title: Asunto C-148/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Reino Unido) el 25 de marzo de 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Margita Punakova

text:
               21.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 152/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Reino Unido) el 25 de marzo de 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Margita Punakova
   (Asunto C-148/11)
   2011/C 152/32
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Upper Tribunal

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Secretary of State for Work and Pensions

      Recurrida: Margita Punakova

      Cuestiones prejudiciales

   En unas circunstancias en las que la demandante:

               a)

               es ciudadana checa;

               b)

               vino al Reino Unido antes de la adhesión de su país a la UE;

               c)

               permaneció aquí tras la adhesión;

               d)

               más tarde se estableció por cuenta propia de conformidad con el artículo 49 TFUE (antiguo artículo 43 CE);

               e)

               ya no trabaja por cuenta propia; y

               f)

               es la persona responsable en primer lugar de un menor que se escolarizó mientras ella estaba establecida por cuenta propia;

         se plantean al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con carácter prejudicial, las siguientes cuestiones:
   ¿Tiene la demandante derecho a residir en el Reino Unido basándose:

               a)

               en que es aplicable el Reglamento no 1612/68 (1) y la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Baumbast y R contra Secretary of State for the Home Department (C-413/99, Rec. p. I-7091), London Borough of Harrow contra Nimco Hassan Ibrahim (asunto C-310/08) y Maria Teixeira contra London Borough of Lambeth (C-480/08);

               b)

               en que existe un principio general del Derecho de la UE que equipara la posición de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia;

               c)

               en que se impediría o se disuadiría del ejercicio de la libertad de establecimiento si la demandante careciera del derecho de residencia; o

               d)

               en cualquier otro fundamento?

      (1)  DO L 257, p. 2.


title: Asunto T-544/13: Sentencia del Tribunal General de 11 de noviembre de 2015 — Dyson/Comisión [«Directiva 2010/30/UE — Indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada — Reglamento Delegado (UE) n° 665/2013 — Competencia de la Comisión — Igualdad de trato — Obligación de motivación»]

text:
               11.1.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 7/22

         Sentencia del Tribunal General de 11 de noviembre de 2015 — Dyson/Comisión
   (Asunto T-544/13) (1)

   ([«Directiva 2010/30/UE - Indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada - Reglamento Delegado (UE) no 665/2013 - Competencia de la Comisión - Igualdad de trato - Obligación de motivación»])
   (2016/C 007/30)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Dyson Ltd (Malmesbury, Reino Unido) (representantes: F. Carlin, Barrister, E. Batchelor y M. Healy, Solicitors)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: E. White y K. Herrmann, agentes)

      Objeto

   Pretensión de anulación del Reglamento Delegado (UE) no 665/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al etiquetado energético de las aspiradoras (DO L 192, p. 1).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Dyson Ltd.

      (1)  DO C 344, de 23.11.2013.


title: Asunto C-423/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) el 15 de septiembre de 2014  — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, S.A.

text:
               8.12.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 439/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) el 15 de septiembre de 2014 — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, S.A.
   (Asunto C-423/14)
   (2014/C 439/26)
   Lengua de procedimiento: portugués

      Órgano jurisdiccional remitente

   Supremo Tribunal Administrativo

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Fazenda Pública

      Recurrida: Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, S.A.

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               El Derecho de la Unión, y en especial lo dispuesto en el artículo 78, letra a), de la Directiva 2006/112/CE (1), ¿se opone a que […] la tasa de uso del subsuelo que paga la distribuidora de gas sea repercutida sobre el consumidor final, en cuanto tal e independientemente del precio que éste paga por el gas consumido, es decir, sin quedar englobada en dicho precio?
               En caso de respuesta negativa a esta primera cuestión, se planta la siguiente cuestión prejudicial:

               2)

               El Derecho de la Unión, y en especial lo dispuesto en los artículos 73 a 79 de la Directiva 2006/112/CE, ¿se opone a que […] cuando la tasa de uso del subsuelo que paga la distribuidora de gas sea repercutida sobre el consumidor final, en cuanto tal e independientemente del precio que éste paga por el gas consumido, no sea considerada base imponible [a efectos del IVA]?

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).


title: Asunto C-261/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de julio de 2013 — Comisión Europea/Reino de Dinamarca (Incumplimiento de Estado — Libertad de establecimiento — Artículo 49 TFUE — Artículo 31 del Acuerdo EEE — Restricciones — Normativa fiscal — Transmisión de activos a otro Estado miembro — Tributación inmediata de las plusvalías latentes)

text:
               7.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de julio de 2013 — Comisión Europea/Reino de Dinamarca
   (Asunto C-261/11) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Libertad de establecimiento - Artículo 49 TFUE - Artículo 31 del Acuerdo EEE - Restricciones - Normativa fiscal - Transmisión de activos a otro Estado miembro - Tributación inmediata de las plusvalías latentes)
   2013/C 260/07
   Lengua de procedimiento: danés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y N. Fenger, agentes)

      Demandada: Reino de Dinamarca (representantes: C. Vang y V. Pasternak Jørgensen, agentes)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandante: República Federal de Alemania (representantes: K. Petersen y M.T. Henze, agentes), Reino de España (representante: A. Rubio González, agente), Reino de los Países Bajos (representantes: C. Schillemans y C. Wissels, así como M.J. Langer, agentes), República Portuguesa (representante: L. Inez Fernandes, agente), República de Finlandia (representante: M. Pere, agente), Reino de Suecia (representantes: A. Falk y U. Persson, agentes)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 49 TFUE y del artículo 31 EEE — Disposiciones fiscales que prevén un impuesto inmediato a la salida que grava a las sociedades que transmiten sus activos a otro Estado miembro, pero que no prevén un impuesto equivalente sobre las transmisiones de activos en el interior del territorio nacional.

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE y del artículo 31 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, al haber adoptado y mantenido en vigor el artículo 8, apartado 4, de la Ley sobre la tributación de las sociedades anónimas y otros (lovbekendtgørelse nr. 1376 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.), de 7 de diciembre de 2010, relativo al gravamen inmediato de los beneficios de las sociedades anónimas, y, por tanto, un régimen fiscal que prevé la tributación inmediata de las plusvalías latentes correspondientes a la transmisión de activos realizada por una sociedad domiciliada en Dinamarca hacia otro Estado miembro de la Unión Europea o hacia un Estado tercero que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992.

               2)

               Condenar en costas al Reino de Dinamarca.

