title: Asunto T-53/06: Sentencia del Tribunal General de 6 de marzo de 2012 — UPM-Kymmene/Comisión ( «Competencia — Prácticas colusorias — Sector de los sacos industriales de plástico — Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE — Duración de la infracción — Infracción única y continua — Multas — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Función pasiva de la empresa — Proporcionalidad» )

text:
               21.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 118/21

         Sentencia del Tribunal General de 6 de marzo de 2012 — UPM-Kymmene/Comisión
   (Asunto T-53/06) (1)

   (Competencia - Prácticas colusorias - Sector de los sacos industriales de plástico - Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE - Duración de la infracción - Infracción única y continua - Multas - Gravedad de la infracción - Circunstancias atenuantes - Función pasiva de la empresa - Proporcionalidad)
   2012/C 118/34
   Lengua de procedimiento: inglés

      Partes

      Demandante: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki) (representantes: inicialmente, B. Amory, E. Friedel y F. Bimont; posteriormente, B. Amory, E. Friedel, F. Bimont y F. Amato; y por último, B. Amory; abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre, agente, asistido por M. Gray, Barrister)

      Objeto

   Petición de anulación de la Decisión C(2005) 4634 final de la Comisión, de 30 de noviembre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/F/38.354 — Sacos industriales).

      Fallo

               1)

               Anular la Decisión C(2005) 4634 final de la Comisión, de 30 de noviembre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/F/38.354 — Sacos industriales) en la medida en que considera a UPM-Kymmene Oyj responsable de la infracción única y continua prevista en su artículo 1, apartado 1, en el período anterior al 10 de octubre de 1995.

               2)

               Fijar en 50,7 millones de euros el importe de la multa impuesta por el artículo 2, letra j), de dicha Decisión.

               3)

               Desestimar el recurso en lo demás.

               4)

               La Comisión Europea y UPM-Kymmene cargarán, respectivamente, con sus propias costas.

      (1)  DO C 86, de 8.4.2006.


title: Asunto C-204/03: Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2003 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
20.9.2003               ES                               Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 226/3
por el Tribunal Judicial da Comarca de Alcácer do Sal                              sido financiados mediante subvenciones, el Reino de
(Portugal), destinada a obtener en el litigio pendiente ante                       España ha incumplido las obligaciones que le incumben
dicho órgano jurisdiccional entre Daniel Fernando Messejana                        en virtud del Derecho comunitario y, en particular, los
Viegas y Companhia de Seguros Zurich SA, Mitsubishi Motors                         apartados 2 y 5 del artículo 17 y el artículo 19 de
de Portugal SA, una decisión prejudicial sobre la interpretación                   la Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977
de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de                        (77/388/CEE) (1) modificada, en materia de armonización
1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las                          de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de res-                      impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema
ponsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos                  común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base
automóviles (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244), el                            imponible uniforme.
Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por los Sres.
M. Wathelet, Presidente de Sala, P. Jann (Ponente) y A. Rosas,
Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass,              2.   Condene en costas al Reino de España.
ha dictado el 24 de julio de 2003 un auto resolviendo lo
siguiente:                                                                    Motivos y principales alegaciones
                                                                              La Comisión imputa al Reino de España el incumplimiento de
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de           determinadas disposiciones de la Sexta Directiva por dos motivos:
30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el            1)   Aplicación de la prorrata de deducción a los sujetos
seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los               pasivos que efectúan únicamente operaciones que conlle-
vehículos automóviles, se opone a una normativa nacional que                       van el derecho a deducción (art. 102, ap. 1, de la Ley
reconoce diversos regímenes de responsabilidad civil aplicables a los              española del IVA).
siniestros resultantes de la circulación de los vehículos automóviles y
que prevé, para uno de dichos regímenes, importes máximos de
garantía inferiores a los importes mínimos de garantía establecidos                Según la Comisión, la normativa española amplía
en dicho artículo.                                                                 ilegalmente el ámbito de aplicación de la prorrata de
                                                                                deducción, ya que ésta se aplica no solamente a los sujetos
                                                                                pasivos que efectúan operaciones que conllevan el derecho
                                                                                a la deducción y operaciones que no conllevan tal derecho
                                                                                (sujetos pasivos mixtos), sino también a los que efectúan
(1) DO C 156 de 29.6.2002.                                                         únicamente operaciones que conllevan el derecho a
                                                                                deducción (sujetos pasivos totales), por la simple razón
                                                                                de que han percibido subvenciones que no integran la base
                                                                                imponible de sus operaciones gravadas. Conforme al
                                                                                artículo 17, apartado 5, de la Sexta Directiva, el
                                                                                mecanismo de la prorrata de deducción sólo puede
Recurso interpuesto el 14 de mayo de 2003 contra el                                aplicarse en el caso de que los sujetos pasivos efectúen
Reino de España por la Comisión de las Comunidades                                 indistintamente operaciones imponibles pero exentas y
                               Europeas                                            operaciones gravadas.
                         (Asunto C-204/03)
                                                                                La Comisión añade que la inclusión de las subvenciones en
                           (2003/C 226/04)                                         la prorrata de deducción de los sujetos pasivos mixtos es
                                                                                una facultad otorgada a los Estados miembros y constituye
                                                                                una excepción al principio general de la deducción de las
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                       cantidades soportadas en concepto de IVA por la
presentado el 14 de mayo de 2003 un recurso contra el Reino                        realización de operaciones sujetas y no exentas. Por lo
de España formulado por la Comisión de las Comunidades                             tanto, no se puede hacer uso de dicha facultad para tratar
Europeas, representada por el Sr. Enrico Traversa, Consejero                       de manera desfavorable situaciones distintas de las
jurídico, y por la Sra. Lidia Lozano Palacios, miembro de su                       previstas por la Directiva, en contra de lo dispuesto por
Servicio jurídico, que designa domicilio en Luxemburgo.                            el legislador comunitario. Las posibles consecuencias
                                                                                sobre la neutralidad del impuesto del hecho de que los
                                                                                Estados miembros utilicen la opción prevista en el artículo
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                          19 de la Sexta Directiva no pueden justificar la pretensión
                                                                                de las autoridades españolas de extender la limitación de la
                                                                                deducción a los sujetos pasivos totales, puesto que no
                                                                                existe la base jurídica necesaria para ello y se trataría de
1.    Declare que, al mantener en vigor las disposiciones que                      una medida contraria a lo previsto por la Directiva.
      prevén la aplicación de la prorrata de deducción para los
      sujetos pasivos que únicamente efectúan operaciones
      gravadas, y que instauran una norma particular que limita                    La disposición española de que se trata tiene como efecto
      el derecho a la deducción del IVA correspondiente a la                       una doble imposición, ya que el sujeto pasivo que recibe
      compra de bienes o servicios por el mero hecho de haber                      la subvención la utiliza como parte del precio que paga
 ---pagebreak--- C 226/4              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             20.9.2003
    por las adquisiciones de bienes o servicios. Dichas                       La norma española constituye una violación del principio
    adquisiciones están gravadas según las reglas de la Sexta                 fundamental del derecho a la deducción del IVA,
    Directiva, por lo que el importe de la subvención ya                      reconocido por jurisprudencia reiterada del Tribunal de
    soporta el IVA correspondiente. Si además dicho importe                   Justicia, puesto que es una regla particular que no tiene
    se incorpora al denominador de la prorrata de deducción,                  base jurídica en la Directiva, se aplica a todos los sujetos
    lo que tiene como consecuencia la limitación del derecho a                pasivos que reciben subvenciones, incluidos los sujetos
    la deducción del sujeto pasivo que la recibe, la subvención               pasivos totales, y, aun si se aplica a los sujetos pasivos
    en cuestión se verá gravada dos veces con el IVA. Aunque                  mixtos, puede en ocasiones resultar menos ventajosa que
    el artículo 19 prevé expresamente la facultad de que los                  la utilización de la facultad prevista en el artículo 19 de la
    Estados miembros incluyan en la prorrata de deducción de                  Directiva.
    los sujetos pasivos mixtos las subvenciones que no forman
    parte de la base imponible, esta excepción al método de
    cálculo «normal» es una herramienta de que dispone el
    legislador nacional para evitar que un organismo
    subvencionado «por vocación» pueda obtener la devolu-               (1) DO L 145, de 13.6.1977, p. 1.
    ción del IVA al ejercer una actividad meramente simbólica
    con el fin de obtener la condición de sujeto pasivo. Sin
    embargo, esta disposición debe interpretarse restrictiva-
    mente. Por otra parte, es evidente que, al incluir las
    subvenciones en la prorrata, se reduce el derecho a
    deducción de los sujetos pasivos mixtos, mientras que ello          Petición de decisión prejudicial planteada mediante
    no puede hacerse en relación con los sujetos pasivos                resolución del Tribunale Amministrativo Regionale per
    totales. Se trata de una norma facultativa y los Estados            la Lombardia — Sala independiente de Brescia, de fecha
    miembros pueden fijar sus modalidades, siempre dentro               8 de octubre de 2002, 17 de diciembre de 2002 y 14 de
    del respeto del conjunto de las normas y principios                 febrero de 2003, en el asunto entre Consorzio Aziende
    básicos de la Sexta Directiva, que contiene otras                   Metano — CO.NA.ME. y Auntamiento de Cingia de' Botti
    disposiciones que permiten evitar las deducciones con-                      y con la intervención de Padania Acque S.p.A.
    sideradas como abusivas.
                                                                                (Asunto C-231/03)
2)  Establecimiento de una norma especial que limita el                                           (2003/C 226/05)
    derecho a la deducción del IVA correspondiente a la
    compra de bienes o servicios que se financian en todo o             Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
    en parte mediante subvenciones (art. 104, ap. 2, párrafo            sometida una petición de decisión prejudicial mediante
    segundo, de la Ley española del IVA).                               resolución del Tribunale Amministrativo Regionale per la
                                                                        Lombardia — Sala independiente de Brescia, dictada el 8 de
                                                                        octubre de 2002, 17 de diciembre de 2002 y 14 de febrero de
                                                                        2003, en el asunto entre Consorzio Aziende Metano — CO.
    Esta norma especial, conforme la cual las subvenciones              NA.ME. y Auntamiento de Cingia de' Botti y con la
    concedidas para financiar la compra de determinados                 intervención de Padania Acque S.p.A., y recibida en la
    bienes o servicios no dan lugar a la aplicación de la               Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de mayo de 2003. El
    prorrata y no se incluyen en el denominador de ésta, sino           Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sala
    que limitan el derecho a deducir el IVA pagado en la                independiente de Brescia — solicita al Tribunal de Justicia que
    proporción correspondiente a la parte del precio del bien           se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
    o del servicio financiada con la subvención, es incompa-
    tible con la Sexta Directiva. En efecto, la disposición
    española crea una limitación del derecho a la deducción             Los artículos 43, 49 y 81 CE, al prohibir respectivamente las
    para los sujetos pasivos totales, no prevista en los                restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales
    principios de la Directiva. En cuanto a los sujetos pasivos         de un Estado miembro en el territorio de otro Estado y a la
    mixtos, la única limitación posible según la Directiva es           libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los
    la inclusión de las subvenciones en el denominador de la            nacionales de los Estados miembros, así como las prácticas
    prorrata de deducción. El IVA que un sujeto pasivo ha               comerciales y societarias que puedan impedir, restringir o
    pagado por determinado bien o servicio es siempre                   falsear el juego de la competencia dentro de la Unión
    deducible según las normas del derecho a la deducción               Europea, ¿se oponen a la adjudicación directa, es decir, sin
    previstas por la Directiva y, a tales efectos, el origen de la      licitación, de la gestión del servicio público de distribución de
    financiación del bien o del servicio no tiene relevancia            gas a una sociedad de participación pública municipal, cuando
    alguna. Los Estados miembros sólo disponen de                       dicha participación en el capital social no permite ningún
    una posibilidad de tener en cuenta las subvenciones que             control directo sobre la propia gestión, y debe afirmarse en
    no están vinculadas al precio de las operaciones,                   consecuencia que, cuando la participación es igual al 0,97 %,
    incluyéndolas o no en la prorrata de deducción,                     como sucede en el caso de autos, no concurren las
    únicamente si el sujeto pasivo ejerce a la vez operaciones          características de la gestión interna?
    gravadas y operaciones exentas. Se trata de una norma
    facultativa y los Estados miembros pueden fijar sus
    modalidades, siempre dentro del respeto del conjunto de
    las normas y principios básicos de la Sexta Directiva.


