title: Asunto T-20/07 P: Recurso de casación interpuesto el 26 de enero de 2007 por Comisión Europea contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 14 de noviembre de 2006 en el asunto F-100/05, Chatziioannidou/Comisión

text:
               24.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 69/22

         Recurso de casación interpuesto el 26 de enero de 2007 por Comisión Europea contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 14 de noviembre de 2006 en el asunto F-100/05, Chatziioannidou/Comisión
   (Asunto T-20/07 P)
   (2007/C 69/50)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (Bruselas, Bélgica) (representantes: K. Hermann y D. Martin, agentes)

      Otra parte en el procedimiento: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Bélgica)
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 14 de noviembre de 2006, dictada en el asunto F-100/05.

               —

               Que se desestime el recurso interpuesto por la Sra. Chatziioannidou.

               —

               Que se condene a cada una de las partes a cargar con las costas en que hubieran incurrido en esta instancia y en el procedimiento ante el Tribunal de la Función Publica de las Comunidades Europeas.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante sentencia de 14 de noviembre de 2006, cuya anulación se solicita mediante el presente recurso, el Tribual de la Función Pública (TFP) anuló las decisiones de la Comisión, de 30 de noviembre de 2004 y de 20 de febrero de 2005, por las que se calcularon las anualidades de pensión de E. Chatziioannidou a raíz de la transferencia al régimen comunitario del equivalente actuarial de los derechos a pensión adquiridos por ésta en Grecia.
   En apoyo de la demanda de anulación de dicha sentencia, la Comisión invoca un único motivo, basado en la infracción de los Reglamentos no 1103/97 (1) y no 974/98 (2) y de las disposiciones generales de ejecución (DGE) del artículo 11 del anexo VIII (3). La Comisión afirma que la premisa en la que se basa todo el razonamiento del Tribunal de la Función Pública obedece a una interpretación errónea del alcance del Reglamento no 1103/97. La Comisión afirma que, a diferencia de lo que considera el Tribunal de la Función Pública, la finalidad de dicho Reglamento es mantener los compromisos contractuales suscritos por particulares, pero no los suscritos por organismos públicos. Afirma, además que, en cualquier caso, esta observación carece de pertinencia en el presente asunto en la medida en que la Comisión no asumió ningún compromiso respecto a E. Chatziioannidou en la fecha de entrada en vigor del euro y, por consiguiente, el principio de continuidad de los contratos a que se refiere el artículo 3 del Reglamento no 1103/97 no era jurídicamente aplicable a este asunto. La Comisión opina que, en cambio, el Reglamento no 974/98, sobre todo su artículo 14, debería aplicarse al presente asunto y las DGE deberían interpretarse a la luz de dicho artículo. Por consiguiente, en el caso de transferencia posterior a la introducción del euro de los derechos a pensión adquiridos en Grecia, Estado que ha adoptado el euro, no se aplica lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, de las DGE, que establece las modalidades de la conversión en euros de los importes transferidos en otra divisa. La Comisión alega asimismo que, a diferencia de lo que consideró el Tribunal de la Función Pública, debido al reparto de competencias en la aplicación del artículo 11, apartado 2 del anexo VIII del Estatuto entre la Comisión y las autoridades nacionales, E. Chatziioannidou no puede censurar a la Comisión el método de cálculo de la cuantía del equivalente actuarial trasferido a la Comisión por las autoridades griegas, puesto que éstas son las únicas competentes para elegir el método adecuado y habían transferido a las comunidades un importe expresado ya en euros.

      (1)  Reglamento (CE) no 1103/97 del Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro, (DO L 162, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (DO L 139, p. 1).

      (3)  Disposiciones generales de ejecución de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto, modificadas mediante el Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004 (DO L 124, p. 1).


title: Asunto F-120/12: Recurso interpuesto el 17 de octubre de 2012 — ZZ/Europol

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/36

         Recurso interpuesto el 17 de octubre de 2012 — ZZ/Europol
   (Asunto F-120/12)
   2012/C 379/62
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representante: J.-J. Ghosez, abogado)

      Demandada: Oficina Europea de Policía (Europol)

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de Europol de no renovar el contrato de la parte demandante por tiempo indefinido y condena a Europol a abonar la diferencia entre la remuneración que la parte demandante habría percibido si hubiera permanecido en sus funciones en Europol y cualquier otra indemnización que haya percibido efectivamente desde el 1 de marzo de 2012.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión adoptada por la parte demandada el 28 de noviembre de 2011 por la que ésta comunica a la demandante que no renovará su contrato temporal que expirará el 29 de febrero de 2012.

               —

               Que se condene a la parte demandada a abonar a la demandante la diferencia entre, por una parte, el importe de la remuneración que habría percibido si hubiera permanecido en sus funciones en Europol y, por otra parte, el importe de la remuneración, honorarios, indemnizaciones por despido o cualquier otra indemnización sustitutiva que haya percibido efectivamente desde el 1 de marzo de 2012 en vez de la remuneración que percibía como agente temporal.

               —

               Que se condene en costas a Europol.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 1999 en el asunto T-203/97: Bo Forvass contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios - Agentes temporales - Clasificación - Artículo 31, apartado 2, del Estatuto - Deber de asistencia y protección - Anuncio erróneo - Protección de la confianza legítima)

text:
C 265/10               ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        18.9.1999
4) La Comisión está obligada a pagar dicha cantidad en un plazo         2) La Comisión cargará con sus propias costas y con las de la parte
    de dos meses a partir de la fecha en la que se le comunique esta          demandante.
    sentencia. A falta de pago, la suma devengará intereses de
    demora al tipo del 5 % anual a partir de la fecha de expiración      3) La República Francesa cargará con sus propias costas.
    de dicho plazo.
5) Se condena en costas a la Comisión.                                   (1) DO C 199 de 28.6.97.
(1) DO C 354 de 23.11.96 y C 9 de 11.1.97.
                                                                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                                de 6 de julio de 1999
                    de 22 de abril de 1999
                                                                          en el asunto T-203/97: Bo Forvass contra Comisión de las
en el asunto T-112/97, Monsanto Company contra Comi-                                          Comunidades Europeas (1)
            sión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                          (Funcionarios — Agentes temporales — Clasificación —
(Reglamento (CEE) no 2377/90 — Solicitud de inclusión de                 Artı́culo 31, apartado 2, del Estatuto — Deber de asistencia y
una somatotropina bovina recombinante (BST) en la lista de                protección — Anuncio erróneo — Protección de la confianza
sustancias no sujetas a un lı́mite máximo de residuos —                                                 legı́tima)
Denegación por la Comisión — Recurso de anulación —
                          Admisibilidad)
                                                                                (1999/C 265/18)
                        (1999/C 265/17)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                 (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                          En el asunto T-203/97, Bo Forvass, agente temporal de la
En el asunto T-112/97, Monsanto Company, con domicilio                    Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
social en Saint-Louis, Missouri (Estados Unidos), representada            Bruselas, representado por Me Nicolas Lhoëst, Abogado de
inicialmente por los Sres. Clive Stanbrook, QC, y Robert                  Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la
MacLean, Solicitor, y después por el Sr. Stanbrook y la                   Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contra Comisión
Sra. Debra Holland, Barrister, que designa como domicilio en              de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. Julian Currall), que
Luxemburgo el despacho de Me Arsène Kronshagen, 22, rue                   tiene por objeto, por una parte, que se anulen las decisiones de
Marie-Adélaïde, contra Comisión de las Comunidades Euro-                 la Comisión de 22 de julio de 1996 y 19 de marzo de 1997,
peas (Agentes: inicialmente los Sres. Richard Wainwright y                en la medida en que, respectivamente , clasifica al demandante
Fernando Castillo de la Torre, y después únicamente el                   en el grado A 5, escalón 3, y se niega a clasificar al demandante
Sr. Wainwright), apoyada por República Francesa (Agentes:                en el grado A 4, conforme al artı́culo 31, apartado 2, del
inicialmente la Sra. Kareen Rispal-Bellanger, el Sr. Frédéric             Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, y,
Pascal y la Sra. Régine Loosli-Surrans, y después las Sras. Ris-          por otra, une petición de indemnización, el Tribunal de
pal-Bellanger, Loosli-Surrans y Christina Vasak), que tiene por           Primera Instancia (Sala Quinta), integrado por el Sr. J.D. Cooke,
objeto una pretensión de anulación de la Decisión C(97) 148            Presidente, y el Sr. R. Garcı́a-Valdecasas y la Sra. P. Lindh,
final de la Comisión, de 14 de enero de 1997, por la que se              Jueces: Secretario: Sr. H. Jung, ha dictado el 6 de julio de 1999
deniega la solicitud, planteada por Monsanto Europe SA/NV,                una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
de incluir la sometribova, una somatotropina bovina recombi-
nante (BST), en el Anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90               1) Se declara la inadmisibilidad del recurso, en la medida en que
del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece                  tiene por objeto que el Tribunal de Primera Instancia obligue a
un procedimiento comunitario de fijación de los lı́mites                     la demandada a clasificar al demandante en un grado y escalón
máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los                      determinados.
alimentos de origen animal (DO L 224, p. 1), el Tribunal de
Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. A. Po-             2) Se desestima la petición de anulación.
tocki, Presidente, y los Sres. C.W. Bellamy y A.W.H. Meij,
Jueces; Secretario: Sr. A. Mair, administrador, ha dictado el             3) Se desestima la petición de indemnización.
22 de abril de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                          4) La Comisión cargará con sus propias costas y con tres cuartas
1) Se anula la Decisión C(97) 148 final de la Comisión, de 14 de            partes de las costas del demandante.
    enero de 1997, por la que se deniega la solicitud, planteada por
    Monsanto Europe SA/NV, de incluir la sometribova en el
    Anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, de              (1) DO C 318, de 18.10.1997.
    26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento
    comunitario de fijación de los lı́mites máximos de residuos de
    medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal.


