title: Asunto T-267/03: Recurso interpuesto el 24 de julio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Sra. Anna Maria Roccato (señora de Pinson)

text:
4.10.2003                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 239/23
La publicación de las normas en el Diario Oficial resulta                  Motivos y principales alegaciones
también defectuosa, puesto que no se indicaba que la mayor
parte de las normas, así como sus anexos (salvo el anexo ZA),
carecían de carácter vinculante ni que bastaba con que los                 En el marco de una licitación para el suministro de abonos
productos de aislamiento térmico se ajustaran al anexo ZA                  químicos a Corea del Norte la demandante obtuvo de la
para que pudieran llevar la marca CE. Desde el punto de vista              Comisión la adjudicación. Puesto que los abonos suministrados
material las demandantes alegan que las normas controvertidas              por la demandante llegaron con retraso a su lugar de destino,
son incompletas, poco claras y ambiguas y que adolecen de                  la Comisión retuvo de la demandante la cantidad de
contradicciones e incoherencias. Además, el uso de la marca                346 221,20 euros y se negó, en último lugar mediante escrito
CE es equívoco, ya que no demuestra que los productos                      de 23 de mayo de 2003, a abonar a la demandante la citada
cumplan con todas las normas europeas, sino sólo con el                    cantidad.
anexo ZA. Por tanto, la Decisión impugnada ha vulnerado lo
dispuesto en la Directiva 89/106, el principio de proporcionali-
dad (artículo 5 CE, párrafo tercero) y las exigencias de
                                                                           La demandante alega que el retraso en la entrega del abono se
protección de los consumidores (artículo 95 CE, apartado 3).
                                                                           debió a la restricciones a la exportación de abonos procedentes
                                                                           de China, país en el que pensaba adquirir los abonos destinados
                                                                           a la exportación. Dado que esta restricción era completamente
( 1) DO C 358, p. 9.                                                       imprevisible, constituye un caso de fuerza mayor y, por
( 2) Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a         tanto, no procede retener ninguna cantidad, con arreglo al
     la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                           artículo 22, apartado 4, del Reglamento no 2519/97 ( 1). La
     administrativas de los Estados miembros sobre los productos de
     construcción (DO 1989, L 40, p. 12).
                                                                           demandante alega, además, que, puesto que el retraso en la
                                                                           entrega no ha originado ningún daño, en consecuencia, la
                                                                           ejecución de la garantía resulta desproporcionada en relación
                                                                           con el incumplimiento del plazo de entrega y viola en principio
                                                                           comunitario de proporcionalidad. La ejecución de la garantía
                                                                           también infringe las disposiciones del Código civil belga,
                                                                           puesto que la Comisión no reclamó previamente de manera
                                                                           expresa el cumplimiento de la obligación contractual.
Recurso interpuesto el 23 de julio de 2003 contra la                       (1 ) Reglamento (CE) no 2519/97 de la Comisión de 16 de diciembre
Comisión de las Comunidades Europeas por Helm                                   de 1997 por el que se establecen las modalidades generales de
                        Düngemittel GmbH                                        movilización de productos que deben suministrarse en el marco
                                                                                del Reglamento (CE) no 1292/96 del Consejo en concepto de
                                                                                ayuda alimentaria comunitaria (DO L 346, p. 23).
                         (Asunto T-265/03)
                          (2003/C 239/43)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           Recurso interpuesto el 24 de julio de 2003 contra la
                                                                           Comisión de las Comunidades Europeas por la Sra. Anna
                                                                                Maria Roccato (señora de Pinson)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 23 de julio de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                                           (Asunto T-267/03)
por Helm Düngemittel GmbH, con domicilio social en Ham-
burgo (Alemania), representada por el Sr. Wolf P. Waschmann,
abogado.                                                                                (2003/C 239/44)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
—      Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades
                                                                           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       Europeas de 23 de mayo de 2003 por la que se retiene la             Europeas se ha presentado el 24 de julio de 2003 un recurso
       cantidad de 346 221,20 euros.
                                                                           contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                           por la Sra. Anna Maria Roccato (señora de Pinson), con
—      Condene en costas a la Comisión de las Comunidades                  domicilio en Bruselas, representada por Mes Georges Vander-
       Europeas.                                                           sanden y Laure Levi, abogados.
 ---pagebreak--- C 239/24               ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                           4.10.2003
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia           infracción del efecto útil del acuerdo entre las partes en el
que:                                                                    primer asunto. En tercer lugar, reprocha a la Comisión
                                                                        supuestas infracciones del principio de buena gestión y sana
                                                                        administración, así como del deber de asistencia y protección.
—     Anule la decisión del tribunal del concurso COM/PB/99             Por último, como cuarto motivo de nulidad, invoca una
      de 24 de marzo de 2003 por la que se desestima la                 supuesta desviación de poder, así como supuestas infracciones
      reclamación de la demandante, de 26 de junio de 2002,             del principio de no discriminación, del artículo 27 del Estatuto
      destinada a que el mencionado tribunal del concurso               y de la aptitud para la carrera.
      reconsiderase su decisión de 8 de marzo de 2000 por la
      que se denegó a la demandante la admisión a la prueba
      oral del concurso, como consecuencia de un acuerdo
                                                                        (1 ) Asunto T-34/01, notificado en el DO C 108 de 7.4.2001, p. 28.
      celebrado entre la Comisión, por una parte, y la deman-
      dada, por otra, en la reunión informal que se celebró ante
      la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las
      Comunidades Europeas, el 20 de marzo de 2002, en el
      marco del recurso interpuesto contra la decisión de
      8 de marzo de 2000 (Asunto T-34/01).
—     Anule, en la medida de lo necesario, la decisión de la
      Autoridad facultada para proceder a los nombramientos             Recurso interpuesto el 31 de julio de 2003 contra la
      (AFPN), de 13 de junio de 2003, por la que se desestima            Comisión de las Comunidades Europeas por Ghiotto srl
      la reclamación de la demandante, decisión notificada el
      20 de junio de 2003.
                                                                                (Asunto T-270/03)
—     Anule la decisión del tribunal del concurso COM/PB/99
      de 8 de marzo de 2000 y admita a la demandante a la                                        (2003/C 239/45)
      prueba oral del concurso COM/PB/99.
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
—     Conceda indemnizaciones por daños y perjuicios evalua-
      dos en 8 150,10 euros.
—     Condene a la demandada al pago de todas las costas.               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 31 de julio de 2003 un recurso
                                                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                        por Ghiotto srl, representada por el Sr. Leonardo Lavitola y la
                                                                        Sra. Chiara Reggio d’Aci, abogados.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
La demandante, había interpuesto un recurso ante el Tribunal
de Primera Instancia contra la negativa del tribunal del                —     Anule el Reglamento (CE) no 1065/97 de la Comisión, de
concurso COM/PB/99 a admitirla a la prueba oral del                           12 de junio de 1997, en la medida en que perjudica a los
mismo (1). En la vista en el citado asunto, las partes llegaron a             intereses de la demandante, así como los actos conexos
un acuerdo amistoso que preveía que se diese acceso a la                      y, en particular, el pliego de condiciones de la IGP
demandante a las copias corregidas de sus propias respuestas                  «Prosciutto di Norcia», que exige de manera ilegítima
y al patrón de respuestas establecido por el tribunal del                     (artículo 3) que los cerdos procedan de ganaderías
concurso, y la transmisión al mismo tribunal de las eventuales                nacionales o condene en costas a la Comisión de las
observaciones de la demandante. A raíz de dicho acuerdo, la                   Comunidades Europeas.
demandante desistió de su primer recurso. Tras haber exami-
nado las copias que le habían sido transmitidas, la demandante
solicito al tribunal del concurso que reconsiderase su primera
decisión y la admitiera a la prueba oral. El presente litigio se
                                                                        Motivos y principales alegaciones
funda en la desestimación de esta solicitud.
                                                                        La sociedad demandante opera en el sector de la distribución
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega la supuesta           de productos alimenticios. Dicha sociedad adquiría a su
infracción de las normas que regulan las actividades del                proveedor, en el ámbito del mercado europeo, carnes porcinas
tribunal del concurso, una apreciación supuestamente errónea            procedentes de ganaderías de carne blanca, destinadas a la
y una supuesta violación del principio de no discriminación.            elaboración y almacenamiento por parte de una empresa
Desarrolla, asimismo, un motivo basado en una supuesta                  autorizada para ello en el marco de la indicación geográfica
violación de la obligación de motivación y una supuesta                 protegida (IGP) Prosciutto di Norcia.


