title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 24 de octubre de 1997 en el asunto T-243/94, British Steel plc contra Comisión de las Comunidades Europeas [CECA - Recurso de anulación - Ayudas de Estado - Decisiones individuales por las que se autoriza la concesión de ayudas de Estado a empresas siderúrgicas - Incompetencia - Confianza legítima - Incompatibilidad con las disposiciones del Tratado - Discriminación - Falta de motivación - Violación del derecho de defensa - Letras b) y c) del artículo 4, artículo 15 y párrafos primero y segundo del artículo 95 del Tratado]

text:
C 387/ 16               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        20 . 12 . 97
4 ) El Consejo, la República Federal de Alemania y la                   Moura Ramos, Jueces; Secretario: Sr. H. A. Rühl, ha dic
     República Italiana soportarán cada uno sus propias                 tado el 24 de octubre de 1997 una sentencia cuyo fallo es
     costas .                                                           el siguiente:
(M DO C 202 de 23 . 7. 1994 .
(2) DO L 112 de 3 . 5 . 1994, pp. 45, 52, 58 , 64, 71 y 77, respecti    1 ) Se desestima el recurso.
    vamente .
                                                                        2 ) Se condena a la parte demandante al pago de las cos
                                                                               tas de la parte demandada y de Ilva Laminati Piani
                                                                               SpA, parte coadyuvante.
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                  DE PRIMERA INSTANCIA                                  3 ) El Consejo, el Reino de España, la República Italiana,
                                                                               SSAB Svenskt Stál AB y Det Danske Stålvalsevœrk A/S
                    de 24 de octubre de 1997
                                                                               cargarán cada uno con sus propias costas.
en el asunto T-243/94, British Steel pie contra Comisión
                de las Comunidades Europeas (')                         (M DO C 254 de 10 . 9 . 1994 .
[CECA — Recurso de anulación — Ayudas de Estado —                       ( 2 ) DO L 112 de 3 . 5 . 1994, pp. 58 y 64, respectivamente .
Decisiones individuales por las que se autoriza la conce
sión de ayudas de Estado a empresas siderúrgicas —
Incompetencia — Confianza legítima — Incompatibilidad
con las disposiciones del Tratado — Discriminación —
Falta de motivación — Violación del derecho de defensa
— Letras b) y c) del artículo 4, artículo 15 y párrafos pri
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
          mero y segundo del artículo 95 del Tratado]
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
                          ( 97/C 387/26 )
                                                                                de 24 de octubre de 1997
               (Lengua de procedimiento: inglés)                        en el asunto T-244/94: Wirtschaftsvereinigung Stahl y
                                                                            otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (')
En el asunto T-243/94, British Steel pie; con domicilio
social en Londres, representada por los Sres. Richard Plen             [CECA '— Recurso de anulación — Ayudas de Estado —
der, QC en Inglaterra y País de Gales, y William Sibree,                Decisiones individuales por las que se autoriza la conce
Solicitor, que designa como domicilio en Luxemburgo el                  sión de ayudas de Estado a empresas siderúrgicas — Des
despacho de los Sres. Elvinger, Hoss y Prussen, 15 , Cote               viación de poder — Confíanza legítima — Incompatibili
d'Eich, apoyada por SSAB Svenskt Stál AB, con domicilio                 dad con las disposiciones del Tratado — Discriminación
social en Estocolmo, representada por los Sres . John Boyce             — Falta de motivación — Violación del derecho de
y Philip Raven, Solicitors, que designan como domicilio en              defensa — Letras b) y c) del artículo 4, artículo 15 y
Luxemburgo el despacho de los Sres. Elvinger, Hoss y                       párrafos primero y segundo del artículo 95 del Tratado]
Prussen, 15 , Cote d'Eich, Det Danske Stålvalseværk A/S,
con domicilio social en Federiksvsærk ( Dinamarca ), repre                                          97/C 387/27 )
sentada por el Sr. Jonathan Alex Lawrence, Solicitor, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del                                   (Lengua de procedimiento: alemán)
Sr. Ernst Arendt, 8-10, rué Mathias Hardt, contra Comi
sión de las Comunidades Europeas (Agentes: Sres. Nicho
las Khan y Ben Smulders ), apoyada por Consejo de la                    En el asunto T-244/94, Wirtschaftsvereinigung Stahl, con
Unión Europea ( Agentes: Sres. Rüdiger Bandilla y John                  domicilio social en Dusseldorf (Alemania ), Thyssen Stahl
Carbery ), República Italiana ( Agentes : Sres. Umberto                 AG, con domicilio social en Duisburg (Alemania ), Preus
Leanza y Pier Giorgio Ferri ), Reino de España (Agentes:                sag Stahl AG, con domicilio social en Salzgitter (Alemania )
inicialmente Sr. Alberto Navarro González y Sra . Gloria                y Hoogovens Groep BV, con domicilio social en Ijmuiden
Calvo Díaz y, posteriormente, Sr. Luis Pérez de Ayala                   ( Países Bajos ), representadas por los Sres. Jochim Sede
Becerril ), e Ilva Laminati Piani SpA, con domicilio social             mund y Frank Montag, Abogados de Colonia y, en lo que
en Roma, representada por los Sres. Aurelio Pappalardo,                 respecta a Hoogovens Groep BV, por el Sr. Eric Pijnacker
Abogado de Trapani, y Massimo Merola, Abogado de                        Hordijk, Abogado de Bruselas, que designan como domici
Roma, que designan como domicilio en Luxemburgo el                      lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Aloyse May,
despacho del Sr. Alain Lorang, 51 , rué Albert 1 er, que tiene          31 , Grand-Rue, contra Comisión de las Comunidades
por objeto que se anulen las Decisiones de la Comisión                  Europeas (Agentes: Sres. Bernd Langeheine y Ben Smul
94/258/CECA, de 12 de abril de 1994, relativa a las ayu                ders ), apoyada por Consejo de la Unión Europea (Agentes:
das que España tiene previsto conceder a la empresa                     Sres. Rüdiger Bandilla y Stephan Marquardt ), República
pública siderúrgica Corporación de la Siderurgia Integral               Italiana (Agentes: Sres. Umberto Leanza y Pier Giorgio
( CSI ), y 94/259/CECA, de 12 de abril de 1994, relativa a              Ferri ), e Ilva Laminati Piani SpA, con domicilio social en
las ayudas que Italia tiene previsto conceder a las empresas            Roma, representada por los Sres. Aurelio Pappalardo,
siderúrgicas del sector público (grupo siderúrgico Ilva ) ( 2 ),        Abogado de Trapani, y Massimo Merola, Abogado de
el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Primera ampliada ),             Roma, que designan como domicilio en Luxemburgo el
integrado por el Sr. A. Saggio, Presidente; el Sr. A. Kaloge           despacho del Sr. Alain Lorang, 51 , rué Albert 1 er, que tiene
ropoulos, la Sra . V. Tiili, y los Sres. A. Potocki y R. M.             por objeto que se anule la Decisión 94/259/CECA de la


title: Asunto T-204/01: Recurso interpuesto el 5 de septiembre de 2001 contra el Consejo de la Unión Europea por Maria-Luise Lindorfer

