title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera) de 13 de diciembre de 1995 en el asunto T-85/94 (122), Comisión de las Comunidades Europeas contra Eugénio Branco Lda (Fondo Social Europeo - Reducción de una ayuda económica concedida inicialmente - Motivación - Procedimiento de oposición)

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N° C 31 / 18           ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          3 . 2 . 96
2 ) Condenar en costas a las partes demandantes                      Programa Thermie para el año 1993 , y, por otra parte, que
                                                                     se condene a la Comisión a adoptar una nueva decisión, el
(!) DO n" C 172 de 23 . 6 . 1993 y DO n" C 209 y 3 . 8 . 1993 .      Tribunal de Primera Instancia ( Sala Primera ), integrado por
                                                                     el Sr . H. Kirschner, en función de Presidente; el Sr . A.
                                                                     Kalogeropoulos y la Sra . V. Tiili, Jueces; Secretario : Sr. J.
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              Palacio González; ha dictado el 1 3 de diciembre de 1 995 una
                  DE PRIMERA INSTANCIA                               sentencia cuyo fallo es el siguiente :
                          ( Sala Tercera )
                                                                     1 ) Se desestima el recurso.
                  de 13 de diciembre de 1995
                                                                     2 ) Se condena en costas a la parte demandante.
en el asunto T-85/94 ( 122 ), Comisión de las Comunidades
            Europeas contra Eugénio Branco Lda ( J )                 (') DO n" C 146 de 28 . 5 . 1994 .
(Fondo Social Europeo — Reducción de una ayuda econó
mica concedida inicialmente — Motivación — Procedi
                     miento de oposición)                                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
                            ( 96/C 31 /41 )
                                                                                de 14 de diciembre de 1995
             (Lengua de procedimiento: portugués)
                                                                         en el asunto T-72/94 : Komninos Diamantaras contra
En el asunto T-85/94 ( 122 ), Comisión de las Comunidades                      Comisión de las Comunidades Europeas (')
Europeas ( Agentes : Sres . D. Francisco de Sousa Fialho y           [Funcionarios — Indemnización por expatriación — Inexis
D. Horstpeter Kreppel ), contra Eugénio Branco Lda, socie           tencia de residencia habitual en el Estado de destino — Letra
dad portuguesa , con domicilio social en Lisboa , represen          a) del apartado 1 del artículo 4 del Anexo VII del Estatuto de
tada por el Sr . D. Bolota Belchior, Abogado de Vila Nova de                                 los funcionarios]
Gaia, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho del Sr. Jacques Schroeder, 6 , rué Heine , que tiene                                  ( 96/C 31 /43 )
por objeto la oposición formulada contra la sentencia                               (Lengua de procedimiento: griego)
dictada en rebeldía por el Tribunal de Primera Instancia el
12 de enero de 1995 , en el asunto Branco/Comisión,                  En el asunto T-72/94 , Komninos Diamantaras, funcionario
T-85/94 ( Rec . p . 11-45 ), el Tribunal de Primera Instancia        de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
( Sala Tercera ), integrado por los Sres .: C P. Briët, en           en Bruselas, representado por los Sres . D. Athanassios D.
funciones de Presidente ; C W. Bellamy y J. Azizi , Jueces;          Damis y D. Nikos E. Stavropoulos, Abogados de Atenas,
Secretario : Sr . H. Jung; ha dictado el 13 de diciembre de          que designa como domicilio en Luxemburgo el del Sr .
1995 una sentencia cuyo fallo es el siguiente :                      Emmanuel Kaïlis, 14 , rué Julien Vasque, Gasperich ( Luxem
                                                                     burgo ), contra Comisión de las Comunidades Europeas
1 ) Se desestima la oposición formulada por la Comi                 ( Agente : Sr. D. Dimitrios Gouloussis ), que tiene por objeto,
     sión .
                                                                     por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión
2 ) Se condena en costas a la Comisión .                             comunicada al demandante mediante nota administrativa
                                                                     de 22 de febrero de 1993 , por la que se le deniega el derecho
(') DO n°C 120 de 30 . 4 . 1994 .                                    a la indemnización de expatriación, y, por otra parte, la
                                                                     condena de la Comisión al pago de dicha indemnización a
                                                                     partir de la fecha de entrada en funciones en la Comisión del
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              demandante , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Cuarta ),
                  DE PRIMERA INSTANCIA                               integrado por el Sr . K. Lenaerts , Presidente; el Sr . R.
                  de 13 de diciembre de 1995                         Schintgen y la Sra . P. Lindh, Jueces; Secretario : Sr . J. Palacio
                                                                     González, ha dictado el 14 de diciembre de 1995 una
en el asunto T- 109/94: Windpark Groothusen GmbH &                   sentencia cuyo fallo es el siguiente :
Co . Betriebs KG contra Comisión de las Comunidades
                             Europeas ( 1 )                          1 ) Se anula la decisión de la Comisión comunicada
 (Apoyo financiero en el sector de la energía — Programa                   mediante nota de 22 de febrero de 1 993 , por la que se
 Thermie — Obligación de motivarlos actos — Dictamen del                   deniega al demandante el derecho a la indemnización de
 Comité — Derecho a ser oído — Facultad de aprecia                        expatriación.
                                  ción)                              2 ) Se condena a la Comisión a abonar al demandante las
                             ( 96/C 31 /42                                 sumas correspondientes a dicha indemnización a partir
                                                                           del 1 de noviembre de 1 992 , deduciendo la que ya le ha
               (Lengua de procedimiento: alemán)                           sido abonado en concepto de indemnización de expa
En el asunto T-109/94 , Windpark Groothusen GmbH &                         triación, e incrementando dichas sumas con los intereses
Co. Betriebs KG, con domicilio social en Groothusen                       de demora calculados desde la fecha de vencimiento
Krummhörn ( Alemania ), representada por el Sr. D. Detlef                  respectivo de las mismas hasta su pago efectivo, a un
Schumacher, Catedrático de Bremen, y el Sr. D. Benno                       tipo del 8 % anual.
Grunewald, Abogado de Bremen, contra Comisión de las                  3 ) Se condena a la Comisión al pago de la totalidad de las
 Comunidades Europeas ( Agente : Sr . D. Jürgen Grunwald ),                costas .
que tiene por objeto, por una parte, que se anule la decisión
de la Comisión de 13 de enero de 1994 , por la que se denegó          (') DO n° C 132 de 14 . 5 . 1994 .
 a la demandante un apoyo financiero en el marco del


title: Asunto C-318/99: Recurso interpuesto el 26 de agosto de 1999 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Italiana

