title: Asunto C-192/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division, Crown Office, de fecha 14 de abril de 1999, en el asunto entre The Queen y Secretary of State for the Home Department, Ex parte: Manjit Kaur

text:
7.8.1999                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 226/17
3. condene en costas al Reino de España.                                calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo
                                                                         el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
                                                                         Servicio Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
Motivos y principales alegaciones
                                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
— (Legislación no conforme)
                                                                         — Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
     La Ley 38/1995 de 12 de     diciembre (2) sobre el Derecho de            incumben en virtud de la Directiva 96/43/CE del Con-
     Acceso a la Información en Materia de Medio Ambiente                    sejo (1) por la que se modifica y se codifica la Directiva 85/
     no es conforme en lo que se refiere al artı́culo 3, apartado             73/CEE (2) con el fin de establecer la financiación de las
     2, tercer guión, por cuanto que dispone que las Administra-             inspecciones y controles veterinarios de animales vivos y
     ciones públicas podrán denegar la información cuando                  ciertos productos de origen animal y por la que se
     ésta se refiera a expedientes que hayan sido objeto de                   modifican las Directivas 90/675/CEE (3) y 91/496/CEE (4),
     actuaciones en el pasado.                                                al no haber adoptado las disposiciones legislativas, regla-
                                                                              mentarias o administrativas necesarias para atenerse a
— Igualmente, al reconocer la obligación de las autoridades                  dicha Directiva y/o al no haber informado de ello a la
     públicas de responder a las solicitudes de información «lo             Comisión;
     antes posible y dentro de un plazo de dos meses», debiendo          — condene en costas a Irlanda.
     «indicar las razones de la denegación de la solicitud
     de información», la Ley 38/1995 reconoce al silencio
     administrativo negativo carácter suficiente para desestimar        Motivos y principales alegaciones
     una solicitud de información.
                                                                         El artı́culo 249 del Tratado CE (antiguo artı́culo 189), con-
— Finalmente, no existen las disposiciones legales necesarias            forme al cual la Directiva obligará al Estado miembro destinata-
     que o bien establezcan la gratuidad de información en              rio en cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la
     materia de medio ambiente o bien determinen los precios             obligación del Estado miembro de atenerse al plazo de
     a cobrar por dicho suministro de información, en cuyo              adaptación señalado en la Directiva. Dicho plazo expiró sin
     caso, y para asegurar el respecto del artı́culo 5 de la             que Irlanda haya adoptado las disposiciones necesarias para
     Directiva, es necesario que los precios que se determinen           atenerse a la Directiva mencionada en las pretensiones de la
     no excedan de un coste razonable.                                   Comisión.
— La Comisión considera que, en un caso concreto, las                   (1) de 26 de junio de 1996 (DO L 162, de 1.7.1996, p. 1).
     autoridades españolas se han limitado a aplicar mecánica-         (2) de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las
     mente una normativa interna sobre tasas, y que dicha                    inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de
     actuación es contraria al artı́culo 5 de la Directiva puesto           aves de corral (DO L 32 de 5.2.85, p. 14; EE 03/33 p. 152).
     que la tasa, cuyo pago se exige previamente a la entrega de         (3) de 10 de diciembre de 1990, por la que se establecen los principios
     la documentación solicitada, excede de un costo razonable.             relativos a la organización de controles veterinarios de los
     La Administración española no ha tenido en cuenta la                  productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de
                                                                             paı́ses terceros (DO L 373, de 31.12.1990, p. 1).
     existencia de la Directiva y, tal y como lo ha reconocido, la       (4) de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios
     tasa liquidada no lo ha sido en función del suministro                 relativos a la organización de controles veterinarios de los
     de información medioambiental sino en función de la                   animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de
     legislación nacional aplicable a la aportación de estudios            paı́ses terceros y por la que se modifican las Directivas 89/662/
     técnicos, sin tener en cuenta, la definición de información           CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE (DO L 268, de 24.9.1991, p. 56).
     sobre el medio ambiente dada en el artı́culo 2 letra a) de la
     directiva.
(1) DO L 158 de 26 de junio de 1990, p. 56.
(2) BOE 297, de 13 de diciembre de 1995.                                 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                         lución de la High Court of Justice (England and Wales),
                                                                         Queen’s Bench Division, Crown Office, de fecha 14 de
                                                                         abril de 1999, en el asunto entre The Queen y Secretary
                                                                         of State for the Home Department, Ex parte: Manjit Kaur
                                                                                (Asunto C-192/99)
Recurso interpuesto el 21 de mayo de 1999 contra Irlanda                                           (1999/C 226/28)
        por la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                        (Asunto C-190/99)                                sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución de la High Court of Justice (England and Wales),
                                                                         Queen’s Bench Division, Crown Office, dictada el 14 de abril
                          (1999/C 226/27)                                de 1999, en el asunto entre The Queen y Secretary of State for
                                                                         the Home Department, Ex parte: Manjit Kaur, y recibida en la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 25 de mayo de 1999. La
presentado el 21 de mayo de 1999 un recurso contra Irlanda               High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                  Division, Crown Office, solicita al Tribunal de Justicia que se
representada por el Sr. Peter Oliver, Consejero Jurı́dico, en            pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
 ---pagebreak--- C 226/18               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        7.8.1999
1. Para determinar si la demandante —a quien, como ciuda-                  c) ¿genera derechos directamente efectivos que los ciuda-
   dana británica de Ultramar, la normativa del Reino Unido                    danos de la Unión pueden invocar ante los órganos
   no reconoce el derecho a entrar y permanecer en este                         jurisdiccionales nacionales?
   Estado— es una «persona que ostenta la nacionalidad de
   un Estado miembro» y, por consiguiente, es una «ciudadana               d) ¿se aplica a situaciones puramente internas de un
   de la Unión» a efectos del artı́culo 8 del Tratado:                         Estado miembro?
   1) ¿Qué efectos jurı́dicos (en su caso) atribuye el Derecho
        comunitario a:
        a) la Declaración de 1972, sobre la definición del
             término «nacionales», hecha por el Reino Unido en
             el momento de la adhesión a las Comunidades
             Europeas y que se anexó al Acta final de la              Recurso interpuesto el 26 de mayo de 1999 contra Reino
             Conferencia de negociación de la adhesión;              Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la
                                                                                Comisión de las Comunidades Europeas
        b) la Declaración sobre el significado de «nacional del
             Reino Unido», hecha por el Reino Unido en 1982,                                  (Asunto C-200/99)
             y
                                                                                (1999/C 226/29)
        c) la Declaración no 2 del Tratado de la Unión
             Europea, firmado el 7 de febrero de 1992, según la
             cual la cuestión de la nacionalidad se resolverá        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
             únicamente remitiéndose al Derecho nacional del          presentado el 26 de mayo de 1999 un recurso contra Reino
             Estado miembro de que se trate y los Estados              Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte formulado por la
             miembros podrán declarar, a tı́tulo de información,     Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el
             quiénes deben considerarse sus nacionales a efectos       Sr. Peter Oliver, Consejero Jurı́dico, en calidad de Agente, que
             comunitarios?                                             designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
                                                                       Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de
                                                                       la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
   2) En el supuesto de que el Derecho comunitario no
        autorice al Reino Unido a invocar las Declaraciones
        mencionadas en el apartado 1) anterior, ¿cuáles son los       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
        criterios que permiten determinar si una persona tiene
        la nacionalidad de un Estado miembro a efectos del             — Declare que Reino Unido de Gran Bretaña a Irlanda del
        artı́culo 8, cuando el Derecho nacional establece varias           Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben (1)
        categorı́as de nacionalidad, de las cuales sólo algunas           en virtud del Tratado y de la Directiva 95/68/CE (1), por la
        confieren el derecho a entrar y permanecer en dicho                que se modifica la Directiva 77/99/CEE (2) del Consejo de
        Estado miembro?                                                    21 de diciembre de 1976, relativa a problemas sanitarios
                                                                           en materia de intercambios intracomunitarios de productos
                                                                           a base de carne y (2) en virtud de la Directiva 96/90/CE (3)
   3) En este contexto, ¿qué eficacia tiene el principio de                del Consejo que modifica la Directiva 92/118/CEE (4) por
        Derecho comunitario de respecto de los derechos                    la que se establecen las condiciones de policı́a sanitaria y
        humanos fundamentales, invocado por la demandante,                 sanitarias aplicables a los intercambios y a las importacio-
        teniendo en cuenta, en particular, que ésta invoca el              nes en la Comunidad de productos no sometidos, con
        apartado 2 del artı́culo 3 del Cuarto Protocolo del                respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias
        Convenio Europeo de Derechos Humanos —según el                    especı́ficas a que se refiere el capı́tulo I del Anexo A de la
        cual ninguna persona puede ser privada del derecho a               Directiva 89/662/CEE (5) y, por lo que se refiere a los
        entrar en el territorio del Estado del que es nacional—,           patógenos, de la Directiva 90/425/CEE (6), al no adoptar las
        que no ha sido ratificado por el Reino Unido?                      disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas
                                                                           necesarias para atenerse a dichas Directivas, y
2. En las circunstancias del presente caso, el apartado 1 del
   artı́culo 8 A del Tratado CE:                                       — condene en costas a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
                                                                           del Norte.
   a) ¿confiere a un ciudadano de la Unión el derecho a
        entrar y permanecer en el Estado miembro del que es            Motivos y principales alegaciones
        nacional aun cuando la normativa nacional le deniegue
        tales derechos?
                                                                       El artı́culo 249 del Tratado CE (antiguo artı́culo 189), con-
                                                                       forme al cual la Directiva obligará al Estado miembro destinata-
   b) ¿confiere derechos adicionales a los ya existentes en            rio en cuanto al resultado que deba conseguirse, implica la
        virtud del Tratado CE antes de ser modificado por el           obligación del Estado miembro de cumplir el plazo de
        Tratado de la Unión Europea?                                  adaptación señalado en la Directiva. Dicho plazo expiró sin


