18.12.1999               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 366/31
— Aplicación errónea del artı́culo 60 del Estatuto porque               Archivo parcial de los asuntos acumulados T-320/94 y
     dicha disposición tiene como objetivo sancionar la aporta-                                       otros (1)
     ción de certificados médicos de mero favor y no la
     infracción de la obligación de lealtad. Al reprochar a la                                  (1999/C 366/67)
     demandante un incumplimiento de una obligación de
     lealtad, la parte demandada estaba obligada a basar su
     decisión únicamente en el artı́culo 86 del Estatuto y no en                         (Lengua de procedimiento: alemán)
     el artı́culo 60 del Estatuto.
                                                                          Mediante auto de 29 de septiembre de 1999, el Presidente de
                                                                          la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
La demandante sostiene, finalmente, que al ignorar las disposi-
                                                                          Comunidades Europeas ha decidido archivar los asuntos
ciones del Estatuto y al denegarle apoyo en su acción contra el
                                                                          T-320/94, T-323/94, T-324/94, T-332/94, T-333/94,
médico que efectúa los controles, la parte demandante infringió
                                                                          T-344/94, T-345/94 y T-351/94 suprimiéndolos de la lista de
el artı́culo 24 del Estatuto generando su responsabilidad.
                                                                          asuntos en los asuntos acumulados T-320/94 y otros, Klaus
                                                                          Harings y otros contra Consejo de la Unión Europea y
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas.
Archivo parcial de los asuntos acumulados T-85/93 y                       (1) DO C 351 de 10.12.94.
                               otros (1)
                          (1999/C 366/65)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                       Archivo de los asuntos acumulados T-363/94 y otros (1)
Mediante auto de 29 de septiembre de 1999, el Presidente de                                       (1999/C 366/68)
la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas ha decidido archivar los asuntos
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
T-85/93, T-87/93, T-126/93, T-130/93, T-35/94, T-40/94,
T-198/94, T-212/94, T-227/94, T-236/94, T-237/94,
T-238/94, T-278/94, T-279/94, T-281/94, T-283/94,                         Mediante auto de 29 de septiembre de 1999, el Presidente de
T-284/94, T-349/94, T-350/94, T-357/94 y T-360/94 supri-                  la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de
miéndolos de la lista de asuntos en los asuntos acumulados                las Comunidades Europeas ha decidido archivar los asuntos
T-85/93 y otros, Helmut Bösl y otros contra Consejo de la                 T-363/94 y otros, Benno y Hans Georg Theunissen y otros
Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.                   contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las
                                                                          Comunidades Europeas.
(1) DO C 178 de 18.7.90, C 34 de 9.2.91, C 90 de 26.3.94, C 218
    de 6.8.94, C 304 de 29.10.94 y C 370 de 24.12.94.                     (1) DO C 370 de 24.12.94, C 400 de 31.12.94, C 54 de 4.3.95, C 74
                                                                              de 25.3.95 y C 119 de 13.5.95.
Archivo parcial de los asuntos acumulados T-85/93 y
                               otros (1)                                  Archivo parcial de los asuntos acumulados T-366/94 y
                                                                                otros (1)
                          (1999/C 366/66)
                                                                                (1999/C 366/69)
                   (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
Mediante auto de 29 de septiembre de 1999, el Presidente de
la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de              Mediante auto de 29 de septiembre de 1999, el Presidente de
                                                                          la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
las Comunidades Europeas ha decidido suprimir los nombres
de los demandantes Peter Dalhaus, Klaus Buck, Karl-Heinz                  Comunidades Europeas ha decidido archivar los asuntos
Rohler y Ludger Beckhoff de la lista de demandantes en el                 T-366/94, T-3/95, T-14/95, T-120/95 y T-124/95 suprimién-
                                                                          dolos de la lista de asuntos en los asuntos acumulados
asunto T-247/94 — asuntos acumulados T-85/93 y otros,
Helmut Bösl y otros contra Consejo de la Unión Europea y                 T-366/94 y otros, Hilde Diekmeier y otros contra Consejo de
                                                                          la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.
Comisión de las Comunidades Europeas.
                                                                          (1) DO C 370 de 24.12.94, C 54 de 4.3.95, C 74 de 25.3.95, C 174
(1) DO C 233 de 20.8.1994.                                                    de 8.7.95 y C 208 de 12.8.95.


title: Asunto T-352/12: Recurso interpuesto el 3 de Agosto de 2012 — Grupo Flexi de León/OAMI (FLEXI)

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/26

      Recurso interpuesto el 3 de Agosto de 2012 — Grupo Flexi de León/OAMI (FLEXI)
      (Asunto T-352/12)
      (2012/C 331/49)
      Lengua de procedimiento: español

         Partes

         Demandante: Grupo Flexi de León, SA de CV (León, México) (representante: M. Zarobe, abogado)

         Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  se anule la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de fecha 4 de mayo de 2012 en el asunto R 1335/2011-2, dictada en el recurso relativo a la solicitud de marca comunitaria no9 532 797«FLEXI»;

                  —

                  se impongan a la parte demandada las costas del procedimiento ante el Tribunal General.

         Motivos y principales alegaciones

         Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «FLEXI» para productos de las clases 18 y 25 — Solicitud de marca comunitaria no9 532 797

         Resolución del examinador: Desestimación de la demanda

         Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

         Motivos invocados: Infracción del articulo 7, apartado 1, letra c) y letra b) del Reglamento no 207/2009


title: Asunto C-186/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) el 15 de abril de 2010 — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department

text:
               3.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 179/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) el 15 de abril de 2010 — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department
   (Asunto C-186/10)
   2010/C 179/32
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Tural Oguz

      Recurrida: Secretary of State for the Home Department

      Cuestión prejudicial

   Cuando un nacional turco con autorización de residencia en el Reino Unido sometida a la condición de no iniciar ninguna actividad empresarial o profesional, comienza una actividad por cuenta propia incumpliendo dicha condición y luego solicita a las autoridades nacionales una nueva autorización de residencia sobre la base de la actividad empresarial o profesional que ha iniciado ¿tiene derecho a invocar el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía?


