title: Asunto T-45/00: Recurso interpuesto el 29 de febrero de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Conseil National des Professions de l'Automobile (C.N.P.A.) y otros

text:
C 135/20               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      13.5.2000
Motivos invocados:             — Infracción del artı́culo 7, apar-    — Improcedencia de la utilización de los documentos «Sha-
                                  tado 1, letra b), del Regla-             ring-key»
                                  mento (CE) no 40/94
                                                                           La utilización de pruebas aportadas anónimamente es
                               — Infracción del artı́culo 7, apar-
                                                                           improcedente.
                                  tado 1, letra c), del Regla-
                                  mento (CE) no 40/94                  — Falta de motivación
                                                                           En particular, las afirmaciones contenidas en el conside-
                                                                           rando 68 de la Decisión impugnada para acreditar que
                                                                           existı́a un sistema de protección del mercado nacional son
                                                                           contradictorias y no son concluyentes de por sı́.
Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2000 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Mannes-                      — Aplicación incorrecta del artı́culo 81 CE, apartado 1, al
                    mannröhren-Werke AG                                    acuerdo con British Steel
                        (Asunto T-44/00)                                   Este acuerdo tenı́a carácter individual y no contenı́a ningún
                                                                           acuerdo de compra exclusiva ni de concertación horizontal.
                         (2000/C 135/37)                                   Tanto la determinación de un porcentaje de las necesidades
                                                                           de British Steel que serı́an cubiertas por la demandante
                                                                           como la fórmula de precio acordada son irreprochables
                (Lengua de procedimiento: alemán)                         desde el punto de vista jurı́dico.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                 — Aplicación incorrecta de las Directrices para el cálculo de
Europeas se ha presentado el 28 de febrero de 2000 un recurso              multas
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Mannesmannröhren-Werke AG, con domicilio social                        El cálculo de la multa es arbitrario ya que no se tuvo en
en Mülheim a.d. Ruhr (República Federal de Alemania),                     cuenta apropiadamente la diferente importancia en el
representada por el Sr. Martin Klusmann del bufete de Aboga-               mercado de las empresas afectadas. Además, no se valora-
dos Bruckhaus Westrick Heller Löber, de Düsseldorf, que                    ron en su justa medida otras circunstancias atenuantes
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de                        ni tampoco la colaboración de la demandante en el
Abogados Bonn & Schmitt, 7, Val Ste Croix.                                 esclarecimiento de los hechos.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
— Anule la Decisión de la Comisión C (99) 4154 final de
    8 de diciembre de 1999 en la medida en que atañe a la
    demandante.                                                        Recurso interpuesto el 29 de febrero de 2000 contra la
                                                                       Comisión de las Comunidades Europeas por el Conseil
— Con carácter secundario, reduzca la cuantı́a de la multa            National des Professions de l’Automobile (C.N.P.A.) y
    impuesta a la demandante en la Decisión C (99) 4154                                              otros
    final.
                                                                                (Asunto T-45/00)
— Condene en costas a la demandada.
                                                                                (2000/C 135/38)
Motivos y principales alegaciones
La demandante produce tubos de acero sin soldadura. En la                                (Lengua de procedimiento: francés)
Decisión impugnada, la Comisión consideró que la deman-
dante y otras empresas habı́an infringido el artı́culo 81 CE,          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
apartado 1. El recurso se basa, en especial, en los siguientes         Europeas se ha presentado el 29 de febrero de 2000 un recurso
motivos:                                                               contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                       por el Conseil National des Professions de l’Automobile
— Violación de los derechos procesales                                (C.N.P.A.), con domicilio social en Suresnes (Francia), la
                                                                       Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs
    A la demandante se le denegó el acceso a determinadas
                                                                       de Matériels de Bâtiment-Travaux Publics et de Manutention
    partes del expediente de investigación.
                                                                       (D.L.R.) con domicilio social en Joinville-Le-Pont (Francia), la
— Violación de los derechos de defensa                                Société Auto Contrôle 31 y la Société Yam 31 SARL, con
                                                                       domicilio social en Toulouse (Francia), la Société Roux S.A.,
    La demandante no pudo defenderse adecuadamente debido              con domicilio social en Saint-Denis-De-Saintonge (Francia),
    a la brevedad del plazo para responder al pliego de cargos.        Marc Foucher-Créteau, con domicilio en Parı́s, y la Société
    Además, la Comisión varió en la Decisión las imputaciones      Verdier Distribution SARL, con domicilio social en Juvignac
    esenciales que se realizaban en el pliego de cargos sin            (Francia), representados por Me Christian Bourgeon, Abogado
    ofrecer a la demandante la posibilidad de presentar nuevas         de Parı́s, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete
    observaciones.                                                     de Me François Brouxel, 6, rue Zithe.
 ---pagebreak--- 13.5.2000              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 135/21
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia             Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2000 contra
que:                                                                   Comisión de las Comunidades Europeas por AS Kvitsjoen
— Declare que la Comisión no respetó las formas sustanciales                                 (Asunto T-46/00)
     exigidas en el marco de los procedimientos de consulta.
— Declare que el Reglamento (CE) no 2790/1999, de 22 de                                          (2000/C 135/39)
     diciembre de 1999, no menciona, en el grupo de restriccio-
     nes a la competencia definidas en su artı́culo 4, el abuso
     de dependencia económica, incluso en caso de efecto                             (Lengua de procedimiento: neerlandés)
     cumulativo.
                                                                       En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
— Anule el Reglamento (CE) no 2790/1999, de 22 de diciem-
     bre de 1999.                                                      Europeas se ha presentado el 23 de febrero de 2000 un recurso
                                                                       contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                       por AS Kvitsjoen, con domicilio social en Noruega, represen-
— Condene en costas a la Comisión.                                    tada por los Sres. K. Storalm, Abogado de Stavanger (Noruega),
                                                                       J.P. Hoekstra, Abogado de Amsterdam (Paı́ses Bajos), y G. Van-
                                                                       quathem, Abogado de Knokke-Heist (Bélgica), que designa
Motivos y principales alegaciones                                      como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. M. Michel,
                                                                       Avenue de la Gare 48,.
Los demandantes impugnan el Reglamento (CE)
no 2790/1999, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la                La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
aplicación del apartado 3 del artı́culo 81 del Tratado CE a           que:
determinadas categorı́as de acuerdos verticales y prácticas
concertadas (1). Esta norma es un reglamento que establece una         — Acuerde la admisión del recurso y lo declare fundado.
extención general, en el sentido de que comprende todas las
formas de prácticas denominadas verticales en todos los               — Anule, a continuación, la Decisión SG(99)D/10760 de la
sectores de la economı́a. También se extiende a la distribución            Comisión, de 22 de diciembre de 1999.
exclusiva y selectiva de automóviles en caso de que el
Reglamento actualmente en vigor en la materia no se prorrogue
tras su expiración.                                                   — Decida sobre las costas como proceda en derecho.
En apoyo a su recurso, los demandantes alegan en especial que          Motivos y principales alegaciones
las consultas previas a la adopción del Reglamento impugnado
no se desarrollaron conforme al espı́ritu del Tratado, más
concretamente, del artı́culo 83, apartado 1, que hubiera exi-          Las autoridades neerlandesas siguieron diligencias contra el
gido una transparencia mı́nima en la recepción de las objecio-        buque M600 (propiedad de la demandante) por uso de redes
nes y un mı́nimo de réplica. De forma general, el verdadero            ilegales y por practicar la pesca del lenguado.
impacto sobre la competencia del programa de modernización,
las consecuencias reservadas a las pequeñas y medianas
                                                                       Según la demandante, las autoridades neerlandesas hacen todo
empresas y el agravamiento de su dependencia económica,
                                                                       lo posible por mantener fuera de las aguas comunitarias a
han pasado desapercibidas a las instancias decisorias o consul-
                                                                       determinados buques de pesca noruegos, creando posibilidades
tativas, para las que precisamente era indispensable disponer
                                                                       de pesca adicionales, en particular, para buques que navegan
de información.
                                                                       bajo pabellón neerlandés. En opinión de la demandante, las
                                                                       autoridades neerlandesas habrı́an insistido ante la Comisión
Los demandantes afirman, además, que el cambio introducido            para que se retiraran las licencias de pesca a los referidos
por el Reglamento impugnado se presentó como una simple               buques noruegos.
cuestión de procedimiento que no justifica ni modifica el
Tratado. No obstante, en opinión de los demandantes, el
                                                                       La demandante solicita la anulación de la Decisión
Reglamento controvertido modifica el espı́ritu del Tratado,
                                                                       SG(99)D/10760 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999,
aunque no afecte a su tenor. En efecto, cuestiona determinados
                                                                       por la que se retira la licencia de pesca y el permiso especial de
aspectos del acervo comunitario, en especial, respecto a las
                                                                       pesca al buque pesquero «Kvitsjoen» y de la decisión de no
consecuencias retroactivas de la nulidad de pleno derecho
                                                                       expedir la licencia de pesca ni el permiso especial de pesca
establecida formalmente en el artı́culo 81, apartado 2, y del
                                                                       antes del 30 de junio de 2000.
principio de prohibición expresado formalmente también en
el primer apartado 1 del artı́culo citado.
                                                                       Las relaciones entre las Comunidades Europeas y Noruega
                                                                       están reguladas por el Reglamento (CE) no 50/1999 del
(1) DO L 336, de 29 de diciembre de 1999, p. 21.                       Consejo, de 18 de diciembre de 1998, por el que se establecen,
                                                                       para 1999, determinadas medidas de conservación y gestión
                                                                       de los recursos pesqueros aplicables a los busques que
                                                                       enarbolen pabellón de Noruega.