               3)

               La República Federal de Alemania, el Reino de España, el Reino de los Países Bajos, la República Portuguesa, la República de Finlandia y el Reino de Suecia cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 238, de 13.8.2011.


title: Asunto C-515/16: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Versailles (Francia) el 3 de octubre de 2016 — Enedis SA, anteriormente Électricité Réseau Distribution France SA (ERDF)/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

text:
               19.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 475/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Versailles (Francia) el 3 de octubre de 2016 — Enedis SA, anteriormente Électricité Réseau Distribution France SA (ERDF)/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS
   (Asunto C-515/16)
   (2016/C 475/19)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Cour d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versalles, Francia)

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Enedis SA, anteriormente Électricité Réseau Distribution France (ERDF)

      Recurrida: Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 107 TFUE, apartado 1, en el sentido de que constituye una ayuda de Estado el mecanismo de obligación de compra de la electricidad generada por las instalaciones que utilicen la energía de la radiación solar a un precio superior a su precio de mercado y cuya financiación recae en los consumidores finales de electricidad, resultante de las Órdenes ministeriales de 10 de julio de 2006 (JORF n.o 171 de 26 de julio de 2006, p. 11133) y de 12 de enero de 2010 (JORF n.o 0011 de 14 de enero de 2010, p. 727), por las que se fijan las condiciones de compra de dicha electricidad, en relación con la Ley n.o 2000-108 de 10 de febrero de 2000 relativa a la modernización y el desarrollo del servicio público de electricidad (loi n.o 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité), el Decreto n.o 2000-1196 de 6 de diciembre de 2000 y el Decreto n.o 2001-410 de 10 de mayo de 2001?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 108 TFUE, apartado 3, en el sentido de que la falta de notificación previa a la Comisión Europea de dicho mecanismo afecta a la validez de las órdenes mencionadas por las que se ejecuta la medida de ayuda controvertida?


title: Asunto T-461/08: Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2011 — Evropaïki Dynamiki/BEI ( Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación del servicio de asistencia para el mantenimiento, apoyo y desarrollo de un sistema informático — Exclusión de la oferta de un licitador — Adjudicación del contrato a otro licitador — Recurso de anulación — Admisibilidad — Competencia — Obligación de motivación — Derecho a un recurso efectivo — Transparencia — Proporcionalidad — Igualdad de trato y no discriminación — Criterios de selección y de adjudicación — Recurso de indemnización — Admisibilidad — Lucro cesante )

text:
               29.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/14

         Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2011 — Evropaïki Dynamiki/BEI
   (Asunto T-461/08) (1)

   (Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación - Prestación del servicio de asistencia para el mantenimiento, apoyo y desarrollo de un sistema informático - Exclusión de la oferta de un licitador - Adjudicación del contrato a otro licitador - Recurso de anulación - Admisibilidad - Competencia - Obligación de motivación - Derecho a un recurso efectivo - Transparencia - Proporcionalidad - Igualdad de trato y no discriminación - Criterios de selección y de adjudicación - Recurso de indemnización - Admisibilidad - Lucro cesante)
   2011/C 319/25
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas) (representantes: N. Korogiannakis y P. Katsimani, abogados)

      Demandada: Banco Europeo de Inversiones (BEI) (representantes: C. Gómez de la Cruz y T. Pietilä, agentes, asistidos por J. Stuyck, abogado)

      Objeto

   Por una parte, pretensión de anulación de la decisión del BEI de 31 de enero de 2008 de excluir la oferta presentada por la demandante en una licitación de servicios destinados a prestar asistencia para el mantenimiento, apoyo y desarrollo de un sistema informático y de adjudicar el contrato a otro licitador, presentada sobre la base de los artículos 225 CE y 230 CE y, por otra parte, pretensión de indemnización, presentada sobre la base de los artículos 225 CE, 235 CE y 288 CE.

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de excluir la oferta presentada por Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE en el marco de la licitación 2007/S 176-215155 relativa a la prestación de servicios de «asistencia para el mantenimiento, apoyo y desarrollo del sistema “Loans Front Office” (Serapis)» y de adjudicar el contrato a Sybase BVBA.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas al BEI.

      (1)  DO C 19, de 24.1.2009.


title: Asunto F-1/09: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 25 de noviembre de 2009 — Putterie-De-Beukelaer/Comisión (Función pública — Funcionarios — Promoción — Procedimiento de certificación AST — Evaluación del potencial)

text:
               30.1.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 24/76

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 25 de noviembre de 2009 — Putterie-De-Beukelaer/Comisión
   (Asunto F-1/09) (1)

   (Función pública - Funcionarios - Promoción - Procedimiento de certificación AST - Evaluación del potencial)
   2010/C 24/142
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Putterie-De-Beukelaer (Bruselas) (representante: É. Boigelot, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Berardis-Kayser y K. Herrmann, agentes)

      Objeto

   Anulación de la decisión de no admitir a la demandante en el procedimiento de certificación 2007.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Sra. Putterie-De-Beukelaer.

      (1)  DO C 55, de 7.3.2009, p. 53.


title: Asunto T-854/16: Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2016 — Barata/Parlamento

text:
               6.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 38/44

         Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2016 — Barata/Parlamento
   (Asunto T-854/16)
   (2017/C 038/58)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Joao Miguel Barata (Evere, Bélgica) (representantes: G. Pandey, D. Rovetta, abogados, y J. Grayston, Solicitor)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Como cuestión preliminar, si procede, declare la invalidez del artículo 90 del Estatuto, así como la imposibilidad de su aplicación en este procedimiento, con arreglo al artículo 277 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

               —

               Anule la decisión impugnada de manera colectiva, en particular, la decisión de la Dirección de desarrollo de recursos humanos de 29 de enero de 2016, consistente en no incluir el nombre del demandante en la lista de candidatos seleccionados, así como la decisión de 25 de agosto de 2016 por la que se desestima el recurso basado en el artículo 90 del Estatuto.

               —

               Anule la convocatoria de concurso interna 2015/023 distribuida entre el personal el 18 de septiembre de 2015.

               —

               Anule en su integridad la lista provisional de funcionarios seleccionados para participar en el citado programa de formación.

               —

               Condene a la parte demandada a cargar con las costas de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos, referentes a varias infracciones del Estatuto, de requisitos sustanciales de procedimiento, de los Tratados de la Unión Europea y de principios generales del Derecho de la Unión.

               1.

               Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del principio de tutela judicial efectiva, en la infracción de lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en una alegación con arreglo al artículo 277 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la ilegalidad e imposibilidad de aplicación del artículo 90 del Estatuto.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción del deber de buena administración.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del principio de proporcionalidad y en la existencia de discriminación.

               5.

               Quinto motivo, basado en la vulneración de las expectativas legítimas del demandante y en la infracción del principio de igualdad.


title: Asunto C-465/12 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de octubre de 2012 por Plamen Simov contra la sentencia del Tribunal General dictada el 13 de septiembre de 2012 en el asunto T-271/12, Plamen Simov/Comisión Europea y República de Bulgaria

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/55

         Recurso de casación interpuesto el 18 de octubre de 2012 por Plamen Simov contra la sentencia del Tribunal General dictada el 13 de septiembre de 2012 en el asunto T-271/12, Plamen Simov/Comisión Europea y República de Bulgaria
   (Asunto C-465/12 P)
   2013/C 225/103
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Partes

      Recurrente: Plamen Simov

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República de Bulgaria
   Mediante auto de 21 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso de casación.


title: Asunto T-515/14 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de julio de 2014 por Christodoulos Alexandrou contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 14 de mayo de 2014 en el asunto F-34/13, Alexandrou. /Comisión

text:
               1.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 292/56

         Recurso de casación interpuesto el 9 de julio de 2014 por Christodoulos Alexandrou contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 14 de mayo de 2014 en el asunto F-34/13, Alexandrou. /Comisión
   (Asunto T-515/14 P)
   2014/C 292/69
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Christodoulus Alexandrou (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: R. Duta, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Admita a trámite el presente recurso de casación en cuanto a la forma y el fondo, y lo declare fundado y justificado.

               —

               Por consiguiente, reforme, e incluso anule, la sentencia recurrida por las razones que se exponen.

               —

               En caso necesario, devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública Europea para que le dé el curso que corresponda.