title: Asunto C-62/01 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2001 (telefax de 9 de febrero de 2001) por la Sra. Anna Maria Campogrande contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2000 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-136/98, promovido por la Sra. A.M. Campogrande contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
5.5.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 134/5
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                comunicación de dicha información, las empresas de seguros
                                                                         que operan en Italia en régimen de libre establecimiento o en
—     Declare que la República Italiana ha incumplido las               régimen de libre prestación de servicios deben dar cuenta
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             únicamente a las autoridades competentes del Estado miembro
      92/49/CEE del Consejo (1), de 18 de junio de 1992, sobre           de origen.
      coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
      y administrativas relativas al seguro directo distinto del
      seguro de vida y por la que se modifican las Directivas            Por último, con arreglo al artı́culo 2, apartado 5 quater, última
      73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros              frase, del Decreto no 70, las empresas de seguros que operan
      distintos del seguro de vida), en la medida en que ha              en Italia, incluso las que ejerzan su actividad en régimen de
      establecido y mantenido en vigor un sistema de bloqueo             libre establecimiento o en régimen de libre prestación de
      de las tarifas aplicables a todos los contratos de seguro          servicios, están obligadas a contribuir a la financiación y a los
      de responsabilidad civil derivados de la circulación de           costes de gestión del banco de datos establecido por el mismo
      vehı́culos de motor, relativos a un riesgo situado en el           Decreto. Dicha exigencia está relacionada con las obligaciones
      territorio italiano, sin distinguir entre las empresas de          de información al ISVAP enunciadas en el artı́culo 2 del
      seguros que tienen domicilio social en Italia y las empresas       Decreto, obligaciones que son contrarias al artı́culo 44 de la
      de seguros que ejercen su propia actividad a través de             Directiva. Por consiguiente, esta obligación de contribución a
      sucursales o en régimen de libre prestación de servicios,         la financiación del banco de datos impuesta a las empresas que
      que infringe:                                                      operan en régimen de libre establecimiento o en régimen de
                                                                         libre prestación de servicios en el territorio italiano también es
      a)    El principio de la libertad tarifaria y de la supresión     claramente contraria al Derecho comunitario.
            de la aprobación previa o de la comunicación
            sistemática de las tarifas y de los contratos estable-
            cido en los artı́culos 6, 29 y 39 de dicha Directiva.        (1) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1.
      b)    Las disposiciones del artı́culo 44 de la misma
            Directiva, en lo que se refiere al régimen que
            establece la comunicación de información sobre el
            importe de las primas, siniestros y comisiones, la
            frecuencia y coste medio de los siniestros, ası́
            como sobre el intercambio de información entre las
            autoridades de control del Estado miembro de origen
                                                                         Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2001
            y las del Estado miembro de acogida.
                                                                         (telefax de 9 de febrero de 2001) por la Sra. Anna
—     Condene en costas a la República Italiana.                        Maria Campogrande contra la sentencia dictada el 7 de
                                                                         diciembre de 2000 por la Sala Cuarta del Tribunal de
Motivos y principales alegaciones                                        Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                         asunto T-136/98, promovido por la Sra. A.M. Campo-
La Comisión alega que:                                                   grande contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Debe considerarse que el congelamiento de las tarifas y de
algunos elementos de la oferta comercial, ası́ como la imposi-                                  (Asunto C-62/01 P)
ción a toda empresa de seguros que ejerza su actividad en el
ramo de responsabilidad civil de automóviles de estipular                                        (2001/C 134/09)
contratos también con la fórmula tarifaria bonus-malus con
franquicia absoluta, por un importe no inferior a 500 000 ITL
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
y no superior a 1 000 000 ITL, son medidas incompatibles
                                                                         presentado el 12 de febrero de 2001 (telefax de 9 de febrero
con el principio de libertad tarifaria establecido en los artı́-
                                                                         de 2001) un recurso de casación formulado por la Sra. A.M.
culos 6, 29 y 39 de la Directiva 92/49/CEE. Las empresas de
                                                                         Campogrande, representada por la Sra. Anne Krywin, abogado,
seguro que estipulan contratos que cubran un riesgo situado
                                                                         que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia
en el territorio italiano no tienen derecho a fijar libremente
                                                                         dictada el 7 de diciembre de 2000 por la Sala Cuarta del
estos elementos de la oferta comercial. Esta restricción a la
                                                                         Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en
libertad tarifaria no aparece justificada.
                                                                         el asunto T-136/98, promovido por la Sra. A.M. Campogrande
El artı́culo 2, apartados 5 bis a 5 quinquies del Decreto no 70 de       contra la Comisión de las Comunidades Europeas.
28 de marzo de 2000, que confiere al ISVAP (Instituto para la
vigilancia de los seguros privados y de interés colectivo) la            La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
competencia para controlar a las empresas de seguros que
ejercen el ramo del «seguro obligatorio de vehı́culos de motor»
respecto de las disposiciones establecidas en los apartados 2            Acuerde la admisión del presente recurso de casación y lo
a 4 del mismo artı́culo, son incompatibles con el régimen                declare fundado.
previsto en el artı́culo 44 de la Directiva, relativo a la
información sobre el importe de las primas, siniestros y                En consecuencia,
comisiones, la frecuencia y el coste medio de los siniestros, ası́
como sobre el intercambio de información entre las autorida-            —     anule la sentencia T-136/98 dictada por el Tribunal de
des de control del Estado miembro de origen y las del Estado                   Primera Instancia de las Comunidades Europeas el 5 de
miembro de acogida. En efecto, por cuanto se refiere a la                      diciembre de 2000, en la medida en que declara:
 ---pagebreak--- C 134/6                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        5.5.2001
     —     en el apartado 66: la petición de indemnización                 —     Es cuando menos contradictorio utilizar como
           del perjuicio sufrido como consecuencia de las                          prueba, en un procedimiento contencioso, una
           represalias no puede admitirse por falta de procedi-                    investigación administrativa que se llevó a cabo en
           miento administrativo previo conforme a Derecho.                        condiciones impuestas por el propio Tribunal de
                                                                                Primera Instancia y cuyos resultados son discutidos
                                                                                por la recurrente.
     —     en el apartado 67: la petición de indemnización
           excede de las competencias del Juez, puesto que se
                                                                             —     De manera absolutamente contradictoria, el Tribunal
           trata de una petición de orden conminatoria.
                                                                                de Primera Instancia utiliza los antiguos informes de
                                                                                calificación para poner en entredicho las competen-
     —     en el apartado 68: la anulación de la decisión                        cias de la recurrente y mostrar ası́ que sus problemas
           impugnada constituye una reparación adecuada del                       profesionales no pueden imputarse a los actos de
           perjuicio moral sufrido por la demandante como                          acoso sexual. Su motivación tampoco resuelve la
           consecuencia de la incertidumbre que provocó la                        cuestión de si la falta de recompensa a los progresos
           Comisión respecto a la tramitación de su petición                    de la recurrente no se debe, en realidad, al hecho de
           de asistencia y a los resultados de la investigación                   que ésta siempre se haya negado a prestarse al juego
           administrativa.                                                         del acoso sexual.
                                                                        —    Vulneración del Derecho comunitario y de la jurispruden-
     —     en el apartado 69: la demandante no probó de                     cia aplicable respecto a los motivos nuevos.
           manera suficiente que sufrió un perjuicio como
           consecuencia de haber estado expuesta, ante la
                                                                        —    Denegación de justicia en materia de responsabilidad.
           indiferencia de la Comisión, a las consecuencias de
           los actos de acoso sexual denunciados en su petición
           de asistencia.                                               —    Menoscabo de los derechos de defensa: el Tribunal de
                                                                             Primera Instancia extrajo abusivamente consecuencias
                                                                             de una investigación administrativa discutida por la
     —     en el apartado 70: la demandante no aportó la                    recurrente, que no habı́a podido presentar observaciones
           prueba antes mencionada respecto a lo sucedido con                ni asistir al examen de los testigos o del autor de los
           anterioridad al incidente producido el 27 de febrero              hechos objeto de la investigación.
           de 1997 ni respecto a los propios hechos.
—    Reconozca la existencia de un acto de acoso sexual y del
     perjuicio moral sufrido por la recurrente.
—    Condene a la parte recurrida en casación al pago de una
     indemnización que será fijada por el Tribunal de Justicia.       Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2001 contra el
                                                                        Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la
—    Condene a la parte recurrida en casación a cargar con las                   Comisión de las Comunidades Europeas
     costas del procedimiento.
                                                                                (Asunto C-85/01)
Motivos y principales alegaciones                                                                (2001/C 134/10)
—    Incumplimiento de la obligación de motivación:                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 20 de febrero de 2001 un recurso contra el
                                                                        Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte formulado
     —     Al limitarse a anular la decisión presunta de desesti-      por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada
           mación, el Tribunal de Primera Instancia reconsidera        por el Sr. Richard Wainwright, en calidad de agente, que
           el grado de gravedad de las omisiones que, por otra          designa domicilio en Luxemburgo.
           parte, reprochó ampliamente a la Comisión en
           su motivación, provocando en consecuencia una
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
           lamentable contradicción en los fundamentos de
           Derecho de la sentencia.
                                                                        —    Declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
                                                                             Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en
     —     Al afirmar que la demandante no aportó ninguna                   virtud del artı́culo 228 del Tratado CE, al no haber
           prueba que permitiera acreditar que sufrió efectiva-             adoptado las medidas necesarias que implica la ejecución
           mente actos de acoso sexual, por un lado, y al                    de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de
           reconocer la existencia de hechos constitutivos de                1993 en el asunto C-56/90 y, en particular, al no haber
           acoso sexual en la misma sentencia, por otro,                     garantizado aún que las aguas de baño en Blackpool y
           el Tribunal de Primera Instancia incurre en una                   adyacentes a Southport respetan los valores lı́mite fijados
           contradicción respecto a la motivación.                         en el artı́culo 3 de la Directiva 76/160/CEE del Consejo (1).


