title: Asunto C-176/01 P: Recurso de casación interpuesto el 23 de abril de 2001 por PowerGen (UK) plc (anteriormente PowerGen plc) contra la sentencia dictada el 7 de febrero de 2001 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-89/98, entre National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) y Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por British Coal Corporation, International Power plc (anteriormente National Power plc) y PowerGen (UK) plc (anteriormente PowerGen plc)

text:
C 200/44                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             14.7.2001
Recurso de casación interpuesto el 23 de abril de 2001                     b)     En otro procedimiento [T-57/91, NALOO/Comisión (2)],
por PowerGen (UK) plc (anteriormente PowerGen plc)                                 el Tribunal de Primera Instancia consideró que la denuncia
contra la sentencia dictada el 7 de febrero de 2001 por la                         suplementaria era una nueva denuncia, de lo que se
Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las                              desprende que la fuerza res judicata impedı́a al Tribunal
Comunidades Europeas en el asunto T-89/98 (1), entre                               de Primera Instancia llegar en el presente procedimiento
National Association of Licensed Opencast Operators                                a la conclusión de que la denuncia suplementaria consti-
(NALOO) y Comisión de las Comunidades Europeas,                                   tuı́a una parte de la única denuncia objeto de controversia
apoyada por British Coal Corporation, International                                en el asunto T-57/91.
Power plc (anteriormente National Power plc) y Power-
        Gen (UK) plc (anteriormente PowerGen plc)                           c)     La Comisión únicamente podı́a examinar la denuncia
                                                                                suplementaria sobre la base de que se trataba de una
                        (Asunto C-176/01 P)                                        nueva denuncia.
                           (2001/C 200/80)                                  El Tribunal de Primera Instancia incurrió también en un error
                                                                            al considerar que la denuncia suplementaria se referı́a a
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                infracciones existentes.
presentado el 23 de abril de 2001 un recurso de casación
formulado por PowerGen (UK) (anteriormente PowerGen plc),
con domicilio social en Londres, representada por K.P.E. Lasok
                                                                            I n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a d e l a r t ı́ c u l o  63,
QC y P. Lomas, Solicitor, contra la sentencia dictada el 7 de
                                                                            apartado 1, del Tratado CECA
febrero de 2001 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-89/98,
entre National Association of Licensed Opencast Operators
(NALOO) y Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada                    PowerGen señala que el Tribunal de Primera Instancia incurrió
por British Coal Corporation, International Power plc (anterior-            en un error:
mente National Power plc) y PowerGen (UK) plc (anterior-
mente PowerGen plc).                                                        —      Al considerar que la cuestión de la facultad de la
                                                                                Comisión para adoptar medidas legales distintas de las
                                                                                recomendaciones era irrelevante.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
a)    Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el            —      Al llegar a la conclusión de que la Comisión estaba
      asunto T-89/98, NALOO contra Comisión, en la medida                         facultada para investigar la denuncia suplementaria, sin
      en que se refiere a la aplicación del artı́culo 63, apartado 1,             tener en cuenta si podı́a derivarse de dicha investigación
      del Tratado CECA.                                                            la adopción de medidas legales.
b)    En consecuencia, desestime el recurso de anulación de la             —      Al presuponer que es posible que la Comisión esté
      Decisión de la Comisión de fecha 27 de abril de 1998 en                    facultada para adoptar una decisión o realizar una
      el asunto IV/E-3/NALOO, interpuesto por NALOO.                               «comprobación» no contenida en ninguna recomenda-
                                                                                ción, que puede generar un derecho a solicitar una
c)    Condene a la Comisión y a NALOO al pago de las costas                       indemnización de daños y perjuicios por la supuesta
      de PowerGen.                                                                 discriminación sistemática producida en el pasado; el
                                                                                artı́culo 63, apartado 1, no confiere tal facultad.
Motivos y principales alegaciones
                                                                            S e g u r i d a d j u r ı́ d i c a
E l « c a r á c t e r u n i t a r i o » d e l a s d e n u n c i a s d e
NALOO                                                                       La parte recurrente invoca los siguientes motivos en apoyo de
                                                                            su alegación de que el Tribunal de Primera Instancia incurrió
                                                                            en un error:
El Tribunal de Primera Instancia consideró que «las infracciones
alegadas por NALOO correspondientes a los ejercicios
1986/1987 a 1989/1990» habı́an sido objeto de «una sola y                   —      El Tribunal de Primera Instancia parece haber interpretado
misma denuncia» de la que conoció la Comisión en 1990, y                         el principio de seguridad jurı́dica en el sentido de que
que la denuncia suplementaria «constituye únicamente una                          surte efectos únicamente respecto a las relaciones entre la
ampliación de la de 1990». La parte recurrente señala que el                     Comisión y NALOO.
Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho,
dado que:                                                                   —      El hecho de que la denuncia original se referı́a al perı́odo
                                                                                anterior al 1 de abril de 1990 refuerza, en lugar de
a)    La denuncia suplementaria y la denuncia de 1990 no                           debilitarlo, el argumento de que la Decisión de 1998
      constituyeron «una sola y única denuncia».                                  estaba justificada por razones de seguridad jurı́dica.
 ---pagebreak--- 14.7.2001                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 200/45
—     La indicación de que NALOO podı́a completar su denun-               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      cia de 1990 porque no podı́a haber impugnado la                      lución del Consiglio di Stato de fecha 13 de febrero de
      Decisión de mayo de 1991 es incorrecta e, incluso en el             2001, en el asunto entre Impresa Binda & C. s.p.a. y
      supuesto de que NALOO pudiese actuar de tal modo, lo                        Comune di Torino, apoyada por ED. ART. S.r.l.
      que no podı́a NALOO es esperar tres años para presentar
      la denuncia suplementaria.
                                                                                (Asunto C-179/01)
—     La afirmación del Tribunal de Primera Instancia de que la
      Decisión de 1998 no era meramente confirmatoria de                                            (2001/C 200/81)
      una decisión que ya habı́a sido adoptada, es errónea y
      equı́voca por lo que se refiere al aspecto del artı́culo 63,
                                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      apartado 1, relacionado con la denuncia suplementaria.
                                                                           sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                           resolución del Consiglio di Stato, dictada el 13 de febrero de
—     El hecho de que la Comisión y NALOO hayan considerado
                                                                           2001, en el asunto entre Impresa Binda & C. s.p.a. y Comune
      concluida la situación anterior al 1 de abril de 1990               di Torino, apoyada por ED. ART. S.r.l., y recibida en la
      basándose en la existencia de un error respecto a la
                                                                           Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 24 de abril de 2001. El
      jurisdicción de los tribunales nacionales es irrelevante.
                                                                           Consiglio di Stato solicita al Tribunal de Justicia que se
                                                                           pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
—     La pretensión de NALOO y la aparente aceptación de ésta
      por parte del Tribunal de Primera Instancia, conculcan
                                                                           1)    ¿Es contrario al artı́culo 30, apartado 4, de la Directiva
      palmariamente los principios de seguridad jurı́dica y de
                                                                                93/37 (1) establecer, en un anuncio de licitación de obras
      irretroactividad, porque su argumentación consiste en
                                                                                públicas, cláusulas que impidan la participación de las
      que el comportamiento que en el momento en que se
                                                                                empresas que no adjunten a sus ofertas justificaciones del
      produjo no vulneró ninguna prohibición legal o derecho
                                                                                precio indicado, que equivalgan como mı́nimo al 75 %
      que pudiera ser invocado a la sazón ante un tribunal
                                                                                del valor exigido como base de la subasta?
      nacional por los miembros de NALOO, puede en cual-
      quier fecha futura (y con posterioridad a aquélla en que
      haya cesado el comportamiento) generar un derecho a                  2)    ¿Es contrario al artı́culo 30, apartado 4, de la Directiva
      indemnización de daños y perjuicios a favor de los                       93/37 establecer un mecanismo de determinación auto-
      miembros de NALOO.                                                         mática del umbral de las ofertas anómalas que deben
                                                                                someterse a un procedimiento de verificación de su
                                                                                conformidad, basado en un criterio casuı́stico y en una
                                                                                media aritmética que no permite a los empresarios
L a o b l i g a c i ó n d e l a C o m i s i ó n d e t r a m i t a r l a        conocer previamente dicho umbral?
denuncia de NALOO
                                                                           3)    ¿Es contrario al artı́culo 30, apartado 4, de la Directiva
Dado que la denuncia suplementaria de NALOO no solicitó,                        93/37 establecer un procedimiento contradictorio antici-
ni iba dirigida a solicitar, la adopción de una recomendación                  pado, sin que la empresa a la que se atribuye la
con arreglo al artı́culo 63, apartado 1, la Comisión no está                   presentación de una oferta anómala tenga la posibilidad
obligada a investigar este extremo y el Tribunal de Primera                      de alegar sus motivos con posterioridad a la apertura de
Instancia incurrió en un error al no considerarlo ası́.                         las plicas y antes de la adopción de la resolución de
                                                                                exclusión?
                                                                           4)    ¿Se opone al artı́culo 30, apartado 4, de la Directiva 93/37
El motivo basado en que se ignoraron las                                         una disposición que establece que la Administración
pruebas disponibles                                                              adjudicadora podrá tener en cuenta justificaciones relati-
                                                                                vas exclusivamente a la economı́a del procedimiento de
En la Decisión de 1998 se recogı́an los motivos en que se                       construcción, las soluciones técnicas adoptadas o las
basaba el aspecto del artı́culo 63, apartado 1, relacionado con                  condiciones excepcionalmente favorables de que disfruta
aquélla. Dichos motivos no hacı́an referencia a los hechos o a                   el licitador?
las pruebas porque no eran relevantes para la fundamentación
de la Decisión de la Comisión. Una decisión no puede ser                5)    ¿Se opone al artı́culo 30, apartado 4, de la Directiva 93/37
anulada basándose en que no exponı́a los motivos en que no                      la exigencia de justificaciones basadas necesariamente
estaba basada, de lo que se desprende que el Tribunal de                         en elementos cuyos valores mı́nimos se establecen en
Primera Instancia incurrió en un error al considerar que la                     disposiciones administrativas o pueden obtenerse en
Decisión de 1998 adolecı́a de falta de motivación.                             boletines oficiales?
(1) DO C 234, de 25.07.98, p. 36.                                          (1) Directiva del Consejo de 14 de junio de 1993 (DO L 199, de
(2) Rec. 1996, p. II-705.                                                      9.8.1993, p. 54).