               10.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 294/6

         Recurso presentado el 10 de julio de 2013 contra Islandia por el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-17/13)
   2013/C 294/06
   El 10 de julio de 2013, el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Xavier Lewis y Clémence Perrin, agentes de dicho órgano, 35, Rue Belliard, 1040 Bruselas, Belgium presentó ante el Tribunal de la AELC un recurso contra Islandia.
   El Órgano de Vigilancia de la AELC solicita al Tribunal que:

               1)

               Declare que, al no haber adoptado ni notificado sin demora al Órgano de Vigilancia de la AELC todas las disposiciones necesarias para incorporar a su ordenamiento jurídico el artículo 2 del acto a que se hace referencia en el punto 16b, primer guion, del anexo IX y el punto 4, primer guion, del anexo XII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2009/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por la que se modifican la Directiva 98/26/CE sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores y la Directiva 2002/47/CE sobre acuerdos de garantía financiera, en lo relativo a los sistemas conectados y a los derechos de crédito), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, en el plazo fijado, Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho acto y del artículo 7 del Acuerdo.

               2)

               Condene en costas a Islandia.

         Antecedentes de hecho y de derecho y motivos invocados:

               —

               La presente solicitud del Órgano de Vigilancia de la AELC se refiere al hecho de que Islandia no ha dado cumplimiento, a más tardar el 12 de noviembre de 2012, a un dictamen motivado emitido por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 12 de septiembre de 2012 relativo a la no incorporación por dicho Estado a su ordenamiento jurídico del artículo 2 de la Directiva 2009/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por la que se modifican la Directiva 98/26/CE sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores y la Directiva 2002/47/CE sobre acuerdos de garantía financiera, en lo relativo a los sistemas conectados y a los derechos de crédito (el acto), a que se hace referencia en el punto 16b, primer guion, del anexo IX y el punto 4, primer guion, del anexo XII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y adaptado a dicho Acuerdo mediante su Protocolo 1.

               —

               El Órgano de Vigilancia de la AELC aduce que Islandia no ha negado que persiste el retraso en la aplicación del artículo 2 del acto. El Órgano de Vigilancia de la AELC aduce que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3 de la Directiva y del artículo 7 del Acuerdo EEE al no adoptar o notificar al Órgano las disposiciones necesarias para incorporar a su ordenamiento jurídico el artículo 2 del acto en el plazo prescrito.


title: Asunto C-544/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Alemania) — Helga Petersen, Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen (Libre prestación de servicios — Libre circulación de los trabajadores — Normativa de un Estado miembro que permite la exención del impuesto sobre la renta de los ingresos percibidos por trabajos realizados en otro Estado en el marco de la ayuda al desarrollo — Requisitos — Empresario establecido en el territorio nacional — Denegación cuando el empresario está establecido en otro Estado miembro)

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de febrero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Alemania) — Helga Petersen, Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen
   (Asunto C-544/11) (1)

   (Libre prestación de servicios - Libre circulación de los trabajadores - Normativa de un Estado miembro que permite la exención del impuesto sobre la renta de los ingresos percibidos por trabajos realizados en otro Estado en el marco de la ayuda al desarrollo - Requisitos - Empresario establecido en el territorio nacional - Denegación cuando el empresario está establecido en otro Estado miembro)
   2013/C 114/20
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Rheinland-Pfalz

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Helga Petersen, Peter Petersen

      Demandada: Finanzamt Ludwigshafen

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Interpretación del artículo 56 TFUE — Restricciones a la libre prestación de servicios en el interior de la Unión — Normativa de un Estado miembro que permite la exención del impuesto de los ingresos percibidos por trabajos efectuados en el extranjero en el marco de la ayuda al desarrollo — Limitación de esta exención al supuesto de que el empresario esté establecido en territorio nacional

      Fallo

   El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa nacional de un Estado miembro con arreglo a la cual los ingresos percibidos por el ejercicio de una actividad por cuenta ajena por un sujeto pasivo residente en dicho Estado miembro y sometido al impuesto por obligación personal están exentos del impuesto sobre la renta cuando el empresario para el que trabaja está establecido en dicho Estado miembro pero no lo están cuando dicho empresario está establecido en otro Estado miembro.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.


title: Asunto C-431/06: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (España) el 18 de octubre de 2006 — Comunidad Autónoma de la Rioja/Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/31

         Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (España) el 18 de octubre de 2006 — Comunidad Autónoma de la Rioja/Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca
   (Asunto C-431/06)
   (2006/C 326/65)
   Lengua de procedimiento: español
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Comunidad Autónoma de la Rioja

      Demandadas: Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca
   Cuestión prejudicial
   ¿el artículo 87.1 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que las medidas tributarias adoptadas por la Diputación Foral y las Juntas Generales del Territorio Histórico de Guipúzcoa, dando nueva redacción a los artículos 29.1.A) y 37 de la normativa del impuesto sobre sociedades, por establecer un tipo impositivo inferior al general de la ley del Estado español y una deducción de la cuota que no existe en el ordenamiento jurídico tributario estatal, aplicables en el ámbito territorial de dicha entidad infraestatal dotada de autonomía, han de considerarse selectivas con encaje en la noción de ayuda de estado de dicho precepto y han de comunicarse por ello a la Comisión en los términos del artículo 88.3 del Tratado?


