title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004 en el asunto T-185/02: Claude Ruiz-Picasso y otros contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) («Marca comunitaria — Reglamento (CE) n° 40/94 — Oposición — Riesgo de confusión — Solicitud de marca denominativa comunitaria PICARO — Marca denominativa anterior PICASSO»)

text:
               11.9.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 228/37

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 22 de junio de 2004
   en el asunto T-185/02: Claude Ruiz-Picasso y otros contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   («Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Oposición - Riesgo de confusión - Solicitud de marca denominativa comunitaria PICARO - Marca denominativa anterior PICASSO»)
   (2004/C 228/83)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, con domicilio en París (Francia), Paloma Ruiz-Picasso, con domicilio en Londres (Reino Unido), Maya Widmaier-Picasso, con domicilio en París, Marina Ruiz-Picasso, con domicilio en Ginebra (Suiza), Bernard Ruiz-Picasso, con domicilio en París, representados por el Sr. C. Gielen, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sres. G. Schneider y U. Pfleghar), siendo la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia, DaimlerChrysler AG, con domicilio social en Stuttgart (Alemania), representada por el Sr. S. Völker, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 18 de marzo de 2003 (asunto R 0247/2001-3), relativa a un procedimiento de oposición entre «succession Picasso» y DaimlerChrysler AG, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda), integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora, ha dictado el 22 de junio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a los demandantes.

      (1)  DO C 202 de 24.8.2002.


title: Asunto C-512/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de julio de 2010 — Comisión Europea/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/66/CE — Pilas y acumuladores y residuos de pilas y acumuladores — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

text:
               11.9.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 246/13

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de julio de 2010 — Comisión Europea/República Helénica
   (Asunto C-512/09) (1)

   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/66/CE - Pilas y acumuladores y residuos de pilas y acumuladores - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)
   2010/C 246/21
   Lengua de procedimiento: griego

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: I. Dimitriou y A. Margeli, agentes)

      Demandada: República Helénica (representante: N. Dafniou, agente)

      Objeto

   Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (DO L 266, p. 1).

      Fallo

               1)

               Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

               2)

               Condenar en costas a la República Helénica.

      (1)  DO C 37, de 13.2.2010.


title: Asunto T-306/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 2005 — Luxem/Comisión («Funcionarios — Selección — Denegación de nombramiento de un aprobado de un concurso que no reunía los requisitos de admisión al mismo»)

text:
               12.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 281/22

         Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 2005 — Luxem/Comisión
   (Asunto T-306/04) (1)

   («Funcionarios - Selección - Denegación de nombramiento de un aprobado de un concurso que no reunía los requisitos de admisión al mismo»)
   (2005/C 281/41)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes

      Demandante: Monika Luxem (Bruselas, Bélgica) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y E. Marchal, abogados)

      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: J. Currall y L. Lozano Palacios, agentes)
   Objeto
   Que se anule la Decisión de la Comisión de 30 de julio de 2003 por la que se deniega la contratación de la demandante como funcionaria.
   Fallo

               1)

               Desestimar el recurso.

               2)

               Cada parte soportará sus propias costas.

      (1)  DO C 262, de 23.10.2004.


title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Sexta) de 24 de septiembre de 1998 en el asunto C-76/97 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesvergabeamt): Walter Tögel contra Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Contratos públicos de servicios - Efecto directo de una Directiva a la que no se ha adaptado el Derecho interno - Clasificación de los servicios de transporte de enfermos)

text:
C 340/4                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       7.11.98
jadores fronterizos que residen en BeÂlgica de la asignación       Murray y K. M. Ioannou, Jueces; Abogado General: Sr. N.
de puntos de jubilación complementaria cuando su activi-           Fennelly; Secretario: Sr. H. A. Rühl, administrador princi-
dad haya cesado anticipadamente, el Tribunal de Justicia           pal, ha dictado el 24 de septiembre de 1998 una sentencia
(Sala Quinta), integrado por los Sres.: C. Gulmann, Presi-         cuyo fallo es el siguiente:
dente de Sala; M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida,
                                                                   1) Ni los apartados 1 y 2 del artículo 1, ni el apartado 1
D. A. O. Edward (Ponente) y J.-P. Puissochet, Jueces; Abo-
                                                                        del artículo 2, ni las demaÂs disposiciones de la Direc-
gado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sra. L. Hewlett,
                                                                        tiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
administradora, ha dictado el 24 de septiembre de 1998
                                                                        1989, relativa a la coordinación de las disposiciones
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                        legales, reglamentarias y administrativas referentes a la
1) Se declara que la RepuÂblica Francesa ha incumplido                  aplicación de los procedimientos de recurso en materia
     las obligaciones que le incumben en virtud del                     de adjudicación de los contratos puÂblicos de suminis-
     apartado 2 del artículo 48 del Tratado CE y del                    tros y de obras, pueden ser interpretados en el sentido
     artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Con-                de que, en caso de que el Derecho interno no se haya
     sejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre cir-           adaptado a la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18
     culación de los trabajadores dentro de la Comunidad,               de junio de 1992, sobre coordinación de los procedi-
     al excluir a los trabajadores fronterizos que residen en           mientos de adjudicación de los contratos puÂblicos de
     BeÂlgica de la asignación de puntos de jubilación com-             servicios, al finalizar el plazo senÄalado al efecto, los
     plementaria cuando su actividad haya cesado anticipa-              organismos responsables de los procedimientos de
     damente.                                                           recurso de los Estados miembros, instaurados en vir-
                                                                        tud del apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 89/
2) Se condena en costas a la RepuÂblica Francesa.                       665, que sean competentes en materia de procedimien-
                                                                        tos de adjudicación de contratos puÂblicos de obras y
(1) DO C 94 de 22.3.1997.                                               de suministro, esteÂn facultados tambieÂn para conocer
                                                                        de los recursos relativos a los procedimientos de adju-
                                                                        dicación de contratos puÂblicos de servicios. No obs-
                                                                        tante, las exigencias de interpretación del Derecho
                                                                        nacional con arreglo a la Directiva 92/50 y de protec-
                SENTENCIA DEL TRIBUNAL                                  ción eficaz de los derechos de los justiciables requieren
                          (Sala Sexta)                                  que el órgano jurisdiccional nacional compruebe si las
                                                                        disposiciones pertinentes del Derecho nacional permi-
                 de 24 de septiembre de 1998                            ten reconocer a los justiciables un derecho a interponer
en el asunto C-76/97 (petición de decisión prejudicial                  recursos en materia de adjudicación de contratos
planteada por el Bundesvergabeamt): Walter Tögel contra                 puÂblicos de servicios. En circunstancias como las del
         Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (1)                  litigio en el procedimiento principal, el órgano jurisdic-
                                                                        cional nacional estaÂ obligado, en particular, a compro-
(Contratos puÂblicos de servicios Ð Efecto directo de una               bar si este derecho a interponer recursos puede ejerci-
Directiva a la que no se ha adaptado el Derecho interno                 tarse ante los mismos organismos que los previstos en
Ð Clasificación de los servicios de transporte de enfer-                materia de adjudicación de contratos puÂblicos de sumi-
                              mos)                                      nistros y de obras.
                         (98/C 340/07)                             2) Los servicios de transporte de heridos y enfermos
                                                                        acompanÄados por un enfermero estaÂn comprendidos al
              (Lengua de procedimiento: alemaÂn)                        mismo tiempo en el Anexo I A, categoría 2, y en el
                                                                        Anexo I B, categoría 25, de la Directiva 92/50, de
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publi-             forma que el contrato que tenga por objeto tales servi-
caraÂ en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal             cios se regiraÂ por el artículo 10 de este Directiva.
                          de Justicia»)
                                                                   3) Los particulares pueden invocar directamente ante los
En el asunto C-76/97, que tiene por objeto una petición                 órganos jurisdiccionales nacionales las disposiciones de
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177           los Títulos I y II de la Directiva 92/50. En cuanto a
del Tratado CE, por el Bundesvergabeamt (Austria), desti-               las disposiciones de los Títulos III a VI, tambieÂn pue-
nada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano               den ser invocadas por un particular ante un órgano
jurisdiccional entre Walter Tögel y Niederösterreichische               jurisdiccional nacional en la medida en que del exa-
Gebietskrankenkasse, una decisión prejudicial sobre la                  men individual de su tenor literal resulte que son
interpretación de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de               incondicionales y suficientemente claras y precisas.
21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las         4) El Derecho comunitario no impone a una entidad
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas                 adjudicadora de un Estado miembro intervenir, a ins-
referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso             tancia de un particular, en las relaciones jurídicas exis-
en materia de adjudicación de los contratos puÂblicos de                tentes, concertadas por tiempo indefinido o para
suministros y de obras (DO L 395 de 30.12.1989, p. 33),                 varios anÄos, si dichas relaciones se entablaron antes de
y de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio                 la expiración del plazo de adaptación del Derecho
de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de                    interno a la Directiva 92/50.
adjudicación de los contratos puÂblicos de servicios (DO
L 209 de 24.7.1992, p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala           (1) DO C 108 de 5.4.1997.
Sexta), integrado por los Sres.: H. Ragnemalm, Presidente
de Sala; G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (Ponente), J. L.