text:
C 317/32               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    10.11.2001
En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:                      de libre circulación de los trabajadores. La conversión al
                                                                        sistema de pensiones comunitarias de los derechos a pensión
—    Arbitrariedad y falta de motivación, ya que, por una parte,       adquiridos por la demandante en Austria antes de su entrada
     la administración cambió de opinión respecto del carácter      en funciones constituye, a su juicio, una discriminación basada
     reembolsable de determinados medicamentos, y, por otra             en el grado, el sexo, la edad y la nacionalidad.
     parte, en el presente caso se vulneró el principio de libre
     elección del medicamento por el médico.
—    Violación de la confianza legı́tima y de la obligación de
     tratar con consideración.
                                                                        Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2001 contra
                                                                        la Comisión de las Comunidades Europeas por André
                                                                                Ronsse
Recurso interpuesto el 5 de septiembre de 2001 contra el                                       (Asunto T-205/01)
 Consejo de la Unión Europea por Maria-Luise Lindorfer
                       (Asunto T-204/01)                                                         (2001/C 317/64)
                         (2001/C 317/63)                                                 (Lengua de procedimiento: francés)
                 (Lengua de procedimiento: francés)                     En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 6 de septiembre de 2001 un
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                  recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Europeas se ha presentado el 5 de septiembre de 2001 un                 formulado por André Ronsse, con domicilio en Bruselas,
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por            representado por Me Eric Boigelot, abogado, que designa
Maria-Luise Lindorfer, con domicilio en Bruselas, representada          domicilio en Luxemburgo.
por Mes Georges Vandersanden, Laure Levi y Dominique
Dugois, abogados.
                                                                        El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:            —     Anule la decisión adoptada el 9 de noviembre de 2000
                                                                              por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombra-
—    Anule la decisión de 3 de noviembre de 2000 por la que                  mientos que tiene por objeto el reembolso de la asigna-
     el demandado fija en cinco años, cinco meses y ocho                     ción familiar percibida indebidamente según la AFPN
     dı́as el número de anualidades que deben tomarse en                     desde el 01.01.1994.
     consideración para la pensión comunitaria de la deman-
     dante a raı́z de la transferencia de sus derechos a pensión       —     Anule la decisión de la AFPN de 23 de noviembre
     adquiridos en Austria con anterioridad a su entrada en                   de 2000, de recuperar la asignación familiar pagada
     funciones en las Comunidades Europeas y, en la medida                    anteriormente de forma indebida desde el 1 de enero de
     en que sea necesario, la decisión del Consejo, de 31 de                 1994 (22433,07 Euros) con cargo a la pensión mensual,
     mayo de 2001, por la que se desestima la reclamación de                 en 30 mensualidades de 770 Euros de diciembre de 2000
     la demandante de 2 de febrero de 2001.                                   a mayo de 2003 y una mensualidad de 15,89 Euros en
                                                                              junio de 2003.
—    Condene al demandado a efectuar, sobre una base jurı́dica
     corregida, un nuevo cálculo, conforme a Derecho, de las           —     En cualquier caso, sea cual fuere la resolución en cuanto
     anualidades que deben tomarse en consideración para la                  al fondo del litigio, que se le autorice a beneficiarse de
     pensión comunitaria de la demandante a raı́z de la                      modalidades de reembolso más flexibles que las que se le
     transferencia de sus derechos a pensión adquiridos en                   han impuesto, mediante mensualidades de un máximo de
     Austria.                                                                 385 Euros.
—    Condene en costas a la parte demandada.                            —     Que, en cualquier caso, condene en costas a la parte
                                                                              demandada.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        Motivos y principales alegaciones
En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca la
excepción de ilegalidad del artı́culo 11, apartado 2, del
anexo VIII del Estatuto y de los artı́culos 10.3 y 10.4 de la           El demandante en el presente asunto, funcionario jubilado,
Decisión del Consejo por la que se fijan disposiciones generales       expone que, según la AFPN, ha percibido indebidamente una
de aplicación del artı́culo antes citado. En opinión de la            asignación familiar del 1 de enero de 1994 al 31 de octubre
demandante, estos artı́culos, que constituyen la base jurı́dica         de 2000 y que, con arreglo al artı́culo 85 del Estatuto, ésta
del acto impugnado, violan el principio de igualdad de trato y          pretende obtener el reembolso de lo percibido en exceso.


title: Asunto T-402/04: Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2004 por Rhodia Consumer Specialties Limited contra la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               22.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 19/28

         Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2004 por Rhodia Consumer Specialties Limited contra la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto T-402/04)
   (2005/C 19/60)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 1 de octubre de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Rhodia Consumer Specialties Limited, Watford, Reino Unido, representada por K. Van Maldegem y C. Mereu, abogados.
   La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Ordene a la demandada responder a la solicitud de la demandante.

               —

               Con carácter subsidiario, anule el acto D 341571(04) de la Comisión Europea.

               —

               Ordene a la demandada indemnizar a la demandante por los perjuicios sufridos a consecuencia del incumplimiento por parte de la demandada de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario al no haber respondido a la demandante o, con carácter subsidiario, a consecuencia del acto D 341571(04) de la Comisión Europea; el importe de la indemnización se fija provisionalmente en un euro más intereses, hasta que se calcule y se determine el importe exacto.

               —

               Condene en costas a la demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos invocados son semejantes a los del asunto T-400/04, Arch Chemicals y Arch Timber Protection/Comisión.


title: Asunto C-538/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 2013 — Comisión Europea/República de Eslovenia

text:
               3.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 225/58

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 2013 — Comisión Europea/República de Eslovenia
   (Asunto C-538/12) (1)

   2013/C 225/126
   Lengua de procedimiento: esloveno
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 26, de 26.1.2013.


title: Asunto C-51/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Rotterdam — Países Bajos) — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen (Procedimiento prejudicial — Seguro directo de vida — Directiva 92/96/CEE — Artículo 31, apartado 3 — Informaciones que deben proporcionarse al tomador — Obligación del asegurador de comunicar informaciones adicionales relativas a los gastos y las primas en virtud de principios generales del Derecho nacional)

text:
               29.6.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Rotterdam — Países Bajos) — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen
   (Asunto C-51/13) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Seguro directo de vida - Directiva 92/96/CEE - Artículo 31, apartado 3 - Informaciones que deben proporcionarse al tomador - Obligación del asegurador de comunicar informaciones adicionales relativas a los gastos y las primas en virtud de principios generales del Derecho nacional))
   (2015/C 213/06)
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Rechtbank Rotterdam

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV

      Demandada: Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

      Fallo

               1)

               El artículo 31, apartado 3, de la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una empresa aseguradora esté obligada a comunicar al tomador del seguro ciertas informaciones adicionales a las enumeradas en el anexo II de esa Directiva, con fundamento en principios generales del Derecho interno, como las «normas abiertas y/o no escritas» discutidas en el asunto principal, siempre que las informaciones exigidas sean claras, precisas y necesarias para la comprensión efectiva por el tomador del seguro de los elementos esenciales del compromiso y garanticen un grado de seguridad jurídica suficiente, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.

               2)

               Los efectos que el Derecho interno atribuye a la falta de comunicación de esas informaciones carecen en principio de pertinencia respecto a la conformidad de la obligación de comunicación con el artículo 31, apartado 3, de la Directiva 92/96.

      (1)  DO C 141, de 18.5.2013.