title: Asunto C-572/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de noviembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL [Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Derecho exclusivo de reproducción — Excepciones y limitaciones — Artículo 5, apartado 2, letras a) y b) — Excepción de reprografía — Excepción de copia privada — Exigencia de coherencia en la aplicación de las excepciones — Concepto de «compensación equitativa» — Percepción de una remuneración en concepto de compensación equitativa aplicable a las impresoras multifunción — Remuneración proporcional — Remuneración a tanto alzado — Acumulación de remuneraciones a tanto alzado y proporcional — Modo de cálculo — Beneficiarios de la compensación equitativa — Autores y editores — Partituras]

text:
               18.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 16/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de noviembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL
   (Asunto C-572/13) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Propiedad intelectual - Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor - Directiva 2001/29/CE - Derecho exclusivo de reproducción - Excepciones y limitaciones - Artículo 5, apartado 2, letras a) y b) - Excepción de reprografía - Excepción de copia privada - Exigencia de coherencia en la aplicación de las excepciones - Concepto de «compensación equitativa» - Percepción de una remuneración en concepto de compensación equitativa aplicable a las impresoras multifunción - Remuneración proporcional - Remuneración a tanto alzado - Acumulación de remuneraciones a tanto alzado y proporcional - Modo de cálculo - Beneficiarios de la compensación equitativa - Autores y editores - Partituras])
   (2016/C 016/03)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour d’appel de Bruxelles

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Hewlett-Packard Belgium SPRL

      Demandada: Reprobel SCRL

      en el que participa: Epson Europe BV

      Fallo

               1)

               El artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y el artículo 5, apartado 2, letra b), de ésta deben interpretarse en el sentido de que, en lo que se refiere a la expresión «compensación equitativa» que figura en ellos, procede establecer una diferencia en función de si la reproducción efectuada sobre papel u otro soporte similar mediante una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares la realiza cualquier usuario o la realiza una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales.

               2)

               El artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 y el artículo 5, apartado 2, letra b), de ésta se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que autoriza al Estado miembro a atribuir una parte de la compensación equitativa que corresponde a los titulares de derechos a los editores de las obras creadas por los autores, sin que estos editores estén en ningún modo obligados a hacer partícipes, siquiera indirectamente, a los autores de la parte de la compensación de la que éstos se ven privados.

               3)

               El artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 y el artículo 5, apartado 2, letra b), de ésta se oponen, en principio, a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece un sistema indiferenciado de percepción de la compensación equitativa que cubre también las reproducciones de partituras y en el sentido de que se oponen a una normativa de tal tipo que establece un sistema indiferenciado de percepción de la compensación equitativa que cubre también las reproducciones fraudulentas realizadas a partir de fuentes ilícitas.

               4)

               El artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 y el artículo 5, apartado 2, letra b), de ésta se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece un sistema que combina, para la financiación de la compensación equitativa correspondiente a los titulares de derechos, dos formas de remuneración, a saber, por una parte, una remuneración a tanto alzado, pagada con anterioridad a la operación de reproducción por el fabricante, importador o adquirente intracomunitario de aparatos que permiten la reproducción de obras protegidas, en el momento de la comercialización de estos aparatos en el territorio nacional y, por otra parte, una remuneración proporcional pagada con posterioridad a esta operación de reproducción, determinada únicamente por un precio unitario multiplicado por el número de reproducciones realizadas, a cargo de las personas físicas o jurídicas que realicen estas reproducciones, siempre que:

                           —

                           la remuneración a tanto alzado pagada con anterioridad esté calculada únicamente en función de la velocidad con la que el aparato de que se trate pueda realizar las reproducciones;

                           —

                           la remuneración proporcional percibida con posterioridad varíe en función de que el deudor haya cooperado o no en la percepción de esta remuneración;

                           —

                           el sistema combinado en su conjunto no esté provisto de mecanismos, en particular de mecanismos de devolución, que permitan la aplicación complementaria de los criterios del perjuicio efectivo y del perjuicio fijado a tanto alzado con respecto a las diferentes categorías de usuarios.

      (1)  DO C 24, de 25.1.2014.


title: Asunto C-43/12: Recurso interpuesto el 30 de enero de 2012 — Comisión Europea/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea

text:
               31.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 98/18

         Recurso interpuesto el 30 de enero de 2012 — Comisión Europea/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-43/12)
   2012/C 98/30
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: T. van Rijn y R. Troosters, agentes)

      Demandadas: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Directiva 2011/82/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial. (1)

               —

               Que se declare que los efectos de la Directiva 2011/82/UE se consideran definitivos.

               —

               Que se condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante la presente demanda se interpone recurso de anulación contra la Directiva 2011/82/UE. La Comisión impugna la base jurídica elegida. Alega que el artículo 87 TFUE, apartado 2, no es la base jurídica adecuada, ya que la Directiva tiene por objeto instaurar un mecanismo de intercambio de información entre Estados miembros relativo a infracciones viales, con independencia de su carácter administrativo o penal. Sin embargo, el artículo 87 se refiere únicamente a la cooperación policial entre los servicios competentes en los ámbitos de la prevención o de la detección de las infracciones penales y de las investigaciones en la materia. A juicio de la Comisión, la base jurídica correcta es el artículo 91 TFUE, apartado 1. En efecto, el objetivo de la Directiva es mejorar la seguridad vial, que es uno de los ámbitos de la política común de transporte, como se indica expresamente en esta disposición [letra c)].

      (1)  DO L 288, p. 1.


title: Asunto C-562/10: Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República Federal de Alemania

text:
               26.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/19

         Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República Federal de Alemania
   (Asunto C-562/10)
   2011/C 63/37
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: F.W. Bulst e I. Rogalski, agentes)

      Demandada: República Federal de Alemania

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 TFUE

                           1)

                           al reconocer un derecho a percibir la asignación por dependencia sólo durante un máximo de seis semanas, conforme al tenor literal del artículo 34, apartado 1, número 1, del Libro XI del Sozialgesetzbuch (Código alemán de seguridad social), en caso de estancia temporal de la persona dependiente en otro Estado miembro;

                           2)

                           al no prever, en relación con los servicios de asistencia a personas dependientes recibidos en caso de estancia temporal de la persona dependiente en otro Estado miembro y prestados por un proveedor de servicios establecido en otro país de la Unión Europea, un reembolso por importe de las prestaciones en especie por dependencia reconocidas en Alemania, o excluirlo a través del artículo 34, apartado 1, número 1, del Libro XI del Sozialgesetzbuch;

                           3)

                           al no reembolsar, en caso de estancia temporal de la persona dependiente en otro Estado miembro, los gastos ocasionados por el alquiler de equipamiento asistencial y material ortopédico o excluir el reembolso a través del artículo 34, apartado 1, número 1 del Libro XI del Sozialgesetzbuch, aunque en Alemania dichos gastos se reembolsen o se ponga a disposición de la persona dependiente el equipamiento asistencial y material ortopédico y el reembolso no suponga una duplicación ni otro tipo de incremento de las prestaciones reconocidas en Alemania.