title: Asunto F-41/13: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2013 — ZZ y otros/BEI

text:
               20.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 207/60

         Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2013 — ZZ y otros/BEI
   (Asunto F-41/13)
   2013/C 207/104
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandantes: ZZ y otros (representante: L. Levi, abogada)

      Demandada: Banco Europeo de Inversiones

      Objeto y descripción del litigio

   Por una parte, una pretensión de anulación de las decisiones contenidas en las nóminas correspondientes al mes de febrero de 2013, por las que se fija la adaptación anual de los salarios limitada al 1,8 % para el año 2013, de las notas informativas que la parte demandada remitió a los demandantes los días 5 y 15 de febrero de 2013, y anulación de las nóminas posteriores. Por otra parte, la pretensión de que se condene a la institución al pago de daños y perjuicios por el daño material y moral supuestamente sufrido.

      Pretensiones de las partes demandantes

               —

               Que se anule la decisión contenida en las nóminas de los demandantes correspondientes al mes de febrero de 2013, decisión por la que se fija la adaptación anual de los salarios limitada al 1,8 % para el año 2013, anulándose en consecuencia las decisiones similares contenidas en las nóminas posteriores, y que, en la medida en que sea necesario, se anulen dos notas informativas que la parte demandada remitió a los demandantes los días 5 y 15 de febrero de 2013.

               —

               Que se condene a la parte demandada al pago a cada uno de los demandantes, en concepto de indemnización por el daño material: (i) del saldo salarial resultante de la aplicación de la adaptación anual correspondiente a 2013, esto es, un incremento del 1,8 %, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; (ii) del saldo salarial resultante de las consecuencias de aplicar la adaptación anual del 1,8 % correspondiente al año 2013 sobre el importe de los salarios pagaderos a partir de enero de 2014; (iii) de intereses de demora sobre los saldos salariales adeudados hasta el pago íntegro de las cantidades adeudadas, debiendo calcularse el tipo de los intereses de demora con arreglo al tipo fijado por el Banco Central Europeo para las principales operaciones de refinanciación aplicable al período correspondiente, incrementado en tres puntos, y (iv) de daños y perjuicios por la pérdida de poder adquisitivo; evaluándose provisionalmente la totalidad de este daño material en 30 000 euros por cada demandante.

               —

               Que se condene a la parte demandada al pago a cada uno de los demandantes de 1 000 euros en concepto de indemnización por el daño moral.

               —

               Que se condene en costas al BEI.


title: Asunto T-322/04: Recurso interpuesto el 5 de agosto de 2004 por Colgate-Palmolive Company contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/49

         Recurso interpuesto el 5 de agosto de 2004 por Colgate-Palmolive Company contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)
   (Asunto T-322/04)
   (2004/C 262/92)
   Lengua de presentación del recurso: español
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades europeas se ha presentado el 5 de agosto de 2004 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) formulado por Colgate-Palmolive Company, con domicilio en Nueva York (Estados Unidos), representada por los letrados en ejercicio D. Enrique Armijo Chávarri y D. Antonio Castán Pérez-Gómez
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de fecha 18 de mayo de 2004 dictada en el expediente R 0076/2004-2, y

               —

               condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

               Marca objeto de la solicitud:

               Marca verbal «SIMPLY WHITE» - Solicitud no 2688315.

               Productos o servicios:

               Dentífricos, pasta de dientes, enjuagues bucales (Clase 3).

               Resolución impugnada ante la Sala de Recurso:

               Denegación por el examinador de la solicitud de registro.

               Resolución de la Sala de Recurso:

               Desestimación del recurso.

               Motivos invocados:

               Interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94.


title: Asunto T-122/11: Auto del Tribunal General de 6 de septiembre de 2011 — Yao N’Dré/Consejo

text:
               29.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/28

         Auto del Tribunal General de 6 de septiembre de 2011 — Yao N’Dré/Consejo
   (Asunto T-122/11) (1)

   2011/C 319/60
   Lengua de procedimiento: francés
   El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 130, de 30.4.2011.


title: Asunto C-374/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf — Alemania) — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld (Procedimiento prejudicial — Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Directiva 92/12/CEE — Productos objeto de impuestos especiales — Marcas fiscales — Salida irregular de un régimen suspensivo — Robo — Puesta a consumo en el Estado miembro en el que se produjo el robo — No reembolso de las marcas fiscales de otro Estado miembro ya fijadas en los productos robados)

text:
               23.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/21

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf — Alemania) — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld
   (Asunto C-374/06) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Directiva 92/12/CEE - Productos objeto de impuestos especiales - Marcas fiscales - Salida irregular de un régimen suspensivo - Robo - Puesta a consumo en el Estado miembro en el que se produjo el robo - No reembolso de las marcas fiscales de otro Estado miembro ya fijadas en los productos robados)
   (2008/C 51/34)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Órgano jurisdiccional remitente
   Finanzgericht Düsseldorf
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH

      Demandada: Hauptzollamt Bielefeld
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Finazgericht Düsseldorf — Interpretación de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76, p. 1) — Negativa de un Estado miembro a devolver el importe pagado para la obtención de marcas fiscales de las que van provistas las labores del tabaco que han salido de manera irregular del régimen suspensivo en otro Estado miembro, a raíz de lo cual este Estado miembro recauda el impuesto especial — Robo de cigarrillos.
   Fallo
   La Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 807/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (unanimidad), no se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye la devolución del importe pagado por la adquisición de marcas fiscales emitidas por dicho Estado miembro, cuando esas marcas hayan sido fijadas en los productos objeto del impuesto especial antes de su puesta a consumo en el citado Estado miembro, tales productos hayan sido robados en otro Estado miembro, dando lugar al pago de impuestos especiales en ese otro Estado miembro, y no se haya aportado la prueba de que los productos robados no se venderán en el Estado miembro de emisión de dichas marcas.

      (1)  DO C 326 de 30.12.2006.


title: Asunto C-638/13 P: Recurso de casación interpuesto el 4 de diciembre de 2013 por Roca contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 16 de septiembre de 2013 en el asunto T-412/10, Roca/Comisión

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/29

         Recurso de casación interpuesto el 4 de diciembre de 2013 por Roca contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 16 de septiembre de 2013 en el asunto T-412/10, Roca/Comisión
   (Asunto C-638/13 P)
   2014/C 52/52
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Recurrente: Roca (representante: P. Vidal Martínez, abogada)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones

               —

               Que se acojan los argumentos expuestos por Roca en el presente recurso.

               —

               Que se declare la nulidad parcial de la sentencia del Tribunal General, de 16 de septiembre de 2013, en el asunto T-412/10.

               —

               Que se estimen las pretensiones formuladas por Roca reduciendo el importe de la multa que se le ha impuesto.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas incurridas por Roca en la presente instancia, así como las del asunto T-412/10 en lo que se refiera a los mismos motivos de recurso.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

                     Primer motivo
                  , basado en la vulneración de los principios de motivación, no discriminación e igualdad de trato en relación con la valoración de la menor gravedad de la infracción de Roca derivada de la menor gama de productos afectados por la infracción y desnaturalización de los hechos considerados probados en la decisión.

