title: Asunto T-25/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007 — González y Díez/Comisión ( Ayudas de Estado — Ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales de reestructuración — Revocación de una decisión precedente — Expiración del Tratado CECA — Competencia de la Comisión — Continuidad del ordenamiento jurídico comunitario — Inexistencia de vicios sustanciales de forma — Protección de la confianza legítima — Error manifiesto de apreciación )

text:
               20.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/24

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007 — González y Díez/Comisión
   (Asunto T-25/04) (1)

   («Ayudas de Estado - Ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales de reestructuración - Revocación de una decisión precedente - Expiración del Tratado CECA - Competencia de la Comisión - Continuidad del ordenamiento jurídico comunitario - Inexistencia de vicios sustanciales de forma - Protección de la confianza legítima - Error manifiesto de apreciación»)
   (2007/C 247/36)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: González y Díez, S.A. (Villabona-Llanera, Asturias) (representantes: J. Díez-Hochleitner y A. Martínez Sánchez, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente J. Buendía Sierra, posteriormente C. Urraca Caviedes, agentes, este último asistido por J. Buendía Sierra, abogado)
   Objeto
   Anulación de los artículos 1, 3 y 4 de la Decisión 2004/340/CE de la Comisión, de 5 de noviembre de 2003, relativa a las ayudas a la cobertura de cargas excepcionales en favor de la empresa González y Díez, S.A. (ayudas correspondientes a 2001 y utilización abusiva de las ayudas correspondientes a 1998 y 2000), y por la que se modifica la Decisión 2002/827/CECA (DO 2004, L 119, p. 26).
   Fallo

               1)

               Anular el artículo 3, letra b), en la medida en que contempla el importe de 54 057,63 euros (8 994 433 pesetas), y el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2004/340/CE de la Comisión, de 5 de noviembre de 2003, relativa a las ayudas a la cobertura de cargas excepcionales en favor de la empresa González y Díez, S.A. (ayudas correspondientes a 2001 y utilización abusiva de las ayudas correspondientes a 1998 y 2000), y por la que se modifica la Decisión 2002/827/CECA.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar a la parte demandante a cargar con cuatro quintos de sus propias costas y cuatro quintos de las costas en que haya incurrido la Comisión y condenar a esta última a cargar con un quinto de sus propias costas y un quinto de las costas en que haya incurrido la demandante.

      (1)  DO C 71 de 20.3.2004.


title: Asunto C-491/10 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Celle — Alemania) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz [Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n ° 2201/2003 — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Responsabilidad parental — Derecho de custodia — Sustracción de un menor — Artículo 42 — Ejecución de una resolución certificada que ordena la restitución de un menor dictada por un órgano jurisdiccional competente (español) — Competencia del órgano jurisdiccional requerido (alemán) para denegar la ejecución de dicha resolución en caso de violación grave de los derechos del menor]

text:
               26.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Celle — Alemania) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz
   (Asunto C-491/10 PPU) (1)

   (Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Responsabilidad parental - Derecho de custodia - Sustracción de un menor - Artículo 42 - Ejecución de una resolución certificada que ordena la restitución de un menor dictada por un órgano jurisdiccional competente (español) - Competencia del órgano jurisdiccional requerido (alemán) para denegar la ejecución de dicha resolución en caso de violación grave de los derechos del menor)
   2011/C 63/23
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Celle

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

      Demandada: Simone Pelz

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Celle — Interpretación del artículo 42 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1) — Sustracción de menores — Ejecución de una resolución por la que se ordena la restitución de un menor dictada por un órgano jurisdiccional competente (español) — Competencia del órgano jurisdiccional requerido (alemán) para denegar la ejecución de dicha resolución en caso de grave violación de los derechos del menor.

      Fallo

   En circunstancias como las del asunto principal, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución no puede oponerse a la ejecución de una resolución certificada que ordena la restitución de un menor ilícitamente retenido por considerar que el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen del que emana esta resolución ha vulnerado el artículo 42 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, interpretado conforme al artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cuanto la apreciación de la existencia de tal vulneración compete exclusivamente a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen.

      (1)  DO C 346, de 18.12.2010.


title: Asunto C-557/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 29 de octubre de 2013 — Hermann Lutz/Elke Bäuerle, en calidad de administradora concursal en el procedimiento de insolvencia relativo al patrimonio de la sociedad ECZ Autohandel GmbH

text:
               18.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 15/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 29 de octubre de 2013 — Hermann Lutz/Elke Bäuerle, en calidad de administradora concursal en el procedimiento de insolvencia relativo al patrimonio de la sociedad ECZ Autohandel GmbH
   (Asunto C-557/13)
   2014/C 15/12
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandada y recurrente en casación: Hermann Lutz

      Demandante y recurrida en casación: Elke Bäuerle, en calidad de administradora concursal en el procedimiento de insolvencia relativo al patrimonio de la sociedad ECZ Autohandel GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se aplica el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, (1) de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160, p. 1), si el abono impugnado por el administrador concursal de un importe que había sido embargado antes de la apertura del procedimiento de insolvencia se realizó con posterioridad a la apertura de dicho procedimiento?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: la excepción procesal prevista en el artículo 13 del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, ¿se refiere también a los plazos de prescripción, anulabilidad y caducidad previstos en la legislación aplicable a la eficacia (lex causae) del acto jurídico impugnado?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: los requisitos de forma aplicables al ejercicio del derecho en el sentido del artículo 13 del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, ¿se rigen por la lex causae o por la lex fori concursus?

      (1)  DO L 160, p. 1.


title: Asunto C-346/13: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Bélgica) el 25 de junio de 2013 — Ville de Mons/KPN Group Belgium SA

text:
               31.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/22

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Bélgica) el 25 de junio de 2013 — Ville de Mons/KPN Group Belgium SA
   (Asunto C-346/13)
   2013/C 252/35
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour d’appel de Mons

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Ville de Mons

      Recurrida: KPN Group Belgium SA

      Cuestión prejudicial

   ¿El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas [(Directiva autorización)], (1) prohíbe a las entidades territoriales gravar, por motivos presupuestarios o de otro tipo, la actividad económica de los operadores de telecomunicaciones que se materialicen en su territorio mediante la presencia de torres, postes o antenas de telefonía móvil destinados a esta actividad?

      (1)  DO L 108, p. 21.


title: Asunto C-188/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (República de Polonia) el 28 de mayo de 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

text:
               15.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 193/6

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (República de Polonia) el 28 de mayo de 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku
   (Asunto C-188/09)
   2009/C 193/06
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Naczelny Sąd Administracyjny

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

      Recurrida: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El artículo 2, apartados 1 y 2, de la Directiva 67/227/CEE, Primera Directiva del Consejo, de 11 de abril de 1967, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, (1) en relación con los artículos 2, 10, apartados 1 y 2, así como 17, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, (2) ¿excluye la posibilidad de que se introduzca la pérdida transitoria del derecho a reducir el impuesto adeudado en una cantidad equivalente al 30 % del IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios, según está previsto en el artículo 111, apartado 2, en relación con el apartado 1, de la Ley de 11 de marzo de 2004, del impuesto sobre bienes y servicios (Dz. U. no 54, posición 535, con modificaciones), en relación con los sujetos pasivos que realizan ventas a personas físicas que no actúan en ejercicio de una actividad económica y a personas que ejercen una actividad económica en forma de explotaciones agrarias gestionadas individualmente, y que incumplen la obligación de contabilizar el volumen de negocios y las cuotas del impuesto adeudado mediante el uso de cajas registradoras?