title: Asunto C-209/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 3 de mayo de 2012 — Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG

text:
               7.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 200/7

         Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 3 de mayo de 2012 — Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG
   (Asunto C-209/12)
   2012/C 200/13
   Lengua de procedimiento: alemán

      Órgano jurisdiccional remitente

   Bundesgerichtshof

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Walter Endress

      Demandada: Allianz Lebensversicherungs AG

      Cuestión prejudicial

   ¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 90/619/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, (1) teniendo en cuenta el artículo 31, apartado 1, de la Directiva 92/96/CEE, de 10 de noviembre de 1992, (2) en el sentido de que se opone a una normativa como la del artículo 5a, apartado 2, cuarta frase, de la Vertragsversicherungsgesetz (VVG) [Ley sobre el contrato de seguro], en su versión de la Drittes Gesetz zur Durchführung versicherungsrechtlicher Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften (Drittes Durchführungsgesetz/EWG zum VAG) de 21 de julio de 1994 [Tercera Ley de transposición de la normativa comunitaria a la legislación sobre supervisión de seguros], con arreglo a la cual el derecho de renuncia u oposición se extingue, a más tardar, al cabo de un año desde el pago de la primera prima, aun cuando el tomador del seguro no haya sido instruido acerca del derecho de renuncia u oposición?

      (1)  Directiva 90/619/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, Segunda Directiva sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE (DO L 330, p. 50).

      (2)  Directiva 92/96/CEE, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (Tercera Directiva de seguros de vida) (DO L 360, p. 1).


title: Asunto T-688/16 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 17 de febrero de 2017 — Janssen-Cases/Comisión («Procedimiento sobre medidas provisionales — Función Pública — Convocatoria para proveer plaza vacante — Mediador de la Comisión — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»)

text:
               18.4.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 121/34

         Auto del Presidente del Tribunal General de 17 de febrero de 2017 — Janssen-Cases/Comisión
   (Asunto T-688/16 R)
   ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Función Pública - Convocatoria para proveer plaza vacante - Mediador de la Comisión - Demanda de suspensión de la ejecución - Inexistencia de urgencia»))
   (2017/C 121/50)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Mercedes Janssen-Cases (Bruselas, Bélgica) (representantes: J.-N. Louis y N. de Montigny, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: G. Berscheid y C. Berardis-Kayser, agentes)

      Objeto

   Demanda basada en los artículos 278 y 279 TFUE, que tiene por objeto la suspensión de la ejecución de la decisión de la Comisión de 15 de junio de 2016, relativa al nombramiento del Señor X como mediador de la Comisión, con efectos desde el 1 de octubre de 2016.

      Fallo

               1)

               Desestimar la demanda de medidas provisionales.

               2)

               Reservar la decisión sobre las costas.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 12 de mayo de 2005, en el asunto C-287/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica («Incumplimiento de Estado — Libre prestación de servicios — Programas de fidelización — Carga de la prueba»)

text:
               20.8.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 205/2

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

   (Sala Segunda)
   de 12 de mayo de 2005
   en el asunto C-287/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica (1)

   («Incumplimiento de Estado - Libre prestación de servicios - Programas de fidelización - Carga de la prueba»)
   (2005/C 205/03)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el asunto C-287/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 3 de julio de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. M. Patakia y Sr. N.B. Rasmussen) contra Reino de Bélgica (agente: Sra. E. Dominkovits, asistida por Me E. Balate, avocat), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente), los Sres. R. Schintgen, P. Kūris y G. Arestis, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal, ha dictado el 12 de mayo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1)

                  Desestimar el recurso.

               2)

               Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

      (1)  DO C 200, de 23.8.2003.


title: Asunto F-125/11: Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2011 — ZZ/Comisión

text:
               3.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/21

         Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2011 — ZZ/Comisión
   (Asunto F-125/11)
   2012/C 65/38
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: ZZ (representantes: S. Rodrigues y A. Blot, abogados)

      Demandada: Comisión Europea

      Objeto y descripción del litigio

   Anulación de la decisión de no admitir a la parte demandante a las pruebas de evaluación de la oposición EPSO/AST/111/10.

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anule la decisión por la que se deniega a la demandante el derecho a participar en las pruebas de evaluación de la oposición EPSO/AST/111/10 — Secretarios de grado AST 1.

               —

               Que se incorpore a la demandante al proceso de selección establecido por el citado concurso, organizando si fuera necesario nuevas pruebas de evaluación.