               —

               Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso versa sobre la normativa alemana en materia de seguro de dependencia, según el cual las personas dependientes que reciben en Alemania prestaciones del seguro público (social) de dependencia, no tienen derecho en la misma medida a dichas prestaciones cuando se desplazan temporalmente a otro Estado miembro y reciben allí (o desean recibir) servicios de asistencia o la asignación por dependencia. Las disposiciones controvertidas en materia de prestaciones en especie por dependencia, asignación por dependencia y equipamiento asistencial y material ortopédico prevén, en caso de estancia temporal en otro Estado miembro, prestaciones claramente inferiores a las que se reconocen en caso de asistencia por dependencia en Alemania.
   A juicio de la Comisión, la normativa controvertida no es compatible con el artículo 56 TFUE porque dificulta de manera considerable la utilización de servicios de asistencia por dependencia en otros Estados miembros y esto no es necesario o no se justifica por razones imperiosas de interés general. Los servicios de asistencia por dependencia, igual que el alquiler de equipamiento asistencial y material ortopédico, son prestaciones que se realizan a título oneroso, y suponen en esta medida un servicio, en el sentido del artículo 56 TFUE. Por tanto, están comprendidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre la libre prestación de servicios. En su jurisprudencia en materia de reembolso de gastos derivados de tratamientos médicos, el Tribunal de Justicia ha insistido en que los Estados miembros, en el ejercicio de su competencia para organizar sus sistemas de seguridad social, deben respetar el Derecho comunitario. Por tanto, el hecho de que una norma pertenezca al ámbito de la seguridad social no excluye la aplicación del artículo 56 TFUE.
   Respecto a la normativa en materia de asignación por dependencia, existe una restricción (discriminatoria) por el hecho de que, cuando el asegurado se halla en el extranjero, tiene derecho a percibir la asignación por dependencia sólo durante un máximo de seis semanas. De ese modo se dificulta que, transcurrido ese plazo, las personas dependientes utilicen en el extranjero servicios de asistencia.
   Respecto a la normativa en materia de prestaciones en especie por dependencia, existe una restricción (discriminatoria) por el hecho de que no se establece o se excluye el reembolso por las prestaciones en especie por dependencia recibidas en caso de estancia temporal de la persona dependiente en otro Estado miembro y proporcionadas por un prestador de servicios establecido en otro país de la Unión Europea. No conduce a una apreciación diferente el hecho, alegado por el Gobierno federal, de que en el interior del país tampoco se asuman los gastos derivados de prestaciones en especie por dependencia proporcionadas por instituciones con las que el organismo del seguro de dependencia no ha suscrito ningún concierto para la prestación de asistencia, porque en Alemania hay muchos proveedores que han suscrito conciertos con este objeto. Por el contrario, en otros Estados miembros no hay ninguno, según la información de que dispone la Comisión. En este sentido, para los asegurados (o las personas dependientes) resulta en principio imposible recibir prestaciones en especie conforme al seguro social de dependencia en otros Estados miembros, mientras que en Alemania sí que pueden (aunque no de todos los proveedores).
   Por último, respecto a la normativa en materia de cuidados con equipamiento asistencial y material ortopédico, existe una restricción (discriminatoria) por el hecho de que los gastos de alquiler (y uso) de dicho equipamiento y material en otros Estados miembros no se reembolsan ni siquiera cuando sí que se asumirían en caso de asistencia en Alemania.
   Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la libre prestación de servicios garantizada en el artículo 56 TFUE no sólo exige la eliminación de cualquier discriminación del prestador de servicios por razón de su nacionalidad, sino también la supresión de toda restricción –incluso en los casos en que se aplica indistintamente a los proveedores nacionales y a los de otros Estados miembros– cuando pueda prohibir o entorpecer las actividades del proveedor establecido en otro Estado miembro en el que presta legalmente servicios análogos.
   Las causas de justificación invocadas por el Gobierno federal –protección de la salud pública y del equilibrio financiero del seguro de dependencia– no son adecuadas para justificar la restricción de la libre prestación de servicios de que se trata.
   Por una parte, las disposiciones restrictivas van más allá de lo necesario para proteger la calidad de los servicios controvertidos o la salud. Así, el reembolso de los gastos generados en otro Estado se excluye con carácter general y con independencia de cualquier examen de calidad. De este modo, no se concede el reembolso ni siquiera cuando se asegura una calidad suficiente de las prestaciones por dependencia y se excluye que haya riesgo para la salud de la persona dependiente.
   Por otra, la normativa alemana, que excluye el reembolso de los gastos generados en el extranjero y que está en todo caso claramente por debajo de lo que se financiaría en Alemania, no es necesaria para evitar un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social. Al fin y al cabo, los gastos que se generan al recibir una prestación por dependencia en el extranjero sólo deberían reembolsarse –para evitar una restricción de la libre prestación de servicios– en la cuantía que se devolvería también en Alemania.


title: Rectificación de la comunicación en el Diario Oficial de los asuntos acumulados T-130/05, T-160/05 y T–183/05  DO C 22 de 28.1.2006, p. 26 )

text:
               25.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 48/47

         Rectificación de la comunicación en el Diario Oficial de los asuntos acumulados T-130/05, T-160/05 y T–183/05

            («Diario Oficial de la Unión Europea» C 22 de 28 de enero de 2006, p. 26
         )

   (2006/C 48/86)
   La comunicación al DO en los asuntos acumulados T-130/05, T-160/05 y T-183/05, Albert-Bousquet y otros/Comisión debe leerse como sigue:

         «Auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de noviembre de 2005 — Albert-Bousquet y otros/Comisión
         (Asuntos acumulados T-130/05, T-160/05 y T-183/05) (1)

         (2006/C 22/52)

            Lengua de procedimiento: francés

         El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto T-183/05.

      (1)  DO C 132, de 28.5.2005.»


title: Asunto C-204/02 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de junio de 2002 por Colin Joynson contra la sentencia dictada el 21 de marzo de 2002 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-231/99, promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas apoyada por Bass plc