               2)

                     Segundo motivo
                  , basado en un error de derecho en la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulneración de los principios de igualdad de trato y de confianza legítima en la aplicación de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (1).

      (1)  DO 2006, C 210, p. 2


title: Asunto C-429/11 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de agosto de 2011 por Gosselin Group NV, anteriormente Gosselin World Wide Moving NV, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 16 de junio de 2011 en los asuntos acumulados T-208/08 y T-209/08, Gosselin Group NV y Stichting Administratiekantoor Portielje/Comisión Europea

text:
               12.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 331/8

         Recurso de casación interpuesto el 18 de agosto de 2011 por Gosselin Group NV, anteriormente Gosselin World Wide Moving NV, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 16 de junio de 2011 en los asuntos acumulados T-208/08 y T-209/08, Gosselin Group NV y Stichting Administratiekantoor Portielje/Comisión Europea
   (Asunto C-429/11 P)
   2011/C 331/13
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Recurrente: Gosselin Group, anteriormente NV Gosselin World Wide Moving NV (representantes: F. Wijckmans y H. Burez, abogados)

      Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea y Stichting Administratiekantoor Portielje

      Pretensiones de la parte recurrente

   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia:

               —

               Con carácter principal, (i) que se anule la sentencia (1) por cuanto el Tribunal General afirma que las prácticas imputadas restringían por su naturaleza la competencia sin que a este respecto deban demostrarse efectos restrictivos para la competencia; y (ii) que se anule la Decisión (2) (en su versión modificada y en la medida en que sea aplicable a la recurrente) ya que no comprende ninguna prueba de las consecuencias para el Derecho de la competencia de las prácticas de las que se hace responsable a la recurrente.

               —

               Con carácter subsidiario, (i) que se anule la sentencia por cuanto el Tribunal General afirma que la Comisión pudo basarse excepcionalmente en el segundo requisito alternativo del apartado 53 de las Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio (3) sin delimitar explícitamente el mercado en el sentido del apartado 55 de dichas Directrices; y (ii) que se anule la Decisión (en su versión modificada y en la medida en que sea aplicable a la recurrente) debido a que la Comisión no demostró en la Decisión que las prácticas influían sensiblemente en los intercambios entre Estados miembros.

               —

               Con carácter subsidiario, (i) que se anule la sentencia por cuanto el Tribunal General afirma que la Comisión no debió tener en cuenta el hecho de que la recurrente no hubiera participado en los acuerdos escritos sobre precios y en las reuniones, ni en el marco de la apreciación de la gravedad de la infracción, ni en el marco de las circunstancias atenuantes; y (ii) que se anule la Decisión (en su versión modificada y en la medida en que sea aplicable a la recurrente) por las mismas razones.

               —

               Con carácter subsidiario, (i) que se anule la sentencia por cuanto se refiere a un porcentaje del 17 % de las ventas pertinentes sin tener en cuenta la totalidad de las 30 circunstancias pertinentes, basándose en particular en un umbral mínimo del 15 % y (ii) que se anule la Decisión (en su versión modificada y en la medida en que sea aplicable a la recurrente) por las mismas razones.

               —

               Con carácter subsidiario, (i) que se anule la sentencia por cuanto ésta afirma que la participación de la recurrente entre el 31 de enero de 1992 y el 30 de octubre de 1993 no ha prescrito; (ii) que se anule la Decisión (en su versión modificada y en la medida en que sea aplicable a la recurrente) por cuanto calcula la multa impuesta a la recurrente sobre la base de su participación entre el 31 de enero de 1992 y el 30 de octubre de 1993; y (iii) que se reduzca por consiguiente la multa en la medida correspondiente.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión Europea con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de sus pretensiones, Gosselin Group NV alega que el Tribunal General infringió el Derecho de la Unión al calificar de manera jurídicamente errónea los hechos constatados por él (presupuestos ficticios y comisiones) como acuerdos de fijación de precios y prácticas de reparto del mercado, y que por lo menos la sentencia, en dicho contexto, adolece de una falta de motivación.
   Con carácter subsidiario, Gosselin Group NV señala que el Tribunal General:

               —

               Al evaluar la afectación sensible del comercio mediante las prácticas deliberadas entre Estados miembros, infringió la regla de que la Comisión debe seguir sus propias directrices.

               —

               Al examinar las circunstancias atenuantes en el marco del cálculo de la multa, vulneró el principio de que la responsabilidad es de carácter personal y la regla de que la Comisión debe seguir sus propias directrices.

               —

               Al fijar el importe de base de la multa, infringió la obligación de motivación, el principio de que la responsabilidad es de carácter personal y la regla de que la Comisión debe seguir sus propias directrices. La primera parte plantea que el Tribunal General consideró indebidamente que la Comisión pudo basarse en el apartado 23 de las Directrices para el cálculo de las multas. (4) La segunda parte establece que el Tribunal General dio muestras de una apreciación jurídica errónea al afirmar que existe un porcentaje mínimo del 15 % del valor de las ventas que por definición es el umbral más bajo para una multa por graves restricciones de la competencia. La tercera parte señala que el Tribunal General dio muestras de una apreciación jurídica errónea al afirmar que el 17 % es igual o casi igual al 15 % y deducir de ello que no deben ser tenidas en cuenta todas las circunstancias relevantes.

               —

               Infringió el artículo 25 del Reglamento no 1/2003 (5) al considerar que la participación de NV en las prácticas deliberadas durante el período de 31 de noviembre de 1992 a 30 de octubre de 1993 no había prescrito.

      (1)  Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 16 de junio de 2011 en los asuntos acumulados T-208/08 y T-209/08, Gosselin Group NV y Stichting Administratiekantoor Portielje contra Comisión Europea (en lo sucesivo, «sentencia»).

      (2)  Decisión C(2008) 926 final de la Comisión de 11 de marzo de 2008 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/38.543 — Servicios de mudanzas internacionales) (en lo sucesivo, «Decisión»).

      (3)  Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2004, C 101, p. 81).

      (4)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2).

      (5)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Asunto C-478/04: Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2004 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               5.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 31/6

         Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2004 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-478/04)
   (2005/C 31/13)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 16 de noviembre de 2004 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Minas Konstantinidis y Giuseppe Bambara, en calidad de agentes.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 8 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos (1), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CE (2), y del artículo 2, apartados 1 y 2, de la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos:

                           a)

                           al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que los residuos peligrosos vertidos en el vertedero de Cà di Capri (Verona) se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente;

                           b)

                           al no haber adoptado las medidas necesarias para que el poseedor de los residuos peligrosos vertidos en dicho vertedero los remita a un recolector privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones previstas en los anexos II A o II B de la Directiva, o bien se ocupe él mismo de su valorización o eliminación de acuerdo con las disposiciones comunitarias;

                           c)

                           al no haber adoptado las medidas necesarias para que, en relación con este vertedero, en el lugar en que se vierten (descargan) residuos peligrosos, dichos residuos se registren y se identifiquen, y no se mezclen diferentes categorías de residuos peligrosos ni residuos peligrosos con residuos no peligrosos.

               —

               Condene en costas a la República Italiana.

         Motivos y principales alegaciones
   La Comisión sostiene que, por los motivos expuestos en sus pretensiones, la República Italiana ha incumplido, por lo que respecta al vertedero de Cà di Capri (Verona), las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 75/442/CEE, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CE, y de la Directiva 91/689/CEE.

      (1)  DO L 194, de 25.7.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129.

      (2)  DO L 78, de 26.3.1991, p. 32.


title: Asunto T-449/15: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2015 — Satkirit Holdings/OAMI — Advanced Mailing Solutions (luvo)

text:
               28.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/44

         Recurso interpuesto el 30 de julio de 2015 — Satkirit Holdings/OAMI — Advanced Mailing Solutions (luvo)
   (Asunto T-449/15)
   (2015/C 320/61)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Isla de Man) (representante: M. Vanhegan, QC)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Reino Unido)

      Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

      Solicitante: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «luvo» — Solicitud de registro no 11 244 324

      Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 21 de mayo de 2015 en el asunto R 877/2014-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución impugnada.

               —

               Desestime la oposición de AMS.

               —

               Condene a la OAMI al pago de las costas en que haya incurrido la demandante ante la Sala de Recurso y el Tribunal General.