               —

               En cualquier caso, solicitar a EPSO que le comunique toda la información de que dispone relativa a los resultados obtenidos por la totalidad de los candidatos en los test d) y e).

               —

               Con carácter subsidiarios, en caso de que no se estime la demanda principal, quod non, abonarle una cantidad fijada provisionalmente y ex aequo et bono en 50 000 euros.

               —

               En cualquier caso, abonarle una cantidad fijada provisionalmente y ex aequo et bono en 50 000 euros, en reparación del perjuicio moral.


title: Asunto acumulados T-122/07 a T-124/07: Sentencia del Tribunal General de 3 de marzo de 2011 — Siemens AG Österreich y otros/Comisión ( «Competencia — Carteles — Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas — Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Reparto del mercado — Efectos en el interior del mercado común — Concepto de infracción continuada — Duración de la infracción — Prescripción — Multas — Proporcionalidad — Límite máximo del 10 % del volumen de negocios — Responsabilidad solidaria para el pago de la multa — Circunstancias atenuantes — Cooperación — Derecho de defensa» )

text:
               9.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 113/11

         Sentencia del Tribunal General de 3 de marzo de 2011 — Siemens AG Österreich y otros/Comisión
   (Asunto acumulados T-122/07 a T-124/07) (1)

   (Competencia - Carteles - Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas - Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE - Reparto del mercado - Efectos en el interior del mercado común - Concepto de infracción continuada - Duración de la infracción - Prescripción - Multas - Proporcionalidad - Límite máximo del 10 % del volumen de negocios - Responsabilidad solidaria para el pago de la multa - Circunstancias atenuantes - Cooperación - Derecho de defensa)
   2011/C 113/21
   Lengua de procedimiento: alemán

      Partes

      Demandantes: Siemens AG Österreich (Viena) (asunto T-122/07); VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (Viena) (asunto T-122/07); Siemens Transmission Distribution Ltd (Manchester, Reino Unido) (asunto T-123/07); Siemens Transmission Distribution SA (Grenoble, Francia) (asunto T-124/07), y Nuova Magrini Galileo SpA (Bérgamo, Italia) (asunto T-124/07) (representantes: H. Wollmann y F. Urlesberger, abogados)

      Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente F. Arbault y O. Weber, posteriormente X. Lewis y A. Antoniadis, y finalmente A. Antoniadis y R. Sauer, agentes)

      Objeto

   Con carácter principal, una demanda de anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 — Conmutadores con aislamiento de gas), y con carácter subsidiario una demanda de reducción de la multa impuesta a las demandantes.

      Fallo

               1)

               Anular el artículo 1, letras m), p), q), r) y t), de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 EEE (asunto COMP/F/38.899 — Conmutadores con aislamiento de gas), en cuanto la Comisión declaró una infracción por parte de Siemens AG Österreich, de VA Tech Transmission Distribution GmbH & Co. KEG, de Siemens Transmission & Distribution Ltd, de Siemens Transmission Distribution SA y de Nuova Magrini Galileo SpA, durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2002.

               2)

               Anular el artículo 2, letras j), k) y l), de la Decisión C(2006) 6762 final.

               3)

               Imponer las siguientes multas por las infracciones declaradas en el artículo 1, letras m), p), q), r) y t), de la Decisión C(2006) 6762 final:

                           —

                           A Siemens Transmission Distribution SA y a Nuova Magrini Galileo, solidariamente con Schneider Electric SA: 8 100 000 euros;

                           —

                           A Siemens Transmission Distribution Ltd, solidariamente con Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH Co. KEG, Siemens Transmission Distribution SA y Nuova Magrini Galileo: 10 350 000 euros;

                           —

                           A Siemens Transmission Distribution Ltd, solidariamente con Siemens AG Österreich y VA Tech Transmission & Distribution GmbH Co. KEG: 2 250 000 euros;

                           —

                           A Siemens Transmission Distribution Ltd: 9 450 000 euros.

               4)

               Desestimar los recursos por lo demás.

               5)

               En el asunto T-122/07, la Comisión Europea cargará con una décima parte de las costas de Siemens AG Österreich y de VA Tech Transmission Distribution GmbH & Co. KEG y una décima parte de sus propias costas. Siemens AG Österreich y VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG cargarán con nueve décimas partes de sus propias costas y con nueve décimas partes de las costas de la Comisión.

               6)

               En el asunto T-123/07, la Comisión cargará con una décima parte de las costas de Siemens Transmission & Distribution Ltd y una décima parte de sus propias costas. Siemens Transmission & Distribution Ltd cargará con nueve décimas partes de sus propias costas y con nueve décimas partes de las costas de la Comisión.

               7)

               En el asunto T-124/07, la Comisión cargará con una quinta parte de las costas de Siemens Transmission Distribution SA y de Nuova Magrini Galileo y una quinta parte de sus propias costas. Siemens Transmission Distribution SA y Nuova Magrini Galileo cargarán con cuatro quintas partes de sus propias costas y con cuatro quintas partes de las costas de la Comisión.

      (1)  DO C 140, de 23.6.2007.


title: Asunto T-45/06: Recurso interpuesto el  13 de febrero de 2006  — Reliance Industries/Consejo y Comisión

text:
               8.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 86/38

         Recurso interpuesto el 13 de febrero de 2006 — Reliance Industries/Consejo y Comisión
   (Asunto T-45/06)
   (2006/C 86/76)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes

      Demandante: Reliance Industries Ltd (Bombay, India) (representantes: I. MacVay y S. Ahmed, Solicitors)

      Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se anulen las decisiones de la Comisión, de 1 de diciembre de 2005, por las que se anuncia una reconsideración por expiración de las medidas compensatorias aplicables a las importaciones de determinado politereftalato de etileno apto para la fabricación de botellas («PET») originario, entre otros países, de la India, así como el inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de determinado PET originario de la India, Indonesia, la República de Corea, Malasia, Taiwán y Tailandia y una reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de determinado PET originario de la República de Corea y de Taiwán. (1)

               —

               Que se anulen, si el Tribunal de Justicia lo considera necesario u oportuno, los Reglamentos (CE) del Consejo no 2603/2000 y no 2604/2000 y la Decisión 2000/745/CE de la Comisión, en la medida en que puedan continuar aplicándose a la demandante a partir del 1 de diciembre de 2005.

               —

               Que se anulen los artículos 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo («Reglamento antidumping de base») y 18, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo («Reglamento antisubvenciones de base»), única y exclusivamente en caso de que el Tribunal de Justicia estime, en contra de lo alegado por la demandante, que la interpretación correcta de dichos preceptos difiere de lo dispuesto en los artículos 11, apartado 3, del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio («OMC») y 21, apartado 3 del Acuerdo Antisubvenciones de la OMC.

               —

               Que se condene en costas a las partes demandadas.

         Motivos y principales alegaciones
   Mediante las dos decisiones impugnadas la Comisión resolvió iniciar sendas reconsideraciones por expiración del Reglamento no 2603/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo, se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado PET originarias de la India, Malasia y Tailandia y se da por concluido el procedimiento antisubvenciones relativo a las importaciones de determinado PET originarias de Indonesia, la República de Corea y Taiwán, (2) y del Reglamento no 2604/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado PET originarias de la India, Indonesia, Malasia, la República de Corea, Taiwán y Tailandia, (3) así como de la Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos en relación con los procedimientos antidumping y antisubvención antes citados. (4) De conformidad con los artículos 11, apartado 2, del Reglamento antidumping de base y 18, apartado 1, del Reglamento antisubvenciones de base, el efecto de estos anuncios de inicio, si se publican en el momento adecuado, consiste en que las medidas siguen vigentes hasta tanto tenga lugar el resultado de la reconsideración.
   Para fundamentar su recurso, la demandante alega que las reconsideraciones por expiración no se iniciaron válidamente, por lo que las medidas y compromisos de que se trata expiraron, de conformidad con lo previsto en ellas, el 1 de diciembre de 2005. La demandante sostiene que los anuncios se publicaron el mismo día en que expiraban las medidas (1 de diciembre) y que, por tanto, no se inició una reconsideración por expiración antes de la fecha de expiración, como requieren las normas de la OMC. En este sentido, la demandante considera que los Reglamentos de base han de ser interpretados en consonancia con los acuerdos OMC y que, en cualquier caso, cualquier ambigüedad en los Reglamentos de base debe ser resuelta a su favor, con arreglo a los principios generales del Derecho comunitario. La demandante añade que, si los Reglamentos de base no pudieran interpretarse en el sentido que él propugna, las correspondientes disposiciones serían a su vez contrarias a las normas OMC y, por ello, nulas en lo que a este extremo se refiere.