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C 314/4                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     30.10.1999
Recurso de casación interpuesto por Areacova, S.A. y                 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
otros 27 el 11 de agosto de 1999 contra el auto dictado el
8 de julio de 1999 por la Sala Tercera del Tribunal de                — Declare nula y sin valor ni efecto alguno la Decisión
Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el                       impugnada (1).
asunto T-12/96 entre Areacova, S.A., y otros 30 y Consejo
de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades
                             Europeas                                 — Condene en costas a la Comisión.
                      (Asunto C-301/99 P)
                                                                      Motivos y principales alegaciones
                         (1999/C 314/07)
                                                                      1. En la Decisión impugnada, la Comisión considera que la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              obligación de evaluar las ayudas con arreglo a una
presentado el 11 de agosto de 1999 un Recurso de casación                aprobación anterior no subsiste en el supuesto de que esta
interpuesto por Areacova, S.A. y otros 27, representados por              última haya ido acompañada, como ocurre en el presente
Antonio Creus Carreras, abogado del Ilustre Colegio de                    caso, de reservas en relación con el examen de los casos
Abogados de Barcelona, Eva Contreras Ynzenga y Albert                     especı́ficos de aplicación del régimen general.
Agustinoy Guilayn, abogados del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid, que designan domicilio a efectos de notificaciones             En efecto, la circunstancia de que en el escrito de aproba-
en Cuatrecasas Abogados, Avenue d’Auderghem, 78,                          ción de los Planes nacionales de sector se haya formulado
B-1040 Bruselas, contra el auto dictado el 8 de julio de 1999             la reserva de que se examinen las medidas de aplicación de
por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las              los mismos, con la exigencia de que se notifiquen estas
Comunidades Europeas en el asunto T-12/96 entre Areacova,                 últimas, no implica que, al efectuar las sucesivas evaluacio-
S.A. y otros 30 y Consejo de la Unión Europea y Comisión de             nes, la Comisión pueda alejarse de sus valoraciones anterio-
las Comunidades Europeas,                                                 res, considerando las medidas de que se trata como ayudas
                                                                          individuales y siguiendo unos criterios nuevos y diferentes
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                 de los utilizados con motivo de la aprobación de los planes
                                                                          de sector.
1. Case el auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio
    de 1999 en el asunto T-12/96, por todos o algunos de los          2. La Comisión afirma que buena parte de las medidas
    defectos señalados, y deduzca de la casación de dicho               examinadas no se atienen a los planes de sector, dado que
    auto todas las consecuencias jurı́dicas, tanto si resuelve            algunas de ellas no están comprendidas dentro de la
    expresamente sobre el fondo como si reenvı́a su examen                tipologı́a de las intervenciones previstas por los Planes
    al TPI.                                                               nacionales de sector; algunas ayudas no están previstas en
                                                                          un plan especı́fico de intervención; otras, aunque estén
2. Condene en costas a la parte demandada ante el Tribunal
                                                                          previstas en planes de sector, no consiguen algunos de los
    de Justicia de las Comunidades Europeas, pronunciándose
                                                                          objetivos programáticos descritos con carácter general en
    asimismo sobre la condena en costas de la demandada en
                                                                          los Planes nacionales de sector y no prevén los criterios de
    el asunto en Primera Instancia, en el caso de estimarse total
                                                                          aplicación de actividades de integración o de sustitución
    o parcialmente lo aducido en la presente casación.
                                                                          de las actividades de producción de azúcar.
Motivos y principales alegaciones                                         Con arreglo al artı́culo 46 del Reglamento no 1785/81 (2)
                                                                          y el artı́culo 4 del Reglamento no 1254/89 (3), la conformi-
Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los del             dad de las ayudas con los planes de sector autorizados
asunto C-300/99 P.                                                        deberá evaluarse atendiendo fundamentalmente a su coi-
                                                                          ncidencia con los fines y objetivos globales perseguidos
                                                                          por los propios planes.
                                                                          La Comisión no se ha pronunciado en absoluto sobre la
                                                                          compatibilidad general entre las iniciativas tomadas y los
                                                                          fines y objetivos globales de los planes de sector, limitán-
Recurso interpuesto el 26 de agosto de 1999 contra la                     dose a formular las objeciones indicadas más arriba, o bien
Comisión de las Comunidades Europeas por la República                   a examinar el alcance de las medidas en relación con las
                              Italiana                                    directrices comunitarias en materia de ayudas, lo que
                                                                          constituye un defecto más de la Decisión impugnada, tanto
                       (Asunto C-318/99)                                  desde el punto de vista de la infracción de las disposiciones
                                                                          comunitarias como del de la insuficiencia de motivación.
                         (1999/C 314/08)
                                                                      3. La infracción de las normas sobre evaluación de las ayudas
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              de que se trata y la omisión sustancial de una valoración
presentado el 26 de agosto de 1999 un recurso contra la                   general de la compatibilidad de dichas medidas con los
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la                    fines y objetivos globales de los planes de sector han
República Italiana, representada por el Prof. Umberto Leanza,            influido efectivamente en la decisión de realizar un examen
en calidad de Agente, asistido por el Sr. Danilo Del Gaizo,               «atomizado» de las intervenciones, dando lugar a un error
Avvocato dello Stato, que designa como domicilio en Luxem-                de enfoque que ha terminado por influir negativamente en
burgo la Embajada de Italia, rue Marie-Adélaïde, 5.                       las conclusiones a las que ha llegado la Comisión.
 ---pagebreak--- 30.10.1999              ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 314/5
4. La Decisión de la Comisión determina el elemento de                    Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 1999 contra
     ayuda utilizando el tipo de referencia comunitario vigente             el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
     en la fecha de concesión de las ayudas. El tipo indicado por                                        Europeas
     la Comisión coincide con el señalado para la devolución de
     las ayudas ilegales en la Comunicación de la Comisión a                                       (Asunto C-337/99)
     los Estados miembros 97/C 273/03.
                                                                                (1999/C 314/10)
     Dicho tipo no puede aplicarse con carácter retroactivo al
     perı́odo comprendido entre el momento de la concesión
                                                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     de las ayudas y la entrada en vigor de dicha normativa, por
                                                                            presentado el 10 de septiembre de 1999 un recurso contra el
     oponerse a ello los principios de seguridad jurı́dica y de
                                                                            Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunida-
     confianza legı́tima.
                                                                            des Europeas, representada por el Sr. Barry Doherty, miembro
                                                                            del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, que designa como
(1) DO L 236 de 7.9.99, p. 14.                                              domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez
(2) DO L 177 de 1.7.81, p. 31 (EE 03/22, p. 80).                            de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
(3) DO L 126 de 9.5.89, p. 1.
                                                                            La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                            de Justicia que:
Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 1999 contra la                    1. Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obliga-
República Francesa por la Comisión de las Comunidades                          ciones que le incumben en virtud del artı́culo 4 bis,
                               Europeas                                          apartado 4, de la directiva 90/388/CEE, en su versión
                                                                                modificada por la Directiva 96/19/CE (1), y en virtud del
                        (Asunto C-331/99)                                        Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, al no
                                                                                haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
                          (1999/C 314/09)                                        administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en
                                                                                esta Directiva, o (con carácter subsidiario) al no haberlas
                                                                                notificado a la Comisión.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 7 de septiembre de 1999 un recurso contra                     2. Condene en costas al Reino de Bélgica.
la República Francesa formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Hans
Støvlbaek, miembro del Servicio Jurı́dico, y el Sr. Olivier                 Motivos y principales alegaciones
Couvert-Castéra, functionario nacional adscrito al Servicio
Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio                El artı́culo 249 CE (antiguo artı́culo 189 del Tratado Ce), según
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                 el cual una Directiva obliga al Estado miembro destinatario en
Centre Wagner, Kirchberg.                                                   cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la obligación
                                                                            para los Estados miembros de respetar los plazos de adaptación
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                   del Derecho interno a las Directivas establecidos en éstas. Este
                                                                            plazo expiró el 11 de enero de 1997, sin que el Reino de Bélgica
— Declare que la República Francesa ha incumplido las                      haya adoptado las disposiciones necesarias para atenerse a
     obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 6,                lo dispuesto en la directiva mencionada en las pretensiones de
     apartado 3, de la Directiva 76/768/CEE (1), al adoptar y               la Comisión.
     mantener en vigor el apartado f) del artı́culo 1 del Decreto
     no 77-469, de 28 de abril de 1977;                                     (1) DO L 74, de 22.3.1996, p. 13.
— Condene en costas a la República Francesa.
Motivos y principales alegaciones
La lista de las menciones establecidas en el artı́culo 6,                   Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 1999 contra
apartado 1, de la Directiva 76/768/CEE es exhaustiva. Por ello,             el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades
la Directiva se opone a que una normativa nacional exija que                                              Europeas
se indiquen los datos cualitativos y cuantitativos de las
sustancias mencionadas en el envase, en la publicidad o en la                                        (Asunto C-338/99)
denominación de los productos cosméticos a que se refiere la
Directiva.                                                                                (1999/C 314/11)
(1) Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
    a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en      presentado el 10 de septiembre de 1999 un recurso contra el
    materia de productos cosméticos (DO L 262 de 27.9.1976,                 Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunida-
    p. 169; EE 15/01, p. 206), según la redacción de su artı́culo 6       des Europeas, representada por la Sra. Léna Ström, Consejera
    resultante de la Directiva 88/667/CEE del Consejo de 21 de
    diciembre de 1988 (DO L 382 de 31.12.1988, p. 46).
                                                                            Jurı́dica, y el Sr. Olivier Couvert-Castéra, miembro del Servicio
                                                                            Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
                                                                            en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                            Centre Wagner, Kirchberg.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Tribunal du travail de Charleroi, de fecha 7 de noviembre de 1996, en el asunto entre Louisette Cordelle y l'Office national des pensions (Asunto C-366/96)