title: Aviso de puesto vacante — CJ 01/01 — Director de la traducción

text:
7.3.2001           ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 74 A/1
                                                                 III
                                                           (Informaciones)
                                         TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
                                         AVISO DE PUESTO VACANTE — CJ 01/01
                                                         (2001/C 74 A/01)
         Próximamente quedará vacante el puesto de Director de la traducción (carrera A 2) del Tribunal de Justicia
         de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo. Dicho puesto se cubrirá con arreglo a lo
         dispuesto en el apartado 2 del artı́culo 29 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
         PERFIL DEL PUESTO
         La Dirección de la traducción afronta actualmente el reto de un considerable incremento de sus efectivos,
         que proseguirá con toda probabilidad en los próximos años. El número de puestos de juristas lingüistas
         destinados en dicho servicio (aproximadamente 300, de unos efectivos totales de 450 personas) ha
         experimentado un aumento superior a las dos terceras partes durante los siete últimos años y está previsto
         que aumente sensiblemente durante los próximos años, como consecuencia, sobre todo, de la ampliación
         de la Unión Europea a nuevos Estados miembros. El Director de la traducción deberá estar capacitado,
         por tanto, para dirigir un colectivo importante y en rápido crecimiento. Deberá tener grandes dotes
         organizativas y capacidad para impulsar los cambios necesarios en las estructuras del servicio; en este
         sentido, y de cara a próximas adhesiones, deberá ser capaz de formular propuestas relativas a la
         organización de la Dirección. Deberá poseer asimismo un sentido de las relaciones humanas que le
         permita convencer y motivar a sus colaboradores, animar y coordinar el trabajo de los jefes de las once
         divisiones lingüı́sticas de la Dirección y colaborar eficazmente con los demás directores de la institución.
         Por otra parte, para hacer frente al constante incremento del volumen de trabajo, que no podrá absorberse
         solamente con un aumento de los efectivos, deberá hacerse todo lo posible por mejorar aún más el alto
         nivel de productividad ya alcanzado por el servicio. Para ello se requerirá, en particular, una mejor
         organización y un uso generalizado de las nuevas tecnologı́as. El Director de la traducción deberá, pues,
         mostrar mucho interés por todo lo relacionado con la informática y tener un gran dominio de los medios
         informáticos y ofimáticos de que dispone el Tribunal de Justicia. Se preocupará constantemente por
         mejorar y armonizar los métodos de trabajo de la Dirección.
         Además, las reformas que se introduzcan con el fin de mejorar la organización del servicio y modernizarlo
         deberán inspirarse en la constante preocupación de adaptarse a las necesidades de la función jurisdiccional
         y de mantener el alto nivel de calidad de las traducciones. Por consiguiente, el titular de este puesto deberá
         poseer un profundo conocimiento de los problemas de la traducción de textos jurı́dicos y ser capaz de
         llevar a cabo su cometido ateniéndose a los métodos de organización y funcionamiento del Tribunal de
         Justicia.
         Por último, habida cuenta del contexto en que habrá de realizar su trabajo, el Director de la traducción
         deberá tener una formación jurı́dica completa sancionada por un tı́tulo universitario y acreditar que posee
         profundos conocimientos de una lengua oficial de las Comunidades Europeas, muy buenos conocimientos
         de otra lengua oficial y conocimientos satisfactorios de una tercera lengua oficial. Por razones del servicio,
         habrá de tener buenos conocimientos de francés.
 ---pagebreak--- C 74 A/2         ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     7.3.2001
         PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
         Los candidatos deberán dirigir su candidatura por escrito al Secretario de Tribunal del Justicia, Plateau du
         Kirchberg, L-2925 Luxembourg, a más tardar el 6 de abril de 2001. Dicha candidatura irá acompañada
         de un currı́culum vitae detallado y de cualesquiera otros documentos que puedan resultar de utilidad. Los
         candidatos deberán adjuntar igualmente a su impreso de candidatura un escrito de una extensión máxima
         de 5 páginas en el que expongan su plan de trabajo e indiquen por qué se consideran capacitados para
         ocupar el puesto objeto de la presente convocatoria.


title: Asunto T-66/01: Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2010 — Imperial Chemical Industries/Comisión ( «Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado de la sosa en el Reino Unido — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 82 CE — Prescripción de la facultad de la Comisión para imponer multas o sanciones — Plazo razonable — Formas sustanciales — Fuerza de cosa juzgada — Existencia de posición dominante — Explotación abusiva de posición dominante — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Multa — Gravedad y duración de la infracción — Circunstancias atenuantes» )

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/33

         Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2010 — Imperial Chemical Industries/Comisión
   (Asunto T-66/01) (1)

   (Competencia - Abuso de posición dominante - Mercado de la sosa en el Reino Unido - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 82 CE - Prescripción de la facultad de la Comisión para imponer multas o sanciones - Plazo razonable - Formas sustanciales - Fuerza de cosa juzgada - Existencia de posición dominante - Explotación abusiva de posición dominante - Perjuicio para el comercio entre Estados miembros - Multa - Gravedad y duración de la infracción - Circunstancias atenuantes)
   2010/C 221/51
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Imperial Chemical Industries Ltd, anteriormente Imperial Chemical Industries plc (Londres) (representantes: inicialmente, D. Vaughan, D. Anderson, QC, S. Lee, Barrister, S. Turner, S. Berwick y R. Coles, Solicitors; posteriormente, D. Vaughan, S. Lee, S. Berwick y S. Ford, Barristers)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y P. Oliver, agentes, asistidos por J. Flynn, QC, y C. West, Barrister)

      Objeto

   Con carácter principal, anulación de la Decisión 2003/7/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2000, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 82 [CE] (asunto COMP/33.133-D: Ceniza de sosa — ICI) [notificada con el número C(2000) 3796] (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 10, p. 33) y, con carácter subsidiario, una solicitud de anulación o reducción de la multa impuesta a la demandante.

      Fallo

               1)

               Anular el artículo 1 de la Decisión 2003/7/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2000, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 82 CE (Asunto COMP/33.133-D: Ceniza de sosa — ICI) en la medida en que declara que Imperial Chemical Industries Ltd infringió lo dispuesto en el artículo 82 CE en 1983.

               2)

               Fijar en ocho millones de euros el importe de la multa impuesta a Imperial Chemical Industries en el artículo 2 de la Decisión 2003/7.

