title: Archivo del asunto C-407/02

text:
20.9.2003              ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                     C 226/15
Según el Comité ORNIS, creado con arreglo al artículo 16 de la                          Archivo del asunto C-131/02 (1)
Directiva, las «pequeñas cantidades» no deben exceder del 1 %
de la mortandad anual (media) de las poblaciones de las espe-                                    (2003/C 226/28)
cies que no puedan ser cazadas y aproximadamente el 1 % de la
cantidad tradicional de las especies que sí puedan ser cazadas,           Mediante auto de 12 de junio de 2003, el Presidente del
bien entendido que la observancia del artículo 9 de la Directiva          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
depende, en cualquier caso, de la observancia de las demás                archivar el asunto C-131/02: Comisión de las Comunidades
disposiciones de este artículo. La autorización para cazar en             Europeas contra República de Austria.
primavera concedida en Finlandia supera varias veces la canti-
dad calculada con arreglo a las recomendaciones del citado
comité.
                                                                          (1) DO C 131 de 1.6.2002.
(1) DO 1979, L 103, p. 1; EE 15/02, p. 125.
                                                                                Archivo del asunto C-393/02 (1)
                                                                                (2003/C 226/29)
Recurso interpuesto el 5 de agosto de 2003 contra el                      Mediante auto de 18 de junio de 2003, el Presidente del
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades                       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                              Europeas                                    archivar el asunto C-393/02: Comisión de las Comunidades
                                                                          Europeas contra República Portuguesa.
                       (Asunto C-345/03)
                         (2003/C 226/27)
                                                                          (1) DO C 323 de 21.12.2002.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 5 de agosto de 2003 un recurso contra el Reino
de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por el Sr. M. Konstantinidis y la
Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio
en Luxemburgo.                                                                          Archivo del asunto C-407/02 (1)
                                                                                (2003/C 226/30)
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                          Mediante auto de 25 de junio de 2003, el Presidente del
                                                                          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
1.   Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                    archivar el asunto C-407/02: Comisión de las Comunidades
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva               Europeas contra República Helénica.
     2000/53/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo,
     de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al
     final de su vida útil, al no adoptar las disposiciones legales,
     reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-            (1) DO C 19 de 25.1.2003.
     plimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y, en cualquier
     caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.
2.   Condene en costas al Reino de Bélgica.
                                                                                Archivo del asunto C-10/03 (1)
Motivos y principales alegaciones
                                                                                (2003/C 226/31)
El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró          Mediante auto de 26 de junio de 2003, el Presidente del
el 21 de abril de 2002.                                                   Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                          archivar el asunto C-10/03: Comisión de las Comunidades
                                                                          Europeas contra República de Finlandia.
(1) DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.
                                                                          (1) DO C 44 de 22.2.2003.


title: Asunto C-324/06: Recurso interpuesto el 24 de julio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

text:
               16.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 224/28

         Recurso interpuesto el 24 de julio de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-324/06)
   (2006/C 224/52)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Szmytkowska y P. Andrade, agentes)

      Demandada: República Portuguesa
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/116/CE (1) de la Comisión, de 23 de diciembre de 2004, por la que se modifica el anexo de la Directiva 82/471/CEE del Consejo en lo que respecta a la inclusión de la Candida guilliermondii, al no haber adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva y, en todo caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

               —

               Que se condene en costas a la República Portuguesa.

         Motivos y principales alegaciones
   El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 30 de junio de 2005.

      (1)  DO L 379, p. 81.


title: Asunto C-555/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 6 de Murcia) — IOS Finance EFC, S.A./Servicio Murciano de Salud (Procedimiento prejudicial — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Directiva 2011/7/UE — Operaciones comerciales entre empresas privadas y poderes públicos — Normativa nacional que supedita el abono inmediato del principal de una deuda a la renuncia a los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro)

text:
               10.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 6 de Murcia) — IOS Finance EFC, S.A./Servicio Murciano de Salud
   (Asunto C-555/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales - Directiva 2011/7/UE - Operaciones comerciales entre empresas privadas y poderes públicos - Normativa nacional que supedita el abono inmediato del principal de una deuda a la renuncia a los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro))
   (2017/C 112/02)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 6 de Murcia

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: IOS Finance EFC, S.A.

      Demandada: Servicio Murciano de Salud

      Fallo

   La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular su artículo 7, apartados 2 y 3, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite al acreedor renunciar a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro como contrapartida al pago inmediato del principal de créditos devengados, siempre que esta renuncia sea libremente consentida, lo que incumbe comprobar al juez nacional.

      (1)  DO C 56 de 16.2.2015.


title: Asunto C-140/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 — Comisión Europea/República de Eslovenia (Incumplimiento de Estado — Directivas 2008/98/CE y 1999/31/CE — Prevención y eliminación del depósito de tierras de excavación y de otros residuos — Vertido — No adopción de medidas para la eliminación y el almacenamiento de residuos — Vías de recurso ante los órganos jurisdiccionales)

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 — Comisión Europea/República de Eslovenia
   (Asunto C-140/14) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Directivas 2008/98/CE y 1999/31/CE - Prevención y eliminación del depósito de tierras de excavación y de otros residuos - Vertido - No adopción de medidas para la eliminación y el almacenamiento de residuos - Vías de recurso ante los órganos jurisdiccionales))
   (2015/C 311/10)
   Lengua de procedimiento: esloveno

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Sanfrutos Cano y M. Žebre, agentes)

      Demandada: República de Eslovenia (representante: J. Morela, agente)

      Fallo

               1)

               La República de Eslovenia

                           —

                           al haber autorizado el depósito de tierras de excavación en la parcela no 115/1 del municipio de Teharje (Bukovžlak), sin comprobar si se había permitido el depósito anterior o simultáneo de otros residuos en el mismo lugar, y habida cuenta de que no se adoptó ninguna medida para eliminar de él los residuos que no estaban comprendidos en la autorización concedida, dicho paraje debía ser considerado un vertedero ilegal, que no cumplía las condiciones y los requisitos previstos, por una parte, en los artículos 13 y 36, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas y, por otra parte, en los artículos 5, apartado 3, letra e), 6, en relación con la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE, 7 a 9, 11 y 12 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, así como a los anexos I a III de esta última, y

                           —

                           al no haber adoptado, a partir de abril de 2009, medidas suficientes para evitar, y posteriormente eliminar, el depósito de tierras de excavación, correspondientes al código de clasificación de residuos 17 05 06 (lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05) y 17 05 05 (lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas), en la obra de una infraestructura municipal para la zona comercial de Gaberje-sud, por lo que dicho lugar también debía ser considerado un vertedero ilegal, que no respetaba las disposiciones anteriormente mencionadas de las Directivas 1999/31 y 2008/98, así como tampoco los artículos 12, 15 y 17 de esta última,
                           ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las referidas disposiciones

               2)

               Condenar en costas a la República de Eslovenia.

      (1)  DO C 184, de 16.6.2014.


title: Asunto F-47/13: Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2013 — ZZ/Consejo

text:
               20.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 207/63

         Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2013 — ZZ/Consejo
   (Asunto F-47/13)
   2013/C 207/110
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: M. Velardo, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de no incluir al demandante en la lista de funcionarios del grupo de funciones AD propuestos para una promoción en 2012.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 20 de julio de 2012 no 63/12 de la Secretaría General del Consejo relativa a la lista de funcionarios propuestos para una promoción durante el ejercicio de 2012 en la que no figura el nombre del demandante, así como que se anule la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de 11 de febrero de 2011.

               —

               Que se condene a la demanda al pago de intereses de demora y compensatorios al tipo del 6,75 % por el daño moral y material sufrido.

