)

               El Derecho de la Unión se opone a que un órgano jurisdiccional nacional esté vinculado por una norma de Derecho procesal nacional en virtud de la cual se le imponen las apreciaciones realizadas por un órgano jurisdiccional superior, cuando se evidencia que las apreciaciones del órgano jurisdiccional superior no son compatibles con el Derecho de la Unión, interpretado por el Tribunal de Justicia.

               2)

               El concepto «centro de los intereses principales» del deudor, mencionado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse de conformidad con el Derecho de la Unión.

               3)

               A efectos de determinar el centro de los intereses principales de una sociedad deudora, el artículo 3, apartado 1, frase segunda, del Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse en los siguientes términos:

                           —

                           El centro de los intereses principales de una sociedad deudora debe determinarse dando preferencia al lugar de la administración central de dicha sociedad, como puede demostrarse por los datos objetivos y que pueden comprobarse por terceros. En el supuesto de que los órganos de dirección y control de una sociedad se encuentren en el lugar de su domicilio social y de que las decisiones de gestión de esa sociedad se adopten, de forma que pueda comprobarse por terceros, en dicho lugar, no puede desvirtuarse la presunción establecida en el citado precepto. En el supuesto de que el lugar de administración central de una sociedad no se encuentre en su domicilio social, ni la presencia de activos sociales ni la existencia de contratos referentes a su explotación financiera en un Estado miembro distinto de aquel del domicilio social de la sociedad pueden ser considerados datos suficientes para desvirtuar esa presunción, salvo a condición de que una consideración del conjunto de los datos relevantes permita demostrar que, de forma que pueda comprobarse por terceros, el centro efectivo de dirección y control de dicha sociedad, así como de administración de sus intereses, se encuentra en el otro Estado miembro.

                           —

                           En caso de traslado del domicilio de una sociedad deudora antes de presentarse la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia, se presume que el centro de sus intereses principales se encuentra en su nuevo domicilio social.

               4)

               El concepto de «establecimiento», en el sentido de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que exige la presencia de una estructura que incluya un mínimo de organización y cierta estabilidad, con objeto de ejercer una actividad económica. La sola presencia de bienes aislados o de cuentas bancarias no satisface, en principio, esta definición.

      (1)  DO C 312, de 19.12.2009.


title: Asunto C-253/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Finanzgericht Bremen, de fecha 1 de junio de 1999, en el asunto entre Bacardi GmbH y Hauptzollamt Bremerhaven