text:
10.8.2002                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 191/19
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                formulado por Colin Joynson, representado por B. Bedford,
                                                                         Barrister, designado por Ferdinand Kelly, Solicitors, contra la
—     declare que, al mantener en vigor los artı́culos 9.4, 21.3         sentencia dictada el 21 de marzo de 2002 por la Sala Tercera
      y 22.6 del Real Decreto no 2822/1998, en virtud de los             del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
      cuales las motocicletas y los vehı́culos de tres ruedas, los       en el asunto T-231/99, promovido contra la Comisión de las
      ciclomotores, y los ciclos y bicicletas, no podrán arrastrar      Comunidades Europeas apoyada por Bass plc.
      remolque o semirremolque alguno, el Reino de España
      ha incumplido las obligaciones que le incumben con
      arreglo a los artı́culos 18, 28 y 49 CE y al artı́culo 11 del      La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
      Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.                       Comunidades Europeas que:
—     condene en costas al Reino de España.
                                                                         a)   Anule la sentencia recurrida en su integridad, y
                                                                         b)   acoja la pretensión formulada por la recurrente en
                                                                              el procedimiento seguido ante el Tribunal de Primera
Motivos y principales alegaciones
                                                                              Instancia; con carácter subsidiario,
La prohibición total de circular con un vehı́culo de dos o tres         c)   devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia y, en
ruedas que arrastre un remolque constituye, en primer lugar,                  todo caso,
un obstáculo a la importación de este tipo de vehı́culos, de
otros Estados miembros, o de los Estados firmantes del EEE.              d)   imponga a la parte recurrida el pago de las costas de la
Por otra parte, esta prohibición, por aplicarse a las personas               recurrente.
que viajan a España en vehı́culos matriculados en otros Estados
miembros, puede constituir un obstáculo a la libre circulación
de las personas y a la libre prestación de servicios. La Comisión
resalta que no hay ninguna rezón técnica que justifique la
prohibición absoluta adoptada por el Gobierno español, que
recae sobre vehı́culos que ofrecen todas las garantı́as de               Motivos y principales alegaciones
seguridad para su utilización en las vı́as públicas. Por otra
parte, las caracterı́sticas de las carreteras españolas no pueden       La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia
justificar una prohibición total de circulación de vehı́culos de       incurrió en un error jurı́dico:
dos o tres ruedas con remolque, que incluye también una
prohibición de utilización de dichos vehı́culos en áreas urbanas
y en aquellas carreteras (autopistas o autovı́as, por ejemplo)           a)   Al declarar que la Comisión consideró acertadamente, en
cuyas caracterı́sticas impliquen una eliminación de los riesgos              cuanto a si un acuerdo de suministro de cerveza contri-
señalados por las autoridades españolas.                                    buye a mejorar la distribución, únicamente el efecto de la
                                                                              posible discriminación de precios voluntaria por parte de
                                                                              Bass plc y no la baja rentabilidad a la que, según se
                                                                              afirmó, da lugar el propio sistema de contratos de
                                                                              arrendamiento, independientemente de cualquier discri-
                                                                              minación de precios voluntaria.
                                                                         b)   Al declarar que la no especificación de cervezas en la
                                                                              obligación de adquisición por marca o denominación,
Recurso de casación interpuesto el 3 de junio de 2002 por                    que determina la exclusión de un acuerdo de suministro
Colin Joynson contra la sentencia dictada el 21 de marzo                      de cerveza del Reglamento no 1994/83 (2) es, en el
de 2002 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera                           presente asunto, una cuestión meramente técnica que no
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto                            impide que el acuerdo se atenga al espı́ritu de dicho
T-231/99 (1), promovido contra la Comisión de las Comu-                      Reglamento.
           nidades Europeas apoyada por Bass plc
                                                                         c)   Al decidir que un examen de la posibilidad de otorgar
                       (Asunto C-204/02 P)                                    una exención individual a un suministro de cerveza,
                                                                              según el art. 81 CE, apartado 3, puede limitarse a la
                                                                              aplicación del método de análisis que proporciona el
                          (2002/C 191/31)                                     Reglamento no 1984/83.
                                                                         d)   Al declarar que el diferencial de precios y el grupo de
                                                                              referencia empleado para calcular el diferencial pueden
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  limitarse en virtud del artı́culo 14, letra c), número 2, del
presentado el 3 de junio de 2002 un recurso de casación                      Reglamento no 1984/83.
 ---pagebreak--- C 191/20                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        10.8.2002
e)    Al apoyar a la Comisión en su utilización del método                    a)    en un procedimiento de reconocimiento de una
      relativo al volumen de negocios para valorar el subsidio                        nueva organización o asociación de crı́a seguido ante
      del alquiler.                                                                   las autoridades competentes, únicamente otorga a
                                                                                una organización o asociación existente, un derecho
f)    Al decidir que las ventajas extracontractuales que, según                      de audiencia, pero no el derecho a que se deniegue
      lo afirmado, proporcionaba Bass plc podı́an compensar                           el reconocimiento de la nueva organización o asocia-
      los diferenciales de precios.                                                   ción por poner en peligro la conservación de la raza
                                                                                o comprometer el funcionamiento o el programa de
                                                                                mejora o selección de una organización o asociación
(1) DO C 6, de 8.1.2000, p. 29.                                                       existente, y
(2) Reglamento (CEE) no 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de
    1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artı́culo 85             b)    no reconoce a la organización o asociación existente
    del Tratado a determinadas categorı́as de acuerdos de compra                      el derecho a recurrir ante los órganos jurisdiccionales
    exclusiva; DO L 173 de 30.6.1983, p. 5; EE 08/02, p. 114.
                                                                                (ante el Verwaltungsgerichtshof) contra el reconoci-
                                                                                miento otorgado por las autoridades administrativas
                                                                                a pesar de la oposición de dicha organización o
                                                                                asociación?
                                                                          (1) DO L 192, p. 63.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Verwaltungsgerichtshof, de fecha 23 de mayo
de 2002, en el asunto iniciado mediante recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por Österreichischer
Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen,
parte coadyuvante: Österreichischer Shetlandponyzucht-
                              verband
                                                                          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                          lución del Conseil d’État (Bélgica), de fecha 28 de mayo
                        (Asunto C-216/02)                                 de 2002, en el asunto entre Michel Tillieut, Association
                                                                          des habitants de Louvain-La-Neuve, Willy Gregoire y
                          (2002/C 191/32)                                 Association L’Épine Blanche y Région wallonne — Parte
                                                                          coadyuvante: Propreté Assainissement, Gestion de l’Envi-
                                                                                ronnement SA, («PAGE»)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                                         (Asunto C-217/02)
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Verwaltungsgerichtshof, dictada el 23 de mayo
de 2002, en el asunto iniciado mediante recurso contencioso-                                       (2002/C 191/33)
administrativo interpuesto por Österreichischer Zuchtverband
für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen, parte coadyuvante:
Österreichischer Shetlandponyzuchtverband, y recibida en la
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 12 de junio de 2002. El           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Verwaltungsgerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se            sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                resolución del Conseil d’État (Bélgica), dictada el 28 de mayo
                                                                          de 2002, en el asunto entre Michel Tillieut, Association des
1)    El artı́culo 2, apartado 2, letra a), de la Decisión 92/353/       habitants de Louvain-La-Neuve, Willy Gregoire y Association
      CEE (1) de la Comisión, de 11 de junio de 1992, por la             L’Épine Blanche y Région wallonne — Parte coadyuvante:
      que se establecen los criterios para la autorización o el          Propreté, Assainissement, Gestion de l’Environnement SA,
      reconocimiento de las organizaciones y asociaciones                 («PAGE»), y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el
      que lleven o creen libros genealógicos para équidos                13 de junio de 2002. El Conseil d’État (Bélgica) solicita al
      registrados, ¿otorga a una organización o asociación              Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
      existente el derecho a que las autoridades competentes              cuestiones:
      denieguen el reconocimiento a una nueva organización o
      asociación de crı́a cuando el reconocimiento de la nueva           1.    ¿Significa la obligación impuesta a los Estados miembros
      organización o asociación puede poner en peligro la                     por el artı́culo 7 de la Directiva 75/442/CEE, de 15 de
      conservación de la raza o comprometer el funciona-                       julio de 1975, relativa a los residuos (1), en su versión
      miento o el programa de mejora o selección de una                        modificada por la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo
      organización o asociación existente?                                    de 1991 (2), de establecer uno o varios planes de gestión
                                                                                de residuos relativos en particular a «los lugares o
2)    El artı́culo 2, apartado 2, letra a), de la Decisión de la               instalaciones apropiados para la eliminación» que los
      Comisión citada en la primera cuestión, ¿se opone a la                  Estados destinatarios de la Directiva están obligados a
      aplicación de una disposición nacional que:                             señalar en un mapa geográfico los emplazamientos


title: Asuntos acumulados C-404/12 P y C-405/12 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015 — Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea/Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe [Recurso de casación — Reglamento (CE) no 149/2008 — Reglamento que estipula límites máximos de residuos para los plaguicidas — Solicitud de revisión interna de este Reglamento, presentada con arreglo al Reglamento (CE) no 1367/2006 — Decisión de la Comisión por la que se declara la inadmisibilidad de las solicitudes — Medida de alcance individual — Convenio de Aarhus — Validez del Reglamento (CE) no 1367/2006 en relación con este Convenio]

text:
               2.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 73/3

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015 — Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea/Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe
      (Asuntos acumulados C-404/12 P y C-405/12 P) (1)

      (Recurso de casación - Reglamento (CE) no 149/2008 - Reglamento que estipula límites máximos de residuos para los plaguicidas - Solicitud de revisión interna de este Reglamento, presentada con arreglo al Reglamento (CE) no 1367/2006 - Decisión de la Comisión por la que se declara la inadmisibilidad de las solicitudes - Medida de alcance individual - Convenio de Aarhus - Validez del Reglamento (CE) no 1367/2006 en relación con este Convenio)
      (2015/C 073/03)
      Lengua de procedimiento: neerlandés

         Partes

         Recurrentes: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Moore y K. Michoel, agentes), Comisión Europea (representantes: J.-P. Keppenne, P. Oliver y S. Boelaert, agentes

         Otras partes en el procedimiento: Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe (representante: A. van den Biesen, advocaat)

         Parte coadyuvante en apoyo de las partes recurrentes: República Checa (representante: D. Hadrousek, agente)

         Fallo

                  1)

                  Desestimar la adhesión a la casación.