               —

               Que se condene en costas al Consejo.


title: Asunto T-470/15: Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2015 — Cham/Consejo

text:
               12.10.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 337/36

         Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2015 — Cham/Consejo
   (Asunto T-470/15)
   (2015/C 337/40)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Cham Holding (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare admisible y fundado el recurso de la parte demandante.

               —

               Anule consecuentemente la Decisión (PESC) 2015/837 de 28 de mayo de 2015 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la parte demandante.

               —

               Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo del recurso, la parte demandante invoca tres motivos, que son, en lo esencial, idénticos o similares a los invocados en el marco del asunto T-432/11, Makhlouf/Consejo (1).

      (1)  DO C 290, p. 13.


title: Asunto T-399/15: Recurso interpuesto el 20 de julio de 2015 — Morgan & Morgan/OAMI — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/56

         Recurso interpuesto el 20 de julio de 2015 — Morgan & Morgan/OAMI — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)
   (Asunto T-399/15)
   (2015/C 311/61)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Morgan & Morgan International Insurance Brokers S.r.l. (Conegliano, Italia) (representantes: F. Gatti y F. Caricato, abogadas)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Grupo Morgan & Morgan (Panamá, Panamá)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa que incluye el elemento denominativo «Morgan & Morgan» — Solicitud de registro no 11 596 087

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución dictada por la Primera Sala de Recurso de la OAMI el 7 de mayo de 2015 en el asunto R 1657/2014-1

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Reconozca y declare que el recurso presentado por la demandante es admisible y está fundamentado.

               —

               Modifique la resolución impugnada.

               —

               Permita el registro definitivo de la marca comunitaria no 11 596 087 a nombre de Morgan & Morgan International Insurance Brokers S.r.l., para la clase 36.

               —

               Condene a la OAMI a cargar con las costas, tasas y honorarios de los tres procedimientos.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-429/99: Recurso interpuesto el 5 de noviembre de 1999 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
5.2.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 34/11
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,              3. ¿Se mantiene la prioridad temporal de una acción por
                                                                             violación del derecho de patente entablada por el deman-
    ¿se aplica también el Reglamento (CEE) no 1408/71 a un                   dante en virtud de la legitimación procesal que la ha
    refugiado que desempeña un trabajo por cuenta ajena y a                 conferido el titular de la patente, cuando la patente objeto
    los miembros de su familia que han entrado en un Estado                  de la demanda ha sido transmitida al demandante durante
    miembro directamente desde un Estado tercero y no se                     el litigio y en lo sucesivo éste ya no invoca en el
    han desplazado dentro de la Comunidad?                                   procedimiento pretensiones de un tercero, sino derechos
                                                                             propios como titular de la patente?
3) ¿Se oponen las disposiciones comunitarias a una normativa
    nacional conforme a la cual el derecho de prestaciones
    familiares se hace depender de la concesión efectiva               4. ¿Sigue teniendo validez la prioridad temporal de una
    de determinado tı́tulo de residencia, aun en caso de                     acción declarativa negativa entablada contra el titular de
    reconocimiento del derecho de asilo del refugiado?                       una patente, mediante la que se pretende dilucidar si un
                                                                             determinado producto viola su derecho de patente, cuando
                                                                             la patente objeto de la demanda ha sido transmitida
(1) DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98.                                         durante el litigio y la acción declarativa negativa se dirige
                                                                             posteriormente contra el nuevo titular de la patente?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Oberlandesgericht Düsseldorf, de fecha 30 de
septiembre de 1999, en el asunto entre Connaught Labora-
tories Inc. y 1. SmithKline Beecham Pharma GmbH, por
una parte y 2. Smithkline Beecham Biologicals Manufactu-                Recurso interpuesto el 5 de noviembre de 1999 contra la
                    ring S.A., por otra parte                           República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                                                                                des Europeas
                       (Asunto C-426/99)
                                                                                (Asunto C-429/99)
                         (2000/C 34/20)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                                         (2000/C 34/21)
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Oberlandesgericht Düsseldorf, de fecha 30 de            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
septiembre de 1999, en el asunto entre Connaught Laborato-              presentado el 5 de noviembre de 1999 un recurso contra la
ries Inc. y 1. SmithKline Beecham Pharma GmbH, por una                  República Portuguesa formulado por la Comisión de las
parte y 2. Smithkline Beecham Biologicals Manufacturing S.A.,           Comunidades Europeas, representada por la Sra. Ana Maria
por otra parte, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de            Alves Vieira y por el Sr. Barry Doherty, miembros del Servicio
Justicia el 3 de noviembre de 1999. El Oberlandesgericht                Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie            en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
sobre las siguientes cuestiones de interpretación del artı́-           Centre Wagner, Kirchberg.
culo 21, párrafo primero, del Convenio de Bruselas de 27 de
septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(DO 1972, L 299, p. 32), en la versión de los Convenios de
9 de octubre de 1978 (DO L 304, p. 1 y 77), de 25 de octubre            — Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
de 1982 (DO L 388, p. 1) y de 26 de mayo de 1989 (DO                         obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 2,
L 285, p. 1):                                                                apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva
                                                                             90/388/CEE, (1) modificada por la Directiva 96/19/CE. (2)
1. El objeto de una demanda perseguido mediante una
    pretensión subsidiaria, ¿debe considerarse «pendiente» tan         — Condene en costas a la República Portuguesa.
    pronto como se produce un incidente (en el presente caso,
    la notificación de la citación) que, con arreglo al Derecho
    nacional, origina en sı́ mismo su litispendencia, o la              Motivos y principales alegaciones
    litispendencia a efectos del artı́culo 21 del Convenio de
    Bruselas nace únicamente en el momento en que concurre
    (adicionalmente) la condición procesal a que está supedi-         La Comisión considera que los servicios de devolución de
    tada la pretensión subsidiaria?                                    llamadas («call-back») no son servicios de telefonı́a vocal en el
                                                                        sentido de la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, relativa a
2. ¿A quién debe considerarse «parte» cuando el demandante              la competencia en los mercados de servicios de telecomunica-
    invoca en su propio nombre, en virtud de un poder para              ciones, y que, por consiguiente, el artı́culo 3 de la Decisión
    pleitos otorgado por el titular material de los derechos,           97/310/CE de la Comisión no concede ningún plazo adicional
    pretensiones (de un tercero) de este último: al titular de la      para la prestación de tales servicios, que ya debı́an haber sido
    legitimación procesal que interviene en el litigio o al titular    liberalizados en Portugal a partir de la entrada en vigor de
    material de los derechos?                                           dicha Directiva. Portugal no puede, so pena de infringir la
 ---pagebreak--- C 34/12                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          5.2.2000
Directiva, adoptar disposiciones legales que prohı́ban tal               Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 1999 contra
servicio. Por tanto, el artı́culo 47, apartado 1, letra a), del          la República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
Decreto-Ley no 240/97 es contrario a la Directiva, en la medida                                       des Europeas
en que prohı́be la prestación de servicios de devolución de
llamadas.                                                                                (Asunto C-435/99)
                                                                                (2000/C 34/23)
(1) Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990,        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
    relativa a la competencia en los mercados de servicios de            presentado el 12 de noviembre de 1999 un recurso contra la
    telecomunicaciones (DO L 192, de 24.07.1990, p. 10).                 República Portuguesa formulado por la Comisión de las
(2) Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por      Comunidades Europeas, representada por Lena Ström, Conse-
    la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a          jero Jurı́dico, y por António Caeiros, miembro del Servicio
    la instauración de la plena competencia en los mercados de          Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
    telecomunicaciones (DO L 74, de 22.03.1996, p. 13).
                                                                         en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
                                                                         Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                         La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                         a) Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
                                                                              obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones
                                                                              de las Directivas que se citan a continuación, ası́ como en
                                                                              virtud de lo dispuesto en los artı́culos 10 CE, párrafo
                                                                              primero, y 249 CE, párrafo tercero, al no haber transmitido
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante                      a la Comisión los informes necesarios para dar cumpli-
resoluciones de la Comisione Tributaria di Primo Grado                        miento a las siguientes disposiciones:
di Trento — Sezione no 6, de fechas 30 de septiembre de                       — artı́culo 13, apartado 1, de la Directiva 76/464/CEE (1)
1999 y 14 de octubre de 1999 en los asuntos entre                                 del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la
1) Panarotta 2002 SRL y Ufficio Imposte Dirette di Trento                         contaminación causada por determinadas sustancias
y 2) NTB SpA (actualmente Nuova Tessilbrenta SpA) y                               peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comu-
            Ufficio Imposte Dirette Tione di Trento                               nidad;
                                                                              — artı́culo 14 de la Directiva 78/176/CEE (2) del Consejo,
                (Asuntos C-433/99 y C-434/99)                                     de 20 de febrero de 1978, relativa a los residuos
                                                                                procedentes de la industria del dióxido de titanio,
                                                                                modificada por la Directiva 83/29/CEE (3);
                          (2000/C 34/22)
                                                                              — artı́culo 16 de la Directiva 78/659/CEE (4) del Consejo,
                                                                                de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le                            continentales que requieren protección o mejora para
han sido sometidas sendas peticiones de decisión prejudicial                     ser aptas para la vida de los peces, en su última versión,
mediante resoluciones de la Commissione Tributaria di Primo                       que le dio el Acta de Adhesión de 1985;
Grado di Trento — Sezione no 6, dictadas en los asuntos entre
                                                                              — artı́culo 16, apartado 1, de la Directiva 80/68/CEE (5)
1) Panarotta 2002 SRL y Ufficio Imposte Dirette di Trento, y                      del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a
2) NTB SpA (actualmente Nuova Tessilbrenta SpA) y Ufficio                         la protección de las aguas subterráneas contra la
Imposte Dirette di Trento, y recibidas en la Secretarı́a del                      contaminación causada por determinadas sustancias
Tribunal de Justicia el 11 de noviembre de 1999. La Commis-                       peligrosas;
sione Tributaria di Primo Grado di Trento, Sezione no 6,
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la                    — artı́culo 5, apartado 1 y 2, párrafo primero, de la
siguiente cuestión;                                                              Directiva 82/176/CEE (6) del Consejo, de 22 de marzo
                                                                                de 1982, relativa a los valores lı́mite y a los objetivos
                                                                                de calidad para los vertidos de mercurio del sector de
¿Es compatible con el ordenamiento jurı́dico comunitario y,                       la electrólisis de los cloruros alcalinos;
en particular, con la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de                    — artı́culo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva
17 de julio de 1969, (1) la sujeción plurianual al tipo del 0,75 %               83/513/CEE (7) del Consejo, de 26 de septiembre de
anual con arreglo al citado Decreto-Ley no 324, de 30 de                          1983, relativa a los valores lı́mite y a los objetivos de
septiembre de 1992, limitada únicamente al elemento del                          calidad para los vertidos de cadmio;
patrimonio neto constituido exclusivamente por el capital
social resultante anualmente del balance, ya sujeto inicialmente              — artı́culo 6, apartado 1, de la Directiva 84/156/CEE (8)
a un impuesto sobre las aportaciones de capital del 1 %?                          del Consejo, de 8 de marzo de 1984, relativa a los
                                                                                valores lı́mite y a los objetivos de calidad para los
                                                                                vertidos de mercurio de los sectores distintos de la
                                                                                electrólisis de los cloruros alcalinos;
(1) DO L 249, de 3 de octubre de 1969, p. 25.
                                                                              — artı́culo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva
                                                                                84/491/CEE (9) del Consejo, de 9 de octubre de 1984,
                                                                                relativa a los valores lı́mite y a los objetivos de calidad
                                                                                para los vertidos de hexaclorociclohexano;


