title: Asunto C-266/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 17 de mayo de 2017 — Rhein-Sieg-Kreis/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 17 de mayo de 2017 — Rhein-Sieg-Kreis/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH
   (Asunto C-266/17)
   (2017/C 283/25)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Düsseldorf

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Rhein-Sieg-Kreis

      Recurridas: Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es aplicable el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 (1) a los contratos que, a los efectos del artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, no adopten la forma de concesión de servicios en la acepción de las Directivas 2004/17/CE (2) o 2004/18/CE (3)?
               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

               2)

               Cuando una autoridad competente individual adjudica directamente un contrato de servicio público a un operador interno con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, ¿se opone al control común de dicha autoridad junto con los demás socios del operador interno el hecho de que la facultad de intervenir en el transporte público de viajeros en un área geográfica determinada [artículo 2, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 1370/2007] esté dividida entre las distintas autoridades competentes y una agrupación de poderes públicos que ofrece los servicios públicos integrados de transporte de viajeros, por ejemplo, por conservar cada autoridad competente individual la facultad de adjudicar contratos de servicio público a un operador interno, cediéndose, no obstante, la función de fijación de tarifas a una entidad de gestión a la cual pertenecen, además de la autoridad individual, otras autoridades competentes en sus respectivos ámbitos geográficos?

               3)

               Cuando una autoridad competente individual adjudica directamente un contrato de servicio público a un operador interno con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, ¿se opone al control común de dicha autoridad junto con los demás socios del operador interno el hecho de que, en virtud de los estatutos de este último, las decisiones relativas a la celebración, modificación y extinción de contratos de servicio público con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, sólo tiene derecho de voto el socio que, por sí mismo o a través de su propietario directo o indirecto adjudique al operador interno un contrato de servicio público de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007?

               4)

               ¿Permite el artículo 5, apartado 2, segunda frase, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 que el operador interno preste servicios públicos de transporte de viajeros también para otras autoridades locales competentes dentro de sus respectivos ámbitos geográficos (incluidas las líneas salientes y otros elementos auxiliares de dicha actividad que entren en el territorio de autoridades locales competentes vecinas), si no se adjudican a través de procedimientos de licitación?

               5)

               ¿Permite el artículo 5, apartado 2, segunda frase, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 que el operador interno preste servicios públicos de transporte de viajeros fuera del ámbito de competencia de la autoridad adjudicadora, para otras autoridades organizadoras en virtud de contratos de servicios sometidos a la disposición transitoria del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007?

               6)

               ¿En qué momento se deben cumplirse los requisitos del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007?

      (1)  Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (DO 2007, L 315, p. 19).

      (2)  Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO 2004, L 134, p. 1).

      (3)  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114).


title: Asunto C-27/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Sofia-grad (Bulgaria) el 18 de enero de 2016 — Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

text:
               29.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 111/12

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Sofia-grad (Bulgaria) el 18 de enero de 2016 — Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina
   (Asunto C-27/16)
   (2016/C 111/15)
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad — Sofia-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Angel Marinkov

      Demandada: Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), (1) y el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, (2) en el sentido de que son suficientemente claros y precisos y, por consiguiente, se aplican a la situación jurídica de un funcionario separado de la función pública, si:

                           a)

                           se ha ordenado la separación por reducción del número de puestos análogos (funciones) ocupados por la persona separada y por otros funcionarios, tanto hombres como mujeres;

                           b)

                           se ha procedido a la separación en virtud de una disposición neutral de Derecho nacional;

                           c)

                           en el citado caso de separación, las disposiciones nacionales no prevén ningún criterio ni obligación de examen en relación con todas las personas posiblemente afectadas por la separación, ni tampoco ninguna obligación de motivación de la separación de la persona concreta?

               2)

               ¿Deben interpretarse el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54 y el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, en relación con los artículos 30, 47 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que permiten una medida nacional conforme al artículo 157, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como el artículo 21 de la Ley relativa a la protección contra la discriminación (Zakon za zashtita ot diskriminatsia), en relación con el artículo 106, apartado 1, número 2, de la Ley de la función pública (Zakon za darzhavnia sluzhitel), si estas últimas disposiciones, en el caso mencionado en la primera cuestión prejudicial de separación de un funcionario de la función pública (por extinción de la relación debido a una reducción del número de puestos análogos ocupados tanto por hombres como por mujeres), no establecen expresamente ninguna obligación de selección ni ningún criterio como parte de la facultad para proceder a la separación, y ambos sólo se reconocen en la práctica administrativa y judicial si la autoridad facultada para proceder a la separación, conforme a su libre apreciación, ha autorizado un procedimiento y criterios, mientras que, a diferencia de lo que sucede en el caso idéntico de separación de un empleado del servicio público, se prevé en la normativa una obligación de selección y criterios para la realización de la selección como parte de la facultad de esta autoridad para proceder a la separación?

               3)

               ¿Deben interpretarse el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54 y el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, en relación con los artículos 30, 47 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que la separación de un funcionario del servicio público es injustificada y, por tanto, es incompatible con las citadas disposiciones únicamente porque la autoridad administrativa no ha realizado ninguna selección y no ha aplicado criterios objetivos o, en su caso, no ha expuesto los motivos de su decisión de separar a la persona concreta, en la medida en que esta persona ocupaba un puesto idéntico al de otras personas, hombres y mujeres, y se ha procedido a la separación en virtud de una disposición neutral?

               4)

               ¿Deben interpretarse los artículos 18 y 25 de la Directiva 2006/54, en relación con el artículo 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que se respeta el principio de proporcionalidad y permiten disposiciones nacionales que, en caso de despido ilegal, prevén una indemnización, son también aplicables a supuestos de infracción del principio de igualdad de trato en materia de empleo y ocupación, consagrado en el Derecho de la Unión, establecen una duración máxima de la indemnización de seis meses y fijan su cuantía (el salario base correspondiente al puesto ocupado), si bien únicamente en la medida en que la persona quede desempleada o perciba una retribución inferior, con la condición de que el derecho de la persona a ser reincorporada al mismo puesto tenga una existencia específica y no forme parte de su derecho a una indemnización conforme al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate?

      (1)  DO L 204, p. 23.

      (2)  DO L 303, p. 16.


title: Asunto T-363/13: Sentencia del Tribunal General de 13 de mayo de 2015 — Harper Hygienics/OAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC intimate) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa CLEANIC intimate — Marcas comunitarias denominativas anteriores CLINIQUE — Motivos de denegación relativos — Riesgo de confusión — Similitud entre los productos y servicios — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Ventaja indebidamente obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009»]

text:
               29.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/30

         Sentencia del Tribunal General de 13 de mayo de 2015 — Harper Hygienics/OAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC intimate)
   (Asunto T-363/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa CLEANIC intimate - Marcas comunitarias denominativas anteriores CLINIQUE - Motivos de denegación relativos - Riesgo de confusión - Similitud entre los productos y servicios - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Ventaja indebidamente obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores - Artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009»])
   (2015/C 213/52)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Harper Hygienics S.A. (Varsovia, Polonia) (representantes: inicialmente R. Rumpel, posteriormente D. Rzążewska y G. Pietras, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Walicka, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Clinique Laboratories, LLC (Wilmington, Delaware, Estados Unidos) (representantes: inicialmente V. von Bomhard, abogada, y K. Hughes, Solicitor, posteriormente K. Hughes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 29 de abril de 2013 (asunto R 606/2012-5) relativa a un procedimiento de oposición entre Clinique Laboratories, LLC, y Harper Hygienics S.A.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Harper Hygienics S.A. cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y Clinique Laboratories, LLC.

      (1)  DO C 274, de 21.9.2013.


title: Archivo del asunto C-382/03

text:
               7.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 201/15

         Archivo del asunto C-382/03 (1)

   (2004/C 201/33)
   Mediante auto de 11 de mayo de 2004, el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto C-382/03 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court, Dublin): Ryanair Ltd contra Aer Rianta cpt.