text:
18.9.1999              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 265/1
                                                                     I
                                                             (Comunicaciones)
                                             TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                        TRIBUNAL DE JUSTICIA
Recurso de casación interpuesto el 2 de julio de 1999 por              se basó el Tribunal de Primera Instancia en el asunto Lilly.
la República Francesa contra la sentencia dictada el 22 de             También se opone a la afirmación realizada por el Tribunal de
abril de 1999 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera               Primera Instancia en el apartado 64 de la sentencia impugnada,
Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto                     según la cual, al no existir «ningún elemento de hecho o de
T-112/97 (1) entre Monsanto Company y la Comisión de                   Derecho que [permitiese] llegar a una conclusión diferente,
las Comunidades Europeas, apoyada por la República                     [procedı́a] remitirse a los motivos de la sentencia Lilly y anular,
                             Francesa                                   en consecuencia, la Decisión controvertida».
                      (Asunto C-248/99 P)                               El Gobierno francés considera que el Tribunal de Primera
                                                                        Instancia tenı́a ante sı́ nuevos elementos de hecho o de
                                                                        Derecho que debı́an conducirlo a resolver el asunto de modo
                         (1999/C 265/01)                                diferente al asunto T-120/96.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            (1) DO C 199 de 28.6.97, p. 27.
presentado el 2 de julio de 1999 un recurso de casación
formulado por la República Francesa, representada por Ronny
Abraham, Jean-François Dobelle, Kareen Rispal-Bellanger y
Christina Vasak, en calidad de Agentes, que designa como
domicilio en Luxemburgo la Embajada de Francia, 8, boulevard
Joseph II, contra la sentencia dictada el 22 de abril de 1999
por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Comunidades Europeas en el asunto T-112/97 entre Monsanto               lución del Finanzgericht Bremen, de fecha 1 de junio de
Company y la Comisión de las Comunidades Europeas,                     1999, en el asunto entre Bacardi GmbH y Hauptzollamt
apoyada por la República Francesa.                                                               Bremerhaven
                                                                                (Asunto C-253/99)
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                                (1999/C 265/02)
1) Anule el apartado primero del fallo de la sentencia del
    Tribunal de Primera Instancia de 22 de abril de 1999,               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
    dictada en el asunto T-112/97.                                      sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                        resolución del Finanzgericht Bremen, dictada el 1 de junio de
2) Estime las pretensiones de la parte demandada en primera             1999, en el asunto entre Bacardi GmbH y Hauptzollamt
    instancia, es decir, desestime los motivos del recurso              Bremerhaven, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
    planteado por Monsanto, y condene en costas a la                    el 7 de julio de 1999. El Finanzgericht Bremen solicita al
    demandante.                                                         Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
                                                                        cuestiones:
Motivos y principales alegaciones                                       1) ¿Es posible una devolución de derechos de importación con
                                                                            arreglo al artı́culo 236 del Código Aduanero, (1) cuando el
                                                                            importador de whisky Bourbon importado de los EEUU
El Tribunal de Primera Instancia examinó el recurso planteado              indicó en la declaración en aduana, de 10 de septiembre
por Monsanto basándose en la solución adoptada en el                      de 1996, el código 2208 30 82 y hasta el 2 de octubre de
asunto T-120/96, Lilly/Comisión.                                           1996, no solicitó la clasificación en la subpartida 2208 30
                                                                            11 de la Nomenclatura Combinada, contra presentación
El gobierno francés rebate la afirmación del Tribunal de                   de un certificado de autenticidad conforme al Anexo 5 del
Primera Instancia, al menos por lo que a él se refiere, de que              Reglamento de aplicación del Código Aduanero, (2) con la
las partes consideraron que era necesario anular la Decisión de            consecuencia de la aplicación de un tipo inferior de los
la Comisión por los mismos motivos que aquéllos en los que                 derechos arancelarios?
 ---pagebreak--- C 265/2                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         18.9.1999
2) En caso de respuesta negativa a la cuestión no 1:                  II. Si se responde negativamente a la primera cuestión:
     En estas circunstancias, ¿cabe apreciar «una situación                a) ¿Los anticipos sobre pensiones alimenticias con arreglo
    especial» que —si concurren los restantes requisitos lega-                   a la Ley de anticipos sobre pensiones alimenticias
    les— pueda conducir a una devolución de los derechos                        citada en la letra a) de la primera cuestión son ventajas
    de importación conforme al artı́culo 239 del Código                        sociales en el sentido del artı́culo 7, apartado 2, del
     Aduanero en relación con el artı́culo 905, apartado 1, del                 Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo (4), relativo
     Reglamento de aplicación del Código Aduanero?                             a la libre circulación de los trabajadores dentro de la
                                                                                Comunidad, de 15 de octubre de 1968?
(1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, DO L 302, de                   b) ¿El requisito de residencia del menor en el territorio
    19.10.1992, p. 1.                                                            nacional para la concesión de los anticipos sobre
(2) Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, L 253, de                       pensiones alimenticias constituye una disposición res-
    11.10.1993, p. 1.                                                            trictiva, en el sentido del artı́culo 3, apartado 1,
                                                                                segundo supuesto, del Reglamento (CEE) no 1612/68,
                                                                                desde el punto de vista del principio de libertad de
                                                                                circulación consagrado en el artı́culo 48 del Tratado
                                                                                CE a favor de los trabajadores?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                c) ¿Las disposiciones del Reglamento no 1612/68 generan
lución del Oberster Gerichtshof, Wien, de fecha 23 de                           un derecho a la concesión de anticipos sobre pensiones
junio de 1999, en el asunto de guarda de la menor Anna                           alimenticias a favor de los hijos de trabajadores?
Humer, representada por su madre, Andrea Sturmbauer-
                             Machand                                   ( 1) DO L 149, de 5.7.1971, p. 2; EE 05/01, p. 98.
                                                                       ( 2) DO L 230, de 22.8.1984, p. 6; EE 05/03, p. 53.
                       (Asunto C-255/99)                               ( 3) DO L 331, de 16.11.1989, p. 1.
                                                                       ( 4) DO L 257, de 15.10.1968, p. 2.
                         (1999/C 265/03)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Oberster Gerichtshof, Wien, dictada el 23 de           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
junio de 1999, en el asunto de guarda de la menor Anna                 lución de la High Court of Justice (England and Wales),
Humer, representada por su madre, Andrea Sturmbauer-                   Queen’s Bench Division, Divisional Court, de fecha 29 de
Machand, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el      marzo de 1999, en el asunto entre The Queen y Secretary
8 de julio de 1999. El oberster Gerichtshof solicita al Tribunal       of State for the Home Department, ex parte: Julius Barkoci
de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                      y Marcel Malik
I. a) ¿Constituyen los anticipos sobre pensiones alimenticias                                   (Asunto C-257/99)
         a hijos menores de trabajadores o de desempleados
         que, con arreglo a la legislación austriaca, perciben                                   (1999/C 265/04)
         prestaciones por desempleo conforme a la Bundesge-
         setz über die Gewährung von Vorschüssen auf den               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
         Unterhalt von Kindern (Ley Federal de concesión de           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
         anticipos sobre pensiones alimenticias a los hijos de         resolución de la High Court of Justice (England and Wales),
         1985, BGBl 451, en la versión vigente; en lo sucesivo,       Queen’s Bench Division, Divisional Court, de 29 de marzo de
         «UVG») prestaciones familiares en el sentido de la            1999, en el asunto entre The Queen y Secretary of State for
         letra h) del apartado 1 del artı́culo 4 del Reglamento        the Home Department, ex parte: Julius Barkoci y Marcel Malik,
         (CEE) no 1408/71 (1) del Consejo, de 14 de junio de           y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 9 de julio
         1971, relativo a la aplicación de los regı́menes de          de 1999. La High Court of Justice (England and Wales),
         seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a       Queen’s Bench Division, Divisional Court, solicita al Tribunal
         los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que       de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
         se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión
         modificada y actualizada por el Reglamento (CEE)              Efecto directo e interpretación del Acuerdo (1)
         no 2001/83 (2) del Consejo, de 2 de junio de 1983, y
         modificada y actualizada por el Reglamento (CEE)              1. ¿El artı́culo 45 del Acuerdo tiene efecto directo en los
         no 3427/89 (3) del Consejo, de 30 de octubre de 1989,              ordenamientos jurı́dicos de los Estados miembros, pese a
         y, por tanto, en tal caso, también se aplica el artı́culo 3        lo dispuesto en el artı́culo 59 del Acuerdo?
         del Reglamento sobre la igualdad de trato?
                                                                       2. Si la respuesta a la primera cuestión fuera afirmativa,
     b) ¿Los artı́culos 73 y 74 del citado Reglamento                       ¿cómo debe interpretarse la salvedad establecida en la
         no 1408/71 generan, a favor de los hijos matrimoniales             penúltima frase del apartado 1 del artı́culo 59 del Acuerdo,
         de un trabajador que reside y trabaja en Austria o de              y en particular la expresión «beneficios que correspondan
         un desempleado que reside en Austria y percibe                     a cualquiera de las Partes con arreglo a una disposición
         prestaciones por desempleo conforme a la legislación              especı́fica del presente Acuerdo»? Con carácter más general,
         austriaca y que residen con su madre en otro Estado                ¿en qué medida puede un Estado miembro aplicar su
         miembro, un derecho a percibir anticipos sobre pensio-             legislación y reglamentos en materia de entrada, estancia
         nes alimenticias con arreglo a la Ley de anticipos sobre           y establecimiento de personas fı́sicas que invoquen el
         pensiones alimenticias citada en la letra a)?                      artı́culo 45 del Acuerdo, sin vulnerar dicha salvedad?


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de junio de 1999 en el asunto C-260/97 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof): Unibank A/S contra Flemming G. Christensen («Convenio de Bruselas - Interpretación del artículo 50 - Concepto de «documentos públicos con fuerza ejecutiva, formalizados en un Estado contratante» - Documento extendido sin la intervención de un funcionario público - Artículos 32 y 36»)