title: Asunto C-187/11: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de julio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Treviso — Italia) — Procura della Repubblica/Elena Vermisheva

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/39

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de julio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Treviso — Italia) — Procura della Repubblica/Elena Vermisheva
   (Asunto C-187/11) (1)

   2011/C 269/85
   Lengua de procedimiento: italiano
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 211, de 16.7.2011.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2002 en el asunto C-352/01: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España ("Incumplimiento de Estado — Falta de adaptación del Derecho interno a la Directiva 98/8/CE")

text:
21.12.2002                ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 323/23
Consejo, de 24 de julio de 1990 (DO L 202, p. 46), el Tribunal                República Francesa (agentes: Sres. G. de Bergues y D. Colas y
de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C. Gulmann, en               la Sra. C. Isidoro), que tiene por objeto que se declare que la
funciones de Presidente de la Sala Segunda, y el Sr. V. Skouris               República Francesa ha incumplido las obligaciones que le
y la Sra. N. Colneric (Ponente), Jueces; Abogado General:                     incumben en virtud de la Directiva 97/11/CE del Consejo, de
Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario                   3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/
adjunto, ha dictado el 7 de noviembre de 2002 una sentencia                   337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de
cuyo fallo es el siguiente:                                                   determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
                                                                              ambiente (DO L 73, p. 5), al no haber adoptado todas
1)     Los artículos 3 y 5 del Reglamento (CEE) n o 881/92 del                las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
       Consejo, de 26 de marzo de 1992, relativo al acceso al mercado         necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la citada
       de los transportes de mercancías por carretera en la Comunidad,        Directiva, o al no haber informado a la Comisión acerca de tales
       que tengan como punto de partida o de destino el territorio de         disposiciones, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por
       un Estado miembro o efectuados a través del territorio de uno o        los Sres. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, R. Schintgen,
       más Estados miembros, y el artículo 14 del Reglamento (CEE)            C. Gulmann (Ponente), V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues,
       no 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo           Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria:
       al aparato de control en el sector de los transportes por carretera,   Sra. M.-F. Contet, administradora, ha dictado el 7 de noviembre
       tanto en su versión inicial como en la resultante del Reglamento       de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       (CE) no 2135/98 del Consejo, de 24 de septiembre de 1998,
       no permiten a una empresa de transportes por carretera                 1)    Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligacio-
       establecida en un Estado miembro, que alquila vehículos sin                  nes que le incumben en virtud de la Directiva 97/11/CE del
       conductor a una empresa de transportes por carretera establecida             Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica
       en otro Estado miembro, hacer que sea el arrendatario quien                  la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las
       utilice su propia licencia comunitaria ni conservar la gestión de            repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
       los discos de tacógrafo de los vehículos alquilados.                         sobre el medio ambiente, al no haber adoptado, en el plazo
                                                                                señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y
2)     El artículo 2, número 1, de la Directiva 84/647/CEE del                      administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo estable-
       Consejo, de 19 de diciembre de 1984, relativa a la utilización               cido en el artículo 1, puntos 7 y 11, de dicha Directiva.
       de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de
       mercancías por carretera, en su versión modificada por la              2)    Condenar en costas a la República Francesa.
       Directiva 90/398/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1990,
       debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de la posible
       aplicación del artículo 4 de la misma Directiva, los vehículos         (1 ) DO C 331 de 24.11.2001.
       alquilados sin conductor deben estar matriculados en el Estado
       miembro donde se halle establecida la empresa de transportes
       por carretera arrendataria.
( 1) DO C 227 de 11.8.2001. DO C 275 de 29.9.2001.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Primera)
                                                                                de 7 de noviembre de 2002
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                              en el asunto C-352/01: Comisión de las Comunidades
                              (Sala Sexta)                                                 Europeas contra Reino de España ( 1)
                     de 7 de noviembre de 2002                                («Incumplimiento de Estado — Falta de adaptación del
                                                                                Derecho interno a la Directiva 98/8/CE»)
en el asunto C-348/01: Comisión de las Comunidades
              Europeas contra República Francesa (1)
                                                                                (2002/C 323/32)
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 97/11/CE —
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos                                       (Lengua de procedimiento: español)
          públicos y privados sobre el medio ambiente»)
                            (2002/C 323/31)                                   En el asunto C-352/01, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                              peas (agente: Sr. G. Valero Jordana) contra Reino de España
                    (Lengua de procedimiento: francés)                        (agente: Sra. L. Fraguas Gadea), que tiene por objeto que se
                                                                              declare que, al no haber adoptado las disposiciones legales,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la          reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)           Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                              16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de
                                                                              biocidas (DO L 123, p. 1), o, en cualquier caso, al no haber
En el asunto C-348/01, Comisión de las Comunidades Euro-                      comunicado dichas disposiciones a la Comisión, el Reino de
peas (agentes: Sr. G. zur Hausen y Sra. J. Adda) contra                       España ha incumplido las obligaciones que le incumben en
 ---pagebreak--- C 323/24                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        21.12.2002
virtud de dicha Directiva, el Tribunal de Justicia, integrado por            Una Directiva no puede por sí sola crear obligaciones a cargo de un
los Sres. M. Wathelet (Ponente), Presidente de Sala, P. Jann y               particular y, por consiguiente, no puede ser invocada como tal frente
A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:                a él.
Sr. R. Grass, ha dictado el 7 de noviembre de 2002 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                             (1 ) DO C 245 de 1.9.2001.
1)     Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
       que le incumben en virtud de la Directiva 98/8/CE del
       Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998,
       relativa a la comercialización de biocidas, al no haber adoptado
       dentro del plazo señalado las disposiciones legales, reglamenta-
       rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha            AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       Directiva.
2)     Condenar en costas al Reino de España.                                                            (Sala Quinta)
( 1) DO C 317 de 10.11.2001.                                                                      de 3 de octubre de 2002
                                                                             en el asunto C-273/01 (petición de decisión prejudicial
              AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  planteada por el Tribunale di Bari): Walter Ferro contra
                            (Sala Tercera)                                                          Giovanni Santoro (1)
                      de 24 de octubre de 2002                               («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
en el asunto C-233/01 (Petición de decisión prejudicial del                  — Directiva 86/653/CEE relativa a la coordinación de los
Giudice di pace di Palermo): Riunione Adriatica di Sicurtà                   derechos de los Estados Miembros en lo referente a los
                SpA (RAS) contra Dario Lo Bue (1)                            agentes comerciales independientes — Aplicabilidad a los
                                                                                corredores de comercio»)
(«Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
— Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE — Libertad de
                                                                                (2002/C 323/34)
tarifas — Posibilidad de invocar una Directiva frente a un
                              particular»)
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                           (2002/C 323/33)
                   (Lengua de procedimiento: italiano)                       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                             «Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                                Comunidades Europeas»)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-233/01, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,            En el asunto C-273/01, que tiene por objeto una petición
por el Giudice di pace di Palermo (Italia), destinada a obtener,             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre               por el Tribunale di Bari (Italia), destinada a obtener, en el
Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (RAS) y Dario Lo Bue, una                  marco del litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 8,                 entre Walter Ferro y Giovanni Santoro, una decisión prejudicial
apartado 3, de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de                 sobre la interpretación de la Directiva 86/653/CEE del Consejo,
julio de 1973, Primera Directiva sobre coordinación de las                   de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas            derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes
al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro              comerciales independientes (DO L 382, p.17), así como con
de vida, y a su ejercicio (DO L 228, p. 3; EE 06/01, p. 143), en             carácter subsidiario, de los artículos 52 y 59 del Tratado CE
su versión resultante de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de              (actualmente, artículos 43 CE y 49 CE, tras su modificación),
18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones                 el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los
legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro                Sres. P. Jan (Ponente), Presidente de Sala, D.A.O. Edward,
directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican                A. La Pergola, M. Wathelet y A. Rosas, Jueces; Abogado
las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de                 General: Sr. M.F.G. Jacobs, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado
seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1), y de los             el 3 de octubre de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:
artículos 29 y 39 de la Directiva 92/49, el Tribunal de Justicia
(Sala Tercera), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente            Las disposiciones de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de
de Sala, la Sra. F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues                     diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de
(Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario:                los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales
Sr. R. Grass; informado el órgano jurisdiccional remitente de                independientes, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican
que el Tribunal de Justicia tiene intención de resolver mediante             a una normativa nacional que supedita el derecho a una retribución
auto motivado, con arreglo al artículo 104, apartado 3, de                   de una persona que ejerce la profesión de corredor de comercio a su
su Reglamento de Procedimiento; habiéndose instado a los                     inscripción en un registro establecido a tal efecto.
interesados a los que se refiere el artículo 20 del Estatuto CE
del Tribunal de Justicia para que, en su caso, presentaran sus               (1 ) DO C 289 de 13.10.2001.
observaciones sobre el particular, ha dictado el 24 de octubre
de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 30 de septiembre de 1998 en el asunto T-164/97, Silvio Busacca y otros contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas [Funcionarios - Cese definitivo con motivo de la adhesión de nuevos Estados miembros - Acto lesivo - Excepción de ilegalidad - Legalidad del Reglamento (CE, Euratom, CECA) no 2688/95 - Igualdad de trato - Vicios sustanciales de forma - Consulta previa a las Instituciones y al Comité del Estatuto]