      (1)  DO C 304, de 1.12.2005, pp. 4 y 9.

      (2)  DO L 301, de 30.11.2000, p. 1.

      (3)  DO L 301, de 30.11.2000, p. 21.

      (4)  DO L 301, de 30.11.2000, p. 88.


title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 11 de mayo de 2005, en los asuntos acumulados T-160/02 a T-162/02: Naipes Heraclio Fournier, S.A., contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) («Marca comunitaria — Procedimiento de anulación — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Marca figurativa que contiene la representación de una espada de una baraja — Marca figurativa que contiene la representación de un caballo de bastos de una baraja — Marca figurativa que contiene la representación de un rey de espadas de una baraja — Motivos de denegación absolutos — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n° 40/94»)

text:
               9.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 171/13

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

   de 11 de mayo de 2005
   en los asuntos acumulados T-160/02 a T-162/02: Naipes Heraclio Fournier, S.A., contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (1)

   («Marca comunitaria - Procedimiento de anulación - Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 - Marca figurativa que contiene la representación de una espada de una baraja - Marca figurativa que contiene la representación de un caballo de bastos de una baraja - Marca figurativa que contiene la representación de un rey de espadas de una baraja - Motivos de denegación absolutos - Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 40/94»)
   (2005/C 171/22)
   Lengua de procedimiento: español
   En los asuntos acumulados T-160/02 a T-162/02, Naipes Heraclio Fournier, S.A., con domicilio social en Vitoria, representada por el Sr. E. Armijo Chávarri, abogado, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (agentes: Sr. J. Crespo Carrillo, posteriormente Sres. O. Montalto e I. de Medrano Caballero) y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es France Cartes SAS, con domicilio social en Saint Max (Francia), representada por el Sr. C. de Haas, abogado, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra tres resoluciones de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 28 de febrero de 2002 (asuntos R 771/2000-2, R 770/2000-2 y R 766/2000-2), relativas a los procedimientos de anulación entre Naipes Heraclio Fournier, S.A., y France Cartes SAS, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 11 de mayo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

               1.

               Desestimar los recursos.

               2.

               Declarar la inadmisibilidad de las pretensiones de la interviniente dirigidas a la condena en costas de la demandante, por lo que respecta a los gastos relativos al procedimiento ante la División de Anulación.

               3.

               Condenar a la demandante al pago de las costas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) y de las demás costas de la interviniente.

               4.

               Desestimar en lo demás las pretensiones de la interviniente.

      (1)  DO C 180, de 27.7.2002.


title: Asuntos acumulados C-196/16 y C-197/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) y otros/Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 — Ambiente (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 85/337/CEE — Directiva 2011/92/UE — Posibilidad de proceder a posteriori a la evaluación de impacto ambiental de una planta de generación de energía a partir de biogás en servicio para obtener una nueva autorización)

text:
               18.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 309/11

         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) y otros/Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 — Ambiente
   (Asuntos acumulados C-196/16 y C-197/16) (1)

   ((Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 85/337/CEE - Directiva 2011/92/UE - Posibilidad de proceder a posteriori a la evaluación de impacto ambiental de una planta de generación de energía a partir de biogás en servicio para obtener una nueva autorización))
   (2017/C 309/14)
   Lengua de procedimiento: italiano

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

      Partes en el procedimiento principal

      Demandantes: Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16), Marcello Bartolini (C-197/16), Filippo Bruè (C-197/16), Sergio Forti (C-197/16), Stefano Piatti (C-197/16), Gaetano Silvetti (C-197/16), Gianfranco Silvetti (C-197/16), Rocco Tirabasso (C-197/16), Sante Vagni (C-197/16), Albergo Ristorante Le Grazie Sas di Forti Sergio & Co. (C-197/16), Suolificio Elefante Srl (C-197/16), Suolificio Roxy Srl (C-197/16), Aldo Alessandrini (C-197/16)

      Demandadas: Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 — Ambiente

      con intervención de: VBIO1 Società Agricola Srl (C-196/16), Regione Marche, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche — (ARPAM) —Dipartimento Provinciale di Macerata, ARPAM, VBIO2 Società Agricola Srl (C-197/16), Azienda Sanitaria Unica Regionale — Marche (ASUR Marche) (C-197/16), ASUR Marche — Area Vasta 3 (C-197/16), Comune di Colmurano (C-197/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16)

      Fallo

   En caso de omisión de una evaluación de impacto ambiental de un proyecto requerida por la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, el Derecho de la Unión, por un lado, exige que los Estados miembros eliminen las consecuencias ilícitas de dicha omisión y, por otro, no se opone a que se efectúe una evaluación de ese impacto para regularizarla, con posterioridad a la construcción y a la entrada en servicio de la planta en cuestión, siempre que:

               —

               las normas nacionales que permiten esa regularización no ofrezcan a los interesados la oportunidad de eludir las normas del Derecho de la Unión, o de verse dispensados de su aplicación, y

               —

               la evaluación efectuada para regularizarla no abarque únicamente el impacto ambiental futuro de esa planta, sino que tenga en cuenta también el impacto ambiental ocasionado desde su realización.

      (1)  DO C 251 de 11.7.2016.


title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2003 en los asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Antwerpen): Belgische Staat contra Eugene van Calster, Felix Cleeren (Asunto C-261/01), y entre Belgische Staat y Openbaar Slachthuis NV (Asunto C-262/01) ("Ayudas financiadas mediante exacciones parafiscales — Cotizaciones obligatorias en favor de un Fondo para la sanidad y la producción de animales — Cotización con carácter retroactivo — Validez de una decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado — Competencia de la Comisión")