title: Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 1998 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-355/98)

text:
C 358/8                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    21.11.98
Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:           Ð La Comisión habría debido asociar a sus trabajos
                                                                            en mayor medida, y sobre todo maÂs eficazmente,
Ð Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia                      al Sr. Goupil y a los numerosos científicos interna-
    de 16 de julio de 1998 (1).                                             cionales que no han cesado de demostrar la inocui-
                                                                            dad y eficacia del Bergasol.
Ð Estime todas las pretensiones de las recurrentes, a
    saber:
                                                                        La exclusión del mercado excede de los límites de los
    Ð Declare admisible y procedente la demanda de las                  riesgos normales inherentes a la actividad económica
         recurrentes.                                                   de que se trata, maÂxime cuando en modo alguno se
                                                                        justifica en teÂrminos de salud puÂblica.
    Ð Condene a la Comisión a pagar una indemni-
         zación de danÄos y perjuicios por importe de
         152 867 090 FF a Laboratoires pharmaceutiques             (1) DO C 299 de 26.9.1998, p. 32.
         Bergaderm       SA   y    de    un    importe      de     (2) DO L 167 de 18.7.1995, p. 19.
         161 309 995,33 FF a Jean-Jacques Goupil perso-            (3) Directiva 76/768/CEE del Consejo, DO L 262 de 27.9.1976,
                                                                       p. 169; EE 15/01, p. 206.
         nalmente.
Ð Condene en costas a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
Ð Infracción del Derecho comunitario en cuanto que el
    Tribunal de Primera Instancia estimó que la disposi-           Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 1998 contra el
    ción pertinente de la DeÂcima octava Directiva 95/34/          Reino de BeÂlgica por la Comisión de las Comunidades
    CE de la Comisión, por la que se adaptan al progreso                                       Europeas
    teÂcnico los Anexos II, III, VI y VII de la Directiva 76/                             (Asunto C-355/98)
    768/CEE del Consejo (en lo sucesivo, «Directiva de
    adaptación») (2), es un acto normativo: dado que el Sr.                                  (98/C 358/17)
    Goupil es el uÂnico poseedor de una patente que per-
    mite incorporar a una crema solar esencias naturales
    de limones que contengan 5-MOP, el acto de que se              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
    trata afecta directa e individualmente a su sociedad y a       ha presentado el 29 de septiembre de 1998 un recurso
    ella sola se refiere.                                          contra el Reino de BeÂlgica, formulado por la Comisión de
                                                                   las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria
Ð Error manifiesto de apreciación del Tribunal de Pri-             Patakia, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de
    mera Instancia en lo que atanÄe a la culpa de la Comi-         Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
    sión: contrariamente a lo que afirma la disposición            despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
    pertinente de la Directiva, todos los estudios científicos     Kirchberg.
    disponibles sobre el producto acabado Bergasol autori-
    zaban plenamente a llegar a la conclusión de su inno-
    cuidad y eficacia. Con su actitud, la Comisión, que            La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al
    deliberadamente pasó por alto el principio de contra-          Tribunal de Justicia que:
    dicción, hizo el juego a los competidores industriales
    de Bergaderm.
                                                                   1) Declare que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las
(Con caraÂcter subsidiario)
                                                                        obligaciones que le incumben en virtud de los
                                                                        artículos 48, 52 y 59 del Tratado, al adoptar disposi-
Ð Infracción del Derecho comunitario en cuanto que el                   ciones en el marco de la Ley de 10 de abril de 1990
    Tribunal de Primera Instancia no declaró que se había               sobre las empresas de vigilancia, sobre las empresas de
    incurrido en infracción de una norma jurídica de rango              seguridad y sobre los servicios internos de vigilancia,
    superior destinada a proteger a los individuos: En el
    marco de la Directiva «cosmeÂticos» (3), la Comisión no
    dispone de facultades discrecionales, pues debe seguir              a) que supeditan la explotación de una empresa con-
    un procedimiento de consulta y de aprobación rigu-                      templada por dicha Ley a una autorización previa
    roso, incurriendo en responsabilidad por la menor                       para la que se exigen varios requisitos, a saber:
    negligencia o error en su aplicación. En el caso de
    autos:                                                                  Ð la obligación de la empresa de vigilancia de
                                                                                tener un establecimiento de explotación en BeÂl-
    Ð Con arreglo al artículo 10 de la Directiva «cosmeÂ-                        gica;
         ticos», la Comisión habría debido recurrir al Con-
         sejo tras el dictamen negativo del ComiteÂ para la
                                                                            Ð la obligación para las personas que
         adaptación de 1 de junio de 1992, algo que tam-
         bieÂn habría debido hacer en caso de inexistencia                       Ð se ocupen de la dirección efectiva de una
         de dictamen, supuesto que consideró el Tribunal                             empresa de vigilancia, o de un servicio
         de Primera Instancia.                                                       interno de vigilancia, o
 ---pagebreak--- 21.11.98               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 358/9
            Ð trabajen en una empresa de ese tipo o por                personal de una empresa establecida en otro país para
                 cuenta de ella o esteÂn destinados a sus acti-        efectuar prestaciones de servicios en BeÂlgica.
                 vidades, con la excepción del personal
                 interno para fines administrativos o logísti-
                 cos                                                   Si bien la posibilidad de llevar armas constituye una
                                                                       modalidad para ejercer actividades en el sector de la
            de tener su domicilio o, en su defecto, su resi-           seguridad privada que ciertamente requiere determina-
            dencia habitual en BeÂlgica;                               dos controles por parte de las autoridades puÂblicas, el
                                                                       llevar armas no es competencia exclusiva de los servi-
        Ð la obligación de una empresa, establecida en                 cios puÂblicos de policía y, por tanto, no puede servir
            otro Estado miembro, de tener una autoriza-                de argumento que permita llegar a la conclusión de
            ción sin tener en cuenta los justificantes y               una participación en el ejercicio de la autoridad
            garantías ya presentados por la empresa para               puÂblica, en el sentido de los artículos 55 y 66 del
            el ejercicio de su actividad en el Estado miem-            Tratado CE.
            bro de establecimiento;
                                                                       El orden puÂblico y la seguridad puÂblica, en el sentido
    b) que exigen, para cualquier persona que desee ejer-              de los artículos 56 y 66 del Tratado CE, no implican
        cer una actividad de vigilancia o prestar un servi-            ni la existencia de un «sector excluido», ni la posibili-
        cio interno de vigilancia en BeÂlgica, la obtención            dad de referirse a «cierto peligro». La Comisión consi-
        de una tarjeta de identificación seguÂn dicha Ley.             dera que en el caso de autos no es evidente la existen-
                                                                       cia de una amenaza actual, real y suficientemente
                                                                       grave. No obstante, el control estricto de la infraes-
2) Condene en costas al Reino de BeÂlgica.                             tructura, especialmente de los locales y los registros de
                                                                       armas, puede tambieÂn efectuarse en el extranjero. A
                                                                       este respecto, basta con que la empresa interesada deÂ
                                                                       su acuerdo para realizar controles in situ. De no existir
Motivos y principales alegaciones                                      tal acuerdo, la denegación o la revocación de toda
                                                                       autorización para ejercer servicios de vigilancia en el
                                                                       territorio belga sería justificable.
Ð Restricciones a la libre prestación            de servicios
    (artículo 59 del Tratado CE):
                                                                       Por uÂltimo, la Comisión se remite a su comunicación
                                                                       interpretativa relativa a la libre circulación transfronte-