               3)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               4)

               Condenar a Imperial Chemical Industries a cargar con cuatro quintos de sus propias costas y con cuatro quintos de las costas de la Comisión Europea.

               5)

               Condenar a la Comisión a cargar con un quinto de sus propias costas y con un quinto de las costas de Imperial Chemical Industries.

      (1)  DO C 150, de 19.5.2001.


title: Asunto C-119/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) el 9 de marzo de 2015 — Biuro podróży «Partner» Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

text:
               15.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 198/18

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) el 9 de marzo de 2015 — Biuro podróży «Partner» Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   (Asunto C-119/15)
   (2015/C 198/24)
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Sąd Apelacyjny w Warszawie

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Biuro podróży «Partner» Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej

      Demandada: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               A la luz de los artículos 6, apartado 1, y 7, de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29), en relación con los artículos 1 y 2 de la Directiva 2009/22/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 110, p. 30), ¿puede considerarse que el uso, en las condiciones generales de la contratación, de disposiciones que en cuanto a su contenido son idénticas a disposiciones que han sido declaradas ilícitas mediante sentencia firme e incluidas en el registro de disposiciones de las condiciones generales de la contratación ilícitas en lo que se refiere a un empresario que no participó en el procedimiento que terminó con la inclusión en el Registro de disposiciones de las condiciones generales de la contratación ilícitas, es un acto contrario a Derecho que constituye, a la luz del Derecho nacional, un comportamiento que lesiona los intereses colectivos de los consumidores, por lo que se le puede imponer una multa en un procedimiento administrativo nacional?

               2)

               A la luz del artículo 267, apartado 3, del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, ¿es el Tribunal de segunda instancia, contra cuya resolución recaída en apelación cabe un recurso de casación, tal como prevé la normativa polaca, un tribunal cuyas resoluciones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, o es el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), que decide sobre el recurso de casación, tal tribunal?

      (1)  DO L 95, p. 29.

      (2)  DO L 110, p. 30.


title: Asunto C-190/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Polonia) el 23 de abril de 2012 — Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

text:
               14.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 209/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Polonia) el 23 de abril de 2012 — Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
   (Asunto C-190/12)
   2012/C 209/05
   Lengua de procedimiento: polaco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

      Recurrida: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es de aplicación el artículo 56 CE, apartado 1 (actualmente artículo 63 TFUE), en el examen de la licitud de la aplicación de disposiciones nacionales por un Estado miembro que diferencian en función de la situación jurídica del sujeto pasivo, al conceder a los fondos de inversión con domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea la exención del impuesto de sociedades a tipo fijo por los dividendos percibidos, en el marco de una exención personal general, y al no concedérsela a un fondo de inversión con domicilio fiscal en los Estados Unidos de América?

               2)

               ¿A la luz del artículo 58 CE, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 58 CE, apartado 3 [actualmente artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 65 TFUE, apartado 3], puede considerarse justificado el trato desigual dispensado a los fondos con domicilio social en un tercer país y a los fondos con domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea, previsto en el Derecho nacional en relación con la exención personal en materia del impuesto de sociedades?


title: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 7 de agosto de 2000 en el asunto T-159/99, Bjarne Christiansen contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Solicitud de reconocimiento de la invalidez — Inexistencia de evolución médica positiva — Recurso que carece manifiestamente de todo fundamento jurídico — Recurso manifiestamente inadmisible)

text:
4.11.2000               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 316/23
1)    Se desestima el recurso.                                                AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
2)    Se condena a la demandante a pagar sus propias costas y las de                          de 7 de agosto de 2000
      la demandada.
                                                                          en el asunto T-159/99, Bjarne Christiansen contra Tribu-
                                                                                nal de Cuentas de las Comunidades Europeas (1)
(1) DO C 86 de 27.3.99.                                                   (Funcionarios — Solicitud de reconocimiento de la invalidez
                                                                          — Inexistencia de evolución médica positiva — Recurso que
                                                                          carece manifiestamente de todo fundamento jurı́dico —
                                                                                Recurso manifiestamente inadmisible)
                                                                                (2000/C 316/44)
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                                                                          En el asunto T-159/99, Bjarne Christiansen, agente temporal
                                                                          del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, con
                  de 20 de septiembre de 2000                             domicilio en Nittel (Alemania), representado por Me A. Lorang,
                                                                          Abogado de Luxemburgo, que designa como domicilio en
                                                                          Luxemburgo el despacho de este último, 51, rue Albert 1er,
en el asunto T-220/99, Joachim Behmer contra Parlamento                   contra Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
                             Europeo (1)                                  (Agentes: Sres. J.-M. Stenier, J. Inghelram y P. Giusta), que tiene
                                                                          por objeto la anulación de la decisión del Tribunal de Cuentas
(Funcionarios — Nombramiento mediante promoción —                        por la que se deniega la solicitud de reconocimiento de la
     Grado LA 3 — Examen comparativo de los méritos)                      invalidez permanente total del demandante, el Tribunal de
                                                                          Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por los Sres.:
                                                                          K. Lenaerts, Presidente, y J. Azizi y M. Jaeger, Jueces; Secretario:
                          (2000/C 316/43)                                 Sr. H. Jung, ha dictado el 7 de agosto de 2000 un auto
                                                                          resolviendo lo siguiente:
                                                                          1)   Se declara la inadmisibilidad manifiesta de una parte del
                  (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                               recurso y se desestima por carecer manifiestamente de todo
                                                                               fundamento jurı́dico en todo lo demás.
En el asunto T-220/99, Joachim Behmer, funcionario del
Parlamento Europeo, con domicilio en Luxemburgo, represen-                2)   Cada parte cargará con sus propias costas.
tado por Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier y V. Peere, Abogados
de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el                  (1) DO C 281 de 2.10.99.
despacho de Société de gestion fiduciaire SARL, 2-4, rue Beck,
contra Parlamento Europeo (Agentes: Sres. H. von Hertzen y
J. Sant’Anna), que tiene por objeto una pretensión de anulación
de la decisión de 7 de enero de 1999, en la medida en que, por
una parte, se nombra a la Sra. Dhyvert Jefe de división adjunto
de la división de traducción de lengua alemana del Parlamento
Europeo y, por otra parte, se desestima la candidatura de la                  AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
demandante para la provisión de dicho puesto, el Tribunal de
Primera Instancia (Sala Cuarta), integrado por la Sra. V. Tiili,                               de 11 de julio de 2000
Presidenta, y los Sres R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces,
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador, ha dictado el        en el asunto T-268/99, Fédération nationale d’agriculture
20 de septiembre de 2000 una sentencia cuyo fallo es el                   biologique des régions de France (FNAB) y otros contra
siguiente:                                                                               Consejo de la Unión Europea (1)
1)    Se desestima el recurso.                                            (Recurso de anulación — Reglamento (CE) no 1804/1999
                                                                          del Consejo — Excepción temporal en favor de marcas
                                                                                existentes — Inadmisibilidad)
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                                (2000/C 316/45)
(1) DO C 6 de 8.1.00.
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          En el asunto T-268/99, Fédération nationale d’agriculture
                                                                          biologique des régions de France (FNAB), con domicilio


title: Asunto C-611/11 P: Auto del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 2012 — ara AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Allrounder SARL [Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n ° 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Registro internacional que designa la Comunidad Europea — Marca figurativa A con dos motivos triangulares — Marca nacional denominativa anterior A — Motivos de denegación relativos — Inexistencia de riesgo de confusión]

text:
               6.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/4

         Auto del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 2012 — ara AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Allrounder SARL
   (Asunto C-611/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 8, apartado 1, letra b) - Registro internacional que designa la Comunidad Europea - Marca figurativa A con dos motivos triangulares - Marca nacional denominativa anterior A - Motivos de denegación relativos - Inexistencia de riesgo de confusión)
   2013/C 101/07
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: ara AG (representante: M. Gail, Rechtsanwalt)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente), Allrounder SARL (representante: B. Boespflug, abogado).