      Motivo invocado

               —

               Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-90/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017 — Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH/Comisión Europea [Recurso de casación — Competencia — Cárteles/Prácticas colusorias — Mercado europeo de ceras de parafina y mercado alemán de slack wax — Fijación de precios y reparto del mercado — Prueba de la infracción — Competencia de plena jurisdicción — Desnaturalización de los elementos de prueba — Obligación de motivación — Reglamento (CE) n.° 1/2003 — Artículo 23, apartado 2 — Cálculo del importe de la multa — Principio de legalidad — Directrices para el cálculo de las multas de 2006 — Principio de proporcionalidad]

text:
               10.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017 — Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH/Comisión Europea
   (Asunto C-90/15 P) (1)

   ([Recurso de casación - Competencia - Cárteles/Prácticas colusorias - Mercado europeo de ceras de parafina y mercado alemán de slack wax - Fijación de precios y reparto del mercado - Prueba de la infracción - Competencia de plena jurisdicción - Desnaturalización de los elementos de prueba - Obligación de motivación - Reglamento (CE) n.o 1/2003 - Artículo 23, apartado 2 - Cálculo del importe de la multa - Principio de legalidad - Directrices para el cálculo de las multas de 2006 - Principio de proporcionalidad])
   (2017/C 112/05)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrentes: Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH (representantes: J. Schulte, M. Dallmann y K. Künstner, Rechtsanwälte)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: R. Sauer, C. Vollrath y L. Wildpanner, agentes, asistidos por A. Böhlke, Rechtsanwalt)

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a Hansen & Rosenthal KG y H&R Wax Company Vertrieb GmbH.

      (1)  DO C 146 de 4.5.2015.


title: Asunto C-184/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014  — Comisión Europea/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Inejecución — Artículo 260 TFUE — Ayudas de Estado — Recuperación — Régimen de ayudas ilegal e incompatible con el mercado interior — Ayudas individuales concedidas en el marco de dicho régimen — Sanción pecuniaria)

text:
               7.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014 — Comisión Europea/Reino de España
   (Asunto C-184/11) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento - Inejecución - Artículo 260 TFUE - Ayudas de Estado - Recuperación - Régimen de ayudas ilegal e incompatible con el mercado interior - Ayudas individuales concedidas en el marco de dicho régimen - Sanción pecuniaria))
   2014/C 212/02
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Urraca Caviedes y B. Stromsky, agentes)

      Demandada: Reino de España (representante: N. Díaz Abad, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — Artículo 260 TFUE — No ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2006 en los asuntos acumulados C-485/03 a C-490/03, Comisión/España (Rec. p. I-11887) — Solicitud de que se fije una multa coercitiva.

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado, en la fecha en la que expiró el plazo fijado en el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea el 26 de junio de 2008, todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia Comisión/España (C-485/03 a C-490/03, EU:C:2006:777).

               2)

               Condenar al Reino de España a abonar a la Comisión, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», una suma a tanto alzado de 30 millones de euros.

               3)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 186, de 25.6.2011.


title: Asunto C-219/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichsthof (Alemania) el 11 de mayo de 2011 — BrainProducts GmbH/Bio Semi V.O.F. y otros

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichsthof (Alemania) el 11 de mayo de 2011 — BrainProducts GmbH/Bio Semi V.O.F. y otros
   (Asunto C-219/11)
   2011/C 232/24
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichsthof

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: BrainProducts GmbH

      Recurridas: Bio Semi V.O.F., Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

      Cuestión prejudicial

   ¿Un objeto destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos para investigación de un proceso fisiológico es sólo un producto sanitario a los efectos del artículo 1, apartado 2, letra a), tercer guión, de la Directiva 93/42 (1) si está destinado a un fin médico?

      (1)  Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169, p. 1), modificada por última vez por la Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 (DO L 247, p. 21).


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Landskrona tingsrätt, de fecha 6 de agosto de 1997, en el asunto promovido por el Ministerio Público contra Antoine Kortas (Asunto C-319/97)

text:
18 . 10 . 97         I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 318/ 13
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso           1 ) ¿ Puede tener efecto directo una Directiva adotada con
lución del Landskrona tingsrätt, de fecha 6 de agosto de                 arreglo al artículo 100 A del Tratado de Roma ?
1997, en el asunto promovido por el Ministerio Público
                      contra Antoine Kortas
                                                                     2 ) Si la respuesta fuese afirmativa, ¿ puede dicha Directiva
                         ( Asunto C-319/97)                              tener efecto directo aunque el Estado miembro haya
                            ( 97/C 318/24 )                              remitido una notificación con arreglo al apartado 4
                                                                         del artículo 100 A del Tratado de Roma ?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial                   3 ) Si la respuesta a la segunda cuestión fuese afirmativa,
mediante resolución del Landskrona tingsrätt dictada el 6                ¿ cómo influye la notificación del Estado miembro en
de agosto de 1997 en el asunto promovido por el Ministe                 la cuestión del efecto directo durante los siguientes
rio Público contra Antoine Kortas, y recibida en la Secre               períodos :
taría del Tribunal de Justicia el 16 de septiembre de 1997.
                                                                         a ) entre la notificación y la respuesta,
El Landskrona tingsrätt solicita al Tribunal de Justicia que
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones :                           b ) a partir de la respuesta ?
                                                TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              4 ) Condenar en costas a la parte demandante.
                  DE PRIMERA INSTANCIA
                  de 18 de septiembre de 1997                        H DO C 318 de 26 . 10 . 1996 , y DO C 40 de 8 . 2 . 1997.
en los asuntos acumulados T-121/96 y T-151/96: Mutual
Aid Administration Services NV ( MAAS ) contra Comisión
                de las Comunidades Europeas H
 (Acciones de suministro gratuito de productos agrícolas
destinados a las poblaciones de Georgia, Armenia, Azer
baiyán, Kirguizistán y Tayikistán — Obligación del adju                AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                 dicatario de pagar un dispatch)                                          de 4 de julio de 1997
                            ( 97/C 318/25 )
                                                                     en el asunto T-93/94 ( 92 ): Michael Becker contra Tribunal
                                                                             de Cuentas de las Comunidades Europeas (')
             (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                                (Tasación de costas)
En los asuntos acumulados T-121 /96 y T-151 /96 : Mutual                                      ( 97/C 318/26 )
Aid Administration Services NV ( MAAS ), con domicilio
social en Amberes ( Bélgica ), representada por los Sres. Jan
Tritsmans y Koenraad Maenhout, Abogados de Amberes,                               (Lengua de procedimiento: alemán)
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
del Sr. Rene Faltz, 6 , rué Heinrich Heine, contra Comisión
de las Comunidades Europeas ( Agentes : Sra . Blanca Vilá            En el asunto T-93/94 ( 92 ): Michael Becker, funcionario del
 Costa y Sr. Hubert van Vliet), que tienen por objeto la             Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, con
 anulación de las decisiones de la Comisión por las que se           domicilio en Luxemburgo, representado por el Sr. Roy
 impone a la demandante el pago de un dispatch, el Tribu            Nathan, Abogado de Luxemburgo, que designa como
 nal de Primera Instancia ( Sala Cuarta ), integrado por el Sr.      domicilio en Luxemburgo su despacho, 18 , rué des Glacis,
 K. Lenaerts, Presidente; la Sra . P. Lindh y el Sr. J. D.           contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
 Cooke, Jueces; Secretario: Sr. A. Mair, administrador, ha           ( Agentes: Sres . Jean-Marie Stenier, Jan Inghelram y Paolo
 dictado el 18 de septiembre de 1997 una sentencia cuyo              Giusta ), que tiene por objeto una solicitud de tasación de
 fallo es el siguiente :                                             las costas causadas en el asunto Becker contra Tribunal de
                                                                     Cuentas, resuelto mediante sentencia del Tribunal de Pri
 1 ) Acumular los asuntos T-121 /96 y T-151 /96 a efectos            mera Instancia de 6 de marzo de 1996 (2 ), el Tribunal de
      de la sentencia .                                              Primera Instancia ( Sala Primera ), integrado por el Sr. A.
                                                                     Saggio, Presidente; la Sra . V. Tiili y el Sr. R. M. Moura
                                                                     Ramos, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 4 de
 2 ) Declarar la inadmisibilidad del recurso en el asunto            julio de 1997 un auto resolviendo lo siguiente:
      T-121 /96.
 3 ) Desestimar el recurso en el asunto T-151 /96 por infun         El importe total de las costas recuperables por la parte
      dado.                                                          demandante hasta la fecha del presente auto, incluidas las


