title: Asunto T-139/08: Recurso interpuesto el 11 de abril de 2008 — Loufrani/OAMI (half-smiley)

text:
               7.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/34

         Recurso interpuesto el 11 de abril de 2008 — Loufrani/OAMI (half-smiley)
   (Asunto T-139/08)
   (2008/C 142/62)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Franklin Loufrani (Londres, Reino Unido) (representante: A. Deutsch, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 7 de febrero de 2008 en el asunto R 0958/2007-4.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «half-smiley» para productos de las clases 14, 18 y 25 — Solicitud no 893.580.

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud para todos los productos.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, en la medida en que la citada marca había adquirido el carácter distintivo mínimo que se exige para ser registrada.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de enero de 2002 en el asunto C-394/00: Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda ("Incumplimiento de Estado — Directiva 96/82/CE — No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado")

text:
C 84/28                  ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                            6.4.2002
de 1993, por el que se establece el valor de los importes de               en el artı́culo 18 de la Directiva 75/439 y en el artı́culo 12 de
referencia regionales definitivos correspondientes a la campaña           la Directiva 75/442 correspondientes al perı́odo comprendido
de comercialización 1992/1993 para los productores de                     entre 1995 y 1997 dentro del plazo señalado en las referidas
semillas de soja, colza, nabina y girasol (DO L 56, p. 18), el             disposiciones, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado
Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por la Sra. N. Col-         por los Sres. P. Jann, Presidente de Sala, L. Sevón (Ponente) y
neric, Presidenta de Sala, y los Sres. R. Schintgen (Ponente) y            M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo
V. Skouris, Jueces; Abogada General: Sra. C. Stix-Hackl;                   Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 11 de diciembre
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 7 de febrero de 2002 una           de 2001 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                           1)    Se declara que la República Italiana ha incumplido las
El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún                    obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento (CEE)                     75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a
no 525/93 de la Comisión, de 8 de marzo de 1993, por el que se                  la gestión de aceites usados, en su versión modificada por la
establece el valor de los importes de referencia regionales definitivos          Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre
correspondientes a la campaña de comercialización 1992/1993 para               de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los
los productores de semillas de soja, colza, nabina y girasol.                    informes relativos a la aplicación de determinadas Directivas
                                                                                referentes al medio ambiente, al no haber remitido a la
                                                                                Comisión el informe a que se refiere el artı́culo 18 de la citada
(1) DO C 316 de 4.11.2000.                                                       Directiva correspondiente al perı́odo comprendido entre 1995 y
                                                                                1997 dentro del plazo señalado en la referida disposición.
                                                                           2)    Se condena en costas a la República Italiana.
                                                                           (1) DO C 355 de 9.12.2000.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Primera)
                   de 11 de diciembre de 2001
en el asunto C-376/00: Comisión de las Comunidades                                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
             Europeas contra República Italiana (1)
                                                                                (Sala Segunda)
(«Incumplimiento de Estado — Directivas 75/439/CEE y
75/442/CEE — Informes nacionales sobre su aplicación —                                          de 17 de enero de 2002
                    No remisión a la Comisión»)
                                                                           en el asunto C-394/00: Comisión de las Comunidades
                           (2002/C 84/45)
                                                                                Europeas contra Irlanda (1)
                  (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                           («Incumplimiento de Estado — Directiva 96/82/CE — No
                                                                               adaptación del Derecho interno en el plazo señalado»)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                                                                                (2002/C 84/46)
                                                                                (Lengua de procedimiento: inglés)
En el asunto C-376/00, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (agentes: Sres. H. Støvlbaek y R. Amorosi) contra
República Italiana (agente: Sr. U. Leanza), que tiene por objeto          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
que se declare que la República Italiana ha incumplido las                     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas
75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la
gestión de aceites usados (DO L 194, p. 23; EE 15/01, p. 91),
en su versión modificada por la Directiva 91/692/CEE del                  En el asunto C-394/00, Comisión de las Comunidades Euro-
Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización               peas (agente: Sr. G. zur Hausen) contra Irlanda (agente:
y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de        Sr. D. O’Hagan) que tiene por objeto que se declare que Irlanda
determinadas Directivas referentes al medio ambiente (DO                   ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de
L 377, p. 48), y 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio                    la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996,
de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01,               relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes
p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/692, al             graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO 1997,
no haber remitido a la Comisión los informes contemplados                 L 10, p. 13), al no haber adoptado las disposiciones legales,
 ---pagebreak--- 6.4.2002                 ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 84/29
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumpli-                Presidenta de Sala, y los Sres. R. Schintgen (Ponente) y
miento a lo establecido en la citada Directiva o, en cualquier              V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo
caso, al no haber notificado dichas disposiciones a la Comisión,           Colomer; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el 17 de enero de
el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por la                    2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Sra. N. Colneric, Presidenta de Sala, y los Sres. R. Schintgen
(Ponente) y V. Skouris, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-               1)    Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones
Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass; ha dictado el 17 de                     que le incumben en virtud de la Directiva 96/82/CE del
enero de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                           Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los
                                                                                riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
1)    Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le                  sustancias peligrosas, al no haber adoptado, dentro del plazo
      incumben en virtud de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de                 señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y
      9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos                  administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo estable-
      inherentes a los accidentes graves en los que intervengan                   cido en la citada Directiva.
      sustancias peligrosas, al no haber adoptado, dentro del plazo
      señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administra-    2)    Condenar en costas al Reino de Bélgica.
      tivas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
      citada Directiva.
                                                                            (1) DO C 28 de 27.1.2001.
2)    Condenar en costas a Irlanda.
(1) DO C 355 de 9.12.2000.
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                de 15 de enero de 2002
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                            en el asunto C-196/01: Comisión de las Comunidades
                            (Sala Segunda)                                       Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)
                      de 17 de enero de 2002                                («Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva
                                                                            75/442/CEE — Decisión 94/3/CE — Catálogo europeo de
                                                                                residuos»)
en el asunto C-423/00: Comisión de las Comunidades
              Europeas contra Reino de Bélgica (1)
                                                                                (2002/C 84/48)
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 96/82/CE — No
    adaptación del Derecho interno en el plazo señalado»)                                   (Lengua de procedimiento: francés)
                            (2002/C 84/47)                                  (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
                   (Lengua de procedimiento: francés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la     En el asunto C-196/01, Comisión de las Comunidades Euro-
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         peas (agente: Sr. H. Støvlbaek y la Sra. J. Adda) contra
                                                                            Gran Ducado de Luxemburgo (agente: Sr. N. Mackel, y
                                                                            posteriormente el Sr. J. Faltz) que tiene por objeto que se
                                                                            declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las
En el asunto C-423/00, Comisión de las Comunidades Euro-                   obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 1, letra a),
peas (agente: Sr. G. zur Hausen) contra Reino de Bélgica                    de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de
(agente: Sra. C. Pochet) que tiene por objeto que se declare que            1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01,
el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le                   p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE
incumben en virtud de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de                 del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32), y de la
9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos                  Decisión 94/3/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993,
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan                   por la que se establece una lista de residuos de conformidad
sustancias peligrosas (DO 1997, L 10, p. 13), al no haber                   con la letra a) del artı́culo 1 de la Directiva 75/442 (DO 1994,
adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y                  L 5, p. 15), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo estable-              los Sres. P. Jann, Presidente de Sala, L. Sevón (Ponente) y
cido en la citada Directiva y, en cualquier caso, al no haber               M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario:
comunicado dichas disposiciones a la Comisión, el Tribunal                 Sr. R. Grass; ha dictado el 15 de enero de 2002 una sentencia
de Justicia (Sala Segunda), integrado por la Sra. N. Colneric,              cuyo fallo es el siguiente:


title: Asunto C-208/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Bélgica) el 30 de abril de 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

text:
               28.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 227/11