text:
N° C 26 /6               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               25 . 1 . 97
      paso de los regímenes nacionales existentes antes de la                de 18 de diciembre de 1978 , relativa a la aproxima
      entrada en vigor del Reglamento a la organización co                  ción de las legislaciones de los Estados miembros en
      mún de mercados y no se deban a la falta de diligencia                 materia de etiquetado, presentación y publicidad de
      de los operadores afectados.                                           los productos alimenticios destinados al consumidor fi
2 ) El Tratado CE no autoriza a los órganos jurisdicciona                   nal ( ] ) si comercializa en la República Federal de Ale
      les nacionales a ordenar medidas provisionales, en el                  mania productos alimenticios etiquetados en italiano,
                                                                             francés o inglés ?
      marco de un procedimiento dirigido a otorgar una
      protección cautelar, mediante procedimiento de medi            2 ) Si se responde negativamente a esta cuestión, ¿ cumple,
      das provisionales, hasta que la Comisión haya adop                    en cualquier caso, dicho comerciante los requisitos del
      tado una acto jurídico para regular, conforme al                       artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE si , en su co
      artículo 30 del Reglamento (CEE) n° 404/93, los casos                  mercio en Alemania , añade a la mercancía de que se
      de rigor a los que deben enfrentarse los operadores.                   trate una etiqueta adicional que contiene en alemán las
                                                                             indicaciones obligatorias ?
í 1 ) DO n° C 119 de 13 . 5 . 1995 .
( 2 ) DO n° L 47 de 25 . 2 . 1993 , p . 1 .                           ( J ) DO n° L 33 de 8 . 2 . 1979 , p . 1 ; EE 13/09 , p . 162 .
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso            Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
lución del Tribunal du travail de Charleroi, de fecha 7 de            lución del Svea Hovrátt, de fecha 22 de noviembre de
noviembre de 1996, en el asunto entre Louisette Cordelle              1996, en el asunto entre Anders Sjöberg y Ministerio
                 y l'Office national des pensions                                                         público
                        (Asunto C-366/96 )                                                      ( Asunto C-387/96 )
                             ( 97/C 26/09 )                                                          ( 97/C 26/11 )
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial median            sido sometida una petición de decisión prejudicial median
te resolución del Tribunal du travail de Charleroi, dictada           te resolución del Svea Hovrátt, dictada el 22 de noviembre
el 7 de noviembre de 1996, en el asunto entre Louisette               de 1996 , en el asunto entre Anders Sjöberg y Ministerio
Cordelle y l'Office national des pensions, y recibida en la           público, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia
Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de noviembre de             el 27 de noviembre de 1996 .
 19 96 .
                                                                      El Svea Hovrátt solicita al Tribunal de Justicia que se pro
El Tribunal du travail de Charleroi solicita al Tribunal de
                                                                      nuncie sobre las cuestiones siguientes:
Justicia que se pronuncie sobre la cuestión siguiente:
                                                                       1 ) ¿ La letra b ) del apartado 1 del artículo 13 del Regla
Considerando, por una parte, las prestaciones previstas en                   mento ( CEE) n° 3820/85 del Consejo, de 20 de diciem
el Derecho francés abonadas por la Caisse régionale d'as                     bre de 1985, relativo a la armonización de determina
surance maladie Nord Picardie y, por otra parte, la pen                     das disposiciones en materia social en el sector de los
sión de jubilación concedida de acuerdo con la legislación                   transportes por carretera f 1 ) es aplicable a los servicios
 belga, ¿ es de aplicación la norma que prohíbe la acumula                   de transporte realizados por el « landsting » del « län »
 ción contenida en el artículo 52 del Real Decreto de 21 de                   de Estocolmo a través de SL Buss AB ?
 diciembre de 1967, habida cuenta de la normativa comu
 nitaria ?                                                             2 ) Conforme al apartado 5 del artículo 14, en los servi
                                                                              cios de transporte a que se refiere el apartado 1 , el
                                                                              conductor deberá llevar consigo un extracto del regis
                                                                              tro de servicio y una copia del horario de servicio. ¿ Es
                                                                              suficiente con que el extracto del registro de servicio
 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso                   comprenda solamente la conducción realizada en el
 lución del Amtsgericht Aachen, de fecha 6 de noviembre                       día de que se trate ?
 de 1996, en el procedimiento de imposición de multa a
                      Hermann Josef Goerres
                                                                       ( ] ) DO n° L 370 de 31 . 12. 1985, p. 1 ; EE 07/04, p. 21 .
                         (Asunto C-385/96 )
                              ( 97/C 26/10 )
 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
  sido sometida una petición de decisión prejudicial median           lución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 25 de sep
  te resolución del Amtsgericht Aachen, dictada el 6 de no            tiembre de 1996, en el asunto entre Aher-Waggon GmbH
  viembre de 1996 , en el procedimiento de imposición de                                   y Bundesrepublik Deutschland
  multa a Hermann Josef Goerres, y recibida en la Secretaría
  del Tribunal de Justicia el 28 de noviembre de 1996 .                                           ( Asunto C-389/96 )
                                                                                ( 97/C 26/ 12 )
  El Amtsgericht Aachen solicita al Tribunal de Justicia que
  se pronuncie sobre las cuestiones siguientes :                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
  1 ) ¿ Actúa un comerciante de acuerdo con lo dispuesto en             sido sometida una petición de decisión prejudicial median
       el artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE del Consejo,           te resolución del Bundesverwaltungsgericht —Sala Undéci


title: Asunto C-198/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) el 4 de junio de 2009 — IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

text:
               26.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 233/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) el 4 de junio de 2009 — IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
   (Asunto C-198/09)
   2009/C 233/02
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: IFB Stroder Srl

      Recurrida: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

      Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

               1)

               Tras las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 3 [de la Directiva 89/105/CE], que definen la relación entre las autoridades públicas de un Estado miembro y las empresas farmacéuticas –en el sentido de asignar la determinación del precio de un medicamento o su aumento a las indicaciones facilitadas por las primeras, si bien en la medida reconocida por la autoridad correspondiente, es decir, sobre la base de consultas entre las propias empresas y las autoridades competentes en materia de control del gasto farmacéutico–, el artículo 4, apartado 1, [de la Directiva] regula la «congelación de precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos», configurándolo como un medio de carácter general para someter a examen, al objeto de decidir el mantenimiento de los mismos, al menos una vez al año, a la vista de las condiciones macroeconómicas existentes en el Estado miembro. La disposición concede a las autoridades competentes un plazo de 90 días para actuar y prevé que éstas, una vez expirado dicho plazo, deben hacer públicos los aumentos o disminuciones de precios correspondientes, si los hubiere. Se desea saber si la interpretación de tal disposición, en la parte que hace referencia a las «disminuciones previstas, si las hubiere», debe considerarse en el sentido de que, además del remedio general constituido por la congelación de los precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos, se prevé o no además otro remedio general, constituido por la posibilidad de una reducción de los precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos, o bien si la expresión «disminuciones, si l[a]s hubiere» debe entenderse referida exclusivamente a los medicamentos ya sujetos a la congelación de precios.

               2)

               Se desea saber si el artículo 4, apartado 1, [de la Directiva 89/105] –en la parte en que impone a las autoridades competentes de un Estado miembro comprobar, al menos una vez al año, en el caso de congelación de precios, si las condiciones macroeconómicas justifican el mantenimiento de dicha congelación– puede ser interpretado en el sentido de que, una vez admitida la reducción de precios como respuesta a la primera cuestión prejudicial, también es posible recurrir a tal medida varias veces en el curso de un mismo año y durante muchos años (de 2002 a 2010).

               3)

               Si, a efectos del citado artículo 4 [de la Directiva 89/105] –que ha de interpretarse a la luz de los considerandos que versan sobre el objetivo primario de las medidas de control de precios de los medicamentos, consistentes en «la mejora de la sanidad pública garantizando el abastecimiento adecuado de medicamentos a un costo razonable», así como de la exigencia de evitar «disparidades [en …] medidas [que] pueden obstaculizar o perturbar el comercio intracomunitario de medicamentos»– puede considerarse compatible con la normativa comunitaria la adopción de medidas que hagan referencia a los valores económicos de los gastos sólo «estimados» y no «comprobados» (la cuestión afecta a ambos supuestos).

               4)

               Si las exigencias relativas a la observancia de los límites del gasto farmacéutico que cada Estado miembro es competente para establecer deben estar estrechamente relacionadas con el gasto farmacéutico, o bien puede considerarse incluida en el ámbito de facultades de los Estados miembros la facultad discrecional de tener en cuenta asimismo los datos relativos a los demás gastos sanitarios.

               5)

               Si los principios, derivados de la Directiva, de transparencia y participación de las empresas interesadas en las medidas de congelación o reducción generalizada de precios de los medicamentos, deben ser interpretados en el sentido de que es necesario prever, siempre y en cualquier caso, una posibilidad de establecer excepciones al precio impuesto (artículo 4, apartado 2, de la Directiva 89/105) y una participación concreta de la empresa solicitante, con la consiguiente necesidad de que la administración motive la eventual denegación.


title: Asunto T-100/17: Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2017 — BTB Holding Investments y Duferco Participations Holding/Comisión

text:
               24.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/21

         Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2017 — BTB Holding Investments y Duferco Participations Holding/Comisión
   (Asunto T-100/17)
   (2017/C 129/35)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: BTB Holding Investments SA (Luxemburgo, Luxemburgo), Duferco Participations Holding SA (Luxemburgo) (representantes: J.-F. Bellis, R. Luff y M. Favart, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Acuerde la admisión del presente recurso y lo declare fundado.