               —

               Imponga a la recurrida el pago de la totalidad de las costas causadas y de los gastos atendidos en ambas instancias.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca tres motivos.

               1.

               Primer motivo relativo a motivación insuficiente de la resolución recurrida, en relación, en particular, con la negativa de la Comisión a acoger la solicitud de la parte recurrente de acceder a las siete preguntas a las que dio supuestamente una respuesta incorrecta.

               2.

               Segundo motivo relativo a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, en la mediad en que, sin disponer de las preguntas solicitadas, la parte recurrente queda desprovista de los motivos de recurso eficaces contra la decisión denegatoria de su candidatura.

               3.

               Tercer motivo relativo a que el Tribunal de la Función Pública no recurrió al artículo 44, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública.


title: Asunto C-145/11: Recurso interpuesto el 25 de marzo de 2011 — Comisión Europea/República Francesa

text:
               28.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 160/12

         Recurso interpuesto el 25 de marzo de 2011 — Comisión Europea/República Francesa
   (Asunto C-145/11)
   2011/C 160/14
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Šimerdová y A. Marghelis, agentes)

      Demandada: República Francesa

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 32 y 33 de la Directiva 2001/82/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (1) al negarse a validar dos solicitudes de autorización de comercialización de los medicamentos veterinarios CT-Line 15 % Premix y CT-Line 15 % Oral Powder en el marco del procedimiento descentralizado establecido por dicha Directiva.

               —

               Que se condene en costas a la República Francesa.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante el presente recurso, la Comisión sostiene que la Directiva 2001/82/CE antes citada no permite a un Estado miembro, en el marco del procedimiento descentralizado, llevar a cabo una evaluación jurídica y científica de una solicitud de autorización. A su juicio, la fase de validación sirve únicamente para verificar si el expediente presentado es idéntico en todos los Estados miembros, si está completo y si incluye la lista de los Estados miembros afectados, conforme a los requisitos establecidos por el artículo 32, apartado 1, de la Directiva. Así, la demandante reprocha a la demandada haber denegado solicitudes de autorización invocando, en particular, motivos relativos a la composición del medicamento y a su forma farmacéutica, a su supuesta falta de conformidad con el Derecho nacional y a posibles riesgos para la salud pública.
   La Comisión afirma, igualmente, que en el momento de la validación los Estados miembros a que se refiere una solicitud de autorización tienen la obligación de aprobar el informe de evaluación presentado por el Estado miembro de referencia, a menos que invoquen un riesgo potencialmente grave para la salud humana o animal o para el medio ambiente, con arreglo al artículo 33 de la Directiva. Pues bien, a su parecer, las autoridades francesas no siguieron el procedimiento establecido por dicho artículo.

      (1)  Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO L 311, p. 1).


title: Asunto C-406/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) (Reino Unido) el 11 de agosto de 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/26

         Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) (Reino Unido) el 11 de agosto de 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd
   (Asunto C-406/10)
   ()
   2010/C 346/45
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (Chancery Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: SAS Institute Inc.

      Demandada: World Programming Ltd

      Cuestiones prejudiciales

   A.   Sobre la interpretación de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, (1) de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador y de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 (Versión codificada): (2)

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, en el sentido de que, en el caso de un programa de ordenador (en lo sucesivo, «Primer programa») protegido como obra literaria por el derecho de autor, no constituye una infracción del derecho de autor sobre el Primer programa el hecho de que un competidor del titular del derecho de autor cree, directamente o mediante un proceso como la descompilación del código objeto, otro programa (en lo sucesivo, «Segundo programa») que replique las funciones del Primer programa, sin acceder al código fuente del Primer Programa?

               2)

               ¿Se ve afectada la respuesta a la primera cuestión por alguno de los siguientes factores?:

                           a)

                           la naturaleza y/o el alcance de la funcionalidad del Primer programa;

                           b)

                           la naturaleza y/o el alcance de la pericia, discernimiento y esfuerzo desplegados por el autor del Primer programa para idear la funcionalidad del mismo;

                           c)

                           el nivel de detalle con que se ha reproducido la funcionalidad del Primer programa en el Segundo programa;

                           d)

                           si el código fuente del Segundo programa reproduce aspectos del código fuente del Primer programa más allá de lo estrictamente necesario para producir la misma funcionalidad que el Primer programa.

               3)

               En el supuesto de que el Primer programa interprete y ejecute programas de aplicación escritos por usuarios del Primer programa en un lenguaje de programación creado por el autor del Primer programa que incluya palabras clave ideadas o seleccionadas por el autor del Primer programa y sintaxis creada por el mismo, ¿debe interpretarse al artículo 1, apartado 2, en el sentido de que no constituye una infracción del derecho de autor que protege el Primer programa el hecho de que el Segundo programa haya sido escrito para interpretar y ejecutar dichos programas de aplicación utilizando las mismas palabras clave y la misma sintaxis?

               4)

               En el supuesto de que el Primer Programa lea y escriba archivos de datos en un formato específico creado por el autor del Primer programa, ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, en el sentido de que no constituye una infracción del derecho de autor que protege el Primer programa el hecho de que el Segundo programa se haya redactado para leer y escribir archivos de datos del mismo formato?

               5)

               ¿Sería diferente la respuesta a las cuestiones 1, 3 y 4, si el autor del Segundo Programa hubiese creado dicho programa mediante:

                           a)

                           la observación, el estudio y la verificación del funcionamiento del Primer programa, o

                           b)

                           la lectura de un manual creado y publicado por el autor del Primer programa que describe las funciones del Primer programa (en lo sucesivo, «Manual»); o

                           c)

                           ambas a) y b)?

               6)

               En el supuesto de que una persona posea una licencia de uso de una copia del Primer programa, ¿procede interpretar el artículo 5, apartado 3, en el sentido de que el titular de la licencia puede llevar a cabo, sin la autorización del titular de los derechos, actos de carga, ejecución o almacenamiento del programa con objeto de observar, evaluar o estudiar el funcionamiento del Primer programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, si la licencia permite al titular de la misma realizar actos de carga, ejecución y almacenamiento del Primer programa cuando lo utiliza para el fin particular para el que se le ha otorgado la licencia, pero los actos realizados para observar, estudiar y verificar el Primer programa van más allá del fin permitido por la licencia?

               7)

               ¿Procede interpretar el artículo 5, apartado 3, en el sentido de que los actos de observar, verificar y estudiar el funcionamiento del Primer programa deben considerarse realizados con objeto de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa cuando se hacen:

                           a)

                           para determinar cómo funciona el Primer programa, en particular detalles no descritos en el Manual, con objeto de escribir el Segundo programa tal como se describe en la primera cuestión;

                           b)

                           para determinar cómo el Primer programa interpreta y ejecuta las instrucciones escritas en el lenguaje de programación que interpreta y ejecuta (véase la tercera cuestión);

                           c)

                           para determinar los formatos de los archivos de datos escritos o leídos por el Primer programa (véase la cuarta cuestión);

                           d)

                           para comparar el rendimiento del Segundo programa con el del Primer Programa para investigar los motivos por los que su rendimiento difiere y mejorar el rendimiento del Segundo programa;

                           e)

                           para realizar comprobaciones paralelas del Primer y del Segundo programa con objeto de comparar sus resultados durante el desarrollo del Segundo programa, en particular, ejecutando los mismos scripts de comprobación en el Primer programa y en el Segundo.