                                                                       riza de servicios (1). La Comisión no se opone al requi-
    El requisito de tener su establecimiento de explotación
    en BeÂlgica, si bien no significa el establecimiento prin-         sito de una autorización o, respectivamente, de una
                                                                       aprobación en el caso de que el Estado de estableci-
    cipal, lo que la respuesta belga hace pensar, corres-
    ponde por lo menos a un requisito de establecimiento               miento no prevea ninguÂn reÂgimen de autorización para
                                                                       las empresas de seguridad privadas. Por el contrario,
    secundario. El requisito de una autorización para ejer-
    cer actividades de empresa de vigilancia, así como el              la postura del Gobierno belga llevaría tanto a la nega-
    de una aprobación para ejercer actividades de empresa              ción del efecto directo del artículo 59 del Tratado
                                                                       como a la subordinación total a la existencia de una
    de seguridad, previstos por la normativa belga, consti-
    tuyen en sí mismos restricciones a la libre circulación            cooperación administrativa o incluso a la adopción de
    de servicios, especialmente en lo que respecta a las               un acto comunitario que determinase obligaciones
    actividades de una empresa de seguridad para las que               correspondientes en contra de las autoridades nacio-
    la condición de tener el establecimiento de explotación            nales.
    en BeÂlgica no se aplica. Aun cuando el Tribunal de
    Justicia estimase que el requisito de una autorización
    o, respectivamente, de una aprobación seguía siendo                Asimismo, el requisito de una tarjeta de identificación
    indispensable, el artículo 59 del Tratado exige, en                expedida por el Ministerio de Interior belga es despro-
    cualquier caso, incluso en lo que respecta a las profe-            porcionado. En efecto, si la policía quiere identificar a
    siones no reglamentadas a escala comunitaria, que el               las personas responsables de irregularidades en las
    Estado de destino de una prestación de servicios tenga             actividades de vigilancia, o si una persona desea
    por lo menos en cuenta los justificantes y garantías ya            denunciar tales irregularidades, la policía dispone de
    presentados por el prestador para el ejercicio de su               todos los medios de identificación necesarios mediante
    actividad en el Estado miembro de establecimiento.                 el pasaporte o el documento de identidad.
    En lo que respecta al requisito de la tarjeta de identifi-      Ð Restricción a la libertad de establecimiento (artículo 52
    cación, las formalidades que hay que cumplimentar, el              del Tratado CE):
    hecho de tener que dirigirse a autoridades belgas que a
    menudo estaÂn muy alejadas, los costes y los plazos son
    razones para considerar que constituye un obstaÂculo               De las explicaciones de las autoridades belgas resulta
    cuando dicha tarjeta debe ser obtenida tambieÂn por el             que, en la gran mayoría de los casos, una empresa de
 ---pagebreak--- C 358/10                ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          21.11.98
     vigilancia sólo puede seleccionar a un nacional belga              Unido durante cuatro anÄos antes de que pueda presen-
     que resida durante cierto período en BeÂlgica, permi-              tarse y tramitarse una solicitud de permiso indefinido
     tiendo así a las autoridades belgas el «screening» con-            de permanencia en el Reino Unido (veÂase el
     siderado necesario, pero no a una persona que haya                 apartado 255 de las United Kingdom Immigration
     trabajado como gerente en una empresa comparable                   Rules, House of Commons Paper 395), en compara-
     en otro Estado miembro de la Unión Europea. En tales               ción con un requisito de doce meses de residencia,
     circunstancias, el requisito de residencia constituye              antes de que pueda presentarse dicha solicitud, que se
     una discriminación indirecta que sólo podría estar jus-            aplica a los cónyuges de los nacionales britaÂnicos y a
     tificada en virtud del apartado 56 del Tratado CE. Sin             los cónyuges de las personas presentes y establecidas
     embargo, la Comisión considera que dicha restricción               en el Reino Unido (apartado 287 de las United
     resulta de consideraciones de orden administrativo que             Kingdom Immigration Rules, House of Commons
     no pueden justificarla.                                            Paper 395)?
                                                                   (1) Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre
Ð Restricción a la libre circulación de los trabajadores               de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores den-
     (artículo 48 del Tratado CE):                                     tro de la Comunidad (DO L 257 de 19.10.1968, p. 2; EE 05/
                                                                       01, p. 77).
     El requisito de residencia en BeÂlgica impide a los tra-
     bajadores que residan en otros países ser contratados
     por una empresa de vigilancia o de seguridad, o ser
     destinados a las actividades de un servicio interno de
     vigilancia de una empresa en BeÂlgica. En contra del
     argumento basado en las supuestas necesidades de con-         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     trol, la Comisión mantiene la argumentación formu-            lución de la Court of Appeal, London, de fecha 13 de
     lada en lo que respecta al artículo 52 del Tratado CE.        mayo de 1998, en el asunto entre The Queen y Secretary
                                                                   of State for the Home Department, ex parte: Nana Yaa
                                                                                Konadu Yiadom
(1) DO C 334 de 9.12.1993, p. 3.
                                                                                (Asunto C-357/98)
                                                                                (98/C 358/19)
                                                                   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                   sido sometida una petición de decisión prejudicial
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-         mediante resolución de la Court of Appeal, London, dic-
lución de la Immigration Adjudicator, de fecha 25 de               tada el 13 de mayo de 1998, en el asunto entre The Queen
septiembre de 1998, en el asunto entre Arben Kaba y                y Secrtary of State for the Home Department, ex parte:
          Secretary of State for the Home Department               Nana Yaa Konadu Yiadom, y recibida en la Secretaría del
                       (Asunto C-356/98)                           Tribunal de Justicia el 1 de octubre de 1998.
                          (98/C 358/18)
                                                                   La Court of Appeal, London, solicita al Tribunal de Justi-
                                                                   cia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial                 1) ¿Son aplicables tanto el artículo 8 como el artículo 9
mediante resolución de la Immigration Adjudicator, dic-                 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, para la coor-
tada el 25 de septiembre de 1998, en el asunto entre                    dinación de las medidas especiales para los extranjeros
Arben Kaba y Secretary of State for the Home Depart-                    en materia de desplazamiento y de residencia, justifica-
ment, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el           das por razones de orden puÂblico, seguridad y salud
1 de octubre de 1998.                                                   puÂblica (DO 56 de 4.4.1964, p. 850; EE 05/01,
                                                                        p. 36) (1), a las decisiones sobre la admisión de entrada
                                                                        en el territorio de un Estado miembro, o dichas deci-
La Immigration Adjudicator solicita al Tribunal de Justicia             siones sobre la entrada estaÂn comprendidas exclusiva-
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                       mente en el aÂmbito de lo dispuesto en el artículo 8?
1) El derecho a solicitar un permiso indefinido de perma-          2) Si la respuesta a la primera cuestión fuese que el
     nencia en el Reino Unido y el derecho a obtener la tra-            artículo 8, pero no el artículo 9, de la Directiva 64/
     mitación de dicha solicitud, ¿constituyen una «ventaja             221 es aplicable a las decisiones sobre la admisión de
     social» a efectos del apartado 2 del artículo 7 del                entrada en el territorio de un Estado miembro, ¿cum-
     Reglamento no 1612/68 (1)?                                         plen los requisitos del artículo 8 disposiciones del
                                                                        Derecho nacional que conceden al nacional de un
                                                                        Estado miembro a quien se ha denegado la entrada en
2) ¿Constituye una discriminación ilícita contraria al                  otro Estado miembro por razones de orden puÂblico la
     apartado 2 del artículo 7 del Reglamento no 1612/68                posibilidad de interponer un recurso judicial que uÂni-
     el requisito impuesto a los cónyuges de nacionales                 camente puede ejercerse una vez que dicha persona ya
     comunitarios de haber sido residentes en el Reino                  no se encuentra en el Estado miembro de que se trata?