title: Asunto C-161/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2015 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (Incumplimiento de Estado — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículo 98, apartado 2 — Punto 10 del anexo III — Tipo reducido de IVA aplicable al suministro, a la construcción, a la renovación y a la transformación de viviendas proporcionados en el marco de la política social — Punto 10 bis del anexo III — Tipo reducido de IVA aplicable a la renovación y reparación de viviendas particulares, con exclusión de los materiales que supongan una parte importante del valor del servicio suministrado — Normativa nacional que aplica un tipo reducido de IVA a las prestaciones de servicios de instalación y a los suministros de «materiales que permiten ahorrar energía»)

text:
               20.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 236/15

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2015 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte
   (Asunto C-161/14) (1)

   ((Incumplimiento de Estado - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículo 98, apartado 2 - Punto 10 del anexo III - Tipo reducido de IVA aplicable al suministro, a la construcción, a la renovación y a la transformación de viviendas proporcionados en el marco de la política social - Punto 10 bis del anexo III - Tipo reducido de IVA aplicable a la renovación y reparación de viviendas particulares, con exclusión de los materiales que supongan una parte importante del valor del servicio suministrado - Normativa nacional que aplica un tipo reducido de IVA a las prestaciones de servicios de instalación y a los suministros de «materiales que permiten ahorrar energía»))
   (2015/C 236/21)
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Clausen y C. Soulay, agentes)

      Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (representantes: L. Christie y M. Holt, agentes, asistidos por K. Lasok, QC)

      Fallo

               1)

               Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 98 de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2009/47, en combinación con el anexo III de dicha Directiva, al aplicar un tipo reducido de impuesto sobre el valor añadido a las prestaciones de servicios de instalación de «materiales que permiten ahorrar energía» y a los suministros de tales materiales por una persona que instala dichos materiales en una vivienda:

                           —

                           en la medida en que estas prestaciones y suministros no pueden considerarse «suministro, construcción, renovación y transformación de viviendas proporcionados en el marco de la política social» a los efectos del punto 10 del anexo III de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2009/47/CE del Consejo de 5 de mayo de 2009,

                           —

                           en la medida en que dichas prestaciones y suministros no están comprendidos en el marco de la «renovación y reparación de viviendas particulares» a los efectos del punto 10 bis del anexo III de dicha Directiva y

                           —

                           en la medida en que, aunque estén comprendidos en el ámbito de la renovación y la reparación de viviendas particulares a los efectos del punto 10 bis del anexo III de esta Directiva, estas mismas prestaciones y suministros incluyen los materiales que supongan una parte importante del valor de los servicios suministrados.

               2)

               Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

      (1)  DO C 212, de 7.7.2014.


title: Asunto T-496/11: Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2011 — Reino Unido/BCE

text:
               19.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/29

         Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2011 — Reino Unido/BCE
   (Asunto T-496/11)
   2011/C 340/58
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: K. Beal, Barrister, y S. Ossowski, Treasury Solicitor)

      Demandada: Banco Central Europeo

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que anule el Eurosystem Oversight Policy Framework (Marco Político de Vigilancia del Eurosistema) del Banco Central Europeo («BCE»), de 5 de julio de 2011, (1) pues establece la política de domiciliación que se debe aplicar a los sistemas de compensación mediante contrapartes centrales domiciliados en Estados miembros que no forman parte del Eurosistema.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1)

               Primer motivo, basado en que el BCE carecía de competencias para publicar el acto impugnado, bien de forma absoluta, bien, en su caso, sin recurrir a la promulgación de un instrumento normativo como un Reglamento, adoptado o por el Consejo o, en su defecto, por el propio Banco Central Europeo («BCE»).

               2)

               Segundo motivo, basado en que el acto impugnado impone o de iure o de facto un requisito de residencia a los sistemas de compensación mediante contrapartes centrales que deseen realizar operaciones de compensación o de liquidación en la divisa euro cuya negociación diaria supere un determinado volumen. El acto impugnado infringe todos o algunos de los artículos 48, 56 y/o 63 TFUE, pues:

                           a)

                           Se obliga a los sistemas de compensación mediante contrapartes centrales domiciliados en Estados miembros que no pertenecen a la zona euro, como el Reino Unido, a cambiar el domicilio de sus centros administrativos y de control a Estados miembros que pertenecen al Eurosistema. También se les obliga a volver a constituirse como personas jurídicas reconocidas por el Derecho interno de otro Estado miembro.

                           b)

                           En el supuesto de que tales sistemas de compensación mediante contrapartes centrales no cambien de domicilio como se exige, se les impedirá acceder a los mercados financieros de los Estados miembro del Eurosistema, bien en las mismas condiciones que a los sistemas de compensación mediante contrapartes centrales domiciliados en esos países, bien por completo.

                           c)

                           Tales sistemas de compensación mediante contrapartes centrales no residentes no tendrán derecho a las facilidades que ofrecen el BCE o los bancos centrales nacionales («BCN») del Eurosistema, o en las mismas condiciones o en absoluto.

                           d)

                           Como resultado, se limita o incluso se prohíbe por completo la capacidad de tales sistemas de compensación mediante contrapartes centrales para prestar servicios de compensación o de liquidación en la divisa euro a clientes de la Unión.

               3)

               Tercer motivo, basado en que el acto impugnado infringe los artículos 101 y/o 102 TFUE, en relación con el artículo 106 TFUE y con el artículo 13 TUE, pues:

                           a)

                           Efectivamente exige que todas las operaciones de compensación que se realicen en la divisa euro y excedan de un cierto nivel se lleven a cabo por sistemas de compensación mediante contrapartes centrales domiciliados en un Estado miembro de la zona euro.

                           b)

                           Efectivamente manda a los BCN de la zona euro que no faciliten reservas de la divisa euro a los sistemas de compensación mediante contrapartes centrales domiciliados en Estados miembros que no pertenezcan a la zona euro si superan los umbrales establecidos en la Decisión.

               4)

               Cuarto motivo, basado en que la obligación que tienen los sistemas de compensación mediante contrapartes centrales domiciliados en Estados miembros que no pertenezcan a la zona euro de adoptar una personalidad jurídica y un domicilio distintos equivale a una discriminación directa o indirecta basada en la nacionalidad. Vulnera también el principio general de igualdad de la UE, puesto que los sistemas de compensación mediante contrapartes centrales domiciliados en distintos Estados miembros están sujetos a un tratamiento dispar sin ninguna justificación objetiva para ello.

               5)

               Quinto motivo, en el que alega que sin asumir la carga de comprobar que no exista una justificación de orden público para tales restricciones (la carga de justificar su opinión favorable a una derogación, en caso de que opte por ello, corresponde al BCE), el Reino Unido rebate que cualquier justificación de orden público formulada por el BCE no cumpliría con el requisito de proporcionalidad, puesto que se dispone de medios menos restrictivos para garantizar el control de las instituciones financieras residentes en la Unión pero fuera de la zona euro.

