title: Asunto T-238/16: Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2016 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Scouring Environnement

text:
               18.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/44

         Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2016 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Scouring Environnement
   (Asunto T-238/16)
   (2016/C 260/55)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (representante: B. Mastantuono, agente, asistido por M. Velardo, abogada)

      Demandada: Scouring Environnement SARL (Tauriac, Francia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Condene a la demandada a pagar a CSJU el importe de 60 000,00 euros, en virtud del convenio de subvención n.o 287071 «BiMed — Soluciones mediante bicarbonato pulverizado para la extracción de pinturas y barnices y el tratamiento de superficies secas», más otros 3 600,00 euros en concepto de intereses de demora calculados al tipo del 3,65 % por el período transcurrido del 12 de septiembre de 2014 al 3 de mayo de 2016.

               —

               Condene a la demandada a cargar con las costas del presente procedimiento.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca el siguiente motivo:
   Al no presentar los preceptivos informes, estados financieros y resultados correspondientes al período 1, con arreglo al artículo 3 del convenio de subvención y a los puntos II.2, apartado 3, y II.4 del anexo II del mismo convenio, la demandada incumplió sus obligaciones contractuales, razón por la que, conforme al punto II.38 del anexo II del convenio de subvención, la demandante resolvió este último y expidió una nota de adeudo por importe de 60 000,00 euros correspondientes a la prefinanciación que ya había sido abonada al coordinador en aplicación de lo dispuesto en el referido convenio. Así pues, la demandante expidió la nota de adeudo para recuperar el expresado importe, sobre el que conserva sus derechos en tanto no se haya efectuado el último pago.
   Los hechos que dieron lugar a las obligaciones que, dada su condición de coordinador, recaen sobre Scouring Environnement SARL, no han resultado controvertidos, puesto que la demandada no rebatió ni las causas invocadas para resolver el convenio ni el cálculo del importe que debe devolver a la demandante.
   En consecuencia, la demandante entiende que puede exigir, con arreglo a Derecho, el reintegro del importe pagado a la demandada en concepto de prefinanciación, incrementado en los intereses de demora.


title: Asunto C-142/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Varna (Bulgaria) el 21 de marzo de 2012 — Hristomir Marinov/Direktor na Direksia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

text:
               26.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 151/25

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Varna (Bulgaria) el 21 de marzo de 2012 — Hristomir Marinov/Direktor na Direksia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
   (Asunto C-142/12)
   2012/C 151/39
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Varna

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Hristomir Marinov

      Demandada: Direktor na Direksia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse el artículo 18, letra c), de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que comprende también los supuestos en los que la cesación de la actividad económica imponible se debe a que, como consecuencia de la baja del registro, se elimina la posibilidad de que el sujeto pasivo repercuta y deduzca el IVA?

               2)

               ¿Se oponen los artículos 74 y 80 de la Directiva 2006/112 a una disposición nacional que, en los casos de cesación de la actividad económica imponible, prevé que la base imponible de la operación estará constituida por el valor normal de mercado de los bienes existentes en el momento de la baja registral?

               3)

               ¿Tiene eficacia directa el artículo 74 de la Directiva 2006/112?

               4)

               La duración del período comprendido entre el momento de la compra de los bienes y el momento de cesación de la actividad económica imponible, así como las minusvalías materializadas tras la adquisición de los bienes ¿son relevantes en el cálculo de la base imponible conforme al artículo 74 de la Directiva 2006/112?

      (1)  DO L 347, p. 1.


title: Asunto C-222/11 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de mayo de 2011 por Longevity Health Products, Inc. contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 2011 por el Tribunal General (Sala Sexta) en el asunto T-190/09, Longevity Health Products, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), otra parte en el procedimiento: Performing Science LLC

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/12

         Recurso de casación interpuesto el 13 de mayo de 2011 por Longevity Health Products, Inc. contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 2011 por el Tribunal General (Sala Sexta) en el asunto T-190/09, Longevity Health Products, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), otra parte en el procedimiento: Performing Science LLC
   (Asunto C-222/11 P)
   2011/C 252/24
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Longevity Health Products, Inc. (representante: J. Korab, Rechtsanwalt)

      Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Performing Science LLC

      Pretensiones de la parte recurrente

   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

               —

               Declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la sociedad Longevity Health Products, Inc.

               —

               Anule la resolución del Tribunal General de 9 de marzo de 2011, recaída en el asunto T-190/09.

               —

               Condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

      Motivos y principales alegaciones

   Las restricciones a la libertad de las marcas sólo pueden estar justificadas por razones de interés público, por ejemplo, para evitar que pueda inducirse al público interesado a un eventual engaño. No obstante, en este caso puede excluirse esta posibilidad, ya que tanto los expertos como los no expertos saben distinguir entre el signo 5 HTP y la denominación sistemática 5-Hydroxy-tryptophan.
   Expertos del ramo como los farmacéuticos y los veterinarios saben que incluso las alteraciones mínimas de las denominaciones químicas contenidas en la nomenclatura o en las tipos químicos predeterminados pueden suponer diferencias importantes en la estructura de la sustancia. Por lo tanto, ese grupo de personas seguiría utilizando, sin más, la denominación química correcta que no coincide con la marca.
   «Informados» significa que también los no expertos y los consumidores que estén interesados en esos productos sepan que las denominaciones de las distintas sustancias que figuran en la nomenclatura química pueden presentar escasas diferencias, pero que una diferencia mínima en el nombre puede suponer, sin embargo, cambios enormes en las propiedades farmacológicas, químicas y físicas de dicha sustancia.
   El público no especializado que no esté interesado en los productos en cuestión no puede, de todos modos, reconocer la existencia de una relación entre el signo 5 HTP y la sustancia 5-Hydroxy-tryptophan y, por lo tanto, no puede ser inducido a error por ese motivo.


title: Recurso interpuesto el 3 de febrero de 1997 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-43/97)

text:
N ° c 94/12            LES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      22 . 3 . 97
     dicho Reglamento cumple los requisitos del artículo 2             de Lapuerta, Abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurídico
     del citado Reglamento y da lugar a la pérdida del dere           ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
     cho a una exacción reguladora a la importación redu              en calidad de agente, que designa como domicilio en Lu
     cida ?                                                            xemburgo el de la Embajada de España, 4-6, boulevard
                                                                       Emmanuel-Servais .
(') Reglamento ( CEE) n° 1767/82 de la Comisión, de 1 de julio
    de 1982 , por el que se establecen las modalidades de aplica
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
    ción de las exacciones reguladores específicas a la importación    — anule la Decisión 96/701 /CE de la Comisión, de 20 de
    para determinados productos lácteos ( DO n° L 196 de 5 . 7.              noviembre de 1996 , por la que se modifica la Decisión
    1982 , p . 1 ; EE 03/25 , p . 229 ).                                     96/31 1 /CE relativa a fia liquidación de cuentas de los
                                                                             Estados miembros de los gastos financiados por el
                                                                             Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria
                                                                             ( FEOGA ), sección « Garantía », correspondientes al
Recurso interpuesto el 3 de febrero de 1997 contra la                        ejercicio financiero de 1992 así como de algunos gas
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                        tos relativos al ejercicio 1993 (') en lo que se refiere a
                                  Europeas                                   las ayudas al consumo de aceite de oliva, y
                          ( Asunto C-43/97 )                           — condene en costas a la Institución demandada .
                              ( 97/C 94/23 )
                                                                       Motivos y principales alegaciones
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              — Violación de las disposiciones relativas a la financia
ha presentado el 3 de febrero de 1997 un recurso contra la                   ción de la política agrícola común y de las disposicio
República Italiana formulado por la Comisión de las Co                      nes que regulan la organización común de mercados
munidades Europeas, representada por el Sr. Paolo Stanca                    en el sector de materias grasas: el Reino de España ex
nelli, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agen                  pone, para cada una de las empresas a las que la Co
te, que designa como domicilio en Luxemburgo el                              misión propone correcciones financieras, las razones
despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,                     por las cuales considera que la Comisión incurre en un
Kirchberg .                                                                  error a la hora de valorar el respeto de la normativa
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                    comunitaria por parte de las empresas afectadas.
1 ) Declare que la República Italiana, al no haber adop               — Violación del principio de proporcionalidad: en las dos
     tado las disposiciones legales, reglamentarias y admi                  empresas a las que se exige por el FEOGA la retirada
     nistrativas necesarias para atenerse a la Directiva 93/                 de la autorización para tener derecho a la ayuda al
     36/CEE del Consejo 1 , de 14 de junio de 1993 , sobre                   consumo, ni la cuantía afectada puede considerarse
     coordinación de los procedimientos de adjudicación de                   significativa, ni existe intención de defraudar.
     contratos públicos de suministro ('), y al no haber co                 Por otra parte, la aplicación de una corrección del
     municado tales disposiciones, ha incumplido las obli                    100% de la ayuda en el caso de cuatro empresas exa
     gaciones que le incumben en virtud del párrafo prime                   minadas y, del 10% en el caso de las nueve restantes,
     ro del artículo 34 de dicha Directiva .                                 no obedece a ningún criterio preestablecido y, por lo
2 ) Condene en costas a la República Italiana .                              tanto, no guarda relación alguna con la posible infrac
                                                                             ción cometida .
Motivos y principales alegaciones
El artículo 189 del Tratado CE, según el cual la Directiva             (') DO n° L 323 de 13 . 12 . 1996, p . 26 .
obliga al Estado miembro en cuanto al resultado que deba
conseguirse, implica la obligación que tienen los Estados
miembros de respetar los plazos para la adaptación del
Derecho interno a lo establecido en la Directiva . Dicho
                                                                       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso
plazo ha expirado el 14 de junio de 1994 sin que la Repú              lución del Richmond Magistrates Court, de fecha 3 de sep
blica Italiana haya adoptado las disposiciones necesarias              tiembre de 1996, en el asunto entre Vehicle Inspectorate y
para atenerse a la Directiva mencionada en las pretensio                 1 ) E. Clarke & Sons ( Coaches ) Limited y 2 ) D. J. Ferne
nes de la Comisión .
                                                                                ( Asunto C-47/97 )
O DO n° L 199 de 9 . 8 . 1993 , p . 1 .                                                            ( 97/C 94/25 )
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial median
                                                                       te resolución del Richmond Magistrates Court dictada el 3
Recurso interpuesto el 4 de febrero de 1997 contra la
                                                                       de septiembre de 1996 , en el asunto entre Vehicle Inspec
Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de                   torate y 1 ) E. Clarke & Sons ( Coaches ) Limited y D. J.
                                   España                              Ferne, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia
                          (Asunto C-45/97)                             el 6 de febrero de 1997 .
                               ( 97/C 94/24 )                          El Richmond Magistrates Court solicita al Tribunal de Jus
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              ticia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
ha presentado el 4 de febrero de 1997 un recurso contra la             1 ) Los grupos de viajeros transportados en un mismo tra
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el                        yecto entre un aeropuerto y un hotel, en ocasiones pa
Reino de España , representado por la Sra . Rosario Silva                    sando por un lugar de interés turístico, ¿ constituyen


