title: Asunto C-193/02: Recurso interpuesto el 27 de mayo de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de los Países Bajos

text:
C 191/16               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       10.8.2002
Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2002                   Recurso interpuesto el 27 de mayo de 2002 contra la
contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2002 por la                 Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia                                            los Paı́ses Bajos
de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados
T-92/00 y T-103/00 (aún no publicada en el Repertorio de
Jurisprudencia) entre Territorio Histórico de Álava —                                         (Asunto C-193/02)
Diputación Foral de Álava y otros y Comisión de las
                    Comunidades Europeas
                                                                                (2002/C 191/28)
                      (Asunto C-188/02 P)
                         (2002/C 191/27)                                 En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 27 de mayo de 2002 un recurso contra la
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
                                                                         Reino de los Paı́ses Bajos, representado por el Sr. H.G.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             Sevenster, en calidad de agente.
presentado el 21 de mayo de 2002 un Recurso de casación
interpuesto por el Territorio Histórico de Alava — Diputación
Foral de Alava, representado por el Sr. Antonio Creus Carreras           La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
y la Sra. Begoña Uriarte Valiente, Abogados, calle Velázquez
no 63, Madrid, contra la sentencia dictada el 6 de marzo de
2002 por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera                1)   Anule la Decisión de la Comisión, de 12 de marzo
Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumu-                   de 2002, C (2002) 970, por la que se reduce, en un
lados T-92/00 y T-103/00 entre Territorio Histórico de Álava                31,3 %, es decir, en 147 459 365 EUR, la ayuda concedida
— Diputación Foral de Álava y otros y Comisión de las                      por el Fondo Social Europeo sobre la base de las
Comunidades Europeas,                                                         Decisiones de la Comisión por las que se aprueban
                                                                              determinados documentos de programación para las
                                                                              intervenciones estructurales comunitarias correspondien-
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     tes a los objetivos 1, 2, 3 y 5 b en los Paı́ses Bajos.
1.   declare admitido a trámite el presente recurso y, en               2)   Condene en costas a la Comisión.
     consecuencia:
2.   case la sentencia del TPI de 6 de marzo de 2002,
                                                                         Motivos y principales alegaciones
3.   juezgue él mismo el litigio en virtud de lo alegado por
     esta parte en su recurso inicial y, en particular, anule la
     Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 1999, en            —    Falta de competencia de la Comisión: La Comisión basa
     la medida en que el crédito fiscal del 45 % de la inversión             la sanción económica en un (presunto) incumplimiento
     y la reducción de la base imponible para empresas de                    de la obligación de los Paı́ses Bajos, derivada del ar-
     nueva creación previstos en las Normas Forales de Alava                 tı́culo 23 del Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo (1)
     no constituyen ayudas de estado en el sentido del                        («Reglamento de coordinación»), de establecer un sistema
     artı́culo 87 CE o, en caso de serlo, constituyen ayudas                  adecuado de control y gestión para la ejecución eficaz
     existentes, en aplicación del artı́culo 88 CE y del artı́culo 1         de los programas. El artı́culo 24 del Reglamento de
     del Reglamento de procedimiento de ayudas de estado,                     coordinación, en el que se basa la sanción económica
                                                                              objeto de litigio, no establece, sin embargo, tal obligación,
                                                                              sino que sólo autoriza a la Comisión a reducir o suspender
4.   subsidiariamente, en caso de que no considere pertinente
                                                                              la ayuda para la acción o medida de que se trate, si en «la
     juzgar él mismo el litigio, lo reenvı́e al TPI,
                                                                              realización de una acción o medida» se detecta una
                                                                              irregularidad. Sólo puede aplicarse una corrección finan-
5.   condene a la Comisión al pago de las costas en que se                   ciera, como la contemplada en dicho artı́culo, en caso de
     haya incurrido en ambas instancias.                                      irregularidades que tengan relación con la propia ejecu-
                                                                              ción o con «[la naturaleza o] las condiciones de ejecución»
                                                                              de (alguna) acción o (alguna) medida. La corrección
                                                                              financiera sólo puede referirse a las cantidades respecto a
Motivos y principales alegaciones                                             las cuales se haya comprobado que se han concedido
                                                                              indebidamente y respecto a las cuales, por tanto, deba
                                                                              constatarse una irregularidad individual. Una corrección
Son análogos a los del asunto C-187/02 P.                                    financiera no puede basarse en posibles deficiencias o
                                                                              lagunas generales en el sistema de control y gestión que
                                                                              acompaña la ejecución de una o (como en el presente
                                                                              caso) varias acciones o medidas. Incluso si el sistema de
 ---pagebreak--- 10.8.2002              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 191/17
     control y gestión adolece de alguna deficiencia, esto no                claramente inequı́voco, el comienzo del plazo de conser-
     implica automáticamente que dicha deficiencia afecte a la               vación con el pago por parte de la Comisión del saldo
     «naturaleza» o a las «condiciones de ejecución» de la                   relativo a una intervención confirma, en opinión del
     acción o medida. Sólo mediante el artı́culo 39 del                     Gobierno neerlandés, que, en el perı́odo de programación
     Reglamento no 1260/1999 (2) del Consejo se atribuyó a                   anterior, el plazo de conservación también estaba vincu-
     la Comisión la facultad de aplicar correcciones financieras             lado al último pago por parte del Estado miembro
     teniendo en cuenta «la amplitud y las consecuencias                      respecto al proyecto individual.
     [financieras] de las deficiencias de los sistemas de gestión
     o de control de los Estados miembros».
                                                                              No obstante, si debe admitirse que, en el momento de la
                                                                              inspección de DAD, aún no habı́a expirado el plazo de
                                                                              conservación, la infracción del artı́culo 23, apartado 3, del
                                                                              Reglamento de coordinación no justifica una reducción
                                                                              completa de la ayuda.
—    Infracción del artı́culo 24, apartado 2, del Reglamento de
     coordinación: En la medida en que la Comisión también                  Con los datos facilitados por el Gobierno neerlandés en
     esté facultada para aplicar una corrección financiera en                el marco del procedimiento del artı́culo 24, considerados
     caso de deficiencias en el sistema de control y gestión, y              por separado, pero también en su conjunto, se ha
     dado que la Comisión ha interpretado el artı́culo 24 del                demostrado completamente y en detalle que la reducción
     Reglamento de coordinación al establecer sus Directrices                aplicada por la Comisión del 23,7 % es incorrecta. Los
     internas, de 15 de octubre de 1997, está obligada, por                  documentos reunidos por el auditor externo en el ejercicio
     razones de previsibilidad y seguridad jurı́dica, a aplicar               de su actividad de control, incluidas las fotocopias de
     dichas Directrices, que han sido comunicadas a los                       documentos originales realizadas por él, tienen el mismo
     Estados miembros, relativas a la conducta que debe                       valor que los propios documentos originales. El presunto
     seguirse en caso de correcciones financieras. La Comisión               valor limitado de un control efectuado por un auditor
     no ha demostrado que la deficiencia del sistema neer-                    externo no influye en el valor probatorio de las fotocopias
     landés en aquella época, a saber, que los auditores                      hechas por él y, en este contexto, no es relevante.
     externos «sólo aplicaron las normas contables normales
     nacionales y no controlaron si se habı́an cumplido las
     correspondientes disposiciones del Derecho comunitario,            —     Vulneración de los principios de proporcionalidad y
     como los Reglamentos aplicables y determinados docu-                     de confianza legı́tima: Dado que la Comisión, tras la
     mentos de programación», habı́a causado la irregularidad                autorización del nuevo sistema de control y gestión en
     consistente en la falta de algunos documentos relativos al               mayo de 1997, no hizo reserva alguna con relación a los
     proyecto y otros documentos. Dado que la irregularidad                   años 1994 a 1996, hizo concebir la esperanza de que ya
     consistente en la falta de documentos relativos al proyecto              se habı́an adoptado las medidas de corrección necesarias
     no tiene un carácter sistemático, la Comisión no puede                y adecuadas. El Gobierno neerlandés no tenı́a por qué
     extrapolar el porcentaje del 23,7 % relativo a dicho                     plantearse que, sobre la base de una deficiencia en el
     carácter sistemático.                                                  antiguo sistema de control y gestión comprobada por la
                                                                              Comisión, (pudiera) aplicarse otra corrección en forma
                                                                              de extrapolación. Sólo en el marco del procedimiento
                                                                              del artı́culo 24 se puso claramente de manifiesto qué
                                                                              interpretación da la Comisión del artı́culo 23, apartado 3,
                                                                              del Reglamento de coordinación y qué consecuencias
—    Infracción del artı́culo 23, apartado 3, del Reglamento de              extrae del incumplimiento de la obligación, incluso sin
     coordinación: La falta de documentos relativos al pro-                  tener en cuenta que en el momento del desarrollo del
     yecto en el momento de la inspección efectuada por el                   proyecto sı́ existı́an documentos finales. Estas consecuen-
     departementale Accountantsdienst (DAD) constituye una                    cias van más allá de lo que es apropiado y necesario para
     infracción del artı́culo 23, apartado 3, del Reglamento de              conseguir el objetivo subyacente a la obligación de
     coordinación. Los documentos relativos a los proyectos                  conservación (que no está formulada de modo claro e
     individuales que se desarrollaron y realizaron en los años              inequı́voco en el Reglamento de coordinación).
     1994 a 1996 sólo debı́an conservarse durante los tres
     años siguientes al último pago relativo al proyecto.
     Cuando DAD efectuó su inspección en verano de 2000,
     ya habı́a expirado este plazo de conservación.                    (1) Que modifica el Reglamento (CEE) no 4253/88 por el que
                                                                            se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
                                                                            no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las
                                                                            intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas
     Respecto al nuevo perı́odo de programación de 2000 a                  con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás
                                                                            instrumentos financieros existentes, DO 1993, L 193, p. 20.
     2006, el artı́culo 38, apartado 6, del Reglamento no 1260/         (2) DO 1999, L 161, p. 1.
     1999 establece de modo claro y preciso que los justifican-
     tes deben conservarse «durante los tres años siguientes al
     pago por parte de la Comisión del saldo relativo a una
     intervención». El hecho de que el legislador comunitario
     haya querido manifiestamente conectar, de modo tan