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Bélgica) el 30 de abril de 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
   (Asunto C-208/12)
   2012/C 227/16
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

      Partes en el procedimiento principal

   Demandante: Essent Belgium NV
   Demandada: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
   Otras partes:

               Vlaams Gewest

               Vlaamse Gemeenschap

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Es compatible con los artículos 11 o 13 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), una norma nacional, como la que contiene el Vlaams Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Decreto flamenco de 17 de julio de 2000 relativo a la organización del mercado de la electricidad), a la que se dio aplicación mediante la Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2005 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (Orden del Gobierno Flamenco de 5 de marzo de 2004, en su versión modificada por la Orden del Gobierno Flamenco de 25 de febrero de 2005 relativa al fomento de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables), y mediante la Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (Orden del Gobierno Flamenco de 8 de julio de 2005 por la que se modifica la Orden del Gobierno Flamenco de 5 de marzo de 2004 relativa al fomento de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables y la Orden del Gobierno Flamenco de 29 de marzo de 2002 relativa a la obligación de servicio público de fomento del uso racional de la energía), habida cuenta de que:

                           —

                           se impone a los proveedores que suministran electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte la obligación de presentar anualmente al organismo regulador un número determinado de certificados verdes (artículo 23 de dicho Decreto);

                           —

                           se impone a los proveedores que suministran electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte una multa por parte del Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits en Gasmarkt (VREG) (Organismo Regulador Flamenco del Mercado de la Electricidad y del Gas), cuando dichos proveedores no hayan entregado suficientes certificados verdes con el fin de cumplir con la obligación de cuota establecida en materia de presentación de tales certificados (artículo 37, apartado 2, de dicho Decreto);

                           —

                           se establece expresamente que, bajo determinadas condiciones, pueden aceptarse las garantías de origen de otros países en cumplimiento de la obligación de cuota (artículo 15 quater, apartado 2, de la Orden del Gobierno Flamenco de 5 de marzo de 2004, en su versión aplicable al presente litigio);

                           —

                           el Organismo regulador no puede o no quiere tener en cuenta las garantías de origen de Noruega en incumplimiento de las medidas de ejecución del Gobierno Flamenco, que ha reconocido la igualdad o equivalencia de dichos certificados (artículo 25 de dicho Decreto y artículo 15 quater, apartado 2, de la Orden de 5 de marzo de 2004), sin que la igualdad o equivalencia sea examinada in concreto por el Organismo regulador;

                           —

                           de hecho, durante todo el período en que estuvo en vigor el Decreto de 17 de julio de 2000, sólo se tuvieron en cuenta certificados de producción de electricidad verde generada en la Región Flamenca para comprobar si se había cumplido la obligación de cuota, mientras que los proveedores de electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte no tenían ninguna posibilidad de demostrar que las garantías de origen entregadas de otros Estados miembros de la Unión Europea cumplían el requisito de existencia de garantías iguales o equivalentes en materia de reconocimiento de tales certificados?

               2)

               ¿Es compatible con el artículo 5 de la anterior Directiva 2001/77/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad (en la medida en que sea relevante para el EEE), una norma nacional como la mencionada en la primera cuestión?

               3)

               ¿Es compatible con el principio de igualdad y con la prohibición de discriminación establecidos, en particular, en los artículos 4 del Acuerdo EEE y 3 de la anterior Directiva 2003/54/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de [2003], sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (en la medida en que sea relevante para el EEE), una norma nacional como la mencionada en la primera cuestión?

      (1)  DO L 283, p. 33.

      (2)  DO L 176, p. 37.


title: Asunto C-398/07 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de agosto de 2007 por Waterford Wedgwood plc contra la sentencia dictada el 12 de junio de 2007 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-105/05: Assembled Investments (Proprietary) Ltd contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

text:
               24.11.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/12

         Recurso de casación interpuesto el 28 de agosto de 2007 por Waterford Wedgwood plc contra la sentencia dictada el 12 de junio de 2007 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-105/05: Assembled Investments (Proprietary) Ltd contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
   (Asunto C-398/07 P)
   (2007/C 283/20)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Recurrente: Waterford Wedgwood plc (representante: J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

      Otras partes en el procedimiento: Assembled Investments (Proprietary) Ltd y Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia dictada el 12 de junio de 2007 por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-105/05.

               —

               Que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

               —

               Que se condene a la OAMI y a Assembled Investments al pago de las costas del presente procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

         Motivos y principales alegaciones
   La parte recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia ha infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria (1), en la medida en que ha aplicado criterios legales erróneos para determinar que los productos en conflicto no son similares.
   La parte recurrente señala además que el Tribunal de Primera Instancia ha infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria al afirmar en el apartado 34 de su sentencia, sin que existan pruebas suficientes para ello y contrariamente a lo manifestado por la Sala de Recurso, que los consumidores no considerararán que los productos de que se trata son similares, basándose así en una desnaturalización de los hechos.

      (1)  Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


title: Asunto C-48/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Dunajská Streda (Eslovenia) el 27 de enero de 2016 — ERGO Poisťovňa, a. s./Alžbeta Barlíková

text:
               18.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Dunajská Streda (Eslovenia) el 27 de enero de 2016 — ERGO Poisťovňa, a. s./Alžbeta Barlíková
   (Asunto C-48/16)
   (2016/C 136/19)
   Lengua de procedimiento: esloveno

      Órgano jurisdiccional remitente

   Okresný súd Dunajská Streda

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: ERGO Poisťovňa, a. s.

      Demandada: Alžbeta Barlíková

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse la expresión «el contrato entre el tercero y el empresario no será ejecutado», recogida en el artículo 11 de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, (1) relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (en lo sucesivo, «Directiva 86/653), en el sentido de que comprende:

                           a)

                           la total inejecución del contrato y, por tanto, el supuesto de que ni el empresario ni el tercero realicen siquiera de forma parcial las prestaciones estipuladas en el contrato, o

                           b)

                           también la inejecución parcial del contrato y, en consecuencia, por ejemplo, el supuesto de que no se alcance el volumen de negocio previsto o, en su caso, que el contrato no se mantenga en vigor durante el plazo estipulado?

               2)

               Si se considera correcta la interpretación formulada en la letra b) de la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 86/653 en el sentido de que no constituye una excepción en perjuicio del agente una cláusula del contrato de agencia comercial según la cual el agente esté obligado a reembolsar una parte proporcional de su comisión en el caso de que el contrato celebrado entre el empresario y el tercero no se ejecute en la medida prevista y, en particular, en la medida estipulada en el contrato de agencia comercial?

               3)

               En un supuesto como el que constituye el objeto del procedimiento principal, a fin de valorar si concurren «circunstancias atribuibles al empresario», en el sentido del artículo 11, apartado 1, segundo guion, de la Directiva 86/653, ¿deben examinarse:

                           a)

                           tan solo las circunstancias jurídicas que han conducido directamente a la extinción del contrato (por ejemplo, cuando la extinción se deba al incumplimiento por parte de un tercero de las obligaciones de él resultantes)

                           b)

                           o debe apreciarse también si tales circunstancias jurídicas no han sido consecuencia de la conducta del empresario en las relaciones jurídicas con dicho tercero, que haya dado lugar a una pérdida de la confianza del tercero en el empresario y, en consecuencia, le ha inducido a incumplir las obligaciones derivadas del contrato concluido con el empresario?