                           f)

                           para determinar la salida del archivo de registro generado por el Primer programa con objeto de producir un archivo de registro idéntico o de apariencia similar;

                           g)

                           para que el Primer programa dé salida a datos (en concreto, datos relativos a códigos postales de los Estados de Estados Unidos de América) para determinar si se corresponden o no con las bases de datos oficiales de dichos datos, y si no se corresponden, programar el Segundo programa de manera que responda del mismo modo que el Primer programa a los mismos datos de entrada?

         B.   Sobre la interpretación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (3) de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información:

               8)

               En el supuesto de que el Manual esté protegido por el derecho de autor como obra literaria, ¿debe interpretarse el artículo 2, letra a), en el sentido de que constituye una infracción del derecho de autor sobre el Manual el hecho de que el autor del Segundo programa reproduzca o reproduzca esencialmente en el Segundo programa cualquiera de los siguientes puntos descritos en el Manual:

                           a)

                           la selección de las operaciones estadísticas ejecutadas en el Primer programa;

                           b)

                           las fórmulas matemáticas utilizadas en el Manual para describir dichas operaciones;

                           c)

                           las órdenes o combinaciones de órdenes específicas mediante las que se pueden invocar dichas operaciones;

                           d)

                           las opciones que el autor del Primer programa ofrece en lo que respecta a varias órdenes;

                           e)

                           las palabras clave y la sintaxis reconocidas por el Primer programa;

                           f)

                           los valores por defecto que el autor del Primer programa ha decidido aplicar en el supuesto de que el usuario no especifique una orden u opción particular;

                           g)

                           el número de iteraciones que el Primer programa realizará en determinadas circunstancias?

               9)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2, letra a), en el sentido de que constituye una infracción del derecho de autor sobre el Manual el hecho de que el autor del Segundo programa reproduzca o reproduzca esencialmente las palabras clave y la sintaxis reconocidas por el Primer programa en el manual que describe el Segundo programa?

      (1)  DO L 122, p. 42.

      (2)  Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (Versión codificada) Texto pertinente a efectos del EEE (DO L 111, p. 16).

      (3)  DO L 167, p. 10.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Arrondissementsrechtbank te s'-Gravenhage, de fecha 25 de junio de 1998, en el asunto entre Parfums Christian Dior SA y Tuk Consultancy BV (Asunto C-300/98)

text:
26.9.98                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 299/25
     no 2913/92 del Consejo (2), por haber anÄadido un              consecuencias jurídicas que contempla tambieÂn se produ-
     requisito que no estaba previsto en la lista taxativa          cen en el caso de que la Ley nacional no contenga ninguÂn
     que se contiene en las citadas normas;                         precepto anaÂlogo a dicha disposición del Acuerdo?
Ð violación del principio ad impossibilia nemo tenetur, al          (1) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad inte-
     haber considerado determinante el hecho de no haber                lectual relacionados con el comercio, anexo al Acuerdo por el
     aportado la prueba, siendo así que ello resultaba impo-            que se establece la Organización Mundial del Comercio (DO
                                                                        L 336 de 23.12.1994, p. 213).
     sible;
Ð infracción del apartado 2 del artículo 5 del Regla-
     mento (CEE) no 1697/79, así como del artículo 220
     del Reglamento (CEE) no 2913/92, por haber interpre-
     tado las normas antedichas en el sentido de que no             Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     habría un «error» de las autoridades aduaneras                 lución del Bundessozialgericht, de fecha 13 de mayo de
     cuando el comportamiento imputado era conforme                 1998, en el asunto entre Manfred Sehrer y Bundesknapp-
     con la declaración presentada por el exportador, por           schaft, parte interviniente: Landesversicherungsanstalt für
     lo que se trataría de un error «inducido»;                                                das Saarland
                                                                                (Asunto C-302/98)
Ð violación del principio de confianza legítima: afirma-
     ción de la tesis inadmisible del «riesgo comercial», al                                  (98/C 299/39)
     que estaría sujeto todo empresario, cuando no hay
     duda de que las modificaciones de las decisiones adua-         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     neras siempre son posibles;                                    sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                    mediante resolución de la Sala Octava del Bundessozialge-
Ð infracción de los artículos 30 y 36 del Tratado, por              richt, dictada el 13 de mayo de 1998, en el asunto entre
     cuanto, afirmando la existencia de un riesgo «adua-            Manfred Sehrer y Bundesknappschaft, parte interviniente:
     nero», se ha afirmado la necesidad de una restricción          Landesversicherungsanstalt für das Saarland, y recibida en
     encubierta de los intercambios intracomunitarios;              la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de agosto de
                                                                    1998.
Ð violación del principio ne bis in idem, así como de los
     artículos 5 del Reglamento (CEE) no 1697/79 y 220              La Sala Octava del Bundessozialgericht solicita al Tribunal
     del Reglamento (CEE) no 2193/92, por no haber anu-             de Justicia que se pronuncie sobre la cuestión siguiente:
     lado la Decisión, ni siquiera en la parte en que se auto-
                                                                    ¿Se oponen los artículos 6 y 48 a 51 del Tratado constitu-
     riza la recaudación a posteriori de los derechos relati-
                                                                    tivo de la Comunidad Europea, así como el artículo 3 del
     vos a una liquidación anteriormente pagada por CPL
                                                                    Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio
     Imperial 2 SpA.
                                                                    de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de segu-
                                                                    ridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus
(1) DO L 197 de 3.8.1979, p. 1.
                                                                    familias que se desplazan dentro de la Comunidad (1), a
(2) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.
                                                                    disposiciones nacionales con arreglo a las cuales una pen-
                                                                    sión complementaria concedida sobre la base de una nor-
                                                                    mativa acordada mediante convenio colectivo estaÂ some-
                                                                    tida en el total de su cuantía al pago de cotizaciones tanto
                                                                    al seguro de enfermedad franceÂs como al seguro de enfer-
                                                                    medad para pensionistas alemaÂn?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Arrondissementsrechtbank te s'-Gravenhage, de            (1) DO L 149 de 5.7.1971; EE 05/01, p. 98.
fecha 25 de junio de 1998, en el asunto entre Parfums
           Christian Dior SA y Tuk Consultancy BV
                      (Asunto C-300/98)
                         (98/C 299/38)
                                                                    Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha           de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
sido sometida una petición de decisión prejudicial                  de la Comunidad Valenciana, dictado el 10 de julio de
mediante resolución del Arrondissementsrechtbank te s'-             1998, en el asunto entre SIMAP (Sindicato de MeÂdicos de
Gravenhage, dictada el 25 de junio de 1998 en el asunto             Asistencia PuÂblica) y Consejería de Sanidad y Consumo de
entre Parfums Christian Dior SA y Tuk Consultancy BV, y                                 la Generalidad Valenciana
recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de                                 (Asunto C-303/98)
julio de 1998.
                                                                                (98/C 299/40)
El Arrondissementsrechtbank solicita al Tribunal de Justi-
cia que se pronuncie sobre la cuestión siguiente:                   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                    sido sometida una petición de decisión prejudicial
¿Debe interpretarse que el apartado 6 del artículo 50 del           mediante auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
Acuerdo ADPIC (1) tiene efecto directo, de modo que las             de Justicia de la Comunidad Valenciana dictado el 10 de


title: Sentencia del Tribunal, de 28 de enero de 2015, en el asunto E-13/14 — Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia (Incumplimiento por una parte contratante de sus obligaciones — Incumplimiento — Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro)

text:
               18.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 201/7