title: Asunto C-68/07: Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Suecia) el 12 de febrero de 2007 — Kerstin Sundelind Lopez/Miquel Enrique Lopez Lizazo

text:
               14.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/23

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Suecia) el 12 de febrero de 2007 — Kerstin Sundelind Lopez/Miquel Enrique Lopez Lizazo
   (Asunto C-68/07)
   (2007/C 82/40)
   Lengua de procedimiento: sueco
   Órgano jurisdiccional remitente
   Högsta domstolen
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Kerstin Sundelind Lopez

      Demandada: Miquel Enrique Lopez Lizazo
   Cuestión prejudicial
   El demandado en un asunto de divorcio no tiene su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro ni es nacional de un Estado miembro. ¿Puede conocer del asunto un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no es competente con arreglo al artículo 3 (1), aunque los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro puedan ser competentes si se aplica alguna de las reglas de competencia establecidas en dicho artículo 3?

      (1)  Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, DO L 338, p. 1.


title: Asuntos acumulados C-256/13 y C-264/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de septiembre de 2014 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hof van beroep te Antwerpen — Bélgica) — Provincie Antwerpen/Belgacom NV van publiek rech (C-256/13), Mobistar NV (C-264/13) (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/CE — Artículo 6 — Condiciones asociadas a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias y números, y obligaciones específicas — Artículo 13 — Cánones por derechos de uso y derechos de instalar recursos — Normativa regional que sujeta a las empresas el pago de un impuesto sobre los establecimientos)

text:
               10.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 395/16

      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de septiembre de 2014 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hof van beroep te Antwerpen — Bélgica) — Provincie Antwerpen/Belgacom NV van publiek rech (C-256/13), Mobistar NV (C-264/13)
      (Asuntos acumulados C-256/13 y C-264/13) (1)

      ((Procedimiento prejudicial - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/20/CE - Artículo 6 - Condiciones asociadas a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias y números, y obligaciones específicas - Artículo 13 - Cánones por derechos de uso y derechos de instalar recursos - Normativa regional que sujeta a las empresas el pago de un impuesto sobre los establecimientos))
      (2014/C 395/19)
      Lengua de procedimiento: neerlandés

         Órgano jurisdiccional remitente

      Hof van beroep te Antwerpen

         Partes en el procedimiento principal

         Demandante: Provincie Antwerpen

         Demandadas: Belgacom NV van publiek rech (C-256/13), Mobistar NV (C-264/13)

         Fallo

      Los artículos 6 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que los operadores que suministran redes o servicios de comunicaciones electrónicas estén sujetos, debido a la presencia en el dominio público o privado de postes, torres o antenas de radiotelefonía necesarios para su actividad, a un impuesto general sobre los establecimientos.

         (1)  DO C 207, de 20.7.2013.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de mayo de 2003 en el asunto T-278/01: Eric den Hamer contra Comisión de las Comunidades Europeas (Funcionarios — Informe de calificación — Recurso de anulación — Recurso de indemnización)