      (1)  DO L 382, p. 17.


title: Asunto T-746/15: Auto del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016 — Biofa/Comisión [«Recurso de anulación — Productos fitosanitarios — Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2069 — Aprobación de la sustancia básica hidrogenocarbonato de sodio — Falta de afectación directa — Inadmisibilidad»]

text:
               9.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/37

         Auto del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016 — Biofa/Comisión
   (Asunto T-746/15) (1)

   ([«Recurso de anulación - Productos fitosanitarios - Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2069 - Aprobación de la sustancia básica hidrogenocarbonato de sodio - Falta de afectación directa - Inadmisibilidad»])
   (2017/C 006/46)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Biofa AG (Münsingen, Alemania) (representantes: inicialmente, C. Stallberg y S Knoblich y, posteriormente, C. Stallberg, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Ondrůšek, G. von Rintelen y F. Moro, agentes)

      Objeto

   Demanda fundada en el artículo 263 TFUE, que insta la anulación del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2069 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la sustancia básica hidrogenocarbonato de sodio con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (DO 2015, L 301, p. 42).

      Fallo

               1)

               Declarar inadmisible el recurso.

               2)

               No ha lugar a resolver sobre la demanda de intervención del Reino de Dinamarca.

               3)

               Condenar en costas a Biofa AG, incluidas las del procedimiento de medidas provisionales.

               4)

               El Reino de Dinamarca cargará con sus propias costas correspondientes a la demanda de intervención.

      (1)  DO C 59 de 15.2.2016.


title: Asunto C-277/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Martin Luksan/Petrus van der Let (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines — Directivas 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE y 2006/116/CE — Reparto de los derechos de explotación de una obra cinematográfica por acuerdo contractual entre el director principal y el productor de la obra — Normativa nacional que atribuye esos derechos, exclusivamente y de pleno derecho, al productor de la película — Posibilidad de excluir la aplicación de dicha norma por acuerdo entre las partes — Derechos de remuneración consiguientes)

text:
               17.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Martin Luksan/Petrus van der Let
   (Asunto C-277/10) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Propiedad intelectual - Derechos de autor y derechos afines - Directivas 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE y 2006/116/CE - Reparto de los derechos de explotación de una obra cinematográfica por acuerdo contractual entre el director principal y el productor de la obra - Normativa nacional que atribuye esos derechos, exclusivamente y de pleno derecho, al productor de la película - Posibilidad de excluir la aplicación de dicha norma por acuerdo entre las partes - Derechos de remuneración consiguientes)
   2012/C 80/05
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Handelsgericht Wien

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Martin Luksan

      Demandada: Petrus van der Let

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Handelsgericht Wien — Interpretación del artículo 2, apartados 2, 5 y 6, así como del artículo 4, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61); de los artículos 1, apartado 5, y 2 de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión por satélite y de la distribución por cable (DO L 248, p. 15); de los artículos 2, 3 y 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10), así como del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 372, p. 12) — Reparto de los derechos de explotación de una obra cinematográfica por acuerdo contractual entre el autor y el productor de la obra — Normativa nacional que atribuye la totalidad de esos derechos al productor.

      Fallo

               1)

               Las disposiciones de los artículos 1 y 2 de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, por una parte, y de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en relación con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y con el artículo 2 de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, por otra parte, deben interpretarse en el sentido de que los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal. Por consiguiente, esas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que atribuya esos derechos de explotación, de pleno derecho y con carácter exclusivo, al productor de la referida obra.

               2)

               El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer a favor del productor de la obra cinematográfica una presunción de cesión de los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), siempre que dicha presunción no tenga una naturaleza absoluta que excluya la posibilidad de que el director principal de dicha obra pacte otra cosa.

               3)

               El Derecho de la Unión debe ser interpretado en el sentido de que, por su condición de autor de la obra cinematográfica, el director principal de ésta debe disfrutar de pleno derecho, directa y originariamente, del derecho a la compensación equitativa relativa a la excepción denominada de «copia privada» prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29.

               4)

               El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer una presunción de cesión a favor del productor de la obra cinematográfica del derecho a compensación equitativa que corresponde al director principal de esa obra, tanto si esa presunción es absoluta como si se permite excluirla.

      (1)  DO C 246, de 11.9.2010.


title: Asunto T-280/06: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/63

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión
   (Asunto T-280/06) (1)

   (2008/C 301/116)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 294 de 2.12.2006.


title: Asunto C-336/02: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Landgericht Düsseldorf, de fecha 17 de septiembre de 2002, en el asunto entre Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH y Brangewitz GmbH

text:
C 289/12                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    23.11.2002
      En consecuencia, en el presente asunto el Tribunal de              tiembre de 2002, en el asunto entre Saatgut-Treuhandverwal-
      Primera Instancia debía examinar si el signo compuesto             tungs GmbH y Brangewitz GmbH, y recibida en la Secretaría
      «SAT.2» permite delimitar en el tráfico económico las              del Tribunal de Justicia el 23 de septiembre de 2002. El
      prestaciones de servicios en cuestión de las prestaciones          Landgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia que
      de servicios que proceden de otras empresas. En cambio,            se pronuncie sobre las siguientes cuestiones relativas a la
      este Tribunal basó su apreciación según la cual el signo           interpretación del artículo 14, apartado 3, sexto guión, del
      controvertido correspondía al supuesto de hecho del                Reglamento (CE) no 2100/94 (1) del Consejo, de 27 de julio
      artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC en motivos               de 1994 (en lo sucesivo, «Reglamento de protección de las
      de denegación regulados en otras disposiciones. Dicho              obtenciones vegetales»), en relación con el artículo 9 del
      Tribunal interpreta el artículo 7, apartado 1, letra b),           Reglamento (CE) no 1768/95 ( 2) de la Comisión, de 24 de julio
      como una disposición residual para los casos en los                de 1995 (en lo sucesivo, «Reglamento relativo a la propaga-
      que las marcas cuyo registro se solicita tienen carácter           ción»):
      descriptivo pero no se encuentran comprendidas en los
      motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, letra c),        1)    Las disposiciones antes citadas, ¿deben interpretarse en el
      del RMC.                                                                 sentido de que el titular de una obtención vegetal
                                                                               protegida con arreglo al Reglamento de protección de las
      Además, el fraccionamiento de las partes integrantes de                  obtenciones vegetales puede exigir la información a que
      la marca «SAT.2» que realiza el Tribunal de Primera                      se alude en dichas disposiciones al prestador de servicios
      Instancia no corresponde a la forma de ver ni de actuar                  de tratamiento o al transformador con independencia de
      de los consumidores. En cierto modo, la marca debe tener                 si existen indicios de que el prestador de servicios de
      o no tener capacidad de distinción «a primera vista».                    tratamiento ha prestado efectivamente un servicio de
                                                                               tratamiento de la obtención vegetal protegida de que se
                                                                               trate o el transformador ha transformado efectivamente
—     Con carácter subsidiario, violación del principio de                     la obtención vegetal de que se trate?
      igualdad de trato. Es cierto que no se puede recurrir
      contra la aplicación incorrecta del Derecho en beneficio           2)    En el caso de que deba haber indicios de que concurre el
      de otra persona. Sin embargo, en el caso de autos la parte               supuesto de hecho mencionado en la primera cuestión:
      recurrente no invocó casos particulares en los que hubiese
      existido tal aplicación incorrecta, sino una práctica resolu-            ¿El prestador de servicios de tratamiento o el transforma-
      toria general de la OAMI, claramente reconocible, según                  dor deben facilitar información con arreglo al artículo 14,
      la cual en principio se admite el registro de las marcas                 apartado 3, sexto guión, del Reglamento de protección
      consistentes en combinaciones de números y de indica-                    de las obtenciones vegetales, en relación con el artículo 9
      ciones descriptivas o abreviaturas. En particular, la recu-              del Reglamento relativo a la propagación, sobre todos los
      rrente hace referencia a las marcas «T-SAT»                              agricultores a los que hayan prestado el servicio de
      (000 918 409), «One Tel» (001 096 312, 000 983 973,                      tratamiento de la obtención vegetal protegida de que se
      001 105 089), «MEDIA 4» (001 179 530), «CAR ONE»                         trate o para los que haya transformado la obtención
      (000 707 430), «D1» (000 920 157) y «B-MAIL»                             vegetal protegida de que se trate, o sólo sobre los
      (000 896 399).                                                           agricultores en relación con los cuales el titular de la
                                                                               obtención vegetal tenga indicios de que el prestador ha
                                                                               prestado servicios de tratamiento de la obtención vegetal
( 1) DO 2002, C 202, p. 23.                                                    protegida de que se trata o el transformador ha transfor-
( 2) DO 2001, C 4, p. 5.                                                       mado la obtención vegetal protegida de que se trate?
                                                                         (1 ) DO L 227, p. 1.
                                                                         (2 ) DO L 173, p. 14.
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Landgericht Düsseldorf, de fecha 17 de sep-                   Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2002 contra
tiembre de 2002, en el asunto entre Saatgut-Treuhandver-                 la República Francesa por la Comisión de las Comunidades
            waltungs GmbH y Brangewitz GmbH                                                          Europeas
                                                                                (Asunto C-340/02)
                        (Asunto C-336/02)
                                                                                (2002/C 289/21)
                         (2002/C 289/20)
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 24 de septiembre de 2002 un recurso contra
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                la República Francesa formulado por la Comisión de las
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante              Comunidades Europeas, representada por el Sr. M. Nolin, en
resolución del Landgericht Düsseldorf, dictada el 17 de sep-             calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 28 de septiembre de 2004, en el asunto T-216/03: Mario Paulo Tenreiro contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Movilidad — Denegación de promoción — Examen comparativo de los méritos)