               2)

               Las «medidas especiales» en el sentido del artículo 27, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, teniendo en cuenta su carácter y su finalidad, ¿pueden consistir en la limitación transitoria del alcance del derecho a deducción de que dispone el sujeto pasivo, recogida en el artículo 111, apartado 2, en relación con el apartado 1, de la Ley de 11 de marzo de 2004, del impuesto sobre bienes y servicios (Dz. U. no 54, posición 535, con modificaciones), aplicada a sujetos pasivos que incumplen su obligación de contabilizar el volumen de negocios y las cuotas del impuesto mediante el uso de cajas registradoras? En relación con esto, ¿es necesario observar para su introducción el procedimiento previsto en el artículo 27, apartados 2 a 4, de la Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977?

               3)

               El derecho del Estado miembro recogido en el artículo 33, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, ¿comprende la facultad de introducir frente a sujetos pasivos que incumplen la obligación de contabilizar el volumen de negocios y las cuotas de los impuestos adeudados mediante el uso de cajas registradoras una sanción en forma de pérdida transitoria del derecho a reducir el impuesto adeudado en una cantidad equivalente al 30 % del IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios, recogida en el artículo 111, apartado 2, en relación con el apartado 1, de la Ley de 11 de marzo de 2004, del impuesto sobre bienes y servicios (Dz. U. no 54, posición 535, con modificaciones)?

      (1)  DO 1967, 71, p. 1301; EE 09/01, p. 1.

      (2)  DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.


title: Recurso interpuesto el 24 de mayo de 1996 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-179/96)

text:
  N° C 247/4                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               24 . 8 . 96
                                                         TRIBUNAL DE JUSTICIA
  Recurso interpuesto el 24 de mayo de 1996 contra el Gran               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
  Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comuni
                             dades Europeas                              1 ) Declare que la República Helénica ha incumplido las
                          ( Asunto C-l 79/96 )
                                                                              obligaciones que le incumben en virtud del Derecho
                                                                              comunitario y , en particular, de las disposiciones de los
                               ( 96/C 247/05 )                                artículos 48 y 52 del Tratado CE y del artículo 7 del
                                                                              Reglamento ( CEE ) n° 1612/68 ('), del artículo 7 del
 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                    Reglamento ( CEE ) n° 1251 /70 ( 2 ), del artículo 7 de la
 ha presentado el 24 de mayo de 1996 un recurso contra el                     Directiva 75/34/CEE (-1 ) y del artículo 3 del Reglamento
 Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión                          ( CEE ) n" 1408/71 ( 4 ), al excluir, en las disposiciones de
 de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.                         su normativa o en su práctica administrativa , a los
 Dimitrios Gouloussis, en calidad de Agente , que designa                     trabajadores comunitarios por cuenta ajena o por
 como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr . Carlos                     cuenta propia y a los miembros de sus familias, por
 Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                                  razón de su nacionalidad , por una parte, del reconoci
                                                                              miento de la calidad de familia numerosa para la
 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :                   concesión del correspondiente complemento salarial y,
                                                                              por otra , de los subsidios familiares .
  1 ) Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha
      incumplido las obligaciones que le incumben en virtud             2 ) Condene en costas a la República Helénica .
      del artículo 59 del Tratado CE, al exigir que los
      mandatarios generales tengan en Luxemburgo su domi               Motivos y principales alegaciones
      cilio social ( en el caso de las personas jurídicas ) o su
      domicilio y residencia ( en el caso de las personas físicas ),    El apartado 2 del artículo 7 del Reglamento ( CEE )
      así como al exigir que estén domiciliados en Luxem               n° 1612/68 , adoptado en ejecución del artículo 48 del
      burgo los directores, mandatarios generales, inspecto            Tratado, dispone que los trabajadores comunitarios se
      res, agentes , corredores y cualesquiera otras personas           beneficiarán de las mismas ventajas sociales y fiscales que los
      dedicadas a operaciones de seguro .                               trabajadores nacionales y, según reiterada jurisprudencia
                                                                        del Tribunal de Justicia , esta disposición no debe ser
 2 ) Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo .                   interpretada en un sentido restrictivo . La Comisión sostiene
                                                                        que el reconocimiento de la calidad de familia numerosa y la
 Motivos y principales alegaciones                                      concesión de subsidios familiares y de complementos
                                                                        salariales por familia numerosa , antes mencionados, son
 La restricción a la libre prestación de servicios de seguro que        ventajas sociales en el sentido de dicho artículo . Por otra
 la legislación impugnada impone en base a la circunstancia             parte , ninguna razón de política demográfica puede justifi
de que el prestador del servicio esté establecido en un Estado          car medidas discriminatorias en perjuicio de nacionales
miembro distinto de aquel donde se presta el servicio , resulta        comunitarios que residen y trabajan en la República
manifiestamente contraria al artículo 59 del Tratado ,                  Helénica .
habida cuenta de que hace imposible para los nacionales de
los Estados miembros establecidos en un país de la                      (')  DO   n" L 257 de 19 . 10 . 1968 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 77 .
Comunidad distinto de Luxemburgo el ejercicio de las                    (-)  DO   n" L 142 de 30 . 6 . 1970 , p . 24 ; EE 05/01 , p . 93 .
funciones de directivo o de intermediario mediante presta              (5)  DO  n"  L 14 de 20 . 1 . 1975 , p . 10 ; EE 06/01 , p . 183 .
ción de servicios en Luxemburgo .                                       (4 ) DO  n"  L 149 de 5 . 7. 1971 , p . 2 ; EE 05/01 , p . 98 .
Recurso interpuesto el 3 de junio de 1996 contra la                    Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante
República Helénica por la Comisión de las Comunidades                  resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
                                  Europeas                             distaccata di Tivoli— de 21 de febrero y 15 de mayo de
                        ( Asunto C-185 /96 )                           1996, en los procesos penales seguidos contra Mario
                                                                                Modesti y Lahlou Hassan
                              ( 96/C 247/06 )
                                                                                ( Asuntos C-191 /96 y C-196/96 )
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                                          ( 96/C 247/07 )
ha presentado el 3 de junio de 1996 un recurso contra la
República Helénica formulado por la Comisión de las                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han
Comunidades Europeas, representada por la Sra . Maria                  sido sometidas peticiones de decisión prejudicial mediante
Patakia , miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, que            resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma —Sezione
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr .              distaccata di Tivoli— dictadas el 21 de febrero y el 15 de
Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio                    mayo de 1996 , en los procesos penales seguidos contra
Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg.                                    Mario Modesti y Lahlou Hassan y recibidas en la Secretaría


title: Asunto T-133/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2008 — TIM y TTV/OAMI — Past perfect (PAST PERFECT) ( Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa PAST PERFECT — Desestimación de la solicitud de nulidad — Artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d) del Reglamento (CE) n o  40/94 — Artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento )

text:
               6.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/29

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2008 — TIM y TTV/OAMI — Past perfect (PAST PERFECT)
   (Asunto T-133/06) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria denominativa PAST PERFECT - Desestimación de la solicitud de nulidad - Artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d) del Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento»)
   (2008/C 313/51)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandantes: TIM The International Music Company AG y TTV Tonträger-Vertrieb-2000 GmbH (Hamburgo, Alemania) (representantes: inicialmente J. Wendt y G. Kukuk, posteriormente J. Wendt, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: Past Perfect Ltd (Bucknell, Oxfordshire, Reino Unido) (representantes: inicialmente S. Disraeli, posteriormente K. Tinkler, Solicitors)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 3 de febrero de 2006 (asunto R 150/2005-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre TIM The International Music Company AG y TTV Tonträger-Vertrieb-2000 GmbH, por una parte, y Past Perfect Ltd, por otra.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a TIM The International Music Company AG y TTV Tonträger-Vertrieb-2000 GmbH.

