title: Asunto C-332/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie (Bélgica) el 30 de junio de 2011 — Pro Rail NV/Xpedys NV y otros

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/31

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie (Bélgica) el 30 de junio de 2011 — Pro Rail NV/Xpedys NV y otros
   (Asunto C-332/11)
   2011/C 269/59
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hof van Cassatie

      Partes en el procedimiento principal

   Recurrente: Pro Rail NV
   Recurridas:

               Xpedys NV

               FAG Kugelfischer GMBH

               DB Schenker Rail Nederland NV

               Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

      Cuestión prejudicial

   ¿Deben interpretarse los artículos 1 y 17 del Reglamento (CE) no 1206/2001 (1) del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, teniendo en cuenta, en particular, la normativa comunitaria en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el principio consagrado en el artículo 33, apartado 1, del Reglamento no 44/2001, (2) según el cual las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno, en el sentido de que el juez que ordena una investigación pericial judicial, cuyo mandato debe ejecutarse parcialmente en el territorio del Estado miembro al que pertenece el juez, pero también parcialmente en otro Estado miembro, debe utilizar, para la ejecución directa de esta última parte, única y exclusivamente el método establecido en el artículo 17 del citado Reglamento, o puede también encomendarse al perito judicial designado por dicho país, al margen del Reglamento no 1206/2001, una investigación que debe realizarse parcialmente en otro Estado miembro de la Unión Europea?

      (1)  DO L 174, p. 1.

      (2)  Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).


title: Asunto T-133/02: Recurso interpuesto el 18 de abril de 2002 por Pravir Kumar Chawdhry contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 156/36                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       29.6.2002
Recurso interpuesto el 18 de abril de 2002 por Pravir                     En apoyo de su recurso, el demandante invoca:
Kumar Chawdhry contra la Comisión de las Comunidades
                               Europeas                                   —     La vulneración del artı́culo 31, apartado 2, del Estatuto.
                          (Asunto T-133/02)                               —     La vulneración del artı́culo 32 del Estatuto.
                                                                          —     La violación del principio de no discriminación.
                           (2002/C 156/66)
                                                                          —     La vulneración del deber de asistencia y protección.
                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          —     La infracción de las normas relativas a la libre circulación
                                                                                de los trabajadores.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    —     La violación de la obligación de motivación.
Europeas se ha presentado el 18 de abril de 2002 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por el Sr. Pravir Kumar Chawdhry, con domicilio en Sangiano
(Italia), representado por Mes Georges Vandersanden y Laure
Levi, abogados.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia             Recurso interpuesto el 25 de abril de 2002 por Miguel
que:                                                                      Tejada Fernández contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
—      Anule la decisión adoptada por la Autoridad Facultada
       para Proceder a la Contratación (AFPC), de 2 de mayo de
       2001, por la que se clasifica al demandante en el                                         (Asunto T-134/02)
       grado A 6, escalón 3, y, en la medida en que sea necesario,
       anule la decisión de 14 de diciembre de 2001, notificada                                   (2002/C 156/67)
       el 8 de enero de 2002, por la que se desestima la
       reclamación del demandante.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
—      Condene a la demandada al pago del saldo de la
       retribución que consiste en la diferencia entre la retribu-
       ción correspondiente a una clasificación en el grado A 6,
       escalón 3, y la retribución correspondiente a una clasifica-     En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       ción en un grado superior, aumentando dicho importe               Europeas se ha presentado el 25 de abril de 2002 un recurso
       con intereses de demora del 5,75 % anual a partir del 1 de         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
       abril de 2001.                                                     por el Sr. Miguel Tejada Fernández, con domicilio en Woluwé-
                                                                          St-Etienne (Bélgica), representado por el Sr. Lucas Vogel,
                                                                          abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
—      Condene a la demandada al pago de una indemnización
       de daños y perjuicios evaluados, ex aequo et bono, con
       carácter provisional, en 1 euro.
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                          que:
—      Condene en costas a la demandada.
                                                                          —     Anule la decisión adoptada por la autoridad facultada
                                                                                para proceder a los nombramientos (AFPN) el 10 de
                                                                                enero de 2002, notificada al demandante el 15 de
Motivos y principales alegaciones                                               enero de 2002, por la que se desestimó la reclamación
                                                                                presentada por el demandante el 3 de octubre de 2001
                                                                                en la que se solicitaba la anulación de la decisión que le
El demandante, agente temporal de la Comisión, impugna la                      deniega la promoción al grado B 2 para el ejercicio de
decisión de la AFPC de clasificarlo en el grado A 6, escalón 3.               promoción de 2002, ası́ como la propuesta para dicha
                                                                                promoción.
El demandante alega que la AFPC estaba obligada a proceder a              —     Anule, en la medida en que sea necesario, la decisión por
una apreciación concreta de la aplicación al demandante del                   la que se deniega al demandante la promoción al grado B 2
artı́culo 31, apartado 2, del Estatuto, y que dicha apreciación                para el ejercicio de promoción de 2001, ası́ como la
debı́a conducir a la aplicación efectiva de la citada disposición             propuesta para dicha promoción.
en beneficio del demandante, o sea su clasificación en el
grado A 5.                                                                —     Condene en costas a la parte demandada.


title: Asunto T-462/08: Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2008 — Winzer Pharma/OAMI — Alcon (OFTAL CUSI)

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/38

         Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2008 — Winzer Pharma/OAMI — Alcon (OFTAL CUSI)
   (Asunto T-462/08)
   (2008/C 327/67)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán
   Partes

      Demandante: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlín, Alemania) (representante: S. Schneller, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Alcon, Inc. (Hünenberg, Suiza)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, de 17 de julio de 2008 (R 1471/2007-1) y la resolución de la División de Oposición de la OAMI, de 16 de julio de 2007 (B 809.899).

               —

               Que se deniegue el registro de la marca no 003679181 «Ophtal Cusi».

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Alcon Cusì, S.A. (posteriormente, Alcon, Inc.).

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «OFTAL CUSI» para productos de la clase 5.

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante.

      Marca o signo invocados en oposición:«Ophtal» (no 489.948) para productos de la clase 5.

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 (1), habida cuenta de que existe riesgo de confusión por la similitud de las marcas controvertidas.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto C-451/01: Recurso interpuesto el 21 de noviembre de 2001 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Helénica

text:
C 17/10                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      19.1.2002
La República Helénica no niega que debı́a adoptar disposicio-          La República Helénica no niega que debı́a adoptar disposicio-
nes para dar cumplimiento a la mencionada Directiva.                    nes para dar cumplimiento a la mencionada Directiva.
La Comisión alega que, hasta el presente, la República Helénica       La Comisión alega que, hasta el presente, la República Helénica
no ha adoptado las medidas apropiadas para adaptar plena-               no ha adoptado las medidas apropiadas para adaptar plena-
mente el Derecho griego a la Directiva.                                 mente el Derecho griego a la Directiva.
(1) DO L 50 de 26.2.1999, p. 26.                                        (1) DO L 209 de 7.8.1999, p. 22.
Recurso interpuesto el 21 de noviembre de 2001 por la                   Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2001 por la
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-                  Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
                           blica Helénica                                                          blica Helénica
                       (Asunto C-451/01)                                                       (Asunto C-453/01)
                          (2002/C 17/16)                                                          (2002/C 17/17)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 21 de noviembre de 2001 un recurso contra                 presentado el 22 de noviembre de 2001 un recurso contra
la República Helénica, formulado por la Comisión de las               la República Helénica, formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Kon-               Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Kon-
dou-Durande, consejera jurı́dica.                                       dou-Durande, consejera jurı́dica.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:                      La Comisión solı́cita al Tribunal de Justicia que:
—    Declare que la República Helénica ha incumplido las               —    Declare que la República Helénica ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, y                obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, y
     de la Directiva 1999/78/CE (1) de la Comisión, de 27 de                de la Directiva 1998/58/CE (1) de la Comisión, de 20 de
     julio de 1999, por la que se modifica la Directiva                      julio de 1998, relativa a la protección de los animales en
     95/10/CE, al no haber adoptado, dentro del plazo                        las explotaciones ganaderas, al no haber adoptado, dentro
     señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y admi-            del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamenta-
     nistrativas necesarias para dar pleno cumplimiento a                    rias y administrativas necesarias para dar pleno cumpli-
     dicha Directiva.                                                        miento a dicha Directiva.
—    Condene en costas a la República Helénica.                        —    Condene en costas a la República Helénica.
Motivos y principales alegaciones                                       Motivos y principales alegaciones
En virtud del artı́culo 249, párrafo tercero, del Tratado              En virtud del artı́culo 249, párrafo tercero, del Tratado
constitutivo de las Comunidades Europeas, la directiva obligará        constitutivo de las Comunidades Europeas, la directiva obligará
al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que               al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que
deba conseguirse.                                                       deba conseguirse.
En virtud del articulo 10, párrafo primero, del Tratado, los           En virtud del artı́culo 10, párrafo primero, del Tratado, los
Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o               Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o
particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las            particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Tratado o resultantes de los actos           obligaciones derivadas del Tratado o resultantes de los actos
de las instituciones de la Comunidad.                                   de las instituciones de la Comunidad.