text:
13.12.2003              ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                                    C 304/3
2)    Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia.                    2)    Los vínculos que deben relacionar a las películas para que
                                                                                puedan estar comprendidas en la excepción prevista para las
3)    Reservar la decisión sobre las costas.                                        «series» en el artículo 11, apartado 3, de dicha Directiva deben
                                                                                referirse al contenido de las películas de que se trate, como, por
(1) DO C 200 de 14.07.2001.                                                         ejemplo, la evolución de un mismo relato de un programa a
                                                                                otro o la reaparición de uno o varios personajes en las diferentes
                                                                                emisiones.
                                                                              (1) DO C 289 de 13.10.2001.
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                            (Sala Quinta)
                    de 23 de octubre de 2003
en el asunto C-245/01 (Petición de decisión prejudicial
planteada por el Niedersächsisches Oberverwaltungsge-                                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
richt): RTL Television GmbH contra Niedersächsische
       Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (1)                                               de 21 de octubre de 2003
(«Directiva 89/552/CEE — Artículo 11, apartado 3 —
                                                                              en los asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01 (Petición
Radiodifusión televisiva — Publicidad televisiva — Interrup-
                                                                              de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep
ciones publicitarias de obras audiovisuales — Concepto de
                                                                              te Antwerpen): Belgische Staat contra Eugene van Calster,
                               series»)
                                                                              Felix Cleeren (Asunto C-261/01), y entre Belgische Staat
                          (2003/C 304/04)                                           y Openbaar Slachthuis NV (Asunto C-262/01) (1)
                 (Lengua de procedimiento: alemán)                            («Ayudas financiadas mediante exacciones parafiscales —
                                                                              Cotizaciones obligatorias en favor de un Fondo para la
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la          sanidad y la producción de animales — Cotización con
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)            carácter retroactivo — Validez de una decisión de la Comisión
                                                                              en materia de ayudas de Estado — Competencia de la
                                                                                Comisión»)
En el asunto C-245/01, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
por el Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Alemania),                                              (2003/C 304/05)
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
jurisdiccional entre RTL Television GmbH y Niedersächsische                                    (Lengua de procedimiento: neerlandés)
Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, una decisión
prejudicial sobre la interpretación del artículo 11, apartado 3,              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de                         «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miem-
bros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva (DO L 298, p. 23), en su versión modificada por la                 En los asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01, que tienen
Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de                   por objeto dos peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con
30 de junio de 1997 (DO L 202, p. 60), el Tribunal de Justicia                arreglo al artículo 234 CE, por el Hof van Beroep te Antwerpen
(Sala Quinta), integrado por los Sres. C.W.A. Timmermans                      (Bélgica), destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante
(Ponente), Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de                      dicho órgano jurisdiccional entre Belgische Staat y Eugene van
Presidente de la Sala Quinta, y D.A.O. Edward y P. Jann, Jueces;              Calster, Felix Cleeren (Asunto C-261/01), y entre Belgische
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. M.-F. Contet,              Staat y Openbaar Slachthuis NV (Asunto C-262/01), una
administradora principal, ha dictado el 23 de octubre de 2003                 decisión prejudicial sobre la interpretación del Derecho comu-
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                     nitario, en particular de los artículos 93 del Tratado CE
                                                                              (actualmente artículo 88 CE) y 173 del Tratado CE (actual-
1)    Las películas que han sido producidas para la televisión y que          mente artículo 230 CE, tras su modificación), así como de la
      prevén, desde su concepción, pausas para la inserción de                Decisión de la Comisión, de 9 de agosto de 1996, relativa a la
      mensajes publicitarios están comprendidas en el concepto de             medida de ayuda no N 366/96, el Tribunal de Justicia,
      «películas concebidas para la televisión» a que se refiere el           integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, y los Sres. P. Jann,
      artículo 11, apartado 3, de la Directiva 89/552/CEE del                 C.W.A. Timmermans (Ponente), C. Gulmann, J.N. Cunha
      Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de              Rodrigues y A. Rosas, Presidentes de Sala, los Sres.
      determinadas disposiciones legales, reglamentarias y adminis-           D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet y R. Schintgen,
      trativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de              las Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von Bahr, Jueces;
      actividades de radiodifusión televisiva, en su versión modificada       Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von
      por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del                  Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 21 de octubre de
      Consejo, de 30 de junio de 1997.                                        2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
 ---pagebreak--- C 304/4                 ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                              13.12.2003
1)    El artículo 93, apartado 3, del Tratado CE (actualmente                el Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de
      artículo 88 CE, apartado 3) debe interpretarse en el sentido de        diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213), y del
      se opone, en circunstancias como las de los asuntos principales,       artículo 13 de la Decisión no 1/80, de 19 de septiembre de
      a que se perciban cotizaciones para la financiación específica de      1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el
      un régimen de ayuda que se haya declarado compatible con el            Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación
      mercado común en una decisión de la Comisión, cuando tales             entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, el Tribunal
      cotizaciones se impongan con carácter retroactivo para un              de Justicia, integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, la
      período anterior a la fecha de adopción de dicha decisión.             Sra. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha
                                                                             Rodriguez y A. Rosas, Presidentes de Sala, y los Sres.
2)    La Decisión de la Comisión, de 9 de agosto de 1996, relativa           D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet y R. Schintgen
      a la medida de ayuda nº N 366/96, no aprueba el efecto                 (Ponente), las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von
      retroactivo de la Ley, de 23 de marzo de 1998, relativa a la           Bahr, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario: Sr.
      creación de un Fondo presupuestario para la sanidad y la               H.A. Rühl, administrador principal, ha dictado el 21 de octubre
      calidad de los animales y de los productos de origen animal.           de 2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
(1) DO C 303 de 27.10.2001.
                                                                             —     El artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, firmado el
                                                                                23 de noviembre de 1970 en Bruselas y celebrado, aprobado y
                                                                                confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Regla-
                                                                                mento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de
                                                                                1972, y el artículo 13 de la Decisión no 1/80, de 19 de
                                                                                septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación,
                                                                                adoptada por el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                        de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y
                                                                                Turquía, deben interpretarse en el sentido de que: estas dos
                    de 21 de octubre de 2003                                       disposiciones tienen efecto directo en los Estados miembros, de
                                                                                manera que los nacionales turcos a los que se aplican tienen
                                                                                derecho a invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales
en los asuntos acumulados C-317/01 y C-369/01 (Petición                            para excluir la aplicación de las normas contrarias de Derecho
de decisión prejudicial planteada por el Bundessozialge-                           interno;
richt): Eran Abatay y otros (Asunto C-317/01), Nadi Sahin
   (Asunto C-369/01) contra Bundesanstalt für Arbeit (1)
                                                                             —     dichos artículos 41, apartado 1, y 13 prohíben con carácter
(«Asociación CEE-Turquía — Interpretación de los artí-                             general la introducción de nuevas restricciones nacionales,
culos 41, apartado 1, del Protocolo Adicional y 13 de la                           respectivamente, al derecho de establecimiento, y a la libre
Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación — Eliminación                           prestación de servicios, así como a la libre circulación de
de las restricciones a la libre circulación de los trabajadores,                   trabajadores desde el momento en que entra en vigor en el
a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de                        Estado miembro de acogida el acto jurídico en el que se
servicios — Cláusulas de “standstill” — Efecto directo —                           contienen estos artículos;
Alcance — Normativa de un Estado miembro que exige un
permiso de trabajo en el sector del transporte internacional
                   de mercancías por carretera»)                             —     el artículo 13 de la Decisión no 1/80 únicamente es aplicable
                                                                                a los nacionales turcos si estos últimos están presentes en el
                          (2003/C 304/06)                                          territorio del Estado miembro de acogida no sólo de modo legal,
                                                                                sino también durante un período de tiempo suficiente para
                                                                                permitirles que se integren progresivamente en él;
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         —     en circunstancias como las de los litigios principales, el
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)                 artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional se aplica a las
                                                                                operaciones de transportes internacionales de mercancías por
                                                                                carretera procedentes de Turquía, cuando las prestaciones tienen
                                                                                lugar en el territorio de un Estado miembro;
En los asuntos acumulados C-317/01 y C-369/01, que tienen
por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia,
con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundessozialgericht                   —     no sólo una empresa establecida en Turquía que presta servicios
(Alemania), destinadas a obtener, en los litigios pendientes                       en un Estado miembro sino también los empleados de tal
ante dicho órgano jurisdiccional entre Eran Abatay y otros                         empresa pueden invocar a su favor dicho artículo 41, apar-
(Asunto C-317/01), Nadi Sahin (Asunto C-369/01) y Bundes-                          tado 1, para oponerse a una nueva restricción a la libre
anstalt für Arbeit, una decisión prejudicial sobre la interpreta-                  prestación de servicios; por el contrario, no puede invocarlo con
ción del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional,                         tal fin una empresa establecida en un Estado miembro, cuando
firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y celebrado,                        los destinatarios de los servicios residen en el mismo Estado
aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante                           miembro;


title: Asunto C-239/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal du travail de Liège (Bélgica) el 14 de mayo de 2014 — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (CPAS de Huy)

text:
               14.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 223/10

         Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal du travail de Liège (Bélgica) el 14 de mayo de 2014 — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (CPAS de Huy)
   (Asunto C-239/14)
   2014/C 223/14
   Lengua de procedimiento: francés

      Órgano jurisdiccional remitente

   Tribunal du travail de Liège

      Partes en el procedimiento principal

      Demandante: Abdoulaye Amadou Tall

      Demandada: Centre public d’action sociale de Huy (CPAS de Huy)

      Cuestión prejudicial

   En virtud del artículo 39/1 de Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en el territorio, residencia, establecimiento y expulsión de los extranjeros (loi du 15 décembre 1980 sur l’accès du territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), puesto en relación con los artículos 39/2, apartado l, párrafo tercero, 39/76, 39/82, apartado 4, párrafo segundo, letra d), y 57/6/2 de la misma Ley, contra la inadmisión a trámite de una solicitud múltiple de asilo sólo cabe interponer recurso de anulación y presentar una solicitud de medidas cautelarísimas de suspensión. En la medida en que no se trata de recursos de plena jurisdicción, ni de recursos suspensivos, y el solicitante de asilo no tiene derecho ni a la residencia ni a recibir la ayuda material durante su tramitación, ¿son estos procedimientos judiciales compatibles con las exigencias del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 39 de la Directiva 2005/85 del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (1), que establecen el derecho a la tutela judicial efectiva?