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 22 de septiembre de 2011, ara/OAMI — Allrounder (A con dos motivos triangulares) (T-174/10) por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 26 de enero de 2010, (asunto R 481/2009-1), relativa a un procedimiento de oposición entre ara y Allrounder — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) — Marca figurativa A con dos motivos triangulares — Oposición del titular de la marca denominativa nacional «A» — Riesgo de confusión entre dos marcas — Apreciación errónea del carácter distintivo.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a ara AG.

      (1)  DO C 133, de 5.5.2012.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de octubre de 2003 en el asunto C-388/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda ("Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/42/CE")

text:
29.11.2003              ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                 C 289/9
1)    Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido               1)    Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
      las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la             incumben en virtud de la Directiva 1999/42/CE del Parla-
      Directiva 98/81/CE del Consejo, de 26 de octubre de 1998,                   mento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la
      por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE relativa a la                que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos
      utilización confinada de microorganismos modificados genética-              respecto de las actividades profesionales a que se refieren las
      mente, al limitarse a adaptar su Derecho interno a una parte                Directivas de liberalización y de medidas transitorias, al
      del artículo 1 de la Directiva 98/81 y a los anexos IV y V de               no haber adoptado las medidas legales, reglamentarias y
      la Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de                      administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto
      1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos                en la citada Directiva.
      modificados genéticamente, en su versión resultante de la
      Directiva 98/81.                                                      2)    Condenar en costas a Irlanda.
2)    Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
                                                                            (1) DO C 7 de 11.1.2003.
(1) DO C 261 de 26.10.2002.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Tercera)
                           (Sala Segunda)
                                                                                de 16 de octubre de 2003
                     de 16 de octubre de 2003
                                                                            en el asunto C-423/02: Comisión de las Comunidades
en el asunto C-388/02: Comisión de las Comunidades                          Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
                    Europeas contra Irlanda (1)                                                         del Norte (1)
(«Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho                      («Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Vertido
               interno a la Directiva 1999/42/CE»)                                       de residuos — Directiva 1999/31/CE»)
                          (2003/C 289/16)
                                                                                (2003/C 289/17)
                   (Lengua de procedimiento: inglés)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-388/02, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agentes: Sras. M. Patakia y K. Banks) contra Irlanda                  En el asunto C-423/02, Comisión de las Comunidades Euro-
(agente: Sr. D. O’Hagan, asistido por el Sr. A. Colins), que tiene          peas (agentes: Sres. X. Lewis y M. Konstantinidis) contra Reino
por objeto que se declare que Irlanda ha incumplido las                     Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (agente: Sra.
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/                P. Ormond), que tiene por objeto que se declare que el Reino
42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de                Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las
1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento                obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 de la
de títulos respecto de las actividades profesionales a que se               Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999,
refieren las Directivas de liberalización y de medidas transito-            relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1), al no haber
rias (DO L 201, p. 77), al no haber adoptado las medidas                    adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar               administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dis-
cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva o, en                    puesto en la citada Directiva, o, en cualquier caso, al no haber
cualquier caso, al no haber informado a la Comisión sobre                   comunicado dichas disposiciones a la Comisión, el Tribunal de
dichas medidas, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado           Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet,
por el Sr. R. Schintgen, Presidente de Sala, y el Sr. V. Skouris y          Presidente de Sala, y la Sra. F. Macken (Ponente) y el Sr.
la Sra. N. Colneric (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr.                 J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo;
A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 16 de octubre           Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 16 de octubre de 2003
de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                           una sentencia cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto T-32/16: Auto del Tribunal General de 25 de octubre de 2016 — República Checa/Comisión

text:
               19.12.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 475/25

         Auto del Tribunal General de 25 de octubre de 2016 — República Checa/Comisión
   (Asunto T-32/16) (1)

   (2016/C 475/37)
   Lengua de procedimiento: checo
   El Presidente de la Sala Séptima ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 98 de 14.3.2016.


title: Asunto T-263/10: Recurso interpuesto el 16 de junio de 2010 — Espagne/Commission

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/52

         Recurso interpuesto el 16 de junio de 2010 — Espagne/Commission
   (Asunto T-263/10)
   ()
   2010/C 221/83
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Reino de España (representante: Sra. Nuria Díaz Abad, abogado del Estado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               que se anule la Decisión de la Comisión Europea de 8 de abril de 2010, por la que se acuerda la suspensión de solicitud de pago intermedio enviada por España el 17 de diciembre de 2009 por los motivos recogidos en el apartado I de los Fundamentos de Derecho de este escrito;

               —

               que se declare la procedencia de la exigencia del pago de intereses por parte de la Comisión Europea, derivados de la demora producida en el pago efectivo de las solicitudes intermedias indebidamente paralizadas;

               —

               que se condene en costas a la Institución demandada.

      Motivos y principales alegaciones

   El presente recurso se dirige contra la decisión de la Comisión de interrumpir el plazo para el pago de la solicitud de pago intermedio enviada por España el 17 de diciembre de 2009. Dicha solicitud de pago intermedio, que se eleva a un importe de 2 717 227,26euros, corresponde al Programa Operativo de Intervención Comunitaria del Fondo Social Europeo en el marco del Objetivo Competitividad Regional de la Comunidad Autónoma de Baleares (CCI 2007ESO52PO005).
   En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante alega los siguientes motivos:

               —

               Violación del artículo 91, apartado 1, letra a) del Reglamento 1083/2006 (1) del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, en la medida en que la Comisión, sin mediar un informe de un organismo de auditoría nacional o comunitario que pusiera de manifiesto la existencia de deficiencias significativas en el funcionamiento de los sistemas de función y control y sin que existiesen tales deficiencias, procedió, mediante la Decisión impugnada, a interrumpir el plazo para el pago de la solicitud de pago intermedio presentado por España.

               —

               Violación de la estrategia de control aprobada por la Comisión, por cuanto que la Comisión procedió a interrumpir el plazo para el pago del citado pago intermedio por considerar que la ausencia de auditorías de sistemas constituye un retraso significativo en la ejecución de la estrategia, cuando dicha estrategia permitía al Reino de España presentar las auditorías de sistemas hasta el 30 de junio de 2010.

               —

               Violación del principio de seguridad jurídica, en la medida en que lo que la Comisión está imputando al Reino de España es no haber adelantado las auditorías de sistemas, respecto del calendario acordado con la propia Comisión, por lo que esta exigencia no era previsible para las autoridades españolas.

               —

               Violación del principio de confianza legítima, en la medida en que las autoridades nacionales actuaron amparadas en unos calendarios de auditorías que la Comisión había aprobado en la estrategia, calendarios que se estaban cumpliendo, sin que la Comisión manifestase en ningún momento que ello supusiese deficiencia alguna en el sistema de gestión y control.

               —

               Violación del principio de proporcionalidad, toda vez que la medida adoptada por la Comisión es desproporcionada y contraria a una eficaz gestión financiera y existen otros instrumentos jurídicos menos onerosos para alcanzar el mismo objetivo.

               —

               Por último, el Reino de España reclama intereses de demora al amparo del artículo 87, apartado 2, del Reglamento 1083/2006, del artículo 83 del Reglamento 1605/2002 (2) y del artículo 106, apartado 5, del Reglamento 2342/2002 de la Comisión. (3)

      (1)  Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (DO L 210, p. 25).

      (2)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 25, p. 43).

      (3)  Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 357, p. 1).


title: Asunto F-80/11: Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2011 — ZZ/Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

text:
               29.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/30

         Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2011 — ZZ/Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
   (Asunto F-80/11)
   2011/C 319/65
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal y D. Abreu Caldas, abogados)

      Demandada: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de resolver el contrato de la parte demandante por motivos disciplinarios y abono de una cantidad en concepto de reparación del perjuicio material y moral supuestamente sufrido.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión de 11 de octubre de 2010 de la autoridad facultada para proceder a la contratación por la que ésta resolvió por anticipado el contrato de la parte demandante con un plazo de preaviso de dos meses, que terminó el 11 de diciembre de 2010.