      (1)  Disponible al público mediante la publicación en la página web del BCE el 5 de julio de 2011.


title: Asuntos T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 y T-154/07: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs y otros/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de la instalación y del mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Manipulación de licitaciones — Reparto de mercados — Fijación de precios» )

text:
               10.9.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 269/45

         Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs y otros/Comisión
   (Asuntos T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 y T-154/07) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Mercado de la instalación y del mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Manipulación de licitaciones - Reparto de mercados - Fijación de precios)
   2011/C 269/98
   Lenguas de procedimiento: neerlandés y alemán

      Partes

      Demandantes: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Bruselas) (representantes: inicialmente V. Turner y D. Mes, posteriormente O.W. Brouwer y J. Blockx, abogados) (asunto T-144/07); ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Alemania) (representantes: inicialmente U. Itzen y K. Blau-Hansen, posteriormente U. Itzen, K. Blau-Hansen y S. Thomas, y por último K. Blau-Hansen y S. Thomas, abogados) (asunto T-147/07); ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Hamburgo, Alemania) (representantes: inicialmente U. Itzen y K. Blau-Hansen, posteriormente U. Itzen, K. Blau-Hansen y S. Thomas, y por último K. Blau-Hansen y S. Thomas, abogados) (asunto T-147/07); ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Luxemburgo) (representantes: K. Beckmann, S. Dethof y U. Itzen, abogados) (asunto T-148/07); ThyssenKrupp Elevator AG (Düsseldorf, Alemania) (representantes: T. Klose y J. Ziebarth, abogados) (asunto T-149/07); ThyssenKrupp AG (Duisbourg, Alemania) (representantes: inicialmente M. Klusmann y S. Thomas, abogados, posteriormente M. Klusmann) (asunto T-150/07); ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den Ijssel, Países Bajos) (representantes: O.W. Brouwer y A. Stoffer, abogados) (asunto T-154/07)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: en los asuntos T-144/07 y T-154/07, A. Bouquet y R. Sauer, agentes, asistidos por F. Wijckmans y F. Tuytschaever, abogados; en los asuntos T-147/07 y T-148/07, inicialmente R. Sauer y O. Weber, posteriormente R. Sauer y K. Mojzesowicz, agentes; y en los asuntos T-149/07 y T-150/07, R. Sauer y K. Mojzesowicz, agentes)

      Objeto

   Anulación de la Decisión C(2007) 512 final de la Comisión, de 21 de febrero de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/E-1/38.823 — Ascensores y escaleras mecánicas), y, con carácter subsidiario, reducción del importe de las multas impuestas a las demandantes.

      Fallo

               1)

               Acumular los asuntos T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 y T-154/07 a efectos de la presente sentencia.

               2)

               Anular el artículo 2, apartado 1, cuarto guión, apartado 2, cuarto guión, apartado 3, cuarto guión, y apartado 4, cuarto guión, de la Decisión C(2007) 512 final de la Comisión, de 21 de febrero de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/E-1/38.823 — Ascensores y escaleras mecánicas).

               3)

               En los asuntos T-144/07, T-149/07 y T-150/07, fijar en 45 738 000 euros el importe de la multa impuesta a ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Elevator AG y ThyssenKrupp AG en el artículo 2, apartado 1, cuarto guión, de la Decisión C(2007) 512 por la infracción en Bélgica.

               4)

               En los asuntos T-147/07, T-149/07 y T-150/07, fijar en 249 480 000 euros el importe de la multa impuesta a ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Elevator y ThyssenKrupp en el artículo 2, apartado 2, cuarto guión, de la Decisión C(2007) 512 por la infracción en Alemania.

               5)

               En los asuntos T-148/07, T-149/07 y T-150/07, fijar en 8 910 000 euros el importe de la multa impuesta a ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, ThyssenKrupp Elevator y ThyssenKrupp en el artículo 2, apartado 3, cuarto guión, de la Decisión C(2007) 512 por la infracción en Luxemburgo.

               6)

               En los asuntos T-150/07 y T-154/07, fijar en 15 651 900 euros el importe de la multa impuesta a ThyssenKrupp Liften BV y ThyssenKrupp en el artículo 2, apartado 4, cuarto guión, de la Decisión C(2007) 512 por la infracción en los Países Bajos.

               7)

               Desestimar los recursos en todo lo demás.

               8)

               En cada asunto, las demandantes cargarán con tres cuartas partes de sus propias costas y tres cuartas partes de las costas de la Comisión Europea. La Comisión cargará con una cuarta parte de sus costas y una cuarta parte de las costas de las demandantes.

      (1)  DO C 155, de 7.7.2007.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de  31 de enero de 2006 , en el asunto C-503/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España ( Libre circulación de personas — Directiva 64/221/CEE — Nacional de un tercer Estado, cónyuge de un nacional de un Estado miembro — Derecho de entrada y de residencia — Restricciones por razones de orden público — Sistema de Información de Schengen — Inscripción en la lista de no admisibles )

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/3

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Gran Sala)
   de 31 de enero de 2006
   en el asunto C-503/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España (1)

   («Libre circulación de personas - Directiva 64/221/CEE - Nacional de un tercer Estado, cónyuge de un nacional de un Estado miembro - Derecho de entrada y de residencia - Restricciones por razones de orden público - Sistema de Información de Schengen - Inscripción en la lista de no admisibles»)
   (2006/C 86/05)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-503/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 27 de noviembre de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. C. O'Reilly y Sr. L. Escobar Guerrero) contra Reino de España (agente: Sr. M. Muñoz Pérez), el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann (Ponente), C.W.A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský, Presidentes de Sala, y los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, la Sra. R. Silva de Lapuerta, y los Sres. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet y M. Ilešič, Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 31 de enero de 2006 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1 a 3 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública, al denegar la entrada en el territorio de los Estados Partes en el Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985, al Sr. Farid, así como al denegar un visado para entrar en ese territorio a los Sres. Farid y Bouchair, nacionales de un Estado tercero y cónyuges de nacionales de un Estado miembro, por la sola razón de estar incluidos en la lista de no admisibles del Sistema de Información de Schengen, sin haber comprobado previamente si la presencia de esas personas constituía una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad.

               2)

               Condenar en costas al Reino de España.

      (1)  DO C 21, de 24.1.2004.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de julio de 1999 en el asunto T-168/97, Daniel Varas Carrión contra Consejo de la Unión Europea (Funcionarios - Oposición General - No admisión a las pruebas - Conocimientos lingüísticos)