title: Asunto T-278/01: Recurso interpuesto el 26 de octubre de 2001 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Eric den Hamer

text:
C 3/48                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      5.1.2002
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia              —    Condene a la parte demandada a pagar una indemniza-
que:                                                                            ción de 25 000 euros como reparación del perjuicio
                                                                                moral.
—      Anule la Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de
                                                                           —    Condene a la parte demandada a cargar con todas las
       2000 por la que se impuso al demandante la sanción
       disciplinaria prevista en el artı́culo 86, apartado 2, letra f),         costas del proceso.
       del Estatuto, a saber, la separación del servicio sin
       reducción o supresión del derecho a pensión de jubila-           Motivos y principales alegaciones
       ción.
                                                                           En apoyo de su recurso, el demandante invoca la infracción
—      Condene en costas a la parte demandada.                             del artı́culo 43 del Estatuto, ası́ como de las disposiciones
                                                                           generales de ejecución de dicho artı́culo. El demandante aduce,
                                                                           además, los numerosos errores y contradicciones contenidos
                                                                           en el informe de calificación, la falta de motivación y la
Motivos y principales alegaciones                                          violación del derecho de defensa.
En apoyo de su recurso, el demandante alega la violación del
artı́culo 87 del Estatuto y del artı́culo 7 de su anexo IX. Según
el demandante, no se le escuchó de manera regular durante el              Recurso interpuesto el 5 de noviembre de 2001 por
procedimiento disciplinario que condujo a la imposición de la             Giorgio Lebedef contra la Comisión de las Comunidades
sanción de que se trata. Asimismo, el demandante alega una                                             Europeas
infracción de la obligación de motivación, un error manifiesto
de apreciación y una violación del principio de proporciona-                                    (Asunto T-279/01)
lidad.
                                                                                (2002/C 3/84)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                           Europeas se ha presentado el 5 de noviembre de 2001 un
Recurso interpuesto el 26 de octubre de 2001 contra la                     recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Comisión de las Comunidades Europeas por Eric den                         formulado por el Sr. Giorgio Lebedef, con domicilio en
                               Hamer                                       Senningerberg (Luxemburgo), representado por Me Gilles
                                                                           Bounéou, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.
                         (Asunto T-278/01)
                                                                           La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                            (2002/C 3/83)                                  —    Anule parcialmente la decisión no 3019 de la Autoridad
                                                                                Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) de
                                                                                13 de noviembre de 2000, que le fue notificada el 17 de
                   (Lengua de procedimiento: francés)                           noviembre de 2000, y en particular, en la medida en que
                                                                                concede al demandante la cantidad de 25 000 BEF
                                                                                en concepto de indemnización por el perjuicio moral
                                                                                irrogado por el retraso en la elaboración de los informes
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                          de calificación correspondientes a los perı́odos compre-
Europeas se ha presentado el 26 de octubre de 2001 un                           ndidos entre el 1.7.1995 y el 30.6.1997 y entre el
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                         1.7.1997 y el 30.6.1999.
formulado por Eric den Hamer, con domicilio en Malinas
(Bélgica), representado por Me Nicolas Lhoëst, abogado, que                —    Conceda al demandante la cantidad de 300 000 BEF en
designa domicilio en Luxemburgo.                                                concepto de indemnización por daños y perjuicios por el
                                                                                daño moral sufrido como consecuencia del retraso en la
                                                                                elaboración definitiva de su informe de calificación
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                   correspondiente al perı́odo comprendido entre el
que:                                                                            1.7.1995 y el 30.6.1997.
                                                                           —    Conceda al demandante la cantidad de 100 000 BEF en
—      Anule la decisión de la Comisión de 6 de diciembre de
                                                                                concepto de indemnización por daños y perjuicios por el
       2000, por la que se adopta definitivamente el informe de
                                                                                daño moral sufrido como consecuencia del retraso en la
       calificación del demandante correspondiente al perı́odo
                                                                                elaboración definitiva de su informe de calificación
       1995-97.
                                                                                correspondiente al perı́odo comprendido entre el
                                                                                1.7.1997 y el 30.6.1999.
—      Anule la decisión implı́cita de la Comisión de no incluir
       en el expediente personal del demandante sus dos infor-             —    Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de
       mes de calificación correspondientes al perı́odo 1995-97.               las costas.


title: Asunto T-306/10: Sentencia del Tribunal General de 21 de marzo de 2014 — Yusef/Comisión [ «Política exterior y de seguridad común  — Medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes  — Reglamento (CE) n ° 881/2002  — Congelación de los fondos y de los recursos económicos de una persona como consecuencia de su inclusión en una lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas  — Comité de Sanciones  — Posterior inclusión en el anexo I del Reglamento n ° 881/2002  — Negativa de la Comisión a suprimir dicha inclusión  — Recurso por omisión  — Derechos fundamentales  — Derecho a ser oído, derecho a un control jurisdiccional efectivo y derecho al respeto de la propiedad» ]

text:
               12.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/31

         Sentencia del Tribunal General de 21 de marzo de 2014 — Yusef/Comisión
   (Asunto T-306/10) (1)

   ([«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Reglamento (CE) no 881/2002 - Congelación de los fondos y de los recursos económicos de una persona como consecuencia de su inclusión en una lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas - Comité de Sanciones - Posterior inclusión en el anexo I del Reglamento no 881/2002 - Negativa de la Comisión a suprimir dicha inclusión - Recurso por omisión - Derechos fundamentales - Derecho a ser oído, derecho a un control jurisdiccional efectivo y derecho al respeto de la propiedad»])
   2014/C 142/39
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Hani El Sayyed Elsebai Yusef (Londres, Reino Unido) (representantes: inicialmente E. Grieves, Barrister, y H. Miller, Solicitor, posteriormente E. Grieves, H. Miller, P. Moser, QC, y R. Graham, Solicitor)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: E. Paasivirta, M. Konstantinidis y T. Scharf, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente E. Finnegan y R. Szostak, posteriormente E. Finnegan, anges)

      Objeto

   Recurso dirigido a que se declare, de conformidad con el artículo 265 TFUE, que la Comisión se abstuvo ilegalmente de revocar el Reglamento (CE) no 1629/2005 de la Comisión, de 5 de octubre de 2005, que modifica por quincuagésima cuarta vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo (DO L 260, p. 9), en la medida en que dicho acto afecta al demandante.

      Fallo

               1)

               La Comisión Europea ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado FUE y del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, al no haber subsanado los vicios de procedimiento y las irregularidades de fondo de que adolece la congelación de fondos del Sr. Hani El Sayyed Elsebai Yusef.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               La Comisión cargará con sus propias costas y con las del Sr. Yusef, así como con las cantidades anticipadas por la caja del Tribunal General en concepto de justicia gratuita.

               4)

               El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 260, de 25.9.2010.


title: Asunto C-351/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, de fecha 22 de julio de 2004, en el asunto entre Ikea Wholesale Ltd y The Commissioners of Customs & Excise

text:
               23.10.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/18

         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, de fecha 22 de julio de 2004, en el asunto entre Ikea Wholesale Ltd y The Commissioners of Customs & Excise
   (Asunto C-351/04)
   (2004/C 262/31)
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, dictada el 22 de julio de 2004, en el asunto entre Ikea Wholesale Ltd y The Commissioners of Customs & Excise, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de agosto de 2004.
   La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

               i)

               A la luz de las conclusiones alcanzadas por el Grupo Especial del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC en su informe de 30 de octubre de 2000, apartado 7.2., letras g) y h), WT/DS141/R, y por el Órgano de Apelación del OSD de la OMC en su informe de 1 de marzo de 2002, apartados 86 y 87, WT/DS1141/AB/R, ¿es incompatible con el Derecho comunitario, en todo o en parte, el Reglamento (CE) no 2398/97 del Consejo, de 28 de noviembre de 1997, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originaria de Egipto, de la India y de Pakistán (DO L 332, p. 1) (1), en la medida en que:

                           a)

                           aplica un método incorrecto para calcular los gastos de ventas, generales y administrativos y los beneficios, contrario al artículo 2, apartado 6, letra a), del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (2), en su versión modificada, y al artículo 2, apartado 2.2, inciso ii), del Acuerdo antidumping;

                           b)