      (1)  DO C 275 de 15.11.2003.


title: Asunto C-203/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen — Suecia) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket (Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Multa por exceso de emisiones — Concepto de exceso de emisiones — Asimilación a un incumplimiento de la obligación de entregar, en los plazos establecidos por la Directiva, suficientes derechos de emisión para cubrir las emisiones del año anterior — Inexistencia de causa eximente en caso de disposición efectiva de los derechos de emisión no entregados, salvo en caso de fuerza mayor — Imposibilidad de modulación de la multa — Proporcionalidad)

text:
               14.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 367/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen — Suecia) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket
   (Asunto C-203/12) (1)

   (Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Multa por exceso de emisiones - Concepto de exceso de emisiones - Asimilación a un incumplimiento de la obligación de entregar, en los plazos establecidos por la Directiva, suficientes derechos de emisión para cubrir las emisiones del año anterior - Inexistencia de causa eximente en caso de disposición efectiva de los derechos de emisión no entregados, salvo en caso de fuerza mayor - Imposibilidad de modulación de la multa - Proporcionalidad)
   2013/C 367/20
   Lengua de procedimiento: sueco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Högsta domstolen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB

      Demandada: Naturvårdsverket

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Högsta domstolen — Interpretación del artículo 16, apartados 3 y 4, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32) — Sanciones previstas por la Directiva — Obligación del titular que no entregue suficientes derechos de emisión para cubrir sus emisiones, a más tardar el 30 de abril de cada año, de pagar una multa, incluso si la no entrega es debida a una negligencia, a un error administrativo o a un problema técnico — Existencia o no de la posibilidad de acordar la condonación de la multa o la reducción de su cuantía.

      Fallo

               1)

               El artículo 16, apartados 3 y 4, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la multa por exceso de emisiones que establece no se imponga al titular que no haya entregado, a más tardar el 30 de abril del año en curso, los derechos de emisión de equivalente de dióxido de carbono correspondientes a sus emisiones del año anterior, aun cuando disponga en esa fecha de derechos de emisión suficientes.

               2)

               El artículo 16, apartados 3 y 4, de la Directiva 2003/87 debe interpretarse en el sentido de que el importe de la multa a tanto alzado previsto en esa disposición no puede ser modulado por el juez nacional en aras del principio de proporcionalidad.

      (1)  DO C 184, de 23.6.2012.


title: Asunto T-18/13: Sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2014 — Łaszkiewicz/OAMI — Cables y Eslingas (PROTEKT) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa PROTEKT — Marcas españolas denominativas anteriores PROTEK — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Artículo 75 del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               1.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 292/39

         Sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2014 — Łaszkiewicz/OAMI — Cables y Eslingas (PROTEKT)
   (Asunto T-18/13) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa PROTEKT - Marcas españolas denominativas anteriores PROTEK - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 75 del Reglamento (CE) no 207/2009»])
   2014/C 292/48
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Polonia) (representante: J. Gwiazdowska, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Walicka, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Cables y Eslingas, S.A. (Cerdanyola del Vallés, Barcelona)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 24 de octubre de 2012 (asunto R 701/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Cables y Eslingas, S.A., y el Sr. Grzegorz Łaszkiewicz.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas al Sr. Grzegorz Łaszkiewicz.

      (1)  DO C 108, de 13.4.2013.


title: Asunto C-347/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de enero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam — Países Bajos) — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CEE) n ° 1408/71 — Trabajador empleado en una plataforma de extracción de gas situada en la plataforma continental adyacente a los Países Bajos — Seguro obligatorio — Negativa a conceder una prestación por incapacidad laboral]

text:
               10.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de enero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam — Países Bajos) — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
   (Asunto C-347/10) (1)

   (Seguridad social de los trabajadores migrantes - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Trabajador empleado en una plataforma de extracción de gas situada en la plataforma continental adyacente a los Países Bajos - Seguro obligatorio - Negativa a conceder una prestación por incapacidad laboral)
   2012/C 73/04
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank Amsterdam

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: A. Salemink

      Demandada: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Rechtbank Amsterdam — Interpretación de los artículos 45 y 355 TFUE, del artículo 52 TUE y de los títulos I y II del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98) — Inaplicación del sistema nacional de seguro obligatorio de enfermedad a las personas que trabajan para un empresario establecido en los Países Bajos en una plataforma de extracción situada en la plataforma continental neerlandesa y que residen en el territorio de otro Estado miembro.

      Fallo

   El artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias, que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, a su vez en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, y el artículo 39 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un trabajador que ejerce sus actividades profesionales en una instalación fija situada sobre la plataforma continental adyacente a un Estado miembro no esté asegurado con carácter obligatorio en dicho Estado miembro en virtud de la normativa nacional sobre seguros sociales, por la única razón de que no reside en éste sino en otro Estado miembro.

      (1)  DO C 246, de 11.9.2010.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 17 de septiembre de 1997 en el asunto C-54/96 (petición de decisión prejudicial planteada por la Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes): Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contra Bundesbaugesellschaft Berlin mbH (Concepto de «órgano jurisdiccional nacional» en el sentido del artículo 177 del Tratado - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios - Directiva 92/50/CEE - Organismo nacional de control)

text:
1.11 . 97            lis                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 331 /7
3 ) Una tasa percibida únicamente sobre determinados                      Derecho interno no se haya adaptado a esta Directiva al
     productos, que no es proporcional al precio de dichos                finalizar el plazo señalado al efecto, los organismos res
      productos ni se percibe en cada una de las fases del                ponsables de los procedimientos de recurso de los Estados
      proceso de producción y de distribución y que no se                 miembros competentes en materia de procedimientos de
      aplica sobre el valor añadido de los productos, no                  adjudicación de contratos públicos de obras y de suminis
      tiene carácter de impuesto sobre el volumen de nego                tro estén facultados también para conocer de los recursos
      cios, con arreglo al artículo 33 de la Directiva 77/388/            relativos a los procedimientos de adjudicación de contra
      CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta                       tos públicos de servicios. No obstante, las exigencias de
      Directiva en materia de armonización de las legislacio             interpretación del Derecho nacional con arreglo a la
      nes de los Estados miembros relativas a los impuestos               Directiva 92/50/CEE y de protección eficaz de los dere
      sobre el volumen de negocios — Sistema común del                    chos de los justiciables requieren que el órgano jurisdiccio
      Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uni                nal nacional compruebe si las disposiciones pertinentes del
      forme.                                                              Derecho nacional permiten reconocer a los justiciables un
                                                                          derecho a interponer recursos en materia de adjudicación
(') DO C 77 de 16 . 3 . 1996 .                                            de contratos públicos de servicios. En circunstancias como
(2 ) DO L 145 de 13 . 6 . 1977, p . 1 ; EE 09/01 , p. 54 .                las del caso de autos, el órgano jurisdiccional nacional
                                                                          está obligado, en particular, a comprobar si este derecho a
                                                                          interponer recursos puede ejercerse ante los mismos orga
                                                                          nismos que los previstos en matria de adjudicación de con
                                                                          tratos públicos de suministros y de obras.
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                   (') DO C 108 de 13 . 4 . 1996 .
                  de 17 de septiembre de 1997                             (2) DO L 209 de 24. 7. 1992, p. 1 .
en el asunto C-54/96 (petición de decisión prejudicial
planteada por la Vergabeüberwachungsausschuß des
Bundes ): Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH
          contra Bundesbaugesellschaft Berlin mbH ( } )
(Concepto de «órgano jurisdiccional nacional» en el sen                                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL
tido del artículo 177 del Tratado — Procedimientos de
                                                                                ( Sala Primera)
adjudicación de los contratos públicos de servicios —
  Directiva 92/50/CEE — Organismo nacional de control)                                      de 17 de septiembre de 1997
                           ( 97/C 331 /11 )                               en el asunto C-83/96 ( petición de decisión prejudicial
                                                                          planteada por la Corte suprema di cassazione): Provincia
               (Lengua de procedimiento: alemán)                          autonoma di Trento e Ufficio del medico provinciale di
                                                                                Trento, contra Dega di Depretto Gino Snc (')
(Traducción provisional; -la traducción definitiva se publi              (Protección de los consumidores — Etiquetado de los pro
cará en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal                 ductos alimenticios — Directiva 79/112/CEE del Consejo)
                             de Justicia »)
                                                                                ( 97IC 331 /12 )
En el asunto C-54/96, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177                           (Lengua de procedimiento: italiano)
del Tratado CE, por la Vergabeüberwachungsausschuß des
Bundes ( Alemania ), destinada a obtener, en el litigio pen              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publi
diente ante dicho órgano jurisdiccional entre Dorsch Con                 cará en la « Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
sult Ingenieurgesellscahft mbH y Bundesbaugesellschaft                                                de Justicia»)
Berlín mbH, una decisión prejudicial sobre la interpre
tación del artículo 41 de la Directiva 92/50/CEE del Con                 En el asunto C-83/96, que tiene por objeto una petición
sejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los                   dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos                  del Tratado CE, por la Corte suprema di cassazione ( Ita
de servicios (2 ), el Tribunal de Justicia, integrado por los             lia ), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
Sres .: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; G. F. Mancini,              órgano jurisdiccional entre Provincia autonoma di Trento
J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray y L. Sevón, Presi                e Ufficio del medico provinciale di Trento, y Dega di
dentes de Sala; C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gul                 Depretto Gino Snc, una decisión prejudicial sobre la inter
mann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P.                    pretación del punto 6 del apartado 1 del artículo 3 de la
Jann (Ponente ), H. Ragnemalm, M. Wathelet y R. Schint                   Directiva 79/ 112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de
gen, Jueces; Abogado General: Sr. G. Tesauro; Secretario:                 1978 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Sr. H. A. Rühl, administrador principal ; ha dictado el 17                Estados miembros en materia de etiquetado, presentación
de septiembre de 1997 una sentencia cuyo fallo es el                      y publicidad de los productos alimenticios destinados al
siguiente :                                                               consumidor ( 2 ), el Tribunal de Justicia ( Sala Primera ), inte
                                                                          grado por los Sres .: L. Sevón, Presidente de Sala; P. Jann y
Se declara que del artículo 41 de la Directiva 92/50/CEE                  M. Wathelet ( Ponente ), Jueces; Abogado General : Sr. P.
del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación                   Léger; Secretario: Sr. L. Hewlett, administradora ; ha dic
de los procedimientos de adjudicación de los contratos                    tado el 17 de septiembre de 1997 una sentencia cuyo fallo
públicos de servicios, no se deriva que, en caso de que el                es el siguiente :