text:
2.10.1999              ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 281/13
                                                    TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                      de 19 de julio de 1999
                                                                                de 8 de julio de 1999
en el asunto T-168/97, Daniel Varas Carrión contra
               Consejo de la Unión Europea (1)
                                                                        en el asunto T-266/97: Vlaamse Televisie Maatschappij NV
                                                                              contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)
(Funcionarios — Oposición General — No admisión a las
            pruebas — Conocimientos lingüı́sticos)
                                                                        («Artı́culo 90, apartado 3, del Tratado CE (actualmente,
                                                                        artı́culo 86, apartado 3 CE) — Derecho a ser oı́do —
                         (1999/C 281/24)                                Artı́culo 90, apartado 1 del Tratado CE (actualmente, artı́-
                                                                        culo 86, apartado 1 CE), en relación con el artı́culo 52 del
                                                                        Tratado CE (actualmente artı́culo 43 CE, tras su modifica-
                                                                        ción) — Derecho exclusivo de emitir publicidad televisada en
                 (Lengua de procedimiento: francés)                                                 Flandes»)
En el asunto T-168/97, Daniel Varas Carrión, con domicilio
en Barcelona (España), representado por Me Marianne Droinet,                                   (1999/C 281/25)
Abogada de Bruselas, que designa como domicilio en Luxem-
burgo el despacho de Me Albert Moro, 6, rue Heinrich Heine,
contra Consejo de la Unión Europea (Agentes: las Sras. Thérèse
Blanchet et Ana Ramı́rez Fueyo), que tiene por objeto una
demanda de anulación de la Decisión del tribunal de la                              (Lengua de procedimiento: neerlandés)
oposición CONS/C/374 de 18 de marzo de 1997, por la que
no se permitió al demandante participar en las pruebas de
dicha oposición, de la Decisión inicial del mismo tribunal de
19 de diciembre de 1996 y las pruebas que tuvieron lugar el             En el asunto T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV,
26 de abril de 1997, el Tribunal de Primera Instancia (Sala             con domicilio social en Vilvoorde (Bélgica), representada por
segunda), integrado por los Sres.: A. Potocki, Presidente;              los Sres. Francis Herbert y Dirk Arts, Abogados de Bruselas,
C. W. Bellamy y M. Vilaras, Jueces; Secretario: Sr. H. Jung; ha         que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
dictado el 19 de julio de 1999 una sentencia cuyo fallo es el           Sr. Carlos Zeyen, 56-58, rue Charles Martel, contra Comisión
siguiente:                                                              de las Comunidades Europeas (Agente: Sr. Wouter Wils), que
                                                                        tiene por objeto la anulación de la Decisión 97/606/CE de la
                                                                        Comisión, de 26 de junio de 1997, con arreglo al artı́culo 90,
1) No procede pronunciarse sobre la demanda de anulación de la         apartado 3, del Tratado CE, relativa al derecho exclusivo de
    Decisión del tribunal de la oposición CONS/C/374 de 19 de         emitir publicidad televisada en Flandes (DO L 244, p. 18), el
    diciembre de 1996.                                                  Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada), inte-
                                                                        grado por los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente; C. W. Bellamy,
                                                                        J. Pirrung, A.W.H. Meij y M. Vilaras, Jueces; Secretario:
2) Se anula la Decisión del tribunal de la oposición CONS/C/374       Sr. A. Mair; administrador, ha dictado el 8 de julio de 1999
    de 18 de marzo de 1997, por la que no se permitió al               una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
    demandante participar en las pruebas de dicha oposición.
                                                                        1) Se desestima el recurso.
3) Se desestima el recurso en todo lo demás.
4) Se condena en costas al Consejo.                                     2) Se condena en costas al la parte demandante.
                                                                        (1) DO C 370 de 6.12.97.
(1) DO C 228 de 26.7.97.


title: Asunto C-275/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Hof van Beroep te Gent, Sala Decimotercera de lo Civil, de fecha 28 de junio de 2000, en el asunto entre Comunidad Europea, por la que actúa la Comisión Europea, y 1. First N.V., 2. Franex N.V.

text:
9.9.2000                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 259/9
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-           ¿Debe interpretarse el artı́culo 288, párrafo segundo (antiguo
lución del Bundespatentgericht, de fecha 14 de abril de               artı́culo 215, párrafo segundo), del Tratado CE, en el sentido
2000, en el recurso interpuesto por el Dr. Ralf Sieckmann              de que una demanda para la intervención de terceros, con
                                                                       objeto de que se condene a la Comisión de las Comunidades
                        (Asunto C-273/00)                              Europeas a intervenir en un peritaje judicial ya ordenado
                                                                       contra el Estado belga y que se declare dicho procedimiento y
                         (2000/C 259/15)                               el informe definitivo del perito son comunes y pueden ser
                                                                       opuestos a la Comisión de las Comunidades Europeas y para
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha              lo cual el mandato del perito comprende, entre otras cosas,
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante          que investigue las reacciones y la actuación de la Comisión de
resolución del Bundespatentgericht, dictada el 14 de abril de         las Comunidades Europeas, de sus servicios y de sus agentes
2000, en el recurso interpuesto por el Dr. Ralf Sieckmann, y           desde que tuvo conocimiento del envenenamiento con dioxi-
recibida en la secretarı́a del Tribunal de Justicia en 10 de julio     nas, ası́ como la procedencia de las medidas tomadas por ella
de 2000. El Bundespatentgericht solicita al Tribunal de Justicia       y la influencia de éstas en las consecuencias perjudiciales y en
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                      los daños sufridos por las partes apeladas, con miras a iniciar
1.    ¿Debe intrepretarse el artı́culo 2 de la Directiva               ulteriormente un procedimiento sobre el fondo en relación
      89/104/CEE (1) del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,          con las respectivas responsabilidades del Estado belga y de la
      Primera Directiva relativa a la aproximación de las             Comunidad Europea en la crisis de la dioxina, constituye una
      legislaciones de los Estados miembros en materia de              demanda de responsabilidad extracontractual de la que puede
      marcas, en el sentido de que el concepto de «signos que          conocer exclusivamente el Tribunal de Justicia o el Tribunal de
      puedan ser objeto de una representación gráfica» sólo         Primera Instancia de las Comunidades Europeas?
      comprende los signos que pueden representarse directa-
      mente en su configuración visible? ¿O deben entenderse
      incluidos en él también los signos que, aunque no son
      perceptibles visualmente —como por ejemplo olores o
      sonidos—, pueden representarse indirectamente
      mediante medios auxiliares?
2.    En caso de que se responda a la primera cuestión en el
      sentido de una interpretación amplia, ¿se cumplen los
      requisitos de la posibilidad de representación gráfica, en
      el sentido del artı́culo 2 de la Directiva, cuando un olor       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
      es representado                                                  lución del Hessisches Finanzgericht dictada el 21 de
      a.    mediante una fórmula quı́mica                             febrero de 2000, en el asunto entre Turbon International
                                                                       GmbH y Oberfinanzdirektion Koblenz — Zoll- und
      b.    mediante una descripción (que se publicará)                                 Verbrauchsteuerabteilung
      c.    mediante el depósito de una muestra o
      d.    mediante una combinación de los medios de repre-                                  (Asunto C-276/00)
            sentación sustitutivos ante mencionados?
                                                                                (2000/C 259/17)
(1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
                                                                       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                       sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                       resolución del Hessisches Finanzgericht, dictada el 21 de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-           febrero de 2000 en el asunto entre Turbon International
lución del Hof van Beroep te Gent, Sala Decimotercera de              GmbH y Oberfinanzdirektion Koblenz — Zoll- und Verbrau-
lo Civil, de fecha 28 de junio de 2000, en el asunto                   chsteuerabteilung, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de
entre Comunidad Europea, por la que actúa la Comisión                Justicia el 12 de julio de 2000. El Hessisches Finanzgericht
            Europea, y 1. First N.V., 2. Franex N.V.                   solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
                                                                       siguiente cuestión prejudicial:
                        (Asunto C-275/00)
                         (2000/C 259/16)                               Un cartucho de tinta compatible consistente en un cartucho
                                                                       para tinta (caja de plástico, material esponjado, tamiz metálico,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha              guarniciones, precinto de plástico, adhesivo), tinta y envoltorio
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante          que, tanto por lo que se refiere al cartucho, en sı́, como a la
resolución del Hof van Beroep te Gent, dictada el 28 de junio         tinta sólo puede utilizarse para las impresoras de la marca
de 2000, en el asunto entre Comunidad Europea, por la que              EPSON STYLOS COLOR, ¿constituye
actúa la Comisión Europea, y 1. First N.V., 2. Franex N.V., y
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 12 de julio
de 2000. El Hof van Beroep te Gent solicita al Tribunal de             —      un cartucho desechable relleno de tinta (sin cabezal
Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                       impresor) y debe clasificarse en el código 3215 90 80,


title: Asunto C-477/12: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht — Alemania) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

text:
               14.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 112/26

         Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht — Alemania) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.
   (Asunto C-477/12) (1)

   2014/C 112/32
   Lengua de procedimiento: alemán
   El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

      (1)  DO C 26, de 26.1.2013.