text:
C 171/24               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            19.7.2003
representado por el Sr. D. López Garrido, abogado, que                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
designa domicilio en Luxemburgo, contra Parlamento Europeo
(agentes: Sra. M. Gómez Leal y Sr. J.F. De Wachter), que tiene                                    de 7 de mayo de 2003
por objeto un recurso de anulación, por un lado, de la decisión
de 27 de junio de 2001 del tribunal de la oposición PE/90/A,               en el asunto T-327/01: Luciano Lavagnoli contra Comisión
por la que se deniega la participación del demandante en dicha                             de las Comunidades Europeas (1)
oposición, y, por otro lado, de la convocatoria de esta
oposición, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda),                (Funcionarios — Elaboración tardía del informe de califica-
integrado por los Sres. N.J. Forwood, Presidente, J. Pirrung y                            ción — Recurso de indemnización)
A.W.H. Meij, Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria
adjunta, ha dictado el 22 de mayo de 2003 una sentencia cuyo
fallo es el siguiente:                                                                               (2003/C 171/38)
1)    Desestimar el recurso.                                                                 (Lengua de procedimiento: francés)
2)    Cada parte cargará con sus propias costas.
                                                                           En el asunto T-327/01, Luciano Lavagnoli, funcionario de la
                                                                           Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
( 1) DO C 3 de 5.1.2002.
                                                                           Berchem (Luxemburgo), representado por M es G. Bouneou y F.
                                                                           Frabetti, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
                                                                           contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes:
                                                                           Sr. J. Currall y Sra. L. Lozano Palacios), que tiene por objeto
                                                                           obtener una indemnización por daños y perjuicios para reparar
                                                                           el perjuicio moral causado por la elaboración tardía del
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                                informe de calificación correspondiente al período que abarca
                                                                           desde el 1 de septiembre de 1997 hasta el 30 de junio de
                      de 7 de mayo de 2003                                 1999, el Tribunal de Primera Instancia (Órgano unipersonal:
                                                                           Sr. J. Pirrung); Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador
en el asunto T-278/01: Eric den Hamer contra Comisión                      principal, ha dictado el 7 de mayo de 2003 una sentencia cuyo
                de las Comunidades Europeas (1)                            fallo es el siguiente:
(Funcionarios — Informe de calificación — Recurso de                       1)     Condenar a la Comisión a pagar al demandante la cantidad de
            anulación — Recurso de indemnización)                                 2 000 EUR.
                         (2003/C 171/37)                                   2)     Desestimar el recurso en todo lo demás.
                  (Lengua de procedimiento: francés)                       3)     Condenar en costas a la Comisión.
                                                                           (1 ) DO C 56 de 2.3.2002.
En el asunto T-278/01, Eric den Hamer, funcionario de la
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
Malinas (Bélgica), representado por Me N. Lhoëst, abogado,
que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las
Comunidades Europeas (agentes: Sra. C. Berardis-Kayser y
Sr. A. Dal Ferro), que tiene por objeto, en primer lugar, la               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
anulación de la decisión por la que se adoptó el informe de
calificación del demandante correspondiente al período 1995-                                     de 20 de mayo de 2003
97 y, en segundo lugar, la condena de la Comisión a reparar el
perjuicio causado, en particular, por la redacción tardía de               en el asunto T-179/02: Jan Pflugradt contra Banco Central
dicho informe, el Tribunal de Primera Instancia (Órgano                                                 Europeo ( 1)
unipersonal: Sr. J. Pirrung); Secretaria: Sra. D. Christensen,
administradora, ha dictado el 7 de mayo de 2003 una sentencia
                                                                           (Empleados del Banco Central Europeo — Informe de
cuyo fallo es el siguiente:
                                                                                calificación — Recurso de anulación)
1)    Condenar a la Comisión a pagar al demandante la cantidad de
                                                                                (2003/C 171/39)
      3 000 EUR.
2)    Desestimar el recurso en todo lo demás.                                                (Lengua de procedimiento: alemán)
3)    Condenar en costas a la Comisión.
                                                                           En el asunto T-179/02, Jan Pflugradt, con domicilio en
( 1) DO C 3 de 5.1.2002.                                                   Frankfurt am Main (Alemania), representado por Me N. Pflüger,
                                                                           abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Banco
                                                                           Central Europeo (agentes: Sra. V. Saintot y Sres. T. Gilliams y


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de  6 de octubre de 2005 , en el asunto C-9/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): proceso penal contra Geharo BV ( Directiva 88/378/CEE — Juguetes — Directiva 91/338/CEE — Contenido de cadmio máximo autorizado )

text:
               26.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/5

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Primera)
   de 6 de octubre de 2005
   en el asunto C-9/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden): proceso penal contra Geharo BV (1)

   («Directiva 88/378/CEE - Juguetes - Directiva 91/338/CEE - Contenido de cadmio máximo autorizado»)
   (2005/C 296/10)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-9/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 23 de diciembre de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de enero de 2004, en el proceso penal contra Geharo BV, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y el Sr. K. Lenaerts (Ponente), la Sra. N. Colneric y los Sres. K. Schiemann y E. Levits, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 6 de octubre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El artículo 1, segunda frase, de la Directiva 91/338/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, por la que se modifica por décima vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la prohibición establecida por esta Directiva de comercializar productos con un contenido de cadmio superior a un máximo autorizado se aplique a los juguetes comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 88/378/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la seguridad de los juguetes.

      (1)  DO C 59, de 6.3.2004.


title: Asunto C-532/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Köln — Alemania) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis (Directiva 77/388/CEE — IVA — Exenciones — Artículo 13, parte B, letra b) — Arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles — Embarcación habitable, que no dispone de sistema de propulsión y está inmovilizada de manera permanente en la orilla de un río — Arrendamiento de la embarcación habitable, con inclusión del muelle y de las correspondientes superficies de terreno y agua — Destino exclusivo a la explotación permanente de un restaurante-discoteca — Prestación única)

text:
               12.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/21

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Köln — Alemania) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis
   (Asunto C-532/11) (1)

   (Directiva 77/388/CEE - IVA - Exenciones - Artículo 13, parte B, letra b) - Arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles - Embarcación habitable, que no dispone de sistema de propulsión y está inmovilizada de manera permanente en la orilla de un río - Arrendamiento de la embarcación habitable, con inclusión del muelle y de las correspondientes superficies de terreno y agua - Destino exclusivo a la explotación permanente de un restaurante-discoteca - Prestación única)
   2013/C 9/33
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Oberlandesgericht Köln

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Susanne Leichenich

      Demandadas: Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

      Con intervención de: Dr. Kossow & Dr. Ott KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Köln — Interpretación del artículo 13, parte B, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Alcance de la exención del IVA prevista por esta disposición para el arrendamiento y el alquiler de bienes inmuebles — Arrendamiento de un muelle y de una embarcación destinada a un uso comercial como restaurante y discoteca.

      Fallo

               1)

               El artículo 13, parte B, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles comprende el arrendamiento de una embarcación habitable, incluidos el espacio y el muelle correspondientes, que está inmovilizada mediante amarras –que no son fácilmente amovibles– fijadas a la orilla y en la dársena de un río, se encuentra en un emplazamiento delimitado e identificable de las aguas fluviales y está destinada exclusivamente, según lo estipulado en el contrato de arrendamiento, a la explotación permanente de un restaurante-discoteca en ese lugar. Tal arrendamiento constituye una prestación única exenta, sin que deba distinguirse el arrendamiento de la embarcación habitable del arrendamiento del muelle.

               2)

               Una embarcación habitable de este tipo no es un vehículo a efectos del artículo 13, parte B, letra b), número 2, de la Directiva 77/388.

      (1)  DO C 25, de 28.1.2012.


title: Asunto T-467/13: Recurso interpuesto el 28 de agosto de 2013 — Arrow Group y Arrow Generics/Comisión

text:
               26.10.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 313/32

         Recurso interpuesto el 28 de agosto de 2013 — Arrow Group y Arrow Generics/Comisión
   (Asunto T-467/13)
   2013/C 313/62
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Arrow Group ApS (Roskilde, Dinamarca) y Arrow Generics Ltd (Londres, Reino Unido) (representantes: S. Kon, C. Firth y C. Humpe, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

               —

               Con carácter principal, anule los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión C(2013) 3803 final de la Comisión, de 19 de junio de 2013, adoptada en el asunto COMP/39.226 — Lundbeck, en la medida en que les afecta.