      (1)  DO C 154 de 1.7.2006.


C 299/28              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    16.10.1999
3. Al evaluar a los candidatos, el comité de promoción no se          Europeas ha decidido archivar los asuntos T-16/95 y T-100/95
    atuvo a los criterios previstos en la instrucción relativa a      suprimiéndolos de la lista de asuntos en los asuntos acumula-
    las promociones, sino a otros criterios. Estos criterios           dos T-366/94 y otros, Hilde Diekmeier y otros contra Consejo
    también infringieron lo dispuesto en las recomendaciones           de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.
    de la Dirección general a la que pertenece el demandante.
                                                                       (1) DO C 74 de 25.3.95 y C 159 de 24.6.95.
Archivo parcial de los asuntos acumulados T-85/93 y
                            otros (1)                                                   Archivo del asunto T-2/98 (1)
                        (1999/C 299/40)                                                        (1999/C 299/42)
                (Lengua de procedimiento: alemán)                                    (Lengua de procedimiento: neerlandés)
Mediante auto de 21 de mayo de 1999, el Presidente de la Sala          Mediante auto de 1 de febrero de 1999, el Presidente de la Sala
Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las               Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto                    Europeas ha decidido archivar el asunto T-2/98, Petra Van
T-252/94 suprimiéndolo de la lista de asuntos en los asuntos           Eynde-Neutens contra Comisión de las Comunidades Europeas.
acumulados T-85/93 y otros, Helmut Bösl y otros contra
Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades            (1) DO C 55 de 20.2.98.
Europeas.
(1) DO C 275 de 1.10.94.
                                                                                Archivo del asunto T-168/98 (1)
                                                                                (1999/C 299/43)
Archivo parcial de los asuntos acumulados T-366/94 y
                            otros (1)                                                   (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                       Mediante auto de 11 de febrero de 1999, el Presidente de
                        (1999/C 299/41)
                                                                       la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                       Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-2/98,
                (Lengua de procedimiento: alemán)                     Anastasios Bisopoulos contra Comisión de las Comunidades
                                                                       Europeas.
Mediante auto de 21 de mayo de 1999, el Presidente de la Sala
Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades            (1) DO C 397 de 19.12.98.


title: Asunto T-297/01: Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por SIC — Sociedade Independente de Comunicação, S.A.