title: Asunto C-297/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Alemania) el 16 de junio de 2010 — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt

text:
               25.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Alemania) el 16 de junio de 2010 — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt
   (Asunto C-297/10)
   ()
   2010/C 260/03
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesarbeitsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Sabine Hennigs

      Recurrida: Eisenbahn–Bundesamt

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Un sistema salarial para los empleados de la Administración pública aprobado por convenio colectivo que, como el artículo 27 del Bundes-Angestelltentarifvertrag (Convenio colectivo federal de los empleados de la Administración pública, en lo sucesivo «BAT») en relación con el convenio retributivo no 35 adjunto al BAT, calcula el salario base para cada uno de los grupos retributivos con arreglo a escalones de edad, ¿vulnera la prohibición de discriminación por razón de edad del Derecho primario (actual artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en lo sucesivo, «CDFUE»), tal como se concreta por la Directiva 2000/78/CE, (1) teniendo en cuenta también el derecho de los interlocutores sociales a la negociación colectiva garantizado por el Derecho primario (actual artículo 28 de la CDFUE)?

               2)

               En caso de que el Tribunal de Justicia de la UE o el Bundesarbeitsgericht, basándose en lo que le indique el Tribunal de Justicia en la decisión prejudicial, responda afirmativamente a la primera cuestión:

                           a)

                           ¿Concede el derecho a la negociación colectiva a las partes del convenio colectivo margen de maniobra para eliminar tal discriminación por la vía de incorporar a los empleados a un nuevo sistema de retribución basado en la actividad, el rendimiento y la experiencia profesional, conservando los derechos que hayan adquirido bajo el antiguo sistema retributivo aprobado por convenio colectivo?

                           b)

                           ¿Ha de responderse también afirmativamente a la cuestión 2 a) si el encuadramiento definitivo de los empleados que han pasado de un sistema a otro en los distintos escalones de un grupo retributivo del nuevo sistema retributivo convencional no depende sólo del escalón de edad alcanzado en el antiguo sistema retributivo convencional y si los empleados que han acabado encuadrados en un escalón superior del nuevo sistema poseen por lo general mayor experiencia profesional que los encuadrados en un escalón inferior?

               3)

               En caso de que el Tribunal de Justicia de la UE o el Bundesarbeitsgericht, basándose en lo que le indique el Tribunal de Justicia en la decisión sobre las cuestiones prejudiciales, responda negativamente a las cuestiones 2 a) y b):

                           a)

                           ¿Se justifica la discriminación indirecta por razón de edad por el hecho de que la preservación de los derechos sociales adquiridos se considere una finalidad legítima y por el hecho de que seguir tratando desigualmente con carácter provisional, en el marco de normas transitorias, a los empleados de mayor edad y a los más jóvenes sea un medio adecuado y necesario para alcanzar ese objetivo si se va reduciendo poco a poco ese trato desigual y si de hecho la única alternativa sería la de reducir el salario de los empleados de mayor edad?

                           b)

                           ¿Ha de responderse en todo caso afirmativamente a la cuestión 3 a), teniendo en cuenta el derecho a la negociación colectiva y la autonomía negocial vinculada a éste, si las partes del convenio colectivo pactan tal normativa transitoria?

               4)

               En caso de que el Tribunal de Justicia de la UE o el Bundesarbeitsgericht, basándose en lo que le indique el Tribunal de Justicia en la decisión prejudicial, responda negativamente a las cuestiones 3 a) y b):
               ¿Tomar como base en cada caso el escalón de edad más alto al aplicar las normas convencionales en materia de retribución, hasta que entre en vigor una nueva normativa que sea conforme con el Derecho de la Unión, es siempre la única manera de eliminar una violación de la prohibición de discriminación por razón de edad del Derecho primario, que impregna un sistema retributivo colectivo y que lo hace ineficaz en su conjunto, teniendo en cuenta también los costes adicionales que ello supone para el empleador afectado y el derecho a la negociación colectiva de las partes del convenio?

               5)

               En caso de que el Tribunal de Justicia de la UE o el Bundesarbeitsgericht, basándose en lo que le indique el Tribunal de Justicia en la decisión prejudicial, responda negativamente a la cuarta cuestión:
               ¿Sería compatible con la prohibición de discriminación por razón de edad recogida en el Derecho de la Unión y con la necesidad de una sanción eficaz, en caso de que se infrinja esta prohibición, que se conceda a las partes de la negociación colectiva, en atención al derecho de los interlocutores sociales a la negociación colectiva, un plazo razonable (por ejemplo, de seis meses) para eliminar con carácter retroactivo la ineficacia del sistema retributivo pactado por ellas, con la indicación de que al aplicar las disposiciones salariales se tomará como base en cada caso el escalón de edad más elevado, en caso de que no se llegue a aprobar una nueva norma conforme con el Derecho de la Unión dentro del plazo señalado? ¿Qué margen temporal para la retroactividad de la nueva norma conforme con el Derecho de la Unión podría concederse en su caso a las partes del convenio colectivo?

      (1)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16)


title: Asunto C-189/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de abril de 2010 — Proceso penal contra Sélim Abdeli

text:
               19.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 161/36

      Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de abril de 2010 — Proceso penal contra Sélim Abdeli
      (Asunto C-189/10)
      (2010/C 161/54)
      Lengua de procedimiento: francés

         Órgano jurisdiccional remitente

      Cour de cassation.

         Parte en el proceso principal

      Sélim Abdeli.

         Cuestiones prejudiciales

                  1)

                  El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la de los artículos 23-2, párrafo segundo, y 23-5, párrafo segundo, del Decreto legislativo no 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, insertados por la Ley orgánica no 2009-1523, de 10 de diciembre de 2009, en cuanto obligan a los órganos jurisdiccionales a pronunciarse con prioridad sobre la remisión al Conseil constitutionnel de la cuestión constitucional planteada ante ellos, en el caso de que dicha cuestión se refiera a la supuesta falta de conformidad con la Constitución de una disposición de Derecho interno, derivada de la oposición de esta última a las disposiciones del Derecho de la Unión?