title: Asunto C-302/00: Recurso interpuesto el 7 de agosto de 2000 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 285/4                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    7.10.2000
b)    Condene en costas a la República Italiana.                              de 2000 en los asuntos acumulados T-298/97, T-312/97,
                                                                               T-313/97, T-315/97, T-600/97 a T-607/97, T-1/98,
                                                                               T-3/98 a T-6/98 y T-23/98.
Motivos y principales alegaciones
                                                                         2.    Con carácter subsidiario, anule dicha sentencia en la
El artı́culo 32, letra d), de la Ley italiana no 82/1963 establece             medida en que impone la obligación de recuperar las
un impuesto para los pasajeros que desembarcan o embarcan                      ayudas concedidas más los correspondientes intereses.
en los puertos de Génova, Nápoles y Trieste, en el caso de que
procedan de puertos de otro Estado miembro o de un paı́s                 3.    En ambos casos, condene en costas a la Comisión de las
tercero, mientras que no se percibe dicho impuesto en el caso                  Comunidades Europeas.
de un transporte entre dos puertos situados en el territorio
nacional.
Esta diferencia flagrante del régimen tributario influye seria-          Motivos y principales alegaciones
mente en el ejercicio de la libre prestación de los servicios por
parte de los operadores económicos interesados y, por lo                El primer motivo se refiere a la errónea calificación de las
tanto, constituye una evidente restricción de la libre prestación      medidas como ayudas «nuevas», y a un defecto de motivación
de los servicios de transporte marı́timo de pasajeros prohibida          en las sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Las ayudas
por el artı́culo 1, apartado 1, del Reglamento no 4055/86.               concedidas por la Región de Friuli-Venezia Giulia con arreglo
                                                                         a los dispuesto en las Leyes de 1981 y de 1985 no pueden
(1) DOCE L 378, de 31.12.1986, p. 1.                                     considerarse «nuevas», aunque sean cronológicamente poste-
                                                                         riores a la entrada en vigor del Reglamento no 1018/68 (1), que
                                                                         abrió a la competencia el sector del transporte internacional
                                                                         de mercancı́as por carretera, porque dicho sector no podı́a
                                                                         considerarse aún completamente liberalizado. Además, dichas
                                                                         ayudas no han afectado al comercio intracomunitario ni
                                                                         podı́an falsear la competencia, y la sentencia del Tribunal de
                                                                         Primera Instancia adolece de insuficiencia de motivación sobre
Recurso de casación interpuesto el 3 de agosto de 2000                  estos puntos.
por la República Italiana contra la sentencia dictada el
15 de junio de 2000 por la Sala Cuarta ampliada del
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Euro-                   El segundo motivo se refiere a la violación del principio de
peas en los asuntos acumulados T-298/97, T-312/97, T-                    confianza legı́tima y del relativo al carácter razonable de las
313/97, T-315/97, T-600/97 a T-607/97, T-1/98, T-3/98 a                  decisiones. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia viola
T-6/98 y T-23/98, promovidos contra la Comisión de las                  dichos principios al obligar a Italia a recuperar las ayudas al
Comunidades Europeas por Mauro Alzetta y otros, con la                   transporte internacional desde el 1 de julio de 1990, en
 intervención como coadyuvante de la República Italiana                particular habida cuenta de que la Comisión no inició el
                                                                         procedimiento contra las ayudas hasta noviembre de 1995. La
                                                                         aplicación de la sentencia darı́a lugar además a unas crisis
                       (Asunto C-298/00 P)                               sociales y en materia de empleo de enorme gravedad.
                          (2000/C 285/08)
                                                                         (1) DO L 175, de 23.7.1968, p. 13.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 3 de agosto de 2000 un recurso de casación
formulado por la República Italiana, representada por el
Profesor Umberto Leanza, en calidad de Agente, asistido por
el Sr. Giacomo Aiello, avvocato dello Stato, que designa como
domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Italia, 5,
rue Marie-Adélaïde, contra la sentencia dictada el 15 de junio
de 2000 por la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumu-              Recurso interpuesto el 7 de agosto de 2000 contra la
lados T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 a                 República Francesa por la Comisión de las Comunidades
T-607/97, T-1/98, T-3/98 a T-6/98 y T-23/98, promovidos                                               Europeas
contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Mauro
Alzetta y otros, con la intervención como coadyuvante de la
República Italiana.                                                                            (Asunto C-302/00)
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                                       (2000/C 285/09)
Comunidades Europeas que:
1.    Anule en su totalidad la sentencia dictada por el Tribunal         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) el 15 de julio         presentado el 7 de agosto de 2000 un recurso contra la
 ---pagebreak--- 7.10.2000                 ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                   C 285/5
República Francesa formulado por la Comisión de las Comuni-                        Estado, tuviera consecuencias perjudiciales tanto para el
dades Europeas, representada por los Sres. Enrico Traversa,                          desarrollo de una sana competencia en el mercado de
Consejero Jurı́dico, y Christophe Giolito, miembro del Servicio                      los cigarrillos como para la polı́tica de salud pública
Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio                         consistente en combatir el tabaquismo.
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
miembro de ese mismo Servicio, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                              ( T r i b u t a c i ó n d i f e r e n c i a d a d e l o s c i g a r r i l l o s
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal                 negros y de los cigarrillos rubios)
de Justicia que:
                                                                              —      Infracción de los artı́culos 8, apartado 2, y 16, apartado 5,
—      Declare que
                                                                                de la Directiva 95/59/CEE:
       la República Francesa ha incumplido las obligaciones que
       le incumben en virtud del artı́culo 9, apartado 1, de la                      El artı́culo 575 A del Código General Tributario (francés)
       Directiva 95/59/CE del Consejo, de 27 de noviembre de                         prevé un derecho de consumo sobre los cigarrillos, que,
       1995, relativa a los impuestos distintos de los impuestos                     por cada 1 000 unidades, se fija, para los cigarrillos
       sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de                         rubios, en 500 FF en 1999 y 530 FF en 2000, y, para los
       labores del tabaco (1), al mantener en vigor un sistema                       cigarrillos negros, en 400 FF en 1999 y 470 FF en 2000.
       que impone un precio de referencia mı́nimo para todos                         La Comisión no puede sino congratularse del hecho de
       los cigarrillos,                                                              que las autoridades francesas reconozcan que la legisla-
                                                                                ción comunitaria prevé únicamente la posibilidad de un
       y que                                                                         solo impuesto especial mı́nimo para todas las categorı́as
                                                                                y clases de cigarrillos. No obstante, al no haberse
       la República Francesa ha incumplido las obligaciones que                     modificado el artı́culo 575 A del Código General Tributa-
       le incumben tanto en virtud del artı́culo 8, apartado 2,                      rio (francés), persiste la infracción del Derecho comuni-
       del artı́culo 16, apartado 5, de la Directiva 95/59/CE, y                     tario.
       del artı́culo 2 de la Directiva 92/79/CEE del Consejo, de
       19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los
       impuestos sobre los cigarrillos (2), como en virtud del                —      Infracción del artı́culo 90 CE:
       artı́culo 90 CE, párrafo primero, y, con carácter subsidia-
       rio, en virtud del artı́culo 90 CE, párrafo segundo, al                      La tributación diferenciada de los cigarrillos rubios y de
       mantener en vigor un sistema de tributación diferenciada                     los cigarrillos negros constituye una práctica discrimina-
       de los cigarrillos negros y de los cigarrillos rubios, en                     toria y protectora de los productos nacionales, puesto
       detrimento de estos últimos.                                                 que los cigarrillos negros distribuidos en Francia son en
                                                                                un 99 % de fabricación nacional.
—      Condene en costas a la República Francesa.
                                                                                Se trata de productos «similares», en el sentido del
Motivos y principales alegaciones                                                    artı́culo 90 CE, párrafo primero, que tienen la misma
                                                                                clasificación fiscal (pues el artı́culo 2, apartado 1, de la
                                                                                Directiva 95/59/CE no establece ninguna diferenciación
( P r e c i o d e r e f e r e n c i a m ı́ n i m o )                                 a este respecto) y la misma clasificación aduanera. La
                                                                                circunstancia de que, según las autoridades francesas, el
—      Infracción del artı́culo 9, apartado 1, de la Directi-                       tabaco negro se venda a precio más bajo, de que este
       va 95/59/CE del Consejo:                                                      mercado no capte clientela adicional alguna y de que el
                                                                                consumo de estos productos continúe disminuyendo
       El artı́culo 572 del Código General Tributario (francés)
                                                                                quizá explique por qué se adoptaron las medidas france-
       dispone que el precio de 1 000 unidades de productos de
                                                                                sas, pero no puede justificarlas, ya que constituyen una
       una categorı́a vendidos bajo una misma marca no podrá
                                                                                tributación discriminatoria contraria al artı́culo 90 CDE,
       ser inferior, con independencia del modo o de la unidad
                                                                                párrafo primero.
       de acondicionamiento que se utilice, al precio aplicado al
       producto más vendido de la marca, lo que equivale a
       imponer un precio de referencia mı́nimo. Ahora bien,                          No obstante, si se admitiera (quod non) que los cigarrillos
       imponer tal precio de referencia mı́nimo impide que,                          rubios y los cigarrillos negros no son productos similares,
       dentro de una misma marca de cigarrillos, se hagan variar                     en el sentido del párrafo primero del artı́culo 90 CE, y
       los precios en función del número (10, 20, 30, etc) o del                   que existe, pues, un mercado distinto para los cigarrillos
       tamaño de los cigarrillos (tamaño normal, «king size»,                      negros, evidentemente estos últimos competirı́an con los
       «super long»). Además supone una limitación del derecho                     cigarrillos rubios.
       del fabricante a diferenciar los precios, dentro de una
       misma marca, en función de la calidad o de caracterı́sticas
       intrı́nsecas, tales como cigarrillos con filtro o sin él, con          (1) DO L 291, p. 40.
       contenido medio o bajo en nicotina, mentolados, etc. El                (2) DO L 316, p. 8.
       Gobierno francés parece estimar, equivocadamente, que
       el mencionado artı́culo 9 permite a un Estado miembro
       intervenir con ocasión de cualquier disminución de precio
       libremente consentida por el fabricante y que, según tal


title: Asunto T-183/11: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2011 — MIP Metro/OAMI — Jacinto (My Little Bear)

text:
               14.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 145/37

         Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2011 — MIP Metro/OAMI — Jacinto (My Little Bear)
   (Asunto T-183/11)
   2011/C 145/62
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Demandante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Alemania) (representantes: J.-C. Plate y R. Kaase, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Manuel Jacinto, Lda (S. Paio de Oleiros, Portugal)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               suspenda el procedimiento hasta la decisión final de la Oficina de Marcas Portuguesa en relación con la solicitud de revocación que la demandante presentó el 23 de marzo de 2011 frente al registro de la marca portuguesa anterior no 384674;

               —

               en el supuesto de que no se conceda la solicitud de suspensión, prosiga el procedimiento y,

               —

               anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 20 de enero de 2011 en el asunto R 494/2010-1; y

               —

               condene en costas a la demandada, incluyendo las costas del recurso.