text:
7.8.1999                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 226/7
— ya los vehı́culos incluidos en el tramo impositivo de 15-16 CV           Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y —texto
    no puedan ser considerados productos similares, en el sentido de       modificado— p. 77; texto en español en DO 1989, L 285,
    la disposición citada, a los vehı́culos incluidos en los tramos       p. 41) y por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a
    impositivos superiores a 18 CV y, más concretamente, a los            la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en
    vehı́culos incluidos en el tramo de 23 y más CV, como el del          español en DO 1989, L 285, p. 54), el Tribunal de Justicia (Sala
    demandante en el procedimiento principal,                              Quinta), integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de
                                                                           Sala; J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (Ponente),
— ya, si bien puede considerarse que algunos vehı́culos incluidos en       L. Sevón y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. A. La
    el tramo impositivo de 15-16 CV son productos similares a los          Pergola; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 17 de junio de
    vehı́culos incluidos en los tramos impositivos superiores a 18 CV      1999 una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente:
    y, más concretamente, a los incluidos en el tramo de 23 y más
    CV, los consumidores pueden elegir entre aquellos de dichos            Un documento de crédito con fuerza ejecutiva en virtud del Derecho
    vehı́culos incluidos en el tramo impositivo de 15-16 CV que            del Estado de origen, cuya autenticidad no ha sido establecida por
    sean importados, de modo que el aumento del coeficiente de             una autoridad pública o por cualquier otro autoridad habilitada a tal
    progresividad entre el tramo impositivo de 15-16 CV y los              fin por dicho Estado, no constituye un documento público en el
    tramos impositivos superiores a 18 CV y, más concretamente, el        sentido del artı́culo 50 del Convenio de 27 de septiembre de 1968
    de 23 y más CV, no pueda favorecer la venta de vehı́culos de          relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones
    fabricación nacional.                                                 judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por
                                                                           el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino
(1) DO C 41 de 7.2.1998.                                                   de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e
                                                                           Irlanda del Norte y por el Convenio de 25 de octubre de 1982
                                                                           relativo a la adhesión de la República Helénica.
                                                                           (1) DO C 295 de 27.9.1997.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Quinta)
                      de 17 de junio de 1999                                        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
en el asunto C-260/97 (petición de decisión prejudicial                                                (Sala Quinta)
planteada por el Bundesgerichtshof): Unibank A/S contra
                   Flemming G. Christensen (1)                                                    de 17 de junio de 1999
(«Convenio de Bruselas — Interpretación del artı́culo 50 —                en el asunto C-295/97 (petición de decisión prejudicial del
Concepto de “documentos públicos con fuerza ejecutiva,                    Tribunale di Genova): Industrie Aeronautiche e Meccani-
formalizados en un Estado contratante” — Documento
                                                                           che Rinaldo Piaggio SpA contra International Factors
extendido sin la intervención de un funcionario público —
                                                                           Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH y Ministero
                         Artı́culos 32 y 36»)
                                                                                della Difesa (1)
                          (1999/C 226/11)
                                                                           [«Ayudas de Estado — Artı́culo 92 del Tratado CE (actual-
                                                                           mente, tras su modificación, artı́culo 87 CE) — Ayuda nueva
                  (Lengua de procedimiento: alemán)                                              — Notificación previa»]
                                                                                (1999/C 226/12)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
En el asunto C-260/97, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de
junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de             (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, por el Bundesgerichtshof (Alemania),            En el asunto C-295/97, que tiene por objeto una petición
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE
jurisdiccional entre Unibank A/S y Flemming G. Christensen,                (antiguo artı́culo 177), por el Tribunale di Genova (Italia)
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artı́-           destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
culos 32, 36 y 50 del Convenio de 27 de septiembre de 1968,                jurisdiccional entre Industrie Aeronautiche e Meccaniche
antes citado (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en                   Rinaldo Piaggio SpA e International Factors Italia SpA (Ifitalia),
español en DO 1990, C 189, p. 2), en su versión modificada               Dornier Luftfahrt GmbH, Ministero della Difesa, una decisión
por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión            prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 92 del Tratado
del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran               CE (actualmente, tras su modificación, artı́culo 87 CE), el


title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 19 de diciembre de 2001 en los asuntos T-195/01 R y T-207/01 R, Gobierno de Gibraltar contra Comisión de las Comunidades Europeas (Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado — Decisión de incoar el procedimiento de investigación formal — Admisibilidad — Fumus boni iuris — Urgencia — Inexistencia — Ponderación de intereses)

text:
C 118/24                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      18.5.2002
indemnización, con arreglo a los artı́culos 178 y 215, párrafo        1)    Se anula la decisión del tribunal del concurso-oposición
segundo, del Tratado CE (actualmente artı́culos 235 CE y                      COM/A/12/98 en la medida en que se refiere a la calificación
288 CE, párrafo segundo), de los perjuicios sufridos por el                  de la prueba oral del demandante.
demandante por el hecho de habérsele impedido comercializar
leche como consecuencia de la aplicación del Reglamento
(CEE) no 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, sobre              2)    Se condena en costas a la Comisión.
normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en
el artı́culo 5 quater del Reglamento (CEE) no 804/68 en el
sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 90, p. 13,
EE 03/30, p. 64), tal como fue completado por el Reglamento
(CEE) no 1371/84 de la Comisión, de 16 de mayo de 1984,                (1) DO C 273 de 23.9.00.
por el que se establecen las modalidades de aplicación de la
tasa suplementaria contemplada en el artı́culo 5 quater del
Reglamento (CEE) no 804/68 (DO L 132, p. 11; EE 03/30,
p. 208), Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado
por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el
Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen,
administradora; ha dictado el 7 de febrero de 2002 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
1)    Desestimar el recurso.
2)    Condenar en costas al demandante.                                 AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA
                                                                                INSTANCIA
(1) DO C 304 de 29.10.1994.
                                                                                de 19 de diciembre de 2001
                                                                        en los asuntos T-195/01 R y T-207/01 R, Gobierno de
