title: Asunto C-481/11 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de septiembre de 2011 por Alcide Djédjé contra el auto del Tribunal General (Sala Quinta) dictado el 13 de julio de 2011 en el asunto T-351/11, Djédjé/Consejo

text:
               7.1.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 6/5

         Recurso de casación interpuesto el 21 de septiembre de 2011 por Alcide Djédjé contra el auto del Tribunal General (Sala Quinta) dictado el 13 de julio de 2011 en el asunto T-351/11, Djédjé/Consejo
   (Asunto C-481/11 P)
   2012/C 6/06
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Alcide Djédjé (representantes: L. Bourthoumieux, J. Vergès, R. Dumas y M. Ceccaldi, abogados)

      Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se declare la admisibilidad del recurso del Sr. Alcide Djédjé.

               —

               Que se anule el auto dictado en el asunto T-351/11 el 13 de julio de 2011 mediante el que se declara la inadmisibilidad de su recurso.

               —

               Que se ordene al Tribunal General conocer de la acción del recurrente para que éste pueda hacer valer sus derechos.

               —

               Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea en aplicación de los artículos 69 y 73 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

      Motivos y principales alegaciones

   La parte recurrente invoca los siguientes motivos en apoyo de su recurso de casación:

               —

               La existencia de una guerra que, en cuanto caso de fuerza mayor, interrumpe la prescripción. Según la parte recurrente, los acontecimientos en los que se vio inmersa desde el mes de noviembre de 2010 en Costa de Marfil constituyen un caso de fuerza mayor en el sentido del artículo 45 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que se trata de un estado de guerra que tiene como efecto interrumpir los plazos de prescripción en relación con los actos adoptados en su contra por el Consejo.

               —

               El presente caso de fuerza mayor asociado a la existencia de una guerra impide que la parte recurrente pueda ejercer libremente su derecho a recurrir los actos que vulneran manifiestamente derechos fundamentales.

               —

               La parte recurrente sostiene que los derechos y las libertades fundamentales deben prevalecer sobre el principio de seguridad jurídica. Al invocar el principio de seguridad jurídica para declarar inadmisible el recurso de la parte recurrente, el Tribunal General vulnera el derecho fundamental de tutela judicial y el derecho de defensa privando, en consecuencia, a la parte recurrente de su derecho a ser oída por un órgano jurisdiccional competente.

               —

               No procede oponer en caso de guerra el plazo por razón de la distancia o el plazo para recurrir. El plazo por razón de la distancia o el plazo para recurrir no pueden oponerse frente a un destinatario que reside en un Estado en el que se ha declarado una guerra abierta. Tales plazos únicamente son aplicables en tiempo de paz y en el continente europeo; sin embargo, la parte recurrente se encuentra en otro continente y, por esta razón, la aplicación estricta del artículo 102 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en el presente asunto representa claramente una infracción de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

               —

               La primacía del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según la parte recurrente, el artículo 102 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General priva de toda eficacia cualquier obligación de notificación, como la prevista por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual establece que el plazo para recurrir comienza a correr a partir de la notificación o de la publicación o desde el momento en que el interesado tuvo conocimiento del acto. En efecto, el artículo 102 del Reglamento de Procedimiento obvia la obligación de notificación y no toma en consideración el día en que la parte recurrente tuvo conocimiento efectivo del acto, limitando, de este modo, el tenor y el espíritu del artículo 263 TFUE. Por este motivo, el artículo 102 representa un obstáculo para los derechos reconocidos y amparados por el Tratado, el cual tiene jurídicamente un rango superior y se impone a las instituciones que conforman la Unión Europea. Por consiguiente, dado que los actos recurridos no han sido notificados a la parte recurrente, infringiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 263 TFUE, apartado 5, el plazo para recurrir sólo puede iniciarse a partir del momento en que esta parte tuvo conocimiento de los actos adoptados en su contra.

               —

               Una grave vulneración de los derechos y libertades fundamentales. La parte recurrente sostiene que el principio de seguridad jurídica, tal como lo define el Tribunal General, desvirtúa en gran medida la seguridad jurídica en su conjunto, ya que podrían imponerse sanciones a los justiciables que residen fuera de la Unión Europea y en un país en guerra contra las cuales no podrían ejercer eficazmente su derecho a interponer recurso por no tener conocimiento de tales sanciones.

               —

               Subsidiariamente la parte recurrente solicita la anulación de los actos adoptados en su contra por el Consejo en atención a la gravedad de la vulneración de los derechos y libertades fundamentales. Teniendo en cuenta que los actos impugnados vulneran las libertades fundamentales tuteladas por diferentes tratados internacionales, corresponde al Tribunal de Justicia anular dichos actos puesto que su ilegalidad contraviene el orden europeo establecido y dado que no cabe oponer ningún plazo de recurso a causa de la gravedad de la vulneración de las libertades y los derechos fundamentales protegidos.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de abril de 2000 en el asunto C-274/98: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España ("Incumplimiento de Estado — Directiva 91/676/CEE")

text:
24.6.2000               ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 176/3
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 Recurso de casación interpuesto por la Unión de Peque-
                                                                            ños Agricultores el 16 de febrero de 2000 contra la
                                                                            resolución dictada el 23 de noviembre de 1999 por la
                            (Sala Sexta)                                    Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                            Comunidades Europeas en el asunto T-173/98 entre
                                                                            Unión de Pequeños Agricultores y Consejo de la Unión
                     de 13 de abril de 2000                                                               Europea
                                                                                (Asunto C-50/00 P)
en el asunto C-274/98: Comisión de las Comunidades
              Europeas contra Reino de España (1)
                                                                                (2000/C 176/05)
   («Incumplimiento de Estado — Directiva 91/676/CEE»)                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                            presentado el 16 de febrero de 2000 un Recurso de casación
                                                                            interpuesto por la Unión de Pequeños Agricultores, represen-
                         (2000/C 176/04)                                    tada por los Sres. Javier Ledesma Bartret y José Ma Jiménez
                                                                            Laiglesia Oñate, que designa como domicilio en Luxemburgo
                                                                            el de la Sra. Concepción Llaser Moyano, 22, rue Wenkelhiel,
                                                                            L-5680 Dalheim, contra la resolución dictada el 23 de noviem-
                 (Lengua de procedimiento: español)                        bre de 1999 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera
                                                                            Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-173/98
                                                                            entre Unión de Pequeños Agricultores y Consejo de la Unión
                                                                            Europea,
                                                                            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
En el asunto C-274/98, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (Agentes: Sres. E. Gippini Fournier y F. de Sousa Fialho)              1. Anule el Auto del Tribunal de Primera Instancia de 23 de
contra Reino de España (Agente: Sra. M. López-Monı́s Gallego),                noviembre de 1999 en el asunto T-173/98
que tiene por objeto que se declare que el Reino de España ha
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del                   2. Conforme al artı́culo 55 del Estatuto del Tribunal de
Tratado CE al no haber establecido los programas de acción                     Justicia declare la admisibilidad del recurso principal
previstos en el articulo 5 de la Directiva 91/676/CEE del                       interpuesto el 20 de octubre de 1998 por la parte recu-
Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección                  rrente y devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos                    para la resolución del fondo del asunto.
procedentes de fuentes agrarias (DO L 375, p. 1; rectificación
de la versión española, DO 1993, L 92, p. 51), el Tribunal de
Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J.C. Moitinho de
Almeida, Presidente de Sala; los Sres. R. Schintgen, G. Hirsch y            Motivos y principales alegaciones
V. Skouris y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces; Abogado
General: Sr. G. Cosmas; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el             Irregularidades en el procedimiento y violación del derecho
13 de abril de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:               comunitario:
1) Se declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones        — el auto confunde e interpreta de forma errónea la argumen-
     que le incumben en virtud de la Directiva 91/676/CEE del                   tación presentada por la parte recurrente relativa a la
     Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de          invocación del derecho fundamental a la tutela judicial
     las aguas contra la contaminación producida por nitratos                  efectiva. No se justificaba la violación del derecho funda-
     procedentes de fuentes agrarias, al no haber establecido los               mental de la recurrente a la tutela judicial que nacerı́a de la
     programas de acción previstos en su artı́culo 5.                          inadmisibilidad de su recurso en la «inexistencia» de vı́a
                                                                                interna de recurso, sino en que, en este caso en concreto,
                                                                                la declaración de inadmisibilidad no respetarı́a el requisito
2) Se condena en costas al Reino de España.                                    de «efectividad» exigido por el derecho fundamental que se
                                                                                alegaba.
                                                                            — el auto contiene una motivación insuficiente respecto a la
                                                                                alegación de la parte recurrente en lo que respecta a su
(1) DO C 278 de 5.9.1998.                                                       derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y con-
                                                                                funde de nuevo la argumentación presentada por la parte
                                                                                recurrente.
                                                                            — el auto contiene una motivación contradictoria respecto al
                                                                                examen del principio de acceso a la justicia.