      Motivos y principales alegaciones

      Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

      Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «My Little Bear», en marrón, negro, blanco y rojo, para productos de las clases 12, 18, 20, 24, 25 y 28 — Solicitud de marca comunitaria no W00962622

      Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca o signo invocado: Registro de marca portuguesa no 384674 de la marca figurativa «Little Bear» para productos de la clase 18

      Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la solicitud para todos los productos impugnados

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 del Consejo, al haber asumido erróneamente la Sala de Recurso que existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca opuesta, por ser los elementos denominativos elementos dominantes en las marcas compuestas


title: Asunto T-26/06: Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2010 — Trioplast Wittenheim/Comisión (Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los sacos industriales de plástico — Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE — Duración de la infracción — Multas — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Cooperación durante el procedimiento administrativo — Proporcionalidad)

text:
               6.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/21

         Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2010 — Trioplast Wittenheim/Comisión
   (Asunto T-26/06) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado de los sacos industriales de plástico - Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE - Duración de la infracción - Multas - Gravedad de la infracción - Circunstancias atenuantes - Cooperación durante el procedimiento administrativo - Proporcionalidad)
   2010/C 301/32
   Lengua de procedimiento: sueco

      Partes

      Demandante: Trioplast Wittenheim SA (Wittenheim, Francia) (representantes: T. Pettersson y O. Larsson, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente F. Castillo de la Torre, P. Hellström y V. Bottka, posteriormente F. Castillo de la Torre, L. Parpala y V. Bottka, agentes)

      Objeto

   Recurso de anulación parcial de la Decisión C(2005) 4634 final de la Comisión, de 30 de noviembre de 2005, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] (asunto COMP/F/38.354 — Sacos industriales), sobre una práctica concertada en el mercado de los sacos industriales de plástico y, con carácter subsidiario, una petición para que se reduzca la multa impuesta a la demandante.

      Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a Trioplast Wittenheim SA.

      (1)  DO C 96, de 22.4.2006.


title: Asunto C-1/10: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia provincial de Tarragona (España) el 4 de enero de 2010 — Procedimiento penal contra Valentín Salmerón Sánchez

text:
               13.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 63/32

         Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia provincial de Tarragona (España) el 4 de enero de 2010 — Procedimiento penal contra Valentín Salmerón Sánchez
   (Asunto C-1/10)
   2010/C 63/53
   Lengua de procedimiento: español

      Órgano jurisdiccional remitente

   Audiencia provincial de Tarragona

      Partes en el procedimiento principal

      Demandada: Valentín Salmerón Sánchez

      Otras partes: Ministerio Fiscal y Dorotea López León

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿El derecho de la víctima a ser comprendida que se contempla en el apartado ocho del Preámbulo de la Decisión Marco (1), debe ser interpretado como un deber positivo de las autoridades estatales encargadas de la persecución y castigo de las conductas victimizadoras a permitir que la víctima exprese su valoración, reflexión y opinión acerca de los efectos directos que sobre su vida pueden derivarse de la imposición de penas al victimario con el que mantiene una relación familiar o intensamente afectiva?

               2)

               ¿El artículo 2 de la Decisión Marco 2001/220/JAI, debe ser interpretado en el sentido de que el deber de los Estados de reconocimiento de los derechos e intereses legítimos de la víctima obliga a tomar en cuenta su opinión cuando las consecuencias penales del proceso pueden comprometer de forma nuclear y directa el desarrollo de su derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la vida privada y familiar?

               3)

               ¿El art. 2 de la Decisión Marco 2001/220/JAI, debe ser interpretado en el sentido de que las autoridades estatales no pueden dejar de tomar en cuenta la voluntad libre de la víctima cuando se oponga a la imposición o mantenimiento de una medida de alejamiento cuando el agresor sea un miembro de la familia y no se constate situación objetiva de riesgo de reiteración delictiva, se aprecie un nivel de competencia personal, social, cultural y emocional que excluya un pronóstico de sometimiento al victimario o, por el contrario, cabe mantener la procedencia de dicha medida en todo caso en atención a la tipología específica de estos delitos?

               4)

               ¿El art. 8 de la Decisión Marco 2001/220/JAI, cuando establece que los Estados garantizarán un nivel de protección adecuada a la víctima, debe ser interpretado en el sentido de que permite la imposición generalizada y preceptiva de medidas de alejamiento o de prohibición de comunicación como penas accesorias en todos los supuestos en los que la víctima lo sea por delitos cometidos en el ámbito familiar, en atención a la tipología específica de estas infracciones, o, por el contrario, el art. 8 exige efectuar una ponderación individualizada que permita identificar, caso por caso, el nivel adecuado de protección en atención a los intereses concurrentes?

               5)

               ¿El art. 10 de la Decisión Marco 2001/220/JAI debe ser interpretado en el sentido de que permite excluir con carácter general la mediación en los procesos penales relativos a delitos cometidos en el ámbito familiar en atención a la tipología específica de estos delitos o, por el contrario, debe permitirse la mediación también en este tipo de procesos, ponderando caso por caso los intereses concurrentes?

      (1)  Decisión marco 2001/220/JAI, del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal
   DO L 82, p. 1


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de julio de 2002 en el asunto C-96/00 (Petición de decisión prejudicial del Oberster Gerichtshof): Rudolf Gabriel ("Convenio de Bruselas — Petición de interpretación de los artículos 5, números 1 y 3, y 13, párrafo primero, número 3 — Derecho del consumidor destinatario de una publicidad engañosa a reclamar ante los tribunales el premio aparentemente ganado — Calificación — Acción en materia de contratos contemplada en el artículo 13, párrafo primero, número 3 — Requisitos")

text:
12.10.2002              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 247/1
                                                                        I
                                                                  (Comunicaciones)
                                                TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                            TRIBUNAL DE JUSTICIA
        SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                   español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de
                                                                             25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República
                            (Sala Sexta)                                     Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989,
                                                                             L 285, p. 54), por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo
                     de 11 de julio de 2002                                  a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa
                                                                             (DO L 285, p. 1) y por el Convenio de 29 de noviembre
                                                                             de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de
en el asunto C-96/00 (Petición de decisión prejudicial del
                                                                             la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997,
          Oberster Gerichtshof): Rudolf Gabriel ( 1)
                                                                             C 15, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por la
                                                                             Sra. F. Macken, Presidenta de Sala, y los Sres. C. Gulmann,
(«Convenio de Bruselas — Petición de interpretación de los                   R. Schintgen (Ponente), V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues,
artículos 5, números 1 y 3, y 13, párrafo primero, número 3                  Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria:
— Derecho del consumidor destinatario de una publicidad                      Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 11 de julio
engañosa a reclamar ante los tribunales el premio aparente-                  de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
mente ganado — Calificación — Acción en materia de
contratos contemplada en el artículo 13, párrafo primero,
                    número 3 — Requisitos»)                                  Las reglas de competencia enunciadas por el Convenio de 27 de sep-
                                                                             tiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
                                                                             resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión
                          (2002/C 247/01)
                                                                             modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la
                                                                             adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                           Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre
                                                                             de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica, por el
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)           de España y de la República Portuguesa y por el Convenio de
                                                                             29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de
                                                                             Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, deben
En el asunto C-96/00, que tiene por objeto una petición                      interpretarse en el sentido de que la acción jurisdiccional mediante la
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de                cual un consumidor pretende que se condene, en el Estado contratante
3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal              en cuyo territorio tiene su domicilio y en virtud de la legislación de
de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la                este Estado, a una sociedad de venta por correo establecida en otro
competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales               Estado contratante a entregarle un premio, cuando dicha sociedad le
en materia civil y mercantil, por el Oberster Gerichtshof                    había remitido personalmente una comunicación que podía dar la
(Austria), destinada a obtener, en el procedimiento entablado                impresión de que se le atribuiría un premio si encargaba mercancías
ante dicho órgano jurisdiccional por Rudolf Gabriel, una                     por un importe determinado y este consumidor realizó efectivamente
decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 5,             tal pedido sin que se le entregara dicho premio, es una acción en
números 1 y 3, y 13, párrafo primero, número 3, del Convenio                 materia de contratos en el sentido del artículo 13, párrafo primero,
de 27 de septiembre de 1968, antes citado (DO 1972, L 299,                   número 3, de dicho Convenio.
p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2),
en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre
de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de                    (1 ) DO C 149 de 27.5.2000.
Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(DO L 304, p. 1, y —texto modificado— p. 77; texto en