               —

               Anule el artículo 1, letras a), b) y d), y el artículo 2 de la Decisión de la Comisión, de 20 de enero de 2016, relativa a las ayudas estatales SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) concedidas por Bélgica en favor de Duferco.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos por lo que atañe a la primera medida, a saber, la cesión por Foreign Strategic Investment Holding (FSIH) de una participación del 49,9 % en Duferco US à Duferco Industrial Investment.

               1.

               Primer motivo, basado en errores de Derecho y de apreciación relativos al criterio del operador privado en una economía de mercado y en el requisito de la existencia de una ventaja establecido en el artículo 107 TFUE, apartado 1, y en un incumplimiento de la obligación de motivación. Este motivo se divide en dos partes:

                           —

                           primera parte, basada en errores de Derecho y en la vulneración del principio del operador privado en una economía de mercado y de la carga de prueba en la medida en que la Comisión incurrió en una confusión entre la aplicabilidad y la aplicación del criterio del operador privado;

                           —

                           segunda parte, basada en una serie de faltas de motivación, de diligencia y de buena administración, y en una vulneración del principio del operador privado en una economía de mercado y del artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que la Comisión no llevó a cabo una apreciación global del criterio del operador privado en una economía de mercado con el fin de demostrar la existencia de una ventaja.

               2.

               Segundo motivo, basado en errores de Derecho y de apreciación en los que la Comisión supuestamente incurrió, al no tener en cuenta todos los elementos pertinentes, no reconocer la racionalidad económica de la operación y no tener en cuenta los argumentos esenciales relativos a la rentabilidad de la transacción en la evaluación del criterio del operador privado en una economía de mercado, ignorando, de ese modo, el principio del operador privado en una economía de mercado, la obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE y los requisitos del artículo 107 TFUE, apartado 1. Este motivo se divide en tres partes:

                           —

                           primera parte, basada en que no se tuvieron en cuenta todos los elementos pertinentes;

                           —

                           segunda parte, basada en que no se tomó en consideración la racionalidad económica de la transacción;

                           —

                           tercera parte, basada en una falta de motivación, en una vulneración del principio de buena administración y del criterio del operador privado en una economía de mercado en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta la rentabilidad de la inversión de FSIH.

               3.

               Tercer motivo, basado en errores de Derecho y de apreciación manifiestos, en una vulneración de los principios de diligencia y de buena administración, del criterio del operador privado en una economía de mercado, de los requisitos relativos a la existencia de una ventaja en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y en el incumplimiento de la obligación de motivación, en el sentido de que, a juicio de las partes demandantes, la Comisión no evaluó correctamente la participación de FSIH en Duferco US en la cuantificación del supuesto elemento de ayuda. Este motivo se divide en cinco partes:

                           —

                           primera parte, basada en la referencia inapropiada a los fondos propios de Duferco US;

                           —

                           segundo parte, basada en la toma en consideración errónea del valor de empresa sin deducción de las deudas de la sociedad;

                           —

                           tercera parte, basada en la toma en consideración únicamente de los resultados del ejercicio social de 2006;

                           —

                           cuarta parte, basada en una aplicación de un múltiplo arbitrario y demasiado elevado;

                           —

                           quinta parte, basada en la desestimación arbitraria de casi todo el informe de KPMG de 28 de mayo de 2014.

         La demandante BTB Holding Investments SA invoca a continuación tres motivos por lo que atañe la segunda medida, a saber, la venta por FSIH de una participación del 25 % en Duferco Participations Holding Limited a Bolmat Holding Limited.

               1.

               Primer motivo, basado en errores de Derecho y de apreciación manifiestos y en la vulneración del principio del operador privado en una economía de mercado y de la carga de la prueba, y en el incumplimiento del requisito de la existencia de una ventaja establecido en el artículo 107 TFUE, apartado 1, y de la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE, en la medida en que la Comisión supuestamente llevó a cabo una aplicación incorrecta del principio del operador privado en una economía de mercado.

               2.

               Segundo motivo, basado en errores de Derecho y de apreciación manifiestos en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta elementos esenciales presentados por las partes, ignorando, de ese modo, el principio del operador privado en una economía de mercado, los requisitos del artículo 107 TFUE, apartado 1, el deber de diligencia y la obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE.

               3.

               Tercer motivo, basado en errores de Derecho y de apreciación manifiestos en la cuantificación del supuesto elemento de ayuda vulnerando el principio de buena administración, el principio del inversor en una economía de mercado e infringiendo el artículo 107 TFUE, apartado 1, y el artículo 296 TFUE.

         La demandante BTB Holding Investments SA invoca después dos motivos por lo que atañe a la cuarta medida, a saber, el préstamo en favor de Ultima Partners Limited.

               1.

               Primer motivo, basado en errores manifiestos de apreciación de los hechos y en errores de Derecho en la medida en que la Comisión rechazó el enfoque comparativo vulnerando el principio del operador privado en una economía de mercado, el artículo 107 TFUE, apartado 1, por lo que respecta a la existencia de una ventaja, la obligación de motivación y los principios generales de protección de la confianza legítima y de buena administración.

               2.

               Segundo motivo, basado en errores manifiestos de apreciación de los hechos y en errores de Derecho en la determinación del tipo de referencia, que dieron lugar a la aplicación errónea del criterio del operador privado en una economía de mercado y al incumplimiento del requisito de la existencia de una ventaja en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Este motivo se divide en dos partes:

                           —

                           primera parte, basada en el hecho de que la Comisión atribuyó erróneamente un calificación de BB à Ultima Partners Limited vulnerando el principio general de buena administración e incumpliendo la obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE;

                           —

                           segunda parte, basada en errores manifiestos de apreciación en la calificación de las garantías concedidas a FSIH, vulnerando los principios generales de buena administración y de protección de la confianza legítima e incumpliendo la obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE.


title: Asunto T-699/16 P: Sentencia del Tribunal General de 19 de julio de 2017 — Parlamento/Meyrl («Recurso de casación — Función pública — Agentes temporales — Anulación en primera instancia de la decisión impugnada — Despido — Derecho a ser oído — Principio de buena administración — Deber de asistencia y protección — Error manifiesto de apreciación — Desviación de poder»)

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/47

         Sentencia del Tribunal General de 19 de julio de 2017 — Parlamento/Meyrl
   (Asunto T-699/16 P) (1)

   ((«Recurso de casación - Función pública - Agentes temporales - Anulación en primera instancia de la decisión impugnada - Despido - Derecho a ser oído - Principio de buena administración - Deber de asistencia y protección - Error manifiesto de apreciación - Desviación de poder»))
   (2017/C 283/72)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Parlamento Europeo (representantes: V. Montebello-Demogeot y M. Dean, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Sonja Meyrl (Bruselas, Bélgica) (representante: M. Casado García-Hirschfeld, abogada)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera), de 19 de julio de 2016, Meyrl/Parlamento (F-147/15, EU:F:2016:157), y por el que se solicita la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera), de 19 de julio de 2016, Meyrl/Parlamento (F-147/15).

               2)

               Desestimar el recurso interpuesto por la Sra. Sonja Meyrl ante el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-147/15.

               3)

               Cada parte cargará con sus propias costas correspondientes al procedimiento de casación.

               4)

               Condenar a la Sra. Meyrl a cargar con las costas correspondientes al procedimiento en primera instancia, incluidas las del Parlamento Europeo.

      (1)  DO C 454 de 5.12.2016.


title: Asunto C-130/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 13 de marzo de 2015 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited

text:
               8.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 190/2

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 13 de marzo de 2015 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited
   (Asunto C-130/15)
   (2015/C 190/02)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

      Recurrida: National Exhibition Centre Limited

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               En lo que respecta a la exención del IVA prevista en el artículo 13, parte B, letra d), número 3, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (1), tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Sparekassernes Datacenter (SDC) (C-2/95, EU:C:1997:278) ¿cuáles son los principios pertinentes que deben aplicarse para determinar si un servicio tiene «por efecto transmitir fondos e implica[...] modificaciones jurídicas y financieras» en el sentido del apartado 66 de la citada sentencia? En especial:

                           1.1)

                           ¿se aplica la exención a un servicio, como el que presta el contribuyente en el presente asunto, que no entraña que éste efectúe adeudos o abonos en cuentas sujetas a su control, pero que cuando se efectúa una transmisión de fondos, es la causa de que una entidad financiera independiente lleve a cabo una transmisión de fondos?

                           1.2)

                           Cuando el pago se efectúa mediante tarjeta de crédito o de débito, ¿incide en la respuesta a la primera cuestión, punto 1.1), que el propio prestador del servicio obtenga los códigos de autorización directamente del banco del titular de la tarjeta o que, con carácter alternativo, los obtenga a través de su banco adquirente comercial?