                  2)

                  El artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la del artículo 78-2, párrafo cuarto, del código de procedimiento penal, que prevé que «en una zona comprendida entre la frontera terrestre de Francia con los Estados parte en el Convenio firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y una línea que discurre a 20 kilómetros de esa frontera, así como en las zonas accesibles al público de los puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias o de carretera abiertas al tráfico internacional y designadas mediante orden, también podrá controlarse la identidad de toda persona, según las modalidades previstas en el párrafo primero, con vistas a verificar el cumplimiento de las obligaciones de poseer, portar y presentar los títulos y documentos previstos por la ley. Cuando ese control tenga lugar a bordo de un tren que recorra una ruta internacional, podrá efectuarse en la parte del trayecto situada entre la frontera y la primera parada situada a más de veinte kilómetros de la frontera. No obstante, en las líneas ferroviarias que recorran una ruta internacional y presenten características especiales por sus paradas, el control también podrá efectuarse entre esa primera parada y una parada situada dentro de los siguientes cincuenta kilómetros. Esas líneas y paradas se designarán mediante orden ministerial. Cuando un tramo de autopista tenga su inicio en la zona mencionada en la primera frase del presente párrafo, y el primer puesto de peaje de la autopista se encuentre más allá de la línea de los 20 kilómetros, el control podrá tener lugar además, hasta ese primer puesto de peaje, en las áreas de estacionamiento, así como en ese mismo puesto de peaje y en las áreas de estacionamiento adyacentes. Los puestos de peaje comprendidos en esta disposición se designarán por orden.»


title: Archivo del asunto T-105/02

text:
               18.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/28

         Archivo del asunto T-105/02 (1)

   (2004/C 314/63)

      (Lengua de procedimiento: alemán)

   Mediante auto de 21 de octubre de 2004, el Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-105/02, Matratzen Concord GmbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

      (1)  DO C 144 de 15.6.2002.


title: Asunto T-67/99: Recurso interpuesto el 4 de marzo de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por «K»

text:
C 160/28                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        5.6.1999
Recurso interpuesto el 4 de marzo de 1999 contra la                      Recurso interpuesto el 5 de marzo de 1999 contra la
       Comisión de las Comunidades Europeas por «K»                      Comisión de las Comunidades Europeas por NV Toditec
                         (Asunto T-67/99)                                                        (Asunto T-68/99)
                          (1999/C 160/51)
                                                                                (1999/C 160/52)
                  (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                                    (Lengua de procedimiento: inglés)
Europeas se ha presentado el 4 de marzo de 1999 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
por «K», representado por el Sr. Eric Boigelot, Abogado de               Europeas se ha presentado el 5 de marzo de 1999 un recurso
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                    contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
despacho del Sr. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim.               por NV Toditec, representada por el Sr. Elke Ballon, que
                                                                         designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia            Sr. Koen De Vleeschauwer, 6, rue Heinrich Heine.
que:
— anule la decisión de 15 de mayo de 1998, a tenor de la cual           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
     la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos            que:
     (AFPN) deniega la solicitud de asistencia con arreglo al
     artı́culo 24 del Estatuto presentada por el demandante el 20        — acuerde la admisión del presente recurso y lo declare
     de marzo de 1998, mediante nota dirigida al Sr. S. Smidt,               fundado;
     Director General de la DG IX, conforme al apartado 1 del
     artı́culo 90 del Estatuto;                                          — en consecuencia, ordene a la Comisión de las Comunidades
                                                                             Europeas que pague a NV Toditec el equivalente en euros
— anule la decisión desestimatoria expresa de la reclamación               a la suma de 74 967 ECU, con intereses al tipo del 7 %
     presentada por el demandante y registrada en la Secretarı́a             (tipo legal aplicable en Bélgica) a partir del 5 de junio de
     General de la demandada el 18 de agosto de 1998, que se                 1998;
     produjo el 23 de noviembre de 1998 con la firma del Sr.
     Liikanen, Miembro de la Comisión, y que fue notificada al          — condene en costas a la Comisión.
     demandante el 4 de diciembre de 1998;
— en cualquier caso, condene a la demandada al pago de la
                                                                         Motivos y principales alegaciones
     totalidad de las costas.
                                                                         El 13 de febrero de 1996, la parte demandante, al celebrar un
Motivos y principales alegaciones
                                                                         contrato con la Comunidad Europea, representada por la
El demandante, funcionario de la Comisión y padre de un hijo            Comisión (DG III-Industria), se comprometió a llevar a cabo
que ha acudido a la guarderı́a «Clovis» de Bruselas, habı́a              varias tareas dentro de un proyecto denominado «Dissemina-
presentado una solicitud con arreglo al artı́culo 24 del Estatuto        tion Coordination for OMI» o «Discomi». Se celebró en el
destinada a obtener la asistencia de la Comisión en el marco            marco del Programa Esprit de la Unión Europea. El objetivo
del procedimiento iniciado por hechos de pedofilia acaecidos             general del Proyecto «Discomi» era mejorar la visibilidad del
en dicha guarderı́a. Habı́a solicitado, por una parte, como actor        «OMI» (Open Microprocessor Systems Initiative) en general y
civil el reembolso y la asunción de todos los gastos de                 de sus resultados comerciales en particular, para la mayor
Abogados y judiciales en el marco del procedimiento ante la              audiencia posible, mediante la facilitación y coordinación de
Fiscalı́a de Bruselas y, por otra parte, la reparación de todos los     varias medidas de divulgacı́on. Las tareas debı́a llevarlas a cabo
daños sufridos por su familia y por él mismo como consecuen-            la parte demandante, en su condición de coordinadora, en
cia de los hechos que originaron el proceso penal.                       colaboración con otras organizaciones. La duración del con-
                                                                         trato era de 12 meses a partir del 1 de diciembre de 1995,
Mediante la decisión impugnada la demandada denegó dicha               dividida en dos fases (Perı́odo I, desde el 1 de diciembre de
solicitud, invocando que el caso de autos no está comprendido           1995 al 31 de mayo de 1996; Perı́odo II, desde el 1 de junio
dentro del ámbito de aplicación del artı́culo 24 del Estatuto          de 1996 al 30 de noviembre de 1996).
debido a la inexistencia de vı́nculos con la condición y las
funciones del demandante.                                                El recurso se basa en el incumplimiento por parte de la
                                                                         Comisión de sus obligaciones contractuales derivadas del
En apoyo de su recurso, el demandante invoca una infracción             contrato «Discomi».
del Estatuto, en particular de su artı́culo 24, ası́ como la
vulneración de los principios generales del Derecho, como los           La demandante alega que la Comisión se negó erróneamente a
basados en el derecho de defensa, el principio de asistencia y           aceptar los costes que le presentó la demandante relativos al
protección, de confianza legı́tima y de obligación de motiva-          Proyecto. No se dio razón alguna para la negativa, ni se
ción legal y pertinente. Según el demandante, al denegarse la          concedió a la demandante la oportunidad de defenderse. La
solicitud de asistencia presentada, que se produjo además a             Comisión valoró equivocadamente los considerables esfuerzos
resultas de un procedimiento que no respetó las normas                  realizados por la demandante y sus empleados para que el
básicas generalmente aplicables y vigentes en la práctica de la        Proyecto Discomi resultara un éxito. El contrato fue ejecutado
demandada, ésta infringió las normas y principios alegados.             correctamente por la demandante y todos los costes presenta-
                                                                         dos por ésta están perfectamente justificados.