title: Asunto C-212/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del tribunal du travail de Mons (2ème chambre), de fecha 24 de mayo de 2000, en el asunto entre Salvatore Stallone y Office nacional de l'emploi

text:
22.7.2000               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 211/13
— Condene a la República Italiana al pago de las costas del           2. Condene en costas a la República Federal de Alemania.
     procedimiento.
                                                                       Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones
                                                                       Con arreglo al artı́culo 240 CE, párrafo cuarto, la Decisión de
Con arreglo al artı́culo 249, párrafo tercero, del Tratado CE,
                                                                       la Comisión de 8 de julio de 1999 es vinculante en su totalidad
las Directivas obligarán a los Estados miembros destinatarios
                                                                       para la República Federal de Alemania, por su condición de
en cuanto al resultado que deba conseguirse. A tenor del
                                                                       destinataria, que la ha de cumplir directamente. En concreto,
artı́culo 10, párrafo primero, del citado Tratado, los Estados
                                                                       la República Federal de Alemania está obligada desde el 4 de
miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares
                                                                       agosto de 1999, con arreglo al artı́culo 2 de la Decisión, a
apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
                                                                       adoptar todas medidas necesarias para suprimir y recuperar la
derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las
                                                                       ayuda otorgada ilı́citamente. Con arreglo al artı́culo 3, Alema-
Instituciones de la Comunidad.
                                                                       nia debı́a comunicar a la Comisión, en el plazo de dos meses a
                                                                       partir de la notificación de la Decisión, las medidas adoptadas
La Comisión afirma que, hasta la fecha, la República Italiana        para dar cumplimiento a la Decisión. Los recursos interpuestos
aún no ha adoptado las normas internas encaminadas a                  contra la Decisión (1) no tienen efecto suspensivo con arreglo
adaptar su ordenamiento jurı́dico a lo dispuesto en la Directi-        al artı́culo 242 CE y tampoco se ha solicitado la suspensión de
va 97/36/CE, no obstante haber expirado los plazos previstos,          la ejecución en virtud de esta disposición. Las propuestas
por lo cual debe considerarse que la República Italiana ha            realizadas hasta la fecha por el Gobierno federal para el
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del              cumplimiento de la Decisión no han sido aceptables para la
artı́culo 2 de la referida Directiva.                                  Comisión. Tampoco se ha producido la devolución efectiva de
                                                                       la ayuda en el último plazo señalado.
(1) DO L 202, de 30.07.97, p. 60.
(2) DO L 298, de 17.10.89, p. 23.
                                                                       (1) Por la República Federal de Alemania (C-376/99), por Westdeut-
                                                                           sche Landesbank Girozentrale (T-228/99) y por el Land
                                                                           Nordrhein-Westfalen (T-233/99).
Recurso interpuesto el 25 de mayo de 2000 contra la
República Federal de Alemania por la Comisión de las
                     Comunidades Europeas
                                                                       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                        (Asunto C-209/00)                              lución del tribunal du travail de Mons (2ème chambre), de
                                                                       fecha 24 de mayo de 2000, en el asunto entre Salvatore
                         (2000/C 211/22)                                            Stallone y Office nacional de l’emploi
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                                    (Asunto C-212/00)
presentado el 25 de mayo de 2000 un recurso contra la
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de                                      (2000/C 211/23)
las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Fran-
cisco Santaolalla, Consejero Jurı́dico principal, y Klaus-Dieter
Borque, miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión de las          Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
Comunidades Europeas, que designa como domicilio en                    sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,               resolución del tribunal du travail de Mons (2ème chambre),
miembro del mismo Servicio, Centre Wagner C 254, Kirch-                dictada el 24 de mayo de 2000, en el asunto entre Salvatore
berg.                                                                  Stallone y Office national de l’emploi y recibida en la Secretarı́a
                                                                       del Tribunal de Justicia el 30 de mayo de 2000. El tribunal du
                                                                       travail de Mons (2ème chambre) solicita al Tribunal de Justicia
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                       que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
1. Declare que la República Federal de Alemania ha incum-
     plido las obligaciones que le incumben en virtud del              Los Tratados europeos, la legislación europea y especiahnente
     artı́culo 249 CE y del artı́culo 3 de la Decisión K (1999)       los artı́culos 1, letra f), y 68, apartado 2, del Reglamento (CE)
     2265 final de la Comisión, de 8 de julio de 1999, mediante       del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, (1) en su versión
     la que se declaró incompatible con el mercado común la          actualmente vigente o en la versión en vigor en el perı́odo
     ayuda estatal otorgada por Alemania a Westdeutsche                comprendido entre el 1 de diciembre de 1990 y la actualidad,
     Landesbank Girozentrale entre los años 1992 y 1998, al           ¿se oponen al artı́culo 110, apartado 1, puntos 1 y 2, del Real
     no haber adoptado dentro del plazo señalado todas las            Decreto de 25 de noviembre de 1991 de regulación del
     medidas necesarias para suprimir la ayuda y obtener la            desempleo, por cuanto esa disposición nacional hace depender
     devolución las ayudas ya acordadas.                              el nivel de la prestación de desempleo al requisito de conviven-
 ---pagebreak--- C 211/14                ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         22.7.2000
cia con determinados miembros de la familia y no únicamente                          por parte de estos últimos, o bien, cuyo órgano
al requisito de que éstos estén a cargo del trabajador de modo                        de administración, de dirección o de vigilancia esté
principal o efectivo?                                                                 compuesto por miembros de los cuales más de la mitad
                                                                                sean nombrados por el Estado, los entes territoriales y
                                                                                otros organismos de derecho público;
(1) Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de
    1996, por el que se modifica y actualiza el Reglamento (CEE)
    no 1408/71 relativo a la aplicación de los regı́menes de Seguridad          — permitir la interposición de recursos contra todas las
    Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por                  decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores,
    cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan                   incluidos todos los actos de trámite, durante el procedi-
    dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) no 574/72 por el                    miento de adjudicación de un contrato público;
    que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento
    (CEE) no 1408/71 (DO L 28 de 30 de enero de 1997, p. 1).
                                                                                — prever la posibilidad de adoptar todo tipo de medidas
                                                                                cautelares útiles en relación con las decisiones adopta-
                                                                                das por los poderes adjudicadores, incluidas las medi-
                                                                                das destinadas a permitir la suspensión de una decisión
                                                                                administrativa, eliminando para ello todo tipo de
                                                                                dificultades y obstáculos y en particular la necesidad
                                                                                de interponer previamente un recurso contra la deci-
                                                                                sión del poder adjudicador,
Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2000 contra el
Reino de España por la Comisión de las Comunidades                             el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
                              Europeas                                           impone el Derecho Comunitario.
                        (Asunto C-214/00)                                   2. condene en costas al Reino de España.
                          (2000/C 211/24)
                                                                            Motivos y principales alegaciones
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 30 de mayo de 2000 un recurso contra el Reino
de España, formulado por la Comisión de las Comunidades                   Las medidas nacionales que incorporan al derecho español las
Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana,                  disposiciones de la directiva 89/665/CEE y que como tales
miembro de su servicio jurı́dico, en calidad de agente, que                 fueron comunicadas en algún momento a la Comisión, a saber,
designa como domicilio en Luxemburgo el del Sr. Carlos                      la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Gómez de la Cruz, del mismo servicio, Centro Wagner.                       Administrativa, de 13 de julio, la Ley 30/1992 de Régimen
                                                                            Jurı́dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
                                                                            Administrativo Común, de 26 de noviembre, modificada por
La parte demandante solicita al Tribuna de Justicia que:                    la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Ley 13/1995 de Contratos de
                                                                            las Administraciones Públicas, de 18 de mayo y la Constitución
1. declare que, al haber omitido tomar las medidas necesarias               española, tienen un ámbito de aplicación más reducido que el
     para dar pleno cumplimiento a las disposiciones conteni-               de la directiva 89/665/CEE. Los actos recurribles conforme a
     das en los artı́culo 1 y 2 de la Directiva 89/665/CEE (1) del          dicha legislación no incluyen todos los actos de trámite. Y la
     Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la                     solicitud de medidas provisionales requiere en la mayorı́a de los
     coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y           casos, de acuerdo con la legislación española, la interposición
     administrativas referentes a la aplicación de los procedi-            previa de un recurso.
     mientos de recurso en materia de adjudicación de los
     contratos públicos de suministros y obras, y, en particular,
     al haber omitido:
                                                                            (1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 33.
                                                                            (2) Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
     — extender el sistema de recursos garantizados por la                      coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
         citada Directiva a las decisiones adoptadas por todos                  contratos públicos de servicios, DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.
         los poderes adjudicadores, entendidos en el sentido                (3) Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
         definido por el apartado 1o del artı́culo 1 de las Directi-            coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos
         vas 92/50/CEE (2), 93/36/CEE (3) y 93/37/CEE (4), in-                  públicos de suministro, DO L 199 de 9.8.1993, p. 1.
         cluidas las sociedades de Derecho privado creadas                  (4) Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
         para satisfacer especı́ficamente necesidades de interés                coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
         general que no tengan carácter industrial o mercantil,                contratos públicos de obras, DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.
         dotadas de personalidad jurı́dica, y cuya actividad esté
         mayoritariamente financiada por el Estado, los entes
         territoriales u otros organismos de Derecho público, o
         bien, cuya gestión se halle sometida a un control