                           aplica un método incorrecto al incorporar la práctica de la «reducción a cero» para determinar la existencia de márgenes de dumping mediante la comparación del valor normal con el precio de exportación, contrario al artículo 2, apartado 11, del Reglamento no 384/96 y al artículo 2, apartado 4.2, del Acuerdo antidumping, y/o

                           c)

                           no evalúa todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de la industria comunitaria y determina erróneamente el daño sufrido por dicha industria basándose en datos obtenidos de empresas que no forman parte de la industria comunitaria, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento no 384/96 y en el artículo 3, apartado 4, del Acuerdo antidumping?

               ii)

               ¿Son incompatibles con el Derecho comunitario (incluidos los artículos 1, 7, apartado 1, y 9, apartado 4, del Reglamento no 384/96, en relación con los artículos 1, 7, apartado 1, y 9 del Acuerdo antidumping):

                           a)

                           el Reglamento (CE) no 1644/2001 del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2398/97 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originaria de Egipto, de la India y de Pakistán y por el que se suspende su aplicación respecto a las importaciones originarias de la India (3);

                           b)

                           el Reglamento (CE) no 160/2002 del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 2398/97, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de Egipto, de la India y de Pakistán, y por el que se da por concluido el procedimiento respecto a las importaciones originarias de Pakistán (4), y/o

                           c)

                           el Reglamento (CE) no 696/2002 del Consejo por el que se confirma el derecho antidumping definitivo impuesto a las importaciones de ropa de cama de algodón originaria de la India mediante el Reglamento (CE) no 2398/97, modificado y suspendido mediante el Reglamento (CE) no 1644/2001 (5),

                     en la medida en que:
               fueron adoptados sobre la base de una nueva evaluación de la información obtenida durante el período de investigación original, de cuya reconsideración se desprendió que no había existido dumping o niveles inferiores de dumping durante dicho período, a pesar de lo cual
               los Reglamentos mencionados no prevén la devolución de las cantidades abonadas en virtud del Reglamento no 2398/97?

               iii)

               Los Reglamentos nos 1664/2001, 160/2002 y 696/2002, ¿son además incompatibles con los artículos 7, apartado 2, y 9, apartado 4, del Reglamento no384/96 y con el principio de proporcionalidad, en la medida en que establecen un margen de derecho antidumping, aplicable al período anterior a su entrada en vigor, que no es estrictamente proporcionado al dumping o al perjuicio que el derecho antidumping pretende compensar?

               iv)

               Las respuestas a las cuestiones previas, ¿son diferentes en el caso de las exportaciones procedentes de la India en comparación con las de Pakistán, si se tiene en cuenta:

                           a)

                           el procedimiento seguido ante el OSD de la OMC y/o

                           b)

                           las consideraciones de la Comisión contenidas en los Reglamentos nos 1664/2001, 160/2002 y 696/2002?

               v)

               A la vista de las respuestas dadas a las cuestiones precedentes:

                           a)

                           ¿está obligada la autoridad aduanera nacional a reembolsar total o parcialmente los derechos antidumping percibidos en virtud del Reglamento no 2398/97?

                           b)

                           En caso de respuesta afirmativa, ¿a favor de quién y bajo qué condiciones debe realizarse dicho reembolso?

      (1)  DO L 332 de 4.12.1997, p. 1.

      (2)  DO L 56, de 6.3.1996, p. 1.

      (3)  DO L 219, de 14.8.2001, p. 1.

      (4)  DO L 26, 30.01.2002, p. 1.

      (5)  DO L 109, 25.04.2002, p. 1.


title: Recurso interpuesto el 20 de mayo de 1995 contra el Parlamento Europeo por Giampaolo Cordiale (Asunto T-123/95)

text:
N° C 229/20        pES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      2 . 9 . 95
El demandante afirma que el hecho de que se le relevara del             nes a contar de la fecha de ejecución de la decisión de
cargo de CEO Project Manager es ilegal e injusto por los                rescisión del contrato hasta la readmisión solicitada, más
siguientes motivos :                                                    la depreciación monetaria y los intereses, y que le
                                                                        condene a indemnizarle por daños ( cuya cuantificación
— Doble infracción del apartado 2 del artículo 25 del                   se efectuará en el transcurso del procedimiento ) psico
    Estatuto: El apartado 2 del artículo 25 del Estatuto                lógicos, morales y materiales , más los intereses que
    dispone que las decisiones individuales que se refieran a           habrán de liquidarse equitativamente .
    un funcionario deben serle comunicadas por escrito y
    que las que sean prejudiciales para el interesado deben         — Condene en costas al Parlamento Europeo
    ser motivadas . Dado que los hechos son indiscutibles y             ( Grupo ELDR ) y al pago de los gastos y honorarios de la
    reconocidos por la propia Comisión, hay una doble                   defensa .
    infracción de la referida norma : la decisión no fue objeto
    de una disposición formal comunicada por escrito y
    menos aún, a fortiori, de una disposición motivada .            Motivos y principales alegaciones
— Injusticia manifiesta : Si bien la Autoridad dispone de           El demandante, antiguo agente temporal al servicio del
    una amplia facultad discrecional en lo que respecta a la        grupo político ELDR, se opone a la decisión del Parlamento
    concesión o a la revocación de determinadas funciones,          Europeo de poner término a su contrato de duración
    no es menos cierto que dicha facultad no es ilimitada,          indeterminada, adoptada a raíz de la decisión del « Bureau »
    sino que debe inspirarse en el interés del servicio,            de dicho grupo ELDR, motivada por los resultados obteni
    acomodar en la medida de lo posible el interés del              dos por este grupo en las elecciones de junio de 1994 .
    funcionario y respetar las normas y principios jurídicos .
    En este caso concreto, el demandante recibió elogios y
    valoraciones lisonjeras durante los años en que desem          Según la carta mediante la que se comunicó al demandante
    peño las funciones de CEO Project Manager; en tales             la decisión impugnada, su despido fue consecuencia de la
    circunstancias, la postura de la administración es, por lo      reducción del número de parlamentarios del Grupo ELDR
    menos , contradictoria . Procede , además, recordar que el      tras las elecciones . Por otra parte, habiéndose modificado
    demandante no fue destinado a otro cargo, sino que se le        también la composición interna del Grupo, fue necesaria
    dejó pura y simplemente sin funciones precisas . Desde          una reorganización de su secretaría « basada en un criterio
    cualquier punto de vista, el hecho de haber relevado al         geográfico ».
    demandante de sus funciones es un acto manifiestamente
    injusto, basado en motivos infundados .                         En primer lugar, el demandante alega la inexistencia de cada
                                                                    uno de los motivos de la decisión objeto de recurso .
                                                                    Por otra parte, destaca que no se ha seguido el procedi
                                                                    miento interno de previa conciliación con arreglo al
                                                                    artículo 1 1 del reglamento de la Mesa del demandado, que
Recurso interpuesto el 20 de mayo de 1995 contra el                 se aplica «a todo procedimiento que tenga por objeto
        Parlamento Europeo por Giampaolo Cordiale                   rescindir un contrato de agente temporal ». Con arreglo a
                      ( Asunto T-123/95 )                           dicho procedimiento, el Parlamento estaba obligado a
                                                                    informar previamente al Comité de Personal del despido
                         ( 95/C 229/46 )                            inminente del demandante , para que pudiera oírle e inter
                                                                    venir ante la AFPN .
             (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                    En último lugar, el demandante considera que la decisión
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              impugnada adolece de error manifiesto y desvío de poder, en
Europeas se ha presentado el 20 de mayo de 1995 un recurso          la medida en que la motivación geográfica no puede tener la
contra el Parlamento Europeo , formulado por Giampaolo              menor validez . A este respecto, hay que precisar que , si bien
Cordiale, antiguo agente temporal del Parlamento Europeo,           es cierto que el Grupo ELDR tiene un diputado menos que
con domicilio en Messina ( Italia ), representado por Jean         antes de las elecciones de 1994 , no lo es menos que, después
Noél Louis, Abogado de Bruselas, y por Alberto Panuccio,            de dichas elecciones, el número de diputados italianos
Abogado de Reggio Calabria, que designa como domicilio              ascendió de tres a siete . De hecho, tras las elecciones , en el
en Luxemburgo el de la s.a.r.l . Fiduciaire Myson, 1 , rué          seno del Grupo ELDR se produjo la siguiente situación :
Glesener .                                                          Francia, con un solo diputado, tiene cuatro agentes , y
                                                                    Alemania , con ningún diputado, tiene dos agentes , mientras
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera                 que Italia , que de tres diputados pasa a siete, ve reducida su
Instancia que :                                                     participación en un tercio, pasando de tres a dos agentes .
— Declare la ilegalidad de la decisión de interrumpir el             Por consiguiente, es necesario concluir que no se ha
    contrato de duración indeterminada entre el deman               alcanzado un nuevo equilibrio sino, por el contrario, un
     dante y el Parlamento Europeo ( Grupo ELDR ); por               desequilibrio .
     consiguiente, anule dicha decisión, ordenando la read
     misión del demandante; condene al Parlamento Europeo
     ( Grupo ELDR ) a pagar todos los gastos e indemnizacio