               —

               Con carácter subsidiario, anule el artículo 2 de la Decisión C(2013) 3803 final de la Comisión, de 19 de junio de 2013, adoptada en el asunto COMP/39.226 — Lundbeck, en la medida en que les impone una multa por los denominados Acuerdos Británico y Danés.

               —

               Con carácter subsidiario de segundo grado, anule el artículo 2 de la Decisión C(2013) 3803 final de la Comisión, de 19 de junio de 2013, adoptada en el asunto COMP/39.226 — Lundbeck, en la medida en que les impone una multa por el denominado Acuerdo Danés, y reduzca en consecuencia dicha multa.

               —

               Con carácter subsidiario de tercer grado, reduzca la multa que les impuso el artículo 2 de la Decisión C(2013) 3803 final de la Comisión, de 19 de junio de 2013, adoptada en el asunto COMP/39.226 — Lundbeck.

               —

               Condene a la Comisión a cargar con las costas en que han incurrido.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan seis motivos:

               1)

               Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en vicios sustanciales de forma durante el procedimiento de adopción de la Decisión, al (a) no incoarlo e instruirlo en un plazo razonable, (b) no permitirles acceder al expediente de forma oportuna y regular y (c) no adoptar un pliego de cargos complementario.

               2)

               Segundo motivo, basado en que la Comisión no probó de manera suficiente con arreglo a Derecho que Arrow y Lundbeck fueran competidores potenciales en el momento en que suscribieron los referidos Acuerdos.

               3)

               Tercer motivo, basado en que la Comisión no probó de manera suficiente con arreglo a Derecho que ambos Acuerdos tuvieran por objeto restringir el juego de la competencia en infracción del artículo 101 TFUE.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que la Comisión, al imponerles una multa, violó el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad de los delitos y las penas (nullum crimen, nulla poena sine lege) y el principio de seguridad jurídica.

               5)

               Quinto motivo, de carácter subsidiario, basado en que la Comisión consideró indebidamente que el Acuerdo Británico y Acuerdo Danés constituían una infracción única y continuada del artículo 101 TFUE, e infringió el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1/2003 (1) al imponerles una multa por el Acuerdo Danés tras haber prescrito la acción correspondiente.

               6)

               Sexto motivo, de carácter subsidiario de segundo grado, basado en que la Comisión incurrió en error al determinar el importe de la multa, ya que impuso una multa desproporcionada en relación con la gravedad de las infracciones del artículo 101 TFUE que había alegado.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado.


title: Asunto T-47/13: Recurso interpuesto el 30 de enero de 2013 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/OAMI — Vieweg (goldstück)

text:
               23.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/25

         Recurso interpuesto el 30 de enero de 2013 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/OAMI — Vieweg (goldstück)
   (Asunto T-47/13)
   2013/C 86/41
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

      Partes

      Demandante: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Alemania) (representante: S. Biagosch, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Christin Vieweg (Sonneberg, Alemania)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 14 de noviembre de 2012 en el asunto R 2589/2011-1.

               —

               Condene a la OAMI al pago de sus propias costas así como a las de la demandante.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: Christin Vieweg

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene el elemento denominativo «goldstück» para productos de las clases 29 y 30 — solicitud de marca comunitaria no 9.153.677

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

      Marca o signo invocado: Marca denominativa «GOLDSTEIG» para productos y servicios de las clases 29 y 43

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Oposición y desestimación de la oposición de la demandante

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto C-242/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 8 de mayo de 2017 — Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA/Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA y otros

text:
               28.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/15

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 8 de mayo de 2017 — Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA/Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA y otros
   (Asunto C-242/17)
   (2017/C 283/21)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Consiglio di Stato

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA

      Recurridas: Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular el artículo 18, apartado 7, de la Directiva 2009/28/CE, (1) en relación con la Decisión 2011/438/UE de la Comisión, de 19 de julio de 2011, (2) a una normativa nacional como la recogida en el Decreto Ministerial de 23 de enero de 2012, en particular en sus artículos 8 y 12, que establece obligaciones específicas distintas y más amplias que las resultantes de un régimen voluntario objeto de una decisión de la Comisión Europea, adoptada al amparo del referido artículo 18, apartado 4?

               2)

               En caso de respuesta negativa a la cuestión prejudicial anterior, ¿están vinculados por la normativa europea citada en la precedente [cuestión] los operadores económicos que intervienen en la cadena de suministro del producto, incluso cuando se trate de operadores que desempeñan actividades de simple intermediación en las que no disponen materialmente del producto?

      (1)  Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO 2009, L 140, p. 16).

      (2)  Decisión de Ejecución 2011/438/UE de la Comisión, de 19 de julio de 2011, sobre el reconocimiento del régimen «International Sustainability and Carbon Certification» para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 190, p. 79).


title: Asunto C-287/09: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’Apello di Roma (Italia) el 24 de julio de 2009 — Aduo Pisaneschi/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

text:
               26.9.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 233/9

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’Apello di Roma (Italia) el 24 de julio de 2009 — Aduo Pisaneschi/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
   (Asunto C-287/09)
   2009/C 233/15
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte d’Apello di Roma

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: Aduo Pisaneschi

      Recurrida: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

      Cuestión prejudicial

   Se solicita al Tribunal de Justicia que, con arreglo al artículo 234 CE, se pronuncie sobre la cuestión prejudicial de si los artículos 17 CE, 39 CE y 42 CE y las normas pertinentes del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), deben interpretarse en el sentido de que el principio de acumulación de todos los períodos de cotización para el inicio, la obtención y el mantenimiento del derecho a las prestaciones –principio establecido mediante la adopción por el Consejo del Reglamento no 1408/71– es aplicable en todos los casos en los que es necesario recurrir al sistema de acumulación y asignación a prorrata para el reconocimiento del derecho a una determinada prestación, de modo que deben tomarse en consideración para ello tanto los períodos de cotización realizados con arreglo a la legislación de cada Estado miembro como los períodos de cotización efectuados conforme al régimen de seguridad social aplicable a los funcionarios de las instituciones comunitarias.


title: Asunto T-428/03: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2008 — Keinhorst/Comisión ( Función pública — Funcionarios — Sentencia interlocutoria — Sobreseimiento )

text:
               22.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/34

         Auto del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2008 — Keinhorst/Comisión
   (Asunto T-428/03) (1)

   («Función pública - Funcionarios - Sentencia interlocutoria - Sobreseimiento»)
   (2008/C 301/55)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Gerhard Keinhorst (Overijse, Bélgica) (representante: N. Lhoëst, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: inicialmente C. Berardis-Kayser y L. Lozano Palacios, posteriormente C. Berardis-Kayser y H. Krämer, agentes)
   Objeto
   Por una parte, una demanda de anulación de las decisiones de la Comisión de 23 de diciembre de 2002 y 14 de abril de 2003 por las que se modifica la clasificación en grado del demandante, en la medida en que establecen su clasificación en escalón, en la fecha de su nombramiento, en el grado A6, primer escalón, en que establecen el 5 de octubre de 1995 como fecha en la que tendrán efectos económicos y en que no reconstituyen la carrera en grado del demandante y una demanda de anulación de las decisiones de la Comisión de 4 de septiembre y 24 de noviembre de 2003 por las que se desestiman las reclamaciones del demandante y, por otra parte, una demanda de reparación del perjuicio alegado.
   Fallo

               1)

               Sobreseer el presente recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión.