title: Asunto C-202/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de abril de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidsrechtbank Antwerpen — Bélgica) — Anton Las/PSA Antwerp NV (Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE — Sociedad establecida en la región de lengua neerlandesa del Reino de Bélgica — Obligación de redactar los contratos de trabajo en lengua neerlandesa — Contrato de trabajo de carácter transfronterizo — Restricción — Falta de proporcionalidad)

text:
               8.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 164/3

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de abril de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidsrechtbank Antwerpen — Bélgica) — Anton Las/PSA Antwerp NV
   (Asunto C-202/11) (1)

   (Libre circulación de los trabajadores - Artículo 45 TFUE - Sociedad establecida en la región de lengua neerlandesa del Reino de Bélgica - Obligación de redactar los contratos de trabajo en lengua neerlandesa - Contrato de trabajo de carácter transfronterizo - Restricción - Falta de proporcionalidad)
   2013/C 164/04
   Lengua de procedimiento: neerlandés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Arbeidsrechtbank Antwerpen

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Anton Las

      Demandada: PSA Antwerp NV

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Arbeidsrechtbank Antwerpen — Interpretación del artículo 39 CE (actualmente artículo 45 TFUE) — Normativa regional belga que obliga a las empresas situadas en la región lingüística neerlandesa a redactar en neerlandés, so pena de nulidad, todos los documentos relativos a las relaciones laborales que presenten un carácter internacional.

      Fallo

   El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de una entidad federada de un Estado miembro que, como la controvertida en el litigio principal, obliga a todo empresario que tenga su centro de explotación en el territorio de esa entidad a redactar los contratos laborales de carácter transfronterizo exclusivamente en la lengua oficial de dicha entidad federada, so pena de que el juez declare de oficio la nulidad de los contratos.

      (1)  DO C 219, de 23.7.2011.


               17.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 94/45

         Recurso interpuesto el 28 de enero de 2004 contra la Agencia Europea de la Seguridad Aérea por João Andrade Sena
   (Asunto T-30/04)
   (2004/C 94/128)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 28 de enero de 2004 un recurso contra la Agencia Europea de la Seguridad Aérea formulado por João Andrade Sena, con domicilio en Rhode St Genèse (Bélgica), representado por Mes Georges Vandersanden, Laure Levi y Aurore Finchelstein, abogados.
   El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

               —

               Anule las decisiones de 11 de julio de 2003 de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) de nombrar a otra persona para el puesto de director ejecutivo y de denegar la candidatura del demandante a este puesto.

               —

               Conceda 2 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios en resarcimiento del perjuicio del demandante, importe que se ha fijado ex aequo et bono.

               —

               Imponga a la demandada la totalidad de las costas.

         Motivos y principales alegaciones
   El demandante se opone a la decisión de la Agencia Europea de la Seguridad Aérea (AESA) de denegar su candidatura al puesto de director ejecutivo y de nombrar a otra persona para dicho puesto.
   Señala que la información que han obtenido él y sus abogados, como respuesta a su solicitud, resultó ser fragmentaria y no permitió que el demandante tuviera una visión clara y transparente del procedimiento seguido.
   En apoyo de sus pretensiones alega:

               —

               Incumplimiento del deber de motivación, así como violación de los principios de asistencia y protección y de buena administración.

               —

               Falta de información que permita objetiva y legítimamente suponer que no se han respetado los principios de imparcialidad, de objetividad y de no discriminación, así como infracción de las reglas de procedimiento y de las normas de la convocatoria para proveer plaza vacante.

               —

               Vulneración del interés del servicio e infracción del artículo 12 del Régimen aplicable a otros agentes, dado que de la comparación de los méritos de la persona nombrada, basados en la biografía sucinta remitida por la Comisión, con los del demandante se desprende que los méritos de éste son manifiestamente superiores.


title: Asunto C-72/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de noviembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 85/337/CEE — Evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente — Convenio de Aarhus — Directiva 2003/35/CE — Derecho a impugnar decisiones de autorización — Ámbito de aplicación temporal — Procedimiento de autorización iniciado antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2003/35/CE — Decisión adoptada después de esta fecha — Requisitos de admisibilidad del recurso — Menoscabo de un derecho — Naturaleza del vicio procesal que puede ser invocado — Alcance del control)

text:
               11.1.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 9/6

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de noviembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz
   (Asunto C-72/12) (1)

   (Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente - Convenio de Aarhus - Directiva 2003/35/CE - Derecho a impugnar decisiones de autorización - Ámbito de aplicación temporal - Procedimiento de autorización iniciado antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2003/35/CE - Decisión adoptada después de esta fecha - Requisitos de admisibilidad del recurso - Menoscabo de un derecho - Naturaleza del vicio procesal que puede ser invocado - Alcance del control)
   2014/C 9/08
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesverwaltungsgericht

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider

      Demandada: Land Rheinland-Pfalz

      Interviniente: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Bundesverwaltungsgericht Leipzig — Interpretación del artículo 6 de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 156, p. 40), y del artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40), en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE — Construcción de instalaciones de retención de inundaciones — Derecho de recurso contra una decisión de autorización — Aplicación ratione temporis — Situación en la que el procedimiento de autorización se inició antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2003/35/CE y la decisión se adoptó después de esa fecha.

      Fallo

               1)

               Al disponer que su transposición al Derecho interno debía haberse producido a más tardar el 25 de junio de 2005, la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, que añadió el artículo 10 bis a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, debe ser interpretada en el sentido de que las disposiciones de Derecho interno adoptadas a efectos de transponer este artículo deberían aplicarse igualmente a los procedimientos administrativos de autorización iniciados antes del 25 de junio de 2005 que hayan desembocado en la expedición de una autorización posterior a esa fecha.

               2)

               El artículo 10 bis de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los Estados miembros establezcan que las disposiciones de transposición al Derecho interno de este artículo únicamente serán aplicables en el supuesto de que se impugne la legalidad de una decisión por haberse omitido la evaluación del impacto medioambiental, y no en el supuesto de que tal evaluación se haya llevado a cabo pero sea irregular.

               3)

               El artículo 10 bis, letra b), de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional que no reconoce el menoscabo de un derecho en el sentido de este artículo si se acredita que, habida cuenta de las circunstancias del caso, probablemente la decisión impugnada no habría sido distinta sin el vicio de procedimiento invocado por el demandante. No obstante, esta conclusión sólo es válida a condición de que el tribunal o el órgano ante los que se ha interpuesto el recurso no impongan en absoluto al demandante la carga de la prueba a este respecto y, tomando en consideración, en su caso, los elementos de prueba aportados por el promotor o por las autoridades competentes y, más generalmente, el conjunto de los documentos del asunto que se les haya sometido, se pronuncien prestando particular atención al grado de gravedad del vicio invocado y comprobando especialmente, a estos efectos, si dicho vicio privó al público interesado de alguna de las garantías establecidas con el fin de permitirle tener acceso a la información y participar en el proceso decisorio, en concordancia con los objetivos de la Directiva 85/337.