                           1.3)

                           ¿Qué elementos permiten distinguir entre (a) un servicio que consiste en facilitar información financiera sin la cual no se efectuaría un pago pero que no queda comprendido en la exención (como en el asunto Nordea Pankki Suomi, C-350/10, EU:C:2011:532), y (b) un servicio de gestión de datos que, desde un punto de vista funcional, tiene por efecto transmitir fondos y que el Tribunal de Justicia ha considerado por consiguiente susceptible de quedar comprendido en la exención (como en la sentencia SDC, apartado 66)?

               2)

               ¿Cuáles son los principios pertinentes que deben aplicarse para determinar si un servicio, como el que el contribuyente presta en el presente asunto, está comprendido en la exclusión relativa al «cobro de créditos» de la exención prevista en el artículo 13, parte B, letra d), número 3, de la Sexta Directiva? En particular, si un servicio de procesamiento de pagos efectuados por un medio específico (por ejemplo, mediante tarjeta de crédito o de débito) constituyera, conforme a los principios establecidos en la sentencia AXA UK (C-175/09, EU:C:2010:646), un «cobro de créditos» cuando dicho servicio se preste a la persona a la que se adeuda el pago (a saber, la persona que recibe el pago), ¿constituirá ese servicio asimismo un «cobro de créditos» si su prestación se efectúa a favor de la persona obligada al pago (es decir, la persona que realiza el pago)? Por otra parte, en las circunstancias del presente asunto ¿existe siquiera algún «crédito» que deba ser «cobrado»?

      (1)  DO L 145, p. 1.


title: Asunto C-121/02: Recurso interpuesto el 4 de abril de 2002 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 131/10                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      1.6.2002
      que las aguas residuales urbanas de esta zona sean objeto,         Recurso interpuesto el 5 de abril de 2002 contra el
      antes de ser vertidas en la «zona sensible» del golfo de           Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
      Elefsina, a un tratamiento más riguroso que el tratamiento                            Comunidades Europeas
      secundario.
                                                                                (Asunto C-120/02)
—     Condene en costas a la República Helénica.
                                                                                (2002/C 131/18)
Motivos y principales alegaciones
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
La aplicación correcta del artı́culo 3, apartado 1, de la Directiva     presentado el 5 de abril de 2002 un recurso contra el Gran
exige disponer de sistemas colectores para las aguas residuales          Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
urbanas vertidas en «zonas sensibles», con arreglo a la defini-          Comunidades Europeas, representada por el Sr. Gregorio
ción del artı́culo 5, apartado 1, de la Directiva. Además, la          Valero Jordana y la Sra. Joëlle Adda, en calidad de agentes, que
aplicación correcta del artı́culo 5, apartado 2, exige que, a más      designa domicilio en Luxemburgo.
tardar el 31 de diciembre de 1998, las aguas residuales
urbanas vertidas en aguas receptoras que se consideren «zonas
sensibles» con arreglo a la definición del artı́culo 5, apartado 1,     La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
de la Directiva, sean objeto de un tratamiento más riguroso
que el tratamiento secundario en el caso de las aglomeraciones           —     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
con más de 10 000 equivalentes habitante («EH»).                              plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
                                                                               Directiva 1998/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de
                                                                               1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al
El golfo de Elefsina fue declarado «zona sensible» mediante la                 consumo humano, (1) al no haber adoptado aún todas las
orden ministerial conjunta 19661/1982 de 2 de agosto de                        disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
1999. No cabe duda de que la población total de la zona de                    necesarias para dar pleno cumplimiento a la citada
Thriasio Pedio excede de los 10 000 habitantes. También está                  Directiva o, al menos, al no haber informado plenamente
probado que las aguas residuales de la zona se vierten en el                   a la Comisión al respecto.
golfo de Elefsina que, desde 1999, ha sido declarado «zona
sensible».                                                               —     Condene al Gran Ducado de Luxemburgo al pago de las
                                                                               costas del procedimiento.
Por consiguiente, en virtud del artı́culo 3, apartado 1, de la
Directiva, las autoridades helénicas están obligadas a velar por
que se disponga de un sistema colector para las aguas residuales         Motivos y principales alegaciones
urbanas de dicha zona, a más tardar el 31 de diciembre de
1998. Sin embargo, visto el escrito de 8 de octubre de 2001
de la representación permanente de Grecia ante la Unión                El plazo para la adaptación del Derecho interno expiró el 25 de
Europea, hasta la fecha, dicho sistema no existe.                        diciembre de 2000 sin que el Gran Ducado de Luxemburgo
                                                                         hubiera adoptado las medidas necesarias.
El artı́culo 5, apartado 2, de la Directiva establece que, a más
tardar el 31 de diciembre de 1998, los Estados miembros                  (1) DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
velarán por que las aguas residuales urbanas que entren en los
sistemas colectores sean objeto, antes de ser vertidas en zonas
sensibles, de un tratamiento más riguroso que el tratamiento
secundario cuando las aglomeraciones tengan un EH de más
de 10 000.
                                                                         Recurso interpuesto el 4 de abril de 2002 contra el
No se discute que, hasta el presente, el vertido sin tratamiento         Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
de las aguas residuales urbanas de la zona de Thriasio Pedio se                              Comunidades Europeas
efectúa en una zona declarada «sensible» por la orden ministe-
rial conjunta de 2 de agosto de 1999, infringiendo el artı́culo 5,                              (Asunto C-121/02)
apartado 2, de la Directiva.
                                                                                (2002/C 131/19)
Las autoridades helénicas no niegan la inexistencia de sistemas
de tratamiento de las aguas residuales urbanas de la zona de
Thriasio Pedio.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 4 de abril de 2002 un recurso contra el Gran
(1) DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.                                        Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
(2) DO L 67 de 7.3.1998, p. 29.                                          Comunidades Europeas, representada por los Sres. Mikko
                                                                         Huttunen y Hendrik van Lier, en calidad de agentes, que
                                                                         designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 1.6.2002                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 131/11
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                Recurso interpuesto el 5 de abril de 2002 contra el Reino
                                                                         de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas
a)     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-                                        (Asunto C-122/02)
       plido las obligaciones que le incumben en virtud del
       artı́culo 228, apartado 1, del Tratado CE, al no haber
       adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la                                   (2002/C 131/20)
       sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 16 de
       diciembre de 1999, Comisión/Luxemburgo (1).
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 5 de abril de 2002 un recurso contra el Reino de
b)     Condene al Gran Ducado de Luxemburgo a pagar a la                 Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades
       Comisión una multa coercitiva de 9 000 EUR al dı́a, por          Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana y la
       cada uno de los dı́as en que no se haya atenido a                 Sra. Joëlle Adda, en calidad de agentes, que designa domicilio
       las obligaciones mencionadas, contados a partir de la             en Luxemburgo.
       notificación de la sentencia que declara el incumplimiento
       en el presente asunto.
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
c)     Condene al Gran Ducado de Luxemburgo a soportar las               —     Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las
       costas del procedimiento.                                               obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
                                                                               98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998,
                                                                               relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
                                                                               humano (1), al no haber adoptado aún todas las disposi-
                                                                               ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
                                                                               para adaptarse plenamente a lo dispuesto en dicha
                                                                               Directiva o, al menos al no haber informado plenamente
Motivos y principales alegaciones                                              de ello a la Comisión.
                                                                         —     Condene en costas al Reino de Bélgica.
Aunque el artı́culo 228 CE no indica el plazo de que dispone
el Estado miembro para atenerse a sus obligaciones, no es                Motivos y principales alegaciones
menos cierto que la ejecución de la sentencia debe iniciarse
inmediatamente y realizarse lo más rápidamente posible. En el
caso de autos, todas las disposiciones y medidas necesarias              El plazo para efectuar la adaptación expiró el 25 de diciembre
para que la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo sea               de 2000 sin que el Reino de Bélgica hubiera adoptado las
conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia tendrı́an que           medidas necesarias.
haber sido adoptadas y puestas en vigor desde hace mucho
tiempo. Cuando la Comisión emitió su dictamen motivado, ya
                                                                         (1) DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
habı́a pasado más de un año desde la sentencia del Tribunal de
Justicia.
La Comisión estima que una multa coercitiva de 9 000 EUR al
dı́a es adecuada dada la gravedad y la duración de la infracción,      Recurso interpuesto el 8 de abril de 2002 contra la
ası́ como la necesidad de imponer una sanción eficaz. Ha                República Francesa por la Comisión de las Comunidades
calculado el importe de la multa coercitiva que debı́a indicar al                                     Europeas
Tribunal de Justicia utilizando el método de cálculo que definió
en su Comunicación de 8 de enero de 1997 (2). Ha aplicado un
                                                                                (Asunto C-129/02)
coeficiente multiplicador de 10 para tener en cuenta la
gravedad de la infracción y de 1,8 por su duración.
                                                                                (2002/C 131/21)
(1) Sentencia en el asunto C-138/99 (DO C 63 de 4.3.2000, p. 8).
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
(2) DO C 63 de 28.2.1997, p. 2.
                                                                         presentado el 8 de abril de 2002 un recurso contra la República
                                                                         Francesa, formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                         Europeas, representada por el Sr. G. Valero Jordana y la
                                                                         Sra. J. Adda, en calidad de agentes, que designa domicilio en
                                                                         Luxemburgo.