title: Asunto C-25/12 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de enero de 2012 por Gino Trevisanato contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima) dictado el 13 de diciembre de 2011 en el asunto T-510/11, Gino Trevisanato/Comisión Europea

text:
               3.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/10

         Recurso de casación interpuesto el 17 de enero de 2012 por Gino Trevisanato contra el auto del Tribunal General (Sala Séptima) dictado el 13 de diciembre de 2011 en el asunto T-510/11, Gino Trevisanato/Comisión Europea
   (Asunto C-25/12 P)
   2012/C 65/20
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Gino Trevisanato (representante: L. Sulfaro, avvocato)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule el auto, dictado el 13 de diciembre de 2011, por la Sala Séptima del Tribunal General en el asunto T-510/11, y se declare la admisibilidad y la competencia de dicho Tribunal para pronunciarse sobre las pretensiones del recurso por omisión interpuesto el 29 de septiembre de 2011 por el recurrente contra la Comisión Europea con arreglo al artículo 265 TFUE, párrafo tercero.

               —

               Que, como consecuencia de la estimación de las referidas pretensiones, con carácter principal, se resuelva el recurso en cuanto al fondo y se condene en costas a la parte que pierda el proceso o, con carácter subsidiario, se devuelva el recurso al Tribunal General para que éste se pronuncie.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, el recurrente invoca tres motivos.
   En primer lugar, el recurrente sostiene que el auto adolece de un decisivo error de hecho por tergiversar todo cuanto él solicitó. No había pedido al Tribunal General que declarase ilegal el hecho de que la Comisión se abstuviera de adoptar una posición, mediante un dictamen motivado en el sentido del artículo 258 TFUE, sobre la inadecuada transposición de la Directiva 98/59/CE, (1) sobre despidos colectivos, en el ordenamiento jurídico italiano, como pretende el auto. Por el contrario, había solicitado al Tribunal General que declarara ilegal la inactividad de la Comisión, competente para definir y notificar al recurrente la posición legalmente vinculante sobre la pregunta que, cuatro años después de la denuncia, se planteó de nuevo el 11 de julio de 2011 respecto a si los trabajadores por cuenta ajena que desempeñan funciones de dirección en Italia podían ampararse o no en la Directiva 98/59/CE sobre despidos colectivos, derecho negado por la Magistratura italiana al recurrente, que fue objeto de dicho tipo de despido realizado por IBM en Italia.
   En segundo lugar, considera que el Tribunal General incurrió en error al declarar su propia incompetencia basándose en la jurisprudencia resultante del auto del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 1995, Pevasa e Inpesca (asuntos acumulados C-199/94 P y C-200/94 P). En su opinión, tal jurisprudencia no sería pertinente en el presente caso, por cuanto se refiere a una situación que difiere sustancialmente de la que se encuentra en la base del mencionado auto.
   Por último, sostiene que el Tribunal General infringió su Reglamento de Procedimiento y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, al no notificar el recurso a la contraparte y publicar en el Diario Oficial un resumen del recurso, así como al prescindir de la consulta al Abogado General.

      (1)  DO L 225, p. 16.


title: Asunto T-476/16: Recurso interpuesto el 25 de agosto de 2016 — Adama Agriculture y Adama France/Comisión

text:
               31.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 402/48

         Recurso interpuesto el 25 de agosto de 2016 — Adama Agriculture y Adama France/Comisión
   (Asunto T-476/16)
   (2016/C 402/57)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Adama Agriculture BV (Ámsterdam, Países Bajos) y Adama France (Sèvres, Francia) (representantes: C. Mereu y M. Grunchard, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare el recurso admisible y bien fundado.

               —

               Anule la decisión impugnada (1) y declare que (i) debe renovarse la aprobación de la sustancia activa isoproturón (IPU) o, con carácter subsidiario, (ii) remita la apreciación de la renovación de la aprobación del IPU a la demandada y suspenda todos los plazos previstos por el Reglamento n.o 1107/2009 y sus reglamentos de ejecución de modo que permita la aplicación de un calendario adecuado para adoptar una nueva decisión acerca de la renovación del IPU.

               —

               Condene a la parte demandada a cargar con las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes sostienen que la parte demandada adoptó la decisión impugnada en infracción de los derechos y principios garantizados por la Unión. Alegan que dicha decisión es ilegal porque vulnera el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») y el Derecho derivado de la Unión, e invocan los cinco motivos siguientes:

               1.

               Primer motivo, basado en errores manifiestos de apreciación: conforme a los considerandos 8, 9 y 10 de la decisión impugnada, el IPU se prohibió debido al i) riesgo que se deriva de una exposición a un metabolito en las aguas subterráneas; ii) al riesgo para las aves, mamíferos y organismos acuáticos, y iii) a la propuesta de clasificación del IPU como sustancia tóxica para la reproducción de categoría 2. Todas las preocupaciones en las que se basa la decisión impugnada adolecen, sin embargo, de vicios de forma o de fondo, y no tienen en cuenta la información presentada por las partes demandantes.

               2.

               Segundo motivo, basado en una violación del procedimiento que establece el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 (2) (acto ultra vires): al proponer que se clasifique el IPU como tóxico para la reproducción y al basarse en esta propuesta para justificar la no renovación de la aprobación del IPU, la parte demandada infringió tanto el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 como el Reglamento (CE) n.o 1107/2009, (3) relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, excediéndose así en sus competencias.

               3.

               Tercer motivo, basado en una vulneración del derecho de defensa y del principio de buena administración: mediante su comportamiento, el Estado miembro ponente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión violaron de manera individual y colectiva el derecho a ser oído y el derecho de defensa de las partes demandantes, al privarles de un proceso equitativo. En particular, a pesar de haber tratado repetidas veces de ponerse en contacto con el Estado miembro ponente y con la EFSA, las demandantes no recibieron respuesta en tiempo oportuno. Además, no se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas por las partes demandantes.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del principio de no discriminación e igualdad de trato: mientras que la Comisión ha adoptado un planteamiento estricto con respecto al IPU (basado en errores manifiestos de apreciación y en errores de procedimiento), no lo hizo en situaciones similares y decisiones anteriores relativas a sustancias que suscitan inquietudes similares, lo que constituye una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación.

               5.