title: Asunto F-33/09: Recurso interpuesto el 1 de abril de 2009 — Tzvetanova/Comisión

text:
               6.6.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/22

         Recurso interpuesto el 1 de abril de 2009 — Tzvetanova/Comisión
   (Asunto F-33/09)
   2009/C 129/40
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Aglika Tzvetanova (Bruselas) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Objeto y descripción del litigio

   Recurso de anulación de la decisión de la Comisión por la que se deniega a la demandante la indemnización por expatriación establecido en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de la AFPN de no conceder a la demandante la indemnización por expatriación.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 12 de julio de 2005, en el asunto C-198/03 P, Comisión de las Comunidades Europeas contra CEVA Santé Animale SA., Pfizer Enrterprises Sàrl, Internatinal Federation for Animal Health (IFAH) («Recurso de casación — Reglamento (CEE) n° 2377/90 — Medicamentos veterinarios — Fijación de un límite máximo de residuos para la progesterona — Requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad»)

text:
               3.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/6

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 12 de julio de 2005
   en el asunto C-198/03 P, Comisión de las Comunidades Europeas contra CEVA Santé Animale SA., Pfizer Enrterprises Sàrl, Internatinal Federation for Animal Health (IFAH) (1)

   («Recurso de casación - Reglamento (CEE) no 2377/90 - Medicamentos veterinarios - Fijación de un límite máximo de residuos para la progesterona - Requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad»)
   (2005/C 217/12)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-198/03 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 12 de mayo de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. T. Christoforou y M. Shotter), y en el que las otras partes en el procedimiento son: CEVA Santé Animale SA, con domicilio social en Libourne (Francia) (abogados: Me D. Waelbroeck, y las Sras. N. Rampal y U. Zinsmeister), Pfizer Enterprises Sàrl, anteriormente Pharmacia Enterprises SA, anteriormente, a su vez, Pharmacia & Upjohn SA, con domicilio social en Luxemburgo (Luxemburgo), (abogados: Me D. Waelbroeck y las Sras. N. Rampal y U. Zinsmeister), apoyada por International Federation for Animal Health (IFAH), anteriormente Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), con sede en Bruselas (Bélgica), (abogado: Me A. Vandencasteele), el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann (Ponente), C.W.A. Timmermans y A. Borg Barthet, Presidentes de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric y los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus y E. Levits, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal; ha dictado el 12 de julio de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 26 de febrero de 2003, CEVA y Pharmacia Enterprises/Comisión (T-344/00 y T-345/00), en la medida en que declaró que la inactividad de la Comisión de las Comunidades Europeas entre el 1 de enero de 2000 y el 25 de julio de 2001 podía generar la responsabilidad de la Comunidad.

               2)

               Desestimar los recursos.

               3)

               Condenar a CEVA Santé Animale SA y Pfizer Enterprises Sàrl al pago de las costas tanto de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas como de la presente instancia.

               4)

               International Federation for Animal Health soportará sus propias costas tanto del procedimiento sustanciado ante el Tribunal de Primera Instancia como de la presente instancia.

      (1)  DO C 213, de 6.9.2003.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2000 en los asuntos acumulados C-102/98 y C-211/98 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundessozialgericht): Ibrahim Kocak contra Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (C-102/98) y Ramazan Örs contra Bundesknappschaft (C-211/98) ("Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión del Consejo de Asociación — Seguridad Social — Principio de no discriminación por razón de la nacionalidad — Efecto directo — Alcance — Legislación de un Estado miembro relativa a la determinación de la fecha de nacimiento para la constitución de un número de Seguridad Social y la concesión de una pensión de jubilación")