                  2)

                  Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe/Comisión (T-338/08, EU:T:2012:300).

                  3)

                  Desestimar el recurso de anulación interpuesto por Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe ante el Tribunal General de la Unión Europea.

                  4)

                  Condenar solidariamente a Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe a cargar con las costas del Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tanto en el procedimiento en primera instancia como en los procedimientos de casación.

                  5)

                  La República Checa cargará con sus propias costas.

         (1)  DO C 9, de 12.1.2013.


title: Recurso interpuesto el 5 de febrero de 1999 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-32/99)

text:
27.3.1999             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 86/13
Motivos y principales alegaciones                                      no haber adoptado, dentro del plazo senÄalado, las
                                                                       disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
                                                                       necesarias para dar cumplimiento a la Directiva
La Comisión afirma que, seguÂn la información de que dis-              96/28/CE de la Comisión, de 10 de mayo de 1996,
pone, Irlanda continuÂa infringiendo el artículo 30 del                relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Tratado CE:                                                            Estados miembros sobre los abonos, o al no haberlas
                                                                       comunicado a la Comisión (1).
Ð al no adoptar disposiciones que modifiquen las normas
    actuales sobre leyes para reconocer las leyes incluidas       Ð Condene en costas a la RepuÂblica Francesa.
    en la Directiva propuesta para la armonización de las
    disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
    de los Estados miembros relativas a los artículos fabri-      Motivos y principales alegaciones
    cados con metales preciosos;
Ð al no adoptar la modificación propuesta al artículo 9           Los motivos y principales alegaciones son anaÂlogos a los
    de la Hallmarking Act 1981 (Ley sobre contrastes de           invocados en el asunto C-26/99 (2); el plazo senÄalado por
    1981) para aceptar artículos marcados con el contraste        la Directiva expiró el 31 de mayo de 1997.
    de identificación de origen de otro Estado miembro
    cuando la legislación de ese Estado miembro autoriza          (1) Directiva por la que se adapta al progreso teÂcnico la Directiva
    la comercialización de ese artículo y con la prueba               76/116/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las
    suministrada por el Estado miembro de que el con-                 legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos (DO
    traste de identificación de origen estaÂ, en efecto, regis-       L 140 de 13.6.1996, p. 30).
    trado en ese Estado miembro;                                  (2) VeÂase paÂgina 11 del presente Diario Oficial.
Ð al no modificar el artículo 2 de la Hallmarking Act
    1981 para permitir el reconocimiento de contrastes
    marcados en otros Estados miembros, y
                                                                  Recurso interpuesto el 5 de febrero de 1999 contra el
Ð al mantener diferencias entre los contrastes aprobados          Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
    marcados en artículos manufacturados en Irlanda y los                               Comunidades Europeas
    contrastes del mismo tipo marcados en artículos
    importados.                                                                            (Asunto C-32/99)
                                                                                (1999/C 86/26)
                                                                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                  ha presentado el 5 de febrero de 1999 un recurso contra el
Recurso interpuesto el 5 de febrero de 1999 contra la             Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión
RepuÂblica Francesa por la Comisión de las Comunidades            de las Comunidades Europeas, representada por los Sres.
                           Europeas                               Richard B. Wainwright, Consejero Jurídico principal, y
                                                                  Olivier Couvert-CasteÂra, funcionario nacional adscrito al
                      (Asunto C-31/99)                            Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como
                       (1999/C 86/25)                             domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
                                                                  Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 5 de febrero de 1999 un recurso contra la        La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al
RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión de las              Tribunal de Justicia que:
Comunidades Europeas, representada por los Sres.
Richard B. Wainwright, Consejero Jurídico principal, y
Olivier Couvert-CasteÂra, funcionario nacional adscrito al        Ð Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha
Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como             incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos                     del Tratado, al no haber adoptado, dentro del plazo
Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.                            senÄalado, las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                       administrativas necesarias para dar cumplimiento a la
                                                                       Directiva 96/28/CE de la Comisión, de 10 de mayo de
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al                    1996, relativa a la aproximación de las legislaciones
Tribunal de Justicia que:                                              de los Estados miembros sobre los abonos (1), o al no
                                                                       haberlas comunicado a la Comisión.
Ð Declare que la RepuÂblica Francesa ha incumplido las
    obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al        Ð Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
 ---pagebreak--- C 86/14                  ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     27.3.1999
Motivos y principales alegaciones                                                  aviación civil internacional (4), volumen 1, segunda
                                                                                parte, capítulo 2, segunda edición (1988);
Los motivos y principales alegaciones son anaÂlogos a los
invocados en el asunto C-26/99 (2); el plazo senÄalado por                    por no adoptar las disposiciones legales, reglamenta-
la Directiva expiró el 31 de mayo de 1997.                                    rias y administrativas necesarias para atenerse a dichas
                                                                              Directivas, en relación con el territorio de Gibraltar, o
(1) Directiva por la que se adapta al progreso teÂcnico la Directiva          en cualquier caso no haberlo comunicado a la Comi-
    76/116/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las                  sión.
    legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos (DO
    L 140 de 13.6.1996, p. 30.                                          Ð Condene en costas al Reino Unido de Gran BretanÄa e
(2) VeÂase paÂgina 11 del presente Diario Oficial.                            Irlanda del Norte.
                                                                        Motivos y principales alegaciones
                                                                        El artículo 189 del Tratado CE, seguÂn el cual la Directiva
                                                                        obligaraÂ al Estado destinatario en cuanto al resultado que
                                                                        deba conseguirse, implica la obligación de los Estados
Recurso interpuesto el 10 de febrero de 1999 contra el                  miembros de respetar el plazo indicado en la Directiva
Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte por la                 para su incorporación al Derecho interno. Dicho período
            Comisión de las Comunidades Europeas                        expiró no maÂs tarde del 1 de julio de 1992 sin que el
                          (Asunto C-39/99)                              Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte hubiera
                                                                        adoptado las disposiciones necesarias para atenerse a la
                           (1999/C 86/27)                               Directiva mencionada en las conclusiones de la Comisión.
                                                                        (1 ) DO   L 18 de 24.1.1980, p. 26; EE 07/02, p. 206.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                        (2 ) DO   L 117 de 4.5.1983, p. 15; EE 07/03, p. 162.
ha presentado el 10 de febrero de 1999 un recurso contra                (3 ) DO   L 363 de 13.12.1989, p. 27.
el Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda del Norte for-                (4 ) DO   L 76 de 23.3.1992, p. 21.
mulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por el Sr. Richard Wainwright, Consejero
Jurídico principal, en calidad de Agente, que designa como
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos
Gómez de la Cruz, Centre Wagner.
                                                                                Archivo del asunto C-321/98 (1)
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-                                          (1999/C 86/28)
bunal de Justicia que:
                                                                        Mediante auto de 12 de enero de 1999, el Presidente del
Ð Declare que el Reino Unido de Gran BretanÄa e Irlanda                 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
     del Norte ha incumplido las obligaciones que le                    dido archivar el asunto C-321/98: Comisión de las Comu-
     incumben en virtud de:                                             nidades Europeas contra RepuÂblica Francesa.
     Ð la Directiva 80/51/CEE del Consejo, de 20 de                     (1) DO C 299 de 26.9.1998.
          diciembre de 1979, relativa a la limitación de las
          emisiones sonoras de las aeronaves subsónicas (1);
     Ð la Directiva 83/206/CEE del Consejo, de 21 de
          abril de 1983, por la que se modifica la Directiva
          80/51/CEE relativa a la limitación de las emisiones                              Archivo del asunto C-4/98 (1)
          sonoras de las aeronaves subsónicas (2);
                                                                                (1999/C 86/29)
     Ð la Directiva 89/629/CEE del Consejo, de 4 de
          diciembre de 1989, relativa a la limitación de emi-           Mediante auto de 14 de enero de 1999, el Presidente del
          siones sonoras de los aviones de reacción subsóni-            Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
          cos civiles (3);                                              dido archivar el asunto C-4/98 (petición de decisión preju-
                                                                        dicial del Sù- og Handelsretten): Calvin Klein Trademark
     Ð la Directiva 92/14/CEE del Consejo, de 2 de marzo                Trust contra Cowboyland Aalborg A/S y otros.
          de 1992, relativa a la limitación del uso de aviones
          objeto del Anexo 16 del Convenio relativo a la                (1) DO C 72 de 7.3.1998.