title: Asunto C-531/15: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (España) el 8 de octubre de 2015– Elda Otero Ramos/Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social

text:
               21.12.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 429/10

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (España) el 8 de octubre de 2015– Elda Otero Ramos/Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social
   (Asunto C-531/15)
   (2015/C 429/14)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Superior de Justicia de Galicia

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Elda Otero Ramos

      Demandadas: Servicio Galego de Saúde e Instituto Nacional de la Seguridad Social

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Resultan aplicables las reglas sobre la carga de la prueba establecidas en el artículo 19 de la Directiva 2006/54/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), a la situación de riesgo durante la lactancia natural contemplada en el artículo 26, apartado 4 en relación con el 3, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dictada esta norma interna española para la trasposición del artículo 5.3 de la Directiva 92/85/CEE (2) del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta, ¿se pueden considerar hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta en el sentido del artículo 19 de la Directiva la existencia de riesgos para la lactancia natural en el ejercicio de la profesión de enfermera destinada en un servicio de urgencias hospitalarias acreditados a través de un informe fundado emitido por un médico que es a la vez el jefe del servicio de urgencias del hospital donde la trabajadora presta sus servicios?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda pregunta, ¿se pueden considerar demostrativas, en cualquier supuesto y sin posibilidad de cuestionamiento, de que no ha habido vulneración del principio de igualdad en el sentido del citado artículo 19, las circunstancias de que el puesto de trabajo desempeñado por la trabajadora es de los que figuran como exentos de riesgo en la relación de puestos de trabajo que ha confeccionado la empresa, previa consulta con representantes de trabajadores, y de que el servicio de medicina preventiva/prevención de riesgo laborales del hospital de que se trata ha emitido una declaración de aptitud, sin que se contengan más especificaciones acerca de cómo se ha alcanzado esas conclusiones en dichos documentos?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda pregunta y negativa a la tercera pregunta, ¿cuál de las partes -trabajadora demandante o empleadora demandada- tienen, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2006/54/CE, la carga de acreditar, una vez se acredita la existencia de riesgos para la madre o el hijo lactante derivados de la realización del trabajo, (1) que la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del lactante -artículo 26, apartado 2- en relación con el 4, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 92/85/CEE, y (2) que el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados –artículo 26, apartado 3 en relación con el 4, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 92/85/CEE?

      (1)
         DO L 204, p. 23

      (2)
         DO L 348, p. 1


title: Asunto C-109/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) el 29 de febrero de 2012 — Laboratoires Lyocentre

text:
               5.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 133/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) el 29 de febrero de 2012 — Laboratoires Lyocentre
   (Asunto C-109/12)
   2012/C 133/36
   Lengua de procedimiento: finés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Korkein hallinto-oikeus

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Laboratoires Lyocentre

      Otras partes: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone la clasificación de un preparado efectuada en un Estado miembro, con arreglo a la Directiva 93/42/CEE (1) sobre los productos sanitarios, como producto sanitario dotado con el marcado CE en el sentido de la Directiva sobre productos sanitarios, que la autoridad nacional competente de otro Estado miembro clasifique ese preparado como medicamento en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/83/CE (2) sobre los medicamentos, sobre la base de sus funciones farmacológicas, inmunológicas o metabólicas?