title: Asunto F-44/12: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 4 de mayo de 2016 — Maes y Strojwas/Comisión (Función pública — Funcionarios — Agentes contractuales — Pensiones — Artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto — Derechos a pensión adquiridos, antes de la entrada al servicio de la Unión, en virtud de un régimen nacional de pensiones — Transferencia al régimen de pensiones de la Unión — Propuesta de bonificación de anualidades, hecha por la AFPN o por la AFCC, basada en nuevas disposiciones generales de aplicación — Excepción de inadmisibilidad — Concepto de acto lesivo — Artículo 83 del Reglamento de Procedimiento)

text:
               20.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 222/43

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 4 de mayo de 2016 — Maes y Strojwas/Comisión
   (Asunto F-44/12) (1)

   ((Función pública - Funcionarios - Agentes contractuales - Pensiones - Artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto - Derechos a pensión adquiridos, antes de la entrada al servicio de la Unión, en virtud de un régimen nacional de pensiones - Transferencia al régimen de pensiones de la Unión - Propuesta de bonificación de anualidades, hecha por la AFPN o por la AFCC, basada en nuevas disposiciones generales de aplicación - Excepción de inadmisibilidad - Concepto de acto lesivo - Artículo 83 del Reglamento de Procedimiento))
   (2016/C 222/55)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Olivier Maes (Bangkok, Tailandia) y Michal Strojwas (Bruselas, Bélgica) (representantes: inicialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal y S. Orlandi, abogados, posteriormente D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis y S. Orlandi, abogados, y finalmente, J.-N. Louis, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente D. Martin y J. Baquero Cruz, agentes, posteriormente J. Currall y G. Gattinara, agentes, posteriormente G. Gattinara, agente, y finalmente, G. Gattinara y F. Simonetti, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de las propuestas de transferencia de los derechos a pensión adquiridos, antes de la entrada al servicio de la Comisión, sobre la base de un cálculo que tiene en cuenta las nuevas DGA que entraron en vigor tras las solicitudes de transferencia de las partes demandantes.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Los Sres. Olivier Maes y Michal Strojwas cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 184 de 23.6.2012, p. 25.


title: Auto del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2002 en el asunto C-344/00 P: Michel Hendrickx contra Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) ("Recurso de casación — Funcionarios — No renovación de un contrato de agente temporal — Rechazo de la candidatura — Admisibilidad — Competencia — Legalidad de la convocatoria para proveer plaza vacante")

text:
13.7.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 169/13
1)    Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le           1.    Se desestima el recurso de casación.
      incumben en virtud de la Directiva 98/8/CE del Parlamento
      Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la       2.    Cada parte cargará con sus propias costas.
      comercialización de biocidas, al no haber adoptado en el
      plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y
      administrativas necesarias para dar cumplimiento a la misma.         (1) DO C 355 de 25.11.2000.
2)    Condenar en costas a Irlanda.
(1) DO C 317 de 10.11.2001.
                                                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Cuarta)
             AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 2 de mayo de 2002
                     de 13 de marzo de 2002
                                                                           en el asunto C-43/01 P: Sandro Cognini contra Comisión
                                                                                de las Comunidades Europeas (1)
en el asunto C-344/00 P: Michel Hendrickx contra Centro
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
                             (Cedefop) (1)                                 (Recurso de casación — Funcionarios — Recurso manifiesta-
                                                                                mente infundado)
(«Recurso de casación — Funcionarios — No renovación de
un contrato de agente temporal — Rechazo de la candidatura                                            (2002/C 169/23)
— Admisibilidad — Competencia — Legalidad de la convo-
              catoria para proveer plaza vacante»)                                          (Lengua de procedimiento: italiano)
                           (2002/C 169/22)                                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                  (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la    En el asunto C-43/01 P, Sandro Cognini, con domicilio en
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)        Amandola (Italia), representado el Sr. W. Massucci, que tiene
                                                                           por objeto un recurso de casación interpuesto contra el auto
                                                                           del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
                                                                           (Sala Primera) de 30 de noviembre de 2000, Cognini/Comisión
En el asunto C-344/00 P, Michel Hendrickx, funcionario del                 (T-314/00, aún no publicado en la Recopilación), por el que
Consejo de la Unión Europea, con domicilio en Bruselas                    se solicita que se anule dicho auto, en el que la otra parte del
(Bélgica), representado por Mes J.-N. Louis y V. Peere, que tiene          procedimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas
por objeto un recurso de casación interpuesto contra la                   (agente: Sr. J. Curral, asistido por el Sr. A. Dal Ferro), el
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las              Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por los Sres.:
Comunidades Europeas (Sala Quinta), el 13 de julio de 2000,                S. von Bahr (Ponente), Presidente de Sala; D.A.O. Edward y
en el asunto T-87/99, promovido por el Sr. Hendrickx contra                A. La Pergola, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario:
el Cedefop (Rec. FP, p. I-A-147 y II-679), en el que se solicita           Sr. R. Grass, ha dictado el 2 de mayo de 2002 un auto cuyo
que se anule parcialmente dicha sentencia, y en el que la otra             fallo es el siguiente:
parte en el procedimiento es el Centro Europeo para el
desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) (agente:
Me B. Wägenbaur), el Tribunal de Justicia de las Comunidades               1)    Se desestima el recurso de casación.
Europeas, integrado por el Sr.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presi-
dente, el Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken y N. Colneric (ponente)         2)    Se condena en costas al Sr. Cognini.
y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, y los Sres. C- Gulmann,
D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet,
R. Schintgen, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues, C.W.A. Tim-                (1) DO C 95 de 24.3.2001.
mermans y A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano;
Secretario: Sr. Grass; ha dictado el 13 de marzo de 2002 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto T-785/14: Sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2016 — El Corte Inglés/OAMI — STD Tekstil (MOTORTOWN) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa MOTORTOWN — Marca internacional figurativa anterior M MOTOR — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               2.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/36

         Sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2016 — El Corte Inglés/OAMI — STD Tekstil (MOTORTOWN)
   (Asunto T-785/14) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa MOTORTOWN - Marca internacional figurativa anterior M MOTOR - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2016/C 156/47)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: El Corte Inglés, S.A. (Madrid) (representantes: J.L. Rivas Zurdo y M. Toro Gordillo, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: V. Melgar, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: STD Tekstil Limited Sirketi (Estambul, Turquía)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 8 de septiembre de 2014 (asunto R 1960/2013-2) relativa a un procedimiento de oposición sustanciado entre STD Tekstil Limited Sirketi y El Corte Inglés, S.A.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a El Corte Inglés, S.A.