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 28 de enero de 2015
   en el asunto E-13/14
   Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia
   (Incumplimiento por una parte contratante de sus obligaciones — Incumplimiento — Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro)
   (2015/C 201/07)
   En el asunto E-13/14, Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia — SOLICITUD de declaración de que, al no haber adoptado o notificado al Órgano de Vigilancia de la AELC, en el plazo previsto a tal efecto, las disposiciones necesarias para aplicar el acto al que se hace referencia en el punto 21c del anexo XVIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro), adaptado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo mediante su Protocolo 1 y mediante la Decisión del Comité Mixto del EEE, de 4 de diciembre de 2009, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen y Páll Hreinsson (juez ponente), jueces, dictó sentencia el 28 de enero de 2015, cuyo fallo es el siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que, al no haber adoptado, en el plazo fijado a tal efecto, las disposiciones necesarias para aplicar el acto al que se hace referencia en el punto 21c del anexo XVIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro), adaptado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo mediante su Protocolo 1 y mediante la Decisión del Comité Mixto del EEE no 147/2009, de 4 de diciembre de 2009, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

               2.

               Condena en costas a Islandia.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de  15 de noviembre de 2005 , en el asunto C-320/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria ( LoIncumplimiento de Estado — Artículos 28 CE a 30 CE — Libre circulación de mercancías — Artículos 1 y 3 del Reglamento (CEE) n o  881/92 — Artículos 1 y 6 del Reglamento (CEE) n o  3118/93 — Transportes — Prohibición sectorial de circulación de camiones de más de 7,5 toneladas que transportan determinadas mercancías — Calidad del aire — Protección de la salud y del medio ambiente — Principio de proporcionalidad )

text:
               11.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 36/4

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 15 de noviembre de 2005
   en el asunto C-320/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria (1)

   («LoIncumplimiento de Estado - Artículos 28 CE a 30 CE - Libre circulación de mercancías - Artículos 1 y 3 del Reglamento (CEE) no 881/92 - Artículos 1 y 6 del Reglamento (CEE) no 3118/93 - Transportes - Prohibición sectorial de circulación de camiones de más de 7,5 toneladas que transportan determinadas mercancías - Calidad del aire - Protección de la salud y del medio ambiente - Principio de proporcionalidad»)
   (2006/C 36/07)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-320/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 24 de julio de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. C. Schmidt y Sres. W. Wils y G. Braun), apoyada por: República Federal de Alemania (agentes: Sr. W.-D. Plessing y Sra. A. Tiemann, asistidos por el Sr. T. Lübbig, Rechtsanwalt), República Italiana, (agente: Sr. I.M. Braguglia, asistido por el Sr. G. De Bellis, avvocato dello Stato), Reino de los Países Bajos (agente: Sra. H.G. Sevenster), contra República de Austria (agentes: Sres E. Riedl y H. Dossi), el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas y K. Schiemann, Presidentes de Sala, y los Sres. R. Schintgen (Ponente) y J.N. Cunha Rodrigues, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis y A. Borg Barthet, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora, ha dictado el 15 de noviembre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 29 CE, al haber prohibido a los camiones de más de 7,5 toneladas que transportan determinadas mercancías circular en un tramo de la autopista A 12 del Valle del Inn, como consecuencia de la adopción del Reglamento del Ministro Presidente del Tirol por el que se limita el transporte en la autopista A 12 del Valle del Inn (prohibición sectorial de circular) [Verordnung des Landeshauptmanns von Tirol, mit der auf der A 12 Inntalautobahn verkehrsbeschränkende Maßnahmen erlassen werden (sektorales Fahrverbot)], de 27 de mayo de 2003.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas a la República de Austria.

               4)

               La República Federal de Alemania, la República Italiana y el Reino de los Países Bajos soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 226, de 20.9.2003.


title: Asunto C-16/06 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2008 — Les Éditions Albert René SARL/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Orange A/S (Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n o  40/94 — Artículos 8 y 63 — Marca denominativa MOBILIX — Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria y nacional OBELIX — Desestimación parcial de la oposición — Reformatio in peius — Teoría denominada de neutralización — Modificación del objeto del litigio — Documentos presentados como anexo a la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia como nueva prueba)

text:
               21.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 44/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2008 — Les Éditions Albert René SARL/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Orange A/S
   (Asunto C-16/06 P) (1)

   (Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículos 8 y 63 - Marca denominativa MOBILIX - Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria y nacional OBELIX - Desestimación parcial de la oposición - Reformatio in peius - Teoría denominada «de neutralización» - Modificación del objeto del litigio - Documentos presentados como anexo a la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia como nueva prueba)
   (2009/C 44/03)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Les Éditions Albert René SARL (representante: J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider, agente), Orange A/S (representante: J. Balling, abogado)
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005 en el asunto T-336/03, Éditions Albert René/Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) mediante la que dicho Tribunal desestimó un recurso de anulación interpuesto por el titular de la marca denominativa comunitaria y nacional «OBELIX» para ciertos productos y servicios incluidos –entre otros– en las clases 9, 16, 28, 35, 41 y 42, contra la resolución R 559/2002-4 de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 14 de julio de 2003, por la que se desestimaba parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición que rechazaba la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca denominativa «MOBILIX» para determinados productos y servicios incluidos en las clases 9, 16, 35, 37, 38 y 42
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Les Éditions Albert René Sàrl.

      (1)  DO C 143 de 17.6.2006.


title: Asunto T-414/06 P: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2008 — Combescot/Comisión ( Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Inadmisibilidad del recurso ante el Tribunal de la Función Pública — Plazo de recurso )

text:
               12.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 92/27

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2008 — Combescot/Comisión
   (Asunto T-414/06 P) (1)

   («Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Inadmisibilidad del recurso ante el Tribunal de la Función Pública - Plazo de recurso»)
   (2008/C 92/54)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Philippe Combescot (Popayán, Colombia) (representantes: A. Maritati y V. Messa, abogados)

      Otra parte del procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Joris y M. Velardo, agentes, asistidos por S. Corongiu, abogado).
   Objeto
   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 19 de octubre de 2006, Combescot/Comisión (F-114/05, aún no publicada en la Recopilación), por el que se pretende la anulación de dicha sentencia.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar al Sr. Philippe Combescot a cargar, además de con sus propias costas, con las causadas por la Comisión.

      (1)  DO C 42 de 24.2.2007.


title: Asunto C-388/10 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de agosto de 2010 por Félix Muñoz Arraiza contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 9 de junio de 2010 en el asunto T-138/09, Félix Muñoz Arraiza/OAMI y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/7

         Recurso de casación interpuesto el 2 de agosto de 2010 por Félix Muñoz Arraiza contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 9 de junio de 2010 en el asunto T-138/09, Félix Muñoz Arraiza/OAMI y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
   (Asunto C-388/10 P)
   ()
   2010/C 301/09
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Félix Muñoz Arraiza (representantes: J. Grimau Muñoz y J. Villamor Muguerza, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja

      Pretensiones

               —

               Que se anule la decisión por sentencia de la Sala Quinta del Tribunal General de las Comunidades Europeas de 9 de junio de 2010, asunto T-138/09 por considerar que las marcas oponentes son plenamente compatibles con la Solicitud de Marca Comunitaria no 4.121.621 «Riojavina».