title: Asunto C-57/06 P: Recurso de casación interpuesto el  2 de febrero de 2006  por Elisabetta Righini contra la sentencia dictada el  15 de noviembre de 2005  por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) en el asunto T-145/04, Elisabetta Righini contra Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               25.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 74/11

         Recurso de casación interpuesto el 2 de febrero de 2006 por Elisabetta Righini contra la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) en el asunto T-145/04, Elisabetta Righini contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-57/06 P)
   (2006/C 74/20)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 2 de febrero de 2006 un recurso de casación formulado por Elisabetta Righini, representada por Me Eric Boigelot, abogado, contra la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) en el asunto T-145/04, Elisabetta Righini contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

               1.

               Declare admisible y fundado el recurso de casación.
               Y en consecuencia:

               2.

               Anule la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-145/04, Righini/Comisión.

               3.

               Resuelva por sí mismo el litigio y, estimando las pretensiones iniciales de la demandante en el asunto T-145/04:

                           —

                           anule las decisiones adoptadas por la Comisión de clasificar a la demandante en en el grado A*8/3 (anteriormente A7/3) en el momento de su incorporación al servicio, tanto en calidad de agente temporal como de funcionaria en prácticas, decisiones que le fueron notificadas los días 27 de mayo y 30 de junio de 2003;

                           —

                           anule la decisión de 21 de enero de 2004, notificada el 23 de enero siguiente, por la que se desestima expresamente la reclamación de la demandante registrada el 14 de agosto de 2003 con la referencia R/485/03;

                           —

                           condene, en cualquier caso, en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Los motivos del recurso de casación se basan, conforme al artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, en la violación del Derecho comunitario y en irregularidades del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia que lesionan los intereses de la parte recurrente.
   La recurrente impugna la sentencia recurrida en la medida en que desestima el motivo relativo a la infracción del artículo 31, apartado 2, del Estatuto, al incumplimiento de la Decisión de 1983 y de la Guía administrativa, y a la existencia de un error manifiesto de apreciación, y en que, a ese respecto, se halla viciada por errores de Derecho, por una motivación errónea y contradictoria y por la desnaturalización de las pruebas que obran en autos.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 17 de marzo de 2005, en el asunto C-91/03: Reino de España contra Consejo de la Unión Europea («Conservación y explotación de recursos pesqueros — Reglamento (CE) n° 2371/2002»)

text:
               28.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 132/4

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 17 de marzo de 2005
   en el asunto C-91/03: Reino de España contra Consejo de la Unión Europea (1)

   («Conservación y explotación de recursos pesqueros - Reglamento (CE) no 2371/2002»)
   (2005/C 132/07)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-91/03, que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto, con arreglo al artículo 230 CE, el 28 de febrero de 2003, Reino de España, (agente: Sra. N. Díaz Abad) contra Consejo de la Unión Europea (agentes: Sres. J. Carbery y F. Florindo Gijón y Sra. M. Balta) apoyado por: Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. T. van Rijn y Sra. S. Pardo Quintillán) y República Francesa (agentes: Sr. G. de Bergues y Sra. A. Colomb), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann, R. Schintgen, P. Kūris (Ponente) y J. Klučka, Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora, ha dictado el 17 de marzo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               El Reino de España soportará sus propias costas y las del Consejo de la Unión Europea.

               3)

               La República Francesa y la Comisión de las Comunidades Europeas soportarán sus propias costas.

      (1)  DO C 135, de 7.6.2003.


title: Asunto C-150/99: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Svea Hovrätt, de fecha 26 de marzo de 1999, en el asunto entre el Estado, representado por el Ministro de Justicia, y Stockholm Lindöpark Aktiebolag

text:
3.7.1999                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 188/21
3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión,              Recurso interpuesto el 23 de abril de 1999 contra Irlanda
     ¿tiene la libre circulación de capitales con arreglo al                  por la Comisión de las Comunidades Europeas
     apartado 1 del artı́culo 73 B del Tratado CE un carácter
     subsidiario con respecto a las demás libertades del Tratado
     CE (como por ejemplo la libertad de establecimiento y la                                  (Asunto C-151/99)
     libre prestación de servicios), de modo que, si un ciudadano
     de la Unión Europea no puede fundar la adquisición de un                                  (1999/C 188/47)
     bien inmueble en un Estado, cuya nacionalidad no posee,
     en las demás libertades del Tratado CE, tampoco puede
     llevarla a cabo invocando la libre circulación de capitales?      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 23 de abril de 1999 un recurso contra Irlanda
                                                                        formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
(1) DO 1990, L 180, p. 26.                                              representada por el Sr. Frank Benyon, Consejo Jurı́dico, en
(2) DO 1988, L 178, p. 5.                                               calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo
                                                                        el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
                                                                        Servicio Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            1) Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
lución del Svea Hovrätt, de fecha 26 de marzo de 1999,                      incumben en virtud de la Directiva 95/18/CE del Consejo,
en el asunto entre el Estado, representado por el Ministro                   de 19 de junio de 1995, sobre concesión de licencias a las
        de Justicia, y Stockholm Lindöpark Aktiebolag                        empresas ferroviarias (1), al no comunicar las disposiciones
                                                                             legales, reglamentarias o administrativas necesarias para
                        (Asunto C-150/99)                                    cumplir lo dispuesto en dicha Directiva, o al no adoptar
                                                                             las medidas necesarias para atenerse a ella.
                          (1999/C 188/46)
                                                                        2) Condene en costas a Irlanda.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
sometida una petición prejudicial mediante resolución del Svea
Hovrätt, dictada el 26 de marzo de 1999, en el asunto entre el          Motivos y principales alegaciones
Estado, representado por el Ministro de Justicia, y Stockholm
Lindöpark Aktiebolag, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
de Justicia el 23 de abril de 1999. El Svea Hovrätt solicita al         El artı́culo 189 del Tratado CE, según el cual las Directivas
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes              obligarán al Estado Miembro destinatario en cuanto al resul-
cuestiones:                                                             tado que deba conseguirse, implica la obligación de los Estados
                                                                        miembros de respetar el perı́odo señalado en las Directivas
1. ¿La letra m) del número 1 de la parte A del artı́culo 13 y la       para cumplir lo dispuesto en ellas. En el presente asunto, dicho
     letra (b) de la parte B del artı́culo 13 de la Sexta Directiva     perı́odo finalizó el 27 de junio de 1997 sin que Irlanda haya
     IVA (1) son contrarias a unas disposiciones nacionales que         adoptado las disposiciones necesarias para atenerse a la
     establecen una exención general del Impuesto por la cesión       Directiva mencionada en las pretensiones de la Comisión.
     de instalaciones para la práctica del deporte, en las
     condiciones previstas en el párrafo segundo del artı́culo 2
     del Capı́tulo 3 de la mervärdskattelag (1994: 200) en la           (1) DO L 143 de 27.6.1995, p. 70.
     versión vigente antes del 1 de enero de 1997?
2. ¿El artı́culo 13 en relación con los artı́culos 2, 6 y 17 de la
     Sexta Directiva IVA confiere derechos en favor de los
     particulares que éstos puedan invocar frente a los Estados
     miembros ante el Juez nacional?
3. En el caso de que las dos cuestiones anteriores hayan
     recibido respuesta afirmativa:                                     Recurso interpuesto el 23 de abril de 1999 contra Irlanda
                                                                               por la Comisión de las Comunidades Europeas
     ¿La ejecución y la aplicación de la exención contenida en
     el párrafo segundo del artı́culo 2 del Capı́tulo 3 de la
     mervärdskattelag (1994: 200) constituye una infracción                                   (Asunto C-152/99)
     suficientemente grave (caracterizada) del Derecho comuni-
     tario como para generar la responsabilidad por daños y
     perjuicios de un Estado miembro?                                                            (1999/C 188/48)
(1) Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
    del Consejo en materia de armonización de las legislaciones de     presentado el 23 de abril de 1999 un recurso contra Irlanda
    los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen     formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
    de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor            representada por el Sr. Frank Benyon, Consejero Jurı́dico, en
    Añadido: base imponible uniforme (DO L 145 de 13.06.77, p. 1;      calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo
    EE 09/01, p. 54).
                                                                        el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del
                                                                        Servicio Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.