      (1)  DO C 34 de 2.2.2015.


title: Asunto C-561/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 5 de diciembre de 2014 — Caner Genc/Udlændingenævnet

text:
               23.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/24

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 5 de diciembre de 2014 — Caner Genc/Udlændingenævnet
   (Asunto C-561/14)
   (2015/C 065/34)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Østre Landsret

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Caner Genc

      Demandada: Udlændingenævnet

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse la cláusula de «standstill» contenida en el artículo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adjunta al Acuerdo de 12 de septiembre de 1963 entre la Comunidad Económica Europea y Turquía por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, y/o la cláusula de «standstill» contenida en el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional de 23 de noviembre de 1970, confirmado por el Reglamento (CEE) no 2760/72 (1) del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, en el sentido de que los requisitos nuevos y más estrictos para el acceso a la reagrupación familiar de miembros de la familia que no ejercen una actividad económica, incluidos los hijos menores de edad de nacionales turcos que ejercen una actividad económica y que residen y tienen un permiso de residencia en un Estado miembro, están comprendidos en el requisito de «standstill» habida cuenta de:

                           —

                           la interpretación de las cláusulas de «standstill» realizada por el Tribunal de Justicia, en particular en sus sentencias Derin (EU:C:2007:442), Dülger (EU:C:2012:504), Ziebell (EU:C:2011:809) (Gran Sala) y Demirkan (EU:C:2013:583) (Gran Sala),

                           —

                           el objetivo y el contenido del Acuerdo de Ankara, tal como ha sido interpretado en particular en las sentencias Ziebell y Demirkan, y habida cuenta de que:

                                       —

                                       el Acuerdo y los protocolos, decisiones, etc. adjuntos al mismo no contienen disposiciones en materia de reagrupación familiar, y

                                       —

                                       la reagrupación familiar dentro de la Comunidad en aquel tiempo y la actual Unión Europea siempre ha estado regulada por el Derecho secundario, y en la actualidad por la Directiva sobre libre circulación (Directiva 2004/38/CE (2))?

               2)

               A la hora de responder a la cuestión 1, se solicita al Tribunal de Justicia que indique si cualquier derecho derivado a la reagrupación familiar de miembros de la familia de nacionales turcos que ejercen una actividad económica y que residen y tienen un permiso de residencia en un Estado miembro se aplica a los miembros de la familia de trabajadores turcos en virtud del artículo 13 de la Decisión no 1/80, o bien se aplica únicamente a miembros de la familia de trabajadores turcos por cuenta propia en virtud del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional.

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1 en relación con la cuestión 2, se solicita al Tribunal de Justicia que señale si la cláusula de «standstill» contenida en el artículo 13, apartado 1, de la Decisión no 1/80 debe interpretarse en el sentido de que son lícitas las nuevas restricciones, que estén «justificadas por una razón imperiosa de interés general, sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo» (más allá de lo establecido en el artículo 14 de la Decisión no 1/80).

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3, se solicita al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones siguientes:

                           a)

                           ¿Qué directrices deben utilizarse para realizar el examen de la restricción y la apreciación de la proporcionalidad? Se solicita al Tribunal de Justicia, entre otras cosas, que señale si deben seguirse los mismos principios establecidos en la jurisprudencia en materia de reagrupación familiar en relación con la libre circulación de ciudadanos de la Unión, que están basados en la Directiva sobre libre circulación (Directiva 2004/38) y las disposiciones del Tratado, o bien debe realizarse otra apreciación?

                           b)

                           Si debe realizarse una apreciación distinta de la que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de reagrupación familiar en relación con la libre circulación de ciudadanos de la Unión, se pide al Tribunal de Justicia que señale si la apreciación de la proporcionalidad realizada en relación con el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo al respeto a la vida familiar, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha de adoptarse como punto de referencia y, de no ser así, qué principios deben seguirse.

                           c)

                           Con independencia de qué método de apreciación deba aplicarse:
                           ¿Puede considerarse que una norma como la establecida en el artículo 9, apartado 13, de la Udlændingeloven (Ley danesa de extranjería), en virtud de la cual se establece como requisito para la reagrupación familiar entre una persona que es nacional de un tercer país y tiene permiso de residencia y reside en Dinamarca, y su hijo menor de edad, si dicho hijo y el otro progenitor del mismo residen en el país de origen o bien en otro país, que el hijo tenga o pueda establecer vínculos con Dinamarca que le permitan una integración satisfactoria en Dinamarca, está «justificada por una razón imperiosa de interés general, es adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo»?

      (1)  Reglamento (CEE) no 2760/72, de 19 de diciembre de 1972, por el que se celebra el Protocolo Adicional así como el Protocolo Financiero, firmados el 23 de noviembre de 1970, anejos al Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía y relativo a las medidas que deben adoptarse para su entrada en vigor (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213).

      (2)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77).


title: Asunto T-49/17: Recurso interpuesto el 27 de enero de 2017 — España/Comisión

text:
               27.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/19

         Recurso interpuesto el 27 de enero de 2017 — España/Comisión
   (Asunto T-49/17)
   (2017/C 095/29)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Reino de España (representante: V. Ester Casas, agente)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule parcialmente la Decisión de 15 de noviembre de 2016 (2016/2018/UE), en la que ha excluido de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por varios Estados miembros, entre ellos el reino de España, con cargo al FEAGA y al FEADER, en la medida en que:

                           1.

                           En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía excluye de financiación comunitaria 1 356 144,90 euros con respecto al FEAGA (ejercicio financiero 2012).

                           2.

                           En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Cataluña, excluye de la financiación comunitaria 2 191 585 euros, con respecto al FEAGA (ejercicios financieros de 2009 a 2012).

                           3.

                           En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, excluye de financiación comunitaria 9 638 473,73 euros con respecto al FEAGA, y de 433 138,10 con respecto al FEADER (ejercicios financieros 2012 a 2013).

                           4.

                           La cantidad total objeto del presente recurso de anulación es de 13 619 341,73 euros.

               —

               Condene en costas a la institución demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguientes motivos.

               1.

               Motivos de impugnación que se refieren a la corrección financiera impuesta a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

                           —

                           La parte demandada alega a este respecto la infracción del artículo 3, apartado 6, del reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento (CE) no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común (DO 2006 L 58, p. 42), al haber declarado la Comisión que las entidades ACRES y Unión Rural no son productores.

               2.

               Motivos de impugnación respecto de la corrección financiera impuesta a la Comunidad Autónoma de Cataluña. La parte demandante alega a este respecto que:

                           —

                           La corrección financiera única por deficiencias en la admisibilidad de los gastos por importe de 122 112,95 (controles relacionados con los programas operativos: inversiones en la OP «A») es contraria a Derecho, por haber infringido la Comisión los artículos 105 y 106 del Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (DO 2007 L 350, p. 1), en relación con los artículos 55, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1182/2007 del Consejo, de 26 de septiembre de 2007, por el que se establecen disposiciones específicas con respecto al sector de las frutas y hortalizas, se modifican las Directivas 2001/112/CE y 2001/113/CE y los Reglamentos (CEE) no 827/68, (CE) no 220/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 y (CE) no 318/2006 y se deroga el Reglamento (CE) no 2201/96 (DO 2007 L 273, p. 1), y el artículo 52, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 (DO 2013 L 347, p. 549), dado que las autoridades nacionales han realizado adecuadamente los controles a que hacen referencia los expresados preceptos, habiéndose respetado los requisitos exigidos por la normativa aplicable y, en todo caso, la ausencia de riesgo para el fondo.

                           —

                           La corrección a tanto alzado del 5 %, por importe de 2 191 585 euros (punto: «Deficiencias en la aprobación de los programas y la autorización de los gastos, Comunidad Autónoma de Cataluña»), es contraria a Derecho por haber infringido la Comisión el artículo 52, apartados 1 y 2, del Reglamento no 1306/2013, en relación con los artículos 103, 105, apartado 2, d), 106, 107, apartado 1, c) a e), 108, apartado 1,b) y 109, apartado 1,a) a c) del Reglamento no 1580/2007, por cuanto las autoridades españolas han acreditado el cumplimiento de la normativa invocada y, en todo caso, la ausencia de riesgo para el fondo.