                                                                         Gibraltar contra Comisión de las Comunidades Europeas
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                    de 7 de febrero de 2002                             (Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de
                                                                        Estado — Decisión de incoar el procedimiento de investiga-
en el asunto T-193/00, Bernard Felix contra Comisión de                ción formal — Admisibilidad — Fumus boni iuris —
                 las Comunidades Europeas (1)                               Urgencia — Inexistencia — Ponderación de intereses)
(Funcionarios — Concurso-oposición — Prueba oral — No
inscripción en la lista de reserva — No modificación de la                                     (2002/C 118/39)
composición del tribunal de la oposición — Conocimientos
                            lingüı́sticos)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
                         (2002/C 118/38)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                        En los asuntos T-195/01 R y T-207/01 R, Gobierno de
                                                                        Gibraltar, representado por los Sres. A. Sutton, M. Llamas,
En el asunto T-193/00, Bernard Felix, funcionario de la                 Barristers, y W. Schuster, abogado, que designa domicilio en
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en                 Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas
Arlon (Bélgica), representado por Mes J.-N. Louis y V. Peere,           (agentes: Sres. V. Di Bucci y R. Lyal), que tienen por objeto dos
abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra                   demandas de medidas provisionales relativas a las Decisiones
Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall),         de la Comisión de 11 de julio de 2001, notificadas al Gobierno
que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión del       del Reino Unido mediante escritos SG(2001) D/289755 y
tribunal del concurso-oposición COM/A/12/98 por la que se              SG(2001) D/289757, por las que se incoa el procedimiento
atribuye al demandante, en la prueba oral de dicho concurso-            previsto en el artı́culo 88 CE, apartado 2, en relación con
oposición, una nota inferior al mı́nimo exigido y no se le             supuestas ayudas de Estado concedidas conforme a la norma-
inscribe en la lista de reserva, el Tribunal de Primera Instancia       tiva de Gibraltar en materia de sociedades exentas y sociedades
(Sala Quinta), integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, el          beneficiarias de tipos impositivos reducidos, respectivamente,
Sr. R. Garcı́a-Valdecasas y la Sra. P. Lindh, Jueces; Secretario:       el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha dictado el
Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el 7 de febrero de           19 de diciembre de 2001 un auto por el que se resuelve lo
2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                          siguiente:
 ---pagebreak--- 18.5.2002                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 118/25
1)    Se desestiman las demandas de medidas provisionales.                —    La ayuda de que se trata debe considerarse existente desde
                                                                               1928. Pues bien, al adoptar la Decisión impugnada, la
2)    Se reserva la decisión sobre las costas.                                Comisión no ha seguido el procedimiento establecido en
                                                                               el párrafo primero del artı́culo 88.
                                                                          —    El incumplimiento de la normativa comunitaria relativa a
                                                                               la mejora de la eficiencia de las estructuras agrarias, ası́
                                                                               como de las «Orientaciones comunitarias sobre ayudas de
                                                                               Estado para el salvamento y la reestructuración de
Recurso interpuesto el 25 de enero de 2002 contra                              empresas en dificultades».
la Comisión de las Comunidades Europeas por Atzeni
                          Giuseppe y otros
                                                                          Los demandantes alegan asimismo el incumplimiento del
                          (Asunto T-21/02)                                deber de motivación.
                           (2002/C 118/40)
                                                                          (1) DO C 56 de 2 de marzo de 2002, p. 20.
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 25 de enero de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por los demandantes arriba indicados, representados por los               Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2002 contra
Sres. Giovanni Dore y Fabio Ciulli.                                       la Comisión de las Comunidades Europeas por Michel
                                                                                Sautelet
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                                (Asunto T-25/02)
—     Con arreglo al artı́culo 230 del Tratado, declare ilegal la
                                                                                (2002/C 118/41)
      Decisión de la Comisión Europea no 612/97 y, en
      consecuencia, ordene su anulación total o, con carácter
      subsidiario, en la medida en que ordena la recuperación                             (Lengua de procedimiento: francés)
      de las ayudas abonadas a los demandantes por parte del
      Estado italiano.
—     Se solicita asimismo que condene en costas a la parte               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      demandada.                                                          Europeas se ha presentado el 7 de febrero de 2002 un recurso
                                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
                                                                          por el Sr. Michel Sautelet, con domicilio en Kirchberg (Gran
Motivos y principales alegaciones                                         Ducado de Luxemburgo), representado por Me Gilles Bounéou,
                                                                          abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
El presente recurso va dirigido contra la misma Decisión
impugnada en el asunto T-4/02: Herederos de Arca Delio y                  La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
otros/Comisión (1).                                                      que:
En apoyo de sus pretensiones, los demandantes alegan:                     —    Anule la decisión expresa no 39090 de 6.11.2001, por la
                                                                               que se fijó en 1 500 EUR la indemnización por el
—     La incompetencia de la demandada, en la medida en que                    perjuicio moral sufrido por el demandante.
      las normas sobre la competencia no son de aplicación, en
      principio, en el ámbito de la agricultura. Por lo que se           —    Conceda al demandante una indemnización por daños y
      refiere a las precisiones contenidas en el Reglamento                    perjuicios por un importe de 12 394,68 EUR (equivalente
      no 26/62 se señala que, en el presente caso, no se ha                   a una cantidad de 500 000 LUF) como reparación del
      concedido ninguna ayuda, ni a la producción ni al                       perjuicio moral sufrido por el retraso producido en la
      comercio agrı́cola, sino que se ha previsto la mera                      elaboración de su informe de calificación correspondiente
      devolución de la liquidez necesaria a las empresas agrı́co-             al perı́odo comprendido entre el 1.7.1997 y el 30.6.1999.
      las afectadas por situaciones objetivas de precariedad,
      determinadas expresamente por la Región de Cerdeña.               —    Anule la decisión expresa no 44024, de 15.11.2001 por
      Por otra parte, el propio Reglamento dispone que la                      la que se declaró la inadmisibilidad de la reclamación
      normativa sobre ayudas se aplique solamente en relación                 no 497/01 de 31.10.2001, que se registró en la Secretarı́a
      con el artı́culo 88, apartados 1 y 3, párrafo primero.                  General de la Comisión el 5.11.2001.