title: Asuntos C-138/01 y C-139/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resoluciones del Oberster Gerichtshof, de fechas 28 de febrero de 2001 y 14 de febrero de 2001, en los asuntos entre Christa Neukomm y Österreichischer Rundfunk, y Josef Lauermann y Österreichischer Rundfunk

text:
16.6.2001                ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 173/25
            letras ii) son, entre otros, los residuos resultantes de       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
            la prospección, de la extracción y del almacena-             lución del Employment Tribunal (Leeds) de fecha 12 de
            miento de los recursos mineros? o ¿es posible que              enero de 2001, en el asunto entre 1) Sr. P. Breckon y
            una legislación nacional, en este caso, disposiciones            2) Sr. M. Barrett y Secretary of State for Employment
            de la vigente Ley de minas y del Decreto de residuos
            de Finlandia, sean una "otra legislación" tal como                                     (Asunto C-137/01)
            señala la Directiva relativa a los residuos?
      b)    Si la expresión "otra legislación" se refiere también a                                  (2001/C 173/42)
            una legislación nacional, ¿se refiere dicha expresión
            a una legislación nacional vigente en la fecha de             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
            promulgación de la Directiva (91/156/CEE) relativa            sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
            a los residuos, o también a una legislación nacional          resolución del Employment Tribunal (Leeds), dictada el 12 de
            promulgada posteriormente a dicha Directiva?                   enero de 2001 en el asunto entre 1) Sr. P. Breckon y
                                                                           2) Sr. M. Barrett y Secretary of State for Employment, y
      c)    Si la expresión "otra legislación" se refiere también a      recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 27 de marzo
            una legislación nacional, ¿establecen las normas de           de 2001. El Employment Tribunal (Leeds) solicita al Tribunal
            carácter consuetudinario relativas a la protección del       de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión
            medio ambiente de la Comunidad Europea o los                   prejudicial:
            principios generales de la Directiva relativa a los
            residuos, obligaciones a las legislaciones nacionales,         «¿Se ajustan plenamente a las exigencias de la Directiva
            respecto al nivel de protección del medio ambiente,           80/987 (1) las disposiciones de una normativa nacional que
            como condición para que dejen de operar las                   pueden dar lugar a que se desestime una reclamación relativa
            prescripciones contenidas en la Directiva relativa a           a la paga de vacaciones, presentada contra el organismo de
            los residuos? ¿Cómo podrı́an ser dichas obliga-               garantı́a, debido al retraso imprevisto en declarar el estado de
            ciones?                                                        insolvencia del empresario, retraso que ha sido causado por el
                                                                           empresario?»
(1) DO L 194, p. 39, de 25.7.1975; EE 15/01, p. 129.
(2) DO L 78, p. 32, de 26.3.1991.
                                                                           (1) Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980,
                                                                               sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
                                                                               relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de
                                                                               insolvencia del empresario (DO L 283 de 28.10.1980, p. 23; EE
                                                                               05/02, p. 219).
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Tribunale di Bologna, de fecha 20 de febrero de
2001, en el asunto entre Condominio «Facchini Orsini» y
                        Kone Ascensori SpA
                         (Asunto C-129/01)
                                                                           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                          (2001/C 173/41)                                  luciones del Oberster Gerichtshof, de fechas 28 de febrero
                                                                           de 2001 y 14 de febrero de 2001, en los asuntos entre
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                  Christa Neukomm y Österreichischer Rundfunk, y Josef
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                         Lauermann y Österreichischer Rundfunk
resolución del Tribunale di Bologna, dictada el 20 de febrero
de 2001 en el asunto entre Condominio «Facchini Orsini» y
                                                                                (Asuntos C-138/01 y C-139/01)
Kone Ascensori SpA, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal
de Justicia el 21 de marzo de 2001. El Tribunale di Bologna
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la                                             (2001/C 173/43)
siguiente cuestión:
                                                                           Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le han
«¿Puede considerarse que la comunidad de propietarios a la                 sido sometidas dos peticiones de decisión prejudicial mediante
que se refieren los artı́culos 1117-1139 del Código Civil es un           resoluciones del Oberster Gerichtshof, dictadas el 28 de febrero
consumidor, en el sentido de las disposiciones de la Directiva             de 2001, y el 14 de febrero de 2001, en los asuntos
93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las                entre Christa Neukomm y Österreichischer Rundfunk y Josef
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumido-             Lauermann y Österreichischer Rundfunk, y recibidas en la
res, publicada en el DO L 95, cuando los copropietarios sean               Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 27 de marzo de 2001. El
personas fı́sicas o actúen con propósitos ajenos a su actividad          Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se
profesional?»                                                              pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
                                                                           1.    Las normas de Derecho comunitario, en particular las
(1) DO L 95, de 21.4.1993, p. 29.                                                relativas a la protección de datos [artı́culos 1, 2, 6, 7 y 22
                                                                                de la Directiva 95/46/CE (1), en relación con el artı́culo 6
                                                                                TUE (antiguo artı́culo F) y el artı́culo 8 CEDH], ¿deben
 ---pagebreak--- C 173/26               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       16.6.2001
     interpretarse en el sentido de que se oponen a una                       b)   en el supuesto de las empresas declaradas en situa-
     normativa nacional que obliga a un organismo público                         ción de «crisis patrimonial», no prevén la transferen-
     de radiodifusión a comunicar la identidad e ingresos de                      cia del personal y de las deudas derivadas de un
     sus trabajadores y a un órgano estatal a recabar y enviar                    contrato o de una relación laboral del cedente al
     estos datos para su publicación?                                             cesionario.
2.   En caso de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades         —      Condene a la República Italiana al pago de las costas del
     Europeas respondiese en sentido afirmativo a la anterior                 procedimiento.
     cuestión, se pregunta: aquellas normas que se oponen a
     una normativa nacional como la descrita, ¿son directa-
     mente aplicables, de modo que pueden ser invocadas por
     el organismo obligado a comunicar los datos con el                Motivos y principales alegaciones
     objeto de evitar la aplicación de las normas nacionales
     contrarias y, en consecuencia, dicho organismo no puede
     invocar esa obligación legal nacional frente a los trabaja-      El artı́culo 47, apartados 5 y 6 de la Ley no 428/90, prevé que
     dores afectados por la publicidad de los datos?                   las normas contenidas en la Directiva 77/187 no serán de
                                                                       aplicación cuando concurran las circunstancias siguientes:
(1) DO L 281, 1995, p. 31.                                             a)     la empresa de que se trata se encuentre en una de las
                                                                              situaciones siguientes:
                                                                              —    la empresa o unidad de producción en la cual el
                                                                                Comitato Interministeriale per la Politica Industriale
                                                                                (CIPI) haya declarado el estado de crisis patrimonial
                                                                                con arreglo a la Ley no 675/77;
Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2001 contra la
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                       —    empresa declarada en estado de quiebra;
                             Europeas
                                                                              —    empresa que haya sido objeto de un convenio con
                       (Asunto C-145/01)                                           los acreedores homologado consistente en la cesión
                                                                                de bienes;
                        (2001/C 173/44)
                                                                              —    empresa cuya liquidación forzosa administrativa se
                                                                                haya hecho pública;
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 29 de marzo de 2001 un recurso contra
la República Italiana formulado por la Comisión de las                      —    empresa sujeta al procedimiento de administración
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Antonio Aresu,                       extraordinaria;
en calidad de agente.
                                                                       b)     se haya Ilegado a un acuerdo entre los representantes
                                                                              de los trabajadores y el empresario, referente a las
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                              modificaciones de las condiciones de trabajo o a un
                                                                              mantenimiento parcial del empleo.
—    Declare que la República Italiana ha incumplido las
     obligaciones derivadas de la Directiva 77/187/CEE (1) del
     Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación         La Comisión afirma que la República Italiana ha excluido
     de las legislaciones de los Estados miembros relativas al         legı́timamente a las empresas declaradas en estado de quiebra
     mantenimiento de los derechos de los trabajadores en              y a las sujetas a intervención forzosa de la Administración de
     caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o          la aplicación de lo dispuesto en la Directiva 77/187. En cambio,
     de partes de centros de actividad, y, en particular, de los       las excepciones relativas al convenio con los acreedores, la
     artı́culos 3 y 4 de esta última, al mantener en vigor lo         administración extraordinaria y la declaración del estado de
     dispuesto en el artı́culo 47, apartados 5 y 6 de la Ley           crisis patrimonial parecen contradecir claramente tanto el
     no 428 de 29 de diciembre de 1990, en la medida en que            Derecho comunitario como las orientaciones del Tribunal de
     tales disposiciones:                                              Justicia.
     a)     permiten que no se aplique la transferencia automá-
            tica de todos los contratos o relaciones laborales del     Por lo que atañe al supuesto de las empresas que hayan sido
            cedente al cesionario en aquellas empresas que             objeto de un convenio homologado con los acreedores
            hayan sido objeto de un convenio con los acreedores        consistente en la cesión de bienes o que estén sujetas al
            homologado consistente en la cesión de bienes y, en       procedimiento de administración extraordinaria, la Directiva
            las empresas sujetas al procedimiento de administra-       77/187 no permite que queden excluidas de la plena aplicación
            ción extraordinaria, cuando las propias empresas          de sus disposiciones, no obstante el planteamiento en contrario
            continúen su actividad después de la transferencia;       de las autoridades italianas.