                           —

                           Con carácter subsidiario se alega la vulneración del principio de proporcionalidad por infracción del artículo 52, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1306/2013, en relación con el Documento VI/5330/97, por el que se adoptan las Directrices para el cálculo de las repercusiones financieras al preparar la decisión de liquidación de cuentas de la sección de garantía del FEOGA.

               3.

               Motivos de impugnación que se refieren a la corrección financiera impuesta a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La parte demandante alega a este respecto que:

                           —

                           La corrección impuesta a tanto alzado en porcentaje del 5 % por un importe de 10 071 661,83 euros y el método de cálculo empleados, son contrarios al artículo 31, apartado 2, del reglamento (CE) no 1290/2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO 2005 L 209, p. 1) y a las Directrices del Documento de la Comisión VI/5530/97 y AGHRI-2005-64043.

                           —

                           Subsidiariamente, la corrección a tanto alzado impuesta por la Comisión es desproporcionada, al infringir el artículo 31, apartado 2, del reglamento (CE) no 1290/2005, en relación con el Documento VI/5330/97.


title: Asunto T-61/13: Sentencia del Tribunal General de 21 de mayo de 2014 — Melt Water/OAMI (NUEVA) [ «Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria gráfica NUEVA — Artículo 60 del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Incumplimiento de la obligación de pago de la tasa de recurso dentro de plazo — Ambigüedad en una versión lingüística — Interpretación uniforme — Caso fortuito o de fuerza mayor — Error excusable — Obligación de vigilancia y de diligencia» ]

text:
               7.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/29

         Sentencia del Tribunal General de 21 de mayo de 2014 — Melt Water/OAMI (NUEVA)
   (Asunto T-61/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria gráfica NUEVA - Artículo 60 del Reglamento (CE) no 207/2009 - Incumplimiento de la obligación de pago de la tasa de recurso dentro de plazo - Ambigüedad en una versión lingüística - Interpretación uniforme - Caso fortuito o de fuerza mayor - Error excusable - Obligación de vigilancia y de diligencia»])
   2014/C 212/35
   Lengua de procedimiento: lituano

      Partes

      Demandante: Research and Production Company «Melt Water» UAB (Klaipėda, Lituania) (representantes: V. Viešūnaitė y J. Stucka, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: V. Melgar y J. Ivanauskas, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 3 de diciembre de 2012 (asunto R 1794/2012-4), relativa a una solicitud de registro del signo gráfico NUEVA como marca comunitaria.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) cargará con sus propias costas y con las causadas por Research and Production Company «Melt Water» UAB.

      (1)  DO C 108, de 13.4.2013.


title: Asunto T-407/16: Auto del Tribunal General de 18 de enero de 2017 — Banco Popular Español/EUIPO — Pledgeling (p) («Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Retirada de la solicitud de registro — Sobreseimiento»)

text:
               22.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/30

         Auto del Tribunal General de 18 de enero de 2017 — Banco Popular Español/EUIPO — Pledgeling (p)
   (Asunto T-407/16) (1)

   ((«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Retirada de la solicitud de registro - Sobreseimiento»))
   (2017/C 161/42)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Banco Popular Español, S.A. (Madrid) (representante: M. de Justo Bailey, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: D. Botis, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Pledgeling LLC (Houston, Texas, Estados Unidos)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de abril de 2016 (asunto R 1693/2015-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Banco Popular Español, S.A., y Pledgeling LLC.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Banco Popular Español, S.A.

      (1)  DO C 343 de 19.9.2016.


title: Asunto T-385/10: Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 2010 — ArcelorMittal Wire France y otros/Comisión

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/43

         Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 2010 — ArcelorMittal Wire France y otros/Comisión
   (Asunto T-385/10)
   ()
   2010/C 301/70
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: ArcelorMittal Wire France (Bourg-en-Bresse, Francia), ArcelorMittal Fontaine (Fontaine-L’Evêque, Bélgica), ArcelorMittal Verderio Srl (Verderio Inferiore, Italia) (representantes: H. Calvet, O. Billard y M. Pittie, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Con carácter principal, que se anule la Decisión adoptada por la Comisión el 30 de junio de 2010 en el asunto COMP/38.344 — Acero para pretensado, en la medida en que: (1) en su artículo 1, condena a AMWF, AM Fontaine y AM Verderio por haber infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en un acuerdo y/o práctica concertada continuados en el sector del acero para pretensado, del 1 de enero de 1984 al 19 de septiembre de 2002, del 20 de diciembre de 1984 al 19 de septiembre de 2002 y del 3 de abril de 1995 al 19 de septiembre de 2002, respectivamente; (2) les impone en consecuencia, en su artículo 2, unas multas que ascienden a 276,48 millones de euros en lo que respecta a AMWF, de los cuales 268,8 millones de euros mancomunada y solidariamente con AM Fontaine, y de los cuales 72 millones de euros mancomunada y solidariamente con AM Verderio; (3) les conmina, en su artículo 3, a poner fin inmediatamente a dicha infracción, el caso de que aún no lo hubieran hecho, y a abstenerse de repetir cualquier acto o conducta de los descritos en (1) y de cualquier acto o conducta que tengan un objeto o efecto igual o equivalente; y (4) en su artículo 4, las incluye entre los destinatarios de dicha Decisión.

               —

               Con carácter subsidiario, que el Tribunal General, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, modifique dicha Decisión reduciendo de manera muy sustancial los importes de las multas impuestas a cada una de las demandantes, indicados en su artículo 2.

               —

               En cualquier caso, que se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas de procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Con carácter principal, las demandantes solicitan la anulación de la Decisión C(2010) 4387 final de la Comisión, de 30 de junio de 2010, relativa a un procedimiento conforme al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 53 del Acuerdo EEE (COMP/38.344 — Acero para pretensado), que concierne a una práctica colusoria en el mercado europeo del acero para pretensado que tenía por objeto la fijación de precios, el reparto del mercado y el intercambio de información comercial sensible.
   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan un cierto número de motivos, en los que alegan:

               —

               Una violación de un derecho fundamental de las demandantes, el derecho a un juez imparcial, y una infracción del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea por haber desempeñado la Comisión tanto las funciones de instrucción como las de enjuiciamiento.

               —

               Una infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 (1) y una violación de los principios de personalidad de las penas, de proporcionalidad y de igualdad de trato por haber impuesto la Comisión a las demandantes unas multas cuyo importe sobrepasaba manifiestamente el límite legal del 10 % del volumen de negocios total realizado por ellas durante el ejercicio social anterior.

               —

               Una insuficiencia de pruebas que demuestren la existencia de una infracción de los artículos 101 TFUE y 53 EEE en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1984 y noviembre de 1992 o, como mínimo, una falta de motivación al respecto.

               —

               Una falta de motivación y una infracción de las Directrices para el cálculo de las multas, (2) así como de los principios de confianza legítima y de buena administración, por adolecer la Decisión impugnada de lagunas que hacen incomprensible el método de cálculo del importe de las multas seguido por la Comisión.

               —

               Una falta de motivación y unos errores manifiestos de Derecho y de hecho en lo que respecta a la decisión de incrementar el importe de las multas impuestas a AMWF y AM Fontaine en un 60 % por reincidencia.

               —

               Una insuficiencia de motivación y una infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003, así como una violación de los principios de igualdad y de proporcionalidad, en lo que respecta a la decisión de incrementar el importe de las multas en un 20 % en atención al efecto disuasorio únicamente en el caso de las demandantes, a pesar de que otros participantes en la práctica colusoria se encontraban en una situación idéntica.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).