text:
               4.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 300/40

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 28 de septiembre de 2004
   en el asunto T-216/03: Mario Paulo Tenreiro contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   (Funcionarios - Movilidad - Denegación de promoción - Examen comparativo de los méritos)
   (2004/C 300/78)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto T-216/03, Mario Paulo Tenreiro, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Kraainem (Bélgica), representado por el Sr. G. Vandersanden, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. A. Bordes y Sra. L. Lozano Palacios, que designa domicilio en Luxemburgo), que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de la Comisión, publicada el 14 de agosto de 2002, que establece la lista de funcionarios promovidos al grado A4 en el ejercicio de promoción de 2002, en la medida en que no contiene el nombre del demandado, el Tribunal de Primera Instancia (Juez único: Sr. J. Pirrung); Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 28 de septiembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 200 de 23.8.2003.


title: Asunto T-443/04: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/61

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2008 — Italia/Comisión
   (Asunto T-443/04) (1)

   (2008/C 301/103)

      Lengua de procedimiento: italiano

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 19 de 22.1.2005.


title: Asunto F-2/10 RENV: Auto del Tribunal de la Función Pública de 6 de diciembre de 2013 — Marcuccio/Comisión

text:
               8.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/30

         Auto del Tribunal de la Función Pública de 6 de diciembre de 2013 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto F-2/10 RENV)
   2014/C 39/56
   Lengua de procedimiento: italiano
   El Presidente de la Sala Primera ha resuelto archivar el asunto.


title: Asunto T-279/12: Sentencia del Tribunal General de 15 de enero de 2014 — SICOM/Comisión ( «Cláusula compromisoria — Ayuda alimentaria — Suministro de aceite de colza a Guinea — Incumplimiento de contrato — Prescripción» )

text:
               22.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/34

         Sentencia del Tribunal General de 15 de enero de 2014 — SICOM/Comisión
   (Asunto T-279/12) (1)

   (Cláusula compromisoria - Ayuda alimentaria - Suministro de aceite de colza a Guinea - Incumplimiento de contrato - Prescripción)
   2014/C 52/63
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: SICOM Srl — Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale (Cercola, Italia) (representante: R. Manzi, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: S. Bartelt y F. Moro, agentes)

      Objeto

   Recurso basado en una cláusula compromisoria dirigida a obtener la condena de la Comisión a pagar a la demandante una cantidad correspondiente a las cláusulas de penalización aplicadas por cantidades no entregadas y por demoras en la entrega, deducida por la Comisión del importe final abonado a la demandante por el suministro de aceite de colza refinado en beneficio de la República de Guinea, en el marco de una acción de ayuda alimentaria realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 664/2001 de la Comisión, de 2 de abril de 2001, relativo al suministro de aceite vegetal en concepto de ayuda alimentaria (DO L 93, p. 3).

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               Condenar en costas a SICOM Srl — Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale.

      (1)  DO C 243, de 11.8.2012.


title: Asunto T-25/11: Recurso interpuesto el 17 de enero de 2011 — Germans Boada/OAMI (Forma de una cortadora de cerámica)

text:
               12.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/23

         Recurso interpuesto el 17 de enero de 2011 — Germans Boada/OAMI (Forma de una cortadora de cerámica)
   (Asunto T-25/11)
   2011/C 80/45
   Lengua del procedimiento: español

      Partes

      Demandante: Germans Boada, SA (Rubí, España) (representante: J. Carbonell Callicó, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General:

               —

               La modificación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 28 de octubre de 2010, en el asunto R 771/2010-1, de acuerdo con el artículo 65.3 del RMC y por causa de la infracción del principio de igualdad y de los artículos 7.1 b y 7.3 del RMC, concediendo la marca tridimensional 7.317.911;

               —

               Subsidiariamente, y sólo para el caso de que la pretensión anterior sea rechazada, la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de 28 de octubre de 2010, en el asunto R 771/2010-1, por la infracción de los artículos 75 y 76 del RMC;

               —

               La imposición a la demandada de las costas del proceso, de conformidad con el artículo 87.2 del RMC.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca tridimensional en forma de una cortadora de cerámica, para productos de la clase 8.

      Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) dado que la marca solicitada habría un carácter distintivo y del artículo 7, apartado 3 del mismo Reglamento, dado que se habría demostrado la distintividad de la marca solicitada por el uso. Infracción del principio de igualdad y del artículo 14 de la Convención para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, dado que la Oficina habría debido tener en cuenta únicamente los hechos y las pruebas presentadas por las partes dentro de plazo. Infracción de los artículos 75 y 76 del Reglamento (CE) no 207/2009, dado que la Oficina no habría tenido en cuenta hechos y pruebas aportados en forma y plazo por la parte demandante.

      (1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).


title: Asunto C-130/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2012 — Comisión Europea/República Portuguesa

text:
               13.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/19

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2012 — Comisión Europea/República Portuguesa
   (Asunto C-130/12) (1)

   2013/C 108/46
   Lengua de procedimiento: portugués
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 133, de 5.5.2012.


title: Asunto C-276/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 18 de mayo de 2017 — Michael Siegberg/TUIfly GmbH

text:
               24.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 239/34

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 18 de mayo de 2017 — Michael Siegberg/TUIfly GmbH
   (Asunto C-276/17)
   (2017/C 239/42)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Amtsgericht Hannover

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Michael Siegberg

      Demandada: TUIfly GmbH

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

               4)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

      (1)  Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).


title: Asunto T-29/09: Auto del Tribunal General de 11 de noviembre de 2010 — Easycamp/OAMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/57

         Auto del Tribunal General de 11 de noviembre de 2010 — Easycamp/OAMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)
   (Asunto T-29/09) (1)

   ()
   2011/C 30/102
   Lengua de procedimiento: inglés
   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 69, de 21.3.2009.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 17 de marzo de 2005, en el asunto C-170/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contra J.H.M. Feron («Reglamento (CEE) n° 918/83 — Franquicias aduaneras — Conceptos de “bienes personales” y de “posesión” — Automóvil puesto a disposición de una persona por su empresario»)

text:
               28.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 132/7

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 17 de marzo de 2005
   en el asunto C-170/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contra J.H.M. Feron (1)

   («Reglamento (CEE) no 918/83 - Franquicias aduaneras - Conceptos de “bienes personales” y de “posesión” - Automóvil puesto a disposición de una persona por su empresario»)
   (2005/C 132/13)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-170/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 11 de abril de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de abril de 2003, en el procedimiento entre Staatssecretaris van Financiën y J.H.M. Feron, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr (Ponente) y K. Schiemann, Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 17 de marzo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   Un automóvil como el controvertido en el litigio principal se considera un bien personal, en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, que puede acogerse a una franquicia aduanera con arreglo a los artículos 2 y 3 de este Reglamento.