title: Asunto C-467/99: Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 1999 contra la República Helénica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 47/22                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       19.2.2000
4. En caso de que el Tribunal de Justicia desestime las               — La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia
   pretensiones formuladas en los puntos anteriores, anule la             no se pronunció, como era su deber, sobre un segundo
   sentencia recurrida, en la parte en que dicha sentencia                motivo adicional de anulación de la Decisión de la
   confirma la validez de la decisión, adoptada por la                   Comisión impugnada en el asunto T-182/96, basado en la
   Comisión en el proyecto no 880412/P3, de considerar que               violación de la normativa aplicable al FSE (inexistencia de
   incumplen los requisitos, en su totalidad, las cantidades              potestad discrecional), que la demandante alegó en su
   solicitadas en las subpartidas 14.1.4, 14.2.6, 14.2.7,                 réplica en aquel asunto.
   14.3.1, letra b), 14.3.1, letra c), 14.3.3 y 14.3.5 del
   proyecto relativo a Pirites Alentejanas, en las subpartidas        — La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia
   14.3.8, 14.3.11 y 14.9 del proyecto relativo a Tintas                  incurrió en error en la aplicación del artı́culo 253 CE
   Robbialac y en la subpartida 14.3.9 del proyecto relativo a            (antiguo artı́culo 190) en relación con las subpartidas
   Sapec, pretensión de anulación que se fundamenta en los              14.1.4, 14.2.6, 14.2.7, 14.3.1, letra b), 14.3.1, letra c),
   siguientes motivos:                                                    14.3.3 y 14.3.5 del proyecto relativo a Pirites Alentejanas,
                                                                          en relación con las subpartidas 14.3.8, 14.3.11 y 14.9 del
   — inexactitud material de los hechos declarados probados               proyecto relativo a Tintas Robbialac y en relación con la
        por el Tribunal de Primera Instancia;                             subpartida 14.3.9 del proyecto relativo a Sapec, en la
                                                                          medida en que tal aplicación se basó en conclusiones de
   — error de Derecho derivado de incongruencia en la                     hecho materialmente incorrectas o inexactas.
        motivación.
                                                                      — La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia
5. En consecuencia, y con base en los mismos motivos, anule
                                                                          erró en su decisión sobre la existencia de abuso de Derecho,
   la Decisión C(96)1184 de la Comisión, de 14 de agosto de
                                                                          violación de los derechos de defensa y violación de los
   1996, en la parte en que la misma considera que incumplen
                                                                          principos de buena fe, protección de la confianza legı́tima
   los requisitos, en su totalidad, las cantidades referentes a
                                                                          y protección de los derechos adquiridos, en la medida en
   las subpartidas 14.1.4, 14.2.6, 14.2.7, 14.1, letra b),
                                                                          que dicha decisión se basó en conclusiones de hecho
   14.3.1, letra c), 14.3.3 y 14.3.5 del proyecto relativo a
                                                                          materialmente incorrectas o inexactas.
   Pirites Alentejanas, 14.3.8, 14.3.11 y 14.9 del proyecto
   relativo a Tintas Robbialac y 14.3.9 del proyecto relativo a       — La recurrente mantiene que la inexactitud de los hechos
   Sapec.                                                                 declarados probados por el Tribunal de Primera Instancia
6. Anule el punto 3) del fallo de la sentencia recurrida, en la           llevó a dicho Tribunal a incurrir en error en la aplicación
   medida en que determina que PARTEX cargue con sus                      del Derecho al caso concreto, al considerar improcedente
   propias costas en el asunto T-182/96.                                  la existencia efectiva de un vicio de desviación de poder en
                                                                          la decisión impugnada en el asunto T-182/96.
7. Condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las
   costas.
                                                                      (1) DO C 26, de 25.1.1997, p. 9.
8. Declare procedente y debidamente probada la solicitud del
   beneficio de justicia gratuita y, en consecuencia, conceda
   al demandante dicho beneficio de justicia gratuita en la
   presente instancia.
Motivos y principales alegaciones                                     Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 1999 contra la
— La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia         República Helénica por la Comisión de las Comunidades
   incurrió en error de Derecho, por infracción de la norma-                                     Europeas
   tiva aplicable al FSE, al haber considerado que, en un caso
   como el presente — en que un Estado miembro ya certificó                                  (Asunto C-467/99)
   la exactitud fáctica y contable de la solicitud de pago del
   saldo —, ese mismo Estado puede modificar su apreciación                                    (2000/C 47/36)
   de la solicitud de que se trate si considera que se encuentra
   ante irregularidades que no se habı́an puesto de relieve con       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
   anterioridad.                                                      presentado el 3 de diciembre de 1999 un recurso contra
— La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia         la República Helénica formulado por la Comisión de las
   incurrió en error de Derecho al declarar la inadmisibilidad       Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Kontou
   del motivo adicional del recurso que PARTEX invocó en la          Durande, miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión, en
   réplica del asunto T-182/96, basado en la violación de las        calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo
   normas de reparto de competencias entre los Estados                el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de
   miembros y la Comisión.                                           dicho Servicio Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.
— La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia         La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
   incurrió en error de Derecho, por violación de la normativa      de Justicia que:
   aplicable al FSE, al considerar que no se habı́a producido
   una violación de las normas de reparto de competencias            — Declare que la República Helénica ha incumplido las
   entre los Estados miembros y la Comisión.                             obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
 ---pagebreak--- 19.2.2000              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 47/23
     90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa           Motivos y principales alegaciones
     a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los
     circuitos combinados, (1) al no adoptar las disposiciones          A tenor del artı́culo 249 CE (anteriormente, artı́culo 189 del
     legales, administrativas o reglamentarias necesarias para la       Tratado CE), las Directivas obligan a los Estados miembros
     completa ejecución del artı́culo 7 de dicha Directiva por lo      destinatarios en cuanto al resultado que deba conseguirse. Los
     que respecta a las empresas marı́timas de transporte de            Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias
     pasajeros.                                                         para garantizar la eficacia plena de las Directivas, de conformi-
                                                                        dad con los objetivos que éstas persiguen, y no pueden
— Condene en costas a la República Helénica.                           invocar disposiciones, prácticas o situaciones propias de su
                                                                        ordenamiento jurı́dico interno para justificar el incumpli-
                                                                        miento de las obligaciones y plazos que resulten de las propias
Motivos y principales alegaciones                                       Directivas.
Las autoridades helénicas han comunicado que el artı́culo 7             En indiscutible que la República Italiana debı́a comunicar a la
del Decreto Presidencial será modificado de modo que la                Comisión la información indicada en el art. 8, apartado 3, de
obligación de garantı́a prevista en éste incluya asimismo a las        la Directiva 91/689/CEE, en la forma prevista en la Decisión
empresas marı́timas de transporte de pasajeros.                         96/302/CE.
La Comisión considera que corresponde a las autoridades                Ello no se ha producido, ni puede considerarse que la
nacionales impulsar, a su debido tiempo, los procedimientos             Comisión haya recibido la información de modo regular tras
                                                                        la notificación del dictamen motivado.
necesarios para la adaptación del Derecho helénico a la
totalidad de las disposiciones de la Directiva considerada.             Por consiguiente, la Comisión considera que la República
                                                                        Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en
La Comisión comprueba que, hasta el momento, la República             virtud del Derecho comunitario.
Helénica no ha adoptado las medidas necesarias para una total
incorporación del artı́culo 7 de la Directiva al ordenamiento
                                                                        (1) Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a los
jurı́dico helénico por lo que respecta a las empresas marı́timas.           residuos peligrosos (DO L 377, de 31.12.1991, p. 20).
                                                                        (2) Decisión de la Comisión de 17 de abril de 1996 (DO L 116, de
(1) DO L 158, de 23.6.1990, p. 59.                                          11.05.1996, p. 26).
                                                                        Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                        lución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, de
Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 1999 contra la                 fecha 9 de septiembre de 1999, en el asunto entre CLEAN
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                 CAR Autoservice GmbH y 1) Stadt Wien, y 2) Republik
                             Europeas                                                                Österreich
                       (Asunto C-469/99)                                                        (Asunto C-472/99)
                                                                                (2000/C 47/38)
                          (2000/C 47/37)
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
presentado el 7 de diciembre de 1999 un recurso contra                  resolución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, dic-
la República Italiana formulado por la Comisión de las                tada el 9 de septiembre de 1999, en el asunto entre CLEAN
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Lena Ström,              CAR Autoservice GmbH y 1) Stadt Wien y 2) Republik
miembro del Servicio Jurı́dico, y por el Sr. Giacinto Bisogni,          Österreich, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
magistrato di appello, adscrito a dicho Servicio Jurı́dico, en          9 de diciembre de 1999. El Landesgericht für Zivilrechtssachen
calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem-                Wien solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre              siguiente cuestión:
Wagner, Kirchberg, Luxemburgo.
                                                                        ¿Cómo debe interpretarse el artı́culo 104, apartado 5, del
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las
                                                                        Comunidades Europeas (1) cuando, como en el caso de autos,
— Declare que la República Italiana ha incumplido las                  un Estado miembro (Austria) no ha previsto nunguna norma-
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             tiva nacional para que los órganos jurisdiccionales nacionales
     91/302/CE (1) y del Tratado CE, al no comunicar a                  decidan e impongan o repartan las costas del procedimiento
     la Comisión la información exigida por el artı́culo 8,           prejudicial entre las partes interesadas?
     apartado 3, de dicha Directiva, mediante el formulario
     establecido en la Decisión 96/302/CE. (2)                         (1) DO C 65, de 6.3.1999, p. 30.
— Condene en costas a la República Italiana.