      (2)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2).


title: Asunto T-4/13 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 11 de marzo de 2013 — Communicaid Group/Comisión ( «Procedimiento sobre medidas provisionales — Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Servicios de formación lingüística — Desestimación de la oferta de un licitador — Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales — Pérdida de oportunidad — Inexistencia de perjuicio grave e irreparable — Inexistencia de urgencia» )

text:
               18.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 141/19

         Auto del Presidente del Tribunal General de 11 de marzo de 2013 — Communicaid Group/Comisión
   (Asunto T-4/13 R)
   (Procedimiento sobre medidas provisionales - Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación - Servicios de formación lingüística - Desestimación de la oferta de un licitador - Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales - Pérdida de oportunidad - Inexistencia de perjuicio grave e irreparable - Inexistencia de urgencia)
   2013/C 141/34
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Communicaid Group (Londres, Reino Unido) (representantes: C. Brennan, Solicitor, F. Randolph, QC, y M. Gray, Barrister)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: S. Delaude y S. Lejeune, agentes, asistidos por P. Wytinck, abogado)

      Objeto

   Demanda en la que se solicita, por una parte, que se suspenda la ejecución de las decisiones de la Comisión por las que se desestiman las ofertas presentadas por la demandante para varios lotes en el marco de una licitación relativa a contratos marco sobre la prestación de formación lingüística para el personal de las instituciones, los órganos y agencias de la Unión Europea establecidos en Bruselas (Bélgica) y, por otra parte, que se prohíba a la Comisión celebrar con el licitador seleccionado los contratos relativos a los lotes de que se trata.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto T-573/12: Auto del Tribunal General de 12 de junio de 2015 — Matrix Energetics International/OAMI (MATRIX ENERGETICS)

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/60

         Auto del Tribunal General de 12 de junio de 2015 — Matrix Energetics International/OAMI (MATRIX ENERGETICS)
   (Asunto T-573/12) (1)

   (2015/C 311/65)
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 63, de 2.3.2013.


title: Asunto T-482/11: Recurso interpuesto el 5 de septiembre de 2011 — Agrucon y otros/Comisión

text:
               29.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/26

         Recurso interpuesto el 5 de septiembre de 2011 — Agrucon y otros/Comisión
   (Asunto T-482/11)
   2011/C 319/54
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) (Madrid), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) (Milán, Italia), Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (Nápoles, Italia), Campil-Agro-Industrial do Campo do Tejo, Lda (Cartaxo, Portugal), Evropaïka Trofima AE (Larissa, Grecia), FIT — Fomento da Indústria do Tomate, SA (Águas de Moura, Portugal), Konservopoiïa Oporokipeftikon Filippos AE (Veria, Grecia), Panellinia Enosi Konsepvopoion (Atenas), Elliniki Etairia Konservon AE («KYKNOS») (Nafplio, Grecia), Anonymos Viomichaniki Etaireia Konservon D. Nomikos (Marousi, Grecia), Italagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA (Castanheira do Ribatejo, Portugal), Kopais Anonymi Viomichaniki Kai Emporiki Etairia Trofimon & Poton (Kopais ABEE) (Maroussi, Grecia), Serraïki Konservopoiïa Oporokipeftikon Serko AE (Serres, Grecia), Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol, SA (Mora, Portugal), Sugalidal — Indústrias de Alimentação, SA (Benavente, Portugal), Sutol — Indústrias Alimentares, Lda (Alcácer do Sal, Portugal), Zanae Zýmai Artopoiías Níkoglou AE Viomichanía Empório Trofímon (Salónica, Grecia) (representantes: J. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins y S. Carvalho de Sousa, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule las disposiciones de los artículos 50, apartado 3, y 60, apartado 7, del Reglamento no 543/2011 de la Comisión. (1)

               —

               Resuelva acumular el presente asunto al asunto T-454/10 a efectos de la fase oral y de la sentencia o, al menos, a efectos de la fase oral.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan tres motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la circunstancia de que el Reglamento no 543/2011 de la Comisión infringe lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO L 299, p. 1), en la medida en que:

                           —

                           establece de forma contraria a Derecho que las inversiones y acciones relacionadas con la transformación de frutas y hortalizas en frutas y hortalizas transformadas pueden tener derecho a la ayuda, e

                           —

                           incluye de forma contraria a Derecho las llamadas actividades no «auténticamente relacionadas con la transformación» (las cuales parecen comprender la preparación y la actividad posterior a la auténtica transformación) en el valor de la producción comercializada de los productos destinados a la transformación, ya que el Reglamento único para las OCM establece que las disposiciones referentes a organizaciones de productores, concretamente en relación con la concesión de ayudas, únicamente resultan de aplicación a los productos comprendidos en la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas.

               2)

               Segundo motivo, basado en la circunstancia de que, al conceder a las organizaciones de productores ayudas que cubren operaciones industriales relacionadas con frutas y hortalizas destinadas a la transformación, también llevadas a cabo por industrias privadas, el Reglamento no 543/2011 de la Comisión vulnera el principio de no discriminación que prohíbe deparar un trato diferente a situaciones comparables salvo cuando dicho trato esté objetivamente justificado.

               3)

               Tercer motivo, basado en la circunstancia de que, al conceder a las organizaciones de productores ayudas que cubren operaciones industriales relacionadas con frutas y hortalizas destinadas a la transformación, también llevadas a cabo por industrias privadas, el Reglamento no 543/2011 de la Comisión vulnera el principio de proporcionalidad en la medida en que va más allá de lo necesario para alcanzar un supuesto objetivo de la Política Agrícola Común relativo a la integración vertical de organizaciones de productores.

      (1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (DO L 157, p. 1).


title: Asunto C-271/15 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de junio de 2015 por Sea Handling SpA, en liquidación, anteriormente Sea Handling SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 25 de marzo de 2015 en el asunto T-456/13, Sea Handling/Comisión

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/17

         Recurso de casación interpuesto el 8 de junio de 2015 por Sea Handling SpA, en liquidación, anteriormente Sea Handling SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 25 de marzo de 2015 en el asunto T-456/13, Sea Handling/Comisión
   (Asunto C-271/15 P)
   (2015/C 311/22)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Sea Handling SpA, en liquidación, anteriormente Sea Handling SpA (representantes: B. Nascimbene y M. Merola, avvocati)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea dictada el 25 de marzo de 2015 en el asunto T-456/13.

               —

               Que se anule la Decisión Ref. Ares (2013) 2028929, de la Comisión Europea, de 12 de junio de 2013, que desestima la solicitud de SEA Handling de acceder a algunos documentos relativos al procedimiento SA.21420 — Italia/SEA Handling.

               —

               Que se condene a la Comisión Europea al pago de las costas, incluidas las relativas al procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               Primer motivo: Error de Derecho, motivación contradictoria e insuficiente de la sentencia recurrida, en la valoración de la excepción relativa a la tutela de los objetivos de las actividades de investigación prevista en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento no 1049/2001 (1).
               El Tribunal General incurrió en error de Derecho en la parte en que considera legal el recurso de parte de la Comisión a la presunción general de secreto frente a una solicitud de acceso dirigida a documentos específicos. La interpretación que da el Tribunal General de la excepción relativa a la tutela de los objetivos de las actividades de investigación prevista en el artículo 4, apartado 2, guion tercero, del Reglamento no 1049/2001 introduce una restricción al derecho de acceso a los documentos a) desproporcionada respecto de los fines perseguidos por el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001 y b) no adecuadamente motivada.
               Por lo que respecta a la primera imputación, la recurrente sostiene que el Tribunal General no puede permitir a la Comisión oponer la presunción general a una solicitud de acceso a los documentos de un procedimiento en materia de ayuda de Estado que identifica de modo puntual y precisa los documentos solicitados. Y ello máxime cuando, en un contexto como el que nos ocupa, en el que hay que lamentar vulneraciones de procedimiento imputables a la Comisión, una mera acción termina por convertir la presunción general de secreto en una presunción absoluta, que no puede revertir el sujeto que solicita el acceso a los documentos, en vulneración de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001.
               Por lo que atañe a la segunda imputación, la recurrente sostiene que la sentencia recurrida no motivó adecuadamente las razones por las que el Tribunal General considera que se puede aplicar el principio de Derecho sancionado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, en el asunto C-139/07 P, EU:C:2010:376, a supuestos caracterizados por una solicitud de acceso no a la totalidad del expediente sino a documentos concretos identificados.