      (1)  DO C 146, de 21.6.2003.


title: Asunto T-522/11: Sentencia del Tribunal General de 18 de junio de 2013 — Otero González/OAMI — Apli-Agipa (APLI-AGIPA) [ «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa APLI-AGIPA — Marca nacional denominativa anterior AGIPA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Comparación de los productos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ]

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/73

         Sentencia del Tribunal General de 18 de junio de 2013 — Otero González/OAMI — Apli-Agipa (APLI-AGIPA)
   (Asunto T-522/11) (1)

   (Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa APLI-AGIPA - Marca nacional denominativa anterior AGIPA - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Comparación de los productos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009)
   2013/C 225/160
   Lengua de procedimiento: español

      Partes

      Demandante: José Luis Otero González (Barcelona) (representante: S. Correa, abogada)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: V. Melgar, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, parte coadyuvante ante el Tribunal: Apli-Agipa SAS (Dormans, Francia) (representante: E. Sugrañes Coca, abogada)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 13 de julio de 2011 (asunto R 1454/2010-2) relativa a un procedimiento de oposición sustanciado entre el Sr. José Luis Otero González y Apli-Agipa SAS.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 13 de julio de 2011 (asunto R 1454/2010-2) relativa a un procedimiento de oposición sustanciado entre el Sr. José Luis Otero González y Apli-Agipa SAS, en la medida en que dicha resolución estima el recurso de Apli-Agipa y le concede el registro de la marca comunitaria denominativa AGIPA para «fotografías, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; pinceles; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés», incluidos en la clase 16 a los efectos de lo dispuesto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

               2)

               Desestimar el recurso en todo lo demás.

               3)

               Condenar a la OAMI a cargar con sus propias costas y con las del Sr. Otero González.

               4)

               Apli-Agipa cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 13, de 14.1.2012.


               24.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 58/12

         Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2010 por el Principado de Liechtenstein contra el Órgano de Vigilancia de la AELC
   (Asunto E-17/10)
   2011/C 58/06
   El 22 de diciembre de 2010, el Principado de Liechtenstein, representado por el Dr. Andrea Entner-Koch, Agente del Principado de Liechtenstein, Unidad de Coordinación del EEE, Austrasse 79/Europark, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, interpuso ante el Tribunal de la AELC un recurso contra el Órgano de Vigilancia de la AELC.
   El Principado de Liechtenstein solicita al Tribunal de la AELC que:

               1)

               Anule la Decisión no 416/10/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 3 de noviembre de 2010, sobre la fiscalidad de las empresas de inversión en virtud de la Ley Fiscal de Liechtenstein;

               2)

               Alternativamente, declare nulos los artículos 3 y 4 de la Decisión no 416/10/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 3 de noviembre de 2010, en la medida en que exigen la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1 de dicha Decisión;
               y

               3)

               Condene al Órgano de Vigilancia de la AELC al pago de las costas.

      Antecedentes de hecho y de Derecho y motivos invocados:

               —

               La Decisión no 416/10/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 3 de noviembre de 2010, declaraba que las exenciones fiscales aplicables a las empresas de inversión, que quedaron derogadas con efectos desde el 30 de junio de 2006, eran incompatibles con el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

               —

               Además, el Órgano de Vigilancia de la AELC determinó que la presunta ayuda constituía una ayuda ilegal que debía reclamarse a las empresas de inversión que la recibieron entre el 15 de marzo de 1997 y la fecha en que los beneficiarios se acogieron por última vez a las exenciones tras su derogación en 2006.

               —

               El Órgano de Vigilancia de la AELC sostuvo que la recuperación debía efectuarse sin mayor dilación y, en cualquier caso, no más tarde del 3 de marzo de 2011, conforme a los procedimientos previstos en la legislación nacional, siempre que estos permitieran la ejecución inmediata y efectiva de la Decisión.

               —

               La parte demandante arguye que las normas fiscales impugnadas no constituyen ayuda de Estado a tenor del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

               —

               La parte demandante alega que el Órgano de Vigilancia de la AELC:

                           —

                           erró al aplicar el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE a la fiscalidad de las empresas de inversión con arreglo a la Ley Fiscal de Liechtenstein y al exigir a las empresas de inversión la devolución de la presunta ayuda ilegal a partir del 15 de marzo de 1997;

                           —

                           quebrantó los principios generales del Derecho del EEE al exigir la recuperación de la ayuda presuntamente ilegal;

                           —

                           no motivó adecuadamente la Decisión que se impugna, según exige el artículo 16 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.


title: Asunto T-126/11 P: Auto del Tribunal General de 8 de marzo de 2012 — Marcuccio/Comisión ( «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Seguridad social — Reembolso de los gastos médicos — Acto lesivo — Denegación presunta — Obligación de motivación — Recurso de casación en parte manifiestamente infundado y en parte manifiestamente inadmisible» )

text:
               28.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 126/17

         Auto del Tribunal General de 8 de marzo de 2012 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto T-126/11 P) (1)

   (Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Seguridad social - Reembolso de los gastos médicos - Acto lesivo - Denegación presunta - Obligación de motivación - Recurso de casación en parte manifiestamente infundado y en parte manifiestamente inadmisible)
   2012/C 126/35
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipresa, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: J. Curall y C. Berardis-Kaiser, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)

      Objeto

   Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Juez único) de 14 de diciembre de 2010, Marcuccio/Comisión (F-1/10, aún no publicada en la Recopilación), cuyo objeto consiste en la anulación parcial de dicha sentencia.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso de casación, en parte por ser manifiestamente inadmisible y, en parte, por carecer manifiestamente de todo fundamento jurídico.

               2)

               Desestimar la adhesión al recurso de casación, en parte por ser manifiestamente inadmisible y, en parte, por carecer manifiestamente de todo fundamento jurídico.

               3)

               Condenar al Sr. Luigi Marcuccio a cargar, además de con sus propias costas, con las causadas por la Comisión Europea en el marco del recurso de casación.

               4)

               Cada parte cargará con las costas causadas a su respectiva instancia en el marco de la adhesión al recurso de casación.