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de septiembre de 2001 en el asunto C-374/99: Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas ("FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicio de 1995 — Ayudas al consumo de aceite de oliva — Primas por oveja y cabra")

text:
27.10.2001              ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 303/3
1)  En los casos en que el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos            culo 50, apartado 6, de dicho Acuerdo no exige ni excluye que
    de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo               el ordenamiento jurı́dico de un Estado miembro confiera, en su
    ADPIC), que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se                 caso, a las autoridades judiciales de dicho Estado competencia
    establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado en                 para establecer de oficio el plazo en que debe incoarse el
    nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su                procedimiento sobre el fondo a la hora de ordenar las medidas
    competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de                 provisionales, sin que para ello sea necesaria la petición del
    22 de diciembre de 1994, haya comenzado a aplicarse en el                    demandado.
    Estado miembro de que se trate una vez que el juez de primera
    instancia haya dado por concluido el procedimiento, pero antes         6)    El artı́culo 50, apartado 6, del Acuerdo ADPIC no exige ni
    de que haya dictado una resolución, se aplicará el artı́culo 50            excluye que los Estados miembros confieran, en su caso, a las
    del Acuerdo ADPIC, siempre que la infracción de los derechos                autoridades judiciales la facultad de fijar el plazo en que debe
    de propiedad intelectual continúe produciéndose después de que              incoarse el procedimiento sobre el fondo. Puesto que dicha
    las disposiciones de este último Acuerdo hayan pasado a ser                 disposición no contiene ninguna precisión sobre este extremo, el
    aplicables en la Comunidad y sus Estados miembros.                           alcance de las facultades conferidas a los órganos jurisdiccionales
                                                                                de apelación a este respecto es competencia de cada Estado
                                                                                miembro.
2)  Los requisitos procesales del artı́culo 50 del Acuerdo ADPIC, y
    más concretamente de su apartado 6, no crean derechos que los
    particulares puedan invocar directamente ante los órganos             (1) DO C 136 de 15.5.1999.
    jurisdiccionales comunitarios y de los Estados miembros. Sin
    embargo, cuando las autoridades judiciales deban aplicar sus
    normas nacionales para ordenar medidas provisionales con
    objeto de proteger derechos de propiedad intelectual pertenecien-
    tes a un ámbito en el que se aplique el Acuerdo ADPIC y sobre
    el que ya haya legislado la Comunidad, están obligadas a tener
    en cuenta, en la medida en que sea posible, el texto y la
    finalidad del artı́culo 50, apartado 6, de dicho Acuerdo y, en
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
    particular, todas las circunstancias del asunto de que conozcan,
    a fin de garantizar un equilibrio entre los derechos y obligaciones
    contrapuestos del titular de los derechos de propiedad intelectual                                  (Sala Quinta)
    y del demandado.
                                                                                de 13 de septiembre de 2001
3)  El artı́culo 50, apartado 6, del Acuerdo ADPIC debe interpre-          en el asunto C-374/99: Reino de España contra Comisión
    tarse en el sentido de que es necesaria una petición del                               de las Comunidades Europeas (1)
    demandado para que las medidas provisionales ordenadas
    queden sin efecto por no haberse incoado ningún procedimiento
    sobre el fondo en el plazo indicado a este respecto en las medidas     («FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicio de 1995 —
    provisionales o, a falta de tal indicación, en el plazo de veinte     Ayudas al consumo de aceite de oliva — Primas por oveja y
    dı́as hábiles, o de treinta y un dı́as naturales si este plazo fuera                                  cabra»)
    mayor.
                                                                                (2001/C 303/03)
4)  A falta de disposiciones en el Acuerdo ADPIC relativas al                                (Lengua de procedimiento: español)
    momento en que comienza a correr el plazo de veinte dı́as
    hábiles o de treinta y un dı́as naturales, previsto en el             En el asunto C-374/99, Reino de España (agente: Sra. M. López-
    artı́culo 50, apartado 6, de dicho Acuerdo, corresponde a cada         Monı́s Gallego) contra Comisión de las Comunidades Europeas
    Parte contratante determinar el inicio del plazo, siempre que          (agente: Sr. J. Guerra Fernández), que tiene por objeto la
    éste sea «razonable» en atención a las circunstancias del asunto      anulación parcial de la Decisión 1999/596/CE de la Comisión,
    de que se trate, y habida cuenta del equilibrio necesario entre los    de 28 de julio de 1999, por la que se modifica la Decisión
    intereses contrapuestos del titular de los derechos de propiedad       1999/187/CE sobre la liquidación de las cuentas presentadas
    intelectual y del demandado.                                           por los Estados miembros con relación a los gastos de 1995
                                                                           de la sección de Garantı́a del Fondo Europeo de Orientación y
                                                                           de Garantı́a Agrı́cola (DO L 226, p. 26), en la parte que afecta
                                                                           al Reino de España, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta),
5)  A falta de disposiciones comunitarias en la materia y conforme         integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala,
    a lo dispuesto en el artı́culo 1, apartado 1, del Acuerdo ADPIC,       M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (Ponente) y L. Sevón,
    corresponde a cada Estado miembro determinar los lı́mites de           Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario:
    las facultades de que disponen las autoridades judiciales en           Sr. R. Grass, ha dictado el 13 de septiembre de 2001 una
    relación con las medidas provisionales que ordenen. El artı́-         sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- C 303/4                 ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          27.10.2001
1)    Se desestima el recurso.                                                    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
2)    Se condena en costas al Reino de España.
                                                                                (Sala Quinta)
(1) DO C 366 de 18.12.1999.
                                                                                de 13 de septiembre de 2001
                                                                         en el asunto C-417/99: Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas contra Reino de España (1)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                              («Incumplimiento de Estado — Directiva 96/62/CE —
                                                                         Evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente —
                                                                         Omisión de designar a las autoridades competentes y a los
                            (Sala Quinta)                                   organismos encargados de la aplicación de la Directiva»)
                  de 13 de septiembre de 2001
                                                                                (2001/C 303/05)
en el asunto C-375/99: Reino de España contra Comisión
                de las Comunidades Europeas (1)                                            (Lengua de procedimiento: español)
(«FEOGA — Liquidación de cuentas — Ejercicios de 1996 y
    1997 — Almacenamiento público de carne de vacuno»)                  En el asunto C-417/99, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                         peas (agente: Sr. G. Valero Jordana) contra Reino de España
                                                                         (agente: Sra. N. Dı́az Abad), que tiene por objeto que se declare
                          (2001/C 303/04)                                que el Reino de España ha incumplido una de las obligaciones
                                                                         que le incumben en virtud de lo dispuesto en la Directiva
                 (Lengua de procedimiento: español)                     96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre
                                                                         evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (DO L 296,
                                                                         p. 55), al no haber designado a las autoridades competentes y
En el asunto C-375/99, Reino de España (agente: Sra. M. López-         a los organismos a los que se refiere su artı́culo 3, párrafo
Monı́s Gallego) contra Comisión de las Comunidades Europeas             primero, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los
(agente: Sr. J. Guerra Fernández), que tiene por objeto la              Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala, D.A.O. Edward
anulación parcial de la Decisión 1999/603/CE de la Comisión,          (Ponente), P. Jann, L. Sevón y C.W.A. Timmermans, Jueces;
de 28 de julio de 1999, por la que se excluyen de la                     Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. R. Grass, ha
financiación comunitaria determinados gastos efectuados por             dictado el 13 de septiembre de 2001 una sentencia cuyo fallo
los Estados miembros con cargo a la sección Garantı́a del               es el siguiente:
Fondo Europeo de Orientación y Garantı́a Agrı́cola (FEOGA)
(DO L 234, p. 6), en la medida en que aplica una corrección a
tanto alzado del 5 % a determinados importes declarados por
el Reino de España en las partidas presupuestarias 2111 (gastos         1)    Se declara que el Reino de España ha incumplido las obligacio-
técnicos), 2112 (gastos financieros) y 2113 (otros gastos),                    nes que le incumben en virtud de la Directiva 96/62/CE del
correspondientes al sector del almacenamiento público de                      Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y
carne de vacuno, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado              gestión de la calidad del aire ambiente, al no haber adoptado,
por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala; D.A.O. Edward,                en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y
P. Jann (Ponente), S. von Bahr y C.W.A. Timmermans, Jueces;                    administrativas necesarias para designar a las autoridades
Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass,                  competentes y a los organismos a los que se refiere el artı́culo 3,
ha dictado el 13 de septiembre de 2001 una sentencia cuyo                      párrafo primero, de dicha Directiva.
fallo es el siguiente:
                                                                         2)    Se condena en costas al Reino de España.
1)    Se desestima el recurso.
2)    Se condena en costas al Reino de España.
                                                                         (1) DO C 20 de 22.1.2000.
(1) DO C 366 de 18.12.1999.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 16 de octubre de 1996 en el asunto T-336/94: Efisol SA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Reglamento (CEE) no 594/91 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono - Asignación de cuotas - Licencias de importación - Denegación de su concesión - Demanda de indemnización - Protección de la confianza legítima)