      (1)  DO C 133, de 5.5.2012.


title: Asunto T-276/10: Recurso interpuesto el 22 de junio de 2010 — El Coto De Rioja/OHMI — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

text:
               28.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 234/45

         Recurso interpuesto el 22 de junio de 2010 — El Coto De Rioja/OHMI — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)
   (Asunto T-276/10)
   ()
   2010/C 234/80
   Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

      Partes

      Demandante: El Coto De Rioja, S.A. [Oyón (Alava), España] (representantes: J. Grimau Muñoz, J. Villamor Muguerza, abogados)

      Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

      Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: María Álvarez Serrano [Gomariz Leiro, (Orense) España]

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se revoque la resolución dictada por la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de fecha 28 de abril de 2010, en el asunto R 1020/2008-4 y, en consecuencia, se declare la nulidad de la marca comunitaria no2 631 828, clase 33, que contiene el elemento verbal «COTO DE GOMARIZ», y

               —

               que se haga expresa condena en costas a la parte recurrida.

      Motivos y principales alegaciones

      Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: Marca figurativa que contiene el elemento verbal «COTO DE GOMARIZ» (solicitud de registro no2 631 828), para productos de la clase 33 «vinos».

      Titular de la marca comunitaria: Da María Alvarez Serrano

      Parte que solicita la nulidad de la marca comunitaria: EL COTO DE RIOJA S.A.

      Marca o signo de la solicitante de la nulidad: Marca comunitaria verbal «COTO DE IMAZ» (no339 333), para productos de las clases 29, 32 y 33; marca comunitaria verbal «EL COTO» (no339 408), para productos de las clases 29, 32 y 33; y marcas notorias españolas «EL COTO» y «COTO DE IMAZ», para «vinos».

      Resolución de la División de Anulación: Declaración de nulidad de la marca comunitaria impugnada.

      Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución impugnada y desestimación de la solicitud de nulidad.

      Motivos invocados: Aplicación incorrecta del artículo 52, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del mismo texto.


title: Asunto C-199/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts — República de Letonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests [Reglamento (CEE) n o  2454/93 — Disposiciones de aplicación del Código aduanero comunitario — Artículo 6, apartado 2 — Solicitud de información arancelaria vinculante — Concepto de tipo de mercancías ]

text:
               29.1.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/4

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts — República de Letonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests
   (Asunto C-199/09) (1)

   (Reglamento (CEE) no 2454/93 - Disposiciones de aplicación del Código aduanero comunitario - Artículo 6, apartado 2 - Solicitud de información arancelaria vinculante - Concepto de «tipo de mercancías»)
   2011/C 30/06
   Lengua de procedimiento: letón

      Órgano jurisdiccional remitente

   Augstākās tiesas Senāts

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Schenker SIA

      Demandada: Valsts ieņēmumu dienests

      Objeto

   Petición de decisión prejudicial — Augstākās tiesas Senāts — Interpretación del artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1) — Concepto de «un tipo de mercancía» — Mercancías que presentan diferencias de calidad o en las características, pero que pueden clasificarse en el mismo código de la nomenclatura combinada — Emisión de una única información arancelaria vinculante para todas las mercancías, o bien de varias informaciones arancelarias específicas para cada una de ellas.

      Fallo

   El artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que una solicitud de información arancelaria vinculante puede referirse a diferentes mercancías siempre que están incluidas en un tipo de mercancías. Sólo las mercancías que presenten características similares y cuyos elementos de diferenciación carezcan totalmente de pertinencia a efectos de su clasificación arancelaria pueden considerarse incluidas en un tipo de mercancías, en el sentido de esta disposición.

      (1)  DO C 193, de 15.8.2009.


title: Asunto T-136/03: Recurso interpuesto el 22 de abril de 2003 contra el Consejo de la Unión Europea por Robert Charles Schochaert

text:
21.6.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                         C 146/43
Motivos y principales alegaciones                                         Recurso interpuesto el 28 de abril de 2003 contra la
                                                                          Comisión de las Comunidades Europeas por Nuova Agri-
                                                                                cast S.r.l.
En apoyo de su recurso, la demandante invoca una falta de
motivación, una infracción del artículo 45 del Estatuto y una
violación del principio de no discriminación, manifiestos                                        (Asunto T-139/03)
errores de apreciación, un incumplimiento del deber de
asistencia y protección y una violación de los principios de
buena administración y de igualdad de oportunidades y,                                             (2003/C 146/78)
finalmente, una desviación de poder.
                                                                                (Lengua de procedimiento: italiano)
                                                                          En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Recurso interpuesto el 22 de abril de 2003 contra el                      Europeas se ha presentado el 28 de abril de 2003 un recurso
Consejo de la Unión Europea por Robert Charles                            contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                            Schochaert                                    por Nuova Agricast S.r.l., representada por el Sr. Michele
                                                                          Arcangelo Calabrese, abogado.
                       (Asunto T-136/03)
                                                                          La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                         (2003/C 146/77)                                  que:
                 (Lengua de procedimiento: francés)                       —    Anule la Decisión impugnada.
                                                                          —    Condene en costas a la Comisión Europea.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 22 de abril de 2003 un recurso
contra el Consejo de la Unión Europea formulado por el
Sr. Robert Charles Schochaert, con domicilio en Bruselas,                 Motivos y principales alegaciones
representado por M e Jean A. Martin.
                                                                          Mediante el presente recurso la sociedad demandante impugna:
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                          1)   El escrito de la Comisión de 3 de febrero de 2003, * D/
—     Condene al Consejo a pagar al demandante la cantidad de                  50721, COMP/G1/D(03)142/PI/cpb, (mediante la que la
      225 702,94 euros en concepto de indemnización, y le                      Comisión consultó a las autoridades del Estado miembro
      imponga las costas del presente procedimiento.                           autoras de determinado documento).
                                                                          2)   La comunicación de la Comisión mediante fax de 14 de
                                                                               marzo de 2003, SG.B.2/MM D(2003).
Motivos y principales alegaciones
                                                                          3)   El escrito de la Comisión, de 12 de marzo de 2003, * D/
El demandante, ex funcionario del Consejo reclama, mediante                    51652, COMP/G1/PI/cpb D(03).
el presente recurso, una indemnización de los daños y
perjuicios supuestamente sufridos a causa de la negativa del
demandado a promoverle al grado B1 en el marco de los                     En apoyo de sus pretensiones la demandante alega lo siguiente:
ejercicios de promoción de 1978 a 2000.
                                                                          —    al consultar a las autoridades del Estado miembro autoras
El demandante alega que el demandado se negó a promoverle                      de los documentos a los que se había solicitado acceder y
desde 1978, excusándose en que su función no implicaba la                      ello a pesar de que era evidente que los documentos
asunción de responsabilidades que justificaran una promoción,                  controvertidos estaban excluidos del derecho de consulta
en comparación con otros candidatos a la misma, motivación                     por estar «cubiertos» por la excepción de «inspecciones e
que, según el demandante, es ilegal y supone un abuso de                       investigaciones», la Comisión ha violado las garantías
poder que genera la responsabilidad del Consejo.                               procesales que confiere a los particulares el artículo 4,
                                                                               apartado 4, del Reglamento (CE) no 1049/2001 del
                                                                               Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de
Asimismo, el demandante alega que fue víctima de ostracismo                    2001, relativo al acceso del público a los documentos del
y de acoso moral por parte de algunos de sus superiores                        Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO
jerárquicos.                                                                   L 145, de 31 de mayo de 2001, p. 43) y el artículo 5,
                                                                               apartado 2, de las correspondientes disposiciones de
                                                                               aplicación, de similar tenor. Asimismo ha violado su


title: Asunto T-52/09: Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2009 — Nycomed Danmark/Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos

text:
               4.4.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 82/33

         Recurso interpuesto el 11 de febrero de 2009 — Nycomed Danmark/Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos
   (Asunto T-52/09)
   (2009/C 82/58)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Dinamarca) (representantes: C. Schoonderbeek, H. Speyart van Woerden, abogados)

      Demandada: Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión impugnada.