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de junio de 2001 en el asunto C-473/99: Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria ("Incumplimiento de Estado — Directiva 95/30/CE — Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado")

text:
C 212/2                   ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          28.7.2001
1)    Los artı́culos 2, letras c) y d), último guión, y 3 de la Directiva   República Francesa (agentes: inicialmente Sra. K. Rispal-Bellan-
      88/357/CEE del Conjeso, de 22 de junio de 1988, Segunda                 ger y Sr. S. Seam, y posteriormente Sres. J.-F. Dobelle y
      Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, regla-      S. Seam), apoyada por Reino Unido de Gran Bretaña e
      mentarias y admistrativas relativas al seguro directo, distinto         Irlanda del Norte (agente: Sra. G. Amodeo, asistida por el
      del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones          Sr. G. Barling), que tiene por objeto que se declare que la
      destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de República Francesa ha incumplido las obligaciones que le
      servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE,             incumben en virtud del artı́culo 17, apartado 2, de la Directiva
      permiten a un Estado miembro percibir con cargo a una persona           77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta
      jurı́dica establecida en otro Estado miembro un impuesto sobre          Directiva en materia de armonización de las legislaciones de
      seguros correspondiente a las primas que dicha persona jurı́dica        los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
      haya abonado a un asegurador, establecido también en otro               volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el
      Estado miembro, con el fin de cubrir los riesgos de explotación        valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1;
      de su filial directa o indirecta establecida en el Estado miembro       EE 09/01, p. 54), en la versión resultante de la Directiva
      de tributación. Lo mismo sucede si la persona jurı́dica que            95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, por la que se
      abonó las primas y aquella cuyos riesgos de explotación estén         modifica la Directiva 77/388 y por la que se establecen nuevas
      cubiertos son dos sociedades del mismo grupo vinculadas por             medidas de simplificación referentes al impuesto sobre el valor
      una relación distinta de la de sociedad matriz a filial.               añadido — ámbito de aplicación de determinadas exenciones
                                                                              y modalidades prácticas de aplicación (DO L 102, p. 18), al
2)    Resulta irrelevante, para interpretar los conceptos de tomador          someter a los vehı́culos utilizados por los sujetos pasivos
      del seguro o de Estado miembro en el que se localice el riesgo en       dedicados a la formación de conductores al requisito de
      el sentido del artı́culo 2, letra d), último guión, de la             que dichos vehı́culos estén destinados exclusivamente a tal
      Directiva 88/357/CEE, saber de qué manera se factura o se               actividad para que se pueda ejercer el derecho a deducción del
      paga dentro de un grupo de sociedades la prima correspondiente          impuesto sobre el valor añadido que gravó la adquisición de
      al riesgo asegurado.                                                    dichos bienes, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado
                                                                              por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala, D.A.O. Edward,
                                                                              P. Jann, S. von Bahr (Ponente) y C.W.A. Timmermans, Jueces;
(1) DO C 204 de 17.7.1999.                                                    Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass,
                                                                              ha dictado el 14 de junio de 2001 una sentencia cuyo fallo es
                                                                              el siguiente:
                                                                              1)    Se desestima el recurso.
                                                                              2)    Se condena en costas a la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas.
                                                                              3)    El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                         con sus propias costas.
                                                                              (1) DO C 333 de 20.11.1999.
                              (Sala Quinta)
                       de 14 de junio de 2001
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
en el asunto C-345/99: Comisión de las Comunidades
             Europeas contra República Francesa (1)                                                      (Sala Tercera)
                                                                                de 14 de junio de 2001
(«Incumplimiento de Estado — IVA — Artı́culo 17, aparta-
dos 2 y 6, de la Sexta Directiva del IVA — Carácter deducible                en el asunto C-473/99: Comisión de las Comunidades
del impuesto sobre la adquisición de vehı́culos utilizados en                           Europeas contra República de Austria (1)
operaciones sujetas al impuesto — Limitación a vehı́culos
 destinados exclusivamente a la formación de conductores»)                   [«Incumplimiento de Estado — Directiva 95/30/CE —
                                                                              Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
                                                                              con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
                            (2001/C 212/03)                                   — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo
                                                                                señalado»]
                   (Lengua de procedimiento: francés)                                                    (2001/C 212/04)
                                                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)           (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-345/99, Comisión de las Comunidades Euro-                     En el asunto C-473/99, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agentes: Sr. E. Traversa y Sra. H. Michard) contra                      peas (agente: Sr. W. Bogensberger) contra República de Austria
 ---pagebreak--- 28.7.2001                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                  C 212/3
(agente: Sra. C. Pesendorfer), que tiene por objeto que se declare         Francesa (agentes: Sra. K. Rispal-Bellanger y Sr. S. Seam), que
que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que            tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha
le incumben en virtud del Tratado CE al no haber adoptado,                 incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales,               artı́culo 17, apartado 2, de la Directiva 77/388/CEE del
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumpli-               Consejo, de 17 de mayo de 1997, Sexta Directiva en materia
miento a la Directiva 95/30/CE de la Comisión, de 30 de junio             de armonización de las legislaciones de los Estados miembros
de 1995, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva             relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios —
90/679/CEE del Consejo, sobre la protección de los trabajado-             Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base
res contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes           imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en la
biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva especı́fica con          versión resultante de la Directiva 95/7/CE del Consejo, de
arreglo al apartado 1 del artı́culo 16 de la Directiva                     10 de abril de 1995, por la que se modifica la Directiva 77/388
89/391/CEE) (DO L 155, p. 41), el Tribunal de Justicia (Sala               y por la que se establecen nuevas medidas de simplificación
Tercera), integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente de                referentes al impuesto sobre el valor añadido — ámbito de
Sala, J.-P. Puissochet y J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), Jueces;           aplicación de determinadas exenciones y modalidades prácticas
Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass,              de aplicación (DO L 102, p. 18), al restablecer, a partir del
ha dictado el 14 de junio de 2001 una sentencia cuyo fallo es              1 de enero de 1998, una supresión completa del derecho a
el siguiente:                                                              deducción del impuesto sobre el valor añadido que grava el
                                                                           gasóleo utilizado como carburante de vehı́culos para los
1)    Se declara que la República de Austria ha incumplido las            que no existe derecho a deducción, tras haber introducido
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva               parcialmente tal derecho a deducción en varias fases, el
      95/30/CE de la Comisión, de 30 de junio de 1995, por la que         Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los Sres. A. La
      se adapta al progreso técnico la Directiva 90/679/CEE del            Pergola, Presidente de Sala, D.A.O. Edward, P. Jann, S. von
      Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los         Bahr (Ponente) y C.W.A. Timmermans, Jueces; Abogado
      riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos        General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado
      durante el trabajo (Séptima Directiva especı́fica con arreglo al     el 14 de junio de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      apartado 1 del artı́culo 16 de la Directiva 89/391/CEE), al no
      haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposicio-
      nes legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
      dar cumplimiento a la citada Directiva.
                                                                           1)     Se declara que la República Francesa ha incumplido las
2)    Se condena en costas a la República de Austria.                            obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 17,
                                                                                apartado 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de
(1) DO C 63 de 4.3.2000.                                                          mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de
                                                                                las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
                                                                                impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del
                                                                                impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en
                                                                                la versión resultante de la Directiva 95/7/CE del Consejo, de
                                                                                10 de abril de 1995, por la que se modifica la Directiva
                                                                                77/388 y por la que se establecen nuevas medidas de
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                       simplificación referentes al impuesto sobre el valor añadido —
                                                                                ámbito de aplicación de determinadas exenciones y modalidades
                            (Sala Quinta)                                         prácticas de aplicación, al restablecer, a partir del 1 de enero de
                                                                                1998, una supresión completa del derecho a deducción del
                     de 14 de junio de 2001                                       impuesto sobre el valor añadido que grava el gasóleo utilizado
                                                                                como carburante de vehı́culos para los que no existe derecho a
en el asunto C-40/00: Comisión de las Comunidades                                deducción, tras haber introducido parcialmente tal derecho a
            Europeas contra República Francesa (1)                               deducción.
(«Incumplimiento de Estado — Artı́culo 17, apartados 2 y 6,
de la Sexta Directiva del IVA — Restablecimiento, después                  2)     Se condena en costas a la República Francesa.
de la fecha de entrada en vigor de la Directiva, de la supresión
completa del derecho a deducción del IVA que grava el
gasóleo utilizado como carburante de vehı́culos para los que
                  no existe derecho a deducción»)
                          (2001/C 212/05)                                  (1) DO C 149 de 27.5.2000.
                  (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-40/00, Comisión de las Comunidades Europeas
(agentes: Sres. E. Traversa y C. Giolito) contra República


title: Asunto C-288/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Timiș (Rumanía) el 12 de junio de 2014 — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

text:
               8.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 303/19

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Timiș (Rumanía) el 12 de junio de 2014 — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara
   (Asunto C-288/14)
   2014/C 303/25
   Lengua de procedimiento: rumano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunalul Timiș

      Partes en el proceso principal

   Demadante: Silvia Ciup
   Demandada: Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

      Cuestión prejudicial

   ¿Los principios de equivalencia y efectividad de las acciones por vulneraciones del Derecho de la Unión Europea, reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como el derecho a la propiedad previsto en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea pueden ser interpretados en el sentido de que se oponen a disposiciones de Derecho nacional que difieren, mediante un aplazamiento durante un período de cinco años, la devolución de los impuestos recaudados en infracción del Derecho comunitario y los intereses correspondientes, cuando dicha devolución es ordenada en virtud de sentencias que adquieran carácter ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2015?


title: Asunto C-552/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État (Francia) el 11 de diciembre de 2007 — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre

text:
               9.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/20

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État (Francia) el 11 de diciembre de 2007 — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre
   (Asunto C-552/07)
   (2008/C 37/29)
   Lengua de procedimiento: francés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Conseil d'État (Francia)
   Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Commune de Sausheim

      Recurrida: Pierre Azelvandre
   Cuestiones prejudiciales

               1)

               Por «lugar en el que se efectuará la liberación de los organismos modificados genéticamente», el cual no puede mantenerse en secreto a tenor del artículo 19 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (1), ¿debe entenderse la parcela catastral o debe entenderse una zona geográficamente más extensa correspondiente bien al municipio sobre cuyo territorio tiene lugar la liberación, bien a una zona aún más amplia (cantón, departamento)?