               2.

               Segundo motivo: Error de Derecho en la sentencia recurrida en la parte en que deniega la posibilidad de acceso parcial a los documentos.
               El Tribunal General incurrió en error al considerar que la aplicación de la presunción general justificaba la negativa a la divulgación de los documentos solicitados, facultando a la Comisión a no conceder un acceso parcial a los mismos. En el presente asunto, no concurrían los presupuestos que en el pasado han llevado al Tribunal de Justicia a negar el acceso parcial a expedientes cubiertos por las presunciones generales de secreto, por tanto, no podía autorizarse a la Comisión a denegar el acceso parcial por la única razón de que los documentos solicitados estaban incluidos en el expediente administrativo de un procedimiento de control de ayudas de Estado.

               3.

               Tercer motivo: Error de Derecho en la sentencia recurrida en la parte en la que el Tribunal General incumplió su obligación de examinar los documentos a los que se denegaba el acceso.
               El Tribunal General incurrió en error de Derecho en la parte en que incumplió so obligación de examinar los documentos a los que se denegaba el acceso, considerando que podía controlar la actuación de la Comisión sin consultar los documentos en cuestión.

               4.

               Cuarto motivo: Carácter contradictorio y error de Derecho en la parte en que el Tribunal General no dio la importancia debida a los vicios de procedimiento cometidos al dictar la decisión impugnada.
               La sentencia recurrida adolece de un error de Derecho en la parte en que niega que los errores de procedimiento cometidos por la Comisión hayan influido en la capacidad de la recurrente de alegar su propio punto de vista acerca de la aplicabilidad de la presunción de secreto en el presente asunto. El Tribunal General no consideró que los errores en cuestión vulneraran los derechos procesales de la recurrente y, de hecho, transformó la presunción general de prejuicio en las actividades de investigación de presunción relativa a presunción absoluta.

               5.

               Quinto motivo: Error de Derecho en la parte en que el Tribunal General negó la existencia de un interés público prevalente.
               El Tribunal General incurrió en error de Derecho al afirmar que no existía ningún interés público prevalente que pudiera contraponerse a las excepciones contempladas en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/201 sin tener debidamente en cuenta las alegaciones que sobre este punto presentó la recurrente.

      (1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).


title: Asunto C-565/10: Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2010 — Comisión Europea/República Italiana

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/28

         Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2010 — Comisión Europea/República Italiana
   (Asunto C-565/10)
   ()
   2011/C 30/46
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: S. Pardo Quintillán y D. Recchia, agentes)

      Demandada: República Italiana

      Pretensiones de la parte demandante

   La Comisión solicita al Tribunal de Justicia

               —

               Que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, del artículo 4, apartados 1 y 3, en relación con lo dispuesto en el anexo 1, sección B, y del artículo 10 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no haber

                           —

                           adoptado las disposiciones necesarias para garantizar que las aglomeraciones de

                                       —

                                       Chieti y Gissi (Abruzzo),

                                       —

                                       Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato y Strongoli (Calabria),

                                       —

                                       Afragola, Nola, Ariano, Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato Sanseverino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno y Montesarchio (Campania)

                                       —

                                       Cervignano del Friuli y Montefalcone (Friuli Venezia-Giulia),

                                       —

                                       Frascati y Zagarolo (Lazio),

                                       —

                                       Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo y Ventimiglia (Liguria),

                                       —

                                       Tolentino (Marche),

                                       —

                                       Campobasso 1 e Isernia (Molise),

                                       —

                                       Manduria, Porto Cesareo, Supersano y Traviano (Apulia),

                                       —

                                       Follonica y Piombino (Toscana),

                                       —

                                       Misterbianco y otras, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania y otras, Giarre-Mascali-Riposto y otras, Caltagirone, Aci Castello, Acireale y otras, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento y periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini y ASI Palermo, Monreale, Palermo y partes limítrofes, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina y Messina 6 (Sicilia),

                                 que representan más de 15 000 equivalentes habitante, que vierten hacia aguas receptoras que no se consideran «zonas sensibles», en el sentido del artículo 5 de la Directiva 91/271/CEE, (1) estén dotadas de sistemas colectores en el sentido del artículo 3, apartado 1, primer guión, de la misma Directiva,

                           —

                           adoptado las disposiciones necesarias para garantizar que en las aglomeraciones de

                                       —

                                       Gissi y Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo),

                                       —

                                       Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria y Rossano (Calabria),

                                       —

                                       Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord y Vico Equense (Campania),

                                       —

                                       Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli Venezia-Giulia),

                                       —

                                       Zagarolo (Lazio),

                                       —

                                       Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco y Riva Ligure (Liguria),

                                       —

                                       Campobasso 1 e Isernia (Molise),

                                       —

                                       Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano y Vernole (Apulia),

                                       —

                                       Vicenza (Veneto)

                                       —

                                       Misterbianco y otras, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto y otras, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale y otras, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento y periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini y ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti y Rometta (Sicilia),

                                 que representan más de 15 000 equivalentes habitante, que vierten hacia aguas receptoras que no se consideran «zonas sensibles», en el sentido del artículo 5 de la Directiva 91/271/CEE, las aguas residuales urbanas que entran en sistemas colectores, estén sujetas a un tratamiento atemperado a lo previsto en el artículo 4, apartados 1 y 3, de la misma Directiva,

                           —

                           adoptado las disposiciones necesarias para que se lleve a cabo el diseño, la construcción, la utilización y la conservación de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales urbanas, realizados para cumplir los requisitos establecidos en los artículos 4 a 7, de forma que en las condiciones climáticas normales de la zona tengan un rendimiento suficiente, y para que el diseño de las instalaciones tenga en cuenta las variaciones de la carga propias de cada estación en las aglomeraciones de

                                       —

                                       Gissi y Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo),

                                       —

                                       Acri, Siderno, Bagnara, Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria y Rossano (Calabria),

                                       —

                                       Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord y Vico Equense (Campania),

                                       —

                                       Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli Venezia-Giulia),

                                       —

                                       Zagarolo (Lazio),

                                       —

                                       Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco y Riva Ligure (Liguria),

                                       —

                                       Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano y Vernole (Apulia),

                                       —

                                       Vicenza (Veneto),

                                       —

                                       Misterbianco y otras, Scordia — Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto y otras, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale y otras, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento y periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini y ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti y Rometta (Sicilia),

               —

               Que se condene en costas a la República Italiana.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso la Comisión denuncia el hecho de que Italia no diera debido cumplimiento, en varias partes de su territorio nacional, a la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
   La Comisión hace constar ante todo algunas infracciones del artículo 3, apartados 1, primer guión, y 2, de la Directiva, a tenor del cual los Estados miembros estaban obligados a velar por que, antes del 31 de diciembre de 2000, todas las aglomeraciones que representaran más de 15 000 equivalentes habitante dispusieran de sistemas colectores para las aguas urbanas, con arreglo a los requisitos establecidos en el anexo I A. Tal obligación no se ha cumplido correctamente en varias aglomeraciones de las Regiones de Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Apulia, Toscaza y Sicilia, que están comprendidas en el ámbito de aplicación de la disposición de que se trata.
   El artículo 4 de la misma Directiva establece, además, en los apartados 1 y 3, que los Estados miembros deberían haber velado por que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores fueran objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente, a más tardar el 31 de diciembre de 2000 para todos los vertidos procedentes de aglomeraciones con más de 15 000 habitantes, de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo I B de la misma Directiva. La Comisión ha hecho constar el incumplimiento de las disposiciones de referencia en algunas aglomeraciones de las Regiones de Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Apulia, Veneto y Sicilia. Alega que la infracción del artículo 4 de la Directiva supone en la mayoría de los casos también la infracción del artículo 10 de la mencionada Directiva, según el cual, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas deben ser diseñadas, construidas, utilizadas y conservadas de manera que en las condiciones climáticas normales de la zona tengan un rendimiento suficiente.