title: Asunto C-295/11: Recurso interpuesto el 10 de junio de 2011 — República Italiana/Consejo de la Unión Europea

text:
               6.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 232/21

         Recurso interpuesto el 10 de junio de 2011 — República Italiana/Consejo de la Unión Europea
   (Asunto C-295/11)
   2011/C 232/34
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, y S. Fiorentino, Avvocato dello Stato)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. (1)

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

      Motivos y principales alegaciones

   La República Italiana invoca cuatro motivos en apoyo del recurso.
   En primer lugar, sostiene que el Consejo autorizó el procedimiento de cooperación reforzada más allá de los límites establecidos en el artículo 20 TUE, apartado 1, párrafo primero, según el cual tal procedimiento sólo puede admitirse en el marco de las competencias no exclusivas de la Unión. Alega que, en realidad, la Unión ostenta una competencia exclusiva para la creación de «títulos europeos», que tengan como base el artículo 118 TFUE.
   En segundo lugar, aduce que la autorización para la cooperación reforzada en el caso de autos produce efectos contrarios o, en cualquier caso, no acordes con los objetivos para cuya consecución tal instituto es contemplado en los Tratados. A su juicio, en la medida en que dicha autorización contradice, si no la letra, al menos el espíritu del artículo 118 TFUE, la misma infringe el artículo 326 TFUE, apartado 1, en la parte en que obliga a que las cooperaciones reforzadas respeten los Tratados y el Derecho de la Unión.
   En tercer lugar, la República Italiana se queja de que la Decisión de autorización se adoptara sin una investigación previa adecuada en relación con el requisito del conocido como last resort y sin una motivación apropiada sobre el particular.
   Por último, sostiene que la Decisión de autorización infringe el artículo 326 TFUE por cuanto afecta negativamente al mercado interior, introduciendo un obstáculo para los intercambios entre los Estados miembros y una discriminación entre empresas, provocando distorsiones de la competencia. Dicha Decisión, además, no contribuye al reforzamiento del proceso de integración de la Unión, encontrándose, por ello, en contradicción con el artículo 20 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

      (1)  DO L 76, p. 53.


title: Asunto F-56/09: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2009 — Marcuccio/Comisión

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/48

         Recurso interpuesto el 4 de junio de 2009 — Marcuccio/Comisión
   (Asunto F-56/09)
   2009/C 205/90
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de la Comisión de desestimar la solicitud del demandante en la que pedía, por una parte, la reparación de los daños supuestamente sufridos como consecuencia de la irrupción de agentes de la Comisión en su alojamiento oficial en Luanda el 8 de abril de 2002, y, por otra parte, el envío de las copias de las fotos tomadas en esa ocasión y la destrucción de cualquier documentación relativa a dicho acontecimiento.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare la inexistencia ex lege o bien, con carácter subsidiario, que se anule la decisión por la que se rechazó la solicitud de 24 de abril de 2008.

               —

               En la medida en que sea necesario, que se declare la inexistencia ex lege, o, con carácter subsidiario, que se anule la nota de 11 de septiembre de 2008.

               —

               En la medida en que sea necesario, que se declare la inexistencia ex lege, o, con carácter subsidiario, que se anule el acto por el que se rechazó la reclamación, fechado el 3 de noviembre de 2008.

               —

               Que se declare que el 8 de abril de 2002 agentes de la Comisión irrumpieron en el alojamiento de servicio del demandante, hicieron fotografías y tomaron nota de algunos efectos, y que se determine y se declare la ilicitud de ese hecho.

               —

               Que se condene a la Comisión a notificar por escrito al demandante todos y cada uno de los elementos de la documentación relativa a ese hecho.

               —

               Que se condene a la Comisión a enviar al demandante dicha documentación, incluidas las fotografías.

               —

               Que se condene a la Comisión a proceder a la destrucción material de la documentación y a notificar dicha destrucción.

               —

               Que se condene a la Comisión a abonar al demandante, en concepto de compensación por los daños en cuestión, la cantidad de 225 000 euros, o la cantidad mayor o menor que el Tribunal de la Función Pública estime justa y equitativa, es decir: a) 100 000 euros por los daños derivados de la irrupción ilegal; b) 100 000 euros por los daños derivados de la toma ilegal de fotografías; c) 25 000 euros por los daños derivados de la toma de notas sobre algunos elementos relativos a los efectos personales del demandante.

               —

               Que se condene a la Comisión a abonar al demandante, a partir del día siguiente a aquél en que la Comisión recibió la solicitud de 24 de abril de 2008 y hasta el pago efectivo de la cantidad de 225 000 euros, los intereses sobre dicha cantidad, calculados a un 10 % anual con capitalización también anual.

               —

               Que se condene a la Comisión a abonar al demandante, en concepto de indemnización por los daños sufridos por éste como consecuencia de que no se enviara la documentación, a partir de mañana y hasta el día en que ésta se envíe al demandante, la cantidad de 100 euros al día, o la cantidad mayor o menor que el Tribunal de la Funcional Pública estime justa y equitativa, que habrá de abonarse el primer día del mes siguiente a la sentencia que se dicte en el presente asunto en lo que respecta a las cantidades ya acumuladas en los días transcurridos entre mañana y el último día del mes en que se dicte la sentencia en el presente asunto, y el primer día de cada mes siguiente a aquél en que se dicte la sentencia en el presente asunto respecto de los derechos, en ese contexto, acumulados en el anterior.

               —

               Que se condene a la Comisión a abonar al demandante, en concepto de indemnización por los daños sufridos por éste como consecuencia de que no se procediera a la destrucción material, a partir de mañana y hasta el día en que se produzca dicha destrucción material, la cantidad de 100 euros al día o la cantidad mayor o menor que el Tribunal de la Funcional Pública estime justa y equitativa, que habrá de abonarse el primer día del mes siguiente a la sentencia que se dicte en el presente asunto en lo que respecta a las cantidades ya acumuladas en los días transcurridos entre mañana y el último día del mes en que se dicte la sentencia en el presente asunto, y el primer día de cada mes siguiente a aquél en que se dicte la sentencia en el presente asunto respecto de los derechos, en ese contexto, acumulados en el anterior.

               —

               Que se condene a la Comisión a abonar al demandante todos los gastos, derechos y honorarios del procedimiento, incluidos los derivados de la elaboración de un informe pericial a instancia de parte.