text:
6.4.2002                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            C 84/59
Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2001 contra la                 Ante la pasividad de la Comisión, la demandante requirió a
Comisión de las Comunidades Europeas por SIC —                         dicha Institución, en agosto de 1995, para que actuase, en los
       Sociedade Independente de Comunicação, S.A.                     términos y a los efectos del artı́culo 232 CE, solicitándole que
                                                                        se pronunciase sobre la denuncia presentada y sobre la solicitud
                                                                        de incoación del procedimiento previsto en el artı́culo 88 CE,
                        (Asunto T-297/01)                               apartado 2.
                          (2002/C 84/110)
                                                                        La Comisión solicitó información adicional a las autoridades
                                                                        portuguesas.
                (Lengua de procedimiento: portugués)
                                                                        Insatisfecha con esta solicitud, por considerarla meramente
                                                                        interlocutoria, y con la pasividad de la Comisión, SIC interpuso
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  un recurso por omisión conforme al artı́culo 232 CE (asunto
Europeas se ha presentado el 6 de diciembre de 2001 un                  T-231/95).
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por SIC — Sociedade Independente de Comuni-
cação, S.A., con domicilio social en Carnaxide, Linda-a-Velha          Después de que la Comisión adoptara, el 7 de noviembre de
(Portugal), representada por el Sr. Carlos Botelho Moniz,               1996, una decisión relativa a la financiación pública concedida
abogado.                                                                a RTP, el recurso por omisión quedó sin objeto, lo que llevó a
                                                                        la demandante a desistir de aquél.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                        Entretanto, el 22 de octubre de 1996, SIC presentó ante la
—     Admita el presente recurso y lo declare procedente.               Comisión una nueva denuncia contra la República Portuguesa
                                                                        por considerar que la forma en que se ejecutaba el contrato de
                                                                        concesión del servicio público de televisión infringı́a lo dispue-
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                        sto en los artı́culos 87 CE y 88 CE.
                                                                        La segunda denuncia retomaba, en esencia, los fundamentos
Motivos y principales alegaciones                                       jurı́dicos de la primera.
La demandante es una sociedad mercantil que tiene exclusiva-
                                                                        El 6 de enero de 1997, la demandante recibió copia de la
mente por objeto el ejercicio de actividades en el sector
                                                                        decisión de la Comisión de 7 de noviembre de 1996, antes
televisivo.                                                             citada, dirigida a la República Portuguesa y relativa a la
                                                                        financiación de los canales públicos de televisión. En dicha
                                                                        decisión, la Comisión consideraba que las medidas controverti-
El 30 de julio de 1993 la demandante presentó ante la                  das no constituı́an ayudas del Estado portugués a RTP, de tal
Dirección General de Competencia (DG IV) de la Comisión               modo que no les era de aplicación el régimen del Tratado
una denuncia contra la República Portuguesa y RTP —                    relativo a las ayudas de Estado.
Radiotelevisão Portuguesa, S.A., basada en la infracción de las
disposiciones comunitarias en materia de competencia y, en
particular, de los artı́culos 87 CE y 88 CE.
                                                                        Mediante escrito de 3 de marzo de 1997, SIC interpuso un
                                                                        recurso de anulación de dicha decisión (asunto T-46/97).
La denuncia se dirigı́a contra un conjunto de medidas adopta-
das por el Gobierno portugués en favor de RTP, operador
público titular de la concesión del servicio público de televi-      En sentencia de 10 de mayo de 2000, el Tribunal de Primera
sión, por considerar que tales medidas constituı́an ayudas de          Instancia declaró que la Comisión estaba obligada a iniciar el
Estado en el sentido del artı́culo 87 CE, concedidas en contra          procedimiento previsto en el artı́culo 88 CE, apartado 2, en
de lo dispuesto en el artı́culo 88 CE, apartado 3.                      relación con algunas medidas financieras adoptadas por el
                                                                        Estado portugués en favor de RTP.
Transcurridos más de dos años desde la presentación de la
denuncia, y pese a los trámites efectuados por SIC, dicha              Mediante escrito de 3 de enero de 2001, SIC solicitó a la
empresa constató que la Comisión no se habı́a pronunciado             Comisión que le comunicase las medidas que pensaba adoptar
sobre la denuncia presentada.                                           para la ejecución de la sentencia.
 ---pagebreak--- C 84/60                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       6.4.2002
Ante la falta de respuesta de la Comisión, la demandante                       presentadas por la demandante el 22 de octubre de 1996
requirió a dicha Institución, mediante escrito de 26 de julio de              y el 20 de junio de 1997.
2001, para que actuase en los términos y a los efectos del
artı́culo 232 CE, apartado 2.                                            3.     Condene en costas a la Comisión.
Transcurrido el plazo de dos meses previsto en el Tratado, la
Comisión no habı́a aún iniciado el procedimiento, sin que              Motivos y principales alegaciones
tampoco hubiera respondido al requerimiento recibido.
A principios de noviembre de 2001, pasado el plazo de dos                La demandante es una sociedad mercantil que tiene exclusiva-
meses mencionado, la demandante recibió un escrito de la                mente por objeto el ejercicio de actividades en el sector
Comisión, en el que se le informaba de que ya habı́an                   televisivo.
prácticamente concluido los trámites previos internos para la
ejecución de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                         El 22 de octubre de 1996 la demandante presentó ante la
mayo de 2000.
                                                                         Dirección General de Competencia (DG IV) de la Comisión
                                                                         una denuncia contra la República Portuguesa y RTP —
La demandante considera que este escrito no es más que una              Radiotelevisão Portuguesa, S.A., basada en la infracción de las
actuación interlocutoria, en la que no se expresa la postura            disposiciones comunitarias en materia de competencia y, en
adoptada por la Institución demandada.                                  particular, de los artı́culos 87 CE y 88 CE.
                                                                         La denuncia se dirigı́a contra un conjunto de medidas adopta-
                                                                         das por el Gobierno portugués en favor de RTP, operador
                                                                         público titular de la concesión del servicio público de televi-
                                                                         sión, por considerar que tales medidas constituı́an ayudas de
Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2001 contra la                  Estado en el sentido del artı́culo 87 CE y que tales ayudas se
Comisión de las Comunidades Europeas por SIC —                          habı́an concedido en contra de lo dispuesto en el artı́-
        Sociedade Independente de Comunicação, S.A.                     culo 88 CE, apartado 3.
                        (Asunto T-298/01)                                La denuncia se referı́a, en particular, a las indemnizaciones
                                                                         compensatorias concedidas a RTP por la República Portuguesa
                          (2002/C 84/111)                                en 1994, 1995 y 1996.
                 (Lengua de procedimiento: portugués)
                                                                         Las indemnizaciones compensatorias de 1994 y 1995 fueron
                                                                         objeto de una decisión de la Comisión, de 7 de noviembre de
                                                                         1996, contra la que se interpuso un recurso de anulación.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 6 de diciembre de 2001 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                  La omisión que se imputa en el presente procedimiento se
formulado por SIC — Sociedade Independente de Comuni-                    refiere a la indemnización compensatoria de 1996.
cação, S.A., con domicilio social en Carnaxide, Linda-a-Velha
(Portugal), representada por el Sr. Carlos Botelho Moniz,
abogado.                                                                 Dicha medida constituye una ayuda de Estado en el sentido del
                                                                         artı́culo 87 CE, habiendo sido adoptada y ejecutada por el
                                                                         Estado portugués en infracción del artı́culo 88 CE, apartado 3,
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:             puesto que no se notificó a la Comisión.
1.     Admita el presente recurso y lo declare procedente.
                                                                         Se dio noticia a la Comisión de la existencia de tal medida
2.     Declare, en consecuencia, habida cuenta de las obligacio-         mediante denuncia de 22 de octubre de 1996, es decir, hace
       nes que los artı́culos 87 CE y 88 CE imponen a la                 más de cinco años, sin que hasta finales de noviembre de
       Comisión en el marco del análisis previo de las medidas         2001 dicha Institución comunitaria hubiera adoptado decisión
       nacionales de ayuda de que tenga conocimiento, ası́ como          alguna por lo que respecta a la indemnización compensatoria
       de los principios generales del Derecho que rigen la              de 1996.
       actuación de dicha Institución, en particular, los princi-
       pios de legalidad, de buena administración y de diligencia,
       que la Comisión ha incumplido, en contra de lo estable-          El 20 de junio de 1997 la demandante presentó ante la
       cido en los artı́culos 87 CE y 88 CE y de los principios          Dirección General de Competencia (DG IV) de la Comisión
       generales del Derecho mencionados, su obligación de              una nueva denuncia contra la República Portuguesa y RTP,
       pronunciarse sobre la solicitud de incoación del procedi-        basada en la infracción de las disposiciones comunitarias en
       miento previsto en el artı́culo 88 CE, apartado 2,                materia de competencia y, en particular, de los artı́culos 87 CE
       en relación con las medidas objeto de las denuncias              y 88 CE.


title: Asunto T-146/17: Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2017 — Mondi/ACER

text:
               24.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/34

         Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2017 — Mondi/ACER
   (Asunto T-146/17)
   (2017/C 129/52)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Mondi AG (Viena, Austria) (representante: B. Rajal, abogado)

      Demandada: Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Sala de Recurso de la demandada de 17 de febrero de 2017, dictada en el recurso n.o A-001-2017 (consolidated), por la que se denegó su solicitud de intervención.

               —

               Condene en costas a la parte demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 11 del Reglamento de Procedimiento de la Sala de Recurso de la demandada y en la vulneración de lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que la Sala de Recurso denegó incorrectamente la existencia de un interés legítimo de la demandante en la resolución del procedimiento de recurso.

               2.

               Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oído, pues la Sala de Recurso no notificó a la demandante el criterio adoptado por la demandada en relación con la solicitud de intervención presentada por la citada demandante.


title: Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 1998 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-421/98)