text:
21.11.98             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 358/15
3) El Reino de los Países Bajos y el Consejo de la Unión                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
     Europea cargaraÂn con sus propias costas.                                    DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 30 de septiembre de 1998
(1) DO C 74 de 8.3.1997.
                                                                 en el asunto T-164/97, Silvio Busacca y otros contra
                                                                     Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (1)
                                                                 [Funcionarios Ð Cese definitivo con motivo de la adhe-
                                                                 sión de nuevos Estados miembros Ð Acto lesivo Ð Excep-
                                                                 ción de ilegalidad Ð Legalidad del Reglamento (CE, Eura-
                                                                 tom, CECA) no 2688/95 Ð Igualdad de trato Ð Vicios
                                                                 sustanciales de forma Ð Consulta previa a las Institucio-
              SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                              nes y al ComiteÂ del Estatuto]
                DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                (98/C 358/30)
                         (Sala Cuarta)
                  de 1 de octubre de 1998
                                                                               (Lengua de procedimiento: franceÂs)
en el asunto T-155/97, Natural van Dam AG y Danser
Container Line BV contra Comisión de las Comunidades
                          Europeas (1)                           En el asunto T-164/97, Silvio Busacca y otros, funcionarios
                                                                 del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas,
(Navegación interior Ð Saneamiento estructural Ð Requi-          representados por Mes Georges Vandersanden y Laure
sitos para la puesta en servicio de nuevos barcos Ð Exclu-       Levi, Abogados de Bruselas, que designan como domicilio
                             sión)                               en Luxemburgo el de Fiduciaire Myson SARL, 30 rue de
                                                                 Cessange, contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades
                        (98/C 358/29)                            Europeas (Agentes: Sres. Jean-Marie Stenier, Jan Inghelram
                                                                 y Paolo Giusta y Sra. Christina Friedrich), que tiene por
                                                                 objeto una solicitud de anulación de las decisiones del Tri-
           (Lengua de procedimiento: neerlandeÂs)                bunal de Cuentas de 16 de septiembre de 1996 por las que
                                                                 se deniegan las solicitudes de los demandantes mediante
                                                                 las que le pedían que incluyese sus respectivos nombres en
En el asunto T-155/97, Natural van Dam AG, con domici-           la lista de las personas que habían manifestado su intereÂs
lio social en Basilea (Suiza), y Danser Container Line BV,       por beneficiarse, con motivo de la adhesión de Austria, de
con domicilio social en Sliedrecht (Países Bajos), represen-     Finlandia y de Suecia, de una decisión de cese definitivo
tadas por el Sr. Marius J. van Dam, Abogado de Rotter-           en sus funciones, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
dam, que designan como domicilio en Luxemburgo el des-           Quinta), integrado por los Sres.: J. Azizi, Presidente; R.
pacho de Me Fernand Entringer, 34 A, rue Philippe II,            García-Valdecasas y M. Jaeger, Jueces; Secretario: Sra. B.
contra Comisión de las Comunidades Europeas (Agentes:            Pastor, administradora principal, ha dictado el 30 de sep-
inicialmente el Sr. Berend-Jan Drijber y posteriormente la       tiembre de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Sra. Laura Pignataro y el Sr. Maurits Lugard) que tiene
por objeto un recurso de anulación de la Decisión SG(97)
                                                                 1) Se anulan las decisiones del Tribunal de Cuentas de las
D/1862 de la Comisión, de 7 de marzo de 1997, por la
                                                                      Comunidades Europeas de 16 de septiembre de 1996
que se deniega a las demandantes, para tres barcos que
                                                                      dirigidas a los Sres. Silvio Busacca y Carlo Degli
habían proyectado construir, concederles los beneficios
                                                                      Abbati, y a las Sras. Pamela Rattigan, Gisela Tremont,
previstos en la letra c) del apartado 3 del artículo 8 del
                                                                      y CeÂcile Vandam, por las que se deniegan sus solicitu-
Reglamento (CEE) no 1101/89 del Consejo, de 27 de abril
                                                                      des mediante las que le pedían que incluyese sus res-
de 1989, relativo al saneamiento estructural de la navega-
                                                                      pectivos nombres en la lista de las personas que habían
ción interior (DO L 116 de 28.4.1989, p. 25), el Tribunal
                                                                      manifestado su intereÂs por beneficiarse de una decisión
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala
                                                                      de cese definitivo en sus funciones, prevista en el
Cuarta), integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y por
                                                                      Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 2688/95 del
los Sres. K. Lenaerts y J. D. Cooke, Jueces; Secretario: Sr.
                                                                      Consejo, de 17 de noviembre de 1995, por el que se
A. Mair, administrador, ha dictado el 1 de octubre de
                                                                      establecen medidas especiales de cese definitivo en sus
1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                      funciones de funcionarios de las Comunidades
                                                                      Europeas con motivo de la adhesión de Austria, de
                                                                      Finlandia y de Suecia.
1) Se desestima el recurso.
                                                                 2) El Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
2) Se condena en costas a las partes demandantes.                     cargaraÂ con sus propias costas, así como con las de los
                                                                      demandantes.
(1) DO C 212 de 12.7.1997.
                                                                 (1) DO C 212 de 12.7.1997.


title: Asunto T-215/02: Recurso interpuesto el 15 de julio de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Santiago Gómez-Reino