      (1)  DO L 135, p. 40.


title: Asunto C-613/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf — Alemania) — Helm Düngemittel GmbH/Hauptzollamt Krefeld (Procedimiento prejudicial — Unión aduanera y Arancel Aduanero Común — Acuerdo Euromediterráneo con Egipto — Artículo 20 del Protocolo n ° 4 — Prueba del origen — Certificado de circulación de mercancías EUR.1 — Certificado de circulación de mercancías EUR.1 sustitutorio expedido cuando la mercancía ya no se encuentra bajo el control de la autoridad aduanera expedidora — Denegación de aplicación del régimen preferencial)

text:
               29.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 93/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf — Alemania) — Helm Düngemittel GmbH/Hauptzollamt Krefeld
   (Asunto C-613/12) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Unión aduanera y Arancel Aduanero Común - Acuerdo Euromediterráneo con Egipto - Artículo 20 del Protocolo no 4 - Prueba del origen - Certificado de circulación de mercancías EUR.1 - Certificado de circulación de mercancías EUR.1 sustitutorio expedido cuando la mercancía ya no se encuentra bajo el control de la autoridad aduanera expedidora - Denegación de aplicación del régimen preferencial)
   2014/C 93/23
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Helm Düngemittel GmbH

      Demandada: Hauptzollamt Krefeld

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretación del artículo 20 del Protocolo no 4 del Acuerdo Euromediterráneo, por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra (DO 2004, L 304, p. 39), en su versión modificada por la Decisión no 1/2006 del Consejo de Asociación UE-Egipto, de 17 de febrero de 2006 (DO L 73, p. 1) — Certificado de origen sustitutorio expedido a posteriori cuando el producto ya no se encuentra bajo el control de la autoridad aduanera expedidora.

      Fallo

               1)

               El Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra, firmado en Luxemburgo el 25 de junio de 2001, aprobado por la Decisión 2004/635/CE del Consejo, de 21 de abril de 2004, debe interpretarse en el sentido de que el origen egipcio de una mercancía, a efectos del régimen preferencial aduanero establecido por el citado Acuerdo, puede acreditarse aun cuando la mercancía se haya dividido a su llegada en un primer Estado miembro para el envío de una parte de ésta a un segundo Estado miembro y el certificado de circulación EUR.1 sustitutorio, expedido por las autoridades aduaneras del primer Estado miembro para la parte de dicha mercancía enviada al segundo Estado miembro, no cumple los requisitos previstos para la expedición de tal certificado en el artículo 20 del Protocolo no 4 de dicho Acuerdo, relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa, en su versión modificada por la Decisión no 1/2006 del Consejo de Asociación UE-Egipto, de 17 de febrero de 2006.

               2)

               La aportación de tal prueba requiere no obstante, por un lado, que se acredite el origen preferencial de la mercancía inicialmente importada de Egipto mediante un certificado de circulación de mercancías EUR.1 expedido por las autoridades aduaneras egipcias de conformidad con el citado Protocolo y, por otro, que el importador pruebe que la parte de la mercancía dividida en este primer Estado miembro y enviada al segundo Estado miembro es una parte de la mercancía importada de Egipto al primer Estado miembro. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar que se cumplen estos requisitos en el asunto principal.

      (1)  DO C 101, de 6.4.2003.


title: Asunto C-404/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky — República Checa) — en el procedimiento incoado por Marie Matoušková, en calidad de comisaria judicial [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Artículo 1, apartado 1, letra b) — Ámbito de aplicación material — Acuerdo de reparto sucesorio entre el cónyuge supérstite y los hijos menores, representados por un tutor — Calificación — Necesidad de que un juez apruebe un acuerdo de ese tipo — Medida relativa a la responsabilidad parental o medida relativa a las sucesiones]

text:
               23.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky — República Checa) — en el procedimiento incoado por Marie Matoušková, en calidad de comisaria judicial
   (Asunto C-404/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Artículo 1, apartado 1, letra b) - Ámbito de aplicación material - Acuerdo de reparto sucesorio entre el cónyuge supérstite y los hijos menores, representados por un tutor - Calificación - Necesidad de que un juez apruebe un acuerdo de ese tipo - Medida relativa a la responsabilidad parental o medida relativa a las sucesiones])
   (2015/C 389/11)
   Lengua de procedimiento: checo

      Órgano jurisdiccional remitente

   Nejvyšší soud České republiky

      Partes en el procedimiento principal

   Marie Matoušková, en calidad de comisaria judicial

      Fallo

   El Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que la aprobación de un acuerdo de reparto sucesorio concluido por el tutor de menores por cuenta de éstos constituye una medida relativa al ejercicio de la responsabilidad parental, en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, por lo que está comprendida en el ámbito de aplicación de éste, y no una medida relativa a las sucesiones, en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra f), del citado Reglamento, excluida del ámbito de aplicación de éste.

      (1)  DO C 431, de 1.12.2014.


title: Asunto F-10/13: Recurso interpuesto el 3 de febrero de 2013 — ZZ/Comisión

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/39

         Recurso interpuesto el 3 de febrero de 2013 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-10/13)
   2013/C 108/93
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: S. Orlandi, J.-N. Louis y D. Abreu Caldas, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión denegatoria de una solicitud de indemnización presentada por la demandante con fundamento en el artículo 90, apartado 1, del Estatuto a causa de los errores cometidos al fijar sus derechos con ocasión del inicio de sus funciones y el retraso en la corrección de esos errores.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 28 de marzo de 2012 de la AFPN denegatoria de la solicitud de indemnización de la demandante de 13 de enero de 2012.

               —

               Que se condene a la Comisión a indemnizar a la demandante por el importe de 172 236,42 euros.

               —

               Que se condene a la Comisión a indemnizar a la demandante por el importe de las cantidades indebidamente pagadas, a contar desde el día en que la irregularidad se advirtió pero no se corrigió, o en cualquier caso cuando menos por el importe de las cantidades indebidamente pagadas a partir del mes de noviembre de 2010, cuando se corrigió su factor multiplicador únicamente.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.


title: Asunto T-388/16: Recurso interpuesto el 20 de julio de 2016 — Eval Europe/Comisión

text:
               26.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 350/22

         Recurso interpuesto el 20 de julio de 2016 — Eval Europe/Comisión
   (Asunto T-388/16)
   (2016/C 350/28)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Eval Europe NV (Zwijndrecht, Bélgica) (representantes: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers y N. Baeten, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión de 11 de enero de 2016 relativa al régimen de ayuda de Estado de decisiones fiscales anticipadas relativas a los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), ejecutada por el Reino de Bélgica.

               —

               Con carácter subsidiario, anule los artículos 2 a 4 de la Decisión.

               —

               En cualquier caso, condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en que la Comisión cometió un error de Derecho y un error manifiesto de apreciación en la determinación de la medida de ayuda alegada y en su calificación como una ayuda de Estado en el sentido previsto por el artículo 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo, (1) y el artículo 107 TFUE.

               2.

               Segundo motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, omitió exponer la motivación y cometió un error manifiesto de apreciación al estimar que el régimen belga de decisión sobre beneficios extraordinarios constituye una medida de ayuda de Estado.

               3.

               Tercer motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 2015/1589 del Consejo y los principios generales de seguridad jurídica y de confianza legítima al ordenar la recuperación de la alegada ayuda.

               4.

               Cuarto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 2 TFUE, apartado 6, y el principio de igualdad de trato, e incurrió en desviación de poder, al servirse de las reglas sobre ayudas de Estado para prohibir el régimen belga de decisión sobre beneficios extraordinarios.