text:
C 20/20                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  23.1.1999
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-         contra el Reino de EspanÄa formulado por la Comisión de
lución de la Pretura circondariale di Genova, de fecha             las Comunidades Europeas, representado por la Sra. I.
26 de septiembre de 1998, en el asunto entre Marcella              Martínez del Peral y el Sr. B. Mongin, miembros de su ser-
          Moretti y Banco Ambrosiano Veneto SpA                    vicio jurídico, que designa como domicilio en Luxemburgo
                      (Asunto C-419/98)                            el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro de su
                                                                   servicio jurídico, Centro Wagner, Kirchberg.
                        (1999/C 20/32)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución de la Pretura circondariale di Genova,
dictada el 26 de septiembre de 1998 en el asunto entre             1. declare que, al establecer en el apartado segundo del
Marcella Moretti y Banco Ambrosiano Veneto SpA, y reci-                 artículo 10 del Real Decreto 1081/1989 (1), de 28 de
bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de                 agosto de 1989, que los titulados en arquitectura por
noviembre de 1998.                                                      otros Estados miembros cuyo título hubiere sido reco-
                                                                        nocido en el marco de la Directiva 85/384/CEE del
La Pretura circondariale di Genova solicita al Tribunal de              Consejo (2), de 10 de junio de 1985, para el reconoci-
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones               miento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos
prejudiciales:                                                          en el sector de la arquitectura, que incluye medidas
                                                                        destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho
                                                                        de establecimiento y de la libre prestación de servicios,
«1) Si las Normas Bancarias Uniformes impuestas por la
                                                                        «no podraÂn ejercer en EspanÄa facultades distintas de
      ABI (1) a sus asociados en relación con los contratos
                                                                        las que conforme a la titulación del país de origen
      de apertura de creÂdito en cuenta corriente, en la
                                                                        podrían desarrollar en eÂste, salvo que actuÂen en cola-
      medida en que son dictadas y aplicadas de manera
                                                                        boración con otro profesional capacitado para ejercer-
      uniforme y vinculante por los bancos miembros de la
                                                                        las y con titulación asimismo reconocida seguÂn la
      ABI, son compatibles, en la parte en que someten la
                                                                        legislación espanÄola», el Reino de EspanÄa ha incum-
      apertura del creÂdito a un reÂgimen de fijación del tipo
                                                                        plido las obligaciones que le incumben en virtud de los
      de intereÂs no previamente determinado ni determina-
                                                                        artículos 2 y 10 de la Directiva 85/384/CEE,
      ble por el cliente, con la norma prevista en el
      artículo 85 del Tratado, ya que pueden afectar al
      comercio entre los Estados miembros, y que tienen
      por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el         2. condene en costas al Reino de EspanÄa.
      juego de la competencia dentro del mercado comuÂn.
  2) ¿QueÂ efectos puede producir el eventual reconoci-            Motivos y principales alegaciones
      miento de la incompatibilidad a que se refiere la pri-
      mera cuestión sobre las correspondientes claÂusulas de
      los contratos de apertura de creÂdito en cuenta              Los artículos 2 y 10 de la Directiva 85/384/CEE consagran
      corriente celebrados por los bancos asociados indivi-        el principio fundamental seguÂn el cual el titular de un
      dualmente con los clientes, puesto que cabe conside-         diploma, certificado u otro título en arquitectura expedido
      rar que el conjunto de los bancos asociados a la API         por un Estado miembro distinto del Estado miembro de
      ocupa una posición dominante colectiva en el mer-            acogida debe gozar de los mismos derechos y estar some-
      cado nacional del creÂdito, en el sentido y por efecto       tido a las mismas obligaciones que los titulados del Estado
      del artículo 86, con arreglo al cual la aplicación con-      miembro de acogida. Desde el momento en que un título
      creta de la normativa examinada (en lo que se refiere        de arquitecto sanciona una formación que responde a las
      a la fijación del tipo de intereÂs adeudado) se confi-       exigencias de los artículos 3 y 4 de la Directiva
      gura como explotación abusiva?»                              85/384/CEE, debe aplicarse el principio de reconocimiento
                                                                   mutuo sin que el Estado miembro de acogida pueda cons-
(1) Associazione Bancaria Italiana.                                tituirse en juez de la calidad de la formación adquirida en
                                                                   el Estado miembro de origen. Por otro lado, el legislador
                                                                   comunitario, consciente de que la formación de arquitecto
                                                                   puede ser maÂs amplia en el Estado miembro de acogida,
                                                                   ha previsto, en el apartado segundo del artículo 16 de la
                                                                   Directiva, un instrumento específico por el que se garan-
                                                                   tiza una protección suficiente al destinatario de las presta-
Recurso interpuesto el 24 de noviembre de 1998 contra el
                                                                   ciones de servicio del arquitecto: la posibilidad de regular
Reino de EspanÄa por la Comisión de las Comunidades
                                                                   el uso del título, obligando al arquitecto migrante a dejar
                            Europeas
                                                                   constancia de su título de origen. Cuando el arquitecto
                      (Asunto C-421/98)                            migrante no justifique poseer una formación complemen-
                        (1999/C 20/33)                             taria exigida para la obtención del título en el Estado
                                                                   miembro de acogida, del artículo 16 se desprende que este
                                                                   Estado puede prescribir que el arquitecto migrante utilice
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se          su título de formación del Estado miembro de origen o de
ha presentado el 24 de noviembre de 1998 un recurso                procedencia seguÂn «una fórmula adecuada». La Directiva
 ---pagebreak--- 23.1.1999                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 20/21
no autoriza a este Estado a adoptar otras medidas, como               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
la obligación de trabajar en colaboración con un profesio-            lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 6 de
nal autorizado en el Estado miembro de acogida a ejercer              noviembre de 1998, en el asunto entre Marca Mode y
las actividades para las que no ha sido formado el arqui-                         1. Adidas AG y 2. Adidas Benelux B.V.
tecto migrante. Tales medidas constituirían una restricción
                                                                                (Asunto C-425/98)
desproporcionada a la libertad de establecimiento del
arquitecto y, maÂs auÂn, a la libre prestación de servicios.                                    (1999/C 20/35)
(1) Boletín Oficial del Estado no 214 de 7 de septiembre de 1989.
(2) DO L 223 de 21.8.1985, p. 15.                                     Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                      sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                      mediante resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dic-
                                                                      tada el 6 de noviembre de 1998, en el asunto entre Marca
                                                                      Mode y 1. Adidas AG y 2. Adidas Benelux B.V., y recibida
                                                                      en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de noviembre
                                                                      de 1998.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                      El Hoge Raad der Nederlanden solicita al Tribunal de Jus-
lución del tribunal de premieÁre instance de Bruxelles
                                                                      ticia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
(6eÁme chambre) de fecha 10 de noviembre de 1998, en
el asunto entre Colonia Versicherung Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung y otros 17 y Estado belga, ministeÁre
     des Finances, administration des douanes et accises              ¿Debe interpretarse lo dispuesto en la letra b) del
                                                                      apartado 1 del artículo 5 de la Primera Directiva
                        (Asunto C-422/98)                             89/104/CEE (1) en el sentido de que,
                          (1999/C 20/34)
                                                                      a) si una marca, bien intrínsecamente, o bien gracias a la
                                                                           notoriedad de que goza entre el puÂblico, posee un
                                                                           caraÂcter distintivo particular y
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución del tribunal de premieÁre instance de             b) un tercero, sin el consentimiento del titular de la
Bruxelles (6eÁme chambre), dictada el 10 de noviembre de                   marca, utiliza en el traÂfico económico, para productos
1998 en el asunto entre Colonia Versicherung Aktien-                       o servicios ideÂnticos o similares a aquellos para los
gesellschaft Zweigniederlassung y otros 17 y Estado belga,                 cuales estaÂ registrada la marca un signo que coincide
ministeÁre des Finances, administration des douanes et acci-               con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad
ses, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el               de una asociación con la marca, el titular de la marca
26 de noviembre de 1998.                                                   tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido ter-
                                                                           cero el uso de la marca cuando el caraÂcter distintivo
                                                                           de eÂsta es tal que no estaÂ excluido que dicha asocia-
                                                                           ción pueda producir confusión?
El tribunal de premieÁre instance de Bruxelles (6eÁme cham-
bre) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre          (1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
la siguiente cuestión prejudicial:
¿Constituye el apartado 210 del Decreto de 22 de enero
de 1948, que obliga al importador en BeÂlgica de tabacos
manufacturados provistos de precintos fiscales, cuando los            Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 1998 contra la
productos no sean aptos para el consumo, a destruirlos en             RepuÂblica HeleÂnica por la Comisión de las Comunidades
BeÂlgica bajo el control de las autoridades aduaneras belgas                                       Europeas
y no reconoce valor probatorio a los documentos expedi-
dos por las autoridades aduaneras de otro Estado miembro                                      (Asunto C-426/98)
que acrediten dicha destrucción, una medida de efecto
equivalente a una restricción cuantitativa?                                                     (1999/C 20/36)
                                                                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                      ha presentado el 26 de noviembre de 1998 un recurso


title: Asunto C-317/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio de 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia S.p.A.