               2)

               En caso de que deba entenderse que el lugar designa la parcela catastral, ¿es posible oponer una reserva, dirigida a la protección del orden público o de otros secretos protegidos por la ley, frente a la comunicación de la referencia catastral del lugar de la liberación, sobre la base del artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, posteriormente Comunidad Europea, de la Directiva 2003/4/CE de 28 de enero de 2003 relativa al acceso del público a la información medioambiental (2), o de un principio general del Derecho comunitario?

      (1)  DO L 117, p. 15.

      (2)  Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41, p. 26).


title: Asunto C-451/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Salamanca) — Josune Esteban García/Cachorros Plus CBF SCP

text:
               10.6.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 175/33

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Salamanca) — Josune Esteban García/Cachorros Plus CBF SCP
   (Asunto C-451/12) (1)

   2014/C 175/41
   Lengua de procedimiento: español
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 399, de 22.12.2012.


title: Asunto C-279/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de enero de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — Vonk Dairy Products BV/Productschap Zuivel (Agricultura — Organización común de mercados — Queso — Artículos 16 a 18 del Reglamento (CEE) n o  3665/87 — Restituciones a la exportación diferenciadas — Reexportación casi inmediata desde el país de importación — Prueba de una práctica abusiva — Devolución de cantidades indebidamente pagadas — Artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE, Euratom) n o  2988/95 — Irregularidad continua o reiterada)

text:
               24.2.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 42/7

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de enero de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — Vonk Dairy Products BV/Productschap Zuivel
   (Asunto C-279/05) (1)

   (Agricultura - Organización común de mercados - Queso - Artículos 16 a 18 del Reglamento (CEE) no 3665/87 - Restituciones a la exportación diferenciadas - Reexportación casi inmediata desde el país de importación - Prueba de una práctica abusiva - Devolución de cantidades indebidamente pagadas - Artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 - Irregularidad continua o reiterada)
   (2007/C 42/11)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Órgano jurisdiccional remitente
   College van Beroep voor het bedrijfsleven
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Vonk Dairy Products BV

      Demandada: Productschap Zuivel
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretación de los artículos 16 a 18 del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1), en su versión vigente en la época de los hechos — Interpretación del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1) — Restituciones diferenciadas no debidas en caso de reexportación abusiva por el exportador — Determinación de los criterios que permiten llegar a tal conclusión — Irregularidad continua o reiterada
   Fallo

               1)

               En el marco de un procedimiento de revocación y de recuperación de restituciones a la exportación diferenciadas pagadas con carácter definitivo con arreglo al Reglamento no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, la declaración del carácter indebido de tales restituciones deberá basarse en la prueba de que el exportador ha incurrido en una práctica abusiva, aportada conforme a las normas del Derecho nacional.

               2)

               A efectos del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, una irregularidad es continua o reiterada cuando sea cometida por un operador comunitario que obtenga beneficios económicos de un conjunto de operaciones similares que infrinjan la misma disposición del Derecho comunitario. El hecho de que la irregularidad afecte a una parte relativamente pequeña del conjunto de las operaciones realizadas en un período determinado y de que las operaciones en que se haya comprobado la irregularidad se refieran siempre a partidas diferentes es irrelevante a este respecto.

      (1)  DO C 257, de 15.10.2005.


title: Asunto T-531/08: Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2008 — Diputación Foral de Vizcaya/Comisión

text:
               7.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/48

         Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2008 — Diputación Foral de Vizcaya/Comisión
   (Asunto T-531/08)
   (2009/C 32/92)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (representantes: Sr. I. Sáenz-Cortabarría Fernández, abogado y Sra. M. Morales Isasi, abogada)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la nulidad del escrito de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea D/53778 [COMP/H4/NM/ed D(2008) 247], de 2 de octubre de 2008, en la medida en que exige que la recuperación de los intereses a que se refieren las Decisiones 2003/27/CE y 2002/806/CE, de 11 de julio de 2001 (expediente de infracción 2007/2215), ha de llevarse a cabo aplicando el interés compuesto, y

               —

               que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos y principales argumentos son los invocados en el asunto T-529/08 Diputación Foral de Álava/Comisión.


title: Asunto T-620/14: Auto del Tribunal General de 16 de septiembre de 2015 — Diapharm/Comisión [«Recurso por omisión — Protección de los consumidores — Declaraciones de propiedades saludables en los alimentos — Reglamento (CE) no 1924/2006 — Materias vegetales — Plazo para recurrir — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»]

text:
               16.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 381/33

         Auto del Tribunal General de 16 de septiembre de 2015 — Diapharm/Comisión
   (Asunto T-620/14) (1)

   ([«Recurso por omisión - Protección de los consumidores - Declaraciones de propiedades saludables en los alimentos - Reglamento (CE) no 1924/2006 - Materias vegetales - Plazo para recurrir - Inexistencia de interés en ejercitar la acción - Acto no recurrible - Inadmisibilidad»])
   (2015/C 381/37)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Diapharm GmbH & Co. KG (Münster, Alemania) (representantes: M. Weidner, N. Hußmann y T. Guttau, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: M. Wilderspin y S. Grünheid, agentes)

      Objeto

   Pretensión de que se declare que la Comisión ha incurrido en omisión al haberse abstenido ilegalmente de encomendar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la evaluación de las declaraciones de propiedades saludables de las materias vegetales como requisito previo a la adopción de la lista definitiva de las declaraciones de propiedades saludables autorizadas conforme al artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9).

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a Diapharm GmbH & Co. KG.

      (1)  DO C 409, de 17.11.2014.


title: Archivo del asunto C-327/99

text:
21.4.2001             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 118/25
              Archivo del asunto C-232/00 (1)                                     Archivo del asunto C-327/99 (1)
                       (2001/C 118/52)                                                    (2001/C 118/55)
Mediante auto de 4 de octubre de 2000, el Presidente del           Mediante auto de 5 de octubre de 2000, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
archivar el asunto C-232/00: Comisión de las Comunidades          archivar el asunto C-337/99 [petición de decisión prejudicial
Europeas contra República Helénica.                               del Landesgericht Korneuburg (Austria)]: FILA Sport SpA
                                                                   contra New Times International Transport Service Co. Ltd.
(1) DO C 247 de 26.8.2000.
                                                                   (1) DO C 333 de 20.11.1999.
              Archivo del asunto C-243/99 (1)
                                                                                Archivo del asunto C-362/99 (1)
                       (2001/C 118/53)
                                                                                (2001/C 118/56)
Mediante auto de 5 de octubre de 2000, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Mediante auto de 5 de octubre de 2000, el Presidente del
archivar el asunto C-243/99 [petición de decisión prejudicial    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
del Landesgericht Korneuburg (Austria)]: FILA Sport SpA            archivar el asunto C-362/99 [petición de decisión prejudicial
contra Beijing Metals & Minerals Import & Export Corp.             del Landesgericht Korneuburg (Austria)]: SEIKO Kabushiki
                                                                   Kaisha contra Mohammed Ibrahim.
(1) DO C 246 de 28.8.1999.
                                                                   (1) DO C 366 de 18.12.1999.
              Archivo del asunto C-284/99 (1)
                                                                                Archivo del asunto C-250/00 (1)
                       (2001/C 118/54)
                                                                                (2001/C 118/57)
Mediante auto de 5 de octubre de 2000, el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido       Mediante auto de 6 de octubre de 2000, el Presidente del
archivar el asunto C-284/99 [petición de decisión prejudicial    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido
del Landesgericht Korneuburg (Austria)]: New Yorker S.H.K.         archivar el asunto C-250/00: Comisión de las Comunidades
Jeans GmbH contra Ing. Jaroslav Kupco.                             Europeas contra República Portuguesa.
(1) DO C 281 de 2.10.1999.                                         (1) DO C 233 de 12.8.2000.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de julio de 2004 en el asunto C-119/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa («Incumplimiento de Estado — No adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva 2000/52/CE — Transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas»)

text:
               11.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/12

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Quinta)
   de 15 de julio de 2004
   en el asunto C-119/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa (1)