title: Asunto T-283/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de enero de 2007 — Georgia-Pacific/OAMI (Motivo gofrado) ( Marca comunitaria — Marca tridimensional — Motivo gofrado — Denegación de registro — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n o  40/94 )

text:
               10.3.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/26

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de enero de 2007 — Georgia-Pacific/OAMI (Motivo gofrado)
   (Asunto T-283/04) (1)

   («Marca comunitaria - Marca tridimensional - Motivo gofrado - Denegación de registro - Carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2007/C 56/51)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Georgia-Pacific Sàrl (representante: R. Delorey, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Rassat, agente)
   Objeto
   Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 11 de mayo de 2004 (asunto R 493/2003-1), relativa al registro de una marca tridimensional constituida por un motivo gofrado.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la demandante, Georgia-Pacific Sàrl.

      (1)  DO C 262, de 23.10.2004.


title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 7 de diciembre de 2004, en el asunto C-521/03 P, Internationaler Hilfsfonds eV contra Comisión de las Comunidades Europeas («Recurso de casación — Admisibilidad del recurso de anulación — Plazo preclusivo — Artículo 230 CE, párrafo quinto — Decisión de carácter meramente confirmatorio — Calificación»)

text:
               30.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/11

      AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Cuarta)
   de 7 de diciembre de 2004
   en el asunto C-521/03 P, Internationaler Hilfsfonds eV contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

   («Recurso de casación - Admisibilidad del recurso de anulación - Plazo preclusivo - Artículo 230 CE, párrafo quinto - Decisión de carácter meramente confirmatorio - Calificación»)
   (2005/C 106/21)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el asunto C-521/03 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia el 15 de diciembre de 2003, Internationaler Hilfsfonds eV (abogado: Sr. H. Kaltenecker) y en el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. Wilderspin y Sra. S. Fries), el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, en funciones de Presidente de la Sala Cuarta, y la Sra. N. Colneric y el Sr. K. Schiemann (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. L.A.Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 7 de diciembre de 2004 un auto en el que se resuelve lo siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso de casación.

               2)

               Condenar en costas a la demandante.

      (1)  DO C 59, de 6.3.2004.


title: Asunto T-474/07: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2007 — Comisión/CAE Consulting

text:
               29.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 79/28

         Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2007 — Comisión/CAE Consulting
   (Asunto T-474/07)
   (2008/C 79/56)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A.-M. Rouchaud-Joët y S. Lejeune, agentes, y O. Prost, abogado)

      Demandada: CAE Consulting GmbH (Sexau, Alemania)
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare admisible y bien fundada la reclamación de la Comisión y se proceda a su estimación.

               —

               Que se condene a la parte demandada a abonar a la Comisión la cantidad de 25 574 euros como principal, más los correspondientes intereses de demora por importe de 10 189,31 euros hasta el 31 de diciembre de 2007 y de 3,67 euros por día de retraso a partir del 1 de enero de 2008 y hasta el pago íntegro, intereses que habrán de capitalizarse igualmente a partir del 31 de mayo de 2001.

               —

               Que se condene enteramente en costas a la parte demandada.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante el presente recurso, la demandante solicita que se condene a la parte demandada a reembolsar el saldo del anticipo que le entregó la Comunidad más los correspondientes intereses de demora, debido a que la demandada no ha ejecutado la parte del contrato de subvención («Cost reimbursement contract») EP no 26970, firmado con el consorcio del que era miembro la demandada y relativo al proyecto denominado «Neutral Archiving of EDA Data (ARCHIVE)», incluido en el ámbito del cuarto Programa estratégico europeo de investigación y desarrollo relativo a las tecnologías de la información (ESPRIT) (1994-1998).


title: Asunto T-125/13: Recurso interpuesto el 4 de marzo de 2013 — Italia/Comisión

text:
               20.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/44

         Recurso interpuesto el 4 de marzo de 2013 — Italia/Comisión
   (Asunto T-125/13)
   2013/C 114/67
   Lengua de procedimiento: italiano

      Partes

      Demandante: República Italiana (representantes: G. Palmieri y S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la Decisión de la Comisión Europea C(2012) 9448 final de 19 de diciembre de 2012, notificada el 20 de diciembre, relativa a los aumentos de capital efectuados por la sociedad SEA S.p.A. en favor de SEA Handiling SpA.

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En el presente asunto, el Estado demandante se dirige contra la decisión de la Comisión Europea, que determina que las medidas aplicadas por SEA SpA, concesionaria de la gestión de los aeropuertos de Milán Malpensa y Milán Linate, en favor de la sociedad controlada SEA Handling SpA, encargada de la gestión de los servicios de asistencia en tierra en los citados aeropuertos –medidas que consisten esencialmente en aportaciones reiteradas de capital para cubrir las pérdidas de ejercicio– constituyen una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración de los principios de buena administración y de seguridad jurídica.

                           —

                           Al respecto sostiene que la decisión impugnada fue adoptada en vulneración de los principios de buena administración y de seguridad jurídica, creando en consecuencia también una confianza legítima en los destinatarios acerca del carácter conforme a Derecho de las medidas, tanto debido a la duración excesiva del procedimiento en su totalidad, y en particular de la investigación preliminar, como debido a las dudas en las determinaciones y de la conducta asumida por la Comisión durante el propio procedimiento.

               2)

               Segundo motivo, basado en vicios sustanciales de forma, en particular respecto de la vulneración del derecho a ser oído y en que no hubo fase de instrucción.

                           —

                           Al respecto sostiene que la decisión impugnada fue adoptada vulnerando el derecho a ser oído y los derechos de defensa de las partes, debido a que el examen de la Comisión se extendió a un período que no era objeto de la decisión de incoación de la investigación formal.

               3)

               Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, apartado 3, y reconstrucción errónea del hecho, así como en la existencia de una falta de motivación acerca de la imputabilidad de las medidas controvertidas a las autoridades públicas.

                           —

                           El Gobierno demandante sostiene que la decisión impugnada adolece del error de considerar que las medidas controvertidas son imputables a las autoridades públicas y, en cualquier caso, no aporta una prueba adecuada ni una motivación suficiente al respecto.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, apartado 3, y reconstrucción errónea del hecho, así como en la existencia de una falta de motivación acerca de la imputabilidad de las medidas controvertidas a las autoridades públicas.