               —

               Que se abonen las costas causadas.

      Motivos y principales alegaciones

               A.

               El primer motivo de casación se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009 (1) sobre Marca Comunitaria (en adelante RMC). Asimismo, la infracción de este artículo se divide en dos submotivos:

                           —

                           Desnaturalización de los hechos, desnaturalización de la lista de productos y servicios realmente designados en la solicitud de marca e infracción de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon C-39/97 (2), DO OAMI 12/98, 1419, apartado 23, en relación con las sentencias del TJ de 9 de diciembre de 1981, asunto C-193/80 y de 15 de octubre de 1985, asunto 281/83.
                           Bajo este submotivo se alega que el Tribunal General ha efectuado una limitación de la lista de productos realmente designada en la Solicitud de Marca Comunitaria reduciendo la categoría general «vinagres» a «vinagre de vino» tomando como ratio decidendi dos argumentos: el primero consiste en la toma en consideración de una definición normativa, indirecta, referida y nacional del concepto de vinagre cual es la Disposición Adicional Primera de la Ley española 24/2003 de la Viña y el Vino en detrimento de la definición normativa, directa y en base al Derecho Comunitario establecida por las Sentencias del TJCE de 9 de diciembre de 1981, asunto C-193/80 y de 15 de octubre de 1985, asunto C-281/83. En dichas sentencias se establece con claridad que el Derecho Comunitario delimita el vinagre como un concepto genérico desvinculándolo completamente de cualquier acepción de origen vínico. El segundo argumento que el TG utiliza para equiparar vinagre y vinagre de vino consiste afirmar que las empresas vinateras habitualmente producen vinagre de vino, lo cual constituye hacer supuesto de la cuestión dado que tal afirmación a su vez se sustenta sobre la base de asimilar la categoría «vinagre» al «vinagre de vino». Además, las sentencias C-193/80 y C-281/83 relacionan el carácter genérico del vinagre con el territorio pertinente a efectos de llevar a cabo una comparación en el marco del análisis del riesgo de confusión. El TG, en cambio, distorsiona el territorio relevante al afirmar que el vinagre de mayor consumo y producción «del mundo» es el vinagre de vino, siendo el territorio a considerar el compuesto por la Unión Europea.

                           —

                           Inobservancia de las normas procesales sobre valoración y carga de la prueba según las sentencias del TJ de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97 (3), y de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 (4).
                           Bajo este subepígrafe se denuncia que el TG ha efectuado la comparación de signos sobre la base, no acreditada en el procedimiento, de la notoriedad y/o elevado carácter distintivo de la marca «Rioja».

               B.

               El segundo motivo de casación se basa en la infracción, por analogía, del artículo 43 RMC 40/94 (5), actual 42 RMC 207/2009.
               Se reprocha aquí al TG que haya realizado un acotamiento de la lista de productos y servicios realmente designada a causa de la declaración de uso futuro de la marca solicitada, lo cual únicamente es predicable para las marcas registradas con una vigencia de, al menos, cinco años y previa prueba de uso solicitada por el titular de la marca impugnada ex artículo 42.2 RMC.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, DO L 78, p. 1

      (2)  Rec. p. I-5507

      (3)  Rec. 1999 p. I-5421

      (4)  Rec. 1999 p. I-2779

      (5)  DO 1994 L 11, p. 1


title: Asunto C-36/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 2 de octubre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 93/16/CEE — Formación específica necesaria para ejercer las funciones de médico de medicina general — Adaptación incorrecta del Derecho interno)

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/12

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 2 de octubre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica
   (Asunto C-36/08) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 93/16/CEE - Formación específica necesaria para ejercer las funciones de médico de medicina general - Adaptación incorrecta del Derecho interno)
   (2008/C 301/23)
   Lengua de procedimiento: griego
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Zavvos y H Støvlbæk, agentes)

      Demandada: República Helénica (representante: E. Skandalou, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 30, 31 y 36 de la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos (DO L 165, p. 1) — Formación específica necesaria para ejercer las funciones de médico de medicina general.
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que la incumben en virtud de los artículos 30, 31 y 36 de la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, al haber adoptado y al haber mantenido en vigor normas como las del artículo 29, apartados d.1 y d.2, de la Ley no 3209/2003, que no se ajustan a los artículos 30, 31 y 36 de la Directiva 93/16/CE.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 92 de 12.4.2008.


title: Asunto T-37/10 P: Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2012 — De Nicola/BEI ( «Recurso de casación — Función pública — Personal del BEI — Evaluación — Promoción — Ejercicio de evaluación y promoción de 2006 — Decisión del comité de recursos — Alcance del control — Seguro de enfermedad — Negativa a asumir determinados gastos médicos — Pretensión de indemnización» )

text:
               9.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 165/17

         Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2012 — De Nicola/BEI
   (Asunto T-37/10 P) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Personal del BEI - Evaluación - Promoción - Ejercicio de evaluación y promoción de 2006 - Decisión del comité de recursos - Alcance del control - Seguro de enfermedad - Negativa a asumir determinados gastos médicos - Pretensión de indemnización)
   2012/C 165/29
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representante: L. Isola, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Banco Europeo de Inversiones (BEI) (representantes: G. Nuvoli y F. Martin, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 30 de noviembre de 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, aún no publicada en la Recopilación), por el que se pide la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Anular la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 30 de noviembre de 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, aún no publicada en la Recopilación), en la medida en que desestima, en primer lugar, las pretensiones del Sr. Carlo De Nicola dirigidas a obtener la anulación de la decisión del Comité de Recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en segundo lugar, sus pretensiones dirigidas a obtener la anulación de la decisión por la que se le deniega su promoción en el ejercicio 2006, y de todos los actos conexos, consecutivos y previos a dicha decisión, y, en tercer lugar, sus pretensiones dirigidas a que se reconozca la responsabilidad del BEI debido al acoso que ejerció contra aquél y a que se le reparen los perjuicios alegados por dicho concepto.

               2)

               Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

               3)

               Devolver el asunto al Tribunal de la Función Pública.

               4)

               Reservar la decisión sobre las costas.

      (1)  DO C 80, de 27.3.2010.