               Quinto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad: al no optar por medidas menos estrictas que habrían alcanzado los mismos objetivos (por ejemplo, aprobación supeditada a condiciones que sean evaluadas por los Estados miembros o a la presentación de datos confirmatorios a escala de la Unión, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento n.o 1107/2009), y al prohibir, en cambio, el IPU, la Comisión ha vulnerado el principio de proporcionalidad.

      (1)  Reglamento de Ejecución (UE) 2016/872 de la Comisión, de 1 de junio de 2016, relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa isoproturón con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (DO 2016, L 145, p. 7).

      (2)  Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO 2008, L 353, p. 1).

      (3)  Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO 2009, L 309, p. 1).


title: Asunto C-105/04 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de septiembre de 2006 — Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Technische Unie BV, Comisión de las Comunidades Europeas, CEF City Electrical Factors BV, CEF Holdings Ltd (Recurso de casación — Prácticas colusorias — Mercado de material electrotécnico en los Países Bajos — Asociación nacional de mayoristas — Acuerdos y prácticas concertadas que tienen por objeto un acuerdo colectivo de exclusividad y la fijación de precios — Multas)

text:
               2.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de septiembre de 2006 — Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Technische Unie BV, Comisión de las Comunidades Europeas, CEF City Electrical Factors BV, CEF Holdings Ltd
   (Asunto C-105/04 P) (1)

   (Recurso de casación - Prácticas colusorias - Mercado de material electrotécnico en los Países Bajos - Asociación nacional de mayoristas - Acuerdos y prácticas concertadas que tienen por objeto un acuerdo colectivo de exclusividad y la fijación de precios - Multas)
   (2006/C 294/07)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Recurrente: Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (representantes: E. Pijnacker Hordijk y M. De Grave, advocaten)

      Otras partes en el procedimiento: Technische Unie BV (representantes: P. Bos y C. Hubert, advocaten), Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: W. Wils, en calidad de agente, y H. Gilliams, advocaat), CEF City Electrical Factors BV, CEF Holdings Ltd (representantes: J. Stuyck, C. Vinken Geijselaers y M. Poelman, advocaten)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie BV/Comisión (asuntos acumulados T-5/00 y T-6/00), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de anulación interpuesto contra la Decisión 2000/117/CE de la Comisión, de 26 de octubre de 1999, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 del Tratado CE (Asunto IV/33.884 — Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie) (DO 2000, L 39, p. 1)
   Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comisión (T-5/00 y T-6/00), sólo en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia no verificó, en el marco del examen del motivo basado en la violación del principio del plazo razonable, si la excesiva duración, imputable a la Comisión de las Comunidades Europeas, del procedimiento administrativo en su conjunto, incluida la fase anterior a la notificación del pliego de cargos, podía afectar a las futuras posibilidades de defensa de la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied.

               2)

               Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

               3)

               Desestimar el recurso interpuesto por la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied ante el Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que se fundamenta parcialmente en el motivo basado en una violación del principio del plazo razonable.

               4)

               Condenar a la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied a cargar con las costas del presente procedimiento. La Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied sigue cargando con las costas de los procedimientos en primera instancia que dieron lugar a la sentencia de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comisión (T-5/00 y T-6/00), de conformidad con las modalidades establecidas en el punto 2 del fallo de dicha sentencia.

      (1)  DO C 106, de 30.4.2004.


title: Asunto F-41/14: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 26 de marzo de 2014 — CW/Parlamento (Función Pública — Funcionarios — Informe de calificación — Errores manifiestos de apreciación — Desviación de poder — Acoso moral — Decisión de conceder un punto de mérito)

text:
               11.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/43

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 26 de marzo de 2014 — CW/Parlamento
   (Asunto F-41/14) (1)

   ((Función Pública - Funcionarios - Informe de calificación - Errores manifiestos de apreciación - Desviación de poder - Acoso moral - Decisión de conceder un punto de mérito))
   (2015/C 155/63)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: CW (representante: C. Bernard-Glanz, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo (representantes: M. Dean y J. Steele, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación del informe de calificación de la demandante para el año 2012 y de la decisión de concederle un único punto de mérito.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               CW cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Parlamento Europeo.

      (1)  DO C 235, de 21.7.2014, p. 34.


title: Asunto C-101/07 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de febrero de 2007 por Coop de France Bétail et Viande, anteriormente Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), contra la sentencia dictada por Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) el 13 de diciembre de 2006 en los asuntos acumulados T-217/03 y T-245/03, FNCBV y otros/Comisión

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 95/25

         Recurso de casación interpuesto el 21 de febrero de 2007 por Coop de France Bétail et Viande, anteriormente Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), contra la sentencia dictada por Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) el 13 de diciembre de 2006 en los asuntos acumulados T-217/03 y T-245/03, FNCBV y otros/Comisión
   (Asunto C-101/07 P)
   (2007/C 95/46)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Coop de France Bétail et Viande, anteriormente Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (representante: M. Ponsard, abogado)

      Otras partes en el procedimiento: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes Agriculteurs (JA), Comisión de las Comunidades Europeas y República Francesa
   Pretensiones

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2006 en el asunto T-217/03.

               —

               Que se declare que no procede imponer una multa a la recurrente.

               —

               Subsidiariamente, que se reduzca el importe de la multa impuesta por dicha sentencia.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas correspondientes a los procedimientos sobre medidas provisionales y al procedimiento principal ante el Tribunal de Primera Instancia, así como al procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente invoca seis motivos en apoyo de su recurso de casación. Mediante sus cinco primeros motivos, que tienen por objeto la anulación de la sentencia impugnada, la recurrente alega, en primer lugar, el error en que, según ella, incurrió el Tribunal de Primera Instancia al no reconocer la vulneración del derecho de defensa que cometió la Comisión por no haber mencionado en el pliego de cargos el método utilizado para el cálculo de las multas; en segundo lugar, la malinterpretación por el Tribunal de Primera Instancia de las pruebas relativas a la prórroga secreta del acuerdo de 24 de octubre de 2001; en tercer lugar, el error de Derecho cometido por el Tribunal de Primera Instancia al presumir la adhesión de la recurrente al mantenimiento del acuerdo por referencia a un acuerdo global entre mataderos y ganaderos, sin demostrar concretamente el consentimiento de ésta al mantenimiento de dicho acuerdo; en cuarto lugar, y en el supuesto de que dicho consentimiento se hubiese probado, el error cometido por el Tribunal de Primera Instancia al calificar el acuerdo como contrario a la competencia sin examinar el contexto jurídico y económico general en el que se inscribe ni sus eventuales efectos, y, en quinto lugar, el incumplimiento de la obligación de motivación y la contradicción existente en la motivación de la sentencia impugnada en lo que se refiere a la consideración del volumen de negocios de los miembros de la recurrente -y no únicamente el de la recurrente- a efectos de comprobar que no se rebasase el límite del 10 % del volumen de negocios contemplado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17.
   Mediante su sexto motivo, que tiene por objeto, con carácter subsidiario, la reducción de la multa que le ha sido impuesta, la recurrente alega, por último, que si el Tribunal de Justicia desestimase los anteriores motivos, procedería en cualquier caso reducir el importe de la multa impuesta, dado que ésta equivale no al 10 %, sino al 20 % de su volumen de negocios, lo que incumple los propios términos del artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17.


title: Asunto C-293/07: Recurso interpuesto el 18 de junio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica

text:
               4.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 183/27

         Recurso interpuesto el 18 de junio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica
   (Asunto C-293/07)
   (2007/C 183/47)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: M. Konstantinidis y D. Recchia)

      Demandada: República Helénica
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres (1), en relación con el artículo 4, apartado 4, párrafo primero de la misma, en su versión modificada por el artículo 6, apartados 2 a 4 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para establecer y aplicar un régimen jurídico adecuado, específico e integrado, que garantice una gestión viable y una protección eficaz de las zonas designadas como Zonas Especiales de Conservación, con arreglo a los objetivos de conservación de la mencionada Directiva 79/409/CEE.

               —

               Que se condene en costas a la República Helénica.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión, basándose en numerosas denuncias, preguntas parlamentarias y peticiones, sostiene que la República Helénica no aplica correctamente las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE, que prevé la adopción de medidas para conservar y evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats de las aves silvestres.
   Según la Comisión, la infracción de la Directiva consiste en la falta de protección de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y en la presencia de actividades que pueden dañar la integridad de las ZEC y tener importantes consecuencias negativas para los objetivos de conservación de las ZEC y de las especies que han motivado la designación de las zonas.
   La Comisión refuta el argumento de las autoridades helénicas de que el marco normativo vigente garantiza de modo suficiente la protección de todas las especies de aves silvestres y de sus hábitats respectivos, alegando que dicho marco no constituye un régimen específico y eficaz de protección para el conjunto de las ZEC.