text:
               13.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio de 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia S.p.A.
   (Asunto C-317/08)
   (2008/C 236/15)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Giudice di Pace di Ischia
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Rosalba Alassini

      Demandada: Telecom Italia S.p.A.
   Cuestión prejudicial
   ¿Las normas comunitarias del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Directiva 2002/22/CE (1), la Directiva 1999/44/CE (2), la Recomendación 2001/310/CE (3) de la Comisión y la Directiva 1998/257/CE (4) tienen una eficacia directamente vinculante y deben interpretarse en el sentido de que los litigios «en materia de comunicaciones electrónicas entre usuarios finales y operadores, relativos a la infracción de las disposiciones relativas al servicio universal y a los derechos de los usuarios finales establecidas por las normas legislativas, por las decisiones de la Autoridad, por las condiciones contractuales y por la carta de servicios» (litigios contemplados en el artículo 2 de la Decisión del garante no 173/07/CONS) no deben someterse al intento de conciliación obligatorio previsto so pena de inadmisibilidad del recurso judicial, de modo que prevalecen sobre la norma derivada del artículo 3, párrafo primero, de la mencionada Decisión del garante de las comunicaciones?

      (1)  DO L 108, p. 51.

      (2)  DO L 171, p. 12.

      (3)  DO L 109, p. 56.

      (4)  DO L 115, p. 31 (Recomendación de la Comisión).


title: Asunto F-27/10: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 10 de marzo de 2011 — Begue y otros/Comisión [Función Pública — Agentes contractuales — Indemnización para trabajadores regularmente sujetos a una obligación de disponibilidad — Artículo 55 y artículo 56 ter del Estatuto — Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n ° 495/77]

text:
               12.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 138/23

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 10 de marzo de 2011 — Begue y otros/Comisión
   (Asunto F-27/10) (1)

   (Función Pública - Agentes contractuales - Indemnización para trabajadores regularmente sujetos a una obligación de disponibilidad - Artículo 55 y artículo 56 ter del Estatuto - Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 495/77)
   2012/C 138/44
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: Christian Begue y otros (Marcy, Francia) (representante: A. Woimant, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: D. Martin y B. Eggers, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la decisión por la que se deniega a los demandantes el pago con efecto retroactivo de la indemnización por disponibilidad contemplada en el artículo 56 ter del Estatuto.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar a los demandantes a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión.

      (1)  DO C 179, de 3.7.2010, p. 58.


title: Asunto T-417/03: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Fédération Internationale des Maisons de l'Europe (FIME)

text:
6.3.2004               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 59/25
La demandante alega que el Consejo no ha determinado el                   —     Anule la decisión implícita de desestimación de la recla-
valor normal de manera apropiada y razonable, en el sentido                     mación del demandante, presentada con arreglo al ar-
del artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 384/96 (1),                  tículo 90, apartado 2, del Estatuto el 27 de mayo de
en su versión modificada, y conforme a su deber de diligencia.                  2003, en la que se solicitaba la anulación de la decisión
La Comisión, que ha iniciado un procedimiento antidumping                       impugnada.
con arreglo al artículo 5 del Reglamento, no debería haber
ignorado la norma de Derecho antidumping conforme a la                    —     Condene a la parte demandada a pagar al demandante
cual, al determinar el valor normal, los costes de los subproduc-               una suma evaluada ex aequo et bono en 20 000 euros,
tos no deben ser tenidos en cuenta, sino deducidos, para                        sin perjuicio de un eventual aumento o disminución de
determinar el valor normal de manera apropiada y razonable.                     la misma durante el procedimiento, en concepto de
Según afirma la demandante, la Comisión era consciente de la                    indemnización por el daño moral sufrido y por el
diferencia entre los costes de producción que obedecían a la                    perjuicio irrogado a su carrera, tanto por las irregularida-
producción de paracresol, por una parte, y los costes de                        des sustanciales de que adolece dicho informe como por
producción específicos de los subproductos (sulfito de socio y                  el gran retraso con el que fue elaborado, en un contexto
fenol mezclado), por otra parte. Al ampliar el objeto de la                     particularmente doloroso para el demandante.
investigación a los dos subproductos y tenerlos en cuenta
dichos subproductos para determinar el valor normal, la                   —     Condene en costas a la parte demandada, conforme al
Comisión incumplió el deber de diligencia.                                      artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento
                                                                                del Tribunal de Primera Instancia.
Además la demandante censura al Consejo no haber respetado
el principio de buena administración y haber infringido el
                                                                          Motivos y principales alegaciones
artículo 2 del Reglamento (CE) no 348/96 al no calcular el
valor normal únicamente para el producto similar.
                                                                          El demandante invoca, en primer lugar, una infracción de los
                                                                          artículos 26 y 43 del Estatuto, de las disposiciones generales
(1) Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de          de ejecución relativas a la aplicación del artículo 43, adoptadas
    1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean         por la Mesa del Parlamento Europeo el 8 de marzo de 1999 y
    objeto de dumping por parte de países no miembros de la               de las Instrucciones relativas al procedimiento de elaboración
    Comunidad Europea (DO L 56 de 6.3.1996, p. 1).                        de los informes de calificación.
                                                                          Invoca, asimismo, desviación de poder y violación de los
                                                                          principios generales del Derecho, como el respeto del derecho
                                                                          de defensa, el principio de buena administración, el de
                                                                          protección de la confianza legítima y el del respeto del deber
                                                                          de asistencia y protección, el principio de igualdad de trato y
Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2003 contra el                  los principios que obligan a la AFPN a adoptar decisiones
          Parlamento Europeo por Angel Angelidis                          basándose únicamente en motivos legalmente admisibles, es
                                                                          decir, pertinentes y que no comporten errores manifiestos de
                                                                          apreciación, de hecho o de Derecho.
                        (Asunto T-416/03)
                          (2004/C 59/41)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2003 contra la
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas por la Fédération
                                                                                Internationale des Maisons de l’Europe (FIME)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 19 de diciembre de 2003 un                                          (Asunto T-417/03)
recurso contra el Parlamento Europeo, formulado por Angel
Angelidis, con domicilio en Luxemburgo, representado por
                                                                                (2004/C 59/42)
Me Éric Boigelot, abogado.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—     Anule la decisión del Secretario General del Parlamento             En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
      Europeo de 4 de marzo de 2003 por la que se aprobó                  Europeas se ha presentado el 22 de diciembre de 2003 un
      definitivamente el informe de calificación del demandante           recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
      para el ejercicio 2001.                                             formulado por la Fédération Internationale des Maisons de
                                                                          l’Europe, con sede en Saarbrücken (Alemania), representada
—     Anule dicho informe de calificación para el año 2001.               por Me Pierre Soler-Couteaux, abogado.
 ---pagebreak--- C 59/26                 ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           6.3.2004
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:              A raíz de una investigación llevada a cabo por la Oficina
                                                                          Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que acreditó que la
                                                                          Maison de l’Europe Avignon Méditerranée no había realizado
—     Anule la Decisión de fecha 9 de octubre de 2003,
                                                                          determinadas actividades en relación con las cuales había
      mediante la cual la Comisión Europea llevó a cabo una
                                                                          disfrutado de subvenciones y que, por tanto, había desviado
      doble compensación, por razón de la ilegalidad de que
                                                                          fondos comunitarios (1), la Comisión consideró que la deman-
      adolece.
                                                                          dante le debía devolver dichas subvenciones.
—     Declare que la Comisión Europea ha incurrido en tres
      comportamientos culposos que pueden generar su res-
      ponsabilidad:                                                       Para fundamentar su recurso de anulación, la demandante
                                                                          alega que la decisión de proceder a una compensación referida
      —     al vulnerar los principios de confianza legítima y de         al exceso de la subvención del año 2002 vulneró los principios
            buena fe;                                                     de confianza legítima y de buena administración, en la medida
                                                                          en que la Comisión le hizo concebir expectativas infundadas
                                                                          de que podría cubrir con fondos propios y con las cuotas de
      —     al no haber cumplido nunca los plazos contractuales           sus miembros las pérdidas ocasionadas por algunas de sus
            para el abono de las subvenciones;                            actividades, evitando así que tales gastos resultaran no subven-
                                                                          cionables.
      —     al incumplir su obligación, derivada del artículo 155
            del Tratado CE (actualmente artículo 211 CE), de
            velar por la aplicación de las disposiciones que ella
            misma ha adoptado y al provocar un funciona-                  La demandante invoca asimismo el incumplimiento de la
            miento anormal del servicio caracterizado por graves          obligación de motivación de la Decisión impugnada.
            incumplimientos y por una omisión ilegal de sus
            obligaciones respecto a la ejecución y supervisión de
            la correcta utilización de los fondos comunitarios.
                                                                          Además, aduce que no está obligada a devolver a la Comisión
—     Declare que estas irregularidades han causado a la FIME             las cantidades supuestamente desviadas por la Maison de
      perjuicios que la Comisión debe reparar.                            l’Europe Avignon Méditerranée, puesto que no incurrió en
                                                                          incumplimiento alguno de sus obligaciones de control y
                                                                          vigilancia. Alega, por tanto, la falta de fundamento jurídico de
—     Declare que la Fédération demandante ha sufrido un                  la Decisión impugnada y un error manifiesto de apreciación.
      perjuicio moral por importe de 300 000 euros y condene
      a la Comisión al pago de dicha cantidad, más los intereses
      de demora.
                                                                          Por último, la demandante invoca la vulneración del principio
—     Declare que la Fédération demandante ha sufrido un                  de buena administración y del deber de diligencia, ya que la
      perjuicio económico por importe de 210 000 euros y                  Comisión no llevó a cabo un examen concreto del caso de
      condene a la Comisión al pago de dicha cantidad, más los            autos.
      intereses de demora.
—     Condene a la Comisión a abonarle la cantidad de
                                                                          Para fundamentar su recurso de indemnización, la demandante
      10 000 euros por los gastos no recuperables.
                                                                          alega que la Comisión incurrió en tres comportamientos
                                                                          culposos que le causaron indefectiblemente un perjuicio,
—     Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las                tanto económico como moral. Los comportamientos culposos
      costas.                                                             reprochados a la Comisión son la vulneración del principio de
                                                                          confianza legítima, ya examinado en el marco del recurso de
                                                                          anulación, el incumplimiento de los plazos contractuales para
                                                                          el abono de las subvenciones y la insuficiencia de los controles
                                                                          de la utilización de los fondos concedidos por la demandante.
Motivos y principales alegaciones
                                                                          (1) Véanse también el asunto T-43/03, Maison de l’Europe Avignon
Mediante la Decisión impugnada, la Comisión llevó a cabo una                  Méditerranée/Comisión, publicado en el DO C 101, de 26.04.03,
doble compensación en la subvención de funcionamiento                         p. 39, y el asunto T-100/03, Maison de l’Europe Avignon
adeudada a la demandante por el año 2003, por un lado, al                     Méditerranée/Comisión, publicado en el DO C 112, de 10.05.03,
retirar el exceso relativo a la subvención de funcionamiento                  p. 46.
para el año 2002 y, por otro lado, al proceder al cobro de las
subvenciones percibidas, a través de la FIME, por un miembro
de la Fédération, la Maison de l’Europe Avignon Méditerranée,
por actividades no realizadas.