               2)

               En el supuesto de que la primera cuestión se responda en sentido negativo ¿puede esa autoridad nacional competente clasificar el preparado como medicamento siguiendo únicamente el procedimiento previsto en la Directiva 2001/83/CE sobre los medicamentos o, antes de iniciar el procedimiento para la clasificación como medicamento con arreglo a la Directiva sobre medicamentos, es preciso seguir el procedimiento establecido en la cláusula de salvaguardia contenida en el artículo 8 o atenerse a las disposiciones del artículo 18 de la Directiva 93/42/CE sobre productos sanitarios sobre la aplicación indebida del marcado CE?

               3)

               ¿Se opone la Directiva 2001/83/CE sobre medicamentos, la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios o la normativa de la Unión en general (entre otras materias, sobre la protección de la salud y de la vida de las personas y la protección de los consumidores) a que los preparados que contienen los mismos componentes y que realizan las mismas funciones se comercialice en el territorio de un solo y mismo Estado miembro por una parte como medicamento, en el sentido de la Directiva 2001/83/CE sobre medicamentos, que exige una autorización de comercialización, y, por otra, como producto sanitario, en el sentido de la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios?

      (1)  Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169, p. 1).

      (2)  Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67).


title: Asunto F-141/11: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 30 de mayo de 2013 — Marcuccio/Comisión ( «Función pública — Artículo 34, apartados 1 y 6, del Reglamento de Procedimiento — Demanda presentada por fax dentro del plazo de recurso — Firma manuscrita del abogado distinta de la que figura en el original de la demanda remitida por correo — Extemporaneidad del recurso — Inadmisibilidad manifiesta» )

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/50

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 30 de mayo de 2013 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto F-141/11) (1)

   (Función pública - Artículo 34, apartados 1 y 6, del Reglamento de Procedimiento - Demanda presentada por fax dentro del plazo de recurso - Firma manuscrita del abogado distinta de la que figura en el original de la demanda remitida por correo - Extemporaneidad del recurso - Inadmisibilidad manifiesta)
   2013/C 252/90
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: C. Berardis-Kayser y J. Baquero Cruz, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión implícita de la Comisión de rechazar la solicitud del demandante de que se le abonen los atrasos del sueldo correspondientes al período comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 2010 y al mes de enero de 2011.

      Fallo

               1)

               Declarar el recurso manifiestamente inadmisible.

               2)

               El Sr. Marcuccio cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 65, 3.3.12, p. 25.


title: Asunto T-442/12: Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2012 — Changmao Biochemical Engineering/Consejo

text:
               24.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 366/39

         Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2012 — Changmao Biochemical Engineering/Consejo
   (Asunto T-442/12)
   2012/C 366/80
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, China) (representantes: E. Vermulst y S. Van Cutsem, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 626/2012 del Consejo, de 26 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (UE) no 349/2012 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido tartárico originario de la República Popular China (DO L 182, p. 1), en la medida en que afecta a la demandante.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que la demandada incurrió en un error manifiesto de apreciación e infringió el artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51) al denegar la solicitud de trato de economía de mercado de la demandante sobre la base de la supuesta distorsión del precio de la materia prima, el benceno. Las instituciones de la Unión incurrieron en un error manifiesto de apreciación al comparar los precios de benceno producido a partir de coque con el benceno producido a partir del petróleo, y basó su valoración en un derecho a la exportación del benceno, que las citadas instituciones reconocieron, que no estaba en vigor. Asimismo, las instituciones infringieron el artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo al considerar que la falta de devolución del IVA que se carga a la exportación de benceno constituye una interferencia significativa del Estado en la toma de decisiones empresariales de la demandante.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la demandada incurrió en un error manifiesto de apreciación e infringió el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo dado que éste debería haberle concedido trato de economía de mercado durante la reconsideración provisional y, por tanto, concluyó erróneamente que las circunstancias relacionadas con el dumping habían cambiado significativamente y que dichos cambios eran de naturaleza duradera.

               3)

               Tercer motivo, basado en que la demandada incumplió la obligación de motivación, infringió el artículo 296 TFUE y los artículos 6, apartado 7, 11, apartado 3, 14, apartado 2, y 18, apartado 4 del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo al no tener en cuenta y al no motivar la desestimación de los comentarios y pruebas aportadas por la demandante y al no motivar inequívocamente la distorsión alegada del precio de la materia prima, el benceno.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que la demandada infringió el artículo 2, apartado 7, letra c), segundo párrafo del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo al no tomar una decisión sobre el trato de economía de mercada dentro de los tres meses siguientes al inicio de la investigación.

               5)

               Quinto motivo, basado en que la demandada violó el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo y el derecho de defensa al negarse a revelar los detalles sobre la base de los cuales se calculó el valor normal.


title: Asunto T-335/08: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2008 — BNP Paribas y BNL/Comisión

text:
               25.10.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/39

         Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2008 — BNP Paribas y BNL/Comisión
   (Asunto T-335/08)
   (2008/C 272/79)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandantes: BNP Paribas y Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (representantes: R. Silvestri, G. Escalar y M. Todino, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule íntegramente la Decisión adoptada por la Comisión de las Comunidades Europeas, el 11 de marzo de 2008, no C(2008) 869 final, relativa a la ayuda de Estado C-15/2007 (ex NN 20/2007), a la que Italia ha dado ejecución, «relativa a los incentivos fiscales en favor de algunas entidades de crédito objeto de reorganización societaria», por los motivos expuestos.

         Motivos y principales alegaciones
   En el presente asunto, los demandantes impugnan la decisión por la cual se declaró la incompatibilidad de la Ley italiana no 350/2003, en la parte en que establece un régimen especial de reajuste fiscal («régimen especial») para los activos de algunas entidades de crédito resultantes de las reorganizaciones realizadas con arreglo a la Ley no 218, de 30 de julio de 1990 (en lo sucesivo, «Ley Amato»), con el artículo 87 CE en materia de ayudas de Estado. Según la Comisión, la ilegalidad del régimen especial, en el sentido del artículo 87 CE, se basa en la premisa de que el legislador italiano concedió, mediante este régimen, una ventaja fiscal «selectiva» únicamente a las entidades bancarias afectadas por las reorganizaciones a las que se refiere la Ley Amato, sin prever beneficios análogos para las demás entidades y empresas en general.
   En apoyo de sus pretensiones, los demandantes alegan que la Comisión ha considerado, erróneamente, que el régimen especial de reajuste fiscal constituye el reconocimiento de una ventaja económica a las sociedades beneficiarias y, por tanto, una forma de ayuda ilícita. En realidad, el régimen no confiere una ventaja fiscal, ya que se trata simplemente de un régimen facultativo al que se accede anticipando el pago del impuesto sobre la base de un tipo impositivo sustitutorio.
   Pero incluso suponiendo que el régimen de que se trata confiera alguna forma de ventaja a las empresas que se acogen a él, esto no constituye una ayuda de Estado porque no tiene carácter selectivo. El régimen fiscal objeto del litigio representa una solución coherente respecto al sistema tributario general y está basado en criterios objetivos, es decir, la exigencia de permitir a las entidades de crédito afectadas por las privatizaciones que reajusten las aportaciones realizadas con arreglo a la Ley Amato, mediante la imposición de un tipo impositivo que tenga en cuenta tanto la tributación parcial anterior sobre las plusvalías ya reconocidas, como las demás exigencias relacionadas con dichas aportaciones, inconvenientes que no influyen en todas las demás empresas –distintas de los bancos afectados por las aportaciones con arreglo a la Ley no 350/2003– que habían recibido las aportaciones en un contexto distinto al de esta Ley, y para las cuales un régimen de reajuste con modalidades de funcionamiento distintas estaba plenamente justificado.
   En segundo lugar, la Decisión de la Comisión está viciada de un grave error de motivación que se deriva de su erróneo convencimiento de que la Ley no 350/2003 no establece ningún régimen general de reajuste. Al considerar equivocadamente que no existe un régimen general de reajuste que pueda compararse con el régimen especial criticado, la Comisión ha omitido todo examen entre los dos sistemas para valorar todos los elementos que pueden incidir en la carga fiscal total propia de cada régimen.
   Según los demandantes, aunque se procediese a una comparación entre los dos regímenes sobre la base de tales elementos resulta evidente que, respecto al régimen general, el régimen especial no confiere prácticamente ninguna ventaja fiscal respecto al tipo impositivo aplicable.