               —

               Que se condene a la Comisión a cargar con los gastos derivados de la eventual elaboración de un informe pericial de oficio.


title: Asunto T-21/16: Auto del Tribunal General de 14 de marzo de 2017 — Karl Conzelmann/EUIPO (LIKE IT) [«Marca de la Unión Europea — Solicitud de registro de la marca denominativa LIKE IT — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009»]

text:
               8.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/43

         Auto del Tribunal General de 14 de marzo de 2017 — Karl Conzelmann/EUIPO (LIKE IT)
   (Asunto T-21/16) (1)

   ([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de registro de la marca denominativa LIKE IT - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
   (2017/C 144/59)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrente: Karl Conzelmann GmbH + Co. KG (Albstadt, Alemania) (representante: J. Klink, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: A. Graul y M. Fischer, agentes)

      Objeto

   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de noviembre de 2015 (asunto R 223/2015-1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo LIKE IT como marca de la Unión Europea.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Karl Conzelmann GmbH + Co. KG.

      (1)  DO C 98 de 14.3.2016.


title: Asunto C-303/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Land Baden-Württemberg/Metin Bozkurt (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Reagrupación familiar — Artículo 7, párrafo primero, de la Decisión n ° 1/80 del Consejo de Asociación — Cónyuge de una trabajadora turca que convivió con ella durante más de cinco años — Conservación del derecho de residencia tras el divorcio — Condena del interesado por violencia sobre su ex-mujer — Abuso de derecho)

text:
               19.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 55/2

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Land Baden-Württemberg/Metin Bozkurt
   (Asunto C-303/08) (1)

   (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Reagrupación familiar - Artículo 7, párrafo primero, de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación - Cónyuge de una trabajadora turca que convivió con ella durante más de cinco años - Conservación del derecho de residencia tras el divorcio - Condena del interesado por violencia sobre su ex-mujer - Abuso de derecho)
   2011/C 55/02
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesverwaltungsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Land Baden-Württemberg

      Demandada: Metin Bozkurt

      Otra parte en el procedimiento principal: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesverwaltungsgericht — Interpretación del artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía — Derecho de residencia adquirido, por su condición de miembro de la familia, por un nacional turco cónyuge de una trabajadora turca que forma parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro — Subsistencia del derecho de residencia en caso de divorcio precedido de lesiones a la integridad física de la ex esposa que dieron lugar a una condena penal.

      Fallo

               1)

               El artículo 7, párrafo primero, de la Decisión no 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, del Consejo de Asociación instituido mediante el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, debe interpretarse en el sentido de que un nacional turco como el demandante en el litigio principal que, en su condición de miembro de la familia de una trabajadora turca que forma parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro y por el hecho de haber residido con su esposa durante un período continuado de al menos cinco años, goza de los derechos correspondientes al estatuto jurídico conferido sobre la base del segundo guión de dicha disposición, no pierde el disfrute de esos derechos como consecuencia del divorcio pronunciado con posterioridad a la adquisición de éstos.

               2)

               No constituye abuso de derecho el hecho de que un nacional turco como el demandante en el litigio principal invoque un derecho legalmente adquirido con arreglo al artículo 7, párrafo primero, de la Decisión no 1/80, aunque el interesado, una vez obtenido ese derecho por medio de su ex-esposa, haya cometido contra ésta una infracción grave que haya dado lugar a que se le condenara penalmente.
               En cambio, el artículo 14, apartado 1, de la misma Decisión no se opone a que se adopte una medida de expulsión contra un nacional turco que haya sido condenado penalmente, siempre que su comportamiento personal constituya una amenaza actual, real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente apreciar si es éste el caso en el litigio principal.

      (1)  DO C 247, de 27.9.2008.


title: Asunto C-90/08 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de febrero de 2008 por K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) el 12 de diciembre de 2007 en el asunto T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

text:
               7.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 142/10

         Recurso de casación interpuesto el 28 de febrero de 2008 por K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) el 12 de diciembre de 2007 en el asunto T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   (Asunto C-90/08 P)
   (2008/C 142/16)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes

      Recurrente: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (representante: D. Spohn, Rechtsanwältin)

      Otras partes en el procedimiento: 1. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos); 2. Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha; 3. Cláudia Couto Simões; 4. Marly Lima Jatobá
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2007, asunto T-86/05, en relación con el punto 1 del fallo en su totalidad y por lo que se refiere al punto 2 del fallo, en la medida en que la OAMI soporta sus propias costas en su totalidad y todas las costas efectuadas por la recurrente.

               —

               Que se condene a la OAMI a pagar asimismo las ulteriores costas del procedimiento.

         Mantenimiento de las pretensiones presentadas en primera instancia:

               —

               Que se anule en su totalidad la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 7 de diciembre de 2004, R 0328/2004-1.

               —

               Que se condene en costas a la OAMI.

         Motivos y principales alegaciones
   El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso interpuesto por la recurrente contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI por considerar que la División de Oposición de la Oficina había aplicado correctamente la regla 71, apartado 1, segunda frase, del Reglamento no 2868/95, al haber denegado la solicitud formulada por la recurrente de que se prorrogase el plazo señalado para demostrar el uso de la marca anterior en el marco del procedimiento de oposición, y que la Oficina en el presente litigio no disponía de margen de discrecionalidad alguno, en vista de la consideración de las pruebas presentadas por la recurrente extemporáneamente.
   Según la recurrente, el recurso se basa en las siguientes violaciones del Derecho comunitario:

               1)

                  El Tribunal de Primera Instancia infringió la regla 71, apartado 1, segunda frase, del Reglamento no 2868/95, por cuanto ha interpretado erróneamente dicha disposición. En particular, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración el hecho de que el Reglamento no 40/94 no contiene ninguna norma sobre los posibles motivos de una prórroga del plazo. Asimismo, tampoco tuvo en cuenta que en la fecha relevante, la regla 71, apartado 1, del Reglamento no 2868/95 no había sido concretada por la OAMI mediante orientaciones sobre la oposición u otras disposiciones, por lo que no subsiste ninguna posibilidad de interpretación sobre los motivos admisibles para la prórroga de tal plazo. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no comprendió del todo el contexto fáctico del asunto o no interpretó correctamente la regla 71, apartado 1, frase 2, del Reglamento no 2868/95.

               2)

                  El Tribunal de Primera Instancia incumplió la obligación de motivación que le incumbe, puesto que no respondió a la alegación de hecho de la demandante, según la cual en el momento de solicitar la prórroga del plazo no existía normativa alguna ni fundamento interpretativo para redactar las solicitudes de prórroga del plazo. Habida cuenta de que la solicitud de prórroga debía acompañarse de una motivación, el Tribunal de Primera Instancia tendría que haber explicado también con arreglo a qué base jurídica resulta que la motivación de la solicitud de prórroga del plazo debe considerarse insuficiente.

               3)

                  El Tribunal de Primera Instancia infringió lo dispuesto en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, por cuanto interpretó dicha disposición erróneamente en el sentido de que la OAMI no disponía de ningún margen discrecional para tener en cuenta, en el procedimiento de oposición, elementos de prueba presentados extemporáneamente. El Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración que, en cualquier caso, incumbe a las Salas de Recursos una obligación de ejercitar una facultad discrecional y tal obligación no está excluida por disposiciones tales como el artículo 43 del Reglamento no 40/94 y la regla 22, apartado 2, frase segunda, del Reglamento no 2868/95.