      (1)  DO C 47 de 21.2.2004.


title: Asunto T-252/03: Recurso interpuesto el 7 de julio de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Fédération Nationale de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes (FNICGV)

text:
C 213/40               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                            6.9.2003
Recurso interpuesto el 7 de julio de 2003 contra la                       de ganaderos e industriales decidieron suspender provisional-
Comisión de las Comunidades Europeas por la Fédération                    mente las importaciones y aplicar una tabla equitativa de
Nationale de l’Industrie et des Commerces en Gros des                     precios de compra, a cambio de que se levantara el bloqueo de
                       Viandes (FNICGV)                                   los mataderos.
                       (Asunto T-252/03)                                  En apoyo de su recurso, la demandante invoca la existencia de
                                                                          vicios del consentimiento, así como su falta de libertad en
                         (2003/C 213/78)                                  la fecha de conclusión del acuerdo, que la exoneran de
                                                                          responsabilidad por la ejecución de dicho acuerdo. La deman-
                                                                          dante afirma que se encontraba coaccionada debido a las
                 (Lengua de procedimiento: francés)                       presiones y a la violencia practicadas por los agricultores en
                                                                          contra de sus asociados, a la inactividad de los poderes públicos
                                                                          franceses para el mantenimiento del orden público y a la fuerte
                                                                          presión ejercida por el Ministro de Agricultura. Asimismo, la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                    demandante sostiene que le era imposible denunciar las
Europeas se ha presentado el 7 de julio de 2003 un recurso                presiones sufridas por sus miembros, puesto que el Ministro
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                  de Agricultura había auspiciado, impulsado y posibilitado la
por la Fédération Nationale de l’Industrie et des Commerces en            conclusión del acuerdo. La demandante indica también que no
Gros des Viandes (FNICGV), con sede en París, representada                tenía interés económico alguno en la celebración de dicho
por el Sr. P. Abegg, abogado, que designa domicilio en                    acuerdo.
Luxemburgo.
                                                                          Por otro lado, la demandante alega que los fundamentos de la
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:              Decisión de la Comisión son contradictorios en la medida en
                                                                          que impone una multa a la demandante, pese a reconocer que
                                                                          se encontraba coaccionada.
Con carácter principal:
—     Anule la multa impuesta por la Comisión en su Decisión              La demandante invoca asimismo la violación del artículo 15,
      de 2 de abril de 2003.                                              apartado 2, del Reglamento no 17 (1), en lo que atañe a la
                                                                          reducción de la multa. La demandante alega a este respecto la
                                                                          violación del principio de proporcionalidad y el incumpli-
Con carácter subsidiario:                                                 miento de la obligación de motivación. La demandante indica
                                                                          que el importe de la multa puede también menoscabar la
—     Reduzca muy significativamente el importe de la multa               libertad de asociación, puesto que el presupuesto con el que
      impuesta por la Comisión en su Decisión de 2 de abril de            cuenta ya no le permitirá seguir representando los intereses de
      2003.                                                               sus miembros.
En cualquier caso:                                                        (1 ) Reglamento del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer
                                                                               Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado
                                                                               (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22).
—     Condene en costas a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
La demandante solicita que se anule o reduzca la multa que se             Recurso interpuesto el 8 de julio de 2003 contra la
le impuso mediante la Decisión de la Comisión, de 2 de abril
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas por José Manuel
de 2003, en el asunto COMP/C.38.279/F3 — Carne de vacuno                                            López Cejudo
francesa, por infracción del artículo 81 CE, apartado 1, en
relación con un acuerdo que tenía por objeto suspender las
importaciones de carne de vacuno en Francia y fijar un precio                                    (Asunto T-254/03)
mínimo para determinadas categorías de reses.
                                                                                (2003/C 213/79)
La demandante indica que, durante la segunda crisis de la vaca
loca, los ganaderos de bovinos atravesaron en octubre de 2001                              (Lengua de procedimiento: francés)
dificultades sin precedentes. En Francia, algunos grupos de
ganaderos bloquearon mataderos, efectuaron manifestaciones
y detuvieron camiones para comprobar el origen de la carne y
destruir aquella que no procediera de Francia. Posteriormente,            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
a iniciativa del Ministro de Agricultura francés, las federaciones        Europeas se ha presentado el 8 de julio de 2003 un recurso


title: Asunto F-42/12: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 4 de mayo de 2016 — Bouvret/Comisión (Función pública — Funcionarios — Pensiones — Artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto — Derechos a pensión adquiridos, antes de la entrada al servicio de la Unión, en virtud de un régimen nacional de pensiones — Transferencia al régimen de pensiones de la Unión — Propuesta de bonificación de anualidades, aceptada por el interesado, basada en nuevas disposiciones generales de aplicación — Excepción de inadmisibilidad — Concepto de acto lesivo — Artículo 83 del Reglamento de Procedimiento)

text:
               20.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 222/42

         Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 4 de mayo de 2016 — Bouvret/Comisión
   (Asunto F-42/12) (1)

   ((Función pública - Funcionarios - Pensiones - Artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto - Derechos a pensión adquiridos, antes de la entrada al servicio de la Unión, en virtud de un régimen nacional de pensiones - Transferencia al régimen de pensiones de la Unión - Propuesta de bonificación de anualidades, aceptada por el interesado, basada en nuevas disposiciones generales de aplicación - Excepción de inadmisibilidad - Concepto de acto lesivo - Artículo 83 del Reglamento de Procedimiento))
   (2016/C 222/54)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Florence Bouvret (Bruselas, Bélgica) (representantes: inicialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal y S. Orlandi, abogados, posteriormente D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis y S. Orlandi, abogados, y finalmente J.-N. Louis, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente D. Martin y J. Baquero Cruz, agentes, posteriormente J. Currall y G. Gattinara, agentes, posteriormente G. Gattinara, agente, y finalmente G. Gattinara y F. Simonetti, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la propuesta de transferencia de los derechos a pensión adquiridos, antes de la entrada al servicio de la Comisión, sobre la base de un cálculo que tiene en cuenta las nuevas DGA que entraron en vigor tras la solicitud de transferencia de la parte demandante.

      Fallo

               1)

               Declarar la inadmisibilidad del recurso.