      (1)  DO C 120, de 16.4.2011.


title: Recurso interpuesto el 13 de julio de 1998 por Fratelli Murri SpA contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-106/98)

text:
C 312/14             ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   10.10.98
cantidades de plaÂtanos comercializadas durante todo el          Abogado de Plauen (RepuÂblica Federal de Alemania), que
período de referencia (de 1989 a 1991), sino uÂnicamente         designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Abo-
las comercializadas durante el período comprendido entre         gados Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt.
el 3 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1991.
                                                                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
Las demandantes alegan que la organización de mercados           tancia que:
ha supuesto una reducción de las cantidades que les debe-
rían haber correspondido, ya que no contiene ninguna nor-
mativa transitoria que permita a los operadores de países        Ð condene a la parte demandada a pagar a la parte
terceros adaptar sus planes comerciales paulatinamente a             demandante la cantidad de 7 923 791,00 dólares esta-
la organización de mercados ni amortizar las inversiones             dounidenses, maÂs intereses del 10 % calculados a par-
efectuadas con motivo de la entrada en vigor de la organi-           tir del 25 de septiembre de 1991;
zación de mercados. Las demandantes sólo pudieron apro-
vechar el período de referencia inicial de 1989 a 1991 de        Ð condene en costas a la parte demandada.
forma reducida a efectos de la referencia cuantitativa.
AdemaÂs, recibieron menos certificados de importación de
                                                                 Motivos y principales alegaciones aducidos
los que les hubieran correspondido si hubieran dispuesto
de un período de refernecia de tres anÄos como todos los
demaÂs operadores de países terceros.                            La demandante es una sociedad anónima italiana pertene-
                                                                 ciente al sector inmobiliario y de la construcción que, en
Las demandantes reprochan la violación de los derechos           virtud de un contrato celebrado con la demandada, parti-
de defensa, ya que la Comisión se negó a escuchar a los          cipó en el proyecto de ayuda al desarrollo «Baardaheere
operadores de terceros países a menos que se pronunciaran        Agricultural Experimental Station», llevado a cabo en
«con una sola voz» junto con los operadores comunitarios         Somalia conforme al III Convenio ACP-CEE de LomeÂ, y
y de los países ACP. TambieÂn alegan la violación de la          en la ejecución de un proyecto realizado en Somalia en el
prohibición de no discriminación del apartado 3 del              marco del Sexto Fondo Europeo de Desarrollo.
artículo 40 del Tratado CE así como el quebrantamiento
del principio de protección de la confianza legítima res-        La demandante exige la responsabilidad por danÄos y per-
pecto de los operadores de países terceros en general (que       juicios de la demandada, como administradora de dicho
no tuvieron posibilidad alguna de adaptarse paulatina-           Fondo de Desarrollo y como empleador responsable del
mente a la draÂstica reducción de cantidades derivada de         acto ilegal cometido por un subordinado, en este caso, su
los Reglamentos). AdemaÂs afirman que, con la aplicación         Delegado en Somalia: A pesar de los disturbios cercanos a
de la organización comuÂn de mercados a las demandantes          la guerra civil registrados en los anÄos 1990 y 1991, dicho
se ha atentado contra su derecho al libre ejercicio de acti-     Delegado de la demandada exhortó a la demandante a
vidades económicas. Por uÂltimo, alegan la infracción de la      cumplir el contrato celebrado con eÂsta, a pesar de que la
decisión del Órgano de solución de diferencias de la Orga-       demandante le había expresado sus considerables temores
nización Mundial del Comercio seguÂn la cual disposiciones       respecto a prolongar su estancia en el país. AdemaÂs, el
esenciales de la organización comuÂn de mercados, en espe-       Delegado de la demandada incluso la exhortó a que, una
cial su estima de certificados, son incompatibles con el         vez cumplido el contrato, mantuviera y supervisara sus
Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio             instalaciones al menos dos meses maÂs. Ya en 1991 la
(GATT) y con el Acuerdo general sobre el comercio de ser-        demandante exigió por escrito a la demandada que la
vicios (GATS). Por tanto, la Comunidad, mediante la              indemnizara por danÄos y perjuicios, porque debido a las
indemnización del perjuicio, debe colocar a las demandan-        acciones de la guerrilla (destrucción y pillaje de material y
tes en la misma situación en la que estarían si nunca            maquinaria, demolición y saqueo de la oficina principal y
hubiera entrado en vigor la organización comuÂn de merca-        de los talleres) y a los consiguientes gastos (gastos de eva-
dos contraria a las normas de la Organización Mundial            cuación, pretensiones indemnizatorias de los colaboradores
del Comercio.                                                    extranjeros, etc.), la demandante sufrió un perjuicio total
                                                                 por importe de 7 923 791 dólares estadounidenses.
                                                                 La actuación ilegal imputable a la demandada consistió,
                                                                 seguÂn la demandante, en el hecho de que su Delegado, a
Recurso interpuesto el 13 de julio de 1998 por Fratelli          pesar del previsible desmoronamiento de las estructuras
Murri SpA contra la Comisión de las Comunidades                  estatales de Somalia, ordenara repetidamente el cumpli-
                         Europeas                                miento del contrato y el mantenimiento y supervisión del
                                                                 proyecto. A sabiendas de esta situación, aunque posible-
                     (Asunto T-106/98)                           mente debido a una estimación errónea de su evolución, el
                       (98/C 312/37)                             Delegado no autorizó que las obras finalizaran anticipada-
                                                                 mente y que la maquinaria y las instalaciones fueran saca-
            (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                   das del país a tiempo. De este modo, se violó el principio
                                                                 de proporcionalidad. Si hubiera ponderado los intereses
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades           contrapuestos de forma correcta y ajustada a Derecho Ð
Europeas se ha presentado el 13 de julio de 1998 un              especialmente teniendo en cuenta que la demandante le
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas           advirtió en repetidas ocasiones de lo peligroso de la situa-
formulado por Fratelli Murri SpA, con domicilio social en        ciónÐ, el Delegado de la Comisión debería haberse perca-
Roma, representada por el Sr. Karl-Gustav von Luschka,           tado de que la permanencia del Proyecto de Ayuda al
 ---pagebreak--- 10.10.98              ES                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 312/15
Desarrollo no estaba garantizada, por lo que debía aban-         Funcionarios regulador del procedimiento disciplinario. El
donarse. Es maÂs, mediante las órdenes dictadas por el           hecho de imponer una sanción disciplinaria tres anÄos y
Delegado, se forzó el cumplimiento de un contrato que            medio despueÂs de iniciarse el procedimiento disciplinario
claramente había quedado obsoleto en cuanto a la posibili-       supera manifiestamente todo plazo razonable. Conside-
dad de alcanzar el objetivo perseguido Ðla ayuda al desa-        rando que se ha superado dicho plazo, ya no puede impo-
rrollo de SomaliaÐ. Por el contrario, podría haberse apo-        nerse ninguna sanción disciplinaria, debiendo darse por
yado económicamente a la demandante mediante una reti-           terminado el procedimiento disciplinario.
rada inmediata de Somalia.
                                                                 Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 por Mannes-
Recurso interpuesto el 20 de julio de 1998 por AndreÂ van        mannröhren-Werke AG contra la Comisión de las Comu-
 Meuter contra la Comisión de las Comunidades Europeas                                  nidades Europeas
                      (Asunto T-109/98)                                                (Asunto T-112/98)
                        (98/C 312/38)                                                     (98/C 312/39)
             (Lengua de procedimiento: franceÂs)                              (Lengua de procedimiento: alemaÂn)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 20 de julio de 1998 un              Europeas se ha presentado el 23 de julio de 1998 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas           recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por el Sr. AndreÂ van Meuter, con domicilio en         formulado por Mannesmannröhren-Werke AG, con domi-
Bruselas, representado por los Sres. Olivier Eben y Jean-        cilio social en Mülheim a.d.R. (RepuÂblica Federal de Ale-
Marc Bievez, Abogados de Bruselas, que designan como             mania), representada por el bufete de Abogados Bruckhaus
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Jean Tonnar,         Westrich Heller Löber, de Düsseldorf (RepuÂblica Federal
29, rue du FosseÂ, Esch-sur-Alzette.                             de Alemania), que designa como domicilio en Luxemburgo
                                                                 el despacho de Abogados Bonn & Schmitt, 7, Val Ste
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
                                                                 Croix.
tancia que:
                                                                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
Ð anule la sanción disciplinaria de descenso del
                                                                 tancia que:
    grado D1, escalón 8 al grado D2, escalón 8 que le
    impuso la AFPN el 10 de octubre 1997 y le restablezca        Ð anule la Decisión controvertida en su totalidad;
    en su grado anterior;
                                                                 Ð con caraÂcter secundario, anule el artículo 2 de la Deci-
Ð ordene que termine el procedimiento disciplinario                   sión;
    incoado contra el demandante;                                Ð condene en costas a la demandada.
Ð resuelva que no se imponga al demandante ninguna               Motivos y principales alegaciones aducidos
    otra sanción disciplinaria;
                                                                 La Comisión dirigió la Decisión controvertida a la deman-
Ð condene a la Comisión al pago de todas las costas.             dante en el curso de una investigación sobre una supuesta
Motivos y principales alegaciones aducidos                       infracción del artículo 85 del Tratado CE por parte de los
                                                                 productores de tubos de acero. Con arreglo a dicha Deci-
Mediante la decisión impugnada, la AFPN decidió impo-
                                                                 sión, la demandante, por una parte, debía aportar la infor-
ner al demandante la sanción de descenso del grado D1
                                                                 mación solicitada en el anexo de la Decisión en el plazo
escalón 8 al grado D2 escalón 8 con efectos de 1 de
                                                                 de treinta días, y, por otra parte, de no aportarse dicha
noviembre de 1997 por cuanto el demandante había
                                                                 información, debía pagar una multa de 1 000 ecus por día
incumplido su obligación de someterse a la revisión
                                                                 de retraso.
meÂdica a la que se había comprometido y no había supe-
rado la prueba de confianza a la que le había sometido la        La demandante alega que la demandada, con anterioridad
AFPN.                                                            a la adopción de la Decisión impugnada, no había respe-
                                                                 tado suficientemente el derecho de la demandante a ser
El demandante considera que es imposible imponerle la
                                                                 oída. A consecuencia de ello, no ha existido un procedi-
sanción de descenso de grado. No obstante las excelentes
                                                                 miento previo correcto, por lo que se ha infringido el
calificaciones y el hecho de haber aprobado una oposición,
                                                                 apartado 5 del artículo 11 en relación con el apartado 2
nunca fue promovido. El descenso de grado supone una
                                                                 del artículo 16 del Reglamento no 17. AdemaÂs considera
doble sanción impuesta al demandante por unos mismos
                                                                 que la demandada no ha puesto a disposición de la
hechos, ya que la primera sanción es el no haber sido pro-
                                                                 demandante en la debida forma los documentos que la
movido.
                                                                 demandada utilizó para adoptar la Decisión que tanto per-
AdemaÂs, el hecho de imponer una sanción disciplinaria sin       judica a la demandante y sobre los que apoya dicha Deci-
que el demandante disponga de su expediente meÂdico viola        sión. De este modo ha actuado contra los principios elabo-
los derechos de defensa. Por el contrario, el conocimiento       rados por la jurisprudencia en los asuntos Solvay (1) e
por pate de la AFPN de datos relativos al estado de salud        ICI (2). TambieÂn se reprocha una infracción del artículo 190
del demandante incumple el secreto meÂdico que es abso-          del Tratado CE consistente una motivación insuficiente de
luto y de orden puÂblico.                                        la Decisión en relación con el criterio de «necesidad».
Finalmente, la AFPN ha incumplido los plazos imperativos         AdemaÂs, la demandante afirma que, seguÂn la denominada
previstos en el artículo 7 del anexo IX del Estatuto de los      jurisprudencia «Orkem» (3) no tenía obligación alguna de