title: Asunto C-221/03: Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2003 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 171/16              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            19.7.2003
Respecto al segundo procedimiento                                             —     en lo referente a la Región Valona, al no haber
                                                                                adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
5.   ¿Se opone el estado actual del Derecho comunitario a                           y administrativas ni haber tomado las medidas
     que, mientras el propio nacional de un Estado miembro                          necesarias para adaptar enteramente el derecho
     no invoque el derecho de estancia en calidad de destinata-                     interno a los artículos 3, apartados 1 y 2, y 5 de la
     rio de servicios frente al Estado miembro en cuyo                              Directiva 91/676/CEE y para aplicar éstos plena-
     territorio se encuentra, este Estado miembro no considere                      mente.
     a esa persona como un ciudadano amparado por el
     derecho de estancia con arreglo al Derecho comunitario?            —     Condene en costas al Reino de Bélgica.
6.   ¿Debe entenderse el concepto de destinatario de servicios
     al que se refiere la libre circulación de servicios en el
     sentido de que, aunque alguien permanezca en otro                  Motivos y principales alegaciones
     Estado miembro durante un largo período, posiblemente
     más de seis meses, sea detenido en dicho Estado miembro
     por un hecho punible, no pueda acreditar residencia o              La Directiva 91/676/CEE establece un procedimiento progre-
     domicilio fijo y, además, no tenga dinero ni equipaje, la          sivo que los Estados miembros deben seguir para reducir y
     estancia en otro Estado miembro ya constituye motivo               prevenir la contaminación de las aguas provocada o inducida
     suficiente para tener que presumir que se reciben servicios        por los nitratos utilizados en la agricultura. A tal efecto, deben
     turísticos u otros servicios relacionados con una breve            determinar, en primer lugar, cuales son las aguas dulces
     estancia, como, por ejemplo, alojamiento y consumo de              subterráneas, costeras y superficiales de su territorio que están
     comidas?                                                           contaminadas o que podrían verse contaminadas por nitratos
                                                                        de origen agrario (artículo 3, apartado 1). Una vez determina-
                                                                        das dichas aguas, los Estados miembros deben designar, en
                                                                        segundo lugar, las «zonas vulnerables» (artículo 3, apartado 2).
                                                                        Además, tienen que elaborar uno o más códigos de prácticas
                                                                        agrarias correctas que podrán poner en efecto los agricultores
                                                                        de forma voluntaria (artículo 4). Por último, los Estados
                                                                        miembros han de establecer programas de acción respecto de
                                                                        todas las zonas vulnerables que consistan en determinadas
Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2003 contra el                     medidas exigidas por la Directiva (artículo 5). La Directiva
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades                     prevé que los Estados miembros presenten a la Comisión un
                            Europeas                                    informe cada cuatro años (artículo 10).
                      (Asunto C-221/03)
                                                                        Según la Comisión, Bélgica considera que en Derecho belga
                                                                        forma parte de las competencias regionales adaptar el Derecho
                        (2003/C 171/22)                                 interno a la Directiva y desarrollar ésta. Las autoridades belgas
                                                                        alegan que la autoridad federal es competente únicamente para
                                                                        la designación de las aguas costeras y de las aguas marinas
                                                                        contempladas en el artículo 3, apartado 1, y en el punto 3,
                                                                        apartado A, del anexo I de la Directiva. Dicha tesis no es
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        pertinente en Derecho comunitario. En efecto, incumbe a las
presentado el 22 de mayo de 2003 un recurso contra el Reino
                                                                        autoridades competentes de cada Estado miembro garantizar
de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades                 la adaptación completa de su Derecho interno a la Directiva.
Europeas, representada por el Sr. G. Valero Jordana, en calidad
                                                                        Además, en lo que se refiere a la autoridad federal, la Comisión
de agente, asistido por los Sres. M. van der Woode y                    no tiene constancia de que se haya adoptado ninguna medida
Th. Cellingsworth, abogados, que designa domicilio en Luxem-
                                                                        para designar las aguas marinas ni las aguas costeras. En lo
burgo.
                                                                        referente a la legislación de la Región Flamenca y de la Región
                                                                        Valona de adaptación del Derecho interno a la Directiva, la
                                                                        Comisión señala que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                        —     la Región Flamenca no ha adoptado ninguna disposición
—    Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                        que designe las aguas contaminadas o que podrían verse
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                   contaminadas, en contra de lo dispuesto en el artículo 3,
     91/676/CEE (1):                                                          apartado 1, de la Directiva. En cuanto a las zonas
                                                                              vulnerables, no tuvo en cuenta el procedimiento ni los
     —     en lo referente a la Región Flamenca, al no haber                  criterios establecidos en el artículo 3 cuando designó las
           adoptado las disposiciones legales, reglamentarias                 de su territorio. Además, el código flamenco de prácticas
           y administrativas ni haber tomado las medidas                      agrarias correctas no cumple las exigencias del artículo 4
           necesarias para adaptar enteramente el derecho                     ni las del anexo II de la Directiva y el programa de
           interno a los artículos 3, apartados 1 y 2, 4, 5, y 10             acción flamenco no satisface tampoco los requisitos del
           de la Directiva 91/676/CEE y para aplicar éstos                    artículo 5 ni los del anexo III de la Directiva, habida
           plenamente;                                                        cuenta de que no es aplicable a todas las zonas vulnerables
 ---pagebreak--- 19.7.2003                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 171/17
       designadas por la Región Flamenca y de que es incom-                   zione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) y Associazione
       pleto. Por último, el informe relativo a la Región Flamenca            Italiana Produttori Olivicoli (AIPO), por una parte, y la
       no recoge todos los documentos y datos exigidos por las                Comisión de las Comunidades Europeas, por otra.
       disposiciones del artículo 10 en relación con las del
       anexo V de la Directiva;                                               La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
                                                                              Comunidades Europeas que:
—      la Región Valona ha infringido los artículos 10, apar-
       tado 2, y 12 de la Directiva ya que efectuó la labor de                —     Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera
       determinación de las aguas y de designación posterior de                     Instancia de las Comunidades Europeas — Sala Segunda
       las zonas vulnerables sólo en relación con parte de su                       — el 6 de marzo de 2003, en los asuntos acumulados
       territorio, que completó dicha tarea tardíamente y que la                    T-61/00 y T-62/00.
       identificación de las zonas vulnerables sigue siendo
       insuficiente. Además, las autoridades valonas competen-
       tes no tuvieron en cuenta la contaminación de las                      Motivos y principales alegaciones
       aguas costeras y marinas cuando identificaron las aguas
       afectadas por la contaminación ni cuando designaron las                La parte recurrente sostiene que la sentencia del Tribunal de
       zonas vulnerables, en contra de lo dispuesto en el                     Primera Instancia adolece de un vicio de nulidad por los
       artículo 3 de la Directiva. También se ha infringido el                siguientes motivos:
       artículo 5 de la Directiva en la medida de que, tras
       designar dos zonas vulnerables en su territorio, la Región             —     Interpretación errónea y aplicación incorrecta del princi-
       Valona debería haber establecido programas de acción en                      pio de fuerza mayor.
       el plazo señalado, los cuales no han sido adoptados
       todavía.                                                               —     Interpretación y aplicación erróneas del principio de
                                                                                proporcionalidad, así como de los artículos 9, apartado 1,
                                                                                y 17, apartado 2, letra b), del Reglamento no 355/
( 1) Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,                  77; motivación insuficiente debido a incoherencia y
     relativa a la protección de las aguas contra la contaminación                  contradictoriedad manifiestas.
     producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de
     21.12.91, p. 1).                                                         —     Conculcación del derecho de defensa por incumplimiento
                                                                                del deber de instrucción — No pronunciamiento sobre la
                                                                                pertinencia de un medio de prueba.
                                                                              —     No pronunciamiento sobre la pertinencia de un medio de
                                                                                prueba.
Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2003                         Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2003 contra la
por Associazione Produttori Olivicoli Laziali (A.P.O.L.) y                    República Francesa por la Comisión de las Comunidades
Associazione Italiana Produttori Olivicoli (A.I.P.O.) con-                                                 Europeas
tra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2003 por la
Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                                (Asunto C-225/03)
Comunidades Europeas, en los asuntos acumulados T-61/
00 y T-62/00, entre Associazione Produttori Olivicoli
Laziali (APOL) y Associazione Italiana Produttori Olivi-                                               (2003/C 171/24)
coli (AIPO), por una parte, y la Comisión de las Comunida-
                      des Europeas, por otra
                                                                              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                              presentado el 22 de mayo de 2003 un recurso contra
                        (Asunto C-222/03 P)                                   la República Francesa formulado por la Comisión de las
                                                                              Comunidades Europeas, representada por las Sras. L. Ström y
                                                                              F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio en
                          (2003/C 171/23)                                     Luxemburgo.
                                                                              La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                              de Justicia que:
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 21 de mayo de 2003 un recurso de casación                       1.    Declare que la República Francesa ha incumplido las
formulado por Associazione Produttori Olivicoli Laziali                             obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
(APOL) y Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO),                         98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
asistidas y representadas por los Sres. Emilio Cappelli, Paolo                      27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para
De Caterini y Andrea Bandini, abogados de Roma, contra la                           diagnóstico in vitro (1), al no haber adoptado todas las
sentencia dictada el 6 de marzo de 2003 por la Sala Segunda                         disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                       necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en
en los asuntos acumulados T-61/00 y T-62/00, entre Associa-                         todo caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.