               2)

               La Sra. Florence Bouvret cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

      (1)  DO C 184 de 23.6.2012, p. 25.


title: Asunto T-354/03: Recurso interpuesto el 20 de octubre de 2003 contra el Parlamento Europeo por Gemma Reggimenti

text:
C 7/38                 ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          10.1.2004
Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2003 contra la                    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
Comisión de las Comunidades Europeas por Giorgio                          que:
                              Lebedef
                                                                          —     Anule la decisión del Secretario General adjunto del
                       (Asunto T-352/03)                                        Consejo de 29 de noviembre de 2002 de no incluir su
                                                                                nombre en la lista de funcionarios promovidos al grado
                          (2004/C 7/69)                                         C2 durante el ejercicio de promoción 2002.
                 (Lengua de procedimiento: francés)
                                                                          —     Condene en costas a la parte demandada.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 15 de octubre de 2003 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                    Motivos y principales alegaciones
formulado por el Sr. Giorgio Lebedef, con domicilio en
Senningerberg (Luxemburgo), representado por Mes Gilles
Bounéou y Fréderic Frabetti, abogados, que designa domicilio              En apoyo de su recurso, la demandante invoca la infracción
en Luxemburgo.                                                            del artículo 45 del Estatuto, en la medida en que la demandada
                                                                          incurrió en un error manifiesto de apreciación al proceder a
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia             un examen comparativo de méritos sin tener en cuenta las
que:                                                                      diferencias de calificaciones entre los distintos servicios de la
                                                                          institución.
—    Conceda al demandante una indemnización por daños y
     perjuicios por un importe de 5 000 euros como repara-
     ción del perjuicio moral sufrido por el retraso en la
     elaboración definitiva (incorporación extemporánea a
     su expediente personal) de su informe de calificación
     correspondiente al período 1999-2001.
—    Resuelva sobre los gastos, costas y honorarios y condene
     a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de                 Recurso interpuesto el 20 de octubre de 2003 contra el
     los mismos.                                                                  Parlamento Europeo por Gemma Reggimenti
Motivos y principales alegaciones                                                                (Asunto T-354/03)
En apoyo de su recurso, el demandante invoca la infracción de                                       (2004/C 7/71)
las disposiciones generales de aplicación del artículo 43 del
Estatuto, la violación del principio de buena administración y
el incumplimiento del deber de asistencia y protección. El                                 (Lengua de procedimiento: francés)
demandante afirma haber sufrido un perjuicio moral por este
motivo y sostiene, además, que se trata de un acoso moral
encaminado a obstaculizar la libertad sindical.
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas se ha presentado el 20 de octubre de 2003 un
                                                                          recurso contra el Parlamento Europeo, formulado por Gemma
                                                                          Reggimenti, con domicilio en Woluwé-Saint-Lambert (Bélgica),
Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2003 por Inge-                    representada por la Sra. Claudine Junion, abogado, que designa
     Lise Nielsen contra Consejo de la Unión Europea                      domicilio en Luxemburgo.
                       (Asunto T-353/03)
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                          (2004/C 7/70)
                                                                          —     Anule la Decisión del Parlamento Europeo de 17 de julio
                 (Lengua de procedimiento: francés)                             de 2003 en la medida en que deniega a la demandante el
                                                                                pago de los gastos de viaje a partir del 6 de agosto de
                                                                                1999.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 14 de octubre de 2003 un
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por               —     Condene al Parlamento Europeo a pagar a la demandante
Inge-Lise Nielsen, con domicilio en Villers-la-Ville (Bélgica),                 los gastos de viaje de su hija a partir del 6 de agosto de
representada por los Sres. Sébastien Orlandi, Albert Coolen,                    1999.
Jean-Nöel Louis y Etienne Marchal, Abogados, que designa
domicilio en Luxemburgo.                                                  —     Condene en costas al Parlamento Europeo.
 ---pagebreak--- 10.1.2004               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 7/39
Motivos y principales alegaciones                                           Motivos y principales alegaciones
La demandante, funcionaria del Parlamento Europeo, obtuvo                   A raíz de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2003, del nuevo
la custodia de su hija en virtud de una resolución judicial de              Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
6 de agosto de 1999. La demandante y su cónyuge, también                    Comunidades Europeas (1), el Parlamento inició un procedi-
funcionario, se divorciaron mediante sentencia de 31 de                     miento de modificación de la reglamentación relativa a la
octubre de 2001, registrada el 12 de enero de 2002. El                      partida presupuestaria 3701, partida cuyos créditos están
Parlamento decidió pagar a la demandante únicamente la                      destinados a cubrir los gastos administrativos y de funciona-
mitad de los gastos de viaje de su hija a partir del año 2002,              miento de los grupos políticos y del secretariado de los
año en que se produjo el divorcio.                                          diputados no inscritos. El 2 de julio de 2003, la Mesa del
                                                                            Parlamento decidió adoptar la versión revisada de esta última
                                                                            reglamentación, sin perjuicio de la modificación del Regla-
Mediante el presente recurso, la demandante impugna esta                    mento del Parlamento y de los demás cambios que resultaran
Decisión invocando una infracción del artículo 8 del anexo VII              necesarios en virtud de nuevas consultas.
del Estatuto. La demandante alega que, habida cuenta de que
se le había confiado la custodia de su hija, debe considerarse
que, consecuentemente, esta última está a su cargo, y que, por              Para fundamentar su recurso de anulación de la decisión por
consiguiente, se le deben pagar íntegramente los gastos de                  la que se adopta la nueva reglamentación, los demandantes
viaje.                                                                      invocan, en primer lugar, la supuesta inobservancia de los
                                                                            requisitos de forma exigidos para adoptar tal reglamentación.
                                                                            Alegan que la nueva reglamentación les fue comunicada en
                                                                            forma de una proposición que no indicaba que se tratara de
                                                                            un documento final oficial. También alegan que el acto
                                                                            impugnado se adoptó sin que la comisión de control presupue-
                                                                            stario, convocada para que se pronunciara al respecto, hubiera
                                                                            emitido su dictamen y que, por consiguiente, se omitió un
                                                                            requisito sustancial de forma. Además de las cuestiones
Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2003 por Bruno                      formales, los demandantes alegan asimismo que la nueva
       Gollnisch y otros contra el Parlamento Europeo                       reglamentación viola el principio de igualdad de trato al aplicar
                                                                            únicamente a los diputados no inscritos la prohibición de
                         (Asunto T-357/03)                                  nuevas categorías de gastos o la utilización de personal con
                                                                            cargo a la partida presupuestaria 3701.
                            (2004/C 7/72)
                                                                            (1) Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de
                                                                                junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero
                   (Lengua de procedimiento: francés)                           aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas,
                                                                                DO L 248 de 16.09.2002, p. 1.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 23 de octubre de 2003 un
recurso contra el Parlamento Europeo formulado por Bruno
Gollnisch, con domicilio en Limonest (Francia), Marie-France
Stirbois, con domicilio en Villeneuve-Loubey (Francia), Carl                Recurso interpuesto el 17 de octubre de 2003 contra la
Lang, con domicilio en Boulogne-Billancourt (Francia), Jean-                Comisión de las Comunidades Europeas por Siegfried
Claude Martinez, con domicilio en Montpellier (Francia), Philip                                            Krahl
Claeys, con domicilio en Overijse (Bélgica), y Koen Pillen,
con domicilio en Amberes (Bélgica), representados por Me
Wallerand de Saint Just, abogado.                                                                   (Asunto T-358/03)
                                                                                (2004/C 7/73)
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                                (Lengua de procedimiento: francés)
—      Anule la decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de
       fecha 2 de julio de 2003 y, más concretamente, las
       disposiciones por las que se adopta una proposición del              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
       Sr. Poettering relativa al informe del Sr. van Hulten que            Europeas se ha presentado el 17 de octubre de 2003 un
       introduce modificaciones en la reglamentación que regula             recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
       la utilización de la partida presupuestaria 3701.                    formulado por Siegfried Krahl, con domicilio en Zagreb
                                                                            (Croacia), representado por los Sres. S. Orlandi, A. Coolen, J.-
—      Condene al Parlamento Europeo a pagar las costas y                   N. Louis y E. Marchal, abogados, que designa domicilio en
       honorarios de abogado, que se elevan a 10 000 euros.                 Luxemburgo.