title: Recurso interpuesto el 16 de abril de 1997 por Eugène Kimman contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-116/97)

text:
N° C 212/28         I ES 1                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  12 . 7 . 97
Motivos y principales alegaciones                                  Motivos y principales alegaciones
La demandante realiza el montaje de bicicletas en Francia          Los motivos y principales alegaciones son similares a los
bajo su propia marca « Starway » y bajo la marca de sus            invocados en el asunto T-16/97 í 1 ).
clientes. El presente recurso tiene por objeto la anulación
del artículo 2 del Reglamento ( CE ) n° 71 /97 del Consejo,        O DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, p . 27.
por el que se amplía a las importaciones de piezas esencia
les de bicicletas originarias de la República Popular de
China el derecho antidumping definitivo establecido por el
Reglamento ( CEE) n° 2474/93 sobre las bicicletas origina
rias de la República Popular de China, en la medida en             Recurso interpuesto el 16 de abril de 1997 por Eugéne
                                                                   Kimman       contra    la     Comisión   de las Comunidades
que se aplica a las importaciones efectuadas por la deman
dante .                                                                                Europeas
                                                                                ( Asunto T-l 16/97)
La demandante estima que el Consejo ha infringido las
disposiciones del artículo 13 del Reglamento ( CE) n° 384/                                    ( 97/C 212/56 )
96 en la medida en que ha ampliado a las importaciones
de piezas de bicicletas el derecho antidumping aplicable a                       (Lengua de procedimiento: francés)
las importaciones de bicicletas sin que se cumplan las con        En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
diciones del apartado 2 del artículo 13 y, en especial , la        Europeas se ha presentado el 16 de abril de 1997 un
letra b ) de dicho apartado . El Consejo ha llegado a la con      recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
clusión errónea de que las piezas de bicicletas originarias        formulado por el Sr. Eugéne Kimman, con domicilio en
de China importadas por la demandante durante el                   Riga ( Letonia ), representado por el Sr. Nicolás Lhoëst,
período de investigación suponían, al menos, el 60 % del           Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en
valor total de las piezas que constituyen el producto              Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson sàrl, 30 , rué de
ensamblado .
                                                                   Cessange .
Además, la demandante sostiene que el Reglamento                   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
impugnado no está debidamente motivado, lo que infringe            tancia que :
el artículo 190 del Tratado CE, en la medida en que los
motivos invocados para justificar la ampliación del dere          — anule la decisión de la Comisión, de 20 de junio de
cho antidumping a las importaciones de piezas de bicicle                1996, por la que se denegó la petición del demandante
tas efectuadas por la demandante no tienen ninguna rela                de que se considerara la posible aplicación del
ción lógica con la conclusión que deberían apoyar.                      apartado 2 del artículo 31 del Estatuto,
                                                                   — en la medida necesaria, anule la decisión denegatoria
                                                                        expresa adoptada por la Comisión el 27 de diciembre
                                                                        de 1996 en respuesta a la reclamación del deman
Recurso interpuesto el 16 de abril de 1997 por Eliane De                dante,
  Bruyne contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                   — condene a la parte demandada al pago de todas las
                      (Asunto T-l 15/97)
                                                                        costas del procedimiento .
                        ( 97/C 212/55 )
                                                                   Motivos y principales alegaciones
              (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                    Los motivos y principales alegaciones son similares a los
 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             invocados en el asunto T-16/97 ( M.
 Europeas se ha presentado el 16 de abril de 1997 un
 recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas             (') DO n° C 74 de 8 . 3 . 1997, n . 27.
 formulado por la Sra . Eliane De Bruyne, con domicilio en
 Bruselas, representada por el Sr. Nicolás Lhoëst, Abogado
 de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo
 el de la Fiduciaire Myson sàrl, 30, rué de Cessange.
                                                                    Recurso interpuesto el 22 de abril de 1997 por Lars
 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                       Bösche contra el Parlamento Europeo
 tancia que :                                                                               (Asunto T-128/97)
 — anule la decisión de la Comisión, de 20 de junio de                                         ( 97/C 212/57 )
      1996 , por la que se denegó la petición de la deman
     dante de que se considerara la posible aplicación del                        (Lengua de procedimiento: francés)
     apartado 2 del artículo 31 del Estatuto,                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
 — en la medida necesaria, anule la decisión denegatoria            Europeas se ha presentado el 22 de abril de 1997 un
     expresa adoptada por la Comisión el 27 de diciembre            recurso contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr.
      de 1996 en respuesta a la reclamación de la deman            Lars Bösche, con domicilio en Luxemburgo, representado
      dante,                                                        por los Sres. Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure y Ariane
                                                                    Tornel , Abogados de Luxemburgo, que designa como
 — condene a la parte demandada al pago de todas las                 domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson sàrl, 30,
      costas del procedimiento .                                     rué de Cessange .


title: Recurso interpuesto el 30 de julio de 1997 por R. Kooyman contra el Parlamento Europeo (Asunto T-223/97)