title: AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 17 de abril de 1996 en el asunto T-2/93 (92), Société anonyme à participation ouvrière Compagnie national Air France contra Comisión de las Comunidades Europeas (Competencia - Tasación de costas)

text:
N° C 210/ 16            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       20 . 7 . 96
aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5 quater del            AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Reglamento ( CEE ) n" 804/68 en el sector de la leche y de los                               de 17 de abril de 1996
productos lácteos ( 2 ), el Presidente de la Sala Primera
ampliada del Tribunal de Primera Instancia ha dictado el 27           en el asunto T-3/93 ( 92 ), Société anonyme â partricipation
de marzo de 1996 un auto resolviendo lo siguiente :                   ouvrière Compagnie nationale Air France contra Comisiôn
                                                                                de las Comunidades Europeas (')
1 ) Se tiene por desistido al Sr. J. F. van Rooy en el asunto                      (Competencia — Tasación de costas)
     T- 533 /93 .                                                                                ( 96/C 210/41 )
2 ) Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
(') DO n " C 334 de 9 . 12 . 1993 .
Ç-) DO n" L 90 de 1.4 . 1984 , p . 13 ; EE 03/30 , p . 64 .           En el asunto T-3/93 ( 92 ), Société anonyme à participation
                                                                      ouvrière Compagnie nationale Air France, con domicilio
                                                                      social en París ( Francia ), representada por el Sr . Eduard
                                                                      Marissens , Abogado de Bruselas, que designa como domi
                                                                      cilio en Luxemburgo el despacho della Sra . Lucy Dupong,
   AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                             14 A, rue des Bains, contra Comisión de las Comunidades
                                                                      Europeas ( Agentes . Sres . Francisco Enrique González-Díaz
                     de 17 de abril de 1996
                                                                      y Géraud de Bergues ), apoyada por el Reino Unido de Gran
en el asunto T-2/93 ( 92 ), Société anonyme a participation           Bretaña e Irlanda del Norte ( Agentes : Sres . John D. Colahan
ouvrière Compagnie national Air France contra Comisiôn                y Christopher Vajda ), que designa como domicilio en
               de las Comunidades Europeas (')                        Luxemburgo la sede de la Embajada del Reino Unido, 14,
             (Competencia — Tasación de costas)                       boulevard Roosevelt, y British Airways pie, con domicilio
                                                                      social en Hounslow ( Reino Unido ), representada por el Sr.
                           ( 96/C 210/40 )
                                                                      Richard Fowler, QC, del Colegio de Abogados de Inglaterra
                                                                      y del País de Gales, y por los Sres . William Allan y James E.
              (Lengua de procedimiento : francés)                     Flynn , Solicitors , que designa como domicilio en Luxem
                                                                      burgo el despacho de los Sres . Loesch y Wolter, 11 , rue
En el asunto T-2/93 ( 92 ), Société anonyme à participation           Goethe , que tiene por objeto una demanda de tasación de las
ouvrière Compagnie national Air France, con domicilio                 costas que debe reembolsar la demandante a la parte
social en París, representada por el Sr. Eduard Marissens,            coadyuvante British Airways pie, en el asunto resuelto
Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en                    mediante la sentencia dictada poor el Tribunal de Primera
Luxemburgo el despacho del Sr. Lucy Dupong, 14 A, rue des             Instancia el 24 de marzo de 1994 , Air France/Comisión,
Bains, contra Comisión de las Comunidades Europeas                    T-3/93 , Rec . p . 11-121 , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala
( Agentes : Sres . Francisco Enrique González-Díaz, y Géraud          Tercera ampliada ), integrado por los Sres .: C. P. Briët,
de Bergues ), apoyada por el Reino Unido de Gran Bretaña e            Presidente ; B. Vesterdorf, Sra . P. Lindh , A. Potocki y J. D.
Irlanda del Norte ( Agentes : Sr. John D. Colahan y Sr.               Cooke , Jueces; Secretario : Sr . H. Jung, ha dictado el 17 de
Christopher Vajda , que designa como domicilio en Luxem              abril de 1996 un auto resolviendo lo siguiente :
burgo la sede de la Embajada del Reino Unido , 14,
boulevard Rooselvelt, TAT SA, con domicilio social en
                                                                      Se fija en 40 000 libras esterlinas el importe total de las
Tours ( Francia ), representada por el Sr. Antoine Winckler,          costas que la parte demandante debe reembolsar a la parte
Abogado de París y por el Sr . Romano Subiotto , Solicitor,           coadyuvante British Airways pie.
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
los Sres . Elvinger y Hoss, 15 , Côte d'Eich, y British Airways       (') DO n" C 45 de 17 . 2 . 1993 .
pie, con domicilio en Hounslow ( Reino Unido ), represen
tada por los Sres . William Allan y James E. Flynn, Solicitors,
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
los Sres . Loesch y Wolter, 1 1 rue Goethe , que tiene por
objeto la tasación de costas que la parte demandante debe
                                                                              AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
reembolsar a la parte coadyuvante British Airways pic, a raíz
de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de                               DE PRIMERA INSTANCIA
mayo de 1 994 , Air France/Comisión, T-2/93 , Rec . p . 11-323 ,                            de 22 de abril de 1996
el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Tercera ampliada ),           en el asunto T-23/96 R, Eisa de Persio contra Comisión de
integrado por el Sr .: C. P. Briët, Presidente; el Sr. B.                                 las Comunidades Europeas
Vesterdorf, la Sra . P. Lindh y los Sres . A. Potocki y J. D.
Cooke, Jueces; Secretario : Sr. H. Jung, ha dictado el 17 de                                        96/C 210/42 )
abril de 1996 un auto resolviendo lo siguiente :
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
Se fija en 29 000 libras esterlinas el importe total de las
costas que debe reembolsar la parte demandante a la parte             En el asunto T-23/96 R, Eisa de Persio , funcionaría de las
coadyuvante British Airways pie.                                      Comunidades Europeas , representada por los Sres . Gio
                                                                      vanni Petroni y Franco Giampietro, Abogados de Roma,
C ) DO n " C 45 de 17 . 2 . 1993 .                                    que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
                                                                      Sr . Gilles Bouneau, 15 , Avenue du Bois, contra Comisión de
                                                                      las Comunidades Europeas ( Agente : Sr . Gianluigi Valsesia ),