      (1)  DO L 103, de 25.4.1979, p. 1; EE 15/02, p. 125.


title: Archivo del asunto C-201/97

text:
10. 1. 98             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 7/13
                Archivo del asunto C-92/97 (1)                    decidido archivar el asunto C-121/97: Comisión de las
                         (98/C 7/40)                              Comunidades Europeas contra RepuÂblica Federal de Ale-
                                                                  mania.
Mediante auto de 11 de noviembre de 1997, el Presidente
de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de las Comunida-        (1) DO C 166 de 31. 5. 1997.
des Europeas ha decidido archivar el asunto C-92/97:
Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de
BeÂlgica.
(1) DO C 108 de 5. 4. 1997.
                                                                                Archivo del asunto C-154/97 (1)
                                                                                (98/C 7/43)
                                                                  Mediante auto de 8 de octubre de 1997, el Presidente del
                Archivo del asunto C-96/97 (1)                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
                         (98/C 7/41)                              dido archivar el asunto C-154/97: Comisión de las Comu-
                                                                  nidades Europeas contra RepuÂblica HeleÂnica.
Mediante auto de 7 de octubre de 1997, el Presidente de
la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de las Comunidades         (1) DO C 212 de 12. 7. 1997.
Europeas ha decidido archivar el asunto C-96/97: Comi-
sión de las Comunidades Europeas contra RepuÂblica Fran-
cesa.
(1) DO C 131 de 26. 4. 1997.
                                                                                Archivo del asunto C-201/97 (1)
                                                                                (98/C 7/44)
                                                                  Mediante auto de 21 de octubre de 1997, el Presidente del
               Archivo del asunto C-121/97 (1)                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
                         (98/C 7/42)                              dido archivar el asunto C-201/97: Comisión de las Comu-
                                                                  nidades Europeas contra RepuÂblica HeleÂnica.
Mediante auto de 23 de septiembre de 1997, el Presidente
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha           (1) DO C 212 de 12. 7. 1997.
                                              TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL                             domicilio en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson SARL,
                 DE PRIMERA INSTANCIA                             30, rue de Cessange, contra Consejo de la Unión Europea
                                                                  (Agentes: Sr. Martin Bauer y Sra. TheÂreÁse Blanchet), que
                  de 21 de octubre de 1997
                                                                  tiene por objeto un recurso de anulación de una denega-
en el asunto T-168/96, Catherine Patronis contra Consejo          ción de promoción, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
                   de la Unión Europea (1)                        Tercera), integrado por los Sres. B. Vesterdorf, Presidente;
                                                                  C. P. BrieÈt y A. Potocki, Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor,
(Funcionarios Ð Denegación de promoción Ð Examen                  administradora principal, ha dictado el 21 de octubre de
comparativo de meÂritos Ð Licencias por enfermedad y              1997 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
accidente Ð Consideración de la actividad efectiva desa-
          rrollada durante el período de referencia)
                         (98/C 7/45)                              1) Se desestima el recurso.
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                  2) Cada parte cargaraÂ con sus propias costas.
                                                                  (1) DO C 388 de 21. 12. 1996.
En el asunto T-168/96, Catherine Patronis, representada
por los Sres. Jean-NoeÈl Louis, Thierry Demaseure y la Sra.
Ariane Tornel, Abogados de Bruselas, que designan como


title: Asunto T-17/13: Recurso interpuesto el 11 de enero de 2013 — ANKO/Comisión

text:
               16.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/24

         Recurso interpuesto el 11 de enero de 2013 — ANKO/Comisión
   (Asunto T-17/13)
   2013/C 79/43
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atenas, Grecia) (representante: V. Christianos, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare que la demandante no debe reembolsar, en concepto de pago sin causa, la cantidad que le abonó la Comisión por la obra POCEMON.

               —

               Declare que la demandante no debe abonar a la Comisión la indemnización a tanto alzado por la obra POCEMON.

               —

               Declare que la Comisión carecía de fundamento para efectuar la compensación de la cantidad que debía abonar a ANKO.

               —

               Condene a la Comisión al pago de las costas procesales de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso versa sobre la responsabilidad de la Comisión por el contrato no 216.088 para la ejecución de la obra «Point Of CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases» (POCEMON), en virtud del artículo 272 TFUE. En particular, la demandante sostiene que, pese a que ejecutó sus obligaciones contractuales, la Comisión, incumpliendo el contrato reseñado y vulnerando el principio de buena fe, de prohibición del abuso de derecho y de la proporcionalidad, solicitó el reembolso de las cantidades abonadas a ANKO. Además, la Comisión solicitó la compensación de pretensiones que no eran ciertas, liquidadas y exigibles.

               —

               Por las razones expuestas, la demandante sostiene, en primer lugar, que no debe reembolsar por constituir pago sin causa la totalidad de las cantidades que la Comisión le abonó por la obra POCEMON. En segundo lugar, que no debe abonar a la Comisión la indemnización a tanto alzado (liquidated damages) por la obra POCEMON. En tercer lugar, que la Comisión no está facultada para proceder a la compensación de importes adeudados la demandante que no son ciertos, liquidados y exigibles.


title: Asunto T-277/08: Recurso interpuesto el 15 de julio de 2008 — Bayer Healthcare/OAMI — Laboratorios ERN (CITRACAL)

text:
               13.9.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/15

         Recurso interpuesto el 15 de julio de 2008 — Bayer Healthcare/OAMI — Laboratorios ERN (CITRACAL)
   (Asunto T-277/08)
   (2008/C 236/26)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: Bayer Healthcare LLC (Morristown, Estados Unidos) (representante: M. Edenborough, barrister)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Laboratorios ERN, S.A. (Sant Just Desvern, España)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución dictada por la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 5 de mayo de 2008, en el asunto R 459/2007-4.

               —

               Que se condene en costas a la demandada o, con carácter subsidiario, a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. Con carácter subsidiario de segundo grado, que se condene en costas conjunta y solidariamente a la demandada y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: la demandante (anteriormente Mission Pharmacal Company)

      Marca comunitaria solicitada: la marca denominativa «CITRACAL» para productos y servicios de la clase 5, solicitud no 1.757.855

      Titular de la marca o del signo invocados en oposición: la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso (anteriormente Laboratorios Diviser-Aquilea, S.L.)

      Marca o signo invocados en oposición: la marca española «CICATRAL» (registro no 223.532) para productos de las clases 1 y 5

      Resolución de la División de Oposición: estimar la oposición respecto de todos los productos controvertidos

      Resolución de la Sala de Recurso: desestimar el recurso

      Motivos invocados: la Sala de Recurso erró en su apreciación de la prueba de uso, y, en particular, respecto de la presentación de una traducción adecuada de los productos en relación con los que se usaba la marca invocada en oposición. Además, la Sala de Recurso erró en su apreciación de la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en pugna.