      (1)  DO L 326, p. 13.


title: Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 1997 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 12 de diciembre de 1996 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-33/95, promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas por María Lidia Lozano Palacios (Asunto C-62/97 P)

text:
N° C 108/14         [ JS                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     5 . 4 . 97
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso           mera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
lución del Retten i Aalborg, de fecha 7 de febrero de                T-33/95 , promovido contra la Comisión de las Comunida
1997, en al asunto entre Foreningen af danske Videogram             des Europeas por la Sra . María Lidia Lozano Palacios.
distributører y otros y Laserdisken v/Hans Kristian Peder           La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
sen; partes coadyuvantes: Sammenslutningen af Danske                 Comunidades Europeas que :
                   Filminstruktører y otros
                       (Asunto C-61 /97 )                            — Anule la sentencia dictada el 12 de diciembre de 1996
                                                                          por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia
                         ( 97/C 108/25 )                                  de las Comunidades Europeas en el asunto T-33/95,
                                                                          María Lidia Lozano Palacios contra Comisión de las
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                          Comunidades Europeas, en la medida en que dicha
sido sometida una petición de decisión prejudicial median
                                                                          sentencia señaló que la parte recurrida en casación te
te resolución del Retten i Aalborg, dictada el 7 de Febrero
                                                                          nía derecho a percibir la indemnización por gastos de
de 1997 en el asunto entre Foreningen af danske Video
                                                                          instalación prevista en el párrafo primero del
gramdistributorer y otros y Laserdisken v/Hans Kristian
                                                                          apartado 1 del artículo 5 del Anexo VII del Estatuto,
Pedersen; partes coadyuvantes: Sammenslutningen af Dan
                                                                          por el mero hecho de habérsele concedido la indemni
ske Filminstruktorer y otros, y recibida en la Secretaría del
                                                                          zación por expatriación .
Tribunal de Justicia el 12 de Febrero de 1997.
                                                                     — Resuelva sobre las costas como proceda en Derecho .
El Retten i Aalborg solicita al Tribunal de Justicia que se
pronuncie sobre la siguiente cuestión:                               Motivos y principales alegaciones
¿ Se oponen el artículo 30, en relación con el artículo 36           El Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error
del Tratado CE, así como los artículos 85 y 86 del mismo             de Derecho al considerar que el mero hecho de que la par
a que la persona a quien el titular de los derechos exclusi         te recurrida en casación haya tenido derecho a percibir la
vos sobre una obra cinematográfica ha cedido un derecho              indemnización de expatriación debido a la circunstancia
exclusivo de fabricación y distribución de copias de dicha           de reunir, técnicamente, las condiciones previstas en la
obra en un Estado miembro pueda autorizar el alquiler de             letra a ) del artículo 4 del Anexo VII del Estatuto ponía de
sus propias ediciones y, al mismo tiempo, impedir el alqui          manifiesto que la propia parte recurrida en casación cum
ler de ediciones importadas, comercializadas en otro Es             plía de hecho las condiciones que le permitían disfrutar de
tado miembro en el que el titular de los derechos exclusi           la indemnización por gastos de instalación . La Comisión
vos de fabricación y distribución de copias de las obras             estima que del tenor literal del artículo 71 del Estatuto,
cinematográficas ha transmitido la propiedad de dichas               del encabezamiento bajo el cual se halla dicho artículo en
copias, aceptando tácitamente el alquiler de las mismas en           el Estatuto, así como del título de la sección 3 del
dicho Estado miembro ?                                               Anexo VII, en la cual figura el párrafo primero del
Habida cuenta de la entrada en vigor de la Directiva 92/
                                                                     apartado 1 del artículo 5 , se desprende claramente que la
                                                                     indemnización por gastos de instalación, a semejanza de
100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre
                                                                     las demás indemnizaciones previstas en la citada sección 3 ,
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a
                                                                     no constituye un complemento automático del sueldo, sino
los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelec
                                                                     que tiene por objeto compensar los gastos que el funciona
tual ('), se plantea la misma cuestión para el caso de que
                                                                     rio haya realizado o pueda realizar efectivamente . En fa
se considere que dicha Directiva es pertinente para la res
                                                                     vor de esta interpretación militan asimismo tanto el senti
puesta .
                                                                     do como la propia finalidad de la indemnización por
                                                                     gastos de instalación .
(•) DO n° L 346 de 27. 11 . 1992 , p . 61 .
Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 1997             Petición de decisión prejudicial presentada    mediante reso
por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la                lución del Hoge Raad der Nederlanden,          de fecha 7 de
sentencia dictada el 12 de diciembre de 1996 por la Sala             Febrero de 1997, en el asunto entre             1 . Bayerische
                                                                     Motorenwerke AG, 2 . BMW Nederland              BV y Ronald
Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni                                         Karel Deenik
dades Europeas en el asunto T-33/95 , promovido contra
la Comisión de las Comunidades Europeas por María                                            ( Asunto C-63/97 )
                     Lidia Lozano Palacios                                                      ( 97/C 108/27 )
                      (Asunto C-62/97 P)
                                                                     Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                           97/C 108/26 )                             sido sometida una petición de decisión prejudicial median
                                                                     te resolución del Hoge Raad der Nederlanden, dictada el 7
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 12 de febrero de 1997 un recurso de ca             de febrero de 1997, en el asunto entre 1 . Bayerische Mo
sación formulado por la Comisión de las Comunidades                  torenwerke AG, 2 . BMW Nederland BV y Ronald Karel
Europeas, representada por el Sr. Julián Currall, en calidad
                                                                     Deenik, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia
                                                                     el 13 de febrero de 1997 . EL Hoge Raad solicitá al Tribu
de Agente, asistido por el Sr. Denis Waelbroeck, Abogado,
                                                                     nal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cues
 que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho                tiones :
 del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídi
co, Centre Wagner, contra la sentencia dictada el 12 de di           a ) Dado que la primera Directiva 89/104/CEE del Conse
ciembre de 19 96 por la Sala Segunda del Tribunal de Pri                 jo H , sólo en atención al caso descrito en el apartado 4


title: Asunto C-277/03: Recurso interpuesto el 25 de junio 2003 contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
C 200/20               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                       23.8.2003
Recurso interpuesto el 25 de junio 2003 contra el Reino                  —    Condene a la demandada al pago de 52,91 euros
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la Comisión                     (cincuenta y dos euros y noventa y un céntimos) por día
                  de las Comunidades Europeas                                 en concepto de intereses desde el 1 de mayo de 2003
                                                                              hasta la fecha en que la deuda sea totalmente satisfecha.
                        (Asunto C-277/03)
                                                                         —    Condene en costas a la demandada.
                          (2003/C 200/34)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             Motivos y principales alegaciones
presentado el 25 de junio de 2003 un recurso contra el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, formulado por la              Con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), de las condi-
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los               ciones generales (anexo II del contrato) la demandada estaba
Sres. Xavier Lewis y Minas Konstantinidis, en calidad de                 obligada a distribuir un primer anticipo entre los contratistas
agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.                            y/o los subcontratistas IDT (sociedades de investigación y
                                                                         desarrollo tecnológico) en el plazo de 30 días a partir de la
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                recepción de los fondos. La demandada no lo hizo y abandonó
                                                                         el proyecto. En virtud del contrato todos los pagos iban a ser
1)    Declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del           considerados anticipos hasta que la entrega del proyecto final
      Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en            fuera aprobada. En consecuencia, la demandada debe devolver
      virtud de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento                   el anticipo a la Comisión y a ella le corresponde probar
      Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000,                cualquier gasto en que haya incurrido.
      relativa a los vehículos al final de su vida útil (DO C 269
      de 21.10.2000, p. 34), y en particular de su artículo 10,          La demandada pudo presentar una petición de reembolso de
      apartado 1 y en virtud del Tratado Constitutivo de la              gastos hasta el 31 de agosto, junto con el informe técnico
      Comunidad Europea, al no haber adoptado las disposi-               requerido como fundamento de dicha reclamación. Al no
      ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias        haberlo hecho, la demandada perdió el derecho a reclamar
      para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Direc-           cualquier gasto relacionado con el proyecto en que hubiera
      tiva.                                                              incurrido y por lo tanto, no tiene derecho a solicitar una
                                                                         deducción del anticipo con respecto a dicha reclamación.
2)    Condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e
      Irlanda del Norte.
Motivos y principales alegaciones
El plazo señalado para la adaptación del Derecho interno a la            Recurso interpuesto el 3 de julio de 2003 contra el Reino
Directiva expiró el 21 de abril de 2002.                                  de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                                (Asunto C-287/03)
                                                                                (2003/C 200/36)
Recurso interpuesto el 26 de junio de 2003 contra
Implants (International) Ltd. por la Comisión de las Comu-
                         nidades Europeas                                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 3 de julio de 2003 un recurso contra el Reino
                        (Asunto C-279/03)                                de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades
                                                                         Europeas, representada por la Sra. M. Patakia y el Sr.
                          (2003/C 200/35)                                N.B. Rasmussen, en calidad de agentes, que designa domicilio
                                                                         en Luxemburgo.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
presentado el 26 de junio de 2003 un recurso contra Implants             de Justicia que:
(International) Ltd. por la Comisión de las Comunidades Euro-
peas, representada por los Sres. R. Lyal y C. Giolito, en calidad        1.   Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obliga-
de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.                              ciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE, al
                                                                              haber aplicado, de forma discriminatoria y desproporcio-
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     nada, los requisitos de «similitud» y de «vendedor único»
                                                                              de los productos y servicios adquiridos por un consu-
—     Condene a la demandada a pagar a la demandante la                       midor, por una parte, y de los productos o servicios
      cantidad de 294 958,51 euros (doscientos noventa y                      ofrecidos gratuitamente o a precios más reducidos en el
      cuatro mil novecientos cincuenta y ocho euros y                         marco de un programa de fidelización, por otra parte,
      cincuenta y un céntimos), de los que 284 000 corres-                    como condición previa para la ejecución de dicho
      ponden al principal y 10 958,51 a los intereses de                      programa, que constituye una prestación de servicios
      demora.                                                                 transfronteriza entre empresas.