title: Asunto C-564/14 P: Auto del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2016 — Raffinerie Heide GmbH/Comisión Europea (Recurso de casación — Medioambiente — Directiva 2003/87/CE — Artículo 10 bis — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Normas transitorias relativas a la asignación armonizada de los derechos de emisión gratuitos a partir del año 2013 — Decisión 2011/278/UE — Medidas nacionales de ejecución presentadas por la República Federal de Alemania — Denegación de la inscripción de determinadas instalaciones en las listas de instalaciones que reciben los derechos de emisión asignados de modo gratuito — Disposición relativa a los casos que presentan «dificultades excesivas» — Competencias de ejecución de la Comisión)

text:
               5.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 454/7

      Auto del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2016 — Raffinerie Heide GmbH/Comisión Europea
      (Asunto C-564/14 P) (1)

      ((Recurso de casación - Medioambiente - Directiva 2003/87/CE - Artículo 10 bis - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Normas transitorias relativas a la asignación armonizada de los derechos de emisión gratuitos a partir del año 2013 - Decisión 2011/278/UE - Medidas nacionales de ejecución presentadas por la República Federal de Alemania - Denegación de la inscripción de determinadas instalaciones en las listas de instalaciones que reciben los derechos de emisión asignados de modo gratuito - Disposición relativa a los casos que presentan «dificultades excesivas» - Competencias de ejecución de la Comisión))
      (2016/C 454/14)
      Lengua de procedimiento: alemán

         Partes

         Recurrente: Raffinerie Heide GmbH (representantes: U. Karpenstein y C. Eckart, abogados)

         Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representante: C. Hermes, E. White y K. Herrmann, agentes)

         Fallo

                  1)

                  Desestimar el recurso de casación.

                  2)

                  Raffinerie Heide GmbH cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

         (1)  DO C 34 de 2.2.2015.


title: Asunto C-357/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen Sad Sofía-grad (Bulgaria) el 7 de septiembre de 2009 — Direktsia Migratsia pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Saïd Shamilovich Kadzoev

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/46

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen Sad Sofía-grad (Bulgaria) el 7 de septiembre de 2009 — Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Saïd Shamilovich Kadzoev
   (Asunto C-357/09)
   2009/C 267/79
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen Sad Sofía-grad

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

      Demandada: Saïd Shamilovich Kadzoev

      Cuestiones prejudiciales

               1)

                  El artículo 15, apartados 5 y 6, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, (1) ¿debe interpretarse en el sentido de que:

                           a)

                           cuando el Derecho nacional del Estado miembro no establecía un plazo máximo del internamiento ni motivos de prolongación del internamiento antes de la adaptación a las exigencias de dicha Directiva, y con ocasión de la adaptación a la Directiva no se ha previsto que las nuevas disposiciones tengan efecto retroactivo, esas exigencias de la citada Directiva sólo se aplican y hacen correr el plazo a partir de la adaptación del Derecho nacional del Estado miembro a dichas exigencias?

                           b)

                           no se computa en los plazos previstos para el internamiento en un centro especializado con vistas a la expulsión, en el sentido de dicha Directiva, el período durante el cual quedó suspendida la ejecución de una decisión de expulsión administrativa [del territorio] del Estado miembro en virtud de una disposición expresa, a causa de la tramitación de un procedimiento de concesión del derecho de asilo a instancia de un nacional de un tercer Estado, siendo así que durante la tramitación de ese procedimiento dicho nacional siguió internado en el mismo centro especializado de internamiento, en caso de que la legislación nacional del Estado miembro lo permita?

               2)

                  El artículo 15, apartados 5 y 6, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, ¿debe interpretarse en el sentido de que en los plazos previstos para el internamiento en un centro especializado con vistas a la expulsión en el sentido de dicha Directiva no se computa el período durante el que quedó suspendida la ejecución de una decisión de expulsión administrativa [del territorio] del Estado miembro en virtud de una disposición expresa, a causa de estar pendiente un procedimiento de recurso jurisdiccional contra la citada decisión, siendo así que durante la tramitación de dicho procedimiento el referido nacional siguió internado en el mismo centro especializado de internamiento, cuando dicho nacional no poseía documentos de identidad válidos y existe por tanto una duda sobre su identidad, o cuando no dispone de medios de subsistencia, o también cuando mantiene un comportamiento agresivo?

               3)

                  El artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, ¿debe interpretarse en el sentido de que la expulsión no es razonablemente posible, cuando:

                           a)

                           en el momento del control del internamiento por el juez, el Estado del que es nacional el interesado ha rehusado expedirle un documento de viaje con vistas a su retorno, y hasta ese momento no se ha producido un acuerdo con un tercer país para que el interesado sea admitido en éste, siendo así que los órganos administrativos del Estado miembro prosiguen sus esfuerzos en ese sentido?

                           b)

                           en el momento del control del internamiento por el juez, existía un Acuerdo de readmisión celebrado entre la Unión Europea y el Estado del que es nacional el interesado, pero debido a la existencia de nuevas pruebas — a saber un certificado de nacimiento del interesado — el Estado miembro no se refirió a las disposiciones de dicho Acuerdo, siempre que el interesado no deseara su retorno?

                           c)

                           las posibilidades de ampliación de los plazos de internamiento previstos en el artículo 15, apartado 6, de la Directiva se han agotado, en el supuesto de que no se haya concluido ningún acuerdo de readmisión con el tercer país en el momento del control del internamiento por el juez habida cuenta del artículo 15, apartado 6, letra b), de la Directiva?

               4)

                  El artículo 15, apartados 5 y 6, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, ¿debe interpretarse en el sentido de que si, con ocasión del control del internamiento dirigido a la expulsión del interesado con destino a un tercer país, se comprueba que no existe motivo razonable para su expulsión y que se han agotado los motivos de prolongación de su internamiento, en tal caso:

                           a)

                              no procede sin embargo ordenar su puesta en libertad inmediata, si concurren las circunstancias acumulativas siguientes: el interesado no dispone de documento de identidad válido, cualquiera que sea su plazo de validez, por lo que existe una duda sobre su identidad, mantiene un comportamiento agresivo, no dispone de ningún medio de subsistencia y ninguna tercera persona se ha comprometido a garantizar su subsistencia?

                           b)

                           con vistas a la decisión sobre la puesta en libertad, procede apreciar si el nacional del tercer país dispone, conforme a las disposiciones del Derecho nacional del Estado miembro, de los medios necesarios para permanecer en el territorio del Estado miembro, así como de una dirección en la que pueda residir?

      (1)  DO L 348, p. 98.


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de noviembre de 1999 en el asunto T-114/99, CSR Pampryl SA contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de anulación — Reglamento (CE) n° 378/1999 — Registro de una denominación de origen — Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer — Inadmisibilidad")