text:
N° C 354/24             ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  23 . 11 . 96
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                               por objeto una pretensión de anulación de la decisión de la
                   DE PRIMERA INSTANCIA                              Comisión de 16 de diciembre de 1993 por la que se publicó
                    de 16 de octubre de 1996                         una convocatoria para proveer plaza vacante correspon
                                                                     diente al puesto de trabajo COM/ 144/93 de Jefe de la
en el asunto T-37/94 : Dimitrios Benecos contra Comisión
                                                                     Unidad 1 (« Productos lácteos ») de la Dirección D (« Orga
                de las Comunidades Europeas (')                      nización de mercados de productos animales ») de la
(Funcionarios — Reincorporación — Determinación del                  Dirección General VI ( Agricultura ), el Tribunal de Primera
         nivel del puesto de trabajo — Acto lesivo)                  Instancia ( Sala Cuarta ), integrado por: el Sr . K. Lenaerts,
                           ( 96 /C 354/46 )                          Presidente; la Sra . P. Lindh y el Sr. J. D. Cooke, Jueces;
                                                                     Secretario : Sr. J. Palacio González, administrador, ha
             (Lengua de procedimiento : francés)                     dictado el 16 de octubre de 1996 una sentencia cuyo fallo es
                                                                     el siguiente :
En el asunto T-37/94 , Dimitrios Benecos , funcionario de la
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en               1 ) Se desestima el recurso.
Bruselas , representado por el Sr . Jean-Noël Louis y las Sras .
Véronique Leclercq, Gréta-Françoise Parmentier y Ariane              2 ) Cada parte cargará con sus propias costas, incluidas las
Tornel , Abogados de Bruselas, que designa como domicilio                 correspondientes al procedimiento de medidas provisio
                                                                          nales .
en Luxemburgo las oficinas de la Fiduciaire Myson Sàrl,
1 , rué Glesener, contra Comisión de las Comunidades
                                                                     (') DO n° C 76 de 12 . 3 . 1994 .
Europeas ( Agente : Sra . Ana Maria Alves Vieira ), que tiene
por objeto una pretensión de anulación de la decisión de la
Comisión por la que se clasificó en el grado A 5/A 4 el puesto
de trabajo COM/022/93 de Jefe de la Unidad 4 (« Grupo
técnico de infraestructuras ») de la Dirección E (« África
                                                                                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
oriental y austral » ) de la Dirección General VIII ( Desarrollo )
                                                                                DE PRIMERA INSTANCIA
y una pretensión de anulación de todas las decisiones
subsiguientes, a saber, en particular, la decisión por la que se                        de 16 de octubre de 1996
rechazó la candidatura del demandante y la decisión por la           en el asunto T-336/94 : Efisol SA contra Comisión de las
que se nombró para dicho puesto al Sr . G. , el Tribunal de                             Comunidades Europeas ( 1 )
Primera Instancia ( Sala Cuarta ), integrado por: el Sr. K.
Lenaerts, Presidente ; la Sra . P. Lindh y el Sr . J. D. Cooke ,     (Reglamento (CEE) n° 594/91 relativo a las sustancias que
Jueces; Secretario : Sr . J. Palacio González, administrador, ha     agotan la capa de ozono — Asignación de cuotas —
                                                                     Licencias de importación — Denegación de su concesión —
dictado el 16 de octubre de 1996 una sentencia cuyo fallo es         Demanda de indemnización — Protección de la confianza
el siguiente :
                                                                                legítima)
1 ) Se desestima el recurso.                                                                  ( 96/C 354/48 )
2 ) Se condena en costas a la Comisión .                                            (Lengua de procedimiento: francés)
(') DO n" C 76 de 12 . 3 . 1994 .                                    En el asunto T-336/94, Efisol SA, con domicilio social en
                                                                     París, representada por los Sres . Jacques Buhart, Abogado
                                                                     de París, y Jean-Yves Art, Abogado de Bruselas, que designa
                                                                     como domicilio en Luxemburgo el despacho de los Sres.
                                                                     Arendt et Medernach, 8-10, rué Mathias Hardt, contra
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL                              Comisión de las Comunidades Europeas ( Agente : Sr . Marc
                   DE PRIMERA INSTANCIA                              H. van der Woude ), que tiene por objeto un recurso, con
                                                                     arreglo al artículo 178 y al párrafo segundo del artículo 215
                    de 16 de octubre de 1996
                                                                     del Tratado CE, con objeto de obtener la reparación del
en el asunto T-56/94 : Raffaele de Santis contra Comisión de         perjuicio irrogado por la negativa a conceder las licencias
                  las Comunidades Europeas (')                       para la importación en la Comunidad de clorofluorocar
 (Funcionarios — Convocatoria para proveer plaza vacante             bono 11 , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala Primera
        — Utilización de procedimiento inadecuado)                   ampliada ), integrado por el Sr . A. Saggio , Presidente; los
                                                                     Sres . C. W. Bellamy, A Kalogeropoulos , la Sra . V. Tiili y el
                            ( 96/C 354/47 )
                                                                     Sr . R. M. Moura Ramos , Jueces; Secretario : Sr. H. Jung, ha
                                                                     dictado el 16 de octubre de 1996 una sentencia cuyo fallo es
               (Lengua de procedimiento: francés)                    el siguiente:
En el asunto T-56/94, Raffaele de Santis , funcionario de la          1 ) Se desestima el recurso.
Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en
Bruselas, representado por el Sr . Jean-Noël Louis y las Sras .      2 ) Se condena a la Comisión al pago de la totalidad de las
Véronique Leclercq, Gréta-Françoise Parmentier y Ariane                   costas .
Tornel , Abogados de Bruselas, que designa como domicilio
en Luxemburgo las oficinas de la Fiduciaire Myson Sàrl,               (') DO n" C 380 de 31 . 12 . 1994 .
 1 , rué Glesener, contra Comisión de las Comunidades
Europeas ( Agente : Sra . Ana Maria Alves Vieira ), que tiene


title: Asunto C-307/08: Auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

text:
               5.6.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 148/22

         Auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica
   (Asunto C-307/08) (1)

   2010/C 148/34

      Lengua de procedimiento: francés

   El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 272, de 25.10.2008.


title: Asunto C-444/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de abril de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Protodikeio Athinon — Grecia) — Aikaterini Stamatelaki/NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (OAEE) (Restricciones a la libre prestación de servicios — Reembolso de los gastos de tratamiento en clínicas privadas — Justificación y proporcionalidad de la exclusión)

text:
               28.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 96/14

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de abril de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Protodikeio Athinon — Grecia) — Aikaterini Stamatelaki/NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (OAEE)
   (Asunto C-444/05) (1)

   (Restricciones a la libre prestación de servicios - Reembolso de los gastos de tratamiento en clínicas privadas - Justificación y proporcionalidad de la exclusión)
   (2007/C 96/22)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Dioikitiko Protodikeio Athinon
   Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Aikaterini Stamatelaki

      Demandada: NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (OAEE)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grecia) — Interpretación de los artículos 49 CE y 50 CE — Requisitos para el reembolso de los gastos médicos contraídos en otro Estado miembro — Normativa nacional que limita el reembolso de los gastos médicos contraídos en una clínica privada de otro Estado miembro al tratamiento de los menores de catorce años mientras que permite dicho reembolso si el tratamiento tiene lugar en una clínica pública con la única condición de que se obtenga previa autorización
   Fallo
   El artículo 49 CE se opone a una normativa de un Estado miembro, como la del litigio principal, que excluye en cualquier caso el reembolso, por las entidades aseguradoras del país, de los gastos de tratamiento de sus asegurados en las clínicas privadas de otro Estado miembro, salvo los correspondientes al tratamiento dispensado a los niños menores de catorce años.

      (1)  DO C 60, de 11.3.2006.


title: Recurso interpuesto el 9 de julio de 1998 por la República Helénica contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-247/98)