title: Asunto C-242/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Amsterdam — Países Bajos) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest (Política social — Transmisiones de empresas — Directiva 2001/23/CE — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Grupo de sociedades en el que los trabajadores están empleados por una sociedad empresaria y destinados con carácter permanente a una sociedad de explotación — Transmisión de una sociedad de explotación)

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Amsterdam — Países Bajos) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest
   (Asunto C-242/09) (1)

   (Política social - Transmisiones de empresas - Directiva 2001/23/CE - Mantenimiento de los derechos de los trabajadores - Grupo de sociedades en el que los trabajadores están empleados por una sociedad «empresaria» y destinados con carácter permanente a una sociedad «de explotación» - Transmisión de una sociedad de explotación)
   2010/C 346/25
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Gerechtshof te Amsterdam

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Albron Catering BV

      Demandada: FNV Bondgenoten, John Roest

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82, p. 16) — Sociedad que reagrupa a todo el personal de un grupo de sociedades y lo pone a disposición de las sociedades de explotación de éste a medida de sus necesidades — Transferencia de la actividad de una sociedad de explotación fuera del grupo — Calificación

      Fallo

   En el supuesto de transmisión, en el sentido de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, de una empresa perteneciente a un grupo, a una empresa ajena al grupo, puede considerarse igualmente «cedente», en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, la empresa del grupo a la que los trabajadores estaban destinados de manera permanente sin que, sin embargo, estuvieran vinculados a ésta mediante un contrato de trabajo, aunque exista dentro de dicho grupo una empresa con la que los trabajadores de que se trate estaban vinculados mediante tal contrato de trabajo.

      (1)  DO C 220, de 12.9.2009, p. 21.


title: Asunto T-14/07: Recurso interpuesto el 15 de enero de 2007 — República Federal de Alemania/Comisión

text:
               24.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/20

         Recurso interpuesto el 15 de enero de 2007 — República Federal de Alemania/Comisión
   (Asunto T-14/07)
   (2007/C 69/46)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Demandante: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma y C. Schulze-Bahr, asistidos por C. von Donat, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión C(2006) 5163 final de la Comisión, de 3 de noviembre de 2006, por la que se reduce la ayuda financiera del FEDER concedida mediante Decisión no C(95) 1427 de la Comisión de 11 de julio de 1995 para el programa operativo de Renania del Norte-Westfalia en el ámbito de la iniciativa comunitaria PYME (FEDER no 94.02.10.029) en la medida en que la reducción supera el importe no utilizado de la ayuda del FEDER.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante la Decisión impugnada, la Comisión redujo la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al programa operativo de Renania del Norte-Westfalia en el ámbito de la iniciativa comunitaria PYME.
   Para fundamentar su recurso la demandante alega, que la Decisión impugnada vulnera la decisión de autorización C(95) 1427 de la Comisión, de 11 de julio de 1995.
   Además, invoca la infracción del artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88 (1), puesto que, en su opinión, no concurren los requisitos para una reducción. En particular, sostiene al respecto que las desviaciones del plan de financiación indicativo no constituyen ninguna modificación importante del programa.
   Para el caso de que se produjese una modificación importante del programa, la demandante invoca que la Comisión dio su consentimiento previo para una aplicación flexible del plan de financiación indicativo en sus «Orientaciones para el cierre financiero de las medidas operacionales (1994-999) de los Fondos Estructurales »[SEC(1999) 1316].
   Suponiendo que se reuniesen los requisitos de una reducción, la demandante critica que la demandada no haya hecho uso de la facultad de apreciación de que dispone respecto al programa concreto de que se trata. A juicio de la demandante, la Comisión debió ponderar, si una reducción de la ayuda financiera del FEDER resultaba proporcionada.

      (1)  Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, de 31.12.1988, p. 1).


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Divisional Court, Queen's Bench Division, de fecha 26 de marzo de 1997, en el asunto entre The Queen e Intervention Board for Agricultural Produced, ex parte: First City Trading Ltd y otro (Asunto C-263/97)