                           —

                           Al respecto sostiene que la Decisión impugnada adolece del error de considerar que la conducta de SEA no es conforme con el parámetro del operador perspicaz en la economía de mercado y, en cualquier caso, no aporta una prueba adecuada ni una motivación suficiente a este respecto.


title: Archivo del asunto T-430/93

text:
 11 . 11.95             ES
                                            Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  N" C 299 / 19
El demandante alega que la negativa del Consejo vulnera los                        Archivo del asunto T- 11 2/92 (')
derechos fundamentales de acceso a los documentos de las
                                                                                ( 95 /C 299/33 )
Instituciones de la Unión Europea , el principio de la
protección de las expectativas legítimas, así como los
apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Decisión del Consejo                         (Lengua de procedimiento : inglés)
93/73 1 /CE, en la medida en que aplica erróneamente los
requisitos establecidos en dichas disposiciones . Considera          Mediante auto de 1 1 de julio de 1 995 , el Presidente de la Sala
                                                                     Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni
además que la negativa del Consejo debería anularse por
falta de motivación .                                                dades Europeas ha decidido archivar el asunto T-l 12/92 ,
                                                                     John Cooney contra Comisión de las Comunidades Euro
                                                                     peas .
                                                                     (') DO n " C 34 de 6 . 2 . 1993 .
                 SENTENCIA DEL TRIBUNAL
                  DE PRIMERA INSTANCIA
                  de 28 de septiembre de 1995
en el asunto T-95 /94 , Chambre syndicale nationale des                            Archivo del asunto T-425/93 (')
entreprises de transport de fonds et valeurs ( Sytraval ) y                                    ( 95/C 299/34 )
Brink's France sarl contra Comisión de las Comunidades
                             Europeas ( 1 )                                       (Lengua de procedimiento : inglés)
(Ayudas de Estado — Denuncia de un competidor — No
iniciación del procedimiento de examen — Derecho de                  Mediante auto de 9 de agosto de 1995 , el Presidente de la
                defensa — Recurso de anulación)                      Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de
                           ( 95/C 299/32 )                           las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
                                                                     T-425/93 , David Wilcox contra Consejo de la Unión
                                                                     Europea y Comisión de las Comunidades Europeas .
              ( Lengua de procedimiento : francés)
                                                                     (') DO n° C 238 de 2 . 9 . 1993 .
En el asunto T-95/94 , Chambre syndicale nationale des
entreprises de transport de fons et valeurs ( Sytraval ) y
Brink's France sarl , representadas por Mc Jean-Michel
Payre , Abogado de París, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31 , Grand-rue,
contra Comisión de las Comunidades Europeas ( Agentes :                            Archivo del asunto T- 430/93 ( )
Sres . Michel Nolin y Ben Smulders ), apoyada por la                                           ( 95/C 299/35")
República Francesa ( Agentes : Sra . Catherine de Salins y por
el Sr . Jean-Marc Belorgey ), que tiene por objeto que se anule                  (Lengua de procedimiento: francés)
la Decisión de la Comisión de 31 de diciembre de 1993 , por
la que se deniega la petición de las demandantes consistente         Mediante auto de 1 1 de agosto de 1995 , el Presidente de la
en que la Comisión declare que la República Francesa                 Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de
infringió los artículos 92 y 93 del Tratado al otorgar ayudas        las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto
a Sécuripost SA , el Tribunal de Primera Instancia ( Sala            T-430/93 , Jean Trelhu contra Consejo de la Unión Europea
Cuarta ), integrado por los Sres . K. Lenaerts , Presidente ; R.     y Comisión de las Comunidades Europeas .
Schintgen , C. P. Briët, R. García-Valdecasas y la Sra . P.
Lindh , Jueces; Secretario : Sr . H. Jung, ha dictado el 28 de       (') DO n " C 54 de 25 . 5 . 1993 .
septiembre de 1995 una sentencia cuya fallo es el
siguiente :
 1 ) Se Anida la Decisión de la Comisión de 3 í de diciembre
      de 1993 , por la que se deniega la petición de las                         Archivo de los asuntos acumulados
      demandantes consistente en que la Comisión declare
                                                                                T-436/93 a T-441 /93 (')
      que la República Francesa infringió los artículos 92 y 93
      del Tratado al otorgar ayudas a Sécuripost.                                               ( 95/C 299/36 )
2 ) La Comisión cargará con sus propias costas y con las de                       (Lengua de procedimiento: inglés)
      las demandantes .
                                                                     Mediante auto de 12 de julio de 1 995 , el Presidente de la Sala
3 ) La República Francesa cargará con sus propias cos               Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las
      tas .
                                                                     Comunidades Europeas ha decidido archivar los asuntos
                                                                     acumulados T-436/93 a T-441 /93 , British Petroleum Com
(') DO n" C 103 de 11 . 4 . 1994 .                                   pany pie , Barclays Bank pie , Hanson pie , Lucas Industries
                                                                     Public Limited Company, Mars UK Limited , Mars GB
                                                                     Limited , Intercontinental Trading Limited , Effem Manage


title: Asunto C-417/06 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de octubre de 2006 por la República Italiana contra la sentencia dictada el 13 de julio de 2006 en el asunto T-225/04, República Italiana/Comisión de las Comunidades Europeas

text:
               16.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 310/7

         Recurso de casación interpuesto el 12 de octubre de 2006 por la República Italiana contra la sentencia dictada el 13 de julio de 2006 en el asunto T-225/04, República Italiana/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-417/06 P)
   (2006/C 310/13)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes

      Recurrente: República Italiana (representantes: I.M. Braguglia, agente, y D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente

               —

               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 13 de julio de 2006 en el asunto T-225/04, por la que se desestimó el recurso interpuesto por la República Italiana contra la Comisión Europea con objeto de que se anulase la Decisión C(2003) 3971 final de la Comisión, de 26 de noviembre de 2003, por la que se estableció una distribución indicativa por Estado miembro de los créditos de compromiso en el marco de las iniciativas comunitarias para el período 1994-1999.

               —

               Que se estimen en su totalidad las pretensiones aducidas en primera instancia, con arreglo al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de junio de 1991, en su versión modificada, anulando en consecuencia la Decisión de la Comisión.

               —

               Que se condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento y de las correspondientes al procedimiento en primera instancia.

         Motivos y principales alegaciones

               1)

               Violación del Derecho por indicación errónea del fundamento jurídico, contradicción interna y aplicación incorrecta de la normativa, así como insuficiencia de motivación, en lo que respecta a la primera parte del primer motivo de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (apartados 70, 71, 72, 73, 75, 76 y 77 de la sentencia).

               2)

               Violación del Derecho por motivación insuficiente y contradictoria en lo que respecta a la segunda parte del primer motivo de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (apartados 91, 92, 93, 94 y 95 de la sentencia).

               3)

               Violación del Derecho por falta de base jurídica y motivación insuficiente y contradictoria en lo que respecta a la primera parte del segundo motivo de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (apartados 110 a 123 de la sentencia).

               4)

               Violación del Derecho por motivación insuficiente y contradictoria en lo que respecta a las partes segunda, tercera y cuarta del segundo motivo de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (apartados 147, 148, 149, 151, 153, 154 y 155 de la sentencia).


title: Asunto T-24/17: Recurso interpuesto el 17 de enero de 2017 — La Superquímica/EUIPO — D-Tack (D-TACK)

text:
               20.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/30

         Recurso interpuesto el 17 de enero de 2017 — La Superquímica/EUIPO — D-Tack (D-TACK)
   (Asunto T-24/17)
   (2017/C 086/39)
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

      Partes

      Recurrente: La Superquímica, S.A. (Barcelona) (representante: A. Canela Giménez, abogado)

      Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: D-Tack GmbH (Hüttlingen, Alemania)

      Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

      Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

      Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «D-TACK» — Solicitud de registro n.o 9650847

      Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

      Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 15 de noviembre de 2016 en el asunto R 1983/2015-4

      Pretensiones

   La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

               —

               Anule la resolución de la EUIPO de 15 de noviembre de 2016.