text:
C 299/10              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    26.9.98
     de productos comercializados fuera del Espacio Eco-                modificados geneÂticamente, al no haber adoptado,
     nómico Europeo con dicha marca por el titular o con                dentro del plazo previsto, las disposiciones legales,
     su consentimiento.                                                 reglamentarias y administrativas necesarias para cum-
                                                                        plir dicha Directiva.
2) El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/
     CEE no puede interpretarse en el sentido de que, con          2) Se condena en costas a la RepuÂblica Portuguesa.
     el uÂnico fundamento de esta disposición, el titular de
     una marca estaÂ facultado para obtener una orden con-         (1) DO C 295 de 27.9.1997.
     minatoria por la que se prohíba a un tercero utilizar
     su marca respecto de productos que han sido comer-
     cializados fuera del Espacio Económico Europeo con
     dicha marca por el titular o con su consentimiento.
(1) DO C 388 de 21.12.1996.
                                                                   Recurso interpuesto el 9 de julio de 1998 por la RepuÂblica
                                                                         HeleÂnica contra la Comisión de las Comunidades
                                                                                Europeas
                                                                                (Asunto C-247/98)
                                                                                (98/C 299/18)
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                         (Sala Sexta)
                                                                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                    de 16 de julio de 1998                         ha presentado el 9 de julio de 1998 un recurso contra la
                                                                   Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
en el asunto C-285/97: Comisión de las Comunidades
                                                                   RepuÂblica HeleÂnica, representada por los Sres. Dimitrios
           Europeas contra RepuÂblica Portuguesa (1)
                                                                   Papageorgopoulos, Consejero Jurídico del Estado, y Ioan-
(Incumplimiento de Estado Ð No adaptación del Derecho              nis-Constantinos Chalkias, miembro del Servicio Jurídico
interno a la Directiva 94/51/CE dentro del plazo previsto)         del Estado, que designa como domicilio en Luxemburgo la
                        (98/C 299/17)                              sede de la Embajada de Grecia, 177, Val Ste-Croix.
             (Lengua de procedimiento: portugueÂs)                 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-        Ð Admita la demanda.
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal
                         de Justicia»)                             Ð Declare nula o, de lo contrario, reforme la Decisión
                                                                        98/358/CE de la Comisión relativa a la liquidación de
En el asunto C-285/97, Comisión de las Comunidades                      las cuentas de los Estados miembros con respecto a los
Europeas (Agente: Sr. Francisco de Sousa Fialho) contra                 gastos de la sección de Garantía del Fondo Europeo de
RepuÂblica Portuguesa (Agentes: Sres. Luís Fernandes y                  Orientación y de Garantía Agraria (FEOGA) corres-
Pedro Portugal), que tiene por objeto que se declare que la             pondiente a 1994 [notificada con el nuÂmero C(1998)
RepuÂblica Portuguesa ha incumplido las obligaciones que                1124] (1).
le incumben en virtud del paÂrrafo tercero del artículo 189
del Tratado CE y del artículo 2 de la Directiva 94/51/CE           Motivos y principales alegaciones
de la Comisión, de 7 de noviembre de 1994, por la que se
adapta al progreso teÂcnico la Directiva 90/219/CEE del
                                                                   Mediante la citada Decisión, la Comisión, al efectuar la
Consejo sobre la utilización confinada de microorganismos
                                                                   liquidación de cuentas del ejercicio financiero de 1994, no
modificados geneÂticamente (DO L 297 de 18.11.1994,
                                                                   reconoció       diversos     gastos    por    importe      de
p. 29), al no haber adoptado, dentro del plazo previsto,
                                                                   8 093 595 532 dracmas griegas relativos a los sectores de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
                                                                   la carne de vacuno, de las frutas y hortalizas y del vino.
necesarias para cumplir dicha Directiva, el Tribunal de
Justicia (Sala Sexta), integrado por los Sres. H. Ragne-
malm (Ponente), Presidente de Sala; G. F. Mancini, J. L.           La RepuÂblica HeleÂnica alega que esta Decisión de la
Murray, G. Hirsch y K. M. Ioannou, Jueces; Abogado                 Comisión es nula, ya que se basa en un error sobre los
General: Sr. A. La Pergola; Secretario: Sr. R. Grass, ha dic-      hechos y en una motivación errónea, ademaÂs de insufi-
tado el 16 de julio de 1998 una sentencia cuyo fallo es el         ciente. La Comisión, al adoptar esta Decisión, ha rebasado
siguiente:                                                         los límites de su facultad de apreciación, mientras que,
                                                                   especialmente por lo que se refiere al cumplimiento de las
1) Se declara que la RepuÂblica Portuguesa ha incumplido           obligaciones, se apoyó en una base jurídica ficticia para
     las obligaciones que le incumben en virtud del                introducir las correcciones.
     artículo 2 de la Directiva 94/51/CE de la Comisión, de
     7 de noviembre de 1994, por la que se adapta al pro-          (1) DO L 163 de 6.6.1998, p. 28.
     greso teÂcnico la Directiva 90/219/CEE del Consejo
     sobre la utilización confinada de microorganismos


title: Asunto T-462/17: Recurso interpuesto el 25 de julio de 2017 — TO/AEMA

text:
               16.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 347/32

         Recurso interpuesto el 25 de julio de 2017 — TO/AEMA
   (Asunto T-462/17)
   (2017/C 347/41)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: TO (representante: N. Lhoëst, abogado)

      Demandada: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la decisión de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) de 22 de septiembre de 2016 por la que se puso fin al contrato de la parte demandante como agente contractual.

               —

               Anule la decisión de la AEMA de 20 de abril de 2017 por la que se desestimó la reclamación presentada por la parte demandante el 21 de diciembre de 2016.

               —

               Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una indemnización calculada sobre la base de la pérdida de 4 años de salario, con deducción de las prestaciones por desempleo que haya percibido durante este período.

               —

               Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una cantidad de 3 500 euros en concepto de resarcimiento de los gastos generados por la rescisión anticipada de su contrato de alquiler en Copenhague, sin perjuicio de su incremento en su caso.

               —

               Anule la nómina de la parte demandante del mes de septiembre de 2016, por cuanto no incluye, en particular, el importe salarial correspondiente al 22 de septiembre de 2016.

               —

               Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una indemnización de 50 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral causado por la decisión de despido de 22 de septiembre de 2016.

               —

               Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una indemnización de 5 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral causado por la infracción por parte la AEMA del artículo 26 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea.

               —

               Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una indemnización de 10 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral causado por la presión sicológica ejercida por la AEMA sobre la demandante durante la incapacidad laboral de ésta.

               —

               Con carácter subsidiario, condene a la AEMA a abonar a la parte demandante un mes de preaviso y una indemnización igual a un tercio de su sueldo base por mes cumplido del período de prueba, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 84 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (ROA).

               —

               Condene a la AEMA a cargar con la totalidad de las costas.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca ocho motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la inaplicabilidad del artículo 48, letra b), del ROA.

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 48, letra b), y 16, apartado 2, del ROA.

               3.

               Tercer motivo, basado en una excepción de ilegalidad por motivo de discriminación en lo que se refiere al artículo 48, letra b), del ROA.

               4.

               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 26 del Estatuto y en la violación del derecho de defensa.

               5.

               Quinto motivo, basado en la infracción del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), y del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               6.

               Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 84 del ROA y del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el incumplimiento del deber de asistencia y protección.

               7.

               Séptimo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación.

               8.

               Octavo motivo, basado en una desviación de poder.


title: Archivo del asunto C-393/97

text:
C 184/8               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       13.6.98
United International Pictures B.V. («UIP»), con domicilio                (b) hubiera estado facultado para sustituir por su
social en Rijswijkstraat 175, 1062 EV Amsterdam, Países                       propia motivación uno de los dos motivos en que
Bajos; United International Pictures AB («UIP AB»), con                       se basaba la Decisión impugnada, la motivación
domicilio social en Hornsbruksgatan 19, 10274 Estocol-                        del Tribunal de Primera Instancia habría sido
mo, Suecia; United International Pictures APS («UIP                           inconciliable con el artículo 85 del Tratado CE,
APS»), con domicilio social en Hauchsvej 13,                                  en relación con el Reglamento 17/62 del Consejo.
1825 Frederiksberg C, Copenhague, Dinamarca; United
International Pictures A/S («UIP A/S»), con domicilio               (1) DO C 137 de 3.6.1995, p. 32.
social en Hegdehaugsveien 27, 0352 Oslo 3, Noruega;                 (2) Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del
United International Pictures EPE («UIP EPE»), con domi-                Tratado (DO L 13 de 21.2.1962, p. 204; EE 08/01, p. 22).
cilio social en 4 Gambetta Street, Atenas Gr. 106 78, Gre-          (3) Relativa a la aplicación de un programa de fomento de la
cia; United International Pictures OY («UIP OY»), con                   industria audiovisual europea (MEDIA) (1991-1995) (DO
domicilio social en Kaisaniemenkatu 1 C, 00100 Helsinki,                L 380 de 31.12.1990, p. 37).
Finlandia, y United International Pictures y Cia SRC
(«UIP y Cia SRC»), con domicilio social en Plaza del
Callao 4-6o, Madrid 28013, EspanÄa, representadas por los
Sres. Alexandre Vandencasteele y Olivier Speltdoorn, Abo-
gados de Bruselas, del bufete Liedekerke SimeÂon Wessing
Houthoff de Bruselas, que designan como domicilio en                               Archivo del asunto C-331/97 (1)
Luxemburgo el despacho de Sr. Ernest Arendt, 8-10, rue                                       (98/C 184/11)
Mathias Hardt, contra la sentencia dictada el 19 de
febrero de 1998 por la Sala Primera del Tribunal de Pri-
mera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto             Mediante auto de 25 de marzo de 1998, el Presidente del
T-85/95 (1), entre D.I.R. International Film S.r.l. y otras,        Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
por un lado, y la Comisión de las Comunidades Europeas,             dido archivar el asunto C-331/97: Comisión de las Comu-
por otro.                                                           nidades Europeas contra RepuÂblica Federal de Alemania.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                    (1) DO C 331 de 1.11.1997.
Anule la sentencia recurrida y, en consecuencia:
Ð Resuelva definitivamente el litigio, conceda a los recu-
     rrentes el mandamiento que solicitaron ante el Tribu-
     nal de Primera Instancia y condene a la Comisión a
     cargar con las costas causadas tanto ante el Tribunal                         Archivo del asunto C-393/97 (1)
     de Primera Instancia como ante el Tribunal de Justicia.
                                                                                (98/C 184/12)
Ð O, con caraÂcter alternativo, devuelva el asunto al Tri-
     bunal de Primera Instancia, para que este uÂltimo
                                                                    Mediante auto de 25 de marzo de 1998, el Presidente del
     resuelva, y reserve la decisión sobre las costas.
                                                                    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
Motivos y principales alegaciones                                   dido archivar el asunto C-393/97 (petición de decisión pre-
                                                                    judicial planteada por el Verwaltungsgericht Halle): Lidl-
Las recurrentes invocan tres motivos de casación, basados           Fleischwerk Handelshof GmbH & Co. KG contra Landk-
en que el Tribunal de Primera Instancia infringió el Dere-          reis Burgenlandkreis.
cho comunitario, en particular los artículos 85, 173 y 190
del Tratado CE, el Reglamento 17/62 del Consejo, de 6 de            (1) DO C 41 de 7.2.1998.
febrero de 1962 (2), la Decisión 90/685/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1990 (3), las Directrices de la Euro-
pean Film Distribution Office (EFDO), y los principios
generales de seguridad jurídica y de confianza legítima.
El Tribunal de Primera Instancia:
                                                                                Archivo del asunto C-302/96 (1)
1) Consideró erróneamente que la Comisión disponía de                                        (98/C 184/13)
     facultades discrecionales para apreciar si las solicitudes
     de financiación por la EFDO reunían los requisitos;
                                                                    Mediante auto de 26 de marzo de 1998, el Presidente del
2) sustituyó ilegalmente por su propia motivación uno de            Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha deci-
     los dos motivos en que se basaba la Decisión impug-            dido archivar el asunto C-302/96: Comisión de las Comu-
     nada, y;                                                       nidades Europeas, sostenida por Reino Unido de Gran
                                                                    BretanÄa e Irlanda del Norte contra RepuÂblica Federal de
3) aun cuando el Tribunal de Primera Instancia                      Alemania.
     (a) hubiera considerado acertadamente que la Comi-
          sión disponía de facultades discrecionales para           (1) DO C 336 de 9.11.1996.
          apreciar si las solicitudes de financiación por la
          EFDO reunían los requisitos y