title: Asunto C-35/00: Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2000 contra el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
8.4.2000               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 102/15
2. Desestime por infundado el recurso de anulación del                  Motivos y principales alegaciones
     Reglamento 1312/96 interpuesto por Boehringer Ingel-
     heim Vetmedica GmbH y C.H. Boehringer Sohn en el
     asunto T-152/96.                                                    Los planes de gestión de residuos existentes, actualmente
                                                                         notificados a la Comisión con arreglo al artı́culo 7 de la
3. Condene a Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH y a                     Directiva 75/442/CEE, no abarcan todo el territorio del Reino
     C. H. Boehringer Sohn a cargar con las costas de este               Unido. Con base en la información facilitada, la Comisión
     recurso de casación.                                               hubo de llegar a la conclusión de que el Reino Unido no habı́a
                                                                         notificado planes de residuos suficientes para abarcar todo el
4. Condene a Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH y a                     territorio del Reino Unido.
     C.H. Boehringer Sohn a cargar con las costas del recurso
     de anulación en el asunto T-152/96.
                                                                         En lo que atañe a la Directiva 91/689/CEE, el examen del
                                                                         Anexo I del dictamen motivado muestra que 21 de los planes
                                                                         notificados no contienen la información obligatoria en materia
Motivos y principales alegaciones                                        de residuos peligrosos. En virtud del artı́culo 6 de esta Direc-
                                                                         tiva, las autoridades del Reino Unido tienen obligación de
La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió        elaborar planes para la gestión de los residuos peligrosos.
en error de Derecho al declarar que la Comisión habı́a rebasado         Teniendo en cuenta la información facilitada, el Reino Unido
sus facultades al restringir la validez de los lı́mites máximos de      ha incumplido esta obligación.
residuos (LMR) establecidos en el Reglamento 1312/96.
                                                                         Por otro lado, en lo que atañe a la Directiva 94/62/CE, tan sólo
La Comisión alega asimismo que la motivación en que se basó           uno de los planos incluye un capı́tulo sobre residuos de
tal conclusión es contradictoria, incompleta y errónea.                envases. En virtud del artı́culo 14 de esta Directiva, las
                                                                         autoridades del Reino Unido están obligadas a incluir, en los
(1) DO C 318, de 26.10.96, p. 15.                                        planes de gestión de residuos exigidos en virtud de lo dispuesto
(2) DO C 354, de 23.11.96, p. 32.                                        en el artı́culo 7, un capı́tulo especı́fico sobre la gestión de
                                                                         envases y residuos de envases. Teniendo en cuenta la informa-
                                                                         ción facilitada, el Reino Unido ha incumplido esta obligación.
                                                                         (1) del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO
                                                                              L 194, de 25.07.75, p. 39; EE 15/01, p. 129).
                                                                         (2) del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos
Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2000 contra el                         peligrosos (DO L 377, 31.12.91, p. 20).
Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la Comisión              (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de
                 de las Comunidades Europeas                                  1994, relativa a los envases y residuos de envases (DO L 365,
                                                                              31.12.94, p. 10).
                        (Asunto C-35/00)
                         (2000/C 102/25)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 8 de febrero de 2000 un recurso contra el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte formulado por la
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el
Sr. Richard Wainwright, Consejero Jurı́dico Principal, y por la          Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2000 contra
Sra. Lena Ström, Consejero Jurı́dico, en calidad de Agentes,                Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner.                                                      (Asunto C-46/00)
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                                (2000/C 102/26)
— Declare que el Gobierno del Reino Unido ha incumplido
     las obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 7          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     de la Directiva 75/442/CEE (1), del artı́culo 6 de la Directiva     presentado el 14 de febrero de 2000 un recurso contra Irlanda
     91/689/CEE (2) y del artı́culo 14 de la Directiva                   formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
     94/62/CE (3), al no haber establecido planes de gestión de         representada por la Sra. Karen Banks, Consejero Jurı́dico, y por
     residuos de conformidad con todas las prescripciones de             el Sr. Bernard Mongin, miembro del Servicio Jurı́dico, en
     dichas Directivas.                                                  calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem-
                                                                         burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre
— Condene en costas al Reino Unido.                                      Wagner, Kirchberg.


title: Asunto T-308/06: Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OAMI — Werner & Mertz (Buffalo Milke Automotive Polishing Products)

text:
               30.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 326/63

         Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2006 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OAMI — Werner & Mertz (Buffalo Milke Automotive Polishing Products)
   (Asunto T-308/06)
   (2006/C 326/135)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
   Partes

      Demandante: Buffalo Milke Automotive Polishing Products Inc. (Pleasanton, EE. UU.) (representantes: F. de Visscher, E. Cornu y D Moreau, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Werner & Mertz GMBH (Maguncia, Alemania)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 8 de septiembre de 2006 en el asunto R 1094/2005-2.

               —

               Que se condene a la Oficina al pago de las costas.

         Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: la demandante

      Marca comunitaria solicitada: la marca figurativa «BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products» para productos y servicios de las clases 3, 18 y 25 — solicitud no 2 099 018

      Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Werner & Mertz GmbH

      Marca o signo invocado: la marca nacional figurativa «BÚFALO» para productos de la clase 3

      Resolución de la División de Oposición: desestimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: anulación de la Decisión de la División de Oposición

      Motivos invocados: infracción del artículo 43, del Reglamento no 40/94 del Consejo y de la Regla 22 del Reglamento no 2868/95 de la Comisión dado que la Sala de Recurso no debería haber tenido en cuenta la prueba de uso aportada por primera vez ante ésta fuera del plazo fijado por la División de Oposición.


title: Asunto T-27/11: Auto del Tribunal General de 15 de diciembre de 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Comisión

text:
               11.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 39/21

         Auto del Tribunal General de 15 de diciembre de 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Comisión
   (Asunto T-27/11) (1)

   2012/C 39/42
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 72, de 5.3.2011.


               22.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 315/1

         (2007/C 315/01)
   Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

         DO C 297 de 8.12.2007

   Recopilación de las publicaciones anteriores

      DO C 283 de 24.11.2007

      DO C 269 de 10.11.2007

      DO C 247 de 20.10.2007

      DO C 235 de 6.10.2007

      DO C 223 de 22.9.2007

      DO C 211 de 8.9.2007

   Estos textos se encuentran disponibles en:

               EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


title: Asunto C-273/16: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 13 de mayo de 2016 — Agenzia delle Entrate/Federal Express Europe Inc.

text:
               19.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 343/21

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 13 de mayo de 2016 — Agenzia delle Entrate/Federal Express Europe Inc.
   (Asunto C-273/16)
   (2016/C 343/32)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Corte suprema di cassazione

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente y recurrida en el recurso incidental: Agenzia delle Entrate

      Recurrida y recurrente en el recurso incidental: Federal Express Europe Inc.

      Cuestión prejudicial

   ¿Puede interpretarse el artículo 144, en relación con el artículo 86, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006 (1) (correspondientes a los artículos 14, apartados 1 y 2, y 11, parte B, apartado 3, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo de 17 de mayo de 1977) (2) en el sentido de que la única condición para que las prestaciones conexas, consistentes en el servicio de transporte interno denominado inbound —desde los espacios aeroportuarios hasta el destino, en el territorio del Estado miembro, y con la cláusula «franco destino»—, no tributen a efectos del IVA es que su valor quede comprendido en la base imponible, con independencia de que estén efectivamente sujetas a tributación en aduana en el momento de la importación de los bienes, y que, por tanto, no es compatible con las citadas disposiciones de la Unión la normativa nacional contenida en el artículo 9, apartado 1, número 2, en relación con el artículo 69, apartado 1, del Decreto del Presidente de la República n.o 633, de 26 de octubre de 1972, en su versión en vigor ratione temporis, en virtud de la cual en cualquier caso, y por tanto también en los supuestos de importación exentos del IVA —como en el caso de autos, al tratarse de documentos y de bienes de escaso valor— debe cumplirse el ulterior requisito de efectiva sujeción al IVA (y de pago efectivo del impuesto en aduana) con ocasión de la importación de dichos bienes, y ello, eventualmente, teniendo en cuenta también la relación de accesoriedad de los servicios de transporte respecto a las prestaciones principales (importaciones) y la finalidad de simplificación que subyace a ambas operaciones?

      (1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).

      (2)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).


title: Asunto T-236/08: Recurso interpuesto el 16 de junio de 2008 — HPA/Comisión

text:
               30.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/49

         Recurso interpuesto el 16 de junio de 2008 — HPA/Comisión
   (Asunto T-236/08)
   (2008/C 223/87)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   Partes

      Demandante: Hoofdproductschap Akkerbouw (La Haya) (representante: R. J. M. van den Tweel)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare inexistente, o cuando menos se anule, la Decisión de la Comisión C(2006)7093/6, de 19 de diciembre de 2006, relativa a la recuperación del crédito no 3240206544 pagadero con carácter solidario por los miembros de la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) Euroterroirs, en el marco del proyecto no 93.EU.06.002, relativo a un estudio para la realización de un inventario del patrimonio europeo de productos agrícolas y alimentarios típicos y regionales (productos locales), cuando menos en la medida en que declara que la Hoofdproductschap Akkerbouw es responsable con carácter solidario del importe total del referido crédito.

               —

               Que se condene en costas a la Comisión.

         Motivos y principales alegaciones
   La demandante impugna la recuperación de un crédito concedido a Euroterroirs, determinada mediante Decisión de la Comisión del 14 de agosto de 2000. Según la propia demandante, debe declararse que la Decisión impugnada, al menos en la medida en que la declara responsable con carácter solidario del importe total del crédito, es inexistente y nula, dado que dicha Decisión adolece de vicios particularmente graves y manifiestos. La demandante aduce asimismo que incluso después de la expiración del plazo para la interposición del recurso, puede declararse que la Decisión no ha surtido efectos.
   Mediante su primer motivo, la demandante alega la infracción del Reglamento no 2137/85 (1), por cuanto ella no ha sido nunca miembro de la agrupación europea de interés económico (AEIE) Euroterroirs y por este motivo no puede ser responsable.
   En segundo lugar, la demandante alega la vulneración del derecho de defensa. La Comisión no brindó a la demandante la posibilidad de manifestar su opinión antes de adoptar la Decisión impugnada, e informó a la demandante de la recuperación del crédito determinada mediante Decisión de 14 de agosto de 2000 únicamente al enviar la Decisión impugnada.
   En tercer lugar, la demandante aduce la vulneración del principio de proporcionalidad. Afirma que la Comisión declaró que la demandante era responsable del crédito con carácter solidario seis años después de que se determinara el propio, sin haber adoptado en primer lugar las medidas oportunas contra la propia Euroterroirs, contra el miembro fundador —y también administrador— de Euroterroirs, a saber, el Conseil national des Arts Culinaires (CNAC) francés, o contra el Estado miembro, Francia. Además, prosigue, el experto neerlandés únicamente percibió, por determinadas actividades de inventario llevadas a cabo en los años 1994/1995 en el ámbito del proyecto de Euroterroirs, la cantidad de 13 055 EUR.
   Por último, la demandante alega que el crédito ha prescrito, dado que la Comisión envió la nota de débito en cuestión a Euroterroirs el 28 de septiembre de 2000, sin haber informado posteriormente a la demandante a su debido tiempo de las actividades que podrían haber interrumpido el plazo de prescripción.