title: Archivo del asunto C-410/99

text:
C 118/22                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   21.4.2001
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                                Archivo del asunto C-343/99 (1)
lución del Conseil d’État francés, section du contentieux,
de 29 de enero de 2001, en el asunto entre Malika Tennah-
     Durez y Conseil national de l’Ordre des médecins                                               (2001/C 118/37)
                           (Asunto C-110/01)                                 Mediante auto de 25 de julio de 2000, el Presidente del
                                                                             Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                             archivar el asunto C-343/99: Reino de los Paı́ses Bajos contra
                             (2001/C 118/36)                                 Comisión de las Comunidades Europeas.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    (1) DO C 352 de 4.12.1999.
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Conseil d’État francés, section du contentieux,
dictada el 29 de enero de 2001, en el asunto entre Malika
Tennah-Durez y Conseil national de l’Ordre des médecins, y
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 9 de marzo
de 2001. El Conseil d’État francés, section du contentieux,
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
siguientes cuestiones:
1.    ¿Procede interpretar lo dispuesto en el artı́culo 23,                                 Archivo del asunto C-157/98 (1)
      apartado 2, de la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de
      5 de abril de 1993 (1), que establece que la formación
      médica total que debe haber adquirido un médico nacio-                                        (2001/C 118/38)
      nal de un Estado miembro comprenderá, por lo menos,
      seis años de estudios o 5 500 horas de enseñanza teórica
      y práctica impartidas en una universidad o bajo el control            Mediante auto de 2 de agosto de 2000, el Presidente del
      de una universidad, en el sentido de que hace referencia a             Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
      una formación recibida, en su totalidad, únicamente en               archivar el asunto C-157/98: Reino de los Paı́ses Bajos contra
      universidades de Estados miembros de la Comunidad o                    Comisión de las Comunidades Europeas.
      bajo el control de dichas universidades, o dicha disposi-
      ción permite tomar en consideración la totalidad o una
      parte de la formación recibida en un Estado tercero?                  (1) DO C 258 de 15.8.1998.
2.    ¿Vincula a las autoridades nacionales el certificado emi-
      tido, conforme al apartado 5 del artı́culo 9 de esta misma
      Directiva, por las autoridades competentes del Estado
      miembro donde se expidió el tı́tulo presentado por el
      interesado, acreditando que dicho tı́tulo está asimilado a
      los tı́tulos cuyas denominaciones figuran en los artı́-
      culos 3, 5 o 7 de la Directiva y sanciona una formación
      conforme a las disposiciones de su tı́tulo III, o bien las
      autoridades nacionales pueden proceder a una valoración                              Archivo del asunto C-410/99 (1)
      de dicho certificado en lo que respecta, en particular, a
      las exigencias mı́nimas de formación previstas en la
      Directiva y requeridas por la legislación nacional, para                                     (2001/C 118/39)
      llegar la conclusión, en su caso, de que, pese a los términos
      del mencionado certificado, la formación recibida por
      la persona interesada cumple los requisitos de la Direc-               Mediante auto de 2 de agosto de 2000, el Presidente del
      tiva?                                                                  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
                                                                             archivar el asunto C-410/99 (petición de decisión prejudicial
                                                                             del Kantongerecht te Groningen): Kamer van Koophandel en
                                                                             Fabrieken voor Groningen contra Challenger Trading Com-
(1) Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada        pany Ltd.
    a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento
    mutuo de sus diplomas, certificados y otros tı́tulos (DO L 165,
    p. 1).
                                                                             (1) DO C 20 de 22.1.2000.


title: Asunto C-94/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España ( Incumplimiento de Estado — Empleos de capitán y de primer oficial — Reserva de nacionalidad )

text:
               10.1.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/9

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-94/08) (1)

   («Incumplimiento de Estado - Empleos de capitán y de primer oficial - Reserva de nacionalidad»)
   (2009/C 6/15)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Rozet y L. Lozano Palacios, agentes)

      Demandada: Reino de España (representante: B. Plaza Cruz, agente)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 39 CE — Obligación de poseer la nacionalidad española para acceder a los empleos de capitán y primer oficial de determinados buques que enarbolan pabellón español — Incompatibilidad con el Derecho comunitario.
   Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario y, en particular, del artículo 39 CE, al haber mantenido en su legislación la exigencia de la nacionalidad española para ejercer los empleos de capitán y primer oficial en todos los buques de pabellón español distintos de los buques mercantes de arqueo bruto inferior a 100 toneladas, que transporten carga o menos de 100 pasajeros, que operen exclusivamente entre puertos o puntos situados en zonas en que el Reino de España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 107 de 26.4.2008.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de abril de 2002 en el asunto T-372/00, Mario Campolargo contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Procedimientos de selección — Aplicación del artículo 29, apartado 1 del Estatuto — Selección de un agente temporal — revocación de un acto administrativo)

text:
C 156/22                  ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     29.6.2002
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                        de 23 de abril de 2002                                                    de 16 de abril de 2002
en el asunto T-372/00, Mario Campolargo contra Comi-                       en el asunto T-51/01, Joachim Fronia contra Comisión de
              sión de las Comunidades Europeas (1)                                          las Comunidades Europeas (1)
(Funcionarios — Procedimientos de selección — Aplicación                 (Funcionarios — Reorganización de las estructuras adminis-
del artı́culo 29, apartado 1 del Estatuto — Selección de un               trativas de la Comisión — Destino de un antiguo jefe de
  agente temporal — revocación de un acto administrativo)                            unidad al puesto de consejero ad personam)
                            (2002/C 156/41)                                                           (2002/C 156/42)
                   (Lengua de procedimiento: francés)                                        (Lengua de procedimiento: francés)
En el asunto T-372/00, Mario Campolargo, agente temporal                   En el asunto T-51/01, Joachim Fronia, funcionario de la
de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio                 Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
en Kraainem (Bélgica), representado por Me C. Mourato,                     Overijse (Bélgica), representado por Mes J.-N. Louis y V. Peere,
abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comi-                 abogados, que designa domicilio en Luxemburgo, contra
sión de las Comunidades Europeas (agente: Sres. J. Currall y              Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sra. F. Clo-
D. Waelbroeck), que tiene por objeto un recurso de anulación              tuche-Duvieusard), que tiene por objeto un recurso de anula-
de la decisión de la Comisión de 15 de febrero de 2000 por la            ción de las decisiones en virtud de las cuales no se mantuvo al
que se anuló el nombramiento del demandante para el puesto                demandante como jefe de unidad en funciones, sino que se le
de jefe de la unidad XIII.G.2, el Tribunal de Primera Instancia            destinó al puesto de consejero ad personam, con ocasión de la
(Sala Primera), integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y          reorganización de las estructuras administrativas de la Comi-
los Sres. N.J. Forwood y H. Legal, Jueces; Secretario:                     sión, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado
Sr. J. Plingers, administrador, ha dictado el 23 de abril de 2002          por el Sr. R. Moura Ramos, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                  A.W.H. Meij, Jueces; Secretario: Sr. J. Plingers, administrador,
                                                                           ha dictado el 16 de abril de 2002 una sentencia cuyo fallo es
                                                                           el siguiente:
1)     Se anula la decisión de la Comisión de 15 de febrero de 2000
       por la que se anuló el nombramiento del Sr. Campolargo para
       el puesto de jefe de la unidad XIII.G.2.                            1)     Se desestima el recurso.
2)     Se condena en costas a la Comisión.                                2)     Cada parte cargará con sus propias costas.
(1) DO C 45 de 10.2.2001.                                                  (1) DO C 186 de 30.6.2001.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de diciembre de 2001 en el asunto C-59/00 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret): Bent Mousten Vestergaard contra Spøttrup Boligselskab ("Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Contratos públicos de obras — Contratos públicos de obras que no alcanzan los umbrales previstos en la Directiva 93/37/CEE — Cláusula que exige la utilización de un producto definido por su marca, sin posibilidad de emplear un producto similar — Libre circulación de mercancías")