               —

               Condene en costas a la EUIPO y a cualesquiera partes que intervengan en contra del presente recurso.

      Motivos invocados

               —

               La Sala de Recurso no tuvo en cuenta los extractos de Sitadex sobre los registros de las marcas españolas n.os 2515958, 2516679, 2542249, 2591412 y 2668711, aportados por la recurrente.

               —

               La Sala de Recurso no tuvo en cuenta la prueba del uso aportada por la recurrente.


title: Asunto C-523/15 P: Recurso de casación interpuesto el 30 de septiembre de 2015 por Westfälische Drahtindustrie GmbH y otros, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 15 de julio de 2015 en el asunto T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH y otros/Comisión Europea

text:
               23.11.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 389/21

         Recurso de casación interpuesto el 30 de septiembre de 2015 por Westfälische Drahtindustrie GmbH y otros, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 15 de julio de 2015 en el asunto T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH y otros/Comisión Europea
   (Asunto C-523/15 P)
   (2015/C 389/23)
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Recurrentes: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (representantes: C. Stadler, Rechtsanwalt)

      Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

      Pretensiones de las partes recurrentes

   Las recurrentes en casación solicitan que:

               1.

               Que se anule la sentencia recurrida en la medida en que las perjudica.

               2.

               Con carácter subsidiario, que se anule la sentencia recurrida en su totalidad y se declare la nulidad del artículo 2, apartado 8, de la Decisión C(2010) 4387 final de la Comisión, de 30 de junio de 2010, relativa a un procedimiento conforme al artículo 101 TFUE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.344 — Acero para pretensado), modificada por la Decisión C(2010) 6676 final de la Comisión, de 30 de septiembre de 2010, y por la Decisión C(2011) 2269 final de la Comisión, de 4 de abril de 2011, así como la nulidad del escrito del Director General de la Dirección General de la Competencia de la Comisión de 14 de febrero de 2011, en la medida en que se refiere a las recurrentes.
               Con carácter subsidiario, que se reduzca la multa que se les impuso en el artículo 2, apartado 8, de la Decisión anteriormente citada de la Comisión.

               3.

               Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que éste se pronuncie sobre las pretensiones formuladas en los puntos 1 y 2.

               4.

               Que se condene a la demandada en el procedimiento principal al pago de las costas en ambos procedimientos.

      Motivos y principales alegaciones

   El recurso de casación se dirige contra la sentencia de la Sexta Sala del Tribunal General de la Unión Europea dictada el 15 de julio de 2015.
   Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG y Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG apoyan su recurso en los siguientes motivos de casación.
   En primer lugar, el Tribunal General infringió el artículo 261 TFUE y el artículo 31 del Reglamento no 1/2003, (1) ignoró el sistema de reparto de competencias y del equilibrio institucional, y la necesidad de garantizar una protección jurídica efectiva, porque no tuvo en cuenta los límites de la competencia jurisdiccional plena que tiene atribuida y no examinó en cuanto al fondo la Decisión impugnada de la Comisión, sino que adoptó su propia Decisión independiente sobre la multa. De este modo, se situó en la posición de la Administración y privó a las recurrentes de la posibilidad de defenderse contra apreciaciones de hecho inexactas, porque los recursos de casación dirigidos contra las resoluciones del Tribunal General se limitan a las cuestiones de Derecho.
   En segundo lugar, la sentencia recurrida infringe el artículo 261 TFUE y el artículo 31 del Reglamento no 1/2003 en la medida en que el Tribunal General no tuvo en cuenta la fecha pertinente para apreciar la situación fáctica y jurídica y en el marco del ejercicio –por otra parte erróneo, como se ha indicado anteriormente– de su competencia jurisdiccional plena, se basó en la situación jurídica y fáctica en la fecha del pronunciamiento de su sentencia o en hechos acaecidos en los años 2011 a 2013, esto es, después de la adopción de la Decisión impugnada de la Comisión. Las resoluciones que el Tribunal General invoca «en este sentido» no justifican su apreciación, más bien de la jurisprudencia del juez de la Unión resulta claro que la información adicional sólo puede tomarse en consideración, por un lado, a favor de las empresas afectadas y, por otro, sólo si ya estaba disponible en la fecha de la Decisión de la Comisión.
   En tercer lugar, al violar el principio de proporcionalidad y el de igualdad de trato, el Tribunal General vulneró los derechos fundamentales de las recurrentes. Al no tener en cuenta el principio recogido en el punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas, según el cual, las empresas que necesiten un pago fraccionado de la multa deben poder pagarla, en general, en un período de tres a cinco años, el Tribunal General impuso a las recurrentes una multa desproporcionada, que como mucho podrían pagar a lo largo de un período sumamente largo. Además, en el examen de las exigencias del principio de igualdad de trato, en relación con la aplicación de los principios desarrollados sobre la base del punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas y con la determinación de la fecha pertinente, el Tribunal General no apreció el carácter comparable de las situaciones.
   Por último, el Tribunal General también violó, mediante la sentencia recurrida, el derecho fundamental de carácter procesal de las recurrentes a la prestación de una tutela judicial efectiva, puesto que en el ejercicio de su competencia de plena jurisdicción, se escudó en los cálculos de la multa realizados por la Comisión y en los hechos presentados por las partes. Esto no constituye un control completo y sin restricciones por una instancia neutral en el marco de la tutela judicial efectiva contra las decisiones de la Comisión en las que impone una multa.

      (1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).


title: Asunto T-566/11: Recurso interpuesto el 31 de Octubre 2011 — Viejo Valle/OAMI — Etablissements Coquet (Servicio de café con estrías)

text:
               4.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 32/26

         Recurso interpuesto el 31 de Octubre 2011 — Viejo Valle/OAMI — Etablissements Coquet (Servicio de café con estrías)
   (Asunto T-566/11)
   2012/C 32/55
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: Viejo Valle, SA (L'Olleria, España) (representante: I. Temiño Ceniceros, abogado)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francia)

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               se declare admisible el presente recurso junto con sus anexos;

               —

               se anule la decisión de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de fecha 29 de julio de 2011, en el asunto R 1054/2010-3;

               —

               se condene en costas al demandado.

      Motivos y principales alegaciones

      Modelo o dibujo registrado, respecto a lo que se presentó una solicitud de nulidad: Dibujo no 384.912-0001, que representa una vajilla con ornamentación; una taza de café con platillo.

      Titular del modelo o dibujo comunitario: Demandante.

      Solicitante de la nulidad del modelo o dibujo comunitario: Etablissements Coquet SA.

      Motivación de la solicitud de nulidad: Infracción del artículo 25, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 6/2002, dado que el modelo comunitario constituye una utilización no autorizada de una obra protegida por la legislación sobre el derecho de autor de un Estado Miembro.

      Resolución de la División de Anulación: Estimación de la solicitud de nulidad.

      Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

      Motivos invocados: Infracción del artículo 25, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 6/2002 y del artículo 28, apartado 1, letra b), iii), del Reglamento no 2245/2002 dado que la parte demandada no habría debidamente documentado la obra protegida en la que se basa la solicitud de nulidad, ni su titularidad, ni su objeto.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de diciembre de 2003 en el asunto C-92/02 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren ): Nina Kristiansen contra Rĳksdienst voor Arbeisdvoorziening (Seguridad Social — Régimen nacional de prestaciones por desempleo que establece una norma que prohíbe la acumulación para determinados ingresos — Asignación por desempleo para antiguos agentes temporales de las Comunidades Europeas — Libre circulación de trabajadores — Régimen nacional de seguro de desempleo — Calificación de una actividad postuniversitaria — Actividad de estudiante becario en prácticas — Calificación diferente en otros Estados miembros del EEE — Discriminación)