title: Asunto T-249/00: Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por P.E. Hoyer

text:
9.12.2000              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 355/27
Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2000 contra                  Motivo del recurso contra la decisión R/78/2000:
la Comisión de las Comunidades Europeas por P.E. Hoyer
                                                                        El despido, en caso de que fuera jurı́dicamente válido, fue
                       (Asunto T-249/00)                                notificado en una fecha errónea conforme a Derecho (23 de
                                                                        noviembre de 1999 en vez de 15 de febrero de 2000). El plazo
                         (2000/C 355/59)                                de preaviso debe ser prorrogado a razón de cierto número de
                                                                        dı́as de baja por enfermedad.
               (Lengua de procedimiento: neerlandés)                    Motivo del recurso contra la decisión R/26/2000:
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  El caso de que el despido fuera jurı́dicamente válido, se calculó
Europeas se ha presentado el 15 de septiembre de 2000 un                erróneamente el saldo de dı́as de vacaciones en la fecha de
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                 despido (en contra de la «solución justa» a la que se hace
formulado por P.E. Hoyer, con domicilio en Hoeilaart (Bélgica),         referencia en la sentencia de 1994).
representado por el Sr. G. van der Wal, Abogado de La Haya,
del bufete Barents & Krans, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. A. May, Abogado, Route
d’Esch, 398, 1471 Luxemburgo.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           Recurso interpuesto el 16 de septiembre de 2000 contra
que:                                                                    la Comisión de las Comunidades Europeas por Bauer spa
                                                                                y otros
1)    Acuerde la admisión del recurso.
                                                                                (Asuntos T-253/00, T-255/00 y T-256/00)
2)    Anule las decisiones impugnadas             (R/26/2000     y
      R/78/2000) de 14 de junio de 2000.
                                                                                (2000/C 355/60)
3)    Condene a la parte demandada a pagar las costas de este
      procedimiento.                                                                     (Lengua de procedimiento: italiano)
Motivos y principales alegaciones                                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 16 de septiembre de 2000 un
                                                                        recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
En 1990, el demandante participó en un concurso interno.               formulado por Bauer spa y otros, representados por la
Mediante sentencia de 17 de marzo de 1994 (asunto                       Sra. Andrea Bortoluzzi, Abogada de Venecia y por los
T-43/91), el Tribunal de Primera Instancia estimó el recurso           Sres. Gian Michele Roberti y Francesco Sciaudone, Abogados
del demandante contra la decisión del tribunal del concurso de         de Nápoles.
no incluirle en la lista de candidatos aprobados.Mediante
sentencia de igual fecha, se estimó asimismo su recurso contra
                                                                        Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
la resolución de su contrato de trabajo como agente temporal
                                                                        que:
(asunto T-51/91).
                                                                        —     Anule la Decisión 2000/394/CE de la Comisión.
Según el demandante, en 1998 la Comisión, violando los
compromisos acordados entre las partes, decidió abrir nueva-           —     Con carácter subsidiario, anule el artı́culo 5 de la misma
mente el mencionado concurso interno. Una vez más, el                        Decisión.
demandante no fue incluido en la lista de candidatos aproba-
dos; el demandante también interpuso un recurso contra esta             —     Condene en costas a la Comisión.
decisión (asunto T-119/99).
                                                                        Motivos y principales alegaciones
La Comisión resolvió el contrato de agente temporal (por
tiempo indefinido) del demandante, remitiéndose a la última            Los motivos y principales alegaciones son similares a los
decisión mencionada del tribunal del concurso. El demandante           invocados en los asuntos T-234/00 Fondazione Opera S. Maria
también recurrió contra esta decisión de despido (asunto              della Carità/Comisión y T-235/00 Codess Sociale y otros (1).
T-70/00).
                                                                        Se alega, en concreto, la infracción del artı́culo 87, apartados 1
Mediante decisión de 14 de junio de 2000 (R/78/2000), la               y 3, letras c) y d), del Tratado, ası́ como la violación de los
demandada se negó a reconsiderar su postura acerca de la               principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, en la
fecha en la que llegaba a término el contrato de trabajo.               Decisión de recuperación de la ayuda impugnada.
Mediante decisión de la misma fecha (R/26/2000), la deman-
dada se negó a reconocer que se habı́an descontado indebida-
mente seis dı́as de vacaciones, ası́ como que la demandante             (1) Aún no publicados.
todavı́a tenı́a derecho a 55 dı́a de vacaciones. El presente
recurso va dirigido contra estas dos decisiones.


title: Asunto T-445/05: Recurso interpuesto el  19 de diciembre de 2005  — Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management S.p.A./Comisión

text:
               25.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/41

         Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2005 — Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management S.p.A./Comisión
   (Asunto T-445/05)
   (2006/C 48/78)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandantes: Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management S.p.A. (Italia) (representantes: Gabriele Escalar y Giuseppe Maria Cipolla, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 6 de septiembre de 2005, no C (2005) 3302, que puso fin al procedimiento sobre la ayuda C–19/2004 (ex NN 163/03).

               —

               Que se condene a la demandada al pago de las costas así como de cualquier otro gasto derivado del procedimiento.

         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso tiene por objeto la misma Decisión que fue impugnada en el asunto T–424/05, República Italiana/Comisión. (1)

   En apoyo de sus pretensiones, las demandantes alegan:

               —

               Que la Decisión impugnada es insuficiente y contradictoria, en primer lugar, en la medida en que alude a la existencia de una ventaja económica selectiva y según las demandantes, a partir de su texto no puede llegar a comprenderse cuál es la ventaja económica que pretendidamente confieren las medidas fiscales controvertidas ni quiénes son sus beneficiarios. En segundo lugar, también debe considerarse insuficiente la motivación de la Decisión en lo que atañe a la eventual existencia de una distorsión de la competencia capaz de alterar los intercambios intracomunitarios.

               —

               La infracción del artículo 87 CE, apartado 1, ya que la reducción del impuesto aplicable a los rendimientos de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización (SPMC), no equivale a una ayuda de Estado. Las demandantes sostienen a este respecto que la reducción del impuesto en cuestión supone una ventaja económica para todos los participantes, que no beneficia de manera selectiva a los organismos gestores. En efecto, todas las sociedades de gestión del ahorro (SGA) italianas y comunitarias pueden gestionar OICVM especializados en SPMC y todas las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) italianas y comunitarias pueden adoptar la forma de SICAV especializadas en SPMC. Por otra parte, aunque las medidas controvertidas implicasen el logro de una ventaja económica para los OICVM, no originarían no obstante una ayuda de Estado, dado que los fondos de inversión son masas patrimoniales carentes de subjetividad autónoma, sin órganos de administración propios y que no persiguen fines económicos por carecer de organismos que manifiesten su voluntad. Por último, las medidas fiscales controvertidas no suponen ventajas económicas selectivas para las propias SPMC.

         Con carácter subsidiario, las demandantes alegan:

               —

               Que las medidas fiscales litigiosas deben considerarse compatibles con el mercado común, según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, letra a) del Tratado.

               —

               Que la Decisión impugnada infringe el artículo 14 del Reglamento del Consejo no 659/1999, de 22 de marzo de 1999, por haberse ordenado que se obtenga la recuperación de los instrumentos de inversión con forma societaria y de las empresas que gestionan los instrumentos de inversión que tienen forma contractual.

      (1)  Aún no publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.


title: Asunto C-460/16 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de agosto de 2016 por Trefilerías Quijano, SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 2 de junio de 2016 en los asuntos acumulados T-426/10 a T-429/16 y T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias y otros/Comisión

text:
               24.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 392/18

         Recurso de casación interpuesto el 12 de agosto de 2016 por Trefilerías Quijano, SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 2 de junio de 2016 en los asuntos acumulados T-426/10 a T-429/16 y T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias y otros/Comisión
   (Asunto C-460/16 P)
   (2016/C 392/22)
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Trefilerías Quijano, S.A. (representantes: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de 2 de junio de 2016 en los asuntos T-426/10 a T-429/10, y en particular, en el asunto T-427/10, Trefilerías Quijano contra Comisión Europea

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea tanto en el presente procedimiento como en el procedimiento ante el Tribunal General.

      Motivos y principales alegaciones

               1.

               El Tribunal General ha cometido un error de derecho consistente en la desnaturalización de los hechos y de los elementos de prueba así como incumplido el deber de motivación en lo que respecta a la supuesta existencia de vínculos estructurales entre TQ y GSW con anterioridad a 1996, ha hecho una aplicación incorrecta y/o ultra vires de sus atribuciones en materia de control jurisdiccional y, en todo caso, se ha basado en hechos a todas luces irrelevantes, y/o ha calificado erróneamente estos hechos como indicios de vínculos estructurales y, en todo caso, ha hecho un uso incorrecto del concepto de responsable de la infracción al hacer referencia a la pertenencia de TQ al Grupo Celsa.

               2.

               El Tribunal General ha cometido un error de derecho en la aplicación del estándar jurídico adecuado y un error de derecho en la valoración de los elementos de prueba, y en todo caso, ha vulnerado sus obligaciones en materia de control jurisdiccional al considerar que la recurrente se habría limitado a aportar «certificados de sus directores generales» (en realidad, declaraciones juradas de los directores generales de TQ) en aras a demostrar que las facultades ejecutivas y de control de GSW, en tanto que administrador único, fueron delegadas en los respectivos directores generales de TQ, y que TQ adoptó un comportamiento autónomo en el mercado. Además, el Tribunal General ha incurrido en un defecto de motivación en la medida en que no ha explicado las razones por las que las declaraciones juradas de los directores generales de TQ invocadas por esta parte carecen de fundamentación.