title: Asunto C-368/14 P: Recurso de casación interpuesto el 30 de julio de 2014 por Compagnie des bateaux mouches SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 21 de mayo de 2014 en el asunto T-553/12, Compagnie des bateaux mouches SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

text:
               23.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/17

         Recurso de casación interpuesto el 30 de julio de 2014 por Compagnie des bateaux mouches SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 21 de mayo de 2014 en el asunto T-553/12, Compagnie des bateaux mouches SA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
   (Asunto C-368/14 P)
   (2015/C 065/25)
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Recurrente: Compagnie des bateaux mouches SA (representante: E. Piwnica, abogado)

      Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
   Mediante auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia ha desestimado el recurso de casación y condenado a la Compagnie des bateaux mouches SA a cargar con sus propias costas.


title: Asunto T-375/14: Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2014 —Al Naggar/Consejo

text:
               28.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 245/25

         Recurso interpuesto el 30 de mayo de 2014 —Al Naggar/Consejo
   (Asunto T-375/14)
   2014/C 245/34
   Lengua de procedimiento: francés

      Partes

      Demandante: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (El Cairo, Egipto) (representantes: J.-F. Bellis, R. Luff, A Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe y A. Yehia, abogados)

      Demandada: Consejo de la Unión Europea

      Pretensiones

   La parte demandante solicita al Tribunal General que:

               —

               Admita el recurso y lo declare fundado.

               —

               Anule la Decisión 2014/153/PESC por cuanto prorroga, hasta el 22 de marzo de 2015, las medidas restrictivas dirigidas contra la demandante y que se recogen en la Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto.

               —

               Condene al Consejo de la Unión Europea a abonar las costas de la instancia.

      Motivos y principales alegaciones

   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

               1.

               Primer motivo, basado en la infracción del artículo 1 de la Decisión 2011/172/PESC (1), por cuanto la parte demandante no ha sido reconocida — ni siquiera identificada como — responsable del desvío de fondos públicos, pero es objeto de medidas restrictivas por el solo hecho de ser la esposa del Sr. Ahmed Abdelaziz Ezz («Sr. Ezz»).

               2.

               Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 6 TUE leído conjuntamente con los artículos 2 TUE y 3 TUE y los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que la Decisión 2014/153/PESC (2) se basa erróneamente sobre la presunción iuris et de iure de que no existe riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante en el marco de los procedimientos tramitados contra ella en Egipto.

               3.

               Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 7, 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cuanto la Decisión 2014/153 conlleva restricciones desproporcionadas al derecho a la vida privada, al derecho de propiedad y a la libertad de empresa de la parte demandante.

               4.

               Cuarto motivo, basado en una infracción de los artículos 41, 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cuanto la Decisión 2014/153 no está acompañada de una motivación adecuada y suficiente y fue adoptada vulnerando el derecho de la parte demandante a ser escuchada.

               5.

               Quinto motivo, basado en un manifiesto error de apreciación por cuanto que, i) la parte demandante nunca ha sido objeto de investigación judicial alguna sobre desvío de fondos públicos; ii) los comportamientos del Sr. Ezz constituyen actuaciones normales en el mundo de los negocios y, por tanto, no pueden ser considerarse como desvío de fondos públicos, y iii) en el momento de la adopción de la Decisión 2014/153, el Consejo no habría tenido en cuenta el hecho de que, tres años después de la adopción de las primeras medidas, la situación jurídica del Sr. Ezz es, cuando menos, incierta.

      (1)  Decisión del Consejo de 21 de marzo de 2011 relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO L 76, p. 63)

      (2)  Decisión del Consejo de 20 de marzo de 2014 por la que se modifica la Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO L 85, p. 9)


title: Asunto C-493/99: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 1999 contra la República Federal de Alemania por la Comisión de las Comunidades Europeas