               —

               Que se condene a la EMEA a cargar con sus propias costas y con las de Nycomed.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación, de conformidad con el artículo 230 CE y con el artículo 73, letra a) del Reglamento (CE) no 726/2004 (1), modificado por el Reglamento (CE) no 1901/2006 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de la decisión «EMEA-000194-IPI01-07» de 28 de noviembre de 2008, de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos («EMEA») por la que se desestima su solicitud de dispensa para un producto específico al amparo del artículo 11, apartado 1, letra b) del citado Reglamento.
   La demandante solicitó dicha dispensa para un aparato de ecocardiogramas mediante ultrasonidos destinado a comercializarse con la marca Imagify, y proyectado para diagnosticar enfermedades arteriales coronarias («CAD») en adultos. Mediante la decisión impugnada, la EMEA denegó la dispensa a los demandantes basándose en que las enfermedades o situaciones para la que está proyectado el producto médico no son las enfermedades arteriales coronarias sino los defectos en la perfusión del miocardio, que también se dan en los niños.
   La demandante alega que la decisión impugnada es ilegal porque está basada en una interpretación y aplicación del concepto «enfermedad o estado a cuyo tratamiento está destinado el producto médico», en el sentido del artículo 11, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 1901/2006, que según la demandante es incorrecta al no tener en cuenta la indicación terapéutica que se pide en la solicitud concurrente de autorización de comercialización comunitaria y que los defectos en la perfusión del miocardio no son una enfermedad o estado, sino un síntoma de diversas enfermedades.
   La demandante alega asimismo que la decisión impugnada es ilegal en la medida en que es un intento de la EMEA de abusar de sus poderes, conferidos de conformidad con los artículos 11, apartado 1, letra b) y 25 del Reglamento no 1901/2006, para conseguir una finalidad que no está prevista en estas disposiciones, a saber, la obligación de proponer un plan de investigación pediátrica para indicaciones que no están contempladas en la solicitud concurrente de autorización de comercialización comunitaria.

      (1)  Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004 L 136, p. 1).

      (2)  Reglamento (CE) no 1901/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) no 726/2004 (DO L 378, p. 1).


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 16 de septiembre de 2004, en el asunto C-396/02 (petición de decisión prejudicial del Gerechtshof te Amsterdam): DFDS BV contra Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam (Arancel Aduanero Común — Nomenclatura Combinada — Clasificación arancelaria — Subpartida 8704 10 — «Minitrac» para el transporte y la descarga de arena, tierra y piedras, provisto de un sistema de volcado sofisticado)

text:
               6.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 273/5

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Tercera)
   de 16 de septiembre de 2004
   en el asunto C-396/02 (petición de decisión prejudicial del Gerechtshof te Amsterdam): DFDS BV contra Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam (1)

   (Arancel Aduanero Común - Nomenclatura Combinada - Clasificación arancelaria - Subpartida 8704 10 - «Minitrac» para el transporte y la descarga de arena, tierra y piedras, provisto de un sistema de volcado sofisticado)
   (2004/C 273/09)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-396/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial, planteada con arreglo al artículo 234 CE, por el Gerechtshof te Amsterdam (Países Bajos), mediante resolución de 6 de noviembre de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de noviembre de 2002, en el procedimiento entre DFDS BV e Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas, en funciones de Presidente de la Sala Tercera, los Sres. R. Schintgen y K. Schiemann (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 16 de septiembre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   El hecho de que un vehículo con caja vaya equipado con una función de volcado compleja, múltiple y precisa, no se opone a su clasificación como volquete automotor en el sentido de la subpartida 8704 10 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en sus versiones modificadas por los Reglamentos (CE) nos 3115/94 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1994, y 3009/95 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1995.

      (1)  DO C 7 de 11.1.2003.


title: Asunto C-333/14: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session, Scotland (Reino Unido) el 8 de julio de 2014  — The Scotch Whisky Association y otros/The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

text:
               29.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 339/4

         Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session, Scotland (Reino Unido) el 8 de julio de 2014 — The Scotch Whisky Association y otros/The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland
   (Asunto C-333/14)
   2014/C 339/05
   Lengua de procedimiento: inglés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Court of Session, Scotland

      Partes en el procedimiento principal

      Recurrente: The Scotch Whisky Association y otros

      Recurridas: The Lord Advocate y The Advocate General for Scotland

      Cuestiones prejudiciales

               1)

               «Conforme a una interpretación correcta del Derecho de la Unión sobre la organización común del mercado del vino, en particular, del Reglamento (UE) no 1308/2013 (1), ¿están facultados los Estados miembros para adoptar una medida nacional que establece un precio mínimo de venta al público para el vino en función de la cantidad de alcohol presente en el producto vendido y que, por tanto, se aparta del principio de libre determinación de los precios por las fuerzas del mercado que de otro modo regiría el mercado del vino?»

               2)

               «A efectos de la justificación de una medida con arreglo al artículo 36 TFUE, si un Estado miembro ha llegado a la conclusión de que, para proteger la salud humana, conviene incrementar el coste del consumo de un artículo, en el caso de autos, de las bebidas alcohólicas, para todos los consumidores o para una categoría de ellos, y el Estado miembro puede exigir sobre dicho artículo impuestos especiales o de otro tipo (incluidos tributos o exacciones basados en el contenido de alcohol, el volumen, el valor, o una combinación de estos criterios fiscales), ¿está facultado un Estado miembro con arreglo al Derecho de la Unión para prescindir de los mecanismos fiscales de incremento del precio de venta al público y aplicar medidas legislativas de fijación de un precio mínimo de venta, que distorsionan el comercio y la competencia en el seno de la Unión y, en caso afirmativo, en qué condiciones?»

               3)

               «Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe resolver sobre si una disposición legal que constituye una restricción cuantitativa al comercio incompatible con el artículo 34 TFUE puede estar justificada en virtud del artículo 36 TFUE por razón de la protección de la salud humana, ¿debe limitarse dicho órgano jurisdiccional a examinar exclusivamente la información, pruebas y demás material de que disponía el legislador en el momento de adoptar la norma y que tomó en consideración a tales efectos? En caso de respuesta negativa, ¿qué otras limitaciones son aplicables a la facultad del órgano jurisdiccional de tener en cuenta todos los materiales y pruebas disponibles presentados por las partes en el momento en el que el órgano jurisdiccional nacional adopte su decisión?»

               4)

               «Cuando al interpretar y aplicar el Derecho de la Unión un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe analizar la alegación de las autoridades nacionales de que una medida que constituye una restricción cuantitativa en el sentido del artículo 34 TFUE está justificada por una excepción, en interés de la protección de la salud humana, con arreglo al artículo 36 TFUE, ¿en qué medida está obligado o autorizado el órgano jurisdiccional nacional a formarse una opinión objetiva, tomando en consideración la documentación que obra en su poder, sobre la eficacia de la medida para lograr el objetivo que se invoca, la disponibilidad de medidas alternativas al menos igual de eficaces y que distorsionen menos la competencia en el seno de la Unión y la proporcionalidad general de dicha medida?»

               5)

               «En el marco de un litigio sobre si una medida está justificada por la protección de la salud humana con arreglo al artículo 36 TFUE, al considerar la existencia de otra medida alternativa que no distorsiona o que distorsiona en menor medida el comercio y la competencia dentro de la Unión, ¿es legítimo descartar dicha medida alternativa alegando que sus efectos no son exactamente equivalentes a los de la medida impugnada en virtud del artículo 34 TFUE, sino que puede aportar otros beneficios adicionales y responde a un objetivo general más amplio?»

               6)

               «Para analizar si una medida nacional, que se ha admitido o declarado que constituye una restricción cuantitativa en el sentido del artículo 34 TFUE, y que se pretende justificar con arreglo al artículo 36 TFUE, y, en particular, para apreciar su proporcionalidad, ¿hasta qué punto el órgano jurisdiccional competente puede tener en cuenta su propia apreciación acerca de la naturaleza y el grado de infracción de esa medida, como restricción cuantitativa contraria al artículo 34 TFUE?»

      (1)  Reglamento (CE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (DO L 347, p. 671).