text:
C 21/6                   ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                              24.1.2004
por el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxem-                                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
burgo), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
órgano jurisdiccional entre Zita Modes Sàrl y Administration                                               (Sala Quinta)
de l’enregistrement et des domaines, una decisión prejudicial
sobre la interpretación del artículo 5, apartado 8, de la                                          de 4 de diciembre de 2003
Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones
                                                                               en el asunto C-92/02 (Petición de decisión prejudicial
de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
                                                                               planteada por el Arbeidsrechtbank van het Arrondisse-
volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el
                                                                               ment Tongeren ): Nina Kristiansen contra Rijksdienst
valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE
                                                                                voor Arbeisdvoorziening (1)
09/01, p. 54), en su versión resultante de la Directiva 95/7/CE
del Consejo, de 10 de abril de 1995, por la que se modifica la
Directiva 77/388 y por la que se establecen nuevas medidas de                  (Seguridad Social — Régimen nacional de prestaciones
simplificación referentes al impuesto sobre el valor añadido —                 por desempleo que establece una norma que prohíbe la
ámbito de aplicación de determinadas exenciones y modalida-                    acumulación para determinados ingresos — Asignación
des prácticas de aplicación (DO L 102, p. 18), el Tribunal de                  por desempleo para antiguos agentes temporales de las
Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. P. Jann, en funciones             Comunidades Europeas — Libre circulación de trabaja-
de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. D.A.O. Edward y                   dores — Régimen nacional de seguro de desempleo —
S. von Bahr (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;               Calificación de una actividad postuniversitaria — Actividad
Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 27 de noviembre de                     de estudiante becario en prácticas — Calificación diferente
2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                    en otros Estados miembros del EEE — Discriminación)
1)    El artículo 5, apartado 8, de la Directiva 77/388/CEE del                                           (2004/C 21/11)
      Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia
      de armonización de las legislaciones de los Estados miembros                             (Lengua de procedimiento: neerlandés)
      relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema
      común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible                (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
      uniforme, en su versión resultante de la Directiva 95/7/CE del                «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
      Consejo, de 10 de abril de 1995, por la que se modifica la
      Directiva 77/388 y por la que se establecen nuevas medidas de
      simplificación referentes al impuesto sobre el valor añadido —
      ámbito de aplicación de determinadas exenciones y modalidades            En el asunto C-92/02, que tiene por objeto una petición
      prácticas de aplicación, debe interpretarse en el sentido de que,        dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
      cuando un Estado miembro ha hecho uso de la facultad, conferida          por el Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren
      por la primera frase de dicho apartado, de considerar que, a             (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
      efectos del impuesto sobre el valor añadido, la transmisión de un        órgano jurisdiccional entre Nina Kristiansen y Rijksdienst
      establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una                 voor Arbeisdvoorziening, una decisión prejudicial sobre la
      empresa, no supone la realización de una entrega de bienes, esta         interpretación del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo,
      regla de la no entrega se aplica -sin perjuicio de una eventual          de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los
      utilización de la posibilidad de limitar tal aplicación en las           regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta
      condiciones previstas en la segunda frase del mismo apartado- a          ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros
      toda transmisión de un establecimiento mercantil o de una parte          de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en
      autónoma de una empresa, con elementos corporales y, en su               su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE)
      caso, incorporales que, conjuntamente, constituyen una empresa           no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997,
      o una parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad            L 28, p. 1), y del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo,
      económica autónoma. El beneficiario de la transmisión, no                de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los
      obstante, debe tener la intención de explotar el establecimiento         trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/
      mercantil o la parte de la empresa transmitida y no simplemente          01, p. 77), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por
      de liquidar de inmediato la actividad en cuestión así como, en su        el Sr. C.W.A. Timmermans, en funciones de Presidente de la
      caso, vender las existencias.                                            Sala Quinta, y los Sres. D.A.O. Edward y A. La Pergola
                                                                               (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr.
2)    Cuando un Estado miembro ha hecho uso de la facultad                     R. Grass, ha dictado el 4 de diciembre de 2003 una sentencia
      conferida por el artículo 5, apartado 8, primera frase, de la            cuyo fallo es el siguiente:
      Sexta Directiva 77/388, en su versión resultante de la Directiva
      95/7, de considerar que, a efectos del impuesto sobre el valor           1)    El artículo 28 bis, apartado 1, párrafo segundo, del Régimen
      añadido, la transmisión de una universalidad de bienes no                      aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas
      supone la realización de una entrega de bienes, dicha disposición              establece el carácter complementario del régimen comunitario
      se opone a que el Estado miembro restrinja la aplicación de esta               de asignaciones por desempleo en relación con los de los Estados
      regla de la no entrega únicamente a las transmisiones de una                   miembros, lo que no puede ser ignorado al aplicar el régimen
      universalidad de bienes cuyo beneficiario posea una autorización               de prestaciones por desempleo de un Estado miembro y, en
      de establecimiento para la actividad económica que esta                        particular, una disposición que prohíbe la acumulación prevista
      universalidad permite ejercer.                                                 por este último régimen, a un antiguo agente temporal que
                                                                                resida en el citado Estado miembro y que pueda beneficiarse de
(1) DO C 44 de 16.2.2002.                                                            la asignación por desempleo abonada en virtud del Régimen
                                                                                aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.
 ---pagebreak--- 24.1.2004               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                                    C 21/7
2)    El principio de no discriminación enunciado en el artículo 7,         por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión
      apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo,              del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285,
      de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los      p. 1) y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo
      trabajadores dentro de la Comunidad no se opone a que una             a la adhesión de la República de Austria, de la República de
      persona que realice una función postuniversitaria, como la            Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1), el
      prevista en el asunto principal, sea considerada en un Estado         Tribunal de Justicia integrado por los Sres. V. Skouris (Presi-
      miembro estudiante becaria en prácticas, que no está com-             dente), P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha
      prendida en el régimen nacional de seguro de desempleo,               Rodrigues, A. Rosas, (Presidentes de Sala), D.A.O. Edward,
      mientras que en otros Estados miembros se considera que una           A. La Pergola, J.-P. Puissochet y R. Schintgen (Ponente), las
      persona que realice una función idéntica tiene una actividad          Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von Bahr, (Jueces)
      profesional que puede beneficiarse del régimen de seguro de           Abogado General: Sr. P. Léger, Secretario: Sra. M.-F. Contet,
      desempleo.                                                            administradora principal, ha dictado el 9 de diciembre de 2003
                                                                            una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
(1) DO C 118 de 18.5.2002.
                                                                            1)    En virtud del Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la
                                                                                interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de
                                                                                septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución
                                                                                de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                       versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978
                                                                                relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del
                   de 9 de diciembre de 2003                                      Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el
                                                                                Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de
en el asunto C-116/02, (Petición de decisión prejudicial                          la República Helénica, por el Convenio de 26 de mayo de 1989
planteada por el Oberlandesgericht Innsbruck (Austria):                           relativo a la adhesión del Reino de España y de la República
          Erich Gasser GmbH contra MISAT Srl (1)                                  Portuguesa y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996
                                                                                relativo a la adhesión de la República de Austria, de la
(Convenio de Bruselas — Artículo 21 — Litispendencia —                            República de Finlandia y del Reino de Suecia, un órgano
Artículo 17 — Cláusula atributiva de competencia —                                jurisdiccional nacional puede solicitar al Tribunal de Justicia
Obligación de suspender el procedimiento del órgano jurisdic-                     que se pronuncie sobre la interpretación de este Convenio
cional, designado en una cláusula atributiva de competencia,                      basándose en las alegaciones de una parte sin haber comprobado
ante el que se ha interpuesto la segunda demanda —                                previamente si son fundadas, si entiende que, habida cuenta de
Duración excesivamente larga de los procesos ante los                             las particularidades del asunto, necesita una decisión prejudicial
órganos jurisdiccionales del Estado del órgano jurisdiccional                     para poder dictar sentencia y las cuestiones prejudiciales que
ante el que se ha interpuesto la primera demanda —                                plantea al Tribunal de Justicia son pertinentes. Sin embargo
                            Irrelevancia)                                         debe proporcionar al Tribunal de Justicia las informaciones de
                                                                                hecho y de Derecho que permitan a éste dar una interpretación
                                                                                útil de dicho Convenio e indicar las razones por las que
                          (2004/C 21/12)
                                                                                considera que la respuesta a sus cuestiones es necesaria para
                                                                                resolver el litigio.
                 (Lengua de procedimiento: alemán)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la        2)    El artículo 21 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 debe
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                interpretarse en el sentido de que el Tribunal ante el que se ha
                                                                                formulado la segunda demanda y cuya competencia ha sido
                                                                                alegada invocando una cláusula atributiva de competencia debe
En el asunto C-116/02, que tiene por objeto una petición                          suspender el procedimiento hasta que el Tribunal ante el que se
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de                interpuso la primera demanda se declare incompetente.
junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de
Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la
competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en           3)    El artículo 21 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 debe
materia civil y mercantil, por el Oberlandesgericht Innsbruck                     interpretarse en el sentido de que no pueden establecerse
(Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho                excepciones a sus disposiciones cuando, de manera general, la
órgano jurisdiccional entre Erich Gasser GmbH y MISAT Srl,                        duración de los procedimientos ante los Tribunales del Estado
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 21                  contratante en el que tiene su sede el Tribunal ante el que se ha
del Convenio de 27 de septiembre de 1968, antes citado (DO                        formulado la primera demanda es excesivamente larga.
1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990,
C 189, p. 2), en su versión modificada por el Convenio de 9 de
octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca,
de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del               (1) DO C 144 de 15.6.2002.
Norte (DO L 304, p. 1, y —texto modificado— p. 77; texto en
español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de
octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica
(DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54),