text:
12.10.2002             ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 247/13
                                                    TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Recurso interpuesto el 2 de julio de 2002 contra el                      la integran. Además, la Decisión controvertida, que puede ser
Consejo de la Unión Europea por el Consejo Nacional del                  considerada como una sanción, fue dictada careciendo de toda
                             Kurdistán                                   motivación, incurriendo de esta forma en vicios substanciales
                                                                         de forma.
                        (Asunto T-206/02)
                                                                         Además, el demandante alega que la Decisión controvertida se
                         (2002/C 247/22)                                 basa en un error material en los hechos, en la medida en que
                                                                         el PKK se había autodisuelto antes de adoptarse la Decisión
                  (Lengua de procedimiento: francés)                     controvertida y reivindica desde 1999 al menos una acción
                                                                         pacífica. La Decisión adolece asimismo de un manifiesto error
                                                                         de apreciación, en la medida en que atenta gravemente contra
                                                                         la libertad de expresión garantizada por el Convenio Europeo
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   para la protección de los Derechos Humanos.
Europeas se ha presentado el 2 de julio de 2002 un recurso
contra el Consejo de la Unión Europea formulado por
el Consejo Nacional del Kurdistán, con sede en Bruselas,                 (1 ) Decisión 2002/334/CE del Consejo, de 2 de mayo de 2002,
representado por M e Jerôme Boisseau, abogado.                                relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento
                                                                              (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas
                                                                              a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                 terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2001/927/CE (DO
que:                                                                          L 116, p. 33).
                                                                         (2 ) DO L 344, p. 70.
—      Declare que la Decisión 2002/334/CE del Consejo, de
       2 de mayo de 2002 (1) atenta contra la reputación, el
       renombre y la credibilidad del demandante.
—      Declare que la Decisión controvertida se basa en un error
       material en la medida en que incluye al PKK (Partido de
       los Trabajadores del Kurdistán) en la lista de personas           Recurso interpuesto el 15 de julio de 2002 contra la
       jurídicas contempladas por las medidas de la Comisión             Comisión de las Comunidades Europeas por Santiago
       encaminadas a luchar contra el terrorismo.                                                      Gómez-Reino
—      Declare que la Decisión controvertida adolece manifiesta-
                                                                                (Asunto T-215/02)
       mente de un error de apreciación, en cuanto priva a un
       partido político de los medios de expresarse libremente.
                                                                                (2002/C 247/23)
—      Anule parcialmente la Decisión controvertida en virtud
       del conjunto de estos motivos.                                                         (Lengua de procedimiento: francés)
—      Condene al Consejo a pagar una cantidad por importe de
       diez mil euros en razón de los gastos no recuperables
       efectuados por el demandante.                                     En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 15 de julio de 2002 un recurso
                                                                         contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                         por el Sr. Santiago Gómez-Reino, con domicilio en Bruselas,
Motivos y principales alegaciones
                                                                         representado por Me Marc-Albert Lucas, abogado.
El demandante solicita la anulación de la Decisión 2002/334/
CE del Consejo, de 2 de mayo de 2002. En efecto, esta Decisión           La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
incluye al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) en            que:
la lista actualizada de personas, grupos y entidades a los que se
aplica el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de                   —      Declare la ilegalidad de la omisión de la OLAF de
27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas                 notificarle la decisión de incoar indagaciones o bien una
dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de                     investigación que le afecta individualmente, de informarle
luchar contra el terrorismo ( 2).                                               de las indagaciones o investigaciones que puedan impli-
                                                                                carle personalmente y de ponerle en condiciones de
                                                                                pronunciarse sobre todos los hechos que le afectan
El demandante alega que esta mención atenta contra la                           antes de que se extraigan de las citadas indagaciones o
reputación y la credibilidad de la acción del demandante y de                   investigaciones unas conclusiones que le afecten personal-
numerosas asociaciones y personalidades independientes que                      mente.
 ---pagebreak--- C 247/14             ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     12.10.2002
—   Anule las decisiones del Director de la OLAF y de la             —     Anule la decisión expresa de 8 de abril de 2002 por la
    Comisión, reveladas mediante el comunicado de prensa                   que la Comisión denegó las reclamaciones presentadas
    de la Comisión de 26 de febrero de 2002, de incoar o de                por el demandante y las omisiones de adoptar las medidas
    volver a incoar, en el mes de septiembre de 2001,                      exigidas por el Estatuto cuya anulación o declaración de
    indagaciones o investigaciones sobre el asunto ECHO o                  su ilegalidad solicita, o de las decisiones denegatorias de
    los procedimientos a los que éste había dado lugar, o                  sus solicitudes de que se adopten con respecto a él las
    acerca de la existencia de elementos nuevos en este                    medidas exigidas por el Estatuto.
    asunto.
                                                                     —     Condene a la Comisión a pagarle un millón de euros
                                                                           como reparación de su perjuicio moral y de carrera
                                                                           evaluado provisionalmente, más los correspondientes
                                                                           intereses a razón del 8 % anual a partir del 1 de marzo
—   Anule la decisión del Director de la OLAF, revelada                    de 2002 y hasta el momento en que se efectúe el pago
    mediante el comunicado de prensa de la Comisión de                     íntegro.
    28 de febrero de 2002, de incoar una investigación
    formal contra algunos antiguos funcionarios de la UCLAF.
                                                                     —     Condene en costas a la Comisión.
—   Anule la decisión ni notificada ni publicada del Director
    de la OLAF, que se desprende del documento presentado            Motivos y principales alegaciones
    por el Vicepresidente de la Comisión a la COCOBU en su
    reunión del 11 de marzo, así como de sus cartas de fechas
    12 y 15 de abril dirigidas al Presidente de esta Comisión,       La finalidad principal del presente recurso es anular las
    de incoar una indagación sobre supuestas manipulaciones          decisiones de volver a incoar investigaciones sobre el asunto
    de los procedimientos en el asunto ECHO imputables a             de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea
    «un cartel de antiguos funcionarios» del que el deman-           (ECHO), por haberse producido unos supuestos hechos nue-
    dante había formado parte.                                       vos, y de incoar, con posterioridad, una investigación formal
                                                                     contra algunos antiguos funcionarios de la UCLAF y contra el
                                                                     demandante, así como la anulación de la decisión de la
                                                                     Comisión por la que se denegó la solicitud de asistencia del
                                                                     demandante, frente a las declaraciones publicadas en la prensa
—   Anule la decisión ni publicada ni notificada del Director        y que el demandante considera difamatorias, en la medida en
    de la OLAF, que se desprende de los mismos documentos,           que ponen en tela de juicio su honradez profesional.
    de volver a incoar una investigación contra el demandante
    en el asunto ECHO en base a unos elementos calificados
    de nuevos en este asunto, susceptibles de justificar
                                                                     En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega:
    la reapertura o la reanudación de un procedimiento
    disciplinario contra él.
                                                                     —     La infracción del artículo 25, párrafo segundo del Esta-
                                                                           tuto, la violación de los derechos de defensa y la
                                                                           inobservancia del artículo 4 de la Decisión 1999/396/CE/
                                                                           CECA/Euratom de la Comisión (1), en la medida en que
—   Anule la decisión de la Comisión que le fue comunicada                 no se le notificó una decisión de incoar una investigación
    mediante carta de su Vicepresidente de 8 de abril de 2002,             que le afectaba individualmente, ni se le informó de la
    en la medida en que deniega sus solicitudes de asistencia              posibilidad de su implicación personal en investigaciones
    de 8 de marzo de 2002 y anteriores o bien no cumple su                 realizadas anteriormente o en curso, como tampoco se le
    obligación de prestar de oficio esta asistencia mediante               informó de las alegaciones formuladas contra él y aún
    unos procedimientos adecuados.                                         menos se le dio la oportunidad de pronunciarse sobre
                                                                           todos los hechos que le afectan antes de que se hubieran
                                                                           deducido de las investigaciones las conclusiones que le
                                                                           afectan personalmente.
—   Anule la decisión presunta de 7 de julio de 2002 por la          —     La violación de los principios de seguridad jurídica y de
    que el Director de la OLAF denegó las reclamaciones                    confianza legítima, en la medida en que la OLAF, con el
    presentadas por el demandante el 8 de marzo contra las                 beneplácito de la Comisión, consideró como hechos
    decisiones y omisiones de adoptar las medidas exigidas                 nuevos susceptibles de justificar la reapertura de investiga-
    por las normas reguladoras de la oficina cuya anulación                ciones formales o de nuevas medidas disciplinarias contra
    o declaración de su ilegalidad solicita, o contra las                  el demandante unos datos de los que la Comisión
    decisiones denegatorias de su solicitud de que se adopten              había excluido este carácter en decisiones anteriores, y
    en relación a él las medidas exigidas por las normas                   concretamente en las que siguieron al asunto T-108/00
    aplicables a la oficina.                                               R, Gómez-Reino/Comisión (2).
 ---pagebreak--- 12.10.2002                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 247/15
—      La violación del principio de legalidad de la acción                 Motivos y principales alegaciones
       administrativa y la infracción del artículo 4, apartado 1,
       párrafo primero, del Reglamento no 1073/1999 del
       Parlamento Europeo y del Consejo (3), en la medida en
                                                                            La demandante participaba, como accionista, en tres socieda-
       que las investigaciones de la OLAF se abrieron o reabrie-            des bajo el nombre de Verlipack. Tras su entrada como
       ron sobre la base de unos datos informativos obtenidos
                                                                            accionista en dichas sociedades, asumió la obligación de
       contraviniendo el secreto de las actuaciones del Consejo             recomprar a las autoridades determinadas acciones. En 1991,
       de disciplina previsto en el artículo 6, párrafo segundo,            las autoridades interesadas insistieron en la obligación de
       del anexo III del Estatuto, junto con un incumplimiento
                                                                            recompra, por lo que la demandante se vio obligada a
       de la obligación de discreción contemplada en los artí-              recomprar las acciones. La recompra se realizó a lo largo de
       culos 17, párrafo segundo, del Estatuto, para los funciona-          varios años.
       rios, y 287 del Tratado CE para los miembros de la
       Comisión.
                                                                            En 1996, la Región Valona pretendió que la demandante
( 1) Decisión de 2 de junio de 1999, relativa a las condiciones y las       procediera a la recompra acelerada de las acciones. En
     modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha        consecuencia, ésta adquirió las acciones de la Región Valona,
     contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en    la cual, de este modo, adquirió un crédito descubierto sobre la
     detrimento de los intereses de las Comunidades (DO L 149, p. 57).      demandante. Según la demandante, para ella la compra no
( 2) Asunto clausurado mediante auto de archivo de 3 de julio de 2000       tenía interés económico alguno y las acciones no tenían
     (DO C 259, p. 31).                                                     ningún valor. Sin embargo, las acciones debían comprarse a
( 3) Reglamento de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones       un precio fijo impuesto. La demandante tampoco obtuvo
     efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude            ventaja alguna con las acciones, por lo que poco después
     (OLAF) (DO L 136, p. 1).                                               fueron transferidas a otra sociedad sobre la cual la demandante
                                                                            no tenía ningún control.
                                                                            En 1998, la Región Valona llegó a un acuerdo con la
                                                                            demandante en virtud del cual ésta transfirió a la Región
                                                                            Valona las acciones que poseía en el grupo Verlipack Holding II.
                                                                            A cambio, quedaría condonado el título de crédito de la Región
                                                                            Valona frente a la demandante.
Recurso interpuesto el 22 de julio de 2002 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Ter Lembeek
                           International N.V.
                                                                            La Decisión impugnada considera este último acuerdo como
                                                                            una ayuda de Estado incompatible con el mercado común. La
                          (Asunto T-217/02)                                 Decisión afirma que las acciones dadas en pago, de hecho, no
                                                                            tenían valor alguno en aquel momento. Por tanto, la Región
                                                                            Valona consintió condonar su crédito sobre la demandante sin
                            (2002/C 247/24)                                 contraprestación alguna. Asimismo, la Decisión considera que
                                                                            la demandante adquirió gratis las acciones que debió comprar
                                                                            a la Región Valona en 1996.
                  (Lengua de procedimiento: neerlandés)
                                                                            Según la demandante, la Decisión impugnada infringe el
                                                                            artículo 87, apartado 1, del Tratado CE y los artículos 7 y 13
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                      del Reglamento no 659/1999 (1). La demandante alega que no
Europeas se ha presentado el 22 de julio de 2002 un recurso                 se concedió favor alguno. En su opinión, el valor económico
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                    de las acciones, en el momento de la recompra en 1996, era
por Ter Lembeek International N.V., con domicilio social en                 nulo, o incluso negativo, y tampoco obtuvo ventaja alguna de
Wielsbeke (Bélgica), representada por los Sres. Jean-Pierre                 dichas acciones. Además, según la demandante, ella no fue la
Vande Maele, Frank Wijckmans y Filip Tuytschaever.                          beneficiaria de la ayuda eventual, pues solamente tuvo en su
                                                                            posesión las acciones un tiempo muy breve. Asimismo, alega
                                                                            que no se falseó la competencia. Según la Decisión impugnada,
                                                                            la competencia se vio falseada en el sector textil, mientras que
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia               la pretendida ayuda se aplicó en el sector del vidrio.
que:
1)     Anule los artículos 1 y 2 de la Decisión de la Comisión,             La demandante alega, en segundo lugar, la violación del
       de 24 de abril de 2002, relativa a la ayuda concedida por            principio de proporcionalidad y la infracción del artículo 14
       Bélgica al grupo Beaulieu (Ter Lembeek International).
                                                                            del Reglamento no 659/1999. En su opinión, la recuperación
                                                                            reclamada de la ayuda es desproporcionada a la ventaja, por
2)     Condene en costas a la parte demandada.                              así decirlo, disfrutada.