   («Incumplimiento de Estado - No adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva 2000/52/CE - Transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas»)
   (2004/C 228/22)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-119/03, Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. G. Rozet) contra República Francesa (agentes: Sres. G. de Bergues y C. Lemaire), que tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L 193, p. 75), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado las citadas disposiciones a la Comisión, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. C. Gulmann, Presidente de Sala, el Sr. S. von Bahr (Ponente) y la Sra. R. Silva de Lapuerta, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 15 de julio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Francesa.

      (1)  DO C 112 de 10.5.2003.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de octubre de 2003 en el asunto C-198/99 P: Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contra Comisión de las Comunidades Europeas ("Recurso de casación — Acuerdos y prácticas concertadas — Fabricantes europeos de vigas")

text:
15.11.2003              ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                  C 275/3
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el
                                                                            Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
                           (Sala Quinta)                                    (Sala Segunda ampliada) el 11 de marzo de 1999, Aristrain/
                                                                            Comisión (T-156/94, Rec. p. II-645), por el que se solicita que
                    de 2 de octubre de 2003                                 se anule dicha sentencia, y en el que la otra parte en el
en el asunto C-194/99 P: Thyssen Stahl AG contra                            procedimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas
         Comisión de las Comunidades Europeas (1)                           (agentes: Sres. J. Currall y W. Wils, asistidos por el Sr. J. Rivas
                                                                            de Andrés), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por
(«Recurso de casación — Acuerdos y prácticas concertadas                    el Sr. M. Wathelet, Presidente de Sala, y los Sres. D.A.O. Edward,
               — Fabricantes europeos de vigas»)                            A. La Pergola, P. Jann (Ponente) y S. von Bahr, Jueces; Abogado
                                                                            General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretaria: Sra. M.-F. Contet,
                         (2003/C 275/05)                                    administradora principal, ha dictado el 2 de octubre de 2003
                                                                            una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la        1)     Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                 11 de marzo de 1999, Aristrain/Comisión (T-156/94), en la
                                                                                medida en que el Tribunal de Primera Instancia declaró
                                                                                infundado el recurso de anulación interpuesto contra la Decisión
En el asunto C-194/99 P, Thyssen Stahl AG, con domicilio                           94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero de 1994,
social en Duisburg (Alemania) (abogado: Sr. F. Montag), que                        relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del
tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la                      Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concerta-
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las                      das de varios fabricantes europeos de vigas, por lo que se refiere
Comunidades Europeas (Sala Segunda ampliada) el                                    a la condena de Siderúrgica Aristrain Madrid, S.L., a pagar
11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión (T-141/94,                             una multa teniendo en cuenta también la conducta de Aristrain
Rec. p. II-347), por el que se solicita la anulación parcial de                    Olaberría, S.L.
dicha sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres.                        2)     Desestimar el recurso en todo lo demás.
J. Currall y W. Wils, asistidos por el Sr. H.-J. Freund), el
Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. M. Wa-             3)     Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia.
thelet, Presidente de Sala, y los Sres. D.A.O. Edward, A. La
Pergola, P. Jann (Ponente) y S. von Bahr, Jueces; Abogado                   4)     Reservar la decisión sobre las costas.
General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretaria: Sra. M.-F. Contet,
administradora principal, ha dictado el 2 de octubre de 2003
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                   (1) DO C 299 de 16.10.1999.
1)    Desestimar el recurso de casación.
2)    Condenar en costas a Thyssen Stahl AG.
(1) DO C 299 de 16.10.1999.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                (Sala Quinta)
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 2 de octubre de 2003
                           (Sala Quinta)
                    de 2 de octubre de 2003                                 en el asunto C-198/99 P: Empresa Nacional Siderúrgica
                                                                            SA (Ensidesa) contra Comisión de las Comunidades Euro-
en el asunto C-196/99 P: Siderúrgica Aristrain Madrid SL                                                    peas (1)
     contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
(«Recurso de casación — Acuerdos y prácticas concertadas                    («Recurso de casación — Acuerdos y prácticas concertadas
               — Fabricantes europeos de vigas»)                                            — Fabricantes europeos de vigas»)
                         (2003/C 275/06)                                                               (2003/C 275/07)
                 (Lengua de procedimiento: español)
                                                                                (Lengua de procedimiento: español)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                            En el asunto C-198/99 P, Empresa Nacional Siderúrgica SA
En el asunto C-196/99 P, Siderúrgica Aristrain Madrid SL con                (Ensidesa), con domicilio social en Avilés (España), (abogados:
domicilio social en Madrid (España) (abogados: Sres. A. Creus               Sres. S. Martínez Lage y J. Pérez-Bustamante Köster), que tiene
Carreras y N. Lacalle Mangas), que tiene por objeto un recurso              por objeto un recurso de casación interpuesto contra la
 ---pagebreak--- C 275/4                 ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            15.11.2003
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las               1)    Desestimar el recurso de casación.
Comunidades Europeas (Sala Segunda ampliada) de
11 de marzo de 1999, Ensidesa/Comisión (T-157/94, Rec. p. II-               2)    Condenar en costas a Corus UK Ltd.
707), por el que se solicita la anulación de dicha sentencia, y
en el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las             (1) DO C 204 de 17.7.1999.
Comunidades Europeas (agentes: Sres. J. Currall y W. Wils),
asistidos por el Sr. J. Rivas de Andrés) el Tribunal de Justicia
(Sala Quinta), integrado por el Sr. M. Wathelet, Presidente de
Sala, y los Sres. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (Ponente)
y S. von Bahr, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;
Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha                          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
dictado el 2 de octubre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:                                                                                de 30 de septiembre de 2003
1)    Desestimar el recurso de casación.                                    en los asuntos acumulados C-57/00 P y C-61/00 P: Freistaat
2)    Condenar en costas a Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.               Sachsen Volkswagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH
      (Ensidesa).                                                                contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
                                                                            («Ayudas de Estado — Compensación de las desventajas
(1) DO C 299 de 16.10.1999.                                                 económicas que resultan de la división de Alemania — Grave
                                                                            perturbación en la economía de un Estado miembro —
                                                                            Desarrollo económico regional — Directrices comunitarias
                                                                            sobre ayudas estatales en el sector de los vehículos de motor»)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                                          (2003/C 275/09)
                           (Sala Quinta)                                                     (Lengua de procedimiento: alemán)
                    de 2 de octubre de 2003                                 (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
en el asunto C-199/99 P: Corus UK Ltd contra Comisión
               de las Comunidades Europeas (1)
                                                                            En los asuntos acumulados C-57/00 P y C-61/00 P, Freistaat
(«Recurso de casación — Acuerdos y prácticas concertadas                    Sachsen (abogado: Sr. J. Sedemund) que designa domicilio en
               — Fabricantes europeos de vigas»)                            Luxemburgo (C-57/00 P), Volkswagen AG et Volkswagen
                                                                            Sachsen GmbH (abogado: Sr. M. Schütte) que designa domicilio
                         (2003/C 275/08)                                    en Luxemburgo (C-61/00 P), que tienen por objeto sendos
                                                                            recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                         por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                            Europeas (Sala Segunda ampliada) el 15 de diciembre de 1999,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la        Freistaat Sachsen y otros/Comisión (asuntos acumulados
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)          T-132/96 y T-143/96, Rec. p. II-3663), por los que se solicita
                                                                            que se anule esta sentencia, y en los que las otras partes en el
                                                                            procedimiento son: Comisión de las Comunidades Europeas
En el asunto C-199/99 P, Corus UK Ltd, antiguamente British                 (agente: Sr. K.-D. Borchardt, asistido por el Sr. M. Núñez-
Steel plc, con domicilio social en Londres (Reino Unido),                   Müller) que designa como domicilio en Luxemburgo, Repú-
(abogados: Sres. P. Collins y M. Levitt, solicitors) que tiene por          blica Federal de Alemania (agente: Sr. T. Oppermann) y Reino
objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia               Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Tribunal de
dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunida-               Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente,
des Europeas (Sala Segunda ampliada) el 11 de marzo de 1999,                los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen y
British Steel/Comisión (T-151/94, Rec. p. II-629), por el que               C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los Sres.
se solicita la anulación de dicha sentencia, y en el que la otra            D.A.O. Edward, P. Jann y V. Skouris, la Sra. F. Macken
parte en el procedimiento es: Comisión de las Comunidades                   (Ponente) y los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;
Europeas, representada por los Sres. J. Currall y W. Wils, en               Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr. H.A. Rühl,
calidad de agentes, asistidos por el Sr. J. Flynn, Barrister,               administrador principal, ha dictado el 30 de septiembre
que designa domicilio en Luxemburgo, Comisión de las                        de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Comunidades Europeas (agentes: Sres. J. Currall y W. Wils,
asistidos por el Sr. J. Flynn, barrister), el Tribunal de Justicia          1)    Desestimar los recursos de casación.
(Sala Quinta), integrado por el Sr. Wathelet, Presidente de Sala,
y los Sres. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (Ponente) y               2)    Condenar en costas al Freistaat Sachsen en el asunto C-57/
S. von Bahr, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;                         00 P.
Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha
dictado el 2 de octubre de 2003 una sentencia cuyo fallo es el              3)    Condenar en costas a Volkswagen AG y Volkswagen Sachsen
siguiente:                                                                        GmbH en el asunto C-61/00 P.