text:
c 318/26            ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 18 . 10 . 97
— subsidiariamente, declare que la demandante tiene                 medida en que tiene el efecto de restringir el alcance del
      derecho a que se condene la cuantía de los derechos           artículo 59 del Estatuto, disposición clara que no requiere
      controvertidos,                                               ninguna precisión .
— condene a la Comisión a la devolución de todas las                Al adoptar la decisión impugnada, la AFPN aplicó unos
      costas .                                                      criterios de concesión que permanecen ocultos y cuya justi
                                                                    ficación legal no se ha precisado. Al obrar de este modo,
Motivos y principales alegaciones                                   ha infringido también el artículo 25 del Estatuto.
Los motivos y las principales alegaciones son similares a
los invocados en el asunto T-216/97 (').
H Véase la página 24 del presente Diario Oficial .
                                                                    Recurso interpuesto el 30 de julio de 1997 por Alfons Stef
                                                                    fens contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
                                                                                de las Comunidades Europeas
                                                                                ( Asunto T-222/97)
                                                                                ( 97/C 318/52 )
Recurso interpuesto el 25 de julio de 1997 por Anita
         Brems contra el Consejo de la Unión Europea                              (Lengua ae procedimiento: alemán)
                      (Asunto T-219/97)
                                                                    En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                         ( 97/C 318/51 )
                                                                    Europeas se ha presentado el 30 de julio de 1997 un
                                                                    recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comi
               (Lengua de procedimiento: francés)                   sión de las Comunidades Europeas formulado por el Sr.
                                                                    Alfons Steffens, con domicilio en Aschendorf/Moor (Ale
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              mania ), representado por el Sr. Burkhard Josef Remmers,
Europeas se ha presentado el 25 de julio de 1997 un                 Abogado de Papenburg (Alemania ), que designa como
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado             domicilio en Luxemburgo el despacho de los Abogados
por Anita Brems, con domicilio en Relegem ( Bélgica ),              Turk y Prum, 13 A, avenue Guillaume.
representada por los Sres. Jean-Noël Louis y Thierry
Demaseure y la Sra. Ariane Tornel, Abogados de Bruselas,            La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
que designa como domicilio en Luxemburgo el de Fidu                tancia que condene a las partes demandadas a abonarle,
ciaire Myson Sàrl , 30, rué de Cessange .                           en consepto de indemnización, la cantidad de 69 503,40
                                                                    marcos alemanes además de intereses al tipo del 8 % a
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins            partir del 1 de octubre de ] 994 .
tancia que:
                                                                    Motivos y principales alegaciones
— anule las decisiones del Consejo por las que se deniega
      a la demandante la concesión de la totalidad de su per       Los motivos y principales alegaciones son similares a los
      miso por enfermedad del 24 de mayo al 8 de junio de           invocados en los demás asuntos sobre cuotas de leche .
      1996 ,
— condene en costas a la parte demandada .
Motivos y principales alegaciones
                                                                    Recurso interpuesto el 30 de julio de 1997 por R. Kooy
                                                                                man contra el Parlamento Europeo
El recurso se refiere a la legalidad de la denegación de un
permiso por enfermedad por la totalidad del período de                                     ( Asunto T-223/97)
ausencia de la demandante del 24 de mayo al 8 de junio                                        ( 97/C 318/53 )
de 1996 .
                                                                                ( Lengua de procedimiento: neerlandés)
Según la demandante, la AFPN, al denegarle un permiso
por enfermedad que abarque toda su ausencia, ha infrin             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
gido los principios enunciados en el artículo 59 del Esta          Europeas se ha presentado el 30 de julio de 1997 un
tuto tal y como han sido precisados en la jurisprudencia            recurso contra el Parlamento Europeo formulado por R.
del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instan          Kooyman, intérprete independiente, con domicilio en
cia .
                                                                    Zurich ( Suiza ), representado por el Sr. G. van der Wal ,
                                                                    Abogado ante el Hoge Raad der Nederlanden, del despa
La conclusión de los Jefes de administración de 1 de                cho Barents & Krans Advocaten Notarissen, de Bruselas ,
febrero de 1996 relativa a la concesión de la segunda parte         que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
del permiso especial para cura termal es ilegal en la               del Sr. A. May, Abogado, 31 , Grand-Rue .
 ---pagebreak--- 18 . 10 . 97           ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 318/27
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins                 que fue pagado indebidamente. La demandada, en
tancia que :                                                             efecto, ha actuado en contra del Derecho comunitario,
                                                                         en particular del Protocolo sobre los privilegios y las
— anule o declare inválida la decisión contenida en un                   inmunidades y de la normativa que lo desarrolla, así
     escrito de la demandada, de 30 de abril de 1997, por                como en contra del artículo 212 del Tratado CE, al
     la que se deniega la devolución del impuesto comuni                decidir retener el impuesto comunitario sobre las retri
     tario que el demandante ha pagado desde 1989,                       buciones de los intérpretes independientes, como el
                                                                         demandante, que prestan sus servicios a dicha institu
— declare que en el caso del demandante, que trabaja en                  ción;
     calidad de intérprete independiente para la deman
     dada, no existe ningún fundamento jurídico válido              3 ) la decisión, cualquiera que sea su forma, en la que el
     para aplicar el impuesto comunitario y que la reten                Parlamento dispuso que sujetaría a los intérpretes
     ción del impuesto comunitario sobre sus retribuciones               independientes al impuesto comunitario es nula por
     es inválida y no se ajusta a Derecho,                               carecer de base jurídica válida . En la medida en que
                                                                         semejante decisión constituya el fundamento para
— en la medida en que sea necesario, declare nula la deci               someter las retribuciones del demandante al impuesto
     sión del Parlamento Europeo de someter al impuesto                  comunitario y para denegar la devolución al deman
     comunitario las retribuciones de los intérpretes inde              dante, éste solicita al Tribunal de Primera Instancia
     pendientes y declare nulo el artículo 8 del Convenio                que declare nula dicha decisión o que ésta no pueda
     firmado con la Asociación Internacional de Intérpretes              ser alegada frente al demandante ( excepción de ilegali
     de Conferencia (AIIC ),                                             dad, artículo 184 del Tratado CE);
— ordene la devolución del impuesto comunitario pagado              4 ) el artículo 8 del Convenio firmado con la AIIC, el cual
     por el demandante desde el 1 de enero de 1989, junto                forma parte íntegra de los contratos que el deman
     con los intereses correspondientes a razón del 8 % o                dante celebra con la demandada, es nulo de pleno
     cualquier otro que determine la ley,                                derecho o inválido y, de no ser así, el Tribunal de Pri
                                                                         mera Instancia debe declarar que no se puede alegar
— condene en costas a la parte demandada .                               frente al demandante, por carecer de todo fundamento
                                                                         jurídico al efecto;
Motivos y principales alegaciones
                                                                    5 ) el artículo 8 y el procedimiento de devolución conte
El presente recurso versa sobre la sujeción al impuesto                  nido en el apartado 3 del artículo 8 del Convenio cele
comunitario de las retribuciones de los intérpretes inde                brado con la AIIC, introducido a partir de 1994, con
pendientes por los servicios prestados a las instituciones               culcan, asimismo, los principios de proporcionalidad y
comunitarias, más concretamente, en el presente caso, las                de igualdad de trato.
actividades que el demandante realiza para el Parlamento
Europeo.                                                            H DO L 56 de 4 . 3 . 1968 , p. 8 ; EE 01 /01 , p. 136 .
En su calidad de residente en Suiza, el demandante, que
posee la nacionalidad neerlandesa, está sometido al
impuesto suizo sobre la renta en relación con todos sus
 ingresos. Desde 1984 se retiene el impuesto comunitario
 sobre sus retribuciones como intérprete independiente del          Recurso interpuesto el 29 de julio de 1997 por la Sra. Isa
Parlamento Europeo, con la consecuencia de que dichas               bel Martínez del Peral Cagigal contra la Comisión de las
retribuciones son objeto de doble imposición.                                           Comunidades Europeas
 Se debe anular o declarar inválida la decisión dé la deman                               (Asunto T-224/97)
 dada contenida en el escrito de 30 de abril de 1997, por la                                 ( 97/C 318/54 )
 que se deniega reconocer el derecho del demandante a
 obtener la devolución del impuesto comunitario desde                             (Lengua de procedimiento: español)
 1989 y en la que se mantiene la aplicación de este
 impuesto en el futuro, por las razones siguientes:                 En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                    Europeas se ha presentado el 29 de julio de 1997 un
 1 ) no es procedente la alegación de la demandada basada           recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
      en el Reglamento ( CEE, Euratom, CECA) n° 260/68              formulado por la Sra . Isabel Martínez del Peral Cagigal,
      del Consejo (*) y en el Protocolo sobre los privilegios y     con domicilio en Bruselas, representada por los letrados en
      las inmunidades, pues el demandante no es funcionario         ejercicio Sres. Antonio Creus Carreras y Alex Subirachs
      ni miembro del personal de la Comunidad, por lo cual          Amigó, ambos del Colegio de Abogados de Barcelona, que
      una remisión a dichos textos no puede servir de base          designa como domicilio en Bruselas 78 , Av. D'Auderghem.
      para denegar la devolución;
                                                                    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins
 2 ) la negativa de la demandada a devolver el impuesto             tancia que:
      comunitario pagado por el demandante desde 1989 no
      se ajusta a Derecho, dado que no hay ningún funda             1 ) declare la nulidad de la decisión negativa de la Comi
      mento jurídico válido para percibir el impuesto comu               sión de proceder a la reclasificación en escalón de la
      nitario, por lo cual existe la obligación de devolver lo            demandante;


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 27 de septiembre de 2004, en el asunto C-470/02 P: Union européenne de radio-télévision (UER) contra Comisión de las Comunidades Europeas (Recurso de casación — Competencia — Acuerdos — Adquisición en común de los derechos de televisión para acontecimientos deportivos internacionales — Acceso de terceros a esos derechos — Art. 81 CE, apartado 3 — Recurso de casación manifiestamente infundado)

text:
               18.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/2

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 27 de septiembre de 2004
   en el asunto C-470/02 P: Union européenne de radio-télévision (UER) contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Recurso de casación - Competencia - Acuerdos - Adquisición en común de los derechos de televisión para acontecimientos deportivos internacionales - Acceso de terceros a esos derechos - Art. 81 CE, apartado 3 - Recurso de casación manifiestamente infundado)
   (2004/C 314/04)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-470/02 P, Union européenne de radio-télévision (UER), con domicilio social en Grand-Saconnex (Suiza) (abogados: Sres. D. Waelbroeck y M. Johnsson) que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda ampliada) de 8 de octubre de 2002, M6 y otros/Comisión (asuntos acumulados T-185/00, T-216/00, T-299/00 y T-300/00), y por el que se solicita que se anule dicha sentencia, las otras partes en el procedimiento son: Comisión de las Comunidades Europeas, Métropole télévision SA (M6), con domicilio social en Neuilly-sur-Seine (Francia) (abogados: Mes P. Dian y J.-C. André), Antena 3 de Televisión, S.A., con domicilio social en Madrid (España) (abogados: Sres. S. Muñoz Machado y M. López-Contreras González), Gestevisión Telecinco, S.A., con domicilio social en Madrid (España) (abogados: Sres. S. Muñoz Machado y M. López-Contreras González) y Sociedade Independente de Comunicação SA (SIC), con domicilio social en Linda-a-Velha (Portugal) (abogados: Sres. C. Botelho Moniz y E. Maia Cadete), Radiotelevisión Española (RTVE), Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF), con domicilio social en Ismaning (Alemania) (abogado: Sr. K. Metzlaff) y Reti Televisive Italiane SpA (RTI), con domicilio social en Roma (Italia) (abogados: Sres. G. Amorelli y D. Ciano), el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas (Ponente), Presidente de Sala, los Sres. J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 27 de septiembre de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a l'Union européenne de radio-télévision (UER).