               —

               Que se condene a la parte demandada a cargar con las costas y a abonar a la parte demandante una cantidad de 300 000 euros en concepto de reparación del perjuicio material y moral sufrido por ésta.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2000 en el asunto C-59/98 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Heinsberg): Proceso seguido contra Josef Corsten ("Libre prestación de servicios — Directiva 64/427/CEE — Servicios artesanales de construcción — Normativa nacional que exige la inscripción de las empresas artesanales extranjeras en el Registro de Oficios — Proporcionalidad")

text:
C 335/16                   ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         25.11.2000
—     La obligación de remunerar de manera apropiada los perı́odos          modificación), 60, 65 y 66 del Tratado CE (actualmente
      de formación tanto a tiempo completo como a tiempo parcial            artı́culos 50 CE, 54 CE y 55 CE) y de la Directiva 64/427/CEE
      de los médicos especialistas sólo se aplica a las especialidades      del Consejo, de 7 de julio de 1964, relativa a las modalidades
      médicas comunes a todos los Estados miembros o a dos a más            de medidas transitorias en el ámbito de las actividades
      de ellos y mencionadas en los artı́culos 5 o 7 de la Directiva         por cuenta propia de transformación correspondientes a las
      75/362/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, referente al           clases 23 a 40 de la CITI (Industria y artesanı́a) (DO 1964,
      reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros tı́tulos        117, p. 1863; EE 06/01, p. 43), el Tribunal de Justicia,
      de médico, y en la que se establecen medidas destinadas a              integrado por los Sres. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente;
      facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de    J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (Ponente), L. Sevón y
      libre prestación de servicios.                                        R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann,
                                                                             H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces; Abogado General:
—     Esta obligación se impone únicamente si los médicos especialis-
                                                                             Sr. G. Cosmas; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador princi-
      tas en perı́odo de formación se atienen a las condiciones de la
                                                                             pal, ha dictado el 3 de octubre de 2000 una sentencia cuyo
      formación a tiempo completo enunciadas en el punto 1 del
                                                                             fallo es el siguiente:
      Anexo de la Directiva 75/363, en su versión modificada, por
      la Directiva 82/76, o a las de la formación a tiempo parcial
      enunciadas en el punto 2 del Anexo de la Directiva 75/363,             El artı́culo 59 del Tratado CE (actualmente artı́culo 49 CE, tras su
      en su versión modificada por la Directiva 82/76.                      modificación) y el artı́culo 4 de la Directiva 64/427 del Consejo, de
                                                                             7 de julio de 1964, relativa a las modalidades de medidas transitorias
—     Esta obligación es incondicional y suficientemente precisa en la      en el ámbito de las actividades por cuenta propia de transformación
      medida en que exige, para que un médico especialista pueda             correspondientes a las clases 23 a 40 de la CITI (Industria y
      acogerse al régimen de reconocimiento mutuo previsto por la            artesanı́a), se oponen a una normativa de un Estado miembro que
      Directiva 75/363, que su formación se efectúe a tiempo               supedita la ejecución de actividades artesanales en su territorio por
      completo o a tiempo parcial y esté remunerada.                         prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros a un
—     No obstante, dicha obligación no permite, por sı́ sola, al órgano    procedimiento de autorización que retrasa o complica el ejercicio del
                                                                             derecho a la libre prestación de servicios, toda vez que se han
      jurisdiccional nacional determinar la identidad del deudor
                                                                             examinado los requisitos de acceso a las actividades de que se trate y
      obligado al pago de la remuneración apropiada ni la cuantı́a de
      ésta.                                                                  que se ha acreditado el cumplimiento de tales requisitos. Además, la
                                                                             exigencia eventual de inscripción en el Registro de Oficios del Estado
Sin embargo, el órgano jurisdiccional nacional esté obligado, cuando        miembro receptor, en el supuesto de que estuviera justificada, no
aplica disposiciones de Derecho nacional tanto anteriores como               deberı́a dar lugar a gastos administrativos adicionales ni requerir el
posteriores a una Directiva, a hacer todo la posible por interpretarlas      pago obligatorio de cotizaciones a las Cámaras de Industria y
a la luz de la letra y de la finalidad de dicha Directiva.                   Artesanı́a.
(1) DO C 370 de 6.12.1997.
                                                                             (1) DO C 137 de 2.5.1998.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                       de 3 de octubre de 2000                                         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
en el asunto C-59/98 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Amtsgericht Heinsberg): Proceso seguido                                          de 3 de octubre de 2000
                        contra Josef Corsten (1)
                                                                             en el asunto C-303/98 (petición de decisión prejudicial
(«Libre prestación de servicios — Directiva 64/427/CEE —                    planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la
Servicios artesanales de construcción — Normativa nacional                  Comunidad Valenciana): Sindicato de Médicos de Asisten-
que exige la inscripción de las empresas artesanales extranje-              cia Pública (SIMAP) contra Conselleria de Sanidad y
      ras en el Registro de Oficios — Proporcionalidad»)                                Consumo de la Generalidad Valenciana (1)
                            (2000/C 335/30)                                  («Polı́tica social — Protección de la seguridad y de la salud
                                                                             de los trabajadores — Directivas 89/391/CEE y 93/104/CE
                   (Lengua de procedimiento: alemán)                        — Ámbito de aplicación — Médicos de Equipos de Atención
                                                                             Primaria — Duración media del trabajo — Inclusión del
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la      tiempo de atención continuada — Trabajadores nocturnos y
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                                        por turnos»)
En el asunto C-58/98, que tiene por objeto una petición                                                 (2000/C 335/31)
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Amtsgericht
Heinsberg (Alemania), destinada a obtener, en el proceso                                       (Lengua de procedimiento: español)
seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra Josef Corsten,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artı́-             En el asunto C-303/98, que tiene por objeto una petición
culos 59 del Tratado CE (actualmente artı́culo 49 CE, tras su                dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del


title: Asunto T-712/13: Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2013 — Monster Energy/OAMI (REHABILITATE)

text:
               1.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 61/16

         Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2013 — Monster Energy/OAMI (REHABILITATE)
   (Asunto T-712/13)
   2014/C 61/29
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Monster Energy Company (Corona, Estados Unidos) (representante: P. Brownlow, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 17 de octubre de 2013 dictada en el procedimiento R 609/2013-1.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «REHABILITATE» para productos de las clases 5, 30 y 32 — Solicitud de marca comunitaria no 10.834.802

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria.


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Landesgericht St. Pölten (Austria), de fecha 2 de septiembre de 1998, en el asunto entre la menor D. y W., como consecuencia del recurso interpuesto por el Österreicher Bundesschatz (Asunto C-384/98)