title: Asunto T-33/12: Recurso interpuesto el 23 de enero de 2012 — Piotrowski/OAMI (MEDIGYM)

text:
               17.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 80/24

         Recurso interpuesto el 23 de enero de 2012 — Piotrowski/OAMI (MEDIGYM)
   (Asunto T-33/12)
   2012/C 80/40
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandante: Elke Piotrowski (Viernheim, Alemania) (representante: J. Albrecht, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 18 de noviembre de 2011 en el asunto R 734/2011-4.

               —

               Condene en costas a la demandada.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «MEDIGYM» para productos de la clase 10

      Resolución del examinador: Denegación de la solicitud

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

      Motivos invocados: Infracción del artículo 75 del Reglamento no 207/2009, por cuanto, según la demandante, la resolución de la Sala de Recurso se funda en motivos sobre los cuales no tuvo oportunidad de pronunciarse; e infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009, por cuanto a la marca comunitaria solicitada se le denegó la protección con arreglo a lo dispuesto en los artículos 154, apartado 3, y 37, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, pese a que dicha marca no puede ser denegada ni con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), ni con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009.


title: Asunto T-434/16: Recurso interpuesto el 29 de julio de 2016 — Sensi Vigne & Vini/EUIPO — El Grifo (CONTADO DEL GRIFO)

text:
               26.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 350/24

         Recurso interpuesto el 29 de julio de 2016 — Sensi Vigne & Vini/EUIPO — El Grifo (CONTADO DEL GRIFO)
   (Asunto T-434/16)
   (2016/C 350/30)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: italiano

      Partes

      Demandante: Sensi Vigne & Vini Srl (Lamporecchio, Italia) (representante: F. Caricato, abogada)

      Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: El Grifo, S.A. (San Bartolomé de Lanzarote, Las Palmas)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante de la marca controvertida: Parte demandante

      Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye los elementos denominativos «CONTADO DEL GRIFO» — Solicitud de registro n.o 12097416

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 25 de mayo de 2016 en el asunto R 2218/2015-2

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule en su totalidad la resolución de la EUIPO de 25 de mayo de 2016.

               —

               Estime el recurso y se pronuncie en cuanto al fondo en favor de la marca n.o 12097416 de la Unión, registrada el 28 de agosto de 2013 para productos de la clase 33.

               —

               Condene a la demandada en costas en los dos procedimientos.

      Motivo invocado

   Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Quinta) de 10 de diciembre de 1998 en los asuntos acumulados C-127/96, C-229/96 y C-74/97 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el Arbeitsgericht Frankfurt am Main y el Juzgado do lo Social no 1 de Pontevedra): Francisco Hernández Vidal, S.A. contra Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez, Contratas y Limpiezas, S.L. (C-127/96), Friedrich Santner contra Hoechst AG (C-229/96) y Mercedes Gómez Montaña contra Claro Sol, S.A., Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) (C-74/97) (Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas)

text:
13.3.1999              ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      C 71/1
                                                                I
                                                       (Comunicaciones)
                                        TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                    TRIBUNAL DE JUSTICIA
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                             laciones de los trabajadores en caso de traspasos de
                         (Sala Quinta)                             empresas, de centros de actividad o de partes de centros
                                                                   de actividad (DO L 61 de 5.3.1977, p. 26; EE 05/02,
                  de 10 de diciembre de 1998                       p. 122), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado
                                                                   por los Sres.: J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala;
en los asuntos acumulados C-127/96, C-229/96 y C-74/97
                                                                   P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann y
(peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribu-
                                                                   D. A. O. Edward, Jueces; Abogado General: Comunidades
nal Superior de Justicia de Murcia, el Arbeitsgericht
                                                                   Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 10
Frankfurt am Main y el Juzgado do lo Social no 1 de Pon-
                                                                   de diciembre de 1998 una sentencia cuyo fallo es el
tevedra): Francisco HernaÂndez Vidal, S.A. contra Pruden-
                                                                   siguiente:
cia Gómez PeÂrez, María Gómez PeÂrez, Contratas y Lim-
piezas, S.L. (C-127/96), Friedrich Santner contra Hoechst
AG (C-229/96) y Mercedes Gómez MontanÄa contra Claro               El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del
Sol, S.A., Red Nacional de los Ferrocarriles EspanÄoles            Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación
                     (RENFE) (C-74/97) (1)                         de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
                                                                   mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso
(Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en
                                                                   de traspasos de empresas, de centros de actividad o de par-
               caso de transmisión de empresas)
                                                                   tes de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido
                        (1999/C 71/01)                             de que esta Directiva se aplica a una situación en la que
                                                                   una empresa que encomendaba a otra empresa la limpieza
                                                                   de sus locales o de una parte de eÂstos decide poner fin al
        (Lenguas de procedimiento: espanÄol y alemaÂn)             contrato que la vinculaba a aqueÂlla y, en adelante, ejecutar
                                                                   por sí misma esas tareas, siempre y cuando la operación
En los asuntos acumulados C-127/96, C-229/96 y                     vaya acompanÄada de la transmisión entre ambas empresas
C-74/97, que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas         de una entidad económica. El concepto de entidad eco-
al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tra-      nómica remite a un conjunto organizado de personas y
tado CE, por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia            elementos que permite el ejercicio de una actividad econó-
(EspanÄa) C-127/96), el Arbeitsgericht Frankfurt am Main           mica que persigue un objetivo propio. La mera circunstan-
(Alemania) (C-229/96) y el Juzgado de lo Social no 1 de            cia de que los trabajos de mantenimiento efectuados suce-
Pontevedra (EspanÄa) (C-74/97), destinadas a obtener, en           sivamente por la empresa de limpieza y por la empresa
los litigios entablados ante dichos órganos jurisdiccionales       propietaria de los locales sean similares no permite llegar
por Francisco HernaÂndez Vidal S.A. contra Prudencia               a la conclusión de que existe una transmisión de tal enti-
Gómez PeÂrez, María Gómez PeÂrez, Contratas y Limpiezas,           dad.
S.L. (C-127/96), por Friedrich Santner contra Hoechst AG
(C-229/96), y por Mercedes Gómez MontanÄa contra Claro             (1) DO C 180 de 22.6.1996.
Sol, S.A., Red Nacional de los Ferrocarriles EspanÄoles                DO C 269 de 14.9.1996.
(RENFE) (C-74/97), una decisión prejudicial sobre la                   DO C 131 de 26.4.1997.
interpretacion de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de
14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legis-