      (1)  DO C 55 de 8.3.2003.


               3.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 208/6

         Recurso interpuesto el 22 de junio de 2009 por el Órgano de Vigilancia de la AELC contra el Principado de Liechtenstein
   (Asunto E-7/09)
   2009/C 208/06
   El Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Bjørnar Alterskjær y Ólafur Jóhannes Einarsson, en calidad de agentes del mismo, 35, Rue Belliard, 1040 Brussels, BELGIUM, ha interpuesto un recurso contra el Principado de Liechtenstein ante el Tribunal de la AELC el 22 de junio de 2009.
   El Órgano de Vigilancia solicita al Tribunal de la AELC que declare lo siguiente:

               1)

               al no haber adoptado o notificado al Órgano de Vigilancia, en el plazo prescrito, las medidas necesarias para aplicar el acto mencionado en el punto 10o del anexo XXII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre fusiones transfronterizas de empresas de responsabilidad limitada), según la adaptación introducida en el Acuerdo EEE por el Protocolo 1 del mismo, el Principado de Liechtenstein ha incumplido sus obligaciones con arreglo al artículo 19 de dicho acto y el artículo 7 EEE,
               y

               2)

               el Principado de Liechtenstein soportará las costas del presente procedimiento.

      Antecedentes de hecho y de Derecho y motivos invocados:

               —

               el presente asunto se refiere a la inaplicación de una Directiva referente a fusiones transfronterizas de empresas de responsabilidad limitada,

               —

               el Órgano de Vigilancia de la AELC declara que el Principado de Liechtenstein no ha facilitado indicio alguno de que haya incorporado la Directiva a su Derecho interno,

               —

               el Órgano de Vigilancia de la AELC declara que el Principado de Liechtenstein no ha cuestionado no haber aplicado la Directiva.


title: Asunto T-690/16 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 30 de mayo de 2017 — Enrico Colombo y Corinti Giacomo/Comisión («Procedimiento sobre medidas provisionales — Contratos públicos — Demanda de medidas provisionales — Inexistencia de urgencia»)

text:
               31.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 249/28

         Auto del Presidente del Tribunal General de 30 de mayo de 2017 — Enrico Colombo y Corinti Giacomo/Comisión
   (Asunto T-690/16 R)
   ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Contratos públicos - Demanda de medidas provisionales - Inexistencia de urgencia»))
   (2017/C 249/43)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandantes: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italia) y Corinti Giacomo (Ispra, Italia) (representantes: R. Colombo y G. Turri, abogados)

      Demandadas: Comisión Europea (representantes: P. Rosa Plaza, S. Delaude y L. Di Paolo, agentes) y Carmet Sas di Fietta Graziella & C.

      Objeto

   Recurso interpuesto en aplicación de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE para la concesión de medidas provisionales dirigidas a obtener, por una parte, la suspensión de la ejecución de los actos de la Comisión por los que se desestima la oferta de los demandantes en el marco de la licitación JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC y, por otra parte, en esencia, la suspensión del contrato celebrado entre la Comisión y el adjudicatario de dicha licitación.

      Fallo

               1)

               Sobreseer la demanda de medidas provisionales en la medida en que va dirigida contra Carmet Sas di Fietta Graziella & C.

               2)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales en todo lo demás.

               3)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Asunto C-364/07: Auto del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Kerkyras — Grecia) — Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos/Dimos Kerkyras (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada — Contratos de trabajo sucesivos de duración determinada en el sector público — Conceptos de contratos sucesivos y de razones objetivas que justifican la renovación de tales contratos — Medidas para evitar la utilización abusiva — Sanciones — Regulación nacional de los litigios y quejas — Alcance de la obligación de interpretación conforme)

text:
               13.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/5

         Auto del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Kerkyras — Grecia) — Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos/Dimos Kerkyras
   (Asunto C-364/07) (1)

   (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Política social - Directiva 1999/70/CE - Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada - Contratos de trabajo sucesivos de duración determinada en el sector público - Conceptos de «contratos sucesivos» y de «razones objetivas» que justifican la renovación de tales contratos - Medidas para evitar la utilización abusiva - Sanciones - Regulación nacional de los litigios y quejas - Alcance de la obligación de interpretación conforme)
   (2008/C 236/08)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Monomeles Protodikeio Kerkyras
   Partes

      Demandantes: Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos

      Demandada: Dimos Kerkyras
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Monomeles Protodikeio Kerkyras — Interpretación de los puntos 1 y 5 de la cláusula 5 del Anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43) — Contratos de trabajo celebrados con la Administración Pública — Concepto de razones objetivas que justifican la renovación sin limitaciones de los sucesivos contratos de duración determinada — Concepto de contratos sucesivos
   Fallo

               1)

               En el supuesto de la adaptación tardía del ordenamiento jurídico del Estado miembro interesado a una Directiva y de la falta de efecto directo de las disposiciones pertinentes de ésta, los órganos jurisdiccionales está obligados, en todo lo posible, a partir de la terminación del plazo de adaptación a la Directiva, a interpretar el Derecho interno a la luz de del texto y de la finalidad de la Directiva en cuestión a fin de alcanzar los resultados perseguidos por ésta, dando prioridad a la interpretación de las reglas nacionales que sea más conforme con dicha finalidad, para llegar así a una solución compatible con las disposiciones de la citada Directiva.

               2)

               La cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe ser interpretada en el sentido de que se opone a la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada que estuviera justificada por la única circunstancia de estar prevista por una disposición legislativa o administrativa general de un Estado miembro. Al contrario, el concepto de «razones objetivas», en el sentido de dicha cláusula, exige que el recurso a ese tipo específico de relaciones de trabajo, según esté previsto por la reglamentación nacional, esté justificado por la existencia de elementos concretos relativos en particular a la actividad de la que se trata y a las condiciones de su ejercicio.

               3)

               La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe ser interpretada en el sentido de que no se opone, en principio, a una reglamentación nacional, como la que es objeto de la tercera cuestión prejudicial, en virtud de la cual sólo los contratos o relaciones de trabajo de duración determinada que estén separados por un período inferior a tres meses pueden ser calificados como «sucesivos» en el sentido de dicha cláusula.

               4)

               En circunstancias como las del litigio principal el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe ser interpretado en el sentido de que, en la medida en que el ordenamiento jurídico del Estado miembro interesado no parece contener, en el sector del que se trata, otras medidas efectivas para evitar y en su caso sancionar la utilización abusiva de contratos sucesivos de duración determinada, se opone a la aplicación de una regla de Derecho nacional que prohíbe de forma absoluta, únicamente en el sector público, transformar en un contrato de trabajo de duración indefinida una serie de contratos de trabajo de duración determinada, que, por haber tenido como objeto atender a «necesidades permanentes y duraderas» del empleador, deben ser considerados abusivos. Corresponde no obstante al tribunal remitente, en virtud de la obligación de interpretación conforme que le incumbe, verificar si su ordenamiento jurídico interno contiene otras medidas efectivas.

               5)

               El principio del efecto útil del Derecho comunitario y el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada no se oponen, en principio, a una disposición nacional según la cual una autoridad administrativa independiente es competente para recalificar en su caso contratos de duración determinada como contratos de duración indefinida. Corresponde si embargo al tribunal remitente velar por la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva con observancia de los principios de efectividad y de equivalencia.

      (1)  DO C 247 de 20.10.2007.


title: Asunto T-416/05 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 26 de junio de 2006 — Olympiakes Aerogrammes/Comisión ( Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Ayudas de Estado — Urgencia )

text:
               16.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 224/46

         Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 26 de junio de 2006 — Olympiakes Aerogrammes/Comisión
   (Asunto T-416/05 R)
   («Procedimiento sobre medidas provisionales - Demanda de suspensión de la ejecución - Ayudas de Estado - Urgencia»)
   (2006/C 224/98)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Olympiakes Aerogrammes AE (Kallithea, Grecia) (representante: V. Christianos, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Tryantafyllou y T. Scharf, agentes)
   Objeto
   Demanda por la que se solicita la suspensión de la ejecución del artículo 2, en relación con el artículo 1, apartado 1, de la decisión C 11/2004 (ex NN 4/2003) de la Comisión, relativa a una ayuda de Estado — Olympiaki Aeroporia — Reestructuración y privatización, en fecha de 14 de septiembre de 2005
   Fallo

               1)

               Se desestima la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Se reserva la decisión sobre las costas.