title: Asunto C-254/05: Recurso interpuesto el 16 de junio de 2005 por Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/11

         Recurso interpuesto el 16 de junio de 2005 por Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica
   (Asunto C-254/05)
   (2005/C 205/21)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 16 de junio de 2005 un recurso contra el Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Bruno Stromsky, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

               1)

               Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 del Tratado CE al exigir que los sistemas de detección automática de incendios mediante detector puntual legalmente fabricados o comercializados en otro Estado miembro y que no llevan el marcado «CE»:

                           —

                           se adecuen a la norma belga NBN S21-100;

                           —

                           se supediten a una homologación de tipo, en el caso de autos por el BOSEC, obstáculo éste que resulta agravado por los gastos desproporcionados que genera dicha homologación;

                           —

                           se sometan a análisis y comprobaciones en el marco de dicha homologación de tipo, que, en esencia, duplican los controles ya efectuados en otros procedimientos en otro Estado miembro.

               2)

               Condene en costas al Reino de Bélgica.

         Motivos y principales alegaciones
   Según la Comisión, la normativa belga introduce restricciones al uso de detectores de incendios legalmente fabricados o comercializados en otros Estados miembros, por lo que resulta incompatible con el artículo 28 CE y no está justificada por lo que respecta al artículo 30 CE.


24.10.98              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 327/33
1997 fue adoptada en un contexto regular por la deman-             Ð Declare que la demandada estaÂ obligada a reparar el
dada, a la que no facilitó indicaciones falsas o incomple-              perjuicio moral sufrido por la demandante como con-
tas. Al contrario, constituye el resultado de un proceso ini-           secuencia de la ilegalidad de la decisión impugnada y
ciado, con intervención del mediador, entre la propia                   condene a la demandada al pago de la indemnización
demandante y el responsable-jefe de la unidad de destino.               que el Tribunal de Primera Instancia tenga a bien fijar.
Por otra parte, no existe, en su opinión, ninguÂn intereÂs de
orden puÂblico que pueda prevalecer sobre el intereÂs de la
demandante en el mantenimiento de una situación que                Ð Condene en costas a la demandada.
podía considerar estable. En efecto, una supuesta falta de
información de ciertas personas dentro de la DG I, en la
que se basa la decisión impugnada, no puede, con toda
evidencia, asimilarse a un intereÂs de orden puÂblico.             Motivos y principales alegaciones
La demandante alega tambieÂn un incumplimiento de la               La demandante reprocha a la AFPN el haber permanecido
obligación de motivación, en la medida en que la decisión          inactiva frente al supuesto acoso sexual, seguido de un
impugnada no contiene motivación alguna, ni siquiera una           acoso en el plano laboral, por parte de su superior jeraÂr-
claÂusula de estilo. AdemaÂs, y en la medida en que, durante       quico directo, del que afirma haber sido víctima.
la reunión entre servicios, se reveló que la decisión impug-
nada se basa en una supuesta falta de información de los
superiores jeraÂrquicos del jefe de la unidad de destino,          En apoyo de sus pretensiones, alega los siguientes motivos:
afirma que, aun suponiendo que, sobre esta base, se
hubiese cumplido la obligación de motivación, debería
considerarse en cualquier caso que la decisión impugnada
estaÂ fundada en motivos que no pueden admitirse, en la            Ð Abuso de poder e infracción de los artículos 12, 24 y
medida en que se respetaron los procedimientos de infor-                25 del Estatuto de los Funcionarios europeos; de la
mación y de aprobación de los superiores jeraÂrquicos den-              Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de
tro de la DG I.                                                         1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad
                                                                        de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere
                                                                        al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
                                                                        profesionales, y a las condiciones de trabajo (1); de la
La demandante concluye reprochando a la AFPN un
                                                                        Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990, rela-
incumplimiento de las exigencias del deber de asistencia y
                                                                        tiva a la protección de la dignidad de la mujer y del
protección, así como del intereÂs del servicio.
                                                                        hombre en el trabajo (2); de la Recomendación 92/131/
                                                                        CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991,
                                                                        relativa a la protección de las mujeres y de los hom-
                                                                        bres en el trabajo, y del código de conducta sobre las
                                                                        medidas para combatir el acoso sexual (3) que figura
                                                                        como Anexo a la Recomendación de la Comisión de
                                                                        27 de noviembre de 1991.
Recurso interpuesto el 20 de agosto de 1998 contra la
      Comisión de las Comunidades Europeas por «G»
                      (Asunto T-136/98)                            Ð Violación del principio general de confianza legítima y
                                                                        de seguridad jurídica, en la medida en que la deman-
                        (98/C 327/57)
                                                                        dante, que afirma haberse visto empujada a presentar
                                                                        una denuncia contra su acosador como consecuencia
                                                                        de la adopción y la difusión de una normativa que
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)
                                                                        incitaba a ello, se encontró frente a un muro de indife-
                                                                        rencia y hostilidad.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 20 de agosto de 1998 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas             Ð Violación del derecho de defensa, en la medida en que
formulado por «G», representada por Me Anne Krywin,                     la demandante, que fue oída en dos ocasiones durante
Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en                      la investigación administrativa relativa a los hechos
Luxemburgo el bufete de Me AndreÂ Lutgen, 1, rue Jean-                  que se estaÂn examinando, nunca tuvo acceso al expe-
Pierre Brasseur.                                                        diente resultante de dicha investigación. AdemaÂs, niega
                                                                        que esta uÂltima se llevara a cabo con un grado sufi-
                                                                        ciente de objetividad e imparcialidad.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
tancia que:                                                        (1) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40.
                                                                   (2) DO L 157 de 27.6.1990, p. 3.
                                                                   (3) DO L 49 de 24.2.1992, p. 1.
Ð Anule la decisión presunta de desestimación de la
     reclamación no R/18/98 interpuesta el 21 de enero de
     1998 por la demandante.