title: Asunto C-383/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen Sad Varna (Bulgaria) el 18 de julio de 2011 — OOD Digitalnet/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad

text:
               8.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 298/13

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen Sad Varna (Bulgaria) el 18 de julio de 2011 — OOD Digitalnet/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad
   (Asunto C-383/11)
   2011/C 298/25
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen Sad Varna

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: OOD Digitalnet

      Demandada: Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Cómo deben interpretarse los términos «módem» y «acceder a Internet» con arreglo a la subpartida 8528 71 13 de la Nomenclatura Combinada 2009 [Reglamento (CE) no 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, (1) D.O.U.E. L 291, p. 1] y a sus notas explicativas?

               2)

               ¿Cuál es la función determinante (función principal) para acceder a Internet del aparato denominado «adaptador multimedia», de acuerdo con la cual procede su clasificación en el arancel, la recepción de señales de televisión o la utilización de un módem que permite el intercambio de información interactivo?

               3)

               En caso de que la función determinante (función principal) del adaptador multimedia sea la utilización de un módem que permite el intercambio de información interactivo para acceder a Internet, ¿es el tipo de modulación que ejecuta el módem, o el tipo de módem empleado relevante para la clasificación arancelaria, o es suficiente que se produzca el acceso a Internet a través del módem?

               4)

               ¿Es admisible que las autoridades aduaneras modifiquen la clasificación arancelaria de un determinado producto sin realizar una inspección física del producto importado, y que el informe pericial se redacte basándose exclusivamente en pruebas documentales, concretamente en el manual de usuario, en las características técnicas y en la inspección de un aparato del mismo fabricante con el mismo número procedente de otra importación?

               5)

               ¿En qué código de la Nomenclatura Combinada 2009 [Reglamento (CE) no 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, D.O.U.E. L 291, p. 1) debe clasificarse el producto de que se trata en el procedimiento (adaptador multimedia), a la vista de las características técnicas de que se ha dejado constancia en el litigio principal?

      (1)  DO L 291, p. 1.


title: Asunto T-8/13: Recurso interpuesto el 4 de enero de 2013 — ClientEarth y otros/Comisión

text:
               9.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 71/25

         Recurso interpuesto el 4 de enero de 2013 — ClientEarth y otros/Comisión
   (Asunto T-8/13)
   2013/C 71/39
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: ClientEarth (Londres, Reino Unido), Générations futures (Ons-en-Bray, Francia) y Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruselas, Bélgica) (representante: A. van den Biesen, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión impugnada de la Comisión de la Unión Europea de 26 de octubre de 2012 [Ares(2012) 1271350].

               —

               Condene a la Comisión a pagar a las demandantes la cuantía que el Tribunal General determine en concepto de indemnización de los perjuicios materiales y morales soportados.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   Las demandantes deseaban hacer uso de los derechos que les confiere el Reglamento de Aarhus [Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006]. (1) Con arreglo a dicho Reglamento, presentaron una solicitud de revisión interna del Reglamento de Ejecución (UE) no 582/2012 de la Comisión, de 2 de julio de 2012, (2) por el que se autoriza la sustancia activa «bifentrina», con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009. (3) En su solicitud, las demandantes se remitieron a la jurisprudencia del Tribunal General mediante la que se resolvió una cuestión importante relativa al Reglamento (sentencias del Tribunal General de 14 de junio de 2012, T-338/08 y T-396/09). Sin embargo, en virtud de la Decisión de 26 de octubre de 2012 impugnada en el presente asunto, la Comisión decidió declarar la inadmisibilidad de la solicitud de revisión interna, a pesar del hecho de que las decisiones anteriores de la Comisión que dieron lugar a las dos sentencias de 14 de junio de 2012 –decisiones que eran muy similares a la adoptada en el presente asunto– fueron anuladas por el Tribunal General ante la declaración del Tribunal de Justicia de que el Reglamento de Aarhus era parcialmente ilegal porque infringía los términos del Convenio de Aarhus. (4) La Unión Europea es parte en dicho Convenio, al igual que todos los Estados miembros de la UE.
   En apoyo de su recurso, las demandantes invocan dos motivos.
   En primer lugar, las demandantes alegan que la Comisión no se atuvo a las sentencias del Tribunal General de 14 de junio de 2012 en los asuntos T-338/08, Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe/Comisión, y T-396/09, Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisión, T-396/09.
   En segundo lugar, las demandantes sostienen que la restricción del Reglamento de Aarhus a los «actos administrativos de alcance individual» supone un incumplimiento de la obligación de la Unión Europea que se desprende del Convenio de Aarhus, en la medida en que el artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006 limita el concepto de «actos», en el sentido del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, a los «acto[s] administrativo[s]» definidos en el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006 como «medida[s] de alcance individual».