title: Asunto C-168/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 6 de abril de 2011 — Manfred Beker y Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

text:
               16.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 211/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 6 de abril de 2011 — Manfred Beker y Christa Beker/Finanzamt Heilbronn
   (Asunto C-168/11)
   2011/C 211/18
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesfinanzhof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Manfred Beker y Christa Beker

      Demandada: Finanzamt Heilbronn

      Cuestión prejudicial

   ¿Es contraria al artículo 56 CE la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual –en consonancia con los convenios fiscales bilaterales concluidos para evitar la doble imposición–, en el caso de sujetos pasivos por obligación personal cuyos rendimientos obtenidos en el extranjero estén sujetos en el Estado de la fuente a un impuesto que se corresponda con el impuesto nacional sobre la renta de las personas físicas, los impuestos extranjeros se imputarán al impuesto nacional sobre la renta de las personas físicas que grava los ingresos procedentes de ese Estado de modo que el impuesto nacional sobre la renta de las personas físicas resultante de la liquidación de la renta imponible –incluidos los rendimientos extranjeros– se dividirá en la proporción de estos rendimientos extranjeros con la suma de los rendimientos– y, por ende, sin tener en cuenta los gastos extraordinarios y las cargas extraordinarias como gastos dimanantes del modo de vida y de las circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo?


title: Asunto T-290/12: Recurso interpuesto el 29 de junio de 2012 — Polonia/Comisión

text:
               18.8.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 250/18

         Recurso interpuesto el 29 de junio de 2012 — Polonia/Comisión
   (Asunto T-290/12)
   2012/C 250/34
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: República de Polonia (representantes: B. Majczyna y M. Szpunar, agentes)

      Demandada: Comisión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Declare la nulidad del artículo 1, números 2 a 4, 6, 12 y 13, de los anexos I y II, así como del artículo 2, apartados 1 a 3, en relación con el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) no 302/2012 de la Comisión, de 4 de abril de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 que establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (DO L 99, p. 21).

               —

               Condene en costas a la Comisión.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en la vulneración de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

               2)

               Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad.

               3)

               Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 296 TFUE, debido a la motivación insuficiente de las disposiciones impugnadas.

               4)

               Cuarto motivo, basado en la vulneración de los principios de solidaridad y de cooperación leal.


title: Asunto C-384/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 29 de julio de 2010 — Jan Voogsgeerd/Navimer SA

text:
               20.11.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 317/14

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 29 de julio de 2010 — Jan Voogsgeerd/Navimer SA
   (Asunto C-384/10)
   ()
   2010/C 317/26
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Hof van Cassatie van België

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Jan Voogsgeerd

      Demandada: Navimer SA

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe considerarse que el país en el que se encuentra el establecimiento que haya contratado al trabajador en el sentido del artículo 6, apartado 2, letra b), del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, (1) es el país en el que se encuentra el establecimiento del empresario que contrató al trabajador en virtud del contrato de trabajo, o bien el país en el que se encuentra el establecimiento del empresario al que el trabajador está vinculado para el desempeño efectivo de su actividad laboral, aunque no realice habitualmente su trabajo en un mismo país?

               2)

               ¿Debe considerarse que el lugar en el que el trabajador que no realice habitualmente su trabajo en un mismo país debe presentarse y en el que recibe las órdenes e instrucciones administrativas para el desarrollo de sus actividades, es el lugar de desempeño efectivo de la actividad laboral en el sentido de la primera cuestión?

               3)

               ¿Debe el establecimiento del empresario al que el trabajador está vinculado para el desempeño efectivo de su actividad laboral en el sentido de la primera cuestión ajustarse a determinadas exigencias formales tales como, entre otras, poseer personalidad jurídica o bien basta con que exista un establecimiento efectivo?

               4)

               ¿Puede valer como establecimiento en el sentido de la tercera cuestión el establecimiento de otra sociedad a la que está vinculada la sociedad-empresario, aun cuando no se transmita la facultad de dirección del empresario a esta otra sociedad?

      (1)  DO L 266, p. 1; EE 01/03, p. 36.


title: Asunto C-415/13 P: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Impexmetal S.A.

text:
               11.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/19

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Impexmetal S.A.
   (Asunto C-415/13 P) (1)

   2014/C 261/32
   Lengua de procedimiento: polaco
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 274, de 21.9.2013.


title: Asunto C-573/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État (Bélgica) el 11 de diciembre de 2014 — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

text:
               9.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/36

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État (Bélgica) el 11 de diciembre de 2014 — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani
   (Asunto C-573/14)
   (2015/C 046/43)
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Conseil d'État

      Partes en el procedimiento principal

      Parte recurrente en casación: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

      Parte recurrida en casación: Mostafa Lounani

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               ¿Debe interpretarse que el artículo 12, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (1), implica necesariamente que, para que pueda aplicarse la cláusula de exclusión que contiene, el solicitante de asilo haya sido condenado por uno de los delitos de terrorismo a los que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, traspuesta en Bélgica por medio de la Ley de 19 de diciembre de 2003 relativa a los delitos de terrorismo (2) (loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes)?

               2)

               En caso de respuesta negativa, ¿puede considerarse que hechos como los citados en el punto 5.9.2. de la sentencia recurrida no 96.933 del Conseil du contentieux des étrangers, pronunciada el 12 de febrero de 2013, que la sentencia del tribunal correctionnel de Bruxelles de 16 de febrero de 2006 imputa a la parte recurrida en casación y por los que ésta fue condenada por participación en una organización terrorista, constituyen actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/83/CE?

               3)

               En el marco del examen de la exclusión de un solicitante de protección internacional por razón de su participación en una organización terrorista, ¿resulta suficiente su condena como miembro dirigente de una organización terrorista, en la que se haga constar que el solicitante de protección internacional no había cometido un acto terrorista, ni intentado cometerlo ni amenazado con hacerlo, para poder afirmar la existencia de un acto de participación o de instigación en el sentido del artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/83/CE imputable al solicitante, o resulta necesario proceder a un examen particular de los hechos de la causa y demostrar la participación en la comisión o en la instigación de uno de los delitos de terrorismo definidos en el artículo 1 de la Decisión marco 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo?

               4)

               En el marco del examen de la exclusión de un solicitante de protección internacional por razón de su participación en una organización terrorista, en su caso como dirigente, ¿debe el acto de instigación o de participación, al que se refiere el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/83/CE estar relacionado con uno de los delitos de terrorismo definidos en el artículo 1 de la Decisión marco 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo o puede relacionarse con la participación en un grupo terrorista, a la que alude el artículo 2 de la referida Decisión marco?

               5)

               En materia de terrorismo, ¿es posible ser excluido de la protección internacional según lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/83/CE en caso de inexistencia de comisión, instigación o participación en un acto violento, de naturaleza particularmente cruel, como los enumerados en el artículo 1 de la Decisión marco 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo?

      (1)  DO L 304, p. 12.

      (2)  DO L 164, p. 3.