title: Asunto C-204/15: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2016 — (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākā tiesa — Letonia) — Proceso penal contra Valsts ieņēmumu dienests, con intervención de SIA «Latspas»

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/23

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2016 — (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākā tiesa — Letonia) — Proceso penal contra Valsts ieņēmumu dienests, con intervención de SIA «Latspas»
   (Asunto C-204/15) (1)

   (2016/C 136/29)
   Lengua de procedimiento: letón
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 228 de 13.7.2015.


title: Asunto C-342/04 P: Recurso de casación interpuesto el 10 de agosto de 2004 por Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG y el gerente Jürgen Schmoldt contra el auto dictado el 25 de mayo de 2004 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-264/03, promovido por Jürgen Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG y Hauptverband der Deutschen Bauindustrie contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/17

         Recurso de casación interpuesto el 10 de agosto de 2004 por Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG y el gerente Jürgen Schmoldt contra el auto dictado el 25 de mayo de 2004 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-264/03, promovido por Jürgen Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG y Hauptverband der Deutschen Bauindustrie contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-342/04 P)
   (2004/C 262/30)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 10 de agosto de 2004 un recurso de casación formulado por Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG y el gerente Jürgen Schmoldt, representados por el Sr. Hans-Peter Schneider, con domicilio en Rominteweg, 3, D-30559 Hannover (Alemania), contra el auto dictado el 25 de mayo de 2004 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-264/03, promovido por Jürgen Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG y Hauptverband der Deutschen Bauindustrie contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Revoque el auto recurrido y devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último resuelva.

               —

               Condene a la demandada al pago de las costas del incidente procesal.

         Motivos y principales alegaciones
   En contra de lo manifestado por el Tribunal de Primera Instancia, los recurrentes resultan individualmente afectados por la Decisión de la demandada que fue objeto de impugnación en el recurso principal.
   Los recurrentes invocan ocho motivos:

               (1)

               El auto recurrido parte de un hecho erróneo, puesto que es claro que no existe ningún informe de 22 de noviembre de 2002 del grupo ad hoc del Comité permanente. Este grupo ad hoc, creado en la 55a reunión del Comité permanente de los días 10 y 11 de septiembre de 2002 para participar en los procedimientos de impugnación con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/106/CEE nunca se reunió ni tampoco aprobó tal informe.

               (2)

               El tercer recurrente no presentó el recurso «a título personal», dado que el tercer recurrente es claramente gerente de la sección técnica federal «Aislamiento térmico, calorifugación, aislamiento acústico e ignífugo» de la primera recurrente, una asociación de empresas alemanas que utilizan productos de construcción en este ámbito, y como tal es un empleado de la primera recurrente. Corresponde a las tareas profesionales del tercer recurrente representar a la primera recurrente y a las empresas asociadas a la misma en el marco de los correspondientes procesos nacionales y europeos de normalización.

               (3)

               El Derecho comunitario establece garantías procedimentales a favor de los recurrentes. Las garantías procedimentales establecidas en el artículo 5, apartado 1, y en el séptimo considerando de la Directiva 89/106/CEE a favor del Comité permanente de la construcción deben también beneficiar a aquellos que participan en el Comité permanente como grupo técnico ad hoc para emitir el dictamen necesario con arreglo al artículo 5, apartado 1.