               3.

               El Tribunal General ha calificado erróneamente los hechos, a saber, las impresiones de los competidores, al considerar que estas impresiones constituyen un indicio adicional, y por lo tanto jurídicamente relevante, a la hora de demostrar la existencia de una unidad económica constituida por TQ, GSW y las demás empresas participadas por esta última. Así mismo, el Tribunal General ha cometido un error de derecho consistente en la desnaturalización de los hechos y de los elementos de prueba relativos a la percepción de los competidores.

               4.

               El Tribunal General ha calificado incorrectamente los hechos, a saber, los solapamientos de personal entre TQ, GSW y las empresas participadas por esta última, al considerar que estos solapamientos constituyen un indicio adicional, y por lo tanto, jurídicamente relevante, a la hora de demostrar que estas empresas forman una unidad económica, de la que GSW sería la sociedad matriz.

               5.

               El Tribunal General ha cometido un error de derecho en la calificación de determinados hechos, a saber, el reparto de las actividades de producción y venta entre las cuatro empresas, al considerar este reparto como indicio adicional jurídicamente relevante para demostrar que TQ forma parte de una unidad económica constituida por GSW y las demás empresas participadas por esta última.

               6.

               El Tribunal General habría cometido un error de derecho en el estándar jurídico aplicable a la hora de valorar el supuesto ejercicio de influencia determinante, y en todo caso, habría incurrido en un defecto de motivación en lo relativo al supuesto ejercicio de influencia determinante por parte de GSW sobre TQ.

               7.

               El Tribunal General ha cometido un error de derecho en la valoración de los elementos de prueba, y en todo caso, ha vulnerado sus obligaciones en materia de control jurisdiccional, al rechazar el argumento expuesto por la recurrente según el cual GSW no habría ejercido influencia determinante sobre TQ.

               8.

               El Tribunal General ha cometido un error de derecho consistente en la vulneración de los derechos de defensa al considerar que, y en la medida en que la Comisión fundó su apreciación de la capacidad contributiva de la recurrente en hechos aportados y conocidos por ésta, la Comisión habría respetado el derecho a ser oído de la recurrente.

               9.

               El Tribunal General ha cometido un error de derecho en la valoración de los elementos de prueba, y en todo caso, no ha ejercido con arreglo a derecho sus competencias en materia de control jurisdiccional. Además, el Tribunal General ha cometido un error de derecho consistente en la vulneración del deber de motivación. Por último, y en todo caso, el Tribunal General ha cometido un error de derecho consistente en la desnaturalización de los hechos y de los elementos de prueba relativos a la posibilidad de la recurrente de obtener financiación externa.

               10.

               El Tribunal General ha cometido un error de derecho en la valoración de los elementos de prueba, y en todo caso, ha vulnerado su deber de revisión de plena jurisdicción, al considerar que la recurrente no remitió a la Comisión la información necesaria para apreciar la importancia del patrimonio de sus accionistas. Además, la recurrente estima que el Tribunal General ha incurrido en un defecto de motivación en la medida en que no ha explicado las razones por las que los informes de Deloitte invocados por esta parte no presentan ningún principio de prueba.


title: Asunto C-87/06: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social n o  3 de Valladolid el  14 de febrero de 2006  — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero

text:
               20.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/2

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid el 14 de febrero de 2006 — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero
   (Asunto C-87/06)
   (2006/C 121/04)
   Lengua de procedimiento: español
   Órgano jurisdiccional remitente
   Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Vicente Pascual García

      Demandada: Confederación Hidrográfica del Duero
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿El principio de igualdad de trato que impide toda discriminación por razón de edad, reconocido por el Art. 13 del Tratado y el Art. 2.1 de la Directiva 2000/78 (1), se opone a una ley nacional (en concreto el párrafo 1o de la Disposición Transitoria Única de la «Ley 14/2005 sobre cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación») que considera válidas las cláusulas de jubilación forzosa establecidas en los convenios colectivos, que exijan, como únicos requisitos, que el trabajador haya cumplido la edad ordinaria de jubilación y con las condiciones establecidas en la normativa del Estado español en materia de Seguridad Social para acceder a la prestación de jubilación en su modalidad contributiva, en tanto que para aquellos convenios que se pacten en el futuro para que pueda acordarse la extinción del contrato por razón de la edad se exige a la empresa además que se vinculen tales extinciones a una política de empleo?
               En caso de responderse positivamente a la pregunta anterior,

               2)

               ¿El principio de igualdad de trato que impide toda discriminación por razón de edad, reconocido por el Art. 13 del Tratado y el Art. 2.1 de la Directiva 2000/78, me obligan en tanto que juez nacional a no aplicar al caso la citada Disposición Transitoria Única de la Ley 14/2005 citada?

      (1)  Del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO no L 303, p. 16)


title: Asunto C-268/05 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de junio de 2005 por Giorgio Lebedef contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) en el asunto T-191/02, entre Giorgio Lebedef y la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               1.10.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/5

         Recurso de casación interpuesto el 27 de junio de 2005 por Giorgio Lebedef contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) en el asunto T-191/02, entre Giorgio Lebedef y la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-268/05 P)
   (2005/C 243/07)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 27 de junio de 2005 un recurso de casación formulado por Giorgio Lebedef, representado por los Sres. G. Bouneou y F. Frabetti, contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) en el asunto T-191/02, entre Giorgio Lebedef y la Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
   Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de abril de 2005 dictada en el asunto T-191/02, Giorgio Lebedef, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Senningerberg (Luxemburgo), representado por los Sres. G. Bouneou y F. Frabetti, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, parte demandante, contra Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. J. Currall, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo, parte demandada, que tiene por objeto la anulación de la Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2001 por la que ésta denunció el Acuerdo-marco de 20 de septiembre de 1974, adoptó de nuevo las normas operativas relativas a los niveles, instancias y procedimientos de concertación acordadas entre la mayoría de las organizaciones sindicales y profesionales y la administración de la Comisión el 19 de enero de 2000, confirmó el Acuerdo de 4 de abril de 2001 relativo a los recursos a disposición de los representantes del personal, confirmó las disposiciones relativas a la huelga que figuran en el anexo I del Acuerdo-marco de 20 de septiembre de 1974, instó al Vicepresidente de la Comisión, Sr. N. Kinnock, a negociar con las organizaciones sindicales y profesionales y a proponer para su adopción colegiada antes del final de marzo de 2002 un nuevo acuerdo-marco y a incluir en la serie de modificaciones del Estatuto que debían dar lugar a la concertación con las organizaciones sindicales y profesionales una modificación que previera la posibilidad de adoptar un reglamento electoral por vía de consulta al personal de la institución en forma de referéndum, y, en la medida en que sea necesario, la anulación del escrito del Sr. Kinnock de 22 de noviembre de 2001 dirigido al presidente de cada sindicato para comunicarle su decisión de solicitar a la Comisión que el 5 de diciembre de 2001 procediese a la resolución del Acuerdo-marco de 20 de septiembre de 1974, antes citado, y a la adopción de varios de los puntos antes mencionados, y, en último lugar, la anulación de la decisión del Sr. E. Halskov de 6 de diciembre de 2001 por la que se deniega la concesión de una orden de misión al demandante para participar en la reunión de concertación del 7 de diciembre de 2001 sobre el «paquete global de los proyectos de modificación del Estatuto».
   Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de la pretensión de que se anule la sentencia recurrida, el recurrente se opone al punto 4, apartados 96 a 103, de la sentencia, y más concretamente a la admisibilidad de «la pretensión de anulación de la Decisión de 5 de diciembre de 2001 en la medida en que adopta las normas operativas, dado que éstas privan al recurrente de derechos que le otorga el Acuerdo de 4 de abril de 2001».
   Las normas operativas, en la medida en que excluyen de la instancia de concertación al sindicato al que representaba el recurrente, afecta a la situación propia de éste privándole de derechos individuales derivados de su condición de representante sindical en esta instancia (véanse, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 1989, Maurissen y Union Syndicale/Tribunal de Cuentas, asuntos acumulados 193/87 y 194/87, Rec. p. 1045, y la sentencia de 14 de julio de 1998, Lebedef/Comisión, T-42/97, RecFP pp. I-A-371 y II-1071, apartados 18 a 21). En consecuencia, las normas operativas le perjudican y le legitiman para solicitar su anulación.
   Esta conclusión no queda desvirtuada por la jurisprudencia establecida en las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 1994, Rijnoudt y Hocken/Comisión (asuntos acumulados T-97/92 y T-111/92, RecFP pp. I-A-159 y II-511, apartados 82 y 86), y de 15 de julio de 1994, Browet y otros/Comisión (asuntos acumulados T-576/93 y T-582/93, RecFP pp. I-A-191 y II-619, apartado 44). En efecto, las situaciones de los asuntos que dieron lugar a aquellas sentencias se distinguen del presente litigio porque, en éste, los derechos del recurrente resultan directamente de las normas sobre los recursos a disposición de los representantes del personal y, aunque se atribuyan para facilitar la participación de su sindicato en la concertación, están comprendidas en el ámbito del contencioso comunitario dado que afectan directamente a su situación jurídica propia.
   En la sentencia recurrida, en relación con la admisibilidad, el Tribunal de Primera Instancia acepta de facto que A&D, el sindicato del recurrente, no es representativo. El recurrente se opone a esta postura debido a que las normas operativas no examinan de manera objetiva la representatividad de las OSP y hay un error manifiesto en la apreciación comparativa de dicha representatividad. Además, se violaron los principios de igualdad de trato y no discriminación, de respeto del derecho de defensa, de obligación de motivación y de prohibición de la arbitrariedad y se infringió el artículo 24 bis del Estatuto.