title: Asunto T-856/16: Sentencia del Tribunal General de 21 de junio de 2017 — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión LONGHORN STEAKHOUSE — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Igualdad de trato y principio de buena administración»]

text:
               7.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/27

         Sentencia del Tribunal General de 21 de junio de 2017 — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)
   (Asunto T-856/16) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca denominativa de la Unión LONGHORN STEAKHOUSE - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Igualdad de trato y principio de buena administración»])
   (2017/C 256/31)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrente: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Florida, Estados Unidos) (representante: I. Lázaro Betancor, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: S. Bonne, agente)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de septiembre de 2016 (asunto R 2149/2015-5) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo LONGHORN STEAKHOUSE como marca de la Unión Europea.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Rare Hospitality International, Inc.

      (1)  DO C 22 de 23.1.2017.


title: Asunto T-56/11: Recurso interpuesto el 25 de enero de 2011 — SAS Cargo Group y otros/Comisión

text:
               19.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 89/23

         Recurso interpuesto el 25 de enero de 2011 — SAS Cargo Group y otros/Comisión
   (Asunto T-56/11)
   2011/C 89/45
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Dinamarca), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Estocolmo) y SAS AB (Estocolmo) (representantes: M. Kofmann, B. Creve, abogados, I. Forrester, QC; J. Killick y G. Forwood, Barristers)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la decisión íntegra o parcialmente.

               —

               Que se declare que las demandantes no tienen ninguna responsabilidad en el incumplimiento global, único, continuado y complejo, descrito en la decisión, y, si fuera preciso, que se anule la decisión en cuanto pudiera considerar responsables a las demandantes.

               —

               Que adicional, o subsidiariamente, se reduzca la cuantía de la multa.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas.

               —

               Que se haga cuanto sea adecuado en las circunstancias del caso.

      Motivos y principales alegaciones

   Demanda de anulación de la Decisión de la Comisión Europea, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el asunto COMP/39.258 — Flete aéreo correspondiente a la coordinación de varios elementos del precio que debe ser cobrado por servicios de flete aéreo en relación con el recargo de combustible, el recargo de seguridad y el pago de una comisión que grava los recargos aplicados a las agencias de transporte.
   Las demandantes alegan seis motivos en apoyo de su recurso.

               1)

               Primer motivo, en el que alegan vulneración de los requisitos procedimentales fundamentales, así como de los derechos de las demandantes a una buena administración, a los derechos a la defensa y del principio general de igualdad de armas, al denegar a las demandantes el acceso a pruebas relevantes, tanto inculpatorias como exculpatorias, que la Comisión recibió con posterioridad a la notificación de su pliego de cargos, pese a basarse en ella (prueba inculpatoria) en la decisión impugnada.

               2)

               Segundo motivo, en el que alegan incompetencia puesto que la decisión aplica los artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEE a los servicios de fletes aéreos que llegaban al Espacio EEE, aplicando los criterios para determinar los efectos cuando no es relevante para la competencia jurisdiccional de los artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEE, y aplicando incorrectamente los criterios de ejecución a las ventas realizadas fuera del EEE.

               3)

               Tercer motivo, en el que alegan un error manifiesto al valorar la actuación de las demandantes y al concluir que la misma probaba la participación de las demandantes, o su conocimiento, en un incumplimiento global, único y continuado; además numerosos comportamientos basados en ella no constituyen infracción de la normativa de competencia relevante.

               4)

               Cuarto motivo, en el que alegan que la multa era injustificable y desproporcionadamente alta, teniendo en cuenta el hecho de que las demandantes no estaban implicadas en un incumplimiento global, único y continuado, y que deberían haberse tenido en cuenta los elementos relevantes (incluyendo las atenuantes) para determinar el importe de cualquier multa impuesta a las demandantes.

               5)

               Quinto motivo, en el que alegan una persecución selectiva y arbitraria de las demandantes (entre otras), mientras que no se persiguió a otros 72 transportistas que, de conformidad con el pliego de cargos y con la decisión, participaron en reuniones y tratos presuntamente ilegales. Esto suscita serias dudas en cuanto al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

               6)

               Sexto motivo, en el que alegan una vulneración del derecho de las demandantes al derecho a un juez independiente e imparcial, consagrado en el artículo 47, apartado 2, de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, puesto que la decisión fue adoptada por una autoridad administrativa que ostenta simultáneamente competencias de investigación y de sanción.