               (4)

               El tercer recurrente, en su calidad de miembro del grupo ad hoc del Comité permanente de la construcción, considera que no sólo la primera recurrente, sino también, de forma independiente, la segunda recurrente son empresas participantes en el procedimiento establecido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/106/CEE. No puede discutirse el hecho de que la segunda recurrente es miembro del sección técnica federal «Aislamiento térmico, calorifugación, aislamiento acústico e ignífugo» de la primera recurrente.

               (5)

               La segunda recurrente expuso ante el Tribunal de Primera Instancia con la ayuda de cuatro ejemplos la incidencia sobre sus contratos vigentes.

               (6)

               La primera recurrente era «negociador», lo que no fue tenido en cuenta.

               (7)

               La primera recurrente participó directamente en los trabajos de normalización a nivel europeo así como en el correspondiente procedimiento con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/106/CEE.

               (8)

               El fallo del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas no fue correcto.


title: Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante resolución de la Pretura Circondariale di Roma - Sezione distaccata di Tivoli -, de fecha 3 de julio de 1996, en los procesos penales seguidos contra Antonio Nardi, Alfredo Cipriani y Bartolomeo Terranova (Asuntos C-271/96, C-272/96 y 273/96)

text:
5 . 10 . 96         ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N° C 294/7
de marzo de 1986 , por el que se establecen las normas              lengua , cuando los nacionales de este último Estado que se
generales aplicables a la restitución a la producción para          encuentran en la misma situación gozan de tal derecho ?
determinados productos del sector del azúcar utilizados en
la industria química (*) y relativo a la clasificación de las
mercancías en la subpartida 30 del Arancel Aduanero
Común ( ] ) o en otra subpartida ?
                                                                    Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
(!) DO n° L 94 de 9 . 4 . 1986 , p . 9 .                            lución del Kammarrätt i Sundsvall de fecha 6 de agosto de
                                                                    1996, en el asunto entre Anne Kuusijärvi y el Riksförsäk
                                                                                ringsverk
                                                                                ( Asunto C-275 /96 )
Peticiones de decisión prejudicial presentadas mediante                                       ( 96/C 294/14 )
resolución de la Pretura Circondariale di Roma — Sezione
distaccata di Tivoli —, de fecha 3 de julio de 1996, en los         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
procesos penales seguidos contra Antonio Nardi, Alfredo             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
               Cipriani y Bartolomeo Terranova                      resolución del Kammarrätt i Sundsvall, dictada el 6 de
                                                                    agosto de 1996 , en el asunto entre Anne Kuusijärvi y el
          ( Asuntos C-271/96, C-272/96 y 273/96 )
                                                                    Riksförsäkringsverk, y recibida en la Secretaría del Tribunal
                          ( 96/C 294/ 12 )                          de Justicia el 14 de agosto de 1996 .
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han          El Kammarrätt i Sundsvall solicita al Tribunal de Justicia
sido sometidas varias peticiones de decisión prejudicial            que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :
mediante resoluciones de la Pretura Circondariale di Roma
— Sezione distaccata di Tivoli —, dictadas el 3 de julio de         1 ) ¿ Se aplica el Reglamento ( CEE ) n° 1408/71 ( l ) a una
1996 , en los procesos penales seguidos contra Antonio                   persona que, antes de que dicho Reglamento fuera
Nardi, Alfredo Cipriani y Bartolomeo Terranova y recibidas               aplicable en Suecia, se trasladó de Finlandia a Suecia y
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de agosto de             trabajó en este país, pero que después de la entrada en
1996 .                                                                   vigor del Reglamento en Suecia no ocupaba un empleo
                                                                         en el territorio sueco, ni tampoco ha llegado a este país
La Pretura Circondariale solicita al Tribunal de Justicia que            como desempleado después de la entrada en vigor del
se pronuncie sobre cuestiones prejudiciales análogas a las de            Reglamento, sino que solamente vivía en dicho país en el
los asuntos acumulados C-58/95 y otros ( 1 ).                            referido momento en situación de desempleo tras un
                                                                         período de empleo anterior y que por tal motivo percibía
(') DO n° C 119 de 13 . 5 . 1995 , p . 6 .                               el subsidio sueco por desempleo ? Es decir, ¿ puede una
                                                                         persona con tales antecedentes sostener, apoyándose en
                                                                         las disposiciones del Reglamento ( CEE ) n° 1408/71 ,
                                                                         que, después del 1 de enero de 1994 , está sometida a la
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso               legislación sueca según la cual tiene derecho a percibir
lución de la Pretura Circondariale di Bolzano — Sezione                  prestaciones de la seguridad social sueca en forma de
                                                                         subsidio de maternidad ?
distaccata di Silandro —, de fecha 2 de agosto de 1996, en el
proceso penal seguido contra Horst Otto Bickel y Ulrich
                               Franz
                                                                    Si se responde a esta cuestión de manera afirmativa , se ruega
                                                                    sean respondidas también las siguientes cuestiones :
              (Asunto C-274/96 y C-274/96 bis )
                          ( 96/C 294/ 13 )                          2 ) ¿ La letra f) del apartado 2 del artículo 13 del Regla
                                                                         mento ( CEE ) n° 1408/71 , en relación con el artícu
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                lo 10 ter del Reglamento ( CEE ) n° 574/72 ( 2 ), debe
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante ,            interpretarse en el sentido de que un Estado miembro
resolución de la Pretura Circondariale di Bolzano — Sezione              puede imponer libremente la condición de residencia en
distaccata di Silandro —, dictada el 2 de agosto de 1996 , en            el país para que una persona que haya dejado de trabajar
el proceso penal seguido contra Horst Otto Bickel y Ulrich               aquí debe seguir estando sometida a la legislación del
Franz, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el           país en lo que respecta a las prestaciones en metálico por
12 de agosto de 1996 .                                                   razón de maternidad ?
La Pretura Circondariale solicita al Tribunal de Justicia que       3 ) ¿ El artículo 22 del Reglamento ( CEE ) n° 1408/71 debe
se pronuncie sobre la siguiente cuestión prejudicial :                   ser interpretado en el sentido de que si una persona ha
                                                                         comenzado a percibir prestaciones en metálico por
¿ Exigen los principios de no discriminación, previstos en el            razón de maternidad en un Estado competente, dicha
párrafo primero del artículo 6 , del derecho de circulación y            persona tiene, sin perjuicio de los demás requisitos que
de residencia de los ciudadanos de la Unión, previsto en el              establece el mencionado artículo, derecho a seguir
artículo 8 A, y de la libre prestación de servicios, previsto en         percibiendo estas prestaciones en metálico al trasladarse
el artículo 59 del Tratado, que a un ciudadano de la Unión               a otro Estado miembro sólo con la condición de que las
que posee la nacionalidad de un Estado miembro y reside en               personas de que se trata cumplan todas las disposiciones
otro Estado miembro se le conceda el derecho a solicitar que             de la legislación que aplica el Estado competente, es
un proceso penal incoado en su contra se desarrolle en otra              decir también una obligación de residencia en el país


title: Asunto T-410/04: Auto del Tribunal de Primera Instancia de  27 de octubre de 2005  — Italia/Comisión

text:
               24.12.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 330/25

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 27 de octubre de 2005 — Italia/Comisión
   (Asunto T-410/04) (1)

   (2005/C 330/62)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 19, de 22.1.2005.