text:
C 295/14              LES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    27 . 9 . 97
2 ) Solicita al Tribunal de Justicia una interpretación rela          La Divisional Court, Queen's Bench División, solicita al
    tiva al alcance de la sentencia que dictó el 5 de octubre          Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
     de 1994 en el asunto C-165/91 , Van Munster/Rijks                cuestiones :
     dienst voor Pensioenen , a la luz de las mismas disposi
     ciones del Derecho comunitario :                                  1 ) Los artículos 22 y 33 del Reglamento ( CEE) n° 3665/
                                                                            87 de la Comisión ('), en su versión modificada , ¿ se
     a ) los fundamentos de Derecho de dicha sentencia                      aplican al caso en que mercancías en tránsito para ser
         relativos a la segunda cuestión ( apartados 21 a 31 )              exportadas a países terceros sean reintroducidas en el
         ¿ pueden resumirse en los términos « repercusiones                 Estado miembro de exportación por motivos de fuerza
         perjudiciales imprevistas de la falta de coordina                 mayor o se limitan a aquellos casos en que las mercan
         ción entre los regímenes de Seguridad Social »?;                   cías hayan sido importadas en un país tercero distinto
                                                                            del declarado inicialmente por el exportador a la auto
                                                                            ridad competente ?
     b ) el punto 2 de la parte dispositiva de dicha senten
         cia , a la luz de los apartados 32 a 34 de los funda
         mentos de Derecho de la misma, ¿ debe interpre               2 ) Cuando :
         tarse en el sentido de que, cuando no sea posible                  a ) mediante la Decisión 96/239/CE de la Comi
         una interpretación de la disposición jurídica nacio
                                                                                sión (2 ), de 27 de marzo de 1996 , se prohibe la
         nal aplicable que subsane las repercusiones perjudi                     exportación de carne de vacuno del Reino Unido
         ciales que la aplicación de la misma tiene en un                         hacia países terceros;
         caso concreto para la libre circulación de los traba
         jadores, el órgano jurisdiccional nacional debe                    b ) determinados países terceros también prohiben la
         aplicar íntegramente dicha disposición del Derecho                       importación de carne de vacuno procedente del
         interno, o bien debe abstenerse de aplicarla ?                           Reino Unido;
                                                                            c ) al adoptarse dicha Decisión los exportadores de
3 ) A la luz del punto 2 de la parte dispositiva de la sen
                                                                                carne habían enviado las mercancías a países terce
     tencia de 5 de octubre de 1994 y de la jurisprudencia
                                                                                ros ;
     del Tribunal de Justicia, ¿ es compatible con el Derecho
     comunitario y, más concretamente, con los artículos 5 ,                d ) los mencionados exportadores estuvieron obligados
     48 y 51 del Tratado disponer que el órgano jurisdiccio                      a reexpedir dichas mercancías al Reino Unido;
     nal nacional no puede abstenerse de aplicar disposicio
     nes legales nacionales expresas e imperativas con el fin               e ) con arreglo a los Reglamentos ( CEE ) n()S 565/80 ( 3 )
     de subsanar las repercusiones perjudiciales :                                y 3665/87 de la Comisión, en su versión modifi
                                                                                cada , los exportadores habían recibido pagos anti
     — que la aplicación que las mismas tiene para los tra                       cipados de restituciones a la exportación por las
          bajadores migrantes que ejercen el derecho a la                         operaciones de exportación de que se trata; y
          libre circulación de los trabajadores,
                                                                            f)    los exportadores sufrieron pérdidas a consecuencia
                                                                                de no poder vender la carne de vacuno en dichos
     — que tiene la falta de coordinación entre los regíme                       mercados de exportación,
          nes de Seguridad Social de distintos Estados miem
          bros ?
                                                                             ¿ los principios generales del Derecho comunitario y, en
                                                                            particular, el caso de fuerza mayor y los principios de
                                                                            protección de la confianza legítima, de proporcionali
                                                                            dad o de equidad permiten a los exportadores la reten
                                                                            ción total o parcial de la restitución a la exportación ?
 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso             3 ) Si la respuesta a la segunda cuestión consiste en que
 lución de la Divisional Court, Queen's Bench División, de                   dichos exportadores tienen derecho, en principio, a la
 fecha 26 de marzo de 1997, en el asunto entre The Queen                     retención total o parcial de la restitución a la expor
 e Intervention Board for Agricultural Produced, ex parte:                   tación de que se trata , ¿ están obligados a deducir de
                   First City Trading Ltd y otro                             las restituciones a la exportación cualquier cantidad
                                                                             obtenida por la venta de la carne de vacuno en el
                         ( Asunto C-263 /97 )
                                                                             Reino Unido ( por ejemplo, cuando el vendedor inicial
                            ( 97/C 295/22 )                                  estaba obligado a recibir nuevamente la carne con
                                                                             arreglo a un pacto de reserva de dominio establecido
                                                                             en el contrato inicial de venta y cuando el vendedor
 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                   haya devuelto la totalidad o una parte del precio de
 sido sometida una petición de decisión prejudicial                          venta )?
 mediante resolución de la Divisional Court, Queen's Bench
 División, dictada el 26 de marzo de 1997, en el asunto                 4 ) ¿ Son ilegales la Decisión 96/239/CE de la Comisión o
 entre The Queen e Intervention Board for Agricultural                       el Reglamento ( CE) n° 773/96 de la Comisión (4 ), o
 Produced, ex parte: First City Trading Ltd y otro, y reci                  ambos, en la medida en que no permiten a los exporta
 bida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de julio               dores, que se hallen en las circunstancias a que se
 de 1997 .                                                                   refiere la segunda cuestión, la retención total o parcial
 ---pagebreak--- 27 . 9 . 97                  bb                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 295/ 15
       de las restituciones a la exportación correspondientes a                  recurso de Florimex BV y Vereniging van Groothande
       las operaciones de que se trata ?                                         laren in Bloemkwekerijprodukten (VGB ) contra la
                                                                                Decisión [SG(92 ) D/8782] de 2 de julio de 1992 o, al
(') Reglamento ( CEE ) n° 3665/87 de la ("omisión, de 27 de                      menos, lo desestime;
      noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades
      comunes de aplicación del régimen de restituciones a la expor         3 ) condene a Florimex BV y a Vereniging van Groothan
      tación para los productos agrícolas ( DO L 351 de 14 . 12 .                delaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB ) a pagar
      1987, p . 1 ).                                                             solidariamente las costas de ambos procedimientos,
( 2 ) Decisión 96/239/CE de la Comisión , de 27 de marzo de 1996 ,
      por la que se adoptan determinadas medidas de emergencia en                con arreglo al apartado 2 del artículo 69 del Regla
      materia de protección contra la encefalopatía espongiforme                 mento de procedimiento .
      bovina ( DO L 78 de 28 . 3 . 1996 , p . 47 ).
(') Reglamento ( CEE ) n" 565/80 del Consejo, de 4 de marzo de               Motivos y principales alegaciones
      1980, relativo al pago por anticipado de las restituciones a la
      exportación para los productos agrícolas ( DO L 62 de 7. 3 .           — El Tribunal de Primera Instancia impuso indebida
      1980 , p . 5 ; EE 03/ 17, p . 182 ).                                       mente a la Decisión de 2 de julio de 1992, por la que
( 4 ) Reglamento ( CE ) n° 773/96 de la Comisión, de 26 de abril de              la Comisión desestimó las denuncias de Florimex c.s.,
      1996 , por el que se establecen medidas especiales de inaplica            unos requisitos de motivación muy rigurosos y, en el
      ción de los Reglamentos ( CEE ) nos 3665/87, 3719/88 y 1964/
      82 en el sector de la carne de vacuno ( DO L 104 de 27 . 4 .               marco del examen de si se cumplían dichos requisitos,
      1996 , p . 19 ).                                                           realizó una investigación detallada acerca de las alega
                                                                                ciones de las demandantes . Por tanto, el Tribunal de
                                                                                Primera Instancia dio muestras de una incorrecta con
                                                                                cepción jurídica sobre el artículo 190 del Tratado CE,
                                                                                aplicó un criterio de apreciación incorrecto y se puso
                                                                                indebidamente en el lugar de la Comisión.
Recurso de casación interpuesto el 19 de julio de 1997 por
el Coóperatieve Vereniging «Verenigde Bloemenveilingen                       — El Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 137
Aalsmeer» (VBA ) BA contra la sentencia dictada el 14 de                         y 138 declaró indebidamente y de forma jurídicamente
mayo de 1997 por el Tribunal de Primera Instancia de                             equivocada que no había de pronunciarse sobre las
las Comunidades Europeas, en los asuntos acumulados                              alegaciones efectuadas por la VBA relativas a la no
T-70/92 y T-71/92 entre, por una parte, Florimex BV y                            aplicación del apartado 1 del artículo 85 o a la aplica
Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproduk                           ción de la segunda frase del apartado 1 del artículo 2
ten y, por otra parte, Comisión de las Comunidades Euro                         del Reglamento n° 26 del Consejo ('), sino únicamente
peas, apoyada por Coóperatieve Vereniging « Verenigde                            sobre la conformidad a Derecho de la conclusión a la
              Bloemenveilingen Aalsmeer » ( VBA) BA                              que llegó la Comisión en la Decisión de 2 de julio de
                           ( Asunto.C-265 /97 P )                                1992 impugnada, según la cual la primera frase del
                                                                                apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 26 es apli
                                ( 97/C 295/23 )                                  cable a la cuota de utilización: la Comisión, así como
                                                                                la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, consideró a
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se                        la sazón la segunda frase del apartado 1 del artículo 2
ha presentado el 19 de julio de 1997 un recurso de casa                         del Reglamento n° 26 como una aplicación ( particula
ción formulado por Coóperatieve Vereniging « Verenigde                           rización ) de la primera frase, y precisamente de la
Bloemenveilingen Aalsmeer » ( VBA ) BA, representada por                         segunda excepción contenida en la misma ( no tuvo
el Sr. D. G. van der Wal, que designa como domicilio en                          ninguna importancia la justificación basada en una
Luxemburgo el despacho del Sr. D. Aloyse May,                                    organización nacional de mercados ). Es evidente, pues,
31 , Grand-rue, contra la sentencia dictada el 14 de mayo                        que el marco del examen mencionado por la Comisión
de 1997 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comu                        es la primera frase del apartado 1 del artículo 2 del
nidades Europeas, en los asuntos acumulados T-70/92 y                            Reglamento n° 26 . Esto no implica que la Comisión
T-71 /92 entre, por una parte, Florimex BV y Vereniging                          no tomara en consideración los requisitos para la que,
van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten y, por                             posteriormente, pasó a ser la tercera excepción o que
otra parte, Comisión de las Comunidades Europeas, apo                           se pueda dejar fuera de consideración la segunda frase
yada por Coóperatieve Vereniging « Verenigde Bloemenvei                         del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 26 .
lingen Aalsmeer » ( VBA) BA .
                                                                                Es inconcebible que una cooperativa agrícola como la
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                      VGA, que admite socios de ( la zona fronteriza de )
Comunidades Europeas que :                                                       otros Estados miembros, no pueda pretender que se
                                                                                aplique la segunda frase del apartado 1 del artículo 2
1 ) acuerde la admisión del recurso de casación inter                           del Reglamento n" 26 .
       puesto por VBA contra la sentencia del Tribunal de
       Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 14                  — El Tribunal de Primera Instancia se negó sin razón o,
       de mayo de 1997, en los asuntos acumulados T-70/92                        al menos, omitió sin motivarlo examinar en qué
       y T-71 /92;                                                               medida procedía desestimar el recurso interpuesto con
                                                                                tra la desestimación de la denuncia, con base, dicho
2 ) anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de                      brevemente, en la « rule of reason ». El Tribunal de Pri
       las Comunidades Europeas, de 14 de mayo de 1997,                          mera Instancia debía haber examinado si la sentencia
       en los asuntos acumulados T-70/92 y T-71 /92 y, pro                      dictada en el asunto C-250/90 ( 2 ) era relevante en el
       nunciándose de nuevo, acuerde la inadmisión del                           caso de autos y si conducía a otra apreciación .


title: Asunto C-82/17 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de febrero de 2017 por TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-177/13: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Comisión

text:
               24.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/6

         Recurso de casación interpuesto el 14 de febrero de 2017 por TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-177/13: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Comisión
   (Asunto C-82/17 P)
   (2017/C 129/08)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Recurrentes: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV (representantes: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, Monsanto Europe, Monsanto Company

      Pretensiones de las partes recurrentes

               —

               Que se anulen los puntos 1 y 2 del fallo del Tribunal General.