      (1)  Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).


title: Asunto T-301/02: Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por AEM S.p.A.

text:
23.11.2002             ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 289/39
Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2002 contra                  Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2002 contra
la Comisión de las Comunidades Europeas por Amga —                      la Comisión de las Comunidades Europeas por AEM S.p.A.
          Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA
                                                                                (Asunto T-301/02)
                       (Asunto T-300/02)
                                                                                (2002/C 289/71)
                         (2002/C 289/70)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 30 de septiembre de 2002 un
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Europeas se ha presentado el 30 de septiembre de 2002 un                formulado por AEM S.p.A., representada por los Sres. Andrea
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  Giardina, Carlo Croff, Alberto Santa Maria y Giuseppe Pizzo-
formulado por Amga — Azienda Mediterranea Gas e Acqua                   nia, abogados.
SpA, representada por los Sres. Luca G. Radicati di Brozolo y
Massimo Merola, abogados.
                                                                        La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                        —     Anule la Decisión de la Comisión de 5 de junio de 2002
                                                                              (Ayuda de Estado C-27/99) en la medida en que afirma
—    Anule la Decisión de la Comisión de 5 de junio de 2002                   que constituye una ayuda de Estado ilegal e incompatible
     (Ayuda de Estado C-27/99) en la medida en que declara                    con el mercado común el régimen fiscal trienal relativo a
     ilegal e incompatible con el mercado común la exención                   las empresas de servicios públicos locales con participa-
     trienal del impuesto sobre la renta concedida por Italia a               ción pública mayoritaria establecido por el artículo 3,
     las empresas de servicios públicos locales con participa-                apartado 70, de la Ley no 549, de 28 de diciembre
     ción pública mayoritaria, en el sentido del artículo 3,                  de 1995, y por el artículo 66, apartado 14, del Decreto-
     apartado 70, de la Ley no 549/1995, y en la medida en                    ley no 331, de 30 de agosto de 1993, convertido en Ley
     que impone a Italia que recupere las ayudas de las                       no 427, de 29 de octubre de 1993 (artículo 3 de la
     beneficiarias, entre las cuales se encuentra la demandante               Decisión) y en la medida en que impone a Italia que
     (artículos 2 y 3 de la Decisión).                                        recupere las ayudas de las beneficiarias (artículo 3 de la
                                                                              Decisión).
—    Condene en costas a la Comisión.
                                                                        —     Condene en costas a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        Motivos y principales alegaciones
Los motivos y principales alegaciones son similares a los               Los motivos y principales alegaciones son similares a los
invocados en los asuntos T-292/02, Confederazione Nazionale             invocados en los asuntos T-292/02, Confederazione Nazionale
dei Servizi/Comisión, y T-297/02, ACEA S.p.A./Comisión.                 dei Servizi/Comisión, y T-297/02, ACEA S.p.A./Comisión.


title: Asunto T-339/11: Auto del Tribunal General de 2 de mayo de 2012 — España/Comisión

text:
               23.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/20

         Auto del Tribunal General de 2 de mayo de 2012 — España/Comisión
   (Asunto T-339/11) (1)

   2012/C 184/40
   Lengua de procedimiento: español
   El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 252, de 27.8.2011.


title: Asunto T-47/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de mayo de 2007 — Antartica/OAMI — Nasdaq Stock Market (nasdaq) ( Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca gráfica comunitaria nasdaq — Marca denominativa comunitaria anterior NASDAQ — Motivo de denegación relativo — Renombre — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n o  40/94 )

text:
               23.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 140/22

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de mayo de 2007 — Antartica/OAMI — Nasdaq Stock Market (nasdaq)
   (Asunto T-47/06) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca gráfica comunitaria nasdaq - Marca denominativa comunitaria anterior NASDAQ - Motivo de denegación relativo - Renombre - Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2007/C 140/37)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Antartica Srl (Roma, Italia) (representante: E. Racca, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia: The Nasdaq Stock Market, Inc. (Washington, DC, Estados Unidos) (representantes: J. van Manen y J. Hofhuis, abogados)
   Objeto
   Solicitud de anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 7 de diciembre de 2005 (asunto R 752/2004-2), relativa a un procedimiento de oposición entre The Nasdaq Stock Market, Inc. y Antartica Srl.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Antartica Srl.

      (1)  DO C 74 de 25.3.2006.


title: Asunto T-463/08: Recurso interpuesto el 19 de octubre de 2008 — Imagion/OAMI (DYNAMIC HD)

text:
               20.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 327/39

         Recurso interpuesto el 19 de octubre de 2008 — Imagion/OAMI (DYNAMIC HD)
   (Asunto T-463/08)
   (2008/C 327/68)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán
   Partes

      Demandante: Imagion AG (Trierweiler, Alemania) (representante: H. Blatzheim, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 13 de agosto de 2008 (asunto R 488/2008-4).

               —

               Que se condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «DYNAMIC HD» para servicios de las clases 35, 38, 41, 42 y 45 (no 6.092.241).

      Resolución del examinador: Denegación parcial del registro.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.
   Motivos invocados:

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94 (1), dado que la marca denominativa «DYNAMIC HD» no es descriptiva ni carece del carácter distintivo necesario.

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94, habida cuenta de que la marca solicitada tiene carácter distintivo adquirido por el uso.

               —

               Infracción de la obligación de motivación.

               —

               Infracción del principio de igualdad de trato.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto T-150/12: Sentencia del Tribunal General de 9 de abril de 2014 — Grecia/Comisión ( «Ayudas de Estado — Préstamos sin interés, acompañados de una garantía del Estado, concedidos por las autoridades helénicas a asociaciones de cooperativas agrícolas de recolección de cereales — Decisión que declara las ayudas incompatibles con el mercado interior — Obligación de motivación — Ventaja — Ayudas destinadas a remediar una perturbación grave de la economía de un Estado miembro» )

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/37

         Sentencia del Tribunal General de 9 de abril de 2014 — Grecia/Comisión
   (Asunto T-150/12) (1)

   ((«Ayudas de Estado - Préstamos sin interés, acompañados de una garantía del Estado, concedidos por las autoridades helénicas a asociaciones de cooperativas agrícolas de recolección de cereales - Decisión que declara las ayudas incompatibles con el mercado interior - Obligación de motivación - Ventaja - Ayudas destinadas a remediar una perturbación grave de la economía de un Estado miembro»))
   2014/C 175/48
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: República Helénica (representantes: I. Chalkias, X. Basakou y A. Vasilopoulou, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente S. Thomas y D. Triantafyllou, posteriormente M. Triantafyllou y P. Němečkova, agentes)

      Objeto

   Anulación de decisión 2012/320/UE de la Comisión, de 25 de enero de 2012, relativa a la ayuda concedida por Grecia a los productores de cereales y a las cooperativas agrícolas de recolección de cereales (DO L 164, p. 10).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a la República Helénica en costas.

      (1)  DO C 184, de 23.6.2012.


title: Asunto C-156/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de junio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Digibet Ltd, Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG (Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Artículo 56 TFUE — Juegos de azar — Normativa que impone prohibiciones relativas a los juegos de azar en Internet que no se aplicaron, durante un período limitado, en una entidad federada de un Estado miembro — Coherencia — Proporcionalidad)

text:
               25.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de junio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Digibet Ltd, Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
   (Asunto C-156/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Libre prestación de servicios - Artículo 56 TFUE - Juegos de azar - Normativa que impone prohibiciones relativas a los juegos de azar en Internet que no se aplicaron, durante un período limitado, en una entidad federada de un Estado miembro - Coherencia - Proporcionalidad))
   2014/C 282/16
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Digibet Ltd, Gert Albers

      Demandada: Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

      Fallo

   El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa común a la mayoría de las entidades federadas de un Estado miembro de estructura federal que prohíbe, en principio, la organización e intermediación de juegos de azar en Internet cuando, durante un período limitado, una única entidad federada mantuvo en vigor una legislación más permisiva que coexistió con la de las otras entidades federadas, de carácter restrictivo, dado que dicha normativa puede ajustarse a los requisitos de proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 189, de 29.6.2013.