      (1)  Reglamento (CEE) no 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (AEIE) (DO L 199, p. 1; EE 17/02, p. 3).


title: Asunto C-27/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria) el 17 de enero de 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost

text:
               14.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/3

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria) el 17 de enero de 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost
   (Asunto C-27/11)
   2011/C 145/03
   Lengua de procedimiento: búlgaro

      Órgano jurisdiccional remitente

   Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria)

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Anton Vinkov

      Demandada: Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               Las disposiciones aplicables del ordenamiento jurídico nacional, como las del litigio principal, relativas a los efectos jurídicos de una resolución administrativa sobre la imposición de una sanción pecuniaria por infracción del Derecho administrativo consistente en un accidente de tráfico, ¿deben interpretarse en el sentido de que son compatibles con lo dispuesto en los Tratados y en las medidas del Derecho de la Unión adoptadas sobre la base de éstos en el ámbito relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia y/o, en su caso, en el ámbito de los transportes?

               2)

               De lo dispuesto en los Tratados y en las medidas del Derecho de la Unión adoptadas sobre la base de éstos en el ámbito relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, en relación con la cooperación judicial en materia penal prevista en el artículo 82, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en el ámbito de los transportes del artículo 91, apartado 1, letra c), de dicho Tratado, ¿resulta que las infracciones administrativas a la legislación de tráfico que puedan calificarse de «leves» en el sentido del artículo 2, del Protocolo no 7 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en relación con dicho artículo están comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión?

               3)

               En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, esta Sala solicita que se responda también a las siguientes cuestiones:

                           3.1.

                           Una infracción administrativa a la legislación de tráfico producida en las circunstancias del litigio principal, ¿constituye una infracción leve en el sentido del Derecho de la Unión si al propio tiempo concurren las siguientes circunstancias:

                                       a)

                                       el acto es un accidente de tráfico que ha causado daños materiales, que ha de calificarse de cometido de manera culposa y que resulta sancionable en cuanto infracción administrativa;

                                       b)

                                       la resolución por la que se impone la sanción no puede recurrirse ante los tribunales debido a la cuantía de la sanción pecuniaria y el interesado no puede demostrar que no ha cometido el acto que se le imputa de manera culposa;

                                       c)

                                       como efecto jurídico automático de la firmeza de la resolución se retira el número de puntos de control indicado en ella;

                                       d)

                                       en el marco del sistema de permisos de conducción que se ha introducido, se atribuye en el momento de expedición de los permisos un determinado número de puntos de control que han de retirarse cuando se cometen infracciones; también se tiene en cuenta la retirada de puntos de control como efecto jurídico automático de resoluciones sancionadoras contra las que no cabe recurrir;

                                       e)

                                       si se recurre ante los tribunales la medida coercitiva de retirada del permiso de conducción por pérdida del derecho de conducir, que se produce como efecto jurídico automático de la retirada del número de puntos de control atribuidos inicialmente, no se produce ningún control jurisdiccional incidental de la legalidad de las resoluciones sancionadoras irrecurribles por las que se han retirado puntos de control?

                           3.2.

                           El artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en su caso, el artículo 91, apartado 1, letra c), de dicho Tratado, y las medidas adoptadas sobre la base de las citadas disposiciones, así como la Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, ¿permiten que el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales o las medidas adoptadas para mejorar la seguridad vial no se apliquen, en las circunstancias del litigio principal, a una resolución por la que se impone una sanción pecuniaria por una infracción a la legislación de tráfico, que de conformidad con el Derecho de la Unión puede calificarse de «leve», por el hecho de que el Estado miembro ha establecido que no han de observarse los requisitos de que pueda recurrirse ante un tribunal que también sea competente en materia penal y de que sean aplicables las normas procesales del Derecho nacional sobre recursos en caso de imputación de un delito?

               4)

               En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, esta Sala solicita que se responda a la siguiente cuestión:
               El artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en su caso, el artículo 91, apartado 1, letra c), de dicho Tratado, y las medidas adoptadas sobre la base de las citadas disposiciones, así como la Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, ¿permiten que el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales o las medidas adoptadas para mejorar la seguridad vial no se apliquen a discreción del Estado miembro -por el hecho de que éste haya establecido un acto normativo por el que no han de observarse los requisitos de que pueda recurrirse ante un tribunal que también sea competente en materia penal y de que sean aplicables las normas procesales del Derecho nacional sobre recursos en caso de imputación de un delito- a una resolución sobre la imposición de una sanción pecuniaria por infracción a la legislación de tráfico, si en la resolución concurren, en las circunstancias del caso de autos, las siguientes circunstancias:

                           a)

                           el acto es un accidente de tráfico que ha causado daños materiales, que ha de calificarse de cometido de manera culposa y que resulta sancionable en cuanto infracción administrativa;

                           b)

                           la resolución por la que se impone la sanción no puede recurrirse ante los tribunales debido a la cuantía de la sanción pecuniaria y el interesado no puede demostrar que no ha cometido el acto que se le imputa de manera culposa;

                           c)

                           como efecto jurídico automático de la firmeza de la resolución se retira el número de puntos de control indicado en ella;

                           d)

                           en el marco del sistema de permisos de conducción que se ha introducido, se atribuye en el momento de expedición de los permisos un determinado número de puntos de control que han de retirarse cuando se cometen infracciones; también se tiene en cuenta la retirada de puntos de control como efecto jurídico automático de resoluciones sancionadoras contra las que no cabe recurrir;

                           e)

                           si se recurre ante los tribunales la medida coercitiva de retirada del permiso de conducción por pérdida del derecho de conducir, que se produce como efecto jurídico automático de la retirada del número de puntos de control atribuidos inicialmente, no se produce ningún control jurisdiccional incidental de la legalidad de las resoluciones sancionadoras irrecurribles por las que se han retirado puntos de control?


title: Asunto C-275/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 17 de mayo de 2016 — Comune di Balzola y otros/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

text:
               29.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 314/8

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 17 de mayo de 2016 — Comune di Balzola y otros/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
   (Asunto C-275/16)
   (2016/C 314/13)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, Comune di Cereseto, Comune di Cerrina, Comune di Frassineto Po, Comune di Gabiano, Comune di Limone Piemonte, Comune di Mombello Monferrato, Comune di Morano Sul Po, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Pietraporzio, Comune di Piovà Massaia, Comune di Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di Sala Monferrato, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Solonghello, Comune di Villamiroglio, Comune di Montemagno, Comune di Scurzolengo, Comune di Alfiano Natta, Comune di Moncalvo, Comune di Cerro Tanaro, Comune di Tonco, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Casorzo, Comune di Calliano, Comune di Robella, Comune di Grana, Comune di Rocchetta Tanaro, Comune di Odalengo Grande, Comune di Coniolo, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Demonte, Comune di Entracque, Comune di Sambuco, Comune di Roccasparvera, Comune di Argentera, Comune di Gaiola, Comune di Valdieri, Anci Piemonte

      Demandada: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

      Cuestión prejudicial

   «¿Se opone la Directiva 1997/67/CE, (1) correctamente interpretada, a los artículos 3, apartado 7, del Decreto Legislativo n.o 261/99 y l, apartado 276, de la Ley n.o 194 de 2014, en las siguientes circunstancias:

               a)

               la Directiva n.o 97/67/CE, en su versión oportunamente modificada y completada, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la prestación del servicio postal universal y, en dicho ámbito, prevé que la recogida y distribución de envíos postales en el domicilio del destinatario queden garantizadas “al menos cinco días laborales por semana”;

               b)

               esa misma Directiva permite a las autoridades nacionales de reglamentación establecer excepciones exclusivamente “en circunstancias o condiciones geográficas excepcionales”;

               c)

               la normativa nacional italiana (artículo 3, apartado 7, del Decreto Legislativo n.o 261 de 1999 y el artículo 1, apartado 276, de la Ley n.o 190, de 23 de diciembre de 2014, denominada “Ley de estabilidad 2015”) exige por el contrario a la autoridad nacional de reglamentación que establezca dicha excepción, durante un plazo determinado, siempre que el gestor del servicio se lo solicite alegando que “existen circunstancias particulares vinculadas a las infraestructuras y a la naturaleza geográfica en zonas con una densidad de población inferior a 200 habitantes/km2” incluso cuando tales circunstancias no sean excepcionales y afecten a una gran parte de la población nacional (un cuarto de la población y, por consiguiente, al tratarse de áreas menos densamente pobladas, a una proporción aún más amplia del territorio nacional)[?]»