text:
C 149/2                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           27.5.2000
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Segunda)                                                        de 14 de marzo de 2000
                      de 9 de marzo de 2000                                 en los asuntos acumulados C-102/98 y C-211/98 (peticio-
                                                                            nes de decisión prejudicial planteadas por el Bundessozial-
                                                                            gericht): Ibrahim Kocak contra Landesversicherungsan-
en el asunto C-386/98: Comisión de las Comunidades                         stalt Oberfranken und Mittelfranken (C-102/98) y Rama-
             Europeas contra República Italiana (1)                               zan Örs contra Bundesknappschaft (C-211/98) (1)
                                                                            («Acuerdo de Asociación CEE-Turquı́a — Decisión del
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 93/104/CE —
                                                                            Consejo de Asociación — Seguridad Social — Principio de
Ordenación del tiempo de trabajo — No adaptación del                      no discriminación por razón de la nacionalidad — Efecto
                           Derecho interno»)                                directo — Alcance — Legislación de un Estado miembro
                                                                            relativa a la determinación de la fecha de nacimiento para la
                                                                            constitución de un número de Seguridad Social y la concesión
                           (2000/C 149/02)
                                                                                de una pensión de jubilación»)
                                                                                (2000/C 149/03)
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
En el asunto C-386/98, Comisión de las Comunidades Euro-                         «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
peas (Agentes: Sres. P.J. Kuijper y A. Aresu) contra República
Italiana (Agente: Profesor U. Leanza, asistido por el Sr. D. Del            En los asuntos acumulados C-102/98 y C-211/98, que tienen
Gaizo) que tiene por objeto que se declare que la República                por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia,
Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en                  con arreglo al artı́culo 177 del Tratado CE (actualmente
virtud del Tratado CE, al no haber adoptado las disposiciones               artı́culo 234 CE), por el Bundessozialgericht (Alemania), desti-
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adap-             nadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano
tar su Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva 93/104/CE             jurisdiccional entre Ibrahim Kocak y Landesversicherungsan-
del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determina-              stalt Oberfranken und Mittelfranken (asunto C-102/98), y
dos aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO                    entre Ramazan Örs y Bundesknappschaft (C-211/98), una
L 307, p. 18) y/o al no haberlas comunicado a la Comisión, el              decisión prejudicial sobre la interpretación del artı́culo 9 del
Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por los Sres.:               Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad
R. Schintgen, Presidente de Sala, G. Hirsch y V. Skouris                    Económica Europea y Turquı́a, firmado el 12 de septiembre de
(Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario:            1963 en Ankara y concluido, aprobado y confirmado en
Sr. R. Grass, ha dictado el 9 de marzo de 2000 una sentencia                nombre de la Comunidad mediante la Decisión 64/732/CEE
cuyo fallo es el siguiente:                                                 del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217,
                                                                            p. 3685; EE 11/01, p. 18); del artı́culo 37 del Protocolo
1) La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le             Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y
     incumben en virtud de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de           concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comuni-
     23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de           dad por el Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de
     la ordenación del tiempo de trabajo, al no haber adoptado en          diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213); del
     el plazo prescrito las disposiciones legales, reglamentarias y         artı́culo 10, apartado 1, de la Decisión no 1/80 del Consejo de
     administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a lo        Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo
     dispuesto en dicha Directiva.                                          de la Asociación, y del artı́culo 3, apartado 1, de la Decisión
                                                                            no 3/80 del Consejo de Asociación, de la misma fecha, relativa
                                                                            a la aplicación de los regı́menes de Seguridad Social de
2) Se condena en costas a la República Italiana.                           los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los
                                                                            trabajadores turcos y a los miembros de sus familias (DO
                                                                            1983, C 110, p. 60), el Tribunal de Justicia, integrado por
                                                                            los Sres.: G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; D.A.O. Edward,
(1) DO C 397, de 19.12.1998.                                                L. Sevón y R. Schintgen (Ponente), Presidente de Sala;
                                                                            P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirch, H. Rag-
                                                                            nemalm, M. Wathelet y V. Skouris, Jueces; Abogado General:
                                                                            Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado
                                                                            el 14 de marzo de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- 27.5.2000                ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 149/3
El artı́culo 3, apartado 1, de la Decisión no 3/80 del Consejo de          El artı́culo 73 D, apartado 1, letra b), del Tratado CE [actualmente
Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de      artı́culo 58 CE, apartado 1, letra b)] debe interpretarse en el sentido
los regı́menes de Seguridad Social de los Estados miembros de las           de que no permite un régimen de autorización previa para las
Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de          inversiones extranjeras directas que se limita a derinir de manera
sus familias, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que     general las inversiones a las que se aplica como aquellas que puedan
un Estado miembro aplique a los trabajadores turcos una normativa           afectar al orden público o a la seguridad pública, de forma que los
que, para la concesión de una pensión de jubilación y la formación      interesados no puedan conocer las circunstancias especı́ficas en las
del número de afiliación a la Seguridad Social asignado a tal fin,        que es necesaria una autorizacion previa.
toma como fecha de nacimiento determinante la que resulta de la
primera declaración realizada por el interesado ante un organismo
competente en materia de Seguridad Social de ese Estado y supedita
la consideración de otra fecha de nacimiento al requisito de que se        (1) DO C 100 de 10.4.1999.
presente un documento cuyo original se haya expedido antes de la
fecha de esa declaración.
(1) DO C 209, de 4.7.1998 y DO C 258, de 15.8.1998.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                     de 14 de marzo de 2000                                                       de 16 de marzo de 2000
en el asunto C-54/99 (petición de decisión prejudicial                    en los asuntos acumulados C-395/96 P y C-396/96 P:
planteada por el Conseil d’État): Association Église de                   Compagnie maritime belge transports SA (C-395/96 P),
scientologie de Paris y Scientology International Reserves                  Compagnie maritime belge SA (C-395/96 P) y Dafra-Lines
                Trust contra Premier ministre (1)                           A/S (C-396/96 P) contra Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas (1)
(«Libre circulación de capitales — Inversiones extranjeras
directas — Autorización previa — Orden público y seguridad                («Competencia — Transportes marı́timos internacionales —
                               pública»)                                   Conferencias marı́timas Reglamento (CEE) no 4056/86 —
                                                                            Artı́culo 86 del Tratado CE (actualmente artı́culo 82 CE) —
                           (2000/C 149/04)                                  Posición dominante colectiva — Acuerdo entre Administra-
                                                                            ciones nacionales y Conferencias marı́timas que prevé un
                                                                            derecho exclusivo — Conferencia marı́tima que insiste en la
                                                                            aplicación del Acuerdo — Buques de lucha — Descuentos de
                  (Lengua de procedimiento: francés)                        fidelidad — Derechos de defensa — Multas — Criterios de
                                                                                apreciación»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                                    (2000/C 149/05)
En el asunto C-54/99, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del                             (Lengua de procedimiento: inglés)
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Conseil d’État
(Francia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
órgano jurisdiccional entre Association Église de scientologie            (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
de Paris, Scientology International Reserves Trust, por una                       «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
parte, y Premier ministre, por otra, una decisión prejudicial
sobre la interpretación del artı́culo 73 D, apartado 1, letra b),
del Tratado CE [actualmente artı́culo 58 CE, apartado 1, letra              En los asuntos acumulados C-395/96 P y C-396/96 P,
b)], el Tribunal de Justicia integrado por los Sres.: G.C.                  Compagnie maritime belge transports SA (C-395/96 P), con
Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida,                  domicilio social en Amberes (Bélgica), Compagnie maritime
D.A.O. Edward y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G.                   belge SA (C-395/96 P), con domicilio social en Amberes,
Kapteyn, C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, H.              y Dafra-Lines A/S (C-396/96 P), con domicilio social en
Ragnemalm, M. Wathelet y V. Skouris, Jueces; Abogado                        Copenhague (Dinamarca), representadas por los Sres. M. y
General: Sr. A. Saggio; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el             D. Waelbroeck, Abogados de Bruselas, que designan como
14 de marzo de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:               domicilio en Luxemburgo el despacho de Me E. Arendt, 34,


title: Asunto T-222/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de junio de 2009 — Italia/Comisión ( Ayudas de Estado — Régimen de ayudas otorgadas por las autoridades italianas a determinadas empresas de servicios públicos en forma de exenciones fiscales y de préstamos privilegiados — Decisión por la que se declara la incompatibilidad de las ayudas con el mercado común — Ayudas existentes o ayudas nuevas — Artículo 86 CE, apartado 2 )

text:
               1.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/41

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de junio de 2009 — Italia/Comisión
   (Asunto T-222/04) (1)

   («Ayudas de Estado - Régimen de ayudas otorgadas por las autoridades italianas a determinadas empresas de servicios públicos en forma de exenciones fiscales y de préstamos privilegiados - Decisión por la que se declara la incompatibilidad de las ayudas con el mercado común - Ayudas existentes o ayudas nuevas - Artículo 86 CE, apartado 2»)
   2009/C 180/75
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: inicialmente I. Braguglia, posteriormente R. Adam e I. Bruni, agentes, asistidos por M. Fiorilli, abogado del Estado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: V. Di Bucci, agente)

      Objeto

   Recurso de anulación de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2003/193/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público (DO 2003, L 77, p. 21).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               La República Italiana cargará con sus propias costas y con las de la Comisión.

      (1)  DO C 233, de 28.9.2002 (anteriormente asunto C-290/02).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 1 de abril de 2004 en el asunto C-112/02 (peticiónde decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das LandNordrhein-Westfalen): Kohlpharma GmbH contra Bundesrepublik Deutschland («Librecirculación de mercancías — Medicamentos — Importación — Solicitud de autorizaciónde comercialización mediante procedimiento simplificado — Origen común»)

text:
               30.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/8

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   (Sala Sexta)
   de 1 de abril de 2004
   en el asunto C-112/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): Kohlpharma GmbH contra Bundesrepublik Deutschland (1)

   («Libre circulación de mercancías - Medicamentos - Importación - Solicitud de autorización de comercialización mediante procedimiento simplificado - Origen común»)
   (2004/C 106/12)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-112/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Kohlpharma GmbH y Bundesrepublik Deutschland, una decisión prejudicial sobre la interpretación del Derecho comunitario, en especial de los artículos 28 CE y 30 CE, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. C. Gulmann (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet y R. Schintgen y la Sra. F. Macken, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 1 de abril de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   En el supuesto de que:

               se haya presentado una solicitud de autorización de comercialización para un medicamento en referencia a un medicamento ya autorizado,

               el medicamento para el que se solicita la autorización haya sido importado de un Estado miembro donde ha obtenido una autorización de comercialización, y

               la evaluación en materia de seguridad y eficacia efectuada para el medicamento ya autorizado pueda aplicarse, sin riesgos para la salud pública, al medicamento para el que se solicita la autorización de comercialización,

         los artículos 28 CE y 30 CE se oponen a que se deniegue ésta por el único motivo de que ambos medicamentos no tienen un origen común.