title: Asuntos acumulados C-228/12 a C-232/12 y C-254/12 a C-258/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de julio de 2013 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Vodafone Omnitel NV (asuntos C-228/12, C-231/12 y C-258/12), Fastweb SpA (asuntos C-229/12 y C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (asuntos C-230/12 y C-254/12), Telecom Italia SpA (asuntos C-255/12 y C-256/12), Sky Italia srl (asunto C-257/12)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (asuntos C-228/12 a C-232/12, C-255/12 y C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (asuntos C-229/12, C-232/12 y C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (asunto C-230/12) (Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/CE — Artículo 12 — Tasas administrativas impuestas a las empresas del sector afectado — Normativa nacional que impone a los operadores de comunicaciones electrónicas el pago de una tasa destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de las autoridades nacionales de reglamentación)

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de julio de 2013 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Vodafone Omnitel NV (asuntos C-228/12, C-231/12 y C-258/12), Fastweb SpA (asuntos C-229/12 y C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (asuntos C-230/12 y C-254/12), Telecom Italia SpA (asuntos C-255/12 y C-256/12), Sky Italia srl (asunto C-257/12)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (asuntos C-228/12 a C-232/12, C-255/12 y C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (asuntos C-229/12, C-232/12 y C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (asunto C-230/12)
   (Asuntos acumulados C-228/12 a C-232/12 y C-254/12 a C-258/12) (1)

   (Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/20/CE - Artículo 12 - Tasas administrativas impuestas a las empresas del sector afectado - Normativa nacional que impone a los operadores de comunicaciones electrónicas el pago de una tasa destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de las autoridades nacionales de reglamentación)
   2013/C 260/25
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Vodafone Omnitel NV (asuntos C-228/12, C-231/12 y C-258/12), Fastweb SpA (asuntos C-229/12 y C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (asuntos C-230/12 y C-254/12), Telecom Italia SpA (asuntos C-255/12 y C-256/12), Sky Italia srl (asunto C-257/12)

      Demandadas: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (asuntos C-228/12 a C-232/12, C-255/12 y C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (asuntos C-229/12, C-232/12 y C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (asunto C-230/12)

      en el que participan: Wind Telecomunicazioni SpA (asuntos C-228/12, C-229/12, C-232/12, C-255/12 a C-258/12), Telecom Italia SpA (asuntos C-228/12, C-230/12, C-232/12 y C-254/12), Vodafone Omnitel NV (asuntos C-230/12 y C-254/12), Fastweb SpA (asuntos C-230/12, C-254/12 y C-256/12), Television Broadcasting System SpA (asunto C-257/12)

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interpretación del artículo 12 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización») (DO L 108, p. 21) — Tasas administrativas impuestas a las empresas — Normativa que prevé que todos los costes de las autoridades de reglamentación nacionales, no financiados por el Estado, se repartan entre las empresas del sector de que se trate en función de los ingresos percibidos por éstas por motivo de las ventas de mercancías o de las prestaciones de servicios pertinentes.

      Fallo

   El artículo 12 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual las empresas que prestan un servicio o suministran una red de comunicaciones electrónicas han de abonar una tasa destinada a financiar la totalidad de los gastos soportados por la autoridad nacional de reglamentación que no estén cubiertos por el Estado, cuyo importe se determine en función de los ingresos realizados por dichas empresas, siempre que dicha tasa se destine exclusivamente a cubrir los gastos resultantes de las actividades mencionadas en el apartado 1, letra a), de este artículo, que el total de los ingresos obtenidos en virtud de dicha tasa no supere el total de los gastos correspondientes a estas actividades y que la referida tasa se reparta entre las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, extremo que debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 217, de 21.7.2012.


title: Asunto T-39/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de febrero de 2008 — Orsay/OAMI — Jiménez Arellano (O orsay) ( Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa y figurativa O orsay — Marca nacional denominativa y figurativa anterior D'ORSAY — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n°  40/94 )

text:
               29.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/25

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de febrero de 2008 — Orsay/OAMI — Jiménez Arellano (O orsay)
   (Asunto T-39/04) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa y figurativa O orsay - Marca nacional denominativa y figurativa anterior D'ORSAY - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2008/C 79/49)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: Orsay GmbH (Willstätt, Alemania) (representantes: D. von Schultz y S. Elbe, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente U. Pfeghar, posteriormente G. Schneider, agentes)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia: José Jimenez Arellano, S.A. (Madrid) (representantes: inicialmente, J. Astiz Suárez, posteriormente, S. Hernán-CArillo Portolés y, por último, A. Tarí Lázaro, abogados)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 3 de noviembre de 2003 (asunto R 394/2002-4) relativo a un procedimiento de oposición entre José Jiménez Arellano, S.A., y Orsay GmbH.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Orsay GmbH.

      (1)  DO C 106 de 30.4.2004.


title: Asunto T-226/16: Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2016 — Ipuri/EUIPO — van Graaf (IPURI)

text:
               27.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/35

         Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2016 — Ipuri/EUIPO — van Graaf (IPURI)
   (Asunto T-226/16)
   (2016/C 232/46)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Ipuri GmbH (Hamburgo, Alemania) (representante: K. Sandberg, abogada)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: van Graaf GmbH & Co. KG (Viena, Austria)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «IPURI» — Solicitud de registro n.o 8971021

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 10 de marzo de 2016, en el asunto R 886/2015-4

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Condene en costas a la EUIPO, incluidas las costas del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso.

      Motivos invocados

               —

               Infracción del artículo 15, en relación con el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 207/2009, así como la Regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento n.o 2868/95, y el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n.o 207/2009.

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 2, letra a), en la aplicación del artículo 42, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009.


title: Asunto T-393/16: Recurso interpuesto el 25 de julio de 2016 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)

text:
               3.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 364/16

      Recurso interpuesto el 25 de julio de 2016 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)
      (Asunto T-393/16)
      (2016/C 364/12)
      Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

         Partes

         Demandante: Omnicom International Holdings, Inc. (Nueva York, Nueva York, Estados Unidos) (representante: D. Farnsworth, Solicitor)

         Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

         Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: eBay, Inc. (San José, California, Estados Unidos)

         Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

         Solicitante de la marca controvertida: Parte demandante

         Marca controvertida: Marca figurativa que incluye los elementos denominativos «dA/tA/bA/y» — Solicitud de marca de la Unión n.o 12354015

         Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

         Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 17 de mayo de 2016 en el asunto R 872/2015-1

         Pretensiones

      La parte demandante solicita al Tribunal General que:

                  —

                  Anule la resolución impugnada.

                  —

                  Condene a la EUIPO a pagar sus costas y las de la demandante.

         Motivo invocado

                  —

                  Infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009.