      (1)  Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14).


title: Asuntos acumulados C-87/03 y C-100/03: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de  30 de marzo de 2006  — Reino de España/Consejo de la Unión Europea (Pesca — Reglamento por el que se reparten las cuotas de capturas entre los Estados miembros — Acta de adhesión de España — Fin del período transitorio — Exigencia de estabilidad relativa — Principio de no discriminación — Nuevas posibilidades de pesca)

text:
               17.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 143/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 30 de marzo de 2006 — Reino de España/Consejo de la Unión Europea
   (Asuntos acumulados C-87/03 y C-100/03) (1)

   (Pesca - Reglamento por el que se reparten las cuotas de capturas entre los Estados miembros - Acta de adhesión de España - Fin del período transitorio - Exigencia de estabilidad relativa - Principio de no discriminación - Nuevas posibilidades de pesca)
   (2006/C 143/06)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes

      Demandante: Reino de España (representante: N. Díaz Abad, agente)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: G. Ramos Ruano y F. Florindo Gijón)

      Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: T. van Rijn, F. Jimeno Fernandez y la Sra. S. Pardo Quintillán, agentes), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: D. Wyatt, QC, y M.K. Manjí, agente)
   Objeto
   Anulación (parcial) del Reglamento no 2341/2002 del Consejo, por el que se establecen, para 2003, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas, en la medida en que las nuevas posibilidades de pesca, establecidas durante los años 1992 a 1998, para el Mar del Norte y el Báltico, no se asignan teniendo en cuenta los intereses de España, a pesar de haber finalizado el régimen transitorio — Discriminación — Aplicación del artículo 20, apartado 2, del Reglamento no 2371/2002 del Consejo, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358, p. 59)
   Fallo

               1)

               Desestimar los recursos.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

               3)

               El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión de las Comunidades Europeas cargarán con sus propias costas.

      (1)  DO C 135, de 7.6.2003.


title: Recurso interpuesto el 17 de junio de 1997 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-225/97)

text:
N° C 252/16         CIS                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      16 . 8 . 97
gado todo su efecto práctico antes de que expire el plazo                  responsabilidad de la Comunidad, que, en opinión de
de adaptación. Este plazo expiró el 1 de enero de 1994,                    la demandante y recurrente, no constituyen actos nor
sin que la República Federal de Alemania haya puesto en                    mativos. Al aplicar los principios fundamentales en
vigor las disposiciones necesarias.                                        materia de responsabilidad por actos administrativos
                                                                           el Tribunal de Primera Instancia debería haber recono
(') DO n° L 35 de 12 . 2 . 1992, p . 24 .                                  cido la ilegalidad las medidas adoptadas por la deman
                                                                           dada, de forma que hubiera quedado fundamentado el
                                                                           derecho de la parte demandante y recurrente derivado
                                                                           de dicha responsabilidad.
                                                                    — También constituye una infracción del Derecho comu
Recurso de casación interpuesto el 13 de junio de 1997                     nitario el hecho de que el Tribunal de Primera Instan
por los Sres. Aloys Schróder, Jan Thamann y Karl-Julius                    cia, al comprobar la violación del principio fundamen
Thamann, en su condición de socios de Zuchtschweine                        tal de protección de la propiedad privada y libre ejerci
Epe GbR, contra la sentencia dictada el 15 de abril de                     cio de la profesión, no tuvo en cuenta la protección
1997 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia                  del interés fundamental individual, garantizada por el
de las Comunidades Europeas, en el asunto T-3 90/94 pro                   ordenamiento jurídico comunitario . En efecto, en las
 movido contra la Comisión de las Comunidades Europeas                     decisiones controvertidas la Comisión no adoptó nor
                     [Asunto C-221/97 P)1                                  mas de vigencia general , para las que podría haber
                                                                           invocado su facultad discrecional de pronóstico; se
                           ( 97/C 252/31                                   trata, antes bien, de medidas concretas, cuyos resulta
                                                                           dos no sólo eran previsibles sino incluso deseados .
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 13 de junio de 1997 un recurso de casa            (') DO n° C 181 de 14 . 6 . 1997, p . 11 .
ción formulado por los Sres . Aloys Schróder, Jan Thamann           ( 2 ) DO n° C 392 de 31 . 12 . 1994, p . 12 .
y Karl-Julius Thamann, en su condición de socios de
Zuchtschweine Epe GbR, con domicilio en Neuenkirchen,
asistidos y representados por el Sr. Rudolf Brenken, Abo
gado del despacho Rentzmann und Brenken, Quaken
brück, que designan como domicilio en Luxemburgo el
despacho de Abogados Michel Molitor, Pierre Feltgen y               Recurso interpuesto el 17 de junio de 1997 contra la
André Harpas, 14a rué des Bains, contra la sentencia dic           República Francesa por la Comisión de las Comunidades
tada el 15 de abril de 1997 por la Sala Quinta del Tribu                                         Europeas
nal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en                                     (Asunto C-225/97)
el asunto T-390/94 (') promovido contra la Comisión de
las Comunidades Europeas .                                                                     ( 97/C 252/32 )
La parte recurrente mantiene las pretensiones formuladas            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia           ha presentado el 17 de junio de 1997 un recurso contra la
de las Comunidades Europeas ( 2) y solicita al Tribunal de          República Francesa formulado por la Comisión de las
Justicia de las Comunidades Europeas que:                           Comunidades Europeas, representada por el Sr.. Hendrik
                                                                    van Lier, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que
— Condene a la demandada a pagarle 173 174,45 marcos                designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
    alemanes en concepto de indemnización de los daños              Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
    sufridos a consecuencia de la sentencia impugnada, y
                                                                    La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri
— Condene en costas a la demandada .                                bunal de Justicia que :
Motivos y principales alegaciones                                   — Declare que la República Francesa ha incumplido las
                                                                          obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2
— Violación de los derechos de la defensa : el Tribunal de                del artículo 1 , de la letra c ) del apartado 1 del
    Primera Instancia no tuvo en cuenta alegaciones fun                  artículo 2 y del apartado 5 del artículo 2, así como en
    damentales de la parte demandante y, en cualquier                     virtud de los capítulos 2 y 4 de la Directiva 92/13/CEE
    caso, no los mencionó en la sentencia o no lo hizo de                 del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la
    la debida forma . Así cabe afirmarlo especialmente res               coordinación de las disposiciones legales, reglamenta
    pecto a la alegación de que la delimitación de los                    rias y administrativas referentes a la aplicación de las
    ámbitos a los que afecta la prohibición siguiendo las                 normas comunitarias en los procedimientos de formali
    demarcaciones administrativas es inadecuada y que el                  zación de contratos de las entidades que operen en los
    único medio adecuado para combatir la epidemia es el                  sectores del agua, de la energía, de. los transportes y de
    criterio de la distancia de la piara afectada .                       las telecomunicaciones ('), al haber promulgado la Ley
                                                                          n° 93/1416, de 29 de diciembre de 1993 , como medida
— Infracción del Derecho comunitario : Se ha cometido                     de adaptación del Derecho nacional a las disposiciones
    una infracción del Derecho comunitario especialmente                  de dicha Directiva .
    al trasladar el privilegio de la responsabilidad, que el
    Tribunal de Justicia ha desarrollado en relación con la        — Condene en costas a la República Francesa.
 ---pagebreak---  16 . 8 . 97             ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                N° C 252/17
Motivos y principales alegaciones                                       Motivos y principales alegaciones
— Incumplimiento de las obligaciones derivadas del                      La recurrente alega infracción del Derecho comunitario y,
      apartado 2 del artículo 1 , de la letra c ) del apartado 1        en especial, incumplimiento del deber del Tribunal de Pri
      del artículo 2 y del apartado 5 del artículo 2 de la              mera Instancia de completar el ordenamiento jurídico con
      Directiva: la Ley n° 93/1416 no garantiza el efecto               su doctrina .
      realmente disuasorio de la multa coercitiva . Establece
      un procedimiento específico y excepcional de medidas              (') DO n° C 137 de 3 . 6 . 1995 , p . 26 .
      provisionales menos coercitivo que el previsto en el              (2 ) DO n° C 181 de 4 . 6 . 1997, p . 13 .
      Derecho civil nacional .
— Incumplimiento de las obligaciones derivadas del
      capítulo 2 de la Directiva : si bien el recurrir al procedi
      miento de certificación es facultativo para las entida
      des contratantes, ello no significa en modo alguno que            Recurso interpuesto el 24 de junio de 1997 contra la
      el sistema de certificación sea facultativo para los Esta        República Portuguesa por la Comisión de las Comunida
      dos miembros, los cuales tienen la obligación de orga                                        des Europeas
      nizar un sistema que se atenga a las disposiciones del                                   (Asunto C-229/97)
      capítulo 2 de la Directiva .
                                                                                ( 97/C 252/34 )
— Incumplimiento de las obligaciones derivadas del
      capítulo 4 de la Directiva : Francia se abstuvo de preci         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
      sar las modalidades de intervención de las autoridades
                                                                        ha presentado el 24 de junio de 1997 un recurso contra la
      nacionales que habían de transmitir a la Comisión las             República Portuguesa formulado por la Comisión de las
      solicitudes de conciliación ( apartado 2 del artículo 9           Comunidades Europeas, representada por el Sr. Francisco
      de la Directiva ). Por último, debía cumplirse todo lo            de Sousa Fialho, miembro del Servicio Jurídico, en calidad
      dispuesto en el capítulo 4, aunque sólo fuera para                de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
      informar a 'los interesados, definidos en el apartado 1           despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
      del artículo 9, acerca de la posibilidad que se les ofrece       Kirchberg.
      de solicitar el procedimiento de conciliación .
                                                                       La demandante solicita al Tribunal de Justicia que :
(') DO n° L 76 de 23 . 3 . 1992 , p . 14 .
                                                                       — Declare que, al no haber adoptado las disposiciones
                                                                             legales, reglamentarias y administrativas necesarias
                                                                             para dar pleno y correcto cumplimiento a la Directiva
                                                                             79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979,
                                                                             relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de
Recurso de casación interpuesto el 20 de junio de 1997
                                                                             los muestreos y del análisis de las aguas superficiales
por la Sra. Hedwig Kuchlenz-Winter contra la sentencia                       destinadas a la producción de agua potable en los
dictada el 16 de abril de 1997 por la Sala Primera del Tri                  Estados miembros ('), la República Portuguesa ha
bunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas,
                                                                             incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
en el asunto T-66/95 , promovido contra la Comisión de
                                                                             del apartado 3 del artículo 189 del Tratado CE y en
                   las Comunidades Europeas                                  virtud del artículo 13 de la Directiva 79/869/CEE, en
                       [Asunto C-228/97 P)1                                  relación con el artículo 395 y el Anexo XXXVI del
                           ( 97/C 252/33 )                                   Acta de adhesión ( 2 ).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              — Con carácter subsidiario, declare que la República Por
ha presentado el 20 de junio de 1997 un recurso de casa                     tuguesa ha incumplido las obligaciones que le incum
ción formulado por la Sra . Hedwig Kuchlenz-Winter,                          ben en virtud de esas mismas disposiciones, al no
                                                                             haber informado inmediatamente a la Comisión acerca
representada por el Sr. Dieter Rogalla, Abogado, que                         de tales medidas .
designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Abo
gados Decker, Braun & Wagner, 16, avenue Marie-Thé
rése, contra la sentencia dictada el 16 de abril de 1997 por           — Condene en costas a la República Portuguesa .
la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas en el asunto T-66/95 , promovido                  Motivos y principales alegaciones
contra la Comisión de las Comunidades Europeas .
                                                                       A tenor del apartado 3 del artículo 189 del Tratado, la
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que :             Directiva obligará al Estado miembro destinatario en
                                                                       cuanto al resultado que deba conseguirse. En el caso pre
— Estime las pretensiones formuladas por la demandante                 sente, a tenor del artículo 13 de la Directiva 79/869/CEE,
     en los cuatro motivos de su demanda (') y anule la                los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
     sentencia del Tribunal de Primera Instancia ( 2 ),                necesarias en un plazo de dos años a partir de su notifica
                                                                       ción . Este plazo finalizó el 1 de enero de 1989, sin que
— Condene a la demandante al pago de las costas de                     Portugal haya adoptado las disposiciones necesarias para
     todo el proceso, incluidas las correspondientes al                cumplir: 1 ) lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 y
     seguido ante el Tribunal de Primera Instancia .                   en las columnas C, D y E del Anexo I de la Directiva, y 2 )