title: Asunto C-283/00: Recurso interpuesto el 18 de julio de 2000 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 259/12                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        9.9.2000
Recurso de casación interpuesto el 14 de julio de 2000              4.    Condene a los recurridos en casación y a las partes
por Una Film «City Revue» GmbH contra la sentencia                         coadyuvantes que los apoyan a soportar solidariamente
dictada el 27 de junio de 2000 por la Sala Tercera                         las costas del procedimiento.
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas en los asuntos acumulados T-172/98 y T-175/98
a T-177/98, promovido contra el Parlamento Europeo y                 Motivos y principales alegaciones
el Consejo de la Unión Europea, apoyados por la Repú-
blica de Finlandia, la Comisión de las Comunidades                  —     Apreciación errónea del alcance del concepto de «afecta-
Europeas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del                    ción directa» del artı́culo 173, apartado 4 del Tratado CE
Norte y la República Francesa por Salamander AG, Una                      (actualmente artı́culo 230 CE, apartado 4), en cuanto
Film «City Revue» GmbH, Alma Media Group Advertising                       requisito de admisibilidad de los recursos interpuestos
SA & Co. Partnership y otros, Zino Davidoff SA y                           por personas fı́sicas o jurı́dicas: el Tribunal de Primera
Davidoff et Cie SA, apoyados por Markenverband eV,                         Instancia equipara erróneamente, en perjuicio de los
Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli SpA y Lancas-                    particulares, el concepto de «afectación directa» por una
                               ter BV                                      Directiva con el concepto del «efecto directo» de una
                       (Asunto C-281/00 P)                                 Directiva.
                          (2000/C 259/20)                            —     Apreciación errónea del alcance de uno de los principios
                                                                           fundamentales del ordenamiento jurı́dico comunitario,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               como es el derecho a una tutela judicial efectiva frente a
presentado el 14 de julio de 2000 un recurso de casación                  una violación del Derecho comunitario: el Tribunal de
formulado por Una Film «City Revue» GmbH, representada                     Primera Instancia ha incurrido en error al no dar al
por el Dr. Rainer Borgelt, Abogado de Düsseldorf, asistido por             sistema existente de protección jurı́dica y de derechos
el Dr. Manfred Dauses, de la Universidad de Bamberg, que                   fundamentales de Comunidad una interpretación y una
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de                        aplicación conformes con las exigencias imperativas
Mes Reding & Felten, Abogados, 2, rue J.P. Brasseur, L-1258                del derecho fundamental de la persona a una vı́a de
Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 27 de junio de                  impugnación efectiva.
2000 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados
T-172/98 y T-175/98 a T-177/98, promovido contra el
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
apoyados por la República de Finlandia, la Comisión de las
Comunidades Europeas, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y la República Francesa por Salamander AG,
Una Film «City Revue» GmbH, Alma Media Group Advertising
SA & Co. Partnership y otros, Zino Davidoff SA y Davidoff et         Recurso interpuesto el 18 de julio de 2000 contra el Reino
Cie SA, apoyados por Markenverband eV, Manifattura Lane              de España por la Comisión de las Comunidades Europeas
Gaetano Marzotto & Figli SpA y Lancaster BV.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                                 (Asunto C-283/00)
Comunidades Europeas que:
1.   Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera                                    (2000/C 259/21)
     Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera) el
     27 de junio de 2000 en los asuntos acumulados                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     T-172/98 y T-175/98 a T-177/98 y desestime la excep-            presentado el 18 de julio de 2000 un recurso contra el Reino
     ción de inadmisibilidad propuesta por los demandados y         de España formulado por la Comisión de las Comunidades
     recurridos en casación.                                        Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana, en
2.   Declare, en consecuencia, la admisibilidad del recurso          calidad de agente, que designa como domicilio en Luxemburgo
     interpuesto por la demandante y recurrente en casación         el del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centro Wagner C 254.
     el 22 de octubre de 1998, recibido en la Secretarı́a del
     Tribunal de Primera Instancia el 23 de octubre de 1998.         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
3.   Declare fundado el mencionado recurso en cuanto al
     fondo y, por consiguiente, anule la Directiva 98/43/CE          1.    declare que, con ocasión de la licitación relativa a la
     del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de                 ejecución de las obras del Centro educativo penitenciario
     1998 relativa a la aproximación de las disposiciones                 experimental de Segovia, convocada por la Sociedad
     legales, reglamentarias y administrativas de los Estados              Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitencia-
     miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los              rios, SA, sociedad cubierta por la definición de poder
     productos del tabaco (DO L 213, p. 9, de 30 de julio de               adjudicador del artı́culo 1o, letra b), de la Directiva
     1998),                                                                93/37/CEE (1), y cuyo montante sobrepasa ampliamente
                                                                           el umbral de aplicación de la Directiva, al no someterse al
     con carácter subsidiario
                                                                           conjunto de las disposiciones de la Directiva 93/37/CEE,
     devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia a fin             y más concretamente a las normas de publicidad previstas
     de que prosiga el procedimiento en cuanto al fondo.                   en los apartados 2, 6, 7 y 11 del artı́culo 11 ası́ como a
 ---pagebreak--- 9.9.2000               ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 259/13
       las disposiciones de los artı́culos 12, apartado 1, 29,            Recurso interpuesto el 20 de julio de 2000 contra la
       apartado 3, 18, 27 y 30, apartado 4, el Reino de España           República Francesa por la Comisión de las Comunidades
       ha incumplido las obligaciones que le impone el Derecho                                           Europeas
       Comunitario;
                                                                                (Asunto C-285/00)
2.     condene en costas al Reino de España.
                                                                                (2000/C 259/22)
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Motivos y principales alegaciones
                                                                          presentado el 20 de julio de 2000 un recurso contra la
                                                                          República Francesa formulado por la Comisión de las Comuni-
La Comisión considera que la Sociedad Estatal de Infraestructu-          dades Europeas, representada por el Sr. Bernard Mongin,
ras y Equipamientos Penitenciarios, SA (SIEPSA) es un «orga-              miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, que
nismo de derecho público» en el sentido del artı́culo 1, letra b,        designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
de la Directiva 93/37/CEE y, en consecuencia, un poder                    Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio,
adjudicador, en la medida en que cumple las tres condiciones              Centre Wagner, Kirchberg.
previstas por este artı́culo. SIEPSA se creó para satisfacer una
necesidad de interés general: contribuir a la aplicación de la           La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
polı́tica penitenciaria del Estado, mediante la gestión de               de Justicia que:
programas y acciones previstos en el Plan de Amortización y
Creación de Centros Penitenciarios, aprobado por el Consejo              1.     Declare que, al no adoptar disposiciones especı́ficas en
de Ministros. Dicho interés general no tiene carácter mercantil                 materia de reconocimiento de los tı́tulos que dan acceso
ni industrial. Aunque la sociedad ejerza actividades de natura-                  a la profesión de psicólogo y destinadas a adaptar el
leza mercantil, éstas no son más que un instrumento para                        Derecho interno a la Directiva 89/48/CEE (1) en relación
satisfacer dicho interés general de naturaleza no industrial ni                  con dicha profesión, la República Francesa ha incumplido
mercantil (la aplicación de la polı́tica penitenciaria del Estado).             las obligaciones que le incumben en virtud de la citada
Por lo tanto, esta sociedad está obligada, a pesar de su                        Directiva.
naturaleza de sociedad de Derecho Privado, a someterse al
                                                                          2.     Condene en costas a la República Francesa.
cumplimiento de las disposiciones de la Directiva en todo lo
relativo a los procedimientos de adjudicación de sus contratos
de obras. En estas circunstancias, la licitación en cuestión            Motivos y principales alegaciones
deberı́a haberse celebrado respetando ı́ntegramente las disposi-
ciones de la Directiva 93/37/CEE y, en particular, las menciona-          En Francia, la profesión de psicólogo está sujeta a regulación,
das en las conclusiones.                                                  especialmente en lo que respecta al uso del tı́tulo profesional.
                                                                          Por consiguiente, Francia deberı́a haber adoptado las medidas
                                                                          necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva
(1) del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los       89/48/CEE e informar de ello a la Comisión.
    procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras
    (DO L 199 de 9.8.1993, p. 54).
                                                                          (1) Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un
                                                                              sistema general de reconocimiento de los tı́tulos de enseñanza
                                                                              superior que sancionan formaciones profesionales de una dura-
                                                                              ción mı́nima de tres años (DO L 19, de 24.1.1989, p. 16).


title: Asunto T-259/11: Recurso interpuesto el 16 de mayo de 2011 — Zinātnes, inovāciju un testēšānas centrs/Comisión

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/33

         Recurso interpuesto el 16 de mayo de 2011 — Zinātnes, inovāciju un testēšānas centrs/Comisión
   (Asunto T-259/11)
   2011/C 252/78
   Lengua de procedimiento: letón

      Partes

      Demandante: Zinātnes, inovāciju un testēšānas centrs (representante: E. Darapoļskis, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