title: Asunto C-394/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Directiva 2000/53/CE — Vehículos al final de su vida útil — Artículos 3, apartado 5, 5, apartado 1, 7, apartado 2, y 8, apartados 3 y 4 — Adaptación no conforme)

text:
               7.7.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 155/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-394/05) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/53/CE - Vehículos al final de su vida útil - Artículos 3, apartado 5, 5, apartado 1, 7, apartado 2, y 8, apartados 3 y 4 - Adaptación no conforme)
   (2007/C 155/05)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Recchia y M. Konstantinidis, agentes)

      Demandadas: República Italiana (representantes: I.M. Braguglia y P. Gentili, agentes)
   Objeto
   Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil (DO L 269, p. 34).
   Fallo

               1)

               Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartado 5, 5, apartado 1, 7, apartado 2, letra a), párrafo segundo, y 8, apartados 3 y 4 de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil, al haber adoptado el Decreto legislativo no 209, de 24 de junio de 2003, que adapta el Derecho nacional a la citada Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Italiana.

      (1)  DO C 22, de 28.1.2006.


title: Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 135 de 7.6.2003

text:
21.6.2003       ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                          C 146/47
                                                            III
                                                      (Informaciones)
                                                    (2003/C 146/83)
                 Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea
          DO C 135 de 7.6.2003
          Recopilación de las publicaciones anteriores
          DO C 124 de 24.5.2003
          DO C 112 de 10.5.2003
          DO C 101 de 26.4.2003
          DO C 83 de 5.4.2003
          DO C 70 de 22.3.2003
          DO C 55 de 8.3.2003
                                       Estos textos se encuentran disponibles en:
                                         EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex
                                           CELEX: http://europa.eu.int/celex


title: Asunto F-17/14: Recurso interpuesto el 4 de marzo de 2014 — ZZ/Parlamento

text:
               16.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 184/41

         Recurso interpuesto el 4 de marzo de 2014 — ZZ/Parlamento
   (Asunto F-17/14)
   2014/C 184/67
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: M. Casado García-Hirschfeld, abogado)

      Demandada: Parlamento Europeo

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de no otorgar tres puntos de mérito al demandante con cargo al ejercicio de promoción de 2012.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la AFPN de 3 de julio de 2013 relativa a la decisión de los puntos de mérito correspondientes al año 2012.

               —

               Que se anule en la medida necesaria la resolución de 6 de diciembre de 2013 desestimatoria de la reclamación.