title: Asunto T-411/07: Sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2010 — Aer Lingus Group/Comisión (Competencia — Concentraciones — Decisión por la que se declara la incompatibilidad de una operación de concentración con el mercado común — Concepto de concentración — Enajenación de la totalidad de las acciones adquiridas para restablecer la situación previa a la ejecución de la concentración — Negativa a ordenar medidas apropiadas — Incompetencia de la Comisión)

text:
               14.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 221/36

         Sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2010 — Aer Lingus Group/Comisión
   (Asunto T-411/07) (1)

   (Competencia - Concentraciones - Decisión por la que se declara la incompatibilidad de una operación de concentración con el mercado común - Concepto de concentración - Enajenación de la totalidad de las acciones adquiridas para restablecer la situación previa a la ejecución de la concentración - Negativa a ordenar medidas apropiadas - Incompetencia de la Comisión)
   2010/C 221/56
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Aer Lingus Group plc (Dublín) (representantes: inicialmente A. Burnside, Solicitor, B. van de WAlle de Ghelcke y T. Snels, abogados, y posteriormente A. Burnside y B. van de Walle de Ghelcke)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: X. Lewis, É. Gippini Fournier y S. Noë, agentes)

      Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Ryanair Holdings plc (Dublín) (Representantes: J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy y D. Hull, Solicitors, y G. Berrisch, abogado)

      Objeto

   Anulación de la Decisión C(2007) 4600 de la Comisión, de 11 de octubre de 2007, por la que se denegó la solicitud de la demandante de incoación de un procedimiento con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24, p. 1), y de adopción de medidas provisionales al amparo del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Aer Lingus Group plc cargará con sus propias costas y con las de la Comisión y Ryanair Holdings plc, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

      (1)  DO C 8, de 12.1.2008.


title: Asunto T-168/15: Auto del Tribunal General de 11 de mayo de 2016 — Grecia/Comisión («Feader — Derogación del acto impugnado — Sobreseimiento»)

text:
               11.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/31

         Auto del Tribunal General de 11 de mayo de 2016 — Grecia/Comisión
   (Asunto T-168/15) (1)

   ((«Feader - Derogación del acto impugnado - Sobreseimiento»))
   (2016/C 251/36)
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: República Helénica (representantes: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou y A. Vasilopoulou, agentes)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Aquilina y D. Triantafyllou, agentes)

      Objeto

   Demanda, basada en el artículo 263 TFUE, que tiene por objeto la anulación de la Decisión de Ejecución C(2015) 252 final de la Comisión, de 26 de enero de 2015, relativa a la reducción del pago intermedio vinculado al programa de desarrollo rural CCI 2007 GR 06 RPO 001 de la República Helénica para el período de programación 2007-2013 y a los gastos relativos a los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2014 y el 1 de abril y el 30 de junio de 2014.

      Fallo

               1)

               Sobreseer el presente recurso.

               2)

               Cada parte cargará con sus propias costas.

      (1)  DO C 245 de 27.7.2015.


title: Asunto T-326/14: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2014 — Novomatic/OAMI — Granini France (HOT JOKER)

text:
               28.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/23

         Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2014 — Novomatic/OAMI — Granini France (HOT JOKER)
   (Asunto T-326/14)
   2014/C 245/31
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (representante: W. M. Mosing, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Granini France (Macon, Francia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 6 febrero de 2014 en el asunto R 589/2013-2 y, en consecuencia, desestime la oposición y ordene el registro de la marca comunitaria no 9 5 94  458 como se solicitó.