title: Asunto T-660/11: Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015 — Polytetra/OAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa POLYTETRAFLON — Marca comunitaria denominativa anterior TEFLON — Inexistencia de uso efectivo de la marca anterior — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Producto final del que forma parte un componente — Utilización de la marca anterior con respecto a productos finales de terceros — Obligación de motivación»]

text:
               10.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 262/15

         Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015 — Polytetra/OAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)
   (Asunto T-660/11) (1)

   ([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa POLYTETRAFLON - Marca comunitaria denominativa anterior TEFLON - Inexistencia de uso efectivo de la marca anterior - Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 - Producto final del que forma parte un componente - Utilización de la marca anterior con respecto a productos finales de terceros - Obligación de motivación»])
   (2015/C 262/19)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Polytetra GmbH (Mönchengladbach, Alemania) (representante: R. Schiffer, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Bullock, agente)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Estados Unidos) (representante: E. Armijo Chávarri, abogado)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 29 de septiembre de 2011 (asunto R 2005/2010-1) relativa a un procedimiento de oposición entre EI du Pont de Nemours and Company y Polytetra GmbH.

      Fallo

               1)

               Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 29 de septiembre de 2011 (asunto R 2005/2010-1).

               2)

               La OAMI cargará con sus propias costas y con las de Polytetra GmbH.

               3)

               EI du Pont de Nemours and Company cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 65, de 3.3.2012.


title: Asunto C-330/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, subrogado en los derechos de la Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Procedimiento prejudicial — Política agrícola común — Medidas de ayuda al desarrollo rural — Ayudas agroambientales — Reglamento (CE) n° 1122/2009 — Artículos 23 y 58 — Reglamento (CE) n° 1698/2005 — Reglamento (CE) n° 1975/2006 — Ayuda por el cultivo de una especie vegetal rara — Solicitud de pago — Contenido — Exigencia de certificado — Sanciones en caso de no presentación]

text:
               22.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 68/10

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, subrogado en los derechos de la Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
   (Asunto C-330/14) (1)

   ([Procedimiento prejudicial - Política agrícola común - Medidas de ayuda al desarrollo rural - Ayudas agroambientales - Reglamento (CE) no 1122/2009 - Artículos 23 y 58 - Reglamento (CE) no 1698/2005 - Reglamento (CE) no 1975/2006 - Ayuda por el cultivo de una especie vegetal rara - Solicitud de pago - Contenido - Exigencia de certificado - Sanciones en caso de no presentación])
   (2016/C 068/13)
   Lengua de procedimiento: húngaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Gergely Szemerey

      Demandada: Miniszterelnökséget vezető miniszter, subrogado en los derechos de la Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

      Fallo

               1)

               El artículo 23 del Reglamento (CE) no 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, en relación con los Reglamentos (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 473/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, y (CE) no 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 484/2009 de la Comisión, de 9 de junio de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, exija que el solicitante de una ayuda agroambiental presente al organismo pagador, al mismo tiempo que su solicitud de ayuda, un certificado relativo a la especie vegetal rara que le da derecho al pago de esta ayuda, siempre que esa normativa haya permitido a los operadores afectados cumplir sus requisitos en condiciones razonables, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente.

               2)

               El artículo 58, párrafo tercero, del Reglamento no 1122/2009 debe interpretarse en el sentido de que la sanción prevista en esa disposición no es aplicable al solicitante de una ayuda agroambiental que no acompaña su solicitud de ayuda de un documento, como el certificado controvertido en el litigio principal, que le da derecho al pago de dicha ayuda. El artículo 23, apartado 1, párrafo tercero, de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que tal omisión conduce, en principio, a la inadmisibilidad de la solicitud de pago de la ayuda agroambiental.

      (1)  DO C 303 de 8.9.2014.


title: Asunto C-438/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 26 de agosto de 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

text:
               26.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 26 de agosto de 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
   (Asunto C-438/11)
   2011/C 347/12
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Finanzgericht Hamburg

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Lagura Vermögensverwaltung GmbH

      Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

      Cuestión prejudicial

   En las circunstancias del procedimiento principal, en que la autoridad del país tercero ya no puede comprobar si el certificado por ella expedido se basa en una versión correcta de los hechos, ¿se ha de denegar al deudor la protección de la confianza legítima con arreglo al artículo 220, apartado 2, letra b), párrafos segundo y tercero, (1) del Código Aduanero, cuando las circunstancias que impiden dilucidar la veracidad material del certificado de origen se sitúan en el ámbito del exportador, o bien el traslado de la carga de la prueba de la autoridad aduanera al deudor en virtud del artículo 220, apartado 2, letra b), párrafo tercero, primera parte, del Código Aduanero requiere única o específicamente que la imposibilidad tenga su origen fuera del ámbito de la autoridad del país de exportación o se deba a una negligencia imputable exclusivamente al exportador?

      (1)  Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000 (DO L 311, p. 17).


title: Asunto C-225/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Cortona (Italia) el 19 de junio de 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta/Alessandro Maneggia

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Cortona (Italia) el 19 de junio de 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta/Alessandro Maneggia
   (Asunto C-225/09)
   2009/C 205/43
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Giudice di pace di Cortona

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Joanna Jakubowlka Edyta

      Demandada: Alessandro Maneggia

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Deben interpretarse los artículos 3, letra g), 4, 10, 81 y 98 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la prevista en los artículos 1 y 2 de la Ley no 339, de 25 de noviembre de 2003, que introducen de nuevo la incompatibilidad de los funcionarios públicos a tiempo parcial para el ejercicio de la profesión de abogado y les prohíben, aun cuando posean una habilitación para el ejercicio de la abogacía, el ejercicio de la profesión previendo que sean excluidos del colegio de abogados en virtud de una resolución del consejo del colegio de abogados competente, salvo si el funcionario público opta por cesar en su cargo?

               2)

               ¿Deben interpretarse los artículos 3, letra g), 4, 10 y 98 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la prevista en los artículos 1 y 2 de la Ley no 339, de 25 de noviembre de 2003, que introducen de nuevo la incompatibilidad de los funcionarios públicos a tiempo parcial para el ejercicio de la profesión de abogado y les prohíben, aun cuando posean una habilitación para el ejercicio de la abogacía, el ejercicio de la profesión previendo que sean excluidos del colegio de abogados en virtud de una resolución del consejo del colegio de abogados competente, salvo si el funcionario público opta por cesar en su cargo?

               3)

               ¿Debe interpretarse el artículo 6 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, (1) de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, cuando prevé que «los abogados asalariados, vinculados por un contrato de trabajo a una empresa pública o privada, podrán ser excluidos por cada Estado miembro del ejercicio de las actividades de representación y de defensa de esa empresa ante los tribunales en la medida en que los abogados establecidos en ese Estado no estén autorizados a ejercerlas», en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la prevista en los artículos 1 y 2 de la Ley no 339, de 25 de noviembre de 2003, que introducen de nuevo la incompatibilidad de los funcionarios públicos a tiempo parcial para el ejercicio de la profesión de abogado y les prohíben, aun cuando posean una habilitación para el ejercicio de la abogacía, el ejercicio de la profesión previendo que sean excluidos del colegio de abogados en virtud de una resolución del consejo del colegio de abogados competente, salvo si el funcionario público opta por cesar en su cargo, cuando esa norma nacional sea aplicable también a los abogados asalariados que ejercen la abogacía al amparo de la libre prestación de servicios?