               —

               Que se condene en costas a la demandada.


title: Asunto C-245/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del korkein oikeus, de fecha 3 de julio de 2002, en el asunto entre Anheuser-Busch, Incorporated y Budéjovický Budvar, národni podnik

text:
C 219/4                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     14.9.2002
2.    ¿Es relevante para la justificación de la interrupción del              b)   En caso de que la respuesta a la cuestión 3 a) sea
      procedimiento el hecho de que el contenido de un                             afirmativa,
      anuncio de licitación incurra en errores cometidos por la
                                                                                ¿cómo debe interpretarse la referencia a derechos
      entidad adjudicadora en su evaluación previa?
                                                                                existentes con anterioridad que figura en el artí-
                                                                                culo 16, apartado 1, tercera frase, del Acuerdo
( 1) DO L 199 de 9.8.1993, p. 1.                                                   ADPIC cuando se trata de un nombre comercial no
                                                                                registrado ni utilizado tradicionalmente en el Estado
                                                                                en el que la marca comercial ha sido registrada y en
                                                                                el que se solicita la protección de la marca comercial
                                                                                contra el nombre comercial en cuestión, teniendo
                                                                                en cuenta la obligación que deriva del artículo 8
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                         del Convenio de París de proteger los nombres
lución del korkein oikeus, de fecha 3 de julio de 2002, en                         comerciales independientemente de que haya sido
el asunto entre Anheuser-Busch, Incorporated y Budéjo-                             registrado o no y el hecho de que, según el órgano
                  vický Budvar, národni podnik                                    de recurso de la OMC, la referencia al artículo 8 del
                                                                                Convenio de París contenida en el artículo 2,
                        (Asunto C-245/02)                                          apartado 1 del Acuerdo ADPIC, significa que los
                                                                                miembros de la OMC tienen, en virtud del Acuerdo
                          (2002/C 219/07)                                          ADPIC, la obligación de proteger el nombre comer-
                                                                                cial de conformidad con dicho artículo?
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                          Al valorar, en un asunto de esta naturaleza, si
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                        el nombre comercial tiene un fundamento legal
resolución del korkein oikeus, dictada el 3 de julio de                            prioritario respecto a una marca comercial con
2002, en el asunto entre Anheuser-Busch, Incorporated y                            arreglo al artículo 16, apartado 1, frase tercera, del
Budéjovický Budvar, národni podnik, y recibida en la Secretaría                   Acuerdo ADPIC ¿resulta determinante
del Tribunal de Justicia el 5 de julio de 2002. El korkein oikeus                  i)    que el nombre comercial fuera notoriamente
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las                              conocido, al menos en cierta medida, en los
siguientes cuestiones:                                                                   círculos comerciales del sector en el Estado en
                                                                                que esté registrada la marca comercial y en el
1)    Cuando la colisión entre una marca y un signo que                                  cual se solicita la protección de dicha marca,
      presuntamente viola dicha marca sobrevenga en un                                   antes del momento en el cual se haya presen-
      momento anterior a la entrada en vigor del Acuerdo
                                                                                tado en dicho Estado la solicitud de registro de
      ADPIC ¿se aplican las disposiciones del Acuerdo ADPIC                              la marca; o bien
      a la cuestión de la prioridad del fundamento legal de uno
      de los dos derechos, cuando se alega que dicha violación                     ii)   que el nombre comercial haya sido usado
      del derecho de marca comercial continúa produciéndose                              en operaciones comerciales dirigidas hacia el
      más allá de la fecha en que el Acuerdo ADPIC entró en                              Estado en el que estaba registrada la marca
      vigor en la Comunidad y en sus Estados miembros?                                   comercial y en el que se solicita la protección
                                                                                de la marca, antes del momento en el cual se
2)    En caso de que la respuesta a la cuestión 1) sea afirmativa                        haya presentado en dicho Estado la solicitud de
                                                                                registro de la marca; o bien
      a)    ¿Puede considerarse que el nombre de la empresa es
            también un signo distintivo de bienes y servicios en                   iii)  cualquier otra posible circunstancia que dé
            el sentido del artículo 16, apartado 1, primera frase                        lugar a que un nombre comercial deba ser
            del Acuerdo ADPIC?                                                           considerado como un derecho existente con
                                                                                anterioridad, en el sentido del artículo 16,
      b)    Si la cuestión 2 a) se responde afirmativamente,                             apartado 1, frase tercera, del Acuerdo ADPIC?
            ¿cuáles son las condiciones en que el nombre
            comercial puede ser considerado como un signo
            distintivo de bienes y servicios en el sentido del
                                                                         Recurso interpuesto el 9 de julio de 2002 contra la
            artículo 16, apartado 1, primera frase del Acuerdo
            ADPIC?                                                       Comisión de las Comunidades Europeas por la República
                                                                                Portuguesa
                                                                                (Asunto C-249/02)
3)    En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2 a)                                         (2002/C 219/08)
      a)    ¿Cómo debe interpretarse la referencia a derechos
            existentes con anterioridad que figura en el artí-           En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
            culo 16, apartado 1, tercera frase, del Acuerdo              presentado el 9 de julio de 2002 un recurso contra la Comisión
            ADPIC? ¿El derecho al nombre comercial puede                 de las Comunidades Europeas formulado por la República
            considerarse también un derecho existente con                Portuguesa, representada por el Sr. Luis Fernandes, agente, y
            anterioridad en el sentido del artículo 16, apartado 1,      por los Sres. Carlos Botelho Moniz y Eduardo Maia Cadete,
            primera frase del Acuerdo ADPIC?                             abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de octubre de 2002 en el asunto T-6/02, Michael Gerhard Franz Platte contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Nombramiento — Clasificación en grado — Artículo 31, apartado 2, del Estatuto

text:
C 323/34                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    21.12.2002
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 3 de octubre de 2002
                      de 9 de octubre de 2002
                                                                           en el asunto T-6/02, Michael Gerhard Franz Platte contra
en el asunto T-134/01: Hans Fuchs Versandschlachterei                                Comisión de las Comunidades Europeas (1)
    KG contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                           (Funcionarios — Nombramiento — Clasificación en grado
                                                                                — Artículo 31, apartado 2, del Estatuto
(«Reglamento (CE) no 111/1999 — Reglamento (CE)
no 1135/1999 — Ayuda alimentaria a Rusia — Licitación                                                (2002/C 323/55)
para la movilización — Licitación para el transporte —
Relación contractual — Cláusula compromisoria —
Demanda de cumplimiento de un contrato — Admisibilidad                                       (Lengua de procedimiento: francés)
— Presentación de certificados para cada medio de transporte
                      — Intereses de demora»)
                                                                           En el asunto T-6/02, Michael Gerhard Franz Platte, funcionario
                                                                           de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio
                           (2002/C 323/54)
                                                                           en Tielt-Winge (Bélgica), representado por M es X. De Kesel y
                                                                           S. Peeters, abogados, contra Comisión de las Comunidades
                                                                           Europeas (agentes: Sr. V. Joris y Sra. C. Berardis-Kayser), que
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                           tiene por objeto una solicitud de anulación de la decisión de la
                                                                           Comisión, de 31 de enero de 2001, por la que se clasifica
                                                                           definitivamente al demandante en el grado C 5, escalón 3, el
                                                                           Tribunal de Primera Instancia (juez único: Sr. J. D. Cooke);
                                                                           Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta, ha dictado el
En el asunto T-134/01, Hans Fuchs Versandschlachterei KG,
                                                                           3 de octubre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
con domicilio social en Duisburg (Alemania), representada por
los Sres. U. Schrömbges, L. Harings y C. Hütter, abogados,
contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente:                       1)     Desestimar el recurso.
Sr. M. Niejahr), que tiene por objeto un recurso encaminado,
con carácter principal, a que se condene a la Comisión a pagar             2)     Cada parte cargará con sus propias costas.
la cantidad de 13 130,04 marcos alemanes (6 713,28 euros),
más los correspondientes intereses al tipo del 8 % anual a
partir del 1 de marzo de 2000, y, con carácter subsidiario, a              (1 ) DO C 84 de 6.4.02.
que se ordene al Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung pagar la cantidad de 13 130,04 marcos alemanes
(6 713,28 euros), más los correspondientes intereses al tipo
del 8 % anual a partir del 1 de marzo de 2000, el Tribunal de
Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por los Sres.
R.M. Moura Ramos, Presidente, J. Pirrung y A.W.H. Meij,
Jueces; Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 9 de octubre                     AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                                de 30 de septiembre de 2002
1)    Condenar a la Comisión a pagar a la demandante la cantidad
      de 6 713,28 euros, más los intereses de demora, a partir del         en el asunto T-25/01: Francisco Miguel Viana França
      2 de mayo de 2000 y hasta el momento del pago completo. El                 contra Comisión de las Comunidades Europeas ( 1)
      tipo de los intereses de demora que deberá aplicarse se calculará
      sobre la base del tipo fijado por el Banco Central Europeo para      («Funcionarios — Permiso especial por elecciones — Licencia
      las operaciones principales de refinanciación, aplicable durante     especial por viaje — Documentos acreditativos — Incompe-
      el período de que se trata, incrementado en dos puntos.              tencia — Obligación de cooperación y de lealtad — Principio
                                                                           de proporcionalidad — Recurso manifiestamente infun-
                                                                                dado»)
2)    Desestimar el recurso en todo lo demás.
                                                                                (2002/C 323/56)
3)    Condenar en costas a la Comisión.
                                                                                (Lengua de procedimiento: portugués)
( 1) DO C 245 de 1.9.2001.
                                                                           En el asunto T-25/01, Francisco Miguel Viana França, funciona-
                                                                           rio de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio


title: Asunto C-101/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del korkein hallinto-oikeus, de fecha 15 de marzo de 2000, en el asunto entre Tulliasiamies y Antti Siilin

text:
24.6.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 176/7
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                ¿Puede interpretarse el artı́culo 90 CE (antiguo artı́culo 95
lución del korkein hallinto-oikeus, de fecha 15 de marzo                   del Tratado CE) en el sentido de que una norma tributario
  de 2000, en el asunto entre Tulliasiamies y Antti Siilin                  nacional de este tipo no es discriminatoria, cuando especi-
                                                                            almente se tiene en cuenta que
                        (Asunto C-101/00)                                   — el punto de partida es el Impuesto de un automóvil
                                                                                nuevo similar,
                         (2000/C 176/12)
                                                                            — según la norma anteriormente vigente, la tasa de
                                                                                matriculación de vehı́culos no se rebajaba hasta des-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                        pués del plazo de seis meses, y
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del korkein hallinto-oikeus, dictada el 15 de marzo             — tanto en la norma anteriormente vigente, como en la
de 2000, en el asunto entre Tulliasiamies y Antti Siilin, y                      actual, el Impuesto se rebaja linealmente en la forma
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 17 de marzo               expuesta?
de 2000. El korkein hallinto-oikeus solicita al Tribunal de
                                                                        3. Además de las bases de cálculo reguladas en la legislación
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                                                                            tributario nacional, ¿deben examinarse las caracterı́sticas
                                                                            individuales del vehı́culo a fin de garantizar que el devengo
                                                                            del Impuesto en un caso particular no lleva a una
Sobre la tasa de matriculación de vehı́culos                               discriminación, contraria al artı́culo 90 CE (antiguo artı́-
                                                                            culo 95 del Tratado CE)?
1. A tenor del artı́culo 11 de la autoverolaki, el valor fiscal a
    efectos de determinar la cuantı́a de dicha tasa en un
    vehı́culo importado como una mercancı́a comunitaria, se             El Impuesto sobre el Valor Añadido que se detennina sobre la tasa de
    basa en el valor de adquisición del sujeto pasivo. Como            matriculación de vehı́culos
    valor de adquisición se toma, en aquello que le es aplicable,      4. ¿Puede interpretarse la Directiva del IVA en el sentido de
    el valor en aduana del vehı́culo, regulado en el Código                que el impuesto, denominado impuesto sobre el valor
    aduanero y en el Reglamento de aplicación.                             añadido determinado sobre la tasa de matriculación de
                                                                            vehı́culos, regulado en el apartado 1 del artı́culo 5 de la
    ¿Puede interpretarse el artı́culo 90 CE (antiguo artı́culo 95           autoverolaki y en el apartado 5 del artı́culo 1 de la Ley
    del Tratado CE) en el sentido de que una disposición                   reguladora del IVA, es un impuesto sobre el valor añadido
    nacional como ésta, a efectos de la determinación del valor            en el sentido de la Directiva del IVA, si se tiene en cuenta,
    fiscal en que se basa la tasa de matriculación de vehı́culos,          que según la normativa nacional el impuesto únicamente
    no es discriminatoria, teniendo especialmente en cuenta,                se devenga tomando como base la tasa de matriculación
    que el valor fiscal del vehı́culo se configura en distinta              de vehı́culos?
    cuantı́a, dependiendo en qué etapa comercial (fase de
    comercialización) actúa el importador del vehı́culo, es           5. Si la respuesta a la cuestión planteada en el núm. 4 es
    decir, si éste actúa en la fase de mayorista, de minorista o           negativa, ¿se podrá considerar no obstante a esta clase
    de consumidor?                                                          de impuesto como un impuesto, derecho o tasa cuya
                                                                            recaudación está permitida en el artı́culo 33 de la Directiva
                                                                            del IVA?
2. Según el apartado 1 del artı́culo 7 de la autoverolaki, la
    tasa de matriculación de un vehı́culo de ocasión importado        6. Si estas normas tributarias nacionales no se consideran
    se basa en la tasa correspondiente a un vehı́culo nuevo                 contrarias a la Directiva del IVA, ¿puede interpretarse el
    similar rebajado en la forma determinada en la disposición.            artı́culo 90 CE (antiguo artı́culo 95 del Tratado CE) en el
    Tal como ésta venı́a redactada en la Ley 1482/1994, un                  sentido de que estas normas tributarias no son discrimina-
    vehı́culo de ocasión importado devengaba el Impuesto de                torias en la forma señalada en dicho artı́culo?
    un vehı́culo nuevo similar rebajado en la cuantı́a del
    0,5 por ciento por cada mes completo del calendario,
    calculado desde la fecha en que el vehı́culo llevaba seis
    meses matriculado o usado, y se rebajaba el Impuesto
    sólo por los primeros 150 meses de uso. Según la Ley              Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2000 contra la
    1160/1998 actualmente vigente, un vehı́culo de ocasión             Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
    importado devenga el Impuesto de un vehı́culo nuevo                                                España
    similar, rebajado en la cuantı́a del 0,6 por ciento por cada
    mes de uso por cada uno de los cien primeros meses de                                        (Asunto C-113/00)
    uso y, de los cien meses de uso siguientes, se rebaja en la
    cuantı́a del 0,9 por ciento por cada mes de uso, calculado                                     (2000/C 176/13)
    del valor residual del Impuesto hasta el fin de cada mes
    anterior, y de estos meses de uso en adelante, a razón del         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
    0,4 por ciento del valor residual del Impuesto calculado            presentado el 27 de marzo de 2000 un recurso contra la
    hasta el fin de cada mes anterior. Se computan como                 Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
    meses de uso los meses completos del calendario transcu-            Reino de España, representado por el Sr. Santiago Ortiz
    rridos desde el primer uso del vehı́culo o desde su                 Vaamonde, que designa como domicilio en Luxemburgo el de
    matriculación.                                                     la Embajada de España, 4-6, boulevard E. Servais.


title: Asunto C-19/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Oberster Gerichtshof, de fecha 20 de diciembre de 2001, en el asunto entre Dr. Viktor Klozek y Roche Diagnostics Gesellschaft mbH