text:
5.2.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 34/23
    AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                               Recurso interpuesto el 22 de octubre de 1999 contra
                                                                         la Comisión de las Comunidades Europeas por Flavia
                                                                                Angeletti y A. Van Meuter
                   de 9 de noviembre de 1999
                                                                                (Asunto T-247/99)
en el asunto T-114/99, CSR Pampryl SA contra Comisión
                de las Comunidades Europeas (1)
                                                                                (2000/C 34/45)
(«Recurso de anulación — Reglamento (CE) 378/1999 —
                                                   no
Registro de una denominación de origen — “Pays d’Auge/
        Pays d’Auge-Cambremer” — Inadmisibilidad»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                          (2000/C 34/44)
                                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 22 de octubre de 1999 un
                                                                         recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
                  (Lengua de procedimiento: francés)                     formulado por Flavia Angeletti y André Van Meuter, represen-
                                                                         tados por el Sr. Mauro Cimino, Abogado de Fermo, que
                                                                         designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
En el asunto T-114/99, CSR Pampryl SA, con domicilio social              Me Jean Tonnar, rue du Fossé, 29.
en La Courneuve (Francia), representada por Me Dominique
Couturier-Heller, Abogado de Parı́s, que designa como domici-
lio en Luxemburgo el despacho de Me Pierrot Schiltz, 4, rue
Béatrix de Bourbon, contra Comisión de las Comunidades                  Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
Europeas (Agentes: Sres. José Luis Iglesias Buhigues y Xavier            que:
Lewis), que tiene por objeto un recurso de anulación del
Reglamento (CE) no 378/1999 de la Comisión, de 19 de
febrero de 1999, que completa el Anexo del Reglamento                    — Anule las decisiones de la Autoridad Facultada para
(CE) no 2400/96 relativo a la inscripción de determinadas                   Proceder a los Nombramientos:
denominaciones en el «Registro de denominaciones de origen
protegidas y de indicaciones geográficas protegidas» estable-
cido en el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo relativo              1. no 2161, de 12.09.99, relativa a la respuesta a la reclama-
a la protección de las indicaciones geográficas y de las                   ción presentada por la Sra. Flavia Angeletti;
denominaciones de origen de los productos agrı́colas y alimen-
ticios (DO L 46, p. 13), en la medida en que registra como
denominación de origen las denominaciones «Pays d’Auge/                 2. no 1979, de 26.07.99, relativa a la respuesta a la reclama-
Pays d’Auge-Cambremer», el Tribunal de Primera Instancia                     ción presentada por el Sr. André Van Meuter
(Sala Primera), integrado por los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente;
C.W. Bellamy y M. Vilaras, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha
dictado el 9 de noviembre de 1999 un auto resolviendo lo
siguiente:
                                                                         Motivos y principales alegaciones
1) Se declara la inadmisibilidad del recurso.
                                                                         El objeto del presente recurso es que se condene a la Comisión
2) No procede pronunciarse sobre la demanda de intervención de la       a adoptar algunas medidas urgentes y al resarcimiento de los
     República Francesa.                                                daños sufridos por los demandantes como consecuencia del
                                                                         trabajo que realizaron en el edificio Berlaymont, recubierto
                                                                         con 1 237 toneladas de amianto y 10 664 toneladas de escoria
3) La parte demandante cargará con sus costas, y con las de la          de amianto.
     Comisión.
4) La demandante en intervención cargará con sus propias costas.       Los demandantes desarrollan diversos argumentos de hecho
                                                                         que demuestran, según ellos, la negligente gestión, por parte
                                                                         de la autoridad competente, del problema relativo al amianto
                                                                         con el que se encontró el edificio Berlaymont.
(1) DO C 226, de 7.8.1999.


title: Asunto C-581/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Salerno (Italia) el 16 de noviembre de 2016 — Proceso penal contra Nicola Turco

text:
               19.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 195/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Salerno (Italia) el 16 de noviembre de 2016 — Proceso penal contra Nicola Turco
   (Asunto C-581/16)
   (2017/C 195/10)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale di Salerno

      Parte en el proceso principal

   Nicola Turco

      Cuestiones prejudiciales

   Mediante auto de 4 de abril de 2017 el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) resolvió:

               1)

               Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

               2)

               Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 17 de marzo de 2005, en el asunto T-160/03: AFCon Management Consultants y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas («Programa TACIS — Licitación — Irregularidades en el procedimiento de adjudicación — Recurso de indemnización»)

text:
               28.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 132/25

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 17 de marzo de 2005
   en el asunto T-160/03: AFCon Management Consultants y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Programa TACIS - Licitación - Irregularidades en el procedimiento de adjudicación - Recurso de indemnización»)
   (2005/C 132/46)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto T-160/03, AFCon Management Consultants, con domicilio social en Bray (Irlanda), Patrick Mc Mullin, con domicilio en Bray, Seamus O'Grady, con domicilio en Bray, representados por los Sres. B. O'Connor, Solicitor, e I. Carreño, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. J. Enegren y F. Hoffmeister), que tiene por objeto una demanda de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido como consecuencia de irregularidades en el procedimiento de licitación de un proyecto financiado por el programa TACIS («Proyecto FDRUS 9902 — Agricultural extension services in South Russia»), el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta), integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García-Valdecasas y J.D. Cooke, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 17 de marzo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Condenar a la Comisión a pagar a AFCon la cantidad de 48.605 euros, más los intereses contados desde la fecha de pronunciamiento de la presente sentencia hasta que se haya liquidado la deuda en su totalidad. El tipo de interés que debe aplicarse se calcula con arreglo al tipo fijado por el Banco Central Europeo para las operaciones principales de refinanciación, aplicable durante el período de que se trata, incrementado en un 2 %. El importe de los intereses se calcula basándose en el método de los intereses compuestos.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar en costas a la Comisión.

      (1)  DO C 200, de 23.8.2003.


title: Asunto T-243/13: Recurso interpuesto el 30 de abril de 2013 — ICT/Comisión

text:
               15.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/39

         Recurso interpuesto el 30 de abril de 2013 — ICT/Comisión
   (Asunto T-243/13)
   2013/C 171/79
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) (Borgo a Mozzano, Italia) (representantes: J.-M. Leprêtre y N. Chahid-Nouraï, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule con efecto inmediato, sobre la base del artículo 263 TFUE, la Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, en la medida en que añade los mandriles, con excepción de los de uso industrial, a la lista de ejemplos de envases.

               —

               Condene al pago de la totalidad de las costas a la Comisión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos que son, en esencia, idénticos o similares a los formulados en el marco del asunto T-202/13, Group’Hygiène/Comisión.


title: Asunto C-25/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de febrero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság (República de Hungría) — Sió-Eckes kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Política agrícola común — Reglamento (CE) n o  2201/96 — Organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas — Reglamento (CE) n o  1535/2003 — Régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas — Productos transformados — Melocotones en almíbar o en zumo natural de fruta — Productos acabados]

text:
               17.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 100/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de febrero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság (República de Hungría) — Sió-Eckes kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
   (Asunto C-25/09) (1)

   (Política agrícola común - Reglamento (CE) no 2201/96 - Organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas - Reglamento (CE) no 1535/2003 - Régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas - Productos transformados - Melocotones en almíbar o en zumo natural de fruta - Productos acabados)
   2010/C 100/10
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Fővárosi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Sió-Eckes kft.

      Demandada: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Fővarosi Bíróság (Hungría) — Interpretación del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (DO L 297, p. 29), del artículo 2, punto 1, del Reglamento (CE) no 1535/2003 de la Comisión, de 29 de agosto de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo en lo relativo al régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (DO L 218, de 30.8.2003, p. 14), y del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 2320/89 de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se establecen los requisitos de calidad mínima para los melocotones en almíbar y/o zumo natural de fruta para la aplicación del régimen de ayuda a la producción (DO L 220, de 29.7.1989, p. 54) — Pulpa de melocotón producida en el marco del régimen de ayuda al sector de productos transformados a base de frutas y hortalizas — Aplicabilidad de dicho régimen de ayuda a los productos de melocotón presentados según un modo no previsto por el Reglamento (CEE) no 2320/89 así como a los productos semiacabados resultantes de las distintas fases de producción y destinados a una transformación posterior.

      Fallo

               1)

               El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 386/2004 de la Comisión, de 1 de marzo de 2004, debe interpretarse en el sentido de que pueden acogerse al régimen de ayuda mencionado en dicha disposición los productos que, por una parte, estén comprendidos en alguno de los códigos NC enumerados en el anexo I del citado Reglamento, en su versión modificada, incluido el código NC 2008 70 92, y que, por otra parte, correspondan a la definición de «melocotones en almíbar o en zumo natural de fruta» aplicable a efectos del citado Reglamento, interpretado en relación con el Reglamento (CE) no 1535/2003 de la Comisión, de 29 de agosto de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo en lo relativo al régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento no 386/2004, y con el Reglamento (CEE) no 2320/89 de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se establecen los requisitos de calidad mínimos para los melocotones en almíbar y/o en zumo natural de fruta en el marco del régimen de ayuda a la producción, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 996/2001 de la Comisión, de 22 de mayo de 2001.

               2)

               Los productos obtenidos al término de las distintas fases de la transformación de los melocotones pueden considerarse productos acabados a efectos de los Reglamentos nos 2201/96 y 1535/2003, en sus versiones modificadas, con la condición de que presenten las características establecidas en el artículo 2, punto 1, del Reglamento no 1535/2003, en su versión modificada.

      (1)  DO C 82, de 4.4.2009.