text:
C 397/22                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     19.12.98
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-               al no haber adoptado las disposiciones legales, regla-
lución del Landesgericht St. Pölten (Austria), de fecha 2 de             mentarias o administrativas necesarias para dar cum-
septiembre de 1998, en el asunto entre la menor D. y W.,                 plimiento a la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23
como consecuencia del recurso interpuesto por el Öster-                  de noviembre de 1993, relativa a determinados aspec-
                      reicher Bundesschatz                               tos de la ordenación del tiempo de trabajo (1) y/o al no
                       (Asunto C-384/98)                                 haber informado de ello a la Comisión, y
                          (98/C 397/38)
                                                                    b) condene a la RepuÂblica Italiana al pago de las costas
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                de procedimiento.
sido sometida una petición de decisión prejudicial
mediante resolución del Landesgericht St. Pölten (Austria),         Motivos y principales alegaciones
dictada el 2 de septiembre de 1998, como consecuencia
del recurso interpuesto por el Österreicher Bundesschatz,
en el asunto entre la menor D. y W., y recibida en la Secre-        El artículo 189 del Tratado CE, seguÂn el cual la Directiva
taría del Tribunal de Justicia el 26 de octubre de 1998.            vincularaÂ al Estado miembro destinatario en cuanto al
                                                                    resultado que debe conseguirse, implica la obligación de
El Landesgericht St. Pölten (Austria) solicita al Tribunal de       los Estados miembros de respetar los plazos establecidos
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:          en las Directivas para la adaptación de su Derecho interno
                                                                    a las mismas. Dicho plazo expiró el 23 de noviembre de
1. ¿Ha de interpretarse la letra c) del apartado 1 de la            1996 sin que la RepuÂblica Italiana hubiera puesto en vigor
     parte A del artículo 13 de la Sexta Directiva del Con-         las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva
     sejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armoniza-           mencionada en las pretensiones de la Comisión.
     ción de las legislaciones de los Estados miembros rela-
     tivas a los impuestos sobre el volumen de negocios
                                                                    (1) DO L 307 de 13.12.1993, p. 18.
     (77/388/CEE) (1) en el sentido de que las exenciones
     del impuesto sobre el Valor AnÄadido reguladas en eÂl
     tambieÂn deben incluir los servicios meÂdicos prestados
     por un meÂdico, como perito designado por un órgano
     jurisdiccional, en especial mediante reconocimientos
     geneÂtico-antropológicos en el marco de un proceso
     sobre filiación?                                               Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                    lución del Hoge Raad der Nederlanden, de fecha 23 de
2. Para el caso de que el Tribunal respondiese afirmativa-          octubre de 1998, en el asunto entre Coreck Maritime
     mente a esta pregunta: ¿La mencionada disposición de           GmbH y 1. Handelsveem B.V., 2. V. Berg & Sons Ltd.,
     la Directiva se opone a la aplicación de una norma de          3. Man Producten Rotterdam B.V. y 4. The Peoples Insu-
     Derecho interno que, siempre que se cumplan determi-                             rance Company of China
     nados requisitos, (tambieÂn) permite a meÂdicos renun-
     ciar eficazmente a dicha exención del Impuesto sobre                                 (Asunto C-387/98)
     el Valor AnÄadido?                                                                     (98/C 397/40)
(1) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54.
                                                                    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                    sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                    mediante resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dic-
                                                                    tada el 23 de octubre de 1998, en el asunto entre Coreck
                                                                    Maritime GmbH y 1. Handelsveem B.V., 2. V. Berg &
Recurso interpuesto el 26 de octubre de 1998 contra la              Sons Ltd., 3. Man Producten Rotterdam B.V. y 4. The Peo-
RepuÂblica Italiana por Comisión de las Comunidades                 ples Insurance Company of China, y recibida en la Secre-
                            Europeas                                taría del Tribunal de Justicia el 29 de octubre de 1998.
                       (Asunto C-386/98)
                          (98/C 397/39)                             El Hoge Raad der Nederlanden solicita al Tribunal de Jus-
                                                                    ticia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado, el 26 de octubre de 1998, un recurso
contra la RepuÂblica Italiana formulado por la Comisión             1. ¿Debe deducirse de la primera frase del artículo 17 del
de las Comunidades Europeas, representada por los Sres.                  Convenio de Bruselas (en especial de las palabras
Pieter Jan Kuijper Antonio Aresu, Consejeros Jurídicos, en               «hubieren acordado») en relación con la jurispruden-
calidad de Agentes, que designa como domicilio en                        cia del Tribunal de Justicia, seguÂn la cual «este artículo
Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                  tiene por función garantizar que (. . .) se manifieste de
Centre Wagner, Kirchberg.                                                forma clara y precisa (cursiva por el Hoge Raad) el
                                                                         consentimiento de las partes sobre una claÂusula de
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                dicha naturaleza que, mediante una prórroga de la
                                                                         competencia, se aparta de las reglas generales de deter-
a) Declare que la RepuÂblica Italiana ha incumplido las                  minación de competencia de los artículos 2, 5 y 6 del
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE,              Convenio»


title: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Nederlandse Raad van State, de fecha 25 de noviembre de 1997, en el asunto entre ARCO Chemie Nederland Ltd y Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Asunto C-418/97)

text:
7.2.98                  ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 41/15
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-              Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Nederlandse Raad van State, de fecha 25 de                   lución del Hof van Cassatie van BelgieÈ, de fecha 4 de
noviembre de 1997, en el asunto entre ARCO Chemie                       diciembre de 1997, en el asunto entre Leathertex Divisione
Nederland Ltd y Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-                                 Sintetici SpA y BVBA Bodetex
                 lijke Ordening en Milieubeheer                                              (Asunto C-420/97)
                        (Asunto C-418/97)                                                        (98/C 41/30)
                            (98/C 41/29)
                                                                        Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                        mediante resolución del Hof van Cassatie van BelgieÈ, dic-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               tada el 4 de diciembre de 1997 en el asunto entre Leather-
sido sometida una petición de decisión prejudicial                      tex Divisione Sintetici SpA y BVBA Bodetex, y recibida en
mediante resolución del Nederlandse Raad van State, dic-                la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de diciembre de
tada el 25 de noviembre de 1997 en el asunto entre                      1997.
ARCO Chemie Nederland Ltd y Minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, y recibida               El Hof van Cassatie solicita al Tribunal de Justicia que se
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de diciembre            pronuncie sobre la cuestión siguiente:
de 1997.
                                                                        ¿Deben interpretarse el artículo 2 y el punto 1 del
                                                                        artículo 5 del Convenio de Bruselas, en su versión aplica-
El Nederlandse Raad van State solicita al Tribunal de Jus-              ble al presente caso, en el sentido de que una demanda
ticia que se pronuncie sobre la cuestión siguiente:                     compuesta por pretensiones basadas en obligaciones dife-
                                                                        rentes, derivadas de un mismo contrato, puede interpo-
                                                                        nerse ante el mismo tribunal aunque las obligaciones con-
1) ¿Puede deducirse de la mera circunstancia de que                     tractuales en que se basa la demanda, con arreglo a las
     LUWA-bottoms (1) sean sometidos a una operación                    normas reguladoras de la competencia vigentes en el
     que aparece en el anexo II B de la Directiva 75/442/               Estado del Juez ante el que se ha planteado la demanda,
     CEE del Consejo (2), que se trata de desprenderse de               deban cumplirse una en dicho país y la otra en un Estado
     dicha sustancia y que eÂsta debe ser calificada de resi-           miembro diferente, habida cuenta de que de que el Juez
     duo en el sentido de la Directiva 75/442/CEE?                      ante el que se ha planteado la demanda considera, basaÂn-
                                                                        dose en la demanda presentada ante eÂl, que ninguna de las
                                                                        dos obligaciones que sirven de base a la demanda estaÂ
2) En caso de respuesta negativa a la cuestión, la res-                 subordinadas a la otra, sino que ambas son del mismo
     puesta a la primera cuestión de si la utilización de               rango?
     LUWA-bottoms como combustible se debe considerar
     como desprenderse, ¿depende de la circunstancia:
     a) de que los LUWA-bottoms, seguÂn consideraciones                 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
         sociales, sean residuos, para lo cual interesa saber,          lución del Tribunal de grande instance de Meaux (Sala
         en particular, si pueden ser valorizados como com-             Primera), de fecha 13 de noviembre de 1997, en el asunto
         bustible de una forma que respete el medio                     entre Yves Tarantik y Direction des services fiscaux de
         ambiente sin previas transformaciones radicales?                                       Seine-et-Marne
                                                                                (Asunto C-421/97)
     b) de que la utilización de LUWA-bottoms como                                               (98/C 41/31)
         combustible sea comparable a un meÂtodo corriente
         de valorización de residuos?                                   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                        sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                        mediante resolución del Tribunal de grande instance de
     c) de que se trate de la utilización de un producto
                                                                        Meaux (Sala Primera), dictada el 13 de noviembre de
         principal o de un producto secundario (un resi-
                                                                        1997, en el asunto entre Yves Tarantik y Direction des ser-
         duo)?
                                                                        vices fiscaux de Seine-et-Marne, y recibida en la secretaría
                                                                        del Tribunal de Justicia el 11 de diciembre de 1997.
(1) La sustancia denominada LUWA-bottoms se uno de los pro-
    ductos del proceso de producción aplicado por la apelante. En       El Tribunal de grande instance de Meaux (Sala Primera)
    dicho proceso la producción ademaÂs de óxido de propileno y         pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la cues-
    alcohol butílico terciario se origina una serie de hidrocarburos    tión de si, considerando la fecha de aprobación del
    que contiene molibdeno. El molibdeno procede de catalizado-         vehículo Jaguar del demandante, de una potencia fiscal de
    res que se utilizan para la producción de óxido de propileno.       24 CV, con matrícula no 197 AT 77 y puesto en circula-
    En una instalación especial se separa el molibdeno de los           ción el 11 de abril de 1979, y habida cuenta de las repre-
    hidrocarburos, obtenieÂndose así la sustancia que la apelante
    denomina LUWA-bottoms. Los LUWA-bottoms tienen un
                                                                        sentaciones graÂficas y evoluciones de la tributación presen-
    valor colórico de 25 a 28 MJ/kg.                                    tadas por el demandante, por un lado, y de las observacio-
(2) DO L 194 de 25.7.1975, p. 47; EE 15/01, p. 129.                     nes de la Administración de Hacienda francesa, por otro,
                                                                        el sistema de tributación aplicado se ajusta a criterios obje-
                                                                        tivos exentos de todo efecto discriminatorio prohibido por
                                                                        el artículo 95 del Tratado CEE y, en particular:


title: Asunto T-274/11 P: Auto del Tribunal General de 7 de diciembre de 2011 — Mioni/Comisión ( «Recurso de casación — Función pública — Agentes contractuales — Indemnización por expatriación — Requisitos establecidos en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto — Concepto de residencia habitual — Desnaturalización de los hechos — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado» )

text:
               11.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/14

         Auto del Tribunal General de 7 de diciembre de 2011 — Mioni/Comisión
   (Asunto T-274/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Agentes contractuales - Indemnización por expatriación - Requisitos establecidos en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto - Concepto de residencia habitual - Desnaturalización de los hechos - Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)
   2012/C 39/28
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruselas) (representante: L. Vogel, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: D. Martin y B. Eggers, agentes)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) el 15 de marzo de 2011, Mioni/Comisión (F-28/10, aún no publicada en la Recopilación), que tiene por objeto la anulación de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar al Sr. Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni a cargar con sus propias costas y con aquéllas en las que haya incurrido la Comisión Europea en el marco del presente procedimiento.

      (1)  DO C 232, de 6.8.2011.


title: Asunto C-372/15: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 13 de julio de 2015 — Dow Chemical Ibérica S.A./Administración del Estado

text:
               21.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 311/41

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 13 de julio de 2015 — Dow Chemical Ibérica S.A./Administración del Estado
   (Asunto C-372/15)
   (2015/C 311/44)
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal Supremo

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Dow Chemical Ibérica S.A.

      Otra parte: Administración del Estado

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Si la Decisión 2013/448/UE (1) es contraria a lo previsto en el art. 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales (2), en lo atinente a que la fijación del factor de corrección ha sido establecida mediante un mecanismo que, infringiendo la obligación de motivación, no permite a los titulares de instalaciones afectados, tomar conocimiento de los datos, cálculos y criterios tenidos en cuenta para su adopción.

               2)

               Si la Decisión 2013/448/UE, al concretar y fijar del modo en que lo hace el límite máximo de emisiones de la industria y el factor de corrección intersectorial previstos en el artículo 10 bis.5 de la Directiva 2003/87/CE (3) y el artículo 15 de la Decisión 2011/278/UE (4), infringe los artículos 10 bis, apartado 1, y 23.3 de dicha Directiva de 2003 por el hecho de no haber sido elaborada con arreglo al procedimiento de reglamentación con control que regulaba la Decisión 1999/468/CE (5).

               3)

               Teniendo en cuenta que la Decisión 2013/448/UE y/o el artículo 15 de la Decisión 2011/278/UE crean una asimetría entre:

                           —

                           La base de cálculo regulada por el artículo 10 bis, apartado 5, subapartados a) y b), de la [Directiva 2003/87/CE] […], al no incluir en dichas bases las emisiones procedentes de la producción de electricidad relacionadas con la combustión de gases residuales y de la cogeneración de calor que tiene lugar en instalaciones incluidas en el Anexo I de la citada Directiva, y

                           —

                           Los criterios establecidos por el artículo 10 bis, apartados 1 y 4, de dicha Directiva para la asignación gratuita de derechos de emisión, que sí incluye esa clase de emisiones:

                                       a)

                                       ¿La Decisión 2013/448/UE y/o el artículo 15 de la Decisión 2011/278/UE infringen el artículo 10 bis, apartado 5, en relación con el artículo 3, u) y el párrafo tercero in fine del citado artículo 10 bis, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE cuando consideran que las emisiones producidas por combustión de gases residuales o por la generación de calor en instalaciones que producen electricidad comprendidas en el Anexo I de dicha Directiva son en todo caso emisiones de «generadores de electricidad» a los efectos de determinar el límite máximo de emisiones para la industria, y por tanto han de ser excluidas de ese cálculo?

                                       b)

                                       Aún en el supuesto de una respuesta negativa a la pregunta anterior, ¿la Decisión 2013/448/UE y/o el artículo 15 de la Decisión 2011/278/UE infringen el artículo 10 bis, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE y/o los objetivos de esta directiva en cuanto excluyen de la base de cálculo del límite máximo de las emisiones industriales que regula dicha norma las emisiones procedentes de la producción de electricidad a partir de gases residuales y de la cogeneración de calor, producidas en instalaciones incluidas en el Anexo I de la citad[a] Directiva, a las que sin embargo sí se pueden asignar gratuitamente derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis, apartados 1 a 4, de la misma Directiva?

               4)

               Si la Decisión 2013/448/UE de la Comisión, y en su caso, la Decisión 2011/278/UE que aquella aplica, son contrarias al art. 10 bis, apartado 12, de la Directiva, al extender el factor de corrección intersectorial a sectores definidos en la Decisión 2010/2/UE (6) (hoy Decisión 2014/746/UE) (7) de la Comisión como expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, con la consiguiente disminución de los derechos gratuitos de emisión asignado.

               5)

               Si la Decisión [2013/448/UE] infringe el artículo 10 bis, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE en la medida en que la Comisión europea, para determinar la[s] emisiones verificadas realizadas en el periodo 2005-2007 a que se refieren las letras a) y b) de dicho apartado

                           a)

                           No tomó en consideración las emisiones que no figuraban en el Registro independiente de Transacciones de la Comunidad, aun cuando se tratara de emisiones cuyo registro no era obligatorio en el periodo considerado.

                           b)

                           Procedió a extrapolar, en la medida de lo posible, las cifras de emisión pertinentes a partir de las emisiones verificadas en años posteriores a 2008, aplicando el factor de 1,74 % en sentido inverso.

                           c)

                           Excluyó todas las emisiones procedentes de instalaciones cerradas con anterioridad a 30 de junio de 2011.

      (1)  Decisión 2013/448/UE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, relativa a las medidas nacionales de aplicación para la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo DO L 240, p. 27

      (2)  DO 2000, C 364, p. 1

      (3)  Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo DO L 275, p. 32

      (4)  Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo DO L 130, p. 1

      (5)  Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión DO L 184, p. 23

      (6)  Decisión 2010/2/UE de la Comisión, de 24 de diciembre de 2009, por la que se determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono DO 2010, L 1, p. 10

      (7)  DO L 308, p. 114


title: Asunto T-382/14: Sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2015 — Rintisch/OAMI — Compagnie laitière européenne (PROTICURD) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Registro internacional en el que se designa a la Comunidad Europea — Marca denominativa PROTICURD — Marcas nacionales denominativas anteriores PROTI y PROTIPLUS — Marca nacional figurativa anterior Proti Power — Motivo de denegación relativo — Admisibilidad — Artículo 59 del Reglamento (CE) no 207/2009 y artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 216/96 — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento no 207/2009 — Uso efectivo de las marcas anteriores — Artículo 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009»]

text:
               23.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/51

         Sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2015 — Rintisch/OAMI — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)
   (Asunto T-382/14) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Registro internacional en el que se designa a la Comunidad Europea - Marca denominativa PROTICURD - Marcas nacionales denominativas anteriores PROTI y PROTIPLUS - Marca nacional figurativa anterior Proti Power - Motivo de denegación relativo - Admisibilidad - Artículo 59 del Reglamento (CE) no 207/2009 y artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 216/96 - Obligación de motivación - Artículo 75 del Reglamento no 207/2009 - Uso efectivo de las marcas anteriores - Artículo 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009»])
   (2015/C 389/56)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Bernhard Rintisch (Bottrop, Alemania) (representante: A. Dreyer, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Schifko, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Francia) (representante: C. Hertz-Eichenrode, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 14 de marzo de 2014 (asunto R 609/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Bernhard Rintisch y la Compagnie laitière européenne SA.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 14 de marzo de 2014 (asunto R 609/2011-4).

               2)

               La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con las del Sr. Bernhard Rintisch.

               3)

               Compagnie laitière européenne SA cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 282, de 25.8.2014.


title: Asunto T-257/16: Auto del Tribunal General de 28 de febrero de 2017 — NM/Consejo Europeo («Recurso de anulación — Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016 — Comunicado de prensa — Concepto de “acuerdo internacional” — Identificación del autor del acto — Alcance del acto — Sesión del Consejo Europeo — Reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea celebrada en los locales del Consejo de la Unión Europea — Calidad en la que actúan los representantes de los Estados miembros de la Unión en un encuentro celebrado con el representante de un Estado tercero — Artículo 263 TFUE, párrafo primero — Incompetencia»)

text:
               18.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/32

         Auto del Tribunal General de 28 de febrero de 2017 — NM/Consejo Europeo
   (Asunto T-257/16) (1)

   ((«Recurso de anulación - Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016 - Comunicado de prensa - Concepto de “acuerdo internacional” - Identificación del autor del acto - Alcance del acto - Sesión del Consejo Europeo - Reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea celebrada en los locales del Consejo de la Unión Europea - Calidad en la que actúan los representantes de los Estados miembros de la Unión en un encuentro celebrado con el representante de un Estado tercero - Artículo 263 TFUE, párrafo primero - Incompetencia»))
   (2017/C 121/46)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: NM (representantes: B. Burns, Solicitor, P. O’Shea e I. Whelan, Barristers)

      Demandada: Consejo Europeo (representantes: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado y S. Boelaert, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE mediante el que se solicita la anulación de un acuerdo supuestamente celebrado entre el Consejo Europeo y la República de Turquía el 18 de marzo de 2016, titulado «Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016».

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso debido a que el Tribunal carece de competencia para resolverlo.

               2)

               Sobreseer las demandas de intervención presentadas por el Reino del Bélgica, la República Helénica y la Comisión Europea.

               3)

               NM y el Consejo Europeo cargarán con sus propias costas.

               4)

               El Reino del Bélgica, la República Helénica y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 251 de 11.7.2016.


title: Asunto C-277/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts (Letonia) el 1 de junio de 2012 — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums»

text:
               4.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 235/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts (Letonia) el 1 de junio de 2012 — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums»
   (Asunto C-277/12)
   2012/C 235/18
   Lengua de procedimiento: letón

      Órgano jurisdiccional remitente

   Augstākās tiesas Senāts

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Vitālijs Drozdovs, representado por su tutora, Valentīna Balakireva

      Recurrida: AAS «Baltikums»

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Está incluida la indemnización por daños morales en el importe de la protección obligatoria por daños corporales establecido en el artículo 3 de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, (1) de 24 de abril de 1972, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, y en los artículos 1 y 2 de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, (2) de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles?

               2)

               Si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, ¿deben interpretarse el artículo 3 de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, y los artículos 1 y 2 de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, en el sentido de que estas disposiciones se oponen a una norma de un Estado miembro mediante la que se restringe la responsabilidad civil existente en dicho Estado –el importe máximo de indemnización por daños inmateriales (morales)– estableciendo un límite que es sustancialmente inferior al límite establecido a la responsabilidad de la aseguradora en las Directivas y en la ley nacional?

      (1)  DO L 103, p. 1.

      (2)  DO L 8, p. 17.


title: Asunto T-285/15: Recurso interpuesto el 29 de mayo de 2015 — Syria Steel y Al Buroj Trading/Consejo

text:
               14.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 302/56

         Recurso interpuesto el 29 de mayo de 2015 — Syria Steel y Al Buroj Trading/Consejo
   (Asunto T-285/15)
   (2015/C 302/72)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Syria Steel SA (Homs, Siria) y Al Buroj Trading (Damasco, Siria) (representantes: V. Davies, Solicitor, y T. Eicke, QC)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión 2013/255/PESC del Consejo, de 31 de mayo de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 147, p. 14), en su versión modificada, y/o la Decisión de Ejecución (PESC) 2015/383, de 6 de marzo de 2015, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 64, p. 41), en lo que afecta a los demandantes.

               —

               Anule el Reglamento (EU) no 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 442/2011 (DO L 16, p. 1), en su versión modificada, y/o el Reglamento de Ejecución (EU) no 2015/375, de 6 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 64, p. 10), en lo que afecta a los demandantes.

               —

               Condene a la Unión Europea a indemnizar a los demandantes.

               —

               Condene en costas al Consejo.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la falta de base legal para las medidas restrictivas contra los demandantes y/o en un error manifiesto de apreciación puesto que no existe conexión racional entre los demandantes y las personas o entidades a las que se pretende someter a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión, es decir las que se benefician del régimen sirio o lo apoyan.

               2.

               Segundo motivo, basado en que las Decisiones y Reglamentos impugnados constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y/o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que incluyen el derecho de los demandantes a la buena administración, el derecho de defensa, el deber de motivación y la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial y a un juez imparcial, la libertad de empresa y el derecho de propiedad.


title: Asunto C-497/11 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2011 por la República Helénica contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de julio de 2011 en el asunto T-81/09 República Helénica/Comisión Europea

text:
               19.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/12

         Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2011 por la República Helénica contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de julio de 2011 en el asunto T-81/09 República Helénica/Comisión Europea
   (Asunto C-497/11 P)
   2011/C 340/21
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Recurrente: República Helénica (representantes: P. Mylonopoulos, K. Boskovits y G. Michailopoulos)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de julio de 2011, dictada en el asunto T-81/09, mediante la que se desestimó el recurso de la República Helénica.

               —

               Que se estime el recurso de la República Helénica en el asunto T-81/09.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

               1)

                     Primer motivo:
                   interpretación y aplicación erradas del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 4253/88 y 12 del Reglamento no 2064/97, así como de los artículos 54 y 57 del Reglamento no 1605/2002, en relación con la amplitud del control sobre las empresas privadas que éstos concedieron a la Comisión.

               2)

                     Segundo motivo:
                   interpretación errónea del principio general de proporcionalidad e insuficiente motivación, por lo que se refiere al proyecto «Eje de carreteras del Norte de Creta», en la medida en que la Comisión aplicó una corrección financiera del 25 % al mencionado proyecto, refiriéndose simplemente a un control anterior de una parte de éste llevado a cabo por las autoridades griegas.

               3)

                     Tercer motivo:
                   interpretación y aplicación incorrectas del artículo 2 del Reglamento no 2064/97 en relación con el proyecto «Kakia Skala», en la medida en que el Tribunal General valoró la suficiencia de la pista de auditoría del proyecto sobre la base de indicadores cuantitativos.

               4)

                     Cuarto motivo:
                   interpretación y aplicación erróneas del principio de igualdad de trato de los licitadores y del artículo 22, apartado 1, de la Directiva 93/37, por lo que respecta a los proyectos «Nodo de Varibobi — Bogiati y Afidna — Nodo de Markopoulo — sección 1», «Aerino — M. Monastiri», «M. Monastiri — Comienzo del desvío de Larisa» y «Desvío de Larisa», en la medida en que los términos y condiciones previstos para el desarrollo de la licitación restringida estuvieron en conocimiento de todos los interesados y servían a la economía del proyecto.

               5)

                     Quinto motivo:
                   falta de examen del motivo esencial de la República Helénica, relativo a los términos de la licitación de los proyectos «Aerino — M. Monastiri», «M. Monastiri — Comienzo del desvío de Larisa» y «Desvío de Larisa», vulnerando el derecho de defensa y el principio de contradicción.