               4)

               ¿Debe interpretarse el artículo 8 de la Directiva 98/5/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, cuando prevé que «el abogado inscrito en el Estado miembro de acogida con su título profesional de origen podrá ejercer en calidad de abogado por cuenta de otro abogado, de una asociación o sociedad de abogados, o de una empresa pública o privada, en la medida en que así lo permita el Estado miembro de acogida a los abogados inscritos con el título profesional de dicho Estado miembro», en el sentido de que no se aplica al abogado que es funcionario público a tiempo parcial?

               5)

               ¿Se oponen los principios generales del Derecho comunitario de protección de la confianza legítima y de los derechos adquiridos a una normativa nacional, como la prevista en los artículos 1 y 2 de la Ley no 339, de 25 de noviembre de 2003, que introducen de nuevo la incompatibilidad de los funcionarios públicos a tiempo parcial para el ejercicio de la profesión de abogado, y se aplican también a los abogados ya incorporados a los colegios de abogados en la fecha de entrada en vigor de dicha Ley 339/2003, previendo en su artículo 2 únicamente un breve plazo de «moratoria» para la opción impuesta entre el cargo y el ejercicio de la profesión de abogado?

      (1)  DO L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224.

      (2)  DO L 77, p. 36.


title: Asunto C-264/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta förvaltningsdomstolen (Suecia) el 2 de junio de 2014 — Skatteverket/David Hedqvist

text:
               28.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta förvaltningsdomstolen (Suecia) el 2 de junio de 2014 — Skatteverket/David Hedqvist
   (Asunto C-264/14)
   2014/C 245/09
   Lengua de procedimiento: sueco

      Órgano jurisdiccional remitente

   Högsta förvaltningsdomstolen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Skatteverket

      Demandada: David Hedqvist

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva del IVA (1) en el sentido de que las operaciones en forma de lo que se ha denominado cambio de divisas virtuales por divisas tradicionales, y a la inversa, a cambio de una contrapartida que el prestador del servicio integra en el cálculo de los tipos de cambio constituyen prestaciones de servicios a título oneroso?

               2)

               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Debe interpretarse el artículo 135, apartado 1, de la Directiva del IVA en el sentido de que las operaciones de cambio antes citadas están exentas del impuesto?

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).


title: Asunto C-341/09 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de agosto de 2009 por Acegas-APS SpA, anteriormente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas), contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava ampliada) dictada el 11 de junio de 2009 en el asunto T-309/02, Acegas/Comisión

text:
               7.11.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 267/42

         Recurso de casación interpuesto el 21 de agosto de 2009 por Acegas-APS SpA, anteriormente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas), contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava ampliada) dictada el 11 de junio de 2009 en el asunto T-309/02, Acegas/Comisión
   (Asunto C-341/09 P)
   2009/C 267/74
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Recurrente: Acegas-APS SpA, anteriormente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) (representantes: F. Ferletic y F. Spitaleri, abogados y L. Daniele, profesor)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de junio de 2009, en el asunto T-309/02, ACEGAS APS/Comisión, y que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva sobre el fondo del asunto.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de los honorarios y los gastos del recurso de casación y que se reserve el pronunciamiento acerca de los honorarios y los gastos del juicio en primera instancia.
               Para el supuesto de que el Tribunal de Justicia decida que el estado del litigio le permite pronunciarse sobre el fondo de la controversia:

               —

               Que se anule totalmente la Decisión 2003/193/CE (1) de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público.

               —

               Con carácter subsidiario, que se anule el artículo 3 de la Decisión impugnada en la medida en que obliga al Estado italiano a recuperar de los beneficiarios la ayuda concedida.

               —

               Que se condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de los honorarios y los gastos relativos a la casación, así como los causados en la primera instancia del presente litigio.

      Motivos y principales alegaciones

   Primer motivo: infracción del artículo 230 CE, párrafo cuarto — Exclusión del interés individual de ACEGAS-APS sobre la base de elementos de hecho erróneos e irrelevantes.
   ACEGAS-APS señala que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la legitimación para interponer recurso contra las decisiones de la Comisión relativas a regímenes de ayudas está supeditada a dos requisitos: el recurrente debe ser beneficiario efectivo de una ayuda concedida con arreglo al régimen objeto de la decisión; la decisión debe incluir una orden de recuperación de la ayuda. ACEGAS-APS sostiene que en el presente caso se cumplen los dos requisitos señalados. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al declarar la inadmisibilidad de la demanda, haciendo referencia a circunstancias de hecho posteriores erróneas, irrelevantes y ajenas a la competencia del Tribunal de Primera Instancia.
   Segundo motivo: infracción del artículo 230 CE, párrafo cuarto — Consideración errónea, para evaluar el interés individual de la recurrente, de elementos y circunstancias posteriores a la fecha de adopción de la decisión.
   ACEGAS-APS considera que los requisitos de legitimación activa deben existir en el momento de la adopción de la decisión impugnada. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al declarar que ACEGAS-APS carecía de interés individual para interponer recurso, basándose en circunstancias de hecho posteriores relativas al procedimiento iniciado por las autoridades italianas competentes para la recuperación de la supuesta ayuda concedida.
   Tercer motivo: vulneración del derecho de defensa de la recurrente — Irregularidades del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia que menoscabaron los intereses de la recurrente — Desnaturalización de los medios de prueba — Motivación insuficiente y contradictoria.
   Durante el procedimiento en primera instancia, el Tribunal de Primera Instancia dirigió dos preguntas por escrito respectivamente a ACEGAS-APS y a la República Italiana con las que solicitó que comunicaran el importe de la supuesta ayuda recibida por la recurrente. Al formular estas preguntas el Tribunal de Primera Instancia vulneró el derecho de defensa de ACEGAS-APS. Además, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó el contenido de las respuestas, que confirmaban que la recurrente era «beneficiaria efectiva» del régimen de exención del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas impugnado por la Comisión.

      (1)  DO 2003, L 77, p. 21.


title: Asunto T-588/08: Sentencia del Tribunal General de 14 de marzo de 2013 — Dole Food y Dole Germany/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del plátano — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Concepto de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia — Sistema de intercambio de información — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Directrices para el cálculo del importe de las multas — Gravedad de la infracción» )

text:
               27.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 123/15

         Sentencia del Tribunal General de 14 de marzo de 2013 — Dole Food y Dole Germany/Comisión
   (Asunto T-588/08) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado del plátano - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE - Concepto de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia - Sistema de intercambio de información - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Directrices para el cálculo del importe de las multas - Gravedad de la infracción)
   2013/C 123/25
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandantes: Dole Food Company, Inc. (Westlake Village, California, Estados Unidos) y Dole Germany OHG (Hamburgo, Alemania) (representante: J.-F. Bellis, abogado)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente X. Lewis y M. Kellerbauer, y posteriormente M. Kellerbauer y P. Van Nuffel, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación de la Decisión C(2008) 5955 final de la Comisión, de 15 de octubre de 2008, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 CE (Asunto COMP/39.188 — Plátanos).

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Dole Food Company, Inc., y a Dole Germany OHG.

      (1)  DO C 44, de 21.2.2009.