      (1)  Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

      (2)  Reglamento de Ejecución (UE) no 582/2012 de la Comisión, de 2 de julio de 2012, por el que se autoriza la sustancia activa bifentrina, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión. Texto pertinente a efectos del EEE.

      (3)  Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo.

      (4)  Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente — Declaraciones (DO L 124, p. 4).


title: Asunto C-406/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido) — SAS Institute Inc./World Programming Ltd (Propiedad intelectual — Directiva 91/250/CEE — Protección jurídica de los programas de ordenador — Artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3 — Alcance de la protección — Creación directa o por otro proceso — Programa de ordenador protegido por los derechos de autor — Reproducción de las funciones por un segundo programa sin acceso al código fuente del primero — Descompilación del código objeto del primer programa de ordenador — Directiva 2001/29/CE — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Artículo 2, letra a) — Manual de utilización de un programa de ordenador — Reproducción en otro programa de ordenador — Violación de los derechos de autor — Requisito — Expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización)

text:
               16.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 174/5

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido) — SAS Institute Inc./World Programming Ltd
   (Asunto C-406/10) (1)

   (Propiedad intelectual - Directiva 91/250/CEE - Protección jurídica de los programas de ordenador - Artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3 - Alcance de la protección - Creación directa o por otro proceso - Programa de ordenador protegido por los derechos de autor - Reproducción de las funciones por un segundo programa sin acceso al código fuente del primero - Descompilación del código objeto del primer programa de ordenador - Directiva 2001/29/CE - Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información - Artículo 2, letra a) - Manual de utilización de un programa de ordenador - Reproducción en otro programa de ordenador - Violación de los derechos de autor - Requisito - Expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización)
   2012/C 174/05
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   High Court of Justice (Chancery Division)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: SAS Institute Inc.

      Demandada: World Programming Ltd

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretación de los artículos 2, apartado 1, y 5, apartado 3, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122, p. 42) — Alcance de la protección — Creación directa o mediante otro proceso como la descompilación del código objeto de un programa de ordenador que reproduce las funciones de otro programa de ordenador ya protegido por los derechos de autor, sin acceder al código fuente de este último.

      Fallo

               1)

               El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, debe interpretarse en el sentido de que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esa Directiva.

               2)

               El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que quien haya obtenido una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular de los derechos de autor, observar, estudiar y verificar el funcionamiento de ese programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquiera de sus elementos, cuando realice operaciones cubiertas por esa licencia así como los actos de carga y desarrollo necesarios para la utilización del programa de ordenador, siempre y cuando no infrinja los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre ese programa.

               3)

               El artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede constituir una infracción de los derechos de autor sobre ese último manual si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador protegido por los derechos de autor, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

      (1)  DO C 346, de 18.12.2010.


title: Sentencia del Tribunal, de 29 de julio de 2016, en el asunto E-30/15 — Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia (Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones — No incorporación al ordenamiento jurídico nacional — Directiva 2011/62/UE, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano)

text:
               6.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 108/13

         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 29 de julio de 2016
   en el asunto E-30/15
   Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia
   (Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones — No incorporación al ordenamiento jurídico nacional — Directiva 2011/62/UE, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano)
   (2017/C 108/11)
   En el asunto E-30/15, Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia — SOLICITUD de declaración de que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en el punto 15q del capítulo XIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para aplicar el acto en el plazo prescrito o, en cualquier caso, al no haber informado de ello al Órgano de Vigilancia de la AELC, el Tribunal de la AELC, integrado por Carl Baudenbacher, Presidente, Per Christiansen (Juez Ponente) y Páll Hreinsson, Jueces, dictó sentencia el 29 de julio de 2016, cuyo fallo es el siguiente:
   El Tribunal:

               1.

               Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en el punto 15q del capítulo XIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para aplicar el acto en el plazo prescrito.

               2.

               Condena en costas a Islandia.


title: Asunto T-499/10: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — MOL/Comisión

text:
               18.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 346/52

         Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — MOL/Comisión
   (Asunto T-499/10)
   ()
   2010/C 346/102
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest) (representantes: N. Niejahr, abogada; F. Carlin, Barrister, y C. van der Meer, abogado)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión impugnada.

               —

               Subsidiariamente, que se anule la decisión impugnada en la medida en que ordena que se obtenga de la demandante la recuperación de cantidades.

               —

               Que se condene a la demandada a cargar con sus propias costas y con las incurridas por la demandante en relación con el presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante su recurso, la demandante solicita la anulación de la Decisión C(2010) 3553 final de la Comisión, de 9 de junio de 2010, por la que se declara incompatible con el mercado común la ayuda concedida por las autoridades húngaras a favor de Hungarian Oil & Gas Plc («MOL») mediante un acuerdo entre MOL y el Estado húngaro que permite a la compañía la actual exención del incremento de la tasa minera con arreglo a una modificación de la Ley de minería húngara efectuada en enero de 2008 [ayuda estatal C 1/09 (ex NN 69/08)]. En la decisión impugnada, se identifica a la demandante como beneficiaria de la supuesta ayuda estatal y la decisión ordena a Hungría a obtener de la demandante la recuperación de la ayuda, incluidos los correspondientes intereses.
   La demandante basa su recurso en tres motivos.
   En primer lugar, alega que la demandada cometió un error de Derecho al considerar que la prórroga en 2005 de los derechos mineros de la demandante, habida cuenta de la posterior modificación en 2008 de la Ley de minería, constituye una ayuda estatal ilegal e incompatible y al ordenar que se obtenga de la demandante la recuperación de esa supuesta ayuda estatal, incluidos los correspondientes intereses. Concretamente, la demandante afirma que la demandada infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, al considerar:

               —

               Que el acuerdo de prórroga de 2005 y la modificación de 2008 de la Ley de minería constituyen conjuntamente una ayuda estatal en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 1.

               —

               Que la supuesta ayuda estatal está basada selectivamente en la errónea conclusión de que el sistema de referencia adecuado es el régimen de autorización, en lugar de la Ley de minería.

               —

               Que la supuesta ayuda estatal otorgó una ventaja a la demandante, a pesar de que ésta pagó tasas y tarifas mineras más elevadas que las que le hubiesen correspondido sin la supuesta ayuda o con arreglo a la modificación de 2008 de la Ley de minería y que, en todo caso, Hungría actuó como un operador del mercado y el acuerdo de prórroga se justificaba por consideraciones económicas.

               —

               Que la supuesta ayuda distorsionó la competencia, aun cuando otros participantes en el mercado no pagaron tasas más elevadas con arreglo a la Ley de minería modificada.

         En segundo lugar, con carácter subsidiario, la demandante alega que la demandada infringió el artículo 108 TFUE, apartado 1, al no evaluar el acuerdo de prórroga (que no constituía una ayuda estatal desde su celebración en 2005 hasta la modificación de 2008 de la Ley de minería y sólo se convirtió en ayuda estatal cuando entró en vigor la modificación de 2008 de la Ley de minería) según la normativa aplicable a las ayudas existentes.
   En tercer lugar, con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal considere que la medida constituye una nueva ayuda, la demandante alega que la demandada infringió el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo al ordenar su recuperación, dado que la recuperación de cantidades a cargo de la demandante vulnera las legítimas expectativas de ésta relativas a la estabilidad del acuerdo de prórroga y el principio de seguridad jurídica.