text:
4.3.2000                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 63/15
    supuestamente imprudente de SBT y de Altus antes de la               Motivos y principales alegaciones
    separación de las empresas. Este razonamiento sólo aparece
    en la decisión impugnada, pese a constituir su concepto             — V i o l a c i ó n d e l a l i b e r t a d d e p r e s t a c i ó n d e
    fundamental.                                                            servicios
                                                                            a) Obstaculización de la participación en un consorcio
                                                                                para la realización de una obra de construcción.
                                                                                Para el sector de la construcción es particularmente
                                                                                relevante lo dispuesto en el artı́culo 1, número 1,
                                                                                segunda frase, de la Gesetz zur Regelung der
                                                                                gewerbsmässigen Arbeitsnehmerüberlassung (Ley de
                                                                                cesión de trabajadores; en lo sucesivo, AÜG), según la
Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 1999 contra la                         cual en determinadas circunstancias la cesión de perso-
República Federal de Alemania por la Comisión de las                           nal para la realización de una obra no constituye una
                     Comunidades Europeas                                        cesión de trabajadores sujeta a autorización. Ahora
                                                                                bien, dado que tal excepción prevé que será aplicable a
                                                                                todos los miembros de un consorcio cubiertos por los
                        (Asunto C-493/99)                                        convenios colectivos alemanes del sector, las construc-
                                                                                toras de otros Estados miembros sólo podrán participar
                          (2000/C 63/28)                                         cuando posean una sucursal en Alemania que emplee
                                                                                en este Estado trabajadores de la construcción sujetos,
                                                                                por tanto, a un convenio colectivo alemán. Las empre-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                     sas de otros Estados miembros no pueden ceder a un
presentado el 21 de diciembre de 1999 un recurso contra la                       consorcio formado en Alemania, que habitualmente
República Federal de Alemania formulado por la Comisión de                     suele adoptar la forma de una sociedad de Derecho
las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Jörn Sack,                     civil, ningún trabajador desde una sede o una estableci-
Consejero Jurı́dico, que designa como domicilio en Luxem-                        miento de otro Estado miembro sin que el consorcio
burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro                      pierda la posibilidad de invocar la mencionada excep-
del Servicio Jurı́dico, Centre Wagner C 254, Kirchberg.                          ción y sin que incurra en un caso de cesión de
                                                                                trabajadores no autorizada. Por consiguiente, las
                                                                                empresas de otros Estados miembros, a las que no son
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                              aplicables los convenios colectivos alemanes del sector,
                                                                                no son aceptadas en los consorcios formados o que se
1. Declare que la República Federal de Alemania ha incum-                       vayan a formar en Alemania. No se les reconoce, pues,
    plido las obligaciones que le incumben en virtud de los                      la libre prestación de servicios establecida por el
    artı́culos 43 CE y 49 CE, al haber establecido por Ley que                   Tratado CE.
    las empresas constructoras establecidas en los demás
    Estados miembros:                                                       b) Exclusión de la cesión de trabajadores entre constructo-
                                                                                ras. Con arreglo al artı́culo 1b, primera frase, de
    a) en el marco de un consorcio en el mercado alemán,                        la AÜG, la cesión de trabajadores para tareas que
         sólo podrán prestar servicios transfronterizos si tienen              habitualmente realizan obreros ha dejado, en principio,
         en Alemania una sede, o al menos un establecimiento,                    de estar permitida en el sector de la construcción. No
         donde se emplee a su propio personal y éste esté                        obstante, según la segunda frase de dicha disposición,
         cubierto por un contrato de empresa;                                    tal cesión se autoriza cuando se trata de empresas del
                                                                                sector que sean parte en los mismos convenios marco
                                                                                o de seguro social o a las que éstos les sea aplicable.
    b) sólo podrán proceder a la cesión transfronteriza de                    Ası́ se impide a las empresas, fundamentalmente
         trabajadores si tienen en Alemania una sede, o al                       extranjeras, que no cumplen dichos requisitos, prestar
         menos un establecimiento, donde se emplee a su                          la denominada «Kollegenhilfe» (colaboración) a empre-
         propio personal y éste esté cubierto por un convenio                    sas alemanas o incluso a empresas alemanas pertene-
         marco y un convenio en materia de seguro social como                    cientes a su mismo grupo de empresas.
         miembro de una asociación empresarial;
                                                                            En el presente caso deben excluirse desde un principio
    c) no podrán establecer en Alemania una sucursal, que                  motivos de seguridad y salud públicas como justificación
         actúe como constructora, si su personal sólo tiene               jurı́dica (artı́culo 55 CE en relación con el artı́culo 46 CE).
         encomendadas tareas de administración, comercializa-              Aun cuando se pretendiera considerar al orden social en
         ción, planificación, supervisión o realice trabajos por         términos muy generales como una parte del orden público
         encargo; por el contrario, tal establecimiento en el               de un Estado miembro en el sentido del artı́culo 46 CE,
         sector alemán debe emplear a trabajadores que dedi-               tampoco pueden justificarse las medidas alemanas por este
         quen más del 50 % del tiempo total de trabajo a la                motivo, ya que dichas medidas tienen carácter general y su
         realización de tareas de construcción.                           aplicación no se hace depender de que las prestaciones
                                                                            sociales y el salario de los trabajadores constituyan «dum-
2. Condene en costas a la República Federal de Alemania.                   ping laboral».
 ---pagebreak--- C 63/16               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         4.3.2000
— V i o l a c i ó n d e l a l i b e r t a d d e e s t a b l e c i -   Motivos y principales alegaciones
    miento
                                                                       El carácter vinculante de las disposiciones de los artı́culos 249,
    Dado que en Alemania sólo podrá considerarse empresa             párrafo tercero, y 10 CE (antiguos artı́culos 189, párrafo
    constructora a la empresa cuyos trabajadores dediquen              tercero, y 5 del Tratado CE) impone a los Estados miembros la
    más de un 50 % del tiempo total de trabajo a labores de           obligación de adoptar las medidas necesarias para adaptar su
    construcción, las empresas constructoras de otros Estados         ordenamiento jurı́dico interno a las Directivas antes de expirar
    miembros tienen poco interés en establecer en Alemania             el plazo señalado al efecto y de comunicar inmediatamente a
    sucursales autónomas que sólo empleen a personal comer-          la Comisión dichas medidas. Dicho plazo expiró el 21 de
    cial o técnico —por ejemplo para preparar o asumir la              noviembre de 1996 sin que la República Helénica haya
    participación en proyectos—, ya que, en el caso de recibir        comunicado a la Comisión las medidas de adaptación de su
    un encargo, no podrán ejecutar las obras mediante la              Derecho interno a la mencionada Directiva.
    cesión de trabajadores de la construcción procedentes de
    otras sucursales extranjeras o de la sociedad matriz. Esto         (1) DO L 319, de 12.12.1994, p. 14.
    constituye también un trato discriminatorio, ya que las
    sucursales alemanas de empresas alemanas son considera-
    das como empresas constructoras aunque ellas mismas no
    cumplan la regla del 50 %.
                                                                       Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 1999 por la
                                                                       Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
                                                                                blica Francesa
                                                                                (Asunto C-495/99)
Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 1999 por la                                            (2000/C 63/30)
Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
                          blica Helénica                               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 21 de diciembre de 1999 un recurso contra
                      (Asunto C-494/99)                                la República Francesa, formulado por la Comisión de las
                                                                       Comunidades Europeas, representada por el Sr. Peter Oliver,
                                                                       Consejero Jurı́dico, en calidad de Agente, que designa como
                         (2000/C 63/29)                                domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez
                                                                       de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 21 de diciembre de 1999 un recurso contra                La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
la República Helénica formulado por la Comisión de las
                                                                       1) Declare que la República de Francesa ha incumplido las
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Patakia,
miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión, y el Sr. Frank              obligaciones que le incumben con arreglo al Tratado y a la
                                                                            Directiva 96/93/CE del Consejo, de 17 de diciembre de
Benyon, Consejero del Servicio Jurı́dico de la Comisión, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr.                    1996, relativa a la certificación de animales y productos
Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico de la              animales, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales,
                                                                            reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                            plimiento a lo dispuesto en la mencionada Directiva.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal          2) Condene en costas a la República Francesa.
de Justicia que:
                                                                       Motivos y principales alegaciones
— Declare que la República Helénica ha incumplido las
    obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y de la         El carácter vinculante de las disposiciones de los artı́culos 249
    Directiva 94/56/CE (1) del Consejo, de 21 de noviembre de          CE y 10 CE obliga a los Estados miembros a tomar las medidas
    1994, por la que se establecen los principios fundamentales        necesarias para adaptar su ordenamiento jurı́dico interno a las
    que rigen la investigación de los accidentes e incidentes de      Directivas de que son destinatarios antes de que expire el plazo
    aviación civil, al no haber adoptado y, con carácter             establecido al efecto. El plazo fijado en el artı́culo 9 de la
    subsidiario, al no haber comunicado a la Comisión, dentro         Directiva 96/93/CE expiró el 1 de enero de 1998 sin que
    del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias     Francia haya adoptado aún las medidas necesarias.
    y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la
    citada Directiva.
                                                                       (1) DO L 13, de 16.1.1997, p. 28.
— Condene a la República Helénica al pago de las costas del
    procedimiento.


title: Asunto C-281/11: Recurso interpuesto el 6 de junio de 2011 — Comisión Europea/República de Polonia

text:
               27.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/15

         Recurso interpuesto el 6 de junio de 2011 — Comisión Europea/República de Polonia
   (Asunto C-281/11)
   2011/C 252/29
   Lengua de procedimiento: polaco

      Partes

      Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Pignataro-Nolin y M. Owsiany-Hornung)

      Demandada: República de Polonia

      Pretensiones de la parte demandante

               —

               Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, al no haber adaptado su normativa interna a los artículos 2, letras a), b), d), e) y f), 3, apartado 3, 4, apartado 3, 6, 7, 8, 9, apartados 1 y 2, letra a), 10, apartados 3 y 4, 18, apartados 1, párrafo segundo, 3 y 4, así como al anexo V, Parte A, cuarto guión, Parte B, primer guión, y Parte C, primer guión, de dicha Directiva o al no haberlo hecho correctamente.

               —

               Que se condene en costas a la República de Polonia.

      Motivos y principales alegaciones

   La Comisión imputa a la República de Polonia no haber adaptado correctamente el ordenamiento jurídico interno a las definiciones de «microorganismo», «microorganismo modificado genéticamente», «accidente» y «usuario», contenidos en el artículo 2, letras a), b), d) y e), de la Directiva 2009/41. La Comisión considera que asimismo es constituyente de infracción el hecho de que el ordenamiento jurídico polaco no contenga definición alguna de «notificación», una definición contenida en el artículo 2, letra f), de la citada Directiva.
   Además, el ordenamiento jurídico polaco no ha sido adaptado a los artículos 3, apartado 3, 6, 7, 8, 9, apartados 1 y 2, letra a), 18, apartados 1, párrafo segundo, 3 y 4, de la Directiva, así como a las disposiciones del anexo V, Parte B, primer guión, y Parte C, primer guión, de la Directiva 2009/41.
   La Comisión considera que el ordenamiento jurídico interno ha sido adaptado erróneamente al artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2009/41, puesto que, según la normativa polaca, el tipo 1 únicamente comprende actividades que no suponen riesgo alguno, mientras que la Directiva incluye también actividades, que suponen un riesgo insignificante.
   Por otra parte, la Comisión imputa a la República de Polonia no haber adaptado correctamente su ordenamiento jurídico interno al artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2009/41, al haber limitado la posibilidad de establecer condiciones adicionales para la utilización confinada de organismos modificados genéticamente a situaciones en las que así lo requiera la protección de la salud humana o del medio ambiente, mientras que el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2009/41 no prevé tal limitación.
   Además, el ordenamiento jurídico nacional no ha sido adaptado correctamente al artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2009/41, puesto que la normativa nacional establece un plazo de treinta días no previsto en la Directiva.
   Por último, la Comisión alega que las autoridades polacas no han adaptado el ordenamiento jurídico nacional íntegramente al anexo V, Parte A, cuarto guión, de la Directiva 2009/41.