               —

               Que se emita un nuevo pronunciamiento anulando las decisiones de la Comisión tal como se solicitó ante el Tribunal General o, subsidiariamente, se devuelva el asunto a dicho Tribunal para que lo examine de nuevo, en función de cuál o cuáles de los motivos de recurso sean acogidos.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con las costas de los recurrentes.

               —

               Que se adopte cualquier otra medida que se considere adecuada.

      Motivos y principales alegaciones

   Los recurrentes instan al Tribunal de Justicia a que anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2016, Testbiotech y otros/Comisión (T-177/13, EU:T:2016:736) que les fue notificada el 19 de diciembre de 2016. En dicha sentencia, el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por los recurrentes contra las tres decisiones, sustancialmente idénticas, de la Comisión Europea de las que eran destinatarios. En estas decisiones se estableció que sus alegaciones respecto de la Decisión 2012/347, (1) por la que se autorizaba a Monsanto Europe SA la comercialización, con arreglo al Reglamento n.o 1829/2003 (2) sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (en lo sucesivo, «Reglamento MG»), de sus productos a base de soja modificada genéticamente «MON 87701 x MON 89788» (en lo sucesivo, «Soybean») eran infundadas. Se hará referencia a las mencionadas decisiones como las «Decisiones de la Comisión».
   En síntesis, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar la argumentación de los recurrentes contra las Decisiones de la Comisión, por cuanto que:

               a)

               Declaró que no cabía acoger determinadas alegaciones esgrimidas por los recurrentes en apoyo de su solicitud de anulación, basándose en que, en su solicitud de reconsideración formulada con arreglo al artículo 10 del Reglamento Aarhus (3) no precisaron suficientemente los motivos aducidos ante el Tribunal General, así como en el incumplimiento de otros requisitos procesales.

               b)

               Impuso a unas organizaciones no gubernamentales que ejercen, en interés del medio ambiente, el derecho a impugnar reconocido en los artículos 10 y 12 del Reglamento Aarhus indebidamente la carga de una prueba imposible.

               c)

               Omitió reconocer que las Instrucciones publicadas por la EFSA en virtud de sus obligaciones legales permiten suponer legítimamente que van a ser respetadas.

               d)

               Declaró que la evaluación de la seguridad en dos fases impuesta por el Reglamento MG (y las Instrucciones de la EFSA) no tenía que ser necesariamente verificada, sino que bastaba meramente con la primera fase, la relativa a la comparación de la soja modificada genéticamente con los otros elementos, para cumplir, como ocurría, de hecho, en el caso de autos, suficientemente las obligaciones que dimanan del Reglamento MG.

               e)

               Invocó el Reglamento (CE) n.o 396/2005 (4) para rechazar las alegaciones de los recurrentes relativas a la falta de una adecuada evaluación de la posible toxicidad de la Soybean y de un control del impacto de dicho producto posterior a la autorización.

      (1)  Decisión de Ejecución de la Comisión de 28 de junio de 2012 por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2012, L 171, p. 13).

      (2)  Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO 2003, L 268, p. 1).

      (3)  Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13).

      (4)  Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO 2005, L 70, p. 1).


title: Asunto T-182/00: Recurso interpuesto el 11 de julio de 2000 contra el Parlamento Europeo por Marco Pannella

text:
7.10.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 285/13
Motivos y principales alegaciones                                         Recurso interpuesto el 11 de julio de 2000 contra el
                                                                                Parlamento Europeo por Marco Pannella
La demandante es licenciataria y representante local del
producto farmacéutico comercializado bajo la denominación                                       (Asunto T-182/00)
de OPTRUMA. Dicho producto ha sido registrado con arreglo
al procedimiento comunitario centralizado de autorización
establecido en el Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo (1).                                     (2000/C 285/25)
La demandante solicita la anulación de la decisión de la
Comisión por la que se le denegó la autorización para utilizar                          (Lengua de procedimiento: italiano)
el logotipo de su empresa en la zona del embalaje exterior del
producto denominada «recuadro azul» («blue box»).                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 11 de julio de 2000 un recurso
Dicho «recuadro azul» es una zona rectangular destinada a                 contra el Parlamento Europeo formulado por el Sr. Marco
recoger las indicaciones especı́ficas que los Estados miembros            Pannella, representado por el Sr. Piero A.M. Ferrari, Abogado
pueden exigir que figuren en el embalaje, conforme a lo                   de Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo el
dispuesto en el artı́culo 5, 2, de la Directiva 92/27/CEE (2).            despacho de Me Alain Lorang, 51 rue Albert 1er.
Los motivos por los que se solicita la anulación son los                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
siguientes:                                                               que:
—      inexistencia absoluta de base legal para adoptar la decisión
                                                                          —     Declare la admisibilidad del presente recurso.
       impugnada en la normativa comunitaria aplicable;
—      restricción ilegı́tima del derecho de propiedad de la             —     Anule la Decisión de la Junta de Cuestores de 17 de abril
       demandante, en la medida en que su logotipo constituye                   de 2000, no 303663.
       el objeto de un derecho de propiedad protegido por el
       Tratado;                                                           —     Condene en costas al Parlamento Europeo.
—      violación del principio de no discriminación;
                                                                          Motivos y principales alegaciones
—      violación de la confianza legı́tima que la Comisión habı́a
       suscitado en la demandante;
                                                                          El presente recurso tiene por objeto la anulación de la Decisión
—      defecto de motivación;                                            de la Junta de Cuestores del Parlamento Europeo no 303663,
                                                                          de 17 de abril de 2000, por la que se niega a considerar
—      violación del principio de proporcionalidad y del derecho         debidamente justificada, en el sentido del artı́culo 28, apar-
       de la demandante a desarrollar libremente sus actividades          tado 2, de la Reglamentación relativa a los gastos e indemniza-
       económicas;                                                       ciones de los diputados, la ausencia del demandante en la
                                                                          sesión de enero de 2000 del Parlamento Europeo. Como
—      incumplimiento del plazo de 90 dı́as que fija el artı́cu-          justificación se señala la exigencia de que el demandante
       lo 10, 3, de la Directiva 92/27/CEE.                               participara en las vistas de los procesos penales contra él
                                                                          incoados.
La demandante sostiene además que las Instrucciones sobre las
informaciones en el embalaje, dictadas por la Comisión para              En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante alega:
aclarar los requisitos en materia de etiquetado, carecen de valor
jurı́dico. No obstante, para el supuesto de que se considerara            —     La interpretación errónea del artı́culo 28, apartado 2,
que dichas Instrucciones tienen carácter obligatorio, invoca la                antes citado, en la medida en que, a su juicio, la ratio de
ilegalidad de las mismas en base al artı́culo 241 CE, pues la                   la norma está precisamente en no sancionar al diputado
Comisión carecı́a de competencias para adoptar una norma                       que no haya podido asistir a las sesiones del Parlamento
que vulnera un derecho fundamental, como es el derecho de                       por motivos ajenos a su voluntad. En concreto, se
propiedad.                                                                      considera que pueden estar comprendidas dentro de
                                                                                la categorı́a «motivos familiares graves» todas aquellas
(1) Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de                  situaciones en las que no cabe razonablemente esperar
    1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para             que el sujeto interesado pueda llevar a cabo normalmente
    la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y             su actividad.
    veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la
    Evaluación de Medicamentos (DO 1993 L 214, p. 1).                    —     La violación de su derecho de defensa, que debe enten-
(2) Directiva 92/27/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992,                    derse en el sentido de que la persona sometida al proceso
    relativa al etiquetado y al prospecto de los medicamentos de uso            goza del derecho a participar personalmente en éste.
    humano (DO 1992 L 113, p. 8).


title: Asunto C-410/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 28 de junio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/15/CE — Ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido)

text:
               25.8.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 199/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 28 de junio de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa
   (Asunto C-410/06) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/15/CE - Ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido)
   (2007/C 199/21)
   Lengua de procedimiento: portugués
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: N. Yerrell y G. Braga da Cruz, agentes)

      Demandada: República Portuguesa (representantes: L. Fernandes y F. Ribeiro Lopes, agentes)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera (DO L 80, p. 35).
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Portuguesa.

      (1)  DO C 294 de 2.12.2006.