text:
C 109/22                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            4.5.2002
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-             empleos de la tripulación a bordo de dicho buque, pueden ser
lución del Arbejdsretten, de fecha 25 de enero de 2002,                 considerados por el armador de dicho buque como acaecidos
en el asunto entre DFDS Torline A/S y SEKO Sjöfolk                       en el Estado del pabellón, de modo que con arreglo a este
             Facket för Service og Kommunikation                         artı́culo el armador puede ejercitar contra el sindicato una
                                                                         acción de indemnización en el Estado del pabellón?
                         (Asunto C-18/02)
                                                                         (1) de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la
                                                                              ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
                          (2002/C 109/35)                                     (DO L 204, 1975, p. 28) modificada por la Convención de 26 de
                                                                              mayo de 1989, relativa a la adhesión del Reino de España y de la
                                                                              República Portuguesa, con las adaptaciones introducidas por el
                                                                              Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de
                                                                              Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                     las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                 adhesión de la República Helénica (DO L 285, 1989, p. 1).
resolución del Arbejdsretten, dictada el 25 de enero de 2002,
en el asunto entre DFDS Torline A/S y SEKO Sjöfolk Facket
för Service og Kommunikation, y recibida en la Secretarı́a del
Tribunal de Justicia el 29 de enero de 2002. El Arbejdsretten
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
siguientes cuestiones:
                                                                         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
Primera cuestión:                                                       lución del Oberster Gerichtshof, de fecha 20 de diciembre
                                                                         de 2001, en el asunto entre Dr. Viktor Klozek y Roche
                                                                                Diagnostics Gesellschaft mbH
a)    ¿Debe interpretarse el artı́culo 5, número 3, del Convenio
      de Bruselas (1), en el sentido de que cubre los litigios                                     (Asunto C-19/02)
      relativos a la legalidad de una acción colectiva emprendida
      con el fin de obtener un convenio colectivo, cuando los
      posibles daños que resultan de la ilegalidad de tal acción                                  (2002/C 109/36)
      pueden dar lugar a indemnización con arreglo a las
      normas de responsabilidad delictual o cuasi delictual, de
      manera que el asunto de la legalidad de la acción colectiva
      anunciada pueda someterse al órgano jurisdiccional del
      lugar donde puede dirimirse la cuestión de la indemniza-          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
      ción de los daños resultantes de dicha acción?                  sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 20 de diciembre
                                                                         de 2001, en el asunto entre Dr. Viktor Klozek y Roche
b)    ¿Es eventualmente indispensable que el daño resulte cierta        Diagnostics Gesellschaft mbH, y recibida en la Secretarı́a del
      o probablemente de la propia acción colectiva de que se           Tribunal de Justicia el 29 de enero de 2002. El Oberster
      trate, o basta que dicha acción sea una condición necesaria      Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
      y pueda constituir la base para acciones de solidaridad            sobre las siguientes cuestiones:
      susceptibles de generar daños?
c)    ¿Resulta diferente la situación cuando, tras haberse inco-        1.a)      El artı́culo 141 CE y el artı́culo 1 de la Directiva
      ado el asunto, la parte que notificó el preaviso suspende         75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a
      la acción colectiva anunciada, a la espera de la resolución      la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
      del órgano jurisdiccional sobre la legalidad de la acción?       que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de
                                                                         retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO
                                                                         L 45, p. 19; EE 05/02, p. 52), ¿deben interpretarse en el sentido
                                                                         de que:
Segunda cuestión:
                                                                         en un sistema en el que el empresario que despide a un grupo
                                                                         numeroso de trabajadores a raı́z de una fusión con otra
                                                                         sociedad está obligado, en virtud de su obligación de previsión
¿Debe interpretarse el artı́culo 5, número 3, del Convenio de           social frente al colectivo de trabajadores en su conjunto, a
Bruselas en el sentido de que los daños resultantes de una              establecer con el comité de empresa un plan social de
acción colectiva emprendida por un sindicato en un paı́s en el          aplicación general a los trabajadores para atenuar las conse-
que navega un buque registrado en otro paı́s (Estado del                 cuencias del despido y, en especial, el riesgo de desempleo, que
pabellón), con el fin de obtener un convenio para proteger los          aumenta con la edad,
 ---pagebreak--- 4.5.2002               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 109/23
se oponen a un plan social con arreglo al cual, independiente-         3.b)     Dicha Directiva, ¿debe interpretarse en el sentido
mente del perı́odo de empleo, es decir, sin tener en cuenta            de que se opone a un plan social con arreglo al cual,
«perı́odos de carencia», todas las trabajadoras que, en el             independientemente del perı́odo de empleo, es decir, sin tener
momento del despido, hayan cumplido 50 años de edad y                 en cuenta «perı́odos de carencia», todas las trabajadoras que,
todos los trabajadores que, en el momento del despido,                 en el momento del despido, hayan cumplido 50 años de edad
hayan cumplido 55 años de edad, tienen derecho, en razón             y todos los trabajadores que, en el momento del despido,
únicamente de la edad —y del distinto riesgo de desempleo de          hayan cumplido 55 años de edad, tienen derecho, en razón
larga duración que corren, globalmente considerados, los              únicamente de la edad —y del distinto riesgo de desempleo de
hombres y las mujeres en función de la edad—, a una                   larga duración que corren, globalmente considerados, los
«asignación de transición» por importe del 75 % del último          hombres y las mujeres en función de la edad—, a una
salario bruto mensual durante un perı́odo de cinco años,              «asignación de transición» por importe del 75 % del último
aunque como máximo hasta el momento en que adquieran el               salario bruto mensual durante un perı́odo de cinco años,
derecho a la pensión legal de jubilación?                            aunque como máximo hasta el momento en que adquieran el
                                                                       derecho a la pensión legal de jubilación?
1.b)     En particular, el concepto de retribución del artı́-
culo 141 CE y del artı́culo 1 de la Directiva, ¿deben interpre-
tarse en el sentido de que, en el caso de las prestaciones que
no dependen del trabajo realizado, sino únicamente de la
pertenencia al colectivo de trabajadores y de la obligación
de previsión social impuesta al empresario, comprende la
cobertura del riesgo de desempleo de larga duración, de modo          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
que la retribución deberá considerarse igual si —globalmente         lución del Oberlandesgericht Innsbruck, de fecha 14 de
considerada— cubre el riesgo en la misma medida, aun cuando            enero de 2002, en el asunto entre Petra Engler y Janus
normalmente dicho riesgo aparezca a edades diferentes en los                              Versand Gesellschaft m.b.H
hombres y en las mujeres?
                                                                                (Asunto C-27/02)
1.c)     ¿O bien, si el concepto de «retribución» que figura en
dichas disposiciones comprende en realidad únicamente la                                       (2002/C 109/37)
prestación en metálico como tal, las diferencias en cuanto al
riesgo, ası́ entendidas, pueden justificar una diferencia de trato
a los hombres y a las mujeres?
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
2.     El concepto de «regı́menes profesionales de seguridad           resolución del Oberlandesgericht Innsbruck, dictada el 14 de
social» a efectos del artı́culo 2, apartado 1, de la Directiva         enero de 2002, en el asunto entre Petra Engler y Janus Versand
86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la          Gesellschaft m.b.H., y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y         Justicia el 31 de enero de 2002. El Oberlandesgericht Innsbruck
mujeres en los regı́menes profesionales de seguridad social            solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
(DO L 225, p. 40; modificada mediante la Directiva 96/97/CE            siguientes cuestiones:
del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, DO L 46, de
17.2.1997, p. 20), ¿debe interpretarse en el sentido de que            El derecho que el artı́culo 5j de la Konsumentenschutzgesetz
también comprende las asignaciones de transición en el sentido        (Ley de protección del consumidor; en lo sucesivo, «KSchG»)
antes indicado?                                                        austriaca, BGBl 1979/140, en la versión del artı́culo I/nú-
                                                                       mero 2, de la Fernabsatz-Gesetz (Ley de ventas a distancia)
El concepto de riesgo de «vejez, incluido el caso de jubilaciones      austriaca, BGBl I 1999/185 reconoce a los consumidores para
anticipadas» del artı́culo 4 de la Directiva, ¿debe interpretarse      entablar acciones legales dirigidas a reclamar a una empresa
en el sentido de que comprende también dichas «asignaciones            un premio que aparentemente han ganado cuando esta
de transición»?                                                       última envı́a (o haya enviado) a determinados consumidores
                                                                       notificaciones de premios u otras comunicaciones similares
                                                                       formuladas de tal modo que den (o hayan dado) la impresión
El concepto de «régimen» que figura en el artı́culo 6, apartado 1,     de que el consumidor ha ganado un determinado premio,
letra c), de la Directiva, ¿comprende únicamente la cuestión         ¿constituye, en el sentido del Convenio de Bruselas relativo a
del cumplimiento de los requisitos para tener derecho a la             la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones
asignación de transición, o también la pertenencia al colectivo      judiciales en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de
de trabajadores en general?                                            1968 (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»)
3.a)     La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero          1)    un derecho derivado de un contrato con arreglo al
de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de              artı́culo 13, punto 3, o
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las       2)    un derecho derivado de un contrato con arreglo al
condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70),                    artı́culo 5, punto 1, o
¿debe interpretarse en el sentido de que la «asignación de
transición» que se ha descrito constituye una condición de           3)    un derecho derivado de un hecho dañoso con arreglo al
despido a efectos del artı́culo 5 de dicha Directiva?                        artı́culo 5, punto 3,