      (1)  DO C 156, de 29.6.2002.


title: Asunto T-194/16: Recurso interpuesto el 29 de abril de 2016 — Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)

text:
               20.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 222/31

         Recurso interpuesto el 29 de abril de 2016 — Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)
   (Asunto T-194/16)
   (2016/C 222/39)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Klassisk investment Ltd (Hong Kong, República Popular China) (representantes: J. Plate y R. Kaase, abogados)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca figurativa que incluye los elementos denominativos «CLASSIC FINE FOODS» — Registro internacional n.o 1222164

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de enero de 2016 en el asunto R 1970/2015-1

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO, incluidas las costas del procedimiento ante la Sala de Recurso.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009.


title: Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 289 de 29.11.2003

text:
13.12.2003        ES                       Diario Oficial de la Unión Europea                          C 304/35
                                                             III
                                                       (Informaciones)
                                                     (2003/C 304/63)
                  Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea
           DO C 289 de 29.11.2003
           Recopilación de las publicaciones anteriores
           DO C 275 de 15.11.2003
           DO C 264 de 1.11.2003
           DO C 251 de 18.10.2003
           DO C 239 de 4.10.2003
           DO C 226 de 20.9.2003
           DO C 213 de 6.9.2003
                                        Estos textos se encuentran disponibles en:
                                          EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex
                                            CELEX: http://europa.eu.int/celex


title: Asunto C-546/16: Petición de decisión prejudicial presentada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (España) el 28 de octubre de 2016 — Montte S.L./Musikene

text:
               23.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 22/8

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (España) el 28 de octubre de 2016 — Montte S.L./Musikene
   (Asunto C-546/16)
   (2017/C 022/12)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Montte S.L.

      Demandada: Musikene

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone la Directiva 2014/24/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, a una legislación nacional como el artículo 150.4 TRLCSP (2), o a una práctica de interpretación y aplicación de dicha legislación, que autorizan a los poderes adjudicadores a establecer en los pliegos que rigen la licitación de un procedimiento abierto criterios de adjudicación que operan en fases sucesivas eliminatorias para las ofertas que no superan un umbral mínimo de puntuación predeterminado?

               2)

               En el caso de que la respuesta a la primera cuestión sea negativa, ¿se opone la citada Directiva 2014/24 a una legislación nacional, o a una práctica de interpretación y aplicación de dicha legislación, que utilizan en el procedimiento abierto el citado sistema de criterios de adjudicación que operan en fases sucesivas eliminatorias de manera que en la última fase no queden ofertas suficientes como para garantizar una competencia real?

               3)

               En el caso de que la respuesta a la segunda cuestión sea positiva, ¿se opone la citada Directiva 2014/24, por no garantizarse una competencia real o por eludir el mandato de adjudicar el contrato a la oferta con la mejor relación calidad/precio, a una cláusula como la debatida, en la que el factor precio solo se valora para las ofertas que hayan obtenido 35 sobre 50 puntos en los criterios técnicos?

      (1)
         DO 2014, L 94, p. 65

      (2)  Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público


title: Asunto C-369/10 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de marzo de 2011 — Ravensburger AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Educa Borras SA [Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca comunitaria denominativa MEMORY — Procedimiento de nulidad — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Reglamento (CE) n ° 40/94 — Artículo 7, apartado 1, letra c)]

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/10

         Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de marzo de 2011 — Ravensburger AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Educa Borras SA
   (Asunto C-369/10 P) (1)

   (Recurso de casación - Marca comunitaria - Marca comunitaria denominativa MEMORY - Procedimiento de nulidad - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 7, apartado 1, letra c))
   2011/C 252/18
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Ravensburger AG (representantes: H. Harte-Bavendamm y M. Goldmann, Rechtsanwälte)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Botis, agente), Educa Borras SA

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 19 de mayo de 2010, Ravensburger/OAMI (T-108/09), que desestimó un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 8 de enero de 2009 (asunto R 305/2008-2), que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Anulación que declaró la nulidad de la marca denominativa «MEMORY» para productos clasificados en las clases 9 y 28, en el marco de la demanda de nulidad presentada por Educa Borras.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Ravensburger AG.

      (1)  DO C 260, de 25.9.2010.


title: Asunto C-96/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de septiembre de 2012 — August Storck KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (Recurso de casación — Marca comunitaria — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Signo tridimensional constituido por la forma de un ratón de chocolate)

text:
               27.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/7

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de septiembre de 2012 — August Storck KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
      (Asunto C-96/11 P) (1)

      (Recurso de casación - Marca comunitaria - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Signo tridimensional constituido por la forma de un ratón de chocolate)
      (2012/C 331/10)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Partes

         Recurrente: August Storck KG (representantes: T. Reher y R. W. Staub, abogados)

         Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: R. Manea y G. Schneider, agentes)

         Objeto

      Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 17 de diciembre de 2010, Storck/OAMI (T-13/09), mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 12 de noviembre de 2008, que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución del examinador por la que se denegaba el registro de un signo tridimensional constituido por la forma de un ratón de chocolate como marca comunitaria para determinados productos de la clase 30 — Carácter distintivo de la marca.

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso de casación.

                  2)

                  Condenar en costas a August Storck KG.

         (1)  DO C 152, de 21.5.2011.


title: Asunto C-367/14: Recurso interpuesto el 25 de julio de 2014 — Comisión Europea/República Italiana

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/21

      Recurso interpuesto el 25 de julio de 2014 — Comisión Europea/República Italiana
      (Asunto C-367/14)
      (2014/C 395/27)
      Lengua de procedimiento: italiano

         Partes

         Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Conte, D. Grespan y B. Stromsky, agentes)

         Demandada: República Italiana

         Pretensiones de la parte demandante

      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

                  —

                  Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Decisión de la Comisión 2000/394/CE, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia (1), y del artículo 260 TFUE, por no haber adoptado todas las medidas necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2011, en el asunto C-302/09, relativa a la recuperación de los beneficiarios de las ayudas consideradas ilegales e incompatibles con el mercado común con arreglo a la citada Decisión.

                  —

                  Ordene a la República Italiana que abone una cantidad a tanto alzado a la Comisión cuyo importe resulta de la multiplicación de un importe diario de 24 578,40 euros por el número de días en que continúe la infracción a partir del día en que se dictó la sentencia en el asunto C-302/09 hasta la fecha en que se dicte la sentencia en el presente asunto.

                  —

                  Ordene a la República Italiana que abone a la Comisión una multa con carácter semestral, fijada por la Comisión a partir del semestre siguiente a la fecha de la sentencia del presente asunto, multiplicando la multa diaria de 187 264 euros diarios por 182,5 y por el porcentaje de las ayudas aún no recuperadas hasta el fin del semestre en relación con el importe de las ayudas que aún deben recuperarse en el momento en que el Tribunal de Justicia dicte la sentencia del presente asunto.