               —

               Que se anule la decisión de la Comisión Europea relativa al contrato 2003/004-979-06-03/1/0027 «Būvmateriālu inivāciju un testēšānas centra izveide» celebrado en el marco del Programa nacional PHARE 2003 de Letonia, declarando que la recuperación de financiación del Programa PHARE por importe de 1 576 010,80 euros no está fundada.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante la decisión de la Comisión Europea (en lo sucesivo, «Comisión») relativa al contrato 2003/004-979-06-03/1/0027 «Būvmateriālu inivāciju un testēšānas centra izveide» celebrado en el marco del Programa nacional PHARE 2003 de Letonia (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), se decidió recuperar una ayuda financiera de la Unión Europea por importe de 1 474 200 euros.
   La demandante considera que la Comisión, al adoptar la decisión impugnada, no respetó el protocolo financiero adoptado el 19 de septiembre de 2003 por la Comunidad Europea y la República de Letonia, relativo a la financiación del Programa nacional PHARE 2003 de Letonia (en lo sucesivo, «protocolo financiero»), sobre cuya base el 23 de agosto de 2005 se celebró un contrato con la demandante en relación con la concesión de financiación y se abonó una ayuda del PHARE por importe de 1 576 010,80 euros. Asimismo, la demandante sostiene que la Comisión incumplió el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1) (en lo sucesivo, «Reglamento financiero») y el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2) (en lo sucesivo, «Reglamento de desarrollo»).
   En apoyo de su recurso, la demandante invoca los siguientes motivos.
   En primer lugar, la demandante sostiene que la Comisión adoptó la decisión impugnada sin haber llevado a cabo un cuidadoso examen de las circunstancias del asunto y una valoración de los hechos, basándose únicamente en informes de funcionarios de la República de Letonia, los cuales, por su parte, no se fundaron en dictámenes o resoluciones de las autoridades competentes. La demandante considera que, antes de iniciar el proceso de recuperación del importe, la Comisión estaba obligada a comprobar la existencia de los incumplimientos mencionados en los informes de dichos funcionarios de la República de Letonia y a obtener todas las pruebas necesarias, lo que la Comisión no llevó a cabo, sino que se limitó a examinar formalmente el intercambio de escritos previo. A su juicio, ello resultó en que en el presente asunto se ignoraran hechos importantes y se reclamara infundadamente la financiación del PHARE que se había abonado.
   En segundo lugar, sostiene la demandante que la Comisión no hizo uso de las facultades que le conceden el protocolo financiero, el Reglamento financiero y el Reglamento de desarrollo. En este sentido, la demandante afirma que la Comisión, al señalar la existencia de incumplimientos, ante todo debió de haber calculado el impacto financiero en el presupuesto comunitario; después, si hubiera observado que los incumplimientos podían tener consecuencias financieras importantes, tendría que haber concedido a la República de Letonia un plazo para ponerles fin. Afirma que, en el presente asunto, la Comisión no hizo uso de las mencionadas facultades, lo que tuvo como resultado que la decisión impugnada infringiera el protocolo financiero, el artículo 71 del Reglamento financiero y los artículos 79 y 80 del Reglamento de desarrollo.
   En tercer lugar, afirma la demandante que la decisión impugnada es desproporcionada y se adoptó infringiendo el proceso de adopción de decisiones establecido no sólo en el protocolo financiero, sino también en el Reglamento financiero y el Reglamento de desarrollo. Asimismo, alega que la decisión controvertida no fue publicada, que no incluye fecha de adopción y que tuvo conocimiento de ella únicamente después del 9 de marzo de 2011, en el marco de un procedimiento judicial iniciado en Letonia.
   En cuarto lugar, asevera la demandante que la decisión impugnada ha tenido graves consecuencias para ella y le ha generado pérdidas, ya que es el fundamento de un procedimiento judicial entablado contra ella y le impide acceder en lo sucesivo a la financiación del programa PHARE.
   En quinto y último lugar, la demandante considera que la decisión impugnada ha menoscabado gravemente su reputación, ya que debido a las acciones ilícitas de la Comisión la participación de nuevos socios en el marco del proyecto se ha visto amenazada y ha disminuido en gran medida la confianza de los inversores en la demandante como socio financiero seguro y estable.

      (1)  DO L 248, de 16.9.2002, p. 1.

      (2)  DO L 357, de 31.12.2002, p. 1.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 23 de noviembre de 2004, en el asunto T-376/02, O contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Artículo 78 del Estatuto — Pensión de invalidez — Comisión de invalidez — Composición — Enfermedad profesional)

text:
               19.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/23

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 23 de noviembre de 2004
   en el asunto T-376/02, O contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Funcionarios - Artículo 78 del Estatuto - Pensión de invalidez - Comisión de invalidez - Composición - Enfermedad profesional)
   (2005/C 45/51)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-376/02, O, antiguo funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representado por los Sres. J. Van Rossum y J.-N. Louis, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de la Comisión de 14 de enero de 2002 por la que se concede al demandante una pensión de invalidez fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, párrafo tercero, del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García-Valdecasas y J.D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal, ha dictado el 23 de noviembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Anular la decisión de la Comisión de 14 de enero de 2002 por la que se concede al demandante una pensión de invalidez.

               2)

               Condenar a la totalidad de las costas a la Comisión.

      (1)  DO C 44, de 22.2.03.


title: Asunto C-383/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la Cour de cassation de Belgique, de  7 de octubre de 2005 , en el asunto entre Raffaele Talotta y État belge

text:
               14.1.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 10/11

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la Cour de cassation de Belgique, de 7 de octubre de 2005, en el asunto entre Raffaele Talotta y État belge
   (Asunto C-383/05)
   (2006/C 10/21)
   Lengua de procedimiento: francés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución de la Cour de cassation de Belgique dictada el 7 de octubre de 2005, en el asunto entre Raffaele Talotta y État belge, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de octubre de 2005.
   La Cour de cassation solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
   ¿Debe interpretarse el artículo 43 –antiguo artículo 52– del Tratado CE en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que, como el artículo 182 del Real Decreto de 27 de agosto de 1993, adoptado en aplicación del artículo 342, apartado 2, del Código de los impuestos sobre la renta de 1992, aplica únicamente a los no residentes bases mínimas de imposición?


title: Asunto T-207/12 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de mayo de 2012 por Luigi Marcuccio contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 29 de febrero de 2012 en el asunto F-3/11, Marcuccio/Comisión

text:
               30.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 194/27

         Recurso de casación interpuesto el 11 de mayo de 2012 por Luigi Marcuccio contra el auto dictado por el Tribunal de la Función Pública el 29 de febrero de 2012 en el asunto F-3/11, Marcuccio/Comisión
   (Asunto T-207/12 P)
   2012/C 194/45
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule in toto y sin excepción alguna el auto recurrido.

               —

               Con carácter principal, estime todas las pretensiones formuladas por el actor en el procedimiento sustanciado en primera instancia.

               —

               Condene a la demandada a reembolsar al recurrente las costas causadas por éste en la presente instancia.

               —

               Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública, con una formación diferente, para que se pronuncie de nuevo sobre el fondo de cada una de las pretensiones recogidas en los anteriores puntos de este petitum.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra el auto dictado el 29 de febrero de 2012 en el asunto F-3/11, mediante el que se desestimó por manifiestamente inadmisible un recurso que tenía por objeto, por un lado, la anulación de la supuesta negativa de la Comisión Europea de incorporar un documento en el expediente relativo a su accidente y, por otro, la condena de la Comisión a que le pagara la cantidad de 1 000 euros en resarcimiento por el prejuicio sufrido.
   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca dos motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la falta absoluta de motivación del pronunciamiento sobre la inadmisibilidad manifiesta, así como por su carácter manifiestamente confuso, paradójico, por su desnaturalización y tergiversación de los hechos, falta de convicción y de lógica, incoherencia, irracionalidad, incumplimiento de la obligación de expresarse con claridad, falta de pronunciamiento sobre una pretensión formulada por el recurrente, interpretación y aplicación incorrecta, errónea, falsa e irracional

                           —

                           de los artículos 26 y 26 bis del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea;

                           —

                           de las normas jurídicas relativas al concepto de acto recurrible (en particular, apartados 30 al 47, ambos inclusive, del auto recurrido, y

                           —

                           de las normas jurídica relativas al tratamiento y acceso de los particulares a los datos personales pertinentes, en poder de una institución de la Unión

               2)

               Segundo motivo, basado en la ilegalidad de lo declarado sobre las costas por el juez que resolvió en primera instancia (entre los apartados 47 y 48 del auto recurrido).


title: Asunto T-386/17: Recurso interpuesto el 23 de junio de 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)

text:
               7.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 256/40

         Recurso interpuesto el 23 de junio de 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)
   (Asunto T-386/17)
   (2017/C 256/46)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Alemania) (representante: A. Lingenfelser, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «Лидер» — Solicitud de registro n.o 15466791

      Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 28 de abril de 2017 en el asunto R 2066/2016-1

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto C-197/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de abril de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van Koophandel Hasselt — Bélgica) — Confederatie van immobiliën-beroepen België, Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken (Reconocimiento de títulos — Directiva 89/48/CEE — Agente inmobiliario)

text:
               7.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de abril de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van Koophandel Hasselt — Bélgica) — Confederatie van immobiliën-beroepen België, Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken
   (Asunto C-197/06) (1)

   (Reconocimiento de títulos - Directiva 89/48/CEE - Agente inmobiliario)
   (2008/C 142/04)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Rechtbank van Koophandel Hasselt
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Confederatie van immobiliën-beroepen België, Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

      Demandada: Willem Van Leuken
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Bélgica) — Interpretación de los artículos 3 y 4 de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16) — Obligación para un agente inmobiliario establecido en un Estado miembro y que ejerce una actividad de intermediación en otro Estado miembro de cumplir los requisitos del ejercicio de dicha profesión que la legislación de dicho Estado impone en cumplimiento de la Directiva — Exigencia incluso en caso de contrato de colaboración entre dicho agente y un agente autorizado por el Estado de que se trate.
   Fallo
   Los artículos 3 y 4 de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, se oponen a una normativa de un Estado miembro que subordina el ejercicio, en su territorio, de actividades como las del litigio principal por un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro que se encuentra en una situación como la del demandado en el litigio principal a una autorización cuya concesión está sometida a superar una prueba de aptitud sobre materias de Derecho.

      (1)  DO C 165 de 15.7.2006.


title: Asunto T-117/07 y T-121/07: Sentencia del Tribunal General de 3 de marzo de 2011 — Areva y otros/Comisión ( «Competencia — Carteles — Mercado de los proyectos de conmutadores con aislamiento de gas — Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Derecho de defensa — Obligación de motivación — Imputabilidad del comportamiento infractor — Duración de la infracción — Multas — Responsabilidad solidaria para el pago de la multa — Circunstancias agravantes — Función de líder — Circunstancias atenuantes — Cooperación» )

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/10

         Sentencia del Tribunal General de 3 de marzo de 2011 — Areva y otros/Comisión
   (Asunto T-117/07 y T-121/07) (1)

   (Competencia - Carteles - Mercado de los proyectos de conmutadores con aislamiento de gas - Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE - Derecho de defensa - Obligación de motivación - Imputabilidad del comportamiento infractor - Duración de la infracción - Multas - Responsabilidad solidaria para el pago de la multa - Circunstancias agravantes - Función de líder - Circunstancias atenuantes - Cooperación)
   2011/C 113/20
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Areva, sociedad anónima (París), Areva T & D Holding SA (París), Areva T & D SA (París), Areva T & D AG (Oberentfelden, Suiza), (representantes: A. Schild y J.-M. Cot, abogados), y Alstom, sociedad anónima (Levallois-Perret, Francia) (representantes: inicialmente J. Derenne, abogado, W. Broere, Solicitor, A. Müller-Rappard y C. Guirado, abogados, posteriormente J. Derenne y A. Müller-Rappard, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente X. Lewis y F. Arbault, posteriormente X. Lewis, y finalmente V. Bottka y N. Von Lingen, agentes)

      Objeto

   Con carácter principal, una pretensión de anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 — Conmutadores con aislamiento de gas), y, con carácter subsidiario, una pretensión de reducción de la multa impuesta a las demandantes.

      Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-117/07 y T-121/07 a efectos de la sentencia.

               2)

               Anular el artículo 2, letras b) y c), de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas).

               3)

               Imponer por las infracciones declaradas en el artículo 1, letras b) a f), de la Decisión C(2006) 6762 final las siguientes multas:

                           —

                           A Alstom, sociedad anónima: 10 327 500 euros;

                           —

                           A Alstom: 48 195 000 euros, solidariamente con Areva T & D SA, de los que esta última debe pagar 20 400 000 euros solidariamente con Areva T & D AG, Areva, sociedad anónima, y Areva T & D Holding SA.

               4)

               Desestimar los recursos en todo lo demás.

               5)

               En el asunto T-117/07, la Comisión Europea cargará con un décimo de las costas de Areva, de Areva T & D Holding, de Areva T & D SA y de Areva T & D AG y un décimo de sus propias costas. Areva, Areva T & D Holding, Areva T & D SA y Areva T & D AG cargarán con nueve décimos de sus propias costas y nueve décimos de las costas de la Comisión.

               6)

               En el asunto T-121/07, la Comisión cargará con un décimo de las costas de Alstom, y un décimo de sus propias costas. Alstom cargará con nueve décimos de sus propias costas y nueve décimos de las costas de la Comisión.

      (1)  DO C 140, de 23.6.2007.


title: Sentencia del Tribunal, de 27 de octubre de 2015, en el asunto E-11/15 — Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia (Incumplimiento por un Estado AELC/EEE de sus obligaciones — No incorporación — Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores)

text:
               15.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 467/24

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 27 de octubre de 2015
   en el asunto E-11/15
   Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia
   (Incumplimiento por un Estado AELC/EEE de sus obligaciones — No incorporación — Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores)
   (2016/C 467/11)
   En el asunto E-11/15, Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia – SOLICITUD de declaración de que, al no haber adoptado, en el plazo previsto a tal efecto, las disposiciones necesarias para aplicar el Acto al que se hace referencia en los puntos 7 bis, 7 sexies y 7 decies del anexo XIX del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho Acto y del artículo 7 del Acuerdo, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (juez ponente) y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 27 de octubre de 2015, cuyo fallo es el siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Acto al que se hace referencia en los puntos 7 bis, 7 sexies y 7 decies del anexo XIX del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado, en el plazo previsto a tal efecto, las medidas necesarias para aplicar dicho Acto.

               2.

               Condena en costas a Islandia.


title: Asunto T-423/16: Recurso interpuesto el 29 de julio de 2016 — De Masi/Comisión

text:
               10.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 371/15

         Recurso interpuesto el 29 de julio de 2016 — De Masi/Comisión
   (Asunto T-423/16)
   (2016/C 371/17)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Fabio De Masi (Bruselas, Bélgica) (representantes: Prof. A. Fischer-Lescano)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare nula la decisión de la demandada de 20 de mayo de 2016 sobre la solicitud de acceso a los documentos del Grupo del Código de Conducta.

               —

               Declare nula la decisión de la demandada de 13 de julio de 2016 sobre la solicitud de acceso a los documentos del Grupo del Código de Conducta.

               —

               Condene a la demandada a pagar las costas del procedimiento y las costas de los posibles intervinientes en el procedimiento, con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (1)

               El demandante alega que las decisiones de la demandada de 20 de mayo de 2016 y de 13 de julio de 2016 vulneran el derecho a una respuesta adecuada sobre la solicitud confirmatoria, previsto en la citada disposición.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 15 TFUE, apartado 3, en relación con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 1049/2001
               El demandante sostiene asimismo que la denegación del pleno acceso a los documentos relativos al Grupo del Código de Conducta (fiscalidad de las empresas), instituido por el Consejo, vulnera igualmente su derecho a la consulta de esos documentos, garantizado por las citadas disposiciones.
               A este respecto, el demandante aduce que en el presente caso no resultan de aplicación las excepciones al principio de transparencia previstas en el artículo 4, apartados 3 y 1, letra a), cuarto guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.
               Añade que se ha producido una insuficiencia de ponderación y de motivación, y que la divulgación de los documentos reviste un interés público superior.

      (1)  Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).