text:
6.4.2002                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 84/31
del azúcar que se encuentren en España y Portugal el 1 de                         —     dicho deudor ha observado todas las disposiciones previstas
marzo de 1986 (DO L 57, p. 21), el Tribunal de Justicia (Sala                             por la normativa en vigor en relación con la declaración
Primera), integrado por los Sres. P. Jann (Ponente), Presidente                           del hecho al que está ligada la percepción de la exacción
de Sala, L. Sevón y M. Wathelet, Jueces; Abogado General:                                de que se trate.
Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 11 de
octubre de 2001 un auto en el que resuelve lo siguiente:
                                                                             (1) DO C 122 de 29.4.2000.
1)   Los artı́culos 1, apartado 2, letra c), y 2, apartado 1, párrafo
     segundo, del Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de
     24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de
     los derechos de importación o de los derechos de exportación                       AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
     que no hayan sido exigidos al deudor por mercancı́as declaradas
     en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar                                          (Sala Segunda)
     tales derechos, deben interpretarse en el sentido de que la
     contracción del importe de los derechos primeramente exigidos
                                                                                de 3 de diciembre de 2001
     del deudor es un acto administrativo que precede a la notificación
     a efectos de la recaudación, ası́ como a la propia recaudación, y
     que no consiste necesariamente en la inscripción de dicho              en el asunto C-59/00 (petición de decisión prejudicial
     importe por la autoridad aduanera en los registros contables o          planteada por el Vestre Landsret): Bent Mousten Vester-
     en cualquier otro soporte que sustituya a tales registros.                            gaard contra Spøttrup Boligselskab (1)
                                                                             («Artı́culo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
2)   El artı́culo 2, apartado 2, del Reglamento no 1697/79 debe              — Contratos públicos de obras — Contratos públicos de
     interpretarse en el sentido de que, si un primer acto que fija el       obras que no alcanzan los umbrales previstos en la Directiva
     importe de las exacciones adeudadas es revocado y sustituido            93/37/CEE — Cláusula que exige la utilización de un
     por un segundo acto que, sin modificar el fundamento de la              producto definido por su marca, sin posibilidad de emplear
     recaudación, fija dichas exacciones en un importe inferior al             un producto similar — Libre circulación de mercancı́as»)
     establecido inicialmente, debe considerarse que la acción de
     recaudación se ha iniciado mediante el primer acto.                                                (2002/C 84/51)
                                                                                (Lengua de procedimiento: danés)
3)   Ni el artı́culo 254 del Acta relativa a las condiciones de
     adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a        (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     las adaptaciones de los Tratados, ni las disposiciones de los                 «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
     Reglamentos (CEE) no 3771/85 del Consejo, de 20 de
     diciembre de 1985, relativo a las existencias de productos
     agrı́colas que se encuentren en Portugal, y no 579/86 de la
                                                                             En el asunto C-59/00, que tiene por objeto una petición
     Comisión, de 28 de febrero de 1986, por el que se establecen
                                                                             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,
     las normas relativas a las existencias de productos del sector del
                                                                             por el Vestre Landsret (Dinamarca), destinada a obtener, en el
     azúcar que se encuentren en España y Portugal el 1 de marzo
                                                                             litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Bent
     de 1986, se oponen a que la República Portuguesa exija de los
                                                                             Mousten Vestergaard y Spøttrup Boligselskab, una decisión
     operadores que posean excedentes de azúcar que hubieran
                                                                             prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 6 y 30 del
     podido exportar en el plazo previsto a tal efecto el pago de la
                                                                             Tratado CE (actualmente artı́culos 12 CE y 28 CE, tras su
     exacción prevista en el artı́culo 7, apartado 1, del Reglamento
                                                                             modificación) el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado
     no 579/86.
                                                                             por la Sra. N. Colneric, Presidenta de Sala, y los Sres.
                                                                             R. Schintgen y V. Skouris (Ponente), Jueces, Abogado General:
                                                                             Sr. P. Léger, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 3 de
4)   Las autoridades aduaneras de un Estado miembro deben
                                                                             diciembre un auto resolviendo lo siguiente:
     renunciar a una recaudación a posteriori de derechos con arreglo
     al artı́culo 5, apartado 2, del Reglamento no 1697/79 cuando:
                                                                             El artı́culo 30 del Tratado CE (actualmente artı́culo 28 CE, tras su
                                                                             modificación) se opone a que una entidad adjudicadora introduzca,
     —      los derechos no han sido percibidos debido a un error de         en el pliego de condiciones relativo a un contrato público de obras
            interpretación o de aplicación de las normas relativas a la    que no sobrepasa el umbral previsto en el Directiva 93/37/CEE del
            exacción de que se trate que sea consecuencia de un             Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los
            comportamiento activo de las autoridades competentes, lo         procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras,
            que excluye los errores provocados por declaraciones             una cláusula que exija, para la ejecución del referido contrato, que se
            inexactas del deudor;                                            utilice un producto de una marca determinada cuando esta cláusula
                                                                             no vaya acompañada de la mención o equivalente.
     —      dicho error no podı́a razonablemente ser conocido por un         (1) DO C 122 de 29.4.2000.
            deudor que actúe de buena fe, a pesar de su experiencia
            profesional y de la diligencia que debe mostrar, y


               20.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 74/65

         Petición de un dictamen consultivo al Tribunal de AELC por Oslo tingrett con fecha de 26 de noviembre de 2007 en el asunto L'Oréal Norge AS contra Smart Club Norge AS
   (Asunto E-10/07)
   (2008/C 74/15)
   El Oslo tingrett (Tribunal de distrito de Oslo) sometió al Tribunal de la AELC, mediante nota de 26 de noviembre de 2007, una solicitud, recibida en la Secretaría del Tribunal el 29 de noviembre de 2007, relativa a un dictamen consultivo en el asunto de L'Oréal Norge AS contra Smart Club Norge AS, sobre las siguientes cuestiones:

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo en el sentido de que confiere al titular de una marca el derecho a impedir una importación de un país tercero ajeno al EEE, cuando dicha importación tenga lugar sin el consentimiento del titular de la marca?

               2)

               ¿Cabe interpretar que el artículo 7, apartado 1 de la Directiva 89/104/CEE permite el agotamiento internacional?


title: Asunto T-603/11: Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2014 — Ecologistas en Acción/Comisión [Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n ° 1049/2001 — Documentos relativos a la realización de un proyecto industrial en una zona protegida con arreglo a la Directiva 92/43/CEE — Documentos originarios de un Estado miembro — Oposición manifestada por el Estado miembro — Denegación de acceso — Excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría — Excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales — Información medioambiental — Reglamento (CE) n ° 1367/2006 — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno]

text:
               26.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 159/24

         Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2014 — Ecologistas en Acción/Comisión
   (Asunto T-603/11) (1)

   ([Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Documentos relativos a la realización de un proyecto industrial en una zona protegida con arreglo a la Directiva 92/43/CEE - Documentos originarios de un Estado miembro - Oposición manifestada por el Estado miembro - Denegación de acceso - Excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría - Excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales - Información medioambiental - Reglamento (CE) no 1367/2006 - Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno])
   2014/C 159/33
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid) (representante: J. Doreste Hernández, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Costa de Oliveira e I. Martínez del Peral, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Reino de España (representantes: inicialmente S. Centeno Huerta, posteriormente M.J. García-Valdecasas Dorrego, Abogados del Estado)

      Objeto

   Anulación de la decisión de la Comisión, de 23 de septiembre de 2011, por la que se deniega a la parte demandante el acceso a determinados documentos relativos a la aprobación del proyecto de construcción de un puerto en Granadilla (Tenerife), remitidos por las autoridades españolas a la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Ecologistas en Acción-CODA cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

               3)

               El Reino de España cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.