                  —

                  Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones

      La República Italiana no ha adoptado todas las medidas necesarias para recuperar las ayudas declaradas ilegales e incompatibles por la Decisión, tal como requiere la sentencia en el asunto C-302/09, toda vez que, casi 3 años después de la sentencia declarativa, aún deben recuperarse (al menos) 33 032 000 euros de 99 beneficiarios, equivalente al 70 % del importe que ha de recuperarse.
      En efecto, pese a haber adoptado, tras la sentencia declarativa, medidas normativas adicionales, falta por recuperar gran parte de las ayudas y no se ha registrado ningún progreso significativo al respecto.
      En consecuencia, debe declararse que la República Italiana no ha ejecutado la sentencia que declara la infracción.

         (1)  Decisión de la Comisión de 25 de noviembre de 1999 relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997 y no 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales [notificada con el número C(1999) 4268] (Texto pertinente a los fines del EEE) (DO L 150, p. 50).


title: Asunto T-349/09: Auto del Tribunal General de 6 de julio de 2010 — PAGO International/OAMI — Tirol Milch (Pago) ( «Marca comunitaria — Procedimiento de caducidad — Revocación de la resolución de la Sala de Recurso — Desaparición del objeto del litigio — Sobreseimiento» )

text:
               28.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 234/37

         Auto del Tribunal General de 6 de julio de 2010 — PAGO International/OAMI — Tirol Milch (Pago)
   (Asunto T-349/09) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de caducidad - Revocación de la resolución de la Sala de Recurso - Desaparición del objeto del litigio - Sobreseimiento)
   2010/C 234/66
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Austria) (representantes: C. Hauer y C. Schumacher, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: G. Schneider, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck (Innsbruck, Austria)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 1 de julio de 2009 (asunto R 864/2008-4), relativa a un procedimiento de caducidad entre Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck y PAGO International GmbH.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

      (1)  DO C 267, de 7.11.2009.


title: Asunto C-204/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank (Bélgica) el 30 de abril de 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank (Bélgica) el 30 de abril de 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
   (Asunto C-204/12)
   2012/C 227/12
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

      Partes en el procedimiento principal

   Demandante: Essent Belgium NV
   Demandada: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
   Otras partes:

               Vlaams Gewest

               Vlaamse Gemeenschap

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con los artículos 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y 11 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) o, en su caso, los artículos 36 TFUE y 13 del Acuerdo EEE, una norma nacional, como la que contiene el Vlaams Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Decreto flamenco de 17 de julio de 2000 relativo a la organización del mercado de la electricidad), a la que se dio aplicación mediante la Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2005 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (Orden del Gobierno Flamenco de 5 de marzo de 2004, en su versión modificada por la Orden del Gobierno Flamenco de 25 de febrero de 2005 relativa al fomento de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables), habida cuenta de que:

                           —

                           se impone a los proveedores que suministran electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte la obligación de presentar anualmente al organismo regulador un número determinado de certificados verdes (artículo 23 de dicho Decreto);

                           —

                           se impone a los proveedores que suministran electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte una multa por parte del Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits en Gasmarkt (VREG) (Organismo Regulador Flamenco del Mercado de la Electricidad y del Gas), cuando dichos proveedores no hayan entregado suficientes certificados verdes con el fin de cumplir con la obligación de cuota establecida en materia de presentación de tales certificados (artículo 37, apartado 2, de dicho Decreto);

                           —

                           el Organismo regulador no puede o no quiere tener en cuenta las garantías de origen de Noruega y los Países Bajos en incumplimiento de las medidas de ejecución del Gobierno Flamenco, que ha reconocido la igualdad o equivalencia de dichos certificados (artículo 25 de dicho Decreto y artículo 15, apartado 1, de la Orden de 5 de marzo de 2004), sin que la igualdad o equivalencia sea examinada in concreto por el Organismo regulador;

                           —

                           de hecho, durante todo el período en que estuvo en vigor el Decreto de 17 de julio de 2000, sólo se tuvieron en cuenta certificados de producción de electricidad verde generada en la Región Flamenca para comprobar si se había cumplido la obligación de cuota, mientras que los proveedores de electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte no tenían ninguna posibilidad de demostrar que las garantías de origen entregadas cumplían el requisito de existencia de garantías iguales o equivalentes en materia de reconocimiento de tales certificados?

               2)

               ¿Es compatible con el artículo 5 de la anterior Directiva 2001/77/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, una norma nacional como la mencionada en la primera cuestión?

               3)

               ¿Es compatible con el principio de igualdad y con la prohibición de discriminación establecidos, en particular, en los artículos 18 TFUE y 3 de la anterior Directiva 2003/54/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de [2003], sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE, una norma nacional como la mencionada en la primera cuestión?

      (1)  DO L 283, p. 33.

      (2)  DO L 176, p. 37.


title: Asunto C-282/04: Recurso interpuesto el 30 de junio de 2004 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               28.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/15

         Recurso interpuesto el 30 de junio de 2004 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-282/04)
   (2004/C 217/29)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 30 de junio de 2004 un recurso contra el Reino de los Países Bajos, formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Hans Støvlbæk y Albert Nijenhuis, en calidad de agentes.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 56 CE y 43 CE, al mantener algunas disposiciones de los estatutos de la sociedad Koninklijke KPN N.V., a saber, que el capital de la sociedad tiene una acción nominativa específica que se halla en posesión del Estado neerlandés y que confiere derechos especiales por lo que respecta a la aprobación de determinadas decisiones adoptadas por los órganos competentes de la empresa.

               —

               Condene en costas al Reino de los Países Bajos.

         Motivos y principales alegaciones
   En 1998, la sociedad Koninklijke PTT Nederland NV fue dividida en dos sociedades independientes: Koninklijke KPN NV (KPN), para la actividad de telecomunicaciones, y TNT POSTGROEP NV (TPG), para la logística y la distribución. El capital de la sociedad Koninklijke KPN N.V. tiene, además de acciones ordinarias y acciones preferentes, una acción nominativa específica que confiere determinados privilegios. Actualmente, esta acción específica se halla en posesión del Estado neerlandés.
   En virtud de los estatutos, esta acción específica otorga derechos especiales en relación con la aprobación de determinadas decisiones que son adoptadas por los órganos competentes de la sociedad.
   Según la Comisión, los derechos que confiere la acción específica restringen las libertades de circulación de capitales y de establecimiento. Estas atribuciones especiales, aunque no sean explícitamente discriminatorias, pueden dificultar la compra de acciones de la referida empresa y desanimar a los inversores de otros establecimientos a invertir capital en esta empresa. Estos derechos causan, en particular, una considerable restricción de los derechos que normalmente corresponden a las inversiones directas en KPN. En consecuencia, pueden menoscabar la libre circulación de capitales y, de esta forma, constituir una restricción a la circulación de capitales en el sentido del artículo 56 CE.
   Dado que estas atribuciones especiales también brindan al Estado neerlandés la oportunidad de ejercer el control sobre la gestión social y la marcha normal de los asuntos de la empresa, influyen, además, en las inversiones directas y, por estas razones, también pueden constituir una restricción a la libertad de establecimiento, que está consagrada en el artículo 43 CE.


title: Asunto T-31/08: Auto del Tribunal General de 11 de abril de 2011 — Quantum/OAMI — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

text:
               11.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 173/15

         Auto del Tribunal General de 11 de abril de 2011 — Quantum/OAMI — Quantum (Q Quantum CORPORATION)
   (Asunto T-31/08) (1)

   2011/C 173/32
   Lengua de procedimiento: griego
   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 92, de 12.4.2008.