               —

               Ordene que la demandada y, en caso de que se persone por escrito en el procedimiento, la otra parte en el procedimiento ante la OAMI carguen con sus propias costas y con las costas en las que ha incurrido la demandante en el procedimiento ante el Tribunal General y en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene los elementos verbales «HOT JOKER» para productos de las clases 9 y 28 — Solicitud de marca comunitaria no 9 5 94  458

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Granini France

      Marca o signo invocado: Marca figurativa que contiene los elementos verbales «joker +» para productos de las clases 28 y 41

      Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009; infracción del artículo 75 y ss. del Reglamento no 207/2009; infracción de la obligación de la OAMI de ejercer sus competencias de acuerdo con los principios generales del Derecho de la Unión Europea.


title: Asunto C-396/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de mayo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Klagenævnet for Udbud — Dinamarca) — MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark (Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Competencia del Tribunal de Justicia — Carácter de órgano jurisdiccional del órgano remitente — Contrato público en el sector de las infraestructuras ferroviarias — Procedimiento negociado — Directiva 2004/17/CE — Artículo 10 — Artículo 51, apartado 3 — Principio de igualdad de trato de los licitadores — Agrupación compuesta por dos sociedades que fue admitida como licitador — Oferta presentada por una de las dos sociedades, en su propio nombre, al haber sido declarada la otra sociedad en concurso de acreedores — Sociedad considerada apta para ser admitida en solitario como licitadora — Adjudicación del contrato a esta sociedad)

text:
               18.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 260/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de mayo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Klagenævnet for Udbud — Dinamarca) — MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark
   (Asunto C-396/14) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Artículo 267 TFUE - Competencia del Tribunal de Justicia - Carácter de órgano jurisdiccional del órgano remitente - Contrato público en el sector de las infraestructuras ferroviarias - Procedimiento negociado - Directiva 2004/17/CE - Artículo 10 - Artículo 51, apartado 3 - Principio de igualdad de trato de los licitadores - Agrupación compuesta por dos sociedades que fue admitida como licitador - Oferta presentada por una de las dos sociedades, en su propio nombre, al haber sido declarada la otra sociedad en concurso de acreedores - Sociedad considerada apta para ser admitida en solitario como licitadora - Adjudicación del contrato a esta sociedad))
   (2016/C 260/03)
   Lengua de procedimiento: danés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Klagenævnet for Udbud

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: MT Højgaard A/S, Züblin A/S

      Demandada: Banedanmark

      Fallo

   El principio de igualdad de trato de los operadores económicos, recogido en el artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, en relación con su artículo 51, debe interpretarse en el sentido de que una entidad adjudicadora no viola dicho principio cuando autoriza a uno de los dos operadores económicos que formaban parte de una agrupación de empresas a la que dicha entidad invitó, como tal, a participar en la licitación, a sustituir a dicha agrupación tras su disolución y a participar, en su propio nombre, en un procedimiento negociado de adjudicación de un contrato público, siempre y cuando se acredite, por una parte, que ese operador económico cumple en solitario los requisitos definidos por dicha entidad y, por otra parte, que el hecho de que siga participando en dicho procedimiento no implica un deterioro de la situación competitiva de los demás licitadores.

      (1)  DO C 388 de 3.11.2014.


title: Asunto F-41/10 RENV: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 2 de junio de 2016 — Bermejo Garde/CESE (Función pública — Devolución al Tribunal de la Función Pública después de la anulación — Artículo 12 bis del Estatuto — Funcionario víctima de acoso — Artículo 22 bis del Estatuto — Funcionario que denuncia los hechos — Solicitud de asistencia — Desestimación — Derecho de protección — Requisitos — Denegación — Consecuencias — Pretensión de indemnización)

text:
               11.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 251/48

         Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 2 de junio de 2016 — Bermejo Garde/CESE
   (Asunto F-41/10 RENV) (1)

   ((Función pública - Devolución al Tribunal de la Función Pública después de la anulación - Artículo 12 bis del Estatuto - Funcionario víctima de acoso - Artículo 22 bis del Estatuto - Funcionario que denuncia los hechos - Solicitud de asistencia - Desestimación - Derecho de protección - Requisitos - Denegación - Consecuencias - Pretensión de indemnización))
   (2016/C 251/54)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Moisés Bermejo Garde (Bruselas, Bélgica) (representante: L. Levi, abogado)

      Demandada: Comité Económico y Social Europeo (CESE) (representantes: inicialmente U. Schwab y M. Lernhart, agentes, y B. Wägenbaur, abogado; posteriormente K. Gambino, agente, y B. Wägenbaur, abogado, y finalmente K. Gambino y X. Chamodraka, agentes, y B. Wägenbaur, abogado)

      Objeto

   Función pública — Pretensión de anulación de varias decisiones por las que se cesa al demandante en sus funciones como Jefe de Unidad del Servicio Jurídico con efectos inmediatos, se le asigna un nuevo destino en la Dirección de Logística y se desestima su solicitud formal de asistencia, así como pretensión de indemnización por daños y perjuicios.

      Fallo

               1)

               Anular las decisiones del Presidente del Comité Económico y Social Europeo de 24 de marzo de 2010 por la que se cesa al Sr. Bermejo Garde en sus funciones como Jefe de Unidad del Servicio Jurídico y de 13 de abril de 2010 por la que se le asigna un nuevo destino.

               2)

               Condenar al Comité Económico y Social Europeo a pagar al Sr. Bermejo Garde la cantidad de 25 000 euros.

               3)

               El Comité Económico y Social Europeo cargará con sus propias costas y es condenado a cargar con las costas del Sr. Bermejo Garde en los asuntos F-41/10, T-530/12 y F-41/10 RENV.

      (1)  DO C 209 de 31.7.2010, p. 55.


title: Asunto T-479/14: Recurso interpuesto el 26 de junio de 2014 — Kendrion/Tribunal de Justicia de la Unión Europea

text:
               4.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 253/65

         Recurso interpuesto el 26 de junio de 2014 — Kendrion/Tribunal de Justicia de la Unión Europea
   (Asunto T-479/14)
   2014/C 253/89
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Partes

      Demandante: Kendrion NV (Zeist, Países Bajos) (representantes: P. Glazener y T. Ottervanger, abogados)

      Demandada: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que condene a la Unión Europea:

               —

               Por daños materiales, al pago de un importe de 2 3 08  463,98 euros, o cualquier otra cantidad que el Tribunal considere razonable.

               —

               Por daños inmateriales, con carácter principal, al pago de un importe de 1 1 0 50  000 euros, o, subsidiariamente, al pago de un importe de 1 7 00  000 euros, o con carácter subsidiario de segundo grado, al pago de un importe que se fije por las partes partiendo de los criterios que determine el Tribunal, o al menos, al importe que el Tribunal considere razonable.

               —

               A que todos los importes se incrementen con el interés de demora desde el 26 de noviembre de 2013 que razonablemente determine el Tribunal.

               —

               En costas.

      Motivos y principales alegaciones

   Mediante la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Kendrion/Comisión (C-50/12 P, EU:C:2013:771), el Tribunal de Justicia declaró una infracción del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el procedimiento tramitado ante el Tribunal General en el asunto Kendrion/Comisión (T-54/06), que tenía por objeto una pretensión de anulación de la Decisión C(2005) 4634 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto no COMP/F/38.354 — Sacos industriales), en la medida en que se refiere a la demandante, así como una pretensión de anulación o, subsidiariamente, de reducción de la multa impuesta a la demandante.
   El Tribunal de Justicia determinó además que el incumplimiento de la obligación derivada del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe ser sancionado por la vía de un recurso de indemnización interpuesto ante el Tribunal General, por constituir tal recurso un remedio efectivo.
   La demandante alega que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia ya determinó que se cumplen los requisitos de una violación suficientemente caracterizada de una norma que tiene por objeto conferir derechos a los particulares.
   La demandante alega además que el procedimiento dura ya cinco años y nueve meses, aun cuando, a su juicio, se puede considerar razonable un período de dos años y seis meses, por lo que se ha sobrepasado el plazo razonable en tres años y tres meses. Por consiguiente, de haberse concluido el procedimiento dentro de un plazo razonable, debería haberse dictado sentencia el 26 de agosto de 2010 en lugar del 26 de noviembre de 2013.
   Los perjuicios materiales que la demandante afirma haber sufrido como consecuencia de la duración excesiva del procedimiento consisten, a su juicio, en las cargas financieras adicionales que ha debido soportar en el período en cuestión. Ese perjuicio está constituido por el interés calculado por la Comisión sobre el importe de la multa de 3 4 0 00  000 de euros en el período en cuestión más los costes ligados en ese período a la garantía bancaria solicitada para el pago de la multa más los intereses. Este importe se minora con los costes ligados a la financiación del pago a la Unión de la multa adeudada el 26 de agosto de 2010 más los intereses si el Tribunal General hubiese dictado sentencia en esa fecha.
   Como indemnización por los daños inmateriales que la demandante afirma haber sufrido a consecuencia de la duración excesiva del procedimiento, exige una indemnización justa equivalente al 10 % de la multa por cada año, más una prorrata del 10 % por la parte correspondiente al año que superó el procedimiento ante el Tribunal General el plazo razonable. A su juicio, semejante indemnización es adecuada puesto que, en el momento en que la Comisión adoptó la Decisión, la norma era un recargo del 10 % por año que durase la infracción.
   Subsidiariamente, la demandante solicita una indemnización justa del daño inmaterial equivalente al 5 % de la multa. A su juicio, este importe está en línea con la indemnización que el Tribunal de Justicia ha considerado adecuada en casos similares de graves superaciones de los plazos al evaluar multas correspondientes a cárteles.