title: Asunto C-314/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de junio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-Pari ZAO, BT Telecommunications PUE (Procedimiento prejudicial — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Belarús — Inmovilización de fondos y de recursos económicos — Excepciones — Pago de honorarios profesionales vinculados a servicios jurídicos — Facultad de apreciación de la autoridad nacional competente — Derecho a una tutela judicial efectiva — Incidencia del origen ilegal de los fondos — Inexistencia)

text:
               25.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de junio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-Pari ZAO, BT Telecommunications PUE
   (Asunto C-314/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Belarús - Inmovilización de fondos y de recursos económicos - Excepciones - Pago de honorarios profesionales vinculados a servicios jurídicos - Facultad de apreciación de la autoridad nacional competente - Derecho a una tutela judicial efectiva - Incidencia del origen ilegal de los fondos - Inexistencia))
   2014/C 282/18
   Lengua de procedimiento: lituano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

      Demandadas: Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-Pari ZAO, BT Telecommunications PUE

      Fallo

               1)

               El artículo 3, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) no 84/2011 del Consejo, de 31 de enero de 2011, y por el Reglamento (UE) no 588/2011 del Consejo, de 20 de junio de 2011, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una autoridad nacional competente se pronuncia sobre una solicitud de exención formulada conforme a dicha disposición con el fin de plantear un recurso que tenga por objeto cuestionar la legalidad de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea, dicha autoridad nacional competente no dispone de una facultad de apreciación absoluta, sino que debe ejercer sus competencias respetando los derechos previstos en el artículo 47, párrafo segundo, segunda frase de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea así como el carácter indispensable de la representación mediante abogado para plantear dicho recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea.
               La autoridad nacional competente tiene derecho a verificar que los fondos cuyo desbloqueo se solicita son destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de los gastos vinculados a la prestación de servicios jurídicos. Dicha autoridad puede igualmente fijar las condiciones que considere apropiadas con el fin de garantizar, en particular, que no se frustre el objetivo de la sanción impuesta y no se abuse de la exención.

               2)

               El artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento no 765/2006, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución no 84/2011 y por el Reglamento no 588/2011, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que es objeto del procedimiento principal, en la que una inmovilización de fondos y de recursos económicos se fundamenta en dicho Reglamento, una exención a la inmovilización de fondos y de recursos económicos con el fin de remunerar servicios jurídicos debe apreciarse conforme a dicha disposición, que no hace ninguna alusión al origen de los fondos y a su posible obtención ilegal.

      (1)  DO C 233, de 10.8.2013.


title: Asunto T-193/06: Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2010 — TF1/Comisión ( «Ayudas de Estado — Regímenes de ayudas a la producción cinematográfica y audiovisual — Decisión de no plantear objeciones — Recurso de anulación — Falta de afectación sustancial de la posición competitiva — Inadmisibilidad» )

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/22

         Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2010 — TF1/Comisión
   (Asunto T-193/06) (1)

   (Ayudas de Estado - Regímenes de ayudas a la producción cinematográfica y audiovisual - Decisión de no plantear objeciones - Recurso de anulación - Falta de afectación sustancial de la posición competitiva - Inadmisibilidad)
   2010/C 301/34
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Télévision Française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia) (representantes: J.-P. Hordies y C. Smits, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: C. Giolito, T. Scharf y B. Stromsky, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: República Francesa (representantes: G. de Bergues y L. Butel, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión de la Comisión C(2006) 832 final, de 22 de marzo de 2006, relativa a las medidas de apoyo al cine y al sector audiovisual (Ayudas NN 84/2004 y N 95/2004 — Francia, Programas de ayudas al cine y al sector audiovisual).

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar a Télévision française 1 SA (TF1) al pago de sus propias costas, así como de las efectuadas por la Comisión Europea.

               3)

               La República Francesa soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 224, de 16.9.2006.


title: Asunto C-396/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 27 de agosto de 2012 — A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren/Otra parte: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 379/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 27 de agosto de 2012 — A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren/Otra parte: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
   (Asunto C-396/12)
   2012/C 379/21
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Raad van State

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren

      Otra parte: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Cómo debe interpretarse la expresión «incumplimiento intencionado» contenida en el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1698/2005 (1) del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) […], en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 74/2009 (2) del Consejo, de 19 de enero de 2009 […], en el artículo 23 del Reglamento (CE) no 1975/2006 (3) de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1698/2005 […], y en el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) no 796/2004 (4) de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores […]? Para afirmar que se da tal incumplimiento intencionado, ¿basta con que no se haya observado una política constante y prolongada, en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra c), de las Beleidsregels normenkader randvoorwaarden Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Directrices — Marco normativo — Condiciones marco de la política agrícola comunitaria)?

               2)

               ¿Se opone el Derecho de la Unión a que en un Estado miembro se considere que una norma es incumplida «de forma intencionada», en el sentido de los citados Reglamentos, cuando se hayan dado una o varias de las siguientes circunstancias:

                           a)

                           en el incumplimiento de la condicionalidad de que se trate ya concurre la intencionalidad;

                           b)

                           la condicionalidad de que se trate es compleja;

                           c)

                           existe una política constante y prolongada;

                           d)

                           existe una actuación o una omisión deliberada;

                           e)

                           el agricultor ya ha sido advertido anteriormente de la existencia de irregularidades en el cumplimiento de la condicionalidad de que se trate, y

                           f)

                           la medida en que se incumple la condicionalidad da lugar a ello?

               3)

               ¿Puede imputarse al beneficiario de la ayuda la «intencionalidad» en el «incumplimiento» si un tercero realiza las actividades por orden del beneficiario?

      (1)  DO L 277, p. 1.

      (2)  DO L 30, p. 100.

      (3)  DO L 368, p. 